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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 78, de 14/12/2016
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2016 XII LEGISLATURA Núm. 78
AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES
Sesión núm. 3
celebrada el miércoles,
14 de diciembre de 2016
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre el impulso de las obras pendientes en el embalse de Soto-Terroba y la presa de Enciso (La Rioja). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000006) ... (Página2)
- Sobre la derogación de las últimas reformas legislativas que perjudican la protección del medioambiente. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 161/000079) ...
- Relativa a la aprobación urgente de transferencia de agua desde el pantano de Iznájar a la zona norte de la comarca de Antequera. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000291) ...
- Relativa al fomento de la agricultura y ganadería de montaña y el aprovechamiento de la biomasa como herramientas para la prevención de incendios. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/000301) ...
(Página15)
- Sobre contratación pública de alimentos con criterios de responsabilidad social y medioambiental. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000354) ...
- Relativa a modificar los caudales ecológicos establecidos en el Plan Hidrológico del Ebro correspondiente al segundo ciclo de Planificación Hidrológica 2015-2021. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente
161/000458) ... (Página23)
- Sobre medidas para la ordenación del espacio marítimo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000625) ... (Página28)
- Sobre gestión integrada y desarrollo sostenible en el Mar Menor y su entorno. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000640) ... (Página32)
- Sobre la mercantilización de derechos concesionales de agua. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000722) ... (Página37)
- Relativa a agilizar la tramitación de la denominación de origen protegida (DOP) Quisquilla de Motril. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000833) ...
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE EL IMPULSO DE LAS OBRAS PENDIENTES EN EL EMBALSE DE SOTO-TERROBA Y LA PRESA DE ENCISO (LA RIOJA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000006).
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para desarrollar el orden del día, tal como fue propuesto en la última reunión de la Mesa y todas sus señorías conocen. Les recuerdo que los
tiempos para intervenir serán de cinco minutos para el proponente, para aquel que defiende la iniciativa, y de tres minutos, para aquellos grupos que presenten una enmienda o deseen fijar posición. Asimismo, quiero recordarles que las votaciones no
tendrán lugar antes de las dieciocho y treinta minutos. Les ruego que sean lo más breve posible, pero siempre y cuando tengan tiempo de defender sus iniciativas.
Empezaremos con el punto 1.º del orden del día: proposición no de ley sobre el impulso de las obras pendientes en el embalse de Soto-Terroba y la presa de Enciso, en La Rioja. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Luena.
El señor LUENA LÓPEZ: Gracias, presidente.
Por cumplir con las instrucciones dadas por el presidente y por la Mesa, voy a ver si les cuento de qué va esta historia de las presas riojanas con brevedad, pero también con claridad.
Yo llevo un tiempo defendiendo en el debate público que mantenemos en La Rioja que en materia de grandes infraestructuras, de grandes actuaciones, los socialistas preferimos aliados que responsables o culpables, porque ya hemos tenido tiempo
de hacer eso; es decir, prefiero la unidad y la determinación a cualquier otra actuación. Desde esa premisa, señorías, les afirmo la necesidad de poner en funcionamiento o en servicio estas dos grandes infraestructuras hidráulicas, estas dos
grandes actuaciones, porque van a beneficiar el progreso social colectivo de La Rioja, porque van a redundar en el desarrollo de la región y porque, además, van a consolidar la cohesión territorial que cualquier comunidad o espacio territorial
necesita. Esos tres grandes criterios que se tienen que pedir antes de avalar el impulso y la inversión para finalizar una gran actuación, como es el caso, aquí se cumplen.
Les decía que les quería contar la historia porque son muchos años, sobre todo, en el caso de la presa de Enciso. Respecto a la presa de Soto-Terroba acumula un retraso, en este caso en su ejecución, de cinco años. Las obras de la presa
comenzaron en julio de 2008, con la intención de que concluyeran en el verano de 2011. El embalse se quedó al 80% a finales de 2011; en octubre de 2012 al 81%, y en marzo de 2013, ya se había certificado obra por valor de 18,5 millones de euros,
es decir, más de un 83% de la
inversión que tiene presupuestada la presa. Según la Confederación Hidrográfica del Ebro, a pesar de encontrarse ejecutado actualmente el 97%, se estima que serán necesarios al menos otros treinta y cuatro meses para ejecutar las obras
complementarias que incluyen actuaciones como la variante de la LR-250, estabilizar taludes, situar los elementos de comunicación y auscultación de la presa, colocar alumbrado e implementar el plan de emergencias. Les informo, señorías, que el
embalse de Soto-Terroba debe asegurar la regulación del río Leza para consolidar los riegos existentes de hasta 1.253 hectáreas, reservar abastecimiento para poblaciones aguas abajo, laminar avenidas y garantizar un caudal en el río que permita
paliar el déficit en los meses de verano.
En cuanto a la presa de Enciso en el río Cidacos -seré breve, señor presidente-, les cuento la historia. En 1993 el Gobierno -entonces socialista- aprueba licitar la obra y en 1997 la adjudicación definitiva: 35 millones de euros; en el
año 2003, el proyecto se bloquea a falta de un modificado... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señor Luena, espere un momento, por favor.
Señoras y señores diputados, les ruego que tomen asiento y que escuchen al orador porque hay dificultades para escuchar su intervención, y las señoras y los señores diputados del Partido Popular, también. (Pausa). Señor diputado, por
favor, tome asiento y escuche con atención la intervención.
Puede proseguir, señor Luena.
El señor LUENA LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Como les decía, en 2003 se bloqueó el proyecto a falta de un modificado del 74%; en abril de 2004, el Consejo de Estado admite el modificado: 61,5 millones de euros -advierto que quien admitió a trámite este modificado fue un Gobierno
socialista-; en septiembre del año 2006, el Gobierno da luz verde a la modificación del proyecto y en mayo la Confederación del Ebro y la UTE formada por FCC-Auxini firman el acta de replanteo; en noviembre de 2008, por fin, se inician las obras
que estaban previstas finalizar en diciembre de 2011; en julio de 2011 el Ministerio de Medio Ambiente refinancia la obra con partidas previstas para entonces de varios millones de euros hasta julio de 2012, cuando la confederación señala la
conclusión de la obra para diciembre de 2015. Ahí por cierto, ya denunció el Grupo Socialista que habían desaparecido 15 millones de euros previstos para 2012, 22 millones de euros previstos para 2013 y una partida programada de 35 millones de
euros para 2014.
En junio de 2014 se retoman las obras y se planifica su finalización para noviembre de 2015. En noviembre de 2014 la entonces ministra Tejerina reafirmó la finalización de la obra para finales de 2015 y se valoró la inversión final en 98
millones de euros. Sin embargo, en octubre de 2015 la Confederación Hidrográfica del Ebro -la CHE- prevé la finalización para noviembre de 2016, es decir, para el mes pasado. En noviembre de 2016 nos encontramos con que no se han realizado obras
en todo el año. La confederación lo achaca a falta de suministro de cenizas de la central de Andorra -es un debate en el que no quiero meterme-. Lo que sí puedo decir es que hay 31 millones de euros de este año 2016 sin tocar. Advierto a quienes
estén elaborando los presupuestos que espero -exijo- ver esta partida de 31 millones de euros en los presupuestos de 2017.
Señoría, termino ya esta historia de la presa de Enciso. En diciembre el ministerio decide no ampliar el contrato con la adjudicataria, en este caso ya FCC-Dragados, al finalizar el plazo de ejecución de los trabajos. El ministerio anuncia
que estudiará los trabajos efectuados para, una vez realizado el estudio, prolongar el convenio con la adjudicataria o realizar un nuevo concurso para licitar los trabajos pendientes. La adjudicataria, por su parte, interpone un recurso...
El señor PRESIDENTE: Señor Luena, le ruego que vaya concluyendo.
El señor LUENA LÓPEZ: Termino ya.
... ante la decisión del ministerio, cuyo resultado está previsto conocer en torno al 22 de diciembre.
Señorías -treinta segundos para terminar-, ante esta situación las Cortes Generales deben tomar una posición, actuar. Esto es lo que yo pido a esta Comisión: que se exija un compromiso con plazos, intensidad y actuaciones. Señor
presidente, informo a la Mesa de que he presentado una enmienda conjuntamente sobre el texto con el Grupo Ciudadanos, que el Grupo Popular también ha presentado una enmienda -no discuto su buena intención, pero tampoco su nula eficacia- y también
que estamos en conversaciones con el Grupo de Unidos Podemos. Antes de que se llame a votación en esta Comisión, y
con la intención de que esta Comisión y estas Cortes Generales impulsen definitivamente esta obra, espero llevar una enmienda transaccional a la Mesa para que se vote.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Luena.
A esta iniciativa se han presentado dos enmiendas. La primera de ellas ha sido presentada por parte del Grupo Parlamentario Popular, que va a defender don Emilio del Río, a quien le recuerdo que deberíamos todos ajustarnos a los tiempos
previstos. El señor Luena ha consumido dos minutos y medio más de los previstos, lo cual obliga a que todos los demás grupos también necesiten más tiempo y, al final, esto va a terminar muy tarde. Por un tiempo de tres minutos, tiene la palabra el
señor Del Río.
El señor DEL RÍO SANZ: Muchas gracias, presidente.
Señorías, este es el mejor ejemplo de las políticas que llevan a cabo, por un lado, el Partido Popular, y por otro, el Partido Socialista. En lo referido a mi comunidad, La Rioja, puede comprobarse el compromiso del Partido Popular con los
riojanos y con las infraestructuras que necesitan y la falta de compromiso del Partido Socialista, porque estas dos infraestructuras necesarias e importantes para el desarrollo de nuestra comunidad, para el aprovechamiento del agua, que están
relacionadas con la agricultura, con el medio ambiente, con el abastecimiento urbano, pero, también con los usos industriales, han sido impulsadas, comprometidas y ejecutadas, en su mayor parte, con Gobiernos del Partido Popular. Ahora que ya está
próxima la finalización de ambas infraestructuras, el Partido Socialista quiere apuntarse el tanto de que gracias a su impulso político se llevan a cabo y es todo lo contario.
En el caso del embalse de Soto-Terroba se contrató la obra en el año 2007, durante los años de Gobierno del Partido Socialista de Rodríguez Zapatero; luego, estuvo literalmente parada, y ahora, ha sido nuevamente con el Gobierno de Mariano
Rajoy cuando se ha dado un impulso a la misma. Las obras del proyecto de Soto-Terroba están ejecutadas por encima del 95% y en esta última legislatura se han invertido más de 7 millones de euros. La enmienda que presenta el Grupo Popular propone
que el Gobierno adjudique las obras -ya no digo licitar- pendientes para finalizar la presa de Soto-Terroba y que las ponga en marcha; que lo haga, que las adjudique en el primer trimestre del año 2017. Esto supone lógicamente un compromiso
presupuestario que estará en torno a 8,5 millones de euros.
¿Y por qué no se ha podido adjudicar esta obra en este año? ¿Por qué no se ha podido comenzar esta última fase? Pues por el no es no de Pedro Sánchez; por el no es no, posición que tenía entonces el Partido Socialista. El informe de la
Abogacía del Estado dijo que un Gobierno en funciones no podía adjudicar las obras pendientes. Por eso no fueron adjudicadas, por culpa del Partido Socialista. Este tema de las presas demuestra lo que supone tener un Gobierno en funciones, el
coste que hemos pagado, aparte de todos los españoles, todos los riojanos.
En cuanto a la presa de Enciso, que es una de las grandes obras de mi comunidad, se ha llevado a cabo ya una inversión de más de 98 millones de euros. Ahora hay un problema no imputable al Gobierno porque la empresa encargada de las obras
ha presentado un recurso que está siendo analizado por la Abogacía del Estado y en cuanto esta resuelva el compromiso del Gobierno del Partido Popular es que se destine el presupuesto necesario, que estará en torno a los 20 millones de euros, para
concluir la presa de Enciso. Por tanto, lo que propone el Partido Socialista en su enmienda es, o un desconocimiento de la Administración -que doy por hecho que no-, o un ejemplo de demagogia en estado puro, porque es absolutamente imposible poner
en marcha la presa de Enciso en el año 2017. Al margen de los plazos administrativos de los informes correspondientes de la Abogacía del Estado, hay que licitar las obras, hay que adjudicarlas y hay que concluirlas. Por tanto, se puede presentar
mañana, que es jueves, una propuesta para que se ponga en marcha la presa de Enciso, pero por mucho que se presente y se vote es imposible, ya que eso supondría saltarse, no ya los trámites administrativos sino los controles de legalidad. Eso es lo
que está proponiendo el Partido Socialista. Por eso, la enmienda del Grupo Popular...
El señor PRESIDENTE: Debe terminar.
El señor DEL RÍO SANZ: Termino ya, presidente.
Por eso nuestra enmienda propone que el Gobierno adjudique las obras pendientes para finalizar Soto-Terroba en 2017 y que se impulsen todas las actuaciones necesarias para finalizar lo antes posible la construcción de la presa de Enciso.
Pero les aseguro algo a sus señorías: estas dos presas serán realidad, gracias al compromiso del Gobierno del Partido Popular.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Emilio del Río.
A esta iniciativa se ha presentado otra enmienda por parte del Grupo Ciudadanos, para cuya defensa tiene la palabra don Miguel Ángel Garaulet.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Yo no sé qué va primero, si el huevo o la gallina. Aquí el problema que tenemos es que siempre que acudimos a una Comisión donde se habla de obras que empezaron en 1993, tanto el PSOE como el Partido Popular se echan las culpas de quién no
ha hecho las cosas bien, o quién ha dejado de hacer las cosas, pero, al final, son los ciudadanos quienes lo pagan. Por tanto, debemos ponernos ya, de una vez por todas, de acuerdo en que hay ciertas infraestructuras que La Rioja necesita y las
necesita para ahora mismo. Una de estas obras son estas dos presas, además de la AP-68 y otra serie de infraestructuras que harán que esa región y comunidad autónoma tenga que estar donde debe estar y en el sitio que le corresponde. Por tanto,
nosotros venimos a trasladar una petición por parte tanto de nuestros afiliados como de los ciudadanos que nos votaron y a quienes representamos, porque necesitan que esta obra se termine y se lleve a cabo en tiempo y en forma.
También es importante saber cuáles han sido los problemas estructurales que han impedido que estas obras no se hayan llevado a cabo y no se hayan finalizado, o si ha habido los estudios previos necesarios en la infraestructura que hayan dado
lugar a la paralización de esta obra, ya que se está hablando de paralización. Por tanto, nosotros queremos que la obra llegue a su finalización, queremos poner de una vez por todas un timing para terminar la obra. Me da igual que empecemos el
primer trimestre de 2017 o que empecemos en el segundo trimestre, según lo diga la Abogacía del Estado, pero que se empiece, se presupueste y se termine la obra en tiempo y en forma porque es lo que necesita La Rioja. Para eso estamos aquí, para
dar solución a los problemas que hay. Luego, fuera de aquí, os echáis las culpas de quién ha sido el responsable, quién ha ocasionado el problema y quién lo ha solucionado, pero ahora vamos a intentar solucionarlo entre todos porque esta es una
legislatura en la que hablando se pueden llegar a soluciones. Vamos a intentar hacerlo y vamos a pensar en quién nos ha traído aquí, que son los ciudadanos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garaulet.
¿Grupos que desean fijar posición sobre esta iniciativa, por el orden de menor a mayor representación? (Pausa). Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra su portavoz, señor Bataller.
El señor BATALLER I RUIZ: Gracias, presidente.
Coincido con las apreciaciones que acaba de realizar el representante del Grupo Ciudadanos, en cuanto que entendemos que esta es una cuestión en la que los enfrentamientos típicos del bipartidismo trasnochado deberían ser superados y
atenderse al interés general. No dudo de la fiabilidad de los datos que aporta el proponente, el señor Luena. Dado que al parecer se ha alcanzado un grado de ejecución tan grande de las obras, deberíamos apoyar que las mismas se concluyan, a no
ser que a lo largo de este debate se traigan a colación poderosos motivos de índole medioambiental desconocidos hasta ahora, o sobrevenidos, que aconsejaran una solución distinta. En principio, vamos a esperar el resultado de este debate porque lo
q).ue nos interesa es ver cómo podemos atender a las necesidades generales de la ciudadanía y superar ciertos enfrentamientos que creo que no llevan a nada.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Enric Bataller.
¿Algún otro grupo desea intervenir? (Pausa). Por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, tiene la palabra la señora Carreño.
La señora CARREÑO VALERO: Como diputada por La Rioja soy consciente del terrible retraso que llevan las obras de las presas de Enciso y Soto-Terroba, así como las continuas interrupciones que se han dado y el perjuicio que ello supone.
Quiero decir que en La Rioja nadie sabía la razón de las constantes interrupciones y quiero agradecer a Emilio del Río que nos comunique que esto ha sido por tener un Gobierno en funciones. La verdad es que resulta sorprendente que un Gobierno que
pudo suscribir el acuerdo de la Unión Europea con Turquía sobre los refugiados, no haya sido capaz de finalizar las obras de dos presas en La Rioja.
Dicho esto, estamos de acuerdo con el diputado del Grupo Socialista en cuanto que habría que ponerlas en funcionamiento, puesto que una vez realizadas y construidas dichas obras sería un total despilfarro de dinero dejarlas así como están.
No obstante, lo que nos preocupa muchísimo es la posible existencia de riesgos para la ciudadanía. ¿Por qué decimos esto? En el caso de Soto-Terroba el proyecto ha sido ejecutado hasta el 97% y han sido invertidos casi 20 millones de euros. Por
tanto, parece absurdo que no se finalice sin un motivo aparente y tememos que esto se deba a la propensión de generación de movimientos en la ladera. La presa de Terroba se encuentra en el valle de Leza, que es un valle con propensión a dichos
movimientos. En el año 2010 se invirtieron 4 millones de euros en obras de emergencia para estabilizar los deslizamientos que afectaban a la presa y a la variante de la carretera LR-250. Hoy en día hay también un enorme deslizamiento y nos
preocupa que se pueda dar un caso como el que ya sucedió en Vajont, donde fallecieron más de 2.000 personas debido a una enorme ola que se formó cuando la presa se llenó, porque ese terreno tenía ciertas similitudes al que tiene el valle donde se
encuentra la presa de Terroba.
En el caso de Enciso se dan múltiples deslizamientos, aunque son de menor envergadura que en Terroba. No obstante, la construcción de la carretera ha sido abandonada y se necesitaría un túnel para poder seguir avanzando en el proyecto.
Todos estos riesgos de los que estoy hablando fueron constatados en el año 2006 por los prestigiosos profesores Antonio Casas y José Gibsbert, pertenecientes ambos al departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza, que
elaboraron un estudio donde se señalaba el riesgo de sismicidad inducida y los problemas de deslizamiento en masa, potenciados además en el caso de Enciso por la composición de los materiales de los estratos que bordean el pantano, en concreto por
la presencia de piritas. Dicho informe concluía con la siguiente afirmación que voy a leerles: Consideramos inadmisible el riesgo...
El señor PRESIDENTE: Señora Carreño, le ruego que vaya concluyendo, por favor.
La señora CARREÑO VALERO: Concluyo rápido.
El informe decía: Consideramos inadmisible el riesgo al que se está sometiendo todas las poblaciones situadas en un radio de 50 kilómetros del embalse, mediante la puesta en carga y llenado del mismo debido a la probable inducción de sismos
sobre el cabalgamiento de Cameros en relación con la posición del citado embalse. Esto no ha sido contrastado por informes del ministerio o de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Por tanto, nos tememos que la presencia de informes que nos
muestran deficiencias pueda suponer un peligro para la ciudadanía.
Por tanto, planteamos que previamente a la realización de la conclusión de las obras se realice un estudio sismológico y geológico que garantice que no existen riesgos para la ciudadanía. Asimismo, hoy solicitaremos la comparecencia de los
expertos que han trabajado en estos proyectos, así como de la ministra, para que nos expliquen si dichos riesgos pueden ser o no posibles.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Carreño.
¿Algún otro grupo desea fijar posición? (Denegaciones).
- SOBRE LA DEROGACIÓN DE LAS ÚLTIMAS REFORMAS LEGISLATIVAS QUE PERJUDICAN LA PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 161/000079).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: proposición no de ley sobre la derogación de las últimas reformas legislativas que perjudican la protección del medioambiente. El autor de esta iniciativa es el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana y para su defensa tiene la palabra su portavoz, señor Eritja.
El señor ERITJA CIURÓ: Gracias, señor presidente.
Señorías, en pro de una supuesta actualización y modernización, el Gobierno del PP, entonces con mayoría absoluta, impulsó una batería de reformas legislativas que, obviando las directivas y recomendaciones europeas, dejaron al descubierto
medidas de protección medioambiental con una clara intencionalidad: eliminar aquellos obstáculos que pudieran limitar la implantación de un modelo económico neoliberal en la senda de la privatización y mercantilización de los espacios protegidos.
En ese escenario es en el que hoy nos movemos: un modelo de crecimiento económico claramente insostenible que ha
acabado en el colapso, pero que sigue priorizando los intereses de las grandes corporaciones por encima del tejido productivo de las pequeñas empresas que garantizan un modelo productivo mucho más sostenible y más próximo. Este modelo nos
ha dejado un escenario claro de retroceso en la protección del medio ambiente, con reiterados incumplimientos de las directivas y recomendaciones europeas, que acaban en sanción económica en algunos casos.
En ese afán por eliminar posibles obstáculos y extender al conjunto del Estado dicho modelo de crecimiento, esas reformas suponen también una importante recentralización e invasión competencial. Por este motivo, y precisamente en la semana
previa a la comparecencia de la ministra de Cultura, en la que esperamos que se nos exponga el programa de Gobierno para esta legislatura, creemos que es necesario conocer cuál es hoy el posicionamiento de cada uno de los grupos parlamentarios sobre
la situación de vulnerabilidad de los espacios de protección medioambiental, así como el modelo que cada uno de nosotros defendemos: el modelo neoliberal, representado precisamente en ese paquete de reformas que pedimos derogar, o un modelo
sostenible que respete los espacios con valores medioambientales, y que de alguna forma sería más afín a los que se proponen desde la Unión Europea. Pensamos que es importante revertir las medidas adoptadas por el Partido Popular en las leyes de
Montes, Costas, de Parques Nacionales, de patrimonio natural y de la biodiversidad, y de Evaluación Ambiental, antes de que provoquen un daño irrecuperable en el medio ambiente.
Mencionaré de forma breve cada una de las leyes, porque creo que es importante para ver exactamente cuáles son los elementos que afectan o que nosotros consideramos que agreden a la antigua ley. La Ley de Montes modifica la Ley 43/2003, de
21 de noviembre, de Montes, y supone un ataque directo a los agentes forestales, ya que les impide denunciar delitos medioambientales; es una reforma acuñada desde el interés por la explotación de recursos naturales que supone una desregularización
del medio natural; en ese sentido, abre la posibilidad de poder construir en terrenos incendiados, a pesar de no haber pasado los treinta años previstos en la Ley 43/2003, lo que nos puede llevar a especular con el medio ambiente. Esta fue una
propuesta que se debatió en la anterior Comisión, y esto significa que son leyes que todavía están de plena actualidad.
La Ley de protección y uso sostenible del litoral, de modificación de la Ley 22/1998, de 28 de julio, de Costas, entendemos que es una traición al título de la misma, ya que lejos de proteger y dar un uso sostenible al litoral se favorece su
inseguridad y se ampara la destrucción de los ecosistemas y el mantenimiento de la especulación urbanística que tanto afecta a la costa. La ley no está motivada por la protección de la costa, sino para dar seguridad jurídica a la especulación
costera, especialmente con la tremenda reducción de la servidumbre de protección, la ampliación de la moratoria por setenta y cinco años y permitiendo el derecho de compraventa. Medioambientalmente, esta ley supone la sentencia de muerte para
determinados ecosistemas y paisajes costeros, con una especial afectación a marismas, salinas, dunas y acantilados.
