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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 37, de 20/02/2020
cve: BOCG-14-D-37
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parte 1
parte 2
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
20 de febrero de 2020
Núm. 37
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/000082 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la defensa de la identidad de Navarra ... (Página14)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000018 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la creación y el impulso de la figura del agregado científico y tecnológico en las embajadas de España ... (Página15)
161/000019 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la defensa de los derechos de las personas LGTBI y la promoción de la persecución de aquellos que vulneren derechos fundamentales de este colectivo
ante la Corte Penal Internacional ... (Página16)
Comisión de Justicia
161/000040 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a la elevación de categoría de los partidos judiciales de Roquetas de Mar y El Ejido y establecer que los Juzgados
de Primera instancia e Instrucción sean servidos por Magistrados ... (Página17)
161/000126 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la creación y dotación efectiva de la Fiscalía de Sala de Protección de Personas con Discapacidad y Mayores ... (Página18)
Comisión de Defensa
161/000107 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas que pasen a la situación administrativa de la reserva ... (Página20)
161/000108 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre mejora de la sanidad militar ... (Página21)
161/000142 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mantener informado al Congreso sobre los contingentes militares de Irak y Líbano tras los últimos acontecimientos en Irán ...
161/000145 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre ascensos del personal militar en situación de Reserva ... (Página23)
161/000181 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la recuperación para uso civil de bienes del patrimonio de Defensa de interés histórico-artístico, ambiental o en desuso pero de utilidad pública o
social demandada por la sociedad, en particular de los solares sitos en el Campo de A Estrada (A Coruña) ... (Página25)
161/000182 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la recuperación para uso civil de bienes del patrimonio de Defensa de interés histórico-artístico, ambiental o en desuso pero de utilidad pública o
social demandada por la sociedad ... (Página25)
Comisión de Hacienda
161/000015 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la lucha contra el fraude en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido ... (Página27)
161/000016 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la rebaja del IVA en los libros electrónicos y prensa digital ... (Página29)
161/000094 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre incentivos fiscales al arrendamiento de vivienda ... (Página29)
161/000098 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública ... (Página31)
161/000151 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la acuñación de monedas conmemorativas del Patrimonio de la Humanidad de la ciudad de Lugo ... (Página32)
161/000160 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al cobro de la deuda del Estado a las Comunidades Autónomas por impago de la recaudación del IVA de diciembre de 2017 ...
161/000179 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la ampliación de un IVA reducido para los espectáculos culturales pirotécnicos ... (Página34)
Comisión de Interior
161/000001 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para la ampliación y la agilización en la concesión de las ayudas de los afectados por la DANA ... (Página35)
161/000002 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los daños producidos por la borrasca Daniel durante los días 16, 17 y 18 del mes de diciembre, a su paso por la provincia de
León ... (Página37)
161/000017 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la adopción de medidas que permitan reducir la tasa de suicidio policial entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ...
161/000049 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los daños producidos por la borrasca Daniel y Elsa durante los días 20 y 21 de diciembre de 2019 a su paso por la provincia de
Albacete ... (Página41)
161/000050 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los efectos y daños de las inundaciones en Asturias en el mes de diciembre de 2019 ... (Página43)
161/000051 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los daños producidos por las borrascas durante la semana del día 16 al 22 de diciembre de 2019, a su paso por la provincia de
Ávila ... (Página45)
161/000052 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los daños producidos por la borrasca Elsa durante este mes de diciembre a su paso por la provincia de Burgos ...
161/000053 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los daños producidos en la provincia de Cáceres por el temporal ocurrido durante los días 18 a 22 del mes de diciembre de 2019
... (Página49)
161/000054 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los daños producidos por la borrasca Elsa durante los días 19 y 20 de diciembre de 2019 a su paso por la Comunidad Autónoma de
Cantabria ... (Página51)
161/000055 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los daños producidos por la borrasca Elsa a su paso por la provincia de Jaén los días 19, 20 y 21 de diciembre de 2019 ...
161/000057 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los daños producidos por las borrascas Daniel, Elsa y Fabien en la segunda quincena de diciembre de 2019, a su paso por la
provincia de Soria ... (Página54)
161/000058 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los daños producidos por la borrasca Fabien el día 21 del mes de diciembre de 2019, a su paso por la provincia de Toledo ...
161/000059 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los daños producidos en la provincia de Valladolid por el temporal ocurrido durante los días 18 a 22 del mes de diciembre de
2019 ... (Página58)
161/000060 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los daños producidos por las borrascas Daniel, Elsa y Fabien desde el día 16 del mes de diciembre de 2019, a su paso por la
provincia de Zamora ... (Página60)
161/000061 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los daños producidos en la provincia de Palencia por el temporal ocurrido durante los días 18 a 22 del mes de diciembre de 2019
... (Página62)
161/000063 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno al desarrollo del Protocolo de actuaciones firmado el 4 de abril de 2018 por el Ministerio del Interior y el
Ayuntamiento de Roquetas de Mar para la nueva ubicación del cuartel de la Guardia Civil ... (Página65)
161/000083 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa de la Guardia Civil en la Comunidad Foral de Navarra ... (Página65)
161/000121 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de la Unidad de Prevención y Reacción en la comisaría de Pontevedra ... (Página66)
161/000122 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la creación de una USECIC en la comandancia de la Guardia Civil de Ourense ... (Página67)
161/000124 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el estado de tramitación de las ayudas dispuestas en el Real Decreto-ley 11/2019, por los daños ocasionados por la DANA en septiembre del pasado año ...
(Página68)
161/000129 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los daños producidos por el temporal Gloria en la Comunidad de Aragón ... (Página70)
161/000134 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los daños producidos por la borrasca Gloria entre los días 19 y 23/01/2020 ... (Página70)
161/000138 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre los daños ocasionados por la borrasca 'Gloria'... (Página72)
161/000139 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mantener la Guardia Civil en todas las regiones y pueblos de España ... (Página74)
161/000143 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a declarar profesión de riesgo a los policías locales y su inclusión en el Real Decreto 1087/2015 ...
161/000144 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de la Unidad de Prevención y Reacción en la comisaría de la Policía Nacional de Lugo ...
161/000149 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a paliar los daños producidos por la borrasca Gloria en la provincia de Málaga, entre los días 24 y 25 de enero de 2020 ...
161/000159 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a prohibir los homenajes a terroristas así como cualquier acto de enaltecimiento del terrorismo y a aumentar la pena de inhabilitación a los
condenados por delitos de esta naturaleza ... (Página78)
161/000169 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la declaración del municipio de Sant Antoni de Portmany (Eivissa) como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, de
acuerdo con la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil ... (Página80)
161/000170 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el mantenimiento de las Salas del 091 de la Policía Nacional en las comisarías de Ourense y Lugo ... (Página81)
161/000172 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la no utilización de la Guardia Civil y sus familias como moneda de cambio en los pactos políticos y su no expulsión y permanencia en todo el territorio
de España como elemento esencial de su vertebración ... (Página82)
161/000173 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la declaración de profesión de riesgo de los policías locales para su inclusión en el Real Decreto 1087/2015, de 4 de diciembre, sobre procedimiento,
condiciones y alcance del reconocimiento de las prestaciones de incapacidad permanente y muerte y supervivencia para el personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado derivado de su inclusión en el Régimen General
de la Seguridad Social ... (Página83)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/000007 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el refuerzo de la Alta Inspección educativa y la creación e impulso de un sistema de autorregulación para garantizar la calidad de los libros de texto
... (Página84)
161/000008 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a acabar con la infrafinanciación de la educación concertada y evitar la eliminación de las deducciones en el impuesto de la renta de las familias
con hijos en colegios concertados ... (Página86)
161/000009 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la creación e impulso de un sistema de formación MIR para el profesorado ... (Página87)
161/000084 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la promoción y mejora de la formación de la ciudadanía en reanimación cardiopulmonar (RCP) ... (Página89)
161/000120 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el refuerzo de la Alta Inspección educativa y la creación e impulso de un sistema de autorregulación para garantizar la calidad de los libros de texto
... (Página90)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/000109 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre impulso turístico en la provincia de Palencia ... (Página91)
161/000152 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre apoyo al turismo de cruceros en Illes Balears ... (Página92)
161/000156 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apoyo a la competitividad y futuro de los puestos de trabajo en las factorías que la multinacional Alcoa tiene en San Cibrao (Cervo)
... (Página93)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000003 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mejorar el reclutamiento de tripulantes y afrontar el relevo generacional en el sector pesquero ...
161/000004 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a eliminar las incoherencias en la gestión diferenciada de la anchoa en las zonas VIIIc y IXa y la separación de los TAC (Total Admisible
de Capturas) ... (Página96)
161/000005 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la costera del bonito ... (Página97)
161/000086 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a reconocer el valor estratégico del sector cinegético y a impulsar el marco orientativo y de coordinación para su ordenación a escala
nacional ... (Página97)
161/000089 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre mejora del etiquetado de la miel y de la información que sobre sus productos reciben los consumidores ... (Página99)
161/000110 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa de la plantación de choperas en la cuenca del río Carrión ... (Página100)
161/000112 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para poner solución a los problemas que provoca la actual crisis estructural del
sector hortofrutícola almeriense ... (Página101)
161/000114 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa del sector agroalimentario andaluz y, en particular, almeriense, frente a los incidentes en La Junquera ...
161/000123 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el estado de tramitación de las ayudas dispuestas en el Real Decreto-ley 11/2019, por los daños ocasionados por la DANA en septiembre del pasado año ...
(Página104)
161/000137 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre los daños ocasionados por la borrasca 'Gloria'... (Página105)
161/000165 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a medidas a adoptar en relación con el control de la plaga Delottococus Aberiae ... (Página107)
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/000081 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a rectificar el acuerdo suscrito entre el Partido Nacionalista Vasco y el PSOE ... (Página108)
161/000140 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a declarar profesión de riesgo a los policías locales y su inclusión en el Real Decreto 1087/2015, de 4 de diciembre, sobre
procedimiento, condiciones y alcance del reconocimiento de las prestaciones de incapacidad permanente y muerte y supervivencia para el personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, derivado de su inclusión en el
Régimen General de la Seguridad Social ... (Página109)
Comisión de Cultura y Deporte
161/000006 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apoyo del Gobierno de España a la creación del Consorcio Monumental del casco antiguo de Badajoz ...
161/000178 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la ampliación de un IVA reducido para los espectáculos culturales pirotécnicos ... (Página111)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/000030 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la creación de un portal web de empleo público universitario ... (Página112)
161/000031 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la creación y el impulso de la figura del agregado científico y tecnológico en las embajadas de España ... (Página113)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000021 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la protección de los cooperantes en el exterior ... (Página114)
161/000022 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la integración de la Agenda 2030 en los programas de reformas del Gobierno de España ... (Página117)
161/000087 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impacto ambiental y social de la explotación minera en la cuenca del río Orinoco ... (Página118)
Comisión de Igualdad
161/000020 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la defensa de los derechos de las personas LGTBI y la promoción de la persecución de aquellos que vulneren derechos fundamentales de este colectivo
ante la Corte Penal Internacional ... (Página120)
161/000027 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) en materia de lucha contra la discriminación
racial y étnica ... (Página121)
161/000028 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la incorporación de medidas de fomento de la igualdad para la mujer en el nuevo Proyecto de Ley de Deporte ... (Página122)
161/000035 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la mejora de la respuesta institucional contra la trata de personas ... (Página124)
161/000036 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el reconocimiento y la visibilización de los logros obtenidos por las deportistas españolas ... (Página125)
161/000037 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el estudio y seguimiento estadístico de la violencia sexual ... (Página127)
161/000038 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la mejora de la lucha contra la violencia sexual ... (Página128)
161/000092 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la prohibición de los métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento de la orientación sexual o de la identidad o
expresión de género ... (Página130)
161/000146 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la igualdad social de las personas mayores LGTBI y sobre la normalización de la diversidad en centros residenciales de personas mayores ...
161/000171 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la erradicación de la mutilación genital femenina ... (Página132)
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/000066 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a promover el curriculum vitae anónimo o ciego en los procesos de selección ...
161/000067 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a instaurar ficheros positivos de solvencia para el colectivo de los trabajadores autónomos ...
161/000068 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a promover la implantación de medidas que mejoren la satisfacción de los trabajadores en las empresas ...
161/000069 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a retomar la creación de un grupo de trabajo para la elaboración del Libro Blanco sobre el Futuro del Trabajo ...
(Página137)
161/000070 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a aprobar un Plan de Apoyo al Empleo y al Emprendimiento en territorios de escasa población y zonas rurales ...
(Página138)
161/000077 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas pertinentes para que los autónomos que tengan deudas con la Seguridad Social, puedan cobrar
el 50 % de la pensión y el restante 50 % se derive a amortizar la deuda ... (Página139)
161/000091 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el reconocimiento de la plena compatibilidad de la pensión de jubilación contributiva con la realización de trabajos por cuenta propia o ajena ...
161/000100 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a establecer un coeficiente reductor de jubilación para el colectivo de vigilancia física de la instalación
nuclear de El Cabril ... (Página142)
161/000101 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a dispensar una protección especial a los afectados de linfedema ... (Página143)
161/000127 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a modificar la Ley General de la Seguridad Social para garantizar el reconocimiento del tiempo de prestación del
Servicio Social de las mujeres, a efectos de cotización a la Seguridad Social ... (Página144)
161/000135 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la mejora de la protección por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia o autónomos al objeto de avanzar hacia su equiparación efectiva
con la acción protectora por desempleo de los trabajadores por cuenta ajena ... (Página145)
161/000147 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la elaboración de un estudio que determine el impacto sobre el empleo y la competitividad de la economía española provocado por las últimas subidas del
salario mínimo interprofesional (SMI) ... (Página147)
161/000157 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a adoptar medidas urgentes ante el incremento de inmigrantes irregulares que están llegando a las Islas Canarias
... (Página148)
161/000163 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre mejora de los permisos por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave ... (Página149)
161/000166 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a establecer la compatibilidad entre la actividad de creación artística con la inclusión en el Régimen de Clases Pasivas del Estado, la percepción de
pensiones no contributivas o el cobro de pensiones por incapacidad absoluta permanente ... (Página151)
161/000168 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la garantía del mantenimiento de la caja única de la Seguridad Social ... (Página153)
161/000180 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la publicación de un informe periódico sobre el estado del Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores ... (Página154)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/000034 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la mejora de la atención y promoción de la salud y bienestar emocional de los jóvenes ... (Página155)
161/000041 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora y a la armonización de las retribuciones de los profesionales en el Sistema Nacional de Salud ...
161/000042 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al desarrollo de la seguridad del paciente en el Sistema Nacional de Salud ... (Página157)
161/000043 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la ordenación, la gestión y la planificación de las plantillas de médicos en el Sistema Nacional de Salud ...
161/000044 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al nuevo reglamento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ... (Página160)
161/000045 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la gestión y la planificación de profesionales sanitarios en el ámbito rural ... (Página162)
161/000046 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de un plan con el que renovar el equipamiento tecnológico en el Sistema Nacional de Salud ...
161/000047 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de una estrategia nacional en humanización del Sistema Nacional de Salud ... (Página164)
161/000048 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora de la financiación del Sistema Nacional de Salud ... (Página166)
161/000065 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al convenio marco con las organizaciones de pacientes ... (Página167)
161/000072 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de un baremo indemnizatorio de los daños y perjuicios sobrevenidos con ocasión de la actividad sanitaria ...
161/000073 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la contratación centralizada de servicios en el Sistema Nacional de Salud ... (Página170)
161/000074 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la sustitución de las líneas telefónicas 901 y 902 por líneas gratuitas en el suministro de información sobre servicios públicos ...
(Página171)
161/000085 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la promoción y mejora de la formación de la ciudadanía en reanimación cardiopulmonar (RCP) ... (Página173)
161/000088 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar el cumplimiento de la normativa publicitaria sobre medicamentos en los contenidos de redes sociales y plataformas digitales ...
161/000090 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre mejora del etiquetado de la miel y de la información que sobre sus productos reciben los consumidores ... (Página175)
161/000095 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la ampliación de la cobertura pública de los tratamientos contra el tabaquismo en el marco del Sistema Nacional de Salud ...
161/000096 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la inclusión del cribado neonatal para la detección de inmunodeficiencias severas en la Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud ...
(Página178)
161/000097 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar la instalación completa de todas las máquinas de diagnóstico y tratamiento oncológico donadas por la Fundación Amancio Ortega y su
puesta en funcionamiento al servicio de todos los usuarios de la Sanidad pública en toda España ... (Página179)
161/000115 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al Calendario de Vacunación Infantil en la Ciudad de Ceuta ... (Página179)
161/000116 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la consolidación y el desarrollo del modelo de formación sanitaria especializada en el Sistema Nacional de Salud ...
161/000118 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el mantenimiento por parte del Estado de las competencias sobre la formación sanitaria especializada ... (Página182)
161/000158 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la prevención de riesgos laborales del personal sanitario relacionados con la manipulación de fármacos peligrosos ...
161/000164 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre mejora de los permisos por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave ... (Página184)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/000013 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el plan de renovación de las industrias de cogeneración y energía eólica ... (Página187)
161/000014 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la reforma del Consejo de Seguridad Nuclear ... (Página189)
161/000032 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la modificación de la Declaración de Importación de Productos en Canarias (DUA) para la mejora del reciclado de envases y vidrio ...
161/000064 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el Convenio de Obras Hidráulicas con Canarias ... (Página191)
161/000106 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la reforma de la fiscalidad en la factura de la luz ... (Página192)
161/000128 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las infraestructuras hidráulicas del río Segura ... (Página194)
161/000136 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre los daños ocasionados por la borrasca 'Gloria' ... (Página195)
161/000150 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la limpieza y mantenimiento de cauces y márgenes de ríos ... (Página198)
161/000153 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre una actuación urgente, sostenible, estructural y definitiva para la protección del litoral de Balerma y Guardias Viejas en el municipio de
El Ejido ... (Página199)
161/000154 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las instalaciones de desalación en la provincia de Castellón ... (Página199)
161/000155 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la situación del tómbolo sobre el que se asienta el castillo y la ciudad de Peñíscola y la adopción de medidas para garantizar la
estabilidad y seguridad del acantilado y del conjunto histórico-artístico de Peñíscola ... (Página201)
161/000174 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio ... (Página202)
161/000177 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la cogeneración en el sector cerámico ... (Página207)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/000010 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre aumento y mejora del servicio ferroviario en la estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches ... (Página208)
161/000011 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la conversión en autovía de la carretera N-432 Badajoz-Córdoba-Granada ... (Página209)
161/000012 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la declaración de Obligación de Servicio Público en el servicio ferroviario de Cercanías en el Valle del Guadalquivir (Córdoba) ...
161/000024 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el análisis exhaustivo de las posibilidades de cambio de ancho de vía ... (Página211)
161/000025 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la redenominación del aeropuerto de Valladolid a 'aeropuerto de Valladolid-Miguel Delibes' ... (Página213)
161/000026 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a impulsar los Corredores Atlántico y Mediterráneo en España ... (Página214)
161/000039 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora de la línea de AVE Madrid-Granada ... (Página216)
161/000062 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre las conexiones ferroviarias de Talavera de la Reina ... (Página217)
161/000075 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la situación del puerto de Fonsalía en Tenerife ... (Página219)
161/000076 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre modificación del Convenio de Carreteras con Canarias ... (Página219)
161/000078 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la ampliación del aeropuerto Tenerife Sur ... (Página221)
161/000079 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la mejora de la Alta Velocidad ferroviaria en la línea Salamanca-Madrid a través de Medina del Campo ...
161/000102 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a los servicios ferroviarios deficientes y discriminatorios en Galicia y a las medidas urgentes que debe impulsar el Ministerio de Fomento ...
161/000103 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la total gratuidad de la autopista AP-7 en todos los tramos de su recorrido ... (Página226)
161/000111 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar la creación de una estación ferroviaria de mercancías en el Polígono Industrial de San Cibrao das Viñas ...
161/000113 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso y a la ejecución del Proyecto 'Tercer Carril' en la autovía A-7 entre Roquetas y Almería (tramo enlace 429-enlace 438) ...
161/000130 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar mejoras en los servicios ferroviarios convencionales que presta RENFE en Galicia ... (Página228)
161/000131 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a restituir el servicio de autobús por carretera que une Casas Bajas (Valencia) con Teruel (VAC-218) ...
161/000132 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la vivienda en Andalucía ... (Página231)
161/000133 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en defensa del trazado más accesible y sostenible de la línea ferroviaria del Tren de la Costa a su paso por la comarca de la Safor en Valencia
... (Página232)
161/000175 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la modificación del Real Decreto Legislativo 2/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante ...
(Página234)
161/000176 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la mejora del parque central de Alicante ... (Página236)
Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital
161/000023 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre una ambiciosa Agenda Digital para España ... (Página237)
Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000029 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la prohibición de la esterilización forzosa o no consentida de las personas con discapacidad incapacitadas judicialmente ...
161/000033 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la desprotección de menores y colectivos vulnerables por el retraso en la elaboración de los informes psicosociales ...
161/000093 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la prohibición de la esterilización forzosa o no consentida de las personas con discapacidad incapacitadas judicialmente ...
161/000105 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el restablecimiento de los fondos estatales para la atención de menores extranjeros no acompañados ... (Página245)
161/000117 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para reforzar los protocolos de prevención, detección y actuación ante situaciones de abuso, agresión y explotación sexual como las que han
tenido lugar de manera continuada en centros de menores tutelados dependientes del Consell de Mallorca, y sobre las actuaciones llevadas a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en torno a la presunta agresión sexual cometida por
varios jóvenes a una menor en Palma la madrugada del 24 y 25/12/2019 ... (Página245)
161/000125 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la creación y dotación efectiva de la Fiscalía de Sala de Protección de Personas con Discapacidad y Mayores ... (Página247)
161/000141 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación y a la puesta en marcha de una estrategia nacional con la que mejorar la prevención y el abordaje de la soledad crónica en
las personas mayores ... (Página248)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Hacienda
181/000010 Pregunta formulada por el Diputado don Néstor Rego Candamil (GPlu), sobre previsiones acerca de dar cumplimiento a la reclamación que realiza la Xunta de Galicia sobre los 370 millones que se le adeudan, 200 millones del IVA
correspondiente al año 2017 y 170 de los incentivos habilitados para las autonomías cumplidoras de la regla de gasto, así como de la reforma del sistema de financiación autonómica ... (Página250)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/000001 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre motivos por los que el Ministerio de Fomento está demorando continuamente las actuaciones necesarias para impulsar las autovías A-76 entre Ourense y
Ponferrada y A-56 entre Ourense y Lugo ... (Página250)
181/000002 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre cumplimiento de los compromisos contraídos en relación con las partidas inversoras que afectan a la red estatal de carreteras en la provincia de Ourense,
que no fueron respetados en el año 2019 ... (Página251)
181/000003 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre motivos del incumplimiento del cronograma para la conclusión antes de que finalizase el año 2019 de las obras de la LAV a Galicia entre Pedralba de la
Pradería y Ourense, así como fecha de su finalización ... (Página251)
181/000004 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre cumplimiento de los compromisos contraídos en relación con las partidas inversoras que afectan a la red estatal de carreteras en la provincia de Ourense
que no fueron respetados en el año 2019 ... (Página251)
181/000005 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Zurita Expósito (GP), sobre fecha prevista y hoja de ruta para poner en práctica la limitación de los precios del alquiler de viviendas ... (Página252)
181/000006 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Zurita Expósito (GP), sobre conclusiones y soluciones a las que se ha llegado en la 'cumbre del Transporte' celebrada en el mes de enero acerca del abaratamiento de los billetes
aéreos de territorios extrapenínsulares ... (Página252)
181/000007 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Zurita Expósito (GP), sobre plazos previstos para el desarrollo de las dos actuaciones específicas en Santa Cruz de Tenerife y en Telde dentro del Plan 20.000 viviendas, así como
opinión del Gobierno acerca de si esa será la medida 'estrella' para resolver la escasez de oferta de vivienda en Canarias y en el resto del territorio español ... (Página252)
181/000008 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín María García Díez (GP), sobre situación en la que se encuentra y previsiones acerca de los proyectos de electrificación entre Lugo y Monforte de Lemos, así como de los de renovación
de la vía en el trazado entre Lugo y Ourense, incluyendo la correspondiente a las variantes previstas de Os Peares, Canabal y Rubián ... (Página253)
181/000009 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Zurita Expósito (GP), sobre normativas o textos legales que piensa modificar el Gobierno para impulsar la bajada de los precios de alquiler de viviendas ...
Otros textos
PREMIOS
292/000007 Premio 'Josefina Carabias' de periodismo parlamentario.
Designación de los miembros del Jurado. Corrección de error... (Página253)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/000082
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la defensa de la identidad de
Navarra, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
No son nuevas las agresiones de distinta naturaleza que la Comunidad Foral de Navarra viene sufriendo provocadas por el nacionalismo vasco. La pretensión de integrar Navarra en el País Vasco, así como la autodeterminación o ruptura con
España, es su objetivo principal. Para ello, existe una estrategia que pasa, entre otras acciones, por imponer una lengua común, símbolos y cultura también comunes.
Navarra constituye una Comunidad Foral con régimen, autonomía e instituciones propias, indivisible, integrada en la Nación española y solidaria con todos sus pueblos, como reza el artículo 1 del Amejoramiento del Fuero. Asimismo, la
Constitución Española, en su disposición adicional primera, ampara y respeta el régimen Foral.
El Tribunal Constitucional ya sentenció que la Comunidad Autónoma Vasca no podrá incluir en su escudo oficial el emblema de Navarra, obligándole a quitarlo definitivamente después de haberlo incluido como si Navarra formara parte de Euskadi.
La sentencia tardó en cumplirse muchos años, y ahora quieren regular que las cadenas de Navarra formen parte de su escudo y que la Ikurriña, bandera del País Vasco, esté presente en las instituciones de Navarra.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Rechazar cualquier injerencia en el estatus jurídico y político de la Comunidad Foral de Navarra, definido y amparado en el Amejoramiento del Fuero y en la Constitución Española.
2. Rechazar igualmente los ataques a la identidad de Navarra.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2020.-Ana María Beltrán Villalba, Diputada.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000018
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación y el impulso de la figura del agregado científico
y tecnológico en las embajadas de España, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El interés estratégico de las relaciones científicas y tecnológicas con ciertos países es hoy, más que nunca, fundamental. Los asuntos científicos y tecnológicos están en la frontera de los nuevos escenarios asociados a la innovación y a
las inversiones en general (económicas, comerciales, empresariales, etcétera).
El apoyo a la internacionalización de la ciencia y tecnología españolas es una necesidad de primer orden, ya que constituye un elemento básico a nivel científico y académico que, además, tiene una repercusión evidente en la
internacionalización de las empresas españolas. El objetivo de la llamada 'diplomacia científica' es el de facilitar el intercambio mutuo de información entre instituciones científicas de los distintos países, a la vez que se promueve la
participación conjunta en proyectos de investigación y de movilidad, la generación de sinergias y el fomento de la cooperación en ciencia y tecnología.
El apoyo a la internacionalización de la ciencia y tecnología españolas es una necesidad de primer orden, ya que constituye un elemento básico a nivel científico y académico que, además, tiene una repercusión evidente en la
internacionalización de las empresas españolas. El objetivo de la llamada 'diplomacia científica' es el de facilitar el intercambio mutuo de información entre instituciones científicas de los distintos países, a la vez que se promueve la
participación conjunta en proyectos de investigación y de movilidad, la generación de sinergias y el fomento de la cooperación en ciencia y tecnología.
Sin embargo, en la mayoría de embajadas de nuestro país no se atienden los temas científicos ni tecnológicos de un modo integral. Si bien es cierto que algunas embajadas disponen de oficinas que se ocupan de temas científicos, como sucede
por ejemplo con la 'Office for Cultural and Scientific Affairs' de la embajada española en Reino Unido, no se trata de una práctica extendida y mucho menos mayoritaria.
Para solventar esta situación, se propone la creación y el impulso de la figura del agregado científico y tecnológico en las embajadas de España, tal y como existe en países de nuestro entorno como Italia o Francia. La labor del agregado
científico y tecnológico abarcaría, aunque no exclusivamente, la organización de actividades y eventos que refuercen la excelencia científica y tecnológica, así como el apoyo a proyectos desarrollados por universidades y empresas, participando
activamente en colaboración con el Instituto Cervantes o las oficinas comerciales españolas. También incluiría el apoyo y el desarrollo de la cooperación bilateral, la negociación y la aplicación de acuerdos específicos, la promoción de la ciencia
y la tecnología españolas, la provisión de información acerca del sistema y las políticas científicas aplicadas por los distintos países y la promoción y la gestión de contactos entre investigadores españoles residentes en el extranjero e
investigadores extranjeros.
Por otra parte, esta figura se encargaría de realizar las tareas de asesoramiento al embajador sobre cuestiones científicas y técnicas, informando sobre desarrollos científicos en el exterior, a la vez que actuaría como un portavoz en
asuntos científicos en el extranjero, asistiendo con este a eventos relacionados con la ciencia y la tecnología en colaboración con las academias de ciencia y tecnología, la industria y las autoridades gubernamentales de su país de residencia.
Además, el apoyo decidido de las embajadas a la ciencia y la tecnología abriría las puertas a poder participar en proyectos de dimensión internacional, proyectos que suponen una fuente potencial de ingresos, prestigio y capacidad de
influencia en los mercados internacionales.
Con el fin de poner en valor y capitalizar los sectores de excelencia en la investigación científica y tecnológica y apoyar el avance de las empresas españolas que operan en sectores de tecnología avanzada, se hace necesario contar con una
figura como la del agregado científico y tecnológico. La administración cuenta con un amplio sector del personal ya formado en este contexto que procede de los distintos centros y organismos de investigación y las universidades.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear e impulsar la figura del agregado científico y tecnológico en las embajadas de España, con el objetivo de llevar a cabo tareas de asesoramiento y promoción de la ciencia y la tecnología
españolas, así como fortalecer y profundizar en las relaciones de cooperación científica y tecnológica internacionales, apoyando la internacionalización de nuestros investigadores y empresas y las participación de estos en proyectos de dimensión
internacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.-Marta Martín Llaguno y Edmundo Bal Francés, Diputados.
161/000019
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la defensa de los derechos de las personas LGTBI y la promoción de
la persecución de aquellos que vulneren derechos fundamentales de este colectivo ante la Corte Penal Internacional, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos somos plenamente conscientes de que la homofobia, la lesbofobia, la transfobia y la bifobia continúan siendo formas de discriminación presentes en el día a día de nuestras sociedades, y de la
existencia de miles personas que, todavía hoy, continúan siendo perseguidos, encarcelados y condenados a trabajos forzados, castigos físicos e incluso a la pena de muerte en razón de su mera orientación sexual e identidad de género en terceros
países.
Recordando el Día Internacional contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Transfobia y la Bifobia (lnternational Day Against Homophobia and Transphobia, IDAHOT), que desde fechas recientes se viene celebrando cada 17 de mayo, coincidiendo con
la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 17 de mayo de 1990.
Teniendo también en cuenta que la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y la Constitución Española proclama los derechos fundamentales de toda persona, entre
ellos el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad y su dignidad inherente, así como los Principios de Yogyakarta ratificados por la Comisión Internacional de Juristas para la aplicación de los instrumentos internacionales en
relación a la orientación sexual y la identidad de género.
Recordando que conforme al artículo 7.1.h) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 'se entenderá por crimen de leso humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático
contra una población civil [...] h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente
reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte' y que conforme al artículo 7.2.g) del mismo texto 'por
'persecución' se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad', siendo la persecución penal de un colectivo la persecución
'generalizada o sistemática' por excelencia.
Recordando, del mismo modo, que conforme al artículo 7.2.a) de tal Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional por 'ataque contra una población civil' se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos
mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de
conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política', y que el artículo 7.1.a) penaliza los asesinatos y ejecuciones de miembros del grupo perseguido, y el artículo 7.1.e) la
encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos estamos decididos a no guardar silencio ante nada estas situaciones, así como a contribuir desde el Congreso a la defensa de los Derechos Humanos de todas esas personas, cruelmente perseguidas,
encarceladas, sometidas a trabajos forzados y castigos físicos, e incluso condenadas a muerte de forma por su orientación sexual o identidad de género, y por ello, presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados expresa su solidaridad con los miles de personas en el mundo que, en pleno siglo XXI, continúan siendo cruelmente perseguidas, encarceladas, sometidas a trabajos forzados, castigos físicos e incluso, en los
casos más atroces, condenadas a muerte, o asesinadas, en razón de su mera orientación sexual o identidad de género, y reconoce tales conductas como formas de crímenes contra la humanidad.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que, urgentemente:
a) Promueva, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, haciendo uso efectivo de las facultades que le confiere el artículo 14 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, una investigación oficial e independiente de la
persecución que vienen sufriendo miles de gais, lesbianas, transexuales y bisexuales en distintos lugares del mundo, en tanto que crimen de lesa humanidad del artículo 7.1. h) del Estatuto de Roma en relación a sus artículos 7.1. a) y e) y 7.2 g).
b) Inste, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el periodo 2018-2020, una resolución que promueva el cese de la inhumana persecución penal de todas estas personas en razón de su mera orientación sexual o
identidad de género, así como para promover su completa protección ante otros actos de persecución igualmente inhumanos por parte de actores no estatales.
3. El Congreso de los Diputados manifiesta su pleno compromiso de seguir trabajando en la eliminación de todas las barreras y formas de discriminación que, todavía hoy, siguen afectando a homosexuales, lesbianas, transexuales y bisexuales
en el día a día, así como a seguir trabajando en la construcción de una sociedad más comprometida y respetuosa con los Derechos Humanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.-Sara Giménez Giménez, Marta Martín Llaguno y Edmundo Bal Francés, Diputados.
Comisión de Justicia
161/000040
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a la elevación
de categoría de los partidos judiciales de Roquetas de Mar y El Ejido y establecer que los Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción sean servidos por Magistrados, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
Los partidos judiciales más complejos de la provincia de Almería son los de los municipios de El Ejido y Roquetas de Mar. Así lo destacan año tras año en sus memorias el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la presidenta de la
Audiencia Provincial de Almería, los Decanos de los Jueces de ambos partidos judiciales, los Colegios de Abogados y Procuradores, además de otros operadores jurídicos y
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que no dejan de solicitar el aumento de la planta judicial y, de forma insistente desde hace una década, que los Juzgados de estos partidos judiciales sean servidos por Magistrados.
Actualmente, ambos partidos judiciales cuentan con seis Juzgados de Primera Instancia e Instrucción que tienen que hacer frente a una importante carga de trabajo año tras año. Según la Memoria del TSJA de 2018, el Partido Judicial de El
Ejido ha ingresado en 2018, 3.478 nuevos asuntos civiles y 5.476 penales, mientras que el de Roquetas de Mar, ha afrontado 4.215 nuevos asuntos civiles y 5.845 penales.
La complejidad de estos partidos judiciales no deriva solamente de contar con una población superior a los 150.000 habitantes durante la temporada estival o al elevado número de nuevos asuntos al año, sino que es provocada por la excepcional
variedad y dificultad de los asuntos que llegan a los Juzgados.
La dificultad que presentan, muchos de los asuntos que llegan a los Juzgados de estas ciudades obedece a circunstancias que tienen que ver con la situación geográfica de ambas (en la frontera marítima del sur de Europa con África), con la
población inmigrante flotante, con la problemática social, policial y judicial que provoca su pertenencia al potente cordón económico y turístico de la costa mediterránea oriental, y a una circunstancia singular de estas dos localidades: una
actividad económica agroindustrial exportadora sin comparación posible en Andalucía.
Aunque la creación, en 2018, de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción núm. 6 de Roquetas de Mar y de El Ejido ha contribuido a mejorar la situación, aún no se ha solucionado el problema de la excesiva movilidad de los Jueces en
dos destinos que requieren especial cuidado y a los que esta movilidad afecta negativamente. Tanto es así, que los ayuntamientos de ambos municipios han llevado a sus Plenos esta pretensión que demandan también los empresarios, comerciantes y
vecinos.
Esta demanda que no es nueva ha sido apoyada recientemente por el Parlamento de Andalucía, con la aprobación por unanimidad de una Proposición no de Ley en la Comisión de Justicia. Así mismo, el Consejo General del Poder Judicial, en su
última reunión, ha aprobado solicitar al Ministerio del Interior que se eleve la categoría de ambos partidos judiciales.
Por todo lo anterior, presentamos la presente Proposición no de Ley en la que solicitamos la elevación de categoría de ambos partidos judiciales conforme al artículo 21.2 y 3 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta
Judicial, que posibilita los Juzgados mixtos que cumplan los requisitos que enumera sean servidos por Magistrados: '2. El Ministro de Justicia podrá establecer que los Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción o de Primera Instancia e
Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, sean servidos por Magistrados, siempre que estén radicados en un partido judicial superior a 150.000 habitantes de derecho o experimenten aumentos de población de hecho que superen dicha cifra,
y el volumen de cargas competenciales así lo exija'. Requisitos que, como se ha podido comprobar, son ampliamente cumplidos por Roquetas de Mar y El Ejido.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer que los Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción de los partidos judiciales de El Ejido y Roquetas de Mar sean servidos por Magistrados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.-Juan José Matarí Sáez, Miguel Ángel Castellón Rubio y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Diputados.
