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DS. Senado, Pleno, núm. 168, de 02/09/2015
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PLENO


PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ


Sesión núm. 78


celebrada el miércoles, 2 de septiembre de 2015


ORDEN DEL DÍA






MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN




Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas para hacer frente a los problemas derivados de la
precipitada implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa.


671/000186
acceso a la educación; reforma de la enseñanza;
universidad


GPS






MOCIONES




Moción por la que se insta al Gobierno a seguir desarrollando
políticas basadas en un modelo sostenible de ciudades.


662/000205
desarrollo sostenible; urbanismo

GPP





Moción por la que se insta al Gobierno a realizar las
gestiones oportunas para la liberación de los 75 presos políticos en
Venezuela, así como frenar las reiteradas inhabilitaciones de dirigentes
opositores, a fin de que puedan concurrir a las próximas elecciones del 6
de diciembre de 2015 e impulsar la presencia de observadores
internacionales para garantizar la fiabilidad de dichos
comicios.


662/000206
Venezuela; derechos humanos; elecciones; misión de
observación; política exterior; prisionero político; verificación del
escrutinio


GPP





Moción por la que se insta al Gobierno a promover un Pacto de
Estado contra la violencia de género y por la igualdad entre mujeres y
hombres.


662/000207
consenso político; igualdad hombre-mujer; violencia
doméstica


GPS






TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO




Convenio entre el Reino de España y el Principado de Andorra
para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y
prevenir la evasión fiscal y de su Protocolo, hecho en Andorra la Vella
el 8 de enero de 2015. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.


610/000176
Andorra; acuerdo bilateral; doble imposición; evasión
fiscal







Acuerdo sobre la transferencia y mutualización de las
aportaciones al Fondo Único de Resolución, hecho en Bruselas el 21 de
mayo de 2014. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


610/000177
acuerdo internacional; fondo CE; región de
Bruselas-Capital; sistema bancario







Decisión del Consejo de 26 de mayo de 2014 sobre el sistema
de recursos propios de la Unión Europea (2014/335/UE, EURATOM), adoptada
en Bruselas el 26 de mayo de 2014. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.


610/000178
CEEA; Decisión CE; recursos propios; región de
Bruselas-Capital







Acuerdo entre el Reino de España y la República Islámica de
Mauritania sobre la promoción y protección recíproca de inversiones,
hecho en Madrid el 24 de julio de 2008. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO
DE URGENCIA.


610/000179
Mauritania; acuerdo bilateral; garantía de
inversiones; promoción de inversiones







Acuerdo entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte sobre protección de la información
clasificada, hecho en Madrid el 5 de febrero de 2015. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


610/000180
Reino Unido; acuerdo bilateral; secreto de
Estado







Tercer Protocolo de Enmienda del Convenio de Cooperación para
la Defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1
de diciembre de 1988, y sus Enmiendas, hecho en Washington el 17 de junio
de 2015. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


610/000181
Acuerdo de Cooperación; Estados Unidos; política de
defensa







Acuerdo entre el Reino de España y la República de Uzbekistán
sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en
Madrid el 5 de noviembre de 2013.


610/000163
Uzbekistán; acuerdo bilateral; lucha contra la
delincuencia







Protocolo entre el Reino de España y Canadá que modifica el
Convenio entre España y Canadá para evitar la doble imposición y prevenir
la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio, firmado en Ottawa el 23 de noviembre de 1976, hecho en Madrid
el 18 de noviembre de 2014.


610/000164
Canadá; doble imposición; evasión fiscal; protocolo de
un tratado







Protocolo del Acuerdo de estabilización y asociación entre
las Comunidades Europeas y sus Estados Miembros, por una parte, y la
República de Serbia, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la
República de Croacia a la Unión Europea, hecho en Bruselas el 25 de junio
de 2014.


610/000165
Croacia; Serbia; acuerdo de estabilización y
asociación; adhesión a la Unión Europea







Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno
de la República de Angola sobre supresión recíproca de visados en
pasaportes diplomáticos, hecho en Madrid el 3 de febrero de
2014.


610/000166
Angola; acuerdo bilateral; pasaporte; política de
visados







Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno
del Reino de Marruecos relativo al transporte internacional por carretera
de viajeros y mercancías y su Protocolo de aplicación, hecho en Rabat el
3 de octubre de 2012.


610/000167
Marruecos; acuerdo bilateral; transporte internacional
por carretera







Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Agencia
Internacional de Energías Renovables (IRENA), hecho en Abu-Dhabi el 13 de
enero de 2014, junto con una reserva y una declaración.


610/000168
acuerdo bilateral; energía renovable






Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Consejo de
Ministros de la República de Albania para el intercambio y protección
recíproca de información clasificada, hecho en Tirana el 17 de febrero de
2015.


610/000169
Albania; acuerdo bilateral; secreto de
Estado







Acuerdo entre el Reino de España y Ucrania para la protección
recíproca de información clasificada, hecho en Kiev el 10 de febrero de
2015.


610/000170
Ucrania; acuerdo bilateral; secreto de
Estado







Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de la
República de India para el intercambio y protección recíproca de
información clasificada, hecho en Nueva Delhi el 4 de marzo de
2015.


610/000171
India; acuerdo bilateral; secreto de
Estado







Protocolo de adhesión del Gobierno de la Federación de Rusia
al Convenio de 16 de diciembre de 1988 relativo a la construcción y
explotación de una Instalación Europea de Radiación Sincrotrónica, hecho
en Grenoble el 23 de junio de 2014 y en París el 15 de julio de
2014.


610/000172
Rusia; adhesión a un acuerdo; material
electromagnético







Acuerdo entre el Reino de España y Georgia sobre cooperación
en el ámbito de la lucha contra la delincuencia, hecho en Madrid el 21 de
enero de 2015.


610/000173
Georgia; acuerdo bilateral; lucha contra el
crimen







Convenio entre el Reino de España y la República de Chile
sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia y seguridad,
hecho en Madrid el 30 de octubre de 2014.


610/000174
Chile; acuerdo bilateral; lucha contra la
delincuencia







Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras
publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras
dificultades para acceder al texto impreso, hecho en Marrakech el 27 de
junio de 2013.


610/000175
acuerdo internacional; medios para
discapacitados









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES




Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal Militar.

621/000140
Derecho penal militar

Defensa





Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de
las garantías procesales.


621/000143
derecho a la justicia; procedimiento
penal


Justicia





Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías
procesales y la regulación de las medidas de investigación
tecnológica.


621/000144
derecho a la justicia; investigación y desarrollo;
procedimiento penal


Justicia





SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve horas.






MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS PARA HACER FRENTE A LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE LA
PRECIPITADA IMPLANTACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE,
PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA.


671/000186

GPS


El señor Álvarez Areces defiende la moción.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora De Haro Brito,
por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández,
por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Martínez Muñoz, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Sequera García, por
el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Alturo
Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d?Unió; el señor Álvarez Areces, por el Grupo Parlamentario Socialista, y
la señora De Haro Brito, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


Se rechaza la moción, con el siguiente resultado: presentes, 232;
votos emitidos, 232; a favor, 92; en contra, 140.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A SEGUIR DESARROLLANDO
POLÍTICAS BASADAS EN UN MODELO SOSTENIBLE DE CIUDADES.


662/000205

GPP


El señor presidente informa de la presentación de una propuesta de
modificación, como consecuencia de la cual tan solo procede la defensa de
la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor Ibarrondo Bajo defiende la moción.


El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa de este senador.


El señor Ibarrondo Bajo expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de la enmienda, rechazándola.


En turno de portavoces intervienen el señor Espinar Merino, por el
Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Saura Laporta, por
el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Candini
i Puig, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d?Unió; el señor Martín Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Socialista,
y el señor Ibarrondo Bajo, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


Se aprueba la propuesta de modificación, con el siguiente
resultado: presentes, 243; votos emitidos, 240; a favor, 154; en contra,
23; abstenciones, 63.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REALIZAR LAS
GESTIONES OPORTUNAS PARA LA LIBERACIÓN DE LOS 75 PRESOS POLÍTICOS EN
VENEZUELA, ASÍ COMO FRENAR LAS REITERADAS INHABILITACIONES DE DIRIGENTES
OPOSITORES, A FIN DE QUE PUEDAN CONCURRIR A LAS PRÓXIMAS ELECCIONES DEL 6
DE DICIEMBRE DE 2015 E IMPULSAR LA PRESENCIA DE OBSERVADORES
INTERNACIONALES PARA GARANTIZAR LA FIABILIDAD DE DICHOS
COMICIOS.


662/000206

GPP


El señor García Carnero defiende la moción.


El señor Gil García defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista.


El señor García Carnero expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de la enmienda, aceptándola.


En turno de portavoces intervienen el señor Aiartza Azurtza, la
señora Julios Reyes, el señor Iglesias Fernández y el señor Espinar
Merino, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Anasagasti Olabeaga,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Sabaté
Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el
señor Maldonado i Gili, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i d?Unió; el señor Gil García, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y el señor García Carnero, por el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.


Hace uso de la palabra, por alusiones, el señor López Águeda, del
Grupo Parlamentario Socialista.


Se aprueba la moción, con la incorporación de la enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente resultado: presentes,
247; votos emitidos, 240; a favor, 234; en contra, 1; abstenciones,
5.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PROMOVER UN PACTO DE
ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y POR LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES.


662/000207

GPS


La señora Berja Vega defiende la moción.


El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa de este senador.


La señora Mendiola Olarte defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


La señora Rieradevall Tarrés defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió.


La señora Berja Vega expone la posición de su grupo parlamentario
respecto de las enmiendas, aceptando las presentadas por el Grupo
Parlamentario Mixto y el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i d?Unió y rechazando la del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández, la
señora Mora Grande y la señora Julios Reyes por el Grupo Parlamentario
Mixto; la señora Iparragirre Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco
en el Senado (EAJ-PNV); la señora Almiñana Riqué, por el Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora Rieradevall
Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d?Unió; la señora Berja Vega, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la
señora Mendiola Olarte, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.


Se rechaza la moción, con la incorporación de la enmiendas del
Grupo Parlamentario Mixto y de la del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i d?Unió, con el siguiente resultado: presentes,
249; votos emitidos, 249; a favor, 103; en contra, 146.









TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO





CONOCIMIENTO DIRECTO


El señor presidente informa a la Cámara del procedimiento a
seguir en el trámite de estos tratados y convenios.


No se han presentado propuestas a estos acuerdos.


La votación telemática ha sido autorizada para la señora Cunyat
Badosa, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió,
que ha emitido su voto en sentido favorable a la autorización de estos
tratados.









CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL PRINCIPADO DE ANDORRA
PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y
PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL Y DE SU PROTOCOLO, HECHO EN ANDORRA LA VELLA
EL 8 DE ENERO DE 2015. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.


610/000176



Intervienen el señor Espinar Merino, del Grupo Parlamentario
Mixto, para anunciar su voto negativo, y el señor Muñoz-Alonso Ledo, por
el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, para anunciar su voto a
favor.









ACUERDO SOBRE LA TRANSFERENCIA Y MUTUALIZACIÓN DE LAS
APORTACIONES AL FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN, HECHO EN BRUSELAS EL 21 DE
MAYO DE 2014. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


610/000177



Intervienen el señor Unamunzaga Osoro y la señora Capella i
Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, para anunciar su abstención.


Se autoriza por asentimiento de la Cámara, con las salvedades
manifestadas.









DECISIÓN DEL CONSEJO DE 26 DE MAYO DE 2014 SOBRE EL SISTEMA
DE RECURSOS PROPIOS DE LA UNIÓN EUROPEA (2014/335/UE, EURATOM), ADOPTADA
EN BRUSELAS EL 26 DE MAYO DE 2014. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.


610/000178



Interviene la señora Lima Gozálvez, del Grupo Parlamentario
Mixto, para explicar las razones de su voto en contra de la autorización,
y el señor Muñoz-Alonso Ledo, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, para explicar su voto a favor.









ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE
MAURITANIA SOBRE LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES,
HECHO EN MADRID EL 24 DE JULIO DE 2008. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO
DE URGENCIA.


610/000179



La señora Lima Gozálvez, del Grupo Parlamentario Mixto, explica
las razones de su voto en contra de la autorización, y el señor Chiquillo
Barber su voto a favor.









ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO UNIDO DE GRAN
BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE SOBRE PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 5 DE FEBRERO DE 2015. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


610/000180



Intervienen el señor Unamunzaga Osoro y la señora Capella i
Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, para anunciar su abstención en la
votación de este y los siguientes acuerdos.


Se autoriza, por asentimiento de la Cámara, con las salvedades
manifestadas.









TERCER PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN
PARA LA DEFENSA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
DE 1 DE DICIEMBRE DE 1988, Y SUS ENMIENDAS, HECHO EN WASHINGTON EL 17 DE
JUNIO DE 2015. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


610/000181



Intervienen la señora Mora Grande y el señor Iglesias Fernández,
del Grupo Parlamentario Mixto, para explicar su voto en contra; el señor
Sabaté Borràs, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
el señor Losada de Azpiazu, del Grupo Parlamentario Socialista, y el
señor Muñoz-Alonso Ledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
para explicar su voto a favor.









ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE
UZBEKISTÁN SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA,
HECHO EN MADRID EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2013.


610/000163



Intervienen el señor Guillot Miravet, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, para explicar su voto en contra, y el
señor Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
para explicar su voto a favor.









PROTOCOLO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y CANADÁ QUE MODIFICA EL
CONVENIO ENTRE ESPAÑA Y CANADÁ PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR
LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL
PATRIMONIO, FIRMADO EN OTTAWA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 1976, HECHO EN MADRID
EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014.


610/000164



Intervienen el señor Espinar Merino, del Grupo Parlamentario
Mixto, para explicar su voto en contra; el señor Losada de Azpiazu, del
Grupo Parlamentario Socialista, para explicar su voto a favor de este y
del resto de los acuerdos, y el señor Chiquillo Barber, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, para explicar su voto a favor de la
autorización de este protocolo.









PROTOCOLO DEL ACUERDO DE ESTABILIZACIÓN Y ASOCIACIÓN ENTRE
LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA
REPÚBLICA DE SERBIA, POR OTRA, PARA TENER EN CUENTA LA ADHESIÓN DE LA
REPÚBLICA DE CROACIA A LA UNIÓN EUROPEA, HECHO EN BRUSELAS EL 25 DE JUNIO
DE 2014.


610/000165



Se autoriza, por asentimiento de la Cámara, con las salvedades
manifestadas.









ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DE ANGOLA SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN
PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, HECHO EN MADRID EL 3 DE FEBRERO DE
2014.


610/000166



Se autoriza, por asentimiento de la Cámara, con las salvedades
manifestadas.









ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO
DEL REINO DE MARRUECOS RELATIVO AL TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA
DE VIAJEROS Y MERCANCÍAS Y SU PROTOCOLO DE APLICACIÓN, HECHO EN RABAT EL
3 DE OCTUBRE DE 2012.


610/000167



Se autoriza, por asentimiento de la Cámara, con las salvedades
manifestadas.









ACUERDO SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LA AGENCIA
INTERNACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES (IRENA), HECHO EN ABU-DHABI EL 13 DE
ENERO DE 2014, JUNTO CON UNA RESERVA Y UNA DECLARACIÓN.


610/000168



Se autoriza, por asentimiento de la Cámara, con las salvedades
manifestadas.









ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL CONSEJO
DE MINISTROS DE LA REPÚBLICA DE ALBANIA PARA EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN
RECÍPROCA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN TIRANA EL 17 DE FEBRERO DE
2015.


610/000169



Se autoriza, por asentimiento de la Cámara, con las salvedades
manifestadas.









ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y UCRANIA PARA LA
PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN KIEV EL 10 DE
FEBRERO DE 2015.


610/000170



El señor Espinar Merino, del Grupo Parlamentario Mixto, explica
las razones de su abstención; el señor Chiquillo Barber, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, y el señor Díaz Tejera, del Grupo
Parlamentario Socialista, explican las razones de su voto a favor.









ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE INDIA PARA EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE
INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN NUEVA DELHI EL 4 DE MARZO DE
2015.


610/000171



Se autoriza, por asentimiento de la Cámara, con las salvedades
manifestadas.









PROTOCOLO DE ADHESIÓN DEL GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA
AL CONVENIO DE 16 DE DICIEMBRE DE 1988 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE UNA INSTALACIÓN EUROPEA DE RADIACIÓN SINCROTRÓNICA, HECHO
EN GRENOBLE EL 23 DE JUNIO DE 2014 Y EN PARÍS EL 15 DE JULIO DE
2014.


610/000172



Se autoriza, por asentimiento de la Cámara, con las salvedades
manifestadas.









ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y GEORGIA SOBRE COOPERACIÓN
EN EL ÁMBITO DE LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN MADRID EL 21 DE
ENERO DE 2015.


610/000173



Interviene el señor Díaz Tejera, del Grupo Parlamentario
Socialista, para explicar su voto a favor.


Se autoriza, por asentimiento de la Cámara, con las salvedades
manifestadas.









CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CHILE
SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA Y SEGURIDAD,
HECHO EN MADRID EL 30 DE OCTUBRE DE 2014.


610/000174



Se autoriza, por asentimiento de la Cámara, con las salvedades
manifestadas.









TRATADO DE MARRAKECH PARA FACILITAR EL ACCESO A LAS OBRAS
PUBLICADAS A LAS PERSONAS CIEGAS, CON DISCAPACIDAD VISUAL O CON OTRAS
DIFICULTADES PARA ACCEDER AL TEXTO IMPRESO, HECHO EN MARRAKECH EL 27 DE
JUNIO DE 2013.


610/000175



Interviene el señor Chiquillo Barber, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, para explicar su voto a favor.


Se autoriza, por asentimiento de la Cámara, con las salvedades
manifestadas.


Se pospone la votación de los acuerdos no votados.










PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL CÓDIGO PENAL MILITAR.

621/000140

Defensa


El señor López Valdivielso, presidente de la comisión, presenta
el dictamen.


Comienza el debate de los votos particulares.


El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 1 a 31, del
Grupo Parlamentario Mixto, presentadas inicialmente por este
senador.


La señora Capella i Farré defiende las enmiendas 32 a 39, del
Grupo Parlamentario Mixto, presentadas inicialmente por esta
senadora.


El señor Anasagasti Olabeaga defiende las enmiendas 40 a 52, del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


El señor Sabaté Borràs defiende las enmiendas 53 a 61, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Saura Laporta defiende la vuelta al texto del Congreso
de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 127 y 128 del GP.
Popular en el Senado, y las enmiendas 62 a 92, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Maldonado i Gili defiende las enmiendas 93 a 117, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió.


El señor Díaz Tejera defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista números 118 a 126 y la vuelta al texto del
Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas 127 y 128
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Rodríguez
Comendador Pérez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández,
por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Sabaté Borràs y el señor Saura
Laporta, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el
señor Maldonado i Gili, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i d?Unió; el señor Díaz Tejera, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor Campoy Suárez, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.










TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES (Votación).




CONOCIMIENTO DIRECTO





CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL PRINCIPADO DE ANDORRA
PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PARA PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL Y DE SU PROTOCOLO, HECHO EN ANDORRA LA
VELLA EL 8 DE ENERO DE 2015. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.


610/000176



El señor presidente recuerda a la Cámara que la votación
telemática ha sido autorizada para la señora Cunyat Badosa, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, que ha emitido su
voto en sentido favorable a la autorización de estos tratados.


Se autoriza, con el siguiente resultado: presentes, 248 más 1
voto telemático, 249; votos emitidos, 248 más 1 voto telemático, 249; a
favor, 239 más 1 voto telemático, 240; en contra, 4; abstenciones,
5.









DECISIÓN DEL CONSEJO DE 26 DE MAYO DE 2014 SOBRE EL SISTEMA
DE RECURSOS PROPIOS DE LA UNIÓN EUROPEA (2014/335/UE, EURATOM) ADOPTADA
EN BRUSELAS EL 26 DE MAYO DE 2014. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.


610/000178



Se autoriza, con el siguiente resultado: presentes, 248 más 1
voto telemático, 249; votos emitidos, 248 más 1 voto telemático, 249; a
favor, 239 más 1 voto telemático, 240; en contra, 4; abstenciones,
5.









ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE
MAURITANIA SOBRE LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES,
HECHO EN MADRID EL 24 DE JULIO DE 2008. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO
DE URGENCIA.


610/000179



Se autoriza, con el siguiente resultado: presentes, 248 más 1
voto telemático, 249; votos emitidos, 248 más 1 voto telemático, 249; a
favor, 241 más 1 voto telemático, 242; en contra, 3; abstenciones,
4.









TERCER PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN
PARA LA DEFENSA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
DE 1 DE DICIEMBRE DE 1988, Y SUS ENMIENDAS, HECHO EN WASHINGTON EL 17 DE
JUNIO DE 2015. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


610/000181



Se autoriza, con el siguiente resultado: presentes, 248 más 1
voto telemático, 249; votos emitidos, 248 más 1 voto telemático, 249; a
favor, 238 más 1 voto telemático, 239; en contra, 7; abstenciones,
3.









ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE
UZBEKISTÁN SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA,
HECHO EN MADRID EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2013.


610/000163



Se autoriza, con el siguiente resultado: presentes, 247 más 1
voto telemático, 248; votos emitidos, 247 más 1 voto telemático, 248; a
favor, 240 más 1 voto telemático, 241; en contra, 3; abstenciones,
4.









PROTOCOLO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y CANADÁ QUE MODIFICA EL
CONVENIO ENTRE ESPAÑA Y CANADÁ PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR
LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL
PATRIMONIO, FIRMADO EN OTTAWA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 1976, HECHO EN MADRID
EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014.


610/000164



Se autoriza, con el siguiente resultado: presentes, 248 más 1
voto telemático, 249; votos emitidos, 248 más 1 voto telemático, 249; a
favor, 241 más 1 voto telemático, 242; en contra, 3; abstenciones,
4.









ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y UCRANIA PARA LA
PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN KIEV EL 10 DE
FEBRERO DE 2015.


610/000170



Se autoriza, con el siguiente resultado: presentes, 248 más 1
voto telemático, 249; votos emitidos, 248 más 1 voto telemático, 249; a
favor, 240 más 1 voto telemático 241; abstenciones, 8.










PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL CÓDIGO PENAL MILITAR.

621/000140

Defensa


Se procede a votar.
.....................................................16453


Se rechazan todas las enmiendas.


Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto de ley
enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones
anteriores.


Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.


El señor presidente informa de que, tal como dispone el artículo
90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el
Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las
mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el
Rey.









PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO
CRIMINAL PARA LA AGILIZACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL Y EL FORTALECIMIENTO DE
LAS GARANTÍAS PROCESALES.


621/000143

Justicia





PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE
ENJUICIAMIENTO CRIMINAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS GARANTÍAS
PROCESALES Y LA REGULACIÓN DE LAS MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN
TECNOLÓGICA.


621/000144

Justicia


El señor presidente informa a la Cámara de que estos dos
proyectos de ley serán debatidos de manera conjunta, dada la materia
sobre la que versan, sin perjuicio de que las votaciones se hagan de
manera separada.


El señor Ramírez Rodríguez, presidente de la comisión, presenta
los dictámenes.


Comienza el debate de totalidad.


El señor Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende su propuesta de veto número 1 al proyecto de ley y su propuesta
de veto número 1 al proyecto de ley orgánica:


La senadora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende su propuesta de veto número 2 al proyecto de ley y su propuesta
de veto número 2 al proyecto de ley orgánica.


El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número 3 al
proyecto de ley y la propuesta de veto número 3 de al proyecto de ley
orgánica, del señor Guillot Miravet y este senador, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Montilla Aguilera defiende la propuesta de veto número 4
al proyecto de ley y la propuesta de veto número 4 al proyecto de ley
orgánica, de la señora Almiñana Riqué, de los señores Boya Alós, Bruguera
Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs y de la señora
Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.


El señor Díaz Tejera defiende la propuesta de veto número 5 al
proyecto de ley y la propuesta de veto número 5 al proyecto de ley
orgánica, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno en contra hace uso de la palabra el señor Represa
Fernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen la señora Capella i Farré, la
señora Mora Grande y el señor Iglesias Fernández, por el Grupo
Parlamentario Mixto; el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Saura Laporta, por
el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; la señora
Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i d?Unió; el señor Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y el señor Altava Lavall, por el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.


Se procede a votar las propuestas de veto al Proyecto de Ley de
modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de
la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.
.....................................................16486


El señor presidente informa a la Cámara de que la votación
telemática ha sido autorizada para la señora Cunyat Badosa, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, que se ha
abstenido en todos los vetos.


Se rechaza la propuesta número 1, con el siguiente resultado:
presentes, 245 más 1 voto telemático, 246; votos emitidos, 245 más 1 voto
telemático, 246; a favor, 76; en contra, 152; abstenciones, 17 más 1 voto
telemático, 18.


Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente
resultado: presentes, 247, más 1 voto telemático, 248; votos emitidos,
246, más 1 voto telemático, 247; a favor, 75; en contra, 153;
abstenciones, 18, más 1 voto telemático, 19.


Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente
resultado: presentes, 247, más 1 voto telemático, 248; votos emitidos,
246, más 1 voto telemático, 247; a favor, 74; en contra, 152;
abstenciones, 20, más 1 voto telemático, 21.


Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente
resultado: presentes, 247, más 1 voto telemático, 248; votos emitidos,
246, más 1 voto telemático, 247; a favor, 73; en contra, 152;
abstenciones, 21, más 1 voto telemático, 22.


Se rechaza la propuesta de veto número 5, con el siguiente
resultado: presentes, 247, más 1 voto telemático, 248; votos emitidos,
247, más 1 voto telemático, 248; a favor, 74; en contra, 153;
abstenciones, 20, más 1 voto telemático, 21.


Se procede a votar las propuestas de veto al Proyecto de Ley
Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el
fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las
medidas de investigación tecnológica.
.....................................................16487


La votación telemática ha sido autorizada para la señora Cunyat
Badosa, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió,
que se ha abstenido en todos los vetos.


Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente
resultado: presentes, 247, más 1 voto telemático, 248; votos emitidos,
247, más 1 voto telemático, 248; a favor, 74; en contra, 153;
abstenciones, 20, más 1 voto telemático, 21.


Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente
resultado: presentes, 247, más 1 voto telemático, 248; votos emitidos,
247, más 1 un voto telemático, 248; a favor, 76; en contra, 153;
abstenciones, 18, más 1 voto telemático, 19.


Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente
resultado: presentes, 247, más 1 voto telemático, 248; votos emitidos,
247, más 1 voto telemático, 248; a favor, 74; en contra, 153;
abstenciones, 20, más 1 voto telemático, 21.


Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente
resultado: presentes, 247, más 1 voto telemático, 248; votos emitidos,
247, más 1 voto telemático, 248; a favor, 74; en contra, 153;
abstenciones, 20, más 1 voto telemático, 21.


Se rechaza la propuesta de veto número 5, con el siguiente
resultado: presentes, 247, más 1 voto telemático, 248; votos emitidos,
247 más 1 voto telemático, 248; a favor, 76; en contra, 153;
abstenciones, 18, más 1 voto telemático, 19.


Comienza el debate de los votos particulares.


La señora Mendizabal Azurmendi defiende las enmiendas 30 a 32 al
proyecto de orgánica, del señor Aiartza Azurtza, el señor Goioaga Llano,
la señora Mendizabal Azurmendi y el señor Unamunzaga Osoro, del Grupo
Parlamentario Mixto.


El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por este senador, números 1
a 16 al proyecto de ley, y números 1 a 29 al proyecto de ley
orgánica.


El señor Bildarratz Sorron defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) números 17 a 20 al proyecto de
ley y números 33 a 40 al proyecto de ley orgánica.


El señor Montilla Aguilera defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 21 a 25, 27 a 37,
84 a 86 y 91 al proyecto de ley y números 42, 43, 45 a 65, 148 a 152 y
160 al proyecto de ley orgánica


El señor Saura Laporta defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 38 a 56 al proyecto
de ley y números 66 a 96 y 98 al proyecto de ley orgánica.


La señora Rieradevall Tarrés defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió números 57 a
66 al proyecto de ley y números 99 a 120 al proyecto de ley
orgánica.


El señor Díaz Tejera defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista 67 a 71, 73 a 83 y 87 a 90 al proyecto de ley y
números 122 a 125, 128 a 146 y 153 a 159 al proyecto de ley
orgánica.


El señor Represa Fernández defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado números 92 a 103 al proyecto de ley y
números 161 a 166 al proyecto de ley orgánica.


En turno de portavoces intervienen la señora Mora Grande y el
señor Iglesias Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor
Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV); la señora Rieradevall Tarrés, por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió; el señor Díaz Tejera, por
el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Altava Lavall, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Se procede a votar las enmiendas al Proyecto de Ley de
modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de
la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.
.....................................................16514


Se rechazan todas las enmiendas, excepto las números 9, 10, 49,
50, 92 a 97, 99 a 101 y 103.


Se aprueban las propuestas de modificación con números de
registro 193 055 y 193 056.


Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.


El señor presidente informa de que, tal como dispone el artículo
90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el
Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las
mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el
Rey.


Se procede a votar las enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de
modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento
de las garantías procesales y la regulación de las medidas de
investigación tecnológica.
.....................................................16518


Se rechazan todas las enmiendas, excepto las números 37, 47, 103,
130 y 161 a 166.


Se aprueban las propuestas de modificación con números de
registro 193 057 a 193 061.


Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de ley.


El señor presidente informa de que, tal como dispone el artículo
90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el
Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las
mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el
Rey.


Se suspende la sesión a las veintitrés horas y cinco minutos.








Se reanuda la sesión a las nueve horas.


El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías, se reanuda la sesión.






MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS PARA HACER FRENTE A LOS PROBLEMAS DERIVADOS DE LA
PRECIPITADA IMPLANTACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE,
PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA.


671/000186

GPS


El señor presidente da lectura a los puntos 6. y 6.3.


El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación
no se han presentado enmiendas.


Para efectuar el turno a favor de la moción, tiene la palabra el
senador Álvarez Areces.


El señor ÁLVAREZ ARECES: Buenos días, señor presidente,
señorías.


Esta moción consecuencia de interpelación fue presentada el día 9
de julio y, transcurridos casi dos meses desde esa fecha, mantiene
plenamente su vigencia, a pesar de que en el primer punto del petitum se
hace referencia a la convocatoria de la conferencia sectorial, finalmente
celebrada el 13 de agosto y que, desde mi punto de vista, no ha
significado ningún avance apreciable en la solución de los problemas de
nuestro sistema educativo como consecuencia de la precipitada
implantación de la LOMCE.


El nuevo ministro de Educación, Cultura y Deporte, don Íñigo
Méndez de Vigo, aunque con formas más conciliadoras que el ministro Wert,
en el fondo ha dicho lo mismo: ha rechazado la propuesta presentada por
las doce comunidades autónomas que pedían una moratoria para evitar la
incertidumbre en este inicio de curso como consecuencia de una
implantación absolutamente precipitada de la ley, pues los currículos se
han hecho a última hora; incluso, a día de hoy, antes del inicio del
curso, todavía hay cuatro comunidades autónomas que no los han
desarrollado.


Aunque ha habido algún gesto, no se ha entrado en el fondo de la
cuestión. La decisión de retrasar una parte de las reválidas mediante dos
decretos —el de primaria se hace ahora y el de bachillerato y ESO,
según dicen, se tratará más adelante— no supone ninguna
flexibilización del calendario de implantación, y tampoco se aborda el
cuestionamiento de la propia existencia de las reválidas, que es lo que
planteamos. Esas reválidas, como ya se indicó en la interpelación que
hice al señor ministro, son un anacronismo; no es verdad que existan en
la mayoría de los países europeos —son más bien una
excepción— y suponen el rechazo de la evaluación continua y
desconfianza en el profesorado; es un elemento que introduce distorsiones
de cara al alumnado, pues no trata de evaluar —la evaluación sí se
acepta, como sucede actualmente con la ley vigente hasta la implantación
de la LOMCE—, sino que pretende una segregación y una
discriminación. Como digo, cuenta con el rechazo de la mayoría de los
países europeos e incluso es contraria a los planteamientos de la propia
OCDE.


El ministro ha entrado en esa consigna propagandística del Partido
Popular que consiste en repartir entre las comunidades autónomas un
dinero, en parte de procedencia europea, si bien es absolutamente
insuficiente para abordar el conjunto de la reforma, e incluso añade
elementos propagandísticos —eso parece— al incorporar 24
millones de euros para las ayudas a libros de texto, que aparecen
dibujados en el presupuesto después de haber suprimido 98 millones que
había por ese concepto en el año 2011. Se sigue adelante con la reforma
educativa sin que se cubran las necesidades reales de financiación.
Anuncian un dinero insuficiente, que en buena parte, como decía, proviene
de Europa, y obligan a endeudarse a las comunidades autónomas. Y esto se
hace en un contexto de reparto del déficit que es absolutamente injusto
para las comunidades autónomas que tienen las competencias y la asunción
del gasto educativo en su mayor cuantía.


Por tanto, en el fondo no aceptan ninguno de los planteamientos
que ya estaban orientando muchas comunidades y que nosotros, en esta
Cámara, también reivindicamos; hemos pedido la comparecencia del
ministro, tanto en la Comisión de Educación como en la Comisión General
de Comunidades Autónomas —varias formaciones políticas la han
solicitado— pero no se ha recibido ninguna respuesta hasta el
momento.


Otro asunto al que instamos en el punto 2 es que en la universidad
no ha habido tampoco ningún diálogo con representantes institucionales y
con las comunidades autónomas para abordar los graves problemas de
financiación, becas y precios públicos. Los datos reflejan que nuestro
país tiene una de las tasas universitarias más caras y un sistema de
becas que exige más resultados a los que tienen peores rentas. Y a todo
ello hay que sumar esa caída de financiación que provoca un grave
deterioro en la docencia y la investigación. Si ustedes miran hacia los
presupuestos de 2016, a los que ha hecho alusión también el señor
ministro, se encuentran con la ridícula cifra de incremento del
presupuesto de la universidad: un 0,12 %, y hay que tener en cuenta que
desde el año 2011 este presupuesto ha descendido más del 70 %. Por tanto,
esa cantidad es absolutamente insuficiente.


Las inversiones en I+D también son menores que en años anteriores,
aunque hay un ligero aumento del 2,2 %.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor ÁLVAREZ ARECES: Termino ya, señor presidente.


La ratio en España supone solo el 1,24 % del PIB. Esto significa
que va a haber menos dinero para la universidad y para la
investigación.


En fin, planteamos que todos los puntos del petitum de la moción
presentada se mantengan vigentes y pedimos definir medidas normativas y
presupuestarias para corregir esos problemas. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez Areces.


En turno en contra, tiene la palabra la senadora De Haro.


La señora DE HARO BRITO: Muchas gracias, señor presidente.


Aunque luego me extenderé en el turno de portavoces, quiero
señalar que yo venía hoy a defender la postura del Grupo Parlamentario
Popular en contra de esta moción. Y sinceramente venía con la vana
esperanza de que el senador Álvarez Areces, habida cuenta de las
modificaciones y de lo que ha acontecido desde que en julio se presentase
esta moción consecuencia de interpelación, dado que sí ha habido
acontecimientos que pasaré a relatar, iba a retirar la moción en su
conjunto o, al menos, en parte, pero veo que hoy comienza su intervención
diciendo que mantiene su plena vigencia.


Tenemos que señalar, senador Álvarez Areces, que en uno de los
primeros puntos de la moción usted propone convocar urgentemente la
conferencia sectorial de educación, que como sabrá se reunió el día 13 de
agosto. Es más, el mismo día de la presentación de su interpelación el
ministro, recién llegado a sus responsabilidades públicas, manifestó que
iba a hablar inmediatamente con la comunidad educativa, con todos y cada
uno de los sectores, como así hizo, y con aquellos miembros de las
comunidades autónomas que habían tomado posesión, ya que en algunos
casos, como consecuencia de las últimas elecciones, ni siquiera habían
tomado posesión o no tenían responsables en materia de educación. Eso fue
en el mes de julio y, como le digo, la conferencia sectorial se convocó
el día 13 de agosto y de ahí salieron una serie de compromisos, tanto por
parte de las comunidades autónomas como del propio ministro.


Pero, además, en su anterior intervención también ha señalado que
había pedido la comparecencia del ministro, y señoría, el ministro ha
comparecido en numerosas ocasiones tanto en esta Cámara como en el
Congreso de los Diputados. Es más, el día 27 de julio compareció en
comisión en el Congreso de los Diputados y también en esta misma Cámara
ante la Comisión de Cultura, donde incluso habló de compromisos. Por
tanto, no se puede acusar al ministro actual —ni tampoco al
anterior— de no haber cumplido sus compromisos, pues, como ya he
dicho, el primer punto ya es un hecho, ya se ha convocado la conferencia
sectorial de educación. Y con el segundo punto de su moción, relativo a
recuperar el diálogo con los representantes institucionales del sistema
universitario, ocurre exactamente lo mismo, porque no solo se ha
encontrado extraoficialmente con el presidente de la conferencia de
rectores, sino que también han mantenido numerosas reuniones. Por tanto,
el Grupo Parlamentario Popular entiende que todo esto ya se está
cumpliendo, y se ha hecho de forma inmediata, en los días posteriores a
la toma de posesión del nuevo ministro de Educación.


Como he dicho, me extenderé más en el turno de portavoces, pero ya
le digo que entendemos que el calendario de la LOMCE fue objeto de un
largo debate. Además, me quiero remitir al hecho de que en épocas
socialistas se aprobaron cuatro leyes educativas; de las siete que hemos
tenido, cuatro reformas y contrarreformas han sido aprobadas por
sucesivos gobiernos socialistas en los años 1985, 1990, 1995 y 2006. Por
tanto, no nos parece de recibo acusar de incertidumbre al Grupo
Parlamentario Popular.


Asimismo quisiera también señalarle que el calendario de la LOMCE
se conocía, y no solo desde su publicación tras un largo debate que duró
más de ocho meses. Recuerde usted que solo en el Senado pasó por la
Comisión General de las Comunidades Autónomas antes de hacerlo por la
correspondiente Comisión de Educación y Deporte, y que posteriormente fue
al Pleno, donde fue objeto de un largo y extenso debate; y previamente en
el Congreso se habló con numerosos expertos. Por tanto no se nos puede
acusar de falta de diálogo, tampoco en la elaboración de la LOMCE, que se
publica en diciembre de 2013 y ya en diciembre de 2014 se aprueban los
currículos básicos, por tanto ya se sabe el calendario de implantación.
Por otro lado, en el debate parlamentario celebrado en el Senado
precisamente la disposición final quinta, que regula el calendario de
implantación, fue modificada gracias a ese diálogo, ampliándose el plazo
para su aplicación.


Por tanto, entendemos que había conocimiento de ello, y lo que no
puede suceder es que sean precisamente las comunidades autónomas
gobernadas por el Partido Socialista las que pongan trabas desde el
primer momento a la aplicación de la LOMCE. Eso no puede ser, debe primar
el interés de los niños, de las niñas y de todos los jóvenes. Y hemos de
tener claro que, si queremos llegar a acuerdos en una materia tan
importante como la de educación, debemos predicar con el ejemplo. Por eso
le pido que, si puede, interceda ante esas comunidades autónomas; creo
que hay que cumplir las normas nos gusten o no, pues son unas normas que
salen legítimamente de las Cámaras. Les ruego, por tanto —e
insisto—, que cumplan las normas por el bien de la comunidad
educativa y por el bien de la educación en España.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora De Haro.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Intervengo para expresar brevemente las razones por las que voy a
apoyar la moción presentada por el senador Areces.


Es cierto que se celebró la conferencia sectorial que inicialmente
se solicitaba en el texto de la moción, pero hay que aprovechar este
debate para hacer una valoración o evaluación de las consecuencias o
conclusiones de dicha conferencia desde la perspectiva de establecer si
ha servido o no para cumplir los objetivos contenidos en la moción, y la
conclusión es que efectivamente el resultado de dicha reunión se aleja
mucho de las pretensiones que recogía la moción. De hecho, la mayoría de
los participantes en ella manifestaron cuando concluyó que había sido
decepcionante, que había sido un monólogo del Gobierno. Obviamente, una
reunión celebrada en estos términos no responde a los objetivos fijados
en la moción.


Los problemas derivados de la aplicación del calendario de la
LOMCE son obvios, y fueron claramente denunciados por doce comunidades
autónomas, que en esa reunión del 13 de agosto solicitaron un
aplazamiento de la aplicación de la LOMCE ante las dificultades de
establecer un calendario que prevé la aplicación de la ley en este curso
que está a punto de empezar: en los cursos pares de primaria, en 1.º
y 3.º de la ESO y en 1.º de bachillerato. Yo creo que las leyes,
efectivamente, hay que cumplirlas hasta que se cambian, pero no sería el
primer caso —ni mucho menos— en el que los calendarios
fijados en las leyes, ante las dificultades objetivas para su aplicación,
se modifican. En esta Cámara mantuvimos un prolijo debate en diferentes
sesiones sobre la situación de los registros civiles, y en dos ocasiones
la ley cambió los plazos de entrada en vigor de las previsiones que
inicialmente se establecían para el registro civil electrónico porque la
dura realidad demostraba que era imposible cumplirlos. Por tanto, ante
una situación similar: dificultades objetivas para cumplir el calendario
previsto en la ley educativa, se puede responder con la misma lógica y
racionalidad estableciendo un nuevo calendario. Es exclusivamente una
decisión política, que responde a criterios ideológicos y a intereses
partidistas, lo que lleva a decir por encima de cualquier circunstancia
que hay que cumplir el calendario de la LOMCE sean cuales sean las
consecuencias para los alumnos y para las familias, y eso, señorías, no
responde a lo lógica de la realidad y de la sociedad. En esa reunión la
única flexibilización que admitió el ministro de Educación fue formal: no
aprobar los decretos de implantación de la reválida de secundaria y
bachillerato, que debía empezar a implantarse en los cursos 2017 y 2018.
Efectivamente, ninguna prisa en establecer la aprobación de esos
decretos, pero el ministro sí insistió y anunció la aprobación del
decreto para la implantación de la reválida de primaria.


En relación con otras cuestiones de la moción, comentaré algo muy
rápidamente. Se habla del diálogo para la financiación de la universidad
y las becas y, según ha publicado el propio Ministerio de Educación en
este mes de agosto que acaba de terminar, en el curso 2014-2015 los
becarios universitarios recibieron 100 euros más de media que en el curso
anterior, pero a lo largo de la legislatura se ha producido un recorte en
el importe medio de las becas de 647 euros; recorte que no va a tener
respuesta en lo que es el tercer punto de la moción, el de las reformas
normativas, ni con una ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016
que afronte la corrección de todas estas cuestiones. Si bien es cierto
que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016 ya prevé,
afortunadamente, una tasa de reposición del 100 % entre los docentes, no
lo es menos que esta medida se toma tras haber reducido en 30 000 el
número de profesores a lo largo de estos años y cuando, además, la
previsión presupuestaria para el 2016 en materia de becas solo supone un
incremento de 2,8 millones, cantidad que no va a resolver esa caída del
importe medio de las becas a la que hacía referencia hace unos
minutos.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
Martínez.


La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Vaya por delante el voto favorable de mi grupo parlamentario a
esta moción, como no podía ser de otra manera, señora De Haro. Me imagino
que a estas alturas del debate y de la legislatura no le va a sorprender
que mi grupo parlamentario se posicione a favor de cualquier moción que
vaya en contra de la Ley Orgánica de mejora de la calidad educativa, y
usted sabe que no somos una comunidad autónoma gobernada por el Partido
Socialista y que no es la ideología lo que nos mueve a rechazar esta ley.
La hemos debatido por delante, por detrás, de un lado y del otro, con lo
cual ya sabemos que este grupo parlamentario siempre ha dado argumentos
más que fundados en cuestiones pedagógicas, procedimentales y también de
carácter educativo para rechazar una ley que a todas luces es
nociva.


Entendemos que es una ley nociva para el conjunto del sistema
educativo español, pero también, y muy particularmente, para el sistema
educativo vasco. Partimos de puntos de partida distintos, partimos de
concepciones distintas de lo que tiene que ser un sistema educativo y de
cómo hay que articularlo legalmente y partimos también del
reconocimiento, desde el minuto cero, de que el calendario de aplicación
de la LOMCE era inviable, y se lo dijimos, y le señalamos además dónde
estaban cada uno de los puntos en los que teníamos problemas. Es
imposible, con el procedimiento administrativo vasco en la mano, aprobar
los currículos educativos en los tiempos establecidos por el calendario
de aplicación de la LOMCE. Se lo dijimos desde el minuto cero y el
ministro anterior se obcecó en mantener este calendario con el único
objetivo —y todos hemos visto que se ha ido cumpliendo— de
que al final de la legislatura los números y las cifras de fracaso y de
abandono escolar cambiasen; y lo hacen, no porque se haya reducido el
fracaso o el abandono, sino simplemente porque han trasmutado estos
estudiantes en riesgo de fracaso o de abandono en otro tipo de
estudiantes, manteniéndoles dentro del sistema al utilizar mecanismos
como la segregación temprana, por ejemplo, la formación profesional
básica.


Es imposible, vuelvo a reiterarlo, que se cumplan los calendarios
de aplicación de la LOMCE en los términos establecidos en la ley, y lo
saben. Y no es que haya una voluntad de poner obstáculos, es que es
imposible, con el procedimiento administrativo en este caso de la
comunidad autónoma vasca, que se aprueben los currículos a tiempo.
Porque, a diferencia de lo que hace su Gobierno, nuestro Gobierno sí que
busca el consenso en todas sus actuaciones normativas, también en la
elaboración del currículo; tiene una fase de consultas con la comunidad
educativa y con los sindicatos que nosotros vamos a cumplir siempre a
rajatabla. Una ley educativa tiene que nacer única y exclusivamente con
consenso, esa es la única garantía de que efectivamente vaya a funcionar,
y así tienen que ser también los currículos. Y en el ámbito de aplicación
de nuestras competencias exclusivas, como son los currículos educativos,
nosotros nos atendremos siempre a este procedimiento de consulta y de
participación de la comunidad educativa.


Me sorprende que en su intervención con motivo de la moción diga
que el punto 1 ya lo han cumplido, porque efectivamente ya se ha
convocado una conferencia sectorial, y que el punto 2, que habla de
flexibilidad y demás, está en la agenda del ministro, que con su talante
ya lo ha demostrado y que está tomando medidas en este sentido. Bueno,
pues aprueben la moción. Apruébenla. Si la moción insta al Gobierno a
hacer cosas que según usted ya está haciendo, no tendrían por qué tener
ningún problema para aprobarla. Si ustedes se escudan una y otra vez en
el argumento del diálogo, en que se ha hablado y ya se ha convocado,
háganlo.


Es verdad que la LOMCE la hemos debatido muchísimo y durante
muchísimo tiempo —el anteproyecto lo estuvimos debatiendo durante
prácticamente un año—, pero no es menos cierto que de las
aportaciones de los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado
ustedes han hecho caso cero, absolutamente ninguno, y eso no se llama
diálogo, eso se llama monólogo, como bien ha señalado anteriormente el
senador Iglesias. Eso es un monólogo, eso es una imposición, eso es
aprovecharse de la mayoría absoluta que tiene uno para imponer un modelo
educativo que no necesitamos, que no nos sirve y que desde luego no vamos
a poder aplicar; es más, es totalmente indiferente a los procedimientos
de aprobación de los currículos de las comunidades autónomas.


Por lo tanto, como no podría ser de otra manera, vamos a votar a
favor de esta moción. Háganlo ustedes también, y así veremos que su
discurso no son solamente palabras y que, efectivamente, en este nuevo
ministerio existe la voluntad de trabajar con las comunidades autónomas y
los agentes educativos y de establecer un diálogo —y un diálogo
implica a las dos partes—, cooperación y colaboración entre las
comunidades autónomas y el Ministerio de Educación. Mientras no lo hagan,
lo que veremos es que ustedes, su grupo parlamentario y el nuevo ministro
siguen la tónica del predecesor, la de aprovechar la mayoría absoluta
para imponer unilateralmente estas medidas de carácter educativo.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.


Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra la
senadora Sequera.


La señora SEQUERA GARCÍA: Bon dia, president, senyories.


La moció presentada ens permet posar de manifest dos aspectes
fonamentals que al Grup de l’Entesa ens preocupen enormement. Per
una banda, la impossibilitat de l’aplicació del calendari de la
LOMCE.I així ja ho vam advertir en el darrer Ple del 7 de juliol, en el
control del govern, al ministre Méndez de Vigo en el Ple del 7 de juliol.
D’altra banda, les dificultats d’accés a estudis
universitaris d’aquells alumnes procedents de famílies amb pocs
recursos econòmics; dos problemes que tindran conseqüències
nefastes.


I és que en el cas de l’aplicació del calendari de la
Llei 8/2013, la LOMCE, com en altres lleis que es legislen sense tenir en
compte les conseqüències que comportarà fer-ho d’aquesta manera de
pressa i corrents, per exemple, com a cas il·lustratiu, el passat 9 de
juliol al BOE es va publicar l’Ordre 1361, de 2015, per als centres
en l’àmbit de gestió del ministeri. Aquí s’estableixen els
aspectes bàsics a partir dels quals els centres haran de fixar
determinats aspectes organitzatius, pedagògics i relacionats amb
l’avaluació contínua o l’atenció a la diversitat. El text
feia referència constant a uns annexes que no s’acompanyaven en la
publicació i que no van ser publicats fins el 21 de juliol. Avui som
dia 2 de setembre, i en el mes d’agost les escoles estan tancades.
De debò creuen que és possible aplicar tot el que l’ordre preveu en
el curs 2015-2016 a 1r i 3r d’ESO i 1r de Batxillerat? Tenen la més
remota idea del que suposa per als equips directius i docents adaptar els
projectes de centre a aquesta normativa a un mes i poc de la seva
publicació a inici de curs, tenint en compte que a l’agost no es
treballa?


Només ens queda treure com a conclusió que el ministeri té un
desconeixement total del funcionament del sistema educatiu. Assistim a
una invasió, com mai, de les competències autonòmiques en educació i al
menyspreu constant i reiteratiu dels milers de docents de tot el país,
que són els veritables artífexs a l’hora de fer realitat el
funcionament de l’educació pública, sistema públic educatiu. Mai no
se’ls ha tingut en compte. Per tant, és impossible aplicar els
preceptes legals dictaminats pel ministeri per al curs 2015-2016.


I un altre problema que cal afrontar de forma imminent és
l’increment d’alumnes que abandonen els estudis
universitaris; més de 73 000 des del 2012 i, d’aquests, 51 000 el
darrer curs. No és difícil determinar les causes d’aquest descens:
la pujada de les taxes universitàries, beques insuficients per a les
necessitats de les famílies i l’enduriment dels requisits per
obtenir aquestes beques, i això ha afectat, sobretot, als alumnes que
procedeixen de famílies amb dificultats econòmiques. Un cop més,
s’han adoptat mesures que accentuen la desigualtat, que marginen i
impedeixen l’ascens social als joves de famílies humils. Si és cert
el que s’ha dit en nombroses ocasions en aquesta Cambra, que els
joves són el futur del país i que cal oferir-los oportunitats perquè
rebin la millor qualitat educativa i rebin una bona formació, aquest
Govern no està sent coherent amb el que diu i amb el que fa. Mentre hi
hagi un sol jove que no pugui fer realitat la il·lusió de cursar estudis
superiors per manca de recursos econòmics, el Govern haurà fracassat i
demostrarà la seva incapacitat i la ineptitud per trobar els mecanismes
per garantir-ho. I els recordo que l’educació és un dret.


En resum, aquest Govern ha fet una gran actuació interpretant el
paper de garant de la millora la qualitat educativa, però quan ha de
demostrar aquest interès per l’educació en l’adopció de
mesures concretes, el que realment ens mostra és la veritable obsessió
per degradar l’educació pública i convertir-la en un reducte
irrecuperable, deixant, això sí, en un lloc privilegiat i promocionant a
la privada. No sé què entenen per interès general. No puc entendre el poc
sentit de responsabilitat per part del Govern, el poc que li importa
legislar de qualsevol manera. Són conscients que les mesures legals que
estan aprovant aquests dies, de pressa i corrents, afecten milions de
persones? Aprenguin a escoltar. Escoltin les comunitats autònomes com a
administració propera al territori i a la comunitat educativa. Escoltin a
les institucions universitàries, escoltin, dialoguin, consensuïn les
mesures normatives. Aquestes institucions, precisament, persegueixen
això, la millora de la qualitat educativa, i no es pot afrontar si en el
Govern no hi ha voluntat de destinar-hi els recursos suficients per
garantir-ho.


Això és el que pretén la moció a la qual donarem suport des del
convenciment que l’educació és un assumpte d’Estat que cal
afrontar des del diàleg, el consens i el compromís dels governs de
destinar-hi els recursos suficients com a inversió en la millora del
propi país. (Aplaudiments).


Buenos días, presidente, señorías.


La moción presentada nos permite poner de manifiesto dos aspectos
fundamentales que preocupan mucho a nuestro grupo. Por un lado, la
imposibilidad de la aplicación del calendario de la LOMCE, como ya
advertimos al ministro Méndez de Vigo en el Pleno del 7 de julio. Por
otro lado, las dificultades de acceso a estudios universitarios de
aquellos alumnos procedentes de familias con pocos recursos económicos;
dos problemas que tendrán consecuencias nefastas.


Llevan a cabo la aplicación del calendario de la Ley 8/2013, la
LOMCE, deprisa y corriendo, al igual que sucede con otras leyes que se
legislan sin tener en cuenta las consecuencias que ello comporta. A modo
de ilustración, el pasado 9 de julio en el BOE se publicó la Orden 1361,
de 2015, para los centros en el ámbito de gestión del ministerio. Ahí se
establecen los aspectos básicos a partir de los cuales los centros
deberán fijar determinados aspectos organizativos, pedagógicos y aquellos
relacionados con la atención a la diversidad o la formación continua, y
se mencionaban aspectos que no estaban en la publicación y que no fueron
publicados hasta el 21 de julio. Estamos a 2 de septiembre, y en el mes
de agosto las escuelas están cerradas. ¿Realmente creen ustedes que es
posible aplicar todo lo que la orden prevé en el curso 2015-2016 en 1.º
y 3.º de ESO y 1.º y 2.º de Bachillerato? ¿Saben lo que supone para los
equipos docentes adaptar esta normativa a un mes vista de la publicación
e inicio de curso, teniendo en cuenta que en agosto no se trabaja?


Solo podemos sacar como conclusión que el ministerio desconoce
absolutamente el funcionamiento del sistema educativo. Asistimos a una
invasión, como nunca, de las competencias autonómicas en educación y al
desprecio constante y reiterado de los miles de docentes de todo el país,
que son los verdaderos artífices a la hora de hacer realidad el
funcionamiento del sistema público educativo. Nunca se les ha tenido en
cuenta. Por tanto, es imposible aplicar los preceptos legales
dictaminados por el ministerio para el curso 2015-2016.


Y otro problema que hay que afrontar de forma inminente es el
aumento de los alumnos que abandonan los estudios universitarios; más
de 73 000 desde 2012 y, de estos, 51 000 en el último curso. No es
difícil determinar las causas de este descenso: el aumento de las tasas
universitarias, becas insuficientes para las necesidades de las familias
y el endurecimiento de los requisitos para acceder a las becas, y esto ha
afectado, sobre todo, a los alumnos que proceden de familias con
dificultades económicas. Una vez más, se han adoptado medidas que
acentúan la desigualdad, que marginan e impiden el ascenso social a los
jóvenes de familias humildes. Es cierto lo que se ha dicho en numerosas
ocasiones en esta Cámara, que los jóvenes son el futuro del país y que
hay que ofrecerles oportunidades para que reciban la mejor calidad
educativa y una buena formación, pero este Gobierno no está siendo
coherente con lo que dice y con lo que hace. Mientras haya un solo joven
que no pueda hacer realidad la ilusión de cursar estudios superiores por
falta de recursos económicos, el Gobierno habrá fracasado y demostrará su
incapacidad e ineptitud para encontrar los mecanismos para garantizarlo.
Recuerdo que la educación es un derecho.


En resumen, este Gobierno ha hecho una gran actuación como garante
de la calidad educativa, pero cuando tiene que demostrar este interés
adoptando medidas concretas, lo que demuestra es la verdadera obsesión
por degradar la educación pública y convertirla en un reducto
irrecuperable, dejando, eso sí, en un lugar especial a la privada. No sé
qué entienden por interés general. No puedo entender el poco sentido de
responsabilidad del Gobierno, lo poco que le importa legislar de
cualquier forma. ¿Son conscientes ustedes de que las medidas legales que
están aprobando estos días, deprisa y corriendo, afectan a millones de
personas? Aprendan a escuchar. Escuchen a las comunidades autónomas como
administración cercana al territorio y a la comunidad educativa. Escuchen
a las instituciones universitarias, dialoguen, consensuen las medidas
educativas. Estas instituciones, precisamente, persiguen la mejora de la
calidad educativa, y no se puede afrontar si en el Gobierno no hay
voluntad de destinar recursos suficientes para garantizarlo.


Esto es lo que pretende la moción a la que vamos a dar apoyo con
el convencimiento de que la educación es un tema de Estado que hay que
afrontar con diálogo, con consenso y con el compromiso de los gobiernos
de destinar los recursos suficientes en esta inversión de mejora del
propio país. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Sequera.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió, tiene la palabra el senador Alturo.


El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor president,
senyories, molt bon dia.


Estem pràcticament al final de legislatura i diríem que en aquests
moments el que toca és fer balanç i fer balanç de l’aspecte
prioritàriament que ens ocupa en aquesta moció, que és el tema de
l’educació. Hem retrocedit molt en educació, molt. Jo faré
referència a tres aspectes: un és la LOMCE, del qual ja n’hem
parlat moltíssimes vegades, un altre són els temes dels pressupostos i un
altre aspecte seria el tema de les beques.


Del tema de la LOMCE ja n’hem parlat moltes vegades. És una
llei feta contra tothom, contra les comunitats autònomes, contra el
sistema educatiu en general, contra el professorat, contra els alumnes;
en definitiva, és una llei a la qual no ha donat suport ningú,
absolutament ningú. Gens de suport per part de les entitats més
representatives del món educatiu. Com hem dit moltes vegades, i no ens
cansem de repetir-ho, es tracta d’una llei ideològica, una llei que
ens fa retrocedir en molts i molts aspectes, una llei que he de dir que
va en contra de Catalunya, en contra de la cohesió social i, evidentment,
en contra de la immersió lingüística. La immersió lingüística és garant
de cohesió a Catalunya i aquesta llei la penalitza i va absolutament en
contra seu. Per això ens hem manifestat reiteradament en contra
d’ella amb una oposició total.


Dit això, és evident que les grans competències en matèria
educativa estan en mans de les comunitats autònomes, i últimament, en la
Conferència Sectorial d’Educació, ja s’ha posat de manifest
la posició contrària de la majoria d’elles pel que fa al calendari
d’aplicació . No és possible, com ja han dit altres portaveus,
dur-la a terme en els termes que s’ha establert, és pràcticament
impossible. Per tant, vostès l’estan tirant endavant en contra de
totes les condicions i el que és evident i s’està veient és aquesta
necessitat imperiosa que tenen vostès de imposar, imposar sigui com
sigui, perquè en definitiva anava en el seu programa electoral.


Si parlem de pressupostos, sorprèn que en uns pressupostos tan
eufòrics i triomfalistes com els que estan presentant, i que en
definitiva sembla que ens estan parlant de tota la recuperació econòmica,
no tinguin en compte la manera de compensar aquelles famílies que
s’han vist més perjudicades per la crisi. I posaré un exemple: la
partida destinada a l’educació compensatòria, garant de
l’equitat, cau un 2,6 %, és a dir fins a 5 milions d’euros
solament, solament perquè ja el curs passat hi va haver una baixada
del 90 % és a dir d’uns 48 milions d’euros que anaven
destinats a aquest programa. L’educació compensatòria és una eina
fonamental i bàsica en l’educació i en el foment de la cohesió
social per compensar aquestes desigualtats i per a la prevenció de les
grans conseqüències derivades de factors socials, econòmics, culturals,
geogràfics, ètnics i molts altres. Això no s’ha tingut en compte i
no poden vostès presumir que estan fent polítiques socials, sinó tot el
contrari.


Si parlem de les beques, aquesta és una altra de les partides
garants de l’equitat i de la igualtat, i de nou es veuen
maltractades pel Govern en aquests pressupostos. Són absolutament
insuficients. Sí, ens parlen d’un augment del 0,2 %, però resulta
absolutament insuficient. A més, és injust tenint en compte el cost de la
vida a les diferents comunitats autònomes, i a l’hora de determinar
els costos fixos i els variables que conformen la totalitat de les ajudes
percebudes pels estudiants suposa una desigualtat tremenda. Jo diria que
només a Catalunya 6500 universitaris han perdut l’ajuda per pagar
la matrícula a causa de les noves exigències derivades. Per tant, a les
persones amb més problemes econòmics se’ls exigeix més que a la
resta per accedir a la universitat. Per tant, atempten, una vegada més,
contra les desigualtats, i en definitiva, perjudiquen aquells que menys
possibilitats tenen.


Finalment, deixin-me dir que nosaltres també havíem sol·licitat la
compareixença del ministre d’Educació, perquè clar, és molt bonic
arribar aquí amb bones paraules, quan en realitat li queden quatre dies,
i no acceptar compromisos. Per tant, reiterem des del nostre grup
parlamentari que ens agradaria que vingués a la comissió pertinent i ens
parlés precisament de la LOMCE. En definitiva, veiem que aquesta llei no
es pot tirar endavant, s’ha de retirar, va en contra de tots i això
és el que haurien de fer. Encara tenen aquí una oportunitat per poder
rectificar, encara que estiguem al final de la legislatura, i si bé això
no és gaire probable, és el que desitgem.


Moltes gràcies.


Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, estamos prácticamente al final de la legislatura y en
estos momentos lo que procede es hacer balance del aspecto que nos ocupa
en esta moción, es decir, la educación, materia en la que hemos
retrocedido mucho. Voy a hacer referencia a tres aspectos: uno, la LOMCE;
dos, los presupuestos;






y tres, las becas.


En cuanto a la LOMCE, ya hemos hablado de ella muchas veces. Se
trata de una ley hecha contra todo el mundo: contra las comunidades
autónomas, contra el sistema educativo en general, contra el profesorado,
contra los alumnos; en definitiva, es una ley a la que no ha dado apoyo
nadie, absolutamente nadie. No ha tenido ningún apoyo por parte de las
entidades más representativas del mundo educativo. Como hemos dicho
muchas veces, y no nos cansamos de repetirlo, se trata de una ley
ideológica, una ley que nos hace retroceder en muchos aspectos, una ley
que debo decir que va en contra de Cataluña, en contra de la cohesión
social y, evidentemente, en contra de la inmersión lingüística. La
cohesión lingüística garantiza la cohesión en Cataluña y esta ley la
penaliza y va absolutamente en su contra. Por eso nos hemos manifestado
reiteradamente en contra de ella con una oposición total.


Dicho esto, es evidente que las grandes competencias en materia
educativa están en manos de las comunidades autónomas, y últimamente, en
la Conferencia Sectorial de Educación, ya se ha puesto de manifiesto la
posición contraria de la mayoría de ellas en cuanto al calendario de
aplicación. Es prácticamente imposible, como ya han dicho otros
portavoces, llevarla a cabo en los términos que se proponen. Por lo
tanto, ustedes la están sacando adelante en contra de todos y es evidente
que se ve esta necesidad imperiosa que tienen ustedes de imponerla,
cueste lo que cueste, porque iba en su programa electoral.


Cuando hablamos de presupuestos, sorprende que en unos tan
eufóricos y triunfalistas como los que están presentando, en los que
parece que nos están hablando de toda la recuperación económica, no
tengan en cuenta la manera de compensar a aquellas familias que se han
visto más perjudicadas por la crisis. Voy a poner un ejemplo: la partida
destinada a educación compensatoria, garante de la equidad, cae un 2,6 %,
cuando ya el año pasado hubo una bajada de unos 48 millones de euros
destinados a este programa. La educación compensatoria es una herramienta
fundamental y básica en el fomento de la cohesión social para compensar
desigualdades y para la prevención de las consecuencias que se derivan de
factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos y muchos
otros. Esto no se ha tenido en cuenta, y no pueden ustedes presumir de
estar haciendo políticas sociales, sino todo lo contrario.


Si hablamos de las becas, otra de las partidas garantes de la
equidad y de la igualdad, de nuevo se ven maltratadas por el Gobierno en
estos presupuestos. Son absolutamente insuficientes. Nos hablan de un
aumento del 0,2 %, pero, repito, resulta absolutamente insuficiente.
Además, es injusto teniendo en cuenta el coste de la vida en las
distintas comunidades autónomas, y a la hora de determinar los costes
fijos y variables de las ayudas percibidas por los estudiantes supone una
enorme desigualdad. Solo en Cataluña 6500 universitarios han perdido la
ayuda para pagar la matrícula por las nuevas exigencias derivadas de la
ley. A las personas con más problemas económicos se les exige más que a
los demás. Por tanto, atentan, una vez más, contra las desigualdades. En
definitiva, perjudican a aquellos que tienen menos posibilidades.


Por último, déjenme decir que nosotros también habíamos solicitado
la comparecencia del ministro de Educación, porque es muy bonito llegar
aquí con buenas palabras, cuando en realidad le quedan cuatro días, y no
aceptar compromisos. Por tanto, reiteramos desde nuestro grupo
parlamentario que nos gustaría que viniera a la comisión pertinente y nos
hablara precisamente de la LOMCE. En definitiva, vemos que esta ley no se
puede sacar adelante, hay que retirarla, va en contra de todos y eso es
lo que deberían hacer. Todavía tienen aquí una oportunidad para poder
rectificar, aunque estemos al final de la legislatura, lo que si bien no
es muy probable, es lo deseable.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra el senador Álvarez Areces.


El señor ÁLVAREZ ARECES: En este turno de portavoces, en primer
lugar, quiero agradecer a todas las formaciones parlamentarias del Senado
que han intervenido, salvo el Grupo Popular, que se ha mostrado
contrario, que hayan apoyado esta moción, con argumentos que comparto
plenamente y que ratifican una vez más que ha sido una ley que ha tenido
en contra a todo el mundo: la comunidad educativa, el profesorado, las
comunidades autónomas, las instituciones, las familias; en definitiva,
una ley que ha nacido en contra de la opinión de la mayoría de los
estamentos educativos.


Mientras debatimos sobre la LOMCE, el señor Wert está en París y
el nuevo ministro nos hace nuevas promesas, pero hechos, ninguno. En la
reunión de la conferencia sectorial de agosto ha habido buenas palabras,
pero no ha habido ningún acuerdo que haya ido en una dirección real de
consenso. Por eso mantenemos y ratificamos nuestra posición.


Hay que tener en cuenta que el hecho de que hayan dividido el
decreto de reválidas en dos no significa nada, no ha alterado el
calendario ni lo ha flexibilizado; el calendario sigue igual. Las
reválidas previstas para ESO y bachillerato están, en el curso 2016-2017,
sin efectos académicos, y en el siguiente con pleno efecto. En el fondo,
en relación con el concepto de reválida, que no hay que confundir con
evaluaciones externas —la mayor parte de los países europeos no
realizan reválidas en el sentido que aquí se quiere defender—, el
ministerio ha dicho en junio —y nadie lo ha desmentido— que
iba a ser un test, que iba a haber un ranking de centros, etcétera; en
definitiva, una serie de cuestiones de fondo que no se han abordado.


Por otra parte, hay numerosos problemas en el inicio de curso;
problemas que afectan a la organización de los centros y a la
planificación de la enseñanza. Toda esa negativa a dar mayor tiempo al
desarrollo de los currículos para hacerlos de acuerdo con la comunidad
educativa ha impedido que la organización escolar se haga adecuadamente.
Lo notaremos porque lo están sufriendo ya las familias, los profesores y
los centros.


Por otro lado, en la conferencia sectorial se han prometido
recursos que, una vez analizados, vemos que carecen de validez
significativa en el conjunto de los problemas que tenemos, como las becas
o el problema de la financiación de la universidad, que no ha sido
abordado. No es cierto que se hayan reunido con algún estamento
importante de la universidad, con la representación institucional o con
las comunidades autónomas, para abordar el problema de la financiación de
la universidad. La única respuesta es la que vemos reflejada en los
presupuestos —de ello debatiremos—, pero el presupuesto de la
universidad aumenta en una cifra verdaderamente ridícula, el 0,12 %, en
un contexto de reducción, desde el inicio de esta legislatura, del 70 %
de su presupuesto. En cuanto a las becas, pasa exactamente igual. La
partida presupuestaria destinada a las becas sufre un incremento de
un 0,19, ni siquiera llega al 0,2 %, 3 millones de euros. Pero ¿ustedes
creen que esta es una respuesta adecuada a las necesidades de las
familias cuando la CRUE ha hecho un estudio al inicio de este verano en
el que demuestra que la cuantía media de las becas ha caído casi 700
euros en el periodo analizado? ¿Creen ustedes que con esa ridícula
cantidad se puede hacer frente a las nuevas necesidades que tiene
actualmente la sociedad española, en donde hay un número mayor de
personas afectadas en cuanto al acceso a la beca? Luego están las
dificultades respecto a su mantenimiento y el endurecimiento de los
requisitos. Esa no es la solución de los problemas.


Es imposible que se diga que hay ya una respuesta porque el
ministro dice que se ha reunido con ellos. También el señor Wert se
reunía y no tenía ningún efecto, más que el contrario, porque no daba una
solución real a los problemas que se planteaban.


La universidad, como decía, no solo tiene este problema, sino
también el de las tasas o el del decreto 3+2, sobre el que la mayor parte
de las universidades españolas se manifestaron en contra, al menos, por
la falta de diálogo. Asimismo, falta un modelo de financiación y la tasa
de reposición, aunque ahora se reconoce el 100 % después de haber sido
reiteradamente pedida —hay que decirlo con toda claridad—, en
modo alguno restituye la situación de deterioro que se ha producido a lo
largo de estos años. Entre las distintas modalidades de enseñanza hay más
de 30 000 profesores menos en el sistema educativo, una parte de ellos en
el sistema universitario, en los equipos de investigación. ¿Simplemente
con poner en el presupuesto que se admite la tasa de reposición del 100 %
está todo arreglado? No, no, ha habido un deterioro real. Un deterioro
real que hay que contradecir con una serie de políticas para que se
regenere nuevamente una situación distinta con consenso.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor ÁLVAREZ ARECES: Termino ya en este sentido manifestando
la necesidad de que el señor ministro comparezca mediante una petición de
esta Cámara en la Comisión de Comunidades Autónomas. En esta Cámara el
señor ministro habrá venido a la Comisión de Cultura, pero a la de
Educación no ha venido porque he pedido la comparecencia, al igual que
han hecho otras formaciones políticas, y no ha acudido. A la de
Comunidades Autónomas tampoco y por eso lo reitero. Asimismo, muestro el
agradecimiento a las formaciones políticas de esta Cámara que apoyan
dicha moción. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez Areces.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
De Haro.


La señora DE HARO BRITO: Muchas gracias, señor presidente.


Estamos discutiendo una moción presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista que tiene el texto que tiene, senadora Martínez.
Es una moción que pide al Gobierno una serie de actuaciones en tres
puntos concretos. Dos de los casos se están llevando a cabo, en el margen
que va desde la interpelación objeto de esta moción, de manera continuada
y reiterada en un mes escaso, incluyendo agosto —recordemos que
estamos en un periodo con agosto por medio—.


Por otro lado, tiene un contenido evidentemente económico y un
trasfondo que, aunque no se dice explícitamente en la norma, por el
debate que hemos tenido aquí, pretende una vez más hacer un debate a la
totalidad sobre una ley que, después de seguir los trámites oportunos,
fue aprobada, como es la Ley Orgánica de mejora de la calidad educativa.
Una ley, además, que recordemos que es integradora porque no parte, como
hizo el Partido Socialista en el año 2004, de una derogación ipso facto
de una ley aprobada por un Gobierno anterior. En definitiva, se pretende
una derogación insólita, porque por primera vez en la democracia española
ya en julio del año 2013, con carácter anticipado, prometen derogarla en
el momento en que lleguen al Gobierno. ¡Eso es lo que le preocupa al
Partido Socialista y al resto de partidos la educación y su estabilidad!
Tenemos que recordar, como dije anteriormente, que de las 7 leyes
importantes en materia educativa que desde el año 1970 hemos tenido en
España, 4 reformas y contrarreformas han sido llevadas a cabo
precisamente por el Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, no
venga ahora a hablarnos de estabilidad y certidumbre del sistema
educativo


Tenemos que señalar, además, que el debate de la Ley Orgánica de
mejora de la calidad educativa duró más de nueve meses entre el
anteproyecto y su aprobación. Se consultó con todos los estamentos de la
comunidad educativa y con diferentes sectores, tanto políticos como
económicos y sociales. Se informó por el Consejo de Estado y se tomaron
diferentes medidas y modificaciones a lo largo de la tramitación
parlamentaria, muchas en esta Cámara legislativa. Por tanto, sí hubo
diálogo. Quiero recordar leyes tan importantes como la Ley de ordenación
general del sistema educativo, de 1985, cuya tramitación duró cinco
meses, o la Ley Orgánica de educación, la LOE, del año 2006, que duró un
poquito más, pero menos que la tramitación dialogada, y con intento de
consenso por parte del Partido Popular, de la Ley Orgánica de mejora de
la calidad educativa. Dicho esto, tengo que señalar que, una vez
aprobada, fue publicada en diciembre del año 2013, y recordemos que en
diciembre del año 2014 se aprobaron los currículos básicos y, por tanto,
se sabía perfectamente el calendario de implantación.


Señor Álvarez Areces, claro que hay problemas en la aplicación,
pero esos problemas los están poniendo, desde el primer momento,
precisamente dirigentes de su partido, porque en las comunidades
autónomas gobernadas por el Partido Popular esos problemas no existen,
cuando el calendario es el mismo, señor Álvarez Areces. Tengo que
recordarle, además, que lo primero que hicieron los responsables
educativos recientemente elegidos en algunas comunidades, como Valencia o
Castila-La Mancha, ha sido modificar el calendario en contra de la
opinión de padres y madres. Han modificado el calendario de iniciación
del curso; por tanto, no me hable usted, señor Álvarez Areces, de oír a
la comunidad educativa porque el Partido Popular sí lo hace.


Dicho esto, hay que señalar que después de la aprobación de la Ley
Orgánica de mejora de la calidad educativa se han constituido grupos de
trabajo en los que han participado la mayor parte de las comunidades
autónomas.


Respecto a la conferencia sectorial, señor Álvarez Areces y señor
Alturo, en la que ustedes dicen que no se llegó a ningún acuerdo, debo
manifestar que llegó a alcanzar, ni más ni menos, que tres acuerdos: en
primer lugar, el ministro informó sobre cuáles eran las medidas que se
iban a adoptar en los presupuestos que comenzamos a tramitar —están
ahora mismo en el Congreso de los Diputados—; en segundo lugar, se
llegó a un importante acuerdo: la modificación del real decreto para la
regulación conjunta de las evaluaciones externas de primaria, de
secundaria y de bachillerato, de manera que se pospuso la regulación de
las de educación secundaria y de bachillerato; y en tercer lugar, además,
se acordó iniciar un profundo debate de reflexión y de análisis para que
participaran las comunidades autónomas. Pero, además, esos compromisos
han tenido su reflejo en los propios Presupuestos Generales del Estado.
Aquí se dice que son propagandísticos, pero tenemos que recordar que la
partida destinada a becas generales es de 1416 millones, señor Álvarez
Areces, la mayor de la historia. (Denegaciones del señor Álvarez Areces).
Mire usted los presupuestos y su serie histórica. Además, las comunidades
autónomas van a recibir 364 millones de euros para la implantación de la
LOMCE; la tasa de reposición de profesores vuelve a estar en un 100 %;
que los presupuestos recuperan ayudas para libros de texto y material
didáctico en 48 millones de euros para 2015 y 2016, incluso para este
curso que comienza ahora, en 2015; y el programa Erasmus —tan
importante en materia de idiomas— contará con 163,5 millones,
incrementándose en más de 2,5 millones. Si eso no son compromisos reales,
compromisos serios y una apuesta clara y evidente por la calidad y por la
equidad, senador Álvarez Areces, de verdad que va a tener razón Ovidio en
el sentido de que lo que no se hace ahora, prepárate que no se hará en el
futuro.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora DE HARO BRITO: Esta es la postura que tiene el Partido
Socialista. Siento profundamente que no haya acuerdo en una materia tan
importante como la educación pero, señor Álvarez Areces, seguiremos
trabajando por la mejora de la educación, pese a quien le pese.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora De Haro.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de
interpelación del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232;
votos emitidos, 232; a favor, 92; en contra, 140.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A SEGUIR DESARROLLANDO
POLÍTICAS BASADAS EN UN MODELO SOSTENIBLE DE CIUDADES.


662/000205

GPP


El señor presidente da lectura a los puntos 7. y 7.1.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se habían presentado
originariamente dos enmiendas: una del Grupo Parlamentario Mixto, a
iniciativa del senador Iglesias, y otra del Grupo Parlamentario Vasco en
el Senado. (Rumores).


Señorías, guarden silencio, por favor.


Posteriormente, se ha presentado una propuesta de modificación
firmada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, el Grupo
Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i d’Unió, el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya y el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. Por tanto, decae
la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco, pero queda viva la enmienda
del senador Iglesias, del Grupo Parlamentario Mixto, que no ha firmado la
propuesta de modificación.


Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, tiene la palabra el senador Ibarrondo.


El señor IBARRONDO BAJO: Muy buenos días, señor presidente.
Muchísimas gracias.


Señorías, con el lema «Desarrollo urbano sostenible: el futuro de
la urbanización», la Asamblea General de las Naciones Unidas ha convocado
la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo
Sostenible, lo que viene llamándose Hábitat III, que trae causa de
Hábitat I y Hábitat II, 1976, 1996, 2016.


La primera, Hábitat I, trataba sobre los asentamientos humanos, y
Hábitat II sobre la cumbre de las ciudades. Hábitat III quiere evaluar
estos 20 años transcurridos y observar qué nuevos desafíos tienen las
ciudades, como el cambio climático, la protección y la seguridad;
desarrollar, en definitiva, una nueva agenda urbana capaz de dar
respuesta a los nuevos desafíos y al cambio en la función de las
ciudades, y abordar la manera de fortalecer el marco institucional de
desarrollo. Lo que pretende conseguir, como decía, es un nuevo modelo de
desarrollo urbano que logre integrar todas esas facetas.


En relación con la moción, el Grupo Parlamentario Vasco ha querido
mejorar la redacción en cuanto a la aclaración respecto del ámbito de las
competencias. Esto, senador Cazalis, ya viene recogido en la moción.


Esta iniciativa, como he dicho, trata sobre el futuro de las
ciudades, simplemente; eso es lo que persigue, el compromiso de todos
para conformar en las ciudades, en nuestro entorno, espacios de calidad
para la vida de las personas. Simple y llanamente esto, nada sencillo
pero verdaderamente apasionante.


El Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, está siendo parte
activa en el proceso de preparación de la conferencia internacional
Hábitat III, que tiene como objetivo evaluar el proceso de urbanización a
escala mundial y abordar los nuevos desafíos y las oportunidades actuales
vinculadas, como he dicho anteriormente, con aspectos como el cambio
climático, la protección y la seguridad, el desarrollo e implementación
de una nueva agenda urbana y el fortalecimiento del marco institucional
del desarrollo urbano sostenible y la vivienda.


España es uno de los miembros más activos en la ONU-Hábitat, uno
de los principales socios, tanto por la dimensión de sus contribuciones
como por su implicación en el desarrollo y ejecución de los proyectos.
Este apoyo decidido a la organización se extiende asimismo a la
preparación de la conferencia de la que estamos tratando, Hábitat III. El
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, así como el Ministerio
de Fomento, están muy implicados en este proceso preparatorio, y no
únicamente como socios financieros, sino también como promotores de
proyectos y de programas.


Tanto desde Nairobi, donde está la sede de la ONU-Hábitat, como
desde la representación permanente en Nueva York, se han seguido muy de
cerca los trabajos preparatorios y se ha aportado una nueva experiencia
ya acumulada a lo largo de estos años. Hay que señalar en este sentido el
informe nacional Hábitat III, que trabaja sobre la planificación urbana y
ordenamiento territorial, sobre el medioambiente y urbanización, sobre la
gobernanza y legislación urbanas, sobre la economía urbana y, en
definitiva, sobre vivienda y servicios básicos. En este informe han
participado todas las instancias administrativas y, lógicamente, la
sociedad civil, presentando este documento en diciembre de 2014.


En las intervenciones en los comités preparativos, tanto en Nueva
York como el que va a haber en abril en Nairobi, se muestra la
experiencia acumulada de España, de nuestras ciudades, que se han
convertido en verdaderos modelos de gestión. Tenemos esa valiosa
experiencia internacional, especialmente en Latinoamérica. Es conveniente
subrayar ese compromiso de España con el sistema de Naciones Unidas y el
multilateralismo activo que estamos practicando. Por ello, España seguirá
apoyando tanto el programa de Naciones Unidas para los asentamientos
humanos, Hábitat I, 1976, como la conferencia de Hábitat II en los
asentamientos de las cumbres de las ciudades.


En definitiva, el desarrollo sostenible procura a todas las
personas el disfrute del entorno de la naturaleza y el paisaje, así como
el patrimonio cultural, arqueológico, histórico, artístico y
arquitectónico. La sostenibilidad en que se debate en estos foros
internacionales siempre parte de tres apartados: el medioambiental, el
social y el económico. Los tres se deben integrar en el concepto de
ciudad sostenible. La densidad es clave al hablar de ciudades
sostenibles. El modelo ideal es el de la ciudad mediterránea, compacta,
densa, compleja, con una mezcla de usos y diversa, pero a su vez muy
abierta.


Tenemos la suerte de que en España las ciudades nacieron a través
de estas tramas urbanas compactas en líneas generales, y por ello no
debemos perder ese espíritu, sino recuperar, proteger y divulgar sus
bondades; y estos son los foros en donde nosotros enseñamos esas
bondades. La baja densidad, como ustedes saben, no es el modelo más
acorde para conseguir estos objetivos, es más costoso, y por supuesto es
mucho más invasivo. Las ciudades compactas son más eficientes porque el
transporte público funciona mejor, la iluminación pública también, la
limpieza, la seguridad. Es importante valorar el espacio público y
devolver a los peatones el espacio robado por el automóvil. Si
recuperamos el espacio público recuperaremos la vida ciudadana, el
comercio, la accesibilidad tanto a las personas con dificultad en su
movilidad reducida como a niños y a mayores; recuperaremos la
biodiversidad, los planes de movilidad sostenible, que es la apuesta por
el transporte público, por el transporte eléctrico, por el transporte sin
motor. De esto vamos a hablar en Hábitat III.


Hay que reverdecer las ciudades, incrementar sus zonas verdes,
parques, fachadas y cubiertas vegetales, huertos urbanos, arbolados en
las calles; apostar por las infraestructuras verdes, proyectos de
urbanización multifuncionales que integran una nueva gestión del agua;
movilidad, espacio público, biodiversidad, energía, residuos que
proporcionan multitud de beneficios ecosistémicos: control de la
temperatura, de la humedad, del ruido, del nivel freático, del bienestar
personal, de la mejora del paisaje, etcétera.


La Comisión Europea está apostando por este tipo de inversiones.
Hay muchas ciudades, y muchos de ustedes han sido sus alcaldes, donde nos
han enseñado todas estas cosas que estamos enumerando. Las nuevas
tecnologías se deben integrar al servicio de una estrategia inteligente
de desarrollo urbano sostenible, y no al revés; hacer ciudades más
resilientes, más adaptables a las modificaciones que está provocando el
cambio climático; una estrategia alimentaria: huertos urbanos o el
concepto de kilómetro cero, es decir, consumir productos cultivados en el
propio lugar; el incremento de biodiversidad y biocapacidad, el control
de la erosión y desertificación; por lo tanto, la mejora del concepto
agua. Hay que apostar por la rehabilitación sostenible de los barrios
degradados; no consumir más suelo natural, sino apostar por recuperar
zonas degradadas mejorando los envolventes de los edificios, los sistemas
de calefacción y la accesibilidad recuperando el espacio público,
redensificando si hace falta, dotando de nuevos equipamientos y parques.
Es necesaria una nueva gobernanza urbana, lógicamente con la colaboración
y la participación ciudadana; mayor transparencia, cooperación
pública-pública y pública-privada y, por supuesto, un nuevo concepto, que
es la evaluación de los resultados: debemos revisarnos cada poco
tiempo.


Estas son algunas de las medidas que España llevará a este
encuentro internacional fruto, como les decía antes, no solo de su
trabajo y experiencia, sino de una realidad palpable. Son muchas las
ciudades y los representantes que han participado en la redacción de este
informe, en esta hoja de ruta para Hábitat III.


Señorías, esta moción no persigue otra cosa que el que todas las
ciudades de España vayamos de la mano para demostrar la capacidad de
gobernanza de nuestras ciudades, con un modelo de ciudad compacta,
sostenible y ecológica.


Muchísimas gracias y muy buenos días. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ibarrondo.


Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el senador
Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, aunque los contenidos de la moción se pueden compartir
en la mayoría de los casos, estos no pueden hacernos olvidar que las
ciudades son algo más que espacios físicos; son lugares en los que los
ciudadanos aspiran precisamente a alcanzar lo que la moción refleja como
uno de los objetivos señalados en Hábitat III: la promoción de la
equidad, el bienestar y la prosperidad compartida. Y para alcanzar estos
objetivos es necesario algo más que un diseño urbanístico adecuado o una
concepción sostenible de la ciudad. Es necesario que en la ciudad se
encuentren las respuestas adecuadas a las necesidades de sus ciudadanos.
Por eso, es incompatible el pronunciamiento de esta moción con la puesta
en cuestión —al calor de la reforma de la Ley de régimen
local— del papel de los ayuntamientos. Hay que recordar que en
alguna de las fases del debate político de esta reforma se puso en
cuestión la necesidad de la existencia de muchos municipios. Asimismo, en
aquel debate político se utilizó como uno de los argumentos sobre los que
se fundamentaban las reformas propuestas el hecho de que la gestión
municipal producía resultados económicos incompatibles con los objetivos
de déficit público. Sin embargo, no tardó mucho en demostrarse la
falsedad de esa afirmación, pues la experiencia de los últimos tres años
es la de que, precisamente, han sido las administraciones locales las
únicas —frente a la Administración General del Estado y frente a la
comunidad autónoma— que han cumplido esos objetivos de
déficit.


La mayoría de los municipios realiza una buena gestión económica,
que intenta resolver, además, las preocupaciones fundamentales de sus
ciudadanos, lo que no quiere decir que no haya otros municipios en
situación de quiebra económica o con un nivel de deuda difícilmente
soportable, como es el caso del municipio en el que tiene su sede esta
institución del Estado.


Para conseguir los objetivos de equidad, bienestar y prosperidad
es imprescindible —como plantea y pretende la moción— que se
revierta la decisión de privar a las corporaciones locales de las
competencias en materia de servicios sociales a partir del 31 de
diciembre de 2015. Este rechazo a uno de los contenidos más destacados de
la reforma de la Ley de régimen local surge no solo de las fuerzas
políticas de la oposición —como ya tuvimos oportunidad de
manifestar a lo largo de la tramitación del proyecto de ley—, sino
de todos aquellos colectivos que tienen como ámbito de intervención o
actuación el de los servicios sociales. La red pública contra la pobreza
o las organizaciones no gubernamentales más destacadas que la configuran,
como por ejemplo Cáritas, destacan la necesidad de que existan unos
servicios sociales públicos fuertes y que estos pivoten fundamentalmente
sobre los ayuntamientos, porque solo desde los ayuntamientos se puede dar
satisfacción adecuada a necesidades tan destacadas como las de vivienda o
de prestaciones sociales que salgan al paso de las situaciones de
necesidad o, incluso, desarrollar planes locales de empleo —lo que
a lo largo de muchos años fue un instrumento útil de intervención desde
el ámbito local, también puesto en cuestión por la reforma de la Ley de
régimen local—, que garanticen los ingresos mínimos para mantener
una vida digna.


De ahí que no nos hayamos sumado a la propuesta de modificación
del texto a partir de la enmienda de otro grupo y que mantengamos nuestra
enmienda.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Tiene la palabra el senador Ibarrondo, para indicar si acepta o no
la enmienda.


El señor IBARRONDO BAJO: Gracias, presidente.


Intervengo desde el escaño para indicar que no se acepta la
enmienda del senador Iglesias y que el artículo 140, sobre la autonomía
municipal, está garantizado en la reforma del régimen local.


He intentado explicar cuál es el objetivo de la moción, que no es
abrir nuevos debates sobre financiación del régimen local, sobre
competencias, etcétera, sino que simplemente pretende lo que he explicado
a lo largo de mi anterior intervención.


Las ciudades, gracias a las reformas que están realizando los
propios ayuntamientos, están liderando la salida de la crisis, están
siendo las auténticas protagonistas. Sin querer ponerme solemne, alguien
dijo que el siglo XVIII fue el siglo de los imperios, el siglo XX el de
los Estados-nación y el XXI será el siglo de las ciudades y es en ese
aspecto, a través de ese foro internacional, en el que quiere trabajar
esta moción.


Si me permite una pequeña maldad le diré que algunos de los nuevos
gobernantes, tras el último cambio que se ha producido en la gobernanza
de las ciudades, están cercenando los potenciales y las autonomías de
estos ayuntamientos; están cercenando unos potenciales de proyectos de
ciudad emblemáticos o, cuando menos, los están ralentizando y se están
acogiendo, como el otro día veíamos en el caso de Madrid, a unas
competencias muy trasnochadas como son las del cambio de nombres de
calles y, sin embargo, no están apostando por cambios verdaderamente
revolucionarios para activar la economía de las ciudades.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ibarrondo.


¿Turno en contra? (Denegaciones). No hay turno en contra.


Iniciamos el turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Espinar.


El señor ESPINAR MERINO: Gracias, presidente.


Antes de nada quiero saludar la última intervención del ponente de
la moción que señala que las ciudades van a ser las protagonistas de la
recuperación económica. No me cabe ninguna duda de que las grandes
ciudades van a ser las protagonistas de la recuperación en este país
pero, precisamente, porque están gobernadas por ayuntamientos del
cambio.


La moción que ustedes presentan insta al Gobierno a seguir
desarrollando políticas basadas en un modelo sostenible de ciudades.
Incluso, el último párrafo de la redacción de la moción dice: «Esto
demuestra el compromiso de España con la urbanización sostenible abogando
por el desarrollo de políticas basadas en el crecimiento de las
ciudades». No sé a qué país se refiere la moción que usted presenta y no
sé qué política de ciudades sostenibles se ha seguido en este país en los
últimos años. Tengo la sensación de que el problema que nosotros tenemos
con la moción que ustedes presentan es que nosotros vivimos en un país
diferente al que viven ustedes. Nosotros vivimos en España y en España el
modelo de sostenibilidad de las ciudades no solo se refiere a lo
ambiental, aunque también, y ahora me referiré a ello.


El modelo de sostenibilidad se tiene que referir a lo social, se
tiene que referir a lo económico y se tiene que referir incluso a lo
presupuestario, y en ninguno de esos ámbitos, ni en el ambiental, ni en
el social, ni el económico, ni en el presupuestario destacan las ciudades
españolas en cuanto a los indicadores de sostenibilidad o de justicia
social.


Mientras ustedes y yo discutimos en esta Cámara, ahora hay en
España más de 3,5 millones de viviendas vacías, al tiempo que se
ejecutaban en los últimos años cientos de miles de desahucios. Eso no es
sostenibilidad, eso no es utilizar los recursos con cabeza o con sentido
común; sostenibilidad quiere decir en buena medida utilizar los recursos
disponibles con sentido común y de una forma sensata. Las políticas de
vivienda que han seguido el Gobierno de este país y los gobiernos
municipales que hemos tenido hasta hace poco no han sido sostenibles, han
sido políticas que han permitido que se desahuciara a ciudadanos,
incumpliendo, además, algunas sentencias del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea que han señalado que en España se incumple el artículo 47
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
permitiendo que se desahuciara a personas en ciudades y regiones que
contaban con viviendas vacías. La Comunidad de Madrid tiene ahora mismo
más de 265 000 viviendas vacías y todavía se ejecutan desahucios.


En materia ambiental, la Agencia Europea de Medio Ambiente publicó
hace poco el city ranking dentro del proyecto soot free, según el cual
Madrid y Barcelona ocupan, de las 23 ciudades más grandes de Europa, los
puestos 15 y 18, respectivamente, en cuanto a nivel de contaminación y
emisiones de ozono. Es decir, que en términos de sostenibilidad ambiental
las nuestras tampoco pueden considerarse ciudades sostenibles.


Asimismo en materia de gestión del suelo tampoco se puede
considerar que las ciudades españolas hayan tenido una gestión
sostenible; más bien el suelo se ha visto como una oportunidad de negocio
y de atracción de capital que ha generado una situación en nuestras
ciudades y regiones de dependencia de la inversión extranjera, en vez de
un modelo productivo y de desarrollo que permita a nuestro país invertir
en altos salarios, que nos permita invertir en valor añadido y que nos
permita un uso del suelo como patrimonio de todos y garantía de derechos.
El uso del suelo al que ha instado este Gobierno, y muy en particular el
partido que le apoya, desde la aprobación de la Ley del suelo en 1999, es
un uso de rapiña, un uso del suelo para beneficio de unos pocos frente a
los derechos de la mayoría social, de forma que nosotros no podemos hacer
otra cosa que votar en contra de esta moción. No se trata de que no
podamos compartir su contenido en cuanto a los principios sino porque
señala una realidad que no es la española, señala una realidad que es la
que ustedes desearían que hubiera o la que le quieren contar a la
ciudadanía en época preelectoral; pero, en todo caso, insisto, esa no es
la realidad española.


Lo que sí hacemos es instar al Gobierno y a esta Cámara a que se
tome realmente en serio la necesidad de contar con un modelo sostenible
de ciudades para España, un modelo sostenible en el ámbito
medioambiental, pero también económico, social y de suficiencia
presupuestaria. Ustedes saben que la arquitectura institucional de este
país ha generado un modelo por el que los ayuntamientos gestionan en
torno al 13 % del dinero público, lo cual es manifiestamente insuficiente
y algo sobre lo que se viene discutiendo en las administraciones locales,
donde se reclama mayor cantidad de dinero, mayor inyección presupuestaria
a las ciudades para que sus presupuestos sean sostenibles. Tómenselo en
serio, discutan con los actores a los que convocan a la Conferencia
Hábitat III —actores con los que hay que discutir—, pero
háganlo también sobre todo con la ciudadanía, permitan su participación y
abran un debate serio sobre un modelo de ciudad sostenible en el país que
realmente tenemos, no en el que le quieren contar a la ciudadanía en
periodo electoral.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Espinar.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on mahaiburu jauna, egun on
senatori jaun-andreok.


El Grupo Vasco ha presentado una enmienda a la moción del Grupo
Popular, defendida por el senador Ibarrondo, con la intención de dejar
claro que son muy diversas las administraciones competentes en esta
amplia materia del desarrollo urbano sostenible, y al final sí es cierto
que no deja de ser la lucha por conseguir un desarrollo humano
sostenible.


Es cierto que el Senado solo puede, y solo debe, instar a actuar
al Gobierno al que sustenta, pero por esta nueva redacción creemos que sí
se refuerza la necesidad de que el propio Gobierno llegue sí o sí a
acuerdos con el resto de administraciones competentes, sean autonómicas,
locales o europeas.


Es verdad que nos hubiera gustado incluir una Y en el texto, y no
hablo de la Y vasca —aunque quizá también—, pero visto cómo
ha ido la legislatura y lo acontecido en estos meses, con esta canción de
verano que se ha inventado el Grupo Popular, que se titula El rodillón,
nos hemos conformado con el texto presentado: virgencita, virgencita que
me quede como estoy.


Señorías, es impensable, siendo respetuoso con el reparto
competencial vigente, que un desarrollo racional, efectivo y eficaz en el
ámbito urbanístico, o probablemente en cualquier otro, se pueda producir
solo con la concurrencia y el empeño de una única administración, por
mucho que esta se empeñe. Si nos referimos concretamente a la conferencia
Habitat III, objeto de la moción, hay que añadir que este trabajo común
es todavía más necesario si cabe por las materias que pretende abordar
porque se habla de una nueva agenda urbana.


Senador Ibarrondo, respecto a la agenda urbana, la verdad es que
ese término, que desde un punto de vista urbanístico puede ser muy
concreto, me parece que no es el que estábamos utilizando hasta ahora. El
término urbano, empezando por las conurbaciones, ya es otro concepto y,
sobre todo, hay un término urbano que no se refiere solamente al espacio
físico sino también al de las nuevas tecnologías y al de la información y
la comunicación, que hace que el mundo urbano ya lo sea prácticamente
todo, por lo que a lo mejor tendríamos que llamarlo de otra manera.


Evidentemente, hablar de la nueva agenda urbana, como digo,
significa necesariamente centrarnos en la sostenibilidad ambiental, en el
uso eficiente de los recursos naturales, en el cambio climático, en los
flujos migratorios, en la integración social, en el acceso a una vivienda
adecuada y en la seguridad, pero también, por supuesto, es imprescindible
hablar de financiación municipal, de desarrollo económico local, de
equilibro territorial, etcétera. Y todo esto, desde luego, no se puede
hacer desde una sola administración o un solo Gobierno; hay que hacerlo,
obligatoriamente, en colaboración con todos los estamentos
gubernamentales y administrativos, y en íntima colaboración, porque no
puede ser de otra manera, con la propia sociedad civil.


Por eso, tenemos el empeño de que quede claro que instamos al
Gobierno, que depende de estas Cortes Generales, a trabajar y a hacer
aquello que es de su competencia, y a desarrollar los objetivos que
salgan de la conferencia de Quito, en estrecha y leal colaboración con el
resto de gobiernos y con la sociedad civil, en el ámbito del Estado y
también en el europeo. Además, nos hemos empeñado porque, como ustedes
saben, la administración local, los ayuntamiento vascos, están incluidos
en el régimen foral y tienen una regulación propia de acuerdo con las
disposiciones segunda y tercera de la vigente Ley reguladora de las bases
de régimen local, o la disposición adicional octava de la Ley reguladora
de haciendas locales, desarrollos legislativos ambos de la disposición
adicional primera de la propia Constitución. Esta regulación establece
una capacidad normativa y de financiación propia que ejercemos y queremos
seguir ejerciendo.


Sí es cierto, senador Ibarrondo, que es un poco osado hablar del
mantenimiento de las ciudades bien planificadas, con buenas dotaciones de
servicios y equipamientos públicos después de la ya mencionada por el
senador Iglesias, Ley de racionalización, y también por la no mencionada
—porque no la hemos tenido— Ley de financiación local. En
cualquier caso, dada la inclusión de la enmienda que hemos presentado,
entendemos que nuestro grupo puede votar a favor de esta iniciativa, y
así lo vamos a hacer.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.


Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el
senador Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.


He de confesar que, cuando acabé de leer la moción, sentí
perplejidad, porque el acuerdo de la moción no dice absolutamente nada.
Hoy la intervención del portavoz del Grupo Popular, del señor Ibarrondo,
ha mejorado muchísimo el contenido de la moción, pero en ella ni se habla
de hábitat ni se habla de nada. Por lo tanto, es una moción que, desde mi
punto de vista, no se debería presentar; pero, puestos a ello, debería
considerar dos ámbitos importantes: el primero, en relación con el
Hábitat II y el Hábitat III, ¿cuál es la aportación ideológica,
programática y estratégica del Gobierno?; y el segundo, en relación con
los objetivos de Hábitat II, ¿qué ha pasado en España? ¿Se han cumplido o
no se han cumplido?


Usted sabe perfectamente que el primer objetivo de Hábitat II es
una vivienda adecuada para todos. La pregunta es: ¿este ha sido un
objetivo en los últimos tres o cuatro años, o precisamente uno de los
grandes problemas de España han sido los desahucios, que imposibilitan
una vivienda adecuada para todos? Por lo tanto, el examen de cuál ha sido
la concreción, la aplicación de Hábitat en España no es positivo. ¿Por
qué? Porque, como usted también ha dicho, las ciudades han sido
históricamente, y van a serlo aún más en el futuro, los centros de
innovación democrática, de desarrollo del Estado del bienestar, de
cohesión social, de espacio público, pero las ciudades de 2015 o de 2016
tienen unos retos que no tenían las ciudades de 1996 con el Hábitat II.
Por ejemplo, ¿tenían las ciudades hace veinte años el reto telemático?
No, no lo tenían. ¿Tenían las ciudades, hace veinte años, el problema
estructural de la pobreza y de la marginalidad? No, no lo tenían. ¿Tenían
las ciudades el reto de la vivienda que existe hoy, y en los niveles que
existe? No, no lo tenían. En cuanto al reto de la inmigración y al reto
de los refugiados, ¿tenían las ciudades estos retos hace cuarenta años?
No. Las ciudades se encuentran con nuevos retos y ahí es donde echo en
falta en la moción que el Gobierno diga cuál es su propuesta ante los
nuevos retos. No sé si ha hecho un documento o no lo ha hecho; la moción
dice que ha hecho un documento de balance, pero este debería ser el
momento en el que ustedes dijeran, de cara a la elaboración de una nueva
agenda urbana, cuáles son los criterios de elaboración que rigen para el
Gobierno del Partido Popular. Y especialmente, y usted lo sabe también,
en relación con el Hábitat II, en la conferencia de las Naciones Unidas
que se celebró en Estambul, aparecía con fuerza la necesidad de
desarrollar y concretar mucho el principio de subsidiaridad. No
discutiremos aquí si la Ley de administración local es muy buena o no lo
es, pero no creo que nadie pueda decir que la nueva Ley de régimen local
amplíe la subsidiaridad porque, en todo caso, la recorta.


Nos han presentado una moción en la que no hay balance sobre lo
que ha pasado en España, y aunque en muchas ciudades se han hecho cosas
importantísimas, no hay balance del Gobierno ni absolutamente nada en
relación con cuáles son las propuestas del Gobierno en Hábitat III, ni
hay una sola idea en la moción que ustedes plantean. Por tanto, no
podemos votar que sí porque, ¿cómo vamos a votar que sí a una ausencia de
balance? ¿Cómo vamos a votar que sí a una falta de criterios en relación
con los nuevos retos?


Por todo esto, no votaremos favorablemente a esta moción. Pensamos
que es una oportunidad perdida, y sí que nos gustaría que el Gobierno nos
hiciera llegar el balance y las estrategias de cara a la III Conferencia
de Naciones Unidas del año que viene.


En todo caso —insisto— se trata de una oportunidad
perdida y de una moción que, a nuestro entender, no dice absolutamente
nada y a la que es difícil votar que sí, incluso a pesar de la gran
voluntad de votar que sí a un tema como este.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.


Por el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, tiene
la palabra la senadora Candini.


La señora CANDINI I PUIG: Gràcies, senyor president.


Senador Ibarrondo, alguna vegada ja hem comentat que ens sembla a
la cambra les diferents iniciatives que s’hi presentin siguin
iniciatives que d’una manera o altra es comprometin a fer quelcom
per tirar endavant allò que s’està plantejant. És evident que
aquesta moció que vostè presenta és, una vegada més —i li ho dic
amb tota l’amabilitat del món, senador Ibarrondo— una moció
absolutament retòrica. És a dir, es fa una exposició de motius, en què es
parla del desenvolupament urbà sostenible, dels objectius d’Habitat
II, dels objectius d’Habitat III, de tot un seguit de qüestions de
marcat caràcter d’impacte ambiental, però això és com explicar
tantíssimes coses des d’un caràcter general, polítiques que estan
compromeses amb les diferents institucions, no únicament de l’Estat
espanyol, sinó del conjunt d’Europa. Però això no marca una posició
sobre el que vostès creuen que s’ha fet i el que cal fer. A més a
més, vas a la part dispositiva de la moció i diu: «el Senat insta al
govern a seguir treballant en el seu compromís per desenvolupar
polítiques», etc., etc., sense acabar de dir què és el que faran de nou,
sense analitzar què s’ha fet i el que creuen que es pot avançar.
Nosaltres entenem que vostès formen part del partit que dóna suport al
govern, és lògic que d’una manera o una altra avalin tot el que fa,
però potser per això mateix, si es pot avalar tot el que fa, poden
explicar coses, fins on s’ha fet i el que es pot fer, tan senzill
com això. Jo crec sincerament que aquesta moció, i li ho dic amb tota
l’amabilitat del món, de veritat, senador Ibarrondo, en algun
moment el Ministeri el deu haver abandonat, perquè jo crec que es poden
explicar les coses que s’estan fent, es pot comprometre més, bé deu
tenir algun full de ruta el Ministeri per fer tot això, per acabar de
comprometre’s amb aquesta moció.


Més enllà del cupo que toca, perquè ara toca presentar mocions de
cadascun dels diferents partits, esforcem-nos una miqueta més. A més,
anem a la part d’allò que diu que caldria fer. Nosaltres creiem que
cal posar negre sobre blanc el tema de l’Habitat II, al qual feia
referència ara el senador Saura. Home, al nostre entendre, el govern
espanyol no ha fet res per ajudar la gent perquè tingués accés a
l’habitatge, sinó tot el contrari. No ha permès que els habitatges
que són en mans del FROB serveixin per destinar-los a les necessitats
reals i socials dels col·lectius de les diferents administracions, no cal
dir a les entitats municipalistes. Jo li puc donar un exemple del meu
municipi com a alcaldessa que sóc. M’ha costat enormement fer
moltes gestions i a hores d’ara encara tenim una gran dificultat. A
més, recordi que amb la modificació de la Llei de l’habitatge van
arribar a suprimir subvencions i subsidis de préstecs que estaven
compromesos en nombroses promocions d’habitatge públic. Recordi que
al seu moment vam tenir un debat importantíssim, perquè era un compromís
que, per cert, vostès quan eren a l’oposició van votar-hi a favor,
arriben, ho treuen, i eren compromisos de plurianualitats amb promocions
d’habitatge públic i compromesos amb diferents entitats
municipalistes i municipis. Això també és Habitat II.


Per tant, costa molt que, més enllà d’una moció absolutament
retòrica, després això es pugui contrastar. S’ha de contrastar,
perquè si no, quin paper fem aquí? Senzillament, cobrim el cupo i anem
explicant que, en fi, que el dia és blau i no hi ha núvols? Si no, no
s’entén.


Pel que fa a l’aspecte ambiental, el govern espanyol ha
imposat un peatge de respaldo, que anomena, a les persones que
consumeixen electricitat que produeixen a les seves cases, és a dir, amb
plaques solars, cosa que vol dir que s’està desincentivant
l’autoconsum electrònic i la reducció del CO2. Això també parla de
la moció. Doncs parlem-ne, això ho ha fet el govern espanyol.


Les ajudes per afavorir tot allò que té a veure amb els cotxes
elèctrics són del tot insuficients. El 2011 eren a l’entorn de 75
milions d’euros. En el govern de 2012 del PP es redueix màxim a 10
milions. El 2013 i 2014 es manté, però ara el 2015 ha baixat a 7 milions.
Això és la moció també. De què parlem?


Parlem també de la contaminació i de l’impacte ecològic? En
parlem? Escolti, la Unió Europea els diu directament el següent en un
escrit que és un autèntic varapalo, que en diuen vostès, per l’alta
contaminació de l’aire, no únicament de l’àrea de Barcelona,
sinó també de Madrid, on a més a més diuen: Las autoridades autonómicas
propusieron también al Gobierno español una revisión de la fiscalidad de
los vehículos a motor para equilibrar la relación entre gasolina y
diésel, es decir, para reducir la polución de los diésel más
contaminantes, pero las autoridades nacionales no tuvieron en cuenta
dichas propuestas. (Dixit Unió Europea.) Per tant, el que li vull dir,
senador Ibarrondo, és que això és la realitat, el contrast. Si vostè
davant d’això vostè ens diu que no és ben bé així, que és
d’una altra manera, però ens ho diu ja a la moció expositiva,
perquè si no quin tipus de mocions fem? Ens quedem amb el que tenim?
Home, jo considero que una cambra és molt més que quedar-nos amb el que
tenim. Almenys, jo vull creure que la política és molt més que tot això,
perquè si no de què estem fent, de gestoria? En unes cadires que ens
honoren, però el que fem és intentar fer veure que fem coses? No, home,
no. Necessitem creure’ns de debò que dintre de la nostra humil
responsabilitat passem realment el cotó sobre aquesta responsabilitat i
ens preguntem què podem fer més i millor. Si tots plegats hem de fer
autocrítica, la fem plegats, però sisplau prou mocions absolutament
retòrics. És que no ho entenc, perquè estic convençuda que hi ha tot això
que s’incompleix per part del govern espanyol, però fins i tot
vostès, com que tenen la voluntat de presentar-ho per cobrir el cupo de
les mocions del PP i d’explicar-nos les virtuts del que representa
el desenvolupament europeu sostenible, de ben segur que el Ministeri li
pot donar algunes referències de feina feta amb què estaríem
d’acord, de ben segur, però home, dignifiquem una miqueta la feina,
perquè si no difícilment nosaltres ens sentirem a gust a l’hora de
tirar endavant unes coses on el que no podem estar és senzillament
contents perquè ningú ens tregui les competències. Davant de tot això, no
estem a favor de la política de la retòrica, nosaltres hi votarem en
contra.


Gràcies.


Gracias, señor presidente.


Senador Ibarrondo, hemos comentado en más de una ocasión que es
muy importante que las distintas iniciativas que se presentan en esta
Cámara, de un modo u otro, se comprometan a realizar alguna actuación
para avanzar sobre el asunto que se esté planteando, y es evidente que la
moción que usted presenta es, una vez más —y se lo digo con toda la
amabilidad del mundo, senador Ibarrondo—, absolutamente retórica.
El hecho de exponer una serie de motivos en los que se habla del
desarrollo urbano sostenible, de los objetivos de Habitat II, Habitat III
y de una serie de cuestiones de marcado carácter ambiental es como
explicar muchos aspectos de carácter generalista, de políticas
comprometidas en las distintas instituciones, y no tan solo del Estado
español sino del conjunto de Europa. Sin embargo, esto no marca ninguna
posición sobre lo que ustedes opinan que se ha hecho y lo que debe
hacerse en un futuro. Además, si vamos a la parte dispositiva de la
moción: «El Senado insta al Gobierno a seguir trabajando en su compromiso
de desarrollar políticas...», pero sin acabar diciendo exactamente qué es
lo que van a hacer, de nuevo sin analizar lo que se ha hecho y lo que
ustedes consideran que se puede avanzar en un futuro, entenderemos que
forman parte del partido que da su apoyo al Gobierno y, por ello, que es
lógico que de un modo u otro avalen todo lo que se hace. En cualquier
caso, y precisamente por ese motivo, pudiendo avalar toda su labor,
podrían explicar qué es lo que se ha hecho hasta la fecha y lo que se
puede hacer en un futuro. Es muy sencillo y, por ello —y se lo digo
con toda la amabilidad del mundo, senador Ibarrondo—, considero que
en algún momento el ministerio habrá abandonado esta tarea porque podría
haber explicado todo lo que se ha hecho y además comprometerse. El
ministerio debe tener alguna hoja de ruta para seguir avanzando y
comprometerse con esta moción.


Ahora corresponde que los distintos partidos se esfuercen más, en
la parte que corresponda a cada uno, y nosotros pensamos que es
importante poner negro sobre blanco, por ejemplo, en el Habitat II, como
mencionaba ahora el senador Saura. A nuestro entender, el Gobierno
español no ha hecho nada para ayudar a la gente a tener acceso a la
vivienda sino todo lo contrario. No ha permitido que las viviendas que
están en manos del FROB se destinen a paliar necesidades reales y
sociales de los distintos colectivos, desde las distintas
administraciones, sin hablar de las entidades municipalistas. Le puedo
poner un ejemplo, como alcaldesa que soy y es que en mi municipio, ha
sido muy difícil, ha implicado muchas gestiones, y, actualmente, seguimos
teniendo una gran dificultad.






Además, acuérdese usted, que en la
modificación de la ley sobre la vivienda llegaron a suprimir subvenciones
y subsidios a préstamos que estaban comprometidos en muchísimas
promociones de vivienda pública. Acuérdese usted que, en su momento,
celebramos un debate muy importante aquí porque se trataba de un
compromiso; y, por cierto, cuando ustedes estaban en la oposición,
votaron a favor, pero llegaron y lo anularon, a pesar de que se trataba
de compromisos de plurianualidades en promociones de vivienda pública
comprometidos con distintas entidades municipalistas y municipios; esto
también es Habitat II. Por tanto, es muy difícil.


Más allá de que es una moción absolutamente retórica, esto debe
contrastarse. Es importante que se contraste porque, de lo contrario,
¿qué papel desempeñamos aquí? ¿Cubrimos el cupo y explicamos que el cielo
es azul y que no hay nubes? De lo contrario, no se entiende.


En cuanto al medio ambiente, les diré que el Gobierno ha impuesto
un peaje de respaldo, según lo llaman ustedes, a las personas que
consumen la electricidad que producen en sus casas las placas solares, y
eso significa que se está desincentivando el autoconsumo electrónico y la
reducción del CO2. De esto también se debería hablar en esta moción;
hagámoslo. Esto ha sido una obra del Gobierno español.


Las ayudas para favorecer todo lo relativo a los coches eléctricos
son absolutamente insuficientes. En 2011, estábamos hablando de 75
millones de euros, pero en 2012, el Gobierno del Partido Popular redujo
esa cifra a un máximo de 10 millones; en 2013 y 2014, se mantuvo, y
ahora, en 2015, ha bajado a 7 millones. Por tanto, ¿de qué estamos
hablando en esta moción?


Hablemos también de la contaminación y del impacto ecológico.
¿Hablamos de estos temas? Hay un escrito de la Unión Europea que es un
auténtico varapalo, como ustedes lo llaman, por la alta contaminación del
aire, no solo del área de Barcelona sino también de Madrid, que dice que
las autoridades autonómicas propusieron también al Gobierno español una
revisión de la fiscalidad para equilibrar la relación entre gasolina y
diésel, es decir, para reducir la polución de los diésel, más
contaminantes, pero las autoridades nacionales no tuvieron en cuenta
dichas propuestas (Unión Europea dixit). Por lo tanto, lo único que me
gustaría decirle, senador Ibarrondo, es que esto es la realidad, este es
el contraste. Si ante esto usted nos dice que no es así, que es de otra
forma y nos da su balance, perfecto, pero es que nos lo dice en la misma
moción. De lo contrario, ¿qué tipo de moción es esta? ¿Nos quedamos con
lo que tenemos? Parece que una cámara va mucho más allá de quedarnos con
lo que tenemos. Quiero creer que la política va mucho más allá. De lo
contrario, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Somos una gestoría? Tenemos unos
escaños, unas sillas que nos honran. ¿Sencillamente intentamos hacer ver
que hacemos algo? Necesitamos creer de verdad que como parte de nuestra
humilde responsabilidad realmente pasamos el algodón sobre esa
responsabilidad y nos preguntamos qué más podemos hacer y qué podemos
hacer mejor. Si debemos hacer autocrítica, la hacemos todos; pero, por
favor, basta de mociones absolutamente retóricas. Estoy convencida de que
todo esto lo está incumpliendo el Gobierno español, pero ya que tienen
ustedes la voluntad de cubrir el cupo del Grupo Popular de presentar
estas mociones y de contarnos las virtudes de lo que representa el
desarrollo europeo sostenible, seguramente el ministerio podría darle
algunas referencias de labores realizadas y estaríamos de acuerdo en ese
sentido. Pero dignifiquemos un poco nuestro trabajo, dignifiquemos este
trabajo porque, de lo contrario, difícilmente nos vamos a sentir a gusto
en el momento de sacar adelante una serie de proyectos. Evidentemente, no
podemos estar contentos porque alguien nos quite nuestras competencias.
Por tanto, como no estamos a favor de la política retórica, vamos a votar
en contra.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Candini.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Martín Rodríguez.


El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente. Señorías,
buenos días.


Esta es la enésima moción que, bajo el epígrafe de «Juan Palomo,
yo me lo guiso, yo me lo como», trae el Grupo Parlamentario Popular a
esta Cámara para dejar constancia ante la opinión pública de la
inutilidad del Senado, por lo que del Senado hace el Partido Popular. Es
esta una moción con un: yo soy gobierno y como gobierno me pido lo que
como gobierno no hago o, haciéndolo, lo hago mal. ¿Qué broma es esta la
que nos trae el Grupo Popular por la que solicita a la Cámara que tome
una resolución que, por mor de legislaciones precedentes emanadas del
Gobierno que la propone, hacen materialmente imposible cumplir lo que la
moción solicita?


Vienen ustedes aquí hoy a solicitar a la Cámara que esta inste al
Gobierno —o sea, a ustedes mismos— a seguir trabajando en su
compromiso de desarrollar políticas basadas en un modelo sostenible de
ciudades, configurándolas y adaptándolas bajo los criterios de
sostenibilidad social, económica y medioambiental, con el objetivo
—dice la moción— de mantener las ciudades bien planificadas,
con buenas dotaciones de servicios y equipamientos públicos para que sean
ejemplos de arquitectura y de cultura y, sobre todo, de espacio de
calidad para la vida de las personas. Obviaré la redacción. Diseccionemos
la propuesta. ¿Qué es seguir trabajando en su compromiso de desarrollar
políticas basadas en un modelo sostenible de ciudades? ¿Es, por ejemplo,
derogar, entre otras materias legislativas, la Ley 27/2013, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, por la cual
ustedes han convertido a los ayuntamientos en ventanillas del: vuelva
usted mañana a ver qué dice el ministro y a los alcaldes en bedeles de: a
mí lo que me mandan? ¿O es, por ejemplo, derogar el Real Decreto
Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo? Por el que, entre
otros, en su artículo 43.2 mandata que los instrumentos de planificación
territorial urbanística no podrán regular aspectos técnicos de las
instalaciones o exigir una tecnología concreta, lo que permite, por
ejemplo, instalar una gasolinera en casco urbano consolidado como
residencial junto a una guardería, un centro de mayores o un centro de
salud, sin tener en cuenta los riesgos para la calidad de vida de los
ciudadanos. ¿O es acaso, por ejemplo, derogar el Real Decreto
Ley 20/2011, que obligó a todos los ayuntamientos a mantener el tipo
impositivo del IBI de 2011, obligándoles a incrementarlo en un 6 % de
media, obviando que muchas de las ponencias nacieron en pleno boom del
ladrillo y ninguneando la autonomía fiscal municipal? Por no hablar del
Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad, y del
conocido como Plan de pago a proveedores, según el cual ustedes han
salvado las facturas de toda España, a cuenta, eso sí, de tres maldades
que intencionadamente omiten. A saber: bajo el argumento de que los
ayuntamientos somos administraciones y las comunidades autónomas Gobierno
—Estado—, en vez de financiar a las comunidades para que
estas liquidaran sus deudas con las administraciones locales, manu
militari pagaron las facturas de los ayuntamientos a través de la banca a
un interés del 6 %, cuando esta lo obtuvo en el Banco Central Europeo
al 1 %, con lo que consiguieron tres cosas: primera, financiar
somormujamente a la banca; segunda, aumentar la deuda, lo que para no
pocos ayuntamientos ha supuesto un 30 % más, siendo, como eran, las
administraciones menos endeudadas; tercera, aumentar en diferido la
presión fiscal de los ciudadanos, a los que obligaron —y en eso
estamos— a pagar durante diez años los intereses de la deuda que
les creó otra administración pública.


En definitiva, en cuatro años, este Gobierno ha ninguneado la
historia del municipalismo español, primero, negando a los ayuntamientos
la financiación adecuada a sus necesidades para, según esta moción,
mantener las ciudades bien planificadas, con buenas dotaciones, servicios
y equipamientos públicos, a pesar de que el señor Montoro se comprometió
en esta Cámara a traer una nueva ley de financiación local. Claro que
pedirle a estas alturas al Gobierno que cumpla alguna de sus promesas es
querer que nos toque la lotería sin haber comprado el décimo. Y, en
cuanto al ministro, lo vamos dejar porque, visto el borrador de
presupuestos, es obvio que su política está entre el mito y la
leyenda.


Segundo, fiduciario de lo que acabo de decir, en vez de dotar a
los ayuntamientos de financiación, les quitan las mal llamadas
competencias impropias, y las propias, para llevarlas a un limbo que se
llama pri-va-ti-za-ción, obviando que el ciudadano que necesita una plaza
de guardería a quien se la demanda es a su alcalde.


Tercero, quitando la autonomía legislativa. Ya me contarán ustedes
cómo se hacen ciudades bien planificadas cuando un decreto ley se pasa
por el arco del triunfo —y nunca mejor venido a colación este
dicho— los planes de ordenación municipal.


Cuarto, quitándoles, cuando no imponiéndoles, su autonomía fiscal
y, para más inri, castigándolos con una regla de gasto que a la vez que
consolida una deuda pública a diez años por el llamado Plan de pago a
proveedores, impide que sus superávits —que los tienen— los
puedan destinar a inversiones o servicios para garantizar a los bancos
—eso sí, cómo no— el cobro de la deuda que el mismo Gobierno
nos creó. Tanto es así, que insto al portavoz del Grupo Popular a que me
diga si conoce algún ayuntamiento de España que haya podido acogerse a la
Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas. ¿Sabe usted por qué no lo puede traer? Porque no hay ninguno.
¿Sabe usted por qué? Porque en la misma ley ustedes obligan a los
ayuntamientos a aportar un 65 % del presupuesto de esa subvención sin que
por otra ley, la de ustedes, la de los superávits, se puedan destinar
estos precisamente a la rehabilitación y la regeneración urbanas. Por no
hablarles —y supongo que el Gobierno es consciente— de la
cantidad de cientos de millones de euros que las ciudades pierden de los
fondos Feder por los mismos motivos de dicha regla de gasto.


Señorías, compartirán conmigo que donde no hay mata no puede haber
patata, y ustedes, con la Ley 27/2013, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local, nos han quitado a los
ayuntamientos la mata y ahora vienen con esta moción a pedirnos patatas.
Aun así, si mi grupo y el resto de los grupos de esta Cámara no
apoyáramos esta moción, ya estarían ustedes diciendo aquí que no queremos
ciudades bien planificadas, con buenas dotaciones y servicios, con
equipamientos públicos para que sean ejemplo de arquitectura y de cultura
y, sobre todo, de espacio para la calidad de vida de las personas. Eso
sí, con una gasolinera al lado. Sí, señorías, sí queremos esas ciudades
—yo soy alcalde de una de ellas—, y precisamente porque sí
las queremos, aunque no vamos a votar a favor de esta moción, hemos
firmado para que puedan tramitarla ante el Gobierno, pero dennos los
recursos que nos han quitado para hacer posible esto. Porque, como he
referido en alguna otra ocasión en comisión respecto a sus mociones, esta
moción podría ser un ejercicio de lengua española genial, porque los
estudiantes aprenderían que, entre catáforas y anáforas, el Gobierno es
un puro oxímoron.


Señores, seamos serios —y termino—, aquí hay no pocos
alcaldes, también del Partido Popular, y francamente no sé con qué
criterio van ustedes a apoyar esta moción. Esta moción que han traído
aquí hoy es una broma. Devuelvan a las administraciones locales las
competencias que les permiten incardinarse a lo que la moción pretende;
respeten a esta Cámara y a los ayuntamientos, y para lo que les queda de
legislatura, por favor, dejen ustedes de mirarse al espejo y pedirse
relaciones. (Risas.— Aplausos).


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martín
Rodríguez.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la el senador
Ibarrondo.


El señor IBARRONDO BAJO: Presidente, señorías, muchas
gracias.


Creo que en el tratamiento de esta moción hay un problema de
lectura y seguramente de una incapacidad personal a la hora de aclarar el
objetivo que tiene la redacción, aunque yo creo que es muy sencilla y
fácil de entender. Voy a intentar en esta réplica subsanar esos errores
iniciales, pero creo que el peso fundamental de sus intervenciones está
en no haber leído el informe nacional de Hábitat III, que es el
compromiso de Hábitat II de todos los Estados que participaron en esa
conferencia internacional que a su vez participaron en Hábitat I. Por las
intervenciones que he oído, parece que, si lo han leído, no lo han
entendido bien; porque, en ese informe nacional Hábitat en que cada país
se ha leído a sí mismo, se ha analizado a sí mismo y ha visto cuáles son
sus errores, sus incapacidades y sus necesidades de mejorar ciertos
aspectos, se redacta todo y, además, en las conclusiones aparecen los
objetivos que se debatirán en Hábitat III.


Paso ahora a contestar las intervenciones de los senadores. El
senador Martín Rodríguez ha hablado de todo menos de la moción. Es cierto
que le ha puesto el salero y la gracieta descalificadora con que suele
acostumbrar sus intervenciones que, personalmente, a mí me parece que no
aportan nada a esta Cámara; por lo tanto, no puedo rebatirle porque de la
moción de la que veníamos a hablar no ha dicho nada. Ha utilizado
—eso sí— ese verbo saleroso y gracioso que no llega a
clarificar el objetivo que tiene esta moción.


La senadora Candini me dice lo mismo, que es una moción retórica y
que dignifiquemos el trabajo. Pues yo le digo que con este documento está
muy dignificado el trabajo de los senadores, de los diputados, de las
administraciones locales, de todas las administraciones que hay en España
que han participado en la redacción de los datos respecto a qué hay que
enseñar en Hábitat III. Este informe de Hábitat III, en su punto 1,
Planificación urbana, ordenación territorial, dice cuál es la trayectoria
de España, cuáles son sus errores y hacia dónde tiene que ir. Y eso lo
vamos a enseñar en Hábitat III, lo mismo se va a hacer con el
medioambiente y urbanización, con la gobernanza y la legislación urbanas,
con la economía urbana y con la vivienda y servicios básicos. Pero todo
esto está recogido en el documento, y yo no sé si lo han leído; todas las
administraciones locales y agentes académicos han participado en el
consejo de vivienda, en el Ministerio de Fomento, para su redacción y
presentación el 16 de octubre de 2016, en Quito. Sus intervenciones son
producto no sé si de la falta de lectura o falta de comprensión de este
documento, y eso me hace pensar que desconocen lo que pasó en Hábitat II
y en Hábitat III, porque el Gobierno lo que está pidiendo es que sigan
participando de forma contundente y coliderando los objetivos que nos
marcamos para Hábitat III, pero no solamente sobre España, sino sobre
todo el planeta, sobre todas las ciudades que están viviendo de esta
experiencia que surgió en 1976.


El senador Saura me ha dejado triste, porque yo sé el trabajo que
ustedes han realizado en Cataluña respecto a la vivienda, respecto a la
política urbanística, respecto a muchos proyectos que aquí se recogen. Me
decía que no hay balance; le vuelvo a decir lo mismo: yo no sé si se ha
leído este documento, pero de Hábitat II y de Hábitat III hay balance, y
cada país se comprometió a redactar sus déficits, sus carencias, sus
incapacidades y su voluntad de poder recuperarlos en un encuentro nuevo
internacional, Hábitat III. Ojalá no hubiera Hábitat III ni Hábitat IV,
porque eso significaría que todo lo hemos hecho perfecto. Y aquí hilvano
con el adanismo del senador Espinar, que hasta que han llegado ellos
aquí, este país ha sido un desastre: en urbanismo no se ha hecho nada; en
políticas de vivienda no se ha hecho nada; en políticas sociales no se ha
hecho nada; en políticas de libertad no se ha hecho nada; en políticas de
democracia no se ha hecho nada. Ha venido aquí el salvador Espinar a
decirnos cómo tiene que ser el modelo; nos ha venido a decir que tenemos
que hacer partícipe a la ciudadanía. Pero esto está redactado con muchos
colectivos sociales que han participado en estos sitios. Estoy convencido
de que si el señor Espinar ha leído este documento, no ha entendido
absolutamente nada.


Ustedes han echado en cara al Gobierno muchas cosas sobre
políticas de vivienda en España o sobre actuaciones urbanísticas, pero yo
les puedo decir que entendiendo que las ciudades crean oportunidades y la
urbanización y la densidad urbana aportan valor si están bien diseñadas y
gobernadas, en esta legislatura se han hecho actuaciones o se han
aprobado leyes, como la Ley de fomento de la vivienda de alquiler, la ley
de las tres erres, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas,
leyes de buenas prácticas para el saneamiento bancario, actuaciones muy
importantes sobre códigos éticos sobre los desahucios, que ha traído
graves consecuencias, o la formulación de la dación en pago. Todas ellas
son actuaciones que se han hecho a lo largo de estos años, que se recogen
en este documento y se van a presentar en Hábitat III.


En esta moción nosotros decimos: España no puede estar al margen
de este sector. Sí podemos hacer todas las gracietas, todos los
comentarios jocosos, más o menos desafortunados, y podemos hacer toda la
demagogia del mundo, pero es que España va a ir con este documento
preparado en el 2014 —hemos tenido bastantes meses para poder
leerlo y analizarlo— y no podemos estar al margen de nuestro
bagaje, de nuestra experiencia, de nuestras ciudades, del conocimiento
adquirido a lo largo de la historia. A estos adanistas recién llegados
que nos dicen que no hemos hecho nada, les decimos humildemente que hemos
hecho todas estas cosas, no el Partido Popular, sino España como nación.
Sé el modelo de acampamiento de estos adanistas, el modelo de usar las
ciudades, el modelo de violentar la tranquilidad y la paz social de las
ciudades; conozco ese modelo, conozco las actuaciones que están
realizando ustedes para eliminar elementos del patrimonio nacional de
España, la ofensa a la ciudadanía en muchos aspectos de sus ciudades.
Todo esto no está recogido aquí pero se podrá comentar en la conferencia
Hábitat III que hay que evitar ese tipo de actuaciones.


Pero —y con esto quiero concluir— no podemos estar al
margen del paquete 2020 de energía de cambio climático. No podemos estar
al margen de la Directiva estratégica temática sobre el medioambiente
urbano, cosas que, como he dicho, se vienen haciendo desde hace muchos
años, y se lo digo fundamentalmente al adanista Espinar. No podemos estar
al margen del Marco europeo de referencia para la ciudad sostenible, o de
la Declaración de Toledo, o de los principios que se recogen a nivel
europeo en la Carta de Leipzig, en Alemania, sobre las ciudades europeas
sostenibles. Y les digo que la batalla principal de la sostenibilidad,
que es de lo que habla este documento —que parece que algunos no lo
han leído y si lo han leído no han entendido nada—, es seguir
trabajando en lo económico, en lo social y en la parte medioambiental de
eficiencia energética que se ha realizado a lo largo de estos años
—humildemente, mucho—, y vuelvo a decir, no por parte del
Partido Popular —que sí ha aportado— sino por todos los
grupos y todos los estamentos administrativos de la sociedad española,
que es fuerte y que está coliderando, junto con las Naciones Unidas, para
alcanzar el objetivo final, que las ciudades puedan ser no solamente
sostenibles sino altamente vivibles.


Muchísimas gracias y buenos días. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Ibarrondo.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación la propuesta de modificación de la
moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243;
votos emitidos, 240; a favor, 154; en contra, 23; abstenciones, 63.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REALIZAR LAS
GESTIONES OPORTUNAS PARA LA LIBERACIÓN DE LOS 75 PRESOS POLÍTICOS EN
VENEZUELA, ASÍ COMO FRENAR LAS REITERADAS INHABILITACIONES DE DIRIGENTES
OPOSITORES, A FIN DE QUE PUEDAN CONCURRIR A LAS PRÓXIMAS ELECCIONES DEL 6
DE DICIEMBRE DE 2015 E IMPULSAR LA PRESENCIA DE OBSERVADORES
INTERNACIONALES PARA GARANTIZAR LA FIABILIDAD DE DICHOS
COMICIOS.


662/000206

GPP


El señor presidente da lectura al punto 7.2.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una enmienda,
del Grupo Parlamentario Socialista.


Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, tiene la palabra el senador García Carnero.


El señor GARCÍA CARNERO: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, quiero, en primer lugar, saludar la presencia en esta
Cámara de la señora Michi Capriles de Ledezma, esposa del alcalde
metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, y darle la bienvenida.
(Aplausos de los señores senadores, puestos en pie, dirigiéndose a la
tribuna del público). Gracias, señorías.


Como sus señorías conocen, la señora Michi Capriles, trabaja junto
con otras valientes mujeres venezolanas, como Lilian Tintori, esposa de
Leopoldo López, preso en Ramo Verde (Aplausos), la esposa de Daniel
Ceballos, alcalde de San Cristóbal del Táchira (Aplausos), también preso
del régimen de Maduro, o la diputada María Corina Machado (Aplausos);
estas cuatro mujeres, que están hoy aquí, representan no solo la demanda
de libertad de sus esposos, sino también la de los 75 presos políticos,
muchos de ellos jóvenes, que permanecen sometidos, encarcelados. Muchos
de estos jóvenes están encarcelados en una cárcel que se llama La Tumba,
a 15 metros en el subsuelo, sin ver la luz. Su delito es protestar por el
régimen, salir a las calles y demandar libertad.


Señorías, estas mujeres son hoy la punta de lanza de esa defensa
de la libertad para todos los ciudadanos de Venezuela, que debe
involucrarnos a todos los demócratas del mundo. Muchísimas gracias,
señora Capriles.


Señorías, tal vez algunos de ustedes, seguramente los más
antiguos, recuerden como aquí, en esta misma tribuna, relatábamos la
trágica historia de una joven de origen español, de origen canario, que
se llama Marbella. Marbella vivía en el municipio de Veroes, cerca de la
capital de Yaracuy, de San Felipe, en una finca que había heredado de sus
padres canarios, cuando aparecieron por allí siete malandros que,
esgrimiendo una ley, la ley de ocupación de tierras ociosas, y al amparo
de una institución que había creado el régimen chavista, que se llama el
INTI, entraron en su finca a tiros y echaron a las siete personas que
trabajan allí. Allí se quedaron Marbella y su esposo defendiendo su
finca. Quemaron sus galpones y sus tractores. A Marbella la rociaron con
gasolina y, con un mechero en la mano, la violaron reiteradamente las
siete personas en presencia de su marido, al que, a continuación, le
pegaron dos tiros.


Aquella trágica historia fue la primera denuncia que nuestro grupo
presentó aquí sobre las barbaridades que estaba cometiendo el régimen
chavista en Venezuela. Desde entonces, esta que hoy presentamos es la
moción número 52. Son 52 debates los que ha promovido nuestro grupo, a
los que habría que sumar un buen número de ellos promovidos de manera
incansable y muy elogiosa por el senador Anasagasti, en nombre del Grupo
Socialista Vasco. (Rumores). Perdón, del Grupo de nacionalistas vascos.
(El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).


Desde entonces hasta ahora han transcurrido más de diez años y en
Venezuela el régimen ha continuado su deriva de manera absolutamente
insoportable, hasta convertirla en lo que es hoy: un país sumido en la
tragedia, un país que soporta tres graves crisis a la vez. En primer
lugar, una crisis política, que provoca que la mayoría de sus líderes más
destacados se encuentren encarcelados o inhabilitados, para que no puedan
concurrir a las elecciones anunciadas para el próximo 6 de diciembre. En
segundo lugar, una crisis económica, consecuencia de la destrucción de
todo el tejido productivo, lo que provoca que Venezuela —quién lo
diría— hoy no tenga siquiera con qué aprovisionar a sus ciudadanos.
Venezuela, que es un paraíso natural, hoy tiene que importar casi el cien
por cien de los productos que consume, lo que genera eso que ustedes han
visto en la televisión: larguísimas colas de horas y horas para intentar
acceder a productos tan básicos como la harina de maíz o pañales para
niños. Por cierto, para comprar pañales han de aportar un certificado de
nacimiento que acredite que tienen un niño en edad de necesitarlos. Y,
como consecuencia de todo esto, se ha producido una tremenda crisis
social.


Señorías, en Venezuela, durante el régimen chavista han sido
asesinadas más de 250 000 personas; solo en el último año, 25 000. Son
cifras de guerra, porque esa es la situación que padece la población.
Venezuela tiene hoy 1 500 000 personas exiliadas, muchas de ellas en
España —algunos presentes en esta tribuna—, gente que ha
tenido que huir de su país porque no soportaba la represión.


Esta moción número 52 que presentamos hoy pretende tres cosas, que
son las principales demandas de la oposición venezolana: la libertad
inmediata de los 75 presos políticos; que cesen y queden sin efecto las
inhabilitaciones que se están ejerciendo de manera arbitraria y sin
ningún pronunciamiento judicial por un tribunal administrativo, la
Procuraduría General de la República —lo que equivaldría en España
al Tribunal de Cuentas—, sin ninguna competencia judicial, y que el
próximo día 6 de diciembre, en que han sido convocadas elecciones
parlamentarias —que ya veremos si se celebran—, pueda existir
la presencia de observadores internacionales cualificados dirigidos por
la Unión Europea, en lo que a nosotros respecta, y, si es posible, por la
OEA. Estas son nuestras tres peticiones.


Pero desde entonces hasta ahora han ocurrido muchas cosas en
Venezuela. Estas 52 iniciativas a las que yo hacía referencia han venido
denunciando en esta Cámara cada uno de los atropellos que se producían,
centrados fundamentalmente en cinco líneas de actuación. La primera, la
ocupación —que no expropiación— de tierras e industrias.
Aquí, señorías, hemos denunciado la ocupación en el Estado Guárico, de
Hato La Vaca, perteneciente a los Solórzano, una familia de españoles.
Aquí hemos denunciado, por ejemplo, cómo se avasalló y se ocupó el
matadero industrial de Barinas o cómo se han ido ocupando terrenos
prácticamente en todos los Estados del país, en Zulia, en Táchira, en
Cojedes, en Portuguesa, en fin, en toda la geografía de la república. Esa
ocupación de las propiedades y esa destrucción de la producción han
conducido a ese desabastecimiento que hoy padece Venezuela.


La segunda línea de actuación, señoría, ha sido silenciar a los
medios de comunicación. Aquí denunciamos, por ejemplo, lo que ocurrió con
la red de emisoras de Radio Caracas Televisión, 37 emisoras cerradas a la
vez; o lo que ocurrió con Globovisión; o lo que ocurrió con otro medio
más modesto, el Carabobeño; o lo que sigue ocurriendo con el único
resquicio que queda de libertad, el diario El Nacional, que tiene a sus
dirigentes y a sus directivos con la orden expresa de salir del país, e
incluso alguno de ellos expatriado, como aquí hemos conocido la versión
de su director y editor, Miguel Henrique Otero.


La tercera línea de actuación ha sido la persecución de los
líderes políticos, no consentir de ninguna manera la disidencia.
Señorías, aquí no solo denunciamos lo que ocurre hoy con el alcalde
Ledezma, lo denunciamos ya hace años, cuando, después de ganar la primera
elección, el Gobierno de Chávez usurpó sus funciones, le destituyó de
competencias y cogió sus competencias y sus presupuestos con el ánimo de
que se aburriera. Y denunciamos aquí también no solo la prisión que hoy
sufre Leopoldo López, sino también cuando, siendo alcalde de Chacao, fue
inhabilitado de forma arbitraria, desoyendo cómo se había pronunciado
sobre ello la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí denunciamos
no solo la situación que vive ahora María Corina, inhabilitada por el
presidente de la Cámara de Diputados, que es quien ha ordenado su
inhabilitación a través de la Procuraduría por haber no declarado
—hecho incierto— 1,5 dólares, un dólar y medio; lo
denunciamos también hace unos años, cuando, por atreverse en la Cámara a
decirle a Chávez: «Chávez, expropiar es robar» fue inmediatamente
desposeída de su título de diputada y fue agredida. Esa persecución la
podríamos añadir a más líderes. Recuerdo, por ejemplo, que aquí
denunciamos también la historia de Richard Blanco, hoy diputado de la
república, que entonces trabajaba como jefe de seguridad del
ayuntamiento, a quien, sin ninguna orden judicial, se metió ocho meses en
una cárcel de delincuentes comunes.


Señorías, la cuarta línea de actuación del régimen ha sido
suprimir la separación de poderes. Seguramente algunos de ustedes han
visto imágenes del expresidente Chávez o del presidente actual dando
órdenes a través de la televisión a los jueces. El caso más significado,
que también denunciamos aquí, fue el de la juez María Lourdes Afiuni, que
por tomar una decisión cumpliendo las órdenes de un tribunal superior de
la Organización de los Estados Americanos, el propio Chávez dijo, a
través de su programa Aló Presidente: «Esa juez es una bandida, deténgala
ya, métanle treinta años», y acto seguido la fiscal ordenó su detención,
la juez le colocó treinta años y la metieron en una cárcel donde había
presas que habían sido condenadas por ella. No quiero relatarle, porque
son inenarrables, las barbaridades de todo tipo, que no se pueden
reproducir en esta Cámara, que sufrió esa mujer.


¿Qué ha hecho también con el Poder Legislativo? Dictar leyes
habilitantes, que siguen ahora mismo en vigor. En Venezuela, el
presidente de la república tiene una ley, que le ha otorgado el
Parlamento a su dictado, que le permite saltarse el Parlamento para tomar
cualquier decisión por grave que sea, para modificar cualquier ley o para
hacer cualquier pronunciamiento. Esa aniquilación, señorías, del Estado
de derecho, de las libertades y de la propiedad, se ha hecho, además, de
manera enormemente cruel. Recuerdo, por ejemplo, uno de los casos que
citamos aquí, el del comisario Simonovis y su esposa Bony, cuya tragedia,
cuya tortura física y psicológica sobrepasan los límites como para poder
contarlo aquí con la debida cortesía parlamentaria. Piensen lo peor, pues
no alcanzarán a imaginarlo.


Señorías, como les decía antes, en Venezuela la tortura, la
presión psicológica, el acoso a todo lo que no sea del régimen es una
situación que ya resulta insoportable. Y estas son, señorías, algunas de
las razones que nos han llevado a presentar esta moción, una moción que
tiene como objetivo conseguir dos cosas: En primer lugar, mantener el
foco de atención internacional —y por ello lo traemos al Parlamento
español— sobre la situación que vive el país. Todos los opositores,
que conforman un amplísimo abanico de partidos políticos, desde el centro
derecha, pasando por la derecha, la izquierda y hasta la izquierda más
extrema dentro del ámbito democrático, todo ese abanico de partidos que
conforman Mesa de la Unidad Democrática nos han pedido que mantengamos la
atención, pues mientras haya un foco internacional pendiente de la
situación de Venezuela, esta, aun siendo difícil, será todavía
soportable. Y en segundo lugar, pedir que el Gobierno de España actúe de
la manera más diligente, rápida y eficaz posible para conseguir esos tres
objetivos: que los presos políticos puedan salir, que las
inhabilitaciones queden sin efecto y puedan concurrir a las elecciones
todas aquellas personas que deseen hacerlo, y que haya una observación
electoral internacional cualificada para garantizar, al menos, algo de
prudencia en la manipulación de las elecciones. No estamos hablando de
que cuatro, seis u ocho senadores o diputados vayan allí tres días antes
de las elecciones. Lo que técnicamente se denomina observación
cualificada es una observación de larga duración de forma que haya una
presencia de profesionales de la observación electoral durante un período
de al menos cuatro meses en el país.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, vaya
terminando.


El señor GARCÍA CARNERO: Termino ya, señor presidente.


Creo, señorías, que esta moción es sensata y razonable; y es,
sobre todo, lo que nuestros hermanos venezolanos y la causa de la
libertad y de la democracia merecen.


Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos.— El señor
presidente ocupa la Presidencia).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador García Carnero.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la
palabra el senador Gil García.


El señor GIL GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.


Intervengo desde el escaño para defender esta única enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a esta moción del Grupo
Parlamentario Popular. Como no puede ser de otra forma el Grupo
Socialista quiere mostrar su mejor disposición a la hora de impulsar
todas aquellas medidas e iniciativas parlamentarias que puedan contribuir
a la normalización democrática, al respeto de los derechos humanos y al
avance de la democracia allí donde esta tenga un déficit, como en esta
ocasión es Venezuela. Por ello consideramos positiva cualquier medida que
incida en garantizar el normal desarrollo de las instituciones
democráticas en ese país hermano que es Venezuela, lo que constituye en
este caso el objeto de la moción.


Sin embargo, y aun compartiendo los términos generales en ella
recogidos, echamos en falta, y este es el objeto de la enmienda que
presenta mi grupo, un concepto importante, una palabra a la que ningún
demócrata de ningún país democrático del mundo puede renunciar por
difíciles que sean las circunstancias. Me refiero a la palabra diálogo;
siempre diálogo, diálogo como base necesaria para impulsar cualquier
proceso democrático, y es precisamente lo que pedimos en esta enmienda:
instar al Gobierno venezolano y a las partes a que no renuncien nunca,
por difícil que sea la situación, a mantener un diálogo. Somos
conscientes de la dificultad y de los intentos fallidos que se han
producido en épocas anteriores de entablar este diálogo, pero creo que es
casi de obligado cumplimiento para un país democrático como el nuestro,
que esta Cámara, sede de la soberanía popular, no renuncie nunca a instar
a las autoridades venezolanas a entablar ese diálogo. Yo espero que la
enmienda, que es perfectamente asumible, sea compartida por todos los
grupos y especialmente por el grupo proponente, el Grupo Popular.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Gil García.


Tiene la palabra el senador García Carnero, para indicar si acepta
o no la enmienda.


El señor GARCÍA CARNERO: Muchas gracias, señor presidente.


Brevemente, senador Gil, amigo Ander, yo sé que es usted una
persona sensible a los temas de derechos humanos, sé que lo hace usted
con la mejor voluntad y sé que en nuestro reciente viaje a Venezuela tuvo
la oportunidad de conocer una realidad mucho más dura que aquella que
pudiese imaginar; pero también sé, señoría, que lo que usted nos pide en
esta enmienda es que añadamos un punto y establezcamos un clima de
diálogo con el Gobierno de Venezuela, y eso es como pedir al lobo que
duerma con los corderos y que dialogue con ellos. Yo sé, y los
venezolanos también, que eso es absolutamente imposible, pero aun así,
señorías, vamos a aceptar ese punto e incluirlo. Y lo vamos a hacer por
dos motivos: para no cerrar nunca, ni en las peores dificultades, las
puertas al diálogo, pero también señorías, porque hoy es un día
importante. En estos diez años, largos diez años, en los que nosotros
hemos presentado 52 iniciativas y un paquete no menor que presentó el
senador Anasagasti, es la primera vez que el Grupo Socialista va a apoyar
una moción, la primera. En diez largos años ¿cuántas iniciativas ha
presentado el Grupo Socialista? Cero, ninguna. ¿Qué ha hecho el Grupo
Socialista respecto de toda esta larga sucesión de mociones e
interpelaciones? Mantener siempre una actitud de no apoyo, pero sí de
apoyo al Gobierno, al Gobierno de Venezuela.


Hay aquí algunas perlas que si ustedes mismos las leyeran ahora
sentirían vergüenza. Aquí se ha dicho, señorías, por algunos senadores
que están presentes en la Cámara que el de Venezuela era un régimen
democrático y que sus decisiones eran legítimas. Aquí hemos escuchado a
ministros, señorías, negarse a cumplir los mandatos de este Parlamento.
Aquí se aprobó una moción pidiendo que el Gobierno presentase una queja
formal, y el ministro Moratinos, de manera inédita, no solo no la
cumplió, sino que dijo que no la iba a cumplir. Estamos dispuestos,
señorías, no a olvidar, sino a pasar todo eso y a que esta, que es la
primera vez que el Grupo Socialista va a apoyarnos, no sea solo la
primera y de forma simbólica sino que sea la manera de llevar a la
conciencia de la izquierda democrática de España que lo que se está
ventilando en Venezuela no es una cuestión de derechas ni de izquierdas;
es una cuestión de libertad, de democracia o de dictadura. (Aplausos).
Gracias, señorías. Y eso no tiene valor si lo dice alguien que representa
a un partido de centro derecha. Escuchen ustedes, por ejemplo, lo que
dicen personas tan prestigiosas e indubitadamente demócratas y de
izquierdas como Pompeyo Márquez, Teodoro Petkoff o Henry Ramos Allup,
secretario general de Acción Democrática, el partido homólogo del Partido
Socialista de toda la vida; escuchen lo que dicen y verán que no es un
discurso nuevo, es un discurso de reclamo y de apoyo.


El senador Anasagasti recordará, como yo, cuando Henry Ramos le
pedía al senador Barranco, en un acto en Caracas, una capa, un apoyo,
recordándole aquel que durante tantos años los socialistas venezolanos le
brindaron al PSOE de España. Senador Gil, para que este sea un primer
paso en el convencimiento de luchar todos juntos contra la dictadura
—porque no tiene otro nombre, no hay que buscar eufemismos, lo que
se vive en Venezuela no es una democracia, es una dictadura impuesta por
un populismo insoportable que ha conducido al país a la situación que
vive—, en aras de conseguir ese consenso y esa unidad, estoy
dispuesto, en nombre de mi grupo, a incorporar la enmienda.


Muchas gracias. (Prolongados aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador García Carnero.


Turno en contra. (Denegaciones).


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer
lugar, el senador Aiartza.


Senador Aiartza, han pedido la palabra cuatro miembros de su grupo
parlamentario, voy a ser generoso en los tiempos, pero procuren ajustarse
al tiempo que se les ha concedido.


El señor AIARTZA AZURTZA: Sí, señor presidente, voy a ser muy
breve, dado que somos muchos ahora en el Grupo Mixto.


Los miembros de la coalición Amaiur siempre hemos seguido con
mucha atención el devenir de los acontecimientos de Venezuela, dado que
los lazos de amistad que unen al pueblo vasco con el pueblo venezolano
vienen de lejos, y siempre en esta relación nos hemos guiado por los
principios de respeto a la voluntad popular democráticamente expresada
por los pueblos, y en este caso por el pueblo venezolano, porque para
nosotros es sumamente importante que las relaciones entre los pueblos se
basen en la no injerencia y en el respeto de los procesos políticos
libres y democráticos. Reconocemos que en Venezuela hay gravísimos
problemas, por supuesto, como en otras partes del mundo y de la región,
problemas que nos preocupan enormemente.


Venezuela, como país de carácter extractivista de hidrocarburos,
ha sufrido siempre injerencias externas enormes, y las sigue sufriendo.
No olvidemos que en el año 2002, y no es baladí, sufrió un intento de
golpe de Estado. En Venezuela hay oposición que actúa democráticamente,
también ha habido mucha violencia, excesos de violencia, ha habido
muertes por parte de grupos llamados las guarimbas, excesos de muertes
por las actuaciones de las fuerzas del Estado, violencia que todos
deseamos que termine.


Estamos firmemente convencidos, y así lo hemos manifestado en
reiteradas ocasiones, de que los asuntos venezolanos deben ser resueltos
por los propios venezolanos de forma política, pacífica y democrática,
siguiendo los cauces que ellos mismos establezcan legal y
constitucionalmente, sin injerencia alguna. Por eso siempre hemos sido
partidarios y hemos apoyado las iniciativas que desde asociaciones u
organizaciones regionales, como Unasur o Celac, se han llevado a cabo y
se están llevando a cabo para que el debate político en Venezuela se
desarrolle por cauces constitucionales y democráticos.


Estamos de acuerdo con lo que se señala al inicio de la moción,
con que se debe trabajar por el entendimiento entre los actores de la
vida política venezolana, y esto se debe hacer desde la no injerencia y
el respeto, esa debe ser la labor de cualquier institución, incluido este
Senado. Por eso compartimos el sentido de la moción y de la enmienda de
adición presentada por el Grupo Socialista.


Señorías, que quede claro, en Amaiur siempre hemos rechazado
contundentemente que se detenga a personas por su actividad política, sea
en Turquía, en Egipto, en Marruecos, en el Estado español o en Venezuela,
si es el caso (Rumores). Sí, sí, permítanme que les recuerde, y esto no
es baladí, que su propio Gobierno sigue manteniendo a decenas de personas
presas por su mera actividad política. (Protestas). Sí, sí, por su mera
actividad política, sindical o periodística. Quiero recordar los casos de
Rafa Díez Usabiaga, secretario general del sindicato LAB, preso por su
actividad política; del director del diario Egin, preso por su actividad
política (Rumores), y del secretario general del partido Sortu, Arnaldo
Otegi Mondragón, preso por su actividad política (Protestas), cuya
libertad ha sido reclamada por expresidentes de Sudamérica, como el señor
Pepe Mújica, Lugo o el señor Zelaya. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.


El señor AIARTZA AZURTZA: Señorías, voy a terminar.


Amaiur siempre ha estado a favor del diálogo y la negociación;
aquí, en Venezuela y en cualquier lugar del mundo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aiartza.


Tiene la palabra la senadora Julios.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente. Buenos
días.


Hablo en representación de Coalición Canaria, que, como saben, es
un partido nacionalista de Canarias, y en primer lugar, si me permiten
sus señorías, quiero transmitir un saludo de todo corazón, en nombre de
mi tierra, de Canarias, a los venezolanos y venezolanas que nos acompañan
hoy en este Pleno del Senado.


Todos saben —ustedes desde luego que sí y supongo que
también las señorías que nos acompañan hoy aquí— la estrecha
relación que nos une históricamente y en la actualidad también al pueblo
canario con el pueblo venezolano o al pueblo venezolano con el pueblo
canario, hasta el punto de que en Canarias, si me permiten, muchas veces
llamamos a Venezuela la octava isla, porque decimos que somos siete islas
desde el punto de vista geográfico —ocho si contamos a La
Graciosa—, pero en el corazón somos ocho, porque a Venezuela la
consideramos la octava isla Canaria. Hay muchísimas familias canarias que
viven en Venezuela, y son también muchas las familias canarias que viven
en Canarias que tienen allí sus raíces y gran parte de su familia
viviendo en estos momentos en Venezuela.


Nosotros vamos a apoyar la moción que hoy se ha presentado. Nos
parece importante que se haya aceptado la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista y también que hoy de lo que se hable en este
punto del orden del día sea de Venezuela, solo de Venezuela. El debate
propio del proceso preelectoral que estamos teniendo en estos momentos en
España debe quedar en un segundo plano, y probablemente así hubiera sido,
en mi modesta opinión, si se hubiera hecho el esfuerzo de haber
presentado hoy aquí esta iniciativa no solo por un grupo sino por todos
conjuntamente. Es mi opinión, pero incluso mi valoración queda en un
segundo plano.


Me voy a referir a una declaración institucional que hicimos en el
Parlamento de Canarias todos juntos en 2014, después de unos incidentes
que, como todos saben, produjeron víctimas en Venezuela. En ella —y
con ello concluyo, señor presidente— el Parlamento de Canarias
mostró su preocupación y su rechazo a los actos violentos que habían
ocurrido en Venezuela, manifestando el pésame y el apoyo a las familias
de las víctimas de las manifestaciones que habían tenido lugar.
Expresamos también nuestro apoyo a todas las familias canarias que
residen en Venezuela ante la situación que se había vivido, así como
nuestra solidaridad con el pueblo venezolano. El Parlamento de Canarias
hizo un llamamiento en aquel entonces —y lo volvemos a reiterar en
esta intervención— al pueblo venezolano, en especial a los
legítimos representantes, tanto a los que están en el Gobierno como a los
que están en la oposición, para que sin injerencias desde el exterior se
busque de manera pacífica, con consenso y con plenas garantías
democráticas, una solución a la inestabilidad que se vive en
Venezuela.


Muchísima suerte, con cariño, de todo corazón. Manifiesto
nuevamente nuestro apoyo a la moción y deseo lo mejor al pueblo
venezolano en el futuro.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.


Tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


No respaldaré esta moción, no porque no crea que los presos
políticos que pueda haber en Venezuela no deban ser liberados, no porque
no rechace cualquier manifestación de violencia, sino porque creo que,
siendo en estos días más necesario que nunca abrir un debate sobre el
compromiso de los Estados, también del Estado español, con el respeto a
los derechos humanos, cuando estamos viviendo una crisis humanitaria con
los refugiados que supone una cotidiana violación de los derechos humanos
de decenas de miles de personas, de hombres, mujeres y niños, a la vez
creo que cualquier debate sobre derechos humanos ha de conllevar un
sobreesfuerzo de objetividad y una renuncia al prisma partidista a la
hora de afrontarlo. Y en mi opinión esta moción no realiza ese esfuerzo.
En nuestro país esta legislatura no ha sido una buena legislatura para
los derechos humanos. Probablemente nunca, ni con este Gobierno ni con
otros, la prioridad de la política exterior española haya sido la de
expresar ese compromiso riguroso con el respeto a los derechos humanos.
En general la prioridad ha sido hacer una interpretación del cumplimiento
o la violación de esos derechos humanos a la luz de los intereses
económicos de nuestro país, supeditando siempre ese análisis —me
temo que todos los gobiernos— a los intereses económicos. Pero en
esta legislatura creo que hemos vivido una expresión clamorosa de esa
realidad: la renuncia a la jurisdicción universal para no incomodar a un
poderoso Estado, algunos de cuyos dirigentes estaban siendo imputados
—el término era aplicable todavía— por la Audiencia Nacional.
Esa política exterior española, que sigue colocando los intereses
económicos como la prioridad, hace que, siendo dramática la situación que
vive Venezuela, muy cerca, en México, cerremos los ojos a lo que
seguramente hoy es una situación de tanta gravedad o más que la que se
vive en Venezuela en relación con los derechos humanos. Amnistía
Internacional presentaba el domingo día 30, el Día internacional de los
desaparecidos, un informe sobre la situación en México y hablaba
de 23 000 desaparecidos y del asesinato de 97 periodistas desde 2007.
Egipto, uno de nuestros partenaires comerciales más importantes
—una empresa multinacional española va a construir el saneamiento
de El Cairo—, acaba de condenar a tres periodistas más de Al
Yazira. Turquía acaba de detener a dos periodistas. Egipto, junto con
Arabia Saudita, está participando en una operación militar que no cuenta
con el respaldo de Naciones Unidas y a la que España provee armamento. La
respuesta del Gobierno es que está garantizado su uso compatible con los
derechos humanos, pero todavía hace 72 horas, con el bombardeo de una
planta de embotellamiento de agua, provocaba 30 muertos civiles que
trabajaban en ella. No nos comprometemos con el respeto a los derechos
humanos en los territorios ocupados del Sáhara, donde Marruecos vulnera
cotidianamente los derechos humanos de esa población. Y no hablemos ya de
la situación en Palestina y la detención administrativa que en este
momento lleva a que más de 1000 personas se encuentren privadas de
libertad.


Por todo ello, insisto, no votaré en contra de la moción.
Realmente no participaré en la votación de la moción, porque creo que la
respuesta ha de ser una respuesta global que no dependa del color del
Gobierno que viole los derechos humanos.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Tiene la palabra el senador Espinar.


El señor ESPINAR MERINO: Gracias, presidente.


En primer lugar, quiero saludar a doña Michi Ledezma y a las
personas que la acompañan en la tribuna. Saben ustedes que tienen nuestro
respeto y el cariño de todos aquellos que pensamos que nadie debe estar
encarcelado por sus opiniones políticas. Vaya eso por delante.


En segundo lugar, señorías —voy a ser muy breve—, les
voy a pedir que escuchen, no sea que cometan ustedes la contradicción de
llamar a la convivencia y al diálogo desde la tribuna y después se pongan
a patalear en los escaños cuando escuchen a un senador decir alguna cosa
con la que ustedes no estén de acuerdo. (Rumores).


Nosotros defendemos los derechos humanos; los defendemos en
cualquier lugar y condenamos la resolución por vía judicial de cualquier
tipo de conflicto político, así como condenamos cualquier violación de
los derechos humanos allí donde se produzca, de forma que estamos de
acuerdo con el espíritu de la moción que ha presentado el Grupo Popular y
saludamos muy especialmente la enmienda presentada por el Grupo
Socialista. Entendemos que llamar al diálogo es fundamental en cualquier
conflicto, también en la situación que se está produciendo en Venezuela,
y entendemos que el diálogo debe producirse tanto entre España y
Venezuela como entre los venezolanos. Y lo que digo no es algo que nos
hayamos inventado los de Podemos, lo ha dicho el papa Francisco, lo ha
dicho Ban Ki-moon… (Rumores). ¿También van a abuchear ustedes al
papa, señorías? (Protestas).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.


El señor ESPINAR MERINO: Las llamadas al diálogo para resolver los
conflictos no han sido un invento de Podemos, sino algo que también han
hecho personalidades como Ban Ki-moon o el papa Francisco.


Dicho esto, el sentido de nuestro voto no va a ser favorable. Nos
vamos a abstener en esta moción, y nos vamos a abstener porque
entendemos, no que al Partido Popular le haya dado de pronto un ataque de
defensa de los derechos humanos, sino que ustedes hace tiempo que llevan
queriendo situar la cuestión de Venezuela en la agenda pública para no
hablar de los problemas de los españoles. (Rumores). Porque si ustedes,
señorías, quisieran defender los derechos humanos fuera de nuestras
fronteras no tendrían que irse tan lejos, aunque está bien que se vayan
tan lejos. Hace poco que la Unión Europea nos ha pedido que en la crisis
humanitaria producida con los refugiados sirios acojamos a 4000 personas
en España, y el Gobierno se ha negado. Y su grupo ha apoyado al Gobierno,
que se ha negado, insisto, a acoger a 4000 refugiados sirios.


Pero podríamos hablar también de violaciones de derechos humanos
en el territorio español. Hace un rato en esta sesión, cuando la mayoría
de ustedes no estaban, hemos discutido sobre el modelo de ciudades y
sobre política de vivienda, y discutiendo de política de vivienda les
recordaba que en este país hay violaciones de los derechos humanos en
materia de vivienda a las que ustedes tampoco han opuesto ninguna
resistencia. (Una señora senadora: De eso nada.— Rumores). Yo voy a
seguir tranquilo aunque pataleen, se lo digo de verdad. (Protestas). De
forma que les anuncio que nos vamos a abstener porque, como saben
ustedes, hace tiempo lo que se llevaba cuando se quería condicionar los
debates era el filibusterismo parlamentario, y el que ustedes practican
ahora es el filibusterismo de la agenda pública.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor ESPINAR MERINO: Termino, presidente.


El filibusterismo de la agenda pública: hablar de cualquier cosa,
menos de los problemas de los españoles; porque, cuando hablamos de los
problemas de los españoles y de las soluciones que proponemos, ustedes
pierden, gana la gente y les terminan echando.


Muchas gracias. (Aplausos.— Rumores).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Espinar.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor
Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor presidente, señorías, por
iniciativa de unos cuantos senadores de esta Cámara, y de partidos
distintos, se creó en el Senado un intergrupo de derechos humanos. En un
año hemos recibido a colectivos de todo tipo, hemos presentado mociones
incómodas para el Gobierno y hemos estado presentes en actos solidarios
de toda índole. No es de extrañar, pues, que, recibida una invitación de
la Mesa de la Unidad de Venezuela pidiéndonos interceder para que en su
país no haya presos políticos —el chavismo los llama políticos
presos—, acudiéramos en visita oficial, del 22 al 25 del pasado mes
de julio, a Caracas. El expresidente Felipe González, que se ha
incorporado a esta petición recientemente, logró con su viaje mover la
opinión pública en relación con la brutalidad del régimen venezolano y
poner un ojo internacional en ese país.


Esa es la razón por la que senadores del Partido Popular, del
Partido Socialista, de Convergència, de Unió y del PNV estuvimos tres
días en Caracas, acercándonos a una realidad tan distorsionada como la
venezolana desde que en 1992 Hugo Chávez diera un golpe de Estado contra
el legítimo Gobierno de Carlos Andrés Pérez. Señor Aiartza, el primer
golpe de Estado lo da Hugo Chávez (Aplausos), y en ese golpe de Estado
muere el hijo del delegado del Gobierno vasco en Venezuela.


Asimismo, quiero recordar a nuestros mayores contándonos una y
otra vez lo que significó para ellos aquella visita clandestina bajo la
dictadura franquista del diputado laborista Francis Noel-Baker, en 1946,
la única en la que se recibió en décadas un apoyo de los llamados
aliados. Una visita de esta envergadura fija la atención y hace sentir al
perseguido que no está solo en el mundo. Y con esta moción queremos decir
a Venezuela que no están solos.


Venezuela es un país para querer, que tiene de todo: petróleo,
gas, bauxita, hierro, pesca, asfalto, playas paradisíacas, llanos
interminables, cumbres nevadas, la Gran Sabana, el Orinoco, Canaima, Los
Roques, pocos habitantes y un lugar geoestratégico al norte de América
del Sur, bañado por el Caribe. Con estas cualidades debería ser hoy el
país puntero de América, y no lo es por culpa de un sistema que ha
empobrecido al país, lo ha desabastecido, lo ha enfeudado a Cuba, le ha
quitado a una juventud bien formada las esperanzas de un futuro provisor,
lo que les obliga a emigrar, mientras que la inseguridad ciudadana y el
delito común matan a 25 000 personas al año. La justicia es un apéndice
del Ejecutivo y la inflación hace que el bolívar no valga absolutamente
nada. Tiene, además, 75 presos políticos y unos medios de comunicación
sin papel y amenazados constantemente, mientras el presidente Maduro y el
presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, con sus programas semanales
de televisión insultan a todo aquel que no comulga con sus ideas
totalitarias.


Le voy a quitar al senador Gil una imagen bonita que él utilizó.
Superficialmente, Venzuela es conocida, además, por sus reinas de
belleza, hermosas mujeres que tienen el récord de concursos ganados. Pero
tiene además otras misses con las que hemos estado en este viaje: madres
coraje, mujeres de acero inoxidable, perseguidas ellas y sus maridos por
tener un pensamiento propio. Michi Capriles de Ledezma, que hoy nos
acompaña junto a su hija, es la esposa del alcalde metropolitano de
Caracas, Antonio Ledezma. Mujer organizada, nos recibió en el aeropuerto
y nos acompañó durante los tres días de estancia. Nada más llegar fuimos
a su casa, donde, como aguerrido tigre enjaulado, en su arresto
domiciliario pasea su marido por el delito de haberle ganado dos
elecciones a Hugo Chávez, algo imperdonable en una Venezuela roja,
rojita, que no podía tolerar un contrapoder de este tipo en la capital de
Venezuela. ¿Y qué es lo que hizo? Quitarle todas sus competencias,
nombrar un ministro para Caracas, y este año quitarle la libertad con la
excusa de que estaba conspirando. ¡Claro que estaba conspirando!, pero en
favor de la democracia, y eso no es una conspiración sino un trabajo de
cualquier ciudadano libre y sensible. Porque todo vimos las escenas
brutales de su detención, y ante ese abuso su mujer ha estado en
Alemania, en Bélgica, en Madrid y en cada lugar donde se le invita
batallando por la libertad de su esposo, con quien estuvimos. Y lo
encontramos lúcido, sereno y esperanzado, a pesar del anuncio de Maduro
de un puño de hierro chavista para él ante la justicia.


Patricia Gutiérrez —Pat— es la esposa de Daniel
Ceballos, 31 años, alcalde de San Cristóbal, en Táchira, y preso desde
marzo de 2014 por una supuesta rebelión civil dentro de las protestas
contra el Gobierno que sacuden el país. Ante esta persecución, Patricia
se presentó a las elecciones y logró la alcaldía de San Cristóbal,
mientras sigue luchando por la libertad de su marido, ahora en prisión
domiciliaria en el Helicoide de Caracas, donde estuvimos durante dos
horas ante las rejas de entrada y no nos dejaron visitarle, a pesar de
haber formulado la petición en tiempo y forma.


Lilian Tintori, mujer apasionada y encantadora, es la esposa de
Leopoldo López, líder de la oposición venezolana y exalcalde de Chacao,
preso por llamar a manifestarse contra el Gobierno, lo que es legal en
cualquier país democrático. Campeona deportiva y expresentadora de un
programa de televisión sobre deportes extremos, es una figura muy popular
que ha trabajado activamente por causas como los derechos humanos,
servicios para los ciegos y los sordos y en contra de la violencia
doméstica. En esos tres días hemos sentido su energía y su liderazgo y su
pelea para que su marido, encerrado completamente solo y aislado en una
reducida celda en la presión militar de Ramo Verde, pueda salir de una
cárcel en la que no nos dejaron entrar. Nos pasamos las dos horas de
rigor en la cancela para, al final, recibir un no del coronel de la
plaza. Y este viernes parece que le van a dictar una sentencia
condenatoria.


María Corina Machado es una diputada a la que le han inhabilitado
por una decisión administrativa. Anteriormente Diosdado Cabello le había
quitado su acta por aceptar el cargo de representante alterna de Panamá
ante la Organización de Estados Americanos, donde denunció la situación
venezolana, a pesar de haber sido la diputada electa con mayor cantidad
de votos. Es reconocida como una de las voces más enérgicas del
Parlamento venezolano, y en un debate le dijo a la cara al presidente
Chávez, en 2011, que sus expropiaciones no eran expropiaciones sino
robar. Lógicamente, el chavismo la persigue; pero ella no se arruga, y
nos recibió en el aeropuerto y estuvo en la firma de la Declaración de
Caracas, donde pedimos elecciones limpias, libres, con observadores
electorales y la libertad de todos los presos políticos, objetivo de esta
moción.


También estuvimos con otras mujeres de una pieza: esposas, madres
y hermanas del resto de presos políticos, que nos contaron sus vivencias,
amarguras y preocupaciones. Un estudiante que había pasado un año en la
cárcel por haber hecho una huelga de hambre ante la oficina de las
Naciones Unidas tuvo que salir por la puerta de atrás del hotel para que
no le volvieran a detener —inmenso hotel, por cierto, en la Plaza
de Altamira, que solo tenía como huéspedes a nosotros y a cuatro
chinos—. ¿Quién va a ir a Venezuela en estas condiciones?


También solicitamos estar con el Gobierno y con víctimas
chavistas, porque queríamos abarcar todo el campo parlamentario. Ni nos
contestaron a nuestra demanda.


La última vez que estuve en Caracas fue hace cuatro años, cuando
acudí como invitado a observar unas elecciones legislativas con el
ejército metido hasta en las urnas electorales y con unas sospechosas
máquinas captahuellas. He vuelto ahora, y cada vez encuentro Caracas más
fea, más sucia, más abandonada, sin jardinería, sin nuevas casas y
edificios, con un parque automovilístico achatarrado, mientras recordaba
la Caracas poderosa, moderna, con autovías y edificios nuevos por todas
partes, con seguridad en sus calles, con su gente amable y cantando por
las esquinas y saboreando sus arepas en fuentes de soda, llenas de gente
amable, divertida y generosa.


