El señor presidente da lectura a los puntos 8. y 8.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación
se han presentado cinco enmiendas: dos del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya y tres del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra la senadora
Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Intervengo para defender la moción consecuencia de interpelación
que ha presentado el Grupo Parlamentario Vasco. Tengo que hacer en primer
lugar una mención y una valoración de lo que fue la interpelación el otro
día al ministro Montoro, que no puedo calificar de otra forma que no sea
de decepcionante: en primer lugar, por la ausencia de la vicepresidenta,
que era la persona a quien iba dirigida la interpelación, interpelación a
la que queríamos trasladar un cierto cariz político, y sin embargo vino
el ministro Montoro y dio una justificación administrativa a una cuestión
que nosotros calificamos de política como es el ámbito competencial. El
ámbito competencial no puede ser reducido a una mera cuestión
administrativa porque, en el caso de la comunidad autónoma vasca y de
nuestras instituciones, adquiere siempre un cariz político. Por tanto, mi
primera valoración es de decepcionante en cuanto a la interpelación el
otro día respecto del interpelante en sí y de la interpretación que hizo
de lo que nosotros denunciábamos, que no era sino la invasión sistemática
que se está haciendo del ámbito competencial vasco, de las instituciones
vascas —según nosotros, de forma predeterminada— y que
obedece a una estrategia calculada del Partido Popular, porque si no, no
se entiende que haya tantos y tantos proyectos de ley en los que de una
forma reiterada, como digo, se viene produciendo esta invasión
competencial. De ahí, que nuestra moción sea de carácter híbrido: por un
lado, queremos hacer una reflexión política, en la que pedimos que se
recupere el diálogo y la cooperación interinstitucional entre las
instituciones vascas y el Gobierno de España —entendemos que ese es
el único camino para hacer política real, una política adecuada al siglo
XXI— y además que ese acuerdo y esa cooperación se haga en los
órganos en los que tiene que hacerse, en los que nos hemos dotado
mutuamente de acuerdo para alcanzar consensos e interpretaciones que sean
beneficiosas para ambas partes como son las comisiones bilaterales, que
funcionan en diferentes ámbitos administrativos y políticos. Consideramos
que estos son los órganos en los que tiene que producirse este acuerdo y
en los que tienen que dirimirse las posibles discrepancias
interpretativas que se puedan hacer de aquellas leyes que se promulgan
por las Cortes a iniciativa del Gobierno. Son muchos todavía los puntos
pendientes de acuerdo y resolución definitiva —y así lo dejé ver en
la interpelación—; son muchos todavía aquellos puntos en los que,
pese haberse alcanzado una resolución, esta no ha sido satisfactoria para
algunas de las partes. Y entiendo que, en ese sentido, es importante que
sigamos manteniendo la dinámica de trabajo desde la lealtad institucional
y desde una voluntad sincera de alcanzar acuerdos.

Por otro lado, pedimos también al Gobierno y a sus órganos
dependientes que desistan de la política de recursos judiciales
sistemáticos contra las instituciones vascas. Es sangrante —y así
lo ha venido denunciando mi grupo parlamentario— la actitud
sistemáticamente, por ejemplo, del delegado del Gobierno en Euskadi con
respecto del euskera y, concretamente, además, con respecto a aquellos
ayuntamientos que remiten sus actas a la delegación del Gobierno
exclusivamente en euskera. Parece que todavía no han entendido que el
euskera es una lengua oficial, no cooficial y, por tanto, tiene la misma
validez jurídica que la que pueda tener el castellano, al menos en el
territorio de la comunidad autónoma vasca.

Por consiguiente, ese desconocimiento de la ley y de la legalidad
vigente —es lo que realmente entendemos— esconde una actitud
de agresión respecto del euskera que, a nuestro juicio, es intolerable.
Pedimos que reconduzcan la actitud del delegado del Gobierno en este
sentido. Además, pedimos que revisen de aquí en adelante sistemáticamente
los proyectos de ley que vayan a presentar para que sean respetuosos con
el ámbito competencial, con el del resto de las comunidades autónomas,
pero también con el de la comunidad autónoma vasca.

Por este cariz pseudoadministrativo de la moción que decía antes,
voy a recoger algunas de las cuestiones administrativas y competenciales
que el señor Montoro concretamente tiene encima de la mesa, como puede
ser la gestión de las cuencas del Nervión e Ibaizabal. Es cierto que es
una competencia de carácter estatal, pero pedimos que primen por una vez
los criterios de eficiencia administrativa, así como en el de la
competencia en infraestructuras ferroviarias intracomunitarias. Es
evidente que ambas cuestiones van a ser gestionadas mucho mejor si lo
hacemos desde la comunidad autónoma vasca que si lo hacen desde el
Estado, y no solo por eso, sino porque la propia naturaleza de esa serie
de infraestructuras hace que su gestión eficiente y eficaz requiera de
una cierta cercanía y de la participación —en este caso— de
las administraciones vascas. Es de las cuestiones que hoy en día tenemos
encima de la mesa y en las que además el ministro Montoro podrá dar fe de
que, más allá de las buenas palabras que el otro día trasmitió, detrás de
su política puede haber algún tipo de hechos.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente. Buenos
días.

No deja de ser sintomático que uno de los asuntos que hemos
tratado menos en esta Cámara sea el modelo territorial, cuando es esta la
Cámara territorial. Ha habido muy pocos debates y hemos asistido la
ausencia del señor presidente del Gobierno para explicarnos cuál era su
modelo territorial. A menudo los portavoces del Partido Popular nos
dicen: el que dice la Constitución. Pero la Constitución no determina un
modelo territorial, sino que puede establecer tres, cuatro o cinco
modelos territoriales distintos.

En el turno de portavoces explicaré globalmente cuál es nuestra
visión, pero diré que votaremos favorablemente esta moción que presenta
el Partido Nacionalista Vasco, independientemente de que acojan o no las
enmiendas.

Hemos presentado cuatro enmiendas, dos son de modificación que
creemos que mejoran el texto. El texto dice en un determinado momento
«hacer posible el acuerdo en la comisión bilateral», nosotros planteamos
normalizar la situación de la comisión bilateral, que no se ha reunido
—es decir, las comisiones bilaterales han dejado de existir en este
país a partir de esta legislatura—. La segunda modificación hace
referencia a la utilización del euskera. Nuestra propuesta es que la
moción diga que todas las instituciones del País Vasco promuevan el
euskera. Y hay otros dos puntos (nuevos) en la enmienda: uno, instar al
Gobierno a que la distribución de los objetivos de déficit se haga en
función del tanto por ciento del gasto público, es decir, que no puede
ser que haya una distribución de los objetivos de déficit que perjudique
a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Finalmente, proponemos
de forma clarísima que exista un impulso del Estado de las autonomías
mediante la realización de comisiones bilaterales, que traten de los
aspectos conflictivos, en definitiva, de las competencias.

En síntesis, el Gobierno central utiliza el artículo 149 de la
Constitución —la portavoz del Partido Nacionalista Vasco lo dijo en
su interpelación— para chupar competencias, ya sea a través del
punto del artículo 149 que habla de la igualdad de los españoles o del
que habla de la planificación económica. Por tanto, asistimos a una
recentralización del Estado, a una ilegalidad porque el Gobierno central
no convoca las comisiones bilaterales —como debería— cada
seis meses. En ese sentido, nuestras propuestas son de apoyo a la moción,
pero incluso van un poco más allá en las cuestiones relativas a los
objetivos de déficit y a la comisión bilateral.

Nada más.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Sañudo.

El señor SAÑUDO AJA: Gracias, señor presidente.

El Grupo Socialista ha presentado tres enmiendas —dos de
sustitución a otros tantos puntos de la moción consecuencia de
interpelación del PNV, así como una de adición— que mejoran
substancialmente el texto que nos plantea el Partido Nacionalista Vasco.
La primera enmienda de sustitución se refiere al punto 3. Por un lado,
ustedes hacen alusión a exigir del Gobierno de España el cese del recurso
judicial sistemático de cualquier decisión que toma el Gobierno o el
Parlamento vasco, y en eso estamos absolutamente de acuerdo, pero en la
segunda parte, donde ustedes citan que no se recurra, en concreto, la OPE
de la Ertzaintza, nosotros no queremos quedarnos en la queja, porque el
Gobierno vasco debe garantizar que estén las 8000 plazas cubiertas de la
Ertzaintza pactadas en la Junta de Seguridad. No quiero recordarle,
señora Martínez, los atascos que ya ha tenido la negociación tanto en el
Gobierno como en el Grupo Popular para retirar este acto judicial, y no
lo hemos conseguido, además de que se ha engañado. El empleo público a
defender es más que todo eso, se debe hacer extensible a la prestación de
todos los servicios sociales, y se debe negociar con más intensidad para
cubrir las necesidades en sanidad, en educación, así como en la
Administración General. Por eso planteamos también en la enmienda de
adición que se mejore la tasa de reposición establecida actualmente.

La segunda enmienda hace referencia a la propuesta del Partido
Nacionalista Vasco respecto a denunciar la actitud del delegado del
Gobierno con respecto al euskera, y nos traen una versión de parte, que,
en un debate en este Senado y en medio del resto de los puntos que se
presentan en la moción, se puede presentar o como una defensa del
euskera, o como una denuncia de ataques al euskera. No voy a reproducir
aquí discusiones que hemos tenido en el Parlamento vasco, nuestra opinión
es que los ciudadanos deben tener la posibilidad de contar con las actas
en las dos lenguas oficiales. Y eso es posible si seguimos respetando las
normas lingüísticas tan exitosas de las que nos hemos dotado ya hace más
de treinta y dos años: primero, porque nacieron del consenso; segundo,
porque han conseguido recuperar la lengua del euskera sin conflicto.
Saben bien los representantes del Partido Nacionalista Vasco que cada
intento que ha habido de manipulación en esta cuestión de forma
partidaria siempre ha habido problemas, por eso preferimos que este
asunto sea encauzado por las vías ya existentes y presentamos esta
enmienda.

También presentamos una enmienda de adición al punto 5 donde
instamos al impulso de las negociaciones oportunas para culminar las
transferencias —a las que usted ha hecho referencia de forma
expresa y que nosotros planteamos de forma más amplia— y a que se
desbloqueen los acuerdos pendientes que permitan el desarrollo del total
de las infraestructuras en el País Vasco —llámese Y vasca en su
integridad, llámese puertos, llámese aeropuertos—. Quiero recordar
que solo en los primeros seis meses de la actual legislatura en España el
Ejecutivo central puso en marcha ocho requerimientos al Ejecutivo vasco
sobre otros tantos proyectos leyes o decretos que habían sido instaurados
por este. El Gobierno vasco, al mismo tiempo, lo que hizo fue recurrir
ante el Tribunal Constitucional por los sucesivos decretos leyes de
recorte por considerarlos invasivos en las competencias del autogobierno
que consagra el Estatuto de Gernika. Pondría muchos ejemplos, pero voy a
señalar uno en concreto. Al Gobierno le dio todo igual —cuestionó
desde la convocatoria por el Departamento de Educación de la Ley del
paisaje, pasando por la Ley del deporte, el Estatuto de las personas
consumidoras y usuarias, la Ley de entidades de previsión social, la
Autoridad Vasca de la Competencia— y mientras el Gobierno de
Euskadi se reveló contra el recorte a la paga extra de los funcionarios o
contra la laminación de los derechos sociales. Ahora estamos viendo que
hay una reconversión por parte del Gobierno —hoy mismo oía que
están pensando volver a pagar la paga a los funcionarios—. ¡Cuánto
tiempo perdido! ¡Cuántas incompetencias del Gobierno para no permitir que
todas las leyes que se estaban generando por el Gobierno vasco salieran
adelante!

En diciembre de 2012 no solo se dijo que, efectivamente, el
Gobierno estaba capacitado para garantizar la asistencia primaria
—cosa que recurrieron ante el Tribunal Constitucional— a las
personas en situación administrativa irregular, sino que se dispuso lo
contrario a lo que decía el Gobierno del señor Rajoy: no solo no era una
ahorro, sino que iba en contra de la propia salud general de la sociedad.
Nos preguntamos, repito, por el daño causado por todas esas medidas, por
cuánto tiempo perdido y cuánto dolor se ha causado en base a una
interpretación y a una invasión de las competencias, en este caso, en
Euskadi, pero se puede hacer extensivo a cualquier de las comunidades
autónomas de nuestro país.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor SAÑUDO AJA: Acabo, señor presidente.

Por ello, presentamos estas enmiendas, que creemos que
complementan la moción del PNV y abundan en la necesidad del diálogo y de
la cooperación interinstitucional, de donde nunca se debería haber
salido.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sañudo.

Tiene la palabra la senadora Martínez para indicar si acepta o no
las enmiendas.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias.

Por orden de intervención de los intervinientes: senador Saura,
primero, le agradezco su posicionamiento favorable a la moción
previamente a saber si voy a poder aceptar su enmienda. Lamento decirle
que no voy a poder aceptarla y le voy a explicar por qué.

Se han presentado dos enmiendas, la primera de las cuales pide la
adición de dos puntos. En el primero se pide la distribución de los
objetivos de déficit entre las diversas administraciones en función de su
peso relativo en el conjunto del gasto público. Entiendo que esta es una
demanda que las comunidades autónomas han venido haciendo
sistemáticamente en todos los debates que ha habido sobre el techo de
gasto, pero tiene que entender también que es incompatible con la demanda
que estamos haciendo nosotros de que se respeten los contenidos de
acuerdo en las comisiones bilaterales. En este caso concreto, además, el
techo de gasto y el objetivo de déficit que aplicaba la comunidad
autónoma vasca es objeto de acuerdo en la Comisión Mixta del Concierto.
Por lo tanto, establecer un criterio distinto de ese para establecer cuál
tiene que ser el techo de gasto de la comunidad autónoma vasca nos parece
contradictorio con lo que venimos a pedir en la moción. Por lo tanto,
entiendo que quizás las comunidades autónomas de régimen común quieran
que haya un sistema de criterios objetivos que permitan evitar la
discrecionalidad con la que actúa el Gobierno para coartar la acción
financiera de las comunidades autónomas de régimen común, pero entienda
también, señor Saura, que, evidentemente, esto no es aplicable en el caso
de la comunidad autónoma vasca, que ya tiene establecida que esa
delimitación del gasto tiene que hacerse vía acuerdo en la Comisión Mixta
del Concierto.

No tendría ningún problema en aceptar la segunda parte de esta
misma enmienda, la que hace referencia a la aplicación jurídicamente
rigurosa del 149. Yo creo que durante la interpelación ya fui muy
exhaustiva respecto a lo que supone el artículo 149 y la interpretación,
evidentemente ventajosa, que hace siempre el Gobierno, escudándose en los
principios de igualdad o en los principios de organización de la
actividad económica para arramplar con cualquier competencia que se le
ponga por delante. Me habría gustado poder incorporar este punto a
nuestra moción.

Algo similar ocurre con la enmienda de modificación de los
puntos 2 y 4. Usted hace referencia al funcionamiento —hasta ahora
bloqueado— de la comisión bilateral. Entiendo que hace referencia a
comisiones bilaterales que puedan funcionar con las comunidades
autónomas, pero en el caso de la comunidad autónoma vasca si bien es
cierto que los órganos bilaterales en los que tanto el Gobierno de
Euskadi como el Gobierno del Estado confluyen para alcanzar acuerdos en
materia fiscal, como es el caso de la Junta Bilateral o de la Comisión
Mixta del Concierto, han tenido un funcionamiento lento, y no podemos
hablar en puridad de bloqueo, sería faltar a la verdad hablar —al
menos, algunas de las comisiones, efectivamente, de forma lenta y,
seguramente, de forma decepcionante sí se han reunido a lo largo de esta
legislatura—. Por lo tanto, nosotros no queremos hablar de bloqueo
y quisiéramos evitar esa palabra dentro del contexto de la moción, pese a
que seguimos reiterando dentro de los puntos que, efectivamente, estas
comisiones bilaterales tendrían que funcionar de una forma fluida y de
una forma eficaz, y, además, con una cierta vocación de consenso, que es
para lo que fueron creadas y para lo que fueron hechas.

Promover desde la legalidad vigente por todas las instituciones
del País Vasco el uso social e institucional del euskera es evidente,
debería ser así. Pero, con nuestra moción, queríamos ir un poco más allá.
Anuncio además que, en este sentido, sí voy a aceptar la enmienda que ha
presentado el señor Dimas Sañudo, que entiendo que viene a completar y a
complementar muy bien la que nosotros habíamos presentado. Por lo tanto,
entendiendo que la suya además abarca tanto lo que usted quería
transmitir con esta enmienda como lo que queríamos hacer nosotros con el
punto 4 de nuestra moción consecuencia de interpelación, creo que ese
ámbito ya quedaría recogido.

Por lo tanto, aunque lamento no poder incluir sus enmiendas,
entiendo que quizás lo que usted quería transmitir a través de ellas sí
que puede ser incorporado vía enmienda de otros grupos parlamentarios. Me
habría gustado también que quizás de forma previa, al igual que con el
senador Sañudo, nos hubiésemos puesto de acuerdo respecto del contenido
de las enmiendas, así a lo mejor le podría haber adelantado que los dos
segundos puntos de sus dos enmiendas podrían haber contado con nuestro
beneplácito y las podríamos haber incorporado tal cual a la propia moción
consecuencia de interpelación.