161/000126
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación y dotación efectiva de la Fiscalía de Sala de
Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El 8,5 % de la sociedad española presenta algún tipo de discapacidad, lo que supone que más de cuatro millones de personas tengan que enfrentarse, en su día a día, a numerosas barreras para vivir su vida con plena autonomía, arquitectónicas,
cognitivas, sensoriales y también, no menos importantes, socioeconómicas. Es por ello que la accesibilidad universal representa un objetivo trascendental, pues no se trata simplemente de favorecer las condiciones de vida de un colectivo necesitado
de apoyos específicos, sino de garantizar la plena inclusión y la igualdad social de las personas con discapacidad con el resto de ciudadanos, permitiendo con ello el pleno desarrollo de su personalidad y el ejercicio de sus derechos fundamentales.
Teniendo esto presente, resulta necesario poner en valor la labor realizada por las Secciones de Protección de Personas Vulnerables del Ministerio Fiscal español. Estas se constituyeron a raíz de la nueva configuración dada a la institución
fiscal por la Constitución española de 1978, que, en su artículo 124, y sin perjuicio de sus funciones en el proceso penal, confiere a la Fiscalía la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los
ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados. Esta labor naturalmente incluye la protección de los derechos de las personas con discapacidad y de fas personas mayores, la cual se garantiza de
manera expresa en los artículos 49 y 50 del texto constitucional, en estrecha relación con el mandato que el artículo 9.2 de nuestra Norma Fundamental hace a todos los poderes públicos de promover las condiciones de libertad y de igualdad para todos
los ciudadanos y de remover los obstáculos que impidan o dificulten que estas sean reales y efectivas.
De este modo, el Ministerio Fiscal no actúa únicamente ante los tribunales penales, sino también fuera de ellos, ante la jurisdicción civil, al objeto de señalar aspectos, hechos o circunstancias que puedan estar limitando los derechos de
las personas vulnerables, mediante escritos realizados a instancias de los particulares en los que se advierten incumplimientos o insuficiencias subsanables. Tales escritos reciben el nombre de 'diligencias informativas', que pueden concluir con un
'decreto', cuando se refieren a hechos o personas individuales, o con un 'dictamen', si se refieren a un fenómeno o situación generalizada.
Estas funciones se han consolidado con el paso del tiempo gracias al empeño de los sucesivos Fiscales Generales del Estado, que han entendido que esta faceta corresponde al Ministerio Fiscal tanto como la penal. En ese sentido, el Real
Decreto 255/2019, de 12 de abril, por el que se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes, contempla la creación de una 'Fiscalía de Sala de Protección de Personas con Discapacidad y Mayores'.
Sin embargo, esta Fiscalía de Sala, pese a su previsión reglamentaria, aún no se ha creado de modo efectivo, ni existe previsión de dotación, lo que incluye su correspondiente memoria económica y la adscripción de Fiscales adjuntos, como el
resto de Fiscalías de Sala penales.
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos entendemos que resulta injustificable que la Fiscalía de Sala de Protección de Personas con Discapacidad y Mayores no se encuentre creada y dotada de forma efectiva, sobre todo teniendo presente que su
ámbito de actuación concierne a colectivos vulnerables especialmente numerosos, como las personas con discapacidad y las personas mayores, cuya protección viene amparada, como se ha señalado, en los artículos 49 y 50 de la Constitución, y por ello,
se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a adoptar todas las medidas que sean necesarias para proceder a la creación y dotación económica efectivas de la Fiscalía de Sala de Protección de Personas con Discapacidad y Mayores,
con la finalidad de consolidar la protección por el Ministerio Fiscal de los derechos de las personas con discapacidad y las personas mayores en ámbitos no penales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2020.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Defensa
161/000107
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las retribuciones del personal de las
Fuerzas Armadas que pasen a la situación administrativa de la reserva, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Dentro de las situaciones administrativas en las que se pueden encontrar los miembros de las Fuerzas Armadas se encuentra la de la Reserva; situación contemplada en el artículo 113 de la vigente Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la
Carrera Militar, en el que se distinguen los distintos supuestos en los que se accede a esta situación.
Precisamente, dicho artículo 113 destaca en su apartado 4 que los militares de carrera de las categorías de oficiales y suboficiales pasarán en todo caso a la situación de reserva al cumplir sesenta y un años de edad; a diferencia de los
militares de tropa y marinería, quienes pasarán a la situación de reserva una vez cumplidos los cincuenta y ocho años. El apartado 10 del mismo artículo, contempla las retribuciones que, con carácter general, percibirá el personal militar en
situación de reserva, señalando que conservarán las retribuciones del personal en servicio activo sin destino hasta cumplir la edad de sesenta y tres años. Se señala también que, a partir de ese momento, las retribuciones del militar profesional
estarán constituidas por las retribuciones básicas y por el complemento de disponibilidad que se determine en las normas que regulen el sistema retributivo del personal de las Fuerzas Armadas.
Dicho complemento de disponibilidad se especifica en el Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre. Esta norma en su artículo 9 indica que cuando el pase a la
situación de reserva se produzca por alguna de las causas previstas en el artículo 113 de la citada Ley de la Carrera Militar, se percibirán las retribuciones del personal en servicio activo señaladas en el artículo 5.2, hasta cumplir la edad de
sesenta y tres años. A partir de esa edad, se percibirán las retribuciones básicas y un complemento de disponibilidad equivalente a la suma del 80 % del complemento de empleo y del 80 % del componente general del complemento específico. Dicho
complemento de disponibilidad sustituye así al complemento de empleo y al componente general del complemento específico, y es de menor cuantía que la suma de estos.
Además, en los meses de junio y diciembre se percibirá una paga adicional del complemento específico por un importe igual al 80 % de la que se perciba por el componente general del complemento específico por el personal en situación de
servicio activo.
Cabe destacar que el Observatorio de la Vida Militar, en su Informe del año 2016, constató que los miembros de las Fuerzas Armadas experimentan una disminución significativa en sus retribuciones al pasar a la situación de reserva. Dicha
disminución supone además un agravio comparativo respecto a otros funcionarios.
Esta cuestión, además, ya fue considerada por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas a propuesta de la Asociación de Suboficiales ASFASPRO; una propuesta del día 23 de julio de 2015 remitida el 8 de septiembre de 2015 al Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas para que continuase su tramitación por ese departamento. Desde entonces, nada más se ha sabido.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que el personal de las Fuerzas Armadas que pase a la situación administrativa de reserva por aplicación de los supuestos previstos en el artículo 113 de la
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar,
perciba las retribuciones del personal en servicio activo previstas en el Reglamento de retribuciones aprobado por Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, hasta cumplir la edad de retiro.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.-Pablo Cambronero Piqueras, María Carmen Martínez Granados y Edmundo Bal Francés, Diputados.
161/000108
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre mejora de la sanidad militar, para su
debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
La sanidad militar ha sufrido un fuerte retroceso en los últimos años, lo que ha mermado y debilitado una de las más importantes capacidades de nuestras Fuerzas Armadas. Esto es un hecho conocido y reconocido por todos, pero al mismo tiempo
dejado en un segundo plano.
Los factores que han influido son múltiples y variados. Sin duda, un factor influyente común con el resto de capacidades, es el descenso en los últimos años en el importe del capítulo presupuestario de Defensa. El problema no solo afecta a
los medios materiales y personales, sino también de una deficiente gestión de los que se disponen. Como ejemplos se pueden citar el hospital de campaña sin utilizar al no existir capacidad para trasladar estos al terreno donde sean precisos (ROLE
4) o la Cámara Hiperbárica de San Fernando (Cádiz), que siendo propiedad de la Armada, permanece localizada en el Hospital de San Carlos de esa localidad, que fue transferido al Servicio Andaluz de Salud, y que está infrautilizada debido a la falta
de personal y a la ausencia de un Convenio de colaboración actualizado.
En el capítulo de personal, la realidad no es más halagüeña. En lo que afecta a especialidades médicas denominadas 'críticas', cirujanos, anestesistas, intensivistas y traumatólogos, las disponibilidades de efectivos son escasas. El
estricto régimen de incompatibilidades tampoco favorece la llamada y permanencia del personal. Los profesionales que integran la Sanidad Militar además de médicos, como los farmacéuticos, enfermeros, veterinarios, psicólogos y odontólogos,
necesitan una formación y reciclaje permanente que exige conveniar con las Comunidades Autónomas.
La propia Ley de la Carrera Militar ampara una discriminación porque prevé dos Escalas de Sanidad Militar, una para enfermeros y otra para el resto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar un estudio riguroso sobre las carencias de la sanidad militar, tanto en medios materiales como personales.
2. Suscribir convenios con las distintas Comunidades Autónomas para el reciclaje del personal de sanidad militar.
2. Suscribir convenios para el uso de material sanitario militar por parte de los hospitales de las Comunidades Autónomas, como es el caso de la cámara hiperbárica de San Fernando (Cádiz).
4. Potenciar la figura del reservista voluntario incentivando económica y profesionalmente a personal civil para prestar al servicio de forma temporal en las Fuerzas Armadas en periodos de necesidad.
5. Realizar un estudio para flexibilizar el régimen de incompatibilidades del personal sanitario de las Fuerzas Armadas.
6. Estudiar la posibilidad de reducir las dos escalas de Sanidad Militar a una sola escala.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.-Pablo Cambronero Piqueras, María Carmen Martínez Granados y Edmundo Bal Francés, Diputados.
161/000142
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a mantener informado al Congreso sobre los contingentes militares de Irak y Líbano tras los últimos acontecimientos en Irán.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión de informar de forma regular a la Comisión en relación con el objeto de la misma se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario
pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Defensa. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mantener informado al Congreso
sobre los contingentes militares de Irak y Líbano tras los últimos acontecimientos en Irán, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
El pasado 13 de diciembre de 2019, el Consejo de Ministros en funciones prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2020 la participación de unidades y observadores militares españoles en operaciones de apoyo a la paz en el marco de la ONU, la OTAN
y la UE, manteniendo su presencia en las mismas operaciones salvo algunos ajustes.
Las Fuerzas Armadas españolas están presentes en diecisiete misiones en el exterior con 2.800 militares y guardias civiles desplegados en cuatro continentes. Los contingentes más numerosos se encuentran en el Líbano, con 620 cascos azules,
y en Irak, con 575 efectivos.
Un total de 60 países, bajo el liderazgo de Estados Unidos forman parte de la Operación 'lnherent Resolve', la Coalición Internacional contra el yihadismo que está tratando de frenar el avance del Daesh en Siria e Irak. Esta coalición
internacional surgió, en la cumbre de la OTAN de septiembre de 2014, en respuesta a una solicitud de ayuda del Gobierno iraquí al secretario general de la OTAN para intentar frenar el avance del Daesh.
Dentro de la Coalición más de 500 militares y guardias civiles españoles se ocupan de adiestrar y capacitar al Ejército iraquí. Los militares españoles de Operaciones Especiales también desarrollan actividades de adiestramiento en Bagdad,
Al Taqaddum y Taji, así como los militares pertenecientes a la 'Task Force Toro' (Unidad de Helicópteros) cuya misión principal es proporcionar transporte aéreo a las tropas de la Coalición.
En octubre de 2014, el Congreso de los Diputados autorizó la participación de España en la Fuerza Interina de las naciones Unidas en Líbano (FINUL). Los cascos azules de la ONU patrullan en el sur de Líbano para evitar hostilidades desde
Líbano hacia Israel. Las Fuerzas Armadas españolas desplegaron en Líbano en septiembre de 2006.
El contingente español en Líbano que llegó a contar con un máximo de 1.100 militares, tiene a día de hoy, alrededor de 620 militares desplegados. Desde el inicio de la misión, han fallecido en Líbano quince militares españoles.
El pasado 7 de enero, diez militares españoles de los tres mil que había desplegados en Bagdad como parte de la operación de la OTAN en Irak tuvieron que salir en dirección a Kuwait después de que la OTAN decidiera reposicionarlos
temporalmente en otras localizaciones como medida de precaución por la escalada de la tensión tras el ataque estadounidense como consecuencia del cual falleció el general iraní Soleimaní. Alemania, Eslovaquia y Canadá también han evacuado parte de
su contingente en Irak.
Los informes de los servicios de inteligencia sustentan el blindaje de las tropas y la paralización de actividades. Por eso se ha dado la orden a las tropas de permanecer en el interior de las bases militares y reducir el trato con la
población local. En las dependencias militares se ha tenido que reforzar la seguridad por lo que pudiera ocurrir.
Por todo elfo, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
- Informe regular y convenientemente a esta Comisión de la evaluación del riesgo en que pueda encontrarse el personal militar español desplegado en dichas misiones.
- Comunique a esta Comisión las directrices que fije la OTAN o la ONU en estas operaciones y la forma en la que afectan a nuestras Fuerzas Armadas.
- Transmita el reconocimiento de esta Cámara a la abnegada y eficaz labor que desempeñan nuestras Fuerzas Armadas en la zona, en una situación de alta tensión en la región.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2020.-Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu y María Valentina Martínez Ferro, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/000145
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre ascensos del personal militar en
situación de Reserva, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
En el apartado quince del artículo único de la Ley 46/2015 de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, se da nueva redacción a la disposición transitoria séptima de la citada ley,
referida al ascenso de suboficiales al empleo de teniente, quedando redactada en su apartado 1 de la siguiente manera:
'1. Todos los suboficiales que hubieran obtenido el empleo de sargento a partir del 1 de enero de 1977 y con anterioridad al 20 de mayo de 1999, fecha de entrada en vigor de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las
Fuerzas Armadas, y que no tuvieran limitación legal para alcanzar el empleo de subteniente, podrán obtener, previa solicitud, el empleo de teniente de las escalas de oficiales de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, que se les concederá con la fecha en la
que hubieran pasado o pasen a la situación de reserva en los términos establecidos en esta ley, con antigüedad, tiempo de servicios y efectos económicos desde la fecha de ascenso, sin perjuicio de lo establecido en los apartados 2 y 3 siguientes.'
Tras la publicación de la Ley 39/2007, como después de su modificación, se produjeron un elevado número de ascensos al empleo de teniente de la escala de oficiales por parte de Suboficiales en situación
de reserva, independientemente de que hubieran accedido a la misma directamente desde la situación de servicio activo o de la hoy en día no existente situación de reserva transitoria.
De esta posibilidad de ascenso se vieron excluidos un número de suboficiales de la Escala de Banda del Ejército de Tierra por condicionantes poco coherentes y mal justificados ante los solicitantes (117), quedando sus expedientes depositados
en las oficinas de la Jefatura del Mando de Apoyo al Personal del ET, sin que hasta el día de la fecha hayan obtenido una motivación clara sobre las razones que les apartaron del procedimiento de ascenso al que sí accedieron sus compañeros de otras
especialidades (unos 4.000), así como algunos de su propia escala (270, aproximadamente).
Los 117 suboficiales solicitantes recibieron en febrero de 2016 una Comunicación/Resolución de la Jefatura de Ascensos y Situaciones del Mando de Personal (MAPER) del Ejército de Tierra en la que se les informaba de que se accedería a lo
solicitado cuando concurriesen las circunstancias legalmente previstas para ello, quedando custodiada su solicitud, mientras tanto, en su expediente personal. Según se pudo posteriormente conocer, dichas circunstancias legalmente previstas, según
el MAPER, pasaban por su inclusión en el punto 3 del apartado 15 del artículo único de la Ley 46/2015, en el cual se dice textualmente:
'3. Los suboficiales mencionados en el apartado 1 que hubieran pasado o pasen a la situación de reserva en aplicación del artículo 113.3 (se sobreentiende que de la Ley 39/2007) podrán obtener, previa solicitud, el empleo de teniente de la
escala de oficiales de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, cuando cumplan los requisitos necesarios para el pase a la reserva establecidos en la disposición transitoria octava o en el artículo 113, apartados 1.b y 4, todos de esta ley, computando a estos
efectos el tiempo en reserva.'
A los suboficiales solicitantes, sin embargo, no se les puede aplicar dicho precepto, habida cuenta de que no pasaron a la situación de reserva en virtud de dicho artículo de la Ley 39/2007, sino que lo hicieron con anterioridad a la entrada
en vigor de dicha ley e, incluso, de la precedente 17/1999, de 18 de mayo, ya que les fue de aplicación la Resolución 22/1999, de 20 de enero, del Subsecretario de Defensa.
Por otra parte, en lo que concierne a la posible existencia de alguna limitación legal para alcanzar el empleo de subteniente, que les impediría acceder al ascenso a teniente solicitado, la norma se refiere a la existencia de limitaciones
legales positivas tal y como queda consignado, al menos, en dos sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional (SAN 4106/2011 y SAN 1670/2019), ambas resueltas con fallo estimatorio para los demandantes declarando el
derecho de ambos al solicitado ascenso a teniente.
En ambas se consigna que, conforme al criterio establecido por la Asesoría Jurídica General del Ministerio de Defensa, se ha de entender que la limitación legal puede venir determinada por dos situaciones: bien porque a resultas del régimen
de ascensos establecido en la normativa anterior hubiera sido declarado no apto con carácter definitivo para el ascenso al empleo de subteniente o se hubiera renunciado al ascenso al citado empleo, o bien, porque se trate de aquellos Cabos Primeros
Veteranos de la Armada que, acogiéndose a la disposición adicional tercera del Real Decreto 1928/1991, accedieron al empleo de sargento con la posibilidad de obtener posteriormente el de sargento primero, siendo este el último empleo de su Escala.
Ninguno de ambos supuestos es de aplicación a los 117 solicitantes.
Por último, la especificación que se hace en la norma citada, conforme a la cual el ascenso 'se les concederá con la fecha en la que hubieran pasado o pasen a la situación de reserva [...]' implicaría, en el caso de los Suboficiales
solicitantes, una retroactividad de efectos de más de 16 años, lo cual podría hacer económicamente impracticable el objeto final de su solicitud que es el ascenso al empleo de teniente de la Escala de Oficiales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Impulsar la revisión del punto 1 del apartado quince del Artículo único de la Ley 46/2015, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 39/2007 de 19 de noviembre, de la carrera militar, de manera que donde dice: 'se les concederá con
la fecha en la que hubieran pasado o pasen a la situación de reserva [...]' diga: 'se les concederá a partir de la fecha de publicación de esta ley independientemente de que el acceso a la situación de Reserva se haya producido desde la situación
de servicio activo o desde la extinta Reserva Transitoria'.
- Disponer la revisión de los expedientes personales de los 117 Suboficiales de la Escala de Banda del Ejército de Tierra solicitantes de ascenso al empleo de teniente de la escala de oficiales de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, para promover
su ascenso al mencionado empleo con antigüedad, tiempo de servicios y efectos económicos desde la entrada en vigor de la Ley 46/2015.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2020.-Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu, Diputado.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000181
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado don Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la recuperación
para uso civil de bienes del patrimonio de Defensa de interés histórico-artístico, ambiental o en desuso pero de utilidad pública o social demandada por la sociedad, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
La semana pasada se hizo público que el Ministerio de Defensa, a través del INVIED (Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa) vendió dos solares de la Maestranza (Campo de A Estrada) a la promotora vasca Gesarqus
ingresando por la operación 11,8 millones de euros.
De este modo el Ministerio de Defensa hizo caso omiso de distintos pronunciamientos del Ayuntamiento reclamando la cesión gratuita de estos terrenos a la ciudad (el último, una moción aprobada el 7 de noviembre de 2019, pero ya en 1840 y
1858 el Ayuntamiento de A Coruña reclamaba su devolución), para preservar la titularidad pública y destinarlos a espacios públicos y dotacionales.
El Ministerio de Defensa también ignoró las recomendaciones de la propia Comisión de Defensa del Congreso, que el 27 de junio de 2017 aprobaba una Proposición no de Ley instando la devolución gratuita al Ayuntamiento de A Coruña de los
terrenos y parcelas referidas, para su uso público, por considerar que son bienes pertenecientes a la ciudad desde su fundación. Estos terrenos originariamente eran comunales, fueron ocupados por las monarquías absolutistas para la construcción de
instalaciones militares y posteriormente usufructuados por el entonces Ministerio de Guerra.
Además, estos terrenos (ahora sin instalaciones militares) están situados en el ámbito de protección de bienes de interés cultural como son los restos de los sistemas defensivos medievales y barrocos de la ciudad.
Por todo lo expuesto con anterioridad, el BNG (GP Plural) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a agotar los mecanismos a su alcance para revertir la venta de los solares sitos en el Campo de A Estrada (A Coruña) y cedérselos al Concello de A Coruña.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2020.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/000182
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado Néstor Rego Candamil, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la recuperación
para uso civil de bienes del patrimonio de Defensa de interés
histórico-artístico, ambiental o en desuso pero de utilidad pública o social demandada por la sociedad, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
El patrimonio inmobiliario afectado al Ministerio de Defensa goza de un régimen jurídico especial, cuyo origen se remonta a la creación de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa, por Ley 28/1984, de 31 de julio.
El propósito inicial de esa norma consistía en la creación de un instrumento gestor del patrimonio adscrito al Ministerio de Defensa, para acompañar la transformación de las Fuerzas Armadas durante el período de mayor intensidad. Su
actividad se prolongó durante diez años más de los inicialmente previstos, al prorrogarse la vigencia de la Gerencia por la Ley 32/1994, de 19 de diciembre. Finalmente, el régimen jurídico patrimonial especial de los bienes afectos a la Defensa se
consolidó a través de la regulación del artículo 71 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
En la actualidad, es el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento para la Defensa, resultante de la reorganización aprobada por la disposición adicional quincuagésima primera de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2012, el organismo encargado de gestionar el patrimonio perteneciente al ámbito de la Defensa, en base a su peculiar régimen jurídico, puesto que esa especialidad normativa se vio confirmada por las disposiciones
adicionales sexta y séptima de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que prevén su extinción transcurridos quince años desde la entrada en vigor de esta norma reguladora del régimen jurídico patrimonial
del sector público en toda su extensión.
De la cronología jurídica relatada se desprende que el régimen jurídico especial del patrimonio afectado por Defensa, a pesar de que tiene su origen en un momento singular, de inicio de una profunda modificación de las Fuerzas Armadas y con
el objetivo de ser una herramienta para favorecer ese proceso, permanece hasta la actualidad manteniendo esa especialidad, aun cuando el proceso de cambio en el modelo militar tiene culminado sus principales etapas. Por otro lado, al patrimonio
afectado por Defensa tampoco le fue aplicable, otra legislación promulgada en los últimos veinticinco años que también regula aspectos patrimoniales de bienes públicos que reúnen características especiales, como es el caso del patrimonio histórico o
cultural, o aspectos relativos al uso y gestión de bienes de alto valor ecológico, paisajístico o natural.
Al margen de que por el simple hecho de que transcurrieron ya más de dos décadas desde el período en que se llevaron a cabo las modificaciones más relevantes en las Fuerzas Armadas, por lo que la principal justificación de un régimen
especial en la gestión inmobiliaria no concurre en la actualidad. Resulta incomprensible que se mantenga un régimen que persigue, sobre todo, posibilitar la enajenación patrimonial para obtener recursos en los presupuestos del Ministerio de
Defensa, y más en un momento de escasa actividad inmobiliaria, y más cuando existen además otras prioridades que atender desde el sector público.
Así, esta iniciativa, en la que se insta a que se realicen los cambios legales necesarios en el régimen jurídico especial otorgado al Ministerio de Defensa sobre el patrimonio inmobiliario, centrándose en aquellos bienes que forman parte del
patrimonio afecto al Ministerio de Defensa que tienen características especiales (por formar parte del patrimonio histórico o cultural, o estar situados en zonas de especial interés natural), o que están en desuso (pudiendo dárseles otra utilidad
pública atendiendo a las necesidades y las demandas sociales), para que pasen a tener un régimen específico que asegure su permanencia como bienes de titularidad pública, evitando con eso su enajenación, tanto por las escasas posibilidades de
materializarla con ánimo de lucro, como para permitir su traspaso ordenado a otras administraciones públicas, donde se sitúan esos bienes con el fin de que puedan ser acometidos proyectos de recuperación, restauración y revalorización para usos
públicos.
Con esto se pretende evitar que se prolongue el deterioro de los citados bienes, debido a una afección a un uso militar ahora innecesario y, además, contraproducente, al no optimizarse las distintas posibilidades de aprovechamiento de estos
bienes que en su día formaron parte del armazón militar pero que en estos momentos no tienen ese uso, además de estar claramente infrautilizados, acelerándose su pérdida de valor. Ese deterioro se evitaría si se produce una nueva afección de esos
bienes a usos públicos de carácter civil.
Sería también necesario que se modificara parcialmente el régimen jurídico otorgado al Ministerio de Defensa sobre el patrimonio inmobiliario, de forma que su gestión se lleva a cabo de acuerdo con los
principios de gestión patrimonial de los bienes públicos, para hacerla más transparente y para conseguir además una mayor eficacia y mejor aprovechamiento en el uso de muchos recintos, que sin tener un especial valor histórico-artístico o
ambiental, dado que no tienen un uso militar, se regule que sea preferente su uso público para fines sociales antes que la enajenación de los mismos por parte del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento para la Defensa.
Por todo lo expuesto con anterioridad, el BNG (GP Plural) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Para instar al Gobierno a:
Modificar el régimen jurídico especial otorgado al Ministerio de Defensa sobre su patrimonio inmobiliario con la finalidad de proceder a:
1. La desafectación, readscripción y cesión de bienes del patrimonio adscrito a Defensa de valor histórico-artístico, ambiental o en desuso que tengan utilidad pública o que puedan servir para cubrir necesidades sociales, para su gestión
por otras administraciones públicas o entidades sociales.
Con tal fin, el Ministerio de Defensa des afectará los bienes inmuebles afectados a un uso militar pero que tengan un valor histórico artístico, por ser bienes que de interés cultural o reunir características que aconsejen su conservación,
por ser bienes situados en espacios naturales que fueran declarados protegidos bajo alguna de las modalidades de la legislación ambiental o que reúnan valores ambientales dignos de protección. También se aplicará el mismo criterio para el caso de
bienes en desuso que puedan tener utilidad pública para otros fines públicos o sociales.
2. Una vez producida la desafectación, los citados bienes mantendrán, en todo caso, su titularidad pública, que pasará a depender del Ministerio de Hacienda para ser afectados a cualquier otro servicio público, pudiendo para ello cederlos a
otras Administraciones Públicas de carácter local o autonómico. A estos efectos, las Administraciones Públicas podrán solicitar al Ministerio de Hacienda su afectación y cesión, para lo que deberán presentar un plan de protección, conservación,
restauración y usos. El Ministerio de Hacienda acordará esta cesión, vinculada en todo caso al mantenimiento del carácter público de los citados bienes. Se la solicitud la realizase otro servicio de la Administración General del Estado, se
procederá conforme a lo dispuesto en la legislación sobre patrimonio de las Administraciones públicas.
3. La cesión se realizará a título gratuito y sin compensación, sin que sea exigible ningún ingreso o compensación presupuestaria al Ministerio de Defensa o al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento para la Defensa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2020.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Hacienda
161/000015
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de lucha contra el fraude en el ámbito del
Impuesto sobre el Valor Añadido, para su debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
Según los últimos datos comparables disponibles, España perdió un total de 1.806 millones de euros de ingresos por IVA en 2017 como consecuencia del fraude y le elusión fiscal en este impuesto.
Si bien España se encuentra entre los países de la UE con menor fraude por este tributo (equivalente al 2 % de la recaudación esperada, frente a países que superan el 30 %), el grado de elusión que sufre y su enorme influencia sobre otros
operadores económicos, hacen que Bruselas esté reclamando una reforma global integral de dicho impuesto con carácter urgente y más cooperación entre los Estados
miembros. Así, en el conjunto de la UE, la pérdida de ingresos por fraude de IVA superó los 137.500 millones de euros en el último ejercicio del que se tienen datos finales (2017).
En los últimos años, y gracias a la actuación de la Guardia Civil en cooperación con la Agencia Tributaria, se han logrado frustrar tramas de fraude fiscal masivo en el ámbito del IVA.
Por poner solo algunos ejemplos, muy recientemente, la UCO desarticuló una trama de carburantes que comercializaba al por mayor de manera fraudulenta millones de litros de combustible en nuestro país, centrando su actividad delictiva en el
impago del IVA, para cuya facturación se valían de un entramado de más de 300 sociedades instrumentales y testaferros; la operación 'Drake'. Este es, hasta ahora, el mayor fraude de IVA detectado en este sector, con una cifra superior a los 150
millones de euros. Para ilustrar lo que supone un fraude de impuestos de esta magnitud, la UCO puso algunos ejemplos: 'con la cantidad defraudada se podrían haber construido 25 km de AVE, o 50 km de autovía [...] Si se hubiera tratado de un grupo
de narcotraficantes, podrían haber comprado 25 toneladas de cocaína, lo que les habría supuesto ser una de las principales organizaciones a nivel mundial'.
De igual manera, también recientemente, ADINE -la asociación de distribuidores e importadores de neumáticos- ha presentado tres denuncias a la ONIF contra varios vendedores de neumáticos por utilizar empresas pantalla para evadir impuestos e
incurrir en el conocido como 'fraude carrusel' y, a mediados del año pasado, la Udef cifró en más de 200 millones de euros el volumen de dinero estafado a Hacienda, en concepto de IVA, por una trama internacional de facturas falsas con sede en
Elche.
El fraude y la elusión fiscal en el IVA tiene su máxima expresión en el llamado 'fraude carrusel', en virtud del cual se crean entramados empresariales de ámbito intracomunitario con sociedades pantalla operativas solo el tiempo suficiente
para cometer el delito.
Las consecuencias de este tipo de estafa se extienden más allá del mero descenso recaudatorio, aún siendo este importantísimo. Además de obtener beneficios millonarios al no declarar e ingresar en la Hacienda pública un IVA sí repercutido a
sus clientes, este hecho les ofrece la ventaja competitiva de operar en el sector a precios muy inferiores al normal del mercado, ejerciendo una competencia desleal inasumible para operadores y negocios cumplidores con la ley, lo que muchas
ocasiones les supone la expulsión del mercado.
Es cierto que la Comisión Europea ha puesto el foco últimamente en el fraude tributario en materia de IVA como uno de los principales riesgos fiscales que afronta la UE, y para ello ha lanzado una herramienta que ofrece información ágil
sobre las operaciones transfronterizas con el fin de evitar el menoscabo de un impuesto que aporta el 7 % del PIB comunitario. Sin embargo, en palabras del propio Comisario Europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, 'si bien la nueva
herramienta aumentará la rapidez con la que las autoridades pueden descubrir actividades sospechosas, estos avances no disminuyen la necesidad de una reforma más profunda y fundamental del sistema del IVA en la UE que pueda afrontar las enormes
cantidades de operaciones comerciales transfronterizas en la UE'.
Los términos en los que la Comisión Europea se plantea la reforma y armonización del IVA giran en torno a conceder mayor libertad a los países para fijar los tipos o garantizar un tipo mínimo medio, entre otras medidas. En el ámbito
concreto del 'fraude carrusel', se eliminaría la exención de tributación en las operaciones intracomunitarias con el fin de que el vendedor de un país pudiera repercutir el IVA al comprador de otro, que se lo deduciría.
Si bien tanto la UE como el Estado español reconocen la gravedad del problema y se han tomado algunas medidas en la dirección correcta, se hace necesario adoptar con carácter urgente medidas adicionales eficaces que reduzcan en lo posible el
fraude en este impuesto cuya recaudación supone, junto con la de IRPF, la principal fuente de financiación de nuestro país.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar una reforma global e integral del IVA, de acuerdo a las directrices remitidas por Bruselas y en coordinación con el resto de Estados miembros, con el fin de dificultar, en lo posible, su utilización fraudulenta.
2. Aumentar los recursos humanos en todos los cuerpos dedicados a la lucha contra el fraude de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, especialmente en aquellos centrados en tramas de delincuencia fiscal organizada, así como
incrementar los fondos dirigidos a mejorar y aumentar los medios materiales de los organismos correspondientes.
3. Promover la elaboración de un informe por parte del Ministerio de Hacienda sobre la economía sumergida y fraude fiscal relativo al IVA y las tramas carrusel.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.-Edmundo Bal Francés y María Carmen Martínez Granados, Diputados.
161/000016
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la rebaja del IVA en los libros
electrónicos y prensa digital, para su debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
El pasado año, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (ECOFIN) acordaron aprobar una norma por la que se permitirá a los Estados miembros de la Unión aplicar un tipo de IVA reducido a los libros y publicaciones digitales.
Esta es una reivindicación del sector que cuenta con un amplio consenso entre las fuerzas políticas como ha quedado reflejado en varios debates e iniciativas en el Congreso de los Diputados durante los últimos años.
No obstante, las limitaciones de la normativa europea hacían imposible esta modificación tributaria a los libros y publicaciones electrónicas. Incluso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea llegó a emitir sentencias contra Francia y
Luxemburgo por adoptar normativas que permitían aplicar un IVA reducido de forma unilateral.
Desde Ciudadanos consideramos esta noticia como positiva pues permitirá que los consumidores de libros y publicaciones electrónicas, que crece cada año según datos oficiales, se beneficien directamente. También así la cultura, permitiendo
una mayor difusión de todo tipo de obras y contenidos. Por último, la libertad de prensa es una pieza clave irrenunciable para cualquier democracia plena. El desarrollo de la sociedad de la información en el entorno digital ha supuesto para los
medios de comunicación y prensa una auténtica revolución, en buena medida todavía en curso.
La aplicación de un tipo de IVA más reducido contribuirá a mejorar la rentabilidad de la prensa y editoriales digitales y de este modo fortalecerá su independencia económica y por tanto la libertad de prensa.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que realice las modificaciones legales precisas para que, en el plazo más breve posible, se aplique el Acuerdo del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea de 1 de
octubre de 2018 para la aplicación del IVA superreducido a los libros y publicaciones electrónicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.-Edmundo Bal Francés y María Carmen Martínez Granados, Diputados.
161/000094
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre incentivos fiscales al
arrendamiento de vivienda, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El objetivo principal de la política de vivienda en España debe ser que todos los ciudadanos tengan acceso a una vivienda digna y adecuada a precios asequibles acordes a la capacidad económica de las familias.
Los últimos datos de la vivienda en España reflejan que las rentas de alquiler se han disparado casi un 50 % desde el 2013, una subida que no se ha visto acompasada por la subida de los salarios, generando un grave desequilibrio
especialmente en algunas Comunidades Autónomas donde la tendencia de alquiler es mayor que la de compra como método general de acceso a la vivienda. Así, en Canarias, con un 32,8 %, Baleares con un 31,8 % Cataluña con un 28,1 % y Madrid con un 27 %
superan la media nacional del 23 %, y los precios del alquiler ya han superado la media nacional.
Los últimos datos disponibles, según el portal Fotocasa, reflejan que el precio de la vivienda en alquiler en nuestro país registró en el último trimestre de 2019 un incremento mensual del 0,3 % (un 2,1 % interanual) y sitúa el precio de la
vivienda en 8,54 euros/m2 al mes. Este dato nos sitúa nuevamente en niveles de 2009 y muestra el fracaso de las medidas adoptadas por el gobierno socialista que no atacan la raíz del problema, que es la escasez de oferta.
Desde el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, entendemos que la solución está en poner en marcha medidas que aumenten la oferta existente, incentivando a los propietarios para que pongan en el mercado viviendas que actualmente están
vacías por diversas circunstancias, no solo de fondos y entidades financieras sino del grueso del mercado del alquiler que son los particulares. Y, por otra parte, suavizar la presión que vive el mercado del alquiler creando bolsas de vivienda
social y asequible y generando suelo finalista. No se trata de adoptar medidas aisladas, como un Plan de Vivienda o un Decreto de alquileres, ni de adoptar medidas sancionadoras que castiguen a los propietarios de viviendas vacías. Es necesaria
una política de vivienda a medio y largo plazo, basada en la realidad socio económica actual y en las previsiones de futuro.
Ya han transcurrido más de seis años desde que el Gobierno del Partido Popular impulsara la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, que logró el equilibrio entre las
necesidades de vivienda en alquiler y las garantías que deben ofrecerse a los arrendadores para la incorporación de viviendas al mercado, propiciando un aumento del porcentaje de alquiler en nuestro país superior al 23 %. También han sido exitosos
los últimos planes de vivienda del Partido Popular, que incluían programas tanto de ayudas al alquiler -especialmente para jóvenes y colectivos más desfavorecidos- como de ayuda a la promoción de vivienda en alquiler, tanto pública como privada.
Siendo necesario mantener los criterios del Plan de Vivienda, a efectos de incentivar determinadas actuaciones y encauzar los principios fundamentales de una política de vivienda, entendemos que es necesario ir más allá y articular otros
mecanismos que, a medio y largo plazo, sean capaces de incidir en la realidad socioeconómica actual y permitan reaccionar ante los cambios que puedan producirse.
