El señor presidente da lectura a los puntos 5. y 5.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación
se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra la senadora
Salanueva.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, presidente. Buenos días,
señorías, señor presidente.

Me remito a lo dicho en la interpelación, que fue extensa, y a sus
propios detalles. No obstante, quiero dejar claro un mensaje y es que a
UPN le resulta incomprensible, señorías del Partido Popular, la actitud
del Gobierno hacia el autoconsumo, y más aún de un gobierno que presume
de talante liberal, como el actual, y defensor de la libertad y de la
competencia.

El borrador actual sobre el autoconsumo representa un ataque a la
competencia. El autoconsumo, señorías, supone un incremento de
competencia para el mercado y de competitividad para las empresas. Quiero
decir al portavoz del Partido Popular y al ministro —que fue muy
tajante— que es rotundamente falso que los ciudadanos vayan a tener
que compensar el ahorro que supone el autoconsumo de otros ciudadanos y
empresas. Y también es falso que el apoyo que requiere el autoconsumo
pueda provocar una burbuja o que, incluso, pueda desestabilizar el
sistema, como dijo aquí el señor Soria. Muy al contrario, señorías, con
la propuesta del Gobierno, cada autoconsumidor pagará el doble de peajes
que cualquier consumidor.

El autoconsumo supone ahorro de energía, y con eso ya sería
suficiente, además de necesario en un país como el nuestro, con una
dependencia energética del 75 %, de la que solo se habla precisamente
cuando se hacen prospecciones geológicas y petrolíferas, que a nosotros
no nos parecen mal porque nuestra dependencia es 25 puntos superior a la
media de los países de nuestro entorno geográfico y económico.

El autoconsumo, señorías, no necesita subvenciones ni primas, y
les diré que en los diez últimos años, los ciclos combinados de gas han
recibido 6000 millones de euros como incentivos a la inversión privada,
sin contar los pagos anuales por estar ahí cuando se les necesita.
Insisto, el autoconsumo no necesita subvenciones ni primas, no es
especulativo, favorece la competitividad empresarial, ayuda a la I+D+i,
es limpio, ecológico, reduce el precio del pool en las horas pico,
etcétera.

La propuesta del Gobierno de España sobre el autoconsumo es más
perjudicial respecto a la situación anterior y empeora las condiciones de
los autoconsumidores. Los peajes de respaldo se sustituyen por cargos, de
los que ya hemos hablado, pero en realidad solo se trata de un cambio
cosmético del impuesto al sol para impedir el desarrollo del
autoconsumo.

De aprobarse la actual normativa, los años de recuperación de la
inversión en una instalación doméstica de autoconsumo, que debería ser
de 13 años con balance neto energético, pasarán a 31 años; y para las
pequeñas y medianas industrias, a 7,5 años.

Este impuesto al sol es aún más gravoso que el anterior porque
obliga a pagar un peaje por energía autoconsumida, y el autoconsumidor se
convierte en el principal contribuyente del sistema. Esto implica una
clara discriminación ya que por cada kilovatio consumido se paga el doble
para el sostenimiento del sistema de lo que paga un consumidor que no
realice autoconsumo. De manera adicional, hablaré del perjuicio que se
ocasiona al sistema de acumulación de baterías. El ministro nos dijo que
no se prohíben las baterías, pero con la regulación que se pretende se
prohíben explícita e implícitamente ya que se pagará un cargo extra por
la potencia de instalación, lo que hará inviable el sistema —es una
barrera más a la eficiencia— porque la recuperación de las
inversiones será superior a los 30 años.

Quiero hacer una breve mención a la situación en la que quedan los
sistemas extrapeninsulares de Canarias, Ceuta y Melilla.

En estos momentos, y por razones geográficas, llevar a estos
sistemas extrapeninsulares la energía convencional supone un sobrecargo
de 1800 millones al año para el sistema eléctrico, que sí pagamos entre
todos los consumidores.

El autoconsumo en estos sistemas, por tanto, es mucho más
económico que las energías tradicionales. Sin embargo, la propuesta del
Gobierno, que les exime hasta el año 2020 de pagar el impuesto al sol,
hace necesario el trascurso de 28 años para amortizar la inversión. Por
lo tanto, señorías se entiende que es absolutamente inviable y que es una
propuesta irracional.

Las instalaciones actuales son de 100 kilovatios, son
instalaciones pequeñas, familiares y no son especulativas. Además, se ha
despreciado la sugerencia de distintas instituciones, como la del
Defensor del Pueblo, de la Comisión Nacional de la Competencia, de la
Comisión Nacional de la Energía, de las directivas europeas, de la
normativa nacional y de la normativa de las comunidades autónomas. Se
pretende aplicar de manera retroactiva a instalaciones que ya están
legalizadas y establecer sanciones de más de 60 millones de euros en el
caso de que no se cumplan las nuevas condiciones, cuando sanciones por
escapes nucleares o por accidentes provocados por aviones, con
negligencia, son 260 veces inferiores.

Queremos que miren a los países de nuestro entorno —y acabo
ya—, que miren lo que pasa en Estados Unidos, en Alemania, en
Dinamarca. Tenemos que estar en la vanguardia porque un líder es el que
se anticipa, no el que va a la cola.

Para terminar, señorías, les diré que hay 335 000
alegaciones, 180 000 firmas en contra, una falta de diálogo absoluta,
críticas del sector, de los empresarios, de los sindicatos…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Acabo ya.

Creo que todo esto debe hacer reflexionar al Gobierno y por eso
nosotros solicitamos en esta moción que se retire definitivamente la
propuesta de regulación del autoconsumo presentada por el Gobierno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Salanueva.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el senador Medina.

El señor MEDINA TOMÉ: Gracias, presidente. Señorías, buenos
días.

Me corresponde defender tanto la enmienda de adición que
presentamos a esta moción, como la posición de mi grupo parlamentario en
el turno de portavoces.

El Grupo Parlamentario Socialista, como consta en el expediente,
ha presentado una enmienda de adición a la moción cuyo objeto fundamental
es retirar el real decreto por el que se establece la regulación de las
condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo en
España. Entendemos que la entrada en vigor del mencionado real decreto, y
luego tendremos oportunidad de extendernos más en el turno de portavoces,
haría prácticamente imposible la implantación del autoconsumo. ¿Qué
proponemos, señora Salanueva? Nuestra propuesta se centra en dos
cuestiones integradas que, como dije antes, constan en el expediente.
Creemos que es necesaria la retirada del real decreto, pero que no es
suficiente. Debemos dar un paso más; un paso más que debe estar orientado
hacia una regulación normativa mucho más flexible que la que plantea el
real decreto y que no imponga condiciones de difícil o imposible
cumplimiento para quienes decidan optar por esta modalidad, tanto de
suministro como de producción, y una regulación que debe contar
necesariamente con la participación activa de las organizaciones
sectoriales y, fundamentalmente, de las comunidades autónomas, máxime en
un momento en el que nuevos gobiernos han asumido la responsabilidad de
dirigir nuestras comunidades autónomas después de las elecciones del 24
de mayo. Además, proponemos un plan de promoción pública del autoconsumo
y de la eficiencia energética. En resumen, proponemos dos cuestiones como
enmiendas de adición y solicitamos a la proponente que las acepte por
entender que enriquecen la moción y, como dije antes, en el turno de
portavoces tendremos oportunidad de ampliar nuestra propuesta y nuestra
posición con respecto al autoconsumo en este país.

Gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Medina.

Tiene la palabra la senadora Salanueva, para indicar si acepta la
enmienda.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, señor presidente. Si me
lo permite, hablaré desde el escaño.

Quiero señalar brevemente que aceptaremos la enmienda porque
complementa nuestra petición, ya que añade consenso y diálogo con los
agentes económicos y sociales e instituciones públicas, con el fin de
favorecer el autoconsumo; objetivo que nosotros perseguimos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Salanueva.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Intervendré de forma muy sintética, para poder compartir el turno
con la senadora Salanueva, si lo considera necesario.

Reitero lo manifestado en el Pleno anterior respecto a la defensa
de la proposición de ley que sobre esta misma materia formulamos el
senador Mariscal Cifuentes y yo mismo. En todo caso, quiero destacar de
nuevo que el autoconsumo eléctrico ofrece, no solamente a los
particulares sino también a las pymes, la posibilidad de aumentar su
competitividad y mejorar la eficiencia energética, objetivos que deberían
ser motivo de apoyo e impulso por la acción del Gobierno y que,
incomprensiblemente, se ven obstaculizados con la introducción de peajes
que dificultan la amortización de las inversiones que se realicen en
estas instalaciones. Además, el impulso del autoconsumo contribuye a
disminuir las emisiones a la atmósfera y a reducir la dependencia
energética.

Prácticamente en la totalidad de los debates que hemos mantenido
en esta Cámara en relación con la política energética hemos coincidido en
que el grado de dependencia exterior de nuestro país en materia
energética es uno de los lastres para el desarrollo de nuestra economía,
uno de los lastres de nuestra balanza comercial. Por lo tanto, uno de los
objetivos que deberían compartir el conjunto de las fuerzas políticas y
también el Gobierno habría de ser el buscar mecanismos que permitieran
una reducción sustancial de esa dependencia energética exterior.

Estados como Japón, Italia, Alemania, Portugal y Estados Unidos no
ponen ninguna traba al desarrollo del autoconsumo y han establecido de
una forma absolutamente normal el sistema de balance neto, cuestionado en
el debate de la proposición de ley que tuve la oportunidad de defender
hace quince días.

La regulación sobre la que se avanza en la norma a la que hace
referencia la moción —todavía en trámite de borrador y de
informes—, que acaba imponiendo unos peajes, choca también con las
directivas europeas y es un obstáculo a los objetivos que en el marco de
la actuación de la Unión Europea —concretamente en el ámbito del
clima y la energía— se han fijado para que en 2030 se consigan
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por lo menos
un 40 %. En ese sentido, cuando abordemos posteriormente el debate de una
moción del Grupo Parlamentario Popular sobre el cambio climático, va a
ser inevitable hacer referencia a decisiones gubernamentales como las que
se contienen en el real decreto, que gravarán con peaje el autoconsumo
eléctrico. Otro de los objetivos es conseguir que las renovables, a
escala de la Unión Europea, signifiquen al menos un 27 % de la energía
producida e incrementar la eficiencia energética un 27 %. En este caso,
hemos de insistir una vez más en que la política energética del Gobierno
en ningún caso garantiza la consecución de estos objetivos y, desde
luego, las decisiones que se están tomando en torno a la regulación del
autoconsumo eléctrico se convertirán en un obstáculo más para
alcanzarlos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor presidente, señorías, está
bien esta moción consecuencia de interpelación de la senadora de UPN,
Amelia Salanueva Murguialday, por su tono, por hacer una reclamación al
Gobierno y por pedir la retirada de este decreto ley.

El consumidor eléctrico debe tener capacidad de elegir entre
comprar energía al sistema o autoproducirla. Y el sistema eléctrico no
debería verse afectado de manera significativa por la autoproducción,
siempre que esté diseñado de una manera eficiente.

Además, la autoproducción es positiva para el sistema eléctrico a
largo plazo porque aporta una buena señal de precios y de costes al
sistema. Es necesario fomentar la autoproducción —por eso este real
decreto es una gran chapuza—, y el objetivo debería ser fomentar el
autoconsumo de manera racional, en lugar de penalizarlo con un peaje de
respaldo y unas trabas burocráticas que lo hagan inviable, como
probablemente resultaría de la aprobación de todo lo que encierra el real
decreto dentro de su planteamiento relativamente tóxico. En este sentido,
siempre que no inyecte electricidad a la red, el autoconsumo no supone un
sobrecoste para el sistema eléctrico sino unos menores ingresos
equiparables a los que representa la reducción de consumo por una
actuación de eficiencia energética. Por lo tanto, no se debe imponer al
autoconsumidor un nuevo peaje, al que llamaremos peaje de respaldo, peaje
de acceso y cargos asociados a los costes del sistema y cargo por otros
servicios del sistema, por consumir energía producida por él mismo. El
consumidor debe tener derecho a gestionar su producción y su consumo
dentro de su punto frontera sin interferencias de ningún tipo de
sistemas, sin peajes ni cargos adicionales ni necesidad de solicitar
permisos u autorizaciones, instalar contadores o registrarse en ningún
registro. Es por ello que correspondería eliminar los trámites de
autorización para los usuarios que no viertan a la red sus excedentes y
para los que vierten a la red sin retribución, así como la necesidad de
instalar contadores, etcétera.

El autoconsumidor conectado a la red tiene derecho a usar esta
red. Este derecho se debe pagar a través de los ATR, del mismo modo en
que lo hace cualquier consumidor con su mismo perfil de consumo neto o
aparente para el sistema. Dos consumidores que hagan el mismo uso de la
red, uno con autoconsumo y el otro que aplique medidas de ahorro, deben
pagar lo mismo por el uso de esta si tienen el mismo perfil de consumo
neto o aparente para el sistema. Si fuese necesario, sería posible
modificar la estructura de los ATR aumentando el pago por el término de
potencia y reduciendo energía para incrementar el pago de los
consumidores que hacen poco uso de la red, si se considerara que estos
pagan por debajo de lo que deberían.

Consideramos, pues, que el autoconsumidor debería pagar un peaje
de respaldo tan solo en los siguientes casos: cuando el autoconsumidor
inyecte electricidad a la red eléctrica en cantidad para la cual esta no
estuviera preparada; de manera orientativa, cantidades superiores a su
potencia contratada o cuando el autoconsumidor aproveche la red eléctrica
para vender la energía sobrante o para utilizarla fuera del punto
frontera.

Si a pesar de ser más eficiente, en general, producir energía
eléctrica de manera centralizada, si llegara a ser rentable para el
consumidor autoproducir energía eléctrica es porque el consumidor percibe
unos excesivos costes de acceso al sistema, y se deben racionalizar las
tarifas de acceso a la red para que incluyan tan solo los costes
estrictamente necesarios para llevar la electricidad del productor al
consumidor, básicamente el coste de la red de transporte y de
distribución; de este modo se logrará un aprovechamiento más eficiente
del sistema.

Por eso nosotros solicitamos, como dice la moción consecuencia de
interpelación, que se retire este real decreto, porque indudablemente es
una interferencia que impide que el autoconsumidor pueda trabajar de una
manera adecuada.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra el senador Boya.

El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.

Sin duda, esta es una moción oportuna, pero el tema que aborda
merecería un debate más sosegado, tal y como relata la propia moción,
demandando un proyecto de ley que sustituya a este decreto, que resulta
un error por muchas razones. La oposición que suscita y las enmiendas que
ha provocado, así como el profundo rechazo generalizado son la mejor
muestra de que en esta materia el Grupo Popular y el Gobierno no van por
el camino adecuado.

Es cierto que este es un debate complejo, y cuando el otro día
escuchamos al ministro hablar de la sostenibilidad del sistema, etcétera,
se podía entender que la gestión del presente requería tomar algunas
medidas en este momento pero, evidentemente, estas medidas no pueden ser,
como se plantea en este decreto, la práctica anulación de la opción del
autoconsumo como una opción realista y que tiene muchas ventajas. A medio
y largo plazo es absolutamente imprescindible abordar esta cuestión
porque la sostenibilidad del sistema eléctrico y del sistema energético
requiere de un nuevo modelo que no es el que en este momento está
instalado en nuestra sociedad. Así, se ha hablado de los impuestos que se
generan, del coste de este decreto para los productores y para los
autoconsumidores. Estamos hablando de un impuesto de un 27 % sobre la
electricidad producida, que hace absolutamente inviable cualquier
instalación de este tipo porque —como ha dicho la senadora
Salanueva— la realidad es que la amortización de una instalación en
este momento pasará de 12 a 23 años. Por tanto, este decreto hace
prácticamente imposible el autoconsumo y supone mirar el futuro
únicamente con las gafas del mercado de una forma cortoplacista, lo que
para nosotros es un grave error.

El autoconsumo abarata el precio de la energía, que hoy en España
es una de las más caras de Europa. Hay que democratizar la producción
eléctrica, tal y como decía Rifkin no hace mucho tiempo en un libro, La
tercera revolución industrial, donde explicaba que la producción de
energía debería ser semejante a lo que sucede con Internet; decía que
cada edificio debería ser inteligente, capaz de aprovechar toda aquella
energía que nos rodea y que de alguna manera pueda ser utilizable
precisamente para hacer de este proceso de generación de energía un
proceso sostenible. Efectivamente, la sostenibilidad es una de las claves
de este debate. Por ejemplo, la forma en que transportamos la energía en
este momento es absolutamente caduca porque tiene impactos paisajísticos,
técnicos y de eficiencia sobre el propio sistema.

Por tanto, nos parece absolutamente imprescindible llevar a cabo
este debate en otros términos a los que se han planteado en este decreto
y hablar del autoconsumo y de la generación eléctrica como un factor de
competitividad que ha de permitir incentivar el autoconsumo —en
lugar de evitarlo—, como se está haciendo en otros países donde se
ha entendido que la energía es un tema clave para el futuro de nuestro
país, para el futuro del planeta, y que este modelo de sostenibilidad
debe ir más allá de lo que indican algunas pautas que son absolutamente
cortoplacistas, de interpretación del mercado.

El autoconsumo y las pequeñas producciones son también una
oportunidad para las pequeñas industrias, sobre todo para las pequeñas
industrias de transformación en el mundo rural. Esta es una clave de la
que se ha hablado poco, pero que me parece absolutamente imprescindible
en este debate. Nosotros consideramos que una vez más el Gobierno
—como he dicho al principio— en esta materia va por mal
camino; pero no es una novedad porque vamos por mal camino en muchas
otras cosas.

Lamentamos que el Gobierno, y en este caso el Grupo Popular
especialmente, no sean capaces de levantar la mirada, de mirar un poco
más lejos de este cortoplacismo que ha marcado toda esta legislatura.
Consideramos que en algunos ámbitos en los que nos jugamos el futuro
hubieran podido existir algunos acuerdos de calado para cambiar las
cosas.

Aquí las cosas no van a cambiar, pero espero que pronto cambie el
Gobierno para que podamos mirar lejos y hablar de estas materias en otros
términos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Boya.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i d’Unió, tiene la
palabra el senador Sedó.

El señor SEDÓ ALABART: Gràcies, president.

El nostre grup donarà suport a aquesta moció. Per dos aspectes
fonamentals. L’un és de procediment. El Govern actual, el Govern
del Partit Popular, no té una política clara en matèria energètica.
L’únic discurs que escoltem del ministre és que estan reduint les
tarifes, la qual cosa, no sé si ell mira el seu rebut de la llum, jo ho
faig, ho acostumo a mirar, i no veig que aquestes reduccions de les
tarifes apareguin per enlloc i, en segon lloc, perquè només té un discurs
de competir, de treballar, de fer política energètica en base del que
seria eliminar el dèficit de tarifa o els dèficits del sistema. I, en
segon lloc, perquè, quan el ministre es dirigeix a aquesta Cambra, sempre
acaba dient allò de per què alguns hem de pagar perquè els altres
consumeixin i no paguin. I això és completament una demagògia
populista.

Nosaltres ens manifestem a favor d’aquesta moció perquè
creiem necessari que es retiri el Reial Decret sobre autoconsum. Recordem
que el decret que hi va haver l’any 2011, que tenia quatre mesos
per a implantar-se —i ho explica molt bé, en la seva exposició de
motius, la senadora Salanueva— no s’ha fet res durant quatre
anys. I ara, a corre-cuita, es vol posar, com han fet també amb molts
altres projectes de llei, a aprovar ràpidament aquest decret perquè entri
en vigor quan estem al final de la legislatura. Creiem que s’ha de
debatre profundament la implantació de l’autoconsum a l’Estat
espanyol.

Nosaltres sempre hem reclamat que hi hagi un pacte d’Estat
per a l’energia, perquè puguem definir una política energètica
clara entre tots, cosa que no existeix ara i que l’únic que fem és
tapar forats, sembla que defensem a grans corporacions, i que només ens
plantegem la política energètica com una política econòmica per salvar
els dèficits de tarifa o els dèficits de sistema.

Ens cal un pacte, entre tots, que puguem definir quina ha de ser
la línia energètica d’aquest país. I, evidentment,
l’autoconsum és molt, molt, molt i molt important. Perquè aquí, el
que no s’ha estat treballant, i per això demanem que es retiri
aquest Reial Decret i que es faci com a projecte de llei i es pugui
treballar amb no tan sols les forces parlamentàries sinó amb aquests
milers i milers de persones i d’empreses i d’institucions que
han fet més de 12000 al·legacions en la Comissió Nacional del Mercat de
la Competència i que, bàsicament, contrari al desenvolupament del
decret.

Per tant, que s’elabori com a projecte de llei i puguem
tenir un debat profund de com afrontar el repte de l’autoconsum.
Perquè també la Unió Europea ens ho demana. Les últimes estadístiques
dels preus d’Eurostat, publicades ara fa unes setmanes, marquen a
Espanya un dels preus de l’energia més cars de tota Europa.
Contradiu el que sentim aquí i el que ens van dient sempre que els preus
són equiparables a nivell europeu. No, estem al marge alt en electricitat
i el gas dels països de la Unió Europea. I també la Comissió Europea
adverteix a Espanya que la seva política en tema de renovables i en temes
d’autoconsum s’escapa de la línia que hauria de ser. La Unió
Europea està elaborant ja un esborrany de projecte per treballar en
l’autoconsum.

Per què no convergim també en això, amb Europa? Per què no ens
assimilem en el que estan fent a França, Portugal, Alemanya o Dinamarca?
En aquests països que estan desenvolupant, bàsicament amb el projecte de
balanç net, però també donant suport als autoconsumidors i a la petita i
mitjana empresa perquè realment siguin contribuïdors a la generació del
sistema.

No ens enganyem. L’autoconsum és positiu pel sistema
elèctric. I quan alguns diuen que això, que s’han de posar peatges
simplement per poder accedir al sistema, simplement el que hem de donar a
entendre és que l’autoconsum el que fa és fer més fort el sistema
elèctric si es fa bé. I, per tant, el que nosaltres volem és que
l’autoconsum, no tan sols perquè ajudi al petit productor, al petit
empresari, al consumidor individual, que afavoreixi l’eficiència
energètica que —per cert, l’aplicació de la directiva
d’eficiència energètica per part d’Espanya és un zero a
l’esquerra, perquè no s’ha fet res—. Però tot això
també ajuda a fer un sistema més estable, més segur i més sostenible
mediambientalment i també econòmicament i a no tenir aquesta
dependència.

Per tant, nosaltres votarem a favor d’aquesta moció, ens
agradaria que el grup majoritari així ho fes i que poguéssim, en la
propera legislatura, a través d’un projecte de llei, definir un
gran model d’un sistema d’autoconsum per a l’estat
espanyol, perquè és necessari.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Gracias, presidente.

Nuestro grupo va a apoyar esta moción por dos aspectos
fundamentales: en primer lugar, de procedimiento. El Gobierno actual, el
Gobierno del Partido Popular, no tiene una política clara en materia
energética. El único discurso que oímos del ministro es que estamos
reduciendo las tarifas. No sé si él mira su recibo de la luz pero, la
verdad, yo lo hago y no veo esta reducción de la tarifa en ninguna parte.
En segundo lugar, porque solo tiene el discurso de competir, de trabajar,
de hacer política energética sobre la base de lo que sería eliminar el
déficit de tarifa o los déficit del sistema. Y en tercer lugar, porque
cuando el ministro se dirige a esta Cámara, siempre acaba diciendo: ¿por
qué algunos tenemos que pagar para que otros consuman y no paguen? La
verdad, esto es completamente una demagogia populista.

Nosotros nos manifestamos a favor de esta moción porque creemos
necesario que se retire el Real Decreto sobre autoconsumo. Recordemos que
en relación con el decreto del año 2011, que tenía cuatro meses para
implantarse —lo explica muy bien en su exposición de motivos la
senadora Salanueva—, no se ha hecho nada durante cuatro años, y
ahora, deprisa y corriendo, como se ha hecho con muchos otros proyectos,
hay que aprobar este decreto para que entre en vigor cuando estamos al
final de la legislatura. Creemos que se tiene que debatir en profundidad
la implantación del autoconsumo en el Estado español.

Nosotros siempre hemos reclamado un pacto de Estado para definir
una política energética clara entre todos, cosa que no existe ahora; lo
único que hacemos es tapar agujeros. Parece que defendemos a las grandes
corporaciones y que solo nos planteamos la política energética como una
política económica para salvar los déficits de tarifa o los déficits del
sistema.

Es necesario un pacto entre todos que nos permita definir cuál es
la línea energética de este país. En este sentido, evidentemente, el
autoconsumo es muy muy importante. Aquí no se ha trabajado sobre este
tema, y por eso pedimos que se retire este real decreto y que se tramite
como proyecto de ley, para que se pueda trabajar no solo con las fuerzas
parlamentarias, sino también con los miles y miles de personas, empresas
e instituciones que han presentado más de 12 000 alegaciones a la
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, básicamente
contrarias al desarrollo del decreto.

En definitiva, queremos que se elabore como proyecto de ley con el
fin de que podamos debatir en profundidad cómo afrontar el reto del
autoconsumo, porque también nos lo está pidiendo la Unión Europea. Las
últimas estadísticas de los precios de Eurostat publicadas hace unas
semanas ponen de manifiesto que el Estado español tiene uno de los
precios de la energía más caros de toda Europa. Esto contradice lo que
nos dicen siempre de que los precios son equiparables a nivel europeo.
No, estamos en el margen alto de electricidad y gas en comparación con
los países de la Unión Europea. También la Comisión Europea advierte a
España de que su política de energías renovables y de autoconsumo se
desvía de la línea a seguir. La Unión Europea está elaborando un borrador
de proyecto para trabajar en el autoconsumo.

¿Por qué no convergemos en esta cuestión con Europa? ¿Por qué no
nos asimilamos a lo que están haciendo en Francia, Portugal, Alemania o
Dinamarca? Estos países están desarrollando básicamente un proyecto de
balance neto, pero también están apoyando a los autoconsumidores y a la
pequeña y mediana empresa para que realmente contribuyan a la generación
del sistema.

No nos engañemos, el autoconsumo es positivo para el sistema
eléctrico. Y cuando algunos dicen que se tiene que poner peaje para
acceder al sistema, tenemos que dar a entender que al autoconsumo
fortalece el sistema eléctrico si se hace bien. Lo que queremos es que el
autoconsumo, no solo del pequeño productor, del pequeño empresario, sino
también del consumidor individual, favorezca la eficiencia energética
—por cierto, en relación con la publicación de la directiva de
eficiencia energética, España no ha hecho nada en este sentido—.
Todo esto ayuda a hacer a un sistema más estable, más seguro y más
sostenible medioambiental y económicamente y a no tener esta
dependencia.

Por tanto, vamos a votar a favor de esta moción. Nos gustaría que
el grupo mayoritario lo hiciera también y que en la próxima legislatura,
en un proyecto de ley pudiésemos definir un gran modelo para el Estado
español, porque es necesario.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sedó.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Medina.

El señor MEDINA TOMÉ: Gracias, presidente.

Señorías, no nos engañemos, lo que subyace detrás de esta
discusión son dos modelos de concebir la política energética y el sistema
energético en este país: frente a un modelo arcaico, basado en la
antigüedad, con un ministro petrolero, hay otra visión más moderna, con
amplitud de miras, que defiende las renovables y, consecuentemente,
defiende el autoconsumo, que pone en el centro de la discusión y de los
intereses no a las compañías eléctricas ni petroleras, sino al
consumidor. Eso es lo que estamos debatiendo aquí hoy, porque dentro de
veinticinco años —y quiero que esto lo oigan los jóvenes que nos
están escuchando—, el modelo energético del mundo girará en torno
al consumidor y a las empresas, no en torno a los intereses de las
compañías eléctricas y petroleras —los jóvenes que nos están
escuchando tendrán la oportunidad de constatar lo que estoy
diciendo—, y el Gobierno de España o se pone las pilas o llegaremos
tarde, como siempre, a muchas cosas que ya están ocurriendo en el mundo.
Eso es lo que se está discutiendo aquí.

Porque a ver cómo se explica que, coincidiendo en muchos aspectos
positivos del autoconsumo: promueve el desarrollo tecnológico, fomenta el
ahorro energético, reduce la dependencia energética del exterior, es
respetuoso con el medioambiente, contribuye a la lucha contra el cambio
climático y es más barato para el consumidor, España tiene la factura en
electricidad más alta de Europa, es el cuarto país con la factura más
cara; siendo un país líder en horas de sol, en los últimos diez años la
luz ha subido un 80 % y, sin embargo, los equipos fotovoltaicos un 70 %,
¿por qué diablos el Gobierno de este país se empeña en un decreto que va
en contra del mundo entero? Se trata de una regulación efectiva y de
facilitar a aquellos usuarios o empresas que quieran usar el autoconsumo.
Trabas que no existen en países punteros en esta materia: Japón, Bélgica,
Alemania, gran parte de los Estados Unidos. ¿Por qué en esos países no y
en España sí?

El Grupo Parlamentario Socialista ya se posicionó en relación con
este asunto con ocasión de la tramitación del Proyecto de Ley del sector
eléctrico, y los argumentos que esgrimimos entonces son ahora válidos con
este decreto que el Gobierno ha puesto sobre la mesa; decreto que, como
se ha dicho aquí, cuenta con el rechazo de todo el mundo, menos, como es
natural y como ha ocurrido en esta legislatura, del Grupo Popular que,
una vez más, se va a quedar solo en esta materia. Cuando el portavoz del
Grupo Popular suba a esta tribuna, tendrá que decir si es o no cierto que
el decreto introduce, no un impuesto al sol, dos; tendrá que decir si es
o no cierto que introduce una nueva tasa para quienes recurran a baterías
para acumular energía. El interés de que no se usen las baterías por la
noche no es del ciudadano, es de las compañías eléctricas, que han dicho
al Gobierno: cuidado, vamos a imponer una tasa al uso de las baterías
porque si tienen sol y consumen energía solar y la acumulan y por la
noche la usan, mal negocio. Esa es la realidad.

Expliquen si es verdad o no que este decreto incompatibiliza el
autoconsumo con acogerse al bono social, con lo cual el índice de pobreza
energética en este país va a aumentar considerablemente. Digan si es
cierto o no que este decreto facilita el autoconsumo a los consumidores
de mayor poder adquisitivo. Porque, señorías, este decreto, tal y como
está estructurado y diseñado, a quien favorece no es al consumidor.
Repito e insisto: favorece —y así parece estar diseñado— a
los intereses de las compañías eléctricas, intereses que parece defender
también el ministro Soria. Pónganse las pilas, señorías del Partido
Popular. Les queda poco tiempo; aprovéchenlo. Retiren este decreto;
retírenlo. Hagan un favor a los consumidores de este país, porque ustedes
van en sentido contrario a la lógica, a la racionalidad y, como dije al
principio, en sentido contrario a como circula el mundo en esta materia.
Y hagan las cosas bien; no se atropellen; hagan las cosas bien.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MEDINA TOMÉ: Voy terminando, señor presidente.

No nos acusen de no querer trabajar porque —y permítame,
señor presidente, diez segundos—, en relación con el trabajo
parlamentario, es lamentable que hoy la vicepresidenta del Gobierno haya
acusado a los socialistas de no querer trabajar los meses de julio y
agosto, pero no dice la causa, y la verdadera causa —y espero que
los medios de comunicación que nos estén oyendo así lo transmitan—
de nuestra indignación…

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor MEDINA TOMÉ:…es que el Gobierno pretenda
tramitar 47 proyectos de ley en mes y medio. Eso sí es lamentable.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Medina.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra
el senador Juncal.

El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.

No utilicé el turno en contra para agilizar el debate, y me
arrepiento en parte; pero tampoco se hagan ilusiones.

Señorías, ustedes cogen un tema y como creen que con él pueden
hacer daño al Gobierno, mezclan absolutamente todo y sin sentido.

Vuelvo a insistir en lo que se ha dicho —hemos tenido varios
debates sobre este tema—, vuelvo a insistir en lo mismo: una cosa
es autoconsumo, producir para uno mismo, y otra es cuando vamos al
mercado, donde rigen otras reglas.

Señora Salanueva, usted dice que es un ataque a la competencia.
No, no, es que la competencia desleal es la suya; lo que quieren imponer
con este sistema es competencia desleal. (Denegaciones de la señora
Salanueva Murguialday) Sí, sí; no diga que no. Si usted quiere cambiar
megavatios a las dos de la mañana por megavatios a las doce... Las cosas
son así, y es lo que pretenden ustedes.






Y lo que ha hecho el Gobierno de
una manera responsable es legislar, porque es preferible tener una
legislación —que, por supuesto, va evolucionando, como evoluciona
todo en la vida, y en algún momento habrá que retocarla y mejorarla si es
preciso— que no tenerla. Por lo menos, el Gobierno, por primera
vez, regula el autoconsumo, y lo hace respetando y vigilando el interés
general de todos los ciudadanos. Ustedes, el tema de la política lo
utilizan porque piensan que pueden hacer pupa al Gobierno, pero lo que
más me preocupa son sus medidas, sus conceptos, eso es lo que me
preocupa.

Por casualidad, en elEconomista de ayer había un artículo que
decía: «El calor funde un 25 % de la producción de las fotovoltaicas». En
el Mundo de ayer también se comentaba el tema de la placa solar más
batería, pero si siguen leyendo la noticia, recoge un primer documento de
trabajo de la Unión Europea. Esto está empezando y, desde luego, tiene
muchos problemas.

Si se toman también la molestia, por ejemplo, de ir a Red
Eléctrica Española y ver la demanda de ayer, podrán comprobar que de
energía fotovoltaica, cero. Ustedes tienen que saber que las renovables
tienen prioridad de acceso; es decir, cuando una unidad de producción de
renovable produce energía entra en la red antes que las otras. Como digo:
ayer, cero. La eólica, un 20 %, pero curiosamente el día anterior, el
día 6, la producción fue solo del 12 % ¿Con esto a dónde quiero llegar?
Pues a que el carbón supuso el 25,8 % de la producción; el ciclo
combinado, el 16 %; la eólica, como dije, el 20 %; la nuclear, el 21 %;
la cogeneración, 10 %; la solar térmica un 1,9 %.

Díganles a los ciudadanos que con la mala política del PSOE en el
sector eléctrico —tenemos, efectivamente, una de las energías más
caras de Europa—, esta producción de renovables cuesta a los
consumidores 7000 millones de euros al año en primas. Díganselo. Esa es
la política que hacen ustedes, la política que quieren hacer. Pues,
señorías, no. Este es un tema muy serio, y, desde luego, vamos a votar en
contra.

En la moción, tanto la senadora Salanueva como el PSOE dicen que
esto hay que estudiarlo, que lo retiremos porque hay que estudiarlo y
llegar a un consenso. Esto demuestra, de entrada, que no tienen claros
los conceptos y que quieren profundizar. Yo le he dado vueltas a esto; lo
que pasa es que, a estas alturas de la legislatura, ya no tiene
sentido.

Por tanto, como dijo el senador Alturo en su intervención del
pasado debate, les invito a ver el sistema eléctrico como un conjunto. En
la VIII Legislatura se hizo un trabajo sobre esta cuestión, y yo propongo
a aquellos que les toque o que estén aquí o en el Congreso en la
siguiente legislatura que se tomen esto en serio, porque es muy
importante. Pero, repito, hay que analizarlo todo y definir cuáles son
las energías de respaldo, y entre todos tenemos que sostener todo el
sistema. Lo que no puede ser es que, en este caso del autoconsumo, cuando
a mí no me funcione el panel, como está sucediendo estos días, me enchufe
a la red y no tenga que pagar. Tengo que contribuir como todos.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Por tanto, señorías, les invito a crear
en la próxima legislatura una comisión especial, incluso una comisión
mixta Congreso-Senado que estudie todo el sistema eléctrico, porque sería
positivo para el país si se hace con buena fe.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Juncal.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de
interpelación de la senadora Salanueva, del Grupo Parlamentario Mixto,
con la incorporación de la enmienda aceptada del Grupo Parlamentario
Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232;
votos emitidos, 231; a favor, 90; en contra, 141.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

El señor presidente da lectura al punto 5.4. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor, o
abandonen el hemiciclo en silencio. (Continúan los rumores).

Señorías, guarden silencio. (Pausa).

A esta moción consecuencia de interpelación se han presentado dos
enmiendas: una del Grupo Parlamentario Mixto a iniciativa del senador
Iglesias y otra del Grupo Parlamentario Popular.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador
Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.

El pasado 23 de junio el Grupo Socialista presentó una
interpelación al ministro de Justicia en la que se evidenció que el
Gobierno Popular no ha conseguido ni calmar los ánimos a los afectados ni
darles apoyo ni aliento ni asumir sus obligaciones como Gobierno de
España. En más de tres años y medio lo único que han hecho ha sido
repetir y repetir los mismos argumentos, una actitud desesperante y a la
par deplorable. Se lo decíamos el pasado día 23: nula gestión, nulo
interés y sobre todo silencio cómplice.

Siguen sin darse cuenta de que la democracia española necesita y
tiene la obligación de reconocer este problema de Estado porque necesita
saber qué ha pasado con más de 300 000 niños y niñas que desaparecieron
entre 1940 y 1990, y además, la sociedad española, señorías, necesita que
se investigue lo sucedido. Todavía hoy hay miles de ciudadanos españoles
que actualmente tienen una identidad falsa; todavía hay hoy miles de
ciudadanos españoles que no saben si fueron secuestrados, robados y
vendidos, y eso, sencillamente es imperdonable.

