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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 62, de 27/04/2016
cve: BOCG-11-D-62
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XI LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
27 de abril de 2016
Núm. 62
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/000503 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para revitalizar la aplicación de la Ley de Memoria Histórica... (Página6)
161/000541 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la retirada de los recursos de inconstitucionalidad pendientes contra las leyes de Derecho Civil valenciano... (Página8)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000509 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la gestión española y europea de la crisis humanitaria de migrantes y refugiados procedentes de Siria y otros países en conflicto, con especial énfasis
en el impacto de la misma sobre los niños y las niñas... (Página9)
161/000540 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el bloguero Raif Badawi... (Página11)
Comisión de Justicia
161/000511 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la retirada de los recursos de inconstitucionalidad pendientes contra las leyes de Derecho Civil valenciano... (Página13)
Comisión de Interior
161/000543 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre concesión de condecoraciones en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado... (Página14)
161/000547 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el incremento de los efectivos en la Comisaría Provincial de Lugo... (Página15)
Comisión de Economía y Competitividad
161/000535 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), relativa a recuperar el gasto presupuestario en I+D+I del año 2009 y conseguir que en 2020 el 3 por ciento del PIB se destine a
investigación y desarrollo... (Página16)
161/000568 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la elaboración de un Plan Integral de Lucha contra el Fraude... (Página18)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/000497 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la puesta en marcha del Impuesto de Transacciones Financieras (ITF)... (Página21)
161/000525 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la rebaja del IVA en productos de higiene íntima femenina, así como en pañales para infancia y adultos...
161/000534 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), relativa a la reducción urgente del IVA que grava los productos y actividades culturales y deportivas...
Comisión de Fomento
161/000505 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el proyecto de trazado de la modificación n.º 1 de las obras de construcción de la autovía A-14 Lleida-frontera francesa, tramo Lleida (enlace con la
A-2 y Rosselló)... (Página24)
161/000506 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre actuaciones para mejorar la seguridad en la carretera N-525 en el término municipal de Coles (Ourense), travesía Gustey-Cambeo...
161/000507 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al comienzo de las obras de desdoblamiento de la SG-20... (Página27)
161/000508 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el impulso y desarrollo del transporte ferroviario de mercancías entre Segovia y el resto de España, a través de Madrid...
161/000517 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para conseguir un sistema de transporte eficiente entre Valencia y Alicante que facilite la interacción entre las ciudades...
161/000526 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la mejora y acondicionamiento de la N-260, o Eje Pirenaico, a su paso por el Pirineo catalán... (Página30)
161/000529 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la rehabilitación del Teatro Cervantes, en la ciudad de Segovia... (Página31)
161/000530 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la revitalización de la vía férrea Madrid-Aranda de Duero-Burgos... (Página31)
161/000532 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al desarrollo y mejora de la red ferroviaria en Extremadura... (Página33)
161/000546 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre afecciones aeroportuarias... (Página33)
161/000550 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la incorporación a la documentación necesaria para ejecutar obras públicas, ya sean de infraestructuras, de urbanización o en
general de artificialización del suelo u otras promovidas o financiadas por el Gobierno de España, de un estudio para corregir el riesgo de sellado del suelo... (Página35)
161/000554 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la reapertura y modernización de la línea ferroviaria internacional Zaragoza-Canfranc-Pau...
161/000555 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre emergencia habitacional: desahucios, segunda oportunidad, alquiler, parque público y pobreza energética...
161/000558 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao... (Página40)
161/000561 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Corredor Mediterráneo a su paso por la Comunitat Valenciana... (Página41)
161/000562 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la construcción de dos glorietas en las intersecciones entre la N-II y las carreteras GIV-5044 y GI-502... (Página43)
161/000563 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la mejora de la N-260 en el tramo Campo-Castejón de Sos... (Página44)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/000504 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la revisión del Plan PREPARA para disponer su prórroga automática hasta alcanzar una tasa de empleo del 75 por ciento...
161/000516 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Colegio San Juan de la Cruz de Valladolid... (Página46)
161/000533 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a los recortes en la prestación de desempleo... (Página47)
161/000542 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la rebaja de la edad de jubilación de los trabajadores y trabajadoras cuidadores de personas dependientes en el sector sociosanitario...
161/000549 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la revisión y prórroga del Programa de Activación para el Empleo... (Página51)
161/000551 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para mejorar la protección social y facilitar el emprendimiento de los trabajadores autónomos... (Página52)
161/000556 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la necesidad de proceder a la reducción de la edad de jubilación del colectivo de 'redeiras'...
161/000571 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), relativa a modificar las condiciones del contrato de relevo y jubilación parcial, para potenciarlo...
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000524 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al futuro del carbón autóctono como factor clave para la soberanía energética española... (Página56)
161/000548 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre 'fracking'... (Página58)
161/000567 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el establecimiento de un calendario de cierre nuclear en España... (Página59)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/000496 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la situación del sector lácteo español... (Página60)
161/000514 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas de apoyo de la pesca continental en Andalucía... (Página62)
161/000518 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para la defensa del olivar en pendiente... (Página63)
161/000521 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la plaga del picudo rojo... (Página64)
161/000522 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre implementación de un plan de vigilancia, control y prevención del 'greening'... (Página65)
161/000536 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), relativa a adoptar la normativa estatal de la PAC a la normativa europea, en beneficio de los agricultores a título principal, los
jóvenes y de determinados sectores hoy excluidos... (Página66)
161/000557 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la pesca artesanal... (Página67)
161/000560 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno para que aplique al Golfo de Cádiz 'una gestión diferenciada' a las demás zonas pesqueras por sus características...
161/000564 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la protección de la Albufera de Valencia... (Página70)
161/000565 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones necesarias para luchar contra la plaga de procesionaria en la provincia de Ciudad Real... (Página71)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/000413 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la supresión de la prestación de asistencia sanitaria a las personas que permanezcan fuera del Estado español durante más de
noventa días. Pasa a tramitarse ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social... (Página72)
161/000501 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la calidad y la disminución de los tiempos de espera para recibir las prestaciones reguladas por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia... (Página72)
161/000502 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la lucha contra la mutilación genital femenina... (Página74)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000523 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el incremento de la ayuda humanitaria para los desplazados y personas refugiadas... (Página76)
161/000570 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), relativa a apoyar decididamente la lucha contra el sida y contribuir al fin de la epidemia en 2030...
Comisión de Cultura
161/000510 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la necesidad de agilizar la tramitación para la presentación ante la UNESCO de la candidatura a Patrimonio de la Humanidad de
la Ribeira Sacra (Lugo y Ourense)... (Página79)
161/000537 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), sobre el respeto y protección de las lenguas cooficiales distintas del castellano en el marco del programa e-Biblio...
161/000552 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a impulsar un programa de protección de la música en directo... (Página81)
161/000553 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la creación de un marco legislativo adecuado a las enseñanzas artísticas superiores... (Página82)
161/000566 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre un plan de choque por la diversidad de género en la cultura... (Página84)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/000539 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre medidas ante el incremento del intrusismo y la piratería en el transporte público de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas...
(Página87)
161/000544 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el estudio integral, sustitución, reforma y actualización de los sistemas viales de contención ('quitamiedos', guardarraíles, biondas y señales
verticales)... (Página88)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000499 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la mejora de la accesibilidad de las mujeres con discapacidad que quieran ser madres... (Página90)
161/000538 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la creación de un registro estatal de datos de los resultados de la aplicación del Programa de Detección Precoz de la Sordera en España...
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
161/000531 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la promoción de una Ley de Cambio Climático... (Página92)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y, considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, entendiendo que en el caso de su eventual aprobación, estarían dirigidas al Gobierno que se constituya, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/000503
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
para revitalizar la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
La memoria de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, su reconocimiento, reparación y dignificación, representa un deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la democracia. La historia no puede construirse desde el
olvido de los débiles y el silenciamiento de los vencidos. La memoria y la verdad sobre nuestro pasado contribuyen a asentar nuestra convivencia sobre bases más firmes, protegiéndonos de repetir errores del pasado.
Porque el olvido no es una opción para una democracia, desde 1978 distintas normas -tanto estatales como autonómicas- han tratado de reparar la situación de las víctimas del franquismo. Pero no fue hasta 2007 que nuestro Estado democrático
alcanzó la madurez suficiente para aprobar la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
Conocida como Ley de Memoria Histórica, ésta fue una norma heredera del mejor espíritu de la transición y del principio que nos condujo hacia una democracia estable y consolidada: la concordia. Es una ley que, lejos de escribirse contra nadie,
pretende hacer justicia, y de manera muy especial con aquellas personas que se vieron privadas del derecho a su memoria, aquellos hombres y mujeres cuya biografía quedó silenciada o mutilada durante años.
La Ley de Memoria Histórica tuvo un alto grado de cumplimiento en los primeros años de su aplicación. Con ella, se procedió a la declaración personal de reparación y reconocimiento como víctimas del franquismo de miles de personas. Se
mejoraron las prestaciones que venían percibiendo las víctimas de la guerra y el franquismo y se reconocieron prestaciones a nuevos colectivos, como los denominados 'niños de la guerra', las víctimas del tardofranquismo o las personas homosexuales
que fueron represaliadas por serlo.
Se intensificó la labor de retirada de símbolos franquistas. Se concedió la nacionalidad española a los descendientes del exilio y a los brigadistas internacionales. Se creó, en 2008, la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la
Dictadura para una atención e información centralizada al colectivo. Se articuló un procedimiento para el acceso a archivos, incluidos los históricos.
Se elaboró un mapa de fosas y se articularon protocolos para la localización, exhumación e identificación de los desaparecidos y todo ello se apoyó con dinero público.
La tarea, sin embargo, quedó interrumpida porque este esfuerzo reparador en favor de quienes comprometieron su vida y su libertad en la lucha por la democracia y las libertades no tuvo continuidad en la pasada legislatura. La cuestión es
que el Gobierno del Partido Popular dejó de dotar presupuestariamente estas medidas (en especial las relativas a la localización y exhumación de fosas) y suprimió la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.
Quedan, en consecuencia, muchas actuaciones por emprender en este ámbito.
Ni el espíritu de reconciliación que presidió la transición a la democracia ni la Ley de Memoria Histórica han cerrado todas las heridas provocadas por la Guerra Civil y el franquismo en la sociedad española. Prueba de ello son las
recomendaciones que la ONU hizo al Gobierno español en 2014 para corregir las deficiencias detectadas en materia de memoria histórica y mejorar y completar la actual legislación y las actuaciones de las instituciones. Unas recomendaciones que
apuntan a una mejor defensa de los derechos humanos y un mayor reconocimiento y apoyo a todas las víctimas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar urgentemente las medidas necesarias para revitalizar la aplicación de la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron
persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, y, en particular, a:
- Recuperar y reforzar la dotación de partidas presupuestarias relacionadas con las exhumaciones.
- Asegurar la coordinación con Ayuntamientos y asociaciones en las actividades de exhumación e identificación y actualización permanente de los mapas de fosas.
- Proporcionar un mayor apoyo institucional, legal y financiero a los familiares y asociaciones de víctimas, caminando así hacia una mayor dignificación y reconocimiento de su trabajo.
- Proceder a la reapertura y potenciación de la Oficina de Ayuda a Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.
- Crear Bancos de ADN con la urgencia y celeridad que obliga la avanzada edad de muchos de los familiares de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura.
- Asegurar el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en materia de símbolos franquistas en instituciones y lugares públicos, para evitar la aplicación arbitraria que aún se está produciendo en algunos municipios.
- Excluir de todo tipo de subvención o ayuda pública a cualquier organización o entidad que ensalce o defienda la Dictadura o la figura del dictador Franco, el nazismo, la xenofobia o cualquier otra expresión de carácter discriminatorio o
vejatorio para las víctimas.
- Aplicar con carácter urgente el nuevo significado dado al Valle de los Caídos por la Ley de Memoria Histórica, dando efectividad a las recomendaciones del informe de la Comisión de Expertos en la materia. El conjunto monumental deberá
dejar de ser un lugar de homenaje a las víctimas de una de las partes implicadas en la Guerra Civil, para convertirse en un espacio para la cultura de la reconciliación, de memoria colectiva democrática, dignificación y reconocimiento a todas las
víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura.
- Promover la creación de una Comisión de la Verdad, en la línea de las recomendaciones de Naciones Unidas.
- Estudiar la cuestión de la nulidad de las condenas dictadas por los tribunales penales franquistas contra quienes defendieron la legalidad republicana.
- Abrir los archivos de instituciones y dependencias oficiales con información sobre la represión franquista. Asegurar que se razone debidamente en derecho la clasificación y secreto de los documentos. Respaldar las investigaciones que
profundicen en la recuperación de la memoria histórica.
- Abordar el robo de miles de bebés en España, entre 1940 y 1990, como un problema de Estado. Articular los procedimientos legales que permitan investigar y conocer toda la verdad sobre estos delitos de lesa humanidad, como han sido
calificados por la Comisión de Naciones Unidas en el informe sobre personas desaparecidas. Dotar de cobertura jurídica, psicológica y asistencial a las víctimas.
- Establecer el 11 de noviembre, Día Europeo de las Víctimas del Fascismo, como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del franquismo.
- Fomentar en el sistema educativo los contenidos que se deriven de todos los trabajos realizados a favor de la memoria histórica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo de 2016.-Antonio Pradas Torres, Diputado.-Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000541
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de los Diputados y la Diputada de Compromís don Joan Baldoví i Roda, don Enric Bataller i Ruiz, doña Marta Sorlí i Fresquet y don Ignasi Candela i Serna, de conformidad con lo previsto en el
artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para la retirada de los recursos de inconstitucionalidad pendientes contra las leyes de Derecho Civil valenciano, para su debate en
la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
El artículo 149.1.8.a de la Constitución Española atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo de los derechos civiles forales o especiales, allá donde
existan. Desde el siglo XIII, el antiguo Reino de Valencia gozó de unos propios Fueros que resultaron abolidos por el Decreto de Nueva Planta, de 29 de junio de 1707, invocando el 'justo derecho de conquista' del que fue víctima ese territorio en
el curso de la Guerra de Sucesión.
Tras reiterados intentos para la recuperación de las instituciones jurídico-privadas valencianas, es la Ley Orgánica 1/2006, de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, la que reconoce al pueblo valenciano la condición
de Nacionalidad Histórica y restablece la competencia sobre el derecho privado para los valencianos y las valencianas, acabando así con una injusta discriminación que se vino prolongando durante tres siglos.
Como consecuencia de esta competencia restablecida, las Cortes Valencianas han aprobado las leyes siguientes:
- Ley 10/2007, de 20 de marzo, del Régimen Económico Matrimonial Valenciano.
- Ley 5/2011, de 1 de abril, de Relaciones Familiares.
- Ley 5/2012, de 15 de octubre, de Uniones de Hecho de la Comunidad Valenciana.
Todas estas leyes han sido objeto de recurso de inconstitucionalidad presentado por el Presidente del Gobierno del Estado, sin que a día de hoy se haya pronunciado el Tribunal Constitucional.
El derecho civil, como rama del ordenamiento que regula las relaciones jurídicas de los particulares cuando actúan en un plano horizontal de igualdad, desprovistos de cualquier tipo de imperium, es el más cercano a la vida cotidiana de las
personas y, en consecuencia, precisa ser dictado desde la mayor proximidad a la sociedad a la que va dirigido, lo cual se consigue en nuestro Estado de las Autonomías mediante la intervención de los Parlamentos territoriales. El Derecho Civil
emanado de las Cortes Valencianas posibilita dar una respuesta ágil, moderna y propia a los problemas actuales de las valencianas y los valencianos, y permite acabar con la discriminación que han venido padeciendo colectivamente como pueblo, lo que
requiere de manera inaplazable la retirada por parte del gobierno estatal de los recursos de inconstitucionalidad contra las normas de Derecho Civil valenciano y evitar así incurrir en arbitrariedad y trato discriminatorio con respecto a otros
territorios donde el ejercicio de tal competencia autonómica viene siendo pacífico.
Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
La retirada de los recursos de inconstitucionalidad que tiene actualmente presentados contra las normas de Derecho Civil valenciano.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2016.-Marta Sorlí Fresquet, Ignasi Candela Serna y Enric Bataller i Ruiz, Diputados.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/000509
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Girauta Vidal, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre
la gestión española y europea de la crisis humanitaria de migrantes y refugiados procedentes de Siria y otros países en conflicto, con especial énfasis en el impacto de la misma sobre los niños y las niñas, para su debate en la Comisión de Asuntos
Exteriores.
Exposición de motivos
En 2015, más de un millón de personas emprendió un viaje a través del Mediterráneo, huyendo mayoritariamente de los conflictos bélicos y el terrorismo, pero también de la miseria y el hambre en sus países de origen.
En los tres primeros meses de 2016, según estimaciones de la OIM (Organización Internacional para las Migraciones), 150.703 migrantes y refugiados han cruzado la frontera hacia las islas griegas. De entre ellos, uno de cada tres era un
menor.
Nadie podrá olvidar la foto de Aylan, el niño de tres años, ahogado en una playa turca en el verano de 2015. Esa foto, sacudió, temporalmente, las conciencias europeas y puso en evidencia la tragedia de millones de familias que huyen de la
guerra en Siria, hasta el punto de perder a sus hijos por el camino. Pero la realidad es que, desde septiembre de ese mismo año, una media de dos niños al día se ha ahogado intentando cruzar el Mediterráneo, según datos de ACNUR, la OIM y UNICEF.
Pero esa foto no es sino el botón de muestra de la incapacidad de la Comunidad Internacional, no ya para impulsar la búsqueda de una solución a un conflicto de extrema complejidad como lo es el conflicto en Siria, sino para gestionar sus
efectos secundarios, siendo uno de los más visibles el incremento de movimientos forzosos de población que, indudablemente, repercuten en los niños de manera más cruenta.
De los aproximadamente 300.000 niños que llegaron a Europa el año pasado, unos 26.000 eran menores no acompañados (MENA) según informa 'Save the Children'.
Unos 10.000 niños y niñas han DESAPARECIDO según la INTERPOL, desde el inicio de la crisis, muchos a manos de redes de tráfico de personas con fines de explotación sexual y otras formas de violencia y, en ocasiones, a los pocos días de
llegar a los centros de acogida.
De entre los menores migrantes y solicitantes de asilo, la mayoría son niños. Sin embargo, la situación de las niñas es especialmente preocupante por riesgos adicionales de abuso, explotación y exposición a prácticas inhumanas y degradantes
como la mutilación genital femenina o los matrimonios forzados.
La foto del pequeño Aylan supuso un punto de inflexión en la llamada 'crisis de los refugiados' y un cambio de orientación en la política llevada a cabo hasta el momento por algunos países, especialmente por Alemania, que lideró con valentía
una política de solidaridad y apertura de fronteras (Willkommenskultur) y forzó a la UE, aunque solo de manera provisional, a dejar de mirar para otro lado y hacer un amago de reparto de responsabilidades, a través de una política pírrica de cuotas,
aun frente a la oposición de algunos gobiernos como el de Hungría.
Del reparto de cuotas, establecido por la UE en octubre de 2015, los 28 países de la Unión acordaron que, de las 170.000 personas que reasentarían en su seno, a España le correspondía la acogida de unos 17.000 refugiados. Sin embargo, hasta
el momento, solo han sido reubicadas 18 personas.
Asimismo, el acuerdo firmado durante la última reunión del Consejo Europeo de 17 y 18 de marzo por los 28 países de la Unión, impone de nuevo una política restrictiva de cierres de frontera, de facto, y subcontrata a un tercer país, Turquía,
que ni siquiera las organizaciones humanitarias consideran como país seguro, la gestión de la crisis migratoria y de los refugiados a cambio de 6.000 millones de euros, el levantamiento de la exigencia de visados a los ciudadanos turcos y la
apertura de nuevos capítulos para una potencial adhesión de Turquía a la Unión Europea.
La prensa nacional e internacional se hacía eco el 31 de marzo pasado de las acusaciones del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que documentaba la muerte a tiros a manos de la policía turca de 16 migrantes, incluidos tres niños, que
intentaban cruzar la frontera.
Es una obligación del Estado, de todo estado, la protección y promoción de los derechos de los niños y las niñas en todo momento e independientemente de dónde se encuentren. Por consiguiente, el Estado español y el resto de países europeos
deberían anteponer el interés superior de los menores al, por otra parte legítimo, objetivo de gestión migratoria. El derecho a la protección internacional, así como el principio fundamental de la 'unificación familiar' tiene que estar garantizado
en línea con el interés superior del menor, principio éste que ha sido reafirmado por multitud de tratados internacionales y tribunales regionales.
En octubre de 2015, 59 organizaciones del ámbito de los derechos humanos, derechos de los niños, sanidad e inclusión social, incluida UNICEF y la Red Europea de 'Ombudspersons' para la Infancia firmó una carta abierta conjunta al Consejo
Europeo expresando su preocupación respecto a la falta de atención prestada a los derechos de los niños en las discusiones de políticas relacionadas con la respuesta a la crisis migratoria y de los refugiados.
Las organizaciones en el terreno, ya sea en Grecia, Italia y otros países han desempeñado, por su parte, un papel crucial en la asistencia a niños y niñas migrantes/refugiados. Es por ello que desde la experiencia y el conocimiento de las
realidades en las que trabajan han elaborado multitud de informes y recomendaciones sobre las acciones a desempeñar.
Por su parte, el Grupo de Expertos en Tráfico de Personas, GRETA, por sus siglas en inglés, del Consejo de Europa apunta a la falta de medidas adecuadas para la protección de la infancia como:
- Falta de centros de acogida especializados para menores
- Número insuficiente de guardianes legales para los niños y niñas.
- Falta de coordinación entre las distintas autoridades nacionales, como servicios de fronteras e inmigración, servicios sociales y fuerzas del orden y servicios de protección infantil.
Por todo ello se insta al Gobierno a:
Proposición no de Ley
'1. Que España retire su apoyo al acuerdo aprobado por unanimidad en Bruselas durante la reunión del Consejo Europeo de los días 17 y 18 de marzo y cumpla con el mandato emanado de las Cámaras españolas a través de la Declaración
Institucional aprobada por unanimidad en la reunión de la Comisión Mixta para asuntos de la Unión Europea de 16 de marzo. Ese acuerdo, en las condiciones actuales supone una capitulación de las responsabilidades de la UE como adalid de la defensa
los derechos humanos.
2. Incorporar en las medidas y acciones relativas a la crisis migratoria y de refugiados una perspectiva de derechos de la infancia y, dentro de ella, una perspectiva de género, que se atenga al estricto cumplimiento del Derecho
Internacional y Humanitario y a las obligaciones emanadas de la firma de los Tratados Internacionales de los que España es parte, como la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto del Refugiado, la Convención de los
Derechos del Niño, entre otros, y que tenga siempre en cuenta el interés superior del menor.
3. Atender las llamadas de atención de la sociedad civil y las recomendaciones de los organismos internacionales especializados en materia de refugio y asilo y en derechos de la Infancia como ACNUR, UNICEF, 'Oxfam Intermón, Save the
Children', entre otros, y exigir en los foros internacionales de alto
nivel, en los que participa, como la UE, que estas recomendaciones sean incorporadas en todo proceso decisorio conjunto.
4. Presentar ante el Congreso un Plan Estatal en previsión de la llegada de los refugiados del conflicto sirio:
- Que determine los roles de cada administración, teniendo en cuenta las competencias locales y autonómicas, así como su engarce en el Plan Europeo de acogida.
- Que garantice que los centros de acogida y tránsito previstos ofrezcan los mínimos requisitos de salubridad y dignidad y, consiguientemente, pongan en un primer plano la protección de los derechos de los niños, al ser uno de los sectores
más vulnerables en toda crisis humanitaria y evitar, por todos los medios, que los niños y niñas acaben en centros de detención de inmigrantes con adultos.
- Que el Gobierno en funciones explique en sede parlamentaria los criterios que se aplicarán por parte de la Comisión Europea al contingente que tenga por destino España y la participación española en dicha selección.
5. Implementar procedimientos para la identificación de niños y niñas víctimas de tráfico de personas y el nombramiento de urgencia de guardianes legales para los menores no acompañados.
6. Promover la formación del personal que trata directamente con migrantes/refugiados en frontera y centros de acogida para que de manera adecuada pueda atender a las necesidades específicas de los niños y las niñas en estas situaciones.
7. Aprovechar la presencia de España en el Consejo Permanente de Seguridad de Naciones Unidas (NNUU) para promover la búsqueda conjunta de soluciones a la cuestión de fondo: el conflicto en Siria, que actúa como factor de expulsión y que
origina los movimientos de población forzados que centran la crisis actual y que afectan de manera especialmente negativa a mujeres y niños.
8. Elaborar un Plan de Acción específico para garantizar el acceso de los niños y niñas migrantes/refugiados a la educación y la sanidad públicas y al derecho a la reunificación familiar.
9. Prevenir la apátrida de los niños y niñas que viajan solos y tienen muy difícil probar su nacionalidad cuando se han visto forzados a separarse de sus progenitores.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.-Melisa Rodríguez Hernández, Diputada.-Juan Carlos Girauta Vidal, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000540
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Carlos Girauta, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el
bloguero Raif Badawi, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Desde que el bloguero Raif Badawi empezara una segunda huelga de hambre reclamando atención médica para tratar su diabetes, las autoridades penitenciarias de la cárcel de Dhahran en Arabia Saudí lo mantienen recluido en una celda de
aislamiento. Badawi publicó una página web titulada: 'Liberales Saudíes', con la que pretendía crear un espacio de debate político. En 2012 fue juzgado por apostasía y por proferir insultos al Islam a través de canales electrónicos. La sentencia
al activista de treinta y dos años fue de diez años de prisión además de una pena de 1.000 latigazos. Tras recibir los primeros 50 golpes de látigo, el resto tuvo que posponerse debido a su grave deterioro físico y a la presión internacional.
Cuando su marido fue encarcelado, Ensaf Haidar empezó a trabajar intensa y eficazmente para su liberación. En Canada -donde vive con sus tres hijos desde que el año pasado les concedieran la nacionalidad-, ha organizado el movimiento 'Free
Raif' con el que se ha ganado el apoyo de gran parte de la opinión publica canadiense, que pide que a Raif Badawi también le concedan esta nacionalidad, algo que supuestamente le otorgaría mayores posibilidades de defensa. En el plano
internacional, el caso Badawi se ha convertido en un símbolo de la lucha por los derechos humanos en los países árabes. Fruto
de esta lucha a nivel internacional fue la concesión por el Parlamento Europeo del Premio Sajarov a la Libertad de Conciencia el año pasado 2015. En la entrega de los Premios Sajarov, el presidente del Parlamento Europeo afirmo que las
relaciones entre los Estados miembros y los órganos de la UE dependen también del respeto a los derechos humanos.
La situación de Badawi pone el foco en el sistema judicial y en la manera feudal de imponer y aplicar la Sharia en Arabia Saudita. Aunque en teoría es un Estado moderno, el Rey preside un Gabinete en el que todos los ministros son
familiares suyos y elige personalmente a los 150 miembros del Consejo de la Shura. El poder del Rey -Custodio de los Santos Lugares de La Meca y Medina-, solo está limitado por el de la propia familia real cuyos miembros también monopolizan los
órganos de administración de justicia del país. Los primeros comicios celebrados en la historia del Reino y en los que se votaba a la mitad de los miembros de los ayuntamientos puesto que el resto los nombra directamente el Rey.
La monarquía saudita ha recrudecido la represión hacia su población en los últimos años y particularmente en los últimos meses. Al menos 151 personas han sido ejecutadas entre enero y noviembre de 2015, el número más alto de condenas a
muerte en veinte años. La reciente ejecución del influyente clérigo chíi, Sheikh Nimr Baqir al Nimr, ha intensificado su enfrentamiento con Irán. Su apoyo a diferentes facciones sunitas que operan en Siria y la coalición militar que lidera contra
el Yemen ha aumentado la inestabilidad de la región en donde estos conflictos exacerban las muertes civiles y las diversas crisis de refugiados.
El estado físico de Raif Badawi y la posible reanudación de los latigazos hace que sea necesario un posicionamiento público inmediato. Los rápidos cambios que se están sucediendo en Oriente Próximo y el norte de África, obligan asimismo a
prestar una especial atención a todas aquellas cuestiones de orden humanitario que pueden afectar aún más a la debilitada estabilidad de la región.
Por todo ello se insta al Gobierno a:
Proposición no de Ley
'1. Apoyar el mensaje del movimiento ''Free Raif'' denunciando la situación física y jurídica de Raif Badawi con el fin de conseguir el perdón real. Denunciar la situación de Raif Badawi implica también el reconocimiento de su esposa,
Ensaf Haidar, que al poder realizar su trabajo libremente desde Canadá, contribuye a visibilizar la situación de las mujeres sauditas, en grave estado de desigualdad con respecto a los hombres.
2. Apoyar con firmeza la resolución del Parlamento Europeo aprobada el 29 septiembre de 2014 en la que denuncia que las supuestas medidas de lucha contra el terrorismo no pueden ser utilizadas como un medio para actuar contra defensores de
los derechos humanos. Asimismo, compartir la gran preocupación del Parlamento Europeo, sobre la situación de los derechos humanos en general e incidir en las grandes diferencias entre las obligaciones asumidas a nivel internacional y la aplicación
a sus propias poblaciones. La resolución europea certifica la frecuencia de las detenciones y arrestos arbitrarios, la tortura, las prohibiciones para viajar, el acoso judicial, los juicios parciales y la pena de muerte. También del aumento de la
impunidad ante estas violaciones.
3. Oponerse a que el príncipe saudí Faisal bin Hassan Trad, presida la comisión de expertos independientes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
4. Seguir con atención el desarrollo de un caso Raif Badawi, pues hace visible a la silenciada sociedad civil saudita que cuenta con una de las más dinámicas comunidades de activistas en redes sociales de Oriente Próximo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2016.-Juan Carlos Girauta Vidal, Portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.
Comisión de Justicia
161/000511
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de los Diputados y la Diputada de Compromís don Joan Baldoví i Roda, don Enric Bataller i Ruiz, doña Marta Sorlí i Fresquet y don Ignasi Candela i Serna, de conformidad con lo previsto en el
artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para la retirada de los recursos de inconstitucionalidad pendientes contra las leyes de Derecho Civil valenciano, para su debate en
Comisión.
Exposición de motivos
El artículo 149.1.8.a de la Constitución Española atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo de los derechos civiles forales o especiales, allá donde
existan. Desde el siglo XIII, el antiguo Reino de Valencia gozó de unos propios Fueros que resultaron abolidos por el Decreto de Nueva Planta, de 29 de junio de 1707, invocando el 'justo derecho de conquista' del que fue víctima ese territorio en
el curso de la Guerra de Sucesión.
Tras reiterados intentos para la recuperación de las instituciones jurídico-privadas valencianas, es la Ley Orgánica 1/2006, de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, la que reconoce al pueblo valenciano la condición
de Nacionalidad Histórica y restablece la competencia sobre el derecho privado para los valencianos y las valencianas, acabando así con una injusta discriminación que se vino prolongando durante tres siglos.
Como consecuencia de esta competencia restablecida, las Cortes Valencianas han aprobado las leyes siguientes:
- Ley 10/2007, de 20 de marzo, del Régimen Económico Matrimonial Valenciano.
- Ley 5/2011, de 1 de abril, de Relaciones Familiares.
- Ley 5/2012, de 15 de octubre, de Uniones de Hecho de la Comunidad Valenciana.
Todas estas leyes han sido objeto de recurso de inconstitucionalidad presentado por el Presidente del Gobierno del Estado, sin que a día de hoy se haya pronunciado el Tribunal Constitucional.
El derecho civil, como rama del ordenamiento que regula las relaciones jurídicas de los particulares cuando actúan en un plano horizontal de igualdad, desprovistos de cualquier tipo de imperium, es el más cercano a la vida cotidiana de las
personas y, en consecuencia, precisa ser dictado desde la mayor proximidad a la sociedad a la que va dirigido, lo cual se consigue en nuestro Estado de las Autonomías mediante la intervención de los Parlamentos territoriales. El Derecho Civil
emanado de las Cortes Valencianas posibilita dar una respuesta ágil, moderna y propia a los problemas actuales de las valencianas y los valencianos, y permite acabar con la discriminación que han venido padeciendo colectivamente como pueblo, lo que
requiere de manera inaplazable la retirada por parte del gobierno estatal de los recursos de inconstitucionalidad contra las normas de Derecho Civil valenciano y evitar así incurrir en arbitrariedad y trato discriminatorio con respecto a otros
territorios donde el ejercicio de tal competencia autonómica viene siendo pacífico.
Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
La retirada de los recursos de inconstitucionalidad que tiene actualmente presentados contra las normas de Derecho Civil valenciano.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.-Marta Sorlí Fresquet, Ignasi Candela Serna y Enric Bataller i Ruiz, Diputados.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Interior
161/000543
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre concesión de condecoraciones en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
No existe en la actualidad delimitación alguna del número de condecoraciones que la Guardia Civil o el Cuerpo Nacional de Policía pueden otorgar. No deja de llamar la atención el hecho de que habiendo disminuido las plantillas en ambos
cuerpos, no se han disminuido paralelamente las recompensas en forma de medallas. Todo lo contrario, no solo se ha incrementado el número de estas para los miembros de los distintos cuerpos, sino que también se ha aumentado proporcionalmente el
número para las escalas superiores y para miembros de la sociedad civil ajenos al quehacer de las fuerzas y cuerpos de seguridad: empresarios, deportistas, cargos políticos, y ahora directores de periódicos. Nunca fue tan verdadera la máxima:
'para conseguir una medalla lo importante no es estar donde se ganan, sino donde se dan'.
La Ley 19/1976, de 29 de mayo, sobre creación de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil, creó dicha recompensa para premiar las acciones o conductas de extraordinario relieve, que redunden en prestigio del Cuerpo e interés de la
Patria.
Recientemente, la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, ha modificado la Ley 19/1976, de 29 de mayo, cambiando la denominación de la citada recompensa e introduciendo la categoría de la Gran Cruz
y la Orden INT/2008/2012, de 21 de septiembre, vino a regular, de manera más actual, la Orden del Mérito de la Guardia Civil.
En el ámbito de la policía fue la Ley 5/1964, de 29 de abril, sobre condecoraciones policiales la que vino a regular las mismas y a establecer los requisitos que se exigen para su concesión, siendo necesario que los hechos que se premien
sean hechos distinguidos que impliquen acusado riesgo para quienes los realicen, o a quienes sobresalgan en el cumplimiento de sus deberes o en la realización de trabajos o estudios de carácter profesional.
Si seguimos los datos que nos da el sindicato SUP en 2015, el número de cruces al mérito policial con distintivo rojo, también conocidas como 'pensionadas', por suponer un complemento salarial, han tenido una tendencia al alza en los últimos
cuatro años, especialmente en lo que se refiere a las escalas superior y ejecutiva. Si se toma en consideración el número total de integrantes de ambas escalas, la proporción de condecoraciones (con distintivo rojo) supone un 78,6 % en la escala
superior y un 14,7 % en la escala ejecutiva; representando un incremento, en relación al año 2012, del 150 %. Y ya, en 2012, el aumento había sido del 102 % sobre 2011.
Tal y como denuncian las asociaciones de guardia civil y los sindicatos policiales seguimos viendo, como los responsables de interior siguen favoreciendo de manera sistemática con medallas 'de despacho', a los responsables superiores,
mientras que se ignora a los hombres y mujeres que cada día se juegan 'el tipo' en nuestras calles y plazas o cómo se regalan medallas y condecoraciones a autoridades y personalidades ajenas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en lugar de
reconocer la labor y servicios extraordinarios de sus miembros, 'que arriesgan y ponen en juego sus vidas para conseguir una sociedad más segura para todos'.
En este ámbito se añade otro incumplimiento más, a los muchos de Ignacio Cosidó. El actual Director general de la Policía, el 14 de enero de 2012, prometió despolitizar el cuerpo y también acabar con la concesión arbitraria de
condecoraciones.
Y esto no acaba aquí. El Ministerio del Interior tiene previsto seguir siendo generoso con las medallas, al menos durante los dos próximos años, no sabemos si en funciones o en pleno ejercicio. La Dirección General de la Guardia Civil
licitó recientemente el concurso para adquirir 33.500 condecoraciones que entregar tanto a agentes del Instituto armado como a personas ajenas al Cuerpo durante los años 2016 y 2017. Un elevado número que supondrá a las arcas públicas el desembolso
de 467.060 euros IVA
incluido, según el pliego de prescripciones técnicas elaborado para las empresas interesadas en optar a él, según informaciones de prensa.
Finalmente, además de con otros aspavientos, el actual Gobierno pretende poner fin a la legislatura con reiteradas manifestaciones castrenses en ambos cuerpos. Es llamativa la última aventura emprendida por el Ministro consistente en ir a
cada Jefatura Superior de Policía para presidir actos de concesión del uso de la bandera española a la policía, acto que carece de tradición en ese Cuerpo y que se inserta en la línea de impulso de numerosas medidas de contenido castrense en la
Policía Nacional, por el actual Ministro y su equipo. Esta política de reconocimientos y recompensas casan mal con la crisis, y las consiguientes restricciones impuestas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que han visto reducir de una
forma grave sus plantillas, sus medios materiales y hasta sus retribuciones. Para todos menos para algunos, que han visto incrementar sus retribuciones con medallas pensionadas. Ejemplos tenemos muchos, pero baste recordar el del Jefe de Seguridad
del Ejecutivo de Castilla-La Mancha hasta tres meses antes de las elecciones del 24-M de 2015, y que inmediatamente que volvió a la Policía fue reconocido con una cruz roja, que lleva aparejada una subida vitalicia del 10 % de su sueldo. Cruz Roja
que, según la ley, estaría reservada a aquellos agentes que han sido heridos o han puesto su vida en peligro.
