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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 54, de 17/05/2017
cve: DSCD-12-PL-54
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 54
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 52
celebrada el miércoles,
17 de mayo de 2017
Preguntas ... (Página6)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Xuclà), sobre la valoración de la llamada 'Operación Diálogo' con las instituciones y la sociedad civil catalana en aras a lograr un mejor entendimiento. (Número de expediente 172/000043) ...
- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para promover el saneamiento y realización de una actuación integral sobre las rías gallegas. (Número de expediente 172/000044) ...
- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al ministro de Justicia sobre sus políticas para dar cumplimiento a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de guarda y custodia compartida. (Número de expediente 172/000045) ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, al ministro del Interior sobre las medidas que piensa adoptar ante la alarma social que han generado las actuaciones de altos responsables del departamento en relación con personas investigadas por
delitos relacionados con la corrupción. (Número de expediente 172/000046) ... (Página49)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación):
- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la privatización de los servicios públicos y de salud y sus efectos sobre la sostenibilidad del sistema sanitario y sobre la salud de la población. (Número
de expediente 173/000030) ... (Página56)
- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a las políticas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre adopciones internacionales en España. (Número de expediente 173/000031) ... (Página64)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Preguntas ... (Página6)
Del diputado don Antonio Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Considera suficiente la reacción del Gobierno ante los casos de corrupción que se han conocido recientemente?
(Número de expediente 180/000259) ... (Página6)
Del diputado don Albert Rivera Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cómo piensa el Gobierno eliminar los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos, tal y como prevé
el acuerdo número 94 de pacto de investidura? (Número de expediente 180/000258) ... (Página7)
Del diputado don Gabriel Rufián Romero, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Tiene el presidente del Gobierno algo que decirle a las miles de personas que han hecho colas en el
control de pasaportes del Aeropuerto de Barcelona-El Prat? (Número de expediente 180/000269) ... (Página9)
De la diputada doña Carlota Merchán Mesón, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Va a cumplir el Gobierno los compromisos adquiridos en materia de reasentamiento y
reubicación de refugiados? (Número de expediente 180/000263) ... (Página10)
Del diputado don Aitor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Cómo piensa el Gobierno cumplimentar lo dispuesto en la disposición adicional sexta y
séptima de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros acuerdos internacionales? (Número de expediente 180/000251) ... (Página11)
Del diputado don José María Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Qué valoración hace el Gobierno del primer pleno del Consejo de Cooperación
para el Desarrollo de 2017? (Número de expediente 180/000265) ... (Página13)
Del diputado don Luis Carlos Sahuquillo García, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Considera el ministro de Justicia que está asumiendo adecuadamente sus responsabilidades al frente del
ministerio? (Número de expediente 180/000260) ... (Página14)
De la diputada doña María Mercè Perea i Conillas, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Cuándo van a cesar las injerencias del Gobierno en el trabajo de los fiscales que luchan contra la corrupción?
(Número de expediente 180/000261) ... (Página15)
Del diputado don Ignasi Candela Serna, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al señor ministro de Hacienda y Función Pública: ¿En qué criterios se ha basado el Gobierno para aprobar las inversiones reales previstas en el Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017? (Número de expediente 180/000250) ... (Página17)
Del diputado don Antonio Hurtado Zurera, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro del Interior: ¿Cómo justifica el mantenimiento en su cargo del secretario de Estado de Seguridad? (Número de expediente 180/000262)
... (Página18)
Del diputado don Íñigo Errejón Galván, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula al señor ministro del Interior: ¿Considera compatible el Gobierno la imputación de Concepción Dancausa con su
actividad como delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid? (Número de expediente 180/000256) ... (Página19)
Del diputado don Francesc Xavier Domènech Sampere, en sustitución del diputado don Jaume Moya Matas, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte:
¿Por qué motivos los representantes del Ministerio de Cultura no asistieron a la reunión del Comité Ejecutivo del Consorcio del Palau de la Música del pasado viernes 12 de mayo? (Número de expediente 180/000268) ...
De la diputada doña Ione Belarra Urteaga, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Considera que su Gobierno, con la implantación
atropellada, improvisada e imprevista de la Lomce, está en condiciones de promocionar al curso siguiente, recuperar en septiembre o finalmente deba repetir curso? (Número de expediente 180/000255) ... (Página22)
Del diputado don Juan Carlos Girauta Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que formula al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte: ¿Cómo piensa actuar el ejecutivo para garantizar el rigor académico de los libros de texto y
evitar la distorsión de la Historia y la organización institucional del Estado? (Número de expediente 180/000257) ... (Página24)
De la diputada doña Miriam Alconchel Gonzaga, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Cómo valora el Gobierno los efectos que ha tenido el Real Decreto-Ley 16/2012 en
el Sistema Nacional de Salud, tras cinco años de su vigencia? (Número de expediente 180/000264) ... (Página25)
De la diputada doña Carmen Navarro Lacoba, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Cuáles son las principales actuaciones que el Gobierno quiere impulsar
mediante el proyecto de presupuestos del área de servicios sociales e igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para el año 2017? (Número de expediente 180/000267) ... (Página27)
De la diputada doña Irene María Montero Gil, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones
Territoriales: ¿Qué labores de apoyo va a realizar la vicepresidenta al presidente del Gobierno en relación con su comparecencia en el juicio del caso Gürtel? (Número de expediente 180/000254) ... (Página28)
Interpelaciones urgentes ... (Página29)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Xuclà), sobre la valoración de la llamada 'Operación Diálogo' con las instituciones y la sociedad civil catalana en aras a lograr un mejor entendimiento ... (Página29)
Formula la interpelación urgente el señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Mixto.
En nombre del Gobierno contesta la señora vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales (Sáenz de Santamaría Antón).
Replica el señor Xuclà i Costa y duplica la señora vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.
Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para promover el saneamiento y realización de una actuación integral sobre las rías gallegas ... (Página35)
Formula la interpelación urgente el señor Gómez-Reino Varela, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (García Tejerina).
Replica el señor Gómez-Reino Varela y duplica la señora ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al Ministro de Justicia sobre sus políticas para dar cumplimiento a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de guarda y custodia compartida ... (Página42)
Formula la interpelación urgente la señora Rodríguez Hernández, doña Melisa, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Montserrat Montserrat).
Replica la señora Rodríguez Hernández y duplica la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Del Grupo Parlamentario Socialista, al Ministro del Interior sobre las medidas que piensa adoptar ante la alarma social que han generado las actuaciones de altos responsables del Departamento en relación con personas investigadas por delitos
relacionados con la corrupción ... (Página49)
Formula la interpelación urgente el señor Sicilia Alférez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En nombre del Gobierno contesta el señor ministro del Interior (Zoido Álvarez).
Replica el señor Sicilia Alférez y duplica el señor ministro del Interior.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación.) ... (Página56)
Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la privatización de los servicios públicos y de salud y sus efectos sobre la sostenibilidad del sistema sanitario y sobre la salud de la población ...
Defiende la moción la señora Sibina Camps, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Igea Arisqueta, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Fernández Díaz, don Jesús María, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Sorlí Fresquet y Nogueras i Camero, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana, así como la señora Hernández Bento, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Sibina Camps.
Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a las políticas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre adopciones internacionales en España ... (Página64)
Defiende la moción la señora Reyes Rivera, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Nogueras i Camero, del Grupo Parlamentario Mixto, así como para fijación de posición el señor Martínez Oblanca, del mismo grupo; el señor Carracedo Verde, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y la señora González Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, así como la señora Ferrer Tesoro, del Grupo
Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Reyes Rivera.
Se suspende la sesión a las dos y cuarenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON ANTONIO HERNANDO VERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA SUFICIENTE LA REACCIÓN DEL GOBIERNO ANTE LOS CASOS DE CORRUPCIÓN QUE SE HAN CONOCIDO RECIENTEMENTE?
(Número de expediente 180/000259).
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Comenzamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo.
Preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta del diputado don Antonio Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor HERNANDO VERA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor presidente del Gobierno, ayer todos los grupos de la Cámara, a excepción del suyo, el Partido Popular, reprobamos al ministro de Justicia, al fiscal general del Estado y al fiscal Anticorrupción. Les reprobamos a ellos, pero
el destinatario, naturalmente, es usted. Por eso, le hago dos preguntas. Primera, si usted considera que mantenerles en sus puestos es positivo para la credibilidad de la justicia. Segunda, si usted considera que la reacción del Gobierno ante los
casos de corrupción que hemos conocido es la adecuada.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor presidente del Gobierno, adelante.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Gracias, señor Hernando.
A la primera, le contesto que sí. Tengo plena confianza en las personas a las que usted ha hecho referencia. Y en cuanto a la relación del Gobierno ante la corrupción, persigue cuatro objetivos. El primero, prevenirla y, por tanto,
mejorar los controles; en segundo y en tercer lugar, perseguirla y descubrirla, y para ello hay que apoyar a quienes tienen esa función encomendada por nuestra Constitución y por nuestro ordenamiento jurídico, y el cuarto gran objetivo sería
castigarla, para ello hemos aumentado las sanciones.
Sinceramente, aunque nunca es suficiente, estamos mejorando tanto en el control como en el conocimiento público de la misma. Ahora se conoce y se descubre, así como su sanción, pero, insisto, tenemos que seguir todos perseverando.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Hernando.
El señor HERNANDO VERA: Señor Rajoy, ya no esperaba otra cosa de usted. ¿Cómo va a hacerles dimitir o va a cesarles si están haciendo lo que usted quiere que hagan, que es parar la avalancha de
corrupción que a usted se le está viniendo encima? Leales con la justicia no están siendo, pero obedientes a usted, un montón, y por eso les mantiene donde les mantiene. Pero, fíjese, la semana pasada aparecieron unas noticias sobre un
supuesto chantaje a su persona por parte de una gente sobre la corrupción del Partido Popular. Su portavoz se apresuró a desmentirlas. Pero, ¿por qué tenemos que tener a todo un presidente del Gobierno a merced y saliendo al paso de este tipo de
informaciones? Porque en el corazón de sus problemas sigue, señor Rajoy, la financiación negra del Partido Popular durante veinte años y porque ayer tuvimos el enésimo informe de la Guardia Civil -en este caso mencionando a Cristina Cifuentes- en
relación con el amaño de contratos en la Comunidad de Madrid, señor Rajoy. (Protestas).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
El señor HERNANDO VERA: Y porque usted vive en vilo a merced de la corrupción desde aquellos famosos SMS, a merced de los tribunales y no solamente de los tribunales, sino también de los chantajistas, señor Rajoy. Y no es adecuada la
reacción del Gobierno desde el momento en que su delegada del Gobierno en Madrid, cuando es imputada, critica a la justicia; la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando la implica la Guardia Civil, critica a la justicia, y los abogados del
Partido Popular en este escrito piden que usted declare a través de plasma, señor Rajoy. ¡Si usted vive a diez minutos de la Audiencia Nacional y no declara como presidente del Gobierno, declara como presidente del Partido Popular! Me imagino que
para usted no es grato ir a la Audiencia Nacional y cruzarse miradas con compañeros de toda la vida que ahora están en el banquillo, pero tampoco crea usted que es buena estrategia procesal hacerlo desde un despacho de Génova reformado con dinero
negro.
Señor Rajoy, si usted quiere hacer creer a la ciudadanía -a nosotros ya no nos hace creer nada- que en serio está luchando contra la corrupción, renuncie a sus privilegios y vaya a declarar en persona a la Audiencia Nacional. Se lo puedo
decir de otra forma: señor Rajoy, sea fuerte, dé la cara ante el tribunal y olvídese del plasma. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Señor Hernando, si usted sabe que yo no iba a cesar al ministro ni a los fiscales, desconozco cuáles son las razones por las que me pide -y además en sede parlamentaria- que proceda a su cese,
sobre todo cuando usted mismo acaba de reconocer aquí que yo no los iba a cesar. Tenía usted razón, señor Hernando. Le recomiendo que en el futuro no le haga perder el tiempo a esta Cámara.
Habla usted de chantaje y dice usted que alguien ha tenido que desmentir esa información. Yo ni siquiera me tomo la molestia de desmentirlo, igual que no voy a desmentir muchas de las afirmaciones que usted acaba de hacer en esta Cámara
porque no estoy dispuesto a entrar en el juego de algunos. Lo que sí puedo decirle es que poco más puedo añadir a lo que le he dicho la semana pasada, la anterior y la anterior a la anterior en esta Cámara, no voy a reiterar el sinfín de leyes que
sin duda han sido útiles para mejorar la lucha contra la corrupción, ni todos los medios que hemos puesto a disposición de quienes tienen que luchar contra ella. No voy a cansarle, además no tendría tiempo para hablar de todos los casos de
corrupción que afectan a su partido. Sí quiero decirle, señor Hernando, que apunte usted alguna idea para que seamos todos más eficaces en la lucha contra la corrupción, defienda usted la presunción de inocencia y no aplique ese concepto que ya se
está generalizando llamado presunción de culpabilidad y apoye las medidas que hemos propuesto.
Sinceramente, creo que lo más importante en materia de lucha contra la corrupción en estos momentos es que el próximo domingo día 21 llegue su pentecostés y dejen de hacer méritos para que gane uno y no pierda otro.
Muchas gracias. (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON ALBERT RIVERA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CÓMO PIENSA EL GOBIERNO ELIMINAR LOS AFORAMIENTOS LIGADOS A CARGOS POLÍTICOS Y REPRESENTANTES PÚBLICOS, TAL Y COMO
PREVÉ EL ACUERDO NÚMERO 94 DE PACTO DE INVESTIDURA? (Número de expediente 180/000258).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Albert Rivera Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, también al señor presidente del Gobierno. Adelante, señor Rivera.
El señor RIVERA DÍAZ: Gracias, presidenta.
Señor presidente, el pasado mes de diciembre, después de firmar el acuerdo de investidura para que usted fuera presidente -había ganado las elecciones-, Ciudadanos exigió una serie de condiciones para cambiar algunas de las leyes actuales.
Usted le decía al señor Hernando que proponga alguna idea. Es verdad que el señor Hernando y otros no proponen muchas ideas, pero yo le voy a proponer una que está en el acuerdo de investidura y que usted tendrá que comprometerse porque lo firmó su
portavoz. Señor Rajoy, le preguntaba a la vicepresidenta en diciembre por este asunto, la supresión de los aforamientos de nuestra Constitución, para que todos los cargos públicos de esta Cámara, del Senado y del Gobierno no tengamos ningún
privilegio y, si algún día imputan a alguien, no tengamos que ir a un juzgado especial ni a un tribunal especial, sino que vayamos a un juzgado natural.
Pasado ya un tiempo desde la investidura, casi seis meses, después de la respuesta de la señora vicepresidenta, habiendo suprimido ya los aforamientos en algún estatuto de autonomía, como en Murcia, estando ya en trámite en Andalucía,
habiendo hecho la propuesta en Castilla y León y en Madrid, yo le quiero preguntar, señor Rajoy, a usted, que dice que no hablemos solo del lío, sino de propuestas: ¿está el Partido Popular dispuesto a comprometerse a una reforma exprés de la
Constitución para que nadie de esta Cámara tenga que ir al Tribunal Supremo ni a ningún aforamiento y podamos ser juzgados, si nos toca, en un juzgado de primera instancia, con un juez natural, como cualquier otro ciudadano? (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor presidente del Gobierno, adelante.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias.
Señor Rivera, quisiera hacerle algunos comentarios y someterlos a su consideración. Como usted sabe, la legislatura acaba de empezar. Hemos cumplido muchos aspectos de nuestro acuerdo de investidura. Hay tiempo para los demás. Pero este
asunto por el que usted se interesa no es menor y conviene que lo hagamos, porque no es menor, con un acuerdo amplio sobre el fondo del asunto y también con un acuerdo que tenga el mayor número de apoyos posibles en esta Cámara, y nada de esto se
produce, al menos en mi opinión, en este momento.
Hay algunas cuestiones que me preocupan, señor Rivera, y sobre las que creo que debemos trabajar. El artículo 71 de la Constitución española dice que los diputados son inviolables por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus
funciones. Es decir, que cualquiera de los que estamos aquí podemos decir lo que estimemos oportuno y conveniente sobre cualquiera y eso no produce efecto alguno. También los diputados y senadores, dice la Constitución, tienen inmunidad, es decir,
no pueden ser detenidos salvo en caso de delito flagrante. Tampoco pueden ser los diputados y senadores procesados ni inculpados sin autorización de esta Cámara. En cuarto lugar, dice que tendrán que ser juzgados por la Sala Segunda del Tribunal
Supremo. ¿Queremos solo cambiar esto o no queremos cambiar la parte referida a inviolabilidad, inmunidad y autorización para procesar? Porque eso sin duda es una garantía mucho mayor para los diputados. ¿Para qué delitos? ¿Solo para los no
relacionados con la vida pública o para los relacionados con la vida pública no se cambia?
Señorías, los senadores y los diputados, al ir al Tribunal Supremo, no tienen posibilidad de recurrir. Si hacemos un cambio, el que usted propone, ¿cuántas instancias tendrán derecho a utilizar en el supuesto de que sean condenados? Hay
2000 aforados entre cargos públicos y electos, 15 000 jueces y fiscales y 263 000 aforados parciales de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿Esto afecta a todos? Yo, sinceramente, creo que eso debemos pensarlo,
como debemos pensar si es bueno que haya unos diputados autonómicos aforados y no los diputados o los senadores centrales, porque eso puede afectar al principio de igualdad de los españoles. Por ello le propongo que hagamos un debate sobre este
asunto, estudiemos el tema y ya con conocimiento de causa lo traigamos aquí para aprobarlo en su día.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Rivera.
El señor RIVERA DÍAZ: Señor presidente, esta conversación la tuvimos usted y yo en agosto, antes de cerrar el acuerdo de investidura, pero usted parece un estudioso del derecho en vez de un ejecutivo. Hay que tomar decisiones, señor Rajoy.
Usted no está aquí para hacer preguntas retóricas: ¿y qué hacemos con no sé qué artículo y qué podríamos hacer con no sé qué? Hacer, señor Rajoy, actuar, cambiar. La señora vicepresidenta me contestó lo mismo que usted en diciembre. ¿Hasta
cuándo, señor
Rajoy? No tenga miedo usted a perder el aforamiento, no tenemos que tener miedo a ir a un juzgado que no lo escoja... (Rumores). No se pongan nerviosos, están muy nerviosos hoy, no sé por qué. Señor Rajoy, lo que le pido es que actúe.
Usted es Gobierno, nosotros somos legisladores. Aquí tenemos una propuesta que le hemos hecho saber a su grupo, no para hacer preguntas de estudioso, sino para ser ejecutivos y legislativos. En este documento de reforma, en el que hablamos de esos
dos artículos que usted dice, que conozco igual que usted, ya hay estampada una firma, está la firma del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y con su firma, si usted tiene palabra, debería estar la del señor Hernando, 169 escaños, y luego ir a buscar
más escaños. Aquí hay que ejecutar, señor Rajoy. Las reformas se harán con el Partido Popular o sin él, pero hay que hacerlas. No tengan ustedes miedo y no diga que esto es un lío, porque lío es el que tienen ustedes montado.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor presidente, adelante.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Yo estoy de acuerdo, señor Rivera, en que hay que tomar decisiones, pero no por mucho madrugar amanece más temprano (Risas), y si va usted muy rápido, corre el riesgo de estrellarse. De lo que
se trata es de que amanezca, y para que amanezca conviene estudiar bien los temas y, en lugar de estar dando la lata con el pasado, mirar hacia el futuro y hacer propuestas concretas. (Aplausos.-Rumores).
- DEL DIPUTADO DON GABRIEL RUFIÁN ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿TIENE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ALGO QUE DECIRLE A LAS MILES DE PERSONAS QUE HAN HECHO COLAS EN EL
CONTROL DE PASAPORTES DEL AEROPUERTO DE BARCELONA-EL PRAT? (Número de expediente 180/000269).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Gabriel Rufián Romero, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Rumores).
Silencio, señorías. Adelante, señor Rufián.
El señor RUFIÁN ROMERO: Gracias, presidenta.
Señor Rajoy, una curiosidad. ¿Tiene usted algo que decirles a los miles de personas que han hecho, hacen y, probablemente, harán colas de horas en el control de pasaportes del aeropuerto de El Prat.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Sí, señor Rufián, tengo algo que decirle. El origen de la situación por la que usted se interesa deriva de una medida adoptada por la Unión Europea en la lucha contra el terrorismo, lo cual es
razonable, señor Rufián; baste con recordar los desgraciados atentados terroristas que se han producido muy cerca de nuestra casa, en el Reino Unido, en Bélgica, en Francia y en Alemania. La medida que ha adoptado la Unión Europea consiste en
incrementar las inspecciones en fronteras de todas aquellas personas beneficiarias por el régimen comunitario. Insisto, se trata de preservar la seguridad de la gente, algo que pienso es muy razonable. Esto que, insisto, es una medida europea es
algo muy loable y que genera problemas. En lo que estamos trabajando ahora es en solventar esos problemas que están ocurriendo hoy en muchos aeropuertos de la Unión Europea, estamos todos coordinados y estamos tomando medidas para que las molestias
sean mínimas. Yo espero que dentro de pocas fechas usted ya no tenga que volver a hacerme esta misma pregunta porque no haya caso ni molestias para la gente.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Rufián.
El señor RUFIÁN ROMERO: La verdad es que yo también lo espero, señor Rajoy, señor presidente. Mientras tanto, alguna idea. Desde el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana le pedimos -de hecho, le exigimos- que le diga a su número
dos, el señor Nieto -alias 'el amigo de los hermanos
Ignacio Dalton'-, (Rumores) y también a su número uno de Interior, el señor Zoido -alias 'no somos tontos, nos ocultaríamos como antes'-, que todos aquellos policías que tienen en manifestaciones, en desahucios, en operaciones Cataluña, en
brigadas patrióticas y, sobre todo, dando palos y pelotazos en El Tarajal los envíen al control de pasaportes del aeropuerto de El Prat, en Barcelona. Y, sobre todo, que dejen de hacer el ridículo en el control de pasaportes, por lo menos hasta que
en la futura república catalana tomemos el control del aeropuerto si así su pueblo lo quiere.
Muchas gracias y buenos días. (Aplausos.-Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías, por favor.
Señor presidente, adelante.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Señor Rufián, se pueden pedir cosas y se pueden hacer planteamientos sin necesidad de faltar al respeto a las personas (Aplausos), porque además no cuesta nada, quedaría usted muy bien y, a lo
mejor, hasta nos parecería usted un señor simpático. Pero, las cosas son como son. Yo voy a intentar responderle.
Ya le he dicho antes que estamos ante un problema de seguridad. Lo que estamos haciendo es lo siguiente: Incrementar la dotación de agentes para afrontar el creciente número de pasajeros, que son muchos; incrementar el número de equipos
informáticos y el número de auxiliares para ayudar a los pasajeros, y también haremos un seguimiento semanal para que las cosas vayan bien en el futuro. Ahora, puesto a decir cosas, podrían hacer lo mismo también en el metro de Barcelona, para no
echarle la culpa siempre de lo que sucede a ese concepto jurídico indeterminado que usted llama Madrid. Porque en el metro hay huelga, hay aglomeraciones, hay problemas de andenes y también hay mossos d'Esquadra haciendo exactamente lo que usted
dice que hace la Policía Nacional, cosa que no hace.
Por tanto, señor Rufián, yo me voy a ocupar de mis obligaciones; ocúpense ustedes de las suyas y no hagan de la política simplemente un ejercicio contra Madrid, porque ustedes tienen muchas competencias que ejercer y hacen mucho daño a los
ciudadanos, véase el metro de Barcelona. (Aplausos).
- DE LA DIPUTADA DOÑA CARLOTA MERCHÁN MESÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿VA A CUMPLIR EL GOBIERNO LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN MATERIA DE REASENTAMIENTO Y
REUBICACIÓN DE REFUGIADOS? (Número de expediente 180/000263).
La señora PRESIDENTA: Preguntas ahora dirigidas al señor ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Pregunta de la diputada doña Carlota Merchán Mesón, del Grupo Parlamentario Socialista.
Adelante.
La señora MERCHÁN MESÓN: Gracias, presidenta.
Señor ministro, 133 son los días que faltan para que termine el plazo de dos años en los que el Gobierno se comprometió a acoger a 17 337 refugiados procedentes de Siria. Quedan 133 días para acoger a 16 033 personas. La Comisión Europea
ha emitido duras conclusiones y recomendaciones sobre los reasentamientos y reubicaciones de España. ¿Qué piensa de esas conclusiones, señor ministro? ¿Qué medidas va a tomar para establecer el cupo mensual que nos pide la Comisión? ¿Cómo va la
negociación con la Comunidad de Sant'Egidio? Espero que no haga como el mal estudiante, ese que no asume responsabilidades y se justifica mirando a quienes suspenden más que él, porque nosotros estamos ahí, en el grupo de los alumnos que suspenden.
En Bruselas el Parlamento aprobó la iniciativa socialista de crear un sistema para sancionar a quienes incumplan los compromisos de acogida, y ayer el comisario de Inmigración e Interior anunció que también está estudiando abrir expedientes
sancionadores a los incumplidores. Le pregunto: ¿va a cumplir el Gobierno los acuerdos y los compromisos de acogida? La respuesta es sencilla: sí o no. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Dastis Quecedo): Gracias, presidenta.
Señoría, este Gobierno está haciendo todo lo que está en su mano para cumplir esos requisitos, y lo está haciendo por solidaridad con los interesados, con nuestros socios, por convicción moral y porque lo demanda nuestra sociedad. En cuanto
al grado de cumplimiento, le diré que es difícil cumplir con el
compromiso de 17 000 plazas cuando según el informe de ayer de la Comisión hay que reubicar a 12 400 personas en Grecia y a algo más de 4000 en Italia.
En todo caso, le diré -y no amparándome en aquello de que hay otros peor que nosotros- que en materia de reubicación tenemos 1500 procedimientos en marcha, de los cuales han llegado 886, y en cuanto a reasentamiento hay 960 procedimientos en
marcha y hemos mostrado disponibilidad para reasentar a 542 personas más, es decir, más de las 1449 a las que nos habíamos comprometido.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora Merchán, adelante.
La señora MERCHÁN MESÓN: Tras el Consejo Europeo, el presidente del Gobierno pedía en esta Cámara paciencia estratégica, inteligencia y generosidad. Señoría, su Gobierno no está actuando con inteligencia, y mucho menos con generosidad, y
en cuanto a la paciencia estratégica, no sé si se la pedía a los refugiados esperando que desistan de ser acogidos.
ONG, sindicatos, ayuntamientos, comunidades autónomas, la ciudadanía de este país no quieren escuchar más excusas; quieren que vengan ya. Este año se conmemora el veinticinco aniversario de la acogida de refugiados de Bosnia Herzegovina.
Entonces éramos un país mas pobre, con unas cifras de paro muy similares a las de hoy, sin apenas experiencia en acogida y sin embargo lo hicimos, porque este país es un país solidario, sensible al dolor ajeno. ¿Qué ha pasado para que entonces
pudiéramos hacerlo y hoy no? Se lo voy a decir: entonces había un Gobierno solidario y sensible que atendió a la ciudadanía; había un Gobierno socialista.
Señor ministro, lleva seis meses en el cargo, el tiempo suficiente para saber lo que se espera de su ministerio, y debe decidir qué legado quiere dejar este Gobierno, y desde luego no se me ocurre uno peor que el que este país sea sancionado
por no acoger a quienes huyen de la guerra y el terror. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Dastis Quecedo): Gracias, presidenta.
Señoría, este Gobierno es consciente de los anhelos de solidaridad de la población española, pero lo que no puede pedirme es que desconozcamos las reglas de la Unión Europea. Tenemos que respetar los requisitos y procedimientos de la Unión
Europea, que, por cierto, nos ha llamado la atención por tratar de acoger las peticiones humanitarias de gente que quería venir específicamente a España. No podemos elegir; tenemos que esperar a que nos digan a quién podemos traer.
Entre tanto, estamos trabajando para asegurarnos de que los que vengan tengan las mejores condiciones de acogida y de inserción social. Por eso estamos trabajando juntamente con las otras administraciones, comunidades autónomas, municipios,
pero también con el sector privado. Me gusta reconocer que empresas como Telefónica están trabajando para desarrollar talentos entre la juventud refugiada y otras también como Vips, Alsa o FCC para mejorar su empleabilidad o Ikea para mejorar sus
condiciones de acogida. Con todos ellos estamos trabajando y esperemos también poder trabajar con la oposición y con otras administraciones para hacer realidad que los refugiados que vengan a España se sientan como en su país de origen.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias.
- DEL DIPUTADO DON AITOR ESTEBAN BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿CÓMO PIENSA EL GOBIERNO CUMPLIMENTAR LO DISPUESTO EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA Y
SÉPTIMA DE LA LEY 25/2014, DE 27 DE NOVIEMBRE, DE TRATADOS Y OTROS ACUERDOS INTERNACIONALES? (Número de expediente 180/000251).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida también al señor ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación del diputado don Aitor Esteban Bravo del Grupo Parlamentario Vasco, PNV.
El señor ESTEBAN BRAVO: Buenos días, señor ministro.
En noviembre de 2014 se aprobó la Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales y en ella, a instancias de nuestro grupo, se introdujeron dos disposiciones adicionales, sexta y séptima, referentes al régimen foral vasco y al régimen foral
navarro. Según ellas, las instituciones competentes del País Vasco y de Navarra participarán en la delegación española que negocie un tratado internacional que tenga por ámbito derechos históricos tanto si su actualización general ha sido llevada a
cabo por el estatuto de autonomía como aquellos otros casos cuya actualización singular lo haya sido por el legislador ordinario en el marco de la disposición adicional primera de la Constitución y, en su caso, del estatuto de autonomía. Por eso le
pregunto, ¿cómo piensa el Gobierno cumplimentar lo dispuesto en estas disposiciones adicionales?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Dastis Quecedo): Muchas gracias, presidenta.
Señor Esteban, como usted bien ha dicho, la Ley 25/2014 pretende adaptar la regulación en materia de tratados a la realidad de España como Estado autonómico y como miembro de la Unión Europea. Es una muestra de la voluntad del Gobierno
atender esas realidades e incorporarlas a nuestra práctica internacional sobre la base de la relación de lealtad mutua que tenemos con las comunidades autónomas. Por otro lado, es el cumplimiento del mandato de la Constitución que ampara y respeta
los derechos históricos de los territorios forales.
Por tanto, la puesta en práctica de ese mandato la haremos respetando la Constitución y el propio título V de la ley y, como usted ha mencionado también, las disposiciones sexta y séptima que reconocen al País Vasco y a Navarra el derecho a
participar en las delegaciones, pero, naturalmente, teniendo en cuenta también el mandamiento del artículo 149 de la Constitución, según el cual corresponde al Gobierno la dirección de las negociaciones y la decisión final sobre las mismas.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señor ministro, nadie discute la dirección de las negociaciones, pero estará de acuerdo con el presidente cuando dice que el ordenamiento jurídico está para cumplirse. Lo que no pueden convertirse ambas
disposiciones adicionales es en cláusulas vacías, que hasta ahora lo han sido. De alguna manera habrá que implementar un mecanismo que simplemente puede ser la manifestación o la información a ambos Gobiernos de qué tratados internacionales va a
abordar el Gobierno del Estado, cosa que, según mis informaciones, hasta ahora no ha ocurrido. Ese mecanismo debería convertirse en algo rutinario porque, si no, es muy difícil que estos puedan alegar un interés justificado en base a estas
disposiciones para formar parte de esa delegación. Hay algunas materias muy evidentes, no seré exhaustivo, pero le voy a decir algunas que incluso están marcadas por los propios estatutos: educación, seguridad, económico-fiscal, transportes,
cultura y lengua y todo lo referido al ámbito local. Es meridianamente claro que eso entra dentro de la disposición adicional primera más otras referencias que hay a lo largo y ancho del ordenamiento jurídico del Estado y que se han ido
introduciendo en el desarrollo de la disposición adicional primera en diferentes leyes.
Lo importante es que se establezca un mecanismo, lo importante es que verdaderamente no queden en papel mojado y, para ello, es necesario que fluya la información desde el Ministerio de Asuntos Exteriores hacia estos Gobiernos para que
puedan ver cumplimentado su interés. Por eso le pido que lo que no se haya hecho hasta ahora pueda hacerse en una fecha próxima.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Dastis Quecedo): Señor Esteban, tomo nota de su solicitud, que me parece perfectamente razonable. Es verdad que hasta ahora no ha habido mucho tiempo para desarrollar y aplicar la
ley, que fue aprobada a finales de 2014 y, desde
entonces, hemos tenido dos elecciones generales y un Gobierno en funciones. Pero dicho esto, la voluntad del Gobierno es cumplirla, y vamos a desarrollarla, como está previsto en la disposición final tercera de la propia normativa, para
especificar cuáles deben ser las instituciones competentes, los derechos históricos que se invocan o el reparto competencial. En todo caso, independientemente de que ese desarrollo vaya a tardar más o menos, estos aspectos normativos no impiden que
en la práctica desarrollemos la mejor cooperación, dentro del respeto y la lealtad mutua que tenemos. Así lo haremos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ MARÍA CHIQUILLO BARBER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DEL PRIMER PLENO DEL CONSEJO DE
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 2017? (Número de expediente 180/000265).
La señora PRESIDENTA: Pregunta también al señor ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, del diputado don José María Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario Popular. Adelante, señoría.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, permítame que mis primeras palabras sean para poner en valor y reconocer el esfuerzo y trabajo que están realizando los actores españoles de la cooperación en todas las áreas geográficas del mundo, y al Gobierno de España por
mantenerse activo en todos los foros internacionales donde se concitan los grandes debates en torno a nuestro compromiso global, la Agenda 2030, participando activamente en el seno de la Unión Europea, Naciones Unidas, G20, el CAD, con propuestas y
compromisos en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Unicef, ONU Mujeres, Acnur, FAO, Programa Mundial de Alimentos, OMS, etcétera, y con espíritu constructivo de manera multilateral, con cuatro prioridades: concentración, eficacia y
eficiencia, responsabilidad y participación. Activa fue nuestra participación en el Open Working Group que dio lugar a la Agenda 2030, aprobada en septiembre de 2015, defendiendo la inclusión de la lucha contra las desigualdades o la promoción de
los derechos humanos, la lucha contra la pobreza o la igualdad de género, la salud y la educación, refugiados y migrantes, como prioridades de la agenda internacional desde España.
El Grupo Parlamentario Popular apuesta por un modelo participativo donde el Parlamento actúe como eje central de un debate constructivo, porque la cooperación es una cuestión de Estado, donde se da cauce a la participación de todos los
actores, públicos y privados, que hacen posible la cooperación española. Hoy, en pleno proceso de elaboración del V Plan Director como instrumento de planificación e implementación de la Agenda 2030 y sus diecisiete objetivos de desarrollo
sostenible, que deben impregnar nuestra acción de cooperación, le pregunto: qué valoración hace el Gobierno de España del primer pleno del Consejo de Cooperación al Desarrollo de 2017.
Muchas gracias, señor ministro. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Dastis Quecedo): Muchas gracias, presidenta. Señor Chiquillo, muchas gracias.
En efecto, la política de cooperación del Gobierno está, de una manera decidida, orientada, entre otras cosas, a la puesta en práctica de la Agenda 2030. El Gobierno hace una valoración muy positiva del primer pleno del Consejo de
Cooperación para el Desarrollo. Se trató del primer contacto a alto nivel entre nuestro ministerio y los miembros del consejo, y tuvo lugar en una atmósfera muy cordial que permitió compartir las grandes líneas de nuestra política de cooperación
internacional para esta legislatura. Asimismo, sirvió para informar de las actividades llevadas a cabo por el equipo de cooperación del ministerio en esta nueva etapa y nuestra participación en foros multilaterales, como la reunión informal de
ministros de Desarrollo de la Unión Europea, el grupo de trabajo de desarrollo del G20 o la reunión de Naciones Unidas sobre la condición jurídica de la mujer. Además, la reunión permitió dar respuesta afirmativa a la solicitud del Consejo de
Cooperación de aumentar el plazo de elaboración del V Plan Director de Cooperación. Con ello, habrá más tiempo para realizar una reflexión multidisciplinar y para que
este plan sea lo más inclusivo y participativo posible. Por supuesto, en esta fase de consultas contamos con las aportaciones de la Administración General del Estado y los miembros del Consejo, de las comunidades autónomas, de la sociedad
civil y de los miembros del Parlamento que lo deseen, a los que animo para que así lo hagan. Esta ampliación de plazo de elaboración del Plan Director implica que habrá que prorrogar, y así lo hemos acordado, el IV Plan, de forma que no haya un
vacío en nuestra política de cooperación.
