CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2016 XI LEGISLATURA Núm. 41

PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA TEÓFILA MARTÍNEZ SAIZ

Sesión núm. 2

celebrada el martes,

12 de abril de 2016

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor presidente del Comité español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI (Pérez Bueno), para:


- Explicar la situación actual de las personas con discapacidad y las demandas de las entidades que las representan. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 219/000053) ... (Página2)


- Informar en general de las actividades y de las propuestas de modificación legislativa de dicho comité. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat). (Número de expediente 219/000059) ... href='#(Página2)'>(Página2)


Delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia de esta de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la Resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. (Número de
expediente 042/000001)... (Página27)

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Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.


COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CERMI (PÉREZ BUENO), PARA:


- EXPLICAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LAS DEMANDAS DE LAS ENTIDADES QUE LAS REPRESENTAN. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 219/000053).


- INFORMAR EN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES Y DE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN LEGISLATIVA DE DICHO COMITÉ. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (DEMOCRÀCIA I LLIBERTAT). (Número de expediente 219/000059).


La señora PRESIDENTA: Buenos días. Bienvenidos a esta primera reunión de la Comisión de Discapacidad.


En primer lugar, quiero dar la bienvenida a nuestro invitado, porque todos hemos querido que esté aquí don Luis Cayo. Espero y deseo que lo tratado en esta reunión sea de ayuda para el trabajo futuro de todos los miembros de la Comisión.


Quería comentarles que todos los presidentes de las Mesas de comisiones hemos recibido un escrito del presidente de la Cámara en el que se nos dice que las intervenciones de los grupos sean como mínimo de cinco minutos. Me imagino que se
referirá especialmente a cuando haya que debatir proposiciones no de ley o alguna otra propuesta, pero en este caso la Presidencia, si no les parece mal, les dará entre cinco y diez minutos, lo que cada uno quiera utilizar, para plantear las
cuestiones necesarias al presidente del Cermi.


Finalmente, aunque el letrado me ha dicho que no es posible, don José Luis Andrés Martín nos ha solicitado la posibilidad de asistir a la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, puesto que está haciendo la tesis doctoral y
le interesaría escuchar de boca de don Luis Cayo algunas cuestiones de las que va a hablar. Se lo comento, aunque el letrado nos ha dicho que eso no se puede hacer, para que ustedes sepan que nos lo han pedido.


Sin más, después de haber dado la bienvenida a don Luis Cayo, le doy la palabra para su intervención en esta comparecencia.


El señor PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CERMI (Pérez Bueno): Muchas gracias, señora presidenta.


Buenos días a todas y a todos los miembros de la Mesa, portavoces, señorías y personal al servicio de la Cámara. En primer lugar, tengo que expresar nuestro agradecimiento a los grupos parlamentarios proponentes de esta comparecencia y a la
Mesa y portavoces por haberla aceptado. Soy consciente -y el movimiento social al que represento lo es- de ser el primer compareciente ante esta Comisión de Discapacidad. Es todo un honor y una responsabilidad traer la expresión, la voz, las
demandas y los anhelos de las personas con discapacidad y sus familias a través de su movimiento asociativo.


Como movimiento social de la discapacidad nos complacemos de la existencia de esta Comisión, que continúa una tradición de la última década por tener el carácter permanente. Para nuestro movimiento social, el hecho de que exista una
comisión monográfica temáticamente dedicada a la realidad de la inclusión, el bienestar y los derechos de las personas con discapacidad es enormemente relevante, porque en el centro de la agenda política parlamentaria está la discapacidad, que
históricamente ha ocupado lugares marginales, zonas de sombra, en el debate político y en el debate legislativo. Aprovechando la constitución de esta Comisión y el inicio de sus actividades, quiero reiterar -se lo hemos hecho llegar a los
portavoces de los grupos del Congreso- la petición encarecida de que pueda tener, si la legislatura continúa o, en todo caso, en la nueva, el carácter de legislativa. Como verán después en mi exposición, al menos desde el punto de vista del sector
social al que represento, hay materia de sobra para que esta Comisión tenga ese carácter legislativo. Me consta que algún grupo ha presentado ya la petición, que me imagino que se debatirá próximamente. Sepan que el sentir del Cermi, de las
organizaciones de la discapacidad, es que tenga este carácter legislativo que no ha tenido nunca. Empezó como subcomisión, después fue no permanente y ahora es permanente, pero no tiene el carácter de legislativa.


No es un halago fácil ni buscamos la complacencia de sus señorías, pero tenemos que decir, como movimiento social de la discapacidad, que el Parlamento es, a nuestro juicio y según nuestra experiencia, el poder público más amistoso, más
receptivo y más dialogante con los movimientos sociales, en concreto

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con el de las personas con discapacidad y sus familias, y también el que mayor potencial tiene para generar el cambio político y social que precisamos. Las relaciones con el Ejecutivo, con el Gobierno, son siempre más tensas, porque están
las cuestiones económicas y las de gestión y ejecución política, y con el Judicial la relación siempre es más formal, como cabe en un poder de esas características. Por tanto, ciframos gran parte de nuestras esperanzas de cambio en una relación
fluida, constructiva y dialogante con los grupos parlamentarios. La discapacidad es una cuestión de derechos humanos -como tendré ocasión de enfatizar seguidamente-, es una cuestión no ideológica en principio, que toca a todas las capas sociales y
a todos los sectores de población y que puede ser compartida desde una agenda política amplia y exigente por todos los grupos. También apelamos a esa cierta cultura de consenso que ha caracterizado históricamente los trabajos de esta Comisión en
anteriores legislaturas.


Procedo con cierta premura a presentar al Cermi, cuya presidencia ocupo y por cuya razón estoy hoy aquí compareciendo, porque hay mucha renovación de diputados y diputadas que no tienen por qué conocer la existencia de este movimiento social
y de su representación para la incidencia política. El Cermi es una entidad privada de la sociedad civil que el próximo año cumplirá dos décadas de existencia y que calificamos como expresión del movimiento social de la discapacidad para la
incidencia, la representación y la interlocución políticas. Está formado por el 90% del tejido asociativo activo de personas con discapacidad y sus familias del país, por todas las organizaciones estatales que tienen un peso específico
representativo, y tiene una dimensión territorial a través de diecinueve Cermi autonómicos que en su ámbito respectivo -autonómico, de comunidad autónoma o de ciudad autónoma- tienen las mismas misiones y funciones que el Cermi estatal al que yo
represento. El Cermi aspira a generar cambio social desde la óptica de los derechos humanos, la inclusión en la comunidad, el empoderamiento de las personas con discapacidad y la extensión del bienestar a todas las personas que componen este sector
y sus familias. Nuestra función primordial es construir, plantear y desplegar la agenda política de la discapacidad, como motor que aspiramos a ser de las políticas públicas de inclusión para las personas con discapacidad, y trasladarla a los
poderes públicos -al Parlamento, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, a los prescriptores de opinión, a los agentes sociales y a los operadores sociales- para que esta realidad social y personal esté presente allí donde se toman las decisiones y,
a través de estas decisiones, se pueda favorecer el camino de la inclusión, los derechos y bienestar. El Cermi tiene la representación e interlocución oficial ante el Poder Ejecutivo, el Gobierno de España, y representa en el Consejo Nacional de la
Discapacidad al movimiento de la discapacidad; asimismo, tiene la representación encomendada en el Real Patronato sobre Discapacidad y en el resto de órganos de la Administración General del Estado donde este sector social está presente por sí
mismo. Un dato relevante: en 2011, a través de un real decreto, el Estado español designó al Cermi como mecanismo independiente de seguimiento por parte de la sociedad civil, junto con el Defensor del Pueblo en la parte pública, para el
seguimiento de la aplicación de la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, firmada y ratificada por el Reino de España en 2008 y que desde el 3 de mayo de 2008 está plenamente vigente
en nuestro ordenamiento jurídico como parte -España es parte- del Tratado Internacional de Derechos Humanos.


Antes de pasar a enunciar la agenda política de la discapacidad para esta legislatura desde la visión que tenemos en la sociedad civil organizada -estamos hablando de 2016-2020, que sería el programa de acción máximo político y legislativo
para este período, termine esta legislatura antes o después; en todo caso, nuestro horizonte es 2020-, quería compartir con todas sus señorías algunos rasgos básicos o pinceladas muy gruesas -hemos aportado información relevante, última y fidedigna
de la discapacidad en España a la que pueden acceder, ya que la hemos hecho llegar a la secretaría de la Comisión- para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de discapacidad en nuestro país. Si nos vamos a la dimensión cuantitativa, habría
más de 4 millones de personas con discapacidad, según las fuentes estadísticas oficiales, y 12 millones si se cuenta a las familias. La discapacidad es una realidad personal que no se vive individualmente, sino que trasciende -sobre todo en
determinadas etapas de la vida: la infancia, el nacimiento o el envejecimiento-, se vive, se construye y se socializa con la familia. Por tanto, en mi intervención siempre me oirán hablar de personas con discapacidad y sus familias. Les voy a dar
algunos datos gráficos que puedan retener en la memoria: en uno de cada cinco hogares hay una situación de discapacidad y en una de cada cuatro familias españolas hay una situación de discapacidad, bien originaria por el nacimiento, adquirida en
los primeros momentos de la vida, sobrevenida en jóvenes o adultos y, sobre todo, cuando se envejece, ya que ahora la principal causa que produce discapacidad es la prolongación de la esperanza de vida. También es una realidad en crecimiento;
vamos a tener más

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personas con discapacidad en el futuro, entre otras cuestiones, por la mayor prolongación de la esperanza de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Estos datos significan un 9% de la población, cifra que es comparable con la de países
avanzados; en torno al 10% es la cifra que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, considera que existe de personas con discapacidad en los países más avanzados económicamente. Si distinguimos un poco en este universo amplio, casi el 60%
serían mujeres y niñas con discapacidad y cerca del 60% de esa población tendría más de sesenta y cinco años, cifra que por convención consideramos que son personas mayores. Un millón de estas personas vive en el medio rural, lo cual es importante
numéricamente y sobre todo en el plano de su inclusión, porque no estar en un medio urbano implica también mayores factores de exclusión, marginación y dificultad para llegar a los bienes sociales básicos por razón de residencia en los entornos
rurales. Un elemento sobre el que también llamo su atención es que el rostro de la discapacidad está cambiando en nuestro país. Fundamentalmente hemos conocido una discapacidad que nacía con la persona o que se diagnosticaba o detectaba en los
primeros años de la vida, pero estamos pasando a un paradigma de discapacidad sobrevenida, que viene cuando no se la espera, por razones traumáticas de accidentes o enfermedad o por motivos de aparición espontánea, y trastoca la vida de la persona y
de la familia, porque pasa de una situación entre comillas de normalidad -entiéndase bien- a una situación en la que la vida cambia y tiene que replantearse la existencia. La discapacidad sobrevenida, que es como la llamamos, va a ser la tónica
dominante en el futuro. Cada vez nacen menos niñas y niños con discapacidad, pero los que nacen van a tener más necesidades de apoyo. Esto también es un hecho: son menos numéricamente, pero van a tener mayores necesidades de apoyo a lo largo de
su vida. El avance tecnológico y médico de las políticas públicas ha conseguido salvar a niños y niñas que antes no se podían salvar, pero van a tener más necesidades a lo largo de su vida.


Si esta es la representación numérica y cuantitativa de la discapacidad en España, ¿cuál sería la cualitativa? Aquí también, a grandes trazos, se puede profundizar, afinar y ajustar mucho más. Las personas con discapacidad disponen de
menor renta que la media de la ciudadanía y, por tanto, están abocadas o expuestas a mayor pobreza. Un hecho diferencial de las personas con discapacidad y sus familias es que se enfrentan a mayores gastos. Ganan menos dinero, tienen menos
ingresos, su renta es menor, pero se enfrentan a mayores gastos a la hora de hacer lo que hacen las demás personas y familias que no tienen discapacidad, lo cual es un binomio un tanto excéntrico que lleva a mayor exclusión. Ganan menos y se tienen
que gastar más. Por ejemplo, hablamos de pobreza energética. Una persona con discapacidad, que tiene elementos de apoyo como una silla de ruedas eléctrica, que sale menos, que en invierno tiene que quedarse más en casa porque hay barreras o no
puede salir porque no tiene acompañamiento, tiene que estar utilizando la energía eléctrica o el gas y enchufando la batería de su silla de ruedas. Todo eso supone -está calculado, hay estudios a los que después me puedo remitir o de los que puedo
pasarles copia- entre un 25 y un 40% más de encarecimiento de la adquisición de productos y servicios. Esto determina también una mayor pobreza. La discapacidad tiene que ver con la pobreza: a mayor pobreza, mayor discapacidad y a mayor
discapacidad, también mayor pobreza. Podemos decir que existen dificultades, enormes y contrastadas, para acceder a derechos y a bienes sociales básicos. Las personas con discapacidad tienen también una elevada dependencia de instancias ajenas a
su propia persona, bien de la familia, bien de prestaciones públicas, subsidios o ayudas, o bien del trabajo o la dedicación altruista, voluntaria, de personas comprometidas. Tienen dificultades para tomar decisiones sobre su propio proyecto vital;
siempre están colocados en una situación de cierta dependencia. Podemos, por tanto, afirmar que las personas con discapacidad estamos en una situación de exclusión permanente y estructural, lo que nos califica como grupo social en exclusión o en
situación de vulnerabilidad por estar expuestos a la exclusión. De aquí se deriva un elemento de consecuencias políticas, y es que se siguen necesitando políticas y legislaciones vigorosas, con gran capacidad de cambio, que reparen el déficit de
ciudadanía que aún aqueja a las personas con discapacidad y a sus familias y que nos pongan -es a lo que aspiramos- en una situación de igualdad con el resto de ciudadanos y ciudadanas y de normalidad cívica. Queremos que la discapacidad no sea una
condena añadida, un castigo para personas que no somos culpables de nuestra diversidad humana, sino un elemento de enriquecimiento para la comunidad. Hemos comprobado que, a pesar de los avances que se han producido desde la recuperación
democrática, desde la Constitución y las legislaciones y políticas que se han desarrollado en estos casi últimos cuarenta años de régimen democrático, todavía no estamos situados en esa posición de normalidad cívica. La discapacidad nos castiga,
nos condena y nos hace menos ciudadanos al no poder acceder a los derechos básicos, ejercitarlos o disfrutarlos en igual medida e intensidad que el resto de la ciudadanía.

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Después de estos prolegómenos expositivos de la discapacidad y su situación, paso ya a la cuestión fundamental, a lo que esperamos de esta legislatura, a las grandes demandas de la agenda política. El movimiento social de la discapacidad,
en su función de incidencia, lo trae al Congreso, al Senado, al Legislativo, al Gobierno y a los demás poderes públicos para que lo asuman, lo desplieguen, se negocie críticamente y se acuerde. He hecho llegar a la secretaría el documento, que es
muy amplio y que, en aras de la brevedad y dado el tiempo limitado que se me ha concedido, explicaré de manera resumida. Voy al ápice del esquema normativo, ya que estamos en la casa de las leyes. Planteamos, como movimiento de la discapacidad y
como tercer sector social -el movimiento de la discapacidad se inscribe en un más amplio tercer sector de acción social-, una reforma constitucional. Esto significa que queremos que se reconozcan como fundamentales los derechos sociales, entre
ellos el derecho a la inclusión social, que no aparece, y que se reforme tanto el contenido como la ubicación del artículo 49 de nuestra Constitución, que ahora es el único que habla expresamente de las personas con discapacidad, aunque con otra
terminología ya superada.


