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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 64, de 13/04/2020
cve: BOCG-14-D-64
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parte 1
parte 2
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
13 de abril de 2020
Núm. 64
ÍNDICE
Reglamento del Congreso y normas complementarias
412/000003 Acuerdo de la Mesa de la Cámara del día 7 de abril de 2020, levantando la suspensión del cómputo de todos los plazos reglamentarios que afectan a las iniciativas que se encuentren en tramitación en la Cámara, con efectos desde el
día 13 de abril de 2020 ... (Página10)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/000412 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la Cruz de los Caídos de la ciudad de Cáceres ... (Página10)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000411 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a los cristianos perseguidos en el mundo ... (Página12)
Comisión de Justicia
161/000380 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a los letrados del Turno de Oficio ... (Página14)
161/000434 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la aprobación de un Plan Nacional para la consecución de una Administración de Justicia independiente, eficaz, rápida y de calidad ...
Comisión de Defensa
161/000369 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el régimen de retribuciones de los militares en situación de reserva ... (Página18)
161/000379 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la baja forzosa en el servicio de los militares de tropa y marinería por alcanzar la edad de 45 años ... (Página19)
161/000397 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al impulso de la industria de defensa ... (Página22)
161/000404 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al establecimiento de un operativo permanente de la Unidad Militar de Emergencias en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla ...
161/000406 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a asegurar el mantenimiento y mejora de los 6 helicópteros versión HAP (Helicóptero de Apoyo y Protección) del Ejército de Tierra ...
161/000414 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a movilizar la industria auxiliar de defensa para producción urgente de material para combatir el COVID-19 ... (Página26)
161/000429 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la compra del avión Airbus 400M ... (Página27)
161/000461 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación y regulación de la Reserva Estratégica de talento en ciberseguridad dependiente del Ministerio de Defensa para evitar los
ciberataques a las instituciones en situaciones de crisis ... (Página29)
Comisión de Hacienda
161/000387 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la correcta aplicación de la norma tributaria y de los criterios ya establecidos por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía en
Resolución firme respecto del Impuesto sobre el Valor Añadido y las actividades desarrolladas por Cofradías y Hermandades religiosas ... (Página31)
161/000400 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al establecimiento del tipo del 4 % del Impuesto sobre el Valor Añadido sobre determinados productos infantiles y geriátricos ...
161/000401 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la aplicación del tipo reducido del IVA del 10 % al servicio de peluquería ... (Página33)
161/000402 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al establecimiento de incentivos fiscales para la inversión en proyectos de teletrabajo, con objeto de mejorar la conciliación laboral y familiar y la mejor
integración laboral de discapacitados ... (Página34)
161/000417 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de medidas fiscales para amortiguar el impacto del COVID-19 sobre la economía española ... (Página36)
161/000423 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la eliminación de la cuota de autónomos durante tres meses para inyectar liquidez en este colectivo ... (Página40)
161/000425 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la optimización de la estructura impositiva de los carburantes ... (Página41)
161/000435 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al adecuado control de la prestación del servicio de peluquería a domicilio en el actual contexto de estado de alarma ...
161/000443 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al rescate anticipado de planes de pensiones sin coste fiscal ... (Página44)
161/000452 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la no retención de mercancías en aduana destinadas a hacer frente a la crisis del COVID-19, así como en otras posibles crisis, con el objeto de favorecer
su entrega en destino lo más rápidamente posible, mediante el establecimiento de un mecanismo excepcional que se active ante situaciones de emergencia nacional ... (Página45)
Comisión de Interior
161/000366 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre equiparación salarial real, total y absoluta de la Policía Nacional y Guardia Civil ... (Página47)
161/000367 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre turismo seguro ... (Página49)
161/000381 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de la Comisaría de Distrito de Redondela dentro de la Comisaría de Vigo-Redondela ... (Página50)
161/000391 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a medidas para asegurar el mantenimiento de las Salas del 091 en las Comisarías del Cuerpo Nacional de Policía sitas en las provincias de Ávila, Segovia,
Soria y Zamora ... (Página51)
161/000446 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar una protección adecuada contra el coronavirus a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los empleados públicos de
instituciones penitenciarias ... (Página53)
161/000454 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a dotar a los trabajadores de Instituciones Penitenciarias de la condición de Agente de la Autoridad, de forma transitoria, hasta que
cese el estado de alarma ... (Página54)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/000374 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre obras necesarias en el aeropuerto de Jerez de la Frontera ... (Página55)
161/000376 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre mejoras e infraestructuras en la AP-7 ... (Página56)
161/000382 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar una estrategia de mejora de procesos aeroportuarios mediante el empleo de nuevas tecnologías innovadoras y soluciones digitales ...
161/000393 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al impulso de la competitividad del transporte aéreo ... (Página59)
161/000394 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al transporte de las Illes Balears ... (Página61)
161/000398 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la ampliación de la autovía A-70 desde el acceso de Vistahermosa hasta el acceso al puerto de Alicante ... (Página63)
161/000399 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la mejora de la circulación de vehículos en la autovía A-7 entre Puerto Banús y San Pedro de Alcántara ... (Página63)
161/000413 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de medidas para asegurar el transporte de mercancías por carretera ... (Página65)
161/000433 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el acceso de transportistas profesionales a determinados servicios necesarios durante la vigencia del estado de alarma establecido mediante
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ... (Página66)
161/000439 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la construcción de la autovía A-83 entre los municipios de Huelva y Zafra ... (Página68)
161/000445 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la protección de los ciudadanos contra la propagación del coronavirus en los transportes públicos ... (Página70)
161/000447 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la oportunidad de suspensión de la actividad del sector de la construcción ... (Página72)
161/000450 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la mejora del artículo 34 de medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias del COVID-19 del Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 ... (Página74)
161/000460 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la necesidad de establecer medidas que garanticen la protección y seguridad de los trabajadores de las obras, públicas o privadas, frente al
impacto económico y social del COVID-19 ... (Página76)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/000396 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la introducción de un sistema de cheque escolar ... (Página77)
161/000420 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la defensa de los menores en casos de acoso escolar y acoso escolar cibernético ... (Página78)
161/000438 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a que se den las instrucciones oportunas, con carácter urgente, a todos los centros educativos del territorio nacional en los niveles educativos de 2.º
Ciclo de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato, para extender el calendario lectivo educativo a fin de asegurar que el alumnado adquiere los conocimientos establecidos para cada uno de los niveles educativos ...
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/000370 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a reformar la Ley de Segunda Oportunidad a fin de adecuarla a lo establecido en la Sentencia 2253/2019 del
Tribunal Supremo ... (Página82)
161/000371 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a que en el seno del Pacto de Toledo se apruebe la ampliación a los autónomos societarios de la jubilación activa con el cobro de la
totalidad de la pensión ... (Página84)
161/000372 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a emprender una campaña informativa y divulgativa sobre las prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores
autónomos por el abono de su cuota a la Seguridad Social ... (Página85)
161/000373 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a adoptar medidas para que los trabajadores autónomos puedan hacer aportaciones extraordinarias a la Seguridad
Social que computen a efectos de cotización ... (Página86)
161/000385 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la concesión de una baja extraordinaria a los padres, madres o tutores de hijos escolarizados que no puedan acudir a sus puestos de trabajo por tener
que hacerse cargo de sus hijos al estar sus colegios cerrados por el coronavirus ... (Página87)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/000377 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a financiación de PYMES ... (Página88)
161/000388 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la mitigación del desequilibrio entre Comunidades Autónomas en materia industrial y al fomento del sector secundario ...
161/000389 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la situación de AIRBUS en España ... (Página91)
161/000405 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a que promueva la creación de un grupo de trabajo, a través de la Conferencia Sectorial de Industria con el fin de armonizar y
simplificar la normativa en industria y promover la creación de una ventanilla única regional ... (Página93)
161/000407 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la puesta en marcha de un Plan de Fomento de la Renovación del Parque Automovilístico Español ... (Página93)
161/000426 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de medidas para asegurar la adecuada distribución de alimentos y demás bienes de primera necesidad ... (Página94)
161/000427 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la concesión de ayudas urgentes al comercio minorista ... (Página96)
161/000444 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la creación y publicitación de un registro de colaboradores con el Sistema Nacional de Salud durante la crisis del COVID-19 ...
161/000449 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al turismo de cruceros en los puertos de España ... (Página99)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000419 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al agradecimiento público a los españoles solidarios y, en particular, a don Amancio Ortega Gaona ... (Página101)
161/000432 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a reforzar los canales de interlocución y participación con el Tercer Sector para afrontar la crisis generada por el coronavirus
(COVID-19) ... (Página103)
161/000442 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a dar respuesta a las necesidades sociales derivadas de la gravedad de la situación generada por el coronavirus (COVID-19) ...
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000410 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a las medidas de mejora en las normas de producción, comercialización y etiquetado, así como de importación de miel, con el objeto de proteger y favorecer
la producción nacional ... (Página105)
161/000415 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al sector hortofrutícola ... (Página107)
161/000421 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la concesión de nuevas ayudas a la renovación de la flota de maquinaria del sector agrícola ... (Página108)
161/000448 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de medidas para la lucha contra la tuberculosis bovina ... (Página110)
161/000451 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de medidas para beneficiar al sector primario ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ...
161/000455 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar el abastecimiento alimentario y precisar las medidas, derivadas del estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que afectan a agricultores y ganaderos ... (Página115)
161/000458 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la clarificación urgente de la normativa de aplicación en la presentación de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para
el sector de la pesca ... (Página117)
161/000459 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la necesidad urgente de clarificar o incluir medidas no recogidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, relacionadas con la actividad pesquera ... (Página117)
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/000456 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a posibilitar la participación y votación de los miembros de los órganos colegiados de las entidades locales mediante procedimientos
telemáticos en las circunstancias excepcionales actuales de estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ... (Página118)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000365 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al Almacén Temporal Centralizado de Villar de Cañas (Cuenca) ... (Página120)
161/000368 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la gestión de plásticos en las zonas de control de pasajeros de los aeropuertos ... (Página122)
161/000383 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, relativa a la finalización de las obras del Plan de Restitución Territorial del Ebro ... (Página123)
161/000390 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la elaboración de un nuevo plan hidrológico nacional y un sistema nacional de recursos hídricos que, bajo los principios de solidaridad, cooperación
territorial y justicia distributiva, garantice el suministro de agua de calidad y en cantidad suficiente para las necesidades de todos los españoles ... (Página124)
161/000422 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de medidas necesarias para paliar los efectos de la despoblación ... (Página125)
161/000430 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la desertificación en España ... (Página128)
161/000437 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la continuación y finalización de las obras de la Presa de Alcolea y al proyecto de construcción de la infraestructura hidráulica del Canal de Trigueros
(Huelva) ... (Página130)
Comisión de Cultura y Deporte
161/000375 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el Camino Real de Guadalupe ... (Página132)
161/000441 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la implantación de medidas urgentes de apoyo a la preparación de los deportistas olímpicos y paralímpicos para la próxima cita olímpica ...
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/000457 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre eliminación de las restricciones impuestas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19 a las inversiones extranjeras en startups españolas ... (Página135)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/000384 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, por la que se insta al Gobierno a aprobar un crédito extraordinario, destinado a financiar la contratación de personal sanitario y adquisición de recursos para
combatir el coronavirus y reducir tensiones en el sistema sanitario público ... (Página136)
161/000386 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de medidas para prevenir la propagación de coronavirus (SARS-CoV-2) que afecta a la Nación, en relación a la zoonosis vírica, con el fin de
proteger la salud de la ciudadanía en España ... (Página138)
161/000418 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a que active todos los mecanismos necesarios para que en todos los centros sanitarios dispongan de todo el
material necesario para atender a las personas afectadas por el SARS-CoV-2 ... (Página139)
161/000431 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de una línea telefónica gratuita en apoyo a la práctica asistencial de los profesionales sanitarios ...
161/000436 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la adopción de medidas coordinadas y urgentes para la detección de casos de COVID-19 en personal sanitario y en pacientes sintomáticos ...
161/000453 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la contratación de Médicos Internos Residentes (MIR) como especialistas del Sistema Nacional de Salud durante la crisis sanitaria provocada por el
COVID-19 ... (Página142)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/000409 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la tutela de la Libertad de Expresión y Cátedra en las Universidades ... (Página144)
161/000416 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al desarrollo de una aplicación informática similar a la de Corea del Sur para hacer frente a la crisis del coronavirus (COVID-19) ...
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000440 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al estudio y análisis de buenas prácticas frente al COVID-19 ... (Página150)
Comisión de Igualdad
161/000395 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, por la que se insta su modificación y la elaboración de una Ley de Violencia Intrafamiliar ...
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/000424 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a implantar nuevas estrategias en los colegios de Ceuta y Melilla, tanto en el ámbito formativo como psicopedagógico, para promover que las familias
residentes en ambas Ciudades Autónomas de origen marroquí se vinculen al compromiso de la escuela ... (Página154)
Comisión sobre Seguridad Vial
161/000378 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, relativa a establecer una moratoria a la Instrucción 20/V-139 de la Dirección General de Tráfico ... (Página155)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/000061 Pregunta formulada por la Diputada doña Patricia de las Heras Fernández (GVOX), sobre opinión del Gobierno acerca de si las declaraciones de la Ministra Teresa Ribera Rodríguez, en las que afirma que 'quien más viaja en avión es
probablemente quien tiene más recursos o quien ve sus billetes sufragados por la empresa', son positivas para el desarrollo del turismo y del transporte aéreo en España ... (Página156)
181/000062 Pregunta formulada por la Diputada doña Patricia de las Heras Fernández (GVOX), sobre incidencia en el turismo, tanto nacional como internacional, así como en la conectividad entre la España insular y peninsular, del anuncio del
Ministerio de Hacienda de sometimiento a consulta pública de un nuevo gravamen al transporte aéreo ... (Página157)
181/000064 Pregunta formulada por la Diputada doña Patricia de las Heras Fernández (GVOX), sobre previsiones acerca de ceder la completa gestión de los trenes de Media Distancia y Cercanías en Cataluña al Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Cataluña, así como de ceder competencias con respecto a los puertos y aeropuertos sitos en Cataluña ... (Página157)
181/000068 Pregunta formulada por la Diputada doña Patricia de las Heras Fernández (GVOX), sobre motivos por los que en los servicios ferroviarios de Alta Velocidad los trenes solo pueden ir a un tercio de su capacidad, para garantizar la
distancia entre pasajeros, pero en los servicios de Cercanías no se aplica esta restricción ... (Página157)
181/000069 Pregunta formulada por la Diputada doña Patricia de las Heras Fernández (GVOX), sobre opinión del Gobierno acerca de si la gestión de los servicios de Cercanías ha puesto en riesgo a los ciudadanos, debido a las aglomeraciones que
se han producido el primer día laborable en estado de alarma ... (Página158)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
181/000054 Pregunta formulada por el Diputado don Agustín Almodóbar Barceló (GP), sobre motivos de la suspensión del Mobile World Congress ... (Página158)
181/000070 Pregunta formulada por la Diputada doña Mireia Borrás Pabón (GVOX), sobre opinión del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 sobre la donación de material sanitario por parte del
empresario Amancio Ortega para ayudar a su país, así como acerca de si es la gestión del Gobierno la que ha condicionado la donación y movilización de recursos por parte del empresario ... (Página158)
Comisión de Cultura y Deporte
181/000067 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez (GVOX), sobre motivos por los que se ha producido el cese del Sr. Ramón Barba como Subdirector General de Régimen Jurídico del Deporte en el CSD (Consejo
Superior de Deportes) ... (Página159)
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
181/000071 Pregunta formulada por el Diputado don Ferran Bel Accensi (GPlu), sobre razones para suspender la portabilidad de numeración en los servicios de telecomunicaciones, contemplada en el artículo 20 del Real Decreto-ley 8/2020 ...
Comisión de Sanidad y Consumo
181/000063 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX), sobre previsiones acerca de incluir dentro de las Áreas de Capacitación Específica la incorporación de la especialidad médica en Urgencias y Emergencias
... (Página160)
181/000065 Pregunta formulada por el Diputado don Juan Luis Steegmann Olmedillas (GVOX), sobre previsiones acerca de cubrir las plazas de interinos únicamente mediante médicos que posean la titulación de médico especialista requerida para el
puesto para el que se les contrata ... (Página160)
181/000066 Pregunta formulada por el Diputado don Ignacio Garriga Vaz de Concicao (GVOX), sobre medidas previstas para proteger a los consumidores que han tenido que cancelar por la pandemia del COVID-19 billetes de avión, barco o tren,
viajes programados con estancias hoteleras, reserva de vehículos, etc., y que no disponían de seguro ... (Página160)
REGLAMENTO DEL CONGRESO Y NORMAS COMPLEMENTARIAS
412/000003
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día 7 de abril de 2020, acordó levantar la suspensión del cómputo de todos los plazos reglamentarios que afectan a las iniciativas que se encuentren en tramitación en la Cámara, con
efectos desde el día 13 de abril de 2020.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las
Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/000412
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. José María Sánchez García y D.ª María Magdalena Nevado del Campo, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la Cruz de los Caídos de la cuidad de Cáceres, para su discusión en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
Primero. El Gobierno de España, en respuesta a una pregunta por escrito formulada por don Carlos Mulet García, ex senador de Compromís por designación autonómica, ha señalado que la Cruz de los Caídos de Cáceres 'contribuye a perpetuar el
recuerdo del odio y el enfrentamiento entre españoles en contra del modelo constitucional de convivencia', instando al ex senador a dirigirse al Ayuntamiento de Cáceres para solicitar su retirada y ha advertido de que si esta entidad 'no retirase el
monumento señalado, el Gobierno requerirá a la Junta de Extremadura para que, en el ejercicio de sus competencias, haga cumplir lo previsto por la Ley y adopte las medidas oportunas que se deriven de la no actuación municipal'.
Segundo. La Cruz de los Caídos es un símbolo de Cáceres, un monumento que acompaña y ha acompañado a generaciones enteras de cacereños. Es, además de eso, un elemento clave en la vida diaria de la ciudad, esa que no entiende de odios ni de
rencores, esa que superó la guerra hace muchos años y que pone en el futuro, y no en el pasado, su esfuerzo y su ilusión.
En la Cruz de los Caídos, construida en 1937, nuestros padres y abuelos jugaban a los aros y a las cuatro esquinas, cuando a su alrededor no había más que un descampado. Hoy, los cacereños quedamos alrededor de ella y la nombramos sin que
nadie se sienta molesto ni la relacione con el pasado. Es, simplemente, 'la cruz', un punto estratégico de la ciudad, considerado como una zona agradable de continuo tránsito y comercio.
En definitiva, la Cruz de los Caídos está imbricada en el día a día de todos los habitantes de Cáceres, sean de izquierdas o de derechas, con absoluta normalidad y ajena a cualquier prejuicio político.
Tercero. La Constitución de 1978 consagró en España un régimen plenamente democrático y, más importante aún, supuso por fin la reconciliación entre todos los españoles, que se perdonaron mutuamente, olvidaron sus diferencias y se pusieron
de acuerdo para construir un proyecto común.
Con ese propósito, la llegada de la democracia trajo consigo la instalación en la Cruz de los Caídos de una placa conmemorativa, presidida por el escudo constitucional, que proclama 'La ciudad de Cáceres, en memoria de sus hijos muertos por
la Patria'. Todos los cacereños, sin distinción de ideologías, religión, ni cualquier otra condición, son honrados y recordados por la Cruz.
Sin embargo, en los últimos años observamos cómo esta voluntad de perdón sincero y mutuo consagrada en la placa ha sido derrotada por una mal llamada memoria histórica que, a través de medios inquisitoriales y bien regada con grandes
cantidades de dinero público, busca reabrir las heridas, reescribir la historia a su conveniencia y volver a dividirnos en vencedores y vencidos.
Cuarto. Este propósito perverso de división y vuelta del odio entre hermanos se plasmó en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o
violencia durante la guerra civil y la dictadura, que en su Exposición de Motivos señala que se dirige al noble propósito de honrar 'a todos los que directamente padecieron las injusticias y agravios producidos, por unos u otros motivos políticos o
ideológicos o de creencias religiosas, en aquellos dolorosos períodos de nuestra historia', pero que, como llevamos años comprobando, en realidad solo busca condenar a unos y enfrentarnos a todos.
El artículo 15 de la referida Ley dispone, en su primer apartado, que 'las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o
menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura'.
Este principio general se excepciona en el apartado segundo, a cuyo tenor 'lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando
concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley'.
Quinto. El Grupo Parlamentario VOX entiende que los políticos, cualquiera que sea su partido, no deben dedicarse a reescribir la historia ni a sembrar el enfrentamiento entre los españoles, depositarios todos, tengan la ideología que
tengan, de un proyecto común que es España.
Asimismo, es evidente que, en este caso, no se dan los condicionantes necesarios para considerar que la Cruz de los Caídos debe ser retirada, en tanto no es un monumento de exaltación de una sublevación militar ni de ninguna represión, sino
una llamada a la concordia y un recuerdo a la memoria de todos los hijos de la ciudad de Cáceres que murieron defendiendo la Patria en la que creían.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados declara lo siguiente:
1. El Congreso de los Diputados, como representante del Pueblo español, declara que la Cruz de los Caídos sita en la plaza de América en la Ciudad de Cáceres, no constituye un monumento de odio y enfrentamiento de los españoles, sino de
recuerdo de aquellos cacereños que lucharon por España en uno y otro bando, 'sin exaltación de los enfrentados', siendo un símbolo de concordia y un elemento fundamental para la comprensión de la historia de la ciudad.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. A que en ningún caso se dirija a la Junta de Extremadura conminando a la retirada de la Cruz de los Caídos, símbolo de concordia y elemento fundamental para la comprensión de la historia de la ciudad de Cáceres.'
Palacio del Congreso de los Diputados,11 de marzo de 2020.-María Magdalena Nevado del Campo y José María Sánchez García, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000411
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Alberto Asarta Cuevas, D. Víctor González Coello de Portugal, D. Francisco José Contreras Peláez, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al
amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley en relación a los cristianos perseguidos en el mundo, para su discusión en la Comisión de
Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Primero. La libertad religiosa se consagra como uno de los derechos fundamentales recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, numerosos informes internacionales acreditan ataques crecientes a la libertad
religiosa de los cristianos en extensas zonas del mundo.
Un informe encargado por el ministro de Exteriores del Gobierno británico, Jeremy Hunt, y dirigido por el obispo de Truro concluyó en mayo de 2019 que la persecución de los cristianos se encuentra en algunas regiones 'en niveles próximos al
genocidio'.
La ONG Open Doors estimó en su informe del año 2018 que 245 millones de cristianos sufrían 'niveles altos, muy altos o extremos de persecución' en 73 países (incremento respecto a 2017, cuando los países en los que se constató persecución
fueron 58), y que cada día son muertos, en promedio, once cristianos por causa de su fe.
El Informe 2018 sobre Libertad Religiosa de Ayuda a la Iglesia Necesitada estima que en 21 países el hostigamiento a los cristianos alcanza niveles de 'persecución', y en 17 más, de 'discriminación'.
El Pew Research Center estimó que, en 2017, los cristianos fueron hostigados en 144 países, y que el cristianismo es, con diferencia, la religión más perseguida del mundo.
Segundo. En ocasiones, el hostigamiento contra los cristianos es ejercido directamente por los Estados; otras, por grupos informales (con frecuencia, extremistas islámicos o hinduistas) con la complicidad o pasividad de los Gobiernos.
Entre 2017 y 2019, tropas gubernamentales atacaron a los cristianos de las etnias Kachin y Chin en Myanmar (Birmania) y a los de las montañas Nuba en Sudán. En Sri Lanka tuvieron lugar en la Semana Santa de 2019 ataques con bomba contra
comunidades cristianas, con decenas de muertos.
En la República Centroafricana, 110 cristianos fueron muertos en 2018 durante el ataque a un centro de desplazados.
En Egipto continuaron los ataques islamistas contra iglesias coptas, con 99 asesinados solo en 2017 (47 de ellos en los atentados del Domingo de Ramos en Alejandría y Tanta).
En Irak y Siria, la derrota de Estado Islámico no ha supuesto la tranquilidad definitiva para los cristianos, pues nuevos grupos yihadistas intentan ocupar su hueco, y solo un 30 % de los cristianos exiliados en 2014-16 se han atrevido a
retornar a sus lugares de residencia.
En la India, la situación de los cristianos se ha deteriorado tras la llegada al poder del partido nacionalista Bharatiya Janata Party (BJP), que tiene vínculos con grupos hinduistas radicales como el Rastriya Swayamsevak Sangh (RSS). Ayuda
a la Iglesia Necesitada registró 440 ataques anticristianos en 2017, 477 en 2018 y 117 en el primer cuarto de 2019.
El informe presentado al Foreign Office por el obispo de Truro en mayo de 2019 documenta que 'los ataques de turbas [contra los cristianos] se han hecho frecuentes en los Estados de Chhattisgarh, Maharashtra, Odisha, Madhya Pradesh, Uttar
Pradesh, Jharkhand y Telangana, conduciendo a conversiones forzadas del cristianismo al hinduismo, violencia sexual contra las mujeres y asesinatos'.
En China, la aprobación en 2018 de las nuevas Regulaciones de Asuntos Religiosos ha dado lugar a una presión reforzada del Estado sobre las iglesias independientes. En abril de 2018 se prohibió la venta de la Biblia por Internet. El pastor
protestante Wang Yi, detenido el 9 de diciembre de 2018, permanece en 'arresto secreto' bajo cargos de 'subversión del poder del Estado'. Human Rights Watch declara en su informe: 'Durante el mandato del presidente Xi Jinping, el gobierno ha
estrechado su vigilancia sobre las
iglesias cristianas en un intento de 'chinesizar' las religiones obligándolas a 'adoptar características chinas''. La United States Comniission for International Religious Freedom (USCIRF) afirmó que en el año 2018 más de 5.000 cristianos y
1.000 eclesiásticos fueron detenidos en China por causa de su fe.
En Pakistán son frecuentes los ataques de turbas contra comunidades cristianas. La violencia religiosa se combina aquí con la sexual, con secuestros de chicas cristianas que son violadas u obligadas a casarse con musulmanes. Por ejemplo,
Sheeza Riasat, de 16 años, fue secuestrada el 12 de febrero de 2019 y obligada a abjurar del cristianismo y casarse con un musulmán. Las estrictas leyes antiblasfemia son usadas de manera desproporcionada contra los cristianos, con escasas
garantías jurisdiccionales. El caso más conocido es el de Asia Bibi, pero hay decenas de personas encarceladas por 'blasfemia', muchas de ellas a la espera de ejecución de sentencias de muerte. En 2011, el ministro cristiano Shahbaz Bhatti fue
asesinado después de que diera a conocer su intención de reformar las leyes sobre blasfemia.
En Corea del Norte tanto el cristianismo como las demás religiones son consideradas rivales del culto personal al presidente y la dinastía Kim. Se han reportado asesinatos de cristianos por las autoridades, así como encarcelamientos y
torturas en las prisiones.
En Nigeria, los ataques de Boko Haram y otras milicias islamistas contra comunidades cristianas han continuado entre 2017 y 2019. Lo mismo en Somalia y Eritrea con Al Shabab y otros grupos; en todos los casos, con pasividad o complicidad
estatal.
También sufren hostigamiento ciertas comunidades cristianas en Hispanoamérica.
El Gobierno de Nicaragua, en plena deriva dictatorial, ha atacado a la Iglesia por sus denuncias de la represión: en noviembre de 2019, la policía rodeó la catedral de Managua, y turbas sandinistas penetraron en ella, agrediendo a un
sacerdote y una monja. En muchas otras ciudades se han producido cercos policiales de iglesias.
También en Venezuela han sido numerosos en 2019 los registros policiales y ataques a iglesias por turbas bolivarianas: por ejemplo, a la iglesia de San Pedro Claver, en Caracas, el 23 de enero de 2019, o los asaltos de las residencias de
los arzobispos de Barquisimeto y Caracas.
En Rusia, la aprobación en 2016 del 'paquete Yarovaya' de normativa antiterrorista ha incrementado la presión y vigilancia sobre todas las comunidades religiosas distintas de la Iglesia Ortodoxa rusa, incluidas las católicas y protestantes.
Arabia Saudí, Irán, Argelia, Maldivas, Indonesia, Turquía, son otros países donde se producen serias conculcaciones de la libertad religiosa de los cristianos. En Arabia no se permiten celebraciones cristianas ni siquiera en los domicilios
privados.
En el conjunto de Oriente Medio cabe hablar de una auténtica 'limpieza étnica' de cristianos a partir de la Primavera Árabe de 2011, que derribó varios regímenes relativamente laicos, abriendo paso al avance de los islamistas. En Siria, la
población cristiana ha caído desde 1,7 millones en 2011 a menos de 450.000 en 2019. En Irak, de 1,5 millones en 2003 a 120.000 en la actualidad. En los territorios palestinos, el constante hostigamiento a la minoría cristiana, que representaba un
20 % de la población en los años 60, ha reducido su porcentaje actual a un 1,5 %. El Patriarca Latino de Jerusalén, Fouad Twal, dijo en 2018: '¿Nadie oye nuestro grito? ¿Cuántas atrocidades más debemos sufrir antes de que alguien venga en nuestra
ayuda?'.
Tercero. En su Resolución de 17 de diciembre de 2018, la Asamblea General de la ONU reconoció 'con profunda preocupación el aumento general de los actos de discriminación, intolerancia y violencia [...] dirigidos contra miembros de muchas
comunidades religiosas', recordando 'que los Estados tienen la obligación de ejercer diligencia debida para prevenir, investigar y castigar los actos de violencia, intimidación y acoso contra personas o grupos de personas pertenecientes a minorías
religiosas'.
Cuarto. Es cierto que comunidades religiosas no cristianas han sufrido también la intolerancia en diversos países. Es necesario condenarlo y tomar medidas para que concluyan las persecuciones. Sin embargo, la condenar condena de la
persecución de los cristianos en el mundo necesita un tratamiento individual.
Como documentan diversos informes internacionales, el cristianismo es la confesión más perseguida en el mundo actual. El silencio sobre la persecución de los cristianos contrasta con la atención internacional dispensada a otras comunidades
no cristianas hostigadas, como los yazidíes en Irak, los musulmanes rohingyás en Myanmar o los budistas en el Tíbet ocupado por China. En Occidente es de buen tono citar al Dalai Lama, pero no al arzobispo de Mosul.
Una mezcla de autodenigración civilizacional y escrúpulos poscoloniales ha llevado a Occidente a inhibirse de la persecución de los cristianos en el mundo extraoccidental. Lucia Annunziata, editora del
Huffington Post, escribió: '¿Por qué no recibo cartas colectivas de protesta contra el genocidio de los cristianos?'.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Emitir una declaración oficial de solidaridad con los cristianos perseguidos en todo el mundo.
2. Trasladar su preocupación a los Gobiernos de los países en los que se producen violaciones más graves de la libertad religiosa y la seguridad de los cristianos, exigiendo el respeto de sus derechos -a través de las Embajadas, así como en
las visitas oficiales que haya lugar-.
3. Incluir en nuestra regulación del asilo una cláusula de preferencia para los cristianos procedentes de países en situación de persecución. No solo en razón del peligro sufrido allí, sino también de su presumible mayor capacidad de
adaptación a un país de tradición cristiana como España.
4. Conseguir que España asuma un papel de liderazgo internacional en lo que se refiere a la tutela de los cristianos perseguidos, en el seno de la Unión Europea, el Consejo de Europa, la OSCE y la comunidad de Estados hispanoamericanos.
5. Crear en el Ministerio de Asuntos Exteriores una Oficina de Asistencia a los Cristianos Perseguidos que monitoree la evolución de la situación en los países más amenazados y formule recomendaciones al Gobierno y/o las Cortes.
6. Invitar a visitar España y recibir en audiencia a los líderes religiosos de las comunidades más amenazadas (coptos egipcios, cristianos nestorianos iraquíes, maronitas sirios, etc.).
7. Apoyar oficialmente la iniciativa de fijar un Día Internacional de las Víctimas de Actos de Violencia Basados en la Religión o las Creencias.
8. Instituir en España un Día de Solidaridad con los Cristianos Perseguidos en el que se conciencie desde los poderes públicos sobre la gravedad de la persecución.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2020.-Alberto Asarta Cuevas, Víctor González Coello de Portugal y Francisco José Contreras Peláez, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Justicia
161/000380
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán y D.ª Patricia de las Heras Fernández, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputada del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a los Letrados del Turno de Oficio, para su discusión en Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita tiene como fin satisfacer el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva recogido en la Constitución. Esto implica que, en España, cualquier persona puede enfrentarse a un proceso judicial con
todas las garantías legales y constitucionales, sin importar la situación económica del afectado. Las condiciones para que cualquier ciudadano pueda disfrutar de justicia gratuita son varias, pero la más importante es que su unidad familiar no
supere los 1.100,00 euros de ingresos mensuales brutos.
El turno de oficio nace y fundamenta su existencia en asistir a las personas beneficiarias de la justicia gratuita. Estos letrados son designados por la correspondiente Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Por ello, el turno de oficio
es un servicio básico para la Justicia, pues permite disfrutar a las personas más
desfavorecidas de la defensa legal. Así, el Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, mediante Sentencia 103/2018, de 4 de octubre, Recurso de Inconstitucionalidad 4578/2017, en relación con distintos apartados del artículo único
de la Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, avaló la obligación de los abogados de prestar asistencia en el Turno de Oficio, imponiendo que los Letrados colegiados formen parte
del servicio de asistencia gratuita, por considerar que de la plena efectividad de dicha asistencia dependen importantes intereses, tanto públicos como privados, 'vinculados al ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva dé las personas que
carecen de medios económicos para litigar'.
En síntesis, el Tribunal Constitucional aprecia la obligatoriedad de prestar el servicio como una consecuencia de la necesidad de asegurar ese derecho constitucional a la asistencia jurídica gratuita reconocido en el artículo 119 de la
Constitución Española.
Sentado lo anterior, en muchas ocasiones y de conformidad con la Ley 1/1996, de 10 de enero, el Colegio de Abogados atribuye provisionalmente a un letrado del turno de oficio la defensa de un ciudadano, quien posee una expectativa de
concesión del derecho a la asistencia jurídica gratuita, pero a quien finalmente se le deniega. Es decir, los letrados defienden a personas que con posterioridad deberán abonar de su bolsillo la asistencia. En dicho contexto, se da la
circunstancia de que el letrado, quien ha realizado un servicio -garantizado en el artículo 24 de la Constitución- al Estado con base en esa delegación de una función pública, no va a percibir la indemnización que remuneraría tal obligado servicio,
sino que deberá invertir su tiempo en un procedimiento judicial de jura de cuentas para obtener la declaración del derecho a recibir la remuneración de su propio cliente de oficio.
Además, el pasado 11 de diciembre de 2019, el Ministerio de Justicia anunció al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) que, a partir del mes de octubre, no se abonarían los expedientes del turno de oficio generados por designación
judicial que no estén amparados por la carencia de recursos económicos.
El cambio de parecer de la entonces Ministra respecto a su predecesor puso en pie de guerra a la Abogacía, que exigió la dimisión de la titular del Ministerio. Con esta resolución, el Gobierno ignora que la designación de abogado es un
mandato del Juez instructor, y que responde a un derecho constitucional.
Hasta ahora, el Ministerio se hacía cargo del pago de todas las minutas del turno de oficio prestado por designación judicial, incluso las generadas por aquellos que no estaban amparados por la carencia de recursos económicos, así como de
las correspondientes a la defensa de sociedades mercantiles, una tarea que tanto el CGAE como el ICAM o el ICAIB (entre otros colegios) piden que siga haciendo, ya que se trata 'de un derecho reconocido en la Constitución'.
Los representantes de la Asociación de Letrados por el Turno de Oficio (Altodo) denuncian que la medida tomada por Justicia supone la 'esclavización' de los abogados del turno de oficio, 'por cuanto que se les obliga a prestar un servicio
público sin percibir compensación económica alguna'. Además, piden una reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para garantizar el cobro de estos profesionales en todo caso.
Se está garantizando un servicio público desde el primer instante en que resulta necesario, sin saber si finalmente la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita desestimará el derecho y, por tanto, si el Letrado podrá certificar o no esa
actuación para percibir la correspondiente indemnización.
En síntesis, se delega una obligación Estatal en profesionales liberales, sin que se asegure la remuneración de sus actuaciones realizadas en cumplimiento de un mandato judicial para garantizar el derecho de defensa y la tutela judicial
efectiva, y sin que se garantice la fecha del cobro de los que se reconozcan.
La dignificación de la profesión pasa en primer lugar por no permitir que las actuaciones profesionales llevadas a cabo en cumplimiento de un mandato judicial para garantizar el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva, dejen de ser
compensadas.
Pero no podemos ni debemos olvidarnos de los míseros importes que retribuyen tales servicios, ni mucho menos que la transferencia de la competencia de Justicia a diversas Comunidades Autónomas ha quebrado en su más grave expresión el
principio de igualdad, pues cada una dispone de un baremo muy diferente. Ello implica que por idéntico trabajo, no perciba la misma indemnización un abogado de Cataluña que uno de Baleares por ejemplo.
Con tanto afán presume el Gobierno de velar por los intereses de los trabajadores, por el SMI y por la dignificación de las profesiones, que parece absurdo que se le tenga que instar a aplicar tales tesis en la práctica, ya que el caso de
los Abogados del Turno de oficio es un claro ejemplo de la dejadez total del
Gobierno a la hora de proteger esos derechos falsamente defendidos. Concretamente, (i) se asegura un servicio estatal en detrimento del libre ejercicio de una profesión liberal, trasladando la obligación al profesional particular; (ii)
sobra decir que con la escasez de la remuneración de los baremos no se alcanzaría la mayoría de las veces un SMI; (iii) siendo una función estatal delegada, debería partirse de la igualdad de retribución en relación con idéntica prestación; (iv)
los turnos de guardia son de una extensión muy significativa; y lo que es peor, (v) se atribuye obligatoriamente la prestación de servicios que en ocasiones no se abonan.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo e impulsar todas las actuaciones necesarias a fin de dignificar las condiciones en que se presta el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita y, concretamente, las siguientes:
- Promover a través de la Conferencia Sectorial de Justicia la equiparación de los baremos de retribución de las actuaciones realizadas en el Turno de Oficio, de tal modo que las cantidades abonadas sean las mismas por el mismo trabajo, con
independencia de la Comunidad Autónoma donde hayan sido ejecutados, en aplicación del principio de igualdad.
- Abonar los servicios prestados de Asistencia Jurídica Gratuita en pagos mensuales, dentro de los cinco primeros días de cada mes.
- Asumir el pago al completo de los expedientes de Asistencia Jurídica Gratuita generados por designación judicial, siendo la Administración, en su caso, quien reclame a los ciudadanos a los que se les deniegue finalmente el servicio.
- Abonar sin excepción a todos los Letrados que prestan el servicio de Asistencia Jurídica Gratuita el 70 % del Procedimiento en las Diligencias Previas que finalicen con Sobreseimiento Provisional, se hayan hecho actuaciones posteriores a
la guardia o no.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2020.-Patricia de las Heras Fernández, Diputada.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000434
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán y D. Francisco Javier Ortega-Smith Molina, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputado del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) respectivamente, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la aprobación de un Plan Nacional para la Consecución de una Administración de Justicia independiente, eficaz, rápida y de calidad, para su discusión en la Comisión de
Justicia.
Exposición de motivos
La Administración de Justicia en España atraviesa una crisis gran dimensión desde hace décadas. Los problemas de nuestra Justicia no se reducen al sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. A las
deficiencias organizativas se ha unido el incremento de la litigiosidad, un mejorable proceso de promoción de los Jueces y una politización sin precedentes de la Justicia, ampliamente rechazada por el conjunto de la sociedad. Resulta necesario
diseñar un nuevo modelo de Administración de Justicia, eficaz, rápida y de calidad, que esté a la altura de los extraordinarios profesionales que todos los días desarrollan un servicio público que resulta fundamental para nuestro Estado de Derecho.
Uno de los principales problemas que hemos de afrontar, destacado por todos los operadores, es la escasez de Jueces. De acuerdo con el Informe de la Comisión para la Eficiencia de la Justicia correspondiente a 2018, estamos muy por debajo
de la media de la UE en número de jueces por habitante. En concreto, la media europea estaría en 21 jueces por cada cien mil habitantes. Sin embargo, España cuenta con 12, frente a los 95 de Mónaco, o los 19 de nuestro vecino Portugal. Destaca
también el caso de la designación discrecional de los destinos previstos en el artículo 326.2 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial. Así, cada Juez es depositario de un poder del Estado, y ha de adoptar decisiones muy relevantes en su quehacer diario, que afectan al destino personal y patrimonial ('vida y hacienda') de los ciudadanos. Semejante poder requiere
de un sólido conocimiento, disciplina e independencia.
Junto al incremento del número de Jueces y la mejora de su retribución en atención a la importancia de su función, es preciso dotar a aquellos de incentivos, recursos y procedimientos ágiles que faciliten acabar con el colapso que paraliza
un gran número de Juzgados y Tribunales en todo el territorio nacional, deteriorando de manera notable el servicio público que se presta al ciudadano.
Unido al fomento de medidas alternativas de solución de conflictos es necesario incrementar la inversión del Estado en la Justicia española y reformar normas procesales decimonónicas, modificadas por constantes parches legales que no han
dado solución definitiva a problemas arrastrados desde hace décadas. La aprobación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal es un anhelo compartido, pero debe ser la ocasión de una reflexión serena y reposada, sin lugar a la improvisación y a
ocurrencias de circunstancia, sin que, en ningún caso, se atribuya al Ministerio Fiscal la competencia para la instrucción, sino que ha de servir para modernizar nuestro procedimiento penal sin que ello suponga una pérdida de garantías para el
justiciable. Pero también son igualmente importantes reformas normativas que perfeccionen el funcionamiento de nuestra oficina judicial.
Por otro lado, la configuración de una carrera judicial atenta al criterio de antigüedad en la provisión de los destinos más altos, como lo son los referidos en el artículo 326.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que tenga en cuenta
la especialización y el rendimiento de Jueces, Magistrados y funcionarios de la Administración de Justicia, sin comprometer la exigencia facultativa en el ejercicio de su función, no debe ser demorada por más tiempo. El objetivo de reducir la
lentitud y los retrasos en nuestro sistema de impartición de justicia es prioritario. Es preciso, por tanto, determinar un sistema retributivo que garantice y fomente la formación, la especialización y el rendimiento cualificado de Jueces,
Magistrados y funcionarios de la Administración de Justicia. Finalmente, cumple modificar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Debemos volver, de acuerdo con la exigencia mayoritaria de la sociedad, al
sistema establecido por la Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, del Poder Judicial, en el que doce de los miembros del Consejo eran elegidos entre Jueces y Magistrados y por los Jueces y Magistrados. Asimismo, todos los vocales del Consejo han de
tener dedicación a tiempo completo en orden a contribuir lograr los objetivos de mejora de la independencia y eficacia de la Justicia. Por último y dentro de la despolitización de la Justicia, la presentación de una propuesta de reforma jurídica de
la Carrera Fiscal, que asegure la independencia de la institución frente al Gobierno, tan dañada recientemente con la propuesta de una ex Ministra socialista como Fiscal General del Estado, es un requerimiento de la ciudadanía española que ha de ser
llevado a cabo cuanto antes.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar y presentar con carácter urgente una propuesta de Plan Nacional para la Consecución de una Administración de Justicia independiente, eficaz, rápida y de calidad, que contenga las
siguientes medidas:
a) Un Programa Plurianual de Inversión en la Administración de Justicia que permita acometer las reformas necesarias para la consecución de una Administración de Justicia independiente, eficaz, rápida y de calidad.
b) Modificación del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, retornando al sistema establecido en la Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero, del Poder Judicial.
c) Restablecimiento de la dedicación exclusiva para todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial.
d) Reforma de la Carrera Fiscal para asegurar su autonomía e independencia frente al Gobierno.
e) Incrementar el número de Jueces con el fin de acometer el problema de lentitud y retraso existente en nuestros Juzgados y Tribunales.
f) Asegurar la objetividad en la provisión de los destinos más altos referidos en el artículo 326.2 de la Ley Orgánica del Poder judicial, por aplicación del criterio de antigüedad en la Carrera judicial, además de eliminar la posibilidad de
que Parlamentos Autonómicos propongan Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia.
g) Configuración de una Carrera Judicial que tenga en cuenta la especialización y el rendimiento.
h) Establecimiento de criterios de retribución que garanticen la formación y tengan en cuenta la especialización y el rendimiento.
i) Fomento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos.
j) Modificación de las normas procesales a fin de agilizar los procedimientos, primando la oralidad en todos ellos.
k) Proyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Penal, que sustituya a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que la instrucción del procedimiento siga siendo competencia de los Jueces y Magistrados.
l) Racionalización y unificación de los distintos sistemas informáticos de gestión procesal, eliminando la fragmentación existente.
m) Interconexión de las Unidades procesales con todas las aplicaciones informáticas necesarias para el desempeño de la función jurisdiccional en el conjunto de España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2020.-Francisco Javier Ortega-Smith Molina, Diputado.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Defensa
161/000369
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el régimen de retribuciones de
los militares en situación de reserva, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
El pase de la situación de servicio activo a la de retiro de los miembros de las Fuerzas Armadas es un proceso, en la mayoría de los casos desencadenado de oficio, que se desarrolla en dos etapas, hecho que solo tiene cierto parecido en las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En él, los militares ven como sus ingresos experimentan una rebaja significativa, que se acusa aún más al rebasar una edad concreta.