Señor Sañudo, entiendo sus enmiendas, hemos hablado de ellas y las
hemos consensuado. Evidentemente, se las voy a aprobar. Entiendo que el
uso del euskera tiene que estar siempre vinculado al ámbito legal y al
marco jurídico del que nos hemos dotado los vascos —en este caso a
través de la Ley del euskera, como no podía ser de otra manera—.
Pero también es evidente que no podemos mezclar aquí el derecho de los
ciudadanos a decidir cómo y en qué idioma tienen que recibir las
notificaciones oficiales con el derecho de las administraciones públicas.
Como también sobre esta cuestión hice en su día una pregunta al
ministerio y entiendo que además fui bastante exhaustiva respecto de lo
que dice textualmente la ley, es evidente que circunscribir siempre eso
al marco legal vigente es de auténtica necesidad.

Respecto de la tasa de reposición, qué le voy a decir si ha sido
el gran caballo de batalla que he tenido con el ministro Montoro durante
esta legislatura, concretamente en lo relacionado con la Ertzaintza, pero
también, acuérdese, con los famosos moscosos y con todas aquellas
modificaciones que introdujeron vía ley presupuestaria, concretamente en
los presupuestos de 2014.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Todo aquello que suponga limitar las
injerencias del Gobierno central en nuestro ámbito competencial y en la
gestión y autonomía de nuestras propias instituciones y de nuestra
Administración pública va a contar con nuestro favor absolutamente
siempre. Me alegro de que hayamos sido capaces de alcanzar acuerdos
también en este sentido.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.

¿Turno en contra? (Denegaciones). No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra el senador Unamunzaga.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Muchas gracias, señor presidente.

Estamos debatiendo una iniciativa que ya en su origen es una
iniciativa de mínimos y que, con la aceptación de las enmiendas, se ha
visto todavía más descafeinada de lo que ya lo estaba —y digo
más—, siendo el texto resultante claramente insuficiente o incluso
inapropiado para nosotros en alguno de sus puntos. Pero sí trata de fondo
un tema clave recogido no por la literalidad de la moción, sino porque
estamos debatiendo un texto que en esencia supone realizar un balance de
una legislatura que está casi concluida y aborda fundamentalmente un tema
de fondo: el respeto a la voluntad de la ciudadanía vasca. Señorías, ese
es el tema, y no otro, sobre el que estamos debatiendo realmente: el
respeto a la voluntad de la ciudadanía vasca.

Es por todo ello por lo que en esta intervención no nos podemos
circunscribir únicamente a los hechos puntuales enumerados por el grupo
jeltzale en el texto de la moción y que son solo la punta del iceberg del
tema que estamos tratando. Es decir, son algunos de los síntomas, pero no
son la cuestión principal que existe en mi país. Visto lo visto en estos
cuatro años, podemos afirmar que su Gobierno va a pasar a los libros de
historia por múltiples motivos y, entre otros, quiero destacar que va a
pasar a los libros de historia como el Gobierno de la recentralización.
Que va a pasar a la historia como el Gobierno que solo ha generado
retrocesos a todos los niveles sin ningún avance. Que va a pasar a la
historia como el Gobierno que ha dejado pasar una oportunidad histórica
para la definitiva resolución del conflicto político en mi país
—estamos en la misma casilla de salida en la que estábamos hace
cuatro años—. Que va a pasar a la historia porque ha hecho todo un
alarde de lo que supone aplicar recetas que no aportan nada en positivo,
recetas viejas que, por lo visto, son las únicas que conocen y que se han
mostrado inútiles para encarar el futuro en una mejor situación. Que va a
pasar a la historia como el Gobierno que parece que lleva la involución
en su ADN a la hora de aplicar cualquier tipo de política. Que va a pasar
a la historia como una mera delegación y como el brazo ejecutor de las
políticas que han sido marcadas por la troika, de las políticas que han
sido marcadas por los mercados y de las políticas que han sido marcadas
por las grandes multinacionales. Que va a pasar a la historia como el
Gobierno que ha aprovechado esta situación de crisis económica para
proceder a realizar un profundo cambio del propio sistema económico,
político y social a todos los niveles y, en muchas ocasiones, por la
puerta de atrás o de manera camuflada. Que va a pasar a la historia por
realizar y seguir realizando un recorte sistemático de derechos y
libertades de la ciudadanía, al tiempo que ha procedido y sigue
procediendo a aplicar recetas del pasado que lo que demuestran es que
ustedes aseguran las libertades de una única manera: suprimiéndolas. Que
va a pasar a la historia como el Gobierno del no, el Gobierno incapaz de
pactar, de acordar, de ver o tomar en consideración nada que no sea su
propio punto de vista. Que va a pasar a la historia como el Gobierno que
no ha actuado frente a la corrupción, como el Gobierno que por la puerta
de atrás ha realizado una abdicación exprés para lograr que perviva un
sistema que no ha sido ni legitimado ni votado. Que va a pasar a la
historia como el Gobierno que no quiere dar la voz, la palabra y la
decisión a la ciudadanía para decidir sobre los temas que le afectan. En
definitiva, que va a pasar a la historia como el Gobierno que tiene miedo
de saber lo que los ciudadanos quieren. Con todo lo anterior como base y
en lo que toca a mi país, a Euskal Herria, va a pasar a la historia como
un Gobierno radical en el tema que nos ocupa en estos momentos: en la
recentralización del Estado y en la negación de los derechos de nuestro
pueblo, del pueblo vasco.

La única realidad es que a lo largo de estos cuatro años lo único
que han hecho ha sido atrincherarse en el angosto marco jurídico-político
surgido tras el franquismo —desarrollado, por cierto, sin que se
produjese una ruptura democrática con el régimen de la
Dictadura—.

Durante estos cuatro años hemos sido testigos de cómo, frente a
las demandas de profundización en la democracia realizadas por vascos y
vascas, una vez más, solo hemos obtenido de este Gobierno lo que hemos
obtenido hasta ahora: negación y respuestas restrictivas.

Les quiero recordar una vez más que en lo relativo a la comunidad
autónoma vasca no solo es que no hayamos completado después de 35 años de
su entrada en vigor la transferencia de competencias del ya más que
agotado Estatuto de Autonomía de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, sino que han
laminado, recortado y cepillado las existentes todavía más de lo que lo
estaban. Y, por cierto, les recuerdo una vez más que el estatuto de
autonomía es teóricamente una ley orgánica de obligado cumplimiento. Y
qué decir de Nafarroa, con el régimen foral que le fue impuesto en su
momento sin tan siquiera preguntarle a la ciudadanía.

A lo largo de esta legislatura —tal y como ya hemos
denunciado en reiteradas ocasiones desde esta misma tribuna—,
Navarra ha sufrido con especial saña y con toda crudeza los efectos de la
maquinaria que ha sido puesta en marcha una y otra vez por el Gobierno
del Estado. Es por ello que todo lo referido a la comunidad autónoma
vasca en este texto es también aplicable a Nafarroa. Asimismo, volvemos a
exigir una vez más en esta Cámara que —entre otras medidas a
adoptar, pero siendo esta una de las prioritarias— se proceda a
retirar de manera inmediata todos los recursos presentados por su
Gobierno contra los acuerdos adoptados por el legítimo Parlamento de
Navarra.

En definitiva, señorías, estamos asistiendo a los últimos
coletazos de un Gobierno que ha preferido uniformidad sobre diversidad;
de un Gobierno que ha preferido la negación frente al derecho a decidir
que asiste a las naciones que estamos dentro del Estado español; de un
Gobierno que, con su acción legislativa, ha intentado implantar un
sistema neoliberal radical de manual en todo lo relativo a la economía y
al modelo social; un Gobierno, en definitiva, que se sitúa en el siglo
XXI, un Gobierno que, en vez de profundizar en la democracia, no es capaz
de ver más allá de la concepción nacional española del siglo XIX, la
concepción del imperio.

Para concluir, quiero decirles que en Euskal Herria sí hemos
tomado muy buena nota de estos últimos cuatro años, pero también de los
últimos cuarenta, y por ello hemos puesto en marcha un proceso para
construir sociedad —es decir, lograr la justicia social— y
para construir país —es decir, para articular el derecho a decidir
de Euskal Herria—, y lo vamos a desarrollar de la mano de la
sociedad vasca.

Mila esker. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Unamunzaga.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

En primer lugar quiero agradecer de forma anticipada el voto
favorable de aquellos grupos parlamentarios que ya nos han anunciado que
aceptarán esta moción. Evidentemente, se trata de una moción que se
circunscribe a cuestiones concretas y específicas de la comunidad
autónoma vasca, pero entiendo que todas las comunidades autónomas pueden
verse reflejadas en ella, pues es cierto que el afán recentralizador y
uniformizador de este Gobierno nos ha afectado absolutamente a todas. En
el caso de la comunidad autónoma vasca quizá lo hayamos vivido con mayor
virulencia, aunque puedo incluir dentro de este desgraciado círculo de
fraternidad a nuestros compañeros catalanes pues quizá seamos las
comunidades autónomas más afectadas por lo que es una evidente política
sistemática y pensada y una estrategia calculada por parte del Gobierno
para subvertir el orden constitucional, el orden establecido por esa
Constitución que tantas veces ustedes defienden. Sistemáticamente están
ustedes cargándose el orden que en su día pactamos y acordamos. Y digo
que es sistemático porque no hay proyecto de ley que ustedes no
aprovechen para rascar competencias que no les son propias. No hay
ocasión que ustedes no aprovechen para atacar al euskera y para intentar
reducir el uso y el ámbito de nuestra lengua, lo cual ha sido todavía más
evidente durante esta legislatura de mayoría absoluta. Ustedes han
utilizado esa mayoría absoluta que les han dado los ciudadanos para
solucionar sus problemas para crearlos allí donde no los había. Eso es lo
que creo que realmente la sociedad no les va a perdonar.

Se lo decía también al ministro el otro día. Considero que es
legítima cualquier opción de recentralizar el Estado, que es legítimo que
ustedes tengan una visión jacobina del mismo, pero defiéndanla por los
cauces establecidos. Si están pidiendo el cumplimiento de las reglas de
juego para todo el mundo, autoimpóngase ustedes mismos esas limitaciones
o, por lo menos, esa misma claridad y transparencia. Trasladen a la
ciudadanía que su modelo de Estado es un modelo centralista, y
defiéndanlo como hacen otros partidos políticos, sin ningún tipo de
problema ni complejo, pues se puede hacer, ya que en democracia cualquier
idea tiene cabida, siempre y cuando esta se traslade a la ciudadanía con
claridad y siempre y cuando se defienda en sede parlamentaria y por los
procedimientos que la ley establece para todos. Háganlo, pero no nos
tengan siempre pendientes del BOE para ver dónde, en qué momento y de qué
forma, trapichera y por la puerta de atrás, ustedes intentan rascar
competencias nuestras.

Y otra cosa: tienen que demostrar también que van a ser mucho más
eficientes que aquellas administraciones públicas a las que están
expoliando competencias.

El de eficiencia es uno de los principios en los que descansa el
sistema democrático. Demuéstrenlo. No vengan ustedes aquí a quitar
competencias a aquellas administraciones públicas que desde un punto de
vista financiero, desde un punto de vista de gestión y desde un punto de
vista de cercanía al ciudadano están gestionando bien. ¿Sobre qué base?
Si no tienen cobertura legal para hacerlo y no tienen tampoco criterios
de eficiencia que los vengan a justificar, lo único que podemos encontrar
son criterios de carácter ideológico, y ahí es donde hay que poner pie en
pared, señores del Partido Popular.

No confío, sinceramente, en que vayan a aprobarme la moción; no
confío. Además, viendo cómo fue el otro día la intervención del señor
ministro —sumamente decepcionante—, no entiendo que vengan
aquí ahora los portavoces a enmendar la plana a un Gobierno que
sistemáticamente está dando muestras de que está trabajando en sentido
contrario, pero sí me gustaría que por lo menos esta moción consecuencia
de interpelación sirviera para que ustedes reflexionaran.

Acabamos de tener unas elecciones de carácter local y ustedes han
visto cuáles han sido sus resultados. Y ya les digo que este tipo de
políticas recentralizadoras, uniformizadoras, este rodillo legislativo al
que ustedes nos están sometiendo, tiene mucho que ver con los resultados
que han obtenido en estas elecciones. No lo olviden y piensen en
ello.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.

La Constitución española dejó abiertos dos Estados: un Estado
centralista y un Estado de las autonomías, porque ninguna de las dos
partes, ni los reformistas ni los rupturistas, logró ganar. Se ha
desarrollado la Constitución con un Estado de las autonomías único en el
mundo. En el mundo no hay Estado de las autonomías, hay Estados federales
o Estados centralistas, pero no existe ningún otro país en el que exista
Estado de las autonomías.

Pero la historia del Estado de las autonomías, globalmente, creo
que se puede considerar un éxito. Es decir, durante veinticinco o treinta
años de desarrollo del Estado de las autonomías, ha sido un éxito. Un
éxito que llevó hace diez años a que algunas comunidades autónomas nos
planteáramos la necesidad de dar un salto en una perspectiva federal. Ya
sé que en este país, y para los sectores conservadores especialmente,
Estado federal es ruptura del Estado, cuando precisamente los países más
fuertes en el mundo tienen estructura de Estado federal —Alemania
es un Estado federal—; la derecha de Europa no discute el Estado
federal. El Estado federal solo se discute en España por los sectores
conservadores, porque intentan asimilar conservadurismo a ruptura y a
federalismo.

Desde ese punto de vista, hemos perdido cuatro años. En esta
legislatura el modelo de Estado no ha aparecido en los debates ni del
Congreso ni del Senado, y no sabemos qué modelo de Estado nos propone el
Partido Popular. Pero el Partido Popular ha hecho tres cosas que se
expresan con tres palabras: silencio, bloqueo y retroceso.

En primer lugar, ha habido silencio por no decir lo que quiere. El
programa electoral del Partido Popular de las elecciones generales
despacha el modelo de Estado en dos líneas sin decir absolutamente nada.
El presidente del Gobierno no viene a la Cámara territorial a explicar
cuál es su modelo de Estado del Estado español. En segundo lugar, ha
habido bloqueo, porque todas las comisiones bilaterales de los nuevos
estatutos, pero también de los anteriores, no se han reunido
prácticamente nunca. La portavoz del Grupo Parlamentario Vasco nos decía
que de cuando en cuando se reúnen, pero en el resto de comunidades
autónomas nunca ha habido una reunión de la comisión bilateral; es decir,
se ha bloqueado el desarrollo de los estatutos de las comunidades
autónomas. En tercer lugar, retroceso. No hay ley que se discuta que no
contenga elementos de recentralización y de uniformismo. En este mismo
Pleno veremos posteriormente la Ley de montes, la Ley del Poder Judicial,
que contienen elementos importantes de recentralización. Por lo tanto,
estamos en un país donde la mayoría parlamentaria de hoy no nos dice qué
modelo tiene, pero hace una práctica parlamentaria de recentralización y
de uniformismo. Tarde o temprano se tiene que imponer una visión federal
del Estado; una visión que contemple, evidentemente, las diferencias de
las comunidades autónomas, que contemple un Estado plurinacional y que
haga funcionar la legalidad vigente.

En estos momentos el Partido Popular, el Gobierno, que
constantemente nos dice que hay que cumplir la ley, ha incumplido todos
los aspectos legislativos de los estatutos: el de financiación, el de la
comisión bilateral, el de la comisión de transferencias, y no solo eso,
sino que una responsabilidad que a mi entender debería tener un rango de
Vicepresidencia desde la transversalidad de este tema, está sumergido en
el Ministerio de Hacienda, y el ministro Montoro nunca nos ha dicho
exactamente qué modelo de Estado tiene.

Por lo tanto, votaremos a favor de la moción que presenta el Grupo
Parlamentario Vasco porque, aunque discrepamos de algunas de las razones
que ha dado para no aceptar nuestras enmiendas, continúa el reto de
formular un modelo de Estado federal; además, hemos perdido cuatro años,
porque ha habido un retroceso en relación con lo que habíamos
avanzado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra
el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.

Señora Martínez, ¿qué le voy a explicar? No vamos a entrar a
competir por qué país ha sido más afectado. Yo lo único que le puedo
explicar es la experiencia de Cataluña. La recentralización ha llegado
por todos los sitios, por tierra, mar y aire. En el ámbito legislativo,
efectivamente —y lo ha acaba de decir el señor Saura—, hemos
tenido muchísimas leyes y vamos a tener más. Pero no solo leyes que pasan
por estas Cámaras; analicen los reales decretos aprobados directamente
por el Gobierno; analicen la interpretación que han hecho de las leyes
existentes y analicen la cantidad de recursos interpuestos en relación
con leyes emanadas del Parlamento de Cataluña, algunas muy similares, si
no idénticas, a las de otros parlamentos en donde no han sido recurridas.
Por tanto, que el ministro Montoro pretenda negarlo y se esfuerce en
decir —como se esfuerza siempre— que esto está dentro de la
normalidad y que lo que ocurre es que nosotros tenemos una visión
distorsionada de la realidad, no es suficiente.

Podríamos hacer un repaso y no terminaríamos. En el ámbito de la
lengua, ¿qué les voy a explicar? En el ámbito de la educación, han sido
constantes los ataques a un modelo que había funcionado a lo largo de los
últimos treinta años y no había creado ningún problema. ¿Pero esto solo
se produce en el ámbito de la lengua y en el ámbito de la educación? No,
también en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la sanidad, en el
ámbito de la seguridad o del modelo policial, en el ámbito de la
prestación de los servicios sociales; en cualquiera de los ámbitos que se
ha regulado a lo largo de los últimos tres años y medio ha habido un
ataque constante a las competencias o al ámbito competencial de las
diferentes comunidades autónomas, y con una especial inquina, si me
permiten decirlo, en relación con Cataluña —lo mismo se ha
producido en relación con el País Vasco, pero la senadora Martínez puede
valorarlo mucho mejor que nuestro Grupo—.

