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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 45, de 04/04/2017
cve: DSCD-12-PL-45
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 45
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 43
celebrada el martes,
4 de abril de 2017
ORDEN DEL DÍA:
Exclusión del orden del día:
- Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre la privatización de los servicios públicos y de salud y sus efectos sobre la sostenibilidad del
sistema sanitario y sobre la salud de la población. (Número expediente 172/000040) ... (Página4)
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas:
- Del Parlamento de Navarra, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 83-1, de 3 de febrero de 2017. (Número de expediente 125/000008) ... (Página4)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se modifica la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número
105-1, de 17 de marzo de 2017. (Número de expediente 122/000084) ... (Página14)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar la reducción de la morosidad en las operaciones comerciales. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 125, de 17 de marzo de 2017. (Número de expediente
162/000371) ... (Página23)
- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la eliminación de comisiones de retirada de efectivo en cajeros. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 63, de 2 de diciembre de 2016.
(Número de expediente 162/000252) ... (Página31)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la orientación de la política tributaria y estrategia de lucha contra el fraude fiscal. (Número de expediente 173/000024) ... (Página38)
SUMARIO
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
Exclusión del orden del día ... (Página4)
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno la exclusión del orden del día de la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre la privatización de los servicios públicos y de salud y sus efectos sobre la sostenibilidad del sistema sanitario y sobre la salud de la población,
lo que se aprueba por asentimiento.
La Presidencia informa a la Cámara de que la votación de los asuntos debatidos en el día de hoy se realizará en la sesión del próximo jueves.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas ... (Página4)
Del Parlamento de Navarra, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre ...
En turno a favor intervienen los señores Sayas López, del Grupo Parlamentario Unión del Pueblo Navarro, y Martínez Urionabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Geroa Bai, así como la señora Medina Santos, del Grupo Parlamentario Partido
Socialista de Navarra, representantes del Parlamento de Navarra.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Alli Martínez y la señora Beitialarrangoitia Lizarralde, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Eritja Ciuró,
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Martín Llaguno, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Santos Itoiz, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Fernández Díaz, don Jesús
María, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Romero Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página14)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se modifica la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España... (Página14)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Acedo Penco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto, y Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Jordà i Roura, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana; y los señores Gutiérrez Vivas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Alonso Cantorné, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y De la Encina Ortega, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Proposiciones no de ley ... (Página23)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar la reducción de la morosidad en las operaciones comerciales ... (Página23)
Defiende la proposición no de ley la señora López Ares, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto, así como en turno de fijación de posiciones los señores Alli Martínez y Bataller i Ruiz, del mismo grupo; Capdevila i Esteve, del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Roldán Monés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Palacín Guarné, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora López Ares.
Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la eliminación de comisiones de retirada de efectivo en cajeros ... (Página31)
Defiende la proposición no de ley el señor Montero Soler, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Capella i Farré, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Tundidor Moreno, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Alli Martínez y Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores
Ramírez Freire, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Blasco Marqués, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Montero Soler.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página38)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la orientación de la política tributaria y estrategia de lucha contra el fraude fiscal ... (Página38)
Defiende la moción el señor López Milla, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto, y De la Torre Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, así como la señora Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Capella i Farré, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Valido Pérez, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra el señor López Milla.
Se suspende la sesión a las seis y cincuenta y cinco minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
- INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, A LA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD SOBRE LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y DE SALUD Y SUS EFECTOS SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DEL
SISTEMA SANITARIO Y SOBRE LA SALUD DE LA POBLACIÓN. (Número de expediente 172/000040).
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Señorías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto 27,
correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sobre la privatización de los servicios públicos y de salud y sus
efectos sobre la sostenibilidad del sistema sanitario y sobre la salud de la población. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). En consecuencia, queda aprobada la exclusión del punto del orden del día.
Por otra parte, les informo que de conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces, la votación de todos los asuntos debatidos en el día de hoy tendrá lugar en la sesión del jueves de esta semana.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS:
- DEL PARLAMENTO DE NAVARRA, POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS LEYES COMPLEMENTARIAS, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE. (Número
de expediente 125/000008)
La señora PRESIDENTA: Comenzamos ahora con el punto I del orden del día, relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Navarra, por la que se modifica el texto refundido de la Ley general para la defensa de
los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Por ello, nos acompañan tres representantes del Parlamento de Navarra que integran la delegación que defenderá la propuesta
y a quienes, en nombre de toda la Cámara, les doy la bienvenida. Muchísimas gracias.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra, en primer lugar, el señor don Sergio Sayas López.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE NAVARRA (Sayas López): Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.
Es un honor tomar la palabra en la tribuna de una institución que representa la soberanía nacional, la voluntad del pueblo español. Un pueblo al que los navarros pertenecemos no solo porque ese ha sido el
devenir de nuestra historia, sino sobre todo porque esa ha sido y es la voluntad de la inmensa mayoría de sus ciudadanos. Y lo hacemos por segunda vez para pedir la aprobación de esta propuesta de ley. Una propuesta que trata de mejorar
derechos, que trata de evitar la discriminación que sufren y padecen muchas personas que portan o tienen el VIH/sida. Muchas de esas personas son privadas, discriminadas a la hora de firmar contratos, de realizar actos jurídicos o de recibir algún
tipo de prestaciones y eso ocurre en un país como este y en pleno siglo XXI. Por eso, el Parlamento de Navarra, ya en el año 2011 envió a esta Cámara esta propuesta legislativa. En aquel momento decayó porque estaba agotándose la legislatura.
Volvimos a esta Cámara en el año 2014, la defendimos y no salió adelante. Pero si algo somos los navarros es persistentes y por eso estamos aquí otra vez. Estamos aquí otra vez porque defender derechos, querer mejorar la igualdad, tratar de abolir
de nuestro ordenamiento jurídico todas esas cláusulas que son discriminatorias, en definitiva, tratar de mejorar la vida de muchos ciudadanos españoles bien merece ser persistentes.
Señorías, el artículo 14 de la Constitución dice que todos los españoles somos iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Es hora ya de que esa igualdad sea una igualdad real. Es hora de que nadie en este país sea discriminado por tener o por portar una enfermedad. Es hora de que dejemos de poner piedras en esa mochila que cargan en
su espalda las personas que sufren y que ya de por sí les pesa demasiado. Esta propuesta es una ley para eliminar barreras; es una ley para borrar de nuestra sociedad todo aquello que suene a discriminación, a estigmatización; es una propuesta
para mejorar la vida de muchos ciudadanos españoles. Esta proposición plantea añadir una disposición adicional al texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, aprobada por Real
Decreto Legislativo 1/2007, donde se establezca que serán nulas aquellas cláusulas que excluyan a una de las partes por tener VIH/sida. Además, pide al Gobierno que en el plazo de un año presente un proyecto de ley con estos mismo principios pero
aplicado a otras enfermedades en las que también suceda algo similar.
Por eso, señorías, esta vez les pedimos su apoyo; les pedimos su apoyo para evitar la discriminación, para buscar la igualdad; les pedimos su apoyo para que esta proposición de ley que hace de España un país más igualitario pueda salir
adelante.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra don Koldo Martínez Urionabarrenetxea.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE NAVARRA (Martínez Urionabarrenetxea): Muchas gracias, señora presidenta. (Comienza su intervención en euskera). Arratsalde on. Buenas tardes.
Soy portavoz parlamentario de Geroa Bai en el Parlamento foral, pero hoy vengo aquí representando también a Euskal Herria Bildu, a Ahal Dugu Podemos Nafarroa y a Izquierda-Ezkerra, cuatro fuerzas que, tras las elecciones de mayo de 2015,
fuimos capaces de hacer -y lo conseguimos- que la mayoría social de Navarra se viera representada en el Gobierno de Navarra, un Gobierno presidido hoy por Uxue Barkos, gracias a un acuerdo programático con el que pusimos fin a cuarenta años de
Gobiernos ininterrumpidos de Unión del Pueblo Navarro y, ocasionalmente, del Partido Socialista, que siempre ha sido cómplice necesario para esos Gobiernos.
Hoy deberían acompañarme aquí el portavoz parlamentario de Unión del Pueblo Navarro y la portavoz del Partido Socialista pero han preferido quedarse en Iruña para alzar sus voces contra la modificación de una ley, la Ley del vascuence -una
modificación que aprobaremos próximamente en el Parlamento foral-, que va a permitir que los ayuntamientos que por mayoría lo decidan puedan pasar de la zona no vascófona a la zona mixta y, por lo tanto, sus ciudadanos vean mejor respetados sus
derechos lingüísticos. Una modificación democrática, como cualquier modificación de una ley que se aprueba en un Parlamento y que para las fuerzas UPN, Partido Socialista y Partido Popular representa sectarismo e imposición y que para nosotros no
es más que democracia, ejercicio democrático.
Es verdad, como ha dicho el señor Sayas, portavoz de Unión del Pueblo Navarro, que esta es la tercera vez que se aprueba esta proposición en el Parlamento foral; es la segunda vez que se defiende aquí, en el Congreso de los Diputados, el
máximo órgano legislativo del Estado. Nosotros esperamos que a la tercera sea la vencida y den ustedes la aprobación a esta proposición. El señor Sayas ha explicado qué modificaciones proponemos. Una disposición adicional única que recoja la
nulidad e ineficacia de
determinadas cláusulas que excluyen a personas por el mero hecho de convivir con el VIH/sida y una disposición final en la que instamos al Gobierno de España a que, en el plazo de un año, elabore un proyecto de ley que recoja estos
principios y los haga también extensivos a personas con otras enfermedades, posiblemente sujetas en el futuro a estas exclusiones que en la actualidad se dan. Hemos considerado que esta proposición era necesaria porque es necesario erradicar del
ordenamiento jurídico todos los aspectos que dificultan la igualdad de oportunidades o que permiten o toleran discriminaciones injustas como las que sufren personas VIH positivas por el mero hecho de serlo. La reiteración de situaciones
discriminatorias en personas con VIH es constante. Está en juego no solo su derecho a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación, uno de los derechos más básicos, sino también el ejercicio de otros derechos tan importantes como el
derecho a la intimidad personal, el derecho al trabajo, el derecho a la libre elección de profesión, el derecho a la educación o el acceso a prestaciones tan importantes como los seguros privados, seguros de vida o seguros de enfermedad que, como
bien saben ustedes, son a la vez llave de acceso a otros derechos o, incluso, a créditos hipotecarios, etcétera. Sí, es verdad, los artículos 14 y 9.2 de la Constitución española protegen en cierta manera contra algunas discriminaciones, pero
consideramos que no son suficientes. En este momento necesitamos nuevos y mayores mecanismos de protección para las personas con VIH, porque no solo deben evitarse las discriminaciones que son fruto de una voluntad directa de excluir a personas con
VIH, o que se supone que tienen VIH, sino que también deben evitarse las discriminaciones derivadas de la inercia, la irresponsabilidad y la falta de previsión.
Señorías, señoras diputadas, señores diputados, ustedes tienen la última palabra.
Eskerrik asko.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por último, tiene la palabra la señora doña Nuria Medina Santos.
La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE NAVARRA (Medina Santos): Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.
Quiero empezar mi intervención felicitando a los movimientos sociales y a las ONG que trabajan en el ámbito de la prevención y con personas que tienen y que conviven con el sida. Desde luego, quiero felicitar de manera especial a las
asociaciones navarras SARE y Comisión Ciudadana Antisida, que fueron las que trasladaron esta demanda del colectivo al Defensor del Pueblo y que el Parlamento de Navarra tuvo a bien a recoger en una iniciativa legislativa.
Como ya han dicho mis compañeros, es la tercera vez que esta propuesta llega al Congreso de los Diputados y la segunda que acudimos desde Navarra a defenderla en este hemiciclo. Para nosotros y nosotras, para el Partido Socialista, lo que
persigue esta iniciativa bien merece intentarlo las veces que sean necesarias. Es un honor para mí y una gran oportunidad poder defender una proposición de ley que nos hace avanzar en derechos de ciudadanía, en concreto en los derechos de las
personas con VIH, y también en justicia social, siendo su objetivo acabar con toda discriminación por sufrir una enfermedad o un virus. Es un avance que en 2013 frenó el Partido Popular con el rodillo de su mayoría absoluta, demostrando, como en
tantas otras ocasiones, su falta de sensibilidad y su falta de creencia en la igualdad de derechos para todas las personas. El argumento que dieron entonces de que la igualdad ya estaba garantizada en la Constitución, obviamente, no es válido. Los
hechos nos muestran que la legalidad es una y la realidad, desgraciadamente, es otra. La realidad es con la que se encuentran las personas que van a contratar un seguro o cualquier otro producto financiero, es esa discriminación con la que se
encuentran miles de personas en nuestro país que se ven obligadas a declarar que tienen una enfermedad y que por eso, además, pueden ser discriminadas. A día de hoy, en pleno siglo XXI, la legislación permite esta discriminación, permite este trato
injusto, aunque parezca mentira.
Esta iniciativa hace mucho tiempo que debería haber sido aprobada y puesta en práctica. Es un paso más hacia la no discriminación de un colectivo especialmente señalado, un colectivo -las personas portadoras de VIH- que ha sufrido y sufre
un estigma social muchas veces invisible o poco conocido, pero existente. Si hoy conseguimos sacar adelante esta iniciativa, mejorará directamente la vida de estas personas y, sin duda, nos hará avanzar como sociedad porque acabar con cualquier
discriminación supone avanzar en una sociedad mucho más justa y mucho más igualitaria. Es importante también, como han comentado mis compañeros, mencionar que la disposición final cuarta que recoge la ley hace referencia a la extensión de la
nulidad de las cláusulas discriminatorias a otras enfermedades en las que a día de hoy la legislación permite un trato desigual, incluso una vez superadas. Por lo tanto, la propuesta
pretende ir más allá de acabar con la discriminación hacia un colectivo concreto porque lo que pretende es garantizar la igualdad de acceso a determinados productos contractuales o financieros para todas las personas o, lo que es lo mismo,
que puedan tener una vida exactamente igual a la de cualquiera de los que estamos aquí. Es cierto que esta vez la propuesta no cuenta con la unanimidad del Parlamento de Navarra, ya que los dos parlamentarios del PP se abstuvieron en la
tramitación. La verdad es que lo lamentamos porque nos hubiese gustado volver a traer esta propuesta con la unanimidad del Parlamento. Pero ojalá que hoy aquí el Partido Popular cambie el sentido del voto del no del 2013 y de esta abstención tan
poco comprometida. De cualquier manera, esperamos que las diferentes mayorías que hoy se pueden formar en este Congreso, en este hemiciclo, puedan permitir que esta iniciativa salga adelante y acabemos por fin con el trato injusto y discriminatorio
hacia miles de personas. En el siglo XXI debemos avanzar en derechos de ciudadanía y en igualdad porque discriminar a colectivos como estos es impedir una convivencia en condiciones de igualdad como ciudadanos y ciudadanas que somos de este país.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Alli Martínez.
El señor ALLI MARTÍNEZ: Muchísimas gracias, señora presidenta.
Señores diputados, buenas tardes. Compañeros parlamentarios de Navarra, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí presentes, siendo la voz de la gran mayoría del Parlamento foral, cosa que es de agradecer y hay que felicitarse porque en
muchas cuestiones sí que llegamos a acuerdos.
Señor Martínez, me voy a ceñir al asunto y no voy a aprovechar el tiempo, aunque también en parte lo entiendo por esa falta de representación que tiene su partido aquí. En cualquier caso, quiero decirle que es absolutamente esencial que lo
que el Parlamento foral ha aprobado por segunda vez en Navarra, hoy tenga la unanimidad de esta Cámara, no solamente por justicia social, sino también por eliminar cualquier discriminación, como ya han dicho mis compañeros de Navarra, para que no
perjudique a personas portadoras del VIH en cualquier acto jurídico. Por tanto, Unión del Pueblo Navarro, por coherencia, porque lo hizo en el Parlamento en marzo de 2011 y porque lo hizo aquí en mayo de 2014, va a volver a votar afirmativamente
esta proposición de ley que traen los parlamentarios del Parlamento foral de Navarra. También básicamente porque en la historia de nuestro partido, desde su fundación, siempre hemos tenido la sensibilidad y el compromiso social con las personas más
vulnerables, en este caso, lógicamente, con las personas portadoras del VIH.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Mixto, también tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: (Comienza su intervención en euskera).
Creo que ellos han dicho todo lo que había que decir, pero hay algunas cosas que quiero también dejar claras hoy. Desde Euskal Herria Bildu nos gustaría dejar claro que no entendemos que una proposición de ley que lo único que pretende es
que no se pueda discriminar legalmente a ninguna persona por ser portadora de un virus o una enfermedad, lleve seis años sin ser aprobada por este Congreso. En primer lugar, por la innecesaria obligación de tener que pasar por este trámite, en
lugar de que las instituciones navarras puedan decidir cómo defienden los derechos de la ciudadanía de su territorio. En segundo lugar, porque la tramitación de esta proposición de ley es el claro ejemplo de que la capacidad legislativa del
Parlamento navarro está sometida a los intereses del Estado, ya que cuando no es por haberse agotado o por estar a punto de agotarse la legislatura, lo es por la mayoría absoluta del PP que, abstrayéndose del apoyo unánime de las fuerzas políticas,
en aquella ocasión sí, representadas en el Parlamento, rechazó la misma en el Congreso.
Esperemos que la correlación de fuerzas en esta Cámara en la actualidad permita que esta proposición salga adelante, aunque esta vez no cuente con la unanimidad en Nafarroa, por cuanto que, como dice la misma y han defendido los
representantes del Parlamento navarro, estamos hablando de una cuestión de justicia social. Y es que es necesario tomar medidas legales para no añadir al drama personal y familiar que supone ser seropositivo el estigma social que todavía deben
padecer las personas portadoras del VIH. Ese estigma es social, pero avalado por la legislación actual, tangible cuando estas personas se ven
obligadas a declarar ser portadoras del virus y pueden llegar a ser discriminadas una vez lo hayan hecho. Aunque parezca mentira, aún se deben hacer cambios en la legislación para evitar que así sea. Igualmente, nos parece del todo
razonable establecer un plazo de un año para determinar cómo aplicar esta ley a otras enfermedades respecto a las que pudieran estar aplicándose los mismos efectos excluyentes y discriminatorios. Por tanto, como no cabe pensar de otra manera,
apoyaremos esta proposición del Parlamento navarro y esperamos que en un futuro cercano, sin la tutela de nadie, las instituciones navarras tengan todos los mecanismos en su haber para decidir sobre todas aquellas cuestiones que afectan a su
ciudadanía, ya que la sociedad navarra es madura para tomar sus propias decisiones.
Eskerrik asko.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta. (Comienza su intervención en euskera). Buenas tardes, señorías.
Esta es la historia de una proposición de ley que da más vueltas que un tiovivo. Es la tercera vez que viene, desgraciadamente, y hemos sido incapaces de darle una solución. No voy a repetir lo que ya han comentado tanto los parlamentarios
navarros como los dos compañeros que me han precedido en el uso de la palabra porque me da la sensación de que todos vamos a decir cosas parecidas, de que vamos a dar los mismos argumentos, aunque espero que el Grupo Popular no dé los mismos
argumentos que ha dado hasta ahora. Si lo hace, caeríamos en una especie de absurdo surrealista. En cualquier caso, esta proposición de ley se aprobó en el Parlamento navarro, se trajo y acabó la legislatura. Esa fue la primera vez. La segunda
vez se aprobó por unanimidad, pero aquí se rechazó. La mayoría absoluta del Partido Popular, una vez más, impidió que saliera adelante. Y hoy la traemos por tercera vez, porque el Parlamento navarro la ha vuelto a aprobar, pero esta vez con la
abstención del Grupo Popular, no sé si para prevenir lo que va a pasar aquí o como consecuencia de lo que ocurrió entonces. En cualquier caso, vuelvo a reiterar que el argumento que dieron no tiene ni pies ni cabeza.
No voy a repetir lo dicho por los compañeros, pero sí voy a recordar las palabras de la presidenta actual del Gobierno de Navarra, que hace tres años, como parlamentaria de Geroa Bai, subió a esta tribuna a defender esta proposición y dijo
que este tema tenía fuero y huevo, sobre todo porque tiene consecuencias. Es una proposición muy sencilla tanto en lo que se propone como en la forma para llevarla a cabo, pero las consecuencias del cambio que puede darse a raíz de esta
incorporación a la legislación son enormes y fundamentales, sobre todo para las personas que padecen el VIH. Se trata de no discriminar a las personas con sida. Con este cambio, en la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios, así
como en otras leyes complementarias, se pretende que las personas portadoras del VIH/sida tengan la garantía jurídica de que no van a ser discriminadas por ese motivo a la hora de adquirir ciertos productos financieros -seguros, contratos, etcétera-
con la Administración o con empresas privadas.
Independientemente de que, tal y como se ha dicho aquí, la Constitución española, en sus artículos 9.2 y 14, vela por la igualdad y la no discriminación, la realidad es otra. Se han permitido ciertas discriminaciones que eufemísticamente
hemos llamado cláusulas. A veces el lenguaje nos juega pasadas como esta y llamamos cláusula a lo que en otro contexto sería discriminación. Las personas que padecen la enfermedad del sida o que son portadoras de ese virus, que gracias al avance
de la ciencia de ser una enfermedad mortal ha pasado a ser una enfermedad crónica -se necesita medicación para toda la vida, pero ya no es mortal-, bastante estigmatización han sufrido durante toda su vida, bastante estigmatización social han tenido
y tienen todavía hoy por todo lo que ha rodeado a este virus, sus orígenes, etcétera, como para castigarlas doblemente con una legislación que no garantiza la no discriminación. No digo que la legislación discrimine, pero no garantiza la no
discriminación por medio de otra serie de productos, de contratos, de cláusulas que en ciertos momentos aparecen. Por eso queremos dar este paso gracias a la iniciativa del Parlamento de Navarra que, tal y como han explicado sus portavoces,
proviene de la iniciativa social, lo recogen los parlamentarios navarros y proponen esta modificación en la ley; una modificación que, aunque venga de Nafarroa, va a beneficiar a todos si se incorpora a la legislación general. Y una segunda
cuestión es la disposición final que proponen que se incluya: que no discrimine a otras enfermedades, que nadie pueda ser discriminado si tiene cáncer, diabetes u otras enfermedades. Por eso, le dice al Gobierno que en un año proponga una ley para
que todo eso quede reflejado.
Por último, quiero decir, en nombre de mi grupo, que nos hubiera gustado que las cosas que afectan a Navarra se pudieran decidir en Navarra, porque allí son soberanos y deben de decidir su futuro. Por
ahora lo tendremos que hacer aquí y espero que lo que hagamos aquí beneficie a todos y que hoy todos los grupos aprueben por unanimidad esta proposición de ley. Mi grupo apoyará esta iniciativa como lo ha hecho en Nafarroa y como lo hicimos
hace tres años también cuando en esta misma tribuna defendimos esta cuestión.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.