Ley de Parques Nacionales. Esta ley supone la primera fase de privatización de esos parques, abriendo la puerta a declararlos urbanizables, convertirlos en cotos privados de caza o en una zona de recreo lúdico-deportivo. La ley compromete
el patrimonio natural y el mantenimiento de especies, hábitats e incluso ecosistemas y supone un ataque a la biodiversidad y a la riqueza ecológica. La ley supone también una recentralización e invasión competencial, cosa que hace indeterminado su
carácter básico. Pese a recibir las advertencias previas realizadas por el propio Consejo de Estado en tal sentido, el Gobierno español necesitaba de alguna manera sustraer a las comunidades autónomas las competencias de protección del medio
ambiente para que basándose en ellas no se pueda evitar la destrucción ecológica que legalizan.
La Ley de patrimonio natural y de la biodiversidad, que modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, supone una descarada e inaceptable invasión de las competencias autonómicas en favor de una recentralización estatal. Esta ansia
legislativa contrasta con la pasividad en la protección del patrimonio natural y la biodiversidad en otros ámbitos de competencia estatal, como, por ejemplo, a la hora de desarrollar medidas para la consecución de los objetivos comprometidos en el
Convenio europeo del paisaje que ratificó el Estado español.
Finalmente, la Ley de Evaluación Ambiental. Esta ley se tramitó antes de la revisión prevista de la normativa comunitaria, obligando en breve a una nueva reforma legislativa para adaptarse a las nuevas directivas comunitarias. La Ley de
Evaluación Ambiental supone una importante desregularización de los requisitos medioambientales y recorta el control y fiscalización por parte de los órganos competentes de la Administración en evaluación medioambiental, delegando esa función en
órganos no competentes, a la
vez que también se recorta la información y participación ciudadana. De esta manera se pretende incentivar la inversión económica mediante la supresión de los derechos conseguidos a nivel ambiental. En ese sentido, se argumenta la
eliminación de trabas burocráticas y marañas institucionales, olvidando que esas trabas burocráticas son los derechos conseguidos por la maraña institucional de ese Estado descentralizado. A grandes rasgos, estas serían las principales reformas que
nosotros pretendemos derogar.
El Grupo Socialista ha presentado una enmienda que solicita dos nuevas reformas de leyes. La aceptaremos, incorporándola como adición.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, que ya ha aceptado el proponente, tiene la palabra doña Pilar Lucio.
La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, señor presidente.
La pasada legislatura se caracterizó, entre otras cuestiones, por muchas decisiones que fueron muy dañinas para toda la ciudadanía, entre ellas, por la decisión de demoler el sistema de protección ambiental de este país en su conjunto. Sus
modificaciones legales, en muchísimos casos absolutamente innecesarias, dieron al traste con una de las regulaciones ambientales modélicas entre los países de nuestro entorno; por cierto, una regulación ambiental que se desarrolló por completo con
Gobiernos del Partido Socialista. El Gobierno del Partido Popular puso todo tipo de excusas, como la necesidad de hacer mejoras técnicas, introducir indicadores, elaborar modelos de gestión, etcétera, para las que en absoluto hacía falta una
modificación legislativa. Lo que realmente hacía falta era ponerse a trabajar para desarrollar los textos legislativos y conseguir su implementación adecuada, en lugar de dedicarse a recortar los niveles de bienestar de nuestro país. Lo que
encubrió el Gobierno con todas esas modificaciones fueron los objetivos reales que le llevaron a traerlas ante esta Cámara, con tres constantes en cada una de ellas. La primera, la recentralización de competencias en el Estado. La segunda, la
rebaja de las exigencias de protección ambiental que afectan a las costas, los montes, el patrimonio natural, la gestión de los residuos y la contaminación, además de modificar con el mismo objetivo la Ley de Impacto Ambiental. La tercera,
modificaciones ad hoc para favorecer intereses particulares, como en el caso de la Ley de Parques Nacionales o en el de la Ley de Montes.
El Grupo Socialista presentó en el Senado propuestas de veto a todas y cada una de las leyes que trajo el Gobierno. El Grupo Socialista considera urgente la derogación de estas leyes -votaremos a favor de la proposición no de ley que
Esquerra Republicana- porque pensamos que las que había estaban bien, ya que cumplían su función de proteger y defender el interés general sobre el particular, de primar los valores intergeneracionales por encima del beneficio a corto plazo, y
también porque tenían como principio básico el uso racional de los recursos, y porque habían sido acordadas por consenso, no solo político, sino con la comunidad científica, con la sociedad civil y con las asociaciones ecologistas. Ahora parece que
al Gobierno le ha entrado el interés por la lucha contra el cambio climático, pero lo importante es empezar por arreglar lo que tenemos y recomponer esta legislación ambiental en pro de una mayor protección de nuestro medio natural. Este podría ser
un buen comienzo para demostrar que de verdad tienen esa sensibilidad en la lucha contra el cambio climático.
Tendremos que empezar a legislar, y nosotros presentaremos iniciativas al respecto, para remediar los efectos inminentes del cambio climático en un país de alto riesgo como es España. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una
enmienda de adición que viene a añadir otras dos leyes que el Gobierno ha tocado para conseguir ese objetivo que decía de recentralización y de colocar el interés particular por encima del general: la Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas
urgentes en materia de medio ambiente, y la Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
Espero que la buena voluntad se convierta en acciones legislativas y en acciones de Gobierno lo antes posible. Mientras tanto, seguiremos denunciando. Apoyamos la iniciativa presentada por Esquerra Republicana.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa). El Grupo Mixto debe repartirse el tiempo. Intervendrán el señor Bataller y el señor Postius.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Bataller.
El señor BATALLER i RUIZ: Gracias, señor presidente.
Compromís va a apoyar esta proposición no de ley, porque entendemos que la simple lectura de la misma constituye un buen resumen de lo que supuso la política del Partido Popular en el Gobierno durante la X Legislatura. En materia de medio
ambiente este resumen es muy simple: mercantilización, recentralización, recelo hacia el Estado de las autonomías, desconfianza en sus potencialidades, y a la postre inseguridad jurídica. Nos preocupa lo que ha pasado, por ejemplo, con la
regulación sobre los montes. La modificación de la Ley de Montes, que se produjo en junio de 2015, supuso un retroceso en la protección del medioambiente frente a la amenaza a la riqueza forestal y a la biodiversidad que suponen los incendios
forestales en el Estado español. Además, el Gobierno del Partido Popular abrió la puerta a la construcción en terrenos quemados, una cuestión que, afortunadamente, a finales del año 2015 el Gobierno del Botànic en el País Valenciano pudo revertir.
También nos preocupa mucho la situación que se está produciendo con respecto a la protección de las costas porque no solo hay que atender los problemas derivados de la especulación urbanística, sino al efecto combinado que esto tiene, unido al
cambio climático, todo lo cual está resultando devastador para nuestras costas, ya que está amenazando parajes de alto valor ecológico, como la Albufera y muchas otras lagunas que hay en nuestro territorio.
Vamos a apoyar esta proposición no de ley y agradecemos al proponente que haya aceptado la enmienda del Grupo Socialista para ampliar el elenco de normas que deben ser revisadas y acomodadas a unos auténticos parámetros de protección
medioambiental.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Postius.
El señor POSTIUS TERRADO: Gracias, señor presidente.
En relación con la propuesta del Grupo de Esquerra Republicana, compartimos plenamente la necesidad de derogar la Ley de Parques Nacionales, la de Patrimonio Natural y también la de Evaluación Ambiental. Nuestro grupo votó en contra de
estas leyes, puesto que invadían claramente el marco competencial de la Generalitat de Catalunya en estos ámbitos.
Por otro lado, quiero comentar que la Ley 21/2015 y la Ley 2/2013 en principio contaban con nuestro respaldo cuando se aprobaron, fruto de la incorporación de enmiendas que parcialmente se aceptaron con el compromiso de que su desarrollo y
aplicación se haría de común acuerdo con las comunidades autónomas, y siempre respetando el marco competencial, pero la realidad de los últimos años ha sido la contraria.
Por estos motivos, nuestro grupo votará favorablemente esta propuesta.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.
Quiero decir que tenemos un problema con el fondo y con la forma de la propuesta de Esquerra Republicana, porque entendemos que es una derogación -palabra que ellos utilizan mucho últimamente-, y una derogación es algo que no propone.
Estamos en una Comisión que discute proposiciones no de ley, y no estando de acuerdo con la política medioambiental que ha hecho el Partido Popular, tampoco lo estamos con debatir propuestas que no proponen nada. Incluso he creído escuchar al señor
Eritja que presentaban esta proposición no de ley de conocer el posicionamiento del resto de los grupos. Mire usted, para conocer la postura de mi partido puede ir a la web, donde verá nuestro programa, se la puedo contar yo o puede escuchar lo que
decimos al respecto en ruedas de prensa. Creo que aquí estamos para algo más que simplemente para derogar; tenemos que presentar proyectos. Repito que no estamos de acuerdo con la política medioambiental que ha llevado a cabo el Partido Popular,
pero quisiéramos escuchar sus propuestas. Creemos que durante la pasada legislatura se hicieron ciertas cosas porque había que admitir y llevar a cabo leyes que venían de Europa, pero a nosotros nos parece que hablar de recentralizar y neoliberal,
junto con derogar, sin que sepamos exactamente cuáles son sus propuestas alternativas... En principio, como comprenderá, con recentralizar no tengo tantos problemas como usted, pero no por nada, sino porque creo que precisamente en todo tema
medioambiental debemos repensar muchas veces la dificultad de crear políticas comunes, porque si algo no conoce fronteras son los animales, el medioambiente, el fuego, la contaminación, y en Ciudadanos pensamos que se debe dotar al Estado de ciertas
herramientas para poder unificar todos estos problemas.
Estaremos encantados de discutir en esta Comisión algunas de las leyes referidas en -no le voy a llamar proposición no de ley, porque no lo es- lo que acaban de exponer ustedes; desde luego, estamos de acuerdo con que hay que acabar con esa
propuesta del Partido Popular de poder urbanizar en terrenos que habían sido quemados. De todas formas, repito que nos gustaría poder hablar de la protección y recuperación de nuestro capital natural, biodiversidad, ecosistema, vida salvaje, mares,
costas, ríos, etcétera, de la implantación efectiva de políticas siguiendo esas directrices europeas medioambientales de las que yo hablaba para completar ese ciclo sostenible para todos los agentes sociales y económicos, de protección de los
ciudadanos, de aire y agua limpios, de control de residuos, de prevención del ruido, de protección de espacios verdes y ecosistemas. En definitiva, nosotros defenderemos siempre propuestas, repito, propuestas, no simples derogaciones, que tengan en
cuenta un futuro respetuoso con el medio ambiente, porque no solamente nos va la vida en ello, sino porque también ahí hay grandísimas oportunidades económicas y de creación de empleo.
Quiero llamar la atención sobre un punto. Durante la última legislatura, el gasto asociado a la protección ambiental se ha reducido año a año hasta situarse en 2.400 millones de euros anuales, lo que significa un 23,3% menos que en 2011.
Esto también nos preocupa. Estamos deseosos de escuchar propuestas, porque de eso va el trabajo de la Comisión, y de mejorar aquellas cosas que creemos que no hizo bien el Partido Popular en la última legislatura.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Gómez-Reino Varela.
El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Quiero decir que vamos a apoyar la proposición no de ley de Esquerra Republicana.
Estas modificaciones legislativas que hizo el Partido Popular de cada una de las leyes que regulan la protección de la naturaleza, desde las costas hasta los montes, pasando por los parques nacionales, o los mecanismos de evaluación
ambiental, fueron catalogadas por profesionales, por todos los colectivos ambientalistas, y también nosotros lo consideramos así, como una auténtica contrarreforma ambiental. La Ley de Montes, como se ha puesto de manifiesto hoy aquí en esta
Comisión, es un ejemplo perfecto de cómo se vincula la protección ambiental a la rentabilidad económica de unos pocos, y siempre a corto plazo. Recordemos que la Ley de Montes no es una normativa menor. La superficie forestal supone el 54,8% del
suelo existente, 18,4 millones de bosques, la tercera masa arbórea de la Unión Europea.
Por lo que se refiere a la Ley de protección y uso sostenible del litoral, entendemos que es uno de los planes más graves del Gobierno del PP, un ataque al medio ambiente y, especialmente, en muchos territorios, pero también en el mío, en
Galicia, un ataque al litoral contra todas las recomendaciones ambientalistas internacionales. Esta ley no tiene como objetivo proteger la costa, sino poner encima de la mesa herramientas jurídicas suficientemente laxas para aquellos que quieren
seguir especulando estas costas, con las de todos y las de todas.
En relación con la Ley de Parques Nacionales, más de lo mismo. Se abre la posibilidad de que unos pocos con dinero consigan apropiarse de lo que son parques de todos los ciudadanos y tomar decisiones que afectan al ecosistema y, por tanto,
a toda la sociedad. Esta reforma consagra, según su artículo 30, la colaboración público-privada que permite incorporar recursos financieros adicionales para la gestión de la red de parques nacionales; es decir, lo que permite en realidad es que
existan empresas privadas con interés de lucro que irían gestionando los parques nacionales que son de todos y de todas.
Por último, respecto de la Ley de patrimonio natural y de la biodiversidad, digamos que es la consagración de la austeridad en lo que tiene que ver con las figuras de protección. Hay una disposición adicional que afirma: Las medidas
incluidas en esta ley no podrán suponer ningún incremento de dotaciones, retribuciones ni de otros gastos de personal. Básicamente hay que decir que la austeridad es el mecanismo que regula de alguna manera esta Ley de patrimonio natural y de la
biodiversidad.
Por todas estas razones, apoyaremos la proposición no de ley del Grupo de Esquerra Republicana.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez-Reino.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña María Teresa de Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, pretender derogar todas las reformas legislativas ambientales aprobadas en la pasada legislatura a través de esta iniciativa no es la mejor manera de defender los intereses
generales de los españoles ni de preservar nuestro medio ambiente. Como tampoco lo es la repetición de afirmaciones falsas que llevan a conclusiones falsas y sectarias. Repetir las mismas críticas conforme a un argumentario elaborado incluso antes
de conocer el texto legislativo, es como poco una frivolidad, señorías, que tiene dos posibles interpretaciones: o un desconocimiento absoluto de la legislación que critican o una mala fe manifiesta. Señorías, ni la normativa medioambiental que
pretenden derogar invade competencias autonómicas ni fomenta especulación urbanística en la costa ni permite recalificar un monte quemado en un plazo de treinta años ni privatiza los parques nacionales ni la costa ni los montes ni los espacios
naturales ni ampara la destrucción de los ecosistemas ni convierte a los parques nacionales en cotos privados de caza. Por supuesto que no, señorías, y ustedes lo saben; pero si no lo saben, tenemos un problema, pues no estaríamos cumpliendo
adecuadamente la función legislativa que nos ha encomendado el pueblo español.
Señorías, el Grupo Popular considera esencial conseguir una alianza efectiva entre la protección del medio ambiente y el crecimiento económico como vía para avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible. El medio ambiente es un
patrimonio natural de incalculable valor, una fuente vital de recursos y servicios que hay que preservar, y en su conservación podemos encontrar múltiples fuentes de empleo y bienestar, situando a la persona en el centro de las políticas
ambientales. Por cierto, ¿cuál es su modelo, señorías de Esquerra Republicana? ¿Se han planteado ustedes las consecuencias de lo que pretenden derogar a través de su iniciativa? Permítanme una pequeña reflexión que no pretende ser exhaustiva,
dado el escaso tiempo del que dispongo. ¿Saben ustedes, señorías, que la derogación de la Ley de Costas, de julio de 2013, devolvería la inseguridad jurídica a los titulares de terrenos inscritos en el Registro de la Propiedad con anterioridad a
1988, a los que se expropió a cambio de una concesión que finalizaba en 2018? ¿Saben ustedes que podrían volver a producirse actividades urbanísticas ilegales en la costa, como el tristemente famoso Algarrobico? ¿Que los deslindes volverían a
efectuarse sin criterios técnicos y homogéneos y volveríamos a las arbitrariedades? ¿Que dejaría de ser compatible la protección del litoral con el impulso de la actividad económica generadora de empleo? ¿Conocen sus señorías que la derogación de
la Ley de Evaluación Ambiental terminaría con la agilización y simplificación de la evaluación ambiental de planes, programas y proyectos? ¿Que volveríamos a dilaciones en los trámites de difícil justificación ambiental? ¿Que los proyectos de
fracking dejarían de someterse obligatoriamente a evaluación de impacto ambiental? ¿Conocen sus señorías que con la derogación de la Ley de Parques Nacionales desaparecían los niveles de protección adicionales que se introdujeron? ¿Que
desaparecería la gestión más participativa y abierta de las poblaciones del entorno de los parques nacionales, auténticos artífices de que dichos espacios hayan llegado a la actualidad con unas características tales que permitan su declaración como
parque nacional? ¿Que dejaría de potenciarse el desarrollo sostenible en las áreas de influencia socioeconómica? ¿Se han percatado sus señorías de que con la derogación de la Ley de Montes desaparecerían los incentivos a los planes de ordenación
de los montes, herramientas esenciales para conseguir una gestión forestal sostenible que actúe de manera preventiva contra los incendios? ¿O es que tal vez desean sus señorías que desaparezcan las sociedades forestales y que no se facilite la
gestión de los montes de socios? Termino, señorías. ¿Será que tal vez no son partidarios de la gestión forestal sostenible que potencia el aprovechamiento económico de los recursos y la creación de riqueza y empleo en el medio rural?
Ante estos interrogantes, señorías, les pido que reflexionen, que se dejen de demagogias y que después de la reflexión decidan cuál será su voto.
Muchas gracias.
- RELATIVA A LA APROBACIÓN URGENTE DE TRANSFERENCIA DE AGUA DESDE EL PANTANO DE IZNÁJAR A LA ZONA NORTE DE LA COMARCA DE ANTEQUERA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000291).
El señor PRESIDENTE: Ruego a todos los intervinientes que se ajusten lo máximo a los tiempos previstos, porque llevamos una hora de Comisión y solo hemos debatido dos iniciativas. A este paso no terminamos ni a las diez. Hasta ahora he
procurado administrar con la máxima flexibilidad todos los turnos, pero les pido que se ajusten a los tiempos previstos.
Pasamos al punto 3 del orden del día, proposición no de ley relativa a la aprobación urgente de transferencia de agua desde el pantano de Iznájar a la zona norte de la comarca de Antequera, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Hoy traemos a esta Comisión una iniciativa para garantizar el suministro de agua a una población de unos 80.000 habitantes solo para consumo humano -quiero insistir en que solo es para consumo humano-, con una propuesta que hemos acordado
con Ciudadanos. Se trata de una cantidad pequeña, solo 5 hectómetros cúbicos. Es una actuación vital para la zona norte de la provincia de Málaga. La mayoría de los municipios de la comarca de Antequera se abastecen íntegramente del agua
procedente de los acuíferos, no existiendo ninguna otra alternativa al suministro. El crecimiento consolidado de habitantes en los últimos años, una falta de lluvias preocupante y unas masas de aguas que abastecen a estos municipios en situación de
sobreexplotación, nos llevan a un escenario realmente insostenible. Los balances entre la disponibilidad de agua y la demanda de recursos son negativos y no hay alternativa al suministro que no pase por acudir a recursos externos. También la
calidad del agua ha bajado considerablemente, siendo los principales problemas detectados los cloruros, nitratos, pesticidas y salinización. Teniendo en cuenta el estado en el que se encuentran los acuíferos y los repetidos episodios de sequías que
azotan la zona, reducir la demanda actual para el abastecimiento, manteniendo únicamente el origen subterráneo del recurso, no lograría revertir la situación que se padece en la actualidad.
Conscientes de esta preocupación, y estando constatada y acreditada esta necesidad para el abastecimiento a las poblaciones y para la contribución a la recuperación de las masas de aguas subterráneas, la Junta de Andalucía realizó un estudio
previo y un anteproyecto para explorar las alternativas y el coste de las infraestructuras en el contexto amplio de las necesidades del ciclo integral del agua de la comarca, considerando la transferencia como única alternativa para garantizar el
abastecimiento de las poblaciones y para revertir en parte la situación de sobreexplotación y el mal estado cualitativo del acuífero.
Por ello, planteamos de manera inaplazable el trasvase de recursos hídricos desde la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, concretamente desde el embalse de Iznájar a la demarcación de las cuencas mediterráneas andaluzas en la zona
norte de Málaga. En este punto quiero destacar que el pantano de Iznájar, desde el cual planteamos el trasvase, se encuentra en la provincia de Málaga, concretamente en el municipio de Cuevas de San Marcos, al cual abastece en la actualidad, por lo
que resulta más que lógico que esta importante infraestructura de agua, aunque pertenezca a otra demarcación hidrológica pueda abastecer a la misma comarca y a la misma provincia en la que ocupa parte de sus terrenos. La propia planificación
hidrológica de las demarcaciones del Guadalquivir y de las cuencas mediterráneas andaluzas ha previsto la transferencia de hasta 5 hectómetros cúbicos para atender los problemas de insuficiencia de recursos y de calidad del abastecimiento humano de
los municipios del norte de Málaga y rebajar la presión de los acuíferos de la zona. Así, el Real Decreto 11/2006, de 8 de enero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de las cuencas mediterráneas andaluzas, establece en el anejo sexto que por
último se planifica el apoyo al abastecimiento en alta a la zona norte de la provincia de Málaga desde la cuenca del Guadalquivir, pantano de Iznájar. Además, el 7 de diciembre, el delegado del Gobierno en Andalucía, el señor Sanz, anunció el
inicio de los trámites necesarios para que el Consejo de Ministros adoptase el acuerdo de autorización de la transferencia de agua. Han pasado tres meses desde entonces y a día de hoy no se ha vuelto a saber nada más sobre el tema. Con fecha 8 de
septiembre, el Parlamento de Andalucía aprobó una proposición no de ley sobre este asunto con los mismos acuerdos que hoy planteamos aquí. Hasta ahora, la única administración que ya se ha comprometido públicamente a financiar parte de la
infraestructura a realizar ha sido la Junta de Andalucía. De hecho, el consejero de Medio Ambiente anunció que parte del dinero que tiene la Junta de fondos europeos para financiar obras hidráulicas se podrían destinar a obras de trasvase,
concretamente, 15 millones de euros. Queremos que la obra sea declarada de interés general por dos razones. La primera, para que la obra se lleve a cabo con la mayor celeridad. La segunda, para que el Gobierno ejecute la parte de la obra que le
corresponde.
Por todo ello, instamos al Gobierno, en primer lugar, a aprobar la transferencia de hasta 5 hectómetros cúbicos de agua desde el pantano de Iznájar a las cuencas mediterráneas andaluzas, en la zona norte de Málaga, para garantizar el
abastecimiento de los municipios de la comarca de Antequera que carecen de otros recursos alternativos. En segundo lugar, a que se declaren las obras necesarias para acometer las
infraestructuras de interés general del Estado. En tercer lugar, a solicitar a las administraciones públicas, especialmente al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía, la necesaria coordinación y colaboración administrativa e
institucional para llevar a cabo, en el menor plazo de tiempo posible, las infraestructuras necesarias que garanticen el abastecimiento de agua para consumo humano de los 80.000 habitantes de la zona norte de la comarca de Antequera afectados por el
problema.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Miguel Ángel Heredia Díaz, y gracias porque se haya acoplado a la recomendación de esta Presidencia sobre el tiempo. A esta iniciativa se han presentado enmiendas por los grupos de Podemos, Ciudadanos y
Popular. Como le habrá comunicado el letrado, le ruego que las enmiendas las defienda un solo proponente, si es posible, y conjuntamente. Don Pedro Arrojo, tiene la palabra.