Ustedes se comprometieron —lo hizo el señor Gallardón,
aunque ahora don Rafael tire balones fuera, a pesar de que ayer en los
pasillos del Senado dijera otra cosa— a realizar pruebas de ADN; se
comprometieron a facilitar accesos a la información en los registros
civiles; se comprometieron a la investigación y a la aclaración de esta
trama. De esto no ha habido nada o casi nada, solo la apertura de la
oficina de información en la calle de la Bolsa en Madrid, que, según las
asociaciones, no genera ninguna confianza, y un grupo de trabajo
interministerial con escaso éxito. Mientras tanto, oscuridad en la
historia reciente de España; mientras tanto, los robos y las adopciones
que se produjeron por razones políticas, económicas y represivas siguen
sin ningún culpable y sin esclarecerse.

Señorías, fueron robos y adopciones con implicaciones médicas,
religiosas y funcionariales que han provocado miles de familias
destrozadas. Por ello, ustedes, que todavía gobiernan en España, tienen
la obligación política y moral de colaborar activamente para demostrar
definitivamente estas prácticas ilícitas y de que, por fin, se conozca la
verdad de la verdad. Por eso reiteramos la pregunta fundamental en esta
trama: ¿Por qué no se quiere contribuir al conocimiento y esclarecimiento
de estos hechos? ¿Por qué no se busca a los culpables? Las víctimas y sus
familias tienen el derecho y el deber de saber.

Por ello, presentamos esta moción, con siete objetivos, que
esperamos sea apoyada en esta Cámara. Si hoy somos capaces de sacar
adelante entre todos esta moción, habremos dado el paso más importante en
los últimos veinte o treinta años para esclarecer esta trama de los bebés
robados. Creemos, sinceramente, que esta Cámara debe demostrar su
generosidad para con estas familias que lo necesitan.

En primer lugar, todas las instituciones debemos trabajar y
colaborar, debemos impulsar y prometer el cumplimiento de lo establecido
por los juzgados, que han venido señalando la entrega de datos o el
acceso a historias clínicas.

En segundo lugar, los padres y los hijos necesitan encontrarse.
Para ello proponemos la creación de una mesa permanente de trabajo con
representación de las asociaciones de los afectados y reordenar y dotar
de capacidad a la oficina de atención para que de verdad auxilie y
favorezca en la resolución de este problema.

Una tercera propuesta es la creación de una sección especializada
en la Fiscalía General para que investigue coordinadamente los hechos en
colaboración con una unidad de la Policía Judicial dedicada
exclusivamente a esta tarea. ¿Por qué? Porque se debe promover una
investigación efectiva e independiente, objetiva y práctica y no dejar
que las investigaciones recaigan exclusivamente en los hombros de las
familias.

Señorías, es necesario, y esa es nuestra cuarta propuesta, que
todos estos delitos de robos de bebés sean tipificados como delitos de
lesa humanidad y, por tanto, sean imprescriptibles, porque es un delito
que está recogido en el artículo 131.4 de nuestro Código Penal y en el
propio derecho internacional. No hay que tener miedo a reconocer que se
produjo un ataque sistemático organizado contra miles de madres, a las
que se les produjo un grave sufrimiento físico y mental, y hay que
comprometerse a buscar, localizar y restituir.

Nuestra quinta propuesta es garantizar a las víctimas un apoyo
jurídico, psicológico y asistencial, reconociéndoles el derecho a la
asistencia jurídica gratuita, así como la financiación de las pruebas de
ADN.

Es necesaria, y esta sería nuestra sexta propuesta, la creación de
una base de datos identificadores de ADN cierta y real para así poder
buscar, localizar y restituir, como decía.

Por último, se debe crear una comisión de la verdad en relación
con los hechos de los robos y adopciones irregulares ocurridos entre 1940
y 1990; una comisión que contribuya al esclarecimiento de los hechos; una
comisión que asuma el compromiso de la verdad, la justicia y la
reparación de las familias afectadas; una comisión que elabore un plan de
trabajo con una hoja de ruta que favorezca la investigación de los hechos
y evite futuras situaciones similares. Y para culminar, una comisión
nacional de desaparecidos, porque en España existió una red organizada de
tráfico de bebés robados, un drama silenciado que no se cerró en la
Transición, por lo que a estas alturas ya no cabe más pasividad, más
lentitud ni más desprecio a la víctimas.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Término, señor presidente.

El Grupo Socialista presenta esta moción para que esta Cámara
demuestre su voluntad política y la apoye con sus votos, porque la
sociedad española que quiere ser una sociedad libre y prosperar tiene que
llegar a un compromiso con la verdad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez
Esquerdo.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

La enmienda que formulo plantea que de forma expresa la moción
recoja que en el emplazamiento que realiza a la colaboración de las
personas físicas y jurídicas en la investigación de los hechos
relacionados con el caso de los bebés robados, por simplificar, se amplíe
a la Iglesia católica la exigencia de facilitar la apertura de sus libros
bautismales y de celebración de funerales. Cabría interpretar, y en la
primera lectura de la moción así lo hice, que ese emplazamiento estaba
incluido de forma implícita con la referencia a las personas jurídicas,
toda vez que la Iglesia tiene reconocida esa condición en el artículo 1
del Acuerdo de 3 de enero de 1979, sobre asuntos jurídicos, que forma
parte del concordato, y en el Código de Derecho Canónico de 25 de enero
de 1983 también se la califica como persona jurídica de derecho divino.
Lo que ocurre es que la interpretación que de esa condición han realizado
los tribunales españoles exige que aclaremos expresamente en la moción
esta obligación.

La Audiencia Nacional entendió, en una sentencia dictada a partir
de un procedimiento que se inició como consecuencia de que un ciudadano
solicitó a la Iglesia católica que le considerara apóstata y que, por lo
tanto, le borrara de sus libros y registros, que «la Iglesia católica
española —y leo literalmente— es un sujeto de derecho
exactamente igual que cualquier otra persona jurídica reconocida y tiene
que respetar los mismos principios y normas legales que el resto de la
ciudadanía, y sus archivos deben estar, como todos, al servicio del bien
común de los ciudadanos que los precisan para ejercer sus derechos
legítimos, y al servicio, por encima de todo, de la justicia.» Parece muy
razonable este pronunciamiento de la Audiencia Nacional, sin embargo el
Tribunal Supremo no lo consideró tan razonable y revocó esta sentencia
acogiendo la argumentación de la Iglesia católica y de la Agencia
Española de Protección de Datos y diciendo que los libros de bautismo no
pueden ser considerados como ficheros, puesto que son una pura
acumulación de datos que comportan una difícil búsqueda, acceso e
identificación ya que no están ordenados ni alfabéticamente ni por fecha
de nacimiento, sino solo por las fechas de bautismo.

He de reconocer que el ponente de esta sentencia ha sido ingenioso
al encontrar unos elementos de diferenciación entre el concepto registro
o archivo y los libros de bautismo de la Iglesia católica en esos
términos. Pero es precisamente esa doctrina —que, además, contó
incluso con el respaldo del Tribunal Constitucional— la que exige
hoy que formule esta enmienda a la moción para que quede clara la
necesidad de colaboración de la Iglesia católica con sus documentos,
porque son básicos, un elemento de investigación y prueba fundamental
para intentar seguir el rastro de los nacimientos que dieron lugar a los
casos de los bebés robados.

Como ya dije en el Pleno anterior, a mí me sorprendió la actitud
del señor ministro de Justicia en su intervención como respuesta a la
interpelación que se le hizo desde los bancos del Grupo Socialista,
porque considero que un ministro de Justicia tiene que ser quien con
mayor fervor defienda la necesidad de que la Administración de Justicia
cumpla todas sus funciones, y entre ellas está, sin duda, investigar unos
hechos que a simple vista reúnen características propias de un tipo
delictivo del Código Penal. Luego podemos entrar en el debate de la
prescripción o no prescripción, pero hay supuestos denunciados que en
ningún caso han prescrito y que se han cometido ya dentro del proceso
democrático y, por tanto, las denuncias formuladas —algunas de
ellas hace ya bastantes años— permiten sin sutilezas jurídicas con
relación a la caracterización o no de esos delitos como de lesa humanidad
—y, por tanto, sin entrar en el debate sobre la prescripción o no
de estos— una acción contundente de nuestra Administración de
Justicia.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra la senadora Franco.

La señora FRANCO GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.

Quiero comenzar este turno de defensa de la enmienda transaccional
que presenta mi grupo parlamentario precisamente con un mensaje de
solidaridad y apoyo a todos los afectados por la sustracción de recién
nacidos en nuestro país. Porque lo cierto es que cada vez que hemos
abordado en esta Cámara —donde ya ha habido varias iniciativas
parlamentarias en este sentido o incluso comparecencias monográficas en
la Comisión de Justicia o en la Comisión Especial de personas
desaparecidas sin causa aparente, de la que no formé parte—, como
les decía, cada vez que hemos abordado esta cuestión en esta Cámara lo
cierto es que a todos nos invade un sentimiento de indignación al pensar
cómo es posible que en nuestro país, y durante tantos años —no solo
durante la dictadura franquista, sino también en plena democracia, en las
décadas de los ochenta y de los noventa—, se hayan producido robos
de bebés, se haya producido tal ataque, tal atentado hacia el derecho de
las personas a vivir con su familia.

Senador Esquerdo, le aseguro que su sensibilidad no es superior a
la mía, ni tampoco lo es la de su grupo respecto de la del resto de los
grupos presentes en esta Cámara, porque ante hechos tan terribles, solo
cabe una reacción, que es la de repulsa y condena, la aplicación de la
Justicia para acabar con la impunidad de los responsables, y también la
de la solidaridad, el apoyo y la atención con todos los medios legales a
nuestra disposición para los afectados, para las víctimas de tales
hechos.

Precisamente para tratar de mejorar la respuesta que las
instituciones están ofreciendo a los afectados es por lo que, con un
mensaje constructivo y realmente orientado a tender puentes y a buscar
consensos —por supuesto con el grupo proponente, pero también con
el resto de los grupos de la Cámara—, el Grupo Parlamentario
Popular ha presentado esta enmienda de modificación, una enmienda amplia
que recoge varias de las cuestiones que incluye el Grupo Socialista en su
moción y que a continuación les paso a explicar: en primer lugar,
impulsar convenios de colaboración con las instituciones y personas
públicas y privadas implicadas, con el fin de aumentar la cooperación y
el intercambio de información a la hora de facilitar la acción de la
justicia. En segundo lugar, crear, por supuesto, una mesa permanente de
trabajo donde estuvieran representadas las asociaciones de afectados, los
ministerios de Interior, de Justicia y de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, así como el resto de instituciones implicadas, con el fin de
analizar la situación, intercambiar información, y, fruto de ese
intercambio, poder proponer o llevar a cabo un adecuado proceso de
retroalimentación de las medidas adoptadas y mejorar las mismas. En
tercer lugar, la creación de la figura de un fiscal coordinador
especializado en materia de sustracción de menores en el ámbito del
Ministerio de Justicia, lo que, por otra parte, va a redundar también en
una mejora de la coordinación entre la Fiscalía General del Estado y los
ministerios de Interior y de Justicia. En cuarto lugar, seguir
introduciendo medidas legales y reglamentarias, orientadas a que estos
hechos tan graves no vuelvan a ocurrir nunca en nuestro país —hoy
veremos un ejemplo en este Pleno con las modificaciones que se van a
introducir a través del ahora proyecto de ley del Registro Civil—.
En quinto lugar, impulsar esa oficina de atención que el Ministerio de
Justicia ha puesto a disposición de los afectados, con nuevos servicios
de orientación jurídica, de apoyo psicológico y de información, aumentado
no solo las funciones, sino también los medios puestos a disposición de
esta oficina. En sexto lugar, mejorar las estadísticas para tener datos
reales de la dimensión de esta problemática. Y, por último, crear en el
seno de esta Cámara —la Cámara Alta, el Senado— una
subcomisión, que tendría la finalidad de contribuir a un mejor
conocimiento de esta materia y que, fruto de su labor y de su trabajo,
proponga medidas que favorezcan el esclarecimiento de los hechos y eviten
además su futura comisión.

Termino ya. Hace ya tiempo leí una entrevista a una escritora que
había publicado un libro sobre bebés robados y señalaba que a las
familias que han sufrido este tremendo daño, además, les han cercenado la
confianza, porque, precisamente, están involucradas en el robo de esos
niños personas en las que nosotros habitualmente depositamos nuestra
confianza.

Yo ruego al Grupo Parlamentario Socialista que, de verdad, podamos
llegar a un consenso, que valoren la enmienda de modificación que les
proponemos, que es muy amplia. Si conseguimos lograr ese consenso,
podremos, entre todos, contribuir a seguir arrojando luz sobre estos
hechos tan oscuros y tan terribles y además, seguir en ese proceso de
intentar reconstruir la confianza de las personas afectadas y
trasladarles el mensaje de que, aunque el camino sea complicado, todos
estaremos a su lado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Franco.

Tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo, para indicar si
acepta o no las enmiendas.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias de nuevo, señor
presidente. Señorías, brevemente.

Respecto a la enmienda presentada por el senador Iglesias
—al que felicito por su trabajo en esta Cámara—, el Grupo
Socialista no tiene inconveniente en aceptarla, ya que, como él decía,
aclara más, si cabe, el apartado 1.a) de nuestra moción, al añadir los
archivos parroquiales de bautismos y de funerales. Por lo tanto,
aceptaremos la enmienda.

En cuanto a la enmienda del Grupo Popular, le diría a la señora
Franco que yo no dudo de su sensibilidad y que hoy tendría muy fácil
apoyar la moción que presenta el Grupo Socialista. Pero es que ustedes
—lo ha repetido en dos ocasiones en esta tribuna, y yo quiero que
quede muy claro para quien nos oye, para quien nos ve y para que conste
en el Diario de Sesiones— no presentan una enmienda de
modificación, ustedes están presentado una enmienda de sustitución con
texto alternativo; están cambiando la moción que presenta el Grupo
Socialista en nombre de todas las asociaciones por una enmienda suya. No
modifican nada, lo sustituyen, señora Franco. Es una enmienda con texto
alternativo, texto alternativo que yo definiría a la vez como asombroso y
como penoso. Dice usted que pretenden firmar convenios de colaboración
para facilitar intercambios de información. ¿Ahora? ¿Ahora, a estas
alturas? Que quieren crear una mesa de trabajo para analizar e informar.
¡Pero si llevan dos años sin que les reciba el ministro y más de ocho
meses esperando a que este Senado admita la comparecencia de las
asociaciones en la Comisión de Justicia y más de cuarenta años esperando
la verdad, señora Franco! Nombran un fiscal coordinador para reforzar la
coordinación. Que me explique alguien, a ver quién lo entiende, que un
fiscal coordina para reforzar la coordinación. Lo que piden las
asociaciones es un fiscal que investigue, que intervenga, no que coordine
para coordinar. Pretenden seguir impulsando —creo que esto va de
broma porque en todo este tiempo no han hecho nada—..., y dice
usted que van a adoptar medidas para ampliar las funciones de la oficina.
¿Pero no decía don Rafael que funcionaba a la perfección y que este
senador estaba yendo en contra de los funcionarios de esa oficina?
Señorías, hay que reordenar la oficina y no hacer lo que dicen
ustedes.

En cuanto a su sus dos últimas propuestas, si no son una burla,
son un auténtico despropósito. Mire, pretenden mejorar las estadísticas
para conocer los datos reales. ¿Pero ustedes creen que las asociaciones
pretenden y quieren mejorar las estadísticas? Lo que quieren las madres
es conocer a sus hijos y los hijos conocer a sus madres, no mejorar
estadísticas. Y quieren crear una subcomisión en este Senado. Señora
Franco —con el aprecio que le tengo—, hace ocho meses le
pedimos en la Comisión de Justicia una comparecencia de las asociaciones
para que por primera vez en democracia fueran escuchadas en este Senado,
en el Parlamento español. No recibimos ni una sola respuesta, ¿y ustedes
dicen ahora que quieren crear una subcomisión?

Mire, señora Franco, en este problema, en esta lacra, ya no tienen
ningún crédito ni ninguna credibilidad. ¿Sabe lo que decía Konrad
Adenauer? Decía que cuando los políticos no tienen capacidad de gobernar
lo que hacen es crear comisiones —en este caso, subcomisiones en el
Senado—. Déjense ya de cortinas de humo y aprovechen los últimos
días que les quedan en el Gobierno para dar a las víctimas lo que de
verdad solicitan: soluciones reales.

Evidentemente, no aceptaremos la enmienda que, reitero, propone un
texto alternativo y que, además, pone —en mayúsculas—:
ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN, no «enmienda de modificación».

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Rodríguez Esquerdo.

¿Turno en contra? (Denegaciones). No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora
Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Bon dia.

És evident que aquesta moció, a criteri d’Esquerra
Republicana, és necessària i és pertinent. És una obligació ètica que
tenim plegats; és un deute que tenim com a societat. El petitum de la
moció —nosaltres el compartim— detalla tot allò que
s’hauria de fer, allò que s’ha de fer, i allò que no
s’ha fet. Estaria bé que aquesta vegada no decebéssim més a ningú.
Per una banda, a les mares, aquelles mares a les quals els va ser
arrabassat el seu fill, i per altra banda, als fills que n’estan
patint les conseqüències. I, per descomptat, no decebre més a la
ciutadania, a nosaltres mateixos. Una societat madura democràticament
exigeix que l’Estat respongui i doni resposta per tal de restituir
i reparar els drets que han estat vulnerats.

Ningú no posa en dubte que estem davant d’uns fets
gravíssims, qualificables de crim, de crim contra la humanitat, i el
Govern de l’Estat espanyol no es pot mantenir al marge, ha de
respondre i ha de donar solucions. En té l’obligació.

Els nens i les nenes robats són també víctimes d’un règim
totalitari, genocida, que fou evidentment el franquisme. Ja sabem què
passa cada vegada que s’invoca la necessitat de saber la veritat i
que aquesta aflori.

Pel que fa a l’Estat espanyol, fa dos anys que el Ministeri
de Justícia es va comprometre a donar resposta a les peticions que
formulaven els afectats, però la crua realitat és que no s’ha fet
res i, sembla ser, que de moment només s’anuncia que es volen fer
coses.

Aquesta trama consistia en sostreure els nadons nounats que
estaven perfectament de salut i l’excusa era dur-los a la
incubadora. Poc temps després, un capellà o una monja comunicaven a la
família la mort del nadó i els pares mai no en veien el cos. Una altra
forma de procedir era afirmar que la criatura havia mort durant el part.
Aquest comportament tenia complicitats dels pares no biològics, aquells
que pagaven diners pel nadó sostret i participaven de l’engany
simulant un suposat embaràs i un part que, en molts supòsits, es produïa
en el mateix hospital on naixia la criatura. El clima de por que
comportava l’Església i el règim franquista tancava qualsevol desig
o intent de denunciar els fets.

Pot una societat madura democràticament, ètica i civilitzada
amagar aquests fets? Senyories, cal que recordem que durant la dictadura
franquista els nens es van convertir en el sector més vulnerable de la
població, sobre el qual l’Estat va estendre tots els seus
tentacles. Cal que recordem que la repressió es va estendre als nens
fills de republicans. Metges i religiosos van arrabassar il·lusions i
esperances a uns pares i en van utilitzar l’engany per vendre
il·lusions i esperança a d’altres. Van convertir els nens en
mercaderies i se’n van lucrar. Aquesta trama organitzada va ser
possible perquè l’Estat ho facilitava i l’Església ho
justificava.

Estem davant d’una pàgina negríssima de la història de
l’Estat espanyol. Tot va començar essent part d’una operació
d’extermini d’unes tendències polítiques a les presons de la
postguerra. Es va estendre i generalitzar per diferents i diverses
maternitats fins ben entrats els anys vuitanta. Es va convertir en un
lucratiu negoci de compravenda de nounats, on els principals implicats
n’eren els religiosos, metges i persones vinculades a
l’aparell de l’Estat franquista que continuava perpetuant-se
i que legalitzava les adopcions.

Des d’Esquerra Republicana exigim que s’acabi amb la
impunitat i l’oblit. Donem suport a aquesta moció conseqüència
d’interpel·lació perquè no podem tornar a fallar a les víctimes,
perquè no ens podem fallar a nosaltres mateixos com a persones, perquè
cal saber la veritat d’allò que va passar, perquè hi ha mares i
pares que encara busquen els seus fills o filles, i perquè hi ha fills
que no saben qui són realment els seus pares i tenen dret a saber-ho,
tenen dret a la veritat biològica. Cal per totes aquelles persones que
han lluitat i lluiten per recuperar la seva identitat i la seva vida.; en
tenen el dret i nosaltres en tenim el dret i també l’obligació, i
és el nostre deure.

Per això, nosaltres donem suport a aquesta moció conseqüència
d’interpel·lació.

Gràcies. (Aplaudiments).

Buenos días.

Es evidente que esta moción, según el criterio de Esquerra
Republicana, es necesaria y pertinente. Es una obligación ética que
tenemos todos; es una deuda con la sociedad. Compartimos el petitum de la
moción: todo lo que se debería hacer y todo lo que no se ha hecho.
Estaría bien que esta vez no decepcionáramos a nadie: ni a aquellas
madres a las que les sustrajeron sus hijos, por un lado; ni a los hijos
que han estado sufriendo las consecuencias, por otro lado. Y, por
descontado, estaría bien que nosotros no defraudáramos más a la
ciudadanía. Una sociedad madura democráticamente exige que el Estado dé
respuesta para restituir y reparar los derechos que han sido
vulnerados.

Nadie pone duda que estamos ante unos hechos gravísimos,
calificables como crímenes contra la humanidad, y el Gobierno del Estado
español no se puede mantener al margen, debe responder y dar solución. Es
su obligación.

Los niños y niñas robados son también víctimas del régimen
totalitario genocida que fue evidentemente el franquismo. Sabemos lo que
sucede cada vez que se invoca la necesidad de saber la verdad, de que
esta aflore.

En cuanto al Estado español, hace dos años el Ministerio de
Justicia se comprometió a dar respuesta a las peticiones que formulaban
los afectados, pero la cruda realidad es que no se ha hecho nada. Y por
el momento solo se anuncia que se quieren hacer cosas.

Esta trama consistía en sustraer a los recién nacidos que estaban
perfectamente de salud, y la excusa era llevarlos a la incubadora. Poco
después, un cura o una monja comunicaba a la familia la muerte del niño y
los padres nunca veían su cuerpo. Otra forma de proceder era decir que la
criatura había muerto durante el parto. Este comportamiento tenía la
complicidad de los padres no biológicos, aquellos que pagaban dinero para
esta sustracción y que participaban simulando un supuesto embarazo y un
parto, en muchos supuestos en el mismo hospital en el que se producían
los hechos. Lo que comportaban la iglesia y el régimen franquista hacía
que no se denunciaran estos hechos.

Una sociedad madura democráticamente, ética y civilizada no puede
esconder estos hechos. Hay que recordar que durante la dictadura
franquista los niños se convirtieron en el sector más vulnerable de la
población sobre la que el Estado extendió todos sus tentáculos. Se debe
recordar que la represión se extendió a los niños republicanos. Médicos y
religiosos quitaron las ilusiones y esperanzas a unos padres para
dárselas a otros. Convirtieron a los niños en mercancías y se lucraron de
ello. Esta trama organizada fue posible porque el Estado lo facilitaba y
la iglesia lo justificaba.

Estamos ante una página negrísima de la historia del Estado
español. Todo empezó siendo parte de una operación de exterminio de unas
tendencias políticas en las presiones de la posguerra. Se extendió y
generalizó por distintas y diversas maternidades hasta bien entrados los
años ochenta. Se convirtió en un negocio lucrativo, cuyos principales
implicados eran religiosos, médicos y personas vinculadas al aparato
franquista del gobierno, que perpetuaba y legalizaba estas
adopciones.

Esquerra Republicana exige que se termine con la impunidad y el
olvido. Por tanto, apoyamos esta moción consecuencia de interpelación
porque no podemos volver a fallar a las víctimas, porque no nos podemos
fallar a nosotros mismos como personas y porque hay que saber la verdad
de lo que sucedió, porque hay madres y padres que todavía buscan a sus
hijos e hijas y porque hay hijos que no saben quiénes son realmente sus
padres y tienen derecho a saberlo, tienen derecho a la verdad biológica.
Es necesario por todas aquellas personas que han luchado y luchan por
recuperar su identidad y su vida, tienen su derecho, nosotros tenemos el
derecho y también la obligación, y es nuestro deber. Por eso nosotros
apoyamos esta moción consecuencia de interpelación.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Senador Iglesias, tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

En mi breve intervención, voy a seguir haciendo referencia a los
contenidos del libro del presidente de la plataforma de asociaciones que
busca a niños robados, Francisco González de Tena.

Estamos ante una de las páginas, efectivamente, más negras de
nuestra historia que se desarrolló a lo largo prácticamente de cincuenta
años; una página que se inició como un mecanismo más de represión de la
disidencia, con una base ideológica del psiquiatra Vallejo-Nájera, que se
había formado en la Alemania nazi, que teorizaba la existencia de un gen
rojo que causaba taras mentales e inferioridad racial, que llevaba a
conductas psicópatas y antisociales, frente al cual era imprescindible la
segregación desde la infancia para que en una familia modelo del
franquismo se formara de manera adecuada y se corrigieran los impulsos
naturales que se derivaban de dicho gen. Ello sirvió de base para una
práctica amplia de robos de bebés en los primeros años de la dictadura.
No es fácil saber cuántos bebés se robaron. Según el auto de Baltasar
Garzón, de noviembre de 2008, con el que se iniciaron todos sus
problemas, fueron más de 30 000. En esa primera fase ideológica no era
tampoco extraño que hubiera además una compensación económica para
quienes participaban en el expolio de los hijos. Con el avance del
tiempo, fueron los aspectos económicos los que arrojaron a un lado la
base ideológica, y en los sesenta y setenta, se trató de un negocio a
costa de las familias humildes.

Sea como respuesta a quienes se vieron privados de su descendencia
por motivos ideológicos rechazables o a quienes lo fueron por motivos
meramente mercantiles, sería necesario que hoy esta Cámara respaldara
mayoritariamente la moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el
senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Arratsalde on, mahaiburu jauna.
Arratsalde on, senatari jaun-andreok.

Señorías, este tema de los bebés robados ha sido uno de los
empeños del Grupo Vasco en esta legislatura y también de este portavoz
que les habla. De hecho, mi primera iniciativa en el Senado fue una
interpelación y su consecuente moción —como en este caso—
sobre este mismo asunto allá por febrero o marzo de 2012; por tanto,
volvemos otra vez sobre lo mismo. Y lo hicimos en aquel momento porque
cambiábamos de legislatura —pasábamos de la IX al X—. En la
IX Legislatura se tomaron decisiones y hubo comparecencias impresionantes
en el Congreso —algo que se puede comprobar si se leen los Diarios
de Sesiones— y queríamos volver a traer en la X Legislatura
—por lo menos al Senado— este asunto para seguir insistiendo
—como decía la otra, en el candelabro— y conseguir lo que se
pudiera, que al final es el esclarecimiento de los hechos.

También hicimos una pregunta al anterior ministro de Justicia allá
por septiembre de 2013 y solicitamos cuatro importantes comparecencias en
la Comisión de Justicia precisamente para profundizar en alguna de las
quejas recurrentes que tenían y tienen las asociaciones de víctimas.
Pedimos la comparecencia del director de la Agencia Española de
Protección de Datos —porque se utiliza el pretexto de la Ley de
Protección de Datos muchas veces precisamente para no cumplir la
ley—; pedimos la comparecencia de la directora del Instituto
Nacional de Toxicología porque las asociaciones no están o no estaban
—y supongo que no lo están— contentas con el sistema de
trabajo del propio Instituto Nacional de Toxicología, y sin el Instituto
Nacional de Toxicología difícilmente se puede avanzar en este tema;
pedimos la comparecencia de don Francisco Echevarría, que es un reputado
especialista forense; y pedimos la comparecencia de la Fiscalía General
del Estado porque en aquel momento —y ese fue el origen de la
pregunta del 2013— había problemas con las fiscalías: no había
coordinación, había una circular, la 2/2012, que se estaba cumpliendo de
manera muy irregular, cuando no se cumplía entre los propios fiscales, y
queríamos saber por qué. La Fiscalía no vino, dijo que no solía acudir
cuando había casos sub iúdice. Nosotros no queríamos hablar de ningún
caso concreto sub iúdice, queríamos hablar de la actitud de la Fiscalía y
de qué se podía hacer desde la Fiscalía para que esta situación mejorara.
De hecho, ahora estamos hablando, volvemos a hablar de nuevo de un fiscal
especial que ya se podía haber tenido nombrado desde el 2014.

Permítame que me cite a mí mismo —válgame la modestia, o la
inmodestia, mejor dicho— en mi intervención sobre la Fiscalía,
durante la pregunta al señor ministro Ruiz-Gallardón. En aquel momento
veníamos de una comparecencia en junio de las dos principales
asociaciones de víctimas, que eran Anadir y la Plataforma de Afectados
Clínicas de toda España, que nos habían dicho lo que estaba sucediendo
con la Fiscalía. Hicimos la pregunta y en ese discurso dije lo siguiente:






«Este es un problema, señorías, que el ciudadano normal no lo puede
entender. Realmente no es fácil entender para nadie por qué tenemos
iniciativas aprobadas por unanimidad, tanto en el Congreso como en el
Senado, en comisiones y en plenos. Los gobiernos, este y el anterior, se
comprometieron a trabajar seriamente en este tema. Hay acuerdos de
parlamentos, de gobiernos autónomos e incluso de gran cantidad de plenos
municipales y aun así un gran colectivo de ciudadanos, víctimas y
familiares, sigue sin saber a quién recurrir para ver defendidos sus
derechos.» Y seguía: «Los ciudadanos no han elegido directamente ni a los
jueces ni a los fiscales y no entienden todos esos matices que nosotros,
como legisladores, podemos poner encima de la mesa, son matices para las
víctimas. Nos han elegido a nosotros y al Gobierno para que defendamos
sus intereses y hagamos todo lo posible para que la vida de todos sea
mejor y más justa.» Esto fue lo que, con mayor o menor acierto, nos
demostraron las víctimas que estuvieron en el anterior Pleno en la
tribuna de invitados, y lo hicieron porque sigue este tema entre las
tareas pendientes.

Senadora Franco, me alegra que haga esta propuesta, pero creo que
todo lo que usted ha planteado en esta propuesta estaba incluido en la
moción consecuencia de interpelación aprobada por unanimidad en esta
Cámara en marzo de 2012. Estamos en julio de 2015 y volvemos a hablar de
lo mismo. Pasó la IX Legislatura, estamos en la X Legislatura, y estamos
en el punto no digo cero —porque no es cierto que estemos en el
punto cero—, pero un poquito más adelante que el punto cero, y las
víctimas siguen no sintiéndose respaldadas ni comprendidas por el
Gobierno ni por las cámaras.

Por eso, señorías, vamos a apoyar esta moción. Pensamos que es una
moción amplia, que puede tener muchísimos matices. Nosotros podíamos
haber insistido también…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor CAZALIS EIGUREN: Sí, señor presidente, termino en dos
segundos.

Podíamos haber intentado enmendarla, pero no creo que sea momento
de entrar en matices, sino de coger el texto como está y empezar a
trabajar, y en cada punto seguro que habrá matices, y tendremos que
respetar el derecho a conocer, el derecho al olvido, todo ese tipo de
cosas que hay que hacer. No podemos esperar. Empieza la XI Legislatura y
volvemos a lo mismo. En febrero presentaremos otra vez otra interpelación
y volveremos a discutir de lo mismo con el nuevo ministro o ministra.
Tenemos que terminar con esto, señorías, porque es el día de la
marmota.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el
senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gràcies, senyor president.

Señorías, continuaré en castellano, aunque el Reglamento de la
Cámara me permite hablar en catalán. Sabedor de que hay personas muy
interesadas en la cuestión que estamos tratando, intentaré hacer
traducción simultánea de mis propias notas.

Según las asociaciones de afectados, decenas, incluso centenares
de miles de niños fueron robados, arrebatados a sus padres y vendidos,
principalmente entre los años cincuenta y noventa del siglo pasado.
Estamos hablando de una verdadera trama, de una verdadera red organizada
de tráfico de niños recién nacidos a lo largo y ancho de nuestro país.
Por lo tanto, estamos hablando de delitos gravísimos: secuestro, rapto,
desaparición, posterior venta, etcétera.

Esta situación ha sido tratada en diversas ocasiones en las
cámaras legislativas e, incluso, hemos encontrado una referencia en las
Juntas Generales de Guipúzcoa del año 2012 —si no me
equivoco—. Esta misma casa, el Senado, ha sido pionera en el
estudio de la problemática de las personas desaparecidas. A pesar de que
el drama de los niños robados no era el objetivo principal de la Comisión
Especial para el estudio de la problemática de las personas desaparecidas
sin causa aparente, esta cuestión también fue tratada en dicha comisión.
De hecho, la primera de las casi veinte comparecencias que se
sustanciaron en esta comisión especial fue la del señor Conde Díez,
director general de Relaciones con la Administración de Justicia, el
día 3 de junio del año 2013, comparecencia que se centró únicamente en el
asunto de los bebés robados. El resumen de su intervención se centró en
dos cuestiones: en primer lugar, en la creación de un grupo de trabajo y,
en segundo lugar, en la creación de una oficina, la cual se había
inaugurado poco antes de dicha comparecencia, en el mes de febrero
de 2013. Dos años después, durante una interpelación en el Pleno pasado,
el ministro dijo lo mismo. Por tanto, desde el año 2013 hasta hoy no ha
habido ninguna novedad: grupo de trabajo y creación de una oficina.
Evidentemente, estas medidas son absolutamente insuficientes para las
asociaciones y colectivos afectados, que piden una oficina de
coordinación para la búsqueda de los niños y niñas desaparecidos, la
elaboración de una base de datos de ADN de víctimas y familiares pública,
contrastada, eficaz y eficiente. Asimismo, piden facilitar el acceso a la
información solicitada por las víctimas y familiares a través de una
interpretación flexible de la Ley de protección de datos. Pero con toda
seguridad, el asunto más controvertido es el papel de la Fiscalía, que,
como ya se ha comentado, en muchos casos archiva sin más trámites
numerosos expedientes, haciendo imposible el trabajo de los funcionarios
—por otra parte, altamente cualificados e implicados personalmente
en el tema—. Es decir, lo que reivindican las asociaciones de los
afectados es que el Gobierno y la Administración pública sean proactivos
y lideren políticamente esta cuestión como un tema de Estado, es decir,
que asuman el papel de investigador y no actúen únicamente a instancias
de parte.

Finalizo, señorías. Compartimos los argumentos expresados por el
senador Rodríguez Esquerdo en la interpelación, y también compartimos la
parte dispositiva de esta moción consecuencia de interpelación. Por lo
tanto, obviamente, votaremos a favor de la moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bruguera.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, tiene
la palabra la senadora Rieradevall.

La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor presidente.

Al igual que el senador que me ha precedido en el uso de la
palabra, por deferencia a los presentes en la tribuna que no tienen
acceso al servicio de traducción simultánea, voy a intentar traducir al
español mis notas en catalán, para que entiendan mi intervención.

Queremos manifestar la indignación del Grupo de Convergència i
d’Unió por los hechos execrables que con el tiempo hemos ido
conociendo sobre el asunto de los bebés robados. Consideramos que los
poderes públicos deben sentirse llamados a la búsqueda de la verdad, a
depurar responsabilidades y a paliar, en la medida en que sea posible,
los efectos que han causado estos robos de recién nacidos.

Nos encontramos ante un hecho penal de gran relevancia. Estamos
ante una trama organizada de delincuentes, en muchos casos, y por estos
daños causados no solo tienen que exigirse responsabilidades, sino que
tenemos que saber también lo que realmente pasó. Por lo tanto, es
necesario investigar, es necesario saber la verdad, es necesario depurar
responsabilidades civiles y penales, y es necesario paliar, tanto como
sea posible, el dolor causado.

Consideramos que se deben adoptar medidas para evitar el fracaso y
el archivo masivo de las diligencias de investigación en el caso de los
robos de bebés, pero solo con buenas palabras no alcanzaremos estos
necesarios y justos objetivos. Por lo tanto, es evidente que la respuesta
del Gobierno, limitándose a la creación de un grupo de trabajo coordinado
por el ministro de Justicia, que tiene como objeto el estudio, desde un
punto de vista multidisciplinar, de los problemas que plantea la eventual
existencia de casos de sustracción de recién nacidos, es y se ha mostrado
del todo insuficiente.

Mi grupo coincide con el contenido de la exposición de motivos que
el Grupo Socialista ha presentado a esta moción consecuencia de
interpelación. También coincidimos con la parte dispositiva, que habla
del impulso y la adopción de las medidas necesarias para que se cumplan
las órdenes judiciales sobre la entrega de datos, nacimientos,
defunciones, entierros, desentierros e identidades biológicas de los
interesados, imprescindibles para la investigación, facilitando el acceso
directo de los afectados a sus historiales clínicos y a la ubicación e
identidad de los que custodian archivos médicos.

Es necesario garantizar la atención directa y presencial de todos
los ciudadanos afectados. También consideramos necesaria una sección
especializada de la Fiscalía General del Estado y una unidad de la
policía judicial exclusivamente dedicada a esta tarea. Es necesario
garantizar a todas las víctimas de la sustracción de bebés la adecuada
cobertura jurídica, psicológica y asistencial y que se reconozca el
derecho a la asistencia jurídica gratuita y a establecer a su favor
ayudas para la financiación de las pruebas de ADN. Es necesario finalizar
la base de datos sobre identificadores de ADN y crear una comisión de la
verdad en relación con los supuestos robos de recién nacidos y adopciones
irregulares efectuadas entre los años 1940 y 1990.