El señor ERITJA CIURÓ: Gracias, señora presidenta.
Representantes del Parlamento de Navarra, señorías, es muy desolador ver cómo, pese a los avances de la ciencia médica y el conocimiento que tenemos hoy de la enfermedad, una sociedad considerada avanzada como la nuestra continúa
estigmatizando y discriminando a las personas portadoras del virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Este es un tema que llevamos debatiendo desde hace más de treinta años. De hecho, el sida fue reconocido por primera vez por los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos en 1981 y su causa se identificó a principios de esa década. Por tanto, llevamos treinta años ya con un debate sobre lo que supone esta enfermedad y lo que conlleva. Después de más de
tres décadas de debate, todavía hoy circulan ideas equivocadas sobre el sida y la creencia de que se puede transmitir por contacto casual y no sexual. El VIH se contagia principalmente por sexo desprotegido, por transfusiones de sangre contaminada,
por agujas hipodérmicas y de la madre al niño durante el embarazo, parto o lactancia, pero, al contrario de lo que se suele creer, algunos fluidos corporales, como la saliva o las lágrimas, no transmiten el virus. Claro que se ha avanzado hasta
ahora y es evidente que gracias a los logros de la investigación médica hoy el sida ha dejado de ser una enfermedad mortal para ser una enfermedad crónica.
Por otro lado, son muchas las administraciones que han realizado esfuerzos para garantizar los derechos de los portadores. Cataluña y sus instituciones, por ejemplo, han estado siempre a favor de la defensa de los derechos sexuales y
reproductivos y contra el estigma relacionado con la epidemia del sida como eje de garantía social de los derechos y el desarrollo de las personas. Precisamente, en marzo de 2014 el Parlament de Catalunya aprobó por unanimidad el Acord nacional per
a fer front a l'epidèmia del VIH a Catalunya i contra l'estigma relacionat, un acuerdo impulsado de forma coordinada con el tejido asociativo de Cataluña en el ámbito del VIH/sida y, en concreto, con el Comitè 1r de Desembre, una plataforma unitaria
de ONG-sida de Cataluña que aglutina hasta veinticuatro entidades de todo el territorio. Por tanto, hay una verdadera voluntad desde algunas administraciones de trabajar en el tema.
Además, continúan los esfuerzos para adaptar el ordenamiento jurídico a la nueva realidad social. Como se ha comentado aquí, los esfuerzos tendrían que ser mucho más incisivos y, de alguna manera, la propuesta que se plantea es uno de
ellos. Es necesario incidir en aquellos ámbitos donde todavía hoy persiste la discriminación contra los portadores del VIH y, como propone el mismo texto, en todos aquellos aspectos que pongan trabas a la igualdad de oportunidades y promuevan la
discriminación por cualquier motivo en lo que respecta a las cláusulas discriminatorias contenidas en determinados contratos, negocios jurídicos, prestaciones o servicios en el ámbito privado. Son acciones que suponen todas ellas un avance, pero no
olvidemos que tienen como principal obstáculo la estigmatización y discriminación social, un factor que dificulta poder tratar con normalidad este tema. Onusida advertía ya en 2001 que el estigma relacionado con la infección por el VIH podía ser el
obstáculo más grande al cual se habrían de enfrentar las personas, las comunidades, los políticos y los líderes religiosos que trabajasen en la respuesta. Según Erving Goffman, pionero del estudio del fenómeno del estigma, el estigma es una marca
asociada a estereotipos negativos que lleva a hacer una distinción entre quienes lo tienen y los demás. Por lo tanto, no es un asunto nuevo. Las comunidades siempre han marcado a aquellos individuos que representan un riesgo para la supervivencia
de la mayoría. Por eso, la gente estigmatizada es diferenciada, subvalorada y aislada, y ese rechazo limita sus posibilidades de vida en términos de trabajo, vivienda, relaciones interpersonales e incluso de acceso a la salud. Hoy por hoy causa
tanto dolor al afectado por el virus sida el propio rechazo social como la propia enfermedad. Una estigmatización social que, como muy acertadamente recoge esta proposición de ley, afecta a diversos colectivos, como la salud mental, la propia
fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, por poner algunos ejemplos, o el mismo cáncer. Realmente hay muchos sectores y muchos colectivos que están afectados por esta estigmatización social. Precisamente la propuesta de modificación de la Ley
general para la defensa de los consumidores y usuarios plantea como segundo punto la adición de una nueva disposición final que determine la aplicación
de la ley a otras enfermedades respecto a las que se pueda considerar que se aplican los efectos excluyentes. Esto es un avance en sí mismo. Este segundo punto interpreta que hay una voluntad real de trabajar el fondo de la estigmatización
social sobre estas enfermedades.
Para ir terminando, quiero hacer una última reflexión. En una sociedad competitiva como la nuestra, donde se nos pide rendir al cien por cien, que no soporta el error y donde la empatía deja mucho que desear, la enfermedad e incluso la
propia muerte se perciben todavía como un fracaso personal y social. De hecho, lo que hoy se pide con esta propuesta -al igual que con otras por el estilo- es un cambio en los patrones culturales que definen nuestra sociedad y, por lo tanto, detrás
hay un reto importantísimo. La estigmatización social hace pervivir un modelo social caduco para las necesidades sociales que hoy tenemos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Martín Llaguno.
La señora MARTÍN LLAGUNO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, me gustaría comenzar dando la bienvenida a los representantes del Parlamento de Navarra, lugar donde precisamente hace veinte años me encontraba yo desarrollando mi tesis doctoral sobre el tema que vamos a tratar en el día de hoy,
sobre el VIH/sida. Era finales de los noventa y por aquel entonces yo quería analizar qué estaban haciendo los medios de comunicación para normalizar un problema que entonces se había enmarcado con un gran estigma social.
La historia del VIH/sida en los países occidentales comienza en los ochenta, a partir de la consulta de un misterioso cuadro clínico en el CDC de Atlanta que en poco tiempo sale publicado tanto en The New England Journal of Medicine como en
la revista JAMA, que cometen el error de decir que hay unos ciertos colectivos con un gran riesgo ante un nuevo virus. Estos artículos científicos pasaron a prensa nacional muy pronto; en el año 1983 The New York Times sacaba su primera portada y
en 1986 -todos los recordarán- Rock Hudson hacía su declaración sobre la seropositividad. Fue importante porque a partir de ahí se puso en marcha el Plan global del sida. Yo creo que el VIH/sida ha sido un problema de salud privilegiado y voy a
decir por qué, porque pocas cuestiones sanitarias han conseguido permanecer durante tanto tiempo en los medios de comunicación y ha logrado a través de ellos tanta resonancia y un impacto social tan grande. Pero lo mismo que ha tenido algunas
ventajas ha tenido algunas desventajas, porque es verdad que el sida se enmarcó inicialmente con un gran estigma social, un estigma que ha costado y sigue costando muchísimo eliminar, aunque se haya puesto mucho empeño en ello. No sé si se acuerdan
de aquellas campañas que se hicieron de 'El sida es cosa de todos' y el 'Póntelo, pónselo' que tuvimos hace ya casi veinticinco años, o de Philadelphia, una película que probablemente hoy no tendría lugar.
El sida ha tenido una importante presencia en las agendas públicas en las décadas pasadas, y es verdad que hoy las administraciones parecen pasar de puntillas sobre un asunto que, sin embargo, sigue estando de rabiosa actualidad. Quiero
recordar hoy que España es el país de Europa donde más infecciones por VIH se han producido en el año 2015 y que el número de contagios en nuestro país ha aumentado a una velocidad de 1,5 %. Un número alto de ciudadanos todavía hoy no sabe que está
infectado por VIH, pero lo más grave es que quienes lo saben se tienen que enfrentar a barreras de acceso y a una estigmatización tan grave como la que hoy se nos presenta con esta modificación. Ni qué decir tiene que Ciudadanos, que es un partido
liberal, siempre combatirá cualquier tipo de discriminación, la que tenga lugar por género, por sexo, por raza, por religión y, por supuesto, por motivos ideológicos. Nos parece una flagrante injusticia que se sigan manteniendo estas cláusulas en
contratos privados, pero más injusto nos parece que se sigan manteniendo estas cláusulas de exclusión en contratos que publican las administraciones públicas. (Aplausos). Los portadores de VIH tienen problemas para acceder al Cuerpo Nacional de
Policía, a bomberos, a guardias civiles, porque todavía sigue habiendo cláusulas de exclusión por motivos de la seropositividad. Y, señores del Parlamento navarro, háganselo mirar, porque traigo aquí la convocatoria de la Policía Foral del día 28
marzo de este año donde esas cláusulas estaban presentes. (Aplausos). Por tanto, no sé si estamos haciendo un acto de cinismo o un acto de justicia social.
Estas cláusulas abusivas han sido denunciadas por colectivos de afectados, como Cesida, Felgtb, USO, y nosotros hemos redactado una PNL para que se erradiquen urgentemente. Y mañana mismo vamos a enmendar una proposición que plantea el
Grupo Socialista sobre la diabetes para poder erradicar estas cláusulas en los contratos públicos. Espero que todos ustedes mañana apoyen a mis compañeros en la
Comisión de Sanidad, como nosotros vamos a hacer hoy con la proposición de ley que se presenta ante esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Santos Itoiz.
El señor SANTOS ITOIZ: Mila esker, lehendakari andrea. Ongi etorri. (Empieza su discurso en euskera).
Un caluroso saludo a mis antiguos compañeros del Parlamento de Navarra. Hoy nos trae un debate muy interesante, que es esa dicotomía entre igualdad y mercado, muestra también de la pujanza de lo que es la sociedad civil navarra. Ya se ha
comentado aquí que se traía por iniciativa de la Comisión Antisida y de SARE, a los que quiero agradecer su trabajo de tantos años con las personas afectadas por el VIH.
Decía Amartya Sen, premio Nobel de Economía, que lo importante de todos los indicadores económicos y sociales son las capacidades -más allá de lo que haya en la ley positiva, la capacidad de una persona de obrar según sus necesidades y de
desarrollarse según ellas- y por lo tanto que un Gobierno debe ser juzgado en virtud de las capacidades concretas que pueden desarrollar los ciudadanos que están bajo ese Gobierno. Esto ponía el acento en la libertad positiva, en la libertad de
obrar, frente a la libertad negativa, que es la de prohibir. Si ponemos dos ejemplos concretos, él decía que en Bengala, que era su tierra natal, nadie prohibió comprar comida a los campesinos; los campesinos tenían libertad de obrar. Ahora bien,
otro premio Nobel, Churchill, al que mucha gente le gusta nombrar en esta Cámara, dijo que esos alimentos mejor los tenía el Estado británico, por si acaso los japoneses invadían Birmania y Bangladés. Los campesinos se murieron de hambre, eso sí,
con toda la libertad de obrar posible que podían tener en aquel momento. (Aplausos). Digamos que Churchill se cuidó bastante de olvidar este episodio en sus Memorias, que, por otra parte, también recibieron el Premio Nobel. Hoy va de nobeles.
Podemos hablar de otros ejemplos recientes. Nadie prohíbe formalmente la libertad de expresión en España, pero están la Ley mordaza o el Código Penal y, si dices algunas cosas, a lo mejor tu capacidad de obrar no es toda la que debiera. Por lo
tanto, la libertad es una palabra tan excesivamente grande como para que nos fijemos muchas veces en el pie de página; y ese pie de página, muchas veces, es la letra pequeña escrita al dorso de algunos contratos y que, en realidad, discrimina a las
personas, en este caso, que tienen el VIH.
Con el VIH hay una cuestión muy clara; creo que en este aspecto, como en pocos, con esta enfermedad se ha traducido un pensamiento muy medieval, el de 'algo habrá hecho'. Cuando tenía catorce años, yo escuché en mi casa que alguien decía:
la naturaleza siempre se venga cuando hacemos las cosas incorrectamente. Estaba asociado al concepto del pecado y algo de esa estigmatización ha seguido funcionando, a pesar de que todos los avances médicos lo que nos están demostrando es que es
una enfermedad crónica como cualquier otra. Sin embargo, el mercado -esa mano invisible- sigue discriminando a estas personas, que es lo que nos cuenta la gente que trabaja con ellos. Si queremos mirar y queremos ver, tenemos que hablar con las
personas que directamente están en esta situación, y nos dicen, sencillamente, que tienen muchas dificultades para acceder a bienes o servicios cuando resulta que otras personas no tenemos por qué preguntarnos si tenemos alguna dificultad. Esto
pasa mucho, por ejemplo, cuando queremos pedir una hipoteca, ya que muchas veces nos obligan a tener un seguro de vida; y para tener un seguro de vida, nos obligan a declarar si tenemos algún tipo de enfermedad; con lo cual, muchas veces se
plantea el curioso dilema de que si te quieres comprar un piso tienes que no decir la verdad -vamos a llamarlo así- en el cuestionario que te pasan, arriesgándote a que después tu seguro de vida o de enfermedad sea declarado nulo. Con lo cual,
curioso dilema el que se plantea y que es el que motiva esta iniciativa del Parlamento de Navarra, que lo que pretende es poner el acento en la capacidad de obrar.
Nosotros sabemos -porque lo sabemos- que el hecho de poner esto en la ley no va a generar que, de un plumazo, desaparezcan todas estas discriminaciones que nos han hecho llegar y que están en el día a día de estas personas afectadas. Pero
como Administración pública, creo que es un paso en la buena dirección, es un paso ético, es un paso en la justicia social y, sobre todo, es un paso ejemplificador de lo que tienen que hacer los agentes que actúan en el mercado, que es no
discriminar a la gente por razón de, en este caso, su salud. Por lo tanto, ese paso hay que darlo. Igual esa letra pequeña de los contratos, con esto, se va haciendo un poquito más grande. Sencillamente, es el paso en la dirección correcta para
seguir ampliando las capacidades de todas las personas.
Nada más. Mila esker anitz (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Fernández Díaz.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ (don Jesús María): Buenas tardes.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida a los compañeros del Parlamento Foral de Navarra que hoy nos acompañan para debatir por tercera vez esta proposición de ley. Bienvenidos y qué pena, señor Martínez, escucharle a usted algunas cosas
que ha dicho. La portavoz del Partido Socialista de Navarra está hoy en Navarra, precisamente defendiendo la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público de todos los navarros; esa que ustedes están cercenando con los decretos y la
manera de gobernar que tienen. (Aplausos). Qué pena que usted, que trató de venir a este Congreso como representante de los navarros y los navarros le denegaron la confianza, haya aprovechado estos cinco minutos para hacer publicidad del Gobierno
que ustedes llaman del cambio, que es un gobierno del cambiazo, y usted lo sabe bien porque se lo hemos dicho en el Parlamento Foral de Navarra. Es un Gobierno que continúa la misma línea de los Gobiernos anteriores de UPN, tratando de hacer chocar
identidades de navarros y navarras, unos contra otros y que en lugar de dedicarse al cambio económico y social -que es para lo cual el Partido Socialista de Navarra les ha ofrecido la mano y ustedes se la han retirado-, ustedes continúan con este
Gobierno de choque de identidades. Ojalá cambien y el Partido Socialista de Navarra pueda ser parte de ese cambio social y económico que necesita Navarra.
Ciñéndonos al tema de la proposición de ley, que es absolutamente imprescindible, es una iniciativa de hace seis años del Partido Socialista de Navarra en el Parlamento Foral de Navarra que hoy viene de nuevo a este Congreso y que es tan
necesaria como entonces. Es verdad que se ha avanzado muchísimo en la lucha contra el sida desde hace treinta y cinco años cuando se identificó el primer caso en España en el año 1981, convirtiendo lo que antes era una enfermedad letal en una
infección crónica que permite a las personas seropositivas tener una vida absolutamente normalizada. Fíjense, la esperanza de vida de las personas VIH positivas en el año 1990 era cuarenta años inferior a la de una persona no seropositiva; hoy la
diferencia de expectativas de vida entre una persona seropositiva es inferior a cinco años respecto de una persona no seropositiva. Les quiero recordar que la diferencia en la esperanza de vida entre una persona que fuma y otra que no fuma es de
trece años. Por tanto, no se justifica que sigamos manteniendo en la legislación discriminaciones por razones de seropositividad o no que, como digo, tampoco se justifican por sus riesgos a enfermar o a morir, además de que es una discriminación
contra cualquier tipo de persona absolutamente insostenible.
Quiero también referirme y agradecer la lucha contra la discriminación y la estigmatización de las personas con VIH que han hecho asociaciones como la Comisión Ciudadana Antisida, como asociaciones de pacientes y plataformas también de
hepatitis C que hoy nos acompañan y a las cuales quiero agradecer su presencia hoy en esta Cámara porque la lucha que han llevado por la igualdad de las personas seropositivas o con cualquier otro tipo de enfermedad es impagable. Además de negarse,
como ya se ha dicho en esta tribuna, el acceso a determinados tipos de contratos o de instrumentos financieros, hoy se está negando por razón de la condición de seropositividad o por la situación de enfermedad el acceso al empleo público. Por eso,
el Grupo Socialista presenta mañana para debatir y espero que aprobar en la Comisión de Sanidad una proposición no de ley para eliminar la diabetes. Nosotros también vamos a incorporar, porque ya lo hemos hecho en otra proposición no de ley, la
condición de seropositividad y cualquier otra enfermedad que no justifique que se esté utilizando como una causa de exclusión en el acceso al empleo público.
Esta proposición de ley viene por tercera vez, ya se ha dicho; vino en 2011 y en 2013. En 2013 recibió el voto contrario del Grupo Popular. Por eso hoy es de justicia, con el cambio de mayorías que tiene este Congreso, que saquemos esta
ley adelante, una ley que afecta a millones de personas porque -también se ha dicho- no solamente afecta a los pacientes con VIH, sino también, según la solicitud que se hace de un proyecto de ley, a personas con otro tipo de enfermedades. Son
150.000 las personas seropositivas de VIH, pero son también 400.000 las personas seropositivas de hepatitis C; son 5 millones largos de personas las que tienen diabetes y otros 5 millones las personas con intolerancia a la glucosa, y así podríamos
seguir hablando de personas que, por razón de su enfermedad o de su perfil de riesgos, hoy son discriminadas en el acceso a determinados instrumentos financieros, como un seguro de salud o un seguro de vida, que no solamente son necesarios para
cubrir sus incidencias sanitarias sino también para acceder a otro tipo de préstamos como los hipotecarios o los personales.
Ojalá esta vez podamos resolver esta situación de discriminación, justamente ahora que estamos viendo cómo el presidente Trump en Estados Unidos está tratando de sepultar la reforma del presidente Obama que, entre otras cosas, eliminaba la
condición de tener una enfermedad para el acceso a un seguro de salud; hoy, cinco meses después de comenzar a gobernar, el presidente Trump está tratando de sepultar la reforma del Obamacare. Este mes se cumplen también, señorías del Partido
Popular, cinco años de su real decreto-ley, el decretazo sanitario, aquel que ustedes, como el presidente Trump, tardaron cinco meses, desde que entraron en el Gobierno en diciembre de 2011 hasta abril de 2012, en aprobar para cercenar muchos de los
derechos sanitarios y para privatizar la sanidad. (Aplausos). Nosotros queremos decirles, y que ustedes se lo digan a la ministra de Sanidad, que hoy no está presente aquí, que, dado que ella dice que quiere sacar el pacto de Estado por la sanidad
de la lucha entre partidos políticos, la sanidad sí entiende de ideologías, que cuando el Partido Popular gobierna los derechos sanitarios se cercenan y la sanidad se privatiza y cuando el Partido Socialista gobierna los derechos se consolidan y la
sanidad pública se fortalece. Por eso les decimos también que estamos esperando la llamada del Ministerio de Sanidad al Partido Socialista para debatir y llegar a acuerdos en materia de sanidad y también estamos esperando que de una vez por todas
el Ministerio de Sanidad convoque ese Consejo Interterritorial de Sanidad, después de cinco meses de Gobierno, que le están reclamando todas las comunidades autónomas, igual que les pedimos que retiren los recursos de inconstitucionalidad a muchas
de las leyes autonómicas socialistas que tratan de defender los derechos de todos a una sanidad pública y de calidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Romero Rodríguez.
La señora ROMERO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar, quiero saludar a los representantes del Parlamento de Navarra que han venido hoy a defender este texto. En segundo lugar, procedo a explicar y aclarar algunas cuestiones sobre la dilatada tramitación, porque ya en
la propia exposición de motivos de la norma se dice que esta es larga y tortuosa. Esta ley fue aprobada por el Parlamento de Navarra el 24 de marzo de 2011 con el voto en contra de Nafarroa Bai, cuyo representante y algunos de los que estaban en
esa coalición están en grupos hoy aquí presentes. También fue debatida en el Congreso el 6 de mayo de 2014, rechazada con el voto en contra de mi grupo. Posteriormente fue debatida en el Parlamento de Navarra de nuevo el 14 de marzo de 2013 y el
19 de enero de 2016. La primera ley aprobada por el Parlamento de Navarra fue presentada por el Grupo Socialista, que, pese a que había dictado como Gobierno de España el Real Decreto-ley 1/2007, con el texto refundido de la Ley de Consumidores y
Usuarios, pretendía modificarlo vía Parlamento de Navarra. Vía extraña la que eligió en aquel momento el Partido Socialista para debatir una modificación del real decreto, el Parlamento de Navarra, respetando absolutamente sus competencias y sus
fueros. Pero ya que lo dictaron desde el Gobierno de España lo podían modificar desde el Gobierno de España, porque tuvieron muchísimo tiempo. De hecho, se debate en Navarra el 24 de marzo de 2011 y no es sino hasta diciembre de 2011 cuando nos
dejan el Gobierno. Posteriormente, con el Gobierno del Partido Popular, se vuelve a modificar, el 27 de marzo de 2014, el texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios y se debate aquí la Ley 3/2014, y de nuevo el Grupo Socialista considera
que esta Cámara no tiene necesidad de debatir sobre este tema y no lo trata como enmienda ni lo introduce en el texto, pese a que lo había defendido previamente.