Por tanto, no les debe extrañar las posiciones que se están
tomando en algunos ámbitos del Estado, porque deben comprender que están
transmitiendo —no sé si de forma consciente o inconsciente; quiero
pensar que de forma inconsciente— un mensaje demoledor a Cataluña,
un mensaje de no querer estar integrados en el mismo Estado. Entonces,
las consecuencias son las que conocen.

En todo caso, señora Martínez, vamos a votar a favor de su
propuesta. Obviamente, entendemos que estaba circunscrita al País Vasco y
por ello no hemos presentado ninguna enmienda, pero podríamos sustituir
en la mayoría de las ocasiones el País Vasco por Cataluña, y la moción
tendría absoluta vigencia.

¿Qué le voy a explicar yo del comportamiento de la delegada o los
subdelegados en Cataluña? Cada semana hay alguna actuación que tiene como
objetivo cercenar la autonomía de la propia comunidad autónoma, de la
propia Generalitat de Catalunya o de los propios ayuntamientos; yo creo
que los ayuntamientos, desde la recuperación de la democracia, no han
atendido tantos requerimientos de las subdelegaciones y delegaciones del
Gobierno como en estos cuatro años, en muchísimos casos por cosas
absolutamente intrascendentes y que simplemente ayudan a crear un mal
clima de relación institucional. Y en cuanto a las relaciones
institucionales y su falta de correspondencia, solo me remito a la prensa
de estos últimos cuatro años.

Sepan que van a contar con nuestro voto favorable, que no sé si
será suficiente para aprobar la moción pero, en todo caso, les daremos
toda la fuerza posible.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Sañudo.

El señor SAÑUDO AJA: Gracias, señor presidente.

Señorías, me van a permitir que antes de entrar en el contenido de
la moción, de la que ya hemos tenido oportunidad de hablar con motivo del
debate de las enmiendas, dedique unos momentos a una cuestión que no es
baladí, y que ya ha sido denunciada por otros senadores. Y lo digo porque
estamos debatiendo una cuestión que, si este Senado funcionara realmente,
no tendríamos que debatir.

Y les voy a leer dos artículos. El artículo 56 del Reglamento
dice: «Iniciar cuantos trámites informativos, de estudio o de seguimiento
considere oportunos sobre materias de naturaleza autonómica, con respecto
a las competencias de las Comunidades Autónomas». Otro: «Informar acerca
del contenido autonómico de cualquier iniciativa que haya de ser
tramitada en el Senado». Otro más: «Promover la cooperación y la
coordinación entre las diversas Administraciones Públicas en materias de
su competencia, favoreciendo la colaboración entre ellas y la definición
de ámbitos específicos de encuentro».

Esto se refiere a la Comisión General de las Comunidades
Autónomas, que no se reúne;






que no se reúne porque el Partido Popular y
el Gobierno que lo sustenta no quiere que se reúna, y es en esta comisión
donde se tiene que tratar el fundamento que queremos dar a esta Cámara,
que es el de representación territorial. (Aplausos). Y, como decía, se ha
reunido tres veces: dos, a petición de los grupos de la oposición y una a
petición del Gobierno; por cierto, para avalar un pucherazo
electoral.

Saben que hay múltiples peticiones de comparecencia, la del propio
presidente del Gobierno para hablar de los temas territoriales, pero
también de diferentes ministros: Hacienda, Fomento, Sanidad y Justicia. Y
es evidente porque se hace esto, también se ha dicho aquí: por una
vocación recentralizadora llevada al extremo. Ya lo denunciaba mi
compañero Antich hace año y medio: han reducido o intentado reducir la
capacidad política de las comunidades autónomas; han producido una
avalancha de normativas que chocan con la distribución competencial
vigente, y han afectado a los principios de autoorganización, de
suficiencia, de capacidad financiera y un largo etcétera —eso sí,
siempre con la justificación de la crisis—, y lo que es peor, han
hurtado el debate a este Senado, más del 40 % de las iniciativas, normas
o decretos leyes no han pasado por esta Cámara, que es donde se tenían
que haber discutido; todas ellas con una gran incidencia autonómica:
medidas tributarias, racionalización del gasto público en el ámbito
educativo, medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema
de salud, etcétera. ¿Se lo traduzco? Recortes sociales; recortes sociales
que no se han podido debatir en esta Cámara. Ustedes impiden aplicar las
políticas para que esta Cámara ejerza su específica función territorial,
y yo me pregunto si saben por dónde va a ir el debate en los próximos
meses respecto del Senado en la discusión política de la ciudadanía y del
resto de los partidos: si esta Cámara sirve para algo o no. Yo les
recomiendo que esa soberbia y esa suficiencia que exhiben habitualmente
por esta Cámara las conviertan en diálogo y humildad para conseguir que
el Senado tenga el papel que debe tener.

Me referiré a continuación a la moción en concreto, y quiero
agradecer al grupo proponente la aceptación de nuestras enmiendas. Es
evidente que vamos a votar a favor de la moción. Nosotros sabemos bien de
lo que habla el PNV, especialmente los socialistas vascos —lo he
comentado anteriormente—; lo sabemos porque ya vivimos en los
albores del Gobierno de Rajoy, en el último año del Gobierno de Patxi
López, el empeño por limitar el ejercicio de nuestro autogobierno en lo
que afectaba a los servicios públicos esenciales. Los socialistas vascos
sabemos lo que es enfrentarnos institucionalmente con el Gobierno de
Rajoy. Fue llegar el Partido Popular con su flamante mayoría absoluta al
Gobierno de España y emprender su proyecto de las llamadas reformas, que
se han convertido en contrarreformas y que, además, tenían un nombre
claro: brutales recortes. Con esto quiero decir que nosotros hacemos lo
mismo estemos en el Gobierno o en la oposición; y en este caso el PNV nos
trae una propuesta que, genéricamente y con la aceptación de nuestras
enmiendas, compartimos, que es exigir el respeto de nuestro estatuto y la
capacidad de actuación de nuestro Gobierno.

En definitiva, los socialistas pensamos que la defensa de nuestro
autogobierno para ponerlo al servicio de los ciudadanos es elemental; que
es necesaria la defensa del diálogo y el acuerdo para encauzar las
diferencias, y es necesario un desbloqueo de los proyectos de las
infraestructuras pendientes de resolver. Esa es la vía en la que debería
estar el Gobierno de España con el Gobierno de Euskadi y, como ya han
dicho otros compañeros aquí, con el resto de las comunidades
autónomas.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sañudo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Regalado.

La señora REGALADO DE LOS COBOS: Gracias, señor presidente.

Voy a empezar debatiendo la moción y le indicaré, señora Martínez,
que en lo único que estamos de acuerdo con ella es en que, como le dijo
el señor Montoro, este período de sesiones se ha caracterizado por una
actividad legislativa sin parangón. Ha habido mucho trabajo de Gobierno y
mucho trabajo de las Cámaras, y no estamos en absoluto de acuerdo en que
todo se haya hecho de espaldas a las comunidades autónomas, y muchos
menos contra ellas, como habitualmente lamentan los grupos
nacionalistas.

Es bastante normal que con la actividad legislativa mantenida por
este Gobierno surjan diferencias de interpretación en cuanto a los
proyectos de ley, normativas u otra serie de cuestiones, pero esto no
representa involución alguna, bien al contrario, representa la dinámica
habitual del funcionamiento de las administraciones públicas. Ustedes
argumentan esto por el número de vetos presentados, pero siento decirles
que en eso no se diferencian de otros grupos en esta Cámara.

En cuanto a los recursos presentados ante el Tribunal
Constitucional, es un instrumento que cada cual utiliza si así lo cree
conveniente. Cuando hay conflictos de interpretación se recurre a los
organismos previstos en la legislación para dirimir las diferencias, y
estos emiten su dictamen. Por otro lado, los recursos han sido en las dos
direcciones. El Gobierno vasco, aunque hubo un tiempo en que no era
partidario de acudir a este tribunal en defensa de la aplicación de sus
criterios, ha cambiado de actitud y ha presentado recursos ante este y
otros tribunales sobre diferentes leyes: en educación, en empleo, con la
tarjeta sanitaria, etcétera. Y no creo que deba ser interpretado como un
acto de hostilidad del Gobierno vasco hacia el Gobierno de España, sino
como el devenir normal de la actividad de estas instituciones. Además,
entre el Gobierno vasco y las diputaciones forales y ayuntamientos de
Euskadi a menudo surgen conflictos de interpretación de normativa o de
financiación que requieren la actuación de la junta arbitral. ¿Aplica el
PNV la misma vara para medir estas diferencias que la que emplea cuando
el conflicto se plantea con el Gobierno central? Me parece que no, lo que
es bastante injusto. Es natural que a mayor actividad legislativa se
incremente el número de recursos; la probabilidad aumenta, es una regla
de tres.

Entrando a valorar los puntos de su moción, en nuestra opinión, la
senda del diálogo y la cooperación no solo nunca se ha roto sino que ha
sido leal, incluso buena. Ha habido un compromiso con las instituciones
vascas en la reconstrucción de toda la línea de costa destrozada por los
temporales de este invierno; un coste asumido íntegramente por el
Gobierno central. Existe también un serio compromiso con las
instituciones para la reconstrucción a través de subvenciones de todas
las infraestructuras viarias dañadas por temporales e inundaciones. El
Gobierno vasco solicitó que se aumentara la lista de ayuntamientos a
través del Real Decreto 2/2015. Esta solicitud ha sido tenida en cuenta.
Otrosí la participación institucional en la capitalidad europea
Donostia-San Sebastián 2016, a pesar de la malísima gestión del Gobierno
de San Sebastián, que ustedes han denunciado en numerosas ocasiones; o el
Plan estratégico de abordaje de la hepatitis C y, por supuesto, la
aprobación del concierto y el cupo.

Hablan de desistir de la política de recursos judiciales. No creo
que exista una política de esta índole. Y, si lo que está pidiendo es que
el Gobierno renuncie a las herramientas de las que dispone para que se
preserve el cumplimiento de la legalidad, francamente, he de decirle que
no estamos dispuestos; como tampoco renunciarían ustedes a los que tienen
reconocidos por ley, y de los que hacen uso habitualmente porque están en
su derecho.

En lo referente al proceso de selección de agentes de la
Ertzaintza, que debe atenerse a la tasa de reposición, se llegó a un
acuerdo para rebasar esta tasa en la anterior convocatoria, y se atendió
a la solicitud del Gobierno vasco. Se cambió la normativa estatal, la Ley
de presupuestos, para hacer frente al cien por cien de la tasa de
reposición. Pero la regulación básica concierne a todos los funcionarios
públicos de todas las administraciones que componen el Estado de las
autonomías de España. En esta convocatoria se vuelve a superar la tasa de
reposición; no sé si se llegará a un acuerdo como en la anterior ocasión,
pero me parece que este no es el mejor modo de conseguirlo, la verdad.
Que yo sepa, no se ha presentado todavía ningún tipo de recurso, pero en
cuestión de acuerdos hace falta la colaboración de las dos partes. En
cuestión de actas de los ayuntamientos remitidas solo en uno de los
idiomas de la CAV, más de lo mismo, la legalidad vigente es la que
defiende la Delegación del Gobierno. La Ley de bases de régimen local en
su artículo 56 dice claramente que las actas deben remitirse en los dos
idiomas oficiales, pero es que también vela la Delegación del Gobierno
por el cumplimiento de la ley vasca. La Ley de normalización del uso del
euskera dice claramente que los ayuntamientos tienen la obligación de
remitir las actas en bilingüe, que los plenos se celebren exclusivamente
en euskera no exime de la obligación. ¿O es que estarían ustedes
dispuestos a admitir que se remitieran solo en castellano las actas de
los plenos y todo tipo de comunicaciones administrativas y notificaciones
en las que se use solo esta lengua? La Delegación del Gobierno está
cumpliendo con su obligación, haciendo que se respete la legalidad
vigente, no solo la española, sino también la vasca.

En cuanto a la cuenca del Nervión…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora REGALADO DE LOS COBOS: Termino.

Respecto a la cuenca del Nervión ustedes quieren esta competencia,
pero el convenio que tienen con la Diputación Foral de Álava en cuanto a
infraestructuras hidráulicas no lo han cumplido desde hace diez años.
¿Para qué reclaman competencias que luego no van a cumplir con las
diputaciones? Tienen ustedes un conflicto en esto. Senadores del PNV, les
invito a exponer una sola competencia sustraída, anulada, minusvalorada.
Creo que este tipo de discursos quedan muy bien en los mítines, pero no
admiten un discurso riguroso. Sean ustedes más posibilistas, por favor,
es muy cansino hablar siempre de estas cosas. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Regalado.

Llamen a votación. (Pausa.)

Cierren las puertas. (Rumores). Guarden silencio, señorías, por
favor.

Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de
interpelación del Grupo Parlamentario Vasco con la incorporación de las
tres enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista que han sido
aceptadas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 222;
votos emitidos, 221; a favor, 79; en contra, 141; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

El señor presidente da lectura a los puntos 9. y 9.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado dos enmiendas
del Grupo Parlamentario Socialista. (Rumores). Señorías, guarden
silencio, por favor.

Para la defensa de la moción tiene la palabra la senadora
Pan.

La señora PAN VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, en representación de mi grupo, el Grupo Popular en el
Senado, defiendo hoy una moción que trata de la carrera profesional de
los profesionales sanitarios.

Señorías, la calidad que tiene nuestro sistema sanitario desde
hace ya muchos años es debida, en gran medida, a la calidad de sus
profesionales y, también hay que decirlo, al esfuerzo, al trabajo y a la
dedicación que día a día, durante las 24 horas del día y los 365 días del
año, desarrollan en nuestros centros de salud, en nuestros hospitales y
en los demás centros sanitarios. Por eso, en primer lugar, permítanme que
haga aquí, en esta tribuna del Senado, un homenaje y un reconocimiento a
todos ellos, Senado que siempre ha mantenido en su agenda política todo
lo concerniente a los profesionales sanitarios y a su problemática. Sirva
para ello como ejemplo la ponencia de estudio de necesidades de recursos
humanos en el Sistema Nacional de Salud que se constituyó la pasada
legislatura en esta Cámara y que realizó, en mi opinión, un buen trabajo.
La hicimos y la aprobamos entre todos, aunque me quepa el honor de
haberla coordinado y de haber sido mi grupo, el Grupo Popular, el que la
propusiera.

Señorías, estoy segura de que todos los grupos de la Cámara
estamos de acuerdo en que los profesionales sanitarios son el activo más
importante y el pilar sobre el que se sustenta nuestro Sistema Nacional
de Salud, al que le confieren, en buena medida, esa calidad y
reconocimiento internacional del que nos sentimos tan orgullosos. Los
profesionales sanitarios son un colectivo de los más reconocidos por la
sociedad; concretamente, el de los médicos es de los más valorados. Por
tanto, debemos intentar llegar a un acuerdo, tratar de llegar al mismo
acuerdo, al menos, que obtuvimos en la anterior legislatura en la
ponencia o en anteriores ocasiones en las materias que les concernían,
como la aprobación de las leyes de cohesión y calidad del Sistema
Nacional de Salud, la de la ordenación de profesionales sanitarias
(LOPS), el Estatuto Marco, etcétera.

La moción que hoy tengo el honor de defender trata de esto, trata
de llegar a acuerdos que permitan que la carrera profesional se
desarrolle de forma armónica. ¿Qué es la carrera profesional? ¿En qué
legislación se sustenta? Como antecedentes previos es necesario hacer
mención a las leyes que he citado antes, pero también, desde los inicios,
a la Ley general de sanidad, que crea el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud como órgano coordinador entre las comunidades
autónomas y la Administración General del Estado. Pero, sin duda, es en
las otras, en las que voy a señalar ahora, en las que de forma explícita
se desarrolla la materia que hoy abordamos.

El capítulo III de la Ley de cohesión y calidad se dedica
enteramente a los profesionales de la sanidad y los define como un
elemento esencial de la modernización y calidad del sistema sanitario
español en su conjunto. La ley ya salvaguarda las competencias
autonómicas, así como el ámbito propio de otros sectores normativos, y
contiene los principios básicos del desarrollo de la carrera profesional,
y también de la movilidad dentro del Sistema Nacional de Salud.

En su artículo 40 define el desarrollo profesional y enuncia los
criterios comunes acordados en el seno del consejo interterritorial.
Asimismo el artículo 41 enuncia que la carrera profesional es un derecho
de los profesionales a progresar de forma individualizada como
reconocimiento a su desarrollo profesional en cuanto a conocimientos,
experiencia en las tareas asistenciales, investigación y cumplimiento de
los objetivos de la organización en la que prestan sus servicios.

La Ley de ordenación de las profesiones sanitarias, la LOPS,
desarrolla aún más el reconocimiento y el desarrollo profesional, y los
regula en su título III. El artículo 37 de esta ley establece las normas
generales, y así, en el punto 1 dice que se constituye el sistema de
reconocimiento del desarrollo profesional de los profesionales sanitarios
consistente en el reconocimiento público, expreso y de forma
individualizada, del desarrollo alcanzado por un profesional sanitario en
cuanto a sus conocimientos, experiencia en las tareas asistenciales,
docentes y de investigación, así como en cuanto al cumplimiento de
objetivos asistenciales e investigadores.

En el punto 2 dice que este reconocimiento ha de ser público y con
atribución expresa del grado alcanzado por cada profesional.

El punto 3 establece el derecho voluntario a acceder a este
reconocimiento.