Como somos un movimiento de derechos humanos, otro de los grandes temas de nuestra agenda, después de la reforma constitucional, es la revisión del ordenamiento jurídico español estatal vigente para acomodarlo a esa Convención de Naciones
Unidas a la que me he referido -que es el gran marco referencial, político, ideológico e imperativo-jurídico, porque no es un texto programático sino un texto jurídico que implica obligaciones a los Estados que lo han ratificado-, para que no se
produzcan conflictos entre nuestra legislación interna y los mandatos, principios y valores de esa convención, de ese tratado internacional de derechos humanos que, con arreglo al artículo 10.2 de la Constitución, tiene que ser asumido y tiene que
permear todo el ordenamiento jurídico español. Hay algunos elementos críticos en los que se produce una vulneración de derechos humanos, porque nuestras leyes -algunas orgánicas, leyes basilares de nuestro sistema democrático- no han asumido
todavía la dimensión inclusiva de derechos humanos de la discapacidad. Voy a hacer referencia solo a algunas, como el derecho de sufragio, el derecho de voto. La Loreg, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, permite que se prive del derecho
de sufragio a determinadas personas con discapacidad, discapacidad intelectual y discapacidad psicosocial, mental o neurodegenerativa. Esto es contrario a la convención, contrario a los derechos humanos reconocidos por Naciones Unidas. Hay 80.000
personas con discapacidad que están privadas por sentencia judicial de derecho de voto. Compañeras y compañeros nuestros están privados en estos últimos escenarios electorales de poder pronunciarse. Esa ley tiene que ser cambiada. Les hemos
traído una propuesta concreta de modificación de un artículo -sería muy leve- para que esas personas puedan ejercer el derecho básico de votar. Otro ejemplo es la igualdad ante la ley: ninguna persona por razón de discapacidad puede estar en una
posición subordinada, no ser titular pleno de sus derechos. Por tanto, los sistemas de incapacitación civil, tipo tutela, curatela, etcétera, no serían admisibles desde esta visión de derechos humanos. Habría que definir en nuestro Código Civil y
en nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil un sistema legal de apoyos para la toma de decisiones. También habría que revisar la legislación de internamientos forzosos por razón de trastorno psíquico, como se llama en nuestra legislación, porque no se
acomoda a la exigencia de esta convención. También hay que acabar -el año pasado se avanzó, pero no se han desterrado del todo- con prácticas que consideramos absolutamente inhumanas, como la esterilización forzosa a la que se puede someter a
determinadas personas con discapacidad, fundamentalmente a mujeres con discapacidad, porque aquí también hay un factor de discriminación por género. Tenemos que alcanzar también una educación inclusiva, donde no exista educación segregada o
segregadora. No puede haber niños o niñas con discapacidad más que en la escuela, en la única escuela; no sería ya escuela ordinaria, porque solo habría una escuela, que sería la escuela o la educación inclusiva. También se tiene que avanzar en
la desinstitucionalización. Aquí planteamos la existencia de un proyecto de ley, de una ley escoba que recoja todas estas modificaciones parciales de leyes orgánicas y leyes ordinarias y que nos ponga de verdad al día. Ya se hizo un intento en
2011, pero solo afectó a leyes ordinarias, y todavía queda en nuestra agenda legislativa mucha modificación normativa que efectuar para ponernos al día con la convención.


Otro elemento importante de la agenda es recuperar aquellos bienes, prestaciones, apoyos, acompañamiento público que, como consecuencia de los recortes, de la crisis, de las políticas de austeridad en estos años terribles, virulentos,
especialmente sangrantes con las personas con discapacidad y sus familias, se han perdido. En aras de esas políticas de austeridad, hemos perdido en un doble sentido: hemos perdido prestaciones, apoyos, ayuda pública, en todos los niveles
territoriales, estatal autonómico y local, pero la crisis ha servido de coartada para no hacer. Como hay crisis, no se puede

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hacer nada, todo está paralizado y las cuentas tienen que cuadrar. Han sido unos años perdidos por la invocación permanente de la crisis. No digo que el dinero y el presupuesto no sean importantes, pero una buena parte de nuestra agenda
política no tiene que ver necesariamente con el dinero; otra, y muy importante, sí. Por tanto, no hay coartada basada en cuestión dineraria para no hacer muchas cosas que las personas con discapacidad y sus familias necesitamos.


Otro ámbito de actuación que esperamos que se pueda culminar en esta legislatura es lo que denominamos la activación de las personas con discapacidad. El gran problema de las personas con discapacidad es que tenemos unas tasas de
inactividad forzosa y forzada 40 puntos superiores a las de la población sin discapacidad. No trabajamos, no por voluntad propia sino por las circunstancias y los factores estructurales excluyentes de nuestro mercado de trabajo -el déficit de
formación que arrastramos por la exclusión educativa-, y creemos que como país estamos en disposición de pasar de la tasa de actividad del 36% actual a una del 50% en el horizonte de 2020. Serían 150.000 personas más con discapacidad trabajando,
que se unirían a las casi 400.000 que hay ahora mismo. Este sería un paso muy importante para acercarnos progresivamente a la igualación en la tasa de actividad, y tasa de actividad -trabajo decente, trabajo digno- significa ingresos propios, tomar
decisiones por uno mismo, tributar al fisco, cotizar a la Seguridad Social, generar renta para el futuro, salir a la calle, tomar conciencia, ser visible y tener autoestima, que en las personas condenadas a la inactividad se resiente en muchos casos
y genera situaciones de dependencia.


Voy concluyendo. Otro gran bloque es la accesibilidad universal. Recuerden que para nosotros la accesibilidad universal no es un lujo, no es un deseo sofisticado; es una condición para ejercer derechos y libertades fundamentales. Si no
podemos acceder a la información de los medios de comunicación -imagínense a una persona sorda o a una persona ciega-, estamos siendo privados del derecho de expresión o de recibir o emitir informaciones. Si no podemos acceder al transporte
público, al transporte privado o no se nos favorece el acceso al mismo, no podremos ver realizado el derecho a la libertad de desplazamiento. Cualquier derecho fundamental que consideremos, que esté catalogado como tal en nuestra Constitución,
tiene una condición previa de accesibilidad. Por tanto, la no accesibilidad es una cuestión de discriminación, que debe ser perseguida por la ley y que no puede estar al albur de si hay presupuesto, de si hay sensibilidad o de si hay intención o
propósito político de llevarla a cabo. Es un requerimiento para el ejercicio de derechos fundamentales.


En este punto, quiero recordar a sus señorías -que lo tengan fresco- que, conforme a la legislación vigente, 2017 -o sea, el año que viene- sería el último año en el que todos los entornos, productos y servicios públicos y privados tendrían
que ser accesibles. Los nuevos, obligatoriamente, y los antiguos -los preexistentes a 2003, cuando se crea esta obligación legalmente- tendrían que serlo hasta que fueran susceptibles de ajustes razonables. Eso lo tenemos ahí, y fácticamente
estamos lejos de haber alcanzado dicho nivel de accesibilidad. La ley marca un horizonte que debería ser cumplido y, en todo caso, ahí planteamos dos medidas. Por un lado, una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, para hacer que las
comunidades de propietarios asuman el coste íntegro de las obras de accesibilidad para personas con discapacidad, vecinos con discapacidad o mayores de setenta años. Ahora mismo, si se tienen que hacer obras de accesibilidad en una comunidad de
propietarios, en el caso de obras de accesibilidad, están limitados a doce meses de ingreso de cuotas de la comunidad, pero para el resto de obras importantes no hay límite. Si hay que cambiar las estructuras o si hay humedades y se tienen que
cambiar y arreglar, todos los vecinos tienen que aportar hasta el límite por el que pueda hacerse la obra. En el caso de la discapacidad, la ley nos coloca un límite arbitrario de doce mensualidades que en la mayoría de ocasiones no es suficiente
para instalar un ascensor o para hacer una obra de cierta envergadura que es la única forma de salvar las barreras. Ahí existe una discriminación. El 70% del parque de viviendas español es inaccesible, es antiguo, no dispone de ascensor, no
dispone de plataformas o no está diseñado en condiciones de accesibilidad y tenemos a cientos de miles de personas con discapacidad y a mayores que no tienen por qué tener la certificación administrativa de discapacidad, encerrados, prisioneros en
sus casas u obligados a salir o entrar de forma indigna, ayudados por sus padres, por sus familias, de un modo que no se compadece con la dignidad mínima exigible a una sociedad avanzada, como queremos que sea la española.


Por otro lado, planteamos la propuesta de crear un fondo de accesibilidad similar al fondo que existe del 1% cultural, que dote a la Administración General del Estado de nuevos medios para acometer los mandatos de accesibilidad universal.
El 1% de todo el presupuesto del Estado en obra pública o

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infraestructuras tendría que ir destinado a dicho fondo de accesibilidad, que ayudaría a las administraciones y a la sociedad civil -a los operadores privados- a acometer actuaciones de accesibilidad.


En cuanto al ámbito de la autonomía personal, este año se cumple el décimo aniversario de la Ley 39/2006, de autonomía personal y atención a la dependencia. Pedimos una revisión de la misma, porque no ha respondido a las expectativas, a los
anhelos y a las demandas de las personas y de las familias. A las personas con discapacidad esta ley nos toca esencialmente pero solo de manera parcial, y me explico. Tenemos datos contrastados del sistema estadístico oficial, por los que podemos
decir que solo el 20% de las personas con discapacidad a su vez son personas en situación de dependencia, circunstancia administrativa que se valora, se califica y se certifica a través de otro procedimiento distinto. En su momento no se optó por
ir a uno solo, sino que se hizo otro proceso de valoración distinto. Esto quiere decir que el 80% de las personas con discapacidad no somos técnicamente dependientes ni lo vamos a ser, según la ley actual. Por tanto, no es la única ley que -como
ha parecido en los últimos años- ocupa la agenda social. Para las personas con discapacidad esta ley es muy importante, porque va a atender a aquellas de nosotras que más lo necesitan, pero no basta. El 80% de la discapacidad, personas con grandes
discapacidades, nunca van a ser personas en situación de dependencia y por tanto ni se pueden plantear acogerse a este sistema.


Un elemento sobre el que no me extenderé, porque está programada una comparecencia mía, en representación de Cermi, en la Comisión de Servicios Sociales de esta Cámara, es el copago. Saben que el año pasado se promovió una iniciativa
legislativa popular por parte del Cermi para revisar la normativa estatal sobre copago en dependencia. Dicha iniciativa se culminó con casi 740.000 firmas -superó las 500.000 mínimas que exige la Constitución-, y esta Cámara -como esperamos y
pedimos- tendrá que replanteársela. En este sentido, aprovecho para solicitar a todos los grupos que voten a favor de su toma en consideración para que pueda ser debatida y, en su caso, mejorada, ampliada y corregida. En todo caso, hay una
expresión ciudadana de más de 700.000 españoles mayores de dieciocho años que han pedido que el Parlamento revise las cuestiones de copago.


Con relación a las cuestiones de espacio sociosanitario -tema siempre socorrido pero nunca realizado-, tenemos una rígida separación entre los sistemas sanitarios y los sistemas de servicios sociales que procuran o instrumentan los apoyos
que constituyen los derechos sociales, y apenas se ha avanzado en esa línea. Hay que crear de una vez una auténtica dimensión sociosanitaria, porque es la única que a determinadas discapacidades les va a dar una respuesta satisfactoria para sus
necesidades de apoyo en el ámbito de la salud y en el ámbito social. Se ha de acometer ya la renovación de la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud, que lleva más de una década pendiente y que no se compadece con la realidad
tecnológica, con la realidad del mercado de productos de apoyo. Estamos hablando de audífonos, de sillas de ruedas o de cualquier elemento que favorece la autonomía personal de alguien que lo necesita para desplazarse, para comunicarse, para
interactuar socialmente o para realizar las actividades básicas de su vida diaria. Dicha prestación está anticuada, está desfasada, tiene unos copagos enormes y no responde a la realidad de las personas sometidas a la misma, que somos todas las
personas con discapacidad que estamos en el Sistema Nacional de Salud.


Presidenta, voy concluyendo; perdón por excederme en el tiempo. También en el ámbito sociosanitario sería deseable -así lo solicitan tanto las organizaciones de pacientes como las de mayores y las de discapacidad-, la regulación de un
estatus del paciente crónico, del paciente que necesita permanentemente -por su situación de estabilidad en su enfermedad- cuidados, atención, prestación sanitaria y sociosanitaria y que ahora no tiene una continuidad de cuidados sanitarios y
sociales, por lo que sería el momento de crear dicho estatus del paciente crónico dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud.


Por otra parte, las mujeres y niñas con discapacidad son mayoritarias en el mundo de la discapacidad y están más intensamente excluidas que los varones y niños con discapacidad. Aquí hay que hacer una tarea ingente para devolver a las
mujeres, a las niñas con discapacidad, esa normalidad cívica de la que están más enfáticamente privadas que los hombres, porque están en una situación de mayor exclusión. Por tanto, todas las políticas públicas de discapacidad tienen que teñirse de
la dimensión de género y discapacidad y también todas las políticas de género, de inclusión o de igualdad, tienen que incorporar la dimensión de mujeres y niñas con discapacidad.


Esta agenda -en los documentos que les hemos trasladado está mucho más pormenorizada- es amplia, pero factible, y así lo entendemos. Esta Cámara -los grupos políticos, los responsables públicos- dispone de un tejido asociativo, de una
sociedad civil organizada vigorosa, potente que en otros países

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europeos no está tan tramada, tan organizada, que no solo pide sino que se ofrece corresponsablemente a construir cooperativamente mejores políticas y legislaciones. Esto pasa también por un fortalecimiento de ese tercer sector.


Concluyo ya, con la petición sentida de miles de personas que no pueden estar aquí, a las que yo represento pobremente, de que con buenas políticas, con buenas legislaciones desde este Parlamento, con consensos constructivos, llevando esta
realidad muchas veces oculta y ajena a las grandes cuestiones políticas, consigan que la inclusión de esta parte de la diversidad humana y social se incorpore a una vida en comunidad digna y decente. Las personas con discapacidad y sus familias no
queremos estar en posiciones mendicantes, de pedir, sino en posiciones constructivas corresponsables y colaborativas para hacer de nuestra vida en comunidad algo digno, sugestivo y decente, y por eso necesitamos el apoyo de las leyes y de las
políticas para poder después desarrollar libremente nuestra personalidad.


Muchas gracias y quedo a su disposición para contestar a las preguntas, cuestiones, críticas o contraste de opiniones que quieran realizarme.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, don Luis Cayo, por su primera intervención.


Ahora vamos a dar la palabra a los diputados y diputadas portavoces de los distintos grupos, como les he dicho al principio. Aunque el presidente de la Cámara nos ha recomendado unas intervenciones de cinco minutos, sin pasarse de diez,
tienen ustedes el tiempo que crean necesario para intervenir. En primer lugar, doña Ester Capella i Farré.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Muchísimas gracias, presidenta.