La tercera cuestión a la que me referiré es el centro del tema. Esta proposición de ley tiene un hecho constante, y es que las personas que están afectadas por VIH y sida están siendo discriminadas por las compañías de seguro de vida, salud
o asistencia sanitaria, que establecen barreras ilegales e injustas que les impiden el acceso en igualdad de condiciones a determinado tipo de contratos. Nosotros manifestamos claramente nuestro rechazo porque entendíamos que la regulación aprobada
en marzo, apenas dos meses antes de que se planteara esta ley aquí en el Congreso, daba cobertura suficiente; de hecho, los artículos 82 y 86 del texto refundido de la Ley general de defensa de los consumidores y usuarios, considera nulas por
discriminatorias e ilegales las cláusulas abusivas que limiten los derechos del consumidor y usuario, y recoge el derecho a no ser discriminado por razón de su enfermedad tal y como consagra la Constitución española en su artículo 14. Y como
correlato también tiene su sanción que, con las competencias que tiene el Gobierno de Navarra son las que puede aplicar en aquellos contratos en los que se incumplan dichas cláusulas. Entendimos que cuando algo es abusivo y manifiestamente nulo no
precisaría de petición y aclaración expresa para declararlo. Sin embargo, hoy se ha reiterado aquí por todos los grupos, y dicen que es práctica reiterada y así lo he escuchado yo de la Asociación Adara de mi provincia de Sevilla, que en la
práctica, por algún subterfugio, con la Ley 3/2014 no se sienten amparados y se encuentran con la problemática de facto de que tienen barreras de acceso a derechos en los que jamás deberían haber sido discriminados: desigualdad por enfermedad.
Algo sumamente injusto e inconstitucional.
Vamos a apoyarla, aunque nos sigue generando dudas su segunda parte. El objetivo de plantear una lista cerrada de enfermedades de las que puede considerarse que producen los mismos efectos excluyentes en las relaciones jurídicas, podría
volvernos a esta misma situación. Estaríamos excluyendo a hipotéticos futuros afectados de enfermedades que puedan sobrevenir. El sida fue la pandemia del siglo XX. Esperemos que no haya ninguna, pero si no tenemos contempladas en la ley las
posibles pandemias del siglo XXI, es claro que no podemos establecer listados cerrados porque lo que es nulo y abusivo está claro que discrimina, y convendrán conmigo en que sería de nuevo paradójico encontrarnos aquí con una nueva ley cada cierto
tiempo que dé cobertura a nuevos supuestos abusivos y nulos por ir en contra del principio de no discriminación y la igualdad que nunca, nunca deberían recogerse en cláusulas contractuales.
Estimamos que la solución para todas las personas que se encuentran injustamente discriminadas es el amparo de la ley y la Constitución. Que no se busquen huidas y resquicios puesto que todos defendemos la igualdad y la no discriminación.
Señorías, por ello les pido a todos una reflexión. Si todos los que estamos aquí representando a las distintas circunscripciones de España, a todas las personas con sus diferentes ideologías, tuviéramos un mismo convencimiento como el que tiene mi
grupo de que en democracia la norma es la garantía y también el límite, y algunos, en vez de apoyar este principio, no aplaudieran sus incumplimientos, quizás seríamos mucho más útiles a la sociedad dando cumplido ejemplo con nuestro comportamiento
y evitando situaciones de desamparo y reedición de normas que obliguen a cumplir las normas, que es lo que hoy está pasando en esta Cámara pese a toda lógica jurídica.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En nombre de la Cámara deseo dar las gracias al señor Sayas, al señor Martínez y a la señora Medina por sus intervenciones.
Muchas gracias.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 14/2010, DE 5 DE JULIO, SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS Y LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EN ESPAÑA. (Número de expediente 122/000084).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se modifica la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las
infraestructuras y los servicios de información geográfica en España.
Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Acedo Penco.
El señor ACEDO PENCO: Señora presidenta, señorías, la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España, se dictó con el objetivo de fijar normas generales en dicho ámbito orientadas
a facilitar la aplicación de políticas basadas en la información geográfica por las administraciones públicas y el acceso y utilización general de este tipo de información, especialmente en las políticas de medio ambiente o actuaciones que puedan
incidir en él. Tras la promulgación de esta ley la Comisión Europea solicitó información adicional en relación con la transposición de la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece la
infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea a la legislación española. Sobre la base de dicha información, se ha considerado conveniente realizar cambios legislativos en algunos artículos de la ley que nos ocupa. Las
modificaciones van orientadas a puntualizar algunos artículos de dicha ley, al objeto de que cumplan con la plena transposición de la directiva europea mencionada. Se actualiza la definición de la infraestructura de información geográfica como la
infraestructura de datos espaciales con una estructura virtual en red integrada por datos georreferenciados y servicios
interoperables de información geográfica, distribuidos en diferentes sistemas de información accesibles vía Internet, que incluya las tecnologías de búsqueda y acceso a dichos datos, las normas para su producción, gestión y difusión y los
acuerdos sobre la puesta en común, acceso y utilización entre sus productores y entre estos y los usuarios. Las administraciones públicas deberán garantizar que todos los datos geográficos y los correspondientes servicios de información geográfica,
incluidos los códigos y las clasificaciones técnicas, se pongan a disposición de las autoridades públicas o de terceros, de conformidad con las normas de ejecución dictadas por la Comisión Europea.
Señorías, en relación con esta proposición de ley debe señalarse, en primer lugar, que sin duda una de las razones a las que obedece es completar, a juicio de la Comisión Europea, la insuficiente transposición que la Ley 14/2010 hizo de la
directiva europea ya mencionada, pero a nuestro juicio la verdadera importancia reside en afirmar que esta modificación que ahora se impulsa viene a cerrar, completar y perfeccionar un instrumento legal que ha sido trascendental en la conceptuación,
implementación y desarrollo de la producción de la información geográfica en nuestro país, como por otra parte la aplicación de la directiva lo ha sido a nivel regional en toda la Unión Europea.
La ley que con esta iniciativa parlamentaria quiere modificarse persigue -y en buena medida ya está conseguido- que se cree a nivel nacional una red integrada por datos geográficos, por tanto georreferenciados y servicios interoperables de
información geográfica, que con un mínimo de protocolos y especificaciones normalizadas sea accesible vía Internet. La trascendencia de esta afirmación cobra mayor visibilidad si señalamos que todos los organismos del Estado, de las autonomías y de
las administraciones locales que producen y usan datos geográficos están ya modificando desde hace algunos años sus sistemas de producción de información geográfica para hacerlo atendiendo a las mismas normas de ejecución con las que, en aplicación
de la Ley 14/2010, nos estamos dotando.
Les voy a poner algunos ejemplos, señorías. La Dirección General del Catastro en la definición y georreferencia de las parcelas catastrales rústicas y urbanas; la Dirección General del Agua, las confederaciones hidrográficas o el Fondo
español de garantía agraria en áreas tan esenciales como los mapas de cuencas hidrográficas o de zonas inundables o la gestión de ayudas europeas a la agricultura; también las instalaciones, redes e infraestructuras de transporte, incluyendo
carreteras, ferrocarril y transporte aéreo; asimismo la gestión de las emergencias o los asentamientos de población y sus referencias censales y otros muchos ejemplos, señorías, son algunas de las áreas en las que las distintas administraciones
públicas aplican de manera organizada las directrices de la fórmula europea a través de esta ley.
Ni qué decir tiene que todos los organismos del Estado consultados en el trámite de modificación legal que ahora se pretende han colaborado y participado en su redacción, como también lo han hecho todas las comunidades autónomas que están
presentes en el Consejo Superior Geográfico a través de sus órganos colegiados y, finalmente, el propio Consejo de Estado. En definitiva, como resumen de lo anterior, debe afirmarse que la proposición de ley por la que se modifica la Ley 14/2010,
de 5 de julio, es necesaria y urgente para mejorar y completar la transposición de la directiva europea correspondiente y cumplir así el mandato de la Comisión Europea, pero también, y sobre todo, para contribuir a que las administraciones públicas
españolas estén dotadas de un marco legal soporte de unas infraestructuras y unos servicios de información geográfica que son referencia en el ámbito europeo.
En cuanto a los aspectos jurídicos de la proposición de ley que nos ocupa, quiero recordar brevemente que en enero de 2013 la Comisión Europea señaló al Reino de España que algunas disposiciones de la directiva se han incorporado de forma
incompleta o no se han incorporado al ordenamiento jurídico español. En consecuencia, el Ministerio de Fomento propuso modificar esta ley y elaboró un anteproyecto de ley que se adapta a las exigencias de la Comisión Europea. Señorías, la
propuesta de modificación afecta a los siguientes cinco artículos: el artículo 2, relativo al ámbito subjetivo de aplicación, que se modifica para incluir el concepto de tercero; el artículo 3, relativo al ámbito objetivo de aplicación por el que
se define el concepto de infraestructura de información especial, se modifica para incluir en la definición la obligación de que los mecanismos, procesos y procedimientos sean puestos a disposición, de conformidad con lo exigido en la directiva; el
artículo 4, relativo a las funciones en relación con las infraestructuras de información geográfica de España, en este caso se modifica con la finalidad de incluir dos nuevas funciones que corresponderán al Consejo Superior Geográfico; el apartado
2 del artículo 6, relativo a las normas a cumplir en el establecimiento de infraestructuras y servicios de información geográfica, se modifica al objeto de incluir la distinción relativa a datos y servicios recogidos recientemente y ampliamente
reestructurados y, además, se añade una referencia a otros datos espaciales existentes
aun utilizados; por último, el anexo I, denominado información geográfica de referencia, que refunde los anexos 1 y 2 de la directiva europea, se modifica para incorporar la definición relativa al sistema de cuadrículas geográficas.
Señorías, España adquirió un compromiso con la Unión Europea de incorporar al ordenamiento jurídico las modificaciones de esta ley. El incumplimiento del plazo comprometido con la Comisión Europea derivaría en la incoación de un
precontencioso con un posible recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La propuesta de modificación de esta ley ha cumplido todos los trámites legales para modificar una norma con rango de ley. La propuesta elaborada por el
Instituto Geográfico Nacional fue sometida a audiencia de las comunidades autónomas, de la Federación Española de Municipios y Provincias y de la comisión permanente del Consejo Superior Geográfico. Asimismo, como ya he mencionado anteriormente, se
sometió a informe de todos los organismos del Estado; de ellos, emitieron informe sin formular observaciones los ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia, Interior, Empleo, Fomento y Educación. Por su parte, los ministerios de Industria y de
Hacienda formularon observaciones que han sido atendidas. Además, esta modificación ha sido informada favorablemente por la Dirección General de Coordinación de Competencias de las comunidades autónomas y las entidades locales.
Por último, el Consejo de Estado en pleno emitió dictamen preceptivo sin observaciones. Por tanto, señorías, los compromisos adquiridos con la Unión Europea obligan a modificar la Ley 14/2010, de 5 de julio, en los términos incluidos en
esta proposición de ley. Pero, sobre todo, y como he dicho anteriormente, y ya termino, señorías, es necesaria y urgente para contribuir a que las administraciones públicas españolas estén dotadas de un marco legal y tengan unas infraestructuras y
unos servicios de información geográfica que sirvan de referencia en el ámbito europeo.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.
El Grupo Popular plantea una proposición que actualiza la ley vigente en España sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica. Es una ley de apenas siete años, pero que precisa ajustarse a una directiva europea por la
que se establece la infraestructura e información espacial aInsPair. Estos ajustes pueden sonar a parche, pero cabe entender que los avances tecnológicos obligan a cambios y es incluso posible que reabran algunas discrepancias en materia
competencial porque, de hecho, ya se plasmaron durante los debates de la tramitación de esta ley en el Congreso y en el Senado.
Estamos ante un texto legislativo sobre aspectos muy especializados que se aprobó en 2010 y que ahora hay que modificar para que España se adapte plenamente a los mecanismos de información geográfica establecidos por la Unión Europea. Esto
tiene especial importancia porque equivale a disponer de datos relevantes para poder adoptar decisiones, tomar medidas y realizar actuaciones que inciden directa o indirectamente sobre el medio ambiente o sobre las infraestructuras.
La proposición del Grupo Popular defendida por el señor Acedo supone, en todo caso, una mejora legislativa que desarrolle y modernice en el siglo XXI la cartografía como servicio público. En España este servicio tiene como fecha de
referencia la de septiembre de 1880 con la fundación del Instituto Geográfico Nacional, un organismo que se creó siendo ministro de Fomento el polifacético José Echegaray, que años después sería el primer español en ser investido con un premio
Nobel, en este caso el de Literatura. Las modificaciones que se proponen son necesarias no solo porque estamos obligados a acomodarnos a las directivas europeas, sino que los servicios de información geográfica son de enorme utilidad para el
desarrollo económico, el medio ambiente, el urbanismo, el tráfico, etcétera, y con estos cambios se favorece su combinación y compatibilidad para hacer esta información mucho más operativa en una materia en la que, bien utilizada, se consiguen
aprovechamientos y beneficios económicos muy sustanciales tanto por incrementos productivos y mejoras en la gestión, caso de la forestal, como por ahorros en la planificación de los sistemas e infraestructuras de transporte.
Votaré favorablemente esta proposición.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Mixto también tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.
Intervengo muy brevemente desde el escaño para anunciar nuestro voto favorable a esta proposición de ley. También quiero expresar nuestro apoyo a las modificaciones a la Ley 14/2010 sobre infraestructuras y servicios de información
geográfica en España con motivo de la transposición de la Directiva 2/2007 y de esas correcciones que yo creo que tan acertadamente se han descrito. En todo caso, deseo que en la tramitación de esta norma no se pierdan las señas de identidad de la
Ley 17/2010. Es decir, que mantenga su carácter nacional en todos aquellos aspectos que recoge la norma y que afectan a la información geográfica de España como país, todo aquello que la norma ofrece, garantiza y regula, esperando que los
particularismos que algunos siempre alegan para separar, en este caso, aunque sea desde el punto de vista de la geografía de este país, no sirvan para que la ley deje de cumplir su función de información de una manera conjunta y unitaria o puedan
llegar hasta invalidar su eficacia precisamente por compartimentar la información que presenta.
Aunque parezca una norma menor, más allá de las quimeras secesionistas de algunos, hoy podemos insistir en la realidad física, geográfica, administrativa y política de nuestro país; es decir, hoy toca reivindicar que somos un país y una
única nación. Debemos afirmarlo con normalidad, aunque sea de manera silenciosa, en un debate como este en el que se aprobará una norma que así lo recoge con total naturalidad. En todo caso, yo citaría algunas expresiones que contiene la norma:
conectividad, interoperabilidad, integración, acceso común, información compartida, armonización, redes integradas, puesta en común de los acuerdos. Son expresiones que se recogen en la norma y que se aplican a esta materia, pero que bien podrían
aplicarse a otras muchas materias de interés común. En todo caso -termino, señora presidenta-, tanto las redes nacionales geodésicas como el sistema oficial de coordenadas, el sistema de cuadrículas, la toponimia del nomenclátor geográfico básico,
las delimitaciones territoriales inscritas en el Registro Central de Cartografía o el propio Inventario Nacional de Referencias Geográficas Municipales mantendrán su naturaleza y sus funciones a pesar de los cambios que vamos a operar. Con ese
espíritu y con esa garantía, señora presidenta, votaremos a favor.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora presidenta.
Lo cierto es que yo he venido aquí a hablar de una proposición hecha con el objeto de modificar la Ley 14/2010 para que se cumpla de forma plena la transposición a la legislación española de la Directiva 2007/2/CE. Esa modificación afecta,
como ya ha manifestado el ponente, a diferentes apartados: al apartado 5 del artículo 2 para definir el concepto de tercero; al apartado 3.1 para otorgar una nueva redacción a la definición de infraestructura e información geográfica; al apartado
4.2, relativo a las nuevas funciones del Consejo Superior Geográfico; al apartado 6.2, relativo a normas técnicas de interoperabilidad y armonización de datos geográficos y, finalmente, al apartado 1 del anexo I, relativo a la información
geográfica de referencia.
Iba a decir -lo sigo diciendo- que en su día el Grupo Vasco votó en contra de la Ley 14/2010 por entender que tenía un afán centralizador y ahora estas modificaciones, aunque sean pequeñas, no hacen sino agravar aquello al hacer mención a
nuevas competencias del Consejo Superior Geográfico y a las capacidades de armonización de datos. Decía que de esto es de lo que iba a hablar y luego de algunas cuestiones relacionadas con la tramitación porque entendía que había determinados
defectos que había que solucionar. Sin embargo, me ha sorprendido enormemente la intervención del portavoz del Grupo Popular en relación con este asunto, pues no ha hecho más que poner negro sobre blanco la evidencia de una sospecha. La propia
exposición de motivos dice que la modificación se debe a que posteriormente a la promulgación de esta ley, la Comisión Europea solicitó información adicional en relación con la transposición de la directiva y precisamente al darse dicha información
se consideró conveniente realizar cambios legislativos en algunos artículos de la Ley 14/2010. Siendo esto así, es una cuestión que debiera haber llevado al Gobierno a hacer una proposición de ley, puesto que es al Gobierno a quien corresponde
poner en antecedentes y dar información suficiente a este Parlamento para poder posicionarnos en relación con la necesidad, si así se acredita, de transponer una directiva. Sin embargo -acláreme esto porque no estoy completamente seguro-, ha
comentado que esa información es un requerimiento de la Comisión y que existe un informe que señala los puntos que necesitan aclaración, respecto de los que el Ministerio de Fomento ha tramitado determinadas solicitudes de información a institutos
geográficos, a
entidades de coordinación de comunidades autónomas y a corporaciones locales. Incluso existe -se lo iba a reclamar- un informe del Consejo de Estado. Yo iba a preguntar por qué no se había hecho, pero usted me está diciendo que ya está
hecho. Es decir, todo aquello que el Gobierno hubiera debido hacer para traer aquí el proyecto de ley se ha hecho previamente y, sin embargo, nos encontramos con una proposición de ley de un grupo parlamentario, aunque sea de aquel que sostiene al
Gobierno. Por tanto nos encontramos ante un fraude procedimental. Es tan sencillo como eso. Esto a mi juicio es producto de una confusión importante, primero de las responsabilidades políticas del Gobierno y del grupo parlamentario que lo
sustenta, por lo que no se puede calificar más que como un caso paradigmático de oportunismo político. Segundo, porque no cabe formular este tipo de iniciativas sin atender a los trámites legales preceptivos. No sabemos nada de la existencia de
esa información y no sabemos nada de la existencia del informe del Consejo de Estado que es preceptivo para tramitar este tipo de adaptaciones a requerimiento de la Comisión Europea. Tampoco sabemos por qué se tramita la toma en consideración de
esta proposición de ley. Señorías, la adaptación de una directiva es simplemente la necesidad de incorporar al ordenamiento interno la exigencia de determinados derechos que ya son consustanciales al propio ordenamiento. Si no se tomara en
consideración el Gobierno tendría que volver a formular la misma iniciativa, pero con los requerimientos legales que he comentado. Entonces, ¿por qué la traen ahora? No lo entiendo.
Creemos que es inaceptable la suplantación de los deberes del Ejecutivo por el grupo político que lo sostiene. Pensaba que quizá fuera para evitar determinado grado de tramitación, pero por lo que ha comentado ya existe esa tramitación.
Por tanto si ya no íbamos a apoyar esta iniciativa porque entendíamos que era una posición fraudulenta del grupo político que sustenta al Gobierno de las obligaciones del Gobierno, ahora nos vemos obligados necesariamente a votar en contra de esa
actitud política, que entendemos que es inaceptable. No es por el contenido de la proposición de ley que ustedes han traído a esta Cámara, sino por la actitud que manifiestan suplantando al Gobierno en las funciones que le resultan propias.
Nada más, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Jordà i Roura.
La señora JORDÀ I ROURA: Molt bona tarda, senyoras i senyores diputats.
Alguien dijo que la veteranía era un grado, y la verdad es que llevar más de una legislatura en esta Cámara te enseña muchas cosas; algunas son buenas y otras no tan buenas, pero hay dos que nunca fallan. La primera es que siempre que se
legisla, ya sea desde la derecha o desde una supuesta izquierda, se aprovecha para recentralizar, para homogeneizar y para destrozar y partir por el medio las competencias. La segunda es que cuando se transponen directivas europeas se hace como
quieren y cuando quieren. Es evidente que hoy no podía ser de otra manera con esta proposición de ley de modificación de la Ley sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España. En el año 2010 el Estado español aprobó
esta ley para transponer la directiva. En aquel momento gobernaba el Partido Socialista, y aprovecharon una vez más para limitar la autonomía de los institutos cartográficos autonómicos. No lo consiguieron, pero sí se llevaron un par de
contenciosos que se ganaron desde el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, pero esto es ya agua pasada.
La proposición de ley que hoy debatimos responde a unas matizaciones que se les exigen desde Europa, de las que ya han hablado los diputados y las diputadas que me han precedido. Desde nuestro punto de vista en primer lugar deberían motivar
correctamente el porqué de esta modificación. No vale decir A cuando es B. En el texto se describe que 'posteriormente a la promulgación de esta ley, la Comisión Europea solicitó información adicional en relación...'. Y luego se añade que 'sobre
la base de dicha información, se ha considerado conveniente...'. Es decir, señorías, de conveniente, nada. Esquerra Republicana cree que esta no ha sido la información que ha motivado la modificación de esta ley, sino que ha sido justamente el
análisis que ha realizado en este caso la Comisión Europea de la información que ustedes les han enviado, y por tanto las recomendaciones -por no llamarlo exigencias- que la Comisión ha trasladado al Gobierno para su modificación. Proponemos pues
-estaría muy bien- que se cambie la redacción de la motivación, adecuándola más a la realidad de lo que realmente ha sucedido.
Después de hacer un análisis de las modificaciones propuestas a la Ley 14/2012, de 5 de julio, detectamos que hay errores o descuidos, tales como olvidarse de definir correctamente los conceptos que se utilizan en el propio texto, como por
ejemplo el concepto de tercera persona, que sale en múltiples y
múltiples ocasiones. Pero lo más importante es que desde Europa les exigen más, y cuando digo más quiero decir que les exigen más concreción. Les están exigiendo más transparencia, plazos concretos de ejecución y sobre todo garantías. Hay
que garantizar por ley que se pone a disposición de los ciudadanos toda la información que se genera, con coherencia y evidentemente con unos plazos concretos. También les solicitan diálogo con los países fronterizos, básicamente para que haya una
cosa tan normal en la materia de la que hablamos como coherencia en los datos. Les recuerdo que la Directiva Inspire se creó para asegurar que las infraestructuras de datos espaciales de los Estados miembros han de ser justamente compatibles e
inoperables con un contexto comunitario y transfronterizo; si no hacemos bien los deberes es imposible que esto se pueda cumplir.
