CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 604

POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO ZOIDO ÁLVAREZ

Sesión núm. 4

celebrada el martes,

25 de septiembre de 2018

ORDEN DEL DÍA:


Pronunciamiento de la Comisión, a efectos del artículo 44 del Reglamento, sobre la solicitud de comparecencia de doña Flor María López Laguna, candidata propuesta por el Gobierno como directora de la Oficina de Conflictos de Intereses, a los
efectos del artículo 19.2 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. (Número de expediente 276/000021) ... (Página2)


Delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia de ésta de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la Resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. (Número de
expediente 042/000001) ... (Página2)


Celebración de la comparecencia votada favorablemente por la Comisión:


Comparecencia de doña Flor María López Laguna, candidata propuesta por el Gobierno como directora de la Oficina de Conflictos de Intereses, a los efectos del artículo 19.2 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto
cargo de la Administración General del Estado. (Número de expediente 276/000021) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las doce del mediodía.


PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISIÓN, A EFECTOS DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO, SOBRE LA SOLICITUD DE COMPARECENCIA DE DOÑA FLOR MARÍA LÓPEZ LAGUNA, CANDIDATA PROPUESTA POR EL GOBIERNO COMO DIRECTORA DE LA OFICINA DE CONFLICTOS DE INTERESES, A LOS
EFECTOS DEL ARTÍCULO 19.2 DE LA LEY 3/2015, DE 30 DE MARZO, REGULADORA DEL EJERCICIO DEL ALTO CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. (Número de expediente 276/000021).


El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.


En primer lugar, quiero darle las gracias por su comparecencia en el día de hoy a doña Flor María López Laguna, así como darle la bienvenida a esta Comisión.


A continuación vamos a proceder según los puntos que estaban establecidos en el orden del día. En primer lugar, procedemos al pronunciamiento de la Comisión a los efectos del artículo 44 del Reglamento sobre la siguiente solicitud de
comparecencia: doña Flor María López Laguna, candidata propuesta por el Gobierno como directora de la Oficina de Conflictos de Intereses, a los efectos del artículo 19.2 de la Ley 3/2015, de 20 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de
la Administración General del Estado, a petición del Gobierno.


¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento).


Muy bien, gracias.


DELEGACIÓN EN LA MESA DE LA COMISIÓN DE LA COMPETENCIA DE ÉSTA DE ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO, CONCORDANTE CON LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1983. (Número de
expediente 042/000001).


El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al 2.º punto del orden del día: delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia de esta de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la
resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983.


Se propone la adopción del acuerdo tipo de delegación condicionada, según el cual el rechazo de solicitudes de comparecencia exigirá el acuerdo unánime de los miembros de la Mesa, quedando avocada por la Comisión la decisión en caso
contrario. ¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento).


Por tanto, queda aprobada por asentimiento la delegación en los términos indicados.


CELEBRACIÓN DE LA COMPARECENCIA VOTADA FAVORABLEMENTE POR LA COMISIÓN:


COMPARECENCIA DE DOÑA FLOR MARÍA LÓPEZ LAGUNA, CANDIDATA PROPUESTA POR EL GOBIERNO COMO DIRECTORA DE LA OFICINA DE CONFLICTOS DE INTERESES, A LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 19.2 DE LA LEY 3/2015, DE 30 DE MARZO, REGULADORA DEL EJERCICIO DEL ALTO
CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. (Número de expediente 276/000021).


El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al 3.º punto del orden del día: celebración de la comparecencia, que acaba de ser votada favorablemente por la Comisión, de doña Flor María López Laguna, candidata propuesta por el Gobierno como
directora de la Oficina de Conflictos de Intereses, a los efectos del artículo 19.2 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.


Suya es la palabra, señora López Laguna.


La señora LÓPEZ LAGUNA: Muchas gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, es un gran honor para mí y una satisfacción personal y profesional comparecer hoy ante esta Comisión, agradeciendo a la señora ministra de Política Territorial y Función Pública que haya propuesto mi nombre para
ocupar la Dirección de la Oficina de Conflictos de Intereses. Honor y satisfacción porque esta comparecencia me permite estar ante sus señorías, representantes de la soberanía popular, institución que, entre sus competencias constitucionales, tiene
encomendado el control de la acción del Gobierno.

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Precisamente, en esta función de control de la actuación del Gobierno encuentro un punto de conexión con las funciones del puesto que aspiro a ocupar, el de directora de la Oficina de Conflictos de Intereses, cuyo objetivo es controlar la
actuación de los cargos públicos, entre ellos, la de los miembros del Gobierno y, en consecuencia, de los máximos responsables de la Administración General del Estado, a fin de garantizar que el ejercicio de sus competencias se realice con la máxima
honorabilidad, transparencia, honestidad y dedicación al servicio público.


Por otro lado, tengo el honor y responsabilidad, si finalmente puedo ocupar el puesto, de ser el primer titular de la oficina con rango de director general, ya que si bien durante más de once años ininterrumpidamente he desempeñado un cargo
que se ha denominado igual, titular de la Oficina de Conflictos de Intereses, este tenía nivel de subdirección general. Quiero referir aquí también que, entre los puestos que están sometidos a un procedimiento de comparecencia ante una Comisión
parlamentaria, este el único cargo con ese rango.


En consecuencia, me presento ante sus señorías para cumplir con lo exigido en el artículo 19, apartado 2, de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Este precepto
dispone expresamente que el director de la mencionada oficina, con el rango de director general, será nombrado por el Consejo de Ministros, a propuesta en la actualidad de la ministra de Política Territorial y Función Pública, previa comparecencia
de la persona propuesta para el cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, con el fin de que examine si su experiencia, formación y capacidad son adecuadas para el cargo. A tales efectos comparezco ante esta Comisión, con
toda humildad, para someterme a su examen, al objeto de que se determine si mi trayectoria profesional y mi capacidad son aptas para ocupar este cargo.