Pero nuestra visita no le gustó al presidente Maduro, que la
calificó de irritante y vomitiva. Yo le sugerí que se tomara un
Alka-Seltzer, porque no es de recibo que un jefe de Estado de un país
democrático se dedique a insultar a todas horas a quien discrepe de su
parecer. Llamó, asimismo, sicario al presidente Rajoy, y este llamó a
consulta al embajador venezolano sin comprender por qué Maduro le había
dado ese tortazo. García-Margallo le apuntó:






por la visita de los
senadores. ¡Bingo!


También recibimos una andanada del inefable Diosdado Cabello, un
personaje más peligroso que una piraña en un bidé, que tiene un programa
de televisión con el ilustrativo nombre de Con el mazo dando, y del
llamado defensor de los derechos humanos, al que pedimos que nos
recibiera. Y el insulto fue su respuesta.


Todo esto dibuja un país en el que todas las encuestas dicen que
dejó de ser chavista y que tiene el sol de espaldas, mientras la Mesa de
la Unidad comprende a partidos de todo el arco ideológico, de la derecha
a la izquierda y la extrema izquierda. Con su tarjeta única tienen todos
los boletos para ganar las elecciones legislativas el próximo 6 de
diciembre si estas son libres y son democráticas, aunque nadie se fía de
esta fiera herida, como el régimen, porque Maduro hará todas las trampas
posibles para violentar el resultado, mientras el país corre el riesgo de
una explosión social ante las colas, el hambre, el desabastecimiento y la
necesidad de contar con una economía y una moneda fiable fuera del
influjo cubano.


Nuestra visita les animó, y si logramos la solidaridad del mayor
número de parlamentarios en el mundo, no solamente de esta Cámara, que
vamos a lograr, eso que habremos logrado para conseguir una Venezuela
libre, democrática y, sobre todo, de los venezolanos.


También hay que recordar algo muy importante: Venezuela es un país
en donde no se respeta el Estado de derecho. Venezuela es un caso de
preocupación internacional por la no independencia del sistema judicial.
Los jueces son casi todos provisionales, o sea nombrados y destituidos a
dedo, y actúan según las instrucciones del Poder Ejecutivo. La manera en
que operan todos estos jueces es dictando medidas cautelares al inicio de
cualquier procedimiento; y así, en Venezuela hay más de 75 presos
políticos y más de 2000 personas en régimen de presentación, todos
castigados para criminalizar la disidencia. Los funcionarios venezolanos
ya no tienen argumentos para justificar los atropellos jurídicos que
cometen todos los días.


¿Cómo se puede explicar a los venezolanos y al mundo entero el
atropello cometido —vuelvo a repetirlo— contra el alcalde
Antonio Ledezma, al que hemos aplaudido —sobre todo a su señora
esposa—, y la violación cometida a la propia justicia en este caso?
Y se llevan a un alcalde sin que medie un papel ni una orden. Otro caso
es el de Leopoldo López, al que, sin tener antecedentes penales, tienen
preso sin que se cumplan los más elementales derechos humanos en un
juicio sin pruebas, donde se le ha negado su derecho a defensa no
admitiendo pruebas ni testigos. Casos como estos de antijusticia son
innumerables.


Me quedan veinte segundos, que voy a utilizar solamente para pedir
nuevamente el voto afirmativo a esta moción. Venezuela es un país para
querer. Las personas que están hoy en la tribuna están beligerantemente
en favor de la democracia y de los derechos humanos. Aquí no se trata de
injerencia en la situación política interna de Venezuela. Los derechos
humanos no son de España, no son de Venezuela, no son de
Francia…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Sí, señor presidente. Termino.


Son universales, y porque son universales y porque pedimos que se
aplique la justicia, fundamentalmente una justicia independiente, pedimos
que se apruebe esta moción y animamos a todas las personas que están
siendo perseguidas a que continúen su lucha.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra el senador Sabaté.


El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, en nombre de nuestro grupo parlamentario, Entesa
pel Progrés de Catalunya, también quiero saludar a la señora Capriles y a
la delegación que le acompaña. Nuestros mejores deseos para ellos, para
el señor Ledezma y para todo el pueblo de Venezuela.


Entendemos que se debe abordar la situación en Venezuela a partir
de dos premisas. La primera, incuestionable, es la necesidad de defender
la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos en
cualquier parte del mundo. Como digo, es una premisa incuestionable. Pero
también debe tenerse en cuenta el respeto a la soberanía de los pueblos
y, por tanto, el respeto a la soberanía de la República de
Venezuela.


Hay que respetar las especificidades de la cultura política de
cada región, de cada país. Tenemos experiencias negativas cuando se
intenta diseñar los regímenes políticos en otros países que no son el
mundo europeo, el mundo occidental o el mundo norteamericano, con
voluntad de extender la democracia y desde una actitud de buenismo que a
veces puede ser preocupante. Pero es bien cierto que la necesidad de
defender la democracia, la libertad y los derechos humanos pasa por
encima de cualquier otra consideración. Y también es importante —a
ello hacía referencia el senador Anasagasti— el recuerdo y el
agradecimiento a los apoyos internacionales que los demócratas españoles
recibimos durante la larga noche del franquismo. En muchas ocasiones
fueron escasos, pero cuando se produjeron realmente fueron importantes
por el coraje que dieron a los defensores de la libertad, de la
democracia y de los derechos humanos en nuestro país. Por eso, hay una
doble obligación por parte del pueblo español y de sus representantes
parlamentarios en el compromiso del respeto a esas libertades, a la
democracia y a los derechos humanos allí donde sea necesario.


Nuestro grupo parlamentario comparte el espíritu y la letra de la
moción y, por tanto, los senadores socialistas de Entesa vamos a darle
nuestro apoyo porque es necesario pedir, y pedimos y exigimos, la
libertad de los presos políticos. No es de recibo, no es democrático, no
es aceptable. Es denunciable, y así lo hacemos. Y tampoco es de recibo,
no es aceptable y es denunciable la inhabilitación de representantes
políticos que tienen legitimidad democrática, inhabilitación con la que
se intentar impedir el ejercicio de la democracia y de la representación
que tienen en nombre del pueblo de Venezuela, que les ha votado. Y, por
supuesto, compartimos la necesidad de que una delegación de la Unión
Europea participe como observadora en las futuras elecciones legislativas
del 6 de diciembre de este año. Es necesario que las elecciones
legislativas en Venezuela tengan las máximas garantías posibles. Es
necesaria esa presencia internacional, y precisamente una de las misiones
y obligaciones de los países democráticos de la Unión Europea, de la que
formamos parte, es contribuir a garantizar esa libertad, esa democracia
en Venezuela, al igual que debemos hacerlo en cualquier parte del
mundo.


De ahí nuestro apoyo, repito, a la propuesta que se trae hoy a
debate y votación en el Senado de España y nuestro deseo de que realmente
el futuro del pueblo de Venezuela se consolide en libertad, en democracia
y con respeto a los derechos humanos muy pronto, especialmente a partir
de las próximas elecciones legislativas.


Gracias, señorías. Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.


Por el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, tiene
la palabra el senador Maldonado.


El señor MALDONADO I GILI: Moltes gràcies, senyor, president.


Senyories, en aquesta moció, i per primera vegada des que el
català va ser incorporat com a llengua oficial en els debats en aquest
Senat, i excepcionalment, faré la meva intervenció en castellà.


Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, en esta moción, y por primera vez desde que el catalán
fue incorporado como lengua oficial en los debates del Senado, voy a
hacer de forma excepcional mi intervención en español.


Como decía, mi intervención en esta moción será en castellano,
cuando siempre es en mi lengua materna, el catalán. Y será en castellano,
por deferencia a mucha gente que me consta que hoy en Venezuela está
siguiendo este debate por internet. Y también porque hoy tenemos aquí a
una luchadora que representa a muchas familias, a sus familiares en
prisión o en arresto domiciliario. Ya se ha dicho: esa gran mujer es
Michi Capriles, esposa de Antonio Ledezma, político hoy en arresto
domiciliario, alcalde de Caracas y anteriormente en prisión. Como digo,
también representa a muchas familias de los 75 políticos venezolanos
privados de libertad.


Además de a la admirada y querida Michi Capriles y a su hija,
también quiero saludar a los venezolanos y venezolanas que nos acompañan,
entre ellos, a Tamara Suju, un ejemplo de persona en el exilio que no
puede ejercer su profesión desde la libertad.


Como dice la moción presentada por el Grupo Popular, yo tuve la
suerte de ser uno de los cuatro senadores que visitó oficialmente
Venezuela y que pudo ver en primera persona la situación de indignidad
democrática en la que viven los políticos opositores o incluso algunos
ciudadanos que, sin ser políticos, denuncian la dictadura existente en
Venezuela. Por ejemplo, hablamos con un chico que estuvo en la cárcel y
que nos explicaba que estuvo en prisión porque pasaba por allí y lo
detuvieron y encarcelaron —después tuvo que salir por la puerta de
atrás del hotel—. Y se ha convertido en un luchador, lo han hecho
un revolucionario de la paz y la libertad.


Los cuatro senadores representábamos a diferentes partidos
políticos —yo, a Convergència, por parte de Cataluña—. Y la
verdad es que a pesar de representar un amplio abanico parlamentario e
ideológico, los cuatro estuvimos de acuerdo en presentar esta moción, que
en principio iba a ser conjunta, de los cuatro grupos parlamentarios. Me
gustaría que constara en acta este hecho, porque, por un problema de
fechas de agosto y de trámite, mi grupo —y supongo que también los
otros dos— no pudo añadirse a esta moción. Lo hago ahora.


Por tanto, esta moción —estoy seguro de que mi amigo
Dionisio así lo hará constar— nace en ese viaje y con la voluntad
de ser conjunta. También lo ha dicho la portavoz canaria, y estoy de
acuerdo: debería ser una moción conjunta, de todos los grupos. Pero al
menos los cuatro viajamos con esa voluntad.


Y, querido y admirado senador Dionisio, la segunda intervención me
ha desilusionado. Hoy no tocaba retrovisor. Con tu voluntad de consenso,
de diálogo, de ánimo y de lucha, tu segunda intervención me ha
decepcionado y creo, repito, que hoy no tocaba el retrovisor.


Dicho esto, quiero mostrar mi agradecimiento —lo cortés no
quita lo valiente— al parlamentario Dionisio García, que sí llegó a
tiempo de presentar la moción, lo que nos permite hoy debatir esta
importante iniciativa.


También quiero que conste en acta la adición del Grupo de Unió
Democràtica. Su portavoz, Salvador Sedó, me ha pedido que así constara, y
con ello le agradezco que nos ceda el tiempo que les podía corresponder.
Y es que en diez minutos es difícil explicar la situación que este
senador ha vivido en la Venezuela del Gobierno actual.


En primer lugar, como se ha hablado de injerencia aquí y allí
—qué tristes estas coincidencias—, quiero dejar constancia de
que nuestra visita tenía solo tres objetivos, solo. Primero, visitar a
los presos políticos para ver su estado físico y anímico y darles apoyo,
cómo no. Segundo, contactar con las entidades que luchan por recuperar la
libertad democrática en Venezuela, entre ellos, la Mesa de la Unidad
Nacional, y también con las familias de los presos políticos, con los
políticos inhabilitados y con las familias de las víctimas. Tercero:
entrevistarnos con representantes del Gobierno para hacer llegar la
petición de libertad para los presos políticos, para pedir que las
próximas elecciones sean realmente democráticas y para pedir al Gobierno
del presidente Maduro que autorice la presencia de observadores
internacionales que garanticen que no habrá juego sucio en el proceso
electoral. Este tercer punto era cosa imposible pues, como pueden
comprender, para el Gobierno del presidente Maduro el hecho de que
fuéramos a hablar de derechos humanos, de libertad y democracia no le
interesaba en absoluto. Como pueden ver, ninguno de estos tres objetivos,
ninguno, habla de descalificar a nadie ni de entrometerse en la política
interna de Venezuela; solo hablan de democracia, libertad y derechos
humanos.


Señorías, este senador volvió triste y esperanzado. Triste al ver
la represión que lleva a cabo el Gobierno del presidente Maduro —no
me extenderé en ello porque el maestro Anasagasti lo ha explicado bien y
voy a intentar acotar el tiempo para intentar acabar todo lo que quiero
decir, todos mis sentimientos y todas sensaciones—. Triste al ver
cómo la inmensa mayoría de venezolanos y venezolanas están privados de
los enseres básicos: en la mayoría de las familias falta comida, en
Venezuela escasea casi todo, ¿y saben qué le preocupa al Gobierno? Solo
la oposición. ¡Qué triste! Triste por ver políticos entre rejas o
encerrados en sus domicilios, como Antonio Ledezma y ahora Daniel
Ceballos —ambos anteriormente en la cárcel—, o simplemente
inhabilitados, como María Corina Machado, solo por no compartir las
prácticas dictatoriales del Gobierno. Pero esperanzado, esperanzado
porque el pueblo venezolano está preparado para dar respuesta a la
violencia física y jurídica, a ambas, con la lucha pacífica a través del
voto democrático y con la lucha a través de las palabras.


Yo he vuelto de Caracas, señorías, cargado de libros que me han
dado, libros que denuncian la situación de Venezuela: La carrera más
larga. Conversaciones con Lilian Tintori; Asdrúbal Aguiar, luchados
patriota, Memoria de la Venezuela enferma. A callar que llegó la
revolución, de Paola Bautista de Alemán; Historia inconstitucional de
Venezuela, un montón. ¿Sabe por qué he traído estos libros, señoría?
Porque la lucha, la revolución de Venezuela será la revolución de las
palabras, no la de la violencia ni de la sangre. Con las palabras, con la
lucha es como avanzará Venezuela; con el consenso, Ander, con el
consenso.


Señorías, he vuelto esperanzado porque he visto el papel de la
mujer en Venezuela —lo ha dicho todo el mundo, pero tengo que
repetirlo—. Durante mi larga carrera política he ido a diversos
países en conflicto y quiero dejar constancia de que en ningún otro país
del mundo he encontrado una legión de mujeres como las mujeres de los
políticos venezolanos encarcelados y reprimidos en Venezuela. Quiero que
mi intervención sea un canto a la libertad por la democracia en
Venezuela. Quiero, también, que sea un homenaje a este grupo de mujeres
—encabezadas hoy por Michi— sin miedo, en un país donde el
miedo forma parte de la vida cotidiana de muchos venezolanos; ellas son
la luz en un oscuro túnel de la dignidad y de los derechos humanos.
Michi, llévate mi admiración y cariño, hazles llegar a Lilian Tintori, a
María Corina Machado, a Patricia, esposa de Daniel Ceballos, a todas las
mujeres de los presos, a las madres y esposas de las víctimas el mensaje
de que en la política española muchos parlamentarios están a vuestro
lado. Si bien no nos dejaron entrar en las cárceles para ver a vuestros
esposos, nuestro corazón y nuestros sentimientos sí traspasaron las
paredes de las lúgubres cárceles, donde estén encerrados permaneceremos a
su lado. Como dijo el Che Guevara: «Hasta la victoria siempre», que será
solo a través de las urnas.


Por eso quiero agradecer a todos los senadores y senadoras que
voten a favor de esta moción, porque esta es una moción que quiere ser un
mensaje de esperanza a los políticos oprimidos y al pueblo
venezolano.


Y acabo con dos citas de Gandhi: «La violencia es el miedo a los
ideales de los demás». Y otra que dice: «Recordad que a lo largo de la
historia siempre ha habido tiranos y asesinos, y por un tiempo han
parecido invencibles. Pero siempre han acabado cayendo. Siempre». La
democracia no, la tiranía sí. Libertad para Venezuela. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias senador Maldonado.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Gil García.


El señor GIL GARCÍA: Muchas gracias, presidente.


Señorías, permítanme que me sume a la bienvenida a todas esas
personas, ciudadanos y ciudadanas venezolanos que hoy nos acompañan en la
tribuna del Senado y especialmente a la señora Capriles y a su hija, que
amablemente nos acogieron durante la visita de este grupo de senadores en
la que tuve la suerte de participar. Bienvenidos, bienvenidas, estáis en
vuestra casa.


Señorías, quiero comenzar mi intervención —sí, senador
Dionisio García—, agradeciendo la oportunidad que nos brinda su
presentación para hablar y, sobre todo, para llegar a un acuerdo
mayoritario en esta Cámara sobre la situación que vive Venezuela. Después
de escuchar a todos, a todos los portavoces que han intervenido en esta
tribuna, me reafirmo aún más en lo que dije en mi primer turno de
intervención: en la necesidad de ese diálogo. Y diré más, diálogo y
respeto, el mismo respeto que pedimos para nosotros, senador Dionisio
García, cuando fuimos insultados en Venezuela como senadores, el mismo,
para todos; diálogo y respeto. (Aplausos).


En primer lugar, quiero recordar que la urgencia principal que
tenemos en estos momentos respecto a Venezuela es la lucha por el
restablecimiento pleno de los derechos y de las libertades básicas de sus
ciudadanos; sin ese pilar no se puede desarrollar una sociedad en
plenitud, ni tampoco se puede sostener un Estado mínimamente democrático,
ni ese Estado puede generar lo más importante, que es bienestar y
progreso a sus ciudadanos. En la situación actual, si además el Gobierno
de Venezuela controla la mayoría de los poderes, monopoliza el control de
los recursos para ejercerlo y silencia a los medios de comunicación, el
acto de hacer política en libertad, de hacer oposición, deja de ser un
acto democrático y se convierte en un acto de dignidad, que yo
calificaría en muchos casos de heroísmo, en un acto que yo calificaría
—este sí— de revolucionario, en una revolución donde
triunfarán los votos y no las botas.


Y en esta fase se halla Venezuela, hasta el punto en que a día de
hoy, como se ha dicho aquí, se están vulnerando importantes libertades
democráticas, derechos políticos de muchos ciudadanos: en concreto, 75
presos que por motivos políticos cumplen condena en la cárcel con
procesos arbitrarios —y esto no es algo que digan sus señorías, es
algo que han señalado en repetidas ocasiones organismos como Naciones
Unidas o Amnistía Internacional—; en esta lista de presos está el
líder de la oposición —se ha citado aquí—, Leopoldo López,
quien, por cierto, seguramente el viernes será tristemente condenado sin
que en todo el proceso de su juicio se haya aportado ni una sola prueba,
ni un solo testigo que lo inculpe. Quiero mandar desde aquí todo el apoyo
a Leopoldo López, a su familia y a todas aquellas personas que defienden
la causa de Leopoldo; también a Antonio Ledezma, alcalde mayor de
Caracas, a Daniel Ceballos y a todos aquellos líderes políticos que se
encuentran encarcelados; asimismo —y también se ha dicho
aquí—, a aquellos políticos que han sido injustamente
inhabilitados, curiosa fórmula para quitarse de en medio a alguien que no
comulga con las posiciones del Gobierno.


Señorías, en nombre de mi grupo quiero pedir en esta tribuna alto
y claro, para que nadie tenga ninguna duda, la libertad de los presos
políticos, que se propicie, además, el regreso de los exiliados, así como
la visita y participación desde ya en las próximas elecciones
legislativas —que espero que se produzcan el 6 de diciembre—
de observadores internacionales, tanto de la OEA como de la Unión
Europea. Y esto no es decirle a nadie lo que tiene que hacer, esto
simplemente se llama hablar de democracia y transparencia sin dudas; no
son injerencias, es transparencia y democracia. Y si lo hace el señor
Maduro, decía recientemente el ex presidente Felipe González —cuya
visita a Venezuela también quiero poner en valor—, el señor Maduro
demostrará dos cosas: que es el presidente que representa a todos los
venezolanos y que no teme a la contienda electoral limpia que su país se
merece. Palabras que hoy quiero subrayar.


Y por cierto, desde aquí también quiero dar un afectuoso abrazo,
aunque sea en la distancia, a Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, y
a otras muchas mujeres que están dando la cara y proclamando por todo el
mundo el derecho a la libertad de sus maridos, de sus hijos, de sus
familiares, que no es solo la libertad de sus familiares, sino que es la
libertad y la democracia en Venezuela. Ellas representan sin duda una
fuerza y una voz sin fronteras en la lucha por la libertad por todo el
mundo que no quiero dejar de reconocer y de felicitar.


El contenido y la intención de esta moción, así como la enmienda
añadida, van precisamente en esta línea: garantizar de manera urgente la
representatividad política en Venezuela de cara a las próximas elecciones
e instar a las partes a un diálogo fluido y honesto para llegar a
acuerdos con el horizonte de la democracia y el consenso.


Pero lo urgente tampoco nos puede distraer de lo importante, y en
este caso es importante fijarnos precisamente en las consecuencias
derivadas de la nefasta actuación política del Gobierno actual de
Venezuela, porque en realidad Venezuela vive una triple crisis:
socioeconómica, de seguridad ciudadana y de libertades básicas. Me cuesta
entender cómo en un país con una de las mayores reservas de petróleo del
mundo los salarios de los ciudadanos estén siendo laminados por una
inflación descontrolada que a día de hoy, este año, puede situarse en
un 170 %; donde la producción y la importación de bienes no está
funcionando, como tampoco están funcionando los canales de distribución
de bienes básicos, con colas de días enteros de los ciudadanos
venezolanos en los supermercados para adquirir productos básicos, colas
que pudimos ver en nuestra visita. Y la situación, lejos de mejorar,
empeora día a día.


La inseguridad galopante, alimentada por la propia situación
económica, hace que cada 20 minutos sea asesinado un venezolano porque el
Estado de derecho no existe o es tremendamente débil en muchos lugares;
más de 25 000 asesinatos al año con un altísimo grado de impunidad en un
país de 30 millones de habitantes. Y allí donde no hay seguridad solo
puede existir el miedo, el atraso y el fracaso social. Con estos
ingredientes se ha formado un círculo vicioso de decadencia, de caos e
incluso de violencia que puede llegar a ser peor si no se impone la
cordura, una cordura que precisamente debe ir de la mano de la
celebración de elecciones con todas las garantías democráticas, porque la
democracia, señorías, es ni más ni menos que la cordura de los pueblos. Y
ni hablo de oídas ni hablo basándome en lo que algunas agencias de
información hacen llegar ni mucho menos condicionado por mis afinidades o
mis motivaciones ideológicas, lo hago como demócrata, y sobre todo tras
haber visto en primera persona, no solo en este viaje, sino en otros que
he realizado a Venezuela con anterioridad, la situación y las
consecuencias de esta nefasta gestión política.


Senador García Carnero, quiero poner en valor el ambiente que
reinó durante la visita que realizamos allí los cuatro senadores, dejamos
a un lado nuestras legítimas diferencias políticas, incluso nuestras
propias siglas, dejamos a un lado los protagonismos, dejamos a un lado en
aquel momento que tenemos a las puertas unas elecciones generales en este
país, y espero de hoy también dejemos eso a un lado, lo espero de verdad
porque creo que los ciudadanos venezolanos lo agradecerán; estamos a lo
que estamos hoy, aquí. Y en esa visita, como decía, pudimos comprender la
magnitud de la crisis que allí se palpa en el aire, porque además de
afectar muy severamente a los bolsillos y a las neveras de los
venezolanos, supone una brutal crisis política, social y económica. La
consecuencia de contemplar de primera mano la realidad social venezolana
es clara: los senadores participantes, como decía, nos olvidamos de
nuestras siglas. ¿Por qué, senador García? Pues porque cuando fallan las
instituciones democráticas, cuando nos falta lo más básico, que son los
derechos humanos, lo que nos une, lo que nos debería unir como demócratas
es la defensa de los derechos al margen de cualquier otro interés, como
digo, legítimo, electoral o político; antepongamos en todo momento eso.
Hoy mi grupo quiere situarse en esa posición, al margen de que me cueste
renunciar a ponerle el espejo retrovisor al Partido Popular, que yo
también podría hacerlo aquí, sobre hechos del pasado; es algo que yo
también podría hacer, pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, voy a
renunciar a esa debilidad de hacer política barata porque haya unas
elecciones a la vuelta de la esquina y voy a anteponer los intereses
generales de las ciudadanas y ciudadanos venezolanos, que fue lo que nos
pidieron que hiciéramos durante nuestra visita a aquel país. Además,
considero que esta moción tiene doble importancia: por un lado, estamos
hablando de los graves problemas que vive Venezuela en los puntos que se
señalan en la moción y que compartimos plenamente, pero por otro,
señorías, la estabilidad en Venezuela tiene una importancia decisiva en
procesos muy importantes que se están viviendo en la región: el proceso
de paz en Colombia, el proceso de apertura en Cuba, las relaciones
económicas que España mantiene con países del entorno, de todo eso
estamos hablando.


Por lo tanto, y ya finalizo señor presidente, renunciamos a hacer
electoralismo, señor Dionisio García —se lo digo con todo el afecto
y respeto después de todo lo que usted y yo hemos hablado sobre esta
cuestión— y vamos a dar apoyo a esta moción, le agradecemos el
apoyo a la enmienda que hemos presentado y esperamos que, en breve, las
elecciones limpias y democráticas sean la mejor oportunidad para que los
ciudadanos y las ciudadanas de Venezuela decidan en libertad quién
quieren que guie el futuro de su país.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Gil García.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
García Carnero.


El señor GARCÍA CARNERO: Muchas gracias, señor presidente.


Senador Gil, querido amigo Ander, cuando me dice, me sugiere y me
guía por dónde debo o no dirigir mi último turno la verdad es que me
anima a que hable de eso que usted no quiere que hable. Y me digo: ¿Por
qué no quiere que hable?


Empecé contándole una trágica historia y le voy a contar otra y
voy a hacer una reflexión —el senador Anasagasti dará fe de cuanto
digo porque lo vivió—. Yo creo que era el año 2004, uno de los
primeros viajes que hicimos a Caracas, donde tuvimos la oportunidad de
compartir una cena con un grupo de universitarios y profesores españoles
que estaban allá en Caracas, que estaban muy próximos al despacho del
entonces presidente Hugo Chávez y que nos contaban y se jactaban del
enorme papel que ellos estaban haciendo allí: estaban haciendo la
revolución del socialismo del siglo XXI; ellos eran los que hablaban de
abrir un periodo constituyente y allí oí yo hablar por primera vez de
círculos, y le añadían un nombre: hablaban de círculos bolivarianos.
Estas cuestiones, que ahora escuchamos aquí con asiduidad, a mí me
resultaron sorprendentes y yo pensé que eran unos trasnochados radicales
de izquierda que habían ido allí a hacer no sé qué ensueño. Escuchaba
también entonces a gente sensata venezolana que decía con frecuencia:
Esto no es Cuba, en Venezuela no van a ocurrir esas cosas. Me recuerda
cuando ahora aquí oigo a algunos españoles que dicen: Esto no es
Venezuela, acá no pueden ocurrir males bíblicos de esa naturaleza.


Señoría, entre aquellos jóvenes universitarios que estaban allí
hemos podido reconocer un tiempo después a alguien que hoy es muy famosos
aquí, se llama Juan Carlos Monedero. Lo que este dirigente y su grupo
hicieron en ese país no me lo tiene que demostrar nadie porque lo vi yo,
lo escuché yo, no necesito ningún tipo de acreditaciones. No sé si era de
eso de lo que no quería usted que hablara, pero eso es una historia que
viví allí y no pensé que fuera tan trágica como la de Marbella, pero ojo,
que a lo mejor lo es.


Y lo que quería añadir, porque dicen que no es tiempo de
enfrentamientos… (Protestas) ¿Qué quieren, que hable de cuando
ustedes votaron aquí en contra de una resolución de la Internacional
Socialista? (Protestas.— Aplausos) ¿Quieren que les diga eso?
(Fuertes protestas). ¡Pues entonces escuchen con atención! (Fuertes
protestas). ¡Escuchen con atención! (Fuertes protestas.—
Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.


El señor GARCÍA CARNERO: Ustedes no saben lo que son diez años
seguidos escuchando… (Protestas). Senador Ander Gil, diga a los
suyos que se callen (Fuertes protestas).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.


Señorías, escuchen al señor García Carnero, igual que han
escuchado a los demás oradores, hagan el favor.


El señor GARCÍA CARNERO: La reflexión, señorías, es que en
Venezuela muchos demócratas no pensaban que iban a llegar a esta
situación. Creo, senador Ander Gil, que usted es un hombre bien
comprometido con los derechos humanos, y lo creo también de muchos
socialistas de bien, claro que sí, pero no sé cuánta capacidad de
influencia tiene usted sobre su grupo o sobre su partido, ojalá mucha,
ojalá mucha… (Fuertes protestas).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.


El señor GARCÍA CARNERO: Ojalá tenga mucha usted, señoría, para
hacerles ver el error en el que pueden caer. (Protestas.— El señor
López Águeda, señalando a la tribuna: ¿Adónde quiere ir? Venezuela,
Venezuela). Sí, señoría. Algunos de esos que predicaban allí y a sus
sucesores aquí, sin haber ganado las elecciones ni ellos ni ustedes, les
han colocado en el poder, eso ha ocurrido (Fuertes protestas). Y deseo,
señoría…


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, guarden silencio,
por favor.


Continúe, senador García Carnero.


El señor GARCÍA CARNERO: Muchas gracias, señor presidente.


A Podemos lo conocí yo en Venezuela, ¿sabe usted? (Protestas), y
me temo que ustedes están cayendo en la torpeza en la que cayeron los
venezolanos demócratas de bien hace muchos años. (Protestas). Sí, a
ustedes no les gusta que les digan estas cosas, que les digan que su
camino ha sido de apoyo a la transición, cada vez más dura, que ha
sufrido el chavismo en Venezuela. Pues no, señorías, ustedes han tenido
una actitud bastante reprochable. Hoy han decidido cambiar (Fuertes
protestas.— El señor López Águeda, señalando a la tribuna: ¿Adónde
quiere ir? ¿Adónde vamos?). Sí, senador López, en esta tribuna se habla
en libertad, no hace falta que usted me diga de qué tengo que hablar, no
hace falta que las personas que están ahí, a las que conozco desde hace
muchos años, muchos años, señoría (Protestas.— El señor López
Águeda: Pero, por favor, ¿de qué estamos hablando?), le digan lo que
pienso yo y lo que piensa mi grupo. Me estoy dirigiendo a ustedes,
señorías, les estoy pidiendo que no caigan en la torpeza de dejarse
arrastrar por el populismo y la tentación fácil del poder. Eso es lo que
estoy diciendo, porque eso ocurrió en ese país, señorías, allí también
pensaban que las cosas no iban a llegar tan lejos (Protestas).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor,
guarden silencio.


El señor GARCÍA CARNERO: Señor presidente, señorías, si tienen la
paciencia de escucharme (Protestas), si hubieran tenido ustedes la
paciencia de leerse los cincuenta y dos Diarios de Sesiones que recogen
cuál ha sido su posición (Protestas), hoy probablemente estarían mucho
más callados y mucho más pesarosos de no haber cambiado de actitud mucho
antes (Protestas).


Señorías, yo creo que el viaje ha sido positivo. Fíjese, senador
Gil, en un solo viaje de cuatro días usted ha conseguido que su grupo
parlamentario cambie de posición, imagínese cuando lleve doce o catorce
lo podrá conseguir.


(Denegaciones del señor Gil García.— Rumores). Aunque a
ustedes nos les haya gustado esta parte, a mí me parecía necesaria,
señorías, porque en la historia de Venezuela esta transición tan bárbara
de la democracia a la dictadura más absoluta no ocurrió de repente,
ocurrió con un largo proceso a través de los años, y es necesario
conocerlo y recordarlo.


Agradezco, señorías, a todos aquellos grupos que han expresado su
deseo de apoyar la moción.; aquellos que han manifestado que se van a
abstener, allá su responsabilidad y si cuando llegue el momento de ver
los votos alguien decidió votar en contra, también allá con su
responsabilidad. A pesar de estas protestas que ustedes, airadamente, han
mostrado, la sesión de hoy me deja satisfecho. (Rumores). Sí, señorías,
por primera vez vamos a conseguir una mayoría muy amplia en esta Cámara
—parece que incluso a su pesar, que no les gusta que se lo
recordemos— en apoyo de la libertad, de la democracia, en un país
tan próximo y tan querido por nosotros como Venezuela.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Llamen a votación. (El señor López Águeda
pide la palabra).


¿Senador López? (Protestas).


El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Por alusiones, señor presidente.
(Protestas).


Solo quiero decir que este grupo mantendrá su voto por respeto a
todos los representantes venezolanos que hay hoy aquí, a pesar de que
este no era el contenido de la iniciativa ni tampoco su espíritu, que iba
a ser de todos los grupos políticos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE:






Muchas gracias, senador López.


Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario
Popular, con la incorporación de la enmienda aceptada del Grupo
Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247;
votos emitidos, 240; a favor, 234; en contra, 1; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada la moción.
(Aplausos de los señores senadores, puestos en pie, dirigiéndose a la
tribuna del público.— El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa
la Presidencia).









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PROMOVER UN PACTO DE
ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y POR LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES.


662/000207

GPS


El señor vicepresidente, Lucas Giménez, da lectura al
punto 7.3.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): A esta moción se han
presentado tres enmiendas: una del Grupo Parlamentario Mixto, a
iniciativa del senador Iglesias Fernández; una del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado y otra del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i d’Unió.


Para la defensa de la moción, por el Grupo Socialista, autor de la
moción, tiene la palabra la senadora Berja.


La señora BERJA VEGA: Gracias, señor presidente.


Señorías, subo a esta tribuna para defender la moción que presenta
el Grupo Parlamentario Socialista relativa a la necesidad de promover un
gran acuerdo contra la violencia de género y para la promoción de la
igualdad entre mujeres y hombres, dos cuestiones íntimamente unidas. La
mejor, la única si me apuran, medicina contra la violencia de género es
la igualdad. La única forma de prevenir la violencia de género es
educando en igualdad, viviendo en igualdad y construyendo una sociedad
justa en la que hombres y mujeres tengan perfectamente consolidados sus
derechos de ciudadanía. Señorías, por desgracia, actualmente eso aún no
es así. (Rumores). La violencia de género no disminuye, así nos lo
muestran todos los indicadores y así hemos tenido la desgracia de
comprobarlo este verano en el que hemos tenido que soportar…


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Un momento, señoría. Por
favor, ruego silencio en el hemiciclo, no formen tertulias en los
pasillos. Dejen hablar a la senadora.


La señora BERJA VEGA: Gracias, señor presidente.


Hemos tenido la desgracia de comprobarlo este verano, en el que
hemos tenido que soportar un repunte de asesinatos machistas como no
conocíamos desde 2010. En el Grupo Parlamentario Socialista pensamos que
ante estos crueles asesinatos no podemos mirar hacia otro lado, y no
queremos mirar hacia otro lado. Como representantes políticos tenemos la
obligación de responder de forma contundente ante la violencia de género,
decir un no rotundo, evitar la impunidad de los maltratadores, proteger a
las víctimas, a sus hijas y a sus hijos. Señorías, tenemos la obligación
de dar respuestas contundentes. Las mujeres no son ciudadanas de segunda,
no somos ciudadanas de segunda. Por lo tanto, tenemos derecho a una vida
libre de violencia.


La violencia machista no es una agresión aislada que sucede de
forma casual y queda encerrada entre cuatro paredes en una casa. La
violencia machista es el resultado de una cultura patriarcal, una
educación diferenciada y el sostenimiento de roles sexistas que generan
una sociedad desigual. Nuestra justicia no se puede quedar en las puertas
de los hogares, nuestro sistema de protección no puede esperar en el
descansillo, nuestras leyes, principios y valores, todo lo que nos hace
una sociedad digna, tienen que estar encima de la mesa para que nadie
sufra maltrato ante la indiferencia de los demás, para que nadie pierda
su vida porque miramos hacia otro lado. Las instituciones hemos de
tenerlo claro, necesitamos una intervención implacable contra el machismo
porque el machismo maltrata y mata.


Por eso, en el Grupo Parlamentario Socialista consideramos
necesario y urgente acordar un gran pacto contra la violencia de género.
La Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la
violencia de género, ha sido reconocida y premiada como una de las
mejores leyes para combatir la violencia hacia las mujeres y establece un
marco legal fuerte para la prevención, protección, persecución y castigo
de la violencia por parte del compañero o excompañero sentimental. Esta
ley fue un ejemplo de acuerdo entre todas las fuerzas políticas que nos
encontrábamos representadas en las Cortes, que entendimos que para acabar
con la violencia hacia las mujeres era necesario el consenso político e
institucional. Esta ley fue una demanda social y el Gobierno socialista
de entonces supo escucharla y darle respuesta.


Ahora, como hace diez años, para el Grupo Parlamentario Socialista
la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental. España
es un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores
superiores en su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la
igualdad y el pluralismo político, algo que ha de traducirse en la plena
consideración de las mujeres como sujetos de derecho de ciudadanía; sin
embargo, la ciudadanía de las mujeres aún no está consolidada. Por este
motivo, es necesario promover y reforzar los mecanismos que la
garantizan. Ahora, como hace diez años, la demanda social nos interpela
como políticos responsables y como ciudadanas y ciudadanos. La situación
de violencia que sufren las mujeres nos obliga a avanzar sin parar hasta
conseguir erradicar la violencia de género.


Por todo ello, presentamos esta moción, que propone cómo avanzar
hacia el cumplimiento del convenio de Estambul, convenio del Consejo de
Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia hacia las mujeres,
firmado en 2012 y ratificado por España. Un convenio que aborda de manera
integral la violencia contra las mujeres y propone, entre sus objetivos,
en su artículo 1, primero, proteger a las mujeres contra toda forma de
violencia y prevenir, perseguir y eliminar la violencia contra las
mujeres. Segundo, contribuir a eliminar toda forma de discriminación
contra las mujeres y promover la igualdad real entre mujeres y hombres,
incluida la autonomía de las mujeres. Tercero, concebir un marco global
político y medidas de protección y asistencia a todas las víctimas de
violencia contra las mujeres. Cuarto, promover la cooperación
internacional para eliminar también la violencia contra las mujeres en
otros países. Y, quinto, apoyar y ayudar a las organizaciones y fuerzas y
cuerpos de seguridad para cooperar de manera eficaz con el fin de adoptar
un enfoque integrado con vistas a eliminar la violencia contra las
mujeres.


La sociedad también nos demanda coordinación y suma. El trabajo de
las comunidades autónomas en la lucha contra la violencia de género es
determinante. Queremos unos presupuestos generales del Estado que
garanticen los recursos necesarios para que en todas las comunidades
autónomas haya políticas de prevención y protección para las mujeres
víctimas, sus hijos e hijas. Para ello, han de aumentar la dotación de
las partidas presupuestarias destinadas a la prevención y la asistencia
social de las víctimas de violencia de género dependientes tanto de las
comunidades autónomas como de los servicios de proximidad de los
ayuntamientos. Los Presupuestos Generales del Estado tienen que reflejar
la intencionalidad del Gobierno de transformar esta sociedad machista.
Además, para prevenir la violencia machista es imprescindible la
colaboración coordinada de todas las instituciones. Por esa razón,
proponemos la creación de órganos de coordinación contra la violencia de
género. Es necesario que los ayuntamientos cuenten con un fondo de apoyo
para reforzar la red de centros de la mujer, en cumplimiento de la Ley
Orgánica 1/2004, de 8 de diciembre, de medidas de protección integral
contra la violencia de género, y de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de
julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la
adolescencia.


Necesitamos poner en marcha juzgados especializados en violencia
de género y el acompañamiento judicial personalizado. Las mujeres deben
tener información sobre el itinerario y procedimiento más seguro desde
que ponen la denuncia hasta el final del proceso. La inseguridad que
sufren muchas mujeres al ponerse en contacto con algunas instituciones es
una de las razones que tienen para no denunciar o retirar la demanda. Es
imprescindible facilitar el proceso de denuncia y proteger a las víctimas
durante el mismo.


Creemos que es importante establecer protocolos de intervención
específicos para la atención integral de mujeres que han retirado la
denuncia por violencia de género. Según el estudio realizado este mismo
año por la Delegación del Gobierno para la violencia de género sobre la
inhibición de denunciar por parte de las víctimas de violencia de género
y también la macroencuesta hecha en 2015 sobre violencia de género, uno
de los motivos por los que las mujeres no denuncian o retiran la denuncia
es el miedo. El 26,56 % de las mujeres no denuncia por miedo a qué
ocurrirá después de interponer la demanda. Las instituciones tenemos que
velar tanto por que las mujeres se sientan protegidas durante todo el
proceso de denuncia y el judicial como por asegurar que la denuncia es la
forma más eficaz de combatir el miedo.


Otro de los ámbitos en los que creemos que es fundamental
intervenir es en educación. Hemos de activar de forma permanente el Plan
nacional de sensibilización y prevención de la violencia de género. Es
imprescindible trabajar sin descanso en las campañas de sensibilización,
centrando gran parte de nuestros esfuerzos en el ámbito educativo, en las
personas jóvenes, en la denuncia de modelos publicitarios sexistas que
generan modelos de sumisión-dominación. Nuestros hijos e hijas reproducen
e imitan aquello que consideran idílico, y son muchos los productos
comerciales que promueven la creencia de que el éxito tiene que ver con
convertirnos en objetos sexuales, traficables en un mercado que consume
el cuerpo de las mujeres.


Necesitamos incorporar al currículo la formación específica en
igualdad, educación afectivo-sexual y de prevención de violencia de
género en todas las etapas educativas. Hemos de promover que las
generaciones más jóvenes incorporen la perspectiva de género en su forma
de ver la vida, en su forma de entender las relaciones entre mujeres y
hombres como igualitaria, aprendiendo a identificar el machismo en su
entorno y rechazando las discriminaciones sexistas, aprendiendo que la
tolerancia cero es la respuesta a la violencia de género.


Y no podemos olvidarnos de los menores. Los menores son víctimas
directas de la violencia de género. Por este motivo, es imprescindible
poner en marcha un plan integral para prevenir, proteger y reparar el
daño a los menores víctimas de violencia de género. Los menores que han
presenciado la violencia ejercida hacia su madre han de recibir la
intervención necesaria para que el daño pueda ser reparado.


También hemos de considerar la obligatoriedad de que tanto los
magistrados al frente del órgano jurisdiccional especializado, como
abogados, forenses y equipos psicosociales que intervengan en los
juzgados especializados de violencia de género, tengan certificada,
previamente a ocupar su puesto, una formación específica en la materia,
impartida por una institución acreditada. Hemos de garantizar que todos
los profesionales que intervienen en los procesos judiciales de violencia
de género conozcan a fondo este tipo de violencia, que es un tipo de
violencia muy compleja.


También hemos de ampliar las disposiciones preventivas procesales,
punitivas y protectoras de la Ley de 2004 para abarcar, con las
adaptaciones necesarias, todas las formas de violencia hacia la mujer,
tal como exige la recomendación general número 19 de la Cedaw y el
Convenio de Estambul. Hemos de reconocer como violencia de género todas
aquellas actitudes y acciones que infligen daño o sufrimiento de índole
física, mental o sexual, la amenaza de esos actos, la coacción y otras
formas de privación de la libertad de las mujeres.


Para terminar, necesitamos una revisión de la Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia
de género. Ya sé que el ministro responsable la ha anunciado para la
semana que viene; esperemos que así sea. De hecho, esperamos, de verdad
que hayan hecho un buen trabajo y que, tal como preveía la ley, a los
diez años de su aprobación se haya realizado un buen estudio y no una
faena de aliño sobre la aplicación de una norma que, precisamente por
pionera y por tratar de la violencia de género, es una cuestión que
corroe las entrañas de nuestra democracia; es una ley fundamental para
nuestra sociedad. Tenemos una buena ley, pero hay que aplicarla. Hay que
dotarla presupuestariamente y hay que mantenerla viva y adaptarla a la
realidad social, compleja y cambiante a la que nos enfrentamos.


Hemos conseguido ser un país con una igualdad legal modélica, pero
con una igualdad real ficticia y muy muy deficiente. Las mujeres seguimos
estando infrarrepresentadas en todos los ámbitos de decisión, seguimos
cobrando menos retribución salarial por el mismo trabajo que realiza un
hombre; las medidas de corresponsabilidad siguen siendo insuficientes
para poder conciliar nuestra vida personal, laboral y social, y siguen
maltratándonos y asesinándonos.


Un Estado democrático y de derecho tiene que ser capaz de
garantizar la vida de la mitad de su población y, por otro lado, exigir
que se cumpla toda la normativa en materia de igualdad y violencia de
género, que es la única forma de prevenir este tipo de violencia.
Necesitamos este acuerdo; necesitamos un acuerdo social, político,
institucional contra la violencia de género. Solo la suma de esfuerzos es
la respuesta más eficaz a esta violencia.


Señorías, especialmente las mujeres víctimas y sus hijos y sus
hijas, pero toda la sociedad en su conjunto está esperando de nosotros y
de nosotras respuestas rápidas y contundentes a una violencia que asesina
y que no para de cobrarse vidas. Es nuestra responsabilidad como
representantes políticos y nuestro deber como ciudadanos y como
ciudadanas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Berja.


Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el senador, señor Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Hay que felicitar a la proponente por traer hoy a la Cámara un
tema que ha golpeado a lo largo del verano la conciencia de la sociedad
española, que asistió sobrecogida a cómo casi de forma cotidiana se
producían fenómenos de violencia de género que significaban el asesinato,
la muerte de mujeres o de los menores que estas habían tenido con su
pareja.


Como coincidimos con el contenido de la moción, lo único que se
plantea es una enmienda que busca que el incremento de las consignaciones
presupuestarias en esta materia compense las reducciones que se han ido
produciendo a lo largo de los cuatro ejercicios anteriores. Lo cierto es
que, aun cuando la previsión de los Presupuestos Generales del Estado
para el 2016 conlleva un incremento de 1,5 millones de euros, desde
el 2011 se ha producido una disminución de las consignaciones
presupuestarias del 17 %, que no se ve compensada en modo alguno con este
ligero incremento.


La consignación presupuestaria es muy importante, pero debe ser
una estrategia compartida política y socialmente la que dé la respuesta
adecuada a este terrible fenómeno. Seguramente, como se apunta en la
propia moción, es necesaria una intervención multidisciplinar, desde el
ámbito político y desde el ámbito administrativo, que salga al paso del
tratamiento que a estos fenómenos de violencia de género se deben dar
desde aquellos sectores que de forma más directa perciben el fenómeno en
su actividad habitual.


Coincido en la importancia del ámbito educativo para lograr la
traslación de valores de educación en igualdad, que se conviertan en el
freno, en la conciencia más fuerte y más sólida frente a la posibilidad
de desarrollar una acción de violencia de género. Pero también es
importante el ámbito sanitario, en tanto en cuanto los profesionales de
la sanidad tienen que tener una formación específica para detectar las
consecuencias de la violencia de género, sobre manera cuando la víctima
no tiene la voluntad de formular una denuncia, y es, por tanto, la
información que, desde el ámbito sanitario se pueda hacer llegar a las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la Fiscalía la que
permitirá una investigación en esa dirección.


Lo mismo ocurre en el ámbito del trabajo de los servicios
sociales, de los trabajadores sociales, que también en el contacto
habitual con un número muy importante de personas, de las que un
porcentaje relevante pueden ser víctimas de violencia de género, ayude al
conocimiento y al inicio de la investigación de estas realidades.


Habrá que desarrollar iniciativas dirigidas también a la forma en
que los medios de comunicación tratan estos fenómenos y estas
situaciones. Es cierto que, como en el resto de los ámbitos, se ha
producido un avance en la manera en que se aborda este fenómeno. Ya no es
el sensacionalismo fundamentalmente, sino el intento de hacer un
llamamiento a la conciencia ciudadana y provocar un rechazo generalizado
de estas prácticas lo que prioritariamente inspira el modo en que los
medios de comunicación afrontan estas cuestiones. Pero aún hoy es posible
leer en los medios de comunicación que se producen muertes como
consecuencia de la violencia de género y no se habla específicamente de
crímenes, de asesinatos, de acciones claramente delictivas.


Finalmente, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han de
recibir apoyos, medios y formación específica. Hace muy pocos días, la
Asociación Unificada de la Guardia Civil hablaba de la actuación ineficaz
del cuerpo porque los agentes carecen de preparación específica y de
recursos, denunciando que las unidades específicamente dedicadas a
investigar y combatir los crímenes de violencia de género, los EMUME, los
equipos mujer-menor, inscritos en la Policía Judicial, tienen su sede en
las capitales de provincia, lo cual hace que en la zona rural, que es el
ámbito fundamental de intervención de la Guardia Civil, los agentes que
tienen que afrontar e investigar estos casos carezcan de una formación
adecuada para desarrollar las acciones correspondientes.


Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra la senadora Mendiola.


La señora MENDIOLA OLARTE: Gracias, señor presidente. Buenos días,
señorías.


Quiero que mis primeras palabras sean de condena rotunda de la
violencia que se ejerce contra las mujeres, que es el exponente más cruel
de la falta de igualdad de la sociedad española. Cada mujer que es
asesinada, cada mujer que está sujeta a una situación de maltrato nos
recuerda que quedan muchísimas cosas por hacer y muchos compromisos que
cumplir. Y eso es lo que nos hubiera gustado alcanzar hoy, un compromiso,
una moción aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos, como la
declaración institucional que realizamos en el Pleno pasado.


El Grupo Parlamentario Popular siempre da la bienvenida a
cualquier iniciativa que desde la unidad y el consenso pretenda trabajar
por la eliminación de cualquier manifestación de violencia contra la
mujer. En esta lucha tan importante, el consenso, el diálogo y la unidad
han sido, son y seguirán siendo los mejores aliados. Por esto, a mi grupo
parlamentario le habría gustado que esta moción se hubiera consensuado,
que se hubieran aceptado las aportaciones de todos los grupos, se hubiera
llegado a acuerdos y que entre todos los grupos hubiéramos aprobado una
transaccional. Como no ha podido ser, paso a defender la enmienda que
hemos presentado y que pensamos que completa, enriquece y mejora la
moción que presenta el Grupo Socialista.


Consideramos fundamental seguir tratando la violencia de género
como una prioridad y auténtica política de Estado y, por tanto, seguir
desarrollando las medidas previstas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, siempre desde el acuerdo, la participación efectiva y la
colaboración de todas las instituciones y agentes implicados. Así, el
Gobierno debe seguir promoviendo siempre el consenso, la voluntad de
mejora y el cumplimiento efectivo e íntegro de lo previsto, tanto en la
aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, como de la
Estrategia nacional para la erradicación de la violencia contra la
mujer 2013-2016.


Asimismo, cuando se cumplen diez años desde que todos los grupos
aprobaron la citada ley de 2004 es el momento de evaluar con diálogo y
consenso sus fortalezas y debilidades para poder adecuarla a la nueva
realidad social. Por esto, el Grupo Parlamentario Popular considera que
en esta moción el Pleno del Senado debería instar al Gobierno a presentar
en las próximas semanas en el Parlamento una evaluación de la aplicación
de la Ley de medidas de protección integral, con el fin de analizar y
proponer los elementos de mejora precisos para seguir desde la eficacia
dando una respuesta preventiva, protectora, sancionadora a la violencia
contra la mujer. También consideramos que hay que seguir mejorando el
marco jurídico de regulación, prevención y lucha contra la violencia,
como se ha venido haciendo en los últimos años, a partir del diálogo con
las instituciones, con los partidos políticos y con la sociedad en
general.


En la Conferencia Sectorial de Igualdad, del 21 de julio, se
aprobó el Protocolo de derivación entre centros de acogida para las
mujeres víctimas de violencia y sus hijos, gracias al cual quince
comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla
coordinan sus redes de centros de acogida para mejorar la protección y la
seguridad de las víctimas y los menores a su cargo y facilitar su
recuperación integral. Con estas medidas se avanza en el establecimiento
de una verdadera red nacional de centros de acogida y se produce una
mejora sustancial en la coordinación entre las distintas redes
autonómicas.


A lo largo de esta legislatura, el Gobierno ha transferido
casi 18,5 millones de euros a las comunidades autónomas para la
asistencia integral tanto para las mujeres como para los menores,
incorporando en esta cuantía la distribución de 5,18 millones a las
comunidades aprobada por el Consejo de Ministros del pasado 29 de
mayo; 4,18 millones para garantizar el desarrollo de la asistencia social
integrada a las víctimas y 1 millón que se incluye por primera vez en los
Presupuestos Generales del Estado en 2015 destinado a apoyar a las
comunidades autónomas en el desarrollo y puesta en marcha de planes
personalizados.


Aun así, consideramos que hay que seguir profundizando y
trabajando, en coordinación estrecha con las comunidades autónomas y los
entes locales, incrementando todos aquellos medios y medidas que puedan
servir para mejorar la atención, prevención y lucha contra la violencia
de género.


La enmienda que hemos presentado amplía y mejora sustancialmente
la moción que ha presentado el Grupo Socialista. Por lo tanto, aceptar
esta enmienda supondría mejorar de forma importante los acuerdos y las
actuaciones en la lucha contra la violencia de género.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Mendiola.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió, tiene la palabra la senadora señora Rieradevall.


La señora RIERADEVALL TARRÉS: Señor presidente, intervendré desde
el escaño.


El meu grup ha presentat una esmena d’addició al tercer punt
de la moció. De fet, estem d’acord tant amb la part expositiva com
la dispositiva de la moció, però considerem que seria bo que, a part de
convocar les comunitats autònomes per establir mesures urgents que en
matèria de prevenció, protecció i reparació donin resposta a les
disfuncions detectades en l’aplicació de la Llei orgànica 1/2004 de
violència de gènere, també se les convoqui per analitzar i avaluar la
Llei orgànica 3/2007, d’igualtat efectiva de dones i homes i per
garantir l’aplicació efectiva d’ambdues lleis.


Des de Convergència i des d’Unió, considerem que és
necessari avaluar i fer balanç de les dues lleis, que, als 10 i els 7
anys respectivament de la seva aprovació, ja han tingut uns efectes. Es
tracta de promoure la seva aplicació efectiva, tant d’aquells
aspectes no aplicats com dels que s’hagin revelat insuficients, i
de modificar aquells aspectes que en resultin ineficients. Entenem que,
amb l’acceptació d’aquesta esmena, la moció esdevé més
completa.


Gracias, señor presidente.


Mi grupo ha presentado una enmienda de adición al tercer punto de
la moción, pues estamos de acuerdo tanto en la parte expositiva como en
la parte dispositiva de esta, pero consideramos que sería positivo que
además de convocar a las comunidades autónomas para establecer medidas
urgentes en materia de prevención, protección y reparación que den
respuesta a las disfunciones detectadas en la aplicación de la Ley
Orgánica 1/2004, de violencia de género, también se las convoque para
analizar y evaluar la Ley Orgánica 3/2007, de igualdad efectiva de
mujeres y hombres para garantizar la aplicación efectiva de ambas
leyes.


En el Grupo de Convergència i d’Unió consideramos que es
necesario evaluar y hacer balance de ambas leyes, que tras los diez y
siete años respectivamente desde su aprobación ya han tenido efectos; se
trata de promover la aplicación efectiva tanto de aquellos aspectos no
aplicados como de los que se hayan revelado insuficientes y modificar
aquellos aspectos que lo sean. Entendemos que con la aceptación de esta
enmienda la moción deviene más completa.


Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Rieradevall.


Tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario
Socialista, autor de la moción originaria, para manifestar si acepta o no
las enmiendas de los tres grupos.


La señora BERJA VEGA: Aceptamos la enmienda presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto sin ningún problema. Además, consideramos que
completa la reivindicación de la moción. El Grupo Parlamentario
Socialista agradece la enmienda, la aportación y la intención de suma a
este acuerdo.


También aceptamos la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán.
Consideramos muy importante la revisión de la Ley de igualdad, algo que
estamos esperando que ocurra. Esperamos que se evalúe tanto la Ley de
violencia como la Ley de igualdad efectiva, y agradecemos también su
intención de suma y de acuerdo.


Con respecto a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, no se entiende bien. Han presentado una enmienda de
sustitución que recoge y reitera los puntos que nosotros hemos presentado
en nuestra moción, pero olvidan un asunto fundamental. Ustedes presentan
una enmienda de sustitución para evitar hablar de acuerdo. Ese es el
motivo por el que nosotros vamos a decir que no a esa enmienda de
sustitución, porque ustedes evitan hablar de pacto y de acuerdo. Uno de
los motivos que ha impulsado al Grupo Parlamentario Socialista a
presentar esta moción ha sido esa necesidad de pacto y de acuerdo. Si
ustedes en su enmienda de sustitución obvian ese acuerdo, a nosotros nos
parece insuficiente la sustitución.


Por otro lado, no aceptamos la enmienda porque hay una falta de
compromiso presupuestario. Ustedes dicen que van a continuar en la senda
del crecimiento de las partidas presupuestarias destinadas a la violencia
género. Como muy bien decía el senador Iglesias, esa senda ha sido un
poco irregular porque durante el último año se ha producido un incremento
de 1,5 millones de euros —y en el turno de portavoces hablaré de
ello— pero en los últimos cuatro años, desde el año 2011, las
partidas destinadas, tanto a la igualdad de género como a la violencia de
género, no diré que han sido recortadas, pero sí sesgadas en
un 30 %.


Por lo tanto, esa falta de compromiso para llegar a un acuerdo,
así como la falta de un compromiso presupuestario, motivan que nosotros
no aceptemos la enmienda de sustitución.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.


La Presidencia entiende que la segunda enmienda, la del Grupo
Parlamentario Popular, no se acepta. (Asentimiento).


Gracias, señoría.


¿Hay turno en contra? (Denegaciones).


Pasamos al turno de portavoces.


Por el parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador señor Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Vamos a compartir el turno tres
senadores del Grupo Parlamentario Mixto. Por tanto, solamente utilizaré
quince segundos para destacar un hecho que me parece digno de
mención.


Este verano la violencia de género ha supuesto —aunque es
difícil dar cifras, pues, por desgracia, pueden haberse incrementado
durante las últimas horas— el asesinato de 25 mujeres y 8 niños. Al
mismo tiempo, en los juzgados de violencia de género se ha dado una
situación absolutamente inaceptable e inasumible, y es que en
prácticamente la totalidad de los juzgados de violencia de género estaban
los jueces de vacaciones y no fueron sustituidos mediante la contratación
de jueces sustitutos, por lo que tuvieron que asumir sus funciones los
jueces de guardia, que —y probablemente lo hayan hecho muy
bien— no están especializados en esta materia.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.


A continuación, tiene la palabra la senadora Mora.


La señora MORA GRANDE: Muchas gracias.


Lo primero que quiero decir es que estamos bastante sorprendidos
por el hecho de que en la anterior moción estuviera el Senado
absolutamente lleno, mientras que para hablar de la vulneración de
derechos humanos en el Estado español la mayoría de sus señorías estén
fuera; y precisamente se ausenta la gran mayoría de los senadores del
Grupo Parlamentario Popular. Nos parece bastante significativo respecto
al interés que suscitan los derechos humanos en el Estado español.


Nosotros vamos a apoyar esta moción porque nos parece que se
produce una vulneración sistemática de los derechos humanos en más de la
mitad de la población del Estado. De hecho, durante el verano hemos
formulado una pregunta por escrito para solicitar al Gobierno que nos
indique cuáles son las medidas de emergencia que han utilizado o que van
a poner en práctica, y todavía estamos esperando una respuesta.


No podemos vanagloriarnos de todo lo que se ha invertido
últimamente, pues recientemente el Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas ha calificado de forma bastante negativa las políticas de
igualdad del Gobierno.


Nosotros apoyamos este pacto porque entendemos que hemos de
iniciar un diálogo y llegar realmente a un consenso entre todos los
grupos políticos para terminar con este drama. Y estamos dispuestos a
ello, así como a avanzar en otras cuestiones que consideramos muy
importantes para intentar erradicar este gran problema.


En primer lugar, consideramos que habría que implementar las
recomendaciones que hace Naciones Unidas, en concreto en un informe
bastante reciente, de junio de 2015, del grupo de trabajo sobre
cuestiones de discriminación contra la mujer en la legislación y en la
práctica; recomendaciones que no se han puesto en práctica por España.
Igualmente, en la Comisión de Sanidad que tuvo lugar la semana pasada,
recordé que este mismo informe exhortaba a la retirada de la proposición
de ley sobre la reforma del aborto por vulnerar la legislación sobre
derechos humanos. Entonces no se me contestó en la comisión, así que
quizá me puedan contestar a esto en el Pleno de la semana que viene.


Entendemos importante trabajar para llegar a un consenso en cuanto
a la atención integral especializada de niñas y niños y para garantizar
su seguridad, ya que en este campo queda bastante por hacer. Incluso,
Save the Children estima que actualmente más de 800 000 niños en España
están expuestos a la violencia machista. Para atacar de raíz este
problema, nos parece muy importante intervenir en materia educativa y
para eso es fundamental crear procesos educativos que impulsen un cambio
cultural, deslegitimando la masculinidad tradicional y fomentando
prácticas nuevas de masculinidades no violentas. Esto nos parece muy
importante y por eso nos gustaría trabajar en esa línea.


Nos parece también fundamental, en la línea de lo que ha dicho el
senador Iglesias, que se haga una evaluación profesional de la aplicación
de la Ley de 2004, sobre el funcionamiento de los mecanismos judiciales,
sobre todo en los juzgados especializados en violencia contra la mujer, y
los resultados obtenidos.


Para terminar, nos parece fundamental, para ir a la raíz del
problema, que no se hable de violencia de género. En tanto que la
violencia es machista, ha de cambiar la nomenclatura en el Código Penal y
cabe hablar de violencia machista.


Quiero recordar al Grupo Popular que no haga demagogia con este
drama y que no nos venda un aumento de las partidas presupuestarias,
porque lo que se dedica para la prevención integral contra la violencia
de género es un 26 % menos que en 2010 y la reforma de la Ley del régimen
local provocó que se cerraran muchos puntos de encuentro en el despido de
muchos profesionales. Este tema es lo suficientemente importante como
para que lleguemos a un consenso todos y el Ejecutivo sea más humilde y
piense menos en venderse de cara a las elecciones.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Mora.


En el Grupo Mixto, continuamos con la senadora Julios.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.


Nuestro grupo, Coalición Canaria, también va a apoyar la
iniciativa. Además, nos parece sumamente oportuna, como ya han dicho
ustedes y los que han hablado antes que yo. Desgraciadamente, las cifras
de violencia de género no bajan, suben. Lo que cabe esperar ante eso es
un compromiso pero da la impresión de que ese compromiso no sube, sino
que, en este caso, continúa bajando. Es necesario un compromiso en las
políticas contra la violencia y en las políticas a favor de la igualdad
de género. Por eso nos parece oportuno trabajar de forma urgente en un
pacto de Estado contra la violencia y también que esto se incluya en el
contexto de reforzar las medidas de igualdad entre hombres y
mujeres.


Otro punto importante que conviene resaltar es la conveniencia de
conseguir un consenso y ahora que viene el debate de presupuestos este se
refleje en compromisos a la hora de admitir las enmiendas que en relación
con este tema deberían ser aprobadas en los presupuestos de 2016. Lo
cierto, y también se ha dicho, es que en estos momentos el propio comité
de eliminación de discriminación contra las mujeres de las Naciones
Unidas, precisamente, ha recriminado a España la no correcta aplicación
de compromisos en las políticas de igualdad. Concretamente, en referencia
al Estado español, habla de los importantes efectos negativos que en
España están teniendo todas las políticas de austeridad, que están
poniendo en una situación de mayor dificultad y de empobrecimiento a la
mujer. Como siempre hemos dicho, la pobreza tiene cara femenina. Además,
en este sentido, insta al Gobierno de España para que financie
adecuadamente, coordine y ejecute las políticas de igualdad de género en
todos los niveles y con implicación de todas las administraciones.


En este sentido, señoría, en los presupuestos que empezaremos a
discutir se produce un recorte del 5,2 % en el programa 232B, que es el
de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que corresponde al
Instituto de la Mujer. Pero no solo se trata del recorte en este
presupuesto, sino que hay que ver el contexto de recortes que venimos
sufriendo a lo largo de toda la legislatura en el área de las políticas
de igualdad. Desde que en noviembre de 2011 el Partido Popular asumió el
Gobierno de España, entre el 2012 y el 2016 se ha producido un recorte de
nada más y nada menos que un 20,9 %. Pero si nos remitimos a las cifras
que había en el presupuesto de 2009, vemos que el recorte presupuestario
en las políticas de igualdad asciende a un 47,6 %, es decir, casi la
mitad.


Por mucho que el Partido Popular quiera lanzar con estos
presupuestos el mensaje de que la recuperación ha llegado, de ninguna
manera esa recuperación se refleja en los presupuestos para las políticas
de igualdad, porque los tremendos recortes que hemos tenido y que se
vuelven a producir no se compensan con el penoso incremento del 5 % para
el programa contra la violencia de género. ¿Qué supone un incremento
del 5 % frente a todo el decremento que ha habido y sigue habiendo en
políticas de igualdad? Pero también quiero recordar que si se mantiene el
presupuesto para el 2016 los programas contra la violencia de género
experimentan, respecto al 2009, una bajada de un 10,9 %, es decir, casi
un 11 %. ¿Dónde está entonces la recuperación para las mujeres en España
respecto al esfuerzo que debe hacer el Estado en cuanto a las políticas
de igualdad?


Y para concluir, señor presidente, quiero recordar algo que me
parece muy importante, y es que no solo se impiden estas políticas a
través de los Presupuestos Generales del Estado, sino que la reforma de
la Ley de régimen local eliminó las competencias municipales en lo que se
refiere a la promoción de la mujer, y ello impide de alguna manera que se
lleven a cabo las prestaciones en servicios sociales, en promoción de
igualdad de oportunidades y en prevención contra la violencia que venían
haciendo las administraciones locales y los ayuntamientos, que ahora no
las pueden ejecutar ni siquiera con recursos propios porque se dice que
deben ser financiadas al cien por cien con las subvenciones que provengan
del Estado o de las comunidades autónomas. Ya me dirán ustedes cómo, con
una subvención de 125 000 euros prevista en los presupuestos para que las
entidades locales destinen a estas cuestiones, van a poder prevenir la
violencia de género las administraciones locales y los municipios
españoles, y eso que es la administración más cercana a las víctimas
reales o potenciales de violencia de género en España.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
Iparragirre.


La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Buenos días, señor presidente.
Muchas gracias.


Sin duda la moción que hoy nos presenta el Grupo Socialista es
oportuna, como ya han comentado anteriormente algunos portavoces, y a su
vez es importante y urgente; y también hemos debatido en la moción
anterior sobre la importancia y la urgencia. Pero yo no me voy a perder
cuantificando la importancia que tiene en función de los presentes en el
hemiciclo, ni me voy a perder dejando constancia gráfica de ello, ni me
voy a perder viendo si se me escucha o no cuando hablo, ni en si a
continuación me marcho del hemiciclo y no escucho las intervenciones de
los que las realizan posteriormente. (Aplausos). Porque verdaderamente
creo que estamos ante un tema grave que requiere que hagamos lo que se
pide hoy en la moción, y es que lo abordemos de manera conjunta y que no
nos perdamos en la semántica de si debe ser un pacto de Estado, una
política de Estado o cómo queramos denominarlo. Seamos serios, señorías.
Seamos humildes y honestos y hagamos un ejercicio de reflexión y de
autocrítica, empezando por mí misma como mujer, como madre, como
educadora docente que soy y como miembro del partido político al que
represento, y reconozcamos que algo no estamos haciendo bien cuando
seguimos hablando de las cifras que manejamos; algo no estamos haciendo
bien cuando nuestras jóvenes y nuestros jóvenes siguen haciendo y
diciendo lo que dicen. Seamos honestos y serios y dejemos a un lado las
diferencias que tenemos, y abordemos este tema. Con ello no quiero decir
que sea el único, ni quiero entrar en comparativas como anteriormente se
ha hecho en el debate de la moción; como otros no lo abordan, yo no voy a
abordar este. Sin duda la economía nos llena la boca en todos los debates
que hemos tenido. La economía y la tragedia que está ocurriendo ahora
mismo con la inmigración es algo gravísimo, pero yo ahora no me voy a
posicionar sobre la inmigración, y es una lacra. Seamos sensatos, podemos
tener el honor de decir a nuestros nietos que nosotros conseguimos acabar
con esto. Hagamos algo, por favor, que esto es horroroso, sinceramente.
Pero también tengo que decirles con tristeza que tras lo sucedido con la
moción anterior, en la que había una posibilidad de acuerdo y hemos
vivido lo que hemos vivido, cuesta creer que verdaderamente seamos
capaces de buscar acuerdos y de abordar con estos decisiones que puedan
dar solución a lo que tenemos; y si no encontramos la solución con
mayúscula, al menos vayamos dando pasos, por favor, por pequeños que
sean.


Estamos ante un problema estructural y multidimensional. Tenemos
muy claro que la violencia contra las mujeres es un problema estructural
de la sociedad que requiere una respuesta permanente en el tiempo, una
respuesta coordinada que actué sobre el origen mismo de la violencia, y
ya se ha mencionado aquí. Insistimos una y otra vez en que la violencia
contra las mujeres es la manifestación más grave de la desigualdad entre
mujeres y hombres, y creemos firmemente en el trabajo orientado a
erradicar ciertas actitudes que se encuentran en la raíz de este tipo de
violencia. Es estructural en la medida en que en el origen está la
desigualdad y, aunque se ha evolucionado, todavía sigue persistiendo la
idea de que las mujeres jerárquicamente somos inferiores a los hombres, y
es esa creencia la que hay que transformar si queremos un cambio
permanente, aun sabiendo que ello cuesta trabajo y, como he dicho
anteriormente, aunque no podamos solucionarlo todo de golpe. Y es
multidimensional en la medida en que hay que atajarlo desde diferentes
frentes, con diversas medidas tendentes a prestar la mejor de las
atenciones a las mujeres víctimas. Pero indudablemente si queremos ir a
la raíz habrá que trabajar en prevención y sensibilización por una
sociedad más igualitaria.


Como decía, señorías, la desigualdad de género es la base de la
violencia contra las mujeres y, por tanto, la lucha efectiva contra esta
violencia se encuentra estrechamente vinculada al cambio de valores de la
sociedad, y solo a través de esta transformación se eliminará y se
resolverá de forma adecuada y permanente. No lo digo yo, señorías, no lo
dice esta humilde senadora. La violencia contra las mujeres es la
manifestación más brutal de la desigualdad existente entre mujeres y
hombres, así ha sido reconocido por todos los foros internacionales de
tutela de los derechos humanos, de esos que también hablábamos
anteriormente, entre los más recientes el Convenio de Estambul del
Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la
mujer y la violencia doméstica, machista, de género…, pero repito:
no nos perdamos en la semántica. Por tanto, habrá que trabajar en la
igualdad, por tener una sociedad más igualitaria. Aun sabiendo que los
resultados se producirán a largo plazo, hay que trabajar desde ya y de
una manera permanente, sostenida en el tiempo y acordada.


Permítanme un matiz de discrepancia con lo presentado, más allá de
que, repito, mantenemos nuestra posición. Como he dicho al comienzo, mi
grupo mantendrá hasta el final su intención de voto favorable a esta
moción. Debemos ir todos a una a la hora de abordar esta lacra, y no lo
digo hoy y aquí en este momento, lo he dicho en todas las intervenciones
que en referencia a este tema he manifestado. Dejemos nuestras
diferencias y vayamos a una, porque se lo merecen ellas y todos los
demás. Pero por ello, repito, no voy a dejar de hacer mención a alguna de
las discrepancias.


Se habla de abordar conjuntamente medidas contra la violencia de
género y por la igualdad. ¿Cómo, cuando se ha desprovisto a diputaciones
y ayuntamientos de las competencias para trabajar en favor de una
sociedad más igualitaria? Se nos hace complejo. Euskadi es una comunidad
autónoma en la que todos los niveles administrativos siguen manteniendo
las competencias en la inversión en materia de igualdad tras la
aprobación de la Ley de racionalización del gasto y gracias a una
cláusula que se introdujo en el trámite parlamentario aceptando una
propuesta del Grupo Vasco, y seguimos trabajando en esta línea.
Entendemos que para promover este pacto es necesario que instituciones
como las diputaciones y los ayuntamientos, las más cercanas a ellas
—son la primera ventanilla que tiene una mujer cuando tiene
semejante problemón—, tengan la competencia para llevar a cabo ese
trabajo. Por tanto, es clave el restablecimiento de dichas competencias y
el trabajo coordinado interinstitucional, pero respetando la autonomía de
las comunidades autónomas, señorías.


Si cuestiones como la educación o la sanidad hay que abordarlas de
manera conjunta, en el tratamiento de este tema es imprescindible el
acuerdo, el consenso. Después de escuchar algunas intervenciones, creo,
de verdad, que hay palabras que deberían escribirse siempre con
mayúsculas: amigo, amistad, y también acuerdo, porque a veces se habla
tanto de determinadas palabras que se pierde el verdadero valor que
tienen. Desde el acuerdo, porque estamos ante un grave problema,
respondamos con responsabilidad al cargo que tenemos cada uno de nosotros
y a quienes representamos. Porque, señorías, son víctimas, ellas y todos
los que están alrededor; son personas con ojos y cara, con vidas, y cada
una de ellas tenía un proyecto de vida detrás.


Y me van a permitir una reflexión final, personal. Después de
convivir muchos años con el horror del terrorismo en Euskadi, hoy en día
estamos trazando el camino para poder recuperar esa convivencia y esa paz
—y hemos empleado muchas, muchas horas y energías, y bienvenidas
sean todas ellas— al abordar esta cuestión y cada vez que en este
debate se ha vuelto a mencionar el tema de las víctimas me vienen a la
cabeza —ayer lo citó la senadora Almiñana— las 1013 mujeres
muertas desde 1999 hasta 2015, es decir, en dieciséis años. A ese dato
hay que sumar los huérfanos que, como muy bien se ha mencionado aquí, son
víctimas directas; todos esos menores, todas sus familias, todos sus
amigos y todo su entorno. Por lo tanto, aprendamos de las experiencias
vividas y evitemos que dentro de unos años sigamos lamentándonos de todas
estas víctimas. Hagamos un ejercicio de humildad, abandonemos nuestros
protagonismos, nuestras fotos, nuestra demagogia, aquello del yo más que
el otro. Dejemos por un momento todo eso y aparquemos nuestras
diferencias, nuestros deseos partidistas, eso de sacar el más mínimo
rendimiento político; ni año electoral, ni nada, señorías, que esto es
mucho mayor. Esta violencia es importantísima, independientemente de cómo
la denominemos. Hablamos de estas personas y de sus entornos. Estamos
ante vidas, por favor, no lo olvidemos.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Iparragirre.


Por el Grupo de la Entesa, tiene la palabra la senadora
Almiñana.


La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gràcies, president.


Senyories, un home intenta estrangular la seva parella a Manises.
La víctima ha estat traslladada a l’Hospital de La Fe a València
amb una fractura de crani. La darrera hora diu que ha entrat en coma.
Això va passar ahir, dimarts 1 de setembre de 2015. El telèfon de la
violència de gènere, el 016, rep 200 trucades al dia, també avui les
rebrà, i sabem que avui es posaran aproximadament 300 denúncies de
violència de gènere. Darrere de cada assassinat, de cada agressió,
repeteixo, darrere de cadascun d’ells fracassem tots. Per tant, hem
de pensar, consensuar i impulsar polítiques que lluitin per eliminar
aquesta violència que els homes exerceixen contra les dones només pel fet
de ser dones.


Un estudi realitzat per matemàtics de la Universitat Politècnica
de València conclou que l’any 2017, d’aquí a dos anys, hi
haurà tres milions d’homes entre 16 i 74 anys que hauran agredit
físicament la seva parella al nostre país. S’adonen del que acabo
de dir? Tres milions d’homes del nostre país, amics, coneguts, la
gent que ens envolta, hauran agredit físicament alguna vegada a la seva
vida una dona. Altres dades molt importants, com la macroenquesta de 2015
sobre violència de gènere, que ha fet el Ministeri, ens explica moltes
dades —els recomano que la llegeixin—






, té 23 pàgines i és
molt clarificadora del que passa al nostre país. Són dades del Ministeri.
El 8 % de les víctimes que no s’atreveixen a anar a la policia o
als jutges a denunciar, saben per què no ho fan aquest 8 %? Perquè es
pensen que no les creuran, que no es creuran el que els expliquin. Hi ha
un 21 % de dones que no hi van perquè els fa vergonya el que els està
passant. Hi ha un 10 % que se sent culpable, es pensen que és culpa seva
el que estan vivint. Aquesta macroenquesta de la qual els parlava té
informacions molt rellevants, com per exemple que al llarg de la vida, al
nostre país, a Espanya, hi ha un 12,5 % de les dones que hauran patit
violència de gènere. També que el principal motiu per retirar una
denúncia és que ell li va prometre que no tornaria a passar més. I es
constata que l’augment de la violència de gènere entre els joves és
una realitat.


Totes aquestes dades indiquen que tenim un problema, com a
societat, i que aquest problema, deixin-me que ho digui, crec que és un
problema d’Estat. Aquesta moció ens proposa fer un pacte, un acord,
uns mínims per treballar en la mateixa línia a les forces polítiques
representades en aquesta cambra. Al meu entendre, és una proposta que no
és de màxim. El redactat hauria permès aprovar-la per consens, però, com
és costum, el grup majoritari de la cambra ha decidit que no donarà
suport a aquesta moció. Tornem a ser al cap del carrer, perquè aquesta
moció ens proposa principalment que ens comprometem amb la igualtat entre
homes i dones. El que vol és elevar la lluita contra la violència de
gènere a un problema de tots.


Gracias, presidente.


Señorías, un hombre intenta estrangular a su pareja en Manises. La
víctima ha sido trasladada al Hospital de La Fe, en Valencia, con una
fractura de cráneo. La última hora nos dice que ha entrado en coma. Esto
sucedió ayer, martes, 1 de septiembre de 2015. El teléfono de la
violencia de género, el 016, recibe doscientas llamadas al día, también
hoy va a recibir llamadas, y sabemos que hoy van a ponerse
aproximadamente trescientas denuncias de violencia de género. Detrás de
cada asesinato, de cada agresión —insisto—, detrás de cada
uno fracasamos todos. Por lo tanto, debemos pensar, consensuar e impulsar
políticas para eliminar esta violencia que los hombres ejercen sobre las
mujeres tan solo por el hecho de ser mujeres.


Un estudio realizado por matemáticos de la Universidad Politécnica
de Valencia concluye que en el año 2017, es decir, dentro de dos años, va
a haber 3 millones de hombres de entre 16 y 74 años que habrán agredido
físicamente a su pareja en nuestro país. ¿Se dan cuenta de lo que acabo
de decirles? 3 millones de hombres de nuestro país, amigos, conocidos, la
gente que nos rodea, habrán agredido físicamente a una mujer alguna vez
en su vida. Otros datos muy importantes los encontramos en la
macroencuesta de 2015 sobre violencia de género, realizada por el
ministerio. Esta macroencuesta de veintitrés páginas —les
recomiendo que se la lean— nos arroja muchos datos y aclara muy
bien todo lo que sucede en nuestro país, y repito que son datos del
ministerio. Un 8 % de las víctimas no se atreven a ir a la policía o a
los juzgados para denunciar, ¿y saben ustedes por qué? Porque piensan que
no las van a creer, que no van a creer lo que explicarán. Un 21 % de las
mujeres no van porque les da vergüenza lo que les sucede, y un 10 % se
sienten culpables y creen que es culpa suya lo que está viviendo. Esta
macroencuesta de la que les estoy hablando contiene información muy
relevante. Por ejemplo, a lo largo de la vida en nuestro país, en España,
un 12,5 % de las mujeres habrán sufrido violencia de género. El principal
motivo para retirar la denuncia es que él les prometió que no volvería a
ocurrir. Y se constata que el aumento de la violencia de género entre los
jóvenes es una realidad.


Todos estos datos indican que como sociedad tenemos un problema, y
este problema —déjenme que se lo diga— es de Estado. Esta
moción nos propone realizar un pacto, un acuerdo con unos mínimos para
trabajar en la misma línea entre las distintas fuerzas políticas
representadas en esta Cámara. A mi entender, se trata de una propuesta
que no es de máximos, sino de una propuesta cuyo redactado hubiera
permitido aprobarla por consenso, pero, como es costumbre, el grupo
mayoritario de la Cámara, por lo que han dicho, ha decidido que no va a
dar su respaldo a esta moción. Con lo cual, volvemos a estar una vez más
en las mismas, porque esta moción propone, principalmente, que nos
comprometamos con la igualdad entre mujeres y hombres. Lo que pretende es
elevar la lucha contra la violencia de género para que sea un problema de
todos, absolutamente de todos.


Pero en lugar de presentar una enmienda transaccional, que hubiera
permitido al grupo que presenta la moción llegar a un acuerdo, ustedes
han presentado una hoja de ruta de continuidad; y digo continuidad porque
utilizan verbos como seguir trabajando o continuar mejorando, pero
también lo es de publicidad, que es lo que últimamente hacen Esa es la
única explicación que encuentro al redactado de la enmienda que
anteriormente ha comentado la senadora socialista. Dice exactamente:
continuar en la senda del crecimiento en las partidas presupuestarias
destinadas a la violencia de género. Supongo que se trata de una broma
porque, les guste o no, ustedes han recortado un 17 % el presupuesto
contra la violencia de género en esta legislatura.


Señorías, este no es un tema fácil. Claro que no lo es, es un tema
muy complejo. ¿Por qué? Porque es nuestra cultura, nuestra realidad, las
canciones que nos rodean, las películas, la publicidad, los patrones, los
roles, las organizaciones en las que trabajamos, etcétera, absolutamente
todo lo que nos rodea en nuestro día a día está impregnado de un
machismo, de un mundo construido por los hombres en el que las mujeres
han tenido que luchar mucho y muy duro para ganar derechos, para ser
visibles y para ser escuchadas. Si no, fíjense en esta paradoja: ¿quiénes
han estado tradicionalmente en las cocinas de los hogares? Díganmelo,
¿quiénes? Las mujeres. ¿Quiénes son los chefs más reconocidos
mundialmente? ¿A que solo se les ocurren nombres de hombres? Otro
ejemplo: los estudios dicen que las mujeres sacan mejores notas en la
universidad, y que son más las que estudian. Sin embargo, los
científicos, los arquitectos y los abogados más famosos, ¿qué son? Son
hombres.


Por tanto, esta es nuestra realidad. Esta es nuestra sociedad y
tenemos que cambiar muchísimas cosas para poder avanzar. ¿De verdad
consideran que estos ejemplos que he puesto son casualidades? No lo son,
y ustedes lo saben perfectamente. Vivimos en un mundo construido por
hombres, en una sociedad impregnada de machismo, más o menos sofisticado,
pero machismo al fin y al cabo. Y los asesinatos y la violencia de género
son el trágico final de una serie de comportamientos en los que el hombre
se considera superior a la mujer. Para cambiarlo, hay que ir a la raíz
del problema. Hace falta invertir en educación, en prevención y en la
atención, también. Esto es básicamente lo que nos propone hoy el Grupo
Socialista en esta moción.


Señorías, para darle la vuelta a esto definitivamente, debemos
poner recursos económicos, debemos darnos impulso político y debemos
hacer una apuesta clara por la igualdad entre hombres y mujeres. Solo así
conseguiremos acabar con la violencia machista.


Mientras preparaba la intervención he recordado que hace un año,
aproximadamente, en una intervención en Naciones Unidas, la actriz
británica Emma Watson hablaba sobre igualdades, y ese discurso se
convirtió en trending topic. Terminó el discurso con una frase muy bonita
que nos permite reflexionar a todos. La frase era simplemente: If not
now, when? If not me, who?, que sería: Si no es ahora, ¿cuándo? Si no lo
hago yo, ¿quién?


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Almiñana.


Por el Grupo de Convergència i d’Unió, tiene la palabra la
senadora Rieradevall.


La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.


Senyories, en el que portem d’any, 26 dones han perdut la
seva vida i 24 nens i nenes han perdut les seves mares. Són les víctimes
del grau màxim de la desigualtat, que és la violència contra les dones.
Per això, i com és habitual des del nostre grup, donarem el nostre suport
a totes les iniciatives destinades a lluitar i a acabar amb aquesta xacra
social. No hi ha dubte que és necessari actuar, i actuar amb urgència i,
tant des de Convergència com des d’Unió, actuarem impulsant
iniciatives i donant suport a totes aquelles que es presentin i suposin
un avenç en la lluita contra aquesta xacra social que és la violència de
gènere, i en la lluita contra la mort de més dones, dones que moren pel
simple fet de ser dones.