Si creíamos que ya habíamos visto todas las arbitrariedades que el Ministro del Interior y sus altos cargos eran capaces de realizar, estábamos equivocados. Hoy mismo conocimos que dicho miembro del Gobierno ha nombrado Comisario honorífico
de la Policía Nacional a Francisco Marhuenda, director del periódico La Razón. Hay que recordar que recientemente dicho periodista fue condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona por intromisión en el honor de Narciso Ortega, exjefe superior
de Policía en Cataluña, y al que el rotativo madrileño atribuyó en 2013 un delito de prevaricación por presunta intervención directa del comisario en el archivo de una investigación a la agencia de detectives Método 3. La condena contempla una
indemnización de 30.000 a dicho responsable policial.
Creíamos que solamente era imposible, por los grupos parlamentarios, conseguir información sobre la concurrencia de requisitos previstos en la ley para quienes resultan agraciados/as con condecoraciones, pero recientemente hemos conocido que
el Gobierno ha negado, también, información sobre esta materia al Sindicato del Cuerpo Nacional de Policía SUP. Y eso que lo solicitó en aplicación de la Ley de Transparencia.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Respetar los criterios legales establecidos en la concesión de las condecoraciones en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, primando y reconociendo con las mismas especialmente la labor y los servicios extraordinarios de sus
miembros al servicio de la mayor y mejor seguridad de los ciudadanos.
- Revocar con carácter inmediato la concesión del nombramiento como Comisario honorífico de la Policía Nacional a Francisco Marhuenda, al no concurrir en su persona lo exigido en el artículo 86.2 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de
Régimen de Personal de la Policía Nacional, para que le pueda ser otorgada dicha distinción.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2016.-Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000547
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
para incrementar los efectivos en la Comisaría Provincial de Lugo, para su debate en la Comisión de Interior.
Exposición de motivos
Con la entrada en vigor de la Instrucción 8/2009 de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se modificó la Instrucción 5/2009 sobre Conducciones y Custodias de Internos de Centros Penitenciarios, y tras la aplicación de su
instrucción cuarta: distribución de competencias según el ámbito territorial en su punto b) Custodias, 'la custodia de los internos fuera de los establecimientos penitenciarios corresponderá al cuerpo policial que tenga asignada la competencia
territorial en el lugar de estancia, con la salvedad que figura en las Instrucción Décima para las custodias en centros hospitalarios'; algunas Comisarías Provinciales tuvieron que hacer frente a esta nueva competencia, entre otras la de Lugo, pero
en ésta no hubo refuerzo de medios humanos para su puesta en marcha como si hubo en otras provincias. Lo lógico es que nuevas funciones lleven aparejada la correspondiente asignación de medios humanos y materiales.
Hasta el año 2011 la Comisaría Provincial de Lugo contaba con un refuerzo anual de 40 funcionarios en labores de prácticas y aula abierta, desde ese año no hay ese refuerzo de funcionarios.
En el año 2012 el Club Deportivo Lugo de futbol subió a segunda división y el Club Breogán de baloncesto juega en la Liga LEB.
Los dos últimos años la Comisaría Provincial de Lugo hizo frente a la seguridad de más de 250 eventos deportivos y solo en el año 2015 hizo frente a más de 250 concentraciones y manifestaciones.
La Comisaría Provincial de Lugo cuenta con ocho funcionarios por turno de trabajo para hacer frente a las demandas ciudadanas (40 efectivos distribuidos en 5 turnos de trabajo).
La Dirección General de la Policía dotó a otras provincias con unidades para paliar y asumir esas nuevas cargas de trabajo y Lugo es la única provincia de Galicia que no solo no cuenta con una Unidad de Prevención y Reacción, sino que
tampoco ha visto incrementados los efectivos, sufriendo por ello de carencias efectivas en la seguridad de sus ciudadanos.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incrementar, de inmediato, los efectivos policiales de la comisaría de Lugo, hasta alcanzar los 55 efectivos, para poder hacer frente con eficacia a las demandas de seguridad de dicha
ciudad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2016.-Margarita Pérez Herraiz y Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Economía y Competitividad
161/000535
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Homs i Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario de Democràcia i Llibertat, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate en la Comisión de Economía y
Competitividad, una Proposición no de Ley para recuperar el gasto presupuestario en I+D+i del año 2009 y conseguir que en 2020 el 3 % del PIB se destine a investigación y desarrollo.
Exposición de motivos
Casi todas, por no decir todas las recetas, para mejorar la capacidad de generar riqueza de una economía tienen uno de sus pilares en la investigación, desarrollo e innovación. Este hecho es especialmente importante en una economía como la
española, hoy excesivamente basada en sectores con poco valor añadido como el turismo y la construcción, que está obligada a dar un salto adelante en el aumento del valor añadido de sus sectores productivos.
La política económica que se ha llevado a cabo en los últimos años ha consistido en propiciar la reducción de salarios para ser más competitivos, una estrategia que sin duda aporta unos resultados a corto plazo, pero en la que existe una
amplio consenso en que no tiene recorrido.
La economía española requiere de un cambio de modelo productivo que permita poder competir en valor añadido, es decir, en conocimiento, en nuevos productos y servicios, en innovación y no en costes laborales. Durante los años de crisis la
economía española ha retrocedido respecto la media europea en cuestión de inversiones en I+D+i.
Si se analizan los datos de los créditos no financieros, destinados a investigación, desarrollo e innovación civil, en los presupuestos generales del Estado se observa que en 2009 se alcanzó el importe máximo, pero cuando empezaron las
políticas de ajuste las partidas de I+D+i empezaron a caer año tras año hasta situarse a casi en la mitad en 2013, un 44 % menos que en 2009. En los últimos presupuestos la situación se ha recuperado levemente pero sigue estando muy lejos, cerca
del 30 % por debajo.
Si bien es cierto que el Estado se ha encontrado con una situación de restricción presupuestaria, no es menos cierto que ha tenido la libertad para priorizar en qué políticas y áreas destinaba los recursos públicos. Así, la estructura de la
Administración General del Estado se ha mantenido prácticamente intacta. En lo que corresponde a las inversiones, el hecho es bien significativo. En cada ejercicio se ha destinado más recursos a construir líneas de alta velocidad que a inversiones
de I+D+i. Hay que tener en cuenta que tanto la rentabilidad financiera como la rentabilidad social de las líneas de alta velocidad que se han construido en el estado son totalmente negativas con el consiguiente despilfarro de recursos públicos que
ello ha comportado. En la misma tónica, pero en una cantidad sensiblemente inferior, durante cada uno de los ejercicios de este periodo, se han destinado centenares de millones de euros a construir autovías por donde pasan menos de 10.000 vehículos
diarios de media, cantidad a partir de la cual empieza a estar justificada la construcción de una autovía.
Por tanto, no es cierto que no ha habido recursos para la I+D+i, lo que ha sucedido es que los que había se han decidido malgastar en otras políticas discutiblemente necesarias.
El problema de la inversión en I+D+i es que necesitan estabilidad, con la ciencia no es como construir infraestructuras de transporte que se pueden interrumpir y retomar años después. En el caso de la ciencia, los científicos emigran y
muchos no regresan con lo que su conocimiento no se aprovecha y hay que volver a empezar. Además, sin la garantía de unos contratos a largo plazo no se puede atraer el talento.
Contrariamente a esta realidad, durante los años de crisis la Comisión Europea ha venido planteando a los países miembros que mantengan sus inversiones en I+D+i, como una de las políticas básicas para salir de la crisis y como políticas
directas de apoyo a la política industrial. Así, en buena parte de los países de nuestro entorno, durante los años de crisis se han mantenido el volumen de inversiones en I+D+i y en diversos casos las han aumentado. Así, de 2009 a 2014, últimos
años con los datos disponibles, el porcentaje en I+D+i en relación al PIB ha crecido en el conjunto de la Unión Europea del 1,93 al 2,03 % mientras que en el Estado español se ha disminuido del 1,35 % al 1,20 %.
Precisamente en aquellos países europeos con un PIB per cápita más elevado que el del estado español (Alemania, Austria, Bélgica, Países Escandinavos, Francia...) el porcentaje de inversión en I+D+i en relación al PIB también es muy superior
(entre el 3,17 y el 2,26 del PIB). Señal evidente de cuales son las políticas que corresponde adoptar.
No es casual que debido a la importancia de la I+D+i, uno de los cinco objetivos de la Unión Europea para 2020 es lograr que el porcentaje de inversión en investigación y desarrollo sea del 3 % del PIB.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Democràcia i Llibertat, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a establecer un compromiso de política económica con la innovación como motor de un nuevo modelo de economía productiva más competitivo y más estable y sostenible a largo plazo. Para ello, y entre otras
medidas, procederá a:
1. Garantizar, en el primer proyecto de presupuesto anual que apruebe, que los compromisos de gasto en I+D+i serán como mínimo equivalentes a los inicialmente aprobados para el año 2009.
2. Fijar un presupuesto plurianual vinculante, enmarcado en un plan de apoyo a las actividades de I+D+i a largo plazo que tenga como objetivo alcanzar el 3 % del PIB en el año 2020.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2016.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat).
161/000568
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre Plan Integral de Lucha Contra el Fraude, para su debate en la Comisión de
Economía y Competitividad.
Exposición de motivos
La suficiencia del sistema tributario para financiar los servicios públicos y la garantía de su equidad y efecto redistributivo requieren reducir de forma significativa el fraude fiscal. Como dice la Organización Profesional de Inspectores
de Hacienda del Estado en su documento 'Reforma fiscal española y ''agujeros negros del fraude''. Propuestas y recomendaciones':
'... por muy perfectas y justas que puedan resultar en su redacción las normas fiscales, de persistir el grado de fraude fiscal y economía sumergida actualmente existente en nuestro país, de continuar con el elevado nivel de fraude fiscal
que padecemos, de seguir permitiendo la efusión por quienes deberían ser los principales contribuyentes del sistema o, en fin, de no poder cobrar la cantidad de obligaciones hoy impagadas al Erario Público, habremos fracasado con ese sistema
tributario...'
Sin embargo España sufre de un déficit estructural de ingresos que hace que en condiciones normales puedan existir hasta 8 puntos porcentuales de diferencia con la eurozona en términos de ingresos públicos sobre el PIB. Esto genera una
insuficiencia fiscal que se plasma en un incremento del endeudamiento público excesivo en periodos de recesión. A su vez, dada la incapacidad estructural del sector público para mantener sus estructuras, esta situación produce recortes sucesivos
generando una espiral 'liquidacionista' del sector público donde los recortes nunca son suficientes para atajar o reducir los niveles de déficit y endeudamiento.
La disminución consiguiente de los ingresos fiscales y la articulación inicial de medidas paliativas de la crisis dispara el déficit público que es financiado mediante la emisión de deuda. El servicio de la deuda, incrementado por las dudas
respecto a la solvencia de los países emisores, y alimentadas por intereses especulativos, lleva a los déficits a cuantías insostenibles.
Esta situación se produce, además, en un escenario en el que las políticas fiscales de los últimos veinticinco años han vaciado la progresividad de los sistemas tributarios, han limitado de forma notable el gravamen las rentas del capital y
han permitido muy elevadas cotas de incumplimiento tributario por la utilización intensiva de los paraísos fiscales.
Según el estudio 'Shadow economy and tax evasion in the EU' de 2015 las pérdidas de recaudación en la UE debido a la evasión fiscal son enormes. Se estiman entre 864 mil millones de euros en 2009 (el Banco Mundial estima para la misma fecha
927 mil millones), hasta más de un billón de euros. Estas pérdidas corresponderían a la economía sumergida compuesta por la economía ilegal y la semi-ilegal. En 2009, de acuerdo al estudio independiente publicado por el profesor Murphy en 2014
titulado 'Closing the European tax gap' en el think tank Tax Research UK, las pérdidas de recaudación debido a la evasión fiscal eran un 106 % superiores al gasto total en sanidad de media en la OCDE y en algunos países era casi el doble. En
España, según estas estimaciones, la pérdida debida a la economía sumergida suponía un 70 % del total del gasto sanitario, o un 6 % del PIB.
Las principales fuentes de economía sumergida no son, como inicialmente se podría suponer, la existencia de mayores o menores impuestos. Antes al contrario, según los estudios el desempleo, el auto-empleo, o el gasto en administración
tributaria y los controles tributarios, son determinantes con respecto al tamaño de la economía sumergida, y por tanto, de la merma en la recaudación tributaria.
No es cierto, según afirmaciones del Gobierno, que España haya logrado en 2015 un 'récord' histórico de lucha contra el fraude, llegando a recaudar 15.664 millones de euros, pero incluso aunque lo fuera, eso significaría que en el mejor de
los casos, y con estimaciones moderadas de la economía sumergida, alrededor del 80 % de la misma sigue estando fuera del control del Gobierno.
Por ello para lograr una suficiencia que permita acercar a España a la media de la eurozona en términos de ingresos fiscales, que permita sostener un Estado de Bienestar moderno y eficaz comparable con los estándares de los países de nuestro
entorno, es necesario un enfoque integral que abarque los diferentes elementos que configuran un sistema tributario suficiente. De esta forma se propone un Plan Integral de Lucha contra el Fraude.
En primer lugar, la AEAT debe tener ya un Estatuto básico en el que entre otras cuestiones se incluya el que el nombramiento del Director general de la Agencia se realice por el Parlamento, ligado a la presentación de un contrato-programa de
cinco años, plasmado en un Plan Estratégico plurianual.
Es urgente la necesidad de incrementar los medios personales de la AEAT buscando su equiparación con las administraciones de nuestro entorno en número de empleados respecto a la población y al PIB y procurar unas inversiones que mantengan y
mejoren su capacidad en la captación y el tratamiento de la información y la permitan adaptarse a los nuevos entornos y necesidades.
Ha de fomentarse la coordinación entre las distintas administraciones tributarias que operan en nuestro territorio procurando su Integración en Red, compartir la información mediante bases de datos integradas y la adopción de estrategias y
objetivos comunes.
El desarrollo de este estatuto básico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) deberá garantizar: su autonomía, una dirección profesional y objetiva, la erradicación del uso partidario de la institución y la obligación de
diseñar planes estratégicos consistentes.
La implementación del Plan Estratégico Plurianual Lucha contra el Fraude y la Elusión Fiscal, se hará mediante una Ley anual tributaria y de medidas de lucha contra el fraude y la elusión fiscal. Esta norma habría de recoger las
modificaciones legislativas que la experiencia en la aplicación del contrato-programa a cinco años de la AEAT durante el ejercicio de referencia requiriera.
La ley se debatirá y aprobará una vez celebrado el control anual por el Parlamento con la intervención de las Comunidades Autónomas de los resultados de la gestión de los Tributos realizada por la AEAT y por los Servicios y Agencias
Tributarias Autonómicas.
Sin perjuicio de otros cambios legales puntuales, esta ley recogería y corregiría los huecos legales o de interpretación descubiertos por las administraciones tributarias a lo largo del periodo y estaría abierta a un periodo de consulta
durante el cual los trabajadores y empresarios podrían aportar sus quejas y reclamaciones sobre situaciones de fraude, de cara a su corrección. La periodicidad pautada de esta Ley, abierta a las contribuciones tanto de los profesionales de la
administración tributaria como de la sociedad civil, obligaría a los partidos políticos a responder continuamente ante la ciudadanía en cuanto a su voluntad real de luchar contra el fraude fiscal. Deberían reforzarse los programas de cooperación
con la inspección de la Seguridad Social.
Adicionalmente, la administración de justicia debería contar con instancias especializadas (juzgados y fiscalías) que permitiesen tratar con el fenómeno del fraude de forma más eficiente. Por otro lado, es necesario generar una mayor
coordinación entre las distintas administraciones tributarias que operan en nuestro territorio para lo que es necesario que se procurará su integración en red, el flujo de la información mediante bases de datos integradas y la adopción de
estrategias y objetivos comunes. Para todo ello, es necesario incrementar la oferta de empleo público del personal de la AEAT de manera gradual, y de forma coordinada con sus posibilidades logísticas y las necesidades de cualificación profesional.
Hay que añadir según datos de la OCDE que España tiene uno de los gastos más bajos en administración tributaria de toda la OCDE, y además es uno de los países donde éste más se ha reducido en el periodo 2008-2013. España además es uno de
los países de la OCDE con mayor tasa de temporalidad. Existe por tanto mucho margen para, mediante políticas activas, reducir el tamaño de la economía sumergida y ampliar la recaudación tributaria. En la memoria económica de Podemos se establece
un objetivo de incremento de recaudación de entre el 1 % y el 1,5 % del PIB.
Dado todo lo anterior parece evidente que es necesario un Plan Integral como el que aquí se propone, pero existe el problema adicional de que en la actualidad no se dispone de una metodología oficial que se pueda utilizar para cuantificar la
eficacia de las políticas de lucha contra el fraude. La administración tributaria debería disponer de instrumentos públicos de medición cuantitativa y cualitativa del fraude, homologables a los utilizados por las administraciones más avanzadas,
como el Internal Revenue Service estadounidense (Tax Gap Estimates, Estimaciones de la brecha fiscal), que sirvan para apreciar de forma continua y trasparente los avances en la lucha contra el fraude. Para ello se puede crear un panel de expertos
para que, de forma conjunta con la AEAT, se genere una metodología para una evaluación oficial y periódica de la economía sumergida y del fraude fiscal y laboral en España, desagregado por territorios, sectores económicos e impuestos que será
debatido por las Cortes y que será la base sobre la que se construirá la Ley anual tributaria y de medidas de lucha contra el fraude y la elusión fiscal. Esta Comisión además, propondrá medidas de contención de la volatilidad fiscal, la evasión, la
erosión de bases y el traslado de beneficios.
Por otro lado, la multiplicación de formas societarias con el fin de promover la inversión colectiva, han hecho aparecer diversos agujeros tributarios que es necesario atajar normativamente. Concretamente, se ha de revisar la fiscalidad las
SOCIMI, las sociedades de capital riesgo y las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ENE) para velar por la inversión productiva y la equidad fiscal.
Y en relación a las SICAV se procurará evitar que actúen como pantallas de elusión fiscal de las grandes fortunas.
Por último, y en relación al delito fiscal, es necesario repensar y modificar el umbral objetivo para considerar que existe un delito fiscal, de forma que se reduzca sustancialmente y empiece a ser efectivo a partir de los 50.000 euros. El
objetivo es por un lado generar instrumentos y medios eficaces para la lucha contra el fraude, y al mismo tiempo generar los desincentivos coercitivos necesarios.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un Plan Integral de Lucha contra el Fraude que contenga los siguientes elementos:
a. Estatuto de la AEAT, que se hará consultando los cuerpos funcionariales concernidos.
b. El Presidente de la AEAT será elegido en el Parlamento, para un mandato de cinco años con un contrato-programa durante el ejercicio de referencia que requiriera.
c. El presidente de la AEAT elaborará un Plan Plurianual de Medidas de Lucha Contra el Fraude. Este Plan se plasmará anualmente en una Ley Anual Tributaria y de Medidas de Lucha contra el Fraude y la Elusión Fiscal, que se debatirá en Sede
Parlamentaria.
d. Crear una Comisión de Expertos que genera una metodología de cálculo oficial y periódico de la economía sumergida y del fraude fiscal y laboral en España, desagregado por territorios, sectores económicos e impuestos.
e. Una Oferta Pública de Empleo donde se plasme un incremento de los efectivos de la AEAT con el fin de implementar este Plan Integral de Lucha contra el Fraude, tras consulta a los cuerpos funcionariales concernidos.
2. Generar métodos de coordinación e integración de información coordinada y en red de las Agencias tributarias.
3. Revisar la fiscalidad de las SOCIMI y las sociedades de capital riesgo y las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ENE) para velar por la inversión productiva y la equidad fiscal.
4. Revisar la fiscalidad de las SICAV, controlando el número real y efectivo de socios, estableciendo un periodo máximo de permanencia para las plusvalías acumuladas, así como un porcentaje de participación máximo para cada inversor,
atribuyendo a la AEAT la facultad para comprobar el cumplimiento de estos requisitos
5. Puesta en marcha de un plan especial para regularizar las situaciones fraudulentas que actualmente se observan en el sector de las SICAV.
6. Disminución del umbral de punibilidad del delito fiscal a 50.000 euros y elevación, con carácter general, del plazo de prescripción de este delito a diez años, y aplicando las penas previstas actualmente para el tipo agravado cuando el
importe de lo defraudado supere los 120.000 euros.
7. Regular legalmente la posibilidad de que la Inspección efectúe actuaciones de obtención de información actuando de incógnito.
8. Potenciar la figura de la denuncia tributaria, modificando la Ley General Tributaria, para regular la participación del denunciante en el importe de la sanción.
9. Constituir un fondo a disposición de la AEAT para el pago de informaciones confidenciales que permitan el afloramiento o recuperación de cuotas defraudadas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2016.-Segundo González García, Alberto Montero Soler y Josep Vendrell Gardeñes, Diputados.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/000497
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la puesta en marcha del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), para
su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
La idea de implementar un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) es una propuesta tradicionalmente reivindicada por los movimientos sociales. Es heredera directa de la Tasa Tobin, impuesto propuesto por el premio Nobel de Economía
del mismo apellido cuyo objetivo pasaba por gravar la especulación con divisas. Nacida académicamente en los años 70 y recuperada en los años 90 por el movimiento internacional ATTAC, la propuesta había venido recibiendo poca atención por parte de
las instituciones. Conforme el clamor popular para su implantación iba creciendo, se respondía argumentando que era inviable técnicamente y después que perjudicaba a los mercados y al crecimiento de la economía. Finalmente, con la crisis
financiera global de 2008 y con la pujanza de las movilizaciones sociales se produjo un resurgir de la idea.
En ese contexto, en una votación sin precedentes, el Parlamento Europeo aprobó el 8 de marzo de 2011 una resolución en la que urgía a la Comisión Europea a implantar un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) que mejoraría el
funcionamiento de los mercados reduciendo la especulación y contribuiría a financiar bienes públicos mundiales así como a reducir los déficits públicos (sic). Así, por primera vez y de forma tímida, la Unión Europea decidió impulsar el impuesto a
nivel comunitario con una primera propuesta que planteaba ser de aplicación a todos los mercados (regulados o extra-bursátiles), a todos los instrumentos (participaciones, bonos, derivados, etc.), y a todos los actores (bancos, bancos en la sombra,
administradores de activos, etc.); y que contribuía a minimizar las distorsiones potenciales en los diferentes segmentos del mercado y a reducir el riesgo de planificación fiscal, sustitución o relocalización. Lamentablemente, esta primera
iniciativa se vería rápidamente abocada al fracaso por la oposición beligerante de algunos de los Estados.
Meses después del fracaso de la primera propuesta, y con el objetivo de superar la falta de unanimidad en el seno de la UE, once Estados miembros, incluido España, solicitan por carta a la Comisión Europea 'analizar la posibilidad de
introducir una solución armonizada para el ITF en el marco de los tratados'; es decir, solicitan iniciar un proceso de cooperación reforzada, mecanismo que permite como lógica de último recurso desarrollar iniciativas si así lo solicitan nueve
Estados miembro o más y que para su aprobación se requiere de la unanimidad de los proponentes.
Una vez se autoriza por parte del Ecofin el procedimiento de cooperación reforzada, en febrero de 2013 la Comisión Europea realiza una propuesta de implementación que da inicio a las discusiones técnicas y que finalmente cristaliza en la
propuesta de Directiva presentada el 14 de febrero de 2014.
La directiva propuesta en un inicio por la Comisión Europea tenía dos objetivos principales: armonizar la fiscalidad indirecta en el sector financiero y una contribución substancial de dicho sector a las arcas públicas. También reconoce
objetivos secundarios, como crear desincentivos apropiados para determinadas
transacciones o realizar un primer paso para una propuesta global. Como se observa, estos objetivos ya reflejan un distanciamiento claro con los objetivos históricos de las propuestas para gravar las transacciones financieras que situaban
como prioridad acabar con la especulación y evitar, por tanto, las burbujas y las crisis que generan. Esto pasa a ser un objetivo secundario y es significativo ya que indica que los tipos de gravamen serán poco ambiciosos.
En principio, en la directiva se habló de aplicar el ITF a operaciones con acciones con una tasa de un 0,1% sobre las transacciones de acciones y bonos y un 0,01% a operaciones con derivados. Y si bien estos valores representan tipos
mínimos que los Estados pueden incrementar unilateralmente, la realidad indica que siguen siendo realmente bajos. Además, algunos de los Estados implicados en el desarrollo del Impuesto a las Transacciones Financieras, entre los que se encuentra
España, estarían centrando sus esfuerzos en retrasar su aplicación y en reducir el tipo de derivados que se van a gravar provocando así la mutilación de su potencial recaudador.
Es por tanto evidente que la penosa evolución que está siguiendo hasta el momento la negociación para implantar un ITF destruye cualquier esperanza de que sea un impuesto ambicioso y justo que registre, controle y penalice las transacciones
más especulativas. Sin embargo, implantar un ITF, aunque sea solo en diez Estados de la Unión Europea, ya es un paso necesario para construir una fiscalidad global justa, progresiva y suficiente. Y aunque cada retraso en su concreción y aplicación
diluya la primera propuesta del Impuesto a las Transacciones Financieras, sigue significando un avance sobre los mitos fiscales vigentes. Por ello, el ITF debe ser la pieza clave de una batería más amplia de instrumentos que luchen contra la
especulación financiera y que coloquen a las finanzas globales al servicio de la actividad productiva de bienes y servicios que satisfagan las necesidades humanas.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que sitúe como objetivo prioritario la aprobación de la propuesta de la Comisión de 14 de febrero de 2013 de manera inmediata y sin modificaciones que rebajen el ámbito de aplicación, el tipo de gravamen o las bases imponibles en sus
participaciones en el Ecofin y en el grupo de trabajo sobre la propuesta para una Directiva del Consejo implantando cooperación reforzada en el área del Impuesto a las Transacciones Financieras.
2. Llevar a cabo las actuaciones necesarias a nivel UE para iniciar un proceso amplio para la aprobación de un ambicioso Impuesto a las Transacciones Financieras que tenga cómo prioridad reducir drásticamente la especulación en los mercados
financieros tomando como punto de partida el texto de la Propuesta de Directiva del Consejo, de 28 de septiembre de 2011, relativa a un sistema común del impuesto sobre las transacciones financieras y por la que se modifica la Directiva 2008/7/CE.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2016.-Josep Vendrell Gardeñes, Diputado.-Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000525
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada doña Ester Capella i Farré y de la Diputada doña Ana María Surra Spadea, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la rebaja del IVA en productos de higiene íntima femenina, así como en pañales para infancia y adultos, para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
El consumo de productos de higiene íntima representa para las mujeres una necesidad primordial y regular. Sin embargo, estos artículos están gravados como productos de consumo, lo cual comporta que
un artículo sanitario indispensable para las mujeres se convierta en un producto de lujo. Este hecho supone una discriminación puesto que se trata de productos higiénicos que evitan muchas infecciones y que son necesarios para todas las
mujeres desde la adolescencia hasta la retirada de la menstruación, es decir, durante un periodo amplio de su vida.
Actualmente, las compresas y tampones -que no están considerados como material sanitario ni como medicinas- están gravados con un 10%, hecho que va en detrimento del poder adquisitivo de las consumidoras y representa una discriminación
económica y social. En este sentido tanto los productos de higiene íntima femenina como los pañales para infancia y adultos deberían también ser considerados productos de primera necesidad y obtener un tipo de IVA del 4%.
Las copas menstruales, compresas, tampones y protegeslips son y deben de ser considerados como productos de primera necesidad. Ya en la última subida impositiva, en julio de 2012, dejaron de ser considerados como objetos de lujo, IVA del
tipo general (que subía del 18% al 21%) al IVA del tipo reducido (que subía del 8% al 10%). Un hecho que también fue aprovechado por los fabricantes de dichos productos así como por las distribuidoras y comercializadoras, para subir los precios de
venta al público de estos productos de primera necesidad.
La rebaja del tipo impositivo a estos productos es una reivindicación histórica tanto de la sociedad como de las fuerzas políticas. Sin embargo, una Directiva Europea impedía aplicarle el IVA reducido. No obstante, la Comisión Europea
pretende reformar el IVA y permitir que los Estados puedan aplicar la tasa que consideren a los productos. Como se demuestra del plan de acción para reformar dicho impuesto [COM(2016)148/F1]. En dicho plan de acción la misma Comisión Europea
reconoce que; si bien las medidas de fiscalidad en el marco comunitario necesitan aprobarse por unanimidad, es imprescindible que el tipo impositivo de estos productos sea armonizado.
Dada la clara evidencia de que este tipo de productos deben pasar a ser considerados como productos de primera necesidad así como las iniciativas comunitarias encaminadas a armonizar el tipo impositivo a este tipo de productos, es oportuno,
por tanto, defender un IVA superreducido para los mismos.
Por todo ello se presente la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Defender ante la Comisión Europea la capacidad de los Estados para establecer tipos de reducidos o superreducidos de IVA para los productos de primera necesidad.
2. Reconocer, en cuanto la Unión Europea lo permita, la rebaja al 4% del Impuesto de Valor Añadido en los productos de higiene íntima femenina más necesarios (compresa y tampones) y pañales absorbentes para infancia y adultos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2016.-Ester Capella i Farré y Ana María Surra Spadea, Diputadas.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
161/000534
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario de Democràcia i Llibertat, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate en la Comisión de Hacienda y
Administraciones Públicas, una Proposición no de Ley relativa a la reducción urgente del IVA que grava los productos y actividades culturales y deportivas.
Exposición de motivos
En la pasada legislatura los productos y actividades culturales y deportivas sufrieron un alza excepcional en el tipo del impuesto sobre el valor añadido, un alza muy superior a la sufrida por el resto de productos y servicios, de manera que
en los últimos cuatro años, el incremento de la factura fiscal del sector de la
cultura y de los servicios deportivos ha agravado -para estas actividades- la ya difícil coyuntura económica general derivada de la crisis.
Tres cuestiones aparecen como especialmente sorprendentes en la decisión de incrementar el IVA adoptada por el Gobierno del Partido Popular en la pasada legislatura. Primera, tanto el sector de la cultura como el de los servicios deportivos
son actividades económicas altamente intensivas en empleo, de manera que la decisión de aumentar el IVA propició una destrucción de empleo no justificada.
Segunda, la cultura es un bien de interés general que toda sociedad europea incorpora bajo el paraguas del estado del bienestar. No se comprende el trato discriminatorio que en 2012 aplicó el Gobierno español al IVA que grava las
actividades culturales y deportivas.
Tercera, la práctica totalidad de los Estados europeos gravan el IVA con tipos reducidos, de manera que la decisión del Gobierno Rajoy de aumentar el IVA fue inversa a la política que mantiene Europa. La directiva que regula la aplicación
del IVA permite a los Estados miembros fijar tipos impositivos reducidos a los productos y actividades culturales, así lo han hecho la gran mayoría de Estados miembros, con lo que el IVA reducido se erige en un instrumento de sus propias políticas
de apoyo a la cultura.
A título comparativo en Francia el IVA cultural actualmente es del 5,5%, en Alemania del 7%, en Irlanda del 9%, en Holanda aumentó al 19% pero inmediatamente volvió a reducirse al 6% tras desplomarse la recaudación, Portugal e Italia gravan
los productos y servicios culturales respectivamente con un 13% y un 12% de IVA. Únicamente Reino Unido tiene un tipo impositivo semejante al español, del 20%.
En 2012, el IVA a la cultura en España aumentó de golpe en 13 puntos, del 8% al 21%, fue una medida adoptada en plena crisis económica, acompañada de la reducción o desaparición de gran parte de las subvenciones y ayudas públicas de la
administración a la cultura.
Desde 2012 las demandas para recuperar un tipo impositivo reducido del IVA a la cultura y a los servicios deportivos han sido múltiples y unánimes. Se trata de una medida de apoyo a estos sectores e incluso de una medida de racionalidad
fiscal, ya que el alza del IVA comportó también una caída de la recaudación obtenida en estos sectores a causa del cierre de empresas culturales y por la disminución del consumo de servicios.
En términos económicos, el sector cultural supone en España aproximadamente el 4% del PIB y da trabajo a unas de 500.000 personas, cifras que refuerzan la relevancia y potencial del sector.
El apoyo y la defensa de la cultura y de su diversidad, desde el sector público, es una de las características más significativas de las diferentes sociedades europeas. No se comprenden las razones que puedan justificar que España vaya en
el sentido contrario y aplique un impuesto mayor a las actividades culturales y deportivas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la reducción inmediata del tipo impositivo del IVA aplicable a los productos y servicios culturales y deportivos, tal como ocurre en la casi totalidad de los Estados miembros de la
Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2016.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat).
Comisión de Fomento
161/000505
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre el proyecto de trazado de la modificación n.º 1 de las obras de construcción de la autovía A-14 Lleida-frontera francesa, tramo Lleida (enlace con la A-2 y Rosselló), para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La Dirección General de Carreteras aprobó provisionalmente, el 26 de marzo de 2014, el 'Proyecto de trazado de la modificación n.º 1 de las obras de construcción de la autovía A-14 Lleida-frontera francesa, tramo Lleida (enlace con la A-2 y
Rosselló)', al mismo tiempo que se dictaron las normas para las expropiaciones correspondientes.
A tal aprobación provisional el Ayuntamiento de Lleida, en tanto que Corporación afectada por el trazado del Proyecto, comunicó al Ministerio de Fomento (Dirección General de Carreteras) la resolución del Decreto de Alcaldía que se
presentaba como alegación en tiempo y forma.
Dicha alegación dice textualmente:
'1. En relación al trazado con una longitud total ligeramente superior a los 6 km, la afectación al término municipal de Lleida no llega a 1 km. No obstante, la estructura más importante de todo el trazado se encuentra en la intersección
entre la A-22 (autovía Lleida-Huesca) y de la nueva autovía A-14. Ésta se resuelve mediante un enlace tipo trompeta, ubicado entre los enlaces de la A-22 y de la N-230 (Lleida-Valle de Arán) con la A-2.
Este tipo de enlace permite todos los movimientos entre Barcelona-Zaragoza-Frontera Francesa, pero ningún movimiento de acceso a/o desde Lleida a Barcelona-Zaragoza-Frontera Francesa, hipotecando actualmente y en el futuro cualquier conexión
desde la red viaria de Lleida.
Por eso se considera totalmente necesario modificar el tipo de enlace entre la A-2 y la A-14, con una solución que posibilite una conexión de acceso a Lleida.'
Dicha alegación no ha merecido respuesta del Ministerio de Fomento que ha seguido la tramitación del proyecto sin atenderla.
A ello cabe añadir que la A-14 es el acceso directo al aeropuerto Lleida-Alguaire de gran importancia estratégica y logística en el desarrollo futuro de la ciudad, con el contrasentido que representa que no se pueda facilitar su acceso a
través de este Proyecto.
La ciudad de Lleida está tramitando su actual Plan de Ordenación Urbanística Municipal (2015), cuyo documento de avance para facilitar la participación ciudadana con sus propuestas en el desarrollo del mismo, contempla la conexión del enlace
de la A-14 con la A-22 que el Ayuntamiento reclamaba en su alegación, nunca respondida por el Ministerio y consecuentemente no atendida.
Cabe añadir, que el planeamiento urbanístico de carácter territorial, el Plan Territorial Parcial de Ponen (Terres de Lleida), que es vigente y resulta de aplicación desde el 5 de octubre de 2007, efectúa la previsión expresa del trazado de
esta vía de conexión, del entronque de la A-14 con la A-2, con la ciudad de Lleida, por lo que se puede entender que la previsión de un enlace que permita dicha conexión funcional de la A-14 con la ciudad, es de obligado cumplimiento.'
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el 'Proyecto de trazado de la modificación n.º 1 de las obras de construcción de la autovía A-14 Lleida-frontera francesa, tramo Lleida (enlace con la A-2 y Rosselló)' de forma que
se mejore la conexión de la ciudad de Lleida con Barcelona, Zaragoza y frontera francesa, así como con el aeropuerto Lleida-Alguaire.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo de 2016.-Mónica Lafuente de la Torre, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000506
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a la Mesa para al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados presentar la siguiente Proposición no de Ley para mejorar
la seguridad en la carretera N-525 en el término municipal de Coles (Ourense), travesía Gustey-Cambeo, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La carretera N-525 en el tramo desde la salida de Ourense hasta el cruce con la nacional de Lugo en Cambeo, es uno de los puntos negros más importantes de las carreteras gallegas, de forma sistemática suceden accidentes con heridos graves y
muerte de conductores.