Agradezco al presidente del Cermi la petición expresa que hizo de comparecer en esta Comisión, una Comisión que ahora tiene la condición de permanente, lo que quiere decir que ahora podemos hacer mejor las cosas o por lo menos lo
intentaremos. Le agradezco también la concreción de las peticiones, pero eso no quiere decir que no haya sido extensa y detallada la documentación que nos ha hecho llegar. Por tanto, a esta representante de Esquerra Republicana no le toca otra
cosa que agradecerle su aportación porque nos facilita el trabajo a la hora de plantearnos proposiciones no de ley o proposiciones de ley que canalicen y den respuesta a las peticiones que ustedes nos formulan. Como sabe, represento a un partido
del ámbito de los Països Catalans, de Cataluña, y allí también tenemos nuestras federaciones y entidades propias, aunque es verdad que el Cermi representa a muchísimas de ellas. Con esta salvedad que hago no quiero decir que no asuma lo que usted
nos pide, sino que intento encuadrarlo en lo que respecta a mi representación en Cataluña y a las competencias que en este caso tiene, las cuales asume y despliega en toda su extensión.


Efectivamente, como usted nos decía, la discapacidad es una constante en nuestras vidas. Podemos nacer con alguna discapacidad, lo que no quiere decir que sea una discapacidad completa porque tenemos otras capacidades. Me gusta resaltar
este aspecto de la discapacidad: la discapacidad no es única, sino que es una cuestión que nos puede afectar en un momento de nuestras vidas; seguramente en algún momento vital nosotros también tendremos una discapacidad que estará vinculada
muchas veces al devenir del tiempo y, por tanto, al envejecimiento.


Nos hacía un planteamiento sobre la entrada en vigor de la Convención de Naciones Unidas. Creo -y así lo he defendido siempre- que la convención implica un cambio importante en la manera de entender la discapacidad, significa un cambio y un
impacto legislativo importante porque fue aprobada en Naciones Unidas en 2006, pero fue ratificada por el Estado español y publicada en el BOE el 21 y el 22 de abril, pues se incorporó parte de un protocolo, y entró en vigor el 3 de mayo. Eso tiene
unas consecuencias legales y jurídicas importantes, como es la obligación de modificar la normativa que la contradice y, por tanto, la adaptación del marco legislativo del Estado español a los dictados de la convención y a los principios que la
inspiran. La convención es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI y, por tanto, la Constitución y lo que de ella dimana debe ser interpretado al calor de los principios que inspiran esta convención, porque es directamente aplicable en
el Estado español. En esta línea, las políticas públicas no pueden hacerse de otra manera, algo que ya dice la Constitución y a lo que la propia convención obliga.


En cuanto a las políticas de discriminación positiva, usted apuntaba algunas, desde bonificaciones tributarias hasta el cálculo de la carestía de vida en función de la situación de discapacidad.


El acceso a la tutela judicial efectiva entra en el marco de las incapacidades, de la distinta modulación de la discapacidad intelectual y, por tanto, de la incapacidad. En algunos aspectos los juzgados encargados de declarar incapacidades
ya han dado muestras de plantear la discapacidad y la incapacitación de forma distinta.

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Hay un aspecto que no le he oído comentar, que me preocupa y que sería uno de los objetivos prioritarios en estos momentos. Me refiero al tema de la salud mental y la lucha contra el estigma de las personas que padecen algún tipo de
enfermedad mental.


En relación con la autonomía personal y la vida independiente, apuntaría la necesidad de apostar, entre otros aspectos, por el asistente personal porque implica libertad individual, el derecho a decidir de la persona en situación de
discapacidad, es decir, cómo desea vivir su discapacidad; en consecuencia, la figura del asistente personal implica un retorno social, en contraposición -no quiere decir que no estemos de acuerdo cono ello porque volvemos a hablar del derecho a
decidir de la persona- con la institucionalización y el efecto residencial como algo negativo en el desarrollo de la personalidad, en la capacidad de desenvolverse, de escribir la biografía personal de cada uno, lo que quiere decir poder estudiar,
trabajar, etcétera. Esta figura también implica el retorno social desde el punto de vista de salud de la persona en situación de discapacidad y también de su entorno familiar inmediato. La situación económica ha conllevado el freno de muchas de
estas políticas, que tienen que ver con el principio de igualdad y el pleno desarrollo de la personalidad de aquellos que padecen o están en situación de discapacidad.


Compartimos la necesidad de adecuar el derecho de sufragio activo y pasivo y su desarrollo necesario para que pueda ser efectivo para las personas con algún tipo de discapacidad, y me estoy refiriendo a la discapacidad intelectual. Queremos
plantear la adecuación del voto a todos los procesos electorales, porque en esto momentos solo una parte está adecuada para las personas con discapacidad visual. En materia de inclusión laboral, apostamos claramente por la inclusión en el mercado
laboral ordinario. A pesar de que lo digan las leyes, los resultados y, por tanto, los datos y los informes que manejamos nos señalan que la cosa no va por ahí. En el mismo sentido está la inclusión educativa en el marco ordinario, es decir, en
centros para todo el mundo y, por tanto, con otros alumnos, sin excluirlos de las clases ordinarias. Ya me he referido a la autonomía personal. En definitiva, me refiero a todos aquellos aspectos legislativos que, a pesar de la entrada en vigor en
el año 2008 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, no han sido incorporados y que tienen que ver con todos los aspectos de la accesibilidad física, con todas las accesibilidades, con la utilización de las
distintas lenguas y maneras de expresarse para que se llegue a todo el mundo por igual. También el abordaje de aquellas discapacidades que se acumulan, por ejemplo, ceguera y sordera, que muchas veces en nuestro imaginario colectivo no están
presentes.


De nuevo, quiero agradecerle su comparecencia. Tomamos debida nota. Creo que usted nos ha dado mecanismos y cauces para continuar trabajando y, en consecuencia, para dar cumplimiento a aquellos aspectos que dimanan de los derechos humanos
y que, en consecuencia, son de obligada aplicación.


La señora PRESIDENTA: A continuación, tiene la palabra don Íñigo Alli Martínez.


El señor ALLI MARTÍNEZ: Queremos dar la bienvenida y mostrar un agradecimiento profundo a don Luis Cayo, presidente del Cermi, representante, por tanto, de todo el ámbito de la discapacidad en España, con el cual tuve la fortuna de
coincidir tanto en el Real Patronato de la Discapacidad como en labores profesionales como exconsejero de políticas sociales y en la defensa de las personas con discapacidad. Ciñéndome a los tiempos, quiero ahondar en las cuestiones que Cermi ha
traído a esta Comisión de políticas sociales. Quiero remarcar que el primer partido político que ha recogido el testigo de esa petición que recibimos todos los portavoces de los grupos políticos en relación con esta Comisión ha sido Unión del
Pueblo de Navarro, como bien sabe Luis Cayo, porque esta Comisión de políticas sociales, además de ser permanente, debe de ser de carácter legislativo por muchos motivos, como ahora voy a citar. Entre otros, solamente ya por el hecho de que el 10%
de la población española tenga algún tipo de discapacidad, ya sea intelectual, psíquica, orgánica, con las correspondientes familias que acogen a personas con diferentes discapacidades Quiero destacarlo, como ha hecho con un cierto matiz don Luis
Cayo en su presentación.


En Unión del Pueblo Navarro tenemos muy claro el modelo que debe tener en el futuro este país, especialmente en la Comunidad Foral de Navarra, en relación con la misión que deben tener todas las políticas sociales integrales dirigidas a las
personas con discapacidad y que tienen que lograr tres grandes objetivos. En primer lugar, todas las personas con discapacidad, sea cual sea su discapacidad, sea cual sea su situación económica, su situación cultural, su entorno socioeconómico o su
grado de discapacidad, deben tener su autonomía -como usted ha dicho-, que sean personas autónomas. Y tener autonomía personal, lógicamente teniendo en cuenta esos factores limitantes de la persona con discapacidad, es

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poder tomar al menos una decisión al cabo del día sobre su propia vida. En segundo lugar, el gran objetivo de todas las políticas que tienen que desarrollarse en el Congreso de los Diputados como órgano legislativo es lograr la inclusión
especialmente de aquellas personas con mayor grado de desigualdad, con mayor desventaja social que son las mujeres con discapacidad en el entorno rural. Tenemos que hacer una gran labor de empoderamiento de esas personas para que logren esa
autonomía, esa inclusión. Y el tercer objetivo es que se desarrollen como personas. Todas esas políticas, esas acciones, esos proyectos deben estar basados en un principio que no es otro que el de que todas las personas, especialmente las personas
con discapacidad, tenemos derecho a elegir qué proyecto de vida queremos, que no elijan por nosotros, sino que esas personas decidan qué proyecto de vida quieren a lo largo de su vida cotidiana. Los dos ejes básicos estructurales que debe tener
son, el primero, el pronto diagnóstico de esa discapacidad, la valoración de las discapacidades desde las capacidades de esa persona y la sensibilización de toda la sociedad española en materia de diversidad. El segundo eje es el de la
intervención. Dejemos de hablar de prestaciones y vayamos hacia un modelo de apoyos esenciales, básicos e individualizados en función del proyecto de vida que cada persona con discapacidad decida para su vida cotidiana.


En esta primera comparecencia en la que ha venido el presidente del Cermi no quiero entrar a valorar uno a uno esos proyectos legislativos, con los cuales seguro que estaremos absolutamente de acuerdo. Creo que tendremos tiempo de poder
hablar en esta Comisión, en esta legislatura o en la siguiente. Lo que sí quiero es marcar conceptualmente cuáles deben ser las premisas que deben cambiar la visión de la sociedad hacia las personas con discapacidad. La gran premisa, por encima de
cualquier componente ideológico, de cualquier fuerza política aquí representada, es la de que cada vez que estemos con una persona con discapacidad, debemos ver primero a la persona y después su discapacidad y no al contrario, percepción
generalizada en esta sociedad española. En segundo lugar, intentar dejar de clasificar a personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Cualquier tipo de clasificación es ya en sí mismo un factor limitante que logra estigmatizar, y la
estigmatización limita y duele. La tercera gran premisa no es mía, es una cita de Tomás Castillo, presidente de la plataforma de pacientes crónicos, que va en contra de estigmatizar y clasificar a las personas, y es que en la individualidad del ser
es donde se desarrollan todas las potencialidades. Insisto, veamos primero las potencialidades de cada persona y después sus deficiencias funcionales. La cuarta premisa es que ahondando en materia de deficiencias funcionales, la limitación de la
persona no la define. Cualquier limitación o deficiencia funcional es accidental y no afecta solo a esa persona con discapacidad sino a toda la sociedad. En materia de deficiencias funcionales, al ser un hecho accidental, no afecta a la dignidad
de las personas. Por último, la quinta premisa es que la diversidad nos enriquece. Usted ya la ha citado, señor Cayo, y es cierto, pero debemos entenderlo y sensibilizar aún más al resto de la sociedad, sobre todo desde el Congreso de los
Diputados. La sociedad no debe poner barreras a la diversidad. Debemos ahondar en esa ley que usted ha anunciado que es la de la accesibilidad universal.


Unión del Pueblo Navarro ha registrado una petición que tiene mucho que ver con esta Comisión de Discapacidad, que a las personas que se les diagnostique cualquier enfermedad degenerativa, párkinson, esclerosis múltiple, alzhéimer u otras
demencias, se les aplique la modificación del Decreto que regula la Ley de Dependencia para que adquieran el 33% de discapacidad.


Por último, como he dicho anteriormente, espero y ansío que todas las fuerzas políticas de esta Cámara nos pongamos de acuerdo para que esta Comisión de políticas sociales, como usted ya ha citado y es una pretensión histórica del Cermi,
tenga carácter legislativo para poder tomar decisiones desde donde tienen que tomarse, políticas integrales para la sociedad en la que consideramos la autonomía de las personas con discapacidad, su inclusión y, lógicamente, su propio desarrollo
personal.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alli.


A continuación, tiene la palabra doña María Pilar Ardanza Uribarren.


La señora ARDANZA URIBARREN: En primer lugar, quiero felicitar al presidente del Cermi por su exposición, por la claridad de sus ideas y porque realmente tienen muy bien marcado cuáles son los objetivos que se pretenden en esta legislatura,
teniendo en cuenta ese marco del año 2020.


Efectivamente, compartimos muchos de sus objetivos pero también tengo que decir que en la Comunidad Autónoma vasca -represento al Partido Nacionalista Vasco- en muchos de estos aspectos que usted ha comentado afortunadamente podemos decir
que nuestras líneas de cumplimiento están más elevadas y que, efectivamente, nos sentimos satisfechos de que en estos años no hayamos tenido que

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hacer recortes el sector de la discapacidad. Por lo tanto, en este momento las políticas públicas de discapacidad, por ejemplo, en los entornos de los espacios sociosanitarios van dando pasos a un nivel importante que es un poco la
aspiración que pueden tener el resto de comunidades autónomas. También es verdad que en este momento estamos interesados y empeñados en la vida independiente. Llevamos dos ejercicios presupuestarios en la Comunidad Autónoma del País Vasco con la
figura del asistente personal. Es una figura fundamental sobre todo para eso que todos comentamos, es decir, la integración, para que las personas podamos tomar decisiones de cómo queremos vivir y que nuestra voluntad no esté suplantada por
nuestras familias o por nuestro entorno. Son unas políticas en las que tenemos que seguir avanzando. Por supuesto, hay otros aspectos en los que creo que tenemos que trabajar en esta Comisión como las valoraciones. Comparto con usted que en la
evaluación hay que buscar nuevos criterios, hay que establecer comisiones de trabajo para diferenciar entre la discapacidad y la dependencia. A veces se mezcla un poco todo y al final nadie queda satisfecho. Es verdad que cuando salió la ley todos
pensábamos que con eso se cubría un espacio importante -y es cierto que es un hito importante-, pero la práctica de esos diez años nos ha enseñado dónde están las carencias y ahora estamos en fase de mejorar.


Quiero destacar también esa fecha que muchas personas con discapacidad están anhelando que es el año 2017. Se puso el año 2017 como la fecha ideal a partir de la cual todo el mundo podría tener acceso y, por tanto, poder ejercer sus
derechos. Desgraciadamente, estamos a mitad de 2016 y sabemos que eso no se va a poder cumplir. Esto va a suponer una frustración para muchas personas. Muchas personas con discapacidad en estos años -afortunadamente el ambiente también está
cambiando, aunque, como decía don Íñigo Alli, todavía queda mucho por hacer- se han empoderado y cuando han empezado a creer que podrían vivir de una forma autónoma se encuentran con que no pueden ejercer sus derechos y libertades porque no pueden
acceder. Ese es uno de los grandes objetivos que tenemos que solucionar y, por supuesto, aplicar los tratados internacionales a nuestra legislación básica. Hoy en día nos parece a todos fuera de lugar que haya personas que por el mero hecho de
tener una discapacidad no tengan derecho a sufragio. Eso sí que es una discriminación importante que va en contra de cualquier criterio que una sociedad civilizada del siglo XXI pueda tener. Por tanto, tenemos cosas que mejorar, cosas de qué
tratar y, por supuesto, al Partido Nacionalista Vasco lo va a tener para trabajar y para hacer que realmente tengamos una sociedad inclusiva, que es lo que todos buscamos.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ardanza Uribarren.


Tiene la palabra doña Elena Ribera i Garijo.


La señora RIBERA I GARIJO: Gracias, presidenta.


