CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2016 XII LEGISLATURA Núm. 44

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALBERTO MONTERO SOLER

Sesión núm. 3

celebrada el miércoles,

16 de noviembre de 2016

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


- Sobre el establecimiento de un techo salarial vinculado al salario mínimo en relación de 1:12. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 161/000068) ... (Página2)


- Sobre la adopción de medidas laborales para luchar contra la brecha salarial entre hombres y mujeres. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000146) ... (Página7)


- Sobre la homologación de la renta agraria y del subsidio agrario en un sistema especial agrario, más ágil, que elimine discriminaciones y garantista de los derechos de trabajadores/as del medio rural. Presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000444) ... (Página13)


- Sobre la definición del régimen jurídico de los empleados de las entidades públicas empresariales, con especial consideración al caso de la Empresa Agraria de Transformación, S.A. (Tragsa). Presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos. (Número de expediente 161/000481) ... (Página20)


- Relativa a incrementar el salario mínimo interprofesional y para posibilitar el establecimiento de salarios mínimos de carácter autonómico o local. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000498) ... href='#(Página25)'>(Página25)

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- Relativa a priorizar el desarrollo y ejecución de la ley por la que se regula el Sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
161/000691) ... (Página32)


- Relativa a impulsar y reconocer los derechos de los trabajadores autónomos. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000692) ... (Página36)


Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UN TECHO SALARIAL VINCULADO AL SALARIO MÍNIMO EN RELACIÓN DE 1:12. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 161/000068).


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión de esta Comisión de Empleo y Seguridad Social del día 16 de noviembre. Comenzamos con el orden del día, que trata del debate y votación de proposiciones no de ley. La votación no tendrá lugar antes
de las siete de la tarde.


En primer lugar, debatimos la proposición no de ley sobre el establecimiento de un techo salarial vinculado al salario mínimo en relación de 1:12, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Defenderá la proposición no
de ley el señor Salvador, por un tiempo no superior a siete minutos.


El señor SALVADOR I DUCH: Buenas tardes, señorías. Nuestra propuesta está encaminada a intentar superar las desigualdades que se han producido en los últimos años. Concretamente, nuestra idea es la de presentar un techo salarial máximo
vinculado a una escala en relación de 1:12 con el salario más bajo. Es decir, que lo ganado por un directivo en un mes no supere lo ingresado por un trabajador de la misma empresa durante doce meses, durante un año. Esto lo demandamos para la
empresa privada, para el sector público y para cualquier empresa participada por la Administración pública. Esta iniciativa no pretende congelar el sueldo de los directivos ni evitar que lo puedan subir, sino terminar con la brecha salarial entre
directivos y empleados base, que se ha multiplicado por diez en los últimos años. El sueldo de los ejecutivos no ha dejado de crecer, mientras el del resto de los trabajadores se ha visto congelado en sus nóminas.


España es el cuarto país de Europa con mayor brecha salarial entre empleados y directivos. Según The Economist, solo por detrás de Rumania, Ucrania y Rusia, que tienen una situación peor. Así, un empleado del Estado español con un sueldo
medio necesita trabajar ininterrumpidamente siete días para ganar lo mismo que recibe el director general de su empresa en solo una hora. Si el empleado se encuentra en el tramo de salario más bajo, la diferencia se dispara, tendrá que emplearse a
fondo durante tres semanas seguidas para ingresar la cantidad que recibe su máximo jefe en apenas sesenta minutos. Por el contrario, los países más igualitarios, en los que la diferencia entre lo que ganan los empleados y los jefes es menor, son en
su mayoría aquellos países que normalmente tenemos como referentes. Es el caso de Noruega, Suiza, Islandia, Irlanda y Dinamarca. Pensamos que no es aceptable que en una misma empresa existan salarios inmorales muchas veces, mientras compañeros de
la misma empresa tienen salarios de miseria, y esto pasa. El aumento de la desigualdad que ha acompañado a una crisis económica que los trabajadores y trabajadoras no han provocado a menudo nos trae realidades sangrantes, como directivos que con
pocos días de diferencia despiden trabajadores y al mismo tiempo se suben sus propios sueldos. Por ejemplo, en el sector financiero relacionado con las cajas de ahorro y bancos ha habido directivos que, a pesar de haber hundido el sistema
financiero o de haber tenido que ser rescatado, tenían, tienen y posiblemente tendrán salarios algunas veces obscenos. De hecho, cuando presentamos esta proposición recibimos también el estudio de Oxfam Intermón y hacían la misma recomendación.
Ellos incluso son más radicales en el sentido de que piden una diferencia salarial de 1 a 10, que también es otra posibilidad. Nosotros creemos que puede ser de 1 a 12, pero es una cifra indicativa.


Para terminar, pensamos que reducir la brecha salarial entre trabajadores y directivos es una buena propuesta de cara a conseguir un mayor reparto de la riqueza, junto con otras medidas que aquí han

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salido y saldrán en el futuro. Si la riqueza está repartida, las cosas funcionan mucho mejor, como lo demuestran estas sociedades que he nombrado como referencia.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Tienen ahora la palabra los portavoces de los distintos grupos parlamentarios que presentan enmiendas. Cada una de estas intervenciones no debe superar los cinco minutos. En primer lugar, por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Vidal.


La señora VIDAL SÁEZ: Yo creo que es una proposición que evidencia algo que sabemos todos y todas y es que la crisis no ha afectado a todos por igual. Si bien para muchos trabajadores y trabajadoras ha supuesto una merma evidente en su día
a día y en sus condiciones de trabajo y de vida, hay otras clases pudientes que no se han visto tan afectadas. Es una proposición, por lo tanto, que nos instiga a presentar estas medidas para paliar la desigualdad. Lo cierto es que la economía
encadena varios trimestres creciendo y, sin embargo, la desigualdad sigue aumentando. La diferencia entre las personas con menos ingresos y las que tienen más siguió ensanchándose en 2015. Es más, la población que ya tenía menos recursos al
comenzar la crisis es la que más se ha empobrecido en los últimos años. En 2008, para estar en los dos primeros déciles -los más bajos-, había que ingresar un máximo de 6.241 euros al año; siete años después la población que está en la parte más
baja de la tabla tiene una renta, como máximo, de 4.937 euros anuales. Vemos interesante la propuesta que nos hacen a día de hoy de establecer un techo, en este caso en el ámbito salarial, pero creemos que es una medida que puede esconder algunas
trampas. En cualquier caso, el hecho de establecer una relación de 1:12 no quiere decir que sigamos teniendo sueldos de miseria; creemos que de hecho ese es el elemento más importante que tenemos que atajar. ¿Es una lucha contra la desigualdad
salarial? Sin duda. ¿Pero soluciona los problemas, en este caso, relacionados con la devaluación salarial? Probablemente, no.


Desde Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea entendemos que los tres elementos más importantes en el ámbito salarial pasan por la recuperación del poder adquisitivo, por combatir la devaluación salarial y el incremento del salario mínimo
interprofesional. Por ello, pese a que vemos interesante la proposición, presentamos varias enmiendas de adición, entre ellas el incremento del salario mínimo hasta el 60 % del salario medio, que es la recomendación que en este caso aparece en la
propia Carta Social Europea; garantizar el incremento anual del salario mínimo para que no se produzcan pérdidas del poder adquisitivo; recuperar la fuerza vinculante de los convenios, limitando así los procesos de una aplicación salarial gracias
a la última reforma laboral, así como poner fin a la estrategia económica de ganar competitividad vía la devaluación interna. Por ello avanzamos nuestro voto favorable, pero con estas enmiendas de adición.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


A continuación, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Mi grupo considera interesante la iniciativa que nos ha planteado el señor Salvador, de Esquerra Republicana. Este no es un debate que se esté planteando exclusivamente en esta Comisión, sino que es un debate que se está planteando en otros
Estados avanzados, en un contexto en el que el incremento de las desigualdades preocupa a las sociedades y a los Gobiernos. Y ese incremento de las desigualdades a menudo también tiene que ver con el incremento en las diferencias salariales. Por
tanto, no es un tema que podamos resolver de manera fácil y simple ni en un sentido ni en otro. La enmienda que formulamos desde el Partido Demócrata Catalán pone el acento en que este debate debemos trasladarlo al diálogo social. Previsiblemente,
la cuestión que se nos plantea va a exigir en algún momento la toma de medidas de carácter legislativo, de carácter regulatorio, pero el debate de esta materia en el Estado español no está suficientemente maduro para pensar que hoy el Congreso
debería instar al Gobierno a tomar esta medida y que lo razonable sería que los interlocutores sociales abriesen esa discusión.


Además, aceptando que ese problema de las desigualdades existe en el Estado español, en nuestro caso el incremento de las desigualdades hoy está seguramente más vinculado a nuestras altas tasas de desempleo y a la excesiva precarización de
nuestro mercado de trabajo, con excesiva precedencia de trabajo temporal y trabajo a tiempo parcial no deseado, que estrictamente a un problema de desigualdad

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salarial. Seguramente. Quizá ahí también nos falta mayor nivel de información para poder tener esa discusión a fondo. Hace muy poco tiempo, no en el seno de la Unión Europea pero sí en Europa, hemos vivido el debate que se ha producido en
Suiza donde una iniciativa de características similares fue sometida a una consulta ciudadana y eso provocó un importante debate, que llevó finalmente en el caso de Suiza a rechazar el establecimiento de un límite sobre los topes salariales. Por
tanto, nos falta cierta madurez en el estado de la cuestión, nos falta información, nos conviene un buen debate. En cualquier discusión que pretenda abordar las desigualdades tampoco podemos olvidar las cuestiones vinculadas a la afectación a los
niveles de competitividad de nuestras empresas. Deberíamos reflexionar si la introducción de algún tope salarial afectaría a la capacidad de la economía española de captar directivos preparados y bien remunerados de otros países y facilitar la
inversión extranjera; sobre todo en el caso de una economía como la española, en la que el reto está en pasar de una economía que ha sido competitiva por los bajos salarios a una economía que sea competitiva por el valor añadido de los bienes y
servicios que se crean y producen en España. Quizás en un país como Suiza es un debate que pertoca, Suiza es una economía abierta, integrada en la economía global de una manera muy fuerte y que produce bienes y servicios competitivos a escala
internacional. Hoy la situación de la economía española todavía no es esa. Quizás también sea un debate más propio de un país tan avanzado como Suiza que no de un estado económico de desarrollo como el que se produce en el Estado español.


Por tanto, bienvenida la discusión. La enmienda que le formulamos al señor Salvador es que este tema se remita al diálogo social. Si finalmente el señor Salvador optase por mantener su texto tal y como está, nosotros nos abstendremos en la
votación de esta PNL.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


Por el Grupo Socialista, señora Perea.


La señora PEREA I CONILLAS: Gracias, señor presidente.


El Grupo Socialista se va a abstener en esta PNL presentada por Esquerra Republicana y lo vamos a hacer porque, si bien entendemos la voluntad y el espíritu que en ella se contiene y que es la lucha contra la desigualdad laboral hecho que
por sí mismo es loable, no podemos dar un sí teniendo en cuenta que tanto en la parte dispositiva como en la forma en que se propone resulta inviable en este momento.


El Grupo Socialista ha formulado una enmienda que pretende debatir a fondo sobre este tema y de forma sosegada, ampliando el foco y el objetivo de la problemática existente y que no es otra que la desigualdad y degradación laboral -y, por
tanto, también salarial- que está llevando a la pobreza y a la exclusión social a una parte importante de la población activa de nuestro país. Estaríamos hablando, según el Instituto Nacional de Estadística, de una tasa de riesgo de pobreza de casi
un 15% de la población activa. Nuestra enmienda quiere proceder a la apertura de un diálogo social dirigido a la realización de un gran pacto sobre la reforma del modelo de gobierno corporativo, que interrelacione a los agentes económicos y
sociales desde una perspectiva de mutua colaboración y facilite la transparencia en la gestión, el uso de las buenas prácticas y los necesarios mecanismos de rendición de cuentas. Estamos hablando, por ejemplo, de un nuevo modelo de gobernanza
empresarial que refuerce el papel de las juntas de accionistas y que refuerce los mecanismos de control y supervisión sobre los gestores; de fomentar la participación de los trabajadores y trabajadoras incorporando una representación de los mismos
en los consejos de administración; de revisar las estructuras de remuneración de los altos directivos y consejeros. Hablamos también de medidas fiscales y de transparencia sobre retribuciones variables desproporcionadas en los salarios de los
directivos, o de publicar en las cuentas anuales de la empresa el nivel de dispersión salarial. En cualquier caso, consideramos que la recuperación del diálogo social debe de hacerse en el ámbito de la negociación colectiva, una recuperación que
pretenda el equilibrio entre las partes, entre empresarios y trabajadores. En definitiva, recuperar el equilibrio de las relaciones laborales que el Partido Popular, con su reforma laboral y demás normativas aprobadas e impuestas por su mayoría
absoluta, anuló, laminó o alteró literalmente.


En cuanto al ámbito público, el Grupo Socialista ya se ha pronunciado no solo en la presente legislatura, sino que también lo hizo en la X Legislatura en el sentido de adoptar medidas como, por ejemplo, la posibilidad de estudiar un abanico
salarial. Por otra parte, como ha dicho en este sentido el señor Campuzano, no siempre el tope de los salarios a un máximo puede redundar en una mejora salarial en los salarios más bajos. Lo que es seguro que se producirá en primer término será
una mejora en los beneficios

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de la empresa, pero en cualquier caso en detrimento de los trabajadores; todo ello sin entrar en los efectos perniciosos que podría tener en la imposición tributaria directa.


El Grupo Socialista es más partidario de incrementar los bajos salarios -de ahí que me remita a la proposición no de ley presentada por este grupo relativa al incremento salarial sobre el salario mínimo interprofesional- o bien incrementar
los salarios más bajos en la línea de la productividad y siempre, siempre, siempre a través de la negociación colectiva. En cualquier caso, celebramos que Esquerra Republicana realice una propuesta constructiva que pretenda la mejora social,
económica y laboral para todos los ciudadanos -y acabo- y por el interés general. De hecho, le invitamos a realizar un debate conjunto que finalice en propuestas destinadas a acabar con esta desigualdad y pobreza salarial, que yo creo que es el
objetivo común. En cualquier caso, y como hemos anunciado, si se nos admitiera la enmienda votaríamos favorablemente, pero como tenemos entendido que no se nos va a admitir, nos abstendremos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


A continuación, tienen la palabra los portavoces de los restantes grupos parlamentarios para fijar posición y por un tiempo no superior a tres minutos. En primer lugar, por el Grupo Vasco, el señor Barandiaran.


El señor BARANDIARAN BENITO: Señor presidente, señorías, no es este un debate fácil, pero tampoco creo que se esté abordando de una manera excesivamente coherente y sincera. Lo cierto es que a todos -y cuando digo a todos quiero decir a
todos, sean del color que sean- nos resulta obsceno conocer algunas veces los sueldos que han hecho públicos determinados grupos, personas o entidades respecto de sus directivos. Pero es verdad que vincular ese debate exactamente al ámbito de la
precariedad, al salario digno de aquellos que merecen tener otro salario mejor del que tienen en la actualidad, me parece un tanto excesivo, por una parte, porque, por otra, es un tanto chocante contemplado desde el ámbito del derecho laboral que,
como estudiamos en la facultad, tenía ya una vocación tuitiva y no punitiva respecto de otros. Lo digo porque, acudiendo a una mención que ha hecho el portavoz del Partido Demócrata Catalán, a mi juicio, esta es una cuestión claramente pertinente
al dialogo social, que es donde se debe de situar aquello que realmente nos resulta escandaloso en el ámbito de las relaciones y en el ámbito de las garantías mínimas que deben de contemplarse tanto de los trabajadores como de las obligaciones que
se deben de exigir al estamento empresarial. Lo cierto es que no sé si quienes lo han propuesto me podrían aclarar la cuestión, pero no sé cuantos pueden ser el número de directivos que, por decir una cifra, pueden ganar más de uno, dos o tres
millones al año, y nos escandalizamos, y con razón, frente a ello. Lo cierto es que a su vez -y anoche estuve dándole vueltas a ese tema- pensaba que en este país, en el que tan aficionados somos tanto a las controversias como al deporte para dar
por buenas unas cuantas cosas, ¿cuántos futbolistas o deportistas de alto nivel pueden estar cobrando en estos momentos más de uno o dos millones de euros como ficha fija en cualquier estamento deportivo? Frente a eso no existe una reacción social
por parte de quienes somos aficionados o participamos en cualquier otra cuestión deportiva diciendo que eso no puede ser. No lo hacemos ni creemos que afecte a otro tipo de situaciones, y ante eso callamos. Creo que esta situación merece otro tipo
de medidas que están relacionadas tanto con el diálogo social como, a partir de ahí, con medidas que deben de contemplar -al menos esa es la aportación que me gustaría realizar- la existencia de unos códigos de buenas prácticas en las empresas, que
se deben de exigir y que sí se pueden incorporar al ámbito laboral. Sobre todo hay una medida que no se ha mencionado en este foro que es la de una mayor progresividad fiscal, entendiendo que aquellos techos que actualmente existen en el ámbito
fiscal puedan ser superados hasta porcentajes muy superiores a los actuales para conseguir ese efecto que sin duda todos queremos. Pero no tengo yo muy claro que esta sea la medida más oportuna y por eso anuncio que mi voto será de abstención.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barandiaran.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Ramírez Freire.


El señor RAMÍREZ FREIRE: Muchas gracias, señor presidente.


Estoy bastante de acuerdo con lo que comentaba el señor Barandiaran. La verdad es que no creemos que el ámbito de aplicación de esta PNL sea esta Comisión, puesto que además estamos hablando de topar los salarios al alza tanto en el sector
público como en el sector privado.

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Quiero recordar también al proponente que en nuestro país ya en el artículo 5 del Real Decreto-ley 2/2012 y en la Ley 10/2014 se regulan claramente las remuneraciones en un sector que es claramente el que ha reconocido que tiene salarios por
encima de esa relación de 1:12, que es el sector bancario. Todos los bancos que de una forma u otra han sido ayudados por fondos públicos ya tienen recogidas medidas para contrarrestar esa proporción. También es sintomático ver que el proponente
en este caso, que es Esquerra Republicana, proponga una regla de 1:12 cuando el presidente de la Generalitat, que está apoyado por ellos en el Gobierno de Cataluña, tiene un salario de 145.000 euros, que supondría, para el salario mileurista del
ciudadano catalán, superar claramente esa proporción de 1:12. Entendemos además que de cara al sector público puede ser posible, incluso interesante, poder hablar de esa definición y esa relación de puestos de trabajo, donde podríamos delimitar
claramente cuáles son los salarios de los funcionarios y personal dentro del sector público. Pero la intervención por parte del Gobierno en sectores privados nos parece que va contra la libertad contractual y no la podemos apoyar de ninguna manera
ya que son los propios propietarios de esas empresas privadas, en este caso los accionistas o empresarios privados, los que determinan por qué pagan esa remuneración, ese salario, a esas personas.


Contestando al portavoz del Grupo Vasco, le puedo asegurar que hay menos de 50 personas en este país que obtengan ese salario que supere un millón de euros. El máximo salario de este país lo tiene Pablo Isla, por encima de 12 millones.
Curiosamente, conocemos muchos jugadores de fútbol que superan ese salario con menos talento que el señor Isla. Por lo tanto, no nos parece una norma para traerla aquí y creemos que es más bien de concertación, de diálogo social, y no la vamos a
apoyar en esta Comisión.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Vázquez.


La señora VÁZQUEZ BLANCO: Gracias, señor presidente.


Lógicamente el Partido Popular va a votar que no a esta proposición no de ley. Como todos sabemos, la única norma de obligado cumplimiento que tenemos en España respecto a los salarios es el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores y el
artículo 38 de la Constitución, que establece un salario mínimo y una remuneración suficiente para los trabajadores. No podemos abordar este tema desde eslóganes fáciles, no podemos abordarlo basándonos solo en los salarios del IBEX 35. Esa
información hay que sacarla, por ejemplo, de la encuesta de estructura salarial que elabora el INE y que hace una distinción entre el salario máximo, que está en 51.594,26 euros, y el mínimo, que está en 12.601 euros, con lo cual es una brecha de
22.000 euros. ¿Qué ocasionaría si aprobáramos esta iniciativa? En primer lugar, desincentivar la oferta de trabajo de los trabajadores más productivos. En segundo lugar, una pérdida de capital humano que se iría a otros países en vez de atraer
nosotros a trabajadores de alto valor añadido a nuestro país. En tercer lugar, esta medida tal y como está no afectaría al colectivo de trabajadores autónomos, que es el 70% del total, lo que podría generar distorsiones añadidas. En cuarto lugar,
produciría una fragmentación de las empresas más grandes en pequeñas empresas y la externalización de actividades para intentar que no se les aplicara y que no tuviera impacto en la productividad de esa empresa. En quinto lugar, tal y como está
formulada la propuesta, habría muchas formas de eludirla, por ejemplo, con las indemnizaciones por despido, que tal y como está propuesta no estarían recogidas.


Por último, en cuanto al sector público, piden ustedes hoy aquí que se equipare el salario de todos los funcionarios públicos. Yo tengo que decir que ya el artículo 23 del Real Decreto legislativo 5/2015, del Estatuto básico del empleado
público, establece unas retribuciones básicas conforme a unos grupos o subgrupos de clasificación correspondientes que todos los años se actualizan en los Presupuestos Generales del Estado y que es una tabla que todos conocemos, con lo cual
equiparar, cuando ya se conoce que son precisamente los funcionarios públicos los que tienen los salarios más regulados en este país, creo que es una intromisión mayor: el artículo 24 de la propia Ley 30/94 ya indicaba que el sueldo de funcionario
del grupo A no podrá exceder en más de tres veces al de los funcionarios del grupo E. Con lo cual, está más que regulado. ¿Qué pretenden ustedes con esto? ¿Hacer un régimen comunista en el que todo el mundo cobre lo mismo? ¿Y después de aprobar
la iniciativa hoy, qué pretendemos, que todos los funcionarios lleven un mandilón para sus trabajos? ¿Ese es el régimen que ustedes quieren instaurar aquí? Lógicamente, nosotros no queremos un Estado intervencionista. En ese sentido, no queremos
eslóganes, creemos que hay libertad contractual en este momento, que es la que queremos defender, y por encima de todo defendemos las responsabilidades que tiene cada funcionario público, que son

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distintas, como también lo ha sido su formación, y no estamos de acuerdo en que hoy se intente equiparar a todos los funcionarios públicos y a los directivos de empresas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vázquez.


Tiene la palabra el portavoz del grupo proponente, Esquerra Republicana, para manifestarse específicamente sobre las enmiendas o bien hacerlo al final.


El señor SALVADOR I DUCH: Antes que nada, como es la primera sesión, quisiera que me recordaran cuál sería el procedimiento. ¿Puedo decir solo sí o no o tengo algunos segundos para decir alguna cosa más? Quisiera aclararlo para todo el
mundo. Tengo la necesidad de recordar cuál es el procedimiento, cuánto tiempo tengo, si hay debate o no.