Inicialmente, me gustaría comenzar explicando brevemente cuál es la naturaleza de la Oficina de Conflictos de Intereses. Y tengo que decir que su historia es la evolución en nuestro país de la lucha contra los conflictos de intereses. En
primer lugar, la oficina tiene respecto de otros centros directivos unas características singulares, en cuanto a sus objetivos y destinatarios. Objetivos que son, por un lado, prevenir los conflictos de intereses de los altos cargos y de los
empleados públicos, para evitar que deriven en actuaciones corruptas y, por otro, exigir que sus conductas se adecuen a los valores éticos recogidos en las normas. La oficina no es, en modo alguno, una unidad que persigue la corrupción, pues esta
misión corresponde, como saben sus señorías, a otras instancias, sino que aplica mecanismos, 'cortafuegos' se podría decir de una manera gráfica, para detectar, evitar, corregir y sancionar los conflictos entre los intereses personales,
profesionales y sociales de los servidores públicos y el interés general.


Esta actuación es mucho más estricta, lógicamente, en relación con los altos cargos, ya que con ellos nuestra función excede de un mero control de las incompatibilidades, pues afecta también a los intereses profesionales que hubieran podido
tener ellos y su entorno familiar, durante los dos años anteriores a su nombramiento y se extiende hasta los que pudieran surgir en los dos años posteriores a su cese, pasando por el establecimiento de normas de abstención, limitaciones
patrimoniales, control de los activos financieros y otras materias.


La oficina es una unidad que se constituyó, por primera vez, en la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado.
Efectivamente, aunque esta norma no fue la primera ley que afectaba a los altos cargos, sí fue la primera que, adaptándose a las líneas directrices de la OCDE y tomando como referencia la legislación de los países más avanzados de nuestro entorno
sobre esta materia, ofreció un marco integral de prevención de conflictos de intereses, configurado sobre las siguientes premisas, que lógicamente se han continuado a lo largo del proceso. Estas son las siguientes: la definición de los conflictos
de intereses y de su importancia en la prevención de la corrupción, en cuanto que previene y elimina situaciones de riesgo, potenciales o reales; la imposición de procedimientos para detectar estos conflictos y corregirlos, a través de diversos
instrumentos (entre ellos, la obligación de que los altos cargos cumplimenten declaraciones de intereses y de bienes patrimoniales en diferentes momentos a lo largo de su prestación de servicios como alto cargo; de imposición de normas de
abstención, de incompatibilidades al cese, etcétera); y el establecimiento de un régimen sancionador completo, con tipificación de infracciones y sanciones.


Para llevarlo a cabo se crea un órgano específico, la Oficina de Conflictos de Intereses, adscrito orgánicamente al entonces Ministerio de Administraciones Públicas, al que se dota de plena autonomía funcional. Y es que, ya desde el
conocido informe Nolan y, por supuesto, en la regulación de todos los

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países más desarrollados, se pone el énfasis en que el control de los conflictos de intereses ha de realizarse por una entidad absolutamente independiente, que no esté sujeta a instrucciones ni órdenes de ningún tipo.


Posteriormente, y en esa misma línea, la actualmente vigente Ley 3/2015 viene a perfeccionar las técnicas y medidas de prevención de los conflictos de intereses, estableciendo nuevas limitaciones y dotando a la oficina de un mayor alcance y
significado. Y ello, no solo por elevar su rango administrativo sino, sobre todo, por determinar un sistema de provisión de su titular que lo singulariza, pues este no ha de depender solo del nombramiento por el Consejo de Ministros, sino que ha de
contar con la intervención y el examen de una comisión parlamentaria. Es decir, el legislador ha considerado que el titular de la Oficina de Conflictos de Intereses, dada su autonomía y sus competencias, ha de justificar ante la Comisión
parlamentaria que reúne las condiciones de experiencia, formación y capacidad adecuadas para el puesto.


Entrando ya concretamente en la exposición de mi perfil profesional, y sin pretender ser exhaustiva, dado que sus señorías cuentan ya con mi currículum, sí me gustaría hacer hincapié en algunos de los hitos de mi trayectoria profesional que
tienen relación con los requisitos que la norma exige para ocupar el puesto. Soy licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid desde el año 1981. Tengo una formación universitaria jurídica que considero que es la idónea para
desempeñar este cargo. Y ello porque no conviene olvidar que la prevención de los conflictos de intereses de los servidores públicos implica la limitación o, en muchos casos, la prohibición de intereses privados. En tal sentido, tanto la
aplicación de la Ley de 53/1984, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, como la propia Ley de altos cargos, suponen autorizar o prohibir el ejercicio de actividades profesionales, imponer trabas y limitar
sus intereses patrimoniales y esto ha de ser efectuado con parámetros estrictamente jurídicos, dado el grado de afectación directa sobre los intereses de estos servidores, intereses que en principio son legítimos. Igualmente, en el supuesto de los
procedimientos sancionadores que se incoan a los altos cargos solo procede el inicio de estas medidas cuando los hechos están tipificados como infracciones en las normas.


Continuando con mi trayectoria, en el año 1984, con veinticuatro años, ingresé por oposición en el entonces cuerpo técnico de la Administración Civil del Estado, actualmente cuerpo superior de administradores civiles del Estado, por lo que
cumplo con el requisito que exige la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que requiere con carácter general que los puestos de director general sean ocupados por funcionarios de cuerpos o escalas adscritos al
subgrupo A-1 al que pertenezco.