La primera etapa, regulada por el artículo 113 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, es el pase a la situación de reserva, en la que los miembros de las FAS dejan de realizar un servicio efectivo en el ejercicio del
mando en la Fuerza de los Ejércitos pero se mantienen sujetos al régimen general de derechos y deberes, así como a las leyes penales y disciplinarias militares, pudiendo, eventualmente, ocupar destinos señalados para su situación en las Fuerzas
Armadas excepto los que requieran el ejercicio del mando de Fuerza. Posteriormente, se pasa a la situación de retiro de acuerdo con lo estipulado en los artículos 114 y siguientes de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre de la carrera militar. Al
pasar a la situación de retiro cesa definitivamente la relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas pasando a percibir la pensión correspondiente al Régimen de Clases Pasivas o de Seguridad Social.
La retribución que se percibe durante el período en el que se permanece en la situación de reserva viene regulada por la Ley 39/2007 y por el Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Retribuciones del
personal de las Fuerzas Armadas, modificado por el Real Decreto 28/2009, de 16 de enero.
El artículo 113.10 de la Ley 39/2007 establece que:
'Al pasar a la situación de reserva se conservarán las retribuciones del personal en servicio activo sin destino hasta cumplir la edad de sesenta y tres años. A partir de ese momento las retribuciones del militar profesional estarán
constituidas por las retribuciones básicas y por el complemento de disponibilidad que se determine en las normas que regulen el sistema retributivo del personal de las Fuerzas Armadas.'
El artículo 9 del Real Decreto 1314/2005, modificado por el Real Decreto 28/2009, completa que:
'1. En la situación de reserva se percibirán las retribuciones básicas y un complemento de disponibilidad equivalente a la suma del 80 por ciento del complemento de empleo y del 80 por ciento del componente general del complemento
específico. Además, se percibirá en los meses de junio y diciembre una paga adicional del complemento específico por un importe igual al 80 por ciento de la que se perciba por el componente general del complemento específico por el personal en
situación de servicio activo.
2. Cuando el pase a la situación de reserva se produzca por alguna de las causas previstas en el artículo 113 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, se percibirán las retribuciones del personal en servicio activo
señaladas en el artículo 5.2, hasta cumplir la edad de sesenta y tres años.'
Teniendo en cuenta que el artículo 113 de la Ley 39/2007 precisamente lo que establece es la situación de reserva y que las retribuciones establecidas en el artículo 5.2 para esta situación son: las retribuciones básicas y complementos de
empleo y componente general del complemento específico asignados a su empleo, podemos concluir que, hasta los 63 años se pierde el componente singular del complemento específico y el complemento de dedicación especial si anteriormente se percibía.
Llegados los 63 años y hasta alcanzar la edad de jubilación se sufre un nuevo recorte cuantificado en el 20 % de la suma del Complemento de Empleo y del Componente General del Complemento Específico.
Al efectuarse el pase a la situación de reserva se conservan las retribuciones del personal en servicio activo sin destino hasta cumplir los sesenta y tres años. A partir de ese momento, las remuneraciones están constituidas por las
retribuciones básicas y por el complemento de disponibilidad. Este complemento se fija en el Reglamento de retribuciones y equivale a la suma del 80 % del complemento de empleo y del componente general del complemento específico. Este cambio
supone una pérdida económica no justificable por razón de la edad o empleo y se acerca al 20 % de la pensión, sin que se produzca cambio alguno en la situación administrativa del sujeto.
En el Consejo de Personal celebrado el 23 de julio de 2015, el Ministerio de Defensa presentó un proyecto de modificación del Reglamento de retribuciones que, entre otros asuntos, elevaba la cuantía la complemento de disponibilidad, pasando
a equivaler al 100 % de los complementos descritos al objeto, fundamentalmente, de que la continuidad en una misma situación administrativa, implicase la conservación de una misma situación retributiva. Según la última memoria económica del
Ministerio a fecha 1 de marzo de 2018 tendría un coste total de 13,8 millones de euros.
A tenor de lo expuesto debe procederse a dotar de los créditos necesarios para que el complemento de disponibilidad aumente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el Reglamento de retribuciones de los militares en situación de reserva con el fin de elevar la cuantía del complemento de disponibilidad al 100 % de la suma del Complemento de
Empleo y del Componente General del Complemento Específico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2002.-Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu, Diputado.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000379
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Agustín Rosety Fernández de Castro, D. Alberto Asarta Cuevas, D. Víctor González Coello de Portugal, D. Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, y D. Manuel Mestre Barea, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la baja forzosa
en el servicio de los militares de tropa y marinería por alcanzar la edad de 45 años, para su discusión en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
El cambio de contexto estratégico provocado por el fin de la Guerra Fría trajo consigo que España llevara a cabo una revisión de su modelo de personal militar. Esto supuso el fin del Servicio Militar Obligatorio, así como el inicio de un
proceso de profesionalización de los efectivos de tropa y marinería, con vistas a conseguir unas Fuerzas Armadas más reducidas, pero de mayor calidad, disponibilidad y capacidad de reacción. El proceso de profesionalización vino precedido por el
Dictamen de una Comisión Mixta Congreso-Senado que, con participación de expertos, dio como fruto la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas. Dicha disposición establecía una marcada diferencia de régimen entre
militares de carrera y militares de empleo. Se justificaba esta diferencia en la necesidad de mantener la juventud del contingente de tropa y marinería destinado a servir en las unidades. Los oficiales -con excepción del de complemento- y la
totalidad de los suboficiales eran militares de carrera con una relación de servicios permanente, mientras que los de tropa estaban sujetos a la renovación de su compromiso, con el límite de 35 años de edad o 12 de servicio. La temporalidad era,
por tanto, un rasgo esencial del modelo por el que se había optado, pero visto bajo una perspectiva profesional, significaba precariedad.
Ya en 2002, el proceso de reclutamiento no había logrado aportar los efectivos previstos por el MD. Una investigación rigurosa de su funcionamiento identificó, como causas principales, su crítica sostenibilidad demográfica y su marcado
carácter temporal, unido al fracaso de las medidas de inserción laboral. Ante esta evidencia, el empeño del legislador de limitar la permanencia disponiendo el licenciamiento forzoso del personal una vez cumplidos 35 años de edad o 12 de servicio
no solo desalentaba las legítimas expectativas de potenciales aspirantes sino que obligaba a prescindir de profesionales muy valiosos cuando el reclutamiento era insuficiente.
Así las cosas, la Ley 8/2006, de 24 de abril, reguló una relación de servicios de larga duración para la tropa y marinería que, aunque temporal, se prolongaba hasta los 45 años de edad. En su transcurso, debería ofrecerse a los veteranos un
amplio abanico de alternativas profesionales, desde alcanzar una relación de servicios permanente como oficial, suboficial e incluso en la propia categoría de tropa o marinería, hasta mejorar su empleabilidad mediante formación reglada, pasando por
la reserva de plazas en las FCSE y el acceso al empleo público de carácter civil. Sólo en última instancia, al cumplir la edad límite el soldado o marinero tendría que causar baja forzosa, si bien se le ofrecía la posibilidad de continuar vinculado
a las Fuerzas Armadas como reservista de especial disponibilidad, con derecho a percibir una ayuda económica compatible con una retribución privada.
Estas previsoras medidas deberían haber resuelto el futuro de los veteranos; dicho de otra manera, habían sido concebidas para que nadie se encontrase, en momento tan avaluado de su vida activa, sin una salida profesional. Tales medidas,
especificadas por la Ley 8/2006, eran en síntesis las siguientes:
- Artículo 16. Facilidades para la obtención del título de Técnico de Grado Medio.
- Artículo 20. Acceso a las Administraciones Públicas y acuerdos a tal efecto con las Comunidades Autónomas y Administración local.
- Id. A los Cuerpos de la Guardia Civil, Policía Nacional y Servicio de Vigilancia Aduanera.
- Artículo 21. Apoyo a la incorporación laboral.
Transcurridos trece años, tales disposiciones legales no han tenido cumplimiento pleno o no han producido el efecto que se esperaba. Como consecuencia, en años inmediatamente sucesivos se irá acumulando el personal que, a una edad crítica y
con cargas de familia, con una titulación no siempre homologada y una formación que no satisface los estándares de trabajo en el mundo empresarial, deberá optar por un puesto de trabajo en un mercado laboral que presenta elevados índices de paro.
Según datos del Observatorio de la Vida Militar, el alcance del problema es creciente, pues si bien en 2018 un total de 624 militares de tropa con compromiso de Larga Duración estaban entre 44 y 45 años, las estimaciones aumentan la cifra
paulatinamente, pudiendo llegar a unos 26.000 afectados por la situación en 2029 y 50.000 en 2036. Es decir, la reforma de 2007 solo supuso aplazar diez años los efectos de un régimen de personal mal fundamentado. Transcurrido este 'tiempo de
gracia', nos encontramos de nuevo en el punto de partida.
Un examen de los datos numéricos que ofrece el Informe antes citado nos permite inferir que la profesionalización del personal de tropa y marinería ha alcanzado los que parecen van a ser sus rasgos cuantitativos. Así, en 2012 se alcanzó un
equilibrio entre militares con compromiso inicial y de larga
duración, para llegar en 2018 a unas cifras, más o menos estables, de 10.913 y 51.290, respectivamente, a los que cabe añadir 11.676 militares permanentes con una relación de servicios equiparada a la de los militares de carrera. En cuanto
a edades, la edad promedio del contingente es de 33 años, siendo un 21,21 % la proporción de mayores de 40.
En los ambientes tácticos emergentes, muy dominados por las tecnologías avanzadas y por la necesidad de decidir con escasa supervisión, los recursos humanos son el factor de eficacia más valioso e insustituible. Ante este escenario, los
datos reseñados, lejos de ser desalentadores, nos hablan de juventud, junto a experiencia y madurez, una combinación muy adecuada. Por otra parte, las unidades no son todo en las Fuerzas Armadas, aunque sean su componente esencial. Hay numerosos
puestos, aún en la Fuerza, que pueden ser cubiertos por militares con edades superiores a los 45 años.
Así pues, establecer relaciones de servicio radicalmente diferentes para las categorías de cuadros de mando y de tropa y marinería, transcurridos veinte años, no parece tenga ningún sentido, salvo el exclusivamente presupuestario. En
efecto, deshacerse anualmente de miles de soldados y marineros releva a Hacienda de abonar sus retribuciones en los últimos veinte años de su vida activa; otra cosa es que hacerlo sea justo y conveniente para el servicio público.
Su lealtad, experiencia y preparación podrían y deberían ser aprovechadas en puestos de trabajo de las distintas Administraciones, en particular como empleados civiles de la Administración de Defensa.
En este sentido, tal vez sea este momento adecuado para mencionar la abusiva extensión de la externalización de servicios en bases y acuartelamientos con el único objeto de lograr un abaratamiento de costes. Así, se prescinde de
profesionales de 45 años cualificados y con gran experiencia en el desempeño de funciones de apoyo tan importantes como aprovisionamiento, alimentación, mantenimiento, seguridad o transporte para contratar empresas a la baja que dan un mal servicio,
a lo que cabe añadir la vulnerabilidad logística que con la dependencia de las mismas se crea.
Hora es ya de reconocer que los militares de tropa y marinería tienen los mismos derechos que el resto de los ciudadanos y no pueden quedar sujetos de por vida a una precariedad que no afecta a los empleados públicos, cuando sus condiciones
de vida y servicio son más duras y exigentes que las que corresponden a la mayoría de estos. No es solo que un futuro incierto se oponga al reclutamiento; es que la Nación no puede abandonar a quienes la han servido con lealtad, sin dañar, al
permitirlo, los propios cimientos de la moral, la cohesión y la disciplina de la Institución que la sirve y, por descontado, al interés nacional mismo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Proceder a los estudios conducentes al establecimiento de un régimen común para las categorías de oficiales, de suboficiales y de tropa y marinería, con el criterio de que la relación de servicios de todos los militares profesionales sea
esencialmente la misma y esté regulada por una misma Ley.
2. Integrar en el proceso de formación del personal de tropa y marinería los estudios conducentes a la obtención del título de Técnico de Grado Medio, según dispone la Ley 8/2006 en su artículo 16, como condición para acceder a la relación
de servicios permanente y convenir las homologaciones que sean pertinentes en el sistema educativo general.
3. Realizar un estudio de plantillas para conocer cuántos puestos de trabajo pueden ser desempeñados por los veteranos mayores de 45 años en todas las Administraciones Públicas, incluyendo como condición de mejora en los pliegos de
licitación, acreditar la contratación como personal militar de tropa y marinería.
4. Revertir el proceso de externalización de servicios, comenzando por los de restauración y seguridad, y sustituir su prestación por la actividad de personal de tropa y marinería que haya superado los 45 años de edad.
5. Establecer en coordinación con las Administraciones Públicas medidas efectivas para el aprovechamiento de las capacidades profesionales de los militares de tropa y marinería mayores de 45 años, en los términos previstos por la citada Ley
en su artículo 20. En concreto, reservar plazas de empleo público para veteranos de las Fuerzas Armadas en corporaciones locales y provinciales, Comunidades Autónomas y Administración del Estado.
6. Acordar medidas urgentes para subsanar la difícil situación económica y social en la que están quedando numerosos militares de Tropa y Marinería que, al alcanzar 45 años de edad, cesan en su relación de servicios, quedando en desempleo.
En particular, igualar la retribución que perciben los RED (reservistas de especial disponibilidad) de esta procedencia con el salario mínimo interprofesional y tomar a cargo del Estado las contribuciones a la Seguridad Social de los que se
encuentren en desempleo, de forma que, al alcanzar la edad de jubilación, no queden perjudicados en la percepción de una pensión contributiva.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2020.-Agustín Rosety Fernández de Castro, Alberto Asarta Cuevas, Víctor González Coello de Portugal, Manuel Mestre Barea y Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, Diputados.-Macarena Olona
Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000397
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Agustín Rosety Fernández de Castro, D. Alberto Asarta Cuevas, D. Víctor González Coello de Portugal, D. Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, y D. Manuel Mestre Barea, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de la
industria de defensa, para su discusión en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
En el día de ayer, la fragata Blas de Lezo (F-103) de la Armada española inició el despliegue como escolta antiaérea del portaaviones francés Charles de Gaulle. Dicho despliegue está previsto que finalice el próximo 13 de abril. Durante
este periodo de tiempo, el buque de la Armada española participará en dos ejercicios internacionales, el Joint Warrior 20-1 y el Frisian Flag 20, junto con otras marinas aliadas.
La fragata española puso rumbo al mar de Alborán, donde se integrará en el grupo aeronaval encabezado por el Charles de Gaulle, y junto a fragatas alemanas, belgas, portuguesas, estadounidenses y neerlandesas.
En cuanto los ejercicios en los que participará la Blas de Lezo, el Join Warrior es uno de los ejercicios militares más importantes de Europa, y está capitaneado por Reino Unido. En el caso del Frisian Flag 20 es un ejercicio de carácter
aéreo liderado por Países Bajos, y que se producirá en las costas danesas. En este sentido, los participantes en dicho ejercicio se entrenarán en protecciones de otras aeronaves, misiones de defensa aérea, misiones ofensivas y uso de objetivos
tanto estáticos como móviles.
No obstante, el acompañamiento al portaaviones francés se reducirá a las aguas del Atlántico, ya que España ha rechazado involucrarse en su posterior despliegue en aguas del Índico y golfo de Adén. Este mandato del Ministerio de Defensa
español, supone un duro varapalo a todos los niveles, principalmente, para la industria. Al igual que la retirada de la fragata Méndez Núñez (F-104) del grupo de combate liderado por el portaaviones Abraham Lincoln, la participación selectiva de la
Blas de Lezo supone perder una fantástica oportunidad de mostrar el altísimo nivel técnico de las construcciones de Navantia. Además, tanto la Méndez Núñez como la Blas de Lezo poseen el sistema de combate AEGIS, que permite a dichas embarcaciones
integrarse plenamente con las unidades de la marina estadounidense.
Esta situación no ha pasado desapercibida para los estadounidenses. El jefe adjunto de operaciones navales, el vicealmirante Bill Merz, declaró ante el subcomité de la Marina lo siguiente: 'sabemos que somos fuertes en barcos de gran
superficie, pero nos gustaría ajustar eso a una mezcla más apropiada, especialmente con la letalidad que vemos en la fragata'. Estas declaraciones dejan clara la intención de la US NAVY de ampliar el número de buques, pero reduciendo su tonelaje.
y uno de los modelos preferidos es la fragata española fabricada por Navantia.
Además, las fragatas se adecuan a las características demandadas por la Marina estadounidense; perfectas para sustituir a los vetustos cruceros clase Ticonderoga, con casi 10.000 toneladas de desplazamiento y que entraron en servicio
durante los años 80, y que totalizan 22 unidades. Sumado a ello, las nuevas fragatas sustituirán a las versiones más antiguas (versión Flight II) de los destructores clase Arleigh Burke, que desplazan 9.000 toneladas, y suman un total de 66
unidades.
Si por añadidura y como ya hemos señalado, las fragatas españolas ya están operando con el sistema de combate AEGIS, es evidente que el modelo español tiene muchas posibilidades de acabar siendo el elegido por los estadounidenses.
No obstante, las directrices del Ministerio de Defensa hacen mella también en el personal de las Fuerzas Armadas. Pese a su tan merecida reputación de profesionalidad, ganada durante décadas de brillante participación en misiones
internacionales, nuestro personal se ve abocado a situaciones en las que dicho prestigio es empañado por las decisiones de la esfera política.
Por otro lado, una de las mejores formas de demostrar la calidad del producto es poniéndolo a prueba en situaciones reales. Con la política actual, difícilmente se podrá demostrar la eficacia del sistema AEGIS y su capacidad de detectar y
seguir hasta 200 blancos enemigos al mismo tiempo a 200 millas de distancia.
Además, si el propio Ministerio de Defensa español no compra su propio producto, o lo hace de forma reducida, la única alternativa para la supervivencia de la industria de defensa española es la exportación.
El proyecto de las Future Frigate Guided Missile o FFG (X) de la marina estadounidense, es una fantástica oportunidad para sacar músculo y obtener un contrato de primer nivel. Para ello, el Gobierno debe respaldar a sus aliados en cualquier
situación, no solo para obtener mayores posibilidades en los futuros contratos que se formalizasen, sino para reforzar la imagen internacional de España como socio y aliado fiable.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Elaboración de un plan plurianual de inversión exclusivamente para la industria de defensa.
2. Creación de un programa de incentivos fiscales para favorecer la competitividad de la industria de defensa.
3. La inclusión de la industria de defensa en las directrices generales de la nueva política industrial española 2030.
4. Aumento de la cooperación con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América.
5. Participación de las Fuerzas Armadas en la totalidad de las misiones y ejercicios propuestas al amparo de la OTAN y la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2020.-Agustín Rosety Fernández de Castro, Alberto Asarta Cuevas, Víctor González Coello de Portugal, Manuel Mestre Barea y Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, Diputados.-Macarena Olona
Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000404
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Agustín Rosety Fernández de Castro, D.ª María Teresa López Álvarez, en sus condiciones de Portavoz Adjunta, y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en los
artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa al establecimiento de un operativo permanente de la Unidad Militar de Emergencias en las Ciudades Autónomas de
Ceuta y Melilla, para su discusión en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Primero. En los últimos años la Cuidad Autónoma de Ceuta ha sufrido grandes incendios forestales. En 2015, un grave incendio dejaba desértica una de las zonas más emblemáticas de la ciudad autónoma como es el Monte de la Tortuga, en la
zona de Sierra Bullones, frontera natural con Marruecos. En julio de 2018, Ceuta sufría uno de los incendios más graves de su historia con más de 60 hectáreas quemadas de uno de los pulmones de la ciudad en la zona de García Aldave. Al año
siguiente, en julio de 2019, otro
incendio arrasó alrededor de 30 hectáreas, de alto valor ecológico, de la zona LIC-ZEPA de Calamocano Benzú (Lugar de Interés Comunitario-Zona de Especial Protección para las Aves), en la ladera norte de García Aldave, la mayor zona verde de
la ciudad autónoma.
Segundo. En todos estos casos, que por desgracia se repiten cada año, al llegar el verano, en una ciudad con poco más de 19 kilómetros de superficie, el Gobierno de la Ciudad se ve obligado a pedir a la Administración General del Estado el
apoyo de medios aéreos para controlar y sofocar esos incendios, así como la intervención y traslado de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias. Efectivos que en alguna ocasión estaban de vuelta a su base cuando el fuego se había reavivado en
la ciudad.
Sin dejar de poner en valor el magnífico trabajo, la competencia y capacitación del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de la Ciudad Autónoma de Ceuta, es necesario señalar que ante situaciones de grave riesgo como las
narradas, dicho Servicio únicamente puede hacer labores de contención y quedar a la espera de que llegue la Unidad Militar de Emergencias para poder sofocar el fuego que en tantas ocasiones se ha llevado por delante los montes de la ciudad. Hay que
tener en cuenta que la UME tiene base en Sevilla y tiene que activarse, para luego trasladarse desde la Península. Las conexiones marítimas impiden en muchas ocasiones que lleguen con la inmediatez necesaria. Normalmente en algo más de cuatro
horas llega el Mando de Emergencias y la Unidad de Comunicaciones de la UME, mientras el personal de intervención con los recursos materiales de apoyo logístico puede llegar a tardar hasta ocho horas.
Tercero. El artículo 3.6 del Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, señala expresamente que 'la Unidad Militar de Emergencias (UME), que depende
orgánicamente de la persona titular del Ministerio de Defensa, está constituida de forma permanente y tiene como misión la intervención en cualquier lugar del territorio nacional y en el exterior, para contribuir a la seguridad y bienestar de los
ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio, por el que se aprueba el Protocolo de Intervención de la Unidad Militar de
Emergencias. La persona titular del Departamento dictará las normas que regulen la organización y el funcionamiento de esta unidad en el ámbito del Departamento'.
Por otra parte, el artículo 3 del Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio, por el que se aprueba el Protocolo de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias hace referencia a la actuación de la Unidad Militar de Emergencia, señalando que
la intervención de la UME puede ser ordenada cuando se produzca con carácter grave alguna de las siguientes situaciones de emergencia:
- Las que tengan su origen en riesgos naturales, entre ellas inundaciones, avenidas, terremotos, deslizamientos de terreno, grandes nevadas y otros fenómenos meteorológicos adversos de gran magnitud.
- Los incendios forestales.
- Las derivadas de riesgos tecnológicos, y entre ellos el riesgo químico, el nuclear, el radiológico y el biológico.
- Las que sean consecuencia de atentados terroristas o actos ilícitos y violentos, incluyendo aquellos contra infraestructuras críticas, instalaciones peligrosas o con agentes nucleares, biológicos, radiológicos o químicos.
- La contaminación del medio ambiente.
- Cualquier otra que decida el Presidente del Gobierno.
Asimismo, el artículo 4 referente a Actuaciones Operativas de la Orden DEF/160/2019, de 21 de febrero, por la que se regula la organización y funcionamiento de la Unidad Militar de Emergencias señala expresamente que 'las actuaciones
operativas a desempeñar por la UME se centrarán fundamentalmente en la adopción de medidas encaminadas a salvaguardar, proteger o socorrer la vida e integridad de las personas y de sus bienes, el medio ambiente, los espacios naturales y sus
recursos, el patrimonio histórico-artístico y otras necesidades públicas'.
Cuarto. Por cuestiones de necesidad y eficacia, y dado el carácter extra peninsular de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, que provoca un retraso en la actuación en caso de incendios e inundaciones debido a que la Unidad Militar de
Emergencia requiere de los tiempos necesarios para su desplazamiento, por ejemplo a Ceuta, desde su base actual en Sevilla, y teniendo en cuenta, además, que la ciudad cuenta con las instalaciones militares y ubicaciones específicas para poder
contar con un operativo de la UME de carácter permanente.
El Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Aprobar el establecimiento de un operativo permanente de la Unidad Militar de Emergencias en la Ciudad Autónoma de Ceuta y otro en la Ciudad Autónoma de Melilla.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2020.-Agustín Rosety Fernández de Castro y María Teresa López Álvarez, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000406
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Agustín Rosety Fernández de Castro, D. Manuel Mestre Barea, D. Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez y D. Alberto Asarta Cuevas, en su condición de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX)
respectivamente, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para asegurar el mantenimiento y mejora de los 6 helicópteros versión HAP (Helicóptero de Apoyo y
Protección) del Ejército de Tierra.
Exposición de motivos
Primero. El pasado día 22 de febrero el diario El Confidencial se hacía eco sobre la retirada de las seis unidades de la versión HAP (Helicóptero de Apoyo y Protección) del Tigre, la primera que se fabricó y que llegó a España en el año
2007. Esta retirada tiene como objeto reutilizar sus piezas para el resto de la flota: 18 ejemplares más modernos (versión HAD-Helicóptero de Apoyo y Destrucción).
Segundo. En este sentido, el Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra (MALE) -órgano que gestiona todas las cuestiones relacionadas con material- emitió una nota informativa donde se señalaba que: 'se adquirieron (los Tigre HAP)
como solución transitoria hasta que se desarrollara la versión definitiva Tigre HAD'.
Al igual que con el Eurofighter o el futuro FCAS, las entregas del Tigre se realizaron de forma extremadamente lenta. Han transcurrido 17 años desde la firma de la compra para una flota de 24 unidades. Algo lógico al tratarse de un modelo
que se encontraba en fase prototipo cuando se tomó la decisión de elegirlo en 1995. Desde la esfera política, se decidió que el pedido de unidades pasase de 36 a 24 más 6 opcionales, amén de rechazar la opción preferida por la comisión militar que
estudió el tema: el helicóptero Apache, fabricado por Boeing, que se comprometía a entregarlos en tres años.
Pero más allá de las diferencias entre la esfera pública y militar, lo cierto es que la nota del MALE deja pocas dudas. Básicamente, se renuncia definitivamente a la re fabricación de los 6 ejemplares HAP al estándar HAD.
Tercero. Este proceso de modernización debe ser capital para España, ya que el programa del Tigre se estima que tuvo un coste de entre 14.500 y 15.000 millones de euros. No obstante, la realidad es que no hay recursos para mantener una
flota de 24 unidades, un tercio menor que la solicitada por el Ejército de Tierra, y los 6 Tigre de primera generación (HAP) van a ir alimentando con piezas de recambio al resto. De esta manera, la flota de Tigre quedará reducida a 18 unidades.
Cuarto. Si tenemos en cuenta los criterios OTAN, que establecen una disponibilidad del 70 % de los efectivos, significa que el Ejército tan solo tendría 12 helicópteros listos para entrar en acción. Italia, país comparable a España,
utiliza el helicóptero A-109 Mangosta, equivalente -aunque inferior en capacidades- al Tigre. Sin embargo, su flota es de 48 ejemplares. Incluso Francia, que opera con nuestro mismo modelo, considera una prioridad la modernización de dichos
aparatos y ya la ha realizado.
El contexto internacional se encuentra en continua evolución. Un caso paradigmático es el de nuestro vecino del sur Marruecos, que recientemente ha adquirido un paquete de 36 helicópteros Apache (24+12). Un pequeño síntoma de cómo el resto
del mundo, a diferencia de España, sí está haciendo una gran apuesta por la inversión en la Defensa y Seguridad nacional.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. La adopción y ejecución de un programa de modernización de los helicópteros TIGRE HAP, con el fin de garantizar el mantenimiento de las capacidades operativas actuales.
2. La inclusión de una partida presupuestaria específica, en relación con la modernización de los 6 helicópteros TIGRE HAP, para que sea incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2020.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2020.-Agustín Rosety Fernández de Castro, Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, Manuel Mestre Barea, Alberto Asarta Cuevas y Víctor González Coello de Portugal, Diputados.-Macarena Olona
Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000414
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Agustín Rosety Fernández de Castro, D. Manuel Mestre Barea, D. Alberto Asarta Cuevas, D. Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, D. Víctor Manuel Sánchez del Real y D. Víctor González Coello de Portugal, en sus
condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no
de Ley relativa a movilizar la industria auxiliar de defensa para producción urgente de material para combatir el COVID-19, para su discusión en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Primero. En los últimos días, se han publicado informaciones de que España busca con urgencia mil respiradores. Esta situación se está viendo agravada por la prohibición alemana de exportación de dichos aparatos.
Actualmente, España se encuentra en una situación crítica, ya que estos aparatos son necesarios para aquellos pacientes graves afectados por el SARS-CoV-2 (COVID-19) en sus largas estancias en la UCI. Estas estancias en la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI) pueden llegar a los 20 días.
Segundo. En palabras de María Jesús Rodríguez Nieto, Presidenta de la Sociedad Madrileña de Neumología y Cirugía Torácica (Neumomadrid), que agrupa a todos los neumólogos de la Comunidad de Madrid, 'lo que sabemos por lo que han publicado
nuestros compañeros italianos y chinos es que el 20 % de los pacientes con coronavirus tiene una alteración pulmonar importante que precisa internamiento. De ellos, la mitad deriva a insuficiencia respiratoria, que requiere apoyo ventilatorio
suplementario. Eso son muchos pacientes y nuestros compañeros italianos en lo que más hacen énfasis es en la alta demanda de soporte ventilatorio'.
Tercero. En este sentido, el problema para conseguir este tipo de ventiladores es capital. La prohibición de Alemania de exportación de dichos ventiladores, demanda del Gobierno una respuesta inmediata y contundente.
Una posible solución sería utilizar a la industria auxiliar de defensa para dicho cometido. Esta industria cuenta con los recursos, los conocimientos, los proveedores y muchos de los materiales necesarios para poder afrontar el diseño y
fabricación urgente de equipos suficientes para poder ampliar la capacidad de tratamiento de nuestro sistema sanitario. Fruto de su experiencia en aplicaciones del más alto nivel para la producción naval y mecánica, la industria de defensa está más
que preparada para asumir esta responsabilidad.
La utilización de este sector de la industria española, que además en buena parte cuenta con participación, directa o indirecta, del Estado por medio de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), supondría imprimir un nuevo
enfoque unitario a todo el sector. Dicho enfoque, común al referido sector, favorecerá la coordinación necesaria para un rápido desarrollo de los utensilios y aparatos tan necesarios para la sociedad española actualmente.
Además, dicha coordinación tendrá como resultado la tan ansiada autonomía estratégica nacional en un sector crítico.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Encargar a las empresas dependientes del Estado con capacidad para ello, en coordinación con las autoridades sanitarias civiles y militares, el diseño y producción urgente de equipos que puedan ser necesarios para el máximo de casos por
Coronavirus que se producirá, previsiblemente, en las próximas semanas. Para ello, el Gobierno deberá tomar las medidas legales, de coordinación y de aceleración de la producción bajo un mando único.
2. Dicho mandato se extenderá no solo a los respiradores mecánicos, sino a cualquier otro mecanismo o aparato necesario para ampliar la capacidad de respuesta de la Sanidad Española ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2020.-Agustín Rosety Fernández de Castro, Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, Manuel Mestre Barea, Alberto Asarta Cuevas, Víctor González Coello de Portugal y Víctor Manuel Sánchez del
Real, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000429
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, don Agustín Rosety Fernández de Castro, D. Alberto Asarta Cuevas, D. Víctor González Coello de Portugal, D. Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez y D. Manuel Mestre Barea, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la compra del
avión Airbus 400M, para su discusión en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Primero. Los trabajadores de Airbus Defence and Space, S.A. España han recibido una carta de la Dirección de Recursos Humanos en la que se informa del impacto de la reestructuración anunciada por la compañía el pasado 19 de febrero, en el
que ya se avanzó que se suprimirían 630 empleos en España, del total de 2.362 de toda la división de la aeronáutica europea.
En concreto, las conversaciones con el Comité de Empresa Europeo de Airbus Defence and Space prevén una reestructuración que afecte a las instalaciones en España para finales de 2021 del siguiente modo:
- Getafe (Madrid): 275 puestos de trabajo.
- Tablada (Sevilla): 116.
- San Pablo (Sevilla): 100.
- Barajas (Madrid): 72.
- Centro Bahía de Cádiz (Puerto de Santa María): 44.
- Los 23 puestos restantes corresponden a las subsidiarias de la división, Computadoras, Redes e Ingeniería, S.A.U. (CRISA), y Secure Land Communications, S.A. (SLC), ambas ubicadas en la región de Madrid.
Segundo. En dicha carta, la Dirección de Recursos Humanos admite la difícil situación financiera que atraviesa la División de Defensa de Airbus, algo que ya se explicó en el comunicado del 19 de febrero, en el que se explicó que era
consecuencia de las escasas expectativas de exportación del avión de transporte militar A400M, y la falta de pedidos de los últimos años.
'Debemos aumentar significativamente nuestra competitividad y reducir nuestra base de costes para tener éxito a largo plazo', se asegura en la carta remitida.'
A estas circunstancias contribuyen varios factores. En primer lugar, la producción del A-400M se ha reducido de 18 ejemplares al año a 8 unidades en el próximo. Esta reducción es fruto del acuerdo alcanzado con las naciones participantes
del proyecto para extender la producción y darle más oportunidades a la exportación.
En segundo lugar, el año pasado se entregó al Ejército del Aire el último Eurofighter de los 72 aviones adquiridos. Dicha cadena de ensamblaje se mantiene precariamente con un trabajo residual de actualización de los 17 aviones Tranche 1
(la versión más antigua) a Tranche 2. Todo pendiente del reemplazo del F-18 de Canarias, que tienen fecha de caducidad alrededor de los años 2024 y 2025, como muy tarde, por 20 Eurofighter adicionales. Estas malas cifras tienen varios motivos.
Por un lado, las interferencias políticas de los distintos gobiernos que conforman el consorcio europeo. De hecho, Alemania ha vetado la venta de armamento a Arabia Saudí tras el asesinato del periodista Jarnal Khashoggi en 2018. Este veto ha
dejado en el aire las opciones de vender el A400M a otras fuerzas armadas de la región aliadas de Arabia Saudí, como Omán y Emiratos Árabes Unidos. Asimismo, ha afectado también a la venta de aviones A-330 MRTT adicionales, así como a 72
Eurofighter.
Pero no solo la prohibición de venta por parte de los países productores ha tenido consecuencias sobre la venta del A400M. La coyuntura geopolítica también ha generado dificultades. En México, por ejemplo, el cambio en la Presidencia ha
supuesto un giro en las propiedades de su gasto público de lo militar a lo civil. Brasil, con la llegada de Jair Bolsonaro a la Presidencia, se decanta por una mayor alianza con Estados Unidos, lo que deja a Boeing en una situación más favorable
que Airbus.
Tercero. Además de estos problemas relacionados con la geopolítica, hay que sumar los problemas del propio avión. La República de Sudáfrica, que se unió en 2005 al grupo de naciones lanzadoras con un pedido de ocho aparatos, lo acabó
anulando en 2009. Esto supuso un aumento del 5 % en los costes de desarrollo. A ello se sumó, en 2015, el accidente de un avión previsto para Turquía en el periodo de pruebas de vuelo en las cercanías de Sevilla, que dejó cuatro fallecidos y dos
heridos. Dicho accidente tuvo como uno de los motivos principales el software de los motores turbohélice que costó 2.000 millones de euros. A día de hoy, Airbus lleva invertidos 10.000 millones adicionales, y las naciones participantes unos 3.500,
a los que se suman los 20.000 millones de presupuesto inicial, totalizando más de 30.000 millones el coste final del programa.
Teniendo en cuenta que cada A400M se vende sobre los 160 millones en función de las capacidades y dotación tecnológica que quiera el cliente, esos 30.000 millones de coste total a cierre de 2019 se repartirían entre 250 o 200 unidades,
aproximadamente. Es decir, sobre los 174 pedidos actuales habría que levantar campañas de exportación por entre 25 y 75 unidades más para recuperar el dinero invertido.
Cuarto. Sin embargo, España, pese a ser el país ensamblador del avión, es el único que ha renunciado a parte de su pedido inicial, cuando en 2013 decidió no asumir 13 de los 27 encargos por motivos presupuestarios. Un golpe industrial que
además supone en cierta manera competencia para la venta del avión a terceros países con la propia Airbus. El hecho de que España renuncie a quedarse con las unidades a las que inicialmente se comprometió, cancelándolas o, en el mejor de los casos,
vendiéndolas, supone un incumplimiento del acuerdo alcanzado con otras naciones sobre el reparto de trabajos, ya que en lugar de corresponderle el 15 % del programa le correspondería el 8 %. Esto no es un buen precedente en programas de cooperación
internacional. Traicionar el compromiso de compra que se pacta inicialmente para sacar un beneficio industrial. España no volverá a ser un socio fiable en los próximos programas internacionales de cooperación, al no cumplir los compromisos
reflejados en los Memorándum de Entendimiento.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Ejecutar la compra a Airbus de los trece aparatos A400M a los que se renunció en 2013 por motivos presupuestarios, evitando con ello el despido de un gran número de trabajadores de la empresa en España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2020.-Agustín Rosety Fernández de Castro, Manuel Mestre Barea, Víctor González Coello de Portugal, Alberto Asarta Cuevas y Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, Diputados.-Macarena Olona
Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000461
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación y regulación de
la Reserva Estratégica de Talento en Ciberseguridad dependiente del Ministerio de Defensa para evitar los ciberataques a las instituciones en situaciones de crisis, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
El ciberespacio debe protegerse como parte de nuestra soberanía y considerarse a todos los efectos como el 'quinto dominio' (después de la tierra, mar, aire y espacio exterior).
El ciberespacio reúne una serie de características que le hacen singular: un carácter aterritorial, que provoca una dificultad tanto técnica como conceptual a la hora de ejercer dicha soberanía; un sistema fuertemente dinámico, que
determina la necesidad de tomar decisiones sobre el ejercicio de las potestades soberanas del Estado prácticamente en tiempo real; la capacidad de producir por sorpresa ataques y amenazas contra las infraestructuras críticas de la nación; y la
necesidad consustancial de que su dominio esté altamente protegido para que la sociedad moderna y tecnológica actual se desarrolle de forma normal y no se vea alterada ante las actuaciones delictivas de terceros.
Con respecto a los conceptos de ciberseguridad y seguridad de la información no surgen como tal hasta el siglo XXI, debido a la creación formal de unidades militares destinadas a misiones en el ciberespacio y la creación de mandos conjuntos
para desarrollar dichas operaciones. Los incidentes de ciberseguridad, las vulnerabilidades de los sistemas, el malware y otras amenazas, son un asunto serio. Un ciberataque a una institución pública, organización o empresa puede dañar la
confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, afectando gravemente a los intereses de la entidad, clientes u otros organismos relacionados.
Los países del entorno de la Unión Europea, en el marco de una política de ciberdefensa común, están dando los primeros pasos con el fin de participar de forma activa en la protección de sus respectivas naciones y crear estructuras de
conocimiento y recursos que puedan ser activados en caso de graves amenazas contra las infraestructuras críticas.
En este momento existe una necesidad urgente de contar con una Reserva Estratégica en materia de ciberdefensa para combatir las amenazas exteriores a nuestro país y a cualquier miembro de la Unión Europea de la que formamos parte. El
artículo 15 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, que establece las misiones de las Fuerzas Armadas, indica en su punto 3 que: 'Las Fuerzas Armadas, junto con las instituciones del Estado y las Administraciones
públicas, deben preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad y otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la legislación vigente'. Siguiendo esta misma línea, la Ley
17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil encomienda las Fuerzas Armadas -refiriéndose de manera preferente a la Unidad Militar de Emergencias pero extensible a cualesquiera otras unidades que se precisen- la misión de
intervenir en cualquier lugar del territorio nacional para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos, con la finalidad de cumplir los objetivos propios de la Protección Civil en los supuestos que por su gravedad se estime necesario.
La Ley 39/2007, de 19 de noviembre de la carrera militar, incluye en el artículo 123 la posibilidad de que reservistas voluntarios se incorporen a las actuaciones de las Fuerzas Armadas en colaboración con las Instituciones del Estado y las
Administraciones Públicas para preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos o para prestar servicio en las unidades, centros y organismos del Ministerio de Defensa.
En el Ministerio de Defensa la competencia para dirigir y coordinar las acciones de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la ciberseguridad reside en el Mando Conjunto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas (MCCD), creado por Orden Ministerial
10/2013, de 19 de febrero. En su artículo 4 establece que el MCCD depende del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) y tiene como misión el planteamiento y la ejecución de las acciones relativas a la ciberdefensa militar en las redes y
sistemas de información y telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas y otros que pudieran tener encomendados, así como contribuir a la respuesta adecuada en el ciberespacio ante amenazas o agresiones que puedan afectar a la Defensa Nacional.
Con el fin de afrontar sus misiones cotidianas, las Fuerzas Armadas cuentan con un número de efectivos a los cuales se pueden sumar los reservistas, definidos en el artículo 122 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar,
como aquellos españoles que, en aplicación del derecho y deber constitucionales de defender a España, pueden ser llamados a incorporarse a las Fuerzas Armadas para participar en las misiones definidas en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre,
de la Defensa Nacional. A efectos de la Ley 39/2007 se distinguen dos tipos de reservistas: los voluntarios, aquellos que han solicitado de forma deliberada su inclusión como reservistas, y los obligatorios.
Una de las actuaciones que podría requerir la intervención de una reserva de las Fuerzas Armadas como apoyo a la labor de los efectivos de las distintas Administraciones Públicas sería el de un ataque cibernético calificado como situación de
interés para la Seguridad Nacional, tal y como se define en el artículo 23 de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional.
Por todo ello, es necesario la creación de una Reserva Estratégica de Talento en Ciberseguridad formada por reservistas voluntarios que puedan incorporarse a las Fuerzas Armadas en situaciones de crisis, cuando las necesidades de la defensa
nacional no puedan ser atendidas por los efectivos de militares profesionales -tal y como especifica el artículo 123 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar- con el fin de apoyar su misión dentro del ámbito específico de la
ciberdefensa.
Ante el reciente intento de hackear el Ministerio de Sanidad y las webs de los hospitales españoles durante la pandemia del COVID-19, hoy más que nunca se hace necesaria la creación de este cuerpo de reservistas voluntarios.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para impulsar las medidas necesarias para:
1. Crear una Reserva Estratégica de Talento en Ciberseguridad con el fin de disponer de recursos humanos con los que reforzar los medios permanentes del Ministerio de Defensa en apoyo de sus necesidades dentro del ámbito específico de la
ciberdefensa o para hacer frente a situaciones que afecten a la Seguridad Nacional. Esta Reserva Estratégica de Talento en Ciberseguridad tendrá por objeto incorporar las capacidades, conocimientos y habilidades aplicables al ciberespacio de los
ciudadanos que voluntariamente decidan colaborar en cumplimiento de/fin de interés general de incrementare! nivel de ciberseguridad.
2. Disponer que los miembros de esta Reserva Estratégica de Talento en Ciberseguridad tengan la consideración de reservistas voluntarios, actuando bajo el Reglamento de Reservistas de las Fuerzas Armadas salvo en aquellas cuestiones
específicas de su función que se consideren normatívamente.
3. Encomendar al Estado Mayor de la Defensa (EMAD), mediante el Mando Conjunto de Ciberdefensa (MCCD), la selección de aquellas personas que por su experiencia y conocimientos técnicos o de otra índole en la materia puedan aportar talento a
las capacidades existentes en las Fuerzas Armadas.
4. Disponer que los reservistas voluntarios cibeméticos pasen a desarrollar sus funciones al servicio de las Fuerzas Armadas cuando sean activados; y que tengan la condición militar siempre que se les asigne la realización de funciones de
carácter militar en períodos de activación, debiendo cumplir las normas de confidencialidad y las reglas establecidas para el resto de Reservistas Voluntarios. Procurar que los periodos de desarrollo de funciones militares por parte de los
reservistas tengan la consideración de permisos retribuidos, previo acuerdo con la empresa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2020.-Teodoro García Egea, José Antonio Bermúdez de Castro Fernández y Carlos Rojas García, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
Comisión de Hacienda
161/000387
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Carlos Zambrano Garcíaráez, D.ª Inés María Cañizares Pacheco, D. Agustín Rosety Fernández de Castro, D.ª Rocío de Meer Méndez, D. Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, D. José Ramírez del Río, D. Tomás Fernández
Ríos, D. Francisco José Alcaraz Martos, D. Rubén Silvano Manso Olivar, D.ª Patricia Rueda Perelló, D.ª María de los Reyes Romero Vilches y D. Francisco José Contreras Peláez, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la correcta aplicación de la norma tributaria y de
los criterios ya establecidos por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía en Resolución firme respecto del Impuesto sobre el Valor Añadido y las actividades desarrolladas por Cofradías y Hermandades religiosas, para su debate en
Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
Primero. Las Cofradías y Hermandades religiosas, ya sean penitenciales o de gloria, son entidades sin ánimo de lucro que realizan una indiscutible labor social, además de conservar antiguas tradiciones de nuestra Nación, y ser custodios de
manifestaciones artísticas y culturales de relevancia internacional.
Sin embargo, son entidades que se mantienen económicamente gracias al esfuerzo y pequeñas donaciones de españoles humildes, cuyas constantes participaciones y aportaciones son esenciales. Cuando realizan desfiles procesionales, por sí, o
través de sus Consejos de Hermandades y Cofradías, vienen colocando o gestionando las llamadas 'carreras oficiales', que en definitiva son zonas del recorrido en el que se colocan sillas y palcos, cuyo uso se asigna a cambio de determinadas sumas de
dinero (normalmente de poca entidad). Las sumas así percibidas, vienen a servirles para hacer posible la propia organización de tales manifestaciones religiosas y culturales, además de contribuir en lo posible a la propia labor social y altruista
de tales Hermandades y Cofradías.
Segundo. Ya en el año 2002, el entonces Gobierno de la Nación intentaba recaudar el Impuesto del Valor Añadido por la colocación de sillas en las carreras oficiales, por las que discurrían las Hermandades en su recorrido penitencial durante
la Semana Santa.
El conflicto derivado de ello dio lugar a la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía de fecha 19 de diciembre del año 2.002 (Sevilla - Reclamación 53/83/01 - Vocalía 4.ª - concepto IVA).
La citada resolución, que devino firme, aclaró diversos conceptos. En su fundamento Cuarto, aclara que las entidades mencionadas en los artículos IV y V del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos económicos (BOE núm.