Y en el artículo 38 dice que son las administraciones sanitarias
las que regularán el desarrollo de acuerdo con unos principios generales.
El reconocimiento se hará en cuatro grados. Para obtener el primer grado
y poder acceder a los superiores se requerirá una evaluación favorable de
los méritos y competencia del interesado, los conocimientos, la
competencia, la formación continuada acreditada, la actividad docente e
investigación, y dice también que serán los resultados en la actividad
asistencial, la calidad de esta asistencia y el cumplimiento de sus
objetivos motivo de evaluación. Para obtener el primer grado y los
siguientes es necesario, como decía, acreditar cinco años de ejercicio
profesional, y entre cada uno de esos grados también han de pasar cinco
años para poder acceder al siguiente. La evaluación tiene que ser llevada
a cabo por un comité específico en el que estarán representados, tanto la
Administración para la que presta servicios el profesional, como
evaluadores externos a ella. Y los profesionales sanitarios tendrán
derecho a hacer constar públicamente el grado de desarrollo profesional
que tengan reconocido.

Señorías, el artículo 39 se refiere a la homologación del
reconocimiento del desarrollo profesional. El Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud, a propuesta de la Comisión de Recursos
Humanos, y oída la Comisión Consultiva Profesional, establecerá los
principios y criterios generales para la homologación del reconocimiento
del desarrollo profesional en todo el Sistema Nacional de Salud.

Y finalmente el estatuto marco desarrolla ya esta regulación de la
carrera profesional en su capítulo 8. No voy a repetir muchos de los
artículos que de forma general ya venían recogidos en las anteriores
leyes a las que he hecho mención, pero insisto en que en el estatuto
marco se reitera de nuevo el derecho que tienen los profesionales a
acceder a este reconocimiento y a su carrera profesional.

¿Cuál es la situación actual? ¿Por qué traemos esta moción? Pues
porque, a pesar de lo minuciosa de la regulación y de la legislación,
señorías, lo cierto es que la situación actual refleja que ha habido una
falta de consideración de la política de recursos humanos como factor
clave para la sostenibilidad y la calidad del Sistema Nacional de
Salud.

La foto actual de la carrera profesional es que hay dieciocho
modelos de carrera profesional, muy diferentes, distintos y distantes.
Diferentes requisitos tanto en antigüedad como en baremos para acceder y
progresar y diferentes niveles de nominación, y aunque al final son
cuatro los niveles que se consideran en todas las comunidades autónomas
no tienen nada que ver unos con otros, hay distintos calendarios de
implantación y diferentes procesos extraordinarios para su puesta en
marcha. La carrera profesional debería ser incentivadora para los médicos
pero resulta que existen dieciocho modelos, y estas no son solo palabras
del grupo parlamentario que trae esta propuesta, sino de los colectivos y
de los consejos generales de los profesionales sanitarios. Además,
señorías, la Ley 8/2010, que introduce determinados ajustes en materia
retributiva, ha supuesto que en las sucesivas leyes de presupuestos
autonómicos, o leyes de acompañamiento de estas, se haya congelado,
reducido, derogado o suprimido la opción de nuevos reconocimientos
profesionales, por lo tanto, la carrera profesional se ha visto
comprometida.

La situación actual aconseja revisar de nuevo estos principios y
criterios generales sobre los que se basa este modelo de reconocimiento
profesional, y esto es lo que decimos en el petitum de nuestra moción,
que se superen las dificultades y que se pueda llevar de nuevo la carrera
profesional al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en
aras de promover un reconocimiento profesional en todo el Sistema
Nacional de Salud.

El ministro, señorías, ha declarado en diversas ocasiones su
compromiso con los profesionales y de lo que se trata es de seguir
avanzando y trabajando juntos porque ha habido trabajo y pactos con los
profesionales en esta legislatura. Le pondré algunos ejemplos, y después
alguno más porque por razón de tiempo no podré decirlos todos: se han
establecido las bases para la implementación de una nueva herramienta de
gestión, es decir, las unidades de gestión clínica que son una
herramienta fundamental y muy importante no solo para la gestión, sino
para el liderazgo de los profesionales sanitarios; se ha creado el foro
profesional; se ha aprobado el registro estatal de profesionales
sanitarios, herramienta básica de planificación en los recursos humanos,
por cierto, en la ponencia ya recogíamos la necesidad de la creación de
este registro; se continúa trabajando en los diplomas de acreditación y
acreditación avanzada y en los modelos de desarrollo profesional y de
gestión clínica, y se continúa también trabajando en otras líneas como
las del desarrollo profesional y los elementos de certificación
profesional.

Señorías, trabajo hay iniciado y mi grupo piensa que los
profesionales se merecen un acuerdo y que se hagan efectivos sus
derechos, y por eso estamos aquí, y de ahí que el petitum, el texto que
sometemos hoy a votación, diga que el Senado insta al Gobierno a
continuar trabajando en colaboración con las comunidades autónomas en la
carrera profesional, dado que son dichas administraciones las competentes
para su aplicación y en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud para establecer los principios y criterios generales en
aras de promover la homologación del reconocimiento del desarrollo
profesional en todo el Sistema Nacional de Salud.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pan.

Para la defensa de las enmiendas de las Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor presidente.

Señorías, senadora Pan, compartimos totalmente la defensa que ha
hecho de los profesionales sanitarios como no podía ser de otra forma
porque gracias a ellos, a su esfuerzo y dedicación, el Sistema Nacional
de Salud funciona a pesar de los recortes del Partido Popular, por tanto,
compartimos y defendemos a los magníficos profesionales que tenemos.

Presentan una moción que es verdad que tiene que ver con mejorar
el desarrollo profesional. Cuando empecé a leer la moción —la tuve
que leer varias veces— y vi lo que solicitaban, no daba crédito.
Cuando usted ha hecho la defensa de la moción, ha reconocido que esto ya
está regulado en la ley. Por tanto, hoy lo serio, lo sensato, lo
riguroso, y para que la ciudadanía vea que aquí en el Senado debatimos
cuestiones que le afectan, sería que retiraran esta moción porque lo que
piden ya está regulado, y se lo voy a leer textualmente. La Ley 44/2003,
del 21 de diciembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, en su
artículo 39 —y usted lo ha dicho—, establece la homologación
del reconocimiento del desarrollo profesional, y dice lo siguiente: «El
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a propuesta de la
Comisión de Recursos Humanos y oída la Comisión Consultiva Profesional,
establecerá los principios y criterios generales para la homologación del
reconocimiento del desarrollo profesional en todo el Sistema Nacional de
Salud, —además, especifica más cuestiones de las que ustedes
solicitan, fíjese lo absurdo de su moción—, «especialmente en lo
relativo a las denominaciones de los distintos grados, a los sistemas de
valoración, a los méritos, a la composición de los comités de evaluación
y al reconocimiento mutuo de los grados alcanzados por los profesionales
de los distintos servicios de salud».

Por tanto, estamos pidiendo al Gobierno que cumpla lo establecido
en la ley del año 2003; una ley del Gobierno Aznar, porque si no,
pensaríamos que la culpa también es de Zapatero, pero no, es una ley del
Gobierno Aznar. Por ello, nuestro grupo es consciente de la necesidad de
avanzar en la carrera profesional, que está paralizada en muchas
comunidades, como usted ha reconocido. También ha hablado de recortes
pero no de los recortes impuestos por el Partido Popular a partir del
Real Decreto Ley 16/2012, del que ustedes no quieren hablar.

Por consiguiente, hemos presentado una enmienda que avanza en el
desarrollo profesional, que supone un compromiso real con los
profesionales, y que dice textualmente:» Instamos al Gobierno a reformar
el Fondo de cohesión sanitaria con el fin de que pueda contemplar nuevas
finalidades que permitan complementar los recursos que las comunidades
autónomas destinan al desarrollo profesional» A día de hoy, no existe el
Fondo de cohesión sanitaria, que ustedes se han cargado, que han
desvirtuado totalmente, y que dijeron que iban a sustituir por el Fondo
de garantía asistencial, que tampoco existe, y las comunidades autónomas
son las que están pagando todos los desbarajustes que han organizado con
esas leyes. Además, como han dicho mis compañeros, tienen una obsesión
por recentralizar que raya en lo peligroso. Lo que necesitan las
comunidades es que el Gobierno ejerza su función, que es la de
coordinación y cohesión, y también recursos adicionales para poder poner
en marcha el desarrollo profesional.

Senadora Pan, le agradezco de verdad que haya intentado consensuar
y dialogar, y siento que no hayamos podido llegar a ningún acuerdo, pero
entienda que la moción que presenta no aporta absolutamente nada.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Llinares.

Tiene la palabra la senadora Pan, para indicar si acepta o no las
enmiendas.

La señora PAN VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente.

Senadora Llinares, sabe usted que la voluntad de mi grupo y la mía
propia es que esta moción alcance un respaldo unánime, como ocurrió con
la ponencia que aprobamos en esta Cámara. Usted me pedía que retiráramos
la moción, y yo le pido que retiren su enmienda.

En el punto primero de su enmienda da la sensación de que ustedes
no ponen ningún reparo al petitum, lo único que cambian es «seguir
trabajando», que es lo que nosotros decimos, por solo «trabajar». Esto no
se lo podemos aceptar por una razón, y lo dije en mi primera
intervención, y es porque si lo admitiéramos daría la sensación de que
este Gobierno no ha hecho nada y yo ya le he leído aquí un relato de las
muchas cosas que ya ha iniciado y ha comenzado a hacer este
Gobierno.

En cuanto al punto segundo de su enmienda, que pretende que sea de
adición e insta al Gobierno a reformar el Fondo de cohesión para que se
pueda destinar al desarrollo profesional, tengo que decir que esto no se
compadece ni con el sentido que tiene la moción ni tampoco para lo que
está creado el Fondo de cohesión. Si ustedes de verdad creen que hay que
modificar o cambiar el Fondo de cohesión, lo que deben hacer es traer
aquí una propuesta para reformar ese Fondo de cohesión y entre todos los
grupos políticos la estudiaremos y la debatiremos. Lo que sinceramente
creo que ha ocurrido es que a usted le han dicho —y no quiero
ofender con esto— que no apoye la moción del Partido Popular y
usted ha tenido aquí una ocurrencia o una salida al paso, en fin, ha
encontrado una disculpa para no apoyar la moción. ¡Ojo! aquí no está
usted apoyando al Partido Popular ni al Gobierno, usted está rechazando
—o se abstendrá, no sé cuál será el sentido de su voto— a los
profesionales sanitarios, que es para los que nosotros estamos
trabajando.

Señoría, usted sabe que el Fondo de cohesión que se creó en
el 2001 luego tiene que tener desarrollos. Usted decía que yo he leído
aquí la ley. Claro que está en la ley, pero también le he dicho que hay
diecisiete modelos de implantación de carrera profesional y que todos
ellos han sido prácticamente paralizados o derogados. Le leo, para que
usted sepa de qué va esto del Fondo de cohesión de la Ley 21/2001: tiene
por objeto garantizar la igualdad a los servicios de asistencia
sanitaria, señoría, públicos en todo el territorio español, así como la
atención a los ciudadanos desplazados procedentes de países de la Unión
Europea o de países con los que España tenga suscrito convenios de
asistencia sanitaria recíproca. En definitiva, señoría, no tiene cabida
lo que ustedes proponen aquí.

Le vuelvo a reiterar, si ustedes consideran sinceramente que hay
que reformar el Fondo de cohesión, no entiendo que ahora, sin haber dicho
nada en toda la legislatura ni en el Congreso ni en el Senado, lo
planteen aquí en una moción que no va dirigida a modificar eso, sino a
respaldar la labor y el reconocimiento profesional de los profesionales
sanitarios. Señoría. No podemos admitirlo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pan.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

El único problema de fondo que hay para no poder compartir esta
moción es que la misma se plantea como si el Gobierno de España no
tuviera nada que ver con el hecho de que no se hayan desarrollado esos
diecisiete modelos de carrera profesional a los que hacía referencia la
portavoz del Grupo Popular. Es cierto que en cumplimiento de la ley y
fruto de una negociación específica en cada una de las comunidades
autónomas, estas habían puesto en marcha procedimientos de desarrollo de
la carrera profesional que se vieron abruptamente interrumpidos como
consecuencia de la política general del Gobierno de España, que trasladó
a las comunidades autónomas la necesidad de hacer recortes en materia de
sanidad. Cuando el Gobierno de España envía memorandos a la Comisión
Europea en los que compromete recortes en materia sanitaria, obviamente
ello obliga, a través de los mecanismos que el señor Montoro ha
establecido con tanta eficacia, después a las comunidades autónomas a
aplicar esos recortes y uno de los aspectos en los que los mismos se han
manifestado ha sido precisamente en esa interrupción, en algunos casos
involución, de la carrera profesional.

Según los datos del propio Ministerio de Hacienda entre 2009
y 2013 el gasto sanitario en nuestro país se ha reducido en 9 933
millones de euros, un descenso del 16,3 % que guarda relación con ese
compromiso adquirido ante la Comisión Europea por el Gobierno de España
de recortar en materia sanitaria. Ello ha significado, según los datos de
la encuesta de población activa, que hasta 2014 se hayan perdido 45 000
empleos en sanidad en nuestro país, de ellos, aproximadamente 3000
facultativos. Es evidente que este parámetro que establece el Gobierno de
España, reducción en gasto sanitario que conlleva reducción en número de
profesionales en atención sanitaria, es el principal obstáculo para el
desarrollo de la carrera profesional y abre un escenario, que está siendo
denunciado además por los profesionales desde hace ya tiempo, de
precarización absoluta de la situación laboral de los profesionales de la
sanidad en nuestro país. Recordarán sus señorías que, cuando se tomó la
decisión de que el Instituto Carlos III atendiera los casos de ébola y se
formó un equipo sanitario para afrontar esos casos, fue noticia poco
tiempo después que la mitad de los miembros de ese equipo, que se supone
que eran una especie de élite de la sanidad pública española, estaban en
situación de precariedad laboral. Estos días, finales de mayo, principios
del mes de junio, han coincidido dos congresos de organizaciones de
médicos de familia: el XXII Congreso Nacional de Médicos de Familia, que
se celebró en A Coruña a finales del mes de mayo, una de cuyas
conclusiones fue precisamente denunciar la generalización de la
precarización entre los profesionales de la sanidad, y el Congreso de la
Sociedad Española de Medicina Familiar, que se celebró en Gijón los
primeros días de este mes, que barajaba que uno de cada cinco médicos de
familia en España está en una bolsa de empleo. Se trata de contratos por
días, por semanas, incluso por horas, de contratos de jueves y viernes,
que para no tener que pagar los descansos de sábado y domingo se
extinguen el viernes con la posibilidad de que la semana siguiente se
vuelva a contratar.

La precariedad laboral derivada de la reforma laboral no se aplica
solo a los trabajadores no cualificados por parte de empresarios
desaprensivos, sino que se aplica a profesionales cualificadísimos de la
sanidad por parte de las administraciones públicas. Y ello, desde luego,
no puede ser motivo de satisfacción para ninguna de esas administraciones
públicas, ni puede ocultarse con una invocación genérica a los dioses del
Olimpo para que se recupere el desarrollo de la carrera profesional sin
recursos económicos, sin contratación digna de estos profesionales,
porque sin un número suficiente de profesionales contratados no habrá
posibilidad de desarrollar la carrera profesional. El presidente de la
Organización Médica Colegial decía estos días que no se puede seguir con
los niveles de precarización a los que están abocados los profesionales
de la sanidad y denunciaba en una presentación pública que estos además
de vivir esta situación de falta de estabilidad, que es la base de la
carrera profesional, no puede haber carrera profesional si no hay
estabilidad en el empleo, los precarios, ese 20 % de médicos de familia
que están en una bolsa de empleo, no van a tener nunca carrera
profesional si no pasan a una situación de fijos. Denunciaba además el
presidente de la Organización Médica Colegial que ello había ido
acompañado de una reducción en sus retribuciones y cifraba entre el 20 y
el 25 % la pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios de los
trabajadores de la sanidad a lo largo de estos años.

Por lo tanto, sería demandable en esta moción no un
pronunciamiento genérico sino la concreción de las medidas que de verdad
pueden propiciar una realidad en la que sea factible el desarrollo de la
carrera profesional a partir de la estabilidad en el empleo, a partir de
una retribución fija, a partir de unas condiciones laborales dignas, que
es algo que en este momento muy pocos trabajadores de la sanidad pueden
disfrutar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, mahaiburu jauna, egun on,
senatari jaun-andreok.

Senadora Pan, usted nos ha hecho un relato de lo marca la ley y yo
creo que nosotros nos lo podemos ahorrar. Ha hecho una buena fotografía
de lo que nos dice la norma, en este caso, en el Estado español. Pero
también hay una norma europea que va a haber que cumplir.

En el discurso que yo tenía preparado iba a hablar de la
Ley 44/2003, de ordenación de las profesiones sanitarias, porque creo que
es la que mejor puede definir aquello de lo que en estos momentos estamos
hablando. No lo voy repetir —usted lo ha desgranado,
prácticamente—, pero sí quisiera resaltar dos conceptos. Uno, el
acceso voluntario de los profesionales, pero de todos los profesionales:
aquellos que trabajan en la sanidad pública, aquellos que trabajan en la
sanidad privada y aquellos que trabajan por cuenta propia. Este matiz
creo que es muy importante por lo que luego voy a comentar.

También se habla de encargar la evaluación de los distintos
niveles de la carrera profesional, del desarrollo profesional, a un
comité científico específico creado en cada centro o en cada institución,
pero, además, se habla —y creo que es importante decirlo— de
que hay que tener en cuenta el cumplimiento de los objetivos
asistenciales e investigadores de la organización en la que prestan sus
servicios. Por lo tanto, no solamente se trata de temas generales, sino
también concretos en aquellos puntos, en aquellas instituciones, en
aquellas organizaciones en las que los profesionales desarrollan su
función, en cualquier caso, siempre supervisados por la administración
sanitaria correspondiente. Este es un tema clave; un tema clave que se
traduce en lo que la Organización Médica Colegial denomina la validación
periódica —en este caso, de la colegiación— de la
capacitación profesional. Esta valoración, supervisada, como dice la ley,
por la administración sanitaria correspondiente, es la que da valor
—valga la repetición de la expresión— a todo el sistema de
desarrollo profesional y —vuelvo a repetir porque creo que es
importante— para todos los profesionales sanitarios que trabajan en
la sanidad pública, en la sanidad privada o por cuenta propia.
Evidentemente, este desarrollo profesional y esta mejora en las
capacidades profesionales del personal sanitario tiene que ir reflejada
,y de la mano, lógicamente, en sus salarios, como no podía ser de otra
manera, por lo menos en aquellos que reciben salarios; los que trabajan
por cuenta propia lo tienen un poco más complicado.