Llevo treinta y cuatro años trabajando en la Administración Pública, ocupando cargos de responsabilidad, con plena dedicación, y desempeñando, fundamentalmente, puestos con un perfil marcadamente jurídico, aplicando siempre las normas. En
tal sentido, desde el año 1991, vengo ocupando subdirecciones generales, o puestos de nivel 30 de complemento de destino, esto es, los puestos superiores destinados a funcionarios de carrera. El primero de ellos que ocupé fue el de subdirectora
general de Estudios e Informes en la Secretaría General Técnica del Ministerio para las Administraciones Públicas, donde preparaba los asuntos que, posteriormente, eran sometidos a la deliberación de la Comisión General de Secretarios de Estado y
Subsecretarios y del Consejo de Ministros. Dicha experiencia fue para mí altamente enriquecedora porque me permitió estudiar y analizar todas las normas que se sometían a dichos órganos colegiados y tener la oportunidad de proponer, en los casos en
que se estimaba oportuno, mejoras de las mismas. Puedo decir que fue una gran oportunidad para incrementar mi bagaje jurídico.


Con posterioridad, di un giro en mi carrera, puesto que pasé a desempeñar el puesto de inspectora general de Servicios en la Administración Pública en el año 1992. Fue importantísimo porque en aquel momento la entonces denominada Inspección
General de Servicios de la Administración Pública, había evolucionado hacia funciones de consultoría, importando las técnicas y los métodos que las consultoras del sector privado aplicaban.


Tuve que reorientar mi visión y mi perspectiva ante la resolución de problemas en las organizaciones. No solo aprendí técnicas gerenciales y los protocolos de las inspecciones operativas de servicios, sino que, además, tuve la oportunidad
de aplicarlas analizando distintos organismos. Esta parte de mi vida profesional me ha permitido y me sigue permitiendo en estos momentos abordar las nuevas funciones que las normas han ido atribuyendo a la Oficina de Conflictos de Intereses,
optimizando los recursos disponibles, mediante la redistribución de tareas, la supresión de trámites innecesarios, con el objeto de

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poder responder a los nuevos retos, de forma ágil y eficaz. Precisamente, y mientras ocupaba el mencionado puesto de inspectora general de Servicios, se me encomendó la gestión del régimen de incompatibilidades del personal al servicio de
la Administración Pública y, al mismo tiempo, el de los altos cargos, dado que fue en ese momento cuando se abordó la necesidad de establecer mecanismos de control sobre las incompatibilidades de los altos cargos.


Tiempo después, se crea la Subdirección General de Gestión del Régimen de Incompatibilidades que paso a ocupar a partir de 1995. En aquel momento, dado que se creaba una unidad nueva, mi gran reto era diseñar su funcionamiento, disminuyendo
tiempos de tramitación en los procedimientos de incompatibilidades de los empleados públicos y, lo más importante, crear protocolos de actuación en relación con las obligaciones que la norma exigía a los altos cargos. Dictada con posterioridad la
Ley 5/2006, que como he dicho antes fue la primera norma que impone un régimen total de control de los altos cargos, me exigió ex novo diseñar procedimientos, modelos de declaraciones, pautas de actuación, la puesta en funcionamiento de los
registros de actividades y de bienes y derechos patrimoniales, entre otras actuaciones. Y es en ese momento cuando la unidad orgánica se convierte en la Oficina de Conflictos de Intereses, cuyo titular pasa a denominarse director.


Finalmente, con la vigente Ley 3/2015, nuevamente la unidad tiene que reorganizarse para acometer las nuevas funciones que, concretamente, y en síntesis, son las siguientes: la exigencia a los altos cargos de declaraciones de idoneidad y de
sus currículum vitae; la tramitación y control de las prestaciones compensatorias al cese de los altos cargos, en los supuestos que tengan derecho a ellas; la aplicación del nuevo régimen de abstenciones y de incompatibilidad al cese; el nuevo
contenido de los informes que remitimos semestralmente al Congreso de los Diputado sobre el cumplimiento de los altos cargos; los exámenes de situación patrimonial que elaboramos sobre el patrimonio de los altos cargos para controlar que no hay
enriquecimientos injustificados durante el tiempo que han ocupado el puesto de alto cargo; la publicación de sus bienes; las nuevas infracciones que la Ley de transparencia ha introducido en relación con los altos cargos; y finalmente la
adecuación a las exigencias de publicidad de la mencionada Ley de transparencia. Otro momento destacado en la oficina a nivel organizativo ha sido la aprobación en julio de 2017 de la estructura orgánica del que fuera Ministerio de Hacienda y
Función Pública, que viene a subdividirla en dos subdirecciones generales, pasando yo a ocupar la que se dedica específicamente a los altos cargos, sustituyendo por vacante al puesto de director general titular.


Desde otra vertiente, y si me lo permiten sus señorías, voy a exponer cuál es la orientación y proyección que tiene la Oficina de Conflictos de Intereses al exterior. En primer lugar, la introducción de mejoras en normas específicas. Como
responsable durante estos años de esta materia, he intervenido muy activamente en la elaboración de todas las normas que afectan a las incompatibilidades, los conflictos de intereses, los códigos de conducta, etcétera. De esta manera mi experiencia
ha servido para plantear reformas que, partiendo de las demandas sociales, pudieran perfeccionar un régimen de prevención y control que garantice que los máximos responsables de la Administración General del Estado ejerzan sus funciones con el mayor
rigor, honestidad y ejemplaridad. En segundo lugar, uno de los objetivos de la oficina es formativo, dado que considero primordial que los empleados públicos, al igual que ocurre en otros países, sean conocedores de las obligaciones que tienen en
esta materia y no puedan alegar desconocimiento. Por ello, y porque la oficina es una unidad de referencia, en estos años hemos participado activamente -no solo yo, sino también los funcionarios de la unidad- en la formación y capacitación de los
funcionarios de nuevo ingreso en la Administración. Asimismo, participamos con el INAP en programas de perfeccionamiento para directivos, no solo desde un enfoque teórico sino también práctico, utilizando el análisis del caso, al objeto de
adiestrarles en las habilidades necesarias para prevenir situaciones de riesgo en las unidades que dirigen.