300, de 15/12/1.979, págs. 28.782 y siguiente) tienen derecho a los beneficios fiscales que el ordenamiento jurídico-tributario prevé para las entidades sin fin de lucro y, en todo caso, los que se conceden a las entidades benéfico-privadas. Por
otro lado, recuerda que el artículo 20.Uno.14.ºd) de la Ley reguladora del IVA declara exenta del impuesto la organización de exposiciones y manifestaciones similares efectuadas por entidades de Derecho Público o por entidades o establecimientos
culturales privados de carácter social. y deja claro que el Consejo de Hermandades y Cofradías reúne los requisitos para considerarla entidad o establecimiento de carácter social, por haberla así reconocido ya la Agencia Tributaria, y por entender
incluso que el reconocimiento como entidades de carácter social para las entidades de la Iglesia Católica dedicadas a actividades religiosas está realizado directamente en el Acuerdo de 3 de enero de 1979.
En definitiva, de la citada Resolución debemos concluir que las Hermandades y Cofradías, y sus Consejos, son acreedoras de tales beneficios fiscales, entre los que se encuentra la exención prevista en el artículo 20.Uno.14.ºd) de la Ley
reguladora del IVA.
Y a la vista de la citada resolución, que estima la reclamación formulada en su día anulando la liquidación que se giró, solo podemos concluir que tales entidades son beneficiarias de la exención del IVA por las sumas que pudieran percibir
por la explotación de sillas y palcos que se sitúan para presenciar los desfiles procesionales (especialmente durante los días de Semana Santa).
Tercero. A pesar de ello, recientemente la prensa se hace eco de unas supuestas intenciones del Ministerio de Hacienda de volver a intentar exigir el pago del IVA por la colocación de las sillas en las mencionadas carreras oficiales, sin
que haya habido cambio legal alguno que así lo justifique. La publicación de tales noticias provoca alarma y desasosiego en un amplio sector de la población. Son cientos de miles los ciudadanos relacionados con este tipo de entidades de interés
social, y con sus manifestaciones religiosas y culturales. Muchos españoles podrían interpretar que el actual Gobierno de la Nación dirige su acción llevado por un extremo afán recaudatorio hacia entidades religiosas y benéficas, y en contra de una
de sus manifestaciones más multitudinarias, en perjuicio de un amplio sector de la población.
Es evidente que la exigencia del IVA en el caso que se expone sería injusta, y no respondería al sentido de la norma tributaria, pues no nos encontramos ante una actividad empresarial/ económica que busque una ganancia. Nos encontramos en
realidad ante la organización de manifestaciones religiosas y culturales, realizadas por entidades de interés social, sin ningún ánimo lucrativo. Además, es igualmente evidente que dañaría la imagen del Gobierno de la Nación el que la población
considere que se está perjudicando a manifestaciones culturales y/o religiosas, así como a entidades sin ánimo de lucro que realizan una muy reconocida labor social. Téngase en cuenta que las Hermandades y Cofradías prestan una intensa labor social
de ayuda a los más necesitados.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Que, en su labor de gestión, inspección y recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), considere que las Cofradías y Hermandades religiosas, ya sean penitenciales o de gloria, y sus Consejos, están exentos del IVA por las sumas
que pudieran percibir por la explotación de sillas y palcos que se colocan para presenciar los desfiles procesionales (especialmente durante los días de Semana Santa).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2020.-Carlos Zambrano García-Ráez, Inés María Cañizares Pacheco, Agustín Rosety Fernández de Castro, Rocío de Meer Méndez, Carlos Hugo Fernández-Roca Suárez, José Ramírez del Río, Tomás
Fernández Ríos, Francisco José Alcaraz Martos, Rubén Silvano Manso Olivar, Patricia Rueda Perelló, María de los Reyes Romero Vilches y Francisco José Contreras Peláez, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000400
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Inés Cañizares Pacheco, D. Víctor González Coello de Portugal, D. Rodrigo Jiménez Revuelta, D. Pablo Sáez Alonso-Muñumer, y D. Rubén Manso Olivar, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa al establecimiento del tipo del 4 %
del Impuesto sobre el Valor Añadido sobre determinados productos infantiles y geriátricos, para su discusión en la Comisión Hacienda.
Exposición de motivos
Primero. En términos fiscales, los hogares españoles han sufrido continuos aumentos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre el Valor Añadido, el Impuesto de Bienes Inmuebles, etc., lo que ha mermado aún más
su capacidad de gasto y ahorro. En este sentido, el aumento del IVA y, en concreto, en los productos de primera necesidad, ha provocado una verdadera erosión en las rentas más bajas.
Segundo. Efectivamente, el tipo general del IVA ha subido del 16 % al 21 % desde el inicio de la última crisis hasta hoy, lo que implica un aumento de 31,3 %, uno de los mayores aumentos producidos en toda la UE en el mismo periodo.
Además, el tipo reducido subió del 7 % al 10 %, un 42,9 % más. A pesar
de ello, los distintos gobiernos no han sido capaces de solucionar el abultado déficit presupuestario y los elevados niveles de deuda pública.
Tercero. Por otro lado, la distribución de los productos y servicios con un tipo súper reducido puede tener contradicciones en función de qué y cómo los podemos considerar bienes de primera necesidad. Así, en el punto 3 de la Exposición de
Motivos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido se dice que '... en uso de las autorizaciones contenidas en las normas intracomunitarias, se establece un tipo reducido para determinados consumos de primera
necesidad'. El artículo 91.Dos de la Ley incluye discos, programas o series de televisión de ficción o musicales, libros, periódicos, revistas, etc., sujetos al 4 % del IVA.
Cuarto. Existen antecedentes en el debate parlamentario sobre esta cuestión. El Grupo Socialista en el Congreso presentó una iniciativa en la que instaba a la reducción del IVA de pañales infantiles y de adultos entre otros productos al 4
%, siendo aprobada a finales de 2016 en sede parlamentaria. Sin embargo, esta iniciativa no se llevó a cabo por parte del Gobierno.
En enero de 2019, el Gobierno introdujo en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 la rebaja del tipo al 4 % para los productos de higiene femenina, libros, periódicos y revistas en formato electrónico, y el 10 % para los
servicios veterinarios, pero no para los pañales. Asimismo, en la medida 10.3 del acuerdo de Gobierno firmado para la actual legislatura se pactó reducir el tipo de gravamen de IVA de los servicios veterinarios y de los productos de higiene
femenina, quedando fuera de nuevo los pañales infantiles y de adultos.
Quinto. Expuesto lo anterior, deberían plantearse medidas en orden a la consecución de mejores fines para las familias a través de los instrumentos de los que disponen las administraciones públicas. Las familias españolas están en una
encrucijada para poder llevar a cabo sus proyectos de vida y necesitan certidumbre y alivio en la carga económica que ya soportan.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Llevar a cabo las actuaciones pertinentes con el fin de ejecutar una reducción del IVA de los pañales infantiles al tipo del 4 %, de tal manera que se pueda incorporar a la Ley 37/1992 de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
2. Elaborar y remitir a las Cortes, en un plazo no superior a tres meses, un informe económico analizando cómo esta medida puede repercutir en una reducción de las tasas de exclusión social de los hogares, de la tasa de riesgo de pobreza
infantil y en el aumento de la capacidad de compra y ahorro por parte de las familias.
3. Incluir esta medida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que programa el actual Gobierno y en la Agenda 2030.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2020.-Inés Cañizares Pacheco, Víctor González Coello de Portugal, Rodrigo Jiménez Revuelta, Pablo Sáez Alonso-Muñumer, y Rubén Manso Olivar, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del
Grupo Parlamentario VOX.
161/000401
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, y D.ª Inés María Cañizares Pacheco, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputada del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la aplicación del tipo reducido del IVA del 10 % al servicio de peluquería, para su discusión en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
Primero. El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad incluía entre sus medidas una subida general de los tipos del IVA y una subida del tipo de IVA
reducido (10 %) al general (21 %) para algunos productos y servicios como los servicios de peluquería. Dicha medida supuso un incremento de trece puntos en el Impuesto sobre el Valor Añadido a los servicios de peluquería, afectando gravemente a las
pequeñas y medianas empresas dedicas a este servicio, provocando que muchas de ellas cerraran.
Segundo. En general las peluquerías no repercutieron esta subida fiscal en los precios de sus servicios ya que, en un contexto de crisis económica, la aparición de modelos de negocio low cost, supusieron una clara competencia en precio.
Tercero. Según datos de la Plataforma de Peluqueros Unidos de España, el resultado que produjo la subida del IVA fue un cierre masivo de empresas y una gran destrucción de empleos (en dos años se cerraron 13.400 peluquerías y se destruyeron
34.000 empleos).
Cuarto. En el sector de la peluquería y otros tratamientos de belleza, la mayor parte de los operadores son pequeñas empresas que gestionan un solo establecimiento. A pesar de la entrada de grandes cadenas (20 % de la facturación del
sector), el sector tiene un elevado grado de atomización.
Quinto. El sector de peluquería no es un servicio de lujo, sino un servicio de higiene personal, necesario para el conjunto de la sociedad y que, como tal, debería tener las mismas condiciones fiscales de otros segmentos como la
alimentación. La aplicación del tipo reducido del 10 % al servicio de peluquería supondría un incentivo al sector, creando empleo y beneficiando, en última instancia, a los consumidores, que se traduciría en un aumento de la demanda del servicio.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Llevar a cabo todas las acciones necesarias para ejecutar la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con el fin de aplicar un tipo reducido del 10 % al servicio de peluquería.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2020.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000402
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán y D.ª Inés Cañizares Pacheco, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputada del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa al establecimiento de incentivos fiscales para la inversión en proyectos de teletrabajo, con objeto de mejorar la conciliación laboral y familiar y la
mejor integración laboral de discapacitados, para su discusión en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
Tanto en el caso de la necesaria conciliación laboral y familiar como en el de otras eventuales situaciones que desgraciadamente estamos viviendo estos días ante la crisis del coronanirus COVID-19, así como para favorecer la integración
laboral de colectivos afectados por situaciones de discapacidad y dependencia, las nuevas tecnologías se revelan como un factor extraordinariamente positivo. Cómo señaló el Comité económico y social europeo en su dictamen 2018/C 237/02): 'La
introducción progresiva de las nuevas tecnologías, la digitalización y la robotización, y sus rápidas transformaciones, tanto en las empresas como en el sector público, están teniendo un impacto trascendental en los sistemas de
producción, las condiciones de trabajo y los modelos organizativos del mercado laboral y en la sociedad en general.
La nueva revolución industrial tiene el potencial de mejorar la productividad y la calidad de vida y de trabajo, si va debidamente acompañada de una buena combinación de políticas destinadas a lograr un crecimiento integrador y sostenible
impulsado por la innovación. Esto tendrá un importante impacto en el empleo: se crearán puestos de trabajo nuevos, algunos empleos se transformarán y otros serán sustituidos a un ritmo rápido...'.
El teletrabajo se presenta, por tanto, como una de los principales instrumentos de cambio para impulsar la conciliación, entendiéndose el mismo como 'la modalidad de trabajo que permite a los empleados desarrollar su jornada laboral o parte
de ella desde casa'. Es importante hacer constar que no todos los empleos permiten esta opción laboral, por lo que las empresas deberán analizar sus procesos productivos identificando procesos y puestos de trabajo que son susceptibles de adoptar
esta modalidad laboral.
En relación con la necesaria conciliación laboral y familiar, el teletrabajo presenta claras ventajas sobre la optimización de las horas dedicadas al trabajo, al reducirse el tiempo de los desplazamientos, con una clara incidencia en la
productividad y un efecto positivo en los tiempos dedicados al cuidado de la familia: hijos o mayores, dependientes y discapacitados que se encuentren en el entorno familiar.
En el ámbito de las personas aquejadas por situaciones de discapacidad y dependencia, la falta de trabajo se revela como una de las causas principales de exclusión social y de pobreza. Según datos de la Fundación Adecco, un 64 % de las
personas con discapacidad puede trabajar gracias a las nuevas tecnologías, lo que nos sitúa en un escenario en el que medidas adecuadas de inversión en este sentido tendrían como consecuencia una mejora en la calidad de vida de las personas con
discapacidades, tanto desde el punto de vista social, como económico y psicológico.
Según datos publicados por Euroestat en 2018, 'el 5,2 % de las personas empleadas de 15 a 64 años en la Unión Europea (UE) trabajaban desde su hogar. Esta participación se ha mantenido constante en alrededor del 5 % durante la última década
la proporción de quienes a veces trabajan desde casa aumentó del 5,8 % en 2008 a 8,3 % en 2018.
En la UE, los autónomos solían trabajar desde casa (18,5 %) con más frecuencia que los empleados (3,0 %). Este patrón se repitió en cada Estado miembro. Las tasas más altas registradas se localizaron en Finlandia, donde más del 40 % de los
trabajadores por cuenta propia solían trabajar desde casa (46,4 %), los Países Bajos (44,5 %) y Austria (43,6 %)'.
En España debemos seguir tomando medidas para que la opción del teletrabajo se normalice, y sea tenida en cuenta como una posibilidad más dentro de las modalidades habituales de trabajar. Pero los efectos positivos de esta medida no
repercuten exclusivamente en los trabajadores, sino también en las empresas y en el desarrollo de las políticas públicas que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos.
El teletrabajo, a su vez, tendría efectos positivos sobre la movilidad urbana, reduciendo considerablemente el tráfico en hora punta, que en núcleos urbanos de alta densidad de población son especialmente significativos y repercuten
decisivamente en la calidad de vida de las personas.
Pero no solo los beneficios afectan a las personas, sino también a las empresas en mayor o menor medida, ya que en muchos casos la implantación del teletrabajo contribuye a un ahorro en los costes de suministros de las compañías, la
posibilidad de reducir el tamaño de los centros de trabajo, una reducción de los costes de energía, e incluso una importante disminución del consumo de papel, al priorizarse el uso de las nueva tecnologías.
Uno de los principales retos a la hora de impulsar e implantar el tele-trabajo es el reto tecnológico. Efectivamente, es necesario no solo dotar al trabajador de los medios técnicos oportunos, tales como ordenador, teléfono móvil, internet,
sistema cloud de almacenamiento, sino también proceder a una reestructuración de procesos que permita efectuar ciertas tareas en remoto. Todo esto conlleva inversiones y gastos del personal dedicado a la reingeniería de procesos. Esta inversión y
gastos en I+D+i son uno de los principales frenos a la expansión del Tele-trabajo en España.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo actuaciones que faciliten la ejecución de medidas que favorezcan el desarrollo de opciones de tele-trabajo, entre otras, las siguientes:
1. El establecimiento de incentivos fiscales de diferente intensidad a aquellas empresas que desarrollen proyectos de I+D+i e implementen medidas concretas para favorecer el teletrabajo.
2. Elaboración de un Plan Nacional de Teletrabajo que integre a todas las Administraciones Públicas, con el fin de promover la unificación de criterios tanto en la incentivación de medidas como en su aplicación.
3. Establecimiento y ejecución efectiva del Teletrabajo en las Administraciones Públicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2020.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000417
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Inés Cañizares Pacheco, D. Víctor González Coello de Portugal, D. Rodrigo Jiménez Revuelta, D. Pablo Saez Alonso-Muñumer, y D. Rubén Manso Olivar, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas fiscales
para amortiguar el impacto del COVID-19 sobre la economía española, para su discusión en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
Primero. Los efectos del COVID-19 sobre la economía española están teniendo un fuerte impacto por el lado de la demanda. El descenso del consumo tiene una repercusión directa sobre la producción de bienes y la prestación de servicios,
sobre la viabilidad de muchas pequeñas y medianas empresas y sobre la fuerza laboral empleada.
Por otro lado, el COVID-19 está teniendo un impacto significativo por el lado de la oferta. Ya son muchas las empresas que han decidido implementar el teletrabajo para evitar el contagio dentro sus centros profesionales. Pero los riesgos
para el conjunto de la economía van más allá.
Segundo. El impacto del virus a nivel mundial está afectando al comercio internacional de mercancías, cuyo volumen se concentra en bienes intermedios. La ausencia de estos y de otras materias primas afecta a las cadenas de producción que
no pueden seguir con sus ventas. La falta de componentes que se fabrican en otros países afectados por el COVID-19 puede provocar el cierre de factorías en nuestro país.
El mismo problema puede suceder al contrario, y que muchas factorías en España lleguen a cerrar por motivos de contención del virus. Esto tiene un doble efecto negativo: por un lado, que las industrias españolas que dependen de estas
factorías busquen alternativas en otros países y, por otro, que las industrias extranjeras que se nutran de esos bienes intermedios también busquen en otros países la falta de proveedores. En el caso de empresas exportadoras, el efecto es
especialmente dañino al perder una cuota de mercado exterior, lo que reduce la internacionalización de la industria española. Hay que tener en cuenta la inversión que realizan las empresas españolas para ampliar mercados exteriores, por lo que el
Gobierno debe tomar medidas para mitigar dichos efectos y garantizar el empleo a medio y largo plazo.
Tercero. Por otro lado, hay que señalar que el sector económico más vulnerable ante el impacto del COVID-19 es el sector de las PYMEs y los autónomos, que suponen la mayor parte del tejido productivo de nuestro país. Estas empresas
presentan menor margen de maniobra para actuar en escenarios de crisis, y menor capacidad para acudir a los mercados de financiación para amortiguar este tipo de impactos. Las pequeñas y medianas empresas no disponen de las mismas ventajas para
ajustar sus
plantillas y el coste de tener el negocio cerrado puede tener un inaceptable costo para la supervivencia de la empresa.
Cuarto. Es notoria y preocupante la falta de medidas que está desarrollando el Gobierno español. Otros países están tomando medidas en materia económica para mitigar los efectos que el COVID-19 está teniendo sobre la economía y el empleo.
Países como Italia, Alemania, Japón, Corea del Sur o Estados Unidos están anunciando y tomando medidas de política fiscal y presupuestaria que España está tardando en anunciar. Efectivamente, el Gobierno de España solo ha anunciado medidas de
aumento de impuestos a empresas y hogares por valor de 5.700 millones de euros, lo que genera aún más incertidumbre entre los agentes económicos ante el riesgo que supone esta crisis.
Quinto. Por último, en este tipo de crisis la capacidad de los bancos centrales es limitada teniendo en cuenta que sus balances están sobredimensionados, y que el margen de actuación de tipos de interés es muy bajo y poco atractivo para los
bancos comerciales. Por ese motivo, las políticas nacionales, fiscales y presupuestarias transitorias suponen la mejor herramienta para amortiguar los perniciosos efectos que el COVID-19 puede tener sobre la economía, el capital industrial y el
empleo en España. En este sentido, el Gobierno debe apremiarse en la toma de decisiones de política económica, bajo el mandato de cumplir los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y no debe aprovechar esta coyuntura
para un uso irresponsable de la Hacienda Pública que pueda producir a medio plazo una situación sin salida.
Sexto. En estos momentos en que el Gobierno ha decretado ya el Estado de Alarma, la situación se ha recrudecido y España se enfrenta a una amenaza sanitaria y económica de primera magnitud. En el plano de la economía existe el serio riesgo
no ya de incurrir en una recesión, por desgracia es inevitable, sino de adentrarse en un escenario depresivo que se consolide más allá del período en el que la epidemia toque a su fin. Además, esta situación se produce en un momento en el cual
nuestro país no está en condiciones macro ni microeconómicas de abordar un shock de oferta y demanda sin generar una masiva destrucción de producción y de empleo.
De entrada, el Gobierno ha de renunciar a cualquier medida que se traduzca en un aumento de la rigidez de los mercados, en una elevación de las cargas regulatorias, fiscales y sociales soportadas por las empresas, y en cualquier iniciativa
de incremento del gasto público fuera de lo que exija el refuerzo de nuestra infraestructura sanitaria.
Sin duda, una mayor coordinación a escala internacional y europea es deseable y necesaria, pero no podemos perder tiempo. En espera de que eso suceda, el Gobierno tiene la obligación y la responsabilidad ante los españoles de actuar con
rapidez, antes de que la coyuntura se deteriore porque lo va a hacer a una velocidad de vértigo.
Séptimo. Estamos ante un shock de oferta que se va a traducir en una pérdida sustancial de facturación y de ingresos para las empresas españolas con una especial incidencia sobre las pymes. Se van a enfrentar, por tanto, a serios problemas
de liquidez que no podrán ser resueltos por un sistema bancario muy estresado con escasas posibilidades de ayudarlas. Al contrario, una contracción de la economía y su impacto igualmente contractivo sobre los ingresos de las compañías, no solo les
pueden privar de la liquidez imprescindible para atender a su operativa, sino que disparará su morosidad con un efecto negativo sobre la frágil posición financiera de la banca. Si no se impide esta dinámica, la crisis económica conducirá a una
crisis bancaria y a una profunda recesión.
Desde esta perspectiva, el BCE puede hacer poco. La cuestión no es comprar bonos públicos o privados ni bajar los tipos de interés aún más, sino habilitar un fondo o instrumento que emita avales con la garantía del Estado para que las
compañías solventes, pero incapaces de tener liquidez en las actuales circunstancias, tengan los recursos financieros precisos para sortear esta delicada coyuntura. Esta es una medida fundamental para evitar la destrucción de una parte sustancial
de nuestro tejido empresarial.
Esa medida ha de verse acompañada por una renuncia explícita a elevar cualquier impuesto que recaiga sobre la actividad empresarial, y ha de unirse a una suspensión temporal del pago de los impuestos locales, autonómicos y municipales que
han de realizar las compañías, con el fin de reducir los costes de las empresas no solo para que estas no quiebren, sino para minimizar la pérdida de puestos de trabajo que una caída de la actividad induce.
Por último, la estrategia de política económica frente a una epidemia con implicaciones económicas sistémicas ha de tener un diseño y una programación desde el Gobierno central, y el papel de los gobiernos autonómicos, fuera de sus
competencias propias, ha de ser meramente consultivo y, en algunos casos, de ejecución de las medidas acordadas.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar todas las medidas necesarias para amortiguar el impacto del COVID-19 en la economía, de carácter transitorio hasta que se establezca el final de la crisis por el coronavirus, y
concretamente a llevar a cabo los siguientes planes y medidas:
- Plan de Contingencia Fiscal y Presupuestaria:
A) Por el lado de los ingresos:
1. Ampliar el plazo de presentación de las declaraciones tributarias cuyo vencimiento corresponde al mes de marzo y abril, ambas hasta el día 30 de abril, ya sean de carácter anual, trimestral o mensual.
2. Aplazar el cobro de abril del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y las Retenciones de Trabajo personal y arrendamientos, al mes de octubre del presente año del IVA trimestral de autónomos y de las pequeñas y medianas empresas.
3. Aplazar tres meses el pago del IVA mensual de las grandes empresas correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo.
4. Suprimir el pago a cuenta de 20 de abril por Impuesto de Sociedades y el pago a cuenta del IRPF de la misma fecha.
5. Reducir el tipo del Impuesto sobre Sociedades al 12,5 % para el ejercicio 2020.
6. Deducción en cuota del Impuesto de Sociedades de los gastos en que incurran los empresarios para adoptar medidas en sus establecimientos que eviten la extensión de la pandemia, de modo que recupere el 100 % de los mismos.
7. Reducción al 50 % del impuesto especial sobre los hidrocarburos para consumidores privados.
8. Exención total a las familias del IVA y de los impuestos especiales sobre consumos domésticos.
9. Reducción al 50 % del impuesto sobre la electricidad y reducción del IVA al 10 % de la factura eléctrica para los autónomos y PYMEs en sus locales de negocio.
10. Supresión del Impuesto sobre Sucesiones para los fallecidos a partir del 15 de febrero de 2020.
En cuanto a los ingresos por parte de las Entidades Locales, el Gobierno acordará con ellas la adopción de las siguientes medidas:
11. Reducción del 25 % del Impuesto sobre Bienes Inmuebles equivalente a un trimestre, prorrogable por sucesivos períodos trimestrales si la declaración de pandemia y las medidas limitativas a la actividad empresarial se prolongan más de 3
meses.
12. Reducción del 25 % de la 'tasa de basuras' a los comerciantes, equivalente a un trimestre, prorrogable por sucesivos períodos trimestrales si la declaración de pandemia y las medidas limitativas a la actividad empresarial se prolongan
más de 3 meses.
13. Supresión de la tasa por ocupación del dominio público en terrazas a los bares y restaurantes por todo el tiempo que dure las limitaciones a contar desde 1 de marzo de 2020 hasta la declaración formal de fin de pandemia.
14. Reducción del 50 % en las tasas municipales para los vendedores ambulantes de mercados municipales.
15. Reducción del 50 % en los impuestos municipales para los comerciantes de mercados fijos municipales.
B) Por el lado de los gastos:
16. Aprobar un Plan Nacional de Contingencia Sanitaria que establezca directrices comunes y coordine los recursos públicos y privados de las Comunidades Autónomas.
17. Eliminar los gastos políticos innecesarios para afrontar la crisis del coronavirus, como son el gasto a fundaciones, asociaciones, sindicatos y patronales, partidos políticos, etc., que compensen la menor recaudación durante los
próximos 3 meses.
18. Solicitar en el marco de la Unión Europea que se destine parte de sus fondos de cohesión y montantes de otras partidas a los países más afectados por la crisis del coronavirus, como España.
Plan de Contingencia Laboral y de Seguridad Social:
1. Aplicar exención del 100 % a las cotizaciones sociales para las empresas que, habiendo cesado su actividad tras el decreto del estado de alarma de forma obligatoria, o voluntaria para evitar la propagación del COVID-19, no han procedido
a llevar a cabo despidos, ni expedientes de regulación de empleo. Esta exención se aplicará desde el día 1 de marzo hasta finalizar el mes posterior a reiniciar la actividad empresarial de nuevo.
2. Bonificación del 100 % de los costes de alta y cotizaciones sociales para la nueva contratación indefinida y 50 % para contratación temporal de nuevos empleos, que se produzca a partir del 1 de marzo de 2020.
3. Bonificación del 75 % de las cotizaciones sociales para las empresas que hayan optado por el tele-trabajo sin proceder a reducir su plantilla ni temporal ni definitivamente.
4. Aplicar la consideración de Incapacidad Laboral Temporal a todo el personal que deje de prestar sus servicios por cierre de establecimientos. El pago de los salarios se puede realizar directamente por la Seguridad Social o por el
empresario generando créditos frente a ésta última.
5. Exención del pago de la cuota de autónomos durante el período que dure la crisis generada por el COVID-19 hasta que se declare formalmente el fin de la pandemia. Aplicar una tarifa plana de 50 euros para los autónomos desde que termine
la pandemia para todo lo que quede de año 2020.
6. Establecer mecanismos adecuados para la cobertura de los trabajadores afectados por los ERES o ERTES.
Plan de Contingencia Económica y Financiera:
1. El aplazamiento sin coste de cuotas hipotecarias, alquiler y préstamos de consumo a los ciudadanos diagnosticados de coronavirus mientras dure su baja médica y/o hasta que puedan reincorporarse a su puesto de trabajo.
2. Impulsar la labor del ICO en la inyección crediticia para aliviar la carga a la industria y PYMES españolas con líneas de crédito al 0 %.
3. Crear un Fondo Especial de Liquidez con líneas de crédito al 0 % para pymes y autónomos con la participación del ICO y el sector privado.
4. Adoptar medidas de política comercial para que no se frenen las cadenas de producción y mantener la cuota en los mercados internacionales por parte de las empresas.
5. Eliminación temporal de las comisiones por uso de tarjeta bancaria.
6. Liberar las restricciones a los establecimientos comerciales que pueden desarrollar su actividad sometiéndose a las medidas de seguridad que se están tomando en farmacias y tiendas de alimentación.
7. Permitir el rescate de fondos de pensiones y planes de ahorro, sin penalizaciones fiscales.
8. Prohibir las posiciones bajistas en el mercado de valores de por lo menos 3 meses.
Plan Estratégico Nacional de Actuación Integral ante Crisis Sistémicas:
Para la elaboración del Plan Estratégico Nacional de Actuación Integral ante Crisis Sistémicas se realizará un análisis ex post de la actual crisis sistémica que está atravesando España y todos los países de nuestro entorno.
Asimismo, se crearán grupos de trabajo de las diferentes administraciones públicas juntos con los principales agentes del sector privado para, en base al análisis ex post, crear los protocolos adecuados para que España tenga preparados los
instrumentos y medidas necesarios en momentos de toma de decisiones 'just in time' y amortiguar de manera efectiva e inmediata todo impacto negativo que se pueda ocasionar.
A) Análisis ex post:
- El Gobierno presentará ante las Cortes un informe detallado de todas y cada una de las actuaciones que habrá llevado a cabo desde la aparición del 'paciente 1' donde se pormenorizará a nivel departamental las medidas desarrolladas,
análisis de impactos y resultados.
- Todo análisis de impacto recogerá entre otros, el impacto en la sociedad, en la sanidad, las finanzas del sector público y del privado, el comercio exterior, el empleo, el tejido empresarial, la imagen y la posición estratégica frente al
resto del mundo, y un informe aparte y detallado del papel de la Unión Europea en la resolución de la crisis.
- También se incluirá un informe de análisis sobre el papel del Estado de las Autonomías en la resolución de la crisis, cómo la descentralización de competencias como la de Sanidad fundamentalmente, pero también del resto de ellas, han
podido generar un retraso en la toma de decisiones, y si la declaración del Estado de Alarma pudo ser provocado por la falta de coordinación entre Comunidades Autónomas. Asimismo, se incluirá una memoria económica de gastos presupuestarios
asociados directamente al mantenimiento de las asambleas autonómicas y sueldos de diputados autonómicos, y personal eventual vinculado, durante la vigencia del estado de alarma.
- Asimismo, el Presidente del Gobierno comparecerá ante el Pleno del Congreso de los Diputados para explicar todas las medidas aprobadas, su justificación motivada y los resultados de estas.
- Los miembros del Gobierno que hayan estado al mando de las operaciones y de las medidas aprobadas, rendirán cuentas en el Congreso de los Diputados en una Comisión ad-hoc para el análisis y efectos de la crisis del Sars-CoV-2 sobre la
sociedad y la economía española.
B) Análisis ex ante de futuras crisis sistémicas:
- El Gobierno creará un equipo de estudio formado por la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, y los principales agentes del sector privado de España, que haga un análisis de las debilidades y
fortalezas de las Administraciones Públicas ante los shocks producidos por crisis sistémicas, del sistema de coordinación entre ellas, de los instrumentos financieros en caso de crisis, de los recursos públicos y privados a disposición.
- El Gobierno mandatará a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, un análisis de impacto sobre distintos escenarios de crisis sobre las cuentas públicas, así como en las políticas públicas, y las medidas de mitigación o
amortiguación temprana de sus efectos.
- El Gobierno requerirá a la CNMV, Banco de España, Secretaría General de Política Financiera y Financiación Internacional entre otros para la elaboración del análisis de los impactos económicos y financieros que una crisis sistémica tendría
en España, y las medidas de política financiera adecuadas para la mitigación o amortiguación temprana de sus efectos.
C) Creación del Plan Estratégico Nacional de Actuación Integral ante Crisis Sistémicas:
- En base a todo lo anterior, se motivará la creación del Plan Estratégico Nacional de Actuación Integral ante Crisis Sistémicas, en todo caso, no más tarde de enero de 2022.
- El Plan deberá seguir siempre los mandatos constitucionales, preservando la soberanía nacional y el Estado de Derecho.
- El Gobierno propondrá activamente ante y para la Unión Europea la incorporación de dicho plan, en aras de que no vuelva a repetirse la situación que vive hoy Europa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2020.-Inés Cañizares Pacheco, Víctor González Coello de Portugal, Rodrigo Jiménez Revuelta, Pablo Sáez Alonso-Muñumer y Rubén Manso Olivar, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del
Grupo Parlamentario VOX.
161/000423
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, y D.ª Inés María Cañizares Pacheco, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputada del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la eliminación de la cuota de autónomos durante tres meses para inyectar liquidez en este colectivo, para su discusión en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
Primero. El colectivo de los trabajadores autónomos alcanza en nuestro país los 3.112.000 profesionales, de los cuales un 34 % son mujeres (INE 4T 2019). Del colectivo de trabajadores por cuenta
propia, un 72 % están englobados en el sector servicios, un 11 % en construcción, y el resto en agricultura e industria (INE 4T 2019).
Segundo. El sector servicios es el principal sector afectado por el COVID-19, motivado fundamentalmente por el elevado peso específico de este sector en la economía de España (68 % del VAB nacional). El parón económico actual tiene
especial afección en turismo, comercio y educación, así como en actividades recreativas, pertenecientes al sector servicios, con los consecuentes impactos económicos no solo de manera directa, sino también sobre las empresas incluidas en toda la
cadena de valor (trabajadores por cuenta propia en un elevado porcentaje).
Tercero. Las cargas fiscales de los trabajadores autónomos son el IRPF y el IVA, impuestos que están directamente relacionados con la actividad, siendo teóricamente '0' si el trabajador no tiene actividad. Es de esperar que el actual parón
económico tenga un impacto directo en la recaudación de estos impuestos.
Cuarto. Las cantidades a ingresar a la Seguridad Social, llamadas cuotas, se calculan aplicando el tipo a la base de cotización. Hasta el 31 de diciembre de 2019 la base elegida se situaba entre una base mínima de cotización de 944,40
euros mensuales y una base máxima de cotización de 4.070,10 euros mensuales. No obstante, solo el 8 % de los afiliados al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) cotiza por bases superiores a los 2.000 euros, lo cual da una idea del
esfuerzo que le supone a este grupo de trabajadores obtener unos rendimientos de trabajo dignos, ya que a los ingresos por la actividad profesional hay que sumarle los gastos incurridos en la misma. Idéntica casuística presentan los trabajadores
autónomos susceptibles de incorporarse a la Mutualidad de Previsión Social.
Quinto. Tanto las aportaciones a RETA como a las Mutualidades de Previsión Social suponen cantidades fijas al mes, dependientes de las bases de cotización, y que, por lo tanto, son independientes de la actividad del trabajador. En momentos
de incertidumbre como el actual, cualquier tipo de impuesto o cuota no ligada de manera directa y proporcional a los ingresos por actividades profesionales, tendrá un efecto devastador sobre la actividad futura del trabajador autónomo.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Decretar la exención del pago de aportaciones tanto a RETA como a las Mutualidades de Previsión Social por parte de los trabajadores autónomos durante tres meses, en tanto en cuanto esta medida contribuirá a asegurar la supervivencia
actual y futura de los mismos, clave para el futuro económico de España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2020.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000425
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, y D.ª Inés María Cañizares Pacheco, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputada del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la optimización de la estructura impositiva de los carburantes, para su discusión en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
Primero. En nota de prensa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, publicada el 13 de marzo de 2020, se indica que el IPC en febrero ha alcanzado una tasa interanual del 0,7 %, 4 décimas menos que en el mes de enero
de 2020.
Segundo. Una de las partidas que ha contribuido a esta reducción del IPC ha sido la de 'combustibles y lubricantes', que en febrero redujo su precio un -2 %, teniendo una reducción acumulada desde el 1 de enero de 2020 del -1,2 %.
Tercero. Los hidrocarburos están afectados por el impuesto Especial de Hidrocarburos. Este impuesto está regulado por la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales y el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales. Este impuesto tiene la naturaleza de 'Impuesto indirecto', al igual que el IVA, y como tal debe responder a una finalidad extrafiscal. Asimismo, el impuesto de hidrocarburos es un incremento del
valor total del mismo y se le considera dentro de la base imponible.
Cuarto. La materia prima de origen de los hidrocarburos, el petróleo, ha experimentado notables descensos desde el 1 de enero del 2020, debido fundamentalmente a anuncios de incremento de la producción de crudo por parte de Arabia Saudí
para ganar cuota de mercado y, en las últimas semanas, por una reducción en la demanda unido a un exceso de oferta masiva. Si nos centramos en febrero, el precio ha caído desde los 65,11 $/barril a 55,49 $, un -14,77 %. Se observa cómo no existe
una correlación directa entre la reducción del precio del barril y la rebaja del precio de los combustibles.
Quinto. El motivo de esta falta de elasticidad del precio de los combustibles frente al precio del crudo se explica por la estructura impositiva de los carburantes. Un 39 % del precio final de la gasolina son impuesto fijos (/L),
(Impuesto especial de hidrocarburos principalmente) que no dependen del precio internacional del crudo. Solo un 35 % del precio del combustible depende del precio del petróleo. A esto costes hay que añadirle el margen de las gasolineras, que
también es una cantidad fija. Por otro lado, señalar que los combustibles de uso profesional (logísticos) tienen unas condiciones impositivas más favorables, si bien constituyen uno de los principales costes.
Sexto. El gasto en combustible es una de las principales partidas de los hogares españoles. Concretamente la partida de combustible supuso en 2018 el 4,3 % del gasto total de las familias.
Séptimo. La UE es extremadamente vigilante con este tipo de impuestos que se encuentran regulados y tasados, en especial respecto al cumplimiento de una finalidad concreta. Hace unos años, en España se estableció un impuesto especial
nuevo, el gravamen en cuestión fue el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), que estaba destinado a financiar las nuevas competencias transferidas a las Comunidades Autónomas en materia sanitaria, además de
actuaciones medioambientales. Estuvo en vigor entre el 1 de enero de 2002 y el 1 de enero de 2013, fecha en la que se integró en el impuesto especial sobre los hidrocarburos. En 2014 el TJUE declaró que este impuesto denominado popularmente
'céntimo sanitario' era contrario a la directiva de la UE sobre los impuestos especiales, ya que no cumple el principal requisito exigido a un gravamen de este tipo: perseguir una finalidad específica. Las Comunidades Autónomas destinaban la
recaudación 'a los gastos sanitarios en general, y no a los vinculados específicamente al consumo de los hidrocarburos gravados'. Además, la norma española no establecía ningún mecanismo de afectación predeterminada a fines medioambientales,
señalaban los jueces del tribunal europeo.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Optimizar la estructura impositiva de los carburantes, de tal forma que la evolución de su precio esté proporcionalmente relacionada con la evolución de la materia prima subyacente (petróleo). Esto contribuiría a mejorar la
competitividad del mercado, reduciendo precios y favoreciendo la economía familiar, de los autónomos y de las empresas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2020.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000435
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Inés Cañizares Pacheco, D. Víctor González Coello de Portugal, D. Rodrigo Jiménez Revuelta, D. Pablo Sáez Alonso-Muñumer y D. Rubén Manso Olivar, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputada del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX),
respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa al adecuado control de la prestación del servicio de peluquería
a domicilio en el actual contexto de Estado de Alarma, para su discusión en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
La noche del 14 de marzo, el Gobierno aprobó el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, anunciado por el Presidente del Gobierno en la
noche del viernes 13 de marzo. En su artículo 10.1 se suspendía 'la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de', entre otros, 'las peluquerías'. En el mismo párrafo, se puede leer que 'se suspende cualquier
otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad competente pueda suponer un riesgo de contagio'.
En una noticia publicada por Europa Press el mismo sábado 14 de marzo, fuentes del Gobierno explicaron que la decisión de exceptuar a las peluquerías se justificaba por la mejora en 'la higiene de las personas de edad avanzada' (...), 'que a
menudo tienen dificultades de movilidad para cortarse el pelo y lavarse la cabeza.'
El domingo 15 de marzo, tanto Presidentes de Comunidades Autónomas como diferentes patronales y asociaciones de peluquerías y autónomos, solicitaron al Gobierno la eliminación de las peluquerías dentro de las excepciones aprobadas en el Real
Decreto mencionado. Esa misma tarde, el Gobierno accedió a dicha petición, con la salvaguarda de que los profesionales de peluquería pudieran acudir a los domicilios de aquellas personas con movilidad reducida que necesitaran asistencia para el
cuidado personal.
Esta modificación anunciada el domingo no fue publicada hasta el martes 18 de marzo, mediante el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de
Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Sin embargo, a efectos descriptivos, este Real Decreto de modificación define el servicio de peluquería permitido bajo el estado de alarma como 'el ejercicio
profesional de la actividad de peluquería a domicilio.
Con base en lo anterior, se generan determinados vacíos de concepto que merece la pena señalar. Por un lado, los profesionales de peluquería podrán acudir a los domicilios de los clientes para prestar sus servicios pudiendo tocarlos, estar
a menos de un metro de ellos, incluso respirar partículas de restos o acumular Estos en sus ropas, sin saber a ciencia cierta si están contagiados. Este aspecto tiene una clara contradicción con las recomendaciones del Gobierno y la autoridad
sanitaria que depende de él. Asimismo, cabría confiar en la profilaxis del profesional y del cliente a la hora de no expandir el virus e invalidar los efectos esperados por los protocolos de aislamiento que exigen las medidas de estado de alarma.
Por otro lado, y en base a la definición del Real Decreto 465/2020, el servicio a domicilio no está restringido a nadie, es decir, cualquier tipo de cliente sin necesidades especiales por falta de movilidad podrá solicitar los servicios de
peluquería.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas que sean necesarias para regular de manera específica y detallada la prestación del servicio de peluquería a domicilio recogida en el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo,
por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, en concreto, a lo siguiente:
1. Definir el concepto de servicio de peluquería a domicilio.
2. Delimitar los casos por los que ese servicio se pueda prestar.
3. Establecer los protocolos por los que se asegure la salubridad y profilaxis frente al COVID-19 para los profesionales del servicio de peluquería.
4. Establecer las condiciones que aseguren un seguro entorno de trabajo en el domicilio del cliente.
5. Obligatoriedad de notificación por parte del cliente al profesional de servicio de peluquería acerca de si ha estado infectado por el COVID-19 o lo está y viceversa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2020.-Inés Cañizares Pacheco, Víctor González Coello de Portugal, Rodrigo Jiménez Revuelta, Pablo Sáez Alonso-Muñumer y Rubén Manso Olivar, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del
Grupo Parlamentario VOX.
161/000443
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, y D.ª Inés María Cañizares Pacheco, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputada del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa al rescate anticipado de planes de pensiones sin coste fiscal, para su discusión en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
Primero. El sistema público de pensiones español presenta un alto grado de incertidumbre debido a lo siguiente:
- La baja natalidad, la cual reducirá el futuro número de cotizantes, dato clave en un sistema de pensiones público de reparto como el actual. Según el Instituto de Actuarios españoles, valores por debajo de 2 suponen la insostenibilidad
del sistema de pensiones de jubilación. En proyecciones se estima que esta tasa se alcanzará en 16 años.
- Un incremento de la esperanza de vida, lo cual motivará un aumento de los años de cobro de la pensión una vez alcanzada la jubilación. Frente a los 9 MM de mayores de 65 años existentes actualmente, se estima un total de 12,3 MM en el año
2033.
Segundo. Los planes de pensiones constituyen un vehículo de inversión privado usado por los partícipes como complemento a la pensión pública al alcanzar la edad de jubilación.
Tercero. Actualmente los planes de pensiones en España cuentan con 7,52 millones de partícipes y un total de 79.782 millones de euros de ahorro invertido (Fuente: INVERCO. Diciembre 2019).
Cuarto. Los planes de pensiones en España se rigen por el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, aprobado por el Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre,
el Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero y el Real Decreto 62/2018, de 9 de febrero, que modifica aspectos de las citadas normativas.
Están contempladas circunstancias especiales en las que sus beneficiarios pueden rescatar los fondos antes de la jubilación:
- Enfermedad grave.
- Fallecimiento.
- Desempleo de larga duración.
- Invalidez.
- Desahucio de la vivienda.
- Pasados 10 años de la primera aportación: supuesto que entró en vigor en enero de 2015 y que establece que el dinero aportado antes de esa fecha podrá ser rescatado a partir de 2025.
Quinto. La crisis económica motivada por la pandemia del coronavirus está originando una oleada de despidos en forma de ERTE,s y ERE,s que hará que la capacidad de gasto de muchas familias se vea comprometida al reducirse las rentas
percibidas.
Sexto. En la situación actual es clave que las familias puedan hacer uso de sus ahorros para cubrir necesidades básicas y para poder tener un remanente de liquidez para futuras compras una vez se retome la normalidad.
Séptimo. Es necesario facilitar el rescate de los ahorros que se encuentren en forma de fondos de pensiones, sin que ello suponga una carga fiscal que afecte a la rentabilidad latente y a la liquidez.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Eliminar el carácter de 'rendimiento de trabajo' de los rescates realizados al amparo de las causas legales tasadas, cuando dichas causas hayan sido originadas como consecuencia de la emergencia sanitaria motivada por el coronavirus, de
tal forma que la totalidad del rescate pueda ser utilizada por el ahorrador.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2020.-Inés María Cañizares Pacheco, Diputada.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000452
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán y D. Alberto Asarta Cuevas, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputado del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la no retención de mercancías en aduana destinadas a hacer frente a la crisis del COVID-19, así como en otras posibles crisis con el objeto de favorecer su entrega en destino lo más
rápidamente posible, mediante el establecimiento de un mecanismo excepcional que se active ante situaciones de emergencia nacional, para su discusión en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
El artículo 8 del RD 463/2020 de 14 de marzo, del Estado de Alarma establece la posibilidad de imponer requisas temporales y prestaciones personales obligatorias.
Así, el punto 1 del citado artículo dice que, 'De conformidad con lo dispuesto en el artículo once.b) de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, las autoridades competentes delegadas podrán acordar, de oficio o a solicitud de las Comunidades
Autónomas o de las entidades locales, que se practiquen requisas temporales de todo tipo de bienes necesarios para el cumplimiento de los fines previstos en este real decreto, en particular para la prestación de los servicios de seguridad o de los
operadores críticos y esenciales. Cuando la requisa se acuerde de oficio, se informará previamente a la Administración autonómica o local correspondiente'.
Pero estas medidas de requisa temporal no pueden contradecir el sentido propio que las origina, que no es otro más que enfrentar la situación crítica en la que nos encontramos buscando soluciones rápidas y efectivas, y mucho menos pueden dar
lugar a que se establezcan nuevas barreras que limiten la llegada de envíos de bienes de emergencia y primera necesidad.