És cert que existeix un consens en la necessitat de lluitar contra
la violència contra les dones, però potser no resulti tan clar el com
lluitar contra aquesta violència. Abans de començar a treballar, hauríem
de preguntar-nos què és el que perseguim. És la violència de gènere un
obstacle per a la igualtat o és la manca d’igualtat el motiu de la
violència? Una altra pregunta: hem de seguir focalitzant esforços en
polítiques socials d’igualtat o, a més, hauríem d’abordar
polítiques d’igualtat en majúscules? En la nostra opinió, sens
dubte, la desigualtat i la discriminació són la causa de la violència de
gènere i hem de fer polítiques d’igualtat, no només
d’assistencialisme i no només de legislació punitiva. Ens calen
mesures i accions concretes per aconseguir que la igualtat estigui
instal·lada en la mentalitat de la nostra societat. Ens cal un millor
tractament de la igualtat i de l’enfocament de la violència de
gènere als mitjans de comunicació. Cal incrementar la formació dels
operadors jurídics especialitzats en violència de gènere. Cal que, a part
de la resposta penal contra l’agressor, aquest pugui ser tractat de
forma realment eficient perquè no reincideixi. Cal molta reflexió i calen
moltes mesures, algunes de les quals ja s’adopten, però mal
enfocades. És imprescindible, primerament, analitzar les dues lleis
orgàniques que tenim en vigor: la Llei d’igualtat i la Llei de
violència de gènere. Sense l’anàlisi d’aquestes lleis, sense
saber què és el que funciona i el que no funciona, difícilment podrem
abordar el problema i donar-hi solució. És important tenir en compte que
des del 2004, des de l’aprovació de la Llei orgànica 1/2004, de
mesures de protecció integral contra la violència de gènere, hi ha hagut
anys en què s’ha arribat a la inacceptable i escabrosa xifra de 76
dones mortes, concretament l’any 2008. És una realitat que ens ha
anat colpejant des de l’aprovació de la llei durant 10 anys i mai
ha baixat de 50 el nombre de víctimes, de dones mortes, per no parlar de
les que pateixen violència econòmica o psicològica i que no la denuncien,
ja que sovint moltes d’elles ni són conscients que l’estan
patint.


Des de Convergència i des d’Unió volem estar a les meses de
treball, als pactes d’estat i en tot allò que es proposi en aquesta
qüestió per vetllar per aquesta competència i per conèixer què és el que
l’Estat espanyol està fent per donar suport a les polítiques que
aquells que són competents fan al seu territori i per evitar perdre
dotacions econòmiques. No deixa de ser curiós —i d’aquí la
importància que li donem a conèixer el balanç d’aquestes dues lleis
perquè, al nostre parer, això mereixeria un replantejament de com abordem
la qüestió global— que a l’Estat s’aprovés la Llei
orgànica contra la violència de gènere el 2004 i el 2007 la Llei
d’igualtat. Tenint en compte que per a nosaltres la manca
d’igualtat és la base de la violència. Hi ha com a mínim un
anacronisme i ens agradaria que reviséssim aquestes lleis per trobar la
manera de reenfocar aquesta qüestió.


També hi ha una disfunció, al nostre entendre, en la mateixa llei
i això ens porta a sol·licitar un balanç i la modificació de tot allò que
l’esmentat balanç ens indiqui que no ha funcionat com
s’esperava o que no s’han complert les expectatives. Per
exemple, l’exposició de motius de la Llei de violència de gènere,
diu, grosso modo, que la violència és un obstacle per assolir els
objectius d’igualtat i desenvolupament i viola el gaudi dels drets
fonamentals. L’article 1, en canvi, diu que aquesta llei té per
objecte actuar contra la violència com a manifestació de la
discriminació, de la desigualtat i les relacions de poder. És a dir,
l’exposició de motius i l’objecte de la llei no van a
l’una i considerem que aquest punt hauria de ser objecte de
revisió. Considerem que és bàsic tenir una legislació avaluada en el
context i mirant la realitat; veure quines mesures cal adoptar amb la
finalitat d’assolir la igualtat efectiva que permeti eradicar la
violència de gènere i, per suposat, l’orientació
pressupostària.


No tot acaba amb polítiques econòmiques si prèviament no hem fet
una avaluació de a què destinem aquestes polítiques. De fet, considerem
que fins i tot es tracta d’un imperatiu legal analitzar com ens
gastem els diners i per què no ha funcionat en 10 anys l’actual
Llei de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, que
sens dubte 10 anys després necessita ser revisada. L’objectiu
final, en qualsevol cas, ha de ser eradicar les morts i l’altre
gran objectiu de l’Estat hauria de ser el d’aconseguir la
plena igualtat.


D’altra banda, és fonamental seguir implantant mesures que
permetin aconseguir una millora de la coordinació institucional per a
assolir una major eficàcia en la lluita contra la violència de gènere,
amb especial incidència en la prevenció i l’impuls de les
denúncies. Entre aquestes mesures és imprescindible garantir a les
comunitats autònomes i als ajuntaments els recursos necessaris per portar
a terme campanyes de sensibilització contra la violència de gènere i els
comportaments sexistes i poder desenvolupar polítiques de proximitat per
a la lluita contra la violència de gènere i de la protecció a les
víctimes. Ho han dit molts portaveus que m’han precedit.


Només una política contra la violència de gènere realitzada des de
les administracions més properes a la víctima pot tenir èxit, per tant,
l’aprovació de la LRSAL, per exemple, ha anat en sentit contrari.
Són els ajuntaments, principalment, els que han de desenvolupar les
polítiques, tant de prevenció com de protecció de les víctimes, i no
enviar-les a quilòmetres lluny per rebre aquesta formació, aquesta
protecció.


D’altra banda, si observem els pressupostos generals de
l’Estat per a l’any 2016 del govern, veiem que la partida
destinada a programes d’assistència social per a dones víctimes de
violència de gènere i programes per a la implementació de plans
personalitzats només augmenta d’un milió d’euros. Considerem
que són xifres insuficients, sobretot quan aquest govern, al llarg de la
legislatura no li ha concedit cap importància a la Comissió
d’Igualtat i no ha desenvolupat cap mesura efectiva per garantir
aquesta igualtat entre dones i homes: ni lluita contra l’escletxa
salarial, ni contra la feminització de la pobresa, ni el mínim gest en
relació amb la conciliació de la vida laboral i familiar o la implicació
dels pares en la cura dels fills, més aviat el contrari, com a mínim en
aquest darrer punt, ja que l’ampliació de dues setmanes dels
permisos de paternitat torna a ajornar-se en la disposició addicional
sisena dels pressupostos generals de l’Estat de 2016 a l’1 de
gener de 2017.


Considerem que les polítiques d’igualtat d’aquest
govern han brillat per la seva absència i, sense igualtat real i
efectiva, no acabarem amb la violència de gènere. És cert que a data
d’avui la xifra de víctimes és inferior a la d’anys
anteriors, però no per això hem de ni podem baixar la guàrdia. Per tant,
donarem suport a la moció.


Gracias, señor presidente. (Aplaudiments.)


Señorías, en lo que llevamos de año 26 mujeres han perdido la vida
y 24 niños y niñas han perdido a sus madres. Son las víctimas del grado
máximo de la desigualdad: la violencia contra las mujeres. Por ello, como
es habitual, desde nuestro grupo vamos a dar respaldo a todas las
iniciativas destinadas a luchar y a terminar con esta lacra social. No
hay duda de que es necesario actuar y hacerlo con urgencia. Tanto desde
Convergència como desde Unió actuaremos impulsando iniciativas y
respaldando todas las que se presenten y supongan un adelanto en la lucha
contra esta lacra social que es la violencia de género, en la lucha
contra la muerte de más mujeres que mueren por el mero hecho de
serlo.


Es cierto que existe un consenso en cuanto a la necesidad de
luchar contra la violencia contra las mujeres, pero quizá no resulte tan
claro cómo hacerlo. Antes de empezar a trabajar deberíamos preguntarnos
qué estamos persiguiendo. ¿Es la violencia de género un obstáculo para la
igualdad o la falta de igualdad es el motivo de la violencia? Otra
pregunta: ¿debemos seguir focalizando esfuerzos en políticas sociales de
igualdad o, además, deberíamos abordar políticas de igualdad con
mayúsculas? En nuestra opinión, sin duda, la desigualdad y la
discriminación son la causa de la violencia de género y debemos realizar
políticas de igualdad, no tan solo de asistencialismo ni de legislación
punitiva. Necesitamos medidas y acciones concretas para lograr que la
igualdad esté instalada en la mentalidad de nuestra sociedad, necesitamos
un mejor tratamiento de la igualdad y del enfoque de la violencia de
género en los medios de comunicación. Debemos incrementar la formación de
los operadores jurídicos especializados en violencia de género para que,
además de la respuesta penal contra el agresor, este pueda ser tratado de
forma realmente eficiente para que no reincida. Necesitamos mucha
reflexión y muchas medidas, algunas de las cuales ya se están adoptando,
pero están mal enfocadas. Es imprescindible, ante todo, analizar las dos
leyes orgánicas que tenemos en vigor: la Ley de igualdad y la Ley de
violencia de género. Sin analizar estas leyes, sin saber qué funciona y
qué no funciona, difícilmente vamos a poder abordar el problema y darle
solución. Es importante tener en cuenta que desde la aprobación de la Ley
Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de
género, algunos años, concretamente en 2008, se ha alcanzado la
inaceptable y escabrosa cifra de 76 mujeres muertas. Esta es una realidad
que nos ha golpeado desde la aprobación de la ley durante estos diez años
y nunca ha bajado de 50 el número de víctimas, de mujeres muertas, por no
hablar de las que padecen violencia económica o psicológica y no la
denuncian, ya que muchas de estas mujeres ni siquiera son conscientes de
que la están padeciendo.


En Convergència i Unió queremos estar en las mesas de trabajo, en
los pactos de Estado y en todo lo que se proponga en esta cuestión para
velar por esta competencia y para conocer qué está haciendo el Estado
español para respaldar las políticas que aquellos que son competentes
están realizando efectivamente en su territorio, y para evitar perder
dotaciones económicas. No deja de ser curioso —de ahí la
importancia que le damos a conocer el balance de estas dos leyes porque,
en nuestra opinión, esto merecería un replanteamiento sobre cómo
abordamos la cuestión global— que en el Estado se aprobara la Ley
Orgánica contra la violencia de género en 2004 y la Ley de igualdad
en 2007. Teniendo en cuenta que para nosotros la falta de igualdad es la
base de la violencia, existe, como mínimo, un anacronismo. Nos gustaría
que se revisaran estas leyes para encontrar la forma de reenfocar esta
cuestión.


En nuestra opinión, también existe una disfunción en la misma ley,
y esto nos lleva a solicitar un balance y una modificación de todo lo que
el mencionado balance nos indique que no ha funcionado como se esperaba o
que no se han cumplido las expectativas. Por ejemplo, la exposición de
motivos de la Ley de violencia de género afirma, grosso modo, que la
violencia es un obstáculo para alcanzar los objetivos de igualdad y
desarrollo y el disfrute de los derechos fundamentales. El artículo 1 de
la misma ley, sin embargo, dice que tiene por objeto actuar contra la
violencia como manifestación de la discriminación, la desigualdad y las
relaciones de poder, es decir, la exposición de motivos y el objeto de la
ley no van a una, por lo que consideramos que este punto debería ser
objeto de revisión. Pensamos que es básico tener una legislación evaluada
en el contexto y, observando la realidad, ver qué medidas deben adoptarse
con la finalidad de alcanzar la igualdad efectiva que permita erradicar
la violencia de género y, por supuesto, también la orientación
presupuestaria.


No todo se limita a políticas económicas y presupuestarias si
antes no hemos realizado una evaluación de a qué vamos a destinar esas
políticas. De hecho, pensamos que incluso se trata de un imperativo legal
analizar cómo nos gastamos nuestro dinero y por qué no ha funcionado en
estos diez años la actual Ley de medidas de protección integral contra la
violencia de género que, sin duda, diez años después necesita ser
revisada. Sin embargo, en cualquier caso, el objetivo final debe ser
erradicar las muertes, y el otro gran objetivo del Estado es lograr la
plena igualdad.


Por otro lado, es fundamental seguir implantando medidas que
permitan lograr una mejora de la coordinación institucional para lograr
una mayor eficacia en la lucha contra la violencia de género, incidiendo
especialmente en la prevención y el impulso de las denuncias. Entre estas
medidas es imprescindible garantizar a las comunidades autónomas y a los
ayuntamientos los recursos necesarios para llevar a cabo campañas de
prevención y sensibilización contra la violencia de género y los
comportamientos sexistas y poder desarrollar políticas de proximidad para
la lucha contra la violencia de género y la protección a las víctimas. Lo
han afirmado muchos portavoces que me han precedido.


Tan solo una política contra la violencia de género efectuada
desde las administraciones más cercanas a la víctima puede tener éxito.
Por tanto, la aprobación de la LRSAL, por ejemplo, ha ido en sentido
contrario: son los ayuntamientos los que principalmente deben desarrollar
las políticas tanto de prevención como de protección a las víctimas para
no enviarlas a muchos kilómetros para realizar esa prevención y
protección.


Por otro lado, si observamos los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016, vemos que la partida destinada a programas de
asistencia social para mujeres víctimas de violencia de género y a
programas para la implantación de planes personalizados tan solo aumenta
un millón de euros. Consideramos que es una cifra insuficiente, sobre
todo cuando este Gobierno, a lo largo de la legislatura, no ha concedido
ninguna importancia a la Comisión de Igualdad y no ha desarrollado
ninguna medida efectiva para garantizar que esta igualdad entre mujeres y
hombres sea una realidad, ni ha luchado contra la brecha salarial y la
feminización de la pobreza, ni ha tenido el más mínimo gesto en relación
con la conciliación de la vida laboral y familiar o la implicación de los
padres en el cuidado de los hijos, sino más bien todo lo contrario, al
menos en este último punto, ya que la ampliación de dos semanas de los
permisos de paternidad vuelve a aplazarse en la disposición adicional
sexta de los Presupuestos Generales del Estado de 2016 al 1 de enero
de 2017.


Consideramos que las políticas de igualdad de este Gobierno han
brillado por su ausencia, y sin una igualdad real y efectiva no vamos a
poner coto a la violencia de género. Es verdad que hoy la cifra de
víctimas es inferior a la de años anteriores, pero no por eso debemos ni
podemos bajar la guardia. Por tanto, vamos a apoyar la moción.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Rieradevall.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Berja.


La señora BERJA VEGA: En primer lugar, quiero agradecer el apoyo a
la moción de casi —digo casi— todos los grupos políticos
representados en esta Cámara.


Comparto con sus señorías, sobre todo con las mujeres que han
intervenido, gran parte de las reivindicaciones, sobre todo la que hacía
la compañera del Grupo Parlamentario Vasco en la que mencionaba algo que
es imprescindible: el acuerdo. Decía su señoría: Cómo lo llamemos da
igual, lo imprescindible es el acuerdo. Eso es lo importante aquí, estar
de acuerdo en algo que parece que nos une a casi todas y todos, porque no
a todo el mundo.


Señorías del Grupo Parlamentario Popular, de verdad que no era tan
difícil sumarse a esto; no era difícil sumarse a este gran acuerdo. Lo
presentamos con la firme creencia de que, como ya hicimos hace diez años,
este acuerdo podría unirnos frente al enemigo común: la violencia de
género. Sin embargo, parece ser —al menos lo estamos
presenciando— que no ha sido así. El problema es que ustedes llevan
demasiado tiempo sin priorizar en su agenda política la violencia
ejercida hacia las mujeres, y los números, tanto en estos presupuestos
como en los anteriores, hablan por sí solos. Es cierto que el proyecto
prevé para el programa presupuestario relativo a actuaciones de
prevención integral de violencia de género un incremento de 1,5 millones
de euros de 2015 a 2016, pero también es cierto que el programa de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres desciende un millón de
euros; es decir, es un juego de cifras que sonroja: lo que quito en un
programa lo pongo en otro, y justo lo hacemos con los programas de
igualdad y violencia de género.


El Gobierno de Mariano Rajoy, su Gobierno, a través de los
presupuestos que ha presentado en las Cámaras, ha reducido ambos
programas, en su conjunto, cerca de un 30 % desde el año 2011; repito,
un 30 %. Es un sinsentido. Aquí tenemos una declaración de intenciones:
es una prioridad para el Partido Popular actuar contra la violencia de
género, pero luego no nos comprometemos presupuestariamente. No tiene
sentido. Para garantizar la intención de comprometerse con un asunto no
hay mejor muestra que comprometerse presupuestariamente. Algo no funciona
si no tiene una partida presupuestaria detrás. Señorías, es sencillo: el
compromiso contra la violencia de género debe ser también presupuestario.
No basta con condenar la violencia de género, es necesario actuar, y
ustedes han actuado reduciendo los recursos al alcance de las mujeres
víctimas de violencia de género. ¿Y cómo lo han hecho? Primero, con la
reforma de la Administración local, que aleja a las mujeres de su
ayuntamiento, de su servicio más cercano, que constituye, como decía la
senadora de Coalición Canaria, la primera puerta que tienen a la hora de
encontrarse con este grave problema. Han hecho esta reforma de la
Administración local y han alejado a las mujeres, como decía, de su
administración más cercana. Señoría, los ayuntamientos tienen mucho que
decir en materia de violencia porque son la administración primaria, la
más cercana a las mujeres. No obstaculicen los procesos cuando no es
necesario. Los centros de información municipal a la mujer cumplen con
una función social importantísima para la igualdad de oportunidades;






no
les quiten competencias. Los centros de información municipal a la mujer
cumplen con una función histórica desde hace mucho tiempo dando una
respuesta muy eficaz a la violencia de género, y los profesionales que se
encuentran en los centros de la mujer tienen una intervención necesaria e
imprescindible respecto a esta violencia.


A ustedes, los que ahora se preocupan por la igualdad, quiero
pedirles una cosa, y es que no se preocupen, sino que se ocupen.
Ocúpense, que es lo importante. No nos vale con decir: nos preocupamos.
Hay que ocuparse. Actúen, pero sumando, no restando, como hicieron
eliminando la asignatura educación para la ciudadanía, que era una
garantía de educación en igualdad de oportunidades, en igualdad de
género. (Aplausos). Y que implantó el Gobierno socialista. La educación
en valores igualitarios no puede permanecer ajena al currículo educativo,
y hoy por hoy, sin esta asignatura, todavía permanece ajena. Sumen,
señorías, no resten.


Les voy a contar que existe otra forma de luchar contra la
violencia de género, y como yo soy andaluza voy a poner el ejemplo de mi
comunidad autónoma. (Rumores). Se lo podemos contar desde Andalucía, sí.
En materia de violencia de género y de igualdad podemos hablar con toda
la tranquilidad del mundo porque en Andalucía se hacen unas políticas muy
serias, con una respuesta positiva por parte de la ciudadanía y con una
intervención eficaz. En Andalucía lo que hacemos es sumar, como decía, no
restar; sumamos incorporando en los planes, estrategias y actuaciones a
mujeres víctimas de violencia y a mujeres víctimas de prostitución o
acoso laboral, tratándolas ya como víctimas de violencia de género; es
decir, consideramos también a las víctimas de la prostitución y del acoso
laboral como víctimas de violencia de género. Sumamos, no restamos.


El otro día escuché decir al ministro Alonso que no iban a
participar de este gran acuerdo, de este pacto de Estado. ¿No les parece
un asunto suficientemente importante para que se haga un pacto de Estado
o un acuerdo? ¿Qué es lo que necesitan para que hagan un gran acuerdo si
no es la violencia de género? ¡Cuántas contradicciones, señoría! De
verdad, encuentro muchas contradicciones en su discurso.


Decía también en otra intervención otra compañera que durante esta
legislatura no había habido ni una comparecencia del ministro
—antes ministra— de Igualdad en la Comisión de Igualdad del
Senado. Me parece muy preocupante, porque luego —esto también lo he
leído recientemente— los medios nos informan de las declaraciones
del ministro en las que dice que va a poner en primera línea de la agenda
política la violencia de género. Pues si la forma de demostrar que su
primera línea de la agenda política es la violencia de género es no
comparecer en toda la legislatura en una Comisión de Igualdad, me parece
un ejemplo de contradicción bastante importante.


En esta legislatura parece que ustedes van a batir los récords de
leyes, acuerdos y otro tipo de iniciativas unidireccionales: consiguen
que lo que proponen tengan, en algunas ocasiones, la oposición de casi
todos los grupos políticos y sociales. Y también consiguen que todo
aquello que se les propone sea acordado por todos menos por ustedes.


Me congratula que el resto de grupos sí vayamos en la misma
dirección. He escuchado discursos durante esta mañana que me hacen sentir
especialmente bien porque me reafirma en que esto es un asunto de casi
todos o casi todas, así que agradezco de verdad la intervención de las
compañeras y del compañero en esta Cámara. Como decía, me congratula que
el resto de grupos sí vayamos todos en la misma dirección, y les invito a
que sigamos trabajando todos a una para erradicar la violencia de género.
Basta ya, ni una menos. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Berja.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Mendiola.


La señora MENDIOLA OLARTE: Muchas gracias, presidente.


Señora Berja, no podemos aceptar una moción en la que se pide
diálogo y acuerdo y automáticamente se nos niega ese diálogo y ni tan
siquiera intenta llegar a ningún acuerdo con nosotros, porque no ha
querido hablar. Ni han querido ni les ha interesado llegar a una
transaccional.


Tanto desde el Grupo Parlamentario Popular como desde el Gobierno
siempre hemos buscado el acuerdo, la participación efectiva y la
colaboración de todas las instituciones y agentes implicados en la
consecución de una sociedad libre de violencia, porque para nosotros,
señoría, la lucha contra la violencia de género no tiene ideología, sino
que es una cuestión de Estado. Y este es el espíritu que ha precedido
siempre todas las políticas del Partido Popular desde los primeros planes
específicos de los años noventa hasta la Ley Orgánica de protección
integral contra la violencia de género del año 2004, que ustedes saben
que nosotros aprobamos y por unanimidad. Así es como hemos impulsado
también las medidas adoptadas en estos años, como la Estrategia integral
para la erradicación de la violencia de género o el Plan estratégico de
igualdad de oportunidades que, por cierto, señorías, quiero recordarles
que está dotado con más de 3000 millones de euros, el mayor compromiso
presupuestario en materia de igualdad.


Como les decía, en primer lugar se aprobó la Estrategia nacional
para la erradicación de la violencia contra la mujer, 2013-2016, fruto
del trabajo conjunto con los departamentos ministeriales, comunidades
autónomas y Federación Española de Municipios y Provincias, así como con
organizaciones especializadas representadas en el Observatorio estatal de
violencia sobre la mujer. El documento se elaboró con las aportaciones de
todos estos agentes, o sea, con acuerdo, con pacto, señoría. Además,
desde el inicio de la legislatura el Observatorio estatal de violencia
sobre la mujer es un órgano en el que se articula una fluida
interlocución en materia de violencia con asociaciones especializadas,
con personas expertas, con departamentos ministeriales, con comunidades
autónomas, con entidades locales y con el Consejo General del Poder
Judicial. Este observatorio se ha reunido con gran asiduidad y se ha
llegado a propuestas y reflexiones acordadas en estos plenos, tanto del
observatorio como de la Conferencia Sectorial de Igualdad, que han
servido para mejorar los mecanismos de asistencia, prevención, protección
y seguridad de las mujeres, de ellas y de sus hijos e hijas frente a esta
lacra.


Estamos trabajando como se tiene que hacer: adoptando medidas que
ataquen la violencia de género desde todos los ámbitos, y para eso se
necesita el apoyo de todo el mundo, y con él se está contando. (El señor
presidente ocupa la Presidencia).


Puede decir que nosotros no hablamos de acuerdos ni de pactos,
pero el Gobierno está promoviendo un gran acuerdo social en el que están
todos los agentes sociales, los económicos, sindicales y medios de
comunicación, puesto que esto es un reto de toda la sociedad, y todos se
están involucrando. Los hechos lo demuestran y los compromisos también.
Todas las comunidades autónomas, la escala judicial, la policial, la
educativa, la sanitaria, todos contra la violencia de género; todos,
parecer ser, menos ustedes, que quieren utilizar la violencia machista
con un interés partidista. Y eso es lo que hoy han querido hacer, no han
querido llegar a ningún acuerdo y han priorizado sus intereses de partido
antes que los intereses de las mujeres maltratadas.


En la pasada legislatura apoyamos todas y cada una de las medidas
que ustedes presentaron, y nunca hicimos de este doloroso asunto un
objetivo partidista. Siempre hemos mantenido una actitud de diálogo y
apoyo con el resto de fuerzas políticas. Sin embargo, ahora que están en
la oposición están intentando convertir la violencia de género en un arma
electoral. Yo les pediría que no lo hicieran. Desde luego, nosotros no
hemos cambiado y no vamos a cambiar. Seguimos enviando el contundente
mensaje de que estamos todos unidos contra la violencia de género. Desde
el principio de la legislatura hemos ofrecido un acuerdo en multitud de
ocasiones, pero ustedes, lamentablemente, lo han roto siempre, como han
hecho hoy. A pesar de los progresos que han supuesto las leyes de 2003
y 2004 y los planes adoptados por los diferentes Gobiernos, que han
convertido a España en un país pionero en esta cuestión, al inicio de
esta legislatura había mucho margen de mejora; de hecho, 2008 y 2010
fueron los años en que hubo más víctimas, no existía un plan de acción
integral, era necesaria mayor coordinación y eficacia, el número de
denuncias estaba cayendo desde el año 2009 y mientras a los menores no se
les consideraba víctimas de género porque ustedes se negaron a ello.
Actualmente, por primera vez, son también víctimas de violencia de
género.


En esta legislatura se ha avanzado mucho, y los resultados así lo
indican. Por ejemplo, los menores ya son visibles, el número de mujeres
asesinadas ha disminuido, el número de denuncias ha aumentado, el número
de condenas a maltratadores también ha aumentado, así como la conciencia
social. Queda mucho hacer, pero es muy importante el camino ya
realizado.


¿Es suficiente? Pues no, señorías, no es suficiente. Para el
Partido Popular nada es suficiente mientras una sola mujer viva bajo el
miedo y la falta de libertad que supone la violencia de género, y por eso
vamos a seguir trabajando. La hoja de ruta seguida por el Gobierno en la
lucha contra la violencia tiene varios objetivos: la prevención, la
denuncia, la atención, la protección y el empleo.


Decían ustedes que no tenemos prioridades; pues bien, una de
nuestras prioridades, cómo no, ha sido la denuncia y que ningún indicio
de maltrato, sea el que sea, quede impune. No podemos tolerar que ninguna
mujer deje de denunciar por ningún motivo, tampoco por el económico,
porque como ustedes saben, antes no tenían derecho a la justicia gratuita
y hoy una mujer víctima de violencia de género sí lo tiene. Además, la
reforma del Código Penal ha introducido nuevos delitos y extiende la
libertad vigilada a los casos de violencia de género.


El Gobierno trabaja también en fomentar el acceso de las víctimas
al mercado laboral como paso indispensable para mejorar su independencia
y su situación económica. Los contratos bonificados no han dejado de
aumentar en toda la legislatura, concretamente en un 56 %, debido a que
la implicación de la sociedad cada vez es mayor. De hecho, la alianza de
empresas por una sociedad libre de violencia de género agrupa ya a 89
empresas.


Las medidas adoptadas sitúan a España en mejores condiciones que
la media europea. En estos cuatro últimos años se han producido nuevos
avances y sentado las bases del futuro más inmediato, gracias a la hoja
de ruta realista y consensuada con toda la sociedad. Asimismo
—senadora Berja, creo que no le debe estar interesando lo más
mínimo de lo que estoy hablando, porque ni se está enterando de que me
estoy dirigiendo a usted—, la macroencuesta de violencia contra la
mujer, presentada a finales de marzo, ha puesto de manifiesto que
el 76,6 % de las mujeres maltratadas salen de la violencia de género
frente al 72,4 % del estudio anterior, realizado hace cuatro años.


Desde la oposición nos dicen que se han producido recortes, pero
hay que decir que desde el inicio de la legislatura no se ha dejado de
realizar ninguna de las actuaciones ni de prestar ninguno de los
servicios que a fecha 31 de diciembre de 2011 se venían prestando.


Por lo tanto, se ha gestionado de manera más eficaz de lo que lo
hacían ustedes, con un amplio elenco de acciones más diversas y de gran
impacto y con mejor aprovechamiento de los recursos. Aunque no le guste
oírlo, el diálogo, el consenso y la unidad dan resultados y son nuestra
línea de trabajo ante la violencia de género; línea por la que queremos
continuar para consolidar los avances conseguidos. Y si no nos quieren
acompañar, allá ustedes; nosotros, sin embargo, les seguiremos invitando
a hacerlo, porque vamos a seguir haciendo ese camino y no lo vamos a
hacer solos, porque nos acompaña toda una sociedad española que participa
en este gran acuerdo social contra la lacra de la violencia de
género.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mendiola.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario
Socialista con la incorporación de las enmiendas aceptadas del Grupo
Parlamentario Mixto y del Grupo de Convergència i d’Unió.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 249;
votos emitidos, 249; a favor, 103; en contra, 146.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.









TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES





TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES


El señor presidente da lectura al punto 8.


El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a autorización 19 tratados y
convenios internacionales. Hay varios grupos parlamentarios que han
solicitado intervenir en relación con alguno de los tratados, pero,
cuando no se haya recibido ningún tipo de solicitud, se podrían autorizar
por asentimiento. Los leeré uno a uno y, en aquellos casos en los que se
ha solicitado intervención, lógicamente, daré la palabra durante cinco
minutos. En el caso de los que no se haya solicitado intervención,
someteré el tratado a votación por asentimiento, con el fin de aligerar
la tramitación. La votación de los tratados pendientes se llevará a cabo
junto a la del primer proyecto de ley que figura en el orden del día: el
Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal Militar. Se trata de un
proyecto sin vetos y, tanto el debate de totalidad como el de las
enmiendas, tendrá lugar durante la hora del almuerzo. Por tanto,
votaremos aquellos convenios y tratados que haya que someter a votación y
el proyecto de ley a partir de las cuatro de la tarde.








CONOCIMIENTO DIRECTO





CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL PRINCIPADO DE ANDORRA
PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y
PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL Y DE SU PROTOCOLO, HECHO EN ANDORRA LA VELLA
EL 8 DE ENERO DE 2015. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.


610/000176



El señor presidente da lectura a los puntos 8.1. y 8.1.1.


El señor PRESIDENTE: En este convenio ha solicitado intervenir el
senador Espinar, que tiene la palabra por tiempo de cinco minutos.


El señor ESPINAR MERINO: Gracias, presidente. Intervendré desde
el escaño.


Nosotros vamos a votar en contra de este tratado porque
consideramos que bajo el objetivo que fija su título, prevenir la evasión
fiscal, facilita que empresas y particulares fijen su domicilio fiscal en
Andorra y detraigan así beneficios a la Hacienda pública española al
refugiarse en un paraíso fiscal.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Espinar.


Senador Muñoz-Alonso, tiene la palabra.


El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Gracias, presidente.


Con relación a este convenio, querría decir, por una parte, que
es un convenio normal que se firma con otros muchos países para evitar la
doble imposición y la evasión fiscal y, por otra, que en este caso
concreto contamos con una información muy precisa al respecto.


Tuvimos la suerte de que el embajador de España en Andorra la
Vella nos visitara en el Senado muy poco después de su toma de posesión y
nos explicara que estaban negociando este acuerdo, que era satisfactorio,
que cumplía todos los objetivos de España en relación con esta cuestión y
que, evidentemente, la evasión fiscal era uno de los más
importantes.


Por tanto, lo considero un avance importante y nosotros vamos a
votar a favor. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Muñoz-Alonso.


¿Algún grupo más desea intervenir al respecto de este convenio?
(Denegaciones).


Muchas gracias.









ACUERDO SOBRE LA TRANSFERENCIA Y MUTUALIZACIÓN DE LAS
APORTACIONES AL FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN, HECHO EN BRUSELAS EL 21 DE
MAYO DE 2014. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


610/000177



El señor presidente da lectura al punto 8.1.2.


El señor PRESIDENTE: Ningún grupo ha solicitado intervenir en el
caso de este convenio, con la salvedad de hacerlo para expresar el
voto.


Senador Unamunzaga, tiene la palabra.


El señor UNAMUNZAGA OSORO: Muchas gracias, señor presidente.


Quiero expresar nuestra abstención en relación con este
tratado.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Senadora Capella, tiene la palabra.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Quiero manifestarme en el mismo
sentido que el senador Unamunzaga, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


¿Se puede autorizar por asentimiento? (Asentimiento).


Queda autorizado con esas salvedades.


Señorías, la senadora Cunyat ha utilizado su derecho al voto
telemático y ha votado que sí a todos los tratados y convenios. Por
tanto, se sumará su voto a las distintas votaciones.









DECISIÓN DEL CONSEJO DE 26 DE MAYO DE 2014 SOBRE EL SISTEMA
DE RECURSOS PROPIOS DE LA UNIÓN EUROPEA (2014/335/UE, EURATOM), ADOPTADA
EN BRUSELAS EL 26 DE MAYO DE 2014. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.


610/000178



El señor presidente da lectura al punto 8.1.3.


El señor PRESIDENTE: En este caso ha solicitado intervenir la
senadora Lima.


Tiene la palabra, señoría.


La señora LIMA GOZÁLVEZ: Gracias, señor presidente.


Quiero explicar por qué nuestro voto va a ser contrario a la
autorización de este tratado internacional.


Como ustedes saben, el presupuesto de la Unión Europea se
financia de varias maneras. Por una parte, con contribuciones de los
Estados miembros en proporción al PIB; y, por otra, con recursos propios
que la Unión Europea obtiene directamente, por ejemplo, mediante una
parte del IVA, aranceles y exacciones agrícolas.


La decisión del Consejo de 2013, que se ratifica ahora en el
Senado, mantiene elementos esenciales de este sistema que nosotros
consideramos que es muy mejorable. En primer lugar, porque la estructura
fiscal de la Unión Europea es globalmente regresiva; así, pensamos que
sería conveniente una contribución de los Estados miembros basada en el
PIB per cápita, y no en el PIB para gravar más a los países con mayor
concentración de riqueza.


En segundo lugar, pensamos que se deberían reducir los recursos
propios basados en impuestos indirectos, como el IVA, por ser también
regresivos. Además, el presupuesto de la Unión Europea es claramente
insuficiente para aplicar una política de inversiones y de redistribución
efectiva.


Por último, el sistema de recursos propios contempla una serie de
exenciones, que creemos que son importantes, para países como el Reino
Unido, Alemania, Austria, Países Bajos y Suecia, que acentúan lo injusto
de este sistema.


Por todo esto, votaremos en contra.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Lima.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador
Muñoz-Alonso.


El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Muchas gracias, presidente.


Como se verá por la fecha del Convenio, que es de mayo de 2015,
aprobado por el Consejo en 2014, se trata de las medidas que ha puesto en
marcha la Unión Europea para responder a la crisis económica y con la
finalidad de incrementar y hacer más posible la recuperación.


Creo que es un paso positivo en la actual situación de crisis
económica en la Unión Europea y, en algunos países, de recesión. Por
tanto, nuestro voto va a ser claramente favorable porque creemos que es
algo muy positivo.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Muñoz-Alonso.









ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE
MAURITANIA SOBRE LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES,
HECHO EN MADRID EL 24 DE JULIO DE 2008. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO
DE URGENCIA.


610/000179



El señor presidente da lectura al punto 8.1.4.


El señor PRESIDENTE: Ha solicitado intervenir la senadora
Lima.


Tiene la palabra su señoría.


La señora LIMA GOZÁLVEZ: Buenos días de nuevo.


Votaremos en contra de este acuerdo porque entendemos que los
tratados bilaterales de inversión son una herramienta injusta, que otorga
derechos a inversores y, por otro lado, no les obliga a cumplir políticas
sociales, respetar los derechos humanos, ambientales, sociales, de
sanidad o de seguridad laboral de los países en los que invierten.


También pensamos que es una discriminación hacia la ciudadanía y
los inversores locales, a los que afecta negativamente. Además, estos
pequeños inversores y la ciudadanía no pueden acceder a demandarlos ante
tribunales internacionales.


Hasta ahora, países latinoamericanos y africanos que han firmado
tratados de inversión con países de la Unión Europea han sufrido y
enfrentan un creciente impacto social, ambiental y económico debido a
varios motivos. Entre ellos, por poner un ejemplo, figura el creciente
número de demandas billonarias que las empresas inversoras entablan
contra los Estados en tribunales de arbitraje.


El actual sistema de protección de inversores otorga derechos
especiales a estos inversores extranjeros —derechos que la
ciudadanía de ese país no alcanza en igualdad de condiciones—, por
lo que es una gran ventaja frente a los países en los que están
invirtiendo. Solo estos pueden eludir los tribunales existentes y
demandar o amenazar con demandar directamente a los Estados ante
tribunales privados internacionales, lo que conlleva que los Gobiernos
deban pagar enormes cantidades de dinero a modo de compensación. Estos
derechos de propiedades privadas son excesivos, incluso mayores que los
consagrados en las Constituciones nacionales o en el derecho comunitario
de la Unión Europea. Por tanto, pensamos que se discrimina a los
inversores locales, además de que no podemos tolerar que los intereses de
los inversores extranjeros estén por encima de la soberanía nacional de
los Estados y, por todo ello, votaremos en contra.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Lima.


¿Algún otro grupo desea intervenir? (El señor Chiquillo Barber
pide la palabra).


Tiene la palabra su señoría.


El señor CHIQUILLO BARBER: Señor presidente, intervengo en nombre
del Grupo Parlamentario Popular para manifestar nuestro apoyo a este
tratado; un tratado típico de los que firman la gran mayoría de los
países que conforman la comunidad internacional y que no añade otra
cuestión a poner en valor que la de la seguridad jurídica de las
inversiones que realizan empresas de cualquier país en otros países. Es
el típico convenio, tratado o acuerdo internacional que los países
democráticos, los países reconocidos en los organismos internacionales
firman, repito, para dar seguridad jurídica a esas inversiones de
diversos Estados en terceros países.


Por tanto, insisto en manifestar nuestro apoyo a un tratado como
los que se firman cada año por centenares entre diversos países de la
comunidad internacional.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Chiquillo.









ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO UNIDO DE GRAN
BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE SOBRE PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 5 DE FEBRERO DE 2015. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


610/000180



El señor presidente da lectura al punto 8.1.5.


El señor PRESIDENTE: Ningún grupo ha solicitado intervenir. (El
señor Unamunzaga Osoro y la señora Capella i Farré piden la
palabra).


Tiene la palabra, senador Unamunzaga.


El señor UNAMUNZAGA OSORO: Muchas gracias, señor presidente.


Intervengo únicamente para manifestar nuestra abstención también
en este caso.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra la senadora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente.


Para agilizar el trámite ya anuncio que Esquerra Republicana se
abstendrá en todos los tratados y convenios.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (El señor Unamunzaga Osoro
pide la palabra).


Tiene la palabra, señoría.


El señor UNAMUNZAGA OSORO: Gracias, señor presidente.


También para agilizar, manifiesto lo mismo que la senadora
Capella.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


¿Puede entonces someterse este acuerdo a su aprobación por
asentimiento, con la abstención manifestada por los portavoces de Amaiur
y de Esquerra Republicana? (Asentimiento).


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Muchas gracias.









TERCER PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN
PARA LA DEFENSA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
DE 1 DE DICIEMBRE DE 1988, Y SUS ENMIENDAS, HECHO EN WASHINGTON EL 17 DE
JUNIO DE 2015. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


610/000181



El señor presidente da lectura al punto 8.1.6.


El señor PRESIDENTE: En relación con este tratado, han solicitado
intervenir prácticamente todos los grupos.


Comenzamos, pues, con el Grupo Parlamentario Mixto, en cuyo
nombre intervendrán el senador Iglesias y la senadora Mora, que
compartirán un turno de seis minutos.


La señora MORA GRANDE: Muchas gracias, señor presidente. Voy a
intentar agilizar lo máximo posible.


Señorías, por supuesto, nos vamos a oponer a este protocolo. El
Gobierno del Partido Popular ha mostrado bastante prisa por firmarlo
porque, como se sabe, Estados Unidos ha presionado para intentar
agilizarlo y evitar así la nueva composición del Congreso tras las
elecciones generales.


Este protocolo ha contado para su firma con la docilidad del PP
y, para mi dolor, también del PSOE en Andalucía. El artículo 240 del
Estatuto de Autonomía facilita que en la negociación pueda participar la
Junta de Andalucía, cosa que no ha tenido ningún interés en hacer.
Además, no podemos entender por qué el PSOE ha facilitado este acuerdo en
el Congreso, a pesar de que no reporta ningún beneficio para Andalucía ni
para su gente.


Lo primero que he de señalar es que este convenio viola
directamente la pregunta que se hizo en el referéndum de la OTAN del 12
de marzo de 1986, donde a los españoles, mientras que se les preguntaba,
se les hacía una afirmación y era que así se procedería a la reducción
progresiva de la presencia militar de Estados Unidos en España. Esto dice
muy poco del respeto que se tiene a los ciudadanos, si ahora se firma un
convenio contrario a la pregunta del referéndum.


La ampliación de la base de Morón, al igual que la de Rota,
supone un peligro de atentados terroristas, tal y como señalaba la
memoria de la Fiscalía General del Estado. Esto convierte a Andalucía en
una punta de lanza de políticas militares muy agresivas, cuando el
artículo 10.22 del Estatuto de Autonomía establece como objetivo básico
de la comunidad el fomento de la cultura de la paz y el diálogo entre los
pueblos; es decir, que este protocolo es contrario a nuestro estatuto de
autonomía.


Señorías, ¿por qué no hacemos un intento por debatir entre todos
los grupos parlamentarios, con sosiego y dando la palabra al pueblo
andaluz —al que no se le ha dado—, la posibilidad de dar un
uso civil a la base de Morón? Se podría utilizar para labores de ayuda
humanitaria y de cooperación internacional, dirigida por la ONU, la Junta
de Andalucía, el Estado español y orientada al continente africano. Sería
una lanzadera operativa de primer nivel, destinada a desarrollar
políticas de salud, alimentación, acceso al agua, promoción de la
mujer… Nos parece antidemocrático e inmoral que se intente vender
en Andalucía que esto va a tener un beneficio en cuanto a los puestos de
trabajo de Morón y Rota cuando la realidad es que tanto en Morón como en
Rota lo único que hay es un ERE detrás de otro. La única forma de parar
esta sangría laboral es la desmilitarización de la zona.


Nos oponemos a este protocolo porque no se cuenta con el pueblo
andaluz y porque además supone un pacto de silencio a favor de las
guerras y el militarismo de nuestra tierra.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mora.


Senador Iglesias, tiene la palabra.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


También quiero expresar mi rechazo a este tercer protocolo de
enmienda del convenio de cooperación para la defensa entre el Reino de
España y los Estados Unidos; convenio que ya se modificó para incrementar
la presencia militar de los Estados Unidos en la base naval de Rota,
convertida desde esta modificación en la columna vertebral del escudo
antimisiles de la OTAN en Europa. Como sus señorías saben, ya hay
desplegados en Rota desde el pasado mes de febrero cuatro destructores
con sistemas antimisiles, y a lo largo de este mes de septiembre llegarán
más navíos. Ahora se plantea una nueva modificación del convenio para
incrementar el número de militares civiles y aeronaves de los Estados
Unidos presentes en dicha base. Así, pasarán de 500 militares a 2200,
de 75 civiles a 500 y de 21 aeronaves a 36, lo que supone, obviamente,
una clara limitación de la soberanía española sobre este territorio.


La senadora Mora hacía referencia a que se ofrece como un aspecto
positivo del convenio el incremento de los puestos de trabajo en la base,
pero lo cierto es que dentro de la base el derecho laboral español se
encuentra sometido a régimen de suspensión, como expresión clara de esta
limitación de soberanía.


Por otro lado, este despliegue sitúa a nuestro país como pista de
despegue en las operaciones en Libia y en el resto del norte de África;
operaciones que a día de hoy, a pesar de venir desarrollándose desde hace
más de un año, no han supuesto en ningún caso el debilitamiento de la
presencia del Estado Islámico, lo cual debiera de llevar a una reflexión
sobre el acierto de la estrategia que se ha venido desarrollando.


Es obvio que la decisión que se tomó en su día de desestabilizar
primero Irak y luego Libia por motivos geoestratégicos vinculados al
control del petróleo, o para dar impulso a unas primaveras árabes que se
agostaron rápidamente con terribles inviernos, como la dictadura impuesta
en Egipto, sin que ello signifique ninguna simpatía por mi parte ni por
el régimen libio del señor Gadafi ni por el régimen de los Hermanos
Musulmanes, que existía antes del golpe de Estado, aunque hay que
reconocer que habían sido elegidos democráticamente por los
egipcios.


Por lo tanto, afianzar esta estrategia, cediendo nuestro
territorio nacional, supone compartir una estrategia militar que, al
menos desde Izquierda Unida, no compartimos y, por ello, manifestamos
nuestro rechazo a esta modificación del convenio.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones). No hay
intervenciones.


¿Grupo Parlamentario de la Entesa? (El señor Sabaté Borràs pide
la palabra). Tiene la palabra el senador Sabaté.


El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.


Quiero expresar, con brevedad, el apoyo de los senadores
socialistas de la Entesa al protocolo y al convenio de cooperación en
materia de defensa con los Estados Unidos de América. Yo mismo tuve la
oportunidad en el anterior periodo de sesiones de plantear una
interpelación al ministro de Defensa y una moción consecuencia de
interpelación, que contó con un amplísimo apoyo por parte de esta Cámara,
del Senado, defendiendo la necesidad de que España impulsara un esfuerzo
mayor en Defensa en el Mediterráneo, frente a otras necesidades dentro
del marco de la Alianza Atlántica, y que reforzara nuestra colaboración
con nuestro principal aliado, los Estados Unidos de América.


La mayor disponibilidad de la base de Morón permitirá una mejor
actuación y control defensivo en todo el Mediterráneo y el norte de
África, lo que sin duda es una garantía para la seguridad de nuestro país
y una garantía, entre otras cosas, para combatir los focos de terrorismo
yihadista que preocupan a la sociedad europea en este momento. Insistí
entonces en la necesidad de actuar en origen y precisamente la
colaboración con Estados Unidos va en esa dirección.


Por tanto, como ya he anunciado, votaremos favorablemente al
tratado y a la ampliación del tratado que se nos propone.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador.


¿Por el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió?
(Denegaciones). No hay intervenciones.


¿Grupo Parlamentario Socialista? (El señor Losada de Azpiazu pide
la palabra). Tiene la palabra el senador Losada.


El señor LOSADA DE AZPIAZU: Señor presidente, intervengo desde el
escaño para explicar la posición del Grupo Parlamentario Socialista.


Nosotros votaremos sí al convenio porque somos consecuentes con
la raíz del protocolo que hoy nos presenta el Gobierno; protocolo que
nace de un convenio del que los socialistas estamos orgullosos, el
firmado en 1989 por Felipe González, que propició la modificación, muy
importante, de las bases de Estados Unidos en España, convirtiéndolas en
bases españolas. Es decir, que recuperamos soberanía, forman parte de la
defensa nacional y también forman parte de un acuerdo bilateral entre dos
naciones soberanas. Eso es el convenio entre Estados Unidos de América
del Norte y el Reino de España y a partir de ahí nace el protocolo que
debatimos en este momento.


Decía el ministro, cuando presentó este protocolo en el Congreso,
que tenía tres patas. Esas patas eran: la primera, la seguridad; la
segunda, reforzar nuestro anclaje con Estados Unidos; y la tercera, traer
bienestar y empleo a la zona. El Grupo Parlamentario Socialista tiene
dudas de que una de las patas que enumeraba el ministro en su
presentación se haya solucionado de forma adecuada. Estamos de acuerdo
con el tema de seguridad y en que es una herramienta fundamental para la
lucha contra el terrorismo islamista radical, que sigue la estela de los
pactos que hemos realizado el principal partido de la oposición y el
Gobierno en relación con la lucha contra el yihadismo radical, que es
beneficioso para nuestras Fuerzas Armadas, que mejora las defensas de la
frontera sur de Europa en un momento de grave inestabilidad en el
Mediterráneo, en Oriente Medio, en el Próximo Oriente y en el Sahel. Sin
embargo, señorías, la tercera pata de este protocolo es insuficiente y el
Grupo Parlamentario Socialista quiera dejar constancia de que para los
habitantes de Morón, para las empresas de Morón y para los trabajadores
de la base no es adecuado el memorándum que acompaña a este protocolo.
Sus expectativas no se han visto cumplidas y sus problemas no se han
visto resueltos; al contrario, quedan en una nube y están
insatisfechos.


Hoy quiero trasladarles que, a pesar de estar de acuerdo con que
esto beneficia a la seguridad europea, de España, de los españoles y del
entorno de nuestros aliados, también tenemos que pensar en unos
trabajadores y en una población que, señorías, está insatisfecha, que no
tiene ninguna garantía de que se vayan a dar solución a sus problemas
laborales, que son intensos, que no se van a producir dinámicas
económicas para que las empresas puedan incrementar sus facturaciones y
su trabajo y, por ello, el empleo y porque, señorías, esta era una buena
oportunidad.


Por todo ello, señor presidente, y ya termino, mi grupo
parlamentario votará a favor a esta reforma del protocolo porque está
basado en un convenio del que, como he dicho, nos sentimos orgullosos ya
que implicó poner a España y todo su territorio como soberano, por situar
a nuestras Fuerzas Armadas en igualdad de condiciones de representación
con las Fuerzas Armadas estadounidenses y, sobre todo, porque garantiza,
como era nuestra vocación en el momento de la firma del convenio, la
soberanía y el acuerdo entre dos naciones soberanas. En cualquier caso,
lamentamos que el Gobierno haya perdido esta oportunidad con los
trabajadores de Morón.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Losada.


Senador Muñoz-Alonso, tiene la palabra.


El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Muchas gracias, señor
presidente.


Me parece de especial interés debatir este tercer protocolo de
enmienda al convenio de cooperación para la defensa con los Estados
Unidos porque su objetivo central es la lucha contra el yihadismo, que en
estos momentos es la amenaza más grande que tiene no solo España sino, en
general, otros muchos países de Europa.


Intentaré, además, ponerlo en su contexto. Los Estados Unidos, a
partir del final de la guerra fría, empezaron a desmantelar muchas de sus
bases, tanto en su propio territorio nacional como en distintos países
del planeta, y lo hicieron por razones económicas, fiscales, pero también
porque ya no eran necesarias para la seguridad; de hecho, hay un
documento del Congreso de los Estados Unidos, que sigue estando vigente,
para el realineamiento y clausura de bases, donde se plantea la necesidad
de ir reduciendo las que estaban abiertas.


En España hay dos bases importantes a las que ya se han aludido
aquí: las bases de Rota y de Morón, que han tenido siempre un tratamiento
muy distinto. La de Rota se ha considerado siempre como un elemento
importante en el planteamiento de la geoestrategia mundial, y de ahí se
explica su historia. La de Morón, no; la de Morón podría haberse
desmantelado en algún momento, pero todo esto cambió —y a ello han
hecho alusión de pasada algunos de los que han intervenido
previamente— cuando, a partir de 2011, se inició la llamada
primavera árabe, que obligó a todos los Estados del entorno mediterráneo
a revisar a fondo la estrategia con relación a esa zona que, por cierto,
en el vocabulario oficial de la Unión Europea constituye lo que se llama
la vecindad sur.


España se ocupó del problema, intensificó sus relaciones con
Marruecos para la lucha contra la amenaza global del terrorismo, llevó a
cabo también otra serie de acuerdos con otros países de África occidental
y, por tanto, se planteó la amenaza que viene del sur, que viene de El
Sahel y de toda esa zona que va desde Mali hasta el océano Índico y el
mar Rojo, que se ha convertido verdaderamente en una amenaza muy seria,
no solo ya para la propia región mediterránea sino para toda Europa y el
mundo occidental, en general.


Desde el punto de vista de los norteamericanos, todo cambió en
septiembre de 2012, cuando fue asesinado en Bengasi el embajador
norteamericano en Libia, Christopher Stevens. Personalmente, el anterior
embajador americano, el señor Solomont, me contó que en aquel momento de
crisis absolutamente inesperada, las primeras tropas a las que pudieron
echar mano para que acudieran a esa zona de conflicto fueron las
poquísimas que tenían en Morón, y entonces iniciaron una reflexión en el
sentido de que Morón no era una base apropiada para desmantelar sino que
iba a ser muy útil en este nuevo contexto mundial donde el yihadismo, con
bases en África, puede ser la gran amenaza. Ahí se inicia la petición al
Gobierno español para una ampliación que fue autorizada por España en
abril de 2013 y renovada después por un año en 2014. Pero continuaron las
negociaciones entre los dos países soberanos, senador Iglesias, pues las
bases no suponen una cesión de soberanía española y las operaciones que
se hacen desde allí tienen que contar con la autorización de la autoridad
española. Infórmese bien porque no se puede decir eso alegremente. Lo
cierto es que, de esas negociaciones más ampliadas, se ha llegado al
actual tercer protocolo de enmienda, en virtud del cual se aumenta la
presencia de los efectivos militares hasta 2000, los civiles hasta 500 y
las aeronaves hasta un total de 26 entre las de transporte, repostaje
aéreo —que también es muy importante— y de apoyo. Además, hay
comprometida una inversión norteamericana de 29 millones de dólares, que
va a ser, sin ninguna duda, beneficiosa para la zona. Tengo que decir que
en estos problemas que se han planteado en Estados Unidos y en otros
países sobre las bases hay posiciones de todo tipo, pero hay muchos que
se oponen rotundamente al cierre de las bases porque están convencidos de
que generan actividad económica, por lo tanto, riqueza y puestos de
trabajo para la zona. He tenido oportunidad de verlo directamente en una
base americana en Texas donde los representantes políticos se oponían
rotundamente a las decisiones del Pentágono de cerrar la base porque
decían que era muy importante para aquella zona. Evidentemente, hay
posiciones de todo tipo, pero este aumento del despliegue de Estados
Unidos está en el propio interés de España, quiero que quede claro que es
una cosa que le interesa a España. El ministro García-Margallo dijo en su
intervención en el Congreso que es la amenaza más seria que España ha
tenido y tiene en muchísimos años. Esa amenaza —dice— está en
el interés de todo el mundo, está en el interés de Occidente, pero desde
luego está en el interés de España. Estamos hablando —añadió—
de intereses nacionales. Son esos intereses nacionales, sin
duda…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Termino enseguida, señor
presidente.


Son esos intereses nacionales los que nos obligan a decir que es
un buen protocolo de enmienda para España y por eso va a contar con
nuestro voto favorable.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Muñoz-Alonso.









ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE
UZBEKISTÁN SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA,
HECHO EN MADRID EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2013.


610/000163



El señor presidente da lectura al punto 8.1.7.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir? (El señor
Guillot Miravet pide la palabra). Senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Graciès, president.


Seré muy breve y espero que claro. Hay tres acuerdos de
cooperación en materia de lucha contra la delincuencia en este paquete:
Uzbekistán, Georgia y Chile. El senador Saura y yo nos vamos a oponer al
de Uzbekistán por una razón muy sencilla: un Estado democrático de
derecho no puede cooperar en materia de lucha contra la delincuencia con
un Estado donde no hay separación de poderes y constantemente denunciado
por todos los organismos internacionales de defensa de los derechos
humanos. Creemos que no ha lugar a este acuerdo de cooperación.


Graciès, president.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.


¿Algún grupo más desea intervenir? (El señor Chiquillo Barber
pide la palabra). Senador Chiquillo.


El senador CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.


El Grupo Parlamentario Popular va apoyar este acuerdo porque en
la tradición de las cuestiones de política internacional lo llevan
firmando los países de la UE con terceros países. En este caso, la
República de Uzbekistán es un Estado reconocido por Naciones Unidas, es
un país que avanza y va cumpliendo los parámetros democráticos que le van
exigiendo las instituciones internacionales y en esos pasos que se van
dando está la firma de acuerdos para la lucha contra la delincuencia. No
le podemos pedir a un Estado que lleva 24 años de independencia que de la
noche a la mañana cumpla todos los parámetros democráticos. A mí me
hubiera gustado que alguno de los intervinientes en algunos de los
convenios firmados con otros países dudosamente democráticos hubieran
puesto objeciones y lamento que se pongan con el de la República de
Uzbekistán que, reitero, va cumpliendo todos y cada uno de los pasos que
las instituciones internacionales le van marcando para progresar en esos
parámetros democráticos, y uno de ellos es la cooperación con todos los
países de la comunidad internacional en la lucha contra la delincuencia,
el terrorismo, el blanqueo de capitales y otros hechos delictivos. En ese
sentido España va a firmar este acuerdo y el Grupo Parlamentario Popular
lo va a ratificar.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Chiquillo.









PROTOCOLO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y CANADÁ QUE MODIFICA EL
CONVENIO ENTRE ESPAÑA Y CANADÁ PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR
LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL
PATRIMONIO, FIRMADO EN OTTAWA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 1976, HECHO EN MADRID
EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014.


610/000164



El señor presidente da lectura al punto 8.1.8.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir? (El señor
Espinar Merino, el señor Losada de Azpiazu y el señor Chiquillo Barber
piden la palabra). Senador Espinar.


El señor ESPINAR MERINO: Gracias, presidente.


Vamos a rechazar este tratado por razones muy similares a las del
tratado 8.1.1 con Andorra. Son tratados que, bajo la buena intención de
prevenir la evasión fiscal, abren la puerta a la fuga de capitales, tanto
de empresas como de particulares. Por tanto, nos vamos a oponer.


Quiero señalar la sorpresa con la que uno recibe la calificación
de democráticos de determinados regímenes en contraposición con otras
intervenciones que hemos presenciado hoy en la Cámara. La verdad es que
se queda uno anonadado.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Espinar.


Tiene la palabra el senador Losada.


El señor LOSADA DE AZPIAZU: Gracias, presidente.


Me va a permitir que haga uso de la palabra en este momento
procedimental para decir que el Grupo Parlamentario Socialista va a
aprobar todos los convenios internacionales que firma el Reino de España,
y lo hace porque está convencido de tres cosas: primera, porque está
dentro de las directivas y nuestras relaciones con la Unión Europea;
segunda, porque estamos hablando de países de la Unión Europea y de la
ONU con los que compartimos relaciones; y, tercera, porque creemos que
suponen un avance en aquellos aspectos que preocupan al Grupo Socialista,
que es la lucha contra la delincuencia, el crimen organizado y la evasión
fiscal, y mejoran las armas que tienen los Estados para combatir el
crimen organizado.


Por tanto, sin intervenir en ningún otro punto más, el Grupo
Parlamentario Socialista votará a favor de todos estos convenios. Quiero
dejar constancia de ello en esta sesión plenaria.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Losada.


Señor Chiquillo, tiene la palabra.


El senador CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.


El Grupo Parlamentario Popular va a dar su apoyo a este protocolo
entre el Reino de España y Canadá relativo a evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal poniendo en valor que Canadá es uno de los
países que cumple los estándares democráticos de transparencia y
persecución del fraude fiscal. Por lo tanto, algunos de los ejemplos que
se utilizan de una manera tan manida quedan en entredicho.


España lo va a apoyar porque es práctica habitual entre los
países de la Unión Europea y la gran mayoría de países de la comunidad
internacional evitar esa doble imposición y prevenir la evasión fiscal y,
por tanto, cualquier tipo de fraude entre un país, España, y otro,
Canadá, que si en algo se parecen es en que luchan con firmeza para
prevenir la evasión fiscal.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Chiquillo.









PROTOCOLO DEL ACUERDO DE ESTABILIZACIÓN Y ASOCIACIÓN ENTRE
LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA
REPÚBLICA DE SERBIA, POR OTRA, PARA TENER EN CUENTA LA ADHESIÓN DE LA
REPÚBLICA DE CROACIA A LA UNIÓN EUROPEA, HECHO EN BRUSELAS EL 25 DE JUNIO
DE 2014.


610/000165



El señor presidente da lectura al punto 8.1.9.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir?
(Denegaciones). ¿Se puede autorizar con las abstenciones de Amaiur y
Esquerra? (Asentimiento). Queda autorizado.


Muchas gracias.


Pasamos al siguiente acuerdo.









ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DE ANGOLA SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS EN
PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, HECHO EN MADRID EL 3 DE FEBRERO DE
2014.


610/000166



El señor presidente da lectura al punto 8.1.10.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir?
(Denegaciones). ¿Se puede autorizar con las abstenciones de Amaiur y
Esquerra? (Asentimiento). Queda autorizado.


Muchas gracias.


Pasamos al siguiente acuerdo.









ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO
DEL REINO DE MARRUECOS RELATIVO AL TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA
DE VIAJEROS Y MERCANCÍAS Y SU PROTOCOLO DE APLICACIÓN, HECHO EN RABAT EL
3 DE OCTUBRE DE 2012.


610/000167



El señor presidente da lectura al punto 8.1.11.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir?
(Denegaciones). ¿Se puede autorizar con las abstenciones de Amaiur y
Esquerra? (Asentimiento). Queda autorizado.


Muchas gracias.


Pasamos al siguiente acuerdo.









ACUERDO SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LA AGENCIA
INTERNACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES (IRENA), HECHO EN ABU-DHABI EL 13 DE
ENERO DE 2014, JUNTO CON UNA RESERVA Y UNA DECLARACIÓN.


610/000168



El señor presidente da lectura al punto 8.1.12.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir?
(Denegaciones). ¿Se puede autorizar con las abstenciones de Amaiur y
Esquerra? (Asentimiento). Queda autorizado.


Muchas gracias.









ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL CONSEJO
DE MINISTROS DE LA REPÚBLICA DE ALBANIA PARA EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN
RECÍPROCA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN TIRANA EL 17 DE FEBRERO DE
2015.


610/000169



El señor presidente da lectura al punto 8.1.13.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir?
(Denegaciones). ¿Se puede autorizar con las abstenciones de Amaiur y
Esquerra? (Asentimiento). Queda autorizado.


Muchas gracias.









ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y UCRANIA PARA LA
PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN KIEV EL 10 DE
FEBRERO DE 2015.


610/000170



El señor presidente da lectura al punto 8.1.14.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir? (El señor
Espinar Merino, el señor Chiquillo Barber y el señor Díaz Tejera piden la
palabra).


Senador Espinar, tiene la palabra.


El señor ESPINAR MERINO: Respecto a este acuerdo, quiero
manifestar que nos vamos a abstener. Entendemos que el contenido del
acuerdo es positivo para España, pero la situación política actual de
Ucrania no es estable. Por eso aludimos a los principios de precaución y
de voluntad de no injerencia en los conflictos internacionales y en las
situaciones como la que atraviesa el país en cuestión para manifestar que
quizá no es prudente llevar a cabo este tipo de acuerdos internacionales
con países que están en esa situación.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Espinar.


Senador Chiquillo, tiene la palabra.


El senador CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.


El Grupo Parlamentario Popular, como los 28 Estados miembros de
la Unión Europea, tenemos plena confianza en el avance hacia una
democracia consolidada de Ucrania y, en ese sentido, el Reino de España,
como el resto de países que formamos parte de la Unión Europea, tenemos
que dar ese voto de confianza, colaborar y contribuir a conseguir esa
estabilidad social, política y económica de un país tan europeo como
España, como es Ucrania.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Chiquillo.


Senador Día Tejera, tiene la palabra.


El señor DÍAZ TEJERA: En nombre del Grupo Socialista, señor
presidente, con su venia, quiero manifestar que la anexión de Crimea y la
situación de Donetsk y Lugansk exigen del conjunto de los países
democráticos una posición unitaria a la hora de ayudar a las autoridades
elegidas democráticamente en tres procesos diversos: garantizar la paz,
la descentralización para estas zonas rusoparlantes de Donetsk y Lugansk,
y ayudar en el proceso de lucha contra la corrupción, la lucha por un
poder judicial independiente y el código penal.


Se trata de que el conjunto de países integrantes de la Unión les
ayudemos en un proceso muy complicado. Ayer mismo pudieron ver ustedes en
los medios de comunicación que en seis países se han abierto nuevas
instalaciones militares. La situación de tensión y de conflicto va in
crescendo, y la única manera de impedir el conflicto bélico y la
extensión de la guerra es con la política, la constitución y las reformas
legales. Por eso, cualquier cosa que hagamos en ese camino, será buena
para todos los pueblos, sobre todo para los ucranianos y las ucranianas.
Por esa razón, el Grupo Socialista apoya este convenio, dicho sea con
todos los respetos.


Gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz Tejera.









ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE INDIA PARA EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE
INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN NUEVA DELHI EL 4 DE MARZO DE
2015.


610/000171



El señor presidente da lectura al punto 8.1.15.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir?
(Denegaciones). ¿Se puede autorizar con las abstenciones de Amaiur y
Esquerra? (Asentimiento). Queda autorizado.


Muchas gracias.









PROTOCOLO DE ADHESIÓN DEL GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA
AL CONVENIO DE 16 DE DICIEMBRE DE 1988 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE UNA INSTALACIÓN EUROPEA DE RADIACIÓN SINCROTRÓNICA, HECHO
EN GRENOBLE EL 23 DE JUNIO DE 2014 Y EN PARÍS EL 15 DE JULIO DE
2014.


610/000172



El señor presidente da lectura al punto 8.1.16.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir?
(Denegaciones). ¿Se puede autorizar con las abstenciones de Amaiur y
Esquerra? (Asentimiento). Queda autorizado.


Muchas gracias.









ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y GEORGIA SOBRE COOPERACIÓN
EN EL ÁMBITO DE LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN MADRID EL 21 DE
ENERO DE 2015.


610/000173



El señor presidente da lectura al punto 8.1.17.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir? (El señor
Díaz Tejera pide la palabra).


Tiene la palabra, senador Díaz Tejera.


El señor DÍAZ TEJERA: Quiero explicar, señor presidente, con la
venia de mi portavoz en Asuntos Exteriores, el senador Javier Losada, que
me dice que puedo hacerlo en nombre del Grupo Socialista, que este asunto
en particular tiene una especial relevancia por la situación de Osetia y
Abjasia. ¿Por qué razón? Porque ahí hay una dinámica por la que se van
rusificando un conjunto de zonas, se entregan luego los pasaportes y se
justifican otro tipo de posiciones. Es clave, pues, que haya la máxima
colaboración entre cada uno de los países integrantes de la Unión Europea
e incluso la propia Unión Europea para intensificar relaciones políticas
y económicas, en este caso, la lucha contra la delincuencia, contra el
crimen organizado, y facilitarles la instalación de un poder judicial
independiente y un código penal que se base en los estándares
democráticos de la Unión Europea.


Nada más, presidente, gracias por dejarme hablar y gracias a mi
portavoz que ha pedido mi colaboración.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz Tejera.


¿Se puede autorizar con las abstenciones de Amaiur y Esquerra?
(Asentimiento). Queda autorizado.


Muchas gracias.









CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CHILE
SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA Y SEGURIDAD,
HECHO EN MADRID EL 30 DE OCTUBRE DE 2014.


610/000174



El señor presidente da lectura al punto 8.1.18.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir?
(Denegaciones). ¿Se puede autorizar con las abstenciones de Amaiur y
Esquerra? (Asentimiento). Queda autorizado.


Muchas gracias.









TRATADO DE MARRAKECH PARA FACILITAR EL ACCESO A LAS OBRAS
PUBLICADAS A LAS PERSONAS CIEGAS, CON DISCAPACIDAD VISUAL O CON OTRAS
DIFICULTADES PARA ACCEDER AL TEXTO IMPRESO, HECHO EN MARRAKECH EL 27 DE
JUNIO DE 2013.


610/000175



El señor presidente da lectura al punto 8.1.19.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir? (El senador
Chiquillo Barber pide la palabra.)


Tiene la palabra el senador Chiquillo.


El senador CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.


Para dar, lógicamente, el apoyo del Grupo Parlamentario Popular a
ese tratado de Marrakech y poner en valor la celeridad del Gobierno de
España, que tiene un firme compromiso con la plena integración de las
personas con algún tipo de discapacidad, en este caso personas ciegas o
con discapacidad visual, a fin de facilitar el acceso a las obras
literarias y textos impresos a pesar de su discapacidad.


Quiero poner en valor que el Reino de España va a ser uno de los
primeros países de la comunidad internacional en ratificar y en poner en
vigor ese tratado, y es importante que conste en el Diario de Sesiones
por la plena integración de las personas que tienen algún tipo de
discapacidad, en este caso, reitero, las personas ciegas, a fin de
garantizar su acceso a las obras literarias.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Chiquillo.


¿Se puede autorizar con las abstenciones de Amaiur y Esquerra?
(Asentimiento).


Muchas gracias, queda autorizado.


En la votación del siguiente proyecto de ley votaremos también
los puntos 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8 y 8.1.14.










PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL CÓDIGO PENAL MILITAR.

621/000140

Defensa


El señor presidente da lectura a los puntos 9., 9.1.
y 9.1.1.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la
palabra el presidente de la comisión, el senador López Valdivielso.


El señor LÓPEZ VALDIVIELSO: Gracias, señor presidente. (La señora
vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).


Señorías, el Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal Militar,
que se somete en este Pleno a su consideración, debate y votación, tuvo
entrada en esta Cámara el pasado día 6 de julio. Hay que destacar que el
texto que fue aprobado y remitido por el Congreso de los Diputados vino
marcado por un consenso muy destacable, acorde con la materia objeto del
mismo, sin duda consecuencia del hecho de que todos éramos conscientes de
que estábamos ante una verdadera cuestión de Estado.


El texto aprobado por el Congreso tiene diferencias importantes
con respecto al que en su día aprobó el Gobierno, fruto del interés de
los grupos parlamentarios de llegar a los máximos consensos posibles,
habiendo aceptado un buen número de las enmiendas presentadas durante su
tramitación en la Cámara Baja. Ya en esta Cámara se presentaron 128
enmiendas, pero ningún veto, siendo el punto más crítico y de mayor
desacuerdo el apartado 5 del artículo 1, relativo a la aplicación de este
Código Penal a los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil.


Como presidente de la comisión, quiero agradecer a los ponentes
de la ley, senadores Yanguas, Sabaté, Díaz Tejera, Becana, Rodríguez
Comendador y Campoy, así como a los portavoces de los diferentes grupos
parlamentarios el trabajo realizado con ese espíritu de conseguir el
máximo consenso, fruto del cual el informe de la ponencia fue aprobado en
la sesión de la Comisión de Defensa, celebrada el día 29 de julio pasado,
por 15 votos a favor, 7 abstenciones y ninguno en contra.


Para terminar, señor presidente, quiero agradecer también la
labor y el trabajo llevado a cabo por el letrado de la comisión, señor
Fernández Carnicero.


Gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Comienza el debate de totalidad.


¿Turno a favor? (Denegaciones).


¿Turno en contra? (Denegaciones).


Comenzamos el debate del articulado.


Enmiendas del Grupo Mixto, del senador Iglesias y de la senadora
Capella i Farré. Para su defensa, tiene la palabra el senador
Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.


Las enmiendas que he formulado en nombre de Izquierda Unida a
este proyecto de ley, que doy por defendidas, salvo la número 11 que debe
decaer en este trámite, se pueden agrupar en tres bloques, que responden
a las preocupaciones sustanciales con que en mi organización hemos
afrontado el debate de este proyecto de ley.


Como acaba de expresar el presidente de la comisión, una de las
cuestiones sobre las que tenemos una discrepancia clara con los
contenidos del proyecto es la que se refiere a la aplicación del Código
Penal Militar a los miembros de la Guardia Civil. Por eso, una parte
importante de nuestras enmiendas, casi un tercio, se refiere al intento
de excluir de la aplicación del Código Penal Militar a los miembros de la
Guardia Civil.


Para ello, en nuestra primera enmienda planteamos la supresión
del apartado 5 del artículo 1, con el convencimiento de que, salvo en
casos excepcionales en que los miembros de la Guardia Civil participen en
misiones que tengan carácter militar, no se les debe aplicar este Código
Penal. Por idéntica razón, se suprime la referencia a la Guardia Civil
que se realiza en el apartado 1 del artículo 2 y en el apartado 4 del
artículo 2.


Planteamos la modificación del artículo 3.2 para que no se
reconozca la condición de autoridad militar al director general de la
Guardia Civil, cuyo estatus ha sido perfectamente consolidado en los
últimos años mediante la regulación específica en nuestro ordenamiento
jurídico, sin que en ningún momento se considerara imprescindible ni
conveniente el reconocimiento de tal condición.


Planteamos una modificación del párrafo segundo del artículo 6,
la definición de actos de servicio de armas para suprimir también la
referencia que en él se contiene a la Guardia Civil. Planteamos la
supresión del apartado 2 del artículo 12, que regula el lugar de
cumplimiento de las penas, para que desaparezca esa referencia a la
Guardia Civil. Y planteamos igualmente que desaparezca en el párrafo
primero del artículo 17, que regula la pena de pérdida de empleo.


Con otra enmienda defendemos la supresión del párrafo tercero del
artículo 35 en la referencia expresa a la Guardia Civil, en este caso,
como sujeto pasivo del delito. También planteamos esa supresión en el
artículo 49, así como en el párrafo primero del artículo 75, en dos
casos: la referencia a la Guardia Civil y la referencia al buque de la
Guardia Civil como sujeto pasivo de los delitos de daños y estragos.


El segundo bloque de enmiendas, como he dicho al inicio de mi
intervención, se refiere al hecho de que en este proyecto del Código
Penal Militar se realiza la tipificación de conductas y comportamientos
que ya están tipificados en el Código Penal o se establece un
agravamiento de la pena impuesta a los mismos. Por ello, en la primera
enmienda de este bloque pretendemos suprimir el párrafo segundo del
artículo 9, que establece la definición de los delitos militares
precisamente por incluir delitos ya tipificados en el Código Penal
ordinario. También planteamos la supresión del artículo 21, que
transforma para los militares la pena de trabajo para la comunidad en
pena de localización permanente por un periodo que oscila entre dos meses
y un día y tres meses. En cuanto a nuestra enmienda que plantea la
supresión del artículo 22, la he hecho decaer al inicio de mi
intervención.


Planteamos la supresión del artículo 26, que agrava la pena
prevista en el Código Penal ordinario del delito de revelación de
secretos. Mediante otra enmienda pedimos la supresión del artículo 27 por
los mismos motivos, se regula el atentado contra los medios de la
seguridad nacional. Con otra enmienda defendemos la supresión de los
apartados 1 y 2 del artículo 35 por idénticos motivos, regula el atentado
contra la autoridad militar. Y pretendemos también la supresión del
artículo 56, que tipifica el abandono de servicio por incorporar una
serie de conductas que no encajan en este concepto. La supresión del
párrafo segundo del artículo 72, que agrava la pena fijada en el Código
Penal para los delitos de omisión de socorro. La supresión del
artículo 73, que agrava la pena por el delito de daños. La supresión del
párrafo tercero del artículo 75, que tipifica el incumplimiento de los
deberes militares. La supresión del artículo 76, que agrava la pena
fijada en el Código Penal. La supresión del artículo 82, por agravar la
pena contenida en el Código Penal para los delitos contra el patrimonio.
También pedimos la supresión del artículo 83 en el caso de los delitos de
corrupción, puesto que ya está tipificado. Así como la supresión del
artículo 85, por estar tipificada en el Código Penal la colaboración con
las prácticas de corrupción.


Un tercer bloque se refiere a cuestiones que entendemos no deben
aparecer en este Código Penal. En primer lugar, planteamos que en el
párrafo quinto del artículo 3 no aparezcan como autoridades militares los
auditores presidentes y vocales de los tribunales militares. Se debe
evolucionar —como he tenido oportunidad de defender en debates
anteriores— hacia un modelo de consideración de estos
exclusivamente como autoridades judiciales y miembros del Poder
Judicial.


En el artículo 48 planteamos que se incorpore como un delito de
abuso de autoridad la práctica de acciones discriminatorias que tengan
como fundamento la pertenencia de quien padece esa discriminación a una
asociación profesional de militares.


En el artículo 50, que tipifica los delitos contra los derechos
fundamentales, proponemos añadir las prácticas discriminatorias por
pertenencia igualmente a una asociación profesional de militares.


Incorporamos una nueva disposición final, que sería la novena
para que, en el plazo de un año, el Gobierno presente un proyecto de ley
orgánica de la jurisdicción militar buscando que en sus contenidos se
produzca esa homologación con los demás órganos jurisdiccionales y la
integración de sus miembros en el Poder Judicial. Proponemos dos nuevas
disposiciones finales: la décima, para que mientras que no se produzca la
integración en el Poder Judicial el Ministerio de Defensa remita a las
Cortes cada año la estadística de la jurisdicción militar. Y la
decimoprimera, para que en el plazo de seis meses el Ministerio de
Defensa presente un plan de formación y difusión del contenido del nuevo
Código Penal en todas las unidades y centros.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Tiene la palabra la senadora Capella i Farré.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Buenas tardes, señorías.


Esquerra Republicana ha presentado ocho enmiendas a este proyecto
de ley, algunas muy concretas y de mejora técnica de la redacción actual,
entendiendo que debía ser actualizada a la realidad cambiante.


En primer lugar, nosotros abogamos por reconocer como delitos
militares los crímenes internacionales reconocidos por el derecho
internacional, como son el genocidio, los crímenes contra la humanidad,
los crímenes de guerra y los crímenes contra la paz.


Espero que nos acepten la enmienda, aunque hace mucho tiempo que
he perdido la fe en ustedes y, a pesar de ello, nosotros presentamos
enmiendas, vetamos las leyes siempre con aquel punto de ingenuidad
pensando que alguna vez estas enmiendas serán admitidas y, por tanto,
incorporadas al texto legal. Alguna de estas enmiendas, como la del
reconocimiento como delito también militar de los crímenes
internacionales, dudo que sea admitida en atención a que son incapaces de
reconocer, por ejemplo, como ha pasado en alguno de los debates, el
genocidio armenio, entre otras muchas cosas más. En consecuencia,
entendemos que la bondad de la enmienda no será así entendida por el
Grupo Popular.


Por otra parte, nuestras enmiendas también van dirigidas a la
supresión, en uno de los capítulos, como la que establece hasta tres años
de cárcel y también pérdida de empleo para aquellos militares que
ofendieren, ultrajaren a España, a la bandera, a los signos, a los
símbolos del Estado y al monarca. Para Esquerra Republicana resulta
arcaico que estos conceptos se reconozcan como ofensas o, mejor dicho,
supuestas ofensas, puesto que nosotros valoramos y ponemos por encima de
todo la libertad de expresión; esta libertad de expresión nos ampara a
todos y la concepción que de ella se tiene sobre el ultraje a España, a
la bandera, a los signos, a los símbolos y al propio monarca varía según
los tiempos.


Yo entiendo el drama que ustedes montaron con la solemne pitada
—y digo solemne porque fue solemne la pitada— al himno y al
rey durante la Copa del Rey de este año, y entendemos que para ustedes el
silbato significa un arma de destrucción masiva cuando está en manos de
miles de ciudadanos, en este caso vascos y catalanes. Pero la realidad es
que los silbatos no pretenden ofender al pueblo español, sino que sirven
para expresar libremente lo que la mayoría de ciudadanos, en ese caso
concentrados en un campo de fútbol, desean o, en todo caso, para
expresarse libremente en contra de un Estado que no respeta y atenta
contra las realidades nacionales y sociales. Eso es libertad de
expresión, y la libertad de expresión no debe estar vetada en este caso a
los militares.


Nuestra formación política también aboga por la eliminación de la
justicia militar. En la enmienda recogemos lo que afirma la asociación de
Militares para la Democracia, que denuncia la opacidad, los múltiples
abusos y lo manipulable que es aún la jurisdicción militar. Ustedes nos
dirán que la jurisdicción militar no puede ser eliminada porque así lo
establece su sacrosanta Constitución, pero claro, la sacrosanta
Constitución ustedes la cambian, la manejan, la modifican e interpretan
según les interesa y les da la real gana, como ha ocurrido en múltiples
ocasiones.


En caso de que no se logre eliminar la justicia militar, en
Esquerra Republicana abogamos por que no sea impartida por un militar de
carrera. En una sociedad en pleno siglo XXI y en un Estado como este,
donde se duda de la separación de poderes y de la independencia de la
justicia militar, sería un paso importante demostrar que esta
independencia sí existe, puesto que si la justicia no es independiente
deja de ser justicia. En todo caso, en esta enmienda nosotros recogemos
el sentir y parecer de la asociación de Militares para la
Democracia.


Estas son las enmiendas que ha presentado Esquerra Republicana,
para las que solicita el apoyo del resto de grupos parlamentarios.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco en
el Senado, tiene la palabra el senador Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señora
presidenta.


Nuestro grupo ha presentado enmiendas, pero queremos hablar del
proyecto de ley, porque parte de una ley que modifica la existente, que
data del año 1985, que podríamos decir que fue la que democratizó el
Código Penal Militar anterior, del que es mejor no hablar.
Posteriormente, en 1995, se modificó el Código Penal común.


Como saben, nuestro grupo siempre ha mantenido cierta distancia
con lo militar, pero entendemos que los miembros de las Fuerzas Armadas,
sean del lugar que sean, necesitan, sin duda alguna, leyes que sustenten
su actividad. Sin embargo, ¿no habría sido mejor esperar a la
modificación del Código Penal común para poder incorporar aquellas
cuestiones que verdaderamente son necesarias, ya que el Código Penal
común es la madre que de alguna manera va a regir sobre el Código Penal
Militar? Esta es la pregunta que nos seguimos haciendo, aunque,
lógicamente, cae en el vacío.


También nos preguntamos si realmente existe la necesidad de que
se mantenga en la jurisprudencia del Estado un Código Penal
específicamente militar. Quizá sea más moderno incorporar —el
ministro lo dijo públicamente, y así lo hacen otros países más
modernos— lo estrictamente castrense, esos delitos que se definen
como solamente militares en el Código Penal común, diciendo claramente
cuáles son y por qué lo son, sobre todo cuando el texto que estamos
debatiendo hoy está constantemente remitiéndonos al Código Penal común,
tanto en preceptos penales como en castigos.


Además, nos surgen muchas dudas, no tanto en torno al texto en
sí, sino en torno a la posterior interpretación que se pueda hacer o se
haga de ese texto a la hora de juzgar los delitos, tanto en lo relativo a
lo punitivo de algunos preceptos como a las diferentes proporciones de
los castigos, porque a veces, leyendo el texto uno se pregunta: ¿por qué
esto tiene tantos años? O ¿por qué esto es más delito o esto menos
delito? Por tanto, a nosotros nos da un poco de miedo en esta horquilla
de los delitos y de los castigos la interpretación que se pueda hacer
cuando se tenga que juzgar a personas por haber cometido presuntamente
delitos, injurias, insultos al rey o a la Constitución —de quién o
hacia quién son preguntas que nos quedan en el aire—, así como
críticas al rey o incitación a rebelarse contra los que piensan
políticamente de otra manera. ¿Cuánto de crítica y no de delito tienen,
por ejemplo, las declaraciones de algunos generales? ¿Y cuánto de delito
y no de crítica tienen las manifestaciones de algunos suboficiales, por
ejemplo, en defensa de algunos derechos o libertades?


También se ha criticado la no participación de otros agentes,
entidades y asociaciones, o incluso de otros ministerios, a la hora de
elaborar este proyecto de ley. Nosotros consideramos que, por lo menos
desde una perspectiva consultiva, esto se debería haber realizado.


Creemos que tanto uno como otro tienen cosas positivas, cosas
razonables y cosas razonadas. También sabemos que es mejor esta
modificación que trae el Gobierno que el Código Penal Militar vigente,
entre otras cosas porque son muchos los preceptos que han desaparecido,
que se han despenalizado o que han sido trasladados al Código Penal
común. Por eso nos parecen interesantes las reflexiones que hace el
Consejo General del Poder Judicial en su informe de este proyecto de ley.
Al fin y al cabo explica las razones —al menos las que entienden
ellos— por las que tiene sentido este proyecto. Primero, el tiempo
que ha transcurrido desde la aprobación del Código Penal Militar vigente,
que es de 1985, como he dicho anteriormente, por lo que requiere una
modificación.


Ha dicho que se considere un segundo planteamiento: que se debe
asumir la naturaleza especial de la Ley penal, del Código Penal Militar,
ya que, al fin y al cabo, en su articulado únicamente los preceptos que
no tienen cabida en el texto común, o aun teniéndola, requieren una
previsión singular que justifique su incorporación a la Ley militar
dentro del ámbito estrictamente castrense; aunque tendríamos que ver si
coincidimos o no en lo estrictamente castrense.


El tercer punto sería la modernización, que también lo plantea el
Consejo General del Poder Judicial cuando plantea el proceso de
modernización de la organización militar y la profesionalización de las
Fuerzas Armadas, su nuevo modelo organizativo, su despliegue territorial
y la permanente participación de unidades militares en misiones
internacionales. Han transcurrido unos años desde la modernización del
Código Penal Militar anterior y han pasado muchas cosas, y hoy en día hay
cuestiones que antes ni se planteaban en el Código Penal pero que hoy
existen. El mero hecho de la profesionalización y la modernización del
ejército es un elemento sustantivo.


El cuarto punto que plantea el Consejo General del Poder Judicial
es la internacionalización, que deriva de lo que he comentado
anteriormente. Es decir, España ha adquirido compromisos internacionales
en misiones especiales, en coaliciones, en uniones militares y en
expediciones en las que tiene que asumir ciertos compromisos universales
respecto de los derechos humanos y ciertas cuestiones que son
fundamentales. Por lo tanto, de una u otra manera garantiza ciertos
aspectos que para nosotros son muy importantes. Evidentemente, no estamos
de acuerdo con algunas cuestiones que aparecen en el texto pero esperamos
que quizás en este trámite se abra una cierta luz y se subsanen
posteriormente.


