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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 150, de 10/05/2017
cve: BOCG-12-D-150
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parte 1
parte 2
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
10 de mayo de 2017
Núm. 150
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001788 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre las tasas del pasaporte para los españoles residentes en Venezuela... (Página10)
161/001808 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a los ataques perpetrados con armas químicas en la localidad siria de Jan Shijún... (Página11)
161/001831 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la necesidad de liderazgo de España ante la grave situación que vive Venezuela... (Página12)
Comisión de Justicia
161/001848 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la ubicación orgánica de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en el Ministerio de Justicia...
(Página13)
Comisión de Interior
161/001809 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la no discriminación en la concesión de la indemnización por residencia de las fuerzas del Estado... (Página14)
161/001812 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la homologación de la edad de ingreso a los centros docentes de formación de la Guardia Civil...
161/001822 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la cobertura inmediata de las vacantes en el centro penitenciario de Logroño (La Rioja)... (Página17)
Comisión de Economía, Industria y Competitividad
161/001789 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la reparación del dinero republicano incautado según el ordenamiento franquista... (Página18)
161/001811 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre medidas para garantizar el futuro de las comarcas mineras... (Página20)
161/001847 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a recuperar el sistema de control financiero permanente en los Organismos Públicos de Investigación... (Página21)
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/001784 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el refuerzo de las plantillas de trabajadores en las Oficinas de Correos y de los medios, especialmente en el
ámbito rural, y el cumplimiento por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos con lo establecido en la Ley Postal... (Página23)
161/001832 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre medidas para luchar contra los paraísos fiscales... (Página24)
Comisión de Fomento
161/001782 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al impulso de las conexiones ferroviarias y del servicio de alta velocidad entre las provincias de Valencia y Alicante...
161/001783 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para la conservación, mantenimiento y mejora de la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Valencia... (Página27)
161/001785 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la construcción del doble enlace en la A-52 a la altura de Lentille (Pontevedra) para permitir la incorporación
a la autovía en dirección Ourense-Madrid... (Página28)
161/001790 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a desarrollar un plan urgente de inversiones en materia de seguridad en la N-432...
161/001799 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la construcción de enlaces entre las poblaciones de Oliva y Altea con la AP-7... (Página31)
161/001800 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre mejora de la prestación del Servicio Postal Universal y el derecho de los ciudadanos a las comunicaciones postales...
161/001807 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre construcción de una vía de servicio entre los P.K. 372 y 377 de la N-430, así como de un acceso directo desde esta carretera al Polígono Industrial y
Parque Empresarial de La Solana... (Página33)
161/001820 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la variante de Pajares... (Página34)
161/001828 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el uso turístico, residencial y/o científico del edificio del Faro de Cabo de Palos (Murcia)... (Página36)
161/001830 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso y modernización del sector del taxi... (Página38)
161/001841 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la equiparación de las políticas y modalidades tarifarias del ferrocarril en Galicia...
Comisión de Educación y Deporte
161/001787 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la inclusión de la comunidad gitana en el discurso histórico... (Página41)
161/001801 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la compensación de la actividad docente no impartida como consecuencia de los periodos de baja por maternidad...
161/001803 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la adecuación de la formación y la titulación del personal Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería...
161/001804 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la regulación y ordenación de las profesiones del deporte... (Página45)
161/001850 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al plagio en la Universidad... (Página46)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/001780 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la jubilación anticipada... (Página47)
161/001792 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la jubilación anticipada en los servicios de emergencias sanitarias...
161/001793 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a mejorar la protección de las personas que se jubilan anticipadamente con amplias carreras de cotización... (Página52)
161/001794 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la adopción de medidas dirigidas a controlar las retribuciones salariales y percepciones extrasalariales abonadas sin consignarse en la nómina, así como
garantizar el abono al trabajador de todas las cuantías que le sean adeudadas, evitando la vulneración del derecho a la percepción del salario por el trabajador por la mera firma de la nómina o del finiquito... (Página55)
161/001806 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a los despidos acaecidos y potenciales en la empresa Konecta S.A.T... (Página57)
161/001834 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el impago de las pensiones a los venezolanos residentes en España y a pensionistas emigrantes retornados españoles... (Página57)
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
161/001842 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el marco legislativo de las microrredes... (Página59)
161/001857 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a fijar una posición común en materia de energía y clima... (Página61)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/001795 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al proyecto de 'Elevación de Aguas del Ebro a Andorra (Fase II)'... (Página64)
161/001814 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al derecho a información de las personas consumidoras sobre los efectos del aceite de palma y sus derivados,
medidas para garantizar el derecho a la información y medidas para apoyar una cadena de aceite de palma totalmente sostenible para el año 2020... (Página65)
161/001818 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la declaración del Día Nacional del Vino... (Página67)
161/001825 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre medidas urgentes destinadas a frenar la propagación de la plaga de la avispilla que afecta a los bosques de
castaña... (Página69)
161/001833 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las notificaciones para el cierre cautelar de las pesquerías... (Página70)
161/001849 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Proyecto de mota de defensa contra inundaciones en Albalat de la Ribera, integración paisajística y adecuación ambiental de la margen izquierda del
río Júcar... (Página71)
161/001852 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Mixto y Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a impulsar la adopción de medidas urgentes y adicionales de protección del medio ambiente frente
al abandono de residuos... (Página72)
161/001855 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al Santuario Internacional de Cetáceos en Canarias... (Página76)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/001781 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al fomento de las donaciones de donantes vivos... (Página78)
161/001797 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la modificación de la legislación con la finalidad de que en la etiqueta de los productos se indique la cantidad de azúcar añadido...
161/001805 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la actualización de la Estrategia Nacional de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud... (Página79)
161/001810 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el Informe del Panel de Alto Nivel de Acceso a Medicamentos de Naciones Unidas...
161/001838 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al desarrollo reglamentario de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado... (Página83)
161/001843 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a plantear la financiación concreta para la Atención Primaria de Salud...
161/001845 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la epilepsia... (Página86)
161/001853 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la regulación de la especialidad en Psiquiatría del Niño y del Adolescente... (Página86)
161/001854 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la coerción en los servicios de salud mental... (Página87)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/001786 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a incluir actuaciones específicas en el V Plan Director de la Cooperación Española para promover el acceso de las mujeres a la propiedad
de la tierra y potenciar la seguridad alimentaria... (Página89)
161/001844 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de la cooperación internacional con la República de Cuba en materia de formación para el empleo...
Comisión de Cultura
161/001798 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la inversión en la conservación y rehabilitación del Castillo de Sagunto... (Página91)
161/001817 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el reconocimiento del pueblo gitano... (Página92)
161/001821 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar la creación de un Consorcio Parque Minero de Almadén... (Página93)
161/001826 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el reconocimiento de Francisco Boix... (Página94)
161/001827 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al otorgamiento a la Filmoteca Española de un estatuto y presupuesto propios, que la doten de la autonomía
necesaria para su adecuado funcionamiento... (Página95)
161/001829 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Vicente Blasco Ibáñez... (Página96)
161/001835 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el traslado del 'Guernica' a Gernika... (Página97)
Comisión de Igualdad
161/001791 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la elaboración de un Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en el Congreso de los Diputados y el seguimiento de los planes de igualdad públicos y
privados existentes... (Página98)
161/001802 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la compensación de la actividad docente no impartida como consecuencia de los periodos de baja por maternidad...
161/001824 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la inclusión de la perspectiva de género en el tratamiento de las adicciones... (Página101)
161/001846 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de la presencia de mujeres en Organismos Internacionales... (Página103)
161/001856 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la garantía del derecho al cómputo, a efectos de carrera administrativa, del periodo transcurrido en las situaciones establecidas con el fin de proteger
la maternidad y facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral... (Página104)
161/001858 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la represión contra las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en Chechenia...
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
161/001851 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Mixto y Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a impulsar la adopción de medidas urgentes y adicionales de protección del medio ambiente frente
al abandono de residuos... (Página106)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001813 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Reglamento de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la
comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas... (Página110)
161/001839 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al desarrollo reglamentario de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los
medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas... (Página111)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/001816 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el mantenimiento de las señales en la N-540 entre Lugo y Ourense... (Página112)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/001819 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, contra la violencia sexual infantil... (Página113)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Asuntos Exteriores
181/000354 Pregunta formulada por el Diputado don Fernando Maura Barandiarán (GCs), sobre posición del Gobierno respecto a la hipotética entrada de Escocia en la Unión Europea, en el supuesto de que finalmente se produzca su separación del
Reino Unido... (Página115)
Comisión de Interior
181/000355 Pregunta formulada por los Diputados don Alberto Garzón Espinosa, don Alberto Montero Soler y doña Eva García Sempere, (GCUP-EC-EM), sobre motivos para la creación de tres nuevos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en
Málaga, Algeciras y Madrid... (Página116)
Comisión de Hacienda y Función Pública
181/000302 Pregunta formulada por el Diputado don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM), sobre actuaciones del Ministerio de Hacienda y Función Pública o de la Agencia Tributaria en orden a realizar alguna campaña dirigida a deportistas de
élite y clubes deportivos, advirtiendo de las obligaciones tributarias y de su necesario cumplimiento... (Página116)
181/000305 Pregunta formulada por el Diputado don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM), sobre existencia en la Agencia Tributaria de un protocolo con criterios sobre el traslado a la Fiscalía en los casos de presunto fraude de evasión
fiscal... (Página117)
181/000306 Pregunta formulada por el Diputado don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM), sobre número de actuaciones, del total de las realizadas, que han sido trasladadas a la Fiscalía, en los últimos tres años...
181/000308 Pregunta formulada por el Diputado don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM), sobre países con los que el Gobierno ha suscrito acuerdos de colaboración y cooperación para perseguir el fraude fiscal...
181/000309 Pregunta formulada por el Diputado don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM), sobre porcentaje de subinspectores e inspectores de Hacienda que están destinados a perseguir el fraude fiscal, la evasión o la elusión de las grandes
fortunas... (Página119)
181/000310 Pregunta formulada por el Diputado don Josep Vendrell Gardeñes (GCUP-EC-EM), sobre actuaciones preventivas e informativas que está realizando el Ministerio de Hacienda y Función Pública o la Agencia Tributaria para que
intermediarios, bufetes de abogados y asesores fiscales no contribuyan a crear entramados empresariales para la evasión de impuestos de deportistas de élite y grandes fortunas... (Página119)
Comisión de Fomento
181/000356 Pregunta formulada por el Diputado don Esther Peña Camarero (GS), sobre expectativas del Ministerio de Fomento respecto a la línea Madrid-Aranda-Burgos... (Página120)
181/000359 Pregunta formulada por los Diputados don Sergio Pascual Peña y doña Carmen Valido Pérez, (GCUP-EC-EM), sobre procedimiento de contratación en Logirail, así como mecanismos de publicidad, evaluación de mérito y capacidad que se
aplican... (Página120)
181/000360 Pregunta formulada por el Diputado don Odón Elorza González (GS), sobre previsiones acerca de dar cumplimiento al requerimiento del Informe de la Agencia Ferroviaria Europea y al acuerdo de la Comisión de Peticiones del Parlamento
Europeo que piden reabrir la investigación técnica sobre las causas del accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) el 24/07/2013... (Página121)
181/000361 Pregunta formulada por el Diputado don Odón Elorza González (GS), sobre previsiones acerca de reabrir la investigación sobre las causas del accidente del tren Alvia en la curva de Angrois el 24/07/2013 a vista de las conclusiones
recogidas en el auto de 10/03/2017 del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, página 11, referidas a la responsabilidad de Adif... (Página121)
181/000365 Pregunta formulada por el Diputado don Manuel Blasco Marqués (GP), sobre actuaciones en la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza... (Página121)
181/000366 Pregunta formulada por el Diputado don Teodoro García Egea (GP), sobre contenido de la convocatoria de manifestaciones de interés para el establecimiento de servicios internacionales de Autopistas Ferroviarias (AF) en los ejes
Atlántico y Mediterráneo... (Página121)
181/000367 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Barrachina Ros (GP), sobre valoración del 25 aniversario de la alta velocidad en España... (Página122)
181/000374 Pregunta formulada por el Diputado don César Luena López (GS), sobre planes para la N-232 en su tramo riojano, especialmente en el tramo Alfaro-Arrúbal... (Página122)
181/000375 Pregunta formulada por el Diputado don César Luena López (GS), sobre planes para el proyecto LAV Castejón-Logroño-Miranda... (Página122)
181/000376 Pregunta formulada por el Diputado don César Luena López (GS), sobre planes en relación con la II Fase del soterramiento del ferrocarril en Logroño... (Página122)
181/000377 Pregunta formulada por el Diputado don Odón Elorza González (GS), sobre previsiones acerca de hacer público el estudio de Aena y AESA para establecer si se dan las garantías técnicas suficientes en el pavimento del suelo de la
pista, favoreciendo las condiciones más óptimas de frenado que permitan seguir operando en el aeropuerto de San Sebastián a los modelos de avión A-319 y CRJ-200... (Página123)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
181/000352 Pregunta formulada por el Diputado don Jordi Salvador i Duch (GER), sobre criterios del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para castigar a los recién nacidos, acogidos o adoptados por familias monoparentales con cuatro
semanas menos de cuidado de su progenitor... (Página123)
181/000353 Pregunta formulada por el Diputado don Jordi Salvador i Duch (GER), sobre medidas para no condenar a cientos de miles de personas a la pobreza teniendo en cuenta el cálculo actual de las pensiones...
181/000364 Pregunta formulada por los Diputados don Alberto Rodríguez Rodríguez y doña Ana Marcello Santos (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de tomar en consideración lo acordado en la Comisión de Empleo y Seguridad Social sobre la
situación de los trabajadores y trabajadoras de TRAGSA despedidos... (Página124)
181/000373 Pregunta formulada por el Diputado don José Cano Fuster (GCs), sobre opinión del Gobierno acerca del hecho de que a los vigilantes de seguridad de empresas que trabajan para el FOGASA, varios centros de atención al refugiado y
varios Ministerios, se les haya rebajado el sueldo por debajo del Convenio del sector cuando tanto el Convenio sectorial como la jurisprudencia aseguran que debe mantenerse... (Página124)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/003338 Autor: Montero Gil, Irene María
Belarra Urteaga, Ione
Garzón Espinosa, Alberto
Mayoral Perales, Rafael
Gómez-Reino Varela, Antonio
Expósito Prieto, Marcelo
Bataller i Ruiz, Enric
Presencia del Director del CIE de Aluche (Madrid) durante la protesta de varios internos el día 18/10/2016 ... (Página125)
184/008821 Autor: Sorlí Fresquet, Marta
Previsiones acerca de restablecer la Oficina de Correos de Alcossebre. Retirada ... (Página126)
184/010893 Autor: Salud Areste, María Isabel
Presencia de mujeres en los informativos de las principales cadenas de televisión, según un informe de la empresa Barlovento Comunicación ... (Página126)
184/011450 Autor: Ábalos Meco, José Luis
Estudios realizados sobre el Anteproyecto denominado 'Aumento de capacidad y mejoras funcionales de la V-30, pp.kk. 0,000 al 17,000' y valoración de las propuestas de los alcaldes de los municipios afectados ...
184/011549 Autor: Salvador i Duch, Jordi
Número de trabajadores en activo con edades entre 60 y 64 años y con carreras de cotización de 40 años o más en el Régimen General de la Seguridad Social y en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos, así como de trabajadores ya jubilados con edad de 65 años o más y con carreras de cotización de 40 años o más en dichos regímenes a los que se están aplicando coeficientes reductores por jubilación anticipada tanto de carácter voluntaria
como involuntaria ... (Página129)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 de Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2017.-P.D El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/001788
A la Mesa de la Comisión de Asuntos Exteriores
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta, para su debate en
Comisión, la siguiente Proposición no de Ley sobre las tasas del pasaporte para los españoles residentes en Venezuela.
Exposición de motivos
Según información del Consulado de España en Caracas, con efectos a 1 de noviembre de 2016, fueron modificadas diversas tasas consulares, por aplicación del Convenio Cambiario n.º 35 y del tipo de cambio DICOM (Operaciones de divisas con un
tipo de cambio complementario flotante de mercado).
En su virtud, por la expedición del pasaporte español para los residentes en el país venezolano, ya sea por primera vez o por renovación, las tasas ascienden a unos 18.738,83 BF, a los que hay que añadir los 2.100 Bs del pago de la
fotografía.
La incidencia del tipo de cambio y la progresiva devaluación del bolívar ha hecho que en los últimos años el coste de la expedición de pasaportes se haya venido incrementando considerablemente hasta alcanzar esta cifra que resulta
desproporcionada para un ciudadano medio si tenemos en cuenta y lo comparamos con el sueldo mínimo en Venezuela o la pensión del seguro social que en ocasiones es la única renta que perciben muchos españoles residentes en ese país.
La tenencia del pasaporte en regla es un trámite que les resulta imprescindible y para el que muchos de nuestros compatriotas se ven imposibilitados de afrontar por el elevado coste económico que les supone la obtención del mismo.
Por ello se hace preciso solicitar la adopción de medidas destinadas a paliar los efectos que para la economía de los residentes en Venezuela supone que la expedición del pasaporte esté sujeta de cambio.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
Adoptar las medidas oportunas a fin disminuir o suprimir, en su caso, si ello fuera posible, la tasa vigente por la expedición de pasaporte para los españoles residentes en Venezuela, tanto en el caso de primera vez como en el supuesto de
renovación del mismo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2017.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001808
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de
Ley relativa a los ataques perpetrados con armas químicas en la localidad siria de Jan Shijún, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
El pasado martes 4 de abril, se produjo un nuevo ataque con armas químicas en la localidad siria de Jan Shijún, donde cerca de 80 personas perdieron la vida -la mayoría mujeres y niños- y 400 personas resultaban afectadas por el gas tóxico.
Dicho ataque, representa el más mortífero con armas químicas producido en Siria desde el producido en 2013 en los alrededores de Damasco. Asimismo, este nuevo ataque refleja una vez más la barbarie que está viviendo la población siria desde hace
años.
Con el riesgo de descarrilar de nuevo el proceso de negociación puesto en marcha para culminar el proceso de paz que intenta poner fin a siete años de guerra en Siria, este nuevo ataque con armas químicas constituye una barbarie brutal e
incontenible que no puede ser ignorada, así como una violación inaceptable de la Convención sobre Prohibición de armas químicas.
A la espera de que una misión de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) sea desplegada en la zona para esclarecer los resultados de la investigación de este ataque, resulta necesario que España lidere una posición
firme y contundente contra éste y otros que se están produciendo en Siria, tal como vienen realizándolo otros países de la Comunidad Internacional. Asimismo, resulta imprescindible que el Gobierno de España reitere en los organismos internacionales
de los que forma parte, la urgente necesidad de determinar la autoría de éstas agresiones para que los responsables sean juzgados por crímenes de guerra.
Precisamente en el día de ayer, el Secretario General de Naciones Unidas, a su llegada a la Conferencia Internacional sobre Siria celebrada en Bruselas, manifestaba la urgente necesidad de realizar una clara investigación para eliminar todas
las dudas sobre la autoría del ataque: 'Creo que necesitamos una muy clara investigación para eliminar todas las dudas, y necesitamos que haya una responsabilidad basada en los resultados de esa investigación'.
Hasta el momento, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido han planteado al resto de miembros del Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución condenando la agresión química registrado en el norte de Siria. Sin embargo, el
Consejo de Seguridad de la ONU sigue sin poder alcanzar una rápida posición unánime, debido al veto de Rusia a apoyar cualquier resolución que implique la responsabilidad del gobierno de Sachar el Asad en los citados ataques.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Solicitar, ante los organismos internacionales competentes, la investigación de los ataques perpetrados en la localidad siria de Jan Shijún, así como el posterior sometimiento a la justicia, en su caso, por la comisión de crímenes de
guerra a los autores que determine dicha investigación.
2. Realizar un llamamiento a los países garantes del acuerdo del cese de hostilidades al objeto de ejercer su influencia sobre las partes para que éstas se comprometan plenamente con el cumplimiento del acuerdo.
3. Incrementar el apoyo realizado hasta ahora por el gobierno de España para paliar la crisis humanitaria en Siria y sus países vecinos.
4. Reiterar el apoyo de España a la posición adoptada por la Unión Europea, de supeditar la reconstrucción de Siria al comienzo de una transición política.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2017.-Fernando Maura Barandiarán, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001831
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de
Ley sobre la necesidad de liderazgo de España ante la grave situación que vive Venezuela, para su debate en la Comisión de Exteriores.
Exposición de motivos
Las recientes escaladas del autoritarismo de Nicolás Maduro han conducido a Venezuela a límites que parecían imposibles de superar, y a tenor de lo que ha ocurrido en el último año y medio, no da la impresión de que la situación vaya a
revertir.
Afortunadamente, y pese a la violenta represión a la que ha sido sometida en los últimos días, la oposición venezolana ha vuelto a recuperar la fuerza en la calle que había perdido en octubre; y paralelamente, la comunidad internacional ha
conseguido intensificar su presión sobre el régimen de Maduro.
En el caso de América Latina, México ha decidido dar un paso al frente y asumir el liderazgo de la región elevando el tono, ante las últimas decisiones del Régimen de Maduro; una actitud hasta ahora inusual, que supone un cambio sustancial
en la política exterior mexicana.
Asimismo, Argentina con la llegada de Macri a la presidencia, encabezó en un primer momento la preocupación por la situación que está atravesando el país venezolano, un posicionamiento que acompañaron, entre otros, Perú, Chile, Colombia,
Brasil y México. El último comunicado conjunto, reclamaba la liberación de los presos políticos, fijar un calendario electoral y que 'se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional'.
Por otro lado, países como Perú o Costa Rica han retirado recientemente a sus Embajadores en Venezuela, en señal de su más profundo rechazo a cómo se están desarrollando los acontecimientos en el país venezolano.
Es importante destacar además la Declaración de Condena presentada por la OEA en este mes ante la retirada de poderes de la Asamblea Nacional venezolana por parte del Tribunal Supremo (controlado a su vez por el gobierno venezolano), en un
intento de autogolpe de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder ante las debilidades de poder que su régimen está sufriendo últimamente. En dicha Declaración de Condena, la OEA expresaba su profunda preocupación por la grave alteración
inconstitucional del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela, y manifestaba su apoyo a restaurar pacíficamente el orden democrático en el país.
De este modo, la agravación de la situación en Venezuela en los últimos meses así como el liderazgo de algunos países de la Comunidad Internacional para revertir el régimen de Maduro y reestablecer el orden constitucional en Venezuela, ponen
sobre la mesa el débil posicionamiento del Gobierno de España ante la grave situación que vive Venezuela así como la necesidad de adoptar un liderazgo que ponga fin a esta situación.
Hasta el momento, el Gobierno de España se ha puesto de perfil ante la espiral represiva del régimen venezolano, y ha adolecido de un posicionamiento claro ante la reiterada vulneración de derechos y libertades fundamentales en Venezuela,
llamando la atención su falta de liderazgo en esta crisis con el resto de los países de América Latina a pesar de los vínculos históricos y culturales que nos unen.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llamar a consultas al Embajador de España en Venezuela, y en su caso, ordenar su retirada temporal de Venezuela hasta el restablecimiento de un nuevo orden democrático en el que se respeten
los derechos y libertades fundamentales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2017.-Fernando Maura Barandiarán, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Justicia
161/001848
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Justicia
sobre ubicación orgánica de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en el Ministerio de Justicia.
Exposición de motivos
Actualmente el artículo 5 del Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los Departamentos ministeriales, incardina la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con rango de
Subsecretaría, en la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, junto a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.
Sin embargo, la ubicación de las prisiones bajo el manto del Ministerio del Interior no ha sido, en absoluto, una constante en España. Así, las prisiones civiles comenzaron a depender del Ministerio de Gracia y Justicia en el año 1887 y
bajo dicha competencia permanecieron durante más de cien años.
Durante el Gobierno de González Márquez, el artículo 1 del Real Decreto 1334/1994, de 20 de junio, de estructura básica del Ministerio de Justicia e Interior, situó al mismo nivel a la entonces denominada Secretaría de Estado de Asuntos
Penitenciarios, junto a la Secretaría General de Justicia y a la Secretaría de Estado de Interior e hizo depender todas ellas directamente del ministro.
Fue en el primer Gobierno Aznar en el que se rompió con la tradición española al atribuir al Ministerio del Interior de Mayor Oreja la competencia en materia penitenciaria. El Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, volvió a separar los
Ministerios de Justicia y de Interior; sin embargo, la estructura orgánica de los (/nuevos' ministerios no reprodujo la situación anterior a la fusión.
Así, el Real Decreto 765/1996, de 7 de mayo, determinó la estructura orgánica básica, entre otros, del Ministerio del Interior y asignó la Dirección General de Instituciones Penitenciarias -a cuyo frente se puso a Yuste Castillejos, todavía
hoy máximo responsable de la administración penitenciaria- a dicho Ministerio.
La nueva arquitectura orgánica y la evolución descrita no es inocente. La adscripción de la administración penitenciaria a la Secretaría de Estado de Seguridad es muy reveladora de cómo el Gobierno Aznar jerarquizó las diferentes
finalidades de la pena privativa de libertad previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria situando la retención y custodia de detenidos, presos y penados por delante de la reeducación y la reinserción social de los
sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, en franca contradicción, por cierto, con el artículo 25 de la Constitución Española. Como bien expresaba Abel Téllez en el año 1999 en su artículo Retos del siglo XXI para el sistema
penitenciario español, 'no cabe duda de que con el tránsito de las prisiones del Ministerio de Justicia al de Interior se ha venido a remarcar el carácter preponderante que la contención tiene frente al tratamiento y a la concepción de la ejecución
penal como una fase más del proceso penal'. El orden y la contención habían ganado la batalla, también orgánica, a la reinserción.
A mayor abundamiento, debe recordarse que la pena de prisión no es la única pena cuya ejecución material se atribuye a la administración penitenciaria. De la Secretaría General de Instituciones penitenciarias (RD 840/2011, de 17 de junio)
depende también la ejecución material de otras penas y mecanismos suspensivos o sustitutivos en el ámbito de la ejecución penal tales como la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, los programas de tratamiento en el marco de suspensiones de
la ejecución de penas privativas de libertad o las medidas de seguridad privativas de libertad. Así las cosas, parece obvio que la actual ubicación de la administración penitenciaria en el Ministerio de Interior se aviene mal con el artículo 117 de
la Constitución Española -que atribuye exclusivamente a los Juzgados y Tribunales el ejercicio de la potestad jurisdiccional 'en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado'- y con la deseable necesidad de garantizar la separación
de poderes y de subrayar la estrecha vinculación que debe existir entre la autoridad judicial y el sistema penitenciario. Y es que, a la luz de nuestra constitución, en la política penitenciaria no deberían anteponerse los criterios de orden
público y seguridad -más propios del Ministerio de Interior- sino los derivados de su naturaleza de ejecución de resoluciones judiciales bajo la competencia judicial de ejecutar lo juzgado.
De hecho, el actual encaje de la administración penitenciaria en el Ministerio del Interior constituye una desgraciada particularidad de nuestra Administración Pública que desoye las recomendaciones y exigencias del Consejo de Europa. Así
las cosas, no es extraño que esta anómala ubicación orgánica de nuestras prisiones no tenga parangón en nuestro entorno jurídico, siendo España el único país de la Unión Europea que mantiene sus cárceles bajo el control del Ministerio de Interior.
Proposición de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
Modifique el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los Departamentos ministeriales, a fin de ubicar la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias como órgano dependiente
del Ministerio de Justicia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2017.-Eduardo Santos Itoiz, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Interior
161/001809
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la no discriminación en la concesión de la
indemnización por residencia de las fuerzas del Estado, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La Indemnización por Residencia es un concepto salarial no retributivo que históricamente perciben los empleados públicos estatales que prestan sus servicios en los territorios que la norma dispone.
Este concepto (anteriormente denominado 'asignación por residencia') reconocido a los funcionarios públicos por el hecho de tener su centro de trabajo o haber sido destinados en determinados territorios con peculiares circunstancias, quedaba
regulado en el Decreto 361/1971, de 18 de febrero, para los funcionarios de la Administración del Estado, cuyo artículo 1 disponía: 'la indemnización por residencia se percibirá por los funcionarios civiles del Estado y Organismos autónomos y
personal de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada y Eclesiástico del Estado que, percibiendo sueldos con cargo a presupuestos, residan permanentemente por razón de destino en aquellos lugares del territorio nacional que se indican':
Plazas de soberanía del Norte de África: 35%.
Valle de Aran: 15%.
Islas Baleares: 15%.
Gran Canaria y Tenerife: 30%.
La Palma y Lanzarote: 35%.
Fuerteventura, Gomera, Hierro y resto del Archipiélago Canario: 50%.
Figurando entre dichos lugares las Islas Canarias, según dispone el artículo 2 de la misma norma.
La justificación de este complemento se contenía en la Exposición de motivos del citado Decreto en los siguientes términos: '[...] subsisten en ciertos lugares determinadas condiciones que aconsejan indemnizar de un modo especial al
personal en ellos destinados. Por este motivo el Gobierno considera conveniente establecer la indemnización de residencia, en sustitución de la antigua asignación de residencia, de acuerdo con unos porcentajes, que, en relación con las actuales
retribuciones reflejen de
un modo realista la incidencia que estas condiciones tienen en el presente momento en los distintos lugares en que se establece'.
Esta norma pertenece a la etapa preconstitucional y es anterior a la amplia reforma de la Función Pública que en su día se produjo por la Ley 30/1984, de 2 de agosto. Esta Ley instauró un nuevo régimen retributivo para los funcionarios
públicos a través de su artículo 23, de carácter básico y por tanto de aplicación a todas las Administraciones Públicas, en cuya estructura únicamente cabían los siguientes conceptos:
a) Retribuciones básicas.
b) Retribuciones complementarias.
c) Indemnizaciones por razón del servicio, y actualmente regulado todo ello por Ley 7 /2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Las indemnizaciones por residencia no se reflejan en el nuevo marco retributivo establecido por la Ley 30/1984, sin embargo siguieron abonándose con carácter transitorio al personal funcionario destinado en los territorios especiales
señalados, y en particular, en las islas.
Así lo corroboran los distintos Presupuestos Generales del Estado posteriores a la Ley 30/1984 que sucesivamente se han aprobado.
Posteriormente, se han venido produciendo diversos Acuerdos del Consejo de Ministros que han actualizado y modificado las cantidades de indemnización por residencia en los distintos territorios afectados.
En relación con las Islas Baleares, Ceuta y Melilla, la última revisión y actualización de la indemnización por residencia, se ha producido a través del Real Decreto-ley 11/2006, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el aumento de la
cuantía de la indemnización por residencia (no incluyéndose a las Islas Canarias) y resulta de aplicación a todo el personal de la Administración del Estado que presta servicios en dichos territorios, y en relación con las Islas del Archipiélago
Canario, la última revisión y actualización de la indemnización ha sido solamente para los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal por circunstancias especiales en Gran Canaria y Tenerife (Reales Decretos 1170/2007 y 1171/2007).
Esta última revisión, aplicada únicamente a los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, ha dado lugar a una desigualdad que aplica a miembros del mismo cuerpo y categoría funcionarial, particularmente en el caso de las fuerzas armadas,
policías y guardias civiles destinados en las islas.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Regularizar esta situación y asegurar la misma indemnización para el mismo cuerpo y categoría funcionarial, a través de un incremento progresivo de dicha partida en el ejercicio presupuestario de 2018 y siguientes con el fin de que se
resuelva esta anomalía al término de la XII Legislatura.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2017.-Melisa Rodríguez Hernández, Diputada.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001812
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa del Diputado Juan Antonio Delgado Ramos presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Interior, relativa a la homologación de la edad de ingreso a los centros docentes de formación de la Guardia Civil.
Exposición de motivos
La igualdad y la no discriminación son principios básicos de las normas internacionales de derechos humanos y constituyen además parte de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución del
Estado español. En términos generales toda persona, sin distinción, tiene derecho a disfrutar de todos los derechos humanos y derechos fundamentales, incluidos el derecho a la igualdad de trato ante la ley y el derecho a ser protegido
contra la discriminación por diversos motivos.
El artículo 21.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de edad. Por su parte, la Constitución Española en su artículo 14 garantiza a todos los
ciudadanos y ciudadanas la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. En esta línea de ideas, el artículo 10 reconoce a la dignidad de la persona como un
derecho inherente al libre desarrollo de su personalidad, lo que lo convierte en un derecho inviolable.
El derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de edad es un elemento esencial, especialmente cuando se relaciona directamente con el derecho al trabajo y la capacidad de la persona para ejercer cualquier tipo de funciones o
cargos tanto a nivel público como privado. Al amparo de estas normas ninguna persona puede ser discriminada por su edad, puesto que esta condición personal, no puede de ninguna manera constituir un elemento que atente contra su dignidad personal.
La interpretación de estos principios permite establecer diferencias de trato para aquellas personas que por su condición merezcan tal diferenciación, siempre que tales diferenciaciones tenga una justificación objetiva y razonable que no
vulnera de ninguna manera los principios de igualdad y la no discriminación.
En el ámbito del derecho laboral público, La edad puede, por tanto, ser utilizada como un elemento de diferenciación que fija unos límites mínimos y máximos para acceder a la función pública y sobre todo para participar en los procesos
selectivos en cualquier institución del Estado. Así lo reconoce Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que determina:
'Artículo 56. Requisitos generales.
1. Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos:
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.'
Por tanto, la regla de la edad máxima de jubilación forzosa es la regla general que debe ser aplicada a todos las personas que desean acceder al empleo público.
A pesar de la existencia y obligatoriedad de estos principios, en el caso de las modalidades de acceso a la enseñanza de formación de la Guardia Civil, no se cumplen debido a la existencia de normas que atentan directamente contra las
disposiciones contenidas en la Constitución española y en los instrumentos de derechos humanos ratificados por España.
Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil, establece los requisitos para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda acceder a los centros docentes de formación de la Guardia Civil, concretamente determina
que:
'Artículo 33. Requisitos generales para el ingreso en los centros docentes de formación.
1. Con carácter general, para poder participar en los procesos selectivos e ingresar en los centros docentes de formación será necesario reunir los siguientes requisitos:
f) Tener cumplidos dieciocho años en el año de la convocatoria.
g) No superar la edad de 40 años para el acceso directo a la escala de cabos y guardias y de 50 años para la promoción profesional.'
Queda claro de la redacción de la norma que, en el caso de la Guardia Civil, la ley ha establecido un límite de edad inferior la regla de la edad máxima de jubilación forzosa establecida en el Estatuto Básico del Empleado Público. Esta
diferenciación no tiene de ninguna manera una justificación objetiva y razonable, puesto que limitar la edad de ingreso a estas escalas en concreto, implica dejar fuera de las posibilidades de acceso a cientos de ciudadanos y ciudadanas que cumplen
con el resto de requisitos generales y los requisitos de formación.
Comparativamente entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado esta excepción a la regla de la edad máxima de jubilación forzosa, sucede única y exclusivamente en el caso de la Guardia Civil. Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de
Régimen de Personal de la Policía Nacional, también regula los procesos selectivos de ingreso a este cuerpo, y entre los requisitos de acceso se establece lo siguiente:
'Artículo 26. Requisitos.
1. Para poder participar en los procesos selectivos, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación.'
Como se puede observar de esta norma, la Policía Nacional, un cuerpo de seguridad semejantes características que la Guardia Civil, no contempla los límites de edad que si existen en el Régimen del Personal de la Guardia Civil. Esta
comparación nos permite evidenciar la falta de objetividad de las normas que regulan a la Guardia Civil y sobre todo la discriminación que constituye las limitaciones por razones de edad, en detrimento de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas
españoles y españolas para el ingreso a los centros docentes de formación. El acceso al empleo público debe evaluarse en función de las capacidades de las personas y no limitarlas por motivos de edad.
El anacronismo de las normas de la Guardia Civil ya ha sido duramente criticado por parte de la Tribunal Supremo en otros casos. Por ejemplo, la Sentencia de 1 de febrero de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (BOE núm. 77, de 30
de marzo de 2016), declaró como nulo el artículo 18.3.b) del Real Decreto 597/2002, de 28 de junio, por el que se aprueba el Reglamento general de ingreso en los centros docentes de formación del Cuerpo de la Guardia Civil. Este artículo limitaba a
33 años la edad máxima para poder acceder a la enseñanza de formación para acceso a la Escala de Cabos y Guardias.
Resulta paradójico que a pesar de la nulidad que el propio Tribunal Supremo ha decretado en otras normas similares, aún se hayan conservado vigente el artículo 33.1.g) de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la
Guardia Civil. Por lo tanto resulta necesario y urgente el reformar esta norma para poder garantizar que todos los ciudadanos y ciudadanas españoles y españolas que deseen ingresar a la Guardia Civil, lo puedan hacer en condiciones de igualdad y
sin ningún límite de edad (salvo la regla de la edad máxima de jubilación forzosa) que pueda significar una discriminación en contra de sus derechos fundamentales.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Instar al Gobierno de España, a derogar el artículo 33.1.g) de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil, y establecer la edad máxima de jubilación forzosa como único límite de acceso a los centros
docentes de formación de la Guardia Civil. De esta manera se garantizará que todos los ciudadanos que deseen ingresar a la Guardia Civil, lo puedan hacer en condiciones de igualdad y no discriminación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2017.-Juan Antonio Delgado Ramos, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001822
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la cobertura inmediata de las vacantes en el centro penitenciario de Logroño (La Rioja), para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
La escasez de personal en la totalidad de los servicios del centro penitenciario de Logroño, en todos los turnos, es un problema para la seguridad de los funcionarios, de los propios internos y para una correcta prestación del servicio, así
como para cumplir las finalidades que la Constitución exige como orientación de las penas privativas de libertad y que no son otras que la reeducación y reinserción social y esto solo se consigue mediante el tratamiento, que deja de ser posible
cuando las personas encargadas de llevar a cabo el mismo no permite llevar a cabo las actividades necesarias para realizarlo. Según denuncian los sindicatos de prisiones es necesario cubrir las más de treinta vacantes existentes en la relación de
puestos de trabajo del centro
El centro penitenciario de Logroño fue el primer centro en el que se inició el proceso privatizador de la seguridad perimetral, con la sustitución de los efectivos de la Guardia Civil por personal de empresas privadas de seguridad.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, se dote de los recursos personales al centro penitenciario de Logroño, procediendo a la dotación y cobertura de plazas
en la relación de puestos de trabajo a través de los concursos u oposiciones pertinentes y, de manera inmediata, paliando el déficit mediante la adscripción de personal interino, en prácticas, comisiones de servicios u otros mecanismos posibles para
poner fin a esta situación de inseguridad y precariedad y así poder llevar a cabo las funciones que la Constitución y la Ley les encomienda, y que dicha actividad se pueda realizar sin riesgo para los funcionarios y los internos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2017.-César Luena López, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Economía, Industria y Competitividad
161/001789
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Joan Tardà i Coma y la Diputada Ester Capella i Farré al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la reparación del dinero republicano incautado según el ordenamiento franquista para su debate en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad.
Exposición de motivos
La incautación franquista de dinero republicano.
Una Orden del primero de abril de 1938 firmada por las autoridades militares sublevadas contra la Constitución de 1931 dictó normas de carácter general para el canje de billetes emitidos por el bando republicano por billetes emitidos por los
golpistas, a la postre vencedores, 'en las plazas que se fueran liberando del dominio marxista', estableciendo un período para dicho canje.
Un Decreto del Ministerio de Hacienda, aprobado en Burgos el 27 de agosto de 1938 (publicado en el 'Boletín Oficial del Estado' de 17 de septiembre de 1938), responsabilizaba al Banco de España 'de las operaciones de canje de billetes
puestos en circulación con anterioridad al diez y ocho de julio de mil novecientos treinta y seis, que existan en los territorios cuya liberación realice el Ejército Nacional'.
Dicho Decreto establecía que 'en los términos municipales donde no exista sucursal del Banco de España, ni oficina de canje, el Banco cuidará de proveer al Ayuntamiento de solicitudes impresas' para que los peticionarios entregaran allí sus
solicitudes y billetes, que serían remitidos junto con un informe favorable del Ayuntamiento sobre su veracidad.
Asimismo, se establecía que 'El Banco de España deberá suspender el canje correspondiente a peticiones que ofrezcan duda sobre la veracidad de lo declarado, reteniendo los billetes y expidiendo al interesado un resguardo por la cantidad en
suspenso'. Para la resolución de dichos contenciosos era competente, en primera instancia, la sucursal más cercana del Banco de España y, en segunda instancia, para las resoluciones denegatorias, un Tribunal de canje ordinario de billetes
constituido 'en las capitales de provincia pertinentes formado por el Jefe de la Sección Provincial de Banca, como Presidente; un representante designado por el Gobernador Civil y otro por la Autoridad militar más calificada de la provincia'. Este
Tribunal debería fallar 'en conciencia' al respecto.
Finalmente, el Decreto fascista establecía que los billetes relativos a peticiones definitivamente desestimadas por los tribunales se abonarían por el Banco de España, 'siempre que correspondan a series y números de los que se reputan
puestos en circulación antes del diez y ocho de julio de mil novecientos treinta y seis, en una cuenta especial que se abrirá por dicho Establecimiento con el título 'Billetes de canje desestimado' sobre cuyo destino se proveerá en su día'.
En un segundo Decreto, fechado y publicado en las mismas fechas que el anterior, se concretaban las condiciones del primero, estableciendo que 'en ningún caso se resolverá sobre la solicitud sin previa entrega de los billetes en la forma
indicada' y que se debería dar cuenta de la procedencia del dinero mediante una declaración jurada, cuya veracidad debería estar 'por tres personas de reconocida solvencia económica y morar, es decir, adictas al nuevo Régimen.
Este mismo Decreto establecería que si los billetes reputados hubiesen sido puestos en circulación con posterioridad al 18 de julio de 1936 se ingresarían en el 'Fondo de papel moneda puesto en curso por el enemigo'.
Este Fondo sería creado por un tercer Decreto que, con la misma fecha, viene a completar a los dos anteriores. Dicho Fondo, cuya contabilidad se llevaría a cabo 'con total independencia' de la del Banco de España, sería nutrido con billetes
del Banco de España 'que se reputen en circulación' después del 18 de julio de 1936, certificados de plata, los llamados 'talones especiales' y el papel moneda del Tesoro, cuya tenencia se prohibía por este Decreto. El Decreto concretaba que el
dinero sería incautado 'a los prisioneros y cadáveres del enemigo', a 'las personas que, procedentes de zona enemiga, penetren por las fronteras y puertos de la España Nacional' y a los habitantes de zonas liberadas una vez expirado el período de
canje de los billetes del Banco de España.
Asimismo, se establecía que estas incautaciones requerirían la expedición de un resguardo, donde constara 'la Autoridad o Establecimiento receptor, el nombre y domicilio del interesado, cantidad nominal entregada, clase del papel moneda,
fecha y firma del receptor'. En este sentido, los 'Bancos privados, Ayuntamientos, Autoridades militares y Aduanas, receptores de signos fiduciarios', debían entregarlos en la sucursal más cercana del Banco de España 'en término no superior a los
diez días siguientes a la recepción, mediante relaciones duplicadas en que consten los nombres de los dadores y la cantidad aportada por cada uno de ellos'.
Una de estas relaciones 'debidamente diligenciadas por la sucursal correspondiente del Banco de España' se devolvería al respectivo banco privado, Ayuntamiento, autoridad militar o aduana 'para su descargo'.
En virtud de estos Decretos y otras disposiciones legales fue incautado dinero válido y legal emitido por la República o por instituciones republicanas, que nunca fue devuelto a sus legítimos propietarios.
Situación actual.
Con el retorno de la democracia, diversos partidos políticos y sindicatos fueron indemnizados -en parte- por incautaciones similares. No así, los particulares a los que se les habían incautado sus ahorros.
Desde entonces, se han sucedido diversas iniciativas para conseguir recuperar el dinero incautado. Así, en el Congreso de los Diputados, y en diversas ocasiones y por distintos partidos, se ha llevado a discusión Proposiciones No de Ley
orientadas a reconocer el derecho de restitución a los particulares afectados, como las presentadas por Esquerra Republicana en los años 2005 y 2008. No obstante, estas iniciativas fueron rechazadas por PP y PSOE.