El señor PRESIDENTE: No hay debate. Simplemente se trata de fijar posición sobre las enmiendas que se le han planteado, no de volver a debatir.


El señor SALVADOR I DUCH: Ya tengo claro las enmiendas que voy a aceptar. En principio, acepto las enmiendas de Unidos Podemos-En Marea-En Comú Podem y las demás no las voy a aceptar porque se han hecho muchas cosas con un pacto y ahora
proponemos otras sin pacto. Se ha roto el equilibrio de trabajadores, directivos y empresarios de una manera que no fue pactada y queremos recuperar este espacio perdido de manera que tampoco sea pactada. Las demás enmiendas no las vamos a
aceptar.


Muchas gracias.


- SOBRE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS LABORALES PARA LUCHAR CONTRA LA BRECHA SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000146).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate sobre la proposición no de ley relativa a la adopción de medidas laborales para luchar contra la brecha salarial entre hombres y mujeres, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Defiende la
proposición la señora De Frutos, por un tiempo de siete minutos.


La señora DE FRUTOS MADRAZO: Buenas tardes.


Voy a empezar diciendo que perseguir y conseguir la igualdad no solo responde a un principio fundamental que es la no discriminación sino que es un reto para cualquier sociedad moderna; es un reto aprovechar la potencialidad económica y
social que tienen las mujeres cuando acceden al mercado de trabajo. Es verdad que tenemos un marco normativo amplio, tenemos una Constitución, tenemos tratados internacionales, tenemos el estatuto y tenemos la Ley de Igualdad de 2007 en base a los
cuales hemos ido transformando este marco normativo en mayores cuotas de igualdad. También es verdad que, de hecho, la mujer tiene un trabajo más precario, es expulsada más veces del mercado de trabajo, tenemos más tasa de desempleo, menos tasa de
actividad y una vez que accedemos al ámbito laboral somos discriminadas. Somos discriminadas cuando accedemos, somos discriminadas en la formación profesional, somos discriminadas en la promoción, somos discriminadas en las condiciones de trabajo,
tenemos más altas tasas de temporalidad, de parcialidad, y todo eso incide en que cobremos menos por el mismo trabajo que realizamos. Según los últimos estudios, las mujeres cobran entre un 15% y un 20 % menos e incluso puede llegar al 30 % en
niveles menos cualificados. Esto es un problema. Esta brecha salarial es un problema no solo cuando se trabaja, porque la mujer está sometida a una mayor exclusión social y a unos mayores índices de pobreza, sino cuando se deja de trabajar porque
esta brecha salarial influye en las pensiones, influye en las prestaciones de desempleo y además a esto se añade que las mujeres realizamos ese denominado trabajo invisible. Es decir, de 127 horas de trabajo no remunerado vinculadas básicamente al
cuidado del hogar, el 80% las realizan las mujeres. Por todas estas cuestiones, entendemos que la brecha salarial es un problema grave y que es necesario abordarlo de forma específica.


Es un problema complejo. Todos sabemos que hay discriminaciones directas e indirectas. Las directas serían recibir distinto salario por el mismo trabajo, pero la cuestión es mucho más compleja que todo eso. Lo que realmente afecta a la
brecha salarial son las discriminaciones indirectas, y las causas son muchas. Son cuestiones que parece que están olvidadas. Existen estereotipos que inciden en la configuración del puesto de trabajo y su retribución. Es decir, los propios
convenios colectivos valoran las habilidades masculinas como más valiosas a la hora de asignar la mayor retribución. Por ejemplo, se asigna una

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mayor retribución a aquellos puestos de trabajo en los que es necesaria la fuerza física. Por otra parte, existe lo que se llama segregación ocupacional, sectores de ocupación feminizados, sobre todo los que se relacionan con aquellas
cualidades o características que se vinculan a las mujeres en el hogar familiar y al cuidado de la familia. Es decir, hay sectores, como la sanidad o la limpieza, ocupados básicamente por mujeres, en que los salarios son más bajos. Por poner un
ejemplo, el convenio de sanidad tiene salarios más bajos que el convenio del siderometal, donde trabajan mayoritariamente hombres. Además de esto, está el llamado techo de cristal: las mujeres tienen dificultades aún para acceder a puestos de
dirección, a puestos que tienen un mayor nivel salarial. Por otra parte, existen prácticas laborales que perjudican a las mujeres a la hora de percibir el mismo salario que los hombres. Como comentaba antes, estamos más vinculadas al trabajo a
tiempo parcial, lo que hace que percibamos menor salario, y además la conciliación hace que accedamos menos horas al mercado laboral. Por otra parte, algo fundamental es la estructura salarial. Aún existen complementos salariales que no están
reglados y que son vinculados a la disponibilidad horaria. La existencia de estos complementos salariales hace que la mujer no acceda a puestos de trabajo que tienen estos complementos, con lo que al final el salario que percibe es inferior.


Estimamos que es necesario -por eso presentamos esta proposición no de ley- ahondar en las medidas para conseguir mayores cotas de igualdad en el acceso al mercado de trabajo, en la promoción profesional, en la conciliación, y por eso
traemos aquí, en primer lugar, la necesidad de elaborar una ley de igualdad salarial específica que aborde este problema concreto, porque hemos visto que los factores que concurren en la desigualdad salarial son complejos, extensos y van más allá de
pagar más o menos por el mismo trabajo. Creemos que es necesario -por lo que hemos señalado acerca de la estructura salarial con complementos salariales no reglados que se pagan por la empresa de una forma un poco aleatoria- que las empresas lleven
un registro que de forma desagregada ponga de manifiesto los conceptos retributivos que se están manejando en la empresa y a qué responden. Es necesario que las empresas tengan estrategias en materia de igualdad. Cualquier estrategia es buena
simplemente porque lleva a la empresa a reflexionar, a analizar y a hacer estudios sobre la situación de la igualdad en la misma. También hay que seguir profundizando en la implantación de los planes de igualdad en las pequeñas y medianas empresas
a través de la negociación colectiva. Tras la reforma laboral del Partido Popular la negociación colectiva ha quedado prácticamente deshilachada y es necesario recuperarla sobre todo en este punto. Asimismo, consideramos preciso impulsar medidas
de igualdad en aquellas empresas en las que no es obligatorio el plan; es decir, en las de menos de 250 trabajadores, y, por supuesto, incrementar las actuaciones de la Inspección de Trabajo en esta materia.


Voy a pronunciarme ya sobre las enmiendas que han presentado. En principio vamos a aceptar todas las que no desvirtúen lo que nosotros proponemos. Aceptaremos las enmiendas del Grupo Podemos y no vamos a aceptar las del Grupo Popular
porque sabemos lo que queremos en materia de planes de igualdad; es decir, tenemos una legislación en materia de planes de igualdad y lo que nosotros queremos es que se impulse a través de la negociación colectiva y que en aquellas empresas en que
no sea obligatorio dicho plan, se controlen y se impulsen medidas en materia de lucha contra la discriminación salarial. Por nuestra parte, nada más.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De Frutos.


A continuación tienen la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas, por un tiempo no superior a cinco minutos. Para la defensa de las enmiendas números 1 a 5, presentadas por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Díaz.


La señora DÍAZ PÉREZ: Gracias, presidente. Buenas tardes.


Intervengo, en primer lugar, para manifestar el apoyo a esta iniciativa que presenta el Grupo Socialista. Uno de los elementos singulares del mercado laboral español es que es, digamos, un mercado laboral que sigue siendo cosa de hombres,
en el que las mujeres pintamos poco y, cuando pintamos, lo hacemos en desigualdad de condiciones. También podríamos decir que en esta iniciativa nos encontramos ante una auténtica utopía. La OIT nos dice que, al ritmo que vamos, necesitaríamos
llegar al año 2086 para conseguir la igualdad salarial entre hombres y mujeres; ciertamente, misión imposible. Nuestro grupo parlamentario defiende una sociedad en la que tanto los hombres como las mujeres cuidemos lo mismo y, por supuesto,
ganemos lo mismo. Este es nuestro modelo social y por eso nos parece de una relevancia extraordinaria la iniciativa que hoy se trae a debate a esta Comisión. ¿Por qué queremos ganar y cuidar lo mismo? Porque las mujeres estamos hartas de
conciliar y, además, porque podemos afirmar que todas

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las reformas legislativas que se incorporan a nuestros textos legales en materia de conciliación son absolutamente fallidas. No queremos conciliar nosotras, queremos un mundo familiar o un hogar en el que seamos corresponsables. ¿Por qué?
La autora Durán -lo citaba de manera velada la señora De Frutos- señala que por cada 100 horas de trabajo precisamos 127 para el mantenimiento del Estado del bienestar, pero dice ella, tras un estudio realizado, que el 80% de esas horas son
realizadas de manera gratuita por las mujeres. Este es un sistema profundamente injusto. Pero deberíamos también incidir en conceptos que son muy importantes para el cambio político que debe propiciar esta nueva legislatura; son muy relevantes
sobre todo porque en el mundo del trabajo el concepto de trabajo sigue bebiendo de las mismas fuentes de hace doscientos años, del marchamo de la Revolución Industrial, aquellos dos siglos en los que de alguna manera se nos decía que el trabajo era
solamente aquello que era mano de obra que estaba destinada directamente para los varones y, por supuesto, las mujeres éramos las que teníamos que ocuparnos de las tareas propias de nuestra naturaleza: el cuidado del hogar, por supuesto; la
alimentación y el vestido, como señala el Código Civil, y de la prole, de los hijos y de las cargas familiares. Nosotras creemos -sobre todo desde el feminismo pero también desde la economía feminista- que hay que releer el concepto del trabajo
para desvirtuar este sesgo de género, de machismo que tienen las relaciones laborales todavía hoy a través de los salarios. Efectivamente, esto es así porque hay una visión androcéntrica y economicista de lo que es el mundo del trabajo.
Efectivamente, nosotros entendemos -se ha señalado- que hay dos factores de segregación: la segregación horizontal y la segregación vertical, pero hay dos factores que influyen de manera directa y es que todo lo que tiene que ver con la parte
variable en la retribución, todos los complementos, son arrojados contra las mujeres. ¿Por qué? No es solo el elemento que incorporaba la señora De Frutos, que puso un ejemplo, sino que hay elementos sustanciales que voy a dejar muy claros, como
son las categorías laborales. Un ejemplo palmario es el de un cristalero y una limpiadora -uno en masculino y otra en femenino-, que no podemos comprender por qué el cristalero percibe mayores retribuciones que la limpiadora. Pero no es solamente
esto, es que hay complementos, como el de peligrosidad, que se pone siempre como ejemplo, que es tenido en cuenta con mayor valoración en el caso de los hombres: el caso del manejo de maquinaria o el requerimiento del elemento de la fuerza. Y, por
otra parte, hay elementos vinculados a puestos de trabajo muy feminizados, como es el caso del sector textil -antes se citaba al señor Pablo Isla y podríamos hablar de Inditex en esta Comisión porque sería muy interesante-, y veríamos cómo ahí el
manejo de elementos altamente peligrosos, como son los químicos, no es tenido en cuenta en la valoración de puestos de trabajo para la retribución de las mujeres. Por tanto, este es un elemento central.


He hablado de las retribuciones variables, pero también está el factor del tiempo y los contratos parciales. Señala la doctrina que el rostro del trabajo a tiempo parcial en España es femenino y que cuando el trabajo parcial no es
voluntario es un factor de discriminación directa. Esto tiene que ser tenido en cuenta.


El Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea incorpora cinco enmiendas: las que tienen que ver con los elementos de información y transparencia de las variables de retribución, elementos centrales que tienen que ver con la cobertura
universal de los sistemas de atención a la infancia, a la dependencia y al tramo 0-3 de educación, siendo todo ello universal y gratuito, pero también lo que tiene que ver con la racionalización del tiempo de trabajo. Las mujeres llevamos desde los
años setenta pidiendo la racionalización del tiempo de trabajo y aquí pedimos medidas concretas para, de una vez por todas, afrontar la reducción de las jornadas laborales. Por supuesto, obviamente, lo que tiene que ver con la financiación de la
dependencia. Es una sinvergonzonería lo que estamos viviendo en nuestro país. También, la incorporación del indicador sintético para la brecha laboral. Nos parece elemental que podamos tener también sesgo de género, y la incorporación del sesgo
de género en la valoración de los puestos de trabajo, si no, será imposible. Y, por supuesto, una enmienda que tiene que ver con la dotación presupuestaria para conseguir estas medidas. Si no hacemos algo ya, las mujeres trabajadoras emitiremos un
SOS, como dice la OIT, y diremos que no queremos ser pobres y sobre todo no queremos ser discriminadas.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Ciudadanos, señor Del Campo.


El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Gracias, señor presidente.


Señorías, respecto a esta PNL, coincidimos en el análisis y en lo que dice el Partido Socialista respecto a las causas de la brecha salarial; creemos que es una realidad el tema de los estereotipos, la segregación,

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el techo de cristal, los contratos a tiempo parcial, los complementos salariales. Nos gusta la proposición no de ley en los términos en los que venía redactada. Creemos que la Ley de igualdad del año 2007 quizás no haya ido todo lo lejos
que debería haber ido en materia laboral y que puede ser necesario promover una nueva ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres. Vamos a ver cómo queda el texto con las enmiendas. Se ha dicho que iban a aceptar las enmiendas de Podemos,
vamos a ver cómo queda esto y entonces diremos si apoyamos o no.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


A continuación, por el Grupo Popular, señora Heredia.


La señora HEREDIA MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.


El compromiso del Partido Popular es avanzar hacia la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. La reducción de la brecha salarial es una de las prioridades del Gobierno en esta y en anteriores legislaturas, como también lo son el
empleo, el emprendimiento, la conciliación de la vida laboral y familiar, la corresponsabilidad y la lucha contra la violencia de género. Estamos ante una de las discriminaciones más injustas que sufrimos las mujeres, mujeres como aquella que se
levanta por la mañana, que se va a su trabajo y después de todo el día trabajando, por ejemplo en un supermercado, de lunes a sábado, a jornada completa y encima con una jornada partida -de ocho a dos y, por la tarde, de cinco a diez de la noche-,
llega a su casa y sus dos hijos ya están durmiendo -un niño de cuatro años y una niña de seis- y todavía le quedan tareas que hacer, como poner dos lavadoras o incluso preparar la comida para el día siguiente. Y cuando llega fin de mes y tiene la
nómina encima de la mesa, si la compara con la de su compañero, ve que gana menos que él. Pero si encima vive en Andalucía, en mi tierra, y compara con otra comunidad autónoma, puede ver que los andaluces sufrimos una segunda discriminación
salarial, sufrimos también la brecha salarial territorial: ganamos menos que cualquier comunidad autónoma, y pongo como ejemplo la de Madrid.


Por eso queremos aplaudir grandes iniciativas del Gobierno Popular, como la de introducir -pensando en las mujeres- ese complemento, esa cuantía en la pensión contributiva para las mujeres que hayan tenido dos o más hijos y que se aplique a
partir de este año, a partir del 1 de enero de 2017. Se trata de un 5% cuando se han tenido dos hijos, un 10% cuando han sido tres hijos y un 15% cuando se han tenido cuatro o más hijos. Es una manera de equilibrar las desigualdades entre hombres
y mujeres. Señorías, todos estamos en la misma lucha para acabar con estas diferencias; queremos más transparencia en las empresas, más información y, por supuesto, que se sigan cumpliendo las leyes, porque aquí no hay que inventar nada nuevo, las
leyes ya están, lo que tenemos que hacer es insistir en que se cumplan. Por ejemplo, el artículo 28 de nuestro Estatuto de los Trabajadores, que tacha la discriminación retributiva entre hombres y mujeres; el principio de igualdad de trato, de
oportunidades que plasma la Ley orgánica para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y, por supuesto, planes que se han puesto en marcha en 2014 y 2016 con una dotación económica de 3.127 millones de euros para luchar en sus cinco ejes
fundamentales por la reducción, eliminación y total erradicación de la brecha salarial. Esto de lo que estamos hablando se lleva trabajando muchos años, es un trabajo de largo tiempo, pero está claro que seguimos sin conseguir que se acaben estas
desigualdades. También se han firmado importantes convenios entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Asimismo se ha firmado un convenio para establecer una serie de mecanismos que
promuevan, que impulsen el cumplimiento de la normativa que ya existe. Se han marcado una serie de objetivos fundamentales, sacando convocatorias de ayuda a las empresas para que haya una serie de promociones y que se hagan planes de igualdad en
las empresas; convocatorias con una línea de ayuda, de subvenciones para aquellas empresas que tengan una plantilla de entre cincuenta y doscientos cincuenta trabajadores para que específicamente se erradiquen las discriminaciones que existen en
temas de retribución, y además con bastante contenido económico. Estamos hablando de 350.000 euros encima de la mesa en un caso y en el anterior de 800.000 euros. Ese dinero se está invirtiendo ya para cubrir esta necesidad.


También se han puesto en marcha otras acciones, como por ejemplo el distintivo de igualdad en las empresas. Ciento veintisiete empresas ya forman parte de esta red y están luchando por transmitir esto a otras empresas y que llegue la
igualdad a todos los puntos de nuestra España. En el sentido de la enmienda que planteábamos al Grupo Socialista seguimos en la necesidad de seguir mejorando. ¿Cómo? Con un acuerdo en igualdad salarial, como ya decía a la portavoz, no una nueva
norma. Nosotros no queremos una nueva ley, porque está claro que esa ley, como usted bien decía, intenta hasta regular lo que hay que hacer en la casa, las tareas de la casa, la distribución del hogar. No estamos en eso. Ahora

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mismo estamos en intentar llegar a un acuerdo para modificar las leyes que están y que no funcionan. Eso es lo que nos parece de sentido común. Además de eso, adoptar medidas para que haya un registro en las empresas y que todos sepamos
los salarios y los complementos salariales que tiene cada uno de los trabajadores; incorporar en nuestra normativa las recomendaciones comunitarias, que establecen que tienen que estar informados los representantes sindicales, que tienen que saber
todas y cada una de las distintas retribuciones que hay en las empresas. Eso tiene que estar publicado, y no solamente en las grandes empresas, sino también en las menores, en las que tienen menos de cincuenta trabajadores.


En nuestra enmienda hemos planteado cosas tan importantes como potenciar la elaboración de esos planes de igualdad ya se está trabajando durante muchos años, pero está claro que queda muchísimo recorrido, muchísimo trabajo- y seguir
coordinando con las comunidades autónomas campañas que hagan que las actuaciones de las inspecciones de trabajo sean más efectivas. Es fundamental que lleguemos, a través de todas las comunidades autónomas, a que se hagan esas revisiones; por qué
una mujer va a ganar menos que un hombre. Ese es nuestro trabajo hoy aquí y estamos en buena sintonía. Quiero agradecer a la señora De Frutos su cordialidad a la hora de trabajar esta enmienda conmigo y su disposición. Me encantaría llegar a un
acuerdo, quitando el tema de la ley, porque la verdad es que ya existen normas suficientes. Lo que tenemos que hacer es que se cumplan, no inventar cosas nuevas por hacernos una foto. Si me permite, estamos dispuestos a llegar a ese acuerdo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Heredia.


A continuación los portavoces de los grupos parlamentarios, por un tiempo no superior a tres minutos, para fijar posición.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Se nos plantea por parte del Grupo Socialista esta proposición no de ley que pretende hacer frente a la brecha salarial entre hombres y mujeres, una cuestión, como se reconoce en la propia exposición de motivos de esta iniciativa, que es
altamente compleja y que no tiene soluciones fáciles. En este sentido es bueno, de entrada, recordar que en España existe desde hace ya años, en el Estatuto de los Trabajadores, una garantía legal en esa dirección, una referencia explícita a la
necesidad de la inexistencia de diferencias entre el sueldo de hombres y mujeres. Y lo cierto es que esa referencia legal en el Estatuto de los Trabajadores hasta ahora no ha servido para terminar de resolver esa cuestión. Eso apunta a que la
respuesta en una materia como esta probablemente no está tan directamente vinculada a una modificación de carácter legislativo, sino que seguramente se exigen políticas que a medio plazo sean capaces de revertir las causas que explican esa
diferencia salarial existente. En ese conjunto de causas, en el debate de esta tarde al menos aparecen dos que a nuestro entender no son menores. Hay una causa vinculada a la no remuneración de las actividades de atención, de cuidado en el ámbito
de lo doméstico -un debate muy interesante y sugerente-, donde efectivamente se concentra un mayor número de mujeres que de hombres, que va a exigir un cambio cultural muy considerable que no vamos a conseguir por la vía estrictamente de la
legalidad. Pero existe otra realidad que explica esa brecha salarial, que es el sesgo de nuestro mercado de trabajo, en el sentido de que determinadas ocupaciones que son fundamentalmente cubiertas por mujeres a menudo son ocupaciones con menor
remuneración y, por otro lado, un amplio segmento de profesiones fundamentalmente ocupadas por hombres que tienen una mayor remuneración. Ahí se ubica buena parte de la brecha salarial existente y tampoco es fácil por la vía de la legalidad
resolver esa cuestión, hacer que aquellas ocupaciones cubiertas mayoritariamente por mujeres y donde los salarios son menores, tengan mejores salarios y haya un mayor reparto en términos de género de esa realidad. Si además le añadimos la falta de
transparencia en muchos de los complementos salariales que existen, aparecen problemas.


Por tanto, señor presidente, bienvenida sea la iniciativa. Mi grupo votará a favor de la misma, pero con un cierto escepticismo sobre si las medidas que nos plantea el Grupo Socialista nos van a permitir resolver esas tres cuestiones o al
menos dos de ellas: la segmentación de nuestro mercado laboral y el no reconocimiento monetario de las actividades de cuidado en el seno de los hogares.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Barandiaran.

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El señor BARANDIARAN BENITO: Muchas gracias, señor presidente, señorías.


Quiero en primer lugar felicitar a la proponente de esta PNL porque, como ha señalado mi antecesor el señor Campuzano, hace referencia a una cuestión respecto de la que, existiendo como existen referencias ya en el artículo 28 del Estatuto
de los Trabajadores a la interdicción, a la prohibición de la existencia de diferencias de trato laboral-salarial respecto de las mujeres y entendiendo por tales todas aquellas contraprestaciones a las que se refiere el artículo 26 del Estatuto de
los Trabajadores, no obstante hoy en día nos vemos necesitados de proponer medidas que implementen de alguna manera las que ya pueden haberse propuesto tanto en el ámbito laboral como otras a las que hace referencia la Ley Orgánica 3/2007. Quiero
decir con ello que, siendo cierto que existen en el ordenamiento suficientes normas como para que de haberse cumplido taxativamente hubiéramos podido alcanzar ese resultado, lo cierto es que tanto social como normativamente estamos aún lejos de
alcanzar ese desiderátum, ese propósito. Sobre ese particular la proposición no de ley lo que hace es señalar unas medidas concretas. Me felicito por ello porque esas medidas -y puede que algunas otras- se deberían poder contemplar en cualquier
modificación legislativa, modificación legislativa que se puede atacar directamente reformando el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores o añadiendo aquellas determinaciones que se entiendan necesarias para su realización, pero que puede
también suponer -tal y como recomienda la PNL- la necesidad de encarar dicho aspecto de la brecha salarial, que es un aspecto no solo particular sino extremadamente grave de esa diferencia de trato, lo que requeriría la existencia de una ley
particular sobre esta cuestión. Creemos que la PNL es acertada y que las medidas propuestas son necesarias; puede que alguna otra también. No nos cerramos a que pueda ser a través de una modificación del Estatuto de los Trabajadores o de una ley
particular que pueda abordar esta cuestión, pero creemos que aporta al panorama jurídico una consideración necesaria y por ello votaremos a favor.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Salvador.


