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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 172, de 13/06/2017
cve: BOCG-12-D-172
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
13 de junio de 2017
Núm. 172
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001957 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los españoles privados de libertad en centros penitenciarios extranjeros ... (Página6)
161/001959 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la renegociación del Memorándum de Entendimiento entre las autoridades aeronáuticas de la Federación Rusa y el Reino de España ...
Comisión de Justicia
161/001951 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la elaboración de un Protocolo para la prevención y la respuesta a la violencia sexual y de género para su implantación en el Centro de Estancia
Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, así como para la finalización urgente de los trabajos de elaboración del Protocolo de ámbito nacional ... (Página9)
161/001953 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la seguridad vial y jurídica de los ciclistas en nuestras carreteras ... (Página11)
161/001955 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la modificación del Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que
regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, y de la Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, sobre la tramitación de los procedimientos de concesión de la nacionalidad española por residencia ...
161/001969 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de un subtipo agravado del delito de maltrato animal ... (Página16)
161/001971 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la creación de un nuevo Juzgado de lo Social en Algeciras (Cádiz) ... (Página17)
Comisión de Interior
161/001972 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el cumplimiento de las Sugerencias de la Defensora del Pueblo respecto al CIE de Tarifa ... (Página18)
Comisión de Defensa
161/001948 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la necesidad de mayor rigor y realismo en la financiación de las operaciones en el exterior ...
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/001950 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la modificación del Real Decreto-ley 17/2014 ... (Página23)
161/001965 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la modificación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana ...
Comisión de Fomento
161/001947 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la puesta en marcha de un corredor de trenes de cercanías entre Palencia-Venta de Baños-Valladolid y Medina del Campo ...
161/001956 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Ferrol para la ejecución de
actuaciones de infraestructuras viarias en el término municipal de Ferrol (A Coruña) ... (Página27)
161/001963 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la aprobación del nuevo plan de prestación del Servicio Postal Universal por parte de Correos ...
Comisión de Educación y Deporte
161/001970 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adecuación de las titulaciones a la Economía Digital ... (Página29)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/001941 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a aprobar un Proyecto de Ley de impulso a la creación de empleo de calidad en el sector de los servicios de atención a las personas
... (Página30)
161/001954 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la inclusión de los funcionarios públicos en el Régimen General de la Seguridad Social y la equiparación
de las pensiones de orfandad ... (Página32)
161/001964 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar medidas en el ámbito laboral que palíen el impacto negativo de la deslocalización sobre el empleo, eviten el 'dumping' social y
contribuyan al respeto de los derechos humanos ... (Página34)
161/001967 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al reconocimiento de categoría profesional de Bomberos Forestales y sobre la necesidad de mejorar las
precarias condiciones laborales de las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales, pertenecientes al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ... (Página37)
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
161/001952 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a desarrollar la normativa relativa a otorgar autorizaciones de emisión a servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro
existentes ... (Página39)
161/001958 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la reforma del Consejo de Seguridad Nuclear ... (Página40)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/001942 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la regulación del mecanismo del pago en especie ... (Página42)
161/001949 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a las obras de regeneración y adecuación ambiental de la Bahía de Portmán ...
Comisión de Cultura
161/001968 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al apoyo a la candidatura del espeto de sardinas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO ... (Página44)
Comisión de Igualdad
161/001944 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la elaboración urgente de un Protocolo para la prevención y la respuesta a la violencia sexual y de género para su implantación en el C.E.T.I. de
Melilla, así como para la finalización urgente de los trabajos de elaboración del Protocolo de ámbito nacional ... (Página45)
161/001945 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a garantizar los derechos de las porteadoras/es en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla ... (Página47)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/001940 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los atropellos a ciclistas ... (Página49)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/001960 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a convertir la vigente prestación de la Seguridad Social por hijo a cargo en una verdadera prestación económica para la crianza de
los hijos ... (Página50)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Defensa
181/000395 Pregunta formulada por el Diputado don Odón Elorza González (GS), sobre voluntad del Ministerio de Defensa de abordar en el año 2017 las gestiones oportunas para abrir una negociación con el Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián
que permita el traslado de los cuarteles militares de Loiola en San Sebastián a un territorio próximo y dentro del municipio para cumplir las previsiones establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad ...
Comisión de Hacienda y Función Pública
181/000396 Pregunta formulada por la Diputada doña Esther Peña Camarero (GS), sobre número de personas con autorización de residencia, concedida por los supuestos previstos en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores
y su internacionalización, que pagan el IRPF en España ... (Página53)
Comisión de Fomento
181/000399 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre últimos avances realizados en la autovía A-56 entre Ourense y Lugo ... (Página54)
181/000400 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Barrachina Ros (GP), sobre actuaciones previstas en la línea Sagunto-Segorbe-Teruel, así como plazo para la finalización de las mismas ... (Página54)
181/000401 Pregunta formulada por el Diputado don Óscar Clavell López (GP), sobre próximas actuaciones estratégicas que está analizando Renfe en el contexto internacional ... (Página54)
181/000402 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio González Terol (GP), sobre próximas mejoras previstas en la flota de trenes de Renfe ... (Página54)
181/000403 Pregunta formulada por el Diputado don Jaime Miguel Mateu Istúriz (GP), sobre avances producidos en la mejora de las conexiones ferroviarias entre España y Francia ... (Página55)
181/000404 Pregunta formulada por la Diputada doña Ana María Zurita Expósito (GP), sobre alcance del Convenio sobre Transporte Aéreo firmado recientemente con México ... (Página55)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
181/000397 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre valoración de la Recomendación de 22 de mayo de 2017 del Consejo de la Unión Europea sobre el Programa de Estabilidad en España 2017, en materia de empleo
... (Página55)
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
181/000409 Pregunta formulada por el Diputado don José Luis Martínez González (GCs), sobre medidas para resolver la crisis de las reclamaciones gástricas por turistas ingleses ... (Página55)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/000398 Pregunta formulada por el Diputado don César Luena López (GS), sobre valoración de la situación de sequía en La Rioja y actuaciones previstas para afrontarla ... (Página56)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
181/000405 Pregunta formulada por la Diputada doña Ione Belarra Urteaga (GCUP-EC-EM), sobre plazos y mecanismos que se están considerando para el desarrollo reglamentario de la Ley 1/1996, así como forma en la que se va a realizar el
seguimiento de la implementación legislativa de las consiguientes reformas en las Comunidades Autónomas ... (Página56)
181/000406 Pregunta formulada por la Diputada doña Ione Belarra Urteaga (GCUP-EC-EM), sobre medidas previstas acerca de la nueva Observación General número 19 (2016) sobre Gasto Público y los derechos de la infancia, incluyendo el garantizar
la trazabilidad de la inversión en infancia para facilitar su correcta identificación y etiquetado en los Presupuestos Generales del Estado... (Página57)
181/000407 Pregunta formulada por la Diputada doña Ione Belarra Urteaga (GCUP-EC-EM), sobre medidas e iniciativas previstas por el Observatorio de la Infancia para constituirse en un foro de intercambio y comunicación permanente y abierto
entre los organismos públicos y la sociedad civil, así como estudios e informes que tiene previstos realizar y rol que va a jugar en las medidas para garantizar la protección contra toda forma de violencia hacia la infancia ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/009980 Autor: Baldoví Roda, Joan
Realización de pruebas periódicas de estanqueidad de la integridad del tanque de sustancias petrolíferas, así como comercialización de equipos de detección de fugas ... (Página59)
184/011990 Autor: Rodríguez Rodríguez, Alberto
Irregularidades en la contratación de becarios-aprendices en restaurantes de lujo ... (Página63)
184/012370 Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel
Ayudas destinadas para paliar los daños en las infraestructuras públicas del municipio tras el temporal de lluvia de comienzos de diciembre de 2016 ... (Página64)
184/012978 Autor: Baldoví Roda, Joan
Valoración de la decisión de TVE de no emitir la V Edición del World Pride, celebración mundial del orgullo LGTBI que se celebrará en Madrid del 23 de junio de 2017 al 2 de julio de 2017 ... (Página65)
184/013049 Autor: Capdevila i Esteve, Joan
Previsiones acerca de suspender la aplicación del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital mediante la aprobación de un Real Decreto-ley e impulsar la aprobación de un nuevo redactado durante la tramitación como Proyecto de Ley de
dicho Real Decreto-ley, con el fin de evitar el incremento de litigios debido a la poca claridad del artículo ... (Página66)
184/013050 Autor: Salvador i Duch, Jordi
Previsiones acerca de la clausura y desmantelamiento definitivo de las instalaciones de almacén de gas Castor, además de la planta marina, el gaseoducto y la planta terrestre ... (Página66)
184/013055 Autor: Martín Llaguno, Marta
Del Campo Estaún, Sergio
Decisión de la Universidad Rovira i Virgili (URV) de adherirse al Pacto Nacional por el Referéndum en Cataluña ... (Página68)
Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA RTVE
Preguntas
179/000206 Autor: Baldoví Roda, Joan
Decisión de TVE de no emitir la V Edición del World Pride, celebración mundial del orgullo LGTBI que se celebrará en Madrid del 23 de junio de 2017 al 2 de julio de 2017 ... (Página69)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión,
disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001957
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre los
españoles privados de libertad en centros penitenciarios extranjeros, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
A finales del pasado año, 1.328 ciudadanos/as españoles se encontraban privados de libertad en centros penitenciarios extranjeros (el 60% latinoamericano), en calidad de detenidos o de condenados.
Cuatro de cada cinco de esos españoles se encuentran cumpliendo condena por delitos relacionados con el tráfico de drogas y un 80% no tiene antecedentes penales.
En un buen número de esos centros, el alto grado de hacinamiento, las inadecuadas infraestructuras carcelarias (camas, ventilación, luz natural, instalaciones eléctricas, aguas, servicios sanitarios colapsados, insalubridad), la falta de
asistencia sanitaria, la ausencia de condiciones mínimas de higiene y las carencias en materia de alimentación, provocan la proliferación de enfermedades, fallecimientos, violencia, peligrosidad, promiscuidad, ausencia de clasificación y de acceso a
programas de tratamiento penitenciario.
La dureza de la vida carcelaria descrita viene agravada, para los ciudadanos/as españoles, por las dificultades de acceso a la tutela judicial efectiva; por la discriminación por el color de la piel, por su condición de extranjero, por la
ausencia de familiares/amigos, por el desconocimiento, a veces, del idioma, por la falta de recursos económicos, por las demoras en la tramitación de los expedientes de traslado a España, por la falta de asistencia sanitaria y de asistencia jurídica
gratuita; por la escasez de medios personales, materiales y técnicos de las Oficinas Consulares, Consejerías de Trabajo y Asuntos sociales y demás dependencias de las administraciones españolas en el exterior para prestar la debida asistencia y
protección y asesoramiento a los ciudadanos españoles en el extranjero, tanto a los privados de libertad como a los que se encuentran en libertad en situaciones de vulnerabilidad.
Consecuencia de esta lacerante situación es la violación sistemática de los derechos fundamentales de los presos españoles. El derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, el derecho a la dignidad, desaparece cuando se traspasan
las puertas de la prisión y se entra en la llamada 'trampa de la muerte'.
Las condiciones de vida carcelarias de los presos españoles han sido puestas de manifiesto en una proposición de ley, de marzo de 2014, aprobada por unanimidad por el Pleno del Congreso de los Diputados, en la que se instaba al Gobierno a
mejorar las políticas de asistencia a estos presos con una mayor atención económica -la ayuda mensual de 120 euros mensuales como máximo, que no reciben todos y que es insuficiente-, combinándola con la asistencia jurídica y, sobre todo, pidiendo
que se acelerasen los trámites para que fueran trasladados a cárceles españolas, pues las condenas hay que cumplirlas pero no en condiciones infrahumanas.
Por su parte, la Defensora del Pueblo también viene denunciando la situación de los presos españoles en las cárceles de algunos países, fundamentalmente en su estudio sobre la situación de los presos españoles en el extranjero de 2015,
formulando diferentes recomendaciones al respecto.
La denuncia de las condiciones de vida carcelarias también ha sido realizada por las instituciones equivalentes a la Defensora del Pueblo de los países donde se encuentran los reclusos españoles, por la Federación Iberoamericana de Ombudsman
(F10), y por las organizaciones humanitarias de asistencia.
Sin embargo, a pesar de las denuncias, de la propuesta no legislativa y de las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, poco han cambiado las condiciones de vida de los presos españoles: se han reducido los medios materiales y humanos
que tienen asignados los Consulados para la ayuda destinada a la asistencia jurídica, médica y farmacológica; se han suprimido de forma generalizada la ayuda económica a este colectivo en algunos países sin proceder a comprobar si cada uno de ellos
tiene cubiertas sus necesidades básicas; salvo pocas excepciones, no han aumentado las visitas consulares; continúa la dispersión generalizada de los presos españoles en centros penitenciarios, muchos de ellos muy alejados a la ubicación de
nuestros consulados; la ejecución de los expedientes de traslados para cumplir condena en España siguen teniendo una demora no aceptable; las peticiones de indulto son escasas y de lenta tramitación, la proporción de fallecidos en relación con el
número de ingresados continúa manteniéndose igual y sigue sin ser posible el acceso a la tutela judicial efectiva sin recursos económicos.
No estamos hablando de un tema ideológico, sino de un tema humanitario de primer orden, que es preciso solventar de una vez por todas.
Es por ello, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 5 del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior, aprobado mediante la Ley 40/2006, de 13 de diciembre, por lo que el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no le Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo las acciones oportunas para garantizar el respeto de los derechos humanos de los presos españoles en las cárceles extranjeras y para su traslado a España en el marco de acuerdos bilaterales, al objeto de que puedan cumplir
el resto de la condena en cárceles de nuestro país.
2. Cumplir las Recomendaciones de la Defensora del Pueblo relativas a la situación de los presos en el extranjero y, concretamente, a:
a) Adaptar la situación presente de incremento del número de españoles detenidos y presos en el extranjero a la Orden Circular 3252, de 15 de julio de 2003, sobre españoles detenidos y presos en el extranjero, pues las instrucciones que en
ella se recogen son insuficientes para atender las necesidades actuales de los mismos.
b) Desarrollar reglamentariamente, como establece el artículo 5 de la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, los supuestos en los que la ciudadanía española residente en el exterior que carezca de recursos económicos pueda acceder a la asistencia
jurídica gratuita.
c) Reforzar los medios personales y materiales en las demarcaciones consulares que albergan mayor número de presos, porque en algunos países no se puede dar cumplimiento a la instrucción quinta de la Orden Circular 3252, de 15 de julio de
2003, en cuanto a las visitas efectuadas por parte de los funcionarios consulares.
d) Regular la obligatoriedad de informar cada cuatro meses, por parte de las autoridades consulares, a la Dirección General de Españoles en el Exterior, sobre la situación de los españoles condenados a muerte, o que sufren cadena perpetua,
dada su situación de especial vulnerabilidad.
e) Establecer mecanismos de ayuda para aquellos ciudadanos españoles en régimen de libertad condicional o libertad provisional en los países de condena, y que no pueden salir de dicho territorio mientras tengan responsabilidades penales
pendientes.
f) Mejorar los canales de comunicación existentes entre los familiares y las autoridades consulares, teniendo en cuenta que por la distancia, el idioma y la precariedad de recursos económicos, la única información de la que disponen muchas
familias es la que les llega a través de los consulados, regulando de forma concreta la obligatoriedad y periodicidad con la que se realizan estas comunicaciones, siempre que el ciudadano español privado de libertad lo haya autorizado.
g) Continuar los esfuerzos para reducir los tiempos medios de tramitación de la ejecución de los expedientes de traslado, una vez que estos ya han ido aprobados por las autoridades del Estado de condena y del Estado receptor.
h) Continuar con la utilización de los vuelos de repatriación de personas extranjeras que se realizan desde España para recoger a presos españoles, cuyos expedientes de traslado para cumplir condena en España ya han sido aprobados y están a
la espera de materialización.
i) Elaborar un listado actualizado de los ciudadanos españoles que cumplen condena en países de la Unión Europea, a fin de dar cumplimiento urgente a lo dispuesto en la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones
penales en la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2017.-María Dolores Galovart Carrera, Guillermo Antonio Meijón Couselo y María Guadalupe Martín González, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001959
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado don Joan Tardà i Coma, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la
renegociación del Memorándum de Entendimiento entre las autoridades aeronáuticas de la Federación Rusa y el Reino de España, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El 6 de abril de 2017, el Rey Felipe VI abrió la XXVI reunión del Comité Bilateral Hispano-Japonés de Cooperación en Tokio. Según recogen diversos medios de comunicación, en el encuentro organizado por ICEX-Invest Spain, los representantes
de grandes empresas japonesas de la automoción y bienes de equipamiento con alto contenido tecnológico manifestaron su voluntad de seguir invirtiendo en el Estado español.
Actualmente, la inversión de las empresas japonesas en el Estado supera los 4.000 millones de euros, teniendo en los programas de alto contenido tecnológico en la automoción, la energía, las ciudades inteligentes, las telecomunicaciones y
los bienes de consumo sus principales proyectos de inversión. Estando muchas de ellas localizadas en el cinturón industrial del área metropolitana de Barcelona.
La concentración de empresas japonesas en Catalunya comenzó en los años ochenta con la llegada de compañías como Honda, Yamaha, Hitachi, Ricoh, NTT, Denso y Calsonic Kansei. Ahora, la presencia de empresas japonesas en Catalunya es bastante
diversificada. Los sectores que suman más volumen de multinacionales niponas son el químico (22 empresas), el de maquinaria (21), el de TIC (21), el de servicios (21) y el eléctrico-electrónico (20). Así mismo, diversos operadores logísticos
japoneses como Nippon Express y Yusen Logistics están instalados de la Zona de Actividades Logísticas del Port de Barcelona.
Dada la distancia entre el Estado español y Japón, un factor imprescindible para el progreso y el desarrollo de relaciones económicas bilaterales es el establecimiento de rutas aéreas comerciales estables. En este aspecto, la actuación del
Gobierno de España en favor del establecimiento de rutas aéreas entre los aeropuertos del Estado y Japón deja mucho que desear.
El convenio bilateral firmado por España y Japón sobre servicios aéreos, el 18 de junio de 1980, no establece una única ciudad de salida y/o entrada para las aerolíneas que cubran las rutas entre ambos estados. Sin embargo, estos vuelos no
pueden realizarse sin atravesar el espacio aéreo de la Federación Rusa, ya que esquivar el paso por este Estado obligaría a trazar una ruta aérea demasiado larga y, teniendo en cuenta el gasto en carburante y las horas de la tripulación, no
resultaría rentable para ninguna aerolínea. Por tanto, para volar entre Japón y el Estado español se tiene que seguir también el tratado de España con Rusia.
El Convenio aéreo entre el Reino de España y la Federación Rusa data de 1977, siendo este modificado en 1990. Fue originalmente firmado entre el Gobierno de España y el Gobierno de la URSS y posteriormente asumido por la Federación Rusa, al
ser esta la heredera de la URSS.
Pese a los ya cuarenta años de convenios de colaboración aérea entre España y Rusia, ambos Estados han ido actualizando las relaciones con la firma de Memorandos de entendimiento (MOU). Un total de cuatro, primeramente en el año 2000, 2012,
2015 y, finalmente, en 2016.
El actual MOU fue firmado en Moscú los días 25 y 26 de febrero de 2016, estando el Gobierno en funciones, con el Subdirector General de Transporte Aéreo, Sr. David Benito Astudillo, encabezando la delegación española. El contenido de dicho
memorando establece las condiciones para la realización de las rutas aéreas transiberianas y establece, textualmente, que solamente una aerolínea designada por el lado español y otra por el lado ruso estarán autorizadas para operar rutas de alcance
transiberiano con destino a Tokio y Shanghai. Con tres frecuencias en la temporada de verano de 2016, cinco a partir la temporada de verano de 2017 y siete a partir de la de verano de 2018.
Este acuerdo, firmado por un Gobierno en funciones, supone un gran obstáculo para la competitividad del aeropuerto de Barcelona-El Prat, que cuenta actualmente con 44 millones de pasajeros (2016), situándose en la cabeza del crecimiento de
los grandes aeropuertos mundiales. Además, el desarrollo de rutas aéreas comerciales entre el aeropuerto de Barcelona-El Prat y Asia son una pieza estratégica para la Generalitat de Catalunya y la consolidación del aeropuerto de Barcelona-El Prat
como aeropuerto de rutas de largo alcance, así como una reivindicación histórica por parte del Comité de Desenvolupament de Rutes Aéries.
El MOU firmado por el Estado perpetúa el privilegio y monopolio de Iberia a la hora de operar las rutas aéreas comerciales entre el Estado y Japón. Prueba de esto es la presencia de Antonio Pimentel, Director de Iberia, y de Marta García,
Manager de Derechos de tráfico, como únicos observadores por parte española presentes en la firma del MOU de febrero de 2016. Mientras que por el lado ruso estuvieron presentes representantes de hasta cinco aerolíneas y dos aeropuertos.
Parece, pues, que el Gobierno en funciones decidió servir al interés particular de Iberia y su monopolio y privilegios en vez de apostar por la competitividad y el aeropuerto de Barcelona-El Prat y su crecimiento.
Es por todo ello que se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
Renegociar el Memorándum de Entendimiento entre las autoridades aeronáuticas de la Federación Rusa y el Reino de España, firmado en febrero de 2016, con el objetivo de eliminar las trabas a las salidas de los vuelos de alcance transiberiano
desde Barcelona.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2017.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Comisión de Justicia
161/001951
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, para la
elaboración urgente de un Protocolo para la prevención y la respuesta a la violencia sexual y de género para su implantación en el CETI de Melilla, así como para la finalización urgente de los trabajos de elaboración del Protocolo de ámbito
nacional, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados en España (ACNUR), el Defensor del Pueblo y Amnistía Internacional han mostrado su preocupación porque España no está cumpliendo ni ha puesto en marcha ningún mecanismo de prevención
y respuesta ante situaciones de abuso sexual y por motivos de género en locales y centros de acogida de refugiados.
En concreto, han denunciado que en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla (CETI) no se otorga la adecuada protección a las mujeres y niñas víctimas de agresión sexual y violencia de género, debido a que, muchas veces, se
encuentra desbordado con el triple y a veces el cuádruple de su capacidad, lo que hace que al tener que convivir personas de distintas edades y procedencias, existan muchas posibilidades de que, en estas circunstancias, se produzcan situaciones de
violencia sexual y por motivos de género, lo que precisa la adopción de medidas preventivas y de respuesta.
Asimismo, ha de señalarse que cuando se detecta un caso de violencia sexual o de género, se impone al agresor, como medida sancionadora, la expulsión del centro; sanción que, en muchas ocasiones, se convierte en un peligro mayor para la
mujer agredida; debiéndose indicar que es frecuente que la víctima, ante el hecho de que el agresor pueda dormir en la calle como consecuencia de la sanción, se abstenga de denunciar y, también, porque la denuncia puede suponer la paralización de
su traslado a la península hasta que se sustancie el procedimiento judicial contra el agresor.
Dado el riesgo de padecer violencia por parte de las mujeres y niñas y su silencio ante las agresiones, ACNUR ha pedido que el CETI de Melilla, como cualquier otro de acogida, cuente con protocolos de actuación para prevenir la violencia
sexual y de género.
Asimismo, el Defensor del Pueblo ha efectuado una Recomendación: a la Secretaria General de Inmigración y Emigración a fin de que proceda a la elaboración, con carácter urgente, de un Protocolo para la prevención y la respuesta a la
violencia sexual y por motivos de género para su implantación en el CETI de Melilla. Dicha Recomendación, a pesar de que ha sido reiterada en tres ocasiones por el Defensor del Pueblo, no ha sido objeto de atención ni de respuesta alguna por parte
de la mencionada Secretaria.
También, según ha podido conocer el Defensor del Pueblo, se está elaborando un protocolo de ámbito nacional, que, sin embargo, no ha sido finalizado ni puesto en práctica.
El artículo 18.4 de la Directiva 2013/33/UE, de 26 de junio, de Acogida, de julio de 2015, dispone que 'Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para prevenir el acoso y los actos de violencia de género, incluida la violencia y
el acoso sexuales, en locales y centros de acogida a que se refiere el apartado 1, letras a) y b)'.
El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011 y ratificado por España mediante Instrumento de 18 de marzo de 2014, establece
en su artículo 62 que 'Las Partes cooperarán para celebrar acuerdos, con la finalidad, entre otra cosas, de prevenir, combatir y perseguir todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del Convenio, proteger y asistir a las
víctimas, y llevar a cabo investigaciones o procedimientos en relación con los delitos establecidos en virtud de dicho Convenio'.
El último informe de la Agencia Europea para los Derechos Fundamentales (FRA) se refiere a las dificultades que padecen las mujeres refugiadas en los centros de acogida y ha mostrado su preocupación por este asunto y el propósito de tratarlo
de manera pormenorizada. Califica de alarmante el hecho de que no existan datos específicos en ningún país de la UE sobre casos de mujeres y niñas víctimas de violencia de género que necesitan protección internacional. Se alude al uso de baños y
duchas en los centros, normalmente por la tarde-noche, y a la accesibilidad de estas dependencias a través de pasillos o puertas que no pueden cerrarse. Se considera que las mujeres y niñas están expuestas a riesgos de padecer violencia, y que las
víctimas raras veces denuncian estos ataques por miedo a la repercusión en las solicitudes de asilo en trámite, especialmente en violencia doméstica. Alude a la falta de información a estos colectivos sobre los recursos de que disponen para hacer
frente a cualquier agresión.
Señala que, además de facilitar datos sobre los incidentes, los Estados deben ofrecer información sobre cómo denunciar la violencia de género y los lugares a los que dirigirse en busca de protección. Considera que el personal debe tener
formación adecuada y deben existir procedimientos específicos para menores, así como contar con traductores que faciliten la asistencia a estos grupos de especial vulnerabilidad.