De todas formas, es nuestra intención tener aprobado el V Plan Director para finales de este año. Es también nuestra intención, como así se la hemos trasladado al consejo, que dicho plan esté plenamente acompasado con la Agenda 2030 y sus
objetivos de desarrollo sostenible, con los que estamos plenamente comprometidos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON LUIS CARLOS SAHUQUILLO GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CONSIDERA EL MINISTRO DE JUSTICIA QUE ESTÁ ASUMIENDO ADECUADAMENTE SUS RESPONSABILIDADES AL FRENTE DEL
MINISTERIO? (Número de expediente 180/000260).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Justicia. Pregunta del diputado de don Luis Carlos Sahuquillo García, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Señora presidenta.
Reprobado señor ministro Catalá, la pregunta que figura en el orden del día es si está usted asumiendo adecuadamente sus responsabilidades al frente del ministerio. La respuesta se la dio ayer este Parlamento: hubo 207 diputados que le
pedimos que se fuese. Usted tuvo ayer la posibilidad de defenderse durante el debate de la moción y no tuvo la gallardía de hacerlo. Por lo tanto, ahora, transcurridas unas horas y seguro de que ha consultado con la almohada, ¿piensa usted dimitir
como ministro de Justicia? (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidenta. Buenos días.
Señoría, creo que se ha confundido respecto del debate que hubo ayer por la tarde en esta Cámara. Yo estuve presente porque pensé que era mi responsabilidad, mientras que algunos diputados y ministros socialistas, que fueron reprobados en
su día, no estuvieron y no escucharon el debate, como tuve que hacer yo ayer por la tarde. (Aplausos). Yo no tenía que intervenir porque ya lo hizo muy bien el portavoz del Grupo Popular, que creo que dejó las cosas muy claras. En todo caso,
señoría, yo ejerzo mis responsabilidades desde el compromiso al servicio del interés general, con el compromiso a los ciudadanos, y así lo vengo haciendo desde hace más de treinta años como servidor público que soy. Con lo cual, modestamente, y
dentro de mis limitadas capacidades, creo que estoy ejerciendo con responsabilidad mis responsabilidades. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Sahuquillo, adelante.
El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Señor ministro reprobado, usted debería haberse dedicado a trabajar por las reformas normativas, tecnológicas y organizativas de la justicia para conseguir una mejor tutela efectiva de cara a los ciudadanos. De
eso es de lo que tenía que haberse ocupado como ministro y no de manosear descaradamente la justicia española, ejerciendo como abogado defensor de presuntos delincuentes implicados en casos de corrupción. Se ha dedicado en exclusividad a urdir un
plan perfecto para tapar la corrupción de su partido poniendo en juego las reglas básicas del Estado de derecho, atacando la credibilidad e independencia de la justicia y generando con ello un ambiente de desafección de los españoles respecto de las
instituciones del Estado, un daño que será muy difícil de reparar. ¿Pero usted se cree sus argumentos, los que está utilizando continuamente en sede parlamentaria? Acusa, entre otras cuestiones, al resto de grupos parlamentarios de que faltamos a
la verdad, de que manipulamos, de que hacemos daño a las instituciones e incluso se atreve a decir que no tenemos pruebas. Usted no puede estar ni un minuto más en la bancada azul, como ayer le decía mi compañera, porque su problema
es que toda España lo sabe, porque así lo dicen los propios corruptos a los que hemos oído nítidamente en grabaciones que confiaban en Rafa para que se lo arreglase. Señor Catalá, desde ayer lleva usted a cuestas un cartel de reprobado,
tres quintas partes del Parlamento le pidieron que cesase. ¿Y sabe por qué sigue siendo ministro? Porque a día de hoy le es útil a Rajoy, como en su día lo fueron Mato, Wert, Gallardón o Fernández Díaz. Le es útil porque le tiene como abogado
defensor en las causas de corrupción que afectan al Partido Popular. No se escude en atacar al Partido Socialista y piense que en nuestro país hay miles de jueces y fiscales que cada día se entregan para garantizar nuestro Estado de derecho, y no
merecen que usted siga al frente del ministerio ni un minuto más. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro, adelante.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidenta.
Señor Sahuquillo, derrotado diputado, creo que todos ejercemos nuestras responsabilidades y usted, después de diez años, ha perdido la mitad del apoyo popular en la provincia por la que usted se presenta, aunque estoy seguro de que usted
también ejerce con responsabilidad su condición de representante de una provincia y como diputado (Rumores.-Aplausos). Yo creo que todos tenemos responsabilidades, todos. (Aplausos.-Continúan los rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Creo que ustedes tienen también toda la responsabilidad en elegir las preguntas y los temas que se hablan en esta Cámara, y que seguramente no quieren hablar ni de crecimiento económico ni de
creación de empleo ni de garantía de las pensiones. De eso no les interesa hablar, seguramente porque pueden dar muy pocas lecciones a la vista de cómo dejaron ustedes España en el año 2011. Pero hablemos de estos asuntos y hablemos de la justicia
y de la transparencia. Creo que ya van diez preguntas en esta Cámara, tres comparecencias en Comisión, dos interpelaciones y seguiré dando todas las explicaciones que ustedes me pidan; otra cosa es que no valgan para nada porque a ustedes no les
importa nada la verdad; solamente les interesa la falacia, el crear ruido, generar humo, decir que pasan cosas que no suceden. ¿Dónde están las pruebas, señoría?, ¿las tienen ustedes? Acredítenlas y demuestren aquello de lo que están acusando
tan gravemente no ya a mí, sino al fiscal general del Estado y al fiscal Anticorrupción. Estoy seguro de que este grupo parlamentario y este Gobierno van a seguir comprometidos, como lo han hecho hasta ahora, en la defensa del Estado de derecho, en
la lucha contra la corrupción, como no lo hizo su grupo cuando se aprobó el Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ustedes no lo apoyaron -y pudieron hacerlo- y ahora no hacen ni una sola propuesta para mejorar la lucha contra la
corrupción. A ver si el domingo que viene salimos ya de estas y podemos...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. (Aplausos).
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA MERCÈ PEREA I CONILLAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CUÁNDO VAN A CESAR LAS INJERENCIAS DEL GOBIERNO EN EL TRABAJO DE LOS FISCALES QUE LUCHAN CONTRA LA
CORRUPCIÓN? (Número de expediente 180/000261).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de la diputada doña María Mercè Perea i Conillas, del Grupo Parlamentario Socialista.
Adelante.
La señora PEREA I CONILLAS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señor reprobado ministro, usted está pero ni escucha ni contesta. No se esconda detrás de los diputados del Partido Socialista. Responda a lo que le está diciendo esta Cámara. (Aplausos). Ayer mismo, señor ministro, fue
reprobado por solo, solo 207 diputados, y lo reitero porque usted no escucha. Por hechos graves, muy graves, lo nunca vivido en esta Cámara, se le reprobó a usted por sus fiscales, por los fiscales del Partido Popular, y usted ni se inmutó.
(Continúan los rumores). Se le reprobó por dar información especialmente protegida a un amigo suyo, un compañero de partido, Pedro Antonio Sánchez, y aquí usted ni se inmuta. Se le reprobó por el nombramiento de José Manuel Maza como fiscal
general del Estado, cuestionado por todo el mundo desde el inicio, y usted nada. Nada más llegar ese fiscal general, impidió la imputación del señor Pedro Antonio Sánchez, y usted nada, ni un solo gesto. Señor ministro, ayer le estuve
mirando todo el rato, y ni un solo gesto. Le pregunto, señor ministro reprobado, ¿cuándo van a cesar las injerencias del Gobierno en el trabajo de los fiscales que luchan contra la corrupción?
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidenta.
Señoría, le recomiendo que lea su intervención y trate de no improvisarla porque, ¡vaya las cosas que ha dicho usted: Los fiscales del Partido Popular! Usted está convencida de que hay fiscales del Partido Popular, igual que sabe que yo le
di información a un imputado y sabe también que el fiscal general del Estado impidió la imputación de don Pedro Antonio Sánchez. Usted sabe un montón de cosas que no las sabe nadie más que usted, por lo que se ve. Sería bueno que las acreditasen y
que lo hiciesen, como muy bien decía el presidente del Gobierno antes, al margen de la inmunidad parlamentaria, porque están ustedes acusando de prevaricación gravísima a servidores públicos. (Continúan los rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): En todo caso señoría, injerencias, ninguna. (Aplausos). Ingerencias del Gobierno en la fiscalía, ninguna. Y no es que lo diga yo -me imagino que para ustedes mi palabra valdrá muy poco-, lo
dicen las asociaciones de fiscales, señoría, lo dice el Consejo Fiscal, que es el órgano de representación de los fiscales, lo dice el fiscal general del Estado. Injerencias, ninguna, señoría. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora Perea i Conillas.
La señora PEREA I CONILLAS: Con todo el respeto, usted no debe oír bien. Mire, este es el comunicado de la Unión Progresista de Fiscales sobre la fiscalía, sobre las injerencias que ustedes están cometiendo. (Muestra un escrito). Y digo
ustedes porque un nombramiento suyo, al fin y al cabo, es el que acaba poniendo a altos cargos en la Fiscalía General del Estado así como en la Fiscalía Anticorrupción.
Ayer escuchábamos atónitos -le digo atónitos- la entrevista que en la Cadena SER se le hizo al señor Maza, quien, sin ningún tipo de problema ni de incomodidad, no se opuso ni hizo comentario alguno sobre su reprobación; lo encontró como
algo normal, como que va con el cargo. Señor ministro reprobado, la desfachatez llegó a su cénit cuando reconoció que conocía perfectamente los intereses del hoy encarcelado, señor González, expresidente de la Comunidad de Madrid, por la Operación
Lezo. Lo reconoció y vino hasta a justificarlo. Léaselo. (Muestra otro escrito). Le entrego la entrevista para que la tenga. No tiene desperdicio. Vino a decir que era normal y que si lo conocía el señor Moix, pues más tranquilos todos; hasta
el señor exministro, Eduardo Zaplana, así lo dijo... (Aplausos.-Rumores).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Silencio. Silencio, señorías. (Continúan los rumores).
Por favor, les ruego silencio.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidenta.
Señoría, el fiscal general del Estado ha comparecido ya, en los escasos cuatro meses que lleva al frente de la institución, dos veces en la Comisión de Justicia de esta Cámara. Tienen ustedes la oportunidad y la han tenido de preguntarle,
de escuchar sus aclaraciones. Una vez más les importa a ustedes muy poco lo que pueda aportar ningún compareciente, porque ustedes solo están instalados en las falacias y en las mentiras que como un mantra repiten. Yo no sé si se dan cuenta. Yo
entiendo perfectamente el debate político, la crítica política, el hecho de intentar menoscabar al adversario político, pero, cuidado, señoría, con las instituciones, porque ustedes no están hablando mal de un ministro, de un fiscal general, están
hablando de la Fiscalía General del Estado, donde hay 2.500 personas trabajan que cada día. ¿Conoce usted a alguno?, ¿ha hablado usted con algún fiscal y le ha preguntado si tiene alguna injerencia en su trabajo?, ¿ha hecho usted ese ejercicio?
A lo mejor es que no conoce a ninguno y no tiene capacidad
de hablar directamente con los profesionales. (La señora Perea i Conillas muestra desde el escaño al señor ministro de Justicia, Catalá Polo, un escrito).
Yo hablo cada día con los profesionales: con los jueces, con los fiscales, con los abogados, con los notarios, y me consta cuál es su percepción de lo que está pasando y cuál es el enfoque que ustedes hacen. En todo caso, yo estoy seguro
de que el Partido Socialista está deseando combatir la corrupción, seguramente en Andalucía. En Andalucía, donde hay 600 investigados, 4300 millones de euros bajo sospecha; tienen ustedes a más de 370 socialistas investigados. Por lo tanto, estoy
seguro de que ustedes son los primeros interesados en combatir la corrupción. Cuando quieran, cuando pase el ruido, cuando pase el humo, después del domingo, seguiremos trabajando, señoría (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON IGNASI CANDELA SERNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: ¿EN QUÉ CRITERIOS SE HA BASADO EL GOBIERNO PARA APROBAR LAS INVERSIONES REALES PREVISTAS EN EL PROYECTO DE
LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2017? (Número de expediente 180/000250).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de Hacienda y Función Pública. Pregunta del diputado don Ignasi Candela Serna, del Grupo Parlamentario Mixto. (Rumores).
Silencio, señorías.
El señor CANDELA SERNA: Señor Montoro, atendiendo a que hay hasta tres veces y media de diferencia entre la comunidad que más recibe y la comunidad que menos recibe, ¿en qué criterios se ha basado su ministerio para prever las inversiones
reales que figuran en los Presupuestos Generales del Estado para 2017?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Señor Candela, los criterios son los que están permitiendo que España salga de la crisis económica, que estemos liderando el crecimiento en el mundo desarrollado, que seamos los creadores de empleo -casi de dos empleos que se crean en Europa
uno lo hace en España-, que la Comunidad Valenciana esté a la cabeza de ese crecimiento económico y de esa creación de empleo y que prioricemos el gasto social. Para eso son realmente los Presupuestos Generales del Estado; por cierto, también son
para habilitar una financiación autonómica que usted, como miembro de un grupo político, el Grupo Parlamentario Mixto en esta Cámara, pero de un grupo político que tiene responsabilidad de gobierno en la Comunidad Valenciana, debería apoyar unos
presupuestos que movilizan para la Comunidad Valenciana 851,4 millones de euros. En consecuencia, no tiene ningún sentido, como ya hizo el señor Baldoví, subir aquí a quejarse de lo poco que invierten los presupuestos del Estado cuando ustedes
están votando en contra de lo que sería una disposición que permitiría, que habilitaría financiar aquellas inversiones que ustedes estimen prioritarias, sobre todo, dedicar esos recursos a educación, a sanidad y a protección social.
Gracias, señora presidenta (Continúan los rumores.-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señorías, antes de darle la palabra al señor Candela Serna quiero decirles, por favor, que guarden silencio. La sesión de control es una parte más del Pleno, no es una parte excepcional del Pleno.
Adelante, señoría.
El señor CANDELA SERNA: Sí, precisamente porque somos Gobierno sabemos cuáles son nuestras atribuciones, y le voy a decir cuáles deberían ser las bases para establecer los presupuestos. Lo dice la Constitución. Artículo 31.2 de la
Constitución: El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos. Artículo 40 de la Constitución: Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para una distribución de la renta regional más equitativa.
Artículo 16, apartado 10, de la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, señor Montoro: Las inversiones que efectúe
directamente el Estado se inspirarán en el principio de solidaridad. Y ustedes, precisamente lo que han roto es el principio de solidaridad, porque aun sabiendo que el País Valenciano tiene una renta per cápita un 11 % inferior, aun
sabiendo que somos los últimos en financiación autonómica, ustedes nos castigan con la menor inversión pública del Estado. Pero no es un problema exclusivamente nuestro, también le ocurre lo mismo a Andalucía y a Baleares.
Señor Montoro, cuando se rompe la solidaridad lo que se hace es abrir el camino a la política de amiguetes y al mercadeo de derechos, y esto es lo que hacen ustedes. La consecuencia de todo esto, de mercadear con el pan de la gente y el
futuro de la gente, es una cosa que les preocupa muchísimo: ustedes lo que están haciendo es romper España, porque España se rompe por los Presupuestos Generales del Estado. En un país serio y justo la acción de los poderes públicos iría
encaminada a reducir las diferencias entre regiones y también entre clases. Esa es la definición de un buen Gobierno. Señor Montoro, un buen Gobierno gestiona y actúa políticamente, vote lo que vote la gente y venga de donde venga. Eso es lo que
hacemos en Valencia. Por eso decimos que aprendan de lo que es un buen Gobierno como el nuestro.
Señor Montoro, le pedimos que rectifiquen estos presupuestos durante la tramitación parlamentaria, porque si se aprueban conforme están, igual terminan en el Tribunal Constitucional. -Termino-. Aplaudo lo que ha hecho el Partido Popular en
la Diputación de Valencia al votar en contra de estos presupuestos. No los tutele más y déjelos ser libres.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Señor Candela, hay grupos políticos que si no lloran no maman, para entendernos. (Rumores). Ustedes hacen la política del victimismo; son víctimas: víctimas del sistema, de la injusticia, de la fractura social. Eso es lo que están
ustedes provocando. (El señor Candela Serna muestra un escrito). Estos presupuestos incrementan la inversión, la inversión en la Comunidad Valenciana sobre la inversión ejecutada -porque a la gente lo que le importa es lo que se ha hecho-, y
programan un incremento de más del 35 %, y además lo hacen en las infraestructuras que son clave. Porque afortunadamente hay otras infraestructuras que ya se han hecho; somos uno de los primeros países del mundo en dotación de infraestructuras,
pero ustedes parece que han venido a esta Cámara a llorar. Pues nada, yo le presto un paquete de clínex cada vez que intervengan en la tribuna o en su asiento, señoría. (Rumores.-El señor Baldoví Roda: ¡Mucha cara!). Pero no están para eso,
señorías; están para ejercer la responsabilidad de Gobierno. (Rumores.-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON ANTONIO HURTADO ZURERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CÓMO JUSTIFICA EL MANTENIMIENTO EN SU CARGO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD? (Número de expediente
180/000262).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas ahora al señor ministro del Interior. Pregunta del diputado don Antonio Hurtado Zurera, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidenta.
Señor ministro, si se demuestra que el señor Nieto, secretario de Estado de Seguridad, mintió en la comparecencia que aquí se celebró, ¿lo cesará de inmediato? (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Silencio. Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Señor Hurtado, el señor Nieto ha dado explicaciones suficientes desde el primer día y a petición propia. Por tanto, no parta de hipótesis que no se van a dar. Mi confianza en el señor Nieto
está intacta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Señor ministro, usted no tiene ninguna confianza en el señor Nieto. (Rumores). De hecho, no me afirma que no estaría dispuesto a cesarlo. (El señor Tarno Blanco: Sí, lo ha dicho antes). Yo le voy a dar dos
datos que son demostrativos de que mintió. En primer lugar, dijo que no conocía al señor Ignacio González. El señor Nieto estuvo en un viaje a Buenos Aires con ocasión de la presentación de Madrid para los Juegos Olímpicos de 2020, en septiembre
de 2013, y tengo testigos de ese encuentro. Además, estuvo durante cuatro años como vicepresidente de la Casa Árabe compartiendo vicepresidencia. En segundo lugar, el señor Nieto dijo en esa comparecencia que la visita de Pablo González fue una
visita no solo agendada, sino también registrada. Pues bien, según información publicada, el Ministerio del Interior no tiene constancia en absoluto de esa visita. Señor ministro, no se sostienen las dos afirmaciones en las que se sustenta y se
mantiene el secretario de Estado de Seguridad. Primera, parece ser que no sabía nada de la operación Lezo. Todo el mundo la conocía a través de los medios de comunicación, y justamente no la conocía el secretario de Estado de Seguridad. Segunda,
parece ser que en esa conversación con Pablo González no habla nada más que de los mercados, de la seguridad de los mercados. Cuando sale Pablo González, de inmediato le llama su esposa para preguntarle: ¿Cómo ha ido la conversación? -porque
estaba muy intranquila-. Y él le dice: no te preocupes, muy interesante; ya hablaremos, pero no por teléfono.
Señor ministro, las afirmaciones de los propios fiscales han sido posteriores y han dicho que ha sido un encuentro muy grave. La secretaría de Estado es en estos momentos rehén de una trama corrupta y usted lo está manteniendo. La
corrupción la están tapando ustedes y huele el cieno en la base del Partido Popular. Por tanto, cese al señor Nieto... (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Señor Hurtado, me sorprende usted con sus afirmaciones. No sé en qué situación se encuentran, qué es lo que va a pasar en el futuro, pero usted no es como hoy aquí se acaba de presentar.
Le voy a nombrar las cualidades del señor Nieto, que las conoce usted: es una persona trabajadora, es una persona profesionalmente competente, es una persona que tiene rigor, es una persona seria, es una persona responsable, es una persona
que está comprometida con el servicio público, es una persona que se ha ganado el respeto para que yo pueda confiar en él. Él está identificado con el proyecto de este Gobierno y, por eso, le puedo asegurar que la gestión que está haciendo al
frente de la Secretaría de Estado de Seguridad es muy buena; es una gestión compleja y complicada. Le voy a decir más: usted ahora mismo acaba de citar lo que dicen los fiscales, yo le voy a citar literalmente, con todo respeto, lo siguiente: la
fiscal del caso Lezo ha aclarado que no querían imputar en modo alguno ningún delito al secretario de Estado de Seguridad, el señor Nieto, al mencionarlo en el escrito del ministerio público. El fiscal jefe anticorrupción ha dicho públicamente que
el señor Nieto no tiene nada que ver con el tema. El fiscal general del Estado también ha pedido disculpas públicamente al señor Nieto por una redacción defectuosa que sembró un halo de sospecha de forma injusta, señor Hurtado.
Creo que el PSOE debería pedir perdón por estas descalificaciones, incluso insultos, y también falsas acusaciones que está vertiendo sobre una persona que es un servidor público y que usted bien conoce. Creo que ya está bien de las
alusiones que he hecho a la defensa del Estado de Derecho, a la división de poderes. No se conocía que el señor Ignacio González y el señor Pablo González estuvieran sometidos a investigación en una causa como la causa Lezo. Lo único que le
expongo es que mi confianza en el señor Nieto está intacta y por eso se va a seguir manteniendo al frente de la Secretaría de Estado de Seguridad. (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON ÍÑIGO ERREJÓN GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CONSIDERA COMPATIBLE EL GOBIERNO LA IMPUTACIÓN DE CONCEPCIÓN DANCAUSA CON SU
ACTIVIDAD COMO DELEGADA DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID? (Número de expediente 180/000256).
La señora PRESIDENTA: Pregunta también dirigida al señor ministro del Interior, del diputado don Íñigo Errejón Galván del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Adelante, señoría.
El señor ERREJÓN GALVÁN: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro del Interior, ¿considera usted compatible la imputación de la señora Concepción Dancausa por el caso de Mercamadrid con su actividad y su permanencia como delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Velázquez): Señor Errejón, en el estado en que está la causa, el Gobierno considera compatible la función como delegada del Gobierno de doña Concepción Dancausa con la situación de investigada que tiene
-insisto-, en el momento actual en el que se encuentra la investigación.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Errejón.
El señor ERREJÓN GALVÁN: Gracias, señor ministro.
Le agradezco que me haya respondido de forma tan clara. Aquí tenemos opiniones diferentes. En primer lugar, pensamos que la señora Dancausa nunca debió ser ascendida a delegada del Gobierno. En una empresa privada alguien que dirige una
entidad que pierde en una estafa 11 millones de euros no es promovido, es despedido; aun así ustedes la promovieron a delegada del Gobierno. Hoy ha sido imputada. Le cito dos ejemplos en los que delegados o subdelegados del Gobierno, habiendo
sido imputados, han dimitido o han sido cesados: octubre de 2012, Antonio Juaneda, subdelegado del Gobierno en Menorca, dimite el mismo día de su imputación. Mayo de 2015, Serafín Castellano, delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana no
dimite, pero ustedes le cesan. En este caso, no les he oído decir nada a ustedes y, a la señora Dancausa, la he oído insultar a la justicia. Mi pregunta es: en este caso por qué no. Solo se me ocurren dos opciones: en este caso no porque la
señora Dancausa quizá sabe demasiado del lodazal en el que han convertido a la Comunidad de Madrid o en este caso ustedes no la van a cesar ni le van a sugerir que dimita simple y llanamente -se lo digo con toda tranquilidad pero con pena- porque
ustedes les han perdido el respeto a los españoles. Desde hace tiempo tengo la sensación de que ustedes vienen aquí los miércoles y se ríen del conjunto de nosotros dando explicaciones que ni siquiera se creen. Así sucede que todos los grupos de
la Cámara, salvo el suyo propio, reprueban al ministro de Justicia, al fiscal general y al fiscal jefe Anticorrupción y no pasa nada; así sucede que conocemos que su número dos se reúne con Pablo González, hermano de Ignacio González -hoy los dos
en Soto del Real- y no pasa nada; así sucede que nos enteramos de que su antecesor, el señor Fernández Díaz, se reunía con el señor Rodrigo Rato -condenado- y tampoco pasa nada. Comienzo a sospechar que ustedes tienen un objetivo político, y se lo
digo de forma muy clara: derrotar moralmente a los españoles, hacer que nos acostumbremos a la corrupción, como si fuera un mal endémico de nuestro país. Pues bien, creo que todavía estamos a salvo de acostumbrarnos porque hay instituciones que
hacen las cosas de manera diferente. No todos lo hacen igual, no todos utilizan las instituciones como trinchera para proteger a los amigos. ¿Sabe cuál es el ejemplo? En el caso Mercamadrid el Ayuntamiento de Madrid pone las cuentas claras y las
pone a disposición de la justicia, mientras que otros siguen amparando a los presuntos culpables. España no se va a resignar ni a la corrupción ni a su Gobierno.
(Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor ministro, adelante.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Bueno, se ha quedado usted tranquilo, ¿no? Ha dicho todo lo que tenía que decir y se ha quedado usted muy tranquilo. (Rumores.-Protestas).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Pues a mí me preocupa mucho la intervención que usted ha hecho porque acaba de dinamitar el Estado de derecho (Rumores) y, desde luego, ha eliminado la presunción de inocencia. Usted, quizá
por su juventud, ignora el esfuerzo que hemos hecho todos los españoles para conseguir un Estado de derecho y sobre todo para construir juntos una división de poderes desde la Constitución del año 1978. (Rumores). Permítame una reflexión. Una
simple
denuncia y una admisión a trámite sin duda alguna no hacen a nadie culpable de los hechos que se hayan podido denunciar. ¿Para qué sirve, señor Errejón, una instrucción primero y un juicio después? Muy sencillo, para que pueda
salvaguardarse la presunción de inocencia, una presunción de inocencia que tiene usted, que tenemos todos y que tiene también la señora Dancausa.
Por lo que usted ha dicho aquí, esto se parecía más a un escarnio público más propio de la Edad Media o de los juicios de Salem. Pero vamos a ser rigurosos y le voy a hacer dos reflexiones solo, señor Errejón. Jurídicamente el que puede
inhabilitar a una persona para que ejerza cargo público es exclusivamente un juez y después de celebrar un juicio; políticamente al menos habrá que esperar a ver si esta denuncia que se ha admitido sigue adelante y se abre juicio oral después de
una investigación. En ese caso, el Gobierno va a actuar sin duda alguna. Conforme se hayan desarrollado las investigaciones y se abra o no juicio oral, se tomarán las decisiones. Pero le digo una cosa, usted ha conseguido lo que quería. Usted
quería aquí un escenario para empezar a hacer su difusión, su divulgación en Madrid porque usted ya está en campaña por Madrid; eso es lo que usted quería. Pues usted, queriendo eso, ha dinamitado el Estado de derecho y se ha cargado la presunción
de inocencia. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON FRANCESC XAVIER DOMÈNECH SAMPERE, EN SUSTITUCIÓN DEL DIPUTADO DON JAUME MOYA MATAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE: ¿POR QUÉ MOTIVOS LOS REPRESENTANTES DEL MINISTERIO DE CULTURA NO ASISTIERON A LA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL CONSORCIO DEL PALAU DE LA MÚSICA DEL PASADO VIERNES 12 DE MAYO? (Número de expediente 180/000268).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de Educación, Cultura y Deporte formulada por el diputado don Francesc Xavier Domènech Sampere, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Adelante, señoría.
El señor DOMÈNECH SAMPERE: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro aún no reprobado, ¿por qué motivos los representantes del Ministerio de Cultura no asistieron a la reunión del 12 de mayo del Consorcio del Palau de la Música?
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y Montojo): Señora presidenta, señorías, buenos días. Espero que no acierte usted en sus predicciones, señor Domènech.
En marzo del año 2012 y siguiendo las recomendaciones de los asesores jurídicos de la fundación, se decidió unánimemente personarse como acusación particular contra los señores Millet y Montull, como autores del delito continuado de
apropiación indebida. Más adelante, durante el juicio oral, un acuerdo de la fiscalía con ambos acusados permitió reducir penas a cambio de que a través de sus declaraciones se derivase una imputación a la antigua Convergència. A partir de ahí, el
Ayuntamiento de Barcelona pidió a los patronos que se ampliara la acusación a Convergència por delito de tráfico de influencias. La fundación solicitó dos informes jurídicos, uno a los abogados del Palau y otro a un penalista independiente. ¿Qué
dicen los abogados del Palau? Que no resultaría admisible una mutación de las pretensiones punitivas en este momento procesal por motivos de indefensión, que la acción civil encuentra más impedimentos para su modificación porque la propia ley
impide tajantemente la variación de la demanda tras el comienzo del juicio y porque una eventual adhesión a la postura del fiscal no sirve a los fines de resarcimiento perseguidos por el Palau de la Música.
Y lo mismo dice el catedrático de derecho penal Juan Córdoba Roda. Por tanto, la posición del Ministerio de Cultura es clara, es seguir el informe de los servicios jurídicos. En eso estábamos y en eso estamos.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Domènech, adelante.
El señor DOMÈNECH SAMPERE: No ha respondido a la pregunta; me pasa a menudo con ustedes. Le he preguntado por qué no acudieron. Lo que he oído ahora es la defensa por parte del Gobierno del Partido Popular de la posición de la
Generalitat de Catalunya en esa reunión, cosa sorprendente. Es decir, que en estos momentos el Gobierno del Partido Popular y el Gobierno de la Generalitat de Catalunya tienen exactamente la misma posición sobre por qué el Palau de la Música no
tiene que personarse, encausarse para recuperar el dinero que le fue escamoteado, es decir el caso del 3 %, que afecta a un partido concreto, a Convergència. No pensaba que ustedes defenderían exactamente el mismo criterio en este sentido.
Además, no me ha contestado porque la pregunta era por qué ustedes no fueron. Si ustedes querían defender esto, lo podían haber defendido perfectamente, pero no estuvieron allí para hacerlo. Pasaron dos cosas ese viernes 12 de mayo, la
primera cosa es que ustedes anunciaron que iban a traer al Congreso el decreto de la estiba y que tenían el apoyo de Convergència para aprobarlo. La siguiente cosa que pasó ese viernes es que ustedes no acudieron a la reunión del Consorcio del
Palau de la Música para defender su posición y con esa ausencia hicieron efectivo que el Palau no se personase contra Convergència. De eso, pruebas no tengo pero normalmente uno puede establecer una relación de causa-efecto entre una cosa y la
otra. Y sabemos perfectamente que ustedes sabían cuál era el contenido de la reunión -como ha demostrado usted-, sabían que podían delegar voto y no lo hicieron, y sabemos también que ustedes, siendo el partido con más causas de corrupción de toda
Europa, ya no solo se ocupan de las suyas sino que también se ocupan de las de otros, y encima mercadean con la corrupción. Es decir, yo te cambio esto por esto. Eso tiene un nombre, se llama pacto de silencio, se llama omertà. Y con su respuesta
-que no ha respondido-, con su no asistencia, hace más clara la visión de que esto es un pacto de silencio para esconderse conjuntamente casos de corrupción.
¿Qué sabemos? Sabemos que ustedes han coadyuvado a que no se persone el Palau de la Música en el caso del 3 % para recuperar aquello que le fue saqueado; sabemos que, a cambio de esa ayuda, parece ser que van a ayudarles a ustedes a
precarizar las condiciones de los trabajadores. (Aplausos.-Rumores). Lo sabemos todos.
La señora PRESIDENTA: Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y Montojo): Gracias.
En la primera intervención ha hecho usted de pitonisa sobre mi futura reprobación y ahora tiene usted imaginación fértil. En la vida le dará muchas satisfacciones la imaginación fértil pero aquí no tiene usted razón alguna.
Yo no le he leído las consideraciones de la Generalidad de Cataluña, le he leído lo que dicen los abogados. Lo que dice el Ministerio de Cultura es que hay que seguir lo que dicen los abogados; es una cuestión puramente técnica, señor
Domènech -insisto, puramente técnica- en la que a nosotros lo que nos interesa es que se sancione a los responsables y recuperar el dinero. ¿Y sabe usted por qué no fuimos? No fuimos, primero, porque nuestra posición era clara. Segundo, porque en
el orden del día se hablaba únicamente de debate y no de conclusiones. Y, tercero, porque sabíamos que esto es una guerra entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalidad y, dentro de la Generalidad, entre PDeCAT y Esquerra Republicana. ¿Y
nosotros qué queremos? Los intereses generales, recuperar el dinero, no queremos meternos en batallas políticas en las que están ustedes. A nosotros nos importan los intereses generales, señoría, no las futuras elecciones autonómicas en Cataluña.
Por eso no hemos ido, por no hacerles el juego a ustedes, señorías. Por lo tanto, ahí está. Tenga usted más suerte con su imaginación fértil en otras ocasiones.
Gracias. (Aplausos).
- DE LA DIPUTADA DOÑA IONE BELARRA URTEAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿CONSIDERA QUE SU GOBIERNO, CON LA IMPLANTACIÓN
ATROPELLADA, IMPROVISADA E IMPREVISTA DE LA LOMCE, ESTÁ EN CONDICIONES DE PROMOCIONAR AL CURSO SIGUIENTE, RECUPERAR EN SEPTIEMBRE O FINALMENTE DEBA REPETIR CURSO? (Número de expediente 180/000255).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de la diputada doña Ione Belarra Urteaga, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Adelante, señoría.
La señora BELARRA URTEAGA: Buenos días, señor ministro.
Después de la aplicación improvisada y atropellada que ha hecho su Gobierno de la Lomce, ¿cree que van a pasar de curso, tendrán que ir a septiembre o finalmente repetirán? (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y Montojo): Buenos días, doña Ione.
Ni atropellada, ni improvisada, ni imprevista. Este Gobierno está en condiciones de proporcionar estabilidad a un sistema educativo necesitado de ella, mediante diálogo y consenso, al que este ministro -que es amigo de causas difíciles-
también quiere sumar a su grupo.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora Belarra.
La señora BELARRA URTEAGA: Don Íñigo, le diría que a usted también le aqueja una suerte de síndrome de amnesia que aqueja mucho a las otras señorías del Partido Popular. Le voy a ayudar a hacer un poco de memoria. Usted, en julio de 2016,
aprobó un real decreto de reválidas cuando tenían un Gobierno en funciones que estaba en funciones para todo menos para lo que le interesaba a usted. Tenía ya en ese momento toda la oposición de la Cámara para la aplicación de la Lomce, que había
sido paralizada en esta misma Cámara en la XI Legislatura, cuando se aprobó la paralización del calendario de aplicación. En septiembre y octubre se le plantearon desde la comunidad educativa dos huelgas, una huelga general educativa y una huelga
de estudiantes. Fue entonces, cuando usted se encontró que tenía las calles llenas y las aulas vacías, cuando por fin dio marcha atrás y aprobó ese real decreto-ley para paralizar por fin las reválidas. ¿Qué supuso eso? Que los chavales empezaron
el curso pensando que tenían reválidas y lo acabaron pensando que ni sí ni no. Esto les ha llevado a encadenar una serie de chapuzas, una tras otra, que han llevado a que tanto las familias como los profesores como sobre todo los estudiantes de
cuarto de la ESO hayan caído en una indefensión en la que no saben todavía, a mitad de mayo, cómo van a aprobar, cómo van a conseguir el título, si van a poder o no pasar a bachillerato. Han convertido unas pruebas finales de etapa en unas pruebas
de diagnóstico que ni son de diagnóstico ni sirven para nada porque son diferentes en cada comunidad autónoma, los datos que recogen son muestrales o censales, según lo que considere cada territorio, y además se aplican cuando ya los alumnos van a
salir del centro, con lo cual, como digo, no sirve para nada ese diagnóstico.