Además, considero que se ha logrado que la reputación de la oficina sea valorada a nivel nacional, dado que se me ha invitado a participar por otras administraciones públicas en seminarios, entre ellos, en los cursos de formación de alcaldes
y concejales de la FEMP. Además, el pasado año tuve el honor de ser invitada por la Oficina Antifrau de la Generalitat de Catalunya y este año por la Diputación de Valencia y en próximas fechas a un seminario internacional convocado por la Agencia
de Transparencia del Área Metropolitana de Barcelona. Asimismo, he tenido también el honor de haber sido invitada, como representante de la oficina, en las últimas ediciones de actividades formativas organizadas por la entidad Transparencia
Internacional, donde he impartido alguna conferencia y he explicado cómo el control de las declaraciones de actividades y de bienes sirven para evitar la corrupción. Asimismo, con esta organización Transparencia Internacional he tenido el honor de
colaborar con un artículo en un número de la revista que publica.

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En cuanto al ámbito internacional, no solo recibimos frecuentemente a delegaciones de diversos países para explicarles nuestro funcionamiento y transmitirles nuestra experiencia, sino que además asistimos, no solo yo sino también mis
compañeros, a las sesiones que a tal efecto la OCDE organiza a lo largo del año y de las que se ha derivado la encomienda de asistir e impartir conferencias sobre nuestra regulación a otros países.


Con todo esto intento poner en valor y explicar que esta oficina es una unidad consolidada, dinámica, así como abierta a la colaboración con otros organismos y al intercambio de experiencias con otras organizaciones. Por supuesto, toda esta
labor se debe a la dedicación de todos los integrantes de la oficina, pues se cuenta con un gran capital humano, todos funcionarios de carrera, también con larga experiencia en la unidad y que no solo son profesionales íntegros y dedicados a la
oficina, sino que, sobre todo, creen en lo que están haciendo: creemos en la lucha contra la corrupción.


También quiero reconocer y poner de manifiesto que durante estos años he contado con el apoyo de todos los órganos superiores -ministros, secretarios de Estado, directores generales y directores de gabinete-, lo que ha facilitado nuestro
trabajo. En este momento estamos muy ilusionados trabajando con la Secretaría General de Administración Digital de nuestro ministerio en la total implantación de la tramitación electrónica de nuestros procedimientos.


En cuanto a mi idoneidad al puesto considero que reúno los requisitos que establece la Ley de altos cargos, no solo por la formación y experiencia reseñadas, sino por todas las circunstancias de honorabilidad a que se refiere el artículo 2.2
de la norma. Además, no ejerzo ninguna otra actividad pública ni privada, por supuesto, ni tengo otros intereses personales o profesionales que los del servicio público.


Por otro lado, no quisiera dejar de señalar que, además, cumplo con dos condiciones que considero necesarias para desempeñar la dirección de la oficina, que son mi total imparcialidad e independencia, contrastadas por el ejercicio de las
mismas funciones de hace veintitrés años, al servicio de los distintos Gobiernos habidos desde entonces, a lo que tendría que añadir el hecho de que desde entonces no he recibido ninguna queja o censura por haberse recibido un tratamiento parcial o
falta de rigor en la gestión realizada. En toda esta comparecencia he intentado manifestar por qué creo que reúno la profesionalidad y experiencia necesarias para este puesto.


Para finalizar, sí quisiera, muy brevemente, exponer mi actitud profesional. Señorías, mi vocación es el servicio público. Yo defiendo lo público y lucho por una Administración moderna, abierta, eficiente y eficaz, volcada al servicio de
los ciudadanos. Estimo que todos los que estamos dedicados al servicio de los ciudadanos tenemos que servir al interés general, evitando no solo actuaciones corruptas o irregulares, sino también situaciones de riesgo reales o potenciales, actuando
con arreglo a parámetros de ética pública, siendo honorables y ejemplares. Ese es mi objetivo profesional y personal: que la sociedad esté orgullosa de su Administración y que si hay actuaciones que no son adecuadas sean perseguidas, corregidas y,
en su caso, sancionadas. Pienso que lo estamos consiguiendo porque entre los servidores públicos hay un compromiso creciente con los valores éticos, la responsabilidad y la transparencia y, sobre todo, estamos sometidos al escrutinio de la
ciudadanía que nos exige y recuerda nuestras obligaciones y nuestros límites.


Agradeciéndoles, nuevamente, la ocasión de poder comparecer ante sus señorías y la atención que me han prestado, desearía que mi intervención haya cumplido con los fines perseguidos. Muchas gracias, y quedo a disposición de sus señorías
para dar respuesta a las cuestiones que quieran plantearme.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, doña Flor María López Laguna.


Vamos a continuación a dar la palabra a los representantes de los grupos parlamentarios que se encuentran en la sala, de menor a mayor. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra don Vicente Ten Oliver, por un
tiempo máximo de cinco minutos.


El señor TEN OLIVER: Muchas gracias, presidente. Trataré de ajustarme al tiempo.