Como desde Cataluña hemos sido siempre pioneros en el ámbito cartográfico, ya estamos haciendo los deberes, y yo se lo quiero explicar muy rápidamente. El Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya está incorporando la Directiva Inspire
en sus procesos. De hecho el otoño pasado, hace cuatro días, junto con la Comisión Europea, el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, coorganizado por el Instituto Geográfico Nacional, celebró del 26 al 30 de septiembre de 2016 la
Conferencia sobre las aplicaciones de la Directiva europea Inspire en Barcelona. Los sponsors principales fueron la Generalitat y la Diputació de Barcelona, junto con empresas nacionales e internacionales. Fue un verdadero éxito, les invito a que
ustedes puedan comprobarlo entrando simplemente en la página web e investigando lo que fue esta conferencia. Así pues, pónganse las pilas.
Nosotros íbamos a abstenernos, pero después de escuchar al señor Salvador la verdad es que ya no sé si lo que tendríamos que hacer sería votar en contra. En cualquier caso nos lo pensaremos, pero sí debo decirles por último que lamentamos
que no hayan aprovechado dicha modificación de la ley -como era de esperar- para eliminar algunos conceptos recentralizadores que, como siempre, forman parte de su naturaleza a la hora de legislar.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señorías. El señor Acedo, del Grupo Parlamentario Popular, nos trae hoy una proposición de ley que se basa en una transposición de la directiva europea que ahora comentaremos. Pero antes de empezar a hablar de la
transposición de esta directiva me gustaría hablar de lo que significa esto. Estamos hablando de servicios de información geográfica, estamos hablando de nuestra cartografía, estamos hablando de nuestros mapas, que al final no es más que la
representación gráfica de nuestro territorio, de nuestra toponimia, de nuestra riqueza geográfica. Señorías, yo entiendo que hay algunos a los que les gusta ver las fronteras marcadas y que después de esa frontera no haya nada. Señores de Esquerra
o PNV, yo entiendo que ustedes están continuamente queriendo dividir. Cuando era pequeño me apasionaba la información geográfica, ver los mapas geográficos, ver el atlas geográfico, no el político, aquel atlas en donde no había fronteras, donde uno
podía vagar libremente, donde podía seguir el curso de un río sin pensar si ese río iba por un país o por otro, por una región, por una provincia o por otra. Están obsesionados con la parte política de esto. (Aplausos). No quieren ver otra cosa.
Pero, señorías, no va de esto. Esto va de información geográfica, va de nuestra riqueza, de la riqueza de un país, de la riqueza que es de todos. ¿O es que la riqueza de una divisoria, la riqueza de una vaguada es propiedad de alguien? ¿Es que
cuando alguien ve desde una divisoria una vaguada de una región, de una provincia o de un municipio, y al otro lado la del otro, dice: mira, por ahí va mi provincia, este es el límite de mi comarca o este es el límite de mi ayuntamiento? Eso es de
una pobreza tremenda, por favor.
Estamos ya en el siglo XXI y estamos hablando de cartografía europea, de cartografía mundial. Hablamos de redes que son mundiales, hablamos de sistemas de posicionamiento GPS o de coordenadas UTM, que son internacionales. ¿Queremos volver
al localismo de nuestra unidad de medida? (Risas). Ríanse, señores del PNV, pero ustedes quieren volver al localismo de su unidad de medida, a poner la piedra aquí y decir: esta piedra de aquí es mía, y de aquí hasta esta piedra sigue siendo mío,
y lo de allí no es vuestro. (Aplausos). Eso es lo que ustedes quieren. Ya está bien de tanta historia. No podemos seguir así. Eso no son más que excusas. Aquí hemos oído excusas legales, hemos oído excusas políticas, como que la cartografía
que se hace en Cataluña es mejor. Mire usted España tiene los mejores cartógrafos desde el siglo XVIII, los mejores cartógrafos europeos, y aquí no hay diferencia por el lugar de nacimiento de cada uno de los cartógrafos. Desde el siglo XVIII los
mejores cartógrafos europeos estaban
aquí en España, y eran para todos. No hay que hacer diferencias entre si esta raya es mía y aquella raya es tuya. Ustedes están hablando de los mapas que está generando el Instituto Geográfico Nacional, de mapas de denominador de escala
grande. Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿En un 1:500.000 quieren ustedes ver dónde está la raya? ¿Quieren ustedes ver dónde está la raya en 1:250.000? ¿Eso es lo que a ustedes les importa? (Aplausos). No va de esto. Pero, señor Acedo, le
tengo que decir también que las excusas legales tampoco son prácticas.
La Ley 14/2010 se creó para incorporar al ordenamiento la directiva del año 2007 de la Comunidad Europea. Fíjese de 2007 a 2010. Nosotros lo hicimos tres años después. Teníamos que haber incorporado esa directiva antes del 15 de mayo del
año 2009. Se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico en el año 2010 y en el año 2017 la queremos retocar y reformar, porque nos hemos dado cuenta de que no está bien transpuesta. Entiendo que esto de la información geográfica no le interese a
muchos, pero que hayan pasado siete años sin que nadie se dé cuenta de que tenemos que hacer una actualización de la ley del año 2010 me parece que es no estar pensando en las cosas que interesan a algunos ciudadanos, y sobre todo a algunas
empresas. La información geográfica es riqueza para las empresas. Gracias a estos sistemas de información geográfica tenemos todos hoy en día un GPS en nuestro coche; gracias a eso podemos hacer geomarketing; nuestras empresas pueden competir
con otra mejores para ofrecer un buen servicio, para ofrecer a los consumidores servicios cercanos, servicios que les interesen más, que estén más cerca de sus domicilios. De eso va esta ley, de favorecer el mercado, de favorecer la industria, y
parece que nadie en este país hasta ahora ha caído en la cuenta de que la evolución de los servicios de información geográfica al final beneficia a todas nuestras empresas. Competimos en un mundo globalizado, competimos en un mundo en el que hoy en
día la cartografía no es mía -por mucho que algunos quieran- ni tuya ni de otro. Los servicios de cartografía basados en el procedimiento GPS están al alcance de cualquiera. Hoy en día uno coge y compra cartografía para su vehículo y la compra
para toda Europa, para África, si se tiene que ir a África, o para Oceanía. Y no se trata de quién la ha producido, sino del uso que hacemos de esa cartografía. Eso creemos que es lo importante.
Señorías del Partido Popular, nos parece bien que hayan traído esta proposición de ley, pero coincido con los señores del PNV en que no se entiende cómo traen esto como una proposición de ley y no como un proyecto de ley, si todos los
mecanismos legales para que esto se adapte tienen que venir a través de un proyecto de ley. En este caso tiene usted razón, señor Barandiaran, pero esto no hace más que poner de manifiesto que los señores del Grupo Parlamentario Popular no tienen
proyecto para los ciudadanos más allá de lo que hace su Gobierno. Señores del Partido Popular, mientras ustedes traen esto como proposición de ley a esta Cámara desde que han comenzado la legislatura, nosotros hemos traído unas reformas urgentes
del trabajo autónomo, otra proposición de ley integral de lucha contra la corrupción y la protección de los denunciantes, y una tercera sobre derechos y garantías de dignidad de las personas ante el final de la vida, y eso porque no tenemos más
cupo, porque si tenemos más cupo les hubiéramos traído siete más ya, hombre, siete más, y ustedes es lo único que consiguen traer aquí. (Aplausos). Algo que encima ni siquiera tenían que traer como proposición de ley, sino como proyecto de ley del
Gobierno.
En fin, votaremos a favor de esta proposición de ley porque nos parece que es importante para nuestras empresas, pero yo les diría que por favor no arrastren mas los pies; no arrastren más los pies en esta legislatura, que van siempre con
el ronzal tirando, tirando y tirando para conseguir traer algo para los ciudadanos, algo que de verdad sea eficaz para todos los ciudadanos. (Protestas por parte de la señora Villalobos Talero). Gracias, doña Celia; estupendo.
La señora PRESIDENTA: Señorías, silencio, por favor.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: De verdad, traigan ustedes algo que sea para todos los ciudadanos; y traigan ustedes algo que por favor sea de actualidad y no algo que tenían que haber traído hace siete años.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Alonso Cantorné. (Rumores).
Silencio, señorías, por favor.
El señor ALONSO CANTORNÉ: Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señorías. La verdad es que yo también estoy sorprendido, porque entendíamos que esto tendría que haber sido un proyecto de ley y no una proposición de ley. Supongo que el Partido Popular lo que quiere es ganar alguna
proposición de ley; imagino que es eso. Pero después de escuchar al portavoz de Ciudadanos me he quedado traspuesto, porque evidentemente no hemos hablado de lo que tocaba. Pero, bueno, no pasa nada; creo que es el momento de llegar al curso del
río que ustedes se han saltado, se han desbordado, y creo que es importante situar de qué estamos hablando. Estamos hablando de que una infraestructura de información geográfica es una estructura virtual, en red, integrada por datos geográficos, y
por lo tanto georeferenciados, y servicios interoperables distribuidos en diferentes sistemas de información, bajo la responsabilidad de gestión de distintas instancias del sector público o privado, que es accesible vía Internet como mínimo, con
protocolos y especificaciones normalizados, que se establecen con la finalidad de facilitar el acceso a todos esos datos.
Las modificaciones de las que hablamos van orientadas a puntualizar algunos de los artículos -como se ha citado aquí- de la Ley 14/2010, de 5 de julio, al objeto de que cumplan la plena -ahora sí- transposición de la directiva europea por la
que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea, Inspire. La Directiva Inspire fija las normas generales con vistas al establecimiento de una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea,
siendo su objetivo principal proporcionar información geográfica relevante, homogénea y de calidad, con el fin de dar soporte a la formulación, implementación y evaluación de las políticas comunitarias. La Directiva Inspire reconoce el hecho de que
la mayoría de la información espacial de calidad se produce y está disponible a nivel local y regional, pero que dicha información es difícil de utilizar en un contexto más amplio. Los problemas más importantes de la situación de la información
espacial de Europa son la fragmentación, la falta de información homogénea entre los Estados miembros y la duplicación de esfuerzos en la creación de los datos, así como problemas para identificar la información existente y acceder a ella. Para
poder hacer frente a estas dificultades Inspire nos marca unos principios, que son: los datos deben ser recogidos solo una vez y ser mantenidos en el nivel donde se logre máxima efectividad; debe ser posible combinar información geográfica con
total continuidad para Europa desde fuentes diversas y compartimentarla entre usuarios y aplicaciones; debe ser posible que la información recogida en un nivel sea compartida en otros niveles; la información geográfica debe ser abundante y
disponible bajo condiciones que no inhiban su uso extensivo; debe ser fácil descubrir la información geográfica disponible y en qué condiciones puede conseguirse y usarse; los datos geográficos deben ser fáciles de entender e interpretar.
De acuerdo con estos principios Inspire visiona una red distribuida de repositorios de información unidos por estándares y protocolos que aseguran la compatibilidad e interoperabilidad de datos y servicios, independientemente de fronteras
administrativas, creando con ello la parte técnica de la infraestructura de datos espaciales. La innovación tecnológica y el desarrollo de nuevos métodos han multiplicado la información geográfica disponible. En la última década hemos asistido a
una revolución en los sistemas de acceso a los datos geográficos. Además de la infraestructura de datos espaciales de España existen otras trece infraestructuras de datos espaciales y temáticas de ámbito nacional -Catastro, cuencas hidrográficas,
biodiversidad, urbanismo, recursos sociales-, diecisiete de ámbito regional y otras muchas más de ámbito comarcal y local. Así pues los usuarios disponen de un conjunto muy completo de infraestructuras de datos espaciales que facilitan la
investigación geográfica. En este marco los geógrafos no son solo usuarios de estas infraestructuras, sino que también son productores de nueva información geográfica que posteriormente se integra en estas plataformas, y las modificaciones de la
ley que se plantean deben mejorar lo que se ha hecho hasta ahora; por eso, señores del Partido Popular, votaremos a favor.
Gracias a la información geográfica, por ejemplo, podemos ver plasmadas en un mapa las fracturas sociales y la desigualdad. Ayer se publicaba un informe del Ayuntamiento de Madrid en el que aparecía en colores la negra realidad que existe
entre los barrios ricos y pobres. La esperanza de vida en Madrid depende de si vives a un lado o al otro del Manzanares. En Barcelona ciudad la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que lleva más años preocupándose por estos temas de la brecha
social, en 2012 nos exponía que una persona de Ciutat Vella vivía una media de ocho años menos que una de Sant Gervasi, que en 2015 esa franja seguía ampliándose hasta los once años entre Torre Baró y Sant Gervasi, y que el riesgo de sufrir una
depresión por ansiedad era cuatro veces superior en una mujer con un trabajo no cualificado que en un hombre con un trabajo de alta dirección. La información geográfica por cierto nos
ayudará a detectar los problemas, pero no a solucionarlos. No depende de la geografía, sino de la política, y con ustedes, señorías del Partido Popular en el Gobierno, no veo que eso les inspire ni que sea su norte.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor De la Encina Ortega.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenas tardes.
Hace poco más de diez años el planteamiento generalizado en toda Europa era comercializar los datos geográficos con tarifas considerables, y era evidente que no resultaba fácil modificar una cultura en poco tiempo para superar ese
inconveniente, porque, señorías, uno de los principales obstáculos para la impartición de datos y servicios en condiciones abiertas es sencillamente la resistencia al cambio, que aparece siempre como un obstáculo en todos los procesos de revolución
tecnológica y cambio de paradigma. Por eso el Parlamento Europeo y el Consejo el 14 de marzo de 2007 aprobaron la directiva por la que se establecía una infraestructura espacial en la Comunidad Europea, denominada Inspire, cuyo objetivo fundamental
fue establecer una infraestructura de información geográfica para la Unión Europea que nos sirviera a todos para adoptar las medidas relativas a políticas y actuaciones que incidieran, tanto directa como indirectamente, sobre el medio ambiente.
La transposición de esa directiva efectivamente, como ya se ha indicado, se realizó en el año 2010. Tuve el honor, como presidente de la Comisión de Fomento, de tramitar el 28 de abril de 2010 este proyecto de ley, y puedo decirles en
primer lugar, señorías, recordando ahora la hemeroteca, que aquella fue entonces una norma pactada no solo por el Grupo Popular y el Grupo Socialista, sino también con el apoyo de otros grupos minoritarios, aunque con una cierta resistencia, por lo
que se ha expresado aquí, por los partidos nacionalistas. Señorías, se contó con cinco borradores de cinco ministerios y participaron todas las administraciones autonómicas. Hoy, siete años después, se puede decir -no lo digo yo como portavoz del
Grupo Socialista, sino por el último informe Inspire del año 2015- que esta ley que hicimos los socialistas con el acuerdo del Partido Popular ha sido una norma operativa, moderna, abierta y previsora, que ha conseguido un concepto moderno y
eficiente en las administraciones públicas al establecer un servicio en red al ciudadano.
El señor Acedo señalaba algunos ejemplos. Yo voy a dar algunos más para que se den cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando. Organizaciones como la Dirección General del Catastro han podido observar, a través de sus indicadores de
uso, el aumento espectacular de los accesos a la sede electrónica del Catastro, de manera que se ha pasado de 270.000 visitas en el año 2003 a 150 millones de consultas en la cartografía del año pasado; 132 millones de peticiones individuales en
los servicios del Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación; 950 millones de peticiones a los servicios de infraestructura de datos espaciales en Cataluña, y 7 millones de peticiones en los servicios del Instituto Geográfico Nacional
de 2013 a 2015. ¿Saben por qué? Porque se hizo un proyecto participativo con una cultura de computación, liberación de datos y servicios muy importante, contando con la generación de un gran ecosistema de servicios estándares e interoperables, con
la aparición de casos de uso de aplicaciones útiles en varios sectores, como el Catastro que acabo de referenciar, enrutamiento, cartografía móvil, aplicaciones en red, etcétera. En definitiva una comunidad de actores que han actuado de forma muy
fluida, formada por distintos organismos públicos de los tres ámbitos, el nacional, el regional y el local, además de empresas privadas, universidades y ciudadanos.
Estuvimos por tanto de acuerdo desde el Grupo Parlamentario Socialista en 2010, cuando aprobamos esta ley, cuyo objetivo fundamental no era otro que transponer la directiva europea que exigía a todos los Estados miembros unificar determinada
información geográfica y tenerla a disposición de una infraestructura informática concreta, y lo mismo vamos a hacer ahora por coherencia siete años después, porque estamos de acuerdo con las modificaciones en la toma en consideración de la
proposición de ley por la que se modifica la Ley 14/2010. Señorías, si se la leen ustedes se trata pequeñas puntualizaciones de algunos artículos al objeto de que sigamos cumpliendo con la plena transposición de la directiva de 2007 Inspire. De la
lectura de esa modificación de artículos se ve que en algunos casos -lo digo para que lo lean- se suprime una 'y' y en su lugar se pasa a una 'o'. Estas son las de menor rango. Se establecen en el artículo 3 dos nuevos apartados, pero han venido
transpuestos con los años y por tanto hay que adaptarlos. Por último, en el artículo 6 se introduce un apartado segundo donde se añade 'recogidos recientemente y ampliamente reestructurados y los correspondientes' entre los párrafos que se
trasladan. Por tanto yo creo que aprobar esta toma en consideración no debe suponer ningún problema si es que, señor Acedo,
sigue funcionando, como estos últimos años, la coordinación con los órganos y las comunidades autónomas, y no intentando, como algún grupo parlamentario ha dejado entrever en su intervención, restar competencia en el funcionamiento eficaz
que se ha tenido durante estos siete años en la aplicación de la Ley 14/2010, y que ha situado a España como un país moderno en el ámbito de los servicios de información geográfica. Queremos que continúe así. Por eso lo vamos a apoyar, pero
advertimos que no toleraremos ninguna situación distinta que desvirtúe el impulso que se le ha dado a nuestro país en todos los servicios de infraestructura y de información geográfica.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A IMPULSAR LA REDUCCIÓN DE LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES. (Número de expediente 162/000371).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación al punto III del orden del día, relativo a las proposiciones no de ley. En primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar la reducción
de la morosidad en las operaciones comerciales.
Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora López Ares.
La señora LÓPEZ ARES: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor Gutiérrez, en el Partido Popular tenemos proyecto. En el Partido Popular tenemos proyecto, tenemos principios y a lo mejor por eso es por lo que nos votan más a nosotros que a ustedes. (Aplausos).
Señora presidenta, señorías, esperemos unas semanas y los veremos. Los brotes verdes de la recuperación económica están a punto de llegar a la economía española, decía en el mes de mayo del 2009 la vicepresidenta del Gobierno y ministra de
Economía, Elena Salgado. Ese mismo año el presidente de Cepyme denunciaba que las severas restricciones del acceso al crédito, junto a la fuerte contracción de la demanda, habían propiciado que un porcentaje significativo de empresas cerrasen.
Aproximadamente unas 67.000 empresas desaparecieron en 2009, siendo las cadenas de morosidad que contaminaban toda la actividad económica causas significativas en el cierre de esas empresas. Dentro de los retrasos en los pagos destacaban los que se
registraban entre las administraciones y el sector empresarial, que según el Banco de España se situaba en torno a 145 días. Y ante esa situación el Gobierno del Partido Socialista hizo dejación de funciones en la lucha contra la morosidad, y ésta
tuvo un impacto muy negativo, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Mientras se esperaba por los brotes verdes la morosidad era la causa directa de la desaparición de 61.642 pequeñas y medianas empresas entre los años 2007 y 2012, lo
que provocó la destrucción de unos 600.000 empleos según los informes de Cepyme, teniendo especial incidencia en ese cierre de empresas la morosidad de las administraciones públicas. Y esta es la situación con la que se encontró el Partido Popular
en diciembre del año 2011: un déficit declarado del 6 % cuando el déficit real superaba el 9 %; con comunidades autónomas y ayuntamientos quebrados que eran incapaces de acceder al crédito; con facturas en los cajones, y con millones de facturas
sin pagar que llevaban a las empresas, especialmente las pymes y los autónomos, al cierre, y sobre todo a los españoles, tres millones y medio de españoles, a las listas del paro.
Ante esta situación se puso en marcha en 2012 un plan específico de erradicación de la morosidad en el sector público, con medidas coyunturales y con medidas estructurales. 41.814 millones de euros, repito: 41.814 millones de euros; más
de ocho millones de facturas sin pagar; 230.000 proveedores, en su mayoría pymes y autónomos, a los que se debían esos 42.000 millones de euros y a quienes correspondían esos ocho millones de facturas. Y su pago fue el compromiso del Gobierno de
Mariano Rajoy en la lucha contra la morosidad; el Plan de pago a proveedores; el Fondo de liquidez autonómico; los fondos de financiación a comunidades autónomas y entidades locales. Estos últimos fondos han supuesto más de 236.000 millones de
euros de liquidez para las comunidades autónomas. Estas medidas coyunturales se estima que han permitido mantener 400.000 empleos y supondrán un crecimiento del producto interior bruto a medio plazo del 3 %. Pero a ellas hay que añadir las medidas
de carácter estructural: la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera; las medidas que se fijaron para controlar
la deuda comercial; se impulsó la factura electrónica y se creó el registro contable de las facturas del sector público. Y de acuerdo con los datos que arroja el último informe publicado, las comunidades autónomas tienen un periodo medio
de pago de 25,45 días; las grandes entidades locales 59,71 días; la Administración central 23,74 días y 7,03 días la Seguridad Social.
Este Gobierno ha hecho y está haciendo todo lo posible por reducir la morosidad, y de ahí la importancia de que se apruebe en esta Cámara la nueva ley de contratos del sector público. Pero junto con la morosidad de las empresas del sector
público es necesario trabajar en reducir la morosidad del sector privado. En este sentido, según el estudio de gestión de riesgo de crédito elaborado para el observatorio del Cash Management del Instituto de Empresa en el año 2016, el 74 % de las
empresas padece las consecuencias negativas de la morosidad, el 31 % sufre impagos significativos y el 13 % está en riesgo de cerrar a causa de los impagos. Además, si bien la primera causa declarada como razón de retraso en los pagos sigue siendo
la falta de disponibilidad de fondos, el 47 % sigue declarando que los retrasos son intencionados, como una medida de la política de gestión de tesorería. Ante esto último es ante lo que es necesario actuar. Según el boletín de morosidad y
financiación empresarial de diciembre de 2016, publicado por Cepyme, la recuperación económica ha permitido reducir el periodo medio de pago, el porcentaje de crédito en mora y su coste. No obstante la deuda comercial con retraso se estima en más
de 200.000 millones, teniendo un coste aproximado de 869 millones de euros para las pequeñas y medianas empresas. Este informe también incide en la relación negativa entre el tamaño y el periodo de pago, de tal forma que muestra la existencia de
una correlación entre estas dos variables que parecen reflejar el diferente poder negociador, de tal forma que empresas más grandes imponen periodos de pago superiores.