La alta siniestralidad que se registra ha hecho que el RACE sitúe en Ourense una de las cinco carreteras más peligrosas del Estado, este tramo es uno de los más peligrosos de la red viaria y de la provincia de Ourense, ya que se unen el
trazado sinuoso de la carretera, una alta densidad de tráfico, un deficiente asfaltado que en días de lluvia lo convierte en extremadamente peligroso y un importante número de naves industriales situadas a ambos lados de la carretera; además por la
N-525 circula mucho tráfico pesado, existiendo poco espacio para maniobrar y una situación de peligro constante para entrar y salir del colegio.
Hasta el momento por parte del Ministerio de Fomento no se ha realizado ninguna actuación seria para mejorar la seguridad viaria y las propuestas que se han hecho han sido influidas por un marcado carácter económico y recaudatorio, como la
instalación de radares, de hecho es la única carretera secundaria de Galicia que cuenta con un radar de tramo en sentido Santiago y otro radar fijo en sentido Ourense, sin que ello haya supuesto una solución el problema de accidentabilidad, pues ni
siquiera se han instalado, señales como la de tramo de concentración de accidentes.
La necesidad de garantizar la seguridad vial de los usuarios de esta vía, cifrados en más de 10.000 vehículos diarios, hace que sean necesarias medidas estructurales, y actuar sobre el trazado y el asfaltado para evitar los impactos
fronto-laterales.
Los Concellos afectados por esta situación son Coles, A Peroxa, Villamarín y Amoeiro.
Responsables del Concello de Coles y la 'Plataforma por la Seguridad de la N-525 Ourense-Cambeo', en una reunión mantenida en fecha 19 de febrero 2016, señalan la ausencia total de medidas y de respuesta por parte del Ministerio de Fomento.
Señalan que en el año 2009 se realizó un 'proyecto' en el que se recogía la ejecución de dos vías de servicio y que existía una partida presupuestaría que no se llegó a ejecutar.
La realidad es que a pesar de haber existido expedientes y licitaciones tendentes a solventar el grave problema de accidentalidad para el tramo Ourense-Enlace Cambeo, hasta la fecha no se ha desarrollado ninguna obra ni actuación tendente a
ejecutar las partidas presupuestadas e incluso licitadas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acometer de forma urgente cuantas actuaciones sean necesarias para mejorar la seguridad en la carretera N-525 en el término municipal de Coles (Ourense), travesía Gustey-Cambeo y en concreto
las siguientes:
1. La construcción de un vial de servicio para los camiones que accedan a las naves industriales y que todos los vehículos pesados que entran o salen de las diferentes naves industriales que se encuentran a lo largo de ese tramo no tengan
que incorporarse o salir directamente a la N-525 como ocurre hasta ahora.
2. Que se señalice esa zona como ¡tramo de concentración de accidentes!
3. Que se construya un paso elevado o subterráneo para que faciliten el paso a los vecinos de Coles cuyas viviendas quedan a uno y otro lado de la carretera, debido a que en la actualidad tienen que cruzar esa vía, en algunos casos en zonas
de curva y con escasa visibilidad.
4. Que se realice un cambio del asfalto por otro menos deslizante.
5. La instalación de una mediana o dispositivo para separar ambos sentidos y elementos de seguridad y señalización en los accesos al colegio de Cambeo y los cruces hacia Rivela y A Peroxa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2016.-María del Rocío De Frutos Madrazo, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000507
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa
al comienzo de las obras de desdoblamiento de la SG-20, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La variante SG-20 de la ciudad de Segovia conecta por su parte este las vías N-110, N 603, AP-61, CL-601 y A-601. Tiene una longitud de 15 kms. Fue construida en el año 2000 y nació sin desdoblar, salvo un pequeño tramo en ambos sentidos
de apenas 400 metros. El Gobierno regional asumió en 2007 su compromiso de cierre sin que hasta la fecha haya iniciado el expediente.
La SG-20 soporta algunos días en el tramo que une la AP-61 con la A-601 un tráfico superior a los 18.000 vehículos/día. Los viernes tarde-noche, los sábados mañana y los domingos tarde-noche, así como la madrugada del lunes, son los
momentos de mayor intensidad. Con el paso del tiempo ha ido ganando tráfico. Es la vía de conexión más rápida entre Valladolid y Madrid, lo que convierte a estos 15 kms en un cuello de botella importante, lo que no ha impedido vaya ganando tráfico
día a día, ya que contrasta su gratuidad con el peaje de la autopista alternativa. Contribuye de forma decisiva a descongestionar el tráfico de la ciudad de Segovia y a facilitar sus accesos.
La alta intensidad de tráfico la convierte en una carretera muy peligrosa. Desde su inauguración hace quince años ha habido múltiples accidentes. Han perdido la vida catorce personas. Y a pesar de que su trazado en gran parte está
delimitado por líneas continuas que imposibilitan el adelantamiento, sin embargo el riesgo de choque frontal es muy alto. Los automovilistas pasan de carreteras desdobladas de larga longitud a la SG-20 lo que les impide mantener una uniformidad en
la velocidad. Sin embargo, los conductores no son muy conscientes de ello.
En 2011 el proyecto de desdoblamiento de la SG-20 estaba aprobado técnicamente. A pesar de haber asignado entre 2011-2015 para su ejecución 11,134 millones de euros, en estos años no se ha invertido nada. La ejecución de obras fue
adjudicada, en dos lotes, en octubre de 2015. Los Presupuestos Generales del Estado de 2016 asignan a esta actuación un coste de 75 millones de euros, cuando en 2011 la cifra necesaria era de 67 millones de euros. Para el ejercicio 2016 se han
asignado 2,4 millones de euros, una cantidad que no permitiría abordar más de 300 metros de desdoblamiento.
El cierre de la SG-20 por parte de la Administración autonómica permitirá mejorar también sensiblemente la movilidad de la ciudad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a no demorar el comienzo de las obras de desdoblamiento de la SG-20, adjudicadas en 2015 y a ejecutarlos en un tiempo máximo de cuatro años para mejorar las condiciones de seguridad vial y
evitar riesgos innecesarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2016.-Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000508
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para el
impulso y desarrollo del transporte ferroviario de mercancías entre Segovia y el resto de España, a través de Madrid, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La logística es uno de los principales motores de desarrollo económico. Constituye un factor clave para la mejora de la competitividad y el empleo, factores ambos que necesita Segovia para impulsar su desarrollo industrial y la creación de
empleo.
Segovia cuenta con una envidiable localización estratégica para la distribución y comercialización de bienes de consumo e industriales. Su cercanía a dos grandes emplazamientos como son Madrid y Valladolid, a la vez que unas excelentes vías
de comunicación por carretera hacen que la ciudad de Segovia y su entorno periurbano cuenten con un enorme potencial de desarrollo económico e industrial.
El desarrollo industrial de la ciudad de Segovia y su entorno más cercano es discreto. El sector industrial y comercial presenta un peso en el PIB provincial que no supera el 17 por ciento y la población activa asociada es del orden de los
15.000 puestos de trabajo. En la ciudad destaca el polígono industrial de Hontoria y el Cerro constituyen los principales enclaves de desarrollo industrial de la ciudad. Unos polígonos que se caracterizan por una industria ligada a los servicios.
El polígono de Hontoria tiene capacidad de crecimiento, y es deseable que en los próximos años tenga una fuerte expansión. Lo mismo que el polígono de Valverde. Un polígono más tecnificado y especializado.
Para que este crecimiento sea una realidad es necesario atraer inversión y potenciar nuevas industrias e impulsar un mayor desarrollo logístico. Un factor clave para esta expansión la constituye el transporte. Para ello es necesario la
colaboración y concertación de actuaciones administrativas territoriales y de los sectores productivos, apoyada en un sistema de transporte intermodal, eficiente y sostenible como es el ferrocarril.
La línea convencional de ferrocarril, en muy buen estado y con una excelente conservación, permitiría impulsar el transporte ferroviario de mercancías desde la ciudad de Segovia y su entorno con el resto de España, a través de Madrid,
mediante el acceso a sus principales terminales logísticos y puertos. De esta forma se mejoraría la versatilidad en la distribución y se permitiría reducir ostensiblemente sus costes, aumentando la competitividad y la potencialidad del mercado a
medio plazo.
La conexión ferroviaria de Segovia y su entorno con Madrid, permitiría conectar los terminales logísticos de los polígonos de Hontoria, Valverde y, en su caso, El Espinar al objeto de reforzar el sistema industrial y su interoperabilidad con
el resto del Estado. La mejora de la accesibilidad ferroviaria a los nodos terrestres de generación de cargas, como son las plataformas logísticas y los principales enclaves industriales, y de sus instalaciones, permite la intermodalidad de los
diferentes modos de transporte, su almacenamiento y distribución con una menor manipulación y tránsito, disminuyendo los costes. A su vez, constituye un aliciente para la localización de nuevas industrias y plantas logísticas, con la consiguiente
creación de empleo.
Para alcanzar un desarrollo eficiente es necesario concentrar y localizar al menos un nodo logístico ferroviario en los polígonos de Segovia y otro en Valverde, analizando la viabilidad de otro posible nodo en la zona de la estación de El
Espinar, todos ellos asociados a la línea convencional de ferrocarril entre Madrid y Segovia y sus ramales de conexión a estos nodos y sus plataformas logísticas.
El transporte de mercancías por ferrocarril permite una importante reducción en la emisión de gases y en el gasto energético. El ferrocarril es el modo con menor coste externo en el transporte de mercancía. Contribuye de forma notable a un
transporte competitivo y sostenible. De ahí la necesidad de potenciar su utilización e intermodalidad con otros modos de transporte, como es la carretera, que en el momento actual absorbe el 92,4 por ciento del transporte de mercancías de España
frente al 1,4 por ciento del ferrocarril.
Para avanzar en este proyecto que permitiría impulsar la industria, el comercio y el empleo es preciso la firma de protocolos entre los diferentes agentes activos: Junta de Castilla y León, como institución competente en materia industrial,
Ayuntamientos titulares de los Polígonos industriales, Renfe y asociaciones empresariales, todo ello en el marco del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar el transporte ferroviario de mercancías desde la ciudad de Segovia y su entorno con el resto de España, a través de Madrid, mediante el acceso a sus principales terminales logísticos y puertos.
2. Potenciar, mejorar y utilizar la infraestructura ferroviaria de la línea convencional de ferrocarril para su conexión con los terminales logísticos de los polígonos de Hontoria, Valverde y El Espinar al objeto de reforzar el sistema
industrial y su interoperabilidad con el resto del Estado.
3. Desarrollar nodos logísticos ferroviarios en los polígonos industriales asociados a la infraestructura ferroviaria de la línea convencional de ferrocarril entre Madrid y Segovia y sus ramales de conexión a los nodos para el impulso de un
transporte multimodal, eficiente y sostenible en Segovia y su entorno.
4. La firma de protocolos con la Junta de Castilla y León, los Ayuntamientos titulares de la explotación logística, Renfe y asociaciones empresariales en el marco del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2016.-Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000517
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
conseguir un sistema de transporte eficiente entre Valencia y Alicante que facilite la interacción entre las ciudades, para su debate en Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Alicante y Valencia son la quinta y la tercera provincias del Estado, respectivamente, en términos de PIB. Y existen entre ellas enormes flujos de actividad económica y un gran número de desplazamientos. La conexión entre las dos ciudades
es un elemento fundamental para el desarrollo.
El transporte público tiene muchas ventajas económicas, ambientales y sociales sobre el transporte individual. Los gases contaminantes que emite un autobús son muy superiores a los del transporte ferroviario, siendo el tren la mejor opción
para un transporte público de calidad.
La conexión ferroviaria de pasajeros entre Alicante y Valencia (pendiente de la llegada del AVE) se realiza sobre todo mediante trenes TALGO y EUROMED. Estos servicios deberían servir para que los viajeros con necesidad de trabajo o de
estudios en cualquiera de las ciudades dispusiera de un tren que llegase antes de las ocho de la mañana, y que la vuelta fuese también dentro de unos horarios que les permitieran conciliar el trabajo o estudio con el mantenimiento de la vivienda y
el ambiente familiar y de relaciones personales.
Asimismo, disponer de la posibilidad de acceso a unas tarjetas de abono de transporte abarataría considerablemente el coste del servicio y lo haría más accesible para todos los ciudadanos.
Otro motivo para fomentar el uso del tren es que es el medio de transporte más eficiente. Los trenes contaminan menos, sus necesidades de infraestructuras y de aparcamiento son menores que las de los turismos, y son más seguros que otros
medios, pero apenas representan el 6% del transporte de pasajeros en Europa. Los vehículos por carreteras suponen más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte en la UE, frente al 1% del ferrocarril.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a la adopción de medidas tendentes a facilitar el transporte ferroviario entre Alicante y Valencia, adecuando los horarios y las frecuencias para
facilitar su uso por los ciudadanos, adaptándolo mejor a los horarios más habituales, tanto laborales como académicos. Igualmente le insta a establecer un sistema de bonos de transporte que además de generar un ahorro para los viajeros
frecuentes, se adapte mejor a sus necesidades.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.-Julián López Milla y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000526
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la mejora y acondicionamiento de la N-260, o Eje Pirenaico, a su paso por el Pirineo catalán, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La N-260, o Eje Pirenaico, une desde el Mediterráneo las poblaciones de Portbou (Alt Empordà), enlazando Figueres (Alt Empordà), Olot (Garrotxa), Ripoll (Ripollès) hasta Puigcerdà (Cerdanya), a través, ahora, de la N-152 y desde Puigcerdà
sigue dirección hacia la Seu d'Urgell (Alt Urgell), Sort (Pallars Sobirà), la Pobla de Segur (Pallars Jussà), el Pont de Suert (Alta Ribagorça) y de aquí se dirige a los Pirineos aragoneses hasta Jaca (Huesca).
El llamado Eje Pirenaico, en orientación este-oeste, constituye una vía de comunicación transversal entre los valles pirenaicos, orientados básicamente de norte a sur, fundamental para la cohesión territorial de las comarcas de montaña y
para apoyar el desarrollo del turismo. Su trazado actual es muy irregular, combinando unos tramos excelentes acondicionados hace más de veinte años, con tramos precarios con trazados obsoletos en estado lamentable.
En los últimos años se han elaborado estudios y trabajos de mejora de diversos tramos de este eje, sobre todo de los más peligrosos y deteriorados, sin que, muchos de ellos, hayan acabado ejecutándose.
Si nos centramos en la N-260 a su paso por el Pirineo catalán vemos la necesidad de llevar a cabo medidas destinadas en algunos casos a la mejora de la vía y en otros al acondicionamiento integral de algunos tramos históricamente reclamados
para menguar la peligrosidad de sus trazados y puntos negros de la vía.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar un proyecto de mejora integral de la carretera N-260, o Eje Pirenaico, con la finalidad de estudiar la mejora del trazado actual, y ejecutar inmediatamente el mantenimiento de los
tramos deteriorados, priorizando las actuaciones siguientes:
- Mejora integral de los tramos urbanos que pasan por Martinet, La Seu d'Urgell, Adrall, Sort, Gerri de la Sal, La Pobla de Segur, Senterada y el Pont de Suert.
- El acondicionamiento integral del tramo que pasa por el Port del Cantó, entre Adrall y Pallerols.
- El acondicionamiento del tramo que va entre Xerallo y el Pont de Suert.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2016.-Mónica Lafuente De la Torre, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000529
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la
rehabilitación del Teatro Cervantes, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
En noviembre de 2011 el Gobierno de España licitó el proyecto de rehabilitación del Teatro Cervantes en la ciudad de Segovia con la previsión de apertura de plicas en el mes de marzo. Dicha actuación estaba dotada con un presupuesto de 8,5
millones de euros. Sin embargo, el Gobierno del España renunció al contrato de rehabilitación. Así se desprende de la respuesta del ejecutivo a la pregunta parlamentaria formulada por el Grupo socialista en 2013, en la que señala que 'se ha
formalizado la renuncia a la adjudicación del contrato de obras de rehabilitación del Teatro Cervantes'.
El Teatro Cervantes es un edificio emblemático situado en el centro de la ciudad. En el momento actual se encuentra derribado, manteniendo la fachada y las paredes laterales. La rehabilitación del edificio permitiría recuperar un edificio
emblemático, que ha sido un icono de la actividad cultural de la ciudad. Su rehabilitación posibilitaría contar con un edificio multiusos para el desarrollo de actividades culturales, congresos y convenciones. Un gran salón que no solo
contribuiría a proyectar la imagen vanguardista de la ciudad en materia cultural, sino también a generar una oferta complementaria en el mercado de congresos y convenciones.
La dotación de esta infraestructura cultural y turística es clave para aprovechar el gran caudal de visitantes que tienen un fácil acceso desde Madrid y Valladolid gracias a la línea de alta velocidad que une la ciudad con el resto de
España.
El Teatro Cervantes atraería actividad cultural y turística, que impulsaría al sector, uno de los más importantes de la provincia y, por ende, generaría riqueza económica y empleo.
Es necesario rectificar y relanzar de nuevo el proyecto de rehabilitación del Teatro Cervantes, tan importante para esta ciudad y para esta provincia, principalmente en momentos en los es imprescindible generar actividad económica y empleo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la rehabilitación del Teatro Cervantes de la ciudad de Segovia. Un proyecto que contribuirá de forma decisiva al impulso de la actividad cultural y turística de esta ciudad Patrimonio de la
Humanidad, y a la dinamización económica y a la creación de empleo tanto en la ciudad como en la provincia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2016.-Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000530
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre revitalización de la vía férrea Madrid-Aranda de Duero-Burgos, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Desde su inauguración, en 1968, la de Aranda de Duero fue la estación intermedia más importante de la línea Burgos-Aranda-Madrid, con numerosos viajeros y circulaciones. Hacían parada en ella desde los
trenes regionales hasta el Talgo de Madrid-París, y contaba con un intenso tráfico ferroviario hacia el País Vasco e incluso Algeciras, entre otros destinos, por lo que durante los años 70 y la primera mitad de los 80 la línea y esta
estación, en concreto, vivieron su mejor momento.
Sin embargo, la línea sufrió una progresiva pérdida de pasajeros, sobre todo, a raíz de la decisión política que concluyó que el AVE pasara por Valladolid en lugar de por Aranda de Duero. Así, a partir de 2011, se convirtió en una línea de
media distancia, precisamente en el año en el que el hundimiento de un túnel en Somosierra dejó sepultada una bateadora que, bajo concesión, realizaba tareas para ADIF.
En 2012, la Ministra de Fomento, Ana Pastor, clausuró de manera definitiva la línea Madrid-Burgos para el transporte de pasajeros, mientras que en el caso de las mercancías, el servicio solo funciona entre Aranda de Duero y Burgos, ya que el
derrumbamiento del túnel impide extenderlo hacia Madrid.
La Diputación Provincial de Burgos aprobó en marzo de 2015 una proposición del Grupo Socialista para instar a Fomento y a ADIF a realizar las inversiones necesarias para revitalizar esta línea. En marzo de 2016 se aprobó otra proposición,
también del Grupo Socialista, instando a la firma de un convenio de colaboración entre diferentes administraciones que revitalice esta línea.
Con fecha 1 de septiembre de 2015, ADIF decretó el cierre de la estación de trenes del Montecillo, en Aranda de Duero, antes de que se diera a conocer el estudio de viabilidad que encargó el Ministerio de Fomento y sin valorar la repercusión
que tendrá la entrada en funcionamiento del ramal ferroviario inaugurado el pasado mes de enero, que llega hasta el polígono industrial Prado Marina, con unas previsiones de 300.000 toneladas de carga anual de mercancías. La nueva infraestructura
presta un importante servicio a las empresas que acoge, y supuso una inversión de 4,2 millones de euros con cargo a la Junta de Castilla y León.
En la reunión mantenida el pasado 10 de marzo de 2016 entre la Vicepresidenta del Gobierno de España y la de la Junta de Castilla y León decidieron la creación de un grupo de trabajo para reactivar líneas ferroviarias en la Comunidad, entre
las que citaron el 'Directo'. En concreto, Rosa Valdeón destacó la importancia que tiene este corredor para el transporte de mercancías una vez que se ha habilitado para este tipo de circulaciones el tendido ferroviario entre las ciudades de Burgos
y Aranda de Duero.
El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León presentó una enmienda a los presupuestos generales de la Junta de Castilla y León en la que solicitaba una cantidad de 120.000 euros para la firma de un convenio de colaboración con otras
administraciones que permitiera revitalizar la línea, pero el PP la rechazó.
También el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados presentó esa enmienda con el mismo objetivo y el PP la rechazó.
Posteriormente, en la reunión que mantuvieron el pasado 16 de marzo de 2016 el director general de Infraestructuras y Carreteras de la Comunidad de Madrid, José Trigueros, el presidente de la Plataforma por la Recuperación del Directo, José
Luis Cortijo, el delegado del sindicato CGT, Joaquín García, representantes de la Plataforma por el Desarrollo de Burgos del Grupo de Acción Local de la Sierra Norte de Madrid (Galsinma), la Comunidad de Madrid brindaron su apoyo institucional a la
reapertura de esta línea que la conecte con Aranda de Duero y Burgos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar cuantas gestiones sean necesarias y a la habilitación de las partidas económicas pertinentes para la firma del convenio de colaboración con la Junta de Castilla y León, ADIF y la
Comunidad de Madrid, con el objetivo de revitalizar la línea ferroviaria Madrid-Aranda-Burgos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2016.-Esther Peña Camarero, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000532
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en
la Comisión de Fomento, relativa al desarrollo y mejora de la red ferroviaria en Extremadura.
Exposición de motivos
A pesar de que España es uno de los países con mayor desarrollo en las líneas ferroviarias, éste no se da de forma equitativa por todo su territorio, encontrándonos ejemplos como Extremadura, región con la peor red ferroviaria del país, sin
ningún kilómetro de vía electrificada y con tramos de traviesas del siglo XIX.
La sociedad extremeña lleva tiempo manifestando su inquietud, preocupación e indignación ante el progresivo deterioro que sufre el transporte ferroviario de la región. Mientras en el resto del país llevamos más de dos décadas modernizando
las líneas tanto de AVE como de altas prestaciones, Extremadura ha sufrido el reiterado incumplimiento de los convenios alcanzados tanto con el Ministerio como con ADIF y RENFE. En esta situación de marginación y abandono, la región necesita más
que nunca un tren rápido, limpio y económico que permita el transporte de mercancías y personas de forma eficiente y en tiempos comparables a otras regiones del Estado.
En este sentido, la Asamblea de Extremadura aprobó el pasado 22 de octubre por unanimidad una propuesta para impulsar un Pacto por el Ferrocarril que permita revertir la situación en la que se encuentran sus infraestructuras.
Así, desde nuestro Grupo Parlamentario, recogemos la demanda del pueblo extremeño con el fin de profundizar en la construcción de un país más equitativo para todas y todos sus ciudadanos, por lo que pedimos la modernización urgente de la red
ferroviaria convencional y de las líneas que comunican Extremadura con Madrid, Ciudad Real, Sevilla y Huelva, acondicionando y modernizando aquellos tramos que se encuentran en peor estado, tanto a nivel de vía, infraestructura, señalización y
sistema de seguridad.
Es necesario, además, priorizar una conexión rápida y de altas prestaciones con Madrid, tanto para viajeros como mercancías, aprovechando el paso de la línea del AVE por Puertollano, y mediante la construcción de un cambiador de ancho en la
estación de Brazatortas.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Priorizar la mejora de la red ferroviaria extremeña, actualizándola y situándola al nivel del resto del Estado, estableciendo un calendario de actuaciones que determine los plazos concretos de actuación.
2. La construcción de un cambiador de ancho de vía en la estación de Brazatortas, como paso previo para la introducción de la alta velocidad en Extremadura.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.-Amparo Botejara Sanz y Sergio Pascual Peña, Diputados.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000546
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado don Pedro Quevedo Iturbe, de Nueva Canarias, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre
afecciones aeroportuarias, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Desde la aprobación del Plan Director del Aeropuerto de Gran Canaria, la Dirección General de Aviación Civil ha ejercido con especial celo las prerrogativas que le da la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre navegación aérea, y el Decreto
584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas, informando sobre todo el planeamiento territorial y urbanístico de la isla de Gran Canaria afectado por las servidumbres aeronáuticas, de forma preceptiva y vinculante. Informes que se
emiten en la mayoría de los casos de forma desfavorable, con la consiguiente obstaculización a las inversiones y al desarrollo en la zona afectada.
Es imprescindible incidir en que estamos ante una realidad territorial diferente a la peninsular. Nuestro territorio es insular, reducido en extensión, con orografía singular e importantes valores naturales, aspectos que ya de por sí hacen
muy difícil la convivencia con el desarrollo socioeconómico.
A todo ello, hay que añadir que el viento está donde está. Las zonas de mayor aptitud para la implantación de aerogeneradores se encuentran en la plataforma costera, precisamente en aquella en las que se ubica nuestro aeropuerto. En Gran
Canaria, más del 80 % de la superficie de la isla resulta inadecuada o incompatible para asumir las dinámicas asociadas al desarrollo económico.
Es preciso indicar que en Gran Canaria, las servidumbres aeronáuticas afectan a cerca del 20 % del territorio de las isla y al 27 % de su perímetro costero, afectando a 9 de los 21 municipios de la isla, con un especial y demoledor impacto
en el corredor este insular, al que precisamente se le reconoce la mayor aptitud objetiva y potencialidades de desarrollo socio-económico, y al que las servidumbres aeronáuticas imponen unas restricciones tan severas, que impiden cualquier
iniciativa.
En marzo de 2011 fueron actualizadas las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Gran Canaria y Base Aérea de Gando mediante el Real Decreto 417/2011, que se limitó a refundir y actualizar en una única norma las anteriores regulaciones
sobre servidumbres aeronáuticas, manteniendo las mismas afecciones establecidas desde 1968.
Existe una importante base documental que demuestra que Aviación Civil en sus informes siempre ha establecido limitaciones al crecimiento basadas en el mínimo esfuerzo y en la mínima inversión, sin considerar nuestras singularidades,
contraviniendo en la letra y en el espíritu la propia legislación aeroportuaria, como es el caso del Decreto 1541/03, de 5 de diciembre, de servidumbres aeronáuticas, en cuyo preámbulo se establece claramente la necesidad de que, en aplicación de
las limitaciones por servidumbres, se eviten restricciones localmente innecesarias, adaptando las servidumbres teóricas a la realidad urbanística y topográfica de cada territorio.
Es preciso comprender que no se pueda tratar por igual a lo que es diferente. Existen posibles determinaciones que dependen de la voluntad política, que garantizando el mismo nivel de seguridad generan una menor afección en las
servidumbres. Tan solo se trata de adoptar aquellas medidas encaminadas a la reubicación de las radioayudas, a la inversión en las nuevas tecnologías, soluciones que conocen perfectamente y que se han implantado en numerosos aeropuertos
internacionales, españoles y extranjeros.
Por lo anteriormente expuesto, a la vista de la inacción de aviación civil, parece oportuno instar al Ministerio de Fomento y, en particular, a su Dirección General de Aviación Civil para que inicie las actuaciones que a continuación se
determinan, a fin de eliminar los obstáculos innecesarios que impiden el crecimiento sostenible de nuestra isla.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español y, en particular, al Ministerio de Fomento, a la Dirección General de Aviación Civil y a AENA, para que de acuerdo con lo dispuesto en el espíritu del Decreto 1541/03, de 5 de
diciembre, de servidumbres aeronáuticas, se inicien las actuaciones encaminadas a paliar los efectos limitativos innecesarios, que generan las actuales servidumbres aeronáuticas en Gran Canaria, consistentes en:
- Relocalizar dentro de la Zona de Servicio del Aeropuerto el VOR/DME LPC, en la zona próxima al umbral 03L o, en su caso, al umbral 21R actuales, eliminando con ello, las afecciones que está generando en la bajada de Pozo Izquierdo.
- Reubicar el RADAR GCGC, actualmente situado junto al margen naciente de la GC-1 en la zona de Las Puntillas, situándolo en los altos de la península de Gando.
- Relocalización del VOR/DME GDV, actualmente situado cerca de San Juan de Dios, ubicándolo en el Pico de La Gorra.
- Eliminación del NDB VR, actualmente situado inmediatamente al sur del Polígono de Arinaga, por tratarse de una instalación ya superada en su función por otras más modernas.
- Eliminación del NDB OM LO 03L, prevista para el desarrollo previsible en medio de la zona residencial del Polígono de Arinaga, por tratarse de una instalación ya superada en su función por otras más modernas.
- Con relación a sistemas de ayuda para operaciones de aproximación-aterrizaje instrumentales (ILS y GP), se plantea una actualización y renovación tecnológica, mediante la implantación de sistemas GBAS, de mayor capacidad y más eficientes
desde el punto de vista económico y medioambiental, a los que se les adscribe una servidumbre de mucho menor impacto territorial. Se implantarían mediante el despliegue con carácter local de estaciones en tierra, ubicadas dentro del ámbito de las
instalaciones aeroportuarias.
- Exceptuar del ámbito de servidumbres aeronáuticas, las zonas cuya orografía ya vulnera de forma flagrante, las superficies limitadoras de obstáculos asociadas a las mismas, teniendo en cuenta que estas están identificadas como zonas de No
en Circuito en las AIP del aeropuerto de Gran Canaria, por lo que son de imposible aplicación genérica, la superficie horizontal interna y cónica sobre dichas zonas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2016.-Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000550
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en
la Comisión de Fomento, relativa a la incorporación a la documentación necesaria para ejecutar obras públicas, ya sean de infraestructuras, de urbanización o en general de artificialización del suelo u otras promovidas o financiadas por el Gobierno
de España, de un estudio para corregir el riesgo de sellado del suelo.
Exposición de motivos
Las inundaciones tienen grave impacto económico y social en España. Aunque la mayoría de ellas son consecuencia de fenómenos naturales, como precipitaciones abundantes y repentinas, la acción del hombre agrava sus efectos y es su causa
directa en algunas ocasiones, como ha sucedido con la rotura de presas y la construcción de residencias u otras formas de urbanización en lugares poco apropiados como en los conos de deyección de barrancos, zonas cercanas a las orillas de los ríos,
primera línea de costa, etc. Particularmente graves son aquellas en áreas como la que se encuentra bajo los efectos del clima mediterráneo, en el que son habituales, en determinadas épocas del año, importantes precipitaciones irregulares que,
unidas a la depredación urbanística que ha asolado la mayor parte de sus zonas costeras, pueden llegar a causar extraordinarios daños humanos y materiales.
España cuenta con numerosos episodios de inundaciones a lo largo de su amplia geografía que han provocado grandes desastres y cuantiosos daños humanos y materiales. Existen más de 2.400 referencias históricas de inundaciones en los últimos
quinientos años, lo que significa una media de unas cinco inundaciones de importancia por año. En los últimos sesenta años ha habido 11 inundaciones catastróficas que han causado 1.884 víctimas.
En ese sentido, en función de la causa que las motiva, las inundaciones pueden clasificarse en la tipología siguiente: inundaciones por precipitaciones de alta intensidad, inundaciones por avenidas o desbordamiento de ríos, rieras, lagos o
marismas provocadas o potenciadas por precipitaciones, deshielo, obstrucción de los lechos de los ríos o la acción de mareas y vientos, inundaciones por ruptura o por
operación incorrecta de obras de infraestructura hidráulica, como son las presas o infraestructuras como ferrocarril o carreteras.
Sin duda, uno de los elementos que agravan estos fenómenos es el sellado de los terrenos fruto de la acción urbanizadora y constructora del hombre. Las tasas medias de artificialización del terreno (que incluye urbanización,
infraestructuras, zonas de construcción, minería) entre el año 2000 y 2005 fueron de más de 3 hectáreas hora, este ritmo siguió incrementándose durante toda la época de la burbuja inmobiliaria. La pérdida y abandono de suelos dedicados a usos
forestales y agrícolas, la destrucción de los bosques, la especulación urbanística, la construcción de carreteras e infraestructuras y la voracidad urbanizadora han contribuido a hacer que, estos fenómenos, produzcan aún más daños.
En definitiva, se trata de un fenómeno muy presente en nuestro territorio, que además se agrava donde se ha construido con falta de información científica y sin planes urbanísticos adecuados, ocupando muchas de las zonas que eran inundables.
Además, este hecho hay que contextualizarlo en un momento de cambio climático, donde las precipitaciones son irregulares. Visto el actual grado de desarrollo tecnológico y socioeconómico consideramos que es exigible un nivel de respuesta adecuado
que ponga remedio a esta situación que padece el Estado español.
Así, la Directiva 2007/60/CE, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, y su transposición a la legislación estatal por medio del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, ha establecido un nuevo escenario. Abre un
horizonte de cooperación y colaboración administrativa, especialmente con los organismos de las cuencas, que debe contribuir a mejorar las actuaciones para reducir el riesgo de inundaciones sin producir una duplicidad de funciones entre los
organismos competentes.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. No realizar, ni autorizar, ocupaciones de suelo de zonas urbanas, y sobre todo las que pueden ocasionar riesgos a las personas, sobre zonas inundables, tanto en las zonas cercanas a los ríos como en las costas.
2. Minimizar la ocupación irreversible del suelo en procesos de arterialización, como en la ocupación de zonas inundables, la de terrenos de huertas y otros terrenos graciolas fuertemente productivos, o sobre zonas con mucha biodiversidad,
bosques o humedales. También las zonas de costa de alto valor paisajístico.
3. Asegurar que todas las actuaciones promovidas o financiadas por el Gobierno de España incorporen en su documentación un estudio de las condiciones y características de diseño y materiales, así como medidas de prevención y/o corrección
del riesgo de sellado e impermeabilización del suelo.
4. Rendir cuentas al Congreso sobre el cumplimiento de esta resolución como máximo a los tres meses de la aprobación de la misma.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2016.-Rosana Pastor Muñoz, Diputada.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Común Podem-En Marea.
161/000554
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en
Comisión, relativa a la reapertura y modernización de la línea ferroviaria internacional Zaragoza-Canfranc-Pau.
Exposición de motivos
El ferrocarril Transpirenaico Occidental (Zaragoza-Canfranc-Pau), inaugurado en 1928, se encuentra cerrado al tráfico internacional desde 1970, a raíz del accidente de un tren que provocó el hundimiento de un puente y Francia suspendió el
servicio ferroviario entre Canfranc y Olorón. El tráfico de viajeros y
mercancías por esta línea era escaso en aquella época, tanto por el escaso desarrollo de España como porque este paso no disponía del sistema de cambio de ejes ni de las tarifas que incentivaban el transporte internacional. Dado su déficit
de explotación, Francia no restableció el paso de trenes hacia España y nuestro país no lo exigió con la fuerza necesaria.
A partir de entonces Renfe, y ahora Adif, redujo al mínimo el mantenimiento de la parte española de la línea que, salvo un corto tramo, se encuentra en pésimas condiciones entre Huesca y Canfranc.
Cuarenta y seis años después la situación ha cambiado radicalmente. El Observatorio Hispano-Francés de Tráfico en los Pirineos señala en su documento de abril de 2015, que en 2012 (último año del que se tienen datos) atravesaron la frontera
pirenaica por vía terrestre 92,8 millones de toneladas (MTm), de las que 89,7 MTm lo hicieron por carretera y solo 3,1 MTm, el 3,3 %, por ferrocarril. Tan exagerada desproporción provoca inseguridad en las carreteras, ingentes emisiones de CO2 y de
otros gases contaminantes, degradación de las infraestructuras, etc. Las empresas aragonesas generan una buena parte de ese movimiento de mercancías, especialmente en los campos de la automoción, papel, siderurgia y agroalimentación, viéndose
penalizadas al tener que realizar grandes rodeos, a pesar de encontrarse a solo 200 km. del paso fronterizo de Canfranc.
Los problemas antes apuntados se agravan en los pasos centrales de la cordillera, a causa del relieve y la fragilidad medioambiental de las zonas de montaña, lo que genera una fuerte oposición de las poblaciones locales al tráfico de
camiones por sus valles y que Francia haya desestimado la ampliación de la carretera N-134, de acceso al túnel carretero de Somport, que forma parte del eje europeo E-7. La carretera no es, pues, alternativa al ferrocarril en este paso central del
Pirineo.
En 2010 se creó un grupo de trabajo cuatripartito para la reapertura de esta línea que integra a ambos Estados y a las regiones de Aragón y Aquitania. Ambas regiones propusieron la fecha de 2020 para la completa reapertura y modernización
de la línea. A raíz de ello, la tradicional negativa francesa a reabrir este paso ferroviario se ha transformado en una inversión de 102 millones de euros para reabrir el tramo Olorón-Bedous, que se inaugurará el 26 de junio próximo, a cargo del
Consejo Regional de Aquitania (ahora Aquitania-Limousin-Poitou Charente). En España, a pesar de que el Ministerio de Fomento dispone de los proyectos necesarios y de consignación presupuestaria, solo se han realizado labores puntuales de
mantenimiento que permiten que la línea esté abierta, pero sería incapaz de soportar el tráfico de mercancías que supondrá su reapertura.
Aragón, cuyas fuerzas políticas apoyan unánimemente esta demanda, no tiene competencias ni presupuesto para asumir la modernización de la parte española de la línea.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Licitar este mismo año las obras de los tramos Alerre-Ayerbe, Ayerbe-Caldearenas y Jaca-Canfranc, incluida su adaptación al ancho de vía estándar europeo.