Asimismo, en los días pasados ha aparecido en distintos medios de comunicación información relativa a la posibilidad de que material con destino a la crisis del COVID-19 en la Comunidad de Madrid haya sido retenido en aduanas y requisado por
el Gobierno. Si bien dicha información fue desmentida por el Ministro de Sanidad, Salvador fila, en rueda de prensa, el hecho reviste tal gravedad que no podemos quedarnos impasible ante la más mínima posibilidad de que un hecho así pueda tener
lugar.
La situación conforme a la información publicada en los medios de comunicación es preocupante. En la mañana del 23 de marzo de 2020, según cifras publicadas en medios de información, en España aparecen contabilizados 29.909 casos
diagnosticados y 1.781 fallecidos a causa del COVID-19. Es preciso señalar que todos estos datos evolucionan al momento, ofreciendo un panorama extraordinariamente preocupante.
Las provincias más afectadas hasta el momento son Madrid, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Castilla León y Castilla La Mancha.
Comunidad Autónoma;Diagnosticados;Fallecidos
Madrid.;9.702;1.021
Cataluña.;5.925;245
País Vasco.;2.097;97
Comunidad Valenciana.;1.604;69
Andalucía.;1.725;47
Castilla-La Mancha.;1.819;112
Castilla y León.;1744;102
La Rioja.;654;18
Navarra.;794;24
Galicia.;915;12
Asturias.;594;12
Aragón.;532;24
Extremadura.;384;14
Canarias.;481;11
Baleares.;331;9
Murcia.;296;1
Cantabria.;282;5
Melilla.;25;
Ceuta.;5;
** Datos publicados en el Mundo a fecha 23 de marzo de 2020.
*** Datos publicados en n.º de personas.
Ante esta preocupante y dolorosa situación, la mayoría de los centros sanitarios de España están cerca del colapso y el personal sanitario en su inmensa mayoría se enfrenta al COVID-19 sin los EPIs (Equipos de Protección Individual)
necesarios tanto para proteger al personal cómo a los pacientes y por tanto contribuir también a la propagación del virus.
La denuncia de falta de material se une a la denuncia por el importante déficit en relación con las pruebas diagnósticas para la detección del COVID-19 que mejoraría notablemente la lucha contra la expansión de los contagios al favorecer el
aislamiento precoz que evitase los mismos mediante el aislamiento de todos aquellos positivos que aun fueran asintomáticos.
Conforme a informaciones de distintos medios de comunicación, los centros sanitarios de la práctica totalidad del territorio nacional están a la espera de diversos materiales, como EPIS y Test Diagnósticos, para hacer frente al COVID-19.
Estamos librando una batalla no solo contra el COVID-19, sino también contra el tiempo. Necesitamos ganar horas, minutos, a veces segundos que nos permitan salvar una vida más. Es imprescindible reflexionar sobre esta idea.
Por este motivo, es de vital importancia que el Gobierno de España actúe con diligencia y celeridad para poner a disposición de nuestro personal sanitario todo el material que pueda encontrarse retenido en las aduanas, y dotar de mecanismos
de distribución ágiles para que dicha mercancía llegue cuanto antes a sus puntos de destino
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las siguientes medidas:
1. Diseñar y establecer mecanismos efectivos de coordinación entre las Aduanas y las distintas Comunidades Autónomas para eliminar la retención de mercancías de primera necesidad en las aduanas, garantizando un sistema rápido y efectivo de
coordinación entre Administraciones que logre una rápida entrega de las mercancías en los puntos de destino, en orden a paliar la crisis del COVID-19, así como para la activación inmediata en posibles futuras crisis.
2. Desarrollar la normativa oportuna que evite la retención de mercancías en aduana destinadas a hacer frente a la crisis del COVID-19, así como en otras posibles crisis con el objeto de favorecer su entrega en destino lo más rápidamente
posible, mediante el establecimiento de un mecanismo excepcional que se active ante situaciones de emergencia nacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2020.-Alberto Asarta Cuevas, Diputado.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Interior
161/000366
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de equiparación salarial real, total y
absoluta de la Policía Nacional y Guardia Civil, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El 12 de marzo de 2018, el Ministerio del Interior del Gobierno del Partido Popular firmó un acuerdo histórico de equiparación salarial con los principales sindicatos de la Policía Nacional y las principales asociaciones profesionales de la
Guardia Civil, tras un proceso de negociación llevado a cabo con el objetivo de alcanzar la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los cuerpos policiales autonómicos que desarrollan funciones similares. También
para impulsar su modernización, mejorar la calidad en la prestación del servicio y optimizar las condiciones de trabajo de los funcionarios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
En ese Acuerdo se abordó un proceso de equiparación gradual en tres ejercicios, 2018, 2019 y 2020, con un importe de 807 millones de euros que serían destinados al Complemento Específico Singular (el 90 % del total) y a la Productividad (el
10 % restante), más 100 millones de euros adicionales que se destinarían a incentivar el reingreso del personal de Segunda Actividad sin destino y Reserva no ocupada al servicio activo.
Las cantidades asignadas a cada ejercicio fueron las siguientes:
2018: 310 millones de euros, más 100 millones de euros destinados al personal de Segunda Actividad sin destino y Reserva no ocupada; más 90 millones de euros para el colectivo de Policías Nacionales y
Guardias Civiles resultante del acuerdo de fecha 9 de marzo de 2018, lo que resultaría una cantidad total de 500 millones para este ejercicio.
2019: 250 millones de euros, cantidad que se acumulará a la asignada en el ejercicio anterior (310). Más 100 millones de euros destinados al personal de Segunda Actividad sin destino y Reserva no ocupada; más 100 millones de euros, para
el colectivo de Policías Nacionales y Guardias Civiles resultante del acuerdo de fecha 9 de marzo de 2018, lo que resultaría una cantidad total para este ejercicio de 450 millones.
2020: 247 millones de euros, cantidad que se acumulará a la asignada en los ejercicios 2018 y 2019 y que hacen un total de 807 millones de euros. Más 100 millones de euros destinados al personal de Segunda Actividad sin destino y Reserva
no ocupada; más 110 millones de euros para el colectivo de Policías Nacionales y Guardias Civiles resultante del acuerdo de fecha 9 de marzo de 2018, lo que resultaría una cantidad total para este ejercicio de 457 millones.
Al mismo tiempo, el Gobierno se comprometió a contratar los servicios de una consultora externa que fijase los criterios y las cantidades necesarias para la equiparación salarial real, total y absoluta. Dicha consultora analizaría las
cifras de equiparación puesto a puesto y fijaría las correcciones que fuesen necesarias.
Pues bien, en la actualidad hemos tenido conocimiento de que el Gobierno del Partido Socialista despreció el informe inicial de la auditoría que suponía poner más dinero para la equiparación y que incluso encargó uno nuevo que tuviera en
cuenta la nuevas pretensiones del Gobierno de no seguir incrementando las cantidades necesarias para la equiparación real, total y absoluta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Por otra parte, en la cláusula octava del Acuerdo de Equiparación, el Ministerio del Interior se comprometía a impulsar las medidas legislativas necesarias para garantizar que en el futuro no se pueda producir una disfunción salarial entre
las policías que realicen las mismas funciones. Esta medida, que conlleva la aprobación de una ley de retribuciones que impida en el futuro la existencia de desigualdades salariales de Policial Nacional y Guardia Civil con otros Cuerpos, es más
necesaria y urgente que nunca para proteger sus derechos económicos y más tras el veto del Gobierno a la Iniciativa Legislativa Popular de JUSAPOL.
Por último, en la cláusula tercera se obligaba al Gobierno a destinar 100 millones de euros en cada ejercicio para incentivar el reingreso del personal de Segunda Actividad sin destino y Reserva no ocupada al servicio activo. A pesar del
déficit actual de personal que existe en las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hasta la fecha no se ha desarrollado ni ejecutado esta cláusula, impidiendo que cientos de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil
se puedan incorporar a sus puestos.
El Partido Popular defiende la necesidad de que nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los garantes de la seguridad, la libertad, la democracia y la ley, cuenten con los medios materiales y técnicos necesarios y adecuados para
realizar su inmenso y sacrificado trabajo; y deben tener las mismas retribuciones que el resto de cuerpos policiales que realizan el mismo trabajo que la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Cumplir con el tercer tramo de equiparación salarial previsto para el año 2020, mediante la aprobación urgente de un Real Decreto.
2. Encargar un nuevo informe de consultoría externa que señale las cantidades pendientes de consignar, puesto a puesto, hasta la equiparación real, total y absoluta de Policía Nacional y Guardia Civil con las Policías Autonómicas,
incluyendo en los Presupuestos Generales del Estado para 2020 esa cantidad pendiente de la equiparación.
3. Ejecutar la cláusula tercera del Acuerdo de Equiparación de 2018, para permitir el regreso a la vida activa de los policías y guardias civiles que se encuentran en situación administrativa de Segunda Actividad o de Reserva,
reconociéndoles el derecho a la equiparación.
4. Elaborar una ley de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que impida en el futuro nuevas desigualdades en relación al resto de Policías del territorio español.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2020.-Isabel María Borrego Cortés, Carlos Rojas García y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/000367
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre turismo seguro, para su debate
en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La actividad turística se ha convertido en un elemento fundamental para la recuperación económica y la creación de empleo. Resulta por eso fundamental promocionar en el exterior nuestro país, con su rico y extenso patrimonio natural,
histórico y cultural, como entorno de confianza.
Durante el año 2019 visitaron España más de 83,7 millones de turistas internacionales, de los cuales cerca de 10 millones visitaron algunos de los destinos de la provincia de Alicante. Estos turistas, además de buscar y sentirse atraídos
por los elementos citados y muchos más, buscan tranquilidad y escogen nuestros destinos por sus altos índices de seguridad.
El turista que nos visita puede ser víctima de delitos durante su estancia y, junto a los perjuicios personales causados, las posibles repercusiones que tales hechos pudieran tener en la imagen de España hacen imprescindible articular los
medios necesarios para garantizar su seguridad.
La seguridad ciudadana constituye un elemento esencial para el éxito turístico de los destinos españoles y muy especialmente de la provincia de Alicante. Trasladar al exterior una imagen de destino seguro es fundamental para nuestra
competitividad y mantener un nivel de seguridad efectivo es un valor añadido a la oferta turística.
Durante los meses de mayor afluencia turística, son habituales los desplazamientos hacia estos destinos para delinquir, generando inseguridad en visitantes y vecinos, provocando el que se traslade una mala imagen de estos exitosos destinos
en los países emisores de turistas, tal y como ha ocurrido tras los últimos hechos acaecidos en Benidorm.
La provincia de Alicante, y Benidorm en concreto, siempre han gozado de una imagen de excelencia turística, siendo el alto índice de seguridad de la Costa Blanca uno de los motivos por los que millones de personas lo eligen para disfrutar de
sus vacaciones, y así queremos que siga siendo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Potenciar y ampliar a otros meses, sobre todo en los destinos que mantienen altos índices de ocupación turística durante todo el año, los planes específicos de turismo seguro del Gobierno de España.
- Difundir y poner en valor el 'Plan Turismo Seguro' en las ferias y promociones turísticas a las acuda España, trasladando al turista una sensación real de seguridad durante su estancia en nuestros destinos.
- Continuar potenciando las actuales oficinas SATE (Servicio de Atención al Turista Extranjero) e impulsar la apertura de nuevas oficinas en nuestros destinos turísticos.
- Mejorar la seguridad subjetiva del turista mediante campañas realizadas conjuntamente por los Cuerpos de Seguridad del Estado, en colaboración con destinos y el sector turístico (hoteleros, empresas de restauración, comercios, etc.).
- Potenciar la colaboración entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado españolas y las fuerzas de seguridad de otros países con el objetivo de prestar una atención personalizada y ofrecer todas las facilidades cuando un turista
extranjero sea víctima de delito.
- Apoyar y contribuir activamente a las actuaciones desplegadas en el sector por el Gobierno y por las Administraciones Autonómicas y Locales, cooperando en el logro de un mayor grado de competitividad del mismo.
- Mantener los cauces de comunicación y acuerdos de formación al objeto de hacer partícipes en las medidas de prevención al personal que trabaja en el sector turístico y a las empresas de seguridad que les prestan servicio.
- Continuar salvaguardando la seguridad ciudadana en aquellos espacios y lugares de mayor afluencia (aeropuertos, estaciones, conciertos, festivales, eventos deportivos).
- Acometer las reformas legislativas pertinentes para catalogar la práctica de actividades ilícitas como el 'trile', o la cada vez más extendida actividad de 'mojiteros', pudiendo así luchar con herramientas eficaces contra esta actividad
prohibida y acabar con la impunidad con la que actúan.
- Seguir poniendo a disposición de los turistas aplicaciones tecnológicas que faciliten información y a través de las cuales poder trasladar a los Cuerpos de Seguridad la existencia de algún tipo de problema de seguridad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2020.-Agustín Almodóvar Barceló, César Sánchez Pérez, Macarena Montesinos de Miguel y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000381
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación de la Comisaría de
Distrito de Redondela dentro de la Comisaría de Vigo-Redondela, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El Ayuntamiento de Redondela, perteneciente a la provincia de Pontevedra, tiene una superficie aproximada de 52 km2 y una población que supera los 29.000 habitantes. Consta de dos núcleos de población urbanos y 11 parroquias con
características rurales que albergan casi el 50 % de dicha población.
En el año 1978 se creó la comisaría de Policía de Redondela con la categoría de Comisaría Local y, como tal, su dotación mínima de efectivos constaba de 10 funcionarios y 46 policías (BOE 47 de 24.02.1978).
En el año 1979 la comisaría de Redondela se integró en la Comisaría de Vigo, pasando a denominarse Comisaría de Vigo-Redondela (BOE 255 de 24.10.1979) y manteniendo su estatus singular de policías destinados de forma estable en el municipio.
Las características geográficas de Redondela así lo aconsejaban para poder garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Sin embargo, lo que parecía un refuerzo de la actividad policial en Redondela con su integración en la comisaría de Vigo, se fue tornando en un abandono, dado que se ha ido minorando el número de efectivos estables, de aquellos 46 a los 14
que se mantuvieron en los últimos años.
Finalmente, en 2019 Redondela perdió su singularidad y dejó de ser base de patrulla policial alguna, pasando todos sus efectivos a formar parte de la estructura general de Vigo.
Este hecho ha provocado la movilización y el rechazo de todos los sectores de la sociedad redondelana, teniendo como acto central una gran concentración vecinal convocada en mayo del pasado año.
En la actualidad, la presencia policial en Redondela ha disminuido y la seguridad de los vecinos se ha puesto en riesgo al verse afectada por la falta de personal y medios de la Comisaría de Vigo-Redondela.
Dicha comisaría ha incrementado notablemente sus actuaciones y servicios, al tiempo que se reducían sus medios materiales y efectivos policiales.
Esta falta de medios y efectivos ha sido denunciada de forma reiterada por los distintos sindicatos policiales, que vienen alertando de un grave deterioro de sus condiciones de trabajo, con el consiguiente riesgo asociado para la seguridad
de los ciudadanos y de los propios policías.
Es imprescindible revertir la situación y actualizar la estructura de la comisaría de Vigo-Redondela para atajar los nuevos modos de delincuencia. Por ello, proponemos la creación de la Comisaría de Distrito de Redondela, que podría abarcar
un ámbito de actuación más amplio que el del propio municipio.
Este planteamiento fue aprobado por unanimidad por el Pleno del Ayuntamiento de Redondela el 9 de mayo de 2019 en el que estaban representados Partido Popular, PSOE, BNG y una de las ramas de Podemos, tras la presentación de una moción por
parte de un colectivo vecinal. Los sindicatos mayoritarios de la provincia también respaldan la iniciativa.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear la Comisaría de Distrito de Redondela dentro de la Comisaría de Vigo-Redondela, dotándola de los medios humanos y materiales permanentes necesarios para el desarrollo de, al menos, los
siguientes servicios:
- Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), dependiendo de la Brigada de Seguridad Ciudadana de Vigo.
- Grupo Operativo de Policía Judicial (GOPJ), dependiendo de la Brigada de Policía Judicial de Vigo.
- Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC), con capacidad para la tramitación de detenidos.
- Unidad UFAM. Unidad de Atención a la Familia y de atención en casos de violencia de género.
- Calabozo para la estancia de los detenidos hasta su traslado a los calabozos de la Comisaría de Vigo.
- Unidad de Protección y Control (UPC), para la custodia de los detenidos y protección de las dependencias policiales.
- Expedición de DNI y Pasaporte.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2020.-Javier Bas Corugueira, María Pilar Ramallo Vázquez, Diego Gago Bugarín y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000391
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Francisco José Alcaraz Martos, D. Ignacio Gil Lázaro, D. Luis Gestoso de Miguel, D. Pedro Jesús Requejo Novoa, D. Víctor González Coello de Portugal, D. Pablo Sáez Alonso-Muñumer, D.ª Georgina Trías Gil, D.
Rodrigo Jiménez Revuelta y D. José María Sánchez García, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas para asegurar el mantenimiento de las Salas del 091 en las Comisarías del Cuerpo Nacional de Policía sitas en las provincias de Ávila, Segovia, Soria y
Zamora, para su discusión en la Comisión de Interior.
Primero. Una de las principales causas del proceso de despoblación que sufren algunas provincias castellanoleonesas, es la paulatina eliminación de Organismos, Entidades, Delegaciones o Servicios Públicos, a través de su reestructuración,
traslado o simplemente supresión con la excusa de un ahorro, eficiencia o consecuencia de alguna exigencia de la Unión Europea. Se trasladan a la capital de la
Comunidad Autónoma o de provincia o simplemente desaparecen. Claro ejemplo de ellos han sido los siguientes organismos:
1.º El Regimiento de Infantería 'Toledo' n.º 35 de Defensa Contra Carro (DCC), tras 70 años de permanencia en el Cuartel Viriato de Zamora, quedó cerrado en 1987, por traslado. En el cuartel vivían unos 700 hombres, con sus respectivas
familias. Era la mayor fuente de empleo que tenía Zamora. Al abrigo de dichas instalaciones castrenses trabajaban además civiles de oficios variados, desde cocineros, carniceros, pescaderos y muchos otros que dinamizaban la economía de Zamora y
fijaban población. El cierre sobrevino rápidamente. El plan META supuso la reestructuración del Ejército, suponiendo muchos cambios entre los que se incluyó este Regimiento, y con él muchos habitantes abandonaron Zamora.
2.º El 2 de enero de 1995, se produjo el traslado de los talleres ferroviarios de reparaciones de Zamora capital a Valladolid. Suponiendo la pérdida de puestos de trabajo directos y otros muchos indirectos. La mayoría de las familias de
los empleados públicos, que residían en viviendas de la misma población, acabaron abandonándola.
3.º A finales del 2004, el Banco de España cerró sus sedes en Burgos, Salamanca y Zamora, después de 120 años de historia, y en cumplimiento de los planes de la citada Entidad de llegar al 2005 con una sola delegación en cada Comunidad
Autónoma. La mayoría de los treinta trabajadores de dicha oficina fue prejubilada.
Segundo. Más recientemente, se ha anunciado por la Delegación del Gobierno que las salas del 091 de todo el país, incluidas las de Castilla y León, van a ser reestructuradas con el fin de conseguir una mayor eficacia y rapidez de respuesta
en las intervenciones de la Policía Nacional.
Esta reestructuración responde a la implantación de Centros Inteligentes de Mando, Atención, Comunicación y Control dentro del Plan Estratégico de la Policía Nacional para el periodo 2017-2021, aprobado por el Ministerio de Interior en 2016.
El Plan contempla la 'Transformación de las salas 091 en Centros Inteligentes' que permitirán a la Policía Nacional actuar de una manera rápida y eficaz.
En Castilla y León ya se ha llevado a cabo parte de esta reestructuración en diferentes provincias, por ejemplo, en Burgos capital se han integrado la sala del 091 de Miranda de Duero y Aranda de Duero. Lo mismo ha ocurrido con la de Béjar
en Salamanca capital y la de Medina del Campo en Valladolid, mientras que en Zamora se llevará a cabo próximamente.
Desde el este Grupo Parlamentario (GPVOX) entendemos que el cierre de estas salas del 091 en Ávila, Segovia, Soria y Zamora, y su traslado a Valladolid, lejos de resultar una medida eficaz puede llegar a ralentizar dicho servicio, toda vez
que las salas del 091 requieren del conocimiento y de la proximidad de sus agentes a la zona de actuación para poder reaccionar con la debida celeridad. Por poner un ejemplo, desde la sala del 091 de Valladolid van a requerir una dirección exacta
cuando se denuncien unos hechos, lo que en situaciones tensas, como las que suelen motivar dichas llamadas: se suelen facilitar indicaciones de lugares que solo los habitantes conocen, como por ejemplo: 'junto a la Cuesta del Bolón'.
Tercero. Además, se están cerrando nuevos servicios públicos, que necesariamente repercuten negativamente en el ciudadano, con independencia de si supone o no una reducción a corto plazo de efectivos destinados en dichos servicios. Por si
fuera poco, también se dispone el cierre de las taquillas de venta de billetes de tren en muchas estaciones de Castilla y León, así como se sabe de la intención de cerrar los registros civiles en el medio rural. Al final, todo redunda en que hay
provincias de primera categoría y otras solo son de segunda o tercera. Mientras que a las primeras se les dota de más servicios e instalaciones públicas que atraen más población porque se facilita la vida del ciudadano, se crea más empleo y
estimula la actividad económica, las segundas son abandonadas a su suerte.
Con el paso del tiempo dichas medidas están generando corrientes migratorias hacia las poblaciones más dotadas de medios y servicios públicos, que abocan al problema principal de algunas zonas de España, a saber, la despoblación.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a llevar a cabo lo siguiente:
1. Adoptar las medidas necesarias para asegurar el mantenimiento de las Salas del 091 en las Comisarías del Cuerpo Nacional de Policía sitas en las provincias de Ávila, Segovia, Soria y Zamora.
2. Reforzar los efectivos que se encuentran en las Salas del 091, con el objetivo de hacer más efectivas sus funciones y garantizar el mejor servicio de las mismas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2020.-Francisco José Alcaraz Martos, Ignacio Gil Lázaro, Luis Gestoso de Miguel, José María Sánchez García, Pedro Jesús Requejo Novoa, Víctor González Coello de Portugal, Pablo Sáez
Alonso-Muñumer, Georgina Trías Gil y Rodrigo Jiménez Revuelta, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000446
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar una protección
adecuada contra el coronavirus a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los empleados públicos de instituciones penitenciarias, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Ante la alerta mundial sanitaria decretada por la OMS debido al brote de un nuevo coronavirus (COVID-19), y su extensión de forma exponencial entre la población española, resulta básico para su control y para limitar su expansión, la
participación, entre otros, de una serie de trabajadores y funcionarios públicos.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Policías Autonómicas y las Policías Locales, ahora mismo bajo el control del Ministerio del Interior, como agentes de la autoridad en su función de control de movimientos y concentraciones
ciudadanas, están realizando una tarea de enorme importancia para garantizar la cuarentena domiciliaria decretada por el Gobierno.
Esta tarea ha supuesto, desde el inicio de la pandemia, situaciones de grave riesgo para ellos, hasta el punto de que ya han enfermado e incluso fallecido por coronavirus varios miembros de estos cuerpos en el desempeño del trabajo
encomendado.
Al mismo tiempo, existe una población penitenciaria que se encuentra recluida en centros donde cumplen su condena y que pueden ser afectados gravemente por el contagio del coronavirus, con el consiguiente riesgo. Similar situación de riesgo
se vive en los Centros de Internamiento de Extranjeros.
El miedo al contagio y la falta de medios de prevención está generando un aumento de la tensión tanto en las cárceles como en los ClEs, con grave riesgo para la seguridad de los funcionares y personal adscritos a los mismos, así como para
los internados en los mismos.
Sin embargo, hasta la fecha de este escrito, el Ministerio del Interior y sus departamentos de salud laboral se han limitado a facilitar unos folletos de información y unos protocolos totalmente insuficientes. La negligencia es de tal
calibre que se negaron a escuchar las recomendaciones de los expertos en seguridad laboral que pidieron se actuase para prevenir los contagios y dotar de medios a estos funcionarios ya desde el mes de enero, peticiones que fueron tachadas de
alarmistas y fueron silenciadas. Hasta tal punto que se cesó al jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional, Don José Antonio Nieto González, por alertar de la gravedad de la pandemia y ordenar la compra y
distribución de equipos de protección para los Policías destinados en los aeropuertos.
En la misma línea, el Ministerio se ha negado sistemáticamente a escuchar las reclamaciones que los sindicatos y asociaciones profesionales realizan para evitar los contagios y facilitar los medios imprescindibles para ello. Incluso se
están iniciando expedientes sancionadores a los funcionarios que deciden comprar ellos mismos el material de protección que no les llega.
Resulta preocupante que ni siquiera se haya dotado de los elementos de prevención recomendados en dichos folletos a los empleados públicos para los que estaban destinados, ni se hayan realizado reuniones informativas con participación de
sindicatos y asociaciones profesionales.
El Grupo Parlamentario Popular considera esencial adoptar unos protocolos de actuación en el colectivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los empleados de prisiones, así como entre la población internada en centros penitenciarios o en
ClEs.
Por ello, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno que apruebe con urgencia acciones para garantizar una protección adecuada a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y a los empleados públicos de prisiones, concretando las siguientes
acciones:
1. Aprobar Protocolos de actuación para prevenir el contagio por coronavirus de los empleados públicos de seguridad. Protocolos supervisados y actualizados por las autoridades sanitarias y negociados con sindicatos y asociaciones
profesionales.
2. Se dote de Protocolos de actuación específicos para la prevención del contagio por coronavirus de los ingresados en Centros de Detención de Extranjeros, así como para los internos que cumplen condena en Centros Penitenciarios.
3. Se dote de todo el material necesario para evitar el contagio conforme a las instrucciones facilitadas en los protocolos, así como de reserva suficiente de ellos para su reposición inmediata. Con especial incidencia en soluciones de
hidroalcohol, mascarillas de protección FFP2, guantes de nitrilo, gafas de protección, geles batas resistentes a líquidos, contenedores de residuos Biosanitarios Especiales grupo 3.
4. Se convoquen con carácter de urgencia a los sindicatos y asociaciones profesionales a reuniones de los órganos competentes en la prevención de los riesgos laborales.
5. Se aprueben medidas de conciliación familiar para Guardias Civiles, Policías Nacionales y Funcionarios de Prisiones.
6. Se declare a estos colectivos como Personal de Alto Riesgo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2020.-Isabel María Borrego Cortés, Carlos Rojas García y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/000454
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para dotar a los trabajadores de
Instituciones Penitenciarias de la condición de Agente de la Autoridad, de forma transitoria, hasta que cese el Estado de Alarma, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La excepcional situación que vivimos en nuestro país, motivo por el cual, tras la deliberación del Consejo de Ministros del Gobierno de España, se declara el Estado de Alarma aprobado por Real Decreto 463/2020 de 14 marzo, hace necesario,
tal y como expresa el artículo 4 del mencionado Real Decreto, atender la realidad que viven los trabajadores penitenciarios en los establecimientos dependientes del Ministerio de Interior.
El repunte de conflictividad, sucesos de extrema gravedad y tensión que se viven en estos centros penitenciarios, se han multiplicado exponencialmente y, por lo tanto, la preocupación del colectivo es máxima ante la escalada de conflictos
graves que se puedan suceder. Cómo en más de una ocasión ha reconocido el Sr. Ministro de Interior en sede parlamentaria, venimos arrastrando una situación de total escasez de medios humanos, materiales y de la seguridad jurídica necesaria para
desempeñar una labor esencial para el Estado como es la de los trabajadores penitenciarios.
En 2018 ya el Grupo Parlamentario Popular trajo al Congreso la iniciativa de una Proposición de Ley, para declarar a los Funcionarios de Prisiones como Agente de la Autoridad, que fue bloqueada mediante la argucia de no designar ponentes
para comenzar su tramitación.
Si ya considerábamos necesaria esta modificación, ahora se hace imprescindible y urgente dotar al colectivo de trabajadores de Instituciones Penitenciarias de la condición de Agente de la Autoridad de forma transitoria hasta cese la
declaración del Estado de Alarma. Una de las vías para dotarles de esa condición es la 'Atribución por Disposición legal de carácter general', tal y como ocurre en el artículo 7.1 de la LO 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, y como ha ocurrido en la Disposición Adicional Quinta del RD 463/2020 de 14 de marzo, donde se dota de la consideración de agentes de la autoridad a los miembros de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de sus funciones.
Esta consideración, que no conlleva gasto económico alguno, viene a dotar al colectivo de una seguridad jurídica en el ejercicio de sus funciones hasta ahora inexistente. Siendo conscientes, dada la excepcional situación que se vive en la
Nación, de que en un espacio breve de tiempo no podrán acometer los cambios necesarios, ni dotar de medios adecuados a la institución, si creemos necesario dicha condición de Agente de la Autoridad, pues necesitan más que nunca de esta especial
protección en el ejercicio de sus funciones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, con carácter urgente, se dote a los trabajadores de Instituciones Penitenciarías de la condición de Agente de la Autoridad de forma transitoria hasta que cese el estado de alarma y se
puedan acometer estos cambios con carácter permanente por la vía ordinaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo de 2020.-Isabel María Borrego Cortés, Carlos Rojas García y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/000374
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre obras necesarias en el
aeropuerto de Jerez de la Frontera, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Como se puede observar en el resumen ejecutivo del Plan Director del aeropuerto de Jerez de la Frontera, en este aeropuerto se ha ido equiparando el tráfico internacional. y nacional en cuanto al número de pasajeros en los últimos diez
años. Del mismo modo, en relación con el tráfico de aeronaves, también a lo largo de los últimos años se ha producido una equiparación entre el tráfico nacional y el internacional.
El mismo informe destaca que las rutas con mayor volumen de tráfico son, en primer lugar, Jerez-Madrid, después Jerez-Barcelona y, por último, Jerez-Dusseldorf, así como que Iberia es la compañía con mayor número de pasajeros y que existe
cierta pauta estacional en la demanda de pasajeros comerciales entre los meses de mayo y octubre.
A pesar de que estos datos son importantes para realizar un diagnóstico real de la situación actual del aeropuerto de Jerez de la Frontera, resultan aún más interesantes los datos que permiten conocer las posibilidades futuras de esta
infraestructura. En este sentido, el informe es claro a la hora de determinar que, en caso de un desarrollo adecuado del aeropuerto jerezano, se pueden alcanzar las 60.650
operaciones anuales y el número de pasajeros totales puede llegar a alcanzar la cifra de 1.959.800 frente al descenso que hemos conocido en los últimos meses.
Finaliza el Plan estableciendo una serie de obras necesarias en el aeropuerto para poder absorber el crecimiento previsto así como para atender el nivel de tráfico garantizando la calidad del servicio.
Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos que es imprescindible para el desarrollo económico y social de la provincia de Cádiz que, por parte del gobierno de España, se asuma el compromiso de incluir en los próximos Presupuestos
Generales del Estado las partidas necesarias para abordar la ejecución urgente de las obras recogidas en la propuesta de Revisión del Plan Director del Aeropuerto de Jerez que garantizarían que el aeropuerto sea moderno y competitivo.
Estas obras, incluidas en la propuesta de revisión son:
- Ampliación de la pista en 900 metros de longitud por la cabecera 20.
- Extensión de la calle de rodaje paralela para dar acceso a la nueva cabecera.
- Ejecución de sobre-ancho en el entronque del vial de acceso del SSEl con la pista para mejorar los tiempos de respuesta en casos de emergencia.
- Construcción de una nueva calle de salida rápida para aterrizajes por la cabecera 20.
- Desplazamiento del GP y DME de la pista 20 de manera coherente con su ampliación a una única posición.
- Creación de un MRO para el mantenimiento y reparación de aeronaves.
- Ampliación de la zona de aparcamientos para buses.
- Creación de una nueva ventanilla de control de pasaportes de salidas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir en los próximos Presupuestos Generales del Estado las partidas necesarias para abordar con carácter urgente las obras incluidas en la propuesta de revisión del Plan Director del
aeropuerto de Jerez.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2020.-María José García-Pelayo Jurado y José Ortiz Galván, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000376
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre mejoras e infraestructuras en la
AP-7, para su debate en la Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Desde el día 1 de enero, después de más de 40 años de concesión, y una vez finalizada la misma, se ha liberalizado la AP-7 desde L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) hasta Alicante, generando unos beneficios estimados en ahorro para los
usuarios, solo en la Comunitat Valenciana, de más de 230 millones de euros.
A pesar de que la no renovación de la concesión (finalizaba el 31/12/2019) fue una decisión adoptada por el gobierno de D. Mariano Rajoy, siendo la Ministra de Fomento D.ª Ana Pastor, la falta de actuaciones de los ministros de D. Pedro
Sánchez desde que accedió al gobierno en junio de 2018 ha hecho que no estuviera resuelto ninguno de los problemas que tanto la Generalitat Valenciana como las Diputaciones, Ayuntamientos, expertos en tráfico, asociaciones de Transportistas, de
Turismo, de conductores... advertían al Gobierno. La liberalización de la autopista provocaría una mayor siniestralidad, atascos en entradas y salidas de la misma, incrementos en tiempos de desplazamientos y un mayor consumo de combustible, debido
especialmente al aumento que se iba a producir de tráfico pesado desde su liberalización.
Las previsiones realizadas por el Ministro de Fomento de incremento del tráfico en un 30 % se han visto superadas ampliamente, por lo que el Ministerio tuvo que adjudicar un contrato de emergencia de conservación y mantenimiento tan solo una
semana antes de la liberalización de la AP-7, ya que con los procedimientos ordinarios no se llegaba a tiempo para tener este servicio el día 1 de enero.
El desmantelamiento de las playas de peaje, a fecha de hoy, todavía no se ha producido más allá de la colocación de señales de limitación de velocidad y la señalización horizontal amarilla.
Ante el cúmulo de improvisaciones y errores de cálculo realizados hasta la fecha, y dada la proximidad de puentes y periodos vacacionales donde ya de por sí se aumenta notablemente el tráfico en la autopista, el Grupo Parlamentario Popular
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dar a conocer el calendario de trabajos necesarios para el desmantelamiento de las antiguas cabinas de peaje, las obras de adecuación y desdoblamientos de carriles necesarios para evitar los atascos existentes en la actualidad,
ajustándolo a que estén finalizados antes de julio 2020.
2. Realizar las obras de ampliación de los parkings en las áreas de servicio actuales colapsadas por el incremento de tráfico pesado.
3. Incluir en los Presupuestos Generales del Estado las actuaciones propuestas por la Generalitat Valenciana en julio de 2018 para mejorar la conectividad y resolver los problemas de capacidad y funcionalidad, que ascendían a 220 millones
de euros.
4. Llevar a cabo de forma inmediata la tramitación y desarrollo de los tres tramos pendientes de la autovía A-7 a su paso por Castellón, incluida en el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2020.-Óscar Clavell López, Diputado.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000382
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
para impulsar una estrategia de mejora de procesos aeroportuarios mediante el empleo de nuevas tecnologías innovadoras y soluciones digitales, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La velocidad con la que la sociedad absorbe las nuevas tecnologías y la facilidad con la que se obtiene y se comparte la información está dibujando una nueva realidad económica que se puede denominar la economía del conocimiento.
Este entorno coloca a la innovación como la fuente principal de competitividad de las organizaciones de futuro. Como respuesta a este desafío, el gestor aeroportuario incorpora la innovación como uno de los pilares de su estrategia para los
próximos años, según el plan estratégico presentado el 10 de octubre para el periodo 2018-2021: Desarrollo de soluciones digitales y tecnológicas innovadoras.
El papel de la innovación en el ámbito de la gestión aeroportuaria, es desarrollar nuevos servicios que mejorarán la experiencia del usuario y contribuirán a potenciar la competitividad y diferenciación respecto a otros operadores. Para
ello, se deberán fomentar todas aquellas actividades innovadoras (tecnologías, servicios y procesos) que, unido al objetivo de rentabilidad del negocio, cristalizan en los objetivos estratégicos de innovación.
Dentro del marco estratégico nacional e internacional también se recogen diferentes políticas y programas de apoyos públicos, nacionales y europeos a la innovación, que por su relevancia y/o carácter mandatorio son decisivos para el fomento
de la innovación en la gestión aeroportuaria. De manera
resumida, se indican a continuación las iniciativas e instrumentos más significativos que sirven de referente a la organización:
- Plan de Innovación del Ministerio de Fomento para el Transporte y las Infraestructuras 2018-20.
- Estrategia Españolas de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013-2020, tiene como objetivo aumentar el esfuerzo en ciencia y tecnología en España hasta lograr alcanzar en el año 2020 un nivel de inversión en I+D+i del 2 % sobre el conjunto
del PIB Nacional tanto de naturaleza pública como privada como se muestra en los Indicadores de Esfuerzo de la citada estrategia que se reproducen a continuación:
Tabla 2 Indicadores de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación
Indicadores de esfuerzo;2010;2016;2020
Gasto en I+D sobre el Producto Interior Bruto (%).;1,39 %;1,48 %;2,00 %
- Estrategia Europea 'Europa 2020': La meta fijada para el conjunto de la Unión Europea es lograr un 3 %.
- Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024 (PITVI).
Si bien en la actualidad, el gestor aeroportuario de la red de aeropuertos de interés general no forma parte de la Administración General del Estado (AGE), sus políticas obligatoriamente pueden verse influenciadas por dichos planes, como así
queda reflejado en el hecho de se le continúe solicitando a día de hoy su participación y colaboración para incluir sus actividades de I+D+i dentro de la estructura del PITVI, junto a otros organismos y entidades pertenecientes al Ministerio de
Fomento.
Una muestra del compromiso con la innovación, es el esfuerzo económico que Aena dedica a la I+D+i con relación al volumen de negocio. La situación actual, así como la proyección prevista según el PAP 2018-2021 es la siguiente:
Años;2017
(cierre);2018
(previsión);2019
(previsión);2020
(previsión);2021
(previsión)
Esfuerzo I+D+i.;7.554;7.214;8.578;7.241;3.077
Para poner en perspectiva estos datos vamos a indicar el esfuerzo en 2016 de España con relación al PIB que fue de un 1,19 % y la de la UE-28 un 2,03 %, y la comparación del esfuerzo de Aena con relación a otras empresas del lbex 35:
Empresas IBEX 35 en 2016 en Millones
Empresa;Ventas;I+D+i;(I+D+i Ventas)
AENA.;3.772,0;2,5;0,07 %
AMADEUS.;4.472,9;725,8;16,23 %
INDRA.;2.709,3;163,3;6,03 %
GRIFOLS.;4.049,8;213,7;5,28 %
BANCO POPULAR.;3.057,6;128,0;4,19 %
SANTANDER.;46.192,0;1.726,0;3,74 %
ACCIONA.;5.977,4;193,9;3,24 %
TELEFONICA.;52.036,0;906,0;1,74 %
GAMESA.;4.612,0;65,7;1,42 %
OHL.;3.862,6;29,5;0,76 %
IBERDROLA.;29.215,4;211,4;0,72 %
REE (2015).;1.938,9;9,6;0,50 %
FERROVIAL.;10.759,0;47,8;0,44 %
ACERINOX (2015).;4.221,4;16,5;0,39 %
REPSOL.;34.689,0;78,0;0,22 %
ACS.;31.975,2;39,0;0,12 %
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a requerir a los gestores de aeropuertos de interés general del Estado para que aprueben una estrategia de mejora de procesos aeroportuarios Mediante el empleo de nuevas tecnologías innovadoras
y soluciones digitales para alcanzar unos objetivos de mejora de experiencia del pasajero, optimización de los procesos para maximizar la capacidad y reducción de los costes, manteniendo el liderazgo nacional e internacional en el sector a través de
nuevos avances en materia de I+D+i y continuando con el impulso en materia de innovación de los gestores aeroportuarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2020.-César Joaquín Ramos Esteban y José Zaragoza Alonso, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000393
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia Rueda Perelló, D.ª Patricia de las Heras Fernández y D.ª Cristina Esteban Calonje, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo
establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de la competitividad del transporte aéreo, para su discusión en la Comisión de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El transporte aéreo desempeña un papel fundamental en el desarrollo económico de cualquier país, debido al impacto, principalmente, sobre el comercio y el turismo. La situación geográfica de España, con territorio peninsular y los
archipiélagos, incrementa la importancia de este tipo de transporte tanto a nivel nacional como internacional.
Según datos recogidos en el informe de la CEOE 'El transporte aéreo: aportación a la economía española y propuestas para la mejora de su competitividad' del Consejo del Transporte y la Logística, Departamento de Asuntos Regulatorios y
Europeos, el crecimiento de la economía está estrechamente ligado al aumento de demanda del transporte aéreo, ya que un incremento del PIB mundial del 1 % supone un aumento de la demanda de este tipo de transporte de entre el 1 % y el 2,5 %.
En España, la importancia de este sector lo evidencian diferentes datos: los aeropuertos españoles tuvieron en 2018 un tráfico de 263,7 millones de personas, segundo país europeo en cuanto a volumen del tráfico aéreo solo por detrás de
Reino Unido, y el transporte aéreo da empleo de forma directa o indirecta a 440.000 personas.
Tomando como referencia datos de AENA, en 2018 España tuvo 182,5 millones de pasajeros de vuelos internacionales (aquellos con origen o destino internacional) y los de vuelos nacionales alcanzaron la cifra de 80,8 millones. De vital
importancia es esta clase de transporte para la conexión de la península con las islas y las conexiones interinsulares, siendo el medio aéreo el más usado.
En relación con el transporte de mercancías, el transporte aéreo es lógicamente fundamental para los territorios insulares. En 2018 creció un 9,9 % con respecto a 2017, superando el millón de toneladas, siendo el transporte internacional de
mercancías con países que no pertenecen a la Unión Europea el dominador de este sector, con un 64 % de las mercancías transportadas, seguidas de un 23,2 % con países de la UE y el 12,8 % restante correspondiente a transporte nacional.
Otro aspecto a destacar es la importancia del turismo para España, según la estadística de Movimientos Turísticos de Fronteras (FRONTUR) que recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2019 visitaron nuestro país 83,7 millones de
turistas, de los que 68,6 millones eligieron la vía aérea para llegar a nuestro país, es decir, el 81,96 % de los turistas que llegaron a España en 2019 escogieron el avión como medio de transporte. El propio INE informa de que en el año 2018, los
ingresos por turismo supusieron el 12,3 % del PIB y el 12,7 % del total de puestos de trabajo, con 2,62 millones de personas empleadas en este área.
Hay diferentes factores que amenazan el crecimiento del transporte aéreo, destacando la actual pandemia del virus COVID-19, que está afectando especialmente a España, con un grave impacto sanitario y las restricciones y recomendaciones de
transporte, tanto para entrar como para salir del país, que lleva ligado un impacto económico negativo sobre el turismo y comercio.
Asimismo, determinados discursos y actos extremos en ciertos foros y cumbres, como la Cumbre del Clima celebrada en diciembre de 2019 en Madrid, donde algún interviniente denostando este medio de transporte, eligió cruzar el Mar Atlántico en
un catamarán, tardando 21 días en cubrir un trayecto que en avión requiere unas horas.
Además, tampoco ayudan al transporte aéreo ni el anuncio del Ministerio de Hacienda de febrero de 2020, donde sacó a consulta pública previa la implantación de un impuesto que grave el uso del transporte aéreo ni las declaraciones realizadas
por líderes políticos como la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, D.ª Teresa Ribera Rodríguez, diciendo que 'quién más viaja en avión es probablemente quien tiene más recursos o quien ve sus billetes sufragados por la empresa'.
También hay que tener en cuenta el impacto social y económico que producen las huelgas de controladores aéreos. Según un estudio de Airlines for Europe (A4E) elaborado por Pricewaterhouse Coopers (PwC), entre el año 2010 y 2016 hubo en
Europa 117 huelgas de controladores aéreos con un impacto económico estimado de 12.000 millones de euros.
Un aspecto importante es que en España los centros de control son gestionados por ENAIRE, pero en relación con las torres de control, hay 12 liberalizadas desde finales del año 2011.
Otro acontecimiento que ha dañado al sector aéreo ha sido el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit), ya que es el principal mercado del que se nutre el turismo en España. Los británicos que visitaron nuestro país en
2019 superaron los 18 millones, descendiendo un 2,41 % con respecto al año anterior. Esta situación, unida a la quiebra de la turoperadora británica Thomas Cook y crisis de los Boeing 737 MAX y las dificultades de ciertas aerolíneas como Ryanair,
hace que el transporte aéreo se enfrente a retos importantes a corto, medio y largo plazo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las siguientes medidas:
1. Anular las propuestas y planes de establecimiento de impuestos específicos al transporte aéreo, que reducen e incluso impiden el desarrollo del transporte aéreo tanto a nivel de pasajeros como de mercancías.
2. Llevar a cabo un estudio y análisis de una bajada de las tasas aéreas para su inclusión en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) que se realice a partir de 2021, cuando se termine la fecha de validez del actual.
3. Ampliar la liberalización de los servicios de navegación aérea, tanto para todas las torres de control aéreo como para todos los centros de control aéreo, con el objetivo de fomentar la competencia, mejorar los servicios, la eficiencia y
afianzar la continuidad de la navegación y control aéreo.
4. Realizar estudios sobre la mejora de las conexiones de los aeropuertos con las ciudades y con otros medios de transporte, analizando concretamente la viabilidad de conectar con Alta Velocidad el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y
el aeropuerto de El Prat de Barcelona.