El problema es que en este momento, a mi juicio, esta relación
entre desarrollo profesional y reconocimiento salarial en los servicios
sanitarios públicos no ha permitido, o está ralentizando, o ha
paralizado, el desarrollo mismo de la carrera profesional, de todos los
profesionales sanitarios. Esto no parece que sea demasiado razonable. Por
tanto, esta razón, o este pretexto, para mantener paralizado o
ralentizado el desarrollo de la carrera profesional, es muy importante;
es lo importante. A mi juicio, esta es la razón por la que no se avanza
en este tema, no que existan diecisiete sistemas de valoración. Eso es
muy fácilmente soslayable, porque, simplemente, lo mismo que se habla de
interoperabilidad de las tarjetas sanitarias se puede hablar
perfectamente de interoperabilidad, de equivalencias, etcétera, entre los
distintos sistemas de valoración de trabajo de todos los sistemas
sanitarios dentro del Estado, pero también de los europeos. Lógicamente,
aquí no se trata solo de converger a nivel de Estado, sino a nivel
europeo. Los profesionales españoles, los franceses, los holandeses, en
este momento no tienen fronteras para poder desplazarse a trabajar a
cualquier otro sistema y su carrera profesional debe ser considerada y
poder desarrollarse en cualquier caso. Por lo tanto, no creo que sea el
tema de los diecisiete sistemas sanitarios el que paralice el desarrollo
de la carrera profesional. Estamos de acuerdo —creo que es
cierto— en la importancia de resolver este tema, sobre todo para
los profesionales. Evidentemente, si es con reflejo salarial
—porque no puede ser de otra forma—, mejor, pero incluso
hasta sin eso, porque los profesionales están viendo que trabajan, que
estudian, que se preparan, que investigan y que al final, si no hay
dinero para pagárselo, no se les reconoce, y si sí lo hay, a lo mejor sí.
Y ahí, desde luego, el Gobierno tiene responsabilidad.

Podemos entender, por tanto, cuál es la filosofía de su moción, o
cuál es su filosofía cuando plantea la moción —no sé exactamente
cuál es el orden—, pero tengo que coincidir con el resto de
portavoces en que no nos aporta nada. Y, sinceramente, cuando se hace la
corrección y se añade el texto «El Senado insta al Gobierno a continuar
trabajando, en colaboración con las comunidades autónomas, en la carrera
profesional, dado que son dichas administraciones las competentes para su
aplicación…», creo que todavía tiene menos sentido. El Gobierno
tiene mecanismos para poder avanzar y para poder estimular el avance en
este tema; los tiene a través del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud. Y los tiene también porque, como hay una relación
directa entre los salarios y la carrera profesional, puede aumentar las
dotaciones presupuestarias para mantener un aumento salarial entre
aquellos profesionales que realmente van avanzando en su carrera.
Cualquiera de las dos cosas —o las dos— podría hacer.

Nos parece que esta moción, en concreto, no aporta nada nuevo,
senadora Pan, a pesar de todas las buenas intenciones que yo le
reconozco, porque sé que a usted le preocupa este tema y por eso lo ha
traído a esta Cámara. Por lo tanto, senadora Pan, nos vamos a
abstener.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ : Gràcies president.

Senyories, tots els senadors que m’han precedit han parlat
de la bona feina dels nostres professionals sanitaris i estic
absolutament d’acord amb ells, no podria ser d’una altra
manera. Jo crec que tenim uns excel·lents professionals, i sobre tot, com
s’ha dit moltes vegades en aquesta cambra, tenim una sanitat molt
eficient basada bàsicament en el cost dels professionals, perquè,
realment, comparat amb la resta d’Europa, els nostres professionals
metges i infermeres, són els que cobren menys d’Europa.

Avui estem parlant de la carrera professional, que ja s’ha
explicat que apareix recollida en vàries lleis, però sobre tot,
la 44/2003 d’ordenació de les professions sanitàries, és la que va
donar el tret de sortida. Això va ser el 2003, però realment la carrera
no es va implantar fins el 2005, 2007, a la majoria de territoris.

A mi m’agradaria fer un incís amb una cosa que aquí no ha
sortit encara, i és el fet que si llegim el que defineix exactament la
carrera professional, llegiré només el paràgraf concret, ve a dir: La
carrera profesional es el derecho de los profesionales a progresar de
forma individualizada con reconocimiento a su desarrollo profesional en
cuanto a conocimientos, experiencia en las tareas asistenciales,
investigación y cumplimiento de los objetivos de la organización en la
que prestan servicios. No del territorio, sino de la organización. Per
què vull dir això? Perquè si es va decidir a 2003 emmarcar-ho en la
organització, entenem que això no només significa que hagi diferències
entre territoris, entre comunitats autònomes, sinó que hi ha diferències
entre les organitzacions. Els hi posaré un exemple de Catalunya. No és el
mateix, ni és igual, ni te les mateixes retribucions, la carrera
professional de l’Hospital Clínic, per exemple, que
l’Hospital del Mar o l’Hospital de Sant Pau. Ni passa el
mateix amb hospitals més petits com Terrassa o Sabadell. Les carreres
professionals tenen diferents condicions. Sí que és veritat que quan els
professionals es traslladen, traslladen la seva carrera, però tampoc val
per tot el territori exactament, depèn de si estàs agrupat, en el cas de
Catalunya, en el Siscat, o si estàs en l’Institut Català de la
Salut.

Per tant, hem de ser conscients que si la carrera professional va
ser una eina per fidelitzar i perquè els professionals que feien esforços
dins les organitzacions es poguessin veure compensats, no ens ha
d’estranyar que la realitat entre les diferents comunitats
autònomes sigui diferent.

Sí que ens agradaria —i també ho diu la llei—, per
això compartim amb els altres senadors que aquesta moció no aporta res,
que s’ha de tractar de confluir, que, en el fons, un professional
hauria de poder anar a treballar de Catalunya a Sevilla sense perdre els
seus coneixements i els seus drets adquirits. Però això és veritat que a
dia de hui és molt complicat. De totes maneres, els hi he dit la data en
què es va implementar la carrera professional per un motiu molt concret.
El 2007 va començar una crisi importantíssima, 2007, 2008, crisi que
portem molts anys. Que va passar amb una carrera professional que tot
just començava? Que ha sigut el primer que es va retallar? Per què? Una
perquè no estava consolidada. Dos perquè era un dret que encara no tenien
assolit com a propi els professionals i que, per tant, va ser molt fàcil
de començar a retallar per la carrera professional.

Parlant amb metges aquests dies, amb diferents professionals, una
em va fer una explicació de la carrera que jo sé que no els hi agradarà,
però jo crec que és una explicació de com ho veu un professional sanitari
que porta més de quinze anys treballant en un mateix departament
d’un hospital. I va dir: Mira, és que a hores d’ara, no sabem
quants diners hi ha, ni quins drets exactament tenim, perquè és que com
que la direcció de l’hospital te una borsa, o no, i cada any la
negociem. És més, si portes vint-i—cinc anys a l’empresa, com
que no et poden pagar el nivell retributiu acordat, et donen un mes de
vacances. I això és impensable. Per què? Perquè ja teníem el servei amb
tants pocs metges que el professional que porta vint-i—cinc anys no
es pot agafar un mes de vacances i anar-se’n dos mesos de vacances,
perquè no ho podem sostenir.

Per tant, la carrera professional cada cop te menys valor. I amb
això, entenc, que una de les intencions que podria tenir la moció seria
tornar a donar valor i tornar a donar impuls a aquesta carrera
professional, però a mi m’agradaria fer-li dues reflexions,
senadora Pan. La primera, el Consejo Interterritorial fins fa, bé,
oficialment ara encara, en la seva majoria està format per consellers del
Partit Popular, i, per tant, crec que aquest tema l’hauríem pogut
reprendre o impulsar ja fa temps. No cal que ho fem ara que resta molt
poc per acabar la legislatura. I m’agradaria afegir que nosaltres
estem disposats a treballar perquè les condicions dels professionals
milloren, sempre. Però entenem que aquesta moció no aporta res, no aporta
res de nou.

Continue en castellà.

Gracias, presidente.

Señorías, todos los senadores que me han precedido han hablado del
buen trabajo de nuestros profesionales sanitarios. Estoy totalmente de
acuerdo con ellos, como no podía ser de otra forma. Creo que tenemos unos
excelentes profesionales y, sobre todo y como se ha dicho muchas veces en
esta Cámara, una sanidad muy eficiente, basada fundamentalmente en el
coste de estos profesionales, porque, en comparación con el resto de
Europa, nuestros profesionales médicos y enfermeras son de los que menos
cobran.

Hoy estamos hablando de la carrera profesional, que, como se ha
explicado, está recogida en diversas leyes, sobre todo en la Ley 44/2003,
de ordenación de las profesiones sanitarias, con la que se dio el
pistoletazo de salida. Esto ocurrió en 2003, pero la carrera se
implementó entre 2005 y 2007 en la mayoría de los territorios.

Me gustaría hacer un inciso en un tema que todavía no se ha puesto
de manifiesto aquí. Les leeré el párrafo concreto donde se define,
exactamente, la carrera profesional: «La carrera profesional es el
derecho de los profesionales a progresar de forma individualizada con
reconocimiento a su desarrollo profesional en cuanto a conocimientos,
experiencia en las tareas asistenciales, investigación y cumplimiento de
los objetivos de la organización en la que prestan servicios. No del
territorio, sino de la organización.» ¿Por qué digo esto? Porque si se
decidió en 2003 enmarcarlo en la organización, entendemos que esto no
solo significa que existen diferencias entre territorios, entre
comunidades autónomas, sino que también existen entre las organizaciones.
Les pondré un ejemplo de Cataluña, donde no es igual ni tiene las mismas
retribuciones la carrera profesional en el Hospital Clinic que en el
Hospital del Mar, en el de Sant Pau o en hospitales más pequeños, como
los de Tarrasa o Sabadell. Las carreras profesionales tienen distintas
condiciones. Es cierto que cuando los profesionales se trasladan,
trasladan su carrera profesional, pero esto tampoco vale para todo el
territorio; en el caso de Cataluña, depende de si estás agrupado en el
Siscat o en el Instituto Catalán de la Salud.

Por tanto, debemos ser conscientes de que la carrera profesional
fue una herramienta para fidelizar y compensar a los profesionales que
hacían esfuerzos dentro de las organizaciones, por lo que no debe
extrañarnos que la realidad en las distintas comunidades autónomas sea
distinta.

Nos gustaría —también lo dice la ley, razón por la que
compartimos con otros senadores que esta moción no aporta nada— que
un profesional pudiera ir a trabajar de Cataluña a Sevilla sin perder sus
conocimientos y sus derechos adquiridos, pero es cierto que, hoy en día,
esto es muy complicado. De todas formas, como les he dicho, la carrera
profesional se implementó entre 2007 y 2008, cuando comenzó una
importante crisis que dura ya muchos años. ¿Y qué paso entonces con la
carrera profesional? Que fue lo primero que se recortó porque, por un
lado, no estaba consolidada y, por otro, los profesionales todavía no
habían asumido como propio este derecho, y por ello fue muy fácil empezar
a recortar por ahí.

Estos días he hablado con distintos médicos y uno de ellos me dio
una explicación sobre la carrera profesional que seguro que no les gusta,
si bien es la visión de un profesional sanitario que lleva más de quince
años trabajando en el mismo departamento de un hospital. Me dijo: En
estos momentos no sabemos cuánto dinero hay ni qué derechos tenemos
exactamente, porque la dirección del hospital cuenta con una bolsa, o no,
y cada año la negociamos. Es más, si llevas veinticinco años en la
empresa, como no te pueden pagar el nivel retributivo acordado, te dan un
mes de vacaciones. Y esto es impensable, porque el servicio cuenta con
con tan pocos médicos que no es posible que el profesional que lleva
veinticinco años trabajando pueda cogerse un mes de vacaciones extra y
disfrute de dos meses de vacaciones; eso no es sostenible.

Por lo tanto, la carrera profesional cada vez tiene menos valor, y
por ello entiendo que una de las intenciones que podría tener la moción
fuese volver a poner en valor e impulsar la carrera profesional. A mí me
gustaría hacerle dos reflexiones, senadora Pan. La primera es que en
estos momentos el consejo interterritorial está formado en su mayoría por
consejeros del Partido Popular, así que este asunto lo podrían haber
retomado e impulsado hace ya tiempo y no ahora, cuando queda muy poco
para terminar la legislatura. La segunda reflexión es que nosotros
siempre estamos dispuestos a trabajar para que las condiciones de los
profesionales mejoren, pero consideramos que esta moción no aporta nada
nuevo.

Sigo en castellano.

Sinceramente, como presentan esta moción —y no dudo que
tenga buenas intenciones, pero no añade ningún valor ni aporta nada que
no se reconozca ya en la ley— a estas alturas de la legislatura,
precisamente cuando su grupo pretende tramitar en esta Cámara más de
cuarenta leyes en tres meses o en lo que queda de legislatura, ninguno de
nosotros tenemos tiempo de discutir cosas que tendrían que acometer si
cumplieran la propia ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.

Senyories, estem davant d’una moció que ens vol parlar de la
carrera professional, però de fet no ens fa cap proposta concreta
respecte d’aquesta carrera. De fet, vull cridar l’atenció a
la pròpia correcció que va fer el Partit Popular a la moció proposada. En
la seva primera proposta parlaven de restablir la carrera professional,
la qual cosa van haver de retirar, perquè està clar que una proposta de
restabliment no tenia sentit perquè era impropi, ja que aquesta es troba
perfectament i degudament establerta a la base de la Llei
d’ordenació de les professions sanitàries i a la Llei de
l’estatut marc. Per tant, ja tenim la regulació.

La senadora Pan ens ha explicitat abastament totes les lleis que
en fan referència, però aquí no venim a parlar de com està regulada la
carrera professional. De fet, la moció l’únic que demana és que
vinguem a parlar de la carrera professional: insta al Partit Popular, al
Govern, suposo, que insti a les comunitats autònomes a fer una feina que
és competència seva; però d’això ja en parlarem més endavant.
Penso, en qualsevol cas, que el que ha pogut quedar suspès no és el
restabliment de la carrera professional, sinó el reconeixement econòmic
del complement de la carrera professional, o bé la meritació de nous
nivells de dit complement.

I tot això —la senadora Pan ha fet referència als
pressupostos autonòmics—, però tot això és conseqüència, també, de
normatives bàsiques de l’Estat espanyol, de l’Estat central,
i també, com no, dels pressupostos autonòmics, evidentment. Senadora,
aquesta proposta que vostè ens fa, més enllà que tingui la bona voluntat
de fer un reconeixement als professionals i posar sobre la taula una
problemàtica que hi és, que tenim, i per la qual totes les comunitats
autònomes estan treballant ja, efectivament, ja, penso que en certa
manera ens ve a dir que els senyors del Grup Parlamentari Popular venen
aquí i insten a l’Estat; és a dir, nosaltres proposem, disposem,
perquè ja està disposat, i vostès paguen. I a més a més, ens duen a la
reflexió que hi ha incompliments perquè no es pot pagar.

No m’allargaré massa més, però penso que efectivament és un
brindis al sol. Entenc la bona voluntat de posar sobre la taula aquesta
problemàtica, però penso que el que vostè ens proposa aquí, més enllà que
hagi portat o no aquesta iniciativa, podria tenir recorregut per sí sol.
Vostès tenen majoria al consell interterritorial i, evidentment, hi ha la
voluntat de totes les comunitats autònomes de parlar del que sigui en la
seu d’aquest consell interterritorial. Per part nostra, diàleg, el
que vulgui;






parlar d’això, el que vulgui; nosaltres estem per la
carrera professional i estem per la gestió clínica. Una altra cosa és que
ens vulguin homogeneïtzar, o ens vulguin imposar models, o ens vulguin
dir com ho hem de fer, perquè tenim models singulars, que responen a
necessitats del nostre territori, i a una organització que fa temps que
funciona i que ens dóna bons resultats.

Em sap greu, entenc que aquesta moció es queda en un pur gest, en
un gest, perquè de fet no fa una proposta molt concreta. I li dic que em
sap greu perquè penso que el Grup Popular, que dóna suport al Govern, i
el Govern de l’Estat, sí que tenen la capacitat de donar respostes
efectives a això. Jo només els convido, i nosaltres estem d’acord,
a parlar del que sigui. Per tant, en quant a la forma i a la proposta,
com que queda diluïda amb una voluntat de fer-nos propostes d’allò
que nosaltres ja estem fent, li diria que no; en quant a la temàtica, li
diria que sí. Estem disposats a parlar del que sigui, allà on sigui,
sempre i quan se’ns respecti el nostre model i serveixi per
millorar la situació dels professionals, del sistema, de l’atenció
als nostres usuaris, i a la resta de territoris, evidentment.

Però jo els convido que si efectivament vostès volen donar
resposta a aquesta problemàtica que hi ha —que li dic que passa més
per poder reconèixer econòmicament i poder meritar nous nivells que ens
aquests moments pressupostàriament no poden quedar reflectits, i que és
bona part de la inquietud del sector—, jo els convido que vostès,
que són el grup parlamentari majoritari, i que estan donant suport al
Govern, quan facin el repartiment dels objectius de dèficit —cosa
que el darrer document del Fons Monetari Internacional els està
recomanant— tinguin en compte que són les comunitats autònomes que
estan suportant aquest pes de la major part dels serveis que garanteixen
aquest Estat del benestar.