Según consta en un informe del Banco de España de fecha 11 de marzo de 1938, el monto total del dinero republicano incautado durante la Guerra civil por el ejército franquista ascendió a 35.047.500
pesetas. Cálculos posteriores efectuados por historiadores 1 a partir de la documentación recuperada indican que la cantidad anulada por las autoridades franquistas en 1939 ascendió a unos 13.251 millones de pesetas en billetes declarados
ilegales y 10.536 en cuentas bancarias bloqueadas.
Desde entonces, se ha creado una asociación de personas afectadas 2, que ha podido evaluar el alcance de la propuesta, que hasta el momento afecta a unas 750 familias. Así, de forma colectiva se presentó en 2015 ante la Sala de lo
Contenciosos-Administrativo del Tribunal Supremo una demanda de responsabilidad patrimonial del Estado en la que se solicita la devolución, a quienes fueron sus legítimos propietarios, del papel moneda puesto en circulación por el gobierno
republicano con posterioridad al 18 de julio del año 1936, por parte de un despacho de abogados, además de sendas reclamaciones administrativas, ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
Es, pues, deber del Gobierno español, y en este caso del Banco de España, investigar el total de dinero incautado, cuáles son sus legítimos propietarios y hacer efectiva su devolución actualizada a su valor en nuestros días.
En este sentido, dicha devolución también debe reconocer a aquellas personas que no quisieron entregar su dinero al régimen dictatorial (arriesgándose, puesto que estaba prohibido) o que se lo llevaron al exilio, y que esperaban en vano la
rápida restitución del legítimo régimen republicano.
Es por todo ello que se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados condena la incautación de dinero legal republicano por los sublevados fascistas e insta al Gobierno español a:
1. Investigar el total de dinero incautado por los insurrectos después de 1936 y que conformaron el 'Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo' así como aquél situado en una cuenta corriente del Banco de España con el
título de 'Billetes de canje desestimado' y determinar las personas perjudicadas por ello.
2. Restituir a las personas perjudicadas, o en su caso a sus familiares, el dinero incautado por el régimen dictatorial, con un valor actualizado al año en curso.
3. Establecer los cauces oportunos, haciendo la difusión correspondiente, para que las personas interesadas no contempladas en los casos anteriores, o en caso de defunción, sus familiares, que acrediten la incautación de dinero republicano
por el régimen fascista, puedan reclamarlo al Gobierno español. Una comisión creada al efecto decidirá sobre la validez de dicha acreditación y, en caso positivo, procederá a su inmediata devolución con un valor actualizado al año en curso.
4. Habilitar cauces con el fin de que las personas que lo deseen puedan intercambiar el dinero legal republicano que tengan en su poder por dinero actual y con un valor actualizado al año en curso.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2017.-Ester Capella i Farré, Diputada.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
161/001811
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para garantizar el futuro de las comarcas
mineras, para su debate en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad.
Exposición de motivos
Según la normativa europea, aquellas empresas de la minería del carbón que hayan recibido ayudas para el cierre y la reconversión del sector deberán abandonar la actividad a finales de 2018. De no ser así, tendrán que devolver las ayudas.
1 Cálculos efectuados por Carlos Barciela, M.ª Inmaculada López, Joaquín Melgarejo y José A. Miranda. La España de Franco (1939-1975). Economía. Editorial Síntesis, 1999.
2 Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista. http://www.apigf.org/.
En España se han invertido miles de millones de euros en los programas de ayuda al sector minero desde que comenzaron en la década de los 70. Nos encontramos sin embargo con una falta absoluta de transparencia y de control administrativo.
A día de hoy desconocemos en detalle el destino completo de los fondos para la transición de las cuencas mineras.
En estos momentos, la minería de carbón se sitúa en las áreas de las Comunidades Autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Principado de Asturias. Son áreas que mantienen un alto nivel de dependencia económica de esta
industria a pesar de los últimos Planes del Carbón presentados. Hay zonas, principalmente en León y Asturias, que por su aislamiento geográfico y su despoblamiento, por su falta de alternativas económicas impulsadas por los poderes públicos, siguen
íntimamente ligadas a la actividad minera y dependen en parte importante de ella. Esto se traduce en un empobrecimiento y falta de expectativas de su población.
Es evidente que hay que garantizar el futuro de las comarcas mineras, tanto en el plano de su reconversión medioambiental como en la garantía de puestos de trabajos dignos para los mineros. Es necesaria una recuperación económica de estas
zonas, que llegue directamente a su población, a partir de planes específicos de inversión pública.
Hemos así de garantizar una transición justa hacia un modelo energético basado en criterios de sostenibilidad ambiental, que cumpla los acuerdos de disminución de emisiones y justicia social, para no dejar a nadie atrás. En ello deben
implicarse principalmente todas las instituciones públicas capaces de poner en marcha un nuevo modelo industrial, caso entre otras de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).
Es en esta línea que se apuesta por la nacionalización de las minas de carbón de titularidad privada y del sector energético orientado hacia un futuro sector energético 100% renovable. Las administraciones públicas son responsables del
desarrollo de un modelo productivo e industrial sostenible, de evitar situaciones lacerantes como las provocadas por la llamada pobreza energética, así como de garantizar una necesaria y justa cobertura social.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas oportunas para garantizar el futuro de las comarcas mineras, y en particular:
1. Iniciar un proceso de integración en la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) de todas las empresas mineras del sur occidente asturiano (Asturleonesa, Uminsa Cerredo, Uminsa pilotuerto y Carbonar).
2. Impulsar desde las instituciones públicas un modelo industrial sostenible y justo, basado en los acuerdos de disminución de emisiones y justicia social.
3. Aprobación en un plazo máximo de seis meses de un plan de acompañamiento consensuado con los agentes sociales que garantice el rescate, la reindustrialización y la diversificación de las actividad de las cuencas mineras que sea puesto en
marcha no más tarde de 2017.
4. Auditoría de los fondos Miner y de todos los acuerdos firmados en este sentido.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2017.-María Isabel Salud Areste y Eva García Sempere, Diputadas.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001847
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
recuperar el sistema de control financiero permanente en los Organismos Públicos de Investigación, para su debate en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad.
Exposición de motivos
La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, establecía de forma muy clara, en el artículo 4 que 'el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación se rige por los principios de calidad, coordinación,
cooperación, eficacia, eficiencia, competencia, transparencia, internacionalización, evaluación de resultados, igualdad de oportunidades y rendición de cuentas'.
Además, el artículo 47 establecía que los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado tienen la función de '(...) ejecución directa de actividades de investigación científica y técnica, de actividades de
prestación de servicios tecnológicos, y de aquellas otras actividades de carácter complementario, necesarias para el adecuado progreso científico y tecnológico de la sociedad (...)'.
Con estos planteamientos, el espíritu de la norma y, su desarrollo posterior, era otorgar nuevos apoyos y mejores instrumentos a los agentes del sistema de innovación, 'para que puedan ser progresivamente más eficaces y eficientes en el
ejercicio responsable de sus actividades', tal y como se explicita en su Exposición de motivos.
Los Organismos Públicos de Investigación han venido operando bajo estos principios muchos años, realizando una gran labor en el avance de la ciencia en nuestro país y con una encomiable reputación internacional obtenida por la excelencia de
su trabajo en los proyectos de colaboración, o en la participación activa en agencias y grupos internacionales.
Sin embargo, el funcionamiento ordinario de estos organismos públicos se ha visto perjudicado por la cantidad de trabas administrativas que resultan de la no consideración de la singularidad de estos organismos y de las actividades que
realizan en el sistema de control de gasto financiero implantado por el gobierno del Partido Popular desde mayo de 2014, siguiendo el Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de diciembre de 2013, sobre régimen de control económico financiero aplicable
por la Intervención General del Estado a determinados organismos públicos (BOE de 3 febrero 2014). Esta decisión del Gobierno sustituía el Acuerdo del Consejo de Ministros del 8 de enero de 1999 que obligaba a este tipo de organismos públicos a
'someterse como único sistema de control a control financiero permanente' (BOE de 4 febrero 1999).
Según las reiteradas denuncias de los investigadores que trabajan en los Organismos Públicos de Investigación, este nuevo sistema de control financiero supone, en la práctica, una ralentización en sus investigaciones y, en muchos casos, la
imposibilidad de llevar a cabo proyectos ya aprobados. Además, dificulta o impide la contratación del personal asociado a los proyectos de investigación, así como la adquisición del material necesario para su ejecución, haciendo imposible el
desarrollo del proyecto con los medios humanos y técnicos requeridos.
Es necesario reducir la carga de trabajo administrativo en estos organismos públicos para que la labor investigadora se pueda desarrollar de la forma más eficiente y eficaz posible. Está demostrado que la gestión de los fondos de
investigación debe hacerse a través de procedimientos diferentes a los generales de la Administración del Estado. Deben ser procedimientos flexibles, dinámicos y siempre, por supuesto, sin descuidar la debida rendición de cuentas y el control
financiero permanente de los gastos.
Por tanto, y en función de la facultad que otorga al Gobierno el apartado 2 del artículo 149 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, es urgente la recuperación de la aplicación del control financiero permanente, en
sustitución de la función interventora, respecto de la actividad de gestión de los Organismos Públicos de Investigación dado que la especial naturaleza de sus actividades lo justifica.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar de forma urgente las acciones oportunas para reconocer la singularidad de los Organismos Públicos de Investigación y de las actividades que realizan, incluidas las modificaciones
legales necesarias para que vuelva a establecerse para éstos el anterior sistema de control financiero, mediante la aplicación del control financiero permanente, en sustitución de la función interventora, tal y como prevé el artículo 149.2 de la Ley
47 /2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2017.-María González Veracruz, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Hacienda y Función Pública
161/001784
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de la Diputada Alexandra Fernández Gómez, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública, para que se refuercen las plantillas de trabajadores en las oficinas de Correos y los medios, especialmente en el ámbito rural, y la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos cumpla con lo establecido en la Ley Postal.
Exposición de motivos
El servicio postal de Correos ha sufrido como otros servicios públicos enormes recortes durante los últimos años que han mermado de manera alarmante la calidad del servicio. Especialmente después del proceso de liberalización emprendido por
el Gobierno del PP.
Es manifiesto el incumplimiento de la legislación en materia postal dado que no se respetan ni siquiera los mínimos exigidos por la Ley Postal de 2010, que al igual que normativas anteriores lo definía como un servicio universal,
estableciendo la obligatoriedad de repartir el correo postal durante los cinco días laborales de la semana.
La Sociedad Estatal Correos y Telégrafos (perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones industriales, Ministerio de Hacienda), es el operador designado para prestar el Servicio Público Universal. Por normativa, está obligado a que
las entregas se efectúen al menos todos los días laborables, de lunes a viernes.
Sin embargo, en los años de gobierno de mayoría absoluta del PP, su débil situación empeoró debido a los recortes practicados en la contratación de personal, el empeoramiento de sus condiciones laborales, la precariedad y la falta de medios
y de personal necesario y suficiente. Todo este nefasto conglomerado ha tenido unas consecuencias muy negativas en el servicio, sobre todo en el medio rural o en los pueblos. Actualmente el correo postal sufre importantes retrasos y demoras.
La supresión de secciones de reparto ha sobrecargando a las plantillas que no pueden asumir en tiempo y forma los repartos. Les resulta imposible. En este mal estado contribuye también el hecho de que no se cubran las ausencias por
vacaciones o días libres, ni tampoco las bajas.
En definitiva, los trabajadores y trabajadores de Correos sufren importantes problemas de sobrecarga laboral, en medio de un ambiente laboral precario y nada valorado.
Para cumplir la ley y con los parámetros de calidad adecuados a un Servicio Público, el Gobierno debería aumentar el personal en las Unidades de reparto, así como los medios.
Un ejemplo de las deficiencias que acabamos de describir es la localidad de Salceda de Caselas (Pontevedra) que sufre un auténtico caos en el servicio. La falta de personal y el hecho de que no se cubran las bajas provoca enormes retrasos
en la entrega postal en las parroquias como Picata, San Xurxo o Santa María. El tema no es baladí puesto que tiene efectos muy perjudiciales para los vecinos y vecinas que se enteran tarde de sus citas médicas y las pierden, o el retraso en la
recepción de avisos de cortes de luz, la pérdida de derechos en materia de pensiones de emigrantes retornados o incluso problemas por el paso de citaciones judiciales. Queda testimoniado de manera elocuente la importancia de que la ciudadanía
reciba el correo postal en tiempo y forma porque las demoras les pueden causar auténticos trastornos.
La capital de Salceda de Caselas, la villa de Esfarrapada, carece de la figura de cartero/a urbano algo incomprensible cuando en la capital del municipio habitan casi 4.00 personas, 3.800. Téngase presente que el ayuntamiento de Salceda de
Caselas es uno de los que más creció en población en una Galicia que sufre un serio problema demográfico.
Desde el consistorio se llevan reclamando soluciones urgentes desde hace meses para que se garantice la calidad del servicio postal. Es fundamental que se incremente la plantilla para reforzar el área de reparto, se cubran las bajas y se
pongan más medios.
De hecho, recientemente el alcalde de Salceda mantuvo una reunión con el jefe de zona noroeste de Correos para trasladar esta problemática.
Salceda de Caselas es uno de las múltiples localidades de Galicia y de otras poblaciones del Estado que sufre importantes deficiencias en el servicio postal. Lo que hemos descrito sería perfectamente trasladable a numerosos pueblos,
localidades, villas e incluso ciudades gallegas desde que se produjeron recortes tan brutales en Correos.
Proposición de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Cumplir la Ley Postal 43/2010, de 30 de diciembre, del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, que define el reparto postal como un servicio universal, y establece la obligatoriedad de repartir el
correo postal durante los cinco días laborables de la semana.
- Aumentar la plantilla de trabajadores y trabajadoras en las oficinas de Correos, especialmente en el ámbito rural, en pueblos y localidades, e incrementar los medios a fin de poner fin a los continuos retrasos en la entrega postal que
sufren habitantes de localidades como Salceda de Caselas (Pontevedra), entre otras muchas, deficiencias que ocasionan importantes problemas y trastornos a los vecinos y vecinas.
- Cubrir en tiempo y forma las bajas que se producen en las oficinas de Correos, así como las sustituciones por vacaciones o días de libranza, de forma que se evite la sobresaturación laboral del personal.
- Promover reuniones habituales entre representantes de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos con ayuntamientos a fin de abordar las carencias, insuficiencias y problemas en las Unidades de Reparto y en las oficinas postales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2017.-Alexandra Fernández Gómez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001832
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas para luchar contra los paraísos fiscales, para su
debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
Exposición de motivos
Los paraísos fiscales, como sistemas opacos por los que pasa la mitad del comercio mundial, provocan graves disfunciones a nivel global y a nivel local. La elusión y evasión fiscal a través de los paraísos fiscales disminuye gravemente la
recaudación pública, dificultando obtener los ingresos necesarios para financiar la inversión en servicios públicos y sociales esenciales. Además, debido a su opacidad, los paraísos fiscales facilitan la ocultación de un abanico de prácticas
delictivas y actividades contrarias a los derechos humanos y al bien común.
Las graves consecuencias que conllevan los paraísos fiscales han hecho que diferentes actores internacionales (G7, G20, OCDE y UE) estén tomando medidas, aunque con retraso y sin comprometer a territorios afectos a su propia soberanía, para
obligar a un mayor control sobre la utilización de los paraísos fiscales por parte de grandes empresas y grandes fortunas para eludir o evadir impuestos. A pesar de ello, comprobamos que el uso y abuso de los paraísos fiscales sigue siendo una
práctica habitual por parte de grandes empresas y grandes fortunas.
Así queda patente por el cálculo que maneja la 'Plataforma por la Justicia Fiscal' y que cifra en 7,6 billones de dólares la riqueza individual oculta en paraísos fiscales. Asimismo, en el último año, se ha triplicado la inversión que ha
salido desde España hacia estos territorios. Se calcula que la utilización de paraísos fiscales para canalizar la inversión directa hacia España genera unas pérdidas en torno a los 1.550 millones de euros, cantidad casi equivalente al presupuesto
público de cooperación al desarrollo.
Por todo lo anterior, es imprescindible tomar medidas para paliar el enorme daño que produce su cobijo en nuestra economía y, para poder empezar a reducir este perjuicio, es imprescindible poder contar con una lista de los actuales paraísos
fiscales.
El listado español de paraísos fiscales, establecido en el Real Decreto 1080/1991, aportaba una lista inicial de los territorios considerados paraísos fiscales por la legislación española basada principalmente en el principio de opacidad y
el intercambio de información, no teniendo en cuenta otros criterios definitorios de los paraísos fiscales, como niveles bajos o nulos de tributación y prácticas fiscales perjudiciales. En este listado constaban 48 territorios, pero brillaban por
su ausencia jurisdicciones como Suiza, que mucha gente y muchas organizaciones identifican como paraíso fiscal, además de muchas otras.
La modificación posterior de 2003 determinaba que se dejaba de considerar como paraísos fiscales aquellos territorios que firmasen con España acuerdos de intercambio de información, y por ello, la lista se ha ido reduciendo hasta quedarse en
el momento actual en 33 territorios. Entre las 15 jurisdicciones que han salido destacan Panamá, Andorra, Bahamas, Bermudas o Hong Kong, algunas de ellas entre las más frecuentemente utilizadas por intermediarios para la creación de sociedades
offshore, tal y como han revelado los Papeles de Panamá.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revisar la definición de paraísos fiscales y adoptar una nueva basada en criterios objetivos, entre los que deben constar la falta de transparencia y de cooperación con otras administraciones tributarias, pero también niveles de
tributación muy bajos o nulos y la existencia de prácticas fiscales perjudiciales que garanticen reducciones fiscales sustanciales.
2. Elaborar un nuevo listado de territorios considerados como paraísos fiscales en base a esa definición, incluyendo todas aquellas jurisdicciones que, aunque no tengan ámbito nacional, hayan adoptado un marco legal que cuente con los
criterios reflejados en la definición.
3. Establecer un régimen sancionador amplio y exigente con los territorios incluidos en el listado y con los agentes, sean personas físicas o jurídicas, que se sirven de estos territorios para ocultar capitales o desviar beneficios o son
actores necesarios para los mismos, con el propósito de eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2017.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Fomento
161/001782
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Proposición no de Ley relativa al impulso de las conexiones ferroviarias y del servicio de alta velocidad entre las provincias de Valencia y Alicante.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión de presentación por el Gobierno de un informe en el plazo máximo de tres meses se haría, en su caso, por el procedimiento reglamentario
pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Fomento. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de impulso de las conexiones ferroviarias y del servicio de alta
velocidad entre las provincias de Valencia y Alicante para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La actual conexión ferroviaria entre Valencia y Alicante aprovecha los antiguos corredores radiales Madrid-Valencia y Madrid-Alicante, que se separan en el nudo de la localidad de La Encina, en la provincia de Albacete.
En el ramal norte, desde el nudo de La Encina hacia Valencia, se pueden distinguir dos tramos:
1. Entre la Encina y Xàtiva se utiliza un tramo de Alta Velocidad que entró en servicio en 1997 en ancho ibérico, por el que circulan hoy en día los trenes Euromed, Talgo, Media Distancia, los mercancías del corredor Madrid-Valencia y
circulaban los trenes Alaris entre estas dos ciudades hasta 2010.
2. De Xàtiva a Valencia se continúa por la red convencional, de vía doble pero compartida con Cercanías de Valencia, lo que crea problemas de tráfico entre los trenes rápidos de media y larga distancia y los lentos de mercancías y
cercanías.
En el ramal sur, entre la Encina y Alicante, se utiliza el antiguo trazado convencional, de vía única.
Sin embargo, en este ramal sur, entre La Encina y Alicante existe, además de la línea convencional, una flamante línea de alta velocidad en ancho estándar europeo. Esta línea se utiliza por los trenes que vienen de Madrid a Alicante, pero
no por los que circulan por el Corredor Mediterráneo desde Valencia (o Barcelona), por no tener continuidad en ancho europeo en el ramal norte, entre La Encina y Valencia. Cuando finalice el acceso en alta velocidad a Murcia, previsto para 2018, la
situación será aún más grave: los trenes de alta velocidad podrán ir de Murcia a Madrid, pero no de Murcia a Valencia o Barcelona.
Para poder dar continuidad en el tramo norte se debe finalizar la nueva línea de alta velocidad en construcción entre Xàtiva y Valencia, en ancho europeo. La obra está prácticamente finalizada desde 2009, pero los aplazamientos son
continuos. Aunque los trabajos de electrificación se están culminando en la actualidad, no se han contratado los trabajos de señalización, imprescindibles para su puesta en servicio. Esta línea ha costado, más de 1.000 millones de euros, y acumula
años de retraso sin uso alguno (el famoso aeropuerto de Castellón, símbolo del despilfarro en infraestructuras, 'solo' ha costado 175 millones de euros).
Finalmente, para dar continuidad a los dos tramos de línea de alta velocidad de ancho normal u europeo (Valencia-Xàtiva y La Encina-Alicante), habrá que cambiar el ancho del tramo Xàtiva-La Encina, puesto en servicio en 1.997 en ancho
ibérico. Pero antes de eso, es necesario dar continuidad al ancho ibérico por una vía alternativa, y para ello se está volviendo a instalar la vía en el trazado antiguo La Encina-Xàtiva que se dejó de utilizar en 1997. Se trata de una obra sin
complicaciones técnicas, en ejecución desde 2009, pero para la que todavía no hay fecha de finalización.
El esquema anterior se debería haber finalizado en 2013, coincidiendo con la entrada en servicio del AVE Albacete-Alicante, pero a fecha de hoy ni siquiera se ha contratado el cambio de ancho entre Xàtiva y La Encina o la señalización entre
Xàtiva y Valencia.
No hay fecha estimada de inauguración, que difícilmente podrá ser ya antes 2019, a pesar del gran beneficio que podría conseguirse con una más que contenida inversión:
- Los trenes de Valencia (y Barcelona) a Alicante ganarían más de media hora.
- Los trenes de Valencia (y Barcelona) a Murcia ganarían más de cuarenta y cinco minutos en el caso de que parasen en Alicante y más de 75 en el caso de que no lo hicieran.
- Pasaría a haber tres o cuatro vías en todo el corredor Valencia-La Encina en vez de dos, con lo que el tráfico de cercanías y mercancías ganaría en fluidez y regularidad.
¿Cómo es posible que una obra sencilla de poco más de 100 millones de euros se retrase, de momento, seis años y con ella todo un corredor que une la tercera y la quinta provincia de España y en el que se han invertido ya más de 2.000
millones de euros?
Es evidente que la ausencia de una Oficina Nacional de evaluación de infraestructuras y la inexistente planificación de inversiones ha motivado que los escasos recursos disponibles se hayan destinado a otros proyectos ferroviarios con menos
retorno y en los que había menos invertido previamente. Sin salir de la Comunidad Valenciana, los recursos se han concentrado en el tercer carril Valencia-Castellón, donde se han invertido con urgencia casi 200 millones de euros con el único fin de
llevar trenes AVE directos de Madrid a Castellón.
El resultado es que se ha empeorado el tiempo de viaje entre Valencia y Castellón para todos los trenes, tanto los futuros AVE como para los 85 cercanías y los más de 30 trenes diarios del corredor mediterráneo. Los nuevo trenes de alta
velocidad a Madrid podrán compensar la pérdida con los 18 minutos que se ganan circulando a 300 km/h entre Valencia y Madrid en lugar de los 250 km/h de los actuales Alvia de ancho variable, y otros 5 minutos del cambio de ancho. Aun así, no parece
coherente haber invertido 200 millones para que 4 trenes al día ganen menos de veinte minutos, cuando habrá otros 115 diarios que pierdan más de 5. El actual servicio Alvia es ya excelente, aunque su escasa demanda justifica solo dos trenes al día
por sentido.
Por todo ello, teniendo presente la importancia estratégica que posee esta actuación para el desarrollo del Corredor Mediterráneo y para la Comunidad Valenciana en particular, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que presentar ante la Cámara, en el plazo máximo de tres meses, un informe pormenorizado en el que se expliquen:
1. Las incidencias de los contratos vigentes entre el nudo de La Encina y Valencia-Joaquín Sorolla, detallando fecha de contratación, suspensiones, anualidades y fecha prevista de finalización.
2. Los contratos que son necesarios para poner en servicio el tramo en alta velocidad Alicante-Valencia, como el del cambio de ancho entre el Nudo de La Encina y Xàtiva o la señalización de la nueva línea Xàtiva-Valencia-Joaquín Sorolla,
entre otros, detallando para todos ellos plazo, coste y fecha estimada de licitación.
3. Las actuaciones necesarias para convertir en tramo Nudo de La Encina-Xàtiva a los estándares técnicos de alta velocidad: cambio de la electrificación a 25 kV e instalación de la señalización ERTMS, detallando coste estimado, plazo y
fecha estimada de licitación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo de 2017.-Antonio Cantó García del Moral, Marta Martín Llaguno y Fernando Navarro Fernández-Rodríguez, Diputados.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001783
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas para la conservación, mantenimiento y mejora de la línea
ferroviaria Zaragoza-Teruel-Valencia, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
En el año 2013 la Comisión Europea con el refrendo del Parlamento Europeo recogió el eje Valencia-Bilbao como elemento de la Red Básica de la Red Transeuropea de Transportes, es lo que se conoce como el Corredor Cantábrico-Mediterráneo y
donde se encuentra nuestra línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Valencia.
La visión europea es por tanto conectar los principales nodos existentes en cada corredor, ya sean ciudades, puertos, aeropuertos, grandes centros de producción y las terminales intermodales ubicadas en los nodos logísticos, además de
conectar el Corredor Mediterráneo con el Corredor Atlántico.
El Parlamento Europeo señaló que las inversiones en estas infraestructuras, además de comportar una mejora significativa de las conexiones y flujos de transporte, deben tener en cuenta asimismo todos los beneficios y costes sociales,
económicos, medioambientales y servir como indicador de la contribución al bienestar.
Está previsto que en 2023 se lleve a cabo un examen exhaustivo de la realización de la red básica.
La modernización y el incremento de la capacidad de la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Valencia para el tráfico de mercancías y viajeros es imprescindible para aumentar las opciones de desplazamiento de viajeros y principalmente las de
tráfico de mercancías, así como los flujos entre las plataformas logísticas PLAZA (Zaragoza), PLATEA (Teruel) y PARC SAGUNT (Sagunto).
Se han elaborado estudios técnicos por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) quien ha planteado realizar una aportación de 44 millones de euros al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria y la Universidad Politécnica de
Valencia, que demuestra los tráficos potenciales de mercancías que la línea puede atender, pero también los importantes beneficios medioambientales, la reducción de costes económicos, la contribución al aumento de la competitividad y sostenibilidad
del sistema de transporte, así como los beneficios sociales derivados de la misma.
Esta adecuada conexión supondría, asimismo, un importante beneficio para la competitividad e intermodalidad del tráfico de mercancías en España, permitiendo a través de Teruel y Zaragoza el enlace ferroviario de los puertos del Mediterráneo
y los puertos de la cornisa cantábrica y el Atlántico, aumentando considerablemente el área de influencia de estos puertos.
De esta manera, se reforzaría la conexión entre Aragón y toda la zona costera del Corredor Mediterráneo, cornisa cantábrica y Atlántico articulando mejor la distribución interior en la Península y la conexión ferroviaria de los movimientos
de mercancías a través de la misma con Asia, África, América y Europa.
Estamos en un momento crucial para el futuro de la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Valencia desarrollando de esta forma las conexiones transversales entre los principales centros logísticos del este y norte de España con el potencial
beneficio tanto económico como social que supondría este desarrollo.
Es momento que el Gobierno de España vuelva a planificar de forma eficiente las actuaciones inversoras en esta línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Valencia, con criterios de eficiencia y sostenibilidad, manteniendo los estándares de calidad y
seguridad, mediante los estudios de rentabilidad económica y social y, en su caso, la inversión en actuaciones de modernización, mejora y aumento de capacidad en la citada línea.
Teniendo presente todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que realice los estudios y análisis financieros necesarios para evaluar la rentabilidad económica y social que supondría la modernización y aumento de capacidad de la línea ferroviaria
Zaragoza-Teruel-Valencia y, una vez acreditados los retornos positivos de la misma, a que acometa, sin más dilaciones, la modernización integral de la línea con el objetivo de incrementar su capacidad de transporte de mercancías y viajeros,
adoptando las decisiones y planes de acción e inversión necesarios para ello.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo de 2017.-Rodrigo Gómez García, Antonio Cantó García del Moral y Fernando Navarro Fernández-Rodríguez, Diputados.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001785
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de la Diputada Alexandra Fernández Gómez, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Fomento, para que se construya el doble enlace en la A-52 a la altura de Lentille (Covelo, Pontevedra) para permitir la
incorporación a la autovía en dirección Ourense-Madrid.
Exposición de motivos
En la autovía A-52 a la altura de Lentille existe un enlace que solo da servicio de entrada en dirección a Vigo y de salida a la autovía viniendo de Vigo en dirección a Covelo. Una conexión que no permite la incorporación a la A-52 en
dirección a Ourense, ni tampoco la salida de la autovía en el sentido de circulación Ourense-Vigo a Covelo, Mondariz, Mondariz Balneario, A Cañiza y As Neves.
Los habitantes de estos municipios se ven obligados a realizar un considerable rodeo de más de 20 km para poder incorporarse a la A-52 cuando necesitan desplazarse en dirección Ourense-Madrid. Deben circular por la N-120 durante más de 20
km por una zona montañosa, subir hasta el alto del monte Montouto que suele estar cubierto de niebla, de nieve y es zona de pastos con importante presencia de ganado, y finalizar pasando por el casco urbano de A Cañiza antes de poder incorporarse
por fin en la A-52. Se repite la misma situación a la inversa, cuando los conductores proceden de Ourense y necesitan salir a Covelo, Mondariz o Mondariz Balneario.
Asimismo, los vehículos pesados, los camiones que trabajan para las diferentes empresas establecidas en esta área también tienen que llevar a cabo este rodeo para incorporarse a la A-52.
La demanda de un doble enlace en la autovía a la altura de Lentille es un clamor en estos municipios, tanto para facilitar la movilidad de vehículos particulares como para mejorar el transporte de mercancías procedentes del importante sector
empresarial asentado en toda el área.
Los ayuntamientos de Mondariz, Mondariz Balneario y Covelo llevan años trasladando esta solicitud sin que se tenga en cuenta por parte del Ministerio de Fomento.
Precisamente en mayor del pasado año 2016, un grupo de alcaldes de las comarcas afectadas, 0 Condado y A Paradanta, mantenían una reunión con la entonces titular de Fomento a la que trasladaban la petición del nuevo enlace con la A-52 en
dirección a Ourense-Madrid. Esta nueva conexión redundaría en un enorme beneficio para los habitantes de los municipios de Mondariz, Mondariz Balneario, As Neves y A Cañiza.
Como resultado de esa reunión, la Ministra de Fomento se comprometió a estudiar esta demanda, que bajo nuestra perspectiva debería solucionarse en la presente legislatura.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:
- Construir el doble enlace en la A-52 a la altura de Lentilla (Covelo, Pontevedra) para evitar que los habitantes de las comarcas de O Condado y A Paradanta tengan que realizar un considerable rodeo de 20 km por zona montañosa para poder
incorporarse a la autovía A-52 en dirección Ourense-Madrid.
- Aprobar el proyecto para el doble enlace en este año 2017, destinando la consignación presupuestaria necesaria para ejecutarlo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2017.-Alexandra Fernández Gómez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001790
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para desarrollar un plan urgente de inversiones en materia de
seguridad en la N-432, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La N-432 es una carretera nacional española que une Badajoz y Granada, atravesando las provincias de Badajoz, Córdoba, Jaén y Granada. Consta de 419 kilómetros y, en su recorrido, pasa por los siguientes municipios: Badajoz, La Albuera,
Santa Marta, Zafra, Villagarcía de la Torre, Llerena, Azuaga, Granja de Torrehermosa, Fuente Obejuna, Peñarroya-Pueblonuevo, Belmez, Espiel, Córdoba, Espejo, Castro del Río, Baena, Alcaudete, Alcalá la Real, Pinos Puente, Atarfe y Granada.
Ante el desarrollo centralista y radial de las vías de comunicación terrestres implementadas por los diversos gobiernos centrales, en el que Madrid era el eje de las mismas, la N-432 responde a una realidad histórica, geográfica, social y
cultural que une dos comunidades autónomas, comarcas y localidades limítrofes. Esta vía, a lo largo de todo su recorrido, no responde a una comunicación artificial ajena a las poblaciones y pobladores autóctonos, sino a un trazado natural en lo
geográfico y cultural. Parte desde el suroeste peninsular, siendo enlace con Portugal, hasta el sureste peninsular. Desde el Atlántico hasta el Mediterráneo, desde la meseta castellana (atravesando Sierra Morena y el Guadalquivir) hasta Sierra
Nevada, coincidiendo en una parte de la misma con el Camino Mozárabe de Santiago. Una ruta comercial que ha contribuido a la configuración del sur peninsular donde la agricultura, la ganadería y la minería han sido elementos para la fijación de
población, la cohesión social y el desarrollo socioeconómico.
Esta indiscutible realidad transcurre mientras que de forma paralela la despoblación de las zonas rurales es imparable. El desempleo es estructural y Andalucía y Extremadura siguen siendo clasificadas como regiones del Objetivo n.º 1 para
la Unión Europea, ya que poseen un Producto Interior Bruto (PIB) inferior al 75% de la media comunitaria. Esto viene a sumarse a la falta de inversiones públicas en servicios, industria y en vías alternativas de comunicación por parte de las
diferentes administraciones públicas, tanto central como regional. Especial incidencia tiene el abandono del ferrocarril, cuyas vías ocupan una parte de esta zona geográfica.
Estos elementos han hecho que el desdoble y la conversión de la N-432 se haya convertido en una reivindicación histórica por parte de representantes públicos locales y provinciales, agentes sociales, colectivos y poblaciones afectadas. Es
aquí donde, por parte de los diferentes gobiernos centrales, tanto del PP como del PSOE, se llevan realizando e incumpliendo las numerosas y múltiples promesas, casi siempre coincidiendo con periodos electorales, sobre la inminente construcción de
la A-81 (denominación de la 'futura' autovía de la N-432). Este correlato de acciones frustradas comenzó en el 2005, cuando el Ministerio de Fomento incluyó por primera vez el proyecto en el Plan Especial de Infraestructuras y Transportes (PEIT)
que debía ejecutarse antes de 2013. En el año 2005 se incluyó una primera partida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para los estudios previos necesarios para acometer el proyecto. El Ministerio de Fomento manifestaba su intención de
convertir la N-432 en autovía. A partir de ese momento, se han sucedido diferentes estudios informativos como, por ejemplo, el que señalaba un coste del proyecto de 2,54 millones de euros, con presentaciones públicas (como si se tratase de la
inauguración de la obra), y diferentes presupuestos para su construcción, que van desde los 1.674 millones de euros del informe del Ministerio de Fomento con Magdalena Álvarez (PSOE), hasta los 2.323 millones de euros que mantenía otro de estos
múltiples informes.
El proyecto está paralizado desde 2011, cuando desde el Ministerio de Fomento se hizo público un informe desfavorable al proyecto, basado en un insuficiente flujo de vehículos y previsibles problemas medioambientales derivados del mismo.
Desde entonces, solo se accedió a actuar en los tramos de mayor densidad de tráfico (los accesos a grandes ciudades) manteniendo el resto de la vía como carretera de doble sentido, y se fijó el horizonte en 2024.
Esta descripción pretende determinar la principal de las causas de la reclamación de la N432: la seguridad. Tristemente, esta es una de las carretas convencionales del Estado con más tramos peligrosos y con mayor siniestralidad. Según
datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), desde enero de 2015 hasta agosto de 2016 se produjeron 585 siniestros, lo que supone una media de cinco accidentes de tráfico a la semana. A su vez, posee el tramo más peligroso de toda Andalucía, que
comienza en el final de la variante de Alcalá la Real (Jaén), punto kilométrico 388,3, y llega hasta el límite de la provincia con Granada, kilómetro 399,8, según los informes del RACE. En las provincias de Córdoba, Jaén, Granada y Badajoz, año
tras año, lidera la triste tasa de ser la carretera con el mayor número de víctimas mortales.
La seguridad es el elemento que debe ser el eje de las actuaciones y proyectos sobre la N-432, y sobre este deben plantearse las líneas de acción. La población, administraciones locales y agentes sociales han sido sometidos al engaño
sistemático por parte de los diferentes gobiernos centrales del PP y del PSOE, bajo la falsa promesa de la construcción de grandes infraestructuras, mientras sufren
diariamente el riesgo de unas vías de comunicación insuficientes y peligrosas. El debate sobre 'autovía sí' o 'autovía no' no puede volver a relegar a un segundo plano el verdadero problema de los ciudadanos y ciudadanas que transitan por
esta vía: la seguridad.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar de forma inmediata un plan plurianual de tres años con actuaciones en la N-432 y con los recursos presupuestario suficientes para invertir en la mejora del firme, en la eliminación de los tramos peligrosos y en la construcción
de variantes y carriles de tráfico lento.
2. Iniciar los informes y estudios necesarios para conocer la viabilidad del desdoblamiento de la N-432 y su conversión en autovía.
3. Estudiar y programar la inversión en vías de comunicación alternativas, como el ferrocarril, que apuesten por un desarrollo sostenible y por la vertebración del territorio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2017.-Eva García Sempere y Ana Belén Terrón Berbel, Diputadas.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001799
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la
construcción de enlaces entre las poblaciones de Oliva y Altea con la AP-7, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Según respuesta del Gobierno de 24 de noviembre de 2016, n.º 19659, el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, tiene la voluntad de no prorrogar los plazos de las concesiones de las autopistas de peaje vigentes. La concesión de la
AP-7 vence el 31 de diciembre de 2019.
Así pues, el punto negro de la N-322 a la altura del municipio de Altea podría evitarse construyendo un enlace de esta población con la AP-7, que hiciese de circunvalación de la población.
Por lo anteriormente expuesto presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Construir enlaces para conectar las poblaciones de Oliva (Valencia) y Altea (Alicante) con la AP-7.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo de 2017.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001800
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
para mejorar la prestación del Servicio Postal Universal y el derecho de los ciudadanos a las comunicaciones postales, para su debate en la Comisión de Fomento.
Motivación
Correos es una sociedad estatal que lleva prestando sus servicios a todos los españoles desde el 8 de julio de 1716. Actualmente es la sociedad responsable de prestar el Servicio Postal Universal en España de acuerdo a unos requisitos de
calidad, regularidad, accesibilidad y asequibilidad, que hacen efectivo el derecho de todos los ciudadanos a las comunicaciones postales.
Las cifras de Correos dan muestra de la importancia de su red: Más de 8.000 entidades locales son atendidas a través de una red física y humana en todo el territorio nacional. Un servicio prestado a través de 8.946 puntos de atención, más
de 57.000 empleados donde el 49% son mujeres y el 51% hombres, que recorren diariamente 700.000 kilómetros diarios para atender a hogares y empresas.
La garantía del derecho de todos los ciudadanos a las comunicaciones postales a través de la red de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, sobre todo en el ámbito rural y el mantenimiento de la prestación de un servicio público de
calidad, hacen necesario que se pongan en marcha las acciones necesarias para garantizar su viabilidad futura. En este sentido, es necesario que el operador público, al igual que en otros países de nuestro entorno europeo, diversifique su
actividad, aprovechando la capilaridad de su red, para obtener economías de alcance, aumentado el porcentaje de ingresos por actividades distintas a la postal, como son: paquetería, servicios financieros, retail, digital, etc., como ocurre en los
operadores del entorno; además de llevar a cabo acciones dirigidas a la investigación, desarrollo e innovación en materia postal y servicios de proximidad que permitan, contrarrestar la disminución de volúmenes e ingresos por la actividad puramente
postal (especialmente en los segmentos de cartas tradicionales, afectados por el efecto de sustitución tecnológica), equilibrar su cuenta de resultados y mantener la red de Servicio Postal Universal.
En Correos, como en otros sectores, es incuestionable el esfuerzo e implicación de los trabajadores y las organizaciones sindicales para garantizar la viabilidad del operador público en un contexto de fuerte merma en sus condiciones y
derechos laborales, con siete años de congelación y recortes, el convenio colectivo congelado desde diciembre de 2013, la pérdida de más de 15 mil empleos con la consiguiente sobrecarga de trabajo y una gran incertidumbre de futuro. Estos elementos
tiene una gran incidencia en un operador responsable por un lado de la prestación de un servicio público y por otro obligado a competir en un mercado muy competitivo en el que uno de sus mayores activos es el personal, al que hay que cuidar,
incentivar y hacer cómplices de las distintas decisiones que se toman respecto a su futuro.
La vigente Ley 43/ 2010, de 30 de diciembre, del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, que transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva postal 2008/6/CE, de 20 de febrero de 2008, ha
proporcionado al ámbito de las comunicaciones postales un marco legal que garantiza los derechos de los ciudadanos y de los usuarios a recibir un servicio postal universal en la integridad del territorio nacional de buena calidad, a precios
asequibles, encomendando esta responsabilidad al operador público Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A. Así mismo, la nueva regulación postal contempla los instrumentos para garantizar la financiación de las obligaciones de servicio público,
precisando los mecanismos para la determinación del coste neto y el cálculo de la cuantía de la carga financiera injusta que conllevan las obligaciones derivadas de la prestación del Servicio Postal Universal.
No obstante, el marco legislativo postal vigente, después de más de seis años desde su entrada en vigor, aún no se ha desarrollado plenamente por lo que es necesario que el Gobierno apruebe la normativa de menor rango prevista en la citada
Ley 43/ 2010, y especialmente el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal, un instrumento necesario para que el operador público pueda cumplir plena y eficazmente con su labor y potenciar su papel histórico como instrumento que contribuye a
la vertebración territorial, la cohesión social y a la mejora de la actividad económica.
La falta de aprobación por el Gobierno del Plan de Prestación del Servicio Postal Universal, ya requerido por el Grupo Parlamentario Socialista en diferentes iniciativas parlamentarias, y la repercusión negativa que ello comporta para
garantizar un proyecto empresarial sólido y creíble para la mayor empresa pública de la SEPI por número de trabajadores empleados, son motivo de gran preocupación para el sector, pese al Plan de Acción de la Sociedad Estatal.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Diseñar y aprobar, en el plazo máximo de seis meses, un Plan Estratégico para aumentar la competitividad y garantizar la viabilidad de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S. A. Este Plan debe contener, entre otros elementos, la
diversificación a través de actividades como: paquetería, servicios financieros, retail, digital, etc. Deberá contar en su elaboración con la participación de los representantes de los trabajadores, y con los grupos políticos representados en el
Congreso de los Diputados.
2. Negociar, a lo largo del año 2017, un nuevo pacto colectivo con los trabajadores que busque, entre otras cosas, garantizar la tasa de reposición, la estabilidad en el empleo mediante convocatorias de consolidación en los próximos años,
el rejuvenecimiento de la plantilla, la garantía y mejora de las condiciones laborales, y un pacto salarial que, además de buscar recuperar el salario perdido en los últimos años, responda a la singularidad de la compañía pública.
3. Desarrollar y completar la normativa prevista en la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, a fin de garantizar los compromisos de prestación y financiación de
las obligaciones contraídas con un Servicio Postal Universal de calidad, a precios asequibles y accesible para todos los ciudadanos y usuarios, conforme a lo previsto en dicha ley. Aprobar, particularmente y de manera inmediata, mediante Acuerdo
del Consejo de Ministros, el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal previsto en la ley, fijando un Servicio Universal de calidad, suficiente para atender a las demandas de los ciudadanos, usuarios y empresas; garantizando el coste real de
la carga financiera injusta del servicio postal universal, la prestación de un Servicio Postal Universal de calidad y regularidad, así como la red física que le da soporte, con especial atención al ámbito rural, y a través de una financiación
adecuada.
4. Garantizar que Correos siga siendo, como lo es desde hace 300 años, una herramienta de la que el Estado no puede prescindir para asegurar la vertebración territorial, social y económica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2017.-César Joaquín Ramos Esteban e Isabel Rodríguez García, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001807
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
para la construcción de una vía de servicio entre los PP.KK. 372 y 377 de la N-430, así como un acceso directo desde esta carretera al polígono industrial y parque empresarial de La Solana, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La Solana es un municipio de la provincia de Ciudad Real cuya actividad predominantemente agrícola genera una gran circulación de tractores por la carretera N-430, provocando una gran congestión de tráfico en algunos puntos de su trazado,
singularmente entre los PP.KK. 372 y 377. Esta acumulación de vehículos circulando a escasa velocidad está suponiendo un elevado riesgo de accidentes ya que, debido a las características del trazado de dicha carretera, la distancia y la
visibilidad de parada se ven reducidas sustancialmente.