El señor ARROJO AGUDO: Gracias presidente. Queridos amigos y amigas en el tema este como en todos obviamente hay un problema que nadie va a negar, y es evidente, de aguas en la zona de Antequera. Hay que mirar bien el diagnóstico. Me he
llevado una sorpresa posteriormente viendo cómo está el Plan de cuencas mediterráneas andaluzas de que hay un muy buen diagnóstico y hay buenas soluciones enfocadas. Simplemente se lo voy a recordar para que lo sepan, porque en la PNL no aparece el
diagnóstico. En la zona en 1997, es decir, prácticamente en el 2000, había 16.000 hectáreas de regadío. Hoy hay 26.000. Es decir, en dos décadas han subido en 10.000 hectáreas. Esto son 40 millones de metros3, 40 o 50 hectómetros3 y tiro por lo
bajo. Fíjese que estamos hablando de 40 hectómetros3 de un crecimiento que el propio Plan de Andalucía dice que ha sido desmedido y descontrolado y que se ha producido una situación de sobreexplotación y de afección a la calidad de los acuíferos
justo por esto, poniendo en riesgo los usos urbanos que son prioritarios al regadío, pero que no se respetan como prioritarios. Dicho eso, hay que resolver con urgencia el problema de agua de boca. Nosotros no nos oponemos al tema de que pueda
haber una transferencia desde el embalse de Iznájar. Cuidado, son aguas no de buena calidad y en alguna ocasión con pesticidas y con problemas serios, pero son mejores. Los 5 hectómetros3 equivalen a 1.300 hectáreas de regadío. Es decir, que si
sigue el ritmo de crecimiento descontrolado del regadío en dos años, queridos amigos y amigas, estamos igual. O hay garantía de control del crecimiento de ese regadío o, si no, estamos haciendo agua para hoy y sed para mañana.
Hemos propuesto dos cosas que ya habían sido aceptadas en una transaccional. Una, poner en marcha el plan de las cuencas de Andalucía que hay hecho, que es muy preciso y que es muy exigente, pero que no se está cumpliendo, que incluye poner
remedio a estas situaciones en calidad y en cantidad, incluyendo incluso el cierre de los pozos ilegales. Sé que es complicado, pero había ese compromiso en la transaccional, vigilar el uso de pesticidas y de nitratos en las zonas de filtración del
acuífero, que es obligación legal. Es lo que se hace cuando se declara una zona sobreexplotada. Es lo que nos ordena la ley. Habíamos transaccionado eso. Se ha recibido orden central desde el Grupo Socialista de no aceptarnos finalmente estas
enmiendas. Lo lamentamos profundamente. Somos partidarios de eso, pero con estas condiciones de cumplimiento de la legalidad que tenemos y de los compromisos de la Junta de Andalucía, que no se están cumpliendo, y anunciamos simplemente nuestra
dolorosa abstención.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Pedro Arrojo.
Se ha presentado otra enmienda a esta iniciativa por el Grupo de Ciudadanos, para cuya defensa tiene la palabra don Guillermo Díaz.
El señor DÍAZ GÓMEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Queremos dar la bienvenida a la vuelta a la inversión, después de haberla abandonado durante algunos años por experimentos o sistemas que creían menos en la solidaridad interterritorial, que fundamenta casi todas las políticas que nosotros
planteamos desde Ciudadanos. Como convencidos que somos del trasvase, como remedio para el grave problema que tenemos de agua en toda España y concretamente en el norte de la provincia de Málaga, en la zona de Antequera, que es una zona muy
afectada por la ausencia de agua y que tienen serios problemas, hemos tenido que recurrir hasta a camiones y cubas durante el verano para algunas zonas. Estamos a favor de la proposición no de ley que nos elevan desde la Junta de Andalucía y donde
votamos también a favor. Lo que sí hemos querido ha sido enmendar y que se nos garantice que este trasvase tiene el límite que sea para consumo humano. Esa ha sido la enmienda que hemos planteado para evitar, como advertía don Pedro de Podemos,
que se
utilicen para 1.300 hectáreas de regadío. Esto nos lleva a plantear nuestro voto favorable. Quiero apuntar también que estas obras y muchas otras estaban contempladas en el Plan hidrológico nacional hace quince años y que las reclamaba la
Junta de Andalucía de manera permanente al Gobierno de la nación y que se lanzaban trastos desde la Administración andaluza al Gobierno. Cambió la competencia, se realizó un traslado de las competencias a la Junta de Andalucía y lejos de arreglar
esta situación y realizar los trasvases, lo único que cambió fue la dirección de los trastos que en este caso pasaron del Gobierno a la Junta de Andalucía. Vamos a estar muy vigilantes de que tanto el Gobierno como la junta, que ya ha adquirido un
compromiso de realizar un tramo de la obra de este trasvase, intentaremos que el Gobierno se comprometa a realizar el otro y terminemos con este problema tan serio que afecta al norte de la comarca de Antequera. Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Guillermo Díaz.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Ángel González.
El señor GONZÁLEZ MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, me gustaría mostrar nuestra solidaridad con todos aquellos vecinos de la comarca de Antequera -yo soy de la comarca de Antequera y vivo en Antequera- que sé que tienen este problema, pero la realidad sobre las cifras no son
verdad. Esta semana el Ayuntamiento de Antequera abría las compuertas que permitían que el agua vuelva a salir por sus pies desde el nacimiento de la vía, que es desde donde se abastece la propia ciudad de Antequera, que es la que aporta más
población a la comarca de Antequera.
En segundo lugar, ¿estamos hablando del trasvase? Porque presentar una proposición no de ley para hablar de un trasvase que ya está planteado en el Plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, que se contempla para el
consumo humano y que ya está en vigor, no tiene mucho sentido volver a aprobar algo que ya está aprobado. ¿O estamos hablando de la dejadez de funciones por parte de la Junta de Andalucía durante los últimos quince años y que fruto de saber el
verdadero problema que tienen algunos ciudadanos a los cuales hay que abastecerles de agua potable con cubas para intentar tapar sus vergüenzas somete al Parlamento andaluz y hoy aquí a esta Comisión a un debate que no se está ciñendo a la realidad
de la situación? Porque si eso es así, Ciudadanos tendría que replantearse si en vez de velar por hacer o no hacer y solucionar el problema o si va a seguir siendo muletilla del Grupo Socialista aquí en esta Comisión. Porque lo que se obvia aquí
es que lo que depende del Gobierno de España está autorizado. Sin embargo, lo que no se ha dicho es que el Plan hidrológico de la demarcación hidrográfica de las cuencas mediterráneas andaluzas, cuya redacción compete a la Junta de Andalucía, no
incorpora esta necesidad ni la situación actual ni en el horizonte del 2021. Lo que haya sido una dejadez por parte de la Junta de Andalucía que tiene una catastrófica política de agua referente a esta situación y dañando los intereses de los
ciudadanos de la comarca de Antequera. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo no hago mi trabajo, no hay nada mejor que echarle la culpa al Gobierno del Partido Popular y cómo lo hacemos, confrontando. Porque es curioso que en una situación igual en
Huelva, sin ningún problema, se haya solucionado y después de años de trabajo se está haciendo un trasvase y no ha habido ni polémica política ni ruedas de prensa ni campaña ni bombo y platillo, pero aquí en Málaga se quería politizar por el interés
muy particular de los responsables del Partido Socialista de la provincia que, lejos de atajar el problema o de buscar solución, intentaban confrontar a los ciudadanos con el Gobierno de España.
Acabo con esto, esgrimiendo un dato. El compromiso de la Junta de Andalucía de inversión corresponde al de 15 millones de euros, qué casualidad que son el total de los fondos que recibe la Junta de Andalucía de la Unión Europea para esta
materia y que la parte que recibe el Estado por parte de la Unión Europea se reciba en concepto de saneamiento y depuración. Nosotros vamos a votar que no. Estamos a favor de solucionar el problema. Hemos presentado una enmienda para pedir
diálogo, pero lo queremos hacer esto desde la realidad. Si vamos a utilizar esto para el bombo y platillo y no para el pico y pala, que no cuenten con el Grupo Popular. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Ángel González.
Antes de pasar a fijar el turno de posición de los diferentes grupos, quisiera preguntarle al grupo proponente si acepta o no alguna de las enmiendas presentadas.
El señor HEREDIA DÍEZ: Sí, aceptamos la inclusión de la enmienda de Ciudadanos donde quede muy reflejado que solamente podrán ser esos 5 hectómetros para consumo humano. No aceptamos la enmienda de Podemos ni la del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Solo la de Ciudadanos. Gracias, señor Heredia. ¿Algún grupo quiere intervenir con respecto a esta iniciativa? (Pausa).
- RELATIVA AL FOMENTO DE LA AGRICULTURA Y GANADERÍA DE MONTAÑA Y EL APROVECHAMIENTO DE LA BIOMASA COMO HERRAMIENTAS PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/000301).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día relativa al fomento de la agricultura y ganadería de montaña y el aprovechamiento de la biomasa como herramientas para la prevención de incendios. El autor de esta
iniciativa es el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Para su defensa tiene la palabra don Toni Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.
Señorías, creo que todos somos conscientes del drama que supone cada año los incendios forestales. Un drama que nos entristece a todos y un drama que es doble, por el ataque que supone al medio ambiente, pero también es un drama por el
ataque económico para las zonas donde sueden estos incendios. Nosotros hemos presentado esta propuesta que es bien sencilla y voy a tratar de trasladársela de una manera somera. Existe ya una Ley de Montes que pone un énfasis en la coordinación de
las diferentes administraciones, en el combate de los incendios y otorga a la Administración General del Estado, junto a las autonómicas, coordinación y planificación de los programas de lucha y prevención de incendios. Como herramienta esencial
habla del Plan forestal español, que se publicó en el 2012, que tiene validez hasta el año 2032 y que ya señalaba la gran importancia que posee el fomento del asociacionismo para la intensificación de la silvicultura preventiva en montes públicos y
privados en la prevención de incendios.
Señorías, básicamente creemos que debemos de poner el acento en algo en lo que podemos avanzar mucho. Hablamos a menudo en esta Comisión de la cultura de la extinción de incendios. Se ha hecho mucho. Hemos avanzado muchísimo, pero
nosotros creemos realmente que ha llegado un punto en el que no podemos avanzar mucho más a partir de seguir mejorando en esa cultura de la extinción si no ponemos el acento de una vez por todas en la cultura de la prevención. En darnos cuenta
también de que el campo que produce suele ser también el que menos se quema. Entre las principales herramientas que tenemos para prevenir incendios encontramos el pastoreo de prevención de incendios, sobre todo la ganadería de montaña, y también la
utilización de la agricultura de montaña como herramientas que son altamente válidas a la hora de desbrozar montes y eliminar follaje que pueda servir de combustible a posibles incendios. También el pastoreo de prevención en todas tareas de
mantenimiento de todos aquellos cortafuegos forestales y reducir masa forestal que pueda arder. Aparte de esta ganadería de montaña, de esta agricultura de montaña, también ponemos acento en esta propuesta que traemos hoy aquí a esta Comisión a la
necesidad de encontrar entre todos bien subvenciones o bien incentivos para que en esas zonas donde se lleva a cabo esa tarea de prevención se impulse esa fuente de energía, la masa forestal que sacamos de todo ese trabajo para los municipios,
aprovechando de esa forma esa biomasa originada a partir del desbroce de los montes y de campos y que puede solventar dos problemas de golpe: el gasto de municipios y la falta de limpieza de nuestros montes. Ya se están llevando a cabo este tipo
de iniciativa en algunos lugares. Esa masa forestal desbrozada sirve para calentar y alumbrar, por ejemplo, escuelas o polideportivos de esos pueblos. A esas ventajas medioambientales y económicas también podemos añadir otras ventajas a escala
global. Se estima que la generación de masa vegetal tras la limpieza y desbrozado de nuestra masa forestal susceptible de todos esos usos podría alcanzar más de 400.000 toneladas equivalentes de petróleo para la producción de energía. Estas
medidas creemos que son esenciales, promueven la dinamización de la economía rural, el empleo en estas áreas, fijan población, que es otra cosa que nos importa especialmente, y son claves, repito, para el cuidado del medioambiente y de nuestros
montes, que, repito, son un recurso económico muy importante.
Voy a citar cuáles son los tres puntos de nuestra proposición no de ley y ahora explicaré qué hemos hecho con las enmiendas que se nos han presentado. Instamos al Gobierno a presentar en el plazo de
seis meses un proyecto de ley de modificación de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, para que aplique con efectividad los principios de su artículo 3, incorporando el fomento de la sostenibilidad económica del aprovechamiento
forestal del pastizal y la hagan compatible con los requerimientos agroambientales y aspectos de conservación del medio, prevención de incendios y mantenimiento de determinados hábitat. Segundo punto, llevar a cabo las medidas oportunas en
coordinación con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias de cara a promocionar la ganadería y la agricultura de montaña, así como campañas de desbroce y limpieza de bosques sistemáticas en zonas de alto riesgo
de incendio forestal y, la última de todas, llevar a cabo las medidas oportunas para promocionar y facilitar la utilización de generadores de electricidad y calor basados en la biomasa por parte de los municipios, no solo como incentivos al desbroce
de los montes y campos, sino también como herramienta de captación de CO2 y ahorro de costes en lo que a producción energética respecta. Hemos recibido dos enmiendas, por parte del Grupo Socialista y por parte de Podemos y podemos anunciar ya que
las aceptamos. Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Toni Cantó.
Efectivamente a esta iniciativa se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Podemos, al que ruego que la defienda conjuntamente, y otra del Grupo Socialista. Para la defensa de las cuatro enmiendas que ha presentado el Grupo de Podemos,
tiene la palabra su portavoz don Jaume Moya.
El señor MOYA MATAS: Muchas gracias, señor presidente.
Compartimos absolutamente la filosofía de la PNL que ha presentado el Grupo de Ciudadanos y no solamente desde un punto de vista romántico de la defensa de los bosques, sino también de su puesta en valor. Una inteligente y eficaz gestión
forestal, una buena protección de nuestros bosques puede poner en valor un sector forestal que puede llegar a crear posiblemente más de 100.000 puestos de trabajo, a parte de la sostenibilidad y de la defensa a nivel territorial, estas gestiones sin
ningún tipo de dudas son una gran fuente de riqueza. Pensemos que prácticamente el 54% de la superficie de la península ibérica, unos 27 millones de hectáreas, están ocupados por terrenos forestales y esto es lo que venimos a poner en valor.
Básicamente a partir de dos actividades. La primera actividad que es imprescindible su protección y su dignificación es toda la relacionada con la ganadería y con la agricultura de montaña. Conviene avanzar en un modelo de ganadería extensiva,
evidentemente para su protección, para la gestión, para los empleos a través de la ganadería, del mantenimiento de limpieza de nuestros bosques y evitar su degradación y sus incendios, pero también para la creación de un producto de riqueza, para lo
que deberíamos desarrollar una serie de herramientas para la ayuda a la comercialización de los productos derivados de esta ganadería y de esta agricultura de montaña. En este sentido será muy importante llevar una política de precios que vele por
el mantenimiento de esta ganadería y haga realidad sus beneficios sociales, territoriales, agroecológicos, etcétera. Si algo es clave en la protección de esta agricultura y esta ganadería de montaña es incidir en la PAC, en la política agraria
común. Es necesario adaptar esta PAC para que reconozca la importancia estratégica del sector ganadero de montaña y lo proteja eficazmente. Por desgracia estos últimos años hemos sufrido un recorte real a los ganaderos de montaña, aproximadamente
del 50 y del 65% de recortes de los beneficios que les daba la PAC y eso es absolutamente urgente de revisar y corregir. Por otro lado, la gestión de la riqueza del bosque en sí. Por un lado, el aprovechamiento de madera es fundamental. Pensemos
que a día de hoy estamos aprovechando solo el 40% de la madera que producen nuestros bosques. Siendo la madera un instrumento fundamental para la industria de la pasta, del papel y del mobiliario, aprovechamiento del corcho, de la resina, en el
desarrollo de la bioeconomía, en sus aplicaciones en construcción, etcétera. Más allá de la madera, el corcho y la resina, como apuntaba también la PNL de Ciudadanos, el aprovechamiento de la biomasa. La biomasa que, como ya se ha dicho, es mucho
más sostenible que la dependencia de los combustibles fósiles. Biomasa respecto a la cual también debemos garantizar que tenga su precio justo.
Instrumentos para hacer realidad esos objetivos, nosotros entendemos que estas medidas que deseamos que serían absolutamente deseables para estos objetivos de sostenibilidad y de futuro de nuestro sector forestal, no puede dejarse que se
realice de forma arbitraria, sino que se debe constituir un órgano que vele por ello. Por eso en nuestras enmiendas proponemos la creación de un consejo forestal estatal que sea un órgano consultivo en materia de montes y de política forestal que
recupere los antiguos órganos colegiados de participación y que respete todas las competencias correspondientes a cada una de las comunidades autónomas. Por último, en nuestras enmiendas venimos a defender que se elabore a lo largo del año 2017 un
Plan de apoyo y extensión de la ganadería extensiva y del pastoralismo. Un
plan que debe de ser diseñado, esto es fundamental, a través de mecanismos de participación, que sea consensuado por el propio sector, por las diferentes instituciones públicas que participen de la gestión y que además garantice su
efectividad a través de recursos financieros, materiales y humanos necesarios para hacer realidad y efectiva las conclusiones que lleve a cabo este plan. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Jaume Moya.
A esta iniciativa se ha presentado otra enmienda por el Grupo Socialista, para cuya defensa tiene la palabra don Gonzalo Palacín.
El señor PALACÍN GUARNÉ: Gracias, presidente.
Yo también me alegro y comparto gran parte de las posiciones que han hecho mis dos predecesores sobre este asunto. Un asunto que consideramos importante porque afecta a una gran parte de provincias de este país. Todos somos conscientes de
que el estado de nuestros montes ha empeorado en los últimos años y a esto hay que unir que la superficie forestal crece año a año en un 25% desde el año 1990. Tenemos más superficie forestal y en peor estado de conservación y limpieza, lo que
incrementa considerablemente el riesgo de incendios y si no actuamos, como he dicho, la situación empeorará o seguirá empeorando ya que la tasa de aprovechamiento de la masa forestal, de lo que se genera año en año en el monte únicamente es del 35%.
De los 46 millones de metros3 que producen nuestros bosques únicamente aprovechamos 14, el resto se quedan para seguir sumando masa forestal. Hay que romper con el mito de que en España cada vez hay menos árboles, de que quizá los bosques están en
peligro, que puntualmente puede ser, pero a nivel general está creciendo la masa y hay que otorgarle una rentabilidad social y económica a los montes, porque un monte bien gestionado es más sano y está en mejores condiciones que uno abandonado.
Para prevenir incendios hay que cambiar la tendencia actual y para ello las dos líneas de actuación que han marcado mis predecesores y que nosotros también enmarcamos en nuestra enmienda son claras y definitorias, tanto la producción de energía a
través de biomasa, aprovechando los recursos forestales, como la agricultura y silvicultura de montaña son fundamentales por varios motivos. El problema es que el que se hayan abandonado tierras agrícolas y de pastoreo en muchas zonas de montaña es
en gran parte debido a que la gente que realizaba estas labores o ya no están o directamente no viven allí. Señorías, esta es una realidad que conozco de primera mano, porque soy hijo y nieto de pastores. Gente que nació en la montaña, gente que
aprovechaba todos los recursos que encontraban en ella y que la cuidaban, pero que emigraron al llano en busca de mejores condiciones de vida y más rentabilidad para sus explotaciones. Este viaje lo han hecho muchas personas en las últimas décadas.
De hecho gran parte de las comarcas montañosas donde están las masas forestales han perdido más de la mitad de su población en las últimas décadas. Para nuestro grupo fomentar la agricultura y ganadería de montaña es fundamental, porque además de
contribuir a reducir el riesgo de incendios, entendemos que es una herramienta básica para fijar población y vertebrar territorio. Por eso ya presentamos en su día una iniciativa en este sentido. Consideramos necesario tomar medidas específicas,
dentro del acuerdo marco de la PAC, que vayan destinadas a apoyar a este tipo de agricultura y ganadería, pero también tienen que estar dotadas presupuestariamente tal y como permite la distribución de los fondos de la PAC. También en nuestra
enmienda que ha sido aceptada pedimos implementar medidas que vayan en la línea de facilitar la propia transformación de los productos agrícolas, forestales y ganaderos de las propias zonas de montaña, mediante una mayor facilidad de financiación a
través de las ayudas Leader y adicionalmente proponemos estudiar modificaciones normativas sanitarias para facilitar a los pequeños productores la venta directa en sus propias explotaciones. Como hemos visto tenemos un amplio margen también de
mejora en cuanto al aprovechamiento forestal de nuestros montes. El uso de estos recursos para generar energía a través de biomasa tiene que ser una alternativa real y tener la importancia similar a la que nuestros vecinos europeos. Como han dicho
antes, España es el tercer país con una mayor masa forestal de Europa, pero estamos muy por detrás en cuanto a la generación de energía a través de la biomasa. Además es un sector que puede generar empleo sobre todo en las zonas desfavorecidas
según un estudio de un cantón alemán, nos viene a decir que producir energía a través de combustibles fósiles supone 9 empleados por cada 10.000 habitantes, si esa energía la generamos a través de biomasa los empleos necesarios para generar la
energía para estos 10.000 habitantes sería de 136. Estamos hablando de crear muchos puestos de trabajo además de crearlos con energía renovable. No nos podemos engañar, estas medidas están bien, pero para poder cuidar y explotar nuestros montes
tiene que haber ganaderos y agricultores en las zonas rurales -y ya acabo- de montaña. Por tanto, en la montaña tiene que vivir gente, y sobre todo gente joven. Debemos tomar
medidas que vayan en la línea de garantizar oportunidades en el medio rural, dotar de servicios, de infraestructuras que garanticen la igualdad de oportunidades de la gente que vive en el medio rural respecto a las zonas urbanas y también
apostar por la discriminación positiva. Es decir, tomar medidas fiscales que dé facilidades a empresas y particulares que quieran vivir en las zonas rurales, porque necesitamos que las zonas de montaña, las zonas donde están las masas forestales,
estén pobladas para que el monte esté cuidado y en perfectas condiciones. Gracias, y discúlpeme por haberme extendido un poquito más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Gonzalo Palacín.
El Grupo que presentaba la iniciativa ha anunciado que aceptaba las enmiendas, tanto del Grupo Podemos como del Grupo Socialista.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Sí, presidente.
Ahora aportaré el texto de la transaccional.
El señor PRESIDENTE: Ahora entramos en el turno de fijación de posición para todos aquellos grupos que deseen hacerlo. Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Postius.
El señor POSTIUS TERRADO: Gracias, señor presidente.
En relación con la propuesta del Grupo de Ciudadanos, desde el Partido Demócrata, compartimos la filosofía que se plantea en la misma. Sin embargo, debemos recordar que cuando se aprobó la Ley 43/2003, ya advertimos que la aplicación de la
misma conllevaría conflictos competenciales, puesto que en el artículo 7.2 atribuye al Estado una serie de amplísimas competencias que las debe aplicar conjuntamente con las comunidades autónomas. Pues bien, la experiencia de estos últimos años ha
conllevado que en muchas ocasiones el Estado se haya arrogado e interfiera en muchas competencias propias de Cataluña cada vez que la Generalitat ha tomado medidas para hacer efectivo lo que justamente plantea esta proposición no de ley. En este
sentido, como uno de los acuerdos que plantea la propuesta es insistir en la coordinación con comunidades autónomas y la FEMP sin concretar exactamente qué significa esto, nuestro grupo se abstendrá a la espera de que se materialice esta
modificación de ley. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Toni Postius.
Ahora tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, para fijar su posición y además le doy la bienvenida en nombre de todos los diputados a esta Comisión por su incorporación en esta sesión, el diputado don Javier Calvente.
El señor CALVENTE GALLEGO: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes.