Per tant, més enllà del gest, de la col·laboració, i de parlar
—allà on cregui, senyora Pan, que ens hi trobarà—, els
demanem que facin un moviment efectiu, un moviment que tingui efecte i
causa, que ens doni a les comunitats autònomes la impressió que vostès,
efectivament, ens estan dotant d’aquelles eines per trobar aquelles
solucions que ens reclamen en el compliment del que són les nostres
competències.

Per tant, dit això, senadora Pan, amb l’estima que li tinc,
amb la sensibilitat cap al tema que ens ha proposat, però amb el desacord
pel que fa a quines solucions cal trobar-hi i per on passen, el meu grup
parlamentari ens abstindrem en aquesta moció.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Señorías, estamos ante una moción que nos habla de la carrera
profesional pero en la que no se realiza ninguna propuesta concreta. De
hecho, quiero llamar la atención sobre la corrección de la moción que
hizo el propio Partido Popular. En su primera propuesta hablaban de
restablecer la carrera profesional pero tuvieron que retirarla porque no
tenía ningún sentido, era impropio dado que dicha propuesta de
restablecimiento ya está debidamente establecida en la Ley de ordenación
de las profesiones sanitarias y en la Ley del estatuto marco. Ya contamos
con una regulación.

Por otra parte, la senadora Pan nos ha explicitado ampliamente
todas las leyes que hacen referencia a la carrera profesional, aunque
aquí no venimos a hablar de cómo está regulada. De hecho, lo único que se
pide en la moción es que hablemos de la carrera profesional, y por eso el
Grupo Parlamentario Popular insta al Gobierno a continuar trabajando con
las comunidades autónomas en una tarea en la que son competentes; pero de
eso ya hablaremos más adelante. Yo creo, en cualquier caso, que lo que ha
podido quedar suspendido no es el restablecimiento de esta carrera
profesional, sino el reconocimiento económico del cumplimiento de la
carrera profesional, o bien el estudio de nuevos niveles de este
complemento.

Todo ello, ya que la senadora Pan se ha referido a los
presupuestos autonómicos, es consecuencia de las normativas básicas del
Estado español, del Estado central, y también, cómo no, de los
presupuestos autonómicos. Senadora, la propuesta que usted realiza, más
allá de que tenga la buena voluntad de hacer un reconocimiento a los
profesionales y ponga sobre la mesa una problemática que existe y en la
que ya están trabajando todas las comunidades autónomas, se limita a
decirnos que los señores del Grupo Parlamentario Popular vienen aquí a
instar al Estado; o sea, nosotros disponemos y ustedes pagan. Además,
pretenden llevarnos a la reflexión de que existen incumplimientos porque
no se puede pagar.

No me alargaré mucho más, pero creo que es un brindis al sol.
Entiendo la buena voluntad de poner encima de la mesa esta problemática
pero lo que usted nos propone aquí, más allá de que haya traído o no esta
iniciativa, podría tener recorrido por sí mismo. Ustedes tienen mayoría
en el consejo interterritorial, por lo que basta la voluntad de la
mayoría de las comunidades autónomas de hablar de ello en dicha sede. Por
nuestra parte, saben que estamos abiertos a dialogar sobre este tema lo
que quieran. Nosotros apoyamos la carrera profesional y estamos a favor
de la gestión clínica, otra cosa es que nos quieran homogenizar, imponer
modelos o decirnos cómo debemos hacerlo. Nuestros modelos singulares
responden a las necesidades de nuestro territorio y esta organización
hace tiempo que funciona y nos da buenos resultados.

Lo siento, pero creo que esta moción se queda en un gesto porque
no realiza una propuesta concreta. Y digo que lo siento porque creo que
el Grupo Popular, que da apoyo al Gobierno del Estado, tiene capacidad
para dar respuestas efectivas a este tema. Como les he dicho, estamos de
acuerdo en hablar de lo que sea, si bien, en cuanto a la forma, como
queda diluida en la voluntad de hacernos propuestas sobre aquello que
nosotros ya estamos haciendo, tengo que decirle que no; en cuanto a la
temática, le digo que sí. Estamos dispuestos a hablar de lo que sea,
donde sea, siempre y cuando se respete nuestro modelo y ello sirva para
mejorar la situación de los profesionales del sistema en la atención a
nuestros usuarios y al resto de territorio, evidentemente.

Si quieren dar respuesta a la problemática que existe —que
pasa más por un reconocimiento económico y por meditar sobre nuevos
niveles que en estos momentos no pueden quedar reflejados
presupuestariamente, y creo que ello genera buena parte de la inquietud
del sector—, les invito a ustedes, que son el grupo parlamentario
mayoritario y dan apoyo al Gobierno, a que cuando hagan el reparto de los
objetivos de déficit —cosa que les recomiendan en el último
documento del Fondo Monetario Internacional— tengan en cuenta que
son las comunidades autónomas las que soportan el peso de la mayor parte
de los servicios que garantizan el Estado del bienestar.

Por lo tanto, más allá del gesto, de la colaboración y de hablar
—lo haremos donde y cuando crea conveniente, senadora Pan, y nos
encontrará—, les pedimos que hagan un movimiento que tenga efecto y
causa, de forma que las comunidades autónomas tengamos la impresión de
que ustedes, efectivamente, nos están dotando de herramientas para hallar
las soluciones que nos reclaman en cumplimiento de nuestras
competencias.

Dicho esto, señora Pan, con el cariño que le tengo y a pesar de
nuestra sensibilidad hacia el tema propuesto, como estamos en desacuerdo
con las soluciones, mi grupo parlamentario se abstendrá en la votación de
esta moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Llinares.

La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor presidente.

Senadora Pan, no sé si se ha leído la enmienda que hemos
presentado, porque nos dice que no sabemos para qué sirve el Fondo de
cohesión y nuestra enmienda recoge, de forma muy clara y contundente, la
necesidad de reformar el Fondo de cohesión para complementar los recursos
que necesitan las comunidades autónomas.

Considero que usted tiene que defender una moción que es
absolutamente indefendible, que no aporta nada. No propone ni una sola
medida concreta. Díganos una medida concreta, y nosotros desde luego la
apoyaremos. Como le han dicho los senadores que me han precedido en el
uso de la palabra, por supuesto que estamos de acuerdo en el
reconocimiento y agradecimiento a los profesionales; en eso estamos todos
de acuerdo. Pero hay que ir más allá, hay que comprometerse. Empieza su
intervención —añade que luego continuará— diciendo que el
ministro se ha comprometido profundamente con los profesionales
sanitarios; cuando tomó posesión dijo que iba a ser el ministro de lo
social y luego hemos visto que el tema social no está en la agenda del
Partido Popular, y lo más grave es que ni se le espera.

Por eso le pido, senadora Pan, que recapacite y nos dé una medida
concreta para el desarrollo profesional. Como han dicho los senadores, en
el Estado hay muchísima legislación: la Ley de ordenación de las
profesiones sanitarias, la Ley de cohesión y calidad y otra ley a la que
usted no ha hecho referencia, la Ley del estatuto marco, en cuyo
artículo 40.1 continúa hablando de la homologación para garantizar el
reconocimiento del desarrollo profesional. Además, el pleno de la
comisión de recursos humanos del consejo interterritorial, con fecha 19
de abril, aprobó el acuerdo por el que se fijan los criterios generales
de homologación de los sistemas de carrera profesional del personal de
los servicios de salud y las líneas básicas que inspiran estos
principios, como los principios de garantía de igualdad de oportunidades,
de no discriminación entre administraciones sanitarias profesionales, de
garantías de libre circulación y la movilidad de los profesionales, de
participación de los profesionales en la gestión de los centros. Además,
la Ley 7/2007, del 12 de abril, del estatuto básico, en su artículo 2,
también habla de la carrera profesional. Por tanto, tenemos legislación
estatal. Lo que hay que poner son medidas concretas y recursos, que es lo
que nosotros le pedimos en nuestra enmienda. Y usted sale aquí a decirme
que yo presento esa enmienda porque me lo han dicho. ¡Claro que me lo han
dicho! Me lo ha dicho mi grupo, pues nos reunimos, debatimos y decidimos
qué enmiendas presentamos porque forman parte de los principios del
Partido Socialista.

Por tanto, señora Pan, de ocurrencia nada. Ocurrencias son las
suyas, que no tienen argumentos para defender esta moción en la que todos
estamos de acuerdo. ¿Quién va a estar en contra del desarrollo
profesional?, ¿quién? Yo soy una profesional sanitaria y, como han dicho
aquí, las carreras profesionales empezaron a establecerse en todas las
comunidades autónomas allá por los años 2004 y 2005; en mi comunidad fue
en el año 2006, cuando yo era diputada en las Cortes. Todas las
comunidades han hecho esfuerzos para mejorar el desarrollo y la carrera
profesional. Pero hay que tener en cuenta —y ustedes de eso no
quieren hablar, y aquí se lo hemos dicho muchísimas veces— que
ustedes han hecho leyes de recortes bestiales que afectan directamente al
sistema nacional de salud y que tienen, también, graves repercusiones
sobre los profesionales. Su solución ha sido: menos profesionales y
precariedad en el empleo, como les hemos dicho aquí tantas veces. El
Grupo Parlamentario Socialista ha presentado diferentes mociones para
mejorar la calidad de nuestro sistema nacional de salud pero ustedes han
votado siempre en contra. Senadora Pan, como no tienen argumentos, nos
dicen que no tenemos ni idea de lo que pedimos.

Como le he dicho al comienzo de mi intervención, los profesionales
sanitarios son los que hacen posible que se perciba menos el grave
deterioro que se está produciendo en sanidad debido a los recortes; sus
recortes están haciendo que el prestigio profesional y social de los
profesionales se vea deteriorado; los profesionales están cansados y les
falta motivación.

Claro que tenemos retos en política de personal, y desde luego ahí
nos encontrarán siempre. Hacen falta nuevos retos, como la orientación a
los resultados en salud, la potenciación de los profesionales en la toma
de decisiones, etcétera. Esto es fundamental. Para que la sanidad
funcione, más allá de decir que contamos con los profesionales, se han de
poner en marcha medidas reales que ellos perciban para que vean que se
cuenta con ellos a la hora de planificar, de gestionar, etcétera. Y,
sobre todo, hacen falta recursos para la investigación, para la formación
continuada, y así podríamos seguir hablando de muchísimos aspectos
más.

El Gobierno tiene que cumplir sus funciones, que, como le he dicho
al comienzo de mi intervención y termino esta, consiste, entre otras
cosas, en coordinar, cohesionar y evitar inequidades en los distintos
sistemas nacionales de salud. Pero eso no tiene que ver con la moción que
ustedes han presentado porque lo que proponen ya está regulado en las
normas estatales. Por tanto, vuelvo a insistir en que salga aquí a
presentarnos una propuesta concreta para mejorar la carrera y el
desarrollo de estos profesionales, desde luego mi grupo la aprobaría. Lo
que no es posible es que nos pidan que colaboremos en algo que no supone
absolutamente nada; es que no hay nada concreto, son cuestiones ya
reguladas. Venimos aquí a hablar de la carrera profesional pero cuando
salgamos a la calle, ¿qué decimos a los profesionales? ¿Qué hemos
aprobado hoy en el Senado? Nada. No hemos aprobado nada concreto. Por
tanto, hay que replantearse la situación.

Es verdad que es necesario reactivar la carrera profesional y que
se reconozca a los profesionales de forma constante y continua, porque no
hay ningún argumento que justifique su paralización, salvo el recorte en
los recursos; hay muchísimos menos recursos. Por eso es muy importante la
enmienda que mi grupo ha presentado, aunque usted, señora Pan, diga que
es una ocurrencia y que no sabemos de lo que hablamos. Se lo he dicho
muchas veces: cuando no tienen ningún argumento, intentan desacreditar
las mociones que presenta el Grupo Socialista con cuestiones personales,
arguyendo que no hemos leído nada y que no sabemos lo que hacemos ni lo
que decimos.

Señoría, vale la pena que haga un esfuerzo y salga aquí a retirar
su moción o a decirnos algo concreto, además de esas vaguedades sobre la
gestión clínica, el foro de la profesión, etcétera. Pero si está todo el
mundo en contra. Es que ustedes lo que han conseguido es poner a todo el
mundo en contra, si no, mire todas las mareas blancas que han salido a la
calle, sobre todo en temas sanitarios.

Por tanto, senadora Pan, sintiéndolo mucho, y compartiendo la idea
de que realmente hay que avanzar en el desarrollo de la carrera
profesional, nos vamos a abstener.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Llinares.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Pan.

La señora PAN VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente. Gracias,
señoría.

En primer lugar, quiero agradecer a los distintos grupos el afecto
que me han mostrado y sus reflexiones y opiniones. Por supuesto que este
grupo parlamentario acepta la discrepancia y considera que un trabajo
conjunto siempre es mucho mejor que el que se ve solo desde un lado.

Señorías, las leyes necesitan un desarrollo, necesitan un
desarrollo armónico y no basta solo con que sean grandes y buenas leyes y
que definan muy bien lo que hay que hacer, sino que luego hay que
desarrollarlas y hacerlo de manera armónica. Para eso está el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para eso está la lealtad
institucional entre las comunidades autónomas y para eso está el
compromiso para con los profesionales, para llegar a esos acuerdos. ¿En
dónde? En el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud —como he indicado—, pero también he dicho desde aquí
arriba que no es una opinión del Partido Popular, sino de los
profesionales sanitarios, que refieren que hoy existen en España
diecisiete desarrollos diferentes, y esto no tiene sentido a día de
hoy.

Señoría, respecto al desarrollo legislativo al que han hecho
alusión, tengo que decir que desde el 2003, cuando se aprobaron estas
leyes —las aprobó un gobierno del Partido Popular—, hasta el
día de hoy han transcurrido ocho años de Gobierno Socialista. Y, perdonen
que les diga —lo decía cuando estaba en la oposición y lo digo
hoy— que el señor Zapatero se olvidó de los profesionales, no hizo
nada por ellos en ocho años de Gobierno. Ha tenido que ser un Gobierno
del Partido Popular —y en mi primera intervención he puesto algún
ejemplo— el que de nuevo ahora empiece a trabajar por ellos.

Señorías, cuando llegó este Gobierno su prioridad fue hacer frente
a la situación más difícil de la historia reciente de España: un país
sumido en una crisis que nos situaba al borde del rescate. (Protestas).
Sí, señorías, al borde del rescate, con lo que eso supone para los
ciudadanos y los servicios. Yo no quiero hacer aquí sangre ni mencionar a
nadie, pero todos los días leemos en la prensa lo que supone un rescate
para los ciudadanos y para los servicios de ese país. Pues el primer
compromiso de este Gobierno fue evitar ese rescate, evitar al colapso
económico y, en materia sanitaria, que es la que nos compete a nosotros,
mantener la calidad y la modernización del Sistema Nacional de Salud, dar
respuesta a los compromisos adquiridos, pagar las facturas —que es
muy importante— y hacer reformas, señorías; reformas que garanticen
la sostenibilidad del sistema y hacerlo, si cabe, más justo y
eficiente.

Señorías, puedo estar de acuerdo con algunas opiniones y discrepar
en otras pero lo que no les admito —y en esta Cámara se dice con
demasiada frecuencia— es que ustedes igualen reformas a recortes.
Señorías, esto es falso. Los recortes son los que sufren los ciudadanos
cuando su país ha sido rescatado; esos son recortes. Y las reformas son
las que evitan la intervención, las que preservan los servicios para los
ciudadanos y las que colocan a nuestro país, como ha ocurrido en España,
en la situación que ahora tenemos, o sea, a la cabeza del crecimiento de
la Unión Europea sin haber bajado la calidad del Sistema Nacional de
Salud, que es el que nos compete. Y a ustedes no les he oído nunca en
esta Cámara hacer ese reconocimiento al esfuerzo que este Gobierno ha
hecho, nunca lo han hecho.

Al inicio de esta legislatura, el sistema sanitario español estaba
en riesgo, había una deuda de 16 000 millones de euros, el fraude en el
uso de la tarjeta sanitaria costaba 1000 millones anuales; la
universalidad —salía en la prensa— era un mito; había
diecisiete sistemas diferentes; los parados de larga duración, tres
millones y pico en los ocho años de Gobierno socialista, pagaban el 40 %
por sus medicinas, a pesar de haber perdido su empleo; y el trabajo del
actual Gobierno fue dirigido a mantener el carácter universal, público y
gratuito de nuestro Sistema Nacional de Salud, a convertirlo en un
referente, a pagar las deudas atrasadas —por supuesto que es su
obligación, y así se hizo— y a ayudar a las comunidades autónomas,
que tenían dificultades, señorías. No vengan aquí a contarnos ninguna
historia de que estaban en una isla o en un oasis y que los que estaban
mal eran otros; no, el Fondo de liquidez autonómico y el Fondo de pago a
proveedores en estos tres últimos años han proporcionado a las
comunidades autónomas 122 000 millones de euros. Estos son datos y son
realidades; no me los invento yo ni se los inventa nadie, están ahí. De
estos, el 71 % fueron para servicios públicos fundamentales, senadora
Rivero: para sanidad, para educación, para servicios sociales. Las
comunidades autónomas, la suya en concreto, sabrán a qué han destinado el
dinero que han recibido. Se ha mejorado la gestión. Se ha reducido el
fraude al detectar, por ejemplo, que 200 000 ciudadanos utilizaban
cartillas de pensionistas cuando eran activos. En resumen, se ha sido más
eficiente.