El señor SALVADOR I DUCH: Nosotros vamos a votar a favor. Es de sentido común que a igual trabajo, igual salario e iguales condiciones laborales. Las cinco propuestas que ha hecho el Partido Socialista nos parecen correctas. Hay que
continuar implementando las que ya están y los instrumentos que ya tenemos para mejorar esta lacra que significa la brecha salarial y que es inconcebible e inaceptable. Nosotros combatimos cualquier brecha salarial. Y le diría a la diputada Ana
Belén Vázquez que al hecho de combatir la brecha salarial se le puede llamar socialismo, comunismo o socialdemocracia; yo lo llamo justicia social y, en este sentido, nos parece de justicia social evitar ese tipo de, digamos, escalas salariales,
que son inaceptables. El mercado no se regula solo, aunque a algunos les gustaría. La Constitución permite regular este mercado. (La señora Vázquez Blanco: Esto no puede ser, señor presidente). Regular este mercado entra dentro de las
competencias del Estado, le guste o no le guste a la diputada del Partido Popular.


Muchas gracias. (La señora Vázquez Blanco pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


¿Señora Vázquez?


La señora VÁZQUEZ BLANCO: Señor presidente, quisiera intervenir por alusiones. Yo creo que es bastante inusual que en el debate de una iniciativa se responda a la iniciativa anterior. Usted no lo tenía que haber permitido pero, como lo ha
permitido, pido la palabra por alusiones hacia mi persona, lógicamente.


El señor PRESIDENTE: Proceda.


La señora VÁZQUEZ BLANCO: Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Por un minuto máximo.


La señora VÁZQUEZ BLANCO: Me sobra. Simplemente quiero decir que no es igualdad ni justicia salarial el que personas con distinto esfuerzo y responsabilidad cobren lo mismo. Eso es comunismo. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Muy bien.

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Continuamos y tiene la palabra la portavoz del grupo proponente, la señora De Frutos, para manifestarse sobre las enmiendas presentadas. Puede hacerlo ahora o al final, antes de la votación.


La señora DE FRUTOS MADRAZO: De Podemos voy a aceptar todas, excepto el párrafo que dice: aplicación de jornada máxima durante cinco horas por ley, es decir, excepto el párrafo que habla de las treinta y cinco horas semanales de jornada.
De Ciudadanos, voy a aceptar la segunda, siempre que nos apoyen; si no, ninguna, porque lo que dicen ellos va ya implícito en lo que es un plan de igualdad. Y del Partido Popular, si también se abstienen o nos apoyan, les aceptaré la que hace
referencia a la recomendación comunitaria sobre registrar la jornada. Lo concerniente a la Ley de Igualdad es indiscutible para nosotros.


El señor PRESIDENTE: Si pueden elaborar un texto transaccional de aquí a la votación, sería más cómodo para todos.


- SOBRE LA HOMOLOGACIÓN DE LA RENTA AGRARIA Y DEL SUBSIDIO AGRARIO EN UN SISTEMA ESPECIAL AGRARIO, MÁS ÁGIL, QUE ELIMINE DISCRIMINACIONES Y GARANTISTA DE LOS DERECHOS DE TRABAJADORES/AS DEL MEDIO RURAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000444).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, sobre la homologación de la renta agraria y del subsidio agrario en un sistema especial agrario más ágil, que elimine discriminaciones y garantista de los derechos de
trabajadores del medio rural. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Tiene la palabra el señor Cañamero para su defensa, en tanto que proponente, por un tiempo no superior a siete
minutos.


El señor CAÑAMERO VALLE: Buenas tardes.


Sobre el tema que planteamos hoy tengo que decir que o se conoce o cometemos errores todo el mundo. Voy a intentar explicarlo para que no se venga con el voto ya decidido por imperativo de los partidos, sino simplemente para reflexionar
sobre lo que está pasando o lo que ha pasado en estos últimos años en Andalucía y Extremadura, y conocer esta realidad. Sé que a lo mejor a algunas personas esto les suena lejano, pero la realidad es que voy a hablar de la situación de medio millón
de personas en Andalucía y de otros 50.000 en Extremadura. Estamos hablando de que el 80% de los jornaleros de toda España vive en esos dos territorios. Cuando se habla del PER o del subsidio, como no se entiende, empieza a sospecharse de que se
trata de la sopa boba, del voto cautivo, de los que no quieren trabajar, de la gente de la pandereta, pero yo, que he sido jornalero hasta el día 26 de junio y que también he tenido la suerte de ser durante diez años alcalde en un pueblo rural,
conozco esto perfectamente bien.


Lo que quiero hacer es explicar qué ha pasado, porque mucha gente desconoce la realidad de Andalucía y Extremadura, el porqué los jornaleros tienen lo que todo el mundo conoce como el PER. El PER tiene tres patas: cursos de formación,
subsidio agrario y planes de empleo en los ayuntamientos. Pero todo el mundo conoce el PER y el PER no es casi nada. Trabaja la gente dos o tres días al año. Eso es el PER, para que se entienda. Pero también se culpa en Andalucía a un
determinado partido político por haber inventado eso para obtener el voto cautivo, y tampoco es razonable porque no es cierto. ¡Si el PER lo inventó la Dictadura en el año 1971! ¡A ver si nos enteramos! ¡Año 1971! El Gobierno de Franco inventó el
empleo comunitario en el año 1971. ¡Para que se entienda esto! ¿Por qué en el año 1971 se inventó esto? Porque la mecanización se introdujo en los años sesenta: 50.000 tractores, 36.000 cosechadoras, etcétera. El escape que tenían en Andalucía y
en Extremadura era la emigración a Cataluña, al País Vasco, a Valencia, a Madrid y a Europa, pero a partir del año setenta se cortan las emigraciones, no hay válvula de escape y se encuentra una bolsa de trabajadores en Andalucía y en Extremadura
sin salida y los grandes propietarios de tierra, temiendo lo que podía pasar, con la mirada puesta en sus tierras -el 2% de los empresarios controlan el 50% de la tierra-, son los primeros que dicen al Gobierno de la Dictadura que hay que dar una
solución a los jornaleros y por eso se inventa el empleo comunitario.


¿Cómo se inventa el empleo comunitario? Como apagafuegos, como orden público para paralizar un poco la lucha de los trabajadores del medio rural. Incluso yo recuerdo Lebrija, La Rinconada, Palma del Río, Trebujena, El Coronil, Marinaleda,
que eran los pueblos que obtenían las subvenciones del empleo comunitario, pero eso se extendió, cada vez había más gente y más lucha y al final se llegó a un acuerdo

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con el Gobierno de la UCD, con el señor Suárez, de cuatro días de empleo comunitario para todos los parados de Andalucía y Extremadura en el año 1980; cuatro días de trabajo para todos. Pero eso era insuficiente, cuatro días de trabajo,
poco dinero, los ayuntamientos no tenían recursos ni para material, etcétera, y esto aumentó un poco la movilización. En el año 1982, cuando el PSOE gana las elecciones con 202 diputados, Felipe González pone en marcha lo que se llamó el PER, el
Plan de empleo rural, curso de formación ocupacional y el subsidio agrario. En aquel momento se exigían 120, 90 y 60 peonadas. Eran una serie de normas que hacían muy difícil que los trabajadores pudiéramos acudir a ello.


Esto ha cambiado a lo largo de todo este tiempo, año 1992, año 1994, incluso cuando llegamos al año 2002 el Partido Popular intentó cambiar el subsidio agrario y se inventó lo que es la renta agraria. Renta agraria y subsidio agrario.
Paralizaron el subsidio agrario para que no entrara nadie más y que este subsidio al cabo del tiempo fuera disminuyendo y muriendo porque nadie ya puede entrar en el subsidio agrario y se inventó la renta agraria, muy similar, lo que pasa es que la
puso simplemente por seis veces en su vida laboral. La renta agraria solamente se podía cobrar en Andalucía y Extremadura seis veces. Cuando el Partido Popular pierde las elecciones llega otro partido y dice que la renta agraria la hacemos
indefinida para que la puedan cobrar siempre. La renta agraria y el subsidio agrario son dos sistemas muy parecidos, la única diferencia que hay es que los mayores de cincuenta y dos años no pueden cobrar los trescientos días -esa es la única
diferencia- y que necesitan jornales los mayores de cincuenta y dos años hasta la edad de jubilación.


¿Pero qué ha pasado en Andalucía en todo este tiempo? La verdad es que a partir de los años 2002, 2003 y 2004 con el bum de la construcción todo el mundo se fue a ese sector a ganar un poquito más que en el campo porque el campo es muy duro
y además se pagan bajos salarios. ¿Qué es lo que pasó? ¿Ese vacío quién lo empezó a ocupar? Trabajadores de Europa del Este, de Polonia, de Rumania, de Bielorrusia, de Hungría, de Bulgaria y también de la parte sudafricana. Llegan miles de
trabajadores a Andalucía sobre todo para las recolecciones en los invernaderos de Almería, de la fresa en Huelva y del olivar en Jaén y Córdoba. De ahí llegan todos esos inmigrantes. Pero cuando la crisis económica explota, resulta que otra vez
volvemos a esta gran fábrica sin techo, a cielo abierto, que es el campo andaluz. ¿Y qué es lo que ocurre? Que venimos todo el mundo al campo andaluz a ver si encontramos un jornal. Los inmigrantes se han quedado, los que estábamos nos hemos
quedado y los que han llegado de la construcción han vuelto otra vez a su fábrica y no hay jornales. Y como no hay jornales, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente se ve obligada a tener que mendigar, pedir y comprar jornales. Porque ustedes saben
que en el régimen general tú te das de alta hoy y resulta que para darte de baja tiene que ir el empresario a la Seguridad Social cuando quiera darte de baja. Si te da de baja al mes, tú has estado trabajando todos los días, pero en el campo no es
igual. En el campo te das de alta a primeros de mes y el empresario te dice las peonadas que tú has echado reales del 1 al 6 del mes siguiente.


¿Qué es lo que ocurre ahora mismo en el campo? Que, como no hay jornales, la gente va a trabajar por lo que le paguen y por lo que le den. ¿Quiénes son los perjudicados? Las mujeres y los jóvenes mayormente. Además, la gente depende del
empresario que le quiera firmar unos jornales y depende del alcalde de turno que le quiera meter uno, dos, tres o cuatro días en las obras del PER, que también le valen para juntar las peonadas. No hay jornales. Si yo dijera aquí -alcalde que soy
de un pueblo- que más de dos millones de jornales se compran -repito, se compran-, no hay ni un solo alcalde ni del PSOE ni del Partido Popular que gobierne un ayuntamiento del medio rural que no esté de acuerdo con lo que estoy planteando. Se lo
aseguro y, si no, me pongo en una plaza delante de los jornaleros a ver si lo que estamos hablando no es verdad. Sí, los jornales ahora mismo en el campo andaluz no tienen sentido y, además, los subsidios no están vinculados a los jornales, no es
un desempleo contributivo. Cuando es un empleo contributivo, en tu nómina te descuentan para que al año tengas derecho a los cuatro meses de desempleo, pero los subsidios son como la ayuda a la dependencia, son como una ayuda. ¿O es que no ha
habido reconversión en Asturias o en el País Vasco o no ha habido reconversiones en otros lugares donde también se ha tratado a los trabajadores? La reconversión del campo andaluz y extremeño, esas fábricas nuestras... ¿por qué no tenemos que
tener ese derecho? Lo que estamos planteando es una medida -y no sé el tiempo que tengo-.


El señor PRESIDENTE: Tiene que ir concluyendo ya.


El señor CAÑAMERO VALLE: Concluyo, porque se me va el tiempo.


Las medidas son claras. Lo que planteamos no es una medida ni de izquierdas ni de derechas -que a nadie se le olvide-; es una medida sensata, honesta, para dignificar la vida de la gente. La gente lo ha

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dado todo. ¿Saben lo que es que un trabajador vaya a las doce de la noche, escondido, en busca de un alcalde para que lo meta a trabajar? ¿Saben lo que es ir en busca de un empresario a su casa, llamar a la puerta y decir: por favor,
fírmame unos jornales que no puedo cobrar los 425 euros?


El señor PRESIDENTE: ¿Puede ir concluyendo?


El señor CAÑAMERO VALLE: Lo que planteamos es un sistema que respete y dignifique la vida de los jornaleros; un sistema que incentive el trabajo; un sistema que evite el fraude y un sistema que ingrese a la Seguridad Social un montón de
millones de euros que no están entrando en la Seguridad Social.


Termino con esto. Lo que planteamos es que el subsidio agrario no esté vinculado a los jornales, pero, al mismo tiempo, se incentive a aquellos que quieran o que trabajen más, que tengan un poquito más de ingresos. Eso incluso nos lo
aceptó ya el ministro de Trabajo, el señor Zaplana, cuando gobernaba, la renta agraria. Que cuanto más se trabaje haya más ingresos.


El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor, señor Cañamero.


El señor CAÑAMERO VALLE: Esta es la propuesta que plantea nuestro grupo.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Tienen la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas. En este caso, se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular y una enmienda in voce, de viva voz, por el Grupo
Parlamentario Socialista.


Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor Barrios, por un tiempo de cinco minutos.


El señor BARRIOS TEJERO: Muchas gracias, presidente.


Ya hemos oído al señor Cañamero el relato que nos ha hecho sobre el conocido PER, el Plan de empleo rural, que parece ser que los inicios fueron como un empleo comunitario, allá por el año 1971. Lo que no le he oído decir es lo que plantea
su propuesta realmente, porque lo que dice es lo siguiente: Lo que planteamos en la propuesta es la unificación de estos dos sistemas existentes, subsidio y renta agraria, en uno solo. El nuevo sistema tiene como principal objetivo la eliminación
del requisito de la acreditación de un número mínimo de jornadas reales para tener derecho al subsidio especial agrario. Lo que se pide, a nuestro juicio, hace que este subsidio pierda un poco su razón de ser y se encuadre dentro de otras ayudas.
Si hay gente necesitada, debería ser a través de ayudas sociales, que correspondería a las comunidades autónomas donde se tramitaran y no un subsidio con cero jornadas de acreditación, es decir, que no correspondería al trabajo realizado.


También dice esta PNL que quieren facilitar el acceso al régimen especial agrario ampliando de los 365 días actuales a los 24 meses la acreditación de las treinta jornadas necesarias para estar incluido en este régimen especial. Esto
aumentaría el problema porque si estamos hablando de un régimen especial en el que es necesario dar subsidios porque no hay jornadas para todos, cuanto más tiempo tengamos para acreditar estas treinta jornadas más gente habrá en este régimen y, por
lo tanto, más problema va a haber para todos, sobre todo para los que están en este régimen. Por otro lado, en el apartado 4 lo que nos proponen sobra porque ya está vigente, es decir, la exclusión del régimen por impago de cuotas. En el apartado
5 nos habla del cómputo de las jornadas realizadas en el extranjero. Eso no se computa en ningún régimen, ni en el especial agrario ni en ninguno a efectos de inclusión en el RETA. Sí se computan para otras cosas, para efectos de pensiones y
demás, pero no a efectos de inclusión. En cuanto al establecimiento de una pensión mínima, eso ya existe. En nuestro país en todo el sistema de la Seguridad Social aquel beneficiario que tiene derecho por la edad y por las cotizaciones a su
pensión, cuando la solicita, si por falta de cotizaciones no llega a los mínimos, todos los años la Ley de Presupuestos Generales del Estado lo que hace es establecer unos mínimos para todo el sistema, también para el régimen especial agrario. Por
tanto, para aquel que no llega al mínimo existen unos complementos en función de su situación particular, si tiene hijos a cargo o no, que los cobra con el fin de llegar al mínimo. Por tanto, esta petición también entendemos que sobra porque ya
existe.


Por último, en cuanto a la propuesta que hace para los casos de invalidez, este es el único régimen que admite que todos los trabajadores del antiguo REA mantengan este privilegio de estar de alta en periodos de no actividad. En el resto de
los regímenes no es posible. Aquí sí es posible y, por lo tanto, ya tienen derecho a prestaciones como la maternidad, la paternidad, la incapacidad permanente o muerte y supervivencia derivadas de contingencias comunes; también la jubilación, es
decir, aquel trabajador que

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llega a su edad de jubilación y no está activo, en otros regímenes no tendría derecho al acceso a la jubilación y aquí sí. Lo que no puede ser es que se considere también la incapacidad temporal dentro de este paquete porque la incapacidad
temporal es un concepto totalmente distinto. La incapacidad temporal tiene el carácter de renta sustitutoria de los ingresos del trabajo, por lo que si es un periodo de no actividad no hay ingresos de trabajo, por lo que no hay ninguna renta que
sustituir, no sería posible.


Por lo que he expuesto y por otras razones más, no podemos apoyar esta PNL porque no soluciona los problemas del campo andaluz, sino más bien lo contrario, los potenciaría. Estas modificaciones no van a solucionar este problema latente
desde hace ya algún tiempo. Es un problema que hay que atacar de otra forma, no a base de subvenciones, por ejemplo, con la diversificación de la mano de obra en el campo, pero para eso hace falta que se apliquen correctamente las políticas activas
de empleo, que corresponden y están a cargo de las comunidades autónomas, en este caso la andaluza y la extremeña. A nuestro juicio, lo que hace la propuesta es crear adeptos a un sistema que ha fracasado en todo el mundo, la subsidiación. No es
mejor gobernante quien facilita subsidios, sino quien facilita trabajo. Nuestra línea es facilitar trabajo, no subsidios. Los subsidios serían únicamente para aquellos casos en los que se han explorado otras vías o situaciones especiales en las
que no hay más remedio. Lo que no podemos hacer es aprobar una PNL y creer que es normal lo que debe ser extraordinario. No puede ser normal estar subsidiando eternamente a un sector, hay que buscar otras alternativas.


Nosotros no creemos que sea bueno aprobar una propuesta que lo que va a hacer es condenar a los jóvenes andaluces y extremeños a que vivan dependiendo de un subsidio. Hay que facilitarles el camino de otra forma, para que puedan desarrollar
un proyecto de vida con un empleo digno y de calidad y que les permita desarrollarse como personas. Esa es la línea en la que vamos. No obstante, y mientras sean necesarios estos subsidios, nosotros hemos presentado una enmienda con el fin de
flexibilizar e ir mejorando el sistema y seguir incrementándolo ya que en los últimos años se ha gastado un 6% más que en años anteriores. Ustedes tienen la enmienda. En ese sentido, lógicamente apoyamos a todos estos trabajadores del campo
andaluz mientras se buscan otras salidas que, como decía, tienen que ser distintas y no únicamente a base de subsidios.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barrios.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Serrano.


La señora SERRANO JIMÉNEZ: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.


Estamos ante una iniciativa del Grupo Podemos, que ha sido presentada por el señor Cañamero, que, si nos atenemos al título de la misma, es desde luego plausible. Desde las fuerzas políticas de la izquierda abogamos por tratar de proteger a
los trabajadores y mejorar las condiciones y derechos de los mismos, como no puede ser de otra manera, y de los trabajadores agrarios en particular, que es el objeto de esta iniciativa.


Si nos adentramos en esta iniciativa, en esta proposición no de ley, desde el Grupo Socialista no podemos compartirla en la forma, aunque sí en el fondo. Estamos de acuerdo en mejorar la situación de los trabajadores eventuales agrarios,
pero no en la forma en la que el Grupo Podemos presenta esta proposición. Esta iniciativa mezcla fuentes de financiación con protección social, con prestaciones, con pensiones, sin embargo, no podemos atender a todas estas cuestiones tan
importantes y tan de fondo de una manera tan liviana como propone esta iniciativa. Estamos de acuerdo en que hay que mejorar, claro que sí, pero no de esta manera, sino tratando de consensuar y tratando de ver de una manera integral todas las
cuestiones que se presentan en esta iniciativa. Se trata de una reforma profunda, no solo del sistema de protección por desempleo, sino también de la normativa de Seguridad Social para los eventuales agrarios que, como usted sabe, señor Cañamero,
está en proceso de transición en el régimen general. Lo que usted propone es de tal calado que es necesario acordarlo en el seno del Pacto de Toledo, como ocurrió con la Ley 28/2011, por la que se procedió a la integración del régimen especial
agrario en el régimen general de la Seguridad Social. ¿Acaso, señor Cañamero, pretende usted abordar cuestiones de Seguridad Social, de cotizaciones y, por tanto, de pensiones al margen del consenso del Pacto de Toledo? ¿Pretende regular estos
temas sin el consenso con las fuerzas políticas que componen en estos momentos esta Cámara y con los agentes económicos y sociales? Si hemos criticado al Partido Popular por querer regular estas cuestiones y otras sin consenso, ahora no debemos
actuar en esa línea, debemos ir al consenso y al diálogo.

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Señorías, soy cordobesa, concretamente de Baena, el pueblo del olivar y del aceite. Conozco muy bien la realidad del sector agrario y de sus trabajadores y sé de la problemática cada vez más acuciante de los mismos, de no encontrar empleo,
de no encontrar tajo. Factores como la mecanización, la climatología hacen cada vez más difícil para muchos hombres y, sobre todo, para miles y miles de mujeres encontrar un empleo en cualquier campaña agrícola, más concretamente en la campaña de
la aceituna. Para todos los jornaleros la situación es injustamente complicada y, por si fuera poco, está la amenaza que siempre está sobrevolando sobre el Plan de fomento al empleo agrario, el antiguo PER. Quien conoce la realidad del mundo rural
sabe lo que han supuesto estos planes de empleo en cuanto a fijación de la población en el territorio y a la mejora y rehabilitación de infraestructuras y de edificios en nuestros pueblos. Las críticas de quien no conoce la realidad del territorio
rural denotan habitualmente insensibilidad, que es lo que caracteriza al Partido Popular, que casi nunca ha sido sensible a las problemáticas del campo en general y, más concretamente, a las problemáticas del campo andaluz y extremeño en particular.
Atacó el subsidio agrario introduciendo la renta agraria con un recorte en la prestación por desempleo en la época de Aznar, con un andaluz, el ministro Javier Arenas, dándole además un hachazo inicial importante, pero ahora le quiere dar la
puntilla Mariano Rajoy con otra andaluza, la ministra Fátima Báñez, no fijando planes extraordinarios de empleo, a pesar de las circunstancias socioeconómicas, no incrementando los fondos del PFEA, es decir, imponiendo la muerte por inanición del
mismo. Es hora de poner fin a esta falta de sensibilidad, mejoremos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras del campo, de donde proceden, y contando con la opinión de todos vayamos por tanto al seno del Pacto de Toledo, planteemos una
mesa de negociación entre sindicatos, ministerio y las comunidades autónomas y también los ayuntamientos representativos.