5. Mantener la conectividad con el Reino Unido tras su salida de la Unión Europea, ya que es el principal mercado para España en cuanto al número de turistas. Esta conectividad pasa porque el Reino Unido se convierta en firmante del ECAA
(Espacio Común Europeo de Aviación). En el caso de que esta circunstancia no fuera posible, se tendría que explorar la posibilidad de firmar un acuerdo de Cielos Abiertos en terceras y cuartas libertades.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2020.-Patricia Rueda Perelló, Patricia de las Heras Fernández y Cristina Alicia Esteban Calonge, Diputadas.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000394
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Patricia de las Heras Fernández y D.ª Macarena Olona Choclán, en sus respectivas condiciones de Diputada y Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al transporte de las Illes Balears, para su discusión en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Mediante BOE núm. 181 de 30 de julio de 1998, se publicó la Ley 30/1998, de 29 de julio, del Régimen Especial de Baleares. En su virtud, se prevén una serie de medidas a fin de establecer un justo y adecuado equilibro económico entre los
territorios del Estado en orden al real y efectivo cumplimiento de la solidaridad interterritorial, con motivo de que la Constitución reconoce el hecho de la insularidad como un hecho diferencial que debe ser particularmente tenido en cuenta. Entre
dichas medidas, y como no podía ser de otro modo, destacan las relativas al transporte de personas, mercancías y residuos de las Islas Baleares tanto de manera interinsular como su conexión con el resto del territorio nacional.
No obstante, dicha Ley supone un marco legal que merece un desarrollo normativo posterior a fin de materializar las medidas que se contienen.
Mediante Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, se reformó el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, estableciéndose en su disposición adicional sexta, 'Del régimen especial insular de las Illes Balears', el reconocimiento del hecho
específico y diferencial de su insularidad.
Habida cuenta del retraso en la concreción y desarrollos normativos de la Ley 30/1998, y existiendo fundadas razones de interés general para su aprobación, se dicta el Decreto-Ley 4/2019, de 22 de febrero, del Régimen Especial de las Illes
Balears, publicado en BOE núm. 47 de 23 de febrero, cuyo objeto es la regulación del Régimen Especial de les Illes Balears previsto en la disposición adicional sexta referida.
Sin embargo, dicho Decreto-ley continúa siendo un marco normativo exactamente igual que la Ley 30/1998, lo que requiere necesariamente de un desarrollo posterior del mismo modo que la Ley que pretende reemplazar. Es decir, en la práctica el
efecto del Real Decreto-ley es casi nulo, pues bajo el pretexto de desarrollar un marco normativo, establece otro idéntico, lo que hace inminentemente necesario ese desarrollo que se lleva esperando desde 1998, nada menos que 20 años. En palabras
de la propia exposición de motivos del Real Decreto-ley referenciado, 'resulta crucial que el escenario regulador descrito entre en vigor de forma inmediata, de modo que los agentes económicos puedan conocer el marco jurídico aplicable a las
actividades e inversiones producidas en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y planificar así sus decisiones empresariales teniendo en cuenta el nuevo contexto. En otros términos, concurren los requisitos constitucionales de extraordinaria y
urgente necesidad, que habilita al Gobierno para aprobar el presente Real Decreto-ley.'
Lo referido señala que el Gobierno reconoce la extraordinaria y urgente necesidad en desarrollar el marco normativo del Régimen Especial de Baleares, lo que disfraza en un burdo plagio de la Ley 30/1998 con tintes electoralistas, que
consiste nuevamente en el establecimiento de aquel marco, aún sin desarrollar, lo que se plantea, tal y como es conocido por el ejecutivo, como de extraordinaria y urgente necesidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Promover la modificación del Reglamento UE 1407/2013, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, en el sentido de aumentar el
límite de 200.000 euros de ayudas acumuladas por una misma empresa durante un periodo de tres años para el transporte de mercancías para los territorios insulares (disposición transitoria primera del Decreto-ley 4/2019).
2. Mientras no se modifique, solicitar a la Comisión Europea autorización para que no sea necesario que las ayudas-compensaciones al transporte aéreo y marítimo de mercancías queden sometidas al Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión
de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. De esta manera, en caso de obtenerse la autorización de la Comisión, este Reglamento dejará
de ser de aplicación a estas ayudas.
3. Dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo real y ejecución de lo dispuesto en el Decreto-ley 4/2019 en materia de transportes (disposición final segunda), en concreto:
- Establecimiento de obligaciones de servicio público o contratación pública, que deberán garantizar una prestación mínima de servicios regulares, frecuencias, continuidad, regularidad de precios y capacidad mínima con objeto de reforzar la
cohesión territorial de las islas y de estas con la Península.
- Establecimiento de una consignación anual en los Presupuestos Generales del Estado, referida al año natural, para financiar un sistema de compensaciones que permita abaratar el coste efectivo del transporte marítimo y aéreo de mercancías y
residuos interinsular y entre las Islas Baleares y la Península. Si bien es cierto que el pasado 4 de febrero fue dictado el Real Decreto 232/2020, que modifica el 1034/1999 de 18 de junio sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de
mercancías con origen o destino en las Islas Baleares, es más cierto que se aprueba justo después de que las navieras subieran los precios suponiendo el incremento en los portes de un 20 % a Baleares, cifrando el impacto en un coste que superaría
los 100 millones de euros; y llegando al 30 % en Canarias.
En resumen, el coste final para los transportistas es el mismo, ya que sube el precio y sube la subvención. Lo que se traduce en mismo precio para el transportista, mayor coste para el Estado en subvenciones.
Así, lo que instamos al Gobierno es que el sistema que se establezca deberá garantizar su incidencia directa sobre el coste del transporte.
- Garantizar la bonificación del 75 % sobre las tarifas actuales de transporte de personas aéreo y marítimo, y aplicación de dicha bonificación sobre las tasas.
- Creación de una Comisión Mixta para analizar de forma regular las condiciones de operación en las rutas, y una Comisión Mixta de seguimiento y evaluación de la aplicación del sistema de compensación en transporte aéreo y marítimo de
mercancías y marítimo de residuos.
- Establecimiento de reducciones o bonificaciones sobre las tasas portuarias y aeroportuarias respecto de las vigentes a nivel nacional.
- Garantizar el mantenimiento de la calificación de los puertos y aeropuertos como de interés general, el desarrollo de las inversiones necesarias y su conservación, así como su adaptación a las condiciones de operatividad que puedan
demandarse por la aparición de nuevos flujos de tráfico. Se atenderá de manera específica la adecuada operatividad y adaptación de los puertos y aeropuertos de interés general ubicados en Menorca e Ibiza.
- Creación de una Comisión Mixta con el fin de analizar las potencialidades del sector náutico en Baleares, que desarrollará un plan de medidas de desarrollo como sector dinamizador de la actividad y el empleo.
- Infraestructuras especiales. Atendiendo a las especiales condiciones de insularidad del territorio balear, el establecimiento dentro de los programas estatales previstos para infraestructuras, una adecuada
priorización para la ejecución de inversiones en las materias de carreteras; obras hidráulicas; protección del litoral, costas y playas; parques naturales e infraestructuras turísticas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2020.-Patricia de las Heras Fernández, Diputada.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000398
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia de las Heras Fernández y D. Eduardo Ruiz Navarro, en su condición de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en los artículos 193
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la ampliación de la autovía A70 desde el acceso de Vistahermosa hasta el acceso al puerto de Alicante, para que se debata en la
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La autovía A70 que une las ciudades de Alicante y Murcia registra un importante caudal de tráfico diario. Resulta especialmente problemático el tramo ubicado entre el acceso de Vistahermosa y el acceso del puerto de Alicante, donde cada
día, en horas punta, se producen peligrosos embotellamientos que ponen en riesgo la seguridad de los conductores.
También es destacable, dado el intenso tráfico diario, que cualquier incidente ocurrido provoque importantes retenciones, sobre todo en el área de más intensa interrelación que es la que une las ciudades de Alicante y Elche. A ello se une
el detalle de que se trata de una zona en la que la autovía solo cuenta con dos carriles por sentido en gran parte del tramo mencionado. Destacar que dicho tramo tiene una longitud aproximada de 11 kilómetros.
Además, existen antecedentes de ampliación de carriles en nuestras autovías como son la ampliación de carriles en la V21 (Carraixet), A5 (Móstoles), A7056 (PTA), A7 (Alhama de Murcia) por señalar los más recientes.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Acometer de forma urgente la ampliación de la autovía A70 con un tercer carril adicional en cada uno de sus sentidos, desde el acceso de Vistahermosa hasta el acceso al puerto de Alicante.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2020.-Patricia de las Heras Fernández y Eduardo Luis Ruiz Navarro, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000399
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia Rueda Perelló y D.ª Patricia de las Heras Fernández, en su condición de Portavoz Adjunta y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora de la circulación de vehículos en la autovía A-7 entre Puerto Banús y San Pedro de Alcántara, para su discusión en la Comisión de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La autovía del Mediterráneo, A-7, en el tramo comprendido entre Puerto Banús y San Pedro de Alcántara (en concreto entre los puntos kilométricos 172,100 a 174,950), ambos pertenecientes a la ciudad de Marbella (Málaga), presenta importantes
retenciones y atascos a diario. Se estima que, según datos comunicados por el Ministerio de Fomento en 2018, diariamente transitan 90.000 vehículos por este tramo de aproximadamente 3 kilómetros de distancia.
Ilustración 1. Imagen de la autovía A7 congestionada, a su paso por Puerto Banús y San Pedro de Alcántara
La población de Marbella se triplica en época estival por lo que la importancia del turismo para el empleo y la economía de la Costa del Sol es primordial, ya que entre los meses de junio, julio y agosto de 2019 visitaron la provincia de
Málaga casi 7 millones y medio de turistas, con un impacto económico de 7.500 millones de euros, según datos de la propia Diputación Provincial. De especial importancia es también el atractivo turístico de Puerto Banús, que tiene gran relevancia a
nivel nacional e internacional en cuanto a nivel de gasto de los turistas que lo visitan.
La situación de esta vía a su paso por la zona no es nueva. Los problemas de circulación en el referido tramo llevan siendo un inconveniente durante años para vecinos, conductores y peatones, así como un perjuicio para la actividad
turística malagueña. Además de los atascos y de las congestiones de tráfico que tienen que soportar los malagueños, especialmente los que diariamente van y vienen del trabajo y los turistas, este recorrido presenta una alta tasa de siniestralidad,
puesto que entre 2005 y 2015 hubo 51 accidentes con víctimas, tres de los cuales fueron mortales, también según datos del Ministerio de Fomento en 2018, siendo actualmente uno de los puntos más sensibles de la red viaria en la provincia de Málaga.
Además, resulta un paso obligado de transporte de material y mercancías que, por el norte, llegan desde Sevilla, Ronda y su serranía; por el oeste, hacia Estepona, Algeciras y Cádiz; y por el Este, Marbella, Fuengirola, Benalmádena,
Torremolinos o Málaga. La configuración de este tramo de la A7 no se encuentra adaptada a la realidad de la vía, tanto para el acceso de los vehículos al tronco de la autovía, como para permitir el tránsito peatonal en sus márgenes.
En el año 2012, tras cinco años de obras y una inversión cercana a los 86 millones de euros, se produjo el soterramiento de varios kilómetros de autovía a su paso por San Pedro de Alcántara. Sin embargo, las fuertes retenciones y atascos
continúan en la zona. En 2018, el Ministerio de Fomento tenía prevista una inversión cercana a 18 millones de euros, para mejorar estos problemas, pero no se llegó a
concretar. Asimismo, la gratuidad de la autopista AP-7, que podría agilizar el tráfico de la A-7, no está prevista hasta el año 2046.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las siguientes medidas:
1. Ejecución de un tercer carril en la autovía A-7, en el tramo comprendido entre las localidades de San Pedro de Alcántara y Puerto Banús (puntos kilométricos del 172,100 al 174,950), para solventar los problemas de seguridad vial,
congestiones de tráfico y accidentes.
2. Elaboración de un acuerdo con la concesionaria de la Autopista AP-7 para hacer gratuito o, al menos, conseguir un precio más reducido para el tramo comprendido entre Marbella y Estepona, con el fin de descongestionar de esta forma, en
parte, el tránsito de vehículos de la A-7 a su paso por este tramo.
3. Creación de accesos de entrada y salida de la autovía con carriles de aceleración y desaceleración adecuados.
4. Acondicionamiento del tramo para permitir el tránsito y reordenación de los accesos peatonales por los márgenes de la autovía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2020.-Patricia Rueda Perelló y Patricia de las Heras Fernández, Diputadas.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000413
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Francisco José Alcaraz Martos, D. Víctor Manuel Sánchez del Real y D.ª Patricia Rueda Perelló, en su condición de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en
los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas para asegurar el transporte de mercancías por carretera, para que se debata en la
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Primero. El pasado día 14 de marzo se publicó en el BOE el Real Decreto 463/2020 por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Entre las medidas adoptadas por el Gobierno, cabe destacar el artículo 14.4 del RD 463/20, el cual señala que 'por resolución del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se establecerán las condiciones necesarias para facilitar el
transporte de mercancías en todo el territorio nacional, con objeto de garantizar el abastecimiento'.
Es a todas luces importantísimo el transporte de mercancías que efectúan los transportistas, llevando las mercancías y productos de primera necesidad, garantizando el funcionamiento básico de España durante la vigencia del Estado de Alarma.
Segundo. Sin embargo, entre las medidas adoptadas en el mencionado Real Decreto se encuentra el cierre de los locales y establecimientos minoristas, así como la suspensión de las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse
exclusivamente servicios de entrega a domicilio. Dichas medidas afectan a aquellos locales o establecimientos de carretera donde los conductores que realizan el transporte de mercancías hacen sus paradas reglamentarias, comen o toman algo caliente,
despachan necesidades y, en ocasiones, se asean.
El cierre temporal de estos establecimientos afecta, sin duda, a los conductores, pues aumenta su stress, su cansancio y, en definitiva, afectará a un servicio correcto y seguro.
Además, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por medio de la Dirección General de Transporte Terrestre, ha dictado una resolución por la que decide exceptuar temporalmente a las operaciones de transporte de mercancía del
cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento europeo de transportes [Reglamento (CE) n.º 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de
marzo de 2006] que se refieren a los tiempos de conducción y descanso de los conductores del servicio de mercancías. Así lo prevé el Reglamento (CE) n.º 561/2006 en su artículo 14.2, señalando que, en caso de urgencia, los Estados miembros
puedan establecer excepciones temporales de lo dispuesto respecto a los tiempos de conducción, pausas y periodos de descanso de los conductores que realizan los transportes de mercancías y viajeros incluidos en su aplicación, por un plazo máximo de
treinta días, lo que se debe comunicar inmediatamente a la Comisión. Este artículo está diseñado para permitir a los Estados miembros hacer frente a situaciones que presentan unas circunstancias excepcionales y repentinas que son inevitables, y que
no pueden preverse, en las que inesperadamente se hace imposible aplicar las disposiciones del Reglamento en su totalidad por un corto periodo de tiempo. Asimismo, la resolución señala, en su punto segundo, que 'las excepciones previstas serán de
aplicación a los conductores que realicen operaciones de transporte de mercancías en todo el territorio nacional'.
Tercero. Desde el Grupo Parlamentario VOX, conscientes del momento que atraviesa España, del importantísimo papel que están desarrollando los profesionales del transporte de mercancías por carretera, que contribuyen de manera esencial al
abastecimiento de la nación, y de los problemas prácticos que supone el Estado de Alarma, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer las medidas necesarias para garantizar el transporte de mercancías por carretera en condiciones de seguridad y salubridad y, en concreto, a lo siguiente:
1. Establecer puntos y áreas de descanso en las carreteras y vías más frecuentadas, donde los conductores y operarios del transporte de mercancías por carretera puedan realizar sus descansos y paradas necesarias con total seguridad, donde
puedan encontrar alimentos y bebidas y dispongan, a su vez, de puntos de aseo necesarios.
2. En el establecimiento de las aéreas expuestas en el punto anterior, se podrían permitir excepciones al cierre para aquellos establecimientos que se consideren imprescindibles para cumplir con la seguridad en el transporte de mercancías
por carretera con lo que, además de contribuir a la finalidad perseguida, minimizaría el impacto económico negativo de la alarma nacional.
3. Para el caso de no ser posible lo anterior, se podrá recurrir al establecimiento de estas áreas por el Ejército Español, Protección Civil, Cruz Roja o aquellos organismos o cuerpos que se considere competentes y cualificados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2020.-Patricia Rueda Perelló, Francisco José Alcaraz Martos y Víctor Manuel Sánchez del Real, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000433
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el acceso de transportistas
profesionales a determinados servicios necesarios durante la vigencia del estado de alarma establecido mediante el Real Decreto 463/2020, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece en su artículo 14 que por resolución del Ministro de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana se establecerán las condiciones necesarias para facilitar el transporte de mercancías en todo el territorio nacional, con objeto de garantizar el abastecimiento. De este modo, y al amparo de la habilitación como autoridad
competente delegada en sus áreas de responsabilidad del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, establecida en los
artículos 4 y 14 del Real Decreto 463/2020, se ha dictado la Orden TMA/229/2020, de 15 de marzo, por la que se dictan disposiciones respecto al acceso de los transportistas profesionales a determinados servicios necesarios para facilitar el
transporte de mercancías en el territorio nacional,
La referida Orden TMA/229/2020 regula que los establecimientos de suministro de combustible, así como los centros de carga y descarga de mercancías, deberán facilitar el uso de los aseos a los conductores profesionales en la medida de lo
posible. De igual modo, se dispone que con objeto de posibilitar los descansos adecuados en cumplimiento de la normativa de tiempos de conducción y descanso, que son imprescindibles para poder llevar a cabo las operaciones de transporte, aquellos
establecimientos que dispongan de cocina, servicios de restauración, o expendedores de comida preparada, deberán facilitar al transportista profesional un servicio de catering.
La propia Dirección General de Transporte Terrestre, consciente de que la aplicación de la Orden TMA/229/2020 no estaba siendo la adecuada y que se estaban observando distintos incidentes con respecto a los accesos a los servicios de aseo y
catering, se vio obligada a remitir el texto normativo a las principales asociaciones de cargadores para su distribución entre sus asociados y aplicación, a las Áreas de Servicio que son concesiones de la Dirección General de Carreteras para
difusión y aplicación, a las principales suministradoras de combustible para que lo apliquen en sus Estaciones de Servicio, a la Guardia Civil y a las Policías Autonómicas para que lo difundan directamente a las áreas y estaciones de servicio y lo
hagan cumplir.
Al margen del no cumplimiento anteriormente descrito de ciertas gasolineras y centros de carga y descarga de mercancías de lo prescrito en la Orden de referencia, el gremio de transportistas ha puesto de manifiesto durante las últimas
jornadas algunas reclamaciones más para llevar a cabo de la mejor manera posible el esencial servicio de abastecimiento. De este modo, se ha llamado a la flexibilidad en la normativa que deben cumplir los conductores, entre otras cuestiones para
que se puedan hacer las pausas para los descansos dentro de las cabinas de los vehículos y así evitar contagios en hoteles o restaurantes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reforzar, a través de las instrucciones precisas a las FCSE, el cumplimiento por parte de todas las gasolineras y de los centros de carga y descarga de mercancías de las obligaciones previstas en la Orden TMA/229/2020, de 15 de marzo,
por la que se dictan disposiciones respecto al acceso de los transportistas profesionales a determinados servicios necesarios para facilitar el transporte de mercancías en el territorio nacional.
2. Establecer las medidas oportunas para dotar de manera urgente de aseos portátiles o de construcción temporal a los establecimientos recogidos en la Orden TMA/229/2020 que no dispongan de este servicio.
3. Disponer la aplicación flexible de la normativa que deben cumplir los transportistas profesionales, mientras perdure la situación de estado de alarma, para que sea posible la realización de descansos en el interior de las cabinas de los
vehículos, evitando así la excesiva exposición del profesional a posibles contagios en establecimientos tanto hoteleros como hosteleros.
4. Arbitrar medidas de refuerzo de la vigilancia en las áreas de descanso de transportistas profesionales a efectos de garantizar la seguridad en las mismas durante el periodo de aplicación del Real Decreto 463/2020.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2020.-Rosa María Romero Sánchez, José Ignacio Echániz Salgado, Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo y Elvira Velasco Morillo, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000439
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia de las Heras Fernández y D. Tomás Fernández Ríos, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la construcción de la autovía A-83 entre los municipios de Huelva y Zafra, para su discusión en la Comisión de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Primero. La provincia de Huelva puede ser considerada como una de las provincias con las peores comunicaciones de España. Esta provincia lleva sufriendo durante decenios la falta de inversiones públicas en infraestructuras de todo tipo,
pero de manera muy especial en aquellas destinadas a las comunicaciones viarias. En lo referente a su conexión con el resto de España por vía terrestre, la provincia cuenta con dos únicas vías: la ya saturada A-49, que la conecta con Sevilla; y
la N-435, que es la carretera que une la costa de Huelva con la sierra norte de la provincia, y a esta con Extremadura y el resto de España.
La Carretera Nacional 435 es una pieza fundamental para las comunicaciones de la provincia. Es la que básicamente la vertebra, uniendo la zona norte con la más desarrollada zona sur, y supone una infraestructura vital para el desarrollo de
toda la sierra norte y la de la cuenca minera onubense.
En estos últimos años, Huelva ha experimentado un desarrollo notable en todos sus sectores productivos. Su sector agrícola de los frutos rojos, se ha convertido en líder mundial en exportaciones, con unos volúmenes anuales de más de 2.000
millones de Euros. Por su parte, el sector turístico ha alcanzado cifras récords, con 2,5 millones de pernoctaciones anuales. Huelva es también la provincia andaluza que más minería exporta. Solamente la provincia genera la mitad de las ventas al
exterior de toda la Comunidad Autónoma; y el Puerto de Huelva se ha convertido, a su vez, en el cuarto de España en volumen de mercancías y puerto de referencia del denominado Corredor Atlántico.
Segundo. Pero mientras la provincia ha alcanzado esos volúmenes de desarrollo, una de sus dos vías fundamentales de comunicación viaria sigue manteniendo unas condiciones estructurales que, básicamente, no han variado desde la mitad del
siglo pasado.
No es solo es el hecho de que se necesiten más de dos horas para recorrer los apenas 100 km. que separa la capital con su sierra norte, sino que el gran tráfico que sufre diariamente la N-435 y el trazado sinuoso de la misma, han convertido
a esta vía en una de las más peligrosas de nuestro territorio.
Según consta en la estadística provisional realizada por la Jefatura Provincial de Tráfico de Huelva, solo en 2018 se produjeron en la N-435 102 siniestros viales, 39 de ellos con víctimas mortales.
Así mismo, el estado actual de esta infraestructura está siendo una razón fundamental para que mercancías destinadas a la exportación, procedentes de Comunidades cercanas como Extremadura, y para las que el Puerto de Huelva debería ser, por
distancia e infraestructuras, el idóneo para el intercambio de sus productos, escojan a día de hoy para sus envíos puertos portugueses como el de Lisboa, con una mejor accesibilidad por vía terrestre.
Tercero. Desde hace ya más de 15 años, se proyectó la construcción de una nueva infraestructura que desdoblara la N-435, planteando una conexión de alta capacidad primero por la propia N-435 hasta Fregenal de la Sierra, y de ahí por la
EX-101 hasta Zafra, donde conectaría con la A-66 a Badajoz. Esta obra, que también estaba incluida en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020 (PEIT), llegó a contar ese año de 2005 con un concurso de consultoría y asistencia
para la redacción del estudio informativo, dotado con 3,65 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses.
En 2009, el Ministro de Fomento, hoy denominado Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, anunció oficialmente el proyecto de una Autovía, que denominó A-83, y que uniría definitivamente Huelva con Zafra, a través de la N-435 y la
carretera autonómica EX-101. La obra, que comprendería varios túneles y algunos viaductos, se iniciará en la localidad de San Juan del Puerto, que está a unos 5 kilómetros al Este de Huelva, y terminaría en la A-66 (autovía Ruta de la Plata), en el
municipio de los Santos de Maimona, localizado a unos 2,5 kilómetros al Nordeste de Zafra.
El Ministerio de Fomento dividió el estudio de la autovía A-83 en dos grandes tramos: Zafra-Zalamea la Real y Zalamea la Real-Huelva. El primero de ellos incluiría los siguientes tramos: Zalamea la Real-Jabugo (cruce de la N-433);
Jabugo-Fregenal de la Sierra; Fregenal de la Sierra-Valverde de Burguillos (EX-101); Valverde de Burguillos-Los Santos de Maimona (Zafra EX-101 con A-66). y el segundo, que es el que iría desde Zalamea la Real a Huelva incluiría los tramos de:
Huelva-San Juan del Puerto (ya en servicio desde 1981 por la H-31 y la A-49); San Juan del Puerto-Trigueros; Trigueros-Valverde del Camino y Valverde del Camino-Zalamea la Real.
Cuarto. En febrero de 2012, el Ministerio de Fomento optó por subir un escalón la infraestructura de la futura autovía A-83, e incluirla dentro de la red básica de la Red Transeuropea de Transporte, (el mallado de carreteras, ferrocarriles,
aeropuertos y puertos por el que se desarrollará prioritariamente el tráfico comunitario en las próximas décadas y que centrará los esfuerzos presupuestarios de la Unión Europea); con un presupuesto comunitario de 31.700 millones de euros para la
primera fase hasta el 2020, al que habría que sumar las inversiones de los estados y el sector privado. De esos 31.700 millones de euros, el 80 % se destinará fundamentalmente a proyectos de la red básica, que tendrían que estar finalizados en
2030.
Quinto. En 2011 se aprobaron las obras de la variante Beas-Trigueros; primera actuación de la futura A-83, incluida dentro del tramo Zalamea la Real-Huelva. Las obras, que abarcarían el tramo entre los puntos kilométricos del 203,0 al
220,5, contaban con una inversión total prevista de 50 millones de euros. Aunque las obras se adjudicaron en 2013, los trabajos no comenzaron hasta 2015 y, después de innumerables retrasos, la infraestructura, se puso definitivamente en servicio en
julio de 2019, ocho años después de su aprobación.
La variante discurre por tres términos municipales: Beas, Trigueros y San Juan del Puerto, con una longitud total de 16,7 kilómetros e incluye tres enlaces con las denominaciones de Beas Norte, Beas Sur-Trigueros Norte y Trigueros Sur.
Aunque este trazado es el mismo que contemplaba el proyecto que fue aprobado siete años antes; en su ejecución final, el tronco de la vía solo dispone de una sección tipo de carretera convencional constituida por una calzada de dos carriles
de 3,5 metros cada uno, dos arcenes de 1,75 metros cada uno y dos bermas (exteriores) de 1,1 metros cada una. Es decir se trata de una carretera con solo un carril en cada sentido, que se deberá interconectar con el futuro desdoble de la N-435
desde Beas a Zalamea la Real.
Aparte de esta actuación puntual en el corredor de la carretera N-435, la realidad es que después de más de 10 años desde que se anunciara por parte del Gobierno el proyecto de construcción de la A-83, todo lo que se ha hecho desde el actual
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha sido aprobar en el mes de abril de 2019 una modificación de la orden de estudio para redactar el Estudio Informativo definitivo del tramo Zalamea la Real-Huelva. Sin embargo, el otro tramo que
completaría la infraestructura desde Zafra hasta Zalamea la Real, se encontraba todavía a esa fecha en el proceso inicial de estudio de las diferentes actuaciones a acometer.
Sexto. También en 2019, el Ministerio de Fomento (Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), aprobó el proyecto de construcción en Valverde del Camino de la Rotonda de los Pinos en la N-435, con un presupuesto de 630.000 euros,
con la que se eliminaría la actual intersección en 'Y' que presenta con la carretera HU-4100. Aunque la obra contaba con todos los informes pertinentes, el proyecto definitivo realizado y solo estaba a la espera de licitación, a día de hoy, nada
más se ha hecho para continuar con la ejecución de este proyecto.
La realidad es que en los últimos 15 años, la Variante Beas-Trigueros ha sido la única infraestructura que se ha llevado a cabo del proyecto inicial de la futura A-83.
Séptimo. Dada la peligrosidad y la alta densidad de tráfico de la vía que comunica de norte a sur la provincia; su importancia cada vez mayor para los sectores minero, turístico y comercial de las comarcas por las que transcurre, así como
su necesidad para el futuro desarrollo global de la provincia de Huelva, se hace imprescindible continuar de manera urgente con las actuaciones necesarias para poner en funcionamiento, en el menor tiempo posible, una infraestructura que desdoble de
una vez por todas la actual Carretera Nacional 435 entre las provincias de Huelva y Badajoz.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Una vez terminada la variante Beas-Trigueros, llevar a cabo sin dilación los trámites administrativos y proyectos que permitan la ejecución de los diferente tramos pendientes que configuran la autovía A-83, asignando las partidas
plurianuales necesarias para este fin, con cargo a los futuros Presupuestos Generales del Estado, comenzando con los de 2020.
2. Mantener en los próximos Presupuestos Generales del Estado la partida de 4,6 millones de euros destinados a las obras de la variante Beas-Trigueros que ya recogía el proyecto de PGE de 2019.
3. Recabar los fondos asignados por la Unión Europea para la construcción de la A-83, al estar esta infraestructura incluida dentro de la red básica de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T).
4. Licitar y ejecutar el proyecto de construcción de la Rotonda de los Pinos en el término municipal de Valverde del Camino cuyo proyecto aprobó el Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) en marzo
de 2019.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2020.-Tomás Fernández Ríos y Patricia de las Heras Fernández, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000445
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia Rueda Perelló, D.ª Patricia de las Heras Fernández y D.ª Cristina Alicia Esteban Calonje, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo
de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la protección de los ciudadanos contra la propagación del coronavirus en los transportes públicos, para su
discusión en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
En España se ha producido la declaración del Estado de Alarma por Real Decreto 463/2020, que entró en vigor el pasado 14 de marzo, día de su publicación en el BOE, en el que se limita la libre circulación de personas con el fin de evitar
aglomeraciones y, por tanto, la propagación del COVID-19.
Conforme al artículo 14.2.B) 'los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, aéreo y marítimo de competencia estatal que están sometidos a contrato público u OSP reducirán su oferta total de operaciones...', en
un porcentaje del 50 % (son los servicios ferroviarios de media distancia, media distancia AVANT, transporte de viajeros por carretera, transporte aéreo sometido a OSP y transporte marítimo sometido a contrato de navegación). A continuación,
establece que los servicios de cercanías mantendrán su oferta de servicios, aunque se especifica que el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana puede establecer condiciones específicas.
En el apartado C) de este Real Decreto, cita que 'los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios y marítimo de competencia autonómica o local que están sometidos a contrato público u OSP, o sean de titularidad
pública, mantendrán su oferta de transporte'. Continúa el apartado diciendo que 'el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y las autoridades autonómicas y locales con competencias en materia de transportes podrán establecer un
porcentaje de reducción de servicios en caso de que la situación sanitaria así lo aconseje, así como otras condiciones específicas de prestación de los mismos', y añade que 'al adoptar estas medidas se tendrá en cuenta la necesidad de garantizar que
los ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios básicos en caso necesario'.
El día 15 de marzo, en comparecencia conjunta en el Palacio de la Moncloa, el Ministro de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, D. José Luis Ábalos Meco, informó acerca de las medidas de restricción de la movilidad para afrontar la crisis
sanitaria provocada por el COVID-19, y explicó que, en los servicios de cercanías, esta oferta se verá incrementada a fin siempre de evitar la masificación. Además, entre otras actuaciones, anunció que se iba a reducir la oferta de trenes de Alta
Velocidad en un 85 % y que estos trenes solo podrán viajar a un tercio de su capacidad para garantizar la distancia entre pasajeros.
El Ministro también destacó que la situación con respecto a las medidas establecidas no es estática, y que se harían los ajustes necesarios para hacer frente a la epidemia. Añadió que es responsabilidad del conjunto de las Administraciones
Públicas, Comunidades Autónomas y municipios, el trabajar de manera coordinada y unida en beneficio del interés general. Asimismo, según la Orden TMA/230/2020 publicada en el BOE el 15 de marzo, que entró en vigor ese mismo día, se concreta la
actuación de las autoridades autonómicas y locales respecto de la fijación de servicios públicos de su titularidad. En ella, se vuelve a incidir en que 'la rapidez de la evolución de la situación exige un escenario dinámico, en el que es necesario
a la vez tanto coordinación, como agilidad en la respuesta y en la adecuación de los servicios a una realidad que cambia diariamente'.
En la mañana del día 16 de marzo, se produjeron aglomeraciones en las cercanías y metros de algunas ciudades, especialmente en Madrid y Barcelona. En concreto, en la línea de cercanías C5 de Madrid, debido a una avería, se han producido
concentraciones de personas tanto en los vagones como en los andenes, principalmente en la estación de Atocha, donde se ha puesto en riesgo a los ciudadanos que se han visto obligados a viajar en trenes abarrotados, sin respetar las medidas de
distancia para evitar el contagio y propagación del COVID-19. También en las líneas C1, C7 y C10 de Madrid se han producido retrasos en los trenes, es decir, que el servicio que se ha dado no ha estado a la altura de la situación donde la seguridad
ciudadana debe ser primordial.
Este escenario pone de manifiesto que el servicio de cercanías en determinados tramos y ciudades necesita mejorar, pero ante estas circunstancias se deben tomar medidas urgentes para proteger a la ciudadanía. No tiene sentido que se confine
a los ciudadanos en sus casas, se les inste a respetar el Estado de Alarma y las medidas de restricción para evitar contagios, si luego se producen situaciones de masificación en los transportes públicos.
Esta situación se ha producido, según datos de la propia Secretaria General de Transportes y Movilidad, D.ª María José Rallo del Olmo, con una ocupación en los servicios de cercanías de entre el 20 % y el 30 %, quién ha declarado también que
es imposible garantizar que no se vaya a producir ningún problema operativo.
Si bien es cierto que ya se han tomado algunas medidas efectivas en los servicios de cercanías, como el despliegue de las Fuerzas Armadas en algunas estaciones para evitar aglomeraciones, y se ha aumentado la frecuencia de trenes en algunas
estaciones, medidas que han evitado temporalmente que se produzcan concentraciones de personas, son insuficientes puesto que está en juego la salud de los ciudadanos y evitar más contagios. Estos problemas en los transportes han sido puntuales, por
incidencias concretas de averías y retrasos, pero también es cierto que se han producido con una afluencia de pasajeros de entre el 20 % y el 30 %. En el caso de que la afluencia suba o se produzcan sucesos inesperados como averías, retraso de
trenes y otras circunstancias, se debe estar preparado para hacer frente a la situación y evitar riesgos innecesarios.
Además, pese a que algunas competencias las tienen las Comunidades Autónomas o los gobiernos locales, es imprescindible la coordinación y cooperación entre administraciones, como dijo el Ministro D. José Luis Ábalos Meco. Debe ser una
obligación para cualquier Administración, poner todos los medios a su alcance para evitar aglomeraciones, ya sean en competencias estatales (como los servicios ferroviarios de cercanías), o en competencias que dependen de las Comunidades Autónomas o
entidades locales (como los servicios de metro).
De hecho, en el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma, en el apartado a del punto 1 del artículo 14, dice que cualquiera que sea la Administración competente se aplicará lo siguiente: 'El Ministro
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana queda habilitado para dictar los actos y disposiciones que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarios para establecer condiciones a los servicios de movilidad, ordinarios o extraordinarios, en
orden a la protección de personas, bienes y lugares'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las siguientes medidas:
1. Aumentar la frecuencia de paso de los trenes de cercanías en hora punta, al menos un 25 %, así como instar, desde el Gobierno, a las Comunidades Autónomas o autoridades locales a hacer lo propio en los transportes públicos de su
competencia, en los puntos de mayor tránsito de viajeros en las ciudades donde se prevea que se vayan a producir grandes concentraciones de personas. Esta medida es fundamental para llevar a cabo la medida expuesta en el punto 3 y en el caso de que
se produzcan averías y retrasos.
2. Establecer restricciones de acceso en los andenes de las grandes estaciones de cercanías en hora punta, así como solicitar, desde el Gobierno a las autoridades con competencias autonómicas y locales a establecer estas medidas en los
transportes públicos de su competencia, con la ayuda de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que sean necesarios, Fuerzas Armadas o seguridad privada, para evitar aglomeraciones y que se respeten las medidas de prevención a fin de evitar la
propagación del COVID-19. Especialmente importante serán estas medidas cuando se interrumpa el servicio por cualquier circunstancia (avería de un tren, retrasos...) y se empiecen a juntar pasajeros a la espera del tren.
3. Al igual que se ha impuesto para los servicios ferroviarios de Alta Velocidad, establecer para los servicios de cercanías un número máximo de usuarios por cada vagón, que nunca sobrepase un tercio de la capacidad total máxima admisible.
Asimismo, se insta al Gobierno a recomendar a las Comunidades Autónomas y entidades locales a llevar a cabo estas medidas en los servicios de transporte de su competencia.
4. Valorar la posibilidad de coordinar los servicios ferroviarios de cercanías en los trayectos más demandados, con otros medios de transporte. Igualmente, se solicita al Gobierno que haga la propuesta a las autoridades autonómicas y
locales competentes con los medios de transporte en los que tienen asumidas las competencias, para evitar la masificación en los transportes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2020.-Patricia Rueda Perelló, Patricia de las Heras Fernández y Cristina Alicia Esteban Calonje, Diputadas.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000447
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la oportunidad de
suspensión de la actividad del sector de la construcción, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Ante la situación de emergencia sanitaria que vive nuestro país, como consecuencia del coronavirus (COVID 19), el Gobierno ha implementado una serie de medidas económicas en su Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
En dicho texto se establecen medidas para evitar los efectos negativos sobre el empleo y la viabilidad empresarial derivados de la suspensión de contratos públicos, estableciéndose un régimen específico de suspensión de los mismos, si las
medidas adoptadas por el Estado, las Comunidades Autónomas o la Administración local para combatir el coronavirus dieran lugar a la resolución de los mismo, estableciéndose una serie de condiciones y coberturas aplicables a una paralización de
obras. Los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, vigentes a la entrada en vigor del Real Decreto-ley cuya ejecución 'devenga imposible como consecuencia del COVID-19, o las medidas adoptadas por el Estado, las
CC.AA., o la Administración Local para combatirlo, quedaran automáticamente suspendidos desde que
se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse'.
Las coberturas contempladas en el Decreto, indemnizaciones que deberá abonar la empresa adjudicadora, serán: gastos salariales, gastos de mantenimiento de garantías, gastos de alquileres de inmuebles y maquinaria y gastos correspondientes a
pólizas de seguros.
Independientemente de la idoneidad o no de estas medidas, desde el Grupo Parlamentario Popular se echa en falta una respuesta de conjunto al sector de la construcción, que no es solo el representado por la obra pública, existiendo agentes
diversos como empresas constructoras, promotoras, profesionales y operarios que ejercen su actividad en el ámbito privado y que no ven su situación reflejada en el Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Entendemos que debe existir un plan de choque sanitario y económico que contemple al sector de la construcción en su totalidad, un sector que representa el 9 % de nuestro PIB y que no habiéndose recuperado absolutamente de la crisis, han
liderado nuestra recuperación económica y pese al retroceso de los dos últimos trimestres de 2019, no ha destruido empleo.
Como en todo lo que afecta a esta crisis, es preciso establecer medidas con inmediatez y otras a medio plazo. Medidas que han de ser excepcionales ante una situación excepcional. En cuanto a cuestiones sanitarias y protocolos de actuación
en obras, las asociaciones y colegios profesionales se han anticipado al Gobierno, habiendo realizado y difundido un protocolo que debería oficializarse, a efectos de garantizar no solo las condiciones en los centros de trabajo, sino las condiciones
excepcionales de responsabilidad de los profesionales sobre los que recaen las condiciones de Seguridad y Salud.
Es fundamental preservar el empleo, tras esta crisis, volver a los puestos de trabajo, por lo que consideramos fundamental que se establezcan a nivel general las pautas clarificadoras de las actuaciones que se puedan realizar y las que no, y
de ello derivar una serie de coberturas a efectos de minimizar riesgos económicos.
Partiendo de la base de que los procedimientos de trabajo y mecanismos de protección son exactamente los mismos en la obra pública que en la privada, desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que ha de establecerse un protocolo único,
que clarifique las condiciones en las que una obra puede o no continuar con su actividad, entendiendo que las principales causas de paralización pueden ser:
- Causas de salud.
- Desabastecimiento. Independientemente de que las patronales locales puedan tener una respuesta solidaria en cuanto a compartir material y utillaje, llegará un momento en que las obras estén abocadas a su paralización.
- Problemas de movilidad.
Se entiende igual que si estas circunstancias generan supuestos indemnizatorios por razones de afección del coronavirus (COVID) 19 en la obra pública, la reacción debe ser similar para obras privadas cuando la actividad es la misma.
Estas condiciones de paralización tendrían que tener coberturas, puesto que derivan de una causa de fuerza mayor, coberturas que implicarían:
- Compensación por enfermedad de los trabajadores.
- Compensación por interrupción del comercio para contratistas con cadenas de suministro internacional.
- Dificultades de acceso a los centros de trabajo, por interrupción o reducción de sistemas de movilidad.
Se trata de establecer causas indemnizables o al menos que no devengan en gastos añadidos de manera que si se paraliza la actividad, ello suponga garantías para los trabajadores, asegurando la viabilidad del negocio en el futuro.
Los contratos de obras están sujetos a penalizaciones por incumplimiento de plazo y conllevan ejecuciones de avales y garantías. El perjuicio de paralizar una obra sin mandato gubernamental sería absolutamente inasumible por la mayoría de
las empresas, en las actuales circunstancias, si no hay respaldo legal, y más ante la incertidumbre sobre la duración y repercusiones económicas de esta crisis del coronavirus (COVID 19).
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en aras de salvaguardar la salud de los trabajadores de la construcción, la viabilidad del sector en el futuro, y garantizar la igualdad de derechos y garantías de todos los agentes del sector
en todo el territorio nacional, a:
1. Clarificar, a la mayor brevedad posible, la oportunidad de suspender la actividad del sector de la construcción y obras en curso, estableciéndose como causas de cierre:
- Enfermedad de operarios por coronavirus.
- Dificultades de suministros.
- Dificultades de acceso a centros de trabajo por restricciones de movilidad.
2. Se puedan mantener los centros de trabajo correspondientes a obras destinadas a vivienda en fase de finalización, si no hay riesgos de salud de los operarios, sobre todo las que tenían fecha de entrega inmediata que normalmente conllevan
el abandono de una vivienda en alquiler.
3. Mientras no se suspenda la actividad, o quede por circunstancias extraordinarias algún centro de trabajo abierto, oficializar un protocolo especifico de actuación y establecer las condiciones extraordinarias en cuanto a responsabilidades
de los técnicos encargados de Seguridad y Salud.
4. En el caso de obras no amparadas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establecer las medidas oportunas con carácter legislativo o de arbitraje para evitar penalizaciones por incumplimientos de plazos y
ejecuciones de avales y garantías entre las partes contratantes, así como garantizar las coberturas por cese temporal de los trabajadores afectados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2020.-Ana María Zurita Expósito, Andrés Lorite Lorite y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/000450
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora del artículo 34 de
Medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias del COVID-19 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, para su debate en la
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
El Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo, pone en marcha medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus (COVID-19) y contempla en su artículo 34 una serie de medidas en materia de
contratación pública para paliar las consecuencias derivadas del estado de alarma en el que nos encontramos.
Dicho precepto reconoce, en sus diferentes apartados, las medidas a aplicar a contratos públicos de servicios y de suministros, contratos públicos de obras y contratos públicos de concesión de obras y de servicios, vigentes a la entrada en
vigor de este Real Decreto-ley, celebrados por entidades pertenecientes al Sector Público con sujeción a la Ley 9/2017 o a la Ley 31/2007, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios
postales o Libro I del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores;
de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.
En este sentido, el decreto establece que los daños y perjuicios por los que el contratista podrá ser indemnizado serán únicamente los que se indican a continuación:
1.º Los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista al personal que figurara adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a la ejecución ordinaria del contrato, durante el período de suspensión.
2.º Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de suspensión del contrato.
3.º Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos relativos al periodo de suspensión del contrato, adscritos directamente a la ejecución del contrato, siempre que el contratista acredite que estos
medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos durante la suspensión del contrato.
4.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén vigentes en el momento de la suspensión del contrato.
No resulta de aplicación el punto número 5 del artículo 208 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, relativo a la indemnización con un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista durante el período de
suspensión, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el propio contrato.
El Real Decreto opera bajo el principio general de la continuidad de los contratos y su aplicación de forma automática. No obstante, la aplicación de lo dispuesto solo procederá cuando el órgano de contratación, a instancia del contratista
y en el plazo de cinco días naturales hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de problemas de suministro, personal, seguridad, maquinaria,... Transcurrido el plazo indicado sin notificarse la resolución
expresa al contratista, esta deberá entenderse desestimatoria.
Analizado el artículo en profundidad se observa que en el punto número 2 se establece que el órgano de contratación le concederá al contratista la ampliación del plazo, previo informe del director de obra del contrato, donde se determine que
el retraso no es por causa imputable al contratista, sino que se ha producido como consecuencia del coronavirus (COVID-19) en los términos indicados en el párrafo anterior. En estos casos no procederá la imposición de penalidades al contratista ni
la resolución del contrato.
El reconocimiento del derecho a las indemnizaciones y al resarcimiento de daños y perjuicios que se contempla en este artículo únicamente tendrá lugar cuando el contratista adjudicatario principal acredite fehacientemente que se cumplen las
siguientes condiciones:
1.º Que el contratista principal, los subcontratistas, proveedores y suministradores que hubiera contratado para la ejecución del contrato estuvieran al corriente del cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales, a fecha 14 de marzo
de 2020.
2.º Que el contratista principal estuviera al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago a sus subcontratistas y suministradores en los términos previstos en los artículos 216 y 217 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector
Público, a fecha 14 de marzo de 2020.