Bueno días, señora López Laguna. Bienvenida a esta Cámara. En nuestra Comisión se examina el dirigir esta Oficina de Conflictos de Intereses e Incompatibilidades. Como candidata tiene todo a favor, usted ha explicad un poco su currículum.
Ha desempeñado su cargo desde 2007 y además es funcionaria de carrera del cuerpo superior de Administración Civil del Estado. En principio no hay nada que objetar, tiene un currículum muy adecuado. Ha comentado que lleva treinta y cuatro en la
Administración pública y nos parece fantástico.


Sin embargo, ha dicho que no ha recibido nunca jamás una queja. Quizás haya sido porque aún no había llegado un partido como Ciudadanos y quizás ahora -sinceramente, espero que no lo tome a mal-

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deberíamos hacer una reflexión y ser conscientes de lo que ha sucedido hasta ahora. El Gobierno de Sánchez ha nombrado a dedo a cientos de cargos, lo que ha supuesto la sustitución de cargos incluso a nivel de directores de departamento.
Sin embargo, el Partido Popular y el Partido Socialista coinciden en mantener a usted al frente de la Oficina de Conflictos de Intereses, lo cual -confieso- no me da mucha tranquilidad. Los españoles demandan una regeneración democrática, usted lo
ha dicho y creo que coincidimos con ese objetivo, así como una revitalización de nuestras instituciones y hacer algo de fondo. Si no se cambia absolutamente nada, por nuestra parte no vamos a consentirlo.


Quisiera realizarle algunas preguntas, señora López. ¿Cree que en España hay realmente una excesiva politización de la Administración pública? ¿Cree que en España hay un problema de puertas giratorias, es decir, que hay personas que entran
y salen de la Administración, comprometiendo el interés general por favorecer intereses personales y privados? ¿Qué independencia requiere esta oficina que usted va a presidir? ¿Cuál diría que ha sido el grado de intromisión política en la labor
de la oficina?


El Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero fue el primero en regular estos conflictos de intereses de los miembros del Gobierno. Ese es un primer paso, pero no es suficiente y, desde luego, no basta con publicarlo ni con
anticiparse. Las dimisiones de los últimos ministros y los que puedan venir subrayan la necesidad de que haya un análisis crítico a la honorabilidad y la adecuación de los candidatos. Señora López, yo le pregunto: ¿qué intervención previa ha
tenido su oficina en los nombramientos de los altos cargos? Nos ha descrito las funciones de la Oficina de Conflictos y la normativa. Yo le pregunto: ¿cree que están definidas lo suficientemente bien esas funciones?


No voy a repetir su intervención, en la cual describía perfectamente todas y cada una de las funciones que acometían, entre otras, la Ley 3/2015 y la Ley 19/2013. Desde el Grupo Ciudadanos pensamos que esta legislación hecha por el Partido
Socialista y el Partido Popular tiene falta de ambición y que, además, se puede desarrollar y mejorar ampliamente. Además, usted ha dicho que ha hecho un esfuerzo realmente con el tema de la formación, y que nosotros agradecemos, con el nuevo
personal que se reincorpora a la Administración. Evidentemente, la legislación no depende de usted, pero lo que sí depende de usted es ver cuál ha sido el celo por velar el interés general desde su puesto de responsabilidad, hacer lo más posible
por la transparencia y la lucha contra la corrupción. Precisamente, el Tribunal de Cuentas, en cuya Comisión también estoy, desveló un informe en el periodo 2012-2014, que conocerá usted, que muestra que la mencionada oficina no verificó las
declaraciones de bienes e intereses de los altos cargos de la Administración, ni buscó posibles omisiones sino que solo solicitó aclaraciones sobre las actividades previamente declaradas.


Veamos los datos. La Oficina de Conflictos de Intereses dependiente del ministerio solo ha vetado el 2 % de las solicitudes de compatibilidad para los ex altos cargos del Gobierno desde 2006, desde hace doce años. De eso 453 casos
examinados, solo ha vetado ese 2 % de un total de 16 000 expedientes tramitados. La oficina no valora la posible existencia de conflictos de intereses cuando un alto cargo se reincorporó a la Función pública, a un organismo internacional o cuando
inició una actividad en una empresa privada. Además, en el periodo fiscalizado la oficina no tramitó ni conoció denuncia alguna sobre presuntos incumplimientos de la Ley de conflictos de intereses y no inició o instruyó expediente sancionador
alguno.


Y termino, señor presidente. A nuestro entender, señora López, la oficina no demostró ninguna proactividad ni iniciativa para velar por el interés general. Es más, sin embargo, parece tener mayor interés en sancionar por dar clases sin
cobrar, por ejemplo, a una de las últimas consejeras nombradas en el Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, doña Pilar Canedo, que además no fue propuesta ni por el Partido Popular ni por el Partido Socialista. Y yo le
pregunto cuál es el grado de independencia con que ha ejercido sus funciones al frente de la Oficina de Conflictos de Intereses respecto al Gobierno.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra don Josep Vendrell.


El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, señor presidente.


Buenos días, también quiero darle las gracias por su explicación y por los datos que nos ha facilitado. Quería destacar la importancia de la Oficina de Conflictos de Intereses que usted va a dirigir, en un país

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donde tanto hemos hablado y tanto hemos denunciado las puertas giratorias que se dan entre la Administración Pública y las grandes empresas, donde tanto hemos denunciado y tanto hemos sufrido los casos de corrupción, y donde tanto hemos
denunciado lo que se llama la captura del regulador, es decir, la captura de las empresas de la Administración Publica en su toma de decisiones, y todo ello conectado con las llamadas puertas giratorias. Defendemos el derecho a una buena
administración, la obligación de defender los intereses generales y ahí, evidentemente, la Oficina de Conflictos de Intereses tiene un papel importante a desarrollar.