Por todo esto entendemos desde el Grupo Parlamentario Popular que es necesario estudiar medidas tendentes a establecer un régimen sancionador que sirva de instrumento disuasorio para combatir el retraso intencionado de los pagos; medidas
proporcionadas y no discriminatorias, así como la importancia de campañas divulgativas específicas. Por eso hemos propuesto estas actuaciones en nuestro programa electoral, y también es uno de los puntos de acuerdo en los compromisos firmados por
nuestro partido y Ciudadanos para la investidura del presidente del Gobierno.
Señorías, finalizo. En el Grupo Parlamentario Popular creemos firmemente que la mejor forma de luchar contra la morosidad, y sobre todo contra sus consecuencias en el tejido empresarial y en el empleo, es el crecimiento económico, pero
también creemos en el papel de las administraciones como facilitadoras de la actividad empresarial. En esa tarea se enmarca esta proposición no de ley que tiene como objetivos seguir trabajando en la eliminación de trabas e imperfecciones, como la
morosidad, que merman la competitividad de nuestra economía y dificultan con ello el objetivo final, que no es otro que el crecimiento económico y la creación de empleo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Mixto, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
El Grupo Popular ha presentado una proposición no de ley que en su exposición de motivos señala certeramente uno de los principales males que aquejan a la economía empresarial, y por lo tanto al mantenimiento y a la creación de los puestos
de trabajo. La morosidad comercial es, como acaba de señalar la diputada López Ares, un gran obstáculo en la vida de nuestras empresas. Sin embargo a Foro le parecen insuficientes las dos medidas que se proponen con esta iniciativa, y de ahí que
hayamos presentado una enmienda que amplía el mandato al Gobierno que pueda salir de esta Cámara. En España la morosidad, ya sea de índole privada o pública, complica y estrangula la existencia de las empresas, sobre todo de las pymes, que son
junto con los autónomos en los que se basa el grueso del empleo. Por lo tanto cabe aplicar medidas que amplíen y complementen el texto legislativo aprobado en 2010 para luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales, poner coto a los
impagos, y acompasar la competitividad de nuestras empresas al crecimiento económico para favorecer la creación de empleo, nuestra principal necesidad y nuestra gran prioridad política.
Existe además una amplia sensación de descoordinación en las iniciativas de lucha contra la morosidad, y de hecho las organizaciones empresariales vienen alertando sobre ello. Nuestra enmienda pretende que España se dote de un régimen
sancionador para los incumplimientos en los pagos y su aplicación a través de un organismo independiente similar al que ya se aplica en el sector agroalimentario.
Igualmente creemos necesario modificar la Ley de ordenación del comercio minorista para eliminar la posibilidad de negociación en los plazos de pago a proveedores, porque se contradice con la actual Ley de morosidad y perjudica a las
pequeñas empresas proveedoras frente a las grandes cadenas. Está constatado que las empresas de mayor dimensión tienen un poder equivalente de negociación y acaban por imponer periodos de pago superiores. Finalmente, creemos necesario que el
Ministerio de Hacienda y Función Pública realice un seguimiento exhaustivo del cumplimiento de los pagos establecidos por nuestra legislación tanto en el ámbito público como en el privado, además de una cultura de buenas prácticas a implantar en
España. No quiero finalizar sin mencionar, en relación con la morosidad que sufrieron en el año 2016 los trabajadores autónomos, que el 80 % de las administraciones públicas incumplió el plazo legal pagando de media en setenta y dos días, tiempo
que se amplió por encima de los cien días en el caso de las grandes empresas.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Mixto también, tiene la palabra el señor Alli Martínez.
El señor ALLI MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes de nuevo, señores diputados.
Anunciamos al Grupo Popular, proponente de esta proposición no de ley, que votaremos a favor de esta iniciativa. En cualquier caso, tenemos que decir que está cargada de buenas intenciones pero también que carece de medidas concretas. Lo
que sí creo que resulta imprescindible -vamos a ver qué surge del debate de las enmiendas presentadas- es ver cómo se va a discernir entre aquellos que ejercen una posición de dominio frente a pequeños proveedores y los que realmente no pueden
abonar o tienen deudas por esa tirantez de tesorería que tienen algunas empresas.
Quiero destacar que la mejor política desde el ámbito de las administraciones públicas ha de ser la de cumplir la ley en cuanto a los pagos medios a proveedores por parte de las administraciones públicas y que el tiempo que estima la ley,
que es menos de treinta días, se cumpla por parte de todas esas administraciones. He de decirles, al menos por los datos que controlamos del Ministerio de Hacienda, que en 2015 Navarra tenía un pago medio a proveedores de veinte días, siendo la
primera comunidad de toda España, cuando la media estatal de pago a proveedores está en torno a los sesenta días. Por tanto, desde la responsabilidad política y pública, somos las administraciones públicas las que tenemos que dar ejemplo a los
pequeños proveedores.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Mixto también, tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.
El señor BATALLER I RUIZ: Gracias, señora presidenta.
Aplaudimos medidas como esta, señorías del Partido Popular, para concienciar de la necesidad de cumplimiento de los plazos de pago a los proveedores porque la morosidad gangrena la economía. Nunca es tarde si la dicha es buena, dicen,
porque sinceramente nos sorprende cómo ustedes, que en ayuntamientos como el de Valencia tardaban hasta cincuenta y siete días en pagar a sus proveedores, ahora pretendan reducir estos plazos. Nos parece bien que se haga el esfuerzo, pero no
entendemos que entre aquí una proposición no de ley en la que instan a su propio Gobierno a medidas tales como -entre comillas- 'estudiar medidas', 'llevar a cabo campañas divulgativas' y otras expresiones evanescentes que, sinceramente, nos suenan
a venta de humo a unos niveles que no entendemos. Nosotros queremos hablar de acciones porque la política es acción.
Con respecto al pago a proveedores, en ayuntamientos en los que ustedes felizmente ya no están gobernando, como es el caso de Valencia, hemos conseguido reducir estos tiempos y, a día de hoy, el ayuntamiento paga a sus proveedores a una
semana vista, pero, por ejemplo, en noviembre del año pasado conseguimos el récord de pagar únicamente en 2,2 días, récord que se publicó en prensa escrita y que fue reflejado, según datos del ministerio: 2,2 días de tardanza en el pago frente a
los cincuenta y siete que ustedes tardaban.
Acciones que en esta proposición no vemos se pueden hacer muchas. Por ejemplo, nosotros podemos conseguir que a la Administración se le impongan unas cláusulas penales por cada día de incumplimiento en el abono de las cantidades que debe.
O se puede establecer una caja única pagadora que abone de
manera rápida al presentar facturas y acreditación de cumplimiento. O entre particulares se puede intentar generalizar los seguros de caución, haciéndolo de manera progresiva y empezando por las áreas económicas más sensibles. O se pueden
generalizar los avales o garantías a primera demanda o primer requerimiento. O podemos apostar por un proceso telemático de mediación para las reclamaciones pequeñas. Podemos establecer esta y otras muchas medidas para combatir el retraso
intencionado de los pagos.
El establecimiento de sanciones efectivamente estaba ya contenido en el paquete de medidas pactado entre el Partido Popular y Ciudadanos para la investidura del señor Rajoy. Por tanto, vemos que ahora ustedes están intentando cumplir el
expediente con esta proposición no de ley bastante raquítica, pero nada más. Nosotros desconfiamos de la voluntad del Partido Popular para introducir medidas que corrijan la morosidad. Por ejemplo, aún tenemos esta factura pendiente de Feria
Valencia (Muestra una fotocopia) por un importe de 568.511 euros devengados por el Congreso Nacional del Partido Popular en 2008, año en que fue investido como candidato a la Presidencia del Gobierno el señor Rajoy, factura que no han pagado, que
está en los tribunales y que a los valencianos nos produce mucho sonrojo.
La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que terminar.
El señor BATALLER I RUIZ: En definitiva, nosotros lo que queremos son acciones, no intenciones. Vamos a apoyar esta proposición no de ley, pero queremos ver también acciones para reducir la morosidad no solo de las empresas, sino también
de las administraciones públicas, también de las entidades de interés público como son los partidos para que todos paguen lo que deben, también ustedes.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señora presidenta. Bona tarda, señorías.
Estudiar medidas tendentes a establecer un régimen sancionador, llevar a cabo campañas divulgativas específicas para concienciar y bla, bla, bla... ¡Es de risa, oigan, de risa! Decepcionante y raquítica propuesta del PP que demuestra no ser
consciente de la importancia de los efectos de la morosidad en la competitividad empresarial, especialmente de las pequeñas y medianas empresas. Esto es un amago de conversión y, para más colmo, sin siquiera mostrar el furor del converso.
El Grupo Parlamentario de Esquerra ya ha presentado diversas iniciativas en esta Cámara en referencia a la morosidad por las que aún no hemos visto que el Gobierno se sintiera concernido: en la legislatura fallida anterior, una PNL que
votaron en contra; en esta legislatura, una proposición de ley que en estos momentos está hibernada mientras está siendo traspuesta a propuestas de modificación de la Ley de Contratos, que ya veremos en qué sentido votan. Si no es un farol, si no
es un intento de neutralizar la mala fama que el PP se ha ganado a pulso en el mundo de los subcontratados de las grandes contratistas de las obras y los servicios públicos, es un papelito para taparse las vergüenzas. Y, si no, demuéstrenlo,
asómense al problema, enfréntelo con algo más que estudiar medidas y llevar a cabo campañas divulgativas. Nuestras enmiendas se lo ponen fácil. A saber: les proponemos establecer de una vez por todas un régimen sancionador que sirva de
instrumento disuasorio para combatir el retraso intencionado de los pagos. Les proponemos impulsar cambios en la legislación que garanticen el estricto cumplimiento de los pagos de los contratistas adjudicatarios de los contratos públicos. Les
proponemos impulsar medidas para garantizar el pago de oficio de intereses de demora. Establezcan una metodología para realizar pagos directos de los poderes y adjudicadores a los subcontratistas. Garanticen la trasposición y el cumplimiento de la
Directiva 2011/7/UE, sobre morosidad, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en todos sus puntos. Les proponemos adoptar la metodología de cálculo de plazo medio de pago utilizada por Eurostat a
nivel europeo y por las entidades de referencia, como la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. Les proponemos, en fin, impulsar un observatorio estatal de la morosidad. Porque si todo su interés se reduce a estudiar medidas y a llevar a
cabo campañas divulgativas, va a quedar en evidencia que ustedes, en este grave problema que hincha las cuentas de resultados de unos y destroza la viabilidad de otros, no pasan de una pobre declaración de intenciones mientras encubren la morosidad
legalizada de los grandes contratistas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Roldán Monés.
El señor ROLDÁN MONÉS: Presidenta, señorías, muchas gracias.
Señora López Ares, le voy a ser honesto: si fuera un pequeño empresario, si fuera una pyme de este país me sentiría realmente avergonzado de ver que su Gobierno trae a esta Cámara una propuesta como esta. Cientos de miles de empresarios de
este país están con el agua al cuello y cada día cierran la persiana porque la Administración pública, su Gobierno, no les paga (Aplausos); bueno, su Gobierno y alguna que otra gran empresa de este país. ¿Qué significa que ustedes traigan una PNL
sin ninguna relevancia legal y sin ningún poder legislativo para cambiar las cosas? Están instando a su propio Gobierno a que estudie la posibilidad de cambiar algún día, si se cruzan los astros, la regulación para simplemente adecuar los
incentivos para que estas empresas puedan cobrar lo que se les debe. Es de justicia que las empresas de este país puedan competir en igualdad de oportunidades. Son el Gobierno, así que dejen de instarse a ustedes mismos a cambiar las cosas y
háganlas porque para eso están aquí. Para eso están aquí. (Aplausos). Lo que tienen que hacer es cumplir la ley y dejar de traer a esta Cámara propuestas que confunden a la gente, que tratan de mandar un mensaje equivocado y generar falsas
expectativas.
¿Saben cuál es la principal preocupación, según los últimos indicadores, de todas las pymes de este país? Pues precisamente la tremenda morosidad que sufren, la falta de pagos que sufren por parte de la Administración y de cuatro grandes
empresas. En la exposición de motivos ustedes lo explican muy bien. Dicen que en este país hubo una sequía de crédito y que de pronto los que tenían poder de mercado consiguieron aprovecharse de las circunstancias, que las grandes empresas
empezaron a financiarse a costa de las pequeñas empresas y que la Administración empezó a financiarse a costa de las pequeñas empresas para poder seguir con sus actividades, con el pequeño problema de que por el camino se llevaron cientos de miles
de empleos de este país porque fueron incapaces de reaccionar a tiempo y de ofrecer respuestas. Proyectos y sueños personales de miles de españoles se han ido a la basura porque no han podido cobrar lo que se les debía.
Usted dice que después de tantos años han cambiado mucho las cosas. Por desgracia, seguimos igual y le voy a mostrar un gráfico. Algunas empresas -en este caso constructoras- siguen pagando por encima de los 300 o 400 días. ¿Qué tienen
estas empresas? ¿Por qué estas empresas pagan tan tarde? ¿Por qué? Son empresas que tienen muchos beneficios. ¿Cuál es la razón, señores del Partido Popular?
La media de pago -con esto termino- de las empresas es de setenta y siete días y la de la Administración es de setenta y un días. La ley dice que tendría que ser de treinta, por lo que están ustedes a más del doble de lo que les tocaría.
Les sugiero que dejen de proponer estudios y de imaginar planes y que se pongan a hacer las cosas. Pónganse las pilas, que es lo que les toca. En Ciudadanos nos preocupamos de verdad por esa circunstancia y por eso en la Ley de Contratos hemos
enmendado varios capítulos; una ley que puede cambiar las cosas para que exista realmente ese régimen sancionador que el señor Montoro lleva cinco o seis años prometiendo, aunque ustedes aquí otra vez hoy nos traen una PNL diciendo que a lo mejor
estudian la posibilidad de que se vaya a implementar. Acepten nuestra enmienda a la Ley de Contratos y dejen de hacer el show, que para shows y para hacer fuegos artificiales ya tenemos aquí a un partido en la Cámara. (Aplausos).
Este problema es un problema más de fondo, un problema estructural que ustedes tienen. Para mí ser liberal significa defender la libertad individual y la libertad de empresa, pero también significa defender la igualdad de oportunidades en
el mercado y luchar contra los privilegios que existen por la fuerza del poder del mercado. Eso ustedes han sido incapaces de hacerlo porque han vivido en la economía del capitalismo de amiguetes.
Señorías, les ruego que pongan cuanto antes los mecanismos para poner en marcha esa ley. De lo contrario -y aquí anuncio un compromiso de mi grupo-, traeremos nosotros una ley de morosidad para que se acabe la injusticia y la impunidad que
sufren las pequeñas y medianas empresas y autónomos de este país. Por el momento hemos enmendado la PNL que ustedes nos han traído para que se implemente de manera inmediata -y no para que se estudie- el régimen que venimos proponiendo y que además
estaba en nuestro acuerdo.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Rodríguez Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.
Hay muchos males que afectan a la economía productiva de nuestro país y no hace falta que entremos a enumerarlos porque lo hacemos continuamente: el escaso poder adquisitivo de la población debido al desempleo, la precariedad, los bajos
salarios, la política fiscal injusta, la desaparición de la industria, el freno a las energías renovables que nos permitirían la transición hacia una energía más limpia y más barata, etcétera. Todo esto ya lo conocemos, pero hay una lacra que juega
un papel demoledor en la economía real, que es la morosidad. Dicho de otra manera, empresas que compran productos y servicios pero que no los pagan dentro del plazo establecido por la ley, que es de sesenta días. A pesar de los avances
legislativos en los últimos años, fruto de la presión de la sociedad civil y de plataformas como la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, esta sigue siendo un lastre terrible para nuestra economía y nuestro tejido productivo. Las
consecuencias de la morosidad caen sobre las espaldas de autónomos y pequeñas empresas, que son las que generan la mayor parte del empleo en nuestro país y de las que depende la vida de millones de personas, pero que sufren los incumplimientos
reiterados de la legislación por parte de las grandes corporaciones. Por poner un ejemplo, el plazo medio de pago de las empresas del IBEX 35 es de ciento sesenta días, cuando ya he dicho antes que el plazo legal máximo son sesenta; casi lo
triplican. Todo esto, por supuesto, sin consecuencia alguna, ya que nuestro país carece de régimen sancionador en este sentido. En la práctica la morosidad, el incumplimiento de la ley y el chantaje -porque es un chantaje- para estirar
fraudulentamente los plazos de pago a proveedores supone una forma de financiación encubierta para las grandes empresas y una soga al cuello para la economía real. Conclusión: el IBEX 35 hace negocios ilegalmente con el dinero de las pequeñas
empresas y de los autónomos de nuestro país, 2.800 millones de euros entre ahorro financiero e intereses de demora. Como siempre, el Gobierno de la triple alianza actúa con puño de hierro contra la gente trabajadora, contra los de abajo y contra
los más débiles, y con guantes de seda con los poderosos que incumplen la ley. ¿Cómo puede ser que el Gobierno permita todo esto? Pues se me ocurre una idea y voy a poner unos cuantos hechos sobre la mesa.
El ranquin de grandes empresas que se saltan la ley a la torera lo encabeza la constructora Ferrovial, con 536 días de plazo medio de pago. Impresionante. En segunda posición en la Champion League de empresas morosas está Acciona, con 425
días. Recuerden bien, Acciona, y aquí enlazamos. Revisando el consejo de administración de Acciona nos encontramos con doña Carmen Becerril, ex directora general de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria del Gobierno de José María
Aznar, del Partido Popular. ¡Qué casualidad! O a lo mejor tiene algo que ver.
Seguimos con otro hecho relevante. Cuando los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil registraron el domicilio del gerente del Partido Popular en aquellos años, el señor Beltrán Gutiérrez, en el marco del caso Púnica,
encontraron documentación que demostraba presuntamente que Esperanza Aguirre y el Partido Popular ganaron las elecciones del año 2007 fraudulentamente con la inestimable ayuda de 3 millones de euros en dinero negro. Eso sí que es respeto
institucional como Dios manda. ¿Saben por quién fue presuntamente aportado parte de ese dinero, unos 300.000 euros? ¿Lo adivinan? Sí, señoras y señores, efectivamente, por Acciona. Será casualidad, digo yo. Iba a decir que lo que pasa en este
país es de traca, pero yo creo que más bien es de trama. (Aplausos).
Esto no se soluciona con una PNL, no se soluciona con brindis al sol; se soluciona implantando un régimen sancionador efectivo para quien incumpla ley, creando un observatorio estatal contra la morosidad y apoyando las enmiendas de toda la
oposición a la Ley de Contratos del Sector Público, que han sido consensuadas con organizaciones de la sociedad civil. Quizás es que no depende de los bancos, de las grandes constructoras o de las grandes eléctricas, quizás es que no tener
enchufados ni tampoco quererlos en ningún consejo de administración del IBEX nos da la libertad para poder votar a favor de la gente. No sabemos si otras falsas políticas en esta Cámara pueden hacerlo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Palacín Guarné.
El señor PALACÍN GUARNÉ: Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes a todos y a todas. En principio parece que esta iniciativa no debería generar dudas en cuanto a su apoyo, ya que la práctica totalidad de los grupos con representación en esta Cámara la teníamos recogida o teníamos medidas
recogidas en nuestros programas electorales. Sí que es verdad que la intensidad de las medidas propuestas variaba en función de cada partido político, y esto es lo que
vemos en esta iniciativa, que compartimos la intención que nos presenta el Partido Popular pero para el Partido Socialista se queda corta. Por eso hemos presentado una enmienda, para mejorar y hacer más ambiciosas las medidas que hoy nos
plantean.
Para nuestro grupo está claro que hay que establecer un régimen sancionador, por eso solicitamos modificar el primer punto de la iniciativa de la proposición no de ley que trae el Grupo Popular a esta Cámara. Desde nuestro punto de vista,
hay que dejar claro que debemos implantar ya un régimen sancionador a fin de asegurar el cumplimiento de la normativa sobre plazos, que sirva de instrumento disuasorio y que ayude a combatir la morosidad de operaciones comerciales que tanto
perjudica a pequeñas empresas y autónomos. El plazo de operaciones comerciales en nuestro país se ha incrementado en los últimos dos años y se sitúa -según informes- en torno a los noventa días, el doble que la media europea y treinta días por
encima de la legislación vigente. Estos plazos tan elevados, unidos al sobrecoste de financiación que tienen las empresas en nuestro país, hacen que los costes financieros finales de las empresas españolas tripliquen a los de sus competidores
europeos empeorando también la competitividad de las empresas españolas. La legislación actual ya marca unos plazos máximos que están por debajo de los plazos reales. Por tanto, algo habrá que hacer, alguna medida habrá que tomar, y eso le
corresponde al Gobierno. Pero si el Gobierno no lo hace y el Grupo Popular prefiere traer hoy una proposición no de ley, contará con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista siempre y cuando esta proposición no de ley sea ambiciosa y recoja de
verdad las reivindicaciones del sector empresarial.
Desde el inicio nuestro grupo echa en falta algo en esta iniciativa, y es un punto que tanto nosotros como el Partido Popular y Ciudadanos lo teníamos recogido en nuestro programa de gobierno. Nosotros hemos propuesto un segundo punto, que
no es otro que plantear un sistema de auditoría para las empresas contratistas de licitación pública donde certifiquen el cumplimiento de estos plazos, porque si solo tenemos buenas palabras y no planteamos medidas reales, muy difícilmente podemos
reducir estos plazos. Con esta medida no queremos estigmatizar ni demonizar a ningún tipo de empresa, pero sí que es verdad que existe una realidad y unos datos que la avalan. El portavoz de Podemos ha dicho que la media de pago en las empresas
del IBEX 35 supera los ciento sesenta días, pero es que hay sectores dentro del IBEX 35, que curiosamente son los que más obra o licitación pública tienen o se adjudican, donde ronda los doscientos ochenta días de media, con lo que incumplen
sistemáticamente cada vez los plazos de morosidad vigentes. Esto sí que es un dato real. A mayor tamaño de la empresa, más capacidad de negociación tiene esta empresa respecto a sus proveedores, por eso tampoco entendemos que el Partido Popular
dentro de esa Cámara y en otros ámbitos también defienda poder ampliar este plazo de sesenta días siempre y cuando las partes estén de acuerdo. Aquí siempre habrá una parte que pierda, que será la más débil, y otra que gane, que, como hemos visto,
será la de las grandes empresas de este país.