Por otro lado, el Polígono Industrial y Parque Empresarial de La Solana se encuentran en la margen derecha de la N-430, en el PK 376,3, no contando con acceso directo a dicha vía. El acceso a esta zona industrial se realiza a través de las
calles del municipio, ocasionando una gran congestión en la circulación, sobre todo en la avenida de la Constitución y en la C/ Carretera de Manzanares, lo que ocasiona un incremento del riesgo de accidentes, tanto para peatones como para vehículos.
La urgente necesidad de mejorar las condiciones y la seguridad del tráfico en esta carretera ha motivado que, en la reunión de la Mesa Sectorial Agraria y Ganadera celebrada el siete de febrero de dos mil diecisiete, se aprobase por
unanimidad de sus representantes requerir al Ministerio de Fomento la construcción de una vía de para vehículos lentos en la carretera N-430 y un acceso al polígono industrial y parque empresarial de La Solana.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar los trámites para la construcción de una vía de servicio por cada sentido de la circulación entre los PP.KK. 372 y 377 de la N-430, así como un acceso directo desde esta carretera al
polígono industrial y parque empresarial de La Solana (Ciudad Real).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2017.-Isabel Rodríguez García y José María Barreda Fontes, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001820
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre la variante de Pajares, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La conclusión de la variante ferroviaria de Pajares resulta estratégica para las comunicaciones de Asturias con la Meseta. Integrada en la Red Transeuropea del Transporte como tramo de la red básica, y conectada en Valladolid con el
Corredor ferroviario Atlántico, se trata de una infraestructura vertebral para el desarrollo socioeconómico de una región orográficamente compleja, geográficamente periférica, y que además sufre el lastre de unas comunicaciones viarias con el centro
de España gravadas por un peaje prorrogado hasta el año 2050, a consecuencia de las decisiones adoptadas en el 2000 por Francisco Álvarez Cascos, entonces Ministro de Fomento y Vicepresidente del Gobierno de España del Partido Popular.
En una inversión tan colosal como la acumulada por la variante de Pajares, su optimización ha de ser principio básico de buena práctica política, guiando la toma de decisiones sobre la misma. Si la rendición de cuentas ante la ciudadanía,
como manifestación de transparencia, exige explicar el cuándo, cuánto, por qué y para qué de las decisiones adoptadas desde las instituciones; en el caso de esta obra la exigencia se acrecienta, por el alto interés social que suscita su evolución.
Sobran razones para justificar la atención ciudadana en relación con todo lo que acontece sobre la variante; entre otras, la elevada cantidad de dinero público ya invertida en su ejecución, los numerosos contratiempos y retrasos que acumula desde
su inicio hace ya trece años, y la convicción colectiva de que es una actuación imprescindible para colocar a Asturias, en cuanto a dotación de infraestructuras, a la altura del siglo XXI.
La variante de Pajares está llamada a contribuir al progreso de Asturias, a favorecer la ganancia de posiciones de esa región dentro de los itinerarios ferroviarios transnacionales, y a procurar su competitividad en mercados cada vez más
globales y exigentes. Su valor no se agota en lograr con su apertura un acortamiento en la duración del trayecto entre Madrid y Asturias de más de cuarenta y cinco minutos para los viajeros, sino que también es clave para la economía regional por
su capacidad de servir a la vez al transporte de mercancías, para el desarrollo de los puertos de interés general, la multimodalidad, el potencial logístico regional, y el tejido industrial tan arraigado en la región, y muy dependiente del
transporte de materias primas y productos. Rentabilizar con esos fines la variante es urgente porque la llamada 'rampa de Pajares', actual comunicación ferroviaria con la Meseta, es una infraestructura decimonónica, con alto nivel de deterioro, muy
baja calidad de servicio, manifiestamente insuficiente para atender en adecuadas condiciones los tráficos que actualmente soporta, que superan el 11% de los tráficos de mercancías que se mueven por el conjunto de la red de ancho ibérico española;
representando en definitiva, un problema más que una solución para el transporte transregional de mercancías.
Tras más de cinco años de gobierno en España del Partido Popular, el balance en torno a la gestión de las obras de la variante de Pajares desde el Ministerio de Fomento no puede ser más desolador. La nula implicación en el impulso de la
obra de la exministra Ana Pastor, con el aval del Presidente Mariano Rajoy, han dejado triste recuerdo en Asturias. Prometieron primero finalizarla en 2014, después sería 2015, y de las incumplidas promesas se pasó a un sepulcral silencio sobre
calendarios previstos, aderezado con anuncios de trabajo a tres turnos para acabarla y de disponibilidad presupuestaria, todo elfo ante la perplejidad de una Asturias que constataba pésimas ejecuciones presupuestarias en torno a la obra. Lo que sí
hicieron, ya en 2013, fue olvidarse del compromiso de abrir sus dos túneles a la vez, so pretexto de centrar los esfuerzos en la pronta apertura de uno de ellos, que cuatro años más tarde aún no llegó.
En definitiva, opacidad, contratiempos injustificados, falta de avances, y promesas incumplidas son algunas de las razones que explican la gran frustración social en torno a la variante de Pajares, frustración que se acrecienta al ver que el
paso del tiempo no trae luz, sino incertidumbres. La expectativa de un positivo cambio de rumbo en el Ministerio de Fomento, con un nuevo responsable al frente se ha desvanecido. La gestión de De la Serna, hasta la fecha es la de suma y sigue de
la de su antecesora. Y las últimas noticias que emanan de ese Ministerio son más alarmantes aún, pues la única decisión que parecía firme e incuestionable a lo largo de los pasados años sobre la variante, que era la relativa a su utilización para
tráfico mixto, de mercancías y viajeros, se pone ahora en jaque.
El propio Gobierno del Principado de Asturias, junto con veinte organizaciones sociales económicas y políticas ha sellado recientemente un documento de consenso, denominado Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias necesita,
que ha sido remitido tanto al presidente del Gobierno de España como al ministro de Fomento. En el mismo, se urge del Gobierno central:
- La culminación y puesta en servicio de uno de los túneles de la variante de Pajares en 2017, para tráfico mixto (viajeros y mercancías), acabando con el estrangulamiento de la precaria conexión ferroviaria con la Meseta, acortando los
tiempos de viaje a Madrid en unos cincuenta minutos, mejorando la competitividad del tejido industrial y portuario regional y poniendo al servicio de la sociedad una infraestructura que absorbe más de 3.500 millones de euros. Asimismo, debe
acometerse la dotación de la superestructura y apertura del segundo túnel de la variante ferroviaria. Se han de abordar también las actuaciones de restauración ambiental y reparación de daños ocasionados por las obras.
Sin embargo, la pretensión de pronta apertura de la variante de Pajares para tráfico de viajeros y mercancías se ve violentamente truncada a través de un comunicado hecho público por el Ministerio de Fomento el pasado 31 de marzo, que con un
radical cambio de criterio, anuncia el ancho internacional para la misma. Días después, la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017, además de exhibir un déficit de ejecución presupuestaria en el 2016 de más del 70%
sobre dicha obra, consagraba la dramática noticia, afirmando el ancho de vía estándar y poniendo de manifiesto en el régimen de anualidades para la variante de Pajares que no estará concluida, al menos, hasta 2021.
Semejante decisión, derivada de un nocivo pacto político-electoral entre Foro Asturias y el Partido Popular que ahora parece camino de hacerse realidad, comporta un radical cambio de criterio por parte del Gobierno de España -dado que a lo
largo de estos años los dos ministros del Partido Popular afirmaron el ancho ibérico para esta infraestructura-, y no puede más que calificarse, si no de burla, de error descomunal y de atentando al progreso de Asturias.
Dado que actualmente las mercancías en España se mueven por red convencional y que el estado de la técnica no permite contar con trenes de mercancías adaptables a anchos de vía diferentes en un mismo trayecto, utilizar el ancho internacional
para la variante implica, tácticamente, expulsar de la misma a las mercancías, condenando a estas a utilizar la citada rampa de Pajares, con más de 130 años, para entrar y salir de Asturias.
Impedir a las mercancías utilizar la variante es además un enorme despilfarro de dinero público, pues en lugar de optimizarla, aprovechándola para los diferentes tráficos de entrada y salida a la Meseta, se limitará sólo a viajeros que
representan menos de la mitad de los tráficos que entran y salen de Asturias por ferrocarril.
Despilfarro de fondos públicos porque va a exigir gastar, de entrada -como el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2017 ya reconoce-, 145 millones de euros en parchear la actual comunicación ferroviaria entre Asturias y León, que
está estructuralmente más que amortizada, que lleva mucho tiempo sin una conservación integral, y que tenerla en servicio -incluso en precarias condiciones- va a exigir inversiones constantes, obligando al mantenimiento simultaneo de dos
infraestructuras para la misma comunicación.
Además de despilfarro, semejante decisión implica la renuncia a un mejor servicio; implica contradecir el carácter mixto de la red ferroviaria Palencia-Gijón/Avilés que proclamó la Unión Europea a través del Reglamento (UE) n.º 1315/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transportes. Implica renunciar también a las grandes oportunidades que en términos de eficiencia y
ahorro de costes en el transporte de mercancías reportaría la utilización de la variante: posibilidad de incrementar sustancialmente la carga remolcada, de utilizar trenes más largos, de acortar el recorrido, de absorber tráficos de la carretera al
ferrocarril y hacer el transporte más sostenible, de minorar los costes económicos y ambientales, etc. Renunciar al uso mixto de la variante de Pajares es renunciar al desarrollo del potencial multimodal, logístico e industrial de Asturias,
obteniendo como única ventaja, la rebaja en apenas cinco minutos del trayecto para viajeros.
A la vista de todo ello, resultaría incomprensible que una obra descomunal de ingeniería se ponga al servicio de la satisfacción de caprichos y obsesiones particulares de quienes auspician semejante ocurrencia, ajena a la racionalidad
técnica, el provecho económico, la mejora de las comunicaciones y el interés general que desde la acción política e institucional se debe defender.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Rectificar y descartar la posición hecha pública el pasado 31 de marzo de 2017, que conlleva el montaje de vía con ancho internacional en dicha infraestructura, impidiendo así el transporte ferroviario de mercancías por la misma.
2. Retomar la ejecución de las previas decisiones del Ministerio de Fomento tendentes a su apertura con tráfico mixto, de viajeros y de mercancías; y procediendo para ello a continuar con los trabajos de colocación de vía en ancho ibérico,
ya parcialmente realizados en un túnel, dándoles mayor impulso que el que han tenido hasta ahora, hasta su total terminación.
3. Presentar de manera inmediata un calendario para la conclusión y puesta en servicio de ambos túneles de la variante, con las previsiones de inversión pertinentes, que debieran tener reflejo en el Proyecto de Presupuestos Generales del
Estado de 2017, procurando para el primer túnel su finalización en este mismo año y, sin solución de continuidad, terminando y abriendo también el segundo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2017.-Antonio Ramón María Trevín Lombán y Adriana Lastra Fernández, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001828
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el uso turístico, residencial
y/o científico del edificio del Faro de Cabo de Palos (Murcia) para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El Faro de Cabo de Palos es uno de los fugares más espectaculares de nuestro país. Está situado sobre un montículo rocoso, a 80 metros sobre el nivel del mar, en las últimas estribaciones de la sierra litoral de Cartagena.
La Comisión Especial de Faros lo construyó con la categoría de primer orden con el objetivo de controlar una amplia área marítima y guiar las navegaciones a más de 20 millas a la redonda. La falta de elevación del terreno obligó a alzar una
enorme torre para que su luz tuviera mayor alcance.
Lo construyeron los ingenieros Juan Romero Rocafull y Evaristo de Churruca quienes, por aquel entonces, lo compararon con algunos de los faros más relevantes de Europa.
Se iluminó por primera vez el 31 de enero de 1865, con una lámpara que utilizaba aceite de oliva, y durante unos cuarenta años se utilizó como escuela para formar a los futuros fareros.
El 1 de julio de 2002, por medio de una resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, el Faro de Cabo de Palos se declaró Bien de Interés Cultural, con categoría de monumento. El faro se encuentra actualmente
rodeado de edificaciones de uso turístico y su zona circundante necesita urgentemente una remodelación y adecuación a la belleza del entorno.
Con los avances de las nuevas tecnologías en la navegación marítima, en muchos de los faros se ha perdido la utilización que sus instalaciones anexas prestaban históricamente como residencia de los técnicos de señales marítimas encargados de
su operación y mantenimiento, sin perder por ello su función como ayuda a la navegación. En este escenario se abre una oportunidad de abrir estas instalaciones a nuevos usos que, de forma compatible con el servicio de señalización marítima,
permitan dar un aprovechamiento de las mismas, contribuyendo de esta manera a su conservación y mantenimiento, y dándoles, en definitiva, un uso productivo abierto de la sociedad.
El avance del turismo está generando nuevos proyectos en otros países como Noruega, Sudáfrica, Irlanda, Escocia o Inglaterra, en donde se están convirtiendo numerosos faros en hoteles.
En España, Puertos del Estado ha lanzado el proyecto 'Faros de España' con el objetivo de abrir los faros a nuevos usos, entre los que se pueden citar el establecimiento de hoteles, centros de interpretación, museos o platós para
filmaciones, apoyándose el desarrollo de estos proyectos bien en la iniciativa privada como financiador y explotador de las instalaciones afectadas, bien a través de otras Administraciones u Organismos Públicos, si el uso que se pretende dar en este
último caso es abierto y está en su ámbito competencial.
Muy cerca del Faro de Cabo de Palos se encuentra la reserva marina de Cabo de Palos e Islas Hormigas es una de las áreas de mayor diversidad subacuática de Europa por su variedad en algas, corales, peces, moluscos e, incluso, cetáceos
(delfines y ballenas) que confluyen las aguas del Mediterráneo y las del Atlántico. Este paraíso de la biodiversidad ha sido catalogado como el mejor destino de buceo del continente, junto a otros como el vapor hundido en las aguas del también
Parque Natural de Cabo de Gata.
En junio de 1995 se otorgó, por Orden ministerial, la protección de reserva marina que abarca unas 1.900 hectáreas desde el faro hasta el denominado Bajo de Fuera. Esta reserva marina tiene unas zonas de protección integral en la que está
prohibida cualquier actividad y otras zonas en las que se permiten ciertas actividades con algunas restricciones. Además, está incluida en la Red Natura 2000 de la Unión Europea.
Ni que decir tiene que este paraje natural es visitado por numerosos turistas aficionados al submarinismo atraídos por la belleza del lugar. Existen en la zona varios centros que organizan visitas guiadas submarinas de las maravillas que
este lugar ofrece.
Es por ello que la combinación entre el valor natural y turístico de la zona que rodea el Faro de Cabo de Palos junto con la singularidad del edificio convertirían a esta instalación en una referencia hotelera no sólo nacional sino también
internacional. Todo ello combinado con las posibilidades que esta zona ofrece para el desarrollo de tareas de investigación de ámbito internacional para el estudio de las especies marinas de la zona, así como para la organización de eventos y
congresos relacionados con estos ámbitos.
Así pues, el Faro de Cabo de Palos no sólo tendría un uso turístico sino también científico. Este hecho permitirá poner en valor los tesoros naturales no sólo de la ciudad de Cartagena sino de toda la Región de Murcia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en valor el Faro de Cabo de Palos (Murcia), con el objetivo de conseguir, apoyándose en la iniciativa privada, la implantación de usos turístico, residencial y/o científico,
convirtiendo a la citada instalación en un elemento de referencia en estos campos dentro del litoral mediterráneo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001830
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de y para el impulso y la modernización del sector del taxi, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
En los últimos años la movilidad urbana está pasando por uno de sus momentos más cambiantes, casi desde la aparición del automóvil en nuestras ciudades. El factor medioambiental y los aspectos relacionados con la congestión y la
racionalización del uso de los espacios públicos, así como el marco regulatorio y la adaptación a nuevas realidades de los agentes que intervienen en la movilidad suponen grandes retos para las autoridades y para el sector, teniendo en cuenta que
las competencias en estos asuntos son transversales y exceden en algunos casos de los municipios.
La dura crisis económica, pese a todos sus inconvenientes, ha provocado un cambio de mentalidad favoreciendo el abandono del vehículo privado como eje de la movilidad, fomentado nuevas costumbres entre las que se encuentra el mayor uso de la
comodalidad urbana, sin perjuicio de consecuencias negativas y el desfase que está provocando la aparición de nuevas formas y nuevos modelos que, en ocasiones, entran en conflicto como consecuencia de una regulación previa a la aparición de estos
nuevos modelos y que en algunos casos conlleva conductas desleales precarización de derechos.
La aplicación de las tecnologías de la información en este ámbito está acelerando también cambios en el modo en que los ciudadanos acceden a la movilidad y supone una herramienta facilitadora que dota de nuevos servicios a las diferentes
clases de transportes, públicos y privados, que coexisten en las ciudades.
Uno de estos servicios de transporte es el de auto-taxis, que se presta en España con una flota sobredimensionada respecto a los demás países de la Unión Europea (70.000 licencias), moderna y en su mayoría adaptada a las nuevas tecnologías,
pero que mantiene rigideces en su regulación y es susceptible de incorporar mejoras para adaptarse a las circunstancias cambiantes reseñadas.
Al ser un sector estratégico, y por tanto intervenido, esta sobredimensión, fruto del masivo otorgamiento de licencias en los últimos cuarenta años, creadas por los municipios para hacer frente a una demanda ciudadana de movilidad que
entonces no quedaba satisfecha por otros servicios, debido a algunas carencias del sistema público de transportes, pero que a día de hoy, han sido superadas en nuestras grandes ciudades disfrutando de unos servicios de movilidad de avanzados y
equiparables a los de los principales de la Unión Europea.
El sector del taxi genera 105.000 empleos directos (entre trabajadores autónomos y por cuenta ajena), mueve millones de viajeros al año, y contribuye a la Hacienda Pública con más de 1.000 M por las diferentes figuras impositivas que le son
aplicables (IVA, IRPF, cotizaciones sociales e impuesto de sociedades), sin tener en cuenta el impuesto especial de hidrocarburos, y todo ello dentro de un marco regulado.
La suma de estos elementos sugiere la necesidad de abordar medidas a favor de la adaptación del servicio de taxi a la nueva realidad, implicando a las administraciones en un esfuerzo público por su transformación y reestructuración.
Además, allí donde hay oportunidad de comprobarlo, nos encontramos con que los taxistas españoles apuestan por la sostenibilidad económica y medioambiental, preocupándose por lograr la excelencia en la calidad de la oferta y la
competitividad con otros agentes que concurren en su mercado.
Todos compartimos la necesidad de que exista una competencia leal y trasparente en la prestación de los servicios de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas (taxis y arrendamiento con conductor), y también las ventajas de
la promoción de las nuevas tecnologías como instrumento de mejora del acceso a estos servicios públicos, principalmente en nuestras ciudades, por lo que la introducción decidida de reformas regulatorias y medidas en favor del servicio público de
auto-taxi redundará en una mejora del derecho a la movilidad de nuestros ciudadanos y por ende en su calidad de vida corno usuarios del transporte.
Por consiguiente, resulta conveniente proponer distintas medidas enfocadas en distintos campos competenciales a fin de ser implementadas como favorecedoras de un servicio público de taxi de calidad y sostenible.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las siguientes actuaciones favorecedoras de un servicio público de taxi de calidad y sostenible:
1.º Impulso de una Plataforma Digital a nivel estatal para la solicitud de taxis que refuerce la calidad y competitividad de este servicio público, favoreciendo a todos sus usuarios y, en especial, enfocado al turismo como sector
estratégico.
2.º Estudiar la puesta en marcha de Planes de Ayudas al Abandono de la Profesión de Taxista, de financiación mixta (público-privada), por el que se compense económicamente a los taxistas que aúnen prejubilación y cese en la actividad, como
medida reconversión sectorial y apoyo social a este colectivo de más de 70.000 autónomos, semejante al que ya disfrutan los transportistas de mercancías.
3.º Adoptar medidas favorecedoras de la profesionalización de los conductores de auto taxis (VT) y vehículos de alquiler con conductor (VTC), con las introducción de una formación homogénea, a través de fórmulas como la de un Certificado de
Actividad Profesional (CAP) específico para los conductores de vehículos de transporte público de viajeros hasta 9 plazas y que integre el uso de tecnologías, con idiomas y turismo.
4.º Revisar el marco jurídico del servicio público de taxi para posibilitar una mayor competitividad y calidad, respetando la esencia y naturaleza del servicio (intervención pública, licencias limitadas y tarifas públicas), así corno una
mejor regulación de las actividades de intermediación del transporte urbano de viajeros en vehículos turismo, con el refuerzo de los derechos de los usuarios.
5.º Fomentar la atención a los colectivos más desfavorecidos, personas de movilidad reducida y mayores para posibilitar su acceso real y efectivo a los servicios de taxi y en particular en zonas rurales y periurbanas. Así como, facilitar
mecanismos de financiación para la adaptación de la flota de taxis a estas necesidades ciudadanas.
6.º Apoyo público a políticas de eficiencia medioambiental en el taxi y la aceleración de la introducción de vehículos no contaminantes y accesibles, con especial atención a la electrificación de la flota, propiciando las infraestructuras y
cambios regulatorios necesarios para ello.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2017.-César Joaquín Ramos Esteban, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001841
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de las Diputadas Yolanda Díaz Pérez y Alexandra Fernández Gómez, y a través de su Portavoz Antón Gómez-Reino Varela, de conformidad con lo establecido
en el artículo 193 del Reglamento, presentan la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Fomento, relativa a la equiparación de las políticas y modalidades tarifarías del ferrocarril en Galicia.
Exposición de motivos
Los medios de transporte deben garantizar la cohesión social y territorial. Así emana, cuando menos, sino del sentido común que debía impregnar las actuaciones de la administración pública, sí de los principales documentos de las
principales instituciones de la Unión Europea, como son el Parlamento y la Comisión.
Es evidente la desastrosa actuación del ejecutivo gallego y estatal a ese respeto. En efecto, no será preciso recordar que Galicia, por ser región periférica, siempre sufrió una doble necesidad: por una parte,
exterior, la falta de conectividad digna con el resto del estado y, por otra parte, interior, donde se manifestó siempre una conectividad deficitaria entre los principales pueblos y ciudades gallegas.
Desde diferentes colectivos y organizaciones, se lleva reivindicando la necesidad de que Galicia sea conectada mediante transporte público, siendo los más relevantes los transportes que tienen una capacidad colectiva, por ser más sociales y
tener menor impacto ecológico, al ser disuasores del uso del transporte personal. En ese sentido, insistimos en la necesidad de tener un ferrocarril de calidad, de altas prestaciones y que articule el territorio, favoreciendo así la cohesión social
y la igualdad de la ciudadanía gallega.
No obstante, los sucesivos gobiernos siempre miraron, con exceso, al AVE, un medio que, a nuestro entender, y según algunas investigaciones científicas, fractura el territorio al necesitar de mucha distancia entre paradas. Eso derivó, a
medida que se implantaba, en la supresión de muchas paradas de localidades intermedias, cuyos vecinos y vecinas solían emplear el tren como medio de transporte para llegar a una localidad de mayor envergadura y provisión de servicios. Esa
accesibilidad se destrozó, por lo que se estableció, con la implantación del AVE, un incremento de las desigualdades entre gallegos y gallegas. El territorio gallego se polarizó alrededor de los deseos de los estrategas del AVE en su discurrir.
Los restantes municipios ven como se incrementa su desigualdad de partida al perder, muchos de ellos, la única parada de tren de la que disponían.
El AVE no favorece la cohesión social y territorial. Mas, aun así, y una vez que existe este servicio, es de rigor que no se sostenga implementando nuevas discriminaciones y desigualdades, sobre todo considerando el enorme malgasto de
recursos públicos que pertenecen, por derecho, a todos los gallegos y gallegas. Es lo que queremos denunciar y solventar con esta iniciativa.
En efecto, es un deber para las administraciones públicas responsables optimizar el servicio del que disponemos a día de hoy en Galicia. Se realizamos una comparativa entre las ciudades que se conectan mediante ferrocarril, resulta obvia la
discriminación tanto horaria como económica para las personas usuarias del trayecto Ourense-Compostela.
En la siguiente relación de horarios podemos apreciarlo (se recogen los horarios de Avant, Alvia, Intercity, MD y Regional):
A Coruña-Compostela: 6:30, 7:00, 7:15, 8:00, 8:05, 9:00, 9:10, 9:30, 10:00 (regional) 11:00, 11:40, 12:00, 13:00,13:15 (regional), 14:00, 14:40, 15:00, 15:45 (regional), 16:30, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 21:10, 22:10
(regional).
Compostela-A Coruña: 6:48 (regional), 7:30, 7:42, 8:35, 9:42, 11:22 (regional), 12:07, 12:30 (regional), 12:50, 14:05 (regional) 14:17, 14:44, 15:27, 16:10, 16:44 (regional), 17:27, 18:07, 18:40, 19:07, 20:01, 20:21,
20:27, 20:50, 22:00, 22:07 (regional), 22:39, 22:55 (regional).
Vigo-Compostela: 5:13 (regional), 6.40, 6:58 (regional), 8:50, 9:45 (regional), 11:15, 13:40, 14:35, 16:35, 15:10 (regional), 17:15, 17:25, 18:15, 18:20 (regional), 19:35, 20:30 (regional), 21:35 (con parada en Pontevedra).
Compostela-Vigo: 6:17 (regional), 7:30, 8:30, 9:30, 10:42 (regional), 11:30, 12:30, 13:30, 14:35, 14:35 (regional), 15:30, 17:30, 16:27 (regional), 18:30, 19:50 (regional), 20:40 (regional), 21:32, 22:00 (regional).
Compostela-Ourense: 5:15, 7:00, 7:48, 8:34, 9:39, 10:06, 12:10, 14:30, 14:35, 15:12, 15:35, 17:00, 17:25 (regional), 20:30.
Ourense-Compostela: 6:50, 7:55, 12:10, 13:30 (regional), 13:36, 14:25, 15:30, 18:00, 19:18, 19:39, 20:10, 21:20, 23,19.
La frecuencia horaria que tiene Ourense es muy mejorable en cuanto al servicio que presta, es decir, no tanto en número, sino en distribución del horario, pues un ciudadano o ciudadana de Ourense ve como durante 4 horas por la mañana no
tiene posibilidad de desplazarse. Algo carente de justificación considerando los principios de cohesión social e igualdad, al mismo tiempo que la accesibilidad. Vemos que en otros lugares la frecuencia es prácticamente cada hora. Por el
contrario, en Ourense se aplican unos horarios que responden a los servicios de larga distancia y no a la necesidad de las personas usuarias. Lo principal es dar el servicio y después evaluar su impacto.
Junto a esta discriminación horaria está la política comercial de Renfe que fortalece esta desigualdad social y territorial, pues las tarifas que se están aplicando en el tramo Ourense-Compostela (Tarifa especial 4) son diferentes a las que
se aplica en el tramo Compostela-A Coruña (Tarifa especial 6), encareciendo de forma sustancial los desplazamientos desde Ourense en comparación a los otros lugares.
La aplicación sin criterio de esta diferencia de tarifas provoca una situación, cuanto menos, paradójica, ya que siendo el mismo tren el que hace el servicio Ourense-A Coruña, debido a la aplicación de tarifas
diferentes, nos encontramos por ejemplo que la tarifa 6 en el trayecto A Coruña-Compostela permite transporte de bicicletas en el espacio habilitado para eslabón, mientras que al llegar a Compostela el cambio de tarifa obliga a que estas
mismas bicicletas deban ir empaquetadas corno equipaje.
En el trayecto de Ourense-Compostela los bonos de transporte disponibles computan a un número de viajes (de 30 a 50) restringidos en su uso a treinta días naturales desde el día que se realiza el primer viaje, mientras que el cómputo en los
viajes de los bonos existentes entre A Coruña y Compostela se limita a un cómputo temporal y no por trayecto, permitiendo así que las personas usuarias realicen los viajes necesarios en un tiempo determinado. Estas variables vienen a demostrar que
se están aplicando políticas tarifarias diferentes sin motivo justificado.
Esta discriminación horaria/económica se repite también en el trayecto Ourense-Vigo, en el que además de precios desproporcionados, que llegan a los 24 euros y la duración del viaje oscila entre 1h 51 y 2h 30, existe una desconexión de
frecuencias de cuatro horas por la tarde. Para este trayecto en el que se transita por una vía convencional para un tren Avant o Alvia, deberían aplicarse las tarifas convencionales, al igual que sucede en los trayectos de O Barco de
Valdeorras-Ourense por el que circula el Tren Hotel, donde se aplica a las personas usuarias una tarifa de regional.
Los intereses económicos de la compañía no pueden estar por encima de los derechos de la ciudadanía que reside en la ciudad de Ourense. Y los Gobiernos central y autonómico deben defender los derechos de las personas que permiten su
sostenibilidad real. Deben ejercer su responsabilidad y reclamar ante el operador una regularización de horarios y tarifas que igualen la actual desventaja que padece un ourensano u ourensana.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer una equiparación de las políticas y modalidades tarifarias en el ferrocarril en todo el territorio gallego para evitar la actual y evidente situación de discriminación que se da en función del lugar de residencia de gallegos y
gallegas.
2. Ampliar las frecuencias horarias desde Ourense para mejorar la comunicación con las ciudades de Santiago de Compostela y A Coruña.
3. Exigir a Renfe una solución ante la desigualdad social y territorial que causa su política comercial y favorecer el principio de cohesión social y territorial que deben cumplir los medios de transporte públicos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2017.-Yolanda Díaz Pérez y Alexandra Fernández Gómez, Diputadas.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Educación y Deporte
161/001787
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición no de Ley relativa a la inclusión de la comunidad gitana en el discurso histórico.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y teniendo en cuenta el contenido del escrito registrado con el número 29078, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al
artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Educación y Deporte. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, y comunicar al Grupo Parlamentario
proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la inclusión de la
comunidad gitana en el discurso histórico, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
Desde el siglo XV la población gitana está presente en España. Una comunidad que históricamente ha estado caracterizada por poseer una identidad cultural propia y cuyo desconocimiento por parte del conjunto de la sociedad ha generado una
imagen negativa que ha afectado al pleno ejercicio de su ciudadanía.
Conscientes de esta situación, los poderes públicos han puesto en marcha políticas que combinan el respeto a la idiosincrasia de la comunidad gitana con la promoción de la inclusión social de estas personas. En este sentido, cabe destacar
instrumentos como el Plan de Desarrollo Gitano o la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020, que inciden en la lucha contra la exclusión social.
Gracias a estas actuaciones, la población gitana en España ha experimentado, en términos generales, importantes avances en los ámbitos del empleo, salud, vivienda y educación. Sin embargo, a pesar de los logros alcanzados, es necesario
seguir impulsando actuaciones con el fin de conseguir una sociedad libre de discriminación.
Para alcanzar una verdadera sociedad para todos y en la que todos se sientan representados, no solo basta con favorecer la inclusión social de la comunidad gitana, sino que también es necesario reconocer el papel de la misma en la historia
de nuestro país.
En este sentido, cabe aplaudir el camino iniciado en 2016 por Castilla y León, que incorporó en el curriculum educativo, la historia y la cultura gitanas, contribuyendo de esta manera a mejorar el conocimiento sobre esta comunidad,
promoviendo una imagen social más plural y diversa y permitiendo la superación de muchos prejuicios y estereotipos negativos aún vivos en el conjunto de la sociedad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas y en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación, a promover la incorporación en el curriculum educativo de la historia y la cultura
gitanas, contribuyendo de esta manera a mejorar el conocimiento sobre la comunidad gitana.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001801
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la compensación
de la actividad docente no impartida como consecuencia de los periodos de baja por maternidad, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
La presencia de la mujer en la universidad se difumina según se asciende en el escalafón universitario: las mujeres suponen un 54,3% del alumnado y un 57,6% de los titulados. A partir de ahí su presencia se va diluyendo progresivamente
según se asciende en la escala profesional. A nivel de profesorado, los datos ya se invierten, y las mujeres pasan a ser un 40% mientras que los hombres son un 60%. En el siguiente escalón, catedráticos y catedráticas, la proporción se desploma,
habiendo cuatro hombres por cada mujer (2.098 mujeres frente a los 7.799 hombres en estos puestos).
Las razones esgrimidas para explicar esta desigualdad son variadas: desde las clásicas basadas en roles a otras asociadas a la competitividad o el mantenimiento de inercias y del statu quo, que acaba perpetuando estas desigualdades.
Lo que es evidente es que los criterios de la Agencia Nacional de Evaluación del Profesorado (Aneca) suponen una discriminación hacia las investigadoras que son madres y que, quieren acreditarse para tener una plaza fija como profesoras de
universidad o catedráticas. Las horas lectivas que no se imparten en los periodos de baja por maternidad, aunque se esté cotizando por ellas, no se cuentan, y tampoco se compensan. Se trata como si fuera un periodo sin actividad docente, lo que
implica que las mujeres con hijos tardan más tiempo en alcanzar la suma de clases exigidas para obtener esta credencial.
En el Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, no se incluye ninguna
medida para corregir esta desigualdad, como sí se hace en las convocatorias de ayudas para la formación de profesorado universitario.
Por ejemplo, si una investigadora es contratada por un número determinado de años por una universidad con una subvención del Ministerio de Economía o Educación, esa ayuda se puede prorrogar si es madre, algo que también funciona cuando un
investigador tiene hijos, para el cuidado de personas con dependencia o por enfermedad grave o accidente.
El ministro de Educación se comprometió a finales de año a empujar a la Aneca a que revisara estos criterios, pero hasta la fecha no se han introducido medidas que permitan corregir la discriminación de las mujeres por el hecho de ser
madres.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a introducir los mecanismos oportunos que permitan compensar la actividad docente no impartida como consecuencia de los periodos de baja por maternidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2017.-Marta Martín Llaguno y Patricia Isaura Reyes Rivera, Diputadas.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001803
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la adecuación de la formación y la titulación del
personal Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, para su debate en la Comisión de Educación y Deportes.
Exposición de motivos
La formación de las Auxiliares de Enfermería está regulada por el Ministerio de Educación desde el principio de los años 80. Anteriormente a esta regulación, existía la formación laboral que daban escuelas privadas y el Programa de
Promoción Profesional Obrera, más conocido como PPO. Desde la implantación como enseñanzas
regladas es imprescindible poseer la titulación para el ejercicio de la profesión. En la actualidad la titulación necesaria es la de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, Formación Profesional de Grado Medio. Mientras que la
formación de Enfermería ha ido adaptándose y adecuándose a las necesidades actuales, pasando por los estados formativos de Ayudantes Técnicos Sanitarios, Diplomados Universitarios en Enfermería o, actualmente, Grado en Enfermería, los Auxiliares de
Enfermería siguen manteniendo la misma titulación y formación que hace treinta años. Debido a esta situación, el personal formado antes del inicio de dicha regulación ha quedado seriamente discriminado respecto a sus propios compañeros y compañeras
de trabajo.
El Real Decreto 546/1995, de 7 de abril, por el que se establece el título de Técnico en Cuidados Auxiliares en Enfermería y las correspondientes enseñanzas mínimas. En dicho Real Decreto, se determinan en cada caso la duración y el nivel
del ciclo formativo correspondiente; las convalidaciones de estas enseñanzas; los accesos a otros estudios y los requisitos mínimos de los centros que las impartan. Además, también determina las especialidades del profesorado que debe impartir
dichas enseñanzas y, de acuerdo con las Comunidades Autónomas y sin interferir en sus competencias claramente reconocidas por nuestro ordenamiento jurídico y constitucional, las equivalencias de titulaciones a efectos de docencia. Y ha sido a
través del Real Decreto 558/1995, de 7 de abril, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Este Real Decreto es de conformidad con el artículo
4 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, ya que corresponde a las Administraciones Educativas establecer el currículo del correspondiente ciclo formativo en sus respectivos ámbitos de competencia.
La capacitación profesional del personal Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, según contempla el Ministerio de Educación, requiere competencias en proporcionar cuidados auxiliares al paciente o cliente y actuar sobre las condiciones
sanitarias de su entorno, como miembro de un equipo de enfermería en los centros sanitarios de atención especializada y de atención primaria, bajo la dependencia del diplomado en enfermería o, en su caso como miembro de un equipo de salud en la
asistencia derivada de la práctica del ejercicio liberal. Podrá ejercer su actividad laboral fundamentalmente en el sector sanitario, en atención primaria y comunitaria: domiciliaria, promoción de la salud, salud bucodental, consultas y
residencias de ancianos; en atención especializada: consultas, hospitalización, urgencias y unidades especiales; en centros balneoterápicos y en departamentos de asuntos sociales de Ministerios, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
No obstante, la formación del personal Técnico en Cuidados Auxiliares en Enfermería (TCAE) sigue siendo de grado medio con la limitación que esto comporta en cuanto al alto grado de responsabilidad y la autonomía que una función laboral como
esta requiere. El personal Técnico en Cuidados Auxiliares en Enfermería realiza un trabajo imprescindible, necesario y complejo en todos y cada uno de los ámbitos sanitarios y socio-sanitarios, como Servicios de Hospitales, Centros de Salud o
Residencias.
En la actualidad, junto con el personal Técnico Auxiliar de Farmacia y el personal Técnico de Transporte Sanitario, el personal Técnico de Cuidados Auxiliares en Enfermería son los únicos trabajadores de la rama sanitaria que han quedado
enmarcados en los Grados Medios, ya que el resto de profesionales de la rama sanitaria pertenecen a las familias profesionales de los Grados Superiores. Todas las familias profesionales de la rama sanitaria o socio-sanitaria han ido homologándose a
los estándares europeos y adecuando la formación y los currículos educativos a la realidad actual con el transcurso de los años, excepto las relativas a los y las Auxiliares de Enfermería que han quedado anclados en la regulación de 1995.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar ante esta cámara todas las modificaciones legislativas, normativas y administrativas necesarias para incorporar la formación y titulación de Técnico de Cuidados Auxiliares en
Enfermería al módulo profesional de proyecto de los Ciclos Formativos de Grado Superior según establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2017.-Joan Mena Arca, Diputado.-Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001804
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Educación y Deporte, relativa a regulación y ordenación de las profesiones del deporte.
Exposición de motivos
En los últimos años la actividad física ha pasado a constituir una parte importante de los hábitos diarios de la ciudadanía. Este hecho ha provocado, a su vez, que el deporte se haya convertido en una actividad económica de grandes
magnitudes. Tanto es así, que el deporte y la actividad física en el estado generan más del 2% del PIB.
Esta situación ha provocado que proliferen nuevas ocupaciones en el sector deportivo y que las relaciones laborales en el mismo sean cada vez más complejas. Estas circunstancias unidas a que la regulación legal existente en esta materia hoy
resulta claramente insuficiente, ha dado lugar a que de manera frecuente el ejercicio de estas actividades sea asumido por personas sin la formación o titulación adecuadas. Si hacemos caso a los diferentes estudios sobre los profesionales en
actividad física y deporte, un 40% de los trabajadores no poseen titulación y 2 de cada 3 de los que sí la tienen, no poseen la titulación adecuada para el desempeño de los servicios que ofrecen. Esto es un problema grave porque perjudica a la
calidad de los servicios deportivos y, por tanto, y esto es lo más preocupante, no se asegura la protección de la salud y la seguridad de los consumidores. La Constitución, en su artículo 43, reconoce el derecho a la protección de la salud y
encomienda a los poderes públicos la protección de la misma, por tanto, son los poderes públicos los que deben garantizar unos servicios deportivos de calidad a la ciudadanía.
Pero que la regulación legal de las profesiones del deporte sea claramente deficiente tiene también consecuencias laborales: 1 de cada 3 trabajadores de la actividad física y el deporte desarrollan su profesión sin contrato o en situación
ilegal, además la mayoría de los contratos que se firman no cumplen con el mínimo de los convenios colectivos. Por tanto, la situación actual del sector es también campo de abono para la precariedad laboral y la economía sumergida.
El sector deportivo lleva ya mucho tiempo demandando un marco general e igualitario para clasificar las categorías profesionales, que especifique las funciones y las atribuciones propias de cada una y que determine cómo debe acreditarse
dicha cualificación para acceder legalmente al ejercicio de la profesión. Por ello, en esta Legislatura debemos, de una vez por todas, atender una de las demandas principales del sector deportivo y trabajar para regular y definir las profesiones
del deporte. Esta tarea es urgente y necesaria porque está en juego la salud y la seguridad de la ciudadanía. Si las profesiones del deporte son reguladas la actividad física y deportiva se realizará de forma segura, adecuada, saludable y sin
menoscabo de la salud e integridad física de los consumidores, usuarios y deportistas.
Es cierto que algunas Comunidades Autónomas ya han legislado sobre esta materia, pero resulta indispensable que esta regulación se haga para todo el Estado, por supuesto, respetando siempre de manera estricta las competencias autonómicas.
Solo de esta manera los poderes públicos garantizarán un deporte sano, seguro y de calidad que sirva como herramienta fundamental para evitar una sociedad sedentaria y enferma.
Siendo totalmente conscientes de que esta regulación es una de las demandas más importantes del sector de la actividad física y el deporte, las fuerzas políticas parlamentarias deben ser meramente correa de transmisión de dicha demanda y dar
protagonismo en el trabajo legislativo en torno a esta cuestión a los colectivos y agentes sociales que conforman este sector.
Por último, la regulación de las profesiones del deporte supone, en definitiva, dignificar a los profesionales del deporte. Ya que si regulamos las profesiones se podrá entonces, y solo entonces denunciar el intrusismo, acabar con la falta
de transparencia y perseguir la publicidad engañosa en el sector.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que proceda en base al artículo 149.1.30.ª de la Constitución a unificar y conferir un marco general e igualitario, respetando estrictamente las competencias
autonómicas, que otorgue seguridad jurídica a los profesionales del deporte, clasificando las categorías profesionales, especificando las funciones y atribuciones propias de cada una y que determine cómo debe acreditarse dicha cualificación
para acceder legalmente al ejercicio de la profesión.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2017.-María Teresa Arévalo Caraballo, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001850
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa al plagio en la Universidad, para su debate en Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
En los últimos meses, la comunidad universitaria ha asistido con cierto estupor al caso de varios plagios por parte de una persona muy relevante de esta comunidad. Fue en el mes de octubre de 2016 cuando se tuvieron las primeras noticias.
Durante varios meses se llegaron a conocer más de 15 casos que afectaban a esta persona. Por ejemplo, en uno de ellos, en un informe pericial realizado por un experto, 111 de 180 páginas fueron copiadas literalmente de un libro, sin citar la
autoría.
Este caso ha adquirido una enorme relevancia pública y las personas afectadas no solo han denunciado en numerosas ocasiones esta situación, sino que además han pedido el amparo a instituciones como, por ejemplo, el Defensor del Pueblo. Los
rectores de varias universidades públicas condenaron este caso y mostraron su estupor.
La reproducción de trabajos ajenos sin la correspondiente cita supone una vulneración de varios de los derechos fundamentales de nuestra Constitución: el artículo 33 protege el derecho a la propiedad; el artículo 20.1.b) reconoce el
derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica; y el acceso a cargos públicos en condiciones de ventaja como resultado de datos falsos o sin cumplir los requisitos exigidos significa una clara violación del artículo
23.2 de la Constitución española, el cual garantiza el 'derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes'. Pero no solo eso, el Tribunal Supremo, en sendas sentencias, reconoce
que 'por plagio hay que entender, en su acepción más simplista, todo aquello que supone copiar obras ajenas en lo sustancial: se presenta más bien como una actividad material mecanizada y muy poco intelectual y menos creativa, carente de toda
originalidad y de concurrencia de genio o talento humano, aunque aporte cierta manifestación de ingenio (...) las situaciones que representan plagio hay que entenderlas como las de identidad, así como las encubiertas, pero que descubren, al
despojarles de los ardides y ropajes que las disfrazan, su total similitud con la obra original, produciendo un estado de apropiación y aprovechamiento de la labor creativa y esfuerzo ideario o intelectivo ajeno'. (STS 10370/1995, de 28 de enero de
1995 y STS 237/1999, de 23 de febrero).