El Grupo Parlamentario Popular entiende que el pago a los subcontratistas, grueso principal del contrato en la mayoría de los casos, no queda garantizado en dicho Decreto.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de/os Diputados insta al Gobierno a adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar el pago a los subcontratistas.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el punto número 2 del artículo 34 del Real Decreto 8/2020 al objeto de que el órgano de contratación conceda al contratista la ampliación del plazo, previo informe del
responsable del contrato, y no del director del contrato que es como se establece.
3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir el punto número 5 del artículo 208 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, relativo a la indemnización con un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el
contratista durante el período de suspensión, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el propio contrato.
4. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno modificar el artículo 34 de tal manera que transcurrido el plazo indicado sin notificarse la resolución expresa al contratista, esta deberá entenderse estimatoria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2020.-Mario Garcés Sanagustín, Andrés Lorite Lorite y Elena Castillo López, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000460
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre necesidad de establecer medidas
que garanticen la protección y seguridad de los trabajadores de las obras, públicas o privadas, frente al impacto económico y social del COVID-19, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Al amparo del Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19; el Partido Popular considera fundamental el desarrollo de una serie de medidas de prevención y protección que sean comunes para todos los trabajadores con independencia
del tipo de obra, pública o privada, que estén llevando a cabo.
Los responsables de cada empresa contratista serán los encargados de transmitir las medidas adoptadas por el Gobierno a los respectivos coordinadores de seguridad. Los planes de seguridad y salud que se encuentren vigentes en las obras no
será preciso modificarlos salvo que implicasen cambios en el proceso constructivo de alguna unidad de obra en cuyo caso sería necesaria la oportuna modificación del Plan de seguridad y salud y, por tanto, la realización y aprobación del anexo
correspondiente como se hace habitualmente en otras ocasiones, con independencia del origen del cambio. Será el coordinador de seguridad de la obra, en función de sus atribuciones, el que determine en último caso la posible incidencia de las
medidas adoptadas por la empresa en el desarrollo de los trabajos de construcción de manera que se cumplan, con la debida garantía, las necesarias condiciones de seguridad y salud.
Si, según el criterio del coordinador de seguridad, las medidas propuestas impidiesen la normal ejecución de los trabajos con las debidas garantías de seguridad para los trabajadores, este estaría facultado a paralizar dichas obras con la
correspondiente anotación en el libro de incidencias.
En el caso de imposibilidad de continuidad de los trabajos por concurrir la situación de hecho creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, y cuando esta situación genere la imposibilidad de continuar, con plenas garantías,
la ejecución del contrato, el contratista podrá solicitar su suspensión de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y
social del COVID-19.
En el caso de suspensión de obras se adoptarán las medidas necesarias para el aseguramiento físico de estas de modo que no haya riesgos para terceros y para la propia obra. En el caso de obras en carreteras, se señalizarán adecuadamente
para garantizar la normal circulación de vehículos y la seguridad de las personas usuarias de la vía.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dictar las medidas preventivas y de protección, como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus COVID-19, que se consideren oportunas para garantizar la seguridad de los
trabajadores en aquellos lugares en los que siga en ejecución una obra pública o privada.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a suministrar a dichas empresas el material de seguridad que precisen en el caso de que no pudieran obtenerlo por medios propios.
3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a paralizar todas aquellas obras que no estén cumpliendo las medidas preventivas y de protección puestas en marcha por el gobierno.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo de 2020.-Mario Garcés Sanagustín, Diputado.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/000396
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Georgina Trías Gil y D. Joaquín Robles, en su condición de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) respectivamente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la introducción de un sistema de cheque escolar, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
La presente Proposición no de Ley se presenta con el fin de dar respuesta a una problemática de gran envergadura existente actualmente como es la de apoyar económicamente a los padres que tienen hijos en edad de educación infantil (0-3
años).
En una sociedad en la que frecuentemente ambos progenitores trabajan, muchas familias con hijos en edad comprendida entre 0 y 3 años deben afrontar importantes cargas económicas derivadas de la escolarización de sus hijos. Esto, que podría
parecer baladí, es de suma importancia, puesto que, además de ahogar económicamente a las familias, también es un factor que afecta a la baja natalidad en España.
En este sentido, es imprescindible recordar que, de acuerdo con el artículo 80 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 'las Administraciones públicas desarrollarán acciones de carácter compensatorio en relación con las
personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones desfavorables y proveerán los recursos económicos y los apoyos precisos para ello'.
Por este motivo, el Grupo Parlamentario VOX está decidido a hacer frente a este problema y, de acuerdo con ello, propone la aprobación de un cheque escolar consistente en asignar a cada familia una cantidad económica destinada a pagar la
escolarización de los niños en edad comprendida entre los O y los 3 años.
Recientes estudios independientes, como el de la OCDE 'School choice and school vouchers: An OECD perspective', de 2017, ponen de relieve que un sistema de cheque escolar de estas características, medio para que sea real la libertad de
elección de centro docente, de promoción social y de lucha contra la exclusión, arroja además como resultado un rendimiento mayor de los alumnos y, por consiguiente, una mejora de la enseñanza.
Esta medida, además de aliviar económicamente a las familias, también garantizaría el derecho de los padres a elegir libremente el centro al que quieren que vayan sus hijos y asegura la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus
convicciones morales (art. 27.3 CE).
Por si no fuera suficiente, ante el gran problema actual de crisis demográfica, la propuesta incluida en esta Proposición no de Ley, también favorecería la natalidad. Por esta razón, en la medida de lo posible, el Grupo Parlamentario VOX
apuesta por desahogar económicamente a las familias y reducir sus cargas familiares.
El sistema de cheque escolar que postula el Grupo Parlamentario de VOX y que se pide, en este caso, para la Etapa de Educación Infantil, debe basarse en los siguientes principios:
- La asignación pública deberá atribuirse a los menores escolarizados, si bien, para garantizar su efectiva aplicación a la educación, la eficiencia y la agilización de trámites, será entregada por la Administración al centro docente de
elección de los padres.
- Que el importe de la asignación sea inversamente proporcional al nivel de renta de los padres, al tiempo que directamente proporcional al número de hijos.
- Que el importe de la asignación tenga en cuenta necesidades particulares de los menores: dificultades de aprendizaje, discapacidades o altas capacidades.
- Las cantidades asignadas de acuerdo al sistema de cheque escolar lo serán por cada hijo y deberá establecerse el mecanismo fiscal más eficaz para impedir que en ningún caso puedan ser objeto de tributación en el IRPF de los perceptores ni
en el de sus padres.
- La elección de centro no estará limitada por la zonificación, permitiendo a cada menor ser escolarizado en cualquier centro docente de su elección.
Uno de los objetivos de esta Proposición no de Ley es implementar el sistema de cheque escolar en todo el territorio nacional, sin perjuicio de su desarrollo por parte de las Comunidades Autónomas. Por este motivo, dado que las Comunidades
Autónomas ejercen competencias en materia de educación, la implementación de las medidas de esta Proposición no de Ley son complementarias y no sustitutivas de las que, en su caso, hubiesen aprobado las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus
competencias.
Asimismo, el sistema de cheque escolar propuesto no supone que los poderes públicos deban renunciar a inspeccionar que todos los centros docentes cumplan unos estándares mínimos de enseñanza, para que la igualdad sea real y efectiva, como
postula el artículo 9 de nuestra Constitución.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
a) Adoptar, dentro de sus competencias, las medidas necesarias para promover la introducción de un sistema de cheque escolar de las características y con los principios expuestos, en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional,
y/o medidas que tengan efectos equivalentes.
b) Elaborar y proponer la aprobación de la normativa pertinente para la instauración de una asignación directa a cada familia destinada a sufragar los costes derivados de la escolarización de los niños en edad comprendida entre los 0 y los 3
años, así como los correspondientes beneficios e incentivos fiscales derivados de esta asignación económica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2020.-Georgina Trías Gil y Joaquín Robles López, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000420
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Georgina Trías Gil y D. Ignacio Garriga Vaz de Concicao, en su condición de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) respectivamente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formula la siguiente Proposición no de Ley relativa a la defensa de los menores en casos de acoso escolar y acoso escolar cibernético, para su debate ante la Comisión de Educación y
Formación Profesional.
Exposición de motivos
La presente Proposición no de Ley se presenta con el fin de dar respuesta a una problemática de gran envergadura existente en el sistema educativo español debido a la cantidad de casos de acoso escolar en
sus distintas variantes (discapacidad, altas capacidades, apariencia física, raza, sexual, lgtbi, cibernético...) en las escuelas del ámbito nacional.
Existen diversos informes por parte de expertos en la materia que resaltan la incidencia del acoso escolar (también denominado bullying) y, paralelamente, el acoso escolar cibernético (también denominado cyberbullying) como factores de
riesgo social y emocional asociado a problemas psicológicos que trascienden a la vida escolar. En los últimos tiempos, el acoso escolar cibernético se ha visto incrementado debido principalmente al aumento de las tecnologías (redes sociales en
especial) en nuestra vida diaria. El cyberbullying facilita el ataque desde el anonimato y en espacios virtuales, a los cuales cualquiera tiene acceso. La falta de control parental y las conductas poco seguras en internet son factores que afectan
al crecimiento de este tipo de acoso, por no hablar de la aparente impunidad de los actos que ocurren tras un nickname.
Según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional, existen 1.054 casos de acoso escolar denunciados en el año 2017, lo que supuso un aumento del 11,65 % respecto al año inmediatamente anterior. Actualmente, existe un teléfono
contra el acoso escolar, que recibió más de 12.000 llamadas entre noviembre de 2017 y octubre del 2018, de los cuales casi la mitad hacían referencia a posibles casos de acoso escolar. El mayor pico de prevalencia tiene lugar en menores de entre 11
y 14 años.
Continuamente vemos en prensa artículos sobre casos de acoso escolar, muchas veces reincidentes, y que no son resueltos satisfactoriamente por parte de los centros escolares ni de las autoridades, a pesar de existir determinados protocolos
de actuación, causando grave perjuicio a los afectados y a las familias.
La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989) hace especial hincapié en la responsabilidad en que los Estados parte adopten todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para hacer efectivos
los derechos reconocidos en la Convención (art. 4). En particular, adoptarán las medidas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el
abuso sexual (art. 19 y art. 34)
A pesar de las declaraciones y de los protocolos de actuación, las leyes y políticas sobre el acoso y ciberacoso en el ordenamiento jurídico español se encuentran fragmentadas y son inconsistentes.
Otra cuestión que dificulta la atención debida de los casos es el hecho de que puedan existir 17 diferentes protocolos de actuación en función de la Comunidad Autónoma en la que viva la víctima.
Y es que la existencia de 17 Comunidades Autónomas provoca que cada una de ellas tenga su propia normativa, generando la existencia de diferencias entre protocolos de prevención, detención y actuación. También se han creado diferentes
órganos de control que, en muchos casos supone duplicar los ya existentes en las otras Comunidades Autónomas. Por ello, es preciso reorganizar el sistema y establecer un único órgano estatal, sin perjuicio de la colaboración con las distintas
Comunidades Autónomas.
En cualquier caso, la actuación preventiva y correctora debe ser un objetivo primordial, tanto para los centros escolares como para las instituciones y el Gobierno.
También queda mucho por hacer en la parcela del ciberacoso, ya que la mayor parte de la legislación autonómica ni siquiera lo incluye, aun teniendo en cuenta que los datos reflejan la subida exponencial de este tipo de actos.
Las respuestas educativas a las situaciones de acoso escolar son las que en primer término deben agotarse, y son las que pueden tener mejor efecto educativo.
Sin embargo, en los últimos tiempos han aumentado los casos de suicidio e intento del mismo, así como reincidencias desatendidas en menores por esta lacra social, sin que las Administraciones hayan sido capaces de reducir el número, ni de
mostrar un mínimo de empatía con las familias de las víctimas.
Desde el Grupo Parlamentario VOX somos muy conscientes de la lacra que supone el acoso escolar en nuestro sistema educativo, que debe afrontarse de forma inmediata y decidida, involucrando a todos los agentes de la sociedad y, en especial, a
aquellos que están en constante contacto con las víctimas.
Aquí no cabe hacer distinción entre los motivos por los que menores son acosados. Todas las víctimas son iguales, sin ningún tipo de diferencia, y deben ser debidamente resueltos los distintos casos.
Sin embargo, cabe destacar los datos publicados por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) a finales del pasado mes de junio, según los cuales el 40 % de los alumnos con discapacidad de la ESO sufrían acoso
escolar. Un asunto calificado por la misma entidad de 'emergencia nacional'.
Afirman, asimismo, haberse 'visto bastante desamparados ante estas situaciones. Las instituciones nunca nos han dado ninguna respuesta, y no hay legislación ni programas de prevención en España'.
Finalmente, destacar que España ya fue advertida y sancionada por la ONU en 2018 por la situación de los menores con discapacidad en los centros educativos debido a la discriminación que padecen.
Por todo ello, ante la falta de legislación en este ámbito, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
a) Aprobar y presentar ante las Cortes Generales un Proyecto de Ley que regule de forma específica e integral el acoso escolar y el acoso escolar cibernético, velando, en todo caso, por el interés superior del menor, de acuerdo con la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
b) En el marco de sus competencias, establecer un protocolo de actuación a nivel nacional, a partir del cual las Comunidades Autónomas puedan concretar las distintas actuaciones.
c) Prever mecanismos para facilitar la identificación de casos de acoso escolar. En este sentido, especialmente relevante es la introducción del anonimato en el denunciante, medidas de comunicación entre el centro docente y la familia del
acosado y, especialmente, la familia del acosador.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2020.-Georgina Trías Gil e Ignacio Garriga Vaz de Concicao, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000438
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Joaquín Robles López, D.ª Georgina Trías Gil, D. José Ramírez del Río y D.ª Reyes Romero Vilches, en su condición de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo
de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley con carácter urgente para que se den las instrucciones oportunas a todos los centros educativos del
territorio nacional en los niveles educativos de 2.º Ciclo de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato, para extender el calendario lectivo educativo a fin de asegurar que el alumnado adquiere los conocimientos establecidos para cada uno de
los niveles educativos, para su discusión en Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
La situación de emergencia nacional, desencadenada a nivel mundial por el COVID-19, popularmente conocido como 'Coronavirus', ante la que nos encontramos obliga a tomar medidas no solo de carácter sanitario, sino también de profundo calado
social, y los ciudadanos deben asumir comportamientos responsables.
Es lo que en términos jurídicos se conoce como la teoría del buen padre de familia, a fin de referirse a la diligencia media exigible a toda persona para considerar que un comportamiento entra dentro de lo esperado ante una determinada
situación, y exigir o no responsabilidades en función de las decisiones adoptadas.
La situación en la que nos encontramos requiere de una alta capacidad de sacrificio y asunción de compromisos no escritos por parte de toda la sociedad. Requiere la demostración de una fuerte y cohesionada conciencia nacional, de un sólido
tejido social y, una vez más, las situaciones de crisis pondrán de manifiesto la importancia de la familia, para enfrentar el impacto que el coronavirus va a provocar en nuestro sistema de vida y organización, cuyas consecuencias son todavía
difíciles de evaluar y cuantificar.
La crisis del Coronavirus o COVID-19 afectará a todos los estratos sociales y económicos: a los autónomos y los empresarios, al sector farmacéutico, al sector sanitario, al sector transportes, al tráfico aéreo, a nuestras Fuerzas Armadas, a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en definitiva, a todos los sectores de la sociedad.
Las primeras medidas tomadas en esta crisis se produjeron en el sector educativo. Concretamente, las distintas Comunidades Autónomas fueron ordenando, de manera progresiva y escalonada, el cierre de los centros educativos ubicados en los
respectivos territorios. Esto fue indicativo, una vez más, de la falta de cohesión a la hora de tomar iniciativas de enorme trascendencia para la vida de los españoles, y la falta de unidad de criterio como consecuencia de diecisiete autoridades
educativas diferentes en el territorio nacional.
Así, sirva como ejemplo del 'baile' de fechas de cierre el cuadro siguiente:
Comunidad Autónoma;Día de cierre
Comunidad de Madrid.;11 de marzo
Castilla León.;16 de marzo
Castilla-La Mancha.;13 de marzo
Galicia.;16 de marzo
Asturias.;13 de marzo
Cantabria.;16 de marzo
País Vasco.;13 de marzo
La Rioja.;11 de marzo
Navarra.;16 de marzo
Aragón.;16 de marzo
Cataluña.;13 de marzo
Murcia.;16 de marzo
Andalucía.;16 de marzo
Extremadura.;16 de marzo
Baleares.;16 de marzo
Canarias.;13 de marzo
Comunidad Valenciana.;16 de marzo
Ceuta.;16 de marzo
Melilla.;16 de marzo
De acuerdo con estos datos y con el último informe publicado en la página web del Ministerio de Educación del Gobierno de España, de fecha 22 de agosto de 2019, sobre estadísticas de enseñanza no universitaria, en datos de avance 2019-2020
1, sabemos que cerca de 8.000.000 de alumnos se encuentran en sus domicilios, de los cuales cerca de 1.276.913 se encuentran en Segundo Ciclo de Educación infantil -etapa en la que se adquieren los conocimientos básicos para la lectoescritura-, casi
3.000.000 en Educación primaria -donde también se adquieren y refuerzan conocimientos básicos para el desarrollo intelectual de los alumnos-, 37.302 alumnos de centros de Educación Especial -que requieren una atención profesionalizada debido a las
especiales características del alumnado-, así como casi 2.000.000 de alumnos en la Educación Secundaria Obligatoria.
En el caso de los alumnos de Bachillerato la cifra es de cerca de 630.000 alumnos. Si bien puede considerarse que los alumnos de Bachillerato ya han alcanzado un cierto grado de madurez y capacidad para organizar sus estudios y que, en esa
misma etapa educativa, existe propiamente la modalidad a distancia, no es menos cierto que requieren también de una orientación que les haga afrontar su próxima prueba EVAU en la que se decidirá el futuro profesional de muchos de ellos, con las
consecuencias que esto supone para su desarrollo profesional y personal.
En definitiva, no hay etapa educativa que no revista de una singular y especial importancia.
Por tanto, con base en todos estos datos, y aun agradeciendo enormemente el esfuerzo que desde los Centros Educativos de todos los órdenes y escalones de la enseñanza se está llevando a cabo para que los niños continúen en sus casas con su
desarrollo cognitivo, creemos que no se puede sobrecargar a los padres y responsables de los alumnos con la importantísima tarea de asumir el confinamiento de los niños en los hogares, cumplir con sus obligaciones laborales en un momento de especial
exigencia y, además, garantizar el desarrollo educativo en las materias propias de los currículos académicos.
1 http://www.educacionvfp.gob.es/dam/icr:13998eea2-76c0-4466-946e-965698e9498d/datosycifras1920esp.pdf
Añadimos a esta situación el hecho de que, una vez superados los peores momentos de esta crisis sanitaria, económica y social, serán muchas las familias que tenga que recuperarse económicamente, exigiendo de todos un esfuerzo laboral y
social sin precedentes para lograr el menor impacto económico y social, y las familias necesitan asegurar el cuidado y la continuación satisfactoria de los estudios.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a adoptar las siguientes medidas:
1. Llevar a cabo, dentro de sus competencias, las actuaciones necesarias para conseguir la prolongación del calendario lectivo educativo de todos los niveles de enseñanza no universitaria, si fuese necesario, una vez superada la crisis
originada por el coronavirus.
2. En el supuesto de que la situación de crisis hiciese imposible la extensión del calendario lectivo, el Gobierno de España deberá adoptar las medidas para que, por lo menos, los alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato, puedan
recibir las asignaturas troncales, aun cuando se haga con horario reducido.
3. En cualquier caso, las autoridades educativas deberán velar porque el alumnado acredite el conocimiento de los contenidos mínimos con los que pasar al siguiente curso.
4. En este sentido y con el fin de lograr la consecución de los objetivos anteriores, se habilitarán instrucciones especiales para que el profesorado implicado en estas materias troncales pueda recibir la ayuda y colaboración de todo el
claustro.
Asimismo, deberá valorarse elevar, de modo extraordinario, las ratios alumnos/clase, pudiendo crear grupos más amplios de alumnos para minimizar el número de horas de permanencia en el Centro, haciendo coincidir estas horas con las de menor
temperatura, especialmente en las regiones españolas más cálidas.
De acuerdo con lo expuesto, los grupos deben organizarse de acuerdo con los criterios de eficiencia y atención a la diversidad del alumnado y se propondrán medidas de refuerzo para los estudiantes con necesidades especiales o bajo
rendimiento académico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2020.-Joaquín Robles López, José Ramírez del Río, María de los Reyes Romero Vilches y Georgina Trías Gil, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/000370
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a reformar la
Ley de Segunda Oportunidad a fin de adecuarla a lo establecido en la Sentencia 2253/2019 del Tribunal, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
El Gobierno del Partido Popular, en un contexto de indicios de recuperación de la tremenda crisis económica que asoló el país, aprobó la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y
otras medidas de orden social, con la finalidad de proteger a aquellos colectivos más vulnerables y más afectados por la crisis.
Con esta Ley se refuerzan las medidas ya tomadas para empresas y se extienden para incluir a los particulares. Ofrece vías de solución para que autónomos, particulares, personas físicas, consumidores en general y familias sobreendeudadas
que hayan tenido un fracaso económico empresarial o personal,
tengan la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida sin tener que arrastrar indefinidamente la carga de una deuda que nunca podrán pagar.
En definitiva, se incorpora un mecanismo de segunda oportunidad dentro de un procedimiento judicial con las debidas garantías, para conceder una nueva oportunidad real a quien de buena fe se ha sobreendeudado, por causas ajenas a su persona,
para que pueda empezar de cero.
La sociedad evoluciona y las leyes deben de adaptarse a la realidad social. Con fecha 2 de julio de 2019 el Tribunal Supremo dictó una sentencia que hace una nueva interpretación y refuerza la Ley 25/2015 de Segunda Oportunidad, otorgando
capacidad a los juzgados de lo mercantil para actuar sobre las deudas contraídas con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social.
Hasta la fecha, la Ley de Segunda Oportunidad establecía que los créditos de derecho público se debían regir por su normativa específica, con lo que una vez aprobado el plan de pagos por el juez, la administración pública tenía la última
palabra y tenía la opción de poder aceptarlo o no.
La nueva valoración que de la Ley hace el Tribunal Supremo determina que una vez aprobado judicialmente el plan de pagos, 'no es posible dejar su eficacia a una posterior ratificación de uno de los acreedores, en este caso el acreedor
público'.
Esto es, la Sentencia referida dispone que el crédito público sujeto por normativa a un plan de pagos, tiene que ser aprobado por el juez del concurso como único órgano con competencia para ello. Con ello, determina que la competencia para
aprobar el plan de pagos propuesto por el concursado es, en todo caso, del juez del concurso y no de la entidad pública y abre la vía a los deudores para que puedan cancelar también su deuda pública a través de un plan de pagos a 5 años, en el que
se aplaza la deuda sin intereses.
Además, hay que resaltar que el importe de la deuda pública que se tiene que aplazar y pagar en 5 años será la parte del crédito público que la Administración Concursal haya calificado como crédito con privilegio general ya que la que haya
sido calificada como ordinaria o subordinada será cancelada sin necesidad de incluirla en el plan de pagos.
Hay que tener en cuenta que en numerosas ocasiones son los créditos contraídos con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social los que asfixian a los autónomos y les impiden reemprender, empezar de nuevo y tener una verdadera segunda
oportunidad. Esta Sentencia supone un gran avance para el colectivo de los trabajadores autónomos que podrán hacer frente a sus deudas a través de un procedimiento más adaptado a su realidad económica.
Cada vez son más los autónomos que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad, año a año ha ido incrementando el número de personas que han hecho uso de esta Ley. Es por ello, que desde el Grupo Parlamentario Popular solicitamos que se
reforme la Ley de Segunda Oportunidad en los términos de lo establecido en la referida Sentencia del Tribunal Supremo, a fin de poder facilitar una verdadera segunda oportunidad al colectivo de los trabajadores autónomos y demás colectivos que
puedan acogerse a la misma.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reformar la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, en los términos establecidos en la Sentencia
2253/2019 del Tribunal Supremo de fecha 2 de julio de 2019, a fin de facilitar una verdadera segunda oportunidad al colectivo de los trabajadores autónomos y demás colectivos que puedan acogerse a la misma.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2020.-José Ignacio Echániz Salgado y Diego Movellán Lombilla, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000371
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que en el seno del Pacto de
Toledo se apruebe la ampliación a los autónomos societarios de la jubilación activa con el cobro de la totalidad de la pensión, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2013, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, compatibilizar el trabajo con el cobro de una pensión
dejó de ser imposible. Así, los trabajadores autónomos, una vez cumplida la edad legal de jubilación, pudieron compatibilizar el cobro del 50 % de la pensión con los ingresos de su negocio.
Posteriormente, la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, aprobó la compatibilidad del trabajo con la percepción del 100 por 100 de la pensión, siempre que el autónomo acreditase tener contratado, al menos,
a un trabajador por cuenta ajena como requisito para el acceso a esta nueva modalidad. Esta medida fue gratamente recibida por el colectivo de los trabajadores autónomos, y fueron muchos los que se acogieron a la misma.
Sin embargo, la compatibilidad del trabajo con el cobro de la totalidad de la pensión no llegó a todos los autónomos, ya que los societarios quedaron al margen, y no pudieron acogerse a esta nueva forma de jubilación activa, evidenciando,
una vez más, que el autónomo societario no es un trabajador por cuenta propia al uso.
El autónomo societario es aquel trabajador que en lugar de darse de alta como autónomo persona física, decide constituir una empresa, normalmente una Sociedad Limitada o una Sociedad Limitada Unipersonal. Hasta el momento, la Tesorería de
la Seguridad Social considera que el autónomo societario es una persona jurídica y, por tanto, entiende que los trabajadores que contrata, no los contrata y paga él, sino la sociedad de la que es socio o que él administra. Por lo tanto, interpreta
que el autónomo societario sí tendrá derecho a la jubilación activa, pero únicamente cobrando el 50 % de la pensión y no la totalidad.
Como hemos expuesto, la Seguridad Social deniega el acceso a la prestación completa a los autónomos societarios que están al frente de un negocio por el hecho de no contratar personalmente a los trabajadores. Sin embargo, recientemente, la
justicia ha dictado diversas sentencias que son favorables al autónomo societario contraviniendo el criterio de la Seguridad Social, y permitiendo que este tenga acceso al 100 % de la pensión en iguales condiciones que un autónomo persona física.
Tales son por ejemplo: la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 28 de mayo 2019, y la Sentencia 209/2018 del Juzgado de lo Social de Oviedo de julio de 2018.
Es cierto, que las citadas sentencias de momento son puntuales y hasta que se unifique doctrina solo afectarán al autónomo que haya interpuesto la demanda. Sin embargo, desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos urgente apoyar al
trabajador autónomo en todas sus modalidades. Nuestro objetivo es allanarles el camino, en una senda que ya de por sí tiene suficientes obstáculos como es la del emprendimiento. Por ello, entendemos que sería un gran avance para este colectivo
permitir que el autónomo societario pueda cobrar el 100 % de la pensión de jubilación a la vez que atiende su negocio, en los mismos términos que el trabajador autónomo persona física, circunstancia, además, que fomentaría la contratación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que en el seno del Pacto de Toledo se debata y, en su caso, se apruebe, ampliar a los autónomos societarios la posibilidad de acogerse a la jubilación activa cobrando el 100 por 100 de la
pensión en los mismos términos que lo hacen los autónomos persona física.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2020.-José Ignacio Echániz Salgado y Diego Movellán Lombilla, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000372
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a emprender
una campaña informativa y divulgativa sobre las prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores autónomos por el abono de su cuota a la Seguridad Social, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Los últimos datos de paro registrado (SEPE) y de afiliación a la Seguridad Social publicados -correspondientes a diciembre de 2019- ratifican lo que ya se venía anunciando: un fuerte frenazo en la creación de empleo y en la reducción del
paro. En 2019 el paro se ha reducido la quinta parte que el año anterior (38.692 parados menos en 2019 frente a los 210.484 parados menos en 2018) y el ritmo de creación de empleo se ha visto reducido a la tercera parte, creándose 180.000 empleos
menos (en 2018 se crearon 563.965 empleos y en 2019, solo 394.373 empleos) lo que supone la menor creación de empleo desde 2013, confirmando así la desaceleración del mercado laboral.
El desgobierno del Sr. Sánchez y sus nulas políticas económicas y laborales han impactado especialmente en el colectivo de trabajadores autónomos. Es muy grave que en el último año el crecimiento de trabajadores autónomos se haya reducido
un 70 % respecto a 2018. Esto, a pesar de que los trabajadores autónomos han visto mejorar sus derechos con las numerosas medidas aprobadas por el Gobierno del Partido Popular en la X Legislatura, por las mejoras incorporadas por la Ley de Medidas
Urgentes del Trabajo Autónomo y por el Real Decreto-ley 28/2018, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.
Recientemente, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), junto con la Fundación Mapfre, presentaron un informe denominado El trabajador autónomo ante la previsión social La principal conclusión que se extrae de este informe es que los
autónomos desconocen las prestaciones a las que tienen derecho por cotizar a la Seguridad Social en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). El informe refleja que nueve de cada diez trabajadores autónomos (el 88,6 %) apenas tiene
conocimiento de que la cuota que abonan cada mes a la Seguridad Social no solo les garantiza el acceso a una pensión de jubilación, sino que también les cubre en caso de maternidad, paternidad, viudedad, orfandad, incapacidad temporal o permanente
por enfermedad o por accidente laboral, y el cese de actividad.
Es evidente que esta desinformación, unida al bloqueo político y a la inseguridad y falta de confianza que genera el Gobierno socialista, ha afectado de manera intensa a este colectivo que ha visto como el número de trabajadores autónomos
crece en 2019 un 70 % menos que el año anterior.
En el Partido Popular sabemos que el presente y el futuro de España pasa por apoyar a los emprendedores y, de manera particular, a los autónomos, ya que apoyarles es generar riqueza y fomentar la creación de empleo. Por ello, entendemos
fundamental y prioritario emprender una campaña divulgativa destinada al colectivo de los trabajadores autónomos para informarles de todos los derechos a los que tienen acceso con el pago de su cuota a la Seguridad Social y que así tomen conciencia
de sus derechos y deberes, en lo que a prestaciones sociales se refiere.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a emprender una campaña divulgativa dirigida al colectivo de los trabajadores autónomos para informarles de todos los derechos a los que tienen acceso con el pago de su cuota a la Seguridad
Social y que así tomen conciencia de sus derechos y deberes en lo que a prestaciones sociales se refiere.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2020.-José Ignacio Echániz Salgado y Diego Movellán Lombilla, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000373
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a adoptar
medidas para que los trabajadores autónomos puedan hacer aportaciones extraordinarias a la Seguridad Social que computen a efectos de cotización, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Los trabajadores autónomos han ido conquistando derechos los últimos años gracias a las numerosas medidas aprobadas a favor de este colectivo por el Gobierno del Partido Popular durante la X legislatura, a las mejoras incorporadas por la Ley
de Medidas Urgentes del Trabajo Autónomo y por el Real Decreto-ley 28/2018, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. En la actualidad, España es el segundo país de la Unión
Europea donde los autónomos gozan de mayor protección social, solo detrás de Luxemburgo.
Sin embargo, y a pesar de que los autónomos disfrutan ya de las mismas prestaciones que los trabajadores asalariados, las cuantías que perciben son de media un 40 % más bajas que las de los trabajadores por cuenta ajena. El problema radica
en que los autónomos siguen viendo la cuota que mensualmente pagan a la Seguridad Social como un impuesto en lugar de como una inversión. Siete de cada diez trabajadores autónomos cotizan por la base mínima de cotización, es más, en numerosas
ocasiones los trabajadores autónomos cotizan más a la Seguridad Social por sus propios trabajadores que por ellos mismos.
Los trabajadores autónomos pueden elegir voluntariamente sus bases de cotización, y de esta decisión dependerá la cuantía de las prestaciones que percibirán ya que todas las prestaciones se calculan a partir de esa base de cotización. De
esta manera, si cotizan por menos, recibirán menos en el momento de jubilarse, tener una baja o solicitar la prestación por cese de actividad, por ejemplo.
La ley de autónomos de 2017 permite unos mecanismos más flexibles para que el autónomo pueda adaptar la base de cotización a sus ingresos del momento, autorizándoles a cambiar hasta cuatro veces al año de base de cotización. Esto permite al
autónomo elegir una base mayor en los periodos del año en que obtenga más ingresos y escoger una base menor cuando la facturación flaquee.
Todas estas nuevas medidas son muy positivas para incentivar al trabajador autónomo a adaptar su cotización a sus circunstancias empresariales. La situación ideal es que el trabajador autónomo, si se lo puede permitir, ajuste su base de
cotización a sus rendimientos netos para así poder beneficiarse de un mayor importe en las prestaciones a las que tiene derecho.
Desde el Grupo Parlamentario Popular seguimos con nuestro compromiso de apoyar a los autónomos, un colectivo que es gran generador de empleo -ya que crean más de 4 millones de puestos de trabajo de manera directa o indirecta- y que aporta
riqueza y bonanza a nuestro país. Por ello, continuamos trabajando para que se aprueben medidas que faciliten la vida a este colectivo, medidas que compensen su esfuerzo y que reduzcan sus riesgos.
Así, para propiciar que el trabajador autónomo tenga unas prestaciones de mayor cuantía, proponemos que se les permita que, de manera voluntaria, puedan hacer aportaciones a la Seguridad Social sin necesidad de modificar su cuota mensual.
Estas aportaciones extras y voluntarias computarán -de manera proporcional a lo aportado- como si se estuviera cotizando por una base mayor. Además, a los efectos de incentivar al trabajador, estas aportaciones serán deducibles fiscalmente en un
porcentaje a establecer.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Adoptar cuantas medidas sean necesarias para que los trabajadores autónomos puedan, al inicio de cada ejercicio, realizar aportaciones voluntarias a la Seguridad Social que computen -de manera
proporcional a lo aportado- como si estuvieran cotizando por una base mayor. Todo ello, sin necesidad de modificar su cuota mensual.
- A efectos de incentivar al trabajador, dichas aportaciones extraordinarias serán deducibles fiscalmente en un porcentaje a establecer.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2020.-José Ignacio Echániz Salgado y Diego Movellán Lombilla, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000385
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancias de la Diputada de Junts per Catalunya, Laura Borràs i Castanyer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta para su debate en la Comisión de
Trabajo, Seguridad Social y Migraciones una Proposición no de Ley para la concesión de una baja extraordinaria a los padres, madres o tutores de hijos escolarizados que no puedan acudir a sus puestos de trabajo por tener que hacerse cargo de sus
hijos al estar sus colegios cerrados por el coronavirus.
Exposición de motivos
Una de las medidas para hacer frente a la crisis del coronavirus que más impacto está teniendo entre la población es la de cerrar las escuelas. En aquellas familias con hijos pequeños en las que los padres o tutores trabajan, los hijos no
pueden permanecer solos en casa, por lo que se ven obligados a acudir a abuelos (población de riesgo en el caso del coronavirus), a familiares, o simplemente obligados a forjar falsas bajas por enfermedad de uno de los progenitores para poder
atender a los hijos. Es hora de racionalizar estas situaciones y de atender la demanda de las familias en el caso de decretar el cierre de la escuela.
A fecha de la presentación de esta proposición no de ley, la Comunidad de Madrid ha decretado el cierre de los centros educativos durante 15 días para intentar frenar los contagios de coronavirus en la región. La suspensión abarca desde las
escuelas infantiles y los colegios a los institutos y las universidades. La medida, que está prevista hasta el 26 de marzo, podrá prorrogarse en función de la situación epidemiológica.
En Euskadi, el Departamento de Educación del Gobierno Vasco decidió cerrar desde el martes 10 de marzo todos los centros educativos de Vitoria, incluidas guarderías, colegios, institutos y universidades, tanto públicos como concertados, para
contener la expansión.
En Catalunya, el Departament d'Educació ha decidido cerrar dos semanas unas determinadas escuelas después de haber detectado casos de coronavirus COVID-19.
La propagación del COVID-19 no se ha detenido y en consecuencia es previsible que en las próximas fechas se decrete el cierre de más colegios como medida preventiva para frenar su expansión. Ante esta situación, muchos padres no tienen más
remedio que abstenerse de sus lugares de trabajo para hacerse cargo del cuidado de sus hijos. Ante esta delicada situación, se insta al Gobierno a incorporar, entre las medidas extraordinarias a adoptar, la decisión de que la Seguridad Social se
haga cargo de una prestación -asimilable a la prestación por maternidad o paternidad- por la cual uno de los progenitores pueda tener la baja laboral para atender a los hijos durante el período de cierre de escuelas, asumiendo la Seguridad Social el
pago del salario.
Por todo ello, los diputados y diputadas del Junts per Catalunya presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a conceder una baja extraordinaria por hijos a cargo durante el período de cierre obligatorio, de escuelas, asimilable a las bajas por maternidad o paternidad y que cubra el 100 % del sueldo
íntegramente a cargo de la Seguridad Social, para aquellos padres, madres o tutores, que sean trabajadores por cuenta propia o ajena y se encuentren en situación de alta en
cualquiera de los regímenes de Seguridad Social, con hijos escolarizados en etapa infantil o primaria que no puedan acudir a sus puestos de trabajo o, por la idiosincrasia de su empleo, practicar el teletrabajo, por tener que hacerse cargo
del cuidado de los hijos cuyas escuelas permanezcan cerradas a causa del COVID-19. La prestación será aplicable a uno solo de los progenitores o tutores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2020.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/000377
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia Rueda Perello y D. José María Figaredo Álvarez-Sala, en su condición de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) respectivamente, al amparo de lo establecido en los artículos
193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a financiación de PYMES para que se debata en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Hay un consenso generalizado que establece que una industria potente sirve para enfrentarse con mayores garantías de éxito a las crisis económicas que azotan de manera periódica nuestra economía. En los tiempos actuales, estamos inmersos en
la llamada cuarta revolución industrial, lo que supone la aparición de unos retos establecidos en los programas estratégicos, también conocidos como Agenda 2030, que suponen una actualización de la industria y la necesidad de incrementar su peso a
nivel europeo.
Siendo las PYMES, entre las que se incluyen los autónomos, las que componen el 99 % del tejido empresarial español y que, a su vez, representan el 66 % de los empleos según los datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social y por el de Industria, Comercio y Turismo, se hace especialmente necesario prestar atención a los problemas que aquejan a estas empresas, especialmente las micro pymes. Para que las PYMES en general puedan afrontar los retos de la
'Industria 4.0', concretados en la digitalización, sostenibilidad, competitividad y crecimiento, es imprescindible abordar la dificultad de acceso a la financiación.
El camino hacia una mayor diversificación productiva hacia actividades de mayor valor añadido que integren la sostenibilidad y la innovación, hace que se requiera de unas fuentes de financiación fuertes y adecuadas a estos retos.
Es público y notorio que el acceso a las fuentes de financiación está en íntima relación con el tamaño empresarial, siendo el tamaño de las PYMES la principal dificultad, pues tienen limitadas garantías con las que satisfacer a esas fuentes
de financiación.
Durante la última década se ha puesto de relieve la excesiva dependencia de la financiación bancaria, lo que suponía una vulnerabilidad muy alta para las PYMES en momentos de crisis ante la restricción del crédito. Si bien la financiación
mediante créditos bancarios se ha mejorado, sigue siendo el principal problema para las PYMES que no cuentan con recursos propios con lo que avalar estas operaciones, así como el desconocimiento que de las mismas tienen las entidades bancarias.
Una medida que no ha dado los resultados esperados fue la creación de sociedades de garantías recíprocas, cuya misión es prestar avales con los que acceder a créditos. Un 73 % de las empresas nunca ha recurrido a estas sociedades y casi el
mismo número habían acudido a otros tipos de financiación, según el informe de la Sociedad de Garantía Recíproca de 2018.
Es claro que diversificar las fuentes de financiación es clave para la obtención de recursos con los que una empresa pueda afrontar los retos de la revolución 4.0. De ahí que hayan aparecido figuras en nuestro entorno que suponen fuentes de
financiación alternativa, como las plataformas participativas de inversión -crowdfunding- o los bussines angels o inversores de proximidad. Estos últimos, han experimentado
gran crecimiento en países europeos, aunque sin llegar a los niveles de Estados Unidos. Sin embargo, en España, la falta de un marco regulatorio supone que sean muy escasos los ejemplos a pesar de lo establecido en la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre o las normativas que han desarrollado algunas Comunidades Autónomas.
En cuanto a las plataformas participativas, es de señalar que sí han tenido su regulación en la Ley 5/2015, de 27 de abril. Aunque no se cuenta con datos oficiales, las muestras indican el elevado crecimiento en su utilización a niveles
fuera de la industria.
Otras alternativas no han llegado a cuajar por el desconocimiento de las PYMES sobre su existencia o, en menor medida, por su especialización, como son el Mercado Alternativo de Renta Fija, el Mercado Alternativo Bursátil o las entidades de
capital riesgo.
Estas alternativas de financiación no han sido potenciadas debido a tímidas políticas que responden a intereses que nada tienen que ver con el apoyo a las PYMES, o por la fobia que tienen determinados sectores políticos a cualquier tipo de
empresas que generen riqueza y trabajo al margen de la subvención.
Siendo decidido el apoyo de VOX a los autónomos y PYMES es por lo que creemos conveniente fomentar un tejido empresarial fuerte que cohesione todos los territorios de España mediante una industria potente, moderna y competitiva, creadora de
empleo y que dé como resultado una mejora significativa de la calidad de vida de los españoles.
Por todo ello, el grupo parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a facilitar y promover el acceso a financiación de las PYMES y, más concretamente, a las micro pymes, todo ello con el ánimo de alcanzar más competitividad y lograr los objetivos de la
Industria 4.0, adoptando las siguientes medidas:
1. Creación de políticas de información y potenciación del acceso a financiación en el Mercado Alternativo de Renta Fija y al Mercado Alternativo Bursátil.
2. Creación de políticas que potencien el acceso a la financiación bancaria mediante coberturas y garantías públicas.
3. Creación de políticas tendentes a dar a conocer las fuentes de financiación alternativas, eliminado trabas y simplificando trámites, así como generando incentivos que ayuden a su crecimiento.
4. Presentación a las Cortes Generales de un Proyecto de Ley para los inversores de proximidad, que incentive su participación y dé cobertura a los riesgos asumidos, mejorando la política de incentivos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2020.-José María Figaredo Álvarez-Sala y Patricia Rueda Perelló, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000388
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán y D. José María Figaredo Álvarez-Sala, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y de Diputado, respectivamente, del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mitigación del desequilibrio entre Comunidades Autónomas en materia industrial y al fomento del sector secundario, para su discusión en la Comisión de Industria,
Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Primero. La industria es, desde el siglo XVIII, capital en el desarrollo económico de un país. España no es una excepción, siendo el sector secundario uno de los que más aporta al Producto Interior Bruto (PIB) nacional y de los que más
riqueza genera.
A pesar de lo anterior, es un hecho indubitado que la industria española experimenta en los últimos años un constante declive, en lo que es una tendencia opuesta a la del PIB total del país, que registra una sostenida tendencia alcista.
Segundo. En este sentido, y según recoge el Banco Mundial en su informe sobre el valor agregado del sector industrial publicado en 2019, el peso de la industria en el PIB español fue del 27 % en el año 1998, del 26,3 % en 2008 y del 19,9 %
en 2018.
Este descenso tan acusado tiene una consecuencia directa en el empleo. Los datos hablan por sí solos: mientras que la industria en España empleó a 847.700 trabajadores en el primer trimestre de 2017, en el último trimestre de 2019 la cifra
total de empleados en este sector fue de 793.900, según los datos de ocupación por sector económico ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Tercero. Por Comunidades Autónomas, la situación expuesta es especialmente acuciante en algunas de ellas: bien porque, en algunos casos, su actividad industrial sea exigua en comparación con la media nacional; bien debido a que, aun
teniendo tradicionalmente una proporción aceptable de actividad industrial, esta se encuentra en constante e inexorable decrecimiento.
Como ejemplos de la primera problemática encontramos regiones como Baleares, Canarias o la Comunidad de Madrid, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Según datos del INE, el peso de la industria en sus respectivos PIB
autonómicos en el año 2018 fue solo del 5,1 %, del 5,5 %, del 8 %, del 4,7 % y del 3,3 %, en cada caso.
Si nos fijamos, en cambio, en las Comunidades que presentan una evolución negativa, comparando las cifras del INE de los años 2016 y 2018 llaman la atención Castilla-La Mancha (que pasó de un 17,2 % de ratio de la industria en su PIB en 2016
al 16,9 % en 2018) o Cataluña (que descendió del 18 % al 17,4 %), además de, nuevamente, Madrid (del 9,3 % al 8,8 %), Ceuta (del 5,2 % al 4,7 %) y Melilla (del 4,4 % al 3,9 %).
Cuarto. La Constitución Española recoge el principio de solidaridad interregional en diversos preceptos, en el marco de su artículo 2. En particular, el artículo 138 de la Carta Magna concreta su fin último en el 'establecimiento de un
equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español', y lo caracteriza como uno de los elementos constitucionales fundamentales sobre los que se asienta la organización del Estado. En definitiva, el artículo 138
de la Constitución atribuye al Estado el deber de garantizar la realización efectiva del principio de solidaridad velando por la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales.
Por su parte, el artículo 158.2 señala que 'con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos
recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso'.
Este Fondo de Compensación Interterritorial deberá destinarse, de acuerdo con el artículo 16.6 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, 'a financiar proyectos de carácter local, comarcal,
provincial o regional de infraestructuras, obras públicas, regadíos, ordenación del territorio, vivienda y equipamiento colectivo, mejora del hábitat rural, transportes y comunicaciones y, en general, aquellas inversiones que coadyuven a disminuir
las diferencias de renta y riqueza en el territorio español'.
Así, se observa que el principio de solidaridad, en tanto que criterio de funcionamiento del Estado, concede al ejecutivo de la Nación, entre otros poderes, amplias facultades discrecionales para el establecimiento de objetivos, prioridades,
estrategias y medios para la consecución de tal fin o para sujetar su actuación a este.