Por último, nuestro grupo parlamentario tiene clara —y
muchas veces lo hemos demostrado— su posición, que va en contra de
la existencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, de la Sala Militar.
Creemos que debe desaparecer, que no tiene sentido hoy en día su
existencia ya que esas cuestiones se pueden derivar perfectamente a la
Sala Segunda o a la Tercera. Hoy en día, en un país europeo no tiene
sentido su existencia, tanto desde la perspectiva judicial como desde la
perspectiva de su composición. Por lo tanto, volveremos a acometer
acciones legislativas para que desaparezca esa sala que no nos gusta
absolutamente nada.


Respecto a las enmiendas a la totalidad, nuestro grupo ha dicho
que se abstendrá y ya veremos si en el proceso de las enmiendas
parciales, señor Rodríguez Comendador, nos da alguna alegría, que no creo
que nos la dé, pero ya sabe que nosotros tenemos que esperar y contribuir
a que ciertas cuestiones que para nosotros sobran desaparezcan de este
Código Penal.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Para defender las enmiendas de Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Sabaté.


El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señora presidenta.


Señorías, los senadores socialistas del grupo de Entesa hemos
presentado solo nueve enmiendas. Como ya ha dicho el presidente de la
comisión, este es un proyecto de ley que alcanzó un elevado grado de
consenso en el Congreso de los Diputados. Los diputados del Partit dels
Socialistes de Catalunya formamos parte del Grupo Socialista en el
Congreso y, por tanto, formamos también parte de este elevado grado de
acuerdo al que hemos hecho referencia, pese a mantener una discrepancia
importante precisamente en lo que respecta a la aplicación del Código
Penal Militar a la Guardia Civil, motivo por el que mantenemos las
enmiendas.


Mantenemos, pues, vivas nueve enmiendas que intentan mejorar el
contenido del proyecto de ley en algunos aspectos. La número 53 hace
referencia al título de la ley. En ella proponemos la denominación de Ley
Orgánica Penal Militar, porque en realidad estamos ante una ley, la
propuesta del Código Penal Militar, que no tiene el carácter de código
porque es bastante más reducida y de alguna forma tiene que estar
vinculada al Código Penal común. Entendemos, pues, que se debería
eliminar la referencia de código y hablar solo de Ley Orgánica penal
militar.


La enmienda 54 hace referencia precisamente, como decía hace un
momento, a la aplicación del Código Penal Militar a la Guardia Civil. La
propuesta hace una inclusión prácticamente genérica de todos los ilícitos
de la Guardia Civil a este código. Entendemos que la inclusión de la
Guardia Civil en este Código Penal Militar solo debería aplicarse en caso
de que esta participe en misiones de naturaleza militar; en este caso sí
debería ser de aplicación, pero en todos los demás casos, prácticamente
las misiones de la Guardia Civil tienen un carácter propiamente civil y,
por tanto, no se le debería aplicar este código.


La enmienda 55, al Título I, Capítulo V, propone la supresión de
este apartado por tratarse de un tipo arcaico que otorga protección de
rango legal a unos actos, los bandos, que en principio no lo tienen. De
alguna forma recuerda aquella situación en que militares que incluso han
protagonizado intentos de sedición han proclamado bandos intentando que
tuvieran carácter legal cuando en ningún caso deberían tenerlo.


La enmienda 56 propone la modificación del artículo 44.1.
Entendemos que se debe castigar la desobediencia en caso de conflicto
armado y similares por vía penal, pero el resto de conductas de
desobediencia deben castigarse conforme al régimen disciplinario. El
mismo argumento vale para la enmienda 57, que propone la supresión del
artículo 44.2.


La enmienda 58, al artículo 48, se refiere a los casos de acoso o
amenaza por parte de un superior. Proponemos incorporar aquí la
discriminación por razón de pertenencia a una asociación profesional de
miembros de las Fuerzas Armadas.


La enmienda 59 propone la supresión del artículo 81. Se refiere
al aprovechamiento económico por parte de un militar. Entendemos que este
es un delito absolutamente reconducible a delitos ya recogidos en el
Código Penal. Esta es una situación que se planteaba en muchos otros
artículos del proyecto de ley remitido por el Gobierno al Congreso de los
Diputados, pero esta circunstancia ya se modificó.


La enmienda 60 propone la supresión del artículo 83. Se refiere,
como el artículo 81, al aprovechamiento económico ilícito, y el argumento
es el mismo. Mantenemos que son conductas reconducibles a los tipos
previstos en el Código Penal común.


Finalmente la enmienda 61 propone la adición de una nueva
disposición adicional tercera. En este caso pedimos la elaboración de un
plan de difusión y formación de la nueva Ley Orgánica penal militar para
informar a todas las unidades, centros, organismos y establecimientos de
nuestras Fuerzas Armadas, así como que el Ministerio de Defensa se
comprometa en el plazo de seis meses a partir de la publicación de la ley
a comparecer en el Congreso de los Diputados para informar de la
elaboración de dicho plan.


Esperamos que alguna de estas enmiendas sea aceptada por el grupo
que da apoyo al Gobierno.


Muchas gracias, señorías. Gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Para la defensa del resto de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el señor
Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.


La noticia de que nos lo aprueban todo me pone contento.


Quiero empezar diciendo que cuando comencé a leer la exposición
de motivos de este proyecto de ley me puse contento porque, en
definitiva, planteaba como objetivos en la primera página aquellos que
creo que debe tener este Código Penal Militar. Hay tres o cuatro frases
en la exposición de motivos con las que estoy totalmente de acuerdo:
«Debe ser una ley penal especial que debe acoger en su articulado
únicamente los preceptos que no tienen cabida en el texto común», o «Hay
que limitar el ámbito de la jurisdicción militar a lo estrictamente
indispensable», o «En consecuencia, la idea que ha presidido la redacción
del presente Código Militar es que los bienes jurídicos protegidos por la
normal penal han de ser estrictamente castrenses.» Estoy totalmente de
acuerdo con esta redacción porque, en definitiva, se trata de que el
Código Penal Militar no sea un código completo, íntegro o alternativo,
sino un complemento del Código Penal común. No sé si escribieron dos
personas distintas este proyecto de ley y uno hizo la exposición de
motivos y otro el articulado, porque el articulado se da bastante de
bofetadas con la exposición de motivos, y de la misma manera que,
insisto, me parece una exposición de motivos razonable con la que podemos
coincidir Jordi Guillot y yo, no ocurre lo mismo con el texto.


Antes de entrar en concreto en el contenido del proyecto de ley,
quisiera decir que al final de esta legislatura se van a debatir cuatro o
cinco leyes de justicia, y la primera reflexión que me hacía cuando leía
este proyecto de ley era qué ha pasado con la política de justicia estos
cuatro años. Empecé a releer la comparecencia del exministro Ruíz
Gallardón del 5 de marzo de 2012 cuando situaba como objetivo fundamental
la modernización y agilización de la política de justicia con unos
calificativos y unas expresiones estupendas. La pregunta es: ¿en esos
cuatros años alguien cree que se ha modernizado o agilizado la justicia?
Si alguien lo cree nadie lo dice. Si estuviera en clase diría: que
levante la mano el que lo crea, y no sé si habría muchas manos
levantadas. No solo no se ha modernizado ni se ha agilizado, sino que
posiblemente —creo que no exagero—, hemos asistido a la
legislatura más conflictiva en política de justicia desde que hay
democracia ya que nunca se había producido una huelga como la que ha
habido. Prácticamente todos los agentes que giran alrededor de la
política de justicia han manifestado su oposición y su confrontación en
muchos aspectos, incluso recientemente hemos conocido los resultados del
barómetro del Consejo General de la Abogacía, que incluye a más de 2000
abogados, que es una muestra importante en España, con dos preguntas que
yo creo que demuestran cuál es la situación. La primera pregunta era:
¿cree usted que funciona mal o muy mal la justicia o cree usted que
funciona bien o muy bien? En las respuestas a este barómetro del Consejo
General de la Abogacía, un 16 % de personas consideran que funciona bien
o muy bien y un 77 % considera que funciona mal o muy mal. Y la segunda
pregunta era: ¿qué ha pasado en estos cuatro años, ha mejorado o ha
empeorado? El 14 % dice que ha mejorado y el 47 % que ha empeorado. Yo
creo que estas respuestas a este barómetro recoge un poco la opinión
generalizada de todo el mundo, incluso, insisto, de dirigentes, senadores
o diputados del Partido Popular. Sin querer extenderme, la siguiente
pregunta sería: ¿y si no se ha modernizado y agilizado, qué se ha hecho?
¿Cuál es la herencia de justicia para las próximas Cortes? Creo que hay
una serie de elementos que marcan lo que ha sido la política de justicia
y la herencia que van a dejar al futuro Gobierno.


Un primer elemento es, y esto es innegable, que se ha producido
una reducción de la autonomía y de la independencia del Consejo General
del Poder Judicial. Es decir, la Ley Orgánica del Poder Judicial
significó una transferencia de competencias del órgano de gobierno de los
jueces al ministerio. Este es el primer elemento.


El segundo elemento es que se ha producido una disminución, una
reducción de derechos y libertades. Podría poner muchos ejemplos, pero el
tema de las tasas es uno, luego se modificó parcialmente, pero debido a
las tasas había mucha gente que no podía acceder a la justicia, que
perdía el derecho a la tutela judicial efectiva. Solo se modificó por la
gran y conflictiva oposición contra la Ley de tasas.


El tercer elemento es que se han hecho cosas para evitar que la
gente acuda a la justicia. Hemos visto la Ley hipotecaria, los
registradores; la Ley de jurisdicción voluntaria, los notarios; la de
hoy, los procuradores; tenemos las tasas. Es decir que ante el colapso
—entre comillas—, ante los problemas de gestión de la
Administración de Justicia, se resta capacidad a los servicios públicos
para pasarlos a servicios privados.


Un cuarto elemento de la política de justicia ha sido la
recentralización. No se ha producido ningún elemento de
descentralización. Conozco perfectamente el tema de la unidad de la
justicia pero sé perfectamente que la propia sentencia del Tribunal
Constitucional abre la posibilidad a elementos de descentralización. Y
fue grave, puntual pero grave, la eliminación de la justicia
universal.


Estos son algunos ítems con los que se va a encontrar el próximo
Gobierno.


En relación con la ley que nos ocupa, recuerdo perfectamente que
el exministro Ruiz-Gallardón nos invitó amablemente a dos almuerzos, uno
para decirnos que se había creado un grupo de expertos para elaborar una
ley procesal penal del siglo XXI. Recuerdo que dijo que la que tenemos es
del siglo XIX, y que, por lo tanto, su objetivo, una vez expuesta su
propuesta estrella, era fundamentalmente lograr que en esta legislatura
hubiera una nueva Ley procesal penal. En una segunda reunión, con los
textos que nos dio, ningún portavoz se opuso, todos los portavoces
dijeron que les parecía bien, con matices, que era una operación o una
transformación que pasaba fundamentalmente por que el fiscal fuera el
instructor del proceso y el juez tuviera un papel de juez de garantías.
Esta era la gran propuesta. Pero esto ha desaparecido, han aparecido dos
reformas parciales del Código Penal del siglo XIX, no la propuesta
integral del siglo XXI que Ruiz-Gallardón dijo que haría y en la que se
gastaba —esto desde el punto de vista político sería lo de
menos— dineros y tiempo para que una comisión de expertos elaborara
la propuesta. Esto es políticamente lo más relevante.


Ahora me referiré a algunas enmiendas, pero me parece importante,
señoras y señores senadores, decir que no hemos avanzado en justicia, que
el objetivo de la justicia del Partido Popular era modernizar y agilizar
la justicia, que no es casual que prácticamente todas las leyes que
ustedes presentan ahora hablen de la modernización y la agilización, que
lo que están expresando es el fracaso de no haberlas llevado a cabo, de
no haber realizado la propuesta estrella del Partido Popular. No sé por
qué razón en lugar de estar discutiendo hoy aquí un proceso penal, la Ley
procesal penal del siglo XXI, discutimos unas reformas que tampoco tienen
una orientación política clara; me parece que son picoteos, se picotean
cosas y algunos elementos con los que, en definitiva, se va a modernizar
la justicia. Desde ese punto de vista, hay algunas propuestas estrella o
relevantes suyas, una es que en un máximo de seis meses haya límite
procedimental en la Ley de enjuiciamiento criminal.


Esta idea concuerda con lo que les he dicho anteriormente, que
ante la falta de inversión en justicia y la necesidad de decir que se es
más ágil, se hace una propuesta de acabar con el procedimiento en seis
meses. Y fíjense lo que les dice el Consejo Fiscal a la propuesta de los
seis meses, algo que considero atrevido: «Establecer un plazo límite
sujeto a control en nuestro modelo procesal en el que la investigación
está en manos del juez instructor puede resultar hasta absurdo.» El
Consejo Fiscal califica de absurda una de las propuestas —entre
comillas— estrella que ustedes hacen, e insiste: «Por tanto, hasta
que no se produzca la necesaria reforma del proceso penal español, tal
medida de limitación temporal sujeta a control carece de sentido y de
utilidad y resulta de difícil aplicación práctica, por lo que el Consejo
Fiscal solicita su suspensión.» Dicho de otra manera, una de las grandes
propuestas de modernización de la justicia en España, que es el límite
temporal de seis meses, es calificado por el Consejo Fiscal de
absurda.


En este mismo proyecto de ley nos encontramos con la conexidad,
con la que estamos de acuerdo, a pesar de que nos cuesta entender por qué
razón solo es el fiscal quien puede solicitar el troceamiento del
procedimiento. No sé por qué razón el juez mismo no puede solicitarlo.
Estamos de acuerdo en los atestados policiales sin autor conocido siempre
y cuando exista una garantía judicial de control, algo que en el proyecto
de ley no aparece. Como mínimo, sería bueno que hubiera un registro
policial que se remitiera al juez. Y nos parece importante también el
proceso de aceptación del decreto.


En cuanto a la ley orgánica, lo que nos parece más importante es
el régimen de incomunicación. He de decirles que en el debate en el
Congreso de los Diputados hubo mejoras sustanciales. Por tanto, entre el
texto que entró en el Congreso y el que salió —no quiero esconderlo
porque mentiría— se han producido mejoras, algunas muy importantes.
El hecho de que una persona incomunicada reciba al médico dos veces al
día es importantísimo. De todas maneras, en el equilibrio entre seguridad
y libertad, en la propuesta global del proyecto de ley existe una
tendencia hacia la seguridad, sin considerar aspectos de libertad que son
absolutamente importantes.


En cuanto al derecho de defensa, me parece importante que también
se haya mejorado en el Congreso que la persona detenida pueda hablar con
el abogado antes de la declaración. Pero lo que no me parece tan bien es
el hecho de que se puedan intervenir con carácter extraordinario las
comunicaciones, dejándolo muy en el aire.


Por tanto, me parecen importantes algunos pasos que se han dado,
pero otros no. Insisto, lo que hay que hacer es abolir el régimen de
incomunicación. En nuestra opinión, nunca estuvo justificado, pero puedo
llegar a entender que alguien piense que en una situación de terrorismo
esta es una medida a adoptar, aunque no la comparto, pero actualmente
este no es el caso. Considero que desde el primer momento de su
detención, cualquier persona detenida ha de tener todos los
derechos.


Otra cuestión que me parece importante y que saben ustedes que ha
causado mucho revuelo, es el artículo 520.1, que dice que se deberán
adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos
constitucionales: el honor, la intimidad, la imagen, en el momento en que
se practique la detención. Este artículo, junto con el contenido de la
Ley mordaza, y crea inseguridad jurídica a los profesionales que ejercen
el derecho a la información. Por tanto, les rogaría encarecidamente que
eliminaran este artículo, porque, insisto, produce inseguridad jurídica
en aquellos profesionales cuya misión es absolutamente informal.


Finalmente, nuestras enmiendas contemplan tres bloques. Un primer
bloque importante, como ha dicho el portavoz de la Entesa en este debate,
hace referencia a todos aquellos aspectos de delitos que están
contemplados en el Código Penal normal y que se repiten en el Código
Penal Militar. Hay muchos: robo, prevaricación de funcionarios, cohecho,
ataque a la Administración militar, que es Administración del Estado,
toda una serie de aspectos que es posible enjuiciar desde la óptica del
Código Penal civil y que entra en contradicción, insisto, con lo que
ustedes dicen en la exposición de motivos.


Un segundo bloque de enmiendas hace referencia a todo el tema de
la Guardia Civil. Hemos presentado 15 o 20 enmiendas que proponen que
simplemente se aplique el Código Militar a la Guardia Civil cuando esta
no ejerce funciones de seguridad, cuando desempeña funciones militares.
La ley está atravesada por artículos que señalan esto, muy especialmente
—como ya se ha dicho anteriormente—, por el artículo 5.1. El
propio Consejo de Estado, en relación con el artículo 5.1, manifiesta que
hay que concretar los aspectos penales de ese artículo 5.1, porque queda
absolutamente en el cielo.


La última cuestión, en definitiva, es que, a pesar de que se
repiten aspectos del Código Militar que están contemplados en el Código
Penal, a la hora de establecer las sanciones en el Código Militar se
incrementa una tercera parte, una cuarta parte, una quinta parte, la pena
del Código Penal civil. Esto también nos parece incorrecto.


Estos son los tres bloques de enmiendas, pero quisiera que se
quedaran con la valoración de justicia. Reconozco que en el Congreso de
los Diputados se ha mejorado el proyecto de ley, pero creo que hay
aspectos que sería posible que se corrigieran y que así nos acercáramos a
ese objetivo que ya se tuvo en 1985 de un Código Penal que fuera
estrictamente complementario del Código Penal civil y que no fuera un
Código Penal Militar íntegro, completo, alternativo al Código Penal
civil.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i d’Unió.


Senador Maldonado, tiene la palabra.


El señor MALDONADO I GILI: Moltes gràcies, senyora
presidenta.


Señorías, mi intervención ahora, y después, en el turno de
portavoces, tendrá dos aspectos muy diferenciados. En este primer bloque
de mi intervención hablaré de lo que toca, que es de las enmiendas e
intentaré, brevemente —tampoco hay que alargarse en exceso—,
explicarlas desde el punto de vista de la motivación, por qué lo hemos
hecho, por qué hemos presentado las enmiendas y qué finalidad
tienen.


En el segundo bloque, quizá en este mismo turno y después en
portavoces, hablaré, sobre todo, de algo que podría o no tener que ver
con la ley. Yo creo que sí. El senador Saura me lo ha puesto a huevo. Ha
dicho: voy a preguntar que levante la mano quien crea que se ha
modernizado la justicia en España. Yo la bajaría. Ha dicho: no hemos
avanzado. Con su estilo respetuoso y amable, el señor Saura no se atreve
a decir que hemos retrocedido. Más adelante entraré en este aspecto.


Voy a empezar por la parte técnica. Convergència i d?Unió ha
presentado un grupo de enmiendas, todas ellas destinadas a pensar en
aquellas personas, en aquellos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado,
a los que va dirigido este Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal
Militar. Hay que partir de la base de que nosotros creemos que un Estado
moderno no tendría que tener un Código Penal Militar, tendría que tener
un Código Penal —creo que ya se ha dicho también por otros
portavoces—.


Hemos presentado las enmiendas que van de la 93 a la 117 a un
proyecto de ley en cuya votación nos vamos a abstener, si bien el cuerpo
nos pide votar en contra. Nos abstendremos por lo que he dicho: porque, a
pesar de ser una ley con tintes poco justos —por decirlo con
palabras amables—, al menos intenta mejorar lo existente. El
senador Anasagasti decía: ¿Cómo se ha tardado tanto en modificar el
Código Penal Militar del año 1985? Bueno, porque iba bien. Ahora se
intenta, en algunos aspectos, introducir temas que interesa que
entren.


En cuanto a las enmiendas que presenta Convergència i
d’Unió, de la 93 a la 117, la 95, 96, 101, 105, 107 y 112 son
simplemente de modificación en coherencia con enmiendas anteriores; por
tanto, no las leeré. La 102, 103, 104, 109, 110, 111, 113 y 114 son de
supresión, básicamente porque exceden el ámbito castrense. Voy a entrar
en aquellas que tienen un articulado diferente a esto que he explicado
ahora. Comienzo con la enmienda 93, de supresión, que nosotros
justificamos con que los miembros de la Guardia Civil deben estar
excluidos de la aplicación del Código Penal Militar fuera de los
supuestos regulados en el apartado 4 del artículo 1 del texto aprobado.
En la 94, que propone una supresión parcial, señalamos que carece de todo
sentido y justificación —creo que ya se ha dicho antes— que
el director general de la Guardia Civil adquiera ahora la consideración
de autoridad militar. La 97 también es de supresión porque para nosotros
se rebasa el límite establecido constitucionalmente para el conocimiento
de la jurisdicción militar al incluir delitos que ya están tipificados en
el Código Penal y que superan ampliamente el ámbito estrictamente
castrense. La 100 también es de supresión y deben aplicarse a este
respecto las previsiones del Código Penal común; la redacción propuesta
supone una injustificada e injustificable discriminación penal negativa
hacia los miembros de las Fuerzas Armadas en un espacio apto para la
arbitrariedad. La 106 también es de modificación; creemos que es
necesario garantizar el libre ejercicio del derecho de asociación
profesional y para ello es imprescindible que la pertenencia a una
asociación profesional no pueda ser objeto o causa de discriminación
profesional por quien ejerce el mando o lo ejercita en función de su
posición superior en la escala jerárquica. Este portavoz, que ya fue
portavoz de defensa en el Congreso durante dos legislaturas, recuerda
que, cuando aprobamos una ley de la carrera militar que en aquel momento
mejoraba la anterior, yo le dije al ministro Bono: ministro, pase a la
historia como el primer ministro en democracia que permite el derecho de
asociación profesional. No le convencí, lógicamente, pero nosotros hemos
reclamado siempre este derecho al asociacionismo en un Estado moderno y
plural. La enmienda 108, también de modificación, tiene su justificación
en que es preciso garantizar el libre ejercicio del derecho de asociación
y, por tanto, nos parece que, de alguna manera, se debe permitir esta. En
la enmienda 115, por la que pretendemos incluir una nueva disposición
final, proponemos acometer de manera urgente la reforma de la justicia
militar ya que se ha quedado absolutamente descolgada de las que se han
acometido en otros ámbitos jurisdiccionales. Quienes ejerzan la
jurisdicción en el ámbito de los nuevos juzgados especializados en
materia castrense han de depender exclusivamente del Consejo General del
Poder Judicial y no del Ministerio de Defensa, y no les debe ser posible
la aplicación de otro régimen disciplinario que el previsto por la Ley
Orgánica del Poder Judicial. Su carrera debe ser la misma de jueces,
magistrados, fiscales y secretarios, de tal manera que la condición de
militar quede aparcada, primando su naturaleza de estar al servicio
exclusivo de la justicia.


Como pueden ver, todas nuestras enmiendas intentan o procuran
mejorar el texto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la respuesta del Partido
Popular es: bueno, bueno; vaya, vaya; dónde, dónde. Lo que pasa es que no
se aceptan enmiendas, lo que pasa es que se sigue en esta línea de no
querer pactar ni consensuar nada.


Señorías, si me lo permiten, voy a hacer una pequeña pausa para
coger unos papeles que he olvidado en mi escaño, para después seguir con
mi intervención. (Pausa).


Gracias, señorías.


Pensaba que las enmiendas darían para más o que el tiempo daría
para menos. Por tanto, y como en el turno de portavoces no tendré tanto
tiempo, voy a empezar a hablar de lo que realmente me interesaba.


Como les decía, el senador Saura me ha puesto a huevo hablar de
la justicia. También es verdad que la senadora Capella ha introducido el
hablar de símbolos en una ley militar y con ello me ha hecho lo que se
llama un pase al extremo para poderlo rematar. Fíjense bien, esta es una
ley cuyo articulado habla del respeto a los símbolos, a enseñas y
emblemas nacionales. ¡Faltaría más! Respeto a todos los símbolos y
emblemas nacionales. Pero, ¿y el respeto a los símbolos y emblemas de
otras nacionalidades, de otros territorios con identidad propia? ¿Dónde
está el respeto a la estelada? Ya sé que el portavoz del Partido Popular
me dirá que la estelada es ilegal. Claro, porque la ley la hacen ustedes;
porque la Constitución la montan ustedes; porque ustedes no quieren
modificarla, es un elemento sacrosanto, está en un pedestal, es
intocable.






Y así les va. Observen y vean qué está pasando en España, y no
solo en Cataluña, en España. Vean ustedes qué está pasando en el País
Valencià, en Euskadi. Vean qué está pasando con el sentimiento de
identidad propia.


Por tanto, ¿respeto a los símbolos? Sí. ¿A los nacionales y
españoles? También. Pero, ¿y a los catalanes, y a los de otros
territorios? ¿O es que la estelada no puede ser legalizada? ¿O es que la
estelada ha de ser un símbolo solo para que nos sancionen? ¿O es que ya
no se puede ni silbar en este país? Pues cuanto más prohíban, más silbará
este país, porque en Cataluña la gente ha silbado muchas veces. Solo
ahora hemos sido sancionados. ¡Qué curioso! Sólo ahora la diplomacia
española ha intervenido en la diplomacia europea para que desde Europa se
abra expediente. No pasa nada, seguiremos silbando; seguiremos llevando
esteladas, y cada vez más. No sé quién ha dicho esta mañana que ustedes,
el Partido Popular, eran una fábrica de nacionalistas. Es cierto.


Si hablamos de modificación, si hablamos de Código Penal,
aprovecho para decirle: ¿Adónde van? ¿Qué pretenden? Porque no lo digo
yo. ¿Saben qué están haciendo? Están modificando la jurisprudencia, están
modificando la justicia, están cambiando las leyes, están cambiando los
instrumentos de este país para, como decía algún político —no de mi
partido—, echar gasolina al fuego.


Fíjense bien, periódicos que no deben ser convergentes dicen lo
siguiente: El País: «El PP reforma el Constitucional para poder
inhabilitar a Mas.». El ABC —que no creo que sea propiedad de
Convergència— señala: «El PP planta cara a Mas al reformar el
Tribunal Constitucional para que sus sentencias se cumplan.». La Razón:
«El Tribunal Constitucional podrá inhabilitar y suspender a Mas.». El
Mundo —tampoco es un periódico de militancia convergente—:
«El PP habilita al Tribunal Constitucional para suspender a Mas después
del 27-S.». Fíjese si corren ustedes ya. Podríamos seguir. La Vanguardia:
«El PP lanza una reforma exprés para que el Tribunal Constitucional pueda
suspender a Mas.». El Periódico: «El PP reforzará al Tribunal
Constitucional para que pueda suspender a Mas.». (El señor senador
muestra recortes de los periódicos mencionados.) Y muchos más. Hay
periódicos extranjeros que se escandalizan, que piensan: ¡Madre mía,
adónde van! Porque, además, la proposición de reforma del Tribunal
Constitucional divide a expertos y jueces. La gente del mundo jurídico de
España también está preocupada y algunos escandalizados por esta
proposición de ley de reforma del Tribunal Constitucional.


Cuando decía el senador Saura que sí hemos avanzado, yo le digo:
ben volgut, Joan. Pero ¿cómo podemos avanzar con la Ley mordaza? ¿Cómo
podemos avanzar con la Ley de seguridad nacional que está dirigida al
proceso soberanista de Cataluña? ¿Cómo podemos avanzar con una Ley
orgánica del Tribunal Constitucional que ha modificado el recurso previo
de inconstitucionalidad, artículo 27.2? Aquí, lo que pasa es que estamos
hablando de códigos penales militares y no nos damos cuenta de que el
proceso de esta legislatura es un proceso en el cual las leyes no son
para modernizar, no son para avanzar, no son para facilitar la vida de
las personas a quienes van dirigidas, son para coaccionar, son para
sancionar, son para inhabilitar. ¡Qué incongruencia! Esta mañana
hablábamos de Venezuela. Yo no he querido introducir este aspecto porque
me parecía que era una moción de consenso positiva, y decíamos: María
Corina Machado está inhabilitada por el Gobierno de Maduro. Pero España
está preparando leyes para inhabilitar a Mas. Como decimos en catalán:
¡Mare meva! ¿Es que no se dan cuenta de que hay un pueblo que está
angustiado por la opresión fiscal, política, económica, de todo tipo? ¿Es
que solo les sirve para modificar códigos —hoy hablamos de
códigos—? ¿Es que solo están pensando en modificar leyes para,
obsesivamente, ir contra un pueblo, el pueblo catalán? Esto es un error
histórico. Les pasará como con el Estatut de Catalunya, que el presidente
Zapatero dijo: aprobaré el Estatut que salga del Parlament de Catalunya,
y el señor Guerra dijo: nos lo cepillaremos; y se cepilló. Llegó el PP y
lo llevó al Tribunal; y se cargó el Estatut de Catalunya. De aquellos
lodos ya saben qué está llegando ¿no?


Por tanto, aprovecho este debate sobre el código para decirles
que este proceso, en el cual se encuentran la Ley mordaza, la de
seguridad nacional, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, solo
sirve para una cosa, que es reducir el sentimiento de respeto hacia un
Estado. A diferencia de lo que hizo en Inglaterra Cameron, que se dirigió
a los escoceses y los convenció para que en el referéndum, que dejó
hacer, votaran no, lo que están haciendo con esto es cada vez aumentar el
sentimiento de que hay que votar sí el 27-S. Y piensen una cosa, alguien
me dirá: has aprovechado la ocasión que te han dado algunos senadores
para hablar de justicia. Pues sí, pero es que es una realidad. Ustedes no
aceptarán un debate monográfico sobre lo que yo hablo porque no les
interesa. Les interesa tener la norma; sí. Les interesa aplicarla, si
pueden; pero no les interesa debatir, repito, no les interesa
debatir.


Yo decía que esta mañana hablábamos de inhabilitar, en Venezuela,
a María Corina Machado, pero ustedes están preparando todas sus redes
para inhabilitar a los políticos catalanes que se salgan del guion
español. Y esto es un error.


Por tanto, mi mensaje es: nosotros como partido político hemos
estado en el Estado español, hemos estado en instituciones, en el
Congreso y en el Senado, siempre aportando, y un ejemplo lo tienen hoy
con nuestra presentación de enmiendas a un Código Penal Militar que no
nos gusta y que desearíamos mejorarlo y, aunque no nos aprobarán ninguna
de ellas porque esto ya forma parte del programa escrito, sin embargo
queremos que sepan que este proceso jurídico, judicial, legislativo,
normativo es un gran error histórico que está haciendo el Partido Popular
en España, un gran error histórico que les llevará al fracaso electoral,
que les llevará a una Cataluña libre, que les llevará a no tener marcha
atrás, porque cuando hemos querido dialogar, pactar, cuando durante años
y años mi partido, en este caso Convergència i Unió, ha querido el
diálogo, la participación, etcétera, la respuesta siempre ha sido
negativa.


Ahora vamos a ver este proceso, pero sepan que este proceso
jurídico que ustedes están llevando a cabo es un error garrafal por el
que la historia les condenará y por el que el electorado catalán les
castigará.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Enmiendas del Grupo Socialista. Para su defensa, tiene la palabra
el senador Díaz Tejera.


El señor DÍAZ TEJERA: Con la venia, señora presidenta. Buenas
tardes a todos y a todas.


Lo que debatimos en este momento es el Código Penal Militar, se
lo recuerdo a su señoría, y, libérrimamente, cada senador hable de lo que
estime oportuno; y, contando con la benevolencia y la comprensión de la
Presidencia, yo también querría hablar de mi libro. Pero no procede que
yo hable de mi libro; estoy representando al Grupo Socialista y, antes de
que ella me llame a la cuestión, tengo que hablar del Código Penal
Militar.


Lo primero, dicho sea con todo respeto, es que esto no es un
Código Penal claramente. Fíjense ustedes en el segundo párrafo de la
exposición de motivos de este llamado Código Penal Militar. El primer
párrafo dice que el Código Penal Militar de 1985 es una ley especial
respecto al Código Penal común, porque el Código Militar de 1985 reduce
el campo penal en el ámbito militar, comparado con el Código Penal
común.


¿Qué ocurre con este texto, que tiene 88 artículos? Que lo reduce
muchísimo más. Luego, si ya la propia exposición de motivos dice del
código de 1985 que no es un código completo, ¿cómo no va a decir de este
texto, que es mucho más reducido, que no es un Código Penal? De ahí
nuestra enmienda para llamarle ley orgánica penal militar porque no es un
código completo.


¿Esto es razonable? Sí. ¿No lo han aceptado? No. ¿Por qué? Porque
entienden que de alguna manera se da una mayor relevancia, una mayor
solemnidad si a una ley penal complementaria del Código Penal común le
llaman código, pero realmente las cosas son lo que son y no lo que las
partes creen que son. Nosotros somos lo que somos, seres humanos, alguno
podrá pensar que somos querubines, arcángeles, tronos o serafines, pero
no, somos seres humanos. Primera cuestión.


Segunda cuestión, ¿qué hace este texto respecto al anterior? Pues
hace desaparecer figuras delictivas como las falsedades, la malversación,
los delitos contra el patrimonio, los delitos contra la Administración de
Justicia, etcétera; los hace desaparecer del llamado Código Penal Militar
y los reconduce al Código Penal común. Ese es un gran avance en la
aplicación del llamado Código Penal Militar. Pero no solo eso. Hasta la
entrada en vigor de este texto, las sentencias que se dictaban en el
ámbito penal militar no se podían suspender, a partir de la entrada en
vigor de este texto esas sentencias sí se podrán suspender. Y les digo
más, hasta ahora, a excepción de la Sala Quinta, la Sala de Conflictos,
las sentencias en el ámbito militar no eran conocidas por el conjunto de
los 46 millones de españoles, a partir de ahora sí serán conocidas. ¿Qué
intento decir con esto? Que este texto supone un avance respecto al
vigente, incluso el margen de intervención del Consejo General del Poder
Judicial en el nombramiento de los jueces militares va a ser muy superior
al que tenía hasta ahora; hasta ahora el Ministerio de Defensa tenía un
gran margen de participación. Este texto supone un avance respecto al
anterior. De ahí la enmienda 118 que presenta el Grupo Socialista
respecto a la denominación de este texto.


¿Qué planteamos con nuestras enmiendas 118 a 128? Voy a separar
dos de ellas, la 127 y la 128, y me voy a referir a las anteriores. Una,
la denominación; otra, la necesidad de divulgación del texto; otra, la no
discriminación por razón de pertenencia a una asociación profesional por
parte de los profesionales que quieran participar en dichas asociaciones
profesionales; y fundamentalmente sugerencias de tipo técnico porque
durante el debate en el Congreso de los Diputados muchas de las
enmiendas, que fueron defendidas brillantemente por mi compañero Diego
López Garrido, fueron aceptadas en ponencia y en comisión.


¿Cuál es el centro del debate para no estar dando vueltas sobre
diversas materias, todas muy interesantes pero que ahora no son objeto
del debate? El centro del debate es el ámbito de aplicación de este
llamado Código Penal Militar. Hasta ahora, desde el año 2007 había un
artículo, el 7.bis, que establece el ámbito de aplicación, el ámbito
subjetivo, la condición del ser humano y la materia sobre la que trataba.
¿Qué ocurre ahora? Que una propuesta que no plantearon en el Congreso de
los Diputados sino que plantean con toda su rotundidad aquí en el Senado
extiende el ámbito de aplicación a lo que hasta ahora nunca se había
hecho en España. En el año 2007 hubo un acuerdo entre los dos partidos
mayoritarios respecto al ámbito de aplicación; incluso, mi compañero en
el Congreso llega a decir respecto de la enmienda que presentó el grupo
mayoritario: En lugar de tocar algo que desde el año 2007 ha estado
funcionando bien, deja estar aquello que está funcionando bien y no lo
toques a no ser que tenga el mismo grado de consenso que tuvo la
regulación de dicho año 2007. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez,
ocupa la Presidencia.) Hasta ahora, la evaluación que en general hacemos
todos los españoles respecto del trabajo de la Guardia Civil es positiva,
consideramos que es un cuerpo que presta un gran servicio al conjunto de
los hombres y mujeres, al conjunto de los pueblos de España.


Tengo el mejor de los conceptos como servidores públicos y no
conozco a ningún integrante de dicho cuerpo que haya planteado en público
tales propuestas —en público—. Sí sabemos desde hace años que
estas propuestas se han ido realizando. Al Grupo Socialista se las han
ido proponiendo, pero nosotros siempre hemos dicho que la Guardia Civil
es eso, una guardia civil. No es una guardia militar. No es una parte de
las Fuerzas Armadas. Es un cuerpo de seguridad de naturaleza militar. Y,
como ya les dije en comisión, antes de que nosotros hablemos de la música
de Bach y ustedes nos hablen del parte meteorológico de mañana, antes de
que digamos cosas distintas, dejemos ya sentado —para que no
perdamos el tiempo— que no estamos cuestionando la naturaleza
militar de la Guardia Civil. Dejémoslo ya aparcado, está claro. El Grupo
Socialista no cuestiona la naturaleza militar de este cuerpo de
ejemplares y magníficos servidores públicos. Aparcado eso, que ya está
claro —no perdamos el tiempo en eso—, lo que se discute es el
ámbito de aplicación del artículo 1.5. ¿Qué prevé el punto 4 de dicho
artículo? El punto 4 dice que se les aplica al guardia civil y al alumno
de la Guardia Civil cuando está en el centro de formación en caso de
conflicto bélico —en situación de guerra—, en estado de
sitio, cuando participa en misiones militares o cuando está encuadrado y
bajo un mando o autoridad militar.


Hasta ahora ha sido así en España, desde el año 2007 hasta el
presente. ¿Ha sido así? Sí. ¿Ha dado buen resultado a los intereses
generales de los españoles? Sí. ¿Por qué razón se plantea cambiar el
punto 5 del artículo 1? ¿Por qué razón? No hay ninguna razón: ni desde el
punto de vista de servicio público, ni desde el punto de vista de la
tarea policial; ni lo piden los agentes de la autoridad; ni lo pide la
Sala Quinta del Tribunal Supremo; ni lo pide la Sala de Conflictos; ni lo
pide nadie desde el ámbito académico. Es verdad que un grupo reducido de
personas lo viene pidiendo en privado desde hace años —se lo han
pedido al Grupo Socialista y al Grupo Popular—. En el Congreso no
llegaron a aceptar la tesis que hoy aquí plantean ustedes como enmienda,
no llegaron a aceptarla. Aquí se plantea con toda crudeza. Pero nuestra
tesis es que, por mucho descrédito de la vida pública o por mucho
descrédito de la vida política, quien tiene que decidir es quien se
presenta a las elecciones. Quien da la cara ante todos los españoles
—porque se presenta a las elecciones y le votan—, esas
personas que integran las Cámaras son las que tienen que decidir, y hasta
ahora, todos los que han integrado esas Cámaras siempre han estado
decidiendo que a la Guardia Civil no se le aplica el Código Penal Militar
excepto en asuntos vinculados a la disciplina, en asuntos que tienen que
ver con la jerarquía, que tienen que ver con la subordinación, que tienen
que ver con los intereses, que tienen que ver con las funciones, que
tienen que ver con la eficacia de la organización castrense. Fuera de ese
ámbito, no se le aplica. Ámbito subjetivo, ámbito objetivo. En términos
canarios, la madre del baifo; en términos de aquí, de Godilandia, la
madre del cordero. (Rumores). Cada uno es cada uno, y cada uno usa la
expresión que estime oportuno libérrimamente cuando está aquí, dicho sea
con respeto.


Entonces, si la madre del baifo es el ámbito de aplicación del
Código Penal Militar, nosotros decimos que el texto avanza con respecto
al que se presentó en el Congreso por el Gobierno —pues se
aceptaron muchas enmiendas en ponencia y en comisión—. Doy por
reproducidos los argumentos expuestos en la comisión y vuelvo a emplazar,
con todo respeto, a los ponentes del Grupo Popular a fin de que me den un
argumento que justifique ese ámbito de aplicación del punto 5 del
artículo 1, que está en nuestras enmiendas 127 y 128 y que conectan mejor
con la exposición de motivos que está en el texto. Este es nuestro
paquete de enmiendas y hasta el momento final de la votación, como decía
don Pedro García Cabrera: «A la mar fui por naranjas/cosa que la mar no
tiene/metí mi mano en el agua/la esperanza me mantiene».


Nada más, presidente, y muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Díaz
Tejera.


En turno en contra, tiene la palabra el senador señor Rodríguez
Comendador.


El señor RODRÍGUEZ COMENDADOR PÉREZ: Señor presidente, señorías,
creía yo esta tarde que veníamos a debatir sobre el Código Penal de
Justicia Militar; pero, en fin, hemos hablado de unas cosas, hemos
hablado de otras… Hemos hablado de la Ley de enjuiciamiento
criminal, hemos hablado de la Constitución, hemos hablado de Cataluña;
hemos hablado de todo un poco. Hemos hecho un tótum revolútum, un pequeño
cóctel, aprovechando la benevolencia de la presidenta, para cada uno
decir lo que ha creído conveniente, utilizando libremente su turno de
palabra. Yo, señorías, si ustedes me permiten, voy a intentar ceñirme a
aquello que el mandato de hoy me obliga, que es a debatir las enmiendas
que sus señorías han presentado y que, lógicamente, en nombre de mi
grupo, voy a intentar argumentar en este turno en contra.


Hay dos bloques fundamentales de enmiendas entiendo yo. Uno, al
que se han referido todas sus señorías —empezando por el señor
Iglesias y terminando por el señor Díaz Tejera—, en cuanto al tema
de la aplicación del Código Penal Militar a la Guardia Civil. Por parte
de sus señorías se ha argumentado que no se entiende el porqué de esa
aplicación al benemérito cuerpo. Bien, en el dictamen del Consejo de
Estado, señorías, se deja la puerta abierta para que, dentro de la
potestad exclusiva del legislador, puedan incluirse los delitos que
tutelan bienes jurídicos pertenecientes al ámbito estrictamente castrense
que se estimen dignos de protección penal. Interpretando el artículo 7
bis del vigente Código Penal Militar, la jurisprudencia consolidada de la
Sala de Conflictos del Tribunal Supremo consideró, en primer lugar, que
el legislador no ha pretendido cambiar la naturaleza militar de la
Guardia Civil y atribuir la competencia para el enjuiciamiento de los
delitos cometidos por sus integrantes a la jurisdicción ordinaria, por lo
que se determina la aplicación del Código Penal común a los hechos
delictivos cometidos cuando se encuentre realizando actos de servicio
propios de sus funciones de seguridad ciudadana o de naturaleza policial,
propias de ese cuerpo, manteniéndose para todo el resto de los supuestos
la regla general de aplicación del Código Penal Militar.


En segundo lugar, señorías, y también interpretando el aludido
artículo 7 bis del Código Penal Militar, la Sala Quinta del Tribunal
Supremo, en dos sentencias concordantes con otras, concretamente la de 16
de abril de 2009 y la de 20 de abril también de 2009, estimó que debía
aplicarse tal cuerpo legal cuando los miembros de la Guardia Civil, por
su condición de militares, realizaran hechos que afectaran a bienes
jurídicos propios del orden castrense, radicados, sobre todo, en la
disciplina, la relación jerárquica, la unidad y la cohesión interna, la
protección de los medios y recursos puestos a su disposición o al
desempeño de funciones y cumplimiento de deberes esenciales que no fueran
encuadrables en los servicios policiales. Así que el proyecto de Código
Penal Militar ha optado por determinar la aplicación de sus preceptos a
los miembros de la Guardia Civil por elegir aquellos bienes jurídicos que
no pueden quedar sin protección penal en un cuerpo de naturaleza militar
como los delitos contra la seguridad y defensa nacionales del título I,
los delitos contra la disciplina del título II, los delitos relativos al
ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas del
título III y el título V que se refiere a los delitos contra los deberes
del servicio.


En consecuencia, señorías, desde nuestro punto de vista, está
absolutamente razonado que esté incardinada dentro del Código Penal
Militar la Guardia Civil. Ciertamente, señorías, este es uno de los
inconvenientes que ustedes plantean en las enmiendas que afectan a todo
el texto y de las que, con el permiso de sus señorías, no voy a dar
cuenta una a una. Digamos que ya hemos visto que la supresión de la
Guardia Civil dentro del Código Penal Militar no es consecuente para
nuestro grupo parlamentario ni vamos a aceptar ninguna de las enmiendas
que se refieran a ello.


Las enmiendas del señor Iglesias, y que afectan fundamentalmente
a este tema, las doy por contestadas, así como todas las que ustedes han
presentado referidas al mismo asunto. No merece la pena repetir una y
otra vez el mismo argumento. La justificación de esa inclusión en el
ámbito estrictamente castrense por la condición militar ya está
argumentada.


La enmienda 23 se refería también a la supresión de la mención al
buque de la Guardia Civil. Entendemos que no es razonable excluir de tal
protección a los buques de la Guardia Civil según los razonamientos
expresados para la no aceptación de la enmienda al punto 5 del artículo 1
del proyecto.


Nuestra negativa a la aceptación de la enmienda 25 al artículo 76
del proyecto, también de supresión, se justifica en que la innovación más
demandada por la realidad criminológica, con abundantes ejemplos en la
legislación comparada, es la incriminación del tráfico ilegal de drogas
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas con remisión a los
tipos del Código Penal cuando tales hechos son cometidos por un militar
en instalaciones militares, buques, aeronaves, campamentos o durante
ejercicios, circunstancias estas que lógicamente afectan a la eficacia de
la prestación del servicio. Por ello no pueden incluirse dentro del
Código Penal común, porque en su condición de militares, y en función de
su servicio, afectan de modo especial en la prestación del servicio y
sobre todo comportan un riesgo evidente para quienes utilizan armas y
medios, cuyo manejo requiere sin duda, señorías, de un especial deber de
cuidado, por lo que el castigo de este delito debe ser incorporado al
ámbito estrictamente castrense y debe estar fuera del Código Penal
común.


En cuanto a la enmienda número 26, que solicita la supresión del
artículo 82 del proyecto, estimamos, conforme a la doctrina
constitucional, que, siendo el sujeto activo de condición militar y
afectando el delito al servicio, corresponde al ámbito estrictamente
castrense, y ello porque la doctrina constitucional se refiere a los
bienes jurídicos protegidos por la norma penal en función de los fines
que constitucionalmente corresponden a las Fuerzas Armadas de los medios
puestos a su disposición para cumplir sus misiones y del carácter militar
de las obligaciones y deberes, cuyo incumplimiento se tipifica como
delito militar. Por lo que se refiere a la Guardia Civil, se mantiene la
redacción del proyecto en coherencia con los razonamientos expresados
anteriormente respecto al punto 5 del artículo 1.


En cuanto a las enmiendas sobre el director general de la Guardia
Civil y su carácter, al que también han aludido sus señorías, se entiende
por este ponente y por el grupo que representa que, dada su condición,
debe ser protegido dentro del ámbito del Código Penal Militar. Se
justifica también la supresión del artículo 85 del proyecto sobre la base
de que la incriminación de la receptación es consecuencia de la
tipificación de los delitos militares contra el patrimonio dentro del
ámbito exclusivamente militar que no exceda del ámbito castrense, porque
existe una conexión directa con los objetivos, tareas y fines propios de
las Fuerzas Armadas. Por tanto, tampoco debe estar incluida dentro del
ámbito del Código Penal común.


En cuanto a las enmiendas presentadas por la señora Capella diré
que los crímenes de guerra, señoría, ya figuran en el artículo 9.2 a),
pues están comprendidos en los delitos contra las personas y bienes
protegidos en caso de conflicto armado, tipificados en el Código Penal.
La incriminación en un Código Penal Militar de los delitos de genocidio y
contra la humanidad no se ajusta al ámbito estrictamente castrense
establecido en la Constitución. Por tanto, los crímenes contra la paz no
están incriminados en nuestro ordenamiento penal ni en el Estatuto de
Roma, hasta que se apruebe la enmienda de modificación del mismo acordada
en la Conferencia de Revisión de Kampala y por eso los dejamos aparte.
También le diré, señoría, que la inclusión del capítulo VIII del título I
en el ámbito estrictamente castrense se justifica por la condición
militar del sujeto activo del delito, unida a la evidente infracción de
los deberes establecidos en las leyes orgánicas 2/2011 y 11/2007. Existe,
desde nuestro punto de vista, señoría, una directa conexión con los
objetivos, tareas y fines propios de las Fuerzas Armadas y la Guardia
Civil, así como la necesidad de una vía judicial específica para su
conocimiento y eventual represión.


Diré en cuanto a las enmiendas que el Grupo Parlamentario Vasco
ha presentado lo mismo que respecto al punto 5 del artículo 1. La
enmienda 42 habla de la supresión parcial también del artículo 3 en
relación con la consideración como autoridad militar, como hemos dicho
antes, del director general de la Guardia Civil y de los auditores
presidentes y vocales de los tribunales militares. He repetido en cuanto
al director general de la Guardia Civil que, dada la condición de
instituto armado de naturaleza militar del cuerpo, es consecuente
reconocerle la consideración de autoridad militar para otorgarle la
protección penal que establece este proyecto de ley. Por la misma razón
se reitera el reconocimiento tradicional como autoridad militar de los
auditores, presidentes y vocales de los tribunales militares, de los
fiscales jurídicos militares y los jueces togados, a los que se les
protege penalmente en el articulado del Código Penal Militar.


Señorías, las enmiendas del Grupo Parlamentario de Entesa en
cuanto al tema de la Guardia Civil son una reiteración de las que han
presentado todos los grupos políticos. Hay una de modificación del
punto 1 del artículo 44, que tampoco se acepta puesto que se propone
despenalizar el tipo básico del delito de desobediencia, sancionándolo
directamente solo en la vía disciplinaria militar. Según la enmienda, se
incrimina únicamente la desobediencia en acto de servicio de armas cuando
se cometa en caso de conflicto armado, estado de sitio frente al enemigo,
rebeldes o sediciosos, o en circunstancias críticas. No es aceptable,
señorías, la despenalización de una conducta tan grave como la que
integra el delito de desobediencia, que supone además la violación de una
de las reglas esenciales que conforman el comportamiento militar, y no se
conoce en la legislación extranjera tampoco, señorías, ninguna norma
penal militar que no castigue como delito la desobediencia en situaciones
de normalidad degradando esta conducta al ámbito disciplinario
militar.


Diré respecto a las enmiendas números 58 y 59, de modificación
del artículo 48 y de supresión del artículo 81, que tampoco aceptamos la
enmienda 58 puesto que la conducta cuya incriminación se propone ya está
incluida en el concepto de acoso profesional y en las distintas formas de
discriminación que se tipifican en el proyecto con una redacción muy
similar a la contenida en el artículo 8.12 de la Ley Orgánica 8/2014 de
régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Tiene su fundamento en la
redacción del artículo 4 de la Ley Orgánica 9/2011, de derechos y deberes
de los miembros de las Fuerzas Armadas. Y por lo que se refiere a la
supresión del artículo 81 del proyecto les diré, señorías, que se
justifica su inclusión en el ámbito estrictamente castrense por la
condición militar del sujeto activo del delito, además de que existe una
directa conexión con los objetivos, tareas y fines propios de las Fuerzas
Armadas, así como la necesidad de una vía judicial específica para su
conocimiento y eventual represión en concordancia con las sentencias del
Tribunal Supremo, la 160/1987 y la 4/1990, añadiendo la jurisprudencia
constitucional que la condición militar del sujeto al que se imputa el
delito ha de ser también un elemento relevante para decidir el concepto
de lo que calificamos como estrictamente castrense.


Señorías, justificamos la no aceptación de la enmienda presentada
con el número 68, que también propone la supresión del punto 2 del
artículo 1 del proyecto, en el punto 2 de ese artículo 9 porque es una
solución técnica para evitar las relaciones de alternatividad que se
producen entre los delitos militares y los comunes del Código Penal. Se
justifica su inclusión en el ámbito estrictamente castrense también por
la condición militar del sujeto activo del delito, unida a la exigencia
de que se perpetren estos delitos con abuso de facultades o infracción de
los deberes establecidos en las leyes orgánicas.


En definitiva, señoría, en su conjunto, el Código Penal Militar
es fruto de un consenso muy razonable. Es verdad que hay discrepancias y
que aquí se han manifestado, pero lo esencial es el consenso que ha
prevalecido a la hora de traer este texto, que salió del Congreso con un
importante número de apoyos. También creemos que es un Código Penal
acorde con la situación real que vive nuestro país, con nuestra situación
directa, al margen de aquellas discrepancias que ustedes han manifestado
a lo largo del debate.


Por nuestra parte, señorías, no vamos a aceptar ninguna de las
enmiendas porque entendemos que el texto que sale del Senado desde
nuestro punto de vista es acorde con la necesidad de completar el Código
Penal común con este Código Penal de Justicia Militar y suficiente como
herramienta útil y válida para los próximos años. Teniendo en cuenta que
el anterior Código Penal Militar es del año 1985 —han transcurrido
treinta años desde su puesta en vigor—, entendemos que las mejoras
sustanciales que se han producido en la redacción de este nuevo texto
legal suponen, sin duda, un avance importante para el futuro de la
legislación española.


Muchas gracias, señoría. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
señoría.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Señor presidente, no pensaba bajar a
la tribuna, porque quiero simplemente matizar unas cuestiones de forma
muy rápida, pero no funciona el micro del escaño.


Deseo destacar que no es motivo de debate en este proyecto el
carácter militar o no de la Guardia Civil, pero quienes pensamos que la
Guardia Civil no debe tener ese carácter no podemos hacer abstracción de
nuestra posición política al respecto y por ello insistimos a través de
nuestras enmiendas en excluir de un código penal que se llama militar a
la Guardia Civil. En segundo lugar, fue motivo de nuestras enmiendas que
incluso en aquellos tipos en los que se pretenden tipificar —valga
la redundancia— comportamientos que se afirma son estrictamente
castrenses, la redacción que se da es lo suficientemente ambigua y amplia
para que puedan ser comprendidas dentro de los mismos acciones y
actuaciones que en ningún caso tienen la característica de ser
castrenses.


Hacía referencia expresa el señor portavoz del Grupo Popular en
el turno de portavoces al abandono de servicio. El abandono de servicio,
en la forma en que se recoge en este proyecto —como delito que se
pretende estrictamente castrense—, incluye actuaciones y acciones
que, como las enmiendas de otros grupos también han destacado, deben ser
sancionadas en el ámbito disciplinario o administrativo y no en el ámbito
penal.


Finalmente, la condición de autoridad militar del director
general de la Guardia Civil. Ustedes no nos han explicado todavía por
qué, de pronto, es imprescindible que tenga esa condición. Hubo en la
historia democrática, en el proceso democrático, directores generales de
la Guardia Civil que eran generales y que, evidentemente, en su condición
de generales tenían el reconocimiento de autoridad militar. En
determinado momento se decidió que era preferible —y creo que fue
una decisión acertada— que al frente de la Guardia Civil, como
director general, no estuvieran generales. Y en ese momento, en el que se
produjo el cambio, nadie planteó que hubiera que reconocerles la
condición de autoridad militar, y creo que han transcurrido ya —no
tengo hecho el cálculo exacto— veinte años desde que los directores
generales de la Guardia Civil son civiles, sin sentir la imperiosa
necesidad de ser reconocidos como autoridad militar.


Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.


¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones).


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra el senador Sabaté.


El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente. Intervengo
también con brevedad.


Quiero recordar simplemente, como ya se ha dicho, así como el
preámbulo del proyecto de ley, que el Código Penal Militar que ahora
enmendamos se aprobó en el año 1985 para adaptarlo a la nueva realidad
constitucional. Era un código penal militar extenso porque en ese momento
no se había abordado todavía la reforma del Código Penal común. En 1995,
el Código Penal común ya fue modificado, se aprobó y, ahora, la Ley de
derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas —la Ley
Orgánica 9/2011, de 27 de julio— es la que obliga también a la
modificación del Código Penal Militar.


Como he dicho anteriormente en mi intervención en el turno de
presentación de enmiendas, ha habido modificaciones sustanciales en el
debate en el Congreso de los Diputados. Nos felicitamos por el grado de
consenso al que se ha llegado en este proyecto de ley. Se ha sacado un
importante grupo de delitos del Código Penal Militar y se ha remitido al
Código Penal general. Como debe ser.


Por otra parte, mantenemos una discrepancia importante en cuanto
al tema relativo a la Guardia Civil, al que se ha hecho referencia
reiteradamente. Seguimos sin compartir —ahora ha hablado de ello
también el senador Iglesias, del Grupo Parlamentario Mixto— y sin
entender esta insistencia en que los miembros de la Guardia Civil en todo
momento estén sujetos prácticamente al Código Penal Militar cuando se
trata de una policía y la inmensa mayoría de sus actuaciones son de
carácter policial civil. Por tanto, debería limitarse su sujeción al
Código Penal Militar a cuando participaran en operaciones de las Fuerzas
Armadas y estuvieran bajo autoridad militar directamente. No lo
entendemos, porque ha sido el propio Grupo Parlamentario Popular en el
Senado el que se ha autoenmendado en este asunto, lo cual quiere decir
que, inicialmente, tampoco lo tenían del todo claro.


Por tanto, pese a coincidir básicamente con buena parte del
contenido del proyecto de ley que hoy estamos debatiendo, no podemos
apoyarlo, como ya hicimos en comisión, precisamente porque no ha habido
un cambio en la posición del grupo que apoya al Gobierno —del Grupo
Parlamentario Popular— en cuanto a la Guardia Civil.


Por tanto, nuestro voto será de abstención.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, señor
Sabaté.


Comparte turno con el senador señor Saura.


Tiene la palabra su señoría.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.


Quiero aportar de forma muy breve tres ideas. Primera: en este
proyecto de ley la oposición ha tenido una actitud muy constructiva. No
hemos presentado ningún veto con la idea o con la esperanza de consensuar
sobre algún artículo. No ha habido consenso y es una pena, porque hay
muchos artículos del proyecto de ley presentado por el Gobierno en los
que hemos coincidido toda la oposición, sobre todo en sus dos aspectos
fundamentales. Este proyecto de ley tiene una parte que es la aplicación
o no del Código Penal Militar a la Guardia Civil y, en segundo lugar, que
el Código Penal Militar no sea una reiteración del Código Penal Civil,
por decirlo así, sino que hable simplemente de lo estrictamente
militar.


Estoy absolutamente convencido de que en los argumentos que hemos
dado en la presentación de las enmiendas hay muchas cuestiones que
figuran en el Código Penal Militar que se nos plantea y que son del
Código Civil.






Cuando prácticamente todos los grupos parlamentarios hemos
coincidido en esto no hemos podido hablar. Tampoco hemos podido hablar a
fondo de la aplicación o no del Código Penal Militar a la Guardia Civil.
La posición de toda la oposición es muy clara, es decir, solo se puede
aplicar el Código Penal Militar a la Guardia Civil cuando ejerza
funciones militares, pero cuando la Guardia Civil ejerza funciones de
seguridad, no hay que aplicar el Código Penal Militar, pero no ha sido
posible hablar de esto. Por tanto, creo que se ha perdido una gran
oportunidad, sobre todo cuando, además, por ejemplo, el dictamen del
Consejo de Estado al referirse al artículo 5.1, que hace referencia al
Código Penal Militar en relación con la Guardia Civil o a los estudiantes
de la Guardia Civil, dice clarísimamente que hay que concretar los
aspectos penales.


Por lo tanto, simplemente quiero decir que es una pena que en un
proyecto de ley al que no hemos presentado vetos, donde es posible hablar
de toda una serie de cuestiones que afectan al comportamiento de la
Guardia Civil y al Código Penal Militar, no haya sido posible hablar.
Estoy seguro de que tarde o temprano tendremos un Código Penal Militar
que será un capítulo del Código Penal Civil, pero hasta que llegue eso
hace falta un poco de tiempo.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Saura.


Por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió,
tiene la palabra el senador Maldonado.


El señor MALDONADO I GILI: Moltes gràcies, president.


Seré breve, porque la presidenta me ha dado un tiempo
generosísimo que me ha permitido hablar de todo —como ha dicho el
portavoz del Grupo Popular, he hecho un tótum revolútum—. Hemos
hablado del Código Penal Militar, pero también hemos hablado del Tribunal
Constitucional, del Estatut de Catalunya; hemos hablado de todo y, por
tanto, ahora ya solo toca resumir.


En primer lugar, quiero anunciar, como ya he dicho antes, que
nuestro grupo se abstendrá en esta ley, por los motivos antes también
mencionados. No es la ley que nos gusta. Creemos que era una buena
oportunidad para modernizar la Ley del Código Penal Militar. No somos
partidarios de que exista un Código Penal Militar; creemos que con una
Ley penal civil se puede cobijar a todos los segmentos sociales. Pero,
así y todo, nuestro grupo ha aportado un conjunto importante de
enmiendas, todas con el ánimo de mejorar la redacción final y ninguna ha
sido aceptada —práctica habitual en esta Casa—. Pero, fíjense
bien, qué diferencia de actitud. No nos gusta el código, nos parece que
no debería existir el Código Penal Militar, hay cosas que queríamos
mejorar, nos parecía una buena oportunidad para mejorar este Código Penal
Militar, que viene del año 1985, pero, desde el punto de vista de
Convergència en el Senado, no hemos podido avanzar nada, y, así y todo,
hemos hecho aportaciones, sobre la base de nuestra actitud siempre
posibilista. Anunciamos nuestra abstención, porque, como decíamos,
sabemos que, a pesar de todo, es un código que favorece la vida militar
de hombres y mujeres que forman parte de estos cuerpos.


El portavoz del Grupo Popular decía antes que el texto es
suficiente como para no aceptar ninguna enmienda. La verdad es que no.
Para este portavoz, que ha leído las enmiendas de todos los grupos, el
texto no es suficiente. Había algunas enmiendas, no del partido que da
apoyo al Gobierno, sino de la oposición, que yo creo que mejoraban mucho
el texto. Y esta práctica habitual de no aceptar nunca nada en esta
legislatura es una práctica poco inteligente, poco válida, un poco
triste, parlamentariamente hablando, porque sabe Dios cuándo se volverá a
aprobar el nuevo Código Penal Militar. ¡Sabe Dios cuándo se
aprobará!


Y lo que ahora no se ha incorporado de los grupos parlamentarios
de la oposición, sea el que sea, quedará en un cajón, en el olvido, y,
por tanto, no mejorará esta ley que se entendía que era para modernizar y
actualizar el Código Penal Militar. Por tanto, quiero dejar constancia de
que nuestro grupo se abstendrá. En cuanto a nuestras enmiendas, como dijo
un insigne popular en su día, se han aceptado cero patatero. También nos
parece triste que no se hayan aceptado enmiendas ni de nuestro grupo ni
de ningún grupo de la oposición. Como decimos en catalán, què hi farem,
pero es una oportunidad perdida porque estas normas, que son macroleyes y
que afectan a un ámbito importante, tardan muchos años en ser
modificadas. Quizá el Partido Socialista diga: La próxima vez que
gobernemos lo modificaremos. Veremos que del dicho al hecho hay un buen
trecho y después, cuando se gobierna, lo que piensa la oposición será
denostado como siempre pasa. Pero no entraremos en este tema sino que
daremos paso al senador socialista don Arcadio, que nos quería hablar de
su libro. Es una buena oportunidad porque así conoceremos más sus
importantes dotes jurídicas. Bromas aparte, nuestro grupo ha intentado
mejorar, no ha podido y de ahí nuestra abstención.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador
Maldonado.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Díaz
Tejera.


El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente. Con su venia.


Señor Maldonado, yo no quiero hablar de mi libro, pero en la
época en que fui diputado del común de Canarias —traducción para
ustedes: defensor del pueblo canario—, escribí uno, Derechos
humanos: materiales, que les puedo proporcionar por si alguien quiere
echarle un vistazo.


En cualquier caso, la cuestión que nos llama aquí hoy es el
llamado Código Penal Militar, y les pregunto: ¿sabe cualquiera de sus
señorías cuántos artículos tiene el Código Penal español, el común? 620.
¿Sabe cuántos artículos tiene el llamado Código Penal Militar? 88. ¿No es
más razonable llamarlo Ley Orgánica Penal Militar? ¿No es una ley
complementaria? ¿Se lo inventa este portavoz del Grupo Socialista? Falso.
Solo hay que ver el segundo párrafo de la exposición de motivos del texto
en referencia a la ley de 1985, a la que califica de ley especial y
complementaria respecto al Código Penal común. ¿Esto lo dije antes, en la
primera intervención? Sí. ¿No soy consciente de que estoy repitiendo? Sí,
lo soy, pero quiero pedirle al ponente del Grupo Popular, con todos los
respetos, que por favor me explique qué razón tiene para no aceptar esto
que parece sensato, porque entre otras cosas explica la relación género,
Código Penal común, y especie, ley orgánica complementaria y especial
respecto a la general.


Antes desgrané un conjunto de argumentos que ahora no voy a
repetir, pero sí quiero subrayar algo que me parece relevante. Cualquiera
que haya tenido alguna experiencia de representación de España en algún
organismo internacional habrá podido ver que si hay servidores públicos
que en cualquier lugar del mundo nos honran con su trabajo son los
militares y guardiaciviles españoles —todos los que han tenido esa
posibilidad lo han comprobado— por su cualificación y su prestigio
entre sus colegas. Luego, el debate no está en esto, sino en el ámbito de
aplicación de este llamado Código Penal Militar.


Hasta ahora, ¿qué ha planteado la sala quinta, la sala de
conflictos entre los dos ámbitos? ¿Qué ha planteado el Tribunal
Constitucional interpretando el artículo 117.5 de la Constitución? Ha
hecho una interpretación restrictiva, reduciendo la aplicación del Código
Penal Militar a lo estrictamente castrense, es decir, a todo aquello que
tiene conexión con los objetivos, fines y las tareas de las Fuerzas
Armadas. Y es que la Guardia Civil no es un ejército, no es la Armada, no
es el Ejército del Aire. Yo soy un reservista voluntario de las Fuerzas
Armadas, he estado un mes sirviendo en la asesoría jurídica de la Armada,
conozco muy bien a los jurídicos militares y son unos magníficos
profesionales, y no son ellos los responsables de este apartado 5 del
artículo 1. Eso es falso. Los jurídicos militares son juristas muy
cualificados y se plantean esta interpretación de acuerdo con el Tribunal
Constitucional, una interpretación restrictiva, in dubio restriccione.
¿Por qué? Porque se hace una interpretación restrictiva de lo que está
vinculado a las tareas, objetivos, fines y eficacia de la propia
organización castrense.


Y vuelvo a subrayarle. ¿Hay algún argumento que explique una
ruptura del consenso del año 2007 al año 2015? ¿Qué ha pasado en estos
ocho años en términos de prestación del servicio, de reclamación de los
servidores públicos, de reclamación de los magistrados que operan
aplicando el texto vigente, en términos de la propia jurisprudencia del
constitucional? ¿Hay alguna modificación que esté al alcance de algún
español, a la que se pueda acceder de alguna forma? Ninguna. ¿Por qué
razón no está en el texto que se mandó del Gobierno al Congreso? ¿Por qué
razón tampoco estaba en el texto que mandó el Congreso al Senado? ¿Por
qué razón aquí sí se plantea esta incorporación? Fíjense ustedes, vamos a
trabajar en dos textos de reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal
—una orgánica y otra ordinaria— y cada uno de ellos tiene
sustantividad propia, aunque se van a yuxtaponer para realizar el debate.
Estos textos nacen del primitivo proyecto —muy influenciado por el
Ministerio del Interior—, donde se planteaba que se pudiera pinchar
el teléfono de cualquier español sin la autorización de un juez. De ahí
venía ese proyecto. Es verdad que durante la tramitación en el Congreso
esta invasión en el ámbito de las garantías y de los derechos
fundamentales se ha estado podando. Pero en este caso es a la inversa. En
este caso, se trata de un texto que ya ha sido evaluado por todos los
órganos consultivos, a diferencia del que estamos trabajando, pues solo
fue evaluado el que se mandó del Gobierno al Congreso. Pero el que han
estado estudiando ustedes, el que van a votar ahora, ese no ha sido
evaluado, ese apartado 5 del artículo 1 no ha sido evaluado por estos
órganos consultivos. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


El senador Iglesias hablaba antes de la experiencia de civiles
como directores generales de la Guardia Civil. Yo espero que al
presidente de la Comisión de Defensa, don Santiago, no le hunda su
carrera política si recuerdo que está aquí presente uno de los civiles
que ha estado dirigiendo la Guardia Civil. ¿Por qué razón? Porque, entre
otras cosas, no se exigía otra condición más que la de ser un dirigente
político de confianza del partido gobernante. No se exigía la condición
de militar ni de general de la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque se ha
insistido en ese perfil. Es más —y este es un debate histórico que
mantuvimos en comisión—, les llamo a la lectura de la tesis
doctoral de Diego López Garrido —según el propio Diego, lo mejor
que ha escrito—, donde demuestra cómo, en su origen fundacional, ni
siquiera tenía ese carácter militar; aunque estuvo pocos meses siendo un
instituto civil. En aquel entonces, los únicos servidores públicos que
había en toda España —era un Estado muy frágil— eran los
militares. Les recuerdo que en el Ministerio de Agricultura solo había 6
funcionarios en toda España. Por tanto, inicialmente era civil y luego se
transforma en militar por una decisión política. No es algo que
pertenezca ni a la mecánica ni a la física cuántica, se trata de una
decisión política. Incluso, hay un libro de la señora Martín Queralt, un
atlas de la historia de España donde se explica cómo nace la Guardia
Civil junto a un nuevo Código Penal. Se crea en la época isabelina,
cuando gobernaban los moderados, para establecer el orden en el conjunto
de España, para garantizar las comunicaciones y luchar contra el
bandidaje y se vincula al orden público, a la seguridad de los españoles.
¿O es que acaso el 99,99 % de todo lo que hacen los guardiaciviles en
España no está vinculado a la seguridad y a la lucha contra el crimen?
Está vinculado a eso. Solo cuando se está en una situación de conflicto
bélico o en una situación de estado de sitio, cuando forma parte de una
misión internacional o cuando está bajo una autoridad militar, en ese
caso, sí hay que aplicarlo. ¿Por qué? Porque es un supuesto del título
II, que tiene que ver con la disciplina, con la jerarquía, con la
subordinación, con los fines, objetivos y tareas vinculados a las Fuerzas
Armadas. Fuera de ahí no, porque su mayor trabajo es con el conjunto de
todos los españoles, previniendo el delito y persiguiendo al delincuente,
colaborando con la mayor capacidad y su mejor leal saber y entender con
la autoridad judicial.


A mí siempre me ha inspirado una grandísima confianza cuando he
llevado algún juzgado de instrucción que un oficial de la Guardia Civil
fuera el responsable de la investigación; una garantía absoluta, y vengo
de una cultura política en la lucha contra la dictadura del general
Franco en la que grité: disolución de los cuerpos represivos, hasta que
al llegar al juzgado de instrucción te tropiezas con unos oficiales que
son unos profesionales y unos servidores públicos magníficos y
ejemplares. Ninguno de estos oficiales, ninguno de los agentes, plantea
esta petición, solo un grupo reducido que no da la cara ante los
españoles, que llevan tiempo pidiéndolo y que hasta ahora ningún Gobierno
ha claudicado y ha aceptado esa posición. ¿Por qué? Porque no mejora el
servicio, sino que complica la situación. No lo pide nadie, ni desde el
ámbito teórico ni desde el ámbito práctico, y en cualquiera de los casos
me parece que lo que hace es dificultar la resolución de los conflictos,
de los problemas y las infracciones que se cometen por parte de estos
magníficos servidores públicos.


Esta es la explicación que le doy. Reitero lo dicho en comisión,
y lo doy por defendido, pero sí le pido, por favor, al señor ponente del
Grupo Popular, si lo tiene a bien, acusar recibo de estos argumentos y,
si puede, responder a ellos. Otro día podemos hablar perfectamente del
origen de Marte, de Urano y Neptuno, pero ahora en concreto le pido una
explicación sobre esto, si a bien lo tiene; aunque, por supuesto, podemos
hablar del parte meteorológico, como usted quiera.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente, por los dieciocho
segundos de benevolencia. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: De nada, senador Díaz Tejera; muchas
gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Campoy.


El señor CAMPOY SUÁREZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, hace justamente treinta años que comenzó un proceso de
reforma de la legislación penal en materia castrense, como consecuencia
de la adaptación a la Constitución española de 1978 y especialmente a los
principios constitucionales que se establecían en materia de jurisdicción
militar. Además de circunscribirse exclusivamente al ámbito castrense, es
decir, proteger bienes jurídicos estrictamente militares, conllevó
consecuentemente una subordinación, o más bien una especialización, de la
legislación penal común. Ello obligaba a reducir o descomponer el
carácter de código integral y completo como cuerpo normativo penal. Nos
encontramos, pues, en 1985, y en ese contexto la reforma de la
legislación penal militar que se llevó a cabo resultó en este extremo
insuficiente por cuanto la norma que se alzaba como principal en materia
penal, es decir, el Código Penal, tardó diez años más en adaptarse a la
Constitución española y, en consecuencia, la legislación penal militar no
pudo independizarse completamente.


Como segundo gran argumento de la reforma está el proceso llevado
a cabo en las Fuerzas Armadas que, de manera incuestionable, ha provocado
un salto cualitativo considerable sobre la configuración de nuestros
ejércitos, sin perder con ello ni un ápice de sus principios
irrenunciables propios de un instituto militar. Profesionalización,
modernización y un nuevo escenario de misiones internacionales que,
asimismo, han producido nuevos tipos penales.


Por último, como tercer argumento de la reforma se sitúa la
protección necesaria derivada del cumplimiento de legislación posterior
sobre derechos de los militares. Específicamente la Ley Orgánica 9/2011,
de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas
Armadas.


Es pues, señorías, una reforma improrrogable a tenor de la
disposición final octava, en su punto 3, que mandata actualizar el Código
Penal de 1985 y su adaptación necesaria a la nueva realidad. Por ello, la
elaboración de la reforma era de obligado cumplimiento para el Gobierno,
no era algo discrecional, y esto ha podido provocar, habida cuenta de lo
avanzado de esta legislatura, que este grupo, tal vez, haya empujado con
demasiado ímpetu, sin otro afán, señorías, que el objetivo del
cumplimiento del deber, trazado por mandato legal.


Agradezco enormemente la comprensión y las facilidades que como
grupo que sustenta al Gobierno de la nación han acompañado toda la
tramitación y también de manera personal. Quiero agradecer a todos los
portavoces su comprensión y colaboración y también r su responsabilidad,
que ha estado a la altura de la importancia de la materia que hemos
tratado. Quiero también agradecer de manera especial a los miembros de la
Mesa de la Comisión de Defensa y a su letrado y de manera especialísima a
nuestro presidente, Santiago López Valdivielso, por la facilidad y
amistad en el trabajo parlamentario de este portavoz.


Es este, pues, un proyecto del que debo destacar, desde el punto
de vista político, que no cuenta con ningún veto, con ninguno, y eso,
señorías, en el contexto parlamentario actual es una satisfacción como
senador del Grupo Parlamentario Popular y, por qué no también,
permítanme, como jurista, pues, aun aprobado por mayoría, su legitimidad
y fuerza vinculante todos sabemos que es la misma, pero un Código Penal,
en este caso Militar, que no presenta veto evidencia que la elaboración
en su conjunto es acertada. Y eso nos lleva, a mi juicio, a concluir por
su resultado que es una ley justa. ¡A qué más puede aspirar una ley como
esta! Y esta afirmación no impide, como es lógico, que existan puntos no
compartidos o con diferente matización que hayan de quedar latentes en
las enmiendas que permanecen en este debate y que han sido defendidas y
que considero, además, que han sido saludables para el propio proyecto
que hoy finalmente saldrá de esta Cámara.


Fundamentalmente, señorías, me detendré en lo concerniente a la
Guardia Civil, por un lado, a cuyo respecto hay que decir que no es un
debate nuevo, ni mucho menos exclusivo de este proyecto; es una discusión
que trasciende el proyecto y que se remonta más allá de donde mi memoria
es capaz de alcanzar; tiene que ver en su fondo con la discusión eterna
sobre el carácter militar de la Guardia Civil, sobre todo puesto en
relación con algunos derechos fundamentales que en el ámbito militar
también les alcanza, pero en menor grado de cuestionamiento. Lo dicho
aquí en el debate del proyecto de ley que modificó el régimen
disciplinario militar es perfectamente extrapolable para diferenciar el
hecho justificativo del límite de ciertos derechos en virtud de la
primacía de los valores superiores que actúan como interés preponderante
en torno a su salvaguarda por parte de nuestra sociedad. Para otros, tal
vez no tan confesada o soterradamente, aun cuando no discuten su
naturaleza, sí diferencian la jurisdicción en función del lugar donde
actúan y de su dependencia al mando militar o no, o dicho de otro modo,
separando la jurisdicción de la Guardia Civil, de acuerdo con la función
que llevan a cabo: militar en misiones exteriores de esta naturaleza y
civil si ejercen funciones de seguridad. Señorías, discusión superada con
la distinción que estableció ya la sala quinta del Tribunal Supremo y que
fue incorporada al dictamen mediante la enmienda 127 del Grupo
Parlamentario Popular, que recoge las demandas en gran medida de algunos
de estos grupos en este sentido, sin que se pueda desposeer por ello de
la naturaleza totalmente de la institución, lo que explica que, por
ejemplo, no opere la excepción del 1.5 tan manida aquí sobre, por
ejemplo, delitos contra la disciplina, como acertadamente también ha
argumentado mi compañero Rodríguez Comendador, al que felicito y
agradezco su trabajo.


Un segundo punto de discusión, más virtual que real, concierne a
la disquisición técnica sobre la calificación que merece el cuerpo
resultante de la reforma: ¿Habemus codicem? Esa es la cuestión. Discusión
estéril, por cuanto —permítame, su señoría, la expresión— el
collar no hace al perro. Una u otra denominación carecen de efecto legal,
siendo una discusión exclusivamente doctrinal, porque tal y como expresé
en comisión, el hecho de ser complementario no despoja su condición
antecedente, ni siquiera por la reducción lógica de ser especialidad del
Código Penal común, por pasar de 620 artículos a 88, como se ha dicho,
pues en sí y en su ámbito opera como un auténtico código, es decir,
cuerpo legislativo pleno, completo su ámbito, con una estructura que
abarca ámbito, delimitación, esto es, bienes jurídicos protegidos,
tipificación y penas, 2 libros, 8 títulos, con inclusión de nuevas
figuras delictivas, sin que ello menoscabe la aplicabilidad del principio
de complementariedad como ley especial.


Termino, señor presidente. Señorías, tal y como expresó el
ministro de Defensa en la presentación del código, viene a completar la
arquitectura legislativa militar llevada a cabo en los últimos quince
años de manera prolífica, Ley de la defensa nacional, Ley de derechos y
deberes, Ley de la carrera militar, Ley de régimen disciplinario, todas
ellas con carácter orgánico; y respecto a esta última, recordarán que en
su debate algunos grupos ya reclamaban la tramitación y la necesidad de
este proyecto que hoy estamos debatiendo aquí. Todas estas leyes vienen a
ser completadas por esta ley que proporciona, señorías, fortaleza a todo
el cuerpo legislativo militar, máxime por haber contado con un alto grado
de consenso gracias a las aportaciones e incorporaciones llevadas a cabo
sobre el texto inicial, y con ello ha fortalecido aún en mayor medida
desde el punto de vista constitucional la institución militar y al Estado
en la defensa de los valores que tienen encomendadas nuestras Fuerzas
Armadas para beneficio de todos los españoles.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Campoy.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.










TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES (Votación).




CONOCIMIENTO DIRECTO





CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL PRINCIPADO DE ANDORRA
PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PARA PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL Y DE SU PROTOCOLO, HECHO EN ANDORRA LA
VELLA EL 8 DE ENERO DE 2015. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.


610/000176



El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a comenzar votando los
tratados y los convenios internacionales que hemos dejado pendientes de
votación.


Les repito que la senadora Cunyat, del Grupo Parlamentario de
Convergència i d’Unió, ha ejercido su derecho telemático al voto, y
este ha sido en sentido afirmativo a todos los tratados. Como siempre, lo
sumaremos al resultado de la votación que realicemos ahora.


Comenzamos votando el Convenio entre el Reino de España y el
Principado de Andorra, que figura en el orden del día con el
número 8.1.1.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248
más 1 voto telemático, 249; votos emitidos, 248 más 1 voto
telemático, 249; a favor, 239 más 1 voto telemático, 240; en contra, 4;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda autorizado.









DECISIÓN DEL CONSEJO DE 26 DE MAYO DE 2014 SOBRE EL SISTEMA
DE RECURSOS PROPIOS DE LA UNIÓN EUROPEA (2014/335/UE, EURATOM) ADOPTADA
EN BRUSELAS EL 26 DE MAYO DE 2014. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.


610/000178



El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación la Decisión del
Consejo de 26 de mayo de 2014 sobre la Unión Europea, que figura con el
número 8.1.3. en el orden del día.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248
más 1 voto telemático, 249; votos emitidos, 248 más 1 voto
telemático, 249; a favor, 239 más 1 voto telemático, 240; en contra, 4;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda autorizado.









ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE
MAURITANIA SOBRE LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES,
HECHO EN MADRID EL 24 DE JULIO DE 2008. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO
DE URGENCIA.


610/000179



El señor PRESIDENTE: Votamos el Acuerdo entre el Reino de España
y la República Islámica de Mauritania, que figura con el
número 8.1.4.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248
más 1 voto telemático, 249; votos emitidos, 248 más 1 voto
telemático, 249; a favor, 241 más 1 voto telemático, 242; en contra, 3;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda autorizado.









TERCER PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN
PARA LA DEFENSA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
DE 1 DE DICIEMBRE DE 1988, Y SUS ENMIENDAS, HECHO EN WASHINGTON EL 17 DE
JUNIO DE 2015. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.


610/000181



El señor PRESIDENTE: Votamos el Tercer Protocolo de Enmienda del
Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y los
Estados Unidos, que figura con el número 8.1.6.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248
más 1 voto telemático, 249; votos emitidos, 248 más 1 voto
telemático, 249; a favor, 238 más 1 voto telemático, 239; en contra, 7;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda autorizado.









ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE
UZBEKISTÁN SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA,
HECHO EN MADRID EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2013.


610/000163



El señor PRESIDENTE: Votamos a continuación el Acuerdo entre el
Reino de España y la República de Uzbekistán, que figura con el
número 8.1.7.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247
más 1 voto telemático, 248; votos emitidos, 247 más 1 voto
telemático, 248; a favor, 240 más 1 voto telemático, 241; en contra, 3;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda autorizado.









PROTOCOLO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y CANADÁ QUE MODIFICA EL
CONVENIO ENTRE ESPAÑA Y CANADÁ PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR
LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL
PATRIMONIO, FIRMADO EN OTTAWA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 1976, HECHO EN MADRID
EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014.


610/000164



El señor PRESIDENTE: Votamos el Protocolo entre el Reino de
España y Canadá que modifica el Convenio entre España y Canadá, con el
número 8.1.8.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248
más 1 voto telemático, 249; votos emitidos, 248 más 1 voto
telemático, 249; a favor, 241 más 1 voto telemático, 242; en contra, 3;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda autorizado.









ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y UCRANIA PARA LA
PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN KIEV EL 10 DE
FEBRERO DE 2015.


610/000170



El señor PRESIDENTE: Y, finalmente, votamos el Acuerdo entre el
Reino de España y Ucrania, que figura con el número 8.1.14.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248
más 1 voto telemático, 249; votos emitidos, 248 más 1 voto
telemático, 249; a favor, 240 más 1 voto telemático 241;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Queda autorizado.










PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DICTÁMENES DE COMISIONES





PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL CÓDIGO PENAL MILITAR.

621/000140

Defensa


El señor PRESIDENTE: Votamos, a continuación, las enmiendas del
Proyecto de Ley Orgánica del Código Penal Militar.


Comenzamos votando las enmiendas del senador Iglesias, del Grupo
Parlamentario Mixto.


Votamos, en primer lugar, la enmienda número 1.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 27; en contra, 150;
abstenciones, 68.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 4 a 10, 12 a 15, 17, 21 a 26 y 28
a 30.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 245; a favor, 15; en contra, 149;
abstenciones, 81.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 2, 3 y 20.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 246; a favor, 14; en contra, 217;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 16, 18, 19, 27 y 31.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 246; a favor, 81; en contra, 152;
abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


De la senadora Capella.


Comenzamos votando la enmienda 34.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 246; a favor, 24; en contra, 218;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 38.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 245; a favor, 24; en contra, 219;
abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 32 y 33.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 246; a favor, 19; en contra, 154;
abstenciones, 73.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 35 a 37 y 39.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 246; a favor, 24; en contra, 152;
abstenciones, 70.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Vasco.


Votamos las enmiendas 40 a 45 y 47 a 51.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 25; en contra, 152;
abstenciones, 68.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 46 y 52.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 246; a favor, 25; en contra, 221.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario de la Entesa.


Votamos las enmiendas 53 y 54.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 246; a favor, 74; en contra, 155;
abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 55 a 61.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 246; a favor, 81; en contra, 152;
abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 72.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 10; en contra, 154;
abstenciones, 81.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 62, 65 a 71, 73 a 77, 79, 82 a 87 y 89
a 91.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 246; a favor, 13; en contra, 151;
abstenciones, 82.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 63, 64 y 81.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 246; a favor, 14; en contra, 216;
abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 78, 80, 88 y 92.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 246; a favor, 81; en contra, 152;
abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió.