La persona denunciada por plagio no solo no ha sufrido penalización alguna, sino que además es catedrático de Universidad, tiene reconocidos varios sexenios de investigación y en aquellos momentos ostentaba el puesto de rector. Para
alcanzar todas estas condiciones laborales se apoyó en los trabajos que han sido acusados de plagio. Así, la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) evaluó sus publicaciones y le concedió en su momento el complemento
salarial conocido como sexenio de investigación. Por su parte, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) evaluó su trayectoria académica y le otorgó la condición de catedrático. Estamos ante dos organismos autónomos
que ejercen potestades administrativas y sus actos tienen consideración de actos administrativos.
Al margen de los beneficios personales que ha obtenido la persona acusada de plagio, este comportamiento atenta contra lo que se esperaría de la Universidad. El conocimiento científico se sustenta en la innovación, la originalidad tanto de
los argumentos teóricos como de la evidencia empírica, la
creatividad y la capacidad de progresar en el saber. El plagio significa todo lo contrario: repetir lo que ya sabemos y apropiarse del trabajo de los demás. Por ello, el plagio es la antítesis de lo que se esperaría de un científico.
Ante todos estos acontecimientos, tanto el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte como el Gobierno de la Comunidad de Madrid han mirado para otro lado, evadiendo sus responsabilidades. Así, ante preguntas del Grupo Parlamentario
Socialista en su primera comparecencia en la Cámara, el Ministro adujo que entre las competencias de la alta inspección educativa no están los plagios, argumentando que es una competencia autonómica. Por su lado, la Presidenta de la Comunidad de
Madrid, en una carta del 16 de enero de 2017, argumenta que entre sus competencias no está la de 'investigar la revisión de sexenios y del trabajo de acreditación [....], sino que dichas funciones corresponden al Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte a través de la ANECA'.
Parece más que evidente que las personas que han sufrido la apropiación de su trabajo intelectual han quedado en una clara situación de indefensión. En cambio, la persona acusada de plagio ha quedado en evidencia ante la opinión pública,
pero sigue teniendo los beneficios salariales y laborales gracias a unos trabajos que, desde el punto de vista de la propiedad intelectual, son más que cuestionables.
El objetivo principal de esta Proposición no de Ley es que esto no vuelva a ocurrir. Aunque se trata de comportamientos muy minoritarios dentro de la comunidad universitaria, necesitamos tomar medidas para que en el futuro ningún científico
tenga la tentación de apropiarse de los trabajos y el esfuerzo de otros académicos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dentro de la ANECA, crear una comisión de expertos para que en un plazo de seis meses emita un conjunto de recomendaciones que permitan atajar el problema de los plagios en la Universidad y los centros de investigación.
2. Establecer los cambios legales oportunos para que la ANECA y la CNEAI puedan actuar de oficio en la revisión de la valoración de los méritos alegados fraudulentamente, formando parte de la competencia de los citados organismos autónomos,
y protegiendo siempre la autonomía universitaria.
3. Promover un acuerdo general entre las universidades, centros de investigación y otras instituciones de educación superior para el establecimiento de una política común de tolerancia cero frente al plagio académico, que incluya un
compromiso por parte de todas las instituciones participantes para que en un plazo inferior a seis meses adecúen su normativa interna, estableciendo los procedimientos necesarios para su detección y, en su caso, las sanciones que correspondan a todo
el personal investigador que pueda llevar a incurrir en esta práctica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2017.-Ignacio Urquizu Sancho, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/001780
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado don Ignasi Candela Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley en materia de jubilación
anticipada, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
La Ley General de Seguridad Social, aprobada por el Real decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, determina en su artículo 208 cuáles son los requisitos y las condiciones para los casos de
jubilación anticipada por la voluntad de la persona interesada. Así, en el apartado 2 de este artículo se establece que:
'2. En los casos de acceso a la jubilación anticipada a los que se refiere este artículo, la pensión tiene que ser objeto de reducción mediante la aplicación, por cada trimestre o fracción de trimestre que en el momento del hecho causante
reste al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación que en cada caso resulte de aplicar lo que establece el artículo 205.1.a) de los coeficientes siguientes en función del periodo de cotización acreditado:
a) Coeficiente del 2 por ciento por trimestre cuando se acredite un periodo de cotización inferior a treinta y ocho años y seis meses.
b) Coeficiente del 1.875 por ciento por trimestre cuando se acredite un periodo de cotización igual o superior a treinta y ocho años y seis meses e inferior a cuarenta y un años y seis meses.
c) Coeficiente del 1.750 por ciento por trimestre cuando se acredite un periodo de cotización igual o superior a cuarenta y un años y seis meses e inferior a cuarenta y cuatro años y seis meses.
d) Coeficiente del 1.625 por ciento por trimestre cuando se acredite un periodo de cotización igual o superior a cuarenta y cuatro años y seis meses.'
De este modo, según esta regulación, se aplican reducciones que llegan hasta el 8% por cada año anterior a la edad legal de jubilación. Como ejemplo, si una persona que ha trabajado durante treinta y ocho años se quiere jubilar a los 59
años, tendrá una penalización del 40% de su pensión. Sería razonable que si se han cotizado ya un total de 40 años no se sufriera ninguna penalización o coeficiente reductor, sino que se entendiera que esta persona ya ha contribuido al sistema de
pensiones suficientemente.
Por otro lado, esta penalización no acaba cuando la persona prejubilada cumple la edad legal de jubilación sino que se mantiene a posterior, lo que no tiene mucha lógica. Se pueden dar casos en los que personas que hayan cotizado más años
que otros, estén cobrando menos pensión por el único hecho de haberse jubilada antes.
A fecha 1 de enero de 2014 se calculaba que 800.000 personas afectada por esta circunstancia en el conjunto del estado español. En ocasiones se trata de persones que empezaron a trabajar de muy jóvenes, algunos incluso a partir de los 14
años, y que, después de estar casi toda la vida trabajando, prefieren acabar antes su vida laboral. Pero, otras veces también son personas que han sido despedidas de sus empresas y que, después de estar un tiempo en el paro y no haber encontrado
ningún trabajo, han tenido que pedir esta jubilación anticipada de manera -supuestamente- voluntaria para poder tener unos ingresos para vivir y teniendo que asumir involuntariamente esta penalización en su pensión.
Es necesario, por la tanto, que por razones de equidad se modifique la Ley General de la Seguridad Social y se solvente este agravia comparativo.
Además, existen más argumentos que avalan la necesidad de dar solución a esta problemática. Esto son:
1.° El artículo 205.1.a) conjuntamente con lo establecido en la disposición transitoria séptima establece, en el año 2017, como periodo de cotización necesario para tener acceso a la pensión íntegra de jubilación el de 36 años y 3 meses
(teniendo 65 años).
2.o El artículo y disposición mencionados en el apartado anterior, en el año 2027, permite una jubilación anticipada de 2 años, sin penalización, sobre la edad ordinaria de jubilación en los casos de periodos de cotización de 38 años y 6
meses.
3.o El artículo 210.1 conjuntamente con lo establecido en la disposición transitoria novena del mencionado texto legal, en el periodo 2013/2019, para el cálculo de la pensión impone como tope de periodo de cotización el de 35 años y 6 meses.
4.° El artículo 210.2 del citado texto legal bonifica con porcentajes adicionales en los casos de acceso a la pensión de jubilación a edad superior a la ordinaria con periodos de cotización desde los 25 años (un 2% adicional) hasta más de
los 37 años (un 4% adicional).
La aplicación de coeficientes reductores con penalizaciones vitalicias en las jubilaciones anticipadas con largas carreras de cotización de 40 años o más, respecto a las cuatro situaciones mencionadas anteriormente, supone un agravio
comparativo.
Por todo lo expuesto, don Ignasi Candela, Diputado de Compromís, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar las modificaciones necesarias en la Ley General de Seguridad Social, aprobada por Real decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, para que los casos de acceso a la jubilación anticipada por voluntad de la persona interesada,
en los que acredite un periodo de cotización efectiva de 40 años, sean excluidos de la aplicación de los coeficientes reductores establecidos en el artículo 208 de la citada Ley.
2. A los efectos de acreditación del citado periodo de cotización efectiva, no se tendrá en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias y sólo se computará en el periodo de prestación del servicio militar obligatorio o de la
prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año.
3. Realizar las modificaciones necesarias en dicha Ley para que en aquellos casos en los que se haya accedido a la jubilación anticipada de manera voluntaria y en los que se aplican coeficientes reductores por trimestre o fracción de
trimestre que le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación conforme a aquello dispuesto en el artículo 205.1.a) de la Ley, dejen de aplicarse los coeficientes reductores desde el momento en que el pensionista cumpla la edad legal
de jubilación.
4. Que a todos aquellos jubilados anticipados, ya sean voluntarios o forzosos, que hayan cotizado por el Régimen General como trabajadores por cuenta ajena así como por el Régimen de autónomos, con cuarenta o más años cotizados y que en el
momento de promulgarse las correspondientes modificaciones de la le Ley General de la Seguridad Social tenga ya 65 o más años de edad se les deje de aplicar los referidos coeficientes reductores y se les calcula la pensión según su base contributiva
y los años cotizados.
5. Lo previsto en la presente Proposición no se verá afectado por las cláusulas relativas a la jubilación forzosa aprobadas por convenio colectivo y será de aplicación, en los mismos términos, a los supuestos de jubilación anticipada por
causas no imputables al trabajador previstas en el artículo 207.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2017.-Ignasi Candela Serna, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001792
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Cornú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, relativa a la jubilación anticipada en los servicios de Emergencias Sanitarias.
Exposición de motivos
La reforma de las pensiones puesta en marcha por el Gobierno del Partido Socialista, dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero y cristalizada en el artículo 4-Dos de la Ley 27/2011, de 1 de agosto sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social, introdujo una pérdida de derechos laborales y sociales sin precedentes. Esta ley impuso lo que comúnmente ha sido llamado 'el pensionazo', que consistió en el aumento progresivo desde los 65 a los 67
años de la edad legal de jubilación. Esta reforma culminará en 2027, según el cuadro de aplicación contenido en la misma Ley.
La modificación del sistema público de pensiones conllevó también un aumento de la edad de acceso a la jubilación anticipada que, siguiendo el mismo criterio, aumentaría en dos años. Con ello, la edad de jubilación anticipada voluntaria,
que anteriormente estaba establecida en los 63 años, se incrementaría paulatinamente hasta alcanzar los 65 en 2027 y la edad de jubilación anticipada forzosa pasaría, siguiendo el mismo criterio de progresividad temporal, de los 61 años hasta los
63.
La motivación y razón de la presente Proposición No de Ley es la de la realización y propuesta de inclusión, con la correspondiente regulación, de la edad de jubilación de las y los profesionales médicos,
enfermeros y técnicos de emergencia. La modificación incluida en la reforma de 2011 afecta de forma fundamental a los derechos de las personas que, como en este caso, realizan actividades profesionales consideradas por su propia naturaleza
como actividades penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres. El caso que motiva esta Proposición No de Ley, concierne también a la calidad del servicio sanitario público español y con ello a todos los ciudadanos y ciudadanas que en algún momento
tengan que recurrir a los servicios de emergencia. A las y los trabajadores de los servicios de emergencia no sólo les afecta la modificación de la edad de jubilación, sino que además no cuentan con las garantías normativas necesarias para
garantizar la calidad en el empleo de las y los profesionales de emergencias sanitarias en relación a la edad de jubilación.
El Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social establece, en su artículo 206.1 que:
1. La edad mínima de acceso a la pensión de jubilación a que se refiere el artículo 205.1.a) podrá ser rebajada por Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en aquellos grupos o actividades
profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad, siempre que los trabajadores afectados acrediten en la respectiva profesión o trabajo el
mínimo de actividad que se establezca.
A tales efectos, se establecerá reglamentariamente el procedimiento general que debe observarse para rebajar la edad de jubilación, que incluirá la realización previa de estudios sobre siniestralidad en el sector, penosidad, peligrosidad y
toxicidad de las condiciones del trabajo, su incidencia en los procesos de incapacidad laboral de los trabajadores y los requerimientos físicos exigidos para el desarrollo de la actividad.
El establecimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación solo procederá cuando no sea posible la modificación de las condiciones de trabajo y conllevará los ajustes necesarios en la cotización para garantizar el equilibrio
financiero.
Además, el artículo 22 a y b del Real Decreto 1698/2011, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social,
establece los siguientes supuestos:
a) Actividades laborales en las escalas, categorías o especialidades cuyo ejercicio implique el sometimiento a un excepcional índice de penosidad, peligrosidad, insalubridad o toxicidad y en las que se hayan comprobado unos elevados índices
de morbilidad o mortalidad o la incidencia de enfermedades profesionales; además, se tendrán en cuenta la morbilidad y mortalidad por enfermedad y su relación directa con el trabajo, y la incapacidad permanente derivada de enfermedad en los
términos indicados en el artículo 115.2.e) de la Ley General de la Seguridad Social, que se produzcan en grado superior a la media.
b) Actividades laborales en las escalas, categorías o especialidades cuya realización, en función de los requerimientos físicos o psíquicos exigidos para su desempeño, resulten de excepcional penosidad y experimenten un incremento notable
del índice de siniestralidad a partir de una determinada edad, conformado por el índice de accidentes de trabajo y/o el índice de enfermedades profesionales; además, se tendrán en cuenta la morbilidad y mortalidad por enfermedad y su relación
directa con el trabajo, y la incapacidad permanente derivada de enfermedad en los términos indicados en el artículo 115.2.e) de la Ley General de la Seguridad Social, que se produzcan en grado superior a la media.
El perfil de las y los profesionales médicos, enfermeros y técnicos de emergencias, así como la naturaleza de las actividades laborales que realizan, se ajusta cabalmente a los parámetros de penosidad, peligrosidad e insalubridad a los que
se refiere la ley, incluyendo además la turnicidad y el trabajo nocturno entre estos factores.
En concreto, y atendiendo a un caso real, paradigma de los casos de los servicios de emergencias de todo el estado español, las y los profesionales que realizan actividades profesionales en la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
EPES-061 de Andalucía, realizan cotidianamente actividades que ejemplifican los índices de penosidad, peligrosidad o insalubridad. La relación causa-efecto de estos factores con los índices elevados de morbi/mortalidad en el desarrollo de su
actividad profesional a la que se refiere el artículo anterior y que sitúan a estas actividades profesionales en el marco legal de la jubilación anticipada. Entre estos índices, encontramos los siguientes: Atención en catástrofes, emergencias
químicas, asistencias en accidentes de tráfico con múltiples víctimas, ser el primer eslabón asistencial en epidemias (tipo ébola), agresiones en asistencias, alteración del ritmo circadiano por la turnicidad y nocturnidad, así como un largo
número de eventualidades asociadas a un trabajo que en múltiples ocasiones se realiza con gran penosidad y esfuerzo físico (como el manejo de cargas) y psíquico alto nivel de estrés que concurre en la emergencias vitales.
El entorno laboral de las y los trabajadores del EPES-061 de Andalucía se asemeja al de todos los servicios de Emergencias tanto sanitarias como de cualquier otro ámbito, sirviendo como referencia el colectivo de bomberos que tienen
reconocidos los coeficientes reductores de la edad de jubilación mediante Real Decreto 383/2008, del 14 de marzo, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación de los bomberos al servicio de las administraciones y
organismos públicos.
De igual modo, la ley prevé la existencia de determinados puestos de trabajo que por sus propias características no pueden ser ocupados por personas a partir de determinada edad. Los requerimientos psicofísicos que se exigen tanto para el
ingreso en el colectivo, como en el propio desarrollo de la actividad de las profesiones que motivan esta PNL, imposibilitan su correcto desempeño, incluso en el supuesto en que el desarrollo de la misma no conlleve un incremento del índice de
siniestralidad.
Por todo lo anterior, y atendiendo a la Ley, deben estimarse cumplidos los requerimientos exigidos para la reducción de la edad de acceso a la jubilación. Además, en relación al párrafo tercero del citado artículo 206.1, debido a los
distintos sistemas de organización de las Emergencias Sanitarias en las CCAA algunos trabajadores (Andalucía, Cataluña, Canarias, SAMUR-Madrid) no pueden ser reubicados en otros puestos de trabajo.
El artículo 10 del Real Decreto 1698/2011 dispone cuáles son las diferentes vías existentes respecto del proceso general en orden al establecimiento de coeficientes reductores para rebajar la edad de jubilación o establecer una edad mínima
de acceso a la pensión. Este artículo establece que el proceso podrá iniciarse de las siguientes formas:
a) De oficio por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, a través de la Dirección general de Ordenación de la Seguridad Social, o como consecuencia de petición razonada no vinculante de las entidades gestoras o colaboradoras de la
Secretaría de Empleo, una vez que esta haya ido a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo o de petición bien de la Dirección general de la Inspección de trabajo y seguridad social o bien del Ministerio de Sanidad, Política social e
igualdad.
b) A instancia de los empresarios y trabajadores por cuenta ajena, a través de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas a nivel estatal mediante petición razonada no vinculante y en relación con algunas de las
actividades en las escalas categorías o especialidades a que se refiere el artículo 2.
Nos acogeremos al apartado a) del artículo 10 del Real Decreto 1698/2011 para el logro del objetivo de esta PNL, que es el de establecer una edad mínima de acceso a la pensión de jubilación para las y los trabajadores de los servicios de
emergencia de todo el país así como el establecimiento del coeficientes reductores para rebajar la edad de acceso.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un informe sobre los riesgos y exposición a la siniestralidad, así como el análisis de las condiciones laborales y su incidencia en las situaciones de incapacidad laboral de todos las y los trabajadores de los servicios de
emergencias.
2. Iniciar el procedimiento de establecimiento de coeficientes reductores para rebajar la edad de jubilación y establecer una edad mínima de acceso a la pensión para las y los trabajadores de los servicios de emergencias del conjunto de
España, que cumplan los requisitos exigidos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2017.-Isabel Franco Carmona y Alberto Montero Soler, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001793
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley relativa a mejorar la protección de las personas que se jubilan anticipadamente con amplias carreras de cotización.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 3 se haría, en su caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley,
conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Empleo y Seguridad Social. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al
Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
mejorar la protección de las personas que se jubilan anticipadamente con amplias carreras de cotización, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
I
La normativa de la Seguridad Social regula el acceso anticipado a la jubilación, dentro de un esquema gradual y flexible, que permite en ocasiones que las personas que ven extinguida su relación laboral, antes de cumplir la edad de acceso
ordinario a la pensión, puedan enlazar sin solución de continuidad la cobertura pública de las prestaciones o subsidios por desempleo con la que ofrece la prestación de la Seguridad Social por jubilación.
No obstante, la normativa de la Seguridad Social prevé, en los supuestos de acceso anticipado a la jubilación, una reducción significativa del importe a percibir de la pensión, mediante la aplicación de unos coeficientes reductores, por cada
trimestre de anticipación sobre la edad ordinaria que, en cada caso, resultase de aplicación, cuya cuantía varía en función del tiempo de cotización que se acredite en el momento de causar la pensión.
El Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, endureció los requisitos de acceso para acceder a esta jubilación anticipada, y, además, aumentó los coeficientes reductores a los pensionistas que accedían a esta jubilación, incluso para aquellos
que fueron arrojados del mercado laboral y tuvieron que acogerse a la misma obligatoriamente.
Se produce, de esta forma, un importante quebranto para el pensionista ya que, de una parte, pierde las retribuciones que tenía antes de la extinción de la relación laboral, pero al tiempo ve mermada la cuantía de la pensión a la que hubiese
tenido derecho si el acceso a la jubilación se hubiese producido a la edad ordinaria, pérdida que, a su vez, se consolida en el tiempo durante todo el periodo de percibo de la pensión.
Aunque los coeficientes reductores de la pensión de jubilación, en el caso de acceso anticipado a la misma, tienen como base compensar a la Seguridad Social del gasto ocasionado por el adelanto en el
tiempo del pago de la pensión, sin embargo han de tenerse en cuenta dos elementos concurrentes: de una parte, que buena parte de las jubilaciones anticipadas no son de carácter voluntario, sino que obedecen a planes de reestructuración de
plantillas, a la aplicación de expedientes de regulación de empleo o a despidos de otra naturaleza, por lo que en la salida del mercado de trabajo, por parte, del futuro pensionista, éste no tiene otra posibilidad que acceder a la jubilación; de
otra, que en muchas ocasiones, se trata de personas que acreditan largas carreras de cotización, con períodos que superan el tiempo requerido para lograr el 100 por ciento de la base reguladora, sin que ese esfuerzo adicional de cotización tenga
apenas incidencia en la reducción de la pensión que, como se ha indicado, se va a sufrir durante toda la vida del pensionista.
II
La problemática indicada ya ha sido objeto, en algunas ocasiones, de medidas que han paliado, en parte, la incidencia de la reducción de la pensión a la que se tiene derecho en los supuestos de acceso anticipado a la jubilación, conforme a
las orientaciones que contenía la recomendación decimoprimera del Pacto de Toledo, en su primera renovación de octubre de 2003.
Así, a través de la disposición adicional cuarta de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, se arbitraron medidas que implicaron una mejora de la pensión percibida, por parte de las personas que habían
accedido a la jubilación anticipada antes del 1 de enero de 2002, y que acreditasen amplias carreras de cotización.
La situación de las consecuencias de la anticipación de la edad de jubilación también está presente en la segunda renovación del Pacto de Toledo (de 25 de enero de 2011), así como en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley
27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, a través de la cual se mandataba al Gobierno a realizar estudios actuariales, en el plazo de un año, relacionado con los coeficientes
reductores de la pensión utilizados en la jubilación anticipada, contemplando, de forma específica, la situación de los trabajadores que tuvieran la condición de mutualista el 1 de enero de 1967 y se hubieran jubilado anticipadamente a través de
convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos o contratos individuales de prejubilación de empresas.
De igual modo, en los ámbitos de las Comunidades Autónomas se han llevado a cabo iniciativas tendentes a solucionar la problemática de los coeficientes reductores de la cuantía de la pensión de jubilación, cuando accede a la misma a una edad
inferior a la legalmente establecida, iniciativas entre las que hay que señalar la Proposición no de Ley, aprobada por el Pleno del Parlamento de Andalucía, relativa a la protección de los beneficiarios de pensiones de jubilación anticipada,
mediante la que se insta a la Junta de Andalucía para que, a su vez, inste la acción del Gobierno en orden a la adopción de las medidas necesarias para que no se apliquen coeficientes reductores del importe de la pensión, cuando la jubilación
anticipada afecte a personas que acrediten 40 o más años de cotización o que tales coeficientes dejen de aplicarse, en la fecha en que el interesado alcance la edad ordinaria de jubilación que, en cada caso, corresponda.
III
La situación en que se encuentran las personas que se ven obligadas a acceder de forma anticipada a la jubilación, con la consecuencia de la reducción de la cuantía de la pensión, se ha visto agravada en los últimos años, como consecuencia
de las reformas introducidas en el año 2013, en el ámbito de los subsidios de desempleo en favor de personas que acreditasen el cumplimiento de todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a la jubilación, al demorar en tres años (desde la edad
de 52 años a la de 55) el reconocimiento del subsidio, endurecer los requisitos de rentas en orden a ese reconocimiento, minorar la base por la que el Servicio Público de Empleo Estatal cotizaba en favor del desempleado y, por último, al extinguir
el percibo del subsidio (con la consiguiente extinción de cotización a la Seguridad Social) en la fecha en que el perceptor del mismo podía acceder a cualquier modalidad de jubilación.
Como consecuencia de lo anterior, a decenas de miles de trabajadores que, con anterioridad a la reforma de 2012, podían mantenerse en el subsidio de desempleo y en la cotización a la Seguridad Social hasta el cumplimiento de la edad
ordinaria de jubilación, se les fuerza a acceder, de forma anticipada, a esa misma jubilación, con la consecuencia de ver reducido el importe de la pensión.
De esta forma, un derecho que tiene una persona, el de acceder a la pensión de jubilación de forma anticipada al acreditar el cumplimiento de todos los requisitos que el ordenamiento de la Seguridad Social exige para estos supuestos, implica
un grave perjuicio en orden a la suficiencia de la pensión, puesto que la misma se ve minorada de forma importante que, en algunos casos, puede llegar al 30 por ciento del importe de esa pensión, considerando al tiempo que esa reducción de la
pensión tienen carácter vitalicio.
IV
Se hace pues necesario que por el Congreso de los Diputados se tomen las medidas necesarias para corregir esta situación de agravio y dificultad que tienen las personas que, de forma involuntaria y, con frecuencia, forzosa, se ven obligadas
a acceder anticipadamente a la jubilación, en especial, para las personas que acrediten largas carreras de cotización.
Ahora bien, como se ha indicado, la anticipación de la edad de jubilación tiene consecuencias para el sistema de la Seguridad Social, puesto que esa anticipación implica un mayor esfuerzo económico para las arcas de la Seguridad Social, al
tener que adelantar los pagos de pensión que, en otro caso, retrasarían hasta el momento en que se cumpliese la edad de acceso ordinario.
Por ello, la adopción de las medidas necesarias para corregir la situación de las personas que, de forma involuntaria, acceden anticipadamente a la jubilación, requiere de un soporte documental y estadístico, que permita cuantificar el
impacto de las mismas, así como los recursos necesarios para llevar a cabo la mejora de la protección para los beneficiarios de pensiones de jubilación anticipada, entre los que habrán de tenerse en cuenta los criterios que ya se recogían en la
recomendación primera del Pacto de Toledo, en su formulación inicial de 1995, al situar en la esfera de las aportaciones del Presupuesto del Estado al de la Seguridad Social el coste de las actuaciones que en materia de anticipación de la edad
ordinaria de jubilación o de ayuda a sectores productivos pudieran producir distorsiones en el normal equilibrio del sistema.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados considera necesaria la modificación de la actual regulación de las modalidades de acceso anticipado a la edad de jubilación, en cuanto suponen una minoración muy importante de la cuantía de la pensión a
percibir por el interesado, que no tiene en cuenta, en la medida necesaria, la forma en que se accede a esa jubilación, así como los tiempos de cotización acreditados por el pensionista.
2. En tal sentido, insta al Gobierno para que solicite de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal un estudio sobre la situación actual de las jubilaciones anticipadas, la forma de acceso a las mismas, las carreras de cotización
que se acreditan por los jubilados y otras variables que permitan cuantificar el impacto de la adopción de las siguientes medidas, en su aplicación en los supuestos en que el acceso a la jubilación se efectúa en los términos previstos en el artículo
207 o en el artículo 208 de la Ley General de la Seguridad Social, cuando, en este último caso, el acceso a la jubilación haya venido precedido por un despido o cualquier otra forma de extinción de la relación laboral, en que no haya mediado la
libre voluntad del interesado:
a) Adecuar la determinación de los coeficientes de reducción de la pensión de jubilación a las carreras de cotización que presenten las personas que pretenden acceder de forma anticipada a la jubilación.
b) La supresión de los coeficientes reductores aplicados, con ocasión del acceso anticipado a la jubilación, en la fecha en que el interesado cumpla la edad ordinaria de acceso a la jubilación, cuando en el momento de causar la pensión se
acredita un periodo de cotización que dé lugar a los derechos máximos de pensión.
3. Una vez recibido el estudio, el Gobierno remitirá el mismo a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, la que, tras el correspondiente análisis de la documentación presentada por el Gobierno y el debate
parlamentario oportuno, procederá a elevar a la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados el informe correspondiente, en
el que se contengan las propuestas oportunas en orden a la mejora de la cobertura social de las personas que acceden a la jubilación anticipada, para su tramitación parlamentaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2017.-María Mercè Perea i Conillas, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001794
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a la Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la
adopción de medidas dirigidas a controlar las retribuciones salariales y percepciones extrasalariales abonadas sin consignarse en la nómina, así como garantizar el abono al trabajador de todas las cuantías que le sean adeudadas, evitando la
vulneración del derecho a la percepción del salario por el trabajador por la mera firma de la nómina o del finiquito, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
El contrato de trabajo supone la prestación voluntaria de servicios retribuidos y la persona trabajadora tiene derecho a percibir una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, siendo un derecho básico en
los términos del artículo 4.2.f del Estatuto de los Trabajadores la percepción puntual del salario legal o pactado.
La crisis económica ha agravado una de las lacras que ya existían en el mercado de trabajo: obligar a la persona trabajadora a firmar la nómina por una cuantía y percibir en metálico otra inferior, lo que coloquialmente se llama 'pagar en
B'; o a firmar finiquitos en blanco en el momento de la contratación con el que el empresario se libera con un simple documento de sus obligaciones económicas con el trabajador.
Los contratos en precario, básicamente el uso abusivo de los contratos a tiempo parcial, en los que se trabaja una jornada superior a la prevista en el contrato, los bajos salarios establecidos en los Convenios Colectivos, debido en parte al
deterioro de la negociación colectiva, y la excusa de la crisis y las dificultades económicas alegadas por una parte importante del tejido empresarial han servido para que un importante número de empresas se aprovechen de esta práctica, pagando en B
'sobresueldos' a los trabajadores más cualificados, o la diferencia entre la jornada realmente trabajada y la máxima legal o convencionalmente establecida en los contratos a tiempo parcial (en los casos en que se abona), así como las horas
extraordinarias.
Así mismo, se da también la situación de que no solo es que se abone en B una parte del salario, sino que sencillamente no se paga, a pesar de que se justifica documentalmente dicho pago; esta falta de abono afecta no solo a cantidades
salariales, sino a indemnizaciones por despido, por extinción del contrato por causas económicas u objetivas y a las previstas por finalización de los contratos temporales.
Las personas trabajadoras firman nóminas o finiquitos por cuantías que no perciben.
El abono de los salarios en B y de otras cuantías que se le adeudan al trabajador, no solo son una forma de explotación laboral, sino que incide en la propia línea de flotación del Sistema de la Seguridad Social, ya que tanto en el caso de
cuantías que no se abonan, como las que se abonan pero no se consignan en la nómina, son cantidades por las que no se cotiza. Así, se perjudica a la capacidad económica de los trabajadores y afecta a un derecho básico de la relación laboral, como
es el derecho al salario legal o pactado, y también a las prestaciones y subsidios a las que tienen derecho como desempleo, jubilación, entre otras, ya que afecta a la base de cotización. Igualmente se perjudica al resto de los trabajadores y a la
sociedad en general, ya que esta práctica, supone un fraude a la Seguridad Social, y, además, el empresario suele pagar en B al trabajador con dinero que el mismo tiene en B.
Esta 'práctica' debe ser atajada. Una forma de combatirla sería extender la limitación actualmente existente al pago en efectivo a los pagos superiores a 100 euros. A tal efecto, se modificaría el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de
octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de
adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, para establecer que no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes
actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera o a 100 euros cuando sea abono de salarios, liquidaciones o indemnizaciones.
En relación a la percepción de la indemnización en caso de que el trabajador haya sido despedido por despido disciplinario, extinción por causas objetivas, resolución voluntaria causal o finalización del contrato temporal, una forma de
garantizar que el empresario ha abonado la indemnización adeudada acordada en acto de conciliación, o reconocida en sentencia judicial, es que se exija presentar en el momento de la solicitud de la prestación por desempleo la documentación
acreditativa de que se ha percibido la indemnización legal correspondiente, como parte de la documentación que debe acompañar a la solicitud, ya que en la regulación actual el artículo 297.2 del Real Decreto Legislativo 8/2005, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, es opcional para la Entidad Gestora exigir la acreditación.
Por último, es necesario garantizar que la Inspección de Trabajo pueda actuar e iniciar expediente sancionador en caso de impago de todas las cantidades adeudadas como consecuencia de la relación laboral, y no solo por el impago de salario.
En la actualidad solo constituye infracción administrativa el 'impago y retrasos continuados en el pago de los salarios', no incluyendo el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, otras percepciones que se le adeudan al trabajador durante o como consecuencia de la relación laboral, como percepciones extrasalariales e indemnizaciones.
Por todas estas razones se estima necesario la adopción de medidas para controlar que todas las retribuciones salariales abonadas se consignen en la nómina, así como garantizar el abono a la persona trabajadora de todas las cuantías,
incluidas las cantidades que le sean adeudadas, evitando la vulneración de su derecho a la percepción del salario e indemnizaciones valiéndose de la mera firma de la nómina o del finiquito.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar el abono a la persona trabajadora de todas las cuantías que se sean adeudadas, incluidas las salariales, extrasalariales y el abono de indemnizaciones, evitando la vulneración de
su derecho a la percepción de estas retribuciones por la mera firma de la nómina o del finiquito, por lo que deberá presentar un Proyecto de Ley con, al menos, las siguientes medidas:
- Modificación del artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha
contra el fraude, estableciendo que no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda
extranjera o a 100 euros cuando sea abono de salarios, liquidaciones o indemnizaciones.
- Modificación del artículo 297.2 del Real Decreto Legislativo 8/2005, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, obligando a la Entidad Gestora a exigir en todo caso la acreditación
de haber percibido el trabajador o la trabajadora la indemnización legal correspondiente, a los efectos de evitar situaciones de fraude.
- Modificación del artículo 8.1 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, para añadir como elemento del tipo de infracción el
impago de las cuantías adeudadas en concepto de indemnización y otras cuantías devengadas con ocasión del trabajo prestado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2017.-María del Rocío de Frutos Madrazo, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001806
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su Portavoz, Antón Gómez-Reino Varela, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del
Reglamento, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social relativa a los despidos acaecidos y potenciales en la Empresa Konecta S.A.T.
Exposición de motivos
La Empresa Konecta S.A.T., razón social que integran el Grupo de Empresas denominado Grupo Konecta, participado accionarialmente con el 40% por el Banco Santander, principal proveedor de servicios de la mercantil citada, ha iniciado un
profundo reajuste de su plantilla. Concretamente, entre finales de 2015 y mediados de 2016, se han producido unos 70 despidos aproximadamente en la Comunidad de Madrid, a los que hay que añadir casi otros 30 despidos en Sevilla, Barcelona y Las
Palmas.
La aproximación de las cifras se debe a que la Dirección de Konecta S.A.T., entrega incompleta a los representantes de los trabajadores la información reconocida en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores y solo la referente a la
Comunidad de Madrid.
Konecta SAT viene reconociendo ganancias en los últimos años, como así también el Grupo Konecta. Este Grupo de Empresas, ha comprado en septiembre de 2015 empresas de 'call-center' en Sudamérica por un valor total cercano a los 450 millones
de euros, y en 2016 adquirió un Servicio de Allianz por un importe cercano a los 192 millones de dólares.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Poner y disponer de todos los medios a su alcance para el mantenimiento de los puestos de trabajo objeto del expediente de regulación evitando la destrucción de los mismos mediante otros mecanismos alternativos que el ordenamiento jurídico
laboral pone al alcance de la empresa y que carecen del carácter traumático que para las/los trabajadoras/es afectadas/os implica la desaparición de su puesto de trabajo y su consiguiente expulsión del mercado laboral.
- Utilizar los instrumentos de arbitraje y mediación de los que dispone para posibilitar que la empresa reconsidere su decisión respecto a la desaparición de puestos de trabajo.
- Solicitar la paralización de nuevas contrataciones, a través de la propia empresa o por medio de empresas de trabajo temporal, hasta que se elabore un plan de ordenamiento y necesidad de trabajadores/as, teniendo en cuenta la
recapacitación de los mismos para asumir nuevos procedimientos y especializaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001834
A la Mesa de la Comisión de Empleo y Seguridad Social
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta, para su debate en
Comisión, la siguiente Proposición no de Ley sobre el impago de las pensiones a los venezolanos residentes en España y a pensionistas emigrantes retornados españoles.
Exposición de motivos
Desde diciembre del 2015 el Gobierno de La República Bolivariana de Venezuela interrumpió el pago de pensiones a los beneficiarios en el exterior. El problema afecta a pensionistas venezolanos residentes en España y a pensionistas
emigrantes retornados españoles, gran parte de los cuales, por nuestros vínculos con Venezuela, son canarios-venezolanos que regresan a su tierra después de trabajar y cotizar una vida entera en Venezuela.
En su mayoría se trata de personas de avanzada edad, para quienes su pensión era la única fuente de ingresos y, como consecuencia de ello, se han visto abocados a una situación de precariedad, sin posibilidades, en su gran mayoría, para
afrontar sus necesidades más elementales como el pago de la vivienda o costearse las medicinas.
Se trata de una situación injusta y dramática agravada por el largo tiempo transcurrido. Han pasado más de un año sin cobrar, a lo que añaden la incertidumbre de no saber siquiera cuándo cobrarán o si las cantidades dejadas de percibir las
podrán recuperar algún día.
El Convenio bilateral de Seguridad Social entre España y Venezuela, firmado en Caracas el 12 de mayo de 1988, en vigor desde el 1 de julio de 1990, reconoce el derecho al cobro de pensiones, subsidios, rentas e indemnizaciones, sin que estén
sujetas a reducción, modificación, suspensión, supresión o retención por el hecho de que el beneficiario se encuentre o resida en el territorio de la otra parte, y se harán efectivas en el mismo en idénticas condiciones y con igual extensión que a
los nacionales que residan en el referido país.
El convenio vincula a ambas partes y, como tal, debe ser el instrumento para garantizar estas prestaciones; para ello, en su artículo 30, prevé que las diferencias que puedan surgir en su interpretación y aplicación se resolverán de común
acuerdo entre las Autoridades de los dos Estados y cuando las controversias no puedan resolverse de conformidad, serán resueltas por la vía diplomática.
De ahí la necesidad de que el Gobierno de España se implique de manera efectiva, reforzando el diálogo diplomático, para hacer cumplir a Venezuela el convenio de Seguridad Social vigente entre ambos países desde el año 1990.
Por otra parte, interesa traer a colación el Real Decreto 1170/2015, de 29 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2016, que determina
en su artículo 14 las condiciones para la revalorización de las pensiones reconocidas en aplicación de normas internacionales, según el cual, cuando el importe total de las prestaciones reconocidas por ambas partes no alcance el mínimo previsto para
la pensión de que se trate vigente en cada momento en España, se garantizará al beneficiario, en tanto resida en el territorio nacional y reúna los requisitos exigidos al efecto por las normas generales, la diferencia entre la suma de las pensiones
reconocidas -española y extranjera-, y el referido importe mínimo.
En este mismo sentido, el Real Decreto 746/2016, de 30 de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas y sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones
sociales públicas para el ejercicio 2017, en su Anexo I establece las cuantías de pensiones y prestaciones públicas aplicables en 2017.
A la vista de lo anterior, nuestro sistema de Seguridad Social reconoce, en los casos de totalización de periodos, la garantía del abono del importe mínimo previsto para la pensión vigente en España en cada momento.
En el supuesto que nos ocupa, por aplicación analógica del referido precepto y para garantizar el derecho a la prestación, cabe solicitar que el Gobierno de España garantice desde los cero euros -que es lo que de facto perciben actualmente-
hasta el importe mínimo de las pensiones previstas en la legislación española vigente, con carácter transitorio y sin carácter consolidable, hasta tanto el Gobierno venezolano reanude el abono de las prestaciones.
Este adelanto en ningún caso eximiría al Gobierno venezolano de sus obligaciones, por lo que habrán de arbitrarse los mecanismos para garantizar la compensación al Gobierno de España por las cantidades que adelante por este concepto.
Asimismo, habrán de fijar el compromiso de los perceptores de reintegrar al Gobierno de España los importes adelantados en el caso de que recuperen sus prestaciones.
Otra cuestión distinta es que estos pensionistas tienen dificultades para acceder a los servicios, ayudas o prestaciones sociales en España porque sobre el papel tienen ingresos pero la realidad es que no los perciben.
En su virtud, estimamos que el Gobierno de España ha de emprender acciones para paliar la grave situación que sufren numerosos pensionistas y jubilados venezolanos en España y, muy especialmente, los canarios-venezolanos residentes en
Canarias, como consecuencia del retraso del Gobierno de Venezuela en el abono de sus pensiones.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Reforzar el diálogo diplomático con el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y promover cuantas acciones legales sean oportunas para hacer cumplir el Convenio bilateral de Seguridad Social entre España y Venezuela, de 12 de
mayo de 1988, en vigor desde el 1 de julio de 1990, y en concreto a:
- Exhortar a la referida República a abonar, en el plazo más breve posible, a los pensionistas venezolanos residentes en España las cantidades adeudadas, correspondientes a las prestaciones del año 2016 y 2017.
- Solicitar al Gobierno de Venezuela que en el futuro garantice de forma efectiva que las pensiones sean abonadas con regularidad.
2. Garantizar el derecho a la prestación a los pensionistas venezolanos residentes en España que reúnan los requisitos exigidos por las normas generales, y, a tal fin, garantizar el importe mínimo de las pensiones previstas en la
legislación española vigente, adelantándolas con carácter transitorio y sin carácter consolidable, hasta tanto el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reanude el abono de las prestaciones.
3. Arbitrar los mecanismos oportunos para que el Gobierno de Venezuela garantice la compensación al Gobierno de España por las cantidades que adelante por este concepto.
4. Fijar el compromiso de los pensionistas venezolanos residentes en España de reintegrar al Gobierno de España los adelantados en el caso de que recuperen sus prestaciones y se reanude por el Gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela el pago de las pensiones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2017.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
161/001842
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el marco legislativo de las microrredes para su debate en
la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Exposición de motivos
El aumento del peso de las fuentes renovables en el mix eléctrico es una de las principales herramientas para reducir las emisiones de CO2 asociadas a la generación de energía en España y luchar contra el cambio climático. En particular,
este aumento será clave para cumplir los compromisos que nuestro país tiene como miembro de la Unión Europea: en 2020 el 20% de la energía final deberá tener origen renovable y este porcentaje deberá aumentar hasta el 27% en 2030.
Algunas tecnologías de generación renovable, y en especial la energía solar fotovoltaica, pueden ser instaladas de forma 'distribuida', de manera que la generación eléctrica se produce muy cerca de los puntos de consumo. La generación
distribuida basada en renovables conlleva diversas ventajas. En primer lugar, por su carácter renovable, no solo contribuye a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, sino también la contaminación atmosférica, lo que implica una mejora
de la calidad del aire
de las ciudades y una reducción en las tasas de enfermedades respiratorias de sus habitantes. En segundo lugar, generar la electricidad en un lugar próximo al punto de consumo disminuye las pérdidas de trasporte aumentando la eficiencia del
sistema.
La configuración más habitual en estas instalaciones de generación renovable distribuidas consiste en lo que se conoce como 'autoconsumo': por ejemplo, en el caso de una vivienda unifamiliar que posee una pequeña instalación de generación
(unos paneles fotovoltaicos en el tejado) que le suministra parte de la energía que consume. La instalación suele estar conectada a la red eléctrica con la que intercambia energía cuando es necesario. Es posible, sin embargo, pensar en otras
configuraciones que sí bien resultarían eficientes y beneficiosas para el conjunto de la ciudadanía no pueden implementarse en la actualidad al no existir una regulación adecuada: nos referimos al 'autoconsumo compartido'. Si bien la normativa del
autoconsumo no compartido actualmente vigente, es decir el RD 900/2015, es claramente desincentivadora del mismo, el autoconsumo compartido es simplemente imposible de llevar a cabo con la regulación actual. Uno de los ejemplos más apropiados es
una instalación de autoconsumo compartida por los vecinos de un edificio de viviendas. En este caso, los paneles fotovoltaicos instalados en el tejado generarían la energía que consumirían todas las viviendas conectadas a una red interna o
'microrred'. Esta microrred estaría conectada a la red eléctrica de la que importa o exporta energía cuando fuese necesario. La creación y desarrollo normativo del concepto de microrred son, pues, decisivos para permitir el autoconsumo compartido
y el crecimiento de este es, a su vez y por motivos obvios (el porcentaje de la población que habita en edificios de vivienda es incomparablemente superior al que lo hace en viviendas unifamiliares), imprescindible para el impulso general del
autoconsumo.
Otro motivo por el que la elaboración de una normativa para las microrredes eléctricas es fundamental radica en el uso de elementos de almacenamiento de energía de manera distribuida. Hablamos tanto de baterías estáticas como aquellas que
forman parte de los vehículos eléctricos. Estos elementos, integrados en una microrred, permiten realizar el balance energético en cada momento de manera que se minimice el intercambio de energía con la red eléctrica o el precio que los
consumidores pagan por la electricidad que utilizan.
La microrred puede existir también de manera aislada, es decir, conectar a varios consumidores, fuentes de generación y sistemas de almacenamiento sin que exista conexión con la red eléctrica general. La microrred aislada puede ser la
solución óptima en varios casos siendo el más evidente la electrificación de lugares remotos o alejados de la red eléctrica.