Yo creo que en realidad ustedes ya sabían muy bien lo que estaban haciendo. Esta aplicación de las reválidas perjudica al alumnado que está en situación más desfavorecida, y eso ya lo sabían ustedes también cuando aplicaron la Lomce, porque
desde el principio ustedes han tenido un único objetivo político en educación, que es acabar con la educación pública. Lo dicen así y es así. Yo le voy a decir una cosa bien clara: desde mi grupo vamos a apoyar siempre a quienes se echan sobre
sus espaldas al sistema educativo público -porque son ellos, a los que ustedes van a hacer que a los tres años de interinos no puedan continuar trabajando- para que puedan seguir trabajando. Nosotros... (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro, adelante.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y Montojo): Señoría, tiene usted una memoria muy selectiva. Desde que llegué al ministerio he intentado buscar el consenso y el acuerdo, precisamente para garantizar al
sistema educativo tranquilidad y seguridad. Me he reunido con las comunidades autónomas en más de cuarenta ocasiones, he tenido cuatro conferencias sectoriales, todos los reales decretos que ha elaborado este Gobierno en cumplimiento de la Lomce
han sido hechos con consenso, con el acuerdo de las comunidades autónomas, y el último, ese al que usted se ha referido, el importante decreto-ley de finales de noviembre, no fue por las presiones de una huelga general donde, sinceramente, no hubo
casi nadie. Ustedes saben que la llamada huelga general pinchó; lo saben ustedes, como lo sabemos todos y lo sabe la comunidad educativa. No fue por eso. Fue porque había que garantizar al sistema tranquilidad y seguridad mientras logramos el
objetivo que pretendemos todos en esta Cámara, que es el pacto social y político por la educación. Eso es lo que queremos todos, en eso estamos trabajando. Por eso, el presidente del Gobierno, en la sesión de investidura, propuso que se
suspendieran
los efectos académicos de las reválidas, de las evaluaciones. Eso fue lo que hubo, no otra historia. Por eso el curso 2016-2017 está transcurriendo con absoluta normalidad. Cuando algunos amigos suyos han intentado convocar una huelga
general ahora en marzo, ¿qué ha pasado? Que no ha ido nadie, que han tenido que desconvocar hasta las manifestaciones. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque lo que la gente quiere es seguridad, estabilidad y apuesta por el pacto. En eso estamos.
Yo les diría que cuando este sistema educativo español está obteniendo buenos resultados -estamos viendo PISA, estamos viendo Timss, estamos viendo la reducción del abandono escolar, que es muy grave, del 30 % al 18,6 %; son buenas cifras-
hay que alegrarse. Es que hay que alegrarse cuando hacemos las cosas bien, que no las hace solo el Gobierno, que es la comunidad educativa. Yo no me canso de decir que son los profesores los que están en el centro del sistema. No lo denigremos,
no hablemos mal de él porque hablar mal del sistema educativo español es hablar mal de nosotros mismos, es hablar mal del futuro de los españoles. Yo les animo a que sean positivos... (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON JUAN CARLOS GIRAUTA VIDAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: ¿CÓMO PIENSA ACTUAR EL EJECUTIVO PARA GARANTIZAR EL RIGOR ACADÉMICO DE LOS LIBROS DE TEXTO Y
EVITAR LA DISTORSIÓN DE LA HISTORIA Y LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL ESTADO? (Número de expediente 180/000257).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Juan Carlos Girauta Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Adelante, señoría.
El señor GIRAUTA VIDAL: Gracias, presidenta.
¿Qué piensa hacer el Gobierno para garantizar el rigor académico de los libros de historia y para evitar las distorsiones en los mismos, así como en lo que atañe a la organización institucional del Estado?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y Montojo): Es muy importante garantizar el rigor académico de los libros de texto y evitar cualquier distorsión en la enseñanza de la historia común a todos los españoles,
así como también la organización institucional del Estado. Recientemente, señoría -y su pregunta es muy pertinente porque va por ahí-, en el seno de la subcomisión para el pacto de Estado, social y político por la educación, impulsada por este
Gobierno y el resto de los grupos de la Cámara, ha habido unas declaraciones del presidente de la Asociación nacional de editores de libros y material de enseñanza respecto a recomendaciones -incluso habló de presiones- a las que tiene que hacer
frente este colectivo a la hora de ajustar los contenidos de los textos a los decretos autonómicos. Este Gobierno comparte algunas de las reflexiones realizadas en dicha comparecencia. La distribución competencial entre el Estado y las comunidades
autónomas, consagrada en nuestra Constitución, no puede llevar al absurdo de elaborar textos de matemáticas, de biología, de geografía diferentes para cada comunidad autónoma. El ordenamiento jurídico vigente lo que establece en la disposición
adicional cuarta de la ley del año 2006, modificada en 2013, es, primero, que no hay un sistema de censura previo para los libros de texto ni materias curriculares y, en segundo lugar, que todos los libros de texto deben cumplir requisitos como el
rigor científico y el respeto a los valores y principios constitucionales. Y establece una última cosa: que la competencia para supervisar libros de texto es de las comunidades autónomas en el ámbito territorial en el que son competentes. Por
tanto, la función que tiene el Ministerio de Educación es una función subsidiaria; corresponde a las comunidades autónomas velar por ese rigor y al Ministerio de Educación velar por que las comunidades autónomas cumplan con ese rigor.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Girauta, adelante.
El señor GIRAUTA VIDAL: Me parece que aquí no vela nadie, ni unos ni otros. En atención a la denuncia de presiones que han sufrido las editoriales miembros de la Asociación de editores de libros y
material de enseñanza no citaré los nombres concretos de esas editoriales, pero sí le voy a citar el informe del sindicato AMES donde, en una serie de libros de textos de editoriales bien conocidas, se detecta reducción de los contenidos
establecidos en el Real Decreto 126/2014, algo por lo que yo creo que usted y su Gobierno deberían velar. Se detecta falta de rigor científico y terminológico en los libros de texto de Conocimiento del Medio en Cataluña, en 5.º y 6.º de primaria.
Se presenta a Cataluña como una entidad separada del resto de España y en muchos casos enfrentada; se presentan una Administración pública y una jerarquía de leyes que no se corresponde con la realidad.
Usted dice que ellos tienen que velar y que al Gobierno le toca una tarea subsidiaria. Mire, que se ponga en marcha cuanto antes esa subsidiariedad; le insto a que cumplan con la ley y con el currículo básico. Tengo aquí ejemplos de
libros de texto para niños de 5.º y 6.º de primaria donde se dice: El rei Felip IV de Castella i de Catalunya-Aragó... Es decir, que había un rey Felipe IV que lo era de Castilla y de Cataluña-Aragón, un ente que los que estudiamos antes de la
penetración nacionalista no conocíamos. Sistemáticamente se habla de la confederación catalano-aragonesa para referirse a la Corona de Aragón; se siembra -y lo dice el sindicato AMES- la discordia, se resalta lo que nos diferencia y se oculta lo
que nos une. Hace poco una persona del Partido Socialista preguntaba qué es una nación; una nación es una trama de afectos, señor ministro, y esos afectos se están diluyendo. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor ministro, adelante.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y Montojo): Gracias, señor Girauta.
En efecto, esa labor que le corresponde al ministerio, el ministerio la cumple; es una labor que tiene que ser activada a través de una denuncia y lo que hace el ministerio en este caso es llamar a la Alta Inspección. La Alta Inspección
envía un requerimiento a la comunidad educativa pertinente, se establece un diálogo ente unas y otras y, en caso de que no haya acuerdo, se acude a los tribunales. Ese es el procedimiento que está establecido en estos momentos en la LOE, modificada
por la Lomce. Yo estoy dispuesto a cambiarlo, a buscar otro que sea más eficaz, y para eso creo que en estos momentos tenemos un instrumento útil, esa subcomisión para el pacto de Estado social y político por la educación nos puede permitir buscar
un procedimiento que haga lo que usted dice que hay que hacer y que yo comparto con usted, y es una nación, ese plebiscito diario del que habla... (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MIRIAM ALCONCHEL GONZAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LOS EFECTOS QUE HA TENIDO EL REAL DECRETO-LEY 16/2012
EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, TRAS CINCO AÑOS DE SU VIGENCIA? (Número de expediente 180/000264).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Pregunta, en primer lugar, de la diputada doña Miriam Alconchel Gonzaga, del Grupo Parlamentario Socialista.
Adelante, señoría.
La señora ALCONCHEL GONZAGA: Gracias, presidenta.
¿Cómo valora el Gobierno los efectos que ha tenido el Real Decreto-ley 16/2012 en el Sistema Nacional de Salud tras cinco años de vigencia?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Montserrat Montserrat): Gracias, presidenta.
Señora Alconchel, los valoramos positivamente tanto desde el punto de vista de la cohesión y la calidad en la asistencia a los ciudadanos como desde el punto de vista del mantenimiento y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora Alconchel.
La señora ALCONCHEL GONZAGA: Señora ministra, se cumplen cinco años desde que la ministra Ana Mato puso fin a la universalidad, a la equidad y a la accesibilidad de nuestro sistema sanitario público. Son cinco años que ustedes no evalúan
porque se les caería el discurso, pero sí lo han hecho entidades sociales y organismos internacionales, desde Naciones Unidas hasta el Consejo de Europa, incluida la defensora del pueblo, y les advierten que están vulnerando el derecho a la
protección de la salud de las personas. Han excluido del sistema a los jóvenes sin prestación por desempleo que salen de este país más de noventa días para estudiar o buscar empleo, han excluido a personas por no tener vínculo con la Seguridad
Social, a extranjeros, y han impuesto un copago farmacéutico injusto. Se cumplen cinco años de una reforma cruel que ha ocasionado sufrimiento: enfermos crónicos sin controles periódicos; interrupciones de tratamientos; embarazadas sin control
médico durante el periodo de gestación; niños y niñas a los que se les ha negado la atención primaria; personas trasplantadas que tienen que pagar el tratamiento tras la operación, y podría seguir y seguir con casos documentados y denunciados por
organismos independientes. ¿De verdad van a seguir con la excusa del turismo sanitario para justificar todo esto? El sistema no es más sostenible -eso es falso-, pero sí es más injusto. Dejen de lanzar el balón a las comunidades autónomas porque
la salud no puede depender de dónde se nace o de dónde se vive, lo que genera desigualdades y supone jugar con la salud. Dejen de cargar en los profesionales la responsabilidad de garantizar la asistencia sanitaria que ustedes niegan.
Señora ministra, los presupuestos para 2017 se reafirman en esas políticas. Usted habla mucho del pacto por la sanidad en su discurso. Demuestre que tiene voluntad real; deroguen el real decreto, como le hemos pedido en numerosas
ocasiones y le volvemos a pedir en las enmiendas presentadas a los presupuestos; levanten el veto sobre la proposición de ley socialista para devolver la universalidad al sistema; vuelvan al diálogo social y político para recuperar una sanidad
universal que trate a toda la ciudadanía por igual, y acaben ya con esta reforma injusta e ineficaz. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Montserrat Montserrat): Gracias, presidenta.
Señora Alconchel, no patrimonialicen el Sistema Nacional de Salud; el Sistema Nacional de Salud es patrimonio de todos y todos hemos contribuido a su consolidación y su mejora. Es uno de los sistemas sanitarios públicos mejor valorados en
Eurostat y los pacientes españoles así lo expresan en los últimos barómetros sanitarios. El éxito de nuestro Sistema Nacional de Salud se fundamenta en los profesionales, que son el principal activo del propio sistema nacional, y en los ciudadanos
pacientes -porque todos somos pacientes-, que son nuestra razón de ser. Cuando llegamos al Gobierno, en 2011, nosotros garantizamos la asistencia universal a los desempleados, a sus hijos y a sus familiares; nosotros solucionamos el problema de
los estudiantes que se iban a estudiar al extranjero, y dimos asistencia sanitaria a los profesionales, como pueden ser abogados, arquitectos o ingenieros. Y también nos encontramos muchas facturas sin pagar en los cajones que afectaban realmente a
la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Le voy a dar dos datos importantes: 16 000 millones de euros en facturas y deudas contraídas con proveedores de servicios sanitarios, lo que ponía en riesgo el sistema pero también muchos puestos de
trabajo. Por cierto, facturas que ahora pagamos en menos de cien días cuando ustedes las pagaban en más de quinientos días. Y, segundo dato importante, nuestras reformas nos han permitido ahorrar más de 6800 millones de euros para reinvertirlos
justamente en el propio Sistema Nacional de Salud; por ejemplo, controlando el turismo sanitario, que suponía una deuda de 1000 millones de euros; hemos creado una plataforma de compra centralizada; hemos incrementado el uso de los medicamentos
genéricos, y hemos reducido la acumulación de medicamentos innecesarios en los hogares. Con estos ahorros hemos podido incorporar 217 innovaciones terapéuticas para nuestros ciudadanos españoles, mejorando tratamientos oncológicos o, por ejemplo,
el Plan de la Hepatitis C. Nuestras reformas sanitarias han permitido revertir la situación.
Y le voy a pedir más. Le voy a pedir que apoye los Presupuestos Generales del Estado. Son unos presupuestos que aportan 5300 millones de euros a las comunidades autónomas para que los inviertan en lo que más preocupa a los ciudadanos, que,
por supuesto, es la sanidad. Y, segundo punto, estos
Presupuestos Generales del Estado prevén la OPE más importante de la historia de la democracia, ofertando 129 700 plazas. Espero su apoyo.
Gracias. (Aplausos).
- DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN NAVARRO LACOBA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES ACTUACIONES QUE EL GOBIERNO QUIERE IMPULSAR
MEDIANTE EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS DEL ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD DEL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD PARA EL AÑO 2017? (Número de expediente 180/000267).
La señora PRESIDENTA: Pregunta, también a la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de la diputada doña Carmen Navarro Lacoba, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
La señora NAVARRO LACOBA: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, buenos días. El Grupo Parlamentario Popular conoce el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 que el Gobierno ha traído a la Cámara. Somos plenamente conscientes del esfuerzo que ha realizado el
Gobierno, con el presidente Rajoy a la cabeza, para que estos presupuestos hayan sido fruto del consenso y del acuerdo no solo con algunas de las fuerzas políticas, sino también con la sociedad civil. Estos Presupuestos Generales del Estado para
2017 dejan atrás la recuperación; son unos presupuestos de consolidación y de crecimiento económico, destinados a las personas y para satisfacer las necesidades de las personas, y sobre todo para que nadie se quede atrás en esa recuperación. Por
eso, el Grupo Parlamentario Popular celebra el compromiso que tiene el Gobierno no solo en la creación de empleo, que estamos convencidos de que es la mejor política social, sino también con la sociedad del bienestar. De ahí que estos presupuestos
generales sean los del gasto social, 307 000 millones de euros destinados a políticas sociales, una cifra récord en nuestra historia de la democracia, para pagar nuestras pensiones, nuestra sanidad, nuestra educación, nuestros servicios sociales.
Siete de cada diez euros se destinan a mejorar la calidad de vida de los españoles.
Esta mañana, señora ministra, este grupo parlamentario quiere celebrar que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sea el ministerio estrella en los presupuestos generales para 2017, que sea el preferido de Mariano Rajoy
porque se encarga de nuestros mayores, de nuestras familias, de nuestros niños, de nuestros dependientes, de los más vulnerables, y que se haya colocado a la cabeza del crecimiento, destacando de entre los demás ministerios con una subida del 8 % en
su presupuesto respecto del año 2016, 2184 millones de euros del presupuesto total del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el ministerio que más sube de todos. Y el montante que se destina al área de servicios sociales e igualdad
ocupa más del 80 % de este ministerio, son 1807 millones de euros, con un incremento del 9 % respecto de los presupuestos de 2016.
Señora ministra, ¿podría concretarme cuáles son las principales actuaciones del Gobierno para impulsar el proyecto del presupuesto en el área de servicios sociales e igualdad para 2017?
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra, adelante.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Montserrat Montserrat): Gracias, presidenta.
Señoría, primero quiero empezar condenando la muerte de la última víctima de violencia de género, que se confirmó ayer.
Efectivamente, señoría, este es el presupuesto de las personas, sobre todo de las que más lo necesitan, porque no queremos dejar nadie atrás y queremos continuar construyendo un país, una España en la que todos tengamos una oportunidad, en
la que todos tengamos igualdad de oportunidades. Es un presupuesto de crecimiento, un presupuesto de creación de empleo y uno de los presupuestos más sociales de los últimos tiempos, invirtiendo, si contabilizamos lo que se transfiere a las
comunidades autónomas, el 70 % en personas y en familias. El presupuesto de nuestro ministerio en el área social se ha incrementado más de un 9 %, un incremento dirigido a las familias, a la protección de nuestros hijos y de nuestros mayores para
cubrir sus necesidades. Las familias son nuestra razón de ser, por eso vamos a invertir un 32 % más que el año anterior para ayudar a las familias a llegar a final de mes, para el refuerzo educativo de los menores, para el pago de las guarderías,
para las actividades extraescolares y para
cualquier necesidad de las familias. Queremos también que este presupuesto ponga en valor la experiencia, las raíces y los valores que representan los mayores en nuestras familias pero también en la sociedad. Por ello, queremos apoyar su
autonomía personal y mejorar su calidad de vida. Por eso, el presupuesto refuerza el sistema de atención a la dependencia con un aumento de 122 millones de euros. Queremos que este presupuesto sirva también para seguir fortaleciendo la lucha
contra la violencia de género. La violencia machista es la expresión de desigualdad más cruel que existe contra la mujer y luchar contra ella es la prioridad del conjunto de la sociedad y también de este Gobierno. Es una política transversal del
Gobierno y en lo que afecta a nuestro ministerio hemos incrementado un 10 % la partida para la lucha contra la violencia de género. Hemos de seguir trabajando para que la igualdad de mujeres y hombres, la conciliación y la corresponsabilidad formen
parte del ADN de España y que las siguientes generaciones no conozcan la desigualdad, muy especialmente la de violencia de género.
En estos presupuestos no solo hay números, hay familias que van a recibir ayudas para pagar el alquiler de su casa, niños que podrán acudir a una guardería mientras sus padres van a trabajar, hay mujeres que van a poder abrir un negocio,
personas mayores que van a recibir ayuda a domicilio y nuestro compromiso en la lucha contra la violencia de género. Son muchas personas, muchas familias y muchas ayudas. Por eso, pido el apoyo del Grupo Parlamentario Popular a los Presupuestos
Generales del Estado.
Muchas gracias. (Aplausos).
- DE LA DIPUTADA DOÑA IRENE MARÍA MONTERO GIL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES
TERRITORIALES: ¿QUÉ LABORES DE APOYO VA A REALIZAR LA VICEPRESIDENTA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN RELACIÓN A SU COMPARECENCIA EN EL JUICIO DEL CASO GÜRTEL? (Número de expediente 180/000254).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas ahora a la señora vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. Pregunta de la diputada doña Irene María Montero Gil, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Adelante, señoría.
La señora MONTERO GIL: Gracias, presidenta.
Señora vicepresidenta, ¿qué labores de apoyo va a realizar la vicepresidenta al presidente del Gobierno en relación con su comparecencia en el juicio del caso Gürtel?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señora presidenta.
El señor Mariano Rajoy va a cumplir, como cualquier otro ciudadano, con su obligación de colaborar con la justicia como testigo por unos hechos al margen de su labor como presidente del Gobierno. Por tanto, si me pregunta usted por las
labores de apoyo de la vicepresidenta ya le digo -y se lo digo tajantemente- que ninguna. Eso sí, que a usted le preocupen tanto las labores de apoyo que voy a hacer yo, hace que todos nos preocupemos de las labores de acoso que estarán ustedes
preparando y a las que nos tienen muy bien acostumbrados.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora Montero.
La señora MONTERO GIL: Gracias, presidenta.
Vicepresidenta, como estamos en una sesión de control, le voy a hacer solamente tres preguntas y supongo que se imaginará que la intención es que me las conteste y se las conteste a todos los españoles. La primera es si me puede explicar
cuáles son los motivos de agenda, seguridad y -cito literal- orden público que estarían justificando la petición que ha hecho su partido de que el señor Mariano Rajoy comparezca por plasma ante la Audiencia Nacional. Si hacemos caso a lo que dice
su
portavoz parlamentario, el señor Hernando, de que podría ir el papa de Roma porque sabe lo mismo que el señor Mariano Rajoy (El señor Hernando Fraile pronuncia palabras que no se perciben), a lo mejor no habría ningún problema en que fuese
de forma presencial. Les recuerdo que hoy publica un medio de comunicación, El Confidencial, que del dinero que sacaba el señor Granados de otra trama, la trama Púnica, Mariano Rajoy y todo su partido pagaron las elecciones generales de 2008 y
acudieron dopados a esas elecciones. (El señor Hernando Fraile pronuncia palabras que no se perciben). Insisto, simplemente le pido que nos explique con un poquito más de detalle cuáles son esas razones que harían que el señor presidente del
Gobierno tenga que comparecer por plasma, porque creo que si no, mucha gente puede pensar que lo que están intentando es evitar la foto del presidente del Gobierno de este país yendo a la Audiencia Nacional a testificar por la financiación ilegal,
la corrupción y el saqueo de su partido.
La segunda pregunta es si tiene usted constancia o no de la existencia de esa cinta de la que hablan el señor Ignacio González y el señor Zaplana, en la que un empresario reconocería pagos en B a gente de su partido, entre ellos, el propio
Mariano Rajoy, y si en algún momento usted o alguien de su Gobierno ha sido chantajeado con esa cinta.
La última pregunta es si la relación de confianza política con la que se vincula a usted y al señor Mauricio Casals, adjunto a la Presidencia de Atresmedia, le ha llevado a usted a conocer bien información privilegiada del caso Lezo, bien -y
con especial interés- quién es la magistrada amiga que estaría detrás de algunos chivatazos a corruptos de su partido.
Muchas gracias, señora vicepresidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Montero, en esta Cámara hay dos tipos de grupos parlamentarios: los que respetamos los procesos judiciales y los especialistas, como el suyo, en juicios paralelos; los que confiamos en la justicia y los que exigen que la justicia
comulgue con su ideario para confiar en ella y respetarla, y los que tomamos medidas contra la corrupción y los que han hecho de la corrupción su única estrategia política ahora que España encara la recuperación. Pero lo más importante: los que
tomamos medidas y los que solo tienen discurso.
¿Cuántas de las personas que usted ha citado siguen en activo en la política y ve sentadas en esta tribuna? A ninguna. En cambio, de su grupo parlamentario tenemos que soportar que todos los días nos den lecciones algunos que acumulan
comportamientos muy poco edificantes, señora Montero -sí, no me mire con esa cara de extrañeza, que me entenderá rápidamente-: empleadores que no dan de alta a sus trabajadores en la Seguridad Social, especuladores con viviendas de protección
oficial, políticos becados que no pisan la universidad que les paga, asesores que cobran de Gobiernos extranjeros que están en lo peor en los rankings de la democracia y que encima no tributan a la Hacienda pública y, lo que es peor, señoría, el
acoso al que nos somete constantemente el señor Bódalo, él y sus confluencias, en el penal de Jaén; ahí es donde tienen a la gente de Podemos. (La señora Montero Gil: Está en prisión).
Señora Montero, tantas lecciones de ética y tan poca práctica, ¿sabe lo que hacen? Que ni siquiera se crean su discurso sus propias filas porque a eso de la moción de censura del señor Iglesias el 82 % de sus militantes les han dicho
claramente y en un idioma, el único que ustedes entienden, que se la refanfinfla.
Muchas gracias. (Aplausos).
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SEÑOR XUCLÀ, SOBRE LA VALORACIÓN DE LA LLAMADA 'OPERACIÓN DIÁLOGO' CON LAS INSTITUCIONES Y LA SOCIEDAD CIVIL CATALANA EN ARAS A LOGRAR UN MEJOR ENTENDIMIENTO. (Número de expediente 172/000043).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Xuclà, sobre la valoración de la llamada Operación Diálogo con las instituciones y la
sociedad civil catalana en aras a lograr un mejor entendimiento.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Xuclà i Costa. Adelante.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora vicepresidenta, señorías, cuando la emperatriz Catalina la Grande salía de la capital para visitar las extensas llanuras del imperio ruso, el comandante en jefe del ejército imperial, el todopoderoso Grigory Potemkin, le organizaba
rutas con bellos pueblos artificiales de cartón piedra en el fondo del paisaje para mostrar una realidad tan idílica como radicalmente falsa e inexistente. Esta práctica falsaria se ha venido llamando potemkinismo.
Señora vicepresidenta, hace seis meses le fue encargado pivotar una operación de diálogo con las instituciones y la sociedad catalanas con el objetivo de mejorar y recomponer las maltrechas relaciones degradadas tras años de acumulación de
incumplimientos, presupuestos no ejecutados, sentencias no cumplidas, competencias no respetadas, sistemas de financiación no revisados en tiempo, recursos contra el estatut votados por el pueblo precedidos de campañas de recogida de firmas. En
definitiva, señorías, puro potemkinismo, pura realidad paralela, puro cartón piedra de promesas evaporadas y realidades inconsistentes que millones de catalanes no estamos dispuestos a soportar más. Pero por encima de todo y en primer lugar, por su
incapacidad de reconocer la existencia de la nación catalana. Para ustedes, nosotros somos diversidad. Sin este reconocimiento, su diálogo no es más que un monólogo predemocrático de quienes no asumen que España nunca podrá ser si no es puramente
plurinacional y de libre determinación de sus partes. Nosotros existimos y tenemos el derecho a no ser reconocidos como enemigos de nadie, pero, en tanto no reconozcan ustedes la existencia de la nación plural, diversa, pero perseverante en el
tiempo, el diálogo no puede ser ni sincero ni efectivo. Su idea de España se ha hecho vieja, su cultura política y su poder explicativo se han agotado a los ojos de la inmensa mayoría de los ciudadanos catalanes. Está cambiando todo a su alrededor
y lo único que se les ocurre decir es: porque lo dice la Constitución. La aplicación estricta de la legislación vigente en su acepción gubernamental no forma parte de la cultura convencional de sello Unión Europea. En cualquier legalidad
dialogada se estudian conjuntamente los problemas y se negocian las soluciones. Ahí es donde encontrarán la cultura política del pueblo catalán y donde terminará el problema, más pronto o más tarde, aun sin ustedes, porque ustedes no están ahí. No
se reconocen ni ustedes mismos, porque somos ocho de cada diez los ciudadanos de Cataluña que queremos votar en un referéndum; ocho de cada diez es una mayoría amplia ante la cual es recomendable no practicar la miopía política o la resistencia
melancólica de tiempos pretéritos. El argumento principal del Gobierno es que no puede dialogar sobre algo que es ilegal, el referéndum. Tampoco sobre eso ha habido una exposición razonada de motivos, tirando por elevación. Desde el momento en
que algunos padres de la Constitución aceptaron la legalidad, la viabilidad y la oportunidad política del referéndum, la posibilidad del diálogo sobre este punto debería existir.
Señorías, señora vicepresidenta, quizá les habrá sorprendido que no haya centrado el inicio de esta interpelación en una lluvia de cifras y datos -ya los tenemos muy dichos y conocidos en distintos debates parlamentarios en esta Cámara y en
el Senado-. Estamos discutiendo el principio democrático en la Europa del siglo XXI. Se han obstinado en judicializar una realidad que tiene su vía de salida en el diálogo político. El 9 de noviembre de 2014 fueron a votar 2 345 000 personas, un
número superior a todas las personas que fueron a votar en las últimas elecciones generales en Aragón, Extremadura, Cantabria, Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla juntas. ¿Se imaginan que ninguno de los representantes de las comunidades citadas
tuviera nada que opinar, nada que poder expresar? ¿No ven la relevancia de lo que tienen enfrente?
Señorías, señora vicepresidenta, las urnas en democracia nunca son un problema y nunca deben ser un tabú. La Operación Diálogo de estos últimos seis meses ha consistido en un anuncio desordenado de inversiones y de previsiones
presupuestarias. Lo han coordinado francamente mal: una semana anunciaban una lluvia de millones y la siguiente presentaban los presupuestos que suponen una caída de inversión de 32 millones de euros respecto al año anterior. ¿Por qué deberíamos
tener confianza en estos números cuando el año pasado el grado de ejecución del presupuesto en Cataluña fue del 66,7 %? Es decir, de cada tres años uno les sale cero en grado de inversión real; puro potemkinismo, mucho cartón piedra. La operación
ha consistido en presentar un nuevo plan de trenes de cercanías, rodalies, copiado del Plan 2008-2015, del cual solo se ejecutó en su momento el 13 % y tendrán que ser muy creativos para explicar en Europa que el corredor mediterráneo, con fondos de
la Unión Europea, tiene una vertiente central -meseta- y una litoral, y que entre Vandellós y Tarragona continuamos con vía única mientras destinan este año 2500 millones en AVE a lo largo y ancho de la geografía hispánica.
Señora vicepresidenta, a finales del año pasado, con el diputado Francesc Homs -en el segundo turno haré referencia más detallada a él- usted mantuvo un diálogo, a través de una interpelación, sobre
los cuarenta y seis puntos que el presidente de la Generalitat, el señor Puigdemont, trasladó al presidente Rajoy. Y usted dijo: De los cuarenta y seis no discutiremos sobre el referéndum, pero vamos a hablar de los otros cuarenta y cinco
puntos. Pues bien, seis meses después, el Gobierno no ha abierto la carpeta y no ha dialogado tampoco sobre los otros cuarenta y cinco puntos, y tiene que ser una sentencia del Tribunal Constitucional -la 9/2017- la que les recuerde el listado
completo de sentencias de la justicia constitucional que ustedes mismos incumplen a cara descubierta.
Señorías, señora vicepresidenta, el próximo lunes el president de la Generalitat planteará en una conferencia en Madrid una última propuesta para un referéndum de autodeterminación de Cataluña acordado con el Gobierno de España. Una
propuesta basada en el principio 'no imponer, no impedir'. No imponer, no impedir, parece algo muy razonable en las sociedades democráticas; aquello tan razonable que hicieron David Cameron y Alex Salmond, por ejemplo. El Gobierno catalán está
dispuesto a discutir pregunta o preguntas, fecha, una suerte de ley de claridad, la delegación de la competencia, que está perfectamente prevista en la Constitución. El Gobierno catalán ha dado sobradas muestras de estar sentado en la mesa de
diálogo a la espera de que comparezca la otra parte. Creemos que el Gobierno de España no se ha sentado, simplemente se ha limitado a la enumeración de inversiones dejando correr el tiempo.
Señorías, esto no es política de Estado, esto es diagnosticar muy mal la realidad política y social de Cataluña. Para ser más exactos, no se han limitado a la enumeración de inversiones que nunca se cumplen, sino que han mostrado su cara
marrullera en lo judicial y terriblemente inquietante en la guerra sucia de los bajos fondos de la policía patriótica, que no permiten que sea investigada en profundidad en este Parlamento a través de una comisión de investigación constituida pero
que no permite la comparecencia de los mandos policiales clave para llegar al fondo de la cuestión.
La próxima semana se la deberían tomar en serio y como gobernantes dispuestos a encontrar soluciones. La invito, señora vicepresidenta, muy sinceramente, a atender la conferencia del president Puigdemont el próximo lunes, parece ser que en
el Ayuntamiento de Madrid porque la Mesa del Senado no permitió que un presidente de Cataluña pudiera pronunciar una conferencia en la Cámara de representación territorial, algo que invita a la reflexión sobre la construcción del llamado Estado de
las autonomías entrado el siglo XXI. La invito a participar y a escuchar la propuesta bajo el principio de 'no imponer, no impedir'. Ya sé que el aperitivo ha sido la orden del fiscal general de presentar una querella a la consellera de
Governació, Meritxell Borràs, por haber iniciado el proceso para la compra de urnas exactamente con el mismo redactado del concurso con el que se compraron urnas para las elecciones autonómicas en Andalucía. Y así también el diputado
García-Margallo, ayer por la mañana en una entrevista en una televisión catalana, calificó el uso de la palabra y la razón de la conferencia del próximo lunes día 22 por parte del president Puigdemont como un desafío intelectual en el corazón de
Madrid, con el aviso de que dicha conferencia agitará las aguas. Un desafío intelectual en el corazón de Madrid que va a agitar las aguas. Este es el diagnóstico del diputado García-Margallo. Señorías, aquí esta el quid de la cuestión. Para
algunos, venir a Madrid a hablar de razón democrática y diálogo en el centro de la capital es entrar en un territorio que no se puede profanar. Por eso, Madrid, como concepto de poder político y no referido a las buenas gentes de la ciudad, ha
dejado de estar en el corazón y en las esperanzas de la gran mayoría de los catalanes.
Señora vicepresidenta -y con esto termino, señora presidenta-, lleva seis meses pilotando una Operación Diálogo que no ha llevado al buen entendimiento con el Gobierno catalán, que no ha llevado a afrontar los cuarenta y cinco puntos que en
noviembre usted dijo desde esta tribuna que sí estaba dispuesta a negociar. Estamos y está ante un problema político que requiere de una solución política, no dejar pasar el tiempo. Señora vicepresidenta, espero que nos sorprenda cambiando
radicalmente su punto de vista y ofreciendo una solución política.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
A continuación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora vicepresidenta del Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Sáenz de Santamaría Antón): Gracias, señora presidenta.
Señor Xuclà, con esta interpelación su señoría se erige a sí mismo en árbitro medidor de la voluntad de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat de Catalunya, viene una parte a ejercer de árbitro del todo, y centra básicamente en el
referéndum de autodeterminación el objetivo y la finalidad que persiguen con
ese diálogo. En la dialéctica que ha utilizado hoy el señor Xuclà, el Gobierno será dialogante si se aviene a autorizar el referéndum, y como muestra de que el señor Xuclà y su grupo lo son, frente a la intolerancia del Ejecutivo, nos ha
concedido hoy, graciosamente, poder hablar sobre la fecha, la consulta y los porcentajes. Para que nos entendamos todos, voy a utilizar un símil que creo que es clarificador. Lo que ha hecho hoy el señor Xuclà es tanto como imponerle el matrimonio
a una señora, pero dejarle opinar sobre el menú de la moda y el vestido, no se vaya a creer la gente que se tiene que casar con un déspota. Lo de menos para su señoría es que ese referéndum de autodeterminación sea inconstitucional. ¿Para qué
sirven y para que están las constituciones en el mundo? Tampoco le importa que el Gobierno ni ningún poder del Estado, incluido este Congreso de los Diputados, tenga capacidad para autorizarlo. Tampoco le importa que se prive a los españoles de lo
que primigeniamente les corresponde en una democracia que quiera seguir siéndolo: la capacidad de opinar sobre cómo es y cómo se organiza España. Sin la voluntad de los españoles, España no puede dejar de ser España, como no podría dejar de ser un
Estado de derecho o una monarquía parlamentaria.
Sin embargo, ustedes lo que quieren es que el Gobierno autorice a que una parte decida por el conjunto de los españoles y que los demás se conformen con aceptar ese resultado y la decisión en la que no han intervenido, que les afecta pero en
la que no tiene ningún derecho a opinar. Curiosa forma la suya de entender la democracia. Por eso, quizás, señor Xuclà, el señor Puigdemont no aceptó un debate en sede parlamentaria, en la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado, para que el
resto de los representantes de las comunidades autónomas y el conjunto de los senadores pudieran opinar sobre lo que consideran que es España. Es que, señor Xuclà, el Senado no es una institución que alquila sus sedes, como deja hacer el
Ayuntamiento de Madrid por el módico precio de 3000 euros para que alguien hable sin réplica de lo que es nuestro país; es una institución que representa al conjunto de los españoles, también a los catalanes, elegidos igualmente por elecciones
democráticas.
Usted ha querido venir aquí a hablar de democracia, y yo voy a hablarle esencialmente en mi discurso de democracia. La pregunta que le hago yo es la siguiente: ¿Podrían el señor Puigdemont y compañía plantear su pretensión de forma
democrática en España? Claro que podrían hacerlo, solo que no les interesa. En democracia se puede ser independentista -se puede serlo-; se llama libertad ideológica. Cada uno puede tener sus ideas y defenderlas bajo dos premisas: respetar las
reglas democráticas y respetar las opiniones y los derechos de todos los demás. Y yo le voy a demostrar que no cumple ninguna de ellas. Si el señor Puigdemont desea que Cataluña sea un Estado independiente, el Parlamento de Cataluña puede
plantearlo y aprobarlo por los procedimientos constitucionales, traerlo a esta Cámara, debatirlo y, si es aceptado, someter a los españoles esa votación. Así es como se hacen en España las cosas desde que en 1978 decidimos que dejábamos de ser una
dictadura y que nos íbamos a gobernar por métodos democráticos. El problema radica, señoría, en que hace tiempo que la Generalitat y los partidos que la secundan se han deslizado por la resbaladiza pendiente de identificar la democracia con su
programa político y a Cataluña con los seres que habitan en el palacio de Sant Jaume. Y ahora entraré en materia. (Aplausos).
¿Quiere usted que hablemos de democracia? Pues voy a ilustrar a esta Cámara cómo practican la democracia las instituciones de la Generalitat. Un régimen democrático exige un Parlamento, como este, que respete el Estado de derecho y sus
propias normas de funcionamiento. Bajo la Presidencia de la señora Forcadell, a los derechos de la oposición en el Parlament de Catalunya se les aplica el rodillo independentista y son vulnerados de continuo. Y no lo digo yo, lo han dicho los
tribunales. La admisión a trámite por la Mesa de la propuesta de inicio del proceso político de independencia infringió el Reglamento de la Cámara y, lo que es más grave, vulneró los derechos de los demás grupos parlamentarios, como hizo la
constitución de las ponencias conjuntas para la redacción de las leyes de desconexión.