2. Adecuar el proyecto de la estación de Canfranc a la nueva situación creada por el abandono de anteriores expectativas urbanísticas en su plataforma.
3. Demandar de la República Francesa la reapertura del tramo Bedous-Canfranc y acordar con ella la licitación de las obras de acondicionamiento del túnel ferroviario internacional de Somport, comunes a ambos Estados.
4. Llevar estas demandas a la agenda de la ''cumbre'' hispano-francesa de este año, a fin de que la línea ferroviaria Zaragoza-Canfranc-Pau pueda estar plenamente operativa en 2020.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2016.-Jorge Luis Bail y Pedro Arrojo Agudo, Diputados.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Común Podem-En Marea.
161/000555
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre emergencia habitacional: desahucios, segunda
oportunidad, alquiler, parque público y pobreza energética, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Las cifras que describen la situación de emergencia habitacional que viven centenares de miles de familias en este país son bien conocidas: desde 2007 hasta 2015, según datos del Consejo General del Poder Judicial, se han producido, como
mínimo, cerca de 500.000 desahucios, de los que continuamos sin saber, por falta de estadísticas oficiales detalladas, cuántos de ellos corresponden a lanzamientos de viviendas habituales.
Lo que sí sabemos es que, actualmente, el 53 % de los desahucios son de arrendamiento de vivienda, producto y consecuencia de una negligente legislación y política pública en materia de alquiler. Como es sabido, se da la paradoja de que
somos el país de Europa que acumula más vivienda vacía (3.4 millones según el censo estatal elaborado por el Instituto Nacional de Estadística en 2011) y a la vez el que tiene el parque público de alquiler más reducido de nuestro entorno: cercano
al 1 % del total de la vivienda, frente al 32 % de Holanda, el 23 % de Austria o el 17 % de Francia. Resulta evidente que se hace necesario apostar por una política que incentive efectivamente el arrendamiento de vivienda y que garantice, al
tiempo, el derecho de las personas arrendatarias a residir en ellas en condiciones dignas.
La tragedia de los desahucios en arrendamiento de vivienda no es la única: la Unión Europea se ha pronunciado en varias ocasiones en relación con la normativa hipotecaria española, la situación de insolvencia familiar y la necesidad de
regular una segunda oportunidad para personas y hogares. Y lo ha hecho a raíz de varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea según las cuales existen incompatibilidades entre la normativa interna y la Directiva 93/13/CEE del
Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, así como con el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE en lo relativo al derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a
una autoridad judicial imparcial.
A lo largo de la pasada legislatura se aprobaron diversas medidas legislativas que supuestamente buscaban dar una respuesta efectiva a la situación antes descrita. La primera fue el Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de Medidas Urgentes de
Protección de Deudores Hipotecarios sin Recursos, que establecía un Código de Buenas Prácticas (CBP) de voluntaria adhesión para las entidades financieras y con criterios de acceso muy restrictivos. Después de cuatro años de vigencia del CBP
(2012-2016), las cifras oficiales muestran como cerca del 50 % de solicitudes se han denegado y que de las 31.536 familias que han podido acogerse al CBP, el 80 % ha firmado una restructuración de deuda (la opción que prefieren las entidades
financieras) y tan solo el 19 %, esto es, 6.031 familias, han podido obtener la dación en pago, por supuesto, sin que se contemple el derecho a permanecer en la vivienda en régimen de alquiler social. Más adelante se aprobó el Real Decreto-ley
27/2012, de 15 de noviembre, de Medidas Urgentes para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios, que establecía una moratoria de dos años para posponer desahucios de 'colectivos especialmente vulnerables', lo que genera una acumulación de
las deudas durante dicha 'moratoria'. Es decir, que no supone una solución al problema del sobreendeudamiento familiar.
Inmediatamente después del rechazo del Congreso de los Diputados a la Iniciativa Legislativa Popular presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en el Congreso de los Diputados -la cual, contando con el respaldo de 1.5 millones
de firmas, proponía medias para parar los desahucios, implementar la dación en pago retroactiva e impulsar la creación de un parque público de alquiler-, el Gobierno aprobó la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de Medidas para Reforzar la Protección a los
Deudores Hipotecarios, Reestructuración de Deuda y Alquiler Social, en la que se modificaban algunas cuestiones menores de la legislación vigente y se proponía la creación de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito. Según
los últimos datos presentados por el Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Competitividad, en marzo de 2016, el FSV -de nuevo, de voluntaria adhesión y con criterios muy restrictivos- ha formalizado 6.108 contratos de alquiler en cuatro
años. Una cifra escandalosamente
insuficiente, no solo si tenemos en cuenta los casi 500.000 desahucios que se han producido desde el inicio de la crisis, sino también si la comparamos con las casi 3.000 personas que, desde 2010, la PAH ha realojado en pisos vacíos de
entidades financieras gracias a la campaña Obra Social, llevada a cabo sin prácticamente ningún recurso.
En paralelo se puso en marcha la Ley 4/2013, de 4 de junio, de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas. Una ley que debilita claramente los derechos y garantías judiciales de las personas que acceden a una
vivienda mediante el alquiler y que no contiene ni una sola medida para fomentar la creación de un parque público de viviendas en alquiler. Por último, cabe mencionar la Ley 25/2015, de 28 de julio, de Mecanismo de Segunda Oportunidad, Reducción de
la Carga Financiera y Otras Medidas de Orden Social, cuyo título en nada se corresponde con su contenido, toda vez que ni de lejos se acerca a los estándares internacionales y jurisprudencia comunitaria en materia de segunda oportunidad para la
mayoría de familias sobreendeudadas.
También resulta alarmante el crecimiento de la pobreza energética, entendida como la incapacidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía y el abastecimiento y saneamiento de agua potable para sus necesidades
básicas. Es evidente que esta situación afecta directamente a la calidad de vida y la salud de las personas que la padecen y, además, constituye una de las causas del aumento de la mortalidad causada por enfermedades cardiovasculares y
respiratorias entre personas mayores de sesenta años durante los meses de invierno. Entre las causas del agravamiento de la pobreza energética se encuentran la disminución de ingresos del hogar (relacionado directamente con factores como el
desempleo), el encarecimiento de los precios de la energía y la antigüedad del parque de viviendas, puntos que nos sirven de referencia para la definición de políticas públicas que garanticen un acceso universal a los servicios básicos mediante el
paro de los cortes indiscriminados de suministros. Este hecho contrasta con los beneficios millonarios que anualmente declaran las empresas suministradoras y los sueldos de sus responsables directivos, que en algunos casos llegan a superar en más
de diez mil veces el SMI.
En contraste con la legislación estatal, mucho más ambiciosas y garantistas han sido algunas iniciativas legislativas de ámbito autonómico. Un ejemplo claro es la Ley 24/2015 de Medidas Urgentes para hacer frente a la Emergencia
Habitacional y contra la Pobreza Energética, aprobada por el Parlament de Catalunya. Dicha Ley tiene su origen en una iniciativa legislativa popular, impulsada por la PAH, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatori Desc, que contó con
un inmenso respaldo popular y con el apoyo de todos los grupos representados en el Parlament, con la excepción de Partido Popular y de Ciudadanos, que se abstuvieron en algunos artículos. Se incluye en ella no solo un mecanismo de segunda
oportunidad para dar respuesta al sobreendeudamiento de las familias que permite cancelar las deudas vinculadas a la vivienda habitual, sino que además se establece la obligación a los grandes propietarios de viviendas a hacer ofertas de alquiler
social antes de proceder al desahucio, contemplando la posibilidad de sancionar a quienes incumpliesen con lo tasado en la norma. En el mismo sentido, se atribuye a la Administración la capacidad de instar a los grandes propietarios de vivienda a
ceder sus pisos vacíos para ponerlos en alquiler social. A día de hoy, el Gobierno en funciones del Partido Popular amenaza con suspender esta ley vía recurso al Tribunal Constitucional, lo que no viene sino a subrayar su ausencia de compromiso
con, por un lado, las competencias autonómicas, y por otro, la emergencia habitacional que se sufre en el conjunto del Estado.
De acuerdo con los datos expuestos, es evidente que las medidas tomadas durante la pasada legislatura, no solo han sido insuficientes e ineficaces para resolver la situación de emergencia habitacional (sobreendeudamiento familiar vinculado a
la adquisición de la vivienda, desahucios, parque público de alquiler, pobreza energética), sino que en algunos casos, el perjuicio se ha visto incrementado a causa de la acción legislativa del Gobierno.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Definir, en el ámbito de las competencias del Estado, los conceptos de exclusión residencial, vivienda vacía y gran tenedor de vivienda utilizando para ello como base las definiciones recogidas en la Ley 24/2015, de Medidas Urgentes para
hacer Frente a la Emergencia Habitacional y contra la Pobreza Energética, aprobada por el Parlament de Catalunya.
2. Adoptar las medidas adecuadas para evitar que se lleven a cabo desahucios sin una alternativa habitacional garantizada, cuando los mismos afecten a la vivienda habitual de personas o unidades familiares en situación de exclusión
residencial. Cuando la parte demandante que solicita el desahucio sea un gran tenedor de vivienda, éste tendrá la obligación de ofrecer un contrato de alquiler social. En caso que el desahucio no sea instado por un gran tenedor de vivienda, las
administraciones públicas estarán obligadas a facilitar un realojo en régimen de alquiler social.
3. Establecer los mecanismos legales necesarios para la cancelación de deudas vinculadas a situaciones de sobreendeudamiento personal o familiar que, por causas sobrevenidas acreditadas, hayan impedido o impidan afrontar el pago de la
vivienda habitual. La liquidación de la deuda en ningún caso podrá afectar a terceras personas no titulares de la vivienda objeto de hipoteca. Se deberá garantizar que, frente a la acreditada imposibilidad de pago del bien hipotecado se responderá
únicamente con dicho bien garantizando además su adjudicación en subasta por el 100 % de su valor de tasación. Asimismo, en el caso que la vivienda habitual sea liquidada por la parte acreedora para cubrir la deuda, ésta estará obligada a hacer una
oferta de alquiler social que no supere el 20 % de los ingresos de la persona o unidad familiar o el 30 % incluyendo los gastos en suministros.
4. Garantizar jurídicamente los derechos de las personas arrendatarias frente a la propiedad con el objetivo que el alquiler sea una opción estable, segura y asequible para acceder a una vivienda recuperando prácticas derogadas por la
actual normativa como la ampliación de la prórroga del contrato de tres a cinco años, así como referenciar la variación anual del precio del alquiler al Índice de Precios de Consumo. Asimismo, se insta a promover mejoras procesales para facilitar
que quienes están inmersos en un procedimiento judicial puedan presentar oposición al desahucio, derogando la práctica denominada como 'desahucio express'.
5. Regular, en el ámbito de sus competencias, el cumplimiento de la función social de la vivienda para que éste sea exigible por parte de las administraciones públicas y la ciudadanía. Impulsar la creación de un parque público de alquiler
utilizando las viviendas vacías de grandes tenedores de vivienda que no estén cumpliendo su función social, mediante su cesión a las administraciones públicas que así lo exijan, que serán también quienes lo gestionen.
6. Garantizar el derecho de acceso a los suministros de agua potable, gas y electricidad, en el marco de la garantía de derechos a las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial, fomentando la aplicación
del principio de precaución, de manera que la empresa suministradora no pueda en ningún caso realizar un corte de suministro sin solicitar previamente un informe al organismo de la Administración competente que determine la existencia de riesgo de
exclusión residencial, bajo el riesgo de ser sometida a las correspondientes sanciones.
7. Establecer una tarifa social para personas y unidades familiares en situación de exclusión residencial, a cargo de las compañías de suministros, que no supere el 10 % de los ingresos de la unidad familiar.
8. Establecer mecanismos de revisión para garantizar la eliminación automática y sin previa exigencia del titular de las cláusulas declaradas abusivas por parte del TJUE.
9. Abstenerse de recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley 24/2015 de Medidas Urgentes para hacer frente a la Emergencia Habitacional y contra la Pobreza Energética, aprobada por el Parlament de Catalunya.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2016.-Lucía Martín González, Diputada.-Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Común Podem-En Marea.
161/000558
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El puerto de San Cibrao fue construido por la Sociedad Aluminio-Alúmina, hoy Alcoa, en 1978 por una concesión administrativa que caduca en 2023 y está asignado a la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.
Este puerto desarrolla una importante actividad que genera a la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao ingresos crecientes por conceptos como tasas de mercancías y tasas de actividad.
Es absolutamente desproporcionada la pequeña inversión que la Autoridad Portuaria hace a la Mariña Lucense, en cuyo territorio se genera una parte importante de los ingresos de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, frente a su
inversión total. Por ejemplo, el centro interpretativo de Cabo Prioriño.
La justificación que a lo largo de estos años dio la Autoridad Portuaria para esta distribución de las inversiones es que en Lugo no tienen territorio en el que poder hacer estas inversiones.
Una solución para ese problema, y en tanto en cuanto se mantenga este sistema de gestión de las autoridades portuarias, sería que la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao firme convenios con otras instituciones que sí podrían hacer las
inversiones necesarias en infraestructuras como por ejemplo el demandado Puerto Deportivo de Cervo o en otros fines sociales que puedan repercutir en el empleo o la atención a la población de A Mariña.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que promueva que la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao firme convenios con los ayuntamientos de A Mariña Lucense y con Puertos de Galicia para contribuir al desarrollo económico y
social de la zona y así compense los beneficios que obtiene por la actividad del Puerto de San Cibrao.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2016.-Margarita Pérez Herraiz, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000561
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre el Corredor Mediterráneo a su paso por la Comunitat Valenciana, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La realización pronta y eficaz del Corredor Mediterráneo constituye un factor clave para asegurar un desarrollo económico sólido y equilibrado en las comunidades de Cataluña, Comunitat Valenciana, Región de Murcia, Andalucía e Illes Balears,
así como en el resto de España y la Unión Europea.
La consecución de una infraestructura logística y de transportes moderna, interoperable y plenamente integrada en las redes europeas de transporte representa una condición inexorable para alcanzar las metas colectivas de reactivación
económica y de generación de empleo, en un contexto de adecuada vertebración territorial y de preservación del medio ambiente.
En el marco de una economía de mercado globalizada, la mejora de la competitividad depende en buena medida de contar con los instrumentos logísticos adecuados. El área mediterránea constituye una plataforma logística de primer orden, por su
situación geográfica privilegiada, por la densidad de su población y por la potencialidad de sus focos de actividad económica. En consecuencia, resulta prioritario lograr el impulso de una moderna red viaria de alta capacidad, así como un doble eje
ferroviario actualizado con ancho internacional y uso para pasajeros y mercancías, con la interoperabilidad debida en puertos y aeropuertos. Este es el propósito del proyecto que llamamos Corredor Mediterráneo.
No obstante, expresamos nuestra preocupación por la ralentización y las deficiencias con que está desarrollando en la actualidad esta infraestructura crucial. Entre los ejercicios 2004 y 2011, se invirtieron
más de 10.000 millones de euros en el Corredor Mediterráneo, logrando incluso que la Comisión Europea incorporara el proyecto como prioritario en su Red Básica de Transportes, con financiación comunitaria y un horizonte temporal fijo.
Incluso durante los años más duros de la crisis, en 2010 y en 2011, el Gobierno ejecutó más de 3.000 millones de euros de inversión pública en tal obra.
Sin embargo, durante los dos últimos ejercicios el ejecutivo español ha sufrido la negativa de la Comisión de Transportes de la UE para una serle de cambios propuestos con precipitación, y ha rebajado su aportación presupuestaria. Además,
se suceden las denuncias de Ayuntamientos, organizaciones vecinales y empresas por las múltiples deficiencias en la planificación y ejecución de las obras.
El Corredor Mediterráneo representa en cambio la visión de una España en red, en el marco de una Europa en Red, en la que todos los territorios pueden considerarse centro y ninguna periferia.
Es necesaria la España en red y de la Europa en red, y apostar firmemente por la realización eficaz del Corredor Mediterráneo para aprovechar la potencialidad geográfica, económica, social y cultural de nuestras poblaciones, y para
garantizarles así un futuro con el mejor desarrollo y el mejor bienestar.
En su conjunto, el Corredor articulará entre sí las principales ciudades del este y sur de la península, cinco de las 10 mayores áreas metropolitanas, y 11 provincias de cinco comunidades autónomas (incluidas las Illes Balears), que suponen
el 20 % de la superficie nacional y casi el 48 % de la población española.
Las cuatro comunidades autónomas integradas en el Corredor generan hoy el 45 % del PIB español, el 46,2 % del PIB del sector manufacturero y el 48,9 % de las exportaciones españolas, y suponen el 50 % del tráfico terrestre de mercancías.
Además, su conexión con la Red Básica europea en Francia contribuirá a reducir el carácter periférico del Mediterráneo respecto de la gran área económica de la Europa central y facilitará la integración entre el norte y el sur del
continente.
En el contexto de la globalización, el Corredor Mediterráneo permitirá estrechar las relaciones de la Unión Europea con el sur y el sudeste asiático, y con África, en un prometedor proceso de mejora de la integración en los flujos de la
economía mundial.
Por estas razones, desde 2004 el Gobierno de España propuso y contribuyó durante su más reciente mandato a la declaración del Corredor Mediterráneo como proyecto prioritario de la Unión Europea, lo que ha sido recientemente aprobado.
Como objetivo final, el Corredor Mediterráneo consistirá en un eje entre la frontera francesa y el sur de Europa, que pase por Catalunya, Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía, por el que transcurran una línea en ancho e interoperabilidad
europeos para mercancías, con vías exclusivas en las áreas metropolitanas y tramos de mayor saturación, y una línea de alta velocidad de pasajeros.
El proyecto de implantación del ancho europeo entre Barcelona y Murcia mediante la tecnología del tercer hilo va aparentemente en la dirección de aprovechar la infraestructura preexistente para las mercancías y, en consecuencia, lo apoyamos
como solución de urgencia. Pedimos, sin embargo, un cumplimiento eficiente de las inversiones comprometidas y de los calendarios previstos para que se superen cuanto antes los cuellos de botellas reseñados, así como la resolución de los
inconvenientes de los proyectos denunciados en determinados ámbitos, como el paso por Tarragona.
Ahora bien, el tercer hilo no es sustituto de la solución integral completa del Corredor Mediterráneo, proyectada por el Gobierno socialista, porque no alcanza todos sus fines y porque los problemas actuales de capacidad y cuellos de botella
se agravarán. En consecuencia no debe ser un mero señuelo para aplazar indefinidamente el logro del objetivo final.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Establecer un calendario de obras y puesta en servicios del Corredor Mediterráneo, que incluirá una memoria económica para cada tramo, haciéndolo público y realizando las consignaciones presupuestarias adecuadas cada año para su
cumplimiento.
2. Determinar, conjuntamente con la Generalitat Valenciana, las Zonas de Actividad Logística y establecer nuevos acuerdos para la financiación de las mismas. Incluirá la planificación y, en su caso, realización de accesos a los ZAL desde
la autovía o autopista más cercana.
3. Incluir en la planificación descrita en el punto uno, aquellas fases de la obra que comportarán las integraciones ferroviarias, como las circunvalaciones ferroviarias que habrá que hacer para evitar el paso por núcleos urbanos, y la
implantación completa de doble vía en ancho internacional en todo su trazado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.-Herick Manuel Campos Arteseros, Julián López Milla, María Such Palomares, Artemi Rallo Lombarte, Ana María Botella Gómez, Patricia Blanquer Alcaraz y José Luis Ábalos Meco,
Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000562
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley relativa a la construcción de dos glorietas en las intersecciones entre la N-II y las carreteras GIV-5044 y GI-502, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Uno de los grandes déficits de infraestructuras en Catalunya, y en concreto de la provincia de Girona, es que la carretera Nacional II (N-II), que conecta el Estado español con la frontera francesa, sigue sin estar desdoblada. Y ello a
pesar de ser una carretera de alta siniestralidad y de que su desdoblamiento ha sido proyectado por los sucesivos gobiernos desde los años noventa.
En los tramos de esta carretera en el norte de la provincia de Girona, los que van desde Figueras hasta la frontera francesa, están localizados diversos puntos negros que necesitan urgentemente actuaciones que mejoren la seguridad. Dos de
los citados puntos son los cruces para acceder a las vías GIV-5044 y GI-502, cuya peligrosidad se podría reducir notablemente con la construcción de sendas glorietas que permitan un giro o desvío desde la carretera principal con mayores garantías de
seguridad que las que actualmente pueden encontrar los usuarios de la N-II que pretendan dirigirse a Biure y Boadella o a Darnius y Maçanet de Cabrenys.
La peligrosidad en el desvío entre la N-II y la GIV-5044 obedece a la localización del cruce en la salida de una curva que impide una buena visibilidad de los vehículos y que, debido a la velocidad a la que circulan los vehículos en la
carretera nacional, provoca un alto riesgo de colisión. En el otro caso, el desvío que conecta la N-II con la GI-502 se trata de una recta larga donde los coches llegan a suficiente velocidad como para poner en peligro los vehículos que se
incorporan a la carretera nacional o a los que toman el desvío de la carretera hacía Darnius.
A pesar de las iniciativas llevadas a cabo para reducir los niveles de riesgo en la N-II, prohibiendo la circulación por la vía de camiones, se trata todavía de una carretera donde los coches, a pesar de las limitaciones de velocidad
marcadas, circulan a velocidades elevadas.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, con la mayor brevedad y con el objeto de mejorar la seguridad del tráfico de vehículos, se inicien los trámites para la construcción de dos glorietas en las intersecciones entre la N-II
y las carreteras GIV-5044 y GI-502.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2016.-Marc Lamuà Estañol, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000563
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
sobre la mejora de la N-260 en el tramo Campo-Castejón de Sos, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El acondicionamiento integral de la carretera N-260, en los tramos de Campo a Castejón de Sos, es una larga y unánime reivindicación, así como una necesidad urgente para la Ribagorza, los municipios y sus vecinos, que tienen en esta ruta su
comunicación principal. Se trata de una vía que vertebra todos los valles pirenaicos y que en este caso, es la única vía de salida para el Valle de Benasque.
Su estado actual y desde hace décadas supone un impedimento al desarrollo y el bienestar, fomenta la despoblación de la zona y es un grave riesgo para la miles de personas que deben transitarla.
La provincia de Huesca cuenta con una red de carreteras que tiene unas características propias, es la provincia con mayor porcentaje de carreteras con una anchura inferior a 7 metros (78,3 %) del conjunto del país. Un claro ejemplo de ello
es el tramo de la N-260 entre Campo y el Congosto de Ventamillo que en muchos de sus tramos se hace imposible el cruce de vehículos pesados. Como consecuencia de esta red viaria, en la provincia de Huesca se dan unas de las tasas de accidentes más
elevadas del país. Es la tercera provincia con mayor número de fallecidos por millón (98), la segunda con mayor número de heridos graves por millón (494) y la cuarta con mayor número de fallecidos por 100 millones de vehículos-km (1).
Los trámites, promesas y paralizaciones en el proyecto de inversión para la mejora de la N-260 en el tramo Campo-Castejón de Sos, han sido repetidos y sin resultados. Los anuncios oficiales, respecto a la declaración favorable de impacto
ambiental (BOE de 31 de enero de 2014) y la aprobación del proyecto de trazado (BOE de 31 de marzo de 2014) entre Campo y el Congosto de Ventamillo significaron avances hacia la mejora de estos tramos. Estos deberían haberse confirmado mediante la
inclusión correspondiente en los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2015 y 2016, habida cuenta de que los plazos permitían culminar todos los procedimientos administrativos y técnicos en caso de aplicarse la voluntad precisa.
Sin embargo, la cantidad de 100.000 consignada en los presupuestos 2015, la misma en los PGE de 2016, junto a la inexistencia de un plurianual para los próximos años, es a todas luces insuficiente para lograr ese objetivo al que aspiran
los ribagorzanos y los miles de visitantes que esta comarca recibe anualmente.
La inversión total del proyecto que asciende a unos 75 millones de euros así como la complejidad de las obras a ejecutar hace necesaria que el Ministerio de Fomento realice un esfuerzo inversor plurianual. Es por esta razón por la que no
podemos dejar pasar un ejercicio más sin dotar a los PGE de unas cantidades suficientes para comenzar a acometer unas obras tan necesarias.
El eje vertebrador del valle del Ésera no puede permanecer en su trazado decimonónico, sino que debe ser una prioridad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que el Ministerio de Fomento incluya la mejora integral de la carretera N-260, especialmente en el tramo Campo-Congosto de Ventamillo, entre sus prioridades más urgentes, por su importancia decisiva para el desarrollo y bienestar de la
Ribagorza.
2. Dotar de un plan de inversión plurianual en los PGE para que el proyecto esté totalmente ejecutado en el horizonte 2021.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2016.-Gonzalo Palacín Guarné, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000504
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Roldán Monés, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley
sobre la revisión del Plan PREPARA para disponer su prórroga automática hasta alcanzar una tasa de empleo del 75 por ciento, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
El Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, introdujo de forma coyuntural un programa de cualificación
profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, basado en acciones de políticas activas de empleo y en la percepción de una ayuda económica de acompañamiento, conocido como 'Plan PREPARA'.
Este programa, de seis meses de duración, ha sido prorrogado en cuatro ocasiones, la última de ellas mediante el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se estableció la prórroga automática del programa por períodos de seis meses
cuando la tasa de desempleo, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada con anterioridad a la prórroga que corresponda, fuera superior al 20 por ciento.
Por otra parte, la Comisión Europea en su 'Estrategia Europa 2020' fija entre sus cinco objetivos prioritarios la consecución de una tasa de empleo del 75 por ciento para la población entre veinte a sesenta y cuatro años, una cifra que
permitiría garantizar no solo un crecimiento económico estable y sostenido sino también otros objetivos como la viabilidad de los sistemas públicos de pensiones a escala europea.
La fijación de unos objetivos basados en tasas de empleo, en lugar de los habituales relacionados con tasas o niveles de desempleo, permite asimismo enfocar el diseño de las políticas vinculadas a la promoción del empleo desde una doble
perspectiva: por un lado, la inserción laboral de las personas desempleadas, y por otro, la activación de las personas que han pasado a integrar la población inactiva por encontrarse desmotivadas para la búsqueda de empleo, normalmente después de
un período prolongado desde desempleo de larga duración.
Con este planteamiento, además, se garantiza que las políticas activas de empleo no posean un objetivo sesgado -reducir el desempleo bajo cualquier circunstancia, incluso mediante la reducción de la población activa- sino global, partiendo
del principio de que la finalidad fundamental de los poderes públicos es promover las condiciones que favorezcan la creación de empleo, que es realmente uno de los factores determinantes del crecimiento económico.
Por todo ello, siguiendo las líneas marcadas por la 'Estrategia Europa 2020', y teniendo en cuenta la proximidad en el tiempo de una eventual reducción, aunque fuese coyuntural, de la tasa de desempleo por debajo del 20 por ciento, el Grupo
Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las reformas normativas necesarias para la modificación de la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, al objeto de disponer la prórroga
automática de la vigencia del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, más conocido como ''Plan PREPARA'', siempre que la tasa de empleo sea inferior al 75 por ciento para la población entre
veinte a sesenta y cuatro años según la última Encuesta de Población Activa (EPA) publicada con anterioridad a la fecha de la prórroga, siguiendo con ello los objetivos en materia de empleo marcados por la Comisión Europea en la Estrategia Europa
2020, y con la finalidad de promover la inserción laboral tanto de las personas desempleadas como de aquellas que hayan pasado a formar parte de la población inactiva por encontrarse desmotivadas para la búsqueda de empleo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2016.-Sergio Del Campo Estaún, Diputado.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000516
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre el
Colegio San Juan de la Cruz de Valladolid, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
El Colegio San Juan de la Cruz, situado en el barrio de La Rondilla de Valladolid, construido a finales de la década de los cincuenta, dejó de tener actividad educativa desde el curso escolar 1999-2000, y desde entonces ha sido un espacio
frecuentado por personas sin techo y toxicómanos, que han provocado en el edificio un deterioro progresivo, y lo han convertido en un lugar insalubre, en un vertedero de todo tipo de basuras, escombros y utensilios sin que en estos años se haya
limpiado y saneado su interior como se debiera.
La Asociación Vecinal 'Rondilla' y los partidos políticos PSOE e IU, teniendo en cuenta las demandas de los vecinos, han venido reclamando desde hace años que se mantuviera el carácter de equipamiento público del suelo en el que se ubica
este colegio y que el mismo se destinase a futuras dotaciones públicas, de uso social, tan necesarias para el barrio.
Pero, hasta mayo de 2015, el equipo de gobierno del PP, del Ayuntamiento de Valladolid, por el contrario, rechazó sistemáticamente la petición vecinal, y el 5 de marzo de 2013 aprobó, únicamente con los votos del Grupo Popular, la
modificación de la calificación jurídica y la permuta de la parcela con la Tesorería General de la Seguridad Social, con el fin de ubicar en la única parcela dotacional que queda en este populoso barrio, una oficina pública para las tramitaciones
administrativas de la Seguridad Social.
El Gobierno ha mantenido hasta ahora la necesidad de ubicar unas Oficinas Integrales en este barrio alegando, según respuesta dada al Senador socialista, Emilio Álvarez Villazán, en mayo de 2013, que este proyecto respondía al Plan de acción
iniciado en el año 2000 por el entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cuyos objetivos eran la modernización, simplificación y acercamiento al ciudadano de la gestión de la Seguridad Social, ampliando las dependencias que albergaban los
servicios de atención al ciudadano y adaptándolas a la pertinente normativa contra incendios y suprimiendo barreras arquitectónicas, entre otros problemas.
Pero en el caso de Valladolid, el proyecto de modernización de instalaciones administrativas se inició ya hace tiempo y para ello la Seguridad Social adquirió una parcela en la calle del Valle de Arán, en el barrio de España, para construir
una Oficina Integral, que posteriormente, tras diversas conversaciones con el Ayuntamiento de Valladolid, decidió permutar por el antiguo colegio San Juan de la Cruz, situado en el barrio de la Rondilla.
Todo esto para dar, según el Gobierno, un mejor servicio a uno de los barrios más poblados de Valladolid y garantizar el equilibrio en la prestación de los servicios y una atención equiparable para todos los ciudadanos, razonamiento que
carece de toda lógica, ya que, como así lo piensan los vecinos, no tiene sentido ubicar una sede administrativa de la Seguridad Social para trámites burocráticos en el barrio de La Rondilla, cuando hay otras dependencias similares a no mucha
distancia, mientras que el barrio tiene otras necesidades más urgentes que demanda toda la población.
Además, el 26 de abril de 2013, el Consejo de Ministros autorizó la convocatoria de un concurso para que la Secretaría de Estado de la Seguridad Social adjudicase al sector privado la gestión 'on line' de sus principales servicios
(afiliación, cotizaciones, prestaciones, vida laboral, pensiones...), lo que deja sin sentido la función de los centros de atención integral al hacer posible que la casi totalidad de los trámites, que antes se realizaban en esta oficinas, se
realicen de manera telemática desde el ordenador particular de los propios afiliados, lo que hace más incomprensible la solución propuesta para el Colegio San Juan de la Cruz.
Es evidente que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid de aquella época no realizó ningún análisis ni estudio riguroso sobre el futuro de la población del barrio de la Rondilla, y tanto el Ayuntamiento como la Secretaría de
Estado de la Seguridad Social decidieron dar al antiguo colegio un uso administrativo, incongruente con el entorno y sin tener en cuenta las necesidades del barrio y de la ciudad.
A todo esto hay que añadir que en estos momentos no parece probable que la Tesorería General de la Seguridad Social, en práctica quiebra técnica de sus cuentas, esté en disposición de poder realizar las inversiones necesarias para llevar a
cabo este proyecto, totalmente innecesario ya que la Seguridad Social dispone de una importante red de oficinas céntricas y en la periferia.
Por todas estas razones, y teniendo en cuenta que el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid está de acuerdo con la demanda de la Asociación Vecinal 'Rondilla', el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a paralizar la operación de permuta del edificio y la parcela donde se ubica el Colegio San Juan de la Cruz, situado en el barrio de la Rondilla de Valladolid, y a su reversión al Ayuntamiento
de dicha ciudad para que se le dé el uso adecuado a las necesidades sociales que reclama la población del barrio de la Rondilla.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2016.-María Soraya Rodríguez Ramos, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000533
A la Mesa del Congreso de los Diputados y Diputadas
El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, a través de la Diputada Yolanda Díaz Pérez y la Portavoz Alexandra Fernández Gómez, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Reglamento, presenta la siguiente Proposición
no de Ley, para ser debatida en Comisión, relativa a los recortes en la prestación de desempleo.
Exposición de motivos
La protección a las personas desempleadas se ha deteriorado gravemente como consecuencia de la recesión pero sobre todo por las decisiones de los diferentes gobiernos, especialmente el del PP, que han recortado el sistema de protección
social con el objetivo final de reducir el gasto público, especialmente el de carácter social, en el denominado proceso de consolidación fiscal para cumplir con la senda de reducción del déficit impuesta por la Troika.
El indicador utilizado habitualmente para medir el grado de protección del sistema es la denominada tasa de cobertura, que compara todas las personas que cobran algún tipo de prestación con una parte de las personas desempleadas. El
resultado es una sobrevaloración del nivel de cobertura, que en realidad está muy por debajo del que publica el SEPE en sus estadísticas oficiales.
Aún con esta restricción, la tasa de cobertura de las personas desempleadas en España es inaceptable, tanto en su cifra actual como sobre todo en su evolución.
En diciembre de 2015 la tasa de cobertura fue del 55,2 %, esto es, solo 55 de cada 100 parados protegibles -según la propia definición del SEPE- cobraba algún tipo de prestaciones mientras que 45 de cada 100 estaban excluidas del sistema.
Ahora bien, tal y como se dijo, esta tasa sobrevalora la protección por los parámetros sobre las que está definida. Con los datos de la EPA el resultado es radicalmente distinto: solo 33 de cada 100 personas desempleadas cobra
prestaciones, y por lo tanto el nivel de protección real está muy por debajo del que dice el Ministerio de Empleo. Dicho de otra forma, según el SEPE tiene protección una de cada dos personas desempleadas, pero con los datos de la EPA solo son una
de cada tres.
Pero todavía peor es la evolución de la protección, que se desploma de tal forma que ni siquiera lo puede ocultar los criterios restrictivos con los que se define la tasa de cobertura.
En diciembre de 2009 la tasa de cobertura era del 80 % y la protección llegaba a más de 3 millones de personas desempleadas. Desde ese momento y por las razones que después se dirán la tasa ha ido cayendo todos los años hasta alcanzar su
valor mínimo en diciembre de 2015.
En los últimos seis años la tasa ha perdido casi 25 puntos, una cifra que en términos relativos equivale a una reducción del 31 %. Un desplome en la protección que se reparte entre los dos gobiernos que hemos tenido en este período.
En el Gobierno del PSOE la tasa bajó 10 puntos -equivalentes al 12,6 % de caída-, mientras que con el Gobierno del PP y en el período 2011-2015 la tasa se redujo en 14,7 puntos, equivalentes a una caída del 21 %.
Esta mayor caída de la protección bajo la presidencia de Rajoy es consecuencia directa de la aplicación de los recortes aplicados al sistema en 2012.
Resulta muy preocupante, y hay que denunciarlo, que la protección sigue cayendo en los dos últimos ejercicios, en los que supuestamente la economía española ya salió de la crisis y en la que se está creando empleo.
Recortar la protección a las personas que han pagado el precio más alto con la crisis, perdiendo su empleo, no es aceptable en ningún momento, pero mucho menos cuando se supone que la economía crece, aumenta el empleo y se reduce el paro.
Y aquí hay una responsabilidad directa del Partido Popular, que de forma premeditada reduce la protección buscando dos objetivos: reducir el déficit con el dinero de los desempleados y debilitar aún más la posición de las personas sin
empleo para acelerar la devaluación salarial.
La cobertura a las personas sin trabajo cae empujada por varios factores: la enorme duración e intensidad de la recesión, el aumento del número de parados de larga duración que agotan la prestación, la precariedad extrema de los nuevos
empleos que no alcanzan períodos de cotización suficientes para generar prestaciones y los recortes aplicados por el gobierno con el RDL 20/2012 que en vez de adaptar el sistema de protección a esta realidad laboral lo que hizo fue debilitarlo
todavía más.
El Gobierno del PP dice que el gasto en prestaciones baja porque hay menos parados, pero eso es absolutamente falso, es mentira. En diciembre del año 2009 había 3.923.603 personas inscritas como paradas registradas en las oficinas públicas
de empleo. En diciembre de 2015 ese número es de 4.093.500, esto es, el número de personas sin empleo no se redujo sino que aumentó. Si baja el gasto en prestaciones no es porque hay a menos paro, es porque se expulsa a muchos desempleados de la
protección social.
Eso es exactamente lo que refleja la tasa de cobertura, que es un cociente entre los que cobran prestaciones y el total de personas paradas con derecho a acceder a las mismas. Si la tasa baja es porque el numerador -parados protegidos- se
reduce más que el denominador, el total de parados protegibles.