Son necesarias muchas medidas, la mayoría de ellas quedan
reflejadas en esta moción. Desgraciadamente, aunque se lleven a cabo
todas estas medidas, no se podrá paliar ni arreglar el dolor que se ha
causado a tantas madres, a tantos padres, a tantos hijos, a tantas hijas,
pero se lo debemos; les debemos conocer la verdad; les debemos que se
depuren responsabilidades; les debemos recuperar la dignidad que como
víctimas les pertenece.

Es por eso que vamos a votar favorablemente a esta moción.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rieradevall.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor
presidente.

En primer lugar, quiero dar la bienvenida a las asociaciones de
bebés robados que se encuentran nuevamente en este Senado. En segundo
lugar, quiero agradecer a todos los grupos de esta Cámara, a los grupos
de la oposición, que apoyen esta moción. El PNV tiene suerte y le aceptan
las solicitudes de comparecencia que presenta en la Comisión de Justicia;
pero el Grupo Socialista no; el señor ministro cierra los ojos y ustedes,
señorías de la derecha, pretenden una quintaesencia envolvente para
engañar a esta Cámara y, lo que es peor, a las víctimas, con una enmienda
de sustitución con texto alternativo, que ustedes llaman de modificación.
Por cierto, señora Franco, veamos cuál es el significado de modificar:
cambiar una cosa sin alterar sus cualidades o características esenciales.
Y el de sustituir: colocar algo en otro lugar para que se reemplace. Eso
es lo que ustedes pretendían, reemplazar la moción del Grupo Socialista.
Por lo tanto, posicionarse en contra de las víctimas. Lo cierto es que
durante 40 años en hospitales, clínicas, casas cuna o residencias se
robaron y se vendieron niños. Aunque esto no se quiere aceptar,
hay 300 000 niños que desaparecieron de su familia biológica, que se los
arrebataron en el paritorio a sus madres. Y aunque don Rafael lo rechace
y no lo quiera reconocer, señorías, en aquellos tiempos se destruyeron
documentos; en aquellos tiempos se degradaron restos cadavéricos; se
produjeron deslocalizaciones de legajos de abortos; se deshicieron de
historias clínicas, de certificados de nacimiento, de bautismo y de
defunción; se falsearon inscripciones registrales y se adulteraron
documentos públicos para que certificados de fallecimiento literales no
coincidieran. Y si no lo creen, pregúntenselo a ellos. Esto ha sido así,
señorías.

Y si al ministro le dijimos en la interpelación que podía tener la
posibilidad de dar un paso histórico; hoy, con esta moción hemos tenido
una oportunidad de empezar a cerrar una página negra, una muy negra
página de nuestra historia. Hoy, seguramente, por el posicionamiento de
la derecha de esta Cámara, vamos a perder la oportunidad de garantizar
una convivencia más tranquila a miles y miles de españoles. ¿Por qué no
se quieren esclarecer los hechos? ¿Por qué no se quiere hacer justicia y
reparar a los afectados? De verdad que no lo entendemos. Los socialistas,
las asociaciones de víctimas y los grupos parlamentarios —como hoy
ha quedado demostrado aquí—, y muchas personas, creemos que se debe
facilitar el acceso a los archivos y a las exhumaciones, que se debe dar
cobertura a los afectados, que se debe crear una mesa de trabajo con una
comisión de la verdad, que debemos reconocer todos, ustedes también, el
problema de estos delitos de lesa humanidad, como un problema de Estado.
Evitemos todos el silencio y nuevas excusas y demos todos, ustedes
también, el apoyo, el ánimo, el aliento y la esperanza a los que llevan
más de 30, 40 o 50 años sufriendo y pidiendo justicia, pero de verdad.
Desde luego, si ustedes, señorías de la derecha, no apoyan esta moción, y
parece que va a ser así, ustedes mismos se están descubriendo, pero no se
olviden de que estamos hablando de derechos humanos. Es una pena, una
frustración más para todos los afectados, y creo que para todos los que
queremos que esto se solucione de una vez y se pase página en esta
historia negra de nuestra democracia. Seguramente, les podríamos decir
más cosas, pero el Grupo Socialista solo les dice que vuelven a dejar
pasar el tren de la verdad y la reparación. Joaquín Sabina lo dijo de una
manera muy clara: Ser valiente no tiene que salir caro; ser cobarde no
vale la pena. Con mayúsculas y más alto que nunca lo decimos; los
socialistas votaremos a favor de esta moción por derecho, por justicia y
por convicción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Rodríguez Esquerdo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Franco.

La señora FRANCO GONZÁLEZ: Muchas gracias, presidente.

Senador Rodríguez Esquerdo, lamento profundamente, y hoy más que
nunca, que no hayan aceptado ustedes la enmienda que les proponíamos.
Porque más allá de las discusiones terminológicas sobre modificación o
sustitución, nosotros pretendíamos llegar a un consenso con ustedes,
porque esta materia es tan grave que requiere el consenso de todas las
fuerzas políticas. Por eso, lamento más que nunca que la postura del
Grupo Socialista haya sido un no tajante, que fue lo que me espetó usted
ayer sin ni siquiera entrar a valorar si podíamos llegar a un acuerdo en
alguno de los puntos. Eso fue lo que ocurrió. Lamento también que usted
esté cada vez más enrocado en un discurso, que yo creo que ya es
irreversible, de descalificación a nuestro grupo y a nuestro Gobierno.
Por supuesto que lo lamento.

Yo sé que ustedes tienen una preocupación sincera por esta
materia, cómo no, como la tenemos los demás grupos que estamos en esta
Cámara. ¡Claro que todos tenemos una preocupación sincera! Pero, del tono
de su intervención, me quedo con una sensación amarga —espero que
solo sea una sensación—, y es la de que ustedes pretenden utilizar
políticamente este drama. (Protestas.— Aplausos). He leído estos
días en la prensa que ustedes pretenden incorporar en su programa
electoral para las próximas elecciones el tema de los niños robados.
Señoría, nosotros lo hemos incorporado a nuestra agenda de gobierno desde
el primer momento, dándole prioridad, tendiéndoles la mano a todos y
escuchando a las asociaciones. Y creo que sí se ha avanzado en este
tiempo. ¿Que se tiene que seguir avanzando y trabajando en este tema? Por
supuesto. ¿Que tenemos la mano tendida para llevar a cabo esas mejoras en
la respuesta que se está dando a las familias? Por descontado. ¿Que lo
queremos hacer, a poder ser, con el consenso de todos ustedes? Sí. ¿Que
queremos hacerlo escuchando a las familias de los afectados, a las
víctimas de estos grandes delitos? También.

Nos han acusado ustedes de cosas gravísimas: de falta de
colaboración, de cerrar los ojos y de posicionarnos en contra de las
víctimas. Me voy a retrotraer un poco en el tiempo, concretamente al
último año de su legislatura. Su ministro de Justicia, el señor Caamaño,
se reunió con las víctimas y se alcanzaron una serie de compromisos;
entre ellos, se concretó el papel que debía tener el Instituto Nacional
de Toxicología en relación con los análisis de ADN. A finales de 2011
asumimos el relevo en el Gobierno; el Ministerio de Justicia ha sido
sensible a esta situación; se han mantenido reuniones a veces con el
ministro y a veces con otros responsables ministeriales; y se ha pasado
de los compromisos a los hechos; se ha avanzado; aunque ustedes ahora
menosprecien lo que se ha hecho, se ha avanzado y se han hecho cosas. Si
no, tiene usted ahí la hemeroteca que lo corrobora. ¿Que tenemos la
voluntad de seguir trabajando y de dar una respuesta mejor a las
familias? Indiscutiblemente, sí; vuelvo a decírselo con la mano tendida y
escuchando a todos.

Nos han acusado también de querer esconder los hechos, de querer
esconder la verdad. Para nada, señorías. Me voy a retrotraer otra vez en
el tiempo, a febrero de 2011, al oficio del Fiscal General del Estado de
entonces, del gobierno socialista, Conde-Pumpido, en el que rechazaba
abrir una causa general por la inexistencia de indicios para mantener que
las sustracciones fueron realizadas de forma concertada. ¿Trataron
ustedes de esconder algo? Ya se lo digo yo: no; por supuesto que no.

No alberguen dudas sobre la buena voluntad del Gobierno, del
Ministerio, de la Fiscalía General del Estado, de la policía, con o sin
cuerpo especial, y de los jueces y tribunales porque yo les garantizo, y
estoy completamente segura de ello, que todos hacen todo lo posible, todo
lo que está en su mano; les garantizo que cumplen la ley para buscar la
verdad, porque no hay mejor comisión de la verdad en un Estado
democrático y de derecho como el nuestro que los tribunales de justicia,
que son los que, a través de los procesos judiciales, deben desentrañar
la verdad y hacer justicia ante delitos como estos.

Señoría, y con esto termino, vamos a votar en contra de la moción
porque ustedes no han querido llegar a un consenso con nosotros, porque
no han querido buscar puntos de acuerdo en esta materia; pero les
garantizo a las personas que hoy nos acompañan en la tribuna que el Grupo
Popular va a estar apoyando al Gobierno en su hoja de ruta para dar una
respuesta mejor a las familias afectadas. Y, por supuesto, quiero que les
llegue ese mensaje de solidaridad y de apoyo de nuestro grupo y de
nuestro partido a todas las familias afectadas por estos graves
hechos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Franco.

Llamo a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción consecuencia de interpelación del
Grupo Parlamentario Socialista, con la incorporación de la enmienda
aceptada del senador Iglesias, del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 228;
votos emitidos, 226; a favor, 81; en contra, 141; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada. (Protestas y
exhibición de pancartas en la tribuna del público).

El señor PRESIDENTE: Ruego a los servicios de la Cámara que
inviten al público a abandonar las tribunas. (Continúan las protestas en
la tribuna del público, que es desalojada.— Rumores.—
Protestas).

El señor presidente da lectura a los puntos 6. y 6.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado cuatro
enmiendas: una del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa del senador
Iglesias, una del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
d’Unió, otra del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya y, finalmente, otra del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra la senadora
Pons.

La señora PONS VILA: Gracias, señor presidente.

Señorías, subo a esta tribuna para defender la moción del Grupo
Popular en relación con el cambio climático y con las políticas que, a
nuestro entender, deben implementarse para luchar contra él.

El cambio climático nos afecta a todos; su impacto potencial es
enorme, con predicciones de falta de agua potable, grandes cambios en las
condiciones para la producción de alimentos y un aumento en los índices
de mortalidad debido a inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor,
como la que estamos sufriendo.

En materia de cambio climático, este Gobierno ha dado
específicamente un enfoque completamente nuevo, a la par que hemos
cumplido con nuestras obligaciones internacionales. En este sentido,
nuestra principal preocupación ha sido asegurar que España cumpliera con
la reducción de emisiones que le exigía el protocolo de Kioto. En este
momento seguimos a la espera del informe final sobre la revisión de
nuestro inventario nacional de gases de efecto invernadero que emitirán
los revisores de Naciones Unidas. Los datos, no obstante, nos aseguran
que España ha cumplido Kioto en el periodo 2008-2012; y este cumplimiento
ha sido fruto de la gestión llevada a cabo en el primer año de nuestra
legislatura; pero, sobre todo, hemos priorizado una reducción de
emisiones en nuestro país, que nos permite seguir una senda de
crecimiento baja en carbono y emplear el presupuesto en proyectos que se
desarrollan en España y no en compras de derechos en terceros países.
Así, se han puesto en marcha iniciativas como los proyectos clima para
reducir emisiones en los sectores de transporte, agricultura, residuos;
para hacerlo, la Oficina Española de Cambio Climático ha comprado estas
reducciones. En la actualidad, con más de cien proyectos aprobados y 28
millones de euros invertidos en las tres primeras convocatorias,
disponemos de una herramienta eficaz para impulsar la economía baja en
carbono y lograr así reducciones de emisiones, a la vez que apoyamos
económicamente a las empresas e instituciones que los ponen en marcha. Se
estima que hemos creado unos 4000 empleos en España.

En segundo lugar, hemos impulsado los planes de impulso al medio
ambiente, llamados PIMA, que incentivan la actividad económica baja en
carbono y la inversión privada en distintos ámbitos: renovación del
parque de vehículos comerciales, el PIMA Aire; renovación de
infraestructuras hoteleras, PIMA Sol; parque de tractores agrícolas, PIMA
Tierra; o camiones y autobuses, PIMA Transporte. En total hemos
invertido 68 millones de euros en los diferentes planes PIMA, y todos
ellos contribuyen a reducir las emisiones de CO2 en España.

En tercer lugar, hemos hecho el registro de la huella de carbono,
que permite, además, a nuestras empresas calcular cada año su huella y
que se registren oficialmente con nosotros. Es una iniciativa pionera en
Europa, que vincula el cálculo de la reducción de la huella en las
empresas con el fomento de los sumideros nacionales, de modo que aquellas
empresas que deseen compensar su huella de carbono lo hagan mediante la
adquisición de unidades de absorción de origen nacional, sumideros de
carbono españoles; el resultado es de más de 80 huellas de carbono
certificadas y tres proyectos de sumideros nacionales.

Como estrategia de futuro, hemos elaborado también una hoja de
ruta para el cumplimiento de los objetivos de emisiones en los sectores
difusos en 2020; 43 medidas que de forma y coste eficiente permiten
mitigar, generar empleo y actividad económica. En los Presupuestos
Generales del Estado para 2015 también el Gobierno ha dotado, y por
primer vez en España, una partida presupuestaria para la adaptación al
cambio climático de 12,1 millones de euros, para poner en práctica
proyectos concretos de adaptación al cambio climático en las zonas más
vulnerables, fundamentalmente en nuestras costas y en nuestro medio
natural y rural. Son proyectos para que se minimicen y se prevengan los
efectos del cambio climático, asentamientos de dunas costeras,
actuaciones para prevenir subidas en el nivel del mar o planes
específicos que protegen la flora y la fauna.

El cambio climático no es solo un fenómeno ambiental, sino que,
además, tiene profundas consecuencias económicas y sociales. Los países
más pobres son los que están peor preparados para enfrentar estos cambios
rápidos, y son los que sufrirán las peores consecuencias. España, debido
a su situación geográfica y también a sus características
socioeconómicas, es muy vulnerable a este cambio climático.

En la vigésima sesión de la conferencia de las partes de la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP 20,
que se celebró en Lima a finales del 2014, se acordó lo que se ha dado en
denominar Llamado de Lima para la acción climática; en él se establecen
las bases para el acuerdo que se pretende lograr en la próxima Cumbre
sobre el cambio climático, que se celebrará en diciembre en la ciudad de
París, y de la que se espera que salga un compromiso vinculante y
definitivo para la reducción de gases de efecto invernadero a partir
del 2020. Entre los principales logros alcanzados en esa cumbre podemos
mencionar, además de garantizar que todos esos países tienen que
presentar antes del 1 de octubre de este año sus compromisos
cuantificables en reducción de gases invernadero de una manera clara,
transparente y entendibles por todos, que los compromisos deben ir
acompañados de una información detallada de las acciones que va a
desarrollar cada país para conseguir que esta reducción de emisiones se
cumpla.

Con relación a este compromiso de combatir el cambio climático,
España es uno de los países que más está trabajando para cumplir con sus
obligaciones internacionales; prueba de ello es la previsión —en
espera de que se confirme por parte de la ONU, como ya he
mencionado— de cumplir el protocolo de Kioto en el
periodo 2008-2012. Para el Grupo Popular toda la política medioambiental
está encaminada a la lucha contra el cambio climático; cualquier mejora
en el cuidado de nuestro entorno y en la preservación del medioambiente
incide directamente en este ámbito. Es una política de carácter
horizontal que afecta a ámbitos parciales de las políticas públicas.

El Grupo Popular y el Gobierno, en cumplimiento de lo ya recogido
en el programa electoral de 2011, hemos impulsado una serie de políticas
públicas que nos han permitido luchar contra el cambio climático con la
mejora del medio ambiente; entre ellas, y además de las específicamente
citadas, se han llevado a cabo políticas públicas en materia de aguas,
finalizando el primer ciclo de la planificación hidrológica en todo lo
que compete a la Administración del Estado. También hemos concluido los
trabajos de evaluación preliminar en riesgos de inundaciones y llevamos
avanzados los trabajos de mapas de peligrosidad para la gestión de
inundaciones.

Hemos acometido una modificación en la Ley de costas y hemos
aprobado su reglamento con el objetivo de conciliar la seguridad jurídica
y, además, proteger el litoral y el desarrollo sostenible; y lo hemos
hecho con medidas que van en esa dirección. Se ha aprobado también el
Plan nacional de calidad del aire y la protección de la
atmósfera 2013-2016, entre cuyas medidas debemos destacar el Plan de
impulso al medio ambiente, PIMA Aire, que ya he citado; plan que en 2013
ha consignado un crédito total de 53,1 millones de euros, con efectos
positivos en la calidad del aire de nuestras ciudades. Se han retirado
cerca de 35 000 vehículos con una antigüedad media de más de 15 años y se
han reemplazado por vehículos más eficientes y menos contaminantes.

Para proteger el medio marino, hemos elaborado programas de
seguimiento del medio, programas para conocer periódicamente el avance
del buen estado ambiental del mar y la efectividad de las medidas que se
comienzan a diseñar. Hemos impulsado además la protección y la
conservación de la riqueza marina, por lo que hemos avanzado notablemente
en la declaración de la Red Natura 2000 en el mar; en particular, se han
propuesto a la comisión nueve lugares de importancia comunitaria, LIC,
marinos en el marco del proyecto Life Indemares; y además hemos
declarado 39 zonas de especial protección para las aves ZEPA marinas. En
aplicación del sistema nacional de respuesta ante la contaminación
marina, se prevé también la actuación conjunta y coordinada ante un
suceso de contaminación marina. Hemos aprobado y puesto en marcha un Plan
estatal de protección de la ribera del mar contra la contaminación. Hemos
aprobado la nueva Ley de evaluación ambiental, que garantiza una máxima
protección ambiental, simplificando procedimientos administrativos,
agilizando la evaluación ambiental y estableciendo una legislación
homogénea en todo el territorio. Hemos aprobado un Programa estatal de
prevención de residuos. En el medio natural se ha avanzado en la
consolidación de la Red Natura 2000 en España, en este caso, en la
tierra. Y se han aprobado importantes estrategias y acciones para la
conservación y mejora de especies silvestres amenazadas. Hemos modificado
la Ley de responsabilidad medioambiental para hacer efectivo, de una vez,
el establecimiento de garantías financieras obligatorias a los operadores
que puedan producir daños al medioambiente.

Todas estas medidas, a nuestro juicio, demuestran el compromiso
decidido del Gobierno en cumplir sus obligaciones internacionales y en
desarrollar una verdadera política nacional de lucha contra el cambio
climático mediante una gestión eficiente, que es indispensable que se
mantenga en un futuro.

Por ello, presentamos esta moción, con la que queremos poner de
manifiesto, por una parte, el trabajo realizado en esta materia en la
presente legislatura, y, por otra, instar al Gobierno a seguir por este
camino y a la adquisición de mayores compromisos medioambientales en la
medida en que la situación económica y presupuestaria permita la
implementación de nuevas políticas públicas en este sentido. Por tanto,
instamos al Gobierno, primero, a seguir cumpliendo con sus obligaciones
internacionales en materia de cambio climático, adoptando las medidas
necesarias para dar cumplimiento a los objetivos comprometidos y a los
adquiridos en la última conferencia de las partes en la Convención Marco
de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP 2, ya mencionada; y,
segundo, a mantener un papel activo y constructivo en la negociación del
nuevo marco internacional de lucha contra el cambio climático en la
próxima cumbre sobre el clima que se celebrará en Paris en diciembre, al
objeto de que la misma sea un éxito. Además, le instamos a seguir
trabajando y a luchar contra el cambio climático con una gestión eficaz,
priorizando políticas dirigidas fundamentalmente a reducir de forma
efectiva los gases de efecto invernadero, a adaptarse a los impactos del
cambio climático, apostando por un apoyo decidido a las acciones que
contribuyan a los objetivos anteriormente expuestos, tanto de empresas
como de ciudadanos, a fin de impulsar una economía baja en carbono.

Por todo esto, agradecería su apoyo a esta moción.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pons.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, la enmienda plantea que el compromiso expresado en la
moción tenga un reflejo presupuestario. Superada la etapa del
negacionismo del fenómeno del cambio climático, es ahora necesario
superar la etapa de la retórica. La cumbre de finales de año en París es
seguramente la última oportunidad para lograr que la fase de la retórica
se dé definitivamente por concluida y se abra un escenario de actuación
eficaz frente al cambio climático. Ello solo será posible si los Estados
cumplen el compromiso de presentar antes del 1 de octubre sus objetivos
cuantificables de reducción de emisiones de gases con efecto invernadero.
Probablemente, ese debiera ser el contenido más útil de esta moción:
emplazar al Gobierno de España a fijar de forma urgente los objetivos a
través del diálogo con las organizaciones medioambientales y los sectores
afectados con la participación, en la medida de lo posible, de las
Cámaras, de tal forma que cuando se celebre la cumbre de París a finales
de año nuestro país, España, acuda con compromisos serios y con los
deberes hechos.

Decía que la enmienda tiene una motivación fundamentalmente
presupuestaria porque en el primer presupuesto que aprobó el Gobierno del
Partido Popular en el ejercicio 2012 se estableció una consignación
presupuestaria para la lucha contra el cambio climático de 53 millones de
euros, mientras que en el presupuesto anterior de 2011 esa consignación
ascendía a 101 millones de euros. Es decir, la primera decisión
presupuestaria del Gobierno de España en materia de cambio climático fue
una reducción del 48 %. Es cierto que en los Presupuestos Generales del
Estado del año 2015 se produce un ligero incremento que no impide que la
consignación aprobada finalmente sea más o menos la mitad que lo aprobado
en el año 2011.

En todo caso, y por seguir avanzando en el debate más allá de la
enmienda, en tanto en cuanto compartiré el turno de portavoces con la
compañera de Esquerra Republicana de Catalunya, hay que afirmar que
frente a lo sostenido por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
la defensa de su moción, no es verdad que al margen de la política
presupuestaria el conjunto de las decisiones medioambientales del Partito
Popular y de forma muy concreta la aprobación de la reforma de la Ley de
costas y del Reglamento que la desarrolla, hayan sido aprovechados para
responder a las exigencias del fenómeno del cambio climático. Las
decisiones contenidas tanto en la Ley como en el Reglamento de aumentar
las posibilidades de urbanización y reducir los ámbitos y los espacios de
protección de costas no suponen una respuesta adecuada al riesgo que para
la costa significan tanto los temporales, las galernas que hemos vivido
en los últimos años, al menos en el Cantábrico, como la crecida del nivel
del mar que ya se está produciendo. Esa es una respuesta que se enfrenta
abiertamente a las exigencias de tener instrumentos adecuados para
afrontar, en primer lugar, las necesidades de que nuestra costa se blinde
a través de inversiones en infraestructuras y, en segundo lugar, en la
disminución del riesgo que de esos fenómenos climatológicos se deriva
para la población. La respuesta debe ser alejar de la costa la
urbanización, no aproximarla a la costa.

Por otro lado, el pasado día 3, un número muy elevado de premios
nobel firmaron en la isla de Mainau, en el lago Constanza, una
declaración en la que manifiestan que el mundo vive hoy una amenaza
comparable a la que significaron en los años sesenta las armas nucleares
y que dio lugar a que en esa misma isla, también un grupo menor de
premios Nobel, firmara un manifiesto contra las armas nucleares. Ahora
han firmado un manifiesto sobre las consecuencias del cambio climático y
lo que ello exige para las organizaciones internacionales y,
fundamentalmente, para los Estados, que son los que en último extremo
tienen la capacidad de decisión y cuentan con los recursos económicos
necesarios. Esos efectos que hoy se perciben ya en relación con el cambio
climático suponen, en primer lugar, un aumento de la temperatura global
de casi ya un grado, del 0,85.º C y, en segundo lugar, una subida del
nivel del mar en gran parte consecuencia del tercer fenómeno que es el
deshielo del Ártico.

En el turno de portavoces me referiré a los impactos
económicos.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Iglesias.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i d’Unió , tiene la palabra el senador
Maluquer.

El señor MALUQUER FERRER: Gracias, presidente.

Intervengo en defensa de la enmienda de adición que hemos
presentado a la moción del Grupo Popular.

Bàsicament volia esmentar els conceptes que hem volgut afegir,
perquè enteníem que la seva moció es quedava curta. Després de la llarga
trajectòria que portem treballant i reflexionant a l’entorn del
canvi climàtic, des de la creació de la Oficina del Canvi Climàtic
l’any 2001 fins avui, ha passat molt temps i no es tracta de dir
fem una moció, a aquestes alçades de la legislatura, a favor de seguir
fent allò que hem vingut fent, i dient que en farem més. Jo penso que tot
això està molt bé, que està bé posar de manifest el que s’ha fet,
però entenem que, malgrat tot, això no es tradueix en les polítiques que
han de fer efectiu el canvi climàtic, i la prova la tenim quan veiem les
polítiques que empren el Ministeri d’Indústria i Energia en relació
al temes autoconsum i al foment de les renovables. Francament, no ho
veiem.

D’altra banda, també posem de manifest en la nostra esmena
d’addició, la necessitat de territorialitzar els recursos que
s’obtenen dels fons europeus pel comerç del mercat de carboni. He
llegit estadístiques que si havíem recaptat 800 milions d’euros,
algunes altres parlen de menys milions, però en tot cas, no venen
reflectits en les administracions que són competents en la matèria. Jo
penso que des del meu grup sempre hem fet especial menció de la
necessitat de respectar les competències que tenim atorgades les
administracions estatals i autonòmiques. D’alguna manera veiem
sempre que en base a que hi ha unes normatives comunitàries o
internacionals, o uns acords presos que són de competències estatals,
perquè són de competències estatals, després s’aprofita per
intentar incidir en aquelles competències que són d’aplicació en
àmbit autonòmic, i, per tant, no s’acaba de tenir en compte la
participació d’aquestes altres administracions com puguem ser les
autonomies o els propis ajuntaments. I per tant es fa de una manera molt
nominal i una mica sense tenir en compte aquestes qüestions.

I els punts que nosaltres hem posat per addicionar la seva moció
per tal de fer una moció més efectiva, i que realment doncs orientem i
tracem el camí a seguir a partir d’ara, doncs són aquestes: Adoptar
aquestes disposicions per garantir que aquests recursos de les subhastes
dels gasos d’efecte d’hivernacle es destinaran a reduir les
emissions d’aquests gasos i adoptar les mesures d’adaptació
d’impacte climàtic també al tema a desenvolupar, com els hi deia,
les energies renovables, així como desenvolupar les tecnologies que hi
contribueixen. També les mesures dirigides a impedir la desforestació i
augmentar la inversió en el territori, en les finques forestals. Fomentar
un transport molt més respectuós i que ens permeti assolir aquests
objectius que complirem, no perquè haguem fet unes polítiques
absolutament bones, sinó perquè el dia a dia sabem que el transport
segueix sense tenir els ajuts per fomentar aquest transport més
sostenible. Ens gastem molts diners en AVE, però no els gastem en
Rodalies i els nostres ciutadans pateixen dia a dia la mala política de
transports que fan des d’altres ministeris, aquí som la gent que
ens dediquem a temes de medi ambient i que intentem donar sentit a les
polítiques de lluita contra el canvi climàtic i veiem que el seu govern
no són capaços que tota aquesta política arribi a la resta de ministeris
que són competents en les matèries sectorials que poden fer i que tenen
incidència en el canvi climàtic. I per tant, torno a insistir en la
necessitat de distribuir territorialment entre les comunitats autònomes
com a mínim, com a mínim, el 50 % dels recursos obtinguts a través de les
subhastes de drets d’emissions. També, doncs, els hi reclamo, com
els hi deia abans, impulsar i promoure la participació i implicació de
les comunitats autònomes en tots els plans, mesures i programes destinats
a reduir aquestes emissions i garantir la participació de les
administracions autonòmiques altra vegada en els projectes clima. Està
molt bé. Se n’han fet molts, però deixa-m’hi dir, donem veu a
les administracions territorials.

I res més, que jo penso que si en aquesta moció afegeixen tot això
que els acabo de dir, el fet de la col·laboració amb les comunitats
autònomes en la matèria de registres de la baixada de carboni, podríem
emprendre mesures molt més efectives y que serien ben acollides pel
conjunt de la població.

Moltes gràcies.

Básicamente quería mencionar los conceptos que hemos querido
añadir porque entendíamos que su moción se quedaba corta después de la
larga trayectoria que llevamos trabajando y reflexionando sobre el cambio
climático. Desde la creación de la Oficina del Cambio Climático en 2001
hasta hoy ha pasado mucho tiempo y no se trata de presentar una moción a
estas alturas de la legislatura diciendo que vamos a seguir haciendo lo
que hemos estado haciendo y que ya haremos más. Está muy bien poner de
manifiesto lo que hemos hecho pero entendemos que a pesar de todo eso no
se traduce en las políticas que tienen que hacer efectivo el cambio
climático, y la prueba la tenemos cuando vemos las políticas que lleva a
cabo el Ministerio de Industria y Energía en relación con los temas de
autoconsumo y con el fomento de las renovables, ahí francamente no lo
vemos.

Por otro lado, también ponemos de manifiesto con nuestra enmienda
de adición la necesidad de territorializar los recursos que se obtienen
de los fondos europeos para el comercio del mercado de carbono. Se han
dado cifras de 800 millones de euros, otras hablan de menos millones
pero, en todo caso, esto no está reflejado en las administraciones
competentes en la materia. Mi grupo siempre ha explicitado la necesidad
de respetar las competencias que tenemos las administraciones estatales y
autonómicas. Sobre la base de unas normativas comunitarias o
internacionales o unos acuerdos que son de competencia estatal, porque
estas relaciones lo son, después se aprovecha para intentar incidir en
aquellas competencias que son de aplicación en el ámbito autonómico y,
por lo tanto, no se acaba de tener en cuenta la participación de estas
otras administraciones como podemos ser las autonomías o los propios
ayuntamientos y por ello se hace de una forma muy nominal y sin tener en
cuenta estas cuestiones.

Por eso los puntos que nosotros hemos añadido a su moción son para
hacerla más eficaz y para que realmente tracemos el camino a seguir a
partir de ahora y son los siguiente: Adoptar las disposiciones oportunas
para garantizar que los recursos obtenidos por las subastas se destinarán
a reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero; adoptar las
medidas de adaptación a los impactos del cambio climático y también para
desarrollar, como les decía, las energías renovables así como también
otras tecnologías; medidas dirigidas a impedir la deforestación y que se
invierta en el territorio y en las fincas forestales; fomentar un
transporte mucho más respetuoso y que nos permita alcanzar estos
objetivos que vamos a cumplir, pero no porque hayamos hecho unas buenas
políticas sino porque en el día a día percibimos que el transporte sigue
sin tener las ayudas necesarias para fomentar que sea más sostenible. Nos
gastamos mucho dinero en AVE pero no en Cercanías y vemos que nuestros
ciudadanos sufren día a día la mala política de transporte que se hace en
otros ministerios. La gente que nos dedicamos al medioambiente somos los
que intentamos dar sentido a las políticas del cambio climático y vemos
que su Gobierno no es capaz de que toda esta política llegue al resto de
ministerios que son competentes en las materias sectoriales que tienen
incidencia en el cambio climático. Después volveremos a insistir en la
necesidad de distribuir territorialmente por lo menos el 50 % de recursos
obtenidos a través de las subastas de los derechos de emisión, así que
les reclamo, como les decía antes, la implicación de las comunidades
autónomas en todos los planes, medidas y programas y también garantizar
la participación de las administraciones autonómicas otra vez en los
proyectos clima que están muy bien y se han hecho muchos, pero que
también demos voz a las administraciones territoriales.

Si en esta moción añadiéramos todo lo que acabo de decir en cuanto
a la colaboración con las comunidades autónomas en materia de registros
de la huella de carbono, se podrían adoptar medidas mucho más efectivas
que acogería muy bien el resto de la población.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maluquer.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gràcies, senyor president.

Fa poques hores, el President de la República del Perú, el senyor
Ollanta Humala, feia referència a que un dels grans temes de
col.laboració bilateral, en el marc d’un problema global, era el
del canvi climàtic. És evident que és un dels grans problemes del nostre
temps, als que cal donar una resposta efectiva en l’àmbit
internacional, però que calen accions decidides per part dels governs. És
per això, que podria dir que sorprèn una moció com aquesta però, més que
sorprendre, perquè ja hi estem acostumats, intentaré ser suau en el
qualificatiu, estem davant d’una moció com a mínim inútil, inútil
perquè és una moció que es limita a demanar al Govern que continuï
complint amb les seves obligacions i que continuï treballant en el
compromís de lluita contra el canvi climàtic. Sembla que el Govern
espanyol, del Partit Popular, defalleix, li falten ganes, no acaba de
tenir empenta i fa falta que el Senat, el Senat d’Espanya, a
instàncies del propi Grup Popular, animi el Govern a continuar
treballant.

Sincerament, senadora Pons, amb tot el respecte, una moció així no
serveix absolutament per a res. Segurament per això, la majoria dels
grups parlamentaris, jo crec que tots, hem presentat esmenes. Podrien ser
molt més extenses, perquè el problema és complex, és ampli i hauríem
d’entrar en moltes coses. El Grup de l’Entesa ens hem limitat
a plantejar-ne un parell. Una de demanar que el Govern, el que ha de fer,
d’entrada, és no només complir amb els objectius de Kioto i els
successius compromisos adquirits en les conferències internacionals en la
perspectiva, certament, de la propera conferència de Paris, sinó,
sobretot també, complir amb els compromisos més immediats que són els que
tenim en el si de la Unió Europea. L’estratègia de creixement de la
Unió Europea planteja l’objectiu 20/20/20 de, precisament, reducció
d’un 20 % dels gasos d’efecte hivernacle per a
l’any 2020, d’ampliar un 20 % les energies renovables i
augmentar un 20 % també l’eficàcia energètica. La majoria dels
experts i associacions especialitzades plantegen que, precisament,
Espanya és un dels països que més està incomplint, en aquest moment,
aquest objectiu de la Unió Europea.

Per tant, el que s’ha de dir al Govern és que canviï les
polítiques i que realment entri en el camí de complir aquests objectius,
impulsant sobretot la producció de les energies renovables i afavorint
—fa un moment es plantejava en una moció també que s’ha
debatut en aquesta Cambra— i afavorint l’autoconsum
energètic, entre altres mesures, precisament per avançar en la direcció
de l’objectiu 20/20/20.

I, a més a més, senadora Pons, entre totes les virtuts de les
polítiques del Govern del senyor Rajoy, del Govern del Partit Popular,
plantejava que s’ha avançat en la protecció del litoral, que
s’ha avançat en una sèrie de proteccions. És clar, precisament, la
protecció del litoral és un dels temes més importants, perquè una de les
conseqüències del canvi climàtic és l’increment del nivell del mar,
ja s’ha dit, i, evidentment, efecte molts espais de la costa. Com a
senador per la província de Tarragona, i procedent de Tortosa, al costat
del delta de l’Ebre, no he volgut deixar de plantejar que el delta
de l’Ebre és una de les nostres zones més afectades i amb més risc
de possible desaparició per inundació en cas d’increment del nivell
del mar. La plataforma del Delta de l’Ebre, la plataforma deltaica,
té un nivell d’alçada mitjana inferior al metre d’altura i,
per tant, és un territori absolutament vulnerable.

El que cal és, precisament, canviar les polítiques que ha aplicat
el Partit Popular, entre d’altres, el Pla Hidrològic de la conca de
l’Ebre, on ha establert uns cabals ecològics clarament insuficients
per a garantir precisament la pervivència del Delta, combatint amb
l’aportació de sediments per cabals suficients, el procés de
subsidència natural d’enfonsament del Delta de l’Ebre. El pla
hidrològic vigent planteja a penes una aportació —ja ho hem debatut
en d’altres moments en aquesta Cambra—, de 3300 hectòmetres
cúbics/any, quan la Comissió per a la Sostenibilitat del Delta de
l’Ebre, on hi ha representada l’administració estatal i
l’administració autonòmica i una bona quantitat
d’organitzacions no governamentals, que participen i col.laboren en
aquest tema, recentment ha arribat a una proposta raonable de demanar uns
cabals ecològics entre 5800 i 9900 hectòmetres cúbics anuals que serien
necessaris per garantir, per mantenir la pervivència de la plataforma
deltaica de l’Ebre, com tants d’altres territoris amenaçats
de les nostres costes i del nostre litoral.

Calen polítiques efectives, calen compromisos, no seguir
treballant, impulsar el Govern a que surti d’aquest estat
d’adormiment i que es posin a fer polítiques efectives tendents a
evitar els efectes del canvi climàtic.

Esperem de la seva sensibilitat per aprovar i acceptar aquestes
esmenes.

Gràcies, senyor president.

Gracias, señor presidente.

Hace pocas horas el presidente de la República del Perú, Ollanta
Humala, hacía referencia a que uno de los grandes temas de colaboración
bilateral en el marco de un problema global es el del cambio climático
precisamente. Es evidente que este es uno de los grandes problemas de
nuestro tiempo y al que hay que dar una respuesta efectiva y eficaz en el
ámbito internacional; hay que emprender acciones decididas por parte de
los gobiernos. Por ello nos sorprende una moción como esta, y voy a
intentar ser suave en cuanto al calificativo, pero estamos ante una
moción como mínimo inútil, pues se limita a pedir al Gobierno que siga
cumpliendo con sus obligaciones y trabajando en el compromiso de lucha
contra el cambio climático. Parece que al Gobierno español, al Gobierno
Popular, le faltan ganas, que desfallece y hace falta que el Senado de
España, a instancias del propio Grupo Popular, anime al Gobierno a seguir
trabajando.