El Comité contra la Discriminación de la Mujer de Naciones Unidas ha señalado que, en las disposiciones sobre recepción de personas migrantes y refugiadas, queden reflejados aspectos de género y se tengan en cuenta las necesidades
específicas de abusos y explotación sexual, traumas y tortura y malos tratos.
Así las cosas, de conformidad con lo expuesto, el Grupo Parlamentario socialista, formula la presente proposición no de ley por considerar que es necesaria y urgente la elaboración de un protocolo para el CETI de Melilla, así como también la
finalización del protocolo de ámbito nacional que se está elaborando por parte de la Secretaria General de Inmigración, para la prevención y la respuesta a la violencia sexual y a la violencia de género.
Protocolos que han de permitir establecer mecanismos de atención a las víctimas, que garanticen su adecuada identificación y, en su caso, su traslado inmediato a la península; asegurando que, mientras tanto, puedan recibir la información y
orientación pertinente, adecuada protección, acceso a la Justicia y a todos los recursos médicos y de otro tipo disponibles.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, con carácter urgente, un Protocolo para la prevención y la respuesta a la violencia sexual y a la violencia de género para su implantación en el CETI de Melilla, para establecer mecanismos de atención a las víctimas, que
garanticen su adecuada identificación y su traslado inmediato a la península para asegurar que puedan recibir información y orientación pertinente, adecuada protección, acceso a la Justicia y a todos los recursos médicos y de otro tipo disponibles.
2. Finalice, con carácter urgente, los trabajos de elaboración del Protocolo de ámbito nacional para la prevención y respuesta a la violencia sexual y a la violencia de género, que está llevando a cabo la Secretaría General de Inmigración y
Emigración, para su implantación en todos los CETI existentes en España, a los fines anteriormente indicados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2017.-María Dolores Galovart Carrera, Guillermo Antonio Meijón Couselo, Ángeles Álvarez Álvarez y Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
161/001953
A la Mesa de la Comisión de Justicia
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a seguridad vial y jurídica de los ciclistas en
nuestras carreteras, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
Nuestro país no está respondiendo de forma suficiente a las necesidades de los ciclistas en general y a las de aquellos que circulan por carretera en particular. Esto demuestran, cuando menos, tres motivos: el preocupante aumento en el
consumo alcohol y drogas por parte de los conductores de vehículos a motor, la impunidad a que pueden acogerse los conductores de vehículos a motor en determinados casos atropello y la misma impunidad a la que estos últimos se acogen en caso de
rechazar socorro a las víctimas de accidentes.
A este respecto, es preciso, en primer lugar, hacer una referencia a las alarmantes cifras del aumento de consumo de drogas durante la conducción de vehículos a motor, las cuales tienen una incidencia directa en la integridad física de los
ciclistas que circulan por carretera. En 2015 se realizaron 76.040 pruebas de drogas, resultando en positivas un 33,3% del total. De los 3.496 conductores que estuvieron implicados en algún tipo accidente, dieron positivos el 20,4% y, de los 3.241
conductores que cometieron algún tipo de infracción, dieron positivo el 57,70 %.
En 2016, y según las cifras facilitadas por la Dirección General de Tráfico, a través de Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC), las cifras por consumo de drogas ilegales incluso aumentaron. En concreto, se realizaron 60.942
pruebas, resultan positivas un 39% de ellas. De los 3.026 conductores involucrados en accidentes, dieron positivo un 27% (casi un 7% más que el año pasado) y, de las 3.350 pruebas a conductores infractores, dieron positivo el 63% . Y todo ello
pese a que el número pruebas realizadas fue muy inferior a las del año 2015.
Respecto al alcohol, aunque las cifras descienden, el problema persiste. Se han realizado un total de 4,6 millones de pruebas, resultando positivas un total de 68.852, esto es, el 1,5% . De las 59.526 pruebas realizadas en controles
preventivos, resultaron positivas 1,5% ; de las 5.045 realizadas a conductores involucrados en accidentes, dieron positivo un 4,5% ; y, por último, de las 4.281 realizadas a conductores infractores, resultaron positivas el 0,8% .
Como es natural, la conducción de un vehículo a motor por personas bajo los efectos del alcohol o de las drogas es extremadamente peligrosa en la medida en que aumenta las probabilidades de ocasionar un accidente; y lo es no solo para
estos, sino para todos aquellos que circulan por las mismas carreteras. Pero más peligroso resulta aún para ciclistas, puesto que estos últimos están desprovistos de protección, salvo la de un casco y, con suerte, algún elemento protector más.
Además, los datos indican que aquellas infracciones son realizadas por la madrugada y en los fines de semana, coincidiendo a menudo con el momento en que los ciclistas salen a circular.
Solo los casos acaecidos en este mes dan buena cuenta de ello. El primero de ellos, el de una conductora ebria que arrolló a seis ciclistas en la localidad valenciana de Oliva en la madrugada del 7 de mayo. El segundo, la semana después,
el de una tarraconense que en la madrugada del 13 de mayo atropelló también a seis ciclistas y también conduciendo bajo los efectos del alcohol. El tercero, que no el último, el fallecimiento de Nicky Hayden el 23 de mayo, tras el fatídico
atropello que había sufrido cuando entrenaba en bicicleta.
Por si fuera poco, para el caso de que un ciclista resultara atropellado por un vehículo a motor, la redacción actual de nuestro Código Penal dificulta enormemente el castigo a los culpables y, por consiguiente, no desincentiva en la forma
deseada la repetición de estos sucesos en el futuro. Otro caso, el del difunto señor Bautista, es un perfecto ejemplo de ello.
El 21 de octubre de 2013, Óscar Bautista, un ciclista experimentado que se dirigía en bicicleta hacia su lugar de trabajo, falleció en el acto tras ser arrollado por un camión en la autovía de Toledo. El conductor del camión se dio a la
fuga. La Guardia Civil encontró y detuvo al citado conductor unos días después, que fue investigado a continuación por la posible comisión de un delito de homicidio imprudente y un delito de omisión del deber de socorro. Sin embargo, el caso fue
posteriormente archivado.
De acuerdo con lo expuesto por el juez en su auto, y respecto del homicidio imprudente, el juez entendió que la actuación del conductor del camión debía considerarse una imprudencia leve, hoy despenalizada a causa de la última reforma del
Código Penal.
En efecto, a través de la disposición derogatoria única de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, se eliminaron las faltas del Código Penal. Dispone aquella lo siguiente: 'Queda derogado el Libro III de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal'. En este sentido, el artículo único, apartado nueve, de la mencionada Ley Orgánica, modificó el artículo 13.3 del Código Penal a fin de castigar con pena leve todos aquellos delitos considerados también leves.
Así las cosas, como consecuencia de esta supresión precipitada de las faltas y, concretamente, del artículo 621 del Código Penal, muchos de los accidentes de tráfico en los que se provoca a una persona la muerte o lesiones graves que
requieren de tratamiento médico y quirúrgico, aun concurriendo imprudencia leve, han quedado despenalizados. El conflicto jurídico que tiene lugar en este caso, y del que el conductor del camión salió sin responsabilidad alguna, sugiere la
necesidad de reformar el Código Penal a fin de que casos como estos puedan ser debidamente castigados.
En tercer y último lugar, el delito de omisión del deber de socorro del artículo 195 del Código Penal incurre por su parte en un vacío legal, al no prever el grado de tentativa, que es el que sucede, por ejemplo, en el referido caso de Óscar
Bautista, cuando el reo huye si la víctima fallece en el acto. En este caso, el juez estimó que tampoco se cumplía el tipo penal, debido a que el señor Bautista falleció de forma instantánea a causa del impacto del camión y, por tanto, no se
encontraba este 'desamparado' ni en 'peligro manifiesto y grave', y todo ello pese a que el reproche jurídico concurre de igual modo.
Por tanto, deviene igualmente fundamental crear una figura especial del delito de omisión del deber de socorro específica para accidentes de tráfico, en la que para sancionar la conducta no importe tanto la supervivencia o no de las víctimas
como el hecho de abandonar el lugar del accidente sin atenderlas, con independencia del estado físico en el que quedasen.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Implantar un plan específico de medidas para reducir la accidentalidad de los ciclistas y, en particular:
a) Identificar en toda la red de carreteras (i) los tramos de concentración de víctimas ciclistas y (ii) los tramos de concentración de accidentes causados por el consumo de drogas y alcohol.
b) En aquellos tramos detectados en los que tenga lugar un mayor número de accidentes (i) con víctimas ciclistas y (ii) causados por el consumo de drogas y alcohol, y especialmente donde concurran ambos y en los horarios que estos se
produzcan, intensificar los controles realizados por los agentes de la Guardia Civil, así como movilizar en estas zonas a los helicópteros de la Dirección General de Tráfico en misiones de vigilancia.
c) Divulgar toda esta información a las Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos para que estas implementen las correspondientes medidas de prevención y realicen los oportunos controles, en el ámbito de sus
respectivas competencias.
2. En el plazo de tres meses, presentar en el Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal a fin de que sean castigados penalmente todos aquellos accidentes con resultado de muerte o lesiones graves que
requieran de tratamiento médico y quirúrgico, con independencia de que sean realizados con imprudencia leve.
3. En el plazo de tres meses, presentar en el Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal con el objeto de crear una figura especial del delito de omisión del deber de socorro específica para accidentes
de tráfico, que asegure que el tipo del delito se cumpla cuando el conductor abandone el lugar del accidente sin atender a las víctimas, con independencia de cual fuera el estado físico en el que quedasen estas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2017.-Irene Rivera Andrés, Diputada.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001955
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su
debate y aprobación en la Comisión de Justicia, relativa a la modificación del Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia,
y de la Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, sobre la tramitación de los procedimientos de concesión de la nacionalidad española por residencia.
Exposición de motivos
La disposición final séptima de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, modificó el procedimiento para la obtención de la nacionalidad española,
hasta entonces regulado en la Ley de Registro Civil de 8 de junio de 1957 y desarrollado en el Reglamento de la Ley de Registro Civil de 14 de noviembre de 1958. El apartado 2 de dicha disposición final atribuyó la instrucción de los nuevos
procedimientos para la obtención de la nacionalidad española por residencia a la Dirección General de los Registros y el Notariado a partir del 15 de octubre de 2015, habiendo correspondido su instrucción a los Registros Civiles hasta dicha fecha
conforme lo dispuesto en el artículo 365 del Reglamento de la Ley de Registro Civil de 14 de noviembre de 1958.
El Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, que aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, desarrolla dicho procedimiento, establecido en la disposición final
séptima de la referida Ley 19/2015, configurándolo como un procedimiento de carácter netamente administrativo, basado en la tramitación electrónica en todas sus fases, que permita acortar sensiblemente los plazos de resolución.
El artículo 4.1 de este Reglamento, que regula el procedimiento para adquisición de la nacionalidad española por residencia, establece que 'el procedimiento se iniciará por el interesado mediante la presentación de la correspondiente
solicitud en modelo normalizado, bien a través de la correspondiente aplicación electrónica, o bien, si se trata de solicitudes presentadas en fecha igual o anterior al 30 de junio de 2017, mediante presentación de la solicitud ante el Registro
Civil correspondiente al domicilio del interesado, sin perjuicio en todo caso de las reglas generales sobre presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones de los ciudadanos ante los órganos de las Administraciones Públicas'.
La disposición transitoria segunda del Real Decreto 1004/2015 limita, por tanto, la posibilidad de presentar las solicitudes en papel a través de los Registros civiles hasta el 30 de junio de 2017. El apartado 2 de la disposición
transitoria única de Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, sobre la tramitación de los procedimientos de concesión de la nacionalidad española por residencia, reitera que hasta el 30 de junio de 2017 pueden seguir presentándose las solicitudes
en papel ante el Registro Civil principal o delegado correspondiente al domicilio del interesado.
Los Registros Civiles han sido los competentes para la instrucción de los expedientes de adquisición de la nacionalidad española desde la Ley Provisional de Registro Civil de 17 de junio de 1870, tal y como se estipulaba en su artículo 109.
Desde entonces, han sido miles las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española por residencia que se han tramitado a través de los Registros Civiles, sin que el retraso en la resolución de los mismos acumulada en los últimos años
se haya debido a su instrucción en dichos Registros Civiles, sino a la tramitación que hasta el 15 de octubre de 2015 debía realizarse en la Dirección General de los Registros y del Notariado conforme el artículo 222 del Reglamento de la Ley de
Registro Civil de 14 de noviembre de 1958, y posterior resolución de la solicitud, retraso excesivo que ha dado lugar desde el año 2012 a la firma de cuatro encomiendas de gestión con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, para
la tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia desde que se reciben, procedentes de los Registros Civiles que los han instruido, hasta el momento inmediatamente anterior a aquel en que la Subdirección General de Nacionalidad y
Estado Civil eleve el preceptivo informe-propuesta de resolución al órgano competente, conforme al artículo 367 de dicho Reglamento del Registro Civil.
Aun cuando desde el 15 de octubre de 2015, conforme lo dispuesto en el artículo 4.1 del Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, aprobado por Real Decreto 1004/2015, de
6 de noviembre, se diversifican las formas de presentación de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad (a través de la correspondiente aplicación electrónica, ante el Registro Civil correspondiente al domicilio de interesado, o conforme las
reglas generales sobre presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones de los ciudadanos ante los órganos de las Administraciones Públicas), la realidad es que siguen siendo miles las solicitudes que se siguen presentando ante los Registros
Civiles, cumpliendo en esta materia funciones que no realiza ningún otro órgano de la Administración:
En primer lugar, los Registros Civiles siguen siendo la oficina a la que mayoritariamente se dirigen los ciudadanos extranjeros para tener información sobre los trámites necesarios para la adquisición de la nacionalidad por residencia, dando
cumplimiento el Ministerio de Justicia a través de los Registros Civiles a sus obligaciones relativas en esta materia en relación con los derechos de los interesados en el procedimiento administrativo establecidos en el artículo 53 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ninguna otra oficina o dependencia del Ministerio de Justicia ofrece a los interesados información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o
técnicos que las disposiciones vigentes imponen a las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española por residencia, y constituye una obligación de las Administraciones Públicas ofrecer dicha información y orientación de forma accesible para
todos los ciudadanos.
En segundo lugar, los Registros Civiles siguen y seguirán siendo competentes para la tramitación de los expedientes previos de autorización para los supuestos de menores de 14 años o con la capacidad modificada judicialmente, conforme lo
dispuesto en el artículo 21 del Código Civil, por lo que la presentación posterior de la solicitud de la nacionalidad por residencia a través del mismo Registro Civil, en caso de que no se opte directamente por su presentación electrónica, sino a
través de un órgano administrativo, es consecuencia lógica de la tramitación anterior.
En tercer lugar, tanto el Real Decreto 1004/2015 como el apartado 2 de la disposición transitoria única de la Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, sobre la tramitación de los procedimientos de concesión de la nacionalidad española por
residencia, atribuyen a los Registros Civiles una función de control sobre la documentación que se acompaña a la solicitud de nacionalidad (por requerimientos a los interesados de toda la documentación exigida en la referida Orden Ministerial, y
cotejando los mismos velando por su autentificación, levantando diligencia de cotejo), lo que evita requerimientos posteriores para completar la documentación que debe acompañar la solicitud, y conlleva ahorro de trámites administrativos y costes, y
es una competencia que no realiza ningún otro órgano de la Administración ante el que se presente la solicitud.
Y en cuarto lugar, la demarcación de los Registros Civiles principales y delegados permite en la actualidad que todos los ciudadanos extranjeros, sin necesidad de desplazamientos, puedan informarse sobre los trámites precisos para adquirir
la nacionalidad española y presentar sus solicitudes a través del Registro Civil de su domicilio. Si los Registros Civiles pierden su competencia para la recepción de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad por residencia se perdería la
cercanía que la administración tiene a los ciudadanos en esta materia, y se obligaría a estos, en caso que no optasen por la presentación electrónica, a su presentación ante registros administrativos, en muchos casos fuera de su localidad de
residencia, desconocedores de la tramitación y documentación a presentar, y que mermaría la calidad del servicio que el ciudadano merece.
Por otro lado, el Ministerio de Justicia está obligado a facilitar a las personas que carezcan de los medios materiales para presentar por sí, a través de la plataforma electrónica, sus solicitudes de adquisición de la nacionalidad española,
los medios técnicos para su presentación gratuita sin tener que acudir a profesionales como abogados, procuradores o gestores administrativos tal y como contempla el artículo 7 del Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición
de la nacionalidad española por residencia, aprobado por el Real Decreto 1004/2015. De otra forma se produciría un claro agravio entre las solicitudes de quienes tienen recursos para presentarlas por sí de forma electrónica o a través de
profesional, y las de aquellos que careciendo de dichos medios se vieran obligados a presentarlas en formato papel, lo que indudablemente conllevará retraso en su tramitación, pues para su instrucción previamente debería ser digitalizada y
metadatada por la Dirección General de Registros y del Notariado.
Tanto la disposición transitoria segunda del Real Decreto 1004/2015 como el apartado 2 de la disposición transitoria única de Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, ya citada, prevén que por el Registro Civil se proceda a la
digitalización y metadatación de las solicitudes y documentación, y su remisión electrónica a la Dirección General de Registros y del Notariado en las condiciones que determine esta. Si bien hasta la fecha dichas condiciones no han sido
determinadas, resulta obvio que si los Registros Civiles proceden a la digitalización y metadatación de las solicitudes y documentación presentada, y las remiten de forma electrónica a la Dirección General de Registros y del Notariado, se agilizará
enormemente la instrucción por la Dirección General, pues de otra forma esta debería proceder a realizar dichas operaciones. De esta forma se daría por parte del Ministerio de Justicia cumplimiento e impulso a lo dispuesto en materia de tramitación
electrónica por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el caso de que el Gobierno de la Nación y el Ministerio de Justicia mantuvieran que a partir del 30 de junio de 2017 los Registros Civiles perdieran la competencia para recibir las solicitudes de nacionalidad española y por tanto no
existiera una oficina pública concreta, dependiente del Ministerio de Justicia, en que los solicitantes puedan tanto informarse acerca de los trámites para adquirir la nacionalidad española como para poder presentar sus solicitudes, con la confianza
de que van a ser revisadas y tramitadas por funcionarios y funcionarias públicos con experiencia, y que las mismas se puedan remitir de forma electrónica para agilizar su tramitación, en condiciones de igualdad que el resto de solicitudes
presentadas de forma electrónica, se estaría fomentando la privatización encubierta de las solicitudes de adquisición de nacionalidad española, para que las mismas fuesen presentadas, previo pago, por abogados, procuradores y gestores
administrativos, lo que supondría vulneración del derecho a la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos públicos.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Instar al Gobierno de la Nación para que antes del 30 de junio de 2017 modifique el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad
española por residencia, y la Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, sobre la tramitación de los procedimientos de concesión de la nacionalidad española por residencia, en el sentido de que las solicitudes de adquisición de la nacionalidad por
residencia se puedan presentar a través de los Registros Civiles sin límite temporal alguno.
Asimismo, instamos al Gobierno para que la Dirección General de los Registros y del Notariado, con carácter urgente, establezca las condiciones para la remisión de documentos desde los Registros Civiles a la Dirección General de los
Registros y del Notariado de modo telemático, previa digitalización de los documentos, conforme lo dispuesto en la disposición transitoria segunda del Real Decreto 1004/2015, y
dotando a las oficinas de Registro Civil, cuya gestión corresponde al Ministerio de Justicia, con la formación y los medios personales y materiales precisos para llevar a cabo dicha remisión.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2017.-María del Carmen Pita Cárdenes, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001969
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la creación de un subtipo
agravado del delito de maltrato animal, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
En las últimas décadas, ha proliferado en las sociedades de los países económica y culturalmente más avanzados un sentimiento sin precedentes de protección, respeto y defensa de la naturaleza en general y de los animales en particular,
convirtiéndose en un asunto de índole cultural de gran importancia para el conjunto de la ciudadanía.
La Declaración Universal de los Derechos del Animal, aprobada por la UNESCO el 17 de octubre de 1978, así como los Reglamentos y Directivas Comunitarias en esta materia, han contribuido al desarrollo de una conciencia social y cultural en la
sociedad en relación al respeto, la defensa y la protección de los animales.
Como señala el preámbulo de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por el que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, de Código Penal, el transcurso del tiempo y las nuevas demandas sociales han evidenciado la necesidad de
llevar a cabo determinadas modificaciones de nuestra norma penal. Para ello, se ha revisado el sistema de penas y su aplicación, se han adoptado mejoras técnicas al objeto de ofrecer un sistema penal más ágil y coherente, además de introducir
nuevas figuras delictivas o adecuar los tipos penales ya existentes.
Con el ánimo de ofrecer una respuesta adecuada a las nuevas formas de delincuencia, además de suprimir aquellas infracciones que por su escasa gravedad no merecen reproche penal, se han transformado en delito aquellas cuyo contenido de
injusto es mayor del que se establecía hasta ahora. En estos casos se encuentra la consideración de los animales, sobre los cuales se ha incrementado la protección, endureciendo las penas asociadas al delito de maltrato animal contemplado en el
artículo 337 del Código Penal; de forma que a la pena ya establecida de tres meses a un año de prisión, se le añade una pena de inhabilitación para la tenencia de animales.
Además, se incorpora un tipo agravado en el delito de maltrato animal cuando se hubiera causado la muerte del animal con penas de seis a 18 meses de prisión e inhabilitación especial de dos a cuatro años.
Las cifras hablan por sí solas: en 2016 el SEPRONA realizó más de 12.400 actuaciones contra el maltrato animal, de las cuales 783 fueron infracciones penales por maltrato o abandono animal y supusieron la detención o investigación de 490
personas.
Este avance legislativo en la protección de los derechos de los animales es resultado de una creciente sensibilización social al respecto, puesta de manifiesto en los últimos pronunciamientos de Juzgados y Tribunales que imponen cada vez más
penas de prisión para los condenados por este delito.
Por otro lado, hemos conocido recientemente que estos supuestos de maltrato se dan cada vez con mayor frecuencia en establecimientos que recogen animales y que supuestamente están bajo la protección de sus poseedores o responsables de su
custodia. El deber de garante de los poseedores, propietarios y responsables de la custodia de dichos animales, al tratarse de entidades cuya finalidad es, precisamente, la protección y el bienestar de los mismos, debe requerir un plus de
protección para los animales y, en consecuencia, un plus de penalidad para los autores de dicho maltrato.
Por ello, planteamos la necesidad de creación de un subtipo agraviado en el artículo 337 del Código Penal, para aquellos supuestos en los que el maltrato se ejecute de manera continuada en el tiempo,
sobre un número elevado de animales, ocasionando la muerte; así como aquellos supuestos en los que el delito se cometa por quien tiene la obligación legal o contractual de velar por el cuidado y el bienestar de los animales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar la creación de un subtipo agravado del artículo 337 del Código Penal, para aquellos supuestos en los que el maltrato a los animales se ejecute de forma continuada en el tiempo, sobre
un número elevado de animales ocasionando su muerte; así como aquellos supuestos en los que el delito se cometa por quien tiene la obligación legal o contractual de velar por el cuidado y el bienestar de los animales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001971
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa
a la creación de un nuevo Juzgado de lo Social en Algeciras (Cádiz), para su debate y votación en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
La Demarcación del Juzgado de lo Social de Algeciras abarca los Partidos Judiciales de Algeciras, San Roque y La Línea de la Concepción, con lo que su competencia afecta a 250.000 habitantes y cerca de 20.000 empresas del Campo de Gibraltar,
que conoce en primera instancia de los procesos en materia laboral y de Seguridad Social que no están atribuidos a órganos de otro orden jurisdiccional.
Desde hace varios años el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) viene reclamando la puesta en marcha de un nuevo Juzgado de lo Social en Algeciras. En su Memoria de 2016 reseño que no solo fue el órgano de jurisdicción social
con mayores ingresos de toda la comunidad autónoma, sino que los 2.346 casos que recibió supusieron casi el doble de la media de los segundos jueces de lo Social más saturados de Andalucía, los de Sevilla.
La Junta de Andalucía, que es el órgano que debe dotar de medios a los juzgados en personal, equipamiento e infraestructuras, ha remarcado que el propósito de crear un nuevo Juzgado de lo Social en Algeciras partió del Ministerio de Justicia
en 2015 y que por ello lo recogió en sus presupuestos del ejercicio siguiente.
Igualmente, desde hace años los profesionales afectados por la situación de 'colapso' que se vive en el Juzgado de lo Social de Algeciras vienen exigiendo la necesidad de soluciones a través del Colegio de Abogados, concentrándose en la
puerta de la sede judicial para mostrar su inquietud tras conocerse que no se prorrogaría el refuerzo de magistrado con el que se contaba en el Juzgado de lo Social desde mediados de 2015 y que estaba sirviendo de manera efectiva a agilizar de
manera trascendente el volumen de trabajo que afecta a dicho órgano judicial.
El Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, también, viene alertando de la situación insostenible, ya que se han cumplido varios meses sin que el Juzgado esté tramitando las ejecuciones de sentencias y el Sindicato CC.OO. del Campo
de Gibraltar ha puesto de manifiesto que 'los datos de este Juzgado resultan demoledores e inaceptables' y en este sentido han recordado que hay procedimientos que se dilatan en el tiempo, hasta más de medio año en la citación de juicio, o que en el
caso de los juicios por despido se están citando con un mínimo de nueve meses de dilación.
También, la Defensora del Pueblo abrió una actuación de oficio en junio de 2016 por la saturación existente, a través de la Queja número 19008449, y en fecha 19 de diciembre de 2016 recomendó 'dar curso legal a la creación del Juzgado de lo
Social número 2 de Algeciras en las previsiones de Desarrollo de la Planta Judicial'.
En su respuesta, el Ministerio de Justicia manifestó que 'en el marco de las necesidades presupuestarias está analizando las peticiones de unidades judiciales y la creación del Juzgado de lo Social de Algeciras está en estudio, sin que sea
posible confirmarla a fecha de hoy.