Lo que pretende la proposición no de ley de Ciudadanos ya está recogido en la modificación que se hizo a la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, por la Ley 21/2015, de 20 de julio. Dicha ley no solo modifica la letra f) del artículo
3 que queda redactada de la siguiente forma: la conservación, mejora y restauración de la biodiversidad de los ecosistemas y especies forestales, sino que también añade un apartado l) en el artículo 3 de la propia Ley de Montes, mediante el cual se
establece que la consideración de los montes como infraestructuras verdes para mejorar el capital natural y su consideración en la mitigación del cambio climático. La modificación que plantea el Grupo de Ciudadanos abunda al pedir que sigamos
haciendo lo que estamos haciendo. No se trata de reformar por reformar. La motivación de la reiterada modificación a la que estoy aludiendo de la Ley de Montes, de 21 de noviembre de 2003, fue la siguiente. En primer lugar y tras diez años de la
aprobación de la Ley de Montes y sobre la base de su aplicación se detectaron algunos aspectos que era conveniente mejorar y eso es lo que estamos haciendo. En segundo lugar, que debido al desarrollo posterior de la legislación nacional y de la
legislación autonómica ha sido necesario adaptarla a la misma y, en tercer lugar, que se trata de ajustar los preceptos de la ley a lo dispuesto en la sentencia del Tribunal Constitucional, en concreto la 49/2013, de 28 de febrero, la 84/2013, de 13
de abril, y la 97/2013, de 23 de abril, en la que los recurrentes fueron respectivamente las comunidades autónomas de Cataluña, La Rioja y Castilla-León.
Señorías, el Gobierno del Partido Popular y el propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en estos años han puesto en marcha instrumentos eficaces que promocionan la ganadería y agricultura de montaña, así como existen
planes continuos de desbroce y limpieza de todos nuestros montes independientemente de su titularidad. Entre estos instrumentos cabe destacar los siguientes. En
primer lugar, desde el año 2012 se puso en marcha el desarrollo del Plan de activación socioeconómica del sector forestal. Con este plan el ministerio está impulsando la diversificación de la actividad económica en el medio rural, al
considerar la necesidad de generar empleo y mejorar las condiciones de vida y del territorio rural. Este plan constituye un plan coordinador que está íntimamente vinculado al periodo de programación 2014-2020 de los fondos europeos, Feader, a la
revisión del Plan forestal español del 2002 y a la modificación de la propia Ley de Montes.
Asimismo, desde el Ministerio de Agricultura se impulsa la gestión forestal sostenible, a través de la aplicación del Plan forestal español, el Plan de acciones prioritarias en materia de restauración hidrológica forestal, control de la
erosión y lucha contra la desertificación, así como la ejecución de diversas medidas incluidas en el mencionado Plan de activación socioeconómica del sector forestal que potencia la agricultura y ganadería extensiva sostenible en superficies
forestales. A lo anterior también se unen los programas nacional y autonómico de desarrollo rural, financiados también con fondos europeos, Feader. Tanto el mencionado plan nacional como los distintos planes autonómicos incluyen medidas forestales
para poder minimizar el impacto de los incendios forestales. Se estima que el conjunto de los programas de desarrollo rural nacional y autonómico dedicarán unos 150 millones de euros a prevención.
Termino, señor presidente. La disposición adicional cuarta de la modificación, a la que he hecho alusión a lo largo de mi exposición, habla del uso energético de la biomasa forestal. El Gobierno elaborará en colaboración con las
comunidades autónomas la estrategia para el desarrollo del uso energético de la biomasa forestal, de acuerdo con los objetivos indicados en el Plan de energías renovables en España. Señorías, la prevención de incendios no puede basarse únicamente
en la realización de tratamientos selvícolas y en operativos de extinción; la visión ha de ser integral y ha de tener un carácter estructural en la política forestal. Hay que buscar la rentabilidad del monte y su multifuncionalidad, considerando
criterios de sostenibilidad ambiental y social. Señorías, algo estaremos haciendo bien cuando los años 2013 y 2014 han sido dos de los años con menor número de incendios y menor superficie afectada de la última década. Los dispositivos de
extinción han logrado reducir la superficie afectada en un 49% respecto a hace dos décadas.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Javier Calvente.
- SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE ALIMENTOS CON CRITERIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000354).
El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al siguiente punto del orden del día: proposición no de ley sobre contratación pública de alimentos con criterios de responsabilidad social y medioambiental. Esta iniciativa ha sido presentada
por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que a su vez ha presentado dos autoenmiendas. Para su defensa, tanto de la iniciativa como de las enmiendas incorporadas, con un tiempo distribuido entre los dos
diputados, tiene la palabra don Jaume Moya.
El señor MOYA MATAS: Muchas gracias, señor presidente.
En su momento presentamos ya esta PNL hace unos meses. Sin embargo, durante este tiempo el Gobierno ha puesto en marcha el proyecto de ley de contratos en el sector público y, sobre la base de este proyecto de ley, hemos adaptado nuestra
propuesta de compra pública de alimentos con criterios sociales y medioambientales.
La Administración pública es a día de hoy el principal consumidor de todo el Estado, ya que destina aproximadamente entre 2.000 y 3.000 millones de euros anuales a compras alimentarias, centradas especialmente en todo lo que es la
restauración colectiva y social vinculada al sector de la educación y el sector de la salud pública, así como en menor medida también a prisiones, residencias de ancianos y otros comedores públicos. Esta cifra para ponerla en relación viene a ser
aproximadamente el 0,3% de todo el producto interior bruto del Estado, o también la mitad -el 50%- de todo el presupuesto del Ministerio de Agricultura. De manera que viene más que acreditado la importancia clave del Estado como consumidor
influyente y decisivo en el mercado y en la comercialización de la producción de recursos alimentarios.
A día de hoy estamos viendo cómo en países de nuestro entorno cercano, como pueden ser Francia, Italia, República Checa, Hungría o Polonia, de toda esta compra alimentaria prácticamente el 18% se destina a pequeños y medianos productores
agrarios, pero en el Estado español solo -insisto- se destina el 0,3% de la compra pública a este tipo de productores, mientras que la mayor parte del gasto va a parar a las grandes empresas de transformación y de distribución alimentaria. De esta
forma, nos encontramos en un proceso de concentración empresarial que se reúne cada vez más en un menor número de empresas.
Revertir esta situación es lo que propone nuestra proposición no de ley. Por un lado, esto fortalecería la producción agroalimentaria local, siendo una herramienta clave para destinos como el equilibrio territorial, la creación de empleo en
el entorno rural, el desarrollo también de las comunidades rurales, el arraigamiento de la población en entornos rurales, la potenciación del desarrollo endógeno. Asimismo, en el campo ambiental la apuesta por sistemas alimentarios locales
supondría la reducción de la emisión de gas de efecto invernadero, tan importante a día de hoy, como por ejemplo con el traslado de alimentos. Además, socialmente propiciaría la aproximación del productor al consumidor, potenciaría el conocimiento
de uno y otro e incluso tendría una función educativa para nuestra población, con efectos sanitarios.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Jaume Moya.
A continuación tiene la palabra la diputada, doña Rosana Pastor.
La señora PASTOR MUÑOZ: A los planteamientos ya expuestos cabría añadir que un protocolo de compra pública en el sector alimentario permitirá proteger la biodiversidad agrícola local, hoy seriamente en peligro de extinción. Cabe recordar
que la FAO alerta de que solo en el siglo XX hemos perdido más del 90% de las variedades tradicionales de semillas cultivadas y de razas autóctonas de animales de granja. Esta biodiversidad, que se ha desarrollado en cada territorio se ha adaptado
durante milenios a las condiciones agroecológicas, contiene genes de resistencia a las plagas y enfermedades más comunes en cada lugar, siendo más resilientes a los efectos del cambio climático. Asimismo, preserva también el conocimiento y la
experiencia acumulada a través de generaciones, que ha dado lugar incluso a ecosistemas complejos. Por ejemplo, no se puede entender la subsistencia de la dehesa o de muchas de nuestras vegas, si no va asociada a la habitabilidad y al manejo del
ser humano.
La introducción de criterios ecológicos y de sostenibilidad dentro del marco normativo de la contratación pública está ocupando un lugar preferente en el debate político actual. Prueba de ello es que la mayoría de los parlamentos
autonómicos en el último año y medio han aprobado iniciativas legislativas instando a desarrollar los programas y estrategias de compra pública alimentaria. De hecho, estos conceptos fueron ya reconocidos por nuestra legislación en la Ley 30/2007
de contratación del sector público, cuando se fijó la posibilidad de introducir requerimientos de carácter ambiental y social en las licitaciones públicas y un año más tarde se establecía un Plan de contratación pública verde. También el Senado del
Reino de España reconocía y aprobaba en 2012 una moción instando al Gobierno a fomentar la relación directa entre productores y consumidores, impulsando iniciativas de comercialización directa o de radio corto. Además, el Real Decreto Legislativo
3/2011 recoge que las administraciones públicas pueden incorporar consideraciones de tipo medioambiental o social, con el fin de promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, eliminar las
desigualdades entre hombres y mujeres en dicho mercado, combatir el paro, favoreciendo la formación y la incorporación de jóvenes. El último espaldarazado que la Unión Europea ha dado a estas estrategias se realizó a través de la Directiva 2014/24,
reafirmando la consideración de que la contratación pública desempeña un papel clave en la estrategia Europa 2020, recogiendo también la necesidad de modernizar las normativas vigentes.
Tenemos en este momento la oportunidad excepcional para desarrollar todos estos aspectos con el proyecto de ley de contratación del sector público porque se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo de Europa, así como con la ampliación del actual Plan de contratación pública verde, aprobado por el Consejo de Ministros de 11 de enero de 2008, incluyendo en él entre los grupos de productos priorizados la alimentación -es
imprescindible que se incluya la alimentación entre los grupos de productos priorizados-.
En definitiva, las políticas de compra pública hasta ahora han promocionado el incremento y la producción de alimentos, pero creemos que es el momento de poner en un lugar preferente la salud, el medio ambiente, los costes. Existe una
necesidad de definir la sostenibilidad, pero no como márquetin sino como una sostenibilidad que tenga en cuenta los criterios científicos y, a la vez, integre empresas y
actores capaces de conservar el patrimonio natural y cultural y de competir mediante generación de valor añadido distribuyéndolo con equidad.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Rosana Pastor.
A esta iniciativa se ha planteado una enmienda. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra para su defensa la diputada doña María Dolores Marcos.
La señora MARCOS MOYANO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular comparte en gran medida el fondo de esta proposición no de ley. Estamos de acuerdo en que cualquier actuación pública debe realizarse con criterios medioambientales y sociales. Así lo viene haciendo
el Gobierno en muy diversos ámbitos, dando cumplimiento al Plan de contratación verde vigente desde el año 2008.
En cuanto al caso concreto de la contratación de alimentos también creemos que debe guiarse por estos mismos criterios medioambientales y sociales. En esta línea, dado que el Plan de contratación verde no se concibió en origen para
alimentos que son perecederos y requieren cumplir con unos estándares de calidad, este Gobierno ha puesto en marcha algunos avances. Me refiero el código de buenas prácticas mercantiles en la contratación alimentaria, que aborda en gran medida
aspectos recogidos en esta proposición no de ley. Este código establece como principios básicos el equilibrio y la justa reciprocidad entre las partes, la libertad de pactos, la buena fe, el interés mutuo, la equitativa distribución de los riesgos
y responsabilidades, la cooperación, la transparencia, el respeto a la libre competencia en el mercado y a la sostenibilidad en la cadena alimentaria. Este código cuenta, además, con amplio respaldo, al ser suscrito por las organizaciones
profesionales agrarias Asaja, COAG, UPA, la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de España, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas y la Asociación Española de Distribuidores de Autoservicios y Supermercados.
Centrándonos en lo que se refiere a la contratación pública y compartiendo el fondo de esta proposición no de ley, creemos que en el texto original que se ha presentado en esta Comisión hay algunos aspectos que convendría matizar para hacer
que el texto final se encuadre mejor en el marco jurídico. Por esta razón hemos presentado la enmienda. Como sabemos la Unión Europea, por medio de la Comisión, está realizando una revisión de los procedimientos de contratación pública de
alimentos y ante este hecho parece sensato y prudente que cualquier avance normativo a nivel nacional en esta materia se haga en consonancia y en convergencia con los criterios y estándares europeos. De este modo, la enmienda que presenta mi grupo
propone lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar incorporando medidas con las fórmulas que reglamentariamente correspondan o procedan, incorporando los criterios que se establezcan o que se deriven de los trabajos de
revisión que se están llevando a cabo en la Comisión Europea en materia de contratación pública de alimentos, en especial los basados en criterios medioambientales y sociales.
Como ven este texto recoge plenamente el fondo de la propuesta original. Además de matizar la mención de la Comisión Europea, hemos eliminado la referencia al Plan de contratación pública verde del año 2008 porque -como he dicho- ese plan
fue pensado para abarcar productos alimentarios que tienen unos estándares y controles de calidad muy específicos, que nada tienen que ver con los productos que aborda el plan. Por tanto, lo más adecuado sería abordarlo con independencia de este.
En resumen, creemos que estos matices harían que la proposición no de ley ganase en rigor jurídico y daría mejor respuesta a un fin que el Grupo Popular también comparte. Esperamos que el grupo proponente acepte nuestra enmienda.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Les rogaría que me dijeran si aceptan la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular.
El señor MOYA MATAS: Agradecemos esta enmienda, en el sentido de pulir los aspectos técnicos, pero también nos hemos autoenmendado para solventar de manera más concreta estas posibles inconcreciones técnicas. De manera que aceptamos
nuestra autoenmienda, pero no aceptamos la enmienda del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, queda muy claro. Se incorporan las dos autoenmiendas del grupo proponente a su iniciativa, que será sometida a votación y no se acepta la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa). Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Bataller.
El señor BATALLER I RUIZ: Gracias, señor presidente.
En Compromís apoyamos esta proposición no de ley porque supone incorporar el criterio verde en la contratación pública de alimentos, algo que desde Compromís siempre hemos venido defendiendo. Esto supone apoyar la producción agraria local y
ecológica con un eje diferenciador basado en la agricultura familiar y en las pequeñas y medianas empresas, conectándola con las iniciativas que trabajan por un consumo más consciente y responsable, para así impulsar una verdadera producción y
transformación de alimentos de calidad y lograr como objetivos la soberanía alimentaria y ser ejemplo de una actividad agraria económicamente rentable a largo plazo, ambientalmente limpia y socialmente justa, en suma, sostenible. Todo ello debe
hacerse utilizando metodologías participativas, coordinadas con los representantes del sector y practicando la transparencia, algo que ya viene haciendo, por ejemplo, el Gobierno valenciano con su Plan de producción ecológica para el año 2016-2020 y
que invito a que conozcan los proponentes por las ideas que también pueda aportar.
Asimismo, apoyamos esta proposición no de ley porque la vemos como un buen ejemplo de legislación progresiva, ya que que partiendo del Plan de contratación pública verde aprobado en el año 2008 ahora se pretende actualizarlo incorporando los
avances de la revisión que se está realizando en el seno de la Unión Europea. Por este carácter progresivo, de mejora de algo que ya viene dado de hace tiempo pero que no acababa de implementarse, entendemos que debería obtener la unanimidad en
esta Comisión.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Ahora tiene la palabra don Antoni Postius.
El señor POSTIUS TERRADO: Gracias, señor presidente.
Es evidente que con relación a la contratación pública verde la Administración General del Estado tiene mucho camino por recorrer en esta materia. Por un lado, porque los distintos informes de seguimiento que se han aprobado en los últimos
años, el Gobierno hace de la obligación virtud en este ámbito, y por otro lado, porque distintas comunidades autónomas como la catalana, la vasca o la valenciana han aprovechado su marco normativo para ir más allá de los mínimos que marca la ley en
materia de contratación verde. Por tanto, queda claro que el Estado puede y debe hacer mucho más en este ámbito, motivo por el cual votaremos a favor de la propuesta.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Antoni Postius.
Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra don Toni Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, presidente.
Solo intervendré brevemente para apoyar esta propuesta. La contratación pública nos parece una herramienta importantísima y definitiva para dos temas que nos parecen también esenciales a nosotros: el primero, la salud o alimentación porque
básicamente son lo mismo, y el segundo, el medio ambiente. Para nosotros el medio ambiente es un objetivo primordial, para las generaciones presentes lo es pero también para las generaciones futuras. Entendemos como tal la naturaleza, la
biodiversidad, el aire, el agua, el correcto tratamiento también de la energía y de los residuos y el uso adecuado de los recursos naturales. Nosotros creemos que, además, dicho respeto no debe entrar en conflicto con el desarrollo económico de
nuestro país sino todo lo contrario, puede ser una oportunidad y ha de ser también el motor e inspiración para armonizar nuestra economía y nuestra sociedad. Agradecemos la propuesta que se nos trae hoy aquí y repito que votaremos afirmativamente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Toni Cantó.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz don Felipe Sicilia.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la previsión de mecanismos que permiten introducir en la contratación pública cláusulas de tipo social y ambiental, configurando estas como condiciones especiales de ejecución del contrato o como criterios para valorar la oferta,
ya fue incorporada en nuestro ordenamiento en la derogada Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público que traspuso la Directiva europea 2004/18, como ya conocen. Esta normativa incluía sustanciales innovaciones a nuestro juicio
en lo que se refiere a la preparación y adjudicación de los negocios jurídicos sujetos a la misma, puesto que configuraba una estructura que permitía a los contratos acogerse a pautas de adecuación o requerimientos de tipo ético o social.
Dicha regulación, además, se mantiene actualmente en el texto refundido de la Ley de contratos del sector público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011 y se refuerza con las nuevas directivas sobre contratación, aprobadas por el
Parlamento Europeo el 15 de enero de 2014, que sustituyen a las directivas 2004/2017 y 2004/2018, y en especial a la Directiva 2014/24. Esta última directiva señala que la contratación pública desempeña un papel clave en la estrategia Europa 2020,
siendo la contratación pública uno de los instrumentos basados en el mercado que debe utilizarse para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y al mismo tiempo garantizar un uso más eficiente de los fondos públicos, facilitando
también la participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública al permitir que los contratantes utilicen mejor la contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes.
El Grupo Socialista entiende que toda actuación del sector público ha de estar encaminada al servicio del bienestar colectivo y a la consecución de intereses sociales. Por ello, entendemos que las administraciones públicas en sus
actividades de contratación y de compra tienen que jugar un papel ejemplar en la protección del medio ambiente y deben de utilizar esta contratación para procurar esa ejemplaridad que consiga, por ejemplo, la protección al medio ambiente, la
implementación de políticas sociales o el fomento de la innovación. Todo ello ha de hacerse con un ánimo integrador y de una forma eficaz, para que queden debidamente conciliados los objetivos y los principios inherentes a la contratación pública.
Por eso, estamos de acuerdo con la iniciativa y estamos incorporando cláusulas sociales y ambientales a los contratos que están realizando las comunidades autónomas que a día de hoy están gobernadas por el Partido Socialista. Ya se ha
mencionado al Gobierno valenciano, pero también quiero mencionar como ejemplo al Gobierno de la Junta de Andalucía, que muy recientemente en el mes de octubre aprobaba en su Consejo de Gobierno precisamente la incorporación de cláusulas sociales y
ambientales en los contratos que realice la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por tanto, el Grupo Socialista está de acuerdo con esta iniciativa y no solo está de acuerdo sino que allí donde tenemos oportunidad de ponerla en marcha lo estamos
haciendo, como en el Gobierno valenciano o en el Gobierno de la Junta de Andalucía. Por tanto, siendo coherente con nuestra acción de Gobierno en las comunidades autónomas donde estamos gobernando, la posición de mi grupo será favorable a esta
iniciativa que ahora estamos debatiendo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Felipe Sicilia.
- RELATIVA A MODIFICAR LOS CAUDALES ECOLÓGICOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN HIDROLÓGICO DEL EBRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CICLO DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 2015-2021. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente
161/000458).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al debate del siguiente punto del orden del día: proposición no de ley relativa a modificar los caudales ecológicos establecidos en el Plan Hidrológico del Ebro correspondiente al segundo ciclo de
planificación hidrológica. El autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario Mixto y para su defensa tiene la palabra don Ferran Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.
Esta es una iniciativa que el Partit Demòcrata Català presentó en la anterior corta legislatura y que hoy volvemos a presentar con el ánimo de poder sumar la mayoría suficiente. De hecho, ya avanzo que hemos intentado consensuar alguna de
las enmiendas presentadas para poder transaccionar, pero esto no ha sido posible.
En todo caso, ¿qué pedimos a través de esta proposición no de ley? Un tema muy sencillo. Como recordarán, el Gobierno en funciones el 8 de enero de 2016 aprobó varios planes hidrológicos de cuenca, entre ellos, el Plan de cuenca del Ebro.
Este plan fue uno de los primeros que se aprobó sin el consenso no solo de una ni dos, sino de tres comunidades autónomas. Esto es una anomalía en este tipo de documentos. Lo aprueba un Gobierno en funciones y fija un caudal ecológico en el tramo
final del Ebro absolutamente insuficiente. Este es el primer motivo de esta proposición no de ley: constatar esta insuficiencia de los caudales ecológicos mínimos fijados en dicho documento.
En segundo lugar, nuestra iniciativa solicita que se modifiquen estos caudales incrementándolos y que estos nuevos caudales que se deban fijar en el tramo final del Ebro estén basados en criterios científicos y técnicos, de forma coherente
con la realidad física del mismo río y con la normativa de planificación, en la línea que se presentaron observaciones a dicho documento por parte de la Generalitat de Catalunya, las entidades locales, la Plataforma en defensa del Ebro y, sobre
todo, la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, entre otras instituciones. De hecho, como ustedes saben, recientemente también hubo una visita en el delta del Ebro por parte de una delegación del Parlamento Europeo donde pudieron
constatar -era una delegación de la Comisión de Peticiones- esta insuficiencia de los caudales y el daño que generaría en el delta y el tramo final del Ebro.
Quisiera hacer algunas consideraciones. En primer lugar, lo que pedimos es absolutamente compatible con todos los usos actuales de riego. Que nadie se engañe, que nadie diga después que esto es incompatible y que va a lesionar las
concesiones actuales de riego. Es más, seguramente sea la mayor garantía para que estas concesiones no sean modificadas en un futuro, porque las grandes reservas de agua que se plantean para futuros regadíos, que hoy no están ni planificadas, son
la mayor amenaza para los regadíos actuales. En segundo lugar, si no modificamos estas cuestiones, nos lo van a modificar en la Unión Europea y vamos a tener que pasar la vergüenza de que sea la Unión Europea la que nos llame la atención al
respecto.
De las enmiendas presentadas, les avanzo que aceptaremos la enmienda del Grupo de Unidos Podemos, ya que no tenemos ningún inconveniente en incorporarla literalmente. La única observación es que la han presentado como el cuarto punto, pero
tendría que ser el tercer punto de la proposición no de ley, pero aun así la incorporaremos.
En cuanto a la enmienda del Grupo Socialista, aunque la hemos intentado transaccionar no ha sido posible. El Grupo Socialista nos ha pedido una enmienda de sustitución donde no se deja constancia de la insuficiencia de los caudales, un tema
que nosotros entendemos que es absolutamente necesario; no se pide una revisión explícita al Gobierno, y no se incluye como criterio de esta revisión el fijado por la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, la Generalitat de
Catalunya o entidades locales y la Plataforma en defensa del Ebro. Esta es la incoherencia del Partido Socialista: el Partido Socialista en todos los ayuntamientos y en todas las diputaciones, en el Parlament de Catalunya ha votado favorablemente
lo que nosotros estamos proponiendo aquí, pero desgraciadamente, por circunstancias que se me escapan, o no se me escapan, pero no vienen al caso, en las Cortes no hay forma de que voten a favor. Hemos hecho lo posible y lo imposible, hemos hecho
propuestas de transaccionales, pero hay unos mínimos a los que no podemos renunciar. En todo caso, les pido su voto favorable a dicha propuesta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Ferran Bel.
A esta iniciativa se han presentado enmiendas. Por parte del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, tiene la palabra don Pedro Arrojo.
El señor ARROJO AGUDO: Muchas gracias, señor presidente.
