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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 97, de 01/02/2017
cve: BOCG-12-D-97
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
1 de febrero de 2017
Núm. 97
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
PERSONAL
299/000003 Personal eventual para la atención de los señores Diputados de los Grupos Parlamentarios.
Cese... (Página5)
Nombramiento... (Página5)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001144 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a los marineros españoles en Noruega. Incorporación de firma... (Página5)
161/001202 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la ocupación de Palestina, la represión contra el pueblo palestino y la violación del Derecho Internacional en
esta zona... (Página6)
161/001217 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la actuación del Gobierno ante la situación de los refugiados durante el invierno... (Página8)
161/001224 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el control de los viajes oficiales del Jefe del Estado... (Página9)
Comisión de Defensa
161/000087 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la restitución a sus archivos originarios de la documentación del Gobierno catalán requisada por la Gestapo en París en 1940 que se
conserva en el archivo de Ávila. Pasa a tramitarse en la Comisión de Cultura... (Página10)
161/001210 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la supresión de honores militares y nobiliarios a Alfredo Kindelán (responsable de los criminales bombardeos de Lleida, Granollers, Gernika
o Durango) y de la cátedra de estudios que lleva su nombre... (Página10)
Comisión de Economía, Industria y Competitividad
161/001103 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la creación del contrato de potencia estacional. Pasa a tramitarse en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital...
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/001201 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la equiparación del tratamiento fiscal entre matrimonios y parejas de hecho...
161/001207 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes en torno a acelerar las ofertas de empleo público necesarias para el buen funcionamiento de instituciones esenciales del Estado...
Comisión de Fomento
161/001195 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la conversión en travesía urbana del tramo de entrada de la AP-9 a Vigo, desde la Avenida de Buenos Aires
hasta el centro de la ciudad... (Página15)
161/001198 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la suspensión de lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables... (Página17)
161/001205 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la liberación del tramo riojano de la autopista vasco-aragonesa AP-68...
161/001208 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la línea ferroviaria de altas prestaciones Zaragoza-Pamplona-Y Vasca... (Página18)
161/001212 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la construcción de la Línea de Alta Velocidad de los tramos Castejón-Logroño y Logroño-Miranda de Ebro dentro del Corredor Cantábrico-Mediterráneo...
(Página20)
161/001219 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la liberación del tramo riojano de la autopista vasco-aragonesa AP-68...
161/001220 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a impulsar las inversiones necesarias en el ramal Lleida-Tarragona del Corredor del Mediterráneo para garantizar una efectiva conexión de Lleida con el
puerto de Tarragona y el Corredor del Mediterráneo... (Página22)
161/001221 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la variante de la Pobra de San Xiao... (Página23)
161/001225 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a impulsar la finalización de las obras de la autovía A-32 Linares-Albacete...
161/001226 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al cambio de la denominación del aeropuerto de Santiago de Compostela-Lavacolla por el de 'Rosalía de
Castro'... (Página24)
161/001233 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la justa financiación en infraestructuras de la ciudad de Valencia paralizadas por falta de inversión por parte del Ministerio de Fomento...
Comisión de Educación y Deporte
161/001203 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la puesta en marcha de un programa de cooperación interterritorial de promoción de la innovación educativa para mejorar la calidad y equidad del
sistema... (Página26)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/001206 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso de un programa de apoyo a jóvenes españoles emigrados... (Página28)
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
161/001200 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la declaración de Benidorm como municipio turístico... (Página30)
161/001204 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre reivindicaciones en los municipios del área de influencia de El Cabril... (Página31)
161/001211 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la realización de una auditoría sobre los costes de generación de la energía convencional y la factura eléctrica...
161/001222 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre eficiencia energética en edificios... (Página34)
161/001234 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la tarificación de la energía eléctrica y la necesidad de abordar una reforma del mercado eléctrico...
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/001199 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a los retrasos en la certificación de las obras comprendidas en la actuación denominada 'Interceptores
generales de la Margen Derecha de la Ría de Ferrol' y la consiguiente reformulación de su financiación... (Página38)
161/001218 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre prospecciones de hidrocarburos y la declaración, por ley, del mar Mediterráneo como zona libre de prospecciones de hidrocarburos...
161/001223 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, para la implementación de un proyecto piloto de transferencia controlada de sedimentos desde el embalse de Riba-roja d'Ebre a la desembocadura
del Delta del Ebro... (Página44)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/001196 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la eliminación del formaldehído en todos los centros sanitarios de España... (Página45)
Comisión de Cultura
161/001214 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al segundo centenario del nacimiento de Ramón de Campoamor... (Página46)
161/001216 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre exención del IBI a hórreos, paneras y cabazos... (Página46)
161/001227 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por la que se insta al Gobierno a establecer una Bienal de Artes Escénicas de Vanguardia... (Página48)
161/001228 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por la que se insta al Gobierno a promover y facilitar la creación de clubes de lectura en los colegios dentro de su oferta de actividades extraescolares...
(Página49)
161/001229 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por la que se insta al Gobierno a crear un Premio Nacional al Fomento de la Lectura en Colegios y Escuelas... (Página50)
161/001230 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por la que se insta al Gobierno a promover la creación de una red de programación e intercambio de exposiciones... (Página50)
161/001231 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por la que se insta al Gobierno a establecer una serie de programas de residencia para artistas internacionales... (Página52)
161/001232 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre los incentivos de eventos culturales relativos a episodios relevantes de la Historia de España... (Página53)
Comisión de Igualdad
161/001197 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la inclusión en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud de la micropigmentación para la reconstrucción de areolas en las mujeres
sometidas a mastectomía... (Página54)
161/001213 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar la protección, promoción y el apoyo a la lactancia natural... (Página54)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001209 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo... (Página55)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
PERSONAL
299/000003
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 26 de enero de 2017 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del
Excmo. Sr. D. José A. Bermúdez de Castro Fernández, con efectos de 26 de enero de 2017, de D. José Virgilio Menéndez Medrano, como personal eventual en el cargo de Asesor de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
299/000003
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 25 de enero de 2017 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. Mario Gálvez
Hernández, a propuesta del Excmo. Sr. D. Íñígo Errejón Galván, con efectos de 25 de enero de 2017 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001144
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Incorporación de la firma de distintos Sres. Diputados en la Proposición no de Ley relativa a los marineros españoles en Noruega.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por incorporadas las firmas de referencia, así como comunicarlo a la Comisión de Asuntos Exteriores, al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 87, de 17 de enero de 2017.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa con el fin de adjuntar la firma, al escrito presentado con número de registro 13541, de los Diputados que se indican.
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2017.-Ricardo Antonio García Mira, Pilar Cancela Rodríguez, María del Rocío de Frutos Madrazo, María Dolores Galovart Carrera y Guillermo Antonio Meijón Cousuelo, Diputados.-Miguel Ángel
Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001202
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la ocupación de Palestina, la
represión contra el pueblo palestino y la violación del Derecho Internacional en esta zona, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Cincuenta años después, la ocupación israelí de los territorios palestinos y sirios continúa. La Resolución 242 del Consejo de Seguridad y muchas otras consiguientes han declarado la ocupación contraria al Derecho Internacional, y
declararon nulas las anexiones de Jerusalén Este y de los Altos del Golán. Israel, la potencia ocupante, tiene la obligación de cumplir escrupulosamente sus obligaciones y responsabilidades jurídicas en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra
relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, de 12 de agosto de 1949. La construcción de asentamientos en dichos territorios por parte de Israel y el bloqueo impuesto sobre Gaza han sido declarados contrarios al Derecho
Internacional Humanitario en distintas ocasiones por parte de las Naciones Unidas así como de las instituciones de la Unión Europea. El 9 de julio de 2004 en una opinión consultiva la Corte Internacional de Justicia declaraba contraria al Derecho
Internacional la construcción del muro en Cisjordania, y recomendaba a los estados miembros a no reconocer la situación resultante. La destrucción de viviendas palestinas ha sido una forma de castigo colectivo en los territorios ocupados incluido
en Jerusalén Este desde la ocupación de 1967. En 2016 Israel demolió o incautó 1.089 estructuras palestinas en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, desplazando a 1.593 palestinos. Además después de setenta años más de cinco millones de refugiados
palestinos siguen sin poder ejercer el derecho al retorno estipulado en la Resolución 194(III) de las Naciones Unidas.
El bloqueo impuesto en 2006 y las distintas operaciones militares sobre la franja de Gaza desde 2008, constituyen una forma de castigo colectivo contra dos millones de personas que viven confinadas en la franja. La propia Unión Europea y
las Naciones Unidas han pedido a Israel en distintas ocasiones abrir las fronteras y poner fin al bloqueo sobre la franja y algunos informes internacionales han denunciado crímenes de lesa humanidad contra la población palestina. Según las Naciones
Unidas las operaciones
militares sobre la franja y el bloqueo han dejado el 80 % de la población dependiente de la ayuda internacional.
La Resolución 2334 del Consejo de seguridad de las Naciones Unidas del pasado 23 de diciembre pedía a Israel el cese de la construcción de asentamientos y pedía explícitamente a los estados miembros distinguir en sus relaciones pertinentes,
entre el territorio del Estado de Israel y los territorios ocupados desde 1967 a fin de no reconocer la ocupación y respetar la legalidad internacional. La construcción de asentamientos en los territorios ocupados ha modificado la demografía y la
geografía de los territorios palestinos, fragmentando el territorio palestino y deteriorando las condiciones de vida de su población y ha dibujado un sistema que el propio relator especial de los Derechos Humanos en los territorios ocupados
palestinos ha calificado de apartheid. La construcción de los asentamientos así como los beneficios para Israel que de ellos se derivan, constituyen una vulneración del Cuarto Convenio de Ginebra.
El respeto de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario y de la legalidad internacional son pilares básicos para buscar una solución al conflicto y para la construcción de la paz en Israel y Palestina. Hoy la ocupación, la
construcción de colonias en Cisjordania y el bloqueo de Gaza, y por lo tanto la vulneración del Derecho Internacional por parte de Israel sigue siendo el principal impedimento para establecer un proceso de paz. Los Gobiernos deben emprender medidas
para presionar a Israel por el cumplimiento de la legalidad internacional y reforzar el respeto y la protección de los derechos humanos en la región con el objetivo de crear las mejores condiciones para el diálogo, la justicia y la construcción de
una paz justa y duradera.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados condena la ocupación de Palestina, la represión contra el pueblo palestino y la violación del Derecho Internacional en esta zona e insta al Gobierno a:
1. Condenar la ocupación de Palestina, la represión contra el pueblo palestino y la violación del derecho internacional.
2. Distinguir, en sus relaciones pertinentes, entre el territorio del Estado de Israel y los territorios ocupados desde 1967 y que todos los acuerdos entre el Estado de Israel y España deban indicar de forma explícita e inequívoca su
inaplicabilidad a los territorios ocupados por Israel en 1967.
3. Incluir una cláusula esencial en todos los acuerdos con el Estado de Israel de respeto a los derechos humanos, al derecho internacional, al Derecho Internacional Humanitario y a la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea.
4. Cumplir las directrices de la UE que obligan a los estados miembros a especificar la procedencia en las etiquetas de los productos elaborados en los territorios ocupados por Israel y a eliminar, por tanto, el 'Made in Israel' de sus
envases y etiquetas.
5. No contratar productos o servicios israelíes que tengan su origen en los territorios ocupados y que vulneren el derecho internacional de los Derechos Humanos y/o el Derecho Internacional Humanitario.
6. Pedir al Consejo de Europa un régimen de sanciones a Israel condicionado al cumplimiento de la legalidad internacional y una prohibición a todos los productos y servicios israelíes producidos en los territorios ocupados.
7. Invertir más esfuerzos de los actuales para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente y presentar ante esta Cámara las reformas legislativas necesarias para poder actuar contra las corporaciones que violan las normas
internacionales de derechos humanos y del derecho humanitario en los territorios ocupados de 1967.
8. Presentar ante esta Cámara un Proyecto de Ley para la derogación de la reforma del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 1/2014 que regula de forma restrictiva el alcance de la jurisdicción universal.
9. Reafirmar el compromiso con el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos como principios básicos para la solución del conflicto y como mecanismos básicos para alcanzar una paz justa y duradera
en la región.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2017.-Sònia Farré Fidalgo y Raimundo Viejo Viñas, Diputados.-Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001217
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre el Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no
de Ley relativa a la actuación del Gobierno ante la situación de los refugiados durante el invierno, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Desde el verano de 2015, Europa está haciendo frente, con más pena que gloria, a la que hemos dado en llamar crisis de los refugiados, y que no es otra cosa que un movimiento migratorio de personas que huyen de la guerra, la barbarie y el
terror que se ha instalado en zonas como Siria, Afganistán, Irak, Libia, etc., sin precedentes desde la II Guerra Mundial. Así lo atestigua que hay más de 4.800.000 ciudadanos sirios fuera de sus fronteras; que se distribuyen entre Turquía (más de
2 700 000), Líbano (aproximadamente 1.200.000), Jordania (unos 655.675), Irak (alrededor de 226.000) y Egipto (en torno a 115.000).
Por lo que respecta a Europa, además de los miles de vidas que se han perdido en el Mar Egeo, dicha crisis tiene su reflejo en las decenas de miles de solicitantes de refugio que están esperando que se decida su destino en los campos de
refugiados de Italia y de Grecia.
Pese a los grandísimos esfuerzos realizados por los Gobiernos de ambos países para mejorar las condiciones de vida de los refugiados, que en el caso griego ha de ser puestos especialmente en valor dadas las enormes dificultades financieras
por las que atraviesa el país y la implementación de planes de ayuda especiales de la Unión Europea, las denuncias sobre las condiciones de las instalaciones de los campamentos de refugiados han sido constantes.
Si la llegada del invierno hacía presagiar que las condiciones de vida en dichos campo se iba a endurecer considerablemente, la ola de frío que está asolando buena parte de Europa ha convertido la situación en poco menos que insostenible.
Así queda reflejado en los llamamientos que ha realizado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (en adelante ACNUR) que, el 13 de enero de este año, instó a los 'gobiernos a hacer más para ayudar y proteger a los
refugiados y migrantes que luchas contra las heladas temperaturas de Europa'.
En dicho comunicado, ACNUR señala que, pese a los esfuerzos que se están realizando, tanto por las autoridades de los respectivos países como por el Comisionado y las ONG, para trasladar a los refugiados a establecimientos más acordes con
las bajas temperaturas a las que están expuestos, es absolutamente imperativo que la Unión Europea y los Estados miembros refuercen su atención y los recursos destinados a paliar esta situación.
Una situación que lejos de ser un mero riesgo, a fecha de la publicación del documento de ACNUR, se ha materializado en la muerte, al menos, de cinco personas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que en el marco de la Unión Europea impulse de manera inmediata la adopción de medidas suplementarias urgentes que tengan por objeto proteger adecuadamente del frío a las personas refugiadas que se encuentran en Grecia. Así como la
puesta en marcha de medidas de ayuda a terceros países para paliar los efectos de las bajas temperaturas.
2. Poner a disposición de ACNUR y a las ONG que están trabajando en los campos de refugiados situados en las zonas más afectadas por la ola de frío el material y medios necesarios para reforzar la protección de las personas refugiadas que
se encuentren en instalaciones poco adecuadas para hacer frente a las bajas temperaturas que se están viviendo.
3. Establecer contacto con los Gobiernos de los Estado no miembros de la Unión Europea que tiene campos de refugiados en áreas afectadas por el frío al efecto de ofrecer la ayuda que estos puedan necesitar para proteger adecuadamente a las
personas refugiadas del frío.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2017.- José Ignacio Sánchez Amor y Antonio Gutiérrez Limones, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001224
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Joan Tardà i Coma, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el control
de los viajes oficiales del Jefe del Estado, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El Rey Felipe VI, realizó entre el 14 y el 16 de enero de 2017 su primer viaje oficial de tres días a Arabia Saudí tras la formación de un nuevo Gobierno en España y donde se reunió con Salman bin Abdelaziz, séptimo gobernante de la dinastía
Al Saud. El Jefe de Estado fue acompañado por el Ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastís, y del Ministro de Fomento, Íñigo Gómez de la Serna.
La visita tuvo un marcado trasfondo económico como la participación de empresas españolas en la construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Medina y La Meca, la participación de empresas españolas en el consorcio de
ampliación del metro de Riad o la firma del contrato de compra de cinco corbetas por más de 2.000 millones de euros para la marina Saudí construidas por el astillero público Navantia.
Es necesario recordar el contexto bélico que se sucede en la península arábiga. En marzo de 2015, una coalición de países encabezada por Arabia Saudí y formada por Bahrein, Egipto, Jordania, Kuwait, Marruecos, Qatar, Senegal, Sudán y los
Emiratos Árabes Unidos inició una devastadora campaña militar contra los huzíes, un agente no estatal armado yemení que se ha hecho con el control de gran parte del territorio de Yemen, incluida la capital, y ha derrocado al Gobierno. Hay indicios
crecientes de que la coalición militar encabezada por Arabia Saudí sigue sin adoptar todas las precauciones posibles para preservar a la población civil en medio de los ataques aéreos que está lanzando en todo Yemen.
Además de los bombardeos aéreos, también han causado muertes y heridas entre la población civil las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas durante los combates terrestres entre el grupo armado huzí y las fuerzas leales
al ex presidente Ali Abdullah Saleh, por una parte, y los Comités de Resistencia Popular contrarios a los huzíes por otra; todas las partes del conflicto han lanzado ataques indiscriminados con morteros, granadas propulsadas por cohetes y
artillería. Amnistía internacional y Human Rights Watch también han documentado el uso por la coalición encabezada por Arabia Saudí de municiones de racimo prohibidas internacionalmente. Se estima que en lo que va de conflicto han muerto cerca de
7.000 personas, la mayoría civiles.
Resulta evidente pues que, de realizarse este contrato con Navantia, el Estado español se convertirá en cómplice de la comisión de atrocidades en el conflicto del Yemen, ya que hay un riesgo evidente de que las corbetas puedan utilizarse
para llevar a cabo ataques militares directos a la población civil, ataques indiscriminados o para mantener el bloqueo naval que Arabia Saudí somete a Yemen desde el 25 de marzo de 2015. En este sentido, la venta de estas corbetas comportaría una
flagrante violación del artículo 8 de la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso.
Además, Arabia Saudita es un país con una nula calidad democrática en la que en los últimos tres años se han llevado a cabo más de 350 ejecuciones. La pena de muerte suele ser una condena habitual entre las personas acusadas de
homosexualidad. Al mismo tiempo, figura en la lista negra de las ONG por su falta de respeto a los derechos humanos.
Existe también, en Arabia Saudí, una violencia sistémica y estructural hacia las mujeres y sus derechos, que han sido denunciados en reiteradas ocasiones por organizaciones internacionales. Las mujeres no tienen permiso de salir de sus
casas, utilizar el transporte público o viajar sin la autorización de su marido o familiar, siempre y cuando este sea hombre. Del mismo modo que también tienen terminantemente prohibido conducir.
Los viajes del Rey del Estado español a Arabia Saudí para cerrar buenos negocios o para hablar de política, son cuanto menos denunciables y tremendamente cuestionables a nivel democrático y ético. El mantenimiento de las relaciones
económicas y diplomáticas bilaterales del Estado español no pueden ni deberían sustentarse en la compra-venta de maquinaria de guerra así como tampoco se tendrían que desarrollar en el marco de la vulneración a los derechos humanos más elementales.
Finalmente, es necesario recordar que si bien la Constitución Española reconoce en su artículo 56 al Rey como la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales, en ningún precepto del artículo 62 figura la
representación del empresariado español entre las atribuciones del Rey.
Es por todo ello que se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Evitar otorgar funciones comerciales al Rey en sus viajes oficiales.
2. Establecer un control parlamentario en la Comisión de Asuntos Exteriores donde se informe previa y posteriormente del contenido y los acuerdos llegados de las visitas oficiales del Rey, mediante la comparecencia del Ministro de Asuntos
Exteriores.
3. Publicar un informe anual de resumen de los viajes oficiales realizados por el Rey que se publicará en el portal de transparencia y se librará a los grupos parlamentarios dando lugar a las propuestas de resolución que se estimen
convenientes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2017.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Comisión de Defensa
161/000087
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Solicitud de que su Proposición no de Ley sobre la restitución a sus archivos originarios de la documentación del Gobierno catalán requisada por la Gestapo en París en 1940 que se conserva en el archivo de Ávila, sea tramitada en la Comisión
de Cultura.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad y trasladar a la Comisión de Cultura, comunicando este acuerdo a la Comisión de Defensa, al Gobierno y al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputado, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 13 , de 14 de septiembre de 2016.