Con todos mis respetos, senadora Pons, una moción así no sirve
absolutamente para nada, y seguramente por ello todos los grupos
parlamentarios hemos presentado enmiendas que podrían ser mucho más
extensas, porque el problema es complejo y amplio, y podríamos entrar en
muchos aspectos. Y el Grupo de Entesa se ha limitado a plantear un par de
ellas. Una para pedir que el Gobierno, no solo cumpla con los objetivos
de Kioto y los sucesivos compromisos adquiridos en las conferencias
internacionales con la perspectiva de la próxima conferencia de París,
sino, sobre todo, que cumpla también con los compromisos más inmediatos,
que son los que tenemos en el seno de la Unión Europea. La estrategia de
crecimiento de la Unión Europea plantea el objetivo 20/20/20 precisamente
de reducción de un 20 % de los gases de efecto invernadero en el 2020, de
aumento en un 20 % de las energías renovables y de aumento también en
un 20 % de la eficacia energética. La mayoría de los expertos y
asociaciones especializadas plantean que precisamente España es uno de
los países que más está incumpliendo en estos momentos este objetivo de
la Unión Europea.

Por tanto, lo que hay que decir al Gobierno es que cambie las
políticas y que entre realmente en el camino de cumplir estos objetivos
impulsando, sobre todo, las energías renovables y favoreciendo —y
hace un momento se planteaba también en una moción que se ha debatido hoy
aquí— el autoconsumo energético entre otras medidas para avanzar en
esta dirección del objetivo 20/20/20.

Senadora Pons, usted planteaba que gracias a todas las virtudes de
las políticas del Gobierno del señor Rajoy se ha avanzado en la
protección del litoral. Precisamente la protección del litoral es uno de
los temas más importantes, porque una de las consecuencias del cambio
climático es el incremento del nivel del mar, lo que afecta a muchos de
los espacios de la costa. Como senador por la provincia de Tarragona, y
procedente de Tortosa, que está justo al lado del delta del Ebro, puedo
decir que esta es una de las zonas más afectadas y con más riesgo de
desaparición por inundación en caso de un incremento del nivel del mar.
La plataforma del delta del Ebro tiene un nivel medio inferior al metro
de altura, y por tanto, es un territorio absolutamente vulnerable.

Lo que hay que hacer es cambiar las políticas que ha aplicado el
Partido Popular, el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro, por el que se
han establecido unos caudales ecológicos insuficientes para garantizar la
supervivencia del delta, combatiendo con la aportación de sedimentos para
caudales suficientes el proceso de hundimiento del Ebro. El plan
hidrológico vigente plantea una aportación —lo hemos dicho en esta
Cámara— de 3300 hectómetros cúbicos/año. Las administraciones
estatal y autonómica, así como una buena cantidad de organizaciones no
gubernamentales que participan y colaboran en este tema, recientemente
han llegado a una propuesta razonable para la sostenibilidad y
supervivencia del Delta del Ebro de unos caudales ecológicos de
entre 5800 y 9800 hectómetros cúbicos anuales, contando también con otros
territorios amenazados.

Se necesitan políticas efectivas. Hay que impulsar al Gobierno
para que salga de este estado de letargo y que, de alguna forma, se ponga
a hacer políticas efectivas para evitar los efectos del cambio
climático.

Esperamos que tengan la suficiente sensibilidad para aprobar y
aceptar esta enmienda.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Sabaté.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el senador Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Gracias, presidente.

El Grupo Socialista desearía que el nuevo secretario de Estado
desde hace unos días, el señor Saavedra —que, entre otras materias,
es el autor de la Ley de costas—, compareciera aquí en el Senado en
lugar de haber encomendado al Grupo Popular que presentase una moción
vacía de contenido, donde se insta al Gobierno a seguir impulsando y
trabajando en la misma dirección. Nosotros, ya que el secretario de
Estado no viene aquí a explicarla, hemos construido una alternativa real
sobre lo que se debe hacer en materia del cambio climático, haciendo la
observación de que es un tema capital de la política del Gobierno.

Proponemos diversas cuestiones a lo largo de los tres folios de
que consta. Pedimos que el Gobierno venga a las Cortes Generales, en
concreto al Senado, para explicitar los compromisos concretos que España,
de acuerdo con las conclusiones de la cumbre de Lima, tiene que poner
encima de la mesa, con sus acciones concretas, con la aportación
económica que le corresponde como país, para que los grupos
parlamentarios puedan medir el grado de compromiso y que el Gobierno
pueda oír nuestra opinión. Además, pedimos que, de cara a la cumbre de
París, que se celebrará a finales de este año, donde se pretende llegar a
un acuerdo internacional nuevo que sustituya al actual protocolo de
Kioto, nos explique qué compromisos va a llevar España. En ese sentido,
hay que comprobar —Naciones Unidas lo tiene que hacer— si
esas medidas van en la dirección de que el conjunto del planeta no
sobrepase la media de 2.ºC, que es el límite tolerable para la
humanidad.

Proponemos también que los grupos establezcan una agenda de
reducción de emisiones en un horizonte 2050, con objetivos a 2025, 2030
y 2040, donde los diferentes grupos tendrán que trabajar en conjunto con
la sociedad civil, porque van más allá de lo que es un mandato del
Gobierno, más allá de una legislatura y, en ese sentido, deben
construirse consensos.

Además, pedimos cosas concretas, como que se tomen medidas de
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático con la
correspondiente dotación presupuestaria —dentro de unos días, en
los presupuestos del año 2016, veremos si se rompe esa tendencia de lo
que ha pasado en estos últimos cuatro años— para afrontar riesgos
de tal calado como es la subida del nivel del mar —no podemos
seguir mirando para otro lado—, donde es evidente el riesgo. Hay
estudios que cifran la subida, en el horizonte 2050, en hasta 50
centímetros en la Península y aún mayor en las islas, con los riesgos
evidentes que esto supone para un país que vive, entre otras cosas, del
turismo de sol y playa.

Pedimos lo mismo en relación con los riesgos de inundación
—cada vez que sucede un episodio nos acordamos aquí de esas
cuestiones—, los riesgos de sequía en el futuro, cuando habrá menos
recursos hídricos e incluso vamos a tener mayores necesidades de agua,
los recursos para los cultivos agrarios, nuestra biodiversidad o los
espacios forestales y la necesidad de actuar en ese sentido y no con las
medidas que proponía recientemente el Gobierno del PP en la Ley de
montes, que favorece más que nada la desaparición de los bosques. También
pedimos que se estudien medidas en relación con los riesgos para la salud
y la calidad del aire, que ya está acreditado que afecta a la salud de
las personas y provoca muchas muertes a lo largo del año. Proponemos
evitar los combustibles fósiles con un nuevo plan de energías renovables
y una nueva estrategia de ahorro. Nos parece extremadamente grave que, en
este sentido, España no vaya a cumplir el objetivo del 27 % en el
año 2030 que propone la Unión Europea respecto a las renovables. La
Comisión Europea, hace pocos días, decía que España debe revisarlo porque
no va a cumplirlo ni siquiera en el horizonte 2020. Proponemos medidas de
fiscalidad, medidas para aplicar la mejor tecnología disponible y otra
serie de cuestiones, porque entendemos que España, durante esta
legislatura, ha ido en sentido contrario y debe retomar esa
cuestión.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor FIDALGO AREDA: España va a aumentar las emisiones de
gases de efecto invernadero y no va a contribuir en la medida que
Naciones Unidas pide al conjunto de naciones del planeta.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fidalgo.

Tiene la palabra la senadora Pons para indicar si acepta o no las
enmiendas.

La señora PONS VILA: Gracias, señor presidente.

En el tiempo que tengo intentaré contestar a algunas de las
enmiendas. Si no es posible, acabaré en el turno de portavoces.

Respecto a la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto presentada
por el señor Iglesias, usted me insta a incluir una partida en los
presupuestos y dice que ha habido grandes recortes. Tengo que reconocerle
que en el primer presupuesto de esta legislatura que elaboró el Partido
Popular hubo un recorte importante, pero lo hubo en todas las partidas de
todos los programas. Lo que nosotros hemos hecho a partir de ese primer
presupuesto en el que sí recortamos ha sido ir incrementando en la medida
de las disponibilidades. Supongo que usted entenderá que la situación era
bastante complicada, y todavía lo sigue siendo en algunos aspectos, como
para que la partida destinada al cambio climático tuviera los niveles que
tenía en otras épocas. Había otras prioridades pero, evidentemente, a
medida que la situación va mejorando, nosotros vamos incrementando las
partidas de cambio climático. Por tanto, en este caso no vamos a aceptar
enmienda, que tampoco habla de una cantidad en concreto.

Respecto a la propuesta del señor Maluquer, del Grupo Catalán de
Convergència i d?Unió, los dos primeros puntos son los que hemos
presentado nosotros. En el segundo usted nos dice que tenemos que cumplir
la directiva y yo tengo constancia de que nosotros la estamos cumpliendo.
Usted nos pide distribuir territorialmente el 50 %, pero la lucha contra
el cambio climático es una competencia estatal, los fondos que se
destinan salen de los Presupuestos Generales del Estado y, evidentemente,
la distribución será territorial, pero la decidirá el Estado, que es el
que aporta los fondos y el que tiene la competencia. También me dice que
ustedes quieren participar y estar presentes en esas distribuciones.
Según mis informaciones, las comunidades autónomas forman parte del
Consejo Rector del Fondo del Carbono, que es el que gestiona esos
programas, con lo cual ustedes están representados ahí. Otra cosa es que
no les guste la distribución, pero no es que no estén representados y que
no puedan, por lo menos, tener conocimiento.

También vuelve a hablar de la posibilidad de que las comunidades
autónomas participen. Pues bien, hay un real decreto en el que
precisamente se recoge la participación y la colaboración de las
comunidades autónomas, y en el caso de Cataluña, según mis informaciones,
hace más de un año que esta participación está registrada, y ustedes no
han presentado ninguna iniciativa . Repito, la competencia es estatal, la
financiación corre a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y, a
pesar de tener presencia, como la decisión es estatal, no puedo aceptar
su enmienda.

En cuanto al Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya, su señoría me
ha hablado de impulsar la producción de energías renovables y favorecer
el autoconsumo, y tengo que decirle que las energías renovables no son
competencia del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
sino del Minetur, pero le puedo decir que, según mis noticias, nosotros
cumplimos incluso más del 20 % de producción en energías renovables, por
tanto, no creemos que haya que aumentarlo.

Respecto al autoconsumo, es verdad que se ha debatido en varias
ocasiones en esta Cámara y se seguirá debatiendo, pero no corresponde a
este ministerio.

En cuanto al Plan Hidrológico del delta del Ebro, he de decir que
ya se contemplan medidas como las indicadas. Evidentemente, tenemos
diferentes posiciones en torno a los caudales, algo que también hemos
discutido, pero no va a ser posible aceptar su propuesta.

En el poco tiempo que me queda, quiero responder al señor Fidalgo,
que ha dicho que no vamos a cumplir, etcétera. He intentado explicar que
en el primer año de legislatura tuvimos que hacer el trabajo que ustedes
—siento mucho tener que decirlo así— no hicieron en sus ocho
años de Gobierno. Cuando llegamos no cumplíamos los objetivos de Kioto,
ni nos acercábamos, y, gracias a las políticas adoptadas por este
Gobierno, estamos en disposición de que se nos reconozca dicho
cumplimiento, y para ello, hemos elaborado planes de reducción de
emisiones, como le he explicado.

Usted me pide también que antes del 1 de octubre haya una
comparecencia del Gobierno en el Senado, pero usted debería saber que los
compromisos de España como Estado se hacen ante la Unión Europea, y es la
Unión Europea la que negocia y se presenta en la cumbre de París. El
Estado español ya ha presentado esos compromisos ante la Unión Europea,
por tanto, no tiene mucho sentido que comparezcamos antes del 1 de
octubre.

Me ha hecho una serie de consideraciones muy concretas.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora PONS VILA: Termino, señor presidente.

Algunas de sus peticiones ya se están poniendo en marcha, y otras
se las explicaré en el siguiente turno.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pons.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora
Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Realment és sorprenent que avui, vostès
ens presentin aquí una moció sobre el canvi climàtic.






No sé encara com no
els cau la cara de vergonya, per dir-ho d’una manera rasa i curta.
Aquesta moció, a criteri d’Esquerra Republicana, no deixa de ser un
brindis al sol, continuar treballant, complir els tractats
internacionals, mantenir un paper actiu i constructiu en la negociació
d’un nou marc internacional de lluita contra el canvi climàtic,
etc. etc. Lluitar contra el canvi climàtic és possible fent lleis que es
carreguen el nostre medi ambient? La llei de costes, la llei de montes,
la llei de parcs naturals nacionals.

Bé, la portaveu del Partit Popular, la senyora Pons, ens ha fet la
guia de telèfons i ha desgranat aquelles coses que diuen vostès que han
fet en relació al canvi climàtic. Però, mirin, els diré unes quantes
coses. Vostès imposen, de manera artificial, un model energètic del
passat, basat en les energies fòssils. No només discriminen el
consumidor, sinó que el mantenen al marge de la generació elèctrica i, en
cap cas, ni han apostat ni aposten per les energies renovables. El Govern
del Partit Popular sempre ha decidit basant-se en els interessos de les
grans empreses i mai a favor del medi ambient i les energies netes. Són
incapaços de valorar els costos reals de les seves decisions i
d’assumir que el veritable problema ha estat deixar en mans dels
oligopolis les decisions energètiques del seu país. Cal que els recordi
que vostès s’han carregat les energies renovables, mentre
autoritzen prospeccions a la Mediterrània o a les Illes Canàries.
Promouen el fracking com a alternativa o, fins i tot, ens amenacen que
allargaran la vida útil de les nuclears. I avui vostès vénen aquí amb
aquesta moció. Doncs facin el que els toca fer. Facin allò que diuen
vostès a la moció, compleixin amb el Protocol de Kioto i demostrin
efectivament que lluiten contra el canvi climàtic i suspenguin totes
aquelles lleis a les quals feia referència. I compleixin aquelles que no
compleixen. Apostin per les renovables, facin la seva feina i no ens
presentin mocions que són obvietats i brindis al sol i no facin servir el
Senat i els senadors per tapar les seves misèries.

Gràcies.

Gracias, señor presidente.

Realmente sorprende que hoy nos presenten una moción sobre el
cambio climático. No sé todavía cómo no se les cae la cara de vergüenza,
por decirlo de alguna manera, porque, a nuestro juicio, esta moción no
deja de ser un brindis al sol: seguir trabajando, cumplir los tratados
internacionales, mantener un papel activo y constructivo en la
negociación de un nuevo marco internacional de lucha contra el cambio
climático, etcétera. ¿Es posible luchar contra el cambio climático
aprobando leyes que se cargan nuestro medioambiente, como la Ley de
costas, de montes o de parques naturales nacionales?

La portavoz del Partido Popular, la señora Pons, nos ha dado el
listín de teléfonos, desgranando todo aquello que dicen que han hecho
sobre el cambio climático. Les voy a decir unas cuantas cosas: imponen de
forma artificial un modelo energético del pasado basado en las energías
fósiles; no solo discriminan al consumidor sino que le mantienen al
margen de la generación eléctrica y, en ningún caso, han apostado o
apuestan por las energías renovables. El Gobierno del Partido Popular
siempre ha decidido sobre las energías limpias basándose en los intereses
de las grandes empresas y nunca a favor del medioambiente. Son incapaces
de valorar los costes de sus decisiones y de asumir que el verdadero
problema ha sido dejar en manos de los oligopolios las decisiones
energéticas de su país. Hay que recordar que ustedes se han cargado las
energías renovables cuando autorizan prospecciones en el Mediterráneo y
en Canarias. Promueven el fracking como alternativa o nos amenazan con
alargar la vida útil de las nucleares. Y hoy vienen aquí ustedes con esta
moción, pues hagan lo que les corresponde hacer, hagan lo que dicen
ustedes en la moción: cumplan con el protocolo de Kioto y demuestren que
luchan contra el cambio climático y suspendan todas aquellas leyes a las
que hacían referencia, y cumplan con aquellas que no cumplen. Apuesten
por las renovables, hagan su trabajo y no nos presenten mociones que son
obviedades y brindis al sol y no utilicen al Senado y a los senadores
para tapar sus miserias.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, en la intervención anterior hice referencia a los
efectos que en el clima se derivaban del cambio climático. Ahora pretendo
referirme, de forma muy sucinta, a lo que son los impactos económicos y
sociales. Ya se han detectado daños en las cosechas. De hecho, como sus
señorías saben, las primas de los seguros agrarios en los últimos años
han experimentado una subida como consecuencia del incremento de los
riesgos derivados de este fenómeno. Se producen riesgos para la salud.
Cuando en algún momento se pretendió discutir la base científica del
cambio climático, uno de los argumentos utilizados con más insistencia
fue que en algunos otros momentos de nuestra historia conocida, de
nuestra historia presente se habían dado fenómenos similares. Lo que
ocurre es que en este momento se da algo diferente, y es la concurrencia
en períodos de tiempo breves y la sucesión de esos fenómenos que antes
aparecían de forma puntual en series históricas más amplias. En los tres
últimos años hemos vivido circunstancias en las que se daba el verano más
caluroso de los últimos cuarenta años, pero también el invierno con las
mayores nevadas de los últimos treinta años y, simultáneamente, una
presencia de fenómenos pluviosos de una intensidad que también destacaba
en los últimos cuarenta años.

Esa es la expresión y la base real y científica del fenómeno del
cambio climático, y ahí está el reciente manifiesto firmado por los
premios Nobel —y creo que con mucha razón— en la isla del
lago Constanza. Sostienen que, aunque las consecuencias del cambio
climático solo fueran previsibles en un 30 %, sería ya un riesgo
demasiado elevado para que nuestra sociedad lo asumiera y no hiciera lo
adecuado para evitar ese riesgo. Cabe hablar también de los fenómenos
meteorológicos extremos que en los últimos años estamos viviendo de forma
reiterada en la península Ibérica.

Es cierto que el objetivo fijado, como apuntaba el portavoz del
Grupo Popular, es que en lo que queda de siglo no se produzca ese aumento
de 2.ºC que aparece como el riesgo más probable. Hay quien eleva las
posibilidades del incremento de la temperatura hasta más de 4.ºC. Pero
aunque aceptáramos el parámetro que cuenta con más consenso científico,
igualmente, como sostenían los premios Nobel, resulta absolutamente
inasumible el riesgo que de ellos se deriva.

Sostenía la portavoz del Grupo Popular como una de las
aportaciones del Gobierno al combate del cambio climático la adquisición
de derechos de emisión. En ningún caso. No es una intervención adecuada
en la lucha contra el cambio climático compensar económicamente la
reducción en las emisiones. Hay que intentar evitar esas emisiones. Esa
debe ser la prioridad de la acción del Gobierno y para ello, sin ninguna
duda, es imprescindible un cambio de modelo energético, y aprovecho para
hacer referencia a la moción que antes hemos debatido en torno al
autoconsumo eléctrico.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Señor presidente, si me lo permite,
intervendré desde el escaño, aunque la verdad es que mi posición es
difícil porque tengo a la senadora detrás y no sé cómo ponerme. Hablaré
al tendido.

A veces, también hay que explicar por qué no se presentan
enmiendas. En este caso, nosotros no hemos presentado enmiendas por una
razón muy sencilla. Como ha dicho el senador Fidalgo —y estoy
absolutamente de acuerdo—, este tema es capital y hay que
discutirlo punto por punto y de manera muy detallada. Desde luego, no se
puede abordar un asunto tan importante como la lucha contra el cambio
climático mediante enmiendas; creemos que esa no es la vía. Pero, sobre
todo, no hemos presentado enmiendas por la naturaleza de la moción.
Podemos entender que la oposición pida al Gobierno que cumpla con las
obligaciones internacionales que ha adquirido; podemos entender que la
oposición pida al Gobierno que siga trabajando en aquellos compromisos
derivados del cumplimiento de los tratados internacionales, porque no lo
está haciendo. Pero nos cuesta más creer que el grupo que sustenta al
Gobierno le pida que siga haciendo algo que tiene hacer; solamente lo
podemos entender desde dos puntos de vista. Primero, porque quieran dar
un empujón a su autoestima justo cuando está a punto de acabar la
legislatura o porque con ello busquen una plataforma para hacer
propaganda. Y ni en una cosa ni en la otra vamos a entrar. Por eso no
hemos presentado enmiendas y nos vamos a abstener en la votación de esta
moción que creemos que no aporta nada, ni nuevo ni no nuevo, en la lucha
contra el cambio climático.

Sí hay una cosa para la que nos va a servir, y está bien. Nos va a
servir para que, cuando veamos en el Diario de Sesiones el listín
telefónico, como ha dicho la senadora Capella, que nos ha presentado la
senadora Pons y el resto de las enmiendas, podamos hacernos una idea
clarísima de cuál ha sido la situación respecto a la lucha contra el
cambio climático durante esta última legislatura.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el
senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gràcies, senyor president.

Bé, senadora Pons, lamento la no capacitat de negociació i
d’acceptació d’esmenes. El tema, com s’ha dit, no només
és extraordinàriament complex i extraordinàriament important, sinó que, a
més a més, sense cap mena de dubte, requereix de tots els consensos
possibles, tant en l’àmbit nacional com en l’àmbit
internacional. Per tant, hauria estat una bona mostra d’estar en
aquesta posició, per part del partit que dóna suport al Govern, del Grup
Parlamentari Popular, i del propi Govern d’Espanya, precisament,
acceptar entrar en la via de la negociació d’esmenes, tot i que té
raó el senador Cazalis, que el tema és tan ampli i tan complex que és
molt difícil —ja ho he dit també en la meva intervenció—
presentar esmenes en la mesura que caldria plantejar tot un programa,
precisament, de lluita contra el canvi climàtic.

Més enllà de lamentar la no acceptació de les esmenes, tampoc no
entenc, de la seva intervenció, si em permet que li digui, quan deia que
això no correspon a aquest ministeri. Jo entenc que la moció no és
d’un ministeri. La moció es planteja des de l’àmbit
parlamentari del Grup Popular i, evidentment, insta el Govern, en la seva
totalitat i, per tant, insta a tots aquells ministeris, a tota aquella
part de l’administració del Govern que té a veure amb el canvi
climàtic, el Ministeri d’Agricultura i de Medi Ambient i també,
evidentment, el Ministeri d’Indústria, Energia, etc. Però, en
definitiva, afecta a tot, fins i tot, si m’ho permet, al
d’educació, en la mesura que la conscienciació a l’escola, la
pedagogia també sobre les actituds de respecte mediambiental per evitar
el canvi climàtic, també són necessàries. Per tant, és una política
transversal, que afecta el conjunt del Govern i és així com s’ha
d’entendre.

Ho deia el senador Iglesias en la seva primera intervenció. I
també una mica en la segona. Hem passat de l’etapa negacionista,
tots recordem aquella frase del president Mariano Rajoy, precisament
negant l’evidència del canvi climàtic i avui sembla que simplement
estan a l’etapa del cofoisme, ja està bé, està bé tot allò que anem
fent. És clar, anem amb una lentitud i amb un retard, sobre allò que
exigeix la realitat i el context internacional, tremenda. Fins i tot
països que fins ara eren reticents a acceptar el fenomen del canvi
climàtic i les seves conseqüències, com són dues extremadament grans
potències industrials, com els Estats Units d’Amèrica o al Xina,
avui han estat i han mostrat actituds receptives a abordar polítiques,
precisament favorables a reduir les emissions que afavoreixen el canvi
climàtic, i això permet albirar, de cara a la Cimera de Paris,
d’alguna manera, unes expectatives positives de canvi real que
permeti assolir allò que ja s’havia plantejat a la Cimera de Kioto
fa molts anys.

Per tant, és en aquest context, quan és necessari que Espanya, que
el Govern d’Espanya, precisament, adopti actituds com corresponen
no només a un país avançat i sensible al tema sinó a un país que, per la
nostra posició, per la nostra latitud, per la nostra ubicació geogràfica,
som un país dels que més podem patir les conseqüències del canvi
climàtic. Precisament, som un país vulnerable i per això seria necessari,
és necessari, que el nostre Govern actuï en el marc internacional i de
cara als futurs compromisos, com és la Cimera de Paris, amb una actitud,
gairebé diria jo de lideratge. És necessari, no només canviar les
polítiques per demostrar que som un país capdavanter en la reducció de
les emissions que afavoreixen el canvi climàtic en l’avanç de la
producció d’energies renovables i en l’eficàcia
d’eficiència energètica, sinó que, a més a més, hem d’adoptar
una actitud de lideratge per arrossegar a la resta de països en el
context internacional a actuar d’una manera decidida. Perquè fins
ara, i com tots sabem, el que s’ha fet és anar agreujant les
condicions, agreujant-se la situació i augmentant la rapidesa del canvi
climàtic.

Abans, fora de l’hemicicle, comentàvem amb to de broma, que
l’onada de calor d’aquests dies és un marc que ens hauria de
sensibilitzar. Ja sé que les onades de calor poden ser degudes a efectes
conjunturals, que el tema és complex, perquè hi ha canvis climàtics que
formen part de la pròpia naturalesa i que no tenen a veure amb el que
estem anomenant el canvi climàtic. Els que ens dediquem a l’ofici
de la història sabem perfectament com són aquestes oscil.lacions, els
canvis de cicle llarg i cicle curt i podem entendre això. Però em
permetran una mica aquesta ironia perquè realment puguem estar amb la
màxima sensibilitat sobre una qüestió com aquesta.

És per tant necessari que canviem l’actitud i la política.
L’actitud, en aquesta moció, de dir al Govern que continuï fent
allò que ja està fent, evidentment, anem en direcció contrària. Com ja
s’ha dit en diferents moments al llarg d’aquest plenari al
Senat, esperem que un canvi de Govern, aviat, permeti fer allò que avui
no és possible, que és un canvi d’actituds, un canvi que ens
permeti realment avançar i que, evidentment, no arribarem a temps a la
Cimera de Paris però, en qualsevol cas, sí que arribarem a temps de poder
canviar les polítiques i poder treballar amb els nostres aliats i en el
context internacional per aconseguir un canvi que acabi salvant el nostre
país, que acabi salvant les nostres costes, que acabi salvant el nostre
territori i que, evidentment, contribueixi a que aquest món sigui
habitable. Perquè estem produint una degeneració ambiental, en el món en
què vivim, que no se la mereixen les generacions que ens han de
succeir.

Per això fora bo —encara que avui ja no serà possible—
que, en un altre moment, i encara aprofitant el que queda de legislatura,
fora possible arribar a un acord ampli, de consens, en aquesta Cambra, i
que, precisament, s’insti a un canvi de polítiques que, amb un
acord pres al final d’aquesta legislatura, pogués servir ja de
referència per a la propera legislatura amb el nou Govern que vingui i
amb les majories parlamentàries que es puguin configurar en el futur.
Perquè, com he dit al principi —i acabo— no només és
necessari actuar, sinó que cal fer-ho amb el màxim consens, en tots els
àmbits, en el nacional i en l’internacional. I cal un canvi de
polítiques i, sobretot, un canvi d’actituds que no veiem ni en el
Grup Parlamentari Popular ni en el Govern.

Ho lamentem i anuncio que el nostre grup votarà en contra de la
iniciativa que se’ns planteja. No perquè estiguem a favor que hi
hagi canvi climàtic, sinó perquè pensem que el que se’ns proposa
avui no serveix absolutament per a res, amb tot el respecte, ja ho he dit
en la meva anterior intervenció, el qualificatiu més benèvol que se
m’acut, simplement podem qualificar aquesta proposta
d’inútil. I, per tant, les propostes inútils no es mereixen un vot
favorable.

Gràcies, senyores i senyors senadors, gràcies senyor
president.

Gracias, señor presidente.

Senadora Pons, lamento la incapacidad para negociar y aceptar
enmiendas. El tema, tal y como se ha dicho, es extraordinariamente
complejo e importante y requiere además de todos los consensos posibles,
tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Por tanto, hubiera
sido una buena posición por parte del partido que apoya al Gobierno, el
Grupo Parlamentario Popular, y del propio Gobierno de España aceptar y
negociar las enmiendas. No obstante, el senador Cazalis tiene razón, pues
este es un tema tan vasto y complejo que es muy difícil —y lo he
dicho en mi anterior intervención— presentar enmiendas, ya que
tendríamos que plantear todo un programa de lucha contra el cambio
climático.

Más allá de lamentar la no aceptación de las enmiendas, no
entiendo que en su intervención diga que esto no corresponde al
ministerio. Considero que la moción no es de un ministerio, sino que la
moción se plantea en el ámbito parlamentario por parte del Grupo
Parlamentario Popular para instar al Gobierno en su totalidad y, por
tanto, a todos aquellos ministerios —parte de la Administración del
Gobierno— que tienen que ver con el cambio climático, sobre todo el
Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y el Ministerio de Industria y
Energía; en realidad afecta a todos, también al Ministerio de Educación,
si me lo permite, en la medida en que la concienciación en la escuela, la
pedagogía sobre las actitudes de respeto medioambiental para evitar el
cambio climático también son necesarias. Por lo tanto, se trata de una
política transversal que afecta al conjunto del Gobierno y es así como se
tiene que entender.

Como decía el senador Iglesias en su primera y segunda
intervención, hemos pasado de la etapa negacionista. Todos recordamos
—y no voy a insistir en ello— aquella frase del presidente
Rajoy negando la evidencia del cambio climático. Pero hoy más bien
estamos en la etapa de la alegría, parece que está muy bien todo lo que
estamos haciendo cuando, sin embargo, vamos con una lentitud y un retraso
tremendo respecto a lo que nos exigen la realidad y el contexto
internacional. Incluso países reticentes a aceptar el fenómeno del cambio
climático y sus consecuencias, como es el caso de dos potencias
industriales, Estados Unidos y China, han mostrado ya actitudes
receptivas a abordar políticas favorables para reducir las emisiones que
favorecen el cambio climático. Esto permite, de cara a la cumbre de
París, vislumbrar unas perspectivas positivas de cambio real que permitan
alcanzar lo planteado en la cumbre de Kioto hace muchos años.

En este contexto es necesario que España y el Gobierno de España
adopten las actitudes que corresponden a un país avanzado y sensible en
esta materia y a un país que, por su latitud y posición geográfica, es
uno de los que más puede sufrir las consecuencias del cambio climático.
Somos un país vulnerable y por ello es necesario que nuestro Gobierno
actúe en el marco internacional y de cara a los futuros compromisos, como
la cumbre de París, con una actitud de liderazgo; no solamente se trata
de cambiar las políticas para demostrar que somos un país puntero en la
reducción de las emisiones para favorecer el cambio climático y de
avanzar en eficiencia energética y energías renovables, sino que también
hay que adoptar una actitud de liderazgo en el contexto internacional
para arrastrar al resto de países a actuar de forma decidida, pues hasta
ahora, como todos sabemos, lo que se ha hecho ha sido agravar la grave
situación y la celeridad del cambio climático.

Antes, fuera del hemiciclo, hemos comentado la ola de calor de
estos días, y creo que este suceso nos tendría que sensibilizar. Sé que
las olas de calor pueden ser efectos coyunturales, que el tema es muy
complejo y que ciertos cambios climáticos forman parte de la propia
naturaleza y nada tienen que ver con lo que llamamos el cambio climático.
Los que nos dedicamos a la historia sabemos de estas oscilaciones y
cambios, lo del ciclo largo y el ciclo corto. He hecho esta ironía para
poner de relieve que conviene tener la máxima sensibilización en una
cuestión como esta.

Por lo tanto, es necesario cambiar la actitud y la política. Y,
desde luego, si la actitud es decir al Gobierno que siga haciendo lo que
ya está haciendo, vamos en la dirección contraria. Como se ha dicho en
otras ocasiones en el Senado, esperamos que un cercano cambio de Gobierno
nos permita hacer lo que hoy no es posible, un cambio de actitudes, un
cambio que realmente nos permita avanzar. Aunque no lleguemos a tiempo a
la cumbre de París, sí estamos a tiempo de poder cambiar las políticas y
de trabajar con nuestros aliados en el contexto internacional para
conseguir un cambio que salve nuestro país y nuestras costas, que acabe
salvando nuestro territorio y contribuya a lo que ahora parece
inevitable: estamos produciendo una degeneración ambiental en el mundo en
el que vivimos, y no se la merecen las generaciones que nos tienen que
suceder.

Por ello, sería muy bueno —aunque hoy ya no va a ser
posible— que en otro momento, aprovechando lo que queda de
legislatura, se pudiera alcanzar un acuerdo amplio de consenso en esta
Cámara precisamente instando a un cambio de políticas, y que el acuerdo
adoptado al final de esta legislatura pudiese servir de referencia para
la próxima, para el nuevo Gobierno que venga y las mayorías
parlamentarias que se configuren en el futuro. Porque, como decía al
principio de mi intervención —y termino—, no solo es
necesario actuar, sino que hay que hacerlo desde el máximo consenso en
todos los ámbitos, en el nacional y en el internacional. Es necesario un
cambio de políticas y de actitudes, algo que no vemos ni en el Partido
Popular ni en el Gobierno.

Por consiguiente, nuestro grupo va a votar en contra de la
iniciativa que se plantea, no porque no estemos a favor de la lucha
contra el cambio climático, sino porque vemos que lo que se plantea hoy
no sirve para nada. Como he señalado en mi anterior intervención, el
calificativo más benévolo que se me ocurre es que esta propuesta es
inútil, y las propuestas inútiles no se merecen un voto favorable.

Muchas gracias, señoras y señores senadores. Muchas gracias,
presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sabaté.

Por el Grupo Parlamentario de Convergència i d’Unió, tiene
la palabra el senador Maluquer.

El señor MALUQUER FERRER: Gràcies president.

Tothom hi està d’acord. El repte en temes de la lluita
contra el canvi climàtic és un repte estatal i de tota la comunitat
internacional, i és un repte inexcusable i és urgent. I és urgent seguir
reflexionant-hi, però també seguint actuant-hi d’una manera més
efectiva, que ens doni millors fruits.

Senadora Pons, permeti’m que li insisteixi en el tema de les
competències i la distribució territorial d’aquells recursos que
arriben al nostre Estat fruit d’aquests acords internacionals. Jo
li reconec que l’Estat gaudeix de la competència exclusiva sobre
les relacions internacionals, com diu l’article 149.3 de la
Constitució, però això no el converteix automàticament qualsevol matèria
o funció sobre la qual pugui recaure un conveni internacional en una
matèria i funció reservada a l’Estat. És a dir, els convenis
internacionals toquen molts temes, però això no els converteixen en
matèria de competència estatal quan hi ha un règim intern de distribució
de competències que cal ser respectat, i així ho reconeix tota la
jurisprudència en aquest sentit. Sense anar més lluny, el Tribunal
Constitucional al llarg de la seva història ha insistit en la necessitat
d’evitar que aquesta connexió comunitària pugui enterbolir
l’aplicació de les normes internes de repartiment de competències i
que integren aquest bloc de constitucionalitat. Per tant, li insisteixo
en la no extensió del seu àmbit competencial a totes les activitats
relacionades amb el seu desenvolupament, execució i repartiment de
recursos. Per tant, reconegui, d’una vegada, aquesta distribució. I
permeti’m que li digui que hi ha organismes que estan constituïts,
que no són efectius perquè no es reuneixen i sinó pregunti al altres
membres de les comunitats autònomes com són d’eficaços aquests
organismes. I no em digui si vostès han presentat o deixat de presentar
des de Catalunya, jo no parlava només de Catalunya, parlo del conjunt de
les administracions públiques que estem treballant perquè puguem avançar
efectivament en la lluita contra el canvi climàtic.

Si bé li insistia en la no extensió de l’àmbit competencial
fruit d’aquests convenis internacionals, també li reconec la
competència estatal pel que fa a un seguit de legislacions que ens
afecten a tots i que sí que són de competència estatal. Però jo li ho
vull anomenar, perquè reflexioni sobre aquestes matèries a veure si es fa
prou per lluitar i aplicar mesures efectives per la lluita contra el
canvi climàtic. Li recordo, en el tema de la legislació mercantil fem
prou? En el tema de comerç exterior, fem prou? Fomentant tant
l’exportació com la importació de matèries que potser hauríem de
prevaler més aquelles que són dels mercats més propers? Fem prou quan
planifiquem l’activitat econòmica, aquesta planificació general que
és competència estatal de l’activitat econòmica? És fa prou per
lluitar contra el canvi climàtic? Tot el tema del foment de la
investigació científica i tècnica, es fa prou en aquest canvi? No, jo
veig que els pressupostos cada dia van minvant i que no s’enfoquen
cap el lloc que toca, amb temes de pesca marítima en allò que no toca a
les competències autonòmiques tampoc se’n fa prou. En aquesta
cambra vam tenir una ponència on s’instava l’Estat a tirar
endavant tot un seguit de mesures per l’aplicació de combustibles
més respectuosos, tant pel transport internacional, com també per
aplicar-lo en els àmbits de les activitats marítimo-pesqueres. També en
temes de transport tenen competències, transport aeri sobretot, al servei
de ferrocarrils, transports terrestres, de la circulació motoritzada. Tot
això són matèries que són reservades a l’Estat i que, efectivament,
són legislació bàsica que li correspon a l’Estat, però que
l’Estat ha de compartir amb la resta d’administracions
actuants. Per tant, fem prou quan legislem des de l’Estat els
aprofitaments hidràulics quan aquests passen per diverses comunitats
autònomes? Veiem la contestació social en temes de l’aigua,
especialment a la conca de l’Ebre. Fem prou amb la legislació
bàsica sobre protecció de medi ambient? Sempre diem bàsica de medi
ambient, perquè les comunitats tenen la capacitat i les facultats per
augmentar o establir altres mesures absolutament adaptades a aquella
realitat concreta, per actuar contra l’acció dels efectes difusos,
dels sectors difusos que fan que l’aire de les nostres ciutats
sigui menys saludable. Evidentment, no és el mateix una realitat més
rural que una altra més urbana. I també quan l’Estat planifica les
obres públiques o el règim miner o —i tornem a insistir en el tema
energètic—, es fa prou per lluitar contra el canvi climàtic? Jo
penso que no.