Gracias a José Luis Cayo y a la organización que él representa por la buenísima labor que están realizando. Esta es una de esas ocasiones en las que me complace saludarle especialmente porque, previamente a que nos presentaran oficialmente
en este primer contacto como nueva diputada, ya tuve la ocasión y el gusto de conocerle en su trabajo directo, toreando en el campo, con relación al tema de la discapacidad en Cataluña. Por lo tanto, sus avales y garantías me merecen toda la
consideración.


Desde luego, apoyamos que esta Comisión, además de ser permanente, sea legislativa, así lo comentamos con el compañero de UPN que contactó con nosotros para que esta proposición saliera adelante. Él dice que ya la ha presentado, nos hubiera
gustado poder firmarla con él, por eso no la presentamos. Otros compañeros -de Esquerra Republicana, entre ellos- nos han manifestado su voluntad de que fuera así, pero cada uno tiene su representante y su portavoz. Como se dice en catalán, tant
de bo. Ojalá pudiéramos despojar los temas de esta connotación partidista para poder avanzar todos juntos. Este es uno de los que más afectan a la sensibilidad, pero no podemos cerrar los ojos a que todo se sustenta, aparte de en la buena
voluntad, sobre fondos y organizaciones. Cuando se produce una distribución de fondos, también se vienen limitando los presupuestos en función de las posibilidades. Me gustaría decir que en Cataluña no sentimos la premura de las necesidades
presupuestarias como en el País Vasco, pero creo -no nos lo ha dicho el Gobierno porque no hemos podido hablar con ningún representante- que la cosa va por ahí. Por eso, estamos ya trabajando con la vista puesta en presentar alguna iniciativa de
este tipo, para que se establezcan fondos que suponen pequeñas cantidades dentro de unos presupuestos muy grandes -al margen de que Cataluña haga su proceso de independencia-, porque estamos aquí para hacer avanzar todo esto, por lo que
presentaremos estas propuestas.


Me voy a referir concretamente al fondo para la accesibilidad. Nos puede pasar como en la Ley de Dependencia, que se votó una ley pero no se tuvieron en cuenta las competencias y no se establecieron

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los fondos necesarios para poder proveer todas las necesidades, por lo que sí se atiende a un número de personas pero este queda lejos de todas las que tendrían que estar incluidas. Si no tengo mal hechos los cálculos, estaríamos hablando
de unas 260.000 personas que tendrían que estar ahí. No había recapacitado suficientemente sobre lo que usted acaba de decir de que una cosa es la dependencia, la necesidad de un apoyo, y otra la declaración de incapacidad. Me gustaría que en esta
fase en la que se considera la incapacidad permanente absoluta -me imagino que el tema está en la falta de necesidad de un asistente personal porque se lleva una vida autónoma-, que me explicara un poquito más esta relación. En cuanto a la
necesidad de transportar y adaptar nuestra legislación interna a lo que marca la convención, usted ha hablado -quizás aprovechando los aires que vienen de cambio, de reformas de la Constitución- de que los derechos de los discapacitados tendrían que
estar recogidos en estos primeros derechos fundamentales de otra manera. No sé si lo he entendido bien, no sé si se está refiriendo a una mención expresa y concreta. Me gustaría que me dijera si lo he entendido bien, para que no se limitara solo
al artículo 49.


Tras estas cuestiones tan fundamentales, quiero pasar a una cuestión básica para mí, que es la posibilidad de votar, porque así es como se reconoce la capacidad jurídica de los discapacitados. Si no lo he entendido mal, la propuesta que hoy
nos presenta de modificación de la Loreg proviene de una simplificación de una propuesta anterior, en la que había una regulación. Nosotros también estamos trabajando en una propuesta para presentarla -porque la hacemos nuestra- por lo que, tal y
como viene planteada, nos parece que eliminaría muchas dificultades el sencillo hecho de eliminar las trabas, que es el artículo 1. En el último punto del artículo 2, buscando la retroactividad cuando ya ha habido sentencias, dice: Las personas a
las que se les hubiere limitado o anulado su derecho de sufragio por razón de discapacidad quedarán reintegradas plenamente en el mismo por ministerio de la ley. No sé si aquí se tendría que hacer una revisión caso a caso o si este planteamiento
genérico lo cubre mejor; esto es lo que quisiera que me explicara.


Con relación a la gran dificultad que surge para adaptar la normativa en los casos de tutela, curatela o modificación de la legislación civil, por qué existe esta contradicción con la convención que habla sencillamente de apoyo, esto genera
una gran dificultad para todas aquellas fundaciones tutelares a las que en este momento, por sentencia, se les ha otorgado la responsabilidad de ejercer esta función, y por un lado tenemos que el discapaz tendría un simple apoyo pero por otro
existen unas instituciones que se ven con una obligación que cumplir, y es aquí donde se genera una contradicción que no sé cómo tendría que salvarse y por eso también quisiera conocer su opinión.


En general, y para no alargarme más, he de decirle que estamos trabajando en la del voto, en la de accesibilidad, en la del fondo, en la que trata de facilitar también que se pueda ser jurado y, en general, en todas. Pero es que plantean
tantas que nos tendríamos que poner con usted a trabajar y decir que adelante, pero nos tienen que pasar informes de las administraciones y vamos un poco más lentos. En eso nos gana, como en muchas otras cosas. Le agradecemos mucho su trabajo.


Gracias a todos.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ribera.


A continuación, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra la señora Orlena Miguel Muñoz.


La señora MIGUEL MUÑOZ: Buenos días. En primer lugar quiero agradecer al señor Cayo su comparecencia para venir a explicarnos, sobre todo a los que somos nuevos, el gran mundo heterogéneo de las necesidades de la discapacidad y ante todo
pedirle disculpas por haberme incorporado más tarde a esta Comisión por razones totalmente ajenas a mi voluntad. Mis compañeros han tomando buena nota de todo lo que se estaba diciendo. Me encanta ver que va a haber mucho consenso en esta
Comisión, que probablemente sea la que más consenso puede suscitar de todas las que se van a llevar a cabo en el Congreso de los Diputados. Y desde aquí nos sumamos a la petición de UPN, del señor Íñigo Alli, para hacer que esta Comisión, aparte de
permanente, sea legislativa, porque creemos que la discapacidad tiene una entidad propia, ahora mismo es totalmente transversal, tiene parte en absolutamente todas las condiciones de la vida y de la autonomía personal y, por lo tanto, creemos que sí
debe ser legislativa.


No quiero repetirme mucho porque hay bastante consenso. Estamos de acuerdo en que todos los temas que nos plantea son merecedores de un estudio para poner en marcha iniciativas. Simplemente quiero poner en valor los ejes que quiere llevar
a cabo Ciudadanos dentro de la agenda de la discapacidad. El principal es esa reforma constitucional que de hecho llevábamos en el programa electoral y hemos suscrito en un acuerdo con el Partido Socialista hace pocas fechas, para que se incorporen
esos derechos

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de la discapacidad dentro de la Constitución. Y nosotros queremos ir un poco más allá y garantizar, dentro de la Constitución, la dotación de esos derechos. Porque si no hay dotación vemos, como bien ha dicho la compañera de Esquerra
Republicana, que nos puede pasar como con la Ley de Dependencia, que todo se quede en un papel, en buenas intenciones; pero queremos ir más allá.


Otro de los grandes ejes que vemos muy importante y más urgente es el de la accesibilidad. Primero, porque ya llegamos tarde al cumplimiento de la ley. Segundo, porque no se trata solo de la accesibilidad física, sino que la accesibilidad
a los derechos fundamentales viene también recogida en el papel, pero hay que hacer que los discapacitados, que es un sector de la población muy heterogéneo, pueda tener acceso a esos derechos como cualquier otra persona que no tenga una
discapacidad. Y otro de los grandes ejes en los que estamos trabajando ahora mismo con varias propuestas es el ámbito sociosanitario, una es la actualización, como nos ha dicho el señor Cayo, de esa cartera ortoprotésica, que está muy
desactualizada; y dentro de la actualización, revisar esos copagos, que a veces son absurdos y no se corresponden con la realidad de las personas con discapacidad. Dentro de ese mismo ámbito sociosanitario, el de la cronicidad. Aparte de su
asociación, hemos tenido la oportunidad de escuchar a otras que también han incidido en la necesidad del reconocimiento de la cronicidad, que ahora mismo está en un limbo administrativo, porque no son discapacitados ni están bien atendidos dentro
del ámbito sociosanitario.


Otro de los grandes puntos en los que queremos incidir desde Ciudadanos es en esa concreción de un nuevo modelo de inclusión laboral, algo muy importante para conseguir esa igualdad efectiva de las personas con discapacidad porque creemos
que, aparte de justicia, es además una inversión de futuro. Porque en el caso de una población que puede estar en riesgo de exclusión, no solo es importante atender a esas personas desde el punto de vista social sino que puedan valerse por sí
mismas y además ser productivas dentro de la sociedad. Creemos que es muy importante porque es un aspecto psicológico en el que no se ha trabajado lo suficiente. En otras reuniones lo habíamos hablado porque el señor Cayo y yo ya nos hemos visto
más veces, pero en ese tercer sector hay que ver no solo el aspecto asistencial sino una oportunidad de crecimiento económico, que es realmente lo que es, y ahora mismo no se está incidiendo en ello.


Tenemos unas cuantas preguntas más sin ánimo de repetirnos, porque hemos visto que algunas cosas ya se han preguntado y entonces las hemos ido tachando de la lista. Se ha incidido en esas causas de la discapacidad, que ha pasado de ser la
discapacidad de nacimiento a una por causas sobrevenidas; aparte del inevitable paso del tiempo, al que se han referido otros compañeros. También queremos saber si hay se han analizado otras causas de discapacidad y si han tenido en cuenta algún
tipo de medida que se pueda tomar desde la legislación para prevenir estas discapacidades.


Otro de los puntos que tampoco nos ha quedado muy claro, a pesar de haber hablado con otras asociaciones, es que la cronicidad se plantea siempre como algo diferenciado de la discapacidad, pero sí tiene puntos en común. Querría saber si han
visto en qué se pueden diferenciar, qué pueden tener en común y si creen que la cronicidad tiene que tener una entidad independiente dentro de la legislación sobre discapacidad.


Por otro lado, nos ha llamado la atención esa puntualización que ha hecho en el tema de la discapacidad femenina, esa diferencia que hay con la discapacidad masculina. Queremos saber, primero, cuáles son las causas de que haya esa
discriminación, esa desigualdad dentro de la discapacidad, y si han pensado en algún tipo de medida que pueda paliar esa desigualdad. Y, por último, un tema en el que no se ha incidido y que se refiere a la discapacidad infantil. Nos gustaría
saber, aparte del ámbito de la educación, que no solamente está dentro del ámbito infantil pero es en el que más se incide, en la educación inclusiva, qué otras necesidades han detectado dentro de la población infantil con discapacidad que puedan
ser paliadas o atendidas desde la Administración.


Esto es todo. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Miguel Muñoz, por su intervención.


A continuación, vamos a dar la palabra, por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, a la señora Alba Goveli.


La señora ALBA GOVELI: Gracias.


Quiero agradecerle su comparecencia, sí como la forma de exponer las distintas demandas, muy bien acotadas y muy concretas, es utilísimo que se nos expongan de esta manera para luego poder ponernos

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a trabajar sobre todas ellas. Asimismo, quiero disculparme porque he llegado un poquito más tarde a consecuencia de la lluvia en Madrid. En todo caso, mis compañeras me han contado los diez minutos que me he perdido.


Me sumo a la celebración de que esta sea al fin una Comisión permanente pero también a la necesidad de que no nos quedemos aquí y sigamos avanzando hacia una Comisión de carácter legislativo, por los motivos que ya se han expuesto y que no
creo que sea necesario repetir.


Se han comentado ya muchas de las cuestiones, pero en algunas querríamos incidir un poco más y prestarles mayor atención. Por un lado, nos parece muy importante, y lo comentaba la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), cómo en el
caso de la Comunidad Autónoma Vasca tenemos un ejemplo clarísimo de que es perfectamente viable que no existan las escuelas segregadas y que todo el alumnado forme parte de las mismas aulas y todas las personas en toda su diversidad puedan estudiar
juntas y sin ningún problema. Creemos que esto es un ejemplo que demuestra clarísimamente que se puede seguir ese camino en el resto del Estado y que no habría ningún impedimento para hacerlo.


Por otro lado, queríamos incidir también en la cuestión de la accesibilidad universal, y en lo triste que es que en 2017 no vayamos a poder alcanzar ese objetivo, porque no se trata simplemente de garantizar la presencia de las personas con
discapacidad en la sociedad, sino también su participación y ahí entra en juego el derecho al sufragio. Por eso le pediría que detallara un poquito más la cuestión de la modificación de la Loreg, porque llevamos casi dos años electorales en los que
vamos de encuentro electoral en encuentro electoral, y es un buen momento para poner este debate sobre la mesa y llamar la atención sobre esta cuestión. Quizá en otros periodos en los que no hay citas electorales es más difícil tener este debate.


Los datos que se han comentado y muchos otros que existen sobre las mujeres que tienen algún tipo de discapacidad y la exclusión que sufren nos parecen preocupantes, y también queríamos insistir en ese sentido en la necesidad que hay de
hacer políticas específicas para estas mujeres, porque al final las mujeres siempre acaban siendo las grandes perdedoras o las grandes afectadas en todos los aspectos, y en este en concreto nos encontramos con lo mismo. Nos gustaría que detallara
un poco más qué cuestiones cree que son fundamentales o en cuáles se puede avanzar más para intentar si no terminar, sí mejorar un poco esa brecha de género que vemos también en la discapacidad.


En el tema de la inclusión laboral nos parece importantísimo insistir no solo en que toda persona tenga derecho a un trabajo, sino en que toda persona tenga derecho a un trabajo digno y con una remuneración digna, porque en muchísimas
ocasiones nos encontramos con que personas con algún tipo de discapacidad pueden acceder al mercado laboral, pero en unas condiciones pésimas que en última instancia tampoco les permiten tener el poder adquisitivo suficiente como para ser autónomas
y tomar sus propias decisiones. Al fin y al cabo quien depende económicamente de otra persona no termina de ser libre del todo, y no puede ser autónoma del todo ni soberana de su propia vida, y nos parece importante insistir en eso, no solo en la
inclusión en el mundo laboral, sino en condiciones dignas.


Por último, también queríamos enfatizar sobre los recortes en dependencia, y en cómo estos han afectado y siguen afectando a tantísimas personas, y en concreto en la cuestión del limbo de la dependencia y la necesidad de eliminarlo, porque
está afectando a más de 400.000 personas ahora mismo. Hay que exigir el cumplimiento de los seis meses en el procedimiento completo de la ley para que a toda persona a la que se haya reconocido un grado o un nivel que conlleva derecho a recibir
prestaciones y servicios del sistema se le apruebe el programa individual de atención, y pueda recibirlo de manera efectiva, y por otro lado garantizar que estos programas individuales de atención tengan una asistencia personal suficiente y unos
derechos para todos los adultos con planes de vida, de forma independiente, y en todas las comunidades autónomas, porque percibimos muchísimas diferencias de unas a otras.


Por mi parte termino. Muchísimas gracias de nuevo.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, doña Alba Goveli.


A continuación vamos a dar la palabra por el Grupo Socialista al señor Ruiz i Carbonell.


El señor RUIZ I CARBONELL: Gracias, señora presidenta.