Por último, tal y como solicitan en su proposición no de ley, consideramos que hay que realizar campañas divulgativas específicas para considerar a todos los agentes del sistema. Es positivo, pero también hay que cambiar la conciencia de
los que piensan que alargar los plazos de pago por encima incluso de los establecidos por ley es sinónimo de buena gestión. Esto es un problema cultural que con campañas podremos intentar matizar, pero si no ponemos medidas como las propuestas en
los dos primeros puntos de nuestra enmienda pocos resultados podremos tener. Aquí quiero comentar que se han presentado enmiendas por cinco grupos. Tendremos tiempo hasta el próximo jueves para intentar buscar un consenso amplio. Pediría al
Partido Popular que intentara ser un poco ambicioso en cuanto a estas medidas y recogiera la voluntad de todos los grupos. Si esta iniciativa prospera, les pediría que hablaran con su Gobierno para que de verdad estas medidas se pusieran en marcha.
Es verdad que es una proposición no de ley, pero hay muchas empresas y muchos autónomos que esperan un poco más de todos nosotros. Sobre todo hay que ayudarles a competir en igualdad de oportunidades frente a empresas de mayor tamaño.
Ha acabado mi tiempo. Espero que podamos debatir y hablar de aquí al jueves para intentar buscar una posición común que sea un poco más ambiciosa y exigente para su Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Buenas tardes. Arratsalde on.
Ya en 2014 los partidos políticos solicitaron mediante una proposición de ley el establecimiento de una serie de medidas contra la morosidad y, además, un régimen de sanciones e infracciones, con varios objetivos: uno, erradicar la
morosidad en las operaciones comerciales entre agentes privados y administraciones públicas y también entre agentes privados; la homologación a la legislación europea de todos los aspectos referentes a la morosidad y, cómo no, ayudar a las
empresas, ya que la morosidad ha sido el principal factor de mortalidad de las pymes y también de empresarios o empresarias individuales. Esto es muy importante ya que constituyen la base mayoritaria del tejido económico y empresarial. Estamos de
acuerdo con que la Ley de Morosidad no solo tiene que tener la pata de la solvencia, sino también las características fundamentales de una ley de infracciones y sanciones porque, si no, no es efectiva, y para muestra un botón, ya que se siguen
incumpliendo los plazos que pago a proveedores.
España es verdad que ha estado en el furgón de cola de los países de la Unión Europea en pagar las transacciones comerciales. Pagábamos como promedio en cien días en el ámbito privado y en ciento sesenta días en el de las administraciones
públicas, pero también es verdad que después de las reformas se han reducido estos plazos de pago porque se eliminó el pacto entre las partes por parte de cliente y proveedor, estableciendo un plazo de pago de treinta días en el caso de la
Administración pública y uno de sesenta en el ámbito privado. Pero sigue sin ser suficiente porque, como he dicho, se han reducido los plazos pero se siguen incumpliendo. En este sentido, los datos nos indican que en el año 2016 el plazo medio de
pago del sector privado era de setenta y siete días, mientras que en el sector público se cifra en setenta y un días, plazo que también queda lejos del plazo de treinta días que fija la ley. La realidad, además, nos demuestra que no pasa nada ante
dicho incumplimiento.
En la práctica comercial o en el tráfico comercial los que tienen una posición dominante en ocasiones tienen la práctica de no pagar a sus proveedores en los plazos legalmente establecidos, generando un gran perjuicio al más pequeño. Con
esta práctica lo que se pone de manifiesto es que el pequeño, al no cobrar en plazo, puede tener problemas de liquidez y de tesorería, mientras que el que ostenta la posición dominante se está financiando con ese dinero que no paga en plazo al
pequeño. Además, por estar en una posición de debilidad, los proveedores no exigen a sus clientes ni los intereses de demora ni denuncian la imposición de plazos de pagos superiores, y todo esto por el miedo a que se puedan quedar sin ellos. Muy a
nuestro pesar, para corregir estas prácticas solo existe una manera y es estableciendo una serie de sanciones y multas que hagan que el incumplimiento de la ley no les resulte barato. Lo deseable sería que existiese una cultura de no morosidad, que
el impago estuviera mal visto y además fuese reprobado, pero esto parece difícil en un país en que la cultura de las chapuzas y del robo sigue vigente.
El partido del Gobierno nos trae ahora esta proposición no de ley, y bienvenida sea, pero nos hubiera gustado que, más que una PNL, nos hubiera traído algo más preciso y con medidas concretas, ya que últimamente viene con consideraciones
genéricas, con principios rectores generales que son fáciles de compartir, pero sin aportaciones concretas que sirvan al propósito planteado. También quiero recordar que cuando se propuso una proposición de ley en este sentido por los grupos
parlamentarios, fue el Gobierno del PP el que no estaba de acuerdo o no abogaba por el establecimiento de un régimen sancionador, por lo que si ahora ha cambiado de opinión nos alegramos, ya que queremos entender además que su proposición no de ley
tratará de dar un paso más para conseguir reducir la morosidad existente y, por ende, el cumplimiento de la ley, porque entendemos que lo contenido en esta PNL no será una mera declaración de intenciones que luego no se materializará en medidas
concretas ¿no? Lo digo porque en el pasado mes de junio, el Grupo Popular rechazó una proposición no de ley dirigida a controlar los plazos de pago entre contratistas y subcontratistas y, además, ya que estamos debatiendo la Ley de Contratos del
Sector Público sería interesante que el Grupo Popular apoyarse las enmiendas que, en este sentido, en el ámbito de la morosidad, se han planteado en cuanto al pago a precio, pago a proveedores y subcontratistas, entre otras, como muestra de voluntad
a favor de la reducción de la morosidad y de estas medidas relacionadas con la morosidad. Pese a que no se establecen medidas concretas y pese a que no sea una proposición de ley o un proyecto de ley, pero entendiendo que hay que erradicar la
morosidad, votaremos a favor de esta proposición no de ley, para que dentro de esa generalidad se establezcan medidas concretas, incluido un régimen sancionador.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Pregunto a la señora López Ares si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.
La señora LÓPEZ ARES: Presidenta, estamos trabajando en una enmienda transaccional.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE COMISIONES DE RETIRADA DE EFECTIVO DE CAJEROS. (Número de expediente 162/000252).
La señora PRESIDENTA: Pasamos, a continuación, a debatir la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la eliminación de comisiones de retirada de efectivo en cajeros.
Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Montero Soler.
El señor MONTERO SOLER: Señora presidenta, señorías, comenzaré mi intervención realizando una serie de afirmaciones que creo que son de todos y todas conocidas, pero que conviene no olvidar en ningún momento, especialmente en relación con
la proposición no de ley que traemos hoy a debate. En primer lugar, el sector bancario constituye un ámbito especialmente propenso al abuso de su posición de poder a todos los niveles y, especialmente, sobre los consumidores y, por ende, exige de
una regulación reforzada y de una supervisión continua para evitar dichos abusos. En segundo lugar, como consecuencia de la reestructuración que se ha producido en el sector bancario, este se ha oligopolizado aún más y, en consecuencia, ha
aumentado su poder, lo que exige nuevamente mayores niveles de control y supervisión. En tercer lugar, la exclusión financiera constituye una dimensión más de la exclusión social, que debe ser combatida en un contexto de creciente desigualdad
social. Además, esa exclusión en materia financiera es mucho más intensa en el ámbito rural que en el urbano. En cuarto lugar, la titularidad de una cuenta bancaria constituye una condición necesaria de ciudadanía en una sociedad en la que hasta
el acceso a las prestaciones sociales más básicas exigen ser titular de una cuenta corriente o de ahorro. Por lo tanto, hay determinados servicios financieros que deberían carecer de costes para los consumidores.
De todas esas cuestiones trata la proposición no de ley que sometemos a su consideración hoy. Trata de abuso de posición de poder, pero trata también de exclusión financiera. Trata de barreras a la competencia promovidas por los mismos que
dicen defender la competencia; y trata de barreras de acceso a la condición de ciudadanía para quienes necesitan ser protegidos frente a otras formas de expresión social, incluida la financiera. Nuestra proposición no de ley está dividida en dos
partes claramente diferenciadas. Una está relacionada con la necesidad de regular los servicios financieros, hasta los más básicos, para proteger a los consumidores de los abusos del sistema bancario. Planteamos la necesidad de regular las
comisiones en los cajeros automáticos para ajustar su uso al coste del servicio y no a la posición de poder de cada entidad dentro del sistema. Las elevadas comisiones por el uso de los cajeros automáticos en España constituyen una anomalía a nivel
europeo que se vio reforzada con la entrada en vigor del Real Decreto 11/2015 por el que se cambiaba la regulación de dichas normas. Así, el real decreto en cuestión permite que sea el banco emisor de la tarjeta el que decida qué comisión cobrar a
sus no clientes cuando utilizan sus cajeros automáticos o incluso a sus propios clientes cuando utilizan sus propios cajeros automáticos y confía en que sea la competencia la que regule la competencia entre clientes.
La cuestión de fondo sobre esta proposición no de ley radica en que tres grandes bancos copan el 45 % de la red de cajeros de este país: Caixabank, BBVA y Santander; precisamente las mismas tres entidades que, encabezadas por Caixabank,
cambiaron el sistema anterior, basado en lo que se llama la tasa de intercambio -donde eran las redes de cajeros las que decidían cuál era el monto que se cobraba a la persona que utilizaba un cajero distinto al de su entidad-, y pasaron a un
sistema donde es el banco el que decide cuál es el monto que recarga a los clientes de otras entidades que utilizan sus propios cajeros. El hecho de que tres bancos ocupen una posición de poder del 45 % de la red de cajeros significa que las
probabilidades de que una persona saque dinero de un cajero de alguna de esas tres entidades es mucho más elevada que respecto a otras entidades. Además, se genera una serie de efectos adversos sobre la competencia que han sido denunciados por la
Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia en su informe de mediados de 2016 sobre la cuestión de las comisiones bancarias. Según ese informe, estos tres bancos tienen ya una posición de preeminencia en el sector que daña la competencia en
el mismo y perjudica a aquellas entidades que o bien tienen menos terminales o, lo que es peor, han tenido un comportamiento mucho más dinámico y alejado de los comportamientos bancarios tradicionales;
fomenta un repliegue de los usuarios hacia las entidades con mayor red y, por lo tanto, inducen a aumentar su clientela, y fomentan un mayor uso de la red propia frente a redes ajenas. Por eso, defendemos desde la argumentación la retirada
del Real Decreto 11/2015 y que se realice un estudio del coste de mantenimiento de los cajeros. Y no lo decimos solo nosotros, es lo que plantea la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia precisamente en ese informe cuando afirma que
la comisión que fije el titular del cajero a la entidad adquirente debería tener en cuenta los costes de prestación del servicio, de manera que el precio cobrado por el servicio no exceda el coste de la prestación. Si quieren competencia, no me
escuchen a mí, sino al organismo encargado de velar por ella.
Además, proponemos la creación de una carta de servicios bancarios mínimos esenciales o básicos que todas las entidades deberán ofrecer a un coste reducido o sin ningún coste y que deberá incluir, entre otros elementos, la ausencia de costes
por su apertura y su mantenimiento, algo que, por cierto, tampoco reclamamos exclusivamente nosotros, sino que también lo plantea el Parlamento Europeo en su informe anual sobre la política de competencia de la Unión Europea de 2016, cuando por
primera vez afirma en su recomendación 137 que las cuentas de ahorro y corrientes no deberían tener coste para sus titulares, salvo en los casos en que se haga un uso de determinados servicios específicos. Es un informe que además remarca el hecho
de que el acceso a efectivo a través de cajeros automáticos es un servicio público esencial que debe ser provisto evitando cualquier tipo de prácticas discriminatorias, anticompetitivas o desleales y no debe generar tampoco un coste excesivo para
los usuarios. Como ven, no estamos pidiendo nada distinto a lo que ya viene demandándose también en otros espacios europeos y que además es de sentido común, porque lo que no puede ser es que la banca, que debería remunerar a los ahorradores por la
captación de pasivos, haga negocio cobrando a esos ahorradores comisiones que van mucho más allá de lo que les paga en forma de rendimiento por sus depósitos, y que además haga negocio de forma simultánea, cobrando por las operaciones de activo al
conceder préstamos y créditos de un dinero que han obtenido en el Banco Central Europeo a un coste casi nulo.
Termino, presidenta. Decía John Kenneth Galbraith que el negocio bancario es tan simple que repugna a la inteligencia. Todo consiste en pagar menos por el dinero que te prestan que por el que prestan. En este tiempo en España ya se ha
conseguido dar una vuelta de tuerca a esa afirmación y los bancos españoles no solo cobran por el dinero que te prestan, sino que pagas por depositar tus ahorros en sus cuentas o por retirarlos de sus cajeros. Es el momento de devolver las aguas a
su cauce y de que los márgenes de beneficio de los bancos no descansen sobre las espaldas de todos los españoles y españolas, que no dependan de la posición cautiva a la que estamos sometidos en una economía que nos obliga a tener una cuenta de
ahorro o corriente para poder disfrutar de ciudadanía plena, y sobre todo que no nos cobren cuando deberían estar pagándonos por nuestros ahorros.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, la señora Capella i Farré.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Senyora presidenta, diputats i diputades, bona tarda.
Empiezo mi intervención indicando que estamos de acuerdo con la diagnosis que hacía el portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea relativa a la eliminación de comisiones de retirada de efectivo en
los cajeros. La crisis del sector bancario trajo consigo muchas consecuencias y, seguramente, si las analizamos, ninguna de ellas buena. Hemos hablado en muchas ocasiones en estas Cortes sobre los desahucios, la pérdida de los ahorros por
centenares de miles de familias o el cierre de miles de oficinas bancarias, sobre todo en poblaciones pequeñas, lo que ha conllevado también la pérdida de puestos de trabajo en el sector. Lo que hoy nos presentan es un intento de paliar uno de los
múltiples efectos de esta crisis bancaria que tiene que ver con la proximidad de los servicios bancarios y con la competencia. La evidencia de que los bancos están utilizando las comisiones como una de sus estrategias de negocio más productivas es
una verdad de Perogrullo, además una estrategia que evidentemente beneficia a las personas con mayor poder adquisitivo y en cambio perjudica notablemente a las personas con menos recursos. Por tanto, la presente proposición no de ley tiene como
objeto la superación de esta injusticia, recogiendo con ello el guante de la Unión Europea respecto a la necesidad de luchar contra la exclusión financiera, instando a los Gobiernos -en este caso la proposición no de ley-, junto con el Banco de
España, a diseñar un sistema que establezca la obligación de ofrecer, por parte de todas las entidades financieras, una cuenta bancaria de servicios
bancarios mínimos esenciales o cuenta básica con coste nulo o muy reducido. Con esa medida podría darse por cumplida la trasposición de la Directiva europea 2014/92 de cuentas de pago en lo que se refiere al establecimiento de cuentas de
pago básicas.
Desde Esquerra Republicana creemos que el diseño de la misma no debería corresponderle a la proposición no de ley, sino que debería realizarse a través de un proceso participado o participativo en el que las asociaciones de consumidores y
usuarios tengan un papel relevante en su definición y en el seguimiento de la aplicación. A través de nuestras enmiendas, Esquerra Republicana expresa nuestra doble preocupación por algunas de las graves consecuencias sobrevenidas con el proceso de
reestructuración bancaria. Por una parte, la pérdida de la proximidad. Antes hacía referencia a este elemento, la proximidad como un valor que claramente ha desaparecido del mapa en la mirada del sector bancario, entendido el sector bancario, y
por tanto la proximidad en este caso, como configurador de un servicio esencial. Porque aún a día de hoy muchísimas personas, sobre todo personas de edad avanzada y no tan avanzada, tienen la necesidad de ir al banco para obtener el dinero que en
él tienen depositado, y encima de haber perdido la confianza a través de todo lo que ha pasado o por todo lo sucedido con las entidades bancarias, se encuentran en muchísimas ocasiones con que las oficinas están cerradas y les imponen, además,
comisiones para poder retirar sus dineros.
Nuestra enmienda también refleja la preocupación por la incorporación de las nuevas tecnologías en los servicios financieros, no porque estemos en contra de las nuevas tecnologías -todo lo contrario-, sino porque a nosotros, a Esquerra
Republicana, le preocupa la fractura digital, y sobre todo porque esta afecta especialmente a la gente mayor y a personas vulnerables. Por eso pedimos en nuestra enmienda que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia complemente el
informe con los defectos que tanto sobre las personas como sobre la competencia pueden tener estas cuestiones. Finalmente y como jurista me preocupa la precipitación en cuanto a la petición de retirada del Real Decreto 11/2015, que regula la
retirada de efectivo de los cajeros automáticos, ya que dicha retirada podría conllevar o dejar en situación de indefensión a los ciudadanos, ya que quedaría el terreno libre para las entidades bancarias y financieras para determinarlos sin límites,
por lo tanto les dejaría el campo libre para determinar el coste de la retirada de los depósitos bancarios.
En todo caso, Esquerra Republicana votará favorablemente la proposición no de ley.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Tundidor Moreno.
La señora TUNDIDOR MORENO: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.
Las comisiones de los bancos preocupan a la ciudadanía. En la actualidad somos testigos de una brecha social entre las personas que pueden utilizar servicios bancarios en condiciones adecuadas y otras a las que cada vez les cuesta más
acceder a su cuenta bancaria y solo les queda el recurso de recurrir a familiares y amigos cuando necesitan dinero para un imprevisto. Estas personas, señorías, son los consumidores vulnerables. En las ciudades determinados barrios y colectivos
soportan una creciente desigualdad socioeconómica y discriminación bancaria. La reducción de oficinas ha sido más intensa en barrios con menor actividad económica, menores niveles de renta y mayor porcentaje de población extranjera. El Defensor
del Pueblo recuerda que en muchos municipios de España hay un solo banco o ninguno, por lo que muchos clientes tienen que marchar a otros pueblos o ciudades para sacar dinero. Están tan alejadas las oficinas que, tirando de ironía, les diré que se
han convertido en unas oficinas cardiosaludables. Las principales entidades financieras españolas celebran los resultados del nuevo sistema, aunque rehúsan ofrecer públicamente sus datos de operativa e ingresos. La digitalización de la banca
apuesta por la filosofía del hazlo tú mismo y relega a un segundo plano las oficinas bancarias. La imposición de un tope mínimo de dinero para sacar en ventanilla favorece la utilización de las tarjetas con el consiguiente pago de mantenimiento.
Esto perjudica especialmente a las personas mayores, que se relacionaban con su banco a través de las oficinas y depositaban la confianza en sus trabajadores, y que tienen una especial dificultad en el acceso a las nuevas tecnologías. Estas
barreras obligan a que tengan que sacar una cantidad de dinero importante, con el riesgo que esto supone para ellos. La instalación de miles de cajeros ha provocado el cierre de cientos de oficinas, el despido de miles de trabajadores, el
endurecimiento de sus condiciones laborales y, para los clientes, más gasto, grandes tiempos de espera para ser atendidos e incomodidades. El Defensor del Pueblo en su informe de 2016, la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia y las asociaciones de consumidores critican y denuncian estas actuaciones.
Señorías, más de 122.000 millones de euros nos costó a los españoles sanear el sistema bancario. Por ello, desde el Grupo Socialista exigimos al Gobierno que deje de engañar a la ciudadanía con afirmaciones como que el rescate no ha tenido
coste para los ciudadanos o que no tendrá contrapartidas. No es cierto y en las comisiones por retirada de efectivo lo estamos viendo. La banca ha hecho caja con las nuevas comisiones por el uso de cajeros y abusa de las mismas para compensar,
entre otras razones, el golpe de las cláusulas suelo. Los ciudadanos y, en particular los más vulnerables, están pagando este rescate con el aumento de las comisiones bancarias. El Gobierno tiene la obligación de proteger a los consumidores y,
especialmente, a los más vulnerables. No piensen tanto en los bancos y cuiden más de las personas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de modificación que enriquece la proposición no de ley en los siguientes términos: Modificar la normativa reguladora -porque, como ya ha dicho el Grupo de Esquerra
Republicana, suprimir supondría dar campo libre a los bancos-, recabar informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia -el resto del texto seguiría igual- y, por último, trasponer al ordenamiento español, a la mayor brevedad
posible, y en todo caso antes de finalizar el próximo periodo de sesiones, la Directiva 2014/92 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de
cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Se ha planteado una iniciativa que quiere echar por tierra el indudable avance que supuso la aprobación primero y la convalidación después, con un solo voto en contra, del Real Decreto-ley que regula las comisiones por la retirada de
efectivo de los cajeros automáticos. En Foro consideramos disparatada la política de tierra quemada, en este caso para llevarse por delante una norma con apenas año y medio de vigencia. Ni la exposición de motivos ni la explicación permiten la
necesidad de retirar este real decreto-ley que proporciona seguridad jurídica al servicio entre los prestadores y usuarios de servicios de pagos y que puso coto a los abusos de las entidades financieras que se plasmaron, singularmente, en la doble
comisión por sacar dinero del cajero. Si se aplicase la propuesta del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos retrocederíamos a la situación original. Como complemento a la eliminación de esta norma, los proponentes pretenden que el Gobierno
inste a la CNMC a realizar un informe pormenorizado sobre la situación del sector bancario, lo cual resulta llamativo porque cualquier persona física o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que tenga conocimiento de la transgresión de
las normas que vigila nuestro organismo regulador independiente, puede presentar la correspondiente denuncia.
Finalmente, la iniciativa pretende la creación de una cuenta corriente de servicios mínimos esenciales, pero de hecho existe un anteproyecto de ley que ya fue sometido al preceptivo periodo de consulta pública para establecer un derecho de
acceso a cuentas de pago básicas y también un derecho de traslado de cuentas. También establecerán sistemas de comparabilidad de las comisiones aplicables a las cuentas de pago, así como criterios uniformes en su definición. Esta futura ley
responde al mandato contenido en la directiva europea y va muchísimo más allá de lo que promueve esta proposición no de ley que, señora presidenta, rechazaré con mi voto.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Alli Martínez.
El señor ALLI MARTÍNEZ: Señora presidenta, muchísimas gracias.
Señor Montero, del Grupo Confederal, votaremos en contra de esta iniciativa. La pena es que en dos minutos no podemos hablar de todos los asuntos relativos al sistema financiero de España, pero si me ciño a su proposición, a esta
iniciativa, he de decirle que ustedes promulgan una premisa, una tesis en la exposición de motivos, que es la siguiente: el cobro de comisiones es legítimo, pero atenta contra el
funcionamiento del sistema financiero y además tiene un impacto sobre las desigualdades en función de la renta. Esa premisa, por incorrecta y por torticera, dibuja el resto del tono de esta proposición. Por tanto, por la falta de rigor
nosotros vamos a votar en contra. Ustedes también dicen que cobrar comisiones daña la competencia; pero si venimos de un proceso de consolidación del sector financiero, dígame una sola entidad privada financiera que quiera entrar en España. Por
cierto, cuando se habilitan sucursales, se invierte en nuevas tecnologías y en el mantenimiento de los cajeros, eso tiene un coste que lógicamente no atenta contra la libre competencia, es lo lógico en un mercado de libre competencia. En lo que sí
estaremos de acuerdo es en que hay que proteger a aquellas entidades financieras que mantienen sucursales en ámbitos rurales pese a recibir pérdidas en sus cuentas de resultados, pero que las mantienen por el valor social que hacen a esas personas
en el ámbito rural. Por tanto, por su falta de rigor, nosotros votaremos no a esta iniciativa.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Mixto también, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.