161/001210
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Gabriel Rufián Romero, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
supresión honores militares y nobiliarios a Alfredo Kindelán (responsable de los criminales bombardeos de Lleida, Granollers, Gernika o Durango) y de la cátedra de estudios que lleva su nombre, para su debate en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Alfredo Kindelán Duany (1879-1962), fue un militar y aviador español. General de brigada que fue nombrado jefe de los Servicios del Aire. Esta distinción le convirtió en el responsable de todas las fuerzas aéreas que combatieron al lado
los militares rebeldes durante la Guerra Civil, incluida la legión alemana Cóndor y la Aviación Legionaria italiana.
Bajo la dirección de este cargo y en coordinación con las fuerzas aéreas italianas y alemanas que participaron en la Guerra Civil se llevaron a cabo los principales y más mortíferos bombardeos de la Guerra Civil como el de Gernika, Lleida,
Durango y Granollers.
Kindelán fue uno de los militares de confianza de Franco y, al finalizar la contienda, sus servicios fueron gratificados con diversas condecoraciones, como la Gran Cruz de San Hermenegildo en 1941 y la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar en 1941 y en 1944. También recibió el título de marqués, en 1961. Además fue Capitán General de Catalunya entre 1941 y 1942.
Actualmente sigue existiendo la cátedra de estudios Alfredo Kindelán para el debate, estudio e intercambio de ideas y experiencias sobre asuntos relacionados con la doctrina aérea. Esta cátedra fue creada en 1988, en el seno de la Escuela
Superior del Aire (ESA), de la que el actual Centro de Guerra Aérea (CECA) es heredero. La cátedra, según el propio Ministerio de Defensa, constituye un foro de pensamiento sobre el Poder Aéreo cuya finalidad es promover el debate, estudio e
intercambio de ideas y experiencias sobre asuntos relacionados con la doctrina aérea. La presidencia de honor de la cátedra recae en el Rey Felipe VI.
Sin embargo, ni en la página web del Instituto Español de Estudios Estratégicos (documento informativo 24/2010) ni en la página web del Ministerio de Defensa donde se presenta la cátedra, se menciona la participación destacada de Alfredo
Kindelán como Jefe del Aire del bando sublevado de la Guerra Civil y como principal responsable de los bombardeos aéreos que se cobraron miles de víctimas civiles.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. La retirada inmediata de las condecoraciones militares obtenidas por Alfredo Kindelán, como la Gran Cruz de San Hermenegildo, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar así como el título de marqués de Kindelán.
2. La supresión inmediata de la cátedra de estudios Alfredo Kindelán para el debate, estudio e intercambio de ideas y experiencias sobre asuntos relacionados con la doctrina aérea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero de 2017.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Comisión de Economía, Industria y Competitividad
161/001103
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Solicitud de que su Proposición no de Ley sobre la creación del contrato de potencia estacional, sea tramitada en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad y trasladar a la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, comunicando este acuerdo a la Comisión de Economía, Industria y Competitividad, al Gobierno y al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa y
publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de enero de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 83 , de 10 de enero de 2017.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/001201
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de la Diputada Auxiliadora Honorato Chulián presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de
los Diputados, la presente Proposición no de Ley relativa a la equiparación del tratamiento fiscal entre matrimonios y parejas de hecho, para su debate y aprobación en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
La propia Defensora del Pueblo mediante Recomendación de 2 de julio de 2015, proveniente de la Queja número 15003328, planteó la igualdad fiscal entre las uniones de hecho y los matrimonios. Dicha Recomendación fue rechazada por la
Secretaria de Estado de Hacienda.
En su Recomendación la Defensora exponía los siguientes argumentos que hacemos nuestros íntegramente: 'que las familias lo son con independencia de su origen matrimonial o no matrimonial, pero ello no quiere decir que exista o deba de
existir una equiparación entre matrimonio y uniones de hecho; tales uniones pueden obedecer a planteamientos personales, libres, diferentes y esas opciones personales requieren igualmente un respeto. La aplicación de las normas del derecho de
familia no debería depender de la celebración del matrimonio, sino de la existencia de relaciones humanas de tipo familiar. Si la familia, como grupo humano básico que asegura el desarrollo de la personalidad, en un marco de afecto, solidaridad y
ayuda mutua, es una realidad social protegida por el derecho, debe ser indiferente el origen de esta. Se sostiene que hay una pluralidad de modelos familiares que pueden estar amparados por esta norma. La protección que el artículo 39.1 de la CE
dispensa a la familia no queda limitada a la familia legítima matrimonial, sino que puede comprender otras formas de convivencia. Por otra parte, un sector doctrinal funda el reconocimiento jurídico de las parejas de hecho en la existencia de un
derecho fundamental a no casarse, que consideran consagrado en la CE, como reverso al derecho constitucional a contraer matrimonio. En cualquier caso, el reconocimiento jurídico global del fenómeno de las parejas de hecho y, por tanto, su
institucionalización, es hoy una tendencia, que ha encontrado reflejo legislativo a nivel autonómico. No parece lógico que la finalidad del matrimonio esté constituida par la obtención de beneficios fiscales que de otra forma no se conseguirían'.
Por otro lado entendemos que la variada dispersión normativa está provocando situaciones discriminatorias que van en contra del principio de igualdad reconocido en la Constitución española. Esta situación provoca que mientras en unos
territorios dichas familias tengan igualdad con las familias que han optado por el matrimonio, en otros está muy alejada dicha equiparación. Así pues como plantea la Defensora del Pueblo, la adopción de medidas generales, al menos en el ámbito
tributario, evitaría estas diferencias y daría cumplimiento al artículo 9.2 y 31 de la Constitución.
Esta desigualdad fiscal está provocando que parte de la ciudadanía opte por un régimen u otro, exclusivamente por el sistema fiscal de aplicación de los tributos, o dicho de otra forma muchas personas optan por la celebración de matrimonio
exclusivamente por el tratamiento fiscal. Un sistema tributario es justo cuando da un tratamiento igualitario a toda la ciudadanía que se halla en idénticas situaciones de facto. El propio Tribunal Constitucional desde temprano se ha pronunciado
en varias ocasiones sobre los problemas de igualdad tributaria y en concreto en los matrimonios la STC 45/1989 dice que 'como la carga tributaria a que cada sujeto ha de hacer frente es en función de su capacidad económica, la definición de esta y
el método para determinarla han de establecerse mediante normas que efectivamente den a todos los sujetos un trato igual y no introduzcan entre ellos diferencias resultantes de su propia condición personal o de las relaciones que existan entre ellos
y otras personas cuando ni aquélla condición ni estas relaciones son elementos determinantes del impuesto en cuestión. Todo lo contrario de lo que está sucediendo en España con esta desigualdad planteada.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Único. A cumplir íntegramente con la Recomendación de la Defensora del Pueblo de fecha 2 de julio de 2015, proveniente de la Queja número 15003328, y por tanto:
a) A acometer una reforma de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria equiparando el tratamiento fiscal de los matrimonios a las parejas de hecho.
b) A acomodar la normativa de cada impuesto al tratamiento igualitario entre parejas de hecho y matrimonios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero de 2017.-María Auxiliadora Honorato Chulián, Diputada.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz de Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001207
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para
que el Gobierno tome medidas urgentes en torno a acelerar las ofertas de empleo público necesarias para el buen funcionamiento de instituciones esenciales del Estado, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
El Partido Socialista viene denunciando reiteradamente las políticas de reducción de empleo público del Gobierno del Partido Popular, por el efecto perverso que necesariamente ha de tener sobre el correcto funcionamiento de las Instituciones
del Estado y la prestación de servicios públicos a los ciudadanos.
Estas políticas que viene desarrollando el Partido Popular desde 2012 a nivel nacional, ha afectado de forma notable también a todas las Administraciones públicas, incluidas CCAA y Ayuntamientos, que se han visto varios años en la obligación
de congelar sus ofertas de empleo público y con ellas la reposición del personal que se jubilaba o por otra razón dejaban su empleo en los servicios públicos. Así, entre julio de 2011 y julio de 2016, se han perdido 167.280 empleos en la
Administración Central, Comunidades Autónomas y organismos locales.
En el caso concreto de la Administración Pública Estatal, se han perdido un total de 72.707 empleos desde julio de 2012, lo cual supone algo más del 12 % de la plantilla y se sitúa en el mínimo histórico de la serie estadística con 527.801
empleos.
Según datos de la Comisión Europea de 2012, España se sitúa entre los diez países de la Unión Europea (UE) con menor gasto en empleo público(funcionarios y contratados),en función de porcentaje de
PIB (43,4 %), frente a un 49,9 % de media en la eurozona, y a bastante distancia de los niveles de las grandes economías de la UE, como Francia (56,6 %), Alemania (45 %), Reino Unido (48,5 %) o Italia (50,7 %).
No obstante, una de los primeras medidas que adoptó el Gobierno del Sr. Rajoy como objetivo en 2012, fue rebajarlo aún más y situarlo en el entorno del 38 % durante los próximos años.
No parece que el Gobierno previera un problema añadido y que ineludiblemente iba acaecer, además de forma acelerada, por su política de amortización de plazas: el envejecimiento de las plantillas.
Tanto los sindicatos UGT y CCOO, como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), como el PSOE han venido anunciado y advirtiendo al Gobierno, de que como consecuencia ligada a esta amortización de empleo público se iba a
producir un envejecimiento de las plantillas y un periodo de jubilaciones naturales y anticipadas, que iban a perjudicar seriamente la prestación de servicios públicos esenciales y el buen funcionamiento de las Instituciones del Estado.
Según los datos que manejamos un 25 % de los funcionarios supera los cincuenta años, es decir que 119.174 personas que desempeñan su labor en la función pública tienen ya más de cincuenta años y de estos más de 27.000 se encuentran a las
puertas de la jubilación, lo cual representa alrededor del 25 % del total.
Por lo que el problema de falta de personal se va a agravar hasta situar las plantillas en una situación insostenible.
A las jubilaciones que tiene que afrontar la administración central por edad, hay que añadir también que los funcionarios están últimamente optando con mayor asiduidad a retiros laborales anticipados, es decir se viene constatando un aumento
de jubilaciones anticipadas, lo que se une al mencionado envejecimiento del personal público.
Esta situación de pérdida de efectivos y envejecimiento de plantillas afecta en general a todos los ministerios y organismos autónomos, pero muy especialmente a Instituciones Penitenciarias, Seguridad Social, Patrimonio Nacional, Agencia
Tributaria, Inspección de Trabajo, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, y Administración de Justicia. Es decir a Instituciones claves dentro de un Estado social, democrático y de derecho.
Según el Ministerio de Hacienda se están cubriendo las vacantes de manera progresiva, y aseguran que el proceso para volver a cubrir las vacantes de los funcionarios que se jubilen se encuentra en marcha. Pero admiten que 'está siendo
progresivo y que no ha llegado a toda la Administración en su conjunto y justifican que están dotando de mayor personal a los cuerpos que requieran un refuerzo, pero no de sobredimensionar otros departamentos que, por ejemplo, tengan cada vez menos
competencias'.
Al Grupo Socialista la anterior explicación le parece vacua y sin sentido, porque ninguno de los Organismos citados han mermado sus competencias desde 1978, ya que todos desarrollan competencias que constitucionalmente son estatales.
Es más, estamos en condiciones de asegurar que son Instituciones del Estado que necesitan mantener una plantilla de servidores públicos que les permita conseguir los objetivos para los que fueron creados y que además aporten una calidad en
dichos servicios públicos acordes con la complejidades, necesidades y exigencias de este tiempo.
Según el propio Ministerio de Hacienda, los sectores en los que 'se ha comenzado a dejar de amortizar' las plazas de los funcionarios jubilados son el del personal investigador, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los inspectores
de la Agencia Tributaria.
Lo cual al Grupo Socialista le parece bien, pero absolutamente insuficiente porque no solo se trata de dejar de amortizar plazas sino de valorar las necesidades reales de personal para el cumplimiento de los objetivos que tienen encomendados
y en base a ello hacer las correspondientes ofertas de empleo público.
Por ejemplo, España está a la cola en número de empleados públicos de las administraciones tributarias por contribuyentes. Es decir, si la media en la UE es tener un funcionario por cada 970 contribuyentes, España cuenta con uno de ellos
por cada 1.958, ocupando las últimas posiciones de la lista. Para estar al nivel de la media europea habría que duplicar el personal de Hacienda.
Los técnicos de Hacienda van un paso más allá y cifran en más de 26.000 los funcionarios que se necesitarían a largo plazo para cumplir con los objetivos del Gobierno en relación con el fraude fiscal y la economía sumergida que supone más
del 24 % del PIB español y supera los 250.000 millones de euros.
Desde el Grupo Socialista, entendemos que todos los anteriores cuerpos citados son fundamentales para mantener el correcto funcionamiento de las Instituciones propias de un Estado social, democrático y
de derecho como nuestra Constitución proclama que es nuestro país y cada una de estas Instituciones desarrollan un cometido esencial para una sociedad que quiera crecer en armonía, modernidad y una mayor justicia social.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Hacer un análisis riguroso que contemple:
a) Una valoración objetiva de la pérdida de calidad en la prestación de los servicios por la política de no reposición de funcionarios y amortización de plazas desde 2012 hasta hoy en especial: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado;
Agencia Tributaria; Inspección de Trabajo; Seguridad Social; e Instituciones Penitenciarias.
b) Una estimación cuantitativa de lo que ha dejado de percibir el Estado a través de la Agencia Tributaria por tener un funcionario por cada 1958 contribuyentes en vez de por cada 970, que es la media europea, desde 2012 hasta hoy.
c) Una valoración objetiva de los accidentes laborales que podrían haberse evitado si el cuerpo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tuviera un número similar de efectivos que los países de nuestro entorno europeo.
2. Hacer un análisis riguroso sobre las necesidades reales de personal público a corto, medio y largo plazo, teniendo en cuenta factores fundamentales como el de envejecimiento de las plantillas y futuras jubilaciones y marcando como
objetivo un número de funcionarios similar a la media europea, en función de nuestro PIB y número de habitantes.
3. Instar al Gobierno a que de manera urgente disponga las partidas presupuestarias necesarias en 2017 y años sucesivos, para poder hacer las correspondientes ofertas de empleo público hasta situar nuestro número de servidores públicos a
los niveles de nuestros vecinos europeos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2017.-Juana Amalia Rodríguez Hernández, Antonio Pradas Torres, Carmen Rocío Cuello Pérez y María Jesús Serrano Jiménez, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Fomento
161/001195
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de la Diputada Alexandra Fernández Gómez, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Fomento, relativa a la conversión en travesía urbana del tramo de entrada de la AP-9 a Vigo, desde la Avenida de Buenos Aires hasta el centro de la ciudad.
Exposición de motivos
En noviembre del pasado año 2016, el pleno del Ayuntamiento de Vigo aprobaba por unanimidad pedir a Fomento la conversión en travesía urbana del tramo de entrada a Vigo de la AP-9, desde la Avenida de Buenos Aires hasta el centro de Vigo.
Es una demanda planteada años atrás y en sucesivas ocasiones por formaciones políticas de la oposición que finalmente han sido asumidas por el propio consistorio. Aunque el Ministerio se mostró reacio a esta solicitud, debemos decir que ha
cobrado fuerza con el paso del tiempo, el aumento de la contaminación acústica y los problemas de tránsito en Vigo.
Es una propuesta que carece de complejidad alguna. Resulta evidente que las características de la AP-9 en este punto son las de una travesía urbana sin lugar a dudas.
El hecho de que la Autopista del Atlántico penetre hasta el centro de Vigo, ocasiona importantes problemas tanto desde el punto de vista del tráfico debido al paso de vehículos pesados, como por el impacto acústico que general. De hecho
esta situación ha convertido a Vigo en una de las ciudades más ruidosas del estado. Precisamente uno de los tramos de autopista que causa un mayor impacto acústico es el tramo de 3,8 km de entrada de la AP-9 en Vigo.
Una circunstancia que figura en el Plan de Actuación contra el Ruido del Ministerio de Fomento, donde se indica que 2.000 personas en Vigo están sometidas a un volumen de ruido superior al Objeto de Calidad Acústica fijado en menos de 65
decibelios durante el día y 55 decibelios durante la noche.
Uno de los barrios de Vigo que sufren esta con mayor intensidad esta contaminación acústica, son los vecinos y las vecinas de Teis, aunque también afecta a Chapela en Redondela.
El Plan del Ministerio identificó 26 tramos de autopistas de peaje de todo el estado donde es preciso llevar a cabo actuaciones por los altos niveles de contaminación acústica. Uno de ellos es el trecho de entrada a Vigo de la Autopista del
Atlántico que destaca entre otras muchas autopistas del estado por afectar a un mayor volumen de población y en un mayor espacio.
Una de las soluciones a estos problemas sería declarar el tramo de la AP-9 desde la salida a la Avenida de Buenos Aires hasta el centro, como travesía urbana. Se trataría de una actuación sencilla que solo precisaría de la construcción de
dos glorietas en la entrada del vial. No supone una gran inversión pero sus efectos serían muy positivos: redundaría en la mejora de la circulación, rebajaría la contaminación acústica, también resolvería los problemas de acceso al puerto y
eliminaría el tránsito de camiones por el centro de la ciudad olívica. En definitiva, sería de gran utilidad para ordenar el tráfico en Vigo y mejorar la habitabilidad.
Téngase presente que el barrio vigués de Teis está dividido en dos por la AP-9, [o que conlleva todos los problemas que antes hemos descrito. Las calles de Sanjurjo Badía y Travesía de Vigo sufren constantes atascos por la mala
planificación vial a la que hemos aludido. Una congestión a la que contribuyen los vehículos pesados que necesariamente deben pasar por ahí.
Desde el consistorio se demanda la construcción de accesos para que los vehículos puedan entrar a la AP-9 en la Avenida de Buenos Aires y dirigirse al centro de la ciudad sin asumir peajes. O en sentido inverso. La declaración de travesía
urbana también permitiría al ayuntamiento llevar a cabo actuaciones para mejorar la zona, especialmente el citado barrio de Teis.
Compete al Ministerio de Fomento negociar con la concesionaria AUDASA esta cuestión al tratarse de un vial de titularidad estatal. Desde En Marea somos conscientes de la posición inflexible que el Ministerio mantiene en todo lo concerniente
a la AP-9, como hemos podido comprobar con la demanda de transferencia de esta autopista, la necesidad de exigir un Programa Descuentos a la concesionaria o exigirle soluciones a los atascos delante de las cabinas, o mejoras en la atención a los
usuarios dados los elevados precios de los peajes. Sin embargo, debemos remarcar que se trata de una demanda unánime en Vigo que no reviste complejidad alguna y ante la cual no encontramos argumentos en contra por mucho que se busquen excusas.
Consideramos necesario que el Ministerio de Fomento estudie con AUDASA, con la Xunta y con el ayuntamiento de Vigo esta petición necesaria, nada compleja pero que aportaría enormes beneficios a la ciudad, a la convivencia de los vecinos y
vecinas de Vigo, a la fluidez del tránsito y a la mejora de su planificación.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:
Abrir una mesa de diálogo con la concesionaria de la AP-9 (AUDASA), la Xunta de Galicia y el ayuntamiento de Vigo, para estudiar la conversión en travesía urbana del tramo de entrada a la ciudad de la Autopista del Atlántico, desde la
Avenida de Buenos Aires hasta el centro de Vigo.
Llevar a cabo las gestiones necesarias para atender esta demanda unánime de la ciudad olívica que redundaría en la mejora de la circulación, rebajaría la contaminación acústica, resolvería los problemas de acceso al puerto, mejoraría la
habitabilidad de los vecinos y vecinas de barrios como Teis, reduciría la congestión de tráfico y eliminaría el tránsito de camiones por el centro de la ciudad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2017.-Alexandra Fernández Gómez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001198
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre la suspensión de lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables, para su debate en la Comisión de Fomento.
Motivación
La Ley 1/2013, de 14 de mayo de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, tras la modificación aprobada por el Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de
segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, establece, en su artículo 1, que, hasta transcurridos cuatro años desde su entrada en vigor, no procederá el lanzamiento cuando en un proceso judicial o
extrajudicial de ejecución hipotecaria se hubiera adjudicado al acreedor, o a persona que actúe por su cuenta, la vivienda habitual de personas que se encuentren en los supuestos de especial vulnerabilidad y en las circunstancias económicas
previstas en la propia norma.