Quinto. El Grupo Parlamentario VOX entiende que promover el crecimiento o, cuando menos, el mantenimiento de la industria en aquellas Comunidades Autónomas que tienen un menor peso de este sector o que están sufriendo la continua
desaceleración de un sector industrial hasta este momento potente es una forma de concreción del principio de solidaridad, criterio que obliga en su actuación a todos los poderes públicos.
En consideración a lo anterior, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. A materializar el principio de solidaridad recogido en la Constitución mediante la dotación eficiente de los Fondos de Compensación Interterritorial y de cualesquiera otros instrumentos de desarrollo regional, de tal manera que incidan
directamente en la reducción de las diferencias económicas entre las
distintas regiones, consiguiendo un equilibrio adecuado y justo entre las distintas partes de España, sin privilegiar a unas Comunidades Autónomas sobre otras.
2. A poner en marcha cuantas medidas sean necesarias para afrontar en el corto plazo el bajo índice de industrialización de algunas regiones de España, todo ello en el marco de planes multisectoriales y transversales diseñados juntamente
con todos los actores implicados.
3. A adoptar estrategias concretas en el medio y en el largo plazo que faciliten y potencien un incremento sostenible, sostenido y sólido de la actividad industrial en las distintas regiones de España, revirtiendo así las drásticas caídas
del peso de la industria en sus respectivas economías.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2020.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Diputado.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000389
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán y D.ª Patricia Rueda Perelló, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputada del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la situación de AIRBUS en España, para que se debata en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Primero. Airbus Commercial Aircraft SAS (AIRBUS) es uno de los grupos industriales más importantes del mundo. Es líder mundial en el sector de la fabricación aeroespacial y defensa. Cuenta con más de 133 mil empleados y más de 63 mil
millones de Euros de facturación.
El 73,4 % del capital cotiza en Bolsa, y el resto es propiedad de los estados alemán, francés y español, con un 11,1 % los dos primeros, y un 4,17 % en el caso de España a través de SEPI.
AIRBUS supone uno de los grandes éxitos de la industria europea. Procede de un esfuerzo de cincuenta años de consolidación de las distintas empresas aero-náuticas del continente, que en el caso de España se inicia con Construcciones
Aeronáuticas S.A. (CASA) fundada en 1923 en Getafe por José Ortiz Echague.
Es, con Boeing, el líder mundial en construcción de aviones comerciales, con una producción media de ochocientos aviones anuales y una cartera de pedidos de ocho mil para los próximos diez años. Esto supone la producción de tres aviones
comerciales diarios en las distintas plantas de ensamblaje en Europa, USA y China.
Segundo. Al proceder de un consorcio, AIRBUS tiene muchas plantas en Europa y en el mundo. En España tiene varias entre las que destacan Getafe, Tres Cantos y Barajas (Madrid), Illescas (Toledo) y Puerto Real (Cádiz), San Pablo y Tablada
(Sevilla), Albacete.
Es muy destacable que AIRBUS emplea en España a prácticamente el 9 % de su plantilla total: 12.700 trabajadores sobre los 133.000 empleados del total del grupo. Este dato es muy importante, pues hay que recordar que en términos de empleo
las cifras expuestas suponen el doble de la participación que tiene España en el capital del grupo.
Tercero. En cuanto a facturación, España supone unos 5.200 millones de euros por año, casi el triple de los 1.500 millones que facturaba CASA en el año 2000. También en términos de empleo el éxito ha sido rotundo, pasándose de los 7.300
empleados de CASA a los 12.700 de AIRBUS.
AIRBUS en España es líder en el sector aeroespacial y defensa generando el 56,4 % de los ingresos del sector (aprox. 4,6 mil millones de euros sobre los 9 mil millones de euros de todo el sector). Las fábricas de AIRBUS en España están
dedicadas a aviación comercial y militar, helicópteros y actividades del espacio. En este punto hay que destacar que la sede mundial de 'Airbus Defence and Space' (Airbus Defensa y Espacio) está en España y su presidente es español.
Para completar las cifras del sector, hay que resaltar que la exportación supone el 80 % de los ingresos y que 40.000 personas trabajan directamente en empresas del sector. Por cada uno de estos empleos, se calcula un multiplicador de 2,5
empleos en empresas que contribuyen a la cadena de valor. Es importante
conocer que el empleo en el sector es muy cualificado, estable, en constante formación. Un empleo de la máxima calidad, en suma. Finalmente, señalar el intenso gasto en I+D, que supone el 10 % de los ingresos del sector, para desarrollar
una tecnología de vanguardia y puntera.
Para la industria auxiliar se calcula que AIRBUS genera ingresos por valor de 1.800 millones de Euros para 2000 empresas. Hay que destacar en este punto, y como un ejemplo, pues existen iniciativas parecidas en otras regiones, el denominado
Hélice clúster de Sevilla (clúster aeronáutico de Andalucía) que agrupa a una treintena de empresas dedicadas al sector aeronáutico, que sin la promoción y empuje de AIRBUS, no se habría podido constituir. Huelga decir la importancia que tiene esta
actividad para el desarrollo de Andalucía.
La inversión de AIRBUS en I+D+i en España es muy significativa, pues viene a representar el 3 % del total nacional (aprox. 410 millones de Euros) y el 80 % del esfuerzo investigador de todo el sector.
Cuarto. Las cuentas del año 2019 han sido muy satisfactorias para AIRBUS, pues pese a que ha presentado pérdidas por unas contingencias extraordinarias, han crecido en ventas, mejorando el EBITDA, han obtenido dividendo récord y una
posición inmejorable de cara al mercado por los problemas que tiene su más directo competidor, Boeing, con el avión 737 Max.
No obstante lo anterior, en fechas recientes, AIRBUS ha anunciado recortes en su plantilla de España de 630 empleados, algo más de un cinco por ciento de todos el personal. Independientemente de las cifras, esta es una malísima noticia para
España. Nunca AIRBUS había recortado plantilla ni inversiones, manteniendo un crecimiento constante en su compromiso con España. Durante la última década, el empleo en AIRBUS ha crecido un 50 %.
Los recortes anunciados son los siguientes:
- 275 despidos en Getafe.
- 100 despidos en San Pablo (Sevilla).
- 116 despidos en Tablada.
- 44 despidos en el Centro Bahía de Cádiz.
- 72 despidos en la planta de Barajas.
- 23 despidos en las plantas de las subsidiarias Secure Land Communications (antigua Cassidian) y Crisa.
En total se han anunciado 630 despidos.
Estos recortes, que no se dieron ni siquiera en los peores momentos de la crisis, se han explicado como una necesidad de todo el grupo AIRBUS por la reestructuración de su división de Defensa y Espacio en toda Europa, debido a la falta de
pedidos de aviones militares en los últimos tres años, en particular, del avión de transporte A400M, que se ensambla en la factoría de Sevilla.
Nuestra preocupación es que las razones para esta inflexión en el tratamiento que hace AIRBUS de España no parecen sostenerse por la propia dinámica de crecimiento de la empresa, y creemos que existen razones también de tipo político que
responden a las pintorescas, por llamarle de algún modo, prioridades que ha puesto en marcha el actual Gobierno.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
- Reanudar, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo una interlocución clara y transparente con AIRBUS, con el fin de aclarar y cuantificar los recortes que se proponen tanto a corto plazo como en los próximos años.
- Informar a la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del resultado de dicha interlocución y de las consecuencias que se prevén por los recortes y la disminución de actividad de AIRBUS en España. También se informará sobre las
consecuencias que estos recortes supondrán para la industria auxiliar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2020.-Patricia Rueda Perelló, Diputada.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000405
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. José María Figaredo Álvarez-Sala y D.ª Patricia Rueda Perelló, en su condición de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) respectivamente, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193
y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley instando al Gobierno a que promueva la creación de un Grupo de Trabajo, a través de la Conferencia Sectorial de Industria, con el fin de armonizar y simplificar la
normativa en industria y promover la creación de una ventanilla única regional, para su discusión en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
Exposición de motivos
Primero. La gran carga normativa española provoca, a día de hoy, enormes dificultades a la hora de establecer una empresa. Dentro del sector industrial, la cuestión se hace más difícil aún más dada la complejidad de las inversiones
industriales, que además han de tener en cuenta todas las cuestiones medioambientales.
Segundo. La Unión Europea, en su Comunicación de la Comisión 'Por un renacimiento industrial europeo', del 22 de enero de 2014, estableció un objetivo para este año 2020 del sector industrial en cada Estado miembro del 20 % sobre el PIB
nacional. Sin embargo, la industria española apenas constituye actualmente el 14 % del PIB; nos separan al menos 72 mil millones de euros del objetivo marcado por la UE.
Tercero. Estas cuestiones que tanto daño hacen a nuestra industria, y que para los sectores afectados se puede considerar de clamor por una reforma en profundidad, han de ser afrontadas con carácter urgente. De este modo, nos hacemos eco
de la propuesta de la región de Murcia donde, para agilizar la implantación de la industria, se ha propuesto una ventanilla única para todos los trámites necesarios para iniciar una actividad industrial.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario de VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Promover, dentro del ámbito de sus competencias y a través de la Conferencia Sectorial de Industria, la creación de un Grupo de Trabajo cuyo objetivo sea la armonización y simplificación de la normativa en materia de procedimientos de
autorización de instalaciones industriales.
2. Promover dentro del referido Grupo de Trabajo la creación de una ventanilla única a nivel regional donde se tramiten con rapidez y agilidad las solicitudes relacionadas con proyectos industriales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo de 2020.-José María Figaredo Álvarez-Sala y Patricia Rueda Perelló, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000407
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D.ª Patricia Rueda Perelló, D.ª Vítrea Borrás Pabón, D. Andrés Alberto Rodríguez Almeida y D.ª María de la Cabeza Ruiz Solás, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y de
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la puesta en marcha de un Plan de Fomento de la Renovación
del Parque Automovilístico Español, para su discusión en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
Exposición de motivos
El 1 de enero de 2020 entró en vigor el Reglamento 2019/631 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por el que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 de los turismos nuevos y de los
vehículos comerciales ligeros nuevos. Dicho Reglamento recoge en su exposición de motivos la importancia de que los Estados miembro lleven a cabo las medidas necesarias para fomentar un índice de renovación de los parques automovilísticos más
elevado, con el fin de sustituir lo antes posible los vehículos más antiguos y con más emisiones por otros más eficientes.
En efecto, para avanzar hacia una descarbonización más rápida de nuestras ciudades es imprescindible renovar el parque automovilístico de las mismas. Al hacerlo, no solo aumentarían las ventas de los vehículos menos contaminantes (no
necesariamente eléctricos) y con ello la calidad de nuestro aire, sino que además mejoraría la rentabilidad, tanto de los fabricantes de vehículos, como del mercado de la distribución de recambios, especialmente castigado por la incertidumbre
generada en torno a la movilidad.
La mejor manera de hacerlo, sería incentivando la renovación de los vehículos antiguos a cambio de la compra de coches nuevos o seminuevos (por supuesto sin discriminar ninguna tecnología), puesto que actualmente cualquiera de ellas
permitiría la mejora de los índices de contaminación, contribuyendo a conseguir una transición más ordenada hacia la nueva movilidad, e impulsando la implantación gradual del coche eléctrico. Así, el Reglamento 2019/631 afirma que: 'La
disponibilidad de vehículos de emisión cero y de baja emisión más asequibles podrían fomentar cambios en el comportamiento de los consumidores y una difusión más rápida de las tecnologías de baja emisión'.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario de VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. La puesta en marcha de un Plan de Fomento de la Renovación del Parque Automovilístico Español con una dotación económica suficiente, cuyo objetivo sea implementar cuantas medidas sean necesarias para retirar los vehículos con más de diez
años del mercado y poder así cumplir con las disposiciones del Reglamento 2019/631 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, así como implementar medidas fiscales con el objetivo de traspasar la presión fiscal de la compra al
uso, acorde con el desarrollo esperado del sector.
2. Desvincular el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el llamado Impuesto de Circulación, de la cilindrada y potencia del vehículo -aspectos que han pasado a un segundo plano de importancia frente al de las emisiones- y
vincularlo al CO2 y a la normativa comunitaria, para convertirse en un sistema más justo de discriminación y más acorde a los nuevos tiempos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2020.-María de la Cabeza Ruiz Solás, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia Rueda Perelló, Mireia Borrás Pabón y Andres Alberto Rodríguez Almeida, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000426
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Inés Cañizares Pacheco, D. Víctor González Coello de Portugal, D. Rodrigo Jiménez Revuelta, D. Pablo Sáez Alonso-Muñumer, y D. Rubén Manso Olivar, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas para
asegurar la adecuada distribución de alimentos y demás bienes de primera necesidad, para su discusión en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
Exposición de motivos
Primero. La alarma social creada por el coronavirus y acelerada por la falta de previsión del Gobierno, ha provocado que los ciudadanos, ante la incertidumbre sobre la evolución en el corto y medio plazo de la situación de crisis sanitaria,
social y económica, aprovisionen bienes de primera necesidad.
Efectivamente, todos los medios de comunicación se han hecho eco de las largas esperas para comprar en grandes almacenes. Algunas cadenas de alimentación han desarrollado protocolos para reforzar y asegurar sus cadenas de distribución, en
vista de la alta demanda para acopio por parte de las familias españolas.
Segundo. Hasta el martes 10 de marzo, el Gobierno no dio ninguna recomendación a los ciudadanos de quedarse en sus casas, instando a la población a que saliera exclusivamente para compra de bienes de primera necesidad, así como para
productos de farmacia. Sólo a partir de ese día, la recomendación se limitó exclusivamente a las personas mayores y grupos de riesgos, y se aconsejó que las empresas implantaran el teletrabajo. En ese momento, la cifra oficial de diagnosticados
era de 1.639 personas, 1.198 diagnosticados más que el sábado 7 de marzo, un 271,7 % más.
La gran mayoría de las empresas de nuestro país ha decidido implantar el teletrabajo, más por motivos de imposición por parte de COVID-19 que por parte de la facilidad y apoyo del Gobierno a través de medidas de política de empleo y de
seguridad social, entre otras, que tiene a su alcance. Muchas otras empresas se ven en la obligación de que sus empleados sigan trabajando en su puesto. Es el caso de las empresas de venta de alimentación y las oficinas de farmacia que, además, a
partir del 14 de marzo, serán los únicos establecimientos que quedarán abiertos al público.
Después de la declaración del Estado de Alarma, los ciudadanos españoles podrán acudir a los centros comerciales a comprar bienes de primera necesidad. Ante la situación de zozobra existente entre la población, se han producido grandes
aglomeraciones para la compra de este tipo de bienes.
Tercero. Los desafíos que pueden encontrar los ciudadanos, y la sociedad en su conjunto, son los siguientes:
- No se pueden cumplir las recomendaciones que dan las autoridades sanitarias de mantener una distancia prudencial entre personas, de mínimo metro y medio o dos metros, para evitar posibles contagios.
- Son muchos los españoles asintomáticos que pueden haber contraído el virus y ser portadores, como ha sido el caso de notables miembros del Gobierno.
- Los carros y cestas de la compra son utilizados continuamente por muchas personas. Efectivamente, un carro o cesta de un centro de alimentación puede ser usado y tocado sin guantes por cientos de personas un mismo día sin ser desinfectado
después de cada uso.
- No existe disponibilidad de guantes suficientes para usar y tirar a la hora de tocar, no solo los carros, sino cualquier otro producto de cualquier estante.
- No existe disponibilidad suficiente entre la población para acudir con mascarillas a los centros de alimentación.
- Según la Organización Mundial de la Salud, el coronavirus puede sobrevivir desde horas hasta días en función del material donde se encuentre.
Por los motivos expuestos, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar todas las medidas necesarias para asegurar la correcta distribución de alimentos y productos básicos, y mantener contenido el COVID-19, hasta que se rebaje el riesgo de propagación por
debajo de nivel de epidemia y, en concreto, las siguientes:
1. Distribuir a los centros de alimentación y productos básicos guantes de plástico para su uso obligatorio por parte de los clientes.
2. Distribuir a los empleados de los centros de alimentación y productos básicos mascarillas y guantes de látex.
3. Tomar las medidas necesarias para que los centros de alimentación y de productos básicos estén obligados a desinfectar, con los productos a su alcance, las asas de los carros y cestas para la realización
de la compra. Así como instar el uso obligatorio de mascarillas y guantes de látex por parte de los clientes y empleados.
4. En cuanto a la distribución a domicilio de alimentos y productos de primera necesidad, el Gobierno fomentará, facilitará e impulsará, en coordinación con las Comunidades Autónomas, el pedido a domicilio, tanto para el consumidor como
para los centros de alimentación. Para ello, se llevarían a cabo las siguientes actuaciones:
- Se reforzarán los sistemas tecnológicos empleados por las empresas de distribución para ventas por internet a través de sus aplicaciones. El Gobierno dará apoyo a que estos sistemas puedan absorber el impacto del incremento del número de
peticiones, y utilizará para ello los medios a su alcance, como el impulso y uso del CDTI o cualquier otro medio público-privado para su efectividad. Este apoyo no supondrá mayor coste para la empresa de alimentación.
- Se reforzarán los sistemas tecnológicos empleados por las empresas de distribución para ventas por teléfono a través de sus centros de recepción de llamadas para pedidos. El Gobierno dará apoyo a las empresas de distribución a través de
las operadoras telefónicas que operan en el mercado de telefonía español.
- Exención total de impuestos, ya sea de IVA o de Impuesto de Sociedades, a la contraprestación de servicios de envío a domicilio.
- Exención de la cuota empresarial de la seguridad social a los nuevos contratos de carácter temporal para reforzar la distribución de alimentos, entre los que se incluyen entre otros: teleoperadores de pedidos, personal técnico informático
o de sistemas para refuerzo de aplicaciones de venta online, empaquetadores, reponedores, cajeros, transportistas ya sean de origen o a cliente final, etc.
- Eliminación temporal de los impuestos sobre el carburante utilizado por los transportistas y que sea destinado a la distribución de alimentos al cliente final.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2020.-Inés María Cañizares Pacheco, Víctor González Coello de Portugal, Rodrigo Jiménez Revuelta, Pablo Sáez Alonso-Muñumer y Rubén Silvano Manso Olivar, Diputados.-Macarena Olona
Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000427
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia Rueda Perelló, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D.ª Mireia Borrás Pabón, D. Andrés Alberto Rodríguez Almeida y D.ª María de la Cabeza Ruiz Solás, en sus condiciones de Portavoz Adjunto y Diputados
del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la concesión de ayudas
urgentes al comercio minorista, para que se debata en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
Exposición de motivos
Primero. El artículo 1.2 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, define el comercio minorista como aquella actividad desarrollada profesionalmente con ánimo de lucro consistente en ofertar la venta de
cualquier clase de artículos a los destinatarios finales de los mismos, utilizando o no un establecimiento.
En España el comercio minorista representa el 5 % del PIB. 753.000 empresas y autónomos constituyen el total del sector, de las cuales 377.000 no tienen asalariados y 239.000 solo tienen uno o dos asalariados (Informe Estudio prospectivo
del comercio minorista en España, SEPE, 2017).
Segundo. Estas cifras, indican que el 81 % de los comercios minoristas en España se podrían caracterizar como de auto empleo o microempresas; es lo que se suele denominar pequeño comercio. Una crisis como la que estamos viviendo por la
incidencia del SARS-CoV-2 (COVID-19) y las medidas
decretadas de cierre de los comercios, pueden ser devastadoras para estos establecimientos y quienes los trabajan, propietarios y empleados.
No hay que descartar que los cierres de las tiendas puedan prolongarse y que lleven a la ruina a un número importante de españoles con un efecto cascada muy peligroso: impago de alquileres, salarios y proveedores. Se hace necesario una
acción preventiva y también de extrema simplicidad para los comerciantes que puedan verse afectados. Estas medidas deberán ser complementarias a las fiscales que adopte el Gobierno, como rebajas, suspensiones o aplazamientos extraordinarios de las
obligaciones tributarias.
Urge que las propuestas sean extremadamente simples y mediante los conductos conocidos por los comerciantes, como son las entidades financieras, los bancos y cajas con los que habitualmente trabajan. Dado que los tipos de interés se
mantienen en tasas negativas, se debería plantear que estas ayudas en forma de créditos sean a tipo cero.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Habilitar a través de las entidades financieras un paquete de asistencia financiera al pequeño comercio con créditos a tipo cero, sin gastos de apertura ni de estudio, ni de cualquier otra naturaleza, con el objetivo de paliar la crisis
producida por el SARS-CoV-2 (COVID-19). Dichos créditos tendrán un periodo de carencia de al menos seis meses.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2020.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000444
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán y D. José María Figaredo Álvarez-Sala, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y de Diputado, respectivamente, del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación y publicitación de un registro de colaboradores con el Sistema Nacional de Salud durante la crisis del COVID-19, para su discusión en la Comisión de
Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Primero. El 14 de marzo se promulgó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Sus artículos 4 y 12 otorgan al
Ministro de Sanidad del Gobierno de España, D. Salvador Illa Roca, entre otras funciones, la competencia para adoptar las medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional.
Con el fin de desarrollar el citado Real Decreto, y haciendo uso de la habilitación concedida por este, el 15 de marzo se publicó la Orden SND/233/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen determinadas obligaciones de información, que
define el procedimiento y la información que deben suministrar ciertos sujetos obligados a ello. Se refiere, en concreto, a 'las personas jurídicas, nacionales o extranjeras ubicadas en el territorio nacional, que tengan como actividad la
fabricación y/o importación de alguno de los productos' recogidos en su resuelvo tercero, así como a quienes 'tengan capacidad de desarrollo' de estos.
A los sujetos obligados se les exige que presenten información sobre una serie -numerus clausus- de productos sanitarios citados en el resuelvo tercero, declarando el número de unidades disponibles de cada uno de ellos. Entre estos
productos se encuentran mascarillas (quirúrgicas, FFP2 y FFP3), kits de diagnóstico de coronavirus, gafas de protección, guantes de nitrilo o soluciones hidroalcohólicas, que el
Ministro de Sanidad podría requisar en la medida en que fuesen necesarios para la protección de la salud pública, en el contexto de emergencia en el que nos encontramos.
Segundo. Pues bien, lo cierto es que cientos de ciudadanos particulares, organismos y empresas españolas han mostrado su ayuda incondicional al Sistema Nacional de Salud, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a otras
instituciones estatales y autonómicas, ofreciendo su colaboración gratuita de distintas maneras antes de que el Gobierno exigiese la información sobre sus bienes y de la entrada en vigor del Real Decreto.
Así, algunos ciudadanos han donado material sanitario o se han ofrecido a fabricarlo o a importarlo a sus expensas 2. Otros se han prestado a cooperar mediante la cesión de personal médico, de enfermería, farmacéutico, militar o de
transporte. Algunos incluso, han puesto a disposición del Gobierno de España su red logística internacional y sus proveedores en otros países.
La lista es muy numerosa y da buena cuenta del carácter generoso y luchador de tantos españoles que quieren revertir la situación crítica que atraviesa España, y no dudan en cooperar aportando sus bienes o servicios. Muchos españoles están
dispuestos a anteponer los intereses de España a los suyos propios, a destinar sus recursos personales y profesionales para la consecución del bien común.
Tercero. Muchas de estas donaciones u ofrecimientos de ayuda han sido ya públicamente reconocidos en ciertos medios de comunicación. Pero no lo han sido todos, ni todos han tenido la misma difusión.
En una hora tan grave para España, el Grupo Parlamentario VOX entiende que es de justicia reconocer a todos esos ciudadanos y empresas que simbolizan los mejores valores de una Nación que se crece y se pone en pie ante las dificultades, y
que moldean con sus buenas acciones una idea de España como proyecto común.
El Congreso de los Diputados debe expresar, como representante del pueblo español, su agradecimiento a todas aquellas personas físicas y jurídicas que, con su colaboración desinteresada, han contribuido de forma extraordinaria al
sostenimiento del Estado y, en particular, del Sistema Nacional de Salud en un momento de extraordinaria necesidad.
En atención a lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a lo siguiente:
Adoptar las medidas necesarias para crear y publicitar debidamente, en los distintos medios de comunicación y redes sociales de instituciones y organismos del Estado, un registro de todas las personas físicas y jurídicas que, en una
situación de emergencia como la actual, han colaborado con el sostenimiento
2 Entre otras: - Fabricación y donación de material sanitario por parte de Inditex, así como puesta a disposición del Gobierno de toda su capacidad logística, de aprovisionamiento y de gestión comercial. - Donaciones de material sanitario
al Ayuntamiento del Prat de Llobregat y a la Policía Local: Fundación Rubricatus, comercio Basar Marina, Ferretería Fermon. - Donaciones de equipos de protección individual e instrumental médico a la Junta de Castilla y León: empresa Cascajares,
Facundo, Huevos de Campos, la Universidad de León y ciudadanos particulares. - Donaciones de material sanitario a la Policía Local de Puertollano: E. Vigara, farmacia de calle Gran Capitán, Proecoman, Mheva, C. N. Centro Nacional del Higrógeno,
LES Juan de Távora y otros ciudadanos particulares, con especial mención de la comunidad china residente en esa localidad. - Donación de material sanitario al Hospital de Calahorra por parte de la empresa Bruna, de Rincón de Soto. - Ofrecimiento
de personal de la Reserva Militar de Voluntarios de Ares, Asturias. - Ofrecimiento de personal médico estudiante y jubilado por parte del Colegio Estatal de Estudiantes de Medicina. - Ofrecimiento por parte de la Federación Profesional del Taxi,
la Asociación Gremial de Autotaxi, Asociación Madrileña del Taxi y TACAM, así como Radioteléfono Pidetaxi y Freenow del sector del taxi; y con la de Cabify, Uber y las asociaciones del sector VTC con representación en el Comité Madrileño de
Transporte por Carretera, para transportar a sanitarios en su realización de visitas domiciliarias. - El Colegio de Enfermería de Madrid ha pedido a sus enfermeros de España que se trasladen, si pueden, a las zonas más castigadas por el virus, para
poder trabajar en los focos más activos. - El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid está tratando de coordinar un programa de incorporación de voluntarios que se unan a los miles de médicos ya en activo en los lugares de mayor propagación
del virus. - DKV y la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria ofrecen consejo clínico online gratuito a los afectados por el COVID. - Naval-6s crea un fondo para apoyar a comunidades afectadas por el COVID-19.
de las necesidades de España y de su Sistema Nacional de Salud, así como del género de las aportaciones por ellas realizadas.
En todo caso, esta iniciativa observará el marco legal vigente y, en particular, la normativa sobre protección de datos personales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2020.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Diputado.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000449
La Mesa de la Cámara ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario VOX.
Proposición no de Ley relativa al turismo de cruceros en los puertos de España.
Acuerdo:
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión de presentación de un informe se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no
de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Patricia Rueda Perelló, D. José María Figaredo Álvarez-Sala, D.ª Mireia Borrás Pabón, D. Andrés Alberto Rodríguez Almeida y D.ª María de la Cabeza Ruiz Solás, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados
del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa al turismo de cruceros en
los puertos de España, para su discusión en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
Exposición de motivos
Primero. El turismo de cruceros ha sido objeto de una creciente politización por ciertos partidos políticos, que lejos de definirlo como fuente de ingresos y riqueza, lo han estigmatizado, generando con ello cierta confusión entre la
ciudadanía. De hecho, este tipo de turismo ha sido víctima de cierta aversión y rechazo social, llegando incluso a hablar de 'turismo fobia'. Este fenómeno ha comenzado a tomar fuerza en las investigaciones de algunos antropólogos, y cada vez se
habla más de ello en destinos como Barcelona, Mallorca, Venecia, Santorini y Ámsterdam.
Se destacan aspectos negativos sin realizar una verdadera y profunda valoración de las ventajas y desventajas, más allá de tomar conciencia acerca de que los efectos negativos, a los que en ocasiones se hace referencia, tienen que ver con
una mala planificación del destino turístico, que debe apostar por gestionar eficazmente los flujos de turistas.
Segundo. El sector del crucero en el Mundo implica a casi cinco centenares de buques y treinta millones de cruceristas. El mar Caribe y Europa, junto con el mar Mediterráneo, son el destino de más de dos tercios de todos los cruceros, con
un impacto económico positivo de más de ciento treinta mil millones
de euros, de los que 1.255 millones de Euros es el impacto español, dando empleo (directo, indirecto e inducido) a más de 26.400 personas, y representando un 10,9 % del PIB del sector turístico nacional.
Medio millón de españoles apuestan por vacaciones en cruceros todos los años. Como emisores de turistas, los españoles están en el cuarto puesto, tras Alemania, Reino Unido e Italia. Hay que destacar la juventud en comparación con otros
países, y por el crecimiento de la demanda, está volviendo al pico máximo en 2011 con más de setecientos mil españoles cruceristas.
Tercero. El turismo de cruceros no puede valorarse de una forma simplista, pues abarca desde una oferta de altísima calidad, hasta algunas que podríamos considerar más baratas o 'low cost'. En este sentido, hay que destacar que los
cruceros han recibido críticas de voces muy autorizadas por su envergadura literaria, como es el caso de David Foster Wallace, que rompen con la tradición de la literatura de viajes donde los viajes en barco eran muy estimados. En suma, los
cruceros, como el resto del turismo, tienen una oferta amplísima que debe estudiarse sin caer en generalizaciones, ni prejuicios.
Cuarto. Los puertos de destino tampoco admiten generalizaciones. En España hay unos cuarenta puertos que tienen alguna actividad crucerista. Algunos de carácter muy incipiente, pero con un gran potencial como es el de Algeciras, que tiene
a su alrededor un atractivo turístico de primera categoría y otros muy consolidados como son los puertos de Barcelona, Mallorca o los puertos de las Islas Canarias. La diversidad geográfica también es grande, pues hay puertos en rías o radas, y
puertos en mar abierto. Puertos en lugares de una gran importancia medioambiental y puertos en lugares más degradados. Consideramos, por tanto, que no se debe generalizar en un estudio tipo, sino atender a las características particulares de cada
uno de los destinos.
Hemos detectado actividad crucerista en los siguientes puertos:
1. Barcelona.
2. Málaga.
3. Palma de Mallorca.
4. Valencia.
5. Alicante.
6. Almería.
7. Cartagena.
8. Castellón.
9. Ceuta.
10. Melilla.
11. Motril.
12. Tarragona.
13. La Coruña.
14. Avilés.
15. Bahía de Algeciras.
16. Bahía de Cádiz.
17. Bilbao.
18. Ferrol.
19. Gijón.
20. Huelva.
21. Marín.
22. Ría de Pontevedra.
23. Pasaia (Pasajes).
24. Santander.
25. Sevilla.
26. Vigo.
27. Villagarcía.
28. Las Palmas de Gran Canaria.
29. Puerto de Arrecife.
30. Puerto del Rosario.
31. Ferrol-San Cibrao.
32. Santa Cruz de Tenerife.
33. Santa Cruz de La Palma.
34. San Sebastián de La Gomera.
35. El Hierro.
36. Los Cristianos.
37. Alcudia.
38. Ibiza.
39. Mahón.
40. La Savina.
La oferta en el turismo de cruceros es muy variada. Desde los denominados macrocruceros que llegan a alcanzar los seis mil pasajeros hasta los más pequeños que embarcan a unas docenas de cruceristas, y existiendo muy diferentes categorías
catalogadas.
España, como con casi todo lo que hace referencia al turismo, es uno de los principales destinos para el viaje en crucero. Cuatro de nuestros puertos están entre los cincuenta más visitados del Mundo y somos como país el segundo destino,
tras Italia, con un total de 5,5 millones de cruceristas por año.
El análisis indica que Cataluña, con los puertos de Tarragona y Barcelona, se sitúa a la cabeza de España con más de tres millones de cruceristas. En la actualidad, estos dos puertos concentran el 30 % del tráfico de cruceros en España.
Les siguen los puertos de Baleares, con 2,4 millones de pasajeros y una cuota de mercado del 23 %, y los puertos del archipiélago canario, hasta los 2,35 millones de cruceristas. Asimismo, los siete enclaves andaluces también protagonizaron un
incremento de la actividad del 6 %, acumulando un total de 994.364 cruceristas durante el periodo analizado. Son datos referidos a 2017.
Quinto. Reiteramos que los estudios que se han realizado en España sobre el turismo de cruceros se han limitado a lo económico: es muy conocido uno de la Universidad de Barcelona de 2016 que cifraba el impacto económico en un billón de
Euros por año o los informes anuales de la patronal CLIA. Sin embargo, consideramos que es necesario un estudio más completo en el que se afronten cuestiones como las medioambientales, seguridad, también seguridad en el mar -no son excepcionales
los accidentes de ferries y cruceros-, así como cuestiones que afectan a aspectos más cualitativos como son la marca España como destino turístico, el crucero como nueva experiencia, el índice de satisfacción de los cruceristas, la incidencia del
turismo de cruceros sobre museos y monumentos y demás cuestiones que superan lo meramente económico.
También y para concluir, consideramos que dicho estudio debe también realizar propuestas de oferta y mejora de actividades turísticas de calidad en los entornos de los distintos puertos para que el turismo de cruceros se promueva de forma
adecuada.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Presentar ante la Comisión de Industria, Turismo y Comercio un Informe pormenorizado sobre todos los aspectos que afectan al denominado turismo de cruceros en los puertos de España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2020.-Patricia Rueda Perelló, José María Figaredo Álvarez-Sala, Mireia Borrás Pabón, Andrés Alberto Rodríguez Almeida y María de la Cabeza Ruiz Solás, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000419
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Santiago Abascal Conde, D. Iván Espinosa de los Monteros y de Simón, D.ª Macarena Olona Choclán, D.ª Rocío de Meer Méndez, D.ª María de los Reyes Romero Vilches, D.ª Cristina Alicia Esteban Calonje, D.ª Lourdes Méndez Monasterio y D.
Juan Luis Steegmann Olmedillas, en sus condiciones de Presidente, Portavoz, Portavoz Adjunta y Diputados, respectivamente, del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al agradecimiento público a los españoles solidarios y, en particular, a D. Amancio Ortega
Gaona, para su discusión en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Primero. La Constitución Española señala en su artículo primero que 'España se constituye en un estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y
el pluralismo político'. Esta afirmación, junto con las restantes recogidas en el mismo precepto, contiene los rasgos capitales de la forma política con la que España se dotó en la Carta Magna y, en particular, la de su calificación como 'social'.
La caracterización de los Estados modernos como 'sociales' ha significado la asunción por estos de nuevas tareas que se añaden a las tradicionales. En concreto, aquellas que tienen que ver con la procura a los ciudadanos de una mayor
igualdad social y, consecuentemente, las de protección de los sectores sociales menos favorecidos. Ello se instrumenta mediante el ejercicio de la facultad de imperio estatal en muy diversos campos, entre los que destacan la promoción de una
educación solvente y de un sistema de salud público de calidad.
En suma, el Estado social no significa un modo específico de 'ser' del propio Estado, sino una manera de 'actuar' por parte de los poderes públicos, que deben tener al ciudadano y a su bienestar en el centro de su desempeño.
Segundo. Es evidente que el generoso 'Estado de bienestar' occidental que un día conocimos sufre una grave crisis de insostenibilidad. La creciente globalización y el aumento de la heterogeneidad social, la transición demográfica hacia una
sociedad envejecida y necesitada de asistencia y el debilitamiento de la familia y de los valores comunitarios tradicionales impulsan el gasto público, sin que los ingresos del Estado aumenten correlativamente. Las legítimas necesidades de la
población son crecientes, pero el alegre recurso al endeudamiento al que se ha acudido hasta ahora lastrará a generaciones completas en el futuro próximo.
Por ese motivo, tiene una importancia capital que, conociendo las limitaciones del Estado de bienestar y queriendo paliar en lo posible algunas de las necesidades de sus compatriotas, miles de ciudadanos contribuyan con su testimonio diario
a aportar lo mejor de sí mismos a este proyecto común que es España, destinando parte de sus recursos personales y empresariales a complementar la acción del Estado en materias de tanta trascendencia como la educación o la sanidad.
Tercero. Uno de esos españoles es D. Amancio Ortega Gaona, creador del grupo Inditex, de la Fundación Amancio Ortega y Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, que acaba de anunciar que se conservarán todos los empleos del grupo, que
renunciará al dividendo, que pondrá a disposición del Gobierno de la Nación la red logística internacional de Inditex para incorporar material sanitario y de primera necesidad hospitalaria, y que este grupo empresarial comenzará a fabricar máscaras,
guantes, gafas protectoras, gorros, calzas y protectores faciales de tipo sanitario, suministrando semanalmente 300.000 mascarillas provenientes de China.
A lo anteriormente expuesto, se suman otras muchas iniciativas en el pasado reciente, como la donación de 320 millones de euros para la adquisición de equipos de alta tecnología para el tratamiento contra el cáncer destinados a la sanidad
pública, así como otras acciones tales como la entrega de 20 millones de euros a Cáritas, la creación en Galicia de 750 nuevas plazas de educación infantil de 0 a 3 años o el programa de becas High School para profesores y alumnos en Estados Unidos
y Canadá.
Cuarto. En una hora tan grave para España como la que vivimos, adquirida ya la certeza de que solo en cada uno de los españoles reside la fortaleza necesaria para salir de esta situación, el Grupo Parlamentario VOX entiende que es de
justicia reconocer a todos esos compatriotas que reivindican una Nación que se crece y se pone en pie ante las dificultades, individuos libres que moldean una idea de España como proyecto común, ciudadanos cuyas acciones personifican el mejor
patriotismo, que no es ni más ni menos que la voluntad de dar lo mejor de sí para vivir en común perfeccionando el presente y dando forma a un futuro brillante.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados expresa su agradecimiento a todos los ciudadanos que contribuyen con su testimonio diario de solidaridad y entrega a engrandecer a España y, en particular, a D. Amancio Ortega Gaona que, incluso en una
emergencia como la actual, reúne y simboliza los mejores valores de solidaridad, filantropía y excelencia empresarial, puestos al servicio del bien común de los españoles.
Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar los trámites necesarios para la concesión a D. Amancio Ortega Gaona de la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, como la más alta distinción
honorífica entre las órdenes civiles españolas, en atención a los servicios eminentes y extraordinarios por él prestados a España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2020.-Santiago Abascal Conde, Rocío de Meer Méndez, María de los Reyes Romero Vilches, Cristina Alicia Esteban Calonje, Lourdes Méndez Monasterio y Juan Luis Steegmann Olmedillas,
Diputados.-Iván Espinosa de los Monteros de Simón y Macarena Olona Choclán, Portavoces del Grupo Parlamentario VOX.
161/000432
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para reforzar los canales de
interlocución y participación con el Tercer Sector para afrontar la crisis generada por el coronavirus (COVID-19), para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Discapacidad.
Exposición de motivos
La Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, en su objeto regula las Entidades del Tercer Sector de Acción Social, reforzar su capacidad con interlocutoras ante la Administración General del Estado, respecto de las
políticas públicas sociales y definir las medidas de fomento que los poderes públicos podrán adoptar en su beneficio.
La Plataforma del Tercer Sector, compuesta por 30.000 ONG, ofrecen servicios en diferentes áreas relacionadas con las personas mayores, las personas con discapacidad, la inclusión social, el voluntariado y la protección a la infancia,
atienden a más de seis millones de ciudadanos.
La Plataforma del Tercer Sector ha constituido el denominado Comité de Crisis para hacer frente a la emergencia social derivada del COVID-19.
Una de las demandas al Gobierno de la Plataforma del Tercer Sector, en el seno del Comité de Crisis, es que garantice el abastecimiento de equipos de protección a las entidades sociales para que puedan seguir atendiendo a las personas más
vulnerables durante la crisis del coronavirus y poder seguir haciéndolo con la máxima seguridad posible y proteger tanto a los trabajadores y voluntarios, como a las personas que atienden. A día de hoy algunas entidades carecen de mascarillas o
guantes y no cuentan con Equipos de Protección Individual (EPIS) para poder realizar su trabajo en condiciones de plena seguridad y garantía para los profesionales y los usuarios.
En la actual crisis sanitaria provocada por el virus, COVID-19, el trabajo de las entidades de carácter social, es fundamental para garantizar la protección de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad y pobreza, y para
atender las necesidades básicas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Reforzar los canales de interlocución y participación con el Tercer Sector para afrontar la crisis generada por el coronavirus (COVID-19).
- Reconocer a las entidades de Acción Social como prestadoras de servicios básicos para la ciudadanía, para dar así prioridad en el abastecimiento de EPIS para personas, tanto profesionales, como voluntarias, que atienden a grupos de riesgo
y, por otro lado, de obtener los permisos de movilidad precisos para atender a aquellos que no pueden o no deben salir de sus domicilios.
- Garantizar el abastecimiento a todas las entidades que lo precisen de materiales necesarios de protección, EPIS, mascarillas y guantes, para que los profesionales de las entidades del Tercer Sector estén debidamente protegidos y para
evitar el avance del virus entre las personas que reciben su atención, especialmente las más vulnerables.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2020.-Alicia García Rodríguez, José Ignacio Echániz Salgado, Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo y Elvira Velasco Morillo, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000442
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para dar respuesta a las necesidades
sociales derivadas de la gravedad de la situación generada por el coronavirus (COVID-19), para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Discapacidad.
Exposición de motivos
El Sector Residencial en España atiende a más de 380.000 personas cada día entre los aproximadamente 5.500 centros existentes en toda España y cuenta con más de 180.000 trabajadores.
Los usuarios de las residencias de personas mayores, y también los usuarios de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia, son uno de los colectivos más vulnerables al coronavirus según la Organización Mundial de la Salud.
La situación tiene un enorme impacto en las personas más vulnerables, personas mayores y personas dependientes, según los expertos podemos afirmar que la letalidad de COVID-19 es sensiblemente mayor en personas de edad con patologías
previas.
Las residencias de personas mayores, así como los centros de discapacidad, también son ahora mismo una barrera capaz de mantener el colapso inmediato del sistema sanitario.
La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) y el Circulo Empresarial de Atención a Personas (CEAPs), así como algunas Administraciones titulares de centros residenciales públicos, nos trasladan que los profesionales de
atención a la dependencia necesitan de forma urgente disponer de medios de protección para continuar con el cuidado a los mayores. Indican que los profesionales que refieren síntomas, no se les está haciendo la prueba, lo que conlleva al
aislamiento y a la merma de profesionales. La situación tiene un enorme impacto en las personas más vulnerables; de manera preventiva están aislando a todas las personas con síntomas pero sin tener confirmada la enfermedad, tampoco se les está
haciendo la prueba.
El Grupo Parlamentario Popular quiere trasladar nuestro respeto y reconocimiento a los profesionales de los centros, teleasistencia, servicio de atención a domicilio, gerocultores y todo el personal de atención directa que son vitales para
garantizar la atención de las personas mayores.
Pero nos alarma la falta de previsión del Gobierno y la ausencia de una respuesta responsable para poder atender de una manera urgente y prioritaria las demandas de un sector que vela por el cuidado
y la atención de las personas mayores en situación de mayor vulnerabilidad ante la veloz expansión del virus COVID-19.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incrementar la coordinación a nivel Nacional, con las Comunidades Autónomas, las corporaciones locales, entidades de naturaleza privada y el tercer sector, para dar respuesta a las necesidades sociales derivadas de la gravedad de la
situación generada por el coronavirus (COVID-19).
2. Declarar con la máxima urgencia posible a los profesionales de los Servicios Sociales como prestadores de servicios esenciales.
3. Garantizar el abastecimiento urgente a todos los centros, públicos y privados, de materiales necesarios de protección, para que los profesionales de los Servicios Sociales estén debidamente protegidos y para evitar el avance del virus
entre las personas mayores, personas con discapacidad y especialmente las más vulnerables.
4. Proveer a la mayor urgencia posible a las residencias de personas mayores y personas con discapacidad la provisión de los equipos de protección, garantizando la provisión de material de urgente necesidad como (EPlS, mascarillas, guantes,
pañales, etc.) para garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios.
5. Garantizar el abastecimiento de material de protección para dar a los trabajadores que se desplazan hasta cada hogar. Las administraciones y las empresas prestadoras del Servicio de Atención Domiciliaria se sienten totalmente
desatendidas.
6. Garantizar mediante la normativa necesaria la flexibilización de personal y de tareas para dar respuesta a la situación actual y a la que pueda producirse en los próximos días y semanas, para poder así garantizar la atención a las
personas usuarias.
7. Abastecer a las residencias de personas mayores de kits de prueba rápida. Que permita realizar la prueba diagnóstica a todos los usuarios y profesionales, especialmente cuando muestren síntomas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2020.-Alicia García Rodríguez, José Ignacio Echániz Salgado, Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo y Elvira Velasco Morillo, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000410
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Ricardo Chamorro Delmo, D. Rafael Fernández-Lomana Gutiérrez y D. Pablo Juan Calvo Liste, en su condición de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) respectivamente, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a las medidas de mejora en las normas de producción, comercialización y etiquetado, así como de
importación de miel con el objeto de proteger y favorecer la producción nacional, para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Primero. El sector apícola juega un papel fundamental en España. En términos económicos la producción de miel genera cerca de 62 millones de euros anuales. A su vez, España es uno de los principales productores de miel de la Unión Europea
con más de 2.800 colmenas (16 % de las colmenas europeas) distribuidas por todo el panorama nacional siendo un sector de referencia en numerosas regiones españolas como Extremadura, Andalucía o Galicia. y en términos ambientales porque la labor de
los apicultores españoles es fundamental en la conservación del medio natural, de los ecosistemas y del mantenimiento de la biodiversidad.
Segundo. Sin embargo, el sector de la miel en España atraviesa una dura crisis como consecuencia, entre otros, de la destrucción de colmenas, de la sequía, de la plaga de la avispa asiática y de la importación de mieles de terceros países.