Sobre las leyes de desconexión voy a hablar. Esas leyes que, según ustedes, son la clave del futuro de Cataluña, pero que redactan con más secreto que si se tratara de un rito iniciático. Dicen ustedes que es para sorprender -ya les digo
yo que sorprenderán más a propios que a extraños-, pero las quieren aprobar sin debate y sin oposición, como han denunciado cuatro de los seis grupos parlamentarios en el Parlament de Catalunya. Pensarán ustedes: ¿Por qué? ¿Qué derecho se creen
que tienen todos los demás a opinar sobre lo que es Cataluña? En una organización democrática que se precie uno respeta al menos sus propias instituciones. Las de España no les sirven, sus tribunales tampoco, pero las instituciones de autogobierno
de Cataluña tampoco les sirven a ustedes como parámetro de la legalidad de sus comportamientos. Ustedes desoyen cuando no les interesan los dictámenes del Consell de Garantías Estatutarias que advierte de la ilegalidad de sus planteamientos, lo
obviaron cuando determinó en los
presupuestos del año 2015 que las estructuras de Estado eran inconstitucionales y contrarias al estatuto, y lo han vuelto a hacer cuando en el año 2017 advirtió sobre la partida destinada a sufragar el referéndum.
Lo que les digo se aplica también a los propios letrados del Parlament de Catalunya. ¿Se imaginan ustedes que en esta Cámara hiciéramos caso omiso de lo que dice el secretario general y los letrados del Congreso? El secretario general del
Parlament advirtió por escrito que la disposición de los presupuestos era nula y que votarla era desobedecer al Tribunal Constitucional, y la presidenta del Parlament forzó la votación a pesar de las protestas de los grupos. ¿Cómo se saldó todo?
Con un esperpéntico precedente parlamentario: tener aprobadas dos enmiendas incompatibles entre sí.
Un senador de Esquerra Republicana de Catalunya -juez inhabilitado, para más señas- se jactó de que el Gobierno de la Generalitat recababa datos fiscales de los catalanes de forma ilegal, y la única explicación de la Generalitat a una
posible vulneración tan grave del derecho a la intimidad de los catalanes ha sido vetar las tareas de la Comisión de Investigación -viene usted a hablar del resto de comisiones de investigación-, arrollando las peticiones de todos los grupos,
incluidas las del Partido Socialista de Cataluña y las de Catalunya Sí que es Pot.
He hablado de los derechos ninguneados de los parlamentarios, legítimos representantes también del pueblo catalán, pero podría hablar de las amenazas de sanciones a los empleados públicos, las del señor Llach respaldadas por el señor
Puigdemont; de la preocupación hecha pública por las asociaciones de jueces por las injerencias en el ejercicio de sus funciones por parte del sector independentista, o de las presiones a los Mossos, que han reclamado que se respete su neutralidad
política ante las constantes presiones por no alinearse con el proceso independentista. Y es que la Generalitat hace mucho tiempo que no gobierna para todos los catalanes sino solo para los que comulgan con sus postulados; exige a todos los demás
que se plieguen a su voluntad. Por eso, son habituales los ataques a las organizaciones civiles contrarias al independentismo, y de boca ni más ni menos que del conseller de Relaciones Institucionales, que ha acusado a la sociedad civil catalana de
falangista, señor Xuclà, de falangista. Y los partidos políticos no independentistas tenemos que soportar en Cataluña escraches y ataques a nuestras sedes por sus socios preferentes en esto de decidir qué es Cataluña, que son los radicales de la
CUP. ¿Y con ese historial me viene usted aquí a hablar de democracia? Empiecen a respetar a quienes en Cataluña no piensan como ustedes. Empiecen ustedes a tratar a Cataluña como lo que es: una democracia dentro de otra democracia, que es
España. (Aplausos). Esto es lo que hace el Gobierno, trabajar por todos los catalanes. Porque, señor Xuclà, nosotros también somos Gobierno de los catalanes y sus legítimos representantes, elegidos por ellos en unas elecciones democráticas.
Nuestro diálogo es constante y amplio con todas las administraciones públicas catalanas, con la rica estructura asociativa catalana, por cierto bastante más abierta y cooperativa que su Gobierno. ¡Ojalá se parecieran un poquito más a los catalanes!
Nuestra presencia en Cataluña es cada vez más constante y fructífera, y me dicen ustedes: con nosotros, no. Indudablemente. Me fui a discutir de los cuarenta y cinco puntos por los que usted pregunta con el señor Junqueras, el señor
Puigdemont reventó la visita, y cuando llegué me dijo que solo íbamos a tratar uno, el referéndum, del que yo acabo de hablar y espero que me conteste. Pero este Gobierno, señoría, dialoga ampliamente con la sociedad catalana y le voy a dar algunos
datos. Dialogamos cuando España vivió una emergencia nacional y ustedes no podían acceder a los mercados y entre todos sostuvimos los servicios públicos catalanes: 68 000 millones de financiación y un ahorro -que eso es financiación en vena que no
se devuelve- de 16 000 millones en intereses. Y dialogamos hoy, cuando la prioridad nacional, incluida la de los catalanes -y revisen ustedes sus encuestas-, sigue siendo, a pesar del mantra de la independencia, el empleo. Y en Cataluña y en el
conjunto de España se crea empleo. Gracias a estos presupuestos que ustedes no van a apoyar, Cataluña recibirá 1000 millones más de financiación -luego se quejan de lo que se aporta a los demás-. Y se han comprometido infraestructuras en Cataluña.
Aquí, señor Xuclà, ha metido usted la pata. Dice que por qué no invertimos en el corredor mediterráneo y vamos abriendo AVE por ahí. Le recuerdo que todas las provincias catalanas están conectadas por AVE y en la tercera ciudad de España, que es
Bilbao, todavía estamos trabajando en ello. ¿O es que los españoles no merecen ir en AVE a Bilbao y sí a Tarragona? Yo creo que a todos los sitios donde podamos llegar. (Aplausos).
Señoría, el Gobierno apoyará los Juegos del Mediterráneo, la candidatura de Barcelona como sede de la Agencia Europea del Medicamento, el día de Sant Jordi como patrimonio inmaterial de la humanidad. Esto le tiene a usted de los nervios,
con lo educado que parece, en la tribuna hasta se vuelve faltón, señor Xuclà. Eso es lo que le molesta, perder la exclusividad de la representación de los catalanes.
Señor Xuclà, si se sube a esta tribuna a hablar de democracia, espero que de ahora en adelante al menos no tengamos que soportar el atropello democrático que sufren nuestros compañeros diputados de cuatro grupos parlamentarios en el
Parlament de Catalunya. Aplíquese usted el cuento.
Muchas gracias. (Aplausos.-La señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Montserrat Montserrat: ¡Bravo, bravo!).
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Con tono constructivo, democrático, con paciencia pero con la constatación de que el Gobierno de España a través de su vicepresidenta no se quiere mover y se quiere quedar instalado en la miopía, que conste en el Diario de Sesiones esta
semana, que conste en el Diario de Sesiones la siguiente semana cuando ustedes escucharán una última propuesta del Gobierno de la Generalitat para encontrar un acuerdo.
Mire, señora vicepresidenta, no he venido a erigirme en el representante de los catalanes pero algo debemos representar cuando la mayoría absoluta de los diputados elegidos en las últimas elecciones del 26 de junio -presentes en este
hemiciclo- están a favor de celebrar un referéndum como solución política a la situación actual que vive Cataluña. (Aplausos). Tome nota de los resultados de su partido en el Parlament de Catalunya, en las elecciones generales y en el mundo
municipal. ¿Sabe dónde está Pontons? Pontons es el único ayuntamiento de Cataluña gobernado por el Partido Popular que representa el 0,1 % de los ayuntamientos de Cataluña, con todo el respeto. Algo debemos representar, entre otras cosas, la
mayoría absoluta del Parlament de Catalunya. Cuando en las urnas se expresan 2,4 millones de ciudadanos el día 9 de noviembre de 2014 y su respuesta es decir no, no y no, ¿usted cree que con eso se va a solucionar el problema? La semana después de
la inhabilitación del señor Francesc Homs, un periodista me preguntó en la televisión: ¿Después de esa inhabilitación, se da por terminado el proceso? Estoy convencido de que el periodista me lo preguntaba con muy buena fe y yo le dije también con
toda la buena fe: Pues, no. Usted ha visto que, en treinta y nueve años de vida parlamentaria, en este hemiciclo solo dos diputados han sido despojados de su condición. Uno, por crímenes de Estado acreditados por el Tribunal Supremo y, el otro,
por facilitar la participación ciudadana y poner las urnas en el proceso del 9 de noviembre.
¿Usted cree, señora vicepresidenta, que eso lo van a parar con querellas, que eso lo van a parar con guerra sucia? ¿Cree que esto facilita el diálogo? ¿Cree que esto mejora las condiciones de relación en la operación diálogo que a usted le
encargaron? Señora vicepresidenta, cito: 'Cataluña será lo que los catalanes quieran. Cataluña será lo que los catalanes quieran'. Felipe VI. Yo estoy muy de acuerdo con esta afirmación y en el siglo XXI deberíamos dar salidas democráticas a
través de las urnas a un problema que ustedes no van a parar con más querellas y con más tribunales.
Les voy a citar a otro clásico: 'De todo se puede hablar sin violencia. De todo se puede hablar sin violencia'. José María Aznar. Señora vicepresidenta, me gustaría que de todo, no de los cuarenta y cinco puntos, me gustaría que de los
cuarenta y seis puntos se pudiera hablar con toda tranquilidad. ¿Con quiénes? Con los legítimos representantes del pueblo de Cataluña elegidos democráticamente en unas elecciones con un nivel de participación altísimo y nunca conocido, las
elecciones del 27 de septiembre del año 2015, y que usted desde esta tribuna se ha atrevido a calificar de 'los seres que habitan en el Palau de la Generalitat'. Señora vicepresidenta, un poquito de respeto por 'los gobernantes elegidos
democráticamente por mayoría absoluta del pueblo de Cataluña', y no 'los seres que habitan en el Palau de la Generalitat'. (Aplausos).
Usted sabe perfectamente que es posible, dentro del marco constitucional, la celebración del referéndum por delegación de competencias. Aquí vinieron tres comisionados del Parlament de Cataluña a pedir esta delegación de competencias y la
respuesta fue no. La respuesta fue no por parte de una cultura política que, como le decía en mi primera intervención, está de retirada y en decadencia. Ustedes no entienden la lógica equilibrada y democrática de no imponer y no im-pe-dir.
Cuarenta y seis puntos no dialogados, la justicia ordinaria contencioso-administrativa dando la razón a la Generalitat sobre temas competenciales y cargando las costas al Gobierno del Estado, y una relevante sentencia del Tribunal Constitucional del
19 de enero de este año enumerando el largo listado de sentencias del Tribunal Constitucional que el Gobierno incumple. Insisto, incumple, prevarica.
Señorías, aquí estamos, a las puertas de la propuesta final del Gobierno de la Generalitat. El partido que represento, el Partit Demòcrata, ha hecho grandes esfuerzos durante estos años para contribuir a hacer evolucionar la cultura
democrática en España. Con esto termino, señora presidenta. El resultado ha sido, no, no y no. Esto no lo paran los tribunales, esto no lo para su premio final de carrera ni su condición de abogada del Estado; esto lo solucionan las urnas de
forma democrática.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Sáenz de Santamaría Antón): Señora presidenta, señor Xuclà, de esta interpelación yo al menos he sacado dos cosas en claro. En
primer lugar, que usted reconozca en esta Cámara que no viene a hablar en nombre de todos los catalanes sino solo de su grupo parlamentario; por tanto, usted puede plantear lo que estime oportuno pero por favor le pido que no se sigan arrogando la
voluntad del conjunto de Cataluña. Y, en segundo lugar, que me vuelva usted aquí a colocar el documento de los cuarenta y cinco, más un punto, porque no somos de los que nos gusta trabajar en vano y ya le digo que llega tarde, porque nosotros ya
estamos ejecutando algunos de los puntos. Para trabajar por Cataluña, señor Xuclà, este Gobierno no tiene por qué estar pendiente de cuáles son las prioridades de su Gobierno.
Hablaba usted de que han ganado las elecciones por mayoría absoluta. Entiendo que ya suman ustedes como de su equipo, plenamente institucionalizado, a los señores radicales de la CUP. Creo que esa es la principal conclusión de este debate:
ustedes tienen mayoría absoluta porque la CUP forma parte esencial y estructural de esa mayoría con la que quieren construir Cataluña; radicalidad y antisistema. Ahora entiendo por qué, señor Xuclà, hace algunos meses usted estaba sentado donde
está sentado el señor Villegas y por qué su grupo antes era el mayoritario en Cataluña y por qué las cosas les iban de otra manera, sencillamente porque tenían un poco más de personalidad que venir aquí a decir que son mayoría absoluta con los
diputados de la CUP.
Por último, señor Xuclà, usted viene aquí arrogándose un gran apoyo social. Dice: ganamos las elecciones. Yo le recuerdo que un miembro de esa mayoría absoluta que usted asume, les dijo: no hemos ganado el plebiscito, no podemos ir más
allá en la declaración. Eso lo ha dicho un miembro de su mayoría absoluta. Su apoyo social, señor Xuclà, es menguante. Yo no sé los decorados que le pone usted, con quién baja y con quién habla, pero lo que yo detecto, y mis compañeros lo que
notan, que yo también tengo compañeros en Cataluña, es hartazgo. Por eso, según sus propias encuestas, las de la Generalitat, nunca la aspiración de independencia superó el 50 %, pero ahora no llega al 40 %. Por eso, porque no respetan la
democracia ni los regímenes constitucionales, no encuentran ustedes apoyo internacional que valga y se reúnen en el exterior con quien podrían hacerlo probablemente en Sant Cugat del Vallès.
Además, señor Xuclà, ustedes tienen una división en el Gobierno que dificulta mucho la interlocución. El problema sustancial para avanzar en cualquier diálogo es no tener un interlocutor con capacidad de decisión. Por nuestro lado está el
señor Rajoy. Por su parte, señor Xuclà, ¿quién es el interlocutor con futuro sobre el futuro de Cataluña? Este Gobierno trabaja por la estabilidad, este Gobierno trabaja por la serenidad, este Gobierno defiende la democracia que se dieron los
españoles en 1978, y espero que -ahora vendrán debates con los que ustedes nos amenazan al resto de los diputados- cuando se suban a la tribuna del Parlament o la presidan y ninguneen los derechos de los demás, se acuerden del debate que tuvimos
usted y yo en esta tribuna. Creo que podemos seguir hablando mucho de eso.
Muchas gracias. (Aplausos).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, PARA PROMOVER EL SANEAMIENTO Y REALIZACIÓN DE UNA ACTUACIÓN INTEGRAL SOBRE LAS RÍAS GALLEGAS. (Número de expediente 172/000044).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para promover el saneamiento y realización de una actuación integral sobre las rías gallegas.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Gómez-Reino Varela.
El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Bo dia, señora presidenta. (Comienza su intervención en gallego).
Es muy difícil hablar ya del mar y de las rías tal y como las conocíamos. Hoy, desgraciadamente, venimos a hablarles del mar y de las rías que han dejado sus políticas de los últimos treinta años, de más de treinta años de Gobiernos
conservadores del Partido Popular en Galicia. ¿Qué les sucede a nuestras rías y a nuestras costas? La complejidad climatológica, biológica y geográfica de nuestras rías les han permitido ser el motor económico imprescindible de nuestro país; un
motor marítimo, productivo, natural y turístico. Es difícil calcular cuál es el alcance del impacto económico en las mismas o cuántos puestos de trabajo en nuestro país dependen de ellas. En todo caso, lo que tenemos muy claro es que, además de
una parte fundamental de nuestra identidad y de nuestro territorio, son nuestra forma de vida. Ante tan enorme tesoro parece de sentido común, señores del Partido Popular, guardarlas y resguardarlas de todos aquellos que las quieren dañar, de todos
los males. Sin embargo, ya les adelantamos que lo que ha sucedido con todas ellas es que han sido vendidas al peor postor. Empecemos por lo más evidente.
Con la Ley de Liberalización del Suelo del señor Aznar, la privatización del espacio público y la desprotección del espacio natural se daban la mano. Las apuestas del Partido Popular han sido un no modelo urbano y territorial depredador del
litoral y de nuestra calidad de vida, pero también depredador de la legalidad. Por supuesto, las no políticas, como ustedes bien saben, son también una forma de hacer política. En definitiva, la falta de modelo significa que algunos se han
aprovechado, y se continúan aprovechando, de lo que es de todos y de todas, del bien común, que en este caso -del que les venimos a hablar-, son nuestras rías. No se equivoquen, no es que la nuestra sea una tierra sin ley, es que la ley no es
completamente universal bajo los Gobiernos del Partido Popular ni es exactamente igual para todos y para todas. Como decía el conde de Romanones, presidente de esta Cámara también en tiempos de turnismo que tanto les gusta: 'Para los enemigos, la
ley; para los amigos, el favor'.
Sus Gobiernos son culpables, en muchos sentidos, de la situación de nuestras rías. En primer lugar, por la acción contraria al bien común al liberalizar y privatizar el espacio natural. En segundo lugar, por inacción pública, al no actuar
cuando estaban obligados a hacerlo. En tercer lugar, por hacer la vista gorda, al no velar por los bienes públicos para que la ley sea, como decía antes, igual para todos y para todas. Y, en cuarto y último lugar, por colaborar con los
delincuentes, con aquellos que bajo su amparo construían negocios que destrozaban día a día nuestras rías. Resumiendo, en demasiados casos la contaminación litoral recogía residuos de su contaminación democrática.
Vayamos a los hechos. Los problemas principales al respecto de la contaminación de las rías son tres. En primer lugar, el defectuoso tratamiento de las aguas residuales. En segundo lugar, los vertidos incontrolados de residuos
industriales y, en tercer lugar, la falta de saneamiento de las rías. Veamos cuáles de estos son responsabilidad de sus Gobiernos. Una parte importante de la contaminación procede de los vertidos sin depurar de los núcleos urbanos y de los ríos
que desembocan en las rías. La Directiva 91/271 del Consejo, sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, establecía que las aglomeraciones urbanas de más de 15 000 habitantes debían de disponer de sistema de recogida y tratamiento de aguas
residuales a finales del año 2000. El 14 de abril de 2011 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que las autoridades españolas estaban infringiendo, sistemáticamente, la legislación de la Unión Europea a este respecto. (El señor
vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Pues bien, en el año 2017, es decir, veintiséis años después de la aprobación de la directiva, diecisiete años después de la fecha límite de cumplimiento de las normas de la Unión Europea y
seis años después de la primera sentencia seguimos igual en Galicia, con tres aglomeraciones urbanas sin cumplir la normativa europea: Santiago, Vigo y Riveira.
En noviembre del año pasado tuvimos conocimiento de que la Comisión Europea remitía de nuevo al Tribunal de Justicia el asunto, proponiendo una multa de 46,5 millones de euros, además de una multa diaria de 171 000 euros. El día 26 de
noviembre del año pasado este diputado en esta sede parlamentaria le preguntó a usted, señora Tejerina, qué medidas tenía previsto adoptar el Gobierno para subsanar esta situación. Y le pregunto hoy otra vez qué medidas ha adoptado el Gobierno
desde entonces para resolver esta situación, y no me cuente actuaciones puntuales. Le pregunto claramente si me puede responder cuándo se va a resolver definitivamente la depuración de aguas residuales urbanas en Galicia.
Vayamos ahora con la contaminación industrial y lo que denominamos focos de destrucción masiva de la costa. Dos ejemplos lacerantes y gráficos: ENCE y Reganosa. La fábrica de ENCE ha destrozado la ría de Pontevedra y su entorno. Debería
haberse marchado ya de ese emplazamiento, pero, eso sí, para eso tendríamos que cumplir la ley, aunque ya se sabe que en el país de los hilillos de plastilina se cumple a demanda. Escuchen este ejemplo escalofriante: 290 000 barriles, 14 500 kilos
de residuos contaminantes al día. Ese es el balance de la contaminación diaria de ENCE sobre un entorno natural como la ría de
Pontevedra. Ustedes han favorecido el asentamiento de las industrias amigas o, más bien, de las industrias de los amigos, y es que en el consejo de administración de ENCE no se sientan los ciudadanos comunes, ¡no, no!; se sientan ex altos
cargos de su partido, como Carlos del Álamo, exconselleiro de Medio Ambiente, o como la señora Isabel Tocino, exministra de Medio Ambiente. Es bien curioso y paradójico que en una empresa tan contaminante se sienten tantos responsables de
medioambiente de su partido. A este respecto, tres preguntas. En primer lugar, ¿cree usted que la celulosa no afecta al aprovechamiento marisquero, turístico y a la calidad de vida de la ciudadanía de la ría de Pontevedra? En segundo lugar, ¿sabe
usted cuántos puestos de trabajo crea ENCE frente a todos los puestos de trabajo que ha destruido y destruye? En tercer lugar, ¿le parece acorde a los principios fundamentales del derecho que un Gobierno en funciones conceda una prórroga de sesenta
años más a esa fábrica con numerosas sentencias incumplidas?
Hablemos de otro caso igualmente lacerante. En el norte de nuestro país, en la ría de Ferrol, el caso de Reganosa. Es una planta de gas situada en el interior, como digo, de la ría de Ferrol. Existen cuatro sentencias del Tribunal Supremo
señalando que esa infraestructura gasística es nula de pleno derecho. Y, qué curioso, de nuevo el mismo Gobierno en funciones del Partido Popular ha querido regularizarlo y, además, lo ha hecho por vía de un acto administrativo. Para instalar esta
empresa han establecido un convenio confidencial entre políticos del PP, financieros y empresarios, determinando que si había pérdidas, como siempre hacen ustedes, el sector público se hacía cargo de las mismas. ¿Les suena esto de socializar las
pérdidas y privatizar las ganancias? Pues en este convenio secreto se pone de forma clara y descarnada. ¿Qué intereses hay detrás de Reganosa, nos preguntamos desde En Marea, para que su Gobierno haya actuado en contra de cuatro sentencias del
Tribunal Supremo? Además, una empresa del mismo grupo, que está aneja a esta, es Forestal del Atlántico, una empresa altamente contaminante, a la que además se le acaba la concesión en breves fechas. Le preguntamos: ¿Piensan ustedes prorrogar la
concesión en la ría de Ferrol a esta empresa altamente contaminante?
Por último, el marco general, la regeneración de las rías. Las rías son un ecosistema singular donde el encuentro del agua salada con el agua dulce en espacio acotado conlleva una gran riqueza biológica, pero también una gran dificultad
para depurar la contaminación; en definitiva, una gran fragilidad. Esta enorme riqueza se está viendo amenazada por unos elevados índices de contaminación que asolan la sostenibilidad y restringen su potencial. Todas las rías precisan un
saneamiento que permita eliminar las sustancias tóxicas de los fondos y rehabilitar zonas enteras abandonadas. Hace falta una regeneración integral, pero de poco nos vale esto si ustedes erradican los focos que continúan contaminando.
Todos los años prometen golosas inversiones para la regeneración de nuestras rías, de las cuales al final no se materializa nada o casi nada. Le pongo otro ejemplo: la ría do Burgo, en mi ciudad, A Coruña. Hace treinta años trabajaban en
esa ría del orden de dos mil personas; a día de hoy trabajan menos de cien mariscadores y mariscadoras. A nueve días de las elecciones generales del 20 D -qué casualidad-, el Gobierno de Mariano Rajoy -su Gobierno, señora Tejerina- publicaba en el
BOE el proyecto de saneamiento de la ría do Burgo, que cifraba en 46 300 000 euros a ejecutar en veintiún meses. A este respecto, le pregunto, señora Tejerina: ¿nos puede decir cuánto se ha invertido hasta el momento? Se lo digo yo, probablemente
algo cercano a cero. Además de eso, ¿sabe cuánto destinan los Presupuestos Generales del Estado de este año al saneamiento de esta ría? Un millón de euros, o lo que es lo mismo -se lo traduzco-, humo.
¿Qué queremos en definitiva desde En Marea? Para nuestro grupo es crucial una actuación integral sobre nuestras rías que incluya su saneamiento, que cumpla la normativa europea y que se actúe teniendo en cuenta su dimensión como medio de
trabajo en el sector primario y en los otros sectores como espacio público natural. En Galicia, como saben, hay una enorme sensibilidad ambiental que ha llevado a grandes movimientos de reivindicación de nuestro medio ambiental, como fueron 'Nunca
màis' o 'As rías non se venden'. Todas las demandas de esos movimientos ciudadanos son las que nosotros tratamos de trasladarle con esta interpelación.
En definitiva, una gestión responsable y sostenible, un cambio en el modelo productivo, una apuesta por la economía verde, una apuesta por la gente de nuestro país, que quiere y necesita continuar viviendo del mar y de las mareas. (Termina
su intervención en gallego). Moitas grazas. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Gómez-Reino.
A continuación, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (García Tejerina): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, en su interpelación plantea varias cuestiones; le contesto todas en una única respuesta: todo lo que hace este Gobierno lo hace conforme al ordenamiento jurídico vigente. No obstante, antes de entrar en materia diré que me llama
la atención la insistencia de su grupo en interpelar a este Gobierno sobre la política de saneamiento y depuración.
He tenido ocasión de manifestarme en este sentido en oportunidades anteriores ante esta Cámara -el 23 de diciembre de 2016 con respecto a una pregunta oral suya y el 22 de marzo de este mismo año con relación a una interpelación de su
grupo-, y le digo, le recuerdo, le reitero que, de acuerdo con la normativa vigente, la prestación de los servicios públicos de saneamiento y depuración son competencia de los ayuntamientos, no del Gobierno de España. Son las corporaciones locales
las que directamente o a través de las diputaciones provinciales o comunidades autónomas prestan estos servicios, y son por tanto las responsables de la depuración de las aguas. Una vez más, señoría, debo insistir en que el Estado solo ejecuta
actuaciones de saneamiento y depuración si previamente y por ley dichas obras han sido declaradas de interés general.
Del mismo modo, de las treinta y ocho aglomeraciones incluidas en el expediente comunitario que menciona, gracias al trabajo de todas las administraciones hemos pasado a diecisiete en las que es necesario ejecutar medidas para mejorar el
tratamiento de aguas residuales, pero de estas diecisiete el ministerio solamente puede actuar en siete. En todas estamos trabajando, de hecho, seis de estas siete ya están concluidas o muy próximas a ello. Dicho esto, y a pesar de que la
distribución de competencias en nuestro marco institucional es la que es, este Gobierno está plenamente comprometido con la mejora de la calidad de nuestras aguas tanto en Galicia como en el resto del territorio nacional.
Nos preocupa y nos ocupa el estado de nuestros ecosistemas hídricos. Entendemos prioritario cumplir con nuestros objetivos ambiéntales y no queremos trasladar a los ciudadanos el coste de las sanciones comunitarias por ningún
incumplimiento, sea este el que sea. Por ello, al comienzo de la X Legislatura, el primer objetivo del Gobierno fue dar la vuelta a una situación de absoluto abandono de la política del agua y, muy en particular, de la política de saneamiento y
depuración, que originó -es lo que nos encontramos- la apertura de tres expedientes sancionadores por incumplimiento de la directiva europea que afectaban a más de setecientas aglomeraciones urbanas. El Gobierno realizó en todas las comunidades
autónomas una auditoría para conocer la situación real, que se desconocía, y así poder priorizar las inversiones en el horizonte 2016-2020. Incluimos las actuaciones prioritarias en los programas de medidas de los planes hidrológicos de cuenca de
las correspondientes demarcaciones, planes que tenían que haber sido aprobados en el año 2009 y que tampoco estaban hechos y aprobó nuestro Gobierno. También incorporamos las actuaciones en materia de saneamiento y depuración en el Plan de medidas
para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, el Plan Crece, que se aprobó en el año 2014, que garantiza una inversión que superará los 1100 millones de euros por parte del ministerio hasta el año 2020, todo con la finalidad de cumplir los
objetivos de la Directiva 91/2017/CE de tratamiento de aguas residuales urbanas y cumplir con la mejora de la calidad de las aguas. Este plan nos permitió impulsar en 2015 cincuenta y cinco actuaciones de saneamiento y depuración que estaban en
marcha pero cuya ejecución era menor de la deseada y que contaban con fondos europeos para el periodo 2007-2013, treinta y una de las cuales tenían abierto expediente de infracción o estaban siendo investigadas. A lo largo de 2017 está previsto
iniciar otras veinte actuaciones por importe de licitación cercano a los 110 millones de euros.
En el caso concreto de Galicia, por el que su señoría me interpela, el Plan Crece supuso durante la X Legislatura el impulso de hasta quince actuaciones con diferente grado de prioridad que se encontraban en distinto grado de ejecución. En
la provincia de A Coruña se concluyó el colector interceptor general del río Sar en Santiago de Compostela, los interceptores generales de la ría de Ferrol, también recientemente conectados a la red, la ampliación de la EDAR de Silvouta, la
construcción de la EDAR de Ribeira. En Lugo se realizaron los colectores interceptores del río Miño. En Ourense, la fase I de la EDAR de San Cibrao das Viñas, la EDAR de O Barco de Valdeorras, la EDAR de Xinzo de Limia, la EDAR de Ourense, el
saneamiento de Pereiro de Aguiar y el saneamiento de Laias. En Pontevedra, el saneamiento de Vigo, el saneamiento de Porriño y la nueva estación de bombeo en Areas. Todo este conjunto de actuaciones supuso la inversión de más de 320 millones de
euros. De estas actuaciones acabamos de finalizar tres especialmente importantes, la EDAR de Ourense, Ribeira y Vigo, a las que he aludido, con una capacidad de depuración de 1,2 millones de habitantes equivalentes, de los que 800 000 corresponden
a Lagares,
en Vigo, que es la de mayor capacidad de Galicia. La EDAR de Ourense hace poco más de tres meses que está plenamente operativa, mientras que las otras dos están en fase de pruebas y lo harán entre septiembre de este año y mayo de 2018. En
esa fecha esas aglomeraciones urbanas cumplirán plenamente los parámetros de vertido de la Directiva 91/2017 de aguas residuales.
Concluidas estas importantísimas infraestructuras, está previsto que en esta legislatura se lleven a cabo otras cuatro actuaciones contempladas en el Plan Crece, tres en la provincia de A Coruña y una en Ourense. El proyecto más importante
de estos será la nueva EDAR de O Souto en Santiago de Compostela, con el colector del río Sarela. Una quinta iniciativa, no incluida en el Plan Crece pero de interés general, será la mejora de la EDAR de Verín y de los colectores del barrio de San
Roque en la provincia de Ourense, para la que se ha contratado la redacción del proyecto el pasado mes de febrero. Este conjunto de actuaciones supondrá una inversión adicional de 140 millones de euros.
En definitiva, son un conjunto de medidas que desmienten con hechos sus afirmaciones, porque dejan bien a las claras que la mejora de la calidad de las aguas en Galicia ha sido y es una prioridad para este Gobierno, que hemos dedicado un
esfuerzo especial en esta materia, al igual que hemos hecho en el resto de España. Señoría, en nada se parece la situación actual a la que nos encontramos en el año 2011. La situación cada año es mejor, porque este Gobierno ha programado y
realizado inversiones muy importantes. Por eso, la calidad de nuestras aguas ha mejorado significativamente en los últimos años -del 70 % que recibían el calificativo de buenas en 2009 al 77 % que lo reciben hoy- y nuestro compromiso es llegar al
90 %, que es lo que marca el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa hasta el año 2021; un plan elaborado por este Gobierno y que su señoría debería conocer.
Por otro lado, en su interpelación manifiesta la preocupación por la situación de las costas gallegas. Este Gobierno tiene muy claro que los casi 10 000 kilómetros de dominio público marítimo-terrestre, incluidos los casi 1500 de la costa
gallega, son uno de los bienes más valiosos de nuestro país. Por eso nuestro objetivo prioritario es seguir trabajando en la protección de los sistemas litorales, la conservación del dominio público marítimo-terrestre, la recuperación de zonas
litorales degradadas y la lucha contra la erosión de las playas. Desde 2012, el Gobierno ha invertido más de 25 millones de euros en Galicia; de esta cantidad, algo más de 12 millones responden a actuaciones en A Coruña, 4,5 millones en Lugo y
cerca de 9 en Pontevedra. Además, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 prevé una inversión de 6,5 millones de euros para Galicia, y ello con una doble perspectiva: la de la actuación inmediata en respuesta a los inevitables
daños en circunstancias meteorológicas adversas y las actuaciones a medio y largo plazo. Hemos llevado a cabo actuaciones de emergencia en 2014 por valor cercano a los 8 millones de euros. Entre las actuaciones estructurales quiero destacar la
regeneración ambiental de las marismas de A Xunqueira do Areal, en A Pobra do Caramiñal, en A Coruña, realizada en 2016, gracias al PIMA Adapta, por casi 2 millones de euros. Esta obra ha permitido la recuperación de los márgenes de la marisma con
un perímetro de 4500 metros. En el litoral de Pontevedra, desde 2012, se han invertido casi 6 millones de euros solo para mantener y proteger el dominio público marítimo-terrestre de la acción de los elementos naturales y de la presión del litoral.
Finalmente, haré mención a un asunto que ha citado, que es la recuperación ambiental de la Ria O Burgo, en A Coruña. Quiero dejar claro, señoría, primero, que no es bueno mezclar conceptos, mezclando saneamiento y depuración con el dragado
de la ría. Por un lado, está el problema del saneamiento, es decir, evitar los vertidos que colmatan la ría y, por otro, el del dragado, que consiste en la retirada de los lodos. A este respecto debo decir que desde el comienzo de la X Legislatura
el Gobierno ha mantenido su compromiso con la recuperación de la ría. Somos la única Administración que ha redactado un proyecto para la retirada de los depósitos sedimentarios que actualmente está en tramitación ambiental. Será la declaración de
impacto ambiental la que definirá el tratamiento que debe aplicarse y permitirá conocer el coste real de los trabajos a ejecutar. Asimismo, será la que marque los ritmos y los tiempos, porque nosotros actuamos no solamente cumpliendo íntegra y
escrupulosamente el ordenamiento jurídico español, sino también dando todas las máximas garantías medioambientales. En tanto no haya declaración de impacto ambiental, no se puede licitar ningún proyecto al respecto. Pero está en trámite de
evaluación y será posteriormente cuando todas las partes, incluidos ayuntamientos -y algún ayuntamiento gobernado por alguno de los partidos adscritos a su grupo se verá especialmente implicado por ser responsable del saneamiento de las aguas que
van a parar a esta ría-, podrán acordar la distribución de actuaciones y su financiación dentro del marco de colaboración y diálogo, como digo, imprescindibles en estos casos, porque todas las administraciones debemos estar involucradas. Ahí
veremos el valor que ustedes conceden a las cuestiones que ha planteado.
En resumen, señoría, la política de saneamiento y depuración, insisto, siendo competencia de las entidades locales, del Ayuntamiento de A Coruña, ocupa y preocupa también a este Gobierno, como hemos demostrado desde que llegamos al mismo.
Se han invertido en actuaciones en las rías cerca de 600 millones de euros entre la Administración central y la autonómica desde el año 2009. La calidad de nuestras aguas es uno de los elementos más importantes de una política de agua seria, que
persigue garantizar la prestación de un servicio público esencial, que es el suministro de agua en cantidad y calidad suficiente en todo el país y para todos los usos, así como la consecución de los objetivos ambientales asociados a la protección de
las aguas; una política seria como la realizada por este Gobierno, que lo primero que hizo fue estudiar y analizar la situación real del saneamiento y depuración de nuestro país, porque se desconocía absolutamente el estado de abandono en el que
nosotros lo recibimos en 2011, para poder después priorizar las actuaciones y garantizar de este modo las inversiones necesarias; insisto, más de 600 millones de euros en mejora de las rías gallegas. Les recuerdo que nos encontramos con tres
expedientes sancionadores correspondientes a 2011, como usted ha mencionado, que se referían a setecientas aglomeraciones urbanas y, como le he dicho, un desconocimiento total de la situación, tal era el estado de abandono. La realizada por este
Gobierno es una política que ha incluido dichas prioridades en los programas de medidas de los planes hidrológicos de cuenca, que tampoco estaban hechos. Hemos desarrollado una política que ha incluido y ha buscado inversión complementaria mediante
la incorporación de los objetivos de saneamiento y depuración en el Plan Crece. Somos un Gobierno que entiende el medio ambiente como un aliado del crecimiento y de la generación de empleo y que por ello compatibiliza la protección y la defensa del
litoral con el desarrollo y promoción turística de nuestra costa y también con el empleo y el bienestar de la gente que vive en su tierra y, por supuesto, en el caso de Galicia, con la sostenibilidad de otras actividades tan importantes como el
marisqueo. Puede tener por seguro que vamos a seguir en esta línea; lo haremos, eso sí, sin demagogia, sin declaraciones altisonantes, solo con rigor y con eficacia, para que todos los gallegos, como todos los españoles, dispongan de un agua de
mejor calidad cada vez en ríos y costas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora ministra.