En un reciente viaje del Ministro de Justicia a Ceuta, y a su paso por el puerto de Algeciras, aseguró 'que el segundo juzgado de lo social es una prioridad, ya que era cierto que el único Juzgado de lo Social tiene una carga de trabajo muy
por encima de la media nacional y, por lo tanto, vamos a trabajar en la posibilidad de crear un segundo Juzgado de lo Social en Algeciras'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Justicia a aprobar la creación de un segundo Juzgado de lo Social en Algeciras (Cádiz), en 2017, en cumplimiento del mandato constitucional de ofrecer a los ciudadanos una tutela judicial
efectiva.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2017.-Salvador Antonio de la Encina Ortega y Juan Carlos Campo Moreno, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Interior
161/001972
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a la Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
cumplimiento de las Sugerencias de la Defensora del Pueblo respecto al CIE de Tarifa, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Las instalaciones del CIE (anexo) de Tarifa (isla de las Palomas) están situadas en las antiguas dependencias de un cuartel militar y adolece de todas las deficiencias de un centro provisional, que, además, son difícilmente superables.
Debido a estas circunstancias, la Defensora del Pueblo, en resolución de 4 de abril de 2017, ha reiterado las Sugerencias formuladas en su día al Ministerio del Interior (Dirección General de Policía), respecto a las deficiencias existentes
en el CIE de Tarifa.
Dichas Sugerencias son las siguientes:
1. Necesidad de adoptar las medidas para que la existencia de aseo en el interior de las habitaciones colectivas no afecte a la intimidad que implica su uso en esa ubicación y se eviten los malos olores que se deben soportar, y la de
sustituir por inodoro la placa turca existente en los aseos, ya que esta no resulta adecuada para aquellas personas que, por su edad o sus condiciones físicas, necesiten sentarse en un inodoro.
2. Necesidad de reparar los daños y deterioro que sufren las dependencias del centro por la humedad, así como de renovar el mobiliario que se encuentra en mal estado.
3. Necesidad de contar con intérprete durante los reconocimientos y consultas médicas, de acuerdo con el criterio recogido en el parágrafo 105 del informe anual 2014 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
4. Necesidad de habilitar los espacios necesarios para ampliar las dependencias del servicio médico que permitan, simultáneamente, el control y observación de un interno enfermo, con la práctica de los reconocimientos iniciales y las
consultas diarias, preservando la intimidad de los internos.
5. Necesidad de que la consulta médica se realice a puerta cerrada y sin estar presente un miembro del Cuerpo Nacional de Policía en la misma, salvo casos solicitados por el médico o debidamente
justificados, quedando así garantizado el derecho a la intimidad del interno, según lo establecido en el parágrafo 104 del informe anual 2014.
6. Necesidad de que en el impreso normalizado de información de derechos al detenido se incluya en el apartado referido a los derechos del detenido, en aplicación del artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, información del
procedimiento hábeas corpus o procedimiento por medio del cual se pueda impugnar la legalidad de una detención, de acuerdo con el criterio manifestado en el parágrafo 112 del informe anual 2014.
7. Necesidad de que se suscriba un acuerdo con el Colegio de Abogados de Cádiz, Sección Algeciras, para que en el centro exista un Servicio de Orientación Jurídica, de acuerdo con el criterio expuesto en el parágrafo 113 del informe anual
2014.
8. Necesidad de instalar un sistema de apertura mecánica de las puertas de las habitaciones desde el exterior, de acuerdo con el criterio expuesto en el parágrafo 123 del informe anual de 2014.
9. Necesidad de habilitar un espacio en el que los internos puedan recibir visitas y se garantice su derecho a la intimidad en las comunicaciones.
10. Necesidad de instalar un sistema de vídeo-vigilancia y grabación que cubra todos los espacios comunes del centro y de sustituir las cámaras que captan imágenes de mala calidad, de acuerdo con el criterio recogido en el parágrafo 117 del
informe anual 2014.
11. Necesidad de que los registros de habitaciones, ropas y enseres siempre se realicen en presencia de los internos interesados.
12. Necesidad de dotar al centro de armeros para que, en aras de la seguridad de los internos y de los propios agentes, estos puedan depositar su arma reglamentaria y no la porten cuando estén con los internos.
13. Necesidad de instalar un sistema de calefacción para paliar la humedad y el frío del invierno por su proximidad al mar.
14. Necesidad de suprimir las rejas en las habitaciones de los módulos A y B y en las ventanas de los pasillos del módulo C.
15. Necesidad de que existan como máximo, tres internos por habitación.
16. Necesidad de presencia médica y de DUE todas las tardes y noches, con el fin de garantizar atención médica y de enfermería de forma continuada, conforme al criterio manifestado en el parágrafo 101 del informe anual 2014.
17. Necesidad de asistencia psiquiátrica y psicológica, según el criterio establecido en el parágrafo 99 del informe anual 2014.
18. Necesidad de sustituir y suministrar el material deportivo y de ocio, a tenor de lo expuesto en el parágrafo 128 del informe anual 2014.
19. Necesidad de que se permita el uso de teléfonos móviles, según el criterio manifestado en el parágrafo 128 del informe anual 2014.
20. Necesidad de que exista un registro informático donde consten de manera correlativa, un resumen de las quejas o peticiones formuladas para conocer el total de las efectuadas en un concreto periodo de tiempo.
21. Necesidad de contar con un registro de las separaciones temporales o del uso de otros medios de contención, como la fuerza física o el uso de grilletes en donde conste la hora de inicio y finalización y los motivos.
Sin perjuicio de lo anterior, ha de señalarse que las graves deficiencias del CIE Tarifa también han sido denunciadas por la Fiscalía General del Estado y por las organizaciones humanitarias, así como en los Autos de 12/12/2016 y de
08/05/2017 del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Algeciras, en funciones de control jurisdiccional del CIE de Algeciras y Tarifa.
Paralelamente, el Grupo Parlamentario Socialista presentó, con fecha 3 de febrero de 2017 (n.º de registro 001891), una Proposición no de Ley en los siguientes términos: 'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que en el CIE de
Tarifa se lleven a cabo todas y cada una de las mejoras que señala la Magistrada-Juez titular del Juzgado de Instrucción n.° 1 de Algeciras, en funciones de control jurisdiccional del CIE de Algeciras y Tarifa, en su Auto del 02/12/2016.
A pesar de todo ello, tal y como señala el Auto de 04/04/2017, 'de los requerimientos incluidos en la reseñada resolución de 12 de diciembre de 2016, únicamente se ha cumplimentado el de suministro de muda interior para los internos, a los
cuales se les facilita una suerte de ''petate'' que incluye un chándal, un par de camisetas, dos pares de calcetines, varias mudas de ropa interior y un par de zapatos, existiendo
dos modelos diferenciados según estación más fría o más cálida y existiendo diferente tallaje para los reseñados petates; además del requerimiento sobre gestión de biblioteca encomendada a Cruz Roja. No se ha cumplimentado ninguno de los
requerimientos estructurales a los que se aludía en el Auto de 12 de diciembre de 2016'.
Como consecuencia de los mencionados incumplimientos, en el Auto de 08/05/2016 se reiteran los requerimientos efectuados en el Auto de 12/12/2016, realizando nuevos requerimientos derivados de la Sugerencia antes mencionada del Defensor del
Pueblo de 4 de abril de 2017.
El artículo 10.1 y 2 de la Constitución española consagra la dignidad de las personas como fundamento del orden político y de la paz social, estableciendo que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la
Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y Acuerdos Internacionales sobre la misma materia ratificados por España.
La interpretación sistemática de la normativa mencionada ha de ser puesta en relación con el Reglamento (Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo) por el que se aprueba el funcionamiento y régimen interior de los Centros de Internamiento de
Extranjeros; y en concreto, los artículos 9.3.h) y 16 relativos, respectivamente, a las funciones de la Dirección y a los Derechos de los Internos.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que:
Tal y como señala la Defensora del Pueblo en su informe sobre el CIE Tarifa, consecuencia de su visita al mismo el 14 de febrero de 2017, se proceda a:
1. Adoptar las medidas para que la existencia de aseo en el interior de las habitaciones colectivas no afecte a la intimidad de las personas; para que se eviten los malos olores que se deben soportar; y para sustituir por inodoro la placa
turca existente en los aseos.
2. Reparar los daños y el deterioro que sufren las dependencias del centro por la humedad, así como de renovar el mobiliario que se encuentra en mal estado.
3. Se cuente con intérprete durante los reconocimientos y consultas médicas, de acuerdo con el criterio recogido en el parágrafo 105 del informe anual del Defensor del Pueblo 2014 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
4. Se habiliten los espacios necesarios para ampliar las dependencias del servicio médico que permitan, simultáneamente, el control y observación de un interno enfermo, con la práctica de los reconocimientos iniciales y las consultas
diarias, preservando la intimidad de los internos.
5. Se realicen a puerta cerrada las consultas médicas, y sin estar presente un miembro del Cuerpo Nacional de Policía, salvo casos solicitados por el médico o debidamente justificados, quedando así garantizado el derecho a la intimidad del
interno, según lo establecido en el parágrafo 104 del informe anual del Defensor del Pueblo 2104.
6. Se incluya en el apartado referido a los derechos del detenido del impreso normalizado de información de derechos al detenido, información del procedimiento hábeas corpus o procedimiento por medio del cual se puede impugnar la legalidad
de una detención, de acuerdo con el criterio manifestado en el parágrafo 112 del informe anual 2014.
7. Se suscriba un acuerdo con el Colegio de Abogados de Cádiz, Sección Algeciras, para que en el centro exista un Servicio de Orientación Jurídica, de acuerdo con el criterio expuesto en el parágrafo 113 del informe anual 2014.
8. Se instale un sistema de apertura mecánica de las puertas de las habitaciones desde el exterior, de acuerdo con el criterio expuesto en el parágrafo 123 del informe anual de 2014.
9. Se habilite un espacio en el que los internos puedan recibir visitas y se garantice su derecho a la intimidad en las comunicaciones.
10. Se instale un sistema de vídeo-vigilancia y grabación que cubra todos los espacios comunes del centro y se sustituyan las cámaras que captan imágenes de mala calidad, de acuerdo con el criterio recogido en el parágrafo 117 del informe
anual 2014.
11. Los registros de habitaciones, ropas y enseres se realicen, siempre, en presencia de los internos interesados.
12. Se dote al centro de armeros para que, en aras de la seguridad de los internos y de los propios agentes, estos puedan depositar su arma reglamentaria y no la porten cuando estén con los internos.
13. Se instale un sistema de calefacción para paliar la humedad y el frío del invierno por su proximidad al mar.
14. Se supriman las rejas en las habitaciones de los módulos A y B y en las ventanas de los pasillos del módulo C.
15. En cada habitación existan tres internos por habitación, como máximo.
16. Exista presencia médica y de DUE todas las tardes y noches, con el fin de garantizar atención médica y de enfermería de forma continuada, conforme al criterio manifestado en el parágrafo 101 del informe anual 2014.
17. Se preste asistencia psiquiátrica y psicológica, según el criterio establecido en el parágrafo 99 del informe anual 2014.
18. Se sustituya y suministre el material deportivo y de ocio, a tenor de lo expuesto en el parágrafo 128 del informe anual 2014.
19. Se permita el uso de teléfonos móviles, según el criterio manifestado en el parágrafo 128 del informe anual 2014.
20. Exista un registro informático donde consten de manera correlativa, un resumen de las quejas o peticiones formuladas por los internos.
21. Se cuente con un registro de las separaciones temporales o del uso de otros medios de contención, como la fuerza física o el uso de grilletes en donde conste la hora de inicio y finalización y los motivos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2017.-María Dolores Galovart Carrera, Guillermo Antonio Meijón Couselo, Antonio Ramón María Trevín Lombán, Salvador Antonio de la Encina Ortega y Miriam Alconchel Gonzaga,
Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Defensa
161/001948
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Defensa, relativa a la necesidad de mayor rigor y realismo en la financiación de las operaciones en el exterior.
Exposición de motivos
Desde la década de los noventa, y de forma creciente, España participa en distintas misiones y operaciones en el exterior, tanto de carácter bilateral como multilateral. Se tiene constancia que en el mes de mayo de 2017 España está presente
en 23 operaciones en el exterior, de acuerdo con la página web del Ministerio de Defensa, con 2920 militares y guardias civiles desplegados fuera de las fronteras españolas, y que durante el mes de junio se prevé que la cifra supere los 3000. Nunca
antes se habían desplegado tantos militares españoles en operaciones en el exterior, como se viene reconociendo por parte del Ministerio de Defensa en los últimos meses.
A la par que se ponían en marcha las primeras operaciones en el exterior, desde hace más de dos décadas se viene señalando por parte del Tribunal de Cuentas que la presupuestación de las partidas correspondientes a las operaciones y misiones
en el exterior -con códigos presupuestarios, 14.03.122M.128, 14.03.122M.228 y 14.03.122M.628- adolecen de una 'falta de rigor y realismo'. Tal y como se afirma en el último informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas disponible sobre esta
materia, el Informe de Fiscalización de la participación de las Fuerzas Armadas Españolas en Misiones Internacionales, ejercicios 2009 y 2010, n.º 943, aprobado en el pleno del Tribunal de Cuentas en su
sesión del 28 de junio de 2012 y debatido en el Congreso en marzo de 2017. En ese sentido, el Tribunal de Cuentas, en el informe referido, plantea las siguientes recomendaciones:
'1.ª Es indispensable modificar el procedimiento actual de presupuestación de los gastos necesarios para financiar las operaciones de mantenimiento de la paz, pudiendo diferenciarse las operaciones en curso de las operaciones imprevistas,
procediendo, en el primer caso, a la inclusión de estos costes en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio y continuando con el procedimiento actual de ampliación con cargo al Fondo de Contingencia, en el supuesto de nuevas
operaciones aprobadas con posterioridad a la tramitación de los presupuestos. De este modo se cumpliría con las reiteradas recomendaciones de este Tribunal de presupuestar de forma realista, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos, y se
permitiría una adecuada gestión de los recursos financieros, logrando las deseables economías de escala en los procesos de adquisición de los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de las misiones que las Fuerzas Armadas tienen
encomendadas.
2.ª Se recomienda, asimismo, que los criterios determinantes de la imputación de los gastos a los conceptos previstos para las operaciones de mantenimiento de la paz se definan con mayor rigor y concreción, a fin de concretar los gastos que
pueden imputarse a dichos conceptos.'
Así, se observa como en el programa 228 la diferencia entre el crédito inicial y el crédito definitivo era como mínimo 50 veces mayor entre lo presupuestado y lo ejecutado. En ambos años se presupuestaba la misma cantidad, 14,36 millones de
euros, pero en 2009 se ejecutaron 699,194 millones de euros, y en 2010, 752,248 millones. Unas cifras que ponen en evidencia, como reconocía el propio presidente del Tribunal de Cuentas, Álvarez de Miranda García, en su comparecencia de marzo en el
Congreso, que 'en el Ministerio de Defensa [...] se encuentran las mayores diferencias entre las partidas presupuestarias iniciales y definitivas' (Diario de Sesiones de las Cortes Generales, comparecencia del señor presidente del Tribunal de
Cuentas, sesión n.º 6, celebrada el martes 28 de marzo de 2017, XII Legislatura, n.º 27, página 14).
Esta praxis presupuestaria, lejos de haberse subsanado en los últimos años, sigue llevándose a cabo, tal y como reconoció el propio Secretario de Estado de Defensa en su comparecencia sobre el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado que tuvo lugar el del 26 de abril de 2017 ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. Ese día, este afirmó que 'en total se destinan del presupuesto 14,3 millones para los gastos ocasionados por la participación de nuestro
ejército en misiones de paz, sin variación respecto a lo presupuestado en 2016'. Igualmente adelantó que se cargaría al Fondo de Contingencia 1062,53 millones de euros en el ejercicio 2017 (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, XII
Legislatura, n.º 216, año 2017, página 7).
Estas diferencias significativas entre el crédito inicial presupuestado para las operaciones en el exterior en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado que se presenta a las Cortes Generales, y lo que efectivamente se liquida
a final de año -cercanas cada año a los 1000 millones de euros-, distorsionan el propio presupuesto de Defensa que se presenta a la ciudadanía desde hace décadas.
Como alertan organismos como Transparencia Internacional, estas disparidades presupuestarias terminan por dificultar la capacidad de fiscalización y control parlamentario que compete a la propia Comisión de Defensa, y al Parlamento en su
conjunto, respecto a los presupuestos de Defensa. Y como señala el propio informe del Tribunal de Cuentas, este defecto en la presupuestación inicial también incluye problemas en la propia gestión del programa, ya que origina una carga de trabajo
extraordinaria para las unidades encargadas de su tramitación.
A la luz de lo que viene apuntando desde hace décadas este mismo tribunal, para lograr un presupuesto más riguroso y realista es preciso modificar el procedimiento actual de presupuestación, diferenciando las operaciones en curso de las
operaciones imprevistas. Asimismo, en aras de la transparencia y la rendición de cuentas, convendría detallar con más precisión los distintos gastos correspondientes a operaciones en el exterior. No se puede seguir aumentando la presencia en el
exterior de nuestras Fuerzas Armadas, al mismo tiempo que los presupuestos que se presentan a la ciudadanía presentan unas cifras alejadas de la realidad.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Siguiendo las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, desde el próximo proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado que se presente a las Cortes Generales, incluir con mayor rigor,
transparencia y realismo, el gasto correspondiente a operaciones en el exterior (14.03.122M.128, 14.03.122M.228 y 14.03.122M.628), concretando con más precisión y detalle las cantidades que se imputan a esos conceptos.
- Tener en cuenta las liquidaciones presupuestarias de años anteriores en las partidas correspondientes a los gastos de operaciones, así como las correspondientes a las inversiones que se piensen realizar, de forma que se incluya en el
presupuesto inicial el total del gasto estimado de las operaciones en curso y programadas.
- Recurrir a ampliaciones de crédito con cargo al Fondo de Contingencia en el caso de operaciones imprevistas, aprobadas con posterioridad a la tramitación de los presupuestos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2017.-Juan Antonio Delgado Ramos, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/001950
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado don Ignasi Candela Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley de modificación del Real
Decreto-ley 17/2014, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
El Real Decreto-ley 17/2014 por el que se crea el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas fue concebido en un momento de debilidad fiscal de las CCAA. En este contexto, gran parte de las CCAA disponían de una baja capacidad fiscal en
relación con el grado de competencias que asumían. Así pues, se intentaba cubrir por parte del Estado y vía préstamos los déficits y/o necesidades de financiación que las CCAA tuviesen. Estas ayudas se enmarcaba en cuatro compartimentos:
a) Facilidad financiera.
b) Fondo de liquidez autonómica.
c) Fondo social.
d) Fondo de liquidación para la Financiación de los Pagos a los Proveedores de Comunidades Autónomas.
El más importante de ellos por su impacto en el ejercicio fiscal de las CCAA es el apartado b). El Fondo de liquidez autonómica (FLA) ha sido y sigue siendo una vía de financiación imprescindible para las CCAA. No obstante, y derivado de
la articulación del Real Decreto-ley 17/2014, el acceso a este mecanismo sigue mostrando carencias más que evidentes.
Por una parte, las condiciones financieras aplicables a estas operaciones de crédito se fijan sin tener en cuenta a las CCAA. Esto es, se fijan sin tener en cuenta a la contraparte.
Otra carencia más que evidente es la falta de una calendarización de pagos, toda vez que las CCAA acceden a las condiciones necesarias para cumplir los requisitos del Fondo de liquidez autonómica. Este hecho, provoca inseguridad
presupuestaria a las CCAA y, en cambio, dota al gobierno central de una ventaja negociadora que no se justifica de ninguna de las maneras.
En tercer lugar, no existen garantías de seguimiento y supervisión de los acuerdos de operaciones de crédito. Es decir, actualmente no se dispone de ningún observador independiente que certifique si se están cumpliendo las condiciones
pactadas.
Por estos motivos, existen un grado de incertidumbre muy elevado en estas operaciones de crédito que dificultan el correcto funcionamiento de los ejercicios presupuestarios de las CCAA.
Por todo lo expuesto, don Ignasi Candela, Diputado de Compromís, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el Real Decreto-ley 17/2014, en los siguientes términos:
1. Artículo 11 apartado 3 se modifica de la siguiente forma:
'Las condiciones financieras aplicables a estas operaciones de crédito se establecerán por Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pública y del
Ministerio de Economía y Competitividad previo acuerdo por consensos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.'
2. Artículo 23 apartado 3 se modifica de la siguiente forma:
'Las disposiciones del compartimiento del Fondo de Liquidez Autonómica del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas [...] se ajustará a un calendario anualizado. El desembolso de la cuantía anual estará condicionado al cumplimiento de
las condiciones fiscales y financieras, previo informa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en coordinación con las CCAA y el Consejo de Política Fiscal y Financiera.'
3. Artículo 26 apartado 1 se modifica de la siguiente forma:
'El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas realizará el seguimiento de los planes de ajuste conjuntamente con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.'
4. Artículo 26, apartado 3 se modifica de la siguiente forma:
'En el caso de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas previo informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal detecte riesgos de incumplimiento o incumplimiento de las medidas del plan de ajuste, propondrá
su modificación con la adopción de nuevas medidas para el año subsiguiente, no pudiendo modificar las operaciones de crédito ni la entrega de la anualidad en el año en curso.''
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2017.-Ignasi Candela Serna, Diputado.- Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001965
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la modificación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
El pasado 17 de febrero, el Pleno del Tribunal Constitucional estimó parcialmente una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Donostia en relación con varios artículos de la Norma
Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Gipuzkoa. En la sentencia 29/2017, de 16 de febrero de 2017, 'BOE' núm. 72, de 25 de marzo de 2017, el
Tribunal consideró que el citado impuesto es contrario al principio de capacidad económica, previsto en el artículo 31.1 de la Constitución. La norma cuestionada establecía un impuesto sobre la plusvalía de los terrenos de naturaleza urbana,
impuesto que se devenga en el momento en que se produce la venta del bien y que se calcula de forma objetiva a partir de su valor catastral y de los años (entre un mínimo de uno y un máximo de veinte)
durante los que el propietario ha sido titular del mismo. En este sentido, el Tribunal concluye que los preceptos de la Norma Foral establecen una ficción de incremento de valor que, además, impide al particular toda prueba en contrario,
pues el aumento del valor del suelo se determina mediante la aplicación automática de los coeficientes previstos en la norma al valor catastral del suelo en el momento de la transmisión. Por lo tanto, la mera titularidad de un terreno durante un
determinado período temporal produce, en todo caso y de forma automática, un incremento de su valor.
Así, la fórmula prevista en la norma para calcular el impuesto provocaba que éste debiera pagarse igualmente en aquellos supuestos en los que el valor de los terrenos no se ha incrementado, o incluso ha disminuido, una circunstancia esta
última bastante habitual como consecuencia de la crisis económica.
Más recientemente, el propio Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. En esta nueva sentencia que viene a ser la continuación de la citada más arriba, el Tribunal reitera que el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, 'sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo'.
En esta última sentencia, el Tribunal explica que el objeto del impuesto regulado por la norma estatal ahora cuestionada es el incremento del valor que pudieran haber experimentado los terrenos durante un intervalo de tiempo; sin embargo,
el gravamen no se vincula necesariamente a la existencia de ese incremento, sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo computable. Es decir, el simple hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante
un determinado periodo temporal implica necesariamente el pago del impuesto, incluso cuando no se ha producido un incremento de valor del bien o, más allá, cuando se ha producido un decremento del mismo. Esta circunstancia impediría al ciudadano
cumplir con su obligación de contribuir 'de acuerdo con su capacidad económica', tal y como establece el artículo 31 de la Constitución.
En definitiva, el Tribunal declara parcialmente inconstitucionales y nulos los preceptos cuestionados, no la figura del impuesto per se. En concreto, se sentencia inconstitucional 'únicamente cuando sometan a tributación situaciones
inexpresivas de capacidad económica, impidiendo a los contribuyentes acreditar que no se produjo efectivamente un incremento de valor'. Corresponde por tanto al legislador llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones del régimen legal del
impuesto que permitan no someter a tributación situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.
Por último, no hay que olvidar que la tributación de este impuesto es una de las principales fuentes de ingresos de los ayuntamientos. Y la aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional podría comportar que los ayuntamientos se vean
obligados a proceder a la devolución de las cantidades liquidadas en concepto del citado impuesto en relación a los terrenos que no habían experimentado un incremento de valor, como consecuencia de una regulación estatal incorrecta los efectos de la
cual no deberían asumir, en ningún caso, las entidades locales afectadas. En este sentido, el Gobierno debe asegurar que los ayuntamientos dispongan de la capacidad económica y la autonomía financiera necesaria para continuar ofreciendo todos los
servicios que prestan en la actualidad.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar, con carácter de urgencia y en acuerdo con las entidades locales, un Proyecto de Ley de modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el cual los supuestos de inexistencia de incremento de valor del suelo dejen de estar sujetos al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y sitúe el marco jurídico de este impuesto en los términos establecidos
en la sentencia del Tribunal Constitucional emitida sobre el mismo.
2. Realizar las actuaciones necesarias, en el marco de las disponibilidades presupuestarias, para garantizar a los ayuntamientos la compensación por la pérdida de ingresos como consecuencia de la devolución de las cantidades liquidadas en
concepto del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en el caso que, en cumplimiento de Sentencia del Tribunal Constitucional, debiera de procederse a tales devoluciones.