En definitiva, el papel tradicional de las redes eléctricas que transportaban electricidad desde grandes instalaciones de generación centralizadas a puntos de consumo de forma unidireccional está cambiando sustancialmente. En la actualidad
la red eléctrica también debe ser capaz trasportar la energía bidireccionalmente entre grandes instalaciones de autoconsumo eléctrico, consumidores, baterías y vehículos eléctricos.
La regulación establecida en la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, no se adapta suficientemente a esta realidad, ya que en ella solo se prevén cuatro tipos de calificación para las redes eléctricas: red de transporte, red de distribución,
linea directa y red interior. Las redes de transporte y distribución son titularidad de empresas transportistas o distribuidoras y reciben una retribución por su gestión, las líneas directas unen un punto de generación y consumo de un mismo titular
y las redes interiores son las que van desde el punto frontera de un consumidor aguas abajo. Esta regulación supone, en la práctica, que toda red compartida por más de un consumidor pase a ser red de transporte o distribución, con independencia de
su longitud o tensión. Por el contrario, la legislación actual ya permite que un único consumidor contrate su energía en media tensión y disponga de una red propia de grandes dimensiones.
Ante esta situación se hace necesario el reconocimiento de un nuevo modelo de red, como es la microrred, consistente en una red que une a varios consumidores y a la que pueden conectarse también elementos de generación o de acumulación. La
microrred puede estar conectada con la red de distribución o funcionar de manera aislada. Esa microrred deberá estar gestionada por un 'agregador eléctrico', que a efectos de la red de distribución sea como cualquier otro consumidor, con la
diferencia de que el agregador, a su vez, se encarga de distribuir los costes de ese punto de suministro entre los diferentes consumidores de la microrred, sin perjuicio de realizar otras actividades del sector eléctrico en libre mercado, de manera
directa o como representante de la agrupación de dicha microrred.
Este necesario cambio en las redes eléctricas que demandan los últimos desarrollos tecnológicos, tanto en generación distribuida basada en renovables como en almacenamiento distribuido, supone una oportunidad de incorporar nuevos actores al
sector eléctrico, disminuyendo la concentración actual en la
propiedad y gestión de las redes eléctricas, y permitiendo una mayor democratización del sector al aumentar el número de participantes en el mismo.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar un marco legislativo que reconozca y regule las microrredes eléctricas, para que varios consumidores puedan compartir una red a la que puedan conectar, entre otros, baterías o instalaciones de generación distribuida. La
microrred eléctrica podrá funcionar de manera aislada o estar conectada a la red de distribución en un único punto de conexión.
2. Desarrollar un marco legislativo que reconozca la figura del agregador de demanda, el cual se pueda encargar de la gestión de la microrred.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2017.-María Rosa Martínez Rodríguez, Diputada.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001857
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a fijar una posición común en materia de energía y clima.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la previsión contenida en el cuarto párrafo del apartado 1 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como
Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley por la que
se insta al Gobierno a fijar una posición común en materia de energía y clima, para su debate en Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Exposición de motivos
El sistema energético constituye un elemento fundamental de nuestra sociedad. Sus implicaciones abarcan ámbitos diversos y de gran relevancia para el bienestar de la ciudadanía, ahora y en el futuro. Un
sistema energético eficaz debe contribuir al desarrollo económico de España permitiendo un crecimiento sostenido en el tiempo. De igual forma debe ser asequible a toda la ciudadanía en igualdad de condiciones y, debe ser la clave para la
sostenibilidad medioambiental y en la lucha contra el cambio climático.
Para conseguir esos objetivos es necesaria una planificación acertada del sistema energético. Esta planificación debe enmarcarse en espacios temporales más amplios que los ciclos políticos, ya que las decisiones deberán materializarse a lo
largo de varias legislaturas y comprometerán, si han de ser efectivas, a sucesivos Gobiernos. La necesidad de elevadas inversiones supone, que un sistema energético que cumpla con su cometido debe construirse sobre un análisis de las necesidades
energéticas anticipadas en horizontes de medio y largo plazo, así como en una prospección de los factores tecnológicos y medioambientales que interaccionan en el proceso energético.
El contexto de España en la actualidad hace igualmente necesario este compromiso de largo alcance. La recuperación económica, el cambio tecnológico constante, la revisión de los marcos normativos emanados de la Unión Europea, entre otros,
son factores de gran profundidad, que alterarán de forma perceptible las demandas que se realizan sobre nuestro sistema energético. Se trata de procesos graduales, sujetos a incertidumbres importantes, pero que hacen, si cabe, más aconsejable
contar con espacios de consenso que permitan orientar la actuación de la política energética de forma consistente frente a estos cambios, asegurando una coherencia entre las políticas de hoy y las que deberán adaptarse en el futuro.
Gestionada de forma correcta, la política de transición energética ordenada será una oportunidad económica para España, contribuyendo a cimentar la competitividad de nuestro tejido productivo, crear nuevos ámbitos de excelencia industrial,
acelerar la creación de empleo y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
Pero sobre todo, es indudable que el sistema energético realizará una aportación esencial a la lucha contra el cambio climático, particularmente en la etapa que se ha abierto tras el Acuerdo de París.
El 24 de octubre de 2014, el Consejo Europeo acordó el Marco de actuación de la Unión en materia de clima y energía hasta el año 2030 sobre la base de cuatro objetivos clave: reducción del 40% como mínimo de las emisiones de gases de efecto
invernadero en el conjunto de la economía, un aumento de la eficiencia energética de al menos un 27%, con vistas a un nivel del 30%, una cuota de energía renovable en el consumo de energía de la Unión de al menos un 27% y un objetivo de al menos un
15% para las interconexiones eléctricas. El Consejo especificó que el objetivo para las energías renovables es vinculante a nivel de la Unión y que se cumplirá mediante las contribuciones de los Estados miembros, guiadas por la necesidad de lograr
colectivamente el objetivo de la Unión. El objetivo vinculante de una reducción interna del 40%, como mínimo, de las emisiones de gases de efecto invernadero en el conjunto de la economía de aquí a 2030 en comparación con 1990 fue aprobado
formalmente, en calidad de contribución prevista y determinada a nivel nacional de la Unión y sus Estados miembros al Acuerdo de París, alcanzado el 12 de diciembre de 2015 en la XXI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones
Unidas para el Cambio Climático. En virtud de dicho Acuerdo, firmado por la parte España el 22 de abril de 2016, las partes se comprometen a establecer objetivos y sendas ambiciosas, en función de sus capacidades económicas y tecnológicas, para la
reducción de gases de efecto invernadero y a comunicar sus estrategias y contribuciones a nivel nacional.
Estos compromisos asumidos a nivel europeo deben venir acompañados de un refuerzo del sistema de gobernanza. El Consejo Europeo de 24 de octubre de 2014 concluyó que conviene desarrollar un sistema de gobernanza fiable y transparente, con
el fin de contribuir a garantizar que la UE alcance sus objetivos de política energética, con la flexibilidad necesaria para los Estados miembros y dentro del pleno respeto por su facultad discrecional para determinar su combinación energética.
Convino asimismo en potenciar la función y los derechos de los consumidores, la transparencia y la previsibilidad para los inversores, a través de la supervisión sistemática de los indicadores clave para un sistema energético asequible, seguro,
competitivo y sostenible.
Este mandato se ha traducido en la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la gobernanza de la Unión de la Energía, presentada por la Comisión dentro del conocido como 'paquete de invierno' el 30 de noviembre
de 2016. La Propuesta establece, en particular, la obligación de los Estados miembros de establecer Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima, con el horizonte de 2030, donde se incluyan los objetivos, metas y trayectorias para cada una de
las cinco dimensiones de la Unión Energética: descarbonización, eficiencia energética, seguridad energética, mercado interior de la energía e innovación y competitividad. Estos planes deben ser coherentes con una
visión de más largo plazo de reducción de emisiones compatible con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París y con el objetivo de la UE de reducir las emisiones entre un 80 y un 95% en 2050 respecto de los niveles de 1990.
La propuesta, en su redacción actual, prevé que los Estados miembros deberán remitir el 1 de enero de 2018 sus proyectos de planes nacionales de energía y clima 2021-2030 y establece un proceso de consultas previas tanto a la sociedad civil
como a los Estados miembros interesados. El 1 de enero de 2019 a más tardar deberán remitirse las versiones finales de los planes a la Comisión Europea. Estas fechas no son vinculantes en tanto que los textos legales europeos aún no han sido
aprobados, pero indican sin lugar a dudas el importante grado de ambición que la Unión Europea se ha fijado en esta materia.
De todo lo anterior se deduce que España tiene la oportunidad y la necesidad de abordar una estrategia de energía y clima a medio plazo y largo plazo, con vistas a dotar de solidez el crecimiento económico, adaptarse al nuevo marco
regulatorio que se trabaja en Europa y cumplir sus compromisos en materia de energía y clima a 2030. Y debe afrontar esta estrategia con ambición, con responsabilidad y con un impulso firme y visión a largo plazo por parte de todas las partes
implicadas.
El cumplimiento de los objetivos anteriores debe alcanzarse de la forma más eficiente posible, al objeto de garantizar unos precios energéticos competitivos para empresas y hogares. Para lograr esta eficiencia, los objetivos de cambio
climático deben tomar en consideración los avances en materias como el grado de interconexión de España con otros mercados energéticos europeos o los cambios en las tecnologías de generación, gestión o almacenamiento de la energía.
España debe diseñar una estrategia a largo plazo en materia de energía que fundamente la actuación política de los próximos decenios. Es esencial, para el logro de estos objetivos, la estabilidad de la política energética con independencia
del Gobierno en cada momento. Por ello, debe alcanzarse un amplio consenso en torno a la estrategia adecuada, que además debe acompasarse con la aprobación de los planes nacionales de energía y clima, de acuerdo con el calendario que se apruebe a
nivel europeo en el Reglamento de Gobernanza.
Los objetivos energéticos y objetivos climáticos guardan una estrechísima relación y la estrategia debe tener un carácter omnicomprensivo, integrando aspectos energéticos, climáticos, de innovación, de competitividad, fiscales, sociales,
urbanísticos, de movilidad e infraestructura y de transporte, entre otros. En consecuencia, se hace imprescindible la creación de una estructura adecuada que coordine el trabajo de todos los agentes implicados y que cuente con las aportaciones de
expertos y representantes de la sociedad civil, del sector no gubernamental y del mundo empresarial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un informe que recoja el análisis de los posibles escenarios de transición energética, las alternativas existentes y su correspondiente coste teniendo en cuenta la influencia de cambios tecnológicos, y los compromisos
climáticos. Dicho informe deberá proponer unas conclusiones sobre los principales elementos que debería contener una estrategia integral de transición energética para el cumplimiento de los objetivos europeos en materia de energía y clima a 2030 y
2050, de la forma más eficiente y que garantice la competitividad de la economía, el crecimiento económico, el empleo, así como la sostenibilidad medioambiental.
Para su elaboración, se creará a una Comisión de Expertos, entre especialistas de reconocido prestigio, cuya composición asegurará la independencia y la pluralidad de opiniones. Los grupos parlamentarios podrán, con esta finalidad, proponer
miembros que reúnan los conocimientos y experiencia necesarios para participar en esta Comisión de Expertos.
Asimismo, dicha Comisión recabará la información y la participación que considere necesaria por parte de las Comunidades Autónomas, Entidades Locales y representantes de la sociedad civil y los agentes sociales.
La Comisión de Expertos remitirá el informe resultado de sus trabajos al Gobierno, que a su vez lo remitirá al Congreso de los Diputados, requiriendo el pronunciamiento de la Cámara en la forma prevista en el artículo 198 de su Reglamento.
2. La Comisión de Expertos trabajará coordinadamente con el Grupo de Trabajo Interministerial para la Coordinación de la Elaboración del Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética y del Plan Nacional integrado de
Energía y Clima, dependientes ambos de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Se establecerán en dicho Grupo con este propósito los mecanismos necesarios de colaboración y coordinación con la Comisión de Expertos, que permitan
considerar en las labores del Grupo las conclusiones obtenidas en el informe citado en el punto anterior.
3. Fijar, sobre la base del informe de la Comisión de Expertos y de los trabajos preparatorios del Grupo de Trabajo Interministerial, una posición común en torno a la transición energética que permita abordar, de la forma más eficiente, los
compromisos del denominado paquete de invierno de la Unión Europea, contribuyendo al crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos, plasmando la misma en el Plan Nacional de Energía y Clima.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2017.-María Pilar Lucio Carrasco, Diputada.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/001795
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa al proyecto de 'Elevación de Aguas del Ebro a Andorra (Fase II)', para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
En los últimos años, las administraciones y los agentes sociales vienen realizando enormes esfuerzos por reindustrializar las comarcas mineras. La comarca de Andorra-Sierra de Arcos (Teruel) no es una excepción en este empeño. Para ello se
han realizado diferentes iniciativas que han tenido como objeto mejorar las infraestructuras, el capital humano o el tejido productivo. Con este fin, en dicha comarca se aprobó en su día el proyecto de 'Elevación de Aguas del Ebro a Andorra'. Esta
zona tiene un notable déficit hídrico. El agua es un recurso necesario para sectores tan relevantes en la provincia de Teruel como son el agroalimentario o el turismo. Pero no solo eso, cualquier industria que se quiera establecer en un territorio
necesita el agua para poder realizar sus tareas. Con el fin de atraer inversiones, parece evidente que una infraestructura de estas características es fundamental para la comarca de Andorra-Sierra de Arcos (Teruel).
En una primera fase se construyeron 37 kilómetros de tubería entre Escatrón (Zaragoza) y la Val de Arcos (Andorra, Teruel), invirtiéndose 27 millones de euros. La segunda fase quedó pendiente a partir de 2012 y desde entonces no se han
invertido los más de 20 millones de euros necesarios para finalizar los 12 kilómetros de tubería que permitirían alcanzar la balsa de Piogordo (Alloza, Teruel).
El 11 de noviembre de 2013 se firmó el segundo acuerdo de modificación y prórroga del Convenio de Colaboración suscrito inicialmente entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de Aragón con
fecha 8 de abril de 2008, por el que se fijaba el esquema general de coordinación y financiación para la ejecución de actuaciones en esta Comunidad Autónoma del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2008-2015 y del Ciclo
Integral del Agua. En este Convenio, en su apartado 5 de la parte expositiva, se indicaba que 'con respecto a la actuación de elevación de aguas del Ebro a Andorra (Fase II), era necesario redactar un nuevo proyecto y su tramitación ambiental y que
así mismo, la Comisión Mixta de Seguimiento de este Convenio debía abordar el estudio y redacción de un proyecto constructivo que definiera en su totalidad esa obra, así como la tramitación ambiental correspondiente, estimándose en dos años el plazo
para desarrollar estas actuaciones. De este modo, a corto plazo, se podría impulsar la actuación dando inicio
al proyecto de referencia, a la vez que se liberan créditos del convenio de compromisos futuros, aliviando de esta forma la presión fiscal actual'.
En estos momentos, tanto el proyecto está redactado, corno el estudio de impacto ambiental aprobado. De hecho, el presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 20.259.615,13 euros.
La vigencia del Convenio de Colaboración a que se hace referencia en esta Proposición no de Ley finaliza el próximo día 31 de diciembre de 2017.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que en el próximo acuerdo de modificación y prórroga del Convenio de Colaboración suscrito inicialmente entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de Aragón con fecha 8 de abril de 2008, por
el que se fijaba el esquema general de coordinación y financiación para la ejecución de actuaciones en esta Comunidad Autónoma del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2008-20015 y del Ciclo Integral del Agua, y cuya
vigencia finaliza el próximo día 31 de diciembre de 2017, se incluya la obra de 'Elevación de Aguas del Ebro a Andorra (Fase II)', cuyo presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 20.259.615,13 euros.
2. Se licite dicho proyecto y se inicien las obras con la mayor celeridad posible.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2017.-Ignacio Urquizu Sancho, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001814
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, relativa al derecho a información de las personas consumidoras sobre los efectos del aceite de palma y sus derivados, medidas para garantizar el derecho a la
información y medidas para apoyar una cadena de aceite de palma totalmente sostenible para el año 2020.
Exposición de motivos
La plantación de este monocultivo está significando la deforestación de grandes extensiones de territorio de bosques vírgenes y selva así como el desplazamiento de comunidades locales en Asia, Sudamérica y África. La conversión de bosques
primarios en plantaciones de monocultivo de palma aceitera es indudablemente un desastre ecológico. Especialmente dramático es el caso de Malasia e Indonesia, donde se concentra el 85% de la producción mundial. En pocas décadas, en Indonesia han
sido convertidas más de 5 millones de hectáreas de bosque primario, en Malasia más de 4 millones. Estos bosques, reguladores de vientos, lluvias y temperaturas a nivel mundial y grandes amortiguadores del cambio climático por su captura de CO2,
están siendo exterminados a causa de la deforestación y los incendios provocados para plantar palma aceitera. En 2015 el Gobierno indonesio calculó que al menos 1,7 millones de hectáreas sucumbieron como consecuencia de los incendios cuyo origen
eran los cultivos de palma. Todo ello emite inmensas cantidades de humo a la atmósfera, convirtiendo a Indonesia ese año en el mayor emisor mundial de gas de efecto invernadero. Esto está significando la aniquilación de numerosas especies animales
y vegetales, muchas de ellas endémicas y en grave peligro de extinción. Los orangutanes de Borneo y Sumatra, en peligro crítico de extinción, son las especies bandera de este desastre medioambiental, calificado de este modo por la UNEP.
Sin embargo, la alta productividad y eficiencia de la palma aceitera hace que sea necesario utilizar menos tierra para conseguir la misma cantidad de aceite que con otras semillas. Hasta el momento no se conoce un aceite vegetal sustitutivo
sin problemas asociados. En este contexto, se debe conformar la base para un cultivo sostenible de la palma aceitera. Los países más desarrollados tenemos el deber de
encabezar la lucha por la sostenibilidad. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF 2010) el mayor reto al que nos enfrentamos es pasar de la deforestación a la sostenibilidad.
Es necesario por ello que España dé pasos para asegurar que la producción del aceite de palma sea respetuosa con el medio ambiente, las poblaciones locales y la sostenibilidad, tal y como se afirma en la 'Declaración de Ámsterdam en apoyo de
una cadena de aceite de palma totalmente sostenible para el año 2020' y como vienen demandando desde hace tiempo asociaciones centradas en los efectos del consumo de este aceite, como Proyecto Pangea (www.aceitedepalma.org) y Proyecto Melindungui.
El 4 de abril de 2017, el Parlamento Europeo hízo suyo el informe presentado por el GUE/NGL que insta al continente a garantizar la sostenibilidad y trazabilidad de los cultivos de palma, el abandono de su uso como biocombustible y la búsqueda
activa de alternativas continentales sostenibles con el fin de cumplir los objetivos del Acuerdo de París contra el cambio climático.
Por otra parte, el consumo de aceite de palma tiene implicaciones respecto a la salud. Algunos estudios relacionan el ácido palmítico (ácido graso saturado de cadena larga que comprende el 44% del aceite de palma) con el aumento en los
niveles de colesterol y el aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, tromboembolias, accidentes vasculares, etc. Estudios recientes de investigadores españoles del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona (IRB), liderados por D.
Salvador Aznar Benitah, establecen una relación entre el ácido palmítico y el desarrollo de metástasis. El consumo moderado de este ácido graso dentro de una dieta equilibrada no debería suponer un peligro para la salud. Sin embargo, el aceite de
palma se encuentra actualmente en el 50% de los productos procesados, muchos de ellos consumidos frecuentemente por el público infantil, por lo que el consumo medio anual por persona en España puede llegar a ser elevado. En este caso, su consumo
regular tendría un claro riesgo para la salud por sus características nutricionales.
No obstante, los productos derivados del aceite de palma son muchos y cada uno posee una composición nutricional propia, con distinto perfil lipídico, y son sometidos a procesos para su extracción que modifican las características
físico-químicas y su efecto sobre el organismo. A pesar de que el consumo moderado dentro de una dieta equilibrada de aceite de palma crudo o no refinado no tiene propiedades perjudiciales para el organismo, su forma refinada u oxidada (la más
utilizada en la industria alimenticia) puede llegar a ser perjudicial para la salud por su perfil lipídico, la eliminación de vitaminas y antioxidantes en el proceso de refinado y los tóxicos producidos en el procesado. Así mismo, no tienen el
mismo efecto sobre el organismo los distintos derivados, como las oleínas, las estearinas o el palmiste.
Sin embargo, en la actualidad no es obligatorio especificar en el etiquetado el tipo de derivado del aceite de palma.
Por otra parte, la Unión Europea, en el Reglamento (UE) n.º 1169/2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada a las personas consumidoras y por el que se modifican los
Reglamentos (CE) n.º 1924/2006 y (CE) n.º 1925/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE, de la Comisión; la Directiva 90/496/CEE, del Consejo; la Directiva 1999/10/CE, de la Comisión; la
Directiva 2000/13/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo; las Directivas 2002/67/CE y 2008/5/CE, de la Comisión, y el Reglamento (CE) n.º 608/2004, de la Comisión; establece una serie de elementos que deben figurar en el etiquetado. Así mismo,
en el citado reglamento, en su artículo 39 de Medidas Nacionales sobre las menciones obligatorias adicionales se establece que:
'1. Además de las menciones obligatorias a que se hace referencia en el artículo 9, apartado 1, y en el artículo 10, y de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 45, los Estados miembros podrán adoptar medidas que exijan
menciones obligatorias adicionales para tipos o categorías específicos de alimentos, cuando esté justificado por al menos uno de los siguientes motivos:
a) protección de la salud pública;
b) protección de los consumidores;
c) prevención del fraude;
d) protección de la propiedad industrial y comercial, indicaciones de procedencia, denominaciones de origen y de prevención de la competencia desleal.'
Además, por normativa europea todos los productos alimenticios comercializados a partir del 13 de diciembre de 2014 deberán indicar el origen botánico de sus grasas vegetales ('mención obligatoria'),
por lo que en el etiquetado deberá aparecer claramente la utilización del aceite de palma o palmiste y en estos momentos esto no está sucediendo así, pues el aceite de palma puede figurar bajo varias menciones equivalentes en las que no
queda claro que es aceite de palma (aceite oleico, grasas vegetales, etc.).
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cumplir las recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre medidas para apoyar una cadena de aceite de palma totalmente sostenible para el año 2020, adoptando las
siguientes medidas:
1. Garantizar, a través de los instrumentos legales estatales y comunitarios, una mención obligatoria adicional, basada en razones de salud pública y de protección al consumo, de tal modo que quede clara la presencia de aceite de palma o de
sus derivados no solo en todo producto alimenticio sino también en productos cosméticos y productos de limpieza, especificando claramente 'Contiene aceite de palma o derivados' sin otro tipo de equivalencia que pudiese resultar confusa sobre la
naturaleza exacta del producto. En los casos en los que, debido a la cadena de suministro, no sea posible especificar el origen botánico de determinados ingredientes utilizados en cosméticos y productos de limpieza, se deberá incluir la mención
'Puede contener aceite de palma o sus derivados'.
2. En aquellos productos en los que sea obligatoria la mención del aceite de palma, especificar, de forma obligatoria, el tipo de aceite o tipo de derivado (aceite de palma puro, aceite de palma refinado, oleína de palma, estearina de
palma, glicerina de palma, palmiste, etc.)
3. Que la obligación de informar sobre la presencia de aceite de palma o de sus derivados no sea exclusiva de la venta de productos alimentarios, sino que todos los establecimientos hosteleros informen claramente y por escrito de los platos
en los que el aceite de palma y sus derivados sean utilizados, así como la pertenencia o no a algún sello de certificación (CSPO, Mass Balance, GreenPalm, etc.).
4. Garantizar la información y la sensibilización al peligro que puede entrañar el consumo de ciertos derivados del aceite de palma (especificando cuáles) para la salud y el medio ambiente (sobre todo si no están cultivados de forma
sostenible), a través de campañas de prevención y de información similares a las existentes contra el tabaquismo o los accidentes de circulación, implicando a varias administraciones y ministerios y asegurando que todo el mundo entienda y comprenda
las implicaciones de su consumo para la salud y el medio ambiente.
5. Firmar la 'Declaración de Ámsterdam en apoyo de una cadena de aceite de palma totalmente sostenible para el año 2020' y comprometerse a luchar por la sostenibilidad en la producción del aceite de palma.
6. Estudiar la creación de un sello o distintivo para apoyar y promocionar en los supermercados y centros de venta los productos '100% libres de aceite de palma no sostenible certificado (o de sus derivados)'.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2017.-Sofía Fernández Castañón y Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea.
161/001818
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la declaración del Día
Nacional del Vino, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El 1,86% de la geografía nacional está ocupada por viñedo de uva de vinificación (no de mesa). La superficie ocupada por viñedo dedicado a uva de vinificación supone el 5,5% del total de la superficie de
cultivo de nuestro país, mientras que si se toman como referencia la superficie dedicada a cultivos leñosos la cifra alcanza el 19,17% del total de la superficie dedicada a estos cultivos.
Con los últimos datos publicados por el MAPAMA, España ocupa el 1.er puesto a nivel mundial en superficie de viñedo (13% del total) y el 3.er puesto en producción de vino (13%), tras Italia (18%) y Francia (17%). A nivel UE, España acumula
el 30% de la superficie de viñedo. El total de la superficie UE, a 31 de julio de 2015, era de 3.208.038 Ha. El total de la superficie de viñedo mundial en ese mismo año era de 7.555.000 Has.
El vino habla de nuestra zona, pero cuando sale de nuestras fronteras, habla también de nuestro país y de la UE en el caso de países terceros.
Por otra parte, en lo que a exportación se refiere, el crecimiento medio anual acumulado de las exportaciones españolas de vino en los últimos 20 años es de un 5,3% en valor y de un 6,8% en volumen. Hoy en día, el vino español está presente
en mercados de los cinco continentes, con tasas de crecimientos importantes, pero esencialmente en volumen y no tanto en valor, donde existe un enorme potencial de crecimiento. Con todo, el vino español permite la facturación de cerca de 3.000
millones de euros anuales.
El comercio mundial de vino crece, tanto en valor, como en volumen, especialmente en los 13 principales mercados compradores de vino a nivel mundial (EE.UU., Reino Unido, Alemania, China, Canadá, Japón, Suiza, Bélgica, Países Bajos, Francia,
Rusia, Suecia y Dinamarca), que suponen el 76,9% del total de las importaciones mundiales de vino en valor y el 77,3% del volumen en litros. Para España, esos mismos mercados suponen el 91,9% del valor de nuestras exportaciones de vino y mosto y el
64,6% del volumen.
Sin embargo, el consumo de vino en España ha sufrido un descenso, en los últimos años, fruto de los cambios de hábitos. El vino ya no se considera un elemento de socialización y ha quedado relegado a comidas y cenas fuera del hogar.
Teniendo en cuenta que el número de viticultores inscritos con viñedo en las CC.AA. estaba ligeramente por encima del medio millón y asumiendo, por un lado, que existe un cierto margen de error derivado de la falta de actualización en
muchos de esos registros, pero también por otra que en ocasiones los viticultores son también agricultores de explotaciones de diferentes cultivos, cabe estimar también en más de 400.000 personas la cifra de ocupados en agricultura dedicados al
viñedo. Si a ello se le suman los empleos directos generados por las alrededor de 7.000 bodegas que existen en nuestro país, que la UEIPO estimaba en torno a 24.000 personas en un estudio sobre el coste económico del fraude de los derechos de
propiedad intelectual en el sector del vino y de las bebidas destiladas de julio de 2016, cabe concluir que el empleo directo generado por el sector del vino estaría en torno a las 450.000 personas, en torno al 2,5% de la población ocupada en
nuestro país.
El sector del vino es muy dinámico y está en constante revisión. Para impulsarlo, es necesaria la sensibilización de las administraciones y de la sociedad en su conjunto, para que otorguen la importancia que merece este sector y faciliten
su desarrollo cualitativo. Una mayor concienciación que debería trasladarse a todos los eslabones de la cadena de la comercialización del vino: la hostelería, la alimentación y cada agente que participa en ella.
A nivel europeo se está consolidando la celebración del 'Día Europeo del Enoturismo'. Algunos países, como Chile, han instaurado el 'Día Nacional del Vino', en reconocimiento social y económico del vino para el país. En Francia se celebra,
el tercer jueves de noviembre, la degustación del Beaujolais Nouveau. También algunas regiones o localidades en España celebran el día del vino o la fiesta del vino nuevo.
En este contexto, la declaración de un Día Nacional del Vino en España sería realmente importante para este sector, así como para las numerosísimas zonas de todo el país que tienen en el mundo del vino un verdadero motor de su economía local
y regional.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la declaración, en colaboración con el sector del vino, de un Día Nacional del Vino, en reconocimiento de la cultura del vino, del enorme potencial económico del sector, que fija población al
territorio, que representa lo mejor de nuestra tierra, de nuestra historia y que otorga imagen país.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001825
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de la diputada doña Alexandra Fernández Gómez, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para que se adopten medidas urgentes destinadas a frenar la propagación de la plaga de la avispilla que afecta a los bosques de castaña.
Exposición de motivos
La preocupación por la extensión de la plaga de la avispilla que afecta a los castaños crece a medida que pasa el tiempo y no se adoptan las medidas efectivas necesarias para frenarla.
La inquietud está haciendo mella en el sector dedicado a la castaña que mantuvo una reunión en el Ministerio de Agricultura. Representantes de la Red Estatal del Castaño (órgano que agrupa a representantes de la castañicultura de las zonas
productoras más importantes del estado) acudieron a este encuentro para demandar medidas urgentes y contundentes debido al agravamiento de la plaga de la avispilla del castaño.
La rápida extensión de esta plaga está provocando elevadas pérdidas económicas al sector, muy pujante en Galicia que es el principal territorio productor y exportador (especialmente en Ourense).
Los bosques de castaño ocupan en la actualidad una superficie de 300.000 hectáreas en el Estado español. La recogida y comercialización de la castaña es una actividad de gran peso en territorios como el de Galicia. Se caracteriza por la
venta en fresco y también por el proceso transformador que emplea a muchas personas. Es un sector que ha coadyuvado a fijar población en el medio rural en áreas que acusan un despoblamiento brutal como es el caso de Ourense.
Además de su impacto económico, inquieta el impacto medioambiental puesto que afecta al rico patrimonio forestal de sotos centenarios que todavía perviven en la zona oriental de Galicia. Recuerdan que el bosque de castaño es uno de los
hábitat declarado de Interés Comunitario en el marco de la directiva hábitat de la UE. De ahí que su pérdida debido a la extensión de la plaga de la avispilla supone una catástrofe ambiental. Remarcan asimismo que esta plaga tiene su impacto en el
resto de especies pues causa desplazamientos y desequilibrios.
Los productores de castaña demandaron al Ministerio que agilice los trabajos e investigaciones pendientes para contemplar la aprobación del Plan de Contingencia y para llevar a cabo el control riguroso de esta plaga en coordinación con las
CC.AA . y con el sector. Piden que se ponga en marcha un Programa de Control Biológico masivo, que verdaderamente es el único método conocido que resulta eficaz para el control de este insecto.
En este sentido reclaman la incentivación del método biológico, es decir, la lucha contra la plaga a través de la suelta de su parásito: el 'Torymus Sinensis'. Así, solicitan al Ministerio que permita el uso como agente de control
biológico del parásito 'Torymus sinensis', un parasitoide específico que se capaz de controlar la plaga, y que ha resultado muy eficaz en países como Italia, Francia o Portugal.
También demandan que el MAPAMA lleve a cabo una campaña divulgativa e informativa sobre la plaga destinada al sector productor.
En la reunión con el Ministerio los representantes de la castaña alertaron sobre los datos que apuntan a una generalización de la plaga en las principales zonas productores: Galicia y Andalucía. De momento, no parece afectar a Extremadura
o Castilla y León.
La avispilla es una especie invasora que procede de China. Se detectó su presencia en Europa en 2002, llegando al estado español en 2012. La avispilla se detectó por ver primera en Galicia en mayo de 2014, pero continúa extendiéndose. Los
datos oficiales indican que en mayo de 2014 había ocho puntos afectados en el territorio gallego. Teniendo en cuenta estas cifras, se prevé que en un periodo de cuatro años gran parte de las poblaciones de castañales de Galicia estén infectadas.
La avispilla se considera la plaga más importante de las principales especies de castaño existentes en todo el mundo. Provoca pérdidas de entre el 50 y el 100% de la producción de castañas y debilita las poblaciones y cultivos de esta
especie.
Apelamos al Ministerio para que tenga en cuenta las demandas del sector para que se pongan en marcha medidas inmediatas y de suficiente amplitud y calado que minimicen su rápida propagación. El retraso en la adopción de medidas es uno de
los enemigos más peligrosos. La paralización de esta piaga requiere de los esfuerzos de todas las administraciones, el MAPAMA por un lado, y también una rápida detección y declaración de zonas afectadas por parte de las CC.AA.
A fin de contribuir a concienciar sobre la importancia de que se adopten medidas de forma inmediata, presentarnos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al MAPAMA a:
Adoptar medidas con carácter urgente destinadas a frenar la extensión de la plaga de la avispilla en los bosques de castaña para evitar el impacto socio-económico en el sector productor de la castaña y evitar el fuerte impacto medioambiental
sobre hábitat de Interés Comunitario:
1. Agilizar los trabajos e investigaciones pendientes para que se contemple el Plan de Contingencia.
2. Poner en marcha un Programa de Control Biológico permitiendo el uso como agente de control biológico del parasitoide 'Torymus sinensis', único método que se ha demostrado eficaz para controlar la plaga en otros países como Francia,
Italia y Portugal.
3. Aprobar ayudas y subvenciones destinadas a los productores de castaña afectados por esta plaga.
4. Realizar un control rlguroso de esta plaga en constante coordinación con las CC.AA afectadas y con el sector de la castaña.
5. Llevar a cabo campañas divulgativas e informativas sobre la plaga destinadas al sector productor.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2017.-Alexandra Fernández Gómez, Diputada.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001833
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre las
notificaciones para el cierre cautelar de las pesquerías para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La Secretaría General de Pesca anunció el día 4 de abril el cierre provisional de la pesquería de caballa para artes distintas del arrastre y cerco de la provincia de Pontevedra. La apertura de la misma se había hecho a finales de marzo.
La efectividad de dicho cierre tiene que cumplirse a las 24 horas de su anuncio.
Unas 40 embarcaciones se vieron afectadas y tuvieron que regresar del Cantábrico tras pescar, en el mejor de los casos, únicamente cinco días.
La actividad pesquera como toda actividad empresarial precisa de cierta planificación que es imposible realizar con márgenes temporales tan escasos, es imprescindible que estas notificaciones de cierre precautorio se hagan con al menos 48
horas de antelación a su efectividad y antes de las 15 horas para que las federaciones de cofradías puedan dar traslado a los barcos afectados.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que la Secretaría General de Pesca haga las notificaciones precisas para el cierre cautelar de una pesquería con al menos 48 horas de antelación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2017.-Margarita Pérez Herráiz y Josefa Inmaculada González Bayo, Diputadas.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001849
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre el Proyecto de mota de defensa contra inundaciones en Albalat de la Ribera, integración paisajística y adecuación ambiental de la margen izquierda del río Júcar, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El municipio de Albalat de la Ribera, en la provincia de Valencia, está ubicado en la margen izquierda del río Júcar, en una zona donde se producen importantes desbordamientos que afectan, principalmente, a la parte sur de su casco urbano
que se encuentra más expuesto a este tipo de fenómenos.
La Confederación Hidrográfica del Júcar, con la colaboración de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de la Aguas del Ministerio de Medio Ambiente y el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas del Ministerio de
Fomento, elaboró el Plan Global frente a inundaciones en la Ribera del Júcar, que contempla actuaciones estructurales y no estructurales para prevenir inundaciones en la llanura de inundación del río, Plan que fue presentado en el año 2000 por la
CHJ.
En este contexto se realizó un estudio con el fin de analizar la posibilidad de inundación del municipio de Albalat de la Ribera y del mismo se concluye que es necesario realizar un nuevo tramo de mota de defensa que proteja la zona urbana y
disminuya el riesgo de inundación, especialmente de las manzanas de viviendas más amenazadas y al mismo tiempo se facilite la integración urbanística de la mota en el casco urbano. Esta actuación denominada 'Proyecto de mota de defensa contra
inundaciones en Albalat de la Ribera, integración paisajística y adecuación ambiental de la margen izquierda del río Júcar en el área de actuación TM de Albalat de la Ribera (Valencia)'; estaba previsto que fuera cofinanciado con Fondos FEDER
2007-2013.
Como indica el propio título, esta obra contemplaba, además, una serie de actuaciones de carácter medioambiental con las que se pretende restaurar el hábitat fluvial y su entorno que se encuentra muy deteriorado.
La CHJ autorizó en noviembre de 2011 la celebración del contrato para este proyecto de mota de defensa, aprobando para ello un gasto de 8.213.275,10 euros que se realizaría en tres anualidades (2012, 2013 y 2014.
El anuncio para la convocatoria de procedimiento abierto, se envió ese mismo mes al 'Diario Oficial de la Unión Europea', siendo publicado posteriormente en la Plataforma de Contratación del Estado y el 'BOE'. En marzo de 2012 la mesa de
contratación, tras realizar las sesiones preceptivas, da a conocer en acto público las empresas excluidas (30) y admitidas (22) en la fase de licitación. Sin embargo no se produce propuesta de adjudicación, alegando para ello razones
presupuestarias; cabe señalar que las empresas que lograron superar el umbral para acceder a la fase de valoración de la oferta económica, habían propuesto cantidades que se encontraban entre los 3.342.385,34 euros y los 4.941.885,87 euros.
Por parte de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar, con fecha 2 de agosto de 2012, se emite resolución en la que se renuncia a la celebración del contrato en base a la necesidad de recortar presupuesto debido a la crisis
económica y a reajustes presupuestarios que obligan a priorizar otros objetivos económicos y sociales, derivando, en última instancia, esta responsabilidad hacia la consecución de los objetivos de déficit de la Unión Europea, recogidos en el Pacto
de Estabilidad y Crecimiento que se estima, según esta resolución, razón suficiente de interés público.
En definitiva próximos a cumplirse 5 años de la citada resolución, la población de Albalat de la Ribera sigue expuesta al riesgo de inundaciones, situación que acreditan los propios informes de la CHJ y sin perspectivas de solucionar un
problema que afecta a la seguridad de los ciudadanos y sus bienes, así como a infraestructuras. De interés público es la protección de las personas. La Administración del Estado no debe permitir que esta situación de incertidumbre se prolongue,
máxime cuando en ese mismo periodo de tiempo se han efectuado inversiones en infraestructuras que no tenían el carácter prioritario y urgente que se da en este caso y que se contradicen con lo argumentado para renunciar a esta obra.
Por todo lo expuesto y dado que se trata de actuaciones preventivas, para evitar los daños y el impacto que dejaría a su paso este fenómeno natural, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que con carácter urgente se inicie el Proyecto de mota de defensa contra inundaciones en Albalat de la Ribera, integración paisajística y adecuación
ambiental de la margen izquierda del río Júcar en el área de actuación TM de Albalat de la Ribera (Valencia).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2017.-José Luis Ábalos Meco, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001852
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Grupo Parlamentario Mixto (Compromís) en el Congreso de los Diputados, a instancia de los Diputados don Juan Antonio López de Uralde Garmendia y don Enric
Bataller i Ruiz y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar la adopción de medidas urgentes y adicionales de
protección del medio ambiente frente al abandono de residuos, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La alteración y degradación que padece el territorio y el medio natural por el abandono de ciertos envases evidencia la imposible o dificultosa valorización o eliminación de los mismos, razón por la que se hace necesario impulsar medidas
específicas adicionales de protección que impliquen activamente a la ciudadanía y resulten más eficaces en la utilización de los recursos públicos, tomando como referencia los sistemas y modelos seguidos en otros países europeos, así como sus
resultados efectivos y positivos para el medio ambiente.
En efecto, en materia de abandono de residuos, especialmente de envases, existe un vacío legislativo. Debemos reconocer la limitación del actual sistema de gestión de residuos ante esta situación generalizada en todo el territorio del
Estado, e impulsar sistemas complementarios y alternativos resultado de políticas medioambientales que den respuesta a los problemas surgidos por la interacción entre la actividad económica y el medio físico.
El Gobierno debe integrar en sus políticas y actuaciones sobre el territorio y el medio natural, entre otros principios directores, la prevención de la generación de residuos, implantando el residuo cero como horizonte estratégico, y por
este orden, proceder a la reutilización, reciclado, valorización y eliminación de los mismos, aplicando el principio del contaminador-pagador en la gestión de los residuos y, en general, en todas las formas de contaminación con efectos sobre la
salud de las personas y la integridad de los ecosistemas.
Las Cortes Generales deben enderezar la política seguida por el Gobierno hasta el momento con el fin de que no se obstaculice ni se impida la adopción de aquellas medidas que, como el sistema de depósito y retorno de envases, han sido
reconocidas como efectivas en aquellos países donde se han implantado y sobre las que ya existen evidencias favorables.
En este sentido, el pasado mes de noviembre, la asociación Amigos de la Tierra y la Universidad Jaume I de Castellón presentaban los datos de un informe basado en 32 acciones de recogida de residuos realizadas en espacios urbanos,
semiurbanos y naturales de diez Comunidades Autónomas del Estado. Los resultados fueron concluyentes: las latas de bebidas, las botellas de vidrio y las botellas de plástico suponen más del 50% de todos los residuos abandonados tanto por volumen
como por peso.
El Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) es un sistema de gestión de residuos, envases en este caso, que asocia un valor a cada envase para que este sea retornado por el consumidor para su
reciclado. Es un sistema que funciona en paralelo a los Sistemas Integrados de Gestión (SiG), que continuarán existiendo. El SDDR funciona de la siguiente manera:
- Los productores (de embotelladoras, importadoras o distribuidoras) pagan el depósito al operador del sistema por cada envase que ponen en el mercado.
- Los comercios (hiper y supermercados, pequeñas y medianas tiendas, gasolineras, etc.) compran los productos, y sus envases, a los productores. Pagan el precio del producto más el depósito por cada envase. También cobran a los
consurnidores por el envase en el momento de la compra, y retornan su depósito impuesto cuando estos lo retornan.
- Los consumidores compran el productor envasado y pagan el depósito por cada envase al comercio. Cuando han consumido el producto, en el imoimento de devolver el envase vacío en cualquier comercio, se retorna íntegramente el depósito
pagado. Si el consumidor no retorna el envase, la cantidad queda en el circuito.
La mayor eficiencia del sistema ha sido declarada por los organismos y la propia jurisprudencia europea. Cabe destacar, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Gran Sala) de 14 de diciembre de 2004
(Asunto C-309/02, Comisión contra República Federal de Alemania) afirma que 'un sistema de depósito y retorno puede incrementar el porcentaje de envases retornados y, al mismo tiempo, dar lugar a una clasificación más selectiva de los residuos de
envases. Además, puede ayudar a impedir que se genere basura, pues da a los consumidores un incentivo para devolver los envases vacíos'.
Estos sistemas complementarios a los actuales vigentes son la opción más eficaz y proporcionada para luchar contra el abandono de envases en el medio ambiente y también para luchar contra el abandono de basura en el mar Mediterráneo
('littering' marino), que tiene también su cobertura en el artículo 9 del Anexo I de la Decisión IG.21/7 en la 18.ª Reunión de las Partes Contratantes del Convenio de Barcelona (3-6 diciembre de 2013, Turquía) del Plan Regional sobre la Gestión de
los Desechos Marinos en el Mediterráneo en el marco del artículo 15 del Protocolo de fuentes situadas en tierra ('Land Based Sources Protocol' , que prevé 'para el año 2017 explorar y aplicar en la medida de lo posible las medidas de prevención
relacionadas con: ... (f) Establecimiento de Sisternas de Depósito, Retorno y Reembolso para envases de bebidas priorizando cuando sea posible su reciclaje.'
Es por ello que debemos impulsar estas medidas complementarias a los actuales sistemas de forma urgente con el fin de prevenir el abandono de residuos de envases y favorecer y facilitar de forma efectiva la recuperación de los envases
utilizados para su reutilización y de los residuos para su reciclaje de alta calidad.