Mientras tanto, muchos son los aspectos que podríamos mejorar, sobre todo desde el Gobierno, a instancias de este Congreso. Es lo que se pide en las diferentes iniciativas que ha presentado mi grupo, alguna ya debatida, como las que se
debatieron el pasado 5 de octubre en esta misma Comisión de Empleo, donde se pedía la eliminación o la reducción de las peonadas para este año, para esta campaña. Y además, se pedía que se introdujeran cuestiones tan importantes como los planes de
empleo de los ayuntamientos, de las diputaciones, de las comunidades autónomas, y que contaran esas peonadas para el subsidio o para la renta agraria. Yo, como le decía, conozco muy bien esa realidad y no comparto con usted que hoy día muchos
jornaleros estén pidiéndoles a los alcaldes que les den las peonadas sin ningún tipo de criterio. Que las piden, sí; pero sin ningún tipo de criterio, no. Los ayuntamientos, por lo menos los ayuntamientos socialistas, tienen criterio a la hora de
emplear a los trabajadores y a la hora de emplear a los jornaleros. Y también hay que crear planes específicos para las mujeres trabajadoras del campo, pero la problemática de la mujer rural no se despacha en un párrafo de una exposición de motivos
de una iniciativa como la que usted ha traído aquí ahora, es mucho más grave, y este grupo parlamentario al que represento también ha registrado una iniciativa específica para que se aborde la problemática de la mujer rural y, en concreto, de la
mujer andaluza y extremeña.


En definitiva, hay que seguir trabajando, pero de manera ordenada, presentando las iniciativas como ha hecho mi grupo y, desde luego, buscando el consenso con los agentes sociales. Por eso desde el Grupo Socialista hemos presentado una
enmienda in voce para que podamos ir a ese consenso.


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, por favor.


La señora SERRANO JIMÉNEZ: Sí, termino enseguida. Gracias, presidente.


Y en esa enmienda, que creo que ya tienen todos los grupos, se recoge que el punto 1 de la PNL quede en la siguiente redacción: Incluir a todos los trabajadores eventuales del sistema especial de trabajadores agrarios por cuenta ajena de la
Seguridad Social en una única prestación nueva denominada 'subsidio de desempleo agrario para trabajadores residentes en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura'. Y sustituir los puntos del 2 al 8, ambos inclusive, que quedan
redactados de la siguiente manera: Al efecto de materializar la inclusión referida en el punto 1, establecer una mesa de diálogo social entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, los sindicatos representativos del sector y las comunidades
autónomas de Andalucía y Extremadura para el estudio de la modificación y mejora del subsidio de desempleo agrario que desemboque en la total equiparación del sistema especial de trabajadores agrarios por cuenta ajena con el régimen general de la
Seguridad Social.


Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Tienen la palabra ahora el resto de portavoces de los demás grupos parlamentarios por un tiempo no superior a tres minutos cada uno. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.


En nombre de su grupo parlamentario, el diputado señor Cañamero ha presentado una proposición no de ley con un muy extenso contenido tanto en su exposición de motivos como en los diferentes ocho puntos y diferentes apartados que conforman la
iniciativa. Este asunto tiene muchísimos matices y en menos de tres minutos es imposible evaluar las ventajas o las necesidades derivadas de las medidas de protección que tenemos vigentes en España. En todo caso, quiero señalar que esta iniciativa
supone toda una enmienda a la totalidad a la política agraria en nuestro país, y para ello se hace uso de la sustitución del subsidio agrario para transformarlo en un subsidio especial que va a generar un efecto dominó poniendo patas arriba una
parte sustancial de nuestro sistema legislativo comenzando por trastocar una ley tan crucial y tan sensible como es la Ley General de la Seguridad Social. Es decir, estamos hablando de palabras mayores. Si esto se aprueba, le hacemos un roto
irreparable, por ejemplo, a las pensiones.


Es cierto que se produjo en años pasados una reducción del número mínimo de jornadas de subsidio. Tampoco podemos obviar que la merma es secuela de la brutal crisis económica y la necesidad de que España atendiese las obligaciones de
nuestra pertenencia a la Unión Europea, incluidas las derivadas de la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución, de la Carta Magna, que por cierto yo voté en contra. Son, en todo caso, obligaciones que condicionan la acción de todo
gobierno serio y asumimos las decisiones que se toman democráticamente aunque hayamos discrepado de ellas. En Foro creemos en los mandatos constitucionales de igualdad y solidaridad entre territorios. O sea, si Andalucía, Extremadura, Asturias o
cualquier otra comunidad lo están pasando mal, hay que impulsar, poner en marcha, mantener o reformar las medidas solidarias entre españoles, y me permito señalar que esta iniciativa debería estar inmersa en ese principio de igualdad de trato en
toda España, con independencia de la región o la comunidad a la que nos queramos referir y que traten situaciones similares que sufren las personas o los sectores sociales y económicos afectados por la crisis o por una coyuntura puntual. También
creemos en Europa y nos tememos que reformas de enorme calado, como las que aquí se plantean, este auténtico giro copernicano sobre la actividad agraria y el subsidio agrario, harían imposible la necesidad de que España se ajuste a las obligaciones
derivadas de nuestra pertenencia a organizaciones comunitarias supranacionales o mundiales. Es decir, en España no podemos eludir que formamos parte de un conjunto y que debemos respetar las reglas del juego y no solamente las que nos convienen en
cada momento o las que le conviene a una parte, a la carta.


Finalmente, quiero subrayar que en nuestro país la gran prioridad y la gran preocupación de los españoles es la creación de empleo. Sin embargo, leyendo esta iniciativa y escuchando al señor Cañamero cuesta mucho percibir una llamada que
vaya dirigida precisamente a eso, a encontrar, promover o generar empleo. Son muchas páginas y muchas propuestas que van en la línea de modificar el régimen agrario, agilizar las condiciones de acceso al subsidio y, sin embargo, lo importante y el
gran reto nacional queda absolutamente de lado en esta proposición no de ley. Repito, lo importante es que los españoles tengan un trabajo digno, decente y bien remunerado que haga innecesarios los subsidios. Esas son fundamentalmente, señor
presidente, las razones que me impiden apoyar esta proposición no de ley. Me gustaría concluir señalando que el futuro de nuestro país, el futuro de Andalucía, de Extremadura y de toda España tiene que edificarse sobre el crecimiento económico y
sobre la creación de trabajo en lugar de consolidar las políticas que acaban minando los presupuestos públicos y generando cero puestos de trabajo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, no está el señor Barandiaran.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el señor Salvador no hace uso de la palabra.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Del Campo.


El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Gracias.


Creo que está claro que la búsqueda de la mejora de las condiciones laborales en el campo es algo que es deseado por todos, como se está viendo. No obstante, pensamos que intentar conseguirlo mediante instrumentos inadecuados como se ha
hecho en España durante los últimos cuarenta años no solo es una

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pérdida de recursos, sino que también puede acabar perpetuando el problema. Compartimos la opinión de que hay que hacer reformas en las ayudas que reciben las personas vinculadas a las rentas agrarias, los trabajadores del campo. Algunos
de los motivos por los que nos preocupa este colectivo, igual que a ustedes, es porque se trata de un empleo estacional, muy precario y que a veces se desarrolla en unas condiciones muy duras. De hecho, entendemos que la reciente reforma agraria es
una prueba de ello. No obstante, a pesar de ello, pensamos que la propuesta que traen ustedes hoy aquí no es la propuesta adecuada porque parchea la situación, no la arregla de fondo. Tampoco podemos engañarnos, como usted muy bien ha dicho, ni
mirar a otro lado porque también es conocido que alrededor de estas ayudas -renta agraria, PER, etcétera- se produce un fraude. Por ejemplo, existen casos de personas que hacen mínimos de peonadas requeridos en cada caso para cobrar la ayuda y el
resto lo realizan en negro. En definitiva, creemos que el sistema entero de ayudas agrarias en este caso no está bien diseñado. Prueba de ello es que, aunque pueda ser cierto que ha ofrecido ayudas a personas que viven en situaciones muy
precarias, no ha mejorado nada el sistema de empleo ni en Andalucía ni en Extremadura y no hay que olvidar que estas regiones sufren principalmente un problema de desempleo. En lo referente a ello, es claro que con este sistema de ayudas no se ha
producido ninguna mejora. De hecho, si ha tenido algún efecto, no ha sido positivo en este campo.


Desde nuestro grupo parlamentario queremos delimitar claramente los conceptos. Creemos que esto necesitaría un debate en mayor profundidad, quizás, como han dicho algunos compañeros, en el seno del Pacto de Toledo mediante mesas de diálogo
etcétera. Por eso, estudiaremos las enmiendas para ver al final cuál es nuestra decisión. Creemos que, por un lado, es necesario llevar a cabo una modernización global de la política agraria que lleve a la mejora de las condiciones laborales en
ella y, por otra parte, estudiar ciertos instrumentos dirigidos a reducir la pobreza y la precariedad, como puede ser el complemento salarial que venimos defendiendo desde hace tiempo en nuestro grupo parlamentario, una medida que, además de ofrecer
ayuda a los que más la necesitan, creemos que no desincentiva el empleo como ocurre con este sistema de renta agraria.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Del Campo.


Tiene la palabra el señor Cañamero para pronunciarse sobre si acepta o no las enmiendas presentadas por el Grupo Popular y por el Grupo Socialista. Lo puede manifestar ahora o antes de la votación.


El señor CAÑAMERO VALLE: Viendo un poco lo que se ha dicho, como es una cosa de urgencia, yo entiendo que...


El señor PRESIDENTE: Se trata solo de posicionarse sobre las enmiendas. Es para decir si las acepta o no.


El señor CAÑAMERO VALLE: ¿Podría plantear, por ejemplo, una transaccional?


El señor PRESIDENTE: Sí, pero eso lo negocian entre los distintos grupos y luego se presenta en el momento de la votación. ¿De acuerdo?


El señor CAÑAMERO VALLE: Con las propuestas no estoy de acuerdo, porque se quedan un poco en la superficie de las cosas y, por lo tanto, no se ajustan a la realidad.


El señor PRESIDENTE: Puede negarse a aceptar las enmiendas o plantear una transaccional con el resto de grupos.


El señor CAÑAMERO VALLE: Lo que yo planteaba era la posibilidad de llegar a un acuerdo; que se forme esa Comisión -lo digo públicamente- y, por ejemplo, decidamos que las peonadas se eliminen...


El señor PRESIDENTE: Insisto, se trata de posicionarse y decir sí o no. Si quiere intentar una transaccional con el resto de grupos, proceda y luego se presenta en el momento de la votación.


El señor CAÑAMERO VALLE: De acuerdo. ¿Lo podemos plantear?


El señor PRESIDENTE: Sí.


El señor CAÑAMERO VALLE: Vale.

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- SOBRE LA DEFINICIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS EMPLEADOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CON ESPECIAL CONSIDERACIÓN AL CASO DE LA EMPRESA AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN, S.A. (TRAGSA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
CIUDADANOS. (Número de expediente 161/000481).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la cuarta proposición del orden del día, sobre la definición del régimen jurídico de los empleados de las entidades públicas empresariales, con especial consideración al caso de la Empresa Agraria de
Transformación S.A., Tragsa, presentada por el Grupo Ciudadanos y que defiende el señor Cano. Como han presentado una enmienda a su propio texto, en este momento y por el mismo tiempo presentan la iniciativa y defienden la enmienda.


El señor CANO FUSTER: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, en primer lugar, me quiero dirigir a los más de 12.000 trabajadores de la empresa Tragsa -muchos de los cuales nos estarán siguiendo a través del canal del Congreso- para decirles que no nos hemos olvidado de ellos. Como la
presentamos en la anterior legislatura, para que no decaiga, volvemos a presentar la iniciativa y volvemos a tenerles presentes. También me quiero dirigir a los 555 trabajadores afectados por el ERE para agradecerles que continúen trabajando a
través de su plataforma y que nos hayan trasladado sus propuestas, que me parecen no solo coherentes, sino de justicia.


Tras la proposición no de ley que se debatió en la anterior legislatura, creemos que podemos erradicar el problema de los trabajadores de Tragsa atendiendo sobre todo a perfilar cuál es el régimen jurídico que afecta a trabajadores y a
empresa, para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido, y es que determinados tribunales de justicia se hayan decantado por una sentencia u otra, en una línea u otra. Sobre todo creemos que es de justicia que si la empresa tiene necesidad de
contratar personal priorice, según las necesidades que vaya teniendo en cada momento, la vuelta de estos trabajadores que han prestado sus servicios en la empresa durante más de veinte o treinta años y que se han formando en su seno. Así nos lo han
manifestado. No quieren ningún privilegio, lo único que dicen es que están dispuestos a trabajar y a volver a poner todo su conocimiento a disposición de la empresa, que al final está prestando un servicio a todas las administraciones públicas,
porque, señorías, no tengo que volver a explicar aquí qué es el Grupo Tragsa, que presta unos servicios tan importantes y con tanta urgencia y tanta premura a las administraciones en momentos tan delicados como, por ejemplo, los incendios de este
verano.


Hemos presentado una enmienda de adición a la proposición no de ley que traíamos, referida a la vuelta de los trabajadores afectados por el ERE, que estarían dispuestos a volver a prestar sus servicios a la empresa. Espero que sus señorías
apoyen esta propuesta, porque esta es la ocasión y no pueden esperar más.


Muchas gracias. Confío en su apoyo.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cano.


A continuación, tienen la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora
Marcello, por un tiempo no superior a cinco minutos.


La señora MARCELLO SANTOS: Muchas gracias, presidente.


Desde el grupo queremos agradecer a los proponentes que hayan traído esta proposición no de ley para hablar de las condiciones de Tragsa. Sobre todo agradecemos que hayáis hecho una enmienda a vuestra propia proposición, porque seguimos sin
saber todavía a qué os referíais en la propuesta inicial, ya que nos parecía bastante vaga en contenido. Felicito que os hayáis hecho una propia enmienda para saber así qué queríais aportar.


Si queremos abordar de verdad la situación de Tragsa y de sus trabajadores y trabajadoras, no es conveniente hacerlo simplemente con una proposición no de ley, porque no se trata simplemente de instar al Gobierno a tomar las medidas que
queríais recoger en esta proposición no de ley. Por eso hemos presentado una enmienda y proponemos la creación de una mesa de trabajo en la que tengan representación la parte social, los partidos políticos y, evidentemente, el Gobierno y en la que
el primer punto del orden del día que se aborde sea lo que ahora mismo habéis enmendado vosotros a vuestra proposición, que es empezar a hablar de las condiciones de los trabajadores que han sido despedidos. Asimismo, viendo que se están iniciando
procesos de contratación, creemos que es necesario darles prioridad a esos 555 trabajadores y trabajadoras que han sido despedidos. No voy a perder el tiempo

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diciendo cómo se despidió a todos ellos, cuáles fueron las formas y los criterios para ser despedidos, pues sería otro tema bastante interesante de abordar. Queremos darles la prioridad a los despedidos, que no se creen vetos a ese listado
de los 555, porque estamos viendo cómo en la empresa Tragsa han aumentado más de un 36% todos los trabajos temporales y cómo han aumentado más de un 72% las subcontratas. Además, en esa mesa de trabajo que proponemos, es necesario crear mecanismos
de control, de tutelaje, de seguimiento y evaluación de todos los procesos de selección, para ver si realmente se está cumpliendo con todo lo que se tendría que abordar desde la mesa de trabajo. Si queremos abordar el problema de Tragsa, creemos
que es necesario hacerlo de manera conjunta en esa mesa de trabajo y, por tanto, nuestro grupo votará a favor de la proposición, siempre y cuando nos aceptéis la enmienda que hemos presentado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Marcello.


Por el Grupo Socialista, señora Peña.


La señora PEÑA CAMARERO: Gracias, presidente. Muy buenas tardes.


Con carácter previo y estimando qué es lo que hoy nos reclaman los trabajadores, el Partido Socialista quiere llegar a un acuerdo para mejorar las circunstancias por las que atraviesan trabajadores pasados y actuales de la empresa Tragsa.
No es para nosotros hoy una prioridad el debate sobre la naturaleza jurídica de la relación que les une a la empresa ni sobre la misma empresa, ya que su relación hasta los procesos de reestructuración se desarrollaba con normalidad. Queremos, por
tanto, poner por delante las condiciones de los trabajadores, que han demostrado capacidad de lucha y compromiso en defensa de sus empleos y de la dignidad en el trabajo; trabajadores que, desde el minuto uno, han contado con el apoyo firme y
concreto del Partido Socialista, acompañándoles en sus encierros, en sus concentraciones y también presentando iniciativas en los parlamentos autonómicos y en el seno de esta misma Comisión.


El Grupo Tragsa lleva treinta y siete años de servicio público, es un grupo que ha trabajado estos años en exclusiva para la Administración y que no ha sido ajeno a la crisis económica y a la escasa inversión en obra pública. Como
seguramente sabrán, fue en septiembre de 2013 cuando la dirección de Tragsa y Tragsatec comenzaron a negociar un procedimiento de despido colectivo alegando causas económicas. La reforma laboral del Partido Popular justificaría ese despido al
encadenarse más de tres trimestres consecutivos con caída interanual de ingresos. El proceso acabó sin pacto y la empresa determinó que 1.336 empleados se irían a la calle con veinte días por año y tope de una anualidad -reforma laboral del Partido
Popular en estado puro~_. Es en abril de 2014 cuando la Audiencia Nacional anula el ERE, entre otros motivos por la falta de criterio en la selección de los afectados. La empresa recurre y es en noviembre de 2015 cuando el Tribunal Supremo publica
una sentencia por la que el Grupo Tragsa podía ejecutar el procedimiento inicial; un ERE que ha sido, a nuestro entender, un procedimiento injusto, un sinsentido y, sobre todo, una decisión equivocada; un procedimiento que afecta directamente
además a la economía del país, a los trabajadores, pero también a los ciudadanos, como destinatarios del servicio que ofrecen estas empresas. Es lamentable lo que se ha hecho con los trabajadores con nocturnidad, alevosía y falta de transparencia,
como ya hablamos en la pasada legislatura en esta misma Comisión. Se ha despedido a 555 trabajadores del grupo, 555 trabajadores y trabajadoras de entre cuarenta y ocho y sesenta años en su mayoría, con contratos estables, y -repito- los números
económicos siguen sin justificar la resolución de esos contratos. Aquí -me parece importante señalarlo- radica el fondo de toda una operación, una clara y dirigida precarización del empleo, la apuesta por la destrucción del empleo estable. En mi
comunidad autónoma, Castilla y León, una de las comunidades más afectadas, o en Orense, donde se ha despedido a la mitad de la plantilla, hemos visto cómo minutos después de comunicarse los despidos se publicaban ofertas de empleo con los mismos
perfiles y para el mismo trabajo, eso sí, con peores condiciones laborales y ganando menos salario. Esta es la política laboral del Partido Popular en el Gobierno, esa reforma que decían los señores del PP que sería creadora de empleo; pues buen
ejemplo tenemos aquí.


Han pasado dos años desde el inicio del procedimiento y las causas alegadas ya no existen y se está contratando a personal eventual. Los socialistas entendemos que una empresa pública como Tragsa debe ser ejemplar en la buena gestión, en el
trato a sus trabajadores y en la protección del empleo, porque además los trabajadores han demostrado voluntad negociadora y disposición para alcanzar un acuerdo justo. Hemos echado de menos alguna declaración de la ministra Tejerina y alguna
declaración del

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presidente de la SEPI; hemos echado de menos congruencia en el PP, porque en unos parlamentos autonómicos, a iniciativa del PSOE, apoyan a los trabajadores y en otros no. Hoy no sé qué harán.


Hoy debatimos una proposición que nos ha costado entender. Al igual que los sindicatos, no acabamos de ver clara la intención de la iniciativa. Espero que el partido proponente no esté utilizando la difícil situación de los trabajadores de
Tragsa para abrir el debate sobre la privatización de empresas públicas, porque la proposición pone en tela de juicio un reconocimiento de derechos en materia de salarios, formación y extinción de contratos que a todas luces no es cierto. Cita la
disposición adicional vigésimoquinta de la Ley de Contratos del Sector Público, pero esa disposición no tiene nada que ver con el régimen general de la empresa que está previsto en la legislación general sobre empresas públicas ni tampoco con el
régimen aplicable a sus trabajadores, por ser empleados de una empresa pública, que no deben ser excluidos de los derechos que les confiere el propio Estatuto de los Trabajadores. Quizás -repito- hubiera sido más oportuno que pretendiéramos atender
los problemas que han derivado del injusto ERE por el que han pasado los trabajadores de la empresa en el último año, cosa que sí hemos hecho los socialistas a través de una proposición concreta en esta Comisión, en la que, si no recuerdo mal, el
grupo proponente se abstuvo.


Pero volviendo al objeto de la PNL en debate y a la vista de la personalidad jurídica de la empresa -no olvidemos que Tragsa está formada por empresas de capital íntegramente público-, en relación a sus trabajadores su naturaleza es
ordinaria. Por eso y porque queremos aprobar una apuesta más concreta, planteamos una serie de enmiendas que esperemos que traten el conflicto laboral y las condiciones de trabajo de una manera más completa y más útil. Queremos, en primer lugar,
manifestar que la ejecución del ERE, del despido colectivo, ha sido perjudicial para los intereses del país y, evidentemente, para los trabajadores. Queremos exigir a la dirección del grupo Tragsa la apertura inmediata de una mesa de diálogo con la
representación legal de los trabajadores, que permita plantear un nuevo plan empresarial dirigido a incrementar la capacidad de producción y empleo del grupo empresarial y mejorar en ese debate las condiciones laborales de los trabajadores. Dicho
plan debe contemplar, a nuestro entender, mecanismos en los que se articulen criterios para dar preferencia en las contrataciones a las 555 personas despedidas en el procedimiento de despido colectivo. Asimismo, dicho plan ha de contemplar la
creación de una comisión de seguimiento y evaluación de los procesos de contratación. Entendemos que esto completa y mejora la proposición, sobre todo teniendo en cuenta las reivindicaciones de los trabajadores, que deberían ser una prioridad para
nosotros.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Peña.


Por el Grupo Popular, señor Romero.