3. Establecer un procedimiento regulado y ágil para la devolución de las cantidades indebidamente cobradas, en los casos que proceda.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2017.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Fomento
161/001947
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre un corredor de trenes de cercanías entre Palencia-Venta de Baños-Valladolid y Medina del Campo, para su debate en Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El establecimiento de un nuevo servicio ferroviario de cercanías Palencia-Valladolid-Medina del Campo podría contribuir notablemente a que el transporte público alcance la cuota modal del 25% de desplazamientos entre esas tres poblaciones,
con una demanda anual que podría alcanzar los más de 2,1 millones de usuarios en todas las combinaciones (López, 2015)1. Cabe señalar que a lo largo de este corredor se halla una de las mayores concentraciones empresariales de Castilla y León, lo
que requiere dotar de servicios públicos a las personas que diariamente tienen que desplazarse a sus puestos de trabajo y entre dos de los campus de la Universidad de Valladolid, Valladolid y Palencia.
El corredor, sin duda, contribuiría además, a reducir la congestión de los principales trayectos interurbanos, y haría posible una evidente mejora medioambiental por la reducción de hasta 377 toneladas anuales de CO2.
Estos datos se extraen de un estudio elaborado por CCOO, en el que se hace un detallado análisis del número y las características de las estaciones a implantar, las posibles frecuencias a desarrollar y el sistema tarifario integrado a
aplicar. A ello deberíamos añadir los indiscutibles valores del transporte ferroviario en cuanto a lo social y ecológico, en cuanto a eficiencia energética y descongestión de las carreteras, así como por su mayor potencial en la vertebración del
territorio y en la mayor generación de empleo auxiliar.
En dicho estudio, además, se ponen de manifiesto las relaciones entre la estimación de costes operativos del servicio en relación con la tasa de cobertura que tendría en función de la política tarifaria a aplicar, cuyo análisis ofrece unos
ratios interesantes, incluso muy competitivos en comparación con otros núcleos de cercanías existentes en la actualidad. De hecho este corredor se podría poner en funcionamiento con el actual estado de infraestructuras y progresivamente hacer
frente a las inversiones necesarias, para nuevos apeaderos y acondicionamientos.
La reciente llegada del tren de Alta Velocidad a la ciudad de Palencia, si se sabe aprovechar la oportunidad, puede resultar una gran ayuda como motor de desarrollo para Palencia ciudad y su provincia. Paradójicamente, al mismo tiempo que
esto ocurre, numerosos pueblos de esta misma línea, tiempo que esto ocurre, numerosos pueblos de esta misma línea, precisamente, han visto como en los últimos tiempos han perdido su comunicación por ferrocarril o incluso han constatado como se
desmantelaba su estación, como es el caso de Venta de Baños, por ejemplo. Desde el Ministerio de Fomento en estos últimos años se han suprimido servicios deficitarios por baja ocupación, en vez de impulsar servicios rentables con modelos de bajo
coste y políticas de estímulo a la demanda.
De seguir así se corre el grave riesgo de disminuir el efecto vertebrador del ferrocarril en estas dos provincias y convertir al ferrocarril en un transporte selectivo, al servicio exclusivo de las necesidades de sectores reducidos, sin
considerar su función social y privando de este modo de comunicación al medio rural, pasando de ser un territorio integrado en la malla ferroviaria, a ser un territorio funcionalmente excluido, al carecer de frecuencias suficientes para atender la
relación demandada con las ciudades de
1 Fuente: López Inclán, C. (2015). Análisis de la implementación de un sistema de cercanías en el corredor Palencia-Valladolid-Medina del Campo. CCOO.
Palencia y Valladolid, tanto en horarios compatibles con una jornada laboral y aptos para acceder a los servicios básicos que ofertan estas ciudades, de carácter sanitario, social, cultural, administrativo y comercial.
Esta iniciativa responde además a numerosas y justas reivindicaciones de los municipios afectados quienes reclaman acabar con un creciente aislamiento que sufre el mundo rural, que limita el derecho de movilidad de los ciudadanos y la
conexión de los municipios para el mantenimiento de su actividad económica, cultural y social, ya que la supresión de líneas y servicios ferroviarios tiene repercusiones negativas e irreversibles.
Finalmente se debe considerar que todos los grupos políticos de las Cortes de Castilla y León (PP, PSOE, Mixto, Podemos y Ciudadanos) acordaron el pasado 21 de octubre de 2015 a través de una Proposición no de Ley, pedir al Gobierno de
España que pusiese en marcha un corredor ferroviario de cercanías Palencia-Valladolid-Medina del Campo que podría ser utilizado por más de dos millones de personas. Asimismo y previamente fueron aprobadas mociones en la mayoría de los ayuntamientos
del recorrido, entre ellos Valladolid, Medina del Campo, Dueñas, Venta de Baños o Palencia, entre otros, por lo que cuenta con el apoyo de los alcaldes de los distintos municipios. Como consecuencia, esta propuesta llega avalada por una importante
representación social, política y de distintas administraciones.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas necesarias para implantar, previos los análisis técnicos de demanda de RENFE Operadora y ADIF, si de ellos se deduce su viabilidad, un corredor ferroviario de
cercanías Palencia-Valladolid-Medina del Campo, que contribuya decididamente al acercamiento y movilidad de las personas entre estas poblaciones, y que abra nuevas oportunidades de comunicación contribuyendo como transporte público a la
descongestión de los principales trayectos interurbanos existentes, y consiguiendo adicionalmente una notable mejora medioambiental por la importante reducción de emisiones de CO2.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2017.-María Luz Martínez Seijo y María Soraya Rodríguez Ramos, Diputadas.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001956
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su Portavoz Antón Gómez-Reino Varela, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del
Reglamento, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Fomento relativa al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Ferrol para la ejecución de actuaciones de infraestructuras
viarias en el término municipal de Ferrol (A Coruña).
Exposición de motivos
El pasado mes de abril de 2017, el Ayuntamiento de Ferrol trasladó al Ministerio de Fomento, el borrador del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Ferrol, para realizar los proyectos de transformación
de la avenida de As Pías (FE-14), de la carretera A Trincheira (FE-11) y de la avenida de Nicasio Pérez (FE-13), así como la transferencia de titularidad al Ayuntamiento de Ferrol de estas carreteras estatales FE-14, FE-11 y FE-13 en esos ámbitos
que pasarán a convertirse en vías urbanas.
El envío del borrador del Convenio fue el compromiso que adquirió el Ayuntamiento de Ferrol, tras la reunión de trabajo celebrada el 17 de marzo de 2017, entre una representación del Ayuntamiento de Ferrol, encabezada por su alcalde, con el
Secretario General de Infraestructuras y su equipo en el Ministerio de Fomento, en base al Protocolo firmado entre ambas instituciones en marzo del año 2010 para ampliar su ámbito de colaboración para la ejecución de actuaciones de infraestructuras
viarias en el término municipal de Ferrol.
De hecho, y fruto de este acuerdo del año 2010, el Ministerio de Fomento ha redactado los proyectos 'Remodelación de enlaces en la FE-14. Conexión con la FE-11 y la Calle Nueva de Caranza' (Ferrol-A Coruña) y 'Remodelación de enlaces en la
FE-14. Conexión Caranza y el Bertón' (Ferrol-A Coruña), proyectos que se llevarán a cabo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Asimismo, el Ministerio de Fomento se comprometió a redactar y ejecutar las actuaciones singulares en las carreteras estatales FE-11 y FE-13.
Sin embargo, y a pesar de las conversaciones mantenidas, estas actuaciones siguen paralizadas por parte del Ministerio de Fomento sin que el Ayuntamiento de Ferrol conozca las previsiones del Gobierno a este respecto.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a agilizar los trámites para la firma del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Ferrol para realizar los proyectos de transformación de la avenida de As
Pías (FE-14), de la carretera A Trincheira (FE-11) y de la avenida de Nicasio Pérez (FE-13), así como la transferencia de titularidad al Ayuntamiento de Ferrol de estas carreteras estatales FE-14, FE-11 y FE-13 en esos ámbitos que pasarán a
convertirse en vías urbanas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001963
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su Portavoz Antón Gómez-Reino Varela, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del
Reglamento, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Fomento relativa a la aprobación del nuevo plan de prestación del Servicio Postal Universal por parte de Correos.
Exposición de motivos
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, consigna una partida de 120 millones de euros para el Servicio Postal Universal, lo que supone un recorte de 60 millones con respecto al ejercicio anterior en el que la partida
alcanzaba los 180 millones de euros. A esto hay que añadir un recorte de 500.000 euros más tras la aprobación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a través de Foro Asturias, para la 'redacción del proyecto acordado por la
Sociedad 'Gijón Al Norte'. Plan de integración del Ferrocarril en Gijón, manteniendo la centralidad urbana de la nueva estación', con cargo al programa 491N Servicio Postal Universal del Ministerio de Fomento.
La partida resultante tras los recortes indicados aboca a Correos, la mayor empresa pública de España, a finalizar el año, previsiblemente, con pérdidas, ya que esta cifra está muy alejada de los 290 millones de euros que Correos calcula que
necesita para prestar el Servicio Postal Universal. Empezar el año con un déficit de más de 170 millones de euros que se deben recuperar indica que, previsiblemente, habrá recortes en el servicio, falta de contratación de personal, congelación
salarial, aumento de la precariedad y de la pésima prestación del servicio postal.
Todo indica, y así lo respalda la propia CNMC, que las pretensiones del Gobierno pasan por poner fin a la prestación de la obligación de entrega diaria de correspondencia en cada domicilio.
De hecho la CNMC presentó en 2016, un nuevo modelo de cálculo del coste de prestación del servicio. En este modelo Correos debe detectar las zonas donde el servicio no genera beneficios económicos, y en esas zonas la CNMC entiende que con
repartir tres días a la semana sería suficiente. En este mismo plan se habla del cierre masivo de oficinas auxiliares. Con estas medidas el Gobierno vuelve a recortar los
derechos de la ciudadanía, privando a la gente de un servicio público. Así, se verán afectados más de 8.000 núcleos de población pequeños de áreas rurales, donde hacer llegar el servicio es deficitario.
A este recorte hay que añadir que en los últimos diez años se hayan perdido 15.000 empleos en Correos debido a que no se han cumplido las reposiciones de personal. Además, los trabajadores de Correos llevan casi cuatro años con una
negociación bloqueada para la aprobación del IV Convenio Colectivo, toda vez que el III Convenio Colectivo se encuentra en situación de ultractividad, como tuvo que reconocer la Audiencia Nacional después de que el citado convenio hubiese expirado
en el año 2013, y seis años de congelación y recorte salarial.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Reanudar las negociaciones con los representantes de las trabajadoras y los trabajadores de Correos para alcanzar un acuerdo y aprobar el IV Convenio Colectivo y Acuerdo General.
Aprobar un nuevo plan de prestación del Servicio Postal Universal contando con el personal en la negociación del mismo, dotándolo de los recursos necesarios para que el servicio postal tenga, realmente, carácter universal, diario y garantice
los derechos de la ciudadanía a disfrutar del mismo, con especial atención a las zonas rurales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Educación y Deporte
161/001970
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adecuación de las
titulaciones a la Economía Digital, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
El programa 'Europa 2020' nació con el objetivo de dotar a la Unión Europea con una economía inteligente, sostenible e integradora para generar altos niveles de empleo, productividad y cohesión social.
El Libro Blanco para el Diseño de Titulaciones en el marco del sector de la Economía Digital es un documento impulsado por la Agenda Digital de España que recoge las tendencias del sector y los requisitos formativos para alcanzar las
competencias necesarias, fruto del diálogo llevado a cabo entre la industria, las universidades y la Administración.
Se calcula que la demanda de profesionales cualificados en el ámbito digital está creciendo a un ritmo anual del 4 %. Sin embargo, se advierte un déficit de profesionales de perfil digital en la UE, que podría alcanzar los 825.000 puestos
de trabajo en 2020.
Por ello, resulta conveniente que la oferta y demanda formativa de las universidades españolas tengan un perfil más adecuado a las necesidades del sector, y que exista una mayor oferta de titulaciones oficiales vinculadas a la economía
digital.
En la actualidad, hay más títulos de nivel máster que de grado vinculados a la economía digital porque ésta se entiende como un área de especialización y una mayor oferta de programas formativos orientados al desarrollo de competencias
técnicas frente a los destinados a fomentar las competencias creativas. Además, muchos perfiles profesionales se cubren con personal de formación autodidacta. En definitiva, existe una brecha entre la demanda y la oferta, que lejos de disminuir,
se incrementa.
El Libro Blanco ha definido 41 perfiles profesionales vinculados a la demanda de especialistas en el ámbito de la economía digital por parte de las empresas. Estos perfiles tienen características especiales que hacen que la mera adaptación
con pequeños itinerarios dentro de los programas formativos existentes en la actualidad, no sea suficiente.
El pasado 14 de diciembre de 2016, el Congreso de los Diputados aprobó la Proposición no de Ley relativa a la Estrategia Española para la Educación Superior, que incluía entre otros objetivos: ubicar a los alumnos en el centro de la
Estrategia para conseguir una formación de calidad para su desarrollo personal y para que alcancen resultados de aprendizaje que les faciliten el acceso y su mantenimiento en el mercado laboral en las mejores condiciones, así como Intensificar la
relación entre las universidades, los organismos públicos de investigación y las empresas, para facilitar el empleo a los egresados y para incrementar la competitividad del sector empresarial a través de actividades innovadoras.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Promover la adecuación de las titulaciones a la Economía Digital; la oferta de una formación, teórica y práctica, a las disciplinas que las empresas demandan y que demandarán en el futuro, en permanente diálogo con la industria y las
instituciones educativas y científicas para la formación de los profesionales del futuro, tomando como guía el Libro Blanco para el Diseño de Titulaciones en el marco del sector de la Economía Digital.
- Promover el desarrollo de programas formativos actualizados en las universidades, con un marcado perfil digital que atienda la nueva demanda tecnológica.
- Impulsar la implicación de la universidad española en la Agenda Digital y de todos artífices de la generación de conocimiento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/001941
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de Carles Campuzano i Canadés Diputado del Partit Demòcrata Català), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante la
Comisión de Empleo y Seguridad Social, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a aprobar un Proyecto de Ley de impulso a la creación de empleo de calidad en el sector de los servicios de atención a las personas.
Antecedentes
Crear empleo, reducir el paro y combatir la economía sumergida son algunas de las prioridades que debe tener la política económica de un estado desarrollado que persiga la mejora del bienestar de sus ciudadanos mediante el impulso al
crecimiento, la reducción de las desigualdades y el mantenimiento del Estado del Bienestar.
En el caso del Estado español, es un reto de enorme magnitud, tanto por las elevadas cifras de paro -4.237.000 personas en el 4.º trimestre de 2016, el 18,63% de la población activa-; como por la magnitud atribuida a la economía sumergida,
que en los últimos años se estima que representa alrededor del 20% del PIB; como por el preocupante aumento de las desigualdades que hemos venido teniendo durante los años de crisis.
A su vez, han sido reiteradas las recomendaciones de expertos y de instituciones como el Parlamento y la Comisión Europea que subrayan la necesidad de que los Estados miembros den prioridad a 'impulsar iniciativas que faciliten el desarrollo
de los sectores con mayor potencial de creación de empleo, incluidos
la economía baja en carbono 'empleos ecológicos', el sector social y la sanidad 'empleos blancos', la prestación de otros servicios personales y domésticos, y la economía digital'.
En este contexto, constatamos que las actividades que contribuyen al bienestar de las familias y las personas en los hogares, como los servicios de asistencia social a domicilio, los de apoyo a las familias, los servicios domésticos, tienen
un enorme potencial de creación de empleo. Los servicios de asistencia a domicilio forman parte de los denominados 'empleos blancos' junto con los servicios de asistencia sanitaria y de atención residencial, mientras que los servicios domésticos
están en la linde de esta categoría.
En los últimos años ha aumentado significativamente la demanda de asistencia domiciliaria y de servicios domésticos, a causa del envejecimiento de la población en todos los Estados miembros; y, en el caso del estado español, acrecentado por
la disminución del número de cuidadores potenciales en el círculo familiar. Pero ya no se trata solo de la atención y el apoyo a las personas mayores, sino de otros muchos servicios que las familias de hoy necesitan satisfacer, tales como el apoyo
en el cuidado de los hijos o el apoyo al hogar.
Todo ello en un contexto en el que la variabilidad y diversidad de responsabilidades profesionales requiere reforzar las posibilidades de acceso a servicios que permiten mejorar la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. Una
buena y accesible oferta de servicios a las personas ayudaría a ello, a la par que permitiría disminuir una parte no menor, del absentismo laboral, a menudo resultado de la ausencia de esta oferta flexible y accesible de estos servicios.
La amplia y diversa gama de estos servicios es lo que se denomina en Europa 'Servicios a la Persona', un sector con enorme capacidad para generar empleo. Un empleo que además, por la idiosincrasia de nuestra sociedad y por la evolución de
la pirámide de la población española, será sostenible a largo plazo y que no es deslocalizable.
Sin embargo, la realidad nos indica que buena parte del sector de 'Servicios de atención a las Personas' está desestructurado, actúa al margen de la economía normalizada y en un contexto de alta precariedad. Una gran parte de las familias y
ciudadanos acuden a la economía sumergida para satisfacer los 'Servicios de atención a las Personas' que necesitan, puesto que, por coste, no pueden permitirse cubrirlas de otro modo. Según algunas estimaciones, alrededor de un millón de personas
podría estar prestando 'Servicios de atención a las Personas', en la economía sumergida.
No tiene sentido mantener esta situación en un estado desarrollado como el nuestro, urge articular medidas que permitan aflorar el empleo de este sector y regularizarlo, el beneficio será triple: en primer lugar beneficio para la persona
empleada, hoy completamente desprotegida de sus derechos laborales y sociales; en segundo lugar beneficio en la calidad de prestación de estos servicios; y en tercer lugar beneficio por el gran potencial de creación de empleo que posee el sector
de la prestación de 'Servicios de atención a las Personas', lo cual deberá permitir la reducción de una tasa de paro que hoy nos resulta inadmisible.
Para conseguirlo, es preciso reducir el coste de los servicios en el mercado formal, desincentivando así la actuación en la economía sumergida, y es preciso articular sistemas de afiliación más ágiles y desburocratizados, con el fin de
adecuarlos a las necesidades de las familias, las cuales constituyen empleadores muy diferentes al empleador empresarial.
Una regularización e impulso de los 'Servicios de atención a las Personas', que pretenda lograr los objetivos anteriormente reseñados, proporcionaría las siguientes ventajas:
1. La generación de un importante yacimiento de empleo -no deslocalizable- y sostenible en el tiempo.
2. El afloramiento de empleos sumergidos, con las garantías laborales que ello supone para las personas empleadas y con la subsiguiente regularización de cotizaciones sociales y de ingresos fiscales.
3. El desarrollo de un amplio sector empresarial muy intensivo en generación de empleo.
4. Para las personas que necesiten la prestación de 'Servicios de atención a las Personas' y para aquellas que trabajen en este sector, las ventajas de su regularización son evidentes:
a) Plenas garantías de seguridad a las personas que solicitan el servicio.
b) Posibilidad de exigir estándares de calidad en la prestación de los servicios, con profesionales formados y con un sistema que permita el control y vigilancia de los prestadores de servicios.
c) Garantías y derechos laborales para los trabajadores derivadas de un empleo regulado.
Para reconocer jurídicamente el sector en toda su amplitud, deben afrontarse diversas reformas que faciliten el tránsito de la economía irregular del sector, a la economía formal. Es preciso que el coste de estos servicios en la economía
formal, sea menor de lo que es hoy, respecto a la misma prestación de servicios desde la economía sumergida. Para ello, será preciso ajustar las cargas sociales y adoptar estímulos fiscales vinculados a dichas actividades.
El Partit Demòcrata Català, considera que estas reformas deben ser semejantes a las ya implantadas en diversos países de la Unión Europea como Francia (a través de la conocida Ley Borloo), Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia u Holanda.
Por todo ello, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata Català, presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar, en colaboración con las CCAA y los interlocutores sociales, un Proyecto de Ley de impulso a la creación de empleo de calidad, en el sector de la prestación de 'Servicios de atención
a las Personas'.
Sus objetivos serán: promover la regularización de empleo informal o irregular en el sector de 'Servicios de atención a las Personas'; desincentivar la realización de estos mismos trabajos en la economía sumergida; y favorecer la
articulación de un amplio y eficiente sector de servicios de atención a las personas -lucrativo y no lucrativo-.
El Proyecto de Ley deberá prever, entre otras, las siguientes medidas:
1. Revisar el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar, con el fin de ampliar su objeto y ámbito de aplicación, para configurar un Régimen Especial de la Seguridad Social de los Servicios de Atención a las Personas,
teniendo en cuenta las nuevas necesidades de las familias y la prestación de estos servicios por parte de empresas y entidades sin animo de lucro
2. Simplificar el régimen de alta y baja de las cotizaciones sociales de las personas que trabajen en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Servicios de Atención a las Personas, para que sea menos burocrático que el vigente.
3. Propiciar la disminución de los costes de contratación de los 'Servicios de atención a las Personas' prestados por parte de empresas y de entidades sin ánimo de lucro, mediante la bonificación de las cotizaciones a la Seguridad Social a
las contrataciones de los/las trabajadores/as que deban prestarlos.
4. Aplicar desgravaciones fiscales en el IRPF a quien adquiera 'Servicios de atención a las Personas' para sí misma o para cualquier persona de su entorno familiar.
5. Admitir, como gastos deducibles para las empresas, aquellos que sean destinados a la prestación de servicios de guardería o de asistencia personal a sus empleados y familiares con el objetivo de facilitarles la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral y la igualdad de oportunidades.
6. Aplicar un IVA súper reducido para este tipo de servicios, cuando sean prestados por entidades sin ánimo de lucro.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2017.-Carles Campuzano i Canadés, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001954
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, relativa a la inclusión de los funcionarios públicos en el Régimen General de la Seguridad Social y la equiparación de las pensiones de orfandad.
Exposición de motivos
1. Libertad de Elección de Régimen de Seguridad Social para todos los empleados públicos, con independencia de su fecha de acceso a la función pública.
Con el objetivo de suprimir las diferencias entre el Régimen de Clases Pasivas y el Régimen General de la Seguridad Social, en la disposición adicional sexagésima segunda de la Ley 2/2008, de Presupuestos Generales de 2009, se mandato al
Gobierno a avanzar, de la mano de los actores sociales, en la armonización de ambos regímenes. Posteriormente, en la Ley 13/2010, se ordenó la integración en el
Régimen General de la Seguridad Social de los funcionarios que se incorporaran a partir del 1 de enero de 2011, avanzado hacia la extinción del Régimen de Clases Pasivas.
Dicha incorporación es especialmente relevante en el tema de las pensiones, dejando el resto de prestaciones; sanitarias y servicios sociales, en manos de las mutuas comunes a todos los funcionarios.
Esto en la práctica genera una desigualdad entre empleados públicos que desarrollan las mismas funciones, ya que ambos tienen beneficios distintos en función del régimen en el que se encuentren, tal y como recoge el escrito dirigido al
Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, del sindicato CSIF.
El mismo escrito detalla lo establecido por el Tribunal Constitucional en materia de igualdad, el cual dice, 'el principio de igualdad no implica en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento
diferenciador de relevancia jurídica, de manera que no toda desigualdad de trato normativo supone una infracción del mandato contenido en el artículo 14 CE, sino tan solo las que introduzcan una diferencia entre situaciones que pueden considerarse
iguales'.
Nos encontramos pues ante una situación igual, mismo trabajo y mismas condiciones de acceso (oposición), que tienen un tratamiento desigual solo en función de la fecha de ingreso al servicio del empleado público.
El principal perjuicio para un funcionario público de clases pasivas con respecto a uno del Régimen General son las pensiones. Con la excepción de los funcionarios pertenecientes al grupo A1, que alcanza el tope en el máximo de cotización
de la seguridad social , el resto de funcionarios no cotiza por el sueldo entero, como si lo hacen los funcionarios adscritos a la seguridad social, sino por los haberes reguladores que son inferiores a las retribuciones reales, por lo que la
cuantía de la pensión en uno y otro caso sería distintas, resultando perjudicado el funcionario adscrito al régimen de las clases pasivas.
Además de esto, como indica la ponencia de clases pasivas-seguridad social del CSIF, hay diferencias en el copago farmacéutico. Un pensionista de clases pasivas paga un 30% del medicamento, igual que un trabajador en activo del régimen
general, sin embargo, un pensionista de este último, con rentas de 18.000 a 100.000 euros anuales, paga un 10% . Lo que supone otro caso claro de discriminación en perjuicio del colectivo integrado en el régimen de clases pasivas.
El único beneficio posible para los trabajadores públicos de las clases pasivas, es la posibilidad de jubilación a los sesenta años tras treinta y cinco de servicio, pero esta cuestión es sabido que está en revisión para equipararla al
régimen general.
2. Equiparación de los requisitos de mantenimiento y prorroga de las pensiones de orfandad de las clases pasivas a los establecidos para las pensiones de orfandad de la seguridad social.
En la actualidad, los requisitos de mantenimiento y prórroga de las pensiones de orfandad una vez cumplidos los veintiún años, son distintos en el régimen de clases pasivas respecto del régimen general de la seguridad social, nuevamente en
perjuicio de aquel.
En particular, cabe señalar que la edad máxima para que proceda la prórroga de la percepción de la prestación de orfandad en uno y otro régimen es distinta; veinticinco años en el régimen general y veinticuatro años en clases pasivas.
Pero, además, se da la circunstancia de que los supuestos extraordinarios para prorrogar la pensión a partir de los veintiún años son también diferentes. En el caso de las pensiones de orfandad de la seguridad social, una vez cumplidos los
veintiún el beneficiario puede mantener la pensión hasta los veinticinco si no trabaja o sus ingresos son inferiores al SMI; en el caso de la pensión de las clases pasivas, una vez cumplidos los veintiún años solo se puede prorrogar hasta los
veinticuatro si la orfandad es absoluta, es decir que faltan los dos progenitores, o se da una discapacidad igual o superior al 33% .