Yo le quería hacer un par de preguntas y una consideración. La primera pregunta es si ustedes realizan actividades de investigación o simplemente se trata de cumplimentar un trámite más o menos burocrático por parte de los altos cargos. Es
decir, si se dedican a investigar si lo que se dice es realmente cierto o puede existir algún tipo de incompatibilidad, si hacen públicos los resultados de su investigación o han puesto en conocimiento público los casos donde se producían esas
incompatibilidades o en los que no se cumplía la normativa. En segundo lugar, ¿qué ranking ocupamos a nivel europeo desde ese punto de vista, en dónde nos situaría usted a nivel europeo? En fin, el derecho a una buena administración, a la
transparencia, son cuestiones fundamentales.


Por otra parte, usted decía antes que no había recibido ninguna crítica o tacha por su actuación. Yo quiero recordar, y no estaba Ciudadanos en ese momento en el Congreso de los Diputados, que usted sí recibió críticas en relación con un
conflicto de intereses, porque se dio el visto bueno al paso del director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, David Taguas, como presidente de Seopan, la patronal de las grandes constructoras. En su momento esto fue muy polémico
y provocó un gran revuelo, incluso con calificativos. Yo ahora estaba leyendo algunos calificativos -dentro del propio Grupo Parlamentario Socialista, era el Gobierno de Rodríguez Zapatero- muy duros con esa actuación. También por parte de
Izquierda Unida y de Iniciativa per Catalunya se llegó a presentar una moción aquí en el Congreso de los Diputados denunciando esa situación. Parecía que no respondía a los cánones éticos que alguien que ha estado en un puesto tan relevante y tan
importante como director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, se convirtiera de la noche a la mañana en presidente nada menos que de la patronal de las constructoras. Esa puerta giratoria nos lleva al debate de quién ha decidido
en este país la política de infraestructuras. Es lógico que se plantee esa preocupación, y quiero dejar constancia de esa crítica o reproche a su actuación, pues con un simple oficio de un solo párrafo se autorizó previamente la solicitud que había
cursado el señor Taguas. En ese momento no existía Ciudadanos ni estaba presente en el Congreso de los Diputados, pero ya había grupos parlamentarios que se preocupaban por la transparencia, por el buen gobierno y por lo que para nosotros es
fundamental, que es el derecho de la ciudadanía a la buena administración.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña María Jesús Serrano Jiménez.


La señora SERRANO JIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.


Lo primero que quiero agradecer a doña Flor María López Laguna es su presencia hoy aquí, y pedirle disculpas porque cuando ha llegado yo no estaba por estar cumpliendo con otras obligaciones provinciales, y me ha sido imposible saludarla al
inicio. Quiero darle la bienvenida a esta Comisión y la enhorabuena por su trabajo y por su trayectoria destinada al servicio público, a trabajar, como no podía ser de otra manera en una buena empleada pública, por defender ese interés general y
los servicios públicos con todos los requisitos que marca la normativa, y siempre dentro del más estricto cumplimiento de la ley. El Grupo Parlamentario Socialista es defensor a ultranza de la transparencia. Creemos que estamos en un momento donde
es necesario apostar por esa transparencia para demostrar que avanzamos en una democracia más participativa, más abierta, más transparente, y donde desde luego no queda ningún resquicio para la corrupción. Creo que el Gobierno actual ha hecho un
gesto importante que significa mucho porque eleva la responsabilidad o el cargo que usted ostenta a la figura de director general, para que esa Oficina de Conflictos de Intereses tenga la relevancia que el Gobierno le quiere dar para resolver
cuestiones que tienen que ver con la ética y con la transparencia, pero también con la honorabilidad de los cargos públicos. Es verdad que estamos en un momento donde es necesario tener esa ética, esa responsabilidad y esa transparencia, y los
cargos públicos debemos ser en nuestras funciones más transparentes y más pulcros que nunca. La rendición de cuentas debe ser obligada porque estamos en un momento en el que así lo exigen los ciudadanos y la sociedad.

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También me congratula que haya hablado de impulsar la Administración electrónica, muy necesaria en pleno siglo XXI para conseguir una Administración Pública más eficaz y más eficiente, de modo que cualquier ciudadano pueda acceder a la
información que ofrece desde cualquier rincón de este país, con facilidad, con accesibilidad y sin encontrar ninguna traba. Estoy segura de que el Gobierno del Partido Socialista quiere alcanzar los objetivos que marca el Gobierno abierto, que es
una necesidad fundamental de todo Gobierno actual que se precie, y estamos ante una nueva actitud política en la que la ciudadanía se sitúa en el centro, y que asume con convicción que hay una democracia sólida que requiere una gestión del Estado
transparente para garantizarla. Un Gobierno abierto que hace a los propios Gobiernos, a las administraciones y a las sociedades más eficientes, al utilizar todo el talento que existe en la sociedad y poner a su disposición las herramientas y los
procedimientos que permiten sacar el mejor resultado. El Grupo Parlamentario Socialista manifiesta su más firme convicción en la necesidad de avanzar hacia el Gobierno abierto, que no es algo nuevo, pero sí lo es el firme compromiso de este
Gobierno con avanzar en ese sentido, porque el Partido Socialista cuando ha gobernado ha dado pasos para conseguirlo, y ahora que de nuevo estamos gobernando lo volvemos a hacer. Les recuerdo, señorías, que el Gobierno socialista de Rodríguez
Zapatero se adhirió a la Alianza para el Gobierno Abierto en septiembre de 2011, formando parte del segundo grupo de países que comenzaron a integrar la red y adquiriendo desde ese momento compromisos establecidos.


La Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aprobada por el Gobierno del Partido Popular, tal y como está concebida no permite avanzar en esos objetivos primordiales, pues se caracteriza más por su formalidad
externa que por procurar una verdadera respuesta institucional e independiente que permita crear las condiciones para ofrecer a la ciudadanía un verdadero canal participativo. Estoy segura de que el actual Gobierno impulsará medidas para mejorarla.


Voy terminando, señor presidente, pero no sin antes decir al portavoz hoy aquí del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que me parece bastante lamentable su contradicción; por un lado afirma que la candidata propuesta para directora general es
idónea y, por otro, dice que no le da tranquilidad; yo le pediría que se aclarara. También le pido que no haga populismo, que no haga demagogia y que no manipule la información, porque con ello no conseguimos nada más que confundir a los
ciudadanos y ciudadanas que nos están escuchando, pues si en estos momentos muchos ciudadanos están alejados de la política, lo que conseguimos es alejarlos más. Ustedes no han llegado aquí para salvar este país y traer la democracia, la
transparencia y un Gobierno abierto. Ya se viene trabajando en estas cuestiones desde hace muchos años. La candidata propuesta tiene un currículum brillante.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora SERRANO JIMÉNEZ: Sí, termino enseguida.


Ha accedido a la Función pública por los principios de transparencia, igualdad, mérito y capacidad. Lleva treinta y cuatro años de servicio. Ha defendido la normativa que se aplica a la Oficina de Conflictos de Intereses y hasta ahora no
ha tenido ninguna tacha en ninguno de los expedientes que ha tramitado. Por tanto, dejemos que haga su trabajo como lo viene haciendo hasta ahora, y trabajemos porque haya transparencia y buen gobierno en todas las administraciones públicas y en
todos sus ámbitos para que no haya ningún caso por el que sonrojarnos o abochornarnos. Bienvenida a esta casa para dar explicaciones y que las señorías que aquí estamos representadas podamos hacer la función de controlar al Gobierno, y pedirle
cuantas explicaciones sean necesarias una vez que su nombramiento sea efectivo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Susana López Ares.


La señora LÓPEZ ARES: Muchas gracias, señor presidente.


Señora López Laguna, bienvenida al Congreso de los Diputados porque, como bien ha mostrado en su exposición y presentación, lo importante de las reformas que introdujo el Partido Popular en materia de transparencia, de buen gobierno y
también en el nombramiento de altos cargos, es que precisamente esta oficina tenga esa relación directa, como otros reguladores, con el Congreso de los Diputados en esa tarea, no fácil y no sencilla, de controlar el buen desempeño de sus funciones
por parte de los altos cargos y de los funcionarios públicos. Como bien establece la ley, el nombramiento de los altos cargos establece la condición de idoneidad; idoneidad que se entiende por una parte en la formación, criterio que usted

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cumple; en la experiencia, que también cumple; y luego hay otras dos condiciones que nosotros entendemos que son fundamentales y que usted ha demostrado que ha venido cumpliendo en los últimos años, que son la objetividad y la
independencia. Esta oficina no funcionaría si la persona que desempeña su máxima responsabilidad no cumpliese esos fines de objetividad e independencia. Los legisladores, el Congreso de los Diputados, lo que tendremos que hacer es proporcionar las
herramientas para que usted pueda llevar a cabo de una forma más eficaz y mas eficiente su labor. En ese sentido, quiero recordar al portavoz de Ciudadanos que yo también soy miembro de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, y desde el Gobierno
y el Partido Popular algo habremos hecho bien cuando hemos sido capaces de detectar que las cuentas de Ciudadanos no representan una imagen fiel y no han sido aceptadas por el Tribunal de Cuentas. Algo se habrá avanzado en la lucha contra la
corrupción y en la transparencia de los partidos políticos y de los altos cargos.


En cuanto a la comparecencia que tenemos hoy, me gustaría hacerle algunas preguntas. La honorabilidad es uno de los elementos a los que usted ha hecho referencia y aparece perfectamente recogido en el artículo 2 de la ley. La honorabilidad
es algo difícil de definir, si bien en la ley se establece cuándo una persona cumple la condición de honorable, una cosa es esa definición y otra lo que podemos considerar como comportamientos honorables cuando alguien accede a un cargo público. Lo
planteamos como posible propuesta para ser tenida en cuenta por quienes tenemos la obligación de legislar para mejorar el ejercicio del alto cargo. Voy a explicarlo con ejemplos. Ahora mismo tenemos un Gobierno que lleva prácticamente cien días, y
nos hemos encontrado con un ministro que ha dimitido por estar condenado por fraude fiscal. Eso era un hecho cierto y se conocía que había una sentencia de condena por fraude fiscal. También nos hemos encontrado con una ministra que ha tenido que
dimitir por mentir, se miente en el momento en que se miente, pero previamente parece ser que había ciertas irregularidades en su currículum, cuando los altos cargos tienen que poner a disposición de la ciudadanía ese currículum. ¿Qué podemos hacer
para evitarlo? Otro ejemplo, una ministra que antes fue consejera, como la ministra de Hacienda, y que en un currículum previo había puesto que tenía una formación de master que no era tal. ¿Cómo podemos evitar esas situaciones? ¿Y qué podemos
decir de las incompatibilidades antes, durante y después? Ahora estamos viviendo día a día, cada día con mayor sorpresa, la situación en la que se encuentra la ministra de Justicia respecto a su actividad previa, con lo cual podemos tener un
posible conflicto de intereses en ese periodo de ejercicio previo, aparte ya de comportamientos honorables o no, de opiniones sobre trabajar con mujeres o sobre la condición sexual de compañeros, primero, en su actividad anterior y ahora en el
Gobierno. ¿Cómo podemos ir mejorando todo esto para evitar situaciones bochornosas como las que estamos viviendo en estos momentos? O por ejemplo, el caso de otra ministra, la de Transición Energética, y su incompatibilidad familiar en tanto en
cuanto una persona próxima parece que está en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, incluso firmando informes que tienen que ver con el ejercicio de su cargo en ese ministerio. O por último, y finalizo, señor presidente, la propia
situación del presidente del Gobierno, ya no voy a entrar en tesis, no tesis, libro o no libro, plagio o no plagio, voy a entrar en si se utilizó información privilegiada de un ministerio para realizar esa tesis doctoral o, por ejemplo, en la
utilización de fondos públicos, que es otra cosa que aparece dentro de los compromisos del alto cargo. Me refiero a la austeridad que se recoge en el artículo 3.1 y también a la justificación de la utilización de recursos humanos y transporte, pues
estamos viendo que utiliza un avión para ir a Castellón, y ahora parece que ha utilizado un helicóptero para ir a la boda de un cuñado, pero cuando preguntamos por ello nos dicen que es información reservada. Es definitiva, qué podemos hacer desde
esta casa donde estamos los que tenemos la obligación de generar las normas para facilitar que desaparezcan estos comportamientos bochornosos, y desde el puesto que usted va a desempeñar qué propuestas tiene usted para evitar este tipo de
comportamientos o prevenirlos, que es la función de esta oficina.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Voy a dar la palabra a doña Flor María López Laguna para contestar a las preguntas que le han formulado los representantes de los distintos grupos parlamentarios.