El próximo 15 de mayo de 2017, expirará el plazo fijado para la denominada 'moratoria hipotecaria' a la que se han acogido, hasta la fecha, según el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 22.850 familias. No habiendo mejorado
las circunstancias económicas de estas familias, es fácil imaginar la angustia con la que afrontan el fin de la moratoria, viendo como vuelve a cernirse sobre ellas el riesgo de exclusión social.
Actualmente, ante la escasez de medidas para hacer frente a los desahucios de familias en riesgo de exclusión social y ante la expectativa de que el nuevo Plan 2018-2021 pueda contemplar, porque así lo aprobó la Comisión de Fomento del
Congreso de los Diputados a instancia del Grupo Parlamentario Socialista, nuevas medidas tendentes a frenar el drama de los desahucios, es necesario prorrogar la suspensión de lanzamientos a las familias en situación de especial vulnerabilidad, con
el objeto de evitar que pueda volver a materializarse el riesgo de exclusión social.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a prorrogar, hasta el 15 de mayo de 2020, la suspensión de lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables prevista en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas
para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2017.-María del Mar Rominguera Salazar, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001205
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Fomento, relativa a la liberación del tramo riojano de la autopista vasco-aragonesa AP-68.
Exposición de motivos
La autopista de peaje vasco-aragonesa, más conocida como la AP-68 fue construida entre 1975 y 1980. En el año 2000, el Gobierno del Partido Popular, presidido por José María Aznar, prorrogó la concesión de
la autopista, que vencía en 2011, hasta el año 2026. La actual fecha de finalización de la concesión es el 10 de noviembre de 2026.
La AP-68 comunica Bilbao y Zaragoza, atravesando territorio riojano y navarro. Paralela a la misma, desde Zaragoza hasta la localidad riojana de Casalarreina, transcurre la carretera nacional 232. El elevado coste de la utilización de la
AP-68 provoca que la mayoría de turismos y transporte pesado utilicen prioritariamente la carretera N-232 a su paso por La Rioja, carretera que a su vez utilizan los vecinos y vecinas de los municipios riojanos para desplazarse entre los mismos,
provocando la saturación de la carretera nacional al tiempo que la autopista que transcurre en paralelo está infrautilizada.
La carretera N-232 es una vía peligrosa y en mal estado, lo cual provoca unas tasas elevadísimas de siniestralidad, con un alto número de muertes en la vía.
En concreto, La Dirección General de Tráfico (DGT) contempla como muy peligrosos siete tramos de la red viaria de La Rioja, cinco de los cuales se sitúan en la carretera N-232.
Además, según el estudio elaborado por la Asociación Española de la Carretera titulado 'Necesidades de Inversión en Conservación 2015-2016', el deterioro acelerado de los pavimentos es especialmente alto en La Rioja. La Comunidad autónoma
obtiene una calificación de 'muy deficiente' en el indicador territorial del estado de los firmes.
Desde que en el año 2000 se anunció la prórroga de la concesión, 181 personas han perdido la vida en esta carretera. En los dos últimos años, y solo a su paso por La Rioja, han muerto 18 personas. En enero de 2017 la N-232 contabiliza ya
tres muertes.
En el caso de Aragón, el tramo Mallén-Figueruelas se ha cobrado 125 muertos y decenas de heridos en los últimos dieciséis años.
Por todo ello, en ambas comunidades urge una respuesta urgente al problema que acabe con la peligrosidad de la vía N-232 y que no puede ser el desdoblamiento propuesto por el Gobierno nacional, puesto que dicha medida, además de los
terribles costes medioambientales que supone, no es inmediata, y la dilatación temporal de una solución a este problema supondrá la pérdida de más vidas en la vía N-232.
Tanto en Aragón como en La Rioja la ciudadanía reclama que el Gobierno aborde con urgencia la liberalización de la AP-68, como demuestra la formación de la Plataforma por la Liberación de la AP-68, que integra 54 colectivos civiles
diferentes.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a comenzar de inmediato las negociaciones con la empresa concesionaria de la AP68 para su inmediata liberación en los tramos riojano y aragonés.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero de 2017.-Sara Carreño Valero y Jorge Luis Bail, Diputados.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
161/001208
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
línea ferroviaria de altas prestaciones Zaragoza-Pamplona-Y Vasca, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La línea ferroviaria de alta velocidad Zaragoza-Pamplona-País Vasco se integra en el Corredor Cantábrico-Mediterráneo de alta velocidad ferroviaria y está incluida en el Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda (PITVI) 2012-2024
aprobado por el Ministerio de Fomento. Constituye una de las dos vías de comunicación ferroviaria entre la Y Vasca con la línea Madrid-Barcelona y a su través con el
corredor mediterráneo. Es por tanto una infraestructura clave para el desarrollo social y económico de Navarra, Aragón y País Vasco. Enlaza puertos marítimos del Cantábrico y el Mediterráneo, conectando importantes parques industriales
automovilísticos. Un elemento estratégico para la reindustrialización de la economía española. Sirviendo además para el desarrollo de importantes plataformas logísticas intermodales ya existentes y en pleno desarrollo en las tres Comunidades.
En el caso de Navarra supone en su versión de tráfico de pasajeros una infraestructura esencial para la comunicación de Navarra con Europa, con el Mediterráneo y con el centro de la Península y con ello con el resto de líneas de alta
velocidad a su paso por Madrid. Ello debe contribuir a aminorar el severo déficit de comunicación que Pamplona, comarca y el resto de Navarra tiene con Madrid, Barcelona y el resto de capitales europeas a través de carretera o avión.
Para la ejecución de esta infraestructura, esta línea, en el denominado corredor navarro, se encuentra estructurada en cuatro tramos: (i) Plasencia de Jalón (Zaragoza)-Castejón, de Navarra; (ii) Castejón, de Navarra-Comarca de Pamplona;
(iii) Comarca de Pamplona (incluido la eliminación del llamado bucle de Pamplona); (iv) Zuasti (Comarca de Pamplona)-Y Vasca.
Su construcción y financiación es competencia de la Administración del Estado (AGE) en virtud tanto de su declaración como obra pública de interés general como por tratarse de un ferrocarril que transcurre por el territorio de más de una
Comunidad Autónoma. Con el objeto de avanzar en la ejecución de la línea a su paso por Navarra, en mayo de 2009 se firmaron dos protocolos generales de colaboración de la AGE con el Gobierno de Navarra, por una parte, y otro segundo protocolo
incluyendo además al 'Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona' para la redacción de los proyectos, construcción y financiación de los correspondientes tramos. En dicho protocolo se prevé que el Gobierno de Navarra adelante la financiación de
la construcción de este corredor y posteriormente la AGE reembolse dicha financiación a la Administración Foral. En todo caso es ADIF la entidad que resulta titular de toda la infraestructura una vez ejecutada.
Según las programaciones iniciales, estaba previsto que el Gobierno de Navarra finalizara las obras de la plataforma del tramo 2 en 2014, mientras que las obras de superestructura se iniciarían por ADIF en 2013 y se finalizarían en 2015. En
definitiva, todo el tramo Castejón-Comarca de Pamplona estaría finalizado para el año 2015.
En este momento del tramo Castejón-Comarca de Pamplona se halla ejecutado el subtramo Castejón-Villafranca de Navarra (14,5 km.), y únicamente su plataforma, quedando pendiente de completar los otros cuatro subtramos (55,5 kms). Los
subtramos Villafranca-Tafalla disponen ya de un proyecto básico aprobado provisionalmente por ADIF, pendiente de aprobación definitiva antes de finalizar 2016, y en elaboración los proyectos constructivos, por lo que se espera pueda licitarse a
finales de 2017.
El tramo Comarca de Pamplona dispone ya de un Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) aprobado en 2010. Esta aprobación y falta de desarrollo desde entonces está suponiendo además del retraso en la ejecución de esta
infraestructura importantes trastornos para los vecinos y propietarios de las viviendas así como las industrias afectadas. Respecto del tramo Plasencia de Jalón-Castejón, en 2008 se adjudicaron la redacción de los proyectos constructivos de los
subtramos Gallur-Cortes y Cortes-Tudela, quedando pendiente de convenir el paso por la ciudad de Tudela. En noviembre de 2014 ADIF adjudicó la redacción del proyecto de conexión de la futura linea de Alta Velocidad Castejón-Pamplona con el trazado
de la actual línea convencional Zaragoza-Alsasua, incluyendo la propuesta de solución técnica más adecuada (tercer hilo, intercambiador o salto de carnero). Es el llamado tramo 0 del corredor navarro.
Para el estudio y diseño del enlace desde la Comarca de Pamplona con la 'Y' ferroviaria vasca existe un protocolo de colaboración firmado en 2011 entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra prácticamente durmiente.
Este enlace, así como el llamado tramo 0, aprovecharían la actual línea convencional de ferrocarril adaptándola al uso de trenes de ancho europeo sin rotura de carga.
En definitiva, el corredor navarro del ferrocarril de altas prestaciones se encuentra prácticamente paralizado y con importantes incertidumbres respecto de sus prestaciones (pasajeros y mercancías), características técnicas (ancho
internacional o tercer carril en todos o algunos de sus tramos), trayectos (eliminación del bucle de Pamplona, trayecto de Tudela, cruce del río Ebro), así como en cuanto a plazos y actualización de la estimación de costes. Todo ello exige de
definiciones políticas nuevas y de un nuevo marco regulador entre la AGE y las administraciones involucradas que adapte los protocolos actuales a la nueva realidad.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar con la mayor premura posible una planificación actualizada de este corredor ferroviario Zaragoza-Pamplona-País Vasco de altas prestaciones, en su doble uso para tráfico de pasajeros y mercancías.
2. Planificar conjuntamente con los Gobiernos de las Comunidades Autónomas las características técnicas de la línea, las conexiones con las zonas de actividad logística, puertos marítimos y puertos secos, autovías y grandes áreas
industriales.
3. Concluir en el plazo más breve posible los estudios de circunvalación para eliminar el bucle de Pamplona, el tránsito por Tudela, el cruce del rio Ebro y definir las soluciones técnicas más idóneas respecto a la conexión con la Y Vasca y
la vía convencional Zaragoza-Alsasua.
4. Determinar de acuerdo, con el nuevo plan, un calendario de acciones para su diseño, ejecución y la previsión de financiación necesaria.
5. Renovar o acometer los instrumentos de colaboración administrativos y financieros necesarios entre las Administraciones involucradas.
6. Asegurar que por parte de ADIF se realice un mantenimiento adecuado de las plataformas ya construidas hasta su conclusión y puesta en servicio de la línea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2017.-Jesús María Fernández Díaz, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001212
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
construcción de la Línea de Alta Velocidad de los tramos Castejón-Logroño y Logroño-Miranda de Ebro dentro del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La alta velocidad ferroviaria es un factor de crecimiento económico y desarrollo social clave en el devenir histórico más inmediato de nuestro país. Una potente red de ferrocarril con altas prestaciones, y que oferte un servicio eficaz y
asequible al conjunto de la ciudadanía se ha convertido en una garantía de progreso sostenible y de cohesión social y territorial.
No solo para España es una prioridad la consecución de un mapa de alta velocidad que asegure los objetivos antes descritos, sino que lo es también para la Unión Europea. Por eso, puso en marcha la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T),
como una política de impulso en esta materia en el ámbito comunitario.
Tanto la planificación como el presupuesto y su ejecución de las infraestructuras ferroviarias viene determinada hace tiempo por los corredores ferroviarios, los cuales abarcan amplios espacios geográficos, concebidos a su vez como espacios
homogéneos de desarrollo socioeconómico.
Los tramos que van desde Castejón en la Comunidad Foral de Navarra hasta Miranda de Ebro en la provincia de Burgos, constituye un tramo del eje clásico entre el Atlántico y Mediterráneo (Vigo/Barcelona) o el Cantábrico-Mediterráneo
(Bilbao-Barcelona). El mismo, recorre la parte septentrional de La Rioja, en paralelo al curso del río Ebro, atravesando las principales ciudades de la Comunidad (Logroño, Calahorra, Haro y Alfaro) y se encuadra dentro de la Línea de Alta Velocidad
(LAV) recogida en el (PITVI 2012-2024), a la vez que lo hace dirección sur, con Madrid.
Con este criterio han elaborado los siguientes trabajos:
1. Aprobación de impacto ambiental de alta velocidad Logroño-Castejón: 2009.
2. Aprobación de impacto ambiental de alta velocidad de la Variante de Rincón de Soto: 2010.
3. Redacción del estudio informativo entre Logroño y Miranda para alta velocidad: 2010.
4. Adjudicación de los proyectos constructivos de alta velocidad Castejón-Logroño: 2010.
5. Licitación de la I fase del soterramiento en la ciudad de Logroño: 2009.
Además, el Ministerio de Fomento, el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño han realizado durante los últimos años inversiones para la construcción de una estación intermodal accesible a la alta velocidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a la construcción y puesta en servicio, a la mayor brevedad, de los tramos de alta velocidad ferroviaria entre Castejón y Miranda de Ebro, y para ello:
1. Dotará de una financiación suficiente y adecuada para su completa ejecución, en los Presupuestos Generales del Estado, la construcción de la Línea de Alta Velocidad de los tramos Castejón-Logroño y Logroño-Miranda de Ebro dentro del
Corredor Cantábrico-Mediterráneo.
2. Mantendrá la programación económica de dichas partidas en los PGE hasta que no estén finalizadas las obras y en servicio los tramos correspondientes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero de 2017.-César Luena López, Diputado.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001219
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Fomento, relativa a la liberación del tramo riojano de la autopista vasco-aragonesa AP-68.
Exposición de motivos
La autopista de peaje vasco-aragonesa, más conocida como la AP-68 fue construida entre 1975 y 1980. En el año 2000, el Gobierno del Partido Popular, presidido por José María Aznar, prorrogó la concesión de la autopista, que vencía en 2011,
hasta el año 2026. La actual fecha de finalización de la concesión es el 10 de noviembre de 2026.
La AP-68 comunica Bilbao y Zaragoza, atravesando territorio riojano y navarro. Paralela a la misma, desde Zaragoza hasta la localidad riojana de Casalarreina, transcurre la carretera nacional 232. El elevado coste de la utilización de la
AP-68 provoca que la mayoría de turismos y transporte pesado utilicen prioritariamente la carretera N-232 a su paso por La Rioja, carretera que a su vez utilizan los vecinos y vecinas de los municipios riojanos para desplazarse entre los mismos,
provocando la saturación de la carretera nacional al tiempo que la autopista que transcurre en paralelo está infrautilizada.
La carretera N-232 es una vía peligrosa y en mal estado, lo cual provoca unas tasas elevadísimas de siniestralidad, con un alto número de muertes en la vía.
En concreto, La Dirección General de Tráfico (DGT) contempla como muy peligrosos siete tramos de la red viaria de La Rioja, cinco de los cuales se sitúan en la carretera N-232.
Además, según el estudio elaborado por la Asociación Española de la Carretera titulado 'Necesidades de Inversión en Conservación 2015-2016', el deterioro acelerado de los pavimentos es especialmente alto en La Rioja. La Comunidad autónoma
obtiene una calificación de 'muy deficiente' en el indicador territorial del estado de los firmes.
Desde que en el año 2000 se anunció la prórroga de la concesión, 181 personas han perdido la vida en esta carretera. En los dos últimos años, y solo a su paso por La Rioja, han muerto 18 personas. En enero de 2017 la N-232 contabiliza ya
tres muertes.
En el caso de Aragón, el tramo Mallén-Figueruelas se ha cobrado 125 muertos y decenas de heridos en los últimos dieciséis años.
Por todo ello, en ambas comunidades urge una respuesta urgente al problema que acabe con la peligrosidad de la vía N-232 y que no puede ser el desdoblamiento propuesto por el Gobierno nacional, puesto que dicha medida, además de los
terribles costes medioambientales que supone, no es inmediata, y la dilatación temporal de una solución a este problema supondrá la pérdida de más vidas en la vía N-232.
Tanto en Aragón como en La Rioja la ciudadanía reclama que el Gobierno aborde con urgencia la liberalización de la AP-68, como demuestra la formación de la Plataforma por la Liberación de la AP-68, que integra 54 colectivos civiles
diferentes.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Comenzar de inmediato las negociaciones con la empresa concesionaria de la AP-68 para su inmediata liberación en los tramos riojano y aragonés.
2. Para paliar la alta siniestralidad de la N-232, solicitamos la inmediata liberación, con carácter urgente para el transporte pesado de la AP-68 en todo el tramo aragonés y riojano.
3. Completar la salida n.º 14 (Pradejón) construyendo el acceso a la AP-68 dirección Logroño.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2017.-Sara Carreño Valero y Jorge Luis Bail, Diputados.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001220
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de Antoni Postius Terrado, Diputado del Partit Demòcrata, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante la Comisión de
Fomento, una Proposición no de Ley para impulsar las inversiones necesarias en el ramal Lleida-Tarragona del Corredor del Mediterráneo para garantizar una efectiva conexión de Lleida con el Puerto de Tarragona y el Corredor del Mediterráneo.
El Corredor del Mediterráneo es uno de los diez grandes ejes centrales de la Red Transeuropea de Transporte (Core Network) que ha diseñado la Unión Europea y está formado por el conjunto de infraestructuras ferroviarias, viarias, portuarias,
aeroportuarias y logísticas, junto con los servicios de viajeros y mercancías de las mismas, se extiende desde Algeciras hasta Aviñón (1.500 km) y es la columna vertebral de la Eurorregión Arco Mediterráneo.
Dieciséis millones de personas (el 40 % de la población española) viven en alguna de las principales áreas urbanas de la Península Ibérica por donde pasa el Corredor Mediterráneo, un eje fundamental para la reactivación económica del país,
ya que a lo largo de su recorrido circula cerca del 50 % del tráfico total de mercancías del Estado y el 60 % de las mercancías que se mueven en tren.
En su área de influencia, además, se genera el 40 % del PIB español y más del 50 % de la producción industrial y agraria en valor.
Catalunya reivindica la necesidad de lograr que el Corredor Mediterráneo forme parte de manera prioritaria de las agendas de los Gobiernos español y francés. La importancia de esta infraestructura nace de su capacidad de conectar Catalunya
y la franja costera mediterránea con los países europeos, de su potencialidad de impulso a la internacionalización, de su capacidad de generación de empleos, de la mejora de oportunidades para captar inversión, de la valorización de los clústeres y
polos económicos de manera global, y de los estímulos para el desarrollo del país que aporta.
La Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida, Ajuntament de Lleida y la Cambra de Comerg de Lleida han defendido públicamente la necesidad de conectar Lleida con el futuro Corredor Mediterráneo
mediante un ramal que la una a Tarragona, con el objetivo de vincular la economía Ileidetana a esta infraestructura estratégica, lo cual además serviría para mejorar la conexión de Lleida con su puerto natural, el de Tarragona.
El ramal Lleida-Tarragona forma parte del eje Cantábrico-Mediterráneo, constituyendo un 'ramal interior' del Corredor Mediterráneo, que debe permitir una salida más rápida y efectiva de los productos agroalimentarios e industriales de Lleida
hacia Europa y hacia el Mediterráneo, lo cual consolidará el potencial logístico de Lleida.
Por todo ello, los diputados y diputadas del Partit Demòcrata presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar las inversiones necesarias en el 'ramal interior del Corredor del Mediterráneo LleidaTarragona' con el fin de garantizar la conexión de Lleida con el Corredor del Mediterráneo y con
el Puerto de Tarragona, lo cual favorecerá el desarrollo y la competitividad de los sectores agroalimentario, industrial y logístico de las comarcas de Lleida.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero de 2017.-Antoni Postius Terrado, Diputado.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001221
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la variante de la Pobra de San Xiao, para su debate en la Comisión de Fomento.
Motivación
La variante ferroviaria de Pobra de San Xiao, Lugo, aunque aún no se sabe en qué fecha entrará en funcionamiento, conllevará que las actuales vías en dicha zona quedarán sin función.
En lugar del desmantelamiento inmediato de todo el tramo y el abandono del mismo sería útil que el ADIF acordara con los ayuntamientos afectados posibles usos de dichos espacios públicos ya que son los ayuntamientos quienes mejor pueden dar
utilidad a esos espacios y así contribuir a su puesta en valor.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que acuerde con los ayuntamientos afectados un uso alternativo para las infraestructuras que dejarán de utilizarse al poner en funcionamiento la variante de Pobra de San Xiao.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2017.-Margarita Pérez Herráiz, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001225
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados la presente Proposición no de Ley, para su
debate y aprobación en Comisión.
Exposición de motivos
Las infraestructuras son el eje vertebrador fundamental del territorio. Son además la más eficaz herramienta pública de acción correctora de desigualdades de acceso y estímulo al desarrollo de las potencialidades de un territorio.