Este hecho consideramos que supone una desigualdad inaceptable, que incumple el principio de igualdad ante la Ley desde la perspectiva del artículo 14 de la Constitución, puesto que más allá de la diferencia de régimen que supone la
pertenencia al régimen de clases pasivas con respecto al general de la seguridad social, no debiera existir esta diferenciación en las condiciones para cobrar una pensión de orfandad.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha las medidas necesarias para:
1. Permitir al funcionario público de clases pasivas elegir entre el régimen de clases pasivas o su incorporación al régimen general de la seguridad social, en un plazo fijado, de una vez y de manera irrevocable.
2. Modificación del artículo 41 del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado, para equiparar las condiciones de los beneficiarios para las pensiones de
orfandad de las clases pasivas a las del régimen general de la seguridad social, subiendo a veinticinco años la edad máxima en la pensión de las clases pasivas, exceptuando los beneficiarios con incapacidad permanente que seguirían manteniendo la
prestación sin límite de edad, equiparando las condiciones de mantenimiento y/o prórroga de la pensión de orfandad de las clases pasivas con la pensión de orfandad de la Seguridad Social.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2017.-Alberto Rodríguez Rodríguez y María Auxiliadora Honorato Chulián, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea.
161/001964
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a la Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para impulsar
medidas en el ámbito laboral que palien el impacto negativo de la deslocalización sobre el empleo, eviten el 'dumping' social y contribuyan al respeto de los derechos humanos, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
La generalizada internacionalización de las empresas y la imparable deslocalización productiva, hace que hoy una cuarta parte del PIB del mundo este generado por actividad internacional. El funcionamiento de la economía mundial durante
estas últimas décadas se ha basado en el mayor peso específico de las inversiones multinacionales, cuyo objetivo es la generación del mayor beneficio en el menor tiempo posible, y para ello, simple y directamente, se buscan territorios de bajos
costes laborales y con legislaciones laborales, industriales y medioambientales más flexibles.
Estos procesos han aumentado mucho más con la crisis en la que estamos instalados y fomentado por las reformas y los ajustes impuestos para hacerles frente, sobre todo la desregularización de las relaciones laborales. Las causas más
significativas de la deslocalización son la búsqueda de costes salariales más bajos así como otros beneficios económicos, como menor presión fiscal, suelos industriales baratos, ayudas gubernamentales, entre otros. En definitiva, se busca tener
costes directos cada vez menores. La gran desigualdad de derechos y condiciones laborales entre los países son para las grandes empresas multinacionales, un elemento fundamental para su implantación en territorios sin ningún tipo de control ni
exigencia sociolaboral.
Aunque aceptemos que estos procesos de internacionalización empresarial son causa de la emergencia económica de cientos de millones de personas que han pasado de la supervivencia autárquica y medieval a la economía productiva, favoreciendo
el desarrollo de regiones en las que, hasta no hace mucho, simplemente se sobrevivía, ello no empece el hecho de que también se han puesto de manifiesto toda una serie de efectos perversos, como son la ausencia de derechos, la explotación laboral de
millones de personas, la lacra del trabajo infantil y la incapacidad de los Estados para hacer valer y cumplir los derechos humanos y laborales. Así como la pérdida de empleo por el traslado de las empresas, o de partes del proceso productivo, a un
lugar distinto de donde se situaba originalmente, en el denominado proceso de deslocalización.
Así, la explotación en las fábricas donde se elaboran los productos que luego consumimos en Occidente es motivo de alarma para ONG's, que denuncian constantemente la situación de esclavitud en la que se encuentran muchos operarios, que
trabajan hasta veinte horas al día, no tienen días de descanso, comen en quince minutos, duermen pocas horas, hacinados en la propia fábrica, ganan menos de dos dólares al día, o incluso trabajan por un plato de comida, carecen de cualquier medida
de prevención de riesgos y del más mínimo respeto a la dignidad humana, fábricas cuyas ventanas y puertas se cierran con barrotes, con agresiones físicas a los empleados, a lo que hay que añadir lo más vergonzante: la generalización del trabajo
infantil. Los últimos datos publicados por la OIT nos indican que hay 168 millones
de niños y niñas trabajando, lo que les priva de su niñez y de su correcto desarrollo emocional, físico y mental. Desgraciadamente también algunas empresas españolas están en el punto de mira por estas prácticas y actuar tan solo desde la
perspectiva del máximo beneficio.
Recordemos el derrumbe del complejo Rana Plaza donde, en abril de 2013, fallecieron más de un millar de trabajadoras bajo los escombros, sin que esta tragedia haya tenido una respuesta adecuada ni por los Gobiernos, ni por las empresas que
producen en los países en vías de desarrollo. Las grandes firmas presionan a sus proveedores para producir ropa a precios cada vez más bajos, presión que se traslada a las personas trabajadoras en formas de largas jornadas, mal pagadas y sin
derechos y que luego la prenda ya confeccionada se venda en las tiendas del primer mundo a un precio que excede mucho del coste que ha supuesto para la firma su elaboración.
La otra cara negativa de la internacionalización de las empresas y que afecta de lleno a las personas trabajadoras es la facilidad con que se produce la deslocalización productiva, las empresas no tienen fronteras y buscan maximizar los
beneficios disminuyendo los costes, prevaliéndose de unas legislaciones sociolaborales menos exigentes, tanto desde el punto de vista de la protección social, como de los derechos sindicales.
La deslocalización ha supuesto graves desequilibrios y desigualdades en el mercado de trabajo, ha traído mayor precariedad, mayor inestabilidad, más desempleo y debilitamiento del poder sindical. También ha modificado nuestro sistema de
relaciones laborales, por lo que no es un fenómeno que solo afecte a los países del tercer mundo.
La globalización trata el trabajo como un factor económico más, sin hacer caso de su connotación humana y social, hasta el punto de ver el derecho laboral y la acción sindical como obstáculos al desarrollo empresarial, es más las personas
trabajadoras ven debilitada su posición negociadora ante la amenaza de que si existen problemas para la empresa se traslada a otro lugar.
Las firmas de capital nacional han ido acometiendo gradualmente estrategias de deslocalización, con un número creciente de operaciones y de empleos afectados cada año: Principalmente las empresas de textil, confección, calzado, pero también
alimentos, bebidas, industria auxiliar del automóvil, tecnología, energía y últimamente en el sector transporte. La experiencia de la industria española demuestra que se han destruido empresas y puestos de trabajo mediante el simple procedimiento
de extinción de relaciones laborales y transferencia a países dotados de abundante mano de obra, pues los procedimientos de deslocalización son simples y rápidos, el cierre de una empresa en un lugar y la apertura en otro territorio para producir
los mismos productos, con objeto de abastecer y suministrar idénticos mercados, son sencillos, y estos procesos han llevado aparejada efectos graves sobre nuestro empleo tanto sobre su propia existencia como sobre su calidad.
Así como en el ámbito de la Unión Europea se tratan de paliar los efectos negativos de los desplazamientos transnacionales, mediante la regulación de unas normas mínimas de aplicación, no existe prácticamente ninguna actuación para evitar
los efectos negativos de la deslocalización en el empleo nacional; en el plano interno debemos ser capaces de potenciar un sistema de relaciones laborales que reafirme el carácter tuitivo y equilibrador, no supeditado solo a la situación económica,
en el que se haga prevalecer la autonomía colectiva sobre la individual y la estabilidad laboral. Es necesario defender la protección social como elemento inseparable de la recuperación económica.
Tampoco existen mecanismos por los que los beneficios de las empresas españolas, que participan en estos procesos, reviertan de alguna forma y en parte en nuestra economía. Es preciso implicar a las empresas en la consecución de unas
condiciones laborales más justas en sus operaciones en el extranjero y a la consecución de mayores cuotas de solidaridad y crecimiento económico en nuestro Estado.
Incluso en muchos casos las empresas han recibido de las administraciones públicas subvenciones y otro tipo de ayudas para la realización de inversiones y fomento del empleo, para el crecimiento económico de la propia empresa, y, una vez
recibidas estas ayudas, han trasladado todo o parte de su proceso industrial a otros países, por las ventajas que supone un precio de la mano de obra muy barata, sin importar la explotación de niños, trabajadoras y trabajadores en plantas de
producción en condiciones infrahumanas, así como la destrucción de empleo local.
Esta cuestión requiere un amplio abanico de medidas para limitar los efectos negativos, como medidas de modernización e innovación empresarial para que nuestras empresas apuesten por una competencia y productividad no basadas en los bajos
salarios, sino en un incremento de la calidad del producto, incorporando las nuevas tecnologías y la necesidad de impulsar estrategias de internacionalización, mejorando los instrumentos de apoyo a la exportación.
Es preciso adoptar también medidas que promuevan una 'ética empresarial', que las multinacionales para externalizar la producción a otros países lo hagan bajo unas condiciones laborales, que impidan la explotación laboral. Es preciso
elaborar un Libro Blanco para la Cooperación al Desarrollo en el marco de la Unión Europea, similar al que existe en otros países europeos, en el que se priorice la lucha contra la pobreza y la promoción del desarrollo. La deslocalización y
globalización generan espacios propios de indignidad laboral o explotación esclavista y hacen imprescindible someterlas a códigos universales mínimos de dignidad laboral.
Esta Proposición no de Ley, de carácter transversal, sin embargo se circunscribirá al ámbito laboral, con el fin de paliar los efectos negativos que la deslocalización provoca en nuestro mercado de trabajo: eliminación de puestos de
trabajo, competencia entre trabajadores, precarización de las condiciones laborales, bajada de salarios, deterioro del poder sindical y de los representantes unitarios, ya que ante las amenazas de cierre, los trabajadores terminan cediendo a gran
parte de las exigencias empresariales y asumen una pérdida de derechos laborales.
Es un hecho que, amparadas en una legislación laboral cada vez más flexible, las empresas españolas buscan destinos 'más rentables', a modo de ejemplo, en Marruecos, en Latinoamérica, en China o los países del Este de Europa, en muchos casos
tras lucrarse de las ventajas y beneficios que les ha generado el haber desarrollado su producción en nuestro Estado, con el agravante además de trasladar las empresas cuando obtienen beneficios, que pretenden maximizar, alegando como causa de
cierre el mantenimiento de la competitividad, pero asumiendo una concepción de la competitividad pasiva, únicamente basada en bajos costes.
Si bien los procesos de deslocalización no hay que vincularlos necesariamente a situaciones de recesión económica, durante la época de crisis, se modificó por el Partido Popular el despido colectivo, flexibilizando la causa, no exigiendo
para fundamentar el mismo una situación de pérdidas en la empresa, bastando con que la empresa justificara pérdidas previstas, y no actuales, o disminución de su nivel de ingresos durante tres trimestres consecutivos, hecho que también beneficia
cualquier estrategia de deslocalización. Esta situación nos pone en la necesidad ineludible de modificar la gran flexibilidad con la que el empresario puede extinguir contratos los contratos de trabajo.
Es preciso también recuperar la negociación colectiva y garantizar una mayor presencia del movimiento sindical, para que mediante el diálogo y la negociación en todos los ámbitos, pero especialmente en el internacional, se consiga hacer
frente a la discrecionalidad de actuación de las multinacionales, fomentando que, cuando haya deslocalización de una parte de su producción, se invierta para crear otro tipo de empleo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Proponer las modificaciones legales oportunas con la finalidad de, entre otras, potenciar la negociación colectiva en las empresas y para evitar que las ayudas públicas, bonificaciones o subvenciones concedidas a las empresas en el marco
de las políticas activas de empleo, o de fomento de empleo, sean devueltas en caso de que éstas decidan trasladar la producción a otro país.
- Instar al reforzamiento de la acción normativa de la OIT, para asegurar unos estándares mínimos de condiciones de trabajo y fortalecer las regulaciones internacionales de las relaciones de trabajo.
- Potenciar la implicación de los agentes sociales a través de una Ley de Participación Institucional en todos los aspectos relacionados con la dignidad del empleo, para que las organizaciones sindicales tengan una participación activa en la
negociación y en la ejecución de las decisiones empresariales.
- Fomentar la implantación de códigos de buenas prácticas en los procesos de deslocalización.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2017.-María del Rocío de Frutos Madrazo, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001967
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su
debate y aprobación en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, relativa al reconocimiento de categoría profesional de Bomberos Forestales y sobre la necesidad de mejorar las precarias condiciones laborales de las Brigadas de Refuerzo contra
Incendios Forestales, pertenecientes al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales, las BRIF, son unidades helitransportadas entrenadas y formadas especialmente para luchar contra los grandes incendios forestales, sobre todo incendios de nivel 2. Fueron creadas en 1992,
como personal perteneciente al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
En la actualidad cuentan con más de diez bases en todo el Estado y a disposición de las CCAA Obligados a la movilidad, pueden ser desplazados a cualquier punto del territorio estatal. Sin embargo, a pesar de su alta especialización y
profesionalización, además del riesgo que conlleva su tarea, adolecen de unas condiciones laborales muy precarias que no se corresponden con su peligrosa actividad.
Aunque dependen del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, están contratados a través de la empresa pública Grupo Tragsa (Empresa de Transformación Agraria, S.A.). En teoría se les aplica el Convenio Colectivo de
dicha empresa pública, pero bajo un anexo discriminatorio.
Los brigadistas denuncian que se les excluye de numerosos artículos de dicho Convenio que se aplica a todo el personal del Grupo Tragsa, con excepción de las BRIF. Se trata de artículos centrados en cuestiones retributivas o de compensación
de descansos, pluses por peligrosidad y otras.
Esta situación ha obligado al colectivo de brigadistas a realizar movilizaciones, manifestaciones, huelgas y actos de protesta en demanda de unas condiciones justas a la altura del trabajo que desempeñan. Reivindicaciones que llevan dos
años explicitando públicamente. Cada verano se produce una ola destructiva de incendios, algunos de ellos de gran riesgo para las poblaciones que sufren estos fenómenos y con cientos de miles de hectáreas destruidas. Por su peligrosidad muchos de
estos incendios logran alcanzar el nivel dos debido a su cercanía a centros poblados con cientos de residencias afectadas o destruidas.
Además de la importante pérdida de masa forestal, del peligro de las llamas para las viviendas de muchas personas, son desoladoras las imágenes del daño causado por el fuego en destacadas áreas naturales de gran valor que se ven seriamente
afectadas durante varios meses del año.
Los desastres ocasionados por los incendios forestales debería ser suficiente motivo para concienciar a las Administraciones competentes sobre la necesidad de contar con más medios, invertir en políticas de prevención, aprobar legislaciones
cuya prioridad sea la de alcanzar las más altas cotas de protección medioambiental para nuestros montes, poner en valor los montes e impulsar políticas de protección y dignificar las condiciones laborales de brigadistas, bomberos y agentes
forestales dado el tipo de labor que llevan a cabo.
En el caso concreto que nos ocupa, la precaria situación laboral de los BRIF debería ser objeto de máxima atención por parte del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, entidad que debería adoptar políticas para
solucionar esta situación y no mantener, como hasta ahora, esa postura de indiferencia sobre el caso por considerar que no es de su competencia. El Ministerio es el máximo responsable de la situación de los brigadistas que pertenecen a este
departamento ministerial aunque su contratación se haga a través de un servicio externalizado en favor de la empresa Grupo Tragsa, empresa asimismo pública.
En conclusión, son trabajadores del ámbito público que deberían contar con unos derechos laborales dignos. La ola de incendios que se producen cada año y el trabajo desarrollado por los BRIF, así como el de otros trabajadores forestales que
han participado en las duras labores de extinción, debería servir al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para reflexionar sobre las condiciones laborales precarias en las que realizan su actividad los BRIF. Sus demandas
laborales resultan totalmente justas, equilibradas y conforme la tarea que desarrollan.
Los brigadistas reclaman que se les reconozca la categoría profesional de Bomberos Forestales a fin de reconocerles primeramente el trabajo que desempeñan con veracidad. Demandan que se les reconozcan una serie de enfermedades profesionales
relacionadas con la toxicidad y penosidad que se asocian a este trabajo. Así mismo demandan la aplicación de los correspondientes coeficientes reductores al igual que sucede con otros colectivos de bomberos.
Hay que tener en cuenta que los trabajadores y trabajadoras BRIF, además de desenvolver tareas propias de un bombero en lo que atañe a la extinción de incendios, se desplazan en helicóptero y por lo tanto una parte de su trabajo se
desarrolla con medios aéreos. Otra de sus demandas es la de poder pasar a una segunda actividad dentro del mismo ámbito profesional. Su actividad exige una altísima preparación física, pero el avance de la edad y la merma de las condiciones
físicas, debido a enfermedades de diversa consideración relacionadas con su labor, dificulta la superación de las pruebas físicas anuales que son excluyentes y obligatorias para mantener el trabajo. Es una cuestión de justicia laboral.
Son trabajadores y trabajadoras que han dedicado su vida profesional a esta actividad, con lo cual deben tener derecho a una salida laboral dentro de su profesión. Razón por la que demandan una serie de plazas en el ámbito de ocupación y
servicio (como auxiliar de apoyo logístico), a fin de mantener su trabajo.
Aunque parezca mentira, el colectivo de brigadistas está realizando su exigente actividad en condiciones salariales de miseria. Ni siquiera son mileuristas, cobran una media de 900 euros mensuales. La contratación a través de la
adjudicataria GRUPO Tragsa los adscribe a su convenio empresarial, que procede de la construcción, y los contempla como peones especialistas. Es decir, una categoría que nada tiene que ver con su función. Sin olvidar que Grupo Tragsa les aplica
las partes del convenio que le interesa ya que los excluye de más de 40 artículos que podrían resultarles beneficiosos.
Actualmente, las BRIF cobran el salario más bajo de la tabla salarial del convenio de Grupo Tragsa, y hay meses en lo que no llegan ni a los 900 euros en plena campaña de extinción. Además, en periodo de labores preventivas ganan 112 euros
menos, que es la compensación que se percibe por peligrosidad, turnicidad y disponibilidad, complemento que, desglosado en días, se queda en 3,70 euros.
Dado que las sucesivas negociaciones con el Grupo Tragsa están en un estado de estancamiento, y puesto que las BRIF pertenecen al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, consideramos de suma importancia que el
Ministerio asuma un papel activo en esta cuestión. Creemos que la Administración pública debe dar ejemplo en el reconocimiento de los derechos laborales de trabajadores que están para prestar un servicio público.
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, por la importancia de estas labores, debería transformar al personal actual de las BRIF de personal subcontratado a personal laboral, para de esta manera constituir una
plantilla pública de Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales. A nuestro juicio, la función de extinción de grandes incendios, en unidades helitransportadas que deben moverse por todo el territorio del Estado, es un servicio público de
primer orden que debe estar íntegramente en manos públicas y bajo la directa supervisión ministerial, que debería ser la institución directamente responsable.
No resulta admisible que un Ministerio permita a los brigadistas trabajar en estas condiciones. De permanecer contratados por el Grupo Tragsa, lo lógico es que contasen con un convenio propio supervisado por el Ministerio. Además es
necesario subrayar que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente tiene plena capacidad para poder lograr un cambio en las condiciones laborales es estos colectivos. El Ministerio tiene plena capacidad para negociar con la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y con el Fondo Español de Garantía Agraria (Organismo Autónomo, adscrito al Ministerio de Agricultura y Pesca Alimentación y Medio Ambiente), instituciones públicas que son propietarias del
51,00% y 38,96% respectivamente de las acciones del Grupo Tragsa (Empresa de Transformación Agraria, S.A.). Estas entidades tiene la capacidad legal para adoptar decisiones vinculantes en el seno de la Junta General de Accionista de del Grupo
Tragsa y lograr una solución definitiva a las condiciones de precariedad laborar en las que se encuentran estos trabajadores y trabajadoras.
Por todo esto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer un proceso de negociación con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y con el Fondo Español de Garantía Agraria (Organismo Autónomo, adscrito al Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente), ambas instituciones públicas que son propietarias del 51,00% y 38,96% respectivamente de las acciones del Grupo Tragsa (Empresa de Transformación Agraria, S.A.), con el fin de dignificar y
mejorar las condiciones laborales de las Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF). Estas entidades tiene la capacidad legal para adoptar decisiones vinculantes en el seno de la Junta General de Accionistas del Grupo Tragsa, y lograr
una solución definitiva a las condiciones de precariedad laborar en las que se encuentran estos trabajadores y trabajadoras.
2. En concreto, se insta al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente realizar las gestiones pertinentes para que el colectivo de BRIF realice su peligrosa, especializada y profesional actividad en función de unas
condiciones laborales a la altura de su trabajo, de modo que se contemplen las siguientes demandas:
- Reconocimiento de la categoría de Bomberos Forestales en correspondencia con la función que desarrollan.
- Incluir en esta categoría profesional una serie de enfermedades profesionales relacionadas con la toxicidad y penosidad asociadas a su trabajo.
- Regular los coeficientes reductores y la anticipación de la edad para acceder a la jubilación anticipada, en función de las condiciones excepcionales de penosidad, peligrosidad, toxicidad y/o insalubridad, en las que laboran los
trabajadores y trabajadoras de las BRIF.
- Establecer normativamente la existencia de una segunda actividad dentro del mismo ámbito profesional (plazas de ocupación y servicio como auxiliares de apoyo logístico) cuando por edad y/o enfermedades relacionadas con su labor no superen
las pruebas obligatorias y excluyentes que se realizan anualmente.
- Permitir las condiciones de empleo pleno de los trabajadores y trabajadoras de las BRIF acabando con las condiciones laborales de fijos discontinuos, bajo las cuales se rigen en la actualidad.
- Mejorar las condiciones salariales del colectivo de brigadistas, definidos actualmente como 'peones especialistas', categoría inadecuada a su función, de modo que se aumente su retribución salarial actual situada muy por debajo de su
tarea. Especialmente se deberá procurar que las condiciones establecidas en los convenios colectivos en favor de otros trabajadores del Grupo Tragsa se apliquen en igualdad de condiciones en favor de los trabajadores y trabajadoras de las BRIF.
3. Adicionalmente, se insta al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a estudiar e impulsar la posibilidad de que el colectivo de brigadistas cuente con un Convenio Colectivo propio e independiente y de ámbito
estatal.
4. Se insta al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente a transformar al personal actual de las BRIF de personal subcontratado a personal laboral para constituir una plantilla pública de Brigadas de Refuerzo contra
Incendios Forestales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2017.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
161/001952
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de los Diputados del Partit Demòcrata Català, Carles Campuzano i Canadés y Míriam Nogueras i Camero, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presentan, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a desarrollar la normativa relativa a otorgar autorizaciones de emisión a servicios de comunicación comunitarios
sin ánimo de lucro existentes.
Exposición de motivos
La Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) estableció en su disposición transitoria decimocuarta que 'los servicios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro que estuvieran en funcionamiento con anterioridad al 1 de enero de
2009, optarán a licencias o autorizaciones en el ámbito de cobertura en el que venían prestando su actividad'.
El objeto de dicha disposición era dotar de seguridad jurídica a aquellos servicios de comunicación comunitarios, sin ánimo de lucro, que habían venido funcionando con anterioridad al reconocimiento legal de esta categoría de servicios en la
LGCA. Con esta medida se buscaba crear un régimen transitorio para que estas emisoras pudieran operar mientras se desarrollaba el marco normativo y el procedimiento para acceder a licencias definitivas para la prestación de estos servicios, según
establece el artículo 32 de la LGCA.
La concesión de autorizaciones temporales prevista en la disposición transitoria decimocuarta de la LGCA era una vía que permite la realización de un plan piloto experimental, previo a desarrollar una normativa adecuada para estas emisoras,
tal como ha ocurrido en algunos estados, como el Reino Unido, donde antes de aprobar en 2004, la normativa de radios comunitarias desarrollaron una prueba experimental mediante la concesión en 2001, de licencias para emitir durante un año con
carácter experimental.
La normativa de telecomunicaciones ha previsto la posibilidad de autorizar usos de carácter temporal o experimental como muestran tanto el artículo 62 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones como el artículo tercero de
la Orden IET/787/2013, de 25 de abril, por la que se aprueba el cuadro nacional de atribución de frecuencias.
Por su parte la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas indica que se podrán otorgar autorizaciones y concesiones demaniales por plazos máximos de duración, incluidas las prórrogas, de cuatro años.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Regular el otorgamiento de autorizaciones temporales, por un plazo máximo de cuatro años, a Servicios de Comunicación comunitarios radiofónicos y televisivos que estuvieran en funcionamiento con anterioridad al 1 de enero de 2009. Las
entidades privadas sin ánimo de lucro solicitantes deberán acreditar que con anterioridad a esa fecha se encontraban constituidas y prestaban un servicio de comunicación con el objeto de atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación
específicas de comunidades y grupos sociales, así como para fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo. Salvo insuficiencia de dominio público radioeléctrico el ámbito de cobertura será equivalente al que venían
prestando su actividad.
2. El desarrollo de la disposición transitoria decimocuarta de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual se llevará a cabo con la colaboración de las Comunidades Autónomas que, una vez habilitado el dominio público
radioeléctrico, podrán otorgar licencias a los prestadores Servicios de Comunicación comunitarios radiofónicos y televisivos que reúnan los requisitos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2017.-Carles Campuzano i Canadés y Míriam Nogueras i Camero, Diputados.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001958
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de
Ley de reforma del Consejo de Seguridad Nuclear, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Exposición de motivos
De acuerdo con su propia ley de creación, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), es el único organismo competente en España en materia de seguridad nuclear y protección radiológica. Es un ente de Derecho Público, independiente de la
Administración General del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se rige por su Estatuto y rinde cuentas al Congreso de los Diputados y al Senado.
Su misión es proteger a los trabajadores, la población y el medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, consiguiendo que las instalaciones nucleares y radiactivas sean operadas por los titulares de forma segura, y
estableciendo las medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas, cualquiera que sea su origen.
Es evidente que el papel de este organismo es de vital importancia para el correcto funcionamiento y seguridad de las instalaciones nucleares, así como una institución clave para la sostenibilidad energética y medioambiental.