Esta circunstancia ya ha sido denunciada por distintos Grupos Parlamentarios en las Comunidades Autónomas: el propio Grupo Popular presentó al Parlamento de Canarias, con fecha el 11 de diciembre de 2012, una Proposición No de ley en la que
se instaba al Gobierno de Canarias para desarrollar actuaciones encaminadas a reducir los residuos, maximizar su recuperación y sensibilizar a la población y a los agentes comerciales y económicos, para contribuir a estos objetivos de prevención de
la contaminación, así como para impulsar el debate para plantear como medida general el sistema de retorno de envases. Transcribimos a continuación la Proposición no de Ley 8L/PNL-0165 del GP Popular, sobre gestión de residuos, publicada en el
'Boletín Oficial del Parlamento de Canarias' N.º 3, de 9 de enero, y que fuera aprobada por unanimidad de los Grupos Parlamentarios:
'Las políticas y normativas ambientales de la Unión Europea se basan en los principios de precaución y prevención, de acuerdo con los criterios de evitar el daño ambiental en origen. Se pretende que el responsable de poner en el mercado un
producto que acabará convertido en residuo se responsabilice del mismo (Responsabilidad Ampliada del Productor).
Por otra parte, el VI Programa de Acción Ambiental de la Unión Europea plantea como objetivo principal la disociación entre crecimiento y la producción de residuos, y menciona la prevención como principal elemento de la política de gestión
de residuos.
En España se consumen 51 millones de envases de bebidas de un solo uso cada día. Son 18.000 millones de envases al año de los que se recoge selectivamente un 35%. Diariamente se abandonan, incineran o entierran en vertederos 28 millones de
envases.
La gestión del resto de envases condenados al vertedero o la incineradora cuesta a las administraciones una media de 68 millones de euros. Y si a ello le sumamos otros 65 millones del valor de la materia prima -aluminio, metal, plástico,
vidrio, etc.-, resulta que al año derrochamos 133 millones de euros.
La investigación titulada Evaluación de costes de introducción de un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) en España, realizado por Eunomia, ha concluido en enero de este año y consta de 87 páginas. Sobre las principales
conclusiones del estudio se ha elaborado un escenario aplicado a la implantación de un Sistema de Retorno en España.
Lograr altas cotas de reciclado de envases solo se consigue con el SDDR, como se ha demostrado en todos los países donde se ha implantado. En 40 países o regiones, este sistema es una realidad que funciona con éxito y demuestra claramente
una gran mejora ambiental, económica y social.
En Europa, los índices de reciclado de envases oscilan entre el 88% de Dinamarca; el 88% de Suecia; el 94% de Noruega; el 95% de Finlandia y el 98,5% de Alemania. En estos cuatro países del norte de Europa es prácticamente imposible
tropezarse con un envase abandonado en los espacios públicos.
El Sistema de Retorno de envases tiene coste cero para las Administraciones Central y Regional, y comporta ahorros en la Municipal; se autofinancia desde el primer momento. Las ventajas ambientales y sociales incluyen creación de empleo
verde, disminución de CO2 y ahorro de recursos.
Los comercios verían compensada su colaboración con 535 millones de euros al año y la industria casi triplica lo recuperación de sus envases, del 35% al 90%, sin nuevos costes. Se trata de dar valor al residuo.
Este Sistema de Retorno facilita la gestión de residuos, de envases en este caso, que asocia un valor a cada envase para que este sea devuelto por el consumidor para su reciclaje. Es un sistema solo destinado a los envases de bebidas. Los
sistemas integrados de gestión que funcionan actualmente deberán seguir existiendo para multitud de envases que no están incluidos en el SDDR.
El sistema funciona de este modo, a grandes rasgos:
- Los productores (embotelladores, importadores o distribuidores) pagan el depósito al operador del sistema por cada envase que ponen en el mercado.
- Los comercios compran los productos y sus envases a los productores. Pagan el precio del producto más el depósito por cada envase. También cobran a los consumidores por el envase a la hora de la compra, y devuelven su importe cuando
estos lo devuelven.
- Los consumidores compran el producto envasado y pagan el depósito por cada envase al comercio. Cuando han consumido el producto, si entregan el envase vacío en cualquier comercio, se les devuelve íntegramente el depósito pagado. Si el
consumidor no quiere devolver el envase, la cantidad queda en el circuito y ayuda a financiar el sistema.
[...]
Las normas europeas, estatales y autonómicas en materia de residuos y residuos de envases van encaminadas a unos objetivos de reciclaje y reducción que no se han alcanzado, donde el principio de Responsabilidad Ampliada del Productor ha sido
primordial en la política europea y ha recibido el apoyo de la OCDE por su capacidad de internalizar los costes de las empresas y de librar a la sociedad de estos.
En base a lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a:
1. Afianzar el compromiso de las Islas en desarrollar actuaciones encaminadas a reducir los residuos, maximizar su recuperación y sensibilizar a lo población y a los agentes comerciales y económicos, para contribuir a estos objetivos de
prevención de la contaminación, evitar el agotamiento de recursos y luchar contra el cambio climático, potenciando una distribución y un consumo responsables.
2. Impulsar el debate para plantear como medida general el sistema de retorno de envases, promoviendo, al mismo tiempo, los envases reutilizables y aquellas medidas encaminadas a reducir los residuos.
3. Promover esta iniciativa entre las corporaciones locales de las Islas, el sector comercial y la ciudadanía, con el fin de dar a conocer los beneficios ambientales y . económicos de este sistema, y profundizar en el fomento y ayuda a la
implantación de empresas locales de tratamiento de residuos (...)'.
De igual modo y ante el incremento del abandono de residuos en el territorio de su Comunidad Autónoma, el Pleno de las Cortes Valencianas, en su sesión de 15 de septiembre de 2016, debatió y aprobó la propuesta de resolución sobre la
implantación de políticas en cumplimiento de la normativa europea, española y valenciana para la correcta gestión y tratamiento de residuos.
Además, a nivel municipal, el SDDR es compatible con todos los sistemas de gestión de residuos y supondrá el ahorro para los ayuntamientos en recogida, tratamiento y limpieza de latas y botellas de bebidas.
Con dicho sistema, la ciudadanía participa de manera activa y responsable en un sistema más transparente que hace que su esfuerzo sea muy eficaz. Además, no afecta directamente a los ciudadanos sino a los consumidores. Si no consume
bebidas envasadas no le afecta de ninguna manera, y no como ahora, que consuma o no, tiene que pagar por la recogida (selectiva o no) de los residuos. Además, el hecho de que los consumidores tengan que devolver los envases en el establecimiento,
aumenta la fidelidad del consumidor y la oportunidad de una nueva venta, probablemente con un mayor impacto en pequeño comercio que en supermercados. Por su parte las grandes cadenas de supermercados refuerzan la responsabilidad social empresarial
de la compañía hacia la sostenibilidad.
Volver a vender las bebidas con depósito, combinado con otras estrategias terminará con los daños económicos y ambientales que el abandono de estos residuos genera.
Por lo que esta técnica generará un impacto muy positivo en el aspecto de limpieza y orden. Así, la ciudadanía puede disfrutar de ciudades, pueblos y de un entorno natural (montañas, costas, playas) limpio y libre de latas y botellas. Se
calcula que con esta medida, se evitará que al menos 50 millones de botellas y latas queden abandonados cada día en el Estado Español.
Otra gran ventaja de este sistema es que la implantación del sistema genera miles de nuevos puestos de trabajo que se mantienen gracias a gestionar recursos con valor. Y también está en consonancia con la estrategia de la Comisión Europea
basada en la economía circular puesta en marcha en diciembre de 2015.
El informe del MAGRAMA (actual MAPAMA) de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, División de la Protección del Mar, 'Propuesta de programas de medidas y estudio ambiental estratégico de las Estrategias Marinas',
también se manifiesta sobre la viabilidad, posibilidad actual e idoneidad de la implantación de un SDDR en España.
El informe de PNUMA de Nairobi, indica también la viabilidad del sistema de depósito corno mecanismo de lucha contra el abandono de residuos plásticos.
Incluso recientemente, multinacionales como Coca-Cola, han manifestado que el sistema de depósito puede ser positivo para incrementar los porcentajes de reciclado y que procederá a diseñar un sistema de depósito para la región de Escocia, en
el Reino Unido.
Por todo ello, ante la necesidad de adoptar medidas urgentes y adicionales de protección del medio ambiente frente al abandono de residuos que sirvan para corregir la actual situación generalizada de abandono en todo el territorio del
Estado, presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Avanzar en la implantación de las políticas necesarias para cumplir con la normativa europea y española de residuos, que establece la jerarquía de la gestión y el tratamiento de estos: reducción, reutilización, reciclaje, otros usos y
eliminación (vertedero); que ayude a avanzar con la adopción de medidas para impulsar la transición hacia la economía circular, compromiso adoptado en diciembre de 2015 por la Comisión Europea.
2. Impulsar la puesta en marcha de sistemas complementarios al actual SIG -Como el sistema de depósito y devolución y retorno de envases (SDDR) que hoy está ya vigente en más de 40 países y regiones del mundo (entre ellos los más avanzados
económica, social y medioambientalmente)- que mejoren los muy limitados resultados que el actual modelo SIG presenta y que hagan posible realmente la reutilización y el reciclaje, al mismo tiempo que evitan la contaminación y la suciedad en nuestro
entorno, muy especialmente en el mar, donde los envases contaminan de manera grave e irreversible.
3. Poner en marcha todas las iniciativas posibles en materia de gestión y tratamiento de residuos que promuevan la economía circular, la disminución de la contaminación del territorio y de nuestras aguas, que conviertan los residuos en
recursos de tal forma que se disminuya el consumo de materias primera y se reduzca la emisión de gases efecto invernadero, al mismo tiempo que se crean y se promueven nuevas actividades económicas y nuevos empleos ligados al sector de la economía
verde.
4. Sensibilizar a la población y a los agentes comerciales y económicos, para contribuir a los objetivos de prevención de la contaminación, evitar el agotamiento de recursos y luchar contra el cambio climático, potenciando una distribución
y un consumo responsables.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2017.-Enric Bataller i Ruiz, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001855
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a iniciativa de los Diputados doña María Pita Cárdenes, don Alberto Rodríguez Rodríguez y doña Carmen Valido Pérez, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, relativa al Santuario Internacional de Cetáceos en
Canarias.
Exposición de motivos
En el espacio marino que rodea Lanzarote y Fuerteventura, en las islas Canarias, han sido identificadas más de un tercio de las especies de cetáceos conocidas, resultando ser el área más importante de toda la Unión Europea para ballenas y
delfines, y una de las más destacadas del planeta por su particular abundancia y diversidad.
Las peculiares características geomorfológicas del lecho marino y la oceanografía del área propician un hábitat favorable para numerosas especies de cetáceos, que hallan en estas aguas un lugar idóneo para desarrollar sus procesos vitales de
alimentación, reproducción, cría y migración. Al oriente de Lanzarote y Fuerteventura se han registrado hasta 30 especies diferentes, 11 de las cuales residen durante todo el año. Entre ellas, cabe destacar la presencia de valiosas poblaciones de
diversas especies de buceo profundo, como zifios, cachalotes y calderones, raras y poco conocidas globalmente, que en esta zona pueden ser avistadas con relativa facilidad, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares del Planeta.
Sin embargo, las amenazas para los cetáceos en Canarias no son nuevas, y ponen en riesgo su supervivencia y preservación futura en aguas del archipiélago. Entre las principales presiones humanas identificadas cabe destacar:
- Las colisiones con embarcaciones, siendo Canarias uno de los lugares del mundo con mayor registro de varamiento de cetáceos por este motivo (el 89% de las muertes de cachalotes varados en las islas en la última década se atribuye a esta
causa, si bien no es la única especie afectada; en los últimos años también se han registrado casos de muerte por colisión de cachalotes pigmeos, cachalotes enanos, zifios de Cuvier, zifios de Gervais y calderones tropicales).
- La contaminación acústica, que genera una degradación del hábitat y supone una fuente de molestia significativa para este tipo de fauna particularmente vulnerable al ruido submarino. En los casos más leves, la contaminación acústica puede
inducir fenómenos de evitación que provoquen una inevitable pérdida de biodiversidad; en otros más graves, puede generar cambios de comportamiento de fatales consecuencias para este tipo de fauna (separación de madres y crías, problemas para
comunicarse, para localizar sus presas, para huir de posibles depredadores...), lesiones de diferente grado o incluso la muerte en casos extremos de ruido intenso. El caso más dramático de la contaminación acústica en los cetáceos quedó de
manifiesto tras las necropsias efectuadas a los ejemplares de zifio varados en masa en 2002 en la costa de Fuerteventura, coincidiendo espacial y temporalmente con el ejercicio de maniobras militares navales donde se constató el uso de sonares de
alta potencia.
- La contaminación por plásticos y sustancias tóxicas como organoclorados, hidrocarburos y metales pesados, que provocan graves daños en los sistemas endocrino, inmunológico y reproductor de los cetáceos.
A fin de garantizar la conservación en buen estado de estos mamíferos marinos y de su hábitat, la ONG internacional WWF promueve la creación de un Santuario para los Cetáceos en aguas del oriente de Lanzarote y Fuerteventura, bajo la figura
de área marina protegida (AMP), con la financiad expresa de otorgar una protección efectiva a estos animales mundialmente amenazados, mediante una gestión eficaz del espacio donde concurren.
La petición de Santuario de Cetáceos se fundamenta en una propuesta científica de área de protección desarrollada en 2011 por la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario (SECAC), a instancias del propio Ministerio
de Medio Ambiente, y cuenta a la fecha con múltiples apoyos, tanto de la sociedad civil con más de 51.000 firmas, como de la comunidad científica, así como de relevantes instituciones de ámbito nacional y comunitario, entre ellas del Parlamento y
Gobierno de Canarias, de los Cabildos Insulares de Lanzarote y Fuerteventura, de una veintena de eurodiputados españoles pertenecientes a diversas fuerzas políticas, y de la mayoría de Grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Iniciar la tramitación para la declaración de un área marina protegida (AMP) con nomenclatura de Santuario Internacional de Cetáceos en aguas al oriente y sur de Lanzarote y Fuerteventura, y comunicar a la Comisión Europea la modificación
del área propuesta por España como LIC marino ESZZ15002, para que la zona a proteger abarque las coordenadas establecidas en la propuesta de WWF España para esta área.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2017.-María del Carmen Pita Cárdenes, Alberto Rodríguez Rodríguez y Carmen Valido Pérez, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/001781
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley en
relación al fomento de las donaciones de donantes vivos, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
España es líder indiscutido en cuanto a la donación de órganos. En el año 2016, nuestro país superó los records mundiales anteriores hasta alcanzar la cuota de 43,4 donantes por millón de habitantes, lo que se traduce en un total de 2018
donantes en todo el territorio y 4818 trasplantes realizados en este año. Por órganos, la distribución es 2.994 de riñón, 1.159 de hígado, 281 de corazón, 307 de pulmón, 73 de páncreas y 4 de intestino. Esta cifra de donantes y donaciones, han ido
aumentando progresivamente y sin pausa desde el siglo pasado. Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos queremos que este aumento siga durante los próximos años. Por ello, queremos dar más facilidades para que aquellos potenciales donantes, que son
trabajadores, no tengan reparos a la hora de ser solidarios con otros ciudadanos.
A este respecto, cabe destacar que todo proceso de donación supone un coste, en tiempo y dinero, pues existen periodos de recuperación tras determinadas donaciones, para los donantes. Generalmente las consecuencias de un trasplante para el
donante son limitadas, pero existen. Es algo que no podemos obviar. A día de hoy, o existe una regulación específica que otorgue la protección precisa a los trabajadores que donan un órgano o tejido a fin de garantizar sus derechos laborales.
Consideramos que es preciso acabar con esta inseguridad jurídica.
En relación a lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover las modificaciones legales necesarias para:
1. Garantizar que el proceso de donación de un órgano, los trabajadores donantes gozan de los permisos precisos, a fin de poder acudir a las pruebas diagnósticas, estudios de compatibilidad, así como los permisos de recuperación, cubiertos
económicamente, para la operación de extracción del mismo y el tiempo preciso de recuperación de la donación.
2. Evaluar la posibilidad de declarar nulos los despidos a una persona donante siempre que no sea por causas objetivas, y se realice por causas que se puedan achacar a consecuencias de la donación, en el año siguiente a este proceso.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2017.-Francisco Igea Arisqueta, Diputado.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001797
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de los Diputados de Compromís, don Joan Baldoví Roda y doña Marta Sorlí Fresquet, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente
Proposición no de Ley, para que el Gobierno modifique la legislación con la finalidad que en la etiqueta de los productos se indique la cantidad de azúcar añadido, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
El azúcar está presente en gran parte de los alimentos que ingerimos, especialmente entre los refrescos, golosinas, postres, lácteos y productos para el desayuno. Se habla mucho de los posibles efectos perjudiciales para la salud, postura
ante la cual existe casi un debate bipolar entre la industria (que minimiza sus efectos y argumenta que lo importante es el balance energético) y ciertos sectores de la sociedad que consideran al azúcar casi como una droga, algo adictivo que es el
principal culpable de la epidemia de obesidad y diabetes que estamos sufriendo en las últimas décadas.
Según la OMS, la prevalencia de obesidad se ha doblado en todo el mundo desde 1980. En la actualidad, más de 1900 millones de personas, entre las que se encuentran más de 42 millones de niños menores de cinco años tienen sobrepeso. Más de
un 15% de los adolescentes de Italia, Grecia, España y Portugal son obesos o tienen sobrepeso, y se estima que un 5.5% de todos los cánceres son atribuibles al sobrepeso y a la obesidad; los tipos de cáncer asociados con mayor fuerza son: esófago,
mama, recto, colon, riñón, páncreas y endometrio. En el Reino Unido, el porcentaje de personas con sobrepeso u obesas entre cuarenta y sesenta años ha crecido desde el 66.7 al 76.8 en hombres y desde el 54.8 al 63.4 en mujeres en el periodo
1991-2013. La OMS define que una persona tiene sobrepeso si tiene un índice de masas corporal (BMI) entre 25 y 29.99 kg/m2; es obeso si tiene 30 o más de BMI.
Además, el número de personas con diabetes ha aumentado de 108 millones en 1980 a 422 millones en 2014, y la prevalencia mundial de la diabetes en adultos (mayores de dieciocho años) ha subido del 4.7% en 1950 al 5.5% en 2014. Se prevé que
la diabetes se convierta en el año 2030 en la séptima causa mundial de muerte, y se calcula que las muertes por diabetes se incrementarán en más de un 50% en los próximos diez años. La diabetes de tipo 2 (utilización ineficaz de la insulina) es
mucho más frecuente que la de tipo 1 (el organismo no produce insulina); Representa aproximadamente un 90% de los casos mundiales de diabetes, aumentando sustancialmente en niños (OMS, 2016).
En España, el 13,8% de los españoles mayores de dieciocho años tiene diabetes tipo 2, lo que equivale a más de 5,3 millones de ciudadanos. A estos casos de diabetes tipo 2 (la más frecuente), hay que sumar los de la diabetes tipo 1
(insulinodependientes), con una incidencia de 1.100 nuevos casos cada año en España.
Tanto la obesidad como la diabetes tipo 2 tienen en la dieta una causa primordial, y específicamente en el consumo excesivo de este tipo de azúcares simples. Ante esta situación, parece evidente que estamos ante un problema grave de salud
pública cuyo uno de los focos está en esos azúcares añadidos en los alimentos.
En algunos países, como en Estados Unidos, ya se ha aprobado una nueva etiqueta de información nutricional que indica los azúcares añadidos, de modo que los consumidores pueden saber cuánto azúcar se le ha agregado al producto.
Por todo lo anteriormente expuesto, presentamos esta
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
La modificación de la legislación para que en el etiquetado de los productos se especifique la cantidad de azúcar añadido.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2017.-Marta Sorlí Fresquet, Diputada.-Joan Baldovi Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001805
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el articulo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la
actualización de la Estrategia Nacional de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La salud mental es, en términos generales, el estado de equilibrio entre la persona y su entorno socio-cultural, que garantiza su actividad laboral e intelectual plena. Así definida, es un componente esencial de la salud.
No obstante, las enfermedades mentales constituyen uno de los principales problemas que afectan a nuestro sistema sanitario.
250.000 personas padecen un trastorno mental grave en España. Una de cada dos personas requerirán a lo largo de su vida asistencia por algún tipo de enfermedad mental y en torno a 10 millones pueden verse afectados por cuadros de depresión
o ansiedad. Además existen una gran proporción de personas que sufren trastornos mentales más comunes, como la ansiedad y la depresión que, según la OMS, serán la causa principal de absentismo laboral para el año 2020.
El abordaje de los pacientes con este tipo de trastornos debe seguir un conjunto de actividades para su correcta atención que incluye: la detección, identificación y diagnóstico precoz de la persona que lo padece o está en riesgo de
evolucionar hacia el mismo; la evaluación clínica y funcional del paciente, su familia y su entorno más próximo; la elaboración de un plan individualizado de tratamiento; la aplicación de distintas intervenciones sanitarias y de otras
disciplinas, basadas en evidencias científicas, y un seguimiento periódico.
Es decir, que el abordaje de estas enfermedades debe realizarse por equipos multidisciplinares, que incluya profesionales sanitarios de atención primaria (médicos de familia y enfermería), equipos de salud mental (psicólogos, clínicos,
psiquiatras, enfermeros, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, auxiliares...) y profesionales sanitarios de atención hospitalaria. Todos ellos, en una acción coordinada y planificada.
Para enfrentarse a esta realidad, se elaboró la Estrategia Nacional de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud en 2006, que fue actualizada en 2009, que contemplaba las medidas necesarias para mejorar la atención a la salud mental en
España como objetivo estratégico del entonces Ministerio de Sanidad y Política Social.
No obstante, la evaluación de esta estrategia y la elaboración de una nueva, actualizada, que contemplara cuestiones tales corno la mejora de los sistemas de información, la autonomía y derechos de los pacientes o la participación de los
agentes e instituciones en su propio diseño, se vio truncada en abril de 2016, cuando el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud no aprobó la propuesta del Gobierno. Varias Comunidades Autónomas rechazaron su aprobación en tanto
consideraban que la propuesta no ofrecía un análisis real y completo de la situación, no identificaba las necesidades y no establecía estrategias de actuación y objetivos coherentes.
Es necesario enfrentar ya de forma decidido la evaluación y actualización de la Estrategia Nacional de Salud Mental del SNS para dar respuesta a un colectivo tan necesitado de ello como este.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Culminar la evaluación de la Estrategia Nacional del Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, en coordinación con las Comunidades Autónomas y con la participación de los profesionales y los representantes de los pacientes y sus
familiares, haciendo especial énfasis en la evaluación de la implantación de las medidas terapéuticas recomendadas, los planes de intervención individualizados y la atención integrada e integral a los pacientes de enfermedades mentales por equipos
multidisciplinares que incluya la atención familiar.
- Sobre la base de esa evaluación, adoptar para el período 2017-2022, una nueva Estrategia Nacional de Salud Mental para el Sistema Nacional de Salud, que esté en condiciones de ser aprobado por el Consejo Interterritorial del SNS, bajo
principios de universalidad, equidad, eficiencia, solidaridad e integración.
Esta nueva Estrategia ha de contemplar el enfoque multidimensional y la respuesta multiprofesional frente a las enfermedades mentales, una orientación asistencial comunitaria, con la debida continuidad de los cuidados, con la necesaria
atención y apoyo en el ámbito domiciliario, con prestaciones y servicios alternativos a la institucionalización y dando un papel imprescindible a las intervenciones psicológicas y
psicosociales y al trabajo de prevención, denunciando el empobrecimiento terapéutico y la respuesta farmacológica como principal instrumento.
Dicha Estrategia deberá dotarse de los recursos necesarias para hacerla realidad desde 2017 a 2022, contemplando las necesidades de recursos humanos, su adecuada capacitación, la participación de la sociedad y de los pacientes y la
investigación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de marzo 2017.-Jesús María Fernández Díaz, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001810
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Proposición no de Ley sobre el Informe del Panel de Alto Nivel de Acceso a Medicamentos de Naciones Unidas.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la obligación del Gobierno de informar a la misma, contenida en la letra e), se haría, en su caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a
trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tengo el honor de dirigirme a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el Informe del Panel de Alto Nivel de Acceso a Medicamentos de Naciones Unidas, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
En Europa, como en el resto del mundo, el precio de los nuevos medicamentos crece cada año, amenazando la sostenibilidad de los sistemas de salud y obstaculizando el acceso de los pacientes a los medicamentos que les curan. Fueron muy
conocidos durante 2014 y 2015 los altos precios de los fármacos contra el VHC y en los próximos años serán muy recurrentes los tratamientos contra el cáncer. Respecto a esta enfermedad, informes recientes de IMS Institute for Healthcare lnformatics
nos aportan datos sobre el mercado mundial de tratamientos oncológicos que ascendió en 2015 a 107.000 millones de dólares en todo el mundo y se espera que en 2020 las cifras alcancen los 150.000 millones de dólares. Otro dato relevante es que solo
entre 2014 y 2015 el crecimiento del mercado en este sector ha sido de un 11,5%. Además de acuerdo a las informaciones de las Sociedades Científicas especializadas, existen en el ámbito de los oncológicos cerca de 800 nuevos fármacos y vacunas en
estudio.
A esta realidad no son ajenos ni los países ni los diferentes organismos regionales y multilaterales que ya han puesto de manifiesto la necesidad de revisar el sistema actual de innovación biomédica, la falta de acceso universal a los
medicamentos debido a los altos precios y los sistemas de patentes que protegen los actuales monopolios. Naciones Unidas ha sido uno de ellos al que se han ido sumado el Parlamento Europeo y la propia OCDE.
En 2015, el Secretario General de Naciones Unidas en ese momento, Ban Ki-Moon convocó en noviembre de 2015, un Panel de Alto Nivel sobre Innovación y Acceso a Tecnologías de la Salud. El objetivo de este grupo de expertos ha sido revisar,
evaluar y proponer soluciones que permitan superar la incoherencia política actual entre los derechos justificables de los inventores, el derecho internacional de los derechos humanos, las normas comerciales y la salud pública en el contexto del
acceso a medicamentos y las tecnologías sanitarias.
Este ejercicio de revisión ha durado casi un año y ha estado dirigido por Ruth Dreifuss-Ex Presidenta de Suiza y Festus Mogae, ex presidente de Botswana, acompañados de expertos de diferentes sectores y personas de referencia procedentes de
la industria y de la sociedad civil. Tras una investigación amplia e inclusiva, en septiembre de 2016, el Grupo publicó su informe con un mensaje sencillo pero poderoso: nadie debe sufrir por no poder sufragar el coste de medicamentos,
diagnósticos, dispositivos médicos o vacunas.
En el informe se formulan recomendaciones a los Gobiernos, las organizaciones internacionales, la industria, la sociedad civil y otros interesados, y se aborda la relación entre la propiedad intelectual, el acceso a las tecnologías de la
salud, los incentivos para la investigación y el desarrollo y las oportunidades para fortalecer la gobernanza, la rendición de cuentas y la transparencia. El informe, además, es un importante recordatorio sobre la obligación no solamente de
respetar sino también de proteger y hacer efectivo el derecho a la salud. Algunas de las recomendaciones que emite el informe son:
- Los precios de los medicamentos incrementan a una velocidad imposible de asimilar por ningún Estado. Los precios anteponen -en muchas ocasiones- el beneficio industrial a la salud pública, imposibilitando la cohabitación de ambos. Unos
precios que han disparado el gasto farmacéutico y que las proyecciones apuntan a que en los próximos años será todavía mayor por la incorporación de nuevos medicamentos oncológicos;
- Respecto a la propiedad intelectual, el Panel destaca la necesidad de que los gobiernos adopten y apliquen una legislación nacional que facilite la expedición de licencias obligatorias cuando se convierta en una necesidad ciudadana y de
salud pública, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Declaración de Doha y los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Además, siguiendo el artículo 27 de este acuerdo sobre los ADPIC,
expone la necesidad de aplicar definiciones rigurosas de lo que es una invención y su patentabilidad, con el objetivo de limitar el 'evergreening' una práctica habitual de la industria farmacéutica con la que, a través de variaciones mínimas en la
formulación de medicamentos ya patentados, consiguen nuevas patentes que les permiten mantener el monopolio sobre éstos;
- Por otra parte, los Gobiernos deben pedir a los fabricantes y distribuidores de tecnologías de la salud total transparencia en todo el proceso de fijación de precios. Es decir, que se conozcan las cifras de los costes de l+D, de la
producción, de la comercialización y de la distribución del medicamento, incluyendo marketing y otras subcategorías;
- El panel recomienda además transparencia para cualquier financiación pública recibida por los fabricantes en el desarrollo del medicamento, incluidos los créditos fiscales, subsidios y subvenciones. Los gobiernos, deben requerir que el
conocimiento generado con inversión pública se comparta a través de modelos abiertos y colaborativos, y que las publicaciones fruto de dichas investigaciones se encuentren disponibles para ser cotejadas por terceros;
- El informe destaca la necesidad de una mayor financiación de la I+D en salud pública y de impulsar modelos alternativos de innovación, más eficaces que el actual;
- Los expertos recuerdan la necesidad de seguir el debate iniciado en el seno de la Organización Mundial de la Salud, con el objetivo de negociar acuerdos globales sobre la coordinación, la financiación y el desarrollo de nuevas tecnologías
en salud. Esto incluye las negociaciones sobre un acuerdo global de I+D vinculante y el impulso del conocido delinkage, desvinculando los costes de investigación de los precios finales de las medicinas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reconocer las recomendaciones realizadas por el Panel de Alto Nivel sobre Innovación y Acceso a Tecnologías de la Salud. Las recomendaciones deben ser una guía para revertir el contexto
actual que claramente pone en riesgo el Sistema Nacional de Salud.
Para lograrlo el Gobierno:
a) Trabajará las recomendaciones emitidas por el informe en materia de propiedad intelectual; inversión en tecnologías sanitarias; el modelo de innovación en si mismo y la necesidad de revisarlo; la transparencia en el proceso de
investigación, ensayos clínicos, distribución y comercialización; impulsar modelos abiertos y compartir el conocimiento en todos aquellos proyectos de I+D biomédica con financiación púbica.
b) Incorporará dichas recomendaciones en la agenda política y en las diferentes políticas públicas a las que afecten;
c) Hará público el apoyo de España a este informe en las instituciones supranacionales en las que se debata este tema.
d) Dará traslado de las recomendaciones asumidas a todos los Ministerios implicados y competentes;
e) Informará a esta Comisión de los avances de dicho proceso en un plazo no superior a dos años.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2017.-Marta Sibina Camps, Diputada.-Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001838
A la Mesa de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Íñigo Alli Martínez y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputados de Unión del Pueblo Navarro/UPN, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para el desarrollo Reglamentario de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
Son más de cuatro millones, las personas que dedican parte de su tiempo en darlo a los demás a través del voluntariado en España, y no menos de 3.000 las organizaciones que perteneciendo a distintos ámbitos (social, cultural, deportivo,
medioambiental, sanitario, educativo...) coordinan, impulsan y forman a los voluntarios.
En octubre de 2015, el Gobierno de España lideró, junto a la Plataforma del Voluntariado Estatal, la aprobación de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. La misma, como establece su artículo primero, tiene por objeto esencial
promover y facilitar la participación solidaria de la ciudadanía en actuaciones de voluntariado (a), fijar los requisitos que deben reunir los voluntarios y el régimen jurídico de sus relaciones (b), describir la cooperación que en el ámbito de sus
respectivas competencias, pueden llevar a cabo las Administraciones públicas (c) y determinar las funciones de la Administración General del Estado en el ámbito de sus competencias (d).
La citada ley prevé su propio desarrollo mediante la habilitación al poder ejecutivo para aprobar las normas reglamentarias pertinentes. En concreto:
- la Disposición final sexta de la Ley 45/2015, dispone:
'Se autoriza al Gobierno para que en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley apruebe su Reglamento de ejecución.'
- la Disposición adicional segunda de la Ley 45/2015 de Voluntariado establece:
1. 'Reglamentariamente se regulará una Comisión Interministerial de Voluntariado cuya función será coordinar la actuación de los Departamentos ministeriales con competencia sobre el voluntariado de acuerdo con lo establecido en la presente
Ley.
2. Reglamentariamente se regulará un Observatorio Estatal del Voluntariado como órgano colegiado de participación de las comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la Federación Española de Municipios y Provincias y
las Federaciones, Confederaciones y Uniones de Entidades de Voluntariado.'
Sin embargo, transcurrido un año y medio desde la entrada en vigor de la Ley 45/2015, no se ha producido el desarrollo normativo previsto. Cierto es que los trabajos para su redacción están en marcha, siendo esencial que en los mismos
puedan participar las entidades de voluntariado aglutinadas en torno a la Plataforma del Voluntariado de España.
Al respecto, como la propia Ley recoge, el voluntariado como fenómeno de participación ciudadana tiene vinculación con diversos ámbitos: medio ambiente, social, sociosanitario, educación, deporte... Se hace necesario, por tanto, tener un
espacio de trabajo compartido donde hablar de los aspectos comunes a todo tipo de voluntariado y en donde se puedan definir criterios sobre la gestión del voluntariado que y puedan -y deban- tenerse en cuenta en todo lo que se refiere a desarrollo
de políticas públicas.
Es en el seno de la Comisión Interministerial donde podrán plantearse y discutirse todas las cuestiones que surjan al respecto e incluso temas que deben ser objeto de desarrollo reglamentario también, como la estadística sobre voluntariado,
el plan de reconocimiento del voluntariado o el plan de formación del voluntariado, entre otros.
Asimismo, de vital importancia resulta la regulación del Observatorio Estatal del Voluntariado. Dicho órgano permitirá la coordinación y puesta en común de los criterios de investigación e innovación del voluntariado que se plantearán con
identidad de criterio en todas las comunidades autónomas, en colaboración con las distintas Administraciones públicas y la participación de las plataformas de voluntariado.
Además, en la medida en que el voluntariado es un fenómeno de participación social de interés general para toda nuestra sociedad, y especialmente para las administraciones públicas y el tercer sector, resultaría muy valiosa la implicación
del Instituto Nacional de Estadística.
Tampoco podemos olvidar que el voluntariado es una escuela de aprendizaje no formal. A través de la acción voluntaria, las personas adquieren una serie de competencias que tienen efecto sobre diversos aspectos de la vida, si bien parece
conveniente que puedan desarrollarse mecanismos que, de forma objetiva, permitan medir y certificar las competencias adquiridas por todo voluntario. Las capacidades para trabajar en equipo, para la comunicación interpersonal, etc. son de vital
importancia a la hora de encontrar un puesto de trabajo.
El avanzar en la formación de las personas voluntarias nos ayuda a conseguir los objetivos y la misión de las organizaciones del tercer sector. Es importante establecer criterios conjuntos y estandarizados de formación para afianzar y
mejorar la calidad en la intervención y el trabajo de las personas voluntarias. En este sentido, todas las entidades de voluntariado deben guiarse por estándares estatales acordes con los establecidos para la formación no formal en España, para sí
poder darle valor al impacto que el voluntariado tiene en la persona que lo realiza.
A la vista de todo ello, a través de la presente
Proposición no de Ley
'La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales insta al Gobierno de España a:
1. Aprobar el Reglamento de ejecución de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, que la misma prevé en su disposición final sexta, antes del 30 de junio del presente año.
2. Aprobar la regulación reglamentaria correspondiente para la puesta en marcha de la Comisión Interministerial de Voluntariado y el Observatorio Estatal del Voluntariado a los que se refiere la citada ley en su disposición adicional
segunda.
3. Regular y desarrollar, en el ámbito de sus competencias, en coordinación con las Comunidades autónomas y en colaboración con los agentes vinculados con el voluntariado en España, el desarrollo de planes formativos para la correcta
aplicación de la acción de voluntariado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2017.-Íñigo Jesús Alli Martínez y Carlos Casimiro Salvador Armendáriz Diputados.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001843
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para
plantear la financiación concreta para la Atención Primaria de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La reforma de la Atención Primaria se inició en nuestro país con el Real Decreto 137/1984 de 11 de enero, de Estructuras Básicas de Salud, en él se definió y sentó las bases del modelo de Atención Primaria que nuestra población necesitaba.
En este real decreto se definían las zonas de salud, los centros de salud, los equipos de atención primaria y las funciones de estos. Siendo el objetivo una atención integral de la salud, procurando altos niveles de calidad, debidamente evaluados y
controlados, siendo la extensión de los servicios a toda la población (artículo 46 de la Ley General de Sanidad 14/1986, de 25 abril).
Durante estos años hubo importantes avances en nuestra sanidad, más recursos, del porcentaje del 5,9% del PIB en 1982, se pasó al 7,6% del PIB en 1995. Aunque fue desigual el ritmo de implantación, el nuevo modelo de Atención Primaria se
consolido, Se fue evolucionando hacia una atención más integral y más accesible y mucho más resolutiva. Se pasó de unos niveles de satisfacción de la población en 1985 por debajo del 50% al 80% en el año 1995.
En el año 2007, el Ministerio de Sanidad y Consumo publica un documento, se denomina 'Marco estratégico para la mejora de la Atención Primaria en España, Proyecto AP 21', para responder a distintas necesidades, este documento fue realizado
por numerosos expertos y asociaciones de pacientes. En él se reconoce que aunque la Atención Primaria en España era una de las mejores del mundo, había que hacer una valoración de la situación actual de aquella época y dar respuestas a nuevos
retos, como el incremento de las enfermedades crónicas, el aumento en las cargas de trabajo de los profesionales como las burocráticas, la necesidad de mejorar la coordinación asistencial y otras variables, como el inicio del consumo sanitario.
Este documento contemplaba crear un marco estratégico útil para orientar las actuaciones que pudieran mejorar la Atención Primaria de salud, en el periodo 2007-2012. A esto se unió que en la II Conferencia de Presidentes, de Septiembre de 2005,
incluyó entre sus acuerdos la necesidad de 'aumentar los recursos y la capacidad de resolución de la Atención Primaria'.
Y al llegar la crisis económica, la Atención Primaria que es la estructura que más podía contribuir a la racionalización de los recursos ,fue relegada, como consecuencia de la debilidad del apoyo institucional, el expansionismo hospitalario,
en parte por la fascinación de las nuevas tecnologías, las funciones de educación sanitaria ,prevención, atención integral, rehabilitación han ido poco a poco deteriorándose por la disminución de recursos adecuados como , déficit en sustituciones,
contratos precarios, alta temporalidad, esto impide de forma importante la longitudinalidad y continuidad en la atención sanitaria, menos educación sanitaria, mayor consumo sanitario, igualmente la dificultad de acceso a pruebas complementarias hace
menos resolutiva la Atención primaria , y a esto hay que unirle la deficiente gestión de recursos públicos , gracias a la politización de cargos de gestión, hasta los niveles más profesionales convertidos en cargos de confianza, disminuyendo la
calidad de la atención sanitaria.
Por todo ello, se propone la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Que se pongan en marcha las medidas necesarias para que se configure correctamente la Atención Primaria como eje del Sistema Sanitario.
- Que se garantice que la Atención Primaria tenga una financiación concreta dentro de los presupuestos del Área de Salud correspondiente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2017.-Amparo Botejara Sanz, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001845
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la epilepsia, para su
debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La epilepsia es un trastorno derivado del funcionamiento anormal de un grupo de neuronas (células nerviosas) que se produce de forma esporádica en una zona concreta del cerebro. Se manifiesta en forma de crisis recurrentes que pueden ser
convulsivas o no, como en el caso de las 'ausencias epilépticas'. Se trata de una enfermedad crónica que puede controlarse en un alto porcentaje de casos, siempre y cuando esté bien diagnosticada y reciba el tratamiento adecuado.
En España hay alrededor de 700.000 personas que han padecido epilepsia a lo largo de su vida y 200.000 personas que tienen epilepsia activa, según la Federación Española de Epilepsia (FEDE).
Estudios recientes en países de ingresos medios y bajos han revelado que hasta un 70% de los niños y adultos diagnosticados de epilepsia pueden tratarse con éxito (es decir, tener sus convulsiones completamente controladas) con fármacos
anticonvulsionantes.
Sin embargo, las personas que tienen epilepsia sufren algunos casos de discriminación y estigmatización social. La estigmatización de la enfermedad puede hacer que los afectados no busquen tratamiento para evitar que se los identifique con
la enfermedad.
La OMS reconoce que la epilepsia es un importante problema de salud pública. En 1997 la OMS, junto a la Liga internacional contra la Epilepsia y la Oficina Internacional para la Epilepsia, llevaron a cabo una campaña mundial con el lema
'salir de la sombra', cuyo objetivo era proporcionar mejor información y mayor sensibilización sobre la epilepsia, y reforzar los esfuerzos públicos y privados por mejorar la atención y reducir el impacto de la enfermedad.
En este sentido, se hace necesario conseguir una mayor sensibilización social sobre la epilepsia en nuestro país, a través de campañas y actuaciones formativas para evitar que se produzca un estigma social hacia las personas con epilepsia.
También es fundamental la educación en salud desde edades tempranas y establecer programas de formación para los profesionales del ámbito educativo.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Impulsar campañas de sensibilización e información sobre la epilepsia, con la participación de asociaciones representativas, con el fin de mejorar su atención y erradicar su estigma social.
- Promover, en el seno de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud, programas de formación específicos sobre la epilepsia para profesionales que trabajan en el ámbito sanitario.
- Impulsar, en el ámbito de la educación en salud, un mayor conocimiento de esta enfermedad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001853
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Manuel Villegas Pérez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de
Ley relativa a la regulación de la especialidad en Psiquiatría del Niño y del Adolescente, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
España es uno de los tres países de la Unión Europea, junto a Estonia y Rumanía, que todavía no posee la especialidad de Psiquiatría del Niño y del Adolescente. Una especialidad que está ampliamente implantada y desarrollada en los países
de nuestro entorno y no será porque desde la Administración General del Estado se lleva tiempo trabajando para ello. Sin embargo, los adelantos electorales y los fallos formales a la hora de aprobar normativa al respecto ha supuesto que tras años
de negociaciones con las asociaciones profesionales, todavía no exista regulación al respecto.
En 2009, el entonces Ministro de Sanidad, el socialista Bernat Soria, anuncia la creación de la especialidad de Psiquiatría del Niño y del Adolescente. Para ello, se creó una Comisión Promotora a finales de 2010 que terminará sus trabajos
en 2011, pero que, dado el adelanto electoral, quedan pospuestos hasta que exista nuevo ejecutivo.
Durante la X Legislatura, el Gobierno comienza de nuevo los trabajos para aprobar esta especialidad. Para ello, en el año 2014 se publica el Real Decreto 639/2014, de 25 de julio, por el que se regula la troncalidad, la reespecialización
troncal y las áreas de capacitación específica, se establecen las normas aplicables a las pruebas anuales de acceso a plazas de formación y otros aspectos del sistema de formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud y se crean y
modifican determinados títulos de especialista, que en su artículo 39 creaba la especialidad de Psiquiatría del Niño y del Adolescente, incluyéndola en la relación de especialidades por el sistema de residencia.
Sin embargo, este Real Decreto sería declarado nulo por el Tribunal Supremo en diciembre de 2016 por fallos formales. El alto tribunal señaló que la norma era nula por ser 'palmariamente insuficiente' la Memoria del Análisis de Impacto
Normativo en cuanto al impacto económico y presupuestario de la reforma.
El 23 de diciembre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad publicaba una nota de prensa en la que indicaba que acataba la sentencia del Tribunal Supremo, pero que in embargo, seguiría trabajando para la implantación de estas
troncalidades. Para ello, el Ministerio señaló que 'en el próximo Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el Ministerio buscará el consenso con las Comunidades Autónomas para poner en común las bases de una nueva Memoria
de Análisis e Impacto Normativo. El objetivo final es tramitar un nuevo proyecto de Real Decreto de Formación Sanitaria Especializada bajo criterio de Troncalidad'. Un consenso, que tras cuatro meses de dicha nota de prensa, todavía desconocemos
si existe.
Esta especialidad es importante en tanto en cuanto abarca patologías complejas que sufren nuestro menores, niños y adolescentes: adicciones, exclusión social, casos de abusos y violencia ejercida sobre los menores, trastornos
alimentarios,... Es preciso que la Administración forme los mejores profesionales posibles a fin de poder atender de manera correcta a los ciudadanos más vulnerables.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar la especialidad de Psiquiatría del Niño y del Adolescente en el menor plazo posible, acompañándolo de todos los requisitos formales imprescindibles para evitar su impugnación
posterior.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2017.-Francisco Igea Arisqueta, Diputado.-José Manuel Villegas Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001854
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la coerción en los
servicios de salud mental, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La atención en el ámbito de la salud mental debería ser uno de los marcadores más importantes del desempeño de un sistema sanitario y, en general, de las políticas públicas de un Estado. La reforma psiquiátrica y el posterior impulso a la
Salud Mental Comunitaria pretendieron acabar con prácticas institucionales contrarias a los derechos humanos, poniendo los derechos y la dignidad de las personas diagnosticadas de trastorno mental en el centro de la planificación de las estructuras
organizativas en el ámbito de la salud mental.