La señora LÓPEZ LAGUNA: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero agradecer a sus señorías las intervenciones, haberme prestado atención y, en particular, las amables palabras de reconocimiento respecto a esta compareciente. En segundo lugar, me

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gustaría dar respuesta a todas las cuestiones que son interesantísimas, pero me va a ser imposible porque tengo un límite de tiempo, sin perjuicio de que luego bilateralmente se puedan responder.


Hay algunos temas que sí me gustaría plantear muy brevemente. Nosotros aplicamos la legislación, la que hay, las leyes son perfeccionables, pero nosotros aplicamos rígidamente lo que hay. Respecto a los casos de incompatibilidad o cese que
hemos dado, ¿por qué hay tan pocos? Pues porque los altos cargos saben perfectamente sus obligaciones y nos llaman y preguntan si se puede o no se puede hacer. Y lo que saben que no se puede hacer, ya saben que esa vía profesional no la pueden
seguir. Hace poco hemos denegado alguna compatibilidad. No voy a entrar en la nominación de nadie porque me parece que sobra, pero siempre hemos actuado de acuerdo a la normativa. Respecto al informe del Tribunal de Cuentas de hace unos años,
efectivamente fue un informe muy importante, muy interesante, y no dijo que no habíamos verificado, dijo que nuestra actuación se adecuaba totalmente a la legalidad, y algunas observaciones o recomendaciones que nos propusieron, evidentemente
estamos en ello y se han mejorado con la nueva legislación.


Otro de los temas que se plantea es si nosotros hacemos actuaciones de oficio. Sí, hacemos actuaciones de oficio cuando, por ejemplo, encontramos en el Registro Mercantil unas declaraciones de bienes o actuaciones que puedan dar lugar a un
procedimiento sancionador. Concretamente, conforme a la Ley de 2006 se han incoado 21 procedimientos sancionadores, algunos de los cuales se han publicado en el Boletín Oficial del Estado. Por supuesto, hemos informado de esto al Congreso de los
Diputados porque cada seis meses incluimos en esos informes qué procedimientos hemos incoado, cuáles hemos resuelto. Y esta información no solamente está aquí en las Cámaras, también está publicada en el portal de transparencia, o sea, sí que
hacemos un informe sobre este asunto.


Respecto a la honorabilidad, aparte de que la ley sí dice lo que es la honorabilidad, pues no haber sido separado por expediente disciplinario, etcétera, nosotros hacemos lo que la legalidad nos exige, no utilizamos conceptos que exceden de
la normativa porque ahí sí entraríamos en juicios de valor que son peligrosos. La oficina se dedica a conflictos de intereses en relación con la profesión, y con otros parámetros entraríamos ya en una valoración no jurídica, que es lo que yo
rechazo como funcionaria y como licenciada en Derecho porque creo que es lo que garantiza la igualdad. Respecto a la independencia también me han preguntado si he recibido alguna orden. Jamás en la vida, pero no solamente yo, es que los
funcionarios por definición, porque así lo establece la Constitución, solamente estamos sometidos al ordenamiento jurídico, por eso tenemos estabilidad en el empleo, porque tenemos que decir que no y, de hecho, decimos que no. No obstante,
intentaré de verdad, por supuesto, que estén orgullosos de mi gestión, y quedo a la espera de cualquier otra consulta que quieran ustedes plantear a la Oficina de Conflictos de Intereses.


Muchas gracias por su atención.


El señor PRESIDENTE: Muy bien. Cumplido el trámite con todas las explicaciones y también su ofrecimiento para ampliarlas en un momento determinado, cuando algunos de los diputados que han intervenido y han solicitado información quieran
hacerlo, damos por terminada esta Comisión. Quiero agradecer a doña Flor María López Laguna su comparecencia aquí y desearle de verdad, sinceramente, mucha suerte. Experiencia y capacidad ha demostrado, así que viene bien la suerte que siempre
conviene tener y creo que estamos en buenas manos. No obstante, la capacidad de nombramiento la tiene quien la tiene, pero en nombre de toda la Mesa y de la Comisión le deseo toda la suerte.


Muchas gracias. Se levanta la sesión.


Eran las doce y cincuenta y cinco minutos del mediodía.