Este papel se torna aún más decisivo en el contexto de una transición energética que debe clarificar el papel de la energía nuclear en nuestro país; tanto si se opta por una ampliación de las autorizaciones de explotación de las
instalaciones nucleares como si se decide su desmantelamiento. Así como también a todas aquellas decisiones que afecten a la gestión de residuos radiactivos.
En todo caso, el papel del regulador nuclear es esencial para dotar de seguridad, credibilidad y confianza al proceso que se decida desde las instancias políticas. Un Consejo de Seguridad Nuclear creíble y transparente contribuye a
desterrar los temores que se puedan suscitar en la población en relación a este sector y fomenta la confianza en las instituciones públicas.
Sin embargo y a pesar de la expresión de independencia que se le concede tanto en su ley de creación como en el estatuto que lo regula, los mecanismos de transparencia del organismo han quedado obsoletos con el devenir de los años; tanto es
así que a pesar de ser un organismo que presume de su transparencia en los distintos documentos legales, no contempla la publicación de diarios de sesiones ni retransmisión en directo a través de su propia página web de las reuniones del Pleno del
Consejo que lo dirige (como sí sucede en otros organismos de referencia como la NRC estadounidense).
Asimismo, tampoco se recogen mecanismos de autoevaluación como la existencia de buzones de quejas y sugerencias o la obligatoriedad de publicar un informe de actividad al término del mandato de la Presidencia.
Finalmente, pero no por ello menos importante, la elección de los miembros del Pleno del Consejo debe garantizar la calidad e independencia de los candidatos, una circunstancia que a día de hoy queda en entredicho como se ha advertido
reiteradamente desde varias instancias.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Modificar el artículo 31 del Real Decreto 1440/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear para que se incluya, como apartado tercero, la retransmisión pública y en directo de las reuniones
del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear.
2. Modificar el artículo 35 del Real Decreto 1440/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear para que se incluya la publicación de los diarios de sesiones de las reuniones del Pleno del
Consejo de Seguridad Nuclear.
3. Realizar los cambios legales oportunos tanto en el Real Decreto 1440/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear como sobre la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de
Seguridad Nuclear para establecer la obligatoriedad de que la Presidencia emita un informe de actividad al término de su mandato.
4. Realizar los cambios legales oportunos en el Real Decreto 1440/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear para incluir mecanismos de autoevaluación en la institución como buzones de
incidencias, sugerencias o quejas.
5. Realizar los cambios legales oportunos tanto en el Real Decreto 1440/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear como sobre la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de
Seguridad Nuclear para establecer un nuevo modelo de elección de los miembros del Pleno del Consejo.
Este modelo se basará en la propuesta de candidatos por parte del Gobierno que, posteriormente, serán examinados en base a su capacitación, idoneidad, independencia e imparcialidad por una Comisión Técnica que emitirá un informe.
A continuación, los candidatos propuestos comparecerán ante la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital cuyos miembros ratificarán su designación por votación de la mayoría de sus miembros.
En caso de que el informe previo de la Comisión Técnica fuese favorable, la mayoría requerida será simple, en caso opuesto; se requerirá mayoría absoluta para su aprobación.
Si el candidato no fuese ratificado, el Gobierno deberá reiniciar el procedimiento proponiendo una nueva candidatura.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2017.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/001942
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Xavier Eritja Ciuró al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la
regulación del mecanismo del pago en especie, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El sector de la fruta dulce viene padeciendo una situación de crisis de precios que se ha visto agravada desde agosto del 2014, fruto del veto ruso a los productos europeos.
Uno de los mecanismos de gestión de crisis que dispone el sector es el de retirar parte de la cosecha en fresco, para destinarla a beneficencia. Este destino, aparte de ayudar al sector productor a gestionar la crisis, contribuye
socialmente a ayudar a los más necesitados. Así mismo, es el principal destino de las retiradas de fruta dulce en España, siendo, pues, el mecanismo preferido por los productores.
No obstante, las entidades caritativas receptoras de las retiradas a distribución gratuita ni disponen de capacidad de almacenamiento, ni de suficiente logística, para poder recibir grandes cantidades de fruta fresca. Siéndoles, más fácil
de gestionar, disponer de un producto no perecedero, como el zumo.
Así mismo, delante una situación de crisis por exceso de oferta, lo que necesita el sector, es poder retirar rápidamente cantidades importantes de fruta fresca, para poder regular la oferta.
Consciente de esta situación, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, reguló el mecanismo conocido como transformación con pago en especie, que permite a las entidades caritativas receptoras de fruta fresca
poderlas transformar en zumo y costear los costes de transformación pagando en kg de fruta fresca, evitando siempre la distorsión del mercado de zumos.
Así mismo, gracias a disponer de este mecanismo, España pudo agotar las cuotas excepcionales de retirada del mercado, que ha venido autorizando la Comisión Europea, a causa de la crisis de precios que agravó el veto ruso a los productos
europeos.
No obstante, el mecanismo del pago en especie no está siempre disponible por parte de las entidades caritativas, sino que depende de que haya sido previamente autorizado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, a través de una Resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios.
Con el objetivo de fomentar el uso de las retiradas a beneficencia por parte de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
Regular, urgentemente, el mecanismo del pago en especies por parte de las entidades caritativas receptoras de retiradas de fruta fresca con destino a la distribución gratuita, con el objetivo que pueda
estar permanentemente disponible por el sector, facilitando así la retirada de producto del mercado con fines benéficos, a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, facilitando su gestión por parte de las entidades
caritativas y asegurando que no se produce una distorsión en el mercado de zumos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2017.-Francesc Xavier Eritja Ciuró, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
161/001949
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a iniciativa del Diputado Javier Sánchez Serna, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, relativa a las obras de regeneración y adecuación ambiental de la Bahía de Portmán.
Exposición de motivos
El proyecto de regeneración y adecuación ambiental de la Bahía de Portmán, en el termino municipal de La Unión (Región de Murcia), es un proyecto largamente anhelado por la sociedad murciana ya que este desastre ecológico es uno de los
mayores del Mediterráneo.
En el 'Boletín Oficial del Estado' n.º 245 de fecha 22 de febrero de 2011, se publicó la Resolución de 10 de febrero de 2011 de la Secretaría de Estado de Cambio Climático por la que se formula la declaración de impacto ambiental del
proyecto de regeneración y adecuación ambiental de la Bahía de Portmán, termino municipal de La Unión, que es un documento imprescindible y garantista para que este proyecto de regeneración se haga bien y sea beneficioso para toda la ciudadanía.
Habiéndose iniciado algunos trabajos aparentemente de regeneración estamos observando que aspectos importantes de la Declaración de Impacto Ambiental citada no se están llevando a cabo.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Elaborar y hacer público el plan de vigilancia ambiental para el seguimiento y control de los impactos y de la eficacia de las medidas preventivas y correctoras establecidas, previsto en la Resolución de 10 de febrero de 2011, de la
Secretaría de Estado de Cambio Climático.
- Proceder a la inmediata creación de la Comisión Técnica de Seguimiento, prevista en la declaración de impacto ambiental del proyecto de regeneración y adecuación ambiental de la Bahía de Portmán, dándole publicidad.
- Realizar y hacer público el estudio de detalle para la localización y tratamiento adecuado de los materiales denominados arenas amarillas, según la declaración de impacto ambiental arriba citada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2017.-Javier Sánchez Serna, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Cultura
161/001968
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa al apoyo a la candidatura del espeto de sardinas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El espeto de sardinas es un plato típico de todo el litoral malagueño desde Manilva a Nerja asociado a los pueblos con tradición marinera e incluso en la costa granadina o la de Cádiz (La Línea o Algeciras), y otros puntos del litoral
español donde se puede encontrar esta técnica tradicional de preparar sardinas, aunque se puede afirmar que es vernácula de Málaga, como lo es la fiesta de la moraga asociada al espeto.
El espeto de sardinas se realiza desde tiempo inmemorial en Marbella. Respecto a su principal ingrediente, la sardina, su importancia y su calidad están plasmadas en multitud de fuentes históricas. Existen escritos de cronistas musulmanes
que testimonian la consideración de la sardina de la bahía de Marbella como una de las más exquisitas de todo Al-Andalus, como los de Ibn al-Jatíb: 'Que es una población abundante en huertos y viñas y sobre todo en pescados entre ellos en sardinas
de gran calidad'. Esa calidad continuó tras la Conquista y Pedro de Medina, en 'Las cosas memorables de España' en 1545, las ensalzó como: 'Las mejores sardinas de España están en Marbella'. Esa idea ha quedado para la posteridad como versó
Joseph Pérez de Montoro, poeta del siglo XVII: 'Que en Motril la caña dulce, en Málaga la patata, en Marbella la sardina, en Gibraltar la caballa y en Alicante el turrón'. O la cita de Juan Antonio Estrada en 1746: 'Su marina es abundante de
regalada pesca, en particular de sardinas afamadas'. No es casualidad que aún hoy muchas sardinas pescadas en la bahía de Marbella salgan de su lonja hacia muchos puntos del litoral malagueño y español.
En la Málaga de finales del siglo XIX, El Palo era un pueblo de pescadores que estaba en pleno desarrollo. La llegada del tranvía y del tren a la zona también trajo consigo a gran parte de los ciudadanos que acudían a su playa para pasar su
jornada de descanso. Sí existe constancia en 1882, del primer establecimiento o merendero, 'La Gran Parada', que ofreció de forma ya comercial el espeto de sardinas como un plato típicamente malagueño. A través de la crónica del historiador
Fernando Rueda se recoge la visita el 21 de enero de 1885, de su majestad el Rey Alfonso XII que, aprovechando una visita oficial para conocer los efectos del terremoto de la Axarquía, degustó uno de los famosos espetos.
Con el devenir de los años se convierte en un plato no solo para las clases más humildes sino que empieza a servirse en los numerosos chiringuitos de la Costa del Sol. Es el turismo de sol y playa el que va a consolidar a este plato como
parte de la cultura gastronómica malagueña y de la Costa del Sol.
Independientemente del plato de gastronomía popular en los típicos chiringuitos de playa, el espeto de sardinas se degusta en las moragas; una tradicional fiesta veraniega de celebración en la playa junto a la familia y los amigos en torno
a un fuego y a los espetos de sardinas como eje central que ha formado parte de la identidad cultural del litoral malagueño.
El objetivo que persigue el Grupo Parlamentario Socialista, es el de preservar los conocimientos y saberes que supone la elaboración de la tradición culinaria del espeto como expresión de la entidad comunitaria a nivel de la provincia de
Málaga y del resto de nuestro territorio andaluz y nacional, y una fiesta popular a ella vinculada como es la moraga, que ha contribuido desde antiguo a establecer vínculos a nivel local y provincial. Por tanto, este proyecto pretende proteger y
tomar conciencia sobre un elemento patrimonial que forma parte de nuestra diversidad cultural y que nos une a todos los malagueños y que se fundamenta en lo que persigue precisamente la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial: la necesidad de reconocer la relevancia de las manifestaciones y expresiones culturales. Por ello, es vital que consigamos que el espeto sea incluido en el inventario del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y se lleven a
cabo las actuaciones necesarias para su defensa y salvaguarda.
Recientemente, el Parlamento de Andalucía ha aprobado una iniciativa similar con una abultada mayoría, pero consideramos que es necesario también que cuente con el respaldo del Congreso de los Diputados y del Gobierno de España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a apoyar la candidatura del espeto de sardinas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO para su defensa y salvaguarda.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2017.-José Andrés Torres Mora, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Igualdad
161/001944
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la
elaboración urgente de un Protocolo para la prevención y la respuesta a la violencia sexual y de género para su implantación en el C.E.T.I. de Melilla, así como para la finalización urgente de los trabajos de elaboración del Protocolo de ámbito
nacional, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados en España (ACNUR), el Defensor del Pueblo y Amnistía Internacional han mostrado su preocupación porque España no está cumpliendo ni ha puesto en marcha ningún mecanismo de prevención
y respuesta ante situaciones de abuso sexual y por motivos de género en locales y centros de acogida de refugiados.
En concreto, han denunciado que en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla (C.E.T.I.) no se otorga la adecuada protección a las mujeres y niñas víctimas de agresión sexual y violencia de género, debido a que, muchas veces,
se encuentra desbordado con el triple y a veces el cuádruple de su capacidad, lo que hace que al tener que convivir personas de distintas edades y procedencias, existen muchas posibilidades de que, en estas circunstancias, se produzcan situaciones
de violencia sexual y por motivos de género, lo que precisa la adopción de medidas preventivas y de respuesta.
Asimismo, ha de señalarse que cuando se detecta un caso de violencia sexual o de género, se impone al agresor, como medida sancionadora, la expulsión del centro; sanción que, en muchas ocasiones, se convierte en un peligro mayor para la
mujer agredida; debiéndose indicar que es frecuente que la víctima, ante el hecho de que el agresor pueda dormir en la calle como consecuencia de la sanción, se abstenga de denunciar y, también, porque la denuncia puede suponer la paralización de
su traslado a la península hasta que se sustancia el procedimiento judicial contra el agresor.
Dado el riesgo de padecer violencia por parte de las mujeres y niñas y su silencio ante las agresiones, ACNUR ha pedido que el C.E.T.I. de Melilla, como cualquier otro de acogida, cuente con protocolos de actuación para prevenir la
violencia sexual y de género.
Asimismo, el Defensora del Pueblo ha efectuado una Recomendación a la Secretaria General de Inmigración y Emigración a fin de que proceda a la elaboración, con carácter urgente, de un Protocolo para la prevención y la respuesta a la
violencia sexual y por motivos de género para su implantación en el C.E.T.I. de Melilla. Dicha Recomendación, a pesar de que ha sido reiterada en tres ocasiones por el Defensora del Pueblo, no ha sido objeto de atención ni de respuesta alguna por
parte de la mencionada Secretaría.
También, según ha podido conocer la Defensora del Pueblo, se está elaborando un protocolo de ámbito nacional, que, sin embargo, no ha sido finalizado ni puesto en práctica.
El art.° 18.4 de la Directiva 2013/33/UE, de 26 de junio, de Acogida, de julio de 2015, dispone que 'Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para prevenir el acoso y los actos de violencia de género, incluida la violencia y el
acoso sexuales, en locales y centros de acogida a que se refiere el apartado 1, letras a) y b)'.
El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011 y ratificado por España mediante Instrumento de 18 de marzo de 2014, establece
en su artículo 62 que' Las Partes cooperarán para celebrar acuerdos, con la finalidad, entre otra cosas, de prevenir, combatir y perseguir todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del Convenio, proteger y asistir a las
víctimas, y llevar a cabo investigaciones o procedimientos en relación con los delitos establecidos en virtud de dicho Convenio'.
El último informe de la Agencia Europea para los Derechos Fundamentales (FRA), se refiere a las dificultades que padecen las mujeres refugiadas en los centros de acogida y ha mostrado su preocupación por este asunto y el propósito de
tratarlo de manera pormenorizada. Califica de alarmante el hecho de que no existan datos específicos en ningún país de la UE sobre casos de mujeres y niñas víctimas de violencia de género que necesitan protección internacional. Se alude al uso de
baños y duchas en los centros normalmente por la tarde-noche y a la accesibilidad de estas dependencias a través de pasillos o puertas que no pueden cerrarse. Se considera que las mujeres y niñas están expuestas a riesgos de padecer violencia, y
que las víctimas raras veces denuncian estos ataques por miedo a la repercusión en las solicitudes de asilo en trámite, especialmente en violencia doméstica. Alude a la falta de información a estos colectivos sobre los recursos de que disponen para
hacer frente a cualquier agresión.
Señala que, además de facilitar datos sobre los incidentes, los Estados deben ofrecer información sobre cómo denunciar la violencia de género y los lugares a los que dirigirse en busca de protección. Considera que el personal debe tener
formación adecuada y deben existir procedimientos específicos para menores, así como contar con traductores que faciliten la asistencia a estos grupos de especial vulnerabilidad.
El Comité contra la Discriminación de la Mujer de Naciones Unidas ha señalado que, en las disposiciones sobre recepción de personas migrantes y refugiadas, queden reflejados aspectos de género y se tengan en cuenta las necesidades
específicas de abusos y explotación sexual, traumas y tortura y malos tratos.
Así las cosas, de conformidad con lo expuesto, el Grupo Parlamentario socialista, formula la presente Proposición no de Ley por considerar que es necesaria y urgente la elaboración de un protocolo para el C.E.T.I de Melilla, así como también
la finalización del protocolo de ámbito nacional que se está elaborando por parte de la Secretaria General de Inmigración, para la prevención y la respuesta a la violencia sexual y a la violencia de género.
Protocolos que han de permitir establecer mecanismos de atención a las víctimas, que garanticen su adecuada identificación y, en su caso, su traslado inmediato a la península; asegurando que, mientras tanto, puedan recibir la información y
orientación pertinente, adecuada protección, acceso a la Justicia y a todos los recursos médicos y de otro tipo disponibles.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, con carácter urgente, un Protocolo para la prevención y la respuesta a la violencia sexual y a la violencia de género para su implantación en el C.E.T.I. de Melilla, para establecer mecanismos de atención a las víctimas, que
garanticen su adecuada identificación y su traslado inmediato a la península para asegurar que puedan recibir información y orientación pertinente, adecuada protección, acceso a la Justicia y a todos los recursos médicos y de otro tipo disponibles.
2. Finalice, con carácter urgente, los trabajos de elaboración del Protocolo de ámbito nacional para la prevención y respuesta a la violencia sexual y a la violencia de género, que está llevando a cabo la
Secretaría General de Inmigración y Emigración, para su implantación en todos los CETI existentes en España, a los fines anteriormente indicados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2017.-María Dolores Galovart Carrera, Guillermo Antonio Meijón Couselo, Ángeles Álvarez Álvarez y Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
161/001945
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a la Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para
garantizar los derechos de las porteadoras/es en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Según reciente información facilitada por el Gobierno, se desconoce la cifra exacta de las porteadoras, las mujeres de nacionalidad marroquí que cruzan la frontera desde Marruecos a las Ciudades Autónomas de Ceuta (Aduana de Tarajal I y II)
y de Melilla (puestos fronterizos de Beni-Enzar y Barrio Chino), para proveerse de pesadas mercancías, cargarlas sobre sus espaldas, transportarlas a pie y entregarlas después a Marruecos. Si bien, el gobierno, en un cálculo aproximado, ha dado la
cifra de entre las 12.000 a 15.000 porteadoras para Ceuta y de entre 3.000 a 5.000 porteadoras para Melilla.
Todas ellas, y sus respectivas familias, dependen totalmente de este tipo de actividad, eufemísticamente llamada 'comercio atípico' pues elude la realidad de un trabajo retribuido, fundamentalmente por cuenta ajena, no regulado por las leyes
laborales, enmarcado dentro de la economía sumergida, pero tolerado desde hace tiempo.
Una actividad que constituye el motor de la economía a ambos lados de las fronteras; suponiendo casi un tercio de la de Ceuta y Melilla. Este comercio generaba aproximadamente 1.000 millones de euros anuales entre ambas ciudades.
Según la asociación de comerciantes de Melilla 'Ascmel' los datos de recaudación del IPSI por las mercancías de importación no paran de aumentar.
Se trata de un trabajo feminizado, realizado por mujeres de nacionalidad marroquí, de entre treinta y cinco a sesenta años, si bien también hay hombres, y últimamente algunos de nacionalidad española.
Muy temprano, antes de la apertura de los angostos pasos fronterizos con Marruecos, miles de porteadoras se atrincheran cerca de los controles policiales, apiñadas, cuerpo contra cuerpo, a la espera de ser de las primeras en cruzarlos y en
llegar a las naves del polígono fronterizo de Tarajal y a los camiones aparcados próximos al control del Barrio Chino, con el fin de poder recoger y cargar físicamente el mayor número de veces posible de pesados fardos de mercancías, algunos de 90
kilos.
Y es que los pasos fronterizos tienen horarios que regulan las jornadas laborales de las transportistas y cuantos más fardos consigan entregar en ese tiempo, más cobrarán. Según las ONGs locales, una media de cinco euros por porte,
dependiendo del peso, a razón de dos o tres veces al día.
Es evidente que la naturaleza y condiciones de explotación del trabajo que realizan las porteadoras, que no tienen la consideración de trabajadoras, vulneran sus derechos laborales más elementales, lo que hace que carezcan de tarjeta
sanitaria, no pudiendo acceder a las prestaciones sociales.
Además, en su penoso y estresante trasiego, muchas de estas mujeres sufren humillaciones, acosos sexuales así como también sobornos, violencias, maltratos y decisiones policiales arbitrarias, como, por ejemplo, el requisamiento injustificado
de la mercancía que portan.
Sin perjuicio de lo anterior, ha de señalarse que es público y notorio el colapso, el caos y el descontrol existente en los pasos fronterizos mencionados así como también la deficiente estructura y diseño de los mismos, que los hace no aptos
para soportar el alarmante flujo humano transfronterizo.
Estas circunstancias hacen que la seguridad, la vida, la integridad física de las porteadoras corra peligro, con evidente vulneración de sus derechos fundamentales.
Y así resulta que, en no pocas ocasiones, se producen situaciones de tensión y asfixia y también peligrosas avalanchas humanas con consecuencias, a veces, mortales. Oficialmente van cuatro víctimas mortales, aunque las ONGs locales afirman
que se han producido más fallecimientos que no han sido documentados. También ocurre que las personas quedan atrapadas en las puertas rotatorias del Barrio Chino y del Tarajal, al ser empujadas por otras que desean pasar a la vez.
A este respecto, la Asociación Unificada de la Guardia Civil ha denunciado y lamentado estas situaciones, afirmando que 'es inhumano' lo que ven a diario los Guardias Civiles en el Barrio Chino.
La insostenibilidad de la situación descrita, así como la insuficiencia de efectivos personales y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los que se incrementa con comisiones de servicio para trabajar en la frontera y
terminan, por ejemplo, de conductores del Jefe Superior de Ceuta, dificulta el cumplimiento de las propias funciones, que, en el Barrio Chino, se ven obligados a realizar labores que no corresponden con sus cometidos, como la de ordenar los tiempos
de las colas con el fin de tratar de evitar desgracias personales, que, indudablemente, no pueden garantizar así como tampoco la seguridad de los propios agentes. Y ello por no hablar de la sustitución de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
por seguridad privada como está ocurriendo en Tarajal II, donde en menos de tres meses ha habido dos muertes de mujeres y varios heridos, incluidos miembros de la Policía Nacional.
En el orden sanitario, ha de indicarse que en los pasos fronterizos no existe asistencia sanitaria ni dispositivo especial alguno, a pesar de las circunstancias antes descritas y de que la actividad que se lleva a cabo en ellos perjudica
seriamente a la salud de las porteadoras. Y es así que cuando se precisa esa asistencia (esguinces, torceduras, lesiones por peleas, incluso, apuñalamientos, accidentes por caídas de bultos o por tropiezos, desvanecimientos sobre todo durante el
Ramadán), haya que recurrir a los escasos recursos sanitarios de la ciudad (Melilla solo dispone de tres ambulancias de urgencias y solo un médico).A este respecto, no es baladí poner de manifiesto que es muy dificultoso el acceso de las ambulancias
para poder acceder a una persona que precise de sus servicios, debido a la cantidad de obstáculos, de todo tipo, fardos en el suelo, vehículos parados, filas interminables de porteadoras) que lo impiden. Y así no es extraño oír decir a los
profesionales sanitarios que 'demasiado poco pasa para lo que puede pasar'.
Estamos en un territorio que forma parte de un estado de la Unión Europea y la negligencia y falta de atención a la salud de las porteadoras por parte de las administraciones competentes, también se pone de manifiesto en la carencia de
servicios elementales agua potable, zonas de sombra, baños), en los pasos fronterizos y alrededores. Y así, en Beni-Enzar no hay baño ni siquiera un grifo; en el Barrio Chino hay un solo baño para atender a miles de personas; en ningún paso
existen bancos ni zonas de sombra y ni siquiera se han habilitado lonas para protegerlas del sol.
En definitiva, todo hace indicar que las autoridades entienden que las porteadoras solo portan bultos pero no derechos.
En consecuencia con lo expuesto, dadas las graves violaciones de los derechos humanos y de la dignidad de las personas -fundamentalmente mujeres- que se producen en las fronteras de las Ciudades Autónomas de Melilla y Ceuta, que vulneran los
Tratados y Convenciones Internacionales y la legislación humanitaria, y con el convencimiento de que los derechos y la dignidad de las porteadoras deben ser reconocidos pues el respeto de los derechos humanos está por encima de los intereses
económicos y políticos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que:
- Lleve a cabo las mejoras estructurales y arquitectónicas necesaria, en los pasos fronterizos de Ceuta (Tarajal I y II) y Melilla (Beni-Enzar y Barrio Chino), para garantizar el respeto de los derechos humanos y la seguridad de las
porteadoras en su actividad de tránsito de mercancías.
- Se adopten las medidas necesarias para asegurar y garantizar la salud y la seguridad de las porteadoras.
- Se incremente el número de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dotándoles de suficientes medios materiales, para que puedan llevar a cabo sus funciones de seguridad y de protección.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2017.-María Dolores Galovart Carrera, Ángeles Álvarez Álvarez, Miriam Alconchel Gonzaga, Antonio Ramón María Trevín Lombán y Salvador Antonio de la Encina Ortega, Diputados.-Miguel Ángel
Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/001940
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
atropellos a ciclistas, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La siniestralidad de los usuarios de la bicicleta se ha duplicado en los últimos siete años en vías interurbanas, pasando de 1.082 en 2009 a 2.013 en el año 2015. También dentro de las ciudades ha crecido el número de accidentes con bicis,
duplicándose las cifras en dicho periodo.