El caso que motiva esta Proposición no de Ley es el de la provincia de Jaén, una provincia con inmensos potenciales patrimoniales, culturales y medioambientales y que a fecha de hoy sigue presentando enormes dificultades de conectividad
intraprovincial e interprovincial.
La provincia de Jaén es un nodo conector natural además para imbricar la Comunidad Autónoma Andaluza con el levante español, en una lógica de descentralización correctora de las inequidades propias de un modelo caduco hipercentralista
especialmente en lo que refiere a infraestructuras.
Es además una provincia especialmente golpeada por el desempleo, en la que la reducción de obstáculos al desarrollo endógeno resulta acuciante.
Los distintos municipios de la zona, de todo color político han manifestado su aquiescencia en la necesidad de impulsar la finalización de las obras de la autovía A-32 Linares-Albacete.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la siguiente medida:
- En lo que refiere al paso de la A-32 por el municipio de Baeza, la aceleración, con carácter inmediato de las obras de construcción del semienlace de conexión con la carretera provincial JA-4109. En este sentido se reclama un compromiso
temporal de finalización concreto, vinculado a la continuidad en el cargo de los responsables del mismo.
- La inmediata ejecución del proyecto 'Nueva configuración del enlace de la autovía A-32 con la N-322 y la A-316'. En este sentido se reclama un compromiso temporal de finalización concreto, vinculado a la continuidad en el cargo de los
responsables del mismo.
- Impulsar las obras en el tramo Úbeda-Torreperogil, así como reanudar las obras de los tramos Torreperogil-Villacarrillo y Villacarrillo-Villanueva del Arzobispo. En este sentido se reclama un compromiso temporal de finalización concreto,
vinculado a la continuidad en el cargo de los responsables del mismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2017.-Sergio Pascual Peña y Diego Cañamero Valle, Diputados.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001226
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de la Diputada Alexandra Fernández Gómez, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Fomento, para que se cambie la denominación del aeropuerto de Santiago de Compostela-Lavacolla por el de 'Rosalía de Castro'.
Exposición de motivos
El 19 de enero el pleno del Ayuntamiento de Santiago de Compostela aprobó por unanimidad de todos los grupos demandar a Fomento que se cambie la denominación del aeropuerto de Santiago, Lavacolla, para que pase a llevar el nombre de la
insigne escritora gallega Rosalía de Castro.
Trasladamos al Ministerio de Fomento (AENA) la solicitud adoptada en el pleno del consistorio a fin de que se tenga en cuenta y se pueda agilizar su tramitación. Una iniciativa que también cuenta con el respaldo de la Xunta que se pronunció
en sentido positivo.
Existen precedentes recientes en este sentido como el antes llamado aeropuerto de Madrid-Barajas, que pasó a denominarse aeropuerto Adolfo Suárez, o el de Santander que se denomina en la actualidad Seve Ballesteros. Sin olvidar que el
aeropuerto de Granada se llama Federico García Lorca Granada.
Dedicar el nombre de un aeropuerto a una persona insigne, destacada desde el punto de vista histórico, político o literario, es una práctica extendida en aeropuertos de otros países. En este sentido cabe recordar algunos como: Napoleon
Bonaparte (Ajaccio-Francia), Abraham Lincoln (Springfield-EEUU), Charles de Gaulle (París). Francisco de Sá Carneiro (Porto) Lech Walesa (Gdansk-Polonia), José Martí (Habana), Franz Liszt en Budapest, Sergei Prokofev en Donetsk-Ucrania, Franz Josef
Strauss en Munich, Giuseppe Verdi en Parma, ]ohn Lennon en Liverpool, Caravaggio en (Bérgamo-Italia) o Galileo Galilei en Pisa, entre otros muchos.
Esta modificación nominal del aeropuerto de Compostela aportaría un simbolismo importante y ayudaría a proyectar la cultura y la lengua de Galicia. Tendría más sentido que el nombre actual puesto que Rosalía de Castro no solo es una de las
grandes literatas y poetisas de las letras gallegas, merecedora de esta distinción, sino que su figura se identifica perfectamente con Galicia. La importancia literaria de Rosalía de Castro es internacionalmente reconocida. Además se fomentaría
una mayor presencia simbólica de las mujeres que como hemos podido comprobar, no suelen figurar en este tipo de cuestiones.
Precisamente el próximo 24 de febrero se conmemora en Galicia el Día de Rosalía y es el año en el que se cumplen 180 años de su nacimiento. Es la mejor forma de proyectar al mundo la imagen de Galicia y de Santiago, ciudad a la que Rosalía
estuvo especialmente vinculada.
Esta propuesta cuenta con el apoyo unánime de todas las formaciones políticas y con las principales entidades culturales gallegas como la Real Academia Gallega, la Fundación Rosalía de Castro y el Consello da Cultura Galega.
Los aeropuertos son espacios de tránsito internacional donde se puede proyectar y extender la cultura propia. Cambiar la denominación del aeropuerto de Santiago es una forma de honrar y homenajear a la escritora y poetisa, a la vez que es
un acierto.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:
Aprobar en este año 2017 la modificación de la denominación del aeropuerto de Santiago de Compostela-Lavacolla por el de 'Rosalía de Castro', en atención a la demanda unánime del Ayuntamiento compostelano y como homenaje simbólico a la gran
literata y poetisa de las letras gallegas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2017.- Alexandra Fernández Gómez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001233
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís, Joan Baldoví Roda y al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la justa
financiación en infraestructuras de la ciudad de Valencia paralizadas por falta de inversión por parte del Ministerio de Fomento, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
En aras a hacer de Valencia una ciudad más eficiente y más respetuosa con el medio ambiente, y a situar la ciudad al mismo nivel que las grandes urbes española y europeas que apuestan de manera decidida por la mejora del transporte público
urbano, es necesario incrementar la inversión pública para ofrecer un mejor y más digno servicio a la ciudadanía.
El transporte público es una necesidad de primer orden para un desarrollo sostenible y, como tal, debe ser considerado una prioridad a todos los niveles. Un buen sistema de transporte público significa movilidad urbana más eficiente y un
mayor y mejor desarrollo económico para las ciudades. Cabe destacar que el transporte público es cuatro veces más económico que el privado y representa, además, uno de los pilares básicos para conseguir que la movilidad en las ciudades sea más
sostenible.
El Gobierno actual de la ciudad de Valencia así como el Govern Valencià han manifestado en repetidas ocasiones su firme apuesta por promover la movilidad sostenible, por luchar contra el cambio climático y por llevar a cabo un cambio del
actual modelo de movilidad.
Sin embargo, los problemas de infrafinanciación afectan directamente a la inversión en infraestructuras que son cruciales para vertebrar la ciudad de Valencia, así como para hacer de ella una ciudad más sostenible. Es preciso recordar que
de los 1.000 millones de euros que ha licitado el Ministerio de Fomento para obras públicas en el primer semestre de 2016, tan solo 7 han ido a parar a infraestructuras del País Valenciano. Es más, durante la anterior legislatura, el Ejecutivo
destinó un 4.85 % de lo licitado en obras públicas para el País Valenciano, mientras que otras Comunidades Autónomas, como por ejemplo Galicia y Andalucía, contaban con el 15 %.
La dejadez del Gobierno en apostar por una inversión decidida en los proyectos en infraestructuras, ha relegado a Valencia a un tercer plano y a ser la única ciudad de sus características que no recibe financiación para desbloquear
infraestructuras como la futura línea T2 de metro. O la reducción de 300 millones de euros por parte del Ministerio de Fomento para desarrollar las obras del Parque Central.
De las infraestructuras infrafinanciadas mencionadas anteriormente, conocíamos recientemente que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) -empresa pública dependiente de la Generalitat Valenciana que gestiona y administra las líneas
férreas de ancho métrico que se extienden en el País Valenciano- ha iniciado el proceso de licitación para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo, corrección y ejecución de obras accesorias de la futura línea T2 de Metrovalencia,
correspondiente en el tramo Alicante-Nazaret, una infraestructura tranviaria correspondiente a la línea T2 Sur, con un presupuesto inicial de 1,6 millones de euros y la previsión de adjudicar y firmar el contrato en el primer trimestre de 2017. Con
esta licitación, se retomarán las obras paralizadas desde 2011. Se estima que la obra pendiente de ejecución para poner en servicio la infraestructura ejecutada hasta el momento es de 100 millones de euros.
Por otro lado, es de justicia recordar que todas las estaciones de AVE de España tienen soterrada la entrada de tren gracias a la inversión del Estado y las infraestructuras realizas por el Ministerio de Fomento. En cambio en el caso de
Valencia se da justo lo contrario y todavía hoy, después de seis años de la construcción de la estación del AVE, Valencia cuenta con una estación provisional. Aparte de esto, recientemente conocíamos que el Ministerio de Fomento se ha propuesto
rebajar el coste de la entrada del AVE a Valencia, de manera que el proyecto original del doble soterramiento de la estación quedaría reducida a uno solo.
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
- Concretar la inversión destinada por parte del Ministerio de Fomento para desbloquear el túnel pasante sobre las obras paralizadas del Parque Central y mantener el diseño inicial de la Estación Central soterrada, intermodal, pasante y a
dos niveles. Así como a programar un calendario sobre las obras del Túnel Pasante y de la nueva estación central de Valencia.
- Incorporar en los Presupuestos Generales del Estado 2017 una partida para desbloquear la infraestructura de la línea de metro T2 del área metropolitana de Valencia, que solucione el agravio comparativo que sufre históricamente esta
ciudad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2017.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Educación y Deporte
161/001203
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la puesta en marcha de
un programa de cooperación interterritorial de promoción de la innovación educativa para mejorar la calidad y equidad del sistema, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
Aunque el abandono escolar temprano ha disminuido, el fracaso escolar, es decir, el porcentaje de alumnos sin titulación, sigue siendo alto (10 %) y el abandono educativo temprano en España (en torno al 20 %) está por encima de la media de
la OCDE.
En el contexto europeo, existen experiencias exitosas como el Plan de Acción para la Inclusión Educativa 'Deliverying Equality of Opportunity at Schools' irlandés, para la financiación de actuaciones en educación infantil, apoyo a docentes,
reducción del abandono o mejora de competencias en colegios, o el británico 'Pupil Premium', que proporcionaba transferencias incondicionales a los centros educativos en función del número de alumnos desaventajados.
La pauta común de estos programas es la búsqueda de objetivos ambiciosos y medibles para cada centro, mediante la evaluación y el monitoreo constante del progreso del alumno, así como la rendición de cuentas a través de la inspección
educativa.
Se estima necesario, por tanto, la puesta en marcha de un Programa de Cooperación Territorial que apoye la innovación en la enseñanza en escuelas en entornos vulnerables para mejorar la calidad y la equidad del sistema. Dicho programa debe
incluir a todos los actores institucionales y de la comunidad educativa, combinando iniciativas propias de CCAA, de gobiernos locales y de redes de centros con proyectos de ONGs y del tercer sector y de emprendedores educativos que desarrollen su
labor en centros educativos con alumnos procedentes de entornos desfavorecidos, con el objetivo de trabajar por una educación inclusiva que atienda a todos los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
Se trata, por tanto, de programa nacional que complemente los cambios legislativos fruto de un futuro pacto educativo, apoyando a las escuelas de los entornos socioeconómicos desfavorecidos, implicando a la comunidad educativa a nivel local
y la sociedad civil, permitiendo la identificación y el apoyo a las intervenciones más exitosas, mediante un círculo de experimentación y mejora constante del sistema educativo que permita la implementación de las actuaciones educativas, la
evaluación de su impacto y la ampliación de las actuaciones a otros centros.
El apoyo a intervenciones con efectos a corto plazo es un complemento de los posibles acuerdos legislativos futuros. Además, los programas locales y autonómicos pueden generar conocimiento mediante la evaluación de impacto y la medición de
procesos y resultados de aprendizaje, Los ciclos de investigación-acción-reflexión tienen un enorme potencial de mejora del sistema a través de la experiencia de buenas prácticas sobre la que poder construir y escalar.
El objetivo último es el de combatir los factores generadores de la desigualdad de oportunidades, eliminando las barreras a la progresión educativa entre la población vulnerable, con el fin de reducir sus tasas de fracaso y abandono escolar,
a la vez que se fomenta la innovación educativa para mejorar la calidad de la enseñanza y fortalecer al profesorado.
En cualquier caso, los especialistas reconocen que la brecha educativa se produce incluso antes de que los niños y niñas inicien la enseñanza obligatoria, ya que a esas edades tempranas se desarrollan las llamadas competencias no cognitivas,
que son relevantes en la formación y el empleo en edades adultas. La investigación reciente ha puesto de manifiesto la importancia capital de la motivación temprana (entre cero y tres años) y el desarrollo de las habilidades no cognitivas en la
formación futura y en la interacción del alumno con el sistema educativo. También ha identificado grupos sociales que son especialmente vulnerables al desarrollo deficiente de estas capacidades.
Las autoridades disponen de una herramienta particularmente efectiva y de bajo coste, con el desarrollo de programas de intervención temprana en estos entornas vulnerables. España es uno de los países con mayor cobertura de educación
temprana, pero esta educación llega poco a las familias menos favorecidas, lo que abre una brecha en la igualdad de oportunidades desde muy pronto. Desgraciadamente, los hijos de familias cuyos padres tienen menor nivel educativo, menores ingresos,
o están afectados por el paro o la precariedad, tienen mucho menor acceso a este nivel educativo.
En un mundo abierto y global, el aprendizaje de idiomas es una pieza clave. Sabemos que, para lograr este aprendizaje, su práctica diaria en la escuela es imprescindible, mediante acciones de apoyo y refuerzo para la adquisición de
destrezas de comprensión y expresión oral y escrita en lenguas extranjeras, mediante actuaciones tales como actividades con alumnos en horario escolar y extraescolar, formación de maestros y profesores de secundaria y acciones de apoyo y refuerzo.
Otro importante freno a la igualdad de oportunidades es la existencia de una gran cantidad de gastos a los que las familias deben hacer frente. Un programa de ayudas para la financiación de libros de texto se encuentra en la línea de
favorecer los principios de equidad e igualdad para compensar las situaciones socioeconómicas más desfavorables, con el objetivo de contribuir a que el sistema educativo garantice la equidad en la educación y la igualdad de derechos y oportunidades.
Además, tenemos que hacer un mayor esfuerzo que el actual en los recursos destinados a la Formación Profesional en sus Ciclos de Grado Medio. Los niveles de inversión en este nivel de enseñanza han estado tradicionalmente por debajo de los
registrados en los demás países europeos, imposibilitando una oferta suficientemente amplia y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Asimismo, debe implantarse de forma definitiva y generalizada un modelo de FP dual que combine trabajo en
la empresa y formación.
Por último, para prevenir la lacra del acoso escolar, es esencial que los centros asuman como prioridad la lucha contra la violencia, sensibilizando al alumnado para que no tolere ninguna forma de acoso y practique la convivencia pacífica.
Es importante que el profesorado ayude a los alumnos a desarrollar habilidades personales como la promoción de la empatía, la cohesión entre compañeros y las relaciones basadas en la solidaridad y el respeto mutuo, identificar las situaciones de
violencia, etc. La detección temprana de las situaciones de acoso es indispensable para proteger a las víctimas.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar un programa específico de cooperación interterritorial de promoción de la innovación educativa para mejorar la calidad y equidad del sistema (PREFE+, Programa de Refuerzo Educativo
para la lucha contra el Fracaso Escolar Ampliado), que:
1. Desarrolle un nuevo Programa de Refuerzo Educativo para luchar contra el fracaso escolar, denominado Programa PREFE, dirigido a los centros educativos que cuenten con alumnos procedentes de entornos desfavorecidos, con el objetivo de
trabajar por una educación inclusiva que atienda a todos los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
2. Desarrollar un nuevo Plan de Educación Infantil de cero a tres años que aumente el número de plazas en escuelas infantiles para avanzar hacia la universalización, estableciendo ayudas dirigidas a las familias con menos recursos para
garantizar su acceso, en colaboración con las Comunidades Autónomas.
3. Implante acciones de apoyo y refuerzo para la adquisición de destrezas de comprensión y expresión oral y escrita en lenguas extranjeras en la escuela pública, que garantice a todos nuestros jóvenes el dominio del inglés.
4. Establezca un Programa de Gratuidad de los Libros de Texto para las familias a través de un sistema público de libros compartidos, en colaboración con las Comunidades Autónomas.
5. Aumente los recursos destinados a los Ciclos de Grado Medio de Formación Profesional y seguir impulsando la 'FP Dual' que combine formación y trabajo en las empresas.
6. Desarrolle el Plan Estratégico de Convivencia Escolar, dotándolo de medios para prevenir y reaccionar de manera eficaz contra el bullying y el ciberacoso, facilitando entre otros los canales de comunicación y de atención personalizada y
profesional para afrontar, con la ayuda de expertos, la respuesta ante estas situaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero de 2017.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/001206
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso de un Programa de apoyo a jóvenes españoles emigrados, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
España sigue siendo el segundo país de la UE con mayor desempleo solo detrás de Grecia, con una tasa de paro juvenil de 46,49 %. En menores de 20 años, España lidera el paro juvenil de la UE con otra vergonzante tasa que viene superando
desde hace años con amplitud el sesenta por ciento.
Esta situación ha traído una masiva salida de España de personas jóvenes, en un periplo que recuerda las peores épocas del siglo XX en las que cientos de miles de españoles tuvieron que ir fuera de nuestro país a buscar el futuro que no
encontraban en él, siendo la inmensa mayoría jóvenes bien formados y preparados para entrar en el mercado laboral de países que saben aprovechar su talento y el valor añadido que aportan. Esta fuga de cerebros, sin duda, repercutirá a largo plazo
en nuestro país, tanto social como económicamente.
En la inmensa mayoría de los casos, no existe una alternativa entre una trayectoria laboral o profesional en España y otra mejor fuera. Se trata de la alternativa entre la emigración y el desempleo de larga duración, o, en el mejor de los
casos, de trabajos precarios discontinuos e inseguros, no relacionados con la formación, sin más sentido que un salario que solo permita a duras penas la subsistencia.
Cuando por fin se deciden a la aventura de la emigración casi nunca es con trabajos u oportunidades trabadas desde España. Las personas se marchan, y, si tienen éxito, empiezan a trabajar, también muchas veces en trabajos para los que están
sobrecualificados, pero que pueden ser la llave para, después de invertir tiempo, dinero y esfuerzo para superar barreras idiomáticas, conseguir un trabajo relacionado con la trayectoria profesional o con la formación adquirida.
España no puede permitirse esta situación. Disminuyendo en capital humano cualificado ninguna sociedad puede ser más próspera. Cuando parte de los problemas estructurales de una sociedad consisten precisamente en el envejecimiento
paulatino y constante de la población, resulta todavía más preocupante.
Ensanchar el tejido productivo, reindustrializar, desarrollar la economía verde, invertir en actividades cuyo valor añadido se obtenga de la investigación, el desarrollo y la innovación, en lugar de la explotación de una mano de obra barata,
son condiciones previas que nuestro Grupo parlamentario viene defendiendo como necesarias para hablar realmente de recuperación económica. Debemos recuperar la fortaleza de un verdadero desarrollo económico, diferente de un crecimiento sin más,
para que demos verdadero sentido y aprovechemos el talento y las capacidades de un capital humano que hoy se encuentra tan capacitado como desaprovechado.
Es prioritario empezar a dar pasos para que a corto y medio plazo se produzcan estos cambios. Son cambios realizables y deseables si se tiene intención de hacerlos y se actúa de forma correcta en política económica, por eso, debemos
procurar poner el foco de atención y las condiciones necesarias para el regreso de trabajadores ahora en el exilio económico. Debemos comenzar por dar facilidades para el regreso desde todos los puntos de vista. En primer lugar, emplear en España
y hacer posible que el talento genere aquí valor añadido es algo que favorecerá sin duda a la sociedad española en su conjunto. En segundo lugar, desde el punto de vista de cada uno de los individuos, regresar al hogar y al entorno donde quieren
desarrollar su proyecto de vida les hará más plenos en su satisfacción personal.
Esta iniciativa se debe ver como el objetivo principal de las iniciativas del Grupo socialista a lo largo de nuestros trabajos para fomentar el empleo y la reactivación económica y procurar una atención adecuada a la nueva emigración.