Antes de nada, señor Pérez, quisiera darle la bienvenida a la casa de todos los ciudadanos y ciudadanas, y aprovecho la ocasión para en nombre de Grupo Socialista darle las gracias, por dos razones. La primera, por contribuir con su trabajo
a fortalecer la entidad que hoy representa, convirtiéndola en una herramienta fundamental en la defensa de los derechos de todas las personas con discapacidades, y la segunda, por lo que nos ha dicho, que puede estar seguro que nos servirá más que
de orientación.

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Cuando recogía notas para esta Comisión me di cuenta de que esta primera sesión -me gustaría que hubiera muchas más- estaría, digamos, contaminada y acabaríamos hablando de todo un poco. En mi caso también será así, con todo lo que acabo de
decir; no lo puedo remediar. Les ruego que sean comprensivos como yo también lo soy con el resto de las personas que han intervenido. No voy a preguntarle muchas cosas -en el Grupo Socialista coincidimos con muchas de las cosas que ha dicho-,
pero sí le haré una reflexión. Repasando los programas electorales -supongo que lo habrán hecho también ustedes- y leyendo la relación de documentación que ayer nos enviaron por correo electrónico, y mirando por encima lo que hoy nos han aportado,
veo que con la actual composición de esta Comisión y del Pleno creo sinceramente que a ustedes les interesa que el mandato sea largo, porque sería provechoso para todos ustedes, para todos aquellos a los que usted hoy ha dado voz. Sería un mandato
para recuperar derechos perdidos a lo largo de estos cuatro años, y también para alcanzar nuevas metas. Déjeme añadir que nos gustaría que la relación entre esta Comisión, las entidades de la discapacidad y los grupos parlamentarios de esta
Comisión fuese de colaboración, mejor dicho de complicidad; colaboración y complicidad con una organización que en sus casi veinte años -creo que los cumple el año que viene- se ha convertido en una red de solidaridad y de activismo que llega hasta
el último rincón del país, con miles de entidades federadas de todo tipo; una gran herramienta de defensa de las personas con discapacidades, como demuestra que solo en estas últimas semanas hayamos recibido sugerencias sobre proposiciones de ley,
proposiciones no de ley, un informe sobre 'no aparcar en el hipermercado que hay cerca de mi casa', porque en verdad sucede lo del hipermercado. Y la verdad es que nos ahorran una buena parte del trabajo, casi nos hacen el trabajo, y por eso
hablaba de colaboración y complicidad, y también con el resto de los grupos de esta Comisión. Pensamos y queremos cosas diferentes -por eso somos diferentes-, pero el objeto -seguramente no es la mejor palabra- de nuestro trabajo son personas a
quienes esas diferencias no pueden hacer que pierdan oportunidades de tener una vida más autónomas, más plena, y por qué no lo vamos a decir, más feliz. Les aseguro que por los socialistas no va a quedar, lo llevamos grabado en nuestro ADN, es una
de las razones de nuestra existencia: apoyar a las personas más desfavorecidas. Por lo tanto por nosotros no va a quedar.


Lo que digo no es una frase para quedar bien. Nuestros programas, pero sobre todo nuestra acción de gobierno cuando hemos gobernado nos avalan. Solo hay que echar un vistazo a la herencia -me gusta la palabra- de nuestra última etapa de
gobierno: la Ley de Autonomía Personal -me gusta más la palabra autonomía que dependencia-; el aumento de las prestaciones por hijo con discapacidad; las medidas que aumentaron un 10% el empleo de las personas con discapacidad; la aprobación de
la Ley de Signos; la mejora de permisos y ayudas para cuidar a familiares con discapacidad; la reducción de jornada y las excedencias cuando se adopta un niño con discapacidad; la implantación del Plan ADO paralímpico; podría continuar así
durante un buen rato. También hay que recordar que nuestra última etapa de gobierno mereció el Premio Roosevelt. Por cierto, no lo recogimos nosotros, sino el Gobierno del Partido Popular al poco de llegar al Gobierno.


La verdad es que no tenemos muchas intenciones de hablar de herencias del pasado en esta primera reunión; no lo vamos a hacer, a menos que nos provoquen, e incluso así nos va a costar hacerlo, se lo aseguro. No tenemos intención de
hacerlo, y eso que los socialistas somos muy críticos con el Gobierno actual del señor Rajoy y con sus prioridades en el gasto. Queremos recuperar -ya lo he dicho- terreno perdido y llegar a nuevas metas dialogando con ustedes y con el mayor número
posible de grupos parlamentarios. También contamina esta Comisión que al ser la primera es difícil no recapitular. Yo me he acordado que al inicio de la anterior legislatura usted nos dijo dos cosas que me he apuntado en negrita para decirlas
exactamente. Una, que más de 4 millones de personas con discapacidad son un grupo social estructuralmente excluido y presenta todavía severos déficits de ciudadanía y de inclusión de bienestar y de acceso a los derechos básicos. Además, decía que
eso se estaba agravando debido a la crisis económica. Dos, que nuestra sociedad no podía permitirse -esto me impresionó bastante- el lujo de prescindir de la creatividad, las oportunidades, la riqueza de todo tipo, incluso económica, de las
personas con discapacidad. Luego nos pidió tres cosas. La primera, que mantuviéramos lo alcanzado hasta entonces; repito, que lo mantuviéramos. La segunda, que continuáramos preservando la activación laboral -palabra que hoy ha vuelto a utilizar
usted-, porque el tanto por ciento de las personas con discapacidad que trabajan es muy inferior al del resto. También nos pidió una ley de inclusión laboral. Y la tercera, que hiciéramos lo posible para que los derechos les llegaron con la misma
intensidad que al resto de la ciudadanía. Nos recordó el trabajo ímprobo de la legislatura de Zapatero para adaptar nuestra legislación a la Convención Internacional y también la actualización, revisión y reforma de toda una serie

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de leyes, y hoy lo ha vuelto a hacer. También abordar con valentía la educación inclusiva, la accesibilidad y la discriminación, mucho mayor de las mujeres que de los hombres.


Han pasado cuatro años en los que, en contra de lo que parece lógico, que cuando hay una crisis económica un Gobierno sobre todo apoye y ayude a aquellas personas que lo pasan peor, a nuestro parecer eso no ha sido así, y eso ha afectado
negativamente a las personas con discapacidades, o por lo menos vuelvo a decir que nosotros lo vemos así. En definitiva, a nuestro juicio, se ha hecho poco de lo que aquel 16 de mayo usted pidió. Podría valer como muestra lo que ha sucedido con la
Ley de Dependencia. Tengo aquí una nota bastante larga de cómo el Gobierno del PP -ya sé que además usted ha hablado de disfuncionalidades y también tendremos que hablar de eso-, que todavía hoy está en funciones, se ha dedicado a desmontarla. No
lo haré, excepto un detalle ilustrativo: la primera medida que tomó el Gobierno del PP fue el 30 de diciembre de 2011, solo nueve días después de que Rajoy fuese elegido presidente. Tenían mucha prisa por lo que se ve. Pero no solo ha sido la Ley
de Autonomía Personal, los recortes del PP han llegado a todos los rincones. Quisiera citarle dos porque, al igual que a ustedes, nos preocupan especialmente, y en los que creo que tendríamos que avanzar o recuperar el terreno perdido. Uno es en
la integración de los niños con discapacidad en el sistema general de enseñanza. Tengo algunos datos de la Federación de Padres y Madres de Cataluña -mi acento me delata- denunciando que los recortes han propiciado un trasvase de signo contrario al
que pretendemos. Me gustaría saber si eso es así.


En cuanto al fomento del empleo y programas de la formación en un colectivo cuya tasa de paro, según datos de 2014, del propio Instituto Nacional de Estadística, todavía es muy bajo respecto al resto de la población, no puede ser que hoy una
empresa no pueda trabajar para la Administración si no está al día de sus obligaciones con la Seguridad Social, y todavía todo y la legislación puede hacerlo si incumple la reserva, el tanto por ciento para personas con discapacidad.


Vista la relación que nos ha facilitado y siguiendo su publicación semanal, que nos llega puntualmente a todos los miembros de esta Comisión, y además con lo que nos ha dicho, lo que nos preocupa al Grupo Socialista coincide en mucho con lo
que preocupa al Cermi. Pero no quisiera dejar de comentar lo que nos preocupa especialmente, y es que debido a los recortes del Gobierno las personas con discapacidad, excepto algún colectivo específico, están afectadas por el copago farmacéutico.
Para una parte de las personas con discapacidades esto es muy grave, porque sin prestaciones ortoprotésicas no existe autonomía personal para ellas. También la falta de autonomía personal por falta de accesibilidad. Tras la desaparición en 2012
del convenio Imserso Fundación ONCE poco o nada ha hecho este Gobierno.


En 2014, según datos de la ONCE y del Cermi, el 75% de los edificios que se tenían que dedicar a viviendas no eran accesibles en nuestro país. ¡El 75%! De eso somos responsables todos, cuando hemos gobernado nosotros y cuando el Partido
Popular ha gobernado, pero en estos últimos cuatro años ha gobernado el Partido Popular. Eso cuando la rehabilitación y adecuación de viviendas podía ser clave para salir de la situación en que está el sector de la construcción. Además, este
próximo año 2017, el año que viene, como se ha dicho aquí, termina el plazo legal que fijó creo recordar la Lindau y que nos dimos en 2003 para que todos los entornos fueran accesibles. Y no es que nos lo hayan recordado ustedes, sin ir más lejos
con las cien denuncias sobre accesibilidad que hicieron ante la Defensora del Pueblo y también aquí en esta misma sala. Ejemplos tenemos por todas partes. Soy de Tarragona y si alguien con silla de ruedas en mi ciudad quiere ir por tren a
Barcelona, a Valencia no, necesita que le acompañen para atravesar las vías por una zona un tanto alejada de los andenes o que le lleven brazos a él y a su silla. Hoy, 12 abril de 2016.


Resumiendo, entre lo que nos pidió hace cuatro años y la acción de gobierno vemos una gran diferencia. Entiendo que así y todo sea usted conciliador, o a mí me lo ha aparecido, y en su lugar yo también lo sería, además porque a los
socialistas nos gustaría hacer borrón y cuenta nueva, olvidando que en esta Comisión, sesión tras sesión, no se ha atendido prácticamente nada de lo que hemos sugerido o solicitado durante los últimos cuatro años -por cierto, buena parte de las
medidas que nosotros hemos propuesto coinciden en mucho de lo que usted ha dicho hoy-, y también viendo cómo la acción de gobierno del PP iba dirigida a desmontar parte de nuestra labor de gobierno en la construcción del Estado del bienestar.
(Rumores). Pero queremos iniciar una nueva etapa que tenga como objetivo conciliar necesidades y propuestas en el mundo de la discapacidad con la acción de gobierno. Contaremos con las sugerencias del Cermi, se lo aseguro, estemos en el Gobierno o
en la oposición, puesto que queremos tener un objetivo común, que antes ya he dicho de pasada, y es que las personas con discapacidades

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tengan más oportunidades de ser autónomas y de tener una vida más plena, en definitiva de ser felices, y puede usted estar seguro, don Luis Cayo.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Ruiz.


Esta presidenta le ha dado a usted la benevolencia de dos minutos más de los diez estipulados. (El señor Ruiz i Carbonell: Muchas gracias, señora presidenta). De nada, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Silvia Valmaña.


La señora VALMAÑA OCHAÍTA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, señor presidente del Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad, muchísimas gracias por estar hoy aquí para abrir esta nueva etapa parlamentaria. Es un honor para mí intervenir como portavoz del Grupo
Parlamentario Popular ante esta Comisión.


Muchas son las nobles tareas que tenemos el deber de realizar en este órgano, como muchos son también los derechos y los intereses de los españoles cuya defensa y protección tenemos encomendada. En el ejercicio de este cometido es
importante recordar que hoy reanudamos una hermosa tradición, que es la de comenzar los trabajos de la Comisión permanente para las políticas integrales de la discapacidad con su comparecencia, con la comparecencia de la institución que tan
dignamente representa. Y esta es, a juicio del Grupo Popular, la mejor forma en la que podemos iniciar cualquier legislatura, escuchando a quienes desde la sociedad civil tienen la autoridad que da el conocimiento de los retos que debemos afrontar,
para conseguir entre todos un avance fundamental en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.


Es cierto que se ha avanzado mucho en la última legislatura, le pese a quien le pese, y gracias en muy buena medida al trabajo impulsado desde esta Cámara y a la acción del Gobierno de España, que durante los cuatro últimos años ha
encontrado en el Cermi un exigente y leal colaborador para la mejora de las políticas orientadas a la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Además tengo que recordar que no solamente se han mejorado esas políticas para las
personas con discapacidad, sino que a diferencia de lo que sucede en otras ocasiones se han pagado. Por tanto quiero agradecer a la institución que usted representa que nos haga continuamente una reivindicación que nos permite avanzar en esas
políticas, el apoyo que nos permite consolidar los derechos de las personas con discapacidad, y la lealtad y la sinceridad que siempre han presidido las relaciones del Cermi con el Gobierno de España y con esta Comisión, con este Parlamento.


En este sentido, y para comenzar mi intervención, me gustaría recordar algunos de los grandes logros que hemos conseguido juntos durante esta pasada legislatura. En el marco de la agenda social del Gobierno se aprobó el Plan de Acción
2014-2016 sobre la estrategia de discapacidad, dotado con 3.093 millones de euros y compuesto por noventa y seis medidas que avanzaban en igualdad, empleo, educación, accesibilidad y dinamización de la economía. También se aprobaron otros
instrumentos sectoriales muy importantes como la primera estrategia nacional para la mejora de la calidad de vida de personas con trastorno del espectro del autismo, por ejemplo. Gracias también a las medidas de fomento del empleo de personas con
discapacidad, contempladas en el Real Decreto-ley 3/2012, así como en la estrategia de emprendimiento y empleo joven, entre otros, se han firmado 680.000 contratos de trabajo de personas con discapacidad en esta legislatura. Asimismo se ha
reforzado el apoyo a las entidades del tercer sector, y se ha reconocido la labor de miles de voluntarios que actúan a favor de las personas con discapacidad, entre otras muchas actividades, con la aprobación de la Ley del Tercer Sector de Acción
Social o la actualización de la Ley del Voluntariado. También se ha reconocido la especial importancia que la actuación de las entidades sociales juega en esta sociedad, especialmente en el ámbito de la discapacidad, y por eso se dotaron 3.000
millones de euros para pagar facturas pendientes de las comunidades autónomas. Sabemos de la importancia que para la supervivencia del tercer sector, para la prestación de los servicios que el tercer sector está realizando, para la defensa de los
derechos de las personas desde el tercer sector han tenido el Fondo de liquidez autonómico y el Plan de pago a proveedores, que insisto en que han permitido la supervivencia de las entidades y las asociaciones imprescindibles para la defensa de los
derechos de las personas con discapacidad y sus familias. Se ha creado también la Mesa del Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector, que reconoce a esta como un interlocutor válido con el Gobierno, y que ha permitido intensificar la
colaboración entre ambos en dicha legislatura; y dentro de esa plataforma conocemos el enorme papel protagonista y el enorme peso específico que el Cermi tiene. Se han llevado a cabo numerosas medidas específicas que benefician directamente a las
personas con discapacidad, tanto en la reforma fiscal, aumentando los mínimos por discapacidad del contribuyente, como introduciendo

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nuevos beneficios sociales. Se han establecido acciones positivas para personas en situación de especial vulnerabilidad, tales como la reserva de 7% de las plazas de formación sanitaria, el incremento del 5 al 7% del cupo para personas con
discapacidad en la oferta pública de empleo para el personal al servicio de la Administración de Justicia, la protección de los deudores hipotecarios, la mejor atención a las víctimas de violencia de género con discapacidad auditiva o la aprobación
del Plan integral de atención a menores de tres años en situación o riesgo de dependencia. Por último -hay muchísimas más medidas, pero no quiero ser exhaustiva, porque consumiría todo el tiempo del que disponemos y tampoco se trata de hacer una
relación absolutamente notarial de todas las actuaciones-, no quiero dejar de señalar como uno de los grandes avances de la X Legislatura la elaboración de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que ha
integrado en una única norma las principales leyes en esta materia, evitando la dispersión normativa y la falta de seguridad jurídica que existía hasta el momento de su aprobación. En esta ley quiero agradecer de manera muy especial la
participación y el protagonismo destacado que el Cermi ha tenido.