El señor ROMERO HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Nos trae Ciudadanos una proposición no de ley diciendo que se trata de que el Gobierno haga una regulación específica del régimen jurídico de los trabajadores de Tragsa. Además alude a la disposición adicional vigésima quinta de la Ley de
Contratos del Sector Público, en la que se establece una regulación de la empresa Tragsa. Pues bien, Tragsa, que es, como todos sabemos, una cabecera de un grupo de empresas que está dentro de la SEPI, adquiere el protagonismo en cuanto que, como
cabecera de grupo, tiene varias empresas -Tragsatec, Tragsa Brasil o Cytasa en Paraguay-, pero se está refiriendo la proposición no de ley prácticamente en exclusiva a Tragsa. Tragsa es una sociedad mercantil estatal quiero decir esto porque en la
proposición no de ley se dice otra cosa-, cuyo accionariado hoy por hoy es cien por cien público; tiene una forma jurídica de sociedad anónima y está sujeta al ordenamiento jurídico privado. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, es clara al diferenciar, dentro del sector público institucional, entre organismo público y sociedad mercantil estatal. En esta misma Ley 40/2015, en sus artículos 13 y 15, se habla del régimen presupuestario de las empresas
mercantiles, de la contabilidad, del control económico-financiero y sobre todo del personal de dichas empresas. En este caso, la regulación incluiría a Tragsa por ser sociedad mercantil estatal. Dice concretamente el artículo 117.4: 'El personal
de las sociedades mercantiles estatales [...] se regirá por el Derecho laboral, así como por las normas que le sean de aplicación...' Es decir, todo el personal de Tragsa se rige por el derecho laboral. Por tanto, esa proposición no de ley, que en
un principio nos dice que se pretende una regulación del régimen jurídico de los trabajadores de Tragsa, cae por su propio peso al estar este regulado por el propio Estatuto de los Trabajadores, por la legislación común laboral. Por tanto, no hay
ninguna merma en cuanto a los

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derechos de los trabajadores de Tragsa, no existe ninguna merma. Fíjense si es así que los propios trabajadores de Tragsa han celebrado elecciones sindicales para elegir a sus representantes sindicales y, en función de ellas, hay en Tragsa
secciones sindicales de UGT, de Comisiones Obreras, de CSIF y de la CGT. Por otra parte, vienen negociándose los distintos convenios colectivos a través de Tragsa. El convenio colectivo que está ahora mismo en vigor es el decimoséptimo, del año
2011, que está en vigor porque se ha prorrogado hasta que termine la negociación del decimoctavo convenio colectivo, que está en plena negociación en este momento. Por tanto, están haciendo uso de esta facultad que les otorgan las leyes comunes
laborales y el propio convenio colectivo. También hacen uso de las medidas de presión frente a la empresa, frente al empresario, para conseguir sus intereses, sus reivindicaciones, como puede ser la huelga, y acuden cuando es necesario, cuando
quieren, a la mediación, al SIMA, para conseguir sus reivindicaciones, e incluso acuden, como debe ser y como lo hacen todos los trabajadores, a las demandas judiciales, fundamentalmente a las demandas judiciales ante los tribunales de lo social.
Es decir, la regulación de los trabajadores de Tragsa, que es lo que se propone inicialmente en esta proposición no de ley, es como la de más del 90% de los trabajadores de España, es el Estatuto de los Trabajadores. Ahora bien, si lo que se
pretende es que haya una regulación especial o específica de los trabajadores de Tragsa, hay que decirlo y hay decirlo con absoluta claridad. Hay que decir que lo que se pretende es una regulación específica, algo singular para los trabajadores de
Tragsa. Pero ¡ojo!, porque en estas mismas circunstancias que pudieran estar los trabajadores de Tragsa a la hora de hacer una regulación específica podría haber muchos trabajadores de otras sociedades mercantiles estatales, como por ejemplo
Correos, que tiene 50.000 trabajadores. Señores diputados, yo siempre digo que tenemos que armarnos de dos virtudes cuando somos gobernantes, la virtud de la prudencia y la de la responsabilidad, porque si hoy hiciéramos lo que se pretende por
parte del Grupo Podemos y del Grupo Socialista podría tener consecuencias a posteriori en otros colectivos también importantes. Por lo tanto, apelo a la prudencia y a la responsabilidad.


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.


El señor ROMERO HERNÁNDEZ: Sí, voy concluyendo.


Eso es lo que se planteaba en la proposición no de ley, pero ha habido una serie de enmiendas, sobre todo enmiendas de adición. Una presentada por Podemos, característica de su nuevo régimen comunista bolivariano... (Rumores.), en la que
no solamente se habla de vetos -que no sé a quién se puede vetar- sino que se habla incluso de una participación del Gobierno. ¡Ojalá fuera así allá donde tienen puestas en práctica todas estas políticas! También el Grupo Socialista ha presentado
una enmienda que viene a reiterar -habiendo quitado un punto- lo que planteó en la anterior legislatura, y todas las enmiendas de Ciudadanos vienen a hablar fundamentalmente de que se haga algo tan importante -termino en un segundo- como que se
tenga en cuenta a aquellos que fueron despedidos por el ERE. En un principio se pensaba que se podía despedir a 1.336 trabajadores; al final han sido menos de la mitad. El Partido Popular ve lógico que ahora que las circunstancias de la empresa
están cambiando, esos que fueron despedidos sean readmitidos en función de las necesidades y de las posibilidades de la empresa, pero me gustaría decirle algo al Partido Socialista: Qué poca vista de lince tuvo cuando algunos de sus gobernantes
dijeron que estábamos en la Champions League y al final en una empresa pública estatal tuvieron que hacer un procedimiento de despido colectivo. ¡Qué poca vista tuvieron! Y vienen ahora a ponerse al frente de la manifestación.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Romero.


Quiero recordar al conjunto de los diputados que cuando intervienen para fijar su posición lo hacen sobre la proposición no de ley, no sobre las enmiendas que presentan el resto de los grupos parlamentarios. Ténganlo en cuenta.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Martínez Oblanca. Tiene tres minutos.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Señor presidente, discrepo -permítame que se lo diga- de la interpretación que usted hace. Para fijar posiciones sería mucho mejor saber si el proponente va a aceptar las enmiendas para que pudiéramos
pronunciarnos sobre ello. En todo caso es un criterio que la Mesa fija y...

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El señor PRESIDENTE: Vamos a ver. Usted se posiciona sobre la proposición y el proponente al final decide si acepta o no, incluso puede decidirlo en el momento anterior a la votación.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Cabe la posibilidad, señor presidente, sin que esto suponga establecer un diálogo, de que la transaccional definitiva no tenga nada que ver con el texto original y, sin embargo, yo no pueda pronunciarme sobre eso.


El señor PRESIDENTE: Sí, pero la conocerán ustedes cuando se vaya a votar. La conocerán necesariamente, porque o bien se les reparte o bien se les...


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Pero a mí me gustaría fijar la posición justamente sobre esa posibilidad final de transaccional y para eso necesito saber si las enmiendas van a ser aceptadas o si me pronuncio sobre ellas. Pero, insisto, no
quiero ni muchísimo menos discutir, y menos yo que estoy de prestado en esta Comisión esta tarde.


El señor PRESIDENTE: Muy bien. En principio, fije su posición.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Sí, por supuesto.


Me gustaría coincidir con otros portavoces en que resulta interesante y oportuna una iniciativa que profundiza en la búsqueda de soluciones para la compleja situación que para trabajadores y extrabajadores atraviesa el grupo de sociedades
mercantiles públicas que se integran a través de Tragsa en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI. Producto de tal interés es que se han presentado muchas enmiendas e incluso el grupo parlamentario proponente amplió, y no poco,
su iniciativa original. Doy por supuesto que se va a intentar elaborar ese texto transaccional que recoja algunos aspectos planteados por otros grupos, como los que hacen referencia a la participación en el análisis de la situación de Tragsa de las
organizaciones representativas de los trabajadores. No obstante, sí me parece importante subrayar el dramático devenir de la plantilla de las empresas y entidades de Tragsa, con sentencias contradictorias que acabaron por ratificar el despido de
más de 550 trabajadores, pero que contrastan con la evolución de las cifras de negocio que en los últimos dos años van claramente a más y que permiten la contratación de personal. En todo caso, hablamos de empleados de entidades públicas
empresariales que tienen una normativa laboral específica y de una complejidad que exige analizarla en detalle, y por eso creo que ese debería ser el principal mandato derivado de esta Comisión, porque nosotros, al menos en Foro, desconocemos cuáles
son los objetivos a corto plazo de las diferentes entidades de este conglomerado de empresas, cuáles son sus expectativas y, en definitiva, si están en condiciones, con las estimaciones de producción y de carga de trabajo, de garantizar el
mantenimiento de sus actuales empleos o, lo que sería una buena noticia, crear nuevos puestos de trabajo en los que los trabajadores deberían tener una consideración prioritaria.


En todo caso, señor presidente, quedo a la espera de ese texto transaccional, en la confianza de que ese mandato del Congreso de los Diputados proporcione esperanza a los trabajadores de Tragsa.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.


Como los representantes del Grupo Vasco y de Esquerra no están, le pido al portavoz del Grupo Ciudadanos que bien ahora o bien posteriormente se pronuncie sobre si acepta o no las enmiendas.


El señor CANO FUSTER: ¿Me tengo que pronunciar sobre cada una de ellas?


El señor PRESIDENTE: Sí, en principio sobre cada una de las que acepta, pero puede ser ahora o bien antes de la votación.


El señor CANO FUSTER: El Grupo Parlamentario Podemos ha presentado una enmienda. En el fondo, la enmienda plantea lo mismo que la adicional que nosotros presentamos. Por tanto, me gustaría saber de qué manera podemos transaccionar o si
pueden sumarse a nuestra enmienda.


El señor PRESIDENTE: Pues presente su posición al final, previamente a la votación.


El señor CANO FUSTER: De acuerdo.

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- RELATIVA A INCREMENTAR EL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL Y PARA POSIBILITAR EL ESTABLECIMIENTO DE SALARIOS MÍNIMOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO O LOCAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000498).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la quinta proposición no de ley del orden del día, relativa a incrementar el salario mínimo interprofesional y para posibilitar el establecimiento de salarios mínimos de carácter autonómico o local,
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra el señor Campuzano por un tiempo no superior a siete minutos.


El señor CAMPUZNO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Efectivamente, el Partit Demòcrata presenta esta proposición no de ley con el objetivo de mandatar al Gobierno que incremente el salario mínimo interprofesional, marcando el horizonte de alcanzar el 60% del salario medio neto y respondiendo
a ese mandato de la Carta Social Europea, a la vez que nos marcamos específicamente en esta legislatura ese objetivo de los 12.000 euros anuales, que nos parece además un objetivo posible, factible y conveniente.


Esta es una iniciativa coherente con otra que defendimos conjuntamente con Esquerra Republicana en la pasada legislatura y que llevó a la aprobación por parte del Pleno del Congreso de los Diputados de un texto que mandataba al Gobierno en
esa dirección, y esa coincidencia con el Grupo de Esquerra respondía también a un compromiso del actual Gobierno de Cataluña de avanzar en la misma dirección.


Hoy estamos convencidos de que la defensa del incremento del salario mínimo es una cuestión que genera consenso social y político, de que el salario mínimo que existe en España es excesivamente bajo, de que no puede compararse con el salario
mínimo de los países de nuestro entorno y de que en un contexto de recuperación económica y de creación de empleo toca incrementarlo. Estamos convencidos de que esta apuesta por el incremento del salario mínimo está directamente vinculada a la idea
de que el camino de la devaluación salarial como mecanismo para garantizar la capacidad competitiva de las empresas españolas ya no sirve. No podemos pretender continuar compitiendo en la economía global en el terreno de los sueldos más bajos. Eso
exige tomar medidas que vayan en la dirección de estimular que el crecimiento de empleo se base también en empleos con sueldos suficientes y dignos y que estimulen las inversiones de las empresas en la formación de los trabajadores y en la capacidad
tecnológica de las propias empresas. Por tanto, esta es una iniciativa que no se sitúa tan solo, que también, en el ámbito de la lucha contra las desigualdades, sino que debemos también enmarcarla en la vocación de construir un modelo productivo no
basado en salarios bajos y que ciertamente responde también a la vocación de hacer frente a las desigualdades.


Al principio de esta sesión hemos debatido una propuesta de Esquerra sobre el techo salarial y hemos discutido una propuesta del Grupo Socialista sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres. Estamos en el contexto de que las
desigualdades salariales están en el centro de la preocupación del debate en materia de empleo y en el centro de esta discusión el salario mínimo es central y forma parte también de una estrategia para combatir las desigualdades salariales
existentes.


Además, también estamos convencidos de que el incremento del salario mínimo interprofesional forma parte de una estrategia para hacer sostenible nuestro Estado del bienestar, un modelo de Estado del bienestar que tan solo puede sustentarse
con empleos suficientemente dignos, suficientemente buenos y suficientemente altos para generar los impuestos y las cotizaciones sociales que permiten financiar un Estado del bienestar. Es más, vemos que en Europa los países con mejores, mayores y
más eficaces Estados del bienestar son países con buenos salarios y con buenos salarios mínimos interprofesionales, bien por decisión de los propios Gobiernos o bien por acuerdo entre los interlocutores sociales a través de la negociación colectiva.


El debate sobre el salario mínimo, y en un contexto como el español con una alta tasa de desempleo, se refiere siempre a la discusión de si un incremento del salario mínimo puede impedir la creación de ocupación neta o incluso puede provocar
la destrucción de ocupación. Es probable que algunas de sus señorías que tengan algún tipo de reparo en relación con esta discusión nos planteen estas advertencias. A nuestro entender, en el actual contexto socioeconómico un incremento moderado y
sostenido como el que les planteamos, que es en cuatro años acercarnos a esos 12.000 euros, puede ser perfectamente compatible con el objetivo de creación de empleo.


Ciertamente quizá junto a esta medida deberían incorporarse otras cuestiones, las que están vinculadas a la afectación del conjunto de los costes laborales a los que deben hacer frente las empresas. Ahí se nos plantea una discusión también
sobre si un incremento del salario mínimo para los empleos con

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menor nivel de cualificación debe ir acompañado también de alguna política específica de reducción de las cargas sociales de ese desempleo.


También estamos convencidos de que aquello que hoy no podemos repetir son algunos de los errores que nos han llevado a esta crisis, un modelo intensivo en creación de empleo en la fase alcista del crecimiento de la economía española. España
era líder en creación de empleo en los buenos años de la economía, pero España también era líder en la destrucción de empleo en los años de la recesión entre otras cosas porque ese empleo que se creó con tanta intensidad estaba situado precisamente
en sectores poco cualificados, con sueldos bajos y que resiste muy poco cualquier crisis. Países que crecieron con empleos con mayor remuneración y en sectores de más valor añadido han resistido mejor la crisis. Y ahí, señorías, si hiciésemos una
aproximación de carácter más regional a nuestro mercado de trabajo veríamos, por ejemplo, como en el País Vasco, con mejores salarios, la crisis se ha resistido mejor. Por tanto, lo planteamos desde la convicción de que es posible recorrer ese
camino.


Además, abrimos con esta iniciativa una cuestión que hasta ahora no tengo la sensación de que hayamos discutido nunca en esta Comisión de Empleo ni en el plenario que es abrir la posibilidad de que puedan existir distintos salarios mínimos,
en función de las distintas realidades socioeconómicas que conforman la realidad de la economía del mercado de trabajo en el Estado español. Para los trabajadores que viven en territorios donde los costes de vida son más altos, un salario mínimo
igual para toda España es terriblemente injusto, no garantiza que esos trabajadores que deben hacer frente a alquileres más altos, a precios más elevados de la vivienda, a precios más altos en la compra en el mercado, a menudo con una presión fiscal
más alta, con servicios a los que pueden acceder a un mayor coste deban de estar sometidos a un mismo salario mínimo interprofesional. Por tanto, planteamos que sea posible que los Gobiernos autonómicos, de común acuerdo con los interlocutores
sociales en sus respectivos ámbitos, puedan adaptar el salario mínimo a los costes efectivos de la vida en su territorio.


Sé que este es un debate en una Cámara donde el espíritu jacobino a la izquierda y a la derecha es tan potente que genera dificultades. El jacobinismo no es patrimonio exclusivo de la izquierda sino que también tenemos una derecha muy
jacobina y hoy sabemos que no tenemos mayoría para avanzar en esa dirección, pero lo hemos querido plantear. Toca abrir ese debate. Otros Estados de carácter federal o cuasi federal en el resto del mundo apuestan por ello. En Estados Unidos los
salarios mínimos no tan solo son de los Estados sino también de las ciudades y el principio de igualdad de los ciudadanos en Estados Unidos no está en discusión. Yo invito a las almas jacobinas de la izquierda y de la derecha a revisar sus
planteamientos en esa dirección y a empezar a escucharnos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Campuzano.


A continuación los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea la señora Franco.


La señora FRANCO CARMONA: Gracias, presidente.


Tenemos un país en el que el salario mínimo interprofesional no solamente se congela cada vez que nuestros gobernantes deciden que primero hay que salvar a los bancos antes que a las personas, y por tanto congelan también los salarios
mínimos interprofesionales, sino que además tenemos un salario mínimo interprofesional de 655,20 euros al mes. Es decir, vivimos en un país que forma parte de la Unión Europea y tenemos un salario mínimo interprofesional que es la mitad del de
muchos países de la Unión Europea, de países como Alemania, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Irlanda, Bélgica, esos países que tantas veces nos ponen a nosotros y a nuestros trabajadores y trabajadoras como ejemplo. Resulta que tenemos un salario
mínimo interprofesional que es la mitad que el de estos países pero resulta que, algo muy paradójico y contradictorio a su vez, somos la cuarta potencia de la zona euro y que España además es la quinta potencia de la Unión Europea. Parece que no
tiene sentido que seamos una potencia europea a nivel económico y, sin embargo, nuestros trabajadores sean de los peores pagados de la Unión Europea. Además, el salario medio en nuestro país se ha reducido en los últimos seis años en un 9%, debido
también a la crisis.


La situación de nuestros trabajadores y trabajadoras, la situación de los españoles y las españolas es la siguiente. El 22% de las personas está en situación de desempleo; el 30% -que se dice pronto, una de cada tres personas de nuestro
país- llega con dificultades a final de mes. Es decir, cuando va llegando mitad de mes ya está mirando cuándo le ingresan la nómina o algún tipo de nómina, o la ayuda, si es que tiene algún tipo de ayuda. La consecuencia de esto, entre otras, es
que a cinco millones de personas les

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cuesta mucho trabajo pagar la factura de la luz en invierno. Más personas mueren de frío por no poder pagar la factura de la luz en nuestro país que por accidentes de tráfico. El último caso ha ocurrido en Reus donde una señora de ochenta
y un años, a la que Gas Natural le cortó la luz -además, incumpliendo la ley porque no se avisó a los servicios sociales-, tenía que hacer uso de velas por lo que, desgraciadamente, la noche del pasado lunes murió al arder con una de esas velas el
colchón de su casa. Tenemos un modelo empresarial de empresas como Gas Natural y, sobre todo, un modelo económico que es depredador de personas, que mata a personas.


La proposición no de ley que hoy presenta el señor Campuzano viene a decir que las comunidades autónomas tienen que tener libertad para poner el salario mínimo interprofesional que consideren. No es eso lo que se defiende en nuestra ley
mínima para los trabajadores, que es el Estatuto de los Trabajadores, en cuyo artículo 27 viene la regulación del salario mínimo interprofesional, que dice que será establecido por el Gobierno consultando a las asociaciones más representativas, ya
sean sindicales o empresariales. A nosotros nos parece bien que se consulte a las comunidades autónomas, lo que no nos parece bien es que las comunidades autónomas puedan decidir si poner un salario mínimo más alto o más bajo, provocando dumping
social entre comunidades autónomas. Voy a poner ejemplos: Andalucía, 2015, junto con Murcia, tienen el mismo salario medio por persona, 7.942 euros al año, siendo los más bajos de nuestro país, casi la mitad, un 42% menos, que el salario más alto
de otra comunidad autónoma, el País Vasco, que es de 13.800 euros, casi el doble que el de Andalucía. Eso, de por sí, es dumping social. Además, el riesgo de pobreza en Andalucía es del 35%; sin embargo, en Navarra -el más bajo- es del 9,6% y en
Cataluña el 13,9%. Si seguimos por esta senda tendremos cada vez más diferencia entre comunidades autónomas y, lo que es más importante, más diferencia entre personas en nuestro país.


Nosotros proponemos que nos vayamos acercando a lo que dice la Carta Social Europea, es decir, al 60% del salario medio neto de cada país. Al final de esta legislatura hay que llegar a ese 60%, hay que cumplir con la Carta Social Europea y
llegar a los 950 euros al mes. En la proposición no de ley que nos presenta el señor Campuzano se dice que tienen que ser 857 euros y nos parece una subida sustancial, que celebramos, pero insistimos, tenemos que llegar al final de la legislatura a
los 950 euros al mes para cumplir con la mencionada Carta Socia Europea.


Quiero resaltar nuestro rechazo al dumping social pero también hay que escuchar a todas las comunidades autónomas para que se puedan asemejar los salarios mínimos a la carestía de la vida de esas comunidades autónomas. Hay que escuchar y,
sobre todo, dialogar y tener en cuenta las diferencias, peculiaridades y la cultura de cada comunidad autónoma. Eso sí, teniendo a las personas por delante. Nuestro país tiene que dejar de ser mano de obra barata, los territorios tienen que tener
más voz, tienen que tener mayor capacidad de decisión. Queremos que los territorios puedan decidir muchas cosas pero, sobre todo, lo que queremos es que se defienda a las personas, y a todas por igual.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Franco.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.


La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Juana Amalia): Gracias, presidente.


Tomo la palabra en nombre del Grupo Socialista para manifestar nuestra posición en torno a la iniciativa que debatimos. Lo primero que tengo que reseñar es que las garantías de suficiencia de la retribución salarial proclamada por el
artículo 35 de la Constitución como un derecho de los trabajadores por prestación laboral se han visto seriamente comprometidas por la política del Gobierno del Partido Popular en estos últimos cinco años. En 2012 y 2014 el Gobierno congeló el
salario mínimo interprofesional y los mínimos incrementos experimentados en los años 2013, 2014, 2015 y 2016 para nada han compensado la pérdida de su poder adquisitivo. Esta política también ha cuestionado seriamente el artículo 131 del texto
constitucional al obstaculizar un ajuste de redistribución de la riqueza.