Desde el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, mantenemos un firme compromiso con los segmentos de población que más dificultades tienen para acceder a la vivienda -jóvenes y mayores de 65 años- y proponemos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de
no residentes y sobre el Patrimonio, para establecer los siguientes incentivos fiscales al alquiler:
La reducción del 100 % del rendimiento neto derivado del arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda para arrendatarios entre 18 y 30 años. La reducción del 100 % cuando el arrendatario tenga una edad superior o igual a 65 años
y sus únicos ingresos procedan de prestaciones o pensiones de cuantía mínima.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2020.-Ana María Zurita Expósito, Diputada.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000098
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los objetivos de estabilidad
presupuestaria y de deuda pública, para su debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
El artículo 15.6 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) establece que 'El acuerdo del Consejo de Ministros en el que se contengan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública
se remitirá a las Cortes Generales acompañado de las recomendaciones y del informe a los que se refieren los apartados 4 y 5 de este artículo. En forma sucesiva y tras el correspondiente debate en Pleno, el Congreso de los Diputados y el Senado se
pronunciarán aprobando o rechazando los objetivos propuestos por el Gobierno. Si el Congreso de los Diputados o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo
procedimiento'.
El 20 de julio de 2018, el Consejo de Ministros aprobó el 'Acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores para el
período 2019-2021 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2019' estableciendo la siguiente senda de déficit: -2,7 % en 2018, -1,8 % en 2019, -1,1 % en 2020 y -0,4 % en 2021.
Esta senda no solo incumplía las Recomendaciones para España aprobadas por el ECOFIN solo un mes antes, el 15 de junio de 2018, sino que -en esencia- retrasaba un año el ajuste presupuestario y ralentizaba la reducción de deuda, haciendo más
vulnerable nuestra economía en un contexto de incertidumbres y desaceleración económica. Recordemos que la Decisión (UE) 2017/984 del Consejo instaba al Gobierno de España a reducir el déficit de las administraciones públicas al -2,2 % en 2018,
-1,3 % en 2019, -0,5 % en 2020 y alcanzar un superávit del 0,1 % del PIB en 2021, que es la última senda formalmente aprobada por Europa.
A pesar de ello, el 27 de julio de 2018 se sometieron a votación los nuevos objetivos propuestos por el ejecutivo socialista, y estos fueron ampliamente rechazados por el Congreso de los Diputados: 88 votos a favor, 86 abstenciones y 173
votos en contra.
El Gobierno socialista volvió a aprobar en diciembre la misma senda que había sido rechazada en julio. Sometida nuevamente a votación fue aprobada por el Congreso de los Diputados el 20 de diciembre de 2018 (176 votos a favor, 168 votos en
contra), pero fue rechazada en el Senado tan solo una semana después, el 27 de diciembre de 2018, por una amplia mayoría de esta Cámara: 97 votos a favor, una abstención y 150 votos en contra.
Tras este segundo rechazo, la realidad es que el último objetivo vigente sigue siendo el que fue aprobado por el Consejo de Ministros de 7 de julio de 21017, posteriormente ratificado tanto por el Congreso como por el Senado, que establece
un déficit del -1,3 % en 2019, -0,5 % en 2020 y superávit del 0,1 % del PIB en 2021.
El Gobierno socialista lleva más de un año incumpliendo la LOEPSF y nuestros compromisos con Bruselas; no solo incumple la obligación legal de traer a las Cámaras la senda de déficit y los objetivos de deuda, sino que además utiliza una
senda rechazada por las Cortes como base, primero del Plan Presupuestario enviado a Bruselas, y segundo, de los PGE 2019 que fueron tumbados en el Congreso.
El propio Gobierno socialista ha ido cambiando los objetivos de déficit en una verdadera ceremonia de confusión en la que solo hay una cosa clara: el Partido Socialista es incapaz de reducir el déficit público y va a superar incluso sus
peores previsiones. Solo a modo de ejemplo:
- El objetivo de déficit oficial para 2019 es de -1,3 %, el ejecutivo socialista aprobó en Consejo de Ministros un -1,8 %, en el Programa de Estabilidad 2019-2022 y en el Plan Presupuestario 2020 fijó el -2,0 % y Banco de España estima que
se irá al -2,5 %.
- El objetivo de déficit oficial para 2020 es -0,5 %, el ejecutivo socialista aprobó en Consejo de Ministros -1,1 %, en el Programa de Estabilidad 2019-2022 fijó ese mismo nivel, pero en el Plan Presupuestario 2020 lo elevó a -1,7 % y Banco
de España estima que se irá al -2,1 %.
No se entiende el empeño del gobierno socialista en incumplir el objetivo de déficit, y menos aún que lo venda como una garantía para mejorar la vida de los españoles, en un momento en el que nuestra principal vulnerabilidad es el alto
endeudamiento de las AAPP. No podemos repetir los errores del pasado en los que la actitud irresponsable de gobiernos que intentan ganar popularidad gastando lo que no tienen, fiándolo todo al endeudamiento, generan graves desequilibrios
macroeconómicos que acaban en paro, desigualdad y pobreza.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a volver a la senda de la disciplina fiscal para no poner en riesgo la credibilidad de nuestra economía y presentar, de forma urgente, unos objetivos de déficit y deuda que cumplan con los
requisitos acordados con Bruselas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2020.-Mario Garcés Sanagustín, Diputado.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000151
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la acuñación de monedas
conmemorativas del Patrimonio de la Humanidad de la ciudad de Lugo, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La Ruta Jacobea Primitiva, también conocida como Camino Primitivo, es el Camino de Santiago que discurre por el interior de Asturias y Galicia. Se trata de la primera ruta de la que se conservan referencias históricas, que se remontan al
siglo IX, cuando el monarca Alfonso II el Casto realizaba este trayecto para visitar el sepulcro del Apóstol, que acababa de ser descubierto.
Pese a su dureza, pues mantiene el trazado original, cada año es mayor el número de peregrinos que eligen esta ruta para llegar a Compostela. El trayecto se inicia en Oviedo y entra en Galicia por A Fonsagrada, en Lugo, para llegar a la
capital de la provincia. Lugo es el primer punto del Camino Primitivo desde el que se puede obtener la preciada 'Compostela', un aspecto muy valorado por muchos peregrinos a la hora de organizan su recorrido, para poder entregar en la ciudad
compostelana su credencial sellada.
Por otra parte, la ciudad de Lugo posee numerosos restos arqueológicos y, sobre todo, su emblema monumental por la que es conocida, su muralla romana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2000, título del que también
gozan la Catedral y el propio Camino Primitivo, tras la ampliación de bienes individuales (n.º ref. 669bis-008) que la Unesco incluyó en el Patrimonio de la Humanidad de los Caminos de Santiago de Compostela, en 2015.
Precisamente la ruta en Lugo se inicia saliendo por su muralla romana, por la puerta de Santiago hasta el puente romano sobre el Miño. El Camino Primitivo continúa por tierra lucense, hasta unirse con el Camino Francés, realizando toda la
ruta hasta Compostela en solo cuatro o cinco etapas.
Desde el año 2003, la nueva normativa en relación con las monedas conmemorativas y de colección, de conformidad con la terminología utilizada en las disposiciones y normativa europea, establece que, 'a partir de enero de 2004, se denominarán
monedas conmemorativas en euros, las monedas de 2 euros destinadas a la circulación, cuya cara nacional será diferente a la habitual y estarán destinadas a
conmemorar un acontecimiento o personalidad relevante. Dichas monedas se emitirán con la periodicidad, el volumen y en las condiciones requeridas por su normativa europea'.
Así, desde el año 2010, de acuerdo con la Orden EHA/3423/2009, de 9 de diciembre, se iniciaba la emisión de monedas temáticas de monedas conmemorativas destinadas a conmemorar bienes o lugares incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial de
la UNESCO.
Por monedas conmemorativas se entienden las monedas destinadas a la circulación cuya finalidad sea conmemorar un hecho concreto. Hasta la fecha los bienes o lugares representados han sido: Centro histórico de Córdoba; Alhambra, Generalife
y Albaicín de Granada; Catedral de Burgos; Monasterio de San Lorenzo el Escorial; Parque Güell; Altamira; Acueducto de Segovia; Santa María del Naranco; Casco histórico de Santiago de Compostela; Centro histórico de Ávila; y, para el año
2020, la arquitectura mudéjar de Aragón.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Reglamento (UE) número 651/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la emisión de monedas en euros, que regula la emisión de monedas conmemorativas, cada
Estado miembro cuya moneda sea el euro solo podrá emitir dos monedas conmemorativas al año.
Por otra parte, el Reglamento (UE) n.º 729/2014 del Consejo, de 24 de junio de 2014, relativo a los valores nominales y las especificaciones técnicas de las monedas en euros destinadas a la circulación, regula los principios comunes de los
diseños usados en las caras nacionales de las monedas en euros destinadas a la circulación y las normas para acuñar monedas conmemorativas.
El próximo año 2021 se celebra año Xacobeo o año Santo Jubilar Compostelano, momento de máximo apogeo del Camino de Santiago. Una ocasión adecuada para destacar el rico patrimonio monumental de la ciudad de Lugo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acordar la emisión, acuñación y puesta en circulación de monedas de dos euros conmemorativas dedicada a los monumentos Patrimonios de la Humanidad de Lugo (Muralla, Catedral y Camino Primitivo), que se pongan en circulación durante el
año 2021.
2. Realizar, acorde a las normas de diseño establecidas en los Reglamentos Europeos, y en colaboración con las Administraciones Locales y Autonómicas, un concurso de ideas sobre el diseño de la moneda conmemorativa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2020.-Joaquín María García Díez, Diputado.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000160
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Mazón Ramos, Diputado del Partido Regionalista de Cantabria, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, de acuerdo con Jo establecido en el vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de
Ley, relativa al cobro de la deuda del Estado a las comunidades autónomas por impago de la recaudación del IVA de diciembre de 2017, para su debate en esta Comisión.
Exposición de motivos
El Ministerio de Hacienda se ha negado hasta el momento a abonar a las comunidades autónomas los 2.500 millones de euros de la recaudación del IVA correspondiente al mes de diciembre de 2017, de cuya cantidad corresponden 42 millones de
euros a la Comunidad Autónoma de Cantabria.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reiteró el pasado 28 de enero, al término del Consejo de Ministros, que el Gobierno no piensa devolver esas cantidades y culpó al 'bloqueo del Partido Popular
al proyecto de Presupuestos Generales de 2019 que corregía los cambios normativos del anterior ministro, Cristóbal Montoro'.
Estas son las razones del impago:
Cristóbal Montoro implementó en 2017 el Suministro Inmediato de Información del IVA, lo cual implicó que el plazo de pago de las autoliquidaciones pasara del 20 al 30 de cada mes.
Esa medida supuso que el pago del IVA mensual de diciembre de 2017 entrara en caja en enero de 2018. Por lo tanto y en términos de caja, en 2017 solo se contabilizaron once meses de ingresos de las autoliquidaciones del IVA.
El impacto de ese cambio normativo llegó en 2019, cuando se liquidó el ejercicio de 2017 (se hace a los dos años). Fue entonces cuando se hizo evidente que en 2017 solo se ingresaron once meses de IVA.
En Cantabria ha supuesto dejar de percibir alrededor de 42 millones de euros.
El Gobierno de Pedro Sánchez incluyó en el fallido proyecto de Presupuestos Generales de 2019 un nuevo cambio normativo en el IVA: la idea era adelantar la autoliquidación que se abona en diciembre del 30 al 20, para generar el efecto
contrario que en 2019. Argumentaba que de esta forma, en términos de caja, se contabilizarían los ingresos de 13 meses, compensando así los once meses de 2017.
Sin embargo, los Presupuestos Generales del Estado no lograron salir adelante, por lo que en este momento todas las comunidades autónomas siguen sin percibir unos ingresos que les corresponden.
Por lo expuesto se formula ante la Comisión de Hacienda la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Convocar con carácter urgente el Consejo de Política Fiscal y Financiera para articular una solución que permita la devolución a las comunidades autónomas de la mensualidad de IVA impagada en 2017.
2. Adoptar todas las medidas necesarias para que ese pago se produzca en el ejercicio presupuestario de 2020.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2020.-José María Mazón Ramos, Diputado.-Albert Botran Pahissa, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000179
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado de Compromís, don Joan Baldoví Roda presenta al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara, la siguiente Proposición no de Ley,
sobre la ampliación de un IVA reducido para los espectáculos culturales pirotécnicos, para su debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
La pirotecnia es sin ningún tipo de dudas uno de los elementos más preciados del rico patrimonio cultural valenciano. Su uso, permanentemente vinculado a un inmenso listado de manifestaciones de la más diversa cultura festiva valenciana, se
remonta siglos atrás de nuestra historia y, entre otras consideraciones, constituye uno de los elementos reconocidos en el expediente que el pasado 30 de noviembre de 2016 posibilitó la inclusión de la fiesta de las Fallas como Patrimonio inmaterial
de la Humanidad de la UNESCO.
En paralelo al desarrollado y arraigo histórico del arte pirotécnico y de sus manifestaciones rituales, al si de la sociedad valenciana, se ha consolidado igualmente la creación de una importante industria pirotécnica valenciana, en muchas
ocasiones vinculada a empresas de tradición familiar, que para su creatividad e importancia han adquirido en muchos casos un amplio reconocimiento no solo en el ámbito valenciano y estatal, sino también a nivel internacional. Este reconocimiento
generalizado ha favorecido que en muchas empresas autóctonas puedan participar con su arte en muchas manifestaciones festivas y culturales, así como en eventos sociales de gran importancia en todo el mundo.
Con todo, los efectos de la reciente crisis económica y las derivadas propias de las normativas de contratación y de seguridad han tenido como consecuencia la agravación de unos tiempos que ya de por si son complicados para el sector desde
el punto de vista económico a pesar que, como podemos comprobar habitualmente en las citas del calendario festivo, su capacidad tiene un gran impacto positivo en la economía por su considerable retorno en determinados sectores de la hostelería y el
turismo.
A estas problemáticas cabe sumarle el abusivo aumento del IVA cultural que perpetró el expresidente Mariano Rajoy en el año 2012, pasando del 8 % al 21 %, y que acaparó igualmente la industria pirotécnica valenciana. En los últimos años,
este IVA se ha rebajado al 10 % en algunos sectores culturales del cine, la música, la danza o el teatro. No obstante, una de las industrias valencianas más auténticas y populares, como es la pirotecnia, continúa padeciendo esta excesiva carga.
Por todo lo anteriormente expuesto, presento la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Impulsar a todos los efectos posibles el reconocimiento artístico a los espectáculos pirotécnicos por su innegable valor cultural y la creatividad que cada uno de los profesionales de la pirotecnia utiliza para su diseño y ejecución.
2. Iniciar los trabajos y estudios necesarios para aplicar un tipo de IVA reducido, equivalente al denominado como IVA cultural, para la contratación de espectáculos pirotécnicos por su innegable carácter cultural.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2020.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Interior
161/000001
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos y doña Marta Martín LIaguno Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la ampliación y la agilización en la concesión de las ayudas de los afectados por la DANA, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El pasado mes de septiembre, entre los días 9 y 14, la provincia de Alicante, así como las de Castellón y Valencia en la Comunidad Valenciana, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, las
provincias de Almería, Granada y Málaga en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la provincia de Albacete en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y la Comunidad Autónoma de Madrid, sufrieron la influencia del fenómeno climatológico conocido
como DANA (Depresión Aislad en Niveles Altos), causándose números daños y pérdidas en bienes públicos y privados, así como incluso el fallecimiento de siete personas. En el caso de la provincia de Alicante, el momento de mayor incidencia se produjo
entre los días 12 y 14, con gran afectación, sobre todo, a las comarcas de la Vega Baja del Segura y parte de las del Vinalopó.
Pese a la inmediatez de la respuesta de los servicios de emergencias y protección civil, incluidos medios de la Unidad Militar de Emergencia y otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la magnitud del fenómeno causó grandes daños en
inmuebles y terrenos, afectando gravemente de manera muy especial al sector de la agricultura.
Desde el Gobierno de España se aseguró, con la visita personal a las zonas de varios representantes del mismo, aun en funciones, incluido su Presidente, Pedro Sánchez, ayuda suficiente y urgente para paliar los daños ocasionados a bienes y
personas.
El 20 de septiembre, mediante Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, se dispuso una serie de medidas valoradas
económicamente en su presentación ante la ciudadanía por la Portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, en 744 millones de euros, tras la procedente declaración de las zonas afectadas como de 'afectadas gravemente por una emergencia de protección civil',
al amparo de lo dispuesto en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, en su artículo 23, determinándose las medidas adoptadas concretas por el Consejo de Ministros en dicho decreto ley contenidas a fin de paliar daños
personales y materiales en viviendas y establecimientos, beneficios fiscales, medidas laborales y en materia de Seguridad Social, ayudas a corporaciones locales, a la producción agrícola y ganadera o para la restauración forestal y medioambiental, e
igualmente actuaciones especiales en el dominio público hidráulico y marítimo terrestre, así como en otras infraestructuras de titularidad pública, En cualquier caso, y como consta en el propio decreto ley, las medidas adoptadas se refieren a todo
tipo de catástrofes naturales ocurridas en diferentes puntos de España desde el 1 de abril de 2019, y no exclusivamente a la DANA de septiembre de este mismo año.
El referido Real Decreto-ley fue convalidado en fecha 22 de octubre pasado, siguiendo el trámite previsto por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, tras la disolución de las Cámaras el día 23 de septiembre, aunque sin
permitirse por el voto mayoritario de los grupos, a excepción del Popular y de Ciudadanos, que se pudieran introducir enmiendas de mejora y ampliación de las medidas previstas inicialmente a través de su tramitación como Proyecto de Ley urgente.
Cabe destacar que en diversos ayuntamientos municipios de la Vega Baja del Segura se habían aprobado por sus Plenos respectivos diferentes mociones instando al Gobierno de España y al Congreso de los Diputados, a través de su Diputación Permanente,
a permitir la tramitación de enmiendas al decreto ley original, mociones que fueron desoídas a excepción de Partido Popular y Ciudadanos en el Congreso, con el pretexto, precisamente, de la necesidad de ser aplicadas las referidas medidas con
carácter urgente en el menor lapso de tiempo, sin más demoras.
Pese a estas circunstancias y las justificaciones esgrimidas por grupos políticos como el socialista o el de Unidas Podernos en la Diputación Permanente, a fecha de hoy las ayudas siguen sin llegar a sus destinatarios, pese a la urgencia y
necesidad de paliar los daños sufridos. Por ello, a las quejas en su día ya puestas de manifiesto ante la imposibilidad de permitir la ampliación de, por ejemplo, los beneficios fiscales de carácter local a otros tributos más allá del IBI o del
IAE, como al Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica o el impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, o de cubrir daños en segundas viviendas, garajes y sótanos, o de aumentar los excesivamente bajos límites por ingresos familiares para
acceder a las ayudas, se añaden ahora las protestas de agricultores y ganaderos que siguen sin recibir ayuda alguna.
En fecha reciente se ha hecho pública la queja de la entidad AVA-ASAJA en la Comunidad Valenciana, denunciando la falta de ayudas y el olvido del Gobierno de España de dicho sector, que ha sido el más afectado, perdiéndose en algunas zonas
hasta el 100 % de las cosechas y explotaciones por efecto de las inundaciones. Por parte de esta entidad y otras similares en las CCAA. de Murcia y Andalucía se han manifestado igualmente este tipo de quejas ante el retraso en la concesión de
ayudas y en la clarificación de los propios trámites para obtenerlas, dado que no se han concretado ni fechas ni procedimientos por el Ministerio de Agricultura.
El sector agrario en su conjunto ya mostró en su momento su descontento al comprobarse que la aplicación de fas medidas del decreto ley dejaba fuera a prácticamente más del 90 % de los agricultores y ganaderos afectados, ante la falta de
seguro agrario provocado en las últimas campañas por la subida de los precios de las pólizas.
En los últimos días, incluso, se ha conocido la queja del sector de la apicultura, en concreto de hasta dieciocho explotaciones de la Vega Baja del Segura y del Campo de Elche, en ambos casos en la provincia de Alicante, de haber sido
excluidas del ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 11/2019 y no tener cobertura tampoco por la aseguradora privada al tratarse de una situación catastrófica y excluirles el Consorcio de Compensación de Seguros de cualquier cobertura por riesgos
extraordinarios.
Proposición no de Ley
'Por todo ello el grupo Ciudadanos insta al Gobierno a:
Primero. Reconsiderar la adopción de medidas para paliar los daños causados por la DANA de septiembre de 2019 en bienes y personas, poniendo en marcha, mediante los procedimientos oportunos,
nuevas y más amplias medidas a las ya adoptadas, a fin de dar cobertura a un mayor número de afectados por aquellos hechos.
Segundo. Agilizar los trámites necesarios para hacer eficaces las medidas ya adoptadas en el decreto ley 11/2019, de 20 de septiembre, permitiendo el acceso a las mismas a los afectados, determinándose fechas y plazos así como
procedimientos para su concesión.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre 2019.-Marta Martín Llaguno y Edmundo Bal Francés, Diputados.
161/000002
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a paliar los daños producidos por la borrasca Daniel durante los días 16, 17 y 18 del mes de diciembre, a su paso por la provincia de León.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 9 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley,
conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para paliar los daños producidos por
la borrasca Daniel durante los días 16,17 y 18 del mes de diciembre, a su paso por la provincia de León, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Como consecuencia de la entrada por el noroeste de la península de la Borrasca Daniel, los pasados días 16, 17 y 18 de diciembre se produjo un gran temporal de lluvia en la provincia de León que, unido al deshielo provocado por dichas
lluvias en la nieve acumulada durante las últimas fechas, produjo el desbordamiento de más de diez ríos de la cuenca del Duero en la provincia de León. En la propia capital, se produjo el desbordamiento de los ríos Bernesga y Torío, produciendo
cortes de carretera e inundando amplias zonas de recreo.
El desbordamiento del Río Torío provocó, asimismo, ef cierre de los tres puentes que comunican los distintos pueblos del municipio, por el gran riesgo de ruptura de los mismos, a causa del acúmulo de ramas y árboles a su paso por los puentes
en las localidades de Manzaneda, Garrafe y Villaverde de Arriba, localidad esta última en la que se tuvo que evacuar a los vecinos de mayor edad puesto que en sus viviendas el agua alcanzaba los 40 cms.
En La Robla, la Unidad Militar de Emergencias (UME) tuvo que desplegar 91 militares y 18 vehículos para frenar los daños causados por las inundaciones provocadas por el río Bernesga y por el agua proveniente de una mina cercana que provocó
lo que los vecinos denominaron 'río de carbón'. Esta agua
negra afectó al centro de la localidad, bajando desde los desagües de una mina ubicada en la Corta Pastora de la extinta empresa hullera Vasco-Leonesa y anegó calles, plazas y viviendas, provocando graves daños materiales incluso poniendo en
riesgo la integridad física de las personas que allí se encontraban.
Asimismo, se produjeron interrupciones de la circulación en distintas carreteras de la provincia: LE-315 en Vegacervera, LE-473 en Beberin, LE-321 en La Vecilla, N-630 en Santa Lucía de Gordón, CL-626 en Sena de Luna o CL-624 La Vega de
Boñar.
También el sector agrario ha sufrido daños importantes, especialmente naves anegadas, fincas sembradas de cereales de invierno, de maíz sin recolectar y de remolacha, así como daños en infraestructuras de riego.
Algunos expertos han calificado esta como una situación excepcional en la provincia, puesto que a los daños debidos a la propia borrasca Daniel se han sumado los del deshielo de las últimas nevadas y el desbordamiento del agua de la mina
antes mencionada.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, a la mayor brevedad posible, el informe sobre los daños producidos por el temporal originado por la borrasca Daniel y las inundaciones que han tenido lugar en la provincia de León, durante los días 16, 17 y 18 del mes de
diciembre de 2019, determinando y cuantificando el alcance real de los mismos.
2. Analizar la posibilidad de declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, en los municipios y comarcas afectados.
3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños
provocados por las inundaciones, aplicando el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, según lo establecido en el artículo
1.3 del mismo, y en concreto:
- Conceder ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.
- Realizar la compensación a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.
- Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios o de bienes.
- Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.
- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas y ganaderas y forestales.
- Aplicar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.
4. Que el Gobierno comunique a los ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas, de cara a las previsiones presupuestarias municipales para el próximo ejercicio.
5. Activar, en cualquier caso, las ayudas para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, acorde a las características y necesidades del acontecimiento.
6. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.
7. Instar a las distintas administraciones locales, autonómicas y Confederación Hidrográfica del Duero a que en coordinación tomen las medidas necesarias, de carácter preventivo, para evitar la repetición de situaciones similares.
8. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.
9. Comparecer en el Congreso a dar cuenta de la ejecución de las medidas adoptadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2019.-María del Carmen González Guinda y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Diputadas.
161/000017
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre la adopción de medidas que permitan
reducir la tasa de suicidio policial entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La cifra de suicidios no ha dejado de crecer en los últimos años y, en función de las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2020 habrá más de millón y medio de muertes por esta causa.
En lo que respecta a España concretamente, la tendencia no deja de crecer, especialmente en el colectivo policial. A pesar de lo dificultoso que resulta hacer un análisis exhaustivo sobre los suicidios en los cuerpos policiales ante la
opacidad informativa y documental que sigue habiendo al respecto y la ausencia de un registro, se calcula que la tasa policial de suicidios es nueve veces mayor que la de la población española; lo que quiere decir que un agente se suicida cada 43
días. Y esto es así, a pesar incluso de las pruebas psicológicas a las que se deben someter los agentes para ingresar en sus respectivos cuerpos policiales, y pese a contar -algunos de ellos- con un grupo de trabajo sobre 'Conductas Anómalas' que,
como se ha podido constatar hasta el momento, adolece de eficacia.
Así, el suicidio policial sigue siendo una de las actuales lacras de los cuerpos policiales, con una gran dimensión internacional además, dada la universalidad de la profesión. A niveles de Unión Europea, España se situaría por detrás de
Francia como uno de los países con mayor tasa de suicidio policial. Sin embargo, esta elevada tasa contrasta con la opacidad con la que se sigue abordando esta problemática por parte de las autoridades españolas competentes, hasta el punto de haber
sido considerada como un 'tabú' sobre el que poco se ha podido debatir públicamente.
Conviene además recordar el desgaste psicofísico que supone la profesión de policía, una profesión puramente vocacional en la que -paradójicamente- está presente una 'mochila emocional' ante la que no todos los agentes saben reaccionar
adecuadamente, principalmente por la falta de medios y asistencia que se detallarán a continuación.
Así pues, nos encontramos ante un problema que afecta a todos los niveles de la escala policial, y a la totalidad de fuerzas policiales existentes en España: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fundamentalmente, pero también a las
policías autonómicas y locales existentes en nuestro país. Teniendo en cuenta que la Administración General del Estado es competente para dar solución al suicidio policial únicamente en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, centraremos
esta iniciativa en este colectivo.
La profesión policial constituye una profesión de riesgo extremo en la que llama sumamente la atención el número de suicidios policiales registrados. Especialmente trágico fue el año 2017 en cuanto a número de suicidios registrados, con una
media de más de un caso de suicidio al mes. En lo que respecta a la Guardia Civil, según datos del Ministerio del Interior, el número de suicidios registrados en el año 2017 ascendió a quince casos (siendo los meses de julio y agosto los meses en
los que más casos se registraron); aunque según las asociaciones representativas de la Guardia Civil, el número de casos registrados ascendió a veintidós casos en la Benemérita. Al margen de esta disparidad en cuanto al número de casos de
suicidio, el escenario sigue resultando alarmante y no difiere mucho del escenario que presenta la Policía Nacional, donde en 2017 se registraron en torno a 15 casos de suicidio -según fuentes oficiales-, siendo también los meses de julio y agosto
el periodo en el que más casos se registraron.
Estadísticas similares se han sucedido a lo largo del ejercicio 2018. Este alto índice de suicidios coincide además con la reducción del servicio de psicología con el que cuentan estos cuerpos policiales. Por ejemplo, en el caso de la
Guardia Civil y según datos del Gobierno, para atender a los más de 77.000 agentes, el Instituto Armado cuenta únicamente con 62 psicólogos cuyas plazas no se están renovando una vez dejan de prestar su servicio en el Instituto Armado. De acuerdo
con estas cifras, se extrae así una media de un psicólogo por cada 1.242 agentes; una cifra tremendamente alarmante si tenemos en cuenta además el incremento de bajas psiquiátricas que se han estado registrando en los dos últimos años.
Sin embargo, a pesar de estas preocupantes cifras, el Gobierno de la nación sigue de brazos cruzados y no adopta medidas reales y efectivas que permitan reducir este dramático escenario. A esto se suma además, la escasa información que el
Ministerio del Interior facilita al respecto, especialmente a nivel de tentativas de suicidio que no siempre son tratadas oficialmente como tal. Hasta el momento, el Gobierno está achacando como causa principal de este alto índice, a las
situaciones personales de los agentes así como a la tenencia de armas. No tiene en cuenta así, cuestiones tan relevantes como son: el mal clima laboral que existe ocasionalmente en algunas unidades; la falta de externalización de los servicios
psicológicos; la inadecuada utilización de la escala de mando (especialmente en el Instituto Armado); la reiterada aplicación del Código Penal Militar en el caso de la Guardia Civil; o la falta de evaluación de los riesgos laborales a los que
están expuestos los agentes.
Es importante recordar también que ante esta falta de reacción y transparencia por parte de un Gobierno que parece más preocupado por preservar su imagen que por dar soluciones a este problema de salud pública, distintos sindicatos y
asociaciones representativas de la Guardia-Civil y Policía Nacional llevan meses reclamando la necesidad de abordar este problema de forma prioritaria, y algunos de ellos incluso, como la asociación policial ARP, ha presentado una propuesta de Plan
de Prevención contra el suicidio policial.
De forma generalizada, sindicatos y asociaciones representativas han planteado la necesidad de crear una comisión de estudio multidisciplinar en la que -además de los propios miembros de la Guardia Civil y Policía Nacional- participen
asociaciones, técnicos especializados ajenos a estos dos cuerpos policiales, la Dirección General de la Guardia Civil y la Dirección General de Policía, así como representantes parlamentarios.
Precisamente, desde este grupo parlamentario hemos reivindicado en numerosas ocasiones la necesidad de externalizar e incrementar los servicios de psicología si queremos acabar con esta lacra. Desde su creación, tanto la Guardia Civil como
la Policía Nacional han demostrado profesionalidad y respeto por las instituciones, y los ciudadanos españoles así se lo reconocen año tras año en las encuestas del CIS. Es precisamente por este reconocimiento y profesionalidad que las fuerzas
políticas debemos instar al Gobierno a que encuentre soluciones a este acuciaste problema de salud pública.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Actualizar el Protocolo Anti-suicidios del que dispone la Guardia Civil y aprobar otro Protocolo para la Policía Nacional, de forma a acrecentar su eficacia a la hora de detectar posibles casos de suicidio, con el objeto de conseguir una
mayor democratización de las políticas de recursos humanos de nuestros cuerpos policiales y promoviendo la mejora de la salud mental, así como la conciliación personal y laboral de los agentes.
2. Crear un Organismo Independiente formado por miembros ajenos a la Administración General del Estado que analice urgentemente las causas objetivas del alto índice de suicidios y los riesgos psicosociales en los puestos de trabajo, que
establezca una metodología de trabajo que permita reducir los casos de suicidio, y que prevea unas herramientas de trabajo eficaces para reducir en el futuro las tasas de suicidio policial.
3. Incrementar la asistencia psicológica de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a través de grupos de profesionales independientes y a través de un sistema sanitario público y de calidad.
4. Incrementar la periodicidad de las revisiones psicológicas a través de una planificación de protocolos de ayuda y de seguimiento, así como de la evaluación de salud mental de los agentes, sin que estos mecanismos puedan desatar
consecuencias ele carácter punitivo.
5. Realizar un estudio sobre clima laboral en el que trabajan los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que sea elaborado por un organismo independiente, y en el que puedan participar además las distintas asociaciones
representativas y sindicatos de estos dos cuerpos policiales.
6. Aplicar de forma efectiva la correspondiente normativa de riesgos laborales de Guardia Civil y Policía Nacional.
7. Reforzar el estudio y seguimiento de casos de tentativa de suicidio.
8. Incorporar contenidos formativos sobre gestión del estrés y mecanismos de detección de conductas potencialmente suicidas en la formación académica que reciben las FCSE.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de diciembre de 2019.-Inés Arrimadas García, Edmundo Bal Francés, Pablo Cambronero Piqueras y Guillermo Díaz Gómez, Diputados.
161/000049
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a paliar los daños producidos por la borrasca Daniel y Elsa durante los días 20 y 21 de diciembre de 2019 a su paso por la provincia de Albacete.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 9 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley,
conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los daños producidos por
la borrasca Daniel y Elsa durante los días 20 y 21 de diciembre de 2019 a su paso por la provincia de Albacete, para su debate en Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Como consecuencia de la entrada en la Península Ibérica de la borrasca Daniel y Elsa, los pasados días 20 y 21 de diciembre, se produjo un gran temporal de lluvia en la provincia de Albacete que desbordó el cauce del río Segura y de su
afluentes el río Mundo, unido al deshielo provocado por dicha lluvia y el río Tus produciendo cortes de carretera e inundando amplias zonas de recreo.
La cabecera del Segura ha recibido en las últimas horas intensas lluvias de más de 100 litros por metro cuadrado (I/m2) en ese río y en afluentes como el Mundo en la provincia de Albacete, donde ambos cauces se han desbordado en la mañana
del sábado día 21 de diciembre, por Yeste y Riópar,
respectivamente. Según la Confederación Hidrográfica del Segura, este río llevaba un caudal de 283 metros cúbicos de agua por segundo justo antes del desbordamiento en Yeste y se han recogido 118 l/m2 en los pluviómetros de la zona del río
Tus en ese término municipal. La lluvia ha sido más copiosa en Riópar, con 153, y se han superado los 118 en Santiago de la Espada, con 86 en otro punto de esa localidad albaceteña, Las Juntas, mientras que en otras partes de Yeste se han alcanzado
los 76, a 61 han llegado en Paterna del Madera y a 46 en Bogarra.
También el sector agrario se ha visto muy afectado sobretodo tierras anegadas y daños en fas siembras de cereales. Algunos expertos han calificado esta como una situación excepcional en la provincia no solo por los inconvenientes temporales
causados a la población sino por los daños materiales a las infraestructuras de comunicación y a los cultivos de la zona.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar a la mayor brevedad posible el informe sobre los daños producidos por el temporal Daniel y Elsa durante los días 20 y 21 de diciembre en la zona este de la provincia de Albacete determinando y cuantificando el alcance real de
los mismos.
2. Analizar la posibilidad de declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, en los municipios afectados de la
provincia de Albacete como Yeste, Riopar, Ayna y Lietor.
3. En atención a la declaración de zona afecta gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños provocados
por las inundaciones aplicando el Real Decreto Ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas según lo establecido en el artículo 1.3 del
mismo.
Y en concreto:
- Conceder ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad.
- Realizar la compensación a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.
- Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación de servicios o bienes.
- Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.
- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas y ganaderas y forestales.
- Aplicar medidas fiscales, laboras y de la Seguridad Social.
4. Que el Gobierno comunique a los ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas implicadas, de cara a las previsiones presupuestarias municipales para el próximo ejercicio.
5. Activar, en cualquier caso, las ayudas para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, acorde a las características y necesidades del acontecimiento.
6. Evaluar, si procede las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.
7. Instar a las distintas administraciones locales, autonómicas y Confederación Hidrográfica del Segura a que en coordinación tomen las medidas necesarias, de carácter preventivo, para evitar la repetición de situaciones similares.
8. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.
9. Comparecer en el Congreso a dar cuenta de la ejecución de las medidas adoptadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2019.-Carmen Navarro Lacoba y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Diputadas.
161/000050
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a paliar los efectos y daños de las inundaciones en Asturias en el mes de diciembre de 2019.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 9 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley,
conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los efectos y daños de las
inundaciones en Asturias en el mes de diciembre de 2019, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Como consecuencia de las borrascas sufridas en el mes de diciembre en Asturias (hasta cinco en esta temporada, de especial relevancia 'Elsa', 'Daniel' y 'Fabién') con alta pluviometría, algunas de las cuales concentradas en cortos espacios
temporales y lugares concretos, y en especial por el temporal 'Elsa' se han producido en diversas zonas de Asturias cuantiosos daños materiales, así como más importante, fallecimientos de personas.
Principalmente la borrasca Fabién dejó rachas de vientos en torno a los 140 km/h, ocasionando daños importantes en el suroccidente: Tineo, Cangas de Narcea, Salas, Belmonte o Ibias, entre otros También se ocasionaron problemas por
desprendimientos en el noroccidente con cortes de carreteras en Valdés o El Franco y en el interior en Taramundi y la comarca de Los Oscos. Así mismo, en la zona central: Oviedo, Gijón, Avilés o Castrillón sufrieron importantes daños materiales y
varios heridos. Cabe señalar los cortes en la circulación ferroviaria tanto en cercanías y como en la conexión con la meseta con Pajares.