La exposición de motivos de esta ley establece como mandato que el impulso de las medidas que promuevan la igualdad de oportunidades, suprimiendo los inconvenientes que se oponen a la presencia integral de las personas con discapacidad,
concierne a todos los ciudadanos, organizaciones y entidades, pero en primer lugar al legislador, que ha de recoger las necesidades detectadas y proponer las soluciones y las líneas generales de acción más adecuadas. En cumplimiento de ese mandato,
que sigue vivo y presente, y que usted hoy nos ha recordado realizando importantes e interesantes propuestas, el Grupo Parlamentario Popular quiere reafirmar su compromiso con las personas con discapacidad, con sus familias y con el movimiento
asociativo. Por ello, permítame, señor presidente del Cermi, que le formule unas cuantas preguntas en relación con algunas de las muchas puertas que nos ha abierto con su intervención, y que nos permitirán construir una agenda en materia de
políticas de la discapacidad que esté a la altura de los desafíos que se nos presenten.


Como hemos comentado, durante la pasada legislatura se ha avanzado mucho en la adaptación de la normativa española a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo somos conscientes de que es necesario seguir
trabajando para lograr la plena inclusión social de las personas con discapacidad en ámbitos como la justicia. En su opinión, ¿cómo debería ser el nuevo modelo de apoyo para la igualdad en cuanto a la capacidad legal?


En segundo lugar, los trabajos de la subcomisión para abordar los problemas de la violencia contra los niños y las niñas llevados a cabo durante la pasada legislatura pusieron de manifiesto que en nuestro país faltan datos necesarios, en
relación con discapacidad y mujer, para poder articular una política eficaz contra la violencia ejercida contra las niñas y contra las mujeres con discapacidad. En este sentido una de las propuestas que se formulaban en el informe final de la
subcomisión resaltaba la importancia de mejorar el acceso a los datos existentes sobre discapacidad, para poder adoptar medidas orientadas a la lucha contra la violencia ejercida contra los niños y las niñas con discapacidad. Esto es textual. De
la misma manera sabemos -y usted nos lo ha recordado hoy- que el Cermi ha dialogado con el Instituto de la Mujer y con el Observatorio para la Igualdad de Oportunidades, que tienen abiertas además unas importantes acciones en relación con esta
materia de igualdad y mujer con discapacidad. En relación con ese diálogo sabemos que ustedes están interesados en realizar una gran macroencuesta sobre violencia contra las mujeres con discapacidad que revele esta realidad oculta. ¿Me podría
concretar qué es lo que esperan de esta operación estadística, y cómo podría mejorar ese conocimiento exacto las políticas públicas contra esta lacra de la violencia?


En tercer lugar, como hemos señalado, el empleo de las personas con discapacidad es una pieza clave para lograr su plena inclusión, y además es el mejor instrumento para acabar con la desigualdad. Por ese motivo el Gobierno en funciones ha
impulsado una serie de medidas específicas para mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad. También en el programa electoral de la formación a la que represento, el Partido Popular, propusimos la elaboración de un plan específico de
empleo para personas con discapacidad que abarque la formación e incentivos fiscales a empresas para la contratación de personas con discapacidad. ¿Cree necesaria la aprobación de un plan específico sobre la inclusión laboral de las personas con
discapacidad? ¿Qué beneficios aportaría?


Otra cuestión es que el Gobierno ahora en funciones, a través del Instituto Nacional de Estadística, ha reconocido durante la pasada legislatura la necesidad de elaborar una gran encuesta sobre la discapacidad en España, que sustituya los
datos recogidos en el año 2008, la última encuesta existente. El programa de acción del Plan estadístico nacional para el año 2016 contempla la elaboración de esta macroencuesta.

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En su opinión, ¿cree necesaria esta nueva encuesta global? ¿Qué puede aportar a la mejora de las políticas públicas en esta materia?


Asimismo me gustaría que me diera su opinión sobre una cuestión que sé que le preocupa y que preocupa mucho al sector de la discapacidad. Me refiero a la seguridad de los peatones más vulnerables, como las personas con discapacidad y las
personas mayores. ¿Cuál sería la propuesta concreta del Cermi para preservar la seguridad de los viandantes, sin que se vea afectada la movilidad sostenible?


Por último, le agradecería también su opinión, si así lo estima conveniente, sobre la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2016, recientísima sentencia que avala el real decreto de 2013 que regula el reparto estatal de
subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF. Sabemos que la Plataforma Tercer Sector ha celebrado esta sentencia. ¿Cual es la importancia que desde el Cermi dan a este real decreto y a la sentencia que confirma su adecuación a la legalidad vigente
para el movimiento asociativo?


Quiero reiterarle nuevamente nuestro agradecimiento por aceptar venir a esta Comisión, compartir su amplio conocimiento y -por adelantado- contestar a nuestras preguntas.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señora Valmaña. Ha utilizado un minutito más de los diez.


Don Luis Cayo tiene la palabra para contestar a aquellas cuestiones que han sido planteadas por las señoras y los señores diputados.


El señor PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CERMI (Pérez Bueno): Muchísimas gracias a todas las personas intervinientes y a todas sus señorías. Permítanme que saque factor común -aunque vaya
contestando individualmente a todas las cuestiones más precisas que me han formulado- a algunas reflexiones generales en aras de no consumir toda la mañana que llevan dedicando a los trabajos de esta Comisión. Quiero agradecer el tono, la
receptividad, el calor incluso humano en esta mañana fría y plomiza de Madrid no hacia mí, sino hacia lo que tengo el honor de representar aquí, que es un interés genuino y sincero por la causa de los derechos, el bienestar y la inclusión de las
personas con discapacidad; me lo llevo y así lo transmitiré a los órganos de gobierno del Cermi de parte de todos los grupos parlamentarios y de los y las portavoces que han intervenido, que expresan su preocupación sincera y franca y reiteran esa
impresión con hechos, pues el Parlamento, el Congreso es amigo de la discapacidad y aliado potencial para ese cambio incesante e ingente que necesitamos para ser como el resto de los ciudadanos y las ciudadanas. Muchísimas gracias. También creo
que existe un apoyo casi mayoritario -no sé si algún grupo no se ha pronunciado- de conferir carácter legislativo a esta Comisión, a raíz de la propuesta de UPN, del diputado Iñigo, que ha tenido que marcharse. Hay condicionamientos de legislatura,
de continuidad de Gobierno, pero ojalá que esta legislatura sea la que consiga el logro de darle carácter legislativo a esta Comisión. Sería un avance irreversible, que continuaría en el futuro inmediato.


Paso a las intervenciones individuales, y en primer lugar, a la de la representante de Esquerra Republicana. Es cierto que hay una continuidad y una relación de fraternidad entre el movimiento de la discapacidad en Cataluña y el de todo el
Estado español. Cataluña y este movimiento social fueron pioneros, adalides y vanguardia durante mucho tiempo, y el resto del Estado aprendimos de ellos. Las relaciones son francamente buenas y somos parte de una única misión o interés de mejora
de las condiciones de vida y ciudadanía de todas las personas. Es cierto que la Convención de Naciones Unidas, reiteradamente citada, supone para el movimiento de la discapacidad internacional, europeo y español, un hito, una gran revolución, en el
mejor sentido de la palabra. Asistí en los años 2004 y 2005 a algunas de las sesiones en Naciones Unidas en las que se gestó la convención, con más de doscientos Estados soberanos, desde la Santa Sede a Irán, e imagínense la dificultad para llegar
a un acuerdo sobre una constatación, y era que los derechos humanos no llegaban a las personas con discapacidades, y la realidad práctica de las proclamaciones formales era más bien lo contrario de la aplicación o del ejercicio efectivo de los
derechos humanos. Por eso hacía falta una convención que estableciera, no solo como aspiración ideal, ética o programática, sino con vinculación jurídica para los Estados que la ratificaran, políticas y legislaciones concretas de cambio en la
situación de las personas con discapacidad. Por más que nos gustase este cambio nunca sería inmediato, de la noche a la mañana, respecto a todo lo que hay de civilización, de exclusión, de discriminación, de marginación, de ocultación, de no
consideración como vida humana valiosa la nuestra, y basta con que nos remitamos a referencias históricas que todos y todas podemos tener en mente. Y ahora se está produciendo nuestro proceso de emancipación, que está

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costando y será más largo de lo que desearíamos, pero quizá en una, dos o no más de tres generaciones podamos ver que la discapacidad sea una diversidad más que no te condiciona ni te agota como persona, o que no hace que tus posibilidades
vitales o existenciales estén solo en función de ese hecho. Tendría que ser un hecho como, por ejemplo, el color del pelo o tener la nariz aguileña, una circunstancia más y no algo condicionante.


Esta convención traslada al ámbito jurídico internacional esa visión, y creemos que lo hace de un modo muy exigente, muy transformador y con una gran capacidad y potencial de cambio. Por tanto es nuestro referente, nuestro marco de
actuación, de pauta, y lo que exigimos a todos los Estados, y entre ellos al Estado español como sujeto de esa convención. Es una convención que establece compromisos considerables. No se puede firmar a la ligera o pensar que no va a afectar, que
se firma para quedar bien de cara a la galería, o porque se reciben presiones del propio movimiento social, sino que tiene efectos de un calado y de un alcance considerables, entre ellos -y respondo a la señora Capella- la revisión de nuestro
sistema legal, donde por razones de determinadas discapacidades se entiende que algunas personas no pueden representarse a sí mismas y tienen que estar representadas por otras. Esto se basa en una visión tradicional sobreproteccionista de la
persona, que no considera a la persona con discapacidad un sujeto pleno, soberano, completo, que toma sus decisiones, sino que la aparta y la sustituye a través de otros sistemas, que son los conocidos de incapacitación. El artículo 12 de la
Convención de Naciones Unidas, que establece la plena igualdad jurídica, la plena capacidad legal de las personas con discapacidad, obliga a los Estados a revisar todos sus sistemas legales para dar ese apoyo.


Aquí tendríamos que emigrar de un sistema que confiere la representación a una instancia bien familiar o bien social, pública o privada, a un sistema de apoyo a las tomas de decisiones. Es un hecho que hay personas que necesitan apoyos de
su entorno para que tomen las mejores decisiones sobre su persona, sobre sus bienes, sobre su proyecto de vida, pero no podemos sustituirlas, no podemos mermar su plena capacidad como seres humanos valiosos y dignos de la familia humana, sino que
hay que apoyarles para que tomen la mejor decisión que puedan. Ese es el gran emplazamiento que nos hace la convención. La convención no dice cuándo tiene que ser exactamente. El Estado sobre estas cuestiones civiles -en una realidad muy distinta
en todo el mundo, en los cinco continentes- se tiene que plantear, de acuerdo a su tradición, de acuerdo a sus instituciones, pero con este mandato en el horizonte, cambiar ese sistema. Y eso es en lo que estamos. En nuestro país existe un sistema
que viene del derecho romano y que tiene casi mil años, que está inmerso en la genética de los operadores judiciales, fiscales, y que ven ante cualquier cambio de sistema casi un ataque o una crítica, cuando simplemente es un proceso de evolución al
que deberían sumarse. En discapacidad tenemos un modelo para la provisión de apoyos, que significaría modificar el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, dentro del derecho común, del derecho general, y también en comunidades autónomas que
tienen derecho foral propio e instituciones singulares. En esas estamos.


Todavía ningún país ha dado este paso. El más cercano, en las mejores posiciones, sería Canadá, y después Australia. Son países muy avanzados en políticas de inclusión, en políticas de igualdad. Quizá aquí el propio movimiento asociativo,
que somos impacientes, que apremiamos y urgimos, hemos ido un poco más pausados para buscar un buen modelo, apoyado también por los operadores jurídicos que después lo van a aplicar; si no convencemos a los jueces, a los fiscales y a los letrados,
por mucho que lo pongamos en la ley va a fracasar. Pero esto no puede aplazarse indefinidamente, tiene que ser abordado. Nos consta que la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia está trabajando en ello. El otro día nos
hicieron una presentación inicial. Son grandes juristas, pero no son políticos, y por tanto les falta quizá una visión más nuestra, pero creo que se puede avanzar. Esta legislatura sería la ocasión para alumbrar ese modelo, que después tendría su
recorrido, su rodadura, y por tanto iríamos viendo cómo funciona en la práctica. Pero daríamos un paso fundamental para que nadie fuera sustituido y para que todos pudieran tomar, con apoyos, sus propias decisiones. Se podrán equivocar, pero esa
es la libertad humana, decidir siempre por uno mismo, aunque nos equivoquemos.


Respecto a la cuestión de la vida independiente y del asistente personal, estoy totalmente de acuerdo. Artículo 19 de la convención: derecho a ser incluido en la comunidad y a llevar una vida independiente. ¿Eso a qué nos obliga? A
revisar, desde una dimensión y en clave inclusiva, todos los dispositivos públicos que tenemos en nuestro país, en las comunidades autónomas, en el Estado, previos a esta visión, que son asistencialistas, paternalistas y proteccionistas, y que
admiten sin escrúpulos ni escándalo que las personas con discapacidad, por su bien o por economía de gestión, estén separadas, que haya residencias propias; a veces se las separa incluso contra su propia opinión, sin habérsela pedido antes. Si
quieres la

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prestación pública solo tienes esto. Eso es falsear y negar la libertad de elección de cualquier persona basándose en su dignidad humana inherente. Todo esto tiene que ser replanteado en nuestro país para ir a sistemas de apoyo social
inclusivos, de base comunitaria; entre ellos, la figura eminente de la asistencia personal.


Dentro de la revisión de la Ley de autonomía personal y dependencia a la que aludía, toca de lleno replantearse por qué el legislador y el Ejecutivo han sido reticentes a esta figura y por qué solo en determinados territorios del Estado ha
proliferado un poco más. Es verdad que, si vemos las cifras, en el País Vasco existe el mayor número de prestaciones de asistencia personal; dentro del País Vasco en algún territorio, como en Guipuzcoa, se conceden más que otros, cuestión que no
sé a qué puede deberse. Asimismo, quiero destacar experiencias muy positivas como la de Barcelona, con su Oficina de Vida Independiente, o la de Madrid, que en este caso está gestionada por una entidad social apoyada por la Comunidad de Madrid.