Votamos las enmiendas 93 a 100, 102 a 105, 107 y 109 a 116.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 246; a favor, 24; en contra, 151;
abstenciones, 71.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 106, 108 y 117.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 246; a favor, 94; en contra, 152.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 101.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 247; votos emitidos, 243; a favor, 24; en contra, 218;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario Socialista.


Votamos las enmiendas 118 y 119.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 246; a favor, 69; en contra, 151;
abstenciones, 26.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 120 y 125.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 246; a favor, 91; en contra, 152;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 121 a 124 y 126.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 246; a favor, 72; en contra, 152;
abstenciones, 22.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


De los Grupos Parlamentarios de Entesa y Socialista, votamos la
vuelta al texto del Congreso en lo modificado por las enmiendas 127
y 128, del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 246; a favor, 88; en contra, 151;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Señorías, votamos en un solo acto aquellas partes del proyecto de
ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones
anteriores.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 248; votos emitidos, 246; a favor, 156; en contra, 74;
abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de
ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 244; votos emitidos, 241; a favor, 148; en contra, 5;
abstenciones, 88.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará
traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que este se pronuncie en forma previa a la sanción del
texto definitivo por S. M. el Rey.









PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO
CRIMINAL PARA LA AGILIZACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL Y EL FORTALECIMIENTO DE
LAS GARANTÍAS PROCESALES.


621/000143

Justicia





PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE
ENJUICIAMIENTO CRIMINAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS GARANTÍAS
PROCESALES Y LA REGULACIÓN DE LAS MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN
TECNOLÓGICA.


621/000144

Justicia


El señor PRESIDENTE: Siguientes proyectos de ley. Proyecto de Ley
de modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal para la agilización
de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales.
Comisión de Justicia.


Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de
enjuiciamiento criminal para el fortalecimiento de las garantías
procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.
Comisión de Justicia.


Señorías, estos dos proyectos de ley serán debatidos de manera
conjunta dada la materia sobre la que versan, sin perjuicio de que las
votaciones se hagan de forma separada.


Para la presentación de los dictámenes, tiene la palabra el
presidente de la Comisión de Justicia, el senador Ramírez.


El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venía, señor presidente.


Comparezco en esta tribuna para la presentación de los dictámenes
del Proyecto de Ley de modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal
para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las
garantías procesales y del Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la
Ley de enjuiciamiento criminal para el fortalecimiento de las garantías
procesales y la regulación de las medidas de investigación
tecnológica.


Los dos proyectos de ley que se someten en este acto a la
consideración del Pleno del Senado, que se tramitan por el procedimiento
ordinario, tuvieron su entrada en esta Cámara el pasado día 6 de julio,
fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales. En ambos casos el plazo de presentación de enmiendas, que
finalizaba el día 17 de julio, fue ampliado hasta el día 23 de julio del
presente año 2015. Se presentaron 5 propuestas de veto y 103 enmiendas al
proyecto de ley. Asimismo, se presentaron 5 propuestas de veto y 166
enmiendas al proyecto de ley orgánica.


El día 30 de junio la comisión designó ambas ponencias, que
quedaron integradas de la siguiente manera: don Manuel Guillermo Altava
Lavall, del Grupo Parlamentario Popular; don Jokin Bildarratz Sorron, del
Grupo Parlamentario Vasco; don Arcadio Díaz Tejera, del Grupo
Parlamentario Socialista; don Iñaki Goioaga Llano, del Grupo
Parlamentario Mixto; doña María de los Ángeles Marra Domínguez, del Grupo
Parlamentario Socialista; don Juan Ramón Represa Fernández, del Grupo
Parlamentario Popular; doña María Rieradevall Tarrés, del Grupo
Parlamentario de Convergència i d’Unió; don Antonio Julián
Rodríguez Esquerdo, del Grupo Parlamentario Socialista; don Joan Saura
Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y don
Nicanor Jorge Sen Vélez, del Grupo Parlamentario Socialista.


Ambas ponencias se reunieron el pasado día 28 de julio para
emitir sus informes, en los que no introducían modificaciones en los
respectivos textos remitidos por el Congreso de los Diputados.


La comisión se reunió para dictaminar el mismo día 28 de julio, y
en ambos casos emitió dictamen de conformidad con el informe de la
ponencia. Presentaron votos particulares al dictamen del Proyecto de Ley
de modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal para la agilización
de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales los
señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya; la señora Almiña Riqué, el señor Boya Alós, el
señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla
Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, todos ellos
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y los grupos
parlamentarios Mixto, Vasco, Entesa pel Progrés de Catalunya, de
Convergència i d’Unió, Socialista y Popular. Y al dictamen del
Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de enjuiciamiento
criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la
regulación de las medidas de investigación tecnológica, el señor Aiartza
Azurtza, el señor Goioaga Llano, la señora Mendizabal Azurmendi y el
señor Unamunzaga Osoro, todos ellos del Grupo Parlamentario Mixto; los
señores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya; la señora Almiñana Riqué y el señor Boya Alós,
así como el señor Bruguera Batalla y el señor Martí Jufresa, el señor
Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García,
todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y
los grupos parlamentarios Mixto, Vasco, Entesa pel Progrés de Catalunya,
de Convergència i d’Unió, Socialista y Popular.


Nada más, señorías. Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ramírez.


Pasamos al debate de las propuestas de veto.


Al proyecto de ley, la propuesta de veto número 1 es del senador
Iglesias. Y al proyecto de ley orgánica, la propuesta de veto número 1 es
también del senador Iglesias.


Para la defensa de estas dos propuestas de veto tiene la palabra
por tiempo de quince minutos.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Empezaré por la defensa del veto del proyecto ordinario de
reforma de la LECRIM.


Se trata, como sus señorías saben, de una reforma parcial que
explicita claramente que la reforma de la ley procesal penal ha entrado
en vía muerta con carácter definitivo en esta legislatura. Yo no sé si en
el Gobierno existe un ministerio, un negociado de títulos maravillosos,
que en este caso ha conseguido una titulación que incorpora conceptos
positivos, todos, como la agilización de la justicia penal y el
fortalecimiento de las garantías procesales. No es la primera vez que nos
encontramos con proyectos de ley con títulos bonitos que luego, ya en una
lectura somera, defraudan completamente esas expectativas. En todo caso,
lo que el título indica es que la apuesta que se hace por la agilización
de la justicia se quiere afrontar una vez más sin superar las graves
carencias en los medios humanos y materiales de la Administración de
Justicia.


¿Cómo busca la agilización este proyecto de ley? En primer lugar,
creo que se hace una exageración, una magnificación del problema real que
en el funcionamiento de los juzgados suponen las causas complejas.
Probablemente lo que más distorsiona en la tramitación de un
procedimiento es la existencia de una pluralidad y, por tanto, de un
número grande de implicados. Esa es la dificultad real. Frente a esta
magnificación del problema de las causas complejas, por una parte se
intenta actuar con bisturí, cortando la conexidad para reducir el ámbito
de actuación en esas causas complejas, separando en diferentes
procedimientos hechos que guardan relación entre sí y, sin embargo, ese
esfuerzo, que parece ser uno de los motivos fundamentales del proyecto de
ley, se ve inmediatamente degradado y devaluado cuando en el
artículo 17.1 se reabre todo al declarar que serán investigadas en una
misma causa diferentes ilícitos cuando resulte conveniente para su
esclarecimiento y determinación de responsabilidades. Esto significa,
sencillamente, que todo el esfuerzo inicial que se había querido
articular para reducir la posibilidad de que la conexidad determine
causas excesivamente complejas, queda a la voluntad, como hasta ahora,
del juzgador, que es el que va a determinar si resulta o conveniente o no
para el esclarecimiento y la determinación de las responsabilidades la
instrucción y el conocimiento en un solo procedimiento. Por el contrario,
se excede al abrir la posibilidad de que, en esa búsqueda de eliminar las
macrocausas, las acciones que constituyen un delito continuado sean
enjuiciadas de forma separada. En la práctica se puede estar asistiendo
al fin del concepto de delito continuado a partir de estas opciones que
abre el proyecto.


Discrepamos del planteamiento que refleja el proyecto en el
sentido de que no se produzca la remisión al juzgado de los atestados
policiales sin autor conocido. En la práctica, los expedientes que llegan
de las comisarías o de los cuarteles de la Guardia Civil sin autor
conocido no dan tanto trabajo, porque su destino natural es que en muy
poco tiempo, y con el visto del representante del Ministerio Fiscal, se
produzca el archivo automático. Por tanto, no va a significar quitar una
carga de trabajo tremenda e importante ni a jueces ni a fiscales, que en
esta cuestión realmente lo único que hacen es firmar —visto del
fiscal, archívese del instructor—.


Además, discrepamos de que, al final, con esta decisión el
Ministerio Fiscal y el juez instructor realmente pierdan el control de
una parte de la actuación policial, porque va a ser la Policía la que
determine si se remite o no. Como mínimo —alguna enmienda hemos
formulado al respecto— debería existir una base de datos a la que
accedieran jueces y fiscales para conocer estas realidades.


Discrepamos absolutamente de la fijación de un límite, de un
plazo máximo de instrucción, porque tenemos el temor —creo que
fundado— de que se esté abriendo una vía de impunidad y que de
forma encubierta se estén estableciendo una especie de nuevos plazos de
prescripción del delito en la práctica, aunque desde la perspectiva
jurídico-formal no sean reconocidos así.


Por otro lado, las prescripciones que aquí se introducen encajan
en el modelo que estaba previsto en la nueva ley procesal penal, modelo
en el que la función instructora recae sobre el fiscal. Pero, manteniendo
el actual modelo, en el que es el juez quien instruye y marca, además, el
ritmo de la instrucción, las prescripciones que se introducen no tienen
mucho sentido ni tampoco que se conceda al fiscal la facultad de pedir
las prórrogas, pues es el propio juez quien determina la conclusión de la
instrucción.


Como saben sus señorías, a lo largo de la tramitación de este
proyecto se han pronunciado diferentes entidades y organizaciones. En un
comunicado de Jueces para la Democracia y de la Unión Progresista de
Fiscales se destaca de forma muy razonada que la duración de un
procedimiento no depende de la voluntad del instructor sino de la
complejidad del delito, de los medios con los que cuenten el instructor y
el fiscal y de la actuación de todos los órganos al servicio de la
Administración de justicia. Y esto es lo que no se provee: más medios
humanos y materiales.


Por otra parte, no compartimos la creación del nuevo proceso por
aceptación de decreto; y nos patina, nos rechina el lenguaje
administrativo que se está utilizando.


Y en cuanto a lo que está funcionando bien, ¿por qué buscarle
alternativas? Los juicios rápidos funcionan bien y tienen más garantías
que este nuevo proceso, que acaba siendo una especie de contrato de
adhesión. En el juicio rápido existe el mecanismo de negociación con el
Ministerio Fiscal, en el que se juega con su carga de trabajo y con su
proclividad a buscar acuerdos que aligeren el número de procedimientos
contradictorios que ha de afrontar en un día de juicios. Y con este nuevo
proceso creo que esa vía de negociación queda cercenada. Y vuelvo a decir
lo mismo: no hay que buscar una alternativa al juicio rápido, que va
bien, que funciona. Alentémoslo y reforcémoslo.


No estamos de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de
decomiso. Estamos perfectamente de acuerdo en que se potencie. A este
respecto, asistimos a una interesantísima reunión que se celebró en la
Cámara, a la que nos convocó el compañero Arcadio, aunque, como coincidía
con el Pleno, todo fue un poco atropellado. Pero repito que fue muy
interesante.


Sabemos que es muy importante la lucha contra el crimen
organizado —el ejemplo que nos ponían del Pazo Baión, que sigue
dando unos vinos muy aceptables, fue un buen ejemplo de ello—. Se
crea, además, un procedimiento autónomo de decomiso, una especie, en vía
penal, de decomiso por lo civil sin sentencia condenatoria, que pensamos
que es de dudosa constitucionalidad porque, además, establece un régimen
de presunciones complicado y puede extenderse a todo el patrimonio.


Finalmente, discrepamos, como ya hicimos en la última reforma que
se abordó de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la regulación
cicatera —como pensamos— del recurso de revisión, basado en
una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y también de la
forma en que se generaliza la sentencia, que es preceptivo generalizar,
pero no de esta manera.


En relación con el veto del proyecto de ley orgánica
—también tiene un nombre muy brillante—, creemos que es
positivo y compartimos la trasposición de la Directiva 2013/48/UE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el derecho de asistencia letrada
en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de
detención europea. Pero hasta aquí llegamos en nuestro acuerdo y
coincidencia con el contenido. Si lo valoramos globalmente, creemos que
hay una regresión en cuanto a las garantías del proceso y una limitación
desproporcionada de los derechos fundamentales. Pensamos que se hacen
planteamientos que son meramente cosméticos, que responden al debate
político y que nunca debieran tener una traslación o plasmación al ámbito
jurídico, al ámbito legislativo. Me refiero a la desaparición del término
imputados por la carga estigmatizante que ello tiene.


Hace mucho tiempo que hay imputados, hay imputados por multitud
de delitos; estigmatizados habrán estado a estas alturas, probablemente,
centenares de miles de españoles, durante muchos años, y nunca se
entendió que hubiera que cambiar el término. Se plantea ahora cuando este
término se aplica a determinado tipo de delincuentes, se aplica en los
casos de corrupción, que es lo que, al parecer, ha despertado la
preocupación del Gobierno al proponer esta reforma. Pero a mí me parece
muy bien que tenga una cierta carga estigmatizante, me parece muy bien,
entiendo que es inevitable que tenga una cierta carga estigmatizante que
a alguien lo imputen —volvamos a lo dicho esta mañana— por
una acción de violencia de género o por un atentado contra la salud
pública. Pues bien, como el resto de los delincuentes, también quienes
son corruptos estarán estigmatizados por sus hechos más que por la
imputación, por los hechos que motivan la imputación, no por el término
imputado. En consecuencia, rechazamos ese planteamiento, hubiera sido
preferible repensar un poco cómo se puede reforzar la presunción de
inocencia. Y además, no nos engañemos, el estigma está por la proyección
hacia la sociedad, fundamentalmente a través de los medios de
comunicación, del término imputado; por ello, en muy poco tiempo habrá la
misma estigmatización de los investigados y encausados cuando lo sean por
fenómenos de corrupción, no va a haber ninguna diferencia en muy poco
tiempo.


Discrepamos de la regulación que se hace de los derechos del
detenido y el preso en situaciones de incomunicación. Creemos que no se
llega ni mucho menos al límite de las exigencias de la Directiva 12/2012.
Son situaciones en las que hay riesgos siempre de malos tratos y de
torturas y, como saben su señorías, diferentes resoluciones del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos han manifestado que España no investiga
adecuadamente las denuncias por torturas y malos tratos. Y yo creo que
eso sí estigmatiza a España y eso sí debiera ser motivo de preocupación y
de respuesta contundente en el ámbito político y en el ámbito
legislativo. La incomunicación es una situación de especial
vulnerabilidad, como han manifestado en relación con nuestro país otros
organismos aparte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: el Comité de
Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha formulado distintas
recomendaciones; el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y el
Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos
y las libertades fundamentales y la lucha contra el terrorismo
—también los dos de Naciones Unidas— y el Comisario para los
Derechos Humanos del Consejo de Europa. Nuestra alternativa es muy clara:
suprímanse las limitaciones de derechos de designación de abogado de
comunicación, suprímase la situación de incomunicación.


Discrepamos igualmente de la previsión de medidas coercitivas y
la ausencia de asistencia letrada en la toma de muestras biológicas,
porque además creemos que ello se aleja de reiterada jurisprudencia y de
un acuerdo general de la sala segunda del Tribunal Supremo de 14 de
septiembre de 2014, en definitiva las medidas de investigación que son
limitativas de los derechos reconocidos en el artículo 18.


La tecnología avanza que es una barbaridad —frase ya casi
humorística—, avanza para los delincuentes y avanza también para
quienes tienen que perseguir a esos delincuentes. Pero la preocupación
que a mí me ha suscitado la lectura de este proyecto y la preparación de
esta intervención es que no avanza tanto en la protección de los derechos
fundamentales, que van por detrás de estos avances tecnológicos y este
proyecto me temo que es expresión de ello.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Necesito quince segundos, señor
presidente, es ya la última idea.


Es cierto que se ha avanzado en relación con las posibilidades de
intervención de comunicación acordadas por el Ministerio del Interior,
por el secretario de Estado, que se planteaban en el anteproyecto, pero
por razones de urgencia y con comunicación al juez —que debe
ratificarlo después— se mantiene la detención de correspondencia
privada, la interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas,
la utilización de dispositivos que permitan grabación y captación de
comunicaciones orales o de instrumentos de seguimiento y localización o
el registro de dispositivos de almacenamiento. Y no estamos de acuerdo
con que se mantenga esta posibilidad.


Muchísimas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


La senadora Capella presenta la propuesta de veto número 2 al
proyecto de ley y también al proyecto de ley orgánica. Tiene la palabra
para la defensa de los dos vetos.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente. Buenas tardes,
senadoras y senadores.


Esquerra Republicana ha presentado veto a ambos proyectos de ley
y he de decir que, a pesar de haber presentado el veto —y con
alguna salvedad, como decía el senador Iglesias—, estaría de
acuerdo en una parte de la reforma, que es aquella que pretende
concentrar de una vez por todas el derecho a la asistencia letrada y, por
tanto, el derecho de defensa entendido como un todo y no entendido de
forma independiente. Esta es de las pocas cosas que merecen la salvedad
de ambos proyectos de ley.


En Esquerra Republicana consideramos que hemos perdido una
oportunidad, hemos desaprovechado otra oportunidad, porque arrastramos
—es lo que estamos haciendo: reformar parcialmente la Ley de
enjuiciamiento criminal— de nuevo un modelo gestado en el siglo
XIX, con muchas reformas que se han producido con posterioridad a la
promulgación de la Constitución española, y esto implica la convivencia
de normas distintas, artículos que estaban pensados para una sociedad
agraria, eminentemente rural y esto subyace en el modelo de justicia y,
por tanto, de procedimiento penal que contempla la actual Ley de
enjuiciamiento criminal a pesar de las reformas operadas.


¿Que era necesaria la reforma? Por descontado, pero no en estas
condiciones. Era necesaria una reforma integral, necesaria y urgente,
pero, insisto, no mediante esta manera de proceder, y no les desvelo nada
nuevo de lo que ya he dicho a lo largo de los distintos debates
parlamentarios que se han sucedido en las comisiones del Senado con
competencias legislativas e incluso en las que no las tenían. No es una
buena manera de proceder, no es una buena manera de legislar la que se ha
utilizado estos dos últimos meses.


La Ley de enjuiciamiento criminal es una ley de importante calado
en lo que respecta al modelo de sociedad y por tanto también al modelo de
proceso penal que se pretende en una sociedad moderna. Y decía que es
verdad, que nos hemos quedado a mitad del camino, a medias, y con ello
ustedes eluden la responsabilidad que les toca por ser el partido
mayoritario de la Cámara, el partido que gobierna el Estado español. Les
diré una cosa: son más tácticos que estratégicos y por eso pasa lo que
pasa: las reformas no son de calado ni lo que realmente necesita la
sociedad y, en definitiva, no solucionarán —eso creemos en Esquerra
Republicana— los problemas que arrastra la justicia penal. Es más,
me reafirmo en lo que dijo el ministro el lunes pasado en un encuentro en
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo; terminó diciendo: «Nos
hemos adaptado a las necesidades; las disponibilidades han determinado el
modelo.» Pues miren, mala manera de legislar, mala manera de diseñar lo
que debería ser un proceso penal con todas las garantías y, por tanto, el
código procesal penal que requiere una sociedad moderna.


Por eso la pregunta es: ¿Se cumplirán los objetivos de agilizar,
de una justicia moderna que garantice los derechos fundamentales de los
ciudadanos? ¿Para cuándo el código procesal penal? Porque se trataba de
eso y no de lo que han terminado haciendo, que creo que lo harán solos,
como no puede ser de otra manera, pues ya nos tienen acostumbrados y está
siendo una constante que las reformas de calado que afectan
sustancialmente a estructuras básicas del Estado ustedes las acaban
haciendo solos y las votan únicamente ustedes. Para muestra, lo que pasó
con el Código Penal.


Decía que estábamos ante una reforma parcial, seguramente también
por esa incapacidad que tienen de diálogo, por esa incapacidad de aceptar
la visión del que tienen sentado delante. En definitiva, esto no
comportará una mejora de la justicia penal y al final lo que pasará con
esta reforma que se va a aprobar en la tarde de hoy es que las
modificaciones que se han introducido en estos dos proyectos de ley de la
Ley de Enjuiciamiento criminal —uno con trámite de ley orgánica,
otro con trámite de ley ordinaria— es que se va a dar cumplimiento
a la incorporación de la jurisprudencia que emana del Tribunal
Constitucional, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sobre todo en
lo que afecta a la doble instancia penal, y a la adaptación de la
legislación española a las directivas europeas —intervenciones de
las comunicaciones y trasposiciones, algunas defectuosas, de la directiva
europea—.


El primer proyecto de ley, el tramitado como ley ordinaria,
incorpora plazos máximos de duración de la instrucción. Pues bien, todos
deberíamos saber —o algunos deberían saber un poco más— que
la duración de un proceso no depende solo de la voluntad del instructor y
de que se establezcan plazos máximos, sino que depende de la complejidad
del delito instruido, del número de partes que intervienen en el proceso,
de la capacidad que tienen —en el ejercicio de su derecho de
defensa y de acusación— de interponer recursos contra las
resoluciones judiciales y de los medios materiales y personales
—repito, de los medios personales y materiales—. Y en esta
ley también se nota el efecto del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, porque existen dos disposiciones —luego
me referiré a ello— en las que también se habla de que estos dos
proyectos no conllevarán ni modificaciones económicas ni representarán
gasto que afecte a los presupuestos, porque yo hablaba de medios
materiales, pero también personales de los juzgados y de la
fiscalía.


En cuanto al Ministerio Fiscal, el gran debate debería ser qué
papel se le otorga al Ministerio Fiscal. Tampoco se han atrevido a dar un
paso si verdaderamente el Ministerio Fiscal debía convertirse en quien
llevase realmente el peso de la instrucción. No sé si al final lo habrán
incluido en su autoenmienda, porque nos tienen acostumbrados ya a
autoenmendar sus propios proyectos de ley, sobre todo en la fase del
Senado, con la consiguiente imposibilidad de realizar un debate real de
las mismas, por lo que no sé si realmente el fiscal terminará teniendo
ese papel relevante que nosotros criticábamos en nuestro veto por
escrito, en el sentido de si debía ser él quien accionase o no la
instrucción del procedimiento, sabiendo también que no forma parte del
juzgado en el que se tramita el procedimiento ni existen elementos de
comunicación diaria y constante entre los juzgados de instrucción y la
propia fiscalía.


En cuanto al procedimiento de decomiso autónomo —que, como
dicen, responde a la Directiva 2014/42 de la Unión Europea, que es un
mandato, efectivamente, de Europa—, este permite privar de la
titularidad de los bienes procedentes del delito a pesar de que el autor
no pueda ser juzgado. Creemos sinceramente que esto significa una
ampliación del procedimiento bajo el pretexto de prevenir y luchar contra
la delincuencia organizada. Y en relación con terceros, se establecen
presunciones, no ya de conocimiento del origen, sino de la sospecha. En
Esquerra Republicana creemos que esto puede suponer una inversión de la
carga de la prueba, que se extiende, o puede llegar a extenderse, a todo
el patrimonio del sujeto, ya que puede afectar también a bienes de origen
lícito; ello implica creemos, vulneración de derechos fundamentales. En
definitiva, la regulación rompe los principios generales del proceso
penal, genera una tremenda inseguridad jurídica y, como decía, conlleva o
puede conllevar la vulneración de derechos fundamentales.


Doble instancia procesal. Evidentemente, bienvenida, ya era hora.
Cuántas sentencias condenatorias en las que no ha habido la posibilidad
de la doble instancia penal.


Intervenciones de las comunicaciones. Viene a dar cumplimiento,
como decía, a la transposición de directivas comunitarias, pero también a
resoluciones y sentencias tanto del Tribunal Constitucional como del
Tribunal de Justicia Europeo.


Como decía el senador Iglesias, se ha moderado la capacidad de
intervención tanto del Ministerio del Interior como del secretario de
Estado; sin embargo —también se refería a ello el senador
Iglesias—, se mantiene la posibilidad de que las actuaciones pueda
ser ordenadas en los supuestos de terrorismo. A nosotros esto no preocupa
por una razón especial y por eso lo denunciamos y votamos en contra tanto
a la reforma del Código Penal como a la ley que reformó los artículos en
materia de terrorismo —que también forman parte del Código
Penal—, por esa ampliación, por esa extensión y ese artículo que,
en definitiva, venía a ampliar los delitos de terrorismo a otras
acciones.


Debo hacer una mención especial al cambio de denominación de
algunos de los sujetos del proceso, en este caso el imputado que, como
decía también el senador Iglesias, se va a denominar hasta la apertura
del juicio oral investigado. Las preguntas son: ¿A qué obedece este
cambio? ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Les preocupan sus imputados? ¿Les
preocupa el desvalor social que, efectivamente, tiene la carga de ser
imputado?


La defensa de la presunción de inocencia requiere una profunda
reflexión social, política y jurídica que en ningún caso se soluciona con
un cambio de denominación en la fase de instrucción del sujeto sometido
al proceso penal. La presunción de inocencia tiene muchas maneras de ser
defendida: a través de unas buenas garantías procesales y también a
través del tratamiento —cuestión que cabe analizar y creo que este
es un debate que siempre se deja de lado— que los medios de
comunicación efectúan tanto del proceso penal como del detenido, los
juicios paralelos, etcétera. En definitiva, el cambio de denominación no
comportará el desvalor porque el ser sometido al proceso penal conlleva
también esa carga de desvalor que comporta el propio proceso penal. En
todo caso, la presunción de inocencia debe ser garantizada con la
protección de los derechos fundamentales y todas las garantías que deben
acompañar al procesado.


Decía que si algo salvaba de estos proyectos de ley era lo
relativo a los derechos del detenido: tratar como un todo el derecho de
defensa y el derecho de asistencia letrada. Seguramente esta división a
lo largo de todos estos años tiene que ver con la regulación contenida
tanto en el artículo 17 como en el 24.2 de la Constitución española, que
conllevó el impedir que el ejercicio del derecho de defensa se iniciase
en el mismo momento de la detención cuando es llamado el letrado para
asistir al detenido. Efectivamente, en eso algo hemos avanzado, hemos
avanzado, obviamente, por obligaciones que vienen de Europa y que nos han
marcado que tuviésemos que avanzar también en esta regulación. En
definitiva, ya era hora de que fuese así.


Nuestras objeciones se refieren, evidentemente, a cuando se
aplica la incomunicación y decía que se nota el efecto del ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas cuando en el proyecto de ley aparece
una disposición adicional única y una la disposición adicional primera en
la ley orgánica. La primera dice: Las medidas incluidas en esta norma no
podrán suponer incremento de dotaciones de personal ni de retribuciones
ni de otros gastos de personal. Y en la disposición adicional primera del
otro proyecto de ley aparece esta previsión de costes. Pues ya me
explicarán ustedes cómo se hace esto, cómo se aplica una reforma del
calado de estas normas, que en algunos aspectos deberá conllevar
seguramente incremento de dotación de medios materiales y personales, sin
que signifique una previsión de costes y que sin que signifique un
incremento de dotación presupuestaria.


En definitiva, la reforma —y por eso hemos presentado
veto— era necesaria y urgente no en la manera y en las formas
utilizadas por el Gobierno y por el Partido Popular, que no va a cumplir
los objetivos que debía perseguir la reforma, que era la agilización de
los procesos judiciales penales, no significará unas garantías de los
derechos fundamentales y tampoco se va a avanzar en materia de
trasparencia. Se necesita un código procesal penal, un nuevo modelo de
proceso penal, una nueva estructura procesal penal y una ampliación de la
planta judicial. Y ninguno de los dos proyectos va en esta
dirección.


Por estos motivos hemos presentado veto a ambos proyectos
legislativos y solicitamos el apoyo del resto de los grupos
parlamentarios.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.


Los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, han presentado el veto número 3 al proyecto de ley
y también una propuesta de veto al proyecto de ley orgánica.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.


Debatir estas dos leyes significa, como antes decía de forma más
profunda, ver en qué marco de la política de justicia se producen. He
dicho antes en otra intervención que recuerdo perfectamente el 5 de marzo
del 2012, cuando el ex ministro Ruiz-Gallardón dijo en la comparecencia
donde presentaba su programa que su objetivo fundamental era modernizar y
agilizar la justicia. En estas dos últimas semanas y en las dos semanas
siguientes discutiremos y se aprobarán diversas leyes que prácticamente
todas ellas insisten en modernizar y agilizar la justicia, e insisten en
esto porque —antes he hecho la broma de pedir que quien creyera que
la justicia se ha modernizado o se ha agilizado que levantara la mano;
antes no la ha levantado nadie y ahora tampoco— no se ha
modernizado ni se ha agilizado la justicia.


En todo caso, sin ningún género de dudas, ha sido esta
legislatura la más conflictiva desde el punto de vista de la justicia con
todos los agentes de la justicia: los colegios profesionales, los jueces,
los funcionarios, el Colegio General de la Abogacía, todos han estado en
contra de muchas de las disposiciones, en definitiva, del Ministerio de
Justicia.


Y que la justicia no ha avanzado o no se ha modernizado o no se
ha agilizado no es que lo diga la oposición o lo diga yo en este momento
y en nombre de Jordi Guillot, sino que hay un reciente barómetro del
Consejo General de la Abogacía —que hace un barómetro sobre la
opinión de 2225 abogados, que son muchos— en el que se responde a
dos preguntas, que son las siguientes. Primera: ¿La justicia funciona
bien o muy bien? Respuesta: 14 %. Segunda: ¿La justicia funciona mal o
muy mal? Respuesta: 77 %. Es decir, estamos en un país donde el 77 % de
los profesionales que han de intervenir —en definitiva, una
profesión importante de la justicia— dicen que funciona mal; pero a
la segunda pregunta de si se ha mejorado en los últimos años o se ha
empeorado, el 14 % dicen que se han mejorado y el 50 % dicen que ha
empeorado. Dicho de otra manera, estamos discutiendo unas leyes que
intentan ocultar de alguna manera posiblemente uno de los grandes
fracasos del Ministerio de Justicia del Gobierno del Partido
Popular.


Dicho esto, el otro día alguien me preguntaba: ¿Qué ha pasado con
la justicia? Si no se ha modernizado, si no se ha agilizado, ¿qué ha
pasado? Yo le dije que había una herencia de cinco o seis puntos que el
Gobierno y la mayoría del Partido Popular va a dejar al país y al próximo
Gobierno y a las próximas Cortes.


Primera cuestión. Prácticamente lo primero que hizo el Partido
Popular fue transferir, quedarse, si me permiten, «usurpar» —entre
comillas— competencias y funciones del Consejo General del Poder
Judicial al ministerio, con lo cual la autonomía y la independencia de
cosas gravísimas —que ahora no voy a explicar para no
alargarme— quedaron en manos del Ministerio de Justicia.


Segunda cuestión que ha producido la política de justicia del
Gobierno del Partido Popular. Sin ningún tipo de cuestionamiento, ha
producido una disminución de los derechos y libertades de las personas,
que tiene muchos aspectos, pero uno fundamental: las tasas. Las tasas fue
una decisión para evitar que mucha gente pudiera ejercer su derecho a la
justicia; hubo una modificación parcial ante el alud de manifestaciones
contrarias a que un tema como la justicia fuera objeto de
mercantilización.


Pero ha habido otras decisiones, por ejemplo, Gobierno del
Partido Popular: Estamos colapsados en justicia, no invertiremos ni un
dinero más ni habrá más personal. ¿Qué hacemos con lo que tenemos? Pues
muy fácil: cuando se aprueba la Ley Hipotecaria se cede, se externaliza a
los registradores una parte de esa función; cuando se hace la Ley de la
Jurisdicción Voluntaria se traspasa a los notarios una parte de esa
función; hoy o mañana, cuando aprobemos estos proyectos, se traspasará a
los procuradores una parte de esta función, y además se toman medidas,
como limitar la instrucción a 6 meses, lo que en definitiva también
expulsa el trabajo de la justicia. Dicho de otra manera, la forma de
agilizar, de disminuir el colapso en la justicia pasa para el Gobierno
del Partido Popular por externalizar o privatizar una parte importante de
sus tareas.


Tercera cuestión. La política centralista y uniformizadora del
Partido Popular en relación con la justicia. No se me escapa,
evidentemente, lo que dice la Constitución de la justicia, pero hay
necesidad porque la justicia es el único aparato del Estado que
prácticamente no ha experimentado ninguna evolución desde el Estado de
las autonomías, prácticamente ninguna por no decir ninguna; es posible
hacer descentralización y no se hace.


Y la cuarta y última herencia es algo que algunas personas
recuerdan y otras personas no recuerdan, que es que esta Cámara y el
Congreso de los Diputados eliminaron la justicia universal.


En definitiva, todos estos puntos —la disminución de la
autonomía del Consejo General del Poder Judicial; la disminución de
libertades; la externalización y privatización del servicio público de la
justicia; la no inversión en justicia; la centralización y uniformización
de la justicia y la eliminación de la justicia universal— forman
parte de su herencia. No hay herencia de modernización, no hay herencia
de agilización, por eso tanto en las leyes que discutimos hoy como en las
que discutiremos mañana plantean ustedes la necesidad de agilización.
¿Por qué la plantean? Porque cuando plantean eso están reconociendo el
fracaso de estos cuatro años de justicia.


Antes de entrar en el contenido, otro elemento son las formas en
las que ustedes han planteado el procedimiento parlamentario, las formas
parlamentarias. Creo que no es equivocado decir que ha habido
improvisaciones y precipitaciones que, como se decía esta mañana, han
llevado a errores importantes en el Código Penal; a algo insólito como es
que a un proyecto de ley que presenta el Gobierno de nacionalización de
los sefardíes el PP presente enmiendas en el Congreso en relación con la
nacionalidad española, viene al Senado y se retiran, o que en una
propuesta de externacionalización del Registro Civil, en el trámite
parlamentario sacan el modelo de Registro Civil y hoy no tenemos modelo
de Registro Civil, modelo que debía estar en marcha en 2015. Y también
sucede que hay muchos proyectos —por no decir prácticamente todos
los proyectos importantes de justicia— en los que el Partido
Popular presenta enmiendas importantes, que cambian aspectos sustanciales
de la ley, impidiendo el informe del Consejo de Estado o del Consejo
General del Poder Judicial e impidiendo la respuesta de la oposición con
otras enmiendas que respondan a esas enmiendas.


No creo que sea posible, señoras y señores senadores, presentar
en una ley del Gobierno 30 enmiendas en el Congreso y 40 o 50 enmiendas
aquí, enmiendas importantísimas, no superficiales. Si después quieren, en
el trámite de enmiendas puedo leer las enmiendas que se han presentado y
a qué afectan, y veremos que afectan a cuestiones absolutamente
fundamentales, que no sé qué explica eso. Explica improvisación, explicar
querer eludir informes del Consejo de Estado..., no sé qué explica, pero
alguna explicación debe tener, no creo que sea incompetencia. Descartando
la incompetencia, que la descarto, debe de haber otras razones que hacen
posible que ustedes presenten en el Senado, por ejemplo en la ley que
discutiremos mañana, veintitrés enmiendas que, si no recuerdo mal, tocan
todo lo importante.


Dicho esto y yendo a las dos leyes que nos ocupan, recuerdo que
el exministro Ruiz-Gallardón, de forma muy amable, nos invitó a dos
comidas en el ministerio. A la primera para decirnos que la Ley de
enjuiciamiento criminal que teníamos era una ley del siglo XIX y que no
quería hacer parches sobre una ley del siglo XIX, sino que quería
presentar una ley procesal penal del siglo XXI. Y nos planteó si nos
parecía bien que hubiera una comisión de expertos; nos preguntó si nos
parecía bien pero ya la había hecho. El Gobierno nombró una comisión de
expertos para hacer una propuesta integral de ley procesal penal. Y el
eje fundamental que estructuraba toda esa ley integral era la sustitución
del juez instructor por el fiscal instructor, de forma que el juez
quedaba en una posición, por decirlo así, de garantía. Parece lógico







a mí me lo parece— que no pueda ser que el mismo juez que
instruye luego dicte sentencia. Por lo tanto, la propuesta que el
exministro nos hizo fue si estábamos de acuerdo o no con unos documentos
que se nos dieron en esas dos comidas sobre la elaboración de un proyecto
de ley que fuera la ley de enjuiciamiento criminal del siglo XXI, pero no
sé por qué esto ha desaparecido. No existe hoy ninguna presentación de
una ley procesal penal nueva que sitúe este aspecto fundamental del
fiscal como eje, como núcleo fundamental del proceso penal. Lo que
existen son dos proyectos de ley, si me lo permiten, con picoteos de
algunos temas. Pero los elementos centrales siguen siendo los mismos,
algunos de ellos para que parezca que se va a modernizar la justicia, no
ahora, en enero, en febrero o en marzo, pero en absoluto existe la
propuesta.


No sé, y me gustaría que alguien me lo explicara, por qué razón
la idea de Ruiz-Gallardón, que contaba con documentos y que a todos los
portavoces parlamentarios del Congreso y del Senado nos pareció
aceptable, no se ha llevado adelante. No lo sé. Lo único que sé es que
hubo una comisión de expertos, que se realizaron unos trabajos y que
existían una voluntad y una actitud positiva para hacerlo. Lo que quiero
decir es que hoy estamos reformando una ley del siglo XIX y nos gustaría
tener una ley del siglo XXI, una ley que superara los casi doscientos
años de antigüedad de la que tenemos.


Voy a detenerme en los cuatro o cinco aspectos más importantes y,
luego, en el trámite de enmiendas explicaré más. El tema estrella de una
de estas leyes consiste en que el tiempo de instrucción sea de seis
meses. Un compañero juez me dijo que eso era como chasquear los dedos, y
ya tener los seis meses. No basta con un chasquido para que sean seis
meses, porque, para que la instrucción pueda hacerse en seis meses, habrá
que hacer cosas. No sé si el Grupo Popular conoce alguno, pero yo no
conozco ningún plan para seis meses. Todas las personas ligadas a la
justicia con las que he hablado me dicen que esto es absolutamente
imposible, pero me plantean dudas. Si cuando llegan los seis meses la
instrucción no se ha acabado, ¿qué pasa? La ley contempla la posibilidad
de prórroga del fiscal, que no es quien instruye, pero se le niega al
juez. Esto tampoco lo entiendo. Porque si el juez está instruyendo un
procedimiento judicial y al cabo de seis meses ve que no llega, lo normal
es que sea el juez quien pida la prórroga. Pues bien, el juez tiene
prohibido pedir prórroga. Solo la puede pedir el fiscal, tampoco puede
hacerlo la acusación particular. No lo entiendo.


En todo caso, esta propuesta es mágica. Se dice que no habrá más
medios, que no habrá más recursos, pero que lo que antes se hacía en
nueve o diez meses se puede hacer en seis. Esto parte de tener una visión
del juez: si no se hace en seis meses es porque no quieren y, como no
quieren, vamos a darles un plazo de seis meses para que lo hagan. Esto no
es verdad, es decir, los jueces no hacen o no terminan muchas cosas en
seis meses porque no tienen medios. España no tiene medios en materia de
justicia y quien diga que no es así que levante la mano. La justicia no
tiene medios. El Consejo Fiscal, señorías, califica esta medida como
absurda. El Consejo Fiscal dice literalmente: Establecer un plazo límite
sujeto a control en nuestro modelo procesal, en el que la investigación
está en manos del juez instructor, puede resultar hasta absurdo. Y dice
que por qué no se mantiene la actual situación hasta que haya una ley
procesal penal. ¿Cómo interpretan ustedes que el Consejo Fiscal les diga
que su medida estrella es absurda? ¿No les hace pensar en cambiarla o les
da lo mismo que sea absurda?


El segundo tema es el de la incomunicación, al que antes también
he hecho referencia. Reconocemos que en el trámite parlamentario del
Congreso se han mejorado cosas sobre la incomunicación, por ejemplo, me
parece muy importante el hecho de que en esta ley se diga que una persona
incomunicada recibirá al día dos visitas del médico. Por tanto, hay
mejoras en relación con el régimen de incomunicación. Lo que ocurre es
que nosotros estamos en contra del régimen de incomunicación. Hace veinte
años podíamos discutir si el terrorismo en España nos llevaba a tener
situaciones de incomunicación.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor SAURA LAPORTA: Acabo, señor presidente.


Pero en estos momentos esto está superado y lo que defendemos es
que cualquier persona, una vez que se la detiene, pueda tener todos los
instrumentos legales para defenderse, ni uno menos que los demás. Y la
incomunicación significa que no tenga los mismos derechos, a pesar de que
se haya mejorado y donde antes se decía que no tenía ninguno ahora sí
tenga alguno; eso también ha mejorado. El problema es que no tiene ningún
sentido que exista un régimen de incomunicación, y esto nos lo han dicho
autoridades internacionales.


La última cuestión que quiero mencionar en este trámite tiene que
ver con el famoso artículo 520. Este artículo tiene una redacción que,
junto a lo que dice la ley mordaza, pone a los profesionales de los
medios de comunicación en una inseguridad jurídica terrible. Han hecho
cartas y manifiestos que ustedes deben de haber recibido.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor SAURA LAPORTA: Termino.


El artículo 520 abre la posibilidad de sancionar a un fotógrafo
que hace una fotografía a una persona cuando se le detiene y, a
continuación, se le aplica la ley mordaza. Por tanto, nos parece que se
debería abolir el artículo 520.


Por lo tanto, señorías, les doy un suspenso en política de
justicia en estos cuatro años. En estos momentos son las leyes que
intentan modernizar y estamos dispuestos a ver todo aquello que se puede
modernizar, pero hemos perdido cuatro años fundamentales para que la
justicia española esté situada donde debe estar, que es un espacio de
libertad, de igualdad y de justicia para todo el mundo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.


La propuesta de veto número 4 al proyecto de ley y al proyecto de
ley orgánica ha sido presentada por las senadoras Almiñana y Sequera y
los senadores Boya, Bruguera, Martí Jufresa, Montilla y Sabaté, del Grupo
Parlamentario de la Entesa.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.


Señorías, voy a hacer unas primeras consideraciones sobre la
manera de legislar, del proceder legislativo del que también hablaba el
senador Saura en materia de justicia, por supuesto, pero también otras.
Me voy a referir a esta manera de legislar que están imponiendo el
Gobierno y el Grupo Popular, que le apoya, a lo largo de la legislatura
pero de manera muy particular en estos meses finales, caracterizados por
la tramitación exprés, que algunos pensamos que vulnera en la práctica
los derechos de los senadores y senadoras. Ya sé que ustedes dirán que se
cumple el reglamento, pero en realidad se dificulta la tarea de enmendar
y participar de verdad en proyectos de ley de tanta relevancia como los
que debatimos en este Pleno y en el de la semana que viene. Para la
mayoría, este procedimiento es un puro trámite que no tienen más remedio
que cumplir porque el reglamento les obliga, y por tanto, no hay diálogo
ni negociación, solo oídos sordos a todas las propuestas de mejora, a las
enmiendas que presenta la oposición; como mucho incorporan ustedes sus
propias enmiendas, aunque no siempre —también se ha dicho
aquí—. Nos da la sensación de que las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular no son fruto de la reflexión, del debate y del
propio proceso, sino de esa dinámica de improvisación que también tienen
algunas de sus medidas.


Esta es la dinámica general, y creemos que no hay precedente,
desde luego no lo hay en nuestro parlamentarismo ni tampoco en el
europeo, para la rapidez y perentoriedad con que a lo largo de estas
semanas se están tramitando estas iniciativas en tantas ponencias y
comisiones, y siempre con un resultado, y es que no se recoge ni una sola
de las enmiendas de la oposición; como mucho, en el Pleno se transacciona
alguna. Señorías, lo que estamos viviendo estos meses es la negación del
parlamentarismo, lo que provocará —estoy convencido—
inseguridad jurídica, cuestión especialmente grave si hablamos de leyes
que afectan a derechos fundamentales como las que estamos debatiendo esta
tarde. Les podría pedir que rectificasen, pues falta poco más de un mes
para el final de la legislatura, y todavía podrían tener ese gesto.


Pero paso a continuación a expresar, en nombre de los senadores y
senadoras socialistas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya, las razones que han motivado la presentación de los dos vetos,
tanto a la ley orgánica como a la ordinaria, ya que así nos presenta el
Gobierno la reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal: la orgánica,
que afecta a los temas relativos a las garantías y derechos
fundamentales, y la ordinaria, sobre la tramitación y la presunta
agilización de los procesos. La existencia de estos dos proyectos es la
primera expresión del fracaso del Gobierno, ya que, tal y como se ha
expresado con anterioridad en las intervenciones que me han precedido, el
compromiso del Gobierno y del anterior ministro de Justicia, el señor
Ruiz-Gallardón, era una reforma global e integral de la LECRIM, de la Ley
de enjuiciamiento criminal, por tanto un nuevo código procesal.


Esta reforma se planteó con cierto aire prepotente, ignorando
completamente el anteproyecto que durante la última legislatura
socialista había preparado una comisión de expertos, e incluso había
informado a algunos órganos jurisdiccionales. Ustedes prefirieron empezar
de cero encargando un nuevo proyecto a otra comisión de expertos. Todo
ello para descartar al final la reforma global e integral anunciada y
presentarnos esta reforma parcial con elementos de improvisación y
contradicción, utilizando, además, solo en parte, por supuesto, el
informe de su propia comisión de expertos.


Señorías, en la exposición de motivos y en la presentación de los
proyectos de ley en el Congreso por parte del ministro de Justicia, que
hoy ha brillado aquí por su ausencia, como imagino que sucederá con
otros, se citaban tres objetivos: agilizar la justicia, aumentar las
garantías y la seguridad jurídica, y luchar contra la corrupción. En
primer lugar, nosotros compartimos el objetivo de agilizar la justicia;
cosa distinta es que creamos que el camino que establece el proyecto de
ley no sea el adecuado, pues además de provocar efectos secundarios, no
conseguirá el objetivo que se marca. Compartimos el esfuerzo que hay que
realizar para incorporar, por ejemplo, la jurisprudencia del Tribunal
Supremo y del Tribunal Constitucional en todo lo relativo a los delitos
relacionados con la ciberdelincuencia, pero siendo conscientes de la
necesidad de tener presente la habilitación que se establece, por
ejemplo, respecto del almacenamiento indiscriminado de datos que a su vez
establece la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, que
obliga, cómo no, a modificar nuestro ordenamiento jurídico.


Lo que ocurre es que, aun siendo todo ello necesario, dado que se
trata de una serie de medidas que inciden de forma directa en derechos y
libertades fundamentales de los ciudadanos, la regulación requiere de
cautela, mesura, prudencia y proporcionalidad. Se regula, por ejemplo, la
intromisión policial con carácter general con autorización judicial, pero
se hace con algunos elementos claramente inadecuados y desproporcionados
para lo que son las intromisiones en las comunicaciones y en la intimidad
personal. En este sentido, señorías, la proporcionalidad en materia penal
tiene especialmente un valor constitucional, porque no se puede
sacrificar en aras de la eficacia y de la eficiencia en la persecución
del delito.


Algunas de las limitaciones que ustedes introducen nos parecen en
este sentido claramente desproporcionadas. En primer lugar, cabe hablar
de la duración. Se prevé que la duración de algunas de estas medidas
excepcionales sea de tres meses, prorrogables hasta dos años de escuchas
o grabaciones de imágenes, cuando luego se pretende agilizar las
diligencias del proceso a seis meses. En segundo lugar, además de la
duración, hay que tener en cuenta la proporción, ya que se pueden aplicar
no solo a delitos graves, más de cinco años, sino a delitos de penas
máximas de hasta tres años.


La desproporción de la medida también afectaría a derechos en
casos de razones de urgencia, donde la policía puede proceder sin
autorización judicial a la colocación de dispositivos de captación de
imágenes y sonido o a acceder a datos de ordenador. Por cierto, en este
contexto de ampliar garantías y de seguridad jurídica, ¿por qué no se
plantea la existencia de cámaras de grabación en las comisarías que
graben la situación de los detenidos? En Cataluña contamos con una
experiencia positiva al respecto, y algunos lo conocemos; se garantiza,
por supuesto, la integridad de los detenidos pero también, y esto es muy
importante, protege a la policía de acusaciones falsas de malos
tratos.


También es una limitación, a nuestro entender desproporcionada,
la que se efectúa mediante la modificación de los artículos 118 y 520 de
la actual Ley de enjuiciamiento criminal, que regulan los derechos de
asistencia de abogado. A pesar de haber sido reformado recientemente,
ustedes introducen ahora excepciones al derecho del imputado o detenido a
tener una entrevista con su abogado antes del interrogatorio judicial.
Introducen excepciones generalizadas que acaba decidiendo la policía,
limitando un derecho fundamental y dejando vacía de contenido una
previsión efectuada en este sentido por una directiva europea. En otro
orden de cosas, también nos preocupa la regulación que hace la ley de los
hallazgos casuales.


En lo que respecta al proyecto de ley ordinario, la medida
anunciada como la más importante para la agilización de la justicia
consiste en la reducción del plazo máximo de instrucción de seis meses o
de dieciocho meses para causas que sean declaradas complejas. Esta
medida, como ustedes saben, es ineficaz, es pura propaganda, y ello es
así porque ustedes han dicho en este y en otros proyectos de ley, que
veremos en este Pleno, que su aprobación no comporta ningún gasto
adicional. Señorías, la tramitación de la inmensa mayoría de asuntos en
nuestros juzgados y tribunales se alarga, no porque los jueces o
magistrados no trabajen o porque quieran que se alarguen, sino por falta
de medios materiales o personales ante causas en muchos casos, como
ustedes saben, enormemente complejas. ¿Qué ocurrirá si se agotan los
plazos? Que se acabe la instrucción de una forma precipitada o sin
finalización efectiva por falta de diligencias en la investigación o que
se incumplan los plazos con el riesgo de impunidad del delincuente, ambos
casos.


Todavía más irreal es la pretensión de que la solicitud de
prórrogas solo se le reconozca al Ministerio Fiscal y no al instructor, a
la acusación particular o al perjudicado. Además, con la falta de medios
de la Fiscalía esto, desde luego, es un absoluto despropósito.


Nosotros pensamos, igualmente, que es errónea la regulación de la
conexidad, también con el objetivo de disminuir la carga de trabajo de
los juzgados. Y no es que estemos en desacuerdo en encontrar vías que
permitan trocear y dividir macrocausas, pero sí en la fórmula regulada en
el proyecto de ley que prevé que solo el fiscal pueda instar ese
procedimiento, porque, señorías, ustedes han optado por un modelo en el
que el fiscal no es el instructor.


Finalmente, no es el modelo por el que apostaba el señor
Gallardón pero, habiendo optado por un modelo en el que el fiscal no es
el instructor, impedirán que el juez instructor, el perjudicado también o
la acusación particular puedan solicitar la división, y ello es un error.
Igual papel otorgan al fiscal en el proceso monitorio por aceptación de
decreto. Ustedes hacen un procedimiento que es un híbrido del juicio
rápido y la práctica de conformidad que, desde nuestro punto de vista, es
excesivamente rígido. La propuesta del fiscal se contempla como
innegociable y en este sentido pensamos que debería ser más flexible.
Tampoco es un acierto la regulación del atestado sin autor conocido.
Pensamos que solo persigue disminuir la estadística sobre el volumen de
trabajo de los juzgados y crea un problema importante, dada la
inexistencia de garantías judiciales en este caso.


Señorías, entrando en otros aspectos del proyecto de ley,
nosotros compartimos la necesidad de la generalización de la posibilidad
de recurso de apelación frente a las sentencias dictadas en instancia por
las audiencias provinciales o por la Audiencia Nacional, recurso que se
substanciará ante las salas de lo civil y lo penal de los tribunales
superiores de justicia. Esta segunda instancia era una necesidad. Ahora
bien, pretender que ello sea posible sin más medios es desconocer la
situación de los tribunales superiores de justicia. Es verdad que algunas
salas civiles y penales de algunos tribunales superiores de justicia,
especialmente en algunas comunidades uniprovinciales —y no citaré
ninguna—, no tienen mucha actividad; baste repasar la memoria. Pero
en otras comunidades con gran población, máxime si además tienen derecho
civil propio, como en el caso de Cataluña, será imposible que se realice
esa función sin más medios humanos y materiales, y no se podrá hacer
frente a los nuevos recursos de apelación fruto de la reforma de esta ley
y de las nuevas atribuciones que se le otorgan. En este sentido, por
ejemplo, la creación de una sala exclusivamente penal en algunos de estos
tribunales es una necesidad obvia. Así que, señores, nada de más
garantías, y más agilidad tampoco.


Y, finalmente, me referiré de manera breve al tercer objetivo,
junto a la agilización y las garantías de seguridad jurídica de estos dos
proyectos de ley: el de la lucha contra la corrupción. No son estos
proyectos de ley los instrumentos fundamentales para luchar contra ella,
hay otros —por supuesto, el Código Penal o la Ley general
tributaria, y mañana tendremos ocasión de tratar dos modificaciones
legislativas importantes a este respecto—, pero nos parece acertado
abordar temas que tienen relación con ella, con instrumentos como el
decomiso y la oficina de recuperación y gestión de activos que regula el
proyecto de ley. El problema es que tanto la regulación del decomiso como
la creación de la oficina de recuperación y de gestión de activos se
abordan de manera insuficiente y sin la necesaria ambición.


Concluyo, señorías. Son todas estas razones, y otras recogidas en
las enmiendas presentadas a los textos que estamos debatiendo, las que
motivan la presentación de estos dos vetos y la solicitud de devolución
de los proyectos al Gobierno.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.


El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado la propuesta de
veto número 5, tanto al proyecto de ley como al proyecto de ley orgánica.
Para su defensa, tiene la palabra el senador Díaz Tejera.


El señor DÍAZ TEJERA: Buenas tardes, señorías. Con su venia,
presidente.


Doy por reproducido en este turno el despliegue argumental que
utilizó el Grupo Socialista en la Comisión de Justicia, tanto para un
texto como para otro. Cada uno de los proyectos tiene sustantividad
propia y lo procedente sería distinguir ambos planos. Por lo que tiene
que ver con el proyecto de naturaleza ordinaria, piensen sus señorías que
en la titularidad del Ministerio de Justicia o en el desempeño de la
Fiscalía General del Estado no siempre tiene por qué haber una persona
que coincida con nuestras posiciones ideológicas y políticas, puede haber
personas que en absoluto coincidan con nuestras posiciones ideológicas y
políticas e incluso personas que no tengan sentido común, prudencia y
autocontención, que es lo que se le pide a cualquier servidor público.
Siempre que se planteen dar competencias a un cuerpo de servidores
públicos piensen que no siempre las va a ejercer una persona buena, justa
y benéfica; siempre hay que contemplar que igual no es buena, justa y
benéfica, a la hora de establecer controles en el ejercicio de
competencias que suponen poder real.


¿Por qué viene esto a cuento? Porque los dos textos no solo
suponen, como ha explicado el presidente Montilla muy bien, la no
aceptación del texto del proyecto de ley de enjuiciamiento criminal con
la que se tropezó el nuevo Gobierno cuando llegó —había un texto
bastante gordito, que vimos, tocamos y olimos—, sino que se planteó
un texto ex novo, a pesar de que ya en ese texto figuraba la propuesta de
que el Ministerio Fiscal asumiera la instrucción. Parto de la base del
reconocimiento a la cualificación individual de los autores de los textos
—algunos de los cuales conozco y a los que he manifestado mi
público aprecio—, pero discrepo del modelo que plantean porque no
llega a estar en vigor en la actualidad. En comisión, puse el ejemplo de
un gladiador que está en el circo romano y del que tiran cuatro caballos
de cada miembro; el peligro está en que o tiene más fuerza que los
caballos, o los caballos lo descoyuntan. En este caso, una pierna está en
el modelo que está en vigor y la otra en el modelo que querían haber
desarrollado pero que no se atrevieron a desarrollar. Pero hay una
evidente traslación competencial al Ministerio Fiscal —me
reconocerán los ponentes del Grupo Popular—, no solo en el ámbito
del monitorio penal, que supone una naturaleza distinta de cara a las
tareas previstas en la Constitución respecto al Ministerio Fiscal, porque
adoptan decisiones, y no es esa su función prístina, su función original,
sino también en lo que tiene que ver con la iniciativa para la ampliación
de los plazos de la instrucción.


Fíjense ustedes que al único que se le impide tener iniciativa
para ampliar el plazo de instrucción es al propio juez. ¿Qué es lo que
argumenta el Grupo Popular de manera muy inteligente?, porque yo no niego
la inteligencia de los adversarios políticos. De manera muy inteligente
argumenta: ocurre lo mismo en el contrato 1280 del Código Civil. Este
contrato no plantea que, de las dos partes que han firmado el contrato,
una de ellas lo interprete, porque una de ellas es responsable de él. Por
tanto, el juez no puede tener la iniciativa de la ampliación de plazo
porque él es el responsable de haberlo incumplido, y ese razonamiento
confunde el papel del juez: no es parte, no ha sido autor del contrato,
es el tercero imparcial que trata de evaluar conflictos jurídicos. De
ahí, que nuestras enmiendas planteen que, junto al Ministerio Fiscal,
también pueda tener la iniciativa el juez que está instruyendo porque, si
no le da tiempo a realizar la instrucción en ese plazo, tendrá que poder
pedir la ampliación de plazo. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez,
ocupa la Presidencia.)


¿Por qué razón? Señorías, ¿qué establece el artículo 117? Lo
expliqué en comisión, lo he explicado aquí en varias ocasiones y lo
vuelvo a hacer. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre
del Rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial,
independientes, responsables, inamovibles y sometidos únicamente al
imperio de la ley. ¿Hay algún servidor público en España que responda a
este criterio de estar sometido únicamente al impero de la ley? Ninguno.
Todos los servidores públicos tienen una relación jerárquica entre sí,
hay alguien que les manda y así sigue la cadena hasta el vértice. El
único que está sometido únicamente al imperio de la ley es el juez. Es el
único que no recibe instrucciones de nadie, ni siquiera de ningún otro
juez, ni siquiera de ningún otro órgano. Se puede guiar por la
jurisprudencia del Tribunal Supremo y, si no la aplica en algún supuesto,
tiene que razonarlo y motivarlo, pero no existe relación de jerarquía
porque está sometido únicamente al impero de la ley. Por el contrario, si
a quien está sometido únicamente al imperio de la ley, que es el que es
realmente independiente, le quitan esa facultad y se la dan a otros, le
colocan en una posición pasiva. Si le piden la ampliación de plazo, puede
acceder o no, pero si no se la piden, no puede tener iniciativa. ¿Cuál es
el peligro de esto? El primer peligro es decir que los 5496 jueces que
hay en España —entre jueces, magistrados y magistrados del Tribunal
Supremo— son los responsables de las dilaciones indebidas en la
instrucción de todas las diligencias previas en toda España. Claro,
porque si se establece ese plazo perentorio, no se quiere ampliar la
impunidad y no se establece ningún mecanismo para que el juez pueda
ampliarlo, le está diciendo que el responsable de las dilaciones que se
han dado y se están en la actualidad es el propio juez. Y ya puse de
ejemplo en la comisión, respecto a un dirigente del Partido Socialista
canario, PSOE, Carmelo Padrón, catedrático de urbanismo, abogado: catorce
años la instrucción. Al final, lo archivaron. Y en Canarias no hay
derecho foral de los guanches. Quiero decir que en esa sala de lo civil y
lo penal, francamente, excepto la instrucción de dos o tres aforados,
tienen tiempo más que de sobra para poder estudiarlo.


Lo que planteamos para solventar el problema de la falta de
independencia es la ampliación de plazo para que no haya ninguna rendija
por la que se cuele la impunidad en los delitos complejos. No estamos
hablando de los delitos de sota, caballo y rey, sino de los de cuello
blanco, los de corbata. Esos son los complejos, los que una persona con
solo formación jurídica no tiene ni idea y necesita un soporte de
estudiosos en el ámbito de las disciplinas financiera, económica, de
contabilidad, etcétera.


¿Qué hemos argumentado también? Que este es un modelo que está a
patas entre otros dos —tiene el peligro de descoyuntarse—. Se
plantea una traslación competencial al Ministerio Fiscal en materia de
plazos de instrucción en el ámbito del monitorio penal, siendo así que no
está sometido únicamente al imperio de la ley, porque hay una relación
jerárquica de los integrantes —dignísimos, por otra parte, y
cualificadísimos—, pero constitucionalmente no son independientes.
No solo es eso, sino que se ha perdido una oportunidad para regular una
figura que todos reconocemos que ha tenido diversos efectos perversos,
que es la contemplada en el artículo 191.1 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y en los artículos 101 y 270 de la Ley de enjuiciamiento
criminal: la acción popular. Hay multitud de casos en España en los que
lo que estaba previsto para la acción pública, para la acción popular,
como fomentar la legalidad y el respeto a los derechos, ha tenido mil y
una utilizaciones ajenas al interés general, ajena al principio de
legalidad, con efectos muy perversos y de ajustes de cuentas de muy
distinta naturaleza, no necesariamente siempre dignos y adecuados al
interés general.


Otro asunto más. El problema de la segunda instancia no es que no
tenga cobertura jurídica, porque está desde los años sesenta en el
artículo 14.5 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos. El
problema es que los que están ahora en la sala de lo civil y lo penal,
que están aplicando derecho foral —hablamos de Cataluña, hablamos
de Aragón, hablamos de Galicia, hablamos del País Vasco, hablamos de
Baleares, hablamos de la Comunidad Valenciana, donde hay derecho foral,
no derecho civil común—, han accedido ahí después de doce o trece
años de experiencia en la aplicación de ese derecho foral. Al haber
ganado esa plaza en la sala de lo civil y lo penal, con esa experiencia
están tomando decisiones en el ámbito civil en el derecho foral, y ahora
les van a encargar que ellos, que llevan décadas sin ver un asunto penal,
sean los que revisen las sentencias de los que llevan décadas poniendo
sentencias penales. ¿Por qué razón? Porque esto no puede llegar, que es
el mantra que se repite, esta letanía de que no puede haber modificación
en la planta judicial, y abro paréntesis: saben ustedes que la promoción
número 63 de jueces, que ha estado dos años en espera de plaza, ya tiene
plaza; está la 64 y la 65 que todavía no tienen plaza, pero ya la 63
tiene plaza —es una planta judicial que lleva parada ocho
años—. Pues bien, esta persona que lleva décadas sin ver un asunto
penal va a revisar sentencias de personas que han accedido a la audiencia
provincial después de décadas en la carrera judicial aplicando sentencias
penales, y algunos de ellos —no voy a decir nombres porque son
asuntos privados—, magistrados especialistas en derecho foral de
alguna de las comunidades que he citado, me llamaban asustados y me
decían: ¿Cómo me van a decir a mí que yo revise una sentencia penal
cuando llevo veinte años sin ver una sentencia penal? ¿Cómo le voy a
revisar a uno que lleva veinte años haciéndolo? Lo natural, lo propio, es
que se creen esas salas de lo penal. ¿Por qué? Porque, naturalmente,
llueven en segunda instancia todos los recursos contra las sentencias de
la audiencia provincial, contra todas las sentencias de la secciones de
lo penal.


Los criterios en torno a la conexidad ya los expliqué en
comisión; no los repito ahora porque aquí tengo mucho menos tiempo.


En relación con el proyecto de ley orgánica, el señor Iglesias
tuvo la amabilidad de reconocer unas sesiones que organizamos en el
Senado, en las que estaban todos los grupos políticos y el ministerio, en
torno al modelo de activos y de seguimiento del dinero y del patrimonio
mobiliario e inmobiliario del crimen organizado. Para nosotros es muy
importante que esa oficina de recuperación de activos tenga un margen
competencial mayor que el que tiene en la actualidad. Hay varios modelos,
pero a nosotros nos gustaba mucho el italiano, que tiene una gran
experiencia en la lucha contra el crimen organizado. Incluso el actual
director de OLAF, la Oficina de Lucha contra el Fraude de la Unión
Europea, es un magistrado italiano, Giovanni Kessler, que estuvo el día 1
en la comisión política del Consejo de Europa explicándonos el trabajo
que hacía en este ámbito y nos pareció que es una experiencia muy
interesante. Lamentamos que hayan hecho una interpretación muy
restrictiva y tacaña del ámbito competencial de esta oficina de
recuperación de activos.


¿Cuál es el problema con el registro remoto de los datos
almacenados? El problema con el IP, el número identificador que tiene un
ordenador, no tiene mayor dificultad. Los problemas se dan con el IMEI o
el IMSI, que son los identificadores que tiene el teléfono para conectar
luego con el servidor. ¿Qué ocurre con esto? Que mientras estamos
hablando acerca de esto, lo que llaman la minería de datos por parte de
las grandes corporaciones en torno a los móviles que nosotros usamos
avanza a una velocidad muy superior. Ayer se publicaba la existencia de
empresas dedicadas a los drones que están registrando datos en el ámbito
privado no solo del presunto delincuente, sino del conjunto de
integrantes del núcleo familiar. Y aquí lo que se plantea respecto al
registro remoto es que la formulación tecnológica tal cual está, mientras
la debatimos y hasta que entre en vigor, les garantizo que va estar
obsoleta por la velocidad con que se desarrolla. Por eso sugeríamos en
nuestras enmiendas una formulación tecnológica suficientemente abierta y
omnicomprensiva para que en cada momento el juzgador, cuando vaya a
autorizar la grabación de imagen y sonido mediante drones o cualquier
otro sistema, siguiera respetando los principios de especialidad,
excepcionalidad, idoneidad, proporcionalidad y necesidad. El respeto de
esos cinco principios exige que el juez de instrucción tenga esa fórmula
general y omnicomprensiva que le permita, con todos los avances
tecnológicos del momento, que no se quede atrasado, como está pasando
ahora. Ustedes saben que esa sentencia de Luxemburgo obliga a la
modificación de la parte tecnológica por la sencilla razón de que los
servidores ya no están obligados a seguir reteniendo durante años
información sobre millones de españoles; ahora lo pueden hacer
exclusivamente respecto a los que están incursos en diligencias
previas.


Me he pasado ya veintiún segundos de mi tiempo. Hay un conjunto
de propuestas en relación con las cámaras de vídeo, el lenguaje o el
imputado de lujo que ya expliqué en la comisión. Les he estado explicando
la broma que resulta el programa de cumplimiento normativo para personas
jurídicas, porque lo de la agilización no lo veo por ningún lado y creo
que aumenta la inseguridad por estas razones que he esgrimido. Se ha
hecho este último razonamiento sobre la lucha contra la corrupción,
cuando para delitos como la malversación o el cohecho en vez de extender
a diez años la prescripción la mantienen en cuatro o cinco años, y a las
personas jurídicas que han podido ser sujetos de infracciones criminales
solo se les exige que tengan un programa de cumplimiento normativo, es
decir, que cuenten con un señor o una señora que les diga: Mire, tiene
que hacer esto o lo otro. Es algo que en general tienen las empresas.
Aunque lo llamen ahora programa de cumplimiento informativo, eso es lo
que durante años se ha llamado el corporate affairs, es decir, las
personas responsables de los asuntos jurídicos que le dicen a la empresa
las cosas que no puede hacer porque el ordenamiento jurídico se lo
prohíbe.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Termine ya, por favor.
Tiene un turno de portavoces.


El señor DÍAZ TEJERA: No puedo acabar sin decirle al presidente
que le agradezco mucho ese minuto cuarenta y un segundos que me ha dejado
de más.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor Díaz
Tejera.


Para ejercer el turno en contra, el señor Represa tiene la
palabra.


El señor REPRESA FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías.


Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar
nuestra posición con respecto a los vetos que han presentado los
distintos grupos parlamentarios. Cinco han sido los vetos presentados a
cada uno de los proyectos de ley que debatimos, a los que voy a tratar de
contestar, anunciando de antemano el voto en contra a todos ellos.


En primer lugar, quiero hacer una breve referencia a la
oportunidad de estos dos proyectos de ley, de la cual se ha hablado tanto
aquí como en comisión. La Ley de enjuiciamiento criminal que se reforma
data del año 1882; por tanto, tiene más de ciento treinta años de
vigencia. Esta ley ha tenido múltiples modificaciones para adaptarse a
las exigencias sociales de cada momento. Y aunque es una buena ley
—creo que eso no lo puede poner en duda nadie—, no es menos
cierto que necesita de una inaplazable reforma.


También se ha hablado aquí de la urgencia o no de estos proyectos
de ley. Como les dije en comisión, y lo digo ahora y lo mantengo, la
reforma es urgente. Lo mantengo porque resulta necesaria e ineludible. En
ningún caso ha sido una reforma improvisada o poco meditada, sino todo lo
contrario. Esta es una reforma muy trabajada —en consonancia con
otras reformas llevadas a cabo por el actual Gobierno, como la reforma
del Código Penal o la de la Ley Orgánica del Poder Judicial—, que
incorpora jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional como del
Tribunal Supremo, así como directivas de la Unión Europea —a las
que luego me referiré—, recomendaciones del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos y los compromisos adquiridos por España a través de
convenios internacionales, además de dar satisfacción a las demandas
sociales, que creo que es un aspecto muy importante que hay que tener en
cuenta.


Ahora voy a referirme concretamente a los vetos presentados a la
ley ordinaria. Señora Capella, tengo que decirle que en el escrito a
través del cual ustedes presentan el veto, solamente argumentan en contra
del proyecto de ley presentado a la ley ordinaria —aunque es cierto
que aquí ha ampliado sus argumentos— que se condiciona la prórroga
del plazo de instrucción a la petición del Ministerio Fiscal. Por tanto,
con todos los respetos, esta me parece una argumentación medianamente
consistente para justificar la petición de devolución del texto. Teniendo
en cuenta que se trata de un proyecto de ley que regula tantas materias
—la conexidad, los atestados sin autor conocido, el recurso de
apelación, el proceso por aceptación de decreto, el decomiso, la segunda
instancia o el recurso de revisión—, no me parece que tenga mucho
sustento basar el argumento del veto en si el fiscal puede o no pedir la
prórroga del plazo de instrucción. Pero es que, además, no es como lo
dice usted, sino que la decisión recae sobre el juez a instancias del
Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes; aunque, repito, usted
ha ampliado aquí sus argumentos. Por lo tanto, y como todos los
portavoces han tratado los mismos temas, me referiré ahora de forma
conjunta a todos los vetos.


Respecto a la conexidad, actualmente se generan situaciones muy
dispares. Es indudable que esto dificulta y prolonga inaceptablemente la
instrucción, lo cual no es bueno ni para las víctimas ni para los
investigados, pero tampoco para el resto de los ciudadanos, que ven cómo
sus causas se retrasan por ese motivo. Como regla general, a cada delito
le corresponderá una causa. La acumulación por conexión se producirá
exclusivamente en casos tasados, y fuera de esos casos la instrucción
conjunta de varios delitos solo tendrá sentido en situaciones
excepcionales. ¿Por qué a instancias del fiscal, que ustedes que ustedes
critican tanto? Porque el criterio que rige aquí es el de la oportunidad
de la investigación. Es el fiscal el defensor de la legalidad y del orden
público y es el que dirige la acción y quien ha de valorar la
conveniencia o no de la acumulación. Por supuesto, bajo el control del
juez. Entendemos que esta medida va a ayudar mucho a evitar
colapsos.


Respecto a los atestados sin autor conocido, el problema no es de
números ni de estadísticas. El problema es de eficacia en el trabajo,
evitando entorpecimientos y ayudando a evitar la congestión de los
órganos judiciales. Cuando un atestado sin autor conocido llega al
juzgado se pone en funcionamiento todo el organigrama judicial: los
funcionarios, fiscales, secretario judicial, el juez, etcétera. Muchos de
ellos se archivan inmediatamente. Un dato que creo que di en comisión:
un 40 % de atestados que carecen de trascendencia a efectos de control
judicial se archiva inmediatamente. Los atestados sin autor conocido no
se remitirán al juzgado, sino que quedarán en los archivos policiales a
disposición de jueces y fiscales;






repito, a disposición de jueces y
fiscales, salvo que se vea comprometida la vida e integridad física o
indemnidad y libertad sexual o se trate de delitos relacionados con la
corrupción. La no remisión al juzgado se pondrá en conocimiento de los
propios interesados, es decir, del denunciante, para que pueda ejercitar
su derecho ante el juez o el fiscal.


En lo que respecta a los plazos de instrucción, de los que se ha
hablado ampliamente, se trata de ser realistas, de cambiar el inútil
plazo ahora vigente de un mes por otros más acordes al tiempo real. De
media actualmente se tarda ocho meses en la instrucción de una causa. Los
asuntos sencillos tendrán un plazo de instrucción de seis meses, mientras
que los asuntos complejos tendrán un plazo de instrucción de dieciocho
meses prorrogables por otro período igual. En ambos casos el juez podrá
acordar una nueva prórroga por el tiempo que precise para poner fin a la
investigación.


El sistema de plazos, del que va a ser garante el Ministerio
Fiscal, favorecerá la mayor agilidad en las investigaciones al evitar
instrucciones interminables que dificultan el enjuiciamiento de los
responsables. Entendemos que es fundamental esta medida para agilizar la
instrucción teniendo en cuenta que, por el trascurso del tiempo, no se va
a producir el archivo, ni mucho menos, con lo cual se elimina el riesgo
de impunidad, quedando garantizados los derechos de las víctimas y de los
investigados, porque no es de recibo que se les tenga en suspenso su
situación personal durante años. Es una medida de corresponsabilidad y
colaboración entre jueces y fiscales en reconocimiento al inmenso trabajo
que llevan a cabo estos profesionales.


El nuevo procedimiento por aceptación de decreto va a permitir
una rápida respuesta penal para delitos castigados con multa, trabajos en
beneficio de la comunidad o prisión no superior a un año, sustituible con
multa con o sin privación del permiso de conducir. Esto va a descargar de
trabajo de una manera sustancial a los juzgados de lo penal y puede hasta
suprimir íntegramente toda la fase de instrucción. La propuesta
sancionadora realizada por el fiscal se puede convertir en sentencia
firme cuando el acusado, asistido por su abogado, acepte la pena
solicitada. Es decir, con ello se cumplen todas las garantías para el
justiciable, ya que además de tener que ser asistido por el letrado se
desarrollará ante el juez instructor que controlará la legalidad de la
propuesta del Ministerio Fiscal.


En la reforma se plantea un nuevo marco legal para el decomiso
como consecuencia de la trasposición de la Directiva 2014/42 del
Parlamento Europeo y del Consejo. Esta medida se enmarca, entre otras
muchas que ha tomado el Gobierno de España, en el concepto de tolerancia
cero contra la corrupción. Además, va acompañada de la creación de la
Oficina de recuperación y gestión de activos, que se destinan —los
activos— al pago de indemnizaciones a las víctimas, desarrollo de
proyectos sociales y lucha contra la delincuencia organizada. Se pretende
reconvertir el patrimonio del delincuente en una oportunidad para la
sociedad.


El ejercicio de la segunda instancia penal no está generalizado
en el derecho español, y el objetivo es precisamente esa generalización
de la segunda instancia para las sentencias dictadas por las audiencias
provinciales y por la sala de lo penal de la Audiencia Nacional,
adaptándolo a las exigencias tanto constitucionales como europeas,
teniendo en cuenta que los tribunales competentes, es decir, los
tribunales superiores de justicia y la sala de apelación de la Audiencia
Nacional respectivamente, tienen suficiente capacidad para asumir esa
carga de trabajo, sin descartar en ningún caso la creación de nuevas
plazas o de nuevas salas de apelación.


Por último, en cuanto a la ley ordinaria se refiere, la
regulación del recurso extraordinario de revisión responde a la ausencia
en nuestro derecho de un cauce procesal para la ejecución de las
sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en las
que declara que una sentencia condenatoria española se dictó con
vulneración del Convenio europeo de derechos humanos. Esta ausencia, tras
la anulación de la doctrina Parot, hizo que el Tribunal Supremo adoptara
un acuerdo no jurisdiccional diciendo que el artículo 954 vigente de la
Ley de enjuiciamiento criminal cumplía este cometido. Este motivo de
revisión se limita a que quien obtuvo la sentencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos sea la persona legitimada en España para la
interposición del recurso de revisión. Con ello lo que hacemos es evitar
el efecto extensivo que tuvo la anulación de la doctrina Parot y, en
segundo lugar, que el efecto de la vulneración del convenio persista en
el momento en que se solicita la revisión, es decir, que no se van a
revisar situaciones pasadas.


En cuanto a los vetos a la ley orgánica, este proyecto de ley
tiene como objetivos principales el fortalecimiento de las garantías
procesales de los investigados y la promoción y regeneración democrática
y la lucha contra la corrupción. Quiero hacer una breve referencia a los
términos a los que se ha aludido aquí también: imputado, investigado y
encausado.


La utilización del vocablo imputado para decir que se está
indagando a una persona no se ajusta a la realidad gramatical ni procesal
ni al lenguaje recomendado. El término imputado —creo que ha hecho
referencia a ello el señor Saura— se utiliza de una manera que
produce efectos negativos y estigmatizadores. Si investigar es practicar
diligencias para descubrir algo, parece más aconsejable utilizar el
término investigado para referirse a la persona objeto de investigación,
que se corresponde con la fase instructora de un procedimiento penal, y
encausado cuando ya ha habido una resolución judicial decretando la
apertura de la siguiente fase, al haber aparecido indicios de haberse
cometido un ilícito penal, aparte de haber sido recomendado también
—y esto es importante— este cambio de denominación por la
Comisión para la claridad del lenguaje jurídico.


El proyecto de ley orgánica recoge un verdadero estatuto jurídico
del investigado, responde a los pronunciamientos del Tribunal
Constitucional e incorpora a nuestro derecho la Directiva
Europea 2013/48, del Parlamento Europeo y del Consejo, y nos vamos a
adelantar a los demás Estados miembros en el reconocimiento de las
garantías procesales y en la hoja de ruta fijada en el Programa de
Estocolmo. Y les digo que es un verdadero estatuto jurídico porque
expresamente se regula el derecho a la entrevista reservada con el
letrado incluso antes del interrogatorio policial; porque regula también
el derecho a tomar conocimiento de las actuaciones de manera previa;
porque recoge la confidencialidad de las comunicaciones entre el
investigado y su letrado, con una excepción lógica, y es cuando haya
sospechas de que el letrado que asiste se vea inmerso en algún delito, en
el propio que se investiga o en otro; porque regula, también con absoluto
respeto a los derechos fundamentales y con todas las garantías, la toma
de muestras de ADN, el tiempo de espera del letrado de confianza o la
asistencia médica del detenido dos veces al día.


La legislación actual reguladora de la prisión incomunicada es
bastante más restrictiva que la que se propone en la reforma que estamos
debatiendo. A partir de su entrada en vigor, no necesariamente la prisión
incomunicada implica la ausencia de comunicación. La posibilidad de
admitir la incomunicación a instancia policial o fiscal con convalidación
judicial en veinticuatro horas responde a una necesidad práctica y es
absolutamente respetuosa con la directiva y con nuestro derecho
constitucional, siempre por auto motivado y bajo control judicial. Como
ven, el Grupo Parlamentario Popular entiende que la fórmula es mucho más
garantista.


El desfase que padece la Ley de enjuiciamiento criminal, que como
he dicho es de finales del siglo XIX, en lo relativo a las medidas de
investigación tecnológica hay que ponerlo al día por los enormes cambios
que han sufrido las comunicaciones; cambio que no pueden esperar porque
incluso el Tribunal Constitucional ha apuntado en varias ocasiones la
necesidad urgente de una regulación que aborde las intromisiones en la
privacidad del investigado en el proceso penal. Así, se regula la
interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas; la
captación y grabación de comunicaciones orales e imágenes mediante la
utilización de dispositivos electrónicos; la utilización de dispositivos
técnicos de seguimiento, localización y captación de imágenes, y el
registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información.


La regla general es que para acordar una medida así se requerirá
autorización judicial. El juez accederá atendiendo a los principios que
ha mencionado aquí el señor Díaz, es decir, especialidad,
excepcionalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida; y
solo en casos de urgencia y en actuaciones relacionadas con bandas
armadas o elementos terroristas, y cuando además existan razones fundadas
que hagan imprescindible la adopción de esa medida, lo podrá acordar el
ministro del Interior o, en su defecto, el secretario de Estado de
Seguridad, comunicándoselo al juez en el plazo de veinticuatro horas con
una justificación razonada, y en otro plazo máximo de setenta y dos horas
el juez confirmará o revocará la medida.


Voy terminando, señor presidente. Parece más que razonable y
acertado incorporar la regulación del agente encubierto informático, que
podrá, bajo identidad supuesta, intercambiar archivos informáticos
ilícitos a los efectos de perseguir determinadas modalidades delictivas,
sin necesidad de autorización judicial, siempre y cuando sea en canales
abiertos de las redes.


En definitiva, y ya concluyo, estos dos proyectos de ley
consiguen los objetivos perseguidos, que no son otros que la agilización
de la justicia penal, el fortalecimiento de las garantías procesales y
promover la regeneración democrática y la lucha contra la
corrupción.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador
Represa.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora
Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente. Voy a
intervenir desde el escaño.


Desacreditar la intervención de la oposición, y en este caso de
Esquerra Republicana, por la extensión —corta, mediana o
larga— del veto que hemos presentado por escrito me parece que es
un argumento que tiene el mismo peso que su intervención.


En todo caso, sin entrar a valorar más esta parte de su
intervención, el motivo de los dos vetos presentados, al que me he
referido extensísimamente en mi anterior intervención en este hemiciclo,
es el modelo de proceso penal. Yo les preguntaba: ¿era necesaria la
reforma? Sí. ¿Es urgente la reforma? Sí. Pero no en la forma utilizada
por el Gobierno del Estado español, en este caso del Partido Popular. Y
les hablaba de la manera de legislar a la que nos tienen acostumbrados,
ya que en este último tramo de la legislatura vamos a aprobar más de 40
leyes, pero es evidente que una norma del calado de la Ley de
enjuiciamiento criminal merece un proceso y un debate legislativo
diferente. En esencia, el veto se podría sustentar única y exclusivamente
en este motivo, pero hemos añadido otros. Al final, estos argumentos que
usted utilizaba para defender los dos proyectos de ley y, por tanto, la
reforma, no avanzan o avanzan muy poco. No avanzan ni en el modelo ni en
la nueva estructura del proceso penal ni en el papel que tiene que jugar
o que debería jugar el Ministerio Fiscal, dependiendo del modelo que se
escoja. Tampoco avanzan en el papel de los juzgados de instrucción como
garantes del respeto de los derechos fundamentales. Tampoco avanzan en un
respeto escrupuloso de los derechos fundamentales, y en esto también he
defendido cuál es la posición de Esquerra Republicana.


Legislan deprisa y mal. No avanzan en el modelo y, además, se
nota el efecto sustancial. Usted lo ha dicho cuando ha bajado ahora a
defender una parte del proyecto de ley en la intervención del Ministerio
del Interior, porque se nota el efecto del Ministerio del Interior, al
que no he aludido antes, y del Ministerio de Hacienda. Por tanto, ya solo
con esto Esquerra Republicana tendría suficiente para defender un veto a
ambos proyectos de ley. Nos hemos extendido en el contenido y les he
dicho que es positivo porque han tenido que cumplir directivas europeas y
sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, así como porque han tenido que comprender la asistencia y la
defensa como un todo no separado y limitando el derecho de defensa como
se ha estado haciendo hasta ahora.


Y en cuanto a la doble instancia penal, evidentemente, es un
mandato constitucional y un mandato de la normativa y de las sentencias
de los tribunales europeos.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senadora
Capella.


La senadora Mora comparte su turno con el senador Iglesias. Tiene
la palabra la senadora Mora.


La señora MORA GRANDE: Muchas gracias. Intentaré ser breve.


Nosotros vamos a apoyar todos los vetos presentados contra estas
dos leyes porque, aunque reconocemos que en algunos aspectos existen
mejoras, en su enunciado se nos habla del fortalecimiento de garantías
procesales, cuando en realidad pensamos que estas dos leyes están en las
antípodas de fortalecer garantías procesales y que se está otorgando un
poder al Ejecutivo en detrimento del Poder Judicial.


El derecho penal, señores, tanto el procesal como el sustantivo
—da igual—, es, precisamente, la rama del derecho donde el
Estado ejerce todo su poder contra el individuo. Por eso, es necesario
que en cualquier reforma exista un pacto social, un consenso. Esa es la
base del derecho penal y aquí no existe. Por eso, nosotros estamos en
contra.