Reiteramos que una situación de verdadera recuperación económica, que incluya una mejora sensible de la tasa de desempleo resulta una condición necesaria para poder asegurar un regreso de todas las personas que hoy por hoy querrían volver, pero no
para impulsar otras medidas articuladas sobre un Plan con ese propósito.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Aprobar un Programa de apoyo a jóvenes españoles emigrados que:
- Estructurará, desarrollará y pondrá en marcha un Plan de Actuación, llevando a cabo una auténtica política común cuyo fin último son los jóvenes. En su elaboración se garantizará la transmisión de opiniones
a través de los agentes sociales, las oficinas consulares españolas, los Consejos de Residentes Españoles y las asociaciones o plataformas que tengan como propósito la defensa de sus intereses, pero además, se establecerán canales de
participación directa.
- Contemplará un Plan de Emigración y Retorno donde se incluyan medidas que incentiven la inscripción y actualización de datos de los ciudadanos y ciudadanas emigrados en el registro de Matrícula Consular, así como en el CERA y ERTA.
- Restituirá la cobertura sanitaria de los españoles que hubieran agotado las prestaciones del sistema de protección por desempleo, que perderían su derecho a asistencia sanitaria en nuestro país si salen de España por tiempo superior a 90
días, incluso para buscar trabajo o formación.
- Dotará de los recursos necesarios para llevar a efecto una verdadera política de emigración garantizando el retorno a España como un derecho en caso de fracaso migratorio.
- Perseguirá la disponibilidad de información de ámbito europeo a través de internet, que haga posible el encuentro entre la oferta y la demanda de empleo, que facilite el retorno de trabajadores, involucrando a las autoridades de los países
que acogen más españoles.
- Junto con las Comunidades Autónomas, reunirá un paquete de medidas sociales, económicas y fiscales, para que se fomente el retorno voluntario en las mejores condiciones posibles. Las Administraciones implicadas facilitarán las gestiones
por medios telemáticos, procurando la inmediatez en la homologación de títulos o el reconocimiento de derechos y prestaciones sociales, y poniendo las máximas facilidades para el regreso del trabajador y de los familiares que le acompañen.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de enero de 2017.-Josefa Inmaculada González Bayo, Esther Peña Camarero, María Jesús Serrano Jiménez, Juana Amalia Rodríguez Hernández y Sonia Ferrer Tesoro, Diputadas.-Miguel Ángel Heredia Díaz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
161/001200
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado de Compromís don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre
declaración de Benidorm como municipio turístico, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Exposición de motivos
El Gobierno del Partido Popular en 2002 aprobó la Ley de Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), siendo también ministro el actual titular de la cartera de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
Dicha ley recoge en su artículo 125 los requisitos que se deben reunir para obtener la calificación de municipio turístico, pero solo computa los pisos reglados como segunda residencia sin tomar en consideración las plazas hoteleras del destino,
traba principal que ha impedido hasta la fecha a Benidorm acogerse a esta medida, pese a que nadie duda de su potencial turístico. Y, al no poderse acoger, la ciudad está dejando de ingresar al año el 2 % de los impuestos recaudados por tabaco e
hidrocarburos en el término municipal, lo que en términos económicos se traduciría en cerca de un millón de euros adicionales, que servirían para compensar el alto gasto que la ciudad soporta en servicios como seguridad, limpieza, etc.
Desde entonces, PP y PSOE han intentado modificar este requisito sin suerte ninguna, al toparse con la oposición del otro partido, dependiendo de quien estuviese en el gobierno en cada momento. Sus disputas están provocando que en la
actualidad Benidorm no goce de la condición de municipio turístico ni de sus ventajas.
Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
a) Se modifique el artículo 125.1.b para que computen también las plazas hoteleras de la ciudad destino.
b) Se declare a Benidorm municipio turístico según esta Ley.
c) A partir de entonces se le concedan a Benidorm los rendimientos procedentes de los Impuestos sobre Hidrocarburos y sobre las Labores del Tabaco desde la entrada en vigor de la Ley, esto es, desde 2004, que de acuerdo a la modificación de
la Ley le hubiesen correspondido.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2017.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001204
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre
reivindicaciones en los municipios del área de influencia de El Cabril, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Exposición de motivos
El Cabril, ubicado en el término municipal de Hornachuelos (Córdoba), de unos 4.700 habitantes, es el único almacén de residuos radiactivos de baja y media actividad de España. Los residuos se clasifican y se almacenan en contenedores de
hormigón fabricados a prueba de terremotos, que se guardan en celdas construidas en enormes naves en superficie.
Los primeros residuos radiactivos fueron introducidos de forma clandestina en 1961 en una mina de uranio en desuso. Hasta 1975 no recibió la primera supuesta autorización oficial y en 1992 se convirtió oficialmente en la primera instalación
homologada (gestionada ya por la empresa pública Enresa) para estas funciones.
En noviembre de 2009 se encontraba al 61,57 por ciento de su capacidad. Según estimaciones de 2004, se encontrará lleno cerca del año 2030.
En linea recta, este cementerio nuclear se encuentra a 40 kilómetros del núcleo urbano de Hornachuelos, municipio que conforma su área de influencia junto a las poblaciones de Fuente Ovejuna, también en la provincia de Córdoba, y las
sevillanas Las Navas de la Concepción y Alanís de la Sierra.
Andalucía, pero sobre todo las provincias de Sevilla y Córdoba, y, en particular, dichos municipios, llevan soportando desde hace de cuarenta años la cuota de solidaridad de tener ubicado en su territorio un cementerio nuclear. La mayoría
de los residuos que se almacenan en El Cabril proceden del desmantelamiento de las centrales nucleares y, en menor medida, de investigaciones científicas y tratamientos médicos.
Aunque hay muchos que ven como una lluvia de millones para el territorio una instalación de este tipo, la realidad es que se trata de un caramelo envenenado, y más desde que en 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy extinguió la fundación Endesa.
Los Ayuntamientos del área de influencia de El Cabril pidieron entonces la continuidad de las compensaciones económicas que Enresa venía pagando anualmente a sus municipios.
Para solventar esta problemática surgida a raíz de la desaparición de Enresa, el Gobierno aprobó en 2015 la Orden IET/458/2015, de 11 de marzo, por la que se regulan las asignaciones a los municipios del entorno de las instalaciones
nucleares, con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos.
La orden regula el procedimiento para recibir las asignaciones fijas y variables, además de establecer los criterios para los proyectos de cofinanciación, para fomento del empleo y desarrollo del municipio que sustituyen a las ayudas que se
recibían por la antigua Fundación Enresa.
La entrada en vigor de esta orden de 2015 ha supuesto una nueva decepción para los ayuntamientos del entorno de El Cabril. Pese a llevar más de un año vigente, el Gobierno no ha aprobado ni un solo proyecto de los presentados por los
ayuntamientos para el fomento del empleo y el desarrollo de sus municipios, lo que ha llevado a estos ayuntamientos, encabezados por sus alcaldes, a rechazar la orden que condiciona la cuantía a percibir por los municipios tanto en su parte fija
como variable.
De modo que, después de cuatro décadas conviviendo con la basura radiactiva, la verdad es que las escasas compensaciones que reciben estos municipios por estar en el área de influencia de El Cabril van desapareciendo.
Y si la situación de los ayuntamientos en estos tiempos de crisis económica -más limitados por la normativa de asfixia económica a las administraciones locales impuesta por el Gobierno del Partido Popular- se ha deteriorado a nivel nacional,
este empeoramiento se ha hecho más patente en los municipios que rodean El Cabril, que no son ajenos a la problemática de ver la desesperación de muchos de sus ciudadanos debido al desempleo y a la falta de recursos económicos para prestar los
servicios municipales. Y, por si fuera poco, El Cabril apenas da trabajo directa o indirectamente ni a trabajadores ni empresas de los municipios afectados.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
La realización de una Orden específica para los municipios del área de influencia de El Cabril, caso único en España al ser un cementerio de residuos radiactivos de media y baja intensidad, y no una central nuclear. O, en su caso, a la
modificación de la orden vigente para que recoja la singularidad de El Cabril (dado que un cementerio nuclear no es equiparable a una central nuclear), teniendo en cuenta que se considera prioritario:
1. Revisar el criterio variable de asignación de fondos, puesto que se paga en función del volumen de residuos y, últimamente, las compactadoras de la planta han reducido notablemente el tamaño de lo que se almacena.
2. Que los criterios de valoración de los proyectos de empleo y desarrollo del municipio estén claramente determinados y sean objetivos.
3. Que la condición de cofinanciación por parte de los ayuntamientos se elimine dada la situación que soportan dichos ayuntamientos como consecuencia de tener el cementerio nuclear cerca de sus núcleos urbanos.
4. Modificar el artículo 7 de la orden donde se recoge el cese de las compensaciones por cierre de la actividad, dado que al ser un almacenamiento, y no una central nuclear, la radiactividad y la peligrosidad tardará más tiempo en
desaparecer.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2017.-Juana Amalia Rodríguez Hernández, Antonio Pradas Torres, Antonio Gutiérrez Limones, Carmen Rocío Cuello Pérez, María Jesús Serrano Jiménez y Antonio Hurtado Zurera,
Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001211
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de
Ley para la realización de una auditoría sobre los costes de
generación de la energía convencional y la factura eléctrica, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Exposición de motivos
Hasta finales de 2013, el precio variable de la electricidad se fijaba a partir de las subastas Cesur. La celebrada el 19 de diciembre de ese año arrojó un incremento de los precios de la electricidad del 25,6 % que, de haberse aplicado,
hubiera provocado una subida de tarifa del 11 %. Ante esta situación el Gobierno decidió entonces intervenir y fijar una subida media en la tarifa eléctrica del 2,3 % durante el primer trimestre de 2014. Como resultado de esta situación, el 1 de
octubre de 2015 se estableció un nuevo modelo de facturación horaria, para los consumidores acogidos a la tarifa regulada (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor o PVPC), que tuviesen ya instalado contador inteligente y telegestionado. El
precio del kWh varía cada hora, se calcula en función de la cotización del kilovatio cada hora, en el mercado mayorista y se traduce en 8.760 precios diferentes al año.
Estos incrementos en el precio variable de la energía, pero, sobre todo, su elevada volatilidad como consecuencia de las sucesivas modificaciones acometidas en sus sistemas de fijación, ha terminado por provocar la imposibilidad de conocer
el grado de correlación entre su evolución y la de los costes reales de generación de la energía convencional. Una situación que no solo genera importantes distorsiones para los agentes que operan en el mercado de la electricidad, sino también en
relación a la información que utilizan las empresas y los particulares a la hora de planificar y adoptar decisiones en torno a sus niveles de inversión y consumo, con el consiguiente perjuicio ocasionado para toda la economía.
Durante el presente mes de enero de 2017, los incrementos en la factura de la luz para los usuarios han registrado una proporción desmesurada, fomentando de ese modo las situaciones de impago y dificultad económica para familias y empresas a
la hora de asumir el coste de una de las facturas eléctricas más cuantiosas de Europa según datos de Eurostat.
Dadas las recurrentes dificultades por las que atraviesa el sistema energético (problemas de seguridad de suministro, recargos en la factura, dependencia internacional, ausencia de interconexión, etc.) que consolidan un alza masiva de los
precios durante la última década, se hace necesario conocer el estado del conjunto del sistema y determinar, de manera adecuada y transparente, cuáles son los costes que el funcionamiento del mismo conlleva y cómo deben ser asumidos por los
consumidores.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar una auditoría a todos los costes del sistema energético, tanto generación, transporte, distribución y comercialización, que permita determinar con precisión los costes reales del sistema, a fin de fomentar la transparencia en el
mercado eléctrico y poder emprender las reformas que fuesen necesarias para que la variación de los precios de la energía se corresponda con la de los costes reales de generación.
2. Impulsar, asimismo, una auditoría del coste de la factura eléctrica para determinar adecuadamente qué costes deben ser asumidos por los consumidores y qué conceptos determinan el volumen actual de la misma.
3. Encomendar la elaboración de un informe por parte de la Agencia de Evaluación y Calidad (AEVAL) sobre los resultados de las diferentes reformas del sector eléctrico llevadas a cabo por el Gobierno durante la X Legislatura, con especial
incidencia en las implicaciones que las mismas han tenido para los consumidores particulares y para las industrias españolas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero de 2017.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001222
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre eficiencia energética en edificios, para
su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Exposición de motivos
El 40 % del consumo total de energía en la Unión Europea corresponde a los edificios. El sector se encuentra en fase de expansión, lo que hará aumentar el consumo de energía. Por ello, la reducción del consumo de energía y el uso de
energía procedente de fuentes renovables en el sector de la edificación constituyen una parte importante de las medidas necesarias para reducir la dependencia energética de la Unión y las emisiones de gases de efecto invernadero.
Las medidas adoptadas para reducir el consumo de energía en la Unión permitirán, junto con un mayor uso de la energía procedente de fuentes renovables, que la Unión cumpla los acuerdos de la Cumbre del Clima de París, de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), así como su compromiso a largo plazo de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 2°C y su compromiso de reducir, para 2020, las emisiones totales de gases de efecto
invernadero en un 20 % como mínimo con respecto a los niveles de 1990 y en un 40 % como mínimo en 2030. La reducción del consumo de energía y un mayor uso de la energía procedente de fuentes renovables desempeñan asimismo un papel importante a la
hora de fomentar la seguridad del abastecimiento energético y el desarrollo tecnológico y de ofrecer oportunidades de empleo y desarrollo regional, especialmente en zonas rurales.
La Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, trata la eficiencia energética de los edificios. En ella se determina que es responsabilidad exclusiva de los Estados miembros establecer requisitos
mínimos de eficiencia energética de los edificios y de sus elementos. Esos requisitos deben establecerse de forma que alcancen un equilibrio óptimo entre las inversiones realizadas y los costes energéticos ahorrados a lo largo del ciclo de vida del
edificio, sin perjuicio del derecho de los Estados miembros de establecer unos requisitos mínimos que sean más eficientes energéticamente que los niveles óptimos de eficiencia energética.
Parte de esta importante Directiva fue traspuesta en España a través del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
El Real Decreto establece la obligación de poner a disposición de los compradores o usuarios de los edificios un certificado de eficiencia energética que deberá incluir información objetiva sobre la eficiencia energética de un edificio y
valores de referencia tales como requisitos mínimos de eficiencia energética con el fin de que los propietarios o arrendatarios del edificio o de una unidad de éste puedan comparar y evaluar su eficiencia energética. Sin embargo, los requisitos
mínimos de eficiencia energética de los edificios o unidades de éste no se incluyen en este Real Decreto, ya que se establecen en el Código Técnico de la Edificación.
De hecho, mediante otra disposición adicional se anuncia la obligación requerida por la citada Directiva 2010/31/UE, consistente en que, a partir del 31 de diciembre de 2020, los edificios que se construyan sean de consumo de energía casi
nulo, en los términos que reglamentariamente se fijen en su momento a través del Código Técnico de la Edificación, plazo que en el caso de los edificios públicos, se adelanta dos años (es decir, a partir del 31 de diciembre de 2018).
A pesar de que queda menos de dos años para que termine el plazo, aún no se ha concretado qué se debe entender exactamente por edificios de consumo de energía 'casi nulo', lo que provoca una grave inseguridad jurídica y retrasa la creación
de los procedimientos o certificados necesarios para asegurar su cumplimiento.
La Directiva 2010/31 instaba a los Estados a elaborar planes nacionales para incrementar el número de edificios de consumo de energía casi nulo y obligaba a aumentar al menos un 3 % anual la renovación de edificios públicos. Además de los
objetivos positivos sobre el consumo energético la Administración deber priorizar la renovación y el cuidado de los edificios más sensibles por razón de su uso, como pueden ser colegios, hospitales o residencias de ancianos. Estudios, todavía en
fase de desarrollo, apuntan a la
relación entre una pobre eficiencia energética y bajo rendimiento escolar, fruto de una mala climatización de las aulas.
Por último, son normalmente los consumidores más vulnerables los que tienen menos recursos y capacidad para introducir medidas de eficiencia que les permitan ahorrar en su factura energética. Es por ello que este colectivo debería ser
objeto de actuaciones públicas que permitan reducir a largo plazo su gasto y dependencia energética.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, a través de una reforma del Código Técnico de la Edificación, para
fijar los términos que deberán cumplir los 'edificios de consumo de energía casi nulo'.
2. Elaborar un plan nacional para aumentar al menos un 3 % anual la renovación de edificios públicos para cumplir con el papel ejemplarizante que los edificios de los organismos públicos y aumentar el número de edificios de consumo de
energía casi nulo.
3. Evaluar la eficiencia energética los edificios más sensibles, como colegios, residencias de ancianos y hospitales garantizando el nivel de confort óptimo y priorizar las actuaciones de renovación y conversión de estos edificios en unos
de consumo de energía casi nulo.
4. Elaborar medidas de eficiencia energética dirigidas en especial para el colectivo de consumidores vulnerables severos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2017.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001234
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre tarificación de la energía eléctrica y la necesidad de
abordar una reforma del mercado eléctrico, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
El precio de la electricidad se ha convertido en un grave problema para la sociedad española. Aunque se pueda pensar que las subidas del precio de la electricidad de las últimas semanas son coyunturales, y sujetas a circunstancias
excepcionales, desgraciadamente siguen una tendencia claramente al alza desde hace más de una década. Para un usuario medio doméstico el precio se ha más que doblado desde 2006, mientras que en el mismo periodo el IPC se incrementó apenas un 16 %.
El recibo de la electricidad en España ha encadenado siete meses al alza y ha subido más de un 28 % desde abril. A principios de 2017 los precios del mercado mayorista en España han superado en algunas horas los 90 EUR/MWh, un precio anormalmente
alto. Es cierto que los precios han subido en toda Europa, por la ola de frío, el parón nuclear francés y el encarecimiento de las materias primas como el gas o el petróleo, pero en el caso español se añaden problemas regulatorios y de competencia
que han convertido el sistema eléctrico en un mecanismo injusto de extracción de rentas.
Este hecho está provocando crecientes problemas sociales, como cortes de suministro eléctrico, generación de deudas a familias con problemas económicos, accidentes en algunos casos muy graves, pérdidas económicas para las pequeñas y medianas
empresas y, en definitiva, empobrecimiento generalizado.
A partir de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, que tenía un 'propósito liberalizador' y el objetivo de 'garantizar el suministro eléctrico al menor coste posible', se establecieron una serie de mecanismos, que han ido
evolucionando con el paso de los años para establecer el precio final de la electricidad. Posteriormente, su sucesora, la Ley 24/2013, consolidaba los aspectos generales de la anterior y no modificaba sustancialmente los mecanismos de fijación del
precio de la electricidad,
reconociendo la estructura de la tarifa y los costes asociados al sistema eléctrico que se habían ido asumiendo durante la actividad reguladora.
Las tarifas de los usuarios de electricidad dependen de dos componentes, además de los impuestos: la componente regulada por el Gobierno y la componente de mercado que depende de los precios del mercado mayorista. Cada una de ellas está
compuesta a su vez por una serie de elementos que han evolucionado a lo largo del tiempo de manera diversa.
La tarifa eléctrica y los costes reconocidos por el sistema se han convertido en cuestiones en las que el legislador debe abordar pues constituyen los elementos según los cuales el precio manifiesta constantes aumentos. No se comprende que
las mejoras tecnológicas y en la gestión, sumadas a un pretendido aumento de la competencia, den como resultado aumentos del precio final tan elevados como los descritos. En toda sociedad democrática se debe realizar un seguimiento institucional
del reparto de las cargas de las inversiones que se deciden colectivamente para no atentar contra el interés general, y en el caso que nos ocupa es especialmente oportuno y relevante por tratarse además de un sector estratégico.
Concretamente, es necesario conocer con detalle el origen, la justificación y la conveniencia en el tiempo presente de los pagos que se realizan al sector eléctrico, principalmente a través de la tarifa eléctrica en sus componentes regulada
y de mercado, así como a través de los impuestos a los que están sujetos.
En el contexto actual es necesario analizar en profundidad los pagos que se han producido en favor de los distintos intervinientes en el sector eléctrico, y, en particular, los siguientes: costes de transporte y distribución, coste de los
sistemas extrapeninsulares, retribución a las energías renovables, residuos y cogeneración, pagos mediante diferentes mecanismos al carbón nacional, anualidades del déficit de tarifa, costes de transición a la competencia, interrumpibilidad, sistema
de pagos por capacidad. La cuestión principal a resolver es si los pagos que deben realizar o han realizado los consumidores por todos esos conceptos están debidamente justificados o si, por el contrario, han generado ganancias inmerecidas.