Dentro de nuestro documento amplio de propuestas a las selecciones, planteamos una estrategia de desinstitucionalización, de que no haya personas viviendo en lugares específicos, siempre que no quieran, o que se les dé la posibilidad de
elegir -que opten-; eso quiere decir que tendrán que contar con otro dispositivo más comunitario o más inclusivo, aparte de la creación de oficinas autonómicas y provinciales -o en territorios históricos- de vida independiente que realicen una
promoción activa -que convenzan-, porque esto también hay que explicarlo. La nueva cultura no se adquiere si no hay una tarea de pedagogía y por sistemas de derechos sociales que ofrezcan una amplia panoplia de apoyos, de manera que la persona los
configure, como en la universidad establecemos los planes de estudio.


Algún otro interviniente ha incidido en ello, por lo que me gustaría explicar que actualmente en nuestro país la asistencia personal como prestación paradigmática de la vida independiente está en un estado deficitario. No entro en si le
falta amparo jurídico, en el sentido de la relación jurídica que tiene el asistido y el asistente. Si dicha relación la provee una administración o una organización no importa, porque quien contrata al asistente es la administración o la
organización; pero si la contrato yo, como nuestro derecho laboral no recoge una relación especial de asistencia personal, tenemos que falsificarla y contaminarla con la de empleados y empleadas del hogar, cuando no son iguales en absoluto. Por
tanto, habrá que hacer un reglamento de desarrollo del Estatuto de los Trabajadores que regule la relación laboral especial de la asistencia personal. Estas son algunas de las cuestiones que implica la promoción de esta figura.


Con el representante de UPN, Íñigo Alli, que ahora no está presente, coincido. Aparte de representante político, es una persona que forma parte de nuestro movimiento asociativo; en su familia hay una situación de discapacidad -lo dice él
públicamente, no revelo nada que no quiera-. Coincidimos en sus planteamientos. Ha hecho una exposición sobre las bases de las nuevas políticas de discapacidad, que se asientan en los fundamentos de diversidad humana que enriquece, de libertad y
de plenitud de derechos de la persona desde la perspectiva inclusiva y la dignidad inviolable que tiene que reflejarse en todos los aspectos de la vida en comunidad. Una cuestión concreta a la que se ha referido es que tenemos un problema grave y
prolongado en el tiempo -ha sucedido en distintos Gobiernos de un signo y otro-, la valoración de la discapacidad. Existe una valoración estatal de la discapacidad que obedece a un decreto único y que después se aplica en las comunidades autónomas.
Este decreto, de 1999, es previo a este modelo social de entender la discapacidad, previo a los nuevos modelos de valorar la discapacidad de la OMS y previo a la convención. Adolece de una gran carga médica, por la visión de que la discapacidad es
una cuestión fundamentalmente de anomalía de funcionamiento corporal, físico o mental; no valora el entorno social (los apoyos, la falta de apoyos o las barreras) que normalmente provoca las situaciones de restricciones en la participación. Eso
está pendiente, y es verdad que hay muchas disfunciones. Muchas personas con discapacidad y sus familias se quejan de que se está haciendo una mala práctica en la aplicación del baremo, porque es antiguo, no se ha renovado, y porque la discapacidad
cambia como hecho fáctico. Cada semana, cada mes se diagnostican nuevas enfermedades raras; un baremo de hace quince años -y mentalmente de hace veinte o treinta- no las tiene en cuenta. Muchas de las situaciones que están viviendo las personas
con discapacidad en su día a día no están bien reflejadas. Por tanto, esa es otra cuestión que tenemos pendiente; esto, más un añadido. Si vamos a las cargas administrativas, piensen que una persona con discapacidad, una familia, tiene que acudir
a la valoración social de la discapacidad -en su momento se llamaban centros base, que primero dependían del Imserso y después se transfirieron a las comunidades autónomas-, si está trabajando tiene que ir al INSS para la valoración de incapacidades
laborales y si tiene dependencia o quiere abrirse al sistema de la dependencia tiene que acudir a la valoración de la dependencia. Es decir, son tres caminos paralelos entre los que apenas

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existen ni homologación ni convalidación. Esto ha obligado a las personas a realizar todos estos trámites en la etapa de crisis. Perdone que me extienda en esta cuestión, pero en algunas comunidades han creado tasas para las personas que
pedían la valoración o la revisión de su valoración. Es verdad que no eran tasas elevadas, pero no dejan de ser medidas disuasorias por que se reconozca una situación fáctica que da pie a recibir prestaciones sociales. Esa también es una forma de
expulsar a las personas de los servicios sociales.


También me gustaría agradecer a la señora Ardanza, de EAJ-PNV, las palabras amables que ha tenido. Creo que ya me he referido a los aspectos de asistencia personal, vida independiente y valoración de la discapacidad. En cuanto a que 2017
es el último año, quiero decir que no llegamos al cumplimiento de los objetivos, por tanto, deberían reactivarse todas las iniciativas presupuestarias y programáticas de acción pública para no llegar a 2017 al menos en tan penosas condiciones de
incumplimiento. Es verdad que la situación no es igual en todo el Estado, pero en general somos también deficitarios en materia de accesibilidad universal. Discapacidad/dependencia es una dialéctica que nos ha afectado y que nos ha impactado de
modo negativo, porque si hay un sector social junto al de mayores que podía querer una ley de autonomía personal y dependencia era el de la discapacidad. Tenemos compañeros y compañeras en una situación de necesidad de apoyos absolutos, constantes
o permanentes para lograr una mínima calidad de vida, porque tenemos discapacidades así. Pensemos en una persona con parálisis cerebral o con sordoceguera -se ha citado aquí- y en que la intensidad de apoyos que necesita esa persona es enorme. En
este sentido, la dependencia ha opacado y difuminado la discapacidad. Se pensaba que al hablar de dependencia se hablaba de todo el universo, cuando es solo una isla de un archipiélago mucho mayor. Incluso en alguna comunidad autónoma hemos
llegado a ver que se le ha cambiado el nombre a la Consejería de lo Social y se le ha llamado Consejería de Dependencia, como si eso abarcara todas las políticas sociales, cuando representa una parte muy importante, pero solo una parte de las
mismas. Ha tenido un efecto atractivo, de llamada, como si no hubiera otra realidad. Ha perjudicado al resto de políticas sociales y en concreto a la de discapacidad, pero hay un espacio para políticas de discapacidad y para políticas de
dependencia. Lo hay, y tenemos que buscarlo con buenos modelos. Quizá nuestra Ley actual de autonomía personal y dependencia se concibió en su momento pensando solo en las personas mayores que por edad llegan a las diferentes situaciones de
dependencia, y costó Dios y ayuda incluir que hay gente que nace con dependencia y que la va a tener toda su vida; y esas personas no aparecían en el imaginario de los que en su momento pensaron la ley. Costó mucho hacerlo. Recuerdo todo lo que
tuvimos que insistir políticamente para incluir en la ley la discapacidad intelectual y la enfermedad mental, que no estaban en los proyectos originales, o para meter a los niños, que hasta los seis años también estaban excluidos, o toda la parte de
autonomía personal -no solo la de atención pasiva de llevar a cabo un cuidado o un recurso de tipo residencial y terminar ahí- y conseguir apoyos para una vida activa, porque hay mucha gente joven con dependencia que quiere tener una vida tan plena,
tan llena y tan intensa como los demás. Ahí existe todavía un cierto desajuste, pero creo que en esa revisión de la Ley de autonomía personal, que necesariamente hay que acometer -que toca- en su 10.º aniversario, hay que culminar primero -porque
era una ley escalada, en fases- su aplicación y después ver en qué no ha funcionado, en qué se ha solapado y en qué no ha respondido a las expectativas que tenía.


Antes de contestar a la señora Ribera, de Democràcia i Llibertat, le quiero dar las gracias por hacerse eco de todas las peticiones del Cermi en estas primeras semanas de funcionamiento de la Cámara. Somos así, propositivos y proactivos.
No esperamos pontificar ni imponer nada al legislador, pero, como nos interesa que los temas se resuelvan, trabajamos para ello, facilitando la tarea a los legisladores, y a partir de ahí con informes o propuestas ellos pueden actuar soberanamente;
pero siempre se actúa desde la mejor fe y el mayor afán de colaboración. Me hacía una pregunta acerca de si se promoviera la reforma de la Loreg qué significaría la disposición sobre rehabilitación o reintegración a las personas que ya están.
Antes he dado los datos. Son 80.000 personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o psicosocial y neurodegenerativa las que están en esta situación de privación. Esos son datos de la Fiscalía General del Estado, proporcionados por la
Oficina del Censo Electoral, porque cada sentencia de incapacitación que priva del voto se comunica por el juez a dicha oficina, se borra a la persona y ya no puede votar. Imagínense que se aprueba la ley, como pretendemos, y se reintegra el
derecho de sufragio. Esto sería para los que vinieran. ¿Qué tendrían que hacer los que ya están? ¿Habría que revisar uno a uno cada proceso, de los 80.000 que hay? ¿Meteríamos esa carga a la Administración de Justicia? ¿Podría asumirlo si todos
quisieran que les fuera reintegrado su derecho de voto? Supondría colapsar una Administración que ya casi lo está y, además, robarle gasto a la familia, porque estos procesos no son

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gratuitos. A ellos hay que ir con abogado y procurador; hay que hacer intervenir al ministerio fiscal, al juez, a los peritos, al forense. Pretendemos que la ley -que lo puede todo, siempre que sea razonable- diga que no hace falta,
porque estas personas estaban en una situación de vulneración de su derecho y con la ley se le repone directamente. Por tanto, sin tener que acudir a los tribunales, caso a caso y por cuestiones prácticas de imposibilidad, esas personas pueden
gozar de su derecho de un modo automático, rápido, sin tener que acudir a la casuística. Esa es la intención. ¿La redacción puede ser mejorada? Seguro que podrá tener alguna matización positiva cuando lo vean los letrados, el Ministerio de
Justicia, el Ministerio del Interior y los grupos.


Quiero agradecer la intervención de la representante de Ciudadanos, Orlena Miguel, pues en gran parte de los ejes a los que aludía hay una coincidencia, lo cual nos congratula. Me hacía una pregunta concreta sobre la reforma constitucional
y qué pretendemos. Es verdad que no me he extendido en ello. La cuestión -desde todo el tercer sector social porque la acción social no es solo del Cermi- no es solo qué habría que hacer si se reforma la Constitución. Creemos que tiene que
reformarse la Constitución en cuanto a los aspectos que nos sobrepasan -no voy a entrar ahora en cómo tiene que ser la distribución territorial del poder en el Estado porque no estoy aquí por eso, sino para hablar en nombre de las personas con
discapacidad-, para sacar -dicho grosso modo- los principios rectores de la política social y económica; tendríamos que sacarlos de ahí, porque no dejan de ser orientaciones al legislador y al Ejecutivo para que actúe (si puede, si quiere, si tiene
medios...), no son auténticos derechos. Hay que definir esos derechos en la parte de derechos fundamentales; hay que llevar todo eso actualizado, mejorado y ampliado a la parte de derechos y, por supuesto, con mecanismos de garantía financiera,
como han dicho y en lo que coincidimos. Como hay un artículo concreto, el 49, que se refiere a personas con discapacidad dentro de esos principios rectores de la política social y económica, nos gustaría que se trajera a la parte fundamental,
declarando el derecho a la inclusión social en general y a la inclusión social de las personas con discapacidad. También tenemos trabajos en esa materia de por dónde debería ir una reforma constitucional en la parte que afecta a derechos sociales y
discapacidad.


Hacía también una sugerencia. El movimiento de la discapacidad en España, en el ámbito del empleo, de la inclusión laboral y la activación, tiene un factor bueno que no tienen otros países. Este es que en el propio movimiento asociativo
existe una economía social o emprendedora de base social muy potente, que superó una fase de enfrentamiento con el empresario privado, siempre en una dialéctica negativa (como no cumples...), y pasó a una fase de colaboración constructiva o de
crítica exigente. Tenemos nuestras propias empresas, pero también inducimos a empresarios privados para que se abran al valor de la diversidad y contraten e incluyan a personas con discapacidad. Tenemos cifras muy importantes de empleo de
iniciativa social. Eso no existe en otros países -con Estado del bienestar más fuerte, más denso-, porque o bien el mercado por sí solo atendió mejor a las personas con discapacidad o en aquellos que se llaman avanzados se sustituyó -eso es un
error- el empleo por una prestación pasiva; no se complicaron la vida y a la persona con discapacidad, en vez de buscarle la inclusión laboral, le dieron una prestación. Eso es un fracaso y es una política que no queremos. Queremos políticas que
activen; que la persona se busque la vida, la pueda conquistar y decida sobre la misma.


Pasando a la intervención de la portavoz Alba Goveli, representante de Podemos, agradezco todas sus consideraciones. Creo que me pedía una contestación a la ampliación del derecho de sufragio, a lo cual creo que ya me he referido. También
hablaba de empleo digno y decente, con lo que estoy absolutamente de acuerdo. No basta con el empleo si no va acompañado -no son adjetivos sino sustantivos- de términos como digno y decente -como define la OIT al trabajo-, con todos los derechos,
que dé pie a una suficiencia económica y a llevar una vida desahogada y digna a todas las personas. Eso es así y en ello coincidimos plenamente.


Sobre el tema de las mujeres, solicitaría que en su momento pudiera venir una representante del Cermi, Ana Peláez, que es nuestra comisionada de género, miembro por España del Comité de Derechos de Naciones Unidas, y que es quien más sabe de
exclusión por razón de género y discapacidad. Todos los datos indican que las mujeres -incluso en el propio movimiento asociativo tenemos que ser críticos y autocríticos- están en una posición relegada: son más pobres, están más excluidas. Las
propias familias, cuando se trata de discapacidades que requieren una atención continuada, les han inculcado una cierta sobreprotección, una cierta falta de empoderamiento que les lleva a tener peores perfiles formativos o a que vean su salida vital
no formando una pareja, una familia o teniendo descendencia, sino quedándose como un elemento de apoyo a unos padres que se hacen mayores -por Dios, no es una crítica a los padres, pero a veces sucede-, y no de forma vocacional sino casi
obligatoriamente: como te hemos

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apoyado a ti, ahora nos devuelves los apoyos en la etapa de vejez. Si la tasa de actividad es del 36%, esta situación supone que en las mujeres se sitúe en un 25%, que su tasa de analfabetismo sea mayor o que la de acceso a estudios
universitarios sea más baja que la de los varones con discapacidad. En todas las mediciones de desarrollo humano que hagamos la mujer con discapacidad está peor.


Llegamos ya al elemento más indignante, que es la violencia de género. Hay un dato que quizá no sepan y que hemos averiguado con mucho esfuerzo porque no constaba la variable de discapacidad hasta hace muy poco en los partes de víctimas.
No se sabía por la situación de institucionalización de las mujeres, de su dependencia de cuidados, de que a veces no tienen conciencia de que están siendo agredidas y de que no saben denunciar porque no tienen habilidades sociales o no han sido
adiestradas en habilidades sociales de autodefensa, pero las mujeres están soportando mucha violencia oculta que no se trasluce. Cuando hemos comenzado a tener datos salen cifras escalofriantes. De 50 o 60 víctimas mortales 14 tenían discapacidad.
Participamos mucho más en la victimología de lo que nos correspondería como peso poblacional. Si las mujeres con discapacidad representan el 7% u 8% de todas las mujeres de España, no tendrían que estar aportando el 20% de víctimas. Eso quiere
decir que están en una situación de mucha más exposición a la violencia. Eso se conoce poco. Es verdad que en la Ley contra la violencia de género ya se metió y se apunta que todas las estrategias públicas tienen que tener en cuenta esa realidad,
pero ahora falta llevarlo a la práctica y conocerlo mejor. Es fundamental, no solo por la cuestión de la violencia, pero también, como lo más inaceptable y degradante que puede ocurrir a una mujer con discapacidad, que las políticas públicas se
tiñan de aspecto de género -las de discapacidad- y las de género se tiñan de discapacidad de mujeres y niñas.