Seré muy breve. Los beneficios de los siete grandes bancos -si exceptuamos al Banco Popular, que este año ha tenido problemas- subieron en 2016 un 10 %, 12.500 millones pero, en cambio, en 2016, el 20 % de la población más pobre perdió
renta. La desigualdad sigue creciendo en el Estado español, y no son cifras que diga yo, sino que lo dice la OCDE. Además, el 10 % más rico se separa aun más del 10 % más pobre, es decir, esa franja se ensancha, pero no lo digo yo tampoco, sino la
Comisión Europea. Uno de los peligros del Estado español es que tenemos altos índices de desigualdad, de pobreza y de exclusión social, pero es que, además, en los últimos años los ciudadanos fueron generosos con los bancos ya que, según el
Tribunal de Cuentas, les dimos 60.000 millones de euros. Hay un banco, Bankia, que en 2016 eliminó las comisiones y aun así el año pasado ganó 800 millones y pudo incrementar el dividendo a sus accionistas en un 5 %. Por tanto, si la
responsabilidad del Gobierno es justamente la redistribución de la riqueza, no pasaría nada si realmente se hiciera caso a esta propuesta, que considero que es razonable, para evitar la exclusión financiera. Por tanto, desde Compromís anunciamos
nuestro voto favorable a la propuesta.
Moltes gràcies, senyora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia).
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Voy a desglosar mi intervención en los tres puntos de la proposición no de ley porque si bien con algunos estamos de acuerdo, en otros no tanto. Por un lado, la retirada del Real Decreto 11/2015.
Tengo que decir que nosotros, como Grupo Vasco, votamos a favor del mismo para que los ciudadanos no abonasen doble comisión por el hecho de sacar dinero de un cajero. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). En este
sentido, tener que pagar una doble comisión por el hecho de sacar dinero tanto a la entidad que emite la tarjeta como a la entidad propietaria del cajero, era un abuso que efectivamente había que corregir, teniendo en cuenta además que el 74 % de
las operaciones que se realizan en los cajeros es retirada de efectivo. Dicho esto y dado que lo que pretenden es la eliminación de este real decreto, creo que hay que ser cautos y, como bien dice en su punto 2 la proposición no de ley, instar a la
CNMC a realizar un informe pormenorizado para conocer el coste y el mantenimiento de los cajeros para evaluar el coste, por tanto, imputable al cliente en forma de comisión. También es pronto para saber si se paga más o no, es decir, el impacto
final en el usuario, ya que se ha estudiado la situación de unos cuantos meses.
En el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se apunta que la comisión media es más baja que la mínima que había antes en los cajeros de distinta red. En los de la misma red, las tasas son ahora superiores a la
antigua tasa mínima en todos los casos, excepto en algún banco. El estudio también confirma que los clientes, ante el aumento de tasas, se han replegado a la red de su banco, que es gratuita, pero el efecto final sobre las comisiones que se aplican
a los usuarios va a depender de la entidad de la que sea cliente, de sus preferencias a la hora de retirar efectivo en cajeros, de la política de las entidades emisoras hacia esos clientes, de la localización geográfica de redes y
clientes y, en general, de un conjunto de variables que no se han podido analizar por lo que he dicho, el escaso tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del nuevo modelo.
Dado que no tenemos un estudio tan detallado, no nos parece que haya que eliminar un decreto porque desconocemos el alcance del problema y, por tanto, nos preocupa no poder arbitrar aquellas soluciones que mejor se adapten a él, por lo que
instar al Gobierno a adoptar medidas para restringir el cobro de comisiones por la retirada de efectivo hasta la emisión definitiva del informe de la CNMC sobre la base de indicios nos parece un poco precipitado por lo dicho. Se trata de arbitrar
soluciones que se adapten al problema y no parches que a lo mejor no solucionan lo que viene a decir dicho informe, porque, en definitiva, lo que queremos es que los ciudadanos tengan certidumbre y el marco claro que regule las comisiones de las
diferentes operaciones que realizan. De momento, los cambios de los últimos meses no se han traducido en un incremento de las comisiones a consumidores.
En relación con la creación de una cuenta corriente de servicios mínimos esenciales, sí que estamos de acuerdo. Vivimos en un proceso de desmonetización en que los pagos en efectivo cada vez se limitan más. La forma prioritaria, a veces
obligatoria, de realizar o recibir pagos con la Administración es la cuenta corriente bancaria y, en este contexto, es lógico que se otorgue al ciudadano o ciudadana un derecho a la cuenta corriente o, al menos, a los servicios básicos asociados a
la cuenta corriente. En una sociedad moderna, para no estar excluidos y poder contratar servicios esenciales, los ciudadanos y ciudadanas necesitan una cuenta corriente de ingresos y pagos, sea cual sea su nivel de renta. Así nos lo indica la
Directiva 2014/92/UE, que tenía que estar traspuesta al ordenamiento jurídico y que introduce la inclusión financiera en la normativa de la Unión Europea con carácter jurídicamente vinculante, concretamente como un derecho de los residentes legales
en ella a abrir una cuenta de pago básica.
Tengo que mencionar a este respecto que está publicado un anteproyecto de ley sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas, documento que tan
solo recoge una especie de exposición de motivos sin tener un articulado concreto, por lo que entendemos que es necesaria una regulación concreta en esta materia porque, entre otras, son de un gran interés para las personas vulnerables y deberían
ser traspuestas a la mayor brevedad posible a la legislación española.
Nuestra posición, en principio, va a ser la abstención, salvo que haya alguna transaccional.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ramírez Freire.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.
Señor Montero, decía John Kenneth Galbraith también que una constante en la historia del dinero es que cada remedio puede dar origen a nuevos abusos. Compartiendo con usted, como comparto, parte del diagnóstico de hoy de los abusos que se
han producido en la banca con referencia a los usuarios de la misma, tengo que decirle que me genera demasiadas dudas esta propuesta no legislativa.
El tercer punto lo compartiremos todos los grupos y, si podemos hacer una votación por puntos, incluso se lo podríamos apoyar. Es cierto que, básicamente, es trasponer la Directiva 2014/92/UE, como han dicho ciertos oradores que me han
precedido en el uso de la palabra, pero el problema es que cuando ustedes hablan del Real Decreto 11/2015 lo hacen, como siempre, pidiendo la retirada, en este caso la derogación. Y antes no había nada. Los bancos tenían total libertad para cobrar
cualquier comisión a cualquier usuario, no solo la entidad emisora de la tarjeta, sino también la entidad propietaria del cajero. Precisamente este real decreto tenía que servir para limitar los derechos de los bancos y para dar garantía a los
usuarios de los mismos para que no se produjesen abusos. Además, el real decreto también incluía el conocimiento previo por parte del usuario de la comisión que se iba a cobrar. Así que cuando hablan de retirar, ¿retirar para qué?
En relación con el segundo punto, estamos de acuerdo con que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia elabore un informe detallado y, por cierto, ha dicho esta misma comisión que su elaboración, conocer con exactitud los datos
de coste de ese servicio, es muy complejo. Mientras tanto, hasta que se emita ese informe, ustedes dicen que el Gobierno lleve a cabo cualquier iniciativa para tomar las medidas necesarias para restringir el cobro de comisiones por retirada de
efectivo. A mí esto me suena a lo de sorber y soplar la sopa. (Aplausos). Quieren retirar el real decreto y a la vez piden al Gobierno que haga algo para limitar el abuso de las comisiones. Mi grupo, como saben, no está por la labor de derogar
por derogar. Pensamos que es mucho mejor averiguar qué cosas no funcionan y construir. La señora
Capella ha dicho -es una experta jurista y estoy de acuerdo con ella- que derogar un real decreto deja a los usuarios de la banca en situación de indefensión. Por cierto, ustedes siempre nos acusan de defender a la banca y es todo lo
contrario, queremos defender a los usuarios de la banca y este real decreto precisamente sirve para eso. Seguro que es mejorable, pero pongámonos a trabajar, señores de Podemos, en soluciones y en medidas. (Aplausos).
Todos estamos de acuerdo en que este real decreto puede ser mejorable, pero desde luego es un punto de partida sobre el que sentar las bases de las soluciones para que los usuarios del sistema bancario no sean objeto de los abusos que se han
estado produciendo hasta ahora. Pediremos votación por puntos; si no, no nos queda más remedio que votar en contra de esta medida, porque no beneficia a los usuarios de la banca, sino a las entidades bancarias a las que ustedes quieren atacar
tanto.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Ramírez.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Blasco Marqués.
El señor BLASCO MARQUÉS: Buenas tardes, señor presidente.
Señorías, mucho se ha hablado, y supongo que se seguirá hablando en esta Cámara durante los próximos años, de la crisis económica y de sus consecuencias. Pues bien, una de las principales consecuencias de la brutal crisis económica que
ahora hace aproximadamente diez años que comenzó en el mundo, también en España, fue la falta de crédito a las familias, a las personas y a las empresas. Muchas de ellas tuvieron que cerrar sus puertas y millones de trabajadores tuvieron que ir al
paro por no tener trabajo, por no tener crédito las empresas. Incluso muchas familias perdieron sus viviendas porque nadie les refinanciaba. Quiero decir que al Partido Popular le interesan -me gustaría que quedase muy claro en la Cámara- las
personas. Nos preocupan las personas, las empresas -fundamentalmente las pequeñas- y la economía familiar, por lo que a la portavoz socialista y al portavoz de Podemos les digo que no vayan con el mantra de que al Partido Popular le interesan los
bancos y la economía de las grandes empresas. A nosotros nos interesa la economía de las personas y que el sistema financiero esté saneado. Después de la política económica realizada por este Gobierno a lo largo de los últimos cinco años, la
mayoría de las entidades financieras están saneadas y, como consecuencia, ha vuelto el crédito a las familias y a las empresas, y se están creando cerca de 500.000 puestos de trabajo cada año. Por ello, al grupo proponente le diría que hablemos de
las personas y de esta proposición no de ley.
En los tres minutos que me quedan le ofrezco a su portavoz -tenemos tiempo, porque creo que no se va a votar hasta el jueves- que toda la Cámara se dirija a la sociedad española diciéndole que hemos llegado a un acuerdo en defensa de la
mayoría de los españoles, porque todos somos usuarios de los cajeros automáticos. Coincido con la mayoría de los portavoces que han intervenido en que el punto primero de la PNL pretende derogar el real decreto de octubre de 2015, que lo que hizo
fue poner límites a la posible concertación de unas cuantas entidades bancarias en defensa de sus intereses. Por eso actuó el Gobierno e hizo este real decreto y por eso hoy se cobran menos comisiones en aquellos bancos que querían cobrar dos
comisiones, la del banco que emite la tarjeta y la del banco que pone el cajero. Este decreto empezó a limitar esa posible concertación entre entidades bancarias. La tercera parte de su PNL habla prácticamente de la cuenta básica, de la cuenta
corriente para servicios esenciales, y también estamos de acuerdo con ella. Por tanto, podemos llegar a un acuerdo y dirigirnos a la sociedad española diciéndole que estamos todos de acuerdo. Además, las directrices europeas van por ahí y, como
también le ha dicho algún otro portavoz, están en trámite; creo que el 14 de febrero de 2017 han sido sometidas a consulta pública. Por tanto, podemos llegar a un acuerdo en beneficio de todos. Ya le hemos manifestado a la portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista que no tendríamos inconveniente en apoyar su PNL. Nos quedan unos días y creo que podemos llegar a un acuerdo.
Los cincuenta segundos que me quedan los voy a dedicar a insistirles una vez más y también a todos los que nos puedan estar viendo -como hacen siempre nuestros compañeros de Ciudadanos, que se dirigen a las cámaras- en que el Partido Popular
está con las personas, con las familias, con las pequeñas y medianas empresas, y con la estabilidad del sistema financiero. Somos un partido que aspira a ganar las elecciones con mayoría absoluta. Cuando hablamos nos dirigimos, como mínimo, a los
11 millones de personas que nos votaron en su día, pero aspiramos a que nos voten muchas más. No aspiramos a que nos voten los bancos, sino a que nos voten las personas, porque con este Gobierno y sus medidas económicas las familias están saliendo
de la crisis y las personas que estaban en paro están encontrando un empleo. Nos interesa que la economía siga por esa misma senda y lanzar mensajes a la población
española de confianza en el Gobierno y, si la Cámara así lo estima, de confianza en el sistema financiero, que está para resolver los problemas de las personas. Por tanto, si el portavoz de Podemos quiere, tenemos tiempo para llegar a un
acuerdo, siempre y cuando no pretendan derogar el real decreto, porque volveríamos a la situación anterior y perjudicaríamos a las personas a las que ustedes, teóricamente, quieren beneficiar.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Gracias, señor Blasco.
En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, le pregunto al señor Montero Soler si acepta su grupo alguna de ellas.
El señor MONTERO SOLER: Estamos elaborando una transaccional y se la presentaremos al resto de grupos en breve.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muy bien. Muchas gracias.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA TRIBUTARIA Y ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL. (Número de expediente 173/000024).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): A continuación, pasamos a debatir las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Corresponde, en primer lugar, debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la orientación de la política tributaria y estrategia de lucha contra el fraude fiscal. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor López Milla.
El señor LÓPEZ MILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señorías, una investigación muy reciente ha puesto de manifiesto que la actuación del sector público en España reduce hasta en un 30 % la desigualdad de renta entre los hogares españoles, pero la mayor parte de
este efecto, un 27 % -casi todo-, proviene de las prestaciones económicas. Así ocurre en España, como ocurre también en otros países de nuestro entorno. Entre esas prestaciones económicas que ayudan a reducir las desigualdades son fundamentalmente
las pensiones las responsables de que la actuación del sector público reduzca la desigualdad, ya que el resto de prestaciones sociales apenas contribuye a la reducción de la desigualdad de la renta en España. De hecho, en nuestro país, en España,
el 10 % más pobre de la población solamente recibe el 5 % de las transferencias económicas que suponen prestaciones sociales y no es porque los grupos de población que tienen una renta más elevada obtengan unas trasferencias sociales muy altas, es
porque faltan recursos para aquellas personas más desfavorecidas. ¿Qué influencia tiene nuestro sistema tributario en la redistribución de la renta? Una influencia muy pequeña: del 30 % de rebaja de la desigualdad que logra el sector público solo
el 3 %, la décima parte, se produce a través del sistema tributario. El único gran impuesto que es marcadamente redistributivo es el IRPF; los impuestos indirectos son notablemente regresivos y la aportación que hace a la reducción de la
desigualdad el impuesto sobre el patrimonio es puramente anecdótica. Fíjense, el tipo medio efectivo -el cociente entre los impuestos pagados y la renta- que soportan los hogares situados en el primer quintil de la distribución de la renta, es
decir, el 20 % de hogares más pobres, solo lo superan el 10 % de los hogares más ricos; es decir, el 20 % de los hogares más pobres están sujetos a un tipo medio efectivo que es más elevado que el que tiene casi el resto de la población española.
Los más desfavorecidos están pagando en impuestos más que casi todos los contribuyentes que tienen más renta que ellos. Hasta este punto es poco redistributivo nuestro sistema tributario.
El Grupo Socialista entiende que hay que corregir esta situación, que los colectivos más desfavorecidos, los que más han padecido la crisis y las consecuencias de las políticas conservadoras, necesitan recibir más apoyo. Una recuperación
que no sea justa, una recuperación que abandone al borde del camino a las personas que las crisis y las políticas conservadoras han expulsado de él no será una verdadera recuperación. Necesitamos más recursos públicos para corregir la desigualdad,
como ocurre en casi todos los países de la Unión Europea con Gobiernos de distinto color; incluso en países que tienen
Gobiernos liberales, como por ejemplo Holanda, hoy por hoy la ratio entre ingresos públicos y PIB se sitúa ni más ni menos que 5 puntos por encima de la española, y en aquel país -vuelvo a citar el caso de Holanda- hay bastante coincidencia
en que es necesario elevar esa ratio entre ingresos públicos y PIB para elevar la protección, para elevar los recursos hacia las políticas de apoyo a los más desfavorecidos, para ayudarles y también para prevenir el auge del extremismo. Disponer de
un sistema tributario más redistributivo, disponer de más recursos para combatir la desigualdad significa que es necesario reformar por completo la imposición sobre el patrimonio introduciendo un gravamen efectivo sobre la riqueza para impedir la
escasa o nula tributación de las grandes fortunas. Señorías, no olvidemos que en nuestro país existe mayor concentración de la riqueza que de la renta y, a pesar de ello, la contribución que hacen hoy los grandes patrimonios es muy exigua.
El Grupo Socialista considera que también hace falta promover una reforma fiscal que recomponga las bases imponibles, que acote exenciones, deducciones, reducciones, e incluso algunos regímenes especiales que hacen que nuestro sistema fiscal
sea opaco y poco redistributivo. Especialmente tiene que hacerse así en el impuesto sobre sociedades, donde se tiene que establecer una tributación mínima para los grandes grupos empresariales mientras se lleva a cabo una reforma integral del
impuesto que, lógicamente, se debe acompasar a los avances que se produzcan para armonizarlo a escala europea. Es bien significativo que en los presupuestos para 2016 se dice que se plantea un nivel de ingresos tributarios semejante al de 2007. Es
verdad que si se cumplieran las previsiones de ingresos, los ingresos tributarios serían semejantes a los del año 2007 pero, ojo, con una distribución muy diferente: 11.600 millones más en IVA, 5.400 millones más en IRPF, 984 millones más en
impuestos especiales, 608 millones más en tasas y 24.800 millones de euros menos en el impuesto sobre sociedades, con un nivel de actividad económica parecido al que había en 2007, una vez superadas a este respecto las consecuencias de la crisis.
Queremos recordar también que el Gobierno del Partido Popular reformó el IRPF en 2014 y que, de acuerdo con un informe de la Comisión Europea, el aumento de renta es prácticamente proporcional al nivel de renta del contribuyente, es decir,
aumenta más la renta del contribuyente que tiene un nivel de renta más alto, de manera que esa reforma fiscal tampoco contribuyó precisamente a la redistribución de la renta. Además, para quienes no eran contribuyentes del impuesto, para quienes no
pagaban IRPF porque su renta ni siquiera les daba para pagarlo, se mantienen las tasas, los copagos, las subidas de impuestos, en un panorama generalizado de recortes sociales, que también se mantienen.
Nuestro sistema tributario debe ser más progresivo, más equitativo, y para ello no debe volver a reducirse la imposición a las rentas altas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. La moción del Grupo Socialista plantea esto,
así como la necesidad de incrementar significativamente los recursos humanos y materiales de la Agencia Tributaria, reforzando su independencia, su profesionalidad, impidiendo injerencias ilegítimas de los responsables políticos de la Hacienda
pública, como las que se produjeron en la X Legislatura. Nunca más deben salir informes, documentos o notas del gabinete del ministro hechas a partir de información confidencial de la Agencia Tributaria.
Finalmente, y concluyo, señorías, quiero recordar que ayer, 3 de abril, fue el Día Mundial contra los Paraísos Fiscales. Mi grupo insta también al Gobierno a liderar, de forma real y efectiva, en el seno de la Unión Europea y en todos los
foros internacionales en que sea necesario, la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor López.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos, interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Los tres puntos de esta moción están basados en premisas falsas y, por tanto, ya anticipo que voy a votar en contra. Además de descalificar al Gobierno, esta iniciativa responde a una estrategia de radicalización parlamentaria, que, al
tiempo, pretende camuflar el desbarajuste que en materia de combate contra el fraude fiscal siempre ha caracterizado al Partido Socialista. Por citar un caso muy conocido, ahora que están ustedes en un proceso interno de primarias, repasen los
precedentes, repasen el caso Borrell y verán que no salen bien parados en la lucha contra el fraude fiscal. Esta iniciativa, más que una moción, es una síntesis de críticas al Gobierno, sin propuestas eficaces para luchar contra el fraude fiscal,
materia en la que los socialistas no están para dar lecciones. De ahí que haya presentado una enmienda
que pone en valor los aspectos que, desde Foro, creemos que hay que reforzar, comenzando por la necesidad de que España sea un país cohesionado en el que no existan diferencias entre sus regiones por razones fiscales. Por ejemplo, basta dar
un paseo por Asturias para ver cómo se las gasta el presidente socialista Javier Fernández en materia de impuestos y, singularmente, en la aplicación injusta y dañina del recargo autonómico del IRPF, del impuesto de carburantes, del de trasmisiones
patrimoniales y, sobre todo, del impuesto de sucesiones y donaciones, situando a Asturias a la cabeza nacional en fiscalidad y a la cola en crecimiento económico. ¿O no es también una forma de fraude fiscal tratar abusivamente a los asturianos de
forma diferente, de forma desigual al resto de los españoles, señores del Partido Socialista?
Mi enmienda tiene cuatro puntos. El primero insta a la eliminación de las diferencias entre los impuestos que satisfacen los españoles en función del lugar de residencia, con objeto de garantizar que el sistema tributario español esté
presidido por el principio de homogeneidad fiscal e igualdad entre las comunidades autónomas. La simplificación del sistema impositivo también nos parece necesaria, porque el elevado número de figuras impositivas y su complejidad impiden un
adecuado control y favorecen el fraude fiscal. En tercer lugar, queremos que se potencien los recursos destinados a la lucha contra el fraude fiscal. Y finalmente, instamos al Gobierno a aplicar reformas en el impuesto sobre la renta de las
personas físicas para combatir las bolsas de fraude en el impuesto, con especial atención a rentas empresariales y profesionales no declaradas, así como en el IVA sobre el ámbito del tráfico intercomunitario de bienes y servicios, potenciando el
intercambio de información entre países intervinientes.