Por otra parte, el mercado eléctrico también requiere un análisis en profundidad, y, en especial, en lo que concierne a la formación del precio y a la retribución de las centrales de generación ya amortizadas gracias a la percepción
previamente de pagos regulados. La cuestión principal a resolver es si el sistema según el cual se determinan los pagos que debe realizar la sociedad por este componente de la tarifa se adapta a la heterogeneidad de los costes de producción, que
dependen de factores diversos, como el tipo de tecnología, la antigüedad de las instalaciones o el origen de la inversión. Asimismo, se deberá responder sobre los motivos según los cuales las instalaciones más antiguas reciben unas retribuciones
muy superiores a las que les correspondían en el Marco Legal Estable (1988-1997), además de establecer las maneras que permitan reducir la cuantía de cada uno de los elementos que forman parte de este componente de la tarifa.
En este sentido, debe establecerse un nuevo mecanismo de corrección de retribuciones excesivas para las centrales que previamente han sido amortizadas gracias a pagos regulados (como, por ejemplo, costes de transición a la competencia,
ayudas al carbón, retribución de las energías renovables, residuos y cogeneración). Si para una central de generación se establece una retribución que le permita abaratar sus costes de financiación y garantizar la viabilidad de la inversión,
durante un periodo determinado, transcurrido ese periodo, y, por tanto, amortizada la inversión, los ingresos de esas centrales se tendrán que minorar por una cuantía equivalente a restarle al precio de mercado resultante los costes de operación de
esa instalación más una rentabilidad razonable respecto a esos costes de operación.
El mercado eléctrico actual es un mercado marginalista, que retribuye con el mismo precio la electricidad generada por cada una de las tecnologías que concurren a la oferta. Ese mecanismo solo es eficaz en un escenario de competencia
perfecta, lo que no se da actualmente en nuestro sector eléctrico. El nuevo mecanismo de fijación de precios debería regularse de modo que cada tecnología se retribuya teniendo en cuenta sus costes de generación y obtenga una rentabilidad
razonable, lo que puede hacerse a partir de una auditoría de costes del sistema eléctrico. La auditoría será la base del diseño del nuevo sistema de fijación de precios, pero además aportará una información particular muy relevante: cuantificará
con precisión los llamados 'beneficios caídos del cielo' que reciben las nucleares e hidroeléctricas, sobre todo. Estas centrales, construidas en un marco normativo anterior a la liberalización, han recuperado sus elevados costes de inversión
iniciales. En condiciones ventajosas, disfrutando de bajos costes variables y de los altos precios que marca el mercado eléctrico, las hidroeléctricas y nucleares están ingresando anualmente miles de millones de euros injustificadamente. Esta
situación ha de ser remediada inmediatamente (sin esperar a
la reforma completa del mercado): es necesario imponer ya un gravamen a la electricidad generada por las centrales hidroeléctricas y las nucleares para reducir drásticamente los beneficios caídos del cielo. El resultado final de la
auditoría, cuando llegue, se utilizará para ajustar dicho gravamen.
Muchos de los problemas planteados anteriormente se deben a que el sistema eléctrico español está controlado (en los segmentos de generación, distribución y comercialización) por un fuerte oligopolio de grupos empresariales verticalmente
integrados. Por ejemplo, en el sector doméstico más del 95 % del negocio de la distribución se reparte por zonas entre las cinco eléctricas de UNESA. Esta concesión de poder a unas pocas empresas del sector es un obstáculo al desarrollo de un
sistema energético sostenible y a la implantación de instalaciones de autogeneración comunitarias. La desintegración vertical de estos grupos empresariales debería incidir en el segmento de la distribución. Entre las soluciones podría considerarse
la participación en la gestión de la distribución del regulador del transporte, Red Eléctrica Española, y el establecimiento de un procedimiento viable para que los municipios que opten por municipalizar su red de distribución puedan hacerlo.
De forma general, toda legislación que pretenda actuar sobre los precios de la electricidad debe fijarse como objetivos básicos unos precios que no impliquen unas transferencias injustificadas de rentas a las empresas; la garantía del
acceso para la ciudadanía a un servicio imprescindible para satisfacer las necesidades básicas, y el estímulo del ahorro, dados los enormes impactos ambientales asociados a la generación eléctrica.
Las tarifas eléctricas al consumidor -tanto en su nivel medio como en su estructura- son también extremadamente importantes desde el punto de vista social, ya que unos precios medios injustificadamente elevados y un diseño tarifario que no
favorezca los consumos moderados frente a los consumos muy elevados comportarán mayores situaciones de pobreza energética. Y, por supuesto, la estructura tarifaria también es muy importante desde el punto de vista de incentivar o no el ahorro
energético (y con él la disminución de impactos ambientales).
La situación actual, no deseable ni socialmente ni para el fomento del ahorro, es que el precio medio del kWh consumido es más bajo cuanto más se consume. Por ello, las medidas legislativas necesarias para regular las tarifas deberían
orientarse a una estructura con dos características que podrían aplicarse ya: a) Una disminución de la parte fija respecto a la variable bajando el pago por potencia y diferenciando por kw, y b) una parte variable que discrimine entre consumos más
básicos y menos básicos aplicando tarifas crecientes por bloques de consumo (como es frecuente en las tarifas de agua). Esto fomentaría el ahorro, pues la tarifa 'marginal', es decir, lo que aumenta el pago cuando aumenta el consumo un kWh sería
así mayor para consumos elevados que para consumos básicos, a diferencia de lo que ahora ocurre.
Por último, hay que incidir en un elemento más, a la vez técnico y vital, del aumento del precio de la electricidad en el mercado: con cierta frecuencia (el mes de enero de 2017 es un buen ejemplo), los elevados precios del mercado son
determinados por las centrales hidroeléctricas. Este comportamiento contrasta con la función que, en nuestra opinión, debe cumplir esta tecnología. En un sistema eléctrico en transición hacia la energía renovable, la hidroeléctrica de embalse, por
su capacidad para regular la producción, ha de tener la misión primordial de apoyar a las renovables intermitentes (y, por tanto, no regulables) como la solar fotovoltaica y la eólica. Tal misión es difícilmente compatible con la gestión actual de
las hidroeléctricas, basada en maximizar los beneficios producidos en el mercado por el uso del agua embalsada (cabe recordar que en 2015 la CNMC ya sancionó a la empresa Iberdrola por 'manipulación fraudulenta tendente a alterar el precio de la
energía' mediante ofertas de algunas de sus hidroeléctricas a finales de 2013).
Para terminar con el uso especulativo del agua en la generación de electricidad y para garantizar que esta tecnología cumpla su función en la transición hacia un sistema eléctrico renovable, la Administración debería gestionar las
hidroeléctricas. Así, se propone que el Gobierno recupere la gestión pública de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones caduquen. La nueva gestión podrá correr a cargo de municipios, confederaciones hidrográficas o del propio Estado.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar las modificaciones legislativas necesarias para que el sistema de fijación del precio de la electricidad (y del mercado, específicamente) refleje adecuadamente el coste de generación de cada
tecnología, y, en cualquier caso, tenga como objetivos básicos la no transferencia de rentas injustificadas a las empresas eléctricas; la garantía de acceso al servicio para satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía, y el estímulo
del ahorro y la eficiencia energética dados los enormes impactos ambientales asociados a la generación eléctrica.
2. Realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico, incluyendo, en particular, un estudio de los costes de generación de las distintas unidades en operación en nuestro país. El resultado de la auditoría será la base para el
diseño del nuevo sistema de fijación de precios.
3. De forma inmediata, establecer un cargo por la diferencia entre el precio de coste y el precio real de la electricidad generada por las centrales hidroeléctricas y las nucleares con el objetivo de terminar con los 'beneficios caídos del
cielo'.
4. Reformar la parte regulada de la tarifa basándose en el principio de que los consumos básicos deben ser más baratos que los menos básicos. Para ello deberá reducirse la parte fija en función de la potencia, aumentar la parte variable en
función del consumo y crear bloques tarifarios que penalicen los consumos más elevados.
5. Recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones caduquen para evitar el uso especulativo del agua en la generación de electricidad y para garantizar que esta tecnología cumpla su función en la transición
hacia un sistema eléctrico renovable.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2017.-María Rosa Martínez Rodríguez, Diputada.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/001199
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez y a través de su portavoz Antón Gómez-Reino Varela, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso,
presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, relativa a los retrasos en la certificación de las obras comprendidas en la actuación denominada 'Interceptores generales de la
Margen Derecha de la Ría de Ferrol' y la consiguiente reformulación de su financiación.
Exposición de motivos
El 29 de noviembre de 2011 se firmaba el Convenio de Gestión Directa (CGD) de la construcción y/o explotación de obras hidráulicas, suscrito por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Sociedad Estatal Aguas de las
Cuencas de España S.A. (ACUAES) para:
- Completar el sistema de saneamiento y depuración de los municipios de Ferrol, a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva 91/271/CEE, sobre saneamiento de aguas residuales.
- Solucionar la afección que sobre la ría de Ferrol está generando el vertido incontrolado de aguas residuales a lo largo de toda la margen norte de la ría.
La actuación contempló la ejecución de las siguientes obras:
- Interceptores de la margen derecha de la ría de Ferrol (tramo A Malata-A Gándara).
- Interceptores de la margen derecha de la ría de Ferrol (tramo A Gándara-Cadaval).
- Estructura de control de caudales y alivio de O Porto (Ferrol).
Estas obras fueron incluidas en el Convenio suscrito el 14 de julio de 2012, denominado 'Convenio suscrito por la Xunta de Galicia, la entidad pública empresarial Augas de Galicia, los ayuntamientos de Ferrol y Narón y la Sociedad estatal
ACUAES, para la construcción y explotación de la actuación denominada 'Interceptores Generales de la Margen derecha de la Ría de Ferrol''.
- Actuaciones complementarias en el río Inxerto, objeto de un convenio posterior firmado el 26 de marzo de 2013, como adenda al ya señalado.
- Interceptor general de la margen derecha de la ría de Ferrol (tramo Cadaval-Neda). Esta última actuación fue objeto de convenio específico firmado por la Xunta de Galicia, la entidad pública empresarial Augas de Galicia, el ayuntamiento
de Narón y ACUAES el 26 de marzo de 2015.
De acuerdo con lo indicado en el mencionado Convenio de Gestión Directa, correspondía a ACUAES la construcción de las infraestructuras hidráulicas objeto de la actuación y su explotación durante un periodo de cuarenta y cinco (45) años,
estimándose una inversión de 44.944.119 euros para el conjunto de las actuaciones.
Para el desarrollo de la actuación, la Xunta de Galicia, la Entidad Pública Augas de Galicia, los concellos de Ferrol y Narón y la Sociedad Estatal suscribieron el Convenio para la ejecución y la explotación de las obras de la actuación
'Interceptores generales de la margen derecha de la ría de Ferrol' cuyo coste de inversión se estimó en 37.610.169,49 euros.
Una vez adjudicados los contratos para la ejecución de las obras del 'Proyecto segregado del de acondicionamiento del interceptor de la margen derecha de la ría de Ferrol (tramo A Malata-A Gándara)', del 'Proyecto de acondicionamiento del
interceptor de la margen derecha de la ría de Ferrol. Estructura de O Porto', con fecha de 26 de marzo de 2015 las entidades anteriormente citadas suscribieron la adenda n.º 1 al convenio original para incluir en su alcance la financiación de las
obras correspondientes a las actuaciones complementarias en el río Inxerto previstas en el Convenio de Gestión Directa y manteniendo la inversión estimada en 37.610.169,49 euros.
Asimismo, en esta misma fecha, 26 de marzo de 2015, la Xunta de Galicia, la Entidad Pública de Augas de Galicia, el Concello de Narón y la Sociedad Estatal suscribieron el Convenio para la ejecución y explotación de las obras del
'Interceptor general de la margen derecha de la ría de Ferrol. Tramo Cadaval-Neda' con un presupuesto estimado de 7.333.000,00 e integrado en la actuación 'Interceptores generales de la margen derecha de la ría de Ferrol'.
A fecha de presentación de esta iniciativa estas obras estaban en fase de ejecución, aunque su finalización estaba prevista para el 30 de noviembre de 2016, obra que ya había acumulado, al igual que el resto, varios meses de retraso en su
certificación.
La cláusula I de la Adenda suscrita con fecha 26 de marzo de 2015 establece que el coste de ejecución de la actuación se financiaría de acuerdo con el siguiente esquema:
1. Con cargo a los fondos propios de Aguas de las Cuencas de España S.A., 10 % de la inversión total, con un importe máximo de 3.761.016,95 euros, sin perjuicio de su recuperación mediante el cobro de las tarifas que se establezcan, que,
conforme a lo previsto en las cláusulas tercera y quinta del Convenio de Gestión Directa de la Sociedad Estatal, incluirán una tasa adecuada de actualización.
2. Con subvenciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) el 80 % del coste neto que resulte subvencionable (tanto por naturaleza como por fecha de pago), con un límite máximo de 30.088.135,59 euros. Las subvenciones del FEDER
se tramitarían y gestionarían por la Sociedad Estatal de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 2 1083/2006.
3. Por aportaciones financieras de Augas de Galicia, un importe fijo y máximo de 3.761.016,95 euros con cargo a la cuenta 6560 'Subvenciones de capital ao Estado' del Programa de Actuacións, Inversións e Financiamento de la Entidad Pública
Empresarial Augas de Galicia.
4. El resto de la inversión no cubierta con los fondos previstos en los apartados anteriores será financiado mediante un crédito convertible en préstamo a 25 años que será contratado por la Sociedad Estatal y cuyos gastos, costes de
amortización y financieros serán recuperados por ACUAES a través de las tarifas de explotación a abonar por los Concellos de Ferrol y de Narón, debiendo aportar estas Administraciones Locales las oportunas garantías.
Y en la cláusula III de la Adenda suscrita con fecha 26 de marzo de 2015 se establece que el coste de ejecución de la segunda actuación se financiaría de acuerdo con el siguiente esquema:
1. Con cargo a los fondos propios de Aguas de las Cuencas de España S.A., 10 % de la inversión total, con un importe máximo de 733.000,00 euros (...).
2. Con subvenciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el 80 % del coste neto que resulte subvencionable (tanto por naturaleza como por fecha de pago), con un límite máximo de 5.866.400,00 euros (...).
3. Por aportaciones financieras de Augas de Galicia, un importe fijo y máximo de 840.000,00 euros (...).
4. El resto de la inversión no cubierta con los fondos previstos en los apartados anteriores será financiado mediante un crédito convertible en préstamo a 25 años que será contratado por la Sociedad Estatal y cuyos gastos, costes de
amortización y financieros serán recuperados por ACUAES a través de las tarifas de explotación a abonar por el Concello de Narón, debiendo aportar esa Administración Local las oportunas garantías.
Tal y como se reflejó en el citado convenio, la previsión establecida para la cofinanciación procedente de los Fondos Europeos alcanzaba el 80 % de la inversión prevista. No obstante, la tasa efectiva que representaba esta fuente de
financiación dependía del importe que finalmente se obtuviera. De hecho, en el contrato se especificaba que 'a esos efectos, debe señalarse que, conforme con lo previsto en el Reglamento (UE) 1303/2013, el proyecto lnterceptores generales de la
margen derecha de la ría de Ferrol es generador de ingresos, por tratarse de una obra en la que los usuarios han de contribuir a su financiación'. Esto supone la necesidad de elaborar un análisis financiero que determine el déficit de financiación,
90,97 % para este proyecto, que aplicado a la tasa de cofinanciación aplicada el eje (80 %) determina la tasa efectiva de cofinanciación por los fondos europeos: 90,97 % x 80 % = 72,78 %, valor que resulta inferior al previsto en el esquema de
financiación vigente.
En cuanto a la determinación de la inversión elegible, de acuerdo con el reglamento de referencia, no se consideraban elegibles las expropiaciones a administraciones públicas ni las tasas y tributos. Asimismo, por decisión de la Autoridad
de Gestión del FEDER, comunicada a la Sociedad Estatal por la Dirección General de Servicios de la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, no eran elegibles los costes internos activados.
Por último, la no elegibilidad por plazo afectaba a los pagos realizados a partir del 31 de diciembre de 2015, asumiendo los Concellos de Ferrol y Narón el 100 % de los mismos en el porcentaje correspondiente según Convenio.
En la siguiente tabla se presenta la ayuda procedente del FEDER que ha sido certificada una vez finalizado el periodo de elegibilidad.
;Importe (euros)
Inversión total prevista.;31.865.671
Inversión no elegible por naturaleza.;1.252.032
Inversión no elegible por plazo.;2.954.594
Inversión elegible.;27.659.045
Coste neto subvencionable (inversión elegible x 90,97 % déficit).;25.167.395
Ayuda FEDER (neto subvencionable x 80 % = 72,78 % inversión elegible).;20.133.916
Así una vez aplicados los parámetros anteriores, comprobamos que la ayuda del FEDER a este proyecto se queda en los 20.133.916 , lo que suponen 5 millones de euros menos de los previstos en un principio, un sobrecoste que, según se indica
en el Convenio, tendrían que asumir o costear los Concellos de Ferrol y Narón.
En la siguiente tabla se presenta la comparativa entre la programación vigente y el esquema financiero resultante de las previsiones detalladas anteriormente.
Financiación;Adenda vigente;Porcentaje;Previsión actual;Porcentaje
;Importe (euros);;Importe (euros);
ACUAES.;3.761.016,95;10,00;3.186.567;10,00
FEDER.;29.115.158,99;77,41;20.133.916;63,18
Financiación;Adenda vigente;Porcentaje;Previsión actual;Porcentaje
;Importe (euros);;Importe (euros);
Augas de Galicia.;3.761.016,95;10,00;3.761.017;11,80
Concello de Ferrol (68,31 % resto).;664.640,32;1,77;3.268.067;10,26
Concello de Narón (31,69 % resto).;308.336,28;0,82;1.516.104;4,76
TOTAL.;37.610.169,49;100;31.865.671;100
Una vez analizados estos datos, vemos que los Fondos FEDER cubrían hasta el 77,41 % del montante de las obras de los interceptores generales del margen derecho de la ría y del saneamiento del río Inxerto -una obra adjudicada finalmente en 31
millones de euros-, siempre y cuando se certificasen los trabajos dentro del año 2015. Cuando inicialmente las previsiones que comunicaba el Gobierno eran otras bien distintas. Sin embargo, a partir de la fecha, deberían ser los concellos de
Ferrol y Narón los que asumieran ese 77 % del gasto repartido en un 68,31 % para Ferrol y un 31,69 % para Narón.
Acuaes y Augas de Galicia aportarían el 20 % restante del importe total del saneamiento.
Estos datos chocan frontalmente con los datos que ofrecía el Gobierno en el momento de adjudicar las obras, ya que en sus webs oficiales se señalaba literalmente: 'Las obras serán financiadas, en un 90 % por el Gobierno de España (un 80 %
procedente de subvenciones del FEDER y un 10 % de fondos propios de Acuaes, cuya recuperación debe garantizar los Concellos beneficiarios de la actuación vía tarifas) y en un 10 % por la Xunta de Galicia (a través de la Entidad Pública Empresarial
Augas de Galicia)'.
El retraso en la finalización de las obras de los interceptores y sobre todo la ejecución del añadido del río lnxerto han provocado que parte de los trabajos se certifiquen en 2016 y queden, por tanto, fuera de las aportaciones europeas.
Esa cantidad pasa a asumirla directamente Ferrol y Narón. En el caso de Ferrol serían unos 2,8 millones y para el municipio vecino de Narón se calculan 1,3, en lugar de los 308.000 euros iniciales. Esta cifra podría rebajarse hasta en
600.000 euros, que son un remanente de Acuaes por bajas en la licitación, y aunque hay buena disposición para hacerlo es un movimiento que todavía necesita de autorización.
Los fondos europeos cubrían hasta un 77,41 % del montante total de los interceptores generales en Ferrol y del saneamiento del río lnxerto (una obra presupuestada en algo más de 37 millones de euros, pero que se adjudicó en sus sucesivas
fases en 31). Pero eso siempre y cuando se certificasen los trabajos dentro de 2015 porque más allá de esa fecha Europa desaparecía de la ecuación y los municipios de Ferrol y Narón debían asumir esa inversión, que supone prácticamente un 80 % del
coste generado en 2016, repartido en un 68,31 % para los primeros y un 31,69 % para los segundos.
Sigue habiendo una aportación de Acuaes y de Augas de Galicia, cuyos porcentajes no tienen una fecha límite, y que cubren un 20 % del total del saneamiento.
A mayores, y tal y como ya se indicó anteriormente, se firmaron los protocolos para la siguiente actuación: Interceptor Cadaval-Neda. Esta actuación, cuya inversión total es de casi 8 millones de euros, conforma el protocolo entre el
Concello de Narón, Acuaes, Augas de Galicia y Xunta de Galicia. Estas obras daban continuidad a las citadas anteriormente, ya que se trataba del tramo III, que va de Cadaval a Neda.