Señorías, hago uso de una frase que no por repetida deja de ser real: Los ricos son cada vez más ricos y los pobres, cada vez más pobres. Ello, como saben sus señorías, es la consecuencia lógica del trasvase de las rentas del trabajo a las
rentas del capital que se ha venido produciendo desde 2011 hasta nuestros días. La pérdida del poder de compra experimentada por el salario mínimo interprofesional durante estos años cuestiona sus funciones básicas, entre ellas las de actuar de
mecanismo de cohesión social pues no se está produciendo un reparto más equitativo de las rentas ni de impulso del consumo y la economía, tan importantes en fases de crisis. Por otra parte, el bajo salario mínimo interprofesional incide en el
presente de los trabajadores, pero tengamos en cuenta que también incide en su seguro de

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vejez ya que no podemos olvidar los efectos directos del salario mínimo interprofesional en los ingresos del sistema de la Seguridad Social, que es el indiciario del incremento de las bases mínimas y con ello de las carreras de seguro de los
trabajadores que lo perciben. Además, con los niveles de paro y de pobreza que tenemos en la actualidad, esta pérdida de poder adquisitivo tan severa está afectando fundamentalmente a aquellas unidades familiares donde solo hay una fuente de
ingresos y esta está referenciada precisamente al salario mínimo interprofesional.


Por otra parte, tengo que señalar que en el ámbito europeo, como ya ha comentado antes la compañera de Podemos, la evolución del salario mínimo interprofesional nos aleja del cumplimiento del objetivo que establece la Carta Social Europea
suscrita por España en el año 1978 y que en su artículo 4.1 recomienda que el salario mínimo interprofesional debe situarse en torno al 60% del salario medio neto. Para el año 2016 el salario mínimo interprofesional es un 1,5% superior al del año
2014, lo que supone 655,20 euros-mes, con catorce pagas, por lo que es uno de los más bajos de la Unión Europea de los Quince. Las diferencias llegan a extremos alarmantes. Así, nuestro salario mínimo interprofesional en relación con Francia es un
92% más bajo; en relación con Alemania, 93%; en cuanto a Holanda, un 97% y respecto de Irlanda 102%, por lo que no hay una adecuada proporción entre nuestro PIB y los PIB de estos países que, como mucho, son un 50% superiores a nuestro PIB y, en
cambio, su salario mínimo y el nuestro distan mucho de acercarse. Esto es cierto y tiene consecuencias negativas en diversos aspectos, todos ellos de gran trascendencia. Podemos citar entre otros el aumento de las desigualdades sociales, una mayor
dificultad para financiar el Estado de bienestar, el propiciar la inversión en bienes y servicios de escaso valor añadido y el empobrecimiento de nuestro modelo productivo ya que los bajos salarios incitan a la merma de las inversiones en innovación
y en tecnología y hacen recaer nuestra competitividad internacional en los bajos salarios, lo que empíricamente esta demostrado que a la larga supone un empobrecimiento del país. Por ello, es absolutamente necesario y urgente recuperar el poder
adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras cuya renta salarial está vinculada al salario mínimo interprofesional en aras a conseguir trabajo y remuneraciones dignas. Esto es para el Grupo Parlamentario Socialista un compromiso que tenemos con
la ciudadanía y así está recogido en nuestro programa electoral.


En cuanto al segundo punto de la iniciativa que debatimos y que ha traído a esta Cámara el Partit Demòcrata Català, la posición del Grupo Parlamentario Socialista es de total rechazo; rechazo basado fundamentalmente en que consideramos que
vulnera el principio de igualdad establecido en nuestra Constitución. En nuestra opinión, la medida propuesta vulneraría no solo uno, sino varios artículos de nuestra Carta Magna tales como el artículo 139.1, el 149.7, por no hablar del artículo
14. No podemos admitir que haya trabajadores de primera y de segunda dependiendo del lugar donde hayan nacido o les haya tocado vivir. Entendemos que el tema que nos ocupa es de suma importancia y estamos de acuerdo con el Partit Demòcrata Català
en que tiene influencia en muchas cuestiones vitales: para el mantenimiento del Estado del bienestar, para la cohesión social, para el propio desarrollo de nuestro sistema productivo..., y por eso mismo nos oponemos a generar más desigualdad entre
los territorios.


Por todo ello, mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, ha registrado la siguiente enmienda, que es una enmienda de supresión del apartado 2 de la iniciativa que debatimos: Acordar con las organizaciones sindicales y asociaciones
empresariales más representativas, escuchando a las comunidades autónomas, un calendario de incremento continuado del salario mínimo interprofesional, que permita en el plazo de los próximos cuatro años el objetivo de situarlo en los 12.000
euros/año y posteriormente, de acuerdo con lo establecido en la Carta Social Europea, situarlo permanentemente en torno al 60% del salario medio neto.


Gracias, señoría.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez.


Por el Grupo Popular, señora Reynés.


La señora REYNÉS CALVACHE: Muchas gracias, presidente.


Señorías, seguramente todos los grupos que conformamos la Cámara estamos de acuerdo en que la prioridad de cualquier política económica y social debe ser la recuperación del empleo y esta ha sido y seguirá siendo siempre la prioridad del
Partido Popular.


Las revisiones de la cuantía del salario mínimo interprofesional correspondientes al periodo 2022 a 2016 se han realizado en un contexto claramente mediatizado por la crisis económica y por el fuerte impacto que la misma ha tenido en
términos de destrucción de empleo. Puesto que todavía se está en el camino de la recuperación del empleo, debe tenerse en cuenta especialmente esta circunstancia a la hora

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de adoptar cualquier decisión en materia de política salarial en la medida en que este factor repercute de manera importante en la creación de empleo.


Además, como sus señorías saben, es al Gobierno, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, a quien le corresponde fijar anualmente el salario mínimo interprofesional, regulado en el
artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, teniendo en cuenta el índice de precios al consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general. La
valoración conjunta de estas variables justificó la decisión de incrementar el salario mínimo interprofesional en un 1% para el año 2016, según establece el Real Decreto 1171/2015, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo
interprofesional para 2016. Incremento que, tal como figura en el preámbulo de esta norma, responde a la mejora de las condiciones generales de la economía a la vez que continúa favoreciendo de forma equilibrada su competitividad acompasando así la
evolución de los salarios con el proceso de la recuperación del empleo.


Nosotros pensamos que tiene que subir el salario mínimo interprofesional; pero también todos los salarios bajos y medios de nuestro país. Por eso, hemos hecho una reforma tributaria para aminorar la carga tributaria de los que menos
tienen. Hemos hecho una ley para la formación profesional para el empleo porque pensamos que formación y cualificación son las mejores armas para combatir los salarios bajos y, sobre todo, hemos hecho de la lucha contra el desempleo nuestro
objetivo final. Porque, efectivamente, cuando se destruye empleo no se pueden subir los salarios. Afortunadamente, ha cambiado la tendencia, hemos recuperado uno de cada dos empleos que se perdieron con la crisis desde el peor momento, en febrero
de 2013. El paro se ha reducido en 1.275.240 personas y se han creado 1.662.609 puestos de trabajo. En definitiva, ahora se crea empleo y ese menor exceso de oferta volverá a equilibrar los salarios a un nivel más alto. Estamos a favor de todas
las normas que signifiquen una mejora de los salarios y de la calidad de vida de los trabajadores, pero lo queremos a través de reformas estructurales como hemos hecho hasta ahora y se reconoce en el informe de la Comisión Europea, España 2016 y en
los datos de paro actuales. Pero lo queremos, primero, con normas para el crecimiento. Cuando hay crecimiento, este crecimiento se traslada al empleo y una vez que se ha trasladado al empleo queremos una mayor participación de las rentas
salariales en la renta nacional. Pero, señorías, al revés el camino es absolutamente imposible.


En cuanto a la posible modificación normativa para permitir el establecimiento por las administraciones autonómicas y locales de salarios mínimos regionales o locales distintos, pensamos que la medida contribuiría a agravar la segmentación
del mercado de trabajo español por la introducción de condicionantes territoriales en la determinación del salario, limitando por esta vía la flexibilidad interna de las empresas a la hora de establecer su política retributiva. Esta nueva rigidez
sería tanto más intensa cuanto más extendida estuviera la actividad de la empresa en el territorio nacional. Además, la convivencia de múltiples niveles de salario mínimo y de sistemas alternativos de revisión complicaría la gestión de recursos
humanos y de contratación por parte de las empresas, adicionando un coste regulatorio nuevo en la búsqueda y cobertura de vacantes de empleo. Así, debe tenerse en cuenta que la función del salario mínimo interprofesional es la de garantizar en todo
caso unos ingresos mínimos a los trabajadores, pero el papel protagonista en la fijación de cuantías salariales en el ordenamiento laboral vigente corresponde a la negociación colectiva, que en todo caso deberá respetar los mínimos legales. Por
tanto, la determinación de los salarios mínimos a abonar en el ámbito de la aplicación de cada convenio colectivo corresponderá a las partes negociadoras de estos -sean de sectores estatales, autonómicos, provinciales o para una zona geográfica más
limitada o sean de empresa, convenios, que conforme al artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores gozan de prioridad aplicativa en esta materia-, siendo tales partes negociadoras quienes mejor conocen las concretas circunstancias de la
actividad, lo que permite que los salarios se ajusten del mejor modo a la realidad económica del sector o de la empresa.


Señorías, y ya acabo, actualmente tenemos una situación de crecimiento de empleo aunque es cierto que todavía nos queda mucho por hacer en protección a los colectivos más vulnerables con ayudas directas. Hemos hecho un plan de inclusión
social, una estrategia para personas sin hogar, un fondo para familias con hijos en situación de dificultad económica. Por tanto, es el actual Gobierno quien tendrá que llevar a cabo la tarea que le encargaremos de esta PNL. Nos gustaría que la
enmienda fuera apoyada por el resto de grupos, ya que es la misma que se presentó y aprobó por unanimidad en el Pleno de abril de este mismo año, aunque en la anterior legislatura. Por todos estos motivos, termino ya señorías, el Grupo
Parlamentario Popular ha presentado una enmienda que espero sea aceptada por el grupo proponente y poder aprobarla por la importancia del tema que nos ocupa. El texto de la enmienda es el siguiente: El

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Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de 'acordar con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas en sus respectivos ámbitos de actuación -estatal y autonómico- y ante el grave aumento de las
desigualdades que tienen su reflejo en la disminución de las rentas salariales en el PIB un calendario de incremento del salario mínimo interprofesional acompasado a la evolución de nuestra economía y productividad que lo sitúe en términos relativos
al nivel de los existentes en los Estados más prósperos y más equitativos de nuestro entorno europeo con el fin de alcanzar lo antes posible los objetivos contemplados en la Carta Social Europea (60% del salario medio neto)'.


Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Reynés.


A continuación tienen la palabra los grupos parlamentarios que fijan posición. Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Barandiaran.


El señor BARANDIARAN BENITO: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo brevemente porque no hay demasiadas cosas nuevas que decir, puesto que este es un debate que ya se produjo en el Pleno del Congreso en la anterior legislatura con una proposición que no explicitaba claramente las
cuantías que ahora se precisan en la presentada por Convèrgencia Democràtica de Catalunya, pero que sí incidían en el mismo aspecto, es decir, en la recuperación por parte de quienes no la tienen de una remuneración equitativa, esa remuneración
equitativa a la que se refiere tanto la Carta Social Europea como el propio artículo 35 de la Constitución española. Esa es una realidad que hoy por hoy no solo no se ha conseguido, sino que en los cuatro años anteriores a la situación actual el
salario mínimo interprofesional solo ha crecido 13,46 euros, es decir, ha pasado de 641 a 655,20 euros. Esto nos lleva a plantearnos que desde luego no solo es un salario indigno, sino un salario de miseria y pobreza; condena a quienes se
encuentran en esa situación a la pobreza, a la incapacidad absoluta de hacer frente a las obligaciones que, como cualquier ser humano, va a tener que atender tanto desde el punto de vista personal como en su entorno familiar y social. Es una
situación insostenible, por lo que se procure más pronto que tarde dar solución a esa cuestión no solo es deseable sino plausible, incluso aplaudible, diría yo Efectivamente, nos vamos a sumar a esta proposición y también nos sumaremos -tengo
entendido que hay una transaccional al respecto- a la segunda parte a la que ha hecho referencia el señor Campuzano -que por algunas caras que se han puesto parece que no ha hecho tanta gracia-, que es la negación de la posibilidad de que esto pueda
ser contemplado no solo desde un punto de vista global sino también en el ámbito de cada comunidad autónoma. Ha hablado de la cuestión aplicándole el calificativo de jacobino. No les ha gustado, pero creo que lo es. Al margen de la realidad
normativa que nos ha recordado la representante de Podemos al hablar del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, es una realidad que existe cuando se pretende condenar a la pobreza a quienes, incluso cobrando ese salario mínimo, en su ámbito
territorial no van a tener ese mínimo suficiente. Si es poca esa cuantía del salario mínimo de la que usted se queja en Andalucía, imagínese esa misma cantidad en el ámbito local, en Euskadi o en cualquier otra región donde la renta media sea
superior; esa misma cantidad es aún más insuficiente. Es tan evidente que la realidad no es la misma en un sitio que en otro, que hacer oídos sordos y ser ajenos a las realidades y que ciertas determinaciones normativas no pasen por la autoridad
local que lo debe fijar me parece no solo inoportuno sino inadecuado. Sí, eso ha dicho. Lo siento, pero lo ha dicho. A partir de ahí, no solo me sumo a que se establezca una progresión en el aumento del salario mínimo en los términos planteados,
sino que en cumplimiento del Estatuto de Autonomía del País Vasco me sumo también a la posibilidad de que pueda ser ejercido por las comunidades autónomas, que deberíamos tener ya competencia en materia de gestión económica de la Seguridad Social si
se hubiera cumplido la norma y se nos hubiera transferido.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo de Esquerra Republicana, señor Salvador.


El señor SALVADOR I DUCH: Buenas tardes.


Nuestro grupo ya presentó esta misma proposición no de ley, o una muy parecida, de subida del salario mínimo interprofesional en la anterior legislatura, con lo cual no vamos a repetir otra vez el debate y el argumentario que ya planteamos.
Simplemente voy a incidir en una serie de puntos. El mercado, aunque algunos lo piensan, no se regula solo. Si no, no habría salarios mínimos interprofesionales. Actualmente el salario mínimo interprofesional de 655 euros es un salario indigno.
No puedo entender que

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haya aquí algún diputado que pueda votar en contra de la subida del salario mínimo interprofesional a unas cantidades con las que se pueda llevar una vida digna y con las necesidades básicas cubiertas. Y esto es así por varias razones. La
misma Carta Social Europea recomienda que debe de ser de un 60% -aquí estamos en el 35%-; tenemos la mitad del salario mínimo interprofesional que Francia. Y no solo deberíamos subirlo por dignidad, que sería razón suficiente para que todo el
mundo en esta Cámara pudiera mirar a la cara a las personas que trabajando 40 horas semanales solo cobran 655 euros, sino incluso desde el punto de vista económico. Está comprobado -y hay estudios importantes al respecto, como el del doctor
Arrizabalaga- que la subida del salario mínimo interprofesional tiene un efecto multiplicador, es decir, invertir en las clases humildes hace que el dinero corra en la localidad, la región o la zona donde están; no se van a paraísos fiscales ni a
ningún otro tipo de historias. Luego, somos partidarios de subir este salario mínimo interprofesional lo más rápidamente posible por razones de humanidad e incluso por razones de eficacia económica. Por todo ello, votaremos a favor. Tampoco
estamos en contra ni entendemos cómo alguien pueda estar en contra de que en otra comunidad autónoma el salario mínimo interprofesional sea más alto y que pueda beneficiar a más trabajadores. El dumping social se puede hacer hacia abajo, pero
también puede hacerse hacia arriba, así que entendemos perfectamente que pueda haber una comunidad autónoma que tenga un salario mínimo interprofesional mucho más alto. Esto es bueno para todos y no entiendo cómo se puede estar en contra.


Dicho esto, y resumiendo, votaremos a favor.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.


Por el Grupo Ciudadanos, señor Ramírez.


El señor RAMÍREZ FREIRE: Muchas gracias, señor presidente.


Creo que en esta Cámara y en esta Comisión estamos todos de acuerdo con que el salario mínimo debe ser subido. La diferencia de concepto que tenemos los distintos grupos está en relación con la eficacia técnica de esa subida del salario
mínimo. Está claro que en un mercado laboral como el que nos encontramos en este país, donde el 25% de los trabajadores sufren la precariedad y la temporalidad y están continuamente entrando y saliendo del mercado, un salario mínimo
interprofesional que solo se percibe si estás dentro del mercado de trabajo nos puede parecer una medida a todas luces ineficaz. Está claro que la subida tiene que ir acompasada también con un crecimiento general de la renta y del producto interior
bruto, porque si no se puede producir una expulsión de los trabajadores de ese mercado ya que, como todo el mundo entenderá, si un trabajador no genera en el ejercicio de esa labor una cantidad suficiente de dinero para cubrir ese salario, el
empresario jamás lo contrataría. Más allá, nosotros hemos establecido claramente que estamos a favor de esa subida del salario mínimo acompasada de un crecimiento sostenible de la economía española, pero pretendemos también -por eso lo acordamos
con el Partido Socialista en diciembre y con el Partido Popular en junio- una medida que creemos que cumple con la necesidad de ese salario digno que todos queremos y ese complemento salarial. No voy a reiterar que ese complemento salarial es
lógicamente la solución perfecta cuando los trabajadores están continuamente entrando y saliendo, que es la realidad de nuestro mercado actual: 7 millones de trabajadores que, a pesar de estar trabajando, no llegan a final de mes porque no tienen
una continuidad en ese mercado. Por tanto, este complemento salarial, que estaría instrumentado con carácter anual y que daría respuesta a la situación personal y familiar de cada uno de esos trabajadores, creemos que es la solución.


El segundo punto de la propuesta no legislativa que nos trae hoy el señor Carles Campuzano rompe, lógicamente -y no por un sentimiento jacobino, como nos ha comentado al principio de su proposición-, la unidad que creemos que es necesaria en
el mercado, porque si no, como bien comentaba la portavoz de Podemos, podríamos llegar a generar un dumping, que creo que sería contraproducente. Ponen como modelo el sistema americano, pero comparar a un país como Estados Unidos, que tiene la
misma extensión y la misma población que el conjunto de la Unión Europea, con nosotros es, cuando menos, una incongruencia. Por tanto, mantendremos el sentido de nuestro voto hasta el final, hasta ver si hay enmiendas transaccionales y el sentido
de las mismas.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Campuzano para pronunciarse sobre la aceptación o no de las diferentes enmiendas.

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El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor presidente, vamos a trasladar a la Presidencia un texto transaccional que hemos alcanzado con el Grupo Socialista, el Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Esquerra Republicana y el Partido
Nacionalista Vasco y que conocen también el Grupo Popular y el Grupo Ciudadanos y que hasta el momento no han podido firmar.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Se agradece.


- RELATIVA A PRIORIZAR EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LA LEY POR LA QUE SE REGULA EL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN EL ÁMBITO LABORAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
161/000691).


El señor PRESIDENTE: Procedemos a debatir la sexta proposición no de ley del orden del día, relativa a priorizar el desarrollo y ejecución de la Ley por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito
laboral, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Candón, por siete minutos.


El señor CANDÓN ADÁN: Buenas tardes. Gracias, señor presidente, señorías.


La reforma acometida por el Gobierno desde el inicio de la legislatura tiene entre sus finalidades la de afrontar los cambios que necesita nuestro modelo productivo para situar a España en una senda sostenible de crecimiento y generar
empleos estables y de calidad teniendo la formación profesional para el empleo un papel esencial en la articulación de esos cambios, en tanto que la mejora de las capacidades y competencias profesionales del capital humano conlleva una mejora de la
empleabilidad y lo configura, por tanto, como un elemento fundamental para una recuperación sostenida. Debemos destacar y destacamos la importancia que tiene la formación como base fundamental de la creación de empleo, empleo que es la base de
nuestro Estado del bienestar. Señorías, no hay mejor herramienta para combatir la pobreza y la desigualdad que la creación de empleo, objetivo, como todos bien saben, de este Gobierno y de todas y cada una de sus señorías. Para que podamos crecer
como país es necesario potenciar el capital humano y su empleabilidad mediante la mejora de sus capacidades y competencias profesionales. Si queremos compartir el talento, si queremos como Gobierno, como Cámara de representación de todos los
españoles, como sociedad, apostar por la creación de empleo de calidad, luchar contra la desigualdad y favorecer la cohesión social, tenemos que utilizar al cien por cien todas y cada una de las herramientas de transformación de un modelo para que
los trabajadores tengan las mejores y todas las oportunidades.


A pesar de la importancia del sistema y de disponer de un modelo de gestión compartida entre las administraciones públicas -la Administración General del Estado y las comunidades autónomas- y los interlocutores sociales que ha permitido
avanzar en la mejora de las competencias profesionales de los trabajadores y la competitividad de las empresas españolas, el sistema puso de manifiesto determinadas debilidades e ineficiencias que fueron abordadas de manera urgente para dar
respuesta inmediata y de una manera más eficaz y eficiente a las necesidades formativas de los trabajadores y del sistema productivo, que ha tenido como máximo exponente la aprobación de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, reguladora del sistema de
formación profesional para el empleo, al suponer una reforma integral del sistema.


Como bien recoge la proposición no de ley -lo tienen ustedes en la exposición de motivos-, había grandes diferencias entre las fuerzas políticas en cómo conseguir ese objetivo, pero se demostró -como se va a demostrar hoy- que había algunos
puntos en común. Importante fue el compromiso del 90% de los votos del Congreso de los Diputados y del Senado para aprobar esta ley. La reforma, por tanto, es fruto de un amplio proceso de diálogo y participación con los agentes sociales y
responde al compromiso alcanzado con ellos en el Palacio de la Moncloa el 29 de julio de 2014. El modelo de formación que fue aprobado en aquella ocasión por el Partido Popular, el Partido Socialista y UPyD, con la abstención de los demás partidos,
permitirá una mayor eficacia, eficiencia y transformación en la gestión de los recursos destinados a la formación profesional para el empleo, y aporta además instrumentos adecuados de control para evitar cualquier tipo de irregularidades en la
gestión de los fondos públicos ligados al empleo, como se hace hoy en día.


No obstante lo anterior, para que la reforma sea verdaderamente efectiva y resuelva los problemas que se han ido planteando con el modelo anterior es necesario que la nueva ley tenga un desarrollo

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reglamentario que responda y sea coherente con los cambios introducidos, modificando por tanto el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, y sus órdenes ministeriales
de desarrollo, la 2307/2007, de 27 de julio, y la 718/2008, del 7 de marzo.


Creo, señoría, que la Ley de formación profesional para el empleo es una ley esperanzadora, una ley hecha para la gente, para darles muchas oportunidades de formación y futuros empleos. El capital humano es el mayor elemento de
competitividad del presente y del futuro de España; es nuestra obligación seguir mejorando este sistema de formación profesional para el empleo. Pido el voto favorable de sus señorías para seguir priorizando los desarrollos reglamentarios y el
dictado de las disposiciones que sean necesarias para garantizar que la ley por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral sea plenamente efectiva, como no puede ser menos.