Vostè ha anomenat una sèrie de coses, però per mi són uns
objectius que estan bé per un primer curs, però en tot cas no per
l’alçada de la legislatura en la qual ens trobem. Per tot això,
passant a reconèixer aquesta multiplicitat de les funcions públiques
implicades i la diversitat d’actuacions d’administracions
actuants en la matèria, el meu grup entén i jo entenc que de la seva
intervenció en no acceptar la meva esmena no està disposada a canviar el
rumb. És a dir, vostès segueixen enquistats en què ja fem prou, per mi no
és prou i, per tant, jo proposaré que el meu grup, metre vostès no
canvien d’






actitud i vulguin assolir els compromisos assolits
mitjançant mecanismes efectius de col·laboració entre administracions i
de cooperació interadministrativa, que és el que ens preocupa, fomentant
una organització adequada d’aquest Estat, que en aquests moments
està qüestionat des de tots els àmbits, el meu grup en aquesta matèria,
en aquesta moció, votarà en contra de la seva moció.

Moltes gràcies i res més. Bon dia.

Gracias, presidente.

Pues bien, parece ser que todos estamos de acuerdo. La lucha
contra el cambio climático es un reto estatal y de toda la comunidad
internacional, es un reto inexcusable y urgente. Es urgente seguir
reflexionando, pero hay que actuar de una forma más eficaz para obtener
mayores frutos.

Senadora Pons, permítame que insista en el tema de las
competencias y en la distribución territorial de los recursos que llegan
a nuestro Estado fruto de los acuerdos internacionales. Reconozco que el
Estado tiene la competencia exclusiva sobre las relaciones
internacionales, como dice el artículo 149.3. de la Constitución, pero
esto no convierte automáticamente cualquier materia sobre la cual pueda
recaer un convenio internacional en una función reservada al Estado.
Estos convenios internacionales tocan muchos temas, pero no los
convierten en materia de competencia estatal porque hay un régimen
interno de distribución de competencias que tiene que ser respetado, y
así lo reconoce toda la jurisprudencia en este sentido. Sin ir más lejos,
el Constitucional a lo largo de su historia ha insistido en evitar que
esta conexión comunitaria pueda obstaculizar el reparto de competencias
existente. Por ello insisto en la no extensión de su ámbito competencial
en todas las actividades relacionadas con su desarrollo, ejecución y
distribución de recursos. Reconozcan de una vez por todas esta
distribución. Por más que me diga que hay organismos constituidos, lo
cierto es que estos no son efectivos porque no se reúnen. Pregunte a
otros miembros de otras comunidades autónomas, que le digan a ver cómo
son de eficaces estos organismos. Y no arguya que ustedes lo han
presentado, o no, desde Cataluña. Yo no hablo solo de Cataluña, sino que
me refiero al conjunto de las administraciones públicas que trabajamos
para avanzar en la lucha contra el cambio climático.

Si bien insisto en la no extensión de su ámbito competencial fruto
de los convenios internacionales, también le reconozco la competencia
estatal en cuanto a la legislación que nos afecta a todos, que sí es de
competencia estatal. Quiero mencionar algunas materias para que
reflexione sobre ellas y vea si se hace suficiente en la lucha y
aplicación de medidas efectivas contra el cambio climático. ¿En el tema
de la legislación mercantil hacemos suficiente? ¿En el comercio exterior
hacemos suficiente? ¿Es suficiente fomentar tanta exportación e
importación de materias cuando tal vez tendrían que primar más aquellas
que son de mercados más cercanos? ¿Hacemos suficiente cuando planificamos
la actividad económica general, que es competencia estatal?, ¿se hace
suficiente para luchar contra el cambio climático? ¿En el tema del
fomento de la investigación científica y técnica se hace suficiente? Veo
que los presupuestos se van reduciendo cada día más y que no se enfocan
hacia este ámbito. En pesca marítima sucede lo mismo. Y en cuanto a lo
que no son competencias autonómicas, tampoco se hace suficiente. En esta
Cámara celebramos una ponencia en la que se instaba al Estado a impulsar
una serie de medidas para la aplicación de combustibles más respetuosos
tanto en el transporte internacional como en los ámbitos de las
actividades marítimo-pesqueras. También tienen competencia en los
transportes, y podemos hablar del transporte aéreo, de los ferrocarriles,
de los transportes terrestres y de la circulación motorizada. Todas estas
materias se las reserva el Estado y, efectivamente, a él le corresponde
la legislación básica, pero las tiene que compartir con el resto de
administraciones y actuantes. ¿Hacemos suficiente cuando legislamos desde
el Estado los aprovechamientos hidráulicos cuando estos pasan por
distintas comunidades autónomas? Vemos la contestación social en temas de
agua, especialmente en la cuenca del Ebro. ¿Hacemos suficiente en la
legislación básica sobre protección del medioambiente? Aquí siempre
decimos básica de medioambiente porque las comunidades tienen la
capacidad y la facultad de establecer otras medidas más adaptadas a su
realidad concreta, por ejemplo, para actuar contra la acción de los
sectores difusos que hacen que el aire de nuestras ciudades sea más
renovable. No es lo mismo una realidad rural que una realidad más urbana.
Y cuando el Estado planifica las obras públicas o el régimen minero
—y vuelvo a insistir en el tema energético—, ¿se hace
suficiente para luchar contra el cambio climático? Pienso que no.

Usted ha nombrado una serie de objetivos que están bien para un
primer curso, pero no a estas alturas de la legislatura. Por todo ello,
reconociendo la multiplicidad de las funciones públicas implicadas y la
diversidad de actuaciones de las administraciones competentes en la
materia, y dado que en su intervención ha señalado que no van a aceptar
la enmienda, mi grupo y yo entendemos que no están dispuestos a cambiar
el rumbo. Es decir, ustedes son tercos y mantienen que ya hacen
suficiente, pero yo pienso que no. Mientras ustedes no cambien de actitud
y estén dispuestos a alcanzar los compromisos adquiridos, mediante
mecanismos efectivos de colaboración con las administraciones y de
cooperación interadministrativa, que es lo que nos preocupa, fomentando
una legislación adecuada en el Estado, tan cuestionado en este momento
desde todos los ámbitos, mi grupo votará en contra de la moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maluquer.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra, tiene la
palabra el senador Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Muchas gracias, señor presidente.

Hace solo unos días se reunió un montón de gente en el lago
Constanza, entre ellos treinta y seis científicos premio Nobel, e
hicieron una declaración instando al mundo a que tomara con urgencia
medidas ya que los contenidos de los informes científicos sobre los
efectos del cambio climático eran alarmantes. Señorías, no solo los
científicos, hace unas semanas el papa Francisco, en su primera encíclica
Laudato sii —alabado seas—, también llamó la atención al
mundo sobre los riesgos que corre nuestro planeta.

No podemos acordar al final de la legislatura, por dignidad de
esta Cámara, un texto en el que se le insta al Gobierno a que siga
haciendo lo mismo. Por ello, hemos presentado un conjunto de medidas para
que se visualicen aspectos que deben ser tenidos en cuenta; no son
partidistas, sino que salen de las reflexiones y de los estudios del
mundo científico. No estamos hablando de una moción cualquiera, estamos
hablando de una política capital en la acción del Gobierno. No es una
moción sectorial ni local. Por lo tanto, señora Pons, permítame que le
diga que no entiendo cómo se puede justificar que el Gobierno no
comparezca para explicar estas cuestiones. El Gobierno tiene que
comparecer para dar explicaciones sobre cualquier cosa, pero sobre todo
para algo tan importante. Antes del 1 de octubre ha de presentar y
formalizar los compromisos que España ha adquirido, como todos los países
de Naciones Unidas, en total 196, en la Cumbre de Lima —y el
presidente de ese país nos ha visitado hoy—, y lo mínimo es que la
Cámara los conozca. También debemos tener conocimiento de los compromisos
que vamos a adquirir como país en las cumbres internacionales y saber si
son suficientes para alcanzar el objetivo de la temperatura media del
planeta. En este sentido, los países que hemos adquirido tales
compromisos debemos proporcionar recursos y mecanismos para medir si el
objetivo de que la temperatura del planeta no suba de los 2.ºC es
suficiente para salvar el planeta. Como me parece una cuestión
importante, entiendo que esta Cámara debe tener conocimiento. (El señor
vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Dice usted que España cumplió en el periodo 2008-2012, periodo que
se corresponde con el de Gobierno socialista. De todas formas, no podemos
confundir bajada de emisiones por bajada de actividad económica debido a
la crisis con bajada de emisiones por medidas de otro tipo. No creo que
haya querido decirme que en los pocos meses de 2012 de Gobierno del PP
funcionó la magia Cañete, porque no se entendería; la bajada de emisiones
y otras políticas importantes tienen su efecto a lo largo del tiempo. El
Gobierno socialista en el año 2005 hizo la evaluación preliminar; en el
año 2006, el Plan nacional de adaptación; en el año 2007, la Estrategia
de lucha contra el cambio climático; en el año 2006, el I Programa contra
el cambio climático y en el año 2009, el II Programa. Ya me dirá usted si
el Gobierno socialista estuvo parado en esta materia.

Por su parte, el Gobierno del PP ha conseguido el siguiente
resultado. La Unión Europea dice que para 2030 tenemos que reducir
emisiones en menos del 40 %, si bien nuestro grupo parlamentario en el
Parlamento Europeo proponía más, el 50 %, para llegar al 60 % en
reducción de emisiones en el año 2040 y a una reducción del 80 % de las
emisiones que producimos en época preindustrial en el año 2050. Y no se
lo dice el Grupo Socialista, es lo que recoge un estudio independiente de
la consultora Pricewaterhouse, que señala que en España las emisiones de
gases de efecto invernadero van a subir; o sea, no solo no van a bajar
el 40 %, sino que van a subir alrededor del 72 % de aquí al año 2033.
Este estudio puede verlo en internet, o si quiere se lo puedo
proporcionar porque lo tengo en mi escaño.

En producción de renovables, que es una materia fundamental para
reducir emisiones, la Unión Europea nos dice que tenemos que llegar
al 27 % en el año 2030 y en 2020, al 20 %. El Grupo Socialista proponía
objetivos más ambiciosos, pero finalmente la Unión Europea ha acordado
objetivos bastante alcanzables. El Consejo Europeo le ha dicho a España
hace muy poco que debe corregir las políticas para aumentar la producción
de renovables, ya que a este ritmo en el año 2020 no va a alcanzar el
objetivo del 20 % y, desde luego, en el año 2030 no va a llegar al 27 %
de energías renovables.

Los grupos parlamentarios hemos visto cómo el Gobierno en estos
años ha favorecido los combustibles fósiles, las prospecciones
petrolíferas, el fracking y demás cuestiones que lo que hacen es producir
más emisiones. Por lo tanto, España va por el camino contrario. Basta ver
la evolución presupuestaria: las políticas ambientales se reducen a la
mitad; la política de residuos, que favorece más recursos en lugar de
reutilizarlos o reducirlos; se modifica legislación básica como la
evaluación ambiental y la responsabilidad ambiental, dejando actuar a las
empresas de forma voluntarista: el que quiera hacerlo, que lo haga; no se
preservan ni garantizan recursos fundamentales como el agua, la calidad
del aire, etcétera. De hecho, hace poco vimos cómo se descuida un espacio
delicado como es nuestra riqueza forestal, cuya función de sumidero de
CO2 es fundamental. Lo mismo hemos visto con los problemas de sequía o
con los riesgos contrarios, las inundaciones; lo hemos visto de una forma
clara, rotunda y gráfica con la modificación de la Ley de costas. Cuando
todo el mundo sabe que vienen más temporales, que cada vez son más
frecuentes y con consecuencias más graves, que hay ciclogénesis, que los
paseos de las ciudades, los puertos deportivos y las zonas hosteleras de
costa están en serio riesgo, hacemos una legislación que favorece la
ocupación de más costa. El Gobierno debe tomarse muy en serio cuestiones
tan importantes como el turismo de playa, que ya he citado, pero también
podía haber hablado del turismo de nieve, cuyos efectos en el cambio
climático son evidentes para nuestra economía. Estos días estamos
viviendo episodios de olas de calor terribles. También vemos cómo se
reproducen, y cada vez son más graves, catástrofes como los incendios o
la sequía, cuando hace poco sucedía lo contrario, inundaciones y
temporales gravísimos.

Por lo tanto, la primera medida y la más importante es que el
Gobierno rectifique estas políticas. Debe hacer un plan muy serio de
choque de lucha contra todo lo que afecta y perjudica al cambio
climático, y creo que hay que ser serios en esta cuestión. El cambio
climático no lo van a combatir poniendo aire acondicionado, sino evitando
precisamente esos efectos.

No nos hagan caso a nosotros, aunque me parece grave su actitud
que les lleva a no incorporar ninguna de las 17 propuestas planteadas en
nuestra enmienda. Tampoco hagan caso al mundo científico. Pero, por
favor, al menos hagan caso al papa.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra
la senadora señora Pons.

La señora PONS VILA: Gracias, señor presidente.

Señorías, voy a intentar responder a algunas de las cuestiones
planteadas.

El senador Iglesias decía que esta era una moción retórica. Bien,
no sé si ustedes no me han escuchado o no me han querido escuchar; dicen
que tengo el discurso aprendido, pero me parece que ustedes también lo
tienen. Yo he dado datos, he hablado de objetivos y he dicho cómo se iban
cumpliendo.

Quiero recordar que casi todos los grupos —en este punto me
voy a detener especialmente— han mencionado la Ley de Costas y la
han querido poner como ejemplo de que nosotros no tomábamos medidas.
Pero, al contrario de lo que ustedes han dicho, la modificación de la Ley
de costas que ha llevado a cabo el Partido Popular no permite urbanizar
en ningún caso y es la primera que tiene en cuenta el cambio climático y
toma medidas en ese sentido.

Parece ser que al señor Fidalgo no le gusta la Ley de costas del
Partido Popular; no sé si lo que pretende es volver al modelo anterior,
del Partido Socialista, a una ley en la que no se recogía ni una sola
medida en contra del cambio climático. Repito que nosotros sí somos
sensibles a esta cuestión —lo he intentado explicar antes, pero
aquí cada uno escucha lo que le interesa— y, evidentemente, la Ley
de costas en ningún caso permite ningún tipo de urbanización ni nada que
atente contra el cambio climático, sino todo lo contrario. Tomamos
medidas y, de hecho, en los presupuestos también se incluyen partidas en
este aspecto, así que en eso no estamos de acuerdo.

El senador de Convergència dice que nosotros no aceptamos su
enmienda. Era un tema competencial y territorial muy claro, y ya le he
manifestado que no estamos de acuerdo.

Pedimos al Gobierno que siga haciendo lo mismo porque estamos de
acuerdo con lo que está haciendo, porque apoyamos lo que está haciendo y
porque pensamos que da buenos resultados. Ya les he explicado que estamos
cumpliendo Kioto y seguimos en ese camino.

Con respecto a la Entesa, lamento mucho, senador, que considere
que la moción es inútil. Yo pienso que no lo es; son distintas
posiciones. Me parece que no está mal reiterar y explicar a estas alturas
de la legislatura lo que se ha hecho y lo que se quiere seguir haciendo.
Nosotros presentamos una moción en ese sentido y ustedes presentan una
propuesta en otro. De todas maneras, agradezco su enmienda, al igual que
las enmiendas de todos los demás, y he intentado, en la medida de mis
posibilidades, explicar por qué no se aceptaban. Esta no es una moción de
política general, sino sectorial, que hace referencia a la cumbre de Lima
y a lo que pensamos plantear en la cumbre de París, enmarcada,
evidentemente, en una política medioambiental general. Le repito que ya
cumplimos el objetivo del 20 % dedicado a energías renovables. ¿Sería
deseable ir a más? Sí, pero no nos acusen de no cumplir en este
caso.

El señor Fidalgo también ha hecho una especie de juego de palabras
al decir que tras nombrar al nuevo secretario de Estado lo primero que
hemos hecho es presentar una moción. Pues bien, eso es prácticamente
imposible por un tema de fechas. Le puedo admitir cualquier otro
argumento, pero me parece que no viene al caso decir que, porque haya
cambiado el secretario de Estado, al cabo de dos días presentamos una
moción. No es muy relevante.

En cuanto a la señora de Esquerra Republicana, lo siento mucho,
pero no le voy a admitir que nos hable de miserias. Nosotros presentamos
aquí las mociones que creemos conveniente, y usted las apoya o no. Y
usted presenta las mociones que cree conveniente, y nosotros las apoyamos
o no, pero siempre desde la educación, y no acepto que me hable de las
miserias del Partido Popular. Usted habla de que estamos a favor de las
prospecciones, etcétera, y creo que esos temas ya se han planteado. Le
quiero recordar que el protocolo de Kioto lo firmó un Gobierno del
Partido Popular y la Oficina de Cambio Climático la creó un Gobierno del
Partido Popular. Si usted no está de acuerdo con nuestras políticas,
podrá entender que yo tampoco esté de acuerdo con las suyas y que el
Grupo Popular no las apoye; pero no por eso utilice ese lenguaje,
hablando de miserias.

En cuanto a la Ley de costas, le digo lo mismo: a usted no le
gusta la Ley de costas y a mí no me gustaba la Ley de costas del Partido
Socialista porque no tenía en cuenta el cambio climático. Nosotros sí lo
tenemos en cuenta.

Y digo lo siguiente con carácter general, porque parece que el
medioambiente tiene que ser patrimonio de la izquierda, y especialmente
de Esquerra Republicana. El cuidado del medioambiente no es patrimonio de
la izquierda. Nosotros también estamos, aunque alguien piense que tarde,
por la defensa del medioambiente y por la lucha contra el cambio
climático, y en mi caso —vengo de Baleares— le puedo decir
que las políticas medioambientales y las leyes de protección del
territorio se iniciaron con gobiernos del Partido Popular. (El señor
presidente ocupa la Presidencia).

El senador del Grupo Vasco no ha presentado enmiendas y nos acusa
de que tenemos mala conciencia. Pues le aseguro que no la tenemos,
simplemente queremos poner de manifiesto a estas alturas de la
legislatura lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer y cómo respaldamos
las actividades de nuestro Gobierno.

Y me alegra que al señor Fidalgo le guste mucho la encíclica y lo
que dice el papa —creía que ustedes eran más bien laicos—.
(Rumores). No tengo ningún inconveniente en que le guste la propuesta de
preservación del medioambiente que hace el papa; nosotros también la
apoyamos.

Para finalizar, simplemente quiero reiterar que este Gobierno ha
conseguido cumplir con Kioto —ya sé que no les gusta, e incluso lo
ponen en duda—. El Partido Socialista, de 2007 a 2011, dedicó 770
millones de euros a la adquisición de créditos de carbono, una parte a
través de fondos de carbono gestionados por instituciones financieras
internacionales y otra a través de contratos bilaterales de compra de
unidades de cantidad asignada. Es decir, con el dinero de los impuestos
de todos, ustedes pagaban fuera para seguir contaminando aquí. Y este
Gobierno, que sí cumple con Kioto, ha preferido destinar el dinero que ha
podido —reconozco que es poco dadas las restricciones
presupuestarias y las circunstancias desfavorables en que nos
encontramos— a ayudar a empresas de aquí a que no contaminen y a
que además creen puestos de trabajo.

Esta es, a mi juicio y a juicio del Partido Popular, la gran
diferencia entre sus políticas de cambio climático, las del Partido
Socialista, y las del Partido Popular. Por eso nosotros apoyamos las
políticas que ha llevado a cabo este Gobierno y le pedimos que continúe
en esta línea, cumpliendo los compromisos internacionales y ayudando a
que la lucha contra el cambio climático sea efectiva, para conseguir
incluso que países que no están por esa labor se adhieran a ello.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pons.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, les comunico que no vamos a parar el Pleno y que las
votaciones de las dos mociones siguientes las realizaremos junto con la
votación del veto que tiene el primer proyecto de ley, siempre a partir
de las cuatro de la tarde. ¿De acuerdo? (Asentimiento).

Votamos la primera moción, del Grupo Parlamentario Popular, tal
como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 229;
votos emitidos, 226; a favor, 146; en contra, 75; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

El señor presidente da lectura al punto 6.2. (El señor
vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): A esta moción se han
presentado tres enmiendas: una, del Grupo Parlamentario Mixto, a
iniciativa del senador Iglesias Fernández, otra, del Grupo Parlamentario
Catalán de Convergència i d?Unió, y otra más, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular, el senador señor Gutiérrez Alberca.

El señor GUTIÉRREZ ALBERCA: Muchas gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Popular trae esta moción para su
aprobación, y pensamos que debería contar con la aceptación unánime de la
Cámara. Como se suele decir, es una moción plana, declarativa, en la que
queremos valorar el trabajo que desde hace más de cuarenta años viene
haciendo la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Pensamos que
es la historia del éxito de un instrumento que ha servido
fundamentalmente para el acceso a la formación superior de miles y miles
de españoles, muchos de ellos de los lugares más recónditos, de más
difícil acceso, y muchos de ellos también en situación de desigualdad o
empobrecimiento. Y este instrumento de educación a distancia ha permitido
que en este momento más de 260 000 matrículas avalen esa actividad: la
continua expedición de los distintos grados, másteres, el acceso a la
UNED abierta, e incluso la formación de personas mayores. Eso se debe
también a muchos instrumentos relacionados con el desarrollo de las
nuevas tecnologías, que en muchos casos parecen el paradigma de un nuevo
modelo y que en el mundo de la educación y de la formación sin duda lo
son.

Esta es la parte buena de las nuevas tecnologías. Y es que muchas
veces hemos hablado en esta Cámara de las nuevas tecnologías que estaban
propiciando el destrozo de nuevos derechos, como los derechos de la
propiedad intelectual, pero también hay que ver su aspecto positivo, su
bondad, como el acceso a la educación, y en este caso el acceso a la
educación superior. Por tanto, poder dotar de nuevos medios y
herramientas tecnológicas que faciliten la adaptación de los títulos al
entorno digital es uno de los primeros motivos que nos llevan a presentar
esta moción. Y cuando hablamos de nuevos medios nos referimos a un
continuo procedimiento de cambio que tiene mucho que ver con las nuevas
tecnologías adaptadas a la movilidad, a los distintos dispositivos
móviles y a las aplicaciones que tienen que ver con estos. Y vemos que
esa historia de éxito de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
tiene un posible recorrido a medio y largo plazo, a futuro, en la
implementación de los nuevos instrumentos que tienen que ver con la
aplicación a la movilidad de las herramientas tecnológicas que faciliten
el acceso a las materias en esos entornos de estudio y de trabajo. Se
está desarrollando un campo importante en universidades internacionales.
Muchos habremos oído hablar de los open course o de los mocks; las
universidades de todo el mundo están volcando sus contenidos, están
propiciando accesos gratuitos a sus contenidos intelectuales y al
desarrollo de sus materias de referencia. Y también en este campo cabe
mejorar las distintas prestaciones de las aplicaciones que se pueden
desarrollar en el futuro.

En el fondo es un mundo inmenso. El acceso al conocimiento de
forma universal tiene unas capacidades inmensas, muchas de ellas gracias
a los instrumentos de nuestras lenguas. En ese sentido se ha presentado
alguna enmienda relativa a las lenguas oficiales; por supuesto, pero
entenderán que la divulgación del castellano en el mundo nos da acceso a
prácticamente 500 millones de hispanohablantes y caracteriza las
facilidades para poder acceder. Este es un campo en el que también hay
que trabajar, y en la última cumbre iberoamericana de jefes de Estado se
desarrolló con la materia de educación. Y, al igual que hemos estado
trabajando durante muchos años en el Espacio superior de Bolonia o en las
facilidades para la formación a través de los programas Erasmus o de otro
tipo en el ámbito de la Unión Europea, en el campo hispanoamericano se
ven dificultades. Precisamente hoy mismo el presidente de Perú, en su
alocución en el Pleno, ha hablado de las dificultades de homologación de
títulos y de acceso a la formación en el campo hispanoamericano. Pues
bien, la UNED puede ser la primera en romper el hielo a la hora de
facilitar estas cuestiones de homologación, porque el sistema que permite
tanto las matriculas como las posibilidades de realizar distintos
ejercicios presenciales en el extranjero puede facilitar la captación de
estudiantes de carácter internacional a través de las nuevas tecnologías.
Este es un ámbito en el que nosotros queremos hacer un especial hincapié,
y específicamente en la enseñanza de español para extranjeros, tanto
desde el punto de vista de acceso a las titulaciones, como de la aptitud
pedagógica de los profesores de español de todo el mundo. La UNED también
puede participar en esa aula virtual abierta, al igual que lo está
haciendo desde la firma del último acuerdo tras la visita de nuestro jefe
de Estado a México, la Universidad Nacional Autónoma de México, que se ha
incorporado conjuntamente con la Universidad de Salamanca a esos nuevos
instrumentos de certificados virtuales de la enseñanza de español.
Pensamos que es una cuestión de primera magnitud y que las herramientas
tecnológicas de la UNED le permiten competir en el ámbito internacional
en esos centros de referencia de la enseñanza no presencial de español
para extranjeros. Hay que abrir este campo de las nuevas tecnologías, con
el apoyo que el ministerio pueda dar, conociendo, por supuesto, que son
competencias totalmente transferidas. No hay que cerrar ese campo de
trabajo, con lo cual todas las universidades españolas deben ponerse las
pilas, como se suele decir de forma coloquial —en este caso sería
ponerse el chip—, para mejorar todas sus prestaciones en el ámbito
de las nuevas tecnologías con las distintas herramientas que ahora se nos
permite usar.

Estamos hablando de una universidad que ya tiene 60 000 accesos a
través de UNED Abierta, tanto a distintos podcasts como accesos a clases
grabadas por ordenador. Hablamos de más de tres millones de usuarios en
el portal de recursos educativos, un volumen lo suficientemente
importante para que la actualización permanente y la mejora de los
distintos campos de la innovación tecnológica permitan a la Universidad
Nacional de Educación a Distancia seguir siendo un referente
internacional en estas formas de enseñanza, que son, como digo, la
historia de un éxito.

Nada más de momento. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra en primer lugar,
por el Grupo Parlamentario Mixto, el senador señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, la enmienda que presentamos a esta moción también
pretende que se pase de las musas al teatro. Resulta difícil pedir a la
UNED florituras —necesarias, imprescindibles, pero florituras al
fin y al cabo— cuando está viviendo una situación de economía de
guerra porque los recortes en su presupuesto han reducido su capacidad de
forma muy notable.

Por ello, la enmienda que presentamos a esta moción plantea que se
compensen los recortes que se han venido haciendo desde 2011 y que
suponen el 20 % del presupuesto de la Universidad a distancia. El pasado
mes de marzo, hace muy poco tiempo, se tomaron decisiones por el
rectorado que expresan con total crudeza la situación económica que vive
la Universidad: la supresión de forma sorpresiva de 500 tutores virtuales
por falta de medios, el recorte del 50 % en el presupuesto de los
departamentos, y la eliminación del plan de investigación. De hecho,
desde 2012 el presupuesto del vicerrectorado de Investigación ha caído
el 50 %.

Por tanto, compartiendo el discurso con el que se ha presentado
esta moción y reconociendo los esfuerzos desarrollados por la UNED y la
eficacia de su trabajo, entendemos que la respuesta lógica a la
consideración de su actuación debería ser un mayor compromiso
presupuestario que, como mínimo, compensara esos recortes.

Como no voy a hacer uso del turno de portavoces, añadiré un par de
ideas más con respecto a la moción. Probablemente la trayectoria de la
UNED la convierta en el instrumento más adecuado para abordar los retos
que supone la enseñanza a través de las nuevas tecnologías. La UNED, que
ha padecido esos recortes, sin embargo ha visto incrementar de forma muy
notable el número de estudiantes: el 38 % en siete años; y está
trabajando, como también apuntaba el portavoz del Grupo Popular,
precisamente para ampliar su oferta en el ámbito del campus virtual. Como
experiencia, la XXVI Edición de Cursos de Verano se desarrolla
precisamente como campus virtual, y en el curso que ahora concluye ya se
ha impartido formación y enseñanza en estos términos. (La señora
vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia). Por tanto, creo
que la moción del Grupo Popular tendría sentido si se hubiera constreñido
a lo referido en la presentación, es decir, a que la Cámara reconozca el
trabajo de la UNED, pero no creo que el Grupo Popular esté en las mejores
condiciones de plantear nuevos retos a la UNED, aunque estos tengan que
afrontarse, si simultáneamente no propone la necesaria financiación
pública de esos retos. De ahí la enmienda que hemos presentado en los
términos que acabo de expresar.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Catalán de Convergència i
d’Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyora presidenta.
Nosaltres hem presentat una esmena que, de manera modesta i sincera,
creiem que dóna concreció, ampliació de mires i sentit a la moció que ens
acaben de presentar. Entraré a parlar de la mateixa.

En el primer punt proposem bàsicament un canvi de tres aspectes
que crec que no són menors, sinó que tenen molta importància. Vostès ens
diuen, en el seu primer punt, que cal impulsar el posicionament
d’Espanya a l’avantguarda de l’educació universitària
virtual, fomentant el desenvolupament per part de la universitat... Bé,
nosaltres proposem d’entrada suprimir aquestes dues paraules: «per
part», perquè això li dóna més potència. És a dir, en teoria allò que
vostès ens proposen és que la universitat ha de fomentar el
desenvolupament d’eines necessàries per adaptar títols, etcètera, i
nosaltres pensem que el fet d’impulsar el posicionament
d’Espanya a l’avantguarda de l’educació universitària
virtual, fomentant el desenvolupament, ha de ser no per part, sinó de la
Universitat Nacional a Distància. Crec que el concepte canvia molt amb el
fet que s’elimini l’expressió «per part» perquè, en
definitiva, allò que nosaltres pretenem és donar-li una major concreció i
una major amplitud des d’un punt de vista conceptual.

Pel que fa al segon aspecte, crec que no ens podem centrar només
en la UNED i hem de parlar, també, de les altres universitats virtuals
que hi ha també a Espanya, com, per exemple, la UOC —hem de parlar
de la UOC, de la Universitat Oberta de Catalunya— que estan
desenvolupant una funció realment important. I, des del nostre punt de
vista, el fet de no incloure-les aquí i centralitzar-ho de manera
exclusiva a la UNED fa un flac favor a la resta d’universitats que
estan treballant en aquesta línia. Per tant, nosaltres proposem aquí
incloure la UOC i la resta d’universitats virtuals amb seu a
l’Estat espanyol.

També afegim en aquest mateix primer punt que cal fomentar el
desenvolupament —lligant-ho una mica ja tot— de la
Universitat Nacional, de la UOC i de la resta d’universitats, i de
les eines necessàries per adaptar els seus títols i els seus programes a
l’entorn digital i que aquest impuls s’efectuarà per a totes
les llengües oficials. De no posar-ho, nosaltres entenem que aquí estem
parlant exclusivament d’una llengua i, per tant, hem de potenciar
la resta de llengües oficials.

Així, creiem que aquest punt amplifica el concepte que vostès li
donen a aquesta moció, va molt més enllà i crec que té una
representativitat important, i no deixa fora cap de les universitat que
estan treballant en programes virtuals —bé d’ensenyament de
llengües, bé d’ensenyament de graus, bé d’ensenyament de
postgraus— i que són les que contribueixen de manera global a
impulsar aquest posicionament d’Espanya que vostè feia
referència.

El segon punt el deixaríem igual.

I en relació al tercer punt, és evident —abans també hi ha
fet referència el senador Iglesias—, que hem de parlar de qüestions
econòmiques. Per portar a terme tot això i per impulsar aquestes mesures
necessàries per implantar de forma prioritària a tots els centres
universitaris públics de l’Estat l’ús de les tecnologies, és
evident que calen recursos, sense recursos això no es pot fer. Per tant,
demanem que hi hagi la dotació corresponent a les comunitats autònomes de
les partides pressupostàries necessàries per poder-ho dur a terme.

Entenem que els conceptes impulsar, contribuir o promoure ja no
poden utilitzar-se a aquestes alçades de la legislatura sense concrecions
expresses.

Per tant, nosaltres concretem, ampliem i crec que li donem un
sentit molt més ampli, i demanem al portaveu del Grup Popular que accepti
aquesta esmena que hem presentat.

Gràcies.

Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros hemos presentado una
enmienda que, de forma modesta y sincera, da concreción, amplitud de
miras y sentido a la moción que nos acaban de presentar.

Proponemos el cambio de tres aspectos que creo que no son menores,
sino de mucha importancia. Ustedes plantean impulsar el posicionamiento
de España a la vanguardia de la educación universitaria virtual,
fomentado el desarrollo por parte de la universidad... Bien, de entrada
proponemos suprimir esas dos palabras: «por parte», porque ese hecho le
da más potencia. En teoría, lo que ustedes dicen es que la universidad
tiene que fomentar el desarrollo de herramientas necesarias para adaptar
títulos, etcétera, y nosotros proponemos impulsar el posicionamiento de
España a la vanguardia de la educación universitaria virtual fomentando
el desarrollo —no por parte— de la Universidad Nacional a
Distancia. Creo que el concepto cambia mucho en función de que añadamos o
eliminemos la expresión «por parte». En definitiva, como he dicho, damos
una mayor concreción y amplitud desde un punto de vista conceptual.

Por otro lado, considero que no podemos centrarnos solo en la UNED
sino que debemos hablar también del resto de universidades virtuales que
hay en España, como, por ejemplo, la UOC —tenemos que hablar de la
UOC, la Universitat Oberta de Catalunya—, que están desarrollando
una función realmente importante. Y, desde nuestro punto de vista, el
hecho de no incluirlas y centralizar el tema de forma exclusiva en la
UNED es hacer un flaco favor al resto de universidades que están
trabajando en esta línea. Por tanto, como digo, proponemos incluir a la
UOC y las demás universidades virtuales con sede en el Estado
español.

También en el primer punto añadimos que es necesario fomentar el
desarrollo —de la Universidad nacional, la UOC y el resto de
universidades— de las herramientas necesarias para adaptar sus
títulos y sus programas al entorno digital y que ese impulso se efectuará
para todas las lenguas oficiales. No expresarlo así da a entender que
estamos hablando exclusivamente de una lengua, y debemos potenciar
también el resto de lenguas cooficiales.

Creemos que con los cambios en este punto la moción va mucho más
allá, tiene una representatividad importante y no deja fuera a ninguna de
las universidades que están trabajando en programas virtuales
—enseñanza de lenguas, grados o postgrados— que contribuyen
de forma global a impulsar el posicionamiento de España, al que usted ha
hecho referencia.

En el segundo punto no incorporamos ninguna modificación.

Y en cuanto al tercero, es evidente —antes también ha hecho
referencia el senador Iglesias— que tenemos que hablar de
cuestiones económicas, porque sin recursos no se puede implantar el uso
de las tecnologías de forma prioritaria en todos los centros
universitarios públicos del Estado. Así pues, pedimos la dotación
correspondiente a las comunidades autónomas de las partidas
presupuestarias necesarias para poder llevarlo a cabo. A estas alturas de
la legislatura, los conceptos impulsar, contribuir o promover no pueden
utilizarse sin concreciones expresas.

En definitiva, nosotros concretamos y ampliamos la moción, y
pedimos al Grupo Popular que acepte la enmienda que hemos
presentado.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el senador Álvarez Villazán.

El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Gracias, presidenta.

Señorías, en primer lugar, considero que las enmiendas que han
presentado tanto el senador Iglesias como el senador Alturo son de lo más
razonable, van en la línea de la que vamos a plantear nosotros y espero
que el Grupo Popular, si es verdad que tiene esa voluntad de defender y
poner en valor lo que realmente supone la universidad a distancia, las
acepte.

El señor Gutiérrez Alberca, del Grupo Popular, ha definido la
moción —y me ha ahorrado palabras para hacerlo yo— como plana
y declarativa. Evidentemente, es una moción totalmente plana y
declarativa porque no es más que una declaración de buenas intenciones;
muy oportuna, como ya le han recordado desde esta misma tribuna, si se
tratase de hacer un reconocimiento a la labor que ha realizado la UNED en
todos estos años. No tendríamos ningún inconveniente en votar a favor y
reconocer esta importante labor que ha realizado la UNED, como no vamos a
tener tampoco ningún inconveniente en votarla a favor, entendiendo que se
van a aceptar estas enmiendas que lo único que hacen, tanto las que se
han presentado ahora como la que presentamos nosotros, es concretar lo
que de forma muy genérica pide el Grupo Popular en su moción. Porque,
señorías, ¿quién no va a estar de acuerdo con instar al Gobierno a
impulsar el posicionamiento de España a la vanguardia de la educación
universitaria virtual fomentando el desarrollo de la UNED y de estas
herramientas, coincidiendo con lo que ha dicho el señor Alturo de que no
debe ser la universidad sino el Gobierno quien tome estas iniciativas? ¿O
en contribuir a la ampliación de la dimensión internacional de la UNED de
manera que se convierta en un centro de referencia de la enseñanza no
presencial del español para extranjeros, como defendía el señor Gutiérrez
Alberca? Por supuesto que estamos de acuerdo, pero, señorías, ¿cómo lo
vamos a hacer? Vamos a plantear cómo lo vamos a hacer. No podemos dejar
que esta sea una moción de mera declaración de intenciones.