Cuando vuelvo a ver una propuesta de este tipo, que hemos discutido recientemente también, no sé si era por iniciativa de Esquerra, yo me hago una reflexión de entrada: me debo de estar haciendo mayor. Este mismo debate se tuvo con el Plan
Hidrológico Nacional en Bruselas. Por aquel entonces yo fui asesor de la Comisión Europea en estos temas. Hace década y media se presentó un caudal del delta de 3.000 hectómetros cúbicos, un poquito mayor que este y hubo todo un debate. Yo
escuché este debate y puede ver los informes técnicos. Además, asistí a las reuniones de los equipos técnicos de la Comisión que dictaminaron que estos caudales no garantizaban la sostenibilidad del delta. Esto es así, y no solo es así sino que
ese dictamen fue la principal razón por la cual la Comisión Europea bloqueó los fondos, que en principio estaban previstos para financiar los grandes trasvases del Ebro. Dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma
piedra, vayamos allá.
La segunda cuestión es que no es solo un problema del delta. La Comisión Europea -que nos ha dado treinta y cuatro collejas hace poquito, somos ya el país más acollejado en estos temas y particularmente en el Ebro y en el Tajo- nos dice,
entre otras cosas, que solo hemos calculado el 20% de los caudales ecológicos de las masas de agua y que queda el 80%, que el caudal que hemos asignado al delta es un arbitrio porque no hemos aplicado las tecnologías que nos han dicho que debemos
aplicar y que por todas estas razones hay que revisar esa planificación. Esto es lo que nos dice explícitamente la Comisión. Tienen razón los ponentes que han manifestado que nos van a enmendar la plana, es que ya nos han avisado.
No es solo para el delta, por ejemplo, en Aragón hay problemas gravísimos de crecimiento de macrofitas y de mosca negra por el caudal, pero bueno, no me voy a meter más allá. En concreto, todos los deltas son -voy a intentar hacer un pelín
de pedagogía en minuto y medio- como megaesponjas sedimentarias que por el propio peso de los sedimentos tienden a compactarse, es lo que se llama la subsidencia del delta. Y solo se puede compensar esa subsidencia, acelerada además por el
crecimiento del nivel de las aguas por el cambio climático, si llegan sedimentos complementarios aportados por los caudales, si no, el delta va desapareciendo. Eso es la constatación. Entonces, es necesario lo que está diciendo el ponente, son
necesarios más caudales, pero ser necesarios no es condición suficiente y de ahí nuestra enmienda. Lo que es necesario es que esos caudales vayan cargados en un momento determinado de sedimentos que hoy están colmatando los embalses. El 95% de los
flujos sedimentarios naturales, de lo que se llaman los flujos sólidos del Ebro, se colapsan en Mequinenza y Ribarroja. Por tanto, hay que hacer lo que se está haciendo en Estados Unidos y que aquí nunca se dice. Se lo voy a decir y acabo: en
Estados Unidos el 20% de la ingeniería hidráulica en las instituciones públicas está dedicada a la gestión de flujos sólidos. Y eso consiste, entre otras cosas, en presas de cola de sistema donde se depositan la mayor parte de los sedimentos en vez
de sedimentarse en la gran presa, y luego en un baipás que los libera cuando vienen las crecidas, dejando grandes crecidas para que esos sedimentos bajen hasta la costa y alimenten deltas y playas. El 90% de las arenas de playas turísticas son
flujos sólidos de los ríos. Por eso hoy tenemos que hacer escolleras en las playas, tenemos que actuar artificialmente, traer camiones y adecuarlas porque las playas se nos están vaciando de arena. Bien, estas son las razones por las que añado esa
enmienda, y les pido que el Gobierno empiece a hacer lo que hace Estados Unidos desde hace veinte años, y es pensar y diseñar estrategias de gestión de caudales sólidos y, en particular, en Ribarroja. Yo lo he estudiado y tiene sentido económico.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Pedro Arrojo.
Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el diputado don Marc Lamuà.
El señor LAMUÀ ESTAÑOL: Gracias, señor presidente.
Al filo de la propuesta con la que ha acabado el ponente, me sumo a las palabras del señor don Pedro Arrojo. El problema de caudales del río es en todo el río, no valen visiones reduccionistas ni parciales. En ese sentido va nuestra
enmienda y también la que presentamos en diciembre. Un río y su cuenca deben considerarse como un todo, no se pueden trocear, están intrínsicamente ligados, lo que pasa en la desembocadura difícilmente podrá considerarse sin entender como un todo
la gestión del río desde su cabecera. Y coincidimos con esta iniciativa en que el mantenimiento ecológico del delta es un indicador básico del Plan Hidrológico en su conjunto, pero la protección integral de este ecosistema debe realizarse desde la
base de un gran acuerdo social y político, algo que los socialistas hemos propuesto en numerosas ocasiones y en distintos escenarios. Un gran acuerdo que deberá contar con la complicidad de todos los agentes, instituciones y colectivos implicados
en la vida del río, y no solo de un territorio, sino de todos los territorios porque las complicidades que requiere el delta, como decía, empiezan en la cabecera del río.
Es evidente que tampoco podemos permitir las prisas de un Gobierno que por no aceptar que no había hecho los deberes y estar al borde del incumplimiento de un mandato europeo, revisó y aprobó por vía casi de decreto aquello que la Directiva
Marco Europea del Agua obligaba que fuera un amplio proceso participativo, mucho más plural, seguramente más largo, que debía desembocar en un nuevo plan de cuenca para el Ebro. Por lo tanto, el plan aprobado por el ministerio nos genera muchos
interrogantes. Un verdadero plan hidrológico de cuenca debe dar respuesta sostenible a todos los usos de la cuenca. Como remarca la Directiva Marco Europea del Agua, el uso medioambiental sí, pero también el uso agrícola, el industrial, el de
abastecimiento. Debemos articular propuestas capaces de preservar todos los usos del
agua, eso sí, bajo nuevas perspectivas de más sostenibilidad y más eficiencia en todas sus gestiones. Por eso debemos determinar y analizar los usos presentes y futuros, tomar las medidas necesarias, ponerlas en marcha y conseguir así
garantizar un buen estado ecológico de todos los tramos del río Ebro, incluido el delta. Pero todo eso no se puede hacer de un plumazo, bajo la presión de Bruselas porque nos pueda expedientar por incumplimiento de la directiva.
Celebramos en todo caso que la antigua Convergència piense en el Ebro ahora, puesto que el plan actual es muy similar o recuerda bastante al que presentó el Partido Popular a inicios de los años 2000 y que aprobó también Convergencia i Unió.
Sí, el que contenía el trasvase del Ebro y no les disgustó en ese momento, el que tuvo que frenar el presidente Rodríguez Zapatero. Es evidente nuestra preocupación por el delta del Ebro, ha estado muy bien remarcándolo el ponente, pero también
debemos remarcar que los últimos Gobiernos encabezados por Convergència deberían haber cumplido con sus responsabilidades, haber participado más en la definición de este plan, haber sido más proactivos en la defensa de los intereses de Cataluña
cuando tocaba y donde tocaba, y no ser un actor pasivo en las instituciones a la espera del choque. ¿Nos trae una iniciativa en defensa de los caudales ecológicos del Ebro o nos trae una pieza más de sus memoriales de agravios? Que no los niego,
pero dejen ustedes de quemar temas muy necesarios para nuestro ambiente y para el medio ambiente de Catalunya, en beneficio de su estrategia de choque institucional permanente, porque de haber realizado correctamente sus tareas como Govern de la
Generalitat de Cataluña, este tema a lo mejor estaría hoy solucionado. Aquí no venimos a hacer fuegos artificiales políticos, aquí venimos a defender aquello que es justo, y tan justo y necesario es el mantenimiento del delta del Ebro como el de
los usos para todos los territorios catalanes que ven parte de su vida vertebrada por el paso de este río. Y si me avergüenza por un lado que el Gobierno del Estado no tenga problemas en enfrentar territorios con sus planes de cuenca, más me
avergüenza todavía como catalán que los representantes de los partidos en el Govern de la Generalitat no tengan tampoco problemas en enfrentar a territorios y usos dentro de Cataluña de la misma manera, porque tanta o más irresponsabilidad es esta.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Marc Lamuà.
Hay diversos grupos parlamentarios que han solicitado intervenir en este punto. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra don Javier Eritja.
El señor ERITJA CIURÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, compartimos plenamente la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Básicamente es una propuesta que recuperamos, puesto que ya la presentamos en el Pleno en la anterior legislatura los dos grupos. Tenemos el mismo
panorama y, por tanto, creemos importante volver a traerla. Fíjense en que desde entonces hasta ahora, la propia Comisión Europea, como se ha comentado antes, se ha vuelto a posicionar al respecto. Se está hablando de que este asunto se ha de
plantear desde un perspectiva de gestión integral de la propia cuenca, pero queremos resaltar, y quizás sea este el aspecto más importante, que la falta de caudal en la cuenca del Ebro es el resultado final de una mala gestión en el conjunto de la
cuenca del Ebro. Por tanto, la Comisión Europea lo que hace es incidir en este tema diciendo que donde realmente se nota un gran déficit de caudal es en la zona del Ebro, que precisamente es un espacio de gran protección natural. Recuperando las
últimas recomendaciones de la Comisión hay dos puntos en los que realmente es muy incisiva. Aunque sus recomendaciones no son vinculantes, sí que tienen un gran peso político y, en ese sentido, sería importante tenerlas en cuenta, como otras veces,
a la hora de plantear qué queremos hacer con la gestión del agua.
El primer punto de esta iniciativa es muy claro, se pide a la Comisión Europea que se rechace el segundo ciclo de los planes hidrológicos de cuenca. Y el otro punto incide más específicamente en los caudales ambientales para lo que se
recomienda que se realice un estudio actualizado, independiente y exhaustivo de las necesidades de las zonas protegidas en cuanto a la calidad del agua y de los caudales ecológicos, de conformidad con los objetivo medioambientales establecidos en la
Directiva Marco Europea del Agua y los requisitos de las directrices sobre hábitats y aves silvestres. El estudio proporcionará datos para la revisión del próximo ciclo de los planes hidrológicos de cuenca y ayudará a establecer los caudales
ecológicos necesarios. Está más claro que el agua. Por lo tanto, no es que nosotros insistamos en un tema territorial y concreto, sino que realmente son recomendaciones de la Unión Europea sobre el gran error de la gestión de la cuenca del Ebro no
solo a nivel general, sino en concreto su resultado final que
sería el delta del Ebro. El delta del Ebro no deja de ser el resultado final de toda la gestión desde el principio hasta el final. Por tanto, el delta del Ebro no deja de ser un reflejo de esta mala gestión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Javier Eritja.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra su portavoz, don Rodrigo Gómez.
El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Como se ha dicho, esta es una proposición no de ley similar a la que ya se debatió en el Pleno en la pasada legislatura a propuesta del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y que volverá a presentarse reiteradamente una y otra vez.
Creo que ya vale, ya basta de utilizar el agua con fines políticos para intentar sacar un rédito político, y con una voluntad de enfrentar a los territorios y a los habitantes de esos territorios por algo tan importante y tan trascendente como es el
agua. Por eso desde Ciudadanos proponemos que el agua sea un tema de Estado. No puede ser que ahora Cataluña pida más agua y se enfrente con Aragón o con cualquier otra región, y nos vayamos enfrentando aquí unos y otros. Tiene que ser una
cuestión de Estado, y como tal debe ser tratada con una visión global y, por supuesto, con criterios técnicos y no con criterios políticos.
Hasta ahora esta proposición no de ley, que ya se nos presentó en la pasada legislatura, propone la modificación del caudal del Ebro en la zona del delta, pero no aporta ningún criterio técnico que sea diferente y de verdad justifique y
avale esa modificación. Lo que se aporta es lo mismo que ya se aportó cuando se aprobó el Plan Hidrológico del Ebro. Un Plan Hidrológico que se aprobó siguiendo todos los procedimientos adecuados, fueron escuchados y pudieron hacer alegaciones
todo tipo de asociaciones, de colectivos y de expertos. Aquí tenemos algún experto que hizo sus alegaciones y sus propuestas. Y una vez escuchadas y atendidas todas esas propuestas, el Plan Hidrológico del Ebro se elaboró con criterios técnicos.
A eso es a lo que debemos atenernos y, por lo tanto, mientras no haya unos criterios técnicos objetivos que nos digan que se deben modificar esos caudales, Ciudadanos votará siempre que no porque no podemos utilizar la política en este sentido. Si
la Comisión Europea emitiese un informe que alegase esas deficiencias y de verdad recomendase modificar los caudales, en Ciudadanos estaríamos dispuestos a revisar nuestra postura y a modificarla. Hasta ahora no ha sido así, la Comisión Europea no
ha emitido nuevos informes y, por lo tanto, tendremos que atenernos a lo que hay. Como decía, el agua debe ser una cuestión de Estado y desde Ciudadanos proponemos un nuevo plan hidrológico nacional. No el Plan Hidrológico Nacional del Partido
Popular y del señor Aznar, sino un nuevo plan en el que pensemos en la nueva cultura del agua, en la reutilización, en la desalinización, en atraer toda esa nueva cultura del agua, pero que se haga con criterios técnicos y no políticos.
El señor PRESIDENTE: Perdón, don Rodrigo Gómez, le ruego que vaya concluyendo.
El señor GÓMEZ GARCÍA: Ya termino.
Un nuevo plan en el que se respeten, por supuesto, como no puede ser otra manera, los caudales ecológicos y el agua de boca y el agua de regadío.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Rodrigo Gómez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Eloy Suárez.
El señor SUÁREZ LAMATA: Muchas gracias, señor presidente.
El señor Arrojo comenzaba su intervención diciendo que se estaba haciendo mayor porque escucha siempre lo mismo. Señor Arrojo, yo también tengo esa sensación, pero sobre todo tengo una sensación de permanente contradicción de los argumentos
que en este punto se acaban de escuchar. Se ha hecho una crítica muy sorprendente, hablan de falta de consenso. Creo que hay cosas objetivas, y ya anticipo que el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de esta iniciativa por no entender
el criterio del señor Bel, ya que sus planteamientos en cuanto a los caudales ecológicos suponen prácticamente que el uso del río corresponde al delta del Ebro, por lo que entenderá usted, señor Bel, que no estemos de acuerdo. Pero decía que hay
cuestiones objetivas, y si hay algo que ha tenido el Plan Hidrológico son varios parámetros, el primero de ellos es técnico. Me ha sorprendido la intervención del portavoz socialista. Cómo se puede hablar de que se ha intentado enfrentar
territorios, pero, señoría, si el proceso de consenso y de diálogo lo inició el Partido Socialista. Me ha dado la sensación de que usted desconocía cuál ha sido
la tramitación de esta cuestión; 120 reuniones, 6.000 alegaciones aceptadas, 5.200 colectivos que han participado. Si a usted le parece poco ese proceso de consenso, creo que incurre en un error. Pero sobre todo, señor Bel, usted no puede
decir que no tiene los avales fundamentales en el órgano de planificación en cuanto a votos, pues al final 78 votos contra 12 creo que son una mayoría no ya cualificada, sino quizás algo superior.
Quiero hacer algunas precisiones porque da la sensación de que los caudales se hayan concebido con poca rigurosidad, cuando hay una sentencia del Tribunal Constitucional, 5035/2006, que precisamente avala claramente el cálculo de los
caudales ambientales. Si hay algo en lo que se ha estrellado la Generalitat de Catalunya ha sido precisamente en intentar demostrar que esto no tenía rigor técnico. Por otra parte, también les quiero decir que el delta del Ebro tiene seis mil años
de historia, pero no es algo estático e inmutable. A lo largo de toda su historia, y así lo han detallado numerosos geógrafos desde el siglo II hasta los siglos XIV y XV, el delta ha ido retrocediendo, ha ido cambiando. En el año 1937 hubo una
gran riada que provocó que incluso cambiaran tres desembocaduras del Ebro. ¿Por qué les digo esto? Porque al escuchar al señor Arrojo amparándose en ese informe, me parece que es un auto de fe, pero yo le tengo que confesar que dicho informe
desconoce el proceso de implementación de las directivas, en concreto cómo se ha implementado la Directiva Marco Europea del Agua, y sobre todo contiene una cantidad de contradicciones que si usted lo analiza unidireccionalmente, que es lo que ha
hecho, le lleva a la reflexión que le lleva, puesto que desconoce la realidad hidrogeológica de este país, un país completamente artificializado. Nosotros no somos como cualquier país de Europa, su realidad hidrogeológica no tiene nada que ver con
la nuestra. Por eso España tendrá que defender de otra manera los posicionamientos de este Plan Hidrológico que, además, deben saber sus señorías, recoge todos los intereses de la cuenca cumpliendo el artículo 40 de la Ley de Aguas. Me hubiera
gustado que el Grupo Parlamentario Socialista hubiera votado a favor del plan hidrológico porque saben perfectamente que ese caudal, que es el objeto de esta proposición no de ley, es adecuado y realista. Tan adecuado y realista que cuando ustedes
gobernaron, a pesar de intentar llegar a un acuerdo con el Gobierno catalán de entonces, no fueron capaces y tuvo que ser el Partido Popular el que aprobara el Plan Hidrológico. Por eso se aprobó siete años después, siete años de retraso imputables
al Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, y por eso se aprobaron los caudales que se aprobaron.
Acabo ya, señor Bel, pero me va a permitir una digresión -y perdonen que me extienda- que viene a raíz de su iniciativa, en la que afirma que el Gobierno central -en alusión al victimismo que aquí alguien ha comentado- ha ignorado
completamente el criterio de la Generalitat basado en estudios -y esto es lo que sorprende- rigurosos. Yo espero, y ya sabe que le profeso un especial cariño, que esos estudios rigurosos no sean como el libro de Vilarasa con el que creo que se
enseña en Cataluña, en el que se dice que el Ebro es un río corto y caudaloso que pertenece a la cuenca pirenaica del Segre-Cinca. ¿Por qué le digo esto? Porque al final esto es una historia para una causa; toda teórica nación necesita un gran
río. Cuando les escucho, muchas veces me da la sensación de que lo que pretenden es apropiarse del río Ebro para seguir construyendo esa quimera -no sé cómo llamarlo-, ese mito. Y le voy a decir algo, los mitos de esa naturaleza en Europa en los
últimos años, y muy cerca tiene Yugoslavia, han sido auténticos desastres.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Eloy Suárez.
- SOBRE MEDIDAS PARA LA ORDENACIÓN DEL ESPACIO MARÍTIMO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000625).
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora al debate del siguiente punto del orden del día, que hace referencia a medidas para la ordenación del espacio marítimo, presentado por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra su
portavoz, don Joaquín García Díez.
El señor GARCÍA DÍEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, ya desde la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, comenzamos a escuchar cómo en su preámbulo se cuestionaban todos los asuntos relativos a la utilización de los espacios marítimos, y se decía que
estaban estrechamente relacionados entre sí y habría que tratarlos y considerarlos siempre en su conjunto. Remontándonos a fechas mucho más recientes, en julio del año 2014 la Comisión Europea aprueba la Directiva 2014/89/UE, por la que se
estableció un marco
legal para la ordenación del espacio marítimo. El objetivo de esta directiva -leo textualmente- es establecer un marco para la ordenación del espacio marítimo, con vistas a fomentar el crecimiento sostenible de las economías marítimas, el
desarrollo sostenible de los espacios marítimos y el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos, las tres cosas. La Comisión cuando propone esto y aprueba esta directiva era consciente del rápido y elevado incremento que estaba
experimentando la demanda de espacio marítimo para diferentes usos. Pongo algunos ejemplos: instalaciones de producción de energía a partir de renovables, la prospección o explotación de petróleo y gas, la conservación de ecosistemas y la
biodiversidad, el transporte marítimo, las actividades pesqueras, el turismo, las instalaciones de acuicultura, el patrimonio cultural submarino, infinidad de ejemplos que se podrían citar en los que la actividad tiene como marco el espacio
marítimo.
Bien, la Unión Europea en todo este tiempo no ha sido ajena a estas circunstancias y así ha planteado sus pilares: el pilar medioambiental en la gestión de los océanos con la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y la
vertiente o pilar pesquero lo constituye lo que conocemos como la reforma de la política pesquera común, la PPC, recientemente aprobada, a la que ya se le dio ese enfoque ecosistémico. Quiero recordar también que en el proceso de aprobación
definitiva de la PPC, el Partido Popular a través de su Gobierno presionó y consiguió también el apoyo de otros países para que los tres pilares fundamentales de la PPC, el medioambiental, el económico y el social, estuvieran equilibrados y ninguno
de ellos pesara más que los otros dos. La vertiente pesquera, como acabo de decir, queda recogida en la PPC, que también incluye el Fondo europeo marítimo y pesquero, el FEMP, que contribuye a la protección del medio marino estableciendo entre las
medidas que pueden ser financiadas con estos fondos europeos, la protección y la recuperación de la biodiversidad, los ecosistemas marinos, los regímenes de compensación en el marco de actividades pesqueras sostenibles, etcétera.
Bien, este sería el marco global y ahora vamos a España y a su Gobierno. Este Gobierno y los anteriores siempre han sido sensibles a estos planteamientos y han colaborado, como no podía ser de otra manera, con la Comisión Europea en la
aprobación de diferentes normativas, reglamentos, etcétera, que den cuerpo legal a estas políticas medioambientales. Actualmente el Gobierno, y de aquí viene la presentación de esta iniciativa, tiene en marcha la elaboración de un real decreto de
transposición de la directiva a la que me he referido hace un momento, 2014/89/UE, ya que como saben todas sus señorías, los Estados miembros son los responsables en lo que se refiere a designar y determinar dentro de sus aguas marinas el formato y
el contenido de dicha ordenación. Existe, por tanto, la obligación y así lo fija la directiva, de que los Estados miembros adopten las disposiciones legales reglamentarias y administrativas necesarias. Y aquí hago un paréntesis muy breve para
hablar de la única enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, donde de alguna forma se plantea que en vez de regular esta materia a través de un reglamento con un decreto, se haga a través de una proposición de ley. Bien, esto será
opinable, pero lo que sí esta claro es que la opción que nosotros consideramos para transponer esta directiva de ordenación del espacio marítimo es a través de la aprobación de una norma con rango reglamentario y no con rango de ley, y así lo
consideran también muchos asesores jurídicos, que ser lo más sistemático en el marco de nuestro ordenamiento jurídico, lo cual no le quita ni añade más transparencia ni más consistencia. Además, el ordenamiento jurídico español para lograr o
mantener un buen estado ambiental cuenta también con otra ley, la Ley 41/2010, de Protección del Medio Marino.
Para finalizar, señorías, la preocupación del Gobierno por lograr una gestión integrada de todas las actividades vinculadas con el mar, con el fin de alcanzar ese crecimiento sostenible al que me llevo refiriendo ya hace un rato -sostenible
y añado integrador-, incorpora lógicamente a la pesca y a la acuicultura entre los objetos de ordenación. Por eso es preocupación de nuestro grupo parlamentario y de quien les habla que no se vea disminuida su consideración en los futuros planes de
ordenación del espacio marítimo, en pocas palabras, como dije antes respecto a la PPC, que no haya primacía de unas actividades sobre otras. Sobre la importancia de la pesca y la acuicultura, señor presidente, como veo que la luz ya está roja y voy
a tratar de respetar al máximo ese tiempo que ya he superado, no me voy a parar a dar datos porque los tienen todos ustedes en la exposición de motivos.
Por otro lado, como también hay una enmienda fallida porque se ha presentado fuera de plazo y, por tanto, no sé la suerte que tiene que correr, dado que la proponente se dirigió a mí para anunciármela esta mañana, sí quiero decirles que
estén tranquilos porque aunque no pueda ser considerada, está claro que las cuestiones competenciales o de participación que se plantean en esa enmienda están perfectamente libres de sospecha. Las competencias de pesca extractiva están compartidas
entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. En materia de acuicultura, aunque la competencia es
autonómica, la Administración General del Estado tiene que dar la autorización de ocupación de dominio público marítimo-terrestre. Y en el caso del marisqueo es una competencia autonómica, pero la Administración General del Estado está
claro que tiene una política muy activa a favor de ese subsector pesquero. Por todo ello, proponemos considerar la necesidad de esos tres puntos que ya no leo porque he rebasado el tiempo, pero que todas sus señorías conocen. Y acabo pidiéndoles
su apoyo para cumplir con esta finalidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Joaquín García Díez.