Para entenderlo mejor se puede expresar con las cifras absolutas. En diciembre de 2009 había 3.923.603 parados registrados y en 2015 son 4.093.500 personas, y sin embargo el número de personas con prestaciones bajó de 3.034.712 hasta solo
2.134.099. ¿Cómo es posible que habiendo más personas desempleadas haya menos cobrando prestaciones? Pues porque el sistema, tal como está definido, y los recortes de 2012 expulsan a cada vez más gente del sistema de protección: si en diciembre
de 2009 había 888.891 parados sin protección en 2014 la cifra se dispara a 1.959.401, esto es, más del doble.
Expresado en porcentaje, entre diciembre de 2009 y diciembre de 2015 el número de personas en paro creció el 4,3 %, el número de perceptores de prestaciones cayó el 30 % y el de personas excluidas del sistema se disparó el 120 %.
Más parados, más personas expulsadas del sistema de protección y menos personas con prestaciones que además son cada vez de peor calidad.
La insoportable duración de la crisis, el paro creciente de las personas que llevan más de dos años desempleadas y que agotaron las prestaciones contributivas, están provocando una pérdida en la calidad de la prestación porque cae el número
de las de carácter contributivo y aumentan las asistenciales.
En diciembre de 2009 el 57 % de los desempleados protegidos recibirá una prestación de carácter contributivo y, por lo tanto, el 43 % restante una asistencial. En diciembre de 2015 la situación ha cambiado de forma radical: el 59 % recibe
una prestación asistencial y solo el 41 % cobra una contributiva.
Por lo tanto, el sistema de protección a las personas desempleadas se ha deteriorado tanto en términos de cantidad como de calidad: cada vez hay menos personas cobrando prestaciones y cada vez la prestación es más baja.
En diciembre de 2009 el gasto medio por cada persona con prestación era de 941 euros al mes -en 12 pagas anuales-, mientras que en diciembre de 2015 la cantidad se ha reducido a tan solo 801,50 euros; una caída de 140 euros equivalente a
una reducción del 15 % nominal y casi del 25 % si se tiene en cuenta el incremento del IPC en ese período.
En este gasto medio se incluye tanto la cuantía de la prestación como la cotización a la Seguridad Social, y el resto de gastos vinculados a la prestación y su importe baja por dos razones: cada vez hay más prestaciones asistenciales -que
son mucho más bajas- y porque la cuantía media de la prestación contributiva se recortó a partir de 2012.
La responsabilidad del Gobierno del PP en los recortes se hace evidente en este caso. El gasto medio por perceptor empezó a bajar en 2012 y de hecho casi toda la caída en su importe se corresponde con los años de gobierno de Rajoy.
Pero de forma especial, el PP es el responsable de la caída en la cuantía media de la prestación contributiva; que alcanzó su valor máximo en diciembre de 2011 y empezó a bajar desde entonces. En diciembre de 2011 la cuantía media era de
865 euros y en diciembre de 2015 se redujo hasta 815 euros, eso es 50 euros menos equivalentes al 6 % de la cifra inicial.
La razón que explica esta caída son los recortes del RDL 20/2012, en concreto, la reducción de la cuantía de la prestación del 60 % al 50 % de la base reguladora a partir del séptimo mes de prestaciones.
Este es un recorte exclusivamente cuantitativo, sin otro objetivo que deteriorar la protección porque la derecha económica y política creen que las personas sin empleo que cobran prestaciones no quieren trabajar y para obligarlas se las
recorta, tal y como expresó, con tanta claridad como desvergüenza, la Diputada Andrea Fabra en el pleno del Congreso de los Diputados y Diputadas el 11 de julio de 2012.
Menos personas cobrando prestaciones y prestaciones de peor calidad, lo que se traduce en una caída significativa del gasto en protección al desempleo, aunque en realidad había que decirlo al revés: la decisión de reducir el gasto social en
el proceso de consolidación fiscal para cumplir con las directrices de la Troika se trasladó a los recortes en la protección a los desempleados.
Una reducción del gasto social muy dura y que de hecho coloca a los recortes en el desempleo en la cabeza de los ajustes en el gasto: se redujo más el gasto aquí que en la sanidad o la educación, los otros dos grandes sufridores del ajuste.
En 2010 se alcanzó un máximo en la dotación económica del sistema de cobertura a las personas desempleadas: en ese ejercicio se dedicaron 32.234 millones de euros para dar protección a más de 3 millones de personas.
En 2015 la cifra ya es de solo 20.610 millones de euros, a pesar de que el número de personas en paro es superior a 2009, pero como se deteriora la protección tanto en el número de beneficios como en la calidad de las prestaciones, el
resultado es un recorte de 11.624 millones de euros en comparación con 2009.
Es un recorte brutal, equivalente a una reducción del 36 % en valores nominales y del 45 % si se tiene en cuenta la variación de las pensiones. Esto significa que con el mismo número de parados registrados -4.100.073 en diciembre de 2010 y
4.093.500 millones en diciembre de 2014- el gasto real en proteger a los desempleados se reduce casi a la mitad.
Esto es hacer pagar dos veces a los que más han sufrido la crisis: primero pierden el empleo y después el Gobierno les quita la prestación.
Si sumamos los recortes de cada año, desde 2010 hasta 2015, la cifra alcanzada total es de 24.512 millones de euros, esto es, los desempleados han pagado la mitad del dinero destinado a rescatar a la banca.
Aun más, en 2015 el pago de intereses por la deuda pública es 17.000 millones de euros superior al de 2009 y por lo tanto se utilizó el recorte a los desempleados -11.624 millones de euros- para pagar una buena parte de esa factura
financiera a la banca y a los grandes fondos de inversión.
Esta situación de desprotección tiene que acabar, necesitamos reconstruir nuestro sistema de protección a las personas desempleadas.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea mediante la Diputada Yolanda Díaz Pérez, presenta la siguiente
Proposición de no de Ley
'- Que el Congreso de los y las Diputadas inste al Gobierno a dotar de los recursos suficientes para proteger a las personas, para que la ciudadanía de nuestro país tenga un empleo o en su lugar una protección social suficiente que les
permita una vida digna.
- Que el Congreso de los y las Diputadas inste al Gobierno a recuperar a lo largo de la legislatura el nivel de cobertura anterior a la gran recesión, recuperando el nivel de dotación de recursos al sistema,
modificando tanto los criterios de acceso al mismo como los parámetros que definen las prestaciones, dando prioridad a los colectivos en mayor riesgo de vulnerabilidad y mejorando la cuantía de las prestaciones, lo que implica empezar por
derogar el RDL 20/2012 restableciendo la situación legal anterior al 13 de julio de 2012.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2016.-Yolanda Díaz Pérez y Alberto Rodríguez Rodríguez, Diputados.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000542
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado don Ignasi Candela Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para la rebaja de la edad de
jubilación de los trabajadores y trabajadoras cuidadores de personas dependientes en el sector sociosanitario, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
El sector profesional de las trabajadoras y trabajadores del sector socio-sanitario que prestan cuidados directos a la dependencia, ejercido mayoritariamente en residencias, centros de día y servicios de ayuda a domicilio, por auxiliares de
enfermería con formación reglada, gerocultoras con una formación no reglada pero específica y enfermeras con estudios universitarios, constituye un sector laboral estratégico en el diseño futuro de nuestro estado social. En primer lugar, porque el
fenómeno del envejecimiento de la población va a hacer cada vez más necesaria y compleja su labor, y en segundo lugar porque de la calidad de estos cuidados se va a desprender un buen indicador de la calidad ética y social de nuestro modelo de
convivencia.
En la actualidad, la mayoría de este colectivo profesional, que está fuertemente feminizado por razones culturales e históricas de la distribución de roles y funciones, ejerce su trabajo en un contexto precario de jornadas anuales abusivas,
con salarios por debajo de la media estatal, y con sobrecarga de trabajo, por ratios insuficientes de personal y una alta responsabilidad por tratar con la salud de personas.
Por otra parte, una deficiente prevención de riesgos laborales, les somete a situaciones permanentes de riesgos físicos de lesión dorsolumbar por la movilización de pacientes dependientes, a riesgos derivados de la organización del trabajo
por el frecuente trabajo nocturno y a turnos, a riesgos físicos de agresiones, al contacto con enfermedades infecciosas y a importantes riesgos psíquicos derivados de la presión que ejercen los pacientes con demencia sobre las cuidadoras, generando
el ya estudiado estrés del cuidador.
A todo ello hay que sumar una importante invisibilidad social y una falta de reconocimiento del prestigio profesional de las trabajadoras y los trabajadores cuidadores de personas dependientes en el sector sociosanitario.
Esta situación laboral dispara los índices de morbilidad del sector, especialmente a partir de cierta edad, y va asociado a una disminución progresiva del rendimiento, que con el actual horizonte de alargamiento de la edad de jubilación nos
conduce al escenario de trabajadoras de sesenta y siete años o incluso más cuidando de ancianos que podrían ser incluso más jóvenes que los propios cuidadores.
Por todo ello, existen motivos objetivos de justicia social para anticipar a nivel estatal la edad de jubilación de este colectivo y prestar de este modo al mismo tiempo un reconocimiento a la dura labor profesional que han prestado estos
profesionales, en muchos casos en carreras profesionales de más de cuarenta años.
Además, la rebaja de la edad de jubilación para este colectivo tiene una justificación importante desde la perspectiva de género. Si revisamos los sectores profesionales que tienen acceso a la jubilación anticipada actualmente, podremos
concluir que se trata de colectivos con una composición abrumadoramente masculina, como los mineros y los trabajadores del mar. Además de estos, en el régimen general vemos que han conquistado este derecho los ferroviarios, los policías autonómicos
y más recientemente los bomberos. Solo en el sector de la educación -con una distribución más neutral por
género- se puede acceder en algunos supuestos a la jubilación anticipada. Sin embargo, podemos comprobar que no existe ningún sector profesional mayoritariamente femenino, como el que nos ocupa, que tenga acceso a este derecho. Este sesgo
por género, o menos eufemísticamente un sangrante 'machismo estructural', implicaría reconocer que los trabajos desempeñados mayoritariamente por mujeres nunca tienen una especial peligrosidad o penosidad, lo cual es palmariamente falso, y no
merecen ninguna protección o derecho adicional, lo cual es manifiestamente injusto. Es por esta argumentación, que el reconocimiento de este derecho para este colectivo, aparte de ser justo en sí mismo, abriría la puerta a equilibrar desde una
perspectiva de género la distribución de los beneficios sociales en el acceso a la jubilación.
Por todo lo expuesto, don Ignasi Candela, Diputado de Compromís, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Iniciar los procedimientos preceptivos para establecer el coeficiente reductor de la edad de jubilación para las personas que trabajan en el sector sociosanitario del cuidado de personas dependientes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2016.-Ignasi Candela Serna, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000549
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la revisión y prórroga del Programa de Activación para el Empleo, para su
debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
El pasado 29 de julio de 2015 se adoptó entre el Gobierno y los Interlocutores Sociales un 'Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento y el empleo' que recogía la voluntad de impulsar medidas en
distintos ámbitos destinadas a dotar de nuevas oportunidades al colectivo de trabajadores desempleados.
Como resultado del citado acuerdo, el Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo. Un Programa específico y extraordinario de carácter temporal, dirigido a
personas desempleadas de larga duración, y que incluye políticas activas de empleo, actuaciones de intermediación laboral y una ayuda económica de acompañamiento gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal y vinculada a la participación en
las mencionadas políticas de activación para el empleo.
En el momento de presentar el Programa en sede parlamentaria, la Ministra de Empleo y Seguridad Social estimó que entre 400.000 y 450.000 personas podrían beneficiarse de las medidas que lo acompañaban.
Sin embargo, después de su entrada en vigor, las cifras desmienten todas las previsiones realizadas por el Ministerio de Empleo. 161.583 personas han solicitado participar en el PAE, de las cuales 99.410 son beneficiarias de la ayuda y son
atendidas por las CCAA para participar en políticas activas de empleo (hasta el 31 de marzo de 2016). Y hasta febrero de 2016, solo se han realizado 21.792 colocaciones que han sido ocupadas por 15.212 personas.
A pesar del período transcurrido desde el inicio no hay datos oficiales del desarrollo de los itinerarios de inserción que son la otra parte del programa. Desconocemos qué acciones se están desarrollando y si están teniendo alguna
incidencia en las posibilidades de inserción de los demandantes. Los SPE disponen de tecnología y medios para compartir la información y no es excusa que las políticas activas sean competencia de las CCAA.
El Programa ha tenido un resultado claramente insuficiente y eso tiene graves consecuencias sobre muchos de los colectivos más débiles de nuestra sociedad.
De hecho, la limitada aplicación del Programa ha supuesto que no se consumiera el crédito asignado al mismo. De la dotación de 850 millones de euros presupuestados para 2015, se ejecutó menos del 19% (160 millones de euros), dejando un
remanente de 690 millones sin gastar, y para 2016, del presupuesto de 350 millones, solo se han ejecutado (a 29 de febrero) un 6,3%.
La clara y evidente insuficiencia del Programa se suma a la fuerte caída del gasto en prestaciones por desempleo, que se ha reducido un 18% desde marzo de 2014, a que hay más de dos millones de ciudadanos sin ningún tipo de ingreso y a que
la tasa de cobertura ha bajado 6 puntos en un año.
Sin perjuicio de la necesidad de revertir, de forma inmediata, los recortes en las prestaciones de desempleo, contributiva y no contributiva, que se han producido durante la anterior legislatura.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Contrastar la información sobre los potenciales beneficiarios/as del programa facilitada por el SEPE. Aún y teniendo en cuenta las posibles causas de la baja participación tales como el incumplimiento de requisito de rentas, etc., éstas
no pueden justificar la baja demanda de participación en el Plan de Activación.
2. Realizar de forma inmediata una evaluación exhaustiva del PAE. Solo llevando a cabo evaluaciones periódicas será posible actuar y rectificar los errores de implementación que están acompañando el Programa.
3. Revisar los criterios y filtros existentes con objeto de facilitar, en lo que resulte necesario, al público objetivo definido en el Acuerdo el acceso a las prestaciones e itinerarios individualizados.
4. Prorrogar, de forma inmediata, la ayuda de 426 de forma que se puedan seguir incorporando nuevos beneficiarios y beneficiarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2016.-Aina Vidal Sáez, Diputada.-Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000551
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Roldán Monés, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 162 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley
sobre medidas para mejorar la protección social y facilitar el emprendimiento de los trabajadores autónomos, para su debate en Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
La crisis económica ha azotado duramente al colectivo de trabajadores autónomos. Estos trabajadores que por cuenta propia asumen los riesgos del ejercicio de su actividad han visto disminuidas sus rentas, reducida su capacidad de
competencia en el mercado, y ven limitada su protección social.
Los datos de supervivencia de los trabajadores autónomos en España son bajísimos. Según la EPA, en los últimos años, en cada trimestre dejan de ser autónomos un 11% de los autónomos y un 4% de los empresarios con asalariados. En los
últimos años, este problema se ha agravado: el autoempleo generado durante la crisis es de peor calidad, al crecer el emprendimiento por 'necesidad' más que por 'oportunidad de negocio'. Personas con menos vocación y escasamente formadas para el
emprendimiento. Las políticas aplicadas por el Gobierno, han sido más orientada a aumentar los flujos de entrada (abaratamiento de los costes a la Seguridad Social, tarifa plana para emprendedores y contratos de emprendedores), que a mejorar las
posibilidades de supervivencia de las empresas y su crecimiento y fortalecimiento.
En la actualidad los trabajadores autónomos que generen ingresos de manera repetitiva, aunque sean 100 al mes, deben incurrir en un coste cercano a los 400 /mes y completar una gran cantidad de trámites administrativos. Entre otras
cosas, deben darse de alta en Actividades Económicas, girar facturas con IVA (lo que requiere contratar un contable porque hay que hacer el trámite telemáticamente) por unos 100 /mes, presentar declaraciones de IVA trimestrales y reclamar IVA si es
negativo, darse de alta en la Seguridad Social en el Régimen de Trabajadores Autónomos, lo cual cuesta en torno a los 300 con limitadas excepciones (a pesar de sentencias del Supremo en contra). Además, los clientes carecen de incentivo alguno
para pedir una factura del servicio y que ésta incluya IVA. Ello provoca una competencia desleal contra los servicios que necesariamente emiten factura.
En materia de Seguridad Social, los autónomos deben necesariamente afiliarse al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, entendiendo por autónomo o trabajador por cuenta propia, a los efectos de este Régimen
Especial, aquel que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción por ella a contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de otras personas, sea o no titular de empresa
individual o familiar.
El amplio colectivo de trabajadores autónomos requiere que se lleven a cabo profundas reformas de carácter fiscal y de seguridad social para garantizar su supervivencia. Y lo que es más, los trabajadores autónomos son un claro exponente de
la generación de empleo. Así, a lo largo de 2015 los autónomos han generado una media de 207 empleos netos cada día.
Y lo que es más, los autónomos han visto tradicionalmente frustradas sus peticiones en materia de protección social. Es necesario analizar pormenorizadamente los requisitos legal y reglamentariamente exigidos para el reconocimiento de sus
derechos sociales y, especialmente, el alcance de las prestaciones para las que puedan causar derecho.
Por tanto, es necesario acometer una exhaustiva reforma del régimen de los trabajadores autónomos, tanto en relación a sus obligaciones fiscales como de Seguridad Social, reduciendo las trabas administrativas que puedan obstaculizar su
implantación, crecimiento y competitividad.
Para ello proponemos que se adopten las siguientes medidas:
1. Establecer que la fecha real y de efectos de las altas iniciales y bajas definitivas se igualen permitiendo que las fechas surtan efectos el mismo día que se solicitan, de forma que se produzcan periodos de alta y cotización inferiores
al mensual.
2. Permitir hasta cuatro cambios de bases de cotización anual, en vez de los dos permitidos en la actualidad, de forma que la cotización que realiza el autónomo se adecue a los ingresos variables que pueda tener a lo largo del año.
3. Establecer un sistema de cotización en función de los ingresos reales del autónomo. De forma inmediata introducir un sistema de cotización reducida de 45 euros para autónomos 'habituales' con ingresos reales que no superen el SMI en
cómputo anual, así como normalizar la situación de los trabajadores autónomos con actividad 'no habitual' respecto a sus obligaciones de alta y cotización.
4. Buscar fórmulas para establecer un sistema de cotización adecuado y proporcional para los trabajadores autónomos a tiempo parcial.
5. Modificar los recargos aplicables ante la falta de ingreso de las cuotas en plazo reglamentario, volviendo al sistema anterior de 3%, 5%, 10% y 20% según el ingreso se produzca en el primer, segundo, tercer o a partir del tercer mes
siguiente al vencimiento del plazo. Consideramos necesario apoyar a los trabajadores autónomos que luchan por sobrevivir ante la persistente crisis económica, reduciendo la penalización que supone el recargo en caso de retraso en el pago de las
cotizaciones.
6. Normalizar el sistema de aplazamientos de forma que los mismos se concedan en base a criterios objetivos por parte de las Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social.
7. Mejorar la cobertura de la prestación por cese de actividad que a día de hoy ha generado reservas por más de 605 millones de euros.
Por todo ello, se formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las reformas normativas necesarias para, en defensa de los trabajadores autónomos, implantar las siguientes medidas:
1. Establecer que la fecha real y de efectos de las altas iniciales y bajas definitivas se igualen permitiendo que las fechas surtan efectos el mismo día que se solicitan.
2. Permitir hasta cuatro cambios de bases de cotización anual.
3. Establecer un sistema de cotización en función de los ingresos reales del autónomo. De forma inmediata introducir un sistema de cotización reducida de 45 euros para autónomos 'habituales' con ingresos reales que no superen el SMI en
cómputo anual, así como normalizar la situación de los trabajadores autónomos con actividad 'no habitual' respecto a sus obligaciones de alta y cotización.
4. Buscar fórmulas para establecer un sistema de cotización adecuado y proporcional para los trabajadores autónomos a tiempo parcial.
5. Modificar los recargos aplicables ante la falta de ingreso de las cuotas en plazo reglamentario, volviendo al sistema anterior de 3%, 5%, 10% y 20% según el ingreso se produzca en el primer, segundo, tercer o a partir del tercer mes
siguiente al vencimiento del plazo.
6. Normalizar el sistema de aplazamientos de forma que los mismos se concedan en base a criterios objetivos por parte de las Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social.
7. Mejorar la cobertura de la prestación por cese de actividad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2016.-Sergio del Campo Estaún, Diputado.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000556
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancia de las Diputadas Alexandra Fernández Gómez y Yolanda Díaz Pérez, de la agrupación parlamentaria de En Marea, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de proceder a la reducción de la edad de jubilación del colectivo de 'redeiras'.
Exposición de motivos
Al final de la pasada legislatura se aprobó la Ley Reguladora de la Protección Social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero que finalmente, y gracias a una enmienda transaccionada en el Senado, incluyó al colectivo de
rederas, neskatillas y empacadoras como trabajadoras por cuenta propia en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar en el grupo 3, junto a mariscadores y percebeiros.
Aunque supuso un avance en el reconocimiento de esta actividad profesional, ejercida mayoritariamente por mujeres en Galicia y otros territorios como Euskadi, faltan todavía otros grandes pasos que dignifiquen las condiciones laborales de
las 'redeiras', dedicadas a la labor de atar redes para barcos pesqueros. Una función que reviste condiciones de penosidad e insalubridad que deberían tenerse en cuenta a fin de que puedan beneficiarse de derechos socio-laborales.
El trabajo de tejer y reparar redes conlleva numerosas enfermedades y un elevado índice de morbilidad entre estas trabajadoras.
El tipo de actividad que desarrollan durante horas tejiendo redes, suele acarrear enfermedades relacionadas directamente con su trabajo. Son comunes las dolencias como las lumbalgias, la artrosis y otras dolencias en las manos o en la
espalda. La mayor parte de ellas comenzó a desarrollar esta labor a edades muy tempranas en la adolescencia y llevan décadas de trabajo que han pasado factura a su salud. Casi todas padecen enfermedades generadas por su actividad profesional.
Sin embargo, no se benefician de los coeficientes reductores de la edad de jubilación, un derecho laboral que sí disfrutan otros profesionales del mar del sector extractivo acogidos igualmente al Régimen Especial de la Seguridad Social de
los Trabajadores del Mar.
Aunque se aprobaron normativas en años anteriores que incluían a otros trabajadores del mar como beneficiarios de los coeficientes reductores, y con ellos nos referimos a los mariscadores, percebeiros o recogedores de algas, el importante
colectivo de 'redeiras' continúa sin beneficiarse de los coeficientes reductores. La Ley Reguladora de la Protección Social de las personas trabajadoras del sector marítimo aprobada el año pasado no contempló esta demanda histórica de las
'redeiras', tan solo se limitó a dejar abierto el procedimiento de reconocimiento de estas trabajadoras a beneficiarse de los coeficientes reductores de la edad de jubilación, pero no lo estableció como si está contemplado para otros colectivos de
profesionales del mar.
De hecho, la Federación Galega de Redeiras se mostró muy crítica con la Ley Reguladora por no incluir su demanda y por no aprovechar la aprobación de dicha normativa para regular esta vieja reivindicación. Sienten que de nuevo han sido
víctimas de una discriminación laboral y no entienden que no puedan disfrutar de los mismos beneficios que otros profesionales del mar.
La Ley Reguladora de la Protección Social pudo ser la oportunidad de terminar con la discriminación laboral que este colectivo profesional de mujeres sufre desde siempre. Una actividad tradicional y artesanal que posee más de un siglo de
vida, a la que se dedican de forma mayoritaria mujeres en numerosas localidades de la costa de Galiza como Cangas, Cedeira, Burela, Lorbé, Malpica, Corme, Cambados, Cariño, o las del Baixo Miño, entre otras.
En Galiza hay más de un millar de personas realizando esta labor, más de un 80% son mujeres, y llevan décadas luchando por la dignificación de sus condiciones laborales, por el reconocimiento profesional de su actividad, por salarios justos
y dignos, por la eliminación de la brecha salarial que existe entre los distintos subsectores dedicados a la confección y conservación de las redes y aparejos o la lucha contra el intrusismo laboral, y por la reducción de los coeficientes
reductores.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Realizar una modificación en la Ley Reguladora de la Protección Social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero, o en su defecto, proceder a la aprobación de una nueva norma que contemple la reducción de la edad de
jubilación del colectivo de las rederas, y se les apliquen los consiguientes coeficientes reductores, equiparándolas de este modo a otros trabajadores del mar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2016.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000571
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Homs i Molist, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Empleo y Seguridad Social, una Proposición no de Ley para modificar las condiciones del contrato de relevo y jubilación parcial, para potenciarlo.
Antecedentes
Hace algunos días, tuvo lugar una reunión del Foro de Diálogo del Sector de Automoción, en la que además de abordar aspectos importantes para el sector como la movilidad, ANFAC, SERNAUTO, MCA-UGT y CCOO INDUSTRIA propusieron a los
representantes de la Administración General del Estado presentes en el mismo, la reforma urgente del contrato de relevo vinculado a la jubilación parcial.
El contrato de relevo vinculado a la jubilación parcial, es una figura esencial para el mantenimiento de la competitividad y la creación de empleo en el sector de automoción. Las nuevas condiciones de uso de este contrato a partir del 1 de
enero de 2019 para las empresas que tengan cerrados y registrados
acuerdos, serán mucho más gravosas. Y para las empresas que no tienen cerrados acuerdos, las nuevas condiciones les son de aplicación desde 2013.
Esta modalidad contractual es clave para el rejuvenecimiento de las plantillas y un yacimiento de empleo para uno de los principales grupos de población afectados por el paro, los jóvenes. En la actualidad, en las factorías españolas de
automoción, el 22% de los trabajadores que componen la mano de obra directa, unas 11.600 personas, tienen 50 años o más, representando los mayores de 55 años casi el 53% de los mismos.
El contrato de relevo facilita una vía de transmisión de conocimientos de los trabajadores que están llegando al final de su vida profesional hacia los que la inician, y al mismo tiempo, constituye una oportunidad de entrada al mundo laboral
para muchos jóvenes. Es un instrumento claro de creación de empleo, no solo para el Automóvil, sino para toda la industria.
En estos momentos, el 80% de los fabricantes de vehículos instalados en España utiliza esta herramienta de creación de empleo y un total de 6.000 empleos están vinculados a esta tipología de contratación, es decir, el 9% de las plantillas de
las factorías de vehículos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a atender las demandas del sector de la automoción y a impulsar, con la mayor celeridad posible, la modificación de las condiciones del contrato de relevo y jubilación parcial con el fin de
potenciar esta tipología de contratos, en beneficio de la renovación de plantillas y de la creación de empleo estable para trabajadores jóvenes.
Ello comportará modificar las condiciones del contrato de relevo y jubilación parcial para recuperar lo establecido para el mismo, antes de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de
Seguridad Social, y para suprimir la limitación existente respecto la acumulación del tiempo de trabajo del trabajador relevado en un solo período, en línea con la jurisprudencia reciente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2016.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat).
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/000524
A la Mesa de la Comisión de Industria, Energía y Turismo
Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado de Foro integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al futuro del
carbón autóctono como factor clave para la soberanía energética española, para su debate en esta Comisión.
Exposición de motivos
El carbón es el único combustible fósil autóctono que poseemos en España por lo que, para evitar la pérdida de soberanía energética, es imprescindible el mantenimiento de su sector minero cuyo nivel de empleo ha bajado de manera drástica en
los últimos años. Resulta, en todo caso, muy urgente la aplicación de medidas de apoyo a la minería del carbón, que ha sufrido un largo, constante y durísimo proceso de reconversión desde sus tiempos de máximo apogeo.
Teniendo en cuenta que el 85% de nuestras fuentes energéticas son importadas, es fundamental mantener o incrementar el porcentaje de producción autóctona de energía, sea ésta renovable o fósil. Por tanto, es necesario reenfocar la actividad
minera en España, analizar los pozos más productivos y de menor coste de extracción para poder asegurar en ellos el abastecimiento de carbón autóctono más allá del año 2018, lo que permitirá el mantenimiento del empleo en el sector y contribuirá a
reducir nuestra enorme dependencia energética del exterior. En este sentido conviene recordar que el carbón nacional ha
sido desplazado como tecnología de producción en las centrales eléctricas. Las consecuencias de ese menor uso de nuestro mineral en las centrales de carbón han sido la reducción o el cese de la actividad minera, así como la pérdida de una
fuente energética fósil autóctona disponible en España.
En el punto 6.1 del Marco de Actuación de la Minería del Carbón y de las Comarcas Mineras para el periodo 2013-2018, se señala, entre otras medidas de apoyo, la promoción de los compromisos de compra a las empresas mineras por parte de las
empresas generadoras en las condiciones de mercado que acuerden entre ellas y con el seguimiento del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINERTUR).
Es una realidad que los 18 millones de toneladas de carbón 'importado' que se consumen anualmente en España conllevan unos costes de producción mucho más bajos que el carbón autóctono, ya que las condiciones medioambientales, laborales y de
seguridad para la extracción del carbón en otros países nada tienen que ver con las exigidas tanto por la normativa nacional como por la europea.
La consecuencia es una gran distorsión entre los mercados de carbón europeos frente a los del mineral de importación, con una diferencia a favor de éste de entre 30 y 40 tonelada puesta en central térmica. Todo ello está abocando al
sector carbonífero español al cierre inminente de sus explotaciones ya que las empresas nacionales se ven impedidas de colocar el carbón en unas térmicas que recurren al mayor consumo del carbón de importación. Eso conlleva, entre otras cuestiones,
al incumplimiento flagrante de la reserva del 7,5% en el hueco Térmico al carbón nacional.
La directiva 2003/96 del Consejo de Europa, de 27 de octubre de 2003, por la que se estructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad fue traspuesta al ordenamiento español en la Ley 22/2005,
del 18 de noviembre. Esta Ley, en su artículo 79.3, señalaba literalmente: 'Estarán exentas del impuesto las operaciones que constituyan la puesta a consumo de carbón cuando implique el empleo de este en los usos siguientes: a) producción de
energía eléctrica y cogeneración de electricidad y calor'.
Sin embargo, en el año 2012 y alegando 'ajuste del déficit tarifario', el Gobierno de España promovió la modificación de la referida Ley 22/2005 y anuló la exención al carbón destinado a producir electricidad, creando el denominado tributo
del céntimo verde y aplicando el tipo de 0,65 por gigajulio del carbón nacional. La consecuencia ha supuesto el declive de la venta del carbón autóctono a precios competitivos.
La exención que en su día recogía la Ley 22/2005, para el carbón autóctono, no solo estaba amparada por el ordenamiento europeo sino que, además, no era considerada Ayuda de Estado siendo de directa aplicación por el Gobierno español.
Si bien en el imaginario colectivo occidental se ha asentado la percepción de que el carbón es una energía del pasado, propia de otros tiempos, el consumo de carbón a escala global no deja de crecer y, según todas las previsiones, lo seguirá
haciendo colocándose ya en posición de disputar al petróleo el papel de principal fuente de energía del planeta. El año pasado, el carbón concentró el 30,1% del consumo energético mundial, alcanzando así su mayor cuota de mercado global en casi
medio siglo. Es su mejor dato desde 1970, en concreto, según los registros del último BP Statistical Review, uno de los indicadores de referencia sobre el sector energético mundial.
Hay diferentes elementos clave en los que se apoya la prolongada continuidad del carbón como recurso energético y que por sí mismos desbaratan el pesimismo sobre su explotación, como se pretende hacer ver por los contrarios a su utilización.
No está muerto porque es una abundante fuente de energía que, además, está repartida en muchos países (solo un 17% del consumo global corresponde a comercio internacional, el resto es consumo interno de las reservas propias, lo que aleja al carbón
de las estrategias geopolíticas) y relativamente barata en un contexto en que ya se puede dar por definitivamente finiquitada la era del petróleo low cost.
Todo el sector del carbón está en una situación límite que requiere de la aplicación de medidas urgentes que garanticen la compra de carbón autóctono para las centrales térmicas, dando así cumplimiento al compromiso recogido en el actual
Marco de Actuación de la Minería del Carbón y de las Comarcas Mineras 2013-2018: '... Entre las medidas de apoyo que promoverá este Marco, están los compromisos de compra a las empresas mineras por parte de las empresas generadoras, en las
condiciones de mercado que acuerden entre ellas, con el seguimiento del Ministerio...'.
En este sentido, la Secretaría de Estado de Energía propuso un borrador de Orden denominado 'Pagos por capacidad', por el que se destinaban ayudas a las centrales térmicas que adquiriesen carbón nacional. Eran unas inversiones destinadas a
cumplimentar las obligaciones medioambientales derivadas de la actual legislación de la Unión Europea, pero este borrador ha sido recientemente rechazado por la
Dirección General de la Competencia de Bruselas, y previamente informado en contra por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.
A día de hoy se desconoce si el Gobierno en funciones ha elaborado alguna otra propuesta que contribuya a garantizar la quema de carbón español.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley para su debate y votación en la Comisión de Industria, Energía y Turismo
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aplicar urgentemente medidas que favorezcan el consumo del carbón nacional en las Centrales Térmicas para dar cumplimiento a lo acordado en el Marco de Actuación de la Minería del Carbón y de las Comarcas Mineras 2013-2018, tanto en lo
referido a la reserva del 7,5% de hueco térmico al carbón nacional como respecto al compromiso de incentivar el consumo del carbón autóctono en las térmicas.
2. Incentivar el consumo de carbón autóctono en nuestras centrales térmicas y adoptar medidas fiscales como la bonificación del impuesto de hidrocarburos o 'céntimo verde' con un tipo impositivo del 0,15 por gigajulio generado por la
quema de carbón español, sin perjuicio de la adopción de otras medidas legislativas que garanticen el cupo de su consumo acompañadas de mecanismos que penalicen su incumplimiento.
3. Tener en consideración los informes elaborados por el gobierno autonómico de Castilla y León a los efectos de poder implantar la bonificación del céntimo verde a fin de superar la situación actual de rechazo de la Orden de pagos por
capacidad realizada por la Dirección General de la Competencia Europea.
4. Reenfocar la actividad minera en España, previo análisis de los pozos más productivos y de menor coste de extracción, para poder asegurar en ellos el abastecimiento de carbón autóctono más allá del año 2018, lo que permitirá el
mantenimiento del empleo en el sector y contribuirá a reducir la enorme dependencia energética española del exterior recuperando, además, el carbón nacional como recurso para la tecnología de producción en las centrales eléctricas.
5. Articular las medidas para evitar la devolución de las ayudas recibidas del Plan de la Minería en los últimos años que, de llevarse a efecto, avocaría irremediablemente al cierre de las explotaciones, a la pérdida de miles de puestos de
trabajo directos e indirectos y a la desertización de las comarcas mineras.
6. Dotar suficientemente con los instrumentos financieros adecuados que permitan a nuestras centrales de carbón instalar y aplicar la tecnología necesaria para conseguir el objetivo previsto de la Unión Europea (UE) de cero emisiones y
alcanzar en un próximo futuro el 'carbón limpio'.
7. Asegurar una reserva estratégica de almacenamiento de carbón -nuestro único combustible fósil autóctono del que disponemos en España- y garantizar su tramitación en el ámbito europeo dentro del marco del Libro Verde de la Energía.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2016.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000548
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marta Sorlí Diputada de Compromís, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre 'fracking', para su debate en Comisión.
Exposición de motivos
La Diputación de Castelló, a instancias del Grupo Compromís, constituyó una comisión de expertos para evaluar las solicitudes de investigación de hidrocarburos en el norte de la provincia, probablemente mediante la tecnología de fracturación
hidráulica ('fracking'). La necesidad de la comisión se basa en los riesgos de esta tecnología y, en particular, en la proximidad del acuífero de Maestrat, un acuífero regional
kárstico, de la etapa del jurásico, y de gran importancia estratégica para el suministro hídrico de los ciudadanos de prácticamente la mitad norte de la provincia de Castelló.
Analizados diferentes aspectos del proyecto durante varios meses, así como la legislación relativa al respecto, los expertos de la denominada Mesa del Fracking de la Diputación de Castelló recomiendan aplicar con rigurosidad el principio de
cautela en los proyectos relativos a Castelló debido a la importancia estratégica y la fragilidad del acuífero del Maestrat y de los ecosistemas asociados. Debe tenerse presente que el acuífero del Maestrat es uno de los más importantes del
Mediterráneo y que abastece a toda la población de tres comarcas.
A nivel general, además, los miembros de la comisión advierten que existe una ausencia de regulación específica en materia de fracturación hidráulica y, en especial, una falta de regulación específica para la protección de entornos muy
vulnerables, como los acuíferos.
Por este motivo, e independientemente de las necesidades energéticas del país y de la posición general del Gobierno respecto al 'fracking', desde Compromís consideramos esencial subsanar la ausencia de regulación en lo relativo a la
protección de los acuíferos frente a técnicas como el 'fracking'.
Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a iniciar los trámites parlamentarios necesarios para diseñar una normativa específica de protección de los acuíferos frente a las técnicas de prospección y extracción de fractura horizontal, conocidas como
'fracking'.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2016.-Marta Sorlí Fresquet, Diputada.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000567
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Proposición no de Ley sobre el establecimiento de un calendario de cierre nuclear en España.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la incorporación de firma contenida en el escrito número de registro 6012, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Industria,
Energía y Turismo, entendiendo que en el caso de su eventual aprobación, estaría dirigida al Gobierno que se constituya. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para el establecimiento de un calendario de cierre
nuclear en España, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
Cada vez es mayor el consenso social y político de que España debe transitar hacia un nuevo modelo energético basado en las energías renovables y en la eficiencia energética. La energía nuclear no encaja en ese futuro modelo por diversos
motivos.
En primer lugar, la energía nuclear no es limpia. Su actividad produce grandes cantidades de residuos radiactivos que tienen una vida de miles de años. El problema de los residuos radiactivos sigue sin resolverse, generando constantes
conflictos sociales cada vez que se plantea dónde deben ubicarse los cementerios para dichos residuos.
En segundo lugar, la energía nuclear tiene graves problemas de seguridad. Precisamente recordamos ahora los treinta años del accidente de Chernóbil, cuyo legado radiactivo permanece igual pese a haber transcurrido 30 años. Si estos
problemas ya eran preocupantes antes, lo son mucho más 5 años después del accidente de la central nuclear japonesa de Fukushima. No olvidemos, por ejemplo, que en España la central nuclear de Garoña es gemela del reactor número 1 de la accidentada
Fukushima. Como consecuencia de aquel accidente hubo un punto de inflexión en el desarrollo de la energía nuclear en el mundo. Países de nuestro entorno, liderados por el caso notable de Alemania, optaron por proceder al cierre progresivo y
ordenado de sus centrales nucleares. En España, sin embargo, el Partido Popular intenta alargar la vida de las centrales nucleares hasta los 60 años.
Finalmente, la energía nuclear es cara. La construcción de nuevas plantas prácticamente ha cesado en la Unión Europea, y recientemente incluso el Presidente de lberdrola reconocía la inviabilidad económica de las plantas nucleares. El
modelo nuclear se resquebraja. A pesar de la intensa campaña de desprestigio sufrida, lo cierto es que las únicas fuentes de energía que en Europa están consiguiendo una reducción del precio de la electricidad son las renovables.
La transición energética hacia un modelo renovable, medioambientalmente respetuoso y económicamente eficiente requiere de un planteamiento inequívoco con respecto al futuro de la energía nuclear. Por ello la propuesta es clara: cerrar las
centrales nucleares a medida que sus permisos de explotación caduquen, independientemente de que hayan cumplido 40 años en funcionamiento o no.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno al cierre progresivo de las centrales nucleares a medida que sus permisos de explotación caduquen. En consecuencia el calendario de cierre debe ser el siguiente: Garoña: no reapertura,
Almaraz I: 2020, Almaraz II: 2020, Ascó I: 2021, Cofrentes: 2021, Ascó II: 2021, Vandellós II: 2020, Trillo: 2024.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2016.-Josep Vendrell Gardeñes y Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputados.-Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/000496
A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Isidro Martínez Oblanca, Diputado de Foro integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la situación del
sector lácteo español, para su debate en esta Comisión.
Exposición de motivos
Es muy urgente e imprescindible afrontar nuevas medidas que permitan sobrevivir a todo el sector lácteo español y, singularmente, a aquellos ganaderos que están sufriendo muchos problemas de adaptación tras la nueva reforma de la PAC y la
finalización de las cuotas lácteas.
Se trata de evitar más cierres de explotaciones ganaderas y una mayor pérdida de puestos de trabajo como secuela del pacto suscrito en septiembre de 2015 por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para atajar la crisis
provocada por los bajos precios de la leche. Es un pacto que no ataja el origen del problema estructural del bajo precio de la leche, es muy limitado y, lejos de aportar soluciones, recogió un cúmulo de vaguedades que no concreta medidas reales que
verdaderamente frenen el desplome que vienen sufriendo los precios del litro de leche, insuficientes a todas luces para cubrir los costes de producción.
El reparto de las ayudas europeas fue insuficiente y, en el caso de Asturias, no fue acompañado por una acción inmediata desde el gobierno del Principado. Los ganaderos asturianos no podrán competir nunca si están en condiciones de
desigualdad con los productores europeos, cuya climatología, orografía y comunicaciones son más favorables que las de nuestra ganadería de montaña, como reconoce la Unión Europea en las bases de la PAC.
El acuerdo fue un nuevo juego de artificio, ya que no solo la cuantía de 25 millones era totalmente insuficiente sino que han intentado confundir a productores y consumidores anunciando un paquete de medidas de 300 millones de euros, cuando
en realidad 275 de los mismos no aportaban nada nuevo porque ya correspondían a ayudas previamente aprobadas para la PAC.
Asimismo, el Gobierno de España debe luchar contra las imposiciones de los países centro-europeos, como Francia y Alemania, e imponer que tanto la leche como los productos lácteos especifiquen en su etiquetado el origen de la leche, para
que, así, el consumidor pueda decidir. No podemos olvidar que España es un país deficitario en producción de leche, al producir 6,34 millones de toneladas y tener un consumo de 9 millones de toneladas, lo que obliga a importar grandes cantidades de
producto, por lo que no es de recibo que se esté limitando la producción de los ganaderos españoles.
Por otro lado, en aras a la transparencia, la gran distribución debería de especificar el precio de compra de la leche al ganadero.
Finalmente, teniendo en cuenta la importancia de la producción láctea en nuestro país, séptimo productor europeo por detrás de Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Italia y Polonia, es necesario promover desde el Ministerio campañas
comerciales a países como China, donde existe un gran potencial de consumo a corto y medio plazo.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dejar de someterse a las imposiciones de los países centro-europeos y requerir que, tanto la leche como los productos lácteos, especifiquen en su etiquetado en España el origen de la leche, proporcionando una información más precisa que
facilite la decisión del consumidor.
2. Promover campañas comerciales a países como China, donde existe un gran potencial de consumo a corto y medio plazo, teniendo en cuenta la importancia de la producción láctea en nuestro país, séptimo productor europeo.
3. Revisar el Programa de Desarrollo Rural 2014-2018 de España para incorporar iniciativas de apoyo para las explotaciones de leche, mediante medidas de rentas, como el seguro de rentas, siguiendo el modelo de Estados Unidos, a través de
ENESA y AGROSEGURO.
4. Instar a las Comunidades Autónomas afectadas a reconsiderar sus Programas de Desarrollo Rural 2014-2020, con objeto de introducir medidas para potenciar la consolidación de sus ganaderías a través de inversión en capítulos como el apoyo
en investigación, formación, transferencia de conocimiento, comercialización y marketing, mejora genética y potenciación de la producción, con el fin de aprovechar la demanda mundial de leche y productos lácteos que aumenta a una tasa de un 2%
anual.
5. Solicitar a la Unión Europea la revisión a la implementación en España de la nueva PAC 2014-2020 para la inclusión de la herramienta presupuestaria denominada 'Ayudas para las zonas desfavorecidas y de montaña', al igual que han hecho
otros países comunitarios, como Francia o Alemania.
6. Cumplir el compromiso de la ministra de Agricultura de revisar inmediatamente los Reales Decretos sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, con objeto de
aplicar una discriminación positiva a nuestros ganaderos de montaña.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2016.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000514
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley en apoyo
de la pesca continental en Andalucía, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
En Andalucía, existe un número elevado de aficionados a la pesca continental que a través de las asociaciones medioambientales y clubes de pesca, disfrutan de los espacios que en Andalucía disponen, para esta práctica tanto en aguas libres,
como en cotos de ríos, embalses de Andalucía.
De esta forma, año tras año, han venido compatibilizando la práctica de la pesca continental con acciones de voluntariado, de educación ambiental y de mantenimiento de estos espacios naturales.
En Andalucía, a través de la Orden por la que se fijan y regulan las vedas y períodos hábiles de pesca se regula el ejercicio de la pesca continental, de los periodos hábiles y sus condiciones, las especies pescables o los cotos, aguas
libres u otras masas para su desarrollo.
Lógicamente esta Orden se enmarca dentro del ámbito de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, modificada por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, y del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el
Catálogo español de especies exóticas invasoras.
Con posterioridad el Parlamento Europeo y el Consejo dicto el Reglamento 1143/2014 de 22 de octubre de 2014, sobre prevención y la gestión de la introducción y propagación de las especies exóticas invasoras. Este Reglamento regula
excepcionalidades que aún no se han trasladado a la nominativa nacional.
Recientemente, el pasado 16 de marzo, se dictó sentencia por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en la que se incluye en el Catálogo de especies invasoras regulado por el Real Decreto 630/2013, entre otras, al Black Bass, el Lucio, la Carpa
y la Trucha Arco Iris, prohibiendo con ello la pesca deportiva, la posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos.
Estas restricciones van a incidir muy negativamente, en los municipios rurales que acogen espacios acotados expresamente para la práctica de estas especies, con enorme afección económica al detraer ingresos por el desarrollo de actividades
turísticas de ocio y recreo ligados a esta pesca deportiva.
Igual hecho sucede con la pesca del cangrejo rojo pues la sentencia prohíbe su extracción y comercialización, incidiendo gravemente en la economía de los municipios del Bajo Guadalquivir como Isla Mayor, que dependen económicamente de la
actividad industrial del procesado de esta especie.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. A solicitar al Tribunal Supremo el aplazamiento de la ejecución de la sentencia por razones de índole económica y alarma social, dada la repercusión que especialmente tiene para el territorio la industria del cangrejo rojo y la trucha
arco iris.
2. A modificar la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, para su adaptación al Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 1143/2014 de 22 de octubre de 2014, sobre prevención y la gestión de la introducción y propagación de
especies exóticas invasoras, donde se recogen en su artículo 9 excepciones por razones de índole económica y social.
3. A modificar la Ley 42/2007 al objeto de garantizar jurídicamente la actividad de la pesca deportiva de especies como el Lucio, el Black Bass o la Trucha Arco Iris en aquellos lugares y espacios que no comprometan la viabilidad y el
desarrollo natural de las especies autóctonas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2016.-Antonio Pradas Torres, Felipe Jesús Sicilia Alférez, Sonia Ferrer Tesoro, Salvador de la Encina Ortega, María Jesús Serrano Jiménez,
Elvira Ramón Utrabo, José Juan Díaz Trillo y Carmen Rocío Cuello Pérez, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000518
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de los establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la
defensa del olivar en pendiente, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
En el año 2015, se puso en marcha el nuevo modelo de aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España.
La definición de este modelo fue objeto de un arduo debate entre las comunidades autónomas y el Gobierno central, debate especialmente intenso durante los años 2013 y principios de 2014. Dicho debate definitorio sentó sus bases en un
acuerdo nacional alcanzado en julio de 2013.
Partiendo de este hito, era necesario definir las cuantías, la distribución y la aplicación de los dos pilares de la PAC: el primero, de las ayudas directas (entre ellas las acopladas), y el segundo, relativo al desarrollo rural.
Uno de los compromisos acordados por el Gobierno de España fue evitar transvases de recursos entre territorios, sectores y agricultores. Para ello, era necesario definir la estructura de las ayudas directas, adaptándolas a la realidad del
campo español.
Tras seis meses de trabajo, en la conferencia sectorial de enero de 2014, se comunicó el resultado del proceso. Un proceso en el que, finalmente, se incumplieron los compromisos.
Según los datos mostrados por el Gobierno central en enero de 2014, y tras el primer año de aplicación efectiva de la PAC en 2015, se han confirmado las estimaciones que preveían una pérdida en la cuantía de las ayudas en algunos
territorios.
En el caso de Andalucía, el incumplimiento del compromiso se salda con la pérdida de 600 millones de euros. Esta cantidad resulta de los 258 millones que se pierden para el segundo pilar de la Política Agraria Común (destinado a promover el
desarrollo rural de los territorios), y de los aproximadamente 58 millones anuales en el primer pilar (las ayudas directas).
Uno de los elementos esenciales en la definición de este modelo ha sido la configuración de las ayudas asociadas, concebidas por la Comisión Europea para proteger sectores con problemas de rentabilidad y en riesgo de abandono real.
Pese a los argumentos esgrimidos, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se ha negado sistemáticamente a reconocer estas ayudas asociadas a sectores como el olivar de pendiente, a pesar de cumplir con todos los
requisitos comunitarios.
El sector del olivar cultivado en la montaña o elevadas pendientes -de más de un 20%- (olivar de pendiente), según datos de la Junta de Andalucía, se extiende a lo largo de 404.000 hectáreas, 140.000 en la Provincia de Jaén. Andalucía
acoge, con estos datos, el 80% de la superficie dedicada en España a este cultivo.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) ha justificado esta decisión, entendiendo que los sectores que han tenido un incremento de producción no pueden, según el Reglamento (UE), de 17 de diciembre de 2013, por
el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores, en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 637/2008 y (CE) n.º 73/2009 del
Consejo, beneficiarse de las ayudas acopladas y que el olivar de pendiente andaluz ha aumentado en un 5,6% sus hectáreas, así como su producción, en los últimos años.
La alternativa que ofrece al sector el MAGRAMA es reducir la producción para entrar en el reparto de pagos acoplados del siguiente período (2016).
No obstante, resulta evidente que el sector del olivar de pendiente tiene una escasa rentabilidad, lo que justificaría el mantenimiento de las ayudas derivadas de la nueva PAC, amparada en el riesgo de abandono.
Sus características específicas (sobre todo, la dificultad de mecanizar la recogida de la aceituna, que obliga a realizarla a mano, lo que eleva en gran medida los costes de producción) hacen necesario que perciban estas ayudas para mantener
la viabilidad de este sector. De lo contrario, se corre el riesgo de cierto de su desaparición.
Ante esta injusta decisión, el Gobierno central se comprometió a revisar la configuración de las ayudas directas en 2016. La Comisión Europea da esta posibilidad antes del 1 de agosto de 2016, para su aplicación en 2017.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que antes del 1 de agosto de 2016 se den los pasos necesarios para la revisión del nuevo modelo de ayudas acopladas, en aplicación de los planteamientos comunitarios que dan base a estas ayudas.
2. Incluir el olivar en pendiente entre los sectores beneficiarios de los pagos acoplados derivados de la PAC, en atención a su función medioambiental y social dado lo que representa en el sector agrario español o, en su defecto, establecer
otro tipo de ayudas que garanticen la viabilidad y pervivencia del sector del olivar de pendiente.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2016.-Felipe Jesús Sicilia Alférez, María De la Paz del Moral Milla, Micaela Navarro Garzón, María Jesús Serrano Jiménez y Antonio Hurtado Zurera, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000521
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la
plaga del picudo rojo, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La plaga del picudo rojo, Rynchophorus ferrugineus, afecta a diferentes especies de palmáceas, tanto de interés agrícola como ornamental. Un plan de lucha que incluya a todo el área afectada por la plaga en las diferentes comunidades
autónomas y coordine a todas las administraciones implicadas (ayuntamientos, diputaciones, administración autonómica y estatal) y a todos los agentes afectados (particulares, empresas...) es muy necesario.
La primera fase de este plan debería de contemplar una doble medida de choque para detener el avance de la plaga. Esto consistiría en el uso generalizado de dos estrategias de lucha que recientemente han demostrado su eficiencia contra la
plaga. La primera de ellas está basada en la lucha química y consistiría en el tratamiento de todos los ejemplares de palmera sospechosos de infección, o en peligro inminente de infección, mediante endoterapia con el larvicida benzoato de
emamectina; el uso del cual ha sido autorizado recientemente por el Ministerio de Agricultura de manera provisional. La segunda estrategia estaría basada en la lucha biológica y consistiría en el uso de cepas locales del hongo deuteromiceto
Beauveria bassiana que infectan al picudo de manera natural provocándole la muerte; a la vez que el propio insecto sirve como vehículo de propagación del entomopatógeno.
Creemos que los costes de estas medidas de choque son perfectamente asumibles, porque hoy en día es posible tratar las palmeras con estas dos estrategias de lucha a un precio asequible. Pero igualmente se podría hacer uso de cualquier otro
producto o estrategia de eficiencia contrastada y viable económicamente si lo hay disponible. En cualquier caso, el objetivo del plan de choque debería ser detener
el avance de la plaga durante dos o tres años, con el fin de ganar tiempo para diseñar una estrategia de lucha a largo plazo, con la participación de todas las administraciones, la incentivación de la investigación para la búsqueda de
soluciones y la prohibición de la importación de palmeras de los países donde está presente a plaga.
Este plan de lucha debería de poner a disposición de los ayuntamientos los medios humanos, materiales y económicos necesarios para elaborar planes municipales de lucha contra la plaga, dentro de una estrategia general compartida; y para
ponerlos en práctica. También debería dotar a las administraciones de la capacidad de inspección de palmeras aisladas, huertos, viveros, etc., sobre el cumplimiento de las medidas acordadas y de la capacidad sancionadora en caso de incumplimiento.
Además, debería de contemplar también ayudas o incentivos a los particulares y empresas para que el correcto control, seguimiento y erradicación de la plaga tenga un costo asumible por los agentes implicados.
El plan debería de establecer también los parámetros necesarios para orientar y coordinar la tala de palmeras afectadas, con el fin de que ésta se realice de manera eficiente; especialmente en todos los aspectos referentes al transporte y
trituración que creemos que no se hace correctamente en la actualidad. Un ejemplo, el porcentaje de la palmera que se debe triturar en caso de infección, no es el 100% que se tritura en la actualidad; sino solo del 10-20% del tronco
aproximadamente según los casos. Además de esto, se debe de planificar el uso de la parte no triturada y el uso también de la parte triturada, la disponibilidad de trituradoras suficientes, etc. Todos estos y muchos otros aspectos, aparentemente
menores, deberían de quedar especificados y regulados en el plan de lucha para que este fuera eficiente y alcanzara el objetivo propuesto.
La aplicación de este plan requiere tener todos los ejemplares de palmera referenciados mediante un Sistema de Información Geográfica (SIG). Por este motivo, proponemos que se tome a la ciudad de EIx-Elche como municipio piloto para su
aplicación, por ser un municipio que ya dispone de este SIG y por ser el municipio donde se encuentra el mayor palmeral de Europa, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este municipio dispone además de una amplísima experiencia
en la gestión del palmeral y sus plagas, con personal técnico y mano de obra cualifica y empresas muy competitivas en el sector que podrían realizar los trabajos de apoyo necesarios. Mientras se ensayan las primeras medidas en este municipio
piloto, el resto de municipios deben de ir haciendo el SIG si aún no disponen de él y deben de ir adoptando las medidas que se vaya especificando según las experiencias recogidas.
Los recursos económicos necesarios para ejecutar el plan deben de obtenerse de la implicación presupuestaria de todas las administraciones. Por eso, todas ellas deben de aumentar las líneas de presupuesto destinadas a este fin; pero
además, se debe trabajar para obtener recursos de la UE que, con un plan bien diseñado, debería financiar y coordinar la erradicación de la plaga en todo el territorio de la unión.
Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar y liderar un Plan de Lucha contra la plaga del picudo rojo, aumentando los recursos económicos en los PGE 2017.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2016.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000522
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre
implementación de un plan de vigilancia, control y prevención del 'greening', para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
A principios del mes de febrero de 2015 se detectó en Galicia, en diversas plantaciones de cítricos, la presencia del insecto Psila Africana (Trioza Erytreae), que actúa como vector de la enfermedad del 'greening' de los cítricos, cuyos
efectos son absolutamente devastadores para el cultivo, ya que causa daños irreversibles. De tal manera que, una vez infectado, solo cabe arrancar y quemar las plantaciones afectadas.
Si se propagara por toda la Península, los efectos podrían ser letales, especialmente en el caso de la citricultura valenciana o andaluza.
Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que se implemente por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en coordinación con las CCAA, un plan estatal de vigilancia, control y prevención contra el 'greening'.
2. Que se habilite por parte del Ministerio una línea presupuestaria para dotar de recursos al citado plan.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2016.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000536
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Francesc Homs i Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario de Democràcia i Llibertat, de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate en la Comisión de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, una Proposición no de Ley para adaptar la normativa estatal de la PAC a la normativa europea, en beneficio de los agricultores a título principal, los jóvenes y de determinados sectores hoy excluidos.
Exposición de motivos
En noviembre de 2013 el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea aprobaron los cuatros Reglamentos básicos que regulan la nueva Política Agrícola Comuna (PAC) para el período 2014-2015. Estos cuatro Reglamentos son:
- Reglamento (UE)1305/2013 para el desarrollo rural.
- Reglamento (UE)1306/2013 de gestión, control y financiación.
- Reglamento (UE)1307/2013 de pagos directos.
- Reglamento (UE)1308/2013 de la OCM de productos agrarios.
A pesar de que los Reglamentos europeos son de aplicación directa en los Estados miembros, en el caso concreto de estos Reglamentos que regulan la PAC dejan algunos aspectos abiertos a su discreción, y por tanto, tienen un cierto margen para
definir el modelo por parte de cada Estado. Este margen es especialmente significativo en relación al Reglamento que regula los pagos directos.
Después de dos conferencias sectoriales, una en 2013 y la otra en 2014, salió el modelo definitivo a implantar en el Estado. Este modelo se plasmó en varios reales decretos, entre los que destacan:
- Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola Común.
- Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos
al desarrollo rural.
Este modelo se caracteriza por su uniformidad en todo el Estado, así como por su carácter conservador, alejado de los objetivos de la reforma realizada en la PAC al intentar dar continuidad a los criterios del anterior periodo. Además de
ser un modelo complicado, por ejemplo: se exige a los jóvenes agricultores requisitos diferentes en función de que se trate de ayudas al desarrollo rural o de pagos directos o de la reserva nacional para acceder a las mismas; hecho que les
dificulta poder optar a ellas.
A parte de alejarse del espíritu de la reforma de la PAC, estos reales decretos se contradicen de forma manifiesta con la normativa comunitaria. En este sentido, tanto el propio sector a través de los sindicatos agrarios y asociaciones
representativas como el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya (DARPA) requirió al Ministerio de Agricultura que adecuara la normativa estatal a la normativa comunitaria.
Ante la negativa a atender estas demandas, el DARPA presentó un requerimiento previo a la interposición de un recurso por la vía del contencioso-administrativo al Ministerio de Agricultura. Posteriormente el Ministerio de Agricultura
modificó un aspecto que pedía el DARPA pero el resto sigue igual. Estas contradicciones vigentes con la normativa comunitaria son.
La definición que hacen los reales decretos sobre el concepto de 'agricultor activo' propicia que acaben accediendo a las ayudas personas jurídicas o físicas cuya actividad principal no es en ningún caso la agricultura o la ganadería, hecho
que es contrario a la normativa comunitaria. Este aspecto es muy importante, y más teniendo en cuenta que en este período se han reducido los fondos comunitarios de la PAC. Con una correcta definición de 'agricultor activo' los fondos disponibles
para los agricultores y ganaderos aumentarán respecto a la situación actual.
Otro aspecto que contraviene la normativa europea es en relación a los jóvenes agricultores. En base a la normativa, los jóvenes agricultores no incorporados al régimen del pago único que dispongan de derechos del pago básico por cesiones
(arrendamientos, venta o sucesión inter vivos o mortis causa) no podrán recibir el pago anual complementario.
Cabe destacar también, que el Ministerio de Agricultura no ha incluido sectores tan significativos para Catalunya como la alfalfa de regadío o el olivo de bajo rendimiento dentro de los beneficiarios de las ayudas acopladas a pesar de
cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento 1307/2013; eso es: sectores o regiones de un Estado miembro en los que ciertos tipos específicos de actividades agrarias o sectores agrícolas específicos que sean especialmente importante
por motivos económicos, sociales, medioambientales que afronten determinadas dificultades.
Finalmente y en relación a la regionalización, el hecho que el sistema de ayudas asociadas que prevé el Real Decreto 1075/2014 no se adecue al modelo de regionalización puede provocar que en algunos sectores se produzca una sobrecompensación
contraria a la normativa comunitaria.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Democràcia i Llibertat, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso insta al Gobierno a adaptar la normativa estatal relativa a la Política Agraria Común a la normativa europea en lo que concierne a:
1. Que la definición de agricultor activo se circunscriba solo a las personas físicas o jurídicas cuya actividad principal sea la agricultura o la ganadería.
2. Permitir que los jóvenes agricultores no incorporados al régimen del pago único que dispongan de derechos del pago básico por cesiones puedan recibir el pago anual complementario.
3. Incluir la alfalfa de regadío o el olivo de bajo rendimiento dentro de los cultivos beneficiarios de las ayudas acopladas.
4. Adecuar las ayudas asociadas al modelo de regionalización previsto en el Real Decreto 1075/2014.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2016.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat).
161/000557
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de la Diputada Alexandra Fernández Gómez, y del Diputado Antón Gómez-Reyno, de la agrupación parlamentaria de En Marea, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la pesca artesanal, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La pesca costera artesanal en Galicia tiene una gran importancia tanto desde el punto de vista social, como económico y cultural. Es fuente de riqueza y creación de miles de empleos directos e indirectos, a pesar de la gran destrucción de
empleo que Galicia ha sufrido en los últimos años en el sector de la pesca debido a las lesivas políticas de la UE y del Estado español.
Son innumerables los beneficios de este tipo de pesca, que ayuda a fijar población en las localidades costeras gallegas, ya que su actividad diaria funciona como un motor dinamizador de las pequeñas economías.
Sin olvidar que la pesca artesanal adopta prácticas pesqueras sostenibles y respetuosas con el medio ambiente marino, algo que enfatizan organizaciones ecologistas tan conocidas como Greenpeace.
Es por tanto, una actividad y un medio de vida a preservar, incluso a incentivar y promover con políticas adecuadas que tengan en cuenta las históricas demandas de este tipo de pesca.
Sin embargo, la realidad en cuanto a políticas pesqueras es muy diferente, y este tipo de pesca en lugar de haber sido premiado, es víctima de prácticas discriminatorias por parte de la UE que la igualan a la pesca industrial o a gran
escala, sin tener en cuenta sus históricas peticiones.
Son ya legendarias sus críticas a los TAC (Total Admisibles de Capturas) puesto que por sus características consideran que deberían estar excluidos de los TAC y del sistema de cuotas. Demandan que la pesca artesanal en aguas interiores de
estados y regiones quede fuera de los TAC. Considera el sector de litoral que no debería estar sometido al sistema de cuotas dictado por la UE, sino que se deberían seguir criterios de gestión de proximidad, descentralizada, y que tengan en cuenta
las características propias de cada zona.
Igual que son archiconocidas sus demandas de devoluciones cero. La política de descartes tampoco está pensada para este sector y las medidas contempladas al respecto les perjudican enormemente.
Cuando se llevó a cabo la reforma de la Política de Pesca Común (PPC), pidieron una vez más que se tuviesen en cuenta sus especificidades y que se elaborase una definición concreta de lo que es pesca artesanal, como medida adecuada
encaminada a la protección de este sector. Otra de sus reivindicaciones guarda relación con la necesidad de asentar una definición clara de lo que se entiende por pesca artesanal o costera que no se limite a la eslora de las embarcaciones. El
Reglamento de la UE n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), define la pesca costera artesanal como la pesca practicada por buques pesqueros de eslora total
inferior a 12 metros que no utilicen las artes de pesca de arrastre.
Algo que irritó profundamente al sector gallego puesto que debido a las especiales condiciones de la costa gallega, debe utilizar barcos de mayor potencia. El criterio impuesto por la UE es considerado absurdo por parte del sector gallego
puesto que no responde a la realidad de la pesca costera gallega.
Llevan años pidiendo un sistema de gestión diferenciado y un fondo diferente para la pesca artesanal. Consideran que las políticas de la UE solo favorecen a la pesca industrial, a las grandes flotas, en detrimento de la pesca costera que se
realiza a pequeña escala, exenta de las dosis de agresividad propia de la pesca industrial a gran escala. Es un tipo de pesca más sostenible, que realiza menos descartes. Aun así, la UE no diferencia, sigue políticas lineales sin distinguir entre
las pesca a gran escala de la pesca sostenible, perteneciente a la microeconomía.
Sus características de sostenibilidad, sus criterios sociales, ambientales, económicos y culturales deberían ser tenidos en cuenta por quienes dictan las políticas pesqueras.
El sector de la pesca artesanal representa a más del 70% de la flota total de la UE. Se calcula que genera 90.000 empleos.
Se necesita un compromiso férreo por parte del Gobierno del Estado a fin de adoptar una posición de defensa del sector artesanal ante la UE, asegurando que esta actividad tenga un rendimiento digno que garantice su rentabilidad y
sostenibilidad.
Dado lo expuesto, quedan suficientemente explicados los problemas de la pesca costera artesanal, por tanto:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a:
- Solicitar a la Comisión Europea que adopte una definición de pesca artesanal que esté consensuada con el sector y que tenga en cuenta las especiales características de este tipo de pesca sostenible, que fija población en las localidades
costeras y es respetuosa con el ecosistema marino.
- Demandar a la UE que se desarrolle y se aplique el apartado 25 de la Resolución del Parlamento Europeo sobre una nueva PPC: 'Estructura de medidas técnicas y planes plurianuales' que considera que la pesca artesanal accidental debe quedar
excluida de los TAC (Total Admisibles de Capturas).
- Plantear ante la UE que la pesca artesanal o de litoral se le apliquen las devoluciones cero.
- Adoptar políticas de protección, promoción e incentivación de la pesca artesanal dado que utiliza métodos de pesca sostenibles, es una forma de pesca a pequeña escala, genera miles de puestos de trabajo y dinamiza las localidades costeras.
- Promover el consumo de productos pesqueros procedentes de la pesca artesanal y del marisqueo, comenzando por la incentivación de su consumo en centros, instituciones y organismos públicos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2016.-Antonio Gómez-Reino Varela, Diputado.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000560
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de los establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para que
el Gobierno central aplique al Golfo de Cádiz 'una gestión diferenciada' a las demás zonas pesqueras por sus características, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Los sectores primarios llevan cuatro años de abandono con el Gobierno central. Llevamos un retraso de dos años con las ayudas y sin presencia española en la Unión Europea a lo que ha añadido que esta ausencia provoca enfrentamientos a nivel
nacional porque no se hacen planes de gestión y no hay una diferencia entre los caladeros norte y del sur.
Los sectores primarios, tanto el extractivo como el industrial, son el futuro de la generación de empleo y de empresas en el golfo de Cádiz, y sin olvidarnos de los acuerdos internacionales.
La negociación del futuro acuerdo de pesca entre España y Portugal debería incluir algunas de las demandas y mejoras que han sido planteadas por el sector andaluz, precisa mejoras para hacerlo más fructífero para los intereses de la flota y
los pescadores andaluces.
De la mano de un gobierno que mire a la pesca y se comprometa, debemos establecer alianza con otros países, para que no tengan que hacerlo los pescadores o armadores.
Durante 15 años la Junta de Andalucía, con el Gobierno socialista, hizo una modernización de la flota pesquera y los puertos. El sector ha hecho sus deberes y además ha contribuido al mantenimiento y sostenibilidad de los caladeros, de tal
manera que 15 años después se pesca menos, hay menos capacidad extractiva, pero hay mayor valor añadido económico, un 16 por ciento.
Queremos además, que la industria pesquera dé un paso en la transformación y la comercialización de los productos.
Por ello, consideramos del todo necesario que se pongan en marcha los mecanismos adecuados para establecer una gestión particular, diferenciada, singular, de un espacio de biodiversidad extraordinario, como es la costa del Golfo de Cádiz;
que abarca las provincias de Huelva y Cádiz.
Instamos a la Unión Europea a que se cambie la denominación y el Golfo de Cádiz deje de ser 'Aguas de Portugal'. Recriminamos al Gobierno del PP haber consentido esta barbaridad perjudicando a nuestros pescadores. Incidimos en que La Costa
del Golfo de Cádiz se juega mucho y no podemos permitir que este sector, que ha levantado municipios como Isla Cristina y Tarifa, se encuentre ante esta situación, porque estas aguas tienen que ser del Golfo de Cádiz y el trabajo y el esfuerzo de
nuestra flota pesquera tiene que estar vinculada al mismo.
Por todo lo expuesto, lleva al Grupo Parlamentario Socialista a presentar la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Solicitar de la Comisión Europea que las denominaciones de la áreas de pesca o zonas CIEM se modifique en la Costa Atlántica española correspondiente con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para que la zona nombrada como 'Aguas de
Portugal' (zona CIEM IX A), pase a llamarse 'Aguas del Golfo de Cádiz'.
2. Establecer en la normativa de comercialización del Gobierno Central, la obligatoriedad de la mención específica a la zona de pesca local para ofrecer una mejor información a la ciudadanía.
3. Que el Gobierno de España apoyado en estudios científicos solicite un TAC y Cuotas de pesca diferenciada para la región sur de la zona CIEM IX A, ante la Comisión Europea ya que se trata de una zona o caladero de pesca singular, diverso
y diferente a otros caladeros atlánticos, es único y se trata de un sector económico estratégico de las Provincias de Huelva y Cádiz, en consecuencia de Andalucía y España.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2016.-Josefa Inmaculada González Bayo, José Juan Díaz Trillo, Miriam Alconchel Gonzaga, Juan Carlos Campo Moreno y Salvador Antonio De la Encina Ortega, Diputados.-Miguel Ángel Heredia
Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000564
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la
protección urgente de la Albufera de Valencia, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La Albufera de Valencia se encuentra en un momento crítico y es preciso actuar para que su degradación no se convierta en irreversible.
Este Parque Natural es, desde el año 1991, una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y está incluido en la Lista de Humedales de Importancia Internacional del Convenio Ramsar. Además, posee una población de especies recogidas en
la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
Pese a ser una zona especialmente protegida, las decisiones sobre las aportaciones hídricas que deben llegarle están provocando una situación de peligro que se ha visto incrementada con la entrada en vigor del Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar.
El plan fija las normas de gestión de la cuenca del río y en él se marcan los caudales que deben ir a La Albufera. En este caso, se establece que las aportaciones hídricas al Parque Natural serán como mínimo de 167 hectómetros cúbicos (hm3)
y no se asegura que sea agua de calidad. Así, su caudal se renovará solo siete veces al año a través de las golas (canales) que actúan como salidas naturales al mar. Durante los años 70 recibía 500 hm3, lo que significaba que cada año sus aguas se
renovaban 20 veces.
El agua que llega al Parque Natural proviene de tres vías diferentes: el río Júcar, a través de barrancos y acequias; las precipitaciones y los retornos de riego de los cultivos que lo rodean. Los periodos de sequía que arrastra desde
hace años el País Valenciano y la modernización de la Real Acequia que impide los retornos de agua, hacen que el futuro del Parque Natural prácticamente dependa de las aportaciones que le lleguen del río Júcar.
Desde la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), en un informe elaborado por sus técnicos en 2004 y encargado por la Unión Europea para dar el visto bueno a la financiación del trasvase Júcar-Vinalopó, se establecían necesidades mínimas
de al menos 250 hm3 y con agua de calidad para que se renueve el caudal anualmente hasta 12 veces.
El estado de situación del entorno, los informes de las instituciones públicas y las organizaciones ecologistas coinciden en que, de no actuarse a tiempo, podría ser el fin del espacio natural húmedo más importante para los valencianos.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar, conjuntamente con las Comunidades Autónomas y entidades públicas afectadas, un Plan urgente de regeneración de la Albufera de Valencia, para garantizar que recibe agua de calidad y
cantidad suficiente no solo para mantenerse, sino para recuperar su situación previa al deterioro que hoy sufre.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2016.-José Luis Ábalos Meco, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000565
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley en
relación con actuaciones necesarias para actuar contra la plaga de procesionaria en la provincia de Ciudad Real, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
En el área de la Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real), existe una plaga de procesionaria que afecta a las 12.000 hectáreas de pinar del municipio. Estos pinares, que tienen la consideración de monte de utilidad pública, corren grave riesgo
de sufrir daños irremediables si no se actúa de inmediato y con eficacia sobre la procesionaria, un lepidóptero defoliador que se alimenta de las hojas de los pinos.
La acción de estas orugas sobre las hojas de los pinos provoca que muchos de ellos se debiliten hasta tal punto que son más vulnerables a la acción de otras plagas, que finalmente, en muchos casos, le causan la muerte.
Se trata de una problema que requiere de actuaciones urgentes que deben ser adoptadas por el Gobierno en funciones para evitar que las consecuencias de la falta de actuación repercutan aun más negativamente en la extensión y gravedad del
problema. El Ministerio de Agricultura, cuenta con medios que debe poner de inmediato a disposición de las Entidades Locales, y en particular, con el Ayuntamiento de la Puebla de Don Rodrigo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner de inmediato a disposición de las entidades locales los medios necesarios para luchar contra la plaga de procesionarias que actualmente sufre el término municipal de la Puebla de Don
Rodrigo, Ciudad Real.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2016.-Isabel Rodríguez García, José María Barreda Fontes y Manuel Gabriel González Ramos, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/000413
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Solicitud de que su Proposición no de Ley relativa a la supresión de la prestación de asistencia sanitaria a las personas que permanezcan fuera del Estado español durante más de 90 días, sea tramitada en la Comisión de Empleo y Seguridad
Social.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad y trasladar a la Comisión de Empleo y Seguridad Social, comunicando este acuerdo a la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, al Gobierno y al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa y publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 57, de 20 de abril de 2016.