Durante estos años —lo saben sus señorías—, la
Universidad Nacional de Educación a Distancia ha incrementado en casi
un 40 % su número de alumnos. Sin embargo, por una parte, ha visto
congelarse primero y reducirse después sus plantillas y, por otra, ha
venido sufriendo una continua pérdida de financiación pública que hace
que en estos momentos la financiación propia de la universidad suponga
el 55 % de su presupuesto. Además, en la Ley Orgánica 2/2012, de
estabilidad presupuestaria y suficiencia financiera, se aboca a una
planificación plurianual coordinada de todas las administraciones
públicas que inciden de manera relevante en su actividad, de forma que se
garantice una planificación conjunta, la adecuada financiación y unos
límites realistas a los costes de personal. Me parece un poco curioso que
ahora el Grupo Popular pida que se haga esto cuando ha tenido ya varios
años para hacerlo y no lo ha hecho.

Por otra parte, la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
en su estrategia institucional aprobada en diciembre de 2014 para el
periodo 2014-2017, ha definido como parte de su visión ser la universidad
de referencia del país tanto en la enseñanza universitaria a distancia
como en la educación superior digital basada en las tecnologías
educativas más avanzadas, con vocación —cito literalmente— de
proyectar sus actividades esenciales principalmente a países que
comparten el uso de la lengua española. Luego, la propia UNED ya lo
contempla.

Por tanto, después de toda esta declaración de intenciones solo
queda una cosa: concretar en qué pedimos al Gobierno que se implique. ¿Y
en qué aspectos se lo pedimos? Primero, en que garantice la financiación
para que la UNED se configure como un elemento de la vanguardia
tecnológica de la enseñanza a distancia del español, pero que garantice
la financiación. Y, segundo, que contribuya a la implantación de un nuevo
modelo de centros en el exterior al amparo de la Ley 2/2014, de 25 de
marzo, de la acción y del servicio exterior del Estado, que contribuya al
posicionamiento internacional de la UNED y fortalezca la presencia
exterior de España, y, por supuesto, todo ello teniendo también en cuenta
que lo mismo que se apruebe para la UNED se debe aprobar para todas las
universidades públicas de nuestro país.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Para indicar si acepta las enmiendas presentadas, tiene la palabra
el senador Gutiérrez Alberca.

El señor GUTIÉRREZ ALBERCA: Gracias, señora presidenta.

Por economía procesal, intervengo desde el escaño para decirle al
señor Iglesias, aunque en este momento no se encuentra en el hemiciclo,
que la enmienda que él plantea quiere pasar de las musas al teatro, pero
pasa demasiado, porque incluso fija en el porcentaje de cuantía la
necesidad de volver a incrementar los presupuestos de los que disponía la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, y sinceramente pienso que
dentro de poco, en el próximo Pleno, veremos los parámetros esenciales de
los Presupuestos Generales del Estado para 2016. Y para volver a
recuperar las mismas cantidades previas a la crisis, hay que evaluarlo
desde otros ámbitos, por ejemplo, desde los ingresos o la recaudación, no
podemos contemplar únicamente las políticas de gasto; intentar recuperar
un 20 % de disminución de estas políticas presupuestarias es fruto de
otras políticas de disminución de ingresos del presupuesto general del
Estado que se hayan podido destinar a estos aspectos.

Esto coincide también con algunas enmiendas, por ejemplo, la que
ha presentado el Grupo Socialista, por tanto, mi voto será en contra. En
otras cuestiones nos gustaría decir que sí, pero pensamos que nuestro
texto es lo suficientemente claro. La enmienda del senador Alturo
pretende reconocer, fundamentalmente, la labor de la Universidad Oberta
de Catalunya, que nosotros reconocemos, porque está a la vanguardia en
cuanto a tecnología, incluso por encima de las prestaciones tecnológicas
que hoy puede ofrecer la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Pero, bueno, ese «por parte» no puede justificar lo que decimos en el
tercer punto de nuestra moción, y es que el resto de los centros
universitarios públicos también debe sumarse a ese avance en las nuevas
tecnologías. Ahí lo dejamos, porque realmente, en este sentido, la
Universidad Oberta de Catalunya tiene una competencia clara desde el
punto de vista educativo que depende de la Generalitat. Lo que queremos
con esta moción es reconocer el trabajo que hace la UNED.

Señorías, sinceramente, su enmienda, dentro de este campo de las
nuevas tecnologías, sufre de las viejas políticas porque solamente se
habla de una cuestión presupuestaria: presupuesto más prestaciones, y eso
realmente perjudica a las universidades hoy en día. Quizás en el turno de
portavoces pueda desarrollarlo mejor.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa).

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.

Voy a iniciar mi turno mostrando mi extrañeza por las últimas
palabras del senador Gutiérrez Alberca. Efectivamente, me gustaría que en
el turno de portavoces nos explicara cómo a las universidades les puede
perjudicar una política expansiva de carácter presupuestario, porque es
la queja reiterada que están haciendo todas las universidades, no
solamente aquellas que están trabajando en los campos digitales, sino
todas aquellas que están sujetas al presupuesto público, sobre todo de
sus ministerios.

Vaya por delante que lamento profundamente que no acepte las
enmiendas de los grupos parlamentarios proponentes porque entiendo que
solventaban las lagunas que veo en la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. Se trata de una moción a todas luces incoherente e
insuficiente; incoherente porque no es la primera vez que el Grupo
Popular viene aquí con mociones relativas a la universidad. Ahora hablo
de memoria, pero creo recordar que hace poco discutimos una sobre
internacionalización universitaria, otra sobre los campos de excelencia y
ahora presentan una de fomento de la educación virtual que yo, una vez
más y lamentándolo mucho, solamente puedo definir como moción blanca. Es
un brindis al sol. Lo que ustedes proponen es una especie de celebración
de los resultados de la universidad española a distancia, con un nulo
contenido material, por no hablar de las soluciones financieras. Cuando
ustedes se han atrevido a regular, cuando se han atrevido a legislar en
el ámbito universitario, lo han hecho siempre para limitar la capacidad
de acción de la universidad, bien sea mediante recortes presupuestarios,
bien sea mediante el incremento de tasas en la reducción de las políticas
de becas. Constatamos una vez más que en el ámbito universitario entre
sus palabras y sus hechos hay un espacio tan grande, tan abismal, que sus
mociones no resultan creíbles.

Esta moción es, además, insuficiente porque se limita única y
exclusivamente a la Universidad Nacional a Distancia. Usted ha mencionado
la excelencia de la UOC en el ámbito de la educación virtual. No la
incluyen tampoco en su moción, y sin que esto suponga que mi grupo
parlamentario no hace un reconocimiento a la labor de la UNED, que es
todo lo contrario; es decir, su larga trayectoria y sus resultados la
avalan como una de las universidades referentes en la educación a
distancia. Y como es evidente que dentro de ese ámbito educacional las
nuevas tecnologías ofrecen a la UNED una oportunidad y una obligación
para adaptarse a esos entornos virtuales, nos gustaría que su grupo
parlamentario hiciese un esfuerzo por incluir al resto de las
universidades con contenidos, pero con contenidos reales, porque las
universidades tradicionales —en este caso también la Universidad
Autónoma Vasca, tengo que decirlo— están adaptando sus estructuras
y sus contenidos a los desafíos de la universidad virtual.

Si se aceptaran las enmiendas que le han propuesto los grupos
parlamentarios, seguramente mejorarían muchísimo estas dos deficiencias
que veo en su moción en cuanto a la insuficiencia y la incoherencia, pero
una vez más demuestran su impermeabilidad a cuantas aportaciones puedan
hacer los grupos parlamentarios y por eso se merecen el voto en contra de
mi grupo y del resto.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gràcies, presidenta.

Llegeixo textualment les paraules que m’ha fet arribar la
portaveu d’Educació de l’Entesa, la senadora Sequera, que no
pot estar present en aquesta part de la sessió plenària degut a una
convocatòria institucional inexcusable en funció de la seva condició de
regidora.

La moció que estem debatent se suma a tantes altres presentades
pel Grup Popular en les quals la literatura emprada està carregada de
bones intencions i prou. Però totes elles tenen una carència elemental:
el profund convenciment sobre el tema que es tracta; no hi creuen. Prova
d’això és que per a dur a terme tot allò que es proposa al
ministeri cal un compromís mesurable quantitativament. Les accions
proposades comporten per força una despesa de la qual no es parla a la
moció.

S’han presentat per part dels grups esmenes que fan
referència a la manca de finançament per fer reals les iniciatives que
conté la moció. Per altra banda, el tema de l’educació superior a
distància és un tema que caldria tractar amb profunditat i de forma més
àmplia, donat que hi ha moltes altres institucions, a banda de la UNED,
que contribueixen a la mateixa finalitat que aquesta. Moltes universitats
han desenvolupat oferta formativa a distància i a través de finançament
autonòmic porten a terme la mateixa funció i comparteixen els mateixos
objectius.

Si de debò és sincera l’afirmació que fan en la part
expositiva que: «En otros países han sabido comprender que sus
universidades son el elemento clave para encontrar su lugar preponderante
en el tablero de influencia internacional. Sus facultades y escuelas
superiores no sólo son las impulsoras de avance social sino las
instituciones generadoras de ideas y talento, y por ello de nuevas
oportunidades económicas para todos. La universidad española debe tomar
ejemplo y conseguir la integración en esta sociedad del conocimiento.» Si
això és així, llavors la perspectiva per afrontar el repte ha de ser molt
més àmplia i no tan sols afectar a la UNED, sinó a totes aquelles
universitats públiques que ofereixen el recurs de l’educació a
distància. Aquí, però, topem amb els transferències transferides a les
comunitats autònomes, encara que torno a reiterar que si de debò hi ha el
convenciment expressat anteriorment, no hauria de ser obstacle per
l’enteniment amb aquestes per arribar als objectius fixats. Volem
ser benèvols i creure que la proposta que es fa al Govern és per tal que
ho tinguin present a l’hora de confeccionar els pressupostos de
l’exercici 2016, ja que seria molt agosarat pretendre afrontar el
projecte sense tenir contemplada la partida pressupostària en els
pressupostos de 2015. De fet, he revisat la memòria dels mateixos i en
cap moment no es parla d’activar cap tipus de projecte a la UNED de
les característiques d’aquesta moció. Per tant, això farà que
estiguem amatents a la tramitació dels Pressupostos Generals de
l’Estat del 2016.

També volem aprofitar aquesta ocasió per deixar de manifest que
estem d’acord en arribar a ser un referent en l’educació
superior a distància a nivell mundial, però hi ha un aspecte que creiem
prioritari abans que cap altre. Avui en dia a l’Estat hi ha llocs
on Internet no arriba. Estem al segle XXI, però la realitat és així de
contundent. En la ponència d’estudi per a l’adopció de
mesures en relació amb el despoblament rural a Espanya, una de les
mesures proposades per afavorir l’establiment de població en els
municipis rurals era, precisament, la dotació d’infraestructures
tecnològiques que garantissin l’accés a Internet. Per tant, creiem
que sí que cal fer esforços per trobar un lloc de referència a nivell
internacional, sempre i quan també s’esmercin els mateixos a nivell
estatal.

En quant al posicionament d’avantguarda en l’educació
a distància, implica apostar per recursos per adaptar els programes de
l’entorn digital al mateix ritme que avancen les noves tecnologies.
Cal ser competitiu, i això vol dir inversió en R+D+I en aquest camp. Per
tot això, el Grup d’Entesa votarà no a la moció. Creiem en les
universitats públiques i en la tasca que desenvolupen, perquè entenem que
efectivament són una eina transformadora de la societat oferint igualtat
d’oportunitats, però també tenim clar que la universitat com a
institució necessita del recolzament de l’Administració,
principalment financer, fet que farà que estiguem alerta a les partides
pressupostàries del pressupost del 2016 per confirmar si les intencions
d’aquesta moció eren verdaderes.

Moltes gràcies.

Gracias, presidenta.

Leo textualmente las palabras que me ha hecho llegar la portavoz
de Entesa, la senadora Sequera, que no está presente en esta parte de la
sesión debido a una convocatoria institucional inexcusable en función de
su condición de concejal.

La moción que estamos debatiendo se suma a tantas otras
presentadas por el Grupo Popular en las que la literatura utilizada está
llena de buenas intenciones y nada más. Todas ellas tienen una falta
lamentable, y es el profundo convencimiento sobre el tema que se trata.
No se creen, no son creíbles. Prueba de ello es que para llevar a cabo
todo lo que se propone el ministerio hace falta un compromiso mesurable
cuantitativamente. Las medidas adoptadas necesitan un gasto del que no se
habla en la moción.

Otros grupos han presentado enmiendas que hacen referencia a la
falta de financiación para llevar a cabo las iniciativas que se
contemplan. Por otro lado, la educación superior a distancia es un tema
que se habría de tratar con profundidad y de forma más amplia, puesto que
hay muchas instituciones además de la UNED que hacen lo mismo. Muchas
universidades han desarrollado una oferta formativa a distancia y a
través de financiación autonómica para llevar a cabo la misma función y
comparten los mismos objetivos.

Si de verdad es sincera la afirmación que hacen en la parte
expositiva de que en otros países han sabido comprender que sus
universidades son el elemento clave para encontrar su papel preponderante
en el camino del crecimiento internacional, sus facultades y sus escuelas
superiores no solo son impulsoras del avance social, sino las
instituciones generadoras de ideas y talento y, por ello, de nuevas
oportunidades económicas para todos, la universidad española debe tomar
ejemplo y conseguir la integración en la sociedad del conocimiento. Si
esto es así, la perspectiva para afrontar el reto debe ser mucho más
amplia y no afectar tan solo a la UNED, sino a todas aquellas
universidades públicas que ofrecen el recurso de la educación a
distancia. No obstante, con las competencias transferidas a las
comunidades autónomas, vuelvo a reiterar que si existe el convencimiento
expresado anteriormente, no debería ser obstáculo para llegar a los
objetivos fijados. Queremos ser benévolos y creer que la propuesta que se
realiza al Gobierno es para que lo tengan presente a la hora de
confeccionar los presupuestos del ejercicio 2016, pues sería imposible si
no se contemplara una partida presupuestaria. Por tanto, estaremos
atentos a la tramitación de los presupuestos y a la inclusión de estas
medidas para poder llevarlo a cabo.

Para llegar a ser un referente a nivel mundial hay otro aspecto
prioritario. Hoy día, en el siglo XXI, existen sitios del Estado donde
internet no llega. En este sentido, en la ponencia de estudio para la
adopción de las medidas que lleven internet a toda España, una de las
medidas presupuestarias era precisamente la dotación de infraestructuras
tecnológicas que garantizaran el acceso a internet en todos los
municipios rurales. Por tanto, sí consideramos necesario hacer esfuerzos
para encontrar un lugar de referencia en el ámbito internacional, siempre
y cuando se realicen los mismos esfuerzos en el ámbito estatal.

En cuanto a nuestro posicionamiento respecto a la educación a
distancia, se debe apostar por recursos para adaptar los programas de
cultura digital a las nuevas tecnologías. Hay que ser competitivo y eso
significa inversión en I+D+i. Por todo ello, el Grupo Parlamentario
Entesa votará no a la moción. Creemos en las universidades públicas y en
la función que desarrollan como fuerza transformadora de la sociedad y en
la igualdad de oportunidades. Sin embargo, la universidad es una
institución que necesita apoyo de la Administración, principalmente
financiero, lo que hará que estemos alerta de cara a las nuevas
propuestas presupuestarias para 2016, con el fin de confirmar que sus
intenciones en esta moción eran verdaderas.

Muchas gracias, señorías.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió, tiene
la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyora presidenta.

Senador Alberto Gutiérrez, em sap molt de greu que cap de les
esmenes que s’han plantejat, i en concret la nostra, no siguin
acceptades. Sincerament, nosaltres veiem que la moció que ens presenten
—aquí s’ha dit molt bé ja per part d’altres
portaveus— és una moció blanca, és una moció sense cap implicació
en res. A aquestes alçades de legislatura, ara que estem acabant la
legislatura, el que no poden anar dient vostès, que són el grup que donen
suport al Govern, és impulsar, contribuir o promoure, és a dir, paraules
plenes de bones intencions que es podrien entendre a l’inici
d’una legislatura, però que a aquestes alçades, senador Gutiérrez,
s’han de concretar.






És a dir, han de dir: farem això i hi posarem
aquests recursos, i prendrem aquestes mesures. El que no poden fer és
parlar d’impuls.

Vull llegir allò que diuen al preàmbul de la seva moció: «En
altres països han sabut comprendre que les seves universitats són
l’element clau per trobar el seu lloc predominant en el tauler
d’influència internacional. Les seves facultats i escoles superiors
no són solament impulsores de l’avenç social, sinó institucions
generadores d’idees i talent.» Parla de les universitats i la
universitat espanyola n’ha de prendre exemple. En aquest sentit, em
sembla molt bé la tasca que està fent la UNED, i no la vull desprestigiar
ni molt menys, però el que no podem deixar de banda són la resta
d’universitats virtuals que estan treballant per impulsar
l’ensenyament virtual, l’ensenyament i la potenciació de les
llengües, com dèiem abans. Per tant, sincerament, hem de mirar de sumar a
totes les universitats. En aquesta moció no podem dir que ens és igual,
perquè hem de parlar de les altres universitats que estan fent aquesta
feina —la UOC, entre d’altres—. Entenc que,
evidentment, aquí no podem anar a excloure. Hem de sumar, si realment
volem que això doni contingut a allò que vostès mateixos diuen en el
preàmbul d’aquesta moció.

D’una altra banda, les universitats a distància, les
universitats virtuals, són el motor també d’ensenyament de les
llengües oficials, i hi hem de fer referència, a aquestes llengües
oficials. I vostès, que els agrada tant nombrar la Constitució, val la
pena que recordin l’article 3.3 de la Constitució, on es diu que la
riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un
patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i
protecció.

Nosaltres, amb la nostra esmena, senzillament proposem això, tenir
aquest reconeixement. De no dir-ho, entenem que estem parlant
exclusivament d’una de les llengües, no de les demés, i no estem
donant compliment a un dels objectius que tenen també les universitats
virtuals i a distància, que és el tema de l’aprenentatge de les
llengües.

Per tant, a nosaltres ens sap molt greu que no vulguin concretar,
que no hagin acceptat aquestes esmenes. Entenem que la moció que ens
plantegen no concreta res i al final de legislatura ja no es pot anar amb
aquestes paraules —com deia a l’inici de la meva
intervenció— i vostès, doncs, no volen acceptar, no volen negociar,
continuen en la línia que ja va essent habitual. Nosaltres intentem
plantejar aspectes positius per sumar; però vostès són els qui
decideixen, no volen, no els interessa i nosaltres, en aquestes
condicions, és evident que no podem donar suport a aquesta moció que ens
plantegen. I que quedi molt clar que no és això un vot en contra de la
tasca que està desenvolupant la UNED, no és això, ni molt menys; és
senzillament perquè és una moció mal plantejada, una moció que no suma,
una moció que no compromet, i una moció que oblida molta de la feina i de
les tasques que fan d’altres universitats, com és la Universitat
Oberta de Catalunya.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señora presidenta.

Senador Alberto Gutiérrez, lamento que ninguna de las enmiendas
que se han planteado, y en concreto la nuestra, sea aceptada.
Sinceramente, la moción que ustedes nos presentan —como también han
dicho otros portavoces— es una moción blanca y sin ninguna
implicación en nada. Ahora que estamos acabando la legislatura, ustedes,
el grupo que apoya al Gobierno, no pueden hablar de impulsar, contribuir
o promover, pues son palabras llenas de buenas intenciones que se podrían
decir al inicio de una legislatura y serían creíbles, pero no a estas
alturas, senador Gutiérrez. Deben concretar, deben decir: haremos esto,
pondremos estos recursos, adoptaremos estas medidas. Lo que no pueden
hacer es hablar de impulso.

El preámbulo de su moción dice: «En otros países han sabido
comprender que sus universidades son el elemento clave para encontrar su
lugar preponderante en el tablero de influencia internacional. Sus
facultades y escuelas superiores no solo son las impulsoras del avance
social sino las instituciones generadoras de ideas y talento.» Habla de
las universidades, y la universidad española debe tomar ejemplo. En este
sentido, me parece muy bien la tarea que está realizando la UNED, y no
quiero desprestigiarla, ni mucho menos, pero no podemos dejar de lado el
resto de universidades virtuales que están trabajando para impulsar la
enseñanza y la potenciación de las lenguas. Por tanto, hemos de intentar
sumar a todas las universidades. Nosotros no podríamos dejar de apoyar
esta moción porque en ella no se hable de otras universidades que están
realizando este trabajo —la UOC, entre otras—. Si lo que
queremos realmente es dar contenido a lo que ustedes mismos dicen en el
preámbulo de esta moción, debemos sumar.

Por otro lado, las universidades a distancia, las universidades
virtuales son el motor de la enseñanza de las lenguas oficiales y debemos
hacer referencia a estas lenguas oficiales. A ustedes, que les gusta
tanto nombrar la Constitución, deberían recordar que el artículo 3.3 de
la Constitución dice que la riqueza de las diferentes modalidades
lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de
especial respeto y protección.

Nosotros, con nuestra enmienda, lo que proponemos es simplemente
esto; es decir, pedir este reconocimiento. Entendemos que no decirlo
implica que se habla exclusivamente de una de las lenguas y no de las
demás. Por lo tanto, no estamos dando cumplimiento a uno de los objetivos
que tienen las universidades —también virtuales y a
distancia—, que es el aprendizaje de las lenguas.

Lamentamos que no quiera concretar y que no haya aceptado estas
enmiendas. Entendemos que la moción que nos plantea no concreta nada, y
al final de la legislatura no se pueden decir estas palabras —como
decía al principio de mi intervención—, y ustedes no quieren
aceptar, no quieren negociar, continúan en la línea que va siendo
habitual. Nosotros intentamos plantear aspectos positivos para sumar;
pero ustedes deciden, no quieren, no les interesa y, por lo tanto,
nosotros, en estas condiciones, no podemos dar apoyo a esta moción que
nos plantean. Y quede muy claro que esto no es un voto en contra de las
tareas que está desarrollando la UNED, no es esto ni mucho menos;
sencillamente es porque es una moción mal planteada, una moción que no
suma, una moción que no compromete y una moción que olvida muchas de las
tareas que realizan otras universidades, como la Universitat Oberta de
Catalunya.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Por el Grupo
Socialista, tiene la palabra el senador Álvarez Villazán.

El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Gracias, señora presidenta.

Señoría, ¿de qué estamos hablando? Conociendo que durante estos
últimos años de crisis la UNED ha incrementado en casi un 40 % su número
de alumnos mientras que ha visto cómo se congelaban y reducían sus
plantillas, y ha sufrido una continua pérdida de financiación pública que
hace que la propia universidad tenga que financiar el 55 % de su
presupuesto, ¿cómo es posible que el grupo parlamentario del Senado que
apoya al Gobierno presente una moción en la que le insta a impulsar la
enseñanza online en la UNED y a contribuir a darle una mayor proyección
internacional y negarse a aceptar una serie de enmiendas que mejoran y
concretan la moción, que en el fondo lo único que pretenden es que se
garantice la financiación de esa universidad para que pueda hacer lo que
se pide en la moción? No lo entiendo.

Señor Gutiérrez Alberca, usted conoce como yo unos datos que son
realmente preocupantes. Usted sabe que el presupuesto de la universidad
pública ha disminuido un 16,5 % en los últimos cuatro años —si
tenemos en cuenta el efecto de la inflación sería hasta de
un 23,8 %—. Usted sabe que esto supone 1523 millones de euros menos
en cuatro años. Usted sabe perfectamente que los ingresos de las
universidades públicas por tasas de matrículas se han incrementado en 338
millones de euros; es decir, con menor financiación pública y con mucha
mayor financiación privada. Si tenemos en cuenta la repercusión sobre el
PIB, hemos pasado del 0,97 % que se destinaba a la universidad pública
al 0,83 %. Estamos asistiendo a un ataque sin precedentes a la
universidad pública, y usted dice que no acepta una enmienda que lo único
que pide es que se contemple una financiación solo para lo que usted pide
con respecto a la UNED. Nos dice que no es momento de plantear esta
enmienda porque dentro de poco vienen los presupuestos y que ahí será el
momento de elaborarlo. Evidentemente, es el Gobierno el que tendrá que
plantearlo, pero ahora es el momento en que en esta Cámara nosotros
pedimos al Gobierno que cuando elabore esos presupuestos contemple esta
financiación, de modo que no haga falta que los grupos políticos tengamos
que plantear una serie de enmiendas que lo contemplen. La moción que
ustedes presentan ahora, que sería de lo más oportuna si se admitiesen
las enmiendas que hemos presentado el resto de los grupos, les quedaría
ideal si instaran al Gobierno a que en los presupuestos del próximo año
contemple la financiación adecuada de la universidad a distancia. Nada
que objetar, la aprobaríamos sin ningún tipo de duda.

Olvidan también —y estamos hablando de nuevas
tecnologías— que los recortes que ha aplicado el Gobierno del
Partido Popular están lastrando totalmente la investigación y desarrollo
de esas mismas universidades a las que el Gobierno critica por sus
escasos resultados. Luego ahora tenemos la oportunidad única en el Senado
de pedir al Gobierno que cambie esta tendencia y que lo contemple en los
Presupuestos Generales del Estado.

El panorama que hay ahora mismo sobre las nuevas tecnologías y el
crecimiento de las infraestructuras tecnológicas y el acceso a internet
de la mayoría de la población está haciendo que se consolide la enseñanza
virtual. Siempre pensaba, cuando leí su moción, que nos iban a aceptar la
enmienda porque es el momento ideal para haberla presentado. El número de
estudiantes universitarios que demandan másteres online ha crecido
un 300 % en los dos últimos años. Son datos del Ministerio de Educación.
La búsqueda de cursos online en internet ha aumentado un 200 %
desde 2008, según dice la plataforma especializa en cursos Emagister. Hay
quienes hablan de un boom de la enseñanza online, un fenómeno que viene
impulsado ya desde los Estados Unidos, que han entendido antes que
nosotros que estamos ante un fenómeno imparable y que en un futuro no muy
lejano este método va a estar en todas partes. Es verdad que en nuestro
país se están haciendo además muchos avances en este sentido: utilización
de videoconferencias, plataformas de docencia virtual, herramientas de
trabajo colaborativo de software libre, asignaturas híbridas con clases
virtuales y seminarios presenciales, etcétera. Incluso algunas
universidades han incluido en sus estatutos que hay que potenciar la
enseñanza online. Es verdad que la universidad española tiene que
afrontar este enorme reto, al mismo tiempo que tiene que hacer frente a
los enormes recortes que le han planteado y a los problemas que
secularmente arrastra, como la endogamia, la falta de incentivos,
etcétera, pero el reto tecnológico no es menor. Tenemos otro dato:
mientras el número de alumnos de los campus presenciales descendió en
un 12 % en la última década, sin contar los másteres, en los no
presenciales, a pesar de que hubo una bajada en 2013, ha crecido en
un 15 %. Es verdad que la gran mayoría de los estudiantes que siguen sus
cursos online están en la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
una universidad pública, que aunque imparta la totalidad de sus estudios
en la modalidad online y a distancia, con 13 grados adaptados al Espacio
Europeo de Educación Superior, ofrece a sus estudiantes un importante
apoyo presencial en los 61 centros asociados repartidos por todas las
comunidades autónomas, sus más de 100 aulas universitarias y 12 centros
en 11 países de Europa, América y África.

Por tanto, reiterando lo que decía también el senador Alturo, que
quede fuera de duda nuestro apoyo incondicional a la labor que está
realizando la UNED y nuestra disposición a que se financie de la mejor
manera posible todo lo que suponga mejorar la actividad de la UNED.
También de la UOC, que se ha citado aquí, una de las universidades
decanas en formación online en España, que creo que acaba de cumplir
veinte años y ha pasado en esos años de 200 a 60 000 alumnos.

Estamos ante una demanda social que están aprovechando también las
universidades privadas, intentando explotar el filón de la enseñanza
online, con cinco campos virtuales, cuatro de ellos creados los últimos
ocho años. Y, por supuesto, demanda que están atendiendo el resto de
universidades públicas, que ofrecen más de 30 grados online o
semipresenciales en estos momentos.

Sin embargo, el hecho de que defendamos una buena enseñanza
virtual no quiere decir que no haya que financiarla; no quiere decir que
la enseñanza online sea gratis, como le he creído entender, porque
requiere muchos profesores, muchos tutores y que se sostengan los costes
vinculados a la exigencia de calidad, como la elaboración de los recursos
de aprendizaje, acompañamiento y guía de profesores especialistas o el
proceso de evaluación continua; es decir, nada que no conozcan sus
señorías. Esto no se hace gratuitamente; sea online o presencial, supone
una fuerte inversión que, según usted, desconocemos o que no es
necesaria. Por tanto, si estamos ante un mundo en el que se van a
multiplicar los cursos por internet, tendremos que ver de qué forma se
financia a las universidades que lo implanten para que lo puedan hacer
efectivo.

En marzo de 2015, la UNED cumplió 42 años de actividad
académica; 42 años de docencia, de oportunidades, de proyectos que le han
dotado de una amplia proyección nacional e internacional. Por tanto,
quiero manifestar nuestro máximo respeto a esta universidad; nuestro
máximo respeto a una universidad en la que se investiga, en la que se
gestionan recursos condicionados por la austeridad de la que antes hemos
hablado; nuestro máximo respeto y admiración a una universidad en plena
relación con la sociedad y a un proyecto de universidad de
responsabilidad social cuya finalidad es dar formación a todas aquellas
personas que están en sitios lejanos, que trabajan, que no pueden salir
de casa, que no pueden acceder a las universidades en las que se imparte
enseñanza presencial por distintas circunstancias; nuestro máximo respeto
a un proyecto de inclusión que garantiza, ante todo, la calidad y la
adquisición de las mismas competencias que la formación presencial.

Por eso, señor Alberca, permítame que le diga que es
incomprensible —y termino ya— que, a pesar de la función
social que desarrollan todos los centros asociados de la UNED, a pesar de
todas las argumentaciones que estamos empleando aquí, se nieguen a
admitir las enmiendas que hemos presentado el resto de los grupos
políticos, que no van en otra línea que la de hacer tangible lo que usted
plantea en su moción y que serviría para beneficiar a la UNED y a todas
las universidades públicas que en estos momentos están impartiendo
enseñanza online.

Dada la posición del Grupo Parlamentario Popular, y a pesar de
tener la intención —como la teníamos— de apoyar esta moción,
no nos queda más remedio que votar en contra porque no se pide en ella lo
que se recoge en la exposición de motivos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra Gutiérrez
Alberca.

El señor GUTIÉRREZ ALBERCA: Muchas gracias.

Lo cierto y verdad es que todo lo que propone el Grupo Popular lo
aceptan el resto de los grupos porque ustedes están de acuerdo con todos
los enunciados de nuestra moción. Ahora bien, me parece legítimo que
quieran incorporar algunas cuestiones, aunque pienso que ya están
incorporadas.

Decía el senador Alturo que se debe hacer referencia a la UOC.
Pero es que se hace referencia porque se solicita que se incrementen los
centros universitarios públicos y la UOC es un centro universitario
público; es el tercer punto de nuestra moción.

Las otras incidencias son presupuestarias. En este caso he de
hablar de la vieja política; o sea, más dinero. Para todo, más dinero,
más madera, madera, como dirían los hermanos Marx. Se pide más dinero y,
aun en el caso de que haya más dinero en becas, serán pocas. ¡Hombre! Y
si las becas están funcionando porque estamos invirtiendo más dinero en
ellas, entonces habrá que analizar otras cuestiones; y, efectivamente, es
verdad. En este sentido, en cuanto a la cuestión que nosotros planteamos
—el de las herramientas tecnológicas, la mejora del acceso y la
mayor innovación—, sinceramente pienso que no se trata de una
cuestión de más dinero. Es más, ¿sabe qué haría posiblemente la UNED si
le diéramos más dinero? Lo que dijeron en la inauguración del último
curso: contratar más personal administrativo o más tutores. ¡Hombre!

Les voy a contar lo del viejo chiste que dice que tenía un amigo
que cuando tecleaba una pregunta en google pensaba que había alguien al
otro lado que lo buscaba y contestaba. Y cuando tardaba mucho decía:
mira, es una pregunta muy difícil. En este sentido, no solamente nos
permiten ahorrar los metabuscadores o la tecnología sino sobre todo las
cuestiones tecnológicas. Ahora bien, en el campo de la innovación hay
muchos presupuestos: desde la agenda digital europea, el CDTI, hasta la
compra de desarrollo tecnológico e innovación que permiten a la propia
administración, con elementos innovadores en la contratación pública,
firmar alianzas incluso con el sector privado para desarrollar cuestiones
relacionadas con la tecnología y la innovación.

Y la UNED también, porque lo están haciendo muchas otras
universidades en España, como universidades de Galicia y universidades de
Cataluña, con muy buenos resultados. No se trata únicamente de dar peces
o cañas, también hay que ayudar a mejorar las posibilidades de
pesca.

Por lo tanto, en este campo, no solamente hay una relación de
efecto-causa; es decir, no hay una relación exclusiva entre presupuestos
y resultados o calidades, aunque es cierto que quizá se han reducido en
exceso los volúmenes presupuestarios. Permítanos, pues, que pensemos que
hay nuevas formas de hacer las cosas en la innovación y que existen
posibilidades de captación de nuevos ingresos por otras vías: concurrir a
esas convocatorias públicas europeas, o a través de quienes tienen los
sistemas para poder generar más recursos en materias de innovación, e
incluso con lo que planteamos en nuestra moción, que es una mejora de las
capacidades de internacionalización de nuestra universidad, de captar
estudiantes en el extranjero, como están haciendo otras universidades,
las mejores universidades del mundo como Harvard, Oxford, la London
School of Economics, que están en un mercado globalizado. Además, la UNED
lo está porque cuenta con estudiantes de más de 160 nacionalidades
distintas; por lo tanto, se le permite, tiene los instrumentos para poder
ofertar más másteres o más posgrados, que son muy valorados en el mundo
hispanoamericano, y así lo decimos en el apartado segundo de nuestra
moción, donde se indica que hay que crecer en ese campo tal como se
planteaba en la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado, lo que supone
mayores ingresos; y precisamente esos incrementos del número de
matrículas dan más ingresos, así como los incrementos de los precios
públicos de matrícula, también las virtuales. Creo que deberíamos
ponernos de acuerdo y abandonar cierta demagogia. Hay que intentar que
los costes se vayan asimilando con los ingresos en función de los precios
públicos de matrícula porque, si no, se produce una situación que genera
también nuevas desigualdades económicas en el acceso.

Recuerdo que en mis años como responsable en la Junta de Castilla
y León todos estábamos de acuerdo en que la tercera matrícula del alumno
estuviera cada vez más cerca del coste real para la administración. Sin
embargo, era una medida irrealizable porque automáticamente se podía
producir un éxodo de nuestros estudiantes a comunidades autónomas
limítrofes con costes más bajos. Realmente es una tristeza que no se
pueda mejorar el ámbito de la comunidad educativa con unos ingresos
racionales porque se pueda producir un éxodo. Más aún, con una
universidad de carácter virtual, donde la matrícula es global.

Por lo tanto, creo que sí hay campos para poder trabajar y que
incluso se pueden alcanzar convenios con compañías españolas de primer
nivel desde el punto de vista de la prestación de servicios digitales; la
más importante es Telefónica, pero también, como está haciendo la UNED,
hay que destacar el trabajo con Universia o todo el magnífico campo de
las startup, que existen más en el centro del conocimiento.

Por tanto, parece que precisamente todas las universidades
—no solo la UNED— deberían ser las primeras que dispusieran
de unas magníficas incubadoras de proyectos también para el ámbito
educativo, para dar servicios a los estudiantes, a los alumnos, también
para la capacitación pedagógica y que fueran, en algunas ocasiones, hasta
las propias inventoras de los nuevos sistemas de tutorización para la
enseñanza en muchos campos y, específicamente —ojalá lo
fuera—, en la enseñanza del español en el mundo. En este sentido,
les diré que, desgraciadamente, los principales manuales presenciales no
son españoles ni de editoriales españolas sino que son de editoriales
inglesas, francesas o alemanas.

Me gustaría que en el campo de las nuevas tecnologías, y más en el
ámbito de la universidad, ojalá que en colaboración con otras entidades,
se pudiera contar con magníficos desarrolladores de programas —para
eso estamos en la universidad— capaces de poner en marcha
instrumentos de cara a esta especialización. Este es el objeto real de la
moción y por eso coincidimos al cien por cien con la parte final de su
intervención, aunque quizá no en cuanto a intentar plasmar un debate
general la situación de la universidad española. Es verdad que ha habido
que reducir presupuestos prácticamente en todos los campos, pero
acuciados también por otros problemas, y había que poner en la balanza el
empleo y los presupuestos.

Sinceramente, creo que cada vez tenemos que tender más hacia una
evaluación de los resultados de las políticas públicas, y la principal
evaluación de una política pública universitaria es que consiga que la
gente tenga empleo; y sobre esos ratios hay que trabajar, más que con los
exclusivamente económicos. Ha habido momentos en los que se ha contado
con unas grandes dotaciones económicas y, a lo mejor, esas capacitaciones
para el acceso al mercado laboral también se han visto restringidas, con
un 20 % más o con un 20 % menos. En cualquier caso, no quiero entrar en
un debate global de la universidad.

Creo que debemos felicitarnos por ser precursores, en el sistema
educativo español, de una universidad a distancia magnífica: con un gran
número de alumnos; con unas encuestas de satisfacción que superan
el 85 %; con un incremento del número de estudiantes, incluso con nuevas
competencias de universidades privadas; y con acceso a mundos de
desigualdad, incluso en los ámbitos de la reinserción social, como son
los ámbitos carcelarios. Además, en este mundo cada vez más acelerado, es
el momento de que dispongamos o se puedan dotar de nuevas herramientas
tecnológicas.