La borrasca 'Elsa' ocasionó importantes daños por desprendimientos en carreteras y el fallecimiento de un vecino de Aller y al igual que la borrasca 'Daniel' las incidencias que ocasionaron, obligó a cortar
varias líneas ferroviarias de cercanías y el corte de la línea a la meseta por Pajares. Los desprendimientos y argayos fueron especialmente visibles en Parres o Castrillón.
A las Proposiciones no de Ley sobre prevención de riesgos de inundaciones, mapas de riesgo, limpieza de cauces y riberas y planes de emergencia ya tramitadas, se propone que ante esta situación excepcional se actúe con el fin de paliar los
efectos en todos los ámbitos: económicos personales, medio ambientales, en infraestructuras, en agricultura, dotación de medios [...]
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, a la mayor brevedad posible, el informe sobre los daños producidos por las borrascas acontecidas en el mes de diciembre y las inundaciones a las que han dado lugar en la Comunidad Autónoma de Asturias, determinando y
cuantificando el alcance real de los mismos.
2. Analizar la posibilidad de declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, en los municipios afectados.
3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños
provocados por las inundaciones, aplicando el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, según lo establecido en el artículo 1.3
de mismo, y en concreto:
- Conceder ayudas económicas a particulares por daños a vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.
- Realizar la compensación a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.
- Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios y bienes.
- Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.
- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas y forestales.
- Aprobar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.
4. Que el Gobierno comunique a los Ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas de cara a la previsión de presupuestos municipales.
5. Activar, en todo caso, las ayudas para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, acorde a las características y necesidades del acontecimiento.
6. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.
7. Instar a las distintas administraciones locales, autonómicas y Confederación Hidrográfica del Cantábrico a que, en coordinación entre todas ellas, tomen las medidas necesarias de carácter preventivo, para evitar la repetición de
situaciones similares.
8. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.
9. Comparecer en el Congreso a dar cuenta de la ejecución de las medidas adoptadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2019.-Paloma Gázquez Collado y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Diputadas.
161/000051
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a paliar los daños producidos por las borrascas durante la semana del día 16 al 22 de diciembre de 2019, a su paso por la provincia de Ávila.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 9 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley,
conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los daños producidos por
las borrascas durante la semana del día 16 al 22 de diciembre de 2019, a su paso por la provincia de Ávila, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Durante la semana del 16 al 22 de diciembre, se produjo un gran temporal de lluvia y viento en la Península Ibérica y que dejó huellas bien visibles en la capital y, sobre todo en la provincia de Ávila, especialmente en la zona sur, en las
comarca Tiétar, Alberche, Barco de Ávila-Piedrahíta y Gredos.
Como consecuencia del temporal que ha azotado a Ávila, la capital abulense vivió una situación muy complicada por el fuerte viento. Los servicios de emergencias de la ciudad atendieron más de medio centenar de incidencias. El temporal
obligó a activar el CECOP (Centro de Coordinación Operativa). Como consecuencia de las lluvias, se cortaron accesos al parque de El Soto por el desbordamiento del río Adaja.
El temporal, dejó, copiosas lluvias en la zona sur de la provincia de Ávila, un vendaval con fuertes rachas de viento cercanas a los 90 kilómetros por hora, espectaculares crecidas y desbordamientos de ríos, especialmente el Tormes pero
también del Alberche, que causaron numerosas incidencias, desprendimientos en la red de carreteras provincial, especialmente en la comarca de Piedrahíta-El Barco y el Tiétar, caída de tejas de edificios daños en numerosos árboles, señales y otros
objetos, así como arrastres de tierras e inundaciones en algunas carreteras, que obligó a varios cortes de carreteras, desprendimientos en edificios y puentes, y que obligaron a intervenir a los equipos de emergencia, bomberos y cuerpos de
seguridad.
Las lluvias más copiosas se acumulaban en el Puerto del Pico, casi 300 litros por metro cuadrado. La red de control de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) registró rachas de viento por encima de los 80 kilómetros por hora en El Pico
y se registraron casi 300 litros por metro cuadrado en 24 horas, y Muñotello, y de 90 en El Barco de Ávila, dónde se decretó la situación de alerta en el río Tormes a su paso por Barco, con niveles por encima de los cuatro metros y un caudal de más
de 690 metros cúbicos por segundo que propiciaron inundaciones en el parque de La Alameda. El caudal de muchos ríos, arroyos y vaguadas de la provincia subió bastante, como por ejemplo el río Arenal a su paso por Arenas de San Pedro o la garganta
de Santa María en Candeleda. En esta zona también la Garganta de Chilla se
desbordó a la altura del paraje del Horco, lo que propició que se cortara en la noche del jueves la CL501 entre Candeleda y Madrigal de la Vera. Hubo también crecidas en el Alberche, en puntos como Navaluenga, donde llegó a desbordarse el
río.
También el sector agrario ha sufrido daños importantes. Las precipitaciones ocurridas entre los días 19 y 20 de diciembre han ocasionado daños de diversa consideración en diversas localidades de la provincia de Ávila, daños en caminos y
pistas forestales, también el sector agrario ha sufrido daños relevantes, así como en varios puntos de la Red de Carreteras de la Comunidad de Castilla y León en la provincia de Ávila, especialmente en la zona del valle del Tiétar. Además de un
buen número de incidencias y daños en las carretas provinciales.
La afección más importante la ha sufrido la carretera AV-924 en el P.K. 1+950. En este punto la carretera se encuentra cortada por la erosión sufrida por el terraplén que ha provocado la formación de un cortado vertical al borde de la
calzada.
Por otra parte, en el P.K. 89+900 de la CL-501 el desbordamiento de la Garganta de Chilla ha ocasionado una fuerte erosión en ambas márgenes de la carretera, en un tramo de unos 50 metros, así como la demolición de unos 50 metros de cuneta
revestida de hormigón.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, a la mayor brevedad posible, el informe sobre los daños producidos por el temporal y las inundaciones que han tenido lugar en la provincia de Ávila, durante la semana del 16 al 22 de diciembre de 2019, determinando y
cuantificando el alcance real de los mismos.
2. Analizar la posibilidad de declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, en los municipios y comarcas afectados.
3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños
provocados por las inundaciones, aplicando el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, según lo establecido en el artículo
1.3 del mismo, y en concreto:
- Conceder ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.
- Realizar la compensación a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.
- Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios o de bienes.
- Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.
- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas y ganaderas y forestales.
- Aplicar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.
4. Que el Gobierno comunique a los ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas, de cara a las previsiones presupuestarias municipales para el próximo ejercicio.
5. Activar, en cualquier caso, las ayudas para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, acorde a las características y necesidades del acontecimiento.
6. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realiza-das en las zonas siniestradas.
7. Instar a las Confederaciones Hidrográficas a que se tomen medidas de carácter preventivo, para evitar la repetición de situaciones similares.
8. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.
9. Comparecer en el Congreso a dar cuenta de la ejecución de las medidas adoptadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2019.-Alicia García Rodríguez y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Diputadas.
161/000052
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a paliar los daños producidos por la borrasca Elsa durante este mes de diciembre a su paso por la provincia de Burgos.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 9 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley,
conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los daños producidos por
la borrasca Elsa durante este mes de diciembre a su paso por la provincia de Burgos, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
A lo largo del mes de diciembre del año 2019, diferentes fenómenos atmosféricos de mayor o menor magnitud han provocado importantes daños personales y materiales a su paso por la provincia de Burgos. Especialmente significativa ha sido la
borrasca Elsa, cuya virulencia ha provocado el desbordamiento del río Ebro, afectando a la Comarca de las Merindades que también ha sido sacudida por rachas de viento de hasta 125 km hora causando múltiples caídas de árboles, cortes en los
suministros de agua y luz así como incidencias en diferentes carreteras comarcales.
El desbordamiento de los ríos Brulles, Odra y Pisuerga, también ha provocado importantes daños en la comarca Odra-Pisuerga, donde se anegaron tierras de cultivo ya sembradas, viviendas, garajes y provocaron el desalojo del Instituto de
Educación Secundaria de Melgar de Fernamental.
Tampoco la comarca del Arlanza fue ajena al paso de la borrasca Elsa. En municipios de la cuenca se produjeron importantes desbordamientos que afectaron a Palacios de la Sierra, Salas de los infantes, Barbadillo del Mercado y otros con
mayor o menor magnitud.
El impacto económico y personal que estos hechos han provocado en la provincia de Burgos requiere a juicio del Grupo Parlamentario Popular, la adopción de una serie de medidas que permitan calibrar en su magnitud y con total diligencia
cuantas actuaciones se requieran para paliar dichos daños así como para analizar posibles actuaciones que permitan prevenir con mayor eficacia fenómenos de este tipo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, a la mayor brevedad posible, el informe sobre los daños producidos por el temporal originado por la borrasca Elsa y las inundaciones que han tenido lugar en la provincia de Burgos durante el mes de diciembre del año 2019,
determinando y cuantificando el alcance real de los mismos.
2. Analizar la posibilidad de declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, en los municipios y comarcas afectados.
3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños
provocados por las inundaciones, aplicando el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, según lo establecido en el artículo
1.3 del mismo, y en concreto:
- Conceder ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.
- Realizar la compensación a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.
- Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios o de bienes.
- Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.
- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas y ganaderas y forestales.
- Aplicar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.
4. Que el Gobierno comunique a los ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas, de cara a las previsiones presupuestarias municipales para el próximo ejercicio.
5. Activar, en cualquier caso, las ayudas para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, acorde a las características y necesidades del acontecimiento.
6. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.
7. Instar a las distintas administraciones locales, autonómicas, Confederación del Duero y Confederación del Ebro a que en coordinación tomen las medidas necesarias, de carácter preventivo, para evitar la repetición de situaciones
similares.
8. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.
9. Comparecer en el Congreso a dar cuenta de la ejecución de las medidas adoptadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2019.-María Sandra Moneo Díez, Jaime Miguel Mateu Istúriz y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Diputados.
161/000053
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a paliar los daños producidos en la provincia de Cáceres por el temporal ocurrido durante los días 18 a 22 del mes de diciembre de 2019.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 10 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley,
conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los daños producidos en la
provincia de Cáceres por el temporal ocurrido durante los días 18 a 22 del mes de diciembre de 2019, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Como consecuencia del temporal que ha castigado a la provincia de Cáceres durante los pasados días 18 a 22 de diciembre se han producido múltiples inundaciones y desastres asociados al gran temporal de lluvia y fuertes vientos que ha
provocado cortes de carreteras, inundaciones, destrozos de todo tipo (mobiliario público, viviendas y caminos), cortes en el suministro eléctrico, desbordamiento del río Jerte, etc.
Los desbordamientos, fuertes vientos e intensas lluvias han provocado daños de diferente consideración en todos los municipios a su paso, de los que se relacionan a continuación algunos de los más reseñables (a los que se deben añadir otros
muchos que continúan siendo cuantificados):
- Las inundaciones han sido tan graves que se han tenido que realizar cinco rescates de personas en localidades como Valdastillas, El Torno, Navaconcejo, cruce de la Fatela y Jaraíz de la Vera.
- La provincia ha sido gravemente afectada por las lluvias (el pluviómetro dejó, por ejemplo, 95.8 litros por metro cuadrado en Hervás).
- Una de las regiones de Extremadura más afectadas por la borrasca Elsa ha sido el Valle del Jerte donde destaca la localidad de Navaconcejo donde además de inundar sus calles el viento ha arrancado el césped artificial de las instalaciones
deportivas).
- Los cortes eléctricos afectaron a multitud de municipios de la provincia siendo seriamente afectados algunos como Guadalupe, Robledillo de Gata, Descargamaría y Pinofranqueado.
- El temporal ha tirado árboles, vallas publicitarias y ha provocado desprendimientos de cornisas por toda la provincia.
- Se han registrado varios accidentes de tráfico relacionados con los fenómenos meteorológicos adversos.
- El sector agroganadero ha sufrido daños importantes, fincas totalmente anegadas, daños en infraestructuras de riego e inundación de naves ganaderas con pérdidas sustanciales. Caminos rurales
totalmente destrozados que impiden el tránsito de maquinaria para hacer las más elementales labores. Solamente en el Valle del Ambroz 600 hectáreas anegadas y más de 150 agricultores afectados.
A estos ejemplos se deben añadir otros muchos que continúan siendo cuantificados a día de hoy.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, a la mayor brevedad posible, el informe sobre los daños producidos por el temporal y las inundaciones que han tenido lugar en la provincia de Cáceres, durante los días 18 a 22 del mes de diciembre de 2019, determinando y
cuantificando el alcance real de los mismos.
2. Analizar la posibilidad de declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, en los municipios y comarcas afectados.
3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños
provocados por las inundaciones, aplicando el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, según lo establecido en el artículo
1.3 del mismo, y en concreto:
- Conceder ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.
- Realizar la compensación a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.
- Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios o de bienes.
- Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.
- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas y ganaderas y forestales.
- Aplicar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.
4. Que el Gobierno comunique a los ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas, de cara a las previsiones presupuestarias municipales para el próximo ejercicio.
5. Activar, en cualquier caso, las ayudas para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, acorde a las características y necesidades del acontecimiento.
6. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.
7. Instar a las distintas administraciones locales, autonómicas y Confederación Hidrográfica del Tajo a que en coordinación tomen las medidas necesarias, de carácter preventivo, para evitar la repetición de situaciones similares.
Especialmente instar a la CHT a mantener limpios los cauces de los ríos, tal y como se determina en la normativa reguladora de sus funciones.
8. Instar al Ministerio de Agricultura a agilizar y dotar de partidas suficientes todas las obras de regadío planificadas en la provincia de Cáceres.
9. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.
10. Comparecer en el Congreso a dar cuenta de la ejecución de las medidas adoptadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2019.-Alberto Casero Ávila y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Diputados.
161/000054
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a paliar los daños producidos por la borrasca Elsa durante los días 19 y 20 de diciembre de 2019 a su paso por la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 9 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley,
conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los daños producidos por
la borrasca Elsa durante los días 19 y 20 de diciembre de 2019 a su paso por la Comunidad Autónoma de Cantabria, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El pasado 19 de diciembre la Comunidad Autónoma de Cantabria comenzó a notar el paso de Eisa, una borrasca que había entrado por el noroeste de la península y que se hizo patente en nuestro territorio con un gran temporal de lluvia y vientos
de hasta 138 km/h. No obstante, fue en la madrugada del 20 de diciembre cuando la comarca de Campoo y la zona Vega de Liébana sufrieron una de las peores noches que se recuerdan en los últimos 250 años.
Las localidades de Matamorosa y Cañeda en el municipio de Campoo de Enmedio; Reinosa, capital de la comarca Campoo-Los Valles, y el municipio de Vega de Liébana fueron las zonas gravemente afectadas por las intensas lluvias y las fuertes
rachas de viento que no provocaron daños personales pero que dejaron tras de sí cuantiosos daños materiales en bienes particulares, suministro eléctrico, conexión ferroviaria con la Meseta, de especial repercusión en el tráfico de mercancías, así
como numerosos desperfectos en fincas y accesos.
En la comarca de Campoo se desbordaron los ríos Híjar e Izarilla, taponando al río Ebro. El Híjar pasó de tener 59 centímetros de agua en la medianoche del día 19 de diciembre a tener un nivel histórico de 3,59 metros. El mismo escenario
se repetía en uno de sus afluentes, el río Izarilla, y con el río Ebro. Los vecinos de Campoo veían impotentes como el río fluía por sus calles, se inundaban bajos, soportales, garajes y todas las viviendas y negocios que el río desbocado
encontraba a su paso. La fuerza del agua arrastraba vehículos y todo cuanto encontraba en su camino, un escenario desolador en el que, en algunas zonas como la Avenida de La Naval y el Barrio Sorribero, ni los bomberos ni protección civil podían
hacer nada porque era imposible acceder con los vehículos de emergencias.
En Liébana los protagonistas fueron los ríos Quiviesa y Riofrío. El crecimiento desmesurado de estos dos ríos hizo que varias personas tuvieron que abandonar sus hogares, el polideportivo y la piscina de La Vega quedaron totalmente
inundados al igual que algunas bodegas, [...] ante la impotencia
de sus gestores, unos alcaldes preocupados por sus vecinos pero sin saber cómo poner solución a este tipo problemas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, a la mayor brevedad posible, el informe sobre los daños producidos por el temporal originado por la borrasca Elsa y las inundaciones que han tenido lugar en varios municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante los
días 19 y 20 del mes de diciembre de 2019, determinando y cuantificando el alcance real de los mismos.
2. Analizar la posibilidad de declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, en los municipios y comarcas afectados.
3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños
provocados por las inundaciones, aplicando el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, según lo establecido en el artículo
1.3 del mismo, y en concreto:
- Conceder ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.
- Realizar la compensación a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.
- Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios o de bienes.
- Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.
- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas y forestales.
- Aplicar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.
4. Que el Gobierno comunique a los ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas, de cara a las previsiones presupuestarias municipales para el próximo ejercicio.
5. Activar, en cualquier caso, las ayudas para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, acorde a las características y necesidades del acontecimiento.
6. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.
7. Instar a las distintas administraciones locales, autonómicas y Confederación Hidrográfica del Ebro a que en coordinación tomen las medidas necesarias, de carácter preventivo, para evitar la repetición de situaciones similares.
8. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.
9. Comparecer en el Congreso a dar cuenta de la ejecución de las medidas adoptadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2019.-Diego Movellán Lombilla, Elena Castillo López y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Diputados.
161/000055
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a paliar los daños producidos por la borrasca Elsa a su paso por la provincia de Jaén los días 19, 20 y 21 de diciembre de 2019.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 9 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley,
conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los daños producidos por
la borrasca Elsa a su paso por la provincia de Jaén los días 19, 20 y 21 de diciembre de 2019, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Como consecuencia del paso de la borrasca Elsa por la provincia de Jaén se han registrado más de 477 incidencias a través de los servicios del 112, incidencias que se han traducido en cortes de tráfico por obstáculos en la vía,
desprendimientos y caídas de objetos, anegaciones de viviendas y del viario público, cortes de vías de tren, interrupciones en suministros de luz y fuertes pérdidas en el ámbito de la agricultura.
Las fuertes rachas de viento provocaron interrupciones en el suministro eléctrico en las comarcas de Segura, Las Villas y El Condado, sufriendo la comarca del El Condado, un apagón que se prolongó durante varias horas en la tarde del sábado
21 de diciembre.
El tráfico ferroviario en la provincia de Jaén fue interrumpido en dirección Sevilla y Madrid como consecuencia de la lluvia que ha causado inundaciones de las vías entre Marmolejo y Arjonilla, así como entre Jaén capital y Espeluy.
Asimismo, se han producido el corte de distintas carreteras secundarias por acumulación de balsas de agua, lodo y desprendimiento de piedras, en la A-6000 (Mengíbar, kilómetro 23), JV-2031 (Lopera-antigua N-IV), JV-2930 (topera), JV-2931
(Lopera-Cañete de las Torres), JA-3404 (Arjona-La Higuera), JA-3409 (Villanueva de la Reina-La Higuera), JA-3100 (Las Infantas-Villargordo) y la JA-2321 (Andújar-Villanueva de la Reina).
Por su parte, las pérdidas en agricultura, motivadas por las fuertes rachas de viento y las lluvias, se han traducido en el deterioro de caminos rurales y la pérdida de cosecha de aceituna, por su caída y pérdida del fruto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, a la mayor brevedad posible, el informe sobre los daños producidos por el temporal originado por la borrasca Elsa y las inundaciones que han tenido lugar en la provincia de Jaén durante los días 19, 20 y 21 de diciembre de
2019, determinando y cuantificando el alcance real de los mismos.
2. Analizar la posibilidad de declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, en los municipios y comarcas afectados.
3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños
provocados por las inundaciones, aplicando el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas según lo establecido en el artículo
1.3 del mismo y en concreto:
- Conceder ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.
- Realizar la compensación a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.
- Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios o de bienes.
- Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.
- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas y ganaderas y forestales.
- Aplicar medidas fiscales, laborales y de Seguridad Social.
4. Que el Gobierno comunique a los ayuntamientos afectados su decisión sobre las medidas de ayudas aplicadas, de cara a las previsiones presupuestarias municipales para el próximo ejercicio.
5. Activar, en cualquier caso, las ayudas para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, acorde a las características y necesidades del acontecimiento.
6. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias en toda la provincia de Jaén.
7. Instar a las distintas administraciones locales y autonómica para que en coordinación tomen las medidas necesarias de carácter preventivo, para evitar la repetición de situaciones similares.
8. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lugar su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015 de 9 de julio.
9. Comparecer en el congreso a dar cuenta de la ejecución de las medidas adoptadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2019.-Juan Diego Requena Ruiz y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Diputados.
161/000057
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a paliar los daños producidos por las borrascas Daniel, Elsa y Fabien en la segunda quincena de diciembre de 2019, a su paso por la provincia de Soria.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 9 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley,
conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por
la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para paliar los daños producidos por
las borrascas Daniel, Elsa y Fabien en la segunda quincena de diciembre de 2019, a su paso por la provincia de Soria, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Las últimas borrascas Daniel, Elsa y Fabien se dejaron sentir en Soria en forma de grandes temporales de viento y lluvia que afectaron a toda la provincia. Los efectos de estas borrascas se vieron agravados por el deshielo provocado la
nieve acumulada durante las últimas fechas, lo que tuvo como principal consecuencia el desbordamiento del cauce de varios arroyos y ríos de la cuenca del Duero.
Los mayores problemas afectaron al cauce del río Duero, con desbordamientos importantes a su paso por las localidades de Salduero y Molinos de Duero, pero también se vieron afectados los municipios de:
- Vinuesa: por la crecida del río Revinuesa, que mantuvo el nivel rojo de alerta.
- Tardesillas: por el desbordamiento del río Tera.
- Navapalos: los incidentes que se produjeron en los ríos Ucero y Duero.
- Garray: se produjo el desbordamiento de los ríos Tera y Duero, con cortes de carreteras e inundaciones en zonas de recreo.
- Burgo de Osma: la crecida del río Ucero a su paso por esta localidad fue significativa y el aumento de caudal inundó los jardines públicos situados cerca de las murallas. También hubo que intervenir para retirar escombros de fachadas que
se habían desplomado por las fuertes precipitaciones.
- San Esteban de Gormaz: hubo que retirar árboles caídos en carreteras del municipio de Villálvaro y ramas que cayeron sobre el tejado del Ecomuseo Molino de los Ojos, en el paraje natural del mismo nombre en la localidad. El paraje del
Sotillo fue acordonado para prohibir el paso ante la crecida del Duero a su paso por la localidad, que inundó las islas centrales. El viento que llevó asociado este temporal y la lluvia también provocaron inundaciones en el paraje de La Rambla y la
Alameda. Se acordonaron los paseos ante la presencia de socavones que aparecieron a causa de las fuertes lluvias.
- Soto de San Esteban en dirección a Langa de Duero: el aumento del caudal del Duero y su desbordamiento provocó el corte de la SO-P-4009.
Además, el viento que llevó asociado este temporal provocó problemas en multitud de municipios, alcanzando las rachas de viento una velocidad de 111 Km/h en La Riba de Escalote, de 102 km/h en Arcos de Jalón, de 90 Km/h en Ólvega y de 70
Km/h en Soria capital, lo que provocó numerosas intervenciones de bomberos y protección civil.
También el sector agrario ha sufrido perjuicios importantes, especialmente con naves anegadas, el embolsamiento de agua en fincas sembradas de cereales de invierno, y daños en infraestructuras de riego.
Estos son solo algunos ejemplos de los efectos que han producido las borrascas Daniel, Elsa y Fabien en la provincia de Soria durante las últimas fechas, unas borrascas que provocaron inundaciones y desperfectos por las fuertes rachas de
viento en prácticamente todas las comarcas sorianas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, a la mayor brevedad posible, el informe sobre los daños producidos por el temporal originado por las borrascas Daniel, Elsa y Fabien, así como por las inundaciones que han tenido lugar en
la provincia de Soria, durante la segunda quincena de diciembre de 2019, determinando y cuantificando el alcance real de los mismos.
2. Analizar la posibilidad de declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, en los municipios y comarcas afectados.
3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños
provocados por las inundaciones, aplicando el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, según lo establecido en el artículo
1.3 del mismo, y en concreto:
- Conceder ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.
- Realizar la compensación a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.
- Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios o de bienes.
- Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.
- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas y ganaderas y forestales.
- Aplicar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.
4. Que el Gobierno comunique a los ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas, de cara a las previsiones presupuestarias municipales para el próximo ejercicio.
5. Activar, en cualquier caso, las ayudas para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, acorde a las características y necesidades del acontecimiento.
6. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.
7. Instar, a las distintas administraciones locales, autonómicas y Confederación Hidrográfica del Duero a que en coordinación tomen las medidas necesarias, de carácter preventivo, para evitar la repetición de situaciones similares.
8. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.
9. Comparecer en el Congreso a dar cuenta de la ejecución de las medidas adoptadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2019.-Tomás Cabezón Casas y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Diputados.
161/000058
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a paliar los daños producidos por la borrasca Fabien el día 21 del mes de diciembre de 2019, a su paso por la provincia de Toledo.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 9 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley,
conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para paliar los daños producidos por
la borrasca Fabien el día 21 del mes de diciembre de 2019, a su paso por la provincia de Toledo, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La borrasca Fabien se ha dejado sentir en Toledo en forma de fuerte temporal de viento y e intensas lluvias que afectaron a toda la provincia.
El mayor problema se produjo el día 21 de diciembre en el municipio sagreño de Yeles como consecuencia de las inundaciones de las parcelas y viviendas en la Urbanización Los Cisneros provocada por el desbordamiento del arroyo Guatén, cuenca
del río Tajo.
La inundación de las parcelas cubrió de agua los sótanos y alcanzó la altura de medio metros en algunas viviendas lo que obligo a la evacuación de 20 personas.
Las inundaciones en Yeles han sido recurrentes y también fueron muy graves en julio de 2017.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, a la mayor brevedad posible, el informe sobre los daños producidos por el temporal originado por las borrascas Fabien, así como por las inundaciones que han tenido lugar en la provincia de Toledo, durante la segunda quincena de
diciembre de 2019, determinando y cuantificando el alcance real de los mismos.
2. Analizar la posibilidad de declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, en los municipios y comarcas afectados.
3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños
provocados por las inundaciones, aplicando el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, según lo establecido en el artículo
1.3 del mismo, y en concreto:
- Conceder ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.
- Realizar la compensación a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.
- Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios o de bienes.
- Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.
- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas y ganaderas y forestales.
- Aplicar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.
4. Que el Gobierno comunique a los ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas, de cara a las previsiones presupuestarias municipales para el próximo ejercicio.
5. Activar, en cualquier caso, las ayudas para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, acorde a las características y necesidades del acontecimiento.
6. Evaluar, sí procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.
7. Instar, a las distintas administraciones locales, autonómicas y Confederación Hidrográfica del Tajo a que en coordinación tomen las medidas necesarias, de carácter preventivo, para evitar la repetición de situaciones similares.
8. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.
9. Comparecer en el Congreso a dar cuenta de la ejecución de las medidas adoptadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2019.-Carmen Riolobos Regadera, Vicente Tirado Ochoa y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Diputados.
161/000059
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a paliar los daños producidos en la provincia de Valladolid por el temporal ocurrido durante los días 18 a 22 del mes de diciembre de 2019.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 10 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley,
conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los daños producidos en la
provincia de Valladolid por el temporal ocurrido durante los días 18 a 22 del mes de diciembre de 2019, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Como consecuencia del temporal que ha azotado a la provincia de Valladolid durante los pasados días 18 a 22 de diciembre se han producido múltiples inundaciones y desastres asociados al gran temporal de lluvia y fuertes vientos que, unido al
deshielo y la falta de capacidad de almacenamiento de agua en Valladolid, ha provocado inundaciones en la capital y municipios de la provincia como consecuencia del desbordamiento de ríos y afluentes como el Pisuerga, el Cea o el Valderaduey entre
otros.
Los desbordamientos e intensas lluvias han provocado daños de diferente consideración en todos los municipios a su paso, de los que se relacionan a continuación algunos de los más reseñables (a los que se deben añadir otros muchos que
continúan siendo cuantificados):
- Caída de árboles y derrumbe parcial de una vivienda en mal estado en Medina del Campo. Derrumbe de una vivienda en Torrecilla del Valle.
- Inundaciones, caída de árboles y derrumbe de la tapia del cementerio en Valdestillas.
- Caída de árboles y destrozos en el cementerio de Peñafiel, destacando la caída del conocido como 'Pino Macareno', símbolo del municipio de gran valor. Desprendimientos de fachadas y tejados en toda la comarca de Peñafiel, y derrumbe de
una pérgola en Padilla de Duero.
- Desprendimientos de piedra en el lienzo sur del Castillo de Urueña.
- Especialmente afectado se ha visto el norte de la provincia por las crecidas de los ríos Cea y Valderaduey, con inundación de naves ganaderas en Saelices de Mayorga, que han provocado el ahogamiento de medio centenar de ovejas; cortes de
carreteras y daños en parcelas agrícolas, caminos o zonas recreativas en los municipios de Melgar de Arriba, Mayorga, Santervás de Campos, Villavicencio, Bolaños, Cabezón de Valderaduey y Castroponce, entre otros.
- Desbordamiento del río Pisuerga a su paso por la ciudad de Valladolid, anegando zonas recreativas y deportivas. Necesidad de realizar labores de urgencia para la limpieza del puente romano de Simancas ante el aumento del caudal del río y
la acumulación de troncos y maleza. Desbordamiento del río Duero a su paso por Tordesillas anegando la zona recreativa de la localidad.
- Acumulación de árboles caídos a su paso por carreteras y puentes en múltiples localidades con el riesgo asociado a este fenómeno para el tránsito y comunicación entre pequeños municipios habitados fundamentalmente por personas mayores.
- Zonas deportivas, recreativas y de ocio anegadas (como por ejemplo en Santovenia), cuyo uso es frecuente y quizá más necesario en las fiestas navideñas.
- Cortes en el suministro eléctrico en numerosos municipios, afectando a particulares, empresas e industrias en la zona de Medina del Campo.
- El sector agroganadero ha sufrido daños importantes, fincas sembradas de cereales de invierno totalmente anegadas, daños en infraestructuras de riego e inundación de naves ganaderas con pérdidas sustanciales. Caminos rurales totalmente
destrozados que impiden el tránsito de maquinaria para hacer las más elementales labores. Llama la atención que es precisamente el sector agroganadero el que repetidamente viene demandando la construcción de balsas que permitan almacenamiento de
agua en momento de exceso para poder utilizarlo en épocas de sequía o necesidad para los cultivos, contribuyendo de este modo al aprovechamiento de este recurso.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, a la mayor brevedad posible, el informe sobre los daños producidos por el temporal y las inundaciones que han tenido lugar en la provincia de Valladolid, durante los días 18/22 del mes de diciembre de 2019, determinando y
cuantificando el alcance real de los mismos.
2. Analizar la posibilidad de declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, en los municipios y comarcas afectados.
3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños
provocados por las inundaciones, aplicando el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, según lo establecido en el artículo
1.3 del mismo, y en concreto:
- Conceder ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.
- Realizar la compensación a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.
- Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios o de bienes.
- Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.
- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas y ganaderas y forestales.
- Aplicar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.
4. Que el Gobierno comunique a los ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas, de cara a las previsiones presupuestarias municipales para el próximo ejercicio.
5. Activar, en cualquier caso, las ayudas para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, acorde a las características y necesidades del acontecimiento.
6. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.
7. Instar a las distintas administraciones locales, autonómicas y Confederación Hidrográfica del Duero a que en coordinación tomen las medidas necesarias, de carácter preventivo, para evitar la repetición de situaciones similares.
Especialmente instar a la CHD a mantener limpios los cauces de los ríos, tal y como se determina en la normativa reguladora de sus funciones.
8. Instar al Ministerio de Agricultura a agilizar y dotar de partidas suficientes todas las obras de regadío planificadas en la provincia de Valladolid.
9. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.
10. Comparecer en el Congreso a dar cuenta de la ejecución de las medidas adoptadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2019.-José Ángel Alonso Pérez, Eduardo Carazo Hermoso y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Diputados.
161/000060
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a paliar los daños producidos por las borrascas Daniel, Elsa y Fabien desde el día 16 del mes de diciembre de 2019, a su paso por la provincia de Zamora.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 7 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley,
conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los daños producidos por
las borrascas Daniel, Elsa y Fabien desde el día 16 del mes de diciembre de 2019, a su paso por la provincia de Zamora, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Como consecuencia de la entrada por el noroeste de la península de las borrascas Daniel, Elsa y Fabien, desde el pasado día 16 de diciembre se produjeron grandes temporales de lluvia y viento en la provincia de Zamora que, unido al deshielo
provocado por dichas lluvias en la nieve acumulada durante las últimas fechas, produjo el desbordamiento de varios ríos de la cuenca del Duero en la provincia de Zamora. En la propia capital, se produjo el desbordamiento del río Duero, produciendo
inundaciones de amplias zonas de paseo.
El desbordamiento de los ríos Eria, Órbigo y Tera en la zona de Benavente y los Valles provocó miles de hectáreas de cultivo anegadas, tuvieron que cortarse accesos a distintas localidades y produjo destrozos en localidades como Morales de
Rey, Manganeses de la Polvorosa, Mozar de Valverde, Milles de la Polvorosa, Vecilla de la Polvorosa, Bretó, Santa Cristina de la Polvorosa, Villaferrueña, Coomonte de la Vega, Fresno de la Polvorosa, Santa María de la Vega, Arrabalde o Alcubilla de
Nogales y otras, además de en caminos agrícolas y carreteras.
En Benavente, el Órbigo anega la vega y el Prado de las Pavas, arrasando con ejemplares de árboles en crecimiento y la zona conocida como las huertas.
En la zona de Aliste y Alba, la crecida del río Aliste obligó al corte de la carretera ZA-P-1405 Zamora-Mahide, quedando bajo las aguas el puente de Domez de Alba, arrancando su capa de rodadura y anegando zonas urbanas de los pueblos por
donde pasa, Mahide, Pobladura, San Vicente de la Cabeza, Gallegos del Río, etc. dejando bajo las aguas calles, paseos, jardines, zonas deportivas y parques infantiles.
En la zona de Sanabria las fuertes crecidas del río Tera provocaron inundaciones en diferentes localidades, siendo necesario cortar varias carreteras en la zona, al mismo tiempo que se producían desprendimientos de tierra, caídas de tapias y
árboles.
En Toro y su alfoz, la crecida del Duero produjo inundaciones con daños en caminos, paseos fluviales, fincas agrícolas e invernaderos de la vega de Toro.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, a la mayor brevedad posible, el informe sobre los daños producidos por el temporal originado por las borrascas Daniel, Elsa y Fabien; y las inundaciones que han tenido lugar en la provincia de Zamora, desde el día 16 del mes
de diciembre de 2019, determinando y cuantificando el alcance real de los mismos.
2. Analizar la posibilidad de declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, en los municipios y comarcas afectados.
3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños
provocados por las inundaciones, aplicando el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, según lo establecido en el artículo
1.3 del mismo, y en concreto:
- Conceder ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.
- Realizar la compensación a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.
- Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios o de bienes.
- Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.
- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas y ganaderas y forestales.
- Aplicar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.
4. Que el Gobierno comunique a los ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas, de cara a las previsiones presupuestarias municipales para el próximo ejercicio.
5. Activar, en cualquier caso, las ayudas para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, acorde a las características y necesidades del acontecimiento a las distintas administraciones
locales, autonómicas y Confederación Hidrográfica del Duero a que en coordinación tomen las medidas necesarias, de carácter preventivo, para evitar la repetición de situaciones similares.
6. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.
7. Comparecer en el Congreso a dar cuenta de la ejecución de las medidas adoptadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de diciembre de 2019.-Elvira Velasco Morillo y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Diputadas.
161/000061
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a paliar los daños producidos en la provincia de Palencia por el temporal ocurrido durante los días 18 a 22 del mes de diciembre de 2019.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 11 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley,
conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por
la Comisión de Interior. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los daños producidos en la
provincia de Palencia por el temporal ocurrido durante los días 18 a 22 del mes de diciembre de 2019, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Como consecuencia del temporal que ha azotado a la provincia de Palencia durante los pasados días 18 a 22 de diciembre se han producido múltiples inundaciones y desastres asociados al gran temporal de lluvia que, unido al deshielo y la falta
de capacidad de almacenamiento de agua en Palencia, ha provocado inundaciones en la capital y municipios de la provincia como consecuencia del desbordamiento de ríos y afluentes como el Carrión, Pisuerga, Arlanza, Ucieza, Camesa, Lucio, Burejo y
Valdavia entre otros.
Los desbordamientos e intensas lluvias han provocado daños de diferente consideración en todos los municipios a su paso:
- Inundación, cierre y derrumbe de puentes con el consiguiente bloqueo de comunicaciones, como en Villaescusa de las Torres o Palencia capital.