Dando algunas pinceladas, diremos que, por ejemplo, respecto al
régimen de incomunicación —y estamos de acuerdo con los vetos
presentados en este sentido—, lejos de derogar el régimen de
incomunicación —pese a que el Comité Contra la Tortura, de la ONU,
ha dicho en varias ocasiones que debería retirarse porque es un sistema
favorecedor de la tortura y pese a que hemos sido condenados varias veces
por no investigar suficientemente casos de tortura—, se ahonda en
la restricción de derechos. Pero, actualmente, el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos también ha instado al Estado español a que regule para
eliminar y abolir el régimen de incomunicación. Además, se nos decía que
aprovecháramos esta reforma que estamos debatiendo ahora para intentar
regular y garantizar los derechos básicos del detenido, como el de tener
un abogado a su elección, poder comunicarse con él, poder ser atendido
por un médico de su confianza o la grabación de actuaciones en
dependencias policiales y en detenciones. Esto no solo no se regula, sino
que se ahonda en estas restricciones. Además, son peticiones que los
colectivos sociales de derechos humanos y los colectivos de trabajo en
prevención de la tortura llevan haciendo desde hace muchísimos años. Y,
desde luego, no solo no se adoptan, sino que, como digo, se ahonda en la
restricción de derechos.


Con respecto a las medidas de investigación tecnológica, tenemos
que decir que para que el Estado español no se convierta en un plató de
Gran Hermano la realidad es que hay pocas garantías, porque lo único que
se regula es un hipotético control judicial que en la práctica de los
tribunales vemos que es imposible. Recordemos que en 2014 entraron en la
jurisdicción penal más de seis millones de asuntos y la realidad de los
que pisamos alguna vez los tribunales es que los jueces están bastante
saturados. Actualmente, en las intervenciones telefónicas se ve a la
perfección que es bastante complicado que se pueda ponderar sosegadamente
sobre las medidas que les pide la policía, así como también autorizar su
prórroga.


Nos parece bastante inquietante la injerencia de la policía y que
esta pueda decretar, sin autorización judicial previa —esto es
así—, la colocación de dispositivos de seguimiento, localización,
registro de información y captación de imágenes y, además, el acceso a
los ordenadores y teléfonos.


Respecto a la ley ordinaria, nos parece bastante lamentable que
se acoten los tiempos precisamente ahora que el Poder Judicial está
tomando un papel bastante protagonista y activo en la lucha contra la
corrupción. Hay que recordar que la Gürtel tardó dos años en ser
investigada por el Ministerio Fiscal y más de cinco años llevó la
instrucción o, por ejemplo, los ERE en Andalucía se han llevado más de
cuatro años de instrucción. Desde luego, la delincuencia económica y
política requiere tiempo y medios, que la disposición adicional única no
prevé. Pero además de querer una justicia ágil, queremos, sobre todo, una
justicia justa y que no solamente criminalice a la pobreza, sino que
también inquiete a quien realmente hace un verdadero daño social. Una
justicia sin medios, como se establece en la disposición adicional única,
nos parece una tomadura de pelo porque, al final, los jueces terminarán
dictando autos de archivo cuando se vean con falta de medios, se les
acaben los plazos de instrucción y planteen cuestiones de
inconstitucionalidad por vulneración de la tutela judicial efectiva.


Por último, quería decir que, desde nuestro punto de vista, dejar
en manos del Ministerio Fiscal la calificación de las causas como simples
o complejas y la prórroga de los plazos, siendo un órgano que depende
jerárquicamente del Gobierno, precisamente en este caso nos parece que
esto no solo no tiene sentido sino que, además, es contrario a la
independencia del Poder Judicial y vulnera la capacidad de control del
Poder Judicial con respecto al Poder Ejecutivo. Por eso mismo, votaremos
en contra.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.


Tiene la palabra, por el Grupo Mixto también, el senador
Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Efectivamente, nadie puede negar que la ley es del siglo XIX
pero, por eso, la alternativa era la que apuntaba el senador Saura en su
intervención, la que defendía el ministro Gallardón: una nueva ley de
enjuiciamiento criminal, en este caso, un nuevo texto procesal penal que
dé respuesta al conjunto de los problemas que se han derivado de los
cambios sociales que se han planteado. Tan es así que cuando se aprobó
esta ley ni siquiera estaba prevista la intervención telefónica, era
intervención de las comunicaciones postales porque en el juzgado no había
teléfono en el momento en que se aprobó la Ley de enjuiciamiento
criminal.


Texto ordinario. Sigo insistiendo en que no resulta operativo
sustituir el plazo de un mes inoperante por un plazo inaplicable, porque
el que no se respetara en este momento el plazo de un mes no tenía la
repercusión y la trascendencia, como va a tener después de la aprobación
de esta ley, de la necesidad de prolongar la instrucción más allá de los
plazos previstos.


Proceso o aceptación por decreto. Según lo reflexiono y les
escucho, cada vez me parece más necesario ya no solo la denominación en
el contenido, sino la traslación de planteamientos administrativistas a
la jurisdicción penal, al proceso penal en este caso. ¿Por qué? Porque en
la práctica nos vamos a aproximar a eso que se dice en las multas en
letra pequeña debajo: Rebaja del 50 % si usted paga la cantidad en el
periodo voluntario. Eso es lo que va a contener la propuesta de decreto
para que la acepte el acusado y conseguir que este proceso, que se sacan
de la manga con esta reforma, funcione de alguna manera. Si no va a haber
esa rebaja del 50 %, no va a tener una aceptación y estaremos donde,
lógicamente, deberíamos estar, que es en el procedimiento de
urgencia.


Oficina de recuperación. Estoy totalmente conforme con que se
cree, pero para que esta oficina sea operativa, a su vez es necesario que
los procedimientos de decomiso respondan a todas las garantías
constitucionales exigibles, y mantenemos nuestras dudas al respecto.


Generalización de la segunda instancia. Ustedes ahora nos dicen
que si hacen falta más salas se crearán. Pues tendrán que quitar la
disposición adicional única, que dice que en ningún caso la aprobación de
este proyecto de ley conllevará más gastos y más personal. Ya me
explicarán cómo van a conseguir esas nuevas salas.


En cuanto a la orgánica, sigo pensando que ustedes se mueven en
la misma fase que los pueblos que creen en el carácter mágico del
lenguaje y piensan que el cambio de denominación del imputado va a tener
virtudes y virtualidades mágicas, pero no va a ser así en ningún
caso.


En relación con las garantías, en el caso concreto de la
incomunicación reconocimos que había algunos avances, pero siguen siendo
insuficientes y siguen sin cumplirse estrictamente los contenidos de la
directiva europea. Por lo que se refiere a la intervención de las
comunicaciones, es necesario incorporar esas técnicas, pero con más
garantías de las que ustedes plantean, sin esa posibilidad, que es lo que
cuestionamos. Porque no cuestionamos que puedan aplicarse esas técnicas y
tecnologías en la investigación, sino la forma en que se regula en el
proyecto de ley permitiendo que por razones de urgencia se puedan
adoptar, aunque sea con una posterior comunicación al juzgado, por las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o el ministro o el secretario
de Estado de Seguridad.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador
Iglesias.


Por el Grupo Vasco, tiene la palabra su portavoz, el senador
Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor
presidente.


El primer punto sobre el que quisiera llamar la atención
brevemente, porque tampoco tenemos mucho tiempo, es aquel referido al
procedimiento de tramitación de todos estos proyectos de ley, y en ese
sentido quiero darles tres mensajes de forma muy rápida. Primero, nada de
acuerdo y nada de diálogo, sino que su mensaje es el de una reforma
unilateral de las leyes; es decir, que la mayor parte de los proyectos de
ley los están haciendo única y exclusivamente ustedes. Segundo, prisas.
¿Y eso qué significa? Pues, tal y como hemos podido ver ya en unas
cuantas leyes, significa mediocridad en los textos legislativos, y eso es
solo responsabilidad suya. Tercero, debilidad en los contenidos y
debilidad en las soluciones. Estamos intentando buscar una serie de
soluciones a una serie de problemas, pero en tanto en cuanto no se
trabaje de forma importante, de forma adecuada y de forma acordada, no
habrá soluciones. Pero, además, no es normal trabajar con estas prisas
con las que lo estamos haciendo, con nueve proyectos de ley esta semana y
siete la próxima. Todos los aquí presentes sabemos que esto ni es
adecuado ni es bueno ni es recomendable.


Tenemos entre manos dos proyectos de ley, uno modifica lo
correspondiente a la parte orgánica referida a garantías y derechos
fundamentales y el otro se refiere a la agilización de los
procedimientos, y ambos pretenden reformar una ley que data de 1882. En
este sentido debo decir que estos textos son el fracaso de una crónica
anunciada. Tal y como ya se ha dicho reiteradamente, los portavoces de
Justicia tuvimos dos encuentros con el anterior ministro, en cada uno de
ellos se nos dio un documento. El referido a lo que hoy debatimos es el
Código Procesal Penal; aquí tengo el texto que nos dieron y les voy a
leer parte de la exposición de motivos en la que el Gobierno del Partido
Popular nos traslada el siguiente mensaje: Tan obvia resulta la
obsolescencia de la Ley de enjuiciamiento criminal de 1882 que el clamor
unánime a favor de su sustitución por un nuevo texto legal haría vana una
detallada exposición de los argumentos justificativos de la decisión de
emprender la reforma. Solo por la necesidad de la superación de las
incoherencias normativas que las numerosas modificaciones de la ley
—otra más— han provocado, la redacción de un código de
proceso penal es hoy ineludible. Este es, señorías, el texto que nos
entregó el ministro Ruiz-Gallardón diciéndonos que la reforma no es en
absoluto aconsejable, sino que lo necesario es un nuevo código procesal
penal.


Además de eso, nos encontramos con un texto que introduce una
modificación que a su vez ustedes mismos autoenmiendan, y eso está muy
bien, pero todos sabemos que los que se autoenmiendan no son ustedes,
sino el Gobierno, que lo hace continuamente. Por ello, uno ya se pierde y
hace el siguiente diagnóstico, y es que ustedes mismos tampoco saben lo
que quieren, con lo cual estamos como antes: con una mayor improvisación,
con más mediocridad y menos soluciones para los problemas que
verdaderamente existen.


En cuanto al proyecto de ley orgánica, nuestra principal
preocupación es el no respeto a los derechos humanos y a las situaciones
que pueden propiciar este tipo de hechos. España en este sentido no tiene
un currículum especialmente brillante porque, como saben sus señorías,
recientemente ha sido condenada por el Tribunal de Derechos Humanos por
no investigar una denuncia de torturas; es una sentencia reciente y ya
son varias las sentencias en el mismo sentido. Es obvio que la
incomunicación, tal como está configurada en la ley, genera espacios de
opacidad propicios para la tortura. El Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, como saben sus señorías, ha condenado a España hasta en cinco
ocasiones. El senador Represa hacía una mención a la anulación de la
doctrina Parot y las nuevas modificaciones que entendían que el Proyecto
de Ley de enjuiciamiento criminal solucionaría lo que el Tribunal de
Derechos Humanos sentenció. Pero el problema que tuvieron ustedes es que
se violaron los artículos 5.1 y 7 del Convenio Europeo de Derechos
Humanos que consignan criterios que paradójicamente asume la Constitución
en su artículo 9, que son el principio de legalidad penal y el principio
de retroactividad de las normas penales menos favorables para el reo. Ese
era el problema, con lo cual la cuestión es cumplir la ley, y es lo que
estábamos diciendo antes. No es hacer modificaciones para salvar este
tipo de problemas, no, la cuestión es que seamos capaces de cumplir unas
buenas leyes que se hayan debatido y discutido de una manera
adecuada.


Aparte de esto también tenemos el informe del Comité Contra la
Tortura que, como ustedes saben, es un organismo fruto de las
convenciones que firma el Estado español. Entrando ya en concreto en esta
preocupación que les estaba diciendo sobre los derechos humanos, el
artículo 17 de la Constitución española define una serie de derechos
fundamentales que es bueno que pasemos a analizar. Artículo 17.1
—derecho fundamental—: Toda persona tiene derecho a la
libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino
con la observancia de lo establecido en este artículo que ahora vamos a
comentar. Tal como define en su trabajo Privación de Libertad y derechos
fundamentales, del profesor catedrático de lo Penal Muñagorri, la expresa
referencia a la detención preventiva del artículo 17 de la Constitución
española debe ser entendida como un supuesto excepcional al derecho
fundamental de toda persona a la libertad definida; es decir, es algo
excepcional, no habitual. Ustedes —y espero que habiéndoselo
anunciado ya en comisión me puedan dar alguna información— todavía
tienen casos de incomunicación preventiva con una persona que lleva meses
en la cárcel, que está viviendo veintidós horas en una celda aislado y
está teniendo dos horas de patio individual. Es decir, si estamos
definiendo que la prisión preventiva es algo excepcional, evidentemente,
porque lo dice la Constitución, este tipo de situaciones nos las tienen
que explicar.


Veremos que, según las previsiones de la LECRIM, la citada
excepcionalidad que recoge la Constitución española puede ir acumulando
excepcionalidades añadidas, por ejemplo, estableciendo la incomunicación
de la persona detenida y desbordando el plazo máximo absoluto de las
setenta y dos horas recogidas en el artículo 17.2 de la Constitución que
les paso a leer, porque les quiero contraponer lo que dice este artículo
con lo que dice el artículo 509 de la LECRIM. El 17.2 dice: La detención
preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la
realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los
hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el
detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad
judicial. El artículo 509.2 dice: La incomunicación durará el tiempo
estrictamente necesario —igual en la Constitución— para
practicar con urgencia diligencias tendentes a evitar los peligros a que
se refiere el apartado anterior. La incomunicación no podrá extenderse
más allá de cinco días, cuando el espíritu de la Constitución es otro. Se
refiere a los casos en los que la prisión se acuerde por algunos de los
delitos del artículo 384 bis que, como ustedes saben, está relacionado
con el terrorismo, etcétera, en unos momentos en los que ETA ha
desaparecido. Podríamos hablar también de la asistencia letrada, cuestión
que nos preocupa porque el artículo 17.3 de la Constitución española
establece que no puede ser suspendida ni en estados de excepción, tal
como establece el artículo 55.1, porque es fundamental que una primera
asistencia letrada se lleve a cabo en el momento de la detención y, en
cambio, con los supuestos del 509 ustedes eliminan la posibilidad de que
el preso pueda tener un abogado de confianza, una situación que no se da
ni en los estados de excepción. Podríamos hablar también de los menores,
del derecho a no declarar contra sí mismo, del derecho a guardar silencio
y de poder recoger imágenes de todas aquellas situaciones en las que se
encuentren las personas que sean detenidas en comisarías de policía. Eso
podría ser bueno para todos, también para los propios funcionarios.
Además, señor Represa, ha hecho una observación interesante, y es que hay
que cumplir con los compromisos adquiridos por España a través de
convenios, y este es uno de ellos, y el informe del Comité Contra la
Tortura establece también que las grabaciones pueden ser un elemento
interesante que se debe apoyar y llevar adelante.


Nos vamos a abstener en los vetos, pues entendemos que este texto
es mejor que nada, pero, como pueden ver ustedes, es una abstención
crítica y con muy poco calor. Tengo muchos temas todavía pendientes, pero
después tendremos tiempo de profundizar cuando desarrollemos los
argumentos de las enmiendas parciales.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Bildarratz, portavoz del Grupo Parlamentario Vasco.


Tiene la palabra, por Entesa, el senador Saura. Senador, ¿va a
compartir el tiempo? (Denegaciones).


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.


Señor Represa, ha contestado muy correctamente a algunas
intervenciones, pero a mí me han quedado ocho puntos sin aclarar y muy
brevemente se los voy a decir. Primer punto, si el exministro
Ruiz-Gallardón dice que lo que hay que hacer es una ley procesal penal en
dos almuerzos, estamos todos de acuerdo y hay un texto, ¿por qué no se ha
hecho? ¿Por qué no modificamos, no modernizamos una ley de 1882 al siglo
XXI? No sé por qué no se ha hecho y nadie lo ha explicado. Segunda
pregunta, como mínimo, se habría podido introducir que el fiscal fuera
quien instruyera, ¿por qué no se ha resuelto que no sea el juez, sino que
el juez sea juez de garantías, y sí el fiscal? Tercera pregunta, ustedes
han mejorado el régimen de incomunicación —lo he dicho antes—
y es positivo, pero ¿ustedes creen que sin terrorismo es necesario tener
un régimen de incomunicación cuando en la mayoría de países no existe?
Las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, el Comité Contra la Tortura
defienden la abolición del régimen de incomunicación. Cuarta pregunta,
con una enmienda introdujeron, creo que en el Congreso de los Diputados,
el artículo 520.1, que es el artículo que causa inseguridad en estos
momentos a todos los profesionales de los medios de comunicación porque
una fotografía en el momento de la detención de una persona junto con la
Ley mordaza significa un delito para el periodista. ¿Creen que esto se
puede mantener? ¿No creen que esto, en definitiva, vulnera el derecho a
la información? ¿Por qué no eliminan este artículo? Quinta pregunta, si
el Tribunal Europeo de Justicia preserva los derechos de una persona y
dicta una sentencia, ¿por qué automáticamente no se extiende a todos los
que estén en esa situación en España? Ustedes plantean que, a pesar de
que haya una sentencia, hay que volver a recurrir personalmente para que
te den la razón. Nosotros planteamos, y plantea el tribunal superior, que
si hay una vulneración de derechos humanos, y el Tribunal de Justicia
Europeo dice que la hay, automáticamente, la Fiscalía o el Gobierno deben
instruir para reparar a todo el mundo.


Otro ejemplo, el de los seis meses. Lo he dicho anteriormente y
lo repito. Ustedes pueden pensar que es una obsesión de la oposición,
pero ¿qué reflexión hacen ustedes cuando el Consejo Fiscal dice que esto
es un absurdo? Pocas veces, en comunicaciones entre instituciones, he
visto una palabra tan grave. ¿Por qué? Porque con seis meses no van a
conseguir agilizar más la justicia. En primer lugar, no me ha contestado
a la pregunta de qué pasa si no se cumplen los seis meses Y, en segundo
lugar, ¿por qué razón creen ustedes que el Consejo Fiscal o toda la
oposición decimos que el problema no son los seis meses, que el problema
no es que desjudicialicen la justicia pasando sus funciones a los
registradores, a los notarios, sino que pongan medios alternativos y
económicos?


Por otra parte, todos los grupos de la oposición hemos hecho una
serie de propuestas de mejora de las garantías de derechos humanos de las
personas detenidas. No han recogido ninguna. Debe haber 40 o 50
propuestas concretas para mejorar la situación de los detenidos; desde
algo tan simple como pasar de las tres horas que tiene el abogado para
acudir cuando se detiene a una persona a cinco horas, algo que parece de
sentido común. No lo admiten. Tampoco admiten que, cuando se detiene una
persona, en las veinticuatro horas siguientes se comunique al juez en
todos los casos, que no haya excepciones. Esto tampoco lo admiten. No
digo que admitan las 40, 50 o 60 propuestas de mejora de garantías
procesales, pero, hombre, 4 o 5 sí podrían admitir, y no lo hacen.


Por tanto, lo que digo es que en el debate de esta ley ustedes
han tenido una actitud muy a la defensiva al no recoger aspectos que para
mí son de sentido común, que afectan a la situación privativa de
libertad, de derechos humanos de mucha gente que está detenida o que está
en la cárcel. Me gustaría, señor Represa, que me contestara a estas
preguntas: ¿por qué no hay una propuesta de ley integral? ¿Por qué el
fiscal no es quien instruye el procedimiento y sí el juez? ¿Por qué
mantienen el régimen de incomunicación en el momento político que estamos
en el Estado español? ¿Por qué razón no aceptan algunas de nuestras
propuestas de mejora de las garantías humanas? Y, por último, si el
Consejo Fiscal dice que es absurdo lo de los seis meses, ¿por qué no
reflexionan y lo modifican?


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Saura.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió, tiene la palabra la sendadora Rieradevall.


La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.


Estamos ante una normativa, como se ha dicho, del año 1882, de
hace 132 años. Consideramos que debemos reformar el procedimiento penal,
y así lo ha reclamado Convergència i d’Unió durante varias
legislaturas. Por ese motivo, no hemos presentado propuesta de veto,
porque nos parece contradictorio reclamar una reforma que llevamos años
demandando —aunque debiera haber sido mejor un nuevo texto—,
y luego, cuando se intenta llevar a cabo, pedir su devolución al
Gobierno. Aun así, ello no significa que compartamos el contenido
concreto de los dos proyectos de ley que hoy son objeto de debate.


En la presentación conjunta de los dos proyectos de ley ante el
Congreso de los Diputados, el 30 de abril de 2015, el ministro de
Justicia manifestó que estos dos proyectos se presentaban con un doble
propósito: uno, satisfacer a los operadores jurídicos al incrementar la
certeza del sistema mediante la incorporación de la jurisprudencia del
Constitucional y del Tribunal Supremo y, dos, satisfacer a las muy
legítimas exigencias de la sociedad que reclama que los responsables de
delitos graves sean juzgados en un tiempo razonable y que el patrimonio
defraudado sea recuperado dentro, lógicamente, del respeto a los derechos
fundamentales de las partes; propósitos que consideramos, sin duda,
encomiables si no fuera porque, señorías, en esto convenimos todos: el
fin no justifica los medios. No podemos concebir una reforma de la Ley de
enjuiciamiento criminal que pisotee las garantías del detenido o que
vulnere sistemáticamente el derecho a la intimidad. Y hablando de medios,
estos encomiables propósitos no son materializables a coste cero. Cierto
es que este Gobierno se empecina en ello y, de hecho, se ha convertido en
un lamentable mantra que se va repitiendo en las disposiciones finales de
los proyectos de ley que presenta, pero por más que nos tenga
acostumbrados a tal disparate, no por eso podemos dejar de insistir en la
inviabilidad de la materialización de estos proyectos de ley si no se
asume de antemano que la Administración de Justicia deberá ser dotada
adecuadamente de medios materiales y personales para tan encomiable fin
—palabras del señor ministro—.


Lejos de suponer una improvisación, esta reforma se integra en un
proyecto más amplio en consonancia con las ya acometidas de la Ley
Orgánica del Poder Judicial o del Código Penal con la voluntad siempre de
alcanzar este equilibrio entre eficacia y eficiencia y garantía de los
derechos de las personas investigadas. La reforma tiene tres objetivos
fundamentales: agilizar la justicia, fortalecer las garantías procesales
de los investigados y promover la regeneración democrática y la lucha
contra la corrupción. Señorías, mi grupo no tiene ninguna objeción a que
se alcance un equilibrio entre eficacia y eficiencia y garantía de los
derechos de las personas investigadas. Es más, estamos absolutamente de
acuerdo en este objetivo. Lo que no comprendemos es cómo encaja dicha
afirmación con el contenido de algunos artículos de estos proyectos de
ley e, incluso, me atrevo a decir, que del espíritu y filosofía de los
mismos, pues pretender que bajo la excusa de la urgencia desaparezcan
determinadas garantías para las personas que en un momento dado pueden
ver interceptadas sus comunicaciones no parece muy coherente con las
afirmaciones del ministro Catalá. Es muy claro el artículo 18.3 de la
Constitución: siempre, siempre, con autorización judicial. Y aquí vemos
que determinadas urgencias pueden provocar que incluso el ministro del
Interior pueda realmente acordar una interceptación de una intervención
telefónica, telegráfica o telemática y después dar cuenta en veinticuatro
horas, pero a posteriori de la intervención. ¿No existe un juez de
guardia? ¿Es más fácil localizar al ministro del Interior o al secretario
de Estado de Seguridad que al juez de guardia? Señorías, estamos a favor
de la agilización, limitando el tiempo de instrucción, pero mediante la
dotación de medios materiales y personales.


El que podamos valorar positivamente la generalización de la
segunda instancia penal, que supondrá que todo condenado pueda ver su
condena revisada por un tribunal colegiado en segunda instancia, y
valoremos también positivamente que se incluya como causa de revisión de
las sentencias condenatorias el haber obtenido una sentencia en el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos que pueda reconocer la vulneración
de los derechos, no hace que podamos concebir que tales realidades puedan
materializarse a coste cero. Se da esa segunda instancia a los tribunales
superiores de justicia en la apelación a lo que son sentencias de la
Audiencia Provincial. Querría recordar que en el caso de Cataluña, por
ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia necesita más medios para
implementar lo que estos proyectos prevén. Necesitamos más medios, más
recursos, más personal, más inversiones.


Me gustaría aclarar tres puntos más. Mi grupo está de acuerdo con
que se pueda prorrogar, por ejemplo, la fase de instrucción ordinaria
excepcionalmente, pero consideramos que debería permitirse que dicha
prórroga pudiera, además del Ministerio Fiscal, ser solicitada por las
partes acusadoras personales o que sea acordada de oficio por el juez
instructor.


Por lo que al derecho de asistencia letrada se refiere,
consideramos que la nueva regulación de los artículos 118 y 520
contravienen alguna de las normas previstas por la Directiva 2013/48, del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el derecho a la asistencia
letrada en los procesos penales que se pretende transponer.


Por lo que al nuevo marco procesal del decomiso se refiere,
apreciamos una falta de concreción en el artículo 803 que puede llevar a
confusión e inseguridad jurídica.


Para concluir, es más que evidente que la mayoría de las fuerzas
políticas representadas en esta Cámara no comparte la totalidad de estas
reformas. La Ley de enjuiciamiento criminal es, sin duda, importante,
afecta a derechos fundamentales de las personas y requiere grandes dosis
de responsabilidad, de moderación y de voluntad de diálogo. Esperemos que
se dé mediante aceptación de enmiendas y transaccionales.


Vamos, pues, a abstenernos en todos los vetos en aras de
conseguir el imprescindible consenso y acercamiento de posiciones que
estos proyectos requieren.


Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Rieradevall.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Díaz Tejera.


El señor DÍAZ TEJERA: Gracias, presidente. Con su venia.


Les pido a las señorías aquí presentes el siguiente ejercicio de
imaginación: imagínense ustedes al ministro del Interior socialista al
que más odien, imagínense ustedes al fiscal general del Estado al que más
hayan odiado; y ahora piensen: ¿con este ministro del Interior y con este
fiscal General del Estado llega un texto al Congreso de los Diputados que
permite escuchas telefónicas sin autorización judicial? Si a alguno de
ustedes le ha entrado el pánico, a mí también, pero con cualquier
ministro del Interior y con cualquier fiscal general del Estado. Por eso,
la sugerencia que hacemos en las enmiendas es: todo con control judicial;
nada sin control judicial. Esto no exige ningún esfuerzo pedagógico,
ningún esfuerzo jurídico, ningún esfuerzo de análisis, ni ninguna cita de
ningún Tribunal Constitucional; es algo evidente. Les digo más. Cuando yo
he hablado con los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado y les he planteado esta posibilidad que estaba en el texto, me
dicen que también a ellos les genera pánico. ¿Por qué? Porque les daba
mucha seguridad que todo lo que fueran a hacer tuviera la cobertura del
auto que dicta la autoridad judicial. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría
son servidores públicos que quieren hacer las cosas con arreglo al
ordenamiento jurídico, como todo servidor público. La inmensa mayoría es
gente sensata que trabaja dentro del ordenamiento jurídico y que quiere
tener las espaldas cubiertas. Por eso, todo lo que tiene que ver con
privacidad;






todo lo que tiene que ver con drones que estudian desde fuera
de la casa todo lo que pasa en todas las habitaciones, y todo lo que
tiene que ver con el registro remoto desde cualquier otro país del
almacenamiento de datos de cualquier tipo —de Whatsapp, SMS,
Twitter, correo electrónico, teléfono o la nube—, si se va a
supervisar, todo tiene que tener un control judicial. (El señor
presidente ocupa la Presidencia).


¿Por qué razón? Porque el juez es el único servidor público que
está sometido únicamente al imperio de la ley, y no voy otra vez a
recitarles el 117.1 de la Constitución. Los demás están sometidos a un
principio de jerarquía, como establece el artículo 103.1: la
Administración sirve con objetividad los intereses generales de acuerdo
con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización,
desconcentración, con pleno sometimiento a la ley y al Derecho. No pueden
hacer nada que no esté sometido a la ley y al Derecho, pero están
sometidos al principio de jerarquía. Esa es una propuesta que llevamos
mucho tiempo haciendo en comisión y que vuelvo a plantear aquí de nuevo,
y me parece que no puedo hacer más esfuerzos para explicarlo: todo
sometido a control judicial.


Alguno me podrá decir que, a veces, hay aconteceres en la vida
que suceden muy rápido y tienes que tomar una decisión de un segundo para
otro. Miren, de un segundo para otro, un servidor público localiza a otro
que esté de guardia, porque, si lo hacemos entre nosotros, ¿cómo no se va
a poder hacer entre un policía y un juez o entre un fiscal y un juez?
Perfectamente. ¿Ustedes están en el servicio público de salud y no
reciben un mensaje que les dice qué día tienen la consulta de un
especialista o del médico de cabecera? ¿Y el día anterior no les llega
otro recordatorio mediante un SMS, un mensaje, o como fuere,
recordándoles día, hora y sitio de la consulta? Sí que lo reciben.
Entonces, algo tan sencillo como esto, que funciona en el ámbito de la
Hacienda pública o en el de la Seguridad Social, puede ser un buen
sistema.


Yo estoy muy esperanzado con la sugerencia que el señor Chiquillo
le estaba haciendo al señor Altava en respuesta a esto, porque sería
interesante escuchar cómo acusan recibo de un argumento concreto. No se
trata de la lectura —educada, por cierto— de lo que dice la
ley lo que pretende hacer, que eso está al alcance de cualquier persona
que la lea; sino de una conversación parlamentaria en la que se expresa
un argumento, se acusa recibo del argumento y estamos conversando entre
nosotros, no leyendo sucesivos textos. Estamos conversando en torno a los
argumentos que aquí se esgrimen, e intento que la conversación no sea una
repetición de lo que ya hablamos en comisión. Luego, la primera idea es:
todo con control judicial, nada al margen del control judicial. Es una
primera cosa.


La segunda cosa es sobre este asunto del hallazgo casual. ¿Se
acuerdan del antiguo caso Naseiro, que convirtieron en el caso Manglano?
Estaba estudiando una cosa, de pronto aparece otra y, ¡oh!, se han
vulnerado derechos fundamentales y todo lo que aparece no se puede usar.
Pues bien, respecto al hallazgo casual, supuestos tasados y también con
control judicial. Hay una expresión que se utiliza en el argot que dice:
una expedición de pesca, a ver lo que se caza grabando urbi et orbi en un
ámbito determinado; a ver lo que pasa. Eso vulnera derechos. Por tanto,
control judicial permanente y supuestos tasados.


Otra idea. No es bueno legislar en torno al dolor de la herida.
Todos sufrimos, todos sufrimos —y los que están en el Consejo de
Europa, más— cuando te ponen roja la cara diciéndote: tu país ha
sido condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sufres,
sufres, pero lo que está mal está mal, lo haya hecho Agamenón o su
porquero. Lo que está mal, está mal. En este caso concreto, ¿cómo vamos a
plantearnos que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
no tengan ya efecto erga omnes, efectos para todos, y que, ahora, el que
recurrió tenga que coger la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, traerla aquí y presentar un recurso de revisión ante el Tribunal
Supremo para que se lo valore? Pero, además, cualquier persona que se
encuentre en la misma situación que quien presentó el recurso ante el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos no puede decir: ya hay sentencia.
No, no, tiene que presentar, a su vez, el recurso ante el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, con la posibilidad de que le digan: esto ya
está juzgado, es el mismo supuesto. Eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué
razón? Porque se ha insistido tanto en el siglo XIX y en el siglo XXI,
en 1882 y 2015, que la pregunta es: Si no se iban a atrever a desarrollar
ese modelo procesal penal y pusieron una patita en el sistema vigente y
otra patita en el sistema que querían desarrollar, si no se iban a
atrever a eso, ¿es que acaso no hay unos estándares democráticos para las
fuerzas y cuerpos de seguridad y los poderes judiciales, en la lucha
contra el crimen, que no llevan treinta y siete años de democracia, sino
muchos más? ¡Pues claro que sí! Incluso, hay países en la Unión Europea
que en la vida han tenido que convivir con la cultura del fascismo; es el
caso del Reino Unido; es verdad que tuvo un rey que tenía sus simpatías,
pero nunca vivieron la experiencia del fascismo en ese país. Pues bien,
como quiera que en ellos no ha arraigado esa cultura de la suspicacia, mi
pregunta es: ¿Por qué cuando se plantea esa reforma no se tienen en
cuenta los estándares democráticos para los poderes judiciales
democráticos y las fuerzas y cuerpos de seguridad, controlados en
términos parlamentarios? Se podría decir: es que hay supuestos en los
cuales no podemos pedir la autorización judicial porque no da tiempo,
porque a veces la lucha contra el terrorismo es como es y no da tiempo.
Miren, en términos de Servicio de Inteligencia, la Sala Tercera del
Tribunal Supremo cuenta con un magistrado solo para el Centro Nacional de
Inteligencia para cuando tienen que desarrollar alguna actividad de esta
naturaleza; permanentemente, 24 horas todos los días. Y para el resto del
territorio, para todo lo que no tiene que ver con el Centro Nacional de
Inteligencia sino con la práctica regular, existen 5496 jueces,
magistrados y magistrados del Tribunal Supremo en el conjunto de España.
Siempre hay un juez de instrucción permanentemente localizado para
plantearse que haya márgenes entre la decisión y el control
judicial.


Otra cuestión. El derecho de defensa no es un lujo. Si uno
siempre piensa que está en la élite cultural, en la élite política o en
la élite económica, si uno nunca se ve como lo que, en términos
sanitarios, se llama un 35/, es decir, uno más de la Seguridad
Social...Piensen que el derecho de defensa es un derecho fundamental y
que en ninguna situación uno puede verse privado de tal posición. Y si en
situaciones de incomunicación se plantea que el abogado participa en
redes criminales, de igual manera que ese fue argumento suficiente para
expulsar a un magistrado de la carrera judicial, también es argumento
suficiente para decir: si ese abogado participa en redes criminales, que
el juez le provea de otro, que si no lo designa de confianza que sea de
oficio, pero siempre hay que garantizar ese derecho de defensa.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor DÍAZ TEJERA: Acabo ya, presidente.


La última sugerencia. Señor Represa, hizo usted un comentario
antes que a mí me ha enternecido, me ha conmovido, y es que cuando dijo
eso de que se pueden crear plazas y salas para la segunda instancia, como
quiera que rompe la letanía o el mantra de todas las leyes de que esto no
puede suponer ni nuevas plazas ni modificaciones presupuestarias, todavía
mantengo la esperanza del poeta gomero que le dije en su momento, y que
el senador gomero me corrigió, don Pedro García Cabrera...


El señor PRESIDENTE: Termine, señor Díaz Tejera.


El señor DÍAZ TEJERA:... A la mar fui por naranjas, cosa que la
mar no tiene, metí mi mano en el agua, la esperanza me mantiene. Usted me
ha mantenido la esperanza con ese comentario, señor Represa.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Díaz Tejera.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Altava.


El señor ALTAVA LAVALL: Con su venia, señor presidente.


Señorías, desde el 14 de septiembre de 1882, fecha de la vigente
Ley de enjuiciamiento criminal, no ha habido reforma más importante de la
Ley de enjuiciamiento criminal. Ha habido proyectos. De hecho, en la
pasada legislatura, yo soy consciente y muchas de sus señorías también,
el ministro Caamaño, que estaba entonces sentado en el banco azul,
presentó un proyecto de reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal
—aquel sí era un proyecto de los que ustedes llaman integral de
reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal—, y tuve la
oportunidad de acercarme y decirle: ministro, has presentado este
proyecto de ley para que se vea que tú has hecho los deberes, pero sabes
que no hay tiempo en la tramitación parlamentaria para aprobarlo. Esa es
la realidad.


Señorías, mal que les pese, el ministro de Gracia y Justicia,
Manuel Alonso Martínez —liberal, por cierto—, fue quien
presentó aquel Proyecto de Ley de enjuiciamiento criminal, y hoy día,
somos otros liberales los que de nuevo abordamos una reforma
importantísima de la Ley de enjuiciamiento criminal. Es lo que pasa, con
los socialistas no hay manera de que hagan reformas importantes.
(Aplausos).


La paz social y jurídica, señorías, se consigue con la aplicación
de la norma, y para eso, como legisladores ordinarios, tenemos que
vehiculizar la aplicación de la norma mediante el correspondiente proceso
penal. Y el legislador constitucional nos limita a los legisladores
ordinarios que somos nosotros básicamente con la Constitución y con el
bloque de constitucionalidad de las leyes orgánicas —de
determinadas leyes orgánicas, no todas—: el artículo 1 de la
Constitución: los valores superiores del ordenamiento jurídico, la
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político; el
artículo 2: el Estado de derecho, y muchas otras cuestiones,
principalmente con las dos reglas probatorias de la libre apreciación de
la prueba —artículo 741 de la Ley de enjuiciamiento criminal—
y de la presunción de inocencia.


Muchas de sus señorías han manifestado —cosa que les
reconozco— que les parecen bien determinadas reformas que se
acometen en esta ley. Aquí estamos todos, señorías, para conseguir un
compromiso público del funcionamiento de la justicia, para conseguir la
mejor justicia; y conseguiremos la mejor justicia si efectivamente
conseguimos el mejor instrumento procesal para que jueces y magistrados,
en la interpretación y aplicación de la norma, puedan alcanzar
efectivamente esa verdad material, ese detener al verdadero culpable y
que pueda, en su caso, tras el juicio correspondiente, ingresar en
prisión.


En el Congreso se abordaron determinadas reformas y, como saben,
es un texto en el que se trabajó mucho en dicha Cámara. Aquí, nosotros,
como Grupo Parlamentario Popular, si se rechazan los vetos, en el trámite
de enmiendas presentaremos algunas.


En cuanto a sus vetos, señorías, en los vetos 1 y 2 del Grupo
Mixto y 3 y 4 de Entesa manifiestan que no se producen cambios
relevantes. ¿No les parece relevante —si me da tiempo ahora lo
discutiremos o, si no, después en el trámite de enmiendas— lo que
se trata respecto a la conexidad, a los atestados policiales sin autor
conocido, a la finalización del decreto por el Ministerio Fiscal, a los
delitos complejos, a la asistencia letrada, al recurso de revisión, al
agente informático encubierto, al que ninguno de ustedes ha hecho
referencia, con lo importante que es para perseguir la criminalidad
organizada, al decomiso? ¿No les parecen estos cambios relevantes? A
nosotros sí, y mucho, porque son reformas que hasta ahora no
existían.


Solicitan una reforma más importante, y la senadora Capella
decía: hace falta un nuevo proceso penal, hagámoslo. Es verdad que el
ministro Ruiz-Gallardón, como usted ha manifestado, prometió un proceso
más ambicioso, es verdad, y así lo reconozco. No se lo tendrán que decir
ustedes a esta señoría, porque si ustedes, si los miembros de la Comisión
de Justicia han estado presentes en dicha comisión habrán podido ver que
cada vez que ha comparecido el presidente del Tribunal Supremo y del
Consejo General del Poder Judicial y el fiscal general del Estado yo
mismo le he dicho: ¿no cree usted que sería positiva una unificación de
las carreras judicial y fiscal al objeto de llegar a una instrucción, a
una investigación por parte de los fiscales?


Me acuerdo de que el presidente Gonzalo Moliner me dijo: de
hecho, cuando yo estudié estaban unificadas las carreras judicial y
fiscal —y les parecía fenomenal—. Es que a lo mejor estamos
ahí. No tiene que convencerme de lo que se da en el derecho comparado, de
que es idóneo que sean los fiscales los que lleven la investigación. A
eso vamos y, además, tenemos claro que el objetivo debe ser una reforma
integral para llegar a esa investigación por parte de los fiscales, pero
de momento esta reforma es importantísima por todas las cuestiones que se
abordan.


En cuanto a la solicitud que realizan de una reforma más
importante, llegará, pero de momento les invitamos a que retiren sus
vetos y aprueben esta reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal con
todas las cuestiones que después plantearemos en las enmiendas respecto a
la detención incomunicada, a la ampliación de los plazos de instrucción y
a todo lo que han hecho.


Pero si me llaman la atención los cuatro primeros vetos, el que
ya es clamoroso, porque es una oposición a la oposición, es el veto
número 5 del Grupo Socialista. Por citar dos cuestiones, critican las
intervenciones corporales y la escucha de conversaciones privadas.
Señorías, aquí tengo parte —completo lo tengo en el escaño—
del Proyecto de Ley de enjuiciamiento criminal, presentado por el
exministro Caamaño; en su artículo hipotético 260, respecto a la práctica
de la inspección o intervención corporal, en el punto 2, establecía: Si
quien haya de someterse a la misma se opone a su realización, el juez de
garantías —y sigue— podrá imponer su cumplimiento forzoso,
estableciendo las medidas que, si es imprescindible, podrán emplearse
para la realización de la diligencia contra la voluntad del afectado. Y
nos parece fenomenal, porque estamos por buscar al verdadero culpable y
llegar a la verdad material. Esto lo decían ustedes, y ahora nos critican
porque lo decimos nosotros. El texto legislativo del ministro Caamaño es
bueno, lo he dicho siempre y lo vuelvo a decir: era bueno, era muy
positivo —mucho mejor que lo que había, el de 1881—, como el
de ahora, porque viene a decir sustancialmente lo mismo. Y, también
—por señalarles dos cuestiones solamente—, el artículo 304
—que ustedes llamaban en el texto el ámbito de vigilancia
acústica— decía que solamente podrán captarse conversaciones que
tengan lugar en el interior de un domicilio si es el de la persona
investigada. Y en el segundo apartado del 304.3 se establecía:
Excepcionalmente también se podrán captar las conversaciones que se
mantengan en el domicilio de una tercera persona cuando existan indicios
fundados en el que el investigado se encuentra en él. Nos parece la mar
de bien, ¿qué quiere que le diga? Porque estamos por buscar el delito, y
al juez hay que darle todas las garantías para que pueda realmente llegar
a descubrirlo.


Muchas más cuestiones se plantean, pero quiero telemáticamente,
aunque sea, contestar a las diversas cuestiones que me han
planteado.


Al senador Díaz Tejera quiero decirle que quienes descubrieron
algo fueron ustedes, el que fue vicepresidente del Gobierno y ministro
del Interior, señor Pérez Rubalcaba, en los años 2004 y 2006 —eso
es lo que me estaba diciendo el señor Chiquillo, los años en que había
sido vicepresidente y ministro del Interior—, con Sitel lo realizó
sin autorización judicial, aprovechándose de un vacío legal que había
—es verdad que había un vacío legal—, pero el ministro del
Interior —he hecho ese ejercicio de memoria que usted me ha
aconsejado; sabe que le hago mucho caso en muchas cuestiones y también le
he hecho caso en esto— Pérez Rubalcaba fue el que realizó esas
escuchas sin autorización judicial. Con lo cual no se debería alarmar
tanto porque en eso seguimos su ejemplo.


El senador Bildarratz comentaba dos cuestiones, un caso de un
preso que solamente tenía dos horas de patio: es un caso extremo el que
usted plantea, lo desconozco con puridad, pero desde luego lo que sí le
digo es que ni el ministro de Justicia, ni el ministro del Interior, ni
el director general de Instrucciones Penitenciarias le va a poder
responder. Ahí tendrá que responder el juez de Vigilancia Penitenciaria,
la Junta de Tratamiento, en su caso, o el centro penitenciario, pues
ellos sabrán por qué no le conceden el segundo grado o el tercer grado,
etcétera. Desconozco el caso, pero, desde luego, donde hay que
preguntarlo es al ámbito jurisdiccional, al orden jurisdiccional penal
que es el que tiene competencias sobre ese interno del centro
penitenciario. Luego, ha manifestado que ha desaparecido el terrorismo
etarra —gracias a Dios que ha desaparecido el terrorismo
etarra—, pero tenemos otro al menos tan grave como es el terrorismo
yihadista. Por eso nos damos esos plazos de cinco días prorrogables por
otros cinco días, porque el terrorismo internacional a gran escala no ha
desaparecido, esa lacra la seguimos teniendo, aunque sea en otros
ámbitos, pero la seguimos teniendo, y el Estado de derecho se tiene que
proteger frente a ese terrorismo.


El senador Saura ha hablado de cinco puntos, después de otros
ocho, son muchos puntos para contestarle. Pero respecto a sus propuestas
de mayores garantías, le diré que el juez siempre va a saber la detención
de una persona; además, no debemos perder de vista que la Ley
Orgánica 6/1984, reguladora del procedimiento de habeas corpus, está
vigente; si alguien se considera indebidamente detenido podrá pedir en
veinticuatro horas la asistencia judicial, con presencia del Ministerio
Fiscal; no nos olvidemos de que esa detención nunca va a ser sin
conocimiento del juez —ese punto sigue perfectamente
vigente—, de modo que no van a pasar los cinco días sin que el juez
pueda tener conocimiento de la detención.


Por último, porque ya no me queda más tiempo, quiero decir al
senador Montilla que el debate de esta ley estaba previsto para mañana,
pero se ha modificado —desconozco por qué— el trámite de
debate para hoy. Señor senador, el ministro de Justicia está hoy en París
reunido con su homóloga francesa para tratar reformas legislativas, la
cooperación bilateral, la lucha antiterrorista, la libertad de
circulación entre países de los emigrantes en relación con el espacio
Schengen, la creación de la Oficina de Recuperación de Activos de ambos
países y la creación de un grupo de trabajo bilateral para la lucha
contra la corrupción.


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señoría.


El señor ALTAVA LAVALL: Termino, señor presidente.


Por eso hoy no está aquí con nosotros y ha delegado en este Grupo
Parlamentario Popular que, desde luego, como ha anunciado ya el senador
Represa, va a rechazar todos los vetos presentados por los grupos
parlamentarios de la oposición.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Altava.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, vamos a votar las propuestas de veto de los dos
proyectos de ley. Votaremos, en primer lugar, las propuestas de veto del
Proyecto de Ley de modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal para
la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías
procesales, y después los vetos del siguiente proyecto de ley
orgánica.


Tengo que decirles que la senadora Cunyat ha hecho uso de la
votación telemática en el sentido de abstenerse en todas las propuestas
de veto. Lo añadiremos a la votación que realicemos ahora en el
hemiciclo.


Comenzamos votando la propuesta número 1, del senador Iglesias,
al primer proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245
más 1 voto telemático, 246; votos emitidos, 245 más 1 voto
telemático, 246; a favor, 76; en contra, 152; abstenciones, 17 más 1 voto
telemático, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 2 de la senadora
Capella.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 247, más 1 voto telemático, 248; votos emitidos, 246, más 1
voto telemático, 247; a favor, 75; en contra, 153; abstenciones, 18,
más 1 voto telemático, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 3 de los senadores Guillot y
Saura.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 247, más 1 voto telemático, 248; votos emitidos, 246, más 1
voto telemático, 247; a favor, 74; en contra, 152; abstenciones, 20,
más 1 voto telemático, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 4 de todos los senadores de
la Entesa, menos los senadores Guillot y Saura.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 247, más 1 voto telemático, 248; votos emitidos, 246, más 1
voto telemático, 247; a favor, 73; en contra, 152; abstenciones, 21,
más 1 voto telemático, 22.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Finalmente, votamos la propuesta de veto número 5 del Grupo
Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 247, más 1 voto telemático, 248; votos emitidos, 247, más 1
voto telemático, 248; a favor, 74; en contra, 153; abstenciones, 20,
más 1 voto telemático, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.


Por lo tanto, han sido rechazadas las cinco propuestas de veto al
primer proyecto de ley.


Vamos a votar ahora las propuestas de veto al proyecto de ley
orgánica. Comenzamos con la propuesta de veto número 1 del senador
Iglesias.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 247, más 1 voto telemático, 248; votos emitidos, 247, más 1
voto telemático, 248; a favor, 74; en contra, 153; abstenciones, 20,
más 1 voto telemático, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 2, de la senadora
Capella.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 247, más 1 voto telemático, 248; votos emitidos, 247, más 1 un
voto telemático, 248; a favor, 76; en contra, 153; abstenciones, 18,
más 1 voto telemático, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 3, de los senadores Guillot y
Saura.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 247, más 1 voto telemático, 248; votos emitidos, 247, más 1
voto telemático, 248; a favor, 74; en contra, 153; abstenciones, 20,
más 1 voto telemático, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 4 de todos los senadores del
Grupo Parlamentario Entesa, menos los senadores Guillot y Saura.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 247, más 1 voto telemático, 248; votos emitidos, 247, más 1
voto telemático, 248; a favor, 74; en contra, 153; abstenciones, 20,
más 1 voto telemático, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.


Finalmente, votamos la propuesta de veto número 5, del Grupo
Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 247, más 1 voto telemático, 248; votos emitidos, 247 más 1
voto telemático, 248; a favor, 76; en contra, 153; abstenciones, 18,
más 1 voto telemático, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.


Una vez rechazadas las propuestas de veto de los dos proyectos de
ley, entramos en el debate de las enmiendas, que también se va a realizar
conjuntamente.


Los senadores Aiartza, Goioaga, Mendizabal y Unamunzaga, del
Grupo Parlamentario Mixto, han presentado las enmiendas 30 a 32.


Para su defensa tiene la palabra la senadora Mendizabal.
(Rumores).


Señorías, guarden silencio, por favor.


Señorías, hasta que no haya silencio en el hemiciclo no va a
comenzar la senadora Mendizabal.


Cuando quiera.


La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Gracias, señor presidente.


Amaiur ha presentado tres enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica
de modificación de le Ley de enjuiciamiento criminal.


Como saben sus señorías, nosotros no solemos presentar enmiendas
parciales porque en nuestro compromiso político no estaba el
perfeccionamiento de la legislación española, sino la defensa del derecho
a decidir de nuestro pueblo. (La señora vicepresidenta, Vicente González,
ocupa la Presidencia). Sin embargo, sí solemos presentar enmiendas
parciales en algunos proyectos con temas especialmente significativos,
bien porque tienen una relación directa con nuestro país, bien porque
afectan a los principios fundamentales tanto en el ámbito social como en
el ámbito de los derechos y libertades.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Perdone,
señoría.


Señorías, guarden silencio, si no, no se le escucha a la
portavoz.


Continúe.


La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Gracias, señora presidenta.


Este es el caso, por ejemplo, de este proyecto de ley. Por eso,
hemos presentado estas tres enmiendas.


Además, nos hemos centrado en un concepto para nosotros
fundamental como es la necesidad de abolir la detención en régimen de
incomunicación. Todos los gobiernos de España han mantenido de manera
injustificada esta detención incomunicada y Europa, Naciones Unidas o
diferentes estamentos les han requerido para que pongan fin a esta
práctica, no que lo modifiquen, que es lo que están proponiendo hoy, sino
que se anule, que se derogue, que se ponga de una vez por todas fin a la
situación de vulnerabilidad de las personas en régimen de incomunicación.
Nosotros pensamos que es un elemento fundamental para evitar que en un
futuro se puedan producir vulneraciones de derechos humanos, que sí se
han producido en el pasado.


Nuestro compromiso es total con la defensa de todos los derechos
humanos, sin excepciones. Dentro de ese compromiso debemos poner los
medios para que no se vuelva a repetir ninguna vulneración de los
derechos humanos ni posibilitar espacios en los que se puedan producir.
Por eso, consideramos que es fundamental evitar que sea precisamente
quien tiene la obligación de salvaguardar los derechos humanos quien los
vulnere. Por eso, hemos presentado estas tres enmiendas.


Seguir manteniendo este artículo en la actual legislación del
Estado español es seguir manteniendo el riesgo de perpetuar vulneraciones
de derechos humanos, que, insisto, son especialmente graves cuando se
producen por parte de quien tiene la obligación de salvaguardarlos, cosa
que con este proyecto de ley no se hace.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.
(Rumores).


Señorías, hay mucho ruido en el hemiciclo. Si quieren escuchar a
los oradores, les pido que salgan del hemiciclo porque si no, no se oye.
Sé que es un Pleno largo y están cansados. No se oye a los oradores, por
lo que les pido silencio, por favor.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.


Comienzo defendiendo las enmiendas al proyecto de ley ordinaria,
de reforma de la LECRIM, dando por defendidas todas, salvo la número 11,
que retiro en este acto por ser coincidente con una del Grupo Popular,
que, sin ninguna duda, se incorporará al texto.


Con las enmiendas que he formulado en nombre de Izquierda Unida
planteo la supresión del nuevo artículo 17 porque fija criterios
jurídicos imprecisos para determinar el enjuiciamiento conjunto o no de
delitos conexos, dando lugar de forma inevitable a la promoción de
cuestiones de competencia, que casan mal con el objetivo de agilizar el
funcionamiento de la justicia.






Al final, por otro lado, como ya tuve
oportunidad de expresar en la defensa del veto, establecer que la
economía procesal pueda aconsejar el enjuiciamiento conjunto acaba
dejando sin sentido prácticamente todo el esfuerzo del legislador de
acabar con las causas complejas.


También es motivo de la solicitud de la supresión de este
artículo 17 la consideración que se hace en el sentido de que resulte
posible que las distintas acciones que constituyen un delito continuado
sean enjuiciadas de forma separada. Como también dije en la defensa del
veto, simplemente se trata de prescindir del concepto de delito
continuado. Por el contrario, planteamos una redacción alternativa del
artículo 17 que creemos responde mejor a los objetivos del proyecto.


Con otra enmienda defendemos la supresión del artículo 284.2, en
el que se regula la no remisión de atestados de delitos sin autor
conocido. Planteamos una redacción alternativa para que la decisión de
investigar, o no, un delito no corresponda a la Policía, como se deriva
del planteamiento reflejado en dicho artículo. Asimismo en otra enmienda
planteamos la supresión del artículo 324, que es el que regula en este
proyecto los plazos máximos de instrucción por razones que ya manifesté
en la defensa del veto. Establecemos a través de otra enmienda una
redacción alternativa, simplificando el régimen de plazos en la solicitud
de prórrogas, dando intervención a todas las partes y no solo al
Ministerio Fiscal, limitando también las consecuencias procesales del
transcurso de los plazos y dando la oportunidad al instructor de
solicitar apoyos y dotaciones.


Mediante otra enmienda defendemos la supresión del título III
bis, el nuevo proceso por aceptación de decreto. Ya expliqué que somos
más partidarios del juicio rápido, pues consideramos que es más ágil y
además ofrece más garantías para el encausado. Alternativamente, y a
través de otra enmienda de adición al artículo 803 bis h., planteamos la
necesidad de que se graben con medios audiovisuales las comparecencias en
este proceso. Por otra parte solicitamos también la supresión del título
III ter, que regula el procedimiento autónomo de decomiso, debido a las
dudas que nos suscita en relación con su constitucionalidad, tal y como
ya expliqué en la defensa del veto.


Hay otra enmienda mediante la cual defendemos la supresión del
artículo 846 ter, pues creemos que establece una mala regulación del
recurso de apelación, que claramente no resuelve las cuestiones cuando el
recurso es contra los autos de sobreseimiento y las sentencias de las
audiencias provinciales y de la Audiencia Nacional de forma razonable.
Quedan sin resolver cuestiones como la práctica de pruebas en segunda
instancia y la intervención adhesiva.


Finalmente hay dos enmiendas que afectan al artículo 954. Una lo
es al punto 3, que se refiere al recurso de revisión basado en una
resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nuestra enmienda
pretende que la revisión pueda ser promovida no solo por el demandante,
sino también de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal. Y en relación
con el punto 4 de dicho artículo, que es nuevo, pretendemos que las
sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tengan efectos
directos en casos similares de vulneración de derechos.


Enmiendas a la Ley Orgánica de reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. Planteamos cuatro enmiendas al artículo 118, que
regula los derechos del detenido. Además, en la regulación que proponemos
en nuestras enmiendas, se mantienen planteamientos que después se
reproducirán, porque son parejos, sobre el artículo 520. Así en el
artículo 118.1.a), de información de derechos al detenido, se sustituye
la expresión «sin demora injustificada» por la de «sin dilación», pues
pensamos que no hay ninguna opción de demora justificada.


Respecto del artículo 118.1.b), planteamos que se sustituya la
referencia que se hace en este precepto al derecho a examinar las
actuaciones por una que reconozca el derecho a tener conocimiento en todo
momento de las diligencias practicadas por la Policía, el Ministerio
Fiscal y el órgano judicial, en línea además con lo que se apuntaba en el
informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial y con las
propuestas de los expertos en relación con el artículo 135 del borrador
del proyecto del Código Procesal Penal.


En cuanto al artículo 118.1.d), que se refiere al derecho a
designar abogados, planteamos la supresión de la referencia a las
limitaciones en los casos de incomunicación prevista en el
artículo 527.1.a).


Nuestra enmienda respecto al artículo 118.3 es de modificación
para que si no nombra abogado y procurador el detenido, se le nombre de
oficio desde el momento en que presta declaración o es objeto de
cualquier medida personal o patrimonial, y no como establece el proyecto
de ley cuando la causa llega a un Estado en el que se necesite el consejo
de un abogado, puesto que se trata de una redacción absolutamente
imprecisa y abierta, que sin ninguna duda daría lugar a discusiones, que
a su vez se tradujeran en solicitudes de nulidades de actuación.


Planteamos la supresión de los artículos 509 y 510, de detención
y prisión incomunicada, por los mismos motivos que fueron expuestos en la
defensa del veto. Alternativamente, a través de una enmienda, ofrecemos
una nueva redacción del artículo 509 para que la situación de
incomunicación no dure más de 3 días y sin que se establezca en esta
situación ningún régimen específico en razón a la materia delictiva.


Proponemos cuatro enmiendas que afectarían al artículo 520,
Derechos de las personas detenidas o presas. En relación con el 520.2.c),
que regula el derecho a designar abogado, de nuevo proponemos la
supresión de la referencia a las limitaciones del artículo 527.1.a). El
artículo 520.2.d) se refiere al derecho de acceder a todos los elementos
de la actuación, y no solo, como plantea el texto del proyecto, a
aquellos que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o
privación de libertad.


Mediante la enmienda relativa al artículo 520.5 se sustituye el
plazo de 3 horas para que se presente el abogado por el de 5 horas.
Obviamente en grandes ciudades y en situaciones de sedes dispersas, donde
no existan ciudades de la justicia, parece un plazo más ajustado para que
se puedan en la práctica realizar los desplazamientos necesarios de los
letrados.


La enmienda al artículo 520.6.b) introduce la posibilidad de que
el abogado no sea un mero observador de las declaraciones y diligencias
sino que pueda realizar recomendaciones al detenido durante la práctica
de la declaración del reconocimiento y también en los supuestos de
reconstrucción de los hechos.


La enmienda al artículo 520.6.c) propone la supresión del párrafo
que permite la aplicación de medidas coercitivas para la realización del
frotis bucal, para la obtención de muestras de ADN.


La referida al artículo 527, en consonancia con lo adelanté en la
defensa de otras enmiendas, propone la supresión de la detención y
prisión incomunicada y, alternativamente, una nueva redacción del
artículo 527 en la que planteamos que, transcurridas 48 horas, el
detenido o preso pueda ser examinado por un médico de su elección
—no solamente por los médicos forenses— y que mientras esté
incomunicado, esté sometido a vigilancia por medios técnicos de grabación
de imágenes y sonido que estén a disposición de la autoridad judicial
para dar cumplimiento a las exigencias del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos en relación con la investigación de los supuestos de tortura, en
tanto en cuanto estas precauciones prácticamente imposibilitarían el
desarrollo de malos tratos.


Otras cuatro enmiendas afectan al artículo 579. Respecto al
artículo 579.1, detención de la correspondencia privada postal y
telegráfica y su apertura, presentamos la supresión de la referencia a
delitos dolosos penados con más de tres años. Pensamos que en este caso y
en los siguientes, que afectan a derechos fundamentales, la única
justificación de que se produzca una limitación de estos derechos
fundamentales no está en la cuantía de la pena, máxime en un Código Penal
en el que se ha introducido la prisión permanente revisable —la
pena de tres años no es de especial gravedad—, sino en la lucha
contra el crimen organizado y el terrorismo, en la naturaleza del delito
y la trascendencia de este. Esto es lo que justifica la adopción de estas
limitaciones de los derechos fundamentales.


En el artículo 579.2 planteamos una reducción del plazo máximo
a 12 meses, en vez de los 18 que prevé el proyecto, por el que el juez
pueda acordar la medida de detención de la correspondencia privada postal
y telegráfica.


La enmienda al artículo 579.3 propone la supresión de la
referencia a que, por razones de urgencia, en caso de terrorismo, el
ministro del Interior o el secretario de Estado puedan autorizar la
detención de la correspondencia comunicándolo al juez.


La enmienda al artículo 579.4 defiende la supresión del párrafo
que dice que no necesitará autorización judicial la detención de envíos
postales que, por sus características externas, sirvan para el transporte
de mercancías. Se trata una vez más de un concepto abierto. Voy a poner
un ejemplo chusco. Supongo que todas sus señorías, como yo, en Navidades
mandan un paquete o varios a familiares, amigos y demás con productos
típicos de su tierra. Lo normal es que el envoltorio de una mercancía
vaya acompañado como mínimo de un christmas, de una nota; es decir, que
el paquete no contenga solo y exclusivamente la mercancía sino
correspondencia privada.


Presentamos ocho enmiendas al artículo 588 —y tranquilizo a
sus señorías diciéndoles que son las últimas enmiendas que voy a
defender—. Enmendamos el artículo 588 bis c) —Disposiciones
comunes a la interceptación de las comunicaciones telefónicas y
telemáticas, la captación y grabación de comunicaciones orales mediante
la utilización de dispositivos electrónicos, la utilización de
dispositivos técnicos de seguimiento, localización y captación de la
imagen, el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de
información y los registros remotos sobre equipos informáticos—
para que, si transcurridas 24 horas desde que se solicitase autorización
al juez, este no la concediese, la misma se entienda denegada y carezca
de efectos en el proceso la información que se haya podido obtener en
este periodo de 24 horas.


Proponemos en el artículo 588 ter d.3 la supresión de que, por
razones de urgencia, el Ministerio del Interior o el secretario de Estado
de Seguridad pueda acordar, en caso de terrorismo, la interceptación de
comunicaciones telefónicas y telemáticas solicitando en el plazo de 24
horas la autorización judicial. Subsidiariamente a esta supresión, en el
artículo 588 ter d.3 planteamos que el juez resuelva en 24 horas, no
en 72, como se dice en el proyecto, y si no lo hace, que se entienda
denegada la solicitud y con las consecuencias que planteamos en todas las
enmiendas.


Presentamos una enmienda al artículo 588 ter g., para que la
duración máxima de la intervención no supere los 12 meses, en vez de
los 18 previstos en el proyecto; en el 588 quater b., para excluir el uso
de dispositivos que permitan la captación y grabación de las
comunicaciones orales, para que se excluya como justificación de la misma
la investigación de delitos dolosos penados con más de tres años y solo
se produzca —por lo que expliqué ya en una enmienda anterior—
en casos de terrorismo y crimen organizado.


Respecto al artículo 588 quinquies b.4 planteamos que,
transcurridas las 24 horas desde que solicitó la autorización, para
colocar instrumentos de seguimiento y localización sin que el juez la
apruebe, se entienda denegada y la información carezca de valor en el
procedimiento.


Proponemos una enmienda al artículo 588 quinquies c.1 para que la
duración máxima de la autorización de colocación de los mismos sea de 12
meses y no de 18. Y última enmienda, al artículo 588 sexies c.3 y c.4,
para que si el juez no autoriza en 24 horas la ampliación a otros
sistemas informáticos de la autorización para el registro de dispositivos
de almacenamiento masivo de información conectados o relacionados, se
entienda denegada y sin valor, y no las 72 horas que prevé el
proyecto.


Muchas gracias, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Enmiendas del Grupo Vasco.


Tiene la palabra el senador Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señora
presidenta.


Comenzaré con las ocho enmiendas a la ley orgánica. Voy a dar
todas por defendidas. Todas son importantes pero tenemos dos que
quisiéramos subrayar. La primera, la enmienda número 33, de modificación,
al artículo 509, está relacionada con los plazos de incomunicación.
Planteamos que la incomunicación no pueda extenderse más allá de 48
horas. (Estamos hablando del punto 2 del artículo 509.)


En el turno en contra, el senador Altava ha planteado en una
transaccional para los 5 días de incomunicación una prórroga de otros 5
días y otra de 3 días para mejorar el número de días y pasarlo a 10 días
de incomunicación. Evidentemente, esa es una situación mucho mejor, más
beneficiosa, pero a nosotros no nos satisface. En derecho comparado no
son habituales estos planteamientos de incomunicación, como ustedes
saben, señorías. Naciones Unidas está requiriendo que eliminemos todo
aquello relacionado con la incomunicación porque son espacios donde se
generan ciertas opacidades. Por tanto, para nosotros este punto es
esencial. 10 días, aun siendo mejor que 13, son excesivos para que se dé
una situación tan excepcional como la que están planteando, cuando saben
que el artículo 17.2, que constituye un derecho fundamental, plantea un
máximo de 72 horas. Si además de ser tan excepcional, realizan un
planteamiento tan perjudicial para el preso, evidentemente no podemos
estar en contra —y esto lo relaciono con la enmienda
número 34—. Si ustedes tienden a la incomunicación —que
nosotros también entendemos que debiera desaparecer—, si todavía
entienden que es una herramienta que les es válida, y más ahora, con el
terrorismo yihadista o con los nuevos planteamientos de terrorismo que se
están viviendo, al menos adopten cautelas para que esos espacios de
opacidad no sean tales.


El senador Altava ponía como ejemplo el texto que el entonces
ministro Camaño presentó como borrador de un anteproyecto, al cual
ustedes hacían referencia. Yo también voy a hacer lo mismo, pero con el
ministro Gallardón. El artículo 176.3 del Código Procesal Penal, cuando
habla del régimen de incomunicación, viene a decir: «La permanencia del
incomunicado en dependencias policiales será registrado en soporte apto
para su reproducción en sonido e imagen, que estará a disposición del
Ministerio Fiscal y Tribunal de Garantías.» Eso es lo que ustedes han
planteado. Lo que les digo es que acepten este precepto que hemos
recogido nosotros a través de esta enmienda. Si ustedes entienden que el
texto que ustedes han presentado como grupo mayoritario es el correcto y
en ese sentido presentamos una enmienda literal al artículo 176.3 y nos
la aceptan, hemos ganado algo en el planteamiento de la incomunicación,
aunque no todo lo que quisiéramos. Usted ha puesto un ejemplo, me parece
correcto, y yo le he puesto otro.


Mediante la enmienda 35 proponemos la supresión del punto 1 del
apartado 6 del artículo único, es decir, aquellas excepciones que se
realizan para los incomunicados relacionados con el artículo 348 bis de
la Ley de enjuiciamiento criminal. Volvemos a tener un planteamiento
contrario al artículo 17, porque consideramos un derecho fundamental
tener un abogado de confianza. Por tanto, ustedes están haciendo un
planteamiento a través de esta reforma para que haya una serie de
excepciones que no caben siquiera dentro de la Constitución y para
nosotros supone un elemento clave, un elemento importante que el preso
pueda ser atendido desde el primer momento y conocedor de sus derechos a
través de un abogado de su confianza. La enmienda número 36, relativa a
correspondencia escrita y telegráfica, plantea suprimir tanto el apartado
tercero como el cuarto, ya que la incidencia en derecho es fundamental
desde los investigados y solo debe ser acordada por el juez y nunca,
nunca, en nuestra opinión por el Poder Ejecutivo, tal como ustedes lo
están planteando, porque, como podemos ver todos estos días, ustedes
están haciendo un uso del Poder Ejecutivo torticero, dependiendo, como en
estos momentos, de que haya elecciones o no, por ejemplo, en Cataluña.
Entonces, ustedes utilizan el Poder Ejecutivo a conveniencia y de parte
para, evidentemente, forzar toda la legalidad. Nosotros preferimos estar
tutelados por un juez. Por eso, planteamos la supresión del tercer y
cuarto punto del artículo 579.


Hemos presentado las enmiendas números 37 y 38, de modificación
al artículo 588.


La enmienda número 39 propone una modificación del artículo 384
bis en todo aquello que suponga excepcionalidad, con un texto
alternativo, entendiendo que asociar, además, cargos públicos con bandas
armadas e individuos terroristas o rebeldes no es correcto. Por ese doble
motivo, que hay que suprimir la excepcionalidad y, además, que en este
caso, se asocia a cargos públicos ese concepto de individuos terroristas,
etcétera, proponemos esa modificación.


La enmienda número 40 propone la supresión el artículo 520 bis.
Entendemos que tienen que estar fuera todas las excepcionalidades, porque
consideramos que es suficiente y adecuado el régimen general establecido
para la puesta a disposición judicial del detenido y para la, en su caso,
incomunicación, no siendo por ello preciso el establecimiento de
regímenes especiales de incomunicación de cinco días de duración, que
superan el propio límite constitucional, tal como les he dicho. Para
nosotros esto es un principio fundamental y sí me gustaría que cuando
vayan a responder a estas enmiendas me digan cómo pueden superar el
límite que el artículo 17, derecho fundamental, de la Constitución
—no me lo contrapongan al artículo 55.2—, derecho
fundamental, cómo lo pueden superar.


En cuanto a la ley ordinaria, hemos presentado cuatro enmiendas.
Con la primera, planteamos la supresión del artículo 17, apartado
primero, de la Ley de enjuiciamiento criminal, porque cuando ustedes
plantean que cada delito dará lugar a la formación de una causa no
entendemos que sea un procedimiento correcto, por lo que pedimos su
supresión.


Asimismo, pedimos la supresión del artículo 324 de la Ley de
enjuiciamiento criminal. El planteamiento que hacen ustedes es que las
diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis
meses desde la fecha del auto de incoación del sumario de las diligencias
previas. Ustedes mismos también han hecho una media, que vuelvo a
repetir. Si la media actual de un procedimiento de instrucción es de 245
días, ustedes lo están reduciendo a seis meses, es decir, 182 días. La
pregunta es: si no hay más recursos, si no hay más personal, si no hay
más medios, ¿por arte de qué birlibirloque consiguen ustedes que lo que
hoy en día se soluciona en 245 días pase a solucionarse en 182? Estamos
hablando de medias, no me venga con casuísticas, estamos hablando de
medias. ¿Cómo tienen pensado desarrollar un proceso para que con el mismo
personal, con los mismos recursos, lo que hoy cuesta 245 días pase a
costar 182 días? ¿Desconfían del trabajo de los secretarios judiciales,
de los jueces?


La enmienda número 19 propone la supresión del apartado ocho
porque entendemos que vulnera el principio de división de poderes la
resolución de un proceso por un órgano como el Ministerio Fiscal
dependiente jerárquicamente de la Administración pública.


La enmienda numero 20 plantea la supresión de un concepto sobre
la base de querer acomodarnos al informe del Consejo General del Poder
Judicial con ocasión del anteproyecto de modificación de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.


Creo haber defendido, prácticamente todas las enmiendas que
tenemos. He establecido cuáles son nuestras prioridades, todas
relacionadas con los derechos humanos. En ese sentido, todo aquello que
tenga que ver con la incomunicación y, si quieren seguir adelante con
ella, todo aquello que la pueda mejorar y relativizar para que tengan una
serie de derechos y se evite todo tipo de excepcionalidad, para nosotros
siempre será un paso adelante.


Espero con atención su respuesta.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Entesa pel Progrés de
Catalunya, tiene la palabra el senador Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señora presidenta,
señorías.


Les voy a detallar de forma breve las enmiendas que hemos
presentado a estos dos proyectos de ley con el objetivo de que les
convenzan nuestros argumentos. Ojalá pudieran apoyar algunas de ellas y
entre todos mejorásemos el texto propuesto.


En el proyecto de ley orgánica mantenemos vivas veintiocho
enmiendas centradas principalmente en mantener las garantías procesales
de los ciudadanos que, como les comentaba en mi intervención de defensa
del veto, van a ver mermadas estas garantías por las modificaciones que
propone el texto.


Nuestra enmienda 45 mejora y adecúa el texto de la ley a la
Directiva 2013/48, que se transpone para eliminar la posibilidad de que
la autoridad policial pueda impedir el ejercicio del derecho a la
defensa, a la asistencia de abogado. Pensamos que el texto propuesto
atenta contra el derecho del imputado o del detenido a tener una
entrevista previa con su abogado incluso antes del interrogatorio
judicial. Creemos que solo deberían existir excepciones a este derecho
fundamental del detenido en el caso de delitos de verdadera gravedad y
que sean, obviamente, acordados por auto judicial. Además, pensamos que
el texto atenta contra el derecho del detenido incomunicado a nombrar un
abogado de confianza y a que no se le asigne un abogado de oficio.


Conjuntamente, la enmienda 43 propone modificar el artículo 509
para que la incomunicación del detenido solo sea posible en los delitos
de terrorismo o de delincuencia organizada, en coherencia con el carácter
restrictivo de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
sobre la materia y apoyando además la aplicación de mayores garantías
como la grabación de las declaraciones y de los interrogatorios a los
incomunicados y la intervención del médico forense en plazos de tiempo
muy acotados.


Las enmiendas 148 y 160 dan coherencia y coordinación unificando
el tenor literal de los artículos 118 y 520, que regulan el derecho de
defensa. En la enmienda 148, que modifica el artículo 118 relativo al
derecho de defensa de la persona investigada, proponemos que la
información y la comunicación de derechos que se haga al investigado no
se realice solo por escrito a través de una mera hoja informativa, sino
que se haga también verbalmente y en un idioma y con un vocabulario que
entienda. En la enmienda 160, que modifica el artículo 520 relativo a los
derechos del detenido o preso, también se precisa que la designación de
procurador y abogado solo sea exigible cuando la causa llegue a
determinado estado o momento. La redacción de la norma parece menos
respetuosa con el ejercicio del derecho de autodefensa exigiendo además
la representación de procurador en todo caso, incluso en los procesos por
faltas, lo que supone una excesiva carga para los interesados y para la
propia organización judicial. La modificación propuesta busca garantizar
la efectividad del derecho a la confidencialidad de las comunicaciones
entre el investigado o encausado y su abogado.


El siguiente bloque de enmiendas que queremos destacar son las
que hemos registrado para evitar las intromisiones en la privacidad del
investigado en un proceso penal que ha introducido el Gobierno en la
norma y que atenta contra los derechos fundamentales. En este sentido,
pensamos que el Gobierno haría bien en ser más cauteloso y prudente en
sus propuestas. La cautela, la prudencia y la proporcionalidad deben ser
las que regulen estos aspectos para no limitar el derecho a la libertad
de las comunicaciones y a la intimidad de los ciudadanos como hace el
texto que nos ha remitido el Congreso.


Las enmiendas
números 42, 46, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 149, 150 y 151
proponen introducir modificaciones para que el tipo de delitos a los que
puedan aplicarse estas restricciones se restrinja a delitos graves, a
delitos que tengan una pena teórica de más de cinco años y no a los que
tengan pena inferior. Además, incluimos que la grabación de
conversaciones mediante dispositivos electrónicos en el domicilio solo se
puede aplicar en casos de delito de terrorismo o de grupos criminales
organizados, pero no a cualquier tipo de delito individual. Asimismo, nos
parece excesiva la duración de hasta dos años para todo tipo de delitos
en la intervención de comunicaciones. Por eso, nuestras enmiendas
proponen que, en caso de comunicaciones telefónicas, sea de un máximo de
un año en delitos graves y de hasta dos años si se trata de delitos de
terrorismo o de grupos criminales organizados, y que cuando se trate de
la grabación de conversaciones por dispositivos electrónicos en domicilio
o registro remoto de equipos informáticos a través de troyanos, que sea
de un mes prorrogable hasta un máximo de tres meses.


Finalmente, con relación a las excepciones de la actuación
policial sin autorización, pretendemos la supresión de las dos
excepciones que recoge el proyecto de ley, pues nos parecen innecesarias,
ya que desbordan las garantías de derechos fundamentales que debe tener
un Estado democrático para defender a las personas que sean
detenidas.


Las enmiendas números 61 y 62 incluyen modificaciones para
regular la toma de muestras, de sustancias, de objetos a recoger en el
lugar del delito cuando pueda suponerse que contenga huellas o vestigios
cuyo análisis genético pueda proporcionar información relevante para la
investigación. Por otra parte, en la enmienda número 62 proponemos
introducir una modificación al artículo 363 y a ocho artículos
correlativos más para abordar el problema de las intervenciones
corporales del investigado, sean voluntarias o coactivas, por orden del
juez y el análisis y garantía de las muestras biológicas que se le puedan
intervenir, completando el régimen jurídico de las licencias de
investigación.


Con relación al proyecto de ley ordinaria que modifica la Ley de
enjuiciamiento criminal, mantenemos vivas veinte enmiendas. La enmienda
número 21 propone modificar el texto de la norma con relación a la
regulación de los delitos conexos, ya que el proyecto de ley provoca, a
nuestro entender, confusión entre conexidad a efectos de enjuiciamiento
conjunto y las normas sobre acumulación de procesos. El artículo 17 debe
limitarse a definir de forma clara una conexidad relevante para la
acumulación de objetos, como excepción a la regla general de que cada
hecho debe ser enjuiciado en un proceso independiente. Por eso,
proponemos modificar los apartados 2.7 y 4 para imponer la acumulación de
causas en los que un mismo autor agreda continuamente a una misma
víctima. Paralelamente, la enmienda número 23 recupera el texto vigente
del artículo 300 para mantener la prohibición del inquisitio generalis,
ya que al estar situado en el régimen del procedimiento ordinario tiene
carácter supletorio, por lo que debe aplicarse en todo caso. Pensamos que
el nuevo régimen de acumulación, conexidad y separación de causas no es
contradictorio con dicho precepto, que debe conservarse por tener un
carácter más general que la limitada reforma que ahora se pretende.


La enmienda número 30 evita que se dividan causas que deban
conocerse conjuntamente, a voluntad de la propia Audiencia Nacional, para
limitar las posibles dilaciones procesales de los encausados, intentando
evitar el enjuiciamiento conjunto y eventuales condenas.


La enmienda número 22 modifica la regulación de los delitos sin
autor conocido. Con la excusa de la agilidad procesal desaparece la
obligación de elevar los atestados al órgano judicial y al ministerio
fiscal por parte de la Policía en determinados delitos. Pero no podemos
obviar que hay denuncias sin autor conocido de delito que tienen distinta
naturaleza y, por supuesto, distinta gravedad. Por tanto, creemos que la
decisión de investigar o no un delito no puede depender de la autoridad
policial sin que exista un control o una verificación por parte de la
autoridad judicial. Es necesario tener en cuenta el derecho y las
garantías de las personas que denuncian, que deben saber con certeza en
qué casos no van a obtener respuesta alguna de la autoridad judicial,
salvo que él mismo presente denuncia ante el órgano judicial. En este
sentido hemos presentado nuestras modificaciones. En primer lugar, para
ampliar los delitos en los que siempre deberá darse traslado del atestado
al órgano judicial o al Ministerio Fiscal. En segundo lugar, arbitrar un
sistema para que el control judicial pueda realmente verificarse sobre
aquellos delitos excluidos. Proponemos establecer un informe trimestral
que debe alegarse por parte de la Policía de las denuncias no remitidas
al juez decano, quien podrá verificar y cambiar esta decisión si estimara
que alguno de los delitos excluidos debiera ser investigado y dar lugar a
actuaciones judiciales.


Con la enmienda 24 proponemos suprimir la modificación del
artículo 324 que propone el texto que puede afectar a la persecución de
los delitos favoreciendo la impunidad. Además, pensamos que atenta contra
el derecho a la tutela judicial de las víctimas de los mismos. Este
artículo establece un régimen de plazos para la finalización de los
procesos de instrucción, complejo e ineficaz, que introduce una grave
inseguridad jurídica en relación con las víctimas, con los denunciantes y
que puede favorecer la impunidad. El texto propuesto reduciendo los
plazos máximos de instrucción de seis a dieciocho meses para las causas
más complejas, pensamos que es completamente irreal si no se realizan
reformas mucho más importantes en la estructura organizativa y si no se
incrementan los medios tanto materiales como personales en la
Administración de justicia y de colaboradores externos que prestan ayuda
y asistencia técnica.


La enmienda 25 corrige la posibilidad —que consideramos muy
grave— de que la obtención de confesión o conformidad por el
Ministerio Fiscal pueda ser homologada o equiparable a la sentencia
dictada por un órgano jurisdiccional.


En relación a la revisión de sentencias firmes, la enmienda 28
explicita que cuando existe sentencia firme por violación —así ha
sido considerada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos— esta
tiene que ser aplicada a cualquier persona aunque no haya sido demandante
ante ese tribunal.


Las enmiendas 86 y 37 recogen modificaciones que pueden mejorar
la técnica del proceso de decomiso autónomo.


Y finalmente —con eso acabo—, con la enmienda 35
proponemos suprimir la disposición adicional única que establece que
todas las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incrementos
de dotaciones de personal, ni de retribuciones ni de otros gastos de
personal. Con esta previsión tan taxativa es imposible que según la
estructura organizativa actual de la Administración de justicia se puedan
agilizar los procesos penales que es el objetivo principal expuesto por
el Gobierno para esta modificación legislativa. En todo caso, nos
deberían explicar si esto es posible y cómo piensan hacerlo, como les
preguntaba el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Para la defensa del resto de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el
senador Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.


Voy a intervenir desde el escaño. Algunas de las enmiendas que
presento las he desarrollado en mis anteriores intervenciones y otras el
senador Montilla las ha explicado muy bien. Por lo tanto, simplemente me
voy a limitar a enunciar los conceptos sobre los que hemos presentado
enmiendas.


En primer lugar, hay una serie de enmiendas que hacen referencia
a la eliminación del régimen de incomunicación y, alternativamente, por
si no se aprueban, otra serie de enmiendas de dulcificación del régimen
de incomunicación.


Otro grupo de enmiendas hace referencia al artículo 520.1 que,
como he dicho en mi anterior intervención, es un artículo que
conjuntamente con la Ley mordaza lleva inseguridad jurídica a los
profesionales y a los medios de comunicación.


Otro grupo importante de enmiendas pretende la supresión del
apartado relativo a que el proceso de instrucción sea de seis meses. Nos
parece absolutamente equivocado, y quiero insistir en que el consejo
fiscal dice que es absurdo; por tanto, pedimos la supresión de este
apartado. Al mismo tiempo, también solicitamos que las sentencias del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos se apliquen directamente ya sin
necesidad de hacer un recurso.


Finalmente hay un grupo de enmiendas que hacen referencia a
incrementar las garantías y los derechos de las personas privadas de
libertad.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i d’Unió.


Tiene la palabra la senadora Rieradevall.


La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señora presidenta.


Mi grupo ha presentado treinta y dos enmiendas, concretamente
diez a un proyecto y veintidós al Proyecto de Ley Orgánica de
modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal.


Empezaré por el proyecto de las diez enmiendas. Sobre medios
hemos presentado la enmienda 66 de supresión de la disposición adicional
única relativa a la previsión de costes sobre las dotaciones económicas y
de personal para su aplicación.


La aplicación de las citadas leyes requerirá la dotación de una
serie de medios tanto económicos como personales en relación a la nueva
regulación del procedimiento de decomiso, donde se prevé un procedimiento
ante la jurisdicción contencioso administrativa para fijar las
indemnizaciones a los perjudicados que será establecido
reglamentariamente y que, por lo tanto, supondrá ya, por ejemplo, que se
tenga que reforzar con medios materiales y personales esa jurisdicción,
así como en los casos de instrucciones penales complejas que requerirán
para el cumplimiento de los plazos aportar al correspondiente juzgado los
medios necesarios para evitar que la instrucción se alargue en el tiempo;
también, respecto a la constitución de un proceso monitorio penal. De ahí
que no tenga sentido la disposición adicional única de la Ley de
modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal, pues prevé que las
medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de
dotaciones de personal ni de retribuciones ni de gastos de personal. Al
respecto, debemos recordar que una de las condiciones necesarias para el
buen funcionamiento de un sistema democrático es una justicia rápida,
eficaz y de calidad. Por ello debemos, desde nuestras respectivas
instancias, poner de relieve la importancia para la ciudadanía del
servicio de justicia y garantizar la tutela judicial efectiva.


En consecuencia, proponemos la supresión de esta disposición
adicional única, ya que en caso contrario se impediría la aplicación de
medidas de éste que consideramos muy positivas en aras de la agilización
de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías
procesales.


En el mismo sentido hemos presentado la enmienda 58 que modifica
el 324.2, mediante la cual se adiciona un nuevo párrafo para que se dote
a la Administración de justicia de medios económicos, materiales y
personales adecuados, como pueden ser expertos economistas, peritos,
incluso becarios que puedan ayudar al estudio de la documentación en
estos casos y garantizar así el cumplimiento de los plazos en la fase de
instrucción en aras de la agilización del proceso.


Asimismo, la enmienda 64, de modificación del 846.2.ter, propone
incrementar el personal de la sala de lo civil y de lo penal de los
tribunales superiores de justicia y de la sala de apelación de la
Audiencia Nacional en al menos dos o tres secciones, servidas cada uno
por tres magistrados, ya que sin esta dotación de medios personales se
produce una imposibilidad material de aplicar la normativa pretendida. Y
es que aquí vamos a poner un plazo, y se dice que la instrucción va a
durar tanto como si fuéramos capaces de garantizar cuanto duran las
instrucciones. No se trata solo de poner plazos por ley, sino de aportar
medios reales a la Administración de Justicia, de agilizar los plazos,
pero no encorsetarlos en una ley y después decir que solo pueden
prorrogarlos si el Ministerio Fiscal lo pide. Nosotros consideramos, y
así lo hemos puesto en nuestra enmienda 57, que no solo si lo pide el
Ministerio Fiscal, sino también si lo piden las partes y, evidentemente,
si lo pide incluso el propio juez de oficio.