Sin embargo, el papel marginal a nivel presupuestario y de relevancia política que la Salud Mental ha ocupado y ocupa en los programas de salud de los diferentes servicios de salud ha hecho que tengamos presupuestos escasos, equipos de
profesionales deficitarios y una red de atención fragmentada.
Esta situación de fragmentación de la asistencia e insuficiencia de medios ha favorecido que se haya continuado con el uso de medidas de control y coerción, aspecto especialmente flagrante si hablamos del uso de sujeciones y contenciones
mecánicas.
Recientemente hemos tenido noticia de un caso acaecido en la Unidade de Hospitalización Psiquiátrica (UHP) do Complexo Hospitalario da Coruña, habiéndose interpuesto una denuncia tras el fallecimiento de un paciente que estaba en situación
de contención mecánica.
El abordaje de las técnicas de coerción tiene que tener en su erradicación un objetivo a lograr, dado que suponen un sufrimiento psíquico traumático y pueden llegar a constituir una forma de violencia, que además puede debilitar y romper los
vínculos terapéuticos previamente establecidos, comprometiendo los procesos de recuperación.
Si bien el discurso por la erradicación de las técnicas de coerción ha de estar basado en el respecto a los derechos humanos, el abordaje práctico para su erradicación ha de partir de una realidad en la que es preciso no solo dotar de
recursos suficientes para la práctica libre de técnicas de coerción, sino que además se ha de conjugar con un cambio organizativo y cultural en la práctica de la atención en el ámbito de la salud mental.
Existen experiencias en diversos lugares acerca de cómo reducir hasta eliminar la utilización de técnicas de contención mecánica en la práctica de la psiquiatría. Un buen ejemplo es el realizado en el cantón suizo de Ticino, donde a partir
de los principios de: I) apoyo de las políticas públicas para disminuir las contenciones, II) incremento de las ratios de profesionales por paciente, III) reestructuración de los equipos de salud mental existentes, IV) educación y entrenamiento de
los profesionales y V) utilización de experiencias piloto, se logró eliminar por completo entre 2010 y 2015 las contenciones mecánicas, obteniéndose, asi mismo, una mejora en otros parámetros relacionados con la práctica clínica, la seguridad de
los/as usuarios/as o la seguridad de los/as trabajadores/as.
La actuación desde las políticas públicas para poner fin a las contenciones mecánicas como técnica de coerción es un tema de total vigencia en la escena político-sanitaria actual, existiendo un marco de abordaje anterior, como es la
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que debería ser de obligado cumplimiento, y desarrollándose en la actualidad en documentos formativos como el de la Organización Mundial de la Salud 'WHO QualityRights guidance and
training tools' que dentro de su apartado 'Core mental health and human rigths modules' dedica un capítulo completo a estrategias para terminar con las prácticas de contención y coerción en el ámbito de la atención.
Por todo lo aquí expuesto, y en la línea de adecuar los sistemas públicos de salud mental a la linea marcada por documentos como el 'Manifiesto de Cartagena por unos servicios de salud tal respetuosos con los derechos humanos y libres de
coerción'.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Llevar a cabo un estudio en coordinación con las Comunidades Autónomas para conocer el estado de las técnicas de coerción (especialmente las técnicas de contención mecánica) en aquellos centros en los que se realicen.
2. Establecer una estrategia a nivel estatal de modo que, de forma coordinada con las Comunidades Autónomas y en el pleno respeto a sus competencias, se establezcan las medidas oportunas para:
a) Establecer registros de uso de sujeciones o contenciones y se planteen medidas a diferentes niveles para poder evitar su uso en el futuro.
b) Asesorar a los niveles competentes administrativos para realizar rediseños de los espacios de hospitalización y de la organización de los/as profesionales de modo que se configuren para actuar como facilitadores en los procesos de
recuperación y que favorezcan las medidas de desescalada.
c) Hacer un análisis del número y la composición de las plantillas de profesionales necesarias para poder llevar a cabo una práctica clínica libre de técnicas de contención.
d) Elaborar un mapeo de prácticas ya realizadas a nivel internacional para la consecución de los objetivos de dicha estrategia, para favorecer la utilización de medidas que ya se hayan probado efectivas.
e) Desarrollar un programa formativo de difusión estatal que incida en prácticas de relación terapéutica centradas en la persona, así como en la difusión de las medidas tomadas en esta Estrategia.
f) Incluir a los/as usuarios/as en el diseño de dicha estrategia, estableciendo cauces reales de participación y control.
3. Establecer un procedimiento de evaluación de las medidas tomadas.
4. El abordaje centrado en los centros donde se atiende a pacientes diagnosticados de enfermedad mental debería complementarse con un abordaje específico a otros centros donde se utiliza la contención mecánica como estrategia de coerción,
como son los centros de personas mayores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2017.-Marta Sibina Camps, Diputada.-Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/001786
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el articulo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a incluir actuaciones
especificas en el V Plan Director de la Cooperación Española para promover el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra y potenciar la seguridad alimentaria, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (A/RES/70/1), el 25 de septiembre de 2015, contempla entre sus objetivos 'Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición, y promover la agricultura sostenible' (Objetivo 2), destacando que el sector alimentario y el sector agrícola ofrecen soluciones claves para el desarrollo, y son vitales para la eliminación del hambre y la
pobreza.
Las mujeres juegan, sin duda alguna, un papel primordial en la producción de alimentos y la seguridad alimentaria de la población mundial, que se estima que en 2050 alcance los 9.600 millones de personas. Las limitaciones en el acceso a los
recursos agrícolas, al agua, a la propiedad de la tierra y a las infraestructuras necesarias ponen en peligro las estrategias para lograr una seguridad alimentaria sostenible.
Estas limitaciones afectan sobre todo a las mujeres que, a pesar de representar el 52% de la población mundial y ser quienes producen alrededor del 70% de los alimentos en el mundo según datos de la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO), solo poseen el 1% de la tierra y controlan menos de una cuarta parte de las tierras en los países en desarrollo. Todavía hoy, en más de 90 países, las leyes relativas a la propiedad de las tierras discriminan
a las mujeres, lo que supone un
perjuicio para la producción de alimentos y mayores dificultades para salir de la pobreza, ya que al no tener derechos sobre las tierras que trabajan, las mujeres invierten menos para mejorar los terrenos y los cultivos.
La FAO señala asimismo, que 500 millones de pequeñas granjas en el mundo proporcionan el 80% de los alimentos que se consumen en la mayor parte de los países en desarrollo, y que si las mujeres agricultoras tuvieran el mismo acceso a la
tierra y a los recursos que los hombres se podría incrementar la producción agrícola y reducir entre 100 y 150 millones el número de personas hambrientas en el mundo (El estado mundial de la agricultura y la alimentación [SOFA 2010-11)].
Es preciso, por tanto, que desde el ámbito de la cooperación internacional y conforme queda recogido en el citado objetivo de la Agenda 2030, centremos nuestros esfuerzos en 'duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los
productores de alimentos, en particular las mujeres...mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras.. ' así como a otros recursos de mejora de los cultivos y la producción, optimizando las infraestructuras rurales, la investigación agrícola
y el desarrollo tecnológico con el fin de incrementar la seguridad alimentaria en el mundo.
En este sentido, ya el IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016 reconoce la necesidad de promover los sistemas de producción a pequeña escala sostenibles, equitativos y resilientes, dando prioridad a las mujeres a la hora de
acceder a los recursos agrarios, a las tierras, créditos y tecnologías.
Asimismo, y en coherencia con los compromisos de la Agenda 2030, la reciente Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de junio de 2016, sobre la Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición (2015/2277 (INI), considera que la AOD
debe centrarse en el apoyo directo a la agricultura a pequeña escala, por lo que insta a los Gobiernos a que eliminen todas las formas de discriminación contra las mujeres en lo relativo al acceso a la tierra y a que las involucren realmente en las
políticas de desarrollo agrícolas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover en el marco del próximo Plan Director de la Cooperación Española acciones específicas dirigidas a fomentar el acceso de las mujeres a la propiedad de las tierras así como al resto de
recursos y mejoras que permitan garantizar la seguridad alimentaria en el mundo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001844
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de la cooperación
internacional con la República de Cuba en materia de formación para el empleo, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
La República de Cuba se encuentra hoy en un proceso de apertura que no es ajeno al Acuerdo firmado el pasado 12 de diciembre en Bruselas con la Unión Europea, 'Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la UE y Cuba' (ADPC).
Este Acuerdo proporciona a la Unión Europea un instrumento para apoyar mejor el proceso de transición y modernización de la economía y sociedad cubanas, constituyendo una oportunidad para fomentar el desarrollo sostenible, fortalecer la
democracia, la justicia social y el respeto a los derechos humanos.
Para la República de Cuba este Acuerdo debe contribuir, con la ayuda de Europa, al progreso y mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos cubanos.
Es evidente, que en este escenario al amparo del acuerdo firmado con la Unión Europea, el interés en la reactivación del modelo económico cubano, la capacitación de la mano de obra y el incremento de la transparencia del mercado de trabajo
en aquella República, son de gran importancia como factores decisivos en la generación del Producto Interior Bruto de Cuba y por tanto como elemento capital en su sistema económico.
El Programa 143A 'Cooperación para el Desarrollo' de los Presupuestos Generales del Estado, en el que se enmarcan las distintas acciones que desde el Gobierno Central se impulsan en la política española de cooperación internacional para el
desarrollo, cuya última finalidad es la promoción del desarrollo y la erradicación de la pobreza, contempla que al amparo de la Ley 28/2006, de 18 de julio, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) tiene entre sus
misiones el fomento, gestión y ejecución de políticas para la consecución del desarrollo humano sostenible.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados entiende necesario que, en el ámbito de la política de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Gobierno impulse acciones que contribuyan a fomentar una mejora de la capacitación de la mano de obra de
Cuba en aras a una mayor productividad, que permita contribuir de forma positiva a un mejor funcionamiento del mercado de trabajo y al desarrollo económico de la isla.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cultura
161/001798
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado de Compromís, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la
inversión en la conservación y rehabilitación del Castillo de Sagunto, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El Castillo de Sagunto, que es una fortaleza de incalculable valor y belleza, fue declarado Monumento Nacional en 1931 y también es un Bien de Interés Cultural. La pasada semana tuvimos constancia que el Ayuntamiento de Sagunto había
remitido una carta al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la que solicitaba actuaciones urgentes sobre el castillo, dada la situación de deterioro de varias de sus partes.
Entre las actuaciones más urgentes destaca la de la Puerta de Almenara, que ha perdido el material de la clave de su bóveda y, por tanto, está desapareciendo el sistema que asegura su estabilidad. La gravedad de esta situación ha obligado a
cortar el acceso por la puerta a la Plaza de Almenara para evitar posibles accidentes a los visitantes. En segundo lugar, la generalizada falta de protección frente a las caídas en algún punto se asocia con desprendimientos de muralla y de
paramentos, como en el paso norte de la Torre de la Ciutadella; y, en tercer lugar, hay caminos y recientos cerrados por la peligrosidad de los mismos. Entre ellos destaca la zona de prisiones, o el camino entre Ciudadela y Plaza de San Fernando.
Además, hay muros que presentan peligro de caída y, por tanto, riesgo de pérdida del monumento: tapial junto al Antiquarium epigráfico, esquina de paso hacia Plaza 2 de mayo y almenas de la muralla norte del recinto 2 de mayo.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Realizar actuaciones urgentes sobre el Castillo, dada la situación de deterioro del mismo en varias partes.
- Que cumpla con la obligación legal de cualquier titular de conservarlo y mantenerlo en estado adecuado para su visita, así como de custodiarlo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de marzo de 2017.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/001817
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Joan Olòriz Serra, y del Diputado Xavier Eritja Ciuró al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para el reconocimiento del pueblo gitano para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El pueblo gitano es un pueblo establecido a lo largo del mundo desde que su población emprendió una larga emigración como consecuencia de las invasiones que padeció su territorio. Después de emigrar, primero desde Extremo Oriente y
posteriormente desde Próximo Oriente, llegan a Europa en el siglo XIV, donde al poco de su llegada comienzan a padecer actitudes de rechazo que tendrán su transposición en la legislación y en la práctica política.
Aunque es difícil de determinar por su carácter nómada, la población del pueblo gitano ronda los doce millones de personas en el mundo, diez de ellos en Europa y la mayoría de éstos -unos ocho- en la Europa del Este. En este sentido hay que
señalar que padecieron la persecución y el genocidio de los nazis, que exterminaron a más de medio millón.
La presencia de los gitanos en la Península Ibérica data del siglo XV. A pesar de que en un principio fueron bien acogidos y disfrutaron de protección, los Reyes Católicos (1499) ordenaron que fueran expulsados si no tomaban domicilio fijo
y servían a los amos de la tierra. Las normativas fueron restringiendo sus derechos: prohibieron su lengua y manera de vestir, les obligaron a dedicarse a la labranza y decretaron la pena de muerte para los que no se asimilaran al resto de la
ciudadanía. No será hasta el reinado de Carlos III, en 1783, cuando se les reconoce la libertad de oficio y domicilio, aunque se les continúa demandando abandonar la vida errante, vestir según los usos del territorio en que están y utilizar su
lengua solo entre ellos.
El reconocimiento de sus derechos individuales, equiparados al resto de la ciudadanía y para los nacidos en el Estado, no serían reconocidos hasta la primera Constitución Española, en 1812. A pesar de ello, se continuaron manteniendo unas
Leyes Especiales que permitían la discriminación de su etnia por la Administración, y más específicamente por la policía.
Ya en el siglo XX, durante la dictadura de Franco, se volvió a prohibir su lengua, calificada como 'jerga delincuente', mientras que se encargó a la Guardia Civil el control y represión de la comunidad gitana. De hecho, hasta 1976 el
Reglamento de la Guardia Civil permitía actuar aleatoriamente con los gitanos y, por ejemplo, pedirles que demostrasen con facturas que la ropa que llevaban era suya. Así, no será hasta la muerte del dictador y la promulgación de la Constitución
Española que los gitanos tendrán, por primera vez en la Historia del Estado, la plena igualdad de derechos y libertades.
Actualmente forman una comunidad de 500.000 a 600.000 personas, la mitad de ellas en Andalucía; el resto se establecen principalmente en Extremadura, Madrid, País Valencià y Catalunya. A pesar de su establecimiento y el reconocimiento
pleno de la igualdad jurídica para el pueblo gitano con el resto de la sociedad, no se produce una igualdad de oportunidades, ya que siguen padeciendo una constante marginación económica, cultural, social y política. Incluso, hoy día, las
características físicas de la población gitana siguen siendo motivo de control y represión para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Así, el Estado español sigue sin reconocer como propia, y defender y promocionar, la cultura romaní. En este sentido, debería adaptar tanto su conocimiento a los currículas educativos para la población en general, como los currículas a su
cultura e identidad particular para la población gitana.
El Estado español, como miembro de la Unión Europea, y al considerar como patrimonio propio la cultura romaní desarrollada en la Península, debe potenciar el reconocimiento y el conocimiento del pueblo y la cultura romaní por parte de la
Unión Europea, y más si se tiene en cuenta que diez millones de gitanos viven en Europa.
La Unión Europea debe adoptar las medidas oportunas para reconocer los derechos del pueblo romanò (incluyendo los indentitarios y culturales), que pese a no constituir un Estado, son un pueblo asentado en Europa con una población de
alrededor de 10 millones de habitantes. Asimismo, su lengua debe ser reconocida como idioma minoritario español y europeo con los derechos y garantías que se contemplan en la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias. Precisamente, su
carácter disperso a lo largo de la geografía europea, principalmente, y la falta de un Estado propio, debe ser un motivo para que sea la propia Unión Europea quien reconozca su identidad y vele por sus derechos.
Es por todo ello que se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Emprender una campaña de difusión de la lengua, la cultura, la historia y la identidad gitana dirigida tanto a la población gitana, en particular, como al resto de la población, en general.
2. Tener presente en las iniciativas legislativas culturales y sociales susceptibles de afectar a fa cultura, la lengua e identidad gitana, la opinión de las organizaciones romanís legalmente establecidas. En este sentido, en las consultas
previas a la presentación de una nueva ley educativa, que este Congreso demandó, el gobierno español mantendrá contactos para recoger las propuestas efectuadas por las organizaciones gitanas que trabajan en dicho ámbito.
3. Defender ante la Unión Europea el pleno reconocimiento de la identidad, cultura y lengua del pueblo gitano como propias de Europa. En este sentido, se defenderá ante la Unión Europea el respeto a esta identidad, cultura y lengua por
parte de los actuales integrantes de la Unión Europea y como requisito imprescindible para la entrada de nuevos miembros.
4. Realizar los trámites legales oportunos para reconocer el romanò como lengua propia del Estado español con los derechos y garantías reconocidos en la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2017.-Francesc Xavier Eritja Ciuró y Joan Olòriz Serra, Diputados.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
161/001821
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
para impulsar la creación del Consorcio Parque Minero de Almadén, para un debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
En junio de 2012, el Comité de la Unesco, celebrado en Rusia, aceptó, por unanimidad, la candidatura para el reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad de la historia y tradición del mercurio en Almadén.
'El Patrimonio del Mercurio: Almadén e ldrija' refleja la importancia del metal, tanto en la economía moderna mundial como en las innovaciones tecnológicas derivadas de las técnicas mineras empleadas para su extracción.
También destaca la impronta que el mercurio ha dejado históricamente en la arquitectura, costumbres, idiosincrasia y tradiciones únicas y exclusivas de los ciudadanos que han vivido de su extracción y comercialización.
Además, Almadén cuenta con un rico patrimonio a tener en cuenta, la plaza de toros hexagonal, única en el mundo, el Real Hospital de Mineros de San Rafael, primero construido en España dedicado exclusivamente a las enfermedades del trabajo,
o la Real Cárcel de Forzados, donde cumplían sus penas reos como trabajadores en las Minas de Almadén.
Un patrimonio restaurado y reconvertido en parque minero, por cuyas galerías, técnicas mineras e instalaciones, que puede visitarse desde 2008, pasan anualmente miles de personas.
Todo ello, requiere del compromiso de la administración para su promoción, y conseguir que el turismo impulse el crecimiento económico y empresarial y la generación de empleos tan necesarios en esta comarca.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en colaboración con la administración regional y el ayuntamiento de Almadén, impulse los trabajos para la puesta en marcha de un consorcio que promueva el turismo y la conservación del
conjunto histórico-minero, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en dicha localidad. Consorcio de características similares los que existen para las ciudades patrimonio de Toledo y Cuenca.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2017.-Isabel Rodríguez García y José María Barreda Fontes, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001826
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de
Ley sobre el reconocimiento de Francisco Boix, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El próximo 16 de junio, en una ceremonia solemne presidida por la alcaldesa de París, los restos mortales del fotógrafo español Francisco Boix recibirán sepultura en el histórico cementerio de Père Lachaise, donde reposan decenas de grandes
nombres de la literatura y el arte.
Francisco Boix fue uno de los españoles confinados en el campo de concentración de Mauthausen. Fotógrafo de profesión, este joven republicano consiguió colocarse en el laboratorio fotográfico del campo de concentración. Se convirtió, pues,
en testigo gráfico de las atrocidades que se cometían cada día con los prisioneros. Intuyendo que algún día alguien pondría en duda la crueldad de los nazis, se ocupó de duplicar los negativos de las fotos que iba revelando, y arriesgando su vida
fue escondiéndolos. Boix, que tenía poco más de veinte años, ideó un plan para sacar los negativos del campo con la ayuda de otros tres prisioneros españoles, Jacinto Cortés, Jesús Grau y José Alcubierre. Alcubierre, por cierto, murió hace unas
semanas y solo un medio español, el diario.es, dio noticia de su muerte con un reportaje de Carlos Hernández.
En las fechas previas a la liberación del campo, los nazis destruyeron las fotografías que habían hecho durante aquellos años, pero las de Boix estaban ocultas en cajas de metal que habían sido escondidas por una vecina del pueblo. Unos
meses después, durante el juicio de Nuremberg, esas fotografías fueron utilizadas como prueba de las atrocidades cometidas, y se convirtieron en elementos clave para la condena de muchos jerarcas nazis. El propio Boix declaró en el juicio y su
testimonio fue de vital importancia.
No exageramos al decir que fue un español quien determinó algunas de las condenas del Juicio de Nuremberg. Sin embargo, ni Francisco Boix, ni tantos otros como ellos, han sido nunca reconocidos oficialmente por nuestra historia. La
historia de los prisioneros españoles de Mauthaussen es una de esas
epopeyas que merecen ser recordadas y que deberían ser motivo de orgullo para las generaciones presentes y futuras.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Enviar a París una representación oficial para que asista al traslado en París de los restos de Francisco Boix.
2. Reconocer de algún modo, en público homenaje, su figura y la de los republicanos españoles que se enfrentaron al terror nazi en el campo de Mauthausen.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2017.-Marta María Rivera de la Cruz, Félix Álvarez Palleiro y Guillermo Díaz Gómez, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001827
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su
debate y aprobación en la Comisión de Cultura, relativa a otorgarle a Filmoteca Española un estatuto y presupuesto propios, que la doten de la autonomía necesaria para su adecuado funcionamiento.
Exposición de motivos
Filmoteca Española se crea con la denominación de Filmoteca Nacional en 1953 -mediante un decreto de 23 de marzo de 1953, ampliado y corregido por un nuevo decreto de 20 de febrero de 1964-. España se suma así, tardíamente, a la
preocupación por la conservación y difusión del patrimonio cinematográfico que había inspirado la proliferación de este tipo de instituciones desde los años treinta.
A partir de la instalación en la sede en la Dehesa de la Villa en 1970, se configuran una serie de servicios y funciones que se irán desarrollando a lo largo de dos décadas. Dos de los hitos emblemáticos son la inauguración del renovado
cine Doré como sede estable para las proyecciones en 1989 y la del Centro de Conservación y Restauración (CCR) donde se centraliza el archivo en 2014.
De 1982 a 1984 Filmoteca Nacional y luego Española disfrutó del estatuto de organismo autónomo e independiente, si bien durante ese periodo el reglamento que debería ser elaborado según la Ley 1/82, de 24 de febrero, nunca se desarrolló. El
organismo autónomo se suprime con los presupuestos generales de 1985 adscribiéndose Filmoteca al ICAA. Desde entonces, ha permanecido como una de las Subdirecciones Generales en dicho organismo.
Según el Real Decreto 7/1997, de 10 de enero, seis son las funciones básicas atribuidas a Filmoteca Española:
a) La recuperación, preservación, restauración, documentación y catalogación del patrimonio cinematográfico.
b) La salvaguardia y custodia del archivo de las películas y obras audiovisuales, tanto de su propiedad como recibidas mediante otras procedencias, tales como depósitos, donaciones...
c) La difusión del patrimonio cinematográfico y su edición en cualquier soporte.
d) La realización de investigaciones relacionadas con el cine español.
e) La colaboración con otras filmotecas, tanto nacionales como las integradas en la Federación Internacional de Archivos Fílmicos (FlAF).
f) La formación profesional en técnicas de documentación, conservación y restauración del patrimonio cinematográfico.
Actualmente, ninguna de estas seis funciones puede realizarse satisfactoriamente, ateniéndose la institución a una política de supervivencia en los tres primeros puntos y habiéndose abandonado los tres restantes. La necesaria disparidad de
sedes con cometidos específicos -archivo, sala de proyección, atención al público y dependencias administrativas, el futuro museo...- favorece esta focalización en determinados aspectos de la actividad en detrimento de los demás.
Los trabajadores y trabajadoras de Filmoteca realizan y han realizado un trabajo encomiable, sobre todo si tenemos en cuenta las muchas cortapisas presupuestarias y la escasez endémica de personal con las que siempre han debido lidiar. Pero
es inexcusable por más tiempo, que Filmoteca Española no sea considerada como una de las instituciones culturales básicas y fundamentales del Estado. Para ello, es absolutamente necesario que consolide un presupuesto propio y una relación de
puestos de trabajo acorde, en número y competencias, con sus funciones. La trayectoria como subdirección general dentro del ICAA, desde 1985 hasta hoy, demuestra la imposibilidad de hacerlo con su actual marco jurídico y administrativo que se ha
demostrado del todo ineficaz para:
a) Contar con especialistas adecuados para todos y cada uno de los servicios del centro;
b) Llegar a tiempo y dotada convenientemente al proceso de inmersión digital que afecta desde hace tiempo a la tecnología audiovisual y que hace que buena parte de las funciones confiadas a la institución deban ser repensadas, reconfigurando
el trabajo en consonancia con un nuevo paradigma que atañe a la conservación, la catalogación y el acceso al patrimonio.
c) Dar solución a un sistema de gestión de fondos basado en una compleja disociación entre propiedad física y propiedad de derechos y estructurado con base en 'depósitos' de terceros.
d) La contratación externa de servicios imprescindibles, como laboratorios fílmicos o suministro de materiales actualmente en vías de extinción.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Instar al Gobierno, siguiendo los pasos y antecedentes marcados por otras instituciones básicas de la cultura como la Biblioteca Nacional, mediante la Ley 1/2015, de 24 de marzo, a otorgarle a Filmoteca un estatuto y presupuesto propios,
equiparándola a cualquiera de las instituciones culturales fundamentales del Estado. Y que desde esa una nueva concepción como organismo y en el entorno tecnológico propio del audiovisual del siglo XXI, Filmoteca Española inicie una relación
renovada con los profesionales dei cine, los derechohabientes, los investigadores y los usuarios, en general, que le permitan convertirse en el centro de referencia que siempre debió ser.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2017.-Eduardo Javier Maura Zorita, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/001829
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la conmemoración del 150
aniversario del nacimiento de Vicente Blasco Ibáñez, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Vicente Blasco Ibáñez nació en Valencia el 29 de enero de 1867. De vida prolífica, fue un aventurero que dio la vuelta al mundo, un político comprometido y un novelista de primer orden.
Fundó su propio periódico, 'La Bandera Federal' y, posteriormente en 1894, 'El Pueblo', un periódico de gran transcendencia y repercusión en la vida literaria y política valenciana.
La ciudad, la huerta y el paisaje de Valencia fueron la fuente de inspiración de gran parte de su obra. En 'El Pueblo' se publicaron algunas de las novelas del ciclo valenciano: 'Arroz y tartana', que refleja
el ambiente del comercio valenciano; 'Flor de Mayo', la obra de los pescadores y 'La barraca', la obra que le consagró como el gran escritor que fue.
También destacó en la edición y traducción. Como traductor de la 'Historia de la Revolución Francesa' de Michelet y en 1914, con la constitución de la Editorial Prometeo, publicó sus obras y la de autores clásicos y contemporáneos.
Entre sus novelas destaca 'La Araña Negra' (1892), 'Entre Naranjos' (1900), 'Cañas y Barro' (1902), 'La Horda' (1905), 'La Maja Desnuda' (1906), 'Sangre y Arena' (1908), o 'Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis' (1916), novela de la contienda
bélica de la Primera Guerra Mundial.
La traducción de su obra en Estados Unidos le llevó a dar una serie de conferencias por el país y fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Washington.
Murió el 28 de enero de 1928 en Menton (Francia). Sus restos permanecieron allí hasta que en 1933, ya instaurada la República en España, regresaron a Valencia donde fueron objeto de un solemne y emotivo recibimiento.
Diputado por Valencia entre los años 1898 y 1907, ocupó escaño en el Congreso de los Diputados representando al partido republicano Unión Republicana. En su actividad política, se caracterizó por su oposición a la monarquía, y su posición
anticlerical.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
- Manifiesta su reconocimiento a la figura del diputado por Valencia el Excmo. Sr. D. Vicente Blasco Ibáñez, y le rinde su homenaje con ocasión del 150 aniversario de su nacimiento.
- Insta al Gobierno a colaborar con las administraciones y las instituciones participantes como la Fundación Blasco Ibáñez, la Asociación Blasco Ibáñez, Acción Cultural Española, la Hispanic Society of América, la Fundación Bancaja, la Real
Academia de Cultura Valenciana, y el Instituto Francés de Valencia, entre otros, en los actos conmemorativos que se lleven a cabo para la difusión de la obra y figura de Blasco Ibáñez, dentro del marco de disponibilidad presupuestaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001835
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Marian Beitialarrangoitia Lizarralde, diputada de EH Bildu, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre
el traslado del 'Guernica' a Gernika, para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
Entre mayo y junio de 1937, el pintor y artista Pablo Picasso pintó el conocido 'Guernica'. El cuadro denuncia el bombardeo y exterminio sufridos unos días antes por el pueblo de Gernika, uno de los lugares más queridos y representativos
para la ciudadanía vasca, a manos de la Legión Cóndor nazi, siguiendo órdenes de Franco. Así pues, este año se cumplen 80 años del bombardeo, y también de la creación de este grito artístico. En nuestra opinión, el presente aniversario ofrece una
inmejorable oportunidad de expresar otra reivindicación de la ciudadanía vasca, y de hacerlo alto y claro: que el 'Guernica' venga a Gernika definitivamente.
La pintura vio la luz en 1937, y fue expuesta en la Exposición Universal de París. Desde entonces se ha hecho famosa a nivel mundial, por constituir una denuncia expresa de la vulneración de los Derechos Humanos, de la guerra y de la
persecución contra la ciudadanía.
La obra en cuestión no tiene sentido si no se relaciona con Gernika y con su historia, que estuvieron en el origen de la denuncia de lo sucedido por parte del famoso pintor. Sabedores de ello, Gernika y
Euskal Herria han reivindicado en más de una ocasión que el mencionado cuadro debería estar en Gernika, y no en el Museo Reina Sofía de Madrid.
Pese a haberles remitido una y otra vez una solicitud en este sentido, los diferentes Gobiernos del Estado español se han negado repetidamente a traer el 'Guernica' a su casa, alegando fundamentalmente razones técnicas relativas al
transporte y al mantenimiento. Hoy en día las instituciones vascas no tienen ningún problema en cumplir todas las condiciones necesarias para el transporte y mantenimiento de la obra, por lo que no tiene ningún sentido seguir defendiendo ese
argumento. Una vez más, los intereses económicos y políticos del Gobierno español, entre otras razones, impiden que el 'Guernica' viaje a Euskal Herria.
En este momento en que se hace imprescindible la construcción de una memoria histórica que reconozca todos los sufrimientos, una vez más queremos reivindicar que el hecho de ubicar el cuadro en Gernika, la localidad que sufrió el bombardeo,
multiplica la fuerza y el calado de la denuncia. Por lo que, indiscutiblemente, el 'Guernica' debe estar en Gernika.
Así lo han acordado en más de 60 localidades de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa, al igual que las Juntas Generales de Araba, y en breve lo harán, con toda probabilidad, en el resto de las instituciones en las que está previsto el debate
de esta proposición para las próximas semanas.
Es por ello que presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados quiere expresar que Gernika es la mejor ubicación para el 'Guernica' de Picasso, ya que la obra parte de la masacre sufrida en 1937 por el pueblo de Gernika. El Congreso considera fundamental fusionar el
acontecimiento histórico, la obra de arte y la localidad. En base a lo cual, solicita formalmente al Gobierno Español y al Ministerio de Cultura el traslado del 'Guernica' a Gernika.
2. El Congreso de los Diputados emplaza al Gobierno español a acordar con el Gobierno Vasco los pasos institucionales necesarios que permitan ubicar el 'Guernica' de Picasso en Gernika.
3. El Congreso de los Diputados se identifica con la denuncia que Picasso quiso difundir mundialmente a través de su pintura, esto es con la denuncia expresa de la guerra y del genocidio, y de las vulneraciones contra los Derechos Humanos y
contra los pueblos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2017.-Marian Beitialarrangoitia Lizarralde, Diputada.-Juan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Igualdad
161/001791
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Proposición no de Ley relativa a la elaboración de un Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en el Congreso de los Diputados y el seguimiento de los planes de igualdad públicos y privados existentes.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Igualdad, excepto el punto 1 por
referirse a cuestiones de organización interna de la Cámara que son propias del ámbito competencial de la Mesa. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el 'Boletín Oficial de las Cortes Generales', comunicando este acuerdo al
Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de
Ley relativa a la elaboración de un Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en el Congreso de los Diputados y el seguimiento de los planes de igualdad públicos y privados existentes, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Se han cumplido diez años de la publicación en el 'Boletín Oficial del Estado' de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Estos diez años han servido para observar con detenimiento qué
elementos de la Ley están funcionando y qué otros elementos son precisos impulsar o modificar.
Entre los elementos que consideramos que es preciso impulsar encontramos los planes de igualdad en empresas y en la administración pública. La Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres recoge en su articulado, en concreto en el
artículo 45 y siguientes, que para fomentar el respeto a la igualdad de trato y oportunidades, toda empresa de más de 250 trabajadores deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad, así como también aquellas empresas menores que deban hacerlo por
convenio colectivo o cuando se exija por la autoridad como sustitución de sanciones por infracciones en esta materia. Para el resto de empresas, sería voluntario.
Sin embargo, a día de hoy este apartado de la Ley tiene una aplicación a todas luces limitada. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2016 existían en España 951 empresas que superaban los 500 trabajadores en nuestro país,
casi un millar más si ampliamos el rango hasta las de más de 250 trabajadores. A pesar de ello, en el registro de convenios colectivos solo constan 167 que posean un Plan de Igualdad. Unas cifras insuficientes a todas luces.
Una de las consecuencias directas de esta falta de implantación de los planes de igualdad es la brecha salarial existente entre hombres y mujeres. Las mujeres cobran a día de hoy lo que los hombres ganaban hace una década, lo que convierte
a España en el sexto país europeo con mayor brecha salarial de género, solo por debajo de Eslovaquia, Alemania, República Checa, Austria y Estonia. Otras consecuencias de la ausencia de este tipo de planes son la falta de mujeres en los puestos
directivos, problemas de conciliación, etc.
Por otro lado, la Administración también está ligada a este objetivo mediante la Ley. En su articulado se especifica que: 'El Gobierno aprobará, al inicio de cada legislatura, un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la
Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. El Plan establecerá los objetivos a alcanzar en materia de promoción de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo público, así como las
estrategias o medidas a adoptar para su consecución. El Plan será objeto de negociación y, en su caso, acuerdo, con la representación legal de los empleados públicos en la forma que se determine en la legislación sobre negociación colectiva en la
Administración Pública y su cumplimiento será evaluado anualmente por el Consejo de Ministros'.
En base a esta obligación legal, en mayo de 2011, la Secretaría de Estado para la Función Pública aprobó I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos. Este plan sería
sucedido por el II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos, aprobado por el Gobierno en noviembre de 2015. Es curioso que se aprobase este segundo Plan para la Igualdad
entre mujeres y hombres en la Administración sin evaluación previa del primer plan. La página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no recoge ningún informe y dato al respecto. Si bien, el segundo plan, al igual que el
primero, contiene un apartado específico relativo a su evaluación y seguimiento. El II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado señala como responsables de la evaluación y el seguimiento a la Secretaria
de Estado de Administraciones Públicas, con la colaboración de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, siendo la Dirección
General de la Función Pública quien desarrolle el presente Plan de Igualdad, dictando las instrucciones o recomendaciones necesarias para favorecer su implantación, seguimiento, desarrollo y evaluación. Posteriormente, la Secretaría de
Estado de Administraciones Públicas, a través de la Dirección General de la Función Pública, elaborará, con la colaboración de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a
través del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, un informe de seguimiento sobre la aplicación de este plan, que será elevado al Consejo de Ministros. Este informe se elevará al Consejo de Ministros.
Un año y medio después de la aprobación de este II Plan, desconocemos en qué fase de desarrollo e implementación se encuentra.
Por otro lado, existen instituciones públicas de vital relevancia que tampoco han desarrollado estos planes de igualdad. Por ejemplo, el Congreso de los Diputados o el Senado. Otras, como, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, poseen sus
propios planes. Consideramos que la Administración e instituciones más relevantes de nuestro país deben ser ejemplos a la hora de promover la igualdad entre mujeres y hombres. Así como también, promover y supervisar que en el sector privado se
están implantando las condiciones necesarias para que la igualdad entre mujeres y hombres sea real y efectiva.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. [...]
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
a) Publicar la evaluación del I Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración.
b) Remitir a la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados los informes de seguimiento e implantación del II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración.
c) Aumentar la supervisión sobre las empresas que legalmente están obligadas a tener planes de igualdad a fin de asegurar su existencia, su correcta aplicación y una evaluación de los resultados de los mismos.
d) Promover la elaboración de estos planes de igualdad en todas las empresas de titularidad pública que no cuenten con uno.
e) Promover este tipo de planes en todas aquellas empresas privadas que no estén obligadas legalmente.
f) Promover la elaboración de estos planes de igualdad en el resto de instituciones públicas que todavía no cuenten con uno.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2017.-Patricia Reyes Rivera, Diputada.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001802
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la compensación de la actividad docente no impartida
como consecuencia de los periodos de baja por maternidad, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La presencia de la mujer en la Universidad se difumina según se asciende en el escalafón universitario: las mujeres suponen un 54,3% del alumnado y un 57,6% de los titulados. A partir de ahí su presencia se va diluyendo progresivamente
según se asciende en la escala profesional. A nivel de profesorado, los datos ya se invierten, y las mujeres pasan a ser un 40% mientras que los hombres son un 60%. En el siguiente escalón, catedráticos y catedráticas, la proporción se desploma,
habiendo cuatro hombres por cada mujer (2.098 mujeres frente a los 7.799 hombres en estos puestos).
Las razones esgrimidas para explicar esta desigualdad son variadas: desde las clásicas basadas en roles a otras asociadas a la competitividad o el mantenimiento de inercias y del statu quo, que acaba perpetuando estas desigualdades.
Lo que es evidente es que los criterios de la Agencia Nacional de Evaluación del Profesorado (Aneca) suponen una discriminación hacia las investigadoras que son madres y que quieren acreditarse para tener una plaza fija como profesoras de
universidad o catedráticas. Las horas lectivas que no se imparten en los periodos de baja por maternidad, aunque se esté cotizando por ellas, no se cuentan, y tampoco se compensan. Se trata como si fuera un periodo sin actividad docente, lo que
implica que las mujeres con hijos tardan más tiempo en alcanzar la suma de clases exigidas para obtener esta credencial.
En el Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, no se incluye ninguna
medida para corregir esta desigualdad, como sí se hace en las convocatorias de ayudas para la formación de profesorado universitario.
Por ejemplo, si una investigadora es contratada por un número determinado de años por una universidad con una subvención del Ministerio de Economía o Educación, esa ayuda se puede prorrogar si es madre, algo que también funciona cuando un
investigador tiene hijos, para el cuidado de personas con dependencia o por enfermedad grave o accidente.
El ministro de Educación se comprometió a finales de año a empujar a la Aneca a que revisara estos criterios, pero hasta la fecha no se han introducido medidas que permitan corregir la discriminación de las mujeres por el hecho de ser
madres.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a introducir los mecanismos oportunos que permitan compensar la actividad docente no impartida como consecuencia de los periodos de baja por maternidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2017.-Patricia Reyes Rivera y Marta Martín Llaguno, Diputadas.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/001824
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa
a la inclusión de la perspectiva de género en el tratamiento de las adicciones, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La necesidad de desarrollar recursos y programas específicos para la atención de las mujeres con problemas de drogodependencia, así como incorporar el enfoque de género en todos los recursos de prevención y atención para las personas con
problemas de consumo de drogas es fundamental para abordar satisfactoriamente, tanto la prevención como el tratamiento asistencial, la reinserción social y laboral y la rehabilitación de las mujeres con adicciones.
Las diferencias en cuanto al consumo de sustancias entre sexos, atribuibles a cuestión de género, son claras. También es diferencial el uso que hacen de la red de recursos asistenciales ambos sexos. Por un lado, las cifras de personas en
tratamiento, muestran una cierta desigualdad entre sexos en el acceso a los recursos de drogodependencias. Esto bien puede obedecer a una menor existencia de mujeres drogodependientes, pero también la mala adecuación de estos recursos en la mayoría
de los casos, a sus necesidades y especificidades.
De igual modo, las necesidades que presentan las mujeres en relación a su inserción socio-laboral, su desarrollo personal y social o su red de apoyo, reflejan diferencias importantes con respecto a las de los hombres.
Además, la presencia de otras variables como maltrato o responsabilidades familiares son frecuentes y hacen necesarias actuaciones específicas, tanto para las drogodependientes como para el resto de personas de su entorno.
El imaginario social que existe respecto a la mujer drogodependiente genera un mayor rechazo y aislamiento social hacia las mujeres en esta situación y dificulta el reconocimiento de su adicción y su tratamiento.
La Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016 incorpora la responsabilidad de hacer efectiva la perspectiva de género en los objetivos a conseguir y promueve, por tanto, su inclusión y extensión en el diseño y la planificación de las
distintas intervenciones a realizar en todos los ámbitos de actuación. El Plan Nacional 2009-2012 incluía como una de sus acciones 'Potenciar la aplicación de programas de asistencia atendiendo a la especificidad del género, favoreciendo un mejor
acceso por parte de las mujeres a los centros y programas existentes, e impulsando el desarrollo de protocolos para mejorar la atención de las mujeres consumidoras de drogas y de aquellas con personas dependientes a su cargo'. Esta acción
desapareció en el Plan Nacional 2013-2016.
Los resultados obtenidos en las últimas encuestas realizadas, tanto a menores (ESTUDES 2014), como a la población de entre 15 a 64 años (EDADES 2013), hace pensar en la necesidad de valorar y evaluar la aplicación de la perspectiva de género
en el recientemente concluido plan nacional sobre drogas y de reforzar la perspectiva de género en las acciones de los futuros planes nacionales de drogas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Evaluar la inclusión de la perspectiva de género en el marco del recientemente finalizado Plan de Acción 2013-2016 y presentar un informe al respecto que incluya el análisis de los factores que determinan las carencias de perspectiva de
género que sean detectadas en los Planes de Prevención de drogodependencias.
2. Con el fin de posibilitar el análisis de la realidad de las adicciones en función del género, aumentar la obtención de datos desagregados por sexo dentro de los distintos indicadores.
3. Elaborar una estrategia de investigación que permita profundizar en el conocimiento de las especificidades por cuestiones de género que se producen en el ámbito de las drogodependencias, así como las desigualdades y dificultades a los
que ambos se enfrentan.
4. Potenciar la formación de todos los profesionales y agentes implicados en el tratamiento de las adiciones para profundizar en la perspectiva de género dentro de sus actuaciones, especialmente en los consumos de alcohol, tabaco,
psicofármacos y en los consumos de aquellas sustancias en las que la prevalencia de consumidoras es mayor o cuyos indicadores han sufrido variaciones al alza.
5. Establecer con periodicidad anual encuentros nacionales con Comunidades Autónomas y expertos para abordar y conocer experiencias en relación con la perspectiva de género y las adicciones.
6. Proponer acciones de sensibilización con enfoque en la perspectiva de género así como la elaboración de materiales divulgativos sobre mujeres y drogadicciones.
7. En el marco de la futura Estrategia Nacional sobre Drogas 2017-2024 y su desarrollo en los Planes de acción derivados de la misma, incluir el tratamiento de la perspectiva de género, recuperándola no solo como una acción más dentro de
uno de los objetivos de los planes, sino de manera estructural e incardinada en todos los ejes y objetivos que sean de su aplicación.
8. Fomentar el estudio e investigaciones sobre cómo interaccionan las drogodependencias con la violencia de género, tanto en relación al victimario como con la víctima, e implementar programas de intervención dirigidos a las mujeres que
desarrollan problemas de drogodependencia como consecuencia de ser víctimas de maltrato.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2017.-María Aurora Flórez Rodríguez, Ángeles Álvarez Álvarez, Pilar Cancela Rodríguez, Zaida Cantera de Castro, Carmen Rocío Cuello Pérez, María Dolores Galovart Carrera, Lidia Guinart
Moreno, Juan Jiménez Tortosa y Micaela Navarro Garzón, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001846
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de la presencia de
mujeres en Organismos Internacionales, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
Según un estudio del Peterson Institute for International Economics, las cornpañías que cuentan con al menos un 30% de ejecutivas en sus plantillas tienen un 15% más de beneficios, es decir, las empresas con más mujeres en la dirección son
más rentables. Además, en el ámbito laboral está demostrado que las mujeres son más versátiles, intuitivas, empáticas y comunicativas, creando una mayor cohesión y un mejor ambiente de trabajo en equipo.