- Hundimiento de tejados en edificios y naves como el caso del municipio de Polentinos en que el agua ha provocado la caída del tejado de la nave que custodiaba varios tractores de vecinos con la consiguiente pérdida de maquinaria y el
riesgo de problemas eléctricos.
- Acumulación de árboles caídos a su paso por carreteras y puentes en múltiples localidades con el riesgo asociado a este fenómeno para el tránsito y comunicación entre pequeños municipios habitados fundamentalmente por personas mayores.
- Edificios históricos inundados como el claustro del Monasterio de Sta. María la Real en Aguilar de Campoo, San Andrés del Arroyo, o el Puente Romano de Nestar declarado BIC y que ha desaparecido totalmente.
- Zonas deportivas y de ocio anegadas, cuyo uso es frecuente y quizá más necesario en las fiestas navideñas.
- Desalojo de personas dependientes con dificultades de movilidad en el municipio de Barruelo de Santullán, que ha provocado serios problemas a estas personas que tuvieron que ser trasladadas a un hotel para su realojo y atención.
- Problemas en el abastecimiento y depuración de aguas.
- El sector agro ganadero ha sufrido daños importantes, fincas sembradas de cereales de invierno totalmente anegadas, daños en infraestructuras de riego e inundación de naves ganaderas con pérdidas sustanciales, caminos rurales totalmente
destrozados que impiden el tránsito de maquinaria para hacer las más elementales labores. Llama la atención que es precisamente el sector agro/ganadero el que repetidamente viene demandando la construcción de balsas que permitan almacenamiento de
agua en momento de exceso para poder utilizarlo en épocas de sequía o necesidad para los cultivos, contribuyendo de este modo al aprovechamiento de este recurso.
En el caso concreto de este sector, es importante destacar que sigue pendiente de realizar la regulación del Carrión/Valdavia por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero, y ello a pesar de estar contemplada tanto en el Plan
Hidrológico de la Cuenca del Duero, como en los compromisos asumidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en su momento. Esto determina que siga sin licitar la obra construcción conocida como Balsas de las Cuezas
que permitiría
a Palencia almacenar el agua del Valdavia y que en momentos como el actual no solo se desaprovecha, sino que contribuye a perjudicar a quienes deberían beneficiarse de ella.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, a la mayor brevedad posible, el informe sobre los daños producidos por el temporal y las inundaciones que han tenido lugar en la provincia de Palencia, durante los días 18/22 del mes de diciembre de 2019, determinando y
cuantificando el alcance real de los mismos.
2. Analizar la posibilidad de declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, en los municipios y comarcas afectados.
3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños
provocados por las inundaciones, aplicando el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, según lo establecido en el artículo
1.3 del mismo, y en concreto:
- Conceder ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.
- Realizar la compensación a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.
- Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios o de bienes.
- Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.
- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas y ganaderas y forestales.
- Aplicar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.
4. Que el Gobierno comunique a los ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas, de cara a las previsiones presupuestarias municipales para el próximo ejercicio.
5. Activar, en cualquier caso, las ayudas para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, acorde a las características y necesidades del acontecimiento.
6. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.
7. Instar a las distintas administraciones locales, autonómicas y Confederación Hidrográfica del Duero a que en coordinación tomen las medidas necesarias, de carácter preventivo, para evitar la repetición de situaciones similares.
Especialmente instar a la CHD a mantener limpios los cauces de los ríos, tal y como se determina en la normativa reguladora de sus funciones.
8. Instar al Ministerio cíe transición ecológica y a la CHD a agilizar y licitar con carácter urgente la obra conocida como Balsas de Las Cuezas.
9. Instar al Ministerio de Agricultura a agilizar y dotar de partidas suficientes todas las obras de regadío planificadas en la provincia de Palencia.
10. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.
11. Comparecer en el Congreso a dar cuenta de la ejecución de las medidas adoptadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de diciembre de 2019.-Milagros Marcos Ortega, Miguel Ángel Paniagua Núñez y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Diputados.
161/000063
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno al desarrollo
del Protocolo de actuaciones firmado el 4 de abril de 2018 por el Ministerio del interior y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar para la nueva ubicación del cuartel de la Guardia Civil, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El municipio de Roquetas de Mar, provincia de Almería, tiene una extensión aproximada de 60 kilómetros cuadrados y cuenta con una población de más de cien mil habitantes según los datos del padrón municipal, llegando a superar los 200 mil
habitantes en los meses estivales. Cuenta, además, con una población inmigrante procedente de más de cien países que representa el 45 % del total. Y tiene como última característica que sus habitantes se distribuyen en ocho entidades o núcleos de
población.
Corresponde a la Guardia Civil la prestación, a través del Puesto Principal existente en el mismo, de los servicios públicos de seguridad ciudadana y de protección de los derechos y libertades, precisando para ello disponer de los recursos
humanos y de las infraestructuras y medios adecuados, en función de las características propias del municipio de Roquetas de Mar.
Tanto el Ministerio del Interior como el Ayuntamiento consideraron necesario poner en marcha mecanismos de colaboración orientados a resolver los problemas que, tanto en materia de recursos humanos como de infraestructuras, tiene planteados
el Puesto Principal de la Guardia Civil de Roquetas de Mar y que, sin duda, redundarían en la mejora de la calidad de los servicios públicos a sus habitantes.
Para cumplir estos objetivos, el 4 de abril de 2018, el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar firmaron un Protocolo de actuaciones para la ubicación de las dependencias oficiales del Cuartel de la Guardia Civil e
incremento de efectivos.
El incremento de efectivos, aunque sin concluir totalmente, se ha ido materializando conforme a las previsiones contenidas en el citado Protocolo, incremento que ha repercutido positivamente en la mejora de la seguridad del municipio de
Roquetas de Mar, habiéndose producido un descenso en el número de delitos registrados.
El Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha cumplido las obligaciones contenidas en el Protocolo y está en condiciones desde hace meses de llevar a cabo las actuaciones necesarias que hagan posible la nueva ubicación de las dependencias del
Cuartel de la Guardia Civil.
Sin embargo, no se ha producido todavía la firma del Convenio que ha de posibilitar la ejecución de ese Protocolo firmado en abril de 2018 y con ello la reubicación de las dependencias oficiales del Puesto Principal de la Guardia Civil.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno al desarrollo del Protocolo de actuaciones firmado el 4 de abril de 2018 entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) para la ubicación de las dependencias
oficiales del Cuartel de la Guardia Civil e incremento de efectivos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de enero de 2020.-Juan José Matarí Sáez y Miguel Ángel Castellón Rubio, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000083
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley en la defensa de la Guardia Civil en la Comunidad Foral de Navarra, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El pasado 30 de diciembre de 2019 se hizo público el acuerdo suscrito entre el Presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez y el Presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Andoni Ortúzar, por el cual los nacionalistas vascos se
comprometían a votar favorablemente la investidura del señor Sánchez.
En ese acuerdo, el candidato a Presidente y el Gobierno que se forme se compromete, entre otras cosas, 'a proceder en seis meses al traspaso de las competencias de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra, con el mismo contenido y extensión
que las realizadas en su día a la Comunidad Autónoma Vasca'.
Guardia Civil y Policía Foral llevan muchos años colaborando y trabajando conjuntamente, y son decenas los agentes de la Guardia Civil de Tráfico afincados en Navarra durante toda una vida profesional y personal. En Navarra no se olvida la
gran labor que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realizan en todos los ámbitos, pero especialmente durante los conocidos como 'años de plomo', poniendo su vida y seguridad al servicio del bienestar, libertad y seguridad de los ciudadanos navarros.
Ahora, y como consecuencia del acuerdo suscrito, sin respetar a los navarros y a sus instituciones, la Guardia Civil que ejerce las labores de tráfico en las carreteras navarras, deberá cesar su actividad en el plazo de seis meses.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Rechazar el acuerdo suscrito el día 30 de diciembre de 2019 entre Pedro Sánchez y Andoni Ortúzar relativo a ceder la transferencia en materia de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra en el plazo de seis meses.
2. Solicitar que la Guardia Civil de Tráfico y el resto de unidades, se quede en Navarra, porque son parte importante de la Comunidad Foral.
3. Manifestar el reconocimiento y afecto a la Guardia Civil por el trabajo que desarrollan en Navarra y en el conjunto de España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2020.-Ana María Beltrán Villalba, Diputada.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000121
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la creación de la Unidad
de Prevención y Reacción en la Comisaria de Pontevedra, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Las Unidades de Prevención y Reacción se conciben como Unidades destinadas a la prevención, mantenimiento y, en su caso, restablecimiento del orden público y la seguridad ciudadana, dotadas de una estructura prefijada y medios suficientes
para acometer con solvencia las funciones específicas que le son propias.
Estas Unidades se emplearán prioritariamente cuando sea precisa la intervención de Unidades de sus características, adecuadamente estructuradas y dotadas de una notable capacidad operativa.
Sus funciones se concretan, en líneas generales, en las siguientes:
1. Dispositivos especiales de prevención de la delincuencia.
2. Mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana.
3. Apoyo a otras Unidades, Servicios o Instituciones, en dispositivos puntuales.
4. Reacción e intervención ante cualquier situación que requiera una actuación inmediata.
Estimamos necesaria una U.P.R. en Pontevedra por los siguientes motivos:
- Es una ciudad donde es necesario y urgente establecer las actuaciones a que se refieren muchas de las funciones enumeradas.
- En Pontevedra no se establecen controles habituales por carecer de este tipo de Unidades. Y los que se están haciendo lo realizan unos pocos funcionarios y sin los medios necesarios para ello.
- No existe en Pontevedra una Unidad que pueda hacer frente, con la dotación de medios humanos y materiales, y con la preparación técnica adecuada, a grandes concentraciones o manifestaciones. Por lo que hay que utilizar unidades de otras
plantillas.
- Lo mismo ocurre con los dispositivos de seguridad en espectáculos públicos, deportivos, eventos sociales o concentraciones de masas en general.
Es de destacar la utilidad de las UPR para colaborar con Unidades de lucha contra la droga y el crimen organizado, ya implantadas en Pontevedra, como el GRECO Galicia y la UDYCO, o la Brigada de Extranjería en relación con la inmigración
ilegal.
De suma importancia resultaría la implantación de la UPR en Pontevedra como refuerzo, en determinados momentos, a otras Comisarías de la zona norte de la provincia de Pontevedra, como Marín y Vilagarcía, ya por sí muy disminuidas de
personal. Ni que decir tiene su reacción e intervención ante hechos imprevistos de suma gravedad, atentados o amenazas terroristas o ante catástrofes públicas.
No se puede obviar la utilidad de este tipo de Unidades en la labor preventiva ante determinadas actividades delictivas y actuación en puntos negros, como el tráfico de drogas (trapicheo), armas blancas, identificación de sospechosos o
reclamados por la justicia, vehículos robados, intervenciones en inmediaciones colegios, etc.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear una Unidad de Prevención y Reacción en la Comisaría de Policía de Pontevedra.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2020.-María Pilar Ramallo Vázquez, Diego Gago Bugarín, Javier Bas Corugeira, Ana Belén Vázquez Blanco y Ana María Pastor Julián, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos,
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000122
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación de una USECIC en la
Comandancia de la Guardia Civil de Ourense, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La Unidad de Seguridad Ciudadana, es la Unidad básica de despliegue de la Guardia Civil en el territorio y la que recoge los objetivos genéricos que tiene encomendado el Cuerpo, como la prevención de la delincuencia y el mantenimiento y
restablecimiento de la seguridad y el orden público en su ámbito.
En las Unidades territoriales de Seguridad Ciudadana recae la responsabilidad de la prevención, de la investigación de gran parte de las infracciones penales y de la atención y asistencia próxima al ciudadano. Tienen como misión proteger el
libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos mediante la prevención y primera investigación de las conductas delictivas, así como el auxilio y atención a los requerimientos de la población las 24 horas del día, durante todos los
días del año.
Las Unidades de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, se conciben como Unidades creadas en las cabeceras de las Comandancias de la Guardia Civil con la especialidad de seguridad ciudadana, realizando controles de carácter antiterrorista,
de identificación de personas y vehículos, prestando apoyo a las compañías de toda la provincia.
Es un grupo multifunción que además de lo anteriormente mencionado dan apoyo al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) para la prevención de incendios forestales, un servicio de crucial importancia en la provincia de Ourense, que
año tras año sufre la barbarie de los incendios y que con la creación de esta Unidad se vería reforzada la prevención.
Al mismo tiempo, es importante la creación de esta Unidad por ser la provincia de Ourense fronteriza con Portugal y que reforzaría aquellas zonas fronterizas en las que hay Cuarteles con un número escaso de Agentes de la Guardia Civil.
Por último, la provincia de Ourense concentra el 70 % de su población en el rural lo que también hace necesaria y urgente la creación de la USECIC que reforzaría la seguridad en zonas de escasa población. El Gobierno del Partido Popular
estaba realizando ya los estudios procedentes sobre la creación de esta Unidad y la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Guardia Civil en la provincia de Ourense con la finalidad de cubrir dichos puestos, comprobando que
resultaba posible y además necesaria su creación. Al mismo tiempo que solicitada por todas las Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil en Ourense.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la creación de una Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil en la Comandancia de Ourense.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2020.-Ana Belén Vázquez Blanco y Celso Luis Delgado Arce, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000124
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el estado de tramitación de las ayudas dispuestas en el
Real Decreto Ley 11/2019, por los daños ocasionados por la DANA en septiembre del pasado año, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El pasado mes de septiembre, entre los días 12 a 16, alcanzaba la península ibérica desde el Mediterráneo una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), de efectos devastadores sobre bienes y personas, con el resultado de seis personas
muertas en las provincias de Alicante (dos), Granada (una), Almería (una) y Albacete (dos), y numerosísimos daños materiales en bienes así como pérdidas económicas de elevada cuantía en todos los sectores afectados. Se dictaba así, con fecha 20 de
septiembre 2019, el Real Decreto Ley 11/2019, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, referidos a los ocasionados por diferentes episodios desde el 1 de abril.
El Gobierno de España, en la comparecencia de su Portavoz Isabel Celaá, valoró el total de medidas previstas en 774 millones de euros, tras declararse 'zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil' las provincias de
Albacete, Alicante, Valencia, Almería, Málaga y Granada, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Comunidad Autónoma de Illes Balears y la Comunidad de Madrid, por los graves sucesos ya referidos del mes de septiembre del año 2019.
Los daños han sido especialmente graves en el sector de la agricultura y la ganadería en las provincias del sureste español. Actualmente, pese a la 'urgencia' declarada de las ayudas previstas, las mismas no se han hecho efectivas a sus
posibles perceptores, como han denunciado públicamente asociaciones agrarias.
Desde Ciudadanos se puso inmediatamente de manifiesto, tras la publicación del RDL de referencia, la insuficiencia de las medidas, así como lo escaso de su cobertura. De hecho, en el caso de las ayudas a producciones agrícolas, la exigencia
de que los perjudicados acreditaran tener en vigor póliza de seguro agrario ha venido a dejar fuera de cualquier tipo de ayuda, por ejemplo, a más del 90 % de los productores de hortalizas afectados, cuando la gravedad y lo extraordinario de lo
sucedido debiera hacer ampliar y extender la cobertura de la atención del Gobierno de España a quienes por causa fundamentalmente de su alto coste hubieron de prescindir de pólizas de seguro agrario sobre sus producciones.
En este sentido, entidades como la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), entre otras, han reclamado una ampliación de las ayudas a productores del sector agrícola y ganadero no cubiertos con póliza de seguro, o en cuanto a
daños inicialmente no indemnizables por los seguros de que se dispusiese.
Igualmente, y en general, se denunció por Ciudadanos la falta de ayudas en forma de exenciones o bonificaciones de tributos locales como el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) o el Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM), cuando muchos afectados, precisamente sufrieron daños en inmuebles y vehículos, debiendo actualmente bien abonar a los ayuntamientos el preceptivo impuesto para proceder a reparaciones y reformas de los primeros, o igualmente abonar
el impuesto de los segundos a pesar de quedar inutilizados totalmente por las inundaciones. Diversas iniciativas a nivel local en municipios de la comarca alicantina de la Vega Baja, mediante mociones aprobadas por los respectivos Plenos, incidían
precisamente en esas fechas en reclamar una ampliación de las ayudas inicialmente previstas en tales supuestos.
Por todo lo anterior, puede concluirse que la sensación entre los afectados, y así se ha puesto de manifiesto en las últimas semanas, es que las ayudas, pese a ser 'urgentes', son escasas y, lo que es más grave, siguen sin llegarles.
Por parte de la Diputación Provincial de Alicante incluso se previó la disposición de fondos para completar las ayudas estatales, sometiéndose ésta al plan del Estado a presentar por el Gobierno, a fin de agilizar su tramitación. Sin
embargo, la falta de desarrollo del procedimiento por parte del Gobierno central para la percepción de las ayudas ha ocasionado un bloqueo de facto de los fondos previstos por la propia Diputación Provincial de Alicante.
Por todo ello, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Agilizar urgentemente los trámites de concesión de ayudas previsto en el RDL 11/2019, a fin de garantizar su pronta recepción por los afectados,
2. Ampliar el catálogo de ayudas previsto inicialmente en el RDL 11/2019 para los afectados, y en concreto, al menos, para la cobertura de los daños sufridos por productores del sector agrícola y ganadero aun sin seguro agrario, o a
afectados en general mediante exención y/o bonificación de otros tributos locales más allá de los originalmente previstos, tales como el ICIO o el IVTM.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2020.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000129
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los daños producidos por
el temporal Gloria en la Comunidad de Aragón, para su debate en Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Desde el pasado lunes día 20 de enero de 2020, el temporal 'Gloria' azota a gran parte de la geografía española produciendo daños de grandes magnitudes en los territorios afectados.
Un temporal de carácter extraordinario que ha dejado multitud de pueblos incomunicados, sin accesos, derrumbes de torres eléctricas dejando sin electricidad a multitud de personas en sus casas e industrias, afectando a servicios básicos para
la población. Derrumbe de naves industriales, hundimiento de tejados de casas particulares, desprendimiento de carreteras, deslizamiento de laderas, etc...
En definitiva, una situación muy grave que ha provocado grandes daños materiales produciendo grandes pérdidas económicas y patrimoniales.
El 23 de enero, el Presidente Sánchez en declaraciones a los medios de televisión afirmó que iban a crear una línea de ayudas, subvenciones e indemnizaciones para paliar los daños materiales producidos. En sus afirmaciones concretó que este
tipo de ayudas iban a estar dirigidas exclusivamente para las comunidades de Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Comunidad de Murcia y Andalucía.
En tales afirmaciones obvia nombrar a la Comunidad de Aragón, siendo las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel muy afectadas por el temporal.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Que incluya a la Comunidad de Aragón en la línea de ayudas anunciadas como comunidad damnificada por el temporal 'Gloria'.
- La línea de ayudas sea implantada y llegue a la mayor brevedad a todos los damnificados a la mayor urgencia para paliar los grandes desperfectos sufridos en las infraestructuras por este temporal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2020.-José Alberto Herrero Bono, Mario Garcés Sanagustín, Eloy Suárez Lamata y Pedro Navarro López, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
161/000134
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los daños producidos por
la borrasca Gloria entre los días 19 y 23 de enero de 2020, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El día 17 de enero la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) bautizaba con el nombre de Gloria la primera borrasca del año 2020. Gloria se convertía en la séptima borrasca con gran impacto de la temporada 2019-2020, tras Amelie, Bernardo,
Cecilia, Daniel, Elsa o Fabien.
Las previsiones de fuerte viento, intensa lluvia, copiosas nevadas y fenómenos costeros adversos durante los días siguientes y afectando a gran parte de la península, obligaron a activar los avisos de
alerta roja en varias regiones del arco mediterráneo, así como el aviso naranja y amarillo para gran número de provincias.
Desgraciadamente, las previsiones se han ido cumpliendo, incluso han sido superadas entre los días 19 y 23 de enero, sin descartar las reactivaciones puntualmente fuertes en algunas zonas durante los días siguientes.
Gloria ha batido récords históricos de oleaje, rachas de viento y precipitaciones. Ha provocado la pérdida de, al menos, diez vidas humanas, heridos y varios desaparecidos.
El temporal ha causado numerosos estragos en el litoral mediterráneo destrozando playas, provocando inundaciones costeras, la crecida de los caudales de los ríos y arroyos y el cierre de varias instalaciones portuarias. Además la lluvia, la
nieve y el viento en zonas más interiores provocaron incidentes en la actividad cotidiana: clases suspendidas, carreteras cortadas, retrasos e interrupciones en la circulación ferroviarias o vuelos desviados.
En definitiva, el temporal invernal, catalogado por algunos como uno de los peores del último siglo, deja un paraje desolador, con innumerables daños materiales, destrozos en infraestructuras, cortes en el suministro eléctrico, pérdidas en
las producciones agrarias, desprendimientos y árboles caídos, numerosas inundaciones y pendientes de evaluar el impacto de aludes y la crecida de los ríos por deshielo y las lluvias.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, a la mayor brevedad posible, el informe sobre los daños producidos por el temporal invernal de la borrasca Gloria, entre los días 19 y 23 de enero de 2020, determinando y cuantificando el alcance real de los mismos.
2. Analizar la posibilidad de declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, en los municipios y comarcas afectados.
3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños
provocados por las inundaciones, aplicando el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, según lo establecido en el artículo
1.3 del mismo, y en concreto:
- Conceder ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.
- Realizar la compensación a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.
- Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios o de bienes.
- Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.
- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas y ganaderas y forestales.
- Aplicar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.
4. Que el Gobierno comunique a los ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas, de cara a las previsiones presupuestarias municipales para el próximo ejercicio.
5. Activar, en cualquier caso, las ayudas para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, acorde a las características y necesidades del acontecimiento.
6. Afrontar la recuperación y restauración de los impactos sobre las zonas costeras dañadas.
7. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.
8. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2020.-Mario Garcés Sanagustín, Diputado.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000138
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los daños ocasionados por la borrasca 'Gloria',
para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El paso de la borrasca 'Gloria' que ha azotado durante la última semana el este de la Península Ibérica, con especial incidencia en las costas del litoral mediterráneo, ha dejado tras de sí un balance devastador, con más de la mitad de los
municipios catalanes afectados y más de 200 municipios en la Comunidad Valenciana, entre otros muchos afectados también en Aragón, Murcia y Andalucía.
Con este temporal se han llegado a acumular hasta 800 l/m2, vientos con rachas de hasta 180 km/h, nieve que ha llegado a alcanzar los 90 centímetros de espesor, granizadas y olas que han superado los 10 metros de altura.
Doce personas han perdido la vida y cuatro están desaparecidas tras el paso de la tormenta Gloria por el este de España entre el domingo y el jueves de la semana pasada. Las pérdidas alcanzan cifras millonarias en sectores estratégicos como
el de la agricultura y el turismo de nuestras zonas costeras. El temporal marítimo ha sido de tal intensidad que ha dañado gravemente numerosas construcciones y edificaciones en todo el litoral, ha hecho desaparecer playas y paseos marítimos de
nuestras costas y ha afectado a innumerables infraestructuras que se han visto seriamente dañadas.
Nuestros principales destinos turísticos de playa se han visto afectados sufriendo gravísimos daños de incalculables consecuencias económicas. Las pérdidas a consecuencia del temporal 'Gloria' se acumulan a escasos dos meses de la Semana
Santa, fecha que marcará el inicio de la actividad turística de 2020. Por este motivo, resulta necesario y urgente una respuesta inmediata y coordinada desde todas las administraciones públicas para restaurar los daños producidos en nuestras
costas.
De igual forma, los daños en el campo han sido generalizados debido al viento y al granizo, afectando a los cultivos y a las infraestructuras agrarias con distinta intensidad, pero causando también pérdidas millonarias en todo el este
peninsular. El cultivo de cítricos, en su segunda parte de la campaña, es el más afectado. La misma suerte han sufrido los cultivos de hortalizas de invierno acabadas de plantar. Las principales pérdidas en las infraestructuras agrarias se
localizan en invernaderos, caminos, sistemas de riego, rotura de naves, granjas, márgenes o mataderos.
En resumen, numerosos incidentes de cuantía incalculable que han provocado la alteración de la actividad cotidiana de los vecinos de las zonas afectadas con la supresión de la actividad escolar, rescates, desalojos, cortes de carreteras,
interrupción del servicio ferroviario, el desbordamiento de ramblas, arroyos y ríos que han anegado calles y tierras de cultivo, o el fuerte oleaje que obligó al cierre de los puertos comerciales.
Lamentablemente, el temporal 'Gloria' no ha sido el único que ha azotado nuestro país en los últimos meses. Es el cambio climático, según los expertos, el responsable de que se originen estos temporales que devastan todo a su paso: el
Temporal Dana (septiembre 2019), el Temporal Elsa (diciembre 2019) y Temporal Gloria (enero 2020).
Desde Ciudadanos creemos que, aunque estos fenómenos son naturales y por ello poco predecibles y controlables, las diferentes administraciones e instituciones de nuestro país deben implantar medidas preventivas de mantenimiento dirigidas a
que tanto las ciudades como las zonas rurales estén preparadas para la llegada de estos temporales.
Todas las medidas de prevención que se implanten, no solo harán que no sean tan graves sus efectos, sino que influirán en la creación de empleo directo en zonas rurales, ayudando a reducir las tasas de paro, y ayudará a la fijación del
territorio en zonas donde existan problemas de despoblación.
Entre estas medidas, que dependen de diferentes administraciones, creemos que son muy importantes, y las mínimas imprescindibles:
1. La limpieza y adecuación de los cauces fluviales que evite desbordamientos futuros como los que suceden cada año. Con actuaciones constantes en épocas de tranquilidad climática. Son las Confederaciones Hidrológicas, dependientes del
Ministerio de Transición Ecológica (MUECO), fas que tienen la obligación de realizar estas labores de mantenimiento.
2. Protección de entornos urbanos afectados por su proximidad a los cauces para evitar que riadas o desbordes afecten a los hogares y los destrocen, así como mantenimiento preventivo del alcantarillado de las localidades cercanas por parte
de sus ayuntamientos.
La falta de limpieza y adecuación de los cauces fluviales y de las infraestructuras relacionadas provocan numerosos desbordamientos de los cauces de los ríos de las zonas afectadas, que a su vez provocan inundaciones de tierras y pérdida de
cosechas y graves daños a infraestructuras y otros bienes, a causa de roturas de muros de contención dispuestos, precisamente, para evitar esos desbordamientos.
Son muchas las cuencas que necesitan obras de infraestructura para evitar o paliar daños en caso de crecida de los ríos, mediante las soluciones técnicas que deban analizarse y abordarse y que resulten las más eficientes, bien mediante el
dragado y/o ampliación de dichos cauces, bien mediante el desvío del propio cauce en determinados puntos de su recorrido.
Las asociaciones agrarias españolas han reclamado en numerosas ocasiones a los ministerios correspondientes que las Confederaciones Hidrográficas que cumplan con sus obligaciones de mantenimiento de los cauces y de las infraestructuras
hidráulicas, pero como hemos comprobado una y otra vez en los últimos años con los distintos temporales que ha sufrido España, las actuaciones son muy deficientes y, en muchos lugares, inexistentes.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Determinar y cuantificar, a la mayor brevedad posible, el alcance real de los daños causados por las lluvias, nevadas, granizo, vientos, tormentas, temporal marítimo e inundaciones sucedidas en todas las zonas afectadas por el temporal
'Gloria'.
2. Declarar las áreas afectadas como Zona Gravemente Afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo previsto en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
3. Conforme al artículo 24 de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, adoptar todas las medidas necesarias para la compensación de daños a las personas y propiedades en las zonas decretadas como afectadas gravemente por una
emergencia de Protección Civil.
4. Elaborar y ejecutar de forma inmediata un plan de recuperación urgente de playas, así como de infraestructuras accesorias, para que se encuentren en pleno rendimiento en la próxima campaña turística de Semana Santa 2020.
5. Habilitar todos los recursos necesarios para la reparación de las infraestructuras viarias (carreteras, puentes, ...) y ferroviarias afectadas.
6. Facilitar a los ayuntamientos y vecinos afectados el apoyo necesario e imprescindible para la tramitación de ayudas, partes de daños y seguros con el fin de recibirlos con la mayor rapidez.
7. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una Comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.
8. Realizar la evaluación correspondiente de la habitabilidad de los edificios de las zonas afectadas, proporcionando igualmente recursos necesarios para ofrecer temporalmente alternativas habitacionales a las familias que hayan perdido su
vivienda.
9. Realizar una labor de coordinación con el resto de Administraciones implicadas para cooperar tanto en la prevención de futuros daños como la mitigación de los efectos de los temporales que está afectando a determinadas zonas de nuestro
país.
10. Adoptar y cumplir medidas concretas para asegurar un debido mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas vinculadas a los cauces de los ríos españoles en momentos de tranquilidad climática a fin de evitar o paliar lo máximo posible
los daños producidos tras los temporales.
11. Ejecutar las obras de infraestructura hidráulicas necesarias en las diferentes zonas fluviales de nuestro país, a fin de evitar o paliar lo máximo posible los daños producidos tras los temporales.
12. Elaborar planes formativos para las FCSE y las Policías Locales para lograr establecer operativos rápidos y efectivos en el tratamiento y actuaciones en estas catástrofes y lograr así una efectiva coordinación a través de un Plan
Integral que incluya a la Unidad Militar de Emergencias, indicativos de Protección Civil, bomberos y servicios sanitarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2020.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000139
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mantener la Guardia Civil en
todas las regiones y pueblos de España, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El día 13 de mayo de 1844, por Real Decreto de S.M La Reina Isabel II, se fundó la Guardia Civil. 0 año 2019 se han cumplido 175 años de historia desde su fundación en los que han sido innumerables y extraordinarios los servicios prestados
a nuestra sociedad. No en vano, gracias a la entrega de los guardias civiles, mediante Real Decreto de 4 de octubre de 1929, se le concedió a la Guardia Civil la Gran Cruz de la Beneficencia, consolidando el título de BENEMÉRITA, que desde su
fundación se había ganado gracias a sus numerosos servicios de auxilio y ayuda a la población en toda clase de catástrofes y desgracias.
Desde su creación, sus hombres, y desde hace treinta años sus mujeres, han sido garantes de la seguridad pública, protegiendo nuestros caminos y carreteras, pueblos y ciudades, nuestro mar territorial, permitiendo, en fin, que los ciudadanos
podamos ejercer nuestros derechos y libertades con paz y seguridad. Es por eso necesario dar reconocimiento desde las instituciones a la gran labor que realizan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en todo el territorio, exigiendo para
ellos las dotaciones y los medios que garanticen la eficacia de su labor.
La Guardia Civil, los guardias civiles, son depositarios de valores que quizás en nuestros días podríamos pensar que están en retroceso e incluso en desuso pero que, sin embargo, ellos cultivan cada día como una parte fundamental de su
acervo: el honor, su principal divisa, que preservan como el mayor tesoro de su profesionalidad, porque una vez perdido, no se recupera jamás. La lealtad, la disciplina, la entrega y el sacrificio, entregando si fuera necesario, hasta la última
gota de su sangre por los demás, como han demostrado en miles de ocasiones a lo largo de su historia. Valores que han hecho que la Guardia Civil sea la Institución más valorada por el conjunto de nuestra sociedad y un cuerpo policial eficaz y de
referencia en todos los órdenes a nivel internacional. Sus hombres y mujeres contribuyen hoy en España a garantizar nuestra libertad, nuestra seguridad y el ejercicio de los derechos constitucionales que como ciudadanos nos corresponden.
La Guardia Civil ejerce sus misiones y funciones a través de diferentes Unidades y especialidades, siendo todas ellas necesarias para el eficaz desarrollo de sus cometidos en su conjunto y en armonía y colaboración con otros cuerpos
policiales y el resto de Unidades de la Guardia Civil de España, así como en eficaz colaboración con los cuerpos policiales de nuestros países vecinos Portugal y Francia.
El Gobierno debe defender la presencia de la Guardia Civil, uno de los cuerpos policiales más preparados y modernos del mundo y que cumple con honor la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la
seguridad en nuestras calles, carreteras, caminos, pueblos y costas, de ahí la necesidad de apoyar su permanencia en todos los pueblos y regiones de España y especialmente
en la España Rural pues su conocimiento del terreno y de la sociedad de la que forman parte es el mejor exponente para garantizar la seguridad en estas zonas despobladas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Apoyar y reconocer la labor que realiza la Guardia Civil, comprometiéndose a mantener su presencia en todas las Comunidades Autónomas y apoyar especialmente su permanencia en la España rural, dotándola de más medios personales y materiales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2020.-Isabel María Borrego Cortés, Carlos Rojas García y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/000143
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para declarar profesión de riesgo a
los policías locales y su inclusión en el Real Decreto 1087/2015, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El reciente Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales al servicio de las entidades que integran la Administración Local, ha supuesto
un paso adelante en el reconocimiento y equiparación de los policías locales con otros colectivos integrados en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como muestran los indicativos por las funciones que realizan y las situaciones a las que
diariamente se enfrentan.
Pese a que ese paso es importante, consideramos que no solo les corresponde la aplicación de unos coeficientes reductores para adelantar la edad de su jubilación, sino que debemos considerar a este colectivo como ejerciente de una profesión
de riesgo, por lo que creemos que es de justicia eliminar esta discriminación e incluir al colectivo con el resto de policías del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil y Policías Autonómicos, e incluirles en el Real Decreto 108712015, de 4 de
diciembre, sobre procedimiento, condiciones y alcance del reconocimiento de las prestaciones de incapacidad permanente y muerte y supervivencia para el personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado derivado de su
inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social.
El servicio que presta el Cuerpo de Policía Local, como el resto de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, es fundamental en nuestra democracia para garantizar la convivencia en libertad, que los ciudadanos podamos ejercer nuestros
derechos y libertades con paz y seguridad, debiendo enfrentarse en numerosas ocasiones a situaciones que entrañan el mismo grado de peligrosidad y penosidad que el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Igualmente, hay que tener en cuenta la degradación en las condiciones de calidad de vida y trabajo que sufren como consecuencia del envejecimiento de las plantillas, lo que conlleva el paulatino deterioro del operativo en los Cuerpos de
Policía Local, y, por ende, de la eficacia de los servicios públicos de seguridad que se les tiene encomendados.
Esa peligrosidad y penosidad en el desarrollo de la labor de los policías son dos factores determinantes en el importante incremento del número de accidentes laborales que sufren, que derivan en muchos casos en incapacidades totales que
impiden el desarrollo de la labor policial y que suponen el reconocimiento de una pensión solo del 55 %, lo que aboca al policía local que sufre este tipo de situación a un evidente desamparo económico.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a declarar profesión de riesgo a la Policía Local y su inclusión en el Real Decreto 1087/2015, de 4 de diciembre, sobre procedimiento, condiciones y alcance del reconocimiento de las
prestaciones de incapacidad permanente y muerte y supervivencia para el personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, derivado de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2020.-Isabel María Borrego Cortés, Carlos Rojas García y Ana Belén Vázquez Blanco, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/000144
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la creación de la Unidad
de Prevención y Reacción en la Comisaria de la Policía Nacional de Lugo, para su debate en la Comisión de interior.
Exposición de motivos
Lugo viene padeciendo un grave problema de falta de efectivos en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que podría paliarse parcialmente con la creación de, al menos, una Unidad de Prevención y Reacción (UPR), que son unidades de
intervención rápida para apoyo en cuestiones relacionadas con la seguridad ciudadana. Las Unidades de Prevención y Reacción se conciben como Unidades destinadas a la prevención, mantenimiento y, en su caso, restablecimiento del orden público y la
seguridad ciudadana, dotadas de una estructura prefijada y medios suficientes para acometer con solvencia las funciones específicas que le son propias.
Estas Unidades se emplearán prioritariamente cuando sea precisa la intervención de Unidades de sus características, adecuadamente estructuradas y dotadas de una notable capacidad operativa. Sus funciones fundamentales consisten en
dispositivos especiales de prevención de la delincuencia; mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana; apoyo a otras Unidades, Servicios o Instituciones, en dispositivos puntuales: reacción e intervención ante cualquier situación que
requiera una actuación inmediata, etc.
Estimamos necesaria una U.P.R. en Lugo por ser una ciudad donde es necesario y urgente establecer las actuaciones a que se refieren muchas de las funciones enumeradas. También porque en Lugo no se establecen controles habituales por
carecer de este tipo de Unidades. Y los que se están haciendo los realizan unos pocos efectivos y sin los medios adecuados.
Igualmente cabe destacar que no existe en Lugo una Unidad que pueda hacer frente, con la dotación de medios humanos y materiales, y con la preparación técnica adecuada, a grandes concentraciones o manifestaciones por lo que hay que utilizar
unidades de otras plantillas. Lo mismo ocurre con los dispositivos de seguridad en espectáculos públicos, deportivos, eventos sociales o concentraciones de masas en general, como suelen ser frecuentes en festividades locales de gran afluencia de
publico, citando a modo de ejemplo el Arde Lucus o las festividades de San Froilán.
Es de destacar la utilidad de las UPR para colaborar con otras unidades policiales, algunas ya implantadas en Lugo, como la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Lugo en relación con la inmigración ilegal.