En materia de recursos humanos le di un listado ya antes, cuando
intervine por primera vez. Se ha creado el Registro estatal de
profesionales sanitarios. Se ha llegado a un acuerdo histórico con los
consejos y con los colegios profesionales. Se ha regulado, senador
Iglesias —esto es algo que usted mencionó y es interesante—,
un permiso especial para que los profesionales sanitarios participen en
misiones humanitarias y que esta situación les suponga además un mérito
en su carrera profesional. Además, se ha articulado también que haya un
equipo que pueda intervenir en las emergencias sanitarias de importancia
internacional. En nuestro país, y también en el resto de países del
mundo, hemos vivido una emergencia no hace tanto tiempo. Se han unificado
categorías, de manera que se haga efectiva la movilidad de los
profesionales en todo el territorio nacional, senador Cazalis y senadora
Almiñana. Es más fácil que un médico o una enfermera se vayan a cualquier
país de la Unión Europea a que puedan moverse entre comunidades
autónomas. Esto no tiene ningún sentido. Se han establecido unos baremos
homogéneos precisamente para los concursos de traslados en los distintos
sistemas de salud. Se ha renovado el Consejo Nacional de Especialidades.
Se ha constituido el foro profesional. Se ha aprobado, mediante un
acuerdo, que se considere delito el atentado o las agresiones a los
profesionales sanitarios, y aquí nadie ha dicho una palabra de esto. Esta
medida ya es efectiva a partir del 1 de julio de este año. Hay un
proyecto de real decreto de unidades de gestión clínica, que es una
herramienta importante para ser más eficiente. Yo ya sé que a
determinados grupos la eficiencia les interesa cero o menos cero, por eso
teníamos 16 000 millones sin pagar a los que hubo que hacer frente, y se
pagaron.

En definitiva, el Grupo Popular ha demostrado su compromiso con la
sanidad, con nuestro sistema sanitario y con nuestros profesionales
sanitarios. Esta moción trata de poner orden a esos 17 modelos de carrera
profesional. Para ello tiene que contar, sin duda ninguna, con el
consenso y el acuerdo de las comunidades autónomas. El Consejo
Interterritorial hoy no está formado, como se dijo aquí, solo por
consejeros del Partido Popular, ni muchísimo menos. El resultado de las
elecciones está ahí y nosotros somos conscientes de ello. Por lo tanto,
no nos acusen ustedes de que nosotros podríamos hacerlo en solitario, lo
tenemos que hacer entre todos, como se ha hecho la Ley de cohesión y
calidad, como se ha hecho la LOPS, como se ha hecho el estatuto marco
—al que también me referí en mi primera intervención, senadora
Llinares, aunque usted no me escuchara en aquel momento—. En
definitiva, por unanimidad es como se sacan mejor las leyes, sobre todo
aquellas que afectan a los profesionales sanitarios. El Sistema Nacional
de Salud es una de las joyas de la corona y nosotros queremos
preservarlo. Creemos que ya que las cosas se van superando se puede
llegar a este tipo de acuerdos y es el momento oportuno. Vuelvo a
insistir en que hay contar con la buena voluntad de todos los grupos
políticos, porque sin eso desde luego nuestros profesionales, que son de
todos los colores políticos, no podrán ver hecho realidad algo a lo que
tienen derecho por ley. Si no les gusta, tuvieron ustedes ocho años para
haber hecho modificaciones legales. Ahora parece que les molesta que el
Partido Popular haga reformas o haga modificaciones legales. Nosotros
estamos aquí para trabajar hasta el último día y hasta el último momento
por los españoles, también por los profesionales sanitarios. Les
invitamos a que participen de esta política de acuerdos que benefician a
los profesionales, al Sistema Nacional de Salud y a todos nosotros,
porque todos nosotros en cualquier momento podemos ser usuarios de ese
sistema sanitario y podremos ser atendidos por alguno de esos
profesionales sanitarios.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pan.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario
Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 224;
votos emitidos, 221; a favor, 141; en contra, 1; abstenciones, 79.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

El señor presidente da lectura al punto 9.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado seis
enmiendas: dos del Grupo Parlamentario Vasco, una del Grupo Parlamentario
Convergència i Unió, dos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya y otra del Grupo Parlamentario Socialista. (Rumores). Señorías,
guarden silencio, por favor.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular, el senador Muñoz-Alonso.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Muchas gracias, señor presidente. (El
señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Señorías, puede que algunos de ustedes vean esta moción como una
simple repetición de otra, también sobre Unión Europea, que debatimos y
aprobamos aquí el pasado 13 de mayo. Las coincidencias son evidentes,
pero la razón de ser de la que hoy presenta mi grupo es la de celebrar
con una iniciativa específica el trigésimo aniversario de la firma de la
adhesión de España a las entonces Comunidades Europeas, al mercado común,
como se le decía entonces.

Esta semana y la pasada se están celebrando diferentes actos que
conmemoran aquella importante fecha del 12 de junio de 1985, y mi grupo
ha estimado que era deseable que el Senado se uniera a estas
celebraciones con una iniciativa como la que presentamos, que espero
merezca el apoyo de todos los grupos de la Cámara.

Hoy mismo he leído en la prensa que hay un acto de S. M. el Rey
Felipe VI, en compañía del también Rey don Juan Carlos, que tanto hizo
por la integración de España en Europa, precisamente para celebrar este
trigésimo aniversario. Hablamos entonces de cuánto había significado para
España el ingreso en lo que hoy es la Unión Europea, y voy a tratar de no
repetirme, para lo cual intentaré hacer la pequeña historia del proceso
de adhesión que, sin duda, representa un punto de inflexión fundamental
en la historia contemporánea de nuestro país.

Debe subrayarse que para la inmensa mayoría de los españoles el
profundo anhelo reprimido de libertad y democracia durante la dictadura
estuvo siempre asociado a la esperanza de integrarnos en la Europa
comunitaria. La dictadura incluso contribuyó torpemente a ello cuando en
febrero de 1962 el entonces ministro de Exteriores, Castiella, envió una
carta al presidente de turno de las Comunidades, Couve de Murville,
solicitando la apertura de negociaciones para llegar a una asociación
susceptible de lograr en su día una plena integración, nada menos.
Aquella carta quedó sin respuesta, aunque sí fue objeto de un
protocolario acuse de recibo. Solo unos días antes, el 15 de enero
—y por ello he aludido a la torpeza de aquel Gobierno—, el
Parlamento Europeo había aprobado el informe Bilkerbach que trataba de
cuáles serían las condiciones que debían reunir los candidatos a
integrarse en la Comunidad Europea, y aparte de otros aspectos, había un
significativo párrafo que les leo: Los Estados cuyos gobiernos carecen de
legitimidad democrática y cuyos pueblos no participan en las decisiones
gubernamentales ni directamente ni mediante representantes elegidos
libremente no pueden ser admitidos en el círculo de pueblos que forman
las Comunidades Europeas. Muchos comentaristas entonces concluyeron que
era evidente que el informe, o al menos ese párrafo, se había redactado
pensando en España y Portugal. Quedaba claro que la dictadura era el gran
obstáculo, no solo para que los españoles pudieran ejercer las libertades
públicas, la democracia, sino también para que España ingresara en la
Europa comunitaria, y así es como se unen Europa y libertad.

Aquel Gobierno de España volvió a solicitar la apertura de
conversaciones, pero ya no hablaba de asociación, sino de compromisos
posibles, y ahí se inicia un largo proceso que iba a durar seis años y
que concluyó con la firma del acuerdo preferencial de 29 de junio de 1970
que entró en vigor el 1 de octubre de 1971. Era un simple, aunque
beneficioso acuerdo comercial, similar a otros firmados por las
instituciones de Bruselas con terceros países, pero quedaba bien a la
vista que políticamente el franquismo nunca podría integrarse en el
exclusivo club comunitario.

Concluida la dictadura, el primer Gobierno no dejó de tener
obstáculos en el ámbito europeo. El ministro de Exteriores Areilza hizo
grandes esfuerzos, pero eran contrapesados por las palabras del
presidente del Gobierno de entonces, Arias Navarro, que hablaba de una
democracia con características españolas, sin renunciar a nuestras
tradiciones, y atribuía la Guerra Civil a obstinarnos en organizar
nuestra vida política a imagen y semejanza de otros países occidentales
con diferente tradición política. Era evidente que aquello no encajaba en
Europa. Una revista de aquella época titulaba: Arias lo para todo. Y
Areilza escribió años más tarde lo siguiente: Mi pronóstico de que el
tránsito español iría encaminado a la democracia plural con partidos
políticos, sufragio universal y libertades cívicas plenarias era
escuchado con reticencia escéptica en Londres, La Haya y Copenhague; con
beneplácito en Bruselas, París, Dublín y Roma; y con entusiasmo
cooperativo en Bonn y Luxemburgo.

Tras las primeras elecciones generales del 15 de junio de 1977,
empezaron a clarificarse las cosas de una manera bastante notable, sobre
todo después de que fue aprobada la Constitución de 1978, pero las
dificultades no desaparecieron. Alguien ha escrito, con toda razón, que
el presidente francés, Giscard d?Estaing, hizo todo lo posible por
dificultar y retardar la entrada de España en la Comunidad Europea. El
ministro de Exteriores español, Oreja, que había presentado ya la
solicitud de adhesión el 28 de julio de aquel mismo año 1977, comentó en
algún momento que Giscard se portó muy mal con España. Hubo que esperar
dieciocho meses después de enviada la solicitud de adhesión para que el 5
de febrero de 1979 se celebrase la ceremonia formal de iniciación de las
que habrían de ser largas y complejas negociaciones; y habrían de pasar
otros siete meses hasta que en septiembre de 1979 se inicia el análisis
de los diferentes capítulos del proceso negociador.

Por delante de los países ibéricos, Grecia —otro país
mediterráneo— sería miembro de pleno derecho desde el 1 de enero
de 1981 gracias al apoyo de Giscard a Karamanlis, lo que añadía nuevas
dificultades para España y Portugal, que tuvieron que esperar todavía más
de un lustro. Se nos miró con lupa y exigiéndonos cesiones importantes.
Para Grecia todo fue mucho más fácil; se podría decir, por lo tanto, que
se hizo la vista gorda con lo que ya eran sus patentes insuficiencias,
denunciadas ya entonces por la prensa internacional. Los resultados de
aquella ceguera voluntaria están a la vista. Tuvimos —es
verdad— el apoyo constante de Alemania, y vale la pena recordarlo;
dos Helmut, primero el socialdemócrata Helmut Schmidt y después el
cristianodemócrata Helmut Kohl, lucharon contra ese obstruccionismo, que
no desapareció inmediatamente pero que fue rápidamente superado. El
empuje al final del proceso lo llevó a cabo el presidente Felipe González
que, gracias a sus buenas relaciones con los políticos alemanes, llegó a
la conclusión de que los dos grandes temas de la política exterior
española: la adhesión a la Comunidad Económica Europea y la permanencia
en la OTAN, donde España estaba desde 1981, estaban mucho más
relacionados de lo que pensaban ciertos sectores de la opinión pública
española. No en vano, el informe Birkelbach —al que me he referido
al principio— señalaba como otra de las condiciones exigibles a los
candidatos, literalmente, la participación en los sistemas de seguridad
occidentales y no practicar una política de neutralidad estricta. OTAN y
Europa estaban mucho más unidos de lo que parecía a primera vista, y se
explica así que, tomando nota de todo ello, el presidente González
presentó el 23 de octubre de 1984 en el Congreso de los Diputados el
llamado Decálogo de paz y seguridad que, aunque no hablaba de la
Comunidad Europea, sí contenía un compromiso con la desaparecida unión de
la Europa occidental, un organismo de defensa y seguridad, y en general
una voluntad de permanencia a la Alianza Atlántica y de vinculación con
el sistema occidental de defensa. Aquello sin duda despejó incógnitas y
malos entendidos y aceleró las negociaciones de adhesión haciendo posible
que el 12 de junio de 1985, hace ahora treinta años, se firmara en la
sala de columnas del Palacio Real el Acta de Adhesión de España a las
Comunidades Europeas, y es para celebrar aquel acontecimiento, que es un
hito, un punto de inflexión indudable y positivo, como ya he dicho, por
lo que presentamos al Pleno esta moción. En la exposición de motivos
hacemos un breve repaso de lo que hemos recibido de la Unión Europea y
también de lo que hemos aportado, y el petitum de la moción consta de
seis puntos inicialmente, donde se insta al Gobierno a conmemorar en toda
España los logros del proceso de construcción comunitaria y sus efectos
positivos para nuestro país, a impulsar iniciativas y proyectos de
divulgación que contribuyan a afianzar el sentimiento europeísta, a
apostar por proyectos educativos y culturales que consoliden la
ciudadanía europea, a promover el conocimiento entre los ciudadanos de
los modos de acceso a las instituciones de la Unión, a consolidar el
papel de la Unión Europea como referente en ámbitos como la lucha contra
el cambio climático, la promoción de los derechos humanos y la
cooperación al desarrollo, y finalmente, a fomentar el desarrollo de las
relaciones de la Unión Europea con el resto del mundo con el objeto de
promover un sistema internacional basado en la cooperación multilateral
sólida y en una buena gobernanza mundial.

Hace ya muchos años, nada menos que en 1930, Ortega y Gasset, uno
de nuestros grandes europeístas del siglo XX, escribía: La unidad de
Europa no es una fantasía, sino que es la realidad misma, y la fantasía
es precisamente lo otro, la creencia de que Francia, Alemania, Italia o
España son realidades sustantivas y distintas. Y añadía: Ahora se va a
ver si los europeos son también hijos de la mujer de Lot y se obstinan en
hacer historia con la cabeza vuelta hacia atrás. Desgraciadamente los
europeos se obstinaron y a los pocos años Europa se deslizó por el
terrible abismo de la Segunda Guerra Mundial. Pero ochenta y cinco años
después de aquellas palabras, aquella, podríamos decir, profecía de
Ortega, que fue primero frustrada, como hemos dicho, se hizo realidad,
pues treinta años después de nuestro ingreso en lo que es hoy la Unión
Europea reafirmamos nuestra voluntad de avanzar hacia una unión más
perfecta que consiga para Europa el lugar que se merece en el mundo. Yo
estoy seguro de que todos los miembros de esta Cámara comparten estas
convicciones europeístas y también los objetivos que se pretenden con
esta moción. Europa ha sido siempre nuestro horizonte y lo tiene que
seguir siendo, necesitamos a Europa y Europa nos necesita. Por todo ello,
señorías, les solicito el voto favorable a esta moción que presenta mi
grupo ante este Pleno.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Muñoz-Alonso.

A esta moción se ha presentado una transaccional firmada por todos
los grupos, excepto el Grupo Parlamentario Mixto. Es decir, decaen las
dos enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco, así como las
presentadas por Convergència i Unió, por Entesa y por el Grupo
Socialista.

Por tanto, pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el
senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor
presidente.

Hemos oído con atención la intervención del senador Alejandro
Muñoz-Alonso. Nos imaginamos que si él hubiera sido redactor de la moción
presentada hubiera tenido algunas calorías de más. Es una moción que se
ha enriquecido con las enmiendas presentadas, tanto por el Grupo
Parlamentario Socialista como por nuestro propio grupo parlamentario,
porque en el asunto europeo se tiende mucho a la retórica, a decir lo
buenos que somos, lo buena que es Europa, lo maravilloso que es ese
espacio común, esa libertad de desplazamiento de capitales, de personas,
etcétera. En fin, se nos llena la boda de grandes frases.

En primer lugar, voy a defender aquí esas dos enmiendas, sobre
todo porque es la esencia de lo que hemos presentado. Ustedes saben que
el Congreso de los Diputados tiene la primacía a la hora de hacer
política porque, fundamentalmente, allí se elige al presidente del
Gobierno o a la presidenta del Gobierno en el futuro, pero también se
celebran los debates no solamente de investidura, sino también sobre el
Estado de la nación. Igualmente se celebran debates cada seis meses
después de cada cumbre comunitaria; la cumbre comunitaria ha sido
presidida por el Gobierno de Riga, y en este semestre, que se inicia el 1
de julio, va a ser presidida por Luxemburgo, y, lógicamente, antes y
después suele haber reuniones en la Comisión Mixta Congreso-Senado para
hablar de los planteamientos que se van a hacer en estas cumbres
comunitarias. Y el presidente del Gobierno tiene la obligación de
comparecer antes las Cámaras, pero lo hace solo ante el Congreso, y
nosotros decimos: ¿y por qué solo ante el Congreso? ¿Por qué no viene
aquí, al Senado? Parece que seamos el patito feo.

Señorías, estaba comentando con el portavoz de mi grupo que ayer
ocurrió aquí un hecho insólito, hubo una bronca fuerte. ¿Ustedes han
visto alguna línea en el periódico? No, ¿verdad? ¿Qué habría pasado si
esa bronca hubiera ocurrido en el Congreso? Pues, indudablemente, hubiera
abierto todas las portadas y todos los informativos. Es decir, sabemos
que no es una Cámara de segunda lectura sino de octava lectura, sabemos
cuál es su protagonismo, sabemos que a los periodistas les importa un
pito lo que ocurra en esta Cámara, salvo cuando a ellos les interesa o
cuando viene el Gobierno. Pero, indudablemente, esta Cámara existe y aquí
se puede hacer el seguimiento de los temas europeos mejor que en el
Congreso de los Diputados, incluso una de las iniciativas de la reforma
del Reglamento del Senado debería ser que los debates europeos tuvieran
lugar aquí y la trasposición de las directivas comunitarias se
discutieran en esta Cámara con mayor sosiego, con mayor detenimiento y
con mayor protagonismo, y que viniera aquí el presidente del
Gobierno.