Mediante la enmienda 59 pretendemos otorgar mayores competencias
a los tribunales superiores de justicia correspondientes de acuerdo con
las previsiones de los nuevos estatutos de autonomía a los que
correspondería conocer de los recursos de casación en la jurisdicción
penal, como sería el caso del Estatuto de Autonomía de Andalucía o el
artículo 95 del Estatut de Cataluña.


Por otra parte, hemos presentado también las enmiendas 61 y 62 al
artículo 803 bis para garantizar la asistencia letrada. Se pretende
garantizar que el encausado esté asistido por letrado en este trámite, ya
que a la comparecencia siempre se habrá que acudir con asistencia letrada
para que la aceptación o rechazo del decreto produzca sus efectos.
Asimismo, se pretende garantizar que el encausado será asistido por
letrado, permitiendo que si no ha podido designar abogado antes de la
comparecencia, le asista un abogado de guardia.


La enmienda 63 sobre las reglas del procedimiento de decomiso, la
hemos presentado porque entendemos que debe especificarse en mayor medida
las reglas de tramitación del decomiso, y se propone una mejora técnica
al sustituir «escrito de defensa» por «escrito de contestación» a la
demanda de decomiso.


Pasaré a resumir las enmiendas presentadas al proyecto de ley
orgánica. En cuanto a la incomunicación y a la garantía en todo momento
de la asistencia de letrado o de abogado en algunos aspectos también se
excepciona. Los colegios de abogados nos han hecho llegar muchísimas
propuestas de enmiendas pidiendo, por favor, que no se flexibilice esa
necesaria intervención del abogado. Hemos presentado varias enmiendas en
este sentido.


Hemos presentado un conjunto de enmiendas en las que intentamos
que todo aquello que por excepción se pueda hacer sin autorización
judicial se quite del proyecto de ley porque nos asusta, la verdad.


Hemos, pues, presentado enmiendas, como la número 100, para
reforzar el derecho de defensa del detenido en todas las diligencias,
incluidas las policiales, de acuerdo con la Directiva europea 2013/48 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, que viene a
cumplimentar la anterior directiva de 2012.


También presentamos las enmiendas 101 y 106 con el fin de que la
adaptación de la información requiera la presencia de abogado, pues el
apartado 1 in fine del artículo 118 y el artículo 520.2.bis contienen una
previsión voluntarista sobre adaptación del derecho a la información que,
de mantenerse así, generará importantes conflictos, pues la adecuación a
la edad, grado de madurez, discapacidad o cualquier otra circunstancia
personal de quien vaya a ejercer el derecho de defensa supone dejar un
ámbito de discrecionalidad grande. En este sentido, debe reforzarse la
intervención del abogado para adecuar las circunstancias personales a la
adaptación personal del derecho, sin que ello suponga en ningún caso
mermar derechos o simplificarlos.


Hemos presentado la enmienda 103 al artículo 509.1 para que, dada
la grave limitación de derechos de la detención o prisión incomunicadas,
se añada que su adopción se haga mediante resolución motivada.


La enmienda 104 al artículo 520.2 pretende garantizar la defensa
del detenido, pudiéndose examinar todas las actuaciones. La enmienda 105,
al mismo artículo, pretende reforzar los derechos del detenido. La
enmienda 107, al artículo 520.1, propone reforzar los derechos del
detenido en la detención preventiva en cuanto al tiempo de duración, con
la finalidad de poner límites a determinada práctica policial, que
consiste en agotar el plazo de detención de setenta y dos horas. Se
propone que se documente la hora de realización y la hora de finalización
de las actuaciones policiales llevadas a cabo; de este modo, una vez
practicadas éstas, no podrá prolongarse artificialmente la detención sin
causa objetiva para ello. Por otra parte, proponemos que la detención se
comunique al juez de guardia, quien podrá determinar las diligencias a
practicar y decidir sobre el secreto de las actuaciones o la situación de
privación de libertad del detenido.


La enmienda 108, de adición, al artículo 504.bis.2, pretende la
introducción de las pulseras electrónicas como medida cautelar, con la
finalidad de establecer nuevos mecanismos de drenaje del sistema
penitenciario. Se propone la introducción en nuestro ordenamiento
jurídico del control mediante pulseras electrónicas como medida cautelar
penal autónoma o sustantiva de la prisión preventiva, tal como sucede en
otros países de nuestro entorno sociocultural y económico.


La enmienda 109, al artículo 520.5, impondrá un límite de dos
horas para comunicar la detención al colegio de abogados y la presencia
del letrado para prestar asistencia al detenido.


La enmienda 110, al artículo 525.5, plantea ampliar el plazo de
comparecencia del abogado en lugar de 3 horas a 5, más que nada para
hacerlo compatible con la dedicación profesional y los atrasos y demoras
que se producen en los juzgados y para hacer posible el cumplimiento de
las horas de asistencia establecidas.


Hay dos enmiendas más al artículo 520. La enmienda 111 pretende
que el abogado pueda intervenir directamente durante la práctica de las
diligencias para realizar recomendaciones a su defendido. Y la
enmienda 112 reforzar los derechos del detenido e investigado en la
intervención del abogado en todas las diligencias.


Las enmiendas 113 y 116, al artículo 579, pretenden limitar el
plazo máximo de duración de la medida de intervención de la
correspondencia escrita y telefónica.


Hemos presentado enmiendas al artículo 588, las números 118
y 119, para suprimir la potestad de la Policía para interceptar las
comunicaciones privadas sin autorización judicial, en caso de urgencia
para investigar delitos relacionados con actuación de bandas armadas o
elementos terroristas; también suprimir la potestad de la Policía para
colocar un dispositivo medio de seguimiento y localización sin
autorización judicial o bajo las mismas circunstancias para interceptar
las comunicaciones privadas.


Finalmente, quiero mencionar la enmienda 99, d?Unió y 120, de
Convergència, para permitir la grabación, con cámaras de videovigilancia
en el exterior, de la huida de sospechoso o sospechosos exclusivamente
hasta que cese el contacto visual en casos de delitos flagrantes.


Estas son las enmiendas que he defendido; doy por defendido el
resto, y les pido el voto favorable a las mismas.


Gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Tiene la palabra el senador Díaz Tejera.


El señor DÍAZ TEJERA: Buenas tardes. Con la venia, señora
presidenta.


Aunque he presentado cuarenta y ocho enmiendas, no se alarmen
ustedes, no voy a explicarles las cuarenta y ocho. Creía que tenía un
máximo de treinta minutos, pero, en cualquier caso, podemos llegar al
acuerdo de que solo les explique diez. Nada más que eso, porque uno tiene
que hacer su trabajo. El resto de enmiendas, algunas de las cuales han
sido explicadas en comisión, las doy por defendidas.


Y me voy a referir a ellas, fundamentalmente, no porque considere
que el resto de estas cuarenta y ocho enmiendas sean menores, ya que
opino que todas ellas están basadas en el sentido común y en las ganas de
proporcionar eficacia; sino porque, por muchos esfuerzos de imaginación
que haga, no encuentro ningún fundamento, ninguna razón, para que no se
acepten estas a las que me voy a referir. Y me gustaría que me explicaran
por qué no se aceptan, si puede ser.


Por ejemplo, se habla mucho de interceptar, pero interceptar no
sirve para nada. Puede que todavía sigamos con la idea del cableado de
cobre, y uno crea que lo que escucha es una llamada telefónica en la que
el malo le dice al otro malo, que es igual de tonto: mañana a tal hora,
en tal sitio, vamos a hacer tal cosa. Pero eso es una estupidez. Lo
relevante de las interceptaciones del registro remoto y del estudio del
almacenamiento de datos es descifrar y desencriptar. Eso es lo
importante. Si no se incorporan estos dos verbos y uno solo se mueve en
el terreno de la interceptación, no se tiene título habilitante para que
el agente de la autoridad o el servidor público pueda descifrar o
desencriptar. Lo importante no es acceder al algoritmo, sino descifrar y
desencriptar luego esos algoritmos para obtener la información. De ahí
que proporcionemos verbos que faciliten al servidor público, al agente de
la autoridad, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial, recursos
para hacer su trabajo. ¿Dónde encuentran ustedes eso? En la enmienda 141,
que pretende hacer un esfuerzo por recuperar los archivos borrados.
Porque, seamos claros, no se trata de sota, caballo y rey y del tirón de
la calle. Estas reformas de la Ley de enjuiciamiento criminal no se
plantean para ese delincuente, digamos, de la chupita, cejijunto
—como dijo, en su momento, el presidente de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo—; sino que, en general, hablamos de mercenarios y
profesionales del crimen organizado muy cualificados. Es importante,
pues, acceder a aquello que se ha borrado, porque, si no se accede a ello
—se puede hacer con solo dar a una tecla—, no hay manera de
recuperarlo. Por eso sugiero la enmienda 141, relativa al acceso a los
archivos borrados; expresión esta, la de «los archivos borrados», que no
se usa en ningún lugar del texto y que hay que incorporar para facilitar
dicho acceso. Esto, en cuanto a la primera enmienda, la número 141.


En relación con la número 142, se trata de usar la expresión
omnicomprensiva de «los medios técnicos adecuados para la obtención del
almacenamiento de datos para el registro remoto». En general, esos
servidores no están en el barrio de la esquina, sino en otros países, y
hay que preverlo. Hay un convenio de Budapuest sobre la
ciberdelincuencia, que ya lo prevé en sus artículos 20.3 y 21.3. De ahí
que insista en la importancia de usar una fórmula omnicomprensiva para
que la evolución tecnológica no suponga una parálisis en la persecución
del crimen organizado o en la lucha contra él.


Con respecto a la enmienda número 154, no lo termino de captar.
Yo sé cuál es su disponibilidad, señor Represa —ya me lo ha
dicho—, en relación con los menores de 16 años. Pero ¿por qué razón
no usamos la expresión «se prohíbe la incomunicación de los menores de
edad»? Es una expresión bastante clara y bastante rotunda: «se prohíbe la
incomunicación de los menores de edad». Y no es una propuesta que nos
hayamos inventado los senadores del Grupo Socialista, sino una sugerencia
que nos hizo Amnistía Internacional. Nosotros leemos tanto las
sugerencias de Amnistía Internacional como las que nos hace el Consejo
General de la Abogacía, y aceptamos algunas y otras, no. Aceptamos las
que contribuyen a mejorar el derecho fundamental a la defensa, que
creemos que es razonable en el equilibrio de la búsqueda de eficacia y
eficiencia en la lucha contra el crimen organizado, por un lado, y las
garantías y los derechos fundamentales, por otro. Aceptamos lo que
garantiza eso. Y me parece que no es procedente aquello que pueda
desequilibrar o hacer imposible uno de los planos, porque, con eso, no
contribuimos a nada: ni mejora en términos de garantía y derechos, ni
mejora en términos de eficacia, y solo hay eficacia en la lucha contra el
crimen si hay respeto a garantías y derechos. Esta es una conquista
civilizatoria, y quienes trabajan en el Estado de derecho tienen esos
límites y esas servidumbres. Yo sé que, en general, hay una presión
mediática y cultural muy fuerte en torno a que la tortura en algunos
casos está justificada, en términos de cine, televisión, bla, bla, bla;
pero seguimos insistiendo en que no hay comportamiento alguno de un
servidor público que no esté plenamente sometido a la ley y al derecho,
como establece el artículo 103.1 de la Constitución.


En cuanto a la enmienda 154 —la tercera de las diez que
pretendo explicarles—, ya que blasonamos en cualquier lugar del
mundo de tener un ordenamiento jurídico garantista, planteamos que una
expresión más ajustada a nuestro ordenamiento jurídico es la de que no
aceptamos la incomunicación en los supuestos de menores de edad. No es
suficiente con decir menores de 16, porque de 16 a 18 siguen siendo
menores de edad; salvo que nos planteemos otra formulación y no
mantengamos la mayoría de edad a los 18, sino que la bajemos a 16. Es un
asunto que se puede discutir, pero, mientras tanto, en nuestro país la
tenemos en los 18 años. Nos parece que esto es relevante.


La cuarta enmienda que voy a explicar es la número 157. ¿Por qué?
Porque ustedes no habrán olvidado los aconteceres vinculados a la
masivísima vigilancia electrónica de las negociaciones de turcos y
británicos en la City, en Londres, negociaciones de tipo comercial; o la
vigilancia que se hizo a gran parte de la población de Estados Unidos,
sin cobertura judicial. Bien, me tocó ser el senador que hizo un informe
en el Consejo de Europa sobre seguridad nacional y acceso a la
información; entrevistamos a Snowden y, cuando le planteamos si él, como
empleado de un servicio de inteligencia, no sabía que lo que estaba
haciendo era antijurídico, la respuesta fue que ese servicio de
inteligencia tenía cientos de juristas cualificadísimos y pagadísimos a
muy alto nivel para decirle cómo se tenían que hacer las cosas para
llevar a cabo la vigilancia electrónica. Y cuando argumentaba que eso
tenía que ver con la seguridad, le decíamos: Mire, las negociaciones que
tenían turcos y británicos en el Reino Unido no estaban vinculadas a la
seguridad, eran transacciones comerciales. En cualquier caso, el asunto
siguió adelante. Y no voy a seguir por el asunto del espionaje
electrónico en el caso de la canciller alemana; ya tienen ustedes esa
información. Ese informe fue aprobado en la Asamblea parlamentaria del
Consejo de Europa con solo un voto en contra, de un conservador británico
al que no le gustaba, pero la inmensa mayoría de los 400 parlamentarios
de esos 47 países lo aceptaron.


¿Qué planteamos en la enmienda 157? Prever la posibilidad de que
eso no se pueda hacer, de que no se pueda hacer vigilancia electrónica si
no hay autorización, control, supervisión, seguimiento judicial,
supuestos tasados para determinadas figuras delictivas y durante periodos
previamente establecidos. Porque eso es un Estado de derecho.


Hay otras enmiendas, no ya referidas a este proyecto, sino al
otro, como la número 70. En este caso, les llamo a que, en la medida de
lo posible, cerremos cualquier recoveco por el que se pueda colar la
impunidad. Es lo que intento decirles. El Ministerio Fiscal, en general,
no está al tanto de cuándo comienzan unas diligencias previas en un plazo
de instrucción, se entera si hay algún recurso incidental y cuando ha
pasado algún tiempo. O sea, no es cierto que lo sepa desde el comienzo.
Por tanto, lo que se establece no supone una aportación, y por eso
insistía en que la enmienda número 70 pretende cerrar, repito, la
posibilidad de que la impunidad se pueda colar por una rendija.


Con la enmienda 71 proponemos que, en cualquier caso, eso siempre
se pueda hacer con la cobertura del auto del juez, que es lo que da
garantías a ese servidor público de que puede llevar a efecto la
posibilidad de la ampliación de los plazos. Vuelvo a insistir: póngase
usted en el supuesto del ministro del Interior que menos le guste, y sé
que no es el caso de don Alfredo Pérez Rubalcaba, en mi opinión un
magnífico parlamentario y un magnífico ministro de España. No me refería
a él. Me refiero a que busque a uno que le resulte particularmente odioso
y a un fiscal general del Estado también particularmente odioso. Y
póngase en el caso de que esas personas sean quienes den las órdenes: que
el fiscal general del Estado reciba las órdenes del Gobierno, porque es
el responsable de la política criminal, lógicamente, y que, en cadena,
lleguen a quien tienen que llegar. Con esto intento decirles que hay que
ponerse en el peor de los supuestos a la hora de dar competencias y
poderes a cualquier servidor público, respetando la dignidad y
cualificación de los magníficos servidores públicos que tenemos. Aquí no
se trata de satanizar a ningún sector profesional del Estado, pero
siempre hay que plantear que el único servidor público que está sometido
únicamente al imperio de la ley es el juez. De ahí la propuesta de
nuestra enmienda 71.


La enmienda 73 se refiere a las audiencias provinciales y el
tribunal superior. Como antes le decía, señor Represa, ya me había
enternecido con su comentario sobre que se crearían nuevas plazas y
nuevas salas. Con respecto a la disposición adicional única, repiten la
debida letanía para que los hombres de negro de Bruselas lean que están
haciendo los deberes: esto no va a generar un aumento de presupuesto ni
más déficit, bla, bla, bla. Es una letanía que hay que repetir, pero
usted dice que eso no tiene que ver con la creación de plazas y salas.
Yo, desde luego, confío mucho más en usted que en el papel escrito. ¿Por
qué? Porque cuando, en la práctica real, en un tribunal superior, los que
están en las salas de lo civil y lo penal, que solo se dedican al derecho
foral y llevan años dedicados a eso, y solo instruyen un par de asuntos
de algún aforado, se tienen que ver toda la avalancha de recursos junto a
las sentencias de las secciones de lo penal de la Audiencia Provincial,
es evidente que habrá que crear salas de lo penal. De lo contario, no se
podrá responder a ese trabajo; y no solo porque cuantitativamente no
puedan hacerlo los que están allí, no solo porque estén extenuados
─gran parte, con un 150 % más de trabajo sobre módulos, que los que
están en primera instancia en la carrera judicial─, sino porque en
esas salas de lo civil y lo penal que tienen derecho foral sí se trabaja
en el ámbito del derecho foral. Por tanto, si a quienes llevan décadas
dictando sentencias forales de derecho civil les dicen, de pronto, que
tienen que dictar sentencias penales y revisar lo que hacen las
audiencias provinciales, no es posible que lo puedan hacer. Quizá esto es
algo que quienes están fuera del mundo jurídico no terminan de captar,
pero muchas veces he puesto el ejemplo de si alguno de los presentes se
dejaría extraer una muela por un internista o un ginecólogo. Seguro que
no;






el que sabe extraer muelas es el dentista, y los otros no saben de
eso. Y esto es lo mismo: es una especialidad que supone mucho esfuerzo en
términos cuantitativos, y en términos cualitativos no es posible. Por
tanto, que se puedan crear esas plazas supone una gran tranquilidad.


¿Y por qué la enmienda número 90? Porque el decomiso es un
proceso civil especial, y, siendo un proceso civil especial, hay que
garantizar que el Estado se pueda apropiar de los bienes muebles e
inmuebles de los que han participado en la actividad criminal. De ahí la
importancia de regularlo de manera que el trabajo sea eficaz a la hora de
practicar ese decomiso.


Quiero referirme a la enmienda 80 —ya me quedan solo dos de
las diez que me comprometí a explicarles—, y les ruego que escuchen
lo que les voy a plantear. Miren, en un juzgado parte del trabajo es lo
que muchas veces he dicho: sota, caballo y rey, algo elemental y de
sentido común. No hace falta ser jurista; una persona con sentido común
escucha y toma la decisión. No hace falta ninguna cualificación. Insisto:
es de puro sentido común. Pero luego hay un conjunto de asuntos que sí
exigen conocimientos previos y hay que estudiar para hacerlo; y uno sale
de la vista con la sensación de no tiene clara la idea entre lo que ha
escuchado y lo que tiene que estudiar. Volviendo a las primeras, a las
que llamamos de cajón, de sota, caballo y rey: si todos los que
participan están de acuerdo y dicen que no van a recurrir, ¿por qué razón
el Tribunal Supremo Federal de Estados Unidos puede dictar una sentencia
de dos renglones, o a veces solo con verbo, mientras que aquí, cuando se
trata de sota, caballo y rey, y todos dicen que están de acuerdo y que no
van a recurrir, a pesar del pronunciamiento verbal de la sentencia in
situ, luego hay que documentarla por escrito? ¿Por qué? No tiene sentido.
Todos han dicho que la aceptan, todos han dicho que están de acuerdo,
todos han dicho que no van a recurrir. Aquello se está grabando con
imagen y sonido. Se ha escuchado que todos están de acuerdo. ¿Por qué,
pues, luego hay que ponerse a teclear los nombres para poner solo las
razones que ya se han esgrimido oralmente durante la vista que, repito,
que ha sido grabada con imagen y sonido? No tiene sentido. Una manera de
facilitar eso es la propuesta de la enmienda número 80, que plantea que
luego no se esté obligado a escribirla. ¿Por qué? Porque, repito, ya se
ha pronunciado allí oralmente y se ha grabado con imagen y sonido. ¿Qué
necesidad hay, pues, de dedicar luego horas a estar escribiendo algo
sobre lo que ya no se discute, en lo que no hay contienda porque todos
están de acuerdo, y encima han dicho que no van a recurrir? Me parece que
es una fórmula que ayuda bastante en lugares donde hay un porcentaje de
asuntos que son de cajón, de sota, caballo y rey, mientras que hay otros
asuntos en que eso no es posible porque no está claro: porque una de las
partes tiene un criterio diferente porque se anuncia recurso. En este
último caso no hay nada que hacer, pero me refiero a los supuestos que
creo haber explicado hasta la extenuación que son absolutamente
excepcionales.


Como ya he dicho, del total de cuarenta y ocho enmiendas, no creo
que las diez que he explicado sean las más importantes y que las otras no
tengan valor. Ya me ha explicado usted, señoría, los márgenes de
transacción, las cosas que le parecen razonables y las que no. Pero, si
hablamos de las que acabo de presentar, de la 70 y la 71 podría aceptar
incluso que usted me dijera que, como de alguna manera van al corazón de
lo que quieren hacer, que es darle más competencia al Ministerio Fiscal
de manera que el juez no tenga la posibilidad de razonarlo —por
auto recurrible a la audiencia, por supuesto—, que el juez no pueda
recurrirlo, podría aceptar, decía, que usted me dijera: no queremos darle
esa posibilidad, sino que solo lo hagan la partes. Bien, yo podría
entender eso. Pero, sinceramente, no termino de comprender por qué no se
plantea aceptar el resto de las enmiendas, que no van al corazón de lo
que ustedes quieren hacer respecto del Ministerio Fiscal y que mejoran el
servicio público (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia). Y no lo digo en términos polémicos, es que no alcanzo a
captar la razón; no estoy polemizando, insisto: sé que la reforma obedece
a una lógica y hay partes de esa lógica que no estoy cuestionando; a lo
que me refiero es a ciertas partes que creo que mejoran el servicio
público y que no están cuestionando el corazón de la reforma. Para eso
están las otras enmiendas, que omito explicar ahora, porque el que quiera
leerlas ya las tiene en el texto y se han explicado en comisión; además,
y por una vez, quiero romper una tradición. Sabe el presidente de la
comisión que no perdono un turno de palabra, como también comentan mis
compañeros del Grupo Socialista. Es mi obligación. Incluso el señor
Guillot me ha ofrecido un beso si algún día no se enciende aquí la luz
roja. Pues, en esta ocasión, espero que sea un beso apasionado, porque
todavía me faltan diez minutos. Pero todo sea, señor Represa, porque
usted acepte alguna de estas enmiendas. Renuncio a los diez minutos si
por lo menos admite esta a la que ahora me refería, que me parece que es
bastante razonable, señor Represa, ¿o no? ¿Verdad que sí? Le sigo
diciendo que me enternece y que la esperanza me mantiene, señor
Represa.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador Díaz
Tejera.


El Grupo Popular presenta al proyecto de ley las enmiendas 92
a 103 y al proyecto de ley orgánica, las enmiendas 161 a 166.


Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra el senador
Represa, que me indica que va a acumular el turno en contra.


El señor REPRESA FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas noches ya, señorías.


Como ha dicho el señor presidente, en primer lugar voy a proceder
a la defensa de las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario
Popular a los dos proyectos de ley, al ordinario y a la ley orgánica. A
la ley ordinaria hemos presentado doce enmiendas, las números 92 a 103,
algunas de las cuales voy a explicar.


La enmienda 93 propone subsanar un error de enumeración de los
apartados 5 y 6 del artículo 324, incluyendo, además, en el apartado 5 la
oportuna mención a las partes junto al Ministerio Fiscal, por coherencia
con el apartado 4, que se modificó en el Congreso de los Diputados.


La enmienda 95 hace referencia a la regulación del proceso por
aceptación de decreto, aclarando el momento en el que el fiscal puede
plantear su propuesta de decreto, que va desde el comienzo de la
investigación fiscal o incoación del procedimiento judicial hasta la
terminación de la instrucción. Y se sustituye el término «encausado» por
el de «investigado», por la fase en la que se encuentra el
procedimiento.


La enmienda 103 plantea la modificación de la disposición
transitoria única, a fin de aclarar que las normas previstas en la ley de
reforma relativas al recurso de revisión serán aplicables a los recursos
que se interpongan tras su entrada en vigor, siempre que cumplan con los
presupuestos previstos para ello. Lo hemos acordado sobre la base de la
enmienda 159, del Grupo Socialista, a fin de que se garantice la
asistencia letrada y representación en asuntos de especial gravedad
dentro del ámbito material del procedimiento para el juicio de delitos
leves con pena superior a seis meses.


Las enmiendas 94 y 102 hacen referencia a la regulación del
recurso de casación. La primera establece que la devolución de los autos
al juzgado a efectos de ejecución solo será precisa cuando no se
interponga en plazo el recurso de casación en los casos en que proceda. Y
la enmienda 102, en coherencia con la 97, traslada el apartado 3 del
artículo 847 al 858, porque es en este artículo en el que se regula la
admisión a trámite del recurso de casación. A este respecto, también
hemos transado nuestra enmienda 102 con los demás grupos parlamentarios.
Doy por defendidas el resto de enmiendas, quedando retirada la número 98
de nuestro grupo.


En cuanto a la ley orgánica, voy a hablar de tres o cuatro
enmiendas —hemos presentado seis—. Quiero hacer especial
hincapié en la número 163, que modifica el apartado 1 del artículo 520 y
tiene por objeto salvaguardar el derecho constitucional a la libertad de
información. Lo que se consigue con la redacción propuesta es
compatibilizar el derecho al honor, el derecho a la intimidad y a la
imagen de las personas detenidas o presas con el derecho a la libertad de
información. Quiero expresar también que esto es fruto de un acuerdo al
que llegó el señor ministro, y ya se hizo público, con editores y
periodistas.


La enmienda número 164, de modificación del apartado 1 del
artículo 588 quater d, plantea que los soportes electrónicos que se
pongan a disposición de la autoridad judicial solo transcribirán las
conversaciones de interés para la causa.


La enmienda número 165 se presenta a la disposición transitoria
única, referida a la legislación aplicable no solo a los nuevos
procedimientos incoados tras la entrada en vigor, sino también a los que
estén en curso respecto a las diligencias policiales y fiscales,
resoluciones y actuaciones judiciales que se acuerden tras su entrada en
vigor, dadas las sustanciales mejoras de los derechos de los investigados
y las mayores garantías en las instrucciones que requieren diligencias de
investigación tecnológica.


Y presentamos la enmienda número 166, a la disposición final
primera, a fin de armonizar la Ley Orgánica del Poder Judicial con la
reforma que debatimos. Doy el resto de las enmiendas por defendidas.


Y paso ahora, en turno en contra, a referirme a los portavoces de
los distintos grupos parlamentarios que han intervenido. Voy a ver si soy
capaz de contestar a algunas de ellas porque, evidentemente, es imposible
hacerlo a todas.


Con respecto a la ley ordinaria, y por apartados, he de decir que
se han presentado 9 enmiendas a los delitos conexos. Una de ellas es del
Grupo Vasco. Señor Bildarratz, dijo usted en comisión que se iban a
multiplicar las causas abiertas, y yo le digo que hay que evitar el
automatismo por conexidad que se produce actualmente con la acumulación
de causas que se convierten en macroprocesos de una envergadura
descomunal, que resultan inabarcables y se eternizan. Así evitaremos el
colapso de los juzgados y ayudaremos a la agilización de la
justicia.


En mi turno de intervención sobre los vetos ya he hablado de la
oportunidad de que sea el fiscal quien inste a la instrucción conjunta en
casos excepcionales, con lo que se va a conseguir la homogeneidad de su
aplicación en todo el territorio nacional.


El señor Díaz Tejera habló en comisión —y me llamó la
atención— de la imprecisión terminológica. Pues bien, creo que la
redacción de este proyecto de ley es de una claridad meridiana y está
ajustada a los términos forenses. Se actualizan los criterios de
conexidad y se aplican de una forma más flexible que permita generar y
ganar en seguridad jurídica. La sociedad quiere una justicia más ágil, y
las víctimas y los investigados, también.


En cuanto a los atestados policiales sin autor conocido,
entiendo, y lo digo con todo respeto, que hay una confusión sobre quién
puede decidir sobre realizar o no investigaciones; y esa decisión no
recae en los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El proyecto prevé
una pauta de conservación de atestados sin autor conocido, siempre
quedando a disposición de la autoridad judicial y fiscal. Esta es otra
medida que va a ayudar mucho a la descongestión de los juzgados, porque
se generan tareas, como he dicho anteriormente, innecesarias y también
trabajos verdaderamente perturbadores.


Por otro lado, las propuestas de modificación del señor Iglesias
y del portavoz de la Entesa no diferencian los plazos de instrucción
según la complejidad de la causa, y consideramos que ese extremo es
fundamental a la hora de determinar el tiempo necesario para una
instrucción. La ralentización de la instrucción no solo se debe a la
falta de medios materiales, ni muchísimo menos. La realidad es bien
distinta y en ello influyen múltiples factores. La fijación de plazos
máximos de instrucción contribuye a la seguridad jurídica del investigado
y también de la víctima. El problema de la duración de la instrucción
deriva de la concepción de la fase de instrucción como una etapa integral
en la que se suele pretender agotar todas las medidas de investigación.
Se fija un plazo de seis meses para causas sencillas y de dieciocho para
causas complejas —con prórrogas para las complejas—, y otra
extraordinaria para todas, sin límite, cuando haya causa que lo
justifique. La prórroga ordinaria es a instancia del fiscal, y en cuanto
a la excepcional, la pueden instar todas las partes, y estas, en
cualquier caso, siempre serán oídas. La decisión, evidentemente, como no
puede ser de otra manera, recae en el juez. Ahora bien, el mero
transcurso de los plazos no determina el archivo ni se establece un plazo
de caducidad, como bien dice el punto 8 del artículo 324. Entiendo, señor
Bildarratz, que no es como usted dice, no hay ningún plazo de caducidad,
como dice usted en su enmienda. Resulta fundamental e imprescindible esta
medida para agilizar la instrucción; es una nueva forma de trabajo, de
impulso procesal y de colaboración entre jueces y fiscales. Y los jueces,
desde luego, no es que no trabajen, es que lo hacen y lo hacen muy bien y
llevan a cabo su trabajo con auténtica profesionalidad y entrega. Yo creo
que de eso no nos puede caber la menor duda a nadie.


Sobre el proceso por aceptación de decreto, lo que es conocido
como el procedimiento monitorio penal, se crea este procedimiento ex novo
a través de diez artículos. Señores portavoces de la Entesa y de
Izquierda Unida, hemos aceptado las enmiendas 9 y 49 sobre la grabación
de la comparecencia.


Señor Bildarratz, no confundamos la separación de poderes: el
fiscal lo que hace en este proceso no es dictar sentencia, que es al juez
al que le corresponde otorgar al decreto propuesto por el Ministerio
Fiscal el carácter de resolución firme; el fiscal lo que hace es
ejercitar la acción pública proponiendo una pena, que es muy
diferente.


Señores portavoces del Grupo Socialista y señora Rieradevall,
según el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal la mera
atribución de un hecho punible a una persona obliga a que se le informe
de su derecho a la asistencia letrada en los propios términos previstos
en la ley, luego no es precisa una precisión o una especificación
específica —y valga la redundancia— para este procedimiento.
El monitorio penal tiene un determinado ámbito de aplicación y el
procedimiento cumple todas las garantías para el justiciable, pues será
asistido por letrado y este se desarrollará ante un juez de instrucción
que actúa como juez de garantías en el sentido de que controla la
legalidad de la propuesta hecha por el Ministerio Fiscal. La agilización
de la justicia es indudable con la implantación de este procedimiento
que, entendemos, va a ser muy eficaz con las premisas dichas, porque en
la citación al investigado ya se le da traslado de la propuesta de pena y
en un solo acto puede llegarse a resolver el procedimiento, incluso con
la posible supresión íntegra de toda la fase de instrucción.


Respecto al decomiso, con esta reforma lo que se hace es
trasponer la Directiva 2014/42, del Parlamento Europeo y del Consejo,
pero va más allá, pues permite el ejercicio del recurso de anulación en
el seno del procedimiento penal, con lo que eso evita que el tercero deba
ejercitar una acción civil autónoma que, evidentemente, produce gastos
innecesarios y ocupa tiempos también innecesariamente. Esta línea de
reformas legislativas es plenamente respetuosa con los derechos de
terceros afectados y con los del investigado y acorde con nuestro sistema
constitucional y legal. Vamos a aceptar las enmiendas números 10, de
Izquierda Unida, y 50, de la Entesa, sobre señalamientos para la
vista.


Señora portavoz de Convergència i d’Unió, lo que se regula
en este tipo de procedimientos es la intervención de terceros en
cualquier procedimiento de decomiso, no solo en el procedimiento de
decomiso autónomo, por ello no procede modificar el trámite que se prevé.
Consideramos que el procedimiento ha de ser el juicio verbal y el sistema
de recursos previsto ya en la Ley de enjuiciamiento criminal.


Hemos transaccionado las enmiendas 13, de Izquierda Unida, y 53,
de la Entesa, sobre la aplicación de las reglas generales en el
señalamiento de la vista. Es fundamental contar con procedimientos
eficaces en la lucha contra la delincuencia organizada, delitos
económicos y de corrupción. Esto redundará, sin lugar a dudas, en la
credibilidad del sistema judicial y en la confianza en su
funcionamiento.


Generalización de la segunda instancia. También se introduce ex
novo el artículo 846 ter, ya que al no estar regulado este extremo en
nuestra legislación el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas
condenaba a España. La Ley Orgánica del Poder Judicial regula la segunda
instancia de manera generalizada en el proceso penal, pero estas
previsiones no han sido desarrolladas. Lo que hace el proyecto es
determinar los tribunales que han de revisar en apelación los autos que
pongan fin al procedimiento y las sentencias dictadas por las audiencias
provinciales y por la Audiencia Nacional.


La enmienda 14 de la Entesa pide la supresión del artículo 846
ter. Señor portavoz, al optar por la regulación por remisión al modelo de
apelación ordinario entendemos que se apuesta por la seguridad
jurídica.


En cuanto a la modificación del artículo 954 sobre el recurso de
reposición, razones de política criminal acordes con la naturaleza
excepcional del supuesto aconsejan la opción legislativa de la limitación
de la legitimación activa y el plazo para interposición del recurso de
revisión. Con ello se cumplen las exigencias del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos; no existe cauce procesal en nuestra legislación para la
ejecución de las sentencias dictadas por este tribunal en las que se
declare que una sentencia condenatoria española se dictó con vulneración
del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En cuanto a la legitimación y
demás requisitos, me remito a lo que he dicho ya en el turno de vetos.
Creo honestamente que con esto vamos a ganar en calidad democrática.


Señora Rieradevall, hay dos enmiendas de su grupo, la número 59 y
la número 60, de modificación del artículo 792, que pretenden aspectos
que no son objeto de esta reforma. Pero es que además de no ser objeto de
esta reforma son aspecto totalmente improcedentes, porque lo que quieren
hacer es dotar de competencias casacionales a los tribunales superiores
de justicia, y eso, señoría, es lisa y llanamente inviable.


El resto de las enmiendas a las que no he hecho alusión quedan
rechazadas y con esto concluyo el turno en contra de las enmiendas a la
ley ordinaria.


En cuanto a la ley orgánica, al artículo 118 se han presentado
quince enmiendas. Quiero decirles que en el Grupo Parlamentario Popular
entendemos que la redacción del proyecto es mucho más adecuada y mucho
más acertada que la que ustedes proponen y que la información verbal es
más garantista y más ventajosa para el investigado o encausado, en
consonancia con la Directiva 2012/13, relativa al derecho a la
información; como es más garantista el examen de las actuaciones en toda
su extensión, también en coherencia con la directiva que he citado. Al
Grupo Socialista y a la Entesa he de decirles que el proyecto es más
amplio y garantista al extenderse a la información de todos los derechos
en lugar de, como proponen ustedes, a lo más relevante.


Respecto al artículo 282 bis, sobre el agente encubierto, ya hubo
una enmienda transaccional con el Grupo Socialista en el Congreso de los
Diputados, pero hay otras del mismo grupo que proponen una regulación
sobre recogida de huellas o vestigios, que tampoco es objeto de esta
reforma salvo lo relativo a la toma de muestras mediante frotis bucal,
que está prevista con asistencia letrada y contempla la posibilidad de
que el juez acuerde la práctica forzosa de la diligencia con todas las
garantías que se exigen jurisprudencialmente.


Respecto a las enmiendas de modificación o supresión de los
artículos 509 y 527, sobre la excepcionalidad —y repito,
excepcionalidad— de la detención o prisión incomunicada, se han
presentado catorce enmiendas y el portavoz, en este caso la portavoz de
Amaiur, ha presentado tres. Vamos a aceptar la enmienda número 103, de
Convergència i d’Unió, y a la portavoz de Amaiur quiero decirle que
ustedes lo que pretenden con sus enmiendas es: la supresión del 527
vigente actualmente, también del que se propone en la reforma, que es
mucho más garantista, y además la supresión del 500 bis, que no es objeto
de la reforma. Señora portavoz, le tengo que decir que España es un
Estado democrático, es un Estado de derecho que tiene un marco
constitucional, con una clara división de poderes y que en ningún caso se
ha pretendido derogar la detención y prisión incomunicada, sino que se ha
optado, en coherencia con las directivas europeas, por incrementar las
garantías del detenido. El proyecto lo que hace es utilizar el tiempo
verbal «podrán» en lugar de la expresión vigente «en todo caso» para que
la restricción de derechos, incluida la incomunicación, sea facultativa y
no sea automática, y el juez la pueda valorar y restringir uno o más
derechos o no restringir absolutamente ninguno.


Hemos transaccionado, sobre la base de la enmienda 154 del Grupo
Socialista, la imposibilidad de detención incomunicada para menores de 16
años —a lo que hacía alusión el señor Díaz Tejera—, pues nos
parece la edad adecuada para este tipo de limitación. Y quiero aclarar
que en este supuesto solo se modifica el artículo 509, en su punto
número 4, de la ley que estamos debatiendo, de la Ley de enjuiciamiento
criminal.


A Izquierda Unida y a Entesa quiero decirles que la redacción del
proyecto está en coherencia absoluta con la Directiva europea 2013/48,
pues en los dos supuestos utiliza los mismos conceptos que utiliza la
directiva, que habla de necesidad urgente para poder acordar la medida
excepcional de detención o prisión incomunicada. La reforma del
artículo 527 establece que en el plazo de veinticuatro horas el juez
deberá dictar auto motivado acordando, si lo estima necesario ante la
concurrencia de las causas que están previstas en el artículo 509, la
restricción de determinados derechos.


En cuanto a la enmienda 33 del Grupo Vasco, las disposiciones
sobre la detención incomunicada contienen numerosas salvaguardias
jurídicas. Asimismo, tengo que decirle que de conformidad con el
párrafo 2 del artículo 17 de la Constitución española, que ha citado
usted en su intervención, la detención no puede durar, en efecto, más del
tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones
tendentes al esclarecimiento de los hechos; no puede exceder de setenta y
dos horas. En el caso de personas que sean miembros de grupos armados u
organizaciones terroristas o tengan conexiones con estos, la Constitución
española también, en su artículo 55.2, autoriza regular por ley la
prolongación aprobada por el juez, y así lo contempla el artículo 520 bis
del proyecto que estamos debatiendo. Lo más relevante, en definitiva, es
que la detención incomunicada no podrá durar más del tiempo estrictamente
necesario para la práctica con urgencia de las diligencias tendentes a
evitar los peligros previstos en el artículo 509.1. Hemos transaccionado
una enmienda sobre la base de las enmiendas 6, de Izquierda Unida, 33 del
Grupo Vasco y 71 de la Entesa, sobre la duración de la detención
incomunicada y su prórroga para supuestos tasados. Y solo se modifica
—quiero dejarlo claro— el punto 2 del artículo 509.


Izquierda Unida y Entesa han enmendado la redacción del
artículo 527. En este sentido, quiero decir que en la reforma se
trasponen íntegramente las dos directivas, la del derecho a la
información y la del derecho a la asistencia letrada, para dotar de
mayores garantías esta modalidad de detención. Y sobre la supresión
íntegra del artículo 527, vuelvo a repetir que hay que apartarse de
automatismos en la aplicación de las medidas de incomunicación, acudir al
juicio de proporcionalidad en cada caso concreto, ponderar los intereses
en conflicto y la finalidad perseguida: establecer un riguroso
—riguroso— control judicial de la misma y limitar al máximo
la afectación de derechos al detenido o preso.


En cuanto a los derechos del detenido, Izquierda Unida y la
Entesa se han referido al acceso a la totalidad de las actuaciones para
ejercitar la defensa. Sin embargo, quiero señalar que ninguna directiva
europea exige el acceso a la totalidad de las actuaciones para ejercitar
la defensa, sino a los documentos fundamentales para impugnar su
situación personal. Asimismo, han hecho referencia al plazo de
presentación del letrado. Pues bien, no se trata de una restricción, ni
mucho menos, del derecho a la asistencia del abogado de confianza, de lo
que se trata es de establecer un mecanismo que permite dar rapidez a la
asistencia y regularizar con prontitud la situación personal del
detenido.


En cuanto al artículo 520.2.c), tanto la directiva de 2012,
relativa al derecho a la información en los procesos finales, como la
directiva de 2013, sobre el derecho a la asistencia letrada, han sido
traspuestas íntegramente para dotar de mayores garantías esta modalidad
de detención. Y también proponen la supresión del apartado dos del
artículo 520.6.c, sobre la toma de muestras de ADN. Su enmienda hace una
interpretación errónea, hace una interpretación equivocada del Acuerdo no
jurisdiccional del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 2014.


Respecto a la posibilidad de que sea el ministro, o en su defecto
el secretario de Estado de Seguridad, quien ordene la detención y
apertura de la correspondencia escrita y telegráfica y la interceptación
de comunicaciones telefónicas y telemáticas a distintos artículos, que
son extremos enmendados por Izquierda Unida, Grupo Vasco, la Entesa y
Grupo Socialista, les diré en primer lugar que esta posibilidad viene
aconsejada por razones de política criminal; que solamente pueden
intervenir en casos urgentes y cuando las investigaciones se dirijan a la
averiguación de actuaciones relacionadas con bandas armadas o elementos
terroristas y se considere también imprescindible; pero es que además se
regula la intervención jurisdiccional confirmatoria o revocatoria de la
previa actuación del ministro o secretario de Estado. Y todo esto que les
acabo de explicar se encuentra dentro de los límites establecidos en el
artículo 18.3 de la Constitución española, en relación con el
artículo 55.2 también de la Constitución.


Hemos transaccionado, sobre base de la enmienda 199 del Grupo
Socialista, la inclusión de los términos faxes, burofaxes y giros al
regular la intervención de la correspondencia postal y telegráfica, que
solo modifica el punto 1 del artículo 579.


En cuanto a los descubrimientos casuales, hay dos enmiendas, una
de la Entesa y otra del Grupo Socialista, y vamos a aceptar la 47 de la
Entesa y la 130 del Grupo Socialista sobre el refuerzo de la necesidad de
autorización judicial.


Sobre la creación de un nuevo capítulo IV dentro del título III
del libro segundo relativo a la interceptación de comunicaciones
telefónicas y telemáticas, vamos a aceptar también la enmienda 37 del
Grupo Vasco.


Hemos transaccionado, sobre la base de la enmienda 133 del Grupo
Socialista, lo relativo a destrucción de registros.


Se ha creado también un nuevo capítulo V dentro del título VIII
del libro segundo, sobre interceptación de comunicaciones telefónicas y
telemáticas. Se han presentado 23 enmiendas —algunas ya las he
contestado— y la 52, de la Entesa, y la 136, del Grupo Socialista,
proponen añadir un nuevo párrafo al apartado primero del artículo 588 ter
e). La situación descrita en este artículo que he citado no es asimilable
a la prevista, como ustedes dicen, en el artículo 588 sexies c) y en el
apartado 5 del 588 septies b, apartado dos, pues el primero se ciñe a
entes profesionales, es decir, a prestadores de servicios de
telecomunicaciones lógica o virtual.


Y ya voy concluyendo. En cuanto a las enmiendas 54 y 138, de la
Entesa y del Grupo Socialista, sobre la inclusión o no de vida íntima en
grabaciones, la redacción garantiza debidamente los derechos a la
intimidad del afectado y la defensa.


Respecto a la creación del capítulo VI del título VIII del libro
segundo sobre aceptación y grabación de comunicaciones orales con
dispositivos electrónicos, las enmiendas 55 y 139, de la Entesa y del
Grupo Socialista, se rechazan porque la duración de la medida viene
precisamente acotada en el apartado 1 al estar referida a previsibles
encuentros concretos del investigado con otras personas.


Y en cuanto a la creación de un nuevo capítulo VII en el apartado
octavo del libro II sobre la utilización de dispositivos técnicos de
captación de imagen, de seguimiento y localización, se han presentado
varias enmiendas de Izquierda Unida, la Entesa, Convèrgencia i
d’Unió y Partido Socialista. Se rechazan toda vez que la actual
redacción es suficientemente clara y precisa al regular la intervención
jurisdiccional confirmatoria o revocatoria de la previa actuación de la
policía judicial en situaciones de urgencia. El control judicial,
evidentemente, garantiza el pleno respeto a la intimidad previsto en el
artículo 18.1 de la Constitución.


Voy concluyendo ya. A los registros remotos sobre equipos
informáticos se han presentado seis enmiendas sobre controles remotos,
pero la determinación del ámbito material de aplicación de los registros
remotos sobre equipos informáticos es plenamente respetuosa con los
derechos fundamentales.


Acabo ya definitivamente. Excepto las enmiendas que he
mencionado, se rechazan todas las demás. Hay otras enmiendas que también
se rechazan simplemente porque no están contempladas en la reforma.


Y respecto a la disposición adicional primera sobre no incremento
de costes —ya les contesté en el turno de vetos—, había dos
enmiendas y se rechazan toda vez que la redacción es correcta.


Señor presidente, concluyo diciendo que valoro de verdad muy
positivamente todo el trabajo desarrollado por todos y cada uno de los
portavoces de los distintos grupos parlamentarios, a los que doy las
gracias por las aportaciones que han hecho y el tono empleado, al igual
que a todos los miembros de la Comisión de Justicia y en especial al
compañero portavoz de justicia, señor Altava.


Muchísimas gracias y buenas noches. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.


Turno de portavoces.


Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la
senadora señora Mora.


La señora MORA GRANDE: Voy a intervenir muy brevemente desde el
escaño y no solo para hacer una crítica a esta ley, porque también
entendemos que hay algunas cosas positivas.


En esta pequeña intervención queremos decir que para agilizar la
justicia también existen algunos medios alternativos que no estamos
utilizando para nada y que serían muy positivos, además de que
seguramente serían medios en los que estaríamos todos de acuerdo. Existen
medios de justicia restaurativa, como la mediación penal, que son
bastante anecdóticos hoy por hoy en nuestro sistema y, además, tenemos
directrices de la Unión Europea desde 2001para que los pongamos en
práctica. Quizás esta ley, en la que no figura para nada el tema de la
mediación penal, habría sido un buen momento para regularla en todo el
proceso, pero seguramente podría ser una buena propuesta para que se
tengan en cuenta y la adoptemos entre todos.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Mora.


Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el senador señor
Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Intervendré de forma muy breve si las escasas neuronas que
mantengo operativas me lo permiten.


En primer lugar, quiero manifestar mi felicitación a los dos
portavoces del Grupo Popular en esta materia por la forma en que han
expresado y trasladado la defensa de la posición del Gobierno y del
proyecto de ley, aunque siga manteniendo las lógicas discrepancias que se
expresaban en las enmiendas, agradecimiento que expreso de forma
manifiesta en relación con la aceptación de las dos enmiendas al proyecto
de ley ordinaria.


Discrepancias que mantengo. Mantengo la discrepancia de Izquierda
Unida por la forma en la que desde una ley procesal implícitamente se
pretende modificar una ley sustantiva en relación con el delito
continuado. No hace tanto que debatimos el Código Penal y si el Grupo
Parlamentario Popular y el Gobierno pretendían cuestionar la regulación
del delito continuado ese hubiera sido el momento, y no utilizar en este
proyecto de ley la búsqueda de simplificación de los procedimientos
mediante la puesta en cuestión en la práctica de ese delito
continuado.


Mantengo las reservas de Izquierda Unida en relación con la
determinación de plazos máximos en los casos de instrucción de causas
complejas, porque por pretender solucionar una cuestión probablemente
estemos poniendo en riesgo algo más importante. Es cierto que hay una
preocupación en la sociedad —lógica— por la dilatación en la
instrucción y tramitación de procedimientos complejos, pero vamos a ser
claros, de los procedimientos por corrupción, que son los que a lo largo
de los últimos años han vivido procesos dilatadísimos que han sido piedra
de escándalo para gran parte de la sociedad, legítima y lógicamente de
escándalo. Pero cuando digo que el remedio puede ser peor que la
enfermedad me refiero a que lo que hace falta es que la instrucción sea
la adecuada, que la instrucción sea la correcta, que la instrucción
asegure un enjuiciamiento con todas las garantías, porque la piedra de
escándalo en la sociedad será aún mayor si por buscar atajos en esa
instrucción, por buscar acortar los plazos, se lleve a una situación en
la que no se realice la instrucción con toda la profundidad o con respeto
a todas las garantías y nos encontremos con que al final se producen en
el enjuiciamiento nulidades que, insisto, en estos temas sensibles para
la sociedad actual, provocarían una reacción social aún más seria,
cuestionando aún más las decisiones.


Cuanto más escucho la justificación del proceso por aceptación de
decreto mayores son las dudas que el mismo me genera. Señorías, lo último
que nos han argumentado es que se trata de una fórmula más de la
aceptación de la pena, solo que sin enjuiciamiento. Hasta ahora los
procesos de aceptación de la pena se expresaban en la segunda fase, en la
vista ante el juez que enjuiciaba y después dictaba la sentencia,
asumiendo el acuerdo entre el fiscal y el acusado a través de su defensa.
Esta fórmula lo único que va a evitar va a ser el enjuiciamiento y no
creo que eso sea una novedad tan trascendente como para merecer un nuevo
proceso, y en esa confusión —que es una confusión que hemos visto
manifestarse en las últimas reformas legislativas con mucha
frecuencia— se puede producir una confusión en los papeles: esto
convierte al juez en mero notario de la aceptación por el acusado de la
propuesta contenida en el decreto planteado por el fiscal, y creo que no
necesitamos jueces notarios, necesitamos jueces que juzguen.


Para ir acabando, solo voy a hacer una referencia a la prisión
incomunicada. La duración que plantean como transaccional sigue sin
satisfacernos y ya lo manifesté cuando hablamos de ello, creo que fue
ayer —ya no me acuerdo, con un día tan largo como el de hoy no soy
capaz de diferenciar lo que pasó ayer de lo que pasó hoy, no sé si ha
sido esta mañana o fue ayer—. Plantean una transaccional —que
valoro como positiva— en torno a otra enmienda del Grupo Socialista
para excluir la detención incomunicada a los menores de 16 años, y decía
con mucha razón el senador Díaz Tejera que por qué no a los menores de 18
años. Y voy a poner un ejemplo muy gráfico de por qué, como mínimo,
tendría que excluirse de la detención incomunicada a los menores: un
menor de 18 años hoy, después de que la aldea insumisa que era Asturias
modificara su normativa al respecto, no puede tomarse una caña, los
menores de 18 años no puede consumir alcohol. Hombre, yo creo que es
mucho más serio, mucho más grave y mucho más trascendente para su vida
—y seguramente más lesivo para su salud— estar sometido a una
detención incomunicada entre los 16 y los 18 años, después de la
transaccional que ustedes aceptan, que el que se tome un par de
cañas.


Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Iglesias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra
su portavoz, el senador Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor
presidente.


Intentaré intervenir de una manera breve, puesto que todos
estamos ya bastante cansados. Únicamente me voy a referir al tema que,
tal y como he dicho a la hora de defender las enmiendas, más nos
preocupa: los derechos humanos.


En concreto, quiero comentar tres aspectos sobre la
incomunicación. Es evidente que quieren continuar con el mismo concepto
de incomunicación y, en ese sentido, no compartiendo pero entendiendo ese
punto de vista, les venimos a decir que mejoren el estado de la
incomunicación. Les pedíamos que, al menos, se atuvieran a los principios
del artículo 17.2 de la Constitución. Yo mismo le he citado el
artículo 55. Yo mismo se lo he señalado. Ahora bien, el artículo 55.2 no
está dentro de los derechos fundamentales y, en ese sentido, creo que
habrá alguna diferencia entre un artículo que esté dentro de los derechos
fundamentales a otro que no lo esté. Tenemos también el artículo 15,
relativo a no ser sometido a tortura. O el artículo 24, el de la tutela
judicial. Es decir, el rango superior que les corresponde a los
artículos 15, 17 y 24 de la Constitución española les hace susceptibles
de fundamentar, por ejemplo, un recurso de amparo. No sucede así con el
artículo 55.2. Además, mientras este último artículo puede ser reformado
por la mayoría de tres quintas partes de cada una de la Cámaras, la
modificación de los artículos 15 y 24 exigen la mayoría de dos tercios y
la disolución de las Cámaras. Alguna diferencia habrá entre estos dos
ámbitos.


Primer punto. Si la Constitución garantiza el derecho a no
declarar —este es un tema importante—, tal y como establece
el artículo 17.3, es evidente que si el detenido tiene ese derecho a no
declarar o a permanecer en silencio, carece de total sentido prolongar
más de un día la privación gubernativa de libertad, cuando a lo más que
está facultada la policía es simplemente a tomar nota de que el
sospechoso se acoge a su prerrogativa constitucional. Segundo punto.
Menores. ¿Por qué menores de 16 años y no de 17? ¿O por qué no menores
de 18? Tendremos que utilizar alguna convención aceptada
internacionalmente y esa convención es la de menores de 18 años. Señor
Altava, ¿sabe cuántos jóvenes menores de 18 años han estado incomunicados
en el último año? Ninguno. Datos aportados por el ministro. Ninguno.
¿Sabe cuántas personas han estado incomunicadas durante 2014? Una.


Por tanto, conceptualmente, yo entiendo que es muy importante que
respetemos esas convenciones a las que antes hemos hecho referencia
todos: Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Constitución...
Podemos hacernos trampas en el solitario y engañarnos, pero lo que
establece la propia Constitución son las setenta y dos horas. Y si,
además, tenemos las cifras que les he aportado, la verdad es que no
entendemos esa cerrazón. Aceptamos que se mejora, dicho sea de paso
nosotros hemos posibilitado esa transaccional, pero no la vamos a votar
favorablemente porque no entendemos que una persona pueda permanecer diez
días de manera incomunicada, si es que se pasa de trece a diez.


Y una última reflexión respecto a la incomunicación.
Probablemente el senador Represa haya dado alguna explicación, pero es
posible que por mi torpeza y mi cansancio no haya podido escucharle. Me
refiero a la importancia que para nosotros tiene la grabación en audio y
video de esas situaciones de incomunicación, sobre todo, como defensa de
los funcionarios, de los trabajadores. Yo creo que va a resultar
beneficiado todo el sistema. Nos lo está diciendo el Comité de Derechos
Humanos, nos lo están diciendo instituciones internacionales. Únicamente
quiero saber por qué no queremos recoger aquellos ámbitos de opacidad que
la incomunicación posibilita.


Habría muchas más cosas que decir pero entiendo que ya se ha
producido un largo debate, aparte de que nuestras fuerzas y nuestra
inteligencia, al menos la mía, tampoco dan para mucho más.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Bildarratz.


¿Grupo de Entesa? (Denegaciones).


No hace uso de la palabra.


Por el Grupo de Convergència i d’Unió, tiene la palabra la
senadora señora Rieradevall.


La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias señor presidente.


Primero, quiero agradecer la aceptación de nuestra enmienda 103
al artículo 509.1 para que se acuerde la detención o prisión
incomunicadas mediante resolución motivada. Lástima que sea la única
enmienda aceptada de nuestras treinta y dos, aunque lo valoramos
positivamente.


Son dos proyectos de ley de modificación de una ley muy
importante y consideramos que su tramitación ha sido demasiado apresurada
—esto lo hemos dicho todos los portavoces— y que afecta a
derechos constitucionales. Hoy estos proyectos de ley no pueden merecer
nuestro voto positivo, pues el contenido del que son objeto requiere un
consenso sobre un proceso penal que afecta a garantías de todas las
personas. Quien sufre un proceso penal, desde su detención, desde la
instrucción, necesita también que ese proceso se desarrolle con las
debidas garantías. Cuando se incomunica, cuando se detiene, hay que
buscar siempre y en todo caso las garantías que refuercen el proceso
penal y, sobre todo, que refuercen nuestro Estado democrático de
derecho.


Hay una serie de preceptos en estos proyectos de ley que abren
dudas sobre su constitucionalidad, que pueden lesionar derechos
fundamentales como, por ejemplo, un derecho tan fundamental como el 18.3
de la Constitución, que garantiza el secreto de las comunicaciones. No
hay excepciones y nos tememos lo peor con la aplicación práctica de
algunos preceptos de estos proyectos de ley que estamos debatiendo. Se
excepciona en caso de urgencia pero, ¿cuántas veces hemos visto el abuso
del decreto-ley bajo la excusa de urgencia e inaplazabilidad
subsumiéndola en la extraordinaria y urgente necesidad que dispone la
Constitución española? Y en este caso, la Constitución española ni tan
siquiera abre la posibilidad de en caso de urgencia, ergo siempre debe
prevalecer el secreto de las comunicaciones y solo puede alterarse si hay
autorización judicial.


Señorías, en el trámite del Senado tenemos la oportunidad de
introducir mayores garantías. Recordemos las alusiones al papel de esta
Cámara que en la Comisión de Justicia, celebrada el 27 de julio, hacían
varios ponentes. Cámara de enfriamiento, decíamos. Si bien en los últimos
tiempos las prisas no dan mucho margen a variación de temperatura alguna,
esperemos que la buena predisposición de los grupos sí consiga encontrar
la manera de acercar posturas para introducir las mejoras que la
ciudadanía exige y merece. Debemos ser conscientes de que las mayorías
absolutas pasan, pero las leyes se quedan. Por lo tanto, legislar a toda
prisa y sin buscar consensos es un craso error.


Señor presidente, señorías, anuncio en este momento que el Grupo
de Convergència i d’Unió va a abstenerse en la votación de estos
proyectos de ley.


Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Díaz
Tejera.


El señor DÍAZ TEJERA: Con la venia, presidente.


Señor Represa, me habla permanentemente de la conexidad de los
asuntos, aquello de que cada delito tiene que llevar una instrucción.






Yo
no he querido abordarlo porque me parecía que estaba claro cuando se
explicó en comisión, pero parece que no. El artículo 17 de la Ley de
enjuiciamiento criminal establece una expresión que me parece muy bella y
muy precisa, es un castellano diáfano. ¿Qué dice el artículo 17? Lo que
se vea más conveniente, lo que se crea más conveniente. En unas
ocasiones, la conexidad exige un tipo de análisis y, en otras ocasiones,
es más conveniente otro. Luego, la formulación que se tiene en la
actualidad a mí no me parece que sea negativa. El problema no está en esa
conexidad, que por razones subjetivas o de contenido material no ofrece
mayor debate intelectual ni jurídico.


Y vuelvo a insistir en algo que ya le dije en comisión, ya se lo
expliqué pero se lo vuelvo a reiterar. Dice usted que no hay ningún cauce
procesal para la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, y con todo respeto yo le digo que se equivoca. Es el
convenio de Roma del año 1950, convenio de protección de libertades y
derechos fundamentales. Desde que España lo firmó siempre ha tenido ahí
un magistrado muy ilustre, y no me refiero solo al actual, don Luis López
Guerra, un cualificadísimo jurista, sino que en su momento también estuvo
don Eduardo García de Enterría y han estado internacionalistas muy
cualificados, abogados del Estado, etcétera. España siempre ha tenido ahí
un jurista muy cualificado.


¿Es que en todo este tiempo hasta ahora, que se ha inventado el
recurso de revisión para impedir que las sentencias del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos de Estrasburgo tengan efectos erga omnes en toda la
geografía española, no se han ejecutado todas las sentencias de dicho
tribunal? Pues sí, se han ejecutado todas. E incluso recuerdo que en
comisión le dije que hubo un momento de ejecución ejemplar, la que hubo
en ese asunto que usted citó y que el anterior ministro de Justicia
ejecutó de manera ejemplar. Aquí he formulado preguntas muchas veces, he
presentado interpelaciones, y mi grupo y yo personalmente como senador
hemos sido muy críticos con el anterior ministro de Justicia, pero el
Gobierno de España ejecutó ejemplarmente las sentencias del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos en lo que se refiere a la doctrina Parot.
Insisto, lo hizo de manera ejemplar, y cuando algo está bien hecho, hay
que decirlo. Aquí no se admite discusión. Yo recuerdo discutir con
algunos juristas que me daban distintos razonamientos para ver cómo se
podía rehuir, pero la realidad es la que es, los atajos están mal, y si
el tribunal ha tomado una decisión, ya no hay más que hablar; hay que
ejecutarlo y se acabó. Eso se hizo de manera ejemplar y yo lo he
aplaudido. Durante todo el tiempo en que España ha estado en el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos esas sentencias se han ejecutado, luego esto
no es un cauce procesal para ejecutar las sentencias de dicho tribunal,
es un cauce para ver de qué manera no se ejecutan y no tienen extensión
de efecto erga omnes. Es decir, la sentencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos no se aplica a todos, sino solo a aquel que ha
presentado el recurso; cuando tiene la sentencia puede presentar aquí el
recurso de revisión. Esa es la realidad.


Antes, en el debate de defensa de las cuarenta y ocho enmiendas,
de los treinta minutos de los que disponía omití diez, y les dije que iba
a explicar solo diez enmiendas que, a mi parecer, no vulneran el
contenido básico y nuclear del texto, e hice un conjunto de propuestas.
Le hablé de acceder a los archivos borrados; le hablé de la necesidad de
incorporar los términos descifrar y desencriptar. ¿Por qué? Pues porque
no solo se trata de interceptar, sino que hay que estudiar esos
algoritmos, descifrarlos y desencriptarlos, porque, de lo contario, no
hay manera de acceder a su contenido. Le hablé de la enmienda 80, la que
estaba explicando, y de las números 141, 142 y 157 para impedir la
vigilancia electrónica, lo que popularmente se conoce como el caso
Snowden. Usted sabrá que hay unos hacker que son ciberdelincuentes
—algunos les llaman cracker— y otros que son de otro estilo,
antisistema o ácratas, como quiera usted llamarlos, y en algunas
ocasiones los servicios de inteligencia —y esto está
publicado— han utilizado a estos hacker antisistema o ácratas, que
resultan más simpáticos —dicho entre comillas—, para luchar
contra los anteriores, contra la ciberdelincuencia. Eso ha sido así. Lo
que le intento decir es que para evitar esa vigilancia electrónica hemos
presentado la enmienda número 157, pero usted no ha acusado recibo de
ella. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


Yo entiendo que responder a todas las enmiendas presentadas a dos
leyes que no se yuxtaponen, sino que tienen contenidos sustantivos
distintos, es una labor poco menos que imposible, y por esa razón le hago
este comentario con el mayor respeto y cariño. Del resto no le digo nada,
pero de estas diez que sí le expliqué no me ha acusado recibo. Tampoco lo
ha hecho de la número 80. Cuando todas las partes aceptan, resuelven que
no van a recurrir y oralmente se toma la decisión. ¿Por qué razón el
Tribunal Supremo Federal de Estados Unidos de América del Norte, que
afecta a todo el país, puede tomar decisiones oralmente o en un renglón y
aquí se obliga, en el supuesto de que todos la acepten y digan que no van
a recurrirla, a documentarlo por escrito y poner otra vez eso de don
fulano, representado por tal abogado o procurador, etcétera, para tomar
una decisión que ya se ha hecho pública, todos aceptan y figura en acta,
con imagen y sonido grabado, que no van a recurrirla? ¿Por qué eso no se
acepta? Usted dice que algunas cosas que plantean pretenden quitar
congestión al servicio público, loable objetivo, y esto que le estoy
diciendo de la enmienda 80 también. ¿Por qué no lo aceptan? Me parece
absolutamente razonable, todos ganamos con eso y permitimos que el juez
se concentre, no en las de cajón, en las de sota, caballo y rey, en las
elementales, las que cualquier persona sin cualificación jurídica puede
resolver, sino en aquello que solo puede resolver el juez
—recuerden, juzgar y ejecutar lo juzgado, no otra gestión
administrativa— y que exige estudio; y no son todas, solo es una
franja de las decisiones que tiene que adoptar. A mí me gustaría que
acusara recibo.


Además, le quiero plantear una más; forma parte de las diez, no
le pido explicaciones sobre ninguna distinta, pero antes no hablé de una,
de la 78, y fue un error por mi parte. Dije que me faltaban dos pero
luego me concentré demasiado en la última y esta, la número 78, no la
comenté. Lo que plantea no es una petición del Grupo Socialista ni del
Consejo General de la Abogacía ni de las asociaciones vinculadas a los
derechos humanos, sino que es una propuesta que nos hacen llegar los
funcionarios de instituciones penitenciarias. Recuerdo que hablé con una
senadora y le dije que la Ley general penitenciaria en España era de las
más progresistas del mundo, entre otras cosas porque la hicieron antiguos
presos políticos; fue la primera de las Cortes democráticas y la
elaboraron antiguos presos políticos, y es muy avanzada. Muchos de esos
funcionarios nos hicieron llegar una propuesta que consiste en que cuando
es un agente de la autoridad el que está en una vista no diga el nombre
sino el número de agente de la autoridad por razón de preservar su
intimidad. ¿Por qué razón eso no se plantea también para un funcionario
de instituciones penitenciarias a fin de que en algunos supuestos no se
vea obligado a tener que decir el nombre de ese funcionario? Con que
dijera el número de su carné profesional sería suficiente.


Como usted ve, estas son las únicas diez propuestas sobre las que
le pido explicación, me parece que son sensatas y que no cuestionan el
planteamiento que ustedes hacen. Por otro lado, todo el discurso que
hemos hecho en comisión y en Pleno es para cuestionar las bases de la
reforma porque lo peor es que se queda en tierra de nadie, ni está en el
modelo vigente ni en el que se quería para que el Ministerio Fiscal
asumiera la instrucción. Y esta situación, la de estar en terreno de
nadie, no es bueno ni para el Ministerio Fiscal, que no está en
condiciones de asumir un conjunto de competencias, ni si quiera para la
posibilidad de que los plazos límites de la instrucción puedan suponer
recovecos por donde la impunidad se pueda colar.


En cualquier caso, le pido que en una última intervención me
argumente por qué no aceptan estas propuestas que le hacemos, que me
parecen que son sensatas y que solo contribuirían a mejorar el texto,
toda vez que lo más probable es que en pocos meses esté aplicando este
texto y el código. Aunque sea por razones de egoísmo inteligente,
quisiera conocer la ratio de estas decisiones, porque me veré luego
aplicándolo a pesar de que tenga unos criterios distintos.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor DÍAZ TEJERA: Por supuestísimo, lo haré con todo respeto,
porque yo respeto las reglas cuando estoy de parlamentario y cuando estoy
de magistrado, aunque entonces te limitas a escribir tus sentencias y
punto final. No hago ninguna criptomilitancia, como otra gente que usa
todas. No sé si me he explicado señor Represa.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Díaz Tejera.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Altava.


El señor ALTAVA LAVALL: Con su venia, señor presidente.


En primer lugar, de mi parte y de parte del senador Represa, que
me lo ha pedido expresamente, felicito al presidente y a la Mesa de la
Comisión de Justicia, expresamente al señor letrado, al personal al
servicio y a todos los portavoces y miembros de la Comisión de Justicia,
porque en esta comisión se ha trabajado mucho, y orgullosamente lo
podemos decir. Esta va a ser la última ley de justicia que vamos a
debatir hoy y mañana nos queda la Ley de enjuiciamiento civil, y con ello
ponemos punto final, al menos al debate de leyes, porque todavía
esperamos celebrar algunas comparecencias en comisión. Señorías, felicito
a todos los miembros de la Comisión de Justicia porque se ha trabajado
mucho. Desde luego, para los que nos gusta es un verdadero placer entrar
en debates jurídicos y nos alienta a querer cada vez más nuestra
profesión (Aplausos).


Voy a intentar contestar someramente siquiera a aquellas
cuestiones que parece ser que no han quedado resueltas, aunque
profusamente las haya respondido el senador Represa.


La senadora del Grupo Mixto comentaba que echaba en falta la
justicia restaurativa. Usted no ha estado presente pero si lee el Diario
de Sesiones verá que el Estatuto de la víctima prevé todo un código. En
él se entiende la reparación que debe tener esa víctima y se recoge
cuáles tienen que ser los criterios dentro de ese complejo código de
reparación que se previene. Pero eso figura donde le corresponde, no
aquí, en la Ley de enjuiciamiento criminal.


El senador Bildarratz ha comentado que el artículo 55.2 no es un
derecho fundamental, y me gustaría hacerle una aclaración, por lo menos,
como dicen los franceses, à mon avis, a mí manera de ver, a mi parecer.
El artículo 55.2 de la Constitución modula el artículo 17 de la
Constitución. Es verdad que al ser el artículo 17 un derecho fundamental
se acoge a los procedimientos especiales de la Ley 62/1978, de derechos
fundamentales, que tenía un procedimiento especial preferente y sumario
en cuanto a la tramitación procedimental, pero la Constitución está para
cumplirse. Aquella reconoce para los artículos 14 a 31
—concretamente, el 31 relativo a la capacidad económica— un
procedimiento especial preferente y sumario, pero no les confiere un
derecho superior, con lo cual el artículo 52 también puede regular,
dentro de la posibilidad que regula, la suspensión de esos derechos y
libertades que encabeza ese Título V.


Los senadores Saura, Iglesias, Montilla y Díaz Tejera comentaban
diversas cuestiones respecto a la conexidad y manifestaban su queja
porque solamente el Ministerio Fiscal puede solicitar esas reglas de
conexidad o, en su caso, la formación de un único procedimiento, al
acusar el artículo 17 aquello de un proceso, un delito, etcétera. Para
mí, y lo he manifestado con anterioridad, estos proyectos de ley, esta
reforma integral de la Ley de enjuiciamiento criminal pone los mimbres
para una futura reforma posterior en la que se vaya a esa investigación
por parte de los ministerios fiscales. Lo único que estamos haciendo aquí
es abrir ese principio acusatorio y dar la posibilidad al fiscal, y en su
caso también la acusación particular o la acusación popular, aunque se
debe avanzar en eso. Aquí estamos acudiendo al artículo 124 de la
Constitución, que es el que encarga al Ministerio Fiscal promover la
acción de la justicia en defensa de la legalidad, del derecho público
tutelado por la ley y de los derechos de los ciudadanos. Estamos abriendo
la posibilidad a quien lo puede hacer de una manera pública, a quien
tiene el encargo público de reconocer y de perseguir esos delitos.


Quiero poner de manifiesto que, respecto al derecho a la
asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos
relativos a la orden de detención europea, es verdad que se traspone la
Directiva 2013/48 de la Unión Europea, pero teníamos de plazo hasta el 27
de noviembre de 2016 y estamos adelantando la trasposición en esta
reforma legal. Con esta trasposición España se anticipa y se pone a la
vanguardia de los Estados miembros de la Unión Europea en el
reconocimiento de las garantías procesales y la ejecución de la hoja de
ruta fijada en el programa de Estocolmo en el marco de la Unión
Europea.


Comentaban el senador Iglesias, que sabe que le tengo un gran
aprecio, y el senado Montilla, al que tengo no menos aprecio, que los
atestados policiales sin autor conocido no dan tanto trabajo. Es verdad
que dan mucho papel, pero me gustaría aclararles una cosa. No se pretende
disminuir la estadística judicial, no se hace para entender que hay menos
asuntos, menos diligencias previas. Los que nos dedicamos a esto les
llamamos diligencias vivas, y lo importante es tener diligencias vivas,
pero eso nunca son diligencias vivas. El SP, el sobreseimiento
provisional del 641.1 o 2, del sobreseimiento provisional que pone el
juez es papel muerto porque va directamente al archivo hasta que no
aparezca un autor conocido o aparezcan indicios racionales respecto a
alguna persona o personas en concreto. Por tanto, no se hace para
disminuir la estadística judicial sino simplemente para que sea real,
para que esa estadística sea real con el trabajo judicial que llevan los
órganos jurisdiccionales.


Respecto a la caducidad de los procesos de instrucción, los
senadores Saura, Iglesias y la senadora Capella también plantean por qué
solamente puede hacer la solicitud el Ministerio Fiscal, y creo que ya lo
he manifestado: por el cumplimiento del principio acusatorio. Dicen que
los plazos son muy cortos, seis meses, pero se han olvidado de que
también lo son dieciocho meses y de otra cosa que me parece mucho más
importante: que el juez va a poder prorrogarlos por otros seis o
dieciocho meses.


Señoría, mañana vamos a tratar también aquí la Ley 30/1992, de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
común, que se va a reformar si sus señorías lo aprueban, donde también el
procedimiento administrativo también tiene su plazo y nadie se llama a
escándalo. Es lógico que los procesos tengan un plazo. Eso es proceso
debido y es una de las garantías del artículo 24, porque las dilaciones
indebidas figuran como castigo o se aplican como atenuante en tanto en
cuanto pueden servir como rebaja de la pena, pero se entiende como
atenuante en cuanto que el procedimiento tiene que estar sometido a un
plazo y la autoridad competente, sea el juez o el funcionario de la
Administración, tiene que resolver en ese plazo concreto. Como
recordarán, nadie se llamó a engaño cuando en el Código Penal la
prescripción pasó de seis a dos meses. Podía parecer que si la
prescripción de las faltas pasaba a dos meses no habría tiempo para
tramitarlas, pero a nadie nos sorprendió, y no gobernaba el Partido
Popular en aquella época. No pasó nada, pareció algo muy justo y se ha
adecuado muy bien a nuestro ordenamiento jurídico.


Respecto a lo que ha comentado el senador Díaz Tejera sobre dejar
por escrito las sentencias in voce, acuso recibo, ya que el senador
Represa ya no va a intervenir. Fíjese, esto también lo he comentado con
los secretarios judiciales, todavía denominados así hasta que no entre en
vigor la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se pasarán a llamar
letrados de la Administración de Justicia. ¿Sabe qué me comentaba un
grupo de secretarios judiciales? Pues me decían que a ellos les gustaba
dar fe de lo que guardan, de lo que conservan; de lo que se guarda en el
casete, también, pero, aunque se quede guardado en una cinta o en un DVD,
se fían más del papel y quieren conservarlo. Ya le digo que puede haber
otros secretarios judiciales que piensen de otra manera, pero aquellos
con los que hablé eran más partidarios de que se conservara así. Y
contésteme a la siguiente pregunta: ¿qué hacemos con las sentencias que
se dictan in voce? Lo mismo. Exactamente igual, lo que usted está
planteando. ¿Y qué hacemos con las sentencias que el juez determina que
son irrecurribles porque no hay posibilidad de recurso, que producen
efecto de cosa juzgada tanto formal como materialmente? Exactamente
igual. El mismo tratamiento tiene que tener una sentencia in voce que
aquella que es irrecurrible. Ya no va a tener posibilidad de recurrir. Da
igual que quede grabado en el DVD porque no va a necesitar esos
argumentos que a usted le harían falta para poder recurrir. El argumento
sería el mismo. Puede que tenga sentido la enmienda que proponen pero,
dese luego, se necesita un debate amplio que conlleve el estudio de estas
otras decisiones judiciales, como las irrecurribles.


Respecto al decomiso, como han manifestado los senadores Iglesias
y Capella, se recoge un procedimiento de decomiso autónomo. Yo también
tuve la oportunidad de asistir, invitado por el senador Díaz Tejera, a la
magnífica jornada del 25 de marzo sobre la oficina de recuperación y
gestión de activos, donde se pusieron de manifiesto muchas cuestiones, y
les voy a hablar de algunas. Al Ministerio Fiscal se le va a conceder la
dirección de la investigación patrimonial de la ejecución de las
sentencias de decomiso, lo que creo que es muy importante porque,
definitivamente, se va a llamar así. Y la regulación del decomiso, que ya
aparece en los artículos 117.bis y siguientes del Código Penal, prevé que
el juez pueda adoptar desde el inicio mismo del procedimiento cualquier
medida cautelar, en tanto en cuanto tenga los tres presupuestos típicos
de las medidas cautelares: el fumus bonis iuris, el periculum in mora y
la fianza. En principio, va a quedar abierto y regulado ya un perfecto
procedimiento de decomiso. Por cierto, ya he comentado que hoy mismo
nuestro ministro de Justicia ha estado en París hablando con su homóloga
de esta oficina para ambos países.


Por todo esto y por lo mucho que se ha dicho ya en la
fundamentación anterior, vamos a rechazar las enmiendas y vamos a
pretender que se aprueben estas dos leyes de reforma de la Ley de
enjuiciamiento criminal que, como he manifestado, van a vehiculizar un
instrumento procesal muy importante y bueno para que nuestros jueces y
tribunales puedan interpretar y aplicar debidamente la ley en función de
la legislación orgánica y constitucional.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Altava.


Llamen a votación. (Pausa).


Por favor, cierren las puertas.


Señorías, comenzamos votando las enmiendas del Proyecto de Ley de
modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.


En primer lugar, votamos las enmiendas del senador Iglesias
números 1, 2 y 8.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 13; en contra, 149;
abstenciones, 77.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la número 4.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 25; en contra, 150;
abstenciones, 65.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 5.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 26; en contra, 211;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 3, 6, 12, 14 y 15.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 14; en contra, 213;
abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 7 y 16.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 76; en contra, 151;
abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 9.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 229; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la 10.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 162; en contra, 64;
abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco. En primer
lugar, enmiendas 17 y 19.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 238; a favor, 10; en contra, 148;
abstenciones, 80.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 18.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 76; en contra, 150;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 20.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 23; en contra, 214;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario de la Entesa, comenzamos votando las
enmiendas números 21, 22, 25, 28, 32 y 86.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 69; en contra, 154;
abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 31, 35 y 36.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 85; en contra, 152;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 23, 24, 27, 29, 30, 33, 34 y 37.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 72; en contra, 153;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 84 y 85.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 83; en contra, 153;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 91.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 71; en contra, 153;
abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 38, de la 44 a la 47 y la 56.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 71; en contra, 153;
abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 39, 41 y 48.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 9; en contra, 152;
abstenciones, 80.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 40, 42, 43, 51, 52, 54 y 55.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 239; a favor, 2; en contra, 214;
abstenciones, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 49.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 211; en contra, 4;






abstenciones, 24.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la enmienda número 50.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 154; en contra, 62;
abstenciones, 25.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió, votamos las enmiendas 57 y 66.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 85; en contra, 151;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 59.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 19; en contra, 151;
abstenciones, 71.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 61, 62 y 63.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 82; en contra, 151;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 60 y 65.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 20; en contra, 216;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 58 y 64.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 20; en contra, 151;
abstenciones, 70.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Socialista votamos las
enmiendas 67, 68, 71, 74 a 78, 87 y 90.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 69; en contra, 151;
abstenciones, 21.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 88 y 89.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 81; en contra, 151;
abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 69, 70, 73, 75, 76, 79 a 81 y 83.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 70; en contra, 148;
abstenciones, 21.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 77 y 82.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 84; en contra, 151;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Popular votamos las enmiendas 92
y 96.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 151; en contra, 9;
abstenciones, 81.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos las enmiendas 94, 95, 97 y 98.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 165; en contra, 1;
abstenciones, 75.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos la enmienda 93.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 163; en contra, 63;
abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos las enmiendas 99 a 101 y 103.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 149; en contra, 66;
abstenciones, 25.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Señorías, votamos la propuesta de modificación del dictamen con
número de registro 193 055, sobre las enmiendas número 13 del Grupo
Parlamentario Mixto, del senador Iglesias, y la número 53 del Grupo
Parlamentario de la Entesa.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 235; en contra, 2;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de
registro 193 056, sobre la enmienda 102 del Grupo Parlamentario
Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 154; abstenciones, 87.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Señorías, votamos el resto del proyecto de ley en un solo
acto.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 242; a favor, 150; en contra, 71;
abstenciones, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará
traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a
la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.


Pasamos a la votación de las enmiendas del Proyecto de Ley
Orgánica de modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal. Comenzamos
con las enmiendas de los senadores Aiartza, Goioaga, Mendizabal y
Unamunzaga, del Grupo Parlamentario Mixto. Votamos las enmiendas 30
a 32.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 12; en contra, 213;
abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del senador Iglesias, votamos la 1, 3, 5, 8, 10 y 21.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 242; a favor, 29; en contra, 151;
abstenciones, 62.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 4, 16, 22, 23 y de la 26 a la 28.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 14; en contra, 150;
abstenciones, 76.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 2, 7, 11, 12, 14, 15, 25 y 29.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 242; a favor, 14; en contra, 213;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 9, 18, 19, 20 y 24.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 21; en contra, 114;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 13.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 89; en contra, 150;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la 17.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 76; en contra, 152;
abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Del Grupo Parlamentario Vasco, votamos la 34 y la 35.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 11; en contra, 216;
abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 36, 38 y 40.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 22; en contra, 215;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 39.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 84; en contra, 151;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 37.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 165; en contra, 72;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Del Grupo Parlamentario de la Entesa, votamos las
enmiendas 43, 45, 46 y 59.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 87; en contra, 149;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 54, 58, 62 y 149.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 70; en contra, 152;
abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 42, 48
a 51, 53, 57, 60, 61, 63, 65, 148, 150 y 160.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 65; en contra, 150;
abstenciones, 25.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 52, 55, 56, 64, 151 y 152.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 84; en contra, 151;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 47.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 234; en contra, 1;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la 69.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 12; en contra, 151;
abstenciones, 78.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la 81.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 9; en contra, 214;
abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 84.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 65; en contra, 150;
abstenciones, 25.


El señor PRESIDENTE:






Queda rechazada.


Votamos la 85.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 20; en contra, 214;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 76 y 79.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 70; en contra, 151;
abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 80 y 98.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 83; en contra, 152;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 66, 68, 70, 73, 75 y 88.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 20; en contra, 152;
abstenciones, 68.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 83, 89, 90 y 93 a 95.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 10; en contra, 150;
abstenciones, 81.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 67, 72, 77, 78, 82, 91, 92 y 96.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 4; en contra, 214;
abstenciones, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 74, 86 y 87.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 242; a favor, 22; en contra, 216;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i d’Unió.


En primer lugar, la enmienda 99.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 19; en contra, 216;
abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la 120.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 238; a favor, 17; en contra, 214;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 103.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 236; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la 109.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 21; en contra, 148;
abstenciones, 72.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 100, 102, 104, 105, 111, 113 y 118.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 85; en contra, 150;
abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 110, 112 y 115.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 20; en contra, 217;
abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 101, 106, 107, 108, 114, 116 y 117.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 21; en contra, 148;
abstenciones, 72.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la 119.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 82; en contra, 152;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


En primer lugar, la enmienda 123.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 83; en contra, 151;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 124, 142, 146 y 156.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 82; en contra, 150;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las
enmiendas 122, 125, 131, 132, 135, 137, 138, 141, 144, 153 y 157.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 65; en contra, 152;
abstenciones, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 128, 134, 136, 139, 140, 143, 145, 155
y 158.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 83; en contra, 150;
abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 130.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 224; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Del Grupo Parlamentario Popular, votamos las enmiendas 161, 163
y 164.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 151; en contra, 5;
abstenciones, 84.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos la enmienda 162.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 240; a favor, 151; en contra, 71;
abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos las enmiendas 165 y 166.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 162; en contra, 67;
abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de
registro 193 057 sobre las enmiendas números 6 del senador Iglesias del
Grupo Mixto, 33 del Grupo Parlamentario Vasco y 71 del Grupo
Parlamentario Entesa.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 156; en contra, 63;
abstenciones, 22.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de
registro 193 058 sobre la enmienda número 154 del Grupo Parlamentario
Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 167; en contra, 1;
abstenciones, 71.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de
registro 193 059 sobre la enmienda número 129 del Grupo Parlamentario
Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 240; votos emitidos, 239; a favor, 150; en contra, 65;
abstenciones, 24.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de
registro 193 060 sobre la enmienda número 133 del Grupo Parlamentario
Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 240; a favor, 161; en contra, 1;
abstenciones, 78.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de
registro 193 061 sobre la enmienda número 159 del Grupo Parlamentario
Socialista.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 155; abstenciones, 86.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de
ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 242; votos emitidos, 241; a favor, 151; en contra, 69;
abstenciones, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará
traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que este se pronuncie sobre ellas en forma previa a la
sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.


Señorías, se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la
mañana, que comenzaremos con el debate conjunto del Proyecto de Ley
Orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de determinada
información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude
fiscal y el Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, general tributaria.


Hasta mañana y buenas noches.


Eran las veintitrés horas y cinco minutos.