El incremento es debido a una mayor movilidad en bicicleta. El uso de este vehículo, como medio habitual de transporte o para hacer deporte en carreteras y vías verdes, va cada vez a más. Sin embargo, frente a otras causas, la DGT no ha
establecido con rigor las medidas necesarias ni avanzado en las estrategias que se vienen reclamando desde diferentes entidades y desde la propia Comisión de Seguridad Vial del Congreso.
A día de hoy, se siguen dando importantes deficiencias en infraestructuras, tanto en ciudades como en vías interurbanas, si bien la competencia de ejecución en esta materia no corresponda al Gobierno Central. Se consideran insuficientes,
además, las campañas de sensibilización y formación a los conductores, también a los ciclistas.
Por otra parte, la reforma del Código Penal que hizo el Gobierno del PP en 2015, sacando las faltas por imprudencia leve, no fue una medida acertada para la mayor protección de los ciclistas, en opinión de la Mesa Española de la Bicicleta,
quien ha criticado los cambios introducidos en distintas normativas.
Los datos de la DGT señalan que más de 400 ciclistas fallecieron en la última década en las carreteras españolas: 372 de 2008 a 2015, según las cifras definitivas de Tráfico; más otros 51 en 2016 y lo que va de 2017. La mayor parte de los
fallecidos se produjeron en vías interurbanas, si bien el 72% de los accidentes tuvieron lugar en las ciudades. Es de destacar la influencia del alcohol y las drogas en los conductores culpables de atropellos de ciclistas.
Recientemente y ante la repetición de atropellos mortales, el Comité de Seguridad Vial ha anunciado un plan especial de medidas para la protección y seguridad vial de los ciclistas impulsado por la Dirección General de Tráfico, un anuncio
que valoramos positivamente y que incluye un endurecimiento de las sanciones para los infractores reincidentes que conducen tras haber consumido alcohol o drogas.
Por estas razones, la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible desea expresar, en primer lugar, sus condolencias y solidaridad a los familiares, clubes y amigos de las víctimas ciclistas de estos años, así como a aquellos otros
casos de ciclistas atropellados y afectados por la siniestralidad vial en España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Actuar con celeridad desde la DGT, ante el aumento de la siniestralidad de ciclistas, para reducir los riesgos de atropellos, estableciendo para ello medidas sancionadoras de choque, entre ellas la sanción por incumplimiento de respetar
la distancia de 1,5 m. en adelantamiento a ciclistas, acciones preventivas, actuaciones de control policial, estrategias para promover la mejora general de las infraestructuras viarias
pensando en los ciclistas y la promoción de los carriles bicis, tanto ante las CCAA como hacía los Ayuntamientos, así como medidas de campañas de sensibilización y formación de los conductores de todo tipo de vehículos.
2. Profundizar el diálogo con las organizaciones de la Mesa Española de la Bicicleta para revisar los contenidos del Código Penal en lo que se refiere a la inclusión de las faltas por imprudencia leve. Igualmente, en lo que respecta a la
imprudencia grave con resultado de muerte o lesión grave, que es una acción dolosa, no de mera imprudencia.
3. Realizar el máximo esfuerzo de participación para disponer de una legislación integral de movilidad sostenible y avanzar en la fijación consensuada con las entidades de la Mesa de la Bicicleta de unas directrices para poder aprobar un
Plan Estratégico Estatal de la Bicicleta.
4. Abordar la reforma de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, así como del Reglamento General de Circulación y del Reglamento General de la Conducción para adaptarlos a las nuevas realidades de la sociedad y
a las necesidades de una movilidad sostenible y segura, ante el auge de los usuarios de la bicicleta, tanto como medio de transporte en las ciudades como para practicar deporte en las carreteras y vías verdes. Sin olvidar que los ciclistas son los
actores más indefensos en la utilización de las vías interurbanas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2017.-Odón Elorza González, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/001960
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés y Sergi Miquel i Valentí, en su calidad de Diputados del Partit Demòcrata Català integrados en el Grupo Parlamentario Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta, para su debate ante la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a convertir la vigente prestación de la Seguridad Social por hijo a cargo en una verdadera
prestación económica para la crianza de los hijos.
Antecedentes
Uno de los rasgos distintivos de la realidad social española es la alarmante cifra de niños menores de 18 años en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social. Son constantes los informes, que año tras año, sitúan al Estado español
en los primeros puestos de los países de la Unión Europea con más pobreza infantil. A modo de ejemplo, podemos citar el de Cáritas Europa, publicado en 2014, del que se deprende que el Estado español es el tercer país de la UE con mayor índice de
pobreza infantil con un 29,9% de niños, en riesgo de pobreza. O los datos publicados por Save the Children más recientemente, de los que se deriva que actualmente en España, uno de cada tres niños está en riesgo de pobreza o exclusión social. La
infancia es muy probablemente, el colectivo que más ha sufrido y sufre las consecuencias de la crisis económica y de los recortes en las ayudas sociales.
Y lo que es más grave, 'la pobreza se hereda' es la conclusión de Cáritas después de constatar que ocho de cada diez personas que vivieron graves dificultades económicas en su infancia y adolescencia las están reviviendo en la actualidad
como adultos.
Según un informe de Save the Children, el Estado español es también el segundo país europeo, detrás de Grecia, con menor capacidad para reducir la pobreza infantil mediante las ayudas sociales. Las actuales ayudas sociales solamente reducen
el riesgo de pobreza infantil en 8,8 puntos, mientras que, por ejemplo, en Irlanda, con una prestación universal, son mucho más eficientes, la reducción es de 27,5 puntos.
Precisamente, en el análisis de los efectos sobre la pobreza infantil, de las prestaciones monetarias se ha centrado un estudio elaborado por UNICEF: Políticas Públicas para reducir la pobreza infantil en España. Análisis de impacto. Y de
su lectura, se desprenden datos que no nos pueden dejar indiferentes y que abarcan diversos ámbitos: desde un análisis de la situación de la pobreza infantil en el Estado español en el marco comparado, a posibles reformas de las prestaciones
monetarias para reducir la pobreza infantil.
Como conclusiones del exhaustivo informe elaborado por UNICEF, destacar algunas ideas como las siguientes. A pesar de las mejoras en los niveles de renta en muchos países ricos, la pobreza sigue teniendo una alta incidencia en la infancia
y, en varios casos, mantiene una clara tendencia al alza. Este dato supone una grave señal de alerta para la intervención pública, no solo por la necesidad de rebajar o eliminar los problemas actuales de vulnerabilidad social, sino también para
prevenir riesgos sociales futuros.
En general, los países más exitosos en la lucha contra la pobreza infantil han combinado una red suficiente de prestaciones, con extensos servicios de apoyo a las familias con hijos, acompañados además, de políticas de fomento del empleo,
conciliación de la vida familiar y diferentes tipos de reducciones impositivas, prestaciones monetarias y sistemas públicos de cuidados infantiles.
Desgraciadamente, la pobreza infantil no es una situación nueva en España, uno de los países con mayor riesgo de pobreza infantil. Las debilidades del mercado laboral, la especial vulnerabilidad de algunos hogares con niños, y sobre todo,
la insuficiencia de la red de protección social, son algunos de los factores que lo explican.
La pobreza en España es una situación extendida entre los menores de dieciocho años, mucho mayor que en la mayoría de países de la UE y con una marcada tendencia a la alza, avivada en los últimos años por la severidad de la crisis económica.
El riesgo de pobreza en España es incluso superior al de países con niveles de riqueza y gasto social claramente inferiores a los españoles. Y esta caracterización de la pobreza infantil y de su magnitud no es ajena a la singularidad del diseño de
las políticas públicas en el Estado, el cual destina a infancia unos recursos públicos netamente inferiores a la del promedio de nuestro entorno.
Es cierto que antes de la crisis hubo una cierta etapa expansiva con la puesta en marcha de nuevas políticas relevantes para la corregir y mitigar la pobreza infantil, como la prestación universal por nacimiento, y con el refuerzo de algunas
de las prestaciones existentes, como el aumento de las cuantías de las prestaciones por hijo a cargo, en el caso de menores de tres años, pero con la crisis y la introducción de severas medidas de ajuste fiscal, se frustró drásticamente este avance
y ha ido consolidando el escenario anterior en España: una inversión en recursos públicos en la infancia claramente inferior a la de los países de la Eurozona.
En cualquier caso, parece claro y demostrado que las prestaciones pueden reducir la pobreza infantil en casi un tercio, y reducen aún más la pobreza de los adultos, no en porcentaje pero sí en número de personas, con un efecto especialmente
relevante las de carácter universal. Por tanto, las reformas más urgentes para reducir la pobreza monetaria en la infancia deben darse en la vertiente de las prestaciones sociales. No hay duda que cuanto mayor es la generosidad de estas
prestaciones menor es la pobreza infantil. Y solo Grecia ofrece prestaciones por hijo con menor intensidad protectora que el Estado español, y éstas están a una enorme distancia de la mayoría de países de la Eurozona.
La relación entre nivel de prestaciones y nivel de pobreza, y la urgencia de la situación en España deberían obligar a revisar con la mayor celeridad posible, el actual sistema de prestaciones por hijo a cargo, impropio del nivel de renta
del estado y de su desarrollo.
El artículo 18 de la Convención de los Derechos del Niño establece la responsabilidad primordial que padres y madres tienen en la crianza de sus hijos e hijas, así como el deber del Estado de brindar la asistencia necesaria en el desempeño
de estas funciones. La prestación por hijo a cargo en España, debería ser la materialización de este deber estatal recogido en la Convención, y debería ayudar a padres y madres en el cumplimiento de sus responsabilidades.
En España, la prestación económica por hijo a cargo se regula en el artículo 351 y siguientes del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y consiste
en una asignación económica que se reconoce por cada hijo a cargo del beneficiario, menor de 18 años o mayor de dicha edad afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 65%, y también, por los menores en acogimiento familiar,
permanente o preadoptivo, siempre que no se supere el límite de ingresos establecido. La cuantía fijada en general, para los menores sin
discapacidad es concretamente de 24,25 euros mensuales, y el límite de ingresos de 11.576,83 euros anuales. Cuantía y límites claramente insuficientes.
De forma inmediata, deberían adoptarse en consecuencia, las medidas oportunas para aumentar la cuantía de la prestación hasta 100 euros mensuales y para incrementar el límite de renta que permite el acceso a ella. Y a medio plazo, debería
establecerse una prestación universal de esa misma cuantía como instrumento verdaderamente eficaz contra la pobreza infantil. La gran mayoría de los países europeos tienen prestaciones universales y menores niveles de pobreza, mientras que los
países que apostaron por prestaciones condicionales, son los que tienen mayores tasas de pobreza.
Asimismo, dichas medidas deberían prever que la gestión de dicha prestación fuera transferida a las Comunidades Autónomas como autoridades competentes en materia de servicios sociales, al objeto de dar una respuesta más rápida y eficiente a
las necesidades de las personas en situación de pobreza.
En este sentido, cabe señalar el principio de subsidiariedad como uno de los principios o pilares sobre los que se sustenta la UE, una organización administrativamente y competencialmente compleja. De acuerdo con dicho principio, el nivel
de intervención más pertinente en los ámbitos en los que pueda haber competencias compartidas, es el que con su actuación, obtenga un resultado más eficaz, y por ello, un asunto debe ser resuelto por la autoridad o administración más próxima al
objeto del problema. Así, a modo de ejemplo, cabe citar como el Parlamento Europeo en su Resolución de 24 de noviembre de 2015, sobre la reducción de las desigualdades, en especial con respecto a la pobreza infantil, considera que las autoridades
locales y regionales al encontrarse en primera línea cuando se trata de combatir la pobreza y la explotación infantiles, tienen una responsabilidad crucial para prevenir la marginación y la exclusión social y que, las autoridades nacionales o
estatales deben facilitarles los medios e instrumentos suficientes para cumplir con estos objetivos.
El incremento de la prestación y la ampliación del número de beneficiarios tienen un coste importante pero perfectamente asumible para el estado español. No podemos perder más tiempo, los niños, y en particular los que se encuentran en
situación de pobreza o exclusión social, exigen y se merecen una rápida puesta en marcha de medidas muchas más ambiciosas y efectivas que las actuales, propias de un país de la Unión Europea. Una mayor inversión de recursos públicos en infancia es
una apuesta de presente y de futuro no solo para dar mayores oportunidades a nuestros niños, sino también a nuestra sociedad en general.
Por todo ello, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata Català presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, con la mayor celeridad posible, las medidas oportunas para aumentar la asignación de la prestación económica de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo, como mínimo hasta 100
euros mensuales para los menores sin discapacidad, y de forma adecuada y proporcional para hijos a cargo con discapacidad, así como para incrementar los límites de ingresos máximos establecidos como requisito para su acceso, como mínimo hasta 22.000
euros anuales, con el objetivo de aumentar la base de los beneficiarios, convertirla en una verdadera prestación económica de la Seguridad Social para la crianza de los hijos y así, en un instrumento de lucha contra la pobreza infantil.
Dichas medidas incluirán asimismo, las disposiciones oportunas para que la gestión de la citada prestación sea transferida a las Comunidades Autónomas como autoridades competentes en materia de servicios sociales, al objeto de dar una
respuesta más rápida y eficiente a las necesidades de las personas en situación de pobreza. Y las que fueren necesarias con el objetivo a medio plazo, de implantar una prestación para la crianza de los hijos de carácter universal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2017.-Carles Campuzano i Canadés y Sergi Miquel i Valentí, Diputados.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el articulo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Defensa
181/000395
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa.
Diputado don Odón Elorza González.
Texto:
¿Es voluntad del Ministerio de Defensa abordar, a lo largo de 2017, las gestiones oportunas para abrir una negociación con el Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián que permita el traslado de los Cuarteles Militares de Loiola en San
Sebastián a un territorio próximo y dentro del municipio, a la vista de su notable infrautilización, con el objetivo de poder cumplir, en el marco de un Convenio institucional de colaboración entre las administraciones implicadas, las previsiones
establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de mayo de 2017.-Odón Elorza González, Diputado.
Comisión de Hacienda y Función Pública
181/000396
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Diputada doña Esther Peña Camarero.
Texto:
Según las informaciones aparecidas en los medios de comunicación, los permisos concedidos por los supuestos previstos en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, se elevan a 12.891, a los
que se suman 14.410 de familiares.
¿Cuántas de estas personas con autorización de residencia pagan el IRPF en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de mayo de 2017.-Esther Peña Camarero, Diputada.
Comisión de Fomento
181/000399
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento.
Diputado don Celso Luis Delgado Arce.
Texto:
¿Qué últimos avances se han realizado en la autovía A-56 entre Ourense y Lugo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2017.-Celso Luis Delgado Arce, Diputado.
181/000400
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento.
Diputado don Miguel Barrachina Ros.
Texto:
¿Qué actuaciones está previsto realizar a corto plazo en la línea Sagunto-Segorbe-Teruel y qué plazo se prevé para la finalización de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2017.-Miguel Barrachina Ros, Diputado.
181/000401
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento.
Diputado don Óscar Clavell López.
Texto:
¿Qué próximas actuaciones estratégicas está analizando Renfe en el contexto internacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2017.-Óscar Clavell López, Diputado.
181/000402
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento.
Diputado don Antonio González Terol.
Texto:
¿Qué próximas mejoras hay previstas en la flota de trenes de Renfe?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2017.-Antonio González Terol, Diputado.
181/000403
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento.
Diputado don Jaime Miguel Mateu Istúriz.
Texto:
¿Qué avances se han producido en la mejora de las conexiones ferroviarias entre España y Francia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2017.-Jaime Miguel Mateu Istúriz, Diputado.
181/000404
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento.
Diputada Ana María Zurita Expósito.
Texto:
¿Qué alcance tiene el Convenio sobre Transporte Aéreo firmado recientemente con México?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2017.-Ana María Zurita Expósito, Diputada.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
181/000397
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Diputado don Rafael Simancas Simancas.
Texto:
¿Qué valoración hace el Gobierno de la Recomendación del 22 de mayo de 2017, del Consejo de la UE sobre el Programa de Estabilidad en España 2017, en materia de empleo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2017.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
181/000409
Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Diputado don José Luis Martínez González.
Texto:
¿Qué medidas está adoptando el Gobierno para resolver la crisis de las reclamaciones gástricas, por turistas ingleses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2017.-José Luis Martínez González, Diputado.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/000398
Grupo Parlamentario Socialista.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Diputado don César Luena López.
Texto:
¿Cómo valora el Gobierno la situación de sequía en La Rioja y qué actuaciones piensa llevar a cabo para afrontarla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2017.-César Luena López, Diputado.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
181/000405
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
Autor: Belarra Urteaga, Ione (GCUP-EC-EM).
Plazos y mecanismos que se están considerando para el desarrollo reglamentario de la Ley 1/1996, así como forma en la que se va a realizar el seguimiento de la implementación legislativa de las consiguientes reformas en las Comunidades
Autónomas.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, entendiendo que, en todo caso, la pregunta estaría dirigida al Gobierno.
Asimismo, comunicar a la Sra. Diputada autora de la iniciativa, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el articulo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
Diputada doña lone Belarra Urteaga.
Dirigida a doña María del Pilar González Vicente, Directora General de la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Texto:
Doña lone Belarra Urteaga, Diputada por Navarra perteneciente al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno con respuesta oral, relativa a la modificación del Sistema de Protección Jurídica de la Infancia.
El pasado 18 de agosto del 2015, entraba en vigor una reforma de calado del sistema de protección jurídica de la infancia y adolescencia tras veinte años de la aprobación de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección jurídica del menor.
El objetivo de la reforma es adaptar los instrumentos de protección de menores a los cambios sociales, en aras del cumplimiento efectivo del art. 39 CE: los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan
por sus derechos y los instrumentos internacionales ratificados por España.
¿Qué plazos y con qué mecanismos está considerando el Gobierno el desarrollo del reglamentario de la Ley Orgánica 1/1996 (modificada por las más recientes), total o parcial que asegure que la operatividad de la misma; y cómo se va a
realizar el seguimiento de la implementación legislativa de las consiguientes reformas en las CCAA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2017.-lone Belarra Urteaga, Diputada.
181/000406
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
Autor: Belarra Urteaga, Ione (GCUP-EC-EM).
Medidas previstas acerca de la nueva Observación General número 19 (2016) sobre Gasto Público y los derechos de la infancia, incluyendo el garantizar la trazabilidad de la inversión en infancia para facilitar su correcta identificación y
etiquetado en los Presupuestos Generales del Estado.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, entendiendo que, en todo caso, la pregunta estaría dirigida al Gobierno.
Asimismo, comunicar a la Sra. Diputada autora de la iniciativa, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el articulo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
Diputada doña lone Belarra Urteaga.
Dirigida a doña María del Pilar González Vicente, Directora General de la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Texto:
Doña lone Belarra Urteaga, Diputada por Navarra perteneciente al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno con respuesta oral relativa a la aplicación de Presupuestos Generales del Estado con Enfoque de Derechos.
El Comité de los Derechos del Niño ha aprobado su nueva Observación General n.°19 sobre Presupuesto Público para hacer realidad los Derechos de la Infancia, tomando como principal referencia el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos
del Niño (CDN). Pese a ello, España sigue estando a la cola de Europa en Inversión en Infancia. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas (CRC) ya ha llamado la atención del Gobierno (en varios de sus informes) por dedicar únicamente
el 1,3% del PIB a políticas de infancia y de familia y aún ...
¿Qué medidas concretas tiene previstas tomar el Gobierno al respecto de la nueva Observación General n.° 19 (2016) sobre Gasto Público y los derechos de la Infancia, incluyendo el garantizar la trazabilidad de la Inversión en Infancia para
facilitar su correcta identificación y etiquetado en los PGE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2017.-lone Belarra Urteaga, Diputada.
181/000407
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
Autor: Belarra Urteaga, Ione (GCUP-EC-EM).
Medidas e iniciativas previstas por el Observatorio de la Infancia para constituirse en un foro de intercambio y comunicación permanente y abierto entre los organismos públicos y la sociedad civil, así como estudios e informes que tiene
previstos realizar y rol que va a jugar en las medidas para garantizar la protección contra toda forma de violencia hacia la infancia.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, entendiendo que, en todo caso, la pregunta estaría dirigida al Gobierno.
Asimismo, comunicar a la Sra. Diputada autora de la iniciativa, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el articulo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
Diputada doña lone Belarra Urteaga.
Dirigida a doña María del Pilar González Vicente, Directora General de la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Texto:
Doña lone Belarra Urteaga, Diputada por Navarra perteneciente al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente pregunta al Gobierno con respuesta oral relativa al Observatorio de Infancia.
El Observatorio de la Infancia (OI), fue creado por Acuerdo del Consejo de Ministros en el año 1999 y adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Se trata de una muy oportuna plataforma de participación de todos los
agentes sociales que trabajan en la promoción y ejercicio de los derechos de la infancia y adolescencia en sus diferentes entornos, tanto desde las distintas administraciones públicas como de las asociaciones de infancia. Sin embargo, a nuestro
Grupo Parlamentario le preocupa el bajo grado de actividad que ha tenido en los últimos años, dado que, desde 2012, se han realizado únicamente tres sesiones del Pleno del Observatorio: 30 de noviembre de 2012; 9 de junio de 2014 y 13 de noviembre
de 2015.
Por ello le planteamos:
¿Qué rol va a jugar el Observatorio de Infancia en esta legislatura, es decir qué medidas e iniciativas va a tomar para que se constituya -como se indica entre sus funciones- en un foro de intercambio y comunicación permanente y abierto
entre los organismos públicos y la sociedad civil, qué estudios e informes tiene previstos realizar y qué rol va a jugar el Observatorio en las medidas para garantizar la protección contra toda forma de violencia hacia la infancia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2017.-lone Belarra Urteaga, Diputada.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/009980
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Baldoví Roda, Joan (GMx).
Reformulación de su pregunta sobre realización de pruebas periódicas de estanqueidad de la integridad del tanque de sustancias petrolíferas, así como comercialización de equipos de detección de fugas.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite la pregunta de referencia, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el articulo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito.
Con fecha 15/03/2017 y registro de salida 6418, el Gobierno me contestó a la pregunta 184/009980, de fecha 08/03/2017, pidiendo la reformulación de diversas cuestiones porque suponían consulta de índole estrictamente jurídica.
Sin embargo, dos meses después de esta primera comunicación, el Gobierno no ha hecho llegar ninguna contestación al resto de preguntas que estaban correctamente formuladas, por lo que las vuelvo a presentar.
De acuerdo a anteriores preguntas que he realizado, la serie histórica de reglamentaciones petrolíferas posibilitó la existencia mayoritaria (~ 70% ) de tanques metálicos de simple pared sin contención de vertidos que superan los 35 años de
antigüedad, duplicando el límite recomendable de 18 años establecido por UST EPA.
Un estudio de la industria norteamericana reconoce que el 20% de los tanques metálicos enterrados de simple pared terminará fugando, el 60% de las pérdidas contamina el suelo y afecta a las aguas subterráneas. Un galón de gasolina puede
contaminar un millón de galones de agua potable.
El Real Decreto 1523/1999, reconoce explícitamente que: 'Teniendo en cuenta que las características técnico-mecánicas que garantizan la estanqueidad y resistencia mecánica de tales instalaciones pueden verse alteradas y deterioradas como
consecuencia del contacto con agentes corrosivos, oxidantes, etc., propios de la naturaleza de los terrenos circundantes, elementos constructivos y otras instalaciones anexas, dando lugar a fugas incontroladas que originan la contaminación del medio
ambiente y creando peligro de concentraciones explosivas o incendios...'.
Ante la insuficiencia de las respuestas del Gobierno recibidas a las preguntas cursadas con anterioridad, reitero nuestra preocupación por los actos administrativos que introducen sin justificación técnica motivada, modificaciones
sustanciales más laxas en la reglamentación del sector de almacenamiento de productos petrolíferos líquidos, tipificado en el Real Decreto 9/2005 como actividad potencialmente contaminante y elevado riesgo para las personas y el medioambiente, tal y
como se reconoce explícitamente en el Real Decreto 1523/1999, evidenciándose, en accidentes mortales y en la constatación de que las fugas de dichos depósitos constituyen los principales focos de contaminación del suelo.
La reglamentación española vigente establece que las instalaciones existentes dotadas de tanques de simple pared sin cubeto, una vez superados los 10 años de antigüedad han de realizar pruebas periódicas de estanqueidad de la integridad del
tanque, para evitar tanto la emisión de vapores explosivos, como el vertido de líquidos contaminantes, de conformidad con:
1. Real Decreto 2201/1995: Artículo 11. Pruebas de estanqueidad neumáticas con nitrógeno a 1 bar, periodicidad 3 años.
2. Real Decreto 1523/1999: Artículo 39.2.d, según las opciones siguientes:
'1. Anualmente una prueba de estanqueidad, pudiéndose realizar con producto en el tanque y la instalación en funcionamiento.
2. Cada cinco años una prueba de estanqueidad, en tanque vacío, limpio y desgasificado, tras examen visual de la superficie interior y medición de espesores en tanques metálicos no revestidos.
El sistema para realizar la prueba de estanqueidad ha de garantizar la detección de una fuga de 100 ml/h y tiene que estar evaluado con el procedimiento indicado en el informe UNE 53968. El laboratorio de ensayo que realice la evaluación ha
de estar acreditado de acuerdo con el Real Decreto 2200/1995.
Estas pruebas serán certificadas por un organismo de control autorizado.'
Nota. De acuerdo con el artículo 10 del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, aprobado por Real Decreto 2085/1994, la referencia a normas que se hace en esta instrucción técnica complementaria se entenderá sin perjuicio del
reconocimiento de las normas correspondientes admitidas por los Estados miembros de la Unión Europea (U.E.) o por otros países con los que exista un acuerdo en este sentido, siempre que las mismas supongan un nivel de seguridad de las personas o de
los bienes equivalentes, al menos, al que proporcionan éstas. Ver Real Decreto 1523/1999, anexo, Normas admitidas para el cumplimiento de la instrucción MI-IPO4.