Tiene la palabra el señor Gómez-Reino Varela.
El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, con su relatorio de intervenciones me quedo perplejo. Inicialmente dice una cosa y dice también la contraria: primero dice que no tienen responsabilidad en la depuración y después relata una serie de iniciativas y se
apropia de la autoridad sobre esas intervenciones. Dice una cosa y dice la contraria. Además, después de oír sus palabras, parece que me quejo de vicio yo, que se queja de vicio mi grupo y que, probablemente, se quejan de vicio la mayor parte de
las cofradías, de las plataformas, de los pescadores y de las mariscadoras y los mariscadores de Galicia. En todo caso, poco o nada me ha dicho de ENCE, de Reganosa y de las sentencias judiciales al respecto de estas plantas y de su posición sobre
ello. En relación con A Coruña, solo faltaba que le imputara ahora a los ayuntamientos -que además están haciendo un trabajo muy importante en muy poco tiempo, en dos años, para llegar casi al vertido cero- el problema actual de la ría de O Burgo;
es lo que nos faltaba por escuchar. Sin embargo, creo que nos compete ser proposititos en esta interpelación e ir preparando el terreno para la moción.
Para nosotros la clave de todo esto es una actuación integral y, por este motivo, vamos a relatarle una serie de iniciativas que creemos que sería imprescindible poner en marcha. En primer lugar, creemos que sería imprescindible comunicar
todas las iniciativas, estudios y análisis desarrollados hasta el momento para abordar la gestión ambiental y socioeconómica de las rías gallegas e incluir las iniciativas en marcha para cumplir las directivas europeas, que sistemáticamente -como
decía y como además usted reconoce- estamos incumpliendo, sobre saneamiento integral y gestión de las zonas costeras. En segundo lugar, hay que poner en marcha un proceso de diálogo, diálogo en el cual, como bien sabemos en los diferentes ámbitos,
ustedes no son especialmente habilidosos; un proceso de diálogo y negociación con las diferentes administraciones implicadas en la gestión de las rías de forma directa o indirecta para la implementación de políticas públicas, esta vez sí,
integradas. En tercer lugar, es necesario crear un sistema de información ambiental que integre todos los instrumentos de observación y monitorización ambiental existentes y que cumpla con los criterios de las políticas de datos abiertos; asegurar
que este sistema es completo y que su diseño posibilita un uso intensivo por los diferentes agentes interesados: desarrolladores de políticas públicas, científicos, centros de investigación y, por supuesto, las organizaciones
de la sociedad civil. En cuarto lugar, integrar los principales riesgos ambientales existentes basados en criterios científicos, como, por ejemplo, las cargas contaminantes en sedimentos, cultivos marinos próximos a la capacidad de carga
del sistema o riesgo de vertidos de hidrocarburos; definir planes de evaluación de la situación ambiental y de estado de riesgo y planes de intervención concretos para la eliminación y/o reducción de estos riesgos. Y, en último lugar, diseñar e
implementar planes estratégicos reales de gestión integrada de las rías de Galicia, que incorporen el diseño y rediseño institucional y objetivos de resiliencia ambiental y ecológica, sostenibilidad y desarrollo socioeconómico, e incorporar además,
en este proceso, a los diferentes agentes políticos, científicos, económicos y ciudadanos con intereses en estos ecosistemas.
Si el camino es ése, sin duda nos encontrarán a nosotros, a las cofradías, a los pescadores, a las mariscadoras; si no, evidentemente continuarán, señora ministra, teniéndonos enfrente.
Moitas grazas. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Gracias, señor Gómez-Reino.
Para concluir el debate, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (García Tejerina): Gracias, presidente.
Señoría, el Gobierno de España no es competente, pero invierte cantidades no menores para ayudar a las administraciones que sí lo son. No es difícil de entender y no es contradictorio, sencillamente refleja la importancia que damos desde el
Gobierno a la calidad del agua; es otra manera de preocuparnos por los ciudadanos. Entre 2012 y 2016 se invirtieron 280 millones de euros en saneamiento y depuración en Galicia. Esta legislatura será clave para conseguir el objetivo del
saneamiento integral de las rías gallegas después de avances muy importantes hechos en la pasada legislatura. Yo quiero reiterarle que uno de los objetivos primordiales de este Gobierno es profundizar en el ingente trabajo realizado durante los
últimos cinco años en política del agua y evitar la situación de abandono que nos encontramos en 2011.
Señoría, insisto, de los más de 1000 millones de euros invertidos entre la Administración central y la autonómica desde el año 2009 en Galicia, 600 millones se han invertido en actuaciones en las rías, lo cual ilustra el compromiso de este
Gobierno y del Gobierno de la Xunta. Insisto, en esta legislatura se conseguirá el objetivo del saneamiento integral de las rías. Trabajamos por el saneamiento de las rías y para proteger el medio ambiente y llegamos tan lejos como nos dejan
algunos alcaldes, por ejemplo el alcalde de Ferrol, perteneciente a Ferrol en Común, que mantuvo parada la obra de los interceptores generales durante más de un año, con el consiguiente perjuicio medioambiental y social para los mariscadores.
Nosotros estamos por invertir, por mejorar el medio ambiente y por proteger a los sectores afectados; ustedes por bloquear, confundirse y confundir a los ciudadanos.
Voy a darle algunos ejemplos de lo que hacemos y de lo que su partido impide que se haga donde gobierna. Ría de O Burgo. Señoría, yo lo que le he dicho es que el ministerio está redactando el proyecto sobre el dragado, ofreciendo todas las
garantías medioambientales, y que una vez que se emita la correspondiente declaración de impacto ambiental se acordará la distribución de las actuaciones, su financiación y los tiempos de ejecución. No he dicho que no haya hecho el ayuntamiento;
he dicho que esperamos la participación, que será una prueba importante del compromiso. Saneamiento de Ferrol. La Xunta de Galicia invertirá más de siete millones para el saneamiento de A Malata; este compromiso fue ratificado en julio del año
pasado, pero a día de hoy se sigue a la espera de que el Ayuntamiento de Ferrol, gobernado por Ferrol en Común, dé un paso adelante y haga los trámites que permiten el inicio de la obra. Le recuerdo que los interceptores generales estuvieron
parados durante más de un año; un año en el que nuestro medio ambiente y los mariscadores han tenido que soportar las consecuencias de su dejación, cuando la obra estaba prácticamente concluida, tan solo a falta de su conexión. El compromiso del
Gobierno de España y del Gobierno gallego es firme y eso lo demuestran los presupuestos y la inversión que ya se ha hecho en esta ría, 280 millones de euros entre las distintas administraciones.
El saneamiento de la ría de Pontevedra seguirá siendo una prioridad, con proyectos previstos por valor de 45 millones de euros y con actuaciones en la red de los distintos ayuntamientos del margen de esta ría, en la que desde el año 2009 se
llevan invertidos más de 36 millones de euros. El ministerio trabaja para regularizar la situación de la EDAR de Placeres, que es previa a la obra de ampliación que llevará a cabo la Xunta. En cuanto a la EDAR de O Souto, tan pronto como se firme
el convenio entre Acuaes y los usuarios se podrá licitar la obra. Yo le quiero recordar a su señoría que si no se ha firmado
en Santiago de Compostela el convenio no se puede presupuestar y que el proyecto se está revisando precisamente a petición del ayuntamiento. Por lo tanto, los tiempos no los estamos marcando nosotros, los está marcando el Ayuntamiento de
Santiago de Compostela. No se puede presupuestar sin un convenio previo. Insisto, de nuevo la pelota no está en nuestro tejado.
Ha hablado de las aglomeraciones urbanas, de Santiago de Compostela, de Aguiño-Carreira-Ribeira y de Vigo. Quiero decirle que todas ellas cumplirán en breve la Directiva 91/271/CE.
Para terminar, haré una referencia a ENCE. Señoría, la prórroga no la concede el Gobierno; no confundan, es una prórroga administrativa, es un mero hecho administrativo, con Gobierno en funciones, con Gobierno en plenos poderes o sin
Gobierno. Es un acto administrativo; no confundan. El Gobierno cumple escrupulosamente el ordenamiento jurídico español, como lo hacen los funcionarios de todos los ministerios. Esto se hizo con pleno sometimiento a la legalidad, siguiendo todos
los trámites legales, judiciales y los informes jurídicos y ambientales, con todas las garantías de transparencia y con participación de los afectados. Insisto, esto no es una decisión del Gobierno. Lo que sí le puedo decir es que hay mejoras
comprometidas por la empresa, presupuestadas en 61 millones de euros, que están orientadas a mejorar la calidad ambiental, además de a generar empleo, que es importante, insisto, en su tierra. Pero, según nos ha sido transmitido, estas mejoras
medioambientales no han sido iniciadas porque la Administración competente -y no es el ministerio- no ha otorgado los permisos necesarios. Todo lo que se haga, como todo lo que se ha hecho será siempre conforme a la legalidad, conforme al estricto
y escrupuloso cumplimiento del ordenamiento jurídico español. Quiero recordar que este Gobierno ha apostado siempre por una política del agua constructiva, solvente y sostenible, basada en una planificación rigurosa, en una gestión eficiente y en
la búsqueda de consensos, invirtiendo, aun en épocas muy difíciles, ingentes cantidades de dinero para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos a través de la mejora de la calidad de nuestras aguas. Esto requiere el esfuerzo de todos, y
espero, como ha dicho, contar con su colaboración y con la de su grupo parlamentario para alcanzar las metas que nos hemos marcado en esta legislatura. Sin duda, ello redundará en la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora ministra.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, AL MINISTRO DE JUSTICIA, SOBRE SUS POLÍTICAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO EN MATERIA DE GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA. (Número de expediente 172/000045).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos al siguiente punto: interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos al ministro de Justicia sobre sus políticas para dar cumplimiento a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en
materia de guarda y custodia compartida. Para su defensa, tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Gracias, presidente.
Señorías, señora ministra, primero tengo que manifestar mi sorpresa porque la interpelación iba dirigida al señor ministro de Justicia -puesto que es un tema sobre el que creemos que se le tenía que interpelar a él- y me acabo de enterar de
que será usted, ministra de Sanidad, quien intervendrá en la interpelación. Había que dejarlo claro, porque creemos que es un tema de justicia, nunca mejor dicho.
Para tratar de custodia compartida, voy a enumerarles una serie de parámetros de los cuales voy a hablar, porque son necesarios: interés superior del menor, igualdad real, maternidad y paternidad, desigualdad entre los españoles, desidia y
dejadez; y compromiso. Son seis aspectos que iré mencionando a lo largo de mi intervención y que creo que son imprescindibles para entender qué es de lo que estamos hablando hoy.
Cuando se habla de igualdad y se habla del interés superior del menor, que a veces se nos olvida, estamos hablando -o por lo menos así lo cree Ciudadanos- de que la igualdad no es solamente la de los ciudadanos para desarrollarse libremente
y en igualdad de oportunidades, el derecho a la igualdad también se manifiesta en el derecho de los niños a gozar de sus progenitores en igualdad de condiciones. Esto no es que lo diga solamente Ciudadanos, es que la propia Carta Europea de los
Derechos del Niño nos dice textualmente: Los progenitores tienen la obligación de compartir los deberes y las responsabilidades sobre la educación de los mismos. Hay distintos ejemplos en la Unión Europea sobre la guarda y custodia
compartida que tienen muy distintos planteamientos. Por ejemplo, Alemania, Francia y Reino Unido hablan de que se recomienda si no existe acuerdo entre las partes al separarse. Por el contrario, en Bélgica y en Italia se establece como la
primera opción cuando hay una separación. Luego tenemos el caso de Noruega o el de Portugal, donde se exige el consenso entre los progenitores. Lo que se está manifestando al hablarles de los distintos ejemplos de los diferentes países europeos es
que es necesario regular esta materia y es preciso establecer las pautas y los parámetros desde este país.
Tengo que hacer mención a una cita que hizo el anterior ministro de Justicia, señor Ruiz-Gallardón, en la X Legislatura. No se sorprendan, voy a coger esta misma cita porque luego la podré enlazar con la desidia y la dejadez. Citaba a
Tolstói, citaba ese libro conocido como Anna Karenina y un párrafo en concreto que hablaba de que las parejas felices se parecen pero las infelices lo son cada una a su manera. Precisamente porque cuando son felices todo está bien, tenemos que
hablar también de la desigualdad entre sexos cuando esas parejas no están tan felices. Porque cuando estamos bien, como ya he dicho, todo está bien, nos subimos a la tribuna y demandamos cosas pensando en el derecho de los niños. Nosotros no las
demandamos, nosotros las negociamos, como es el caso de los permisos de paternidad o como es el caso de exigir la corresponsabilidad entre los progenitores, pero ¿qué pasa cuando ya no estamos en esos momentos felices? Para esos momentos Ciudadanos
también está aquí y ese es el motivo de esta moción. Es necesario que nos centremos en qué es lo que pasa tras ese momento.
En el año 2005, el Código Civil introdujo la guarda y custodia compartida, y desde el año 2005 hasta el año 2015 ha habido un aumento en las sentencias de custodia compartida que se han dado en este país. Hemos pasado de un 9,7 a un 24,7,
pero no se olviden de que en estos datos hay una media y, dentro de la media, una perversión que crea desigualdad entre los españoles, que luego citaré. Esta situación además ha llegado al Tribunal Supremo y ha llevado a que este declare que,
siempre que se respete el interés superior del menor, la guarda y custodia compartida debe ser la fórmula normal e incluso la deseable, por supuesto, siempre primando el interés superior del menor. Por eso también hay aspectos excluyentes, o por lo
menos así lo entendemos, cuando el nivel de conflicto entre los progenitores no permita esta opción, es decir, cuando los progenitores no sean lo suficientemente responsables o adultos y se entienda que tiene que primar el interés del menor, o
cuando exista violencia en el ámbito familiar. Por supuesto, en esos casos no se tiene que considerar esta opción, pero no es la mayoría de los casos; por el contrario, hay casos en los que la guarda y custodia compartida es la única forma de
hacer prevalecer precisamente lo que se debate hoy, que es el interés superior del menor, y esto lo dice el Tribunal Supremo. Lo dice de la siguiente manera: El mantenimiento de la potestad conjunta resulta sin duda la mejor solución para el
menor, en cuanto le permite seguir relacionándose establemente con ambos padres.
Y ahora les tengo que hablar de la desigualdad de los españoles que antes les comentaba y de la perversión en la que se esconden los datos medios de sentencias que dan la guarda y custodia compartida. La falta de una regulación nacional
lleva a que hayan salido regulaciones autonómicas. Estas tienen algunas cosas en común, como que se fomenta la custodia compartida, salvo privación judicial; que se contempla la mediación familiar y que se excluyen los casos en los cuales haya
violencia de género. Vamos al mapa de la perversión, que es el que estaba citando anteriormente. (Muestra un mapa). Si alguno de nosotros decidimos separarnos en Cataluña, en Baleares, en la Comunidad Valenciana o en Aragón, nuestros hijos
tendrán unas posibilidades superiores al 34 % de tener custodia compartida, y si es el caso de Cataluña, tendrán hasta un 40 % de posibilidades. Sin embargo, si nos vamos a otra parte del mapa y nos separamos en Extremadura, Murcia o Andalucía, las
posibilidades de que se den sentencias de custodia compartida se reducen a menos del 16 %, citando el sangrante caso de Extremadura, donde es el 8%. ¿Esto realmente es igualdad entre los distintos ciudadanos del país? ¿Realmente creen que los
intereses superiores del menor dependen de la comunidad autónoma en la que se encuentre? ¿O acaso el ministro de Justicia o la ministra que me contestará en un momento puede decir que en el caso de Cataluña hay muchas más aptitudes para que se dé
la custodia compartida y que sin embargo las exparejas en una comunidad autónoma como la de Extremadura no son aptas para que se les otorgue la custodia compartida? Realmente cuando se habla de los intereses superiores del menor no puede haber
distinciones entre comunidades autónomas, y creo que eso ha quedado más que patente con el mapa que les acabo de enseñar.
Ahora enlazamos con la cita que hice de Anna Karenina y el porqué nombré al ministro Ruiz-Gallardón y por qué hay que hablar de la desidia y la dejadez. En la X Legislatura se trajo una interpelación para hablar de custodia compartida que
sorprendentemente se aprobó por la mayoría de la Cámara. Digo
sorprendentemente porque era el Gobierno del señor Rajoy, había mayoría absoluta y tuvieron tres años para regular esta materia y para hacer cumplir esa moción que se aprobó con mayoría de la Cámara y no se hizo nada. Por eso, hablamos de
desidia, porque parece que hay momentos en los que el interés superior del menor no es tan importante y la desidia parlamentaria o la desidia de un Gobierno que con mayoría absoluta podía haberlo hecho -porque lo había votado afirmativamente- y no
lo quiso hacer. Luego nos dicen que damos la lata con cosas, qué quieren que les diga, para eso hemos venido aquí, para trabajar. (Aplausos).
Entonces llegamos a la última fase que quizás es la más importante y es la fase de los compromisos. Hay que recordar -y la señora Montserrat lo sabrá porque estaba en la mesa de negociación- que en el punto 68 del acuerdo que Ciudadanos
firmó con el Partido Popular dice textualmente: Impulsar las medidas necesarias para incorporar en nuestro Código Civil la guarda y custodia compartida como la modalidad más deseable, haciendo prevalecer siempre el interés superior del menor y de
acuerdo a las directrices de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Es decir, si no se hace esto, realmente no sé qué nos pasó en la negociación. Porque si tenemos que llevar a una negociación algo que ya se había votado
cuatro años antes y que con mayoría absoluta no se había hecho es porque hay una dejadez y una desidia absoluta en el Gobierno o en el Grupo Parlamentario Popular.
Ciudadanos no va a hacer oídos sordos ante este tema. No va a hacer oídos sordos en el tema de la custodia compartida porque hacer oídos sordos significaría ahondar en la desigualdad de género -y eso es una realidad-, ahondar en que no
prime el interés superior del menor. Eso sería hacer oídos sordos. Tenemos que traer muchas reflexiones a esta Cámara y una de ellas es la de que, si creemos realmente, como citaba Tolstói en Anna Karenina, que en los momentos felices las parejas
somos iguales, si creemos que en esos momentos felices los padres deben ser corresponsables y cuidadores respecto de los hijos -en esta Cámara distintos parlamentarios de distintos partidos políticos se han levantado, lo han dicho y han defendido la
igualdad, cosa que por supuesto este grupo parlamentario también defiende-, no podemos resignarnos a que en los momentos no tan felices en los que las parejas ya no son tan iguales -como decía Tolstoi- este nuevo rol quede invalidado en el momento
en el que la pareja decide separarse. Porque, si somos adultos para ser padres, somos adultos para ser responsables. Si creemos en la igualdad, estamos aquí para defenderla no solo en los momentos felices, sino también en los momentos tristes y
siempre, por supuesto, primando lo importante, porque estamos aquí para hablar de justicia, pero sobre todo para hablar de los derechos superiores del niño.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Rodríguez.
A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Montserrat Montserrat): Gracias, presidente.
Señorías, señora Rodríguez, desde el Gobierno cogemos la custodia compartida como bandera del ministerio de las personas, de la familia y de la infancia, y por eso hoy le contesto esta interpelación. La familia es la que cada uno elige y no
hay dos familias iguales. Hoy más que nunca nuestra sociedad está formada por una diversidad de familias. Lo común a todas ellas es que son el lugar donde aprendemos a ser personas, en el que compartimos valores, crecimiento personal, amor,
educación y comprensión. Cuando en el seno de una familia se produce la ruptura de una pareja, no hay ni una única receta ni soluciones mágicas, cada uno afronta esta situación de la mejor manera que sabe y puede, y por eso debemos acercarnos a esa
realidad con la máxima sensibilidad posible. Es necesario facilitar a las familias y a los jueces de instancia y familia todos los instrumentos que les permitan adoptar aquella solución que mejor proteja el interés superior de sus hijos, que son
justamente los protagonistas involuntarios, inocentes y muchas veces invisibles de las rupturas. Antes de seguir con mi intervención, quiero precisar que nos estamos refiriendo a la custodia compartida como un instrumento válido para regular la
conflictividad en el ámbito civil cuando se produce una ruptura de pareja. En ningún caso, las situaciones de violencia de género tienen cabida en el debate que hoy abordamos. Ante estas situaciones, solo cabe la tolerancia cero ante la violencia
y la aplicación estricta de la ley.
El artículo 3 de la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas otorga al niño el derecho a que se considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las medidas o decisiones que le afecten, tanto en la
esfera pública como en la privada. Explícitamente el artículo 9 de la
Convención de Derechos del Niño reconoce que los hijos tienen derecho a mantener contacto directo con su padre y con su madre, tanto si están juntos como si están separados. La ONU recalca que, cuando se separan los padres, el niño no debe
tener la percepción de que ha perdido a su familia, porque son ellos, los menores, los que más sufren y por los que trabajamos cada día en su protección. La angustia que produce en un niño saber que sus padres ya no van a vivir juntos, que ese
mundo en el que vivían protegidos ya no existe, puede dejar una profunda huella en la formación de su personalidad y hemos de tener siempre presente que la profundidad de esta huella dependerá de la actitud y del comportamiento de los progenitores.
Ahora bien, ¿acaso ese derecho a crecer bajo el paraguas protector de los progenitores, de recibir ese cariño y amor que les brindan -tan necesario para forjar su personalidad- debe quedar apartado porque la convivencia en común se ha
quebrado y los progenitores viven separados? No, señorías, el interés superior del menor es contrario a esto. Su bienestar nos obliga a tener presentes las consecuencias que cada medida puede suponerles individualmente. El interés superior del
menor implica, en primer lugar, el derecho del niño a que su vida y desarrollo tengan lugar en un entorno familiar adecuado y libre de violencia y, en segundo lugar, a que las relaciones con el entorno familiar se desarrollen en el mejor escenario
posible. En España, este interés superior del menor ha sido recogido como doctrina por el Tribunal Supremo en la Sentencia de 29 de abril de 2013 en su interpretación del artículo 92 del Código Civil, que regula las relaciones de los padres y sus
hijos en caso de separación y divorcio. En este sentido, el Tribunal Supremo señala en el artículo 92 del Código Civil que la custodia compartida no es una medida excepcional, sino que habrá de considerarse normal e incluso deseable. La
jurisprudencia del Tribunal Supremo, que se ha desarrollado a partir de la sentencia de julio de 2013, nos muestra las múltiples situaciones que debemos tener en cuenta a la hora de establecer el modelo de custodia compartida cuando no hay acuerdo
entre los progenitores.
Lo que nos muestran estas sentencias es una rica casuística que no se puede ignorar. Por ejemplo, cuando exista un conflicto grave o insalvable entre la pareja se desaconseja, en interés del menor, optar por un sistema de custodia
compartida; Sentencia de 30 de octubre de 2014. Ahora bien, cuando el conflicto es reconducible a través del diálogo y la mediación, la custodia compartida sigue siendo una opción tan válida como cualquier otro modelo, y lo establece la Sentencia
de 16 de octubre de 2015. Así, la sentencia del Tribunal Supremo recalca que las razonables divergencias entre los padres no deben imposibilitar el régimen de guarda y custodia compartida porque, como dice, es deseable porque fomenta la integración
del menor con ambos progenitores sin desequilibrios, evita el sentimiento de pérdida del menor, no cuestiona la idoneidad de los padres y estima la cooperación de los mismos en beneficio del menor. En la elaboración de esta doctrina, el Tribunal
Supremo ha tenido en consideración la Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de octubre de 2012, que declara inconstitucional el informe preceptivo del fiscal para otorgar la guardia de los hijos en régimen de guarda y custodia compartida,
porque el Tribunal Constitucional entiende que la exigencia preceptiva del informe favorable del ministerio fiscal carece de razonabilidad y proporcionalidad.
Pensamos que debemos continuar avanzando como sociedad y como responsables políticos hacia la corresponsabilidad y la conciliación de todos, de ambos progenitores pero de la sociedad en general, porque la educación y la crianza de los hijos
es una responsabilidad compartida por los progenitores estando juntos o estando separados. Incluso, cuando la pareja se rompe, su proyecto de crianza sigue existiendo y demanda un cuidado aún mayor en beneficio de los menores. Si estamos de
acuerdo en que los niños son lo primero y en que los niños tienen el derecho a relacionarse de forma fluida con ambos progenitores, también estaremos de acuerdo en que los dos progenitores tienen la obligación de ejercitar la corresponsabilidad
parental, porque los hijos no se separan, solo se separan los progenitores.
Todavía hoy las cifras indican que las mujeres dedican más tiempo que los hombres al cuidado de la familia y por eso tenemos que seguir trabajando para que la corresponsabilidad y la conciliación sean reales y efectivas en nuestro país en
ambos sexos. Si durante la convivencia en pareja ha existido la corresponsabilidad, también estará presente en caso de ruptura y, por tanto, el avance de la custodia compartida se producirá de forma natural, como está evolucionando la sociedad.
Por ejemplo -usted lo indicaba en los datos que ha señalado-, en el año 2010 el modelo de la custodia compartida alcanzaba la cifra de un 10,5 %; en 2011, un 12,3 %; en 2012, un 14,6 %; en 2013, un 17,9 %; en 2014, un 21,2 %, y en 2015, un 24,7
%. Es decir, ha habido un incremento desde 2010 de quince puntos porcentuales. Esto demuestra el cambio social que se está produciendo en España, donde las parejas que ejercen la corresponsabilidad cuando están unidas también lo hacen cuando están
separadas a través de un
convenio de mutuo acuerdo o por decisión judicial en separaciones contenciosas. La custodia compartida tiene que ser un instrumento jurídico más en nuestra legislación civil para que los progenitores de mutuo acuerdo o los jueces en
contencioso tengan todas las herramientas legales para ejercer y proteger el interés del menor. Queremos que existan todos los instrumentos legales en igualdad de condiciones para que los jueces, en aras del interés del menor, puedan valorar los
casos de las familias y decidir la opción más necesaria para proteger y salvaguardar el interés del menor y sus derechos.
Para que la custodia compartida se produzca resulta conveniente que ambos padres se impliquen en condiciones de igualdad en el desarrollo y en el crecimiento de sus hijos. No hay ninguna duda de que si este modelo se ejerce correctamente
resulta más beneficioso para el menor. El estudio Análisis de los modelos de custodia derivados de situaciones de separación y divorcio en España, impulsado por el Instituto de la Mujer en mayo de 2012, recoge la idea de que el debate no está en la
dicotomía entre la custodia compartida y la custodia exclusiva, sino que la realidad es mucho más rica, y el estudio desvela que ante cualquier proceso de disolución de una familia el proceso no se centra en la elección entre dos modelos de
custodia, sino en diferentes posiciones combinadas, atendiendo a las circunstancias familiares que puedan cambiar a lo largo de la vida de las personas. Continúa el informe que la elección de unos u otros mecanismos para la regulación del proceso
de custodia debería responder de manera personalizada a cada situación particular atendiendo a las emociones que interactúan con las cargas económicas, las relacionales, las jurídicas y vivenciales, pero siempre en aras del interés del menor. Cada
fórmula de custodia debería preverse con la suficiente flexibilidad para posibilitar la adaptación a posibles cambios en la situación de partida y en aras del interés del menor. La forma de entender este complejo sistema de decisión sobre la
custodia de menores debería asumirse desde una perspectiva multidisciplinar que contemple por encima de otros condicionantes las necesidades y perspectivas de sus principales protagonistas, que son los menores. Hemos de tener en cuenta que se trata
de una situación no prevista, para la que nunca se está suficientemente preparado y que se produce en momentos difíciles, de cierta tensión emocional, por lo que se necesita de apoyo experimentado para tomar la mejor decisión en beneficio de los
menores en caso de mutuo acuerdo, sin olvidar en estas situaciones a la familia extensa, abuelos, tíos y demás familia, que pueden ser injustamente postergados, privándoles a ellos y a los menores de su relación afectiva.
Dentro del pacto de investidura de Ciudadanos con el Partido Popular, suscribimos un acuerdo -usted lo ha explicado muy bien-, entre cuyos puntos está asegurar una mayor protección de las familias como eje de la solidaridad y la cohesión
social en nuestro país, especialmente para aquellas que atraviesen mayores dificultades, y en la medida 68 acordamos impulsar la incorporación de la custodia compartida en el caso de separación y divorcio, haciendo prevalecer sobre todo el interés
del menor, recogiendo la doctrina del Tribunal Supremo y siguiendo las directrices de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Nosotros lo que pactamos lo cumplimos, porque no solo compartimos la filosofía de su interpelación,
sino que nace de dicho acuerdo.
Hay cinco comunidades autónomas que han introducido la figura de la custodia compartida en sus derechos civiles forales o propios. Por ello debemos avanzar para que la custodia compartida sea también un instrumento en nuestro derecho civil
común, porque no queremos dos Españas, porque a nuestros hijos, vivan donde vivan, debemos protegerlos y debe primar el interés del menor. Por tanto, es importante que el instrumento de la guarda y custodia compartida también esté en el derecho
civil común para que no haya dos Españas.
Finalizo manifestando el compromiso del Gobierno con el acuerdo adoptado con su grupo y por ello seguiremos trabajando para que la custodia compartida sea un instrumento en nuestro ordenamiento jurídico, pero habrá de hacerse siempre -esto
lo quiero remarcar- prevaleciendo el interés superior del menor, recogiendo las sentencias del Tribunal Supremo y de la Convención de Naciones Unidas y sobre todo trabajando con todos los grupos parlamentarios para alcanzar un amplio consenso
social. No se trata -pensamos- de imponer la custodia compartida, sino de normalizar el recurso a la misma y que este recurso exista en todo el territorio nacional, facilitando el trato cotidiano y frecuente de los niños con sus progenitores y
reduciendo el nivel de conflicto de la pareja. Pensamos que la custodia compartida debe fundamentarse en los siguientes pilares: la primacía del interés superior del menor; evitar la imposición de la custodia compartida en situaciones de
conflicto extremo de la pareja o casos de violencia doméstica y de género -porque para nosotros solo cabe tolerancia cero con la violencia contra la mujer y sus hijos-, por tanto, la necesidad de que entre los padres exista también una relación de
mutuo respeto que permita la adopción de actitudes y conductas que beneficien al menor, y la valoración de la mediación familiar.
Pero no le voy a negar, señora Rodríguez, que no es una cuestión solo de nuestros dos partidos, sino que involucra a toda la sociedad. Por eso necesitamos el apoyo mayoritario de esta Cámara, para que la custodia compartida sea una opción
más en nuestro ordenamiento jurídico.
Pensamos, sinceramente -como ya he dicho antes-, que cada familia es un mundo, que tenemos que proteger el interés del menor, pero que tenemos que buscar ese acuerdo mayoritario. Estoy convencidísima de que los 350 diputados que estamos hoy
en este Pleno defendemos y protegemos el interés del menor. Por tanto, que sea nuestro objetivo para introducir la guarda y custodia compartida en el Código Civil este interés del menor. En definitiva, de lo que se trata es de que los
progenitores, en caso de acuerdo, y el juez, en caso de desacuerdo, dispongan de todos los instrumentos necesarios en condiciones de igualdad para dar la mejor respuesta en cada caso, y prevaleciendo siempre el interés del menor.
Muchísimas gracias, señora Rodríguez. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora ministra.
Tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Presidenta, señora ministra, citaba al señor Ruiz Gallardón porque él ya lo prometió. En su momento él hablaba de rigideces, tiraba balones fuera, hablaba de falta de compromiso y de un sinfín
de complicaciones, pero la realidad es que al final este Parlamento votó que sí, votó que sí mayoritariamente. Voy a leer -porque creo que es de ley leerla- la moción que se votó hace años: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en
el plazo máximo de seis meses, y sin perjuicio de las especialidades correspondientes en las comunidades en las que exista el derecho civil foral propio, desarrolle la regulación legal que modifique el artículo 92 del Código Civil y cuantos otros
preceptos fueran necesarios, para conseguir la viabilidad de la guarda y custodia compartida en los supuestos de ruptura de la unidad familiar, impulsando la conciliación y atendiendo al interés superior del menor, debiendo entenderse como un
derecho del menor el relacionarse con ambos progenitores, así como a la inversa, la obligación que tienen estos de ejercitar la corresponsabilidad paternal.
¿Por qué la leo textualmente? Porque esto ya se debatió, esto ya se votó y, lamentablemente, tengo que volver a hablar de la desidia porque hoy tenemos que volver a debatirlo y volverlo a traer, porque no se ha hecho nada. No es que no
hiciera nada en su momento el señor Ruiz Gallardón, que es quien llevó la moción y la interpelación en su momento, sino que el señor Catalá también ha hablado y se ha manifestado en relación con la custodia compartida y no sé yo si realmente la
desidia le ha llevado a rehusar estar hoy en esta interpelación o quizá está cansado de este tema. Yo le pido, señora Montserrat, que hable con él porque, si está cansado, a lo mejor entre todos le podemos dar un poco de energía para, de una vez y
por todas, desbloquear este tema y que no tengamos que seguir debatiéndolo. Porque al final, cuando se repiten los debates, lo que estamos evidenciando es que hay temas que dejamos pasar; porque esta moción ponía un periodo de seis meses; porque
todo el Parlamento en aquel momento lo votó a favor y porque varios años después seguimos debatiendo lo mismo.
Voy a hacer alusión a lo que usted ha comentado del entorno familiar y de que los niños no se separan. Es cierto, y muchas veces los padres no están a la altura de los derechos de los niños. Eso también es una realidad, porque muchas veces
la no posibilidad de dar una custodia compartida viene del conflicto acérrimo que tienen sus progenitores. Pero también ha hablado de que la mayor carga familiar, estadísticamente, la siguen soportando las mujeres. Esto se acabaría si hablamos de
los momentos en los que no somos felices, si hablamos de que la custodia compartida es un derecho, de que no solo hay que hablar de igualdad cuando estamos todos bien y de que la corresponsabilidad paternal se tiene antes, durante y después de haber
tenido los niños, cuando se tiene pareja y cuando no se tiene pareja también. Por eso seguimos diciendo -y usted también lo ha dicho- que los niños son lo primero -por supuesto que sí-, pero, aun sabiendo esto, permítame que vuelva a hablar de las
comunidades autónomas, porque no tiene ningún tipo de sentido que si los niños son lo primero haya una diferencia entre un 40 % en Cataluña y un 8 % en Extremadura, porque los niños son lo primero en toda España. Los niños tienen que ser los
primeros en todos los juzgados de familia, tienen que ser los primeros en todas las sentencias de custodia que se den en este país, y no lo están siendo. También hemos hablado del punto 68 del acuerdo. Espero que se cumpla ya, porque usted estaba
presente en esa mesa de negociación, para no seguir debatiendo sobre temas que nuestra sociedad ya ha asumido, pero los legisladores todavía no.
Quiero terminar, como no puede ser de otra manera, haciendo alusión a las declaraciones de don Mariano Rajoy respecto a dar la lata y a la canción de acento popular de este país. Le digo desde ya, y lo digo en esta Cámara, que Ciudadanos va
a seguir dando la lata para defender la igualdad de todos los ciudadanos y de los niños de este país. Va a seguir dando la lata para que sean sociedades abiertas, para que se piense en responsabilidades y en derechos de las personas y no en
derechos y responsabilidades de género. Ciudadanos va a seguir dando la lata para que el bien superior del menor prime sobre todas las cosas. Sobre todo, Ciudadanos va a seguir dando la lata para que todos los cambios que la sociedad ya ha
asumido, y que, lamentablemente, ni el Gobierno ni este Parlamento han hecho hasta el momento, lleguen y sean una realidad. Así que, para eso, este grupo parlamentario va a seguir dando la lata.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Montserrat Montserrat): Gracias, presidenta.
Señorías, señora Rodríguez, como he dicho antes, nuestros actos deben perseguir el interés superior del menor. Estará de acuerdo conmigo en que todos debemos avanzar hacia la corresponsabilidad y hacia la conciliación. No estoy hablando
solo de separaciones, sino que estoy hablando en general en la sociedad, para conseguir la igualdad. El Gobierno ha trabajado para que sea una realidad. Hemos conseguido que cualquiera de los dos progenitores pueda ahora ejercer el derecho al
permiso de lactancia. Se está trabajando para alcanzar un pacto nacional para la conciliación laboral y la racionalización de horarios. Se ha regulado por primera vez el teletrabajo en España, un gran paso adelante a favor de la conciliación.