De suma importancia resultaría la implantación de la UPR en Lugo como refuerzo, en determinados momentos, a otras Comisarías de la provincia de Lugo, como Viveiro y Monforte, ya por sí muy disminuidas de personal. Ni que decir tiene su
reacción e intervención ante hechos imprevistos de suma gravedad, atentados o amenazas terroristas o ante catástrofes públicas.
No se puede obviar la utilidad de este tipo de Unidades en la labor preventiva ante determinadas actividades delictivas y actuación en puntos negros, como el tráfico de drogas (trapicheo), armas blancas, identificación de sospechosos o
reclamados por la justicia, vehículos robados, intervenciones en inmediaciones colegios, etc.
Finalmente destacar que esta demanda no solo la hemos planteado desde el Partido Popular, sino que también han sido muchas las voces de sindicatos policiales o de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Provincia de Lugo las que se
han sumado a reclamar la creación de al menos una de estas unidades en la provincia, entendiendo que debería ser en una primera instancia en la capital, Lugo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear una Unidad de Prevención y Reacción en la Comisaría de Policía de Lugo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2020.-Joaquín María García Díez y Jaime Eduardo de Olano Vela, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000149
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los daños producidos por
la borrasca Gloria en la provincia de Málaga, entre los días 24 y 25 de enero de 2020, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
El día 17 de enero la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) bautizaba con el nombre de Gloria la primera borrasca del año 2020. Gloria se convertía en la séptima borrasca con gran impacto de la temporada 2019-2020, tras Amelie, Bernardo,
Cecilia, Daniel, Elsa o Fabien.
Las previsiones de fuerte viento, intensa lluvia, copiosas nevadas y fenómenos costeros adversos durante los días siguientes y afectando a gran parte de la península, obligaron a activar los avisos de alerta roja en varias regiones del arco
mediterráneo, así como el aviso naranja y amarillo para gran número de provincias.
Desgraciadamente, las previsiones se han ido cumpliendo, incluso han sido superadas entre los días 19 y 25 de enero, sin descartar las reactivaciones puntualmente fuertes en algunas zonas durante los días siguientes.
Gloria ha batido récords históricos de oleaje, rachas de viento y precipitaciones. Ha provocado la pérdida de, al menos, diez vidas humanas, heridos y varios desaparecidos.
El temporal ha causado numerosos estragos en el litoral mediterráneo destrozando playas, provocando inundaciones costeras, la crecida de los caudales de los ríos y arroyos y el cierre de varias instalaciones portuarias. Además la lluvia, la
nieve y el viento en zonas más interiores provocaron incidentes en la actividad cotidiana: clases suspendidas, carreteras cortadas, retrasos e interrupciones en la circulación ferroviarias o vuelos desviados.
En definitiva, el temporal invernal, catalogado por algunos como uno de los peores del último siglo, deja un paraje desolador, con innumerables daños materiales, destrozos en infraestructuras, cortes en el suministro eléctrico, árboles
caídos, numerosas inundaciones y la crecida de los ríos por las lluvias.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, a la mayor brevedad posible, el informe sobre los daños producidos por el temporal invernal de la borrasca Gloría, entre los días 24 y 25 de enero de 2020, determinando y cuantificando el alcance real de los mismos.
2. Analizar la posibilidad de declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, en los municipios y comarcas afectados
de la provincia de Málaga, especialmente en la barriada de Campanillas de la capital malagueña, al ser una de las más afectadas por las inundaciones.
3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños
provocados por las inundaciones, aplicando el Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, según lo establecido en el artículo
1.3 del mismo, y en concreto:
- Conceder ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.
- Realizar la compensación a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.
- Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal de servicios o de bienes.
- Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria provincial.
- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en producciones agrícolas y ganaderas y forestales.
- Aplicar medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.
4. Que el Gobierno comunique a los ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas, de cara a las previsiones presupuestarias municipales para el próximo ejercicio.
5. Activar, en cualquier caso, las ayudas para situaciones no declaradas como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, acorde a las características y necesidades del acontecimiento.
6. Afrontar la recuperación y restauración de los impactos sobre las zonas costeras dañadas.
7. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.
8. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2020.-Pablo Montesinos Aguayo, Carolina España Reina y Mario Cortés Carballo, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000159
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para prohibir los homenajes a terroristas así como
cualquier acto de enaltecimiento del terrorismo y para aumentar la pena de inhabilitación a los condenados por delitos de esta naturaleza, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Con demasiada frecuencia se celebran en España homenajes a terroristas condenados que, a mayor abundamiento, nunca han pedido perdón ni han dado muestras de arrepentimiento. Antes al contrario, se
lanzan impunemente al enaltecimiento de sus delitos, que son presentados ante la ciudadanía como actos heroicos a los que procede prestar respeto y reconocimiento social.
Sin perjuicio de lo atroz e intolerable que resulta este comportamiento desde el punto de vista ético, así como del hecho de que estos terribles actos conduzcan a una división social irreconciliable, es preciso tomar en consideración que los
responsables de tan cobardes y crueles delitos son criminales que, sin embargo, en muchos casos, después de cumplir su pena tienen acceso a la representación pública. Qué duda cabe de que, si para el ciudadano común ya resulta inexplicable, para
las víctimas de terrorismo, que son obligadas a ver cómo criminales condenados ostentan cargos públicos en instituciones mientras en ellos siguen peleando hacer justicia, es absolutamente descorazonador.
La Eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa ha trasladado a la Comisión Europea una iniciativa con el objetivo de armonizar a nivel jurídico europeo las penas relativas a la inhabilitación para cargo público. Hay que recordar que la
Unión Europea es competente para la armonización de las cuestiones relativas a los delitos de terrorismo, también y especialmente en materia de tipos penales y sanciones que se derivan. Es la Directiva 2017/541, de 15 de marzo de 2017, permitía la
armonización en este sentido.
Conviene tomar en consideración que el tipo de delitos de los que hablamos son de especial gravedad, por lo que una sanción de inhabilitación resulta acorde con dicha gravedad y proporcional a la naturaleza, bien jurídico protegido y
circunstancias de aquellos. Cabe recordar, además, que la finalidad de la pena de inhabilitación es evitar que el condenado pueda integrarse en las estructuras 'políticas, constitucionales, económicos o sociales' que pretendía desestabilizar o
destruir con los actos por los que ha sido condenado, algo que sí ocurre con la legislación actual.
El objetivo de esta iniciativa es, por tanto, doble; por una parte, impedir que una persona condenada por delitos de terrorismo utilice la función pública para obtener los fines que en su día buscó con la acción terrorista y, por otra,
evitar que las víctimas de esos delitos sufran una victimización secundaria por la acción directa de los victimarios instalados en las administraciones públicas.
Hay que tener en cuenta que los delitos vinculados con terrorismo tienen muchas especificidades. Una de ellas es precisamente la búsqueda de propaganda por quienes los cometen. Estas personas quieren imponer sus creencias a todo el
conjunto de la sociedad, doblegar un espacio democrático y de derecho libre y eliminar la libertad de conciencia. Es necesario para resguardar el bien jurídico del Estado de Derecho democrático y de la libertad de conciencia que personas vinculadas
con graves delitos de terrorismo sean inhabilitadas para la función pública. De lo contrario, los poderes públicos estaríamos dando un ejemplo muy equivocado e injusto a la sociedad, en tanto en cuanto terroristas no reinsertados seguirían
utilizando los mecanismos del sistema para su propaganda y objetivos de control social.
La actualidad de los homenajes a terroristas se pone de manifiesto de forma cotidiana. No en vano un Magistrado de la Audiencia Nacional ha ordenado la detención de varias personas por presuntos hechos relacionados con la apología del
terrorismo en actos y homenajes que provocan un inmenso dolor a las víctimas. Y estas no solo tienen que cruzarse con ellos sino también ver cómo el dinero de sus impuestos va directamente a los bolsillos de criminales que tanto dolor les han
provocado.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Proposición no de Ley
1. Impulsar una reforma del Código Penal al objeto de aumentar las penas de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos para los condenados por delitos de terrorismo y enaltecimiento de estos delitos.
2. Habida cuenta de su intención de revisar a la baja las penas establecidas para determinados delitos contra la Constitución, como los de rebelión o sedición, tomar las medidas necesarias para prevenir e impedir los homenajes a los
terroristas a través de los dispositivos necesarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2020.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000169
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la declaración del municipio de
Sant Antoni de Portmany (Ibiza) como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, de acuerdo con la ley 17/2015 de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El pasado día 22 de octubre de 2019 en el término municipal de Sant Antoni de Portmany (Ibiza), se registró un episodio de viento intenso que llegó a alcanzar una fuerza de 120 kilómetros por hora, acompañado de lluvias, que provocaron
importantes daños materiales en el entorno afectado.
Tras una inspección aérea, la Consejería de Medio Ambiente del Govern de les Illes Balears calcula que la afectación del fenómeno alcanzó entre 250 y 300 hectáreas de áreas forestal y derribó o dañó a un volumen aproximado de cien mil pinos.
Asimismo, se registraron importantes daños en cultivos agrícolas, principalmente almendros y algarrobos. Superaron el centenar las parcelas de terreno y viviendas afectadas en sus estructuras y en sus vallados perimetrales por el derrumbe de pinos.
Más de una veintena de vehículos resultaron también dañados.
Por otra parte, ha resultado dañada una serie de infraestructuras públicas que se han dejado de proporcionar servicios a los usuarios debido al grave deterioro de sus elementos estructurales. Es el caso del Polideportivo 'Can Coix', cuya
cubierta es necesario sustituir, así como la superficie de parqué de la pista polideportiva que resultó gravemente afectada por el agua que penetró en el interior del recinto. Además de esto, han quedado totalmente inutilizadas dos pistas de pádel
anexas al recinto polideportivo. En este mismo sentido, cabe destacar también los daños provocados en dos colegios de primaria, un colegio infantil, mobiliario urbano señales de tráfico, contenedores de residuos, elementos de jardinería y líneas de
baja tensión.
El artículo 23 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, regula el procedimiento de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, y prevé que la declaración mencionada, que corresponde al
Consejo de Ministros, la puedan solicitar las Administraciones Públicas interesadas. Del mismo modo, del apartado 2 del artículo 23, en relación con el apartado 2 del artículo 20, se desprende que corresponde dictar esta declaración, en todo caso,
cuando se produzcan daños personales o materiales derivados de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada y la magnitud del cual requiera la intervención del Estado, por medio de
las medidas de recuperación correspondientes, con objeto de restablecer la normalidad de la zona siniestrada.
Con fecha 25 de octubre de 2019, el Consejo de Gobierno del Govern de les Illes Balears adoptó un acuerdo a través del cual se instaba al Consejo de Ministros a que declarase el territorio de Sant Antoni de Portmany (Ibiza) zona afectada
gravemente por una emergencia de protección civil, y que la declaración incluyera todas las ayudas y las medidas económicas que prevé la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. En el mismo sentido, con fecha 31 de
octubre de 2019, el Pleno del Ayuntamiento de Sant Antonio de Portmany (Ibiza) se dirigió al Consejo de Ministros.
La valoración de los daños sufridos supera ampliamente la cantidad de siete millones de euros, todo ello según el informe que debidamente se presentó en la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Ibiza para su traslado
al Ministerio del Interior a efectos de valoración de cara a una eventual declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil y la ayuda económica que de esta pudiera venir asociada.
A pesar de los esfuerzos desplegados sobre el terreno, especialmente por las Administraciones locales e insulares, para recuperar la normalidad en la zona afectada quedan por cubrir las consecuencias económicas que el fenómeno meteorológico
ha provocado.
Meses después del desastre, y a pesar de las reiteradas peticiones de ayuda al Gobierno de la Nación, inexplicablemente estas siguen sin atenderse y con ello todos los afectados, instituciones públicas y propietarios particulares, no
disponen de colaboración económica alguna que permita hacer frente a los daños registrados en sus propiedades.
Sentado todo lo anterior, urge que el Gobierno acuerde atender a la mayor brevedad las peticiones del Ayuntamiento de Sant Antoni Portmany y el Gobierno de las Illes Balears remitidas pocos días después de registrarse el fenómeno
meteorológico.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1.º El Congreso de los Diputados insta a que, con carácter de urgencia, los Ministros de Hacienda, de Política Territorial y Función Pública, y del Interior y, en su caso, de los titulares de los demás ministerios concernidos, propongan al
Consejo de Ministros la declaración del municipio de Sant Antoni de Portmany como zona afectada gravemente por una emergencia, todo ello de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 17/2015, por razón de daños materiales causados por el episodio de
fuertes vientos y lluvia el día 22 de octubre de 2019.
2.º El Congreso de los Diputados insta al Consejo de Ministros a incluir en la declaración todas las ayudas y medidas económicas que prevén los artículos 21, 22, y 24 de la Ley 17/2015, en relación con la disposición adicional cuarta de esta
misma Ley y el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el cual se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión.
3.º El Congreso de los Diputados insta al Consejo de Ministros a adoptar las medidas complementarias a las indicadas en el apartado anterior que procedan para contribuir a la recuperación íntegra de los daños sufridos en el territorio del
municipio de Sant Antoni de Portmany como consecuencia del episodio de vientos y lluvia mencionado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2020.-Miguel Ángel Jerez Juan y Margarita Prohens Rigo, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000170
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el mantenimiento de las Sala del
091 de la Policía Nacional en las Comisarías de Ourense y Lugo, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
En la actualidad, las Comisarías de Ourense y Lugo cuentan con Salas del 091, en funcionamiento 24 horas al día, 365 días al año, que atienden a más de 200.000 vecinos en las ciudades de Ourense y Lugo.
Estas Salas son el órgano de coordinación operativa por excelencia, como servicio más próximo al ciudadano, que recibe los avisos de los ciudadanos y distribuye los efectivos policiales, y están dotadas de avanzados equipos de comunicaciones
y medios técnicos para afrontar con eficacia las situaciones de emergencia.
En el área de telefonía, los agentes atienden las llamadas, recogen los datos precisos y activan de forma telemática los recursos necesarios para resolver la incidencia. El tiempo medio de espera de las personas que solicitan el auxilio
policial a través del 091 hasta que su llamada es atendida se sitúa en torno a los 6 segundos.
La zona de radio es la que recibe la información del suceso a través de los operadores y se encarga de contactar con las patrullas más próximas al lugar donde se requiere la presencia de agentes con el objetivo de disminuir los tiempos de
respuesta policial.
Los operadores de la sala del 091 son los responsables de comisionar los servicios y requerimientos operativos a las unidades y dotaciones en servicio. También centralizan y dan respuesta a las peticiones y consultas a las bases de datos de
interés policial solicitadas por los agentes en servicio, y transmiten las instrucciones oportunas relativas al cumplimiento de las normas de aplicación de las órdenes judiciales de
alejamiento y protección de las víctimas de violencia de género. Además, desde este centro de operaciones se asume la coordinación operativa en caso de situaciones de riesgo inmediato, emergencias y dispositivos especiales. Tenemos
noticias a través de los Sindicatos Policiales y de los vecinos afectados de que el Gobierno pretende trasladar A Coruña las Salas del 091 de Ourense y Lugo lo cual mermaría de manera importante el movimiento y eficacia de este servicio perjudicando
la seguridad en ambas ciudades, debido a la cercanía y al conocimiento que deben tener los agentes de la zona de influencia. Siendo este un servicio que requiere de proximidad para que el tiempo de reacción sea lo más rápido posible, con un
conocimiento exacto de cada rincón de la ciudad.
Así mismo las Comisarías de Policía Nacional de Ourense y Lugo cuentan con un déficit de 49 y 41 agentes respectivamente, lo cual hace necesario y urgente cubrir el total de las plantillas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mantener las Salas del 091 de la Policía Nacional en las Comisarías de Ourense y Lugo, y así mismo aumentar los medios humanos y materiales con los que cuentan dichas Comisarías
provinciales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2020.-Jaime Eduardo de Olano Vela, Joaquín María García Díez, Ana Belén Vázquez Blanco y Celso Luis Delgado Arce, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000172
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la no utilización de la Guardia
Civil y sus familias como moneda de cambio en los pactos políticos y su no expulsión y permanencia en todo el territorio de nuestra Nación española como elemento esencial de su vertebración, para su discusión en Comisión.
Exposición de motivos
El 13 de mayo de 2019 se cumplieron 175 años desde la creación del Cuerpo de la Guardia Civil.
Hoy, más que nunca, se hace necesario recordar los motivos de su creación. Hoy, más que nunca, se hace preciso proteger la Memoria de nuestra Nación. Sobre todo, después de la ardua labor que han realizado en los últimos años para combatir
la barbarie terrorista y demostrándonos que el amor a España es mucho más fuerte que el odio de aquellos que siempre han pretendido romperla.
La Guardia Civil nació en un período de constantes motines y sublevaciones. Tras el fin de la guerra de los Siete Años (1840), España se había convertido en un territorio asolado por el bandolerismo y por la inseguridad. De ahí la
necesidad de fundar un Institución que se encargara de responder a la necesidad de sosiego de los españoles.
Puede afirmarse con rotundidad que, desde la creación del Cuerpo por el Duque de Ahumada, el orden comenzó, por fin, a imperar: los caminantes cruzaban sierras y caminos con mayor confianza, la presencia en los caminos de sus miembros eran
garantía de seguridad, los cortijos dejaron de convertirse en fortalezas cuando eran violentados por malhechores y objeto de violaciones y pillaje, y los arrieros podían seguir su monótono camino sin la intranquilidad y la desazón que antes les
acompañaba.
Fue, finalmente, el 14 de abril de 1844 cuando el Gobierno sometió a la firma de la Reina Isabel II el Decreto de creación de la Guardia Civil. En su exposición a la Reina el Ministerio en pleno hizo valer 'la imprescindible necesidad de
contar en lo sucesivo con una fuerza armada que debía proteger a las personas y a las propiedades', labor que a día de hoy siguen ejerciendo con ahínco.
En un primer momento, se contempló la creación de 14 tercios, tantos como distritos militares, formando un conjunto de 20 escuadrones y 103 compañías, pero el General Narváez decidió prestar una mayor atención a la creación del nuevo Cuerpo
y el 13 de mayo refrendaba el Real Decreto referente a la Creación y Organización de la Guardia Civil y que fue obra del Duque de Ahumada.
Don Francisco Javier Girón y Ezpelet, quinto Marqués de las Amarillas y segundo Duque de Ahumada, fue el encargado de organizar la creación del Cuerpo de la Guardia Civil en 1844 introduciendo notables y profundas mejoras en el primitivo
plan que concibió para el Instituto Armado don Facundo Infante.
El Duque de Ahumada continuó al frente del Benemérito Cuerpo hasta 1854, fecha en que triunfó el pronunciamiento de Vicálvaro donde fue sustituido en su cargo. No obstante, agradecido el Cuerpo de la Guardia Civil a quién fue su fundador,
se erigió por suscripción una estatua inaugurada en 1892 en el Colegio de Guardias Jóvenes en Valdemoro, hoy denominado Colegio de Guardias Jóvenes 'Duque de Ahumada'.
El Duque de Ahumada, a través de una Circular fechada el 16 de enero de 1845, sintetizó en un Código denominado la 'Cartilla del Guardia Civil', formado por 34 artículos, un auténtico compendio del honor y la moral que se exigía a los
miembros del Benemérito Cuerpo, y que sigue, en la actualidad, sigue plenamente vigente.
Desde su creación hasta ahora, el Cuerpo de la Guardia Civil se ha encargado de velar por la seguridad de los ciudadanos en su persona y bienes, si bien, con el enorme logro de su paulatina modernización y la adaptación del Instituto Armado
al contexto histórico de cada momento preservando los valores que siempre han distinguido al Cuerpo. Fruto de ello, es también el alto grado de especialización del Cuerpo con más de 76.000 efectivos en sus filas.
En este proceso es preciso destacar como hito fundamental la Incorporación efectiva de la mujer al Cuerpo de la Guardia Civil hace ya 31 años.
Agradeciendo su servicio a nuestra Patria, el GPVOX transmite al Instituto Armado el testimonio de su más distinguida consideración y manifiesta su voluntad y apoyo a la presencia y permanencia del Cuerpo de la Guardia Civil en todo el
territorio de nuestra Nación porque, especialmente allí donde se producen los ataques más frontales a nuestro Estado de Derecho, es constante y unánime la reivindicación de su expulsión por quienes abogan por romper España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a:
No utilizar a la Guardia Civil y a sus familias como moneda de cambio en los pactos políticos y asegurar su no expulsión y permanencia en todo el territorio de nuestra Nación española como elemento esencial de su vertebración.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2020.-Santiago Abascal Conde y Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/000173
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Ortega Smith-Molina y doña Macarena Olona Choclán, en sus respectivas condiciones de Diputado y Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la Declaración de Profesión de Riesgo de los Policías Locales para su inclusión en el Real Decreto 1087/2015, de 4 de diciembre, sobre procedimiento,
condiciones y alcance del reconocimiento de las prestaciones de incapacidad permanente y muerte y supervivencia para el personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado derivado de su inclusión en el Régimen General
de la Seguridad Social, para su discusión en Comisión.
Exposición de motivos
Los Cuerpos de Policía local son Institutos armados de naturaleza civil que prestan un servicio público esencial, velando por la seguridad y la convivencia en libertad de todos los ciudadanos, en los Municipios respectivos.
En el desarrollo de sus funciones, los funcionarios integrantes de los Cuerpos de Policía local, se enfrentan, cada día, a situaciones de enorme peligrosidad que, en no pocos casos, comporta un riesgo para la propia vida y la integridad
física.
Esta situación de exposición, equiparable, en sus ámbitos competenciales respectivos, a la que experimentan colectivos integrados en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no tiene, en la actualidad, una adecuada tutela en nuestro
ordenamiento jurídico, dado que, a diferencia de estos últimos colectivos, los Policías Locales no están incluidos en el ámbito del Real Decreto 1087/2015, de 4 de diciembre, sobre procedimiento, condiciones y alcance del reconocimiento de las
prestaciones de incapacidad permanente y muerte y supervivencia para el personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado derivado de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social.
La diferencia de trato expuesta comporta que, pese al incremento de accidentes laborales que experimentan los Cuerpos de Policía local, en el desarrollo de sus funciones de servicio público, la situación de incapacidad laboral total en que
desembocan dichos accidentes, da lugar al reconocimiento de una pensión del 55 %, lo que supone una situación de agravio y desamparo económico para los agentes afectados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a reconocer los riesgos inherentes a la función de servicio público desempeñada por los Cuerpos de Policía local, procediendo a la declaración de Profesión de Riesgo y, en aras de
poner fin a la situación de discriminación actualmente existente respecto de otros colectivos, incluir a los citados funcionarios policiales locales en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1087/2015, de 4 de diciembre, sobre procedimiento,
condiciones y alcance del reconocimiento de las prestaciones de incapacidad permanente y muerte y supervivencia para el personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado derivado de su inclusión en el Régimen General
de la Seguridad Social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2020.-Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Diputado.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/000007
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el refuerzo de las Alta Inspección educativa y la creación
e impulso de un sistema de autorregulación para garantizar la calidad de los libros de texto, para su debate en la Comisión de Educación.
Exposición de motivos
El pasado 5 de septiembre, el diario 'El Mundo' publicaba la información con el siguiente titular, los editores: 'Cataluña presiona para que no hablemos de los Reyes Católicos en los libros de texto'. La noticia daba cuenta de que los
editores de libros de textos de primaria y secundaria denunciaban que varias CC.AA. les presionan para incluir y destacar las peculiaridades territoriales y omitir hechos históricos, en particular, lo comunes, los que nos une como Nación, por
motivos ideológicos.
Los profesionales que trabajan en el ámbito de las editoriales de libros de texto afirman que los Consejeros de educación de algunas CC.AA., entre las que mencionan específicamente Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias,
'presionan' para modificar los contenidos de los materiales educativos. En los últimos tres años las Comunidades han aprobado 450 normativas diferentes entre leyes, decretos, órdenes y resoluciones en relación con los libros de texto: 1.820 normas
en los últimos
ocho años. Según la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) y la Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto de España (Anele) la imposición ha llegado hasta tal punto que una Comunidad Autónoma como Cataluña ha apremiado
que se debe suprimir la referencia y el estudio de hechos históricos como el reinado de los Reyes Católicos. Es manifiesto el empeño con fines ideológicos y de adoctrinamiento en nuestras escuelas públicas a través del material educativo. Además,
este proceder supone un incremento de gastos en la elaboración e impresión, y una dispersión educativa que genera desigualdades entre los alumnos de distintas comunidades autónomas.
El informe 'El libro Educativo en España 2019-2020' de la asociación Anele afirma que 'nos aproximamos más a tener diecisiete sistemas educativos cada vez más descoordinados entre sí'. Se pone de relieve además las grandes diferencias
económicas entre las distintas CC.AA. en políticas de dotación de recursos, ayudas para adquisición de libros y material escolar o en las ayudas a alumnos y familias al estudio dependiendo de la C.A.
La intromisión política y la manipulación ideológica a través de los libros de texto no es algo nuevo. De hecho, fue a raíz de las manifestaciones de los representantes de Anele en una comparecencia en sede parlamentaria, a petición del
Grupo Parlamentario Socialista, cuando este grupo parlamentario formuló pregunta al antiguo Secretario de Estado de Educación sobre los hechos denunciados. Este se comprometió a encargar un informe a la Alta Inspección sobre la manipulación de los
libros de texto.
Tras las constantes solicitudes de este grupo al antiguo ministro de Educación, el Sr. Méndez de Vigo, finalmente lo solicitó y el borrador estuvo en poder del Gobierno del PP durante meses sin que realizase ninguna actuación. La falta de
refuerzo de la Alta Inspección y la inacción por parte del gobierno del Partido Popular hizo imposible la elaboración y presentación de una versión definitiva. Correspondía a la señora Celaá decidir qué hacer con los resultados del informe.
A pesar de que el informe, según informaciones publicadas por los diarios, concluía, de manera rotunda, que había claras omisiones en el contenido de los libros de texto catalanes en relación al bloque obligatorio del currículo; que se
habían encontrado errores históricos; que se podían apreciar una constante contraposición sesgada entre Cataluña y España y demás evidencias de un adoctrinamiento sistemático, la señora Celaá decidió no formular un requerimiento al Departamento de
Educación de la Generalitat de Cataluña ni a la inspección de esta Comunidad Autónoma para corregir tal flagrante ilegalidad.
Los sesgos, las intromisiones y las incorrecciones se han encontrado en otros estudios de los libros de texto realizados por sindicatos, asociaciones y partidos en otras comunidades autónomas en las que también los editores denuncian estar
siendo presionados. Ante todos los hechos expuestos y teniendo en cuenta que la calidad editorial es un elemento esencial para la buena educación de los niños, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Por todo ello se insta al Gobierno a:
1. Reforzar, legal y materialmente, la Alta Inspección Educativa para que puedan realizar, de manera eficaz y eficiente, sus funciones de garantía del cumplimiento de la legislación educativa del Estado.
2. Reforzar, legal y materialmente, la Afta Inspección educativa para que pueda verificar que los libros de texto se adecuan a las enseñanzas comunes conforme a la legislación del Estado.
3. Impulsar sistemas de autorregulación para que las editoriales puedan establecer mecanismos de acreditación de la calidad y la legalidad de los contenidos editoriales, así como garantía de independencia política e ideológica, en el marco
de libertades de la Constitución.
4. Llevar a cabo las modificaciones legislativas que permitan que los informes de autorregulación puedan ser, en su caso, indicios que sirvan de base para desencadenar el ejercicio por el Estado de sus funciones de Alta Inspección
Educativa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2019.-Edmundo Bal Francés y Marta Martín Llaguno, Diputados.
161/000008
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para acabar con la infrafinanciación de la educación concertada y
evitar la eliminación de las deducciones en el impuesto de la renta de las familias con hijos en colegios concertados, para su debate en la Comisión de Educación.
Exposición de motivos
En el curso escolar 2017-2018 hubo 8.158.605 estudiantes de enseñanzas de régimen general no universitarias repartidos en 28.211 centros por todo el país. España es uno de los países de la UE donde tiene mayor peso los colegios concertados,
que suman el 28 % de la oferta educativa estatal, tanto en Primaria como en Secundaria, esto es más de 2,2 millones de alumnos.
Ciudadanos lleva reclamando meses la urgente necesidad de convocatoria de la Mesa de la Concertada y la necesidad de revisión de los módulos para equiparar la financiación del puesto escolar en toda la red financiada con fondos públicos de
forma que no se tengan que hacer aportaciones privadas por parte de las familias que optan por llevar a sus hijos a colegios concertados.
Actualmente, el coste de un alumno en la escuela concertada cuesta a la Administración la mitad que uno en la escuela pública según datos del Ministerio de Educación. Un cambio en el coste de la educación concertada de la envergadura del
planteado por el Gobierno tiene la capacidad de alterar el equilibrio actual del gasto en educación en nuestro país con consecuencias imprevisibles de cara al inicio del curso escolar que viene.
Por desgracia el Gobierno de Pedro Sánchez se ha caracterizado lanzar cada día una propuesta para subir un impuesto diferente a las familias: los conductores de diésel a todo aquel que tenga una cuenta en un banco mientras se dedica a decir
que estas subidas solo afectan a las rentas altas y más recientemente a todos aquellos padres que tienen hijos estudiando en un colegio concertado.
Según parece la Agencia Tributaria ultima un cambio de interpretación por el cual las cuotas pagadas por los padres con hijos en los colegios concertados no podrían considerarse en ningún caso como donaciones, como sí venía ocurriendo en
algunos casos hasta la fecha.
Actualmente el pago de donativos permite una deducción fiscal de hasta el 75 % para los primeros 150 euros abonados y un 30 % para el resto, que es precisamente de lo que hasta ahora se beneficiaban los contribuyentes con hijos en centros
concertados. Para un pago de anual de unos 1.000 euros, el aumento a pagar en la declaración del IRPF serían de 367 euros por hijo, a causa de la pérdida de la deducción más las cantidades que Hacienda podría reclamar por los cuatro años no
prescritos.
Adicionalmente, si estas cuotas dejan de ser consideradas donaciones, los centros concertados deberán declarar por estos ingresos en el Impuesto de Sociedades. Esto haría aumentar la recaudación fiscal del Estado pero pondría en riesgo las
cuentas del colegio que podrían verse obligadas a subir las cuotas a las familias. El cambio de criterio interpretativo por parte de Hacienda introduce una importante incertidumbre sobre sus efectos y consecuencias, ya que su impacto sobre finanzas
de las familias y los colegios concertados es potencialmente muy relevante.
El artículo 108 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en el punto número 4 que '4. La prestación del servicio público de la educación se realizará, a través de los centros públicos y privados concertados',
reconociendo que la enseñanza concertada es una pieza clave para garantizar tanto el derecho a la educación como la libertad de enseñanza.
Entre las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Ley Educativa (LOMCE) en su artículo 22 bis, punto 3, letra c, recoge expresamente la Mesa Sectorial de Negociación de la Enseñanza
Concertada como 'instrumento del sistema educativo español para la consecución de sus fines' que debe ser el foro en el que el Gobierno plantea cualquier cambio y mejora de la financiación de la escuela concertada de manera dialogada y evitando la
incertidumbre y la inseguridad jurídica.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Convocar la Mesa Sectorial de Negociación de la Enseñanza Concertada a la mayor brevedad posible para revisar la cuantía de los módulos de concierto para equiparar la financiación del puesto escolar en toda la red financiada con fondos
públicos de forma que no se tengan que hacer aportaciones privadas por parte de las familias que optan por llevar a sus hijos a colegios concertados.
2. En tanto en cuanto no se trate esta cuestión en dicha Mesa, garantizar la seguridad jurídica y evitar cambios de criterios interpretativos de la normativa fiscal, en particular en lo relativo a las deducciones por donaciones a colegios
concertados, que puedan suponer una subida de impuestos a las familias y un aumento del coste de la educación concertada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2019.-Edmundo Bal Francés y Marta Martín Llaguno, Diputados.
161/000009
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación e impulso de un sistema de formación MIR para
el profesorado, para su debate en la Comisión de Educación.
Exposición de motivos
Todo sistema educativo es útil, reconocido y efectivo en la medida en que es capaz de transmitir formación y conocimientos al alumnado. El artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, modificada por LOMCE, establece que los poderes
públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de la enseñanza y en especial, la cualificación y formación del profesorado. Existen otros elementos que también poseen importantes efectos sobre los
resultados del sistema educativo, como así se señala en el citado texto: la dotación de recursos educativos suficientes, la investigación, la experimentación y la renovación educativa, el fomento de la lectura, el uso de las bibliotecas, la
autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, la función directiva, la orientación educativa y profesional, la inspección educativa y la evaluación.
El Sistema Educativo Español posee claros síntomas que avisan de su disfuncionalidad: España es líder en fracaso escolar en la Unión Europea, encabezando el abandono escolar prematuro en todo el continente con una media del 20 % de los
estudiantes según datos publicados por EUROSTAT.
El último estudio elaborado por el Consejo General de los Ilustres Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, titulado 'La voz del profesorado', y que tiene como objetivo estudiar las exigencias en
materia de selección y formación del profesorado incluso pudiendo incorporar el sistema MIR para estos profesionales, tiene unos resultados claros:
- Cerca del 70 % de los docentes encuestados señalan que es necesaria una reforma del sistema actual de selección para acceder a la profesión docente.
- Casi el 80 % de los docentes encuestados coincide en que el sistema de selección para acceder a la profesión docente debiera tener los mismos criterios para centros públicos que concertados.
- Una amplia mayoría de profesores abogan por aumentar la autonomía de los centros públicos para contratar profesorado.
- Asimismo, los docentes reclaman una reforma urgente del período de inducción profesional que preste atención especial a la adquisición de las competencias didáctico-pedagógicas.
- El modelo de inducción profesional docente que más popularidad alcanza entre los encuestados es el que se refiere al estilo del MIR que se realiza para los médicos.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos comparte el sentir de buena parte de estas propuestas docentes: y considera que es preciso una reflexión sobre el modelo. El nuevo sistema de acceso a la profesión docente debe asegurarnos que la
formación, selección y promoción del profesorado se basen en la excelencia académica contrastada y en la capacidad pedagógica para transmitir conocimientos, competencias y valores mediante un aumento de las exigencias en los estudios y sistemas de
acceso a la profesión docente.
El Sistema Educativo Español tiene pendiente mejorar la selección y formación del profesorado desde hace años. Ninguna de las reformas educativas aprobadas en los últimos años ha sido eficaz ni lo suficientemente participativa, en parte,
por obviar esta necesidad. La formación de maestros y profesores en nuestro país mediante escuelas de magisterio o cursos de teoría pedagógica (como el antiguo CAP) han demostrado ser insuficientes a la hora de conseguir la excelencia del
profesorado. Es preciso que se evalúe un nuevo sistema que seleccione a los mejores titulados en las diversas materias curriculares de ciencias y humanidades, y los forme como maestros y profesores mediante una auténtica formación práctica
dotándole de las herramientas pedagógicas necesarias para afrontar los numerosos retos a los que se enfrentan día a día los docentes.
Con la creación e implementación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) hace casi diez años, el curso de capacitación para los docentes, el Curso de Aptitud Pedagógica (CAP), sería reemplazado por el Máster Universitario en
Formación de Profesorado de un año de duración e imprescindible para impartir clases en cursos de educación obligatoria y bachillerato. Sin embargo, su sustitución no ha supuesto un cambio sustancial en la selección y promoción del profesorado, más
bien, se produjo una continuidad de criterios unidos al establecimiento de un coste económico mayor al CAP y desigual según el territorio en el que se desempeñe.
En lugar del máster habilitante actual, el Grupo Parlamentario Ciudadanos proponemos implantar un modelo de formación docente similar al sistema MIR de los facultativos. El sistema consistirá en la realización de una prueba de acceso
nacional, posterior al grado, tras la que, en función de los resultados académicos, a los que se ofrecerá el ejercicio remunerado de la enseñanza durante un periodo de varios cursos académicos, en centros de enseñanza y bajo la dirección y
supervisión de profesores con experiencia y competencia acreditadas. Estas prácticas serán complementadas con la formación pedagógica y teórica adecuada para que se puedan afrontar las diversas problemáticas que pueden surgir en las aulas.
Otros elementos que afectan a la calidad del ejercicio de la profesión docente y que sin duda deberán contemplarse en el marco de la regulación de una futura carrera docente son la formación permanente, reconocimiento de la docencia y la
evaluación de la misma.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. Insta al Gobierno a impulsar y apoyar la creación de una Comisión de estudio integrada por expertos docentes y otros representantes de la sociedad civil que puedan hacer un diagnóstico sobre las carencias y necesidades del docente en
relación a la formación inicial (MIR) y el diseño de una carrera docente.
2. En consecuencia con lo anterior, a partir de las conclusiones alcanzadas, insta al Gobierno llevar a cabo las modificaciones legales pertinentes para implementar, en colaboración con las Comunidades Autónomas y el Consejo Escolar del
Estado, en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación un sistema de formación y promoción del profesorado similar al sistema MIR de los facultativos, que se base al menos en el desempeño profesional de la enseñanza, de forma remunerada,
durante el periodo de un tiempo determinado en centros de enseñanza y bajo la supervisión de un equipo de docentes en activo con competencias acreditadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de diciembre de 2019.-Edmundo Bal Francés y Marta Martín Llaguno, Diputados.