A la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular se ha presentado una enmienda por parte de Ciudadanos, para cuya defensa tiene la palabra don Luis Miguel Salvador.
El señor SALVADOR GARCÍA: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, el artículo 132 de nuestra Constitución dice que son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y en todo caso la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial, los recursos naturales de la zona
económica y las plataformas continentales. El Partido Popular no se ha dado mucha prisa para que se realizara la transposición de esa directiva europea. Si lo hubiera hecho con un poquito más de celeridad, algo que, como su portavoz ha destacado,
es verdad que es importante, seguramente que en este momento no tendríamos a un Grupo Popular presentando una PNL para enmendar un real decreto que, al mismo tiempo, también está elaborando el propio Partido Popular y con respecto del que, a pesar
de determinados vicios, como señalaré posteriormente, lo que hemos intentado ha sido marcar el camino, porque no es de urgente necesidad, sino que se hubiese estado a tiempo de presentar un proyecto de ley, con el consenso de todo el mundo.
Lo que nos pide la normativa europea, como ya ha relatado el ponente, es que hagamos planes de ordenación marítima que determinen la distribución espacial y temporal de las actividades y de los usos, fomenten el crecimiento sostenible de las
economías marítimas, desarrollen los espacios marítimos de manera sostenible y procuren el aprovechamiento sostenible de los recursos marítimos. El portavoz del Grupo Popular ha hecho alusión al tipo de legislación que tenemos en nuestro país y a
la idoneidad de hacerlo con una fórmula u otra. Si tenemos competencias transferidas a las comunidades autónomas y se va a hacer algo que va a afectar a esas competencias, para preparar el real decreto primero se tendría que haber consultado a esas
comunidades autónomas, al Consejo Asesor de Medio Ambiente, a los departamentos ministeriales y a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, de modo que seguramente no habría tenido que presentar esta PNL para enmendarse a sí mismo, a su propio
Gobierno en la propuesta que había hecho por medio del real decreto.
Por tanto, como ha dicho el portavoz del Grupo Popular y coincidimos con él, Ciudadanos considera que este es un tema muy importante, que debería haberse tratado antes, porque no tenían que haberse apurado los plazos, como se ha hecho hasta
este momento. Por otra parte, no suena precisamente a nueva política y a algo lógico que el propio Grupo Popular tenga que presentar una PNL para enmendar un real decreto del Gobierno que se supone que se ha hecho ante una situación extraordinaria
y de urgente necesidad. Seguimos entendiendo que un proyecto de ley con el consenso de todos, como se deja implícitamente señalado en la PNL que presenta el Partido Popular, hubiese sido lo adecuado, sin tener que partir del síndrome de la mayoría
absoluta, desde el que yo no consulto con nadie, pero después ese borrador asusta a todo el sector y tengo que venir a esta Comisión con una PNL para enmendarme a mí mismo y decir a Ciudadanos que cómo iba a hacer un proyecto de ley con el consenso
de todos, cuando con esta chapuza que estoy haciendo puede quedar medianamente solucionado.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Luis Miguel.
Don Joaquín, quisiera saber si acepta o no la enmienda que presenta Ciudadanos.
El señor GARÍCA DÍEZ: Ya dije en mi intervención que no consideramos procedente esa enmienda.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa).
Por Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra doña Eva García Sempere.
La señora GARCÍA SEMPERE: Gracias.
La verdad es que la intervención de la portavoz del Grupo Popular para defender esta PNL me ha dejado todavía más preocupada. En ningún momento el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea entendió, ni mucho
menos, que esta PNL quisiera ordenar el espacio marítimo, en lo que estaríamos de acuerdo; creemos que, efectivamente, es necesario y así lo entiende Europa y debemos trasponerlo. Lo que pretende es intentar volver a introducir la piscicultura con
calzador, sobre todo en las costas gallegas pero también en el resto de la costa cantábrica, porque lo que realmente deja traducir el real decreto, y esta PNL lo deja meridianamante claro, es que buscan parcelar y subastar las rías y privatizar los
mares. Si de verdad quisieran trasponer la directiva que marca Europa y trasponer la normativa sobre sostenibilidad ambiental y socioeconómica en la manera en que lo ha expuesto el portavoz del Grupo Popular, esta PNL recogería, por ejemplo, la
capacidad de carga del sistema marítimo como punto fundamental, porque en nuestros mares no cabe todo. No se puede hablar de futuras actividades, cuando ni siquiera conocemos cuál es la capacidad de carga. No recoge explícitamente la prioridad y
garantía del ejercicio de las actuales actividades pesqueras, marisqueras y de cultivo de mejillón, es decir, está muy bien hablar de lo que se podrá hacer, de la posible piscicultura, pero hay que proteger lo que ya tenemos del sector. Esta
ordenación no contempla los criterios claros de sostenibilidad y lo que nosotros entendemos que es fundamental: la pesca artesanal, responsable del 80% de la actividad, y de qué manera la piensan proteger. Tampoco recoge cómo garantizar la
protección de nuestras costas. Efectivamente, hay que proteger el sector pesquero, pero tenemos que proteger el sector pesquero del futuro, es decir, cómo vamos a garantizar la reposición de caladeros y la buena salud de los ecosistemas. Se están
dando mucha prisa en la transposición de todo lo que tiene que ver con acuicultura y piscicultura, pero todavía no se está cumpliendo el artículo 17 del Reglamento de la PPC, que plantea que las cuotas han de establecerse con criterios ecológicos,
económicos y sociales; no están ni se les espera. No entendemos que se hable de nuevas formas de aprovechamiento de los recursos cuando seguimos teniendo caladeros sobreexplotados. No se ha puesto sobre la mesa ninguna medida para solucionarlo y
ni siquiera tenemos un mínimo estudio en profundidad sobre cuáles van a ser los efectos del cambio climático, que el sector ya está avisando de que los está empezando a observar, ni acerca de las medidas con que nos vamos a dotar para mitigar tales
efectos. Tampoco creemos que centralizar en la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa la elaboración de este ordenamiento sea una manera positiva de arrancar. Las comunidades autónomas tienen mucho que decir y, desde luego, ir avanzando
hacia un modelo homogéneo entre todos los territorios no responde a la realidad territorial. Creemos que van a tener que seguir haciendo más proposiciones no de ley para enmendar, porque el sector seguirá con las orejas levantadas, lógicamente.
Por todos estos motivos que he expuesto de manera somera para no sobrepasar mi tiempo, entendemos que esta no es una PNL para desarrollar un real decreto que ordene el espacio marítimo, con el que, por supuesto, estaríamos de acuerdo, en
función de los criterios. Esta es una PNL hecha a la medida de los intereses de las grandes piscifactorias y, por tanto, nuestro voto va a ser negativo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Eve Sempere.
Para fijar posición en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la diputada doña Margarita Pérez Herráiz.
La señora PÉREZ HERRÁIZ: Gracias, señor presidente.
Nosotros presentamos una enmienda, pero, por un error de nuestro grupo, no se hizo en el plazo adecuado. Lo que pretendíamos con ella era incorporar una concreción que creemos que la iniciativa no contempla. Y permítame una broma, señor
García Díez. Con su iniciativa creemos que dicen al Gobierno que haga lo que ya está haciendo, porque el borrador de real decreto recoge casi literalmente lo que usted dice. Por eso, teniendo en cuenta su cupo de iniciativas -por supuesto, tienen
derecho a un cupo mayor que el nuestro-, podrían hacernos una cesión, para que nosotros pudiéramos presentar más iniciativas.
Evidentemente, la gestión integrada a la que usted hacía referencia es muy importante, pero creo que este real decreto que traspone una directiva de lo único que habla es de ordenación de espacios, y en todo caso sería una parte de la
gestión integrada, un reto muy importante que me parece que tiene España. La protección del medio marino es necesaria y la ordenación de las posibles actividades en él también, pero España no está aprovechando adecuadamente el potencial de
crecimiento y desarrollo que ofrece el mar, a pesar de que este ocupa la mayor parte de los límites de la península y, por supuesto, de las islas. Únicamente está tramitando aquellas normas a que nos obliga la Unión Europea. Otros países, por
ejemplo Portugal, planifican la utilización más eficiente de todos los recursos y actividades que genera el mar. España tiene un reto pendiente, que espero que afronten en algún momento.
De todas maneras, aunque creemos que incorpora poco sobre el borrador de real decreto que está tramitando el Ministerio, apoyaremos esta iniciativa.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Margarita Pérez.
- SOBRE GESTIÓN INTEGRADA Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MAR MENOR Y SU ENTORNO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000640).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del siguiente punto del orden del día, sobre la gestión integrada y desarrollo sostenible en el Mar Menor y su entorno. El autor de la iniciativa es el Grupo Popular y para su defensa tiene la palabra
su portavoz, doña Ascensión Carreño.
La señora CARREÑO FERNÁNDEZ: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta iniciativa en defensa del Mar Menor y lo hace para pedir la colaboración y el apoyo de todos ustedes, del Gobierno, de las distintas administraciones e
instituciones. El Mar Menor es una auténtica joya medioambiental, la laguna litoral de agua salada de mayor extensión de España, que está ubicada en la Región de Murcia pero que es de todos los españoles, y por ello todos tenemos la obligación de
velar por su preservación y por la protección de sus valores tan singulares. Señorías, el Mar Menor es un espacio medioambiental único en Europa, con singulares valores medioambientales que deben protegerse, por lo que creo que todos tenemos una
responsabilidad de contribuir a ello, así como a su recuperación. Muestra de su importancia es su inclusión en la Red Natura 2000, entre las áreas importantes para las aves, en la lista de humedales de importancia internacional y como zona
especialmente protegida de importancia para el Mediterráneo. Además, varios lugares adyacentes al Mar Menor, tales como las salinas y arenales de San Pedro del Pinatar, y los espacios abiertos e islas del Mar Menor están declarados parque natural y
paisaje protegido respectivamente.
¿Qué ha pasado, señorías, en el Mar Menor? Hace unos meses, en mayo de 2016, el Gobierno de la Región de Murcia alertaba sobre el acelerado deterioro de la transparencia y de la calidad habitual de sus aguas. Lo que ha mostrado este año el
Mar Menor son signos de desequilibrio ecosistémico multifactorial. El síntoma más evidente ha sido la pérdida de transparencia de sus aguas, con la consiguiente falta de luz en el fondo. En general, la mayor parte de la turbidez se ha debido a la
abundancia de zooplancton, no a la suciedad o materiales en suspensión. Sin embargo, la falta de luz ha provocado que la vegetación del fondo no pudiera realizar la fotosíntesis suficiente para sobrevivir. A ello se sumó la temperatura, porque los
nutrientes estaban en el agua, pero la tormenta perfecta se crea con un gradiente de temperatura, que favorece claramente la generación de fitoplancton.
Señorías, esto es lo que define la situación que ha sufrido el Mar Menor, un desequilibrio ecosistémico y, sin duda, multifactorial. ¿Y qué ha hecho la Administración? Se firmó el protocolo general sobre gestión integrada del Mar Menor y
su área de influencia en octubre de 2013 con el objetivo de lograr una gestión integrada y un desarrollo sostenible en el entorno del Mar Menor y en 2015 se iniciaron los trabajos para la elaboración de la estrategia de gestión integrada del Mar
Menor y su entorno. Y en la línea del compromiso asumido en febrero de 2016, se inició una ronda de reuniones técnicas entre responsables del Ministerio y la Consejería de Murcia para buscar soluciones conjuntas que permitieran dar solución a los
problemas de los vertidos con el menor impacto posible en las actividades productivas. Señorías, en 2016 se acordó iniciar conjuntamente por ambas administraciones el procedimiento de evaluación ambiental de la denominada solución integral, con el
objetivo de alcanzar el vertido cero al Mar Menor. Y ya en noviembre el Ministerio formalizó el contrato de servicios para la redacción del Proyecto colector de vertido cero al Mar Menor norte, Cartagena, Los Alcázares y San Javier y su estudio de
impacto ambiental, con importe de 730.789 euros, contrato ligado a la solución integral. Señorías, el Gobierno regional terminó en septiembre el proceso de participación pública del Plan de gestión integral de los espacios protegidos del Mar Menor
y la franja litoral mediterránea de la Región de Murcia y está llevando a cabo una serie de actuaciones para mejorar la calidad de las aguas, la conducción para desviar las aguas de la rambla del Albujón hacia la red de conducciones de las
comunidades de regantes Arco Sur del Mar Menor, entre otras muchas actuaciones.
¿Y cuál es la situación actual, señorías? Quiero mostrarles esta foto (Muestra una fotografía), que hice con mi propio móvil el pasado lunes, acompañada de diputados del Grupo Parlamentario Popular, que nos desplazamos expresamente para ver
de primera mano la situación actual de las aguas. Como pueden comprobar, su transparencia no tiene nada que ver con otras imágenes que se han difundido, de forma desproporcionada. Señorías, lo dicen los científicos: la laguna salada se encuentra
estable, el sistema está vivo, los procesos funcionando, pero no ha logrado todavía la recuperación. Si no hay tantos nutrientes, el agua terminará recuperando la iluminación. ¿Qué tenemos que seguir haciendo, señorías? De acuerdo con la
comunidad científica que asesora al Gobierno, el camino que debe llevar a la consecución de la mejora del estado de las aguas del Mar Menor es el de la culminación del objetivo de vertidos cero, controlar la entrada de nutrientes.
Quiero felicitar y agradecer el esfuerzo que está realizando el Gobierno de la Región de Murcia junto con el Gobierno de España para enmendar y revertir esta situación en que se encuentra el Mar Menor. El Gobierno de la Región de Murcia ha
dado muestras de su capacidad y viene avalado con el ejemplo de lo que ha ocurrido durante los últimos veinte años en el cauce del río Segura. Tengo que recordar que el citado río era uno de los que presentaban una situación ambiental más
degradada, con parámetros de calidad muy alejados de los requeridos y deficientes sistemas de depuración de las aguas que vertían al mismo. Hoy se ha superado esa situación y es reconocida internacionalmente como una prueba de recuperación. Hoy,
señorías, la Región de Murcia representa un caso ejemplar, es un referente a nivel nacional e internacional en materia de saneamiento, depuración y reutilización de aguas.
Para terminar, voy a hacer a sus señorías tres preguntas. ¿Ustedes se van a unir a aquellos que quieren perjudicar a la Región de Murcia y, a su vez, a una parte de España, a su crecimiento y desarrollo turístico, agrícola y pesquero con
declaraciones que falsean la realidad? ¿Ustedes van a ser quienes se sumen a aquellos que utilizan de manera partidista una situación como esta, que además es una situación que sucede con otras joyas medioambientales que tienen otras comunidades
autónomas, para dañar la imagen de la Región de Murcia? ¿O ustedes quieren que las administraciones sigan trabajando en la recuperación del estado del Mar Menor, se mantengan y se incrementen las iniciativas ya iniciadas y se aumente la inversión
en actuaciones que eviten las entradas de contaminantes que perjudiquen su estado? Si es así, apoyen esta iniciativa. Mi grupo apela a la salvaguarda que entre todos debemos hacer de esta joya común de todos los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Ascensión Carreño.
A esta iniciativa han presentado enmiendas diversos grupos parlamentarios.
Podemos ha presentado dos enmiendas, que ruego que se defiendan de forma agrupada por parte de su portavoz, don Juan Antonio López de Uralde.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, estoy estupefacto con lo que acabo de escuchar de la representante del Grupo Popular. Estoy estupefacto porque el Mar Menor está al borde del colapso, y lo está debido a las toneladas de indeferencia del Partido Popular. Y así
hay que decirlo; sí, señores, sí. Durante veinte años el Gobierno del Partido Popular en la Región de Murcia, debido a su inacción y a su dejadez institucional, ha llevado al Mar Menor a una situación de degradación ya insostenible. Esta
degradación ambiental está ocasionando graves perjuicios a las actividades económicas. De hecho, los sectores económicos que desarrollan su actividad alrededor del Mar Menor se están planteando -esto se dice en la prensa de hoy- ir a Fitur para
denunciar las mentiras que se están diciendo por el Partido Popular sobre el Mar Menor.
La principal causa de la alta contaminación que padece el Mar Menor es la eutrofización producida por la entrada masiva de nutrientes de origen agrario y, en menor medida, por el vertido de aguas y residuos urbanos y filtración procedente
del subsuelo, rico en nitratos. Además, el cambio climático tiene una incidencia indudable sobre los ecosistemas del Mar Menor. Hoy mismo conocíamos un informe del poco sospechoso de radicalismo Instituto Español de Oceanografía y la Asociación de
Naturalistas del Sureste, ANSE, sobre, por ejemplo, la situación de las praderas de posidonia, porque se ha perdido el 85% de la superficie de praderas marinas en esta zona. La degradación del Mar Menor en las últimas décadas, a consecuencia de la
descoordinación e inactividad institucional ante la proliferación de usos sin planificación ni instrumento legal que los regulara, ha ocasionado un grado de deterioro extremo a causa de la contaminación, el desarrollo urbanístico desenfrenado y la
falta de aplicación de la normativa ambiental a nivel internacional, estatal y regional.
Por tanto, que pretendan ahora venir a explicarnos que la gestión del Mar Menor ha sido un ejemplo internacional nos produce auténtico sonrojo y vergüenza ajena. Y le voy a decir más, señora diputada representante del Partido Popular. En
el año 2010 el consejero de Agricultura del Gobierno de Murcia, Antonio Cerdá, decía: el Mar Menor está mejor que nunca -por tanto, eso que dicen hoy ya lo expresaban en el año 2010- y no vamos a reducir los regadíos. Esto lo decía en el año 2010
el consejero del Gobierno regional de Murcia. Este verano se ha sufrido el episodio que se ha sufrido y esta situación, si no se toman medidas en profundidad, va a continuar.
Por eso, señora diputada, señores del Grupo Popular, no se trata de unirse a su proposición no de ley. Nosotros hemos presentado dos enmiendas, una de ellas relativa a las medidas técnicas para mejorar la situación del Mar Menor, que
creemos que mejora muchísimo lo que ustedes han propuesto, y, por tanto, estamos a la espera de que nos digan si la aceptan, y la segunda enmienda propone cambios profundos, porque vamos al origen y a la profundidad del problema en dos sectores: en
el sector agrario, que, desde luego, requiere de una revisión en profundidad, y también en lo que las organizaciones sociales y científicas venimos denunciando desde hace mucho tiempo, que es el terrible desarrollo urbanístico que se ha producido en
todo el entorno del Mar Menor. Por tanto, desde hace más de veinte años es la sociedad civil y la ciencia las que llevan alertando sobre esta situación, y por eso nos produce sonrojo este discurso que se hace desde el Partido Popular, porque,
indudablemente, ustedes tienen una responsabilidad política muy grave por la falta de gestión y la situación que hoy se vive en el Mar Menor.
En ese sentido, insistimos: ¿Cuál es su respuesta ante las enmiendas que nosotros presentamos? Y otros grupos también han presentado enmiendas. En función de eso decidiremos. Pero en ningún caso pueden decir que quienes están con ustedes
están a favor del Mar Menor y los que no, están en contra. Eso no responde en absoluto a la realidad. Más bien, la situación del Mar Menor -insisto en ello- es responsabilidad de la gestión durante veinte años del Partido Popular.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Juan Antonio López de Uralde.
En nombre de Ciudadanos tiene la palabra el señor Miguel Ángel Garaulet.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Señor presidente, me alegró y me gustó mucho que fuera personalmente a ver la claridad de las aguas del Mar Menor y también sus compañeros. Mi compañera Ascensión Carreño -porque para mí es compañera, aunque
forme parte de otro grupo parlamentario- hablaba de que íbamos a tratar esto fuera del ámbito político, pero luego he visto lo que he visto y he oído lo que he oído, aunque, sinceramente, me lo imaginaba, viendo las fotos de familia que se hicieron
ustedes con el alcalde de San Javier.
Pensaba decir algunas cosas, pero me sale del cuerpo decir otras. Me voy a quedar en la mitad, porque no podemos mirar hacia atrás sino hacia adelante. Pero los veinticinco años de inacción del Partido Popular y del Partido Socialista en
el tema del Mar Menor son de juzgado y habrá que buscar las responsabilidades personales y políticas de la gente que nos ha llevado a este fracaso de toda la comunidad murciana y de todo el país, que es cómo tenemos el Mar Menor. Y esta sería la
primera enmienda que deberíamos poner todos: buscar quiénes fueron los responsables desde la Confederación Hidrográfica del Segura cuando era llevada por el señor Fuentes Zorita, que era del Partido Socialista y que no se hablaba con el señor
Cerdá, que era del Partido Popular. Durante doce años no hubo interconexión entre los oleoductos porque se pelearon entre ellos. Y nunca mejor dicho: agua pasada no mueve molino, sobre todo por los molinos de Campo de Cartagena.
Pero, como también he hablado con el representante de Podemos, no debemos criminalizar al sector agrario de Murcia. Los culpables somos todos, porque no hace solo veinte años; hay informes sobre la mesa de hace más de cuarenta años
diciendo que iba a haber problemas. Mi padre, como químico de la Universidad de Murcia, ya lo indicaba en el año 1973. Pero vamos a intentar mirar hacia delante, porque mi región lo necesita y porque este país no puede permitirse el lujo de perder
el Mar Menor, que es una joya a nivel mundial y su entorno mueve más de 3.500 millones de euros, lo que significa el 12% de PIB de Murcia, No podemos dejar que caiga, porque si cae el Mar Menor y su entorno, tendremos que volver a hacer lo ya
hicimos en su momento, empezar a emigrar todos los de Murcia porque no tendremos para mantener a las familias. Hay que luchar y apoyar para mejorar, ponernos todos manos a la obra. Y en ese aspecto le digo a mi compañera Ascensión Carreño que nos
tendrá a su lado para trabajar; para trabajar, pero no para politizar. Lo de las fotos me parece que no ha estado bien, Ascensión, y te lo digo con todo el cariño.
Con respecto a las propuestas que indica la proposición no de ley del Grupo Popular, creemos que son genéricas y no se definen. Y cuando una cosa no se define, no se hace adecuadamente. Por tanto, con respecto al primer punto de la PNL,
sobre las actuaciones necesarias en materia de control de volúmenes y calidad de las aguas en la rambla del Albujón, primero ha que profundizar en la sistematización de los procesos de actuación, en especial en lo referido al establecimiento de
valores de admisibilidad, niveles de alerta y protocolo de actuaciones frente a situaciones anómalas y de urgencia, cosa que hoy en día no se hace.
Con respecto al segundo punto de la PNL, referido a impulsar encuentros en las comisiones adscritas por el protocolo firmado entre el Ministerio y la Consejería, sería necesario clarificar las duplicidades de las comisiones. Llevamos
treinta años haciendo informes y preparando planes que nunca se llevan a cabo porque se duplican las comisiones. No ha habido coordinación, cosa que empieza a haber; pero no la ha habido antes. Ese es el gran problema, que ni las entidades
locales, ni las regionales ni las nacionales hablaban entre sí. Parece algo que no es normal, pero es lo típico, que ha pasado en los últimos veinticinco años en este país. Por tanto, vamos a coordinarnos, vamos a trabajar juntos, que no pasa
nada. En el sector privado se hace, y se hace bien; no pasa nada por trabajar juntos.
Se debe hacer un plan de gestión integral de los espacios protegidos del Mar Menor y de la franja del litoral mediterráneo de la Región de Murcia. Se debe aprobar una estrategia de gestión integrada del Mar Menor y de su entorno con el ITI.
Se debe avanzar en el proyecto del colector norte, por supuesto que sí, pero con la concreción del destino final de las aguas con sal y nitratos que recoge este colector. Hay que llevar la salmuera hasta el colector, pero ¿qué hacemos allí con
ella? ¿La tratamos, no la tramos, la tiramos directamente al mar? No se puede. Hay que hacer un estudio para ver qué hacemos: primero, limpiar las aguas y reutilizarlas en el sector agrario. Y con respecto a los nitratos, hay ver qué hacemos
con esos residuos; hay que tratarlos, no se pueden tirar al Mediterráneo. Hemos cerrado la rambla, pero efluyen las aguas subterráneas a más de 100 litros/segundo.