Todos estos fenómenos son un duro riesgo que han convertido la crisis del sector apícola en un problema nacional.
En concreto, una de las causas de este grave problema nacional reside en la falta de transparencia en el etiquetado de los productos por cuanto que la normativa europea (Directiva 2001/110/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2001) no exige
que se detalle de manera concreta el origen de la miel, sino que permite a las legislaciones nacionales que adecuen sus normativas según les parezca mejor (en España el Real Decreto 1049/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la norma de
calidad relativa a la miel). Así, encontramos en España vagas referencias que rompen la trazabilidad del producto.
Tercero. En este sentido, diversas asociaciones, como la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ponen de manifiesto el fraude que se comete en el sector apícola en relación con la comercialización de miel de importación que se vende
textualmente en sus envases como miel originaria de la Unión Europea dado que la legislación española no impone que se detalle el origen y porcentaje del producto. Nos encontramos así con una situación que ha provocado un descenso en el consumo del
producto nacional, poniendo en serio riesgo a este sector.
Cuarto. Si observamos el origen de dicha miel importada, la mayor parte procede de China, un país cuyos estándares sanitarios no son tan potentes como en la legislación comunitaria y española, pero cuyo precio de producción es más bajo que
en la Unión Europea. Según la Secretaría de Estado de Comercio, el precio de importación de la miel china es de 1,3 euros/kg, mientras que los costes de producción de la miel española alcanzan los 2,73 euros/kg. Así pues, existen incentivos para
importar miel de China y mezclarla con la española que, además, como la legislación nacional no obliga a detallar el porcentaje y la trazabilidad de la miel, se comercializan bajo la denominación de miel española.
Además, estas mismas organizaciones denuncian que la mayor parte de la miel comercializada en España está adulterada por cuanto que se le añaden diversos azucares extraídos de la remolacha o del maíz.
La Orden de 12 de junio de 1986 por la que se aprueban los métodos oficiales de análisis para la miel es la norma vigente para el estudio de la calidad de este producto. En este sentido es necesario aprobar una nueva legislación actual que
incorpore nuevos métodos de análisis y permitan un control más estrecho de la miel.
Urge actuar con rapidez, responsabilidad y sentido común.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. El diseño y elaboración de planes de fomento de consumo de miel nacional.
2. El establecimiento de nuevos métodos de análisis de la miel y la elaboración de una nueva legislación que actualice los parámetros de control vigentes.
3. La revisión de la normativa de comercialización y etiquetado, modificando la legislación española y, en particular, el Real Decreto 1049/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la norma de calidad relativa a la miel a fin de exigir
en el etiquetado del envase el origen y el porcentaje de la miel, incluso cuando son mieles mezcladas tanto de origen comunitario como extracomunitario.
4. La revisión normativa de las importaciones de miel para exigir a la importación de mieles de países terceros el cumplimiento de los mismos requisitos que los productos apícolas españoles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2020.-Ricardo Chamorro Delmo, Rafael Fernández-Lomala Gutiérrez y Pablo Juan Calvo Liste, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000415
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán y D. Ricardo Chamorro Delmo en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa al sector hortofrutícola para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Según las últimas estimaciones, el sector hortofrutícola representó en 2018 el 55 % de la producción vegetal con 17.723 millones de euros. Este sector se encuentra presente de forma muy significativa en la mayoría de las Comunidades
Autónomas y, principalmente, en Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura y la Región de Murcia. Además, contribuye a la conservación del entorno medioambiental gracias a que evita la roturación de grandes
superficies agrarias.
Las previsiones señalan una tendencia creciente de la participación del sector en la producción agraria, con vistas a incrementarse en el futuro, como consecuencia de la tendencia creciente que está siguiendo la exportación en volumen y
valor, incrementando así su participación en la producción del sector.
Ahora bien, la nueva reforma de la PAC implica una revisión del modelo de financiación agrario español que afectaría profundamente al sector hortofrutícola de nuestro país. Entre otros elementos, esta nueva PAC propugna la eliminación de
los derechos históricos y la creación de una tasa plana con una única ayuda, así como una reducción del número de regiones a efectos de cálculo de las ayudas. Así pues, nos encontramos con dos medidas que dan lugar a una nueva redistribución del
dinero que se recibe por parte de cada una de las Comunidades Autónomas y que repercuten en este sector.
No en vano, nos encontramos también con el problema de la disparidad de soluciones por culpa del actual sistema territorial español, ya que determinadas Comunidades Autónomas han puesto en marcha medidas estructurales en sus respectivos
territorios, mientras que no existe un plan nacional para el conjunto del Estado que permita poner a los problemas del sector hortofrutícola español.
Al mismo tiempo, este sector está atravesando un momento crítico, y así lo están manifestando mediante protestas en las calles a diario. Los precios de sus productos están por los suelos, y se están viendo abocados a vender por debajo del
coste de producción.
Según describen, la situación es insostenible, se encuentran indefensos frente a los productos de terceros países cuyas medidas fitosanitarias y controles de calidad son mucho más laxas que las nuestras. Hay que tener en cuenta también que
los sueldos de los trabajadores de esos terceros países son mucho menores, rozando en muchos casos la esclavitud.
Además, en la actualidad este sector se enfrenta a dos problemas adicionales con dos países fundamentales para el sector como son Rusia y Estados Unidos. Por un lado, el embargo alimentario que impuso Rusia en 2014 (denominado popularmente
como veto ruso) en respuesta a las sanciones que la Unión Europea (UE), Estados Unidos y otros países impulsaron contra Rusia por su papel en el conflicto ucraniano, y que se alarga durante este año 2020. Dentro de esta guerra política que afecta
no solo al sector agroganadero europeo, sino también al español, nos encontramos con una nueva dificultad que golpea especialmente a nuestros agricultores. La UE, el Consejo de la Unión y el Parlamento Europeo aprobaron una serie de medidas
temporales para favorecer la entrada de las importaciones ucranianas en el territorio comunitario sin pagar aranceles, lo que está provocando en el sector agrario europeo un doble efecto en el veto ruso: No se puede exportar a ese país y se debe
afrontar una competencia libre de impuestos por parte de Ucrania.
Por otro lado, los aranceles del 25 % que Estados Unidos está imponiendo a los productos agroalimentarios Españoles por un valor cercano a los mil millones de euros, como respuesta a las subvenciones encubiertas a la industria aeronáutica
europea (caso Airbus) por una serie de países europeos entre los que figura España. Además, los otros competidores hortofrutícolas europeos (Portugal, Grecia e Italia) no se ven afectados por estos aranceles, aunque el verdadero problema para
España no
reside en el hecho en sí de los aranceles, sino en que estos no se aplicarán en todos los países de la UE de la misma manera.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Bajo el principio de reciprocidad instamos al Gobierno de España para que a través de la UE llegue a acuerdos con mercados alternativos (países terceros) para conseguir colocar el exceso de demanda que tenemos actualmente en España.
Para ello también es necesario que se incluyan los productos excluidos de la lista de productos por el veto Ruso.
2. Que detalle cuál será el nuevo modelo de reparto de la financiación de la PAC para las Comunidades Autónomas teniendo en cuenta la nueva distribución que está discutiendo ahora mismo, para favorecer la cofinanciación de aquellas regiones
que pongan en marcha medidas estructurales y planes de arranque.
3. Reactivar las negociaciones bilaterales y de la UF con las autoridades norteamericanas, al igual que hicieron Italia y Grecia, para conseguir levantar los aranceles impuestos a los productos agroalimentarios españoles.
4. Establecer dos tipos de contratos en función de los períodos de uso en relación con el consumo de energía eléctrica.
5. Puesta en marcha de un paquete de medidas que aseguren un relevo generacional sostenible en el sector para evitar la despoblación.
6. Incrementar la partida presupuestaria estatal en los seguros agrarios.
7. Garantizar el etiquetado correcto del origen y variedad del producto.
8. Exigir en las instancias europeas correspondientes la recuperación y aplicación del Principio de Preferencia Comunitaria como principio jurídico de alcance general y absoluto en todos aquellos acuerdos comerciales que nos afecten.
Europa debe aplicar las Defensas Comerciales apropiadas que defiendan su agricultura, de modo que los precios en campo tengan una rentabilidad digna, estableciendo a los países extracomunitarios cupos de volumen que eviten la sobreoferta, aranceles
compensatorios lógicos que igualen costes de producción y ventanas que respeten las campañas agrícolas europeas.
9. Exigir a la UF la aplicación de unos protocolos de control sanitario en frontera que garanticen que el producto importado está libre de patógenos y plagas, no permitiendo residuos de principios activos prohibidos en la UE.
10. En línea con lo anterior, exigir que se informe al consumidor de las sustancias prohibidas por la UE y que terceros países están utilizando, lo que está generando que el coste de producción se abarate.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2020.-Ricardo Chamorro Delmo, Diputado.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000421
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán y D. Ricardo Chamorro Delmo en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputado del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley en relación con la concesión de nuevas ayudas a la renovación de la flota de maquinaria del sector agrícola para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
Exposición de motivos
El sector agrario es uno de los sectores estratégicos de la producción nacional española. La agricultura desarrolla un rol fundamental en la economía de nuestro país y es una de nuestras principales fuentes de riqueza. España es el país
europeo con mayor proporción de PIB agrario y con mayor número de agricultores y ganaderos por encima de países como Francia o Alemania. Además, la contribución del
campo no es solo económica, sino también social y cultural, como una actividad de fuerte arraigo que pone de relieve su importancia para toda la sociedad española.
Sin embargo, el sector agrario español tiene que hacer frente a una serie de problemas que ponen en riesgo su viabilidad como sector productivo, como son las nuevas plagas, los problemas de suministro de agua o las trabas de determinados
Estados hacia este comercio (los aranceles de Estados Unidos o el veto ruso). Este sector se enfrenta también a otros desafíos, ya que nuestros agricultores deben diferenciarse de las producciones de otros países, para lo cual la maquinaria es
imprescindible, así como hacer uso de equipos agrarios nuevos más eficientes y accesibles que mejoren nuestra competitividad.
En concreto, el mercado de los tractores en España tiene un problema, en especial en relación con los tractores usados. Según el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA), el mercado de los tractores se compone de tres grandes grupos:
tractores nuevos, tractores usados de importación y tractores usados.
Estos grupos se distinguen por su entrada al registro, ya que los dos primeros solo tienen una única entrada inicial mientras que el tercero hace referencia a los tractores en los que se aplica un cambio de titular.
De esta forma, un mismo tractor puede sufrir varias altas y bajas en función de las operaciones de compraventa, pero el análisis de estas operaciones de compraventa no es sencillo, sobre todo por el cambio continuo que se produce en el
mercado de este sector. Así pues, es prácticamente imposible dar una cifra exacta del volumen de mercado de tractores usados, aunque se puede realizar una aproximación al no considerar las bajas de estos vehículos.
Ahora bien, la peligrosidad que experimenta el sector reside en la edad media de este tipo de vehículos, por cuanto que es muy elevada. Según datos oficiales, el sector agrícola cuenta con un parque automovilístico de 12,3 años de media, y
con el 60 % superior a los 18 años. Pero esto no es del todo cierto, porque dichos informes solo recogen los datos relativos a los tractores nuevos, no a los tractores usados.
En cuanto a este segundo grupo de tractores, en 2017 la edad media de un tractor usado superaba los 25 años, y el volumen de tractores con más de 35 años de antigüedad es del 74 % (8.855 tractores), datos similares a los que encontramos en
años posteriores. Sólo en 2019 se registraron más de 5907 tractores con más de 40 años (20 % del total de usados), lo que da una dimensión de la cuestión, y permite entender perfectamente el alcance del problema de seguridad que existe en el sector
agrario español.
La agricultura española necesita una mayor mecanización que incorpore tecnología más eficiente, con mayor capacidad de trabajo y respetuosa con el medio ambiente, pero sobre todo que sea segura. Por ello, las Administraciones Públicas tiene
la obligación de ayudar en la medida de lo posible a que el sector agrario tenga acceso a esta maquinaria.
En este sentido, el Gobierno ha puesto en marcha el Plan RENOVE como una convocatoria de ayudas para la renovación del parque nacional de maquinaria agrícola, que recoge la subvención de determinados equipos como, entre otros, tractores,
abonadoras o sembradoras directas. Es más, la existencia de este tipo de planes no solo contribuye a renovar el parque automovilístico agrícola, sino también a fomentar la industria del automóvil, que ha sido una de las más castigadas en España en
los últimos años.
Sin embargo, las ayudas que se ponen en marcha se dirigen siempre a renovar la flota mediante la adquisición de tractores nuevos, con un precio de mercado que oscila en torno a los 55.500 euros. Es
conveniente modificar la concesión de este tipo de ayudas para que agricultores y ganaderos también puedan adquirir tractores de ocasión que, con un precio inferior y más asequible (22.000 euros de media), permitan fácilmente renovar la
flota actual.
Cabe en este sentido reformar el Real Decreto 704/2017, de 7 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de las subvenciones estatales para la renovación del parque nacional de maquinaria agraria, cuyo
artículo 4.2 recoge que la subvención se concederá solo por un único tractor o máquina nuevos por beneficiario y convocatoria, pudiendo achatarrar más de un tractor o máquina obsoletos del mismo tipo que los adquiridos.
Se trata de una medida que renovaría la actual flota de tractores, y reduciría la tasa de siniestralidad actual, generando mayor seguridad en el resto del sector agrario, por cuanto que esta modificación afectaría a todo tipo de maquinaria
agrícola desde tractores hasta empacadoras o cosechadoras.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. Modificar el Real Decreto 704/2017, de 7 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de las subvenciones estatales para la renovación del parque nacional de maquinaria agraria y, en concreto, su
artículo 4.2, para incorporar los tractores y el resto de maquinaria agrícola de ocasión en la concesión de ayudas para estimular la renovación del actual parque de vehículos y maquinaria agrícola.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2020.-Ricardo Chamorro Delmo, Diputado.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000448
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán, D. Ricardo Chamorro Delmo, y D.ª María Magdalena Nevado del Campo, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas para la lucha contra la tuberculosis bovina, para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
Exposición de motivos
Primero. La ganadería, particularmente la bovina extensiva, genera riqueza en las zonas menos industrializadas a la par que contribuye al aprovechamiento sostenible del medio. La tuberculosis es una zoonosis bacteriana cuya erradicación se
erige como uno de los principales retos sanitarios del sector ganadero. Dicha enfermedad supone un gran impacto económico ya que produce un descenso en la producción de los animales, restringe sus movimientos y supone costes para su erradicación en
el ganado bovino.
Segundo. Dentro del complejo Mycrobacterium tuberculosis (MTBC), M. bovis es la especie que presenta mayor rango de hospedadores y la más ubicua. Su principal hospedador son los bóvidos, incluyendo además del ganado bovino otras especies
de la familia Bovidae como el bisonte, el búfalo, etc; y muchas especies de la subfamilia Caprinae, tales como la cabra o la oveja. También se ha identificado M. bovis en el cerdo y en el caballo; así como en animales silvestres como el ciervo
común y gamo, jabalí, zorro, tejón, conejo y liebre, etc.
Tercero. La principal vía de transmisión de la tuberculosis humana de origen animal es por consumo de lácteos no pasteurizados. Sin embargo, la tuberculosis en humanos está provocada principalmente por su propia microbacteria (M.
tuberculosis).
Cuarto. Actualmente, los Programas Nacionales de Erradicación de Tuberculosis Bovina se basan en 'diagnóstico y sacrificio', de modo que, frente al resultado positivo de la prueba diagnóstica, se procederá al sacrificio en un plazo máximo
de 15 días.
Según el punto 4.4.6 del Programa Nacional de Erradicación de Tuberculosis para el año 2020, se consideran como pruebas de diagnóstico oficial las siguientes:
- IDTB simple: comporta una única inyección de tuberculina bovina.
- IDTB comparada: esta tuberculización comporta una inyección de tuberculina bovina y una inyección de tuberculina aviar administradas simultáneamente.
- Gamma-interferón: según el Reglamento (CE) n.º 1226/2002 de la Comisión, de 8 de julio de 2002, por el que se modifica el anexo B de la Directiva 64/432/CEE del Consejo, para permitir la detección del máximo número de animales infectados
o enfermos de una explotación o una región, se podrá emplear, adicionalmente a la IDTB, la prueba del interferón gamma.
- Identificación del agente: según el Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre, por el se regulan los programas nacionales de erradicación de enfermedades de los animales.
No obstante, cuando la situación epidemiológica así lo requiera, a efectos de investigación se utilizarán otras técnicas de diagnóstico: técnicas de PCR sobre tejidos infectados y los estudios adicionales que se consideren oportunos
incluidos los anatomo-patológicos, histológicos o microbiológicos, principalmente con el objetivo de efectuar el diagnóstico etiológico de la enfermedad y sobre todo en aquellas explotaciones calificadas como oficialmente indemnes en las que se
suspenda la calificación.
En cuanto al criterio de preferencia de unas frente a otras, según el punto 3.2 del Programa Nacional de Erradicación de Tuberculosis Bovina, en línea con en el Real Decreto 2611/1996, la técnica de rutina es 'la IDTB simple y,
excepcionalmente, a criterio de la autoridad competente, la IDTB comparada, complementándose estratégicamente con el uso de gamma-interferón en rebaños positivos considerados infectados y en aquellos que la autoridad competente lo considere por
estar relacionados epiderniológicamente'.
Para entender la diferencia entre estas dos -la IDTB simple y la IDTB comparada- y siguiendo la información aportada por The Center for Food Security & Public Health 'fichas de las enfermedades: Tuberculosis bovina' 'la prueba se puede
realizar utilizando tuberculina bovina solamente, o como prueba comparativa para distinguir reacciones del M. bovis de reacciones por mycobacterias ambientales'. Esto significa que, en ganado afectado por Micobacterias no Tuberculosas o Aviares es
probable que se observe en el punto de inoculación de la Tuberculina Bovina un incremento de grosor de la piel debido a la in.especificidad de la Tuberculina Bovina o Mamífera.
Lesslie y Hebert y O'Reilly y MacClancy, ya en 1975, determinaron que entre el 8 y 12 % de los bovinos aparentemente no infectados en Irlanda y Reino Unido reaccionaron positivamente a la IDTB simple pero no a la IDTB comparada. Así, en
Reino Unido e Irlanda se usa la IDTB comparada como prueba de rutina.
Las organizaciones agrícola-ganaderas denuncian continuamente la existencia de altos porcentajes de 'falsos positivos' tras los exámenes en mataderos mediante las pruebas de cultivo microbiológico.
Quinto. Respecto al protocolo de realización de la IDTB simple, el veterinario inocula intradérmicamente la PPD y espera 72 horas para observar la reacción; considerándose, de acuerdo con la normativa nacional (Real Decreto 2611/1996) y
europea (Directiva Europea 64/432/CEE), una reacción negativa cuando el aumento del grosor de la piel es igual o inferior a 2 mm en ausencia de signos clínicos, una reacción dudosa cuando el aumento del grosor de la piel es superior a 2 mm e
inferior a 4 mm en ausencia de signos clínicos y una reacción positiva cuando el aumento del grosor de la piel es igual o superior a 4 mm y/o se detectan signos clínicos. A esta interpretación estándar se suma la interpretación severa, que
contempla cualquier animal dudoso como positivo si existe en el rebaño además al menos un reactor positivo. Esto supone actualmente el sacrificio tanto de los animales positivos como de los animales dudosos que pertenezcan a la misma explotación
con al menos uno positivo, la correspondiente indemnización por dichos sacrificios, y la utilización de las carnes para consumo humano con sujeción a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de
abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal, al Reglamento Delegado (UE) 2019/624 de la Comisión, de 8 de febrero de 2019, relativo a normas específicas respecto a la realización de
controles oficiales sobre la producción de carne y respecto a las zonas de producción y reinstalación de moluscos bivalvos y al Reglamento de Ejecución (UE) 2019/627 de la Comisión, de 15 de marzo 2019, por el que se establecen disposiciones
prácticas uniformes para la realización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano.
No obstante, basta que en una explotación sin positivos haya algún animal con resultado dudoso a la IDTB para que, además de las necesarias repeticiones de pruebas a los 42 días sobre estos, se adopten, entre otras, medidas no indemnizadas
restrictivas de la movilidad de todos los animales de la ganadería
(incluidas sobre los que hayan obtenido resultado negativo), generando un grave quebranto del ganadero trashumante, cuyos arrendamientos de pastos sin ningún otro aprovechamiento continúa pagando a razón de una decena de miles de euros
anuales, viéndose obligados a sufragar de manera subsidiaria la alimentación de su explotación. Dichas medidas impeditivas del movimiento hacia dicha explotación o a partir de la misma únicamente se levantarán cuando se confirme oficialmente la no
existencia de tuberculosis. Los animales en los que no dé resultado negativo en la segunda prueba de intradermotuberculinización simple se considerarán positivos.
Sexto. Por otro lado, el papel de la fauna salvaje como elemento de infección es significativo. El Plan Nacional de Vigilancia de la Fauna Silvestre ha venido reflejando en sus informes anuales que especies como el jabalí y los cérvidos
representan un riesgo real de expansión de la enfermedad. Sin embargo, las obligaciones que recaen en las explotaciones ganaderas gravan, aún más si cabe, la precaria situación en la que se encuentran.
Séptimo. Asimismo, cabe recordar que en el año 1987, España presentó el Programa de 'Erradicación Acelerada', seguido de distintos Programas Nacionales de Erradicación de la Tuberculosis Bovina. Resulta paradójico hablar de 'erradicación'
de una enfermedad si no se hace frente a todos los huéspedes.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Hacer extensivos los controles de tuberculosis a otros huéspedes de M. bovis. Los controles deben abarcar los reservorios potenciales, domésticos y silvestres, máxime cuando una de las principales vías de diseminación de la enfermedad,
además del contacto entre las reses, es el contacto con animales salvajes infectados. Es necesario luchar contra la tuberculosis animal de forma integral para reducir los contagios.
2. Unificar criterios a nivel nacional para el control de la tuberculosis por M. bovis. Es decir, homogeneizar disposiciones que persigan controlar o, como fin último, erradicar la tuberculosis animal de forma transversal.
3. Promover un plan de vacunación de los animales silvestres para impedir que estos contagien a los ganados. El empleo experimental de la vacuna M. Bovis BCG en especies silvestres reservorios de tuberculosis ha reducido la prevalencia de
la enfermedad en las mismas así como en el ganado bovino en contacto.
4. Habida cuenta que dichas pruebas diagnósticas son 'oficiales', utilizar como prueba de rutina la 'IDTB comparada' para la detección de tuberculosis bovina, como hacen países como Reino Unido, Irlanda y Portugal; y simultáneamente,
utilizar como prueba complementaria la 'Gamma-interferón'. De esta manera, se evita, en primer lugar, el estrés constante al que está sometido el animal por la realización de diversas pruebas. En segundo lugar, el uso de la IDTB comparada como
prueba de rutina implica la utilización de una Tuberculina Aviar que sirva de testigo, de manera que el resultado se obtenga de deducir el incremento de la reacción a Bovina sobre la de Aviar, a diferencia de la IDTB simple en la que no existe dicha
comparativa. y esto, en definitiva, evita que se sacrifiquen reses no enfermas.
5. Considerar exclusivamente como resultado positivo, tal y como se establece en el Plan Nacional de Erradicación de la Tuberculosis, el animal que 'no ha superado las pruebas oficiales (tanto de rutina como complementaria) o no ha sido
sometido a la totalidad de las pruebas de diagnóstico previstas en el Real Decreto 1716/2000 de 13 de octubre, sobre normas sanitarias para el intercambio intracomunitario de animales de las especies bovina y porcina'; sin perjuicio de que se sigan
practicando las necesarias pruebas post mortem para buscar tubérculos en los ganglios linfáticos anormales y los órganos afectados como los pulmones, hígado y bazo. Actualmente, lo usual es la realización de la prueba de rutina IDTB simple, no
practicándose alguna prueba complementaria que sea previa al sacrificio.
6. Establecer medidas de seguridad compatibles con la ganadería trashumante y eliminar las inmovilizaciones del ganado que no haya dado positivo a las pruebas diagnósticas. Mientras no se lleve a cabo esta medida, indemnizar al ganadero
por la inmovilización del ganado que no haya dado positivo a las pruebas diagnósticas.
7. Actualizar los haremos de indemnización de las explotaciones ganaderas y revisar los conceptos indemnizables.
8. Flexibilizar el saneamiento respecto de los animales que no han dado positivo y establecer ciclos anuales para la detección de la enfermedad.
9. Establecer iniciativas para liberar a los ganaderos de la asunción y coste de las medidas contempladas en el Real Decreto 138/2020, de 28 de enero, por el que se establece la normativa básica en materia de actuaciones sanitarias en
especies cinegéticas que actúan como reservorio de la tuberculosis (complejo Mycobacterium tuberculosis).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2020.-Ricardo Chamorro Delmo y María Magdalena Nevado del Campo, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000451
A la Mesa del Congreso de los Diputados
D.ª Macarena Olona Choclán y D. Ricardo Chamorro Delmo en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas para beneficiar al sector primario ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para su discusión en la Comisión de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Primero. Ante la situación de crisis creada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), originado en China, es necesario poner el foco en la importancia del Sector Agroalimentario Nacional para el abastecimiento de los españoles por el cierre de
nuestras fronteras.
Al Sector Primario Nacional (agricultura, ganadería y pesca), así como a la distribución, a la transformación y a todos los intervinientes en el sector agroalimentario, se les deben aplicar medidas urgentes que permitan el abastecimiento de
alimentos a todos los españoles, al mismo tiempo que aplicar las medidas necesarias para el mantenimiento de este sector en el tiempo. El Estado español, por medio de la soberanía alimentaria, debe proteger urgentemente el sector agroalimentario
nacional, en especial por su importancia geoestratégica.
Segundo. El sector primario y agroalimentario es uno de los sectores estratégicos de la producción nacional española. En datos, España es el país con mayor proporción de PIB agrario de la Unión Europea. La agricultura, la ganadería y la
pesca desarrollan un papel fundamental en la economía de nuestro país y es una de nuestras principales fuentes de riqueza, pero además la contribución de estos sectores no es solo económica, sino también social, como actividades de fuerte presencia
y arraigo en el mundo rural, que pone de relieve su importancia para toda la sociedad española.
El nuevo paradigma de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, nos obliga a fortalecer la soberanía alimentaria para tiempos de crisis, la solidaridad entre europeos, la importancia de las fronteras, siendo la valoración del sector
primario y agroalimentario nacional fundamental para la estabilidad de nuestro país y el abastecimiento de alimentos.
Tercero. El sector agroalimentario español tiene una potencia y una proyección nacional e internacional que se debe fomentar. Además de ser un sector estratégico en tiempos de crisis, el sector agroalimentario nacional tiene una vertiente
social fundamental para el arraigo de población en zonas rurales. Mientras sectores como el turismo o la hostelería son inoperantes en tiempos de crisis, como la que vivimos actualmente por la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19), el sector
agroalimentario no solo es fundamental para la supervivencia y el abastecimiento de la población, sino que nos permite ayudar a países vecinos en situación de crisis.
No obstante, el sector primario español tiene que hacer frente a una serie de problemas como sector productivo como son las nuevas plagas, los problemas de suministro de agua, los conflictos pesqueros con otros países o las trabas de
determinados Estados hacia este comercio (los aranceles de Estados Unidos o el veto ruso). Por estos motivos, el sector primario está viviendo uno de sus peores momentos, al que hay que sumar la actual crisis generada por el virus SARSCoV-2
(COVID-19).
Cuarto. En el sector agrario hay un problema de costes de producción porque, en el caso de muchos productos agroalimentarios, mientras que los precios son bajos, los costes de producción son altos y se amenaza así la rentabilidad de
numerosas explotaciones, máxime en una situación como la actual donde, si no se ponen medidas, la situación de excepcionalidad incrementará, aún más, la situación crítica del sector primario español. Un porcentaje muy alto de los costes de
producción de nuestros agricultores son impuestos, cotizaciones, gravámenes, trabas administrativas, creados por la administración estatal. Es una decisión, por tanto, del Estado poder reducirlos en estos tiempos de excepcionalidad, para empujar y
fortalecer este sector fundamental en estos momentos.
Esto es un verdadero desafío tanto para el sector como para España, ya que en estos momentos el sector primario tiene un compromiso con la sociedad española a la hora de suministrar alimentos de calidad, sanos y seguros. Además, tanto las
consecuencias económicas y comerciales del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) como el conjunto de medidas que están adoptando los países de la Unión Europea, sirven de ejemplo de la necesidad de la soberanía alimentaria de España en situaciones de
excepcionalidad. Ante crisis globales, el sector primario reivindica su carácter estratégico y su importancia para garantizar la seguridad alimentaria y el abastecimiento durante el tiempo que sea necesario.
Quinto. La actual situación que vive el campo español es insostenible y es necesario llevar a cabo soluciones inmediatas que ayuden a acabar con la crisis que está viviendo y a la que se suma la nueva realidad impuesta por el virus
SARS-CoV-2 (COVID-19), que obliga a adoptar decisiones de carácter urgente por parte de los poderes públicos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Considerar a la producción agraria, pesquera y ganadera de España como prioritaria incluyéndose dentro de los planes, medidas y acciones de contingencia del Estado de alarma.
2. Garantizar que la producción agraria pueda disponer de los insumos necesarios para garantizar el suministro de alimentos durante esta situación de excepcionalidad nacional provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
3. Garantizar la distribución de alimentos a través de una cadena alimentaria protegida, donde el sector primario, la transformación, los transportistas, las cadenas de distribución y los supermercados, estén especialmente protegidos por
medidas excepcionales.
4. Otorgar beneficios fiscales y mejora de las cotizaciones para los intervinientes en el sector primario. Entre otras medidas:
- Reducción del 35 % de la factura del gasóleo y del IVA de insumos.
- Impulsar un plan de contingencia que palie los efectos negativos que han supuesto el aumento de los costes salariales y la presión fiscal, así como una revisión de las bonificaciones a la Seguridad Social.
Un porcentaje muy alto de los costes de producción de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores son impuestos, cotizaciones, gravámenes, trabas administrativas, creados por la Administración General del Estado. En consecuencia, es una
decisión del Estado poder reducirlos en estos tiempos de excepcionalidad, para fomentar y fortalecer este sector fundamental en estos momentos.
5. Acometer una defensa férrea del campo español en el seno comunitario y de los intereses del sector primario español, y mostrar firmeza en las exigencias ante la nueva Política Agraria Común (PAC), que se negociará en una situación
excepcional como la que vivimos con la epidemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19). En esta misma línea, debemos impulsar que las medidas contempladas en la Ley de Cadena Alimentaria se contemplen en el seno comunitario.
6. Terminar con la competencia desleal de terceros países a través de medidas de control de las importaciones extracomunitarias con la restauración de los certificados de importación, cupos, control de las tasas arancelarias y revisión de
los precios mínimos de entrada de producto extracomunitario al mismo tiempo que se refuerzan los controles de etiquetado fraudulento de producto de origen extracomunitario, a fin de garantizar la preferencia comunitaria y la soberanía alimentaria.
7. Modificar la actual legislación española para exigir el origen del producto en el etiquetado, de tal manera que se fomente la marca España mediante un etiquetado nacional.
8. Promover planes de reducción de los costes de producción para el sector primario español que incidan directamente también en la disminución del precio de los suministros de agua y luz.
En este sentido, y mientras dure el Estado de Alarma, instamos al Gobierno para que elabore un plan junto con las compañías eléctricas para que ofrezcan al sector primario, garante del suministro de alimentos en esta situación de crisis,
precios de subasta en el mercado mayorista y el aplazamiento del pago sin que ello conlleve un sobrecoste de intereses, con vencimiento del pago al final del año en curso.
9. Impulsar urgentemente una mejora de la fiscalidad del sector primario y aprobar una línea de préstamos con tipos nulos o súper reducidos para inversiones relacionadas con el restablecimiento de terrenos agrícolas dañados por desastres
naturales, fenómenos climáticos adversos y catástrofes.
10. Establecer un Fondo Mutual Específico para la gestión de crisis de mercado que englobe, al margen de los programas operativos de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), a todo el sector hortofrutícola y alcance
a todo el sector agroalimentario español en igualdad de condiciones.
11. Debido a la rapidez con la que se propaga el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), como medida de soberanía alimentaria ante esta situación de excepcionalidad, se debe fomentar el consumo y venta de todos los productos procedentes de nuestra
pesca extractiva nacional y de nuestros caladeros en el litoral español.
12. Garantizar el abastecimiento de agua para los agricultores y ganaderos, a través de las distintas Confederaciones Hidrográficas.
13. Facilitar, fomentar y bonificar las contrataciones eventuales e indefinidas en el sector agrario, pesquero y ganadero.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2020.-Ricardo Chamorro Delmo, Diputado.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000455
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar el abastecimiento
alimentario y precisar las medidas, derivadas del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que afectan a agricultores y ganaderos, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
Exposición de motivos
Agricultores y ganaderos son el origen de una cadena agroalimentaria cuyos eslabones son esenciales para afrontar con serenidad la situación de crisis sanitaria generada por el COVID 19. Hablamos de transportistas, distribuidores,
comerciantes, etc., eslabones de una cadena que nos garantiza el suministro de los productos agroalimentarios de primera necesidad.
Sumidos en una crisis de precios y otros problemas socioeconómicos, nuestros agricultores y ganaderos encaran con responsabilidad su papel productivo: la obligación de salir al campo, acudir a los invernaderos, ir a las granjas, a las
cooperativas para el manipulado y otras actividades, con el fin de que los alimentos lleguen a los comercios cada día.
Una vez declarado el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria, se han registrado algunos problemas que es necesario solucionar, sin perjuicio de la adopción de las medidas necesarias para minimizar los riesgos
sanitarios, para mantener y garantizar los estándares de calidad y seguridad habituales en los respectivos sectores.
Los principales problemas se deben a la falta de instrucciones claras sobre el transporte, la seguridad y el suministro que requiere el sector agroalimentario para un desarrollo normal de la actividad, compatible, por supuesto, con las
medidas de seguridad sanitaria extraordinarias en la situación que vivimos.
El transporte -en un medio donde hay serias carencias de transporte público- para las personas que acuden a trabajar al campo en la recolección de las frutas y hortalizas o en los almacenes y puntos
de manipulado de las mercancías, requiere de una instrucción clara y homologada que no haga sancionables comportamientos necesarios para mantener el suministro de alimentos.
Asimismo, garantizar las medidas de seguridad sanitaria es esencial para evitar la sensación de riesgo y, con ello, el absentismo laboral en el campo. Es necesario disponer de los equipos de protección adecuados, sensibilizar en la
importancia de su utilización e informar del uso correcto de los mismos.
Respecto a la garantía del suministro de fertilizantes, fitosanitarios, piensos y semillas para asegurar la actividad agraria y ganadera, es necesario mantener abiertas las cooperativas con sección de suministros y los almacenes dedicados a
ello, siempre respetando las recomendaciones de las autoridades sanitarias en los lugares de trabajo.
A estas dificultades se están añadiendo otras, como el descenso de la demanda por el bloqueo de los canales habituales de consumo, la ausencia de opciones de almacenamiento o su saturación, el riesgo de cierre de instalaciones, la
repercusión del cierre de fronteras en un área de actividad exportadora, las complicaciones para realizar trámites administrativos, etc.
El Grupo Parlamentario Popular considera que es necesario afrontar estos problemas y buscar soluciones que establezcan un equilibrio entre la salud de las personas y la necesidad de recoger los alimentos. Hay que tener presente que
garantizar el sistema alimentario a la población implica asegurar el funcionamiento del sistema productivo agrícola y ganadero.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Clarificar las opciones de movilidad de trabajadores del campo hasta sus puntos de trabajo.
2. Estudiar las necesidades de trabajadores de campaña, mano de obra necesaria para afrontarías campañas agrícolas, con las fronteras cerradas.
3. Asegurar el suministro de cualquier tipo de insumos, realizando un seguimiento continuo de las consecuencias que puedan tener las medidas del Estado de alarma sobre la normal producción, movimiento y distribución de semillas y plantas de
vivero, productos fitosanitarios, otros medios de defensa fitosanitaria y fertilizantes, necesaria para garantizar la cadena alimentaria.
4. Asegurar el funcionamiento y la coordinación de las unidades administrativas que intervienen para poner a disposición de los agricultores semillas y plantas, productos fitosanitarios y fertilizantes.
5. Analizar las alternativas a la cuarentena en el caso de instalaciones de granjas donde se requiere el cuidado continuo de animales.
6. Garantizar la comercialización y el transporte de materias primas y pienso para alimentación animal a las explotaciones ganaderas, por el riesgo que su carencia supondría para el bienestar animal e incluso para la salud pública.
7. Facilitar, en colaboración con otras administraciones, la difusión de las medidas de seguridad sanitaria y el acceso al material necesario de agricultores y ganaderos.
8. Reconsiderar el impacto del cierre de mercadillos, mercados municipales y otros canales de venta directa y de proximidad, que supone un grave perjuicio para los agricultores que no tienen otras alternativas para comercializar su
producción, a la vez que un trato discriminatorio respecto a la gran distribución.
9. Establecer un mecanismo de contacto operativo en el Ministerio de Agricultura y el resto de administraciones públicas, las organizaciones y operadores, para trasmitir las incidencias que puedan surgir al respecto del Estado de Alarma.
10. Analizar el impacto del cierre de fronteras en la distribución de productos agroalimentarios, considerando esta actividad como prioritaria dentro de las medidas y planes que se desarrollen.
11. Una vez prorrogado el plazo de petición única para los pagos directos de la Política Agraria Común (PAC) hacia el 15 de mayo, anticipar alternativas y, en su caso, abrir la posibilidad de nuevas ampliaciones y facilitar los sistemas
telemáticos de solicitud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo de 2020.-Milagros Marcos Ortega y Marta González Vázquez, Diputadas.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000458
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la clarificación urgente de
la normativa de aplicación en la presentación de ERTEs para el sector de la pesca, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Tras la entrada en vigor del RD 463/2020 por el que se declara el estado de alarma en España, son muchos los que han visto afectadas sus actividades profesionales, su modo de ganarse la vida habitual, como es el caso de los pescadores,
mariscadores y todos cuanto viven de la cadena mar-industria.
Las condiciones impuestas para mantener las mínimas medidas de seguridad en la actividad laboral, en la lucha contra el coronavirus COVID-19, hacen cada día más difícil garantizar la seguridad de los marineros, al tener en muchos casos que
convivir en barcos muy pequeños, resultando imposible guardar las distancias de seguridad.
Desde la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), las Comunidades Autónomas con competencias en esta materia y el propio sector pesquero, se han trasladado recientemente al Gobierno
escritos poniendo en su conocimiento la necesidad de clarificar las situaciones acarreadas con motivo de la entrada en vigor del estado de alarma, así como las referidas al cumplimiento de las normas de prevención y distancias contempladas en el RD
463/2020.
En particular, se ha trasladado al Gobierno la imposibilidad de que muchos armadores puedan garantizar la adecuada protección de sus trabajadores, y que ya son muchos los trabajadores que se están negando a ir a bordo de los barcos de pesca,
obligando a muchos del caladero nacional a quedar amarrados en puerto y cesar en su actividad.
Por estos motivos, desde el sector pesquero se está interpretando que los armadores que se vean en este tipo de situaciones podrían presentar un ERTE por fuerza mayor (art. 22.1 RDL 8/2020), o también fundamentado en el artículo 21 de fa
Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales, que llega incluso a permitir al trabajador abandonar su lugar de trabajo, al considerar que corre un riesgo grave para su vida o su salud.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Clarificar las situaciones en las que los armadores puedan acogerse al ERTE por fuerza mayor, quedando exonerados durante su vigencia del pago de las correspondientes cuotas a la seguridad social, incluida la cuota empresarial.
2. Trasladar urgentemente las instrucciones necesarias en aras a esta clarificación a la Dirección General de Trabajo, al ISM o la autoridad competente, para informar a las CC.AA. sobre el protocolo armonizado de actuación, y al sector
pesquero, a través de sus organizaciones representativas, para su conocimiento y aplicación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo de 2020.-Joaquín María García Díez y Marta González Vázquez, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000459
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley relativa a la necesidad urgente de clarificar o incluir medidas no recogidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, relacionadas con la actividad pesquera, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Durante las últimas semanas, y especialmente desde el momento en que el se decreta el estado de alarma, han sido muchas las dudas y peticiones trasladadas desde el sector pesquero y las Comunidades Autónomas al Gobierno de la Nación,
solicitando la clarificación del alcance de las medidas adoptadas en relación con la actividad pesquera.
Los asuntos más relevantes que fueron trasladados al Gobierno y de los cuales, hasta la fecha, no ha habido respuesta, podrían resumirse en los siguientes puntos:
- Necesidad de clarificar todo lo relativo al funcionamiento y actividad en las lonjas de primera venta de los productos del mar, siendo importante dictar instrucciones específicas sobre la pertinencia o no de su apertura, así como las
circunstancias en que pueden desarrollar su actividad.
- En lo relacionado con la actividad de la flota pesquera, se vienen demandando instrucciones claras sobre la pertinencia de la continuidad de la actividad pesquera, de manera especial en la flota de litoral, altura y gran altura, además de
las que vinculen en su desplazamiento puertos de diferentes CC.AA. o Estados. En particular, se demandan instrucciones por parte del Instituto Social de la Marina (ISM) sobre procedimientos a seguir ante posibles casos de contagio surgidos durante
la actividad a bordo de barcos pesqueros.
- Referido a las paralizaciones que se vienen produciendo en diferentes ámbitos de la actividad pesquera, acuícola, marisquera y de transformación, y ante la minoración de su actividad comercial derivada de la caída de la demanda tanto
interna como externa, es más necesario que nunca un seguimiento del movimiento comercial de los productos del mar y prever la puesta a disposición de ayudas económicas directas e indirectas por las pérdidas que ya se están produciendo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, de manera urgente, a clarificar y recoger, entre las medidas no incluidas dentro del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, las normas referidas al funcionamiento de las lonjas de primera venta de productos del mar, a la actividad de la flota pesquera y al seguimiento del movimiento comercial de los productos del
mar, con la disposición de ayudas económicas directas e indirectas que ayuden a paliar las pérdidas económicas que ya se vienen produciendo en este sector.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo de 2020.-Joaquín María García Díez y Marta González Vázquez, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/000456
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para posibilitar la participación y
votación de los miembros de los órganos colegiados de las entidades locales mediante procedimientos telemáticos en las circunstancias excepcionales actuales de
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para su debate en la Comisión de Política Territorial y Función Pública.
Exposición de motivos
La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, tiene 35 años de vigencia y nació con el objetivo, recogido su Preámbulo, de adaptar la Administración Local a la nueva realidad democrática de nuestro país.
La Ley aborda en su articulado cuestiones que han permitido a las entidades locales (Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos-Insulares) tener las herramientas necesarias para ser la administración más cercana al
ciudadano, no solo por su proximidad geográfica sino porque siempre han sido las primeras en dar respuesta a sus problemas y necesidades, bien resolviéndolas o bien trasladándolas a las autoridades competentes.
La extraordinaria transformación tecnológica que ha sufrido nuestro país y el mundo en las últimas décadas, que ha puesto a disposición de ciudadanos, empresas y administraciones públicas nuevos y potentes instrumentos de comunicación, nos
permite realizar compras, gestiones o reuniones por videoconferencia desde cualquier lugar del mundo a través de nuestro ordenador o smartphone. Esta realidad abre inmensas posibilidades en el mundo laboral, ya que permite que los empleados y
ciudadanos puedan realizar su trabajo o sus compras sin acudir físicamente a los centros de trabajo o a los establecimientos comerciales.
La Administración Local no ha estado ajena a estos cambios y ha implantado en los últimos años una administración electrónica que permite al vecino realizar la mayoría de los trámites desde su casa 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero
cuando se produce una situación como la que estamos sufriendo en España, con una epidemia que ha obligado a la declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional estableciendo medidas limitativas del normal funcionamiento de todos los
servicios para centrarse en la prioritaria atención a la salud de los ciudadanos, la administración local encuentra trabas legales en su legislación básica. Es urgente ahora permitir que los concejales, diputados provinciales y consejeros de
cabildos y consejos insulares puedan compatibilizar el ejercicio de sus responsabilidades públicas, en concreto aquellas que implican la participación y votación en los órganos colegiados de gobierno de las entidades locales, como son el Pleno y la
Junta de Gobierno en los Ayuntamientos, para adoptar decisiones inmediatas ante unas circunstancias tan excepcionales como las que estamos viviendo.
Esta insuficiencia regulatoria, además de impedir el pleno ejercicio de sus derechos a los concejales, diputados provinciales y consejeros de cabildos y Consejos insulares, puede paralizar el normal funcionamiento de las entidades locales
para atender una situación de emergencia como la actual, retrasando la contratación, los pagos o la puesta en marcha de medidas necesarias para prestar los servicios públicos que le demandan las autoridades que gestionan la crisis o que demandan sus
vecinos.
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece en su artículo 7 la limitación de la libertad de circulación de las
personas durante la vigencia del mismo, pero si bien se permite el desplazamiento al lugar de trabajo, la naturaleza misma de la situación o las posibles situaciones personales de los miembros de los órganos colegiados dificulta extraordinariamente
e incluso desaconseja los desplazamientos.
En los últimos tiempos, varios ayuntamientos han modificado sus reglamentos orgánicos de funcionamiento para permitir a los concejales asistir a distancia y poder votar de manera telemática en las sesiones plenarias si se encuentran de baja
por enfermedad, maternidad o paternidad, apoyándose para ello en una interpretación flexible de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, que establece con carácter general la necesidad de la asistencia física al Pleno. De esta forma, se
adaptan a la realidad actual en la que el avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) facilitan la participación activa en muchos ámbitos de la vida política y social pero, sobre todo, permite la continuidad en la toma de
decisiones por parte de los órganos colegiados respectivos, pudiendo agilizar la disposición de recursos al servicio del interés general.
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