161/000084
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la promoción y mejora de la formación de la ciudadanía en
reanimación cardio-pulmonar (RCP), para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
Cada año cerca de 400.000 ciudadanos europeos son víctimas de una cardiopatía que cursa con paro cardíaco repentino. Estas paradas cardiacas pueden producirse en cualquier momento y cualquier lugar, por lo que las medidas que se han ido
instaurando han aumentado. Por ejemplo, a día de hoy podernos comprobar como en multitud de espacios públicos, especialmente si poseen gran afluencia, existen desfibriladores automáticos. Sin embargo, las medidas todavía son insuficientes. Según
datos oficiales, menos de uno de cada diez pacientes con una parada cardiaca en la vía pública sobrevive.
La reanimación cardio-pulmonar (RCP) aumenta las posibilidades de supervivencia de dos a tres. El consejo Europeo de Resucitación estima que realizando una correcta reanimación se podrían salvar unas 100.000 vidas al año en Europa.
La tasa de RCP realizada por una persona es muy diferente de una región europea a otra: de 12 % en Andalucía (España), 15 % en Alemania, al 61 % en los Países Bajos y Suecia el 59 %. Así, la tasa de supervivencia varía de una región a
otra, a sabiendas de que las tasas en algunos países (por lo general en Europa del Este) es solo el 6 %, mientras que en otros países como Suecia y Noruega, la tasa de supervivencia es del 40 %. Diferentes estudios muestran que la mejora de las
tasas de RCP y supervivencia tras estas viene precedidas de un compromiso de las administraciones públicas en la formación de sus ciudadanos. Por ejemplo, se calcula que para lograr un aumento estadísticamente significativo en los resultados de la
RCP, se ha estimado que al menos el 15 % de la población necesita acudir a cursos especializados en esta materia y que deben ser obligatorios. Esto se da ya en algunos Estados miembros de la Unión, donde las administraciones públicas y algunas
empresas privadas ya han instaurado cursos obligatorios para sus empleados.
Pero la formación en los países con mejores tasas de éxito en reanimaciones cardio-pulmonares no queda solo en las personas adultas. Los menores de edad también juegan un papel importante a la hora de actuar en estos casos. De hecho, el
Consejo Europeo de Resucitación (European Resucitation Council, ERC), ha creado, un programa para promover y mejorar el aprendizaje de herramientas de RCP entre los más pequeños. Su programa, 'Kids Save lives', lleva a cabo cursos anuales de
entrenamiento en maniobras RCP para escolares mayores de doce años. Estos cursos apenas restan tiempo lectivo pues son de dos horas. Este tipo de cursos, según los expertos, tienen un éxito significativo en los más jóvenes, puesto que son muy
receptivos a la hora de interiorizar la teoría y ponerla en práctica, y ayuda a desarrollar un sentido de responsabilidad en edades tempranas. También ayuda a relacionar materias que se estudian en la escuela o el instituto (biología, educación
física, etc.) con situaciones reales, lo que traslada a los menores la sensación de que el aprendizaje tiene sentido práctico. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS), apoya este tipo de programas de educación en los centros escolares e
institutos ya que poseen beneficios para el conjunto de la sociedad.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo cursos formativos de RCP en todas las administraciones dependientes del mismo a fin de promover y mejorar la formación de los empleados que trabajen en estos centros contando con la colaboración de los sindicatos y
representantes de los trabajadores a la hora de impartir y diseñar estos cursos.
2. Trasladar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), al Consejo Escolar del Estado y a la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) la necesidad de que este tipo de cursos se realicen, también,
tanto en las administraciones dependientes de las mismas como en los centros educativos y universitarios.
3. Trabajar con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEDE) y los sindicatos más representativos para que instauren cursos de formación en materia de RCP en los centros de trabajo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2020.-Marta Martín Llaguno, Diputada.- Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000120
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el refuerzo de la Alta Inspección Educativa y la creación e
impulso de un sistema de autorregulación para garantizar la calidad de los libros de texto, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
Exposición de motivos
El pasado 5 de septiembre, el diario 'El Mundo' publicaba la información con el siguiente titular, los editores: 'Cataluña presiona para que no hablemos de los Reyes Católicos en los libros de texto'. La noticia daba cuenta de que los
editores de libros de textos de primaria y secundaria denunciaban que varias CC.AA. les presionan para incluir y destacar las peculiaridades territoriales y omitir hechos históricos, en particular, lo comunes, los que nos une como Nación, por
motivos ideológicos.
Los profesionales que trabajan en el ámbito de las editoriales de libros de texto afirman que los Consejeros de educación de algunas CC.AA., entre las que mencionan específicamente Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias,
'presionan' para modificar los contenidos de los materiales educativos. En los últimos tres años las Comunidades han aprobado 450 normativas diferentes entre leyes, decretos, órdenes y resoluciones en relación con los libros de texto: 1820 normas
en los últimos ocho años. Según la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) y la Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto de España (Anele) la imposición ha llegado hasta tal punto que una Comunidad Autónoma como Cataluña ha
apremiado que se debe suprimir la referencia y el estudio de hechos históricos como el reinado de los Reyes Católicos. Es manifiesto el empeño con fines ideológicos y de adoctrinamiento en nuestras escuelas públicas a través del material educativo.
Además, este proceder supone un incremento de gastos en la elaboración e impresión, y una dispersión educativa que genera desigualdades entre los alumnos de distintas comunidades autónomas.
El informe 'El libro Educativo en España 2019-2020' de la asociación Anele afirma que 'nos aproximamos más a tener diecisiete sistemas educativos cada vez más descoordinados entre sí'. Se pone de relieve además las grandes diferencias
económicas entre las distintas CC.AA. en políticas de dotación de recursos, ayudas para adquisición de libros y material escolar o en las ayudas a alumnos y familias al estudio dependiendo de la C.A.
La intromisión política y la manipulación ideológica a través de los libros de texto no es algo nuevo. De hecho, fue a raíz de las manifestaciones de los representantes de Anele en una comparecencia en sede parlamentaria, a petición del
Grupo Parlamentario Socialista, cuando este grupo parlamentario formuló pregunta al antiguo Secretario de Estado de Educación sobre los hechos denunciados.
Este se comprometió a encargar un informe a la Alta inspección sobre la manipulación de los libros de texto.
Tras las constantes solicitudes de este grupo al antiguo ministro de Educación, el Sr. Méndez de Vigo, finalmente lo solicitó y el borrador estuvo en poder del Gobierno del PP durante meses sin que realizase ninguna actuación. La falta de
refuerzo de la Alta Inspección y la inacción por parte del gobierno del Partido Popular hizo imposible la elaboración y presentación de una versión definitiva. Correspondía a la señora Celaá decidir qué hacer con los resultados del informe.
A pesar de que el informe, según informaciones publicadas por los diarios, concluía, de manera rotunda, que había claras omisiones en el contenido de los libros de texto catalanes en relación al bloque obligatorio del currículo; que se
habían encontrado errores históricos; que se podían apreciar una
constante contraposición sesgada entre Cataluña y España y demás evidencias de un adoctrinamiento sistemático, la señora Celaá decidió no formular un requerimiento al Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña ni a la inspección
de esta Comunidad Autónoma para corregir tal flagrante ilegalidad.
Los sesgos, las intromisiones y las incorrecciones se han encontrado en otros estudios de los libros de texto realizados por sindicatos, asociaciones y partidos en otras comunidades autónomas en las que también los editores denuncian estar
siendo presionados.
Ante todos los hechos expuestos y teniendo en cuenta que la calidad editorial es un elemento esencial para la buena educación de los niños, este Grupo Parlamentario insta al Gobierno a
Proposición no de Ley
'1. Reforzar, legal y materialmente, la Alta Inspección Educativa para que puedan realizar, de manera eficaz y eficiente, sus funciones de garantía del cumplimiento de la legislación educativa del Estado.
2. Reforzar, legal y materialmente, la Alta Inspección Educativa para que pueda verificar que los libros de texto se adecuan a las enseñanzas comunes conforme a la legislación del Estado.
3. Impulsar sistemas de autorregulación para que las editoriales puedan establecer mecanismos de acreditación de la calidad y la legalidad de los contenidos editoriales, así como garantía de independencia política e ideológica, en el marco
de libertades de la Constitución.
4. Llevar a cabo las modificaciones legislativas que permitan que los informes de autorregulación puedan ser, en su caso, indicios que sirvan de base para desencadenar el ejercicio por el Estado de sus funciones de Alta Inspección
Educativa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2020.-Marta Martín Llaguno, Diputada.- Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/000109
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre impulso turístico en la
provincia de Palencia, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La provincia de Palencia continúa avanzando para convertirse en uno de los destinos turísticos de interior más reconocidos. Para la consecución de este objetivo es necesaria una actuación conjunta de todos los agentes implicados:
administraciones, ciudadanos, asociaciones y sector empresarial.
Con este fin, la Diputación de Palencia ha impulsado dos planes que dibujan el presente y el futuro de esta tierra: el Plan Estratégico 2020 y el Plan Estratégico de Turismo 2017-2020. Estos instrumentos encuentran su reflejo en el ámbito
autonómico, con el Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 2019-2023.
Una de las fortalezas y seña de identidad de la provincia es que dispone de importantes recursos patrimoniales e históricos que constituyen la base para potenciar el desarrollo económico y social del territorio, sobre los que además se puede
proponer un turismo innovador.
El alcance supraprovincial de algunas de las iniciativas planteadas, por la titularidad de los bienes o por la complejidad de los proyectos, hace necesario recabar la colaboración de otras Instituciones. Así, la Institución Provincial ha
solicitado en numerosas ocasiones la concurrencia del Gobierno de la Nación para determinados proyectos de primer orden.
Uno de estos proyectos es el Centro de Alto Rendimiento en el Golobar, una infraestructura que trasciende del ámbito provincial al ofrecer un servicio inédito en el tercio noroeste de la Península, que estaría destinado a deportistas
profesionales para que mejoren su rendimiento a 1.800 metros de altitud.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar el proyecto para la creación de un Centro de Alto Rendimiento en el Golobar, vinculado a actividades de naturaleza en la montaña palentina, dotando presupuestariamente la iniciativa.
2. Acometer a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado y de la empresa pública Paradores las inversiones necesarias en el Parador de Cervera de Pisuerga para que este establecimiento obtenga la categoría de cuatro estrellas.
3. Dar los pasos necesarios, a través de la empresa pública Paradores, para iniciar la conversión del Castillo de Monzón de Campos en Parador Nacional de Turismo.
4. Instar al Gobierno de España a que extienda a Guardo y otros municipios mineros del norte de la provincia el compromiso de colaboración para la elaboración de un Plan de Dinamización Turística.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2020.-Milagros Marcos Ortega, Diputada.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000152
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de Apoyo al Turismo de Cruceros en
Illes Balears, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Para la economía española en general, y para las llles Balears en particular, el turismo es un sector económico esencial que actúa como verdadero motor de la economía. En los últimos años, las llles Balears se han constituido como uno de
los principales destinos para el turismo de cruceros en el Mediterráneo y en el mundo.
No se entienden las reiteradas declaraciones de la Presidenta del Gobierno de les llles Balears sobre su intención de limitar la llegada de cruceros en los puertos de llles Balears, al mismo tiempo que el Ministerio de Fomento anuncia una
inversión superior a los 100 millones de euros para adecuar el puerto de Palma a las características de los cruceros, inversión que se suma a los más de 30 millones de euros invertidos para este mismo fin durante la última legislatura.
Dada la inquietud manifestada por la ciudadanía y por distintos sectores económicos, comerciales y sindicales, especialmente de la ciudad de Palma, en relación al espíritu prohibicionista de la Presidenta Armengol, y que existen estudios
científicos de la Universidad de las llles Balears que desvinculan una mayor contaminación medioambiental con la llegada de los cruceros en el Puerto de Palma, creemos que es necesario combatir -con sólidos argumentos- la criminalización que algunos
sectores políticos y sociales hacen del turismo de cruceros.
Como ejemplo, mientras que el resto de puertos de diferentes Comunidades Autónomas han acudido recientemente a la feria especializada de Hamburgo para captar clientes en el sector cruceros, las autoridades de las llles Balears siguieron con
su discurso sobre la limitación de los mismos.
Teniendo en cuenta que la competencia sobre el Puerto de Palma de Mallorca y otros puertos de llles Balears pertenece a Puertos del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Fomento del Gobierno de España, el Grupo Parlamentario
Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados constata los efectos positivos que, de manera objetiva, genera el turismo de cruceros en relación a la generación de riqueza, creación de puestos de trabajo y posicionamiento turístico para las Illes Balears, y
resto de destinos españoles.
Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Encargar un informe técnico y objetivo, elaborado por un organismo independiente, donde se planteen los efectos positivos y negativos, en caso de haberlos, del turismo de cruceros y se propongan las medidas para gestionar de manera eficaz,
rigurosa y eficiente esta actividad turística.
- Seguir adecuando las infraestructuras portuarias para la llegada del turismo de cruceros, como la recién anunciada inversión de más de 100 millones de euros para el puerto de Palma.
- Clarificar públicamente su posicionamiento respecto a la limitación de la llegada de cruceros anunciada por el Gobierno de las Illes Balears, y otros gobiernos autonómicos en caso de producirse y a clarificar si existe un conflicto de
competencias sobre esta medida.
- Construir, a través de la entidad Puertos del Estado, las infraestructuras necesarias en todos los puertos españoles receptores de este tipo de turismo, para que durante sus escalas los cruceros y resto de embarcaciones de gran eslora
puedan conectarse a la red eléctrica para evitar al máximo las emisiones contaminantes, así como la construcción de las infraestructuras necesarias para recoger las aguas residuales evitando al máximo los vertidos al mar.
- Realizar una estrategia de promoción del turismo de cruceros, abordando la coordinación y la ordenación de los flujos de llegada, la desestacionalización y los beneficios para el sector turístico español.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de enero de 2020.-Margarita Prohens Rigo y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Diputadas.
161/000156
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley en apoyo a la competitividad y futuro
de los puestos de trabajo en las factorías que la multinacional Alcoa tiene en San Cibrao (Cervo) provincia de Lugo, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Las factorías con las que la multinacional Alcoa cuenta en la localidad cervense de San Cibrao (para la fabricación de alúmina y aluminio) tienen un carácter estratégico por cuanto constituyen el principal motor económico y laboral de la
Mariña Lucense y uno de los más importantes de nuestra provincia, donde representa el 30 % de su producto interior bruto (PIB). Es la principal fuente de empleo directo para las más de 1.100 familias de trabajadores del complejo, a los que hay que
añadir los empleos indirectos generados en la costa lucense, tanto en las empresas auxiliares como en sectores como el de servicios y hostelería (en torno a 5.000 puestos de trabajo más).
Uno factor principal para la competitividad y el futuro de esta está determinado por el coste de la energía, ya que para transformar la alúmina en aluminio es preciso un proceso de electrólisis intensivo en el uso de electricidad. Sólo
Alcoa San Cibrao tiene un consumo eléctrico equivalente a 30.000 hogares.
La factura eléctrica representa uno de los gastos más importantes de la cuenta de explotación de la factoría y los elevadísimos incrementos del precio que se han producido en los últimos meses ponen en riesgo la viabilidad y el futuro de
este complejo industrial, sin que el Gobierno central adopte las medidas
a las que se comprometió, entre ellas, la aprobación del Real Decreto que incorpora el Estatuto de Consumidores Electrointensivos. Esta herramienta normativa debe establecer una combinación de medidas, primas, subvenciones y descuentos, que
protejan la competitividad de las empresas altamente dependientes de la energía abaratando el coste final del suministro, una variable especialmente necesaria para empresas que compiten en un mercado global.
En este momento el precio de la electricidad en España es un 50 % más elevado que en Alemania o Francia. El borrador de Real Decreto presentado el pasado mes de marzo por el Ministerio Transición Ecológica no fue satisfactorio para nadie,
porque recortaba el sistema de apoyo actual, y no incorporaba las demandas del sector. La Xunta de Galicia validó y presentó, con las empresas electrointensivas y el aval del Comité de empresa, un paquete de alegaciones para que el futuro estatuto
incluyera las propuestas de Galicia sin que, a día de hoy, se haya obtenido respuesta alguna.
No es la primera vez que en la factoría lucense existen tensiones como consecuencia del precio de la electricidad, pero en esta ocasión la situación es mucho más grave derivada de la inactividad del Gobierno central o de decisiones políticas
como las que desde el Ejecutivo estatal cuestionan el futuro de las empresas productoras de energía (térmicas, de carbón, nucleares) sin alternativas viables a precios competitivos. Conviene igualmente recordar que la Ministra de Transición
Ecológica había comprometido la aprobación, en el primer Consejo de Ministros tras las elecciones del 10 N, del referido Estatuto de Consumidores Electrointensivos. Nada de eso se ha cumplido, aprobándose sin embargo un Real Decreto en materia
energética relacionado con energías renovables, lo que invalida el argumento manido del gobierno central de no poder aprobar el Estatuto por encontrarse en funciones.
En este capítulo de incumplimientos caben igualmente los referidos al compromiso asumido por el Gobierno socialista en la última precampaña electoral, de recibir a los trabajadores y exponerles al detalle las medidas a aprobar, habiendo
transcurrido meses sin hacer efectivo este compromiso, lo que supone un engaño más a la larga lista de incumplimientos por parte de este Gobierno.
La situación actual contrasta con lo ocurrido durante los sucesivos Gobiernos del Partido Popular, que siempre intentaron buscar la mejor solución posible en apoyo de la industria electrointensiva: con negociaciones al más alto nivel entre
el presidente Rajoy y el presidente internacional de Alcoa, estableciendo medidas de apoyo como las subastas por interrumpibilidad o la compensación por costes indirectos de CO2 , o la construcción del gasoducto de la Mariña que abarató de manera
significativa el coste energético de la factoría.
Además, a día de hoy, la situación se ve agravada teniendo ya que el mantenimiento de los precios actuales no permite la producción de aluminio en condiciones competitivas, lo que le llevó a la empresa a adoptar decisiones drásticas como la
venta de las factorías emplazadas en A Coruña y Avilés o la decisión de recortar la producción y cerrar la actividad de 32 cubas en la factoría de San Cibrao.
Es necesario recordar también que el Pleno de la Diputación de Lugo, a propuesta del PP, ya aprobó por unanimidad varios acuerdos, con carácter de declaración institucional, con fechas 31 de mayo de 2016, 30 de octubre de 2018 y 26 de marzo
de 2019.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Realizar todas las acciones necesarias encaminadas a garantizar los centros productivos y los puestos de trabajo de las factorías de Alcoa en San Cibrao (Cervo).
- Garantizar un marco energético estable y competitivo y aprobar, de manera inmediata, el estatuto de apoyo a las empresas electrointensivas, en el que se incorporen las alegaciones presentadas en conjunto por la Xunta de Galicia y las
compañías gallegas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2020.-Jaime Eduardo de Olano Vela, Joaquín María García Díez y Tristana María Moraleja Gómez, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/000003
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mejorar el reclutamiento de
tripulantes y afrontar el relevo generacional en el sector pesquero, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El sector pesquero, al igual que otros sectores de actividad primaria, se encuentra con un problema de relevo generacional propiciado por varios factores.
En primer lugar, resulta difícil encontrar trabajadores con la titulación necesaria para poder enrolarlos en las embarcaciones. Además, se relegan las prácticas en los barcos pesqueros al final de su formación, los estudios pueden no estar
adaptados a las necesidades reales de la flota y ser necesario una mayor carga docente experimental.
A estos factores se une que la sociedad tiene una mala concepción de la pesca, al considerarla un trabajo muy sacrificado, de alta siniestralidad y mal remunerado, porque desconoce su actividad y realidad. Así, muchos de los estudiantes,
una vez finalizada su formación, terminan optando por trabajar en tierra, en la marina mercante o en flota de recreo.
Por otra parte, la falta de una estructura de contratación adecuada para el sector también dificulta detectar trabajadores con las titulaciones requeridas, lo que origina una escasez de mano de obra para las embarcaciones.
Esta situación contrasta con la alta demanda de formación en las escuelas náutico-pesqueras, con las ganas de trabajar de muchos titulados, que en algunas ocasiones es vocacional, y con la oferta de prácticas existentes.
Adicionalmente debería homogeneizarse la legislación europea en cuanto al número de tripulantes que debe tener cada barco por cada caladero, así como la formación y requisitos exigidos a la tripulación en los diferentes países, puesto que
las diferentes legislaciones impiden el libre tránsito real de trabajadores.
Consecuencias de todo ello son titulados sin experiencia, ofertas que no encuentran candidatos, buques amarrados por falta de tripulación y, en conclusión, falta de relevo generacional.
Es necesario analizar las necesidades que tiene el sector, ajustar la formación a estas demandas, impulsar la formación dual, cambiar la percepción social sobre el sector, homogeneizar los requerimientos laborales a nivel europeo y
establecer mecanismos más eficaces para poner en contacto demanda y oferta.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar el relevo generacional de la pesca, promoviendo las medidas que mejoren la seguridad y la imagen del sector, haciéndolo más atractivo económicamente, exponiendo los avances tecnológicos y de seguridad ya implantados.
2. Realizar, con la colaboración del sector, una campaña de mejora de imagen que aglutine los factores anteriores.
3. Incluir en la formación dual, las prácticas a bordo de los barcos, durante todo el ciclo formativo de jóvenes y profesionales.
4. Establecer una bolsa de trabajo marítimo-pesquero, donde quede constancia de las acreditaciones profesionales que cumplan los requisitos específicos del sector.
5. Reducir las dificultades para conseguir las titulaciones y avanzar en su homologación en la UE, permitiendo así la dotación de tripulación en los barcos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2019.-Joaquín María García Díez y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Diputados.
161/000004
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para eliminar las incoherencias en la
gestión diferenciada de la anchoa en las zonas Vlllc y IXa y la separación de los TAC, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
En los últimos años, la decisión del Consejo Europeo para la anchoa evidenció divergencias sustanciales en la determinación del TAC para las dos zonas en las que se divide su gestión, a saber, Vlllc y IXa.
En el año 2016, se determinó una reedición ('roll-over') del TAC para la anchoa en el caso del Cantábrico, mientras que en el área del sur de Fisterra se consideró el aumento del 10 % del nivel existente de capturas.
En 2017, se realizó un nuevo roll-over en el área del Cantábrico para la anchoa, y en el caso del área del sur de Fisterra, el aumento se consideró en el 7 % del nivel de captura existente.
Con respecto al año 2018, se determinó continuar en el TAC de las áreas cantábrica y noroeste para la anchoa.
Para este año, todavía no se ha formulado ninguna propuesta, por lo que habrá que seguir con anterior. En cualquier caso, el informe ICES sobre el TAC de anchoa para la Zona IXa establece que, utilizando el enfoque de precaución, las
capturas del componente occidental no deben exceder las 13.308 toneladas y las capturas del componente sur no deben exceder las 3.760 toneladas.
Además, las campañas de prospección en el Golfo de Vizcaya han terminado con datos extremadamente positivos, con un alto reclutamiento y un buen estado de la biomasa, lo que hace prever una recomendación positiva por parte del lnternational
Council for the Exploration of the Sea (ICES).
En resumen, desde el Instituto Español de Oceanografía (IEO) reconocen que, en los últimos años, el sur de Galicia y el norte de Portugal albergan su propio stock de anchoa, ya que la especie se aprecia abundante en las aguas de las Rías
Baixas, que forman parte de la denominada zona IXa.
Nuevamente, el pasado mes de agosto, la prensa recogió la abundancia de bocarte en aguas gallegas, algo que la flota de cerco ve con buenos ojos para cubrir la falta de sardina y no tener que amarrar.
Sabemos que a esta flota se le aseguró un aumento de la cuota de anchoa si la especie aparecía en abundancia en Galicia, algo que parece haber sucedido, no solo por lo que manifiesta la flota, sino por lo contrastado con los datos
científicos del IEO.
Por lo tanto, parece aconsejable establecer una gestión uniforme de dos zonas con una pesquería idéntica (arrastre, cerco y enmalle) dirigida al jurel y al cerco en el caso del anchoa, para que esta disparidad de criterios no afecte la
programación de la actividad por parte de la flota.
Teniendo en cuenta los criterios biológicos, no se puede considerar la separación plena de ambos stocks, especialmente en las zonas de confluencia de ambas áreas, por lo que debe entenderse que el 5 % de flexibilidad propuesta en la pesca
entre ambas zonas, por ejemplo en el caso del jurel, se debería incrementar sustancialmente, hasta un 25 %-40 %.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar una posible separación del stock sur de la anchoa en la zona IXa.
2. Aplicar una flexibilidad de al menos un 25 % en las zonas de confluencia entre las zonas VIIIc y IXa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2019.-Joaquín María García Díez y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Diputados.
161/000005
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la costera del bonito, para su
debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
El 27 de agosto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación emitió una resolución decretando el cierre de la pesquería de atún blanco del norte.
Por esta razón, los buques con bandera española ya no podrán capturar esta especie durante el resto del año, solo pudiendo descargar las cantidades capturadas o declaradas antes de esta fecha.
Hondarribia, Getaria, Ondarroa, Bermeo, Santoña, Colindres, Gijón, Avilés y Burela concentran prácticamente las más de 15.000 toneladas de atún blanco-bonito del norte descargadas en la costa del Cantábrico desde que arrancó la costera del
bonito el pasado mes de junio.
Ya es el segundo año que se anticipa el cierre de la campaña del bonito, terminando a finales de agosto, cuando generalmente solía terminar a lo largo del mes de septiembre.
Desde el sector pesquero y algunos gobiernos autonómicos se reivindicaba la necesidad de lograr un aumento de la cuota para el bonito, una vez contrastada la buena situación biológica de este recurso, al tiempo que se exigía una mejor
distribución de las oportunidades de pesca para que la campaña se extendiera al menos hasta septiembre, como venía siendo habitual.
El Grupo Parlamentario Popular se une a esta demanda, de vital importancia para la flota que pesca esta especie de manera tradicional y respetando la legalidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Utilizar los datos que constatan el buen estado biológico del bonito del norte para reclamar un incremento de las posibilidades de pesca para esta especie.
2. Estudiar una mejor gestión y reparto de cuota que permita alargar la campaña del bonito, al menos, hasta el mes de septiembre'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2019.-Joaquín María García Díez y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Diputados.
161/000086
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para reconocer el valor estratégico
del sector cinegético e impulsar el marco orientativo y de coordinación para su ordenación a escala nacional, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El estudio sobre la 'Evaluación del Impacto Económico y Social de la Caza en España', elaborado por la Fundación Artemisan y la consultora Deloitte, muestra el gran impacto económico de la actividad cinegética en nuestro país.
Entre los datos del estudio destacar el gasto generado, 6.475 millones de euros, un 0,3 % de PIB en el país, y el mantenimiento anual de 186.758 puestos de trabajo, de los cuales 141.261 son empleos directos, indirectos e inducidos. Los
retornos fiscales ascienden a 614 millones de euros, entre tasas e impuestos
abonados directamente por las personas que realizan dicha actividad , por los gestores de los terrenos, así como la recaudación fiscal generada por el resto de actividades y agentes económicos conexos.
Por otra parte, España cuenta con 825.000 licencias de caza, y el número de cazadores federados ronda los 330.000. También contamos con una extensión de 43,8 millones de hectáreas declaradas como terreno cinegético. Sin embargo, pese a su
importancia para la ordenación del territorio, apenas se ha tenido en cuenta la actividad cinegética a la hora de tomarla en consideración entre las medidas para el desarrollo rural y la lucha contra la despoblación.
Está plenamente acreditada la importancia de la actividad cinegética sobre la economía, el empleo y la contribución a las arcas públicas; contribuye al desarrollo social y cultural de amplias zonas de la geografía, así como a la
sostenibilidad ambiental y la conservación de espacios naturales y de gran parte del patrimonio de nuestro país. Esta actividad ayuda a estructurar el territorio y se ha convertido en herramienta útil para el control de la propagación de
epizootias, como la peste porcina africana.
La Disposición Adicional Cuarta de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, recoge algunos aspectos del mundo de la caza y la pesca que, aun reconociendo la competencia exclusiva
de las Comunidades Autónomas, requieren cierta armonización y organización a escala nacional, en base a los títulos competenciales del Estado en materia económica.
En concreto, la ley prevé la elaboración y adopción de una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética así como el Registro Nacional de Infractores que este sistema debe conllevar para ser efectivo. En febrero de 2018, el Gobierno del Partido
Popular presentó la hoja de ruta de los trabajos que se llevarían a cabo, con la colaboración del sector y de las Comunidades Autónomas, para desarrollar la ley y disponer de la citada Estrategia Nacional. Para realizar este trabajo, se aprobó una
encomienda de gestión a la empresa de Tecnología y Servicios Agrarios (TRAGSATEC).
Durante los últimos años se ha producido un intenso debate parlamentario en el que destacan las indecisiones del grupo parlamentario socialista y su falta de apoyo manifiesto al sector cinegético. Especialmente desafortunadas fueron las
declaraciones de la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a finales del año 2018, manifestado que si de ella dependiera 'prohibiría' las corridas de toros y la caza. No menos inquietante es la postura de los actuales socios de
gobierno respecto a la actividad cinegética en general.
Sin embargo, en 2019, el Ministro de Agricultura, Luis Planas, en una estrategia para borrar todo rastro de las iniciativas del gobierno del Partido Popular, anunciaba que se continuaba trabajando en la elaboración de la Estrategia Nacional
de Gestión Cinegética. Han trascurrido más de dos años desde que se iniciaran los trabajos, uno del Gobierno socialista sin programa y otro del Gobierno en funciones, y la Estrategia no está aprobada.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reconocer el valor estratégico del sector cinegético por su importancia económica y su gran impacto en la creación de empleo rural, por su contribución para frenar la despoblación y por su indudable aportación a la conservación de la
biodiversidad.
2. Aprobar y publicar la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética como marco orientativo y de coordinación para así hacer posible una adecuada ordenación, a escala nacional, del aprovechamiento cinegético.
3. Incluir, como contenidos básicos de la Estrategia Nacional, medidas en defensa de un modelo de caza sostenible, su integración en los planes y estrategias de lucha contra la despoblación y por el desarrollo rural, actuaciones para una
mayor coordinación interadministrativa, acciones para mejorar la imagen social de la caza, la formación y promoción de sus beneficios socioeconómicos y medioambientales, así como el desarrollo de la investigación, el conocimiento y la innovación
aplicado a la actividad cinegética.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2020.-Carmen Navarro Lacoba, Diputada.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000089
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre mejora del etiquetado de la miel y de la información que sobre sus
productos reciben los consumidores, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Según los datos publicados en mayo de 2019 por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en el documento 'El sector apícola en cifras', España es actualmente uno de los principales productores de miel de la Unión Europea,
concretamente el Estado miembro con mayor número de colmenas, que suponen aproximadamente el 16 % de las colmenas que se hallan en suelo comunitario. El nivel de profesionalización de los apicultores españoles es igualmente el más alto, con mucha
diferencia, sobre el resto de países de la UE, alcanzando el 80 %, frente a la media europea de solo el 40,47 %. Ello da idea de la enorme importancia que en el sector apícola español tiene el cumplimiento cabal y estricto de unas reglas de mercado
justas, así como sobre la información al consumidor, que ha de ser exacta y clara, permitiendo así una correcta competencia.
La actual norma europea que regula el etiquetado y la información que el mismo debe contener en envases a través de los cuales se comercialice la miel es la Directiva 2001/110/CE relativa a la miel, modificada por la Directiva 2014/63/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, que tienen su reflejo en sendos Reales Decretos 1049/2003 y 473/2015. Con esta legislación europea y española, actualmente se da la circunstancia de que la miel producida en España, como en
cualquier otro Estado miembro, puede ser mezclada con otras mieles de menor coste de producción, tanto procedente de países de la Unión Europea como terceros, con el evidente riesgo de una reducción de la calidad misma de la miel de origen español,
considerada de excelente calidad y con una gran diversidad de variedades.
Las zonas tradicionales de producción de miel en España se centran en Andalucía, Comunidad Valenciana, Extremadura y Castilla y León, zonas en las que se ha reducido dicha producción desde 2016, fundamentalmente por motivos meteorológicos.
Por ello, la importación de mieles de otros países de la UE y de terceros, principalmente China, que en 2018 llegó a ser del 18 % del total de miel importada extracomunitaria, se ha convertido en un recurso para mantener niveles de producción aun a
riesgo de reducir significativamente la calidad del producto, dado que la mezcla final de mieles comercializadas ven minorar su calidad cuando la de producción en España se mezcla en gran medida con otras de otro origen, principalmente
extracomunitario, donde los controles previos de calidad en origen son menores o, incluso, inexistentes. En 2017 incluso se restringió la entrada de miel china en territorio de la Unión Europea por falta de calidad, aunque parece evidente que
siguió llegando al mercado europeo disimulada como procedente de países comunitarios con sistemas de control excesivamente laxos.
La norma europea en vigor, sin embargo, solo obliga a señalar en el etiquetado de los envases en tres categorías: 'mezcla de mieles originarias de la UE', 'mezcla de mieles no originarias de la UE' y 'mezcla de mieles originarias y no
originarias de la UE'. El problema con esta tercera categoría es que no se obliga a de terminar en el etiquetado los países de origen de las mieles mezcladas, ni tampoco su porcentaje en la mezcla. Por ello, y como viene denunciando el sector en
España principalmente, es posible etiquetar con esa tercera categoría una miel procedente de la mezcla de un 1 % de miel española (o de un Estado UE) y un 99 % de miel china, por ejemplo. Si la miel española es una miel distinguida precisamente por
su calidad, no parece oportuno que el consumidor no pueda tener conocimiento y estar perfectamente informado de la procedencia de la miel que consume cuando la misma es producto de mezcla de mieles de diversos orígenes, más allá de que sea de un
país comunitario o no, pero sin identificar ni señalar porcentajes de mezcla, máxime cuando ya se han dado episodios de prohibición de la miel china por la mala calidad en la misma en 2003 y 2004, por presencia de residuos de antibióticos prohibidos
en la UE. En este aspecto, una correcta y adecuada información al consumidor es fundamental ante los riesgos que para la salud puede tener una miel adulterada o que no respete los estándares europeos, aun pese a los controles fitosanitarios UE,
cuando el consumidor no puede llegar a saber el origen real y en porcentaje cierto de la miel que compra para su consumo.
A finales de 2018, el Gobierno de España inició la modificación de su norma interna para recoger las peticiones del sector y obligar así a que el etiquetado de la miel declarase el origen de la misma y su porcentaje de mezcla en todos los
casos. Sin embargo, en el trámite de información previo a la Comisión Europea, esta ha dictaminado negativamente el proyecto del Gobierno español precisamente en su intento de acreditar en el etiquetado de la miel el origen y porcentaje de mezcla,
en su caso, cuando ese aspecto era precisamente esencial en el proyecto presentado.
Es evidente que el sector apícola español y europeo en su conjunto deben avanzar en una mayor calidad de los productos de consumo directo por los ciudadanos, a lo que ayuda, precisamente, el correcto y concreto etiquetado del mismo, máxime
en un producto como la miel en el que ya se han detectado anteriormente situaciones de fraude o mezclas sospechosas que reducen la calidad del propio producto. La situación medioambiental en muchos países terceros, fuera del control fitosanitario
con estándares UE igualmente suponen una implicación de riesgo para la calidad sanitaria misma del producto. Todo ello hace que no ya en España, sino en el seno de la UE se modifique la legislación y criterios aplicables para garantizar la
idoneidad y calidad de la miel, así como la seguridad e integridad en la información al consumidor.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a liderar ante las instituciones de la Unión Europea una postura firme en defensa del sector apícola español en concreto y europeo en general, así como a defender el derecho a la
información de los consumidores en materia de etiquetado de la miel, con el objetivo de que se promuevan las modificaciones legales oportunas en referencia a la exigencia de hacer constar en dicho etiquetado el país o los países de origen de la
miel, así como el porcentaje de mezcla que compongan el producto envasado y etiquetado, fundamentalmente y en todo caso cuando se trate de terceros países ajenos a la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2020.-Marta Martín Llaguno y María Carmen Martínez Granados, Diputadas.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000110
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la defensa de la plantación de choperas en la cuenca del río
Carrión, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Castilla y León es la región española más relevante en cuanto a la producción de chopo: con 44.259 ha, produce anualmente 532.000 m3 de madera valorados en millones de euros y genera 14.500 empleos directos e indirectos en toda su cadena de
valor, de los cuales, 4.500 en el medio rural.
Desde mediados del siglo XX se ha estado cultivando chopo en las riberas de nuestros ríos, cultivo que fue impulsado tradicionalmente por las Confederaciones Hidrográficas y, en especial, por la del Duero.
Esta Confederación ha venido utilizando el criterio de 'cauce aparente' para determinar la distancia al cauce que deben respetar las plantaciones de chopo; el 'cauce aparente' se define por las condiciones geomorfológicas del terreno y por
la primera línea de vegetación de ribera más cercana al cauce.