También estamos trabajando para que haya más flexibilidad en el trabajo, con banco de horas. Se ha ampliado también el derecho a la reducción de jornada por cuidado de hijos de ocho a doce años y se ha mejorado la protección social de los
trabajadores a tiempo parcial, equiparándola a la de los trabajadores a tiempo completo, lo que constituye un avance inequívoco de la calidad del trabajo a tiempo parcial, en especial de las mujeres trabajadoras. Se ha introducido una nueva ayuda
para los autónomos que necesitan reducir su jornada para el cuidado de sus hijos, bonificando al cien por cien las cuotas sociales durante un año. Se ha mejorado el permiso de paternidad -estaba en el acuerdo- de dos a cuatro semanas
ininterrumpidas.
También hemos avanzado respecto a la brecha de las pensiones, con el complemento de maternidad. Por primera vez España se sitúa a la vanguardia europea, con Francia, con un complemento de pensiones para las mujeres desde el 1 de enero de
2016, que supone subir las pensiones hasta un 15 % más, teniendo en cuenta la aportación demográfica que han hecho las mujeres a las sociedad teniendo hijos, además de trabajar todos los días. Pues bien, desde su puesta en marcha, desde el 1 de
enero de 2016, una de cada dos mujeres que se jubila lo hace con un complemento de pensión. Son 150 000 mujeres las que han tenido la oportunidad de beneficiarse por el gran esfuerzo que hicieron de trabajar y de tener hijos. La conciliación de la
vida familiar, personal y laboral es un objetivo claro para que nadie tenga que escoger entre un trabajo y ocuparse de los suyos. Lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos y por nosotros mismos es trabajar para favorecer un marco favorable para
las familias. Por tanto, la guarda y custodia es un modelo más para avanzar hacia donde está avanzando la sociedad, que es hacia la corresponsabilidad, la conciliación y, sobre todo, la corresponsabilidad entre los dos progenitores hacia su hijo.
Como les dije al principio, avanzaremos en la custodia compartida en la medida en que lo hagamos también en la corresponsabilidad de las relaciones de pareja y en la sociedad. No hay dos familias iguales, ni dos parejas iguales, ni tampoco
dos separaciones iguales. Por encima de todos estos factores, está el bienestar de los menores, que debe primar sobre cualquier otro interés de la pareja. Nuestra apuesta por normalizar el régimen de custodia compartida es evidente. Es un tema en
el que estamos de acuerdo. La custodia compartida tiene que ser un instrumento más que permita resolver las relaciones de progenitores con sus hijos en una separación de una pareja.
Señora Rodríguez, la custodia compartida no puede ser impulsada únicamente -en esta contestación de la interpelación quiero hacer énfasis- con el apoyo del Partido Popular y de Ciudadanos. Seríamos la mitad del Pleno y esto significaría ser
la mitad de la sociedad. Me gustaría que un acuerdo que afecta a todos los hijos españoles fuera no digo unánime pero sí mayoritario, porque estoy convencidísima de que
los 350 diputados que estamos aquí defendemos el interés superior del menor. Es una cuestión que tiene una amplia repercusión social y que requiere de acuerdos mayoritarios, por eso es imprescindible sumar a este acuerdo a todos aquellos
grupos que quieran incorporarse, que crean y que defiendan el interés superior del menor, y también al Grupo Socialista. Por ello, reitero a todos los grupos de esta Cámara que trabajemos conjuntamente para garantizar el interés superior del menor.
Lo importante será la moción que venga de esta interpelación. Veremos entonces cuáles son los grupos que defendemos el interés superior del menor. Por tanto, tenemos que buscar, ustedes y nosotros, el gran consenso de esta Cámara para proteger el
interés del menor y trasladar este modelo al derecho civil común. Lo que no puede ser -estoy completamente de acuerdo con ustedes- es que haya cinco comunidades autónomas en España que tengan este modelo reconocido en su derecho foral o en su
derecho civil propio y en cambio en el resto de España no exista. Esto es algo que tenemos que modificar. Eso sí, yo le quiero dar mucha importancia -de ahí la trascendencia de la moción que se derivará de la interpelación- al hecho de buscar
consensos mayoritarios, escuchemos a todos los grupos de la Cámara en aras de conseguir un gran consenso a favor del interés del menor.
Yo siempre digo que construir es más difícil pero más rentable para nuestra sociedad, por tanto, tenemos que construir un gran consenso en esta Cámara porque, como digo, será más rentable para nuestra sociedad. No existe una solución rápida
ni mágica y los conflictos en materia de familia con hijos exigen a veces trajes a medida, lo cual pasa por un modelo donde se priorice el interés superior del menor por encima de todo. Por ello, debe primar un modelo sin automatismos en el que
haya un juez con capacidad para valorar cada familia y proteger a nuestros hijos. La familia es nuestra razón de ser y nuestro compromiso compartido es avanzar hacia la corresponsabilidad y la conciliación; avanzar, por tanto, hacia nuestro
compromiso contraído con ustedes en el acuerdo de investidura para introducir el modelo de guarda y custodia compartida en nuestro derecho civil común. En consecuencia, ahí nos vamos a encontrar, y estoy convencidísima de que trabajaremos en la
moción para ampliar los consensos.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, AL MINISTRO DEL INTERIOR, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR ANTE LA ALARMA SOCIAL QUE HAN GENERADO LAS ACTUACIONES DE ALTOS RESPONSABLES DEL DEPARTAMENTO EN RELACIÓN CON PERSONAS INVESTIGADAS POR
DELITOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN. (Número de expediente 172/000046).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a debatir la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista al ministro del Interior, sobre las medidas que piensa adoptar ante la alarma social que han generado las actuaciones de altos
responsables del departamento en relación con personas investigadas por delitos relacionados con la corrupción.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Sicilia Alférez.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, buenos días. Señor Zoido, cuando a usted lo nombraron ministro del Interior no solo tenía que planificar, dirigir e inspeccionar todos los servicios del ministerio o tener a su cargo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado; tenía también otra función muy importante, la de devolverle al Ministerio del Interior el buen nombre y el prestigio que tenía antes de que su antecesor pasara por él.
Su antecesor echó por tierra ese prestigio con episodios tan lamentables como la creación de una policía política al servicio del ministro y de su partido con el único fin de desprestigiar y difamar al adversario político, actuación que,
como usted bien sabe, está ahora mismo siendo investigada en una Comisión de este Parlamento. O con episodios como la reunión con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, en la que se sugería por parte del ministro anterior la realización de
una gestión para que la fiscalía afinara un determinado asunto. O la otra reunión que mantuvo en su despacho con un imputado y condenado como lo era Rodrigo Rato.
Pues bien, otra reunión, señor Zoido, esta vez de su secretario de Estado de Seguridad, es la que hoy le trae a usted aquí; una reunión del señor Nieto con un imputado y encarcelado. Y es que, lejos de que su gestión al frente del
ministerio haya ido mejorando la imagen del mismo, usted ha seguido en la senda de escándalos a la que nos tenía acostumbrados su antecesor. Primero, el espectáculo lamentable de su
amigo, el director de la Dirección General de Tráfico, intentando ocupar un piso de la Guardia Civil que no le correspondía, después el nombramiento de un jefe superior condenado por torturas y ahora la reunión de su secretario de Estado con
el hermano de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, semanas antes de que estos fueran detenidos y encarcelados con motivo de la Operación Lezo. Una vez más, los responsables del Ministerio del Interior recibiendo en su despacho
a compañeros de partido acusados por corrupción, señor ministro.
Señor Zoido, esta reunión resulta sospechosa e inaceptable desde el mismo momento en que se produjo. Por ello, en cuanto se conoció mi grupo le pidió explicaciones en el Senado y requerimos la comparecencia del secretario de Estado de
Seguridad en la Comisión de Interior. Una reunión sospechosa e inaceptable, señor Zoido, porque los antecedentes nos dicen que el señor Ignacio González, importante dirigente del Partido Popular, lleva mucho tiempo protegido por el Partido Popular.
-Ustedes sabrán el porqué-. Pese a las continuas noticias que recibían sobre los presuntos delitos que podría estar cometiendo el señor Ignacio González, ustedes callaban, tapaban e incluso hacían lo posible y lo imposible porque no se investigara.
Así lo hicieron en el caso del famoso ático en Marbella, utilizaron al Ministerio del Interior para evitar la investigación. No dudaron en cesar al comisario de Marbella, responsable local de esa investigación, y después a los dos
comisarios superiores de Policía judicial, responsables últimos de la investigación de ese ático del señor González. Después recibieron la noticia e incluso pruebas de que el señor González tenía una cuenta en Suiza, cuyo origen era de dudosa
legalidad. Así lo ha confirmado el señor Floriano, dirigente de su partido. ¿Y qué hicieron?, ¿acaso denunciaron este hecho para que se investigara? No, callaron y taparon el asunto nuevamente.
Ahora ha llegado la operación Lezo. ¿Qué han hecho cuando la situación del señor González era ya insalvable? Tratar de dificultar la investigación con un fiscal Anticorrupción del gusto del señor Ignacio González, me estoy refiriendo al
Manuel Moix. Un fiscal que se opuso a ciertos registros en el transcurso de la operación que llevó a la cárcel a Ignacio González y a su hermano. Por todo esto es por lo que la reunión de su secretario de Estado de Seguridad con el hermano de
Ignacio González, semanas antes de ser detenido, resulta más que sospechosa; sospechosa, señor Zoido, porque el PP siempre ha protegido a Ignacio González y sospechosa porque ya en otras ocasiones se ha maniobrado desde el Ministerio del Interior
para evitar que se investigase a Ignacio González.
Señorías, según hemos podido ir sabiendo del sumario que se ha ido publicando en la prensa, el sumario de esta nueva trama de corrupción que afecta al Partido Popular, la del Canal de Isabel II, a Ignacio González y a su hermano les chivan
que están siendo investigados. Algo que queda claro en la reunión que mantienen los tres hermanos González el día 6 de marzo y en la que, según recoge el sumario de este caso, hablan de una posible investigación a Ignacio González. En este
encuentro fraternal los hermanos González, que se saben investigados, se interesan por el jefe de la policía y recuerdan -casualidades de la vida- que uno de los hermanos de Ignacio González conoce al secretario de Estado, al señor Nieto. Y
casualidades de la vida, dos días después de esta reunión es recibido por el señor Nieto en su despacho. ¿No le parecen muchas casualidades, señor Zoido? Una reunión que tanto usted como el secretario de Estado han tratado de justificar con
argumentos bastante pobres e inverosímiles y, en su caso, señor Zoido, incluso pueriles.
Usted, señor ministro, nos ha dicho que esta reunión no podía esconder nada turbio porque se produjo a las nueve y media de la mañana delante de los funcionarios del ministerio, que es como pretender hacernos creer que no se cometen delitos
en la Puerta del Sol a las doce del mediodía. Tras esta explicación pueril, señor Zoido, con la que trata de quitarle importancia a la reunión por la hora en que se produjo, ha tratado de quitarle importancia a esa reunión por el contenido. Nos ha
dicho que la reunión era meramente protocolaria, de cortesía. Señor Zoido, a usted le llamó el señor Ignacio González -así nos ha dicho- para felicitarle por su nombramiento como ministro. Sin embargo, para algo tan simple como para felicitar al
señor Nieto por su nuevo cargo, el hermano de Ignacio González lo que hace es pedirle una reunión. Con lo fácil que es una llamada o mandar un telegrama o una carta de felicitación, señor Zoido. Al igual que le ocurre a usted, a mí también me han
dirigido cartas y llamadas para felicitarme por mi nueva responsabilidad, pero ninguna de las reuniones que me han pedido ha sido simplemente para felicitarme porque, como le digo, para eso hay medios mucho más sencillos. Como esta explicación es
tan inconsistente e inverosímil, han tenido que decirnos que en esa reunión también se habló de la seguridad en los mercados, dado que Pablo González es responsable de Mercasa; pero, señor Zoido, esta explicación resulta poco creíble y le diré por
qué.
Resulta poco creíble que se solicite una reunión para tratar un tema tan concreto, tan técnico como la seguridad en los mercados y que se acuda solo, sin ningún experto y que el secretario de Estado reciba a Pablo González también solo, sin
ningún técnico del ministerio que conociera de la materia que se quería tratar. Además, resulta poco creíble, señor ministro, que un tema tan importante como este, el de la seguridad en los mercados, se despache en quince minutos, que es lo que
dice el señor Nieto que ha durado esa reunión. En definitiva, señor ministro, resulta difícil creer que se pida una reunión para algo tan simple como una felicitación, que puede hacerse por teléfono o por carta, y resulta difícil creer que una
reunión para tratar algo tan complejo como la seguridad en los mercados, se despache en quince minutos sin ningún técnico, sin ningún asesor, sin ningún experto ni de Mercasa ni del ministerio, solo el señor Nieto y Pablo González juntos en el
despacho del secretario de Estado.
Por si fueran pocas las dudas, la llamada que realiza el hermano de Ignacio González al término de esta reunión las acrecienta mucho más. En esa llamada, Pablo González le dice a su interlocutor que el encuentro había sido muy interesante,
pero que no puede hablar de él por teléfono. Y, señor Zoido, ¿qué tiene de interesante una felicitación? Nada, ¿verdad?, salvo que la reunión hubiese servido para algo más que para esa mera felicitación. Pero si ese algo más era para hablar de
la seguridad en los mercados, ¿por qué Pablo González no se lo puede contar por teléfono a su interlocutor, si forma parte de su trabajo cotidiano? Quizá porque haya hablado de algo distinto a Mercasa y no se quiere contar por teléfono puesto que
le han chivado que está siendo investigado y sus comunicaciones intervenidas. Si Pablo González no quiere contar cierta información por teléfono, porque cree que tiene el teléfono intervenido, es porque esa información puede ser interesante no solo
para su interlocutor, sino para aquellos otros que puedan estar escuchando la conversación, es decir, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Señor Zoido, a juicio del instructor de este nuevo caso de corrupción que afecta al Partido Popular, el secretario de Estado de Seguridad recibió en su despacho a un presunto miembro de una organización criminal, al hermano de Ignacio
González -hoy ambos hermanos hoy prisión-. Esta reunión deja a su secretario de Estado cuestionado y en una situación muy difícil, señor ministro. Tras conocerse la semana pasada el escrito de la fiscalía, en el que el juez que investiga esta
trama corrupta, califica esta reunión como grave por lo que puede implicar -grave por lo que puede implicar, dice el juez instructor-, y la situación de su secretario de Estado es ya insostenible, señor Zoido. Por si fuera poco, a esto hay que
añadirle la sospecha que se cierne sobre el señor Nieto, cuando ese escrito de la fiscalía habla de: investigación chivada del secretario de Estado de Seguridad. Por lo que ya no es que el señor Nieto esté cuestionado, es que está bajo sospecha.
La reacción del señor Nieto, señor ministro, a este escrito fue tan soberbia, tan arrogante y tan airada como la que tuvo en la Comisión de Interior durante su comparecencia para explicar su encuentro con el hermano de Ignacio González. El
señor Nieto se aprovechó de su posición como secretario de Estado para dirigirse a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad exigiéndole explicaciones y una rectificación pública; una intromisión gravísima, señor ministro, y una
presión inaceptable para con los fiscales y jueces que están investigando esta trama de corrupción. Pero lo verdaderamente grave no es el oficio que remite el señor Nieto a la Fiscalía Anticorrupción, lo verdaderamente grave es que la Fiscalía
General del Estado, con el visto bueno del señor Moix, difundiera este escrito de la fiscalía y difundiera solo un extracto, solo una parte del escrito de los fiscales, que pertenece a una causa sobre la que el juez ha dictado el secreto de sumario,
un hecho que muchos han calificado como inaudito. Esto, que parece una inocente comunicación, un ejercicio de transparencia, decía ayer en una entrevista el señor Maza, de inocente no tiene nada, porque con la difusión de este escrito por la
Fiscalía General del Estado, y con el visto bueno del fiscal anticorrupción, se ha dinamitado cualquier posibilidad de investigación que se pudiera estar llevando a cabo para esclarecer quién dio ese chivatazo a los hermanos González para avisarles
de que estaban siendo investigados. Con esta difusión del escrito de los fiscales se ha puesto sobre aviso al chivato, que hoy mismo podría estar destruyendo o manipulando pruebas para que no se sepa quién es el responsable del chivatazo.
Voy terminando ya, señora presidenta. Señor ministro, le decía al inicio de mi intervención que usted tenía la función de devolverle el buen nombre y prestigio al Ministerio del Interior, y hoy tiene una magnífica oportunidad para empezar a
hacerlo al cesar a su secretario de Estado de Seguridad. Seguramente la decisión de cesar al señor Nieto para usted no sea fácil y personalmente puede que le duela, pero es la única forma de quitar la sombra de sospecha que hoy pesa sobre su
secretario de Estado de Seguridad. Señor ministro, el número dos del Ministerio del Interior, responsable de velar por nuestra seguridad y
libertad, no puede estar en ningún momento bajo sospecha, como ahora mismo está el señor Nieto. Por eso, una vez más, señor ministro, le exigimos que lo cese de inmediato.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Buenas tardes, señorías. Muchas gracias, presidenta.
Señor Sicilia Alférez, no salgo de mi asombro; se lo digo como lo siento. El día que compareció el señor Nieto a petición propia, un viernes, ¿no estaba usted? No estaba. Compareció, contestó a todas las preguntas que tenía que contestar
y usted no se encontraba allí, y después ha dicho que sus respuestas fueron inconsistentes, que eran inverosímiles, que tuvo mucha arrogancia y que hay que ver la intromisión que tenía. (El señor Sicilia Alférez pronuncia palabras que no se
perciben). Sí, diga lo que quiera, diga lo que quiera.
Señora presidenta, con su permiso voy a hacer una descripción de aquello sobre lo que hoy se nos interpela. Me ha sorprendido muchísimo, señor Sicilia, porque su intervención ha estado llena de acusaciones y de reproches basados en
conjeturas y en suposiciones. De hechos concretos, nada, no ha aportado usted ni un solo dato -cómo los va a aportar si no estuvo usted cuando él los ofreció allí, delante de todo el mundo, sometiéndose a todo tipo de preguntas-, no ha demostrado
absolutamente nada. Son unas acusaciones que, por otro lado, es verdad, son muy graves, muy duras y ponen en cuestión la honestidad y la honradez de algunas personas, y también del propio Gobierno. No sé si usted es realmente consciente de ello o
si la situación que están viviendo en su partido les obliga a hacer una cosa como la que vienen desarrollando. Se está limitando en el día de hoy nuevamente a sembrar un halo de sospecha y en ocasiones acaba de acusar sin aportar, de verdad, ni una
sola prueba. No sé si usted es consciente de que estamos en el Congreso de los Diputados, en sede parlamentaria, y que no nos encontramos en una rueda de prensa ni en un acto público de partido ni tampoco en un plató de televisión. Señoría,
comprendo que tiene que hacer afirmaciones, pero le pido que las haga con rigor, con una mínima documentación y con unos datos que sostengan las acusaciones que usted ha realizado sobre el secretario de Estado de Seguridad. No lea unas cosas y
otras no, no utilice palabras que después han sido dejadas sin valor porque se han corregido, porque, desde luego, usted no ha venido a aportar nada nuevo; por decirlo de otro modo, sus palabras cuentan una realidad -o, mejor dicho, una historia-
que la realidad se empeña en desmentir de una manera absoluta. Créame que puedo entender que a algún ciudadano que no disponga de toda la información, como puede hacerlo usted, o que no conozca la ley le pueda surgir alguna duda; entiendo que los
medios de comunicación hagan preguntas, que persigan conocer la verdad y que hagan valoraciones sobre los hechos -es su trabajo y una misión muy necesaria en el Estado democrático-. Señor Sicilia, voy a ir mucho más allá: no me sorprendería,
incluso, que algún otro grupo parlamentario, en esta misma Cámara, hubiera realizado una intervención en los términos en los que usted lo ha hecho, pero del portavoz de un grupo parlamentario que ha gobernado este país durante muchos años,
sinceramente no me lo podía esperar. Porque puedo comprender, tal vez, las teorías de la conspiración en boca de otras personas y en otros foros distintos, pero en usted me ha sorprendido, ello me preocupa y, se lo voy a reconocer, me apena.
No voy a hablar en el día de hoy de la corrupción de su partido, no voy a caer en ello, ni en cómo se encuentran los dos últimos presidentes que ha tenido Andalucía y varios consejeros hoy acusados y pendientes de que comience el juicio; me
voy a referir exclusivamente a hechos. En primer lugar, que fue el propio secretario de Estado de Seguridad quien cuando nadie le había señalado ni nombrado en este asunto, se apresuró a aclarar por iniciativa propia y con diligencia que había
mantenido una reunión con Pablo González. Desde entonces ha dado todas las explicaciones que se le han solicitado y ha ofrecido su versión aportando todos los detalles que se pueden aportar de su reunión; lo ha hecho desde el primer día hasta hoy,
porque quien dice la verdad no tiene nada que temer ni tiene nada que ocultar.
El secretario de Estado de Seguridad ha respondido a infinitas preguntas sobre la reunión y los días anteriores y posteriores a la misma en dos comparecencias ante la Comisión de Interior del Congreso -insisto, aquella a la que usted, seguro
que por algún motivo más que justificado, no tuvo la oportunidad de asistir-. Ha tenido numerosas entrevistas, no se ha escondido de ningún medio de comunicación tanto en prensa escrita como radio y televisión; en todas en las que se le ha dado la
oportunidad de intervenir. Yo mismo he respondido a tres preguntas sobre ese asunto en la sección de control del
Senado. Lo he hecho otras tantas veces aquí y ahora lo hago en esta interpelación, al margen de que en diferentes declaraciones ante los medios de comunicación además he dado todas las explicaciones. Por lo tanto las explicaciones, y tuve
la oportunidad de decírselo el pasado miércoles, han sido en mi opinión exhaustivas, han sido razonables y han sido convincentes. Porque los hechos son los que son, igual que le dije que dos y dos siempre son cuatro, por más que algunos se quieran
empeñar en que eso no es así. Y se lo dije el otro día: quizás a usted lo que no le ha interesado o no le ha convencido son las explicaciones, pero esto no puede significar que ellas no hayan sido suficientes.
Voy a seguir con los hechos. El secretario de Estado de Seguridad recibió una petición de reunión del director de operaciones y estrategia de Mercasa en el mes de enero. Al no producirse esta reunión insistió y volvió a solicitarla a
principios marzo, y aprovechando que se había caído una cita, el día 8 se reunió. Durante esos quince minutos de reunión -lo ha dicho el secretario de Estado y no hay nadie que lo pueda contradecir- no hubo ni una sola referencia a Ignacio
González. El propio secretario de Estado ha dicho: ojalá tengan grabada esa conversación; ojalá alguien, el propio Pablo González, lo hubiera podido grabar, porque desde luego el secretario de Estado no ha tenido conocimiento de la investigación
que se venía produciendo sobre ese señor. Se le detiene un mes y medio después, y no conocía la investigación porque, señoría, no tenía por qué conocerla, porque de hecho no puede conocerla, ya que el Gobierno cree firmemente y respeta la
independencia judicial y la separación de poderes. ¿O es que acaso cuando a ustedes les pueden venir bien las conclusiones de alguna investigación por alguna Policía judicial, en ese momento sí se respeta la división de poderes y cuándo a ustedes
ya no les interesa no se respeta la división de poderes? Mire, el Gobierno de la nación deja trabajar a la Policía judicial, pero igualmente deja trabajar a los jueces y a los fiscales sin ningún tipo de injerencia.
El secretario de Estado no podía conocer que Pablo González estaba siendo investigado porque así lo obliga la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Código Penal y la Constitución española. Ya le cité el artículo 126. No quiero ser demasiado
pedagógico aquí, pero es que la Policía judicial depende de los jueces, de los tribunales y del ministerio fiscal y es a quien ellos les tienen que dar cuentas para las averiguaciones que han hecho de los delitos, para asegurar la persona que ha
podido cometer el hecho y también en todos los términos en que la ley lo establezca.
El secretario de Estado, que yo sepa, señoría, ni es juez ni tampoco forma parte de ningún tribunal ni tampoco pertenece al ministerio fiscal. Es más, lo verdaderamente preocupante, lo inquietante para el ciudadano, sobre todo por ilegal,
hubiera sido que supiera que estaba recibiendo a un investigado por la justicia, porque es señal de que alguien lo estaba haciendo mal y nadie lo ha hecho mal. El secretario de Estado no tenía ni idea de que el señor González, Pablo, estaba siendo
investigado, porque de haberlo seguido, se lo aseguro, estaría incumpliendo lo que determina la ley, el Código Penal y sobre todo también la Constitución. Eso habría sido intolerable, pero le puedo asegurar que eso jamás lo habría hecho el
secretario de Estado de Seguridad. Por tanto, ¿qué es lo que le pide usted al secretario de Estado de Seguridad?, ¿que incumpla la ley, que no respete la separación de poderes en la que el Gobierno cree firmemente o le está pidiendo acaso que sea
adivino y no se reúna con una persona que va a ser detenida mes y medio después? Sigo con los hechos porque, mientras que usted no duda en no respetar lo que establece el Código Penal y la Constitución con tal de hacer estas acusaciones muy graves,
basadas meramente en suposiciones, yo se lo estoy desmontando con hechos contrastados.
Habla usted de la gravedad de la reunión basándose en un escrito que ya ha sido debidamente aclarado. ¿Dónde quiere usted llegar, señor Sicilia, hasta dónde quieren llevar ustedes las cosas? Los propios fiscales que lo firman dejaron claro
que en modo alguno imputan ningún delito al secretario de Estado y que no hay ninguna línea de investigación abierta contra él. He tenido la oportunidad de leerlo hoy textualmente al contestar una pregunta. El fiscal jefe Anticorrupción ha
asegurado textualmente que el señor Nieto no tiene nada que ver con este tema. Es más, el fiscal general del Estado ha pedido disculpas públicamente al secretario de Estado por -cito textualmente- una redacción defectuosa que sembró un halo de
sospecha de forma injusta. El jefe de la UCO ha señalado a esos que dicen que se manipula, que jamás ha recibido presiones de ningún tipo y que trabajan con total independencia y coordinación con los fiscales y el juez. ¿De verdad, dónde quieren
llegar, señorías? Ustedes son y forman parte de un partido que ha gobernado este país durante muchos años. Pero fíjese hasta qué punto llega su doble vara de medir, que es capaz de retorcer la realidad según sus propios intereses, en definitiva,
son capaces de decir, según les interese, hoy una cosa y mañana la contraria.
Voy terminando, señora presidenta. Fíjese, ha calificado como injerencia inadmisible el respetuoso escrito dirigido por el secretario de Estado de Seguridad a la Fiscalía Anticorrupción, en el que lo único
que hace es solicitar información sobre si estaba siendo investigado o si se le imputaban algunos delitos. Y dice usted que eso es dirigirse de una manera irrespetuosa y que es una injerencia inadmisible. El que está defendiendo la verdad
y su inocencia no tiene por qué ocultarse de nada, y sobre todo puede pedir inmediatamente una aclaración. ¿Para usted pedir esta aclaración con la intención de defenderse de las acusaciones que conoce únicamente a través de los medios de
comunicación -como lo conocimos- es una injerencia inadmisible? Bueno, pues al mismo tiempo, le exige al secretario de Estado que conozca que una persona está siendo investigada, a pesar de que se lo prohíbe toda la legislación española. Eso sí
que sería una injerencia inadmisible, que el secretario de Estado hubiera sabido con antelación que estaba siendo investigado Pablo González. Eso es lo que no hace el Gobierno; no se inmiscuye en ninguna de las tareas que realizan policías, jueces
y fiscales.
Me pregunta qué medidas pienso tomar. Las medidas que pienso tomar, señor Sicilia, son muy claras. Voy a seguir respetando y cumpliendo lo que establecen la ley y la Constitución. Voy no a devolver, sino a mantener el buen nombre del
Ministerio del Interior, que creo que se debe mantener, igual que cuando han gobernado ustedes, es decir, gobierne el partido que gobierne, porque el ministerio está por encima de las personas que en algunos momentos podamos estar sirviendo en él.
Por eso no le tengo que devolver el buen nombre, porque el buen nombre lo tenía, sino que voy a mantenerlo, y para ello trabajaré con mucha ilusión.
Concluyo, pero antes permítame que yo también le pueda hacer alguna pregunta para que ahora cuando suba me la pueda contestar. Yo también le contaré algunas cosas más, si tengo tiempo para hacerlo. ¿Considera lógico pedirnos que
incumplamos la ley y la Constitución?, ¿usted lo considera lógico? ¿Acaso cuando ustedes han gobernado no han respetado la independencia de la policía judicial? Quiero pensar que quienes han gobernado desde el Partido Socialista han respetado la
independencia, la división de poderes y que no ha habido ningún tipo de injerencia. Espero que ese sea el único camino que, gobierne quien gobierne, pueda presidir las actuaciones en el Ministerio del Interior.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Sicilia Alférez.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Mire, señor Zoido, no trate usted de defender la situación de su secretario de Estado con un argumento tan pobre como que yo no pude asistir a la Comisión en la que el señor Nieto compareció. Resulta impropio de un ministro que usted tenga
que defender al señor Nieto con el argumento de que yo no pude ir a esa Comisión. ¿Es que usted no sabe que existe el Diario de Sesiones para saber qué es lo que dijo el señor Nieto? Es más, hay hasta una videoteca en la que se puede ver la
comparecencia y la actitud del señor Nieto; y claro que la he visto, señor Zoido. (Aplausos). Si ese es el argumento que usted tiene que utilizar para defender al señor Nieto, creo que le queda muy poco a su secretario de Estado.
Le sigo contestando. Yo no he acusado aquí al señor Nieto ni le he imputado delito alguno. Lo que yo le estoy exigiendo aquí, señor ministro, son responsabilidades políticas, porque yo sé muy bien que esto no es un juicio ni un tribunal,
pero aquí se vienen a dirimir responsabilidades políticas, y sí, sobre hechos que están contrastados y probados, y hasta reconocidos. Está reconocido que los hermanos González se sabían investigados porque les dieron un chivatazo. Está comprobado
que los hermanos González se interesaron por saber quién era el director de la Policía, y curiosamente Pablo González conocía al señor Nieto y dos días después le recibieron. Está reconocido y probado por un texto de la fiscalía que es el juez, no
mi grupo, señor Zoido, un juez, el que dice que esa reunión es grave por lo que pueda implicar, y eso es motivo suficiente para que usted cese de inmediato al secretario de Estado, porque no puede haber un secretario de Estado señalado en ningún
escrito de la fiscalía. (Aplausos).
Señor Zoido, usted -lo ha hecho en otras ocasiones- apela a mi condición de funcionario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, algo de lo que estoy muy orgulloso; estoy muy orgulloso de ser policía. Pero aquí no estoy como el
policía con carné 98918. Yo entiendo que a usted quizá le moleste que un policía en lugar de saludarle y ponerse a sus órdenes le esté pidiendo explicaciones, pero es el papel que tengo asignado. (Aplausos.-Protestas). Sí, señor ministro, se lo
digo porque la semana pasada en la pregunta que le hice me recordó usted... (Una señora diputada pronuncia palabras que no se perciben). Tengan calma, señorías del PP, sé que andan muy preocupados. Se lo digo porque la semana pasada usted me
recordó mi condición de funcionario del Cuerpo de Policía. Yo le quiero recordar a usted su papel como juez, permítamelo, al menos como conocedor del derecho. Usted sabe que los indicios pueden ser tenidos en cuenta en un juicio penal, y si pueden
ser tenidos en cuenta en un juicio
penal, ¿cómo no vamos a tenerlos en cuenta en este Parlamento para hacer una valoración política y exigir responsabilidades políticas, que es lo que estamos pidiendo, señor Zoido? (Aplausos).
Por más que usted trate de defender a su secretario de Estado, la situación en la que se encuentra, más allá de la sospecha que algunos han puesto sobre él por eso de que aparece en un texto del fiscal en el que se habla de una investigación
chivada, ya le digo, señor Zoido, que un secretario de Estado no puede estar bajo sospecha ni tan siquiera en una reunión que ha valorado el juez que instruye este caso como grave por lo que pueda implicar. Además, no falte a la verdad, señor
Zoido. Dice usted que el secretario de Estado salió de inmediato a contar que había mantenido esta reunión; claro, salió inmediatamente después de que un medio de comunicación hiciera público este encuentro. Y también vino a comparecer aquí a
petición propia, cierto, pero diga que lo hizo a petición propia y a petición de mi grupo, que desde el minuto uno ha estado pidiendo explicaciones. Y dado que esas explicaciones son tan banales como las que hoy nos ha expuesto usted aquí, es por
lo que además le pedimos y le exigimos la responsabilidad del cese del secretario de Estado. (Aplausos).
Termino ya. Mire, señor Zoido, escuchando sus explicaciones tan banales y pueriles, en las que nada ha aclarado, me ha recordado usted una estrofa de una canción de Vetusta Morla, una canción que dice: 'En este hoy falta un ayer/duele y
tal vez, mañana pueda volver'. Pues sí, señor Zoido, en su explicación de hoy falta la verdad de lo que ocurrió en el ayer del 8 de marzo en esa reunión del señor Nieto. Y la verdad de lo que ocurrió en esa reunión le puede doler porque supone el
cese de su secretario de Estado, pero más vale que lo cese porque si no, aunque le duela, va a volver usted aquí a seguir dando explicaciones sobre este caso. Si tiene curiosidad, la canción se llama Puntos suspensivos y termina diciendo: 'Vivo
colgado en puntos suspensivos'. Curiosamente es así como se encuentra su secretario de Estado de Seguridad, colgado en puntos suspensivos. Usted tiene la oportunidad de ponerle el punto final a todo este asunto cesando al secretario de Estado. No
puede haber un responsable del ministerio, su número dos, bajo sospecha -no le imputo un delito, señor Zoido: bajo sospecha- y sí le han dicho que la reunión que ha tenido es grave, una reunión con un presunto delincuente que hoy está en la cárcel.
Señor Zoido, eso es intolerable y usted hoy puede poner punto y final. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Para concluir el debate tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Sicilia, no hay peores mentiras que las medias verdades. Yo hoy no le he mencionado a usted su condición de policía, lo hice el otro día, y no en un tono peyorativo. No sé por qué usted ha venido a exponer ese argumento hoy porque
precisamente se lo justifiqué -salvo que usted tampoco estuviera atento- porque usted, como policía, tenía que conocer la ley. Estoy seguro que la conoce y por eso sabe usted que no le puede comunicar siendo policía judicial absolutamente a nadie
que no sea el juez o el fiscal que le haya encargado la investigación cómo va el curso de las investigaciones y a quién se está investigando. Fue por lo único que se lo dije, no venga usted hoy aquí a decir otra cosa porque tengo el mayor de los
respetos no solo por la Policía Nacional -que lo tengo-, no solo por la Guardia Civil y por todos los cuerpos de seguridad, sino que lo tengo por todo el mundo, sea y tenga la profesión que tenga y viva donde viva. Por todos tengo el mismo respeto,
me lo enseñaron de pequeño. (Aplausos).
Le voy a decir con todo respeto una cosa, señor Sicilia, lo que está sucediendo es que el sistema y las instituciones funcionan. Nos hemos encontrado que hay un juez que está instruyendo, una Policía Judicial que ha estado investigando y
que, al menos, al Ministerio del Interior no le ha dicho absolutamente nada -y doy por supuesto que tampoco se lo ha ido contando a la gente-, y un Gobierno que no ha tenido injerencia, un Gobierno que ha respetado, porque no teníamos ni idea. Y lo
que verdaderamente le importa a los ciudadanos es que quienes ha decido el juez que estén en la cárcel están en la cárcel, y usted los ha nombrado hoy. Por tanto, el sistema funciona sean del partido que sean. Yo estoy orgulloso de que el sistema
funcione. ¿Sabe por qué? Porque también la separación de poderes funciona. La verdad, estoy convencido de que nos tiene que hacer libres. Y le insisto en que cuando se levante el secreto de sumario podremos conocer -porque hasta ahora solo ha
sido parcial el conocimiento- qué es lo que hay de verdad y entonces podremos hablar realmente. Entonces veremos y analizaremos esos indicios, porque los indicios habrá que analizarlos. ¿Y si resulta que los indicios se disipan absolutamente y no
queda nada? ¿Usted va a subir entonces a esta tribuna a pedir por lo menos disculpas al señor Nieto por las barbaridades que hoy he tenido que escucharle aquí? ¿Usted va a venir a pedirlas? ¿Usted va a decir que esos indicios se han desvanecido y
que ya han desaparecido o usted seguirá insistiendo en que hay unos
indicios y que estará 'puntos suspensivos'? Me parece que no es propio de un militante y diputado de un partido que ha gobernado este país y sobre todo formando parte del Ministerio del Interior muchos ministros, muchos secretarios de
Estado y muchos altos cargos. A mí me gustaría saber si no ha podido ser cualquiera traicionado en esos momentos en los que, sin saber a quién estas recibiendo, recibes a una persona, no hablas de nada comprometido con él y al cabo de unos meses
resulta que se le detiene porque está siendo investigado. Creo que ha sido usted muy injusto, también aquí. No se trata de imputar un delito pero sí de hacer una valoración, unas afirmaciones que usted ha hecho aquí, en sede parlamentaria, en esta
tribuna. (Aplausos).