En la siguiente tabla se presenta la ayuda procedente del FEDER, que ha sido certificada una vez finalizado el periodo de elegibilidad.
Inversión total prevista.;7.641.172
Inversión no elegible por naturaleza.;500.218
Inversión no elegible por plazo.;2.225.080
Inversión elegible.;4.915.874
Coste neto subvencionable (inversión elegible x 91,98 % déficit).;4.521.620
Ayuda FEDER (neto subvencionable x 80 % = 73,58 % inversión elegible).;3.617.296
En la siguiente tabla se presenta la comparativa entre la programación vigente y el esquema financiero resultante de las previsiones detalladas anteriormente.
Financiación;Adenda vigente;Porcentaje;Previsión actual;Porcentaje
;Importe (euros);;Importe (euros);
ACUAES.;733.300,00;10,00;764.117;10,00
FEDER.;4.265.473,65;58,17;3.617.296;47,34
Augas de Galicia.;840.000,00;11,46;840.000;10,99
Concello de Narón.;1.494.226,35;20,38;2.419.759;31,67
TOTAL.;7.333.000,00;100;7.641.172;100
Aquí volvemos a comprobar que el retraso en el tramo III de la obra vuelve a suponer un importante incremento en la parte de la financiación que se suponía debía soportar en un principio el Concello de Narón, pasando del 20,38 % al 31,67 %,
lo que supone casi 1 millón de euros más, que deberán abonar las vecinas y los vecinos de este municipio a través de las facturas.
Ya cuando se añadió el río Inxerto al convenio, en febrero del año 2015, se preveía que se sobrepasarían los límites temporales que marcaba Europa y que eso supondría un coste extra para la ciudad, aunque las cifras de entonces se han
quedado muy cortas. La obra, licitada por el Ministerio de Medio Ambiente a través de Acuaes, con una inversión de 4,4 millones de euros, se empezó a mediados de agosto 2015 con un plazo de ejecución de diez meses, por lo que, cumpliendo los
periodos previstos, más de la mitad de los trabajos pertenecen a 2016.
La sorpresa de esta noticia se la llevaron los Ayuntamientos en la última comisión mixta celebrada entre los Concellos afectados y Acuaes, el pasado 18 de octubre de 2016, donde se les comunicó que los ayuntamientos van a tener que pagar más
que la propia Xunta de Galicia y el Ministerio de Agricultura, por un retraso en la finalización de las obras que no puede ser imputable, de ninguna de las maneras, a los municipios y a sus vecinas y vecinos, ya que los ayuntamientos de Ferrol y
Narón no tienen responsabilidad ni en la dirección de la obra, ni en la ejecución o la contratación de la misma.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su diputada Yolanda Díaz Pérez, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Solicitar de la Unión Europea la prórroga de los Fondos FEDER más allá de 2015.
- Responsabilizarse económicamente de los costes que suponen el retraso en la certificación de las citadas obras, ya que correspondía a ACUAES la construcción de las infraestructuras hidráulicas objeto de la actuación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001218
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
prospecciones de hidrocarburos y la declaración, por ley, del mar
Mediterráneo como zona libre de prospecciones de hidrocarburos, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Además de algunas autorizaciones de explotación ya existentes, y que no son objeto de la presente Proposición no de Ley, actualmente en el mar Mediterráneo, aprobados o en trámite, existe un importante número de solicitudes de permisos de
investigación de hidrocarburos o de proyectos en tramitación de prospecciones petrolíferas para la exploración de hidrocarburos que representan una seria amenaza para los ecosistemas y la flora y fauna marina.
Peligros y amenazas, que en un mar cerrado como el Mediterráneo se agravan ya que los efectos negativos de un posible vertido de hidrocarburos pueden trasladarse con facilidad de una zona a otra a causa de las corrientes marinas existentes
en la zona. Máxime cuando los citados permisos o autorizaciones son tramitados, a menudo, encadenados unos a otros, o solapándose espacialmente entre sí, sin tener en cuenta los efectos sinérgicos que significa todo ello, ni en cuanto al conjunto
del mar Mediterráneo, ni en cuanto a cada una de las zonas afectadas.
Por otra parte, muchas de estas actividades de exploración de hidrocarburos se hallan muy cerca o solapadas con zonas protegidas y/o con zonas en las que, en la actualidad, se están tramitando figuras de protección, algunas de ellas bajo el
amparo de convenios y normas internacionales, y/o con zonas en las que existen estudios que solicitan su protección, atendiendo a su alto valor natural. Todo ello sin perjuicio de existir aún muchas zonas en el Mediterráneo pendientes de estudios
más minuciosos a efectos de protección.
Actividades que además significan un gran impacto respecto de los recursos pesqueros. Pero es que además estamos en una zona, el mar Mediterráneo español, donde se ubica una de las zonas turísticas más relevantes del mundo. Una actividad
turística que debe guardar una excelente relación con la conservación del medio ambiente. Una actividad muy dependiente del mar y, sin duda, poco compatible con que se extraiga petróleo en el mismo mar donde se hallan ubicadas sus playas y puertos.
Por otra parte todos los programas y normativas españoles y europeos apuestan por reducir este tipo de combustibles, apostando por las energías renovables. Una exigencia que se ve indudablemente reforzada tras el Acuerdo de París de
diciembre de 2015.
Por último, hay que recordar que Francia ya tomó medidas en su momento declarando el mar Mediterráneo francés libre de prospecciones, y que, desde hace ya años, la sociedad civil se ha venido manifestando absolutamente en contra de las
mencionadas actividades en el mar Mediterráneo, dando lugar a multitud de iniciativas impulsadas por organizaciones ecologistas, instituciones locales y autonómicas, etc., de las que la Alianza Mar Blava constituye un claro ejemplo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. A aplicar una moratoria de efecto inmediato en relación a la presentación nuevas solicitudes de permisos de investigación, exploración y explotación de hidrocarburos y de proyectos de exploración de hidrocarburos en el Mediterráneo
español. Así como a la finalización y archivo definitivo de los expedientes en tramitación relativos a permisos de investigación de hidrocarburos y de los proyectos de exploración existentes.
2. A la declaración, por ley, del Mediterráneo español como zona libre de prospecciones de hidrocarburos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2017.-Sofía Hernanz Costa y Pere Joan Pons Sampietro, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001223
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Xavier Eritja Ciuró, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la
implementación de un proyecto piloto de transferencia controlada de sedimentos desde el embalse de Riba-roja d'Ebre a la desembocadura del delta del Ebro, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La supervivencia del delta del Ebro y su gran patrimonio medioambiental dependen en gran medida del caudal y los sedimentos que el río aporta en su desembocadura. Diversos estudios científicos advierten que durante el transcurrir del
presente siglo el 45 % de la superficie del delta quedará por debajo del nivel del mar, ya que se hunde entre 1 y 5 milímetros anuales. Esta situación está provocada por el hundimiento natural de la plana deltaica, fenómeno conocido como
subsidencia, que se agrava por la retención de los sedimentos en los pantanos del curso medio del río, y por un crecimiento imparable del nivel del mar derivado del cambio climático (entre 3 y 4 milímetros anuales).
La construcción de los pantanos en la cuenca del Ebro a mediados del siglo XX y su gestión hidroeléctrica, ha conllevado una reducción drástica de la aportación de sedimentos al delta. Según los estudios científicos hoy en día llegan a la
desembocadura del río Ebro 100.000 toneladas de sedimentos, menos de un 1 % del volumen que llegaba antes de la construcción de los pantanos, que era de 20 millones de toneladas. Se calcula que actualmente el embalse de Riba-roja d'Ebre cada año
recibe 2 millones de toneladas de sedimentos, que además de sumarse a las ya existentes reducen la capacidad de almacenaje de agua en el embalse.
La pérdida de elevación del delta y la regresión costera hacen necesario implementar actuaciones que faciliten una mayor aportación de sedimentos en la plana deltaica para frenar la subsidencia y el retroceso de la línea costera. De lo
contrario, en el transcurso del siglo XXI será inevitable la inundación marina de espacios urbanos como Riumar y otros de gran valor medioambiental, como la isla de Buda, además de una salinización excesiva que dificultará sus actividades agrícolas,
y en especial el cultivo de arroz.
Durante los últimos años, desde diversos ámbitos se ha propuesto recuperar parte de los sedimentos retenidos en los embalses del curso medio-final del río Ebro. Los estudios realizados por la Universitat Politécnica de Catalunya (UPC) y el
instituto de investigación IRTA demuestran que con una aportación mínima anual de 1,2 millones de toneladas de sedimentos hasta el año 2100 sería suficiente para afrontar la amenaza combinada de la subsidencia y el crecimiento del nivel del mar. Si
el crecimiento fuera superior a los 53 centímetros, entonces las aportaciones de sedimentos, para mantener la elevación actual, tendrían que ser de entre 2,5 y 3,5 millones de toneladas anuales.
La recuperación de sedimentos de los embalses es técnicamente viable (se ha realizado en numerosos países) y cuenta con un amplio consenso político, social y científico. Teniendo en cuenta que el proyecto general de Estrategia Nacional del
Río Ebro y el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro no contemplan ninguna actuación para aumentar la aportación de sedimentos al Delta del Ebro, se plantea la necesidad de implementar una prueba piloto. Prueba que permitiría comprobar la
efectividad de la restauración del flujo de sedimentos mediante la transferencia controlada desde el embalse de Riba-roja d'Ebre.
Por lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno español a:
1. Dotar de partida económica un proyecto piloto de transferencia controlada de sedimentos desde el embalse de Riba-roja d'Ebre a la desembocadura del delta del Ebro, con el fin de implementarse durante el año 2017.
2. Redactar y aprobar, durante el año 2017, un Plan de gestión integral de los sedimentos de la cuenca del Ebro, con sometimiento en su caso del mismo a evaluación ambiental estratégica, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 21/2013, de
9 de diciembre, de evaluación ambiental.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2017.-Francesc Xavier Eritja Ciuró, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/001196
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tenemos el honor de dirigirnos a la Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley sobre la eliminación del formaldehído en todos los centros sanitarios de España, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
El formaldehído es un componente químico usado tradicionalmente en muchos servicios hospitalarios para la fijación de tejidos. En otros usos, destaca la conservación de muestras en anatomía patológica.
El 6 de junio de 2014, el Diario Oficial de la Unión Europea publicó el Reglamento UE número 605/2014. Este reglamento especifica un cambio en la clasificación del formaldehído, que pasa a ser oficialmente 'agente cancerígeno probado', al
cambiar la clasificación del Grupo 2A (que lo catalogaba como 'probablemente cancerígeno en humanos' al grupo 1B ('cancerígeno en humanos'), en la medida en que puede provocar cáncer y se sospecha que pueda provocar defectos genéticos.
Posteriormente, se estableció la vigencia de las nuevas clasificaciones, y de acuerdo con las armonizaciones necesarias, desde el 1 de enero de 2016 es de aplicación para esta sustancia el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
Todas estas regulaciones requieren que se establezcan medidas necesarias de protección en caso de que no se evite totalmente el uso de este componente químico.
En muchos centros sanitarios de España se continúa utilizando el formaldehído, incluso algunos han sido sancionados después de que la Inspección de Trabajo detectara concentraciones de esta sustancia superiores a lo permitido por la ley.
En España, el formaldehído tiene establecido un valor límite de exposición laboral (0,37 mg/m3), aunque según los expertos y los servicios de prevención de riesgos laborales, aunque se utilice por debajo de los límites establecidos, eso no
significa que no sean necesarias acciones destinadas a reducir la exposición a un nivel tan bajo como sea técnicamente posible.
En todo caso, y en atención a la entrada en vigor hace más de un año, a partir del 1 de enero de 2016, del reconocimiento de esta sustancia como cancerígena, las autoridades sanitarias deberían adoptar, con celeridad, medidas para excluir el
uso del formaldehído de los centros sanitarios, y su sustitución por fijadores alternativos no cancerígenos.
Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar las medidas necesarias para que los hospitales, laboratorios y centros de salud estén libres de formaldehído y se sustituya en el plazo más breve posible el uso de esta sustancia por otros fijadores alcohólicos no cancerígenos.
2. Determinar con carácter restrictivo aquellas técnicas y usos en laboratorio en las que el formaldehído no pueda ser aún sustituido por otros productos.
3. Mientras no se produzca la total sustitución del formaldehído, adoptar los protocolos oportunos para garantizar la salud laboral de los trabajadores y trabajadoras que se ven obligados a usar este compuesto, no únicamente en el ámbito de
tratamiento de la muestra, bajo campanas, etc., sino también -dada su elevada volatilidad- en los traslados internos dentro de los laboratorios, con el establecimiento de medidas de alerta y medidas de medición para una detección inmediata de
exposiciones anormales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2017.-Lídia Guinart Moreno, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Cultura
161/001214
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al segundo centenario del
nacimiento de Ramón de Campoamor, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El 24 de septiembre de 2017 se conmemora el segundo centenario del nacimiento del escritor y político Ramón de Campoamor y Campoosorio, en Navia (Asturias).
De la palabra común hizo poesía y creó una obra original y un mundo literario propio con sus doloras, humoradas y pequeños poemas. En su obra Poética, él mismo definió los subgéneros literarios que le habían hecho famoso ordenándolos de la
siguiente manera: humorada como un rasgo intencionado, dolora como una humorada convertida en drama y pequeño poema como una dolora amplificada. La voz dolora se llegó a incluir en el diccionario de la Real Academia Española en 1925.
El estilo de la poesía de Ramón de Campoamor es el realismo literario español; caracterizado por un deliberado prosaísmo, que en su época resultó innovador.
Su obra fue de una gran difusión popular y publicó libros como Lo absoluto (1864) que se utilizaría como libro de texto en las universidades españolas.
Como parlamentario defendió la libertad de imprenta en la tramitación de la ley de imprenta. Participó activamente en el Liceo Artístico Literario madrileño y fue elegido en 1861 miembro de la Real Academia Española de la Lengua en la que
ocupó el sillón E, mayúscula. Asimismo, ostentó la presidencia de la Mesa de Literatura del Ateneo de Madrid y colaboró en varios periódicos como el Heraldo de Madrid o El Español.
Desempeñó funciones como Consejero de Estado, gobernador civil de Castellón, Alicante y Valencia, diputado electo en numerosas legislaturas y senador.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a apoyar los actos que se lleven a cabo para la difusión de la obra del ilustre asturiano Ramón de Campoamor en la conmemoración del II centenario de su nacimiento, por la Fundación Patronato
Histórico Artístico de Orihuela y cuantas administraciones y entidades en ella participen, dentro de las disponibilidades presupuestarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de enero de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001216
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre exención del IBI a hórreos, paneras y
cabazos, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Los elementos etnográficos constituyen algunos de los referentes más destacados del patrimonio cultural asturiano. Elementos como los hórreos, las paneras o los cabazos en sus diversas variantes, los teitos cubiertos con escoba, los
molinos, mazos y batanes, los caleros o las tejeras, las casas campesinas
o la estructura agraria tradicional, los barrios de pescadores o las artes relacionadas con la pesca, tradiciones artesanas como la cestería o la talla de madera, juegos tradicionales como la llave o las diversas modalidades de los bolos,
manifestaciones culturales de carácter inmaterial como los bailes y danzas, las romerías populares o las narraciones orales tradicionales son buenos ejemplos de elementos íntimamente ligados a la historia de Asturies y sus gentes, con un interés
intrínseco de carácter histórico, social y cultural, y con una enorme potencialidad en el ámbito educativo y también en el turismo.
Sin embargo, y pese a su alta estima social y a su claro interés cultural, el patrimonio etnográfico asturiano se encuentra en estos momentos en una grave situación de conservación, que resulta urgente reconducir.
La falta de medios técnicos y humanos destinados a la gestión, investigación y socialización de este repertorio patrimonial es manifiesta en los departamentos de la administración autonómica asturiana relacionados con la gestión del
patrimonio cultural. Por otra parte, el desarrollo normativo relativo a la protección del patrimonio etnográfico asturiano es insuficiente tanto en la legislación estatal como en la autonómica. Buena muestra de ello es la deficiente consideración
del mismo en el Reglamento (Decreto 20/2015, de 25 de marzo) de desarrollo de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, que únicamente dedica dos artículos al patrimonio etnográfico, que hacen uso al traslado
de hórreos y a sus usos. Sobre el traslado se limita únicamente cuestiones administrativas, y el breve párrafo que dedica a los usos está definido por la vaguedad. Aun así, es interesante recordar lo que este último artículo expresa de que 'para
favorecer la preservación de este tipo de construcciones se articularán fórmulas de aprovechamiento y puesta en valor respetuosas con la naturaleza y usos tradicionales de estos bienes etnográficos, tal y como aparece recogido en el Derecho
Consuetudinario Asturiano', algo que hasta la fecha no se ha hecho.
A esta situación se une la fragilidad de este tipo de bienes, cuyo estado de conservación general es día a día más preocupante. Todo ello genera una situación dramática, con una pérdida acelerada de elementos y bienes, tal y como está
ocurriendo con los hórreos y las paneras.
A día de hoy tenemos unos 20.000 hórreos dispersados por gran parte del territorio asturiano y que un porcentaje muy alto, demasiado alto de ellos, están en unas condiciones muy graves de conservación. A todo esto se suma que los hórreos
son los únicos elementos muebles gravados con un impuesto que debería afectar, como su propio nombre indica, a los inmuebles. La aplicación del IBI a hórreos, paneras y cabazos penaliza a los propietarios con un impuesto injusto que ahonda en las
dificultades de mantenimiento de este tipo de bienes.
El artículo 62.2.b) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que están exentos del IBI, mediando solicitud al respecto, entre otros, los bienes comprendidos en la disposición adicional segunda de la Ley
16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, en la que se incluyen los hórreos y cabazos de más de cien años, que hay en Galicia y Asturias, a los que se refiere el Decreto 449/1073, de 22 de febrero. En este sentido se ha manifestado
expresamente también la Subdirección General de Tributos Locales, por medio de la consulta vinculante V0658-08, de 2 de abril de 2008. Por tanto, los titulares de hórreos y paneras centenarias pueden dirigir ya a los ayuntamientos una solicitud de
exención del impuesto y, sin perjuicio de ello, los ayuntamientos podrían declarar de oficio la exención del IBI para los hórreos y paneras centenarias de sus concejos respectivos en aras de la obligación de las administraciones municipales de
cumplir cabalmente las obligaciones de conservación y protección del patrimonio cultural, evitando actuaciones que, como la exigencia ilegal del pago del IBI, puedan ponerlo en peligro o propiciar su destrucción. Aplicando la exención legal
prevista en el texto refundido de la Ley de Bases de Régimen Local, como sería obligación de los ayuntamientos, el problema de la tributación de los hórreos y paneras quedaría, en parte resuelto, pues una parte importante de los existentes en
Asturies son centenarios.
Sin embargo, el valor cultural que representan el conjunto de hórreos, paneras y cabazos, así como la consideración de los mismos como bienes de carácter mueble en el caso de los dos primeros, hacen conveniente la extensión de la exención
del pago del IBl a la totalidad de los mismos.
Por todo lo anterior, presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a acometer las reformas normativas necesarias para extender la exención de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a la totalidad de los hórreos, paneras y cabazos existentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2017.-Eduardo Javier Maura Zorita, Diputado-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001227
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marta Rivera de la Cruz, Diputada por Madrid del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la Proposición no de Ley instando al Gobierno a establecer una Bienal de Artes Escénicas de Vanguardia, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Si todo el sector cultural ha padecido fuertemente las consecuencias de la crisis, las artes escénicas, especialmente las producciones de lo que podríamos denominar vanguardia, han sufrido los recortes derivados de esta con particular
agudeza.
La programación de música contemporánea, que nunca fue la más popular de las opciones para nuestros programadores, prácticamente ha desaparecido, hasta el punto de que analizando la programación cultural de entidades públicas y privadas
-fundamentalmente públicas- en los últimos años se puede considerar puramente anecdótica.
La danza contemporánea, que hace no tanto gozó de un auge considerable, ha disminuido su presencia en los programas de actividades culturales, particularmente en los organizados por las autoridades locales, que son quienes por un lado
realizan la mayor parte de la programación pública, y por otro, quienes han tenido que aplicar las restricciones económicas a la contratación de espectáculos con mayor dureza, hasta límites inauditos, llegando en muchos casos a desaparecer de esa
programación, especialmente fuera de las grandes ciudades.