161/000501
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en
la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, sobre la calidad y la disminución de los tiempos de espera para recibir las prestaciones reguladas por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas
en situación de dependencia.
Exposición de motivos
En relación a los derechos reconocidos en la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia, y siguiendo los datos de febrero de 2016 publicados por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e igualdad, 1.605.026 personas en nuestro país, es decir el 3,44 % de la población española, considera que no puede desarrollar actividades básicas de la vida diaria sin recibir algún tipo de apoyo, por lo que ha iniciado un
procedimiento vinculado a esta Ley. De estas solicitudes 101.079 están esperando ser valoradas y recibir dictamen. El dato que no se publica oficialmente en este informe mensual de gestión, es el tiempo de espera que las 801.847 personas, que sí
reciben prestación, han tenido que soportar hasta que se hiciera efectiva.
Cuando una persona necesita apoyo para desenvolverse en el día a día, cada mes de espera para recibir los servicios y prestaciones adecuadas, repercuten en el empeoramiento de su calidad de vida y en la de su entorno familiar y/o de apoyo.
El procedimiento desde que se formaliza la solicitud, se recibe el dictamen y se accede de forma efectiva a las prestaciones y servicios, sigue siendo lento, farragoso, ineficaz y desigual entre las distintas comunidades Autónomas. En relación a
estos tiempos de espera, la situación en Castilla y León, Andalucía, Aragón y País Vasco siendo inasumibles, están por debajo de la media de otras comunidades como Murcia, Madrid, Comunidad Valenciana o Canarias.
Según el XVI Dictamen del Observatorio de La Dependencia elaborado por la asociación de Directores de Servicios Sociales y publicado en febrero de 2016, un total de '125.914 personas han fallecido en lista de espera desde el 2012'. Estas
personas no llegaron a cubrir sus expectativas de recibir un servicio o prestación que por derecho le correspondía y que sin duda, tenían una incidencia directa en su calidad de vida y en la de sus cuidadoras. Esto es inasumible para nuestra
sociedad. Esta misma asociación calcula que se tarda entre 8 y 15 meses desde que se evalúa a la persona hasta que se le efectúa su informe, algo inexplicable teniendo en cuenta los sistemas integrados y las herramientas de gestión de la
información con los que cuenta actualmente nuestras Administraciones Públicas.
La idea de eficacia de la Administración Pública tiene la consideración de principio constitucional (artículo 103.1 CE). La eficacia exige que la función administrativa se desenvuelva con rapidez y con celeridad. La ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, alude en diversos preceptos a la idea de celeridad (artículo 75) y a la de eficacia [artículos 3.1 y 4.1.d)], y también a la de eficiencia
(3.2). Estos preceptos se han demostrado, por sí solos, insuficientes para la resolución de procedimientos vinculados a esta Ley.
Por ello, y sin perjuicio que sea necesario articular procedimientos de urgencia que atienden situaciones de emergencia ciudadana, consideramos necesario acotar los tiempos máximos de resolución de grado y nivel, así corno los tiempos
máximos para recibir las prestaciones y los servicios estipulados en el catálogo de dicha Ley e incluidos en el programa individual de atención de cada persona.
Por otro lado, la gestión del servicio de ayuda a domicilio (SAAD) que la propia ley deja abierto a la externalización de su gestión en el ejercicio de su competencia a nivel municipal, ha abierto una problemática basada en la precariedad de
quienes trabajan en el sector y una deficiencia de la calidad en el servicio a los y las personas beneficiarias. Abaratar costes y precarizar a los y las trabajadoras repercute de forma inequívoca en la calidad del servicio prestado.
El SAAD no es solo un derecho universal sino que además muestra una sorprendente capacidad para la generación de empleo y para la obtención de retornos. En 2015, la ratio de empleos directos por millón de gasto público es de 35, y la tasa
de retorno es del 38,3%. Es por ello un sistema que debe ser protegido y apoyado dada las posibilidades que ofrece para el crecimiento no solo social sino también económico.
La Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local establece que los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más sostenible y eficiente, señalando la gestión directa -gestión por
la propia entidad local, organismo autónomo local, entidad pública empresarial local, sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública- e indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión de
servicios públicos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
La forma de gestión por la que se opte deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 9 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, en lo que respecta al ejercicio de funciones que corresponden en
exclusiva a funcionarios públicos.
La externalización del SAAD, a través de contrataciones públicas sin criterios sociales han derivado en inestabilidad y rotatividad de las personas trabajadoras en dicho servicio. Entre las personas usuarias y profesionales se crea un
vínculo que va más allá de la relación prestacional, incidiendo este vínculo de manera directa en la salud de las personas dependientes, teniendo en cuenta el carácter integral del concepto de salud. Por estas razones es de vital importancia la
estancia de la persona en situación de dependencia en su medio, siempre que las condiciones lo permitan, lo que incluye de manera inequívoca la estabilidad y continuidad del profesional.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incluir en la Ley un plazo máximo de 6 meses desde que se formaliza la solicitud hasta que se recibe la prestación o servicio contemplados en el programa individual de atención.
2. Incluir en la Ley la priorización de la gestión directa del Servicio de Ayuda a Domicilio por parte de la Administración Local. En el caso de que no sea posible, de manera fundamentada y documentada, establecer en los pliegos de
contratación pública criterios sociales, así como mecanismos de seguimiento
y control, velando porque la prestación de servicio esté orientada por los principios fundamentales de los servicios sociales, destacando prevención, fomento de la cohesión social, atención personalizada e integral, fomento de la autonomía
personal, calidad y continuidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2016.-Ana Belén Terrón Berbel y Marta Domínguez Álvarez, Diputadas.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000502
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación
en Comisión, relativa a la lucha contra la mutilación genital femenina.
Exposición de motivos
La mutilación genital femenina (MGF) es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos, de los derechos de la infancia, así como una forma más de violencia machista. Refleja una gran desigualdad entre los sexos y
constituye una forma extrema de discriminación de la mujer.
Así mismo, la MGF viola los derechos a la salud, la seguridad y la integridad física, el derecho de las personas a no ser sometidas a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la vida en los casos en que el
procedimiento acaba produciendo la muerte. Además de ser un grave atentado contra los derechos humanos de las mujeres, entraña con mucha frecuencia consecuencias físicas y psicológicas graves, que pueden conducir a la marginación de por vida.
La lucha internacional contra la mutilación genital femenina es relativamente reciente, existiendo ya múltiples documentos que recogen su existencia, su encaje jurídico, las formas de prevención y las acciones que deberían tomar los Estados
al respecto de la práctica de la MGF. En el caso de España, se han producido a lo largo de los últimos años distintas reformas legislativas orientadas a promover la sanción y la persecución de la mutilación genital femenina en consonancia con las
orientaciones internacionales en esta materia.
A nivel internacional, la Declaración sobre la eliminación de la Violencia contra la Mujer (Resolución 48/104, 20 de diciembre de 1993), define la violencia contra la mujer como '(...) todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo
femenino que tenga o pueda tener por resultado un daño o sufrimiento físico o psicológico.'.
La Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre las mujeres de Naciones Unidas, en 1995, señaló que la MGF es una forma de violencia contra las mujeres, y en 1997 diversos organismos internacionales -OMS, UNICEF, UNFPA- elaboraron
una declaración conjunta denunciando la violación de derechos que supone la práctica de la MGF y su impacto negativo sobre la salud y el desarrollo de las mujeres y niñas que la sufren (esta declaración fue revisada en el año 2008).
La Asamblea General de la ONU aprobó el 27 de noviembre de 2012, una resolución que condena la mutilación genital femenina e insta a los Estados miembros a su prohibición, erradicación y castigo bajo la consideración de que se trata de una
forma de violencia profunda, degradante y extrema de discriminación hacía las mujeres que la sufren.
En el marco del derecho europeo, el Parlamento Europeo, en el año 2001, aprobó una resolución prohibiendo la práctica de la MGF, al considerarla trato inhumano y degradante. En el Convenio del Consejo de Europa contra la Violencia de la
Mujer y la Violencia Doméstica, suscrito en Estambul en mayo de 2011 y ratificado por España en marzo de 2014 (BOE 6 de junio de 2014), se reconoce la MGF como una manifestación de la violencia contra las mujeres 'constituyendo una violación grave
de los derechos humanos de las mujeres y las niñas y un obstáculo fundamental para la realización de la igualdad entre mujeres y hombres'.
En el artículo 73 de este Convenio (denominado Convenio de Estambul), se insta a los Estados a poner en marcha prácticas que permitan prevenir y combatir todas las formas incluidas en el ámbito de aplicación del Convenio en su totalidad.
En nuestro país, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se muestra insuficiente para el abordaje de la MGF dado que no la contempla dentro de su marco. En el Estado
Español la mutilación genital está tipificada como delito de lesiones en el artículo 149 del CP de la Ley Orgánica 10/1995, modificada por la Ley 11/2003. La MGF es un delito, ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 262 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
El Protocolo Común de Actuación Sanitaria aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 14 de enero de 2015 indica que la población en riesgo de sufrir mutilación en España alcanzaría, aproximadamente, a
diecisiete mil niñas de 0 a 14 años.
Además, en dicho documento se establecen medidas para profesionales sobre la prevención de la mutilación genital femenina, enmarcadas dentro del proyecto IDIL: 'Instruments to develop the integrity of Lasses' (Instrumentos para proteger la
integridad de las niñas), que forma parte del programa DAPHNE200-03 de la Dirección General de Justicia y Asuntos Sociales de la Comisión Europea.
El documento insiste en que en el caso de España, existe una distribución geográfica del riesgo de sufrir MGF, siendo mayor en Cataluña, Aragón, Andalucía y Canarias. A pesar de ser una realidad escasamente conocida en nuestro país, el
Estado está obligado a proteger y garantizar los derechos de mujeres y niñas, entendiendo que es una cruel discriminación por razones de género ya que es un acto de violencia que se ejerce contra ellas por el hecho de ser mujeres. Es
imprescindible, una tarea interdisciplinar de carácter preventivo que permita diseñar estrategias encaminadas a la erradicación de estas prácticas en todo el territorio español.
A fin de abordar el camino de la erradicación y adaptar las medidas pertinentes para proteger la integridad física y psíquica de los y las menores frente a situaciones de maltrato, abuso violencia o amenaza, el Pleno del Observatorio de la
Infancia, órgano dependiente de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, aprobó en su sesión de 9 de junio de 2014, el Protocolo de intervención contra el Maltrato Infantil en el Ámbito Familiar, que actualiza el de 22 de noviembre
de 2007, incluyendo los supuestos de menores de edad víctimas de violencia de género, y por tanto, otras formas de violencia contra las niñas como la mutilación genital femenina.
En virtud de los organismos implicados, se comprometen, entre otras cuestiones, a mantener la identidad como protocolo marco de actuación conjunta e integral, es susceptible por tanto, de desarrollo en cada Comunidad Autónoma.
Estos planes involucran medidas intersectoriales y plantean tanto la prevención como la actuación frente a la MGF.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un plan de actuaciones concretas contra la mutilación genital femenina (MGF), dirigido tanto a la población en riesgo, a su entorno y a todo el personal profesional implicado en la prevención y atención de las niñas y mujeres en
riesgo. Todas estas medidas deberán llevar consigo una serie de plazos para su implementación y evaluación, con el fin de no dilatar su aplicación sin fecha concreta.
2. Implementar actuaciones coordinadas y multidiciplinares -entre ellas la sensibilización y formación del personal profesionales implicado- encaminadas a prevenir, tratar y erradicar la mutilación genital femenina. Estas medidas requieren
la actuación coordinada de diferentes organismos públicos: escuelas, ayuntamientos, espacios culturales, sanitarios, servicios sociales, justicia, organizaciones sociales y Cuerpos de Seguridad del Estado.
3. La elaboración del plan de actuaciones contra la mutilación genital femenina (MGF) contará con la participación de representantes de la población afectada y en riesgo, así como sus asociaciones, mediadoras y mediadores culturales y
organizaciones no gubernamentales implicadas en la realidad de la mutilación genital femenina (MGF).
4. Promover acciones que conlleven a retomar por parte de la Cooperación Española, el protagonismo perdido en la lucha a favor de la igualdad de género.
5. Exhortar a las Comunidades Autónomas a la aplicación de las actuaciones que sean de su competencia y monitorizar su cumplimiento, con el fin de que el adecuado ejercicio de sus competencias no se convierta en una dejación de la función
de coordinación por parte del Gobierno central.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.-Rita Gertrudis Bosaho Gori y Ángela Ballester Muñoz, Diputadas.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/000523
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
incremento de la ayuda humanitaria para los desplazados y personas refugiadas, para su debate en la Comisión Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Exposición de motivos
En el mundo hay casi 60 millones de personas desplazadas por la fuerza que viven fuera de sus hogares a causa de la persecución, los conflictos armados, la violencia y la violación sistemática de los derechos humanos.
La guerra civil indiscriminada de Siria ha convertido en personas refugiadas a más de 5 millones de personas que han tenido que huir de su país (la mayoría han encontrado refugio en los países vecinos de Líbano, Irak, Egipto, Turquía y
Jordania donde soportan unas duras condiciones de vida), y ha obligado a más de 8 millones de sirios a desplazarse dentro del país, donde la situación es de bloqueo humanitario.
La crisis siria es la mayor emergencia humanitaria a la que se enfrente ACNUR actualmente y, como en la mayor parte de las guerras, las personas más vulnerables son las niñas, los niños y las mujeres.
En Siria, el acceso a la educación es prácticamente imposible, puesto que una quinta parte de sus escuelas han sido destruidas, dañadas u ocupadas para fines militares. Se estima que cerca de 3 millones de menores no acuden a la escuela.
El sistema sanitario sufre una situación similar, con el 60% de los centros de salud devastados.
Las mujeres -a cuyo destino está ligado el de sus hijos e hijas a cargo- carecen de ayudas y muy pocas encuentran empleos remunerados, por lo que no pueden hacer frente a sus más básicas necesidades, lo cual las hace más vulnerables a todo
tipo de explotación.
Es lamentable el fracaso de los intentos realizados para solucionar el conflicto en origen, para acordar criterios de distribución de personas refugiadas entre los países europeos, para avanzar en una legislación de asilo europea, para
reforzar el diálogo y la cooperación con terceros países para atender de forma adecuada a las personas refugiadas, para coordinar y adaptar la respuesta dada a las necesidades de acogida e integración de las personas refugiadas.
Es deplorable que, en aplicación del plan de la Comisión Europea para reubicar a 160.000 personas refugiadas en dos años en distintos países de la Unión Europea, solo 272 personas hayan sido reubicadas.
Es inmoral que España, habiéndose comprometido a acoger a 17.000 personas (enero de 2016), solo haya reubicado a 18 personas refugiadas, y que no haya cumplido con sus compromisos y obligaciones humanitarias e internacionales de atención y
acogida de las personas refugiadas.
Ante esta ingente crisis humanitaria y la falta de respuesta de las autoridades europeas y del Gobierno de nuestro país -sin sustituir en modo alguno la necesidad de una contundente acción política europea y española-, la ética de los
derechos humanos nos obliga a llevar a cabo, de forma urgente, una acción humanitaria que palie las necesidades básicas (alimentos, asistencia médica, agua potable, educación, seguridad...) de la población siria desplazada en su país y refugiada en
los países fronterizos.
La sociedad española, que ha demostrado ser solidaria, particularmente con la acogida de personas refugiadas, así lo demanda.
Como reflejo de esta solidaridad, y de conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, diferentes administraciones económicas y municipales, en el marco de sus competencias y a través de las políticas de
cooperación al desarrollo, en colaboración con ONGD y Agencias de Naciones Unidas, han venido apoyando diferentes acciones humanitarias en Siria y países fronterizos. Sin embargo, a pesar de lo expuesto, el Gobierno de España, desoyendo las
demandas de solidaridad de la ciudadanía, ha comprometido fondos insuficientes -7 millones de euros- para ayudar a paliar el desastre humanitario del pueblo sirio que, a causa del conflicto, se ve obligado a desplazarse en su país o a refugiarse en
los países vecinos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a que, de forma urgente y prioritaria, incremente significativamente la actual línea de ayuda humanitaria a los desplazados en origen y a las personas refugiadas en los países
limítrofes, para dar respuesta a las necesidades del conflicto y a las peticiones de Naciones Unidas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo de 2016.-María Dolores Galovart Carrera y María del Mar Rominguera Salazar, Diputadas.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/000570
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Homs i Molist, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Dernocràcia i Llibertat), de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión Cooperación Internacional para el Desarrollo, una Proposición no de Ley para apoyar decididamente la lucha contra el sida y contribuir al fin de la epidemia en 2030.
Exposición de motivos
El sida sigue infectando a 6.000 personas cada día y ya son 35 millones las personas que viven con el virus (el 95% en países en vías de desarrollo). Mató a 1,5 millones de personas el año pasado. La lucha durante estos años se ha
intensificado y se han alcanzado algunos objetivos notables. Sin embargo, pese a la estabilización y a la mejora de la calidad de vida en la gente que puede acceder al tratamiento (alrededor de 15 millones de personas), el sida, especialmente en
los países de ingresos bajos o medios, sigue siendo un terrible problema: más de 25 millones de personas que reúnen las condiciones para recibir esa terapia no tienen acceso a los medicamentos antirretrovirales.
Las declaraciones de ONUSIDA y numerosos expertos permiten decir que el sida, la tuberculosis y la malaria podrían dejar de ser un problema de salud pública en 2030, como marcan los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Para este cometido se
necesitarían, según un estudio realizado por ONUSIDA, 26.200 millones de dólares anuales hasta el año 2020, a partir de ese año podría disminuir la cantidad hasta 22.300 millones.
Nos encontramos en un punto de inflexión para poder acabar con el sida en el 2030. Si se incrementa la inversión en la lucha contra el sida, se podrá alcanzar el primer e imprescindible paso previo: garantizar que se cumple el ambicioso
objetivo marcado para el 2020 (90-90-90). Es decir, que el 90% de todas las personas que viven con el VIH conozcan su diagnóstico; que el 90% de las personas afectadas tengan acceso a tratamiento y que el 90% de las personas en tratamiento no
tengan carga viral. Si por el contrario se mantienen los niveles de inversión actual, equivalentes a los del 2013, habrá un repunte alarmante y la epidemia se habrá recuperado para el 2030, representando una amenaza para la salud global aún más
grave.
2016 será un año clave para conocer la viabilidad de este objetivo, teniendo lugar tres importantísimos eventos que marcarán las líneas a seguir para la sociedad civil y gobiernos de todo el mundo, entre ellos el Gobierno de España.
Por un lado, la reunión de alto nivel que se celebrará del 8 al 10 de junio en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York, servirá para analizar los aciertos y las carencias de los últimos cinco años en la lucha contra la enfermedad y
apostará por una estrategia que incluya: facilitar los tratamientos disponibles a todas las personas, reducir el costo de los mismos, incentivar el avance científico para realizar nuevos descubrimientos, apoyar a los países de renta baja y media
aumentando la financiación durante los próximos años, alcanzar objetivos esenciales en prevención, eliminar de una vez el estigma y la discriminación, priorizar la atención a mujeres y niños, lograr la equidad de género, prestar especial atención a
las poblaciones clave y defender los derechos humanos. Todo, para no dejar a nadie olvidado y acabar con la pandemia en 2030.
En segundo lugar, la Conferencia Internacional del Sida (del 17 al 22 de julio en Durban, Sudáfrica), en la que científicos, investigadores, políticos, sociedad civil, grupos de pacientes y profesionales de la salud pública se unirán para
'promover la excelencia científica y la investigación, fomentar la acción individual y colectiva, el diálogo multisectorial y el debate constructivo' y crear una respuesta global y conjunta al sida, marcando el camino hasta 2030.
Y en tercer lugar, la Conferencia de reposición de fondos para el Fondo Mundial de lucha contra sida, tuberculosis y malaria, que tendrá lugar este otoño. Para alcanzar el fin de las tres pandemias en 2030, es fundamental el destino de
fondos a organizaciones como el Fondo Mundial, que desde 2002 no ha dejado de financiar proyectos y programas de prevención, tratamiento y atención a hombres, mujeres y niños afectados por el sida, la tuberculosis y la malaria.
España llegó a ser hace años, el quinto donante del Fondo Mundial pero hace tiempo que dejó de ser un actor clave en la lucha contra el sida. Entre 2001 y 2010 aportó más de 650 millones de euros, habiéndose comprometido a donar otros 140
millones que aún no se han pagado. Pero a partir de 2010 dejó de pagar lo prometido y en los tres últimos años, España no ha donado ni un euro al Fondo Mundial. Es necesario que España vuelva a recuperar e incrementar sus niveles de ayuda al Fondo
Mundial para contribuir al objetivo de acabar con el sida en 2030.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a apoyar decididamente la lucha contra el sida, contribuyendo al fin de la epidemia en el 2030, mediante:
1. Participación activa por parte del gobierno español en la próxima reunión de alto nivel de Naciones Unidas para el sida (Nueva York 8-10 junio) enviando una delegación del más alto nivel posible y que como posición defienda: facilitar
el acceso a los tratamientos disponibles para todas las personas, reducir el precio de los mismos, incentivar el avance científico para realizar nuevos descubrimientos, alcanzar objetivos esenciales en prevención, eliminar de una vez el estigma y la
discriminación, priorizar la atención a mujeres y niños, lograr la equidad de género, prestar especial atención a las poblaciones clave y defender los derechos humanos. Todo para no dejar a nadie olvidado y acabar con la pandemia en 2030.
2. Fortalecer la presencia y reemprender las aportaciones al Fondo Mundial de la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, comprometiendo, en la próxima Conferencia de Reposición de Fondos, un nivel de recursos significativo
similar a países de nuestro entorno y condición económica.
3. La recuperación, por parte de España, de una política integral de apoyo a la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria que incluya tanto la financiación de programas en el terreno, como la puesta en valor y fortalecimiento del
liderazgo de España en el ámbito de la investigación en las tres pandemias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2016.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat).
Comisión de Cultura
161/000510
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem- En Marea, a instancias del Diputado Miguel Anxo Fernández Vello, de la agrupación parlamentaria de En Marea, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la necesidad de agilizar la tramitación para la presentación ante la UNESCO de la candidatura a Patrimonio de la Humanidad de la Ribeira Sacra (Lugo y Ourense), para su debate en la
Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La candidatura de la Ribeira Sacra (Lugo y Ourense) a Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO lleva casi dos décadas de anuncios y trámites sin que se efectivice a pesar de su belleza paisajística, su valor medioambiental y el hecho de ser
reconocida como una de las joyas naturales que posee Galicia.
Se trata de un espacio geográfico natural de gran belleza formado en torno a los cañones del río Sil cuyo paso sinuoso deja un paisaje espectacular a la vista. Destaca asimismo por su enorme valor patrimonial que incluye más de medio millar
de bienes catalogados, entre ellos nueve monasterios, 203 iglesias, 121 capillas, 16 pazos, 25 torres, 5 puentes, 10 ermitas, 5 prioratos y tres santuarios.
Sin embargo, van 17 años de promesas incumplidas, trámites que se inician pero no se finalizan mientras la Ribeira Sacra sigue sin ser objeto del reconocimiento necesario de la UNESCO, importante para preservar, promover e incentivar este
entorno de importante valor paisajístico, cultural y medioambiental.
Protegerlo de nuevas amenazas como la construcción de una nueva autovía, la A-76, cuya alternativa de trazado actual supondrá un serio riesgo para este ecosistema situado entre las provincias de Lugo y de Ourense.
Si hacemos memoria, comprobaremos que la Ribeira Sacra es la propuesta más antigua de la lista indicativa del Estado español de 'bienes y sitios excepcionales', que el Gobierno central crea para la UNESCO, con el objetivo de obtener este
reconocimiento internacional. Una lista en la que convive espacio con otras áreas geográficas, monumentos y entornos de especial tradición cultural. De hecho, una de las incorporaciones más recientes es el parque del Retiro de Madrid.
En julio de 1999, el Ministerio de Asuntos Exteriores registró la propuesta 'The Ribeira Sacra, Lugo and Ourense' por primera vez, pero nunca más se supo. Hasta la actualidad ha habido diversos intentos en distintas fechas. La última de
ellas, el 18 de julio de 2015 promovida por el Valedor do Pobo.
A posteriori, han sido varias las instituciones gallegas que han intentado reactivar esta candidatura pero sin éxito, o quizás sin el debido compromiso.
En el último año han vuelto los anuncios, las reuniones y las promesas de cargos institucionales del PP que incluso han hablado de conseguir la declaración internacional de la UNESCO en cuestión de meses. Actualmente, ha sido el Valedor do
Pobo quien ha impulsado por enésima vez en 2015 la tramitación de la incorporación de Ribeira Sacra a la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Además de amenazas futuras como la A-76, una de las negras sombras que planean sobre esta candidatura es la explotación del río Sil por parte de las compañías eléctricas, algo que los sucesivos Gobiernos han permitido a pesar de su dañino
impacto medioambiental. El Sil está salpicado de varias centrales hidroeléctricas. En este sentido, organizaciones ecologistas de Galicia recuerdan que el organismo internacional de la UNESCO exige que los procesos biofísicos y las características
de la tierra estén prácticamente intactos.
Como acabamos de señalar, sobre este entorno privilegiado pesa la amenaza por la construcción de una nueva infraestructura viaria, actualmente en tramitación. Nos referimos al proyecto de construcción de la autovía A-76, Ourense-Ponferrada,
que cuenta con una gran oposición social por su impacto en la Ribeira Sacra. Hasta tal punto que un informe de expertos pone de manifiesto que la alternativa de trazado aprobada para este vial, haría imposible que esta zona fuese reconocida por la
UNESCO. Los autores del informe técnico para la propuesta de la Ribeira Sacra como Patrimonio de la Humanidad consideran que el trazado aprobado y las obras 'van a suponer una afectación significativa de espacios y hábitat que
gozan de diferentes estatus de protección', tales como espacios naturales protegidos o hábitat de interés comunitario.
Además, también se vería afectado de manera grave el patrimonio paisajístico de la Ribeira Sacra. El grupo de expertos creado a instancias del Valedor do Pobo, recomienda estudiar otros trazados alternativos, una demanda que constituye el
caballo de batalla de muchas personas sensibles.
El rechazo social al actual proyecto de la A-76 ha derivado en la conformación de una Plataforma contra la A-76 por la Ribeira Sacra. Hasta donde tenemos conocimiento, en la sesión del Consejo de Patrimonio Histórico que se celebró a
finales del año 2014 en Lanzarote, el representante de la Xunta de Galicia indició que se estaban realizando los trabajos de preparación de la candidatura pero dicha propuesta no había sido presentada ante el Consejo de Patrimonio Histórico para su
elección como candidatura a la Lista de Patrimonio.
Desconocemos cuál es la situación actual de esta propuesta ya histórica, pero dado el silencio existente es evidente que se vuelve al letargo, al cajón del olvido. Es cierto que ha habido pronunciamientos en el Congreso de los Diputados en
la pasada legislatura, pero nuestra pretensión, dados los precedentes existentes y la poca agilización de las administraciones implicadas, es que esta candidatura necesaria y muy justificada, no pase otra vez al sueño del olvido.
Bien es cierto que la manera de proceder de la Xunta al respecto resulta cansina y tediosa, y a estas alturas ni siquiera aprobó el año pasado la declaración de la Ribeira Sacra como BIC (bien de interés cultural).
Dados los precedentes descritos, y siendo conscientes de que el Gobierno gallego no está haciendo los deberes, nuestro objetivo es concienciar al Gobierno del Estado de la importancia de que la Ribeira Sacra alcance este reconocimiento
internacional porque le otorgaría mayores dosis de protección y permitiría preservar este espacio natural único de gran belleza frente a nuevas amenazas sobre su ecosistema.
Son muchas las voces que dan por supuesto que el 2016 tampoco será el año de la efectivización de la candidatura ante la UNESCO, pero creemos que tampoco puede ser el año que marque otro olvido. Por ello, consideramos de gran importancia
que el Congreso de los Diputados se pronuncie en este año favorablemente, fijando así una línea de continuidad que obligue a las administraciones implicadas a tomarse en serio esta candidatura largamente esperada.
Por todo lo expuesto
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Establecer en breve un proceso de diálogo con la Xunta de Galicia con el objetivo de agilizar la tramitación pertinente y requerida para la presentación ante la UNESCO de la Candidatura a Patrimonio de la Humanidad de la Ribeira Sacra
(Ourense y Lugo), de modo que pueda estar lista en este año 2016.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.-Miguel Anxo Elías Fernández Bello, Diputado.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000537
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Homs i Molist, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Cultura, una Proposición no de Ley para el respeto y protección de las lenguas cooficiales distintas del castellano en el marco del programa e-Biblio.
Antecedentes
Las bibliotecas públicas en España ofrecen un servicio de préstamo de libros electrónicos desde el 2014, a través del programa eBiblio del Ministerio de Cultura, posibilitando la descarga para sus socios de 'ebooks' sin ningún coste
económico de forma legal.
A esta iniciativa se sumó la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya tras llegar a acuerdos con responsables del Ministerio en materia de adquisición de libros en catalán, por considerarlo como una buena oportunidad para la
luchar contra la piratería y por valorar el ahorro que suponía aprovechar una plataforma compartida. La plataforma web tiene distintas versiones para cada comunidad autónoma con la excepción del País Vasco que cuenta con su propia plataforma, y
cada comunidad gestiona su propia página.
El ministerio sin embargo no ha cumplido los acuerdos y solo ha contratado hasta la fecha, para este fondo común, libros en castellano. Según responsables del programa no hay cabida para libros escritos en alguna de las lenguas cooficiales
del Estado por motivos presupuestarios y por la falta de población bilingüe en el proyecto.
La limitación presupuestaria hace que solo se pueden adquirir títulos y licencias en castellano en lugar de repartir los recursos económicos entre las distintas lenguas, y al parecer, no se plantean que quizás la falta de población bilingüe
en el proyecto se deba a la falta de presencia de las otras lenguas cooficiales. Tampoco se tiene en cuenta que en territorios no bilingües se encuentren residiendo ciudadanos que sí lo son y que podrían desear precisamente, poder acceder a libros
electrónicos en las lenguas cooficiales distintas del castellano.
La situación presupuestaria parece pues que no ha permitido hasta el momento y en el marco de este programa e-Biblio entre otros, dar cumplimiento a la Constitución y en concreto a lo dispuesto en su artículo 3.3, cuyo literal establece que
'La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a atender sin más demora, las reiteradas peticiones por parte de la Generalitat de Catalunya y otras comunidades autónomas con lengua propia, en el marco del programa e-Biblio, sobre la
necesidad de que el Ministerio adquiera licencias que incorporen a las colecciones títulos en otras lenguas oficiales del Estado distintas del castellano, para ello deberá adoptar las medidas pertinentes para incrementar, lo antes posible, el
presupuesto destinado a la adquisición de estos fondos bibliográficos o, entre tanto, a distribuir los recursos disponibles entre las distintas lenguas oficiales en algunos de los territorios del Estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2016.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat).
161/000552
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación
en Comisión de Cultura, relativa a impulsar un programa de protección de la música en directo.
Exposición de motivos
La música posee un valor intrínseco como bien cultural y social de primer orden, por ello es fundamental que sea accesible y visible para todas las personas y que se convierta en lugar de encuentro colectivo y cotidiano en todo el Estado.
El sector profesional de la música en el Estado español constituye una industria dinámica impulsada por una gran creatividad y que implica a un gran número de trabajadores. Sin embargo, en este momento su potencial es tan enorme como grave
la crisis que atraviesa. Aunque, según la última encuesta de hábitos y prácticas culturales, elaborada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, escuchar música se manifiesta como la práctica cultural más frecuente, la música popular sufre
un descuido institucional que impide la accesibilidad y destruye la diversidad.
Este abandono ha favorecido una precariedad alarmante de los y las trabajadoras de la música, así como la imposibilidad de desarrollo de iniciativas empresariales que requieren estímulo y reorientación urgentes. La sostenibilidad futura de
todo un sector profesional parece hoy más que nunca necesitar medidas legislativas y de desarrollo que lo sostengan e impulsen. Invertir en una industria musical española fuerte puede ofrecer alta rentabilidad.
Concretamente, el circuito de pequeñas y medianas salas ha quedado desprotegido, al amparo de leyes autonómicas del espectáculo en muchas ocasiones no adaptadas a la nueva realidad económica, social y cultural. La continuidad de esta
actividad está en permanente suspenso pues depende por entero de 'la buena voluntad' de los ayuntamientos, que en muchos casos tratan la música en directo como un problema de orden público no solo no dando facilidades a los locales, sino
dificultando enormemente el trabajo. Estos espacios, sin embargo, representan un patrimonio cultural vivo a proteger activamente a la vez que la base de todo el sector y una alternativa de ocio cívico enormemente enriquecedor, en el que conviven
varias generaciones de público y músicos.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar un programa de protección de la música en directo que contemple las siguientes medidas:
- Garantizar en todo el Estado y a todas las personas, independientemente de su edad o lugar de residencia, el derecho de acceso a la música en vivo.
- Estimular la actividad de las empresas musicales, especialmente de aquellas que operan en el hoy asfixiado circuito de salas pequeñas y medianas, propiciando la elaboración de un plan que contemple la creación de nuevas inversiones y la
revisión de las existentes como, por ejemplo, la convocatoria Girando Por Salas (GPS).
- Proteger a las y los trabajadores de la música (artistas, intérpretes, promotores, técnicos, etcétera), garantizando sus derechos laborales y el ejercicio de su profesión en condiciones dignas y seguras.
- Realizar un catálogo de las salas pequeñas y medianas de mayor dinamismo con el fin de proteger el patrimonio actualmente existente e introducir un marco legislativo que facilite y aliente la creación de nuevos espacios similares para la
música en directo, tal y como ocurre en las ciudades europeas de mayor dinamismo del sector. Se dotará además a las administraciones locales de los medios económicos y técnicos necesarios y suficientes para desarrollar políticas activas en este
sentido.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2016.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000553
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en
Comisión de Cultura, relativa a la creación de un marco legislativo adecuado a las enseñanzas artísticas superiores.
Exposición de motivos
Las enseñanzas artísticas en España se han caracterizado, hasta tiempos relativamente recientes, por disponer de un régimen jurídico diferenciado y específico, en virtud del cual no se encontraban integradas ni participaban en el sistema
educativo de enseñanzas universitarias o superiores. La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), introdujo una importante innovación: el reconocimiento del principio de equivalencia de los estudios
superiores en enseñanzas artísticas con las titulaciones universitarias. Sin embargo, a pesar de suponer un considerable avance respecto de la situación preexistente, tanto la LOGSE, como las leyes orgánicas posteriores, LOCE (Ley Orgánica de
Calidad de la Educación), LOE (Ley Orgánica de Educación), hasta llegar a la
actual Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), no han servido para dotar y reconocer a las enseñanzas artísticas el carácter superior pleno que requieren.
Quizás el paso más decisivo fue el realizado por Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la
que se otorgaba la denominación de Graduado para los títulos ofrecidos en los centros superiores artísticos, se introducía la mención a los másteres artísticos e incluso se abría la posibilidad a la creación de doctorados, eso sí, en colaboración
con las universidades. El Real Decreto 21/2015, de 23 de enero, volvió a una situación anterior recuperando la denominación de 'título superior equivalente a grado universitario'.
En todo este tiempo se ha seguido manteniendo a las Enseñanzas Artísticas Superiores en un marco orgánico, de funcionamiento y autonomía, similar al de las enseñanzas medias. Se han producido tímidos avances en las diferentes
administraciones autonómicas que, sin una legislación estatal que las ampare, se han quedado en simples parches que no han tenido un efecto determinante. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, por medio del Decreto 126/2012, de 25 de octubre, se
creó la Subdirección General de Enseñanzas Artísticas Superiores (dependiente de la Dirección General de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte), que, no obstante, ha demostrado ser un órgano que, por el
momento, ha resultado del todo incapaz de solucionar ninguno de los problemas de las citadas enseñanzas.
Por tanto, actualmente, las enseñanzas artísticas superiores otorgan títulos equivalentes a todos los efectos a los de grado y máster universitarios, pero sus centros y personal funcionan como institutos de enseñanza secundaria. De este
modo, carecen de la autonomía de los campus universitarios y de una normativa acorde a su carácter superior y a sus particularidades específicas. Paradójicamente, tienen, en contradicción con el carácter superior de los títulos que ofrecen, unas
estructuras y normativa interna de funcionamiento propias de enseñanzas medias. En su ámbito de actuación resulta imposible desarrollar grupos de investigación específicos en los terrenos de la creatividad y la interpretación para la innovación en
las diferentes disciplinas artísticas o programas de formación del profesorado acordes a su nivel, así como desarrollar programas de doctorado independientes y ajustados al perfil de sus enseñanzas. Así mismo, de modo injustificado e injusto, el
profesorado se ubica, en cuanto a nivel, consideración y retribución en una situación equivalente a las enseñanzas medias.