En 2019, la Confederación Hidrográfica del Duero modificó este criterio, empezando a utilizar el denominado 'Dominio Público Hidráulico (DPH) cartográfico probable' para definir los cauces y, por tanto, la distancia a las plantaciones. Este
cambio de criterio supone la inclusión en el DPH de muchas parcelas hasta ahora no incluidas, porque no se habían realizado los correspondientes deslindes administrativos para ello.
Dado que en el DPH no se pueden realizar plantaciones de chopo (art. 32.2.a del Plan Hidrológico de la Demarcación del Duero aprobado por R.D. 1/2016), esta medida supone, además de otras
consecuencias graves sobre los propietarios y las entidades locales afectadas, que se reduzca la superficie de plantación en aproximadamente 5.000 ha en la Cuenca del Duero en Castilla y León.
En el caso de la Subcuenca del río Carrión, en la provincia de Palencia, esta reducción supone no plantar 1.562 has (el 48 % del total) y mermar la producción anual en 20.864 m3 de madera, con las consiguientes pérdidas de ingresos y de
empleo en el medio rural, tanto de particulares como de Administraciones Públicas. Hay que destacar que estos fondos se destinan al mantenimiento de los servicios públicos prestados a los vecinos de estos municipios: sanidad, educación y servicios
sociales, fundamentalmente, y que están cuantificados en más de 5 millones de euros y más de 500 puestos de trabajo directos e indirectos, además de las negativas repercusiones sobre el futuro de la importante industria transformadora regional y,
por ende, en el ya difícil reto de mantener la población en estos pequeños municipios.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dar las oportunas instrucciones a la Confederación Hidrográfica del Duero para que suspenda de inmediato la aplicación del criterio de 'Dominio Público Hidráulico cartográfico probable' y continúe aplicando el criterio de 'cauce
aparente' aprobado por la propia Confederación Hidrográfica del Duero en el año 2010, de forma que se autoricen las plantaciones de chopo en las parcelas que se venían utilizando para este cultivo.
2. Iniciar las actuaciones para que en el próximo Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero quede clara la posibilidad de plantación de choperas en esta Cuenca, dando así estabilidad a este sistema productivo y garantías a los municipios y
vecinos afectados.
3. Instar a la Confederación Hidrográfica del Duero a que no quede duda alguna de que, entre tanto se elabora el nuevo Plan Hidrológico, la interpretación que haga dicha Confederación permita seguir plantando chopos considerando el criterio
de 'cauce aparente' para determinar la distancia al cauce que deben respetar las plantaciones.
4. Coordinar las actuaciones entre ministerios competentes en materia hidrológica y agroforestal y adoptar las medidas precisas para evitar el impacto negativo que producirá sobre el desarrollo rural la decisión de la Confederación
Hidrográfica respecto al cambio de criterio antes mencionado.
5. En caso de persistir esta decisión, habilitar las medidas necesarias para que estos ingresos anuales sigan llegando a las personas que en la actualidad están viviendo de estas producciones.
6. Impulsar las medidas necesarias para continuar defendiendo el patrimonio de las entidades locales afectadas por la decisión de la Confederación Hidrográfica del Duero, así como los ingresos y el empleo asociados al mismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2020.-Milagros Marcos Ortega, Diputada.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000112
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a adoptar,
dentro de sus competencias y responsabilidades, las medidas necesarias para poner solución a los problemas que provoca la actual crisis estructural del sector hortofrutícola almeriense, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
Exposición de motivos
El sector hortofrutícola almeriense es el principal activo socioeconómico de la provincia por la potente actividad económica que genera y por ser una gran fuente de generación de empleo.
Las organizaciones agrarias y comercializadoras almerienses llevan algún tiempo poniendo de manifiesto la difícil situación por la que atraviesan, situación provocada por la crisis estructural que sufre el sector hortofrutícola almeriense y
originada por la falta de rentabilidad de muchas explotaciones agrarias de tamaño pequeño y mediano, lo que pone en riesgo inminente la desaparición de cultivos importantes para Almería.
Las causas y factores que han originado esta situación son diversas. Entre ellas, el que se compite en el mercado europeo en condiciones de desigualdad, con costes fiscales, ambientales, sociales y salariales mucho más elevados que los
productores de terceros países o el desequilibrio en la cadena de valor que es evidente y nos vuelve vulnerables ante las imposiciones de las grandes cadenas de distribución.
El Partido Popular quiere apoyar explícitamente las reivindicaciones y objetivos planteados por el sector. Entre los que cabe destacar:
- Acabar con la competencia desleal de terceros países.
- Reforzar e incrementar los controles en los Puntos de inspección Fronteriza de los puertos españoles.
- Establecer un control efectivo del etiquetado de producto de origen extracomunitario.
- Plantear en Europa la revisión de los Acuerdos con Terceros Países y la actualización de los contingentes.
- Impulsar medidas encaminadas a la reducción de costes de producción.
- Asegurar la disponibilidad de agua de calidad y a un precio razonable.
- Poner en marcha actuaciones para paliar problemas como la limpieza del campo y los asentamientos ilegales.
- Crear un fondo paralelo y específico para la gestión de la crisis en el sector hortofrutícola.
- Evitar las imposiciones de las cadenas de distribución europeas a los productores.
- Poner en marcha medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
- Reforzar la Interprofesional de Frutas y Hortalizas (Hortiespaña).
- Disminuir las cargas sociales, a través de la creación de un régimen especial agrario para trabajadores de cooperativas o alhóndigas.
- Crear una mesa de Frutas y Hortalizas.
- Explorar dentro de la OCM nuevos mecanismos de retirada de gestión del mercado.
- Analizar las posibilidades de recuperar el mercado ruso, levantando el veto comercial existente.
La carencia de estas medidas lastran el llamado modelo Almería, que genera más del 40 % de la riqueza de la provincia, un modelo basado mayoritariamente en explotaciones familiares en invernaderos solares que no demandan energías fósiles y
que además generan importantes efectos positivos relacionados con la sostenibilidad medioambiental.
Esto hace que, a pesar de todas estas circunstancias, la agricultura almeriense siga teniendo grandes fortalezas y oportunidades y esté readaptándose para mantenerse en la cúspide de la producción de hortalizas mundial; para ello está
tratando de realizar cambios y mejorar su posición en el mercado europeo, comenzado por los sistemas de calidad de producción.
Pero además de todo este esfuerzo por parte del sector, se hace imprescindible que todas las administraciones e instituciones respondan ante esta situación que afecta al sector hortofrutícola almeriense, adoptando las medidas necesarias,
dentro del ámbito de sus competencias y responsabilidades, permitiendo atajar los problemas que provocan la crisis actual y evitando dejar caer el principal pilar de la economía almeriense.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, dentro de sus competencias y responsabilidades, las medidas necesarias para poner solución a los problemas que provoca la actual crisis estructural del sector hortofrutícola
almeriense.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2020.-Juan José Matarí Sáez y Miguel Ángel Castellón Rubio, Diputados.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000114
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la defensa del sector
agroalimentario andaluz y, en particular, almeriense frente a los incidentes en La Junquera, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La renta agraria en Andalucía representa un tercio de la renta agraria nacional y, dentro de ella, Almería es la provincia que realiza una mayor aportación (24,3 %), seguida de Jaén (17,8 %) y Sevilla (14,4 %).
En Almería buena parte de esa producción agraria se destina al mercado exterior, tal y como ponen de relieve los datos de exportaciones del ICEX de los 8 primeros meses del año 2019:
- El 74 % de las exportaciones almerienses son productos agroalimentarios,
- con un valor de 2.095 M, un 10.15 % más que el mismo período del año anterior,
- con destino principalmente a la Unión Europea, 2.019 M,
- y que permite situar a seis empresas almerienses del sector agroalimentario entre las treinta mayores exportadoras de Andalucía.
El dinamismo exportador de las empresas almerienses en el resto de sectores también es notable: 3.520 empresas exportan por valor de 732 M, un 16 % más que en el mismo período del año 2018.
Almería contribuye así, de forma decisiva, a dinamizar el sector exterior en Andalucía; especialmente en el sector agroalimentario, en el que la región andaluza representa casi una cuarta parte de las exportaciones agroalimentarias
españolas.
Estas cifras muestran la importancia del sector exterior almeriense y andaluz, y nos permiten entender su especial vulnerabilidad ante los graves incidentes provocados durante el mes de noviembre pasado por los grupos radicales
independentistas catalanes que cortaron la frontera de La Junquera y bloquearon el paso de cientos de camiones, ocasionando, y no por primera vez, graves perjuicios económicos y sociales a todo el sector agroalimentario, base de la economía
almeriense y de buena parte de la región.
Además de las penurias soportadas por los transportistas durante los días de bloqueo, los agricultores, las comercializadoras, las empresas de la industria auxiliar y las empresas de transporte sufrieron las graves consecuencias de estos
actos vandálicos.
Las pérdidas causadas en esos incidentes se calculan en 10 millones de euros para Andalucía, afectando al conjunto del sector agroalimentario, a la producción, al envasado y al transporte.
En el caso de los productos hortícolas de Almería, desde el propio sector se estima que el valor global de la mercancía estancada en los camiones almerienses alcanzó los 27 millones de euros y se apuntan pérdidas que superarían los 4,5
millones de euros, al retenerse en la carretera más de 5.000 toneladas de productos cuyo precio se vería reducido.
En definitiva, lo sucedido tiene repercusión sobre la competitividad y rentabilidad del sector agrario al incidir negativamente en la calidad de los productos que exportamos a mercados extranjeros, provocando un impacto directo sobre la
economía y el empleo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar la libre circulación de personas y mercancías a través de las carreteras en la frontera con Francia.
2. Asumir su responsabilidad ante los perjuicios económicos que están sufriendo los agricultores y transportistas andaluces en general, y almerienses en particular, por el bloqueo del paso fronterizo de La Junquera que realizan los grupos
radicales independentistas catalanes, procediendo a indemnizar y compensar económicamente las pérdidas sufridas durante los días de bloqueo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2019.-Juan José Matarí Sáez, Miguel Ángel Castellón Rubio y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Diputados.
161/000123
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el estado de tramitación de las ayudas dispuestas en el
Real Decreto Ley 11/2019, por los daños ocasionados por la DANA en septiembre del pasado año, para su debate en la Comisión de Agricultura.
Exposición de motivos
El pasado mes de septiembre, entre los días 12 a 16, alcanzaba la península ibérica desde el Mediterráneo una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), de efectos devastadores sobre bienes y personas, con el resultado de seis personas
muertas en las provincias de Alicante (dos), Granada (una), Almería (una) y Albacete (dos), y numerosísimos daños materiales en bienes así como pérdidas económicas de elevada cuantía en todos los sectores afectados. Se dictaba así, con fecha 20 de
septiembre 2019, el Real Decreto Ley 11/2019, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, referidos a los ocasionados por diferentes episodios desde el 1 de abril.
El Gobierno de España, en la comparecencia de su Portavoz Isabel Celaá, valoró el total de medidas previstas en 774 millones de euros, tras declararse 'zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil' las provincias de
Albacete, Alicante, Valencia, Almería, Málaga y Granada, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Comunidad Autónoma de Illes Balears y la Comunidad de Madrid, por los graves sucesos ya referidos del mes de septiembre del año 2019.
Los daños han sido especialmente graves en el sector de la agricultura y la ganadería en las provincias del sureste español. Actualmente, pese a la 'urgencia' declarada de las ayudas previstas, las mismas no se han hecho efectivas a sus
posibles perceptores, como han denunciado públicamente asociaciones agrarias.
Desde Ciudadanos se puso inmediatamente de manifiesto, tras la publicación del RDL de referencia, la insuficiencia de las medidas, así como lo escaso de su cobertura. De hecho, en el caso de las ayudas a producciones agrícolas, la exigencia
de que los perjudicados acreditaran tener en vigor póliza de seguro agrario ha venido a dejar fuera de cualquier tipo de ayuda, por ejemplo, a más del 90 % de los productores de hortalizas afectados, cuando la gravedad y lo extraordinario de lo
sucedido debiera hacer ampliar y extender la cobertura de la atención del Gobierno de España a quienes por causa fundamentalmente de su alto coste hubieron de prescindir de pólizas de seguro agrario sobre sus producciones.
En este sentido, entidades como la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASADA), entre otras, han reclamado una ampliación de las ayudas a productores del sector agrícola y ganadero no cubiertos con póliza de seguro, o en cuanto a
daños inicialmente no indemnizables por los seguros de que se dispusiese.
Igualmente, y en general, se denunció por Ciudadanos la falta de ayudas en forma de exenciones o bonificaciones de tributos locales como el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) o el Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM), cuando muchos afectados, precisamente sufrieron daños en inmuebles y vehículos, debiendo actualmente bien abonar a los ayuntamientos el preceptivo impuesto para proceder a reparaciones y reformas de los primeros, o igualmente abonar
el impuesto de los segundos a pesar de quedar inutilizados totalmente por las inundaciones. Diversas iniciativas a nivel local en municipios de la comarca alicantina de la Vega Baja, mediante mociones aprobadas por los respectivos Plenos, incidían
precisamente en esas fechas en reclamar una ampliación de las ayudas inicialmente previstas en tales supuestos.
Por todo lo anterior, puede concluirse que la sensación entre los afectados, y así se ha puesto de manifiesto en las últimas semanas, es que las ayudas, pese a ser 'urgentes', son escasas y, lo que es más grave, siguen sin llegarles.
Por parte de la Diputación Provincial de Alicante incluso se previó la disposición de fondos para completar las ayudas estatales, sometiéndose esta al plan del Estado a presentar por el Gobierno, a fin de agilizar su tramitación. Sin
embargo, la falta de desarrollo del procedimiento por parte del Gobierno
central para la percepción de las ayudas ha ocasionado un bloqueo de facto de los fondos previstos por la propia Diputación Provincial de Alicante.
Por todo ello, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Agilizar urgentemente los trámites de concesión de ayudas previsto en el RDL 11/2019, a fin de garantizar su pronta recepción por los afectados.
2. Ampliar el catálogo de ayudas previsto inicialmente en el RDL 11/2019 para los afectados, y en concreto, al menos, para la cobertura de los daños sufridos por productores del sector agrícola y ganadero aun sin seguro agrario, o a
afectados en general mediante exención y/o bonificación de otros tributos locales más allá de los originalmente previstos, tales como el ICIO o el IVTM.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2020.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000137
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los daños ocasionados por la borrasca 'Gloria',
para su debate en la Comisión de Agricultura.
Exposición de motivos
El paso de la borrasca 'Gloria' que ha azotado durante la última semana el este de la Península Ibérica, con especial incidencia en las costas del litoral mediterráneo, ha dejado tras de sí un balance devastador, con más de la mitad de los
municipios catalanes afectados y más de 200 municipios en la Comunidad Valenciana, entre otros muchos afectados también en Aragón, Murcia y Andalucía.
Con este temporal se han llegado a acumular hasta 800 l/m2, vientos con rachas de hasta 180 km/h, nieve que ha llegado a alcanzar los 90 centímetros de espesor, granizadas y olas que han superado los 10 metros de altura.
Doce personas han perdido la vida y cuatro están desaparecidas tras el paso de la tormenta Gloria por el este de España entre el domingo y el jueves de la semana pasada. Las pérdidas alcanzan cifras millonarias en sectores estratégicos como
el de la agricultura y el turismo de nuestras zonas costeras. El temporal marítimo ha sido de tal intensidad que ha dañado gravemente numerosas construcciones y edificaciones en todo el litoral, ha hecho desaparecer playas y paseos marítimos de
nuestras costas y ha afectado a innumerables infraestructuras que se han visto seriamente dañadas.
Nuestros principales destinos turísticos de playa se han visto afectados sufriendo gravísimos daños de incalculables consecuencias económicas. Las pérdidas a consecuencia del temporal 'Gloria' se acumulan a escasos dos meses de la Semana
Santa, fecha que marcará el inicio de la actividad turística de 2020. Por este motivo, resulta necesario y urgente una respuesta inmediata y coordinada desde todas las administraciones públicas para restaurar los daños producidos en nuestras
costas.
De igual forma, los daños en el campo han sido generalizados debido al viento y al granizo, afectando a los cultivos y a las infraestructuras agrarias con distinta intensidad, pero causando también pérdidas millonarias en todo el este
peninsular. El cultivo de cítricos, en su segunda parte de la campaña, es el más afectado. La misma suerte han sufrido los cultivos de hortalizas de invierno acabadas de plantar. Las principales pérdidas en las infraestructuras agrarias se
localizan en invernaderos, caminos, sistemas de riego, rotura de naves, granjas, márgenes o mataderos.
En resumen, numerosos incidentes de cuantía incalculable que han provocado la alteración de la actividad cotidiana de los vecinos de las zonas afectadas con la supresión de la actividad escolar, rescates, desalojos, cortes de carreteras,
interrupción del servicio ferroviario, el desbordamiento de ramblas, arroyos
y ríos que han anegado calles y tierras de cultivo, o el fuerte oleaje que obligó al cierre de los puertos comerciales.
Lamentablemente, el temporal 'Gloria' no ha sido el único que ha azotado nuestro país en los últimos meses. Es el cambio climático, según los expertos, el responsable de que se originen estos temporales que devastan todo a su paso: el
Temporal Dana (septiembre 2019), el Temporal Elsa (diciembre 2019) y Temporal Gloria (enero 2020).
Desde Ciudadanos creemos que, aunque estos fenómenos son naturales y por ello poco predecibles y controlables, las diferentes administraciones e instituciones de nuestro país deben implantar medidas preventivas de mantenimiento dirigidas a
que tanto las ciudades como las zonas rurales estén preparadas para la llegada de estos temporales.
Todas las medidas de prevención que se implanten, no solo harán que no sean tan graves sus efectos, sino que influirán en la creación de empleo directo en zonas rurales, ayudando a reducir las tasas de paro, y ayudará a la fijación del
territorio en zonas donde existan problemas de despoblación.
Entre estas medidas, que dependen de diferentes administraciones, creemos que son muy importantes, y las mínimas imprescindibles:
1. La limpieza y adecuación de los cauces fluviales que evite desbordamientos futuros como los que suceden cada año. Con actuaciones constantes en épocas de tranquilidad climática. Son las Confederaciones Hidrológicas, dependientes del
Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), las que tienen la obligación de realizar estas labores de mantenimiento.
2. Protección de entornos urbanos afectados por su proximidad a los cauces para evitar que riadas o desbordes afecten a los hogares y los destrocen, así como mantenimiento preventivo del alcantarillado de las localidades cercanas por parte
de sus ayuntamientos.
La falta de limpieza y adecuación de los cauces fluviales y de las infraestructuras relacionadas provocan numerosos desbordamientos de los cauces de los ríos de las zonas afectadas, que a su vez provocan inundaciones de tierras y pérdida de
cosechas y graves daños a infraestructuras y otros bienes, a causa de roturas de muros de contención dispuestos, precisamente, para evitar esos desbordamientos.
Son muchas las cuencas que necesitan obras de infraestructura para evitar o paliar daños en caso de crecida de los ríos, mediante las soluciones técnicas que deban analizarse y abordarse y que resulten las más eficientes, bien mediante el
dragado y/o ampliación de dichos cauces, bien mediante el desvío del propio cauce en determinados puntos de su recorrido.
Las asociaciones agrarias españolas han reclamado en numerosas ocasiones a los ministerios correspondientes que las Confederaciones Hidrográficas que cumplan con sus obligaciones de mantenimiento de los cauces y de las infraestructuras
hidráulicas, pero como hemos comprobado una y otra vez en los últimos años con los distintos temporales que ha sufrido España, las actuaciones son muy deficientes y, en muchos lugares, inexistentes.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Determinar y cuantificar, a la mayor brevedad posible, el alcance real de los daños causados por las lluvias, nevadas, granizo, vientos, tormentas, temporal marítimo e inundaciones sucedidas en todas las zonas afectadas por el temporal
'Gloria'.
2. Declarar las áreas afectadas como Zona Gravemente Afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo previsto en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
3. Conforme al artículo 24 de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, adoptar todas las medidas necesarias para la compensación de daños a las personas y propiedades en las zonas decretadas como afectadas gravemente por una
emergencia de Protección Civil.
4. Elaborar y ejecutar de forma inmediata un plan de recuperación urgente de playas, así como de infraestructuras accesorias, para que se encuentren en pleno rendimiento en la próxima campaña turística de Semana Santa 2020.
5. Habilitar todos los recursos necesarios para la reparación de las infraestructuras viarias (carreteras, puentes, ...) y ferroviarias afectadas.
6. Facilitar a los ayuntamientos y vecinos afectados el apoyo necesario e imprescindible para la tramitación de ayudas, partes de daños y seguros con el fin de recibirlos con la mayor rapidez.
7. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una Comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio.
8. Realizar la evaluación correspondiente de la habitabilidad de los edificios de las zonas afectadas, proporcionando igualmente recursos necesarios para ofrecer temporalmente alternativas habitacionales a las familias que hayan perdido su
vivienda.
9. Realizar una labor de coordinación con el resto de Administraciones implicadas para cooperar tanto en la prevención de futuros daños como la mitigación de los efectos de los temporales que está afectando a determinadas zonas de nuestro
país.
10. Adoptar y cumplir medidas concretas para asegurar un debido mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas vinculadas a los cauces de los ríos españoles en momentos de tranquilidad climática a fin de evitar o paliar lo máximo posible
los daños producidos tras los temporales.
11. Ejecutar las obras de infraestructura hidráulicas necesarias en las diferentes zonas fluviales de nuestro país, a fin de evitar o paliar lo máximo posible los daños producidos tras los temporales.
12. Elaborar planes formativos para las FCSE y las Policías Locales para lograr establecer operativos rápidos y efectivos en el tratamiento y actuaciones en estas catástrofes y lograr así una efectiva coordinación a través de un Plan
Integral que incluya a la Unidad Militar de Emergencias, indicativos de Protección Civil, bomberos y servicios sanitarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2020.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000165
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán y don Alberto Asarta Cuevas, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputado del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a medidas a adoptar en relación con el control de la plaga Delottococus Aberiae, para su discusión en Comisión.
Exposición de motivos
En los primeros meses de 2009, se detectó en algunas parcelas de cítricos de la localidad de Benifaió de les Valls (Valencia) un insecto pseudocóccido muy semejante al cotonet, que causa intensas alteraciones en la forma de los frutos. La
observación detallada bajo microscopio de sus caracteres morfológicos, y la consulta con expertos de otros países ha permitido identificarlo como Delottococcus aberiae (De Lotto), pseudocóccido originario del África Subsahariana cuya presencia era
hasta ahora desconocida en Europa.
Un estudio realizado en 2015 por investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia/Instituto Agroforestal del Mediterráneo y la Universidad de Stellenbosch (Sudáfrica), analizó el ADN del insecto Delottococcus aberiae detectado en
Valencia en 2009, y confirmó que coincidía con el de la zona de Limpopo (Sudáfrica), por lo que la causa más probable de la infección es la comercialización en España de cítricos sudafricanos, así como un fallo en las obligadas y necesarias
inspecciones en los puntos de control de fronteras.
El Delottococcus aberiae es la peor plaga a la que se han enfrentado los citricultores españoles: se propaga con rapidez -gran parte de la provincia de Castellón y la de Valencia ya están infectadas-, causa la reducción en el tamaño del
fruto y le produce graves malformaciones, de modo que no es comercializable, y resulta muy difícil de combatir.
Según el Instituto Agroforestal del Mediterráneo, en declaraciones publicadas en la revista 'Phytoma' de 4 de septiembre de 2019, 'el Delottococcus aberiae ya se ha extendido a toda la zona citrícola, desde el norte de Vinaroz hasta el sur
de Orihuela. Las seiscientas trampas cebadas han
permitido detectar Delottococcus aberiae en todas las áreas de producción citrícola de la Comunidad Valenciana, con capturas especialmente altas entre Castellón de la Plana y Puzol, la zona entre Tabernes de la Valldigna y Gandía y en la
zona citrícola de Ondara-Pego'.
Por todo lo expuesto, dado que (i) se trata de una plaga de enorme gravedad para nuestra citricultura, (ii) que existe una responsabilidad clara de la Administración en la propagación de la misma a los campos valencianos a través de partidas
de cítricos procedentes de Sudáfrica, (iii) que tanto la lucha biológica como las investigaciones sobre feromonas quedan lejos de ser una realidad para esta campaña y campañas posteriores y (iv) que los únicos preparados químicos eficaces para el
control de la plaga (clorpirifos y metil-clorpirifos) terminan su autorización como sustancias activas de uso el 31 de enero de 2020, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, dentro de sus competencias, lleve a cabo e impulse todas las actuaciones necesarias para que se ejecuten las siguientes medidas:
1. Calificar de Utilidad Pública la lucha contra la plaga de Delottococcus Aberiae, adoptando las medidas que se justifiquen técnica o científicamente como necesarias en el control de la misma.
2. Aprobar un Programa Nacional de Erradicación o Control de la plaga.
3. En coordinación con las Comunidades Autónomas, adoptar medidas urgentes tendentes a impedir de manera eficaz su transmisión o propagación al resto del territorio nacional.
4. Impulsar, promover y agilizar el uso de medios biológicos en la lucha contra la plaga de Delottococcus Aberiae.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2020.-Alberto Asarta Cuevas, Diputado.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/000081
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para rectificar el acuerdo suscrito
entre el Partido Nacionalista Vasco y el PSOE, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
El pasado 30 de diciembre de 2019 se hizo público el acuerdo suscrito entre el Presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el Presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Andoni Ortúzar, por el cual los nacionalistas vascos se
comprometían a votar favorablemente la investidura del señor Sánchez.
En ese acuerdo el entonces candidato a Presidente del Gobierno se comprometió, entre otras cosas, 'a proceder en seis meses al traspaso de las competencias de tráfico a la Comunidad Foral de Navarra, con el mismo contenido y extensión que
las realizadas en su día a la Comunidad Autónoma Vasca'. Asimismo, acuerdan que 'el proceso de determinación de los objetivos de déficit correspondientes a la CAV y a la Comunidad Foral de Navarra, así como el de los criterios de reinversión del
superávit de las entidades locales, diputaciones forales y gobiernos en sus respectivos territorios se realizará con la participación y en el marco de las Comisiones Mixtas de Concierto y Convenio'.
Ambos acuerdos no son cuestiones menores para Navarra, pero aunque lo fueran, resulta sorprendente, por no decir indignante, que un Presidente del Gobierno de España en funciones y un presidente de un partido político que dirige otra
Comunidad autónoma española distinta a la navarra, actúen con absoluto desprecio hacia la Comunidad Foral, acordando asuntos que corresponden en exclusiva a las instituciones de Navarra. Esa intolerable injerencia debe ser rechazada en todos sus
términos, no solo por el contenido de la misma, sino también por la forma ofensiva, invasiva y de total intromisión en los asuntos de la Comunidad Foral de Navarra, al margen de los navarros y de las instituciones que les representan.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a no tomar en consideración los acuerdos suscritos entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista Obrero Español en todo lo que se refiera a la Comunidad Foral de Navarra.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de enero de 2020.-Ana María Beltrán Villalba, Diputada.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000140
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para declarar profesión de riesgo a
los policías locales y su inclusión en el Real Decreto 1087/2015, de 4 de diciembre, sobre procedimiento, condiciones y alcance del reconocimiento de las prestaciones de incapacidad permanente y muerte y supervivencia para el personal de las Fuerzas
Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado derivado de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social, para su debate en la Comisión de Política Territorial y Función Pública.
Exposición de motivos
Las distintas leyes de coordinación que regulan a las Policías Locales de España definen sus funciones, en sus respectivos ámbitos de actuación, y son:
a) Proteger a las autoridades de las Corporaciones Locales y vigilar y custodiar los edificios, instalaciones y dependencias de dichas Corporaciones.
b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el núcleo urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación.
c) Instruir atestados por accidentes de circulación acaecidos dentro del núcleo urbano, en cuyo caso comunicarán las actuaciones realizadas a las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad competentes.
d) Ejercer como Policía administrativa, a fin de asegurar el cumplimiento de Reglamentos, Ordenanzas, Bandos, Resoluciones y demás disposiciones y actos municipales, de acuerdo con la normativa vigente.
e) Ejercer como Policía judicial, de acuerdo con el artículo 12 y la normativa vigente.
f) Realizar diligencias de prevención y actuaciones dirigidas a evitar la comisión de actos delictivos, en cuyo caso, comunicarán las actuaciones realizadas a las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad competentes.
g) Colaborar con las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Policía autonómica en la protección de las manifestaciones y en el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas, cuando sean requeridas para ello.
h) Cooperar en la resolución de los conflictos privados, cuando sean requeridas para ello.
i) Vigilar los espacios públicos.
j) Prestar auxilio en accidentes, catástrofes y calamidades públicas, participando, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes, en la ejecución de los planes de protección civil.
k) Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de medio ambiente y de protección del entorno.
I) Realizar actuaciones dirigidas a garantizar la seguridad vial en el Municipio.
m) Cualquier otra función de Policía y de seguridad que, de acuerdo con la legislación vigente, les sea encomendada.
El Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales al servicio de las entidades que integran la Administración local, ha supuesto un paso
adelante en el reconocimiento y equiparación de los policías locales con otros colectivos integrados en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como muestran los indicativos por las funciones que realizan y las situaciones a las que
diariamente se enfrentan.
Pese a que este paso es importante, consideramos que no solo les corresponde la aplicación de unos coeficientes reductores para adelantar la edad de su jubilación, sino que debemos considerar a este colectivo como ejerciente de una profesión
de riesgo, por lo que creemos que es de justicia eliminar esta discriminación e incluir al colectivo con el resto de policías del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil y Policías Autonómicas, e incluirles en el Real Decreto 1087/2015, de 4 de
diciembre, sobre procedimiento, condiciones y alcance del reconocimiento de las prestaciones de incapacidad permanente y muerte y supervivencia para el personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado derivado de su
inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social.
El servicio que presta el cuerpo de policía local, como el resto de los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, es fundamental en nuestra democracia para garantizar la convivencia en libertad, debiendo enfrentarse en numerosas ocasiones a
situaciones que entrañan el mismo grado de peligrosidad y penosidad que el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Igualmente, hay que tener en cuenta la degradación en las condiciones de calidad de vida y trabajo que sufren como consecuencia del envejecimiento de las plantillas, lo que conlleva el paulatino deterioro del operativo en los Cuerpos de
Policía Local, y, por ende, de la eficacia de los servicios públicos de seguridad que se les tiene encomendados.
Esa peligrosidad y penosidad en el desarrollo de la labor de los policías son dos factores determinantes en el importante incremento del número de accidentes laborales que sufren, que derivan en muchos casos en incapacidades totales que
impiden el desarrollo de la labor policial y que suponen el reconocimiento de una pensión solo del 55 %, lo que aboca al policía local que sufre este tipo de situación a un evidente desamparo económico.
Los diferentes colectivos y representantes de los sindicatos policiales han dirigido esta justa reivindicación a las distintas Administraciones, tanto regionales y locales (como en Andalucía, La Rioja o Valencia), como al Gobierno de la
Nación, encontrando en general en todas ellas apoyo y solidaridad, si bien, es necesario el impulso decisivo que permita una solución efectiva y rápida.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a declarar profesión de riesgo a la Policía Local y su inclusión en el Real Decreto 1087/2015, de 4 de diciembre, sobre procedimiento, condiciones y alcance del reconocimiento de las
prestaciones de incapacidad permanente y muerte y supervivencia para el personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado derivado de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2020.-María Soledad Cruz-Guzmán García, Diputada.-Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cultura y Deporte
161/000006
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el apoyo del Gobierno de España a
la creación del Consorcio Monumental casco antiguo de Badajoz, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Los consorcios, según se definen en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o
entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias.
En el caso de los consorcios monumentales tienen por objeto la cooperación económica, técnica y administrativa entre las entidades que lo integran para la gestión, organización e intensificación de las actuaciones relativas a la
conservación, restauración, acrecentamiento y revalorización de la riqueza arqueológica y monumental en las zonas históricas o monumentales.
En la región de Extremadura solo hay dos ciudades que cuenten con este tipo de entidades: el Consorcio Ciudad Monumental de Mérida y el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica.
El Consorcio Ciudad Monumental, Histórico-Artístico y Arqueológico de Mérida se constituye como una entidad de derecho público, integrada por la Junta de Extremadura, el Ministerio de Cultura, la Diputación Provincial de Badajoz y el
Ayuntamiento de Mérida. Dotado de medios y presupuesto, que en 2019 han sido 6,2 millones de euros, es responsable directo de la gestión del yacimiento arqueológico de Mérida, incluyendo su investigación, conservación y restauración. Por otro
lado, el Consorcio 'Cáceres, Ciudad Histórica' solo implica a la Junta, la Diputación Provincial de Cáceres y el Ayuntamiento de Cáceres, teniendo por finalidad la coordinación de las actuaciones en materia de conservación, rehabilitación y
mantenimiento del patrimonio arquitectónico, histórico y artístico de la ciudad; en el ámbito de promoción, dinamización y fomento del turismo y en los usos residenciales, comerciales, turísticos, culturales y de ocio en la Ciudad Monumental y su
zona de influencia.
Badajoz, la ciudad más grande de Extremadura, con un 10 % de la población de la región, alberga un Casco Antiguo que conserva multitud de edificios declarados Bien de Interés Cultural. Entre los monumentos destacar la Alcazaba, la Catedral
de San Juan Bautista, las murallas, torres, puertas, puentes o diversas fortificaciones de su recinto abaluartado, así como numerosos palacios, iglesias y conventos.
Además, el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz tiene un importante patrimonio documental. Palacios o edificios históricos albergan instituciones culturales o museos, como el Museo de Bellas Artes de Badajoz.
En Badajoz existe la intención crear un consorcio que dirija la revitalización de todo el Casco Antiguo, al menos, en las mismas condiciones que Mérida y Cáceres, siendo necesario el apoyo decidido de Junta y Diputación, así como del
Gobierno de España, para que la parte histórica de Badajoz se recupere.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar la creación y constituirse como parte integrante del Consorcio Monumental del casco antiguo de Badajoz.
2. Participar activamente, con presupuesto económico comprometido, en las actuaciones de conservación, restauración y revitalización del casco antiguo de Badajoz.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2019.-Víctor Valentín Píriz Maya y Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos, Diputados.
161/000178
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instada del Diputado de Compromís, don Joan Baldoví Roda, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la Proposición no de Ley,
sobre la ampliación de un IVA reducido para los espectáculos culturales pirotécnicos, para su debate en el Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
La pirotecnia es sin ningún tipo de dudas uno de los elementos más preciados del rico patrimonio cultural valenciano. Su uso, permanentemente vinculado a un inmenso listado de manifestaciones de la más diversa cultura festiva valenciana, se
remonta siglos atrás de nuestra historia y, entre otras consideraciones, constituye uno de los elementos reconocidos en el expediente que el pasado 30 de noviembre de 2016 posibilitó la inclusión de la fiesta de las Fallas como Patrimonio inmaterial
de la Humanidad de la UNESCO.
En paralelo al desarrollado y arraigo histórico del arte pirotécnico y de sus manifestaciones rituales, al sí de la sociedad valenciana, se ha consolidado igualmente la creación de una importante industria pirotécnica valenciana, en muchas
ocasiones vinculada a empresas de tradición familiar, que para su creatividad e importancia han adquirido en muchos casos un amplio reconocimiento no solo en el ámbito valenciano y estatal, sino también a nivel internacional. Este reconocimiento
generalizado ha favorecido que muchas empresas autóctonas puedan participar con su arte en muchas manifestaciones festivas y culturales, así como en eventos sociales de gran importancia en todo el mundo.
Con todo, los efectos de la reciente crisis económica y las derivadas propias de las normativas de contratación y de seguridad han tenido como consecuencia la agravación de unos tiempos que ya de por sí son complicados para el sector desde
el punto de vista económico a pesar de que, como podemos comprobar habitualmente en las citas del calendario festivo, su capacidad tiene un gran impacto positivo en la economía por su considerable retorno en determinados sectores de la hostelería y
el turismo.
A estas problemáticas cabe sumarle el abusivo aumento del IVA cultural que perpetró el expresidente Mariano Rajoy en el año 2012, pasando del 8 % al 21 %, y que acaparó igualmente la industria pirotécnica valenciana. En los últimos años,
este IVA se ha rebajado al 10 % en algunos sectores culturales del cine, la música, la danza o el teatro. No obstante, una de las industrias valencianas más auténticas y populares, como es la pirotecnia, continúa padeciendo esta excesiva carga.
Por todo lo anteriormente expuesto, presento la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Impulsar a todos los efectos posibles el reconocimiento artístico a los espectáculos pirotécnicos por su innegable valor cultural y la creatividad que cada uno de los profesionales de la pirotecnia utiliza para su diseño y ejecución.
2. Iniciar los trabajos y estudios necesarios para aplicar un tipo de IVA reducido, equivalente al denominado como IVA cultural, para la contratación de espectáculos pirotécnicos por su innegable carácter cultural.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2020.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Laura Borràs Castanyer, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
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parte 2