La reunión del secretario de Estado fue transparente, fue con luz y taquígrafos, está en la agenda de la secretaría de Estado. El señor, cuando entró, tuvo que enseñar su carné en la garita que hay en la puerta del Ministerio del Interior y
la reunión fue a las 9:30, tal y como estaba previsto. No hubo reunión secreta y, sinceramente, no se tuvieron que ver en ninguna gasolinera (Aplausos), y eso creo que es muy importante. Hablando de indicios, no se tuvo que ver en una gasolinera
y, hablando de chivatazos, ya sabe usted lo que pasa con los chivatazos en los bares y las consecuencias que eso tiene. Aún así, voy a mantener respeto y no voy a profundizar en ese tema, así que ni gasolinera ni chivatazo en ningún bar.
Sí, señor Sicilia, sonríase usted, pero esto es muy grave. Hoy están ustedes poniendo en entredicho la honorabilidad de una persona pero sobre todo el funcionamiento de las instituciones, el funcionamiento de unas instituciones
fundamentales como son la fiscalía, la Audiencia Nacional y la Guardia Civil, concretamente la UCO. (El señor Sicilia Alférez hace gestos negativos). Lo ha puesto todo en entredicho; acaba de dejar aquí de una forma velada -si no directa- que el
autor del chivatazo era el señor Nieto. Y sinceramente le digo que si es igual que la reunión que hoy han comentado ustedes, porque dicen que se vio con el señor González... Es verdad que hizo un viaje con él, pero no iban solos, iban 328
personas, la delegación para defender la candidatura de Madrid, y Córdoba era su sede. Estaban presentes los actuales reyes, presidentes de Gobierno de comunidades autónomas, altos cargos, alcaldes, deportistas; todos, 328 personas. Yo confío en
que si el secretario de Estado de Seguridad dice que él no ha hablado y que no tiene conocimiento en relación con el señor Ignacio González está diciendo la verdad.
Acusaciones las que ha vertido usted falsas e injustas. ¿Falsas, por qué? Porque no se sujetan en ningún hecho contrastado. Los fiscales lo han puesto de manifiesto, señor Sicilia, no mueva la cabeza, que ya lo han corregido y lo han
puesto de manifiesto. Además, insisto, creo que debemos ser justos porque una cosa es la falsedad pero la injusticia es todavía peor; a lo mejor, cuando lo podamos ver y analizarlo todo, usted se arrepentirá. Lo único que le pido por favor es que
suba a esta tribuna y pida disculpas por lo que hoy ha dicho aquí. Comprendo que a veces toca jugar un papel pero no pensaba que usted -por la profesión que tiene y conociendo como conoce al señor Nieto- fuera a hacer esto. Han acusado al señor
Nieto de compadreo con la corrupción y de recadero de chivatazos...
La señora PRESIDENTA: Tiene que terminar, señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Termino, señora presidenta.
... y dicen que la dimisión o el cese es el precio que debe pagar. Señor Sicilia, ¿el precio por qué? ¿Por respetar la ley? ¿Por reunirse con el directivo de una empresa sin tener conocimiento de que estaba siendo investigado y haya sido
detenido un mes y medio después porque ha funcionado el sistema y esté ahora mismo en prisión? Todo no vale en política, señor Sicilia.
Muchas gracias. (Aplausos).
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (CONTINUACIÓN).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y DE SALUD Y SUS EFECTOS SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SANITARIO Y SOBRE LA SALUD DE LA POBLACIÓN. (Número
de expediente 173/000030).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre la privatización
de los servicios públicos y de salud y sus efectos sobre la
sostenibilidad del sistema sanitario y sobre la salud de la población. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Sibina Camps.
La señora SIBINA CAMPS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, antes de empezar quiero enviar desde aquí fuerza y solidaridad a los trabajadores de El periódico de Catalunya y el diario Sport, que están luchando por sus derechos, pero también por el derecho a una información veraz. (El señor
vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). La información veraz es sin duda un determinante de la salud de la democracia y como tal hay que defenderlo. Ánimo, compañeras y compañeros. (Aplausos).
Voy a utilizar mi tiempo de exposición para tratar de explicar en siete puntos por qué es momento de hacer una apuesta decidida por blindar la gestión pública de nuestra sanidad y protegerla de la entrada del ánimo de lucro de la empresa
privada. Primero, el lucro. Existe un amplio abanico de publicaciones en revistas como JAMA que muestran con datos que, por ejemplo en Canadá, los centros gestionados por empresas con ánimo de lucro tendrían una mayor mortalidad que aquellos
centros sin ánimo de lucro. ¿Por qué motivo?
Segundo. Los hospitales de gestión privada tienen menos personal contratado, generalmente con salarios más bajos; menor tasa de personal de enfermería por paciente, cosa que se ha relacionado con mayor mortalidad y complicaciones; en
definitiva, menos personal y peores salarios. ¿Por qué lo llaman gestión privada cuando en realidad quieren decir laboralización y precarización?
Tercero, los resultados. Los estudios que comparan gestión pública y privada son claros. Como ejemplo, uno publicado hace cinco años en Italia, país con un sistema sanitario con similitudes al nuestro. Por cada 100 euros per capita que se
incrementaba la financiación de los centros de gestión pública se disminuyó un 1,54 % la mortalidad evitable, cosa que no se consiguió con incrementos similares en la financiación de los centros de gestión privada. La pública es más eficiente para
mejorar la salud que la privada, entre otras cosas porque no se guía por la maximización del beneficio ni tiene que repartir dividendos entre sus accionistas.
Cuarto, la eficiencia. La gestión privada no es más eficiente que la pública, pero sí menos controlable. Los centros de gestión privada seleccionan los procedimientos que sean más rentables para su facturación y se derivan pacientes entre
ellos, como ocurre por ejemplo en la Comunidad de Madrid, donde Quirón Salud ha creado una red totalmente paralela al sistema de gestión público. El informe de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, el informe reciente que dice que
el gasto por habitante es menor en los centros de gestión privada, olvida que los casos complicados, las grandes intervenciones y los centros de referencia están predominantemente en centros de gestión pública directa. No podemos dejar que con
dinero público se sigan financiando centros que adaptan su cartera de servicios a lo que les resulta más rentable.
Quinto, la capacidad de control. Tenemos un sistema de control de las concesiones y contratas sanitarias casi inexistente. Los contratos que se firman amparándose en la Ley 15/1997 son contratos a veinte años prorrogables que suponen
hipotecas con blindaje de los beneficios empresariales y que hacen que ocurran cosas como la que han firmado, por ejemplo, Ciudadanos y el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, donde el año que viene el presupuesto de los hospitales de gestión
pública crecerá un 2,5 % y el de los de gestión privada un 6,1 %. Sí, lo han escuchado bien, 2,5 % frente a 6,1 %.
Sexto, por la transparencia. Porque todos los contratos concesionales que se firman en nuestro país adolecen de problemas de transparencia en su fijación de precios, en sus condiciones y en su fiscalización por parte de las administraciones
públicas y porque a día de hoy podemos identificar en las concesiones sanitarias a todas esas empresas que forman parte de la trama que se enriquece con los fondos de lo público.
Y, séptimo, porque, como decía un reciente artículo de José Martín en Bez, estamos en el dilema entre una sanidad pública sin Gobierno y una privada sin reputación. Por mucho que se empeñen muchos de ustedes, la labor de los gobernantes no
es mejorar la reputación de la privada y hacerle lavados de cara sino trabajar por la gestión de los servicios públicos para que esta gestión sea efectiva, segura, eficiente, transparente y, sobre todo, equitativa.
Del PP no esperamos que se alinee con nuestro planteamiento. Lo cierto es que ustedes son coherentes ya en sanidad, en educación, en energía, en fondos de pensiones, en vivienda. Lo que les importa no es el bien público sino que las
puertas giren bien y los beneficios caigan en sus bolsillos. Ayer, por ejemplo, la Guardia Civil pidió que se investigue a Cristina Cifuentes por prevaricación y cohecho en
relación con unas concesiones a Arturo Fernández, uno de los licitadores del Hospital de Vallecas. El PP y la trama de la mano para vaciar la sanidad. Sí, señorías, para vaciar la sanidad una vez más. (Aplausos). Del PSOE estamos
completamente seguras que secundarán el trabajo de gente de su partido como la señora Montón, que en Valencia está intentando revertir la privatización del modelo Alzira contra viento y marea, y agradecemos que rectifiquen su posicionamiento al
respecto del que tuvieron en 1997. De Ciudadanos esperamos lo del PP, pero en versión quiero y no puedo. Buscan donde hay corrupción y corren a apoyar al Gobierno de turno, y del mismo modo hacen con las políticas de salud. Del PDeCAT es difícil
recibir apoyo ya que ellos son los responsables de que Cataluña sea el mayor laboratorio de la gestión privada de la sanidad. Y del resto de partidos esperamos que apoyen nuestra moción. Esperamos que lo ocurrido en estos veinte años se evalúe,
por honestidad y por rigor democrático y para aprender para el futuro. Esperamos que podamos ir construyendo una ley básica de gestión pública que dé mayor libertad a las comunidades autónomas para innovar en el marco de sus competencias dentro de
la gestión pública de la sanidad, pero que ponga coto a la gestión privada de la sanidad pública. Y esperamos que esto redunde sobre todas las personas residentes en nuestro país porque queremos una sanidad que no deje a nadie atrás.
Ya concluyo, señora presidenta. Yo soy una simple enfermera que nació un 15M de 1973. El lunes se cumplieron quince años del 15M, el de 2011. Ese día muchas de nosotras y muchos de nosotros salimos a las calles y nos encontramos en las
plazas y decidimos que las cosas comunes se tenían que abordar y tratar desde lo común, sin externalizaciones. Eso es lo que vamos a hacer y vamos a seguir luchando para conseguirlo desde las instituciones y desde las calles.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Sibina.
Para la defensa de las enmiendas formuladas interviene en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Igea Arisqueta.
El señor IGEA ARISQUETA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora Sibina, yo también soy un simple médico, lo que no soy es un simplista; son dos cosas diferentes. (Aplausos). Estaba seguro de que íbamos a estar de acuerdo en muchas cosas y en desacuerdo en otras tantas. Entre otras cosas,
porque nosotros no somos las personas que acusamos y decimos que el afán de lucro, que el interés personal es el demonio o Lucifer; nosotros somos las personas que creemos que no tenemos la cena cada día por la bondad del panadero, del carnicero o
del cervecero. Y es verdad que el Partido Popular ha hecho unas cuantas cosas mal en sanidad; los modelos PCI han sido un desastre, han sido un desastre económico en Burgos, han sido un desastre en Madrid y en otros sitios. Es verdad que se han
hecho muchas cosas mal y ustedes acostumbran a llamarle a esto neoliberalismo. Les diré una cosa. Dar concesiones a amigos a cambio de comisiones, sin riesgo alguno porque se rescata siempre, sin control, sin rendición de cuentas no es
neoliberalismo; podemos llamarle de otra manera, neoclientelismo, pero no neoliberalismo.
Nosotros no vamos a seguir esa lógica tan fácil que ha utilizado usted, una lógica a veces apabullante, una lógica que yo llamo de Barrio Sésamo: tenemos 5 euros para la sanidad pública; este gordito (señalando su dedo pulgar) se lleva
uno, nos quedan 4, y con 4 hacemos menos que con 5. Esto es fácil de entender, pero no siempre es así. Lo que importa en política son los resultados, lo que les importa a los ciudadanos es qué resultados les damos con los 4 o con los 5; eso es lo
que importa, los resultados. Por eso voy a utilizar un ejemplo que usted ha utilizado aquí dos veces, y la verdad es que no pensé que esta segunda vez me lo iba a poner tan fácil.
Uno de los hospitales que usted ha citado y que yo no nombraré, porque no estoy aquí para hacerle publicidad a nadie, es uno de los ocho hospitales de mayor complejidad de la Comunidad de Madrid, de gestión privada. Le diré que este
hospital es el segundo en consultas, el segundo en número de intervenciones, el primero en resonancias magnéticas, el primero con mejor resultado en cuanto a mortalidad -con mejor resultado en mortalidad por infarto agudo de miocardio y con mejor
resultado en mortalidad por insuficiencia cardiaca congestiva-; el segundo con mejor resultado en neumonías; el primero con menor número de infecciones hospitalarias; el segundo con mejor tasa de cesáreas; el primero en cirugía ambulatoria; el
primero en colecistectomías laparoscópicas y el primero en índice de estancia media ajustada. Pero lo más importante es que es el que mayor satisfacción genera a sus ciudadanos. Es el primero en satisfacción global, el segundo hospital más
recomendado y, si quieren una prueba objetiva, en la libre elección tiene un balance positivo de 20 000 consultas. Hay 25 000 señores
que van a su zona por 4000 que se van, el balance más positivo de toda la comunidad autónoma. Por alguna razón -algo tendrá el agua cuando la bendicen- los ciudadanos eligen un centro como este.
Nosotros, naturalmente, somos de la opinión de que esto se puede hacer igual de bien desde lo público y mediante gestión directa, y estamos muy de acuerdo con las cinco cosas que piden. Primero, piden un estudio, en lo cual estamos de
acuerdo: hagamos un estudio objetivo. Estos datos están sacados del observatorio de Madrid, proceden de un estudio objetivo, pero podemos hacer todos los estudios que se quiera porque nosotros nunca nos negaremos a los estudios, pero, en segundo
lugar, antes de tener los resultados del estudio -lo cual es una prueba de sectarismo habitual- piden prohibir todos los conciertos. Entonces, ¿para qué hacemos el estudio si ya está tomada la determinación?
Piden revertir el gasto al del año 2009, algo en lo que estamos tan de acuerdo que en una comunidad cuyo presupuesto dependía de nosotros, como es Castilla y León, hemos vuelto al presupuesto de 2010. ¿Por qué? Porque era mejor que el de
2009; récord de presupuesto por habitante ese año en sanidad. Para eso hay que tener determinación y voluntad, y hacer un poquito menos de demagogia. Piden ustedes más indicadores en cuanto a los estudios realizados hospital por hospital. Esto
es parte esencial de nuestro programa; nosotros los queremos para todos, pero los queremos para mirarlos y comparar resultados. Lo que no podemos hacer es tener buenos indicadores, tener buenos resultados, y luego decir que da igual porque es
privado. Entonces, ¿para qué pide usted los indicadores? ¿Por qué han hecho esto en Valencia? Hay sitios -no diré el sitio, porque cada vez que se dice este país alguno en su bancada se toma un chupito- en los cuales cuando los indicadores son
malos a uno lo echan de ministro. Esto ha pasado recientemente; han echado a una ministra de un país que no nombraré por decir que la mortalidad infantil ha subido un 30 %.
Son ustedes partidarios de volver a la universalidad y a la sanidad como un derecho de ciudadanía. Nosotros también. Pero nada de esto me asombra de ustedes porque, como decía el otro día el señor Olòriz -que está hoy también en la
Cámara-, con ustedes pasa como en la fábula del escorpión y la rana: es su naturaleza. (Risas.-Aplausos). Lo que sí me asombra es el acuerdo al que han llegado con el Partido Socialista, porque, señorías socialistas, yo les anticipo que más allá
del 21 de mayo habrá vida, no viene el apocalipsis (Risas.-Aplausos), y ustedes se tendrán que presentar a las autonómicas y gestionar sus hospitales y responder por todas las concesiones que hicieron, porque esto viene de 1997.
Señora Sibina, ni todo lo que ustedes proponen es absurdo ni todo lo privado proviene de Lucifer. La sanidad española necesita un poquito menos de sectarismo, un poquito menos de bandería, un poquito más de medición y un poquito más de
sentido común, por eso hemos presentado esa enmienda, que estamos seguros que no aceptarán porque aquí lo importante es agitar la bandera y no resolver los problemas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Igea.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Fernández Díaz.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ (don Jesús María): Buenas tardes, señorías.
El Sistema Nacional de Salud diseñado por la Ley General de Sanidad se asienta, como bien conocen, en un aseguramiento y financiación públicos basados en impuestos solidarios y no en copagos, y descentralizado; una provisión de mayoría
pública con servicios privados complementarios. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Es un diseño que, haciendo en muchas ocasiones de la necesidad virtud, logra unos resultados a la altura de los mejores y que en algunos casos llega a la
excelencia, como es el caso de la formación de profesionales, de la calidad de muchos hospitales públicos o de la organización y capacidad de resolución de nuestra atención primaria, que, como quiero recordar aquí, hace unos pocos días ha sido
reconocida en un artículo del The New York Times. De todo ello debemos sentirnos orgullosos, pero no complacientes, porque en la sanidad pública, como en cualquier otra empresa humana, siempre encontramos áreas de mejora y de modernización, porque
ni las necesidades ni las expectativas ciudadanas ni las oportunidades y posibilidades de gestión permanecen iguales. Por eso, el Partido Socialista siempre está en la búsqueda de fórmulas que mejoren el rendimiento de los recursos públicos, porque
mejorar la rentabilidad y el valor de cada euro es un valor ético que nos debe preocupar con la misma responsabilidad con la que exigimos una financiación suficiente de la sanidad pública. Por eso, cuando abordamos el debate de la privatización
sanitaria hay que hacerlo con rigor, focalizando dónde están los problemas que queremos corregir, que tienen un nombre, concesiones sanitarias; tienen un autor, el Partido Popular; y tienen dos causas, la ideológica y los intereses económicos.
Por tanto, no
estamos hablando aquí, señora Sibina, de la provisión privada que complementa la sanidad pública, ni de los centros conveniados, que en casi todos los territorios de España prestan atención desde hace décadas, hospitales comarcales con
distintas fórmulas jurídicas y patrimoniales o entidades sin afán de lucro que llevan en muchos casos el peso de los cuidados sociosanitarios o de la salud mental en muchas comunidades autónomas; hablamos de las concesiones sanitarias, iniciadas
por el Partido Popular de Valencia en 1999 con la concesión del Hospital de Alzira. Después, fueron cuatro departamentos más y, a continuación, se aplicó la receta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, con cuatro concesiones hospitalarias
en esta comunidad. (Aplausos). Recordemos que la concesión inicial del Hospital de Alzira fue de 1999 y que, después de su fracaso en 2003, el Partido Popular decidió indemnizar a la concesionaria, aumentarle el canon y otorgarle la
responsabilidad completa sobre la salud de la población de toda la comarca de La Ribera. Es la primera vez que la responsabilidad sobre la salud de una población se externaliza en un gestor privado y es también el inicio de una larga y chapucera
carrera de privatizaciones a las que se dedicaron con ahínco los dos Gobiernos del Partido Popular, que, por lo que hoy sabemos, son los más corruptos, el de Valencia y el de Madrid.
Las concesiones sanitarias no han podido demostrar ninguna mayor eficiencia. No existe ningún estudio independiente que encuentre una mayor rentabilidad de la gestión privada respecto de la pública en condiciones homogéneas. No es lo mismo
un hospital comarcal moderno, con plantilla joven y con una cartera de servicios delimitada, que un hospital de mayor tamaño, con plantillas, estructuras y tecnologías más envejecidas, y que además no tiene capacidad de delimitar su cartera de
servicios, tiene que prestar todo y a todos. También hay que tener en cuenta la opacidad que existe en los flujos de servicios y de transferencias entre los servicios públicos y privados o dentro del entramado de la propia concesionaria, como hemos
estado viendo recientemente en una de las concesionarias, precisamente la del Hospital de Alzira, en Valencia. Sin embargo, no habiéndose demostrado ninguna mejora en la rentabilidad de la gestión privada sobre la pública, los riesgos de estas
concesiones privadas son muy altos. La oportunidad de seleccionar pacientes más rentables y derivar los servicios más costosos al sector público o de capturar las decisiones del responsable público, sea con favores, presiones o abusando de una
posición dominante -quiero recordar también que una empresa está presente en todas menos una de las concesiones sanitarias de Valencia-, hace que los riesgos de estas concesiones sean altos. Además, si el contrato es rescatado y modificado en
beneficio del adjudicatario, el consorcio tiene entre sus socios bancos o cajas de dudosa reputación y la dependencia es cuasi monopolística, la sospecha de que aquí ha habido trampa y que de lo que se trataba era de beneficiar a unos pocos y
perjudicar a la mayoría resulta inevitable. Las alertas sobre los riesgos de las concesiones sanitarias son múltiples; las han dado la Comisión Nacional de la Competencia y la Sociedad Española de Salud Pública y otras muchas.
La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que ir terminando.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ (don Jesús María): En todo caso -y con esto termino, señora presidenta-, la pregunta no sería si la gestión privada es más eficiente que la pública, sino qué debemos hacer y qué instrumentos son necesarios para que
la gestión pública sea más eficiente. No es la Ley 15/1997 la que ha provocado la privatización de la sanidad española, sino la ideología y los intereses del Partido Popular. Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar esta moción del
Grupo Podemos y hemos registrado una enmienda de adición que esperamos que sea considerada, dando respaldo político a los Gobiernos de las comunidades autónomas que, como en el caso del Gobierno presidido por el señor Puig en Valencia, han decidido
no renovar el contrato de concesión sanitaria en el hospital de Alzira.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.
La señora SORLÍ FRESQUET: Gracias, presidenta.
Una vez más, el Gobierno del Partido Popular en el País Valencià es ejemplo de mala gestión y de malbaratar fondos en este Parlamento. Sin duda, el modelo de gestión de los servicios públicos es ideológico y lo estamos viendo tal cual van
interviniendo mis compañeros. Cada partido ve la importancia de invertir en los servicios de sanidad, bienestar social o educación de una manera diferente. Hay quien piensa que los derechos pueden ser un negocio y quienes pensamos que hay que
defender los derechos
por encima de todo. Aunque todos nos llenemos la boca hablando de la importancia de los servicios públicos, no es lo mismo gestión pública que gestión privada, y aquí encontramos grandes diferencias entre lo que piensa el Partido Popular,
entre lo que ha expuesto Ciudadanos y entre lo que piensa, por ejemplo, Compromís. El Partido Socialista parece que esta vez está del lado del servicio público; espero que las primarias no cambien esta decisión. La diferencia entre la moción que
se presenta y la gestión del Partido Popular o las propuestas de Ciudadanos es abismal. También existe una diferencia insalvable entre la gestión de la sanidad durante más de veinte años por parte del Partido Popular y la gestión que está haciendo
ahora el Govern del Botànic y se ha puesto como ejemplo aquí. (Rumores). El modelo popular se basa en socializar pérdidas y privatizar beneficios. El modelo Alzira, que se ha nombrado bastante. Un hospital gestionado por una empresa privada con
todas las facilidades por parte del Gobierno, servicios públicos para beneficiar empresas. Los principios básicos del modelo Alzira son: propiedad pública, control público, financiación pública y gestión privada. Todas las obligaciones públicas y
todos los beneficios privados. Un chollo para la empresa y un desastre para la Administración. La deuda a finales de 2016 que sumaban todas estas concesiones era para la Generalitat de más de 250 millones de euros; es decir, ni tan solo cumplían
estos hospitales privatizados con las pocas responsabilidades económicas que tenían.
Compromís tiene claro que ese modelo no lo quiere en el País Valencià y, por eso, estamos revirtiendo la situación. Además, lo que no queremos para nosotros tampoco lo queremos para los demás. Así, nuestro modelo está bastante claro y
confrontado al del Partido Popular: propiedad pública, control público, financiación pública y gestión pública. Es un modelo eficiente, totalmente público y de calidad. Se ha demostrado que el modelo de privatización sanitaria del Partido Popular
genera un déficit inasumible, por lo que si la corrupción les pisa los talones, la incompetencia en la gestión es incuestionable.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Mixto también, tiene la palabra la señora Nogueras i Camero.
La señora NOGUERAS I CAMERO: Gràcies, presidenta. Bon día, diputats y diputades.
O bien por prejuicio o bien por ignorancia, muchos demonizáis todo lo privado. Su cansino populismo no hace más que distorsionar la realidad catalana pero, ahora, en un minuto, les desmonto el discursito respecto de Cataluña. En Cataluña
más del 90 % de la sanidad concertada es ejecutada por entidades sin ánimo de lucro, fundaciones y cooperativas, es decir, que no reparten beneficios como las empresas. Esta es la realidad en Cataluña. Ustedes han confundido ánimo de lucro con
saber gestionar. La Ley catalana 15/1990 deja muy clara su titularidad pública y gestión diversa, diversa como la realidad catalana, que a estas alturas ustedes ya deberían conocer. Esta ley ha sido pactada fundamentalmente entre Convèrgencia, el
demonio, e Iniciativa, sus actuales socios y posteriormente se sumaron el resto de los partidos. Tenemos un sistema de consenso amplio. Compartimos con ustedes que nadie debe enriquecerse con la sanidad de todos y añadimos que tampoco debe ser
utilizada como arma política, pero no toleramos que se ponga en duda el sistema sanitario de Cataluña en esos términos. Otra cosa es lo que sucede en el resto del Estado español, pero no nos metan en el saco. Además, ustedes se han equivocado de
debate; el debate en los países avanzados no es el de titularidad, el debate real en sanidad es cómo conseguimos más recursos y cómo los gestionamos y utilizamos mejor. Suecia, Nueva Zelanda, Alemania, ¿les suenan? ¡Basta ya de vender el cuento
de que en Cataluña se ha privatizado la sanidad pública con ánimo de lucro porque es simplemente mentira! Sigan con su discurso ideológico para reafirmarse como la izquierda inmovilista y antigua, pero no nos confundan de debate. Los ciudadanos de
Cataluña tenemos muy claro que tenemos atención médica pública.
Termino. Ustedes son los mismos que en su primer gran concurso de servicios sociales en asistencia domiciliaria en el Ayuntamiento de Barcelona pasaron el servicio que llevaban años haciendo cooperativas sin ánimo de lucro a
Sacyr-Vallehermoso, esta sí, multinacional española con ánimo de lucro. Así que menos lecciones y más rigor. A pesar del esfuerzo de muchos, no se han cargado el sistema sanitario de Cataluña y aquí estamos para defenderlo. (Finaliza su discurso
en catalán).
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti. (Rumores). Silencio, señorías.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.
Tenemos aquí una moción consecuencia de interpelación urgente que nos ha traído la diputada de Podemos-En Comú Podem-En Marea, y quiero empezar mi intervención con una frase que, por obvia, no deja de ser real: que la defensa del sistema
sanitario público para nosotros es la base del Estado democrático, social y de bienestar, sin duda alguna. ¿Eso es óbice para que no exista un sector privado que ofrezca servicios sanitarios? En absoluto. Se ha dicho también por parte de otros
compañeros que tenemos la antigua y falsa concepción de que servicio y titularidad es lo mismo y son dos cosas muy diferentes. Queremos un servicio sanitario que llegue a todos, un servicio que valga para que los ciudadanos puedan disfrutar.
Evidentemente, la apuesta que por lo menos mi partido siempre va a hacer es para que haya un sistema público fuerte, potente, que llegue a todos, sin duda alguna, pero concebimos el sector sanitario privado como complementario, no como sustituto,
aunque en muchos casos también necesario, especialmente en el escenario de creciente envejecimiento poblacional que tenemos por ejemplo en Euskadi -en el Estado español también-, donde la colaboración público-privada resulta imprescindible si
queremos que nuestro sistema sanitario y las personas a las que sirve continúen gozando de buena salud. De hecho, los conciertos que se mantienen hoy en día por parte de la Osakidetza con el sector privado nos permiten mejorar algunas prestaciones
y también la accesibilidad en ciertas zonas geográficas con peor disponibilidad de un recurso público. Es grande, sin duda, la importancia del sector sanitario privado, que dispone de un ámbito de actuación propio, contribuyendo a la salud de
nuestra población y también, no nos olvidemos, generando empleo y riqueza. Y lo decimos desde la legitimidad que otorga hablar en nombre de un partido que forma parte de un Gobierno, el Gobierno vasco del lehendakari Urkullu, que realiza un
esfuerzo de los más importantes en políticas sociales, con una inversión pública en salud de 1619 euros por persona en este año 2017. Son datos que hablan por sí solos de nuestro compromiso con las políticas sociales y, en particular, con el
sistema sanitario público en el caso de Euskadi. Todo ello a pesar del envejecimiento poblacional, como he dicho antes, y de los tiempos económicos que nos ha tocado vivir y gestionar. Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud, sigue prestando un
servicio sanitario público, universal y de calidad, y ha mantenido todas sus prestaciones, ha racionalizado sus recursos y ha sido capaz de ampliar y modernizar los servicios respondiendo a los retos actuales y anticipándose a los del futuro.
La colaboración público-privada es necesaria, sin duda alguna. Así, por ejemplo, la semana pasada -y no nos duelen prendas en decirlo porque estamos orgullosos de ello-, el propio lehendakari firmaba un acuerdo con la Fundación Amancio
Ortega que permitía a Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud, adquirir nuevos equipos para el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. ¿Es eso perjudicial para la sociedad? No. Ni qué decir tiene que nuestra obligación es seguir mejorando
-siempre hay margen para la mejora, sin duda alguna- y eso pasa precisamente, entre otras cosas, por mantener, como decía, la colaboración público-privada desde la lealtad y el respeto a los ámbitos de cada uno, pensando siempre en servir lo mejor
posible a la sociedad -en este caso a la sociedad vasca, pero supongo que los que están aquí todos querrán servir a su sociedad lo mejor posible-.
Pero hay un cuarto punto, señora Sibina, que me gustaría incluir en los últimos segundos que me quedan, y es el ámbito competencial. En la parte propositiva de la moción que ustedes han presentado instan al Gobierno a que realice acciones
que no le competen, que algunas de ellas no son competencia ni siquiera de este Parlamento, si es que verdaderamente creen ustedes que, por mucho que el objeto de su iniciativa sea de un valor universal beneficioso para todos, ha de respetar su
ámbito competencial. Me parecen muy bien muchas cosas que ustedes plantean en la moción y estoy a favor de que se lleven a cabo algunas de ellas, pero en el caso de Euskadi -no sé en otros lugares-, si ha de ser así -que ya lo es en muchas de las
cuestiones-, lo decidiremos nosotros allí, no aquí, porque es donde nos compete, allí. No podemos ni debemos tomar decisiones que se salten preceptos que la ley permite, por ejemplo la existencia de la sanidad privada. Los desastres de otros no
pueden ser válidos para que todos cambiemos. La razón no puede ser esa; que cambien los que lo están haciendo mal, porque algunos lo han hecho muy bien además y otros muy mal. Por tanto, aplíquese lo que se necesita a aquellos que no lo han
gestionado bien.
Acabo, señora presidenta. Nuestra apuesta por la sanidad universal, pública, de calidad e integral no tiene duda. Nuestros presupuestos así lo demuestran.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.
El señor ERITJA CIURÓ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, desde el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana saludamos este tipo de iniciativas, ya que creemos que la sanidad pública es y debe seguir siendo un servicio universal en el que no debe puede haber sitio para el lucro. De
hecho, Cataluña ha apostado realmente por el modelo universal de la sanidad y lo demostró con la oposición al Real Decreto 16/2012, que creemos que dinamita el modelo de cobertura sanitaria y carácter universal del modelo sanitario estatal. Por ese
motivo, anunciamos nuestro voto favorable a esta iniciativa. Creemos que en el actual modelo de sanidad del Estado español es necesario ir modificando esa tendencia en pro de una gestión pública y transparente de los servicios de sanidad a los que
se les dedique suficientes recursos. Una gestión que, recordemos, es exclusiva de las comunidades autónomas. Una tendencia que en Cataluña hemos empezado a revertir de mano del conseller Comín, rescindiendo el contrato con un centro con ánimo de
lucro en Sabadell y con la posible compra del Hospital General de Cataluña por parte de la Generalitat. Esta desprivatización significa que el Servei Català de la Salut, ente público que se encarga de comprar los servicios sanitarios en Cataluña a
diferentes proveedores, no renovaría los conciertos a aquellos centros privados con ánimo de lucro siempre que la actividad derivada la pudiera asumir un centro público, tal como fija el principio de prioridad de la Ley de Ordenación Sanitaria de
Cataluña (LOSC). Esto implicaba a corto y medio plazo no renovar los conciertos con tres centros privados con ánimo de lucro del mismo grupo, el gigante sanitario Quirón Salud: Clínica del Vallès, Hospital General de Cataluña y Hospital Sagrado
Corazón. Y se haría a medida que fueran finalizando los contratos.
Por lo que se refiere al control de las contratas y servicios concesionales, confiamos que la Ley de Contratos permita, desde la máxima transparencia, la regulación definitiva del marco de contratación de las administraciones públicas y, en
ese sentido, evitar prácticas corruptas de contratación.
Muchas gracias (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Hernández Bento.
La señora HERNÁNDEZ BENTO: Gracias, presidenta.
Señora Sibina, su valoración, su opinión negativa, casi catastrófica, de nuestro sistema sanitario me resulta sorprendente. Pero la verdad también es que a estas alturas es bastante previsible. ¡A ustedes les da igual de lo que hablemos!
Todo va mal, todo es desastroso. Sí, siempre es igual y lo que realmente resulta sorprendente es que también hoy, que hablamos de nuestro Sistema Nacional de Salud, cuando usted sabe perfectamente que nuestro sistema sanitario es un referente en la
Unión Europea y en el mundo, es así. Yo no le voy a pedir humildad; no se la voy a pedir, eso lo pide usted para todos los demás. No, yo solamente le voy a pedir que escuche. Porque no somos solo nosotros los que lo decimos, sino los ciudadanos,
la gente; pero nos lo dicen a nosotros y a todos ustedes, señorías. El barómetro sanitario lo deja bien claro: la inmensa mayoría de los usuarios, por encima del 80 %, considera que la atención que han recibido en nuestro servicio sanitario es
buena o muy buena. Es la opinión de la población, de la gente, sobre el funcionamiento del sistema. Lleva años siendo así. ¡Esto lo tendrán que asumir, digo yo!
Nosotros lo tenemos muy claro. La ministra dejó clara la posición de mi grupo, la defensa de la sanidad pública es clara, decidida y firme. El Gobierno y, sobre todo -lo han dicho aquí- las comunidades autónomas, que son las competentes,
trabajan cada día y lo hacen para garantizar la universalidad, la equidad, la cohesión, la eficiencia y la sostenibilidad del sistema. Porque nuestro sistema sanitario es universal, público y gratuito. Esto es así y lo que tendríamos que estar
aquí debatiendo es qué es lo que hay que hacer, y deberíamos estar todos en esto. Y lo que hace el Gobierno es trabajar para garantizar la sostenibilidad del sistema con niveles de calidad y profesionalidad, modernizando su funcionamiento,
ampliando la cartera de servicios, mejorándola, trabajando en estrategias que den solución a los retos del futuro. Esta debería ser su preocupación. Pero ustedes dicen que no, que todo va mal. Pues, mire, tenemos un sistema sanitario que funciona
y el mérito no es nuestro, aunque algunos parece que hoy reniegan de lo que ha pasado en los últimos años, es de todos. Las competencias están en las comunidades autónomas y son las comunidades autónomas las que han tomado decisiones en materia de
modelo de gestión. Estas decisiones son las que han ido consolidando nuestro Sistema Nacional de Salud en todas las comunidades autónomas. Por cierto, en unas más que en otras; tendrá usted que ponerse de acuerdo a partir de la semana que viene
con Susana Díaz, porque Andalucía es la comunidad autónoma donde más hospitales concertados existen. En todas las comunidades autónomas conviven diferentes fórmulas de gestión y de colaboración público-privada. Y el resultado, después de veinte
años, no ha sido tan malo:
ha aumentado la esperanza de vida, los ciudadanos están relativamente satisfechos, sigue mejorando la cartera de servicios, contamos con excelentes profesionales; hemos avanzado. Lo que le digo, señora Sibina, es que mire al futuro. El
futuro nos enfrenta a retos: el envejecimiento de la población, la baja natalidad, el aumento en la esperanza de vida, la cronicidad y la dependencia. Señorías, todos somos responsables de mantener el Sistema Nacional de Salud del que hoy
disfrutamos y somos responsables, sobre todo, de consolidarlo para el futuro. Hablemos de futuro, solo quieren hablar de pasado y saben ustedes que nos enfrentamos a estos retos. Los presidentes de las comunidades autónomas también lo saben y por
eso se han puesto de acuerdo en afrontarlos juntos. Mi grupo tiene un compromiso real con lo público; no parte del discurso o de la pose, porque defender lo público es dar el mejor servicio posible, con la mayor calidad y con un coste eficiente
que asegure la sostenibilidad, la inversión y el empleo, el empleo público también. Por eso, con el acuerdo alcanzado con los sindicatos se van a poder ofertar 129 700 plazas en el Sistema Nacional de Salud. Esto es trabajar por lo público, por el
empleo público. Ustedes hablan de medidas legislativas que garanticen el derecho a la asistencia sanitaria para los residentes. Pero si esto ya está reconocido, esto ya es un derecho. En cuanto a los extranjeros que están en España en una
situación administrativa irregular, nuestro país -y usted lo sabe- tiene el marco jurídico de mayor protección a estas personas en Europa, el mejor y también el más solidario.