Tras la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en las universidades españolas y la posibilidad que aporta de generar títulos propios a las Universidades, muchos centros de educación superior privados han creado grados
universitarios de enseñanzas artísticas con titulación válida, con profesorado con categorías correspondientes y con programas de doctorado e investigación. Este hecho deja a los centros públicos en clara desventaja sobre todo en su función de
aportar igualdad de oportunidades a aquellos estudiantes que no dispongan de medios económicos para acceder a estos centros privados.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. Crear una Comisión para iniciar los trabajos, en coordinación con el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas y en sintonía con las reclamaciones de la comunidad educativa, para actuar a nivel estatal para redactar y aprobar una Ley de
Enseñanzas Artísticas Superiores, o en su defecto una nueva Ley de Universidades y Enseñanzas Superiores, y modificar las leyes educativas correspondientes, particularmente la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la Ley 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, y los Reales Decretos 1614/2009, 630/2010, 631/2010, 632/2010, 633/2010, 634/2010 y 635/2010 que la desarrollan, para implementar definitivamente el ámbito específico de dichas enseñanzas y lograr, al tiempo que se respeta su
idiosincrasia, superar el marco actual de equivalencia, alcanzando su plena equiparación a las enseñanzas universitarias en su normativa, estructuras de funcionamiento, categoría, independencia, autonomía, tipología y denominación de los títulos
ofrecidos (grado, máster y doctorado), estatuto del alumnado y nivel del cuerpo y régimen retributivo del profesorado.
2. En este nuevo marco, se instaurarán procedimientos de formación continua del profesorado acordes al ámbito de competencias y nivel superior de estas enseñanzas, y se favorecerá el desarrollo de líneas de investigación en este terreno
vinculadas al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación que permitan la creación en el seno de los centros superiores de enseñanzas artísticas de grupos de investigación para el desarrollo de proyectos orientados a integrar la
investigación, innovación
y creación (I+I+C). Además, se eliminarán las incompatibilidades del profesorado con la actividad profesional y se impulsarán fórmulas que estimulen el desarrollo de la actividad artística por parte de los docentes de los centros
superiores. También, se buscarán vías para incorporar a la vida académica la colaboración puntual de creadores en activo y se actualizarán los planes de estudio para adaptarlos a las necesidades del ámbito artístico actual, contemplando disciplinas
que nunca han participado del ámbito académico y que son esenciales a la hora de entender el panorama artístico contemporáneo.
3. El nuevo marco legislativo favorecerá la creación de universidades de las artes, donde se podrán integrar los actuales conservatorios y escuelas superiores, tras el proceso de adaptación correspondiente a las nuevas condiciones,
equiparándose así plenamente al espacio universitario y respetando, al mismo tiempo, su ámbito específico dentro del Espacio Europeo de la Educación Superior (EEES) de acuerdo a las particularidades y requerimientos de la formación artística.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2016.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000566
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre un plan de choque por la diversidad de género en
la cultura, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
Existe un consenso generalizado acerca de la importancia de la cultura como instrumento de autonomía y progreso social. La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce en su artículo 27 el derecho a la cultura y su retorno social.
El campo de lo simbólico es, además, esencial para erradicar el sexismo estructural presente en los ámbitos de la violencia, el empleo, la educación y la organización del tiempo y los trabajos. Sin embargo, la cultura sigue siendo un espacio de
discriminación por razón de género. De hecho, es en este ámbito donde se produce de forma más patente el 'espejismo de la igualdad': una poderosa forma de discriminación de aquellos países que jurídicamente reconocen el derecho a la igualdad
formal pero que están lejos de la igualdad material.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ya instaba a las autoridades públicas a velar por la igualdad en todo lo concerniente a la creación y producción artística e intelectual y a la difusión
de la misma. Por otro lado, la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales -nacida en el seno de la Conferencia General de la Unesco, ratificada por la Unión Europea y que entró en vigor el 18 de
marzo de 2007- argumenta la necesidad de proteger la pluralidad de las expresiones culturales y artísticas. El informe, también de la Unesco, sobre género y cultura de 2014 -'Igualdad de Género. Patrimonio y Creatividad'- reconoce la igualdad de
género en el concepto de diversidad cultural y realiza un diagnóstico de género en la cultura, del que se desprende la discriminación que sufren las mujeres en este ámbito a nivel internacional.
La cultura, como sucede en otros ámbitos sociales, refleja los prejuicios y los estereotipos de género de un sistema patriarcal y heteronormativo que discrimina y excluye de manera estructural por razón de género. El predominio de esta
única visión androcéntrica del hecho cultural ha invisibilizado e invisibiliza a día de hoy la representación de la diversidad cultural y expresiva de las artistas, de las intelectuales y de todas aquellas personas disidentes de las normas sexuales
y de género dedicadas a la creación y a la promoción de la cultura. Esta discriminación no solo se produce en menoscabo de las mujeres y de la diversidad sexual y de género, sino del conjunto de la sociedad.
En nuestro país, la discriminación por razón de género en la cultura se manifiesta de forma muy visible en las cifras de los estudios sobre la desigualdad entre hombres y mujeres. Por ejemplo, según los informes de MAV (Mujeres de las Artes
Visuales), a pesar de que las mujeres constituyen desde la década de 1960 la mayoría del alumnado en los estudios artísticos en España, la colección permanente de los 22 museos de arte contemporáneo más destacados se compone de un 82% de obras
firmadas por hombres y un 18% por mujeres. En 2015, el porcentaje de mujeres en ARCO ha sido del 25,63%. En el campo de las artes
escénicas existe una profunda segregación horizontal: en la temporada 2013-2014, de 513 proyectos teatrales solo 83 eran de directoras, y solo el 22 % de dramaturgas. Según datos del seminario 'Mujeres y hombres en la industria cultural
española' (diciembre, 2014), en literatura, y a pesar de que las mujeres firman un 45,5% de las obras publicadas, las galardonadas con los premios más importantes constituyen únicamente el 22%. En el campo del cine, según el informe anual de CIMA,
en 2015 solo un 19% de las películas españolas estrenadas fueron dirigidas por mujeres; las guionistas representan un 12% y las directoras de fotografía un escaso 9%.
La segregación, ya sea horizontal o vertical, en el ámbito cultural afecta tanto a artistas como a profesionales de la gestión cultural. Según el censo de población de 2011, la categoría de artistas está formada por un 76,76% de hombres y
un 23,25% de mujeres. En el sector cultural se da el fenómeno conocido como 'techo de cristal': en general, y a pesar de que hay un número superior de mujeres empleadas en el ámbito cultural, las mujeres tienen menos presencia en los órganos
directivos tanto de empresas públicas como privadas. Por ejemplo, en el caso de conservación, crítica y gestión del arte contemporáneo, en el acceso mediante pruebas objetivas las mujeres superan a los hombres en un porcentaje (67%) cercano al 74%
de licenciadas en historia del arte, pero las mujeres directoras de museos y centros de arte contemporáneo solo representan un 22% del total (datos de MAV).
Además de una discriminación en términos cuantitativos se produce una discriminación cualitativa. No estamos solo ante una cuestión de cuotas, sino ante la necesidad de erradicar las reglas masculinizadas del sector y crear nuevas
metodologías y espacios que permitan la construcción de imaginarios democráticos y plurales. Nuestra cultura codifica demasiado a menudo una imagen machista de la mujer, y promueve estereotipos alejados de la diversidad sexual. Las consecuencias
de esto son graves, pues la cultura no solo refleja las relaciones sociales, sino que tiene la capacidad de modificarlas o perpetuarlas. Es por ello que es urgente equilibrar la inversión pública en cultura mediante políticas públicas que supongan
una descentralización y democratización de la cultura, donde adquieran protagonismo personas que se han visto hasta ahora discriminadas.
Ocurre que las creadoras e intelectuales han hecho grandes aportaciones a la cultura y sin embargo han sido invisibilizadas históricamente. Esto también ha sucedido con la creación artística que desafía las normas establecidas de género.
Los feminismos y los movimientos LGTBIQ+ han luchado, tanto desde la teoría como desde las prácticas del activismo social, en favor de la justicia de género. Sus aportaciones son una valiosa e irrenunciable contribución a nuestra sociedad, que
debería formar parte de manera más visible del acervo cultural compartido.
Es esencial que las administraciones públicas recojan el valioso trabajo realizado por las asociaciones que luchan por la diversidad de género en la cultura y den un paso adelante. A pesar de la existencia desde 2014 de un plan de trabajo
de la Unidad de Igualdad de Género del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, entendemos que es insuficiente a la vista de lo expuesto y defendemos que es necesario un trabajo específico y especializado en el sector cultural, que desarrolle
medidas más audaces y efectivas desde una perspectiva feminista.
Por todo ello el Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Desarrollar un plan de choque para la diversidad de género en la cultura. Dicho plan será diseñado y desarrollado por una comisión de trabajo específica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Esta comisión estará integrada por
expertas del sector cultural, personas de los movimientos sociales y artistas. El desarrollo de este plan contará con recursos suficientes y una partida presupuestaria específica.
2. Trabajar para que los objetivos estratégicos del plan de choque incluyan, en todo caso:
2.1 El análisis cuantitativo y cualitativo de la diversidad de género en el ámbito cultural español, tanto público como privado. Dicho análisis debe incluir indicadores de género, diagnósticos específicos de los diferentes sectores y
entidades y estudios sobre la representación simbólica de las mujeres y la diversidad sexual y de género en la cultura. A pesar de que las asociaciones culturales han realizado una gran labor en este sentido, las instituciones deben asumir su
responsabilidad. Es necesario, por ejemplo, desarrollar estos diagnósticos en el ámbito LGTBIQ+, pues existe un déficit importante de estudios.
2.2 Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, velarán por la implementación, de acuerdo con el diagnóstico efectuado, de medidas para que la diversidad de género en la cultura esté garantizada jurídicamente como una
cuestión de interés cultural y social, de forma que se garantice la participación y el retorno social de la cultura a toda la sociedad, incluidas las mujeres y todas las personas independientemente de su identidad de género u orientación sexual.
2.3 La colaboración en la creación de espacios e iniciativas alejados de un concepto mercantil de la cultura y basados en la horizontalidad y la cooperación, requisitos imprescindibles para la igualdad y el respeto a la diversidad.
3. Adoptar las medidas que se establezcan en el plan de choque, de acuerdo con el resultado del diagnóstico efectuado, las cuales incluirán, a modo orientativo, las siguientes:
3.1 En el ámbito de la educación, las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, velarán por la implementación de medidas destinadas a fomentar la coeducación y el cuestionamiento de las dinámicas
heteropatriarcales en el ámbito cultural.
3.1.1 Se revisarán los currículos de la educación primaria, secundaria y universitaria para que reconozcan a creadoras y creadores que no han tenido visibilidad por razones de género, y para que en su diseño se incluya la perspectiva de
género.
3.1.2 Se incorporarán en los programas de enseñanzas artísticas y humanísticas contenidos específicos en materia de género que muestren la importancia de los feminismos y de las teorías de género en nuestra cultura.
3.2 Se llevarán a cabo medidas urgentes para corregir el desconocimiento e incumplimiento de nuestra legislación, en concreto, del artículo 26 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, relativo a las actuaciones en el ámbito de la creación y la
producción artística e intelectual. Ello se combinará con la búsqueda de nuevas estrategias que eviten que la relación entre género y cultura responda a una lógica de mercado y heteropatriarcal. A estos efectos:
3.2.1 Se creará una guía de buenas prácticas en materia de género en todas las instituciones culturales con participación pública estatal y se fomentará que las organizaciones privadas la apliquen. Se creará un sello distintivo para las
actividades culturales desarrolladas por entidades que cumplan con criterios de diversidad de género.
3.2.2 Se incentivarán los modelos de gestión cooperativa de la cultura operados por colectivos de mujeres o inspirados en la reivindicación de la diversidad sexual y de género.
3.2.3 Se realizarán estudios acerca de las posibles formas de censura de las grandes instituciones culturales a obras que cuestionen el heteropatriarcado y otras formas de opresión social, y se trabajará estrechamente con los creadores y
creadoras para su erradicación.
3.3 Se implementarán acciones que permitan el descubrimiento o la recuperación del olvido de mujeres creadoras o personas cuya obra haya sido invisibilizada por razones de orientación sexual o identidad de género. Esto afecta tanto a la
memoria como al presente, donde se incluyen aquellas creadoras que ejercen su trabajo desde una posición invisible y precarizada. Deberá prestarse un especial interés a la promoción de obra de personas con discriminaciones múltiples, como las
mujeres con diversidad funcional o migrantes. Por ejemplo, se proponen las siguientes actuaciones:
3.3.1 Los festivales, ciclos de conferencias y grandes eventos culturales de titularidad pública estatal o que cuenten con ayudas o subvenciones estatales, deberán incluir en sus programaciones un mínimo de un 50% de mujeres u obras de
autoría femenina, así como en la configuración de jurados, en el caso de que los actos los requieran.
3.3.2 Los departamentos de conservación de los museos de titularidad pública desarrollarán una línea de género específica que establezca una perspectiva de género en la catalogación, conservación de las obras, su análisis crítico y el
tratamiento de su difusión. Los departamentos pedagógicos y de públicos de museos y centros culturales contarán con personal experto en materia de género para garantizar la perspectiva de género en los itinerarios, visitas guiadas y el material
pedagógico que se realice.
3.3.3 Se incrementarán los programas de cooperación con los departamentos universitarios de estudios de género y los programas específicos de investigación para recuperar el legado de las artistas
y las obras relevantes en términos de género de las humanidades de nuestra historia, con especial atención a las discriminaciones múltiples.
4. Se crearán espacios con una participación amplia y representativa del sector cultural (artistas, gestoras, académicas, asociaciones, etc.) que realicen un seguimiento del plan de choque. Para este seguimiento y para garantizar la
transparencia, se publicarán informes que rindan cuentas del trabajo realizado y sus resultados. Con este objetivo, se propiciarán encuentros con el sector cultural para concienciar y debatir acerca de la diversidad de género en la cultura.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de abril de 2016.-María del Mar García Puig y Marcelo Expósito Prieto, Diputados.-Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/000539
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación
en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, sobre medidas ante el incremento del intrusismo y la piratería en el transporte público de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas.
Exposición de motivos
Todos compartimos la necesidad de que exista una competencia trasparente y no desleal en la prestación de los servicios de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas (taxis y arrendamiento con conductor) y la preocupación como
usuarios por el incremento del intrusismo en dicho segmento del transporte, que junto con el transporte colectivo urbano es el más utilizado por los ciudadanos.
Lamentablemente, este fenómeno está en absoluto descontrol por parte de nuestras administraciones competentes (local, autonómica y estatal), cuyos cuerpos de inspección han reiterado en múltiples ocasiones la falta de medios e instrumentos
legales para atajar estas malas prácticas y el peligro a la seguridad vial que suponen, atentan contra la leal competencia en el mercado, crean economía sumergida, fraude social y causan un notorio perjuicio a los usuarios del servicios público de
transporte de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas, bien en auto-taxis (clase VT) como en vehículos de alquiler con conductor (clase VTC).
La aparición de plataformas digitales de intermediación en este sector, en unos casos como redes ilegales de transporte bajo la falsa apariencia de economía colaborativa, y en otros como meros infractores de la legislación de transportes, ha
contribuido a la generación de un 'efecto llamada al intrusismo' en este sector de la actividad económica que se refleja en la aparición de muchos vehículos desprovistos de la necesaria autorización o licencia administrativa (comúnmente denominados
'piratas') que provocan graves perjuicios tanto a los taxistas y profesionales cumplidores de la normativa como a los usuarios del servicio y a la sociedad en su conjunto mediante fraude fiscal y 'dumping' social, además de un impacto negativo en la
imagen de nuestro país, gran receptor de turismo.
Los distintivos y taxímetros que incorporan los taxis (franjas, capillas, etc.) despejan cualquier cuestión sobre el tipo de vehículo de que se trata. Se encuentran todos debidamente registrados y controlados par las autoridades, pero no
así los vehículos de alquiler con conductor y mucho menos aquellos que efectúan esta actividad de manera fraudulenta.
Ante este escenario, resulta necesario establecer medidas disuasorias para quienes están practicando este intrusismo y que favorezcan el control de quienes tienen la obligación legal de controlarlo (policías y cuerpos de inspección de
transportes, consumo etc.), favoreciendo la detección de estos vehículos allí donde más difícil resulta a estos agentes como son las vías urbanas e interurbanas. Asimismo, que
promuevan la seguridad de los usuarios sobre las condiciones en que viajan y que están contratando con una empresa autorizada legalmente para prestar esta actividad.
Una medida consistiría en dotar de un color específico (AZUL) para el fondo de las placas de matrícula que lleven instaladas todos los vehículos auto-taxis y los de arrendamiento con conductor.
Otros países de nuestro entorno europeo como Holanda, ya han adoptado con éxito esta medida.
La adopción de esta medida no supondrá un coste presupuestario para las administraciones públicas competentes, toda vez que el gasto que supone el cambio de placas recaería exclusivamente sobre los titulares de los vehículos.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Llevar a cabo las actuaciones necesarias para modificar la normativa de tráfico (anexo XVIII del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre por el que se aprueba Reglamento General de Vehículos), dedicado a las placas de matrículas, y en su
caso, las que procedieren para dotar de un color específico (AZUL) para el fondo de las placas de matrícula que lleven instaladas todos los vehículos auto-taxis y los de arrendamiento con conductor.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de abril de 2016.-Juan Antonio Delgado Ramos, Diputado.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000544
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley
sobre el estudio integral, sustitución, reforma y actualización de los sistemas viales de contención ('quitamiedos', guardarraíles, blondas y señales verticales) en la totalidad de la red de carreteras, a debatir en la Comisión de Seguridad Vial y
Movilidad Sostenible.
Exposición de motivos
El incremento de la accidentalidad y lesividad de los accidentes de motociclistas es un hecho constatado y reconocido que debe promover acciones correctoras por parte de los ciudadanos y las administraciones públicas.
Durante los tres primeros meses de 2016 se han producido un mínimo de 275 siniestros de motociclistas con el resultado de 79 personas heridas y 78 fallecidas; estas cifras deben entenderse como provisionales y se verán incrementadas si
desde la Administración Central y el Ministerio de Fomento no se aplican el conjunto de medidas necesarias.
El tipo de siniestro más grave ha sido la salida de vía y es el que sin lugar a dudas, el tipo de siniestro que más fallecimientos genera entre los Motociclistas; siendo por tanto la línea estratégica de prevención llevada a efecto por las
diferentes administraciones públicas escasa, ineficaz y poco funcional, consolidándose la tendencia al alza de la accidentalidad y por ende tanto en la mortalidad como en los gravemente afectados, lesionados y/o amputados.
En un análisis de riesgos exhaustivo, podremos determinar que una gran cantidad de administraciones públicas con competencia en el mantenimiento y estado de carreteras, tienen como costumbre ser laxos en el cumplimiento de la Ley y sus
normas técnicas asociadas, poniendo en peligro la seguridad de los ciudadanos.
En el caso que nos ocupa uno de esos riesgos demostrados es la Ausencia de pantalla de protección para motociclistas denominados genéricamente SPM.
Existen en las carreteras españolas los sistemas de protección antisalida o, mejor dicho, guardarraíles o quitamiedos. Están fabricados en 2 partes, la parte superior es una franja longitudinal de acero
galvanizado, la segunda parte es un perfil de acero en forma de H fijado en el suelo que mantiene las franjas longitudinales unidas entre sí.
Este sistema de protección fue ideado pensando exclusivamente en vehículos a motor con una carrocería de 4 o más ruedas, siendo eficaz para soportar el impacto a unas velocidades determinadas, con el objeto de evitar que el vehículo se salga
de la calzada y evitar un siniestro de mayores consecuencias, al mismo tiempo que protege al conductor y demás ocupantes del interior del vehículo, minimizando el impacto del vehículo a las averías producidas en el choque del vehículo contra el
guardarraíl.
Desde un punto de vista técnico, los guardarraíles han sido ideados como un elemento necesario para la seguridad pasiva de nuestras carreteras, ayudando a prevenir que un vehículo salga despedido de la carretera cayendo por un terraplén o
invada el carril contrario en una autovía, en caso de perder el control del vehículo, sin embargo para un vehículo de 2 ruedas como un ciclomotor, motocicleta o bicicleta, en donde la principal carrocería no es otra que el cuerpo humano, chocar
contra este tipo de protecciones provoca que el cuerpo del conductor y/o acompañante sufra consecuencias fatales para su salud.
Muchos de los accidentes de motos que ocurren en carretera tienen como resultado consecuencias fatales para el piloto y acompañante. La explicación es que al producirse una caída en moto, el conductor y/o acompañante salen despedidos de
ella por la fuerza de la energía centrífuga. En los casos en el que el cuerpo del accidentado se desliza por el asfalto, la fuerza de rozamiento le parará sin mayores consecuencias que la abrasión y posibles magulladuras en el cuerpo, siempre que
el piloto y acompañante lleven la indumentaria de moto adecuada. Sin embargo cuando en una caída en moto existe una barrera de protección como son los quitamiedos, guardarraíles 'asesinos' o señales verticales sin protección (llevan lastre de
hormigón de 20 kg haciéndolas rígidas al impacto y de efecto cortante igualmente) , si el cuerpo del conductor y/ o acompañante no se detienen antes y chocan contra esta protección, aunque el piloto y/o acompañante vayan bien equipados de poco
sirve, el impacto violento contra el guardarraíl hace que el perfil en actúe como si fuera una guillotina o cuchilla contra su cuerpo. Las zonas más afectadas principalmente son generalmente las extremidades del cuerpo como son: brazos, manos,
piernas, cabeza, sufriendo traumatismos o politraumatismos que van desde roturas de huesos, la amputación de extremidades, invalidez total o parcial, parálisis cerebral o muerte entre otras.
Hay estudios que demuestran que una velocidad de 30 km/h es suficiente para arrancar de cuajo un miembro o partir la columna vertebral, Y, lo que es más grave, estas barreras de 'seguridad' provocan más del 15% de las muertes en accidente de
moto. La lesividad de los actuales perfiles está avalada por estudios técnicos de rigor de todo tipo, Instituciones, asociaciones y ONG's en defensa de los motociclistas y la lucha contra la siniestralidad y accidentalidad de los mismos. Ante esta
realidad, el Parlamento Europeo ha incluido en su informe sobre prioridades de la seguridad vial de la UE el cambio de medidas protectoras en las carreteras, de manera que los actuales guardarraíles, cuya peligrosidad está aceptada por responsables
políticos y representantes de todos los sectores que rodean el guardarraíl, queden sustituidos por otros sistemas más actualizados y menos lesivos al impacto.
En el Informe de julio de 2011 sobre Seguridad Vial en Europa, como propuesta de resolución del Parlamento Europeo reconoce que por kilómetro recorrido la probabilidad de morir en carretera para un motorista es de 18 veces superior al del
automóvil.
En los fundamentos de dicho Informe y tratando la creación de Infraestructuras Viales seguras, en el 164 que insta a la Comisión y a los Estados miembros a que inviten a las autoridades nacionales, regionales y municipales a proteger la
totalidad de la red de carreteras para que estas no representen un peligro para los vehículos de motor de dos ruedas; señala que los guardarraíles que se usan actualmente en las carreteras representan un peligro mortal para los motociclistas y pide
a los Estados Miembros que en los tramos críticos procedan con la mayor celeridad posible a instalar sistemas de protección para motoristas (SPM), en la parte superior e inferior de las biondas (incluida la sustitución de los actuales
guardarraíles), así como otros tipos de sistemas viales de contención alternativos, de conformidad con la Norma EN1317, con el fin de reducir las consecuencias de los accidentes para todos los usuarios de las carreteras.
Actualmente, aun habiendo iniciativas por parte de algunas regiones y Parlamentos; la como por ejemplo la Orden Circular 18/2004, que entró en vigor el 10 de enero de 2005, en la que se prohíbe la utilización de los sistemas de doble T y se
obliga, por un lado, a instalar sistemas alternativos a este o, por otro, a proteger los postes de los modelos de doble T que todavía hay en las carreteras; no se han retirado o cambiado ni un 20% de nuestras carreteras, es un dato muy contundente:
desde 1970 hasta hoy, las muertes por impacto contra guardarraíles superan las 6.000, los amputados son más de 5.000, además
de vidas rotas y familias que sufren, eso es una lacra impresionante para la administración y para nuestras conciencias; ya se han recogido más de 500.000 firmas, de sobra y suficientes para una ILP; estamos todos de acuerdo en dar
respuesta al colectivo de motociclistas que es de más de 6 millones de personas, solo falta que desde éste Congreso de los Diputados, nos lo tomemos en serio de una vez por todas para llegar a 2020 con el objetivo de no solo 0 víctimas; sino a 0
amputados.
A tenor de lo expuesto, se formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar un Estudio Integral nacional de toda su red de carreteras, no solo Estatales; sino extender a las autonómicas y red provinciales, en colaboración con las Administraciones Públicas implicadas, de la identificación de puntos
'negros' o conflictivos.
2. Que se sustituyan definitivamente, de manera gradual mediante dotación presupuestaria Plurianual, dentro de la próximas legislatura, no más allá del 2020; el sistema de guardarraíles de 'c' a tres sistemas SPM: SPM-Basic, Hiasa SPM-4 y
de doble bionda según el Estudio Integral Redactado en todas las carreteras españolas.
3. Que en los nuevos proyectos que se redacten para las actuaciones en la red de carreteras nacionales, autonómicas y de ámbito provincial, se incluyan medidas tendentes a minimizar las consecuencias de los accidentes de motoristas y
ciclistas, debiendo los proyectos incluir de manera obligatoria los llamados SPM según la normativa y directrices tanto estatales como recomendaciones y marco legal europeo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2016.-Domingo Lorenzo Rodríguez y Diego Clemente Giménez, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/000499
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora de la accesibilidad de
las mujeres con discapacidad que quieran ser madres, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
Las personas con discapacidad conforman un grupo numeroso, alrededor de 4 millones en España y 80 millones en la Unión Europea; y especialmente vulnerable, ya que se enfrenta a importantes dificultades a la hora de acceder a los ámbitos
propios de la vida diaria.
En nuestro país, según los datos de la última Encuesta sobre Discapacidades Autonomía personal y situaciones de Dependencia, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, casi el 60% de las personas con discapacidad son mujeres,
porcentaje que alcanza el 57,5% cuando lo extrapolamos al ámbito de la Unión Europea. Estos datos son especialmente relevantes si tenemos en cuenta la doble discriminación, por razón de género y discapacidad, a la que se enfrenta este colectivo.
Las mujeres con discapacidad además de tener que hacer frente a las mismas discriminaciones que otras mujeres, tienen que sortear innumerables obstáculos por razón de su discapacidad. Por ese motivo se hace necesario que los poderes
públicos actúen para que estas mujeres tengan la posibilidad de desarrollar su vida en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos.
La maternidad es un proceso que requiere vigilancia y cuidados por parte tanto de la propia madre como de los servicios sociales y de salud, que proporcionen una atención que permita a las mujeres vivir
esta etapa de forma segura. Por tanto, es de la máxima importancia el apoyo a la misma tanto desde el punto de vista sanitario, social y educativo como de conciliación con el empleo y corresponsabilidad. Esto se hace más necesario cuando
las que van a ser madres son mujeres con discapacidad, ya que por sus circunstancias especiales se encuentran con más trabas a la hora de ejercer su derecho a la maternidad.
En consecuencia, en los últimos años, se ha tomado conciencia de la especial situación que viven las mujeres con discapacidad y sus familias. El 11 de diciembre de 2013, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que destaca la
importancia de la maternidad y los retos que la misma conlleva para todas las mujeres, más aún cuando se trata de mujeres con discapacidad, recomendando la adopción de medidas positivas con el fin de incentivar la maternidad y facilitar la vida de
las mujeres con discapacidad.
En el plano nacional el Gobierno, ahora en funciones, aprobó en 2015 el Plan Integral de Apoyo a la Familia 2014-2017 que cuenta con un eje de actuación específico orientado al apoyo de la maternidad y contempla actuaciones concretas
dirigidas a mujeres con discapacidad. Sin embargo, es necesario seguir profundizando en la puesta en marcha de medidas específicas que avancen en la promoción y protección de la maternidad de las mujeres con discapacidad con el fin de que puedan
ejercer su derecho a disfrutar de un acceso equitativo y adecuado a la atención sociosanitaria y al apoyo antes, durante y después del embarazo.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta al Gobierno la necesidad de, en el marco de actuación del Plan Integral de Apoyo a la Familia 2014-2017, impulsar una mejora en la atención sociosanitaria de las mujeres con discapacidad que quieran
ejercer su derecho a la maternidad, habida cuenta de sus mayores dificultades para llevar adelante su maternidad en condiciones óptimas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000538
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marta Martín Llaguno, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley
para la creación de un registro estatal de datos de los resultados de la aplicación del Programa de Detección Precoz de la Sordera en España, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La elaboración de bancos de datos y su análisis han sido siempre elementos esenciales, en cualquier estudio epidemiológico, para conocer la génesis de un problema, su extensión y analizar posibles actuaciones para solucionar el mismo. Sin
datos objetivos que reflejen y den sentido a un conjunto de realidades es imposible comprender, siquiera, parte de esas realidades.
Esta situación está sucediendo a día de hoy con la sordera en España. En el año 2016 no sabemos a ciencia cierta cuántas personas hay afectadas en nuestro país por este tipo de discapacidad. El Instituto Nacional de Estadística (INE)
estimó en 2008, en su estudio EDAD 2008, que en España, entonces, había 1.064.000 personas sordas o con algún tipo de discapacidad auditiva. Desde entonces, no existe ningún tipo de dato o estudio oficial que acredite y evalúe la evolución de esta
cifra. Sin embargo, si existen algunos estudios privados que arrojan resultados que doblan a las cifras calculadas por el INE.
Las asociaciones de afectados por la sordera reclaman la necesidad de contar con un registro estatal de datos de los resultados de la aplicación del Programa de Detección Precoz de la Sordera para poder analizar la aparición de nuevos casos,
la incidencia y prevalencia de la sordera, la evolución a diferentes grados de los casos existentes y la posible influencia de factores externos en el desarrollo de la misma. Este registro nacional se hace todavía más necesario cuanto más
envejecida es la población. Recordemos
que la población española está en un proceso continuo de envejecimiento. Lo que supone una correlación directa sobre el número de casos de sordera y el agravamiento de los grados según vaya avanzado la edad de las personas. Por ello, desde
el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, consideramos inaplazable que desde el Gobierno, en colaboración con las administraciones autonómicas se inicien los procedimientos necesarios para crear ese registro nacional.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar un registro estatal de datos de los resultados de la aplicación del Programa de Detección Precoz de la Sordera en España, a partir del cual sería posible disponer de datos
epidemiológicos y de incidencia de la sordera en la población infantil con objeto de mejorar la prevención, el propio proceso de detección y diagnóstico, así como los tratamientos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de abril de 2016.-Marta Martín Llaguno, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
161/000531
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a
la promoción de una Ley de Cambio Climático, para su debate en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático.
Exposición de motivos
El cambio climático y los impactos que de él se derivan constituyen uno de los retos globales más importantes que nuestra sociedad debe afrontar. La reducción de estos impactos constituye un objetivo para el que es necesario diseñar los
procesos socioeconómicos adecuados que permitan:
a) Identificar las trayectorias socioeconómicas que producen más riesgo.
b) Los programas de actuación que han de permitir la adaptación y mitigación del riesgo.
c) Identificar las políticas a poner en marcha y estilos de gobernanza para gestionar y afrontar la exposición y la vulnerabilidad.
El quinto informe de evaluación realizado por el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC) evidencia las interacciones complejas y probabilidades cambiantes en el impacto del cambio climático, y analiza el riesgo
implicado y las decisiones que es necesario adoptar a nivel gubernamental. El informe evalúa la vulnerabilidad de los sistemas humanos y confirma científicamente los cambios que están ocurriendo, sugiriendo mecanismos de adaptación y estableciendo
una clara vinculación entre la producción del riesgo y la vulnerabilidad y su carácter claramente antropogénico. El informe concluye que el origen del calentamiento global y, por tanto, del cambio climático, es ya incuestionable, está causado por
la actividad humana, con una probabilidad superior al 95% y está causado, esencialmente, por las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provocadas por el uso de combustibles fósiles y el cambio en los usos del suelo y la agricultura.
El cambio climático es un problema global que afecta transversalmente a la economía, la salud, la seguridad, la gestión y acceso al agua, la construcción, o la alimentación, entre otras, por cuanto se deriva de cambios en variables
climáticas como la temperatura, las lluvias, el nivel del mar, etc. y el aumento en la frecuencia o intensidad de fenómenos meteorológicos extremos como sequías, inundaciones, u olas de calor, que ponen en riesgo a las personas y a los ecosistemas.
La Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, forma parte de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, establece un horizonte de políticas de actuación entre 2007 y 2020, y cuenta
como marco de referencia precisamente la 'Estrategia Española para el cumplimiento del Protocolo de Kioto', que fuera aprobada por el Pleno del Consejo Nacional del Clima el 5 de febrero de 2004, y tenía presente las medidas y programas
adoptados por las Comunidades Autónomas en estos años. Sin embargo, a lo largo de estos años se hizo necesario introducir cambios en la planificación inicial al observarse cambios de escenarios y tendencias, que plantean la necesidad de un nuevo
marco normativo con políticas adicionales que contribuyan al desarrollo económico, social y medioambiental sostenible.
La Convención Marco sobre el Cambio Climático celebrada en París el pasado mes de diciembre de 2015, exigió la cooperación más amplia posible de todos los países y su participación en una respuesta internacional efectiva y apropiada para
reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. El acuerdo de París supone la aprobación de algunas líneas de actuación que han de servir de guía para la puesta en marcha de políticas públicas de reducción de emisiones y políticas
de prevención con estrategias adecuadas en las zonas más vulnerables.
Las partes firmantes del acuerdo establecen como responsabilidad común respetar, promover y tomar en consideración la necesidad de dar una respuesta progresiva y eficaz a la amenaza del cambio climático sobre la base de los mejores
conocimientos científicos disponibles.
El acuerdo de París reconoce igualmente la importancia de garantizar la integridad de los ecosistemas, los océanos, la protección de la biodiversidad, y la 'justicia climática'. Reafirma la importancia de tres dimensiones clave. En primer
lugar, la educación, la formación, la sensibilización y la participación del público, con acceso público a la información y la cooperación a todos los niveles. En segundo lugar, resalta la importancia del compromiso de todos los niveles de gobierno
y de los diversos actores, de acuerdo a la legislación nacional. Finalmente, destaca la necesidad de explorar y adoptar estilos de vida y pautas de consumo y producción sostenibles.
En su artículo 2, el acuerdo de París, establece que la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, pasa por:
- Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, estableciendo un esfuerzo para limitar ese aumento a 1,5 °C.
- Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos.
- Elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.
La Unión Europea se constituye también en una Parte más dentro del Acuerdo de París. Las partes recibirán financiación económica para activar las necesarias modificaciones en sus procesos tecnológicos para reducir el impacto del cambio
climático y ayudarán a los países menos desarrollados a mitigar los impactos negativos.
Todo este horizonte exige establecer un conjunto de objetivos a alcanzar a nivel nacional y un marco normativo integral que instrumente las acciones y disposiciones normativas a adoptar con objetivos consistentes con nuestros compromisos
internacionales.
Se hace necesario contribuir a la toma de conciencia de la urgencia del cambio ambiental y en eso España debe dar una respuesta institucional clara al reto de la sostenibilidad promoviendo programas de educación ambiental, sensibilizando a
la población y proporcionando medios para acceder a la información, pero también promoviendo los cambios que sea necesario iniciar en nuestros modelos económicos explorando el impacto sobre nuestras vidas y definiendo políticas y trayectorias hacia
la sostenibilidad.
A pesar de las dificultades que entraña un cambio de modelo económico y de un estilo de vida consecuente, hay algunos intentos de caminar hacia estilos de vida más sostenibles, y algunas organizaciones están trabajando en esa dirección. Son
iniciativas sostenibles, que emprenden proyectos de innovación social que van por delante de los gobiernos en cuanto a situar el problema, implicar a una parte de la población en la iniciativa, y responder al reto del cambio climático con impactos a
pequeña escala que pretenden facilitar la supervivencia de economías sostenibles en campos relacionados con la movilidad, la nutrición, la construcción, el uso de la energía o la reducción o racionalización del consumo, por mencionar algunas. La
nueva legislación impulsaría políticas consistentes con la necesidad de escalar el impacto a pequeña escala a una escala mayor promoviendo impactos positivos de más amplio espectro.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar un Proyecto de Ley de Cambio Climático que promueva un modelo de crecimiento verde, sustentado en un modelo económico que considera el crecimiento como un elemento fundamental, pero
con un nivel incrementado de ecoeficiencia de nuestros sistemas productivos y de consumo, y que entre otras, persiga las siguientes finalidades:
1. Integrar y armonizar la legislación, considerando las estrategias existentes, los protocolos y los compromisos adquiridos por España en relación con el cambio climático en general.
2. Promover políticas tendentes a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, estableciendo un marco de ecoeficiencia en la gestión energética, con énfasis especial en las energías renovables.
3. Orientar políticas alternativas a nivel industrial, con sistemas de producción bajos en carbono.
4. Adoptar un sistema de gestión de la información de libre y público acceso.
5. Promover una política de movilidad sostenible.
6. Promover la exploración y el escalamiento hacia estilos de vida más sostenibles y menos dependientes del carbono.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2016.-Ricardo Antonio García Mira, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.