El teatro contemporáneo de vanguardia sobrevive, en gran manera, fuera del circuito público -apenas está presente en programas como, por ejemplo, PLATEA- y solo gracias al empeño y voluntad de quienes lo escriben y representan y a la
relativa facilidad que tiene para salir adelante con escasos medios económicos y adaptarse a las más hostiles circunstancias sociales y económicas.
Y sin embargo, paradójicamente, la cantidad de artistas dedicados a estas tres disciplinas y la calidad de su trabajo y de sus creaciones vive un momento de plenitud extraordinaria, con niveles de reconocimiento propio e internacional en
cotas elevadísimas.
Vivimos pues un momento en el que es necesario aprovechar esta circunstancia y dotar de más apoyo público a estas disciplinas. Esta es, evidentemente, tarea de todas las entidades públicas, muy en particular de las entidades locales que son
quienes mayoritariamente administran los recursos públicos destinados a la programación cultural.
Creemos, sin embargo, que desde el Ministerio de Cultura debe también asumirse la responsabilidad de potenciar y promover este trabajo de forma particular y específica. El caso de Italia, modelo incuestionable en tantos aspectos de la
gestión cultural, nos ofrece un claro ejemplo de cómo puede hacerse esto. Aunque con un campo de acción más amplio, la Bienal de Venecia constituye año tras año un éxito indiscutible de programación, promoción internacional y apoyo a los creadores
y profesionales de estas disciplinas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Establecer la celebración de una Bienal de las Artes Escénicas de Vanguardia cuya programación se apoye en tres disciplinas fundamentales: la música contemporánea, la danza contemporánea y el teatro contemporáneo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2017.-Marta María Rivera de la Cruz, Diputada-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001228
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marta Rivera de la Cruz, Diputada por Madrid del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la Proposición no de Ley instando al Gobierno a promover y facilitar la creación de clubes de lectura en los colegios dentro de su oferta de actividades extraescolares, para su debate en la
Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Más de una vez se ha dicho que es necesario aumenta el número de horas de lectura en las escuelas. Pero también es lógico preguntarse a costa de qué materias se podrá ampliar el tiempo que los niños dedican a leer. Y, puesto que es difícil
someter el currículum a variaciones en favor de la lectura, proponemos la creación de clubes de lectura en los colegios como actividad extraescolar organizada desde el Ministerio con la colaboración de las comunidades autónomas y el sector
editorial. De la misma forma que una vez terminada la jornada escolar los alumnos tienen facilidades para aprender pintura, robótica o ballet, se les debería dar la opción de que dedicasen un tiempo extraescolar a la lectura y comentario de textos
literarios con la ayuda de un docente que les enseñe a entender y disfrutar esos textos, a analizarlos de forma crítica siguiendo siempre criterios profesionales y acordes a la edad de los alumnos.
Debe quedar claro que este es un proyecto que se oferta a los colegios sin ninguna clase de obligatoriedad, respetando así la competencia autonómica. Simplemente desde el Ministerio de Cultura se darán todas las facilidades y se prestará
ayuda y guía para echar a andar estos clubes de lectura.
Una vez que el Ministerio de Cultura lance su invitación a los colegios para crear un club de lectura, se solicitaría a las editoriales que preparasen una propuesta de títulos de autores españoles contemporáneos que estén en condiciones de
editar a bajo coste y con el acompañamiento de un material didáctico disponible en la red que serviría de guía de lectura para ayudar a los responsables de cada club. La selección de los textos que se van a leer quedaría sujeta a la voluntad de
cada colegio, o bien podría ser objeto de la correspondiente selección por parte de las comunidades autónomas.
La finalidad de estos clubes de lectura va en dos direcciones:
1. Fomentar la afición lectora en nuestros escolares.
2. Intentar que los libros entren en las casas y que al cabo de su vida escolar cada alumno haya formado una pequeña biblioteca que estará al alcance del resto de la familia. Por eso proponemos que los libros sean adquiridos por los
alumnos y queden en poder de estos. Además, la compra de libros deberá hacerse siempre a través de librerías para fomentar la costumbre de visitar estos establecimientos.
Una vez puestos en marcha, las posibilidades de estos clubes de lectura se multiplican: pueden crearse clubes paralelos para adultos, proyectos compartidos con las ampas de los colegios, etc.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Que a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se promueva y facilite la creación de clubes de lectura en los colegios dentro de su oferta de actividades extraescolares.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2017.-Marta María Rivera de la Cruz, Diputada-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001229
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marta Rivera de la Cruz, Diputada por Madrid del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la Proposición no de Ley instando al Gobierno a crear un premio nacional al fomento de la lectura en colegios y escuelas, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Una encuesta reciente señala que el 40 % de los españoles reconoce no leer nunca o prácticamente nunca.
Está demostrado que las sociedades más prósperas son también las que tienen mayor hábito de lectura. Por otro lado, ni la educación ni la formación son posibles sin adquirir un adecuado nivel de comprensión lectora. ¿Cómo conseguimos
inculcar contenidos académicos en estudiantes que no son capaces de entender lo que leen? La lectura tiene que ser considerada como un elemento esencial en la educación.
Nadie tiene un papel tan esencial en la difusión de la lectura como los educadores. Hay escuelas públicas donde, a veces con medios extremadamente modestos, profesores entusiastas crean su propio plan de fomento de la lectura. Hay que
localizar a estos profesores, reconocer su esfuerzo y hacer de ellos un ejemplo para otros profesionales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Crear un premio nacional al fomento de la lectura en colegios. Este premio, que tendrá la misma dotación económica que los otros premios nacionales, estará orientado al reconocimiento de los profesores y/o los centros que trabajen con
especial interés en la promoción de la lectura. Su concesión servirá para que docentes y centros que hayan apostado por fomentar la afición a los libros vean reconocida su tarea en la promoción de la lectura. A la vez, estos proyectos servirán de
ejemplo para otros colegios, que puedan hacer uso de su experiencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2017.-Marta María Rivera de la Cruz, Diputada-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001230
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marta Rivera de la Cruz, Diputada por Madrid del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo
establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la Proposición no de Ley instando al Gobierno a promover la creación de una red de programación e intercambio de exposiciones, para
su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Museos, bibliotecas y otras instituciones culturales organizan a menudo exposiciones que pueden ser de gran interés más allá de su propio ámbito, de fácil movilidad y que, una vez curadas, ofrecen pocos problemas de logística y bajos costes
para su exhibición en otros lugares.
Los pocos casos en los que instituciones diversas, especialmente en diferentes territorios, consiguen coordinarse ponen de manifiesto el extraordinario interés que ofrece la posibilidad de optimizar el esfuerzo de investigación y montaje
-que concentra la mayoría del trabajo y coste de la mayoría de las exposiciones- para incrementar la difusión y el alcance y, en ocasiones, hacer posible la exhibición de ciertos montajes en lugares que, ya por limitaciones presupuestarias, alcance
o medios humanos y materiales, hubieren sido de otro modo imposibles.
En sus escasos años de funcionamiento, y en medio de una crisis económica que no solo ha tenido consecuencias inmediatas, sino que ha obligado a replantearse el uso de los recursos públicos en el ámbito de la cultura a medio y largo plazo,
Platea, el Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en Espacios de las Entidades Locales, organizado por el INAEM en colaboración con la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), se ha mostrado como un
instrumento de tremenda utilidad para optimizar el uso de fondos públicos y ha permitido un acceso amplio a montajes y espectáculos que de otra forma hubiesen sido de muy difícil acceso para las entidades programadoras.
Como aparece bien fundamentado en el propio protocolo de colaboración que marca el nacimiento de Platea, el artículo 44.1 de la Constitución Española dispone que los poderes públicos 'promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que
todos tienen derecho'.
Por su parte, el artículo 149.2 del texto constitucional establece que, sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las comunidades autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y
facilitará la comunicación cultural entre las comunidades autónomas, de acuerdo con ellas.
A su vez, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece en su artículo 25.2 que 'el municipio ejercerá en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, en las siguientes materias:
m) Actividades o instalaciones culturales y deportivas; ocupación del tiempo libre; turismo'.
Por otra parte, el principio de colaboración mutua que debe presidir las relaciones entre las Administraciones Públicas se encuentra recogido, entre otras normas, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece en su artículo 4.1.d) que uno de los principios que debe presidir las relaciones entre las Administraciones Públicas es el de lealtad institucional, en cuya virtud
deberán 'prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias'.
En este sentido y en el mismo espíritu, un sistema similar al creado gracias al programa Platea podría resultar de extremada utilidad para dotar a las instituciones interesadas tanto de un espacio en el que ofertar las exposiciones cursadas
que consideren pueden interesar en otros lugares, como de un foro en el que encontrar montajes que resulten de interés para sus propios públicos e instalaciones, maximizando de esta manera su impacto y optimizando los recursos destinados a la
producción de dichos montajes y a las propias labores de programación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Promover la firma de un convenio o protocolo de colaboración entre las instancias oportunas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, comunidades autónomas y la Federación de Municipios y Provincias que facilite la creación de una red
de programación e intercambio de exposiciones entre
museos, bibliotecas y otras instituciones culturales que favorezca el mejor aprovechamiento y la circulación de exposiciones ya montadas por las instituciones participantes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2017.-Marta María Rivera de la Cruz, Diputada-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001231
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marta Rivera de la Cruz, Diputada por Madrid del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la Proposición no de Ley instando al Gobierno a establecer una serie de programas de residencia para artistas internacionales, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
A pesar de contar con un patrimonio artístico extraordinario bajo cualquier punto de vista, de ser la tierra de Picasso, Dalí, Chillida, a pesar de los extraordinarios museos, de las galerías de arte, de las ferias internacionales de arte
(como ARCO o SUMMA), España no acaba de fraguar su posición como nodo creativo indispensable del panorama artístico contemporáneo, un lugar para el que nuestra especial conexión con Europa, Oriente Medio y Latinoamérica debería hacernos candidatos
indiscutibles.
Son, desde luego, numerosas las causas de esa situación y numerosas las acciones que pueden tomarse para intentar reforzar esa posición.
Una herramienta tradicionalmente utilizada, infrautilizada en el caso de España, es el de los programas de residencia para artistas.
Si bien es cierto que existen numerosos programas en distintos ámbitos, tanto en la esfera pública como en la privada, no deja de ser cierto que todos ellos tienen como objeto artistas que se encuentran en los primeros estadios de sus
trayectorias artísticas y profesionales. Suelen ser en su mayoría programas de residencia en el exterior.
Al contrario que en otros países, como el Reino Unido (particularmente destacable es el caso de los programas de residencia del Victoria & Albert Museum), donde estos conviven con programas de residencia destinados a artistas que ya gozan de
un cierto reconocimiento profesional y que, por lo tanto, son capaces de aportar enorme valor a las instituciones que los acogen, además de considerable interés y reconocimiento internacional, lo que contribuye a afianzar su posición como referentes
indispensables de la creación artística internacional.
España, por motivos históricos, ocupa un lugar privilegiado en el acervo de los artistas plásticos latinoamericanos, algo que no debemos perder de vista. Este hecho, combinado con la excelente labor del Museo Reina Sofía en su afán de
extender su colección de arte contemporáneo latinoamericano, ponen de manifiesto que los artistas latinoamericanos deben gozar de una especial consideración.
No cabe duda de que un programa de esas características, con una dotación económica en forma de beca pero también en forma de presupuesto para investigar y producir una serie de materiales que culminarían en una exposición compilatoria,
orientado a artistas extranjeros (prestando especial atención a los latinoamericanos) emergentes pero con carreras ya consolidadas, en el que el museo o institución de acogida, además de proporcionar un espacio para el desarrollo de la labor de
creación, les permitiese un acceso privilegiado a las colecciones propias, archivos y experiencia curatorial, sería beneficioso no solo para los propios artistas e instituciones sino para el público en general y los creadores nacionales que tendrían
la oportunidad de conocer de cerca e incluso trabajar con los artistas residentes...
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Establecer, a través de los distintos museos nacionales, un programa de residencias anuales para artistas plásticos internacionales, con especial énfasis en Latinoamérica, emergentes pero con una carrera ya consolidada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2017.-Marta María Rivera de la Cruz, Diputada.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001232
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no
de Ley sobre los incentivos de eventos culturales relativos a episodios relevantes de la Historia de España, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El cine ha sido desde siempre un excelente vehículo para dar a conocer la historia de un país. Es curioso cómo, siendo España una nación con tantos hitos de relevancia, el cine histórico ha sido más bien orillado en las producciones de los
últimos años. Si se habla con representantes de la industria audiovisual, los profesionales coinciden en que la principal razón para no abordar la temática histórica en las producciones audiovisuales es precisamente el alto coste de las
recreaciones de época.
Las condiciones de producción de un producto audiovisual de corte histórico son un poco más favorables cuando se acerca el aniversario de un evento de especial relevancia histórica, facilitando que los inversores en productos audiovisuales
gocen de una fiscalidad más atractiva. Lo malo es que con eso estamos condicionando a que determinados hitos históricos deban esperar a una fecha redonda para echar mano de unas ayudas determinantes para abordar una producción que, como se ha
dicho, suele ser especialmente costosa. Por eso, y en aras de dar una mayor visibilidad a los grandes capítulos de nuestra historia, proponemos que las ventajas que se conceden con motivo de los centenarios puedan hacerse extensivas a otras
producciones históricas aunque no coincidan con un aniversario en concreto.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las modificaciones legales oportunas a fin de que los incentivos fiscales relativos a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público recogidos en la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo puedan ampliarse a fin de promocionar las producciones audiovisuales que traten sobre elementos históricos relevantes de
nuestra historia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2017.-Marta María Rivera de la Cruz, Diputada.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Igualdad
161/001197
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tenemos el honor de dirigirnos a la Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley para la inclusión en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud de la micropigmentación para la reconstrucción de areolas en las mujeres sometidas a mastectomía, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
El cáncer de mama es, en la actualidad, una de las patologías más relevantes que sufren las mujeres. Afecta cada año a unas 20.000 mujeres en España y requiere, en consecuencia, un importante esfuerzo preventivo y asistencial por parte de
la sanidad pública.
No cabe duda de que es fundamental trabajar en todos aquellos aspectos referidos al cáncer de mama que permitan la mejora de la respuesta asistencial. Solo de esta manera se conseguirá minimizar los efectos negativos que comporta esta
patología en la salud de las mujeres que la padecen. Así se refleja en nuestro sistema nacional de salud, con la Estrategia del Cáncer aprobada hace diez años. Afortunadamente, son significativos los avances conseguidos tanto en prevención como en
detección precoz, así como en la asistencia del cáncer de mama.
En la línea de ofrecer cada vez una mejor, más eficaz e integral respuesta a la problemática a la que se enfrentan las mujeres afectadas por cáncer de mama, la micropigmentación es una alternativa de utilidad en numerosas situaciones. Su
objetivo es la reconstrucción de areolas en las mujeres afectadas que se han tenido que someter a una mastectomía y posterior reconstrucción mamaria. Esta práctica quirúrgica afecta de manera severa, sobre todo desde un punto de vista estético, a
la areola y al pezón. Una afectación que puede contribuir a las secuelas psicológicas que el padecimiento de esta enfermedad acarrea, en numerosas ocasiones, a las mujeres, incluso una vez superado el cáncer. Con la técnica de la micropigmentación
se puede encontrar una respuesta adecuada a este problema.
Esta técnica no se incluye en la actualidad como una prestación básica en la cartera de servicios del Sistema nacional de Salud, a pesar de que se está configurando como una respuesta adecuada en numerosos casos de mujeres sometidas a
mastectomía.
En España existen ya iniciativas profesionales y asociaciones sin ánimo de lucro que apoyan esta técnica y su utilización cuando sea requerida por la paciente y facilitando su acceso a mujeres de bajos recursos.
Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para incluir en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud la Micropigmentación para la reconstrucción de areolas en las mujeres sometidas a
mastectomía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de enero de 2017.-Lídia Guinart Moreno y Patricia Blanquer Alcaraz, Diputadas.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001213
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la protección, promoción
y el apoyo a la lactancia natural, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
En diciembre de 1999, el Parlamento español asumió las recomendaciones de la OMS y UNICEF para la 'Protección, Promoción y Apoyo de la Lactancia Materna: la función especial de los servicios de maternidad'. Del mismo modo, la Estrategia
Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, adoptada por todos los Estados miembros de la OMS en la 55 Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2002, proporciona una base para las iniciativas de salud que protejan, promuevan y
apoyen la lactancia. Finalmente, el Proyecto EURODIET recomienda encarecidamente una revisión de las actividades existentes y el desarrollo de un plan de acción sobre la lactancia natural en todos los países de la Unión Europea.
La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia afirma que la lactancia natural es la forma más adecuada y beneficiosa que tiene una madre para alimentar a su hijo. Esto es así porque aporta los principios inmediatos y la energía
necesaria para la subsistencia y el crecimiento del lactante. Además, contiene otras muchas sustancias que actúan como mediadores entre la madre y el niño, estableciendo una comunicación fisiológica.
Los componentes de la leche materna tienen comprobados efectos antiinfecciosos, antimicrobianos, antiinflamatorios e inmunitarios. Del mismo modo, la lactancia natural disminuye la exposición a gérmenes enteropatógenos por contaminación de
la leche artificial.
Existen numerosas prácticas que ponen en peligro la lactancia materna, ya que, en ocasiones, con la finalidad de asegurar el descanso materno, se impide la interacción inmediata entre la madre y el neonato, interfiriendo en la correcta
instauración de la lactancia. Es necesario mejorar las políticas hospitalarias y formar a los profesionales que atienden a las mujeres en las primeras horas transcurridas tras el parto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las comunidades autónomas y Administraciones Locales, a impulsar, dentro de la Estrategia de Atención al Parto Normal y de Salud
Reproductiva y de Promoción de la Salud, el apoyo clínico a la lactancia natural, mediante una adecuada información, educación y comunicación que incluya:
1. Información relativa a la lactancia natural que sistemáticamente se ponga en conocimiento de todo el personal de atención a la salud.
2. Información a las mujeres embarazadas de los beneficios de la lactancia natural y de los métodos para ponerla en práctica.
3. Ayuda a las madres que lo deseen para iniciar la lactancia natural durante el periodo inmediatamente posterior al parto.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001209
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada doña Ester Capella i Farré, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre
los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
El Reglamento (CE) n.° 1107/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo, tiene como
principal objetivo establecer las normas de protección y asistencia de personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo, tanto para protegerlas de la discriminación como para asegurar que reciban asistencia.
Asimismo, las disposiciones del Reglamento son aplicables a las personas con discapacidad o movilidad reducida que utilicen o pretendan utilizar vuelos comerciales de pasajeros que salgan de los aeropuertos situados en el territorio de un
Estado miembro sujeto a las disposiciones del Tratado, lleguen a esos aeropuertos o transiten por ellos.
Dicho Reglamento contempla claramente en su artículo 3 la prohibición de las compañías aéreas, sus agentes o los operadores turísticos a negarse a aceptar una reserva para un vuelo que salga de o llegue a un aeropuerto sujeto a las
disposiciones del Reglamento o a no embarcar una persona con discapacidad o movilidad reducida siempre que esta persona disponga de un billete válido y de una reserva, alegando motivos de discapacidad o movilidad reducida del pasajero.
Sin embargo, existen diferentes compañías aéreas que operan en el Estado español que se han negado reiteradamente a embarcar personas con discapacidad. Esta exclusión deliberada, alegando razones de seguridad, supone una privación a esta
parte de la ciudadanía de un medio de transporte esencial como es el transporte aéreo.
El último caso ha sigo la exclusión de un estudiante español sordociego que estando realizando una beca Erasmus en Londres fue excluido alegando razones de seguridad de su vuelo.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Aplicar estrictamente el Reglamento (CE) n.º 1107/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo, con la finalidad que
todas las personas con algún tipo de discapacidad pueda ejercer su derecho básico a desplazarse.
2. Elaborar un régimen sancionador para aquellas aerolíneas, agentes de viajes u operadores turísticos que reiteradamente vulneren los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo.
3. Denegar cualquier tipo de subvención o ayuda pública a cualquier aerolínea, agentes de viajes u operadores turísticos que vulneren los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo.
4. Abrir un registro de quejas efectuadas por parte de las personas que puedan resultar afectadas, siendo excluidas o maltratadas con motivo de su discapacidad.
5. Publicar anualmente un informe de la situación de los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo y transporte público en el Estado. Dicho informe será presentado mediante la comparecencia de la
Secretaría de Estado pertinente a la Comisión de Estudio para las políticas integrales de la Discapacidad para su presentación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero de 2017.-Ester Capella i Farré, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.