Para terminar, creo que es importante dentro del espíritu del trabajo en común, de la línea marcada en esta legislatura, que todos reflexionemos y que el Gobierno haga el esfuerzo que tiene que hacer en materia de desarrollo normativo y de
desarrollo legislativo para que se haga realidad. También damos el visto bueno y vemos razonable -no puede ser de otra manera con ese trabajo conjunto para mejorar entre todos la sociedad en interés general de los españoles y de todos y cada uno de
los ciudadanos que viven en las comunidades autónomas- el aceptar todas y cada una de las enmiendas que se nos han presentado por parte del PNV, del Partido Socialista y de Ciudadanos, porque yo creo que el trabajo conjunto, el trabajo de todos al
final es lo que hace grande a este país, lo que permite tener más oportunidades en este país y lo que hace que podamos estar más tranquilos porque hay unas personas que trabajan por el interés general de todos y cada uno de los españoles.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Candón.


Por los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas, en primer lugar, por el Grupo Vasco, señor Barandiaran, por cinco minutos.


El señor BARANDIARAN BENITO: Gracias, señor presidente.


Señorías, no voy a repetir la justificación de motivos que nos ha señalado el representante del Partido Popular. Coincido con él y coincido con la importancia que tiene el sistema de formación profesional para el empleo. En la Ley 30/2015
se contempla la necesidad de su regulación reglamentaria. En el debate que se produjo en aquella ley el Partido Nacionalista Vasco ya hizo mención a dos cuestiones fundamentales: una, la existencia del artículo 12.2 del Estatuto de Autonomía del
País Vasco, en el que se reconocen competencias a la comunidad autónoma para la mejora y promoción de la cualificación profesional de sus trabajadores y su formación integral, y también al propio Decreto de transferencias, que es el 1441/2010, por
el que se transfirieron a la Comunidad Autónoma del País Vasco todas las funciones y servicios relativos a las políticas activas de empleo. Como consecuencia de aquello, se produjo un determinado acuerdo en forma de una disposición adicional, la
quinta si no me equivoco, de esta Ley 30/2015, que es la que de alguna manera reconoce que las competencias en la materia por parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco van a ser ejercidas y asumidas en cuanto a su financiación a través del
sistema de concierto económico. También se requiere para ello un principio activo, que es el de evitar el solapamiento de actividades de uno y otro, sin perjuicio de que los trabajadores pudieran acudir tanto a uno de los sistemas de formación como
al otro.


En consecuencia, y vista esta formulación por parte del Partido Popular, nos hemos atrevido a presentarles una transaccional señalando que estaríamos dispuestos a apoyar esta proposición no de ley para que aborde el desarrollo reglamentario
de la Ley 30/2015, por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral esta es la innovación, con pleno respeto y sometimiento tanto a sus disposiciones como al marco competencial derivado de los estatutos de
autonomía. Lo hacemos con carácter genérico porque no somos la única comunidad competente en la materia. Creemos entender de sus palabras que ha existido la aceptación de esa posibilidad. Nos congratulamos y por ello votaremos a favor.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barandiaran.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Raya.

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La señora RAYA RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


La principal preocupación de los españoles y las españolas sigue siendo el desempleo, el paro que sufren millones de ciudadanos en nuestro país. En la X Legislatura el Partido Socialista aplaudió el esfuerzo de las diferentes formaciones
políticas para alcanzar un acuerdo y aprobar la Ley 30/2015, de reforma del sistema de formación profesional para el empleo, una reforma que considerábamos necesaria, pero también poniendo en valor los más de veinte años de experiencia que ya tenía
el sistema. Además se hizo con el respaldo de los distintos agentes sociales, entre los que se encontraban las principales organizaciones sindicales, que, por cierto, han reprochado al Partido Popular el incumplimiento de los compromisos y
obligaciones contraídas con esta ley.


Los y las socialistas consideramos la formación como un instrumento fundamental para mejorar la productividad y competitividad de las empresas, además de constituir un derecho de los trabajadores que no solo mejora su empleabilidad, sino que
además, a través de la formación, incrementa de manera notable sus posibilidades de acceder al mercado laboral a través de la mejora de sus competencias y capacidades, objetivo que, una vez alcanzado, permite a los trabajadores y trabajadoras estar
en consonancia con las exigencia y demandas reales del mercado laboral.


Ahondando en este planteamiento, el Grupo Socialista estima que se deben redoblar todos los esfuerzos tendentes a mejorar la capacitación de los trabajadores como herramienta fundamental en la lucha contra la precariedad, el fraude y la
explotación laboral, que han acentuado como consecuencia de la reforma laboral aprobada por el Gobierno del Partido Popular. Sin embargo, dicho partido la plantea como un éxito ficticio puesto que insiste en el argumento del incremento del número
de contratos, obviando la realidad de la incuestionable indefensión de la clase trabajadora.


Señorías, el Partido Popular está hurtando con el contenido de esta PNL una de las funciones básicas del Parlamento, como es la función de mandatar y controlar al Gobierno. Es el objetivo perseguido con esta PNL. El Congreso y sus
diputados, con esta iniciativa, se convierten en palmeros del Gobierno. Ante esta simple declaración de voluntades absolutamente inconcreta -que es lo que ustedes plantean-, el Partido Socialista presenta esta enmienda por la que el Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a que apruebe el desarrollo reglamentario de la ley por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, en un plazo de tres meses, con el fin de garantizar plenamente su
efectividad. Así que, señorías, menos palabras y más hechos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Raya.


Por el Grupo Ciudadanos, señor Cano.


El señor CANO FUSTER: Muchas gracias, señor presidente.


En esta ocasión el Partido Popular nos trae una proposición no de ley sobre el sistema de formación profesional para el empleo, una proposición no de ley para la puesta en marcha de la Ley 30/2015. Entendemos que, como siempre, con
urgencia. Esto demuestra dos cosas. Primera, que cabe la esperanza para la unidad y para el acuerdo, como ocurrió con la aprobación de esta ley en esta Cámara. Y, segunda -como en ocasiones prevalecen los intereses personales y rompen estos
consensos-, se hace esperar a los que verdaderamente lo están pasando mal. Sin duda -como bien decía nuestra compañera Marta Martín en el Pleno del Congreso anteayer-, la educación es un pilar fundamental que debemos fortalecer para que tengamos
hombres y mujeres libres, lo que sin duda va a revertir en una sociedad más justa y de más oportunidades. Pues este es el camino también para aquellos que se han quedado en la cuneta, que son sobre todo los parados de larga duración. Debemos
ayudarles a incorporarse de nuevo al mercado laboral para que, con su experiencia y una mejor formación en aquello que demanda la sociedad, en primer lugar, puedan encontrar empleo y que este sea de mejor calidad y estable y, en segundo lugar,
puedan mantener a sus familias. En el acuerdo que mi grupo alcanzó con el Partido Popular establecimos, en el apartado 4 del punto 42, un sistema de cheque de formación de acceso inmediato para las personas desempleadas de larga duración con el que
estas puedan elegir el centro de formación según sus perfiles de empleabilidad y con el asesoramiento de los servicios públicos de empleo. Y esta exigencia es debida a que países como Dinamarca -con una bajada pronunciada del PIB y teniendo un buen
sistema de políticas activas de empleo- consigue mantener controlado el paro de larga duración, ya que se hace de manera muy personalizada. Esperemos que el grupo proponente nos acepte la enmienda de adición, con lo que votaríamos a favor de la
proposición no de ley.


Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cano.


Es el turno de los grupos parlamentarios que no han presentado enmienda. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


No voy a entrar en el fondo de las cuestiones de la formación para el empleo. La mayoría de los portavoces han insistido en la importancia que tiene esta política. En un escenario en el que un mercado de trabajo competitivo debe ser un
mercado de trabajo flexible, si esa flexibilidad no va acompañada de políticas eficaces de formación para el empleo y de reintegración al empleo de aquellos que lo han perdido, termina siendo un mercado de trabajo injusto. Hecha esta consideración,
he de recordar que por un lado nosotros nos abstuvimos en la votación de la Ley 30/2015. Ciertamente en aquella ley -aquí está la señora Villalobos, que nos acompaña- pactamos algunas enmiendas que mejoraban la gestión de la formación para el
empleo en relación con las pequeñas y medianas empresas, pero tuvimos discrepancias en lo que nosotros consideramos algunas invasiones competenciales que la ley mantenía, y aquello nos llevó a no poder votar favorablemente aquel texto legislativo.
Ello nos lleva hoy de entrada, a la espera de conocer el texto que finalmente se vote, a no poder votar favorablemente la iniciativa que nos plantea el Grupo Popular.


Pero, señorías, yo también quiero aprovechar este turno para poner de manifiesto en esta materia que continúa preocupándonos una cuestión singular, que es el destino del conjunto de los fondos que se recaudan a través de la cuota de la
formación -el 0,7%-, porque queremos saber si efectivamente estos recursos se destinan a las políticas de formación para el empleo. Hoy mismo, creo recordar que es El País el que nos explica que la Defensora del Pueblo se ha dirigido al Ministerio
de Empleo a raíz de una petición, de unas consideraciones formuladas por la patronal Cecot, para interesarse sobre si los recursos para la formación para el empleo, en vez de destinarse a financiar actividades de formación, se han destinado a
financiar prestaciones por desempleo. Todo ello se da en un contexto en el que en los últimos años la cuota de formación para el empleo, inicialmente pensada para financiar la formación de los trabajadores ocupados, también se ha destinado a
financiar la formación de los trabajadores desempleados. Señorías, tenemos un déficit de información y de transparencia en el gasto de estos recursos, pero también un debate pendiente sobre la eficacia de estas políticas. Algunas de las virtudes
de la Ley 30/2015 aún están por desarrollar y en el sector que se dedica a la formación para el empleo existe inquietud ante la ausencia de desarrollo normativo de esta materia. Ojalá al menos la iniciativa sirva para que el Gobierno se ponga las
pilas y se produzca el desarrollo reglamentario que se exige para que la ley entre en actividad con todo su potencial.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Salvador.


El señor SALVADOR I DUCH: El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tampoco podrá votar a favor de esta proposición no de ley por varias razones. Primero, por coherencia. La Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la cual se regula el
empleo en el ámbito laboral, está impugnada en este momento por la Generalitat de Catalunya en el Tribunal Constitucional por invadir competencias. Segundo, tampoco entendemos esta proposición no de ley, pues pensamos que no es el Parlamento el que
tiene que hablar ahora. Creo que es el Gobierno el que tiene que desarrollar el reglamento y la normativa y, por tanto, no entendemos por qué se trae esta proposición no de ley. Tercero, exigimos que en una ley de la formación profesional
-coincidimos en la importancia que tiene- se tengan en cuenta las competencias de las diferentes comunidades autónomas y se pida su participación a la hora de desarrollar este reglamento y esta normativa de la Ley 30/2015.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señora Salud.


La señora SALUD ARESTE: Gracias.


Nuestro grupo no comparte esta iniciativa. Vamos a ver cómo acaban las enmiendas, qué se incorpora finalmente, pero no la compartimos porque el Grupo Popular lo que pretende con ella es simplemente

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hacerse propaganda. Es un brindis al sol porque está vacía de contenido, no propone nada, ni plazos ni contenidos, y solo propone deseos. Por tanto, nosotros consideramos que es propaganda del Grupo Parlamentario de Podemos, y además mala
propaganda, porque los resultados de la aplicación de esta ley así lo certifican.


La ley, después de un año y medio de su entrada en vigor, en marzo de 2015, mediante real decreto-ley para su reforma -además, urgente en esa época-, se encuentra sin desarrollo reglamentario. Fue una tramitación que entonces se hizo con
carácter urgente, cuando después de un año y medio, como digo, no disponemos de su desarrollo reglamentario. Nos preguntamos, señoras y señores del Grupo Popular, cuál fue el objetivo real de esa tramitación urgente. Para nosotras está claro:
negar a los agentes sociales la posibilidad de impartir cursos de formación, un extremo inadmisible para nosotras y no entendible, atendiendo a la valoración positiva que hizo el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, basada en los
resultados favorables sobre la evaluación de la calidad, el impacto, la eficacia y la eficiencia de la formación de años precedentes, 2012-2013.


En opinión de agentes sindicales, el balance del Gobierno del PP en formación para el empleo no puede más que calificarse de calamitoso y, según la CEOE, el balance difícilmente puede ser considerado como positivo porque han formado a muchos
menos alumnos, porque han participado menos empresas, porque han generado cuantiosos excedentes no dedicados a la formación. Solo se ha transferido una pequeña parte de esos excedentes de los fondos de los planes de oferta de formación del año 2015
al año 2016. ¿Dónde ha ido a parar el resto, señores del Grupo Popular?


Por otra parte, hemos asistido a un retraso considerable de la convocatoria de ayudas para la formación de este año 2016, retraso que además ha venido acompañado de la exclusión de los agentes sociales del órgano colegiado que informa los
planes de formación, aspecto este grave tanto en términos legales como también políticos porque la legislación avala la participación de los agentes sociales en la gobernanza del sistema y, en particular, en su diseño, en la planificación, en el
control, en el seguimiento y la evaluación de la oferta formativa especialmente dirigida a los trabajadores y a las trabajadoras ocupadas. Además, mucho nos tememos que esto obedece a que el Gobierno no quiere testigos ni controles ni seguimiento
real de la formación para el empleo, que se financia, como todos sabemos, con la cuota de trabajadores y trabajadoras y también de empresas. Ustedes no han puesto en marcha el registro de entidades de formación, no han puesto en marcha el cheque de
formación, no han puesto en marcha las estructuras paritarias sectoriales, no han puesto en marcha la cuenta de formación, no han puesto en marcha el sistema integrado de información y un largo etcétera. Así que, señoras y señores del Grupo
Popular, no nos hagan perder el tiempo ni nos tomen el pelo, pónganse a trabajar para su desarrollo normativo, para la puesta en marcha de los planes de formación, no desvíen los presupuestos que corresponden a formación para otros fines ya que lo
pagamos los trabajadores y las trabajadoras, y no excluyan a los agentes sociales porque hasta a sus amigos de la patronal los tienen bastante cabreados. Ustedes tienen la virtud efectivamente de la prudencia, quizá excesiva en este caso, pero no
tienen la virtud de la responsabilidad porque son bastante irresponsables, ya que después de un año y medio no han puesto esta ley -según sus palabras tan importante para el empleo- en marcha.


Muchas gracias. (La señora Villalobos Talero pronuncia palabras que no se perciben).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el grupo proponente tiene la palabra su portavoz para explicar su posición sobre las enmiendas. (El señor vicepresidente ocupa la Presidencia).


El señor CANDÓN ADÁN: He dicho en mi intervención que acepto las tres enmiendas que han presentado los tres grupos parlamentarios.


Muchas gracias.


- RELATIVA A IMPULSAR Y RECONOCER LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000692).


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Pasamos al último punto del orden del día, proposición no de ley relativa a impulsar y reconocer los derechos de los trabajadores autónomos, del Grupo Parlamentario Popular.

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Para la defensa de esta proposición no de ley tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular, el señor Echániz, por un tiempo no superior a siete minutos.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, el Gobierno del Partido Popular siempre ha mostrado una especial sensibilidad hacia el colectivo de los trabajadores autónomos y pymes, conscientes siempre de que solo si se facilita la actividad emprendedora empresarial se puede
crear empleo.


Durante la X Legislatura se han aprobado más leyes en esta Cámara para apoyar a los autónomos y a los emprendedores que con cualquier otro Gobierno del periodo democrático. Esto ha supuesto sin duda un incremento muy notable de los
trabajadores autónomos en nuestro país y los resultados avalan esta circunstancia. Según los últimos datos publicados por la Seguridad Social, referentes a septiembre de 2016, hoy tenemos 137.000 trabajadores autónomos más que en diciembre de 2011
y casi 200.000 autónomos más que en el peor momento de la crisis, allá por febrero de 2013, cifras bien distintas y bien diferentes a los 572.000 autónomos que se perdieron durante los Gobiernos anteriores.


Señorías, actualmente en España hay 3.191.000 autónomos que están cotizando a la Seguridad Social, que a su vez tienen empleados a cerca de 900.000 trabajadores asalariados. Es decir, que el 21,3% de los autónomos tienen empleados a su
cargo; por lo tanto, son responsables de la cuarta parte del empleo nacional, una realidad muy importante que genera empleo en nuestro país. Según la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, durante el primer semestre de este ejercicio 2016
los autónomos han generado el 27,6% del empleo en nuestro país, 107.000 nuevos puestos de trabajo. Desde enero hasta junio de este año, en esos seis meses, cada día los autónomos han generado 600 nuevos empleos. Las medidas aprobadas por el
Gobierno del Partido Popular han dado sus frutos en este colectivo de trabajadores autónomos, que se ha visto incrementado de una forma muy importante. En el último año, según el SEPE -septiembre de 2016-, el colectivo de autónomos ha crecido en
26.000 personas, lo que supone la mitad del crecimiento registrado hace un año, que fue de 51.000. Ese ritmo de crecimiento sin duda es un elemento que nos tiene que hacer reflexionar respecto de la necesidad de reimpulsar estas cuestiones
relacionadas con los autónomos en el ámbito de la iniciativa política de este Parlamento.


Señorías, entre los años 2011 y 2015 el Partido Popular aprobó una infinidad de reformas para ayudar a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas. De hecho, varias organizaciones de trabajadores autónomos la califican como la
legislatura de los autónomos. En ese ámbito tiene mucho sentido recordar que mejorar el marco regulatorio y el entorno empresarial haciendo más fácil el día a día de los autónomos han sido objetivos fundamentales: la licencia exprés; la Ley de
garantía de mercado único; el estímulo del emprendimiento y la creación de empleo a través de la Ley de apoyo a emprendedores; la Ley de emprendimiento juvenil, a la que se han acogido 430.000 jóvenes; la tarifa plana de 50 euros; el
favorecimiento de la reestructuración de las deudas y la mejora de las posibilidades de financiación para evitar la asfixia financiera en un entorno como el que se produjo hace unos años de fuerte contracción del crédito bancario, que se ha
intentado combatir con las leyes concursales o la Ley de Segunda Oportunidad; reducir la morosidad pública con el Fondo de pago a proveedores; devolver el esfuerzo a través de una reforma fiscal que ha sido muy favorable para este colectivo y que
ha afectado a más de 1,6 millones de autónomos, a los que se les bajó la retención en el mes de julio del 21 al 15% si declaran menos de 15.000 euros. Mención expresa merece la Ley 31/2015, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia
de autoempleo y se adoptan las medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo. En definitiva, todo esto pone de manifiesto la circunstancia que hoy quiero resaltar de que más de 846.000 personas han comenzado un proyecto emprendedor en nuestro
país a través de la tarifa plana de 50 euros; que cerca de 436.000 personas se han beneficiado de un contrato indefinido de apoyo a emprendedores para pymes y autónomos o que el Plan de pago a proveedores, en sus tres fases, ha inyectado nada más y
nada menos que 42.000 millones de euros por facturas pendientes de las entidades locales y comunidades autónomas con sus proveedores, de los cuales el 99% eran autónomos y pymes de españoles.


A principios de este mes de noviembre, señorías, la tarifa plana de 50 euros de cotización para incentivar a nuevos autónomos había beneficiado desde su puesta en marcha a 999.382 emprendedores -casi un millón-, de los cuales 379.000 -casi
380.000- son menores de treinta años. El 40% de las personas beneficiadas por esta iniciativa política del Gobierno Popular son menores de treinta años. Por tanto, señorías, esa ha sido la dinámica y el trabajo de este grupo parlamentario, que se
plasmó en los ciento cincuenta compromisos que firmamos con el Partido Ciudadanos y que ha dado prioridad a este colectivo con un doble compromiso: una ley de reformas urgentes del trabajo autónomo y una subcomisión

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en el Congreso para estudiar la reforma del RETA para la equiparación del trabajo autónomo con la de cualquier empleado sujeto al régimen general.


Señorías, el pasado viernes, como una de las primeras iniciativas de este nuevo Gobierno, se presentó la primera reforma de nuestro programa electoral y de nuestro pacto de investidura con Ciudadanos, una serie de medidas para impulsar este
ámbito del empleo autónomo y para mejorar las condiciones laborales del sector: nueva tarifa plana de autónomos que se ha elevado a un año, deducción en el IRPF de los gastos de mantenimiento de vehículos y suministros de luz y agua, exención del
abono de cuotas para los autónomos que no alcancen el salario mínimo y la compatibilidad del trabajo por cuenta propia con la percepción de una pensión de jubilación, la mayor flexibilidad para el cambio de la base de cotización a la Seguridad
Social y la adaptación del pago de las cuotas al momento del alta y no por meses completos, etcétera. Todas estas medidas se pueden completar con otras muchas relacionadas con la Ley de segunda oportunidad, con la conciliación laboral y familiar,
con las ayudas para reiniciar un negocio, con la morosidad, etcétera. Por todos estos motivos, señorías, el Grupo Parlamentario Popular en la tarde de hoy ha querido traer a esta Comisión una iniciativa de impulso de todas estas materias con el
objeto de reconocer el papel clave de los autónomos en nuestro país, en nuestra economía y en nuestro mercado laboral como una importantísima fuente generadora de empleo y, por lo tanto, impulsar también la adopción de medidas urgentes que faciliten
la actividad de los trabajadores autónomos, que reduzcan sus cargas administrativas y fiscales y que, a la vez, mejoren la protección social. Por todos estos motivos hemos presentado esta iniciativa.


Hemos recibido enmiendas de distintos grupos. Evidentemente, la enmienda presentada por el Grupo Ciudadanos responde al literal del acuerdo firmado con el Partido Popular en los últimos meses por lo que es una enmienda que no solo vemos con
agrado, sino que responde exactamente a otra iniciativa nuestra que no ha entrado en el orden del día de hoy pero que está registrada en la Cámara con prácticamente el mismo literal y que aborda estas mismas cuestiones. Le anticipo al Grupo
Socialista que estaríamos dispuestos -en caso de que así lo desee- a añadir un punto adicional al petitum de la enmienda de Ciudadanos que incorporase el espíritu de lo que han querido proponer para la iniciativa de esta tarde, especialmente lo
relacionado con los falsos autónomos, es decir, abordar la problemática específica y su resolución en relación con los falsos autónomos. En cualquier caso, esta va a ser una línea de actuación a través de la subcomisión, a través del impulso
legislativo y a través de las iniciativas parlamentarias que mi grupo parlamentario va a defender a lo largo de toda esta legislatura, porque entendemos que este es uno de los objetivos más importantes para la salida de la crisis, para el
crecimiento económico, para la creación de empleo y para la solución de la mayor parte de los problemas de carácter social, político y económico que tiene nuestro país.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Muchas gracias, señoría.