Por todo ello presentamos esta moción, que sin duda compartimos
todos los grupos de la Cámara en sus enunciados principales. El debate
presupuestario será a posteriori, lo celebraremos dentro ya de escasos
meses, y entonces quizás será el momento de solventar esos problemas
porque, repito, no era nuestro espíritu vincularlos de forma directa ni
que estas cosas solo se pueden hacer si hay más presupuestos. No. Se
pueden hacer de otra manera, con una mentalidad lean, como dicen los
expertos en el emprendimiento y la innovación.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

La señora vicepresidenta, Vicente González, da lectura al
punto 6.3.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): A esta moción no se
han presentado enmiendas.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador
Fernández Ortega.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, desde que el Partido Popular llegó al Gobierno la
política de vivienda ha sido progresivamente desmantelada: acabaron de
manera gradual con la renta básica de emancipación; impidieron nuevas
solicitudes y, finalmente, la eliminaron; acabaron también con carácter
retroactivo con las ayudas de subsidiación para la adquisición de
viviendas; redujeron el gasto en vivienda social de manera drástica; en
los presupuestos generales del Estado cayó la inversión en vivienda a la
mitad; y, entre otras medidas, en su nuevo plan de viviendas exigieron
unas condiciones de acceso que prácticamente hacían imposible la
concesión de ayudas.

En el momento en que más falta hacían políticas públicas
destinadas a proteger y hacer efectivo el derecho a la vivienda, el
Gobierno adoptó las medidas más regresivas, prevaleciendo los recortes y
las políticas de austeridad sobre cualquier otro derecho.

Fíjense, señorías, que según los datos del Banco de España, hasta
junio de 2014 se habían producido 97 577 ejecuciones hipotecarias de
viviendas principales en España; el Banco de España no ha dado aún los
datos finales de 2014 pero, probablemente, a día de hoy ya superarán
las 125 000. Por tanto, estamos hablando de 100 ejecuciones hipotecarias
diarias en un escenario de crisis, en el que 1 793 600 hogares tienen
todos sus miembros en paro y 770 000 hogares no cuentan con ningún
ingreso. Por tanto, podemos afirmar que 500 000 personas han sufrido
desahucios desde que llegó el Partido Popular al Gobierno y que otras
tantas están esperando su turno en similares condiciones. Y teniendo en
cuenta el número de ejecuciones hipotecarias que se han producido solo
por los bancos, sin contar con las de particulares mediante los
alquileres, no es una cifra exagerada hablar de aproximadamente 500 000
personas que lo han vivido en primera persona, lo cual genera una
fractura social muy profunda, como he dicho en otras ocasiones desde esta
tribuna.

Según los datos del Banco de España, los bancos se están
adjudicando viviendas a un ritmo de casi 50 000 al año, de manera que en
dos años y medio se han adjudicado 120 988 viviendas. Así, aunque los
bancos se desprendieran de una parte de su propiedad inmobiliaria con la
creación de la Sareb, lo cierto es que no han dejado de reponer su
propiedad inmobiliaria mediante las ejecuciones hipotecarias y
probablemente solo en viviendas se habrán adjudicado más de 200 000 a lo
largo de esta legislatura.

El Partido Popular ha asistido a esta situación económica y social
considerando los desahucios como un problema económico del sector
financiero; y, de hecho, cada vez que debatimos sobre esta cuestión ha
sido el ministro de Economía el que se ha ocupado. Igualmente, el
ministro de Economía también se ocupa del Fondo social de viviendas
porque lo siguen viendo como un problema económico y no social, pero por
mucho que el ministro de Economía y el Gobierno se empeñen en decir que
están haciendo algo, ejemplos como el del Fondo social de vivienda, que
de las 5891 con las que contaba no ha adjudicado ni el 30 %, demuestran
que las medidas adoptadas por el Gobierno están resultando bastante
inútiles.

Y en este escenario social y económico de crisis, dentro de la
recapitalización bancaria, el Gobierno acordó con la Comisión Europea la
creación de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la
Reestructuración Bancaria, lo que conocemos como Sareb o banco malo, que
está resultando un negocio ruinoso en lo económico y, en lo social,
penoso.

Esta sociedad de gestión se creó con una inversión de 50 781
millones de euros y el Estado aportaba el 45 % del capital a través del
FROB pero garantizaba el 92 % de la deuda. Convendría que tuviéramos en
cuenta algunas cifras —permítame que a estas horas se las
traslade— para que se hagan una idea de lo que es la Sareb. La
Sareb recibió 197 474 activos, con un valor en origen de 110 000
millones, pero que se rebajó una media de un 54 % y se le adjudicaron
por 50 781 millones; desde luego, las cosas se podían haber hecho de otra
forma porque de la misma manera que se rebajaron estos bienes más de la
mitad para dárselos a una sociedad de gestión se podía haber dejado en
manos de los particulares o de las pequeñas empresas con una quita
similar y con una programación nueva para hacer frente a la deuda. Sin
embargo, se optó por crear esta sociedad; una sociedad que, aunque
privada, al mantener el Estado el 92 % de la deuda garantizada casi se
puede considerar que tiene carácter público porque lo que se pretendía
con esta doble medida, 45 % de propiedad y 92 % de garantía de la deuda,
era evitar que computara para el déficit público.

A la Sareb se le traspasaron bienes por 50 781 millones de euros
pero hoy no se sabe cuánto vale lo que tiene porque no hay una tasación
actualizada de los bienes que posee y, por lo tanto, no sabemos si tiene
el mismo valor, si es menor o si ha aumentado; o, por lo menos, si lo
saben no lo han informado, no han dado cuenta de cuál es el valor de los
bienes que tiene en este momento. Incluso, 2014 cerró con más activos
inmobiliarios, en concreto con 104 744, que los que tenía en el año 2013
y eso se debe a que Sareb sigue haciendo ejecuciones hipotecarias, sigue
aumentando su patrimonio inmobiliario y, además, está terminando algunas
promociones.

No sabemos exactamente qué ha vendido y qué le queda, pero lo
cierto es que, según su informe anual, han vendido 24 000 activos
inmobiliarios. Sin embargo, he de hacer la reflexión de que lo que han
vendido era lo que era más fácil de vender, lo más goloso, con lo cual,
cada año será más difícil desprenderse de los bienes de esta
sociedad.

Los bancos transfirieron cerca de 89 000 viviendas a la Sareb pero
tres años después se han adjudicado, por la vía de las ejecuciones
hipotecarias, otras 140 000. Por tanto, realmente Sareb no resolvió el
problema de que los bancos acumularan viviendas —resolvería otros
problemas pero, desde luego, ese no lo resolvió—, y aún le quedan
más de 82 000, según nos dice en su informe anual.

En este escenario, la pregunta que nos hacemos con esta moción es
si podríamos utilizar esta sociedad para hacer política de vivienda. Yo
creo que la respuesta es que no solamente podríamos, sino que deberíamos
utilizarla. Sareb, al cierre del año 2014, tenía 4297 viviendas en
alquiler, y algunas de ellas eran viviendas de protección oficial. Por lo
tanto, el Estado está desaprovechando una oportunidad de crear un parque
social de viviendas a partir de las viviendas de su patrimonio, de las
que ya tiene alquiladas y de otras muchas que podría poner en
alquiler.

También les traslado la siguiente reflexión y es que si cuenta
con 82 000 viviendas que no va a vender en una década, muchas de ellas
van a estar años y años cerradas, con un elevado coste de mantenimiento
por el deterioro que sufren, se podrían poner en alquiler, darles un fin
social y, por supuesto, con un alquiler a bajo precio.

Me parece que es bastante sensato hacer esta propuesta. De hecho,
incluso Sareb recoge entre sus principios la idea de compatibilizar los
objetivos empresariales con los sociales, de hacer cesiones temporales a
las comunidades autónomas, de evitar el desahucio de familias que ocupen
las viviendas o de facilitar el acceso a una vivienda digna para
colectivos vulnerables. Como ven, no tienen ninguna dificultad a la hora
de escribir sus principios; el problema es aplicarlos después, es
ejecutar propuestas sensatas, como las que estamos haciendo nosotros, de
crear y mantener un parque social de viviendas de titularidad pública a
partir de los fondos que ya tiene.

Fíjense ustedes hasta qué punto también se puede jugar con el
cinismo en los fines, en los principios y luego ver cómo se ejecutan.
Sareb ha creado un parque social de 2000 viviendas y lo que yo creo que
hace es, como cualquier entidad privada, una campaña publicitaria en
lugar de estar realmente apostando por resolver los problemas a la gente.
Y lo ha hecho inteligentemente para su negocio: cede las viviendas a las
comunidades autónomas por un período de cuatro años, pero son estas las
que tienen que encargarse de cobrar los alquileres, de mantenerlas, y
además tendrán que adecentarlas para poder usarlas.

Les pongo un ejemplo de lo que se ha ido haciendo y que ha salido
en prensa. En Aragón habían llegado a un convenio en relación con 80
viviendas, 25 de las cuales estaban ocupadas. Es decir, que la Sareb
elige qué viviendas cede a la comunidad autónoma y le cede las que tienen
problemas, para que sea la comunidad autónoma la que se enfrente a estos
y decida si echa o no a esas familias o si les corresponde quedarse en
esas viviendas.

Creemos que todos los bienes que posee Sareb tienen que
utilizarse, primero, para ayudar al acceso a la vivienda, pero también
para estimular la economía, poniendo en alquiler los locales, a un precio
económico para estimular que se creen y se instalen nuevas empresas, y
terminando también las promociones. Es verdad que se están haciendo todo
este tipo de cosas pero no a través de una apuesta firme, y con
compromiso político, que es lo que nosotros proponemos, para hacer con
todo este recurso patrimonial una apuesta social y no solo
económica.

También queríamos aprovechar esta moción para criticar la gestión
en la Sareb y la falta de trasparencia. En este sentido, les voy a dar
algunos datos para explicar por qué llegamos a esta conclusión.

La Sareb está externalizando la venta de todos sus activos y son
los propios bancos los que han de gestionar las ventas de las viviendas;
bancos que a su vez, como le he contado, están de viviendas hasta arriba
y que por supuesto van a poner sus intereses particulares por delante de
los de esta sociedad y que además están cobrando más de 200 millones de
euros al año por la gestión de estos bienes, de modo que no van a tener
ninguna prisa en liquidar. Por tanto, quienes al final están haciendo
negocio son los bancos que entraron en el capital de la Sareb.

Asimismo, Sareb también está llevando adelante ejecuciones
hipotecarias, que decía que iban a intentar evitar, pero su informe anual
habla de que en 2014 se ejecutaron por valor de 1021 millones y, en 2013,
por 398,7 millones de euros; es decir, que lleva más de 1400 millones de
euros en ejecuciones hipotecarias y no sabemos a cuánta gente ha afectado
porque ese dato no nos lo dan en el informe anual. Nos dicen cuánto
dinero, que es el dato sustantivo para ellos, pero no señalan qué efecto
ha tenido y a cuántas empresas y familias ha afectado. Ese dato no lo
consideran sustantivo y, es más, incluso teniendo una cantidad de
patrimonio tan enorme, con más de 140 160 activos —entre ellos un
montón de locales de alquiler— está pagando 1,38 millones por sus
oficinas que son de alquiler, en lugar de haber utilizado las que tiene
en propiedad.

Está teniendo también un alto costo para los ciudadanos porque sus
resultados han sido negativos en los años 2013 y 2014; antes de
impuestos, de menos 62 millones de euros y de menos 144 millones
respectivamente. El resultado neto en el año 2013 fue de menos 261
millones y, en 2014, de 585 millones en pérdidas, en total ya 846
millones de pérdidas, a pesar de haber vendido 24 000 activos
inmobiliarios. Recuerden ustedes el afán que tenía el Partido Popular por
dividir el coste de la sociedad pública de alquiler con las viviendas,
pues prueben a dividir los activos vendidos con las pérdidas generadas y
esa división les dará una cifra de 35 250 euros; y lo digo por la buena
gestión de la que siempre hace gala el Partido Popular.

A pesar de esta gestión tan negativa, encima la Sareb tiene los
sueldos más altos del sector. Se han gastado 913 750 euros en el consejo
de administración, para pagar a diez personas que cobran más de 4000
euros cada vez que se reúnen. El consejero ejecutivo cobró 401 000 euros
en 2014; es más, con estas pérdidas ha tenido una prima, un sueldo
variable de 83 000 euros por haber alcanzado los objetivos con los
resultados de los que antes me he hecho eco. Están cobrando sueldos de
estrella pero están tomando decisiones que resultan casi para estar
estrellados. Por ejemplo, decidieron cambiar el interés variable al que
iban a poner sus préstamos a interés fijo, contratando una cláusula suelo
gigante que va a suponer más de 2800 millones de pérdidas para la
Sareb.

Han estado vendiendo las viviendas en diferido y pagando a los
fondos que invertían, a los que prestaban el dinero para comprar; han
estado haciéndose trampa al solitario, financiando la compra de los
fondos de activos bancarios que Sareb había creado a los inversores,
incluso inventaron un mecanismo para financiar los gastos corrientes, el
pago de impuestos incluso, y han llegado a hacer operaciones en las que
han vendido edificios de oficinas que generaban 6,8 millones de euros al
año por 81 millones. Es decir, que están haciendo una gestión que
verdaderamente es difícil calificar de positiva.

Una cifra que refleja la imagen de lo que es la Sareb es que en el
año 2014 la gestión de esta ha costado 1634 millones de euros, 1140 en
intereses y 494 millones en gastos de explotación.

Por ello, hemos presentado esta moción para pedir que se haga una
gestión transparente en la Sareb y que se utilice para hacer política de
vivienda, para crear un parque social de vivienda, para priorizar la
venta a los particulares y, sobre todo, para mantener y aumentar los
alquileres.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Para el turno en contra, tiene la palabra el señor Fernández de
Moya.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Buenas tardes, señorías.

Me corresponde, en nombre del Grupo Parlamentario Popular,
posicionarme en contra de la moción presentada por el Grupo Socialista,
relativa a la Sareb y el acceso a la vivienda, especialmente en el caso
de las familias en situación de especial vulnerabilidad social.

Señor Fernández, antes de entrar en el contenido —quiero
contestarle punto por punto— de la moción que usted ha presentado,
permítame que resuma, puesto que usted no lo ha hecho, los once ataques
del Partido Socialista en los ocho años de Gobierno del señor Rodríguez
Zapatero a las personas que estaban en riesgo de ejecución hipotecaria.
Le voy a dar hasta las fechas de los debates en las Cortes
Generales.

Primer ataque, 11 de septiembre de 2007. El Grupo Socialista
rechaza por arriesgada y sumamente intervencionista una moción del Grupo
Popular para que los hipotecados en paro no pagaran sus cuotas durante un
año. Gobierno socialista.

Segundo ataque, 26 de mayo de 2009. El Pleno aprobó, con el voto
en contra del Grupo Socialista, una moción del Grupo Popular para ayudar
a las familias sobreendeudadas.

Tercer ataque, 19 de mayo de 2009. Se rechaza una propuesta del
Grupo Popular relativa a elevar las ayudas para el acceso a la vivienda.
Gobierno socialista de Zapatero.

Cuarto ataque, 24 de febrero de 2010. El Grupo Socialista vota en
contra de una proposición del Grupo Popular para incorporar un nuevo
programa denominado Hipoteca Familia.

Quinto ataque, señor Fernández, 16 de junio de 2010. Se rechaza
una proposición de Esquerra Republicana de Cataluña e Izquierda Unida
para analizar la dación de la vivienda con el objeto de saldar deuda.
Rechazada por Zapatero, por el Gobierno socialista, por el Grupo
Socialista.

Sexto ataque, 16 de julio de 2010. Gobernaba España el señor
Rodríguez Zapatero. Rechaza una propuesta de Esquerra Republicana para
que la obligación garantizada se haga solamente efectiva sobre los bienes
hipotecados.

Séptimo ataque, senador socialista, 22 de febrero de 2011. Votan
en contra de la toma en consideración de una proposición de ley sobre el
derecho a la vivienda presentada por Izquierda Unida.

Octavo ataque —preste atención a este—, 23 de marzo
de 2011. Rodríguez Zapatero rechaza, en contestación a una pregunta de
Esquerra Republicana de Cataluña, la aplicación de la dación en pago por
poner en cuestión la viabilidad del sistema financiero.

Noveno ataque. (El señor Fernández Ortega: ¿No ha terminado aún?)
No, todavía quedan varias citas. 14 de junio de 2011. El Grupo Socialista
se postula contra la proposición de ley del BNG que establecía la dación
en pago entre otros modos de ayuda.

Décimo ataque, 5 de julio de 2011. Tesis en contra de la propuesta
sobre la dación en pago formulada por diversos grupos parlamentarios, que
además sube a defender un senador socialista por Andalucía —después
hablaremos de Andalucía—.

Yo puedo decirle como alcalde de mi ciudad —puesto que he
vuelto a ganar las elecciones, mientras que ustedes las han vuelto a
perder— que llevo dos años reclamándole a Susana Díaz que me ceda
las viviendas, para familias en riesgo de exclusión social, que la Junta
de Andalucía tiene cerradas a cal y canto en la ciudad de Jaén. Pero
después hablaremos de Andalucía, porque aunque usted no ha hecho ni una
sola referencia, ahí hay mucha tela que cortar, muchísima tela que
cortar.

Señor Fernández, ya ha visto lo que hicieron ustedes. Por cierto,
se le ha olvidado algo en su intervención, algo que yo quiero apuntar
sobre los acuerdos del Consejo de Ministros del Partido Socialista. Aquí
tiene la nota informativa del Ministerio de la Presidencia, del Consejo
de Ministros. Presidía Rodríguez Zapatero —PSOE—. 28 de
septiembre de 2007. Agilización de los desahucios: «Por otro lado, el
Consejo de Ministros ha estudiado la propuesta del Ministerio de Justicia
de creación de diez nuevos juzgados que se especializarán en desahucios,
inicialmente en las ciudades donde hay una mayor saturación de estos
casos. Asimismo, se han tomado en consideración algunas medidas de
carácter procesal para agilizar los desahucios y la reclamación de rentas
impagadas.»

¿De qué cinismo me habla usted, señor Fernández? Si ustedes
echaban a la gente a la calle y agilizaban los desahucios cuando
malgobernaban España, ¿de qué cinismo me habla, señoría? Por cierto,
ustedes, que tienen memoria para unas cosas y para otras no, ¿se acuerdan
de esta noticia sobre la ministra de Vivienda en el año 2008? Es que como
usted no la ha sacado, lo hago yo. Dice así: «Chacón dice que Madrid
tendrá desde el 2008 seis juzgados para agilizar desahucios.» Partido
Socialista, y Rodríguez Zapatero echando a la gente a la calle.

Le voy a dar la oportunidad, por honestidad política, de que me dé
los datos de los desahucios en España desde 2004 a 2012. La fuente es el
Consejo General del Poder Judicial. A ver si tiene el coraje político de
subir a esta tribuna y decirme todas las ejecuciones que estaban
pendientes en la etapa de Rodríguez Zapatero. Hágalo por honestidad
política —si usted no lo hace, lo haré yo en mi segunda
intervención—, y le pido que de manera muy específica enumere las
de Andalucía; los datos de las ocho provincias están elaborados por el
Consejo General del Poder Judicial. A ver si usted sube aquí sin cinismo,
sin demagogia, con rigor y con objetividad, y me dice cuántos desahucios
había pendientes de la etapa de Zapatero que se han ejecutado en los años
de gobierno del Partido Popular, dígalo. Hágalo por honestidad política.
La fuente —insisto— es el Consejo General del Poder Judicial.
Yo ni quito ni pongo. Son datos provincia a provincia en España. Si usted
no lo hace, lo haré yo en mi segunda intervención para conocimiento
público de la Cámara y de la sociedad española, porque es bueno que se
den todos los datos, senador socialista, todos los datos, y no
tergiversar la realidad de manera interesada.

Usted hablaba de los sueldos de la Sareb, y mire que yo no quiero
entrar en eso, pero si usted lo menciona, entro. Pues bien, le doy un
dato: Un exconsejero de la Junta de Andalucía y una alto cargo
cobran 3000 euros al mes por dos ayudas de alquiler pese a vivir juntos.
¿Qué me dice de esto, señoría? ¿Así se ayuda a los desahuciados en
Andalucía? Se lo vuelvo a leer: «Un exconsejero y una alto cargo
cobran 3000 euros al mes por dos ayudas de alquiler, pese a vivir
juntos.» ¿Reprueba usted esto o no lo reprueba? ¿Son estas las ayudas a
la vivienda que da Susana Díaz en Andalucía? ¿Lo reprueba usted o no lo
reprueba, señor Fernández? ¿O es para gente que lo necesita y que no
tiene recursos económicos? Lo digo porque también espero su
respuesta.

Asimismo —y usted no lo dice— el Gobierno andaluz
facilita viviendas gratis a 60 altos cargos. ¿Eso qué es?, ¿es ayudar a
los que más tienen o a los que menos tienen?, ¿ayudamos a los que se
desahucia porque carecen de recursos económicos, o qué hacemos? Por
tanto, lecciones del Grupo Socialista, ninguna. Y después entraremos en
detalle en cómo han tratado a familias desahuciadas en Andalucía.

Pero yendo al contenido de la moción, señor Fernández, y en
relación con el parque social de la vivienda, Sareb, en el desarrollo de
su actividad y en el marco de su mandato, es decir, desinversión de la
cartera y pago de la deuda, está desarrollando un plan de acción de
alquiler asequible. Este plan se concreta en la cesión de 2000 viviendas
a las distintas comunidades autónomas para su utilización por familias
con mayores dificultades sociales y económicas. Por cierto, ustedes nunca
pusieron en marcha un instrumento parecido en ocho años de Gobierno;
reconózcale al menos a este Gobierno —y este grupo parlamentario
así lo quiere hacer saber— el aplauso por la puesta en marcha de
esta iniciativa, que ustedes no solo no pusieron en marcha sino que
negaron cuando el presidente Rajoy y el Gobierno de España sí lo
hicieron. A día de hoy Sareb ha firmado convenios de cesión con las
comunidades autónomas de Cataluña, 900; de Galicia, 50; de Aragón, 80, y
tiene cerrado el acuerdo, pendiente de firma, con las comunidades
autónomas de Canarias y del País Vasco. Y fíjese que yo, como alcalde de
Jaén, todavía no tengo pendiente de firma, porque Susana Díaz no se ha
dignado recibirme, la posibilidad de un convenio de cesión de viviendas
que tienen cerradas a cal y canto en la ciudad de Jaén —vaya al
barrio del Bulevar—, cuando tengo un registro de demandantes de
vivienda en el ayuntamiento jienense que supera las 2500 solicitudes. Esa
es su política social, no ayuda a las personas que más lo necesitan
—después me referiré a ello—.

Conviene destacar, señor Fernández, que la totalidad de las
viviendas cedidas están siendo adecuadas para poder cumplir en todos los
casos los requisitos de habitabilidad que les son exigibles conforme a la
normativa vigente. El número de viviendas cedidas es, dentro del marco
del convenio suscrito, susceptible de ser ampliado a través de
colaboración y de mutuo acuerdo entre las partes.

Senador socialista, en relación con la necesidad de que la Sareb
priorice la venta a particulares de sus activos, debe apuntarse que esto
ya es así. En términos globales, un 80 % de la cifra del negocio de la
Sareb se ha hecho precisamente en estos dos años, desde su creación, por
canales minoristas, ya sea mediante la venta de inmuebles a particulares
o a través de la negociación con las empresas promotoras, acreditadas
precisamente por la Sareb para la devolución de los préstamos. Solo
un 20 %, por tanto, se hace por el canal de venta institucional, el cual
está considerado dentro del plan de negocio de Sareb como el último
recurso de desinversión y se utiliza únicamente para poder garantizar que
la desinversión completa de los activos se produce con la rapidez
necesaria para cumplir con el período legalmente establecido, que es de
quince años.

Señor Fernández, en materia de transparencia, Sareb aplica los más
altos estándares de transparencia, tanto en las operaciones que se
desarrollan en el ámbito del mercado minorista y que suponen más del 80 %
del total, como en las operaciones institucionales, que afectan
fundamentalmente a préstamos con garantías inmobiliarias y a inmuebles no
residenciales, como hoteles, oficinas o centros logísticos. En el primer
caso, Sareb da una amplia publicidad a las viviendas en venta a través de
los portales inmobiliarios de las entidades comercializadoras. En el caso
de las operaciones institucionales, Sareb convoca procesos competitivos y
transparentes, y con ello fundamentalmente se asegura de que la
transacción se realiza precisamente a precios de mercado. Los informes de
actividad que Sareb elabora semestralmente y que publica en su página web
recogen toda la información sobre las características de las operaciones
realizadas en el ámbito institucional.

Señor Fernández, yo creo que usted lo sabe, pero no lo ha dicho.
Periódicamente Sareb informa de su actividad a la Comisión de
seguimiento, que está integrada por el Ministerio de Economía y
Competitividad, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el
Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. También el
Banco Central Europeo se sienta en este órgano en calidad de observador.
Y es la Comisión de seguimiento la que informa a las Cortes Generales de
la actividad de la Sareb.

Senador socialista, en lo relativo a garantizar que la gestión de
Sareb no supone una carga a los Presupuestos Generales del Estado deberé
recordarles que este es un mandato legal que de manera explícita tiene
también la propia compañía. A día de hoy Sareb ha demostrado, a través de
su actuación de desinversión en los dos últimos años y medio, que es un
modelo que funciona y que permite atacar un problema de grandes
dimensiones: 50 400 millones de euros en activos problemáticos en el seno
del sector bancario español, a través de una relativamente menor
coinversión del Estado y del sector financiero sano, y 4800 millones de
euros invertidos en capital y deuda subordinada. Tras dos años de
trabajo, Sareb es capaz de prever que, dada una evolución del mercado
inmobiliario razonable, podrá llevar a cabo el mandato sin recurrir en
mayor medida a los ciudadanos y devolviendo el dinero invertido.

Y por último, en lo que respecta a la defensa del interés general
en la gestión de Sareb, debemos destacar que la Ley 9/2012, de 14 de
noviembre, de reestructuración y resolución de las entidades de crédito,
estableció los procesos de actuación temprana, reestructuración y
resolución de esas entidades de crédito con la finalidad de proteger la
estabilidad del sistema financiero minimizando el uso de recursos
públicos. Permítame, señoría, recordarle en este momento del debate el
texto normativo y citarle literalmente el artículo 35 de dicha norma,
que, por cierto, después sufre desarrollo en el ámbito de las
disposiciones adicionales séptima a décima.

La disposición adicional séptima de la Ley 9/2012 dispone el
objeto social de esta sociedad y lo define como «la tenencia, gestión y
administración, directa o indirecta, adquisición y enajenación de los
activos que le transfieran las entidades de crédito que se determinan en
la disposición adicional novena de la ley, así como de aquellos que
pudieran adquirir en un futuro.»

Termino, señora presidenta. Por tanto, se trata de un objeto
social exclusivo que deriva de una obligación administrativa. Como usted
bien sabe, la creación de Sareb se enmarcó en el Programa de asistencia a
España, acordado en el seno del Eurogrupo, tuvo lugar el 23 de julio del
año 2012 y se publicó en el Boletín Oficial del Estado precisamente
dentro del Memorando de Entendimiento sobre condiciones de política
sectorial financiera el 10 de diciembre de 2012. Por todos estos motivos
y por los que les expondré en mi segunda intervención, a la espera de que
haga públicos los datos de los desahucios del señor Zapatero en la etapa
socialista, votaremos en contra de esta moción.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Comenzamos el turno de portavoces.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

La Sareb se crea fundamentalmente para resolver un problema del
sistema financiero, como instrumento que permita a las entidades
financieras sanear sus balances mediante la transferencia de los activos
más dudosos y de aquellos que significaban un riesgo para la propia
estabilidad de las entidades financieras. Ese ha sido el objetivo
fundacional. En aquel momento y como guiño a la sociedad se incorporó
entre sus objetivos que una pequeña parte de esos activos financieros
pudieran cumplir funciones sociales a través del alquiler social. La
Sareb, fiel a su origen, se ha centrado a lo largo de estos años en
intentar colocar en el mercado los paquetes más amplios de bienes
inmuebles. Si bien es cierto, como afirmaba el portavoz del Grupo
Popular, que el 80 % se ha colocado en el mercado minorista, no lo es
menos que el 20 % ha ido a fondos buitre, que en ningún caso son la
solución para el problema; todo lo contrario, se acaban convirtiendo en
un altavoz que incrementa el volumen de ese problema, porque las
condiciones en que los fondos buitre han asumido la adquisición de estas
viviendas resultan absolutamente incompatibles con cualquier función
social, por más que —sea con carácter anecdótico o no—
apareciera en los objetivos fundacionales de la Sareb. Obviamente, su
única finalidad es conseguir una rentabilidad rápida y, a poder ser,
elevada. Sin embargo, a lo largo de estos años, la Sareb, que ha sido
presentada hoy aquí como un instrumento lleno de ventajas, ha tenido
diferentes problemas en el desarrollo de su actividad —algunos de
ellos han sido explicados por el portavoz del Grupo Socialista y no son
menores, como el hecho de que en los dos primeros años de actividad haya
generado pérdidas—, pero también ha levantado las sospechas de la
Comisión Europea, que ha manifestado su preocupación, fundamentalmente
por entender que el valor de transferencia, a pesar de suponer una
depreciación media del 55 % sobre el valor contable, sigue estando por
encima del valor real o de mercado que los bienes transferidos podían
tener, con el riesgo de que ello pueda ser interpretado como la
utilización de unas ayudas del Estado al sector financiero, no
consentidas ni aceptadas por la Comisión Europea.

La segunda dificultad ha sido la comercialización de esos
productos, que no es ajena al hecho de que quienes están desarrollando la
gestión de la Sareb, que son las entidades financieras que participan en
su capital, en multitud de ocasiones tienen intereses contrapuestos a la
propia Sareb en tanto en cuanto siguen teniendo en sus manos propiedades
inmobiliarias en volumen muy importante; según datos que manejaba el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, las entidades financieras
siguen teniendo a día de hoy 83 409 millones de euros en sus balances en
activos financieros, y de ellos, 31 700 en suelo, que son las propiedades
más difíciles de colocar en este momento. Obviamente, si quien está
participando en la gestión de la Sareb tiene a su vez como interés
prioritario la colocación de su propio parque de viviendas o de bienes
inmuebles y además solo garantiza la financiación de la colocación de ese
parque del que sigue siendo titular, se acaba convirtiendo de forma
inevitable y en la práctica en un obstáculo a la actividad de la propia
Sareb, lo cual debiera dar lugar a una reflexión sobre si los mecanismos
de gestión introducidos son los más adecuados, porque se suman dos
elementos: por un lado, los resultados negativos, y por otro,
dificultades para la comercialización por una competencia —vamos a
utilizar el término clásico— desleal de quienes participan como
accionistas en la Sareb y tienen un cupo de responsabilidad en su
gestión.

Que —como plantea la moción— se aspire a que el
objetivo social fundacional empiece a ocupar un peso más importante en la
actividad de la Sareb resulta, en mi opinión, razonable. El compromiso
que en su día asumió la Sareb era que 2000 viviendas estuvieran a
disposición; posteriormente, en la práctica, el mecanismo que utilizó fue
la oferta a las comunidades autónomas y convenios de gestión con estas.
Lo normal es que a estas alturas, igual que debiera haber ocurrido con el
Fondo social de vivienda, todo el parque disponible estuviera ocupado en
régimen de alquiler. A día de hoy, de esas 2000 viviendas, la mitad están
comprometidas, aproximadamente 1080, y el resto no tienen un destino, que
era lo que inicialmente se había planteado. Consideramos que todo ello
merece una reflexión política en el sentido de si el instrumento creado
está cumpliendo y desarrollando todas las potencialidades a las que se
aspiraba.

En cuanto a la gestión que se ha venido desarrollando, les diré
que las remuneraciones de los gestores son muy importantes. El sueldo
medio por empleado de la Sareb está en este momento en 95 000 euros al
año —es verdad que bajó con respecto al año anterior
aproximadamente unos 3000 o 10 000 euros, pero está muy por encima de la
media del sector inmobiliario y financiero— y sus dos consejeros
ejecutivos tienen una remuneración de 613 000 euros, lo cual debiera
alentar a demandar que el resultado de su gestión fuera más positivo del
que se ha alcanzado hasta el momento.

Por tanto, las dos cuestiones: una, la forma en que los
competidores están desarrollando actividades desde dentro, que supone una
amenaza real para la propia definición de los objetivos fundamentales de
la Sareb, y dos, si los mecanismos de gestión que se han instrumentado
son los más adecuados, merecerían un debate más sereno y con mayor
participación de la que estamos teniendo en este momento en la
Cámara.

Finalmente, coherente con la argumentación realizada, anuncio mi
voto favorable a la moción. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la
senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Eskerrik asko, mahaiburu
andrea.

Señorías, cuando hablamos de política de vivienda —que es
parte del título de la moción que presenta el Grupo Socialista hoy,
puesto que la moción va dirigida a garantizar que la Sareb favorezca el
acceso a la vivienda, especialmente en el caso de las familias en
situación de especial vulnerabilidad social—, además de cifras, que
hemos escuchado muchas, además de ladrillo, además de burbuja
inmobiliaria, hablamos de algo mucho más importante, hablamos de
personas, y precisamente en este caso que hoy debatimos en la Cámara, de
personas con un nivel de vulnerabilidad elevado. Y hoy, en el año 2015, y
como consecuencia de la crisis económica que hemos padecido y de la que
afortunadamente parece que poco a poco estamos saliendo, como decía, las
personas en esa situación son muchas.

El primer párrafo de la Ley de vivienda, aprobada por el
Parlamento Vasco el 18 de junio, dice: «El derecho a disfrutar de una
vivienda constituye una necesidad vital para el ser humano por cuanto
condiciona el disfrute de otros derechos esenciales, como tener un
empleo, ejercer el derecho de sufragio, acceder a las prestaciones y a
los servicios públicos, escolarizar a los hijos, gozar de la cultura y de
un medioambiente adecuado, compartir las vivencias de los familiares y
amigos y un sinfín más, puestos de relevancia reiteradamente tanto por la
doctrina más autorizada, como por los propios tribunales de justicia. El
derecho a disfrutar de una vivienda y su realización efectiva facilita y
permite al ser humano llevar una vida digna. Asimismo, desde hace
décadas, diferentes pactos, consejos y comisiones coinciden en resaltar
la dimensión social de la vivienda, vinculada a la mejora de las
condiciones de existencia de las personas y sus familias y a la
posibilidad de evitar y superar la exclusión social.»

Pues bien, señorías, no voy a repetir los datos que
exhaustivamente se detallan en la moción y que anteriormente portavoces
de diversos grupos han ampliado en su turno de intervención, pero sí me
gustaría destacar que no por ser números dejan de ser algo más que una
cifra, que una cantidad. No podemos ni debemos olvidar que detrás de
ellos hay realidades muy diversas, personas con caras y ojos viviendo
situaciones complejas, duras e injustas en muchas ocasiones.

Por ello, nos corresponde a nosotros, a los que hemos sido
elegidos por esas personas, entre otras, legislar de la manera más
acertada para que su día a día sea lo mejor posible, para garantizar
calidad de vida a todos y cada uno de ellos y de ellas. Las políticas de
vivienda deben integrar nuevas estrategias y orientarse prioritariamente
a la atención de situaciones de emergencia social derivadas de la crisis
económica, porque el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los
problemas que preocupan a la sociedad, a pesar de que entran en los
rankings otras preocupaciones que a los ciudadanos les acucian. Han
surgido nuevos colectivos con dificultades de acceso a la vivienda, como
las personas que pierden la vivienda y las que no pueden acceder al
crédito aun teniendo la vivienda pública adjudicada.

Pero en esta moción, tal y como he mencionado al principio, al
hablar de vivienda no hablamos solo de construcción ni de burbuja
inmobiliaria. En esta moción se nos trae a debate si el instrumento de la
Sareb en este caso sirve para aplicar una política de vivienda adecuada a
todas estas necesidades que he mencionado y si verdaderamente acierta en
la manera que vamos a dar respuesta a esas necesidades.

Mi grupo está de acuerdo con la generalidad del planteamiento
previo de la moción, por lo que paso a comentar algunos puntos para
justificar nuestro voto.

Con el primer punto no estamos del todo de acuerdo, especialmente
con el término obligar. No tenemos tan claro que sea basándose en lo que
Amnistía Internacional menciona, aunque podemos entender que es una base
más literaria o para coger un poco el texto que ahí se refleja. Pero no
tenemos muy claro que el término obligar sea el adecuado, teniendo en
cuenta que la tendencia de la Sareb debería ser utilizar el parque de
viviendas vacías, pero no desde la obligatoriedad, como decía.

Respecto al punto 2, únicamente quiero mencionar que la Ley de
vivienda aprobada el pasado 18 de junio en el Parlamento vasco —que
he citado anteriormente— marcaba unos límites: el 30 % con carácter
general y el 15 % para los casos más vulnerables. Por tanto, la cifra que
presenta el Grupo Parlamentario Socialista en su moción nos parece
adecuada.

En cuanto al resto de puntos de la moción, estamos de acuerdo,
pues consideramos aceptable lo que en ella se pide. Y al respecto de las
relaciones y convenios de la Sareb con las comunidades autónomas
—mencionado anteriormente por alguno de los portavoces—,
quiero señalar que Alokabide —sociedad instrumental de vivienda que
gestiona el parque de alquiler del Gobierno vasco— está ultimando
los términos de un convenio que va a firmar con la Sareb para incorporar
alguna de sus viviendas al parque público.