El señor PRESIDENTE: Señor Garaulet, ha dicho que iba a decir la mitad de lo que quería, pero está diciendo el doble de lo que le tocaba. (Risas).
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Por lo bien que le sentó a usted el arroz de allí, le digo dos cosas y termino.
El señor PRESIDENTE: Yo no puedo intervenir en el debate, no se aproveche de la situación.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Perdóneme usted si le he podido molestar, señor presidente. Es que este es un tema que, sinceramente, hay que tratarlo con un poquito más de seriedad por parte de todos, y yo el primero.
Hay que ver lo de los drenajes naturales, señor presidente, porque sigue efluyendo agua. Hay que tratar el entorno total del sector productivo agrario del Mar Menor. Pero tenemos que trabajar todos y hay que presentar una PNL que podamos
apoyar todos, donde se traten todas las iniciativas, aunque ya se estén desarrollando, de manera que nos podamos sentir seguros, porque este es el primer paso en el que podemos trabajar para solucionar una cuestión que recuerdo a todas sus señorías
que es un problema nacional.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Miguel Ángel Garaulet.
Para defender la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista, tiene la palabra su portavoz, señor Saura.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, yo he nacido muy cerca del Mar Menor y además vivo muy cerca del Mar Menor. Por eso siento dolor, pero también esperanza, en lo que pueda pasar. Yo soy de la comarca del Mar Menor y del Campo de Cartagena. Allí lo que hay es un
espectáculo de luz y de colores difícilmente comparable con otro lugar de España, del Mediterráneo y del mundo.
Sin embargo, el Mar Menor, señorías, está en una situación límite, en una situación muy complicada, agónica, fundamentalmente producto del fracaso de un modelo económico y productivo de veinte años. El fracaso de un modelo y de una política
urbanística y medioambiental de veinte años que apostó por el exceso y por la especulación, pero no por tener una visión de medio o largo plazo. Este es el problema,
este es el origen: un proyecto económico y productivo agotado y fracasado. Señorías, el Mar Menor necesita, ante una situación límite como esta, actuaciones de emergencia y que estas actuaciones se desarrollen coordinadamente, pero no solo
para salvar el Mar Menor, sino para no volver a cometer los errores del pasado.
El Grupo Parlamentario Socialista se ha encontrado con que el grupo proponente se ha autoenmendado para rebajar la proposición inicial que planteaba. Esto es algo exótico, si quieren ustedes. El grupo proponente se autoenmienda para
rebajar su propuesta. La proposición que hace el Grupo Popular es de autobombo del Gobierno de la Región de Murcia y del Gobierno del Partido Popular. Algo exótico y pocas veces visto en el Congreso de los Diputados, pero así es.
Nosotros presentamos también una proposición no de ley el 15 de septiembre. Nos hubiese gustado haberla debatido también a la par, pero no ha sido posible. No obstante, nos gustaría destacar tres cuestiones importantes para nosotros, para
que consten en el 'Diario de Sesiones', aunque probablemente el Grupo Popular no las acepte. La primera idea que quiero trasladarles se refiere a que es muy necesario impulsar una evaluación de la compatibilidad de las actividades económicas con el
presente y el futuro del Mar Menor -aquí puede estar una parte del problema que tiene la laguna- y también para incentivar el que estas actividades puedan orientarse hacia actividades más sostenibles. Esta es una primera idea muy importante porque
puede estar en el origen del problema. En segundo lugar, nos parece clave incluir una moratoria en el desarrollo de nuevas urbanizaciones, mientras no se aprueba una ordenación urbanística y territorial más racional desde el punto de vista del
entorno del ecosistema y del futuro del Mar Menor.
La tercera idea es algo obvio -termino ya, señor presidente-. Planteamos aprobar un plan plurianual de inversiones por parte de todas las administraciones, pero en el caso de la Administración Central con una concreción en los presupuestos
para el año 2017 y siguientes. Nos parece algo fundamental. Un plan plurianual de todas las administraciones y, sobre todo, pensando en los presupuestos del año 2017 por parte de la Administración Central. Asimismo, proponemos que las inversiones
de las distintas administraciones derivadas de las actuaciones en la regeneración del Mar Menor no se computaran a efectos del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, algo muy necesario porque estamos hablando de una situación
límite, estamos hablando de una catástrofe. Por tanto, si es una catástrofe, como se hace con otras situaciones tan complicadas, que esas inversiones de las administraciones no computen a la hora de evaluar los objetivos de déficit. Esta última
propuesta es sencilla, al igual que las dos anteriores, de aceptar. Vamos a ver qué nos dice el Grupo Popular. Suponemos que después de esa autoenmienda para rebajar, esa autoenmienda para el autobombo, nos dirán que no.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Pedro Saura.
Doña Ascensión Carreño, a los efectos de comunicar si acepta o no las enmiendas que han presentado los grupos enmendantes.
La señora CARREÑO FERNÁNDEZ: No las aceptamos, ya que los propios grupos, tanto Ciudadanos como el Partido Socialista, dice que muchas de las iniciativas ya se están llevando a cabo y otras están fuera de lugar técnicamente. Esto no una
guerra de cuestiones técnicas en este momento sino que proponemos llevar a cabo iniciativas nuevas y que se ejecuten las ya iniciadas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Carreño.
¿Grupos que desean fijar posición sobre este asunto? (Pausa). Por el Grupo Mixto, el señor Bataller.
El señor BATALLER I RUIZ: Señora Carreño, voy a dirigirme a usted en mi intervención, no lo tome como una cuestión de descortesía, pero es que en la exposición que hemos escuchado hay muchas cosas que no entiendo. Agradezco que ustedes se
hayan autoenmendado, porque al final el texto que nos proponen sí que tiene algo de sentido, ya que en el texto primitivo ustedes estaban planteándonos una serie de cuestiones de imposible cumplimiento para este Parlamento. Nos planteaban en los
puntos 1, 3 y 6 que asumiéramos cuestiones que competen al Gobierno, o bien nos planteaban cuestiones en los puntos 4, 5, 7 y 8 que eran más bien propias de una subcomisión que debiera crearse aquí.
A pesar de que han hecho esta autoenmienda, no entiendo estos puntos de la proposición no de ley a dónde van a parar, porque fuera de Murcia somos muchos los que somos perfectamente conscientes de la dramática situación en la que se
encuentra el Mar Menor y estamos muy preocupados por que se
implementen medidas para salir de esta situación. Pero no vemos qué se nos pide a esta Comisión que hagamos. Se nos dice que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno, pero ¿a qué? ¿A desempeñar una serie de funciones que son las
funciones lógicas del Gobierno? ¿Qué quiere decir esto, que no las está desempeñando? Usted más bien nos debería haber pedido aquí o en Pleno que sometiéramos al Gobierno a una moción de censura porque no está cumpliendo sus funciones. Pero,
claro, esto no es una moción de censura, es una proposición no de ley. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que decir al Gobierno? No lo acabo de entender.
Yo le iba a instar a usted a que aceptara las enmiendas de los grupos proponentes porque todas ellas, y especialmente la del Grupo Ciudadanos -en mi opinión-, enriquecían el texto, le daban un contenido y realmente lo enmarcaban en lo que es
la función propia de una Comisión. Pero al no haber aceptado las enmiendas, no sé qué es lo que nos queda aquí para valorar. Por tanto, no podemos darle un voto favorable a su proposición.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bataller.
- SOBRE LA MERCANTILIZACIÓN DE DERECHOS CONCESIONALES DE AGUA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000722).
El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al siguiente punto del orden del día: proposición no de ley sobre la mercantilización de derechos concesionales de agua, que ha sido presentado por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea y para su defensa tiene la palabra don Pedro Arrojo.
El señor ARROJO AGUDO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, para introducir aunque sea muy brevemente de qué estamos hablando en esta PNL, recordaría que fue en la VI Legislatura -la primera legislatura presidida por el señor Aznar y con la señora Tocino al frente del Ministerio de Medio
Ambiente- cuando el Partido Popular con declaraciones en el tema del agua muy marcadas ideológicamente dijo que se iba a modernizar el agua a través de la privatización. Les voy a contar una anécdota personal. Yo acababa de volver de una estancia
en Estados Unidos en California y como se aludía a los bancos de agua me permití en aquel momento -el Gobierno de Aznar tenía características bastante dialogantes, debo reconocerlo- pedirle una entrevista a la ministra. Tuve varias reuniones con
ella explicándole y dándole documentación de cómo eran los bancos de agua en California en Arizona, que en absoluto eran libres mercados de agua, pero que eran interesantes experiencias. Lo cierto es que de todo lo que hablamos -supongo que la
ministra se asesoría por otros partidos aquí en esta Cámara o por técnicos-, acabó saliendo una cosa bastante razonable. Yo no estaba en el Parlamento y no sé cómo se dilucidaría el asunto, pero se introdujeron dos nuevas figuras: los contratos de
cesión y los centros de intercambio.
Vamos a hablar principalmente de los centros de intercambio. En aquella introducción los centros de intercambio eran una herramienta -y lo quiero enfatizar- para flexibilizar el derecho concesional, el sistema concesional, en ciclos de
sequía. Por tanto, era una herramienta para la gobernanza de la sequía. En aquel momento había unas restricciones muy precisas, es decir, un usuario podía hacer a otro una cesión de derechos, si había declarada emergencia de sequía. Esa era la
primera condición. Además, solo se podía hacer esa transferencia de forma temporal, por el tiempo en que hubiera sequía, pero no forever, no para siempre. Por último, el uso debía de transitar, en todo caso, de usos de menor jerarquía a usos de
mayor jerarquía. Esa era la base y a mí eso me parecía razonable, porque respondía bastante a las situaciones de cómo se estaba moviendo el tema en Estados Unidos.
En la X Legislatura, desgraciadamente, con el señor Rajoy en mayoría absoluta, se han producido toda una serie de progresivas reformas que han ido haciendo que la gatera de esos contratos de cesión se fuera ampliando, hasta que finalmente se
ha convertido en una leonera por donde ya cabe también casi un elefante. Es decir, se ha suprimido esa caución que decía que sería en periodos de sequía, ahora puede ser en periodos de sequía o no; se ha suprimido el que sean temporales, de manera
que se pueden vender los derechos de agua por un tiempo de sequía o forever, para siempre jamás, como si fuera un coche o una propiedad privada; y por último se ha suprimido que el uso vaya de menor rango jerárquico a mayor rango jerárquico. En
definitiva, en este periodo que hemos vivido se ha ido transformando
directamente ese tipo de figura en simplemente la legalización de los libres mercados de derechos concesionales. Es decir, que el agua es formalmente pública, pero se puede hacer una compraventa como si fuera un bien privado.
Finalmente, en la última fase de la legislatura, el Gobierno hacía unas cabriolas interesantes, a través de la extraña inclusión del memorándum del Tajo. A través de esos cambios se han modficado las condiciones que regulaban las dinámicas
del trasvase. De manera que antes para poder hacer un trasvase había que hacer un plan hidrológico en el que se reconociera que había excedentes, que había déficits; había que hacer una evaluación ambiental estratégica, y había que pasarlo por
esta Cámara. Ahora ya no, señoras y señores diputados. Actualmente hay un trasiego comercial y solo basta con la firma del director general de Aguas. A mí eso me parece muy grave, a nuestro grupo nos parece muy grave. Se produce una
patrimonialización privada de un bien público como es el agua, mientras se cacarean mil cosas en nombre del interés general. Yo creo que esto no es aceptable, hay que revisarlo.
Por tanto, nuestro llamamiento es que nos apoyen para que se deshaga esa perversa evolución oscura, que en muchos casos ni ha pasado por este Parlamento pero que se ha producido. Entonces ahí, junto con las enmiendas positivas -alguna de
ellas limitativas, que nos llevará a pensar el punto cuarto de manera más sosegada- que nos hacen los socialistas y algunos añadidos que nos parecen estupendos, anuncio que aceptaremos la transaccional del Grupo Socialista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Arrojo.
En nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra don Miguel Ángel Garaulet.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Señor Arrojo, comprendo su postura, más aún cuando usted es una eminencia en este tema porque me leído varios de los proyectos que ha presentado y ha escrito.
Sinceramente, yo creo que el agua es un bien de dominio público que se ha de garantizar, tanto para el buen estado de los ecosistemas acuáticos y medioambientales como para cubrir los usos sociales, económicos y siempre desde el punto de
vista del interés general. Yo en eso estoy de acuerdo, pero también debe saber, como yo, que España es un país con recursos hídricos suficientes y excedentarios, pero que en algunos casos están desequilibrados. Hay sitios donde existe una carencia
estructural de agua y otros sitios donde puede haber excedentes puntuales de agua.
En periodos de sequía extrema, que es de lo que estamos hablando, usted sabe que hay tres posibilidades para poder mitigar el tema de las sequías. Están los trasvases puntuales extraordinarios -como ha dicho-, están los trasvases
intercuencas hasta un límite de 5 hectómetros cúbicos y están las cesiones de los usos temporales del mismo uso, es decir, se cede agua entre una comunidad de regantes que tiene en ese momento exceso de agua para que se pueda vender a otra comunidad
de regantes -no personas, comunidad de regantes- que tiene necesidad de agua. Para ello, hace falta que esté en un momento de sequía extrema y regulado y controlado por el árbitro pertinente.
El problema, como bien sabe, es que esos contratos últimamente no están completamente regulados, o no están bien fiscalizados. Se habla de que hay un mercado negro de agua y que debe haber más transparencia en tema de las comunidades de
regantes, que debe haber más transparencia a la hora de evaluar realmente si esa cesión ha sido para un momento puntual, como dice la ley, o si como usted dice es para siempre, forever. Pero también hemos de saber que si eliminamos esa posibilidad,
estamos eliminando una solución concreta en un momento puntual para un problema específico. La eliminación de esa figura puede llevarnos a ser retroactivos, es decir, a eliminar posibilidades de mejora, porque solo nos quedaría, aparte de esas dos,
la desalación. Usted sabe que la desalación no se ha podido desarrollar todavía en condiciones para poder cubrir las necesidades hídricas de aquella zona.
Por tanto, no estamos de acuerdo con su postura y por eso hemos presentado nuestra enmienda. Pero como bien dijo usted, la cuestión es seguir hablando, seguir viendo posibilidades y buscar realmente las soluciones. Pero sinceramente
eliminar ahora mismo los contratos de cesión de agua para una región que la necesita, como pueden ser la Región de Murcia, Alicante o Almería, sería un error bastante grande que nos llevaría a poder perder muchísimas de las producciones que
actualmente tenemos en esas regiones.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garaulet.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor González Ramos.
El señor GONZÁLEZ RAMOS: Gracias, señor presidente.
A estas alturas de Comisión, en el punto 9.º del orden del día, se ha hablado mucho del agua. Yo tengo que defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, de adición y transaccional, con el Grupo de Unidos Podemos. Hemos llegado
a acuerdos prácticamente en todo -ha sido algo fácil con Pedro Arrojo-, porque nos parecen propuestas sensatas y por eso hemos llegado a un acuerdo.
Antes de defender las enmiendas, quisiera hacer una reflexión a la Comisión. La mayor parte del tiempo hemos estado hablando del agua. Un amigo mío hace muchos años, cuando entré en política, me dijo que la política es sentido común y es
verdad que es sentido común. Cada uno tenemos una ideología y defendemos los intereses generales en función de nuestra ideología. En esta Comisión se ha debatido mucho sobre el agua, pero cada uno pertenecemos a un territorio distinto, a una
comunidad autónoma o a una provincia, y unos defendemos a unos sectores, y otros a otros sectores distintos. Hay un proverbio inglés que dice que nadie sabe el valor del agua hasta que el pozo está seco. Cada uno de nosotros hemos defendido aquí
esta tarde que el pozo está seco para muchos sectores: caudal ecológico, agricultores, necesidades de abastecimiento, trasvases para abastecimiento, etcétera. Cada uno hemos defendido desde nuestra postura ideológica e incluso territorial lo que
hemos creído en este caso conveniente para los intereses de muchas personas. Por eso, reivindico -me salgo un poco momentáneamente de las enmiendas- el sentido común. El mayor conflicto territorial entre comunidades autónomas es el agua y dentro
de la propia comunidad autónoma, como también se ha visto, es el agua. Hay partidismos -no voy a ser más partidista que nadie ni menos- por parte de todos y aquí es donde quiero llegar.
¿Qué propone el Partido Socialista a esta proposición no de ley del Unidos Podemos y al resto? Voy a defender con vehemencia si cabe, como estoy haciendo ahora, pero con total rotundidad que necesitamos un nuevo acuerdo del agua, porque si
no, nos vamos a tirar los trastos a la cabeza continuamente. Yo no voy a criticar hoy al Partido Popular, me parece que con las últimas medidas legislativas de los últimos cinco años ha proliferado el mercantilismo del agua, y no quiero poner aquí
ejemplos aunque tengo muchos. La gente nos está mirando a todos, a cada uno de nosotros, a los diputados. Los agricultores, los ecologistas -que somos todos, porque necesitamos que estén vivos los ecosistemas de los ríos y los mares-, los
industriales o el sector turístico nos están mirando a cada uno de nosotros y verán que no nos ponemos de acuerdo una vez más. Lo que reivindico hoy es que nos pongamos de acuerdo, que haya un nuevo pacto social por el agua, que creo que es el
mayor problema interterritorial de España. Es verdad que se mercantiliza con el agua, que es un derecho público, no es un bien privado. Hay contratos privados que no son merecedores de ello y nosotros aquí tenemos que defender este bien público.
Por eso, hemos propuesto una enmienda transaccional al Grupo de Unidos Podemos que plantea que haya, entre otras cosas, auditorías de gestión, que se sepa dónde va el agua, que se examine y se verifique dónde va el agua, que se sepa que el agua va
para lo que está concedida como bien público que es.
Asimismo, nos han aceptado una enmienda de adición que pasaré a leerlas a continuación, señor presidente. Aunque todos tengamos prisa a estas alturas de la Comisión, si me lo permiten, voy a leer la enmienda de adición que establece tres
nuevos apartados: 5. Establecer una garantía pública de acceso de universal al suministro vital básico del agua, así como un marco de tasas y precios públicos justos; 6. Elaborar un plan nacional de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y
reutilización que haga absolutamente transparentes todos los escenarios de gestión, especialmente los derechos y deberes emanados de los regímenes concesionales en los que se clarifiquen los principios irrenunciables que garantizan el agua como bien
público; y 7. Blindar legalmente las salvaguardas que impidan la mercantilización de los derechos concesionales, impulsando un gran pacto social y político por el agua -por eso no he hecho antes referencia a él- que asiente los principios rectores
de esta política que para nosotros, y supongo que también para ustedes, son: tutela pública, transparencia, sostenibilidad y participación ciudadana. Con eso conseguiremos seguro que las administraciones correspondientes -entrecomillas- se pongan
las pilas y que el desarrollo sostenible que todos defendemos, pero que algunas veces ejecutamos muy mal, se pueda lleva a cabo y además minimicemos los conflictos interterritoriales e intraterritoriales. Por un puñado de votos, muchas veces, no
estamos haciendo las cosas que creo que nos corresponden a cada uno de nosotros.
Doy las gracias al presidente por haberme aguando la extensión de mi intervención. Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González.
¿Grupos que deseen intervenir sobre este asunto? (Pausa). Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Bataller.
El señor BATALLER I RUIZ: Gracias, señor presidente.
Compromís va a apoyar esta proposición no de ley que se ha presentado y además se alegra de que se haya llegado a una transacción con el Partido Socialista.
Cuando oímos al profesor Arrojo, muchos tenemos la sensación de que esta Comisión se convierte por un momento en un aula donde muchos adquirimos conocimientos y esto es muy de agradecer. Esto lo hemos visto en esta proposición no de ley, en
la cual se nos ha desgranado y explicado magníficamente cuál es el régimen jurídico del agua en la España constitucional y se nos ha explicado también la degradación de este régimen y su proceso hacia la privatización. Únicamente indicaré, antes de
llegar a la parte propositiva, que el señor Arroja ha llegado a una conclusión que nosotros compartimos plenamente: lo que ha pasado en los últimos años y lo que pasó, sobre todo, en los ocho años de Gobierno del señor Aznar fue una
patrimonialización privada de un bien público. Como ha dicho, ha sido un grave golpe contra la lógica del interés general. Aquí acaba su crítica. El señor Arrojo, entiendo que elegantemente, no ha querido sacar una conclusión más que se desprende
de su texto y es que efectivamente durante estos Gobiernos de Aznar este país asistió a una devaluación legislativa, a una degradación de las normas, del principio de jerarquía normativa que está protegido constitucionalmente, frente a una serie de
normejas que han ido ocultando su papel y han querido ir condicionando la realidad socioeconómica y medioambiental de este país. En suma, asistimos a una invasión del Poder Legislativo por el cesarismo del Ejecutivo. Esto es malo para los
intereses generales, es muestra de mala política y por desgracia en materia medioambiental hemos tenido muchas muestras de ello.
Por tanto, esta proposición no de ley debe ser apoyada, porque además de su contenido también intenta restaurar una situación que no debería haberse producido. Además, nos coloca en línea con iniciativas que se están desarrollando fuera de
nuestras fronteras a otro nivel, como la iniciativa europea por el derecho al agua que quiere también reivindicar lo que aquí se dice, recordar que el agua es un bien público que no debe ser objeto de mercantilización. Por ello, saludamos esta
propuesta y la vamos a apoyar en los términos en que sea transaccionada.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Ahora en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra don Antoni Postius.
El señor POSTIUS TERRADO: Gracias, señor presidente.
Con relación a los puntos 1 y 2 de la propuesta original, nuestro grupo está totalmente de acuerdo con esta declaración para definir el agua como un bien público de interés general, entendiendo en todo caso que para hacer una gestión
eficiente será necesario posibilitar la actividad privada en el marco que preserve este bien como un bien público. Por otro lado, respecto al punto 3 estamos de acuerdo con esta derogación, especialmente porque en su origen estas medidas estaban
concebidas como soluciones para casos de emergencia hídrica aunque deberíamos ver en qué contexto se propone redefinir estos casos. Ahora bien, en referencia al punto 4 creemos que se debería concretar mejor lo que se propone hacer, más allá de la
reforma que se plantea. Creemos necesario hacer un debate en profundidad de las distintas herramientas legales para gestionar las emergencias de sequía que, en todo caso, deben ser claras, transparentes y justas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, don Antoni Postius.
Por Esquerra Republicana de Catalunya, tiene la palabra don Xavier Eirtja.
El señor ERITJA CIURÓ: Gracias, presidente.
Apoyamos plenamente la iniciativa que se nos ha presentado. Señorías, cuando hablamos de un modelo neoliberal de gestión que afecta a cuestiones ambientales, nos referimos precisamente a esto. Contrariamente a los planteamientos de la
Directiva-marco del Agua que supedita los diferentes usos del agua a la buena calidad de las masas del agua y de los ecosistemas hídricos, este modelo entiende el agua como un recurso, un elemento incluso de carácter privado susceptible seguramente
a la especulación. El quid de la cuestión es ese, como se ha dicho. Es un modelo que facilita un trasvase encubierto entre
privados, que se escapa totalmente a la gestión pública integral de la cuenca. De hecho, puede acabar siendo un factor distorsionador que puede dificultar la gestión pública, que es la única que garantiza realmente las necesidades globales
diferentes de los distintos usos que tiene la cuenca. Señorías, no son estos los planteamientos que define precisamente la Directiva-marco del Agua.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eritja.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Ernesto Aguiar.