Turno de intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas. Tienen un tiempo máximo de cinco minutos. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Nuestro amigo el señor Echániz ha hecho una defensa de la política del Gobierno en la X Legislatura, ha reiterado el compromiso del Partido Popular en relación con el colectivo de autónomos y ha glosado sus acuerdos con Ciudadanos en esta
materia. Pero ciertamente todo ello, y teniendo en cuenta la importancia de lo que estamos debatiendo, se contradice con el contenido concreto de la proposición no de ley que debatimos, que tiene un redactado muy genérico, poco concreto, que no
permite valorar si el Gobierno tiene una agenda clara en esta materia. Es verdad que con la incorporación de la enmienda de Ciudadanos parecen identificarse algunas medidas concretas que, al parecer, vamos a poder tramitar en forma de proposición
de ley en las próximas semanas. En cualquier caso, bienvenido ese debate. Si hoy hay algún grupo que puede reivindicar haber situado la cuestión de los autónomos en la agenda económica y social es el Partido Demócrata, en la medida en que somos
herederos de la antigua Convergència i Unió. A principios de los dos mil esas cuestiones empezaron ya a discutirse en el seno de esta Cámara y durante estos años algunas de las mejoras que se han producido han tenido ese sello de origen claramente
catalán. Precisamente las enmiendas que hoy les planteamos pretenden concretar algunas de las cuestiones que deberían abordarse en esta legislatura en esta materia; singularmente, debe abordarse una reforma integral del RETA. Hoy mismo, en un
desayuno de trabajo que los miembros de la Comisión

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del Pacto de Toledo hemos tenido en el Ministerio de Empleo con la ministra, se nos ha recordado que el RETA es un régimen deficitario, cerca de 7.000 millones de euros tiene de déficit. Y eso va acompañado de que los trabajadores autónomos
reciben prestaciones muy bajas cuando se jubilan, no tienen garantizada la misma cobertura que los trabajadores por cuenta ajena y existe una importante insatisfacción por parte de muchos trabajadores autónomos respecto del funcionamiento de la
Seguridad Social en su actuación específica hacia ellos. Además, hay una enorme conciencia por parte de los autónomos de que han sido los grandes damnificados de esta crisis; por ejemplo, la prestación por cese de actividad no ha funcionado de
manera adecuada. Los trabajadores autónomos no han estado protegidos ante la realidad de la pérdida de sus negocios, de la pérdida de su empleo. Por tanto, toca abordar una reforma del cese de actividad, que ya no va a estar pensada para proteger
a quienes han perdido su negocio, su empleo durante estos años, sino que deberá formularse para proteger a esos autónomos frente a posibles crisis de futuro. Es necesaria una buena presencia de los autónomos en la discusión de las cuestiones que
les afectan en el marco del diálogo social; es necesaria su presencia en los órganos de representación de los interlocutores sociales, singularmente el Consejo Económico y Social. Incluso lo que en su día fue una ley moderna y avanzada, como la
ley que reguló el trabajo autónomo dependiente, una ley singularmente avanzada en el contexto europeo, luego en su aplicación real y práctica para proteger de manera adecuada a los trabajadores autónomos no ha terminado de funcionar. Hasta una
cuestión que el Gobierno Popular ha exhibido como uno de sus éxitos, como es la denominada Ley de segundas oportunidades, tampoco ha terminado de dar respuesta a muchísimos de los problemas que tienen aquellos trabajadores autónomos, que ven cómo su
negocio termina fracasando.


Finalmente, buena parte de la política que se ha construido de apoyo al trabajo autónomo ha estado orientada a facilitar la puesta en marcha de nuevas actividades económicas, pero no a facilitar el mantenimiento del empleo. Buena parte de
la política de bonificaciones, de reducciones de cuotas, está pensada para jóvenes que empiezan su negocio o para personas más maduras que lo reemprenden, pero no está pensada para permitir que ese trabajador autónomo haga frente a una situación
económica de crisis porque algunas de las cargas a las que debe hacer frente hacen imposible que mantenga su propia actividad económica. Ahí el balance tampoco es, ni muchísimo menos, satisfactorio. O, por ejemplo, hay una cuestión que en nuestra
etapa como Convergència incorporamos en una de las reformas de las pensiones, la pactada con el Partido Socialista, la posibilidad del trabajo autónomo a tiempo parcial, que no se ha desarrollado. Había una previsión legal en esa línea y el
anterior Gobierno congeló la aplicación del trabajo autónomo a tiempo parcial. Por tanto, bienvenido el debate, bienvenidas las mejoras, bienvenido cualquier compromiso en materia de autónomos, pero seamos también exigentes con aquello que se ha
hecho hasta ahora porque el camino a recorrer es todavía enorme y significativo. Los autónomos continúan siendo de los maltratados en nuestra legislación social y fiscal.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Simancas.


El señor SIMANCAS SIMANCAS: Gracias, señor presidente.


Con todo el respeto al Grupo Parlamentario Popular, queremos adelantar que a nuestro juicio esta iniciativa, como en buena medida también la anterior que hemos tratado, es una iniciativa poco seria. Una iniciativa con una literalidad tan
obvia, tan inespecífica, tan inconcreta como la que se plantea aquí -impulsar y reconocer el papel clave de los trabajadores autónomos, estudiar medidas que favorezcan y faciliten su actividad- es una iniciativa poco útil por inespecífica e
inconcreta. Rogaríamos que no fuera una costumbre del Grupo Parlamentario Popular cubrir el cupo en esta Comisión a base de este tipo de iniciativas. En todo caso ya adelantamos criterio: nosotros no vamos a apoyar este tipo de brindis al sol con
carácter general. No obstante, vamos a aprovechar el tiempo para tratar el fondo de la cuestión, ya que tanto Ciudadanos como el Partido Popular nos están invitando al debate en torno a una proposición de ley en Pleno al respecto, y también se
habla de una subcomisión. Allí nos veremos.


Me gustaría aprovechar este poco tiempo que nos queda para hablar de algo muy concreto, muy específico y útil: los falsos autónomos. En la última EPA, 250.000 trabajadores se declaraban trabajadores autónomos dependientes; 160.000 de
ellos declaraban trabajar para un solo cliente. Con toda probabilidad muchos de esos autónomos y de sus empleadores están actuando conforme a derecho, es decir estamos hablando de trabajo con una estructura productiva propia y con una autonomía en
el desarrollo de su labor. Pero sabemos también fehacientemente que otros muchos trabajadores son en realidad trabajadores

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por cuenta ajena que actúan como falsos autónomos. Es decir trabajadores en realidad por cuenta ajena, que trabajan en el ámbito de organización de otra empresa, bajo la dirección de una empresa que no es la suya, con medios propios de esa
otra empresa, dependiendo de esa empresa de manera constante con una retribución y unas condiciones de trabajo establecidas unilateralmente por esa otra empresa. Es decir, sabemos que se trata de falsos autónomos que se han visto obligados a darse
de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos porque así se lo exigen sus empleadores. Y sabemos que esos falsos autónomos, en tal condición, están perdiendo de una manera injusta, incluso en términos de fraude de ley, buena parte de sus
derechos: retributivos, derechos de negociación colectiva, derechos en relación a sus condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque hay un empresario que por este procedimiento, a nuestro juicio de fraude de ley, pretende ahorrarse el pago de
cotizaciones sociales, pretende evitarse el pago de vacaciones, descansos, horas extraordinarias; pretende incluso reservarse de una manera fraudulenta la capacidad de extinguir la relación laboral cuando quiera y sin respetar los derechos del
trabajador. A nuestro juicio, este es un asunto concreto, un asunto específico, un asunto importante que hay que tratar, analizar, identificar y combatir. Esto es una forma de explotación laboral que está presente en nuestro mercado laboral y que
es preciso -insistimos- identificar y combatir desde esta Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados. ¿Cómo? Regulando jurídicamente la figura del falso autónomo con sus consecuencias jurídicas correspondientes en términos
de infracciones y de sanciones, incluyendo a los auténticos trabajadores autónomos dependientes en el ámbito del Estatuto de los Trabajadores y por lo tanto garantizando sus derechos, y estableciendo una campaña en la Inspección de Trabajo para
identificar y para extinguir esta forma de explotación laboral.


No vamos a respaldar esta proposición no de ley, insistimos, tan absolutamente inespecífica y tampoco nos parece razonable incorporar como enmienda algo absolutamente contrario, algo absolutamente específico y que además será objeto de
tratamiento de una proposición de ley como el acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos respecto al tratamiento de los autónomos. Por lo tanto, nos abstendremos en esta propuesta.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Del Campo.


El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Muchas gracias.


Nosotros celebramos que en la Comisión de Empleo se siga hablando de los autónomos, pero sobre todo lo que queremos celebrar es que en esta nueva legislatura se haya empezado hablando de los trabajadores autónomos. Los trabajadores
autónomos, después de varias campañas y de lo que hemos venido haciendo en el Parlament, son una de las grandes banderas de Ciudadanos y una de las grandes banderas no solo debido al modelo de tejido empresarial que tenemos en España, sino porque
son realmente los grandes generadores de empleo neto en nuestro país y los grandes generadores de riqueza.


Dice la propuesta del Partido Popular 'impulsar y reconocer el papel de los trabajadores autónomos'. Nosotros pensamos que impulsar y reconocer el papel de los trabajadores autónomos se debe hacer con hechos y no con palabras. Se han
llenado la boca hablando de todo lo que han hecho por los trabajadores autónomos, pero si hablan con cualquiera de las asociaciones de trabajadores autónomos verán que queda muchísimo por hacer y que el Partido Popular ha tenido cuatro años de
mayoría absoluta para hacerlo; o sea, no queremos que ahora se llenen la boca diciendo todo lo que han hecho porque podrían haber hecho muchísimo más. Pero ahí está Ciudadanos para exigir al Partido Popular que realicen todos esos cambios. Ya lo
hicimos en el acuerdo de 350 medidas con el Partido Socialista, en el que exigimos cambios reales para los autónomos, muchos que se podían haber hecho antes y que no cuestan dinero -no se pueden excusar en los gastos-, y que posteriormente hemos
llevado también al acuerdo de 150 exigencias con el Partido Popular. Así que lo celebramos, pero, como decimos, creemos que se hace con palabras y no con hechos. Por eso, Ciudadanos, respetando ese acuerdo, ha presentado ya esa proposición de
medidas urgentes de los trabajadores autónomos, donde van muchas de las reivindicaciones de estos trabajadores, sobre todo temas que se pueden hacer ya, temas de trabas administrativas en materia de Seguridad Social -como las altas diarias, como los
cambios de base de cotización-, temas de cotización que se pueden hacer ya -como mejorar las cotizaciones y las bonificaciones de las trabajadoras autónomas, algunas de ellas que eliminó el Partido Popular en el año 2012- o medidas en materia
tributaria y de morosidad, que también son muy importantes. Por tanto, celebramos que se siga hablando de los autónomos, pero sabemos que hay que ir más allá y por eso en el acuerdo 32 o en el 31

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-no me acuerdo bien- se habla de la creación de la subcomisión, porque es verdad que hay muchas cosas en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia que no se pueden hacer a las bravas y tendremos que hablarlas todos los grupos
políticos. Tenemos un problema de déficit con el régimen especial de trabajadores autónomos -en torno a los 7.000 millones de euros- que tendremos que intentar resolver entre todos, y tendremos que hablar de cotizaciones, de compatibilidad,
etcétera. Así que celebramos que se inicie la legislatura hablando de los trabajadores autónomos y, como decía el portavoz del Partido Socialista, nos veremos en el Pleno para hablar de esta proposición de ley de Ciudadanos.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Muchas gracias, señoría.


Turno de intervención de aquellos grupos que no tenían enmiendas. Tiene la palabra en primer lugar -si así lo estima conveniente-, por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Barandiaran.


El señor BARANDIARAN BENITO: Intervendré muy brevemente para señalar, por algunos de los motivos que aquí ya se han expuesto, nuestra abstención en este punto.


Ha sido fundamentalmente Ciudadanos quien a lo largo de la anterior legislatura ha repetido en multitud de proposiciones el gran problema que existe en torno a los autónomos. Me gustaría advertir una cosa más, y es la concomitancia de
espacio, digamos, empresarial, laboral, de los autónomos con otro fenómeno que también se nos ha manifestado a nosotros en múltiples ocasiones y por múltiples agentes, que es el de los pequeñísimos empresarios, aquellos que no tienen ni una docena
de trabajadores, que tienen diez o cinco, y respecto de los cuales se produce además una situación de desproporción entre las medidas propuestas para unos y las exigencias existentes para otros. De tal manera que estamos ante una situación
socialmente delicada y laboralmente complicada pero necesaria, puesto que esos pequeñísimos empresarios ocupan a una parte importantísima de la población. Cuando hablo de empresarios hablo tanto de muchos autónomos como de los pequeños empresarios,
respecto de los que la preocupación es común pero se debe abordar de una manera diferente y no con declaraciones tan genéricas como esta. Es decir, hace falta hablar de cuál es la situación de los emprendedores pequeños y cuál es la regulación que
queremos y que podemos dar, así como la protección que merecen por su labor, que es fundamentalmente social. Entiendo que esta medida no añade nada, no es suficientemente clara. No es expresiva más que -con todo respeto, señores del Partido
Popular- de una especie de loa de su propio partido y de su propio Gobierno, cosa que creo que no conduce a nada y por ello nos vamos a abstener.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Salvador.


El señor SALVADOR I DUCH: Buenas tardes, ya casi buenas noches. Voy a sorprenderles, Esquerra Republicana de Cataluña va a votar a favor del Partido Popular. He leído muy bien la PNL, he buscado iniciativas concretas y no las he
encontrado, pero no puedo votar en contra de una declaración de intenciones que dice 'impulsar y reconocer el papel clave de los trabajadores autónomos'. Pues sí, lo reconocemos y votamos a favor. Y dice también 'estudiar la adopción de medidas
urgentes que favorezcan y faciliten las actividades de los trabajadores autónomos y reduzcan las cargas administrativas'. Pues también está muy bien. Vamos a votar que sí. Votaremos que si, si bien he leído buscando iniciativas concretas que no
he encontrado y después de escuchar la presentación del diputado del Partido Popular, que ha sido un spot muy bonito e interesante en el que tampoco había nada concreto, pero ha sido un buen spot. Votaremos a favor de esta declaración de
intenciones, pero esperemos que la próxima vez nos traigan proposiciones no de ley más interesantes, como por ejemplo cómo combatir a los falsos autónomos, que sí me parece una cosa tremendamente importante de abordar. Hay una autonomización de la
clase trabajadora, que significa convertir en autónomos a quienes antes eran asalariados, y me parece muy preocupante. No sé si es comunismo o no, pero citaré a Marx y a lo que llamaba el ejército de reserva, que era la entrada y salida del mercado
laboral sin ningún tipo de protección social. Esto se llama autónomos y autónomos precarios. Combatir la figura del falso autónomo bajo la que viven muchas personas -no sé si son millones pero sí muchísima gente- que antes eran asalariados y hoy
son falsos autónomos es algo primordial. Es una lacra y es algo tremendamente importante de combatir porque un trabajador autónomo, como decía antes un compañero socialista, es mucho más barato: se paga las

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herramientas, no tiene horarios ni vacaciones, etcétera. Esta tendencia al aumento del falso autónomo sí es algo que hay que abordar de una manera muy seria en esta Comisión de Empleo.


Por lo demás, votaremos a favor de su spot publicitario y de estas grandes medidas que usted nos ha planteado.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Muchas gracias, señoría.


Ya estamos acabando la sesión y, por lo tanto, ruego a sus señorías que hagan un último esfuerzo de atención a quien les dirige la palabra, que en este caso va a ser, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, el señor Montero.


El señor MONTERO SOLER: Muchas gracias, presidente.


Tenemos que coincidir con otros grupos que nos han precedido en el uso de la palabra en que es una iniciativa que es más un brindis al sol que otra cosa. Tan difícil es apoyar como oponerse a su petitum. Yo prefiero apoyar cosas concretas
u oponerme a cosas concretas. En el caso de las cosas genéricas, no queda más remedio que abstenerse. Lo que sí hay es disconformidad con la exposición de motivos que el Grupo Popular hace sobre la evolución del colectivo de los trabajadores
autónomos. La exposición que ha realizado de las medidas que se han ido aplicando a lo largo de la legislatura del Gobierno del Partido Popular se contradice con la realidad que trasladan las distintas asociaciones de autónomos con las que nos
hemos reunido. Hay unanimidad en esas asociaciones en que los esfuerzos tanto legislativos como de acción del Gobierno del Partido Popular durante esa legislatura fueron reducidos, que se limitaron esencialmente a políticas a corto plazo que sí han
tenido un impacto, como han podido ser las de la tarifa plana o tarifas low cost para la cotización a la Seguridad Social de estos trabajadores y trabajadoras, y que lo que han hecho es, por un lado, tener efectos perversos sobre los ingresos de la
Seguridad Social y, por otro, frenar la caída del número de trabajadoras y trabajadores autónomos y provocar un trasvase de desempleados al colectivo del autoempleo.


La iniciativa estaba presentada antes de que hubiera Gobierno, e identifica la caída de la tasa de crecimiento del colectivo de autónomos con la ausencia de Gobierno, pero yo creo que no es un diagnóstico acertado ni que permita afrontar las
políticas que este colectivo necesita, porque lo que se percibe en la tendencia es que la tasa de crecimiento del colectivo de autónomos viene cayendo desde hace tres años. En el año 2014 era del 2,7; en el año 2015 era del 1,5; y en el año 2016
-este sí, sin Gobierno en ejercicio- era del 0,9. Pero la tasa de crecimiento del trabajador asalariado crecía al 4%, que es un dato significativo. Por lo tanto, no se explica bien que el trabajo por cuenta ajena crezca al 4% y que, sin embargo,
los trabajadores autónomos tengan una tasa de crecimiento tan baja. Las consecuencias son básicamente que nos encontramos con un colectivo en el que la mayor parte de los proyectos que se inician no se consolidan. La alta tasa de rotación lleva a
que apenas uno de cada diez proyectos se mantenga un año. Seguimos muy lejos del nivel de trabajo autónomo previo a la crisis. Hay 500.000 trabajadores autónomos menos en el tercer trimestre del año 2016 que en el tercer trimestre del año 2007 y
lo que se necesita, creemos -y era lo que nos hubiera gustado encontrar en esta proposición no de ley para poder apoyarla-, es una reflexión sobre el papel que este colectivo tiene en el modelo productivo y cuál debe ser su papel de cara a un
tránsito en ese modelo productivo sobre las políticas públicas que mejoren la protección social de estos trabajadores que se encuentran ampliamente desprotegidos y sobre las políticas destinadas a mantener la actividad, más allá de incrementar el
número de trabajadores que ingresan en el sistema sin contar las bajas que se producen en el mismo.


En definitiva, lo que el colectivo reclama esencialmente -se lo traslado por boca de ellos- es financiación, formación y crecimiento de la demanda y, como nada de eso encontramos en la proposición no de ley, nos vemos obligados a
abstenernos.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Devesa): Muchas gracias, señoría.


Habiéndose debatido todos los puntos del orden del día, vamos a proceder a suspender por un tiempo de tres minutos el desarrollo de la Comisión, rogándoles a sus señorías que no abandonen la sala porque, una vez hayan transcurrido, se hayan
hecho llegar las transaccionales que aún están pendientes y se hayan ordenado las votaciones, procederemos de inmediato a la reanudación de la misma. (El señor presidente ocupa la Presidencia. (Pausa).

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El señor PRESIDENTE: Después de la elaboración de las distintas enmiendas transaccionales que se han presentado, pasamos al proceso de votaciones.


Votamos, en primer lugar, la primera proposición no de ley, sobre el establecimiento de un techo salarial vinculado al salario mínimo interprofesional en relación de 1:12, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y que
se somete a votación en sus términos con la incorporación de la enmienda número 1 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 18; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


En segundo lugar, procedemos a la votación de la proposición no de ley relativa a la adopción de medidas laborales para luchar contra la brecha salarial entre hombres y mujeres, propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista, y que se
somete a votación con el texto de la enmienda transaccional que el letrado leerá a continuación.


El señor LETRADO: La enmienda transaccional a la proposición no de ley que se va a someter a votación, es: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover una ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres que garantice de
forma real y efectiva tanto la distribución social de los trabajos domésticos como la retribución para el desempeño de un trabajo de igual valor removiendo todos los obstáculos a acceso, formación, promoción, conciliación, que la impiden o
dificultan, considerando como medida concreta la financiación suficiente para la Ley de dependencia, garantizando la cobertura universal a los sistemas de atención a la infancia, incluyendo escuelas infantiles de cero a tres años y a la dependencia.


Otro guion: Adoptar medidas para que todas las empresas tengan un registro donde consten de manera desagregada los salarios y complementos salariales que perciben los trabajadores y trabajadoras de su plantilla, así como mejorar los
sistemas de información, incluyendo de forma diferenciada aquellos que permitan ampliar su transparencia y detectar los focos de discriminación tales como especificar las retribuciones variables o tomar como referencia los indicadores salario/hora.
Estos sistemas de información deben incorporar un indicador sintético de brecha laboral comparable internacionalmente.


El tercer guion sería el segundo guion de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.


El siguiente guion sería el tercer guion de la proposición no de ley original.


El siguiente guion sería el cuarto guion de la proposición original más la enmienda 3 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


El siguiente guion pasaría a decir: Incorporación de la perspectiva de género en el sistema de retribución.


El siguiente guion sería el segundo párrafo de la enmienda de Ciudadanos que empieza por 'fomentar una cultura'.


El siguiente guion sería el quinto guion del texto original de la proposición no de ley, que empieza por 'impulsar'.


Y el último guion sería un guion nuevo, que es el texto de la enmienda 5 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


El señor PRESIDENTE: Procedamos rápidamente. (Risas).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


La tercera proposición no de ley que sometemos a votación, sobre la homologación de la renta agraria y del subsidio agrario en un sistema especial agrario, más ágil, que elimine discriminaciones y garantista de los derechos de trabajadores y
trabajadoras del medio rural, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, se somete a votación en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 15; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

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En cuarto lugar, votamos la proposición no de ley sobre la definición del régimen jurídico de los empleados de las entidades públicas empresariales con especial consideración al caso de la empresa agraria de transformación Tragsa, presentada
por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, y que se somete a votación con una enmienda transaccional que está distribuida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


La quinta proposición no de ley que sometemos a votación es la relativa al incremento del salario mínimo interprofesional y para posibilitar el establecimiento de salarios mínimos de carácter autonómico o local, presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto. Se somete a votación con una transaccional presentada por cinco grupos que entiendo que también está distribuida.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 14; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


La sexta proposición no de ley es la relativa a priorizar el desarrollo y la ejecución de la ley por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Se
somete a votación con una enmienda a la que se pasa a dar lectura.


El señor LETRADO: El texto resultante con las enmiendas sería: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo de tres meses lleve a cabo el desarrollo reglamentario de la Ley 30/2015, por la que se regula el sistema de
formación profesional para el empleo en el ámbito laboral con pleno respeto y sometimiento tanto a sus disposiciones como al marco competencial derivado de los estatutos de autonomía.


A esto se añade el texto de la enmienda 3 del Grupo Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; en contra, 1; abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la última proposición no de ley, relativa a impulsar y reconocer los derechos de los trabajadores autónomos, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, que se somete a votación con la incorporación de la enmienda presentada por
el Grupo Ciudadanos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Se levanta la sesión.


Eran las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.