Señores de Podemos, si lo que realmente les mueve a ustedes es querer mejorar las cosas, si eso es así, ¿por qué cuando se les propone que nos sentemos a hablar y alcancemos acuerdos -y ahora me refiero al pacto por la sanidad propuesto en
el Senado- ustedes se niegan? Dejen a un lado los prejuicios ideológicos, la demagogia y el victimismo; cambien de actitud, déjenlo ya. Si diferencias hay entre todos los grupos políticos, las aparcamos cuando merece la pena y, desde luego,
merece la pena hacerlo por la sanidad, que es de todos. El debate no debería ser si la gestión es privada o pública, sino cómo mejorar la sanidad, que ya es de titularidad pública, y en eso mi grupo siempre estará.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Pregunto a la señora Sibina Camps si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.
La señora SIBINA CAMPS: Aceptamos la enmienda de adición del Grupo Socialista.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, RELATIVA A LAS POLÍTICAS DEL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD SOBRE ADOPCIONES INTERNACIONALES EN ESPAÑA. (Número de expediente 173/000031).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a las políticas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre adopciones internacionales
en España. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Reyes Rivera.
La señora REYES RIVERA: Gracias, presidenta.
La moción que presentamos hoy no es otra cosa que un grito desesperado de muchas familias, de muchas personas que llevan ya demasiado tiempo esperando solo para poder ayudar a un niño, algunas más de diez años, y muchas han tenido que
desistir en su intento por culpa de la dejadez del Partido Popular. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Señorías, no es el grito de esos niños indefensos porque ellos ni siquiera son conscientes aún de lo que les está
ocurriendo, pero si no gritan hoy, lo harán de una u otra manera el día de mañana. En mis anteriores intervenciones hablé fundamentalmente de esos niños, de la infancia, de la capacidad de apego que necesitan desarrollar. Está claro que son los
protagonistas de esta historia y sus problemas deben ser, sin discusión, el principal foco de atención de cualquier Estado que se precie. Eso nadie lo negará.
Lo más sencillo sería continuar hablando únicamente de ellos pero creo que también es de justicia hablar de los otros protagonistas de esta historia y lo voy a hacer porque en demasiadas ocasiones se les menosprecia. Son esas personas
excepcionales que se van a encargar de cuidar a estos niños, personas que van a desarrollar un papel importantísimo en nuestra sociedad. Es lamentable que, lejos de valorar y potenciar actitudes como las de estas personas, desde el Ejecutivo lo que
se hace es ponerles cada vez más y más trabas, hasta llegar al punto de tener completamente bloqueadas las adopciones en nuestro
país. ¿Saben por qué hacen esto? Porque para ustedes estas personas suponen un problema, una complicación o, como suele decir el señor Rajoy, un lío; lo ha dicho esta mañana hablando de los aforamientos. Es más fácil decir que no todo el
mundo es apto para adoptar y que esas personas quizá lo que pretendan sea satisfacer su egoísmo, todo ello aderezado además del últimamente tan repetido: no existe el derecho a ser padre. No, claro, no existe porque no hay ninguna norma que lo
recoja, al menos hasta ahora; y es verdad, no todo el mundo puede ser padre o madre si atendemos a lo que verdaderamente significan estas palabras. Pero, señorías, ¿saben ustedes cuántas pruebas, cuántas entrevistas pasan estas personas para ser
declaradas aptas para adoptar? Muchísimas. ¿Y saben ustedes cómo llaman a esas entrevistas? La criba. Cuando alguien empieza ese periplo tiene la sensación de que lo que se trata por parte del Ejecutivo es de quitarles las ganas de adoptar. Aún
así, 33 000 familias españolas ya están declaradas aptas y esperando. Pues, señorías, esas 33 000 familias que para ustedes suponen un problema pueden ser la tabla de salvación para 33 000 niños.
No existe el derecho a ser padre, pero ¿creen ustedes que sin estas personas que luchan contra viento y marea por serlo se podría materializar algo que sí es un derecho reconocido internacionalmente, el derecho de un niño a tener padres?
Para que ese derecho no sea una mera utopía, que es en lo que lo está convirtiendo el actual Gobierno, esas mujeres y esos hombres son necesarios e imprescindibles. Y no tergiversen mis palabras, que el otro día lo hizo la ministra. Por supuesto,
tiene que haber seguridad y garantías en el proceso. No decimos que los padres no tengan que pasar por todos esos controles previos; hagan esas entrevistas y establezcan las medidas necesarias, pero brinden ustedes ayuda. La labor que van a
desarrollar es básica y necesaria para nuestra sociedad. Brinden esa ayuda antes, durante y después del proceso de adopción. No lo hacen, señorías, todo lo contrario, directamente niegan la posibilidad de adoptar para evitarse problemas.
¿Realmente ustedes son conscientes de cómo están funcionando las cosas? Yo les explico. Después de la llamada criba, el Estado prácticamente se desentiende del proceso, el 90 % de las adopciones las llevan a cabo los organismos
acreditados, entidades sin ánimo de lucro que no reciben ningún tipo de financiación pública; ni la reciben estos organismos ni tampoco la reciben las familias. Pero la cuestión ya no es siquiera que reciban o no ayudas, ojalá solo fuera eso; no
solo no ayudan, es que bloquean el trabajo de esas entidades, es que tienen ustedes paralizados los procesos. Entre otras cosas, los tienen bloqueados porque no han hecho el reglamento necesario para poder desarrollar la Ley de Protección de la
Infancia, que lleva en vigor ya más de dos años. En Ciudadanos estos dos últimos años no hemos cesado de pedir ese reglamento y ni rastro. A estas alturas todos sabemos que es una ley que se ha quedado en el papel y que utilizaron ustedes
únicamente para hacer campaña electoral, así que, por favor, le pido al portavoz o a la portavoz del Partido Popular que intervenga que no vuelva a contarnos las bondades de esta ley, como hizo la ministra la semana pasada. Y no nos digan que ese
reglamento está ya hecho cuando no es cierto. Anunciaron únicamente la consulta pública y justo el día que tuvo lugar nuestra interpelación. ¡Qué casualidad! Aun así, después de tanta inacción por parte del Partido Popular, debemos decir que nos
alegra que la insistencia de Ciudadanos empiece a dar sus frutos.
Hicieron ustedes un pequeño, pequeñísimo movimiento la semana pasada, pero, como ustedes saben, ni de lejos es suficiente. Así que con esta moción les damos un nuevo empujón porque parece que si no, ustedes no se mueven. Si es apoyada,
tendrán un plazo máximo de tres meses para tener ese reglamento listo y para solucionar el bloqueo casi absoluto que existe en los procesos de adopción, tanto nacionales como internacionales. Porque, miren, ya no admitimos que en España a día de
hoy sea imposible adoptar. Las adopciones nacionales en muchas comunidades autónomas, como la de Madrid, llevan cerradas varios años. Esto siendo España uno de los países europeos con más niños en centros de menores. Los niños tienen derecho a
una familia, no a vivir en un orfanato. (Aplausos). Las adopciones internacionales solo son efectivas en cinco países en los que hay que esperar hasta más de diez años, en algunos de esos cinco incluso ya se está cerrando la posibilidad de
tramitar expedientes nuevos. Mientras, en otros países como Francia, Alemania o Dinamarca -muy sospechosos ellos en cuestiones de seguridad- se puede adoptar nada más y nada menos que en cuarenta y cinco países que en España están cerrados. Algo
pasa, señorías, y no lo admitimos cuando la realidad es que en España tenemos 16 000 niños en centros de menores y en el mundo hay 120 millones de huérfanos.
El Ejecutivo no puede seguir negando la posibilidad de adoptar a tantos y tantos españoles que quieren hacerlo. Conviene que ustedes, señorías del Partido Popular, asuman ya de verdad el siglo XXI, hace ya mucho tiempo que no existe un
único modelo de familia. Los ciudadanos deben tener la libertad de formar una familia como les dé la gana, si es lo que quieren, y si no, no hacerlo. De lo único que tienen
ustedes que preocuparse es de proteger sus derechos. Háganlo ya de una vez porque han perdido un tiempo precioso que será muy difícil recuperar.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Reyes.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto -que en este turno también fijará posición- la señora Nogueras i Camero.
La señora NOGUERAS I CAMERO: Gràcies, president.
Bon dia, diputats, diputades. Esta propuesta fue presentada como PNL en la anterior legislatura y en esta misma, y nuestro grupo ya mostró su rechazo, de ahí nuestra enmienda. La ley sobre la que reclaman desarrollo reglamentario y
aplicación supone una invasión de competencias en toda regla en el caso de Cataluña. Se ha convertido en un mal hábito que los grupos parlamentarios presenten propuestas ignorando que en Cataluña tenemos competencias y que las ejercemos. En
Cataluña nos dotamos de mecanismos que funcionan y ustedes se dedican a destruirlos. Ustedes siempre con la ley en la boca, pero siempre que se aplique en un solo sentido: a su favor. ¿Cuando se trata de las competencias de Cataluña no hace falta
cumplir la ley, aunque emane del bloque de constitucionalidad y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional? Nos remontaremos al origen de esta ley.
El Partido Popular es responsable directo de la lapidación del modelo de éxito catalán en materia de adopción internacional. Curiosamente, aquello que el franquismo aceptó en 1960, la vigencia del derecho civil catalán en materia de
adopción y que en los últimos años hemos desarrollado de manera potente y sólida, el Partido Popular lo liquidó hace dos años, y hoy ustedes son cómplices. Cataluña es reconocida como autoridad central en materia de adopción internacional por La
Haya. Ninguna otra comunidad autónoma ha ejercido este derecho. Por eso, Cataluña es donde más se adopta y donde la lista de espera es más numerosa. Cataluña se ha abierto al mundo; hemos trabajado muy duro para abrirnos a muchos países, y la
respuesta de su Gobierno siempre ha sido coartarnos, vetarnos y centralizar nuestras iniciativas para tumbarlas. España se ha cerrado y nosotros no nos quedaremos en la misma habitación. Tenemos demasiado trabajo como para perder el tiempo con su
rigidez y sus vetos. El retroceso en esta materia es una vergüenza. Cuando aprobaron ese proyecto de ley frente a nuestro argumentario basado en la invasión de competencias en un ámbito que en Cataluña estaba desarrollado, la respuesta del Partido
Popular fue: perfecto que en Cataluña funcione, pero en el resto del Estado no.
Esta es la foto entonces: frente a la opción que sumar, trabajar juntos e intentar adaptar un modelo de éxito, su respuesta es destruir el modelo de éxito. No exageraba la semana pasada cuando les decía que no tienen ningún tipo de interés
en respetar las competencias de la Generalitat de Catalunya, aunque para ello se carguen un modelo de éxito que podría beneficiar a los demás ciudadanos. No han sido capaces de detectar el problema y ahora forman parte de él.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Nogueras.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Con esta iniciativa se incide en la búsqueda de soluciones a los problemas relacionados con la adopción internacional, un proceso complejo y muy duro en el que las familias que lo afrontan sufren muchísimo hasta culminarlo y peor aún lo
pasan quienes, deseando e intentando ser adoptantes, no pueden hacerlo incluso después de muchos años de espera y no pocas veces tras haber conocido personalmente in situ la realidad y la crudeza de la vida cotidiana del menor. Al hablar de esta
cuestión considero obligado y oportuno recordar, por extraordinario, el trabajo que se hizo en el Senado con la creación de la comisión especial que durante año y medio de la VII Legislatura trabajó intensamente para elaborar unas conclusiones que
tienen gran validez hoy en día. Entonces España era el segundo país del mundo con más de 5500 adopciones anuales. Desde aquellas fechas está en paulatino y acusado descenso, está publicado que solo 799 en 2015, de las 53 694 que totalizan estas
últimas dos décadas.
Si bien la diputada Reyes Rivera ha recriminado la parsimonia del Gobierno, es constatable que ha habido cambios profundos en los procesos de adopción internacional. Varios de los países habituales de origen de los niños y niñas adoptados
han fortalecido y endurecido su legislación hasta la prohibición,
como también se han producido modificaciones y reformas en la propia normativa española que remarcan el interés superior de los menores, que viene siendo patente tras el Convenio de La Haya.
Señorías, como señalé al principio y se ha insistido en la interpelación y en este debate, estamos ante un asunto de enorme complejidad pero el conjunto de medidas que se propone aprobar esta mañana supondrían un refuerzo para ayudar a miles
de familias en el tortuoso camino hacia la adopción que desde las administraciones públicas hay que tratar de facilitar.
Votaré favorablemente, señor presidente, a esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Carracedo Verde.
El señor CARRACEDO VERDE: Presidente, señorías, la moción que se presenta da cuenta de un hecho insólito, espejo de una forma de desgobierno. En julio de 2015, hace dos años, se aprobaron las leyes para la protección jurídica del menor y
la modificación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia. Estas leyes retiraron algunas competencias a las comunidades autónomas pero no contenían un régimen transitorio, de forma que necesitan un reglamento que señale qué
dirección general, qué departamento o qué oficinas de la Administración Central se harán cargo de las competencias. Pero no han hecho el reglamento. Y algunas de las consecuencias se han expuesto hoy aquí y la semana pasada también. Básicamente
se resumen en que las familias no pueden tramitar solicitud de adopción y que las organizaciones acreditadas para la adopción una tras otra van quebrando y el Gobierno, aunque plenamente comprometido con la adopción internacional, no hace el
reglamento.
Ciudadanos trae una moción consecuencia de una PNL previa, a la que mi compañera Ana Terrón presentó enmiendas, que fueron aceptadas, y hoy también hemos presentado alguna más. La intención de nuestras enmiendas, en definitiva, es proponer
que los informes de idoneidad sobre las familias estén subvencionados y que se hagan preferentemente por la entidad pública correspondiente. En algunas comunidades se acumulan las quejas por los costos. Por lo tanto iguales medidas también para
servicios de post adopción o con los informes de seguimiento.
También hemos planteado en esta moción la creación de un equipo especializado de adopción internacional. Entre sus funciones estará la valoración de los procesos de apertura y cierre de países, tarea que hoy recae en los cónsules, que nos
dicen que tomar este tipo de decisiones sin medios adecuados es exponerse a ser señalados responsables en un futuro si algo va mal. Así que no se está incentivando precisamente la apertura de nuevos países. La ministra, insistente, la semana
pasada utilizó aquí la totalidad de su tiempo en leernos las leyes aprobadas hace dos años, un papelón, hacer tiempo hasta que suene la campana para poder volver al escaño. Un escaqueo en toda regla que es normal porque intentar explicar por qué en
dos años no se ha redactado un reglamento resulta inexplicable. Así que no intentó explicarlo, simplemente nos remitió a las leyes. Decía que estábamos trabajando y se marcha a su escaño. En mi casa a eso no le llaman trabajar, y creo que en la
casa de nadie lo llaman trabajar. Así que le pediríamos que haga su trabajo, que gobierne. En estos dos años todos los funcionarios de su ministerio han ido a trabajar cada día. Que alguna técnica o técnico redacte un borrador de reglamento,
porque el bienestar y futuro de muchas niñas y niños dependen de ello. Es un tema serio, así que no hay que tirar balones fuera y hay que cumplir con las funciones del cargo.
La ministra dijo: este Gobierno y este ministerio están plenamente comprometidos con la infancia. Voy a repasar. El segundo Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, el Penia, terminó en 2016. Han pasado varios meses y
todavía no tenemos evaluación. Le diría, si estamos trabajando, que por favor haga su trabajo porque muchos niños dependen de ello. El Observatorio de la Infancia lleva sin reunirse desde noviembre de 2015, también dos años. Parece una cifra un
poco terrible. El observatorio es un instrumento útil, lleno de colectivos y asociaciones de expertos en las problemáticas de infancia y adopción, que están deseosos de volcar sus propuestas y nos insisten en que les pidamos que les convoquen. Así
que, por favor, hagan su trabajo. Está en juego diseñar para el futuro políticas buenas para la infancia por los expertos en este tema.
Sobre pobreza infantil han pactado presupuestos por 340 millones. Según Save the Children, Cáritas y Unicef, tenemos más de tres millones de niños y niñas expuestos al riesgo de pobreza infantil. Esto da una cifra de 10 euros por niño y
mes. No nos parece que sea una cifra suficiente para poder hacer frente a lo que se nos viene. La ministra la semana pasada dijo: estamos trabajando para que ningún menor
tenga que vivir su infancia en un centro de acogida. Pues para darle también un empujoncito y ayudarle hemos introducido una enmienda en esta moción en la que instamos al Gobierno a desarrollar y aprobar en el plazo de tres meses una
planificación de medidas que pueda tomar para que el acogimiento residencial en centros de menores quede relegado a la condición subsidiaria, en la línea que señalan los expertos y la propia ley de la que sacó pecho la ministra, y leyó prácticamente
entera la pasada semana. De nuevo haga su trabajo, ministra.
Tenemos 16 000 niños y niñas y adolescentes en centros de menores, aproximadamente un 80 % de los menores en acogida están en centros de menores. Dice la normativa que a los centros de menores han de ir preferentemente no antes de los tres
años. A mí se me encogió un poco el alma. Tengo niños pequeños y no soy capaz de imaginarme a mi niño de tres años -menor imposible- en un centro de acogida, en un centro de menores. De tres, de cuatro, de cinco o de seis, no sé dónde queda la
capacidad y la posibilidad de desarrollo de apego. La pregunta sería qué medidas concretas pretende tener para que ningún menor tenga que vivir su infancia dentro de un centro de acogida. ¿Dónde están las campañas para promover la acogida
familiar? Si fuera por dinero aquí no nos cuadran las cifras, porque los centros de menores nos cuestan, según todos los expertos, 3000 euros al mes por cada niño o niña. Con mucho menos dinero cualquier familia puede tener asistencia técnica y
apoyo psicológico y estar con sus familias, que es donde los niños deberían estar.
En definitiva, estos 3000 euros por niño al mes suponen un total de 570 millones al año, que es una cifra muy superior a los 340 millones que el Gobierno ha presupuestado para pobreza infantil. La pregunta aquí sería si no será mejor
invertir en prevenir que en curar.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Carracedo.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora González Vázquez.
La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Gracias, presidente.
Señorías, la moción que hoy debatimos es una consecuencia de la profunda transformación que en estos últimos treinta años se ha producido en la sociedad española y de la que todos debemos sentirnos orgullosos, una transformación por la que
hijos e hijas no necesariamente tienen que parecerse a sus progenitores, sino que pueden ser de otro color, con ojos rasgados o más redondos, con pelo rizado o liso. Nuestras escuelas se transforman, nuestras familias también. La sociedad en su
conjunto se enriquece a través de la adopción. Esta transformación tuvo una fecha de origen, el 19 de octubre de 1995, día en el que Televisión Española emitió un documental, Las habitaciones de la muerte. En él se describía la penosa situación en
la que se encontraban millones de niñas chinas institucionalizadas en orfanatos de su país de origen habiendo sido abandonadas por su familia a causa de la política estatal de hijo único y la secular discriminación de las niñas y las mujeres en
Asia. Este documental provocó un profundo shock en la sociedad española, avivó el interés por la adopción internacional y disparó a España a la segunda posición mundial en cuanto a adopciones internacionales realizadas. Ahora nada queda ya de esa
visión negativa del niño huérfano que se mantuvo a lo largo de la historia, el protagonista de una vida desgraciada desde su nacimiento por el fallecimiento de sus progenitores o por haber sido abandonado y recogido por personajes que pretendían, en
la mayoría de los casos, aprovecharse de él o de ella. Ni rastro de El Lazarillo de Tormes, ni rastro de Oliver Twist, ni rastro de Sonia de Crimen y Castigo; el rostro de la adopción en España tiene el pelo negro, liso o rizado, y la piel oscura
o bronceada.
Pero desde ese día de 1995 en el que la sociedad española se conmocionó ante la situación de tantas niñas, se han vivido cambios significativos en el panorama internacional que han tenido como consecuencia que la cifra de menores adoptados
en España haya caído brutalmente desde que alcanzó su pico máximo en 2004. En 2004 llegaron a España 5541 menores, y diez años después, en 2014, 824; es decir, un 855 % menos. Este drástico descenso se ha producido sin que por parte del Estado
español se produjese modificación legislativa restrictiva alguna, lo cual indica con toda claridad que continuando el proceso legal y administrativo español sin variación sustantiva, lo que se ha producido es un cambio en la situación de los países
de origen de estos niños y niñas. Esta apreciación se ve reforzada por el hecho de que los quince primeros países receptores de adopción internacional en el mundo, entre los que se encuentra España, adoptaron en 2014 un 70% menos que en 2010, según
las cifras de un estudio realizado por el doctor Peter Shelman, de la Universidad de New Castle, del que se hicieron eco todos los medios españoles. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Por tanto, comprendiendo y compartiendo -cómo no podría ser de otro modo- el fondo de la cuestión de esta moción, la necesidad de dar respuestas a las familias que esperan aún después de muchos años a quienes ya consideran sus hijos e hijas,
que están en China, Rusia, Etiopía o Ucrania, no podemos compartir las críticas que se hacen a la gestión del Gobierno en esta materia puesto que nada ha cambiado en ella desde el momento en que servía de marco a un número importantísimo de
adopciones hasta la actualidad, en que ese número se ha visto tan dramáticamente reducido. El descenso cuantitativo global se ha debido a la creciente toma de conciencia en relación con el daño causado en las sociedades de origen con la marcha de
sus niños y, muy especialmente, de sus niñas, en el caso de China; a la mejora de sus condiciones económicas; a la imagen negativa de la adopción internacional y de aquel Gobierno que permite que sus hijos e hijas se vayan del país y a la voluntad
de fortalecer la adopción y acogida nacional como alternativa a la salida de los niños del país. Además, ha variado el perfil del niño adoptable, aumentando el número de menores con necesidades especiales, mayores de siete años, con algún tipo de
discapacidad o enfermedad. Es decir, ya no se cumple la aspiración de muchas familias adoptantes de un bebé sano. Por tanto, se ha reducido el número de adopciones, se ha ampliado muchísimo el tiempo de espera pero solo en aquel tramo que
corresponde a la tramitación del expediente fuera de nuestras fronteras. Son estas las razones que han alargado el proceso de adopción hasta llegar a esos plazos tan dolorosos para las familias, pero que en ningún caso son achacables a actuación
alguna del Gobierno central.
El incremento exponencial de las adopciones internacionales en España dio lugar, además, al establecimiento de un número importante de organizaciones acreditadas, las ECAI, de las que la señora Reyes aporta la información que maneja para su
interpelación. Sigue siendo el mismo número de ECAI el que había en 2004 que el que tenemos en 2016. Es evidente que algo está pasando, porque tiene que producirse un ajuste de ese número de organizaciones ya que el número de niños y niñas
adoptados se ha modificado sustancialmente.
Termino ya, señora presidenta. Señora Reyes, señorías del grupo proponente, hemos presentado una enmienda a su moción que demuestra nuestra absoluta coincidencia con ustedes en casi todos los puntos que plantean. Tan solo presentamos
alguna modificación a la redacción, por ejemplo, del punto relativo a la elaboración del reglamento, ya que según la legislación vigente es imposible el plazo que pretenden para su aprobación -tres meses- o valorar el acceso a los fondos de las
ECAI, puesto que ya le he comentado en qué estado se encuentran en este momento. Es nuestra voluntad, igual que la suya, que los niños y niñas que no tienen una familia pero cuentan de antemano con el cariño de su familia de adopción en España,
puedan, cuanto antes, disponer de ese hogar, del amor incondicional de sus progenitores adoptivos. Mi hija, Claudia Lin Cai, me ha pedido esta mañana que le diga, que le asegure, que esto es así.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.
Evidentemente, este es un tema muy sensible en el que hay que medir mucho las palabras, porque a veces confundimos lo que queremos conseguir con cómo lo queremos conseguir. Por tanto, desde el principio estamos totalmente de acuerdo con
muchas de las cuestiones que la diputada Reyes plantea en esta moción, pero hay otra serie de cuestiones que desde una perspectiva metodológica no me parecen las más correctas, y algunas de ellas ya se han referido por otros intervinientes en esta
tribuna.
Ustedes dan unos datos que no voy a cuestionar, en cualquier caso quiero partir de un primer criterio que también se ha dicho aquí. En primer lugar, y sobre la base de los convenios internacionales, la adopción es una medida de protección.
El derecho de adopción es el derecho de un niño a desarrollarse en un entorno familiar, no es el derecho inexistente de un adulto a tener una persona menor a su cargo. Por tanto, partimos de base de criterios diferentes. Ustedes han dicho que la
adopción es el derecho de un niño a tener unos padres, pero esto no es exactamente así: es el derecho a tener un entorno familiar, un entorno sobre todo de protección, y creo que las grandes instituciones tanto europeas como internacionales que
velan por los derechos del niño tienen tanto criterio como nosotros, e incluso más, para marcar estas cuestiones. Estoy seguro de que, independientemente de las cosas que se hayan hecho mal, saben perfectamente que la prioridad es el interés del
menor, y las instituciones públicas con competencias en esta materia, como pueden ser las diputaciones en el caso de Euskadi, también lo tienen
claro. Por tanto, adopción es igual a protección. Y para proteger, no siempre la consecuencia obligatoria es la adopción; no todos los niños o niñas que se encuentran necesitados de protección son susceptibles de adopción.
La moción que presentan plantea un criterio de urgencia. Yo sé que los padres que quieren o sienten necesidad de tener un niño tienen urgencia, pero habría que cuestionarse si esa urgencia es una urgencia legislativa, una urgencia del
Estado, y en ese sentido en la iniciativa hacen referencia a la situación de inoperancia que está asfixiando el desarrollo normativo de la ley. Yo creo que aunque este puede ser un motivo, el problema no se debe en exclusiva a la falta de
desarrollo normativo, sino sobre todo a la realidad de la adopción internacional y a la importante disminución que se ha producido en esta materia. Seguramente esa es una de las razones principales por las cuales se está produciendo una situación
de inoperancia en estos momentos.
Yo creo que hay que garantizar la adoptabilidad, pero hay una cuestión que nadie ha planteado. Si lo que nos interesa es la protección del menor, mientras se desarrolla la otra cuestión, ¿por qué no potenciamos más los sistemas de las
familias de acogida? Hay mucho menor necesitado de acogida, lo cual no es sinónimo de adopción. Hay mucho menor que necesita la protección de una familia, y hay muchas familias que acogerían a un menor, pero seguramente hay más familias que
quieren adoptar que familias que quieren acoger. En ese sentido, tendríamos que hacer todos una labor de concienciación sobre lo que se debe hacer, materia en la que vuelvo a reiterar que hay políticas sociales, como ocurre en el caso de Euskadi,
muy trabajadas, muy importantes y que son de agradecer. Esos niños lo agradecen muchísimo.
Por tanto, estoy de acuerdo con la base de lo que usted plantea, aunque hay un punto con el cual no coincido tanto y creo que es uno de los puntos más problemáticos de la moción que ustedes presentan. Me estoy refiriendo al punto 8,
relativo al acceso de los organismos acreditativos para la adopción a los fondos necesarios para el ejercicio de sus funciones. Este punto hace referencia de manera clara a que los mismos puedan ser financiados o subvencionados con dinero público o
desde las administraciones públicas. Esta es una cuestión muy controvertida que no ha tenido el consenso de las comunidades autónomas ni de la Administración pública en su totalidad. Se han mostrado en contra, ya que se ha entendido que las
familias que tramitan las adopciones internacionales a través de estas entidades son las que contratan sus servicios y abonan los precios establecidos. Es cierto que muchas veces estos organismos presentan importantes dificultades financieras, pero
quizá sería necesario replantearse el número de los mismos, si son necesarios, cuántos y cómo.
Acabo. Nos parece que la intencionalidad de su moción es correcta, es digna, pero hay una serie de cuestiones que no nos convencen tanto. Por tanto, vamos a ver qué es lo que podemos hacer, aunque seguramente nuestro voto no será
favorable.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Olòriz Serra.
El señor OLÒRIZ SERRA: Señora presidenta, diputadas y diputados, inasequibles al desaliento y a la hora, podríamos estar de acuerdo con buena parte del diagnóstico de la proponente, pero estamos lejísimos de las propuestas que nos hacen.
Nos dicen que hay que desplegar la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia, una ley que supone más un problema que un solución, a lo que luego me referiré. Hablemos de derechos de los
niños y de las niñas, por encima del derecho inexistente de los adultos a la adopción. Es muy respetable la voluntad de los adultos de adoptar, pero por encima está el interés superior de la niña o del niño. El camino más seguro y respetuoso con
los derechos de los menores es el acogimiento familiar. En Cataluña estamos llevando a cabo el diseño e implementación de un plan estratégico para promover el acogimiento familiar, primero elaborando directrices para garantizar el interés superior
del niño; segundo, elaborando un plan de soporte para las familias acogedoras; tercero, con una campaña de promoción, búsqueda y creación de la cultura del acogimiento. Lástima que no sea el tema principal de la moción, que aparece casi como una
cita.
Hay que mejorar también la adopción, en eso estamos de acuerdo. La lista de espera es muy larga. De 2008 a 2011, el número de solicitudes de adopción ha aumentado de manera significativa. L'Institut Català de l'Acolliment propuso aplicar
la disposición adicional segunda del Decreto 127/1997, que establece la suspensión transitoria de los procesos y evaluación de las familias, ya que se acumulaba una
importante lista de espera para las familias declaradas idóneas. No obstante, las familias pudieron presentar su solicitud con carácter provisional. Hoy por hoy, la lista de espera de adopciones en Cataluña para las familias es para ocho o
diez años. Por este motivo, se está estudiando la posibilidad de realizar un cierre temporal de la adopción en Cataluña, y también se está trabajando para actualizar los criterios de idoneidad establecidos en 1997 en relación con la asignación de
niños en adopción. Aquí es donde encontramos diferencias con ustedes. Nosotros y ustedes tenemos una manera muy diferente de entender el Estado. Para ustedes, el centralismo es la solución y para nosotros este es el principal problema. El
Gobierno del Estado español ha invadido competencias en el ámbito de la adopción internacional. El Consell de Garanties Estatutàries nos dice que en la acreditación, seguimiento y control de las entidades colaboradoras de adopción internacional es
así; y que en la apertura o cierre de tramitación de adopción internacional, también es así. A pesar de que se ha llegado a un acuerdo interpretativo de esta ley con el Estado, por el que Cataluña podrá ejercer de facto sus competencias, estamos
pendientes, como si fuese un relato de Franz Kafka, de acordar con el ministerio -atención- cómo se interpreta la interpretación. Es obvio que un Estado propio, que un Estado catalán garantizaría seguir trabajando con normalidad en el ámbito de la
adopción internacional como autoridad central, como así es reconocido por el Convenio de La Haya. En el camino que ustedes nos proponen no nos encontrarán.
Salud y República. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Ferrer Tesoro.
La señora FERRER TESORO: Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señorías, hoy subo a esta tribuna con rabia, con indignación, con impotencia y me pregunto en voz alta si realmente lo que aquí hablamos, discutimos y aprobamos sirve para algo o es un mero trámite. Hoy el Grupo Ciudadanos
trae a Pleno una moción sobre adopciones internacionales; de nuevo adopciones. Se han presentado distintas iniciativas tanto en Comisión como en Pleno y se han aprobado medidas para agilizar los trámites para las adopciones. ¿Qué se ha avanzado
realmente? Nada, absolutamente nada. Eso produce impotencia e indignación, porque, señorías, no es decente; estamos hablando de niños, estamos hablando de más de 120 millones de niños huérfanos en el mundo, estamos hablando de 16 000 niños en
centros de menores en nuestro país que están esperando una vida digna, una familia, una estabilidad, cariño y afecto, y que no pueden seguir esperando a que se haga algo por ellos. Esta situación, que no hemos provocado directamente, tenemos la
obligación de solucionarla. Tenemos un deber ético y moral, porque detrás de las leyes, de los procedimientos, del Boletín Oficial del Estado, están los niños, los más vulnerables, los que esperan seguir siendo niños, jugar, vivir, en definitiva,
sentir.
Nada más lejos de mi intención que hacer demagogia o populismo con estos temas, pero, de verdad, a estas alturas, en mayo de 2017, ya no hay excusas que valgan. Hemos oído demasiadas excusas a lo largo de estos dos años de paralización
total del proceso de adopción: que el número de adopciones ha bajado, que el contexto socioeconómico ha cambiado, que los procesos son largos porque tienen que ser garantistas con el menor -por supuesto-, que un Gobierno en funciones no puede hacer
un reglamento, etcétera. Llevan demasiado retraso, demasiado tiempo siendo ineficaces e incompetentes. Hace un año decían desde su partido que estaba ya listo el borrador del reglamento. Falso. El otro día nos dijo la ministra aquí mismo que hay
un preborrador; imagino que se refería a esas dos hojas que colgaron rápidamente antes de su comparecencia. Falso. No se ha hecho nada; un año en funciones en el que parece que el decreto de la patata sí era urgente pero no la situación de los
menores. Les leo textualmente una frase: No todos los niños que viven en centros son adoptables, pero muchos lo son y lo serán ya mismo, a partir de la entrada en vigor de la ley. Esto lo dijo la anterior directora general competente en agosto de
2015. Dos años, señores del Partido Popular, para algo que iba a ser inminente; dos años en blanco. No estamos hablando de autopistas ni de ferrocarriles, estamos hablando de niños y niñas, niños y niñas que llevan dos años esperando. No puede
ser que lo retrasen más y que miren para otro lado sabiendo que hay niños que están esperando a vivir con dignidad. Es una injusticia que está en sus manos revertir. ¿Cuánto creen que repercuten estos dos años de vida en la vida de un niño
huérfano? ¿Cómo le explicarían a un menor que hay un bloqueo legislativo que le impide estar con una familia? La lentitud debe ser la justa y necesaria para garantizar la seguridad del menor, pero no por la lentitud o desidia de un Gobierno.
Además del desarrollo reglamentario, totalmente urgente, es necesario dotar de recursos a esta ley. Hay ya demasiados ejemplos de leyes que se aprueban y que luego no se dotan de recursos humanos, económicos o materiales. La adopción no es
una herramienta para solucionar una voluntad legítima de paternidad o de maternidad, sino que es una medida de protección a la infancia abandonada, para dar contenido a su derecho a tener una familia, y la obligación de la Administración es proveer
de esa familia al menor, tal y como establece la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Siempre debe prevalecer el interés del menor. Aquí no vale el vuelva usted mañana de Larra. Ustedes, que presumen de gestión eficaz y
transparente, no pueden seguir haciendo suyas las prácticas caducas e inoperantes de otros tiempos que también Larra relató. Es inadmisible, por injusto, para muchos menores que este Gobierno, con excusas o disculpas inconsistentes, siga diciendo:
vuelva usted mañana. Vuelva usted mañana, que ya le facilitaremos el afecto y los cuidados de una familia; vuelva usted mañana, que ya entonces probaremos un reglamento y desbloquearemos toda la burocracia que impide poner en contacto a familias
que quieren adoptar con niños que necesitan a esas familias; vuelva usted mañana y entonces sacaremos a los menores de los orfanatos donde viven, no siempre en las mejores condiciones para su desarrollo como persona. Estos menores no pueden seguir
esperando ese mañana lejano e incierto, porque es de justicia facilitarles el bienestar de una vida en familia, y su falta de trabajo o ineficacia, cuando no su insensibilidad se lo está dificultando. Quizá mañana ya sea tarde para muchos de estos
menores.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Pregunto a la señora Reyes Rivera si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas.
La señora REYES RIVERA: Sí, presidenta. Gracias.
Aceptamos únicamente la enmienda del Grupo Unidos Podemos.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Se suspende la sesión hasta mañana jueves, a las nueve de la mañana.
Eran las dos y cuarenta minutos de la tarde.