Nada más, señor presidente, y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Oblanca.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor De la Torre Díaz.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señorías del Partido Socialista, la moción que traen aquí, en mi opinión, es una mezcla de irresponsabilidad fiscal, demagogia izquierdista trasnochada y simple chapuza. Por eso, hemos presentado una enmienda para ajustarnos a los términos
del acuerdo de Gobierno que firmamos con el anterior candidato a la Presidencia del Gobierno por el Partido Socialista, Pedro Sánchez. Me explicaré, aquí hay propuestas, por una parte, de política fiscal y, por otra parte, de lucha contra el
fraude. En primer lugar, todo esto supone irresponsabilidad fiscal, porque si ustedes pretenden solamente a base de impuestos a las grandes fortunas aumentar los ingresos, de tal manera que se incremente de forma sustancial este gasto social que
ustedes creen que es necesario, sencillamente cuadrar el déficit no va a ser posible, y este era un elemento fundamental en el acuerdo de Gobierno que firmamos con el Partido Socialista. En segundo lugar, aquí también se ha planteado que van a
aumentar impuestos para reducir la desigualdad, frente a la política laboral y presupuestaria. Para hacer frente a todos los problemas todo se reduce a subir impuestos.
La clave de esta historia es la siguiente. En primer término, el impuesto sobre la riqueza. El impuesto de la riqueza que más recauda del mundo, que es el impuesto sobre grandes fortunas francés, recauda 2.000 millones de euros. Así es
imposible cuadrar las cuentas de una caída de 20.000 millones de euros, que es la que ha tenido el impuesto de sociedades. En segundo término, en el impuesto de sociedades ustedes proponen un tipo mínimo. Esto, en el impuesto de sociedades, no es
posible. Las grandes empresas están pagando menos, básicamente, porque se traen dividendos del exterior que están exentos. Si a estos dividendos les exigimos un tipo mínimo, van a pasar dos cosas: una, que nos vamos a saltar un centenar de
tratados internacionales obligándoles a pagar dos veces; y, dos, y mucho más sencillo, no se van a traer los dividendos y nos vamos a quedar sin liquidez y, de paso, tampoco vamos a recaudar. Tristemente, y esta es una crítica repetida, parece que
ustedes no saben de fiscalidad. Por otra parte, como la cuestión del impuesto sobre la riqueza es bastante compleja -y lo hemos reproducido en la enmienda-, hemos dicho que se estudiaría. Por cierto, en lo referente a las rentas altas, que ustedes
dicen que no hay que bajar los impuestos, ¿qué entienden ustedes por rentas altas? ¿Qué es el impuesto a los ricos, 30.000, 60.000 euros? A lo mejor es lo que me decía a mi un inspector, que rico no es cualquiera, es simplemente todo aquel que
gana un euro más de lo que yo gano. (Aplausos). Esto, al final, conduce a una subida masiva de impuestos, a subirle los impuestos a la clase media, a algo a lo que su candidato a presidente del Gobierno con su firma se comprometió específicamente
a no hacer y que es lo que ustedes pretenden hacer en esta proposición no de ley.
Por otra parte, en cuanto a la lucha contra el fraude, estamos de acuerdo en que hay que poner más recursos; no como ustedes hicieron a partir de 2008, reduciendo recursos o como hizo a continuación el
Partido Popular desde 2012. A diferencia de ello, hemos conseguido en estos presupuestos que haya un incremento del 10 % en los recursos de la lucha contra el fraude y que la Agencia Tributaria tenga 100 millones de euros más. En cuanto a
la profesionalidad e independencia, yo no puedo estar más de acuerdo con la necesaria independencia y profesionalidad. Yo me he dedicado a esto durante quince años como inspector en activo, pero lo han centrado todo en las críticas, tal y como se
ha producido en la última legislatura, cuando es verdad que, por ejemplo en el caso Cemex, una inspectora de Hacienda fue cesada después de un acuerdo que no pareció gustarle a la jefatura. Esto también ha ocurrido en la IX Legislatura. Hay pocos
ejemplos más claros de interferencia política que la gestión de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, MAFO, porque le puedo asegurar -yo estaba allí- que ha habido pocos presidentes de la Agencia Tributaria que hayan sido tan malos y tan intervinientes
políticamente. Ya le digo que su gestión fue casi tan mala como la que tuvo al frente del Banco de España. (Aplausos).
No me quiero centrar en esto. Hablemos de las interferencias políticas. En 2010 los inspectores denuncian el escandaloso trato de favor a las fortunas españolas en Suiza. ¿Qué hicieron ustedes con la lista Falciani? En lugar de iniciar
inspecciones, que era lo que proponíamos los profesionales, ustedes les enviaron unas cartas, y eso es una interferencia política que permitió a los peores defraudadores, a los que tenían localizados, que dejaran de pagar.
Concluyo. Efectivamente, esto lo hemos enmendado porque nos parece, como le decimos, que ustedes se están podemizando, que esto es izquierdismo trasnochado y que además es una chapuza técnica con irresponsabilidad fiscal. Si se pudieran
ajustar a los términos de la enmienda, que son los que ustedes mismos firmaron hace un año, votaríamos a favor, pero si por este sistema lo que quieren, además de criticar al Partido Popular -cosa que incluso podríamos compartir-, es una subida
masiva de impuestos a los españoles, para ese viaje no cuenten con nosotros.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor De la Torre.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Madrazo Díaz.
La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda que pretende ser seria, rigurosa y que nos permita avanzar en la progresividad del sistema fiscal, en la lucha contra el fraude fiscal, pero con los pies en la tierra y con la
calculadora en la mano. Tiene que haber consenso desde nuestro punto de vista en que tenemos que conseguir un sistema tributario justo, claro que sí -tiene que haberlo porque lo dice la propia Constitución española-; y tiene que haber consenso
también en que los impuestos son esenciales para el desarrollo económico y social de un país, claro que sí, en eso estamos todos de acuerdo. Donde no parece que haya consenso en esta Cámara es en que el tamaño de la carga impositiva influye sobre
las empresas y los ciudadanos, influye decisivamente en las decisiones de inversión, el crecimiento y la creación de empleo. Decisiones equivocadas en ese sentido -subir los impuestos de manera desproporcionada a empresas y ciudadanos- a lo único
que lleva es a asfixiar la economía. Por eso, nosotros creemos en un sistema tributario que sea eficiente y, a pesar de que hemos apostado por bajar los impuestos a las empresas y a los ciudadanos impulsando una bajada de impuestos de más de 12.000
millones de euros entre los años 2015 y 2016, hemos conseguido que esto tenga un impacto muy positivo en la economía, con crecimiento económico y creación de empleo, y no hay más que ver los datos de empleo de hoy.
La izquierda de este Parlamento parece no entender esto. En los países donde los impuestos son muy altos la economía al final se va a la ruina, no hay empresas ni creación de empleo. Por tanto, nosotros hemos presentado una enmienda a la
totalidad de esta moción porque en lenguaje coloquial quiero decirle al Grupo Socialista que no hay por donde cogerla -ya lo han dicho algunos de los intervinientes, como el de Ciudadanos o el de Foro Asturias, a quienes agradezco algunas de sus
palabras-, porque simplemente está plagada de demagogia, de incoherencias, de prejuicios ideológicos y, lo que es peor, de falsedades, de mentiras. En mi tierra, en Cantabria, hay un pueblo que se llama Santillana del Mar, que seguramente lo
conocerán porque es un pueblo precioso, al que llaman el pueblo de las tres mentiras porque ni es llana ni es santa ni tiene mar. (Rumores). Pues su moción desde luego contiene no tres sino múltiples falsedades, porque por un lado dicen que la
política fiscal del Gobierno...
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Silencio. Un momento, señora Madrazo. Silencio, señorías. (Pausa).
Continúe.
La señora MADRAZO DÍAZ: ... ha conseguido generar desigualdad y pobreza. Señores socialistas, la pobreza y la desigualdad las creó la destrucción de 3,5 millones de puestos de trabajo.
Dicen también que hay que conseguir más ingresos porque hay pocos: una caída de 70.000 millones de euros con el Gobierno del señor Zapatero. Hablan de recortes de gastos. Es totalmente falso y hoy lo hemos visto en la presentación de los
Presupuestos Generales del Estado. El presupuesto destinado a gasto social, de más de 300.000 millones de euros, es el más alto de la historia de España. Por tanto, tampoco es cierto. Y hablan de poner una imposición mínima a las grandes empresas
cuando fueron ustedes los que permitieron que los grupos de empresas consolidados pagaran un tipo medio incluso del cero por ciento. Por tanto, la política fiscal de este Gobierno ha sido eficaz, equitativa y justa y ha beneficiado a la mayor parte
de las empresas y de las familias, y sobre todo a las familias con rentas medias y bajas. Por eso -lo digo por las palabras que le dedicó al ministro en la interpelación- nos votan la mayoría de los ciudadanos, por eso ganamos las elecciones
generales y ustedes no.
Este es el punto que más diferencia al Partido Popular del resto de los partidos. Todos parecen defender fuertes subidas de impuestos -IRPF a tramos altos, superimpuestos a los ricos, patrimonio, propiedad de la vivienda, impuestos
medioambientales-, todos los partidos quieren subir impuestos, pero nosotros pensamos que cumpliendo el principio de suficiencia, teniendo los recursos precisos para financiar ese gasto social de 300.000 millones de euros, es suficiente, y queremos
reducir el esfuerzo fiscal de los españoles, porque los españoles trabajan más de la mitad del año, o al menos la mitad del año, para pagar impuestos. A la izquierda parece que esto le parece poco. A nosotros, desde luego, no. Por eso hemos
presentado esa enmienda, porque también estamos en desacuerdo con que este Gobierno no haya luchado contra el fraude fiscal. Todo lo contrario, hemos obtenido resultados históricos en la lucha contra el fraude fiscal, más de 50.000 millones de
euros, y también participamos en los foros internacionales para la lucha contra el fraude fiscal internacional y para reducir los agujeros de nuestro sistema fiscal por los que a veces se evita por parte de las grandes empresas el pago de impuestos.
Por tanto -voy concluyendo-, señorías, lograr la justicia del sistema tributario es un objetivo que compartimos desde el Grupo Parlamentario Popular. Es una ecuación muy difícil -estarán de acuerdo-, pero la tenemos que resolver juntos, con
realismo, con rigor y, como he dicho antes, con la calculadora en la mano, con cuentas, señorías, y no con cuentos. Por ello les pedimos que acepten nuestra enmienda. Si no lo hacen, nuestro voto va a ser contrario a la aprobación de esta
iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Madrazo.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.
Quiero comenzar mi intervención afirmando que cualquier reforma fiscal debe conducir a dotar de recursos suficientes a las administraciones públicas para garantizar los servicios públicos que se ofrecen a la ciudadanía, pero al mismo tiempo
esos recursos han de servir para reactivar la economía de un país, para que la industria sea competitiva, para posibilitar el crecimiento económico y para hacer en definitiva un país más competitivo, atractivo, más sostenible y más igual.
Para hablar de reforma tributaria primero hay que analizar lo que se ha conseguido con las modificaciones de los últimos tiempos, es decir, cómo han funcionado esas modificaciones y a partir de aquí analizar cuáles han sido los resultados,
ver en qué se ha fallado y dónde se puede mejorar, teniendo en cuenta el contexto macro actual y no hacer elucubraciones. Si no se reflexiona sobre lo que quieres hacer, qué políticas perdidas a lo largo de la crisis quieres recuperar, por ejemplo,
o hasta qué niveles de gasto quieres llegar en términos de PIB, no se podrá plantear una reforma tributaria que permita que ese gasto pueda ser efectivo. Ese tipo de decisiones requiere de un consenso con otras instituciones y partidos, además de
un recorrido, porque un sistema tributario no puede estar modificándose todos los años, porque un país, la economía y las inversiones requieren estabilidad. También quiero recalcar que en el caso de que se llegue a una reforma tributaria esta
deberá ser respetuosa con el marco competencial existente y con la actuación de cada institución en su ámbito competencial; me refiero a la tributación local y autonómica de los territorios forales en este caso. Por eso he dicho anteriormente que
una reforma tributaria ha de realizarse con el debido consenso.
Entendemos que en el caso de una reforma del sistema tributario esta debería ser integral, que opere a largo plazo y, como ya he apuntado, que tenga como prioridad la incentivación de la actividad económica
y la suficiencia de ingresos para mantener el gasto social. Nuestro grupo es partidario de colaborar en cuantos debates y decisiones de reforma del sistema tributario se produzcan, pero siempre desde el principio básico del estricto respeto
a nuestro autogobierno fiscal. Porque en el Estado tenemos cinco haciendas, las tres de los territorios de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la de Navarra y la del territorio común.
En cuanto a la lucha contra el fraude, todos hablamos sobre esta cuestión. Seguramente no será fácil llegar a un acuerdo de cuánto es ese fraude, dónde está, etcétera, pero habrá que hacer un esfuerzo importante también en esta materia. A
corto y medio plazo tiene que haber mecanismos de transmisión de información, aumento del número de inspectores; tiene que haber incluso maneras rentables desde el punto de vista económico para perseguir esta cuestión. Porque además no se trata
solo de un tema recaudatorio, sino también de un tema de justicia social y ético. Creemos que la reforma tributaria ha de realizarse con el mayor consenso posible, atendiendo a un análisis riguroso de las modificaciones operadas para poder ver
dónde se puede retocar o incidir y respetando por tanto el marco competencial. Y por ello nosotros, como tenemos un marco propio, en principio nos abstendremos en esta votación.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella i Farré.
La señora CAPELLA I FARRÉ: De nou bona tarda.
Esta moción consecuencia de interpelación presentada por el Partido Socialista Obrero Español coincide con la presentación hoy en las Cortes de los Presupuestos Generales del Estado. Por cierto, unos presupuestos con menor inversión para
Cataluña. Y coincide también con la suspensión por parte del Tribunal Constitucional del articulado de la Ley de presupuestos de la Generalitat de Catalunya. Coincidencias; pero en todo caso es necesario que sean remarcadas.
Y bien, hoy veremos también por primera vez en esta legislatura, a la vista de estos Presupuestos Generales del Estado presentados por el ministro Montoro, hacia qué línea se orienta la política económica del Gobierno. Si todo aquello que
se ha ido aprobando en esta Cámara a través de proposiciones no de ley de los distintos grupos parlamentarios, por cierto que también el Partido Popular se ha sumado a la aprobación, y todo aquello que nos ha venido explicando el ministro Montoro va
en la línea que demanda la moción que hoy tratamos aquí. En todo caso Esquerra Republicana es muy escéptica sobre la capacidad que tiene el Gobierno del Partido Popular de plantearse un cambio en la política fiscal y tributaria y del sistema
tributario del Estado español.
Para nosotros, para Esquerra Republicana, abordar un cambio en la política fiscal y por tanto en el sistema tributario debería tener como objetivo y debería garantizar como objetivo alcanzar la justicia social, que no es otra cosa que uno de
los pilares fundamentales de un Estado de derecho y del Estado del Bienestar además de la eficiencia social para conseguir una Administración moderna y avanzar en la competitividad de la economía. Y todo ello combinado con una base de ética
política que nos permita separar claramente los distintos poderes del Estado así como las instituciones del Estado. Por lo tanto para nosotros el Estado español debería abordar esta reforma necesariamente -y por eso nosotros estamos intentando
hacer un Estado distinto al Estado español- y debería garantizar la justicia social. Eso quiere decir que deberían derogarse inmediatamente una serie de leyes que aprobaron y que representaron reformas llevadas a cabo durante los últimos años y que
traían consecuencia de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Entre otras cosas, las reformas laborales, que para nosotros son injustas; han sido injustas, inútiles y por tanto también ineficaces, ya que no han hecho otra cosa más que mantener y
por tanto fomentar la precariedad del mercado de trabajo. Deberían ser reformadas las pensiones y en todo caso intentar conseguir que se modificase la pérdida de poder adquisitivo de estas pensiones entre otras cosas más.
Como decíamos, un Estado que debería ser eficiente, al igual que su Administración. Dudamos de la eficiencia del Estado español. Ustedes han presentado los presupuestos para 2017 en las Cortes Generales esta mañana, es evidente que con un
notorio e importante retraso; veremos si son aprobados, veremos el tiempo de vigencia de dichos presupuestos por cuanto a finales de año deberán presentar unos nuevos. Por tanto, estos presupuestos también deberían garantizar los ingresos del
Estado; el reto de un nuevo sistema tributario debería también procurarse los ingresos adecuados para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. El sistema tributario español es de los menos eficientes o, por decirlo
de otra manera, es ineficiente. Actualmente recauda entre 7 y 8 puntos menos respecto al PIB de la media europea.
Decíamos también que era necesario incorporar la ética política a cualquier reforma del sistema tributario, en el sentido de impulsar la independencia de las distintas instituciones públicas y de los organismos del Estado. Por ejemplo, la
Agencia Tributaria, el Tribunal de Cuentas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España, hasta un largo etcétera.
Voy acabando, presidente, si me permite. La propuesta de moción del Partido Socialista claramente denuncia que la Agencia Tributaria necesita mayores recursos humanos y materiales, reforzando su profesionalidad y la independencia de esta
porque lo que está pasando en la actualidad -o lo que ha pasado hasta ahora- es que el Partido Popular no les permite ser independientes a ustedes.
Decíamos que hemos visto cómo el sistema de inspección se ha demostrado ineficaz por una falta evidente de recursos, pero también porque estos recursos se encuentran mal orientados. En este sentido quiero recordar también -y ya finalizo,
presidente, ahora sí- que justo ayer, 3 de abril, hace justo un año que se hacían públicos los llamados Papeles de Panamá. Supongo que el Partido Popular también lo recuerda. Un hecho histórico y que marca un antes y un después en el ámbito
internacional respecto a la evasión, la elusión y el fraude fiscal. También nos gustaría que, como ocurre con esta campaña de concienciación de la población a nivel global para reivindicar políticas públicas concretas que permitan terminar con los
problemas que se derivan de la existencia de estos territorios financieros opacos, en este caso el Gobierno del Partido Popular se apuntase a esta concienciación.
En todo caso, nosotros votaremos favorablemente. Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Capella.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Valido Pérez.
La señora VALIDO PÉREZ: Gracias, presidente.
Señorías, el que viola directamente las leyes declara la guerra contra la sociedad. El que, sin infringir abiertamente las leyes, las elude mediante astucias, hiere los intereses de todos y se convierte en indigno de la benevolencia y de la
estima general. Esto que acabo de leer está en la Constitución francesa de 1795; estamos en el siglo XXI y todavía andamos dando vueltas a los problemas.
El fraude es un delito y atenta y quiebra el Estado de bienestar de un país. En España la economía sumergida sigue suponiendo casi un 20 % del PIB, en buena medida porque faltan medios suficientes para la lucha contra el fraude. Según
Gestha, el sindicato de los técnicos del Ministerio de Hacienda, ese fraude es principalmente de grandes fortunas y grandes empresas. Pero que además la elusión fiscal, que también compromete el bienestar social, sea una práctica amparada por el
Estado mediante instrumentos fiscales regulados legalmente y que solo benefician a las grandes empresas y a las grandes fortunas supone un drama para el país y da idea del cinismo de los Gobiernos y de su poco compromiso para con el resto de la
ciudadanía. En palabras de The Economist, de junio de 2013, los resquicios fiscales para unos pocos significan mayores impuestos para todos los demás.
Según un informe de Intermón-Oxfam de mayo de 2015, la evasión y elusión fiscal traen como consecuencia el debilitamiento y empobrecimiento del Estado, el incremento del esfuerzo fiscal para el resto de la ciudadanía y para las pymes y la
ruptura de la confianza de la ciudadanía con el Estado. Desde luego que apoyamos la reforma de nuestro sistema tributario para hacerlo más equitativo, al mismo tiempo que se incrementa su capacidad recaudatoria y la lucha contra el fraude como ejes
principales de la política fiscal. Son dos medidas imprescindibles para mejorar nuestra ratio de ingresos públicos con respecto al producto interior bruto, que en España es del 38,6 %, muy por debajo de la media europea, que es del 44,9 %, y así
aumentar al mismo tiempo el gasto público en general y el gasto en protección social en particular, que actualmente también se encuentran por debajo de la media europea.
Las medidas propuestas en la moción, como la introducción de un gravamen efectivo sobre la riqueza, la fijación de una imposición mínima en el impuesto de sociedades para las grandes empresas y la garantía de que no se reducirá la imposición
a las rentas más altas en el IRPF van en línea con nuestras propuestas de incremento de los ingresos públicos. Nos alegramos de que por fin el Partido Socialista haya encontrado el camino de la luz y se dirija hacia ella porque hay que recordarle
varias cosas. Por ejemplo, que cuando estaba en el Gobierno, el PSOE permitió que las rentas del capital tributasen muy por debajo de la rentas del trabajo en el IRPF y redujo los tramos de este impuesto haciéndole perder progresividad. También
incrementó el IVA y eliminó a Panamá de la lista de paraísos fiscales. Además, durante los Gobiernos socialistas de Felipe González, en 1983, se crearon las Sociedades de Inversión de Capital Variable, la famosa Sicav, aunque es verdad que
después se terminaron consolidando bajo el Gobierno de José María Aznar. En 1995, también con el Gobierno de Felipe González, se crearon las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros, las ETVE, que, en la práctica, hacen de España un paraíso
fiscal para las empresas extranjeras. Asimismo, en 2009, bajo el Gobierno de Rodríguez Zapatero, se crearon las Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliaria, las Socimi, que eximen a las empresas de tributar por el impuesto de sociedades; es
decir, son instrumentos para la creación de pantallas tributarias que ni crean empleo ni aportan lo que deben al Estado. Haciendo un símil, y en palabras de nuestro compañero Joaquín Sagaseta, el PSOE es como un violín, se agarra con la mano
izquierda mientras toca con la derecha.
Considerando la moción formulada por el PSOE, este Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea apoya la propuesta formulada, pero creemos que es insuficiente, por lo que habría que complementarla con otras; por ejemplo, las
relativas a política tributaria, una reforma del IRPF orientada a mejorar la progresividad del impuesto, una reforma integral del IVA ampliando la cantidad de artículos gravados al tipo reducido al 10 %, en concreto, todos los suministros básicos, y
también aumentar el número de alimentos y bebidas no alcohólicas a los que aplicar el tipo superreducido del 4 %, la eliminación de las Sicav, las ETVE, las Socimi y por supuesto las medidas de lucha contra los paraísos fiscales. Finalmente y en lo
relativo a la lucha contra el fraude, el establecimiento de un estatuto propio para la Agencia Tributaria elaborado por los cuerpos funcionariales implicados, elección de su presidente por parte del Congreso con un contrato-programa para un mandato
de cinco años y elaboración de un plan plurianual de medidas de lucha contra el fraude.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Valido.
Finalmente, en turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, le pregunto al señor López Milla sobre si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas.
El señor LÓPEZ MILLA: Señor presidente, no aceptaremos las enmiendas, de manera que se votaría en sus términos.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias. Tomamos nota.
Finalizado el debate de este punto, se suspende la sesión.
Muchas gracias.
Eran las seis y cincuenta y cinco minutos de la tarde.