Paso a contestar al señor Ruiz i Carbonell, representante del Grupo Socialista. Cierto, creo que esto es una continuidad. Esta Comisión ya tiene unos tiempos. Hablaba antes de que asistimos a un cambio histórico que necesitará de
generaciones, y que como sector de la discapacidad queremos precipitar y acelerar. He repetid, ciertamente, en parte la agenda que presenté en 2012, cuando comparecí en esta Comisión en esa legislatura, porque no se ha resuelto. Tampoco era
absolutamente factible y viable que se fueran a resolver. Tenemos temas estructurales. He dicho que sufrimos una discriminación estructural y permanente; trabajar en las estructuras requiere tiempo y veremos resultados pero no con la inmediatez
que nos gustaría a las propias personas con discapacidades, que sería a quienes más nos gustaría.


Hacía una pregunta, la refería a la realidad escolar en Cataluña, pero es generalizada en España y en Europa. No se ha conseguido todavía la plena educación inclusiva o que solo exista un sistema, que es el de plena inclusión. Con los
recortes que se han producido, con los menores presupuestos o recursos destinados a políticas educativas, familias, padres, madres que tenían a hijos o hijas con discapacidad en un entorno ordinario han visto reducir los apoyos ahí, lo que les ha
llevado, incluso renunciando a su visión ideal de cuál debería ser su modalidad educativa, a sacarlo del entorno ordinario para llevarlo al especial porque ahí, al menos, aunque no les guste ese paradigma, había apoyos (profesores, médicos, de tipo
social y sanitario). Eso se ha producido. En todo caso, tenemos las cifras reveladoras del sistema educativo español; llevamos quince años, después de un esfuerzo enorme que se produjo en los años 80 y 90, cuando se pasó de un 20% de alumnos con
discapacidad en enseñanza general ordinaria a un 80% en enseñanza general y solo un 20% en educación especial, sin que apenas haya variado esa estadística. El sistema ha renunciado a seguir arañando inclusión. Se ha quedado en una zona de confort,
como se dice ahora; no estamos haciendo nada porque también hemos tropezado con las discapacidades que mayores apoyos necesitan, que objetivamente no son las más fáciles de incluir. Hemos conseguido que casi todas las personas ciegas estén en el
sistema ordinario, además de todas las personas con discapacidad física; pero cuando vamos a discapacidades múltiples, concurrentes o que necesitan grandes apoyos no hemos sido innovadores, creativos ni hemos metido tensión al sistema para obtener
respuestas. Eso ha sucedido antes de la convención. Con la convención ya no es un debate, es un imperativo jurídico. Ya no es admisible un sistema segregador. Solo es admisible un sistema inclusivo. La convención no le dice al Estado: Tiene
que hacerlo antes de 2012 0 2015. Le dice que tiene que hacerlo, y cuando lo revisa le señala los incumplimientos en los que ha podido incurrir. Es cierta su apreciación de que sucede no solo en Cataluña sino en todo el Estado.


En cuanto a las cuestiones de accesibilidad es igual, 2017. Sabemos ya que no se va a cumplir, pero es bueno mantener esa fecha. Seguro que recibirán en esta Cámara presiones a partir de 2017 de que amplíen el plazo, de que den moratoria,
y pediríamos que no lo hagan. Aunque fácticamente no se cumpla, es una herramienta de presión política y de presión judicial enorme para los incumplidores. Si caen en los cantos de sirena de que se amplíen los plazos... Vendrán grandes
infraestructuras estatales o autonómicas

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que digan que es imposible y que no pueden cumplir la ley, pero les pediría, por favor, que no se amplíen los plazos. Han tenido más de quince años para ponerse al día. La obligación era desde el principio, lo sabían. Es verdad que ha
venido una crisis, pero tuvimos la etapa de mayor expansión económica en esos quince años. Si se hubiera hecho de un modo razonable, hubieran tenido medios para que lo nuevo fuera accesible y ajustar lo antiguo. También tiene elementos de ajuste;
no es todo ya, tiene un elemento de progresividad.


Voy concluyendo, señora presidenta. Quería responder a todos los portavoces. En cuanto a la última intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular igual entro en un tema de enfrentamiento de conflicto político. Lo que no hemos
querido nunca, ni en la Administración del Estado ni en las administraciones autonómicas, que también han sufrido en estos últimos años, en la anterior legislatura, tanto en el sector de la discapacidad como en el tercer sector social, es que la
crisis sirviera de coartada: como hay crisis y hay que ajustar las cuentas no se puede hacer nada. Eso no es admisible. Los imperativos constitucionales de igualdad, de participación y de dignidad no quedan en suspenso porque haya crisis. Siguen
existiendo. Los poderes públicos tienen los mismos mandatos y las mismas obligaciones de actuar. Por la crisis no hemos transigido en exigir lo que era conveniente. ¿Qué se ha podido hacer? Hay mucha parte de la agenda que no depende
exclusivamente de un dato económico o de un presupuesto. Hay que avanzar en eso sin ningún tipo de excusas, porque se puede hacer, porque a lo mejor es cambiar una ley. Cambiar la Loreg no cuesta. Incluso diría más, pasar de un sistema de
segregación educativa a uno inclusivo puede producir ahorros al Estado, porque esos centros que ahora están con personal distinto en edificios separados, con transporte especial, al integrarlos en el gran caudal del sistema ordinario, por pura
economía de escala supondrían rebajar costes, que se irradiarían a todo el sistema. Puede haber ventajas económicas incluso en la inclusión. No hemos parado la agenda. Cada gobierno tiene una cosmovisión política, una ideología y una forma de ver
el mundo, intentando poner en su agenda aquellas cosas que podrían estar más cercanas a su visión de la política o la visión de la acción pública. No es un juego sino buscar con el interlocutor concreto cuáles son las mayores afinidades, sin
renunciar en ningún caso a nuestra agenda básica que, como es de derechos humanos, no puede resignarse ni transigir con nada que no sea cumplimiento de los derechos humanos. Por ejemplo, un dato. En esta legislatura pasada hemos tenido los peores
años del empleo para personas con discapacidad, pero también los mejores. Fueron muy malos 2012 y 2013, penosos, los peores en el incremento de la tasa de actividad de las personas, pero 2014 y 2015 han sido muy buenos dentro del suelo del que
partimos, porque siempre estamos en el suelo, no estamos en situaciones de normalidad. Son paradojas que se producen. Los datos que comenzamos a tener sobre empleo, que buena falta nos hacían, lo indican así. Hay que decirlo si es así, y es una
realidad. Cuanta más gente tenga acceso a un empleo, más contratos haya y se suba 1,5 puntos de tasa de actividad, como ha sucedido en 2015, según el INE, estupendo. Vamos a incrementar esa tasa de actividad y a ver si llegamos al 50% en cuatro o
cinco años.


Respondo a las preguntas que me hacía la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. En cuanto al plan específico de empleo, sí, pero como consecuencia de un nuevo modelo legal de empleo. Recuerdo que en la reforma laboral de 2012, por una
enmienda del Grupo de Convergència i Unió en ese momento, se aprobó instar al Gobierno que enviase en el plazo de un año a las Cortes un proyecto de ley de nuevo modelo legal de empleo para personas con discapacidad, que superase la Lismi y que
pusiera al día el que ya tiene más de treinta años. En el ámbito del empleo y del mercado de trabajo treinta años no pasan en balde, dejan un efecto enorme, por lo que hay que actualizarlo. Ese plan de empleo debería ser consecuencia inmediata de
esa nueva legislación de inclusión laboral para personas con discapacidad. Sí al plan consecuencia de una ley previa.


En relación con la encuesta, la necesitamos porque hacer políticas públicas de discapacidad sin datos, sin referencias, sin fuentes estadísticas no deja de ser un cierto propósito que a veces se dilapida, incluso no solo para saber de dónde
partimos o a qué se va aplicar, sino cuál es el impacto de las políticas. A lo mejor hemos estado llevando a cabo políticas que pensamos que son buenas pero luego los datos nos dicen que no han producido cambios sociales. Hay que pedir el impacto
o evaluación de las políticas públicas. Respecto a esta gran encuesta que el INE ha asumido y que sustituiría a la de 2008 -porque más o menos cada década hay una gran encuesta que nos pone al día para ver cómo ha evolucionado ese fenómeno de la
discapacidad en una sociedad cambiante y evolutiva-, es muy buena idea contar con ella. La idea sería -se está trabajando en ello y cada vez las fuentes estadísticas estatales y autonómicas están mejorando- que no hubiera que tener una gran
encuesta de discapacidad porque en todas las operaciones estadísticas se hubiera metido esa variable (en la EPA, en la encuesta de hogares, en la

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encuesta de salud), y así tuviéramos ya la información transversalmente. No haría falta una gran operación específica o temática porque ya estaría porosamente en todos los registros que sean relevantes para este fenómeno, porque hay
aspectos de la economía o de la sociedad que no son relevantes para la discapacidad. Sí a esa encuesta, y nos congratulamos. El INE ha ofrecido al sector de la discapacidad y a universidades participar en el grupo de definición de los ítems, de
las variables que se van a medir, lo cual será una buena solución de trabajo compartido.


Me preguntaba también por las cuestiones relacionadas con los peatones. Aquí tenemos un problema grave. La accesibilidad es una conquista que se va retardando pero en nuestros pueblos y ciudades vamos ganando espacios para la
accesibilidad. Nuestras aceras, con mil problemas, son más accesibles. Nos estamos encontrando, sin embargo, con que con que esa accesibilidad -porque hay rebajes, porque la normativa se cumple- se está perdiendo por otros usos que se están dando
a esas vías públicas; vías públicas que usan los peatones, las personas con discapacidad y los mayores viandantes. Me refiero a esa tendencia de los ayuntamientos en los últimos años a conceder licencias -para obtener tasas- de ocupación de
terrazas, que ocupan espacio e impiden pasar a una persona ciega con su bastón, en silla de ruedas o a quien lleva algún tipo de apoyo para caminar; y a los carriles bici. Estos carriles -en vez de ir a la calzada, ocupándola, y en todo caso
gestionar la calzada de los vehículos con otro como la bicicleta- se han ido a la parte más débil, más vulnerable, que es la acera, sin diferenciación, sin transiciones. Piensen en una persona ciega, mayor o sorda que tenga que cruzar por el carril
bici para alcanzar el paso de peatones y que no sabe si viene alguna bici; no hay semáforos, no hay nada. Está expuesta. No estamos en absoluto contra la movilidad sostenible; queremos que se use la bicicleta, pero en este caso la parte más
débil es el peatón, el peatón mayor o con discapacidad, y no debe promoverse a costa de su seguridad y de su integridad. Hemos pedido una reforma del Reglamento General de Circulación que en este momento permite a las corporaciones locales decidir
si ocupan o no la acera. En la modificación pedimos que no se pueda ocupar la acera y que, en todo caso, pase a la calzada; que se busquen soluciones que no impidan el fomento de la movilidad sostenible pero que no sean a costa de personas con
discapacidad. Creo que es una petición razonable y que va a proteger a quienes están más expuestos, las personas con discapacidad y mayores. Quizás atacar al coche, al vehículo a motor es menos sencillo políticamente que al mayor o a la persona
con discapacidad, que es más antipático, es posible, pero que no sea a costa de esos espacios que estamos ganando para la accesibilidad.


Por último, me ha hablado de la sentencia del Tribunal Supremo. Como tercer sector hemos valorado esta sentencia que dice que el sistema puesto en marcha en 2013 que reconfigura el 0,7% puede tener una dimensión estatal. Recuerdo que este
es un sistema que tiene tres décadas de vida, que se ha mantenido con partidos de uno y otro signo. Si es verdad que existe un Estado y que existe España -la Constitución lo dice-, que haya una dimensión social de todo ese agregado que es España.
La hay, y la hay asociativamente. Huyendo del conflicto Estado contra territorios, que a nadie convence ni anima, creo que debe haber -así lo hemos valorado- una gestión estatal muy coparticipada de las comunidades autónomas de algo que han
decidido los ciudadanos. Es la única fiscalidad que decidimos los propios ciudadanos; nos dan a elegir a dónde van nuestros impuestos, en este caso a fines de interés social o a la Iglesia católica. Creemos que el sistema de 2013 es bueno pero se
puede y se debe llegar a un sistema consensuado políticamente, teniendo en cuenta lo que plantean algunas comunidades autónomas, para llegar a algo que no esté judicializado permanentemente, que a nadie le gusta; desearíamos que hubiera un consenso
básico en esta materia. De momento, ante el abismo que se abría, si la sentencia del Tribunal Supremo hubiera sido negativa a las pretensiones del tercer sector, estamos contentos porque era una situación de precipicio, pero esto va a seguir
latiendo. Es una sentencia. Quizás habría que ir a una solución global en la que todo el mundo se sintiese cómodo, sabiendo -eso sí- que hay una dimensión estatal y que no puede ser desconocida. Eso no implica no reconocer otras realidades
territoriales de nuestro país.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias a don Luis Cayo, presidente del Cermi, por su intervención, por las contestaciones que nos ha proporcionado a las cuestiones planteadas por los diputados y las diputadas que han intervenido en esta
sesión de la Comisión. Estamos seguros de que vamos a poder seguir colaborando estrechamente con el Cermi en beneficio de todas aquellas personas con discapacidad, que es el objetivo de todos los que estamos aquí y de esta Comisión. Muchísimas

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gracias también a los portavoces de los distintos grupos por sus intervenciones, por haber hecho fácil a esta Presidencia la gestión de la primera sesión de la Comisión.


Antes de despedir a don Luis Cayo, quiero pedirles, por favor, que tengan un poco de paciencia porque tenemos que votar el primer punto del orden del día de la Comisión para poder seguir funcionando.


Muchas gracias, don Luis.


DELEGACIÓN EN LA MESA DE LA COMISIÓN DE LA COMPETENCIA DE ESTA DE ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO, CONCORDANTE CON LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1983. (Número de
expediente 042/000001).


La señora PRESIDENTA: Dos cuestiones. Tenemos que votar la delegación en la Mesa de la Comisión de la competencia de esta de adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 44 del Reglamento, concordante con la resolución de la
Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. Además los portavoces y miembros de la Mesa quedamos en tener una última reunión -por tanto, no se ausenten- a la finalización de esta Comisión.


Como hay quorum, según me dice el señor letrado, vamos a pasar a la votación de esa delegación. Algunos portavoces me han dicho que si se puede hacer por asentimiento; no hay ningún problema porque tenemos quorum. ¿Están de acuerdo los
portavoces en que sea por asentimiento? (Pausa) ¿Aprobamos esta delegación por asentimiento? (Asentimiento). Queda aprobada.


Muchísimas gracias a todos. Se levanta la sesión.


Eran las doce y cuarenta y cinco minutos del mediodía.