El señor AGUIAR RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, efectivamente el agua es un bien público que debe servir al interés general, creo que en eso estamos todos de acuerdo. En lo que no puedo estar tan de acuerdo, y lo explicaré, es en plantear que en la actualidad se está intentando
una patrimonialización privada. El volumen del agua que se moviliza a través de la cesión temporal de los derechos es muy reducido, y en ningún caso puede afirmarse que se trate del modelo principal, sino de una figura de flexibilización para hacer
frente a situaciones excepcionales, como comentaba el proponente. En España se desarrolla una política del agua basada en la planificación hidrológica por cuencas, en la participación pública, en la seguridad jurídica y en las infraestructuras que,
lógicamente, tienen por objeto garantizar el suministro de agua en cantidad y calidad suficiente en todo el territorio durante todos los días del año, de manera compatible, y esto es importante, con la protección del medio ambiente.
Señorías, la experiencia nos ha demostrado que en todos los ámbitos, y desde luego también en materia de agua, recurso escaso en España, hay que garantizar la mejor gestión de los recursos disponibles, ejecutar las infraestructuras
necesarias para la puesta a disposición de los usuarios y, desde luego, buscar acuerdos válidos para todos que den soporte a esa gestión; acuerdos que permitan aunar intereses y compartir la fuente de riqueza ambiental y económica que nos
proporciona el agua. El agua puede y debe ser un ámbito de entendimiento en el que se ha de trabajar desde una perspectiva integradora de solidaridad interterritorial, tema del que también se ha hablado en la tarde de hoy. Entendemos que la
solución a la problemática que plantea la presente proposición no de ley pasa por la derogación de las disposiciones finales cuarta y quinta de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, y con ello del artículo 72 del Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. Es cierto, señorías, que el régimen jurídico que regula esta figura es escaso, es una evidencia, pero es igual de cierto que los contratos de cesión
temporal de derechos por parte del Tribunal Constitucional se consideran legales y ajustados a la normativa. Teniendo en cuenta la escasa incidencia de estos contratos en el conjunto de los recursos hídricos y que pueden ser de importancia para
resolver problemas de sequía, se trata de una herramienta útil que debe ser usada con todo el rigor que exige la legislación.
Por todo ello, consideramos que debemos rechazar esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Señor Arrojo, una aclaración. Ya nos había anunciado que iba a presentar una enmienda transaccional con el Grupo Socialista, así que le ruego que, cuando la tengan redactada, la pase a la Mesa.
El señor ARROJO AGUDO: Estoy en ello. Es que no tengo corta-pega de PDF y estoy sufriendo un poco. La tendrán.
El señor PRESIDENTE: Vaya trabajando en ella. Le ruego que la facilite cuando la tenga. No sé si también transaccionaba con el Grupo Ciudadanos.
- RELATIVA A AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA (DOP) QUISQUILLA DE MOTRIL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000833).
El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, proposición no de ley relativa a agilizar la tramitación de la denominación de origen protegida quisquilla de Motril, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa, tiene la palabra don Carlos Rojas.
El señor ROJAS GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en esta proposición no de ley solicitamos dar un impulso a la denominación de origen de un producto excepcional, de una calidad y un sabor extraordinarios, como es la quisquilla de Motril. Como motrileño y granadino me siento muy
orgulloso, como es natural, de los productos de nuestra tierra, enclavada, como saben, en el trópico europeo, tierra de aguacates, chirimoyas, mangos y otras frutas tropicales. También es ruta y tierra de azúcar, pues la caña de azúcar ha vestido
de verde nuestra vega durante centenares de años y ha visto pasar las revoluciones industriales y los ingenios del azúcar, que hasta en dos decenas se desplegaron durante muchos años por la costa de Granada. Aún siguen en pie como testigos de una
época de nuestra historia.
La quisquilla motrileña es denominada así desde hace muchísimos años por ser un producto típico de la zona. Su sabor, como les relato, señorías, es inigualable, es único. Hay veces que no es fácil diferenciarla de otras especies con
morfologías similares, y eso hace que la no regulación de su denominación provoque ventas de productos similares que perjudican a la reputación del producto y a los pescadores y consumidores. En el año 2010 la Diputación Provincial de Granada puso
en marcha un estudio denominado Genética de la quisquilla de Motril para determinar precisamente sus elementos diferenciadores dentro de la misma especie, pero diferente distribución geográfica, y con otras especies del mismo género pero de
similares características morfológicas con las que se pudiera confundir. Contó con el apoyo de la Universidad de Granada y fue un estudio bastante satisfactorio. El objetivo era evitar que especies similares, pero con un precio bastante inferior,
se vendieran como quisquilla de Motril.
¿Por qué traemos aquí esta propuesta? Los pescadores y restauradores apuestan firmemente por la denominación de origen de la quisquilla como elemento diferenciador para que sea un sello de garantía y seguridad frente al intrusismo de otras
especies que vienen de fuera y que las hacen pasar por quisquilla de Motril, como, por ejemplo, unas gambas que vienen del Pacífico, que tienen un gran parecido con la quisquilla, aunque su cáscara es más dura y su sabor nada tiene que ver con ella
-cuando se etiqueta algo que no es, se llama fraude y obviamente influye en el consumidor final de manera muy negativa-, que son congeladas de forma industrial en enormes cantidades y luego descongeladas aquí en ocasiones con agua de mar para
camuflar su sabor. De ahí los esfuerzos de las instituciones por proteger a la especie, por diferenciarla y por determinar bien su procedencia para informar al consumidor. Este estudio de la Universidad de Granada fue un gran avance, fue un primer
paso importante que ahora ha sido reactivado gracias a la creación de una mesa de apoyo a la denominación de origen de la quisquilla donde se encuentran representadas la Cámara de Comercio de Motril, la asociación de comerciantes, la cofradía de
pescadores, la asociación de hosteleros, la asociación de restaurantes y chiringuitos de la costa, el aula de pensamiento de Motril y distintas formaciones políticas e instituciones. En honor a la verdad, señorías, tengo que decir que de ellos es
la iniciativa y a ellos les tenemos que trasladar nuestro reconocimiento. Nosotros solamente ponemos la voz; eso sí, voz alimentada de una ilusión enorme en el proyecto y de una inequívoca voluntad de ser útiles a nuestra tierra. Al final, todo
este apoyo, sumado al que espero que nos den sus señorías esta tarde, fortalecerá el proyecto y hará más cercanos sus objetivos, que no son otros que las nuevas oportunidades de mejoras económicas para la zona en cuanto a empleo, turismo, prestigio
y conseguir asegurar la calidad de un producto extraordinario. La denominación de origen quisquilla de Motril sin duda va a redundar en una serie de oportunidades de mejora, incluida la especialización de la captura y tratamiento de las especies,
que sin duda va a reportar grandes beneficios y oportunidades a los pescadores, ya que dará un impulso a su actividad.
El desarrollo normativo en materia de denominaciones de origen en el seno de la Unión Europea se ha venido configurando desde la década de los noventa hasta conformar un marco legal que reconoce, protege y controla las denominaciones de
origen protegidas, DOP, en el Reglamento de la Unión Europea 1151/2012, que también regula las indicaciones geográficas protegidas, conocidas como IGP.
En definitiva, señorías, cabe destacar como dato relevante, que de los 194 productos agroalimentarios españoles que están inscritos o cuya solicitud está siendo tramitada en el Registro comunitario de DOP e IGP, solo 5 lo hacen bajo el
epígrafe de peces, moluscos y crustáceos frescos y productos derivados. Por tanto, con esta iniciativa también estamos dando un apoyo importante al sector pesquero de nuestro país, que bien lo necesita, que siempre lo necesita.
El Grupo Parlamentario Popular es conocedor del interés de instituciones, sector pesquero, turístico, de restauración para sacar adelante este proyecto de reconocimiento de la denominación de origen quisquilla de Motril, y ha instado a la
Junta de Andalucía a impulsar y colaborar, en el ámbito de sus competencias, con el proyecto para la consecución de la DOP -ha sido una propuesta presentada en el
Parlamento andaluz que ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos políticos- ya que es la que tiene que participar de forma activa, según competencias, en este asunto.
Nosotros vamos a echar una mano con esta proposición, si la sacamos adelante, espero, señorías, por unanimidad, cuyo texto dispositivo dice que el Congreso de los Diputados considera necesario que el Gobierno, en el ámbito de sus
competencias, facilite el asesoramiento técnico necesario a la autoridad competente para agilizar el registro de la solicitud de la denominación de origen protegida quisquilla de Motril, y que una vez concluido el proceso de tramitación nacional por
parte de la autoridad competente, se le dé el máximo impulso en su tramitación ante la Comisión Europea, que eso también podría hacerlo el Gobierno de la Nación.
El Grupo Socialista ha presentado una enmienda que vamos a aceptar, porque el proceso de marca colectiva que proponen, aunque sea algo diferente entendemos que puede sumar, como han entendido también en el Ayuntamiento de Motril, donde se
presentó la propuesta, y en el Parlamento andaluz. Pensamos que puede ser positivo y agradecemos su colaboración.
Finalmente, señor presidente, quiero agradecer el apoyo de todas las instituciones que he mencionado, así como al Ayuntamiento de Motril en pleno. Quiero saludar a los concejales del ayuntamiento que se han desplazado hasta aquí para seguir
el debate de esta propuesta. Agradezco el impulso dado por la mesa por la quisquilla de Motril, que ha sido un gran motor para solicitar la denominación de origen, que también está presente hoy en esta Comisión. Doy las gracias a la Mancomunidad
de Municipios de la Costa Tropical, que también se ha sumado a esto, por su labor y su tarea, a la Diputación de Granada y al Parlamento de Andalucía. Todas estas instituciones que he mencionado han dado su apoyo a esta propuesta.
Por último, quiero agradecer a todas sus señorías la atención prestada y el apoyo que me consta, por lo que he hablado con otros portavoces, que de forma mayoritaria van a dar a esta iniciativa, que por supuesto será de toda la Comisión.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Carlos Rojas.
En nombre de la Mesa y de todos los diputados de la Comisión, también quiero saludar a los concejales que le han acompañado.
A esta iniciativa ha presentado una enmienda el Grupo Parlamentario Socialista, para cuya defensa tiene la palabra doña Elvira Ramón.
La señora RAMÓN UTRABO: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer a mis compañeros de la Comisión de Agricultura que sin ser miembro de la misma se me haya brindado la oportunidad de participar esta tarde en ella para fijar la posición de mi grupo respecto a esta
iniciativa. Como granadina y como molviceña, de Molvízar, que es un pequeño pueblo ubicado en la costa granadina, me siento doblemente orgullosa de participar, como decía, en el debate de esta iniciativa.
Todos los que somos de allí, y muchos que no lo son, conocemos la exquisitez y la calidad de la quisquilla de Motril. Como ha dicho mi compañero del Grupo Popular, su sabor es único y tiene un alto reconocimiento por parte de todos los
consumidores y consumidoras. Lo cierto es que es un auténtico manjar, con una alta calidad, un sabor único y reconocible por todos los consumidores. Somos conscientes de que potenciar una marca o una denominación de origen ligada al territorio
conlleva bondades que pueden repercutir en el desarrollo económico de la comarca, pero tenemos que ser realistas. El procedimiento de concesión de la denominación de origen no es precisamente fácil, rápido o ágil, todo lo contrario, es un
procedimiento muy largo que está regulado por la normativa europea y cuyo mantenimiento es muy costoso. Todos sabemos que necesita un informe de investigación genética muy exhaustivo que permita la diferenciación del producto y que lo relacione
directamente con la zona geográfica a la que pertenece. A veces es aquí donde radican las mayores dificultades. Además, en el caso de que se consiga esta denominación de origen, su mantenimiento tiene un alto coste, porque debe tener un consejo
regulador y entidades de control y de certificación.
Mi grupo parlamentario, consciente de la importancia que tiene la obtención de este marchamo de calidad para poner en valor un producto tan exquisito como es la quisquilla de Motril, va a apoyar, como no puede ser de otra manera, esta
iniciativa del Grupo Popular. Pero siendo conocedores de las dificultades, hemos planteado una enmienda de adición para impulsar la creación de la marca colectiva quisquilla de Motril. Ya en el año 2011 la Consejería de Agricultura y Pesca de la
Junta de Andalucía llevó a cabo una primera fase del plan de actuación para implantar marcas y distintivos de calidad en productos andaluces
de pesca y dejó vía libre y rápida para que después de esta primera fase, en la que se hizo una importante inversión, se pudiera tramitar el registro de una marca colectiva como la que hoy planteamos aquí: quisquilla de Motril. Este
procedimiento en absoluto es contradictorio ni incompatible con la tramitación y la obtención de otros distintivos como la denominación de origen. Además de no ser ni incompatible ni contradictorio, su coste es mucho más reducido y su tramitación
es mucho más rápida, porque podríamos estar hablando de unos doce meses, mientras que la de la denominación de origen se nos puede ir hasta los siete años. Asimismo, los informes para diferenciar el producto y ligarlo geográficamente al territorio
no tienen las dificultades de los de la denominación de origen. Me gustaría señalar también que el consumidor suele estar más familiarizado con el concepto marca y que los costes posteriores son mínimos, porque se limitan a la renovación de la
licencia cada diez años.
Como ha dicho el portavoz del Grupo Popular, ya lo aprobó así el Ayuntamiento de Motril, con el apoyo del Partido Popular, y en el Parlamento de Andalucía se asumió esta enmienda. Me congratula que haya manifestado que van a aceptar esta
enmienda de adición, porque, insisto, por un lado somos conscientes de las dificultades que tiene el procedimiento de obtención de la denominación de origen, pero también de la importancia que tiene para el desarrollo económico de la costa granadina
la obtención de la denominación de origen para un producto tan reconocido como es la quisquilla de Motril.
Quiero saludar a los compañeros y compañeras del Ayuntamiento de Motril que esta tarde han querido acompañarnos en este debate.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ramón.
Ha quedado claro que el portavoz del Grupo Popular, don Carlos Rojas, aceptaba la enmienda defendida por su señoría.
Para fijar su posición respecto a esta proposición no de ley, tiene la palabra el señor Bataller.
El señor BATALLER I RUIZ: Gracias, señor presidente.
Compromís coincide con los objetivos que persigue esta proposición no de ley y la vamos a apoyar. Agradecemos al proponente el entusiasmo que ha puesto en su defensa, así como la enmienda que se ha presentado. Ahora bien, quiero indicar
que en esta enmienda -y no se nos ha dicho por parte de la diputada que la ha defendido- hay truco o hay algo que no se ha dicho. ¿Por qué se incluye la mención a la marca colectiva? Es de todos conocido que estamos en el proceso de negociación
del CETA, que es el acuerdo económico con Canadá, y por si no se sabe, diré que Canadá no contempla las indicaciones geográficas ni las denominaciones de origen, es algo que no existe. Ellos hablan del derecho de marcas y por ahí encauzan la
protección, que se rige por unos parámetros muy distintos. Recientemente, la Comisión Europea, en las negociaciones tan opacas que está llevando a cabo con Canadá, ha conseguido que Canadá transija a la hora de aceptar 145 indicaciones prioritarias
de la Unión Europea, de las que 27 son españolas. Evidentemente, para que la quisquilla de Motril en algún momento llegue a ser aceptada en el seno de este tratado como una indicación geográfica, hará falta que la Comisión Europea, hipotéticamente,
en un futuro se lo plantee a Canadá y que este lo acepte.
El régimen protector de las marcas es muy distinto, porque estas, por ejemplo, son objeto de tráfico jurídico y, por tanto, pueden acabar produciendo quisquilla de Motril en los sitios más insospechados. Esto es algo que queda conjurado con
las indicaciones geográficas que demuestran de dónde es un producto, con la seguridad que esto ofrece al consumidor. Digo esto, recalcando, como he dicho antes, que vamos a apoyar esta proposición no de ley. Eso sí, les pido por favor que se diga
todo lo que hay y que cuando se presenten enmiendas estaría bien que se añadiera una justificación de la misma y se dijera por qué se introduce esto, porque, si no me equivoco, la enmienda presentada por el Grupo Socialista no la lleva. ¿Esto es
porque no quieren que sepamos que es una cuestión que va a resultar peliaguda en las negociaciones del CETA? Aprovecho la ocasión para indicarles que cuando por fin ese tratado venga a este Parlamento para su ratificación -es un tratado de carácter
mixto que en algún momento tendrá que venir, y esperamos que sea pronto- todas estas cuestiones sean tenidas en cuenta a la hora de conformar la posición del Parlamento español sobre ese tratado que compromete seriamente la soberanía y nuestros
estándares de calidad y de protección de los consumidores.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bataller.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR GARCÍA: En Granada es muy complicado llegar a acuerdos. Hemos tenido etapas donde los desencuentros en políticas muy importantes y fundamentales para el conjunto de la provincia suponían una bronca continua y un
desacuerdo permanente. Por eso, en Ciudadanos, aunque en esta legislatura estamos empezando a llegar a acuerdos importantes en temas trascendentes para nuestra provincia, nos sentimos especialmente contentos de que en un tema como este el consenso
sea absoluto entre los partidos políticos granadinos, si quien falta por intervenir no me dice lo contrario. Todos valoramos la quisquilla de Motril. Todos valoramos al sector pesquero, en este caso también en nuestra costa, que ha sufrido, que
echa largas jornadas, con la dureza que todos sabemos que tiene la pesca, y que está en plena reconversión por la modernización, ya que, por ejemplo, en Motril, se pasó en 2013 de tener 32 barcos de arrastre a tener 13. Este sector ha tenido que
apostar por la calidad y dedicarle más tiempo a la sostenibilidad, al cuidado de los caladeros, a la limpieza de los fondos marinos y a trabajar, por qué no, el márquetin para la venta de productos que tengan un sello de calidad que los haga más
reconocibles.
Me ha gustado que el portavoz del Grupo Popular hablara en su intervención del intrusismo de otra serie de productos que se están intentando vender como quisquilla de Motril y que no lo son, porque con eso lo que se consigue al final es
engañar y que algunas personas puedan tener una percepción errónea sobre la calidad real que atesora el producto. Por tanto, el Grupo Ciudadanos va a apoyar esta proposición no de ley, como lo hicimos en el Parlamento andaluz, en la diputación o en
cualquier sitio en el que tengamos representación. También quiero decir que para nosotros es un orgullo que un producto de estas características, que representa el 24% de las ventas de la lonja de Motril, al que llevamos refiriéndonos muchos años,
como se ha mencionado, como es la quisquilla de Motril, no haya un turista de la costa granadina, que se denomina Costa Tropical, que no lo conozca.
Agradecemos al proponente que haya traído esta PNL a esta Cámara, porque si no la hubiera terminado trayendo cualquier otro grupo, incluso el nuestro, así como al Grupo Socialista haber buscado un plan B por si no sale el plan A y que
tengamos esa oportunidad. También quiero decir que aquí estamos todos conjurados definitivamente para que esto salga adelante.
Termino mi intervención agradeciendo la presencia de los granadinos, que están empezando a ver cómo en esta legislatura los partidos en Granada comenzamos a llegar a acuerdos en temas como este, que son trascendentes para nuestra provincia,
que tan necesitada estaba de ello. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra doña Eva García Sempere.
La señora GARCÍA SEMPERE: La verdad es que había pedido la palabra, pero prácticamente me ha quitado toda la intervención el señor Bataller, porque lo que íbamos a decir era que, por supuesto, el Grupo de Unidos Podemos va a apoyar la
denominación de origen quisquilla de Motril -como no puede ser de otra manera y como ya se ha hecho en el Parlamento andaluz y en Granada-, pero lo vamos a hacer de verdad, porque rechazamos el CETA, el TTIP, los tratados de libre comercio,
etcétera, que es lo que realmente protegería estas denominaciones de origen. Estar apoyando, por un lado, esos tratados de libre de comercio y, por otro, ser paradójicos o directamente engañosos con la población diciendo que se quieren reconocer
unos sellos de denominación de origen o marcas que van a quedar en agua de borrajas en cuanto entren en vigor los tratados de libre comercio, me parece que deberían hacérselo mirar, porque no se puede estar en misa y repicando.
La cuestión de la lucha contra el fraude no se resuelve solo con la denominación de origen, sino con más inspecciones. Hace poco, la Hoja del mar, que se publica en la propia página del ministerio, daba unos índices de fraude en los
productos alimentarios, concretamente en los productos del mar, del 50, del 60 e incluso del 70%, lo que es verdaderamente escandaloso. Se tienen que poner en marcha los sistemas de trazabilidad y etiquetado que venimos demandando hace mucho
tiempo. No basta con aprobar la ley, sino que tenemos que tener inspectores suficientes para hacer que se cumpla.
Votaremos a favor de la proposición no de ley, con esas salvedades.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sempere.
Señorías, vamos a interrumpir la sesión durante unos minutos, los mínimos necesarios para ordenar las votaciones. Ruego que los portavoces que hayan realizado enmiendas transaccionales las faciliten a la Mesa. (Pausa).
Señoras y señores diputados, les ruego que tomen asiento antes de proceder a las votaciones y que faciliten si hay alguna sustitución de algún grupo parlamentario el nombre del sustituto. Por el Grupo Socialista, a Juan José Díaz Trillo le
sustituye doña Elvira Ramón; a don Gonzalo Palacín le sustituye Guillermo Meijón y a Pilar Lucio la sustituye doña María Soledad Pérez. ¿Algún otro grupo tiene sustitutos? (Pausa). Por el Grupo Parlamentario Popular, don Javier Ruano sustituye a
don Teodoro García; Bienvenido De Arriba Sánchez sustituye a Teresa Lara. ¿Alguna otra sustitución? Diego Movellán sustituye a Juan José Matarí.
Vamos a votar, en primer lugar, la proposición no de ley sobre el impulso de las obras pendientes en el embalse de Soto-Terroba y la presa de Enciso (La Rioja). El autor de esta iniciativa ha sido el Grupo Parlamentario Socialista, que ha
presentado una enmienda transaccional con el Grupo de Ciudadanos y con el Grupo de Podemos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley sobre la derogación de las últimas reformas legislativas que perjudican la protección del medioambiente, cuyo autor ha sido el Grupo de Esquerra Republicana, con la incorporación de
la enmienda del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley relativa a la aprobación urgente de transferencia de agua desde el pantano de Iznájar a la zona norte de la comarca de Antequera. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo
Socialista que ha aceptado una enmienda transaccional con Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 14; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Un señor diputado: No cuadran los números. Este último resultado da cuarenta y uno y somos treinta y siete en la Comisión, si no me equivoco). Vamos a repetir la votación y disculpen, señorías.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 14; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a someter a votación la proposición no de ley relativa al fomento de la agricultura y ganadería de montaña y el aprovechamiento de la biomasa como herramientas para la prevención de incendios. Esta iniciativa presentada por Ciudadanos
ha incorporado una transaccional con las enmiendas del Grupo Socialista y de Podemos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a someter a votación la proposición no de ley sobre contratación pública de alimentos con criterios de responsabilidad social y medioambiental. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Se vota en sus términos con sus autoenmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
El señor GARCÍA DÍEZ: Señor presidente, no son catorce en contra, nosotros nos hemos abstenido.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a someter a votación la PNL presentada por el Grupo Mixto, que ha sido transaccionada con Podemos, relativa a modificar los caudales ecológicos establecidos en el Plan hidrológico del Ebro correspondiente al segundo ciclo de
planificación hidrológica 2015-2021.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 17; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley sobre medidas para la ordenación del espacio marítimo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que vamos a someter a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular sobre gestión integrada y desarrollo sostenible en el Mar Menor y su entorno. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a someter a votación la proposición no de ley sobre la mercantilización de derechos concesionales de agua. Presentada por el Grupo de Podemos, que ha sido objeto de una transaccional con el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Por último, vamos a someter a votación la proposición no de ley relativa a agilizar la tramitación de la denominación de origen protegida quisquilla de motril, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que ha aceptado una enmienda del
Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Antes de que se levanten, les ruego que se mantengan en sus asientos, porque al finalizar esta sesión ha sido convocada una Mesa y portavoces, por lo que les ruego que sigan en sus puestos, porque vamos a tener una reunión. Les agradezco a
todos la colaboración que han tenido en el desarrollo de esta sesión. Se levanta la sesión.
Eran las ocho y veinte minutos de la noche.