Sin embargo, todavía existe desigualdad en las opciones y oportunidades laborales de mujeres y hombres. Ello se refleja en que las mujeres acceden a empleos de peor calidad, en la diferencia salarial, en que haya más desempleo femenino o
menor desarrollo profesional.
En España la igualdad es un derecho fundamental recogido en nuestra Carta Magna. El resto de la legislación española ha ido adaptándose para hacer de la igualdad un elemento transversal y un principio inspirador de nuestro ordenamiento
jurídico con el fin de remover cualquier barrera discriminatoria.
Paralelamente al desarrollo legislativo, ha sido necesario impulsar políticas específicas orientadas a que la igualdad legal fuese real y efectiva. Los sucesivos Planes Estratégicos de Igualdad de Oportunidades, el distintivo Igualdad en la
Empresa creado en 2009 con el fin de intercambiar buenas prácticas y experiencias innovadoras en materia de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, como la iniciativa 'Más Mujeres, Mejores Empresas', puesta en marcha en 2014, que se
concreta en la firma de acuerdos de colaboración entre el MSSSI y las empresas por los que estas voluntariamente se comprometen a incrementar la presencia y participación de las mujeres en los puestos de alta responsabilidad de las empresas, y otros
proyectos específicos como 'Promociona' y los programas de Desarrollo Directivo, que combinan capacitación específica con la colaboración activa de las empresas es fundamental, su implicación fomenta la sensibilización sobre el necesario equilibrio
de género en la alta dirección y ayuda a las compañías en la identificación y retención de su talento femenino, son algunos modelos de actuaciones que han dado como resultado, por ejemplo, que el porcentaje de mujeres en los consejos de
administración de las empresas haya alcanzado el 20,31% en marzo de 2017, siendo del 10,56% en 2010; o que uno de cada cuatro puestos directivos de las empresas españolas medianas y grandes esté ocupado por una mujer, según el reciente informe
Women in Business 2016, de Grant Thornton.
Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. Es evidente que debemos seguir trabajando con el fin de eliminar las limitaciones a las que se enfrentan las mujeres en el acceso a un empleo remunerado y acabar con cualquier tipo de
discriminación por razón de sexo en nuestro país, pero también en las organizaciones internacionales donde España tenga presencia, con el fin de exportar nuestras buenas prácticas y servir de ejemplo a otros países.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las acciones necesarias para impulsar la presencia de mujeres en Organismos internacionales en los que España tenga presencia, así como a eliminar cualquier barrera que impida o
limite el acceso y el desarrollo profesional en condiciones de igualdad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/001856
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre garantía del derecho al cómputo, a efectos de carrera administrativa, del período transcurrido en las situaciones establecidas con el fin de proteger la maternidad y facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, para un
debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
La protección de la maternidad y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral han sido objeto en los últimos años de medidas legislativas dirigidas a garantizarlas y mejorar su normativa reguladora.
Entre estas medidas, destaca la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cuyo objetivo es combatir las situaciones de discriminación por razón de sexo y promover la plena igualdad real, removiendo
los obstáculos que impiden alcanzarla. Aún subsisten manifestaciones de esta discriminación, como la violencia de género, la brecha salarial, la discriminación en las pensiones, la menor presencia de mujeres en puestos de responsabilidad, la
asunción en exclusiva del trabajo doméstico no remunerado y de las tareas de atención a familiares. Y, por supuesto, los problemas de conciliación para los que esta ley orgánica prevé diferentes medidas.
En el artículo 51, la ley dispone que 'las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, deberán:
a) Remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público y en el desarrollo de la carrera
profesional.
b) Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional.
c) Fomentar la formación en igualdad, tanto en el acceso al empleo público como a lo largo de la carrera profesional'.
En el artículo 56, que la normativa aplicable a la Administración General del Estado 'establecerá un régimen de excedencias, reducciones de jornada, permisos u otros beneficios con el fin de proteger la maternidad y facilitar la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral'. Y en el 57, que 'en las bases de los concursos para la provisión de puestos de trabajo se computará, a los efectos de valoración del trabajo desarrollado y de los correspondientes méritos, el tiempo que las
personas candidatas hayan permanecido en las situaciones a que se refiere el artículo anterior'.
Por otra parte el artículo 89.4 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público contempla que el tiempo de permanencia en situación de excedencia para el cuidado de hijos 'será computable a efectos de trienios, carrera
y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación'.
No obstante, el Gobierno debe asegurar que estas previsiones legislativas se cumplan en la totalidad de los concursos públicos para la provisión de puestos de trabajo. En concreto, se tiene conocimiento de que no se ha previsto su
cumplimiento en el concurso general para la provisión de puestos de trabajo en los servicios periféricos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, del Ministerio del Interior, convocado por Resolución de 21 de marzo de 2017, de la
Subsecretaría, publicada en el 'BOE' de 28 de marzo de 2017.
La Ley Orgánica de Igualdad se hizo porque no basta con la declaración constitucional de igualdad formal; es necesario también desarrollar las acciones y políticas públicas que esa ley contempla, y diez años después de su aprobación es
necesario que el Gobierno se comprometa en su cumplimiento efectivo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Garantizar que en los concursos para la provisión de puestos de trabajo se compute, a los efectos de valoración del trabajo desarrollado y de los correspondientes méritos, el tiempo que las personas
candidatas hayan permanecido en situaciones de excedencia, reducción de jornada, permiso u otros beneficios establecidos con el fin de proteger la maternidad y facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, tal y como
establece el artículo 57 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y el artículo 89.4 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
2. Asegurar, en concreto, el cumplimiento de este derecho de los empleados públicos en la resolución del concurso general para la provisión de puestos de trabajo en los servicios periféricos de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, del Ministerio del Interior, convocado por Resolución de 21 de marzo de 2017, de la Subsecretaría.
3. Revocar de oficio las decisiones que se hayan adoptado incumpliendo estas previsiones normativas, restituyendo a quienes hayan resultado perjudicados en la plenitud de sus derechos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2017.-Isabel Rodríguez García y Ángeles Álvarez Álvarez, Diputadas.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001858
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, a instancia de las Diputadas Teresa Jordà i Roura y Ester Capella i Farré, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la represión contra las personas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales en Chechenia para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
El pasado 1 de abril el diario opositor ruso Nováya Gazeta publicó un alarmante artículo que alertaba de la detención de más de un centenar de personas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales en Chechenia y su traslado a un
antiguo complejo militar situado en la ciudad de Argun, que está siendo utilizado como campo de concentración, donde están siendo torturadas y obligadas a difundir los contactos personales de otras personas LGTBI de Chechenia. De momento se ha
anunciado el presunto asesinato de tres personas y existen sospechas sobre la existencia de más campos de estas características.
Estos hechos han generado preocupación entre la comunidad internacional: la Alta representante de la UE de Asuntos Exteriores y Seguridad, Federica Morgherini, ha pedido una investigación profunda en relación a estos hechos. También desde
las Naciones Unidas se ha reclamado la liberación inmediata de las personas detenidas y se ha instado a las autoridades rusas a poner fin a la persecución de personas con motivo de su orientación sexual e identidad o expresión de género. Unas
demandas que también se realizan desde otras organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o la International Lesbian and Gay Association (ILGA).
Desgraciadamente, Chechenia tiene un largo historial en cuanto a la vulneración de los derechos humanos y la persecución y represión de las personas LGTBI por parte de las autoridades de la zona e incluso por miembros de sus propias familias
en los llamados 'crímenes de honor'. Ante los hechos expuestos y la preocupación que estos han generado a nivel internacional, las autoridades rusas y chechenas no han tomado ninguna medida para aclarar esta situación y continúan negando los hechos
de manera preocupante: El jefe del Gobierno de Chechenia, Ramzan Kadyrov, afirmó que 'esta situación no se ha producido porque los homosexuales simplemente no existen en la república chechena', mientras que el portavoz del Gobierno dijo que 'si
hubiera gais en Chechenia, las fuerzas del orden no deberían actuar, ya que sus familiares les enviaron a un lugar del que no hay retorno'.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Denunciar y condenar la persecución y el genocidio a que se está sometiendo a la comunidad LGTBI de Chechenia por parte de las autoridades y fuerzas de seguridad de la zona.
2. Hacer las gestiones necesarias para solicitar al gobierno ruso una investigación sobre estos hechos, la condena de las declaraciones homófobas realizadas por miembros del gobierno checheno y la liberación inmediata de todas las personas
LGTBI que puedan estar detenidas.
3. Facilitar el derecho de asilo a las personas LGTBI de Chechenia que estén siendo perseguidas a causa de su orientación sexual y/o identidad o expresión de género.
4. Interceder en las instituciones comunitarias y otros organismos internacionales para mantener la presión sobre el gobierno ruso con el fin de clarificar los hechos y estudiar la imposición de sanciones a la Federación Rusa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2017.-Teresa Jordà i Roura y Ester Capella i Farré, Diputadas.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana.
Comisión para el estudio del Cambio Climático
161/001851
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Grupo Parlamentario Mixto (Compromís) en el Congreso de los Diputados, a instancia de los Diputados Juan Antonio López de Uralde Garmendia y Enric Bataller i
Ruiz y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar la adopción de medidas urgentes y adicionales de protección del
medio ambiente frente al abandono de residuos, para su debate en la Comisión para el estudio del Cambio Climático.
Exposición de motivos
La alteración y degradación que padece el territorio y el medio natural por el abandono de ciertos envases evidencia la imposible o dificultosa valorización o eliminación de los mismos, razón por la que se hace necesario impulsar medidas
específicas adicionales de protección que impliquen activamente a la ciudadanía y resulten más eficaces en la utilización de los recursos públicos, tomando como referencia los sistemas y modelos seguidos en otros países europeos, así como sus
resultados efectivos y positivos para el medio ambiente.
En efecto, en materia de abandono de residuos, especialmente de envases, existe un vacío legislativo. Debemos reconocer la limitación del actual sistema de gestión de residuos ante esta situación generalizada en todo el territorio del
Estado, e impulsar sistemas complementarios y alternativos resultado de políticas medioambientales que den respuesta a los problemas surgidos por la interacción entre la actividad económica y el medio físico.
El Gobierno debe integrar en sus políticas y actuaciones sobre el territorio y el medio natural, entre otros principios directores, la prevención de la generación de residuos, implantando el residuo cero como horizonte estratégico y, por
este orden, proceder a la reutilización, reciclado, valorización y eliminación de los mismos, aplicando el principio del contaminador-pagador en la gestión de los residuos y, en general, en todas las formas de contaminación con efectos sobre la
salud de las personas y la integridad de los ecosistemas.
Las Cortes Generales deben enderezar la política seguida por el Gobierno hasta el momento con el fin de que no se obstaculice ni se impida la adopción de aquellas medidas que, como el sistema de depósito y retorno de envases, han sido
reconocidas como efectivas en aquellos países donde se han implantado y sobre las que ya existen evidencias favorables.
En este sentido, el pasado mes de noviembre, la asociación Amigos de la Tierra y la Universidad Jaume I de Castellón presentaban los datos de un informe basado en 32 acciones de recogida de residuos realizadas en espacios urbanos,
semiurbanos y naturales de diez Comunidades Autónomas del Estado. Los resultados fueron concluyentes: las latas de bebidas, las botellas de vidrio y las botellas de plástico suponen más del 50% de todos los residuos abandonados tanto por volumen
como por peso.
El Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) es un sistema de gestión de residuos, envases en este caso, que asocia un valor a cada envase para que este sea retornado por el consumidor para su reciclado. Es un sistema que funciona en
paralelo a los Sistemas Integrados de Gestión (SIG), que continuarán existiendo. El SDDR funciona de la siguiente manera:
- Los productores (de embotelladoras, importadoras o distribuidoras) pagan el depósito al operador del sistema por cada envase que ponen en el mercado.
- Los comercios (hiper y supermercados, pequeñas y medianas tiendas, gasolineras, etc.) compran los productos, y sus envases, a los productores. Pagan el precio del producto más el depósito por cada envase. También cobran a los
consumidores por el envase en el momento de la compra, y retornan su depósito impuesto cuando estos lo retornan.
- Los consumidores compran el productor envasado y pagan el depósito por cada envase al comercio. Cuando han consumido el producto, en el momento de devolver el envase vacío en cualquier comercio, se retorna íntegramente el depósito pagado.
Si el consumidor no retorna el envase, la cantidad queda en el circuito.
La mayor eficiencia del sistema ha sido declarada por los organismos y la propia jurisprudencia europea. Cabe destacar, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Gran Sala) de 14 de diciembre de 2004
(Asunto C-309/02, Comisión contra República Federal de Alemania), afirma que 'un sistema de depósito y retorno puede incrementar el porcentaje de envases retornados y, al mismo tiempo, dar lugar a una clasificación más selectiva de los residuos de
envases. Además, puede ayudar a impedir que se genere basura, pues da a los consumidores un incentivo para devolver los envases vacíos'.
Estos sistemas complementarios a los actuales vigentes son la opción más eficaz y proporcionada para luchar contra el abandono de envases en el medio ambiente y también para luchar contra el abandono de basura en el mar mediterráneo
(littering marino), que tiene también su cobertura en el artículo 9 del Anexo I de la Decisión IG.21 / 7 en la 182 Reunión de las Partes Contratantes del Convenio de Barcelona (3-6 diciembre de 2013, Turquía) del Plan Regional sobre la Gestión de
los Desechos Marinos en el Mediterráneo en el marco del artículo 15 del Protocolo de fuentes situadas en tierra ('Land Based Sources Protocol', que prevé 'para el año 2017 explorar y aplicar en la medida de lo posible las medidas de prevención
relacionadas con:... (f) Establecimiento de Sistemas de Depósito, Retorno y Reembolso para envases de bebidas priorizando cuando sea posible su reciclaje.'
Es por ello que debemos impulsar estas medidas complementarias a los actuales sistemas de forma urgente con el fin de prevenir el abandono de residuos de envases y favorecer y facilitar de forma efectiva la recuperación de los envases
utilizados para su reutilización y de los residuos para su reciclaje de alta calidad.
Esta circunstancia ya ha sido denunciada por distintos Grupos Parlamentarios en las Comunidades Autónomas: el propio Grupo Popular presentó al Parlamento de Canarias, con fecha el 11 de diciembre de 2012, una Proposición No de ley en la que
se instaba al Gobierno de Canarias para desarrollar actuaciones encaminadas a reducir los residuos, maximizar su recuperación y sensibilizar a la población y a los agentes comerciales y económicos, para contribuir a estos objetivos de prevención de
la contaminación, así como para impulsar el. debate para plantear como medida general el sistema de retorno de envases. Transcribimos a continuación la Proposición no de Ley 8L/PNL-0165 del GP Popular, sobre gestión de residuos, publicada en el
Boletín Oficial del Parlamento de Canarias N9-3, de 9 de enero, y que fuera aprobada por unanimidad de los Grupos Parlamentarios:
'Los políticas y normativas ambientales de la Unión Europea se basan en los principios de precaución y prevención, de acuerdo con los criterios de evitar el daño ambiental en origen. Se pretende que el responsable de poner en el mercado un
producto que acabará convertido en residuo se responsabilice del mismo (Responsabilidad Ampliada del Productor).
Por otra parte, el VI Programa de Acción Ambiental de la Unión Europea plantea como objetivo principal la disociación entre crecimiento y la producción de residuos, y menciona la prevención como principal elemento de la política de gestión
de residuos.
En España se consumen 51 millones de envases de bebidas de un solo uso cada día. Son 18.000 millones de envases al año de los que se recoge selectivamente un 35%. Diariamente se abandonan, incineran o entierran en vertederos 28 millones de
envases.
La gestión del resto de envases condenados al vertedero o la incineradora cuesta a las administraciones una media de 68 millones de euros. Y si a ello le sumamos otros 65 millones del valor de la materia prima -aluminio, metal, plástico,
vidrio, etc.-, resulta que al año derrochamos 133 millones de euros.
La investigación titulada Evaluación de costes de introducción de un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) en España, realizado por Eunomía, ha concluido en enero de este año y consta de 87 páginas. Sobre las principales
conclusiones del estudio se ha elaborado un escenario aplicado a la implantación de un Sistema de Retorno en España.
Lograr altas cotas de reciclado de envases solo se consigue con el SDDR, como se ha demostrado en todos los países donde se ha implantado. En 40 países o regiones, este sistema es una realidad que funciona con éxito y demuestra claramente
una gran mejora ambiental, económica y social.
En Europa, los índices de reciclado de envases oscilan entre el 88% de Dinamarca; el 88% de Suecia; el 94% de Noruega; el 95% de Finlandia y el 98,5% de Alemania. En estos cuatro países del norte de Europa es prácticamente imposible
tropezarse con un envase abandonado en los espacios públicos.
El Sistema de Retorno de envases tiene coste cero para las Administraciones Central y Regional, y comporta ahorros en la Municipal; se autofinancia desde el primer momento. Las ventajas ambientales y sociales incluyen creación de empleo
verde, disminución de CO2 y ahorro de recursos.
Los comercios verían compensada su colaboración con 535 millones de euros al año y la industria casi triplica la recuperación de sus envases, del 35% al 90%, sin nuevos costes. Se trata de dar valor al residuo.
Este Sistema de Retorno facilita la gestión de residuos, de envases en este caso, que asocia un valor a cada envase para que este sea devuelto por el consumidor para su reciclaje. Es un sistema solo destinado a los envases de bebidas. Los
sistemas integrados de gestión que funcionan actualmente deberán seguir existiendo para multitud de envases que no están incluidos en el SDDR.
El sistema funciona de este modo, a grandes rasgos:
- Los productores (embotelladores, importadores o distribuidores) pagan el depósito al operador del sistema por cada envase que ponen en el mercado.
- Los comercios compran los productos y sus envases a los productores. Pagan el precio del producto más el depósito por cada envase. También cobran a los consumidores por el envase a la hora de la compra, y devuelven su importe cuando
estos lo devuelven.
- Los consumidores compran el producto envasado y pagan el depósito por cada envase al comercio. Cuando han consumido el producto, si entregan el envase vacío en cualquier comercio, se les devuelve íntegramente el depósito pagado. Si el
consumidor no quiere devolver el envase, la cantidad queda en el circuito y ayuda a financiar el sistema.
[...]
Las normas europeas, estatales y autonómicas en materia de residuos y residuos de envases van encaminadas a unos objetivos de reciclaje y reducción que no se han alcanzado, donde el principio de Responsabilidad Ampliada del Productor ha sido
primordial en la política europea y ha recibido el apoyo de la OCDE por su capacidad de internalizar los costes de las empresas y de librar a la sociedad de estos.
En base a lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente Proposición no de Ley:
'El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a:
1. Afianzar el compromiso de las Islas en desarrollar actuaciones encaminadas a reducir los residuos, maximizar su recuperación y sensibilizar a la población y a los agentes comerciales y económicos, para contribuir a estos objetivos de
prevención de la contaminación, evitar el agotamiento de recursos y luchar contra el cambio climático, potenciando una distribución y un consumo responsables.
2. Impulsar el debate para plantear como medida general el sistema de retorno de envases, promoviendo, al mismo tiempo, los envases reutilizables y aquellas medidas encaminadas a reducir los residuos.
3. Promover esta iniciativa entre las corporaciones locales de las Islas, el sector comercial y la ciudadanía, con el fin de dar a conocer los beneficios ambientales y económicos de este sistema, y profundizar en el fomento y ayuda a la
implantación de empresas locales de tratamiento de residuos [...]'
De igual modo y ante el incremento del abandono de residuos en el territorio de su Comunidad Autónoma, el Pleno de las Cortes Valencianas, en su sesión de 15 de septiembre de 2016, debatió y aprobó la propuesta de resolución sobre la
implantación de políticas en cumplimiento de la normativa europea, española y valenciana para la correcta gestión y tratamiento de residuos.
Además, a nivel municipal, el SDDR es compatible con todos los sistemas de gestión de residuos y supondrá el ahorro para los ayuntamientos en recogida, tratamiento y limpieza de latas y botellas de bebidas.
Con dicho sistema, la ciudadanía participa de manera activa y responsable en un sistema más transparente que hace que su esfuerzo sea muy eficaz. Además, no afecta directamente a los ciudadanos, sino a los consumidores. Si no consume
bebidas envasadas no le afecta de ninguna manera, y no como ahora, que consuma o no, tiene que pagar por la recogida (selectiva o no) de los residuos. Además, el hecho de que los consumidores tengan que devolver los envases en el establecimiento,
aumenta la fidelidad del consumidor y la oportunidad de una nueva venta, probablemente con un mayor impacto en pequeño comercio que en supermercados. Por su parte las grandes cadenas de supermercados refuerzan la responsabilidad social empresarial
de la compañía hacia la sostenibilidad.
Volver a vender las bebidas con depósito, combinado con otras estrategias terminará con los daños económicos y ambientales que el abandono de estos residuos genera.
Por lo que esta técnica generará un impacto muy positivo en el aspecto de limpieza y orden. Así, la ciudadanía puede disfrutar de ciudades, pueblos y de un entorno natural (montañas, costas, playas) limpio y libre de latas y botellas. Se
calcula que con esta medida, se evitará que al menos 50 millones de botellas y latas queden abandonados cada día en el Estado Español.
Otra gran ventaja de este sistema es que la implantación del sistema genera miles de nuevos puestos de trabajo que se mantienen gracias a gestionar recursos con valor. Y también está en consonancia con la estrategia de la Comisión Europea
basada en la economía circular puesta en marcha en diciembre de 2015.
El informe del MAGRAMA (actual MAPAMA) de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, División de la Protección del Mar, 'Propuesta de programas de medidas y estudio ambiental estratégico de las Estrategias Marinas',
también se manifiesta sobre la viabilidad, posibilidad actual e idoneidad de la implantación de un SDDR en España.
El informe de PNUMA de Nairobi, indica también la viabilidad del sistema de depósito como mecanismo de lucha contra el abandono de residuos plásticos.
Incluso recientemente, multinacionales como Coca-cola, han manifestado que el sistema de depósito puede ser positivo para incrementar los porcentajes de reciclado y que procederá a diseñar un sistema de depósito para la región de Escocia, en
el Reino Unido.
Por todo ello, ante la necesidad de adoptar medidas urgentes y adicionales de protección del medio ambiente frente al abandono de residuos que sirvan para corregir la actual situación generalizada de abandono en todo el territorio del
Estado, presentan la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a:
1. Avanzar en la implantación de las políticas necesarias para cumplir con la normativa europea y española de residuos, que establece la jerarquía de la gestión y el tratamiento de estos: reducción, reutilización, reciclaje, otros usos y
eliminación (vertedero); que ayude a avanzar con la adopción de medidas para impulsar la transición hacia la economía circular, compromiso adoptado en diciembre de 2015 por la Comisión Europea.
2. Impulsar la puesta en marcha de sistemas complementarios al actual SIG -Como el sistema de depósito y devolución y retorno de envases (SDDR) que hoy está ya vigente en más de 40 países y regiones del mundo (entre ellos los más avanzados
económica, social y medioambientalmente)- que mejoren los muy limitados resultados que el actual modelo SIG presenta y que hagan posible realmente la reutilización y el reciclaje, al mismo tiempo que evitan la contaminación y la suciedad en nuestro
entorno, muy especialmente en el mar, donde los envases contaminan de manera grave e irreversible.
3. Poner en marcha todas las iniciativas posibles en materia de gestión y tratamiento de residuos que promuevan la economía circular, la disminución de la contaminación del territorio y de nuestras aguas, que conviertan los residuos en
recursos de tal forma que se disminuya el consumo de materias primera y se reduzca la emisión de gases efecto invernadero, al mismo tiempo que se crean y se promueven nuevas actividades económicas y nuevos empleos ligados al sector de la economía
verde.
4. Sensibilizar a la población y a los agentes comerciales y económicos, para contribuir a los objetivos de prevención de la contaminación, evitar el agotamiento de recursos y luchar contra el cambio climático, potenciando una distribución
y un consumo responsables.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2017.-Enric Bataller i Ruiz, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/001813
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
Reglamento de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, para su debate en la
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas viven en una sociedad formada mayoritariamente por personas oyentes por lo que, para su integración, deben superar las barreras existentes en la comunicación que son, en
apariencia, invisibles a los ojos de las personas sin discapacidad auditiva.
Así comienza el Preámbulo de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
Esta Ley dio respuesta a las necesidades de un colectivo que venía demandando el apoyo y la implicación de las administraciones públicas para lograr su integración efectiva. El Título I regula el aprendizaje, conocimiento y uso de las
lenguas de signos españolas y el Título II se ocupa del aprendizaje, conocimiento y uso de los medios de apoyo a la comunicación oral.
La disposición final cuarta de la Ley dice así: 'el Gobierno, en el ámbito de sus competencias y previa consulta a las conferencias sectoriales correspondientes y al Consejo Nacional de la Discapacidad, queda autorizado para dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de esta Ley. Asimismo, el Gobierno elaborará, específicamente, un reglamento que desarrolle la utilización de la lengua de signos española, así como los apoyos para cualquier tipo de
ayuda técnica que contribuya a la eliminación de las barreras de comunicación para la integración social de las personas sordas con discapacidad auditiva o sordociegas.'
Las previsiones de esta Ley estaban teniendo un despliegue gradual. El Real Decreto 921/2010, de 16 de julio, por el que se modifica el Estatuto del Real Patronato sobre Discapacidad aprobado por el Real Decreto 946/2001, de 3 de agosto,
vino a regular el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, encargado de trabajar por la normalización de la lengua de signos española, actuando como centro de referencia que vele por su buen uso y contribuya a garantizar
los derechos lingüísticos de las personas usuarias de la misma. Sus principales objetivos son velar por el desarrollo e impulso del proceso de normalización de la lengua de signos española así como por el buen uso de la misma; actuar como centro
de referencia y difusión en el ámbito de la normalización de la lengua de signos española; impulsar acciones de investigación relacionadas con su marco de actuación.
La aprobación de fa Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación de la normativa española a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad supuso un avance hacia la consecución de las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación que benefició a las
personas con discapacidad y, entre ellas, a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. Esta Ley ahonda en el modelo social de la discapacidad y da un decidido impulso reformador en el sentido de salvaguardar los derechos
de este colectivo, con el objetivo de favorecer la toma de decisiones en todos los aspectos de su vida, avanzar hacia la autonomía personal y garantizar la no discriminación en una sociedad plenamente inclusiva.
Los desarrollos y avances hacia la eliminación de las barreras para la integración social de las personas sordas con discapacidad auditiva o sordociegas se vieron interrumpidos por las políticas de recortes en el gasto social llevadas a cabo
por el Gobierno y algunas Comunidades Autónomas.
Para lograr que la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas despliegue
todos sus efectos, es necesario que se culmine su desarrollo con la aprobación de un reglamento que regule la utilización de la lengua de signos española, así como los apoyos para cualquier tipo de ayuda técnica que contribuya a la eliminación de
las barreras de comunicación para la integración social de las personas sordas con discapacidad auditiva o sordociegas.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar, en el plazo máximo de tres meses, el Reglamento de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la
comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas; así como a dotarlo con los medios humanos y materiales que sean necesarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2017.-Joan Ruiz i Carbonell y María Guadalupe Martín González, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/001839
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al desarrollo reglamentario
de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, para su debate en la Comisión para
las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La aprobación de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, supuso un
importante avance en el reconocimiento de los derechos de la comunidad usuaria de las lenguas de signos españolas, dando respuesta a la posibilidad de comunicarse a través de su lengua natural.
Una oportunidad que no puede quedarse sólo en el establecimiento de un conjunto de medidas dirigidas directamente a las personas con discapacidad, sino que debe proyectarse también al resto de la ciudadanía, garantizando la comprensión y el
uso de las lenguas de signos en todas aquellas instituciones y entidades en las que se desempeñe un servicio público, con la finalidad de garantizar el disfrute real y efectivo de los derechos fundamentales.
Asimismo, la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad supone la consagración del enfoque de las personas con discapacidad como sujetos activos titulares de derechos, obligando a los
poderes públicos a garantizar que el ejercicio de esos derechos sea pleno y efectivo. En este sentido, a lo largo del acuerdo internacional se hace referencia expresa a la lengua de signos tal y como establece el apartado 3 letra e) del artículo
21, 'Reconocer y promover la utilización de lenguas de signos' y el apartado b) del artículo 24, 'Facilitar el aprendizaje de la lengua de signos y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas'.
La Ley 27/2007 parte de las potencialidades de los individuos a los que se dirige, con el fin de garantizar el desarrollo de las capacidades individuales, siempre desde el respeto a la dignidad humana. El texto comprende que las personas
con limitaciones auditivas y las sordociegas -en las que se combinan dos deficiencias sensoriales (visual y auditiva)- tienen diferentes necesidades, lo que implica que algunas personas opten por la comunicación a través de la lengua de signos,
mientras que otras prefieran la utilización de recursos que posibilitan la comunicación vía oral. Por ese motivo, la Ley reconoce el derecho de opción, y deja, en definitiva, la elección en manos de los principales interesados: las personas con
discapacidad auditiva y sordociegas, o sus progenitores o tutores cuando se trate de menores.
Casi diez años después de la promulgación de esta Ley, se hace necesario un reglamento de desarrollo que concrete las fórmulas, procedimientos y apoyos para que lo establecido en el texto normativo sea de aplicación efectiva en la vida
ciudadana y en especial en la inclusión de las personas sordas en la actividad colectiva. Todo ello de acuerdo con la habilitación general al Gobierno para dictar las disposiciones de desarrollo y aplicación de la Ley, contenida en su Disposición
final cuarta y en virtud de las obligación concreta que establece la misma disposición de elaborar específicamente un reglamento que desarrolle la utilización de las lenguas de signos españolas.
Esta norma reglamentaria debe nacer con la vocación de no reiterar los contenidos de la norma superior y de desarrollar, no sólo los mandatos contenidos en la Ley, de acuerdo con los principios que emanan de la Directiva, sino también
aquellos que en estos años se ha demostrado que precisan de un mayor desarrollo normativo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las Comunidades Autónomas y Administraciones Locales, previa consulta a las conferencias sectoriales correspondientes y al Consejo
Nacional de la Discapacidad, a impulsar el desarrollo reglamentario de la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con
discapacidad auditiva y sordociegas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/001816
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre el mantenimiento de las señales en la N-540 entre Lugo y Ourense, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
La carretera que une las ciudades de Lugo y Ourense está en un considerable mal estado.
El mantenimiento es muy deficiente y tiene numerosos baches y roderas que hacen más peligroso el tráfico en una carretera de por sí complicada por la orografía por la que discurre con numerosas curvas y cambios de nivel.
Esta carretera pasa por las poblaciones de Guntín, Taboada, Chantada y Carballedo, por lo que además de unir las dos capitales de provincia comunica municipios importantes de la provincia de Lugo.
Además de los problemas con el firme, la ubicación de las señales de tráfico genera confusión, en 79 km hay más de 600 señales, en ocasiones con muy poca separación entre ellas.
Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar en el plazo más breve posible actuaciones de mantenimiento y conservación y de reubicación de señales en la N 540 entre Lugo y Ourense.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2017.-Margarita Pérez Herráiz, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/001819
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley contra
la violencia sexual infantil, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
Exposición de motivos
Desde 1959 el abuso a menores es reconocido por la ONU como un delito y un problema de profundas repercusiones psicológicas, sociales, éticas, legales y médicas, pero a pesar de ello las medidas que se han tomado hasta la fecha siguen siendo
manifiestamente insuficientes.
Los efectos de la violencia sexual son siempre devastadores, pero cuando los afectados son menores de edad, el daño adquiere dimensiones incalculables. Dichos efectos no finalizan con el cese de los episodios abusivos en la infancia, sino
que crecen e invaden todas las parcelas de la existencia, imposibilitando a las víctimas a desarrollar una vida adulta sana y normalizada, lo cual, a su vez, repercutirá necesaria e inevitablemente en el conjunto de nuestra sociedad.
El último informe elaborado por UNICEF en 2012, 'Ocultos a plena luz' nos deja ver una realidad invisible para la mayoría de la sociedad. En todo el mundo, un 35% de niñas y un 20% de niños han sufrido agresiones sexuales en su infancia y/o
adolescencia. En Europa y España, los datos son también desalentadores, concretamente, el nombre de la Campaña que el Consejo de Europa ha puesto en marcha para frenar la violencia sexual que sufren nuestros menores, revela que 1 de cada 5 niños y
niñas en nuestro continente ha sufrido, está sufriendo o sufrirá abusos sexuales antes de cumplir los 17 años. En España, según los datos de los que disponemos, un 23% de nuestras niñas y un 17% de nuestros niños son víctimas de abusos sexuales
antes de cumplir su mayoría de edad.
La Campaña del Consejo de Europa especifica cómo la violencia sexual infantil incluye:
- Abuso sexual dentro del círculo familiar.
- Pornografía infantil.
- Prostitución infantil.
- Corrupción de menores.
- Solicitudes sexuales a través de internet.
- Asalto sexual por parte de compañeros.
Y pone además de manifiesto que entre el 70 y el 85% de los abusadores son personas conocidas y/o del entorno de confianza de los menores. Por todo ello, es de vital importancia definir correctamente qué es y qué se entiende por abuso
sexual:
'Cualquier contacto o interacción, violenta o no, con un menor en una actividad sexual que, para su edad y desarrollo no puede comprender totalmente, ni está preparado emocionalmente para realizar, y por tanto no puede dar su libre
consentimiento. El abusador utiliza al menor para estimular sexualmente a él mismo, al menor o a otra persona. El desequilibrio de poder entre la víctima y el abusador es definitivo
para determinar si existe abuso o no. Este desequilibrio puede deberse a su edad, tamaño, posición, experiencia o autoridad.'
El 29 de noviembre de 2010 se lanza en Roma la campaña arriba reseñada, inspirada por el Convenio de Lanzarote, que constituye la primera herramienta a nivel internacional para frenar la violencia sexual contra los niños, niñas y
adolescentes, y cuyos principales objetivos son:
- Promover la firma, ratificación y aplicación del convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños, niñas y adolescentes contra la explotación y abuso sexual.
- Proporcionar a los niños, niñas y sus familias, cuidadores y a las sociedades y estamentos implicados en su cuidado y formación, conocimientos y herramientas para prevenir la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes, y de
este modo crear conciencia acerca de todo lo que constituye violencia sexual contra las personas menores de edad.
Los estudios realizados en nuestro país hasta la fecha siguen siendo insuficientes y no reflejan, tal y como asegura la organización Save The Children, las cifras reales, pues sólo el 10 o 20% de los casos de abuso sexual salen a la luz. Y
aunque mayoritariamente afecta a las niñas, es imposible hacer un cálculo pormenorizado del alcance de esta abominable realidad que afecta al sector más vulnerable de la sociedad.
En este sentido es indispensable romper el silencio con una voz conjunta y unánime, concienciar a la población sobre la alta incidencia de esta lacra social y sobre las terribles consecuencias en las vidas de las personas afectadas. No solo
se debe formar a padres y madres, sino a todas aquellas personas profesionales que puedan estar en contacto con las y los menores, promoviendo una educación sexual saludable y preventiva, que permita a los menores identificar los comportamientos
abusivos, dotándoles de recursos suficientes para poder reconocer los abusos y frenarlos, en caso de que lleguen a producirse.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, y en coordinación con las Comunidades Autónomas, insta al Gobierno:
1. Realizar una campaña preventiva, continuada en el tiempo, allí donde están las potenciales víctimas: los colegios, institutos, centros de acogimiento residencial y centros de protección específicos de menores con problemas de conducta,
para que los y las menores puedan ser capaces de reconocer el abuso sexual, informarles de los recursos de apoyo a su alcance y entre ellos del Teléfono de Atención al Menor.
2. Establecer una mesa de diálogo entre los actores (padres y madres, tutorías, personas cuidadoras, profesorado, trabajadores sociales, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Servicios de Salud Pública, Abogacía, Fiscalía, Judicatura,
Equipos Psicosociales, organizaciones de defensa de la Infancia y partidos políticos) para la definición de un protocolo de actuación conjunta en el proceso de detección, denuncia, protección y rehabilitación de las víctimas de abuso sexual a niños
y niñas y adolescentes.
3. Proveer los recursos y medios adecuados para que todos los profesionales de educación, sanidad o servicios sociales implicados directamente en la atención a menores en diferentes ámbitos de la administración, dispongan de manera
protocolizada de la formación necesaria para la detección precoz y atención a menores potenciales víctimas de abusos sexuales.
4. Promover una campaña de sensibilización de ámbito estatal contra el abuso sexual infantil para hacer visible el problema y concienciar a la sociedad sobre esta lacra que afecta a los más vulnerables.
5. Establecer protocolos de reparación del daño a las personas adultas que han sido víctimas de abusos sexuales en la infancia.
6. Incluir el abuso sexual como una cuestión prioritaria en una futura Ley integral sobre la violencia ejercida contra la infancia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2017.-Victoria Begoña Tundidor Moreno, Sonia Ferrer Tesoro, Carlota Merchán Mesón y María Dolores Galovart Carrera, Diputadas.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
181/000354
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
Autor: Maura Barandiarán, Fernando (GCs).
Posición del Gobierno respecto a la hipotética entrada de Escocia en la Unión Europea, en el supuesto de que finalmente se produzca su separación del Reino Unido.
Acuerdo:
Admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, encomendar su conocimiento a la Comisión de Asuntos Exteriores, trasladar al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, excepto el inciso
final 'y cuáles son los fundamentos legales y políticos de esa posición' ya que, en los términos en que se encuentra redactado, supondría consulta de índole estrictamente jurídica, en contra de lo dispuesto en el artículo 186.2 del Reglamento de la
Cámara, comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Grupo Parlamentario Ciudadanos
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Comisión de Asuntos Exteriores
Diputado don Fernando Maura Barandiarán
Texto:
¿Cuál es la posición del Gobierno respecto a la hipotética entrada de Escocia en la Unión Europea, en el supuesto de que finalmente se produzca su separación del Reino Unido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2017.-Fernando Maura Barandiarán, Diputado.
Comisión de Interior
181/000355
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputados don Alberto Garzón Espinosa, don Alberto Montero Soler y doña Eva García Sempere
Texto:
¿Cuáles son los motivos para la creación de tres nuevos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en Málaga, Algeciras y Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2017.-Eva María Sempere y Alberto Montero Soler, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Hacienda y Función Pública
181/000302
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
Autor: Vendrell Gardeñes, Josep (GCUP-EC-EM).
Reformulación de su pregunta sobre actuaciones del Ministerio de Hacienda y Función Pública o de la Agencia Tributaria en orden a realizar alguna campaña dirigida a deportistas de élite y clubs deportivos, advirtiendo de las obligaciones
tributarias y de su necesario cumplimiento.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Hacienda y Función Pública. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda y Función Pública
Diputado don Josep Vendrell Gardeñes
Texto:
¿El Ministerio de Hacienda y Función Pública o la Agencia Tributaria están realizando algunas actuaciones informativas o campaña dirigida a deportistas de élite y clubs deportivos advirtiendo de las obligaciones tributarias y de su necesario
cumplimiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2017.-Josep Vendrell Gardeñes, Diputado.
181/000305
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
Autor: Vendrell Gardeñes, Josep (GCUP-EC-EM).
Reformulación de su pregunta sobre existencia en la Agencia Tributaria de un protocolo con criterios sobre el traslado a la Fiscalía en los casos de presunto fraude de evasión fiscal.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Hacienda y Función Pública. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda y Función Pública
Diputado don Josep Vendrell Gardeñes
Texto:
¿La Agencia Tributaria dispone de un protocolo con criterios sobre el traslado a la Fiscalía en los casos de presunto fraude de evasión fiscal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2017.-Josep Vendrell Gardeñes, Diputado.
181/000306
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
Autor: Vendrell Gardeñes, Josep (GCUP-EC-EM).
Reformulación de su pregunta sobre número de actuaciones, del total de las realizadas, que han sido trasladadas a la Fiscalía, en los últimos tres años.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Hacienda y Función Pública. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda y Función Pública
Diputado don Josep Vendrell Gardeñes
Texto:
¿Cuántas actuaciones del total de las realizadas han sido trasladas a la Fiscalía en los últimos tres años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2017.-Josep Vendrell Gardeñes, Diputado.
181/000308
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
Autor: Vendrell Gardeñes, Josep (GCUP-EC-EM).
Reformulación de su pregunta sobre países con los que el Gobierno ha suscrito acuerdos de colaboración y cooperación para perseguir el fraude fiscal.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Hacienda y Función Pública. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda y Función Pública
Diputado don Josep Vendrell Gardeñes
Texto:
¿Con qué países el Gobierno ha suscrito acuerdos de colaboración y cooperación para perseguir el fraude fiscal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2017.-Josep Vendrell Gardeñes, Diputado.
181/000309
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
Autor: Vendrell Gardeñes, Josep (GCUP-EC-EM).
Reformulación de su pregunta sobre porcentaje de subinspectores e inspectores de Hacienda que están destinados a perseguir el fraude fiscal, la evasión o la elusión de las grandes fortunas.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Hacienda y Función Pública. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda y Función Pública
Diputado don Josep Vendrell Gardeñes
Texto:
¿Qué porcentaje de subinspectores e inspectores de Hacienda están destinados a perseguir el fraude fiscal, la evasión o la efusión de las grandes fortunas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2017.-Josep Vendrell Gardeñes, Diputado.
181/000310
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(181) Pregunta oral al Gobierno en Comisión.
Autor: Vendrell Gardeñes, Josep (GCUP-EC-EM).
Reformulación de su pregunta sobre actuaciones preventivas e informativas que está realizando el Ministerio de Hacienda y Función Pública o la Agencia Tributaria para que intermediarios, bufetes de abogados y asesores fiscales no contribuyan
a crear entramados empresariales para la evasión de impuestos de deportistas de élite y grandes fortunas.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento, y encomendar su conocimiento a la Comisión de Hacienda y Función Pública. Asimismo, dar traslado del acuerdo al
Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda y Función Pública
Diputado don Josep Vendrell Gardeñes
Texto:
¿Qué actuaciones preventivas e informativas está realizando el Ministerio de Hacienda y Función Pública o la Agencia Tributaria para que intermediarios, bufetes de abogados y asesores fiscales no contribuyan a crear entramados empresariales
para la evasión de impuestos de deportistas de élite y grandes fortunas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2017.-Josep Vendrell Gardeñes, Diputado.
Comisión de Fomento
181/000356
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Esther Peña Camarero
Texto:
¿Cuáles son las expectativas del Ministerio de Fomento respecto a la línea Madrid-Aranda-Burgos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2017.-Esther Peña Camarero, Diputada.
181/000359
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Pregunta con respuesta oral en la Comisión
Diputados don Sergio Pascual Peña y doña Carmen Valido Pérez
Dirigida a Secretario de Estado de Infraestructuras
Texto:
- ¿Cuál es el procedimiento de contratación en Logirail?
- ¿Qué mecanismos de publicidad, evaluación de mérito y capacidad se aplican?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2017.-Sergio Pascual Peña y Carmen Valido Pérez, Diputados.
181/000360
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Odón Elorza González
Texto:
¿Tiene el Gobierno intención de dar cumplimiento al requerimiento del Informe de la Agencia Ferroviaria Europea y al acuerdo de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que piden reabrir la investigación técnica sobre las causas del
accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) el 24 de julio de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2017.-Odón Elorza González, Diputado.
181/000361
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Odón Elorza González
Texto:
¿Piensa el Gobierno reabrir la investigación sobre las causas del accidente del tren Alvia en la curva de Angrois el 24 de julio de 2013 a vista de las conclusiones recogidas en el Auto de 10 de marzo de 2017, del Juzgado de Instrucción N.º
3 de Santiago, página 11, referidas a la responsabilidad de ADIF?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2017.-Odón Elorza González, Diputado.
181/000365
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Manuel Blasco Marqués
Texto:
¿Qué actuaciones está acometiendo el Gobierno en la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de abril de 2017.-Manuel Blasco Marqués, Diputado.
181/000366
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Teodoro García Egea
Texto:
¿En qué consiste la convocatoria de manifestaciones de interés para el establecimiento de servicios internacionales de Autopistas Ferroviarias (AF) en los ejes Atlántico y Mediterráneo?
parte 1
parte 2