Señorías, nuestra valoración va más allá de todos los números que
se han citado. No vamos a entrar en los rifirrafes que unos y otros han
mantenido, pero sí me hubiera gustado escuchar más justificaciones sobre
las razones del desacuerdo —lo digo de forma general, como he
manifestado en muchas ocasiones— y no tanto sobre aquello que cada
uno de nosotros hemos omitido. Lo digo porque esta es mi última
intervención y puede que posteriormente se hable de lo que hemos dicho o
no hemos dicho. Considero que, detrás de los datos y las cifras, en
muchas ocasiones existen realidades muy complejas, muy duras y muy
injustas. Lo que debatimos en esta moción es si verdaderamente con el
instrumento de la Sareb podemos dar respuesta y poner solución a algunos
de esos casos, como los de mayor vulnerabilidad —tal y como recoge
el título de la moción—. Es momento de tomar decisiones para que
mejore la situación de esas personas y no para que esto no solo quede en
promesas y palabras.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Moltes gràcies, presidenta, breument des
de l’escó.

El nostre grup està a favor d’aquesta moció que denuncia el
mal funcionament de la Sareb i proposa mesures de transparència i de
millora substantiva de la seva gestió en relació al compliment dels
objectius per la qual va ser creada. Però, sobretot, hi estem a favor, i
és sobre el punt en el qual voldria incidir, perquè apunta a una proposta
sobre el futur d’aquesta entitat que compartim plenament. Ens
sembla que tenim l’oportunitat, en aquests temps, amb una certa
perspectiva sobre la crisi que hem viscut, d’aprendre les lliçons
de la crisi i, en particular, aprendre’n alguna en relació a
l’esclat de la bombolla immobiliària. Ens sembla que, aquest esclat
ens dóna dues lliçons sobre els grans desequilibris sobre el nostre
sector, de la nostra realitat en el món de l’habitatge. El primer,
el desequilibri enorme entre els règims de tinença, entre la compra i el
lloguer. I, el segon, el desequilibri, també enorme, entre el règim de
propietat privat o públic. Per això, semblaria intel.ligent fer
d’un problema, és a dir, de la necessitat de reestructuració dels
actius immobiliaris bancaris, fer-ne una solució, és a dir, aconseguir
tenir, aconseguir disposar, en la nostra societat, d’un autèntic
circuit per a la creació i la gestió d’habitatge públic, fent que
aquest sector, el de l’habitatge públic, fos, tingués una
incidència rellevant i no secundària en el mercat de l’habitatge,
com té fins ara. Nosaltres, a diferència segurament d’alguns altres
grups, creiem en el règim d’economia mixta, en què el sector públic
i el sector privat estan presents en tots els àmbits de la societat. I,
en el cas de sectors estratègics com el de l’habitatge, encara més.
Per això, la idea de poder convertir la Sareb en un autèntic fons públic
d’inversió immobiliària, que retroalimenti el sistema entre
l’Institut de Crèdit Oficial i els organismes de gestió de
l’habitatge públic —






tant a nivell de comunitats autònomes com
d’ajuntaments— pot ser una idea carregadíssima de futur.
Aquest fons, que incorpora els habitatges del banc dolent, del Fons
social de l’habitatge, i que és capaç de cedir-los a aquests
organismes de gestió de l’habitatge retrocirculant els ingressos
per lloguers, en termes de crèdits per fer noves promocions, podria ser,
insisteixo, una proposta interessantíssima per disposar d’un
autèntic instrument a l’alçada del repte que ens planteja
l’habitatge públic al nostre país.

Per això, senyories, aquesta moció que apunta en aquesta direcció
ens sembla altament satisfactòria a banda, com he dit abans, de la nostra
coincidència amb la resta de punts i, per tant, hi votarem a favor.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, presidenta. Intervendré brevemente desde el
escaño.

Nuestro grupo está a favor de esta moción que denuncia el mal
funcionamiento de la Sareb y propone medidas de transparencia y de mejora
sustantiva de su gestión en cumplimiento de los objetivos para los cuales
fue creada. Pero, sobre todo, estamos a favor de un punto en el que
querría incidir, pues apunta a una propuesta sobre el futuro de esta
entidad que compartimos plenamente. En este momento, con cierta
perspectiva de la crisis que hemos vivido, tenemos la oportunidad de
aprender de algunas lecciones que esta nos ha dado, en particular en
relación con la burbuja inmobiliaria. Esta situación nos ha dado dos
lecciones sobre los grandes desequilibrios de nuestro sector, de nuestra
realidad en el mundo de la vivienda. El primero es el enorme
desequilibrio entre los regímenes de compra y alquiler y, el segundo, el
enorme desequilibrio entre el régimen de propiedad privada y pública. Por
ello, sería inteligente convertir un problema —la necesidad de
reestructuración de los activos inmobiliarios bancarios— en una
solución, es decir, conseguir disponer en nuestra sociedad de un
auténtico circuito para la creación y gestión de vivienda pública,
haciendo que este sector tuviera una incidencia relevante y no secundaria
en el mercado de la vivienda como hasta ahora. Nosotros, a diferencia de
otros grupos, creemos en el régimen de economía mixta, donde sector
público y privado están presentes en todos los ámbitos de la sociedad, y
más aún en sectores estratégicos como el de la vivienda. Por ello, el
hecho de poder convertir la Sareb en un auténtico fondo público de
inversión inmobiliaria que retroalimente el sistema del Instituto de
Crédito Oficial y los organismos de gestión de la vivienda pública
—tanto del ámbito de las comunidades autónomas como de los
ayuntamientos—, puede ser una idea cargadísima de futuro. Este
fondo, que incorpora las viviendas del banco malo, del Fondo social de
viviendas, y que es capaz de cederlos a estos organismos de gestión de la
vivienda, haciendo circular los ingresos del alquiler como créditos para
nuevas promociones, podría ser, insisto, una propuesta interesantísima
para disponer de un auténtico instrumento a la altura del reto que nos
plantea la vivienda pública en nuestro país.

Por ello, señorías, esta moción, que apunta en esta dirección, nos
parece altamente satisfactoria, además de que coincidimos con el resto de
sus puntos. Por lo tanto, vamos a votar a su favor.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Catalán de Convergència i d’Unió, tiene la
palabra la senadora Candini.

La señora CANDINI I PUIG: Gràcies presidenta.

Davant de la moció que presenta el senador Fernández, dir-li que,
efectivament, moltes de les qüestions que vostè ha plantejat, així com
l’exposició de motius, i tot allò que te a veure amb
l’informe que fa referència a Amnistia Internacional, creiem que és
d’aquelles mocions que més enllà de les dades, com deia la senadora
Iparragirre, doncs, òbviament és d’aquelles mocions que té ànima
social. I, per tant, d’allò que estem treballant, d’allò que
s’està plantejant, d’allò que s’està dient i debatent,
certament compartim plenament, en bona mesura, tot allò que vostè diu i
la bondat d’aquesta moció. De tota manera, hi ha algunes qüestions,
doncs vostè sap perfectament que per a nosaltres és tant important allò
que es pretén, com qui és el responsable de fer-ho. Allò que es pretén, i
qui és el responsable de fer-ho. I en aquest sentit, tant el punt 2 que
és impulsar la creación de un parque social de viviendas a partir de la
vivienda que posee la Sareb, evidentment això ha de ser, al nostre
entendre, competència de les comunitats autònomes, per tant, ha de ser o
propietat de les comunitats autònomes o, si més no, que ho gestionen les
comunitats autònomes.

Quan parlem del punt 4 —a cambiar en Sareb los fines para
mantener y aumentar el número de viviendas destinadas al alquiler
favoreciendo a las familias con mayores dificultades sociales—,
efectivament, el mateix. I li posi en tot cas, com diguem a Catalunya,
per a mostra un botó. Nosaltres, per part de la Generalitat de Catalunya,
en el seu dia —crec que ho ha dit abans el senador del Partit
Popular— tenim 900 vivendes que s’han traspassat de forma
temporal. I és evident que el que voldríem és que fossin molt més ferms
tots aquests tractes i que no fos tema de la temporalitat, però com això
amb tantíssimes coses que ja són competències exclusives i que no es
respecten, nosaltres creiem que a hores d’ara sí que ja hi existeix
o hi pot haver la possibilitat que hi existeixi aquest mecanisme pel qual
poder traduir tot allò que te el Sareb en una bona reversibilitat de cara
a un ús social davant de les demandes i poder fer una bona política
d’habitatge, sobretot perquè hi ha circumstàncies molt més
vulnerables.

Dir-li que justament aquesta mateixa setmana per part de la
Generalitat de Catalunya s’han invertit 870 000 euros per
adquirir 40 habitatges que eren de Bankia, procedents d’execucions
hipotecàries, i dels quals 18 ja estaven ocupats, però no ens preocupa,
ni ho interpretem mai com un problema que ens traslladen, sinó com una
realitat que és. I estem convençuts que quan s’està al Govern
sempre és per gestionar les conflictivitats, siguin com siguin i de la
manera que siguin. Per tant, benvingut sigui.

Que evidentment vostè en la seva moció va en el sentit que tant de
bo que hi hagi un instrument molt més estructural, molt més consolidat,
sí, però insisteixo, per nosaltres tant important és això com qui te la
responsabilitat, sobre la qual cosa a la seva moció no en fa ni tan sols
menció.

És evident que estem més a prop de les seves reflexions, del seu
neguit, i no pas una mica com hem sentit per part del senador del Partit
Popular, l’alcalde de Jaén. Que jo també sóc alcaldessa i per tant
també es pot imaginar que òbviament en el meu municipi les circumstàncies
difícils existeixen i tots plegats tenim claríssimament quines són les
necessitats en els nostres termes municipals, però també, i li dic amb
tota la humilitat possible, m’agradaria que aquests debats, sobre
tot quan hi ha al darrera una necessitat de vulnerabilitat i de
circumstàncies tant i tant difícils, que no es transformen en l’ «i
tu més». Aquest «i tu més», a mi sincerament cada vegada em comporta allò
que algú vol donar lliçons sobre què és la nova política. I el que queda
clar és que l’antiga política, en el meu entendre, de manera molt
humil, és la política dels retrets.

És evident que segur que hi ha coses per contextualitzar i per
explicar, i que ningú doni lliçons a ningú, però dedicà bona part de la
defensa de la oportunitat o la no oportunitat de les mocions, a aquests
tipus de qüestions, a mi, personalment, quan estàs pel mig, em deixa una
sensació com a mínim de mal gust de boca perquè, de veritat, o intentem
que sobretot en aquelles qüestions que estem defensant, qüestions de
justícia que no crec que ningú pugui donar lliçons a ningú, algú i en tot
cas el poble acabarà decidint qui ha fet la bona feina i qui no ha fet la
bona feina, però que en tot cas, m’agradaria molt, i és una petició
molt humil que faig formalment a la cambra, que és intentar no donar
lliçons de cap tipus, sobretot quan estem parlant de qüestions tant i
tant delicades. Per aquestes raons de fons que compartim, de necessitat,
senador Fernández, però també per nosaltres quan fem les propostes diem:
és això i ho han de fer aquests, com que vostès no diuen que ho han de
fer les comunitats autònomes, que a més a més s’està fent a
Catalunya i a també s’està fent tant a l’Aragó com a Galícia,
crec sincerament que aquesta part de la moció faltava. Per tot això ens
abstindrem.

Gràcies.

Gracias, presidenta.

Debo decirle al senador Fernández respecto de la moción que
presenta que muchas de las cuestiones que ha planteado —la
exposición de motivos y todo lo que tiene que ver con el informe que hace
referencia a la recomendación de Amnistía Internacional—, los
datos, tienen alma social, tal y como decía la senadora Iparragirre. Por
lo tanto, compartimos en buena medida los fines de todo lo que se está
hablando y debatiendo y la bondad de esta moción. No obstante, hay
algunas cuestiones que para nosotros son importantes tanto por lo que se
pretende como por quién es el responsable de hacerlo. El punto 2 propugna
impulsar la creación de un parque social de viviendas a partir de las
viviendas que posee la Sareb. A nuestro entender, deben ser competencias
de las comunidades autónomas y, por lo tanto, deberían ser o propiedad de
las comunidades autónomas, o deberían ser gestionadas por las comunidades
autónomas.

El punto 4 —cambiar en Sareb los fines para mantener y
aumentar el número de viviendas destinadas al alquiler favoreciendo a las
familias con dificultades sociales— es el mismo caso. Para muestra,
un botón. La Generalitat de Catalunya —antes lo ha mencionado el
senador del Partido Popular— tiene 900 viviendas que se han
traspasado de forma temporal. Es evidente que nos gustaría que todos
estos tratamientos fueran mucho más firmes y no fuera solo una cuestión
de temporalidad, pero, como en tantas otras cosas, son competencias
exclusivas y no se respetan. Ahora bien, consideramos que en este momento
existe la posibilidad de crear este mecanismo para poder traducir todo lo
que tenga la Sareb en una buena reversibilidad de cara a un uso social
ante las demandas y poder hacer una buena política de viviendas, sobre
todo para quienes se encuentran en circunstancias mucho más
vulnerables.

Debo decirle que, esta misma semana, la Generalitat de Catalunya
ha invertido 870 000 euros para adquirir 40 viviendas de Bankia,
procedentes de ejecuciones hipotecarias, de las cuales 18 estaban
ocupadas, que no lo interpretamos como un problema que se traslada, sino
como la realidad que es, y estamos convencidos de que el Gobierno está
para gestionar los conflictividades, sea como sea y de la forma que sea.
Por lo tanto, bienvenido sea.

Usted en su moción señala que ojalá existiera un instrumento mucho
más estructurado y mucho más consolidado. Sí, de acuerdo, pero, insisto,
para nosotros tan importante es esto como quién tiene la responsabilidad,
algo que su moción no menciona.

Es evidente que estamos más cerca de sus reflexiones, de su
sentimiento, y no de lo que hemos oído decir al senador del Grupo
Popular, alcalde de Jaén. Yo también soy alcaldesa y podrá imaginarse que
en mi municipio las circunstancias son difíciles. Todos tenemos claras
cuáles son las necesidades en nuestros términos municipales. Pero
también, y se lo digo con toda la humildad posible, me gustaría que estos
debates continuos, sobre todo cuando hay detrás una situación de
vulnerabilidad y circunstancias tan difíciles, no se transformaran en «Y
tú más». Este «Y tú más», sinceramente, a mí me da la sensación cada vez
más de que alguien nos quiere dar lecciones sobre qué es la nueva
política, y lo que queda claro es, a mi entender, , y de forma muy
humilde, la antigua política, la política de los reproches.

Es evidente que existen cosas poco contextualizadas para explicar
y que nadie debe lecciones a nadie, pero dedicar buena parte de la
defensa o no de las mociones a este tipo de cuestiones a mí
personalmente, cuando se está en medio, me deja mal gusto en la boca,
sobre todo con aquellas cuestiones que estamos defendiendo, que son
cuestiones de justicia, sobre las que no creo que nadie pueda dar
lecciones a nadie. Quizá en último lugar el pueblo acabará decidiendo
quién ha hecho un buen trabajo y quién no. En tono caso, me gustaría
mucho, y es una petición que hago humilde y formalmente a la Cámara, que
se intentara no dar lecciones de este tipo, sobre todo cuando se está
hablando de cuestiones tan delicadas. Por estas razones de fondo
compartimos la necesidad que creo que es sincera, senador Fernández, pero
cuando nosotros hacemos las propuestas y decimos que es así, y lo deben
hacer así, ustedes no dicen que lo deben hacer las comunidades autónomas,
cuando ya se está haciendo en Cataluña, en Aragón y en Galicia. Creo
sinceramente que esta parte faltaba en la moción. Por todo ello nos
abstendremos.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Fernández
Ortega.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, quiero agradecer las intervenciones de todos los
grupos de la oposición, que en este caso también apoyan la moción.

No he acabado de entender muy bien, de la intervención del
portavoz del Grupo Popular, cuáles son los motivos por los que está en
contra de una mayor función social de la Sareb o de que haya más
transparencia. Le he dado algunos datos con los que es posible, con
absoluta sensatez, darle una mayor función social y aumentar la
transparencia —porque hay datos que se desconocen y son muy
importantes para el tamaño económico de esta sociedad—. No he
encontrado ningún argumento razonable dentro de su intervención para que
se ponga en contra.

Me parece la estrategia del calamar salir aquí a hablar de su
libro, en lugar de hablar del tema que nos trae a debate. Quiere hablar
de Andalucía. A lo mejor no ha comprendido que existe un parlamento
andaluz que tiene autonomía y que hay portavoces del Partido Popular en
ese Parlamento que pueden llevar los problemas del Gobierno andaluz.

Hoy hemos venido a discutir o a debatir sobre la gestión del
Gobierno del Partido Popular, y usted huye de ese debate. Usted quiere
plantear asuntos de anteriores gobiernos socialistas, que no tocan en
este momento. Usted dice que vamos a debatir la anterior gestión, y yo le
estoy hablando de la Sareb. Todo lo que ha dicho usted ¿qué tiene que ver
con la Sareb?

Usted dice que nosotros no hicimos política de vivienda. Hay un
dato demoledor contra su argumentación: ha caído lo recogido en
presupuestos, que no lo ejecutado, a la mitad con el Gobierno del Partido
Popular. ¿Ustedes han hecho política de vivienda? Está recogido en los
presupuestos que han reducido a la mitad el gasto. Tengan en cuenta que,
de ese dinero que queda en los presupuestos, una gran parte corresponde a
políticas impulsadas por el PSOE, que ustedes han cercenado, han cortado
y con las que han acabado. Me refiero a las ayudas al alquiler —aún
quedan fondos destinados a la renta básica de emancipación— o me
refiero a las ayudas a la subsidiación de la compra de VPO, con la que
ustedes han acabado con carácter retroactivo, lo que es inconstitucional.
¿Le parece que eso es hacer política de vivienda? Viene usted a decir que
los del PSOE no la hacían. Mire, no insista, hay datos que son
absolutamente demoledores.

En cuanto a lo que nos ocupa hoy, la Sareb: cuando digo y defiendo
la propuesta de que se destinen de manera mayoritaria a los ciudadanos
individualmente las viviendas, dice que el 80 % se ha vendido en el tramo
minorista. Mire, todas las viviendas que tiene la Sareb son para
familias. ¿Qué hacemos vendiéndoselas a fondos buitre para que especulen
con ellas? ¿Le parece poco el 20 %? ¿Cuántos miles de millones tiene que
haber para que le parezca que ya es mucho? Si nos ponemos a ver los
fondos de activos bancarios que ha creado la Sareb, cada uno tiene 2000
o 3000 viviendas que se le dan a un fondo buitre, para que especule con
ellas. Le puedo poner el ejemplo del FAB Teide —fondo de activos
bancarios—: se le dan dos mil y pico viviendas a un fondo que no
pone ni un euro, al que le financia la compra la Sareb y en el que además
hay ciudadanos que tenían contratos hechos para comprar las viviendas que
no respeta el fondo buitre y a los que se les pide entre 30 000 y 100 000
euros más por vivienda. ¿Le parece que eso es denunciable? ¿Debemos
exigir al Gobierno que corrija esa acción? ¿Por qué para vender las
viviendas no bastan los bancos, que, por cierto, se llevan ya un enorme
beneficio con la venta? (Como he explicado aquí, se llevan más de 200
millones al año por comercializar las viviendas.) ¿Por qué es necesario
meter fondos buitre para que especulen con ellas? ¿Le parece que es una
buena gestión de alguien que se pone un sueldo de más de 400 000 euros
decir a esos fondos buitre que no tienen que hacer una inversión
económica para conseguir las viviendas, que se las financia la Sareb? ¿Le
parece que es una buena gestión o es necesario que lo denunciemos aquí?
¿Es nuestra función denunciarlo y exigir que se deje de hacer o no? De
eso es de lo que nos ocupamos hoy en esta moción. ¿Debemos ayudar a crear
un fondo social de vivienda o no? ¿Lo necesita este país en este momento
o no? ¿Quiere usted salir aquí y explicarlo?

Me dice que es suficiente con las 2000 viviendas. Me parece que es
un dato absolutamente ridículo. Le he dado cifras abrumadoras de familias
que se están quedando en la calle, y usted cree que una medida del
Gobierno es pactar con los bancos el fondo de vivienda, que no le ocupa a
nadie. ¿Usted, cuando está a solas, no se pregunta honestamente si lo
están haciendo bien? ¡Hombre!, si usted dice que estamos haciendo un
trabajo social creando fondos de vivienda con los bancos y no las coge
nadie, ¿no cree que se están equivocando? ¿Sinceramente piensa que lo
hacen bien? Ese es el objeto del debate hoy.

Lo que ha hecho el Gobierno es inútil, no ayuda a la gente que
tiene problemas; por tanto, hay que modificar lo que se está realizando.
Cuando ponen 2000 viviendas en convenio con las comunidades autónomas se
está haciendo una campaña de imagen. Ya le he dicho que, en su mayoría,
son viviendas que están muy deterioradas y que están habitadas. Comparto
con la senadora Candini que el problema no es que haya gente dentro, de
eso nos ocupamos los políticos, pero como la Sareb no es política,
transfiere la patata caliente a los políticos. Estoy completamente de
acuerdo con usted. Dice: que las gestione las comunidades autónomas. ¿Por
qué no les cobra un alquiler? ¿Por qué no dejan que tengan un alquiler
digno? No estoy en contra de que las comunidades autónomas gestionen las
viviendas, estoy de acuerdo, ahora bien, conveniemos con el Estado para
hacerlo, en lugar de acabar con los fondos existentes para vivienda.

En este país nadie necesita comprar viviendas, podemos acabar ya
con esas políticas. Y las políticas de alquiler que ha puesto en marcha
el Gobierno de España —lo he explicado en alguna ocasión en el
Pleno— consisten en decir que un joven que cobre el IPREM ya no
tiene derecho a la ayuda al alquiler. O sea, el Gobierno de España, del
Partido Popular, que hace una gran política de vivienda y de impulso al
alquiler, está dispuesto a ayudar a aquel joven, arrojado y valiente,
que, ganando menos de 535 euros, se independiza y se vaya a vivir solo;
si no, no le ayuda. Eso es lo que defiende el Partido Popular, ¿y, ante
eso, no podemos utilizar un mecanismo como la Sareb, que tiene más
de 80 000 viviendas cerradas? La Sareb lleva funcionando desde hace tres
años mientras los bancos llevan con las viviendas muchos años más, y
todos sabemos lo que supone una vivienda cerrada más de cinco años. ¿No
sería mejor conveniar de inmediato un gran número de viviendas —la
mitad, por poner una referencia— con las comunidades autónomas y
ponerlas a disposición de las familias? ¿No tendría un efecto potente en
la realidad social y económica de nuestro país?

A eso venimos aquí, a hacer propuestas constructivas. Lo suyo es
calamar, tinta; lo suyo es despistar, hablar de otra cosa que no toca. Si
quiere debatir sobre Andalucía, está el Parlamento andaluz. ¿Sabe usted
que tenemos un Estado autonómico? Aquí no toca debatir la gestión del
Gobierno andaluz, aquí se debate sobre la gestión del Partido Popular
porque es el Gobierno de turno. Las comunidades autónomas tienen su
Parlamento. ¿O es que le va a hurtar usted el debate al Parlamento?
(Aplausos). Fíjese si llevo razón, que le reto a que presente usted una
moción para hurtar los debates el Parlamento andaluz a ver si la Cámara
se la acepta. Usted habla de lo que le da la gana cuando se sube a esta
tribuna, pero no tiene razón en los temas que trae, ninguna. Y, a menos
que dé una cifra objetiva de la inversión del Estado, se le cae todo al
suelo; no tiene ningún argumento.

Quiero denunciar también que hemos perdido con la Sareb —que
es un negocio ruinoso— la oportunidad social de utilizar un montón
de viviendas que están cerradas para ponerlas a disposición de la gente.
Esto es lo que pedía esta moción. Además, la Sareb lleva a cabo una mala
gestión; lo he explicado en más de una ocasión. El Partido Popular no es
buen gestor económico. Eso sí, mucha propaganda, mucho control de los
medios de comunicación, como Televisión Española, pero buen gestor
económico, no. Han vendido 24 000 activos y tienen pérdidas que suponen
más de 35 000 por activos. Tienen más de 800 millones de euros de
pérdidas en dos años y dicen que son buenos gestores. Oiga, la Sareb
tiene 300 trabajadores, con unos sueldos muy altos y, sin embargo,
¿pagan 200 millones por comercializar las viviendas? Además, están
financiando los fondos buitre.

A mí me parece muy importante que usted diga aquí sí está de
acuerdo —quiero que deje de estarlo— con la Sareb. Han
inventado un mecanismo que llaman revolving por el que le financian
incluso el pago de impuestos a los fondos buitre hasta que recuperan con
la venta de inmuebles la inversión. Eso pone el informe anual de la
Sareb, no me lo estoy inventando. ¿Está usted de acuerdo con eso o
debemos cambiarlo? ¿Los políticos debemos decir que se haga una gestión
política de la Sareb, o seguimos diciendo que se haga una gestión
especulativa como la que ha mandado el Gobierno de España? ¿Les parece
razonable que no se sepa cuál es el valor de los bienes que tiene la
Sareb? Después de estar tres años gestionando la Sareb todavía no saben
lo que vale cada uno de esos bienes, no han tenido tiempo, y a usted eso
le parece razonable. Yo pido más transparencia, y para eso hay que saber
lo que valen las cosas.

¿Está usted de acuerdo con las operaciones que están haciendo?
Nosotros somos los que fiscalizamos la acción del Gobierno y la
controlamos. ¿Estamos de acuerdo con cómo venden? No sé cuánto cuestan
las cosas que han vendido, no tengo el dato, no sé si han cogido un piso
que valía un millón y lo han vendido por 900 000 a un fondo buitre. ¿Lo
sabe usted? ¿Le parece razonable que le exijamos transparencia al
Gobierno y que nos informe sobre esos datos para que veamos que se están
gestionando unos recursos económicos ingentes, que, si al final tienen
pérdidas, las tendrán que afrontar los ciudadanos? ¿Les parece razonable
que los fiscalicemos con criterios de rigurosidad, o nos basta con que en
el informe anual de la Sareb nos digan: No, si nosotros hemos vendido
por 1000 millones activos? Sí, ¿y qué? ¿Cuánto valían los activos? ¿Usted
ha hecho descuentos a los fondos buitre? Porque, siguiendo su teoría de
leer la prensa, hay periódicos que dicen que les hacen descuentos de
hasta el 40 % sobre el valor al fondo buitre para animarlo. Pero no lo
sabemos, no tenemos un dato objetivo. Yo pido datos objetivos para poder
pronunciarme políticamente. Y mi posición política es: ¿Tenemos una
herramienta potente? Pues usémosla en beneficio de los ciudadanos, y,
además, cuidemos muy bien de los dineros públicos.

Yo también he sido alcalde y he hecho las dos cosas: he cuidado
bien de los recursos públicos y he procurado lo mejor para los
ciudadanos. Esa es la tarea de los políticos. (Aplausos).

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Popular, el senador Fernández de Moya tiene la
palabra.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Tal y como temía, no ha tenido
el coraje político de hacer públicos los desahucios de Zapatero.
(Rumores). No ha tenido el coraje político de subirse a esta tribuna a
dar los datos del Consejo General del Poder Judicial y decir cuáles eran
las ejecuciones hipotecarias pendientes los últimos cuatro años del
mandato socialista —de los progres socialistas— en España,
echando a la gente a la calle sin recursos económicos. (Rumores.—
La señora Andrés Prieto: Eso les interesa mucho a las familias que están
desahuciadas).

Si usted se sube a esta tribuna a descalificar a Televisión
Española, cuando quiera hablamos de Canal Sur (Rumores), cuando y como
quiera (Rumores), repito: cuando y como quiera; porque los andaluces bien
que sabemos que la televisión ha estado al servicio de su partido en
Andalucía durante muchos años. (La señora Andrés Prieto: Sí que les
interesa a las familias ahora). Por lo tanto, como y cuando quiera. (La
señora Andrés Prieto: Eso sí que les interesa mucho a las familias). Pero
aquí, en el debate, tampoco ha tenido honestidad política.

Ahora le voy a leer los acuerdos del Consejo de Ministros
—esto no es la prensa—, los acuerdos del Consejo de Ministros
socialista, de Zapatero, se lo voy a leer (La señora Andrés Prieto: Eso
le interesa a las familias ahora), del que fue presidente del Gobierno de
España. ¿Puedo hablar en las Cortes Generales... (Fuertes
protestas).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías, guarden
silencio. (Rumores.— Algunos señores senadores del Grupo
Parlamentario Socialista: Del de ahora).

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: ¿Puedo hablar en las Cortes
Generales de lo que ustedes no hicieron? (Rumores). ¿Puedo hablar o no
puedo hablar? (Rumores). Tranquilos, si no pasa nada.

Me dice que no hable de Andalucía, pero luego me remite al Plan
estatal de vivienda 2013-2016, que son convenios de colaboración de
viviendas de la Sareb. ¡Y yo no puedo hablar de Andalucía! ¡Yo hablaré
aquí de lo que crea oportuno, porque usted no me va a cercenar —ni
usted ni nadie— el derecho a la libertad de expresión en esta
tribuna! ¡Ni usted ni nadie! (Aplausos.— La señora Andrés Prieto:
La ley mordaza). Se lo leo: Acuerdo del Consejo de Ministros de Zapatero
—que se sentaba ahí, y Chacón muy cerca—






 28 de septiembre
de 2007: «Agilización de los desahucios.» (Señor Fernández, se lo voy a
leer textualmente.) «Por otro lado, el Consejo de Ministros ha estudiado
la propuesta del Ministerio de Justicia de creación de diez nuevos
juzgados que se especializarán en desahucio, inicialmente en las ciudades
donde hay una mayor saturación de estos casos.» Nota informativa del
Consejo de Ministros de 28 de septiembre de 2007. ¿Dónde estaban los
socialistas para defender a las personas a las que se iban a desahuciar?
¿Dónde estaba Zapatero, dónde estaba Rubalcaba, dónde estaba Pedro
Sánchez, dónde estaba Chacón si echaban a la gente a la calle agilizando
los procesos de desahucio? ¿Qué lecciones vienen a dar a esta Cámara?
¿Qué hicieron? (Rumores).

¿Usted se ha dado cuenta de que en su intervención se ha retratado
usted y su partido? No me ha citado ni una sola medida, repito, ni una
sola medida puesta en marcha por el Gobierno Socialista en la etapa de
Rodríguez Zapatero en defensa de las personas que sufrían un
desahucio.

Yo le voy a enseñar el Boletín Oficial del Estado de la etapa del
Gobierno del Partido Popular. (Yo sé que a usted no le gusta escuchar
esto. Yo le he escuchado con educación. Si usted quiere me escucha, y si
no, me da igual, voy a decir lo que creo que tengo que decir). Real
Decreto Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para
reforzar la protección a los deudores hipotecarios. ¿Me quiere enseñar un
texto normativo similar a este aprobado por los socialistas en su etapa
durante ocho años? No existe. Nunca lo pusieron en marcha. Nunca se
preocuparon por los deudores hipotecarios. (Aplausos). Nunca, señores del
Grupo Socialista.

Y, senadora de Convergència i d’Unió, esto no es el «y tú
más». A ver si aquí se pueden subir a la tribuna a insultar y a
descalificar al Gobierno de España y el Grupo Parlamentario Popular tiene
que permanecer callado y no puede poner ejemplos de lo que significa la
referencia de gestión, según los socialistas, que es Andalucía. ¡Vaya
referencia de gestión: más de treinta años y es la comunidad autónoma con
mayor tasa de paro en la nación española! Esa es la referencia de gestión
del Grupo Socialista. (Protestas).

Pero, mire, yo voy a seguir hablando. Los desahucios se dispararon
un 200 % en los últimos cuatro años del Gobierno Socialista. Usted no ha
tenido el coraje político de decir las cifras —y mire que le he
dicho que dijera las cifras—, porque usted ha contado lo que quería
contar. ¿Pero por qué no ha contado esto? Le voy a dar los datos del
Consejo General del Poder Judicial, no sin antes citar a su exlíder,
señor Rubalcaba, en respuesta parlamentaria en el año 2011 sobre los
desahucios: «Ya hay medidas suficientes.» Así actuaba el Partido
Socialista: de espaldas a la realidad.

Señor Fernández, le voy a dar los datos relativos de lo que
significan ejecuciones hipotecarias —lo digo porque usted no los ha
dado y quiero que consten en el Diario de Sesiones por honestidad
política—: Año 2008: en Andalucía, 11 458; en España, 58 686
—Zapatero—. Año 2009 —Zapatero—: en
Andalucía, 17 774; en España, 93 319. Año 2010 —PSOE—: en
Andalucía, 17 913; en España, 93 622. Año 2011 —Zapatero,
PSOE—: en Andalucía, 16 313; en España, 77 854. Señoría, en
Andalucía, en el periodo 2008-2011, gobernando el Partido Socialista, en
esa tierra, mi tierra, 63 458 desahucios; en España, gobernado el Partido
Socialista, 323 481 desahucios. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaban
los socialistas defendiendo a estas 323 481 personas afectadas por
desahucios? ¿Dónde estaban? (Aplausos). ¿Dónde estaban? Ni estaban ni se
les esperaba. No aprobaron ni una sola medida (La señora Andrés Prieto:
Actúa tú ahora) en defensa precisamente de las personas que menos tenían.
(La señora Andrés Prieto: ¿Y dónde están ustedes ahora? — La señora
Vindel López: ¿Qué te pasa?)

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías, guarden
silencio.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Señor Fernández, tengo aquí
esos recortes de prensa que usted trata con desprecio según del medio de
comunicación del que vengan. Siga usted tratándolos con desprecio.
(Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías...

El señor FERNÁNDEZ MOYA ROMERO: «La Junta intenta desahuciar a
tres viudas y a tres jubilados.» Política social de vivienda de Susana
Díaz, de la Junta de Andalucía. «La junta critica los desahucios, pero
ordena ejecutar uno en 15 días.» Política social de vivienda.

En mi tierra, en mi provincia, en Linares, la segunda ciudad de la
provincia: «La Agencia IDEA también desahucia. Santana Motor: despedidos
y desahuciados; al borde del desahucio tras diecinueve meses esperando
que la Junta le pagara la dependencia.» Política social con mayúscula en
Andalucía. «La Junta acelera el desahucio de 75 familias en Córdoba que
echaba a la calle.» «La consejera de Vivienda de Izquierda Unida
—hasta que ustedes la desahuciaron políticamente y convocaron unas
elecciones por interés absolutamente personal (El señor Martínez-Aldama
Sáenz: Que ganamos…)— ha ordenado más de 150
desahucios.»

Y, señor Fernández, le he traído uno, pero le podría traer muchos
boletines oficiales de la Junta de Andalucía. Anuncio de 19 de febrero
de 2014 de la Gerencia Provincial, Agencia de Vivienda y Rehabilitación
de la Junta, relativo a resolución de contratos sobre vivienda de
protección oficial. La palabra «desahucio» aparece una y otra vez en el
boletín oficial de la Junta de Andalucía. La palabra «desahucio» está,
una y otra vez, en boca de Susana Díaz y del Partido Socialista en
Andalucía.

Señoría, ha dicho usted que ha sido alcalde. Si lo ha sido me
imagino que usted respaldará a este alcalde para que la Junta de
Andalucía, que tiene viviendas cerradas en mi ciudad, firme
inmediatamente un convenio con el ayuntamiento para ponerlas a
disposición de personas en riesgo de exclusión social, porque nadie
entiende que la Junta de Andalucía tenga viviendas vacías y que haya
jienenses que no se puedan pagar una vivienda o que no tengan recursos
económicos y estén cerradas a cal y canto. (Aplausos).

Por tanto, señor Fernández, vamos a ver si cuando suban a esta
tribuna, ustedes, que presumen de gobierno socialista en Andalucía, no sé
de qué... (Rumores.— Protestas).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías, guarden
silencio.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Ustedes, que presumen de ser el
referente del gobierno socialista en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
pídanle que, de manera urgente, firme con los ayuntamientos, a través de
los registros municipales de demandantes de viviendas, un convenio para
que no haya viviendas vacías, cuando hay más de 1 millón de parados en
Andalucía tras treinta y tres años de Gobierno socialista.
(Aplausos.— Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías, guarden
silencio.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Y, señoría, le voy a decir una
cosa; que aquí tengo, además, a compañeros, al señor Caballos, al señor
Menacho, que saben, porque nos conocemos del Parlamento de Andalucía, que
por mucho que griten o alboroten no me distraen. Yo a lo mío. Yo voy a lo
mío. (Aplausos.— Rumores). Por mucho que griten; a lo mío.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías, aténganse
al debate y no jaleen al hemiciclo.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Y termino, señora
presidenta.

Señor Fernández, le doy un consejo: cuando hable de la banca,
léase el informe de la Comisión Nacional de la Competencia porque en él
figura que las ayudas al sector financiero, en la etapa de Rodríguez
Zapatero, ascendieron a 87 000 millones de euros; 1857 euros nos costaron
a cada español.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señoría, vaya
terminando.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Esa es la gran diferencia. Este
Gobierno, con el presidente Rajoy, trabaja en beneficio de las personas
que menos tienen, y ustedes, como siempre, responden con cinismo,
demagogia y el abandono de los más débiles. (Aplausos).

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señoría.
(Rumores.— Protestas).

Señorías, ¿seguimos con el debate o van a seguir jaleando a los
oradores? (Rumores.— Pausa).

Continuamos con el debate. Les recuerdo que tanto esta moción como
la anterior se votarán con el veto del siguiente proyecto de ley.
(Rumores).