El Real Decreto 1337/1999 por el que se regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información establece en el:
'Artículo 4. Limitaciones en materia de normalización.
1. Durante la elaboración por los organismos europeos de normalización de una norma europea, a propuesta de la Comisión Europea, o con posterioridad a su aprobación, el organismo español de normalización no emprenderá acción alguna que
pueda perjudicar la armonización buscada por la misma y no publicará en el sector en cuestión una norma nacional nueva o revisada que no sea enteramente conforme a una norma europea existente.
2. El apartado anterior no se aplicará a los trabajos del organismo español de normalización que se emprendan a petición de las Administraciones Públicas con la finalidad de elaborar, para determinados productos, especificaciones técnicas o
una norma con el propósito de establecer un reglamento técnico para dichos productos.'
Cronología de las versiones publicadas de UNE EN 13160-5 y UNE 53968:
Pne prEN 13160-5 Sistemas de detección de fugas. Parte 5: Sistemas de detección de fugas de tanques por sonda. Publicado en el BOE núm. 96, del 22 de abril de 1998.
DIN EN 13160-5:2004 Leak detection systems-Part 5: Tank gauge leak detection systems; German version.
UNE EN 13160-5:2005 Sistemas de detección de fugas. Parte 5: Sistemas de detección de fugas de tanques por indicador de nivel. Publicado en el BOE núm. 135, del 22 de abril de 2005. Transposición de EN 13160-5:2004 mediante texto
idéntico.;Informe UNE 53968-1:1999 IN. Procedimientos normalizados para evaluar métodos de verificación de la estanqueidad en tanques atmosféricos. Parte 1. Generalidades.
Informe UNE 53968-2:1999 IN. Parte 2. Métodos volumétricos.
Informe UNE 53968-3:1999 IN. Parte 3. Métodos no volumétricos. Publicado en el BOE núm. 50, de 28 de febrero de 1999.
Informe UNE 53968:2001 IN. BOE núm. 136, de 7 de junio de 2001. Sustituye a UNE 53968:1999.
Informe UNE 53968:2005 IN. BOE núm. 24, de 28 de enero de 2006. Sustituye a UNE 53968:2001 IN.
Nota. Como puede observarse el BOE publicó tanto el Proyecto de norma prEN 13160-5 como la versión traducida en 2005 de la EN 13160-5:2004, con anterioridad a la publicación de las distintas versiones del Informe UNE 53968.
Analizadas las actas del proceso de revisión del Informe UNE 53968:2005 solicitadas a AENOR, observamos que en el seno del CTN 62 SC5, presidido por el Jefe de servicio del MINETUR, se acordó por 'imperativo legal':
1. El rechazo del borrador aprobado por el grupo de trabajo, por la no exclusión de los sistemas (fijos-volumétricos) de detección de fugas por variación de nivel, en el Informe UNE 53968.
2. La aprobación de las normas sustitutorias del Informe UNE 53968:2005 siguientes:
a) UNE 62423-1:2015 de aplicación a sistemas Itinerantes de detección de fugas, presentado por 2 vocalías, como alternativa al borrador aprobado por el grupo de trabajo GT 3.
b) Modificación puntual del Informe UNE 53968:2005 1M:2015. Que modifica el capítulo 1 'Objeto y campo de aplicación' excluyendo los sistemas de detección de fugas de clase IV (volumétricos-fijos) para su utilización exclusiva con líquidos
(según se define en el objeto y campo de aplicación de la Norma EN 13352).
Con independencia de la inexistencia de fundamentación técnica motivada en las actas de AENOR que justifique la desnaturalización del Informe UNE 53968:2005, 'sorprende' la arbitrariedad seguida en el desarrollo de normas de seguridad
industrial en las que debe prevalecer el interés general, así como, la actitud del MINETUR, en franca contradicción, con las actuaciones precedentes que citamos a continuación:
1. 27/04/2005 Reunión del comité 53. El Sr. Almazán explica que la norma europea es mandatada por la directiva de la construcción y ya es obligatorio, a partir del 1 de marzo de 2005, el marcado CE. El
mandato, documento interno entre la comisión y el CEN, se indica que la obligación del marcado CE no es aplicable a los sistemas instalados en los procesos industriales y en las estaciones de servicio. Añade que no existe ningún impedimento
en que se instalen estos sistemas siempre y cuando se realicen las pruebas de estanqueidad establecidas (Real Decreto 1523/1999). Si lo que se pretende es no contaminar el entorno, con el umbral establecido (Informe UNE 53968), pero si se aumenta a
400 ml/h de acuerdo con los establecido en la Norma EN 13160-5 se incrementa el riesgo de contaminación del terreno.
Nota: El Sr. Almazán ejerció de coordinador del grupo de trabajo que revisaba la versión del Informe UNE 53968:2001, finalizada la revisión, fue aprobada la versión vigente del Informe UNE 53968:2005.
2. 10 de julio de 2007, CEN, los Srs. Daniel Masso (AENOR) y Emilio Almazán (MINETUR) personados en la defensa del Informe técnico español UNE 53968 IN frente al posible conflicto con EN 13160 alegando los motivos siguientes:
a) El Informe UNE 53968:IN, no implica una barrera comercial.
b) Todos los medidores de tanques que cumplen con la Norma EN 13160 están autorizados para ser vendidos e instalados en España.
c) La Norma EN 13160-5 específica 'Los indicadores que cubre esta norma no están destinados para su uso en metrología legal'. En el mandato originario de esta norma están claramente excluidas las instalaciones industriales y gasolineras.
A pesar de estas manifestaciones, el MINETUR ha optado por la exclusión operativa del Informe UNE 53968 en la última modificación del borrador de Proyecto de RD MI-IP 04 de octubre de 2016 en favor de las Normas UNE 62423- 1:2015 y UNE EN
13160-5, incapaces de garantizar un nivel de seguridad equivalente al Informe UNE 53968:2005, entre otros motivos por elevar el requisito de detección de fugas de 100 ml/h a 400 ml/h.
Consideramos que la arbitrariedad seguida desde la publicación de los criterios del 2010, por el MINETUR establecen condiciones más laxas y desiguales para el cumplimiento del requisito reglamentario, contrarios a la Ley 15/2015 de Defensa
de la competencia: Artículo 1-d) al establecer en las relaciones comerciales o de servicio (reglamentario), condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que colocan a unos competidores en situación desventajosa frente a otros.
La aceptación de normas de certificación de sistemas de detección de fugas en la prevención de vertidos, menos eficaces, que las mejores técnicas disponibles certificadas por la reglamentación vigente, es contrario al principio de confianza
legítima, que protege las inversiones realizadas por fabricantes y usuarios exigidas en la reglamentación vigente, perjudicando a las entidades que desarrollaron y adquirieron sistemas certificados de conformidad con la reglamentación vigente, más
eficaces en la detección del caudal de fuga de 100 ml/h que los admitidos en los Pytos. de RD MI-IPO4 y APQ en tramitación para la detección de fugas en tanques atmosféricos soterrados.
Por todo ello, solicitamos respuestas para las siguientes cuestiones:
¿Las versiones publicadas del Informe UNE 53968:1999, 2001 y 2005 establecen procedimientos de evaluación de los sistemas 'fijos' de detección de fuga volumétricos por variación de nivel?
¿Establece el Real Decreto 1523/1999 que la prueba anual de estanqueidad reglamentaria podrá realizarse con producto en el tanque y la instalación en funcionamiento, siempre que los sistemas detecten el caudal de fuga de 100 ml/h y sean
certificados aplicando el procedimiento indicado en el Informe UNE 53968 IN?
¿Para realizar la prueba de estanqueidad reglamentaria, los sistemas de detección de fugas 'fijos' clases A) [Detección dinámica de fugas (SIR-CEI)] y B1) Detección de fugas en reposo, utilizados con producto en el tanque y la instalación en
funcionamiento, de conformidad con el Real Decreto 1523/1999 deben detectar el caudal de fuga de 100 ml/h y ser certificados aplicando el Informe UNE 53968 IN?
En la respuesta del Gobierno del 25 de abril de 2014, con número de entrada 132376, se afirma que la redacción del Informe UNE 53968 induce efectos indeseables en el mercado al limitar innecesariamente el acceso a nuevas firmas competidoras
fabricantes de equipos de detección de fugas, por la exigencia de obtener acreditación de umbrales de detección de 100 ml/h.
¿Considera el Gobierno que el umbral de detección del caudal de fugas de 100 ml/h es condición impuesta por el Real Decreto 1523/1999 a todos los sistemas de detección de fugas para realizar la prueba de estanqueidad reglamentaria en tanques
de simple pared sin cubeto?
¿Establece el procedimiento de acreditación UNE EN ISO/IEC 17025:2005 la exigibilidad de utilizar únicamente defectos patrón disponibles en el mercado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de mayo de 2017.-Joan Baldoví Roda, Diputado.
184/011990
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Rodríguez Rodríguez, Alberto (GCUP-EC-EM).
Reformulación de su pregunta sobre irregularidades en la contratación de becarios-aprendices en restaurantes de lujo.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite la pregunta de referencia, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el articulo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta las siguientes preguntas relativas a las supuestas irregularidades en la contratación de
becarios-aprendices en restaurantes de lujo, dirigidas al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.
Estos días hemos conocido por la prensa la situación de muchos becarios en restaurantes de lujo. Según los testimonios recogidos, mientras más estrellas Michelín tiene el restaurante más explotación en sus cocinas, relatándose que hasta un
80% de dicho personal podría ser en prácticas.
Jornadas interminables de más de 16 horas y apenas tiempo para comer por salarios que van desde los 600 euros a los 200, o directamente trabajo gratuito. La situación además incluye, según dichos testimonios, malos tratos verbales y
psicológicos.
Entre los restaurantes que se incluyen en estas prácticas, según dicha información de prensa, estarían; el Bullí, el restaurante de Martín Berasategui, el de Arzak, DiverXO, el Celler de Can Roca, el restaurante de Jordi Cruz ABaC, o el
restaurante de Pepe Rodríguez El Bohío.
Además de las situaciones mencionadas, la propia información periodística recoge declaraciones de dueños de estos restaurantes en las que se defiende el hecho de poder trabajar solo por comida y alojamiento, algo que no solo sería una
irregularidad laboral sino que en determinadas circunstancias podría ser constitutivo de delito.
Las prácticas no laborales tienen un marco legal claro, regulado en el Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, por el que se regula las prácticas no laborales en empresas. Entre los requisitos de la misma está el ser dirigidas a jóvenes
entre 18 y 25 años, estar bajo la supervisión de un tutor, recibir una beca de apoyo de al menos el 80% del IPREM, y la celebración de un convenio de colaboración entre la empresa y el servicio público de empleo.
Por todo esto, se pregunta:
1. ¿Es conocedor el Gobierno de esta situación denunciada por la prensa en los restaurantes de lujo, en especial a los mencionados con estrellas Michelín?
2. ¿Conoce el Gobierno si la situación de los becarios en dichos restaurantes a los que se hace mención se realiza con todas las garantías y cumpliendo todos los requisitos de legalidad?
3. ¿Existe convenios de colaboración entre los citados restaurantes; el Bulli, el restaurante de Martín Berasategui, el de Arzak, DiverXO, el Celler de Can Roca, el restaurante de Jordi Cruz ABaC, o el restaurante de Pepe Rodríguez El
Bohío; con el servicio público de empleo para la realización de prácticas no laborales?
4. ¿Se ha realizado alguna inspección de trabajo en los citados restaurantes? En caso afirmativo ¿Cuantas inspecciones de trabajo se han realizado?
5. Ante estas denuncias ¿Tiene previsto el Gobierno, a través de la inspección laboral, realizar una campaña específica de visitas a empresas para comprobar el cumplimiento de la normativa que regula las prácticas no laborales?
6. ¿Se ha abierto algún expediente o detectado alguna irregularidad a raíz de dichas inspecciones?
7. ¿Cuántas denuncias sobre la situación laboral de los citados restaurantes se han recibido?
8. ¿Considera necesario el Gobierno hacer una campaña de sensibilización dirigida a las empresas sobre las distintas formas de contratación laboral para la formación?
9. ¿Ha valorado el Gobierno realizar una campaña de sensibilización para alertar a las empresas de que las prácticas no laborales tienen regulación propia y no pueden sustituir un puesto de trabajo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2017.-Alberto Rodríguez Rodríguez, Diputado.
184/012370
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Reformulación de su pregunta sobre ayudas destinadas para paliar los daños en las infraestructuras públicas del municipio tras el temporal de lluvia de comienzos de diciembre de 2016.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la reformulación, admitir a trámite la pregunta de referencia, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando
este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el articulo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las
siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Tras el temporal de lluvia de comienzos de diciembre de 2016 en la ciudad de Málaga, que causó destrozos millonarios en todo el término municipal,
¿Qué ayudas ha destinado el Gobierno tal y como se comprometió en el Consejo de Ministros, para paliar dichos daños en las infraestructuras públicas del municipio?
En el caso de que las ayudas no hayan llegado, ¿cuándo tiene previsto el Gobierno hacerlas efectivas, y en qué proyectos se emplearán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2017.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
184/012978
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Baldoví Roda, Joan (GMx).
Valoración de la decisión de TVE de no emitir la V Edición del World Pride, celebración mundial del orgullo LGTBI que se celebrará en Madrid del 23/06/2017 al 02/07/2017.
Acuerdo:
1. En cuanto a las dos primeras preguntas, admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia
de la Cámara de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (nuevo núm. expte. 179/000206).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el articulo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito.
Exposición de motivos
Según ha aparecido en prensa TVE ha decidido no emitir la V Edición del World Pride, la celebración mundial del orgullo LGTBI que se celebrará en Madrid del 23 de junio al 2 de julio. El motivo por el que declinan dar cabida en su parrilla
a este evento de escala internacional es que 'no sería rentable económicamente hablando por el alto coste de su producción'. Dado que RTVE es una corporación pública en la que no se emite publicidad, no puede tener beneficios y su objetivo no es
obtener éste sino ofrecer un servicio público, por lo tanto ningún programa o retransmisión de un evento puede ser rentable.
Es inexplicable que RTVE no haga difusión de un evento de trascendencia mundial, teniendo en cuenta que la elección de la capital como sede se explica por una importante efemérides: en 2016 se cumplen 40 años de la primera manifestación
LGTB en nuestro país.
Ante esta situación pregunto:
[...]
¿Qué opinión le merece al Gobierno que una televisión pública filtre el tipo de eventos que retransmite con sesgo ideológico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2017.-Joan Baldoví Roda, Diputado.
184/013049
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Capdevila i Esteve, Joan (GER).
Previsiones acerca de suspender la aplicación del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital mediante la aprobación de un Real Decreto-ley e impulsar la aprobación de un nuevo redactado durante la tramitación como Proyecto de Ley de
dicho Real Decreto-ley, con el fin de evitar el incremento de litigios debido a la poca claridad del artículo.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el articulo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado don Joan Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas,
solicitando su respuesta por escrito.
El pasado 4 de abril se debatió y aprobó en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso de los Diputados la Proposición no de Ley sobre la Ley de Sociedades de Capital, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana, en la que se instaba al Gobierno español a:
'1. Suspender inmediatamente la aplicación del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital mediante la aprobación de un Real Decreto-ley.
2. Impulsar la aprobación de un nuevo redactado del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, durante la tramitación como Proyecto de Ley de dicho Real Decreto-ley, con el fin de evitar el incremento de litigios debido a la poca
claridad del artículo.'
Ante la urgencia de que las sociedades participadas sujetas a la Ley de Sociedades de Capital deben, durante el mes en curso, dar cumplimiento a la distribución de dividendos, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Piensa el Gobierno dar cumplimiento a los acuerdos contenidos en la PNL aprobada el pasado 4 de abril por la mayoría de grupos, incluidos los que dan apoyo al Gobierno?
2. En caso afirmativo, ¿de qué forma, en qué sentido y en qué plazo?
3. En caso negativo, ¿por qué motivo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2017.-Joan Capdevila i Esteve, Diputado.
184/013050
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Salvador i Duch, Jordi (GER).
Previsiones acerca de la clausura y desmantelamiento definitivo de las instalaciones de almacén de gas Castor, además de la planta marina, el gaseoducto y la planta terrestre.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el articulo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado don Jordi Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando
su respuesta por escrito.
El 2 de agosto de 2007, el Ministerio de Industria publicaba en el BOE el proyecto Castor formado por tres grandes infraestructuras: una planta marina frente a la costa de la Ràpita, Vinaròs y Alcanar, para aprovechar como almacén de gas un
yacimiento petrolífero agotado; un gasoducto de 30 kilómetros, y una planta de operaciones terrestre situada en el término municipal de Vinaròs, pero físicamente más cercana a los núcleos de población catalanes de Ulldecona y Alcanar.
Desde el primer día este proyecto fue rechazado por las poblaciones de Alcanar y de la Ràpita, así como de muchos otros municipios de las Terres de l'Ebre y del Sènia; y también por la Plataforma en Defensa de les Terres del Sènia,
movimiento social que ha liderado la oposición al proyecto. Han sido varias las denuncias, alegaciones, quejas, mociones, preguntas e iniciativas que se han presentado desde diferentes instituciones exponiendo los déficits, las carencias, las
incógnitas, la opacidad, las dudas y las posibles irregularidades que ofrecía el proyecto.
Hace pocos días se hicieron públicos documentos internos de los Ministerios de Industria y Energía donde se detallaba cómo la empresa justo antes de comenzar las obras triplicó el costo de las instalaciones, pasando de un presupuesto inicial
de 400 M en enero de 2007 a los 1.272 M del año 2010. Además también se supo que no hubo un sistema transparente de adjudicación de la obra, por lo que en la práctica fue una 'autoadjudicación'. Así fue como sólo se pudo presentar una única
empresa, la ACS de Florentino Pérez, el cual a su vez, era el principal accionista de la empresa gestora del almacén de gas Escal UGS. Según un informe redactado en 2012 por la misma Secretaría de Estado de Energía, perteneciente al Ministerio de
Industria; ACS podría haber incrementado hasta el 17% su beneficio industrial gracias a la construcción del Castor.
El 13 de junio de 2013 se comenzó a inyectar el gas natural en el almacén submarino y después de registrarse centenares de terremotos, el 26 de septiembre el Ministerio de Industria y Energía ordenaba el cese de la actividad del almacén de
gas. Una instalación que aún estaba en fase de pruebas, y por tanto no estaba operativa.
En julio de 2014, Escal UGS renunció a la concesión de la explotación y el 3 de octubre del mismo año el Gobierno aprobaba un Real Decreto-Ley por el que se encargaba a Enagás la hibernación de las instalaciones del almacén de gas Castor y
aprobaba el pago, en el plazo de 35 días, de una indemnización a la empresa concesionaria de 1.350 M . Y todo ello a avalado por una cláusula que lo autorizaba a pesar de haber podido existido 'dolo o negligencia' por parte de la empresa. Esta
cantidad más los respectivos intereses, serán pagados durante 30 años por los consumidores de gas mediante su recibo.
El 3 de mayo de 2017 el Ministerio de Energía hacía público el informe del Massachusetts Institute of Technology (MIT) certificando lo que otros organismos y científicos ya habían advertido con anterioridad; es decir, que la inyección de
gas en el almacén submarino Castor originó el millar de terremotos. Hay que recordar que la declaración de impacto ambiental de las instalaciones del Castor no incluyó ningún estudio para evaluar los riesgos sísmicos asociados al proyecto a pesar
de la proximidad de una falla en la plataforma marina. Y eso que tanto el Observatori de l'Ebre como el Institut Geològic de Catalunya y la Plataforma en Defensa de les Terres del Sènia habían apuntado y pedido la necesidad de hacer estudios
detallados sobre el riesgo sísmico de la actividad.
El Ministerio, a raíz del informe del MIT anunció que el almacén de gas deberá desmantelarse cuando sea seguro y que continuará en estado de hibernación; eso sí, con un coste anual de 15,7 M que también recaerá en la factura del gas que
pagan los consumidores.
Ante la necesidad de desmantelar de manera inmediata las instalaciones marítimas y terrestres del Castor, y de dirimir las responsabilidades políticas, técnicas y económicas de aquellos que autorizaron, tramitar, gestionar y aprobar la
puesta en funcionamiento del Castor, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué calendario de actuaciones tiene previstas el Gobierno para la clausura y desmantelamiento definitivo de las instalaciones de almacén de gas Castor, además de la planta marina, el gaseoducto y la planta terrestre?
2. ¿Qué fecha tiene prevista el Gobierno para la clausura definitiva de las instalaciones de almacén de gas Castor, además de la planta marina, el gaseoducto y la planta terrestre?
3. ¿Qué fecha tiene prevista el Gobierno para el sellado de los pozos del almacén de gas submarino Castor?
4. ¿Cuál es el volumen y el valor del gas que se encuentra acumulado en el reservorio?
5. ¿Qué fecha tiene prevista el Gobierno para iniciar el desmantelamiento de las instalaciones de almacén de gas, gaseoducto y planta del Castor?
6. ¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno para retirar el gaseoducto que conecta el almacén de gas Castor con las instalaciones terrestres del mismo?
7. ¿Cuándo llevará a cabo el Gobierno la retirada del gaseoducto que conecta el almacén de gas Castor con las instalaciones terrestre del mismo?
8. ¿Qué actuaciones tiene previstas el Gobierno para mantener informados del desmantelamiento de las instalaciones del Castor a los ayuntamientos y gobiernos que sufrieron los terremotos al inyectar el gas en el almacén submarino?
9. ¿Cuál ha sido el coste de mantener en estado de hibernación los años 2105 y 2016 el almacén de gas Castor, además de la planta marina, el gaseoducto y la planta terrestre?
10. ¿Cuál es la relación de costes detallados, para el año 2015 y 106, de la hibernación del almacén de gas Castor, además de la planta marina, el gaseoducto y la planta terrestre?
11. ¿Qué empresa o empresas han realizado estos trabajos, y a partir de qué contratos? Adjuntar contratos.
12. ¿El hecho de que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en la nota de prensa emitida el 3 de mayo de 2107 afirmara que la explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural Castor el 5 de septiembre de 2103
estuviera 'en fase de pruebas'; significa que el Gobierno determina que la explotación estaba 'no operativa' en esa fecha?
13. ¿Ante qué condiciones puede ser consultado por la ciudadanía, o bien hacerse público, el documento confidencial, de fecha 17 de febrero de 2012, de la Secretaria de Estado de Energía perteneciente al Ministerio de Energía, Industria y
Turismo, que hace referencia al proyecto Castor?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2017.-Jordi Salvador i Duch, Diputado.
184/013055
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Martín Llaguno, Marta (GCs).
Del Campo Estaún, Sergio (GCs).
Decisión de la Universidad Rovira i Virgili (URV) de adherirse al Pacto Nacional por el Referéndum en Cataluña.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta el contenido del escrito número de registro 36608, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
comunicando este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el articulo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Marta Martín Llaguno y Sergio del Campo Estaún, Diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita
respuesta por escrito sobre la decisión de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de adherirse al Pacto Nacional por el Referéndum en Catalunya.
Exposición de motivos
EL 1 de junio de 2017 la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha decidido adherirse al Pacto Nacional por el Referéndum en Catalunya tras una votación de los asistentes al Claustro en la que el 74% se han mostrado a favor.
El rector de la misma afirmó que 'tenían que pronunciarse' y que estaba contento porque son un 'referente social'.
Una universidad financiada con fondos públicos, creemos, no debería posicionarse de una manera política tan evidente en torno a un proceso independentista cuya legalidad aún está por determinarse.
En relación a lo anterior, se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué medidas pretende llevar a cabo el Gobierno para garantizar la independencia política de las universidades de carácter público financiada con fondos públicos? ¿Cómo pretende tratar este asunto dentro de la Conferencia de Rectores de
Universidades Españolas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2017.-Marta Martín Llaguno y Sergio del Campo Estaún, Diputados.
CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN RTVE Y SUS SOCIEDADES
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA RTVE
179/000206
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(179) Pregunta a la Corporación RTVE con respuesta escrita.
Autor: Baldoví Roda, Joan (GMx).
Decisión de TVE de no emitir la V Edición del World Pride, celebración mundial del orgullo LGTBI que se celebrará en Madrid del 23/06/2017 al 02/07/2017.
Acuerdo:
En cuanto a las dos primeras preguntas, admitir a trámite, trasladar al Presidente de la Corporación RTVE a los efectos de lo establecido en la disposición final quinta del Reglamento, en los términos de la Resolución de la Presidencia de la
Cámara de 27/02/2007 para la adaptación de la misma a la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el articulo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de junio de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromis, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por escrito.
Exposición de motivos
Según ha aparecido en prensa TVE ha decidido no emitir la V Edición del World Pride, la celebración mundial del orgullo LGTBI que se celebrará en Madrid del 23 de junio al 2 de julio. El motivo por el que declinan dar cabida en su parrilla
a este evento de escala internacional es que 'no sería rentable económicamente hablando por el alto coste de su producción'. Dado que RTVE es una corporación pública en la que no se emite publicidad, no puede tener beneficios y su objetivo no es
obtener éste sino ofrecer un servicio público, por lo tanto ningún programa o retransmisión de un evento puede ser rentable.
Es inexplicable que RTVE no haga difusión de un evento de trascendencia mundial, teniendo en cuenta que la elección de la capital como sede se explica por una importante efemérides: en 2016 se cumplen 40 años de la primera manifestación
LGTB en nuestro país.
Ante esta situación pregunto:
¿Qué criterios sigue la Corporación RTVE para tener en su parrilla eventos como la misa dominical y las corridas de toros que no alcanzan el 9% de share y no una celebración mundial símbolo de la lucha por los derechos fundamentales?
¿Por qué se invirtieron 785.088 en retransmitir la visita del Papa y ahora no se retransmite el World Pride de Madrid alegando que tendría unos costes de producción elevados?
[...]
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2017.-Joan Baldoví Roda, Diputado.