Esta enmienda ha sido aprobada inmediatamente por el senador
Alejandro Muñoz-Alonso, que lleva muchos años tratando de que esta
iniciativa se haga también en el Senado. Estamos satisfechos de ello, y
además tengo que decir, como miembro de la ponencia de la reforma del
Senado, que en el punto 14 habíamos planteado el tema de la Unión
Europea, y no solamente para los debates después de las cumbres
comunitarias, sino también para la creación de una comisión europea y la
eliminación de la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea
con objeto de dar muchísimo más protagonismo a esta Cámara. No sé si va a
prosperar o no esta iniciativa, pero está contemplada en el borrador de
ponencia de cambio del Reglamento de esta Cámara como consecuencia de
aquella moción que se aprobó al inicio de la legislatura.

En segundo lugar, hemos presentado otra iniciativa diciendo que
Europa no se va a lograr si no se cede o no se comparte soberanía.
Volviendo un poco al viejo debate que tenemos con el senador Muñoz-Alonso
de cómo se hace una tortilla de patatas, les diré que para que una
tortilla de patatas se haga, indudablemente tiene que haber patatas y
estas tienen que ser buenas, y ojalá sean patatas de Álava, pero también
hay que romper huevos, porque si no, no hay tortilla de patatas. Esa
Europa no se va a construir si no se cede y se comparte soberanía, y lo
estamos viendo todos y cada uno de los días.

Fíjense ustedes en la noticia que aparece en El País. Resulta que
los norteamericanos van a desplegar 250 tanques en el este de Europa,
concretamente en Polonia, Rumanía y los Países Bálticos, y la noticia la
da el secretario de Defensa Ashton Carter, que dice que el este de Europa
no está suficientemente protegido. No la da una autoridad europea, la da
el secretario de Estado de Defensa de los Estados Unidos porque,
lógicamente, Polonia, Rumanía y los Países Bálticos están nerviosos. Es
decir, no tenemos una política de defensa, y una política de defensa en
Europa, en un espacio europeo es fundamental. Hay que ceder soberanía
para no tener 28 ejércitos bonsáis que no sirven más que para desfilar de
vez en cuando y mal. No existe esa política de defensa porque los
norteamericanos tienen que trasladar 250 tanques al este de Europa. Eso
es lo que nosotros decimos cuando hay que ceder y compartir
soberanía.

También hablamos de la política exterior, porque, a fin de
cuentas, unos Estados interpretan que Europa tiene que ser una unión de
Estados, otros de regiones, etcétera, pero fundamentalmente es un espacio
de libertad y es un espacio que tiene que tener una política exterior
común. Ayer, nosotros le hicimos una pregunta al ministro de Exteriores
—que la verdad es que es un personaje bastante disperso—
sobre por qué no hacer un Plan Marshall para África, y nos contestó como
ustedes escucharon. Salió por peteneras, como siempre, diciendo que yo en
lugar de decir que el presidente de la Comisión había sido José Manuel
Dura͂o Barroso, le había llamado Antonio Barroso. ¡Fíjese qué cosa
más importante! Me equivoqué, porque el presidente del Centro Andaluz de
Barakaldo, donde he hecho campaña, se llama Antonio Barroso. Las
tonterías de este hombre son continuas. No hemos tenido en estos cuatro
años una política europea de verdad. Esta política exterior debía haber
sido una política común en relación con los derechos humanos en
Venezuela; una política común en relación con lo que va a ocurrir en Gran
Bretaña, con su referéndum dentro de poco; una política común con
Ucrania, porque parte de culpa de lo que ha ocurrido en Ucrania, Crimea y
Rusia la ha tenido Europa por su dejación y por los movimientos que ha
hecho; una política común con lo que ha ocurrido en Nepal. ¿Existe Nepal?
Pues sí, existe Nepal, hay una serie de seres humanos abandonados a su
suerte y ya no sabemos nada. Una política sobre inmigración, pues sobre
este asunto solamente hablamos de fronteras, de gente que se ahoga en
esas terribles luchas por la vida de todos los africanos que huyen del
hambre y de la persecución política y, sin embargo, solamente hablamos de
Ceuta y de Melilla y de la inmigración, que no sabemos qué hacer con
ella, y de los cupos, en lugar de hacer una política africana hacia
África para que la gente no se tenga que marchar.

Podríamos hablar así de muchos temas. Por ejemplo, una unión
económica y monetaria y una unión bancaria. Si hubiera habido una unión
económica, monetaria y bancaria, indudablemente la crisis de Grecia no se
habría producido, y no se habría producido porque California es la novena
economía de Europa y es un Estado norteamericano quebrado, pero existe la
Reserva Federal. ¿Alguien se ha enterado de que California está quebrada?
No, y fíjese lo que supone California en Estados Unidos. En cambio, con
Grecia, que es el 2,5 del PIB europeo, estamos todos en un ay porque el
señor Tsipras se anda paseando por todos los Gobiernos europeos y el
señor Varufakis con su moto y su casco está haciendo una política muy
rastrera en relación con lo que se habían comprometido en una campaña
electoral, pero haciendo política con los fondos de los demás. Eso no
habría ocurrido si hubiera habido una unión económica y monetaria. Y
necesitamos una política común energética, eso es fundamental, y, sobre
todo, tener un cielo europeo.

El otro día, cuando compareció en la Comisión Mixta, el secretario
de Estado Íñigo Méndez de Vigo nos habló de la importancia de la agenda
digital europea y de los problemas que tiene con los contenidos y con los
derechos de autor. Pero llevamos tiempo hablando de la agenda digital
europea. Los Estados Unidos tienen una agenda digital europea única y en
Europa hay veintiocho agendas digitales. ¿Y por qué ocurre todo esto?
Porque no se comparte soberanía, porque no se cede soberanía, porque no
hay una idea europea, salvo la de qué hay de lo mío. Critico a Bruselas
porque no me gusta lo que hace y porque no me da lo que yo pido. Pero eso
no es europeísmo. Tendría que haber, sobre todo, un etos europeo que
habría de ser reafirmado continuamente en unos informativos, por ejemplo,
en los de Televisión Española, que es un ente público, o en los de los
entes públicos de las comunidades autónomas; entes que deberían tener la
obligación de dar por lo menos una noticia sobre temas europeos, porque
el 70 % de la legislación que de alguna forma afecta a nuestra vida
diaria se aprueba en Bruselas o en Estrasburgo y no se aprueba en los
parlamentos llamados estatales o nacionales o como quieran ustedes; y no
tenemos medios de comunicación que lo hagan.

A mí me ha tocado vivir durante estos años con ministros de
Asuntos Exteriores de todo tipo, con los ministros Morán, Solana,
Ordóñez, Westendorp, Matutes, Piqué, De Palacio, Moratinos, Trinidad
Jiménez y García-Margallo. Quizás los más europeístas y los que mejor lo
han hecho han sido Francisco Fernández Ordóñez y Josep Piqué y los
peores, indudablemente, Ana de Palacio y José Manuel García-Margallo, que
ha utilizado la política exterior para hablar de Cataluña.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, vaya
finalizando.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Sí, señor presidente, termino.

Quería despedirme con un saludito al señor García-Margallo, que lo
ha hecho francamente mal. La verdad es que las ideas que esboza para una
política exterior española no son muy europeas, a pesar de que él dice
que se considera federalista y de que el federalismo es lo que tiene que
primar a la hora de avanzar en la construcción europea. Nosotros hemos
cedido en la negociación con el senador Alejandro Muñoz-Alonso; hemos
presentado una enmienda conjuntamente que, lógicamente, vamos a aprobar;
felicitamos, por tanto, al senador Muñoz-Alonso; y ojalá que algún día le
hagan ministro de Asuntos Exteriores que lo hará bien y no como la
calamidad que tenemos en estos momentos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el
senador señor Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gràcies senyor president.

Senyores i senyors senadors. Ho ha recordat el senador
Muñoz-Alonso a l’inici de la seva intervenció, i és que a penes fa
cinc setmanes vam tenir l’oportunitat de debatre una moció molt
similar en aquesta Cambra sobre la Unió Europea, presentada per ell
mateix. Una moció que en aquell moment ja vàrem qualificar de
manifestament insuficient, una moció que era tèbia, la moció que ens
ocupa avui, algú l’ha qualificat de gasosa, en definitiva estem
també davant d’una moció mancada d’un contingut rellevant.
Hagués estat bé que el compromís que el senador Muñoz-Alonso va adquirir
en el debat al que estem fen referència, d’impulsar una moció
conjunta de tots els grups parlamentaris, compartint la nostre voluntat
europeista i que realment tingués un fort contingut. Sabem que no ha
estat responsabilitat seva, que ha estat iniciativa del grup, però en
qualsevol cas, hagués estat una bona ocasió, amb motiu del trentè
aniversari de l’adhesió d’Espanya a les Comunitats Europees,
haver aprofitat per realment poder prendre un acord solemne al Senat
d’Espanya, precisament de caràcter europeista, però sobre tot, no
sols parlant de què hem de fer pedagògica d’això que representa la
Unió Europea, sinó sobre tot fent una aposta també per el futur de la
Unió Europea, una aposta que passa per un avenç i per una modificació,
precisament d’això que representa la Unió Europea en
l’actualitat. Perquè no n’hi ha prou amb la trajectòria, la
trajectòria de pertinència d’Espanya a la Unió Europea, la pròpia
trajectòria de la Unió Europea és força positiva, ha estat molt important
precisament per el conjunt dels vint-i—vuit països que la formen i
que s’han anat adherint en diferents moments, ha esta molt
important per Espanya, hi ha gent avui que des d’una posició
euroescèptica qüestiona aquesta importància, res més lluny de la
realitat: ha estat molt important per Espanya l’adhesió a la Unió
Europea i estem segurs que el nostre futur passa per continuar formant-ne
part, d’una Unió Europea que la volem precisament més integrada,
una Unió Europea que volem que sigui una veritable unió política, una
Unió Europea que volem que realment cohesioni el conjunt del països del
vell continent europeu.

La moció parla, com parlava l’altre moció de referència, de
fer una certa pedagogia dels valors que representa Europa, que representa
la Unió Europea. Estem d’acord, fer-ne difusió, fer promoció,
impulsar el coneixement del què representa la Unió, sense cap mena de
dubtes, és important, encara que no és suficient. Però sobre tot, una
qüestió molt important avui és combatre la creixent desafecció cap a la
Unió Europea. A Espanya sempre hem presumit de que som un dels països on
la societat espanyola és de les més europeistes del conjunt de la Unió.
Però com a conseqüència dels efectes de la crisi econòmica que estem
patint, la desafecció ha anat incrementant-se en el si de la societat
espanyola. Una part important dels nostres conciutadans han caigut en el
parany d’identificar les conseqüències de la crisi com una
conseqüència de les polítiques europees, que hi ha una part de veritat en
això, però evidentment la crisi va molt més enllà del que han estat les
polítiques de la Unió Europea. Unes polítiques que han primat
l’austeritat per sobre del creixement, que han primat
l’austeritat per sobre de la cohesió social i unes polítiques, per
tant, que certament han perjudicat els sectors més dèbils de la societat
europea. Per això, per combatre la desafecció, el que cal i és molt
important, és reforçar i garantir l’estat del benestar, reforçar i
garantir la plena ocupació, reforçar i garantir precisament la cohesió de
la societat europea. És per aquí on farem més política a favor de la Unió
Europea, no sols amb campanyes de promoció, de publicitat, de pedagogia
si es vol, però en qualsevol cas, campanyes informatives. El que cal és
canviar les polítiques, avançar en polítiques com l’actual Comissió
Europea sembla que està impulsant, almenys parcialment, amb el pla
Juncker i d’altres, que són polítiques d’intentar afavorir el
creixement i sobre tot de mantenir allò que és una característica de la
Unió Europea, que és l’estat del benestar, aquesta sanitat
universal, aquesta educació universal i gratuïta, tot el que és la base
de la societat europea i que és un model que, evidentment és vàlid per
exportar a la resta del món. És per això que havíem plantejat una esmena
en aquest sentit, que li agraeixo al senador Muñoz-Alonso que
l’hagi recollit i integrat a la transaccional, que finalment hem
arribat a signar la gran majoria dels grups d’aquesta Cambra.

Així mateix, Europa, i així ho defineix el Tractat de la Unió
Europea, igual que és l’origen de l’estat del benestar, és
també un espai de llibertat, de seguretat i de justícia. Aquest és un
dels objectius clars que el Tractat Constitutiu de la Unió Europea
planteja: precisament que la societat europea sigui un espai on la
llibertat, la seguretat i la justícia estiguin garantides. Tres valors
que van íntimament lligats. No pot haver-hi llibertat sense seguretat i
sense justícia no es pot ser lliure. Si un no se sent segur i no te
garantit un tracte just, igual que no hi ha seguretat sense llibertat i
sense justícia, o no hi ha justícia sense llibertat i seguretat. Això és
molt important, és molt important la garantia que dins les fronteres de
la Unió Europea estiguin garantits aquests tres valors. Però també és
important que Europa es constitueixi en un referent global, en un
referent universal, precisament d’aquests valors. És important que
Europa sigui un referent global en matèria de llibertats i de drets
humans. Allò que configura una part important de la tradició europea, de
l’Europa moderna, que és on sorgeix l’idea de les llibertats,
l’idea dels drets humans, és profundament europea. Europa ha de ser
un referent universal en aquest sentit, però ha de ser un referent
universal fent que aquests valors de llibertat i els drets humans
s’impulsin i reconeguin arreu del món. Per això havíem plantejat un
altre esmena en el sentit de que això es fes també en el marc
d’impulsar el concepte de justícia universal. Aquest concepte que
la majoria del Partit Popular a les Corts Generals, en aquestes Corts,
tant al Congrés con al Senat, va fer que es modifiqués i que Espanya hagi
deixat d’aplicar aquest principi de justícia universal. És molt
important que Europa sigui un referent i és important que des
d’Europa precisament, es participi i s’impulsi el respecte
als drets humans i a les llibertats arreu d’aquest món globalitzat.
Com també és important el caràcter d’acollida d’Europa,
aquesta Europa de la llibertat, de la seguretat i de la justícia ha de
ser un continent acollidor, ha de ser un espai acollidor des del moment
que tenim la gran crisi humanitària dels refugiats. És un greu problema
humanitari, un gravíssim problema humanitari que fa que totes les
setmanes assistim a la noticia recurrent, dramàticament recurrent, de que
han hagut naufragis, han hagut morts, centenars, milers de morts, de gent
que fugen de condicions terribles de guerra, de persecució, de fam, en
els seus països d’origen i que intenten accedir al Continent
Europeu. A Europa fins avui no hem estat capaços de donar resposta a
aquest drama humanitari, no hem estat capaços d’estar a
l’alçada d’allò que se suposa que ha de ser la societat
europea. Ha de ser aquest espai de llibertat, de drets humans, aquest
espai de seguretat i de justícia, també per els perseguits, també per a
la gent que pateixen persecució i que demanen protecció i asil al conjunt
de la Unió Europea. No és acceptable per tant una frase que hi ha al
preàmbul de la moció, on es diu que se apuesta por una gestión eficiente
de los flujos migratorios. Una gestió eficient dels fluxos migratoris
parla, en definitiva d’un concepte econòmica, fins on arriba el
pressupost. Una qüestió humanitària no es pot tractar, una gravíssima
crisi humanitària com aquesta no es pot tractar en funció d’allò
que marca el pressupost. Cal posar els recursos necessaris per poder fer
aquesta política d’acolliment que és el que en definitiva hauria de
fer la Unió Europea.

Vaig acabant. És important també apostar, ho deia el senador
Anasagasti fa un moment, reforçar precisament la política de seguretat i
defensa comuna. És una de les grans mancances de la Unió Europea. En
aquest moment que tenim una greu crisi, amb dos problemes importants de
seguretat, de defensa, tant a l’Europa Oriental, com al Pròxim
Orient i al Mediterrani, que afecta d’una manera especial a
Espanya, Europa continua mancada d’aquesta política comuna de
defensa. Parlem de seguretat i de defensa, es parla de mesures
antiterroristes internes, però en realitat e què s’hauria de fer és
ser capaços de ser un actor global, un actor internacional, amb una
política de defensa que ens permeti intervenir i actuar i tenir força
política precisament allà on s’està generant el conflicte, com és
el Pròxim Orient i el Nord d’Àfrica, per precisament garantir
aquesta seguretat que la societat europea reclama i contribuir també a la
seguretat mundial. És una de les grans mancances i que s’haurà de
resoldre.

I finalment hem d’apostar perquè Europa, i això sí que ho
recull parcialment la moció, i és important, s’acabi convertint en
una gran unió política de tall federal, una unió política de caràcter
federalitzant, una unió política federal, que realment és el que ha de
ser el futur de la Unió Europea.

Per tot això, i malgrat les mancances, votarem favorablement la
moció que avui es sotmet a votació.

Gràcies senyor president.

Gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, el señor Muñoz-Alonso ha recordado al
inicio de su intervención que hace apenas cinco semanas tuvimos la
oportunidad de debatir una moción muy parecida en esta Cámara sobre la
Unión Europea presentada por él; una moción que en aquel momento
calificamos de manifiestamente insuficiente; una moción tibia; también
hoy, alguien ha calificado a la moción que nos ocupa de sosa; estamos
ante una moción a la que le falta un contenido relevante. Hubiese estado
bien que la moción, puesto que el senador Muñoz-Alonso adquirió en el
debate al que estamos haciendo referencia el compromiso de impulsar una
moción conjunta con todos los grupos parlamentarios que compartieran
nuestra voluntad europeísta, hubiese tenido realmente un contenido
fuerte. Sabemos que no ha sido responsabilidad suya; ha sido iniciativa
de su grupo, pero, en cualquier caso, hubiese sido una buena ocasión de
llegar, con motivo del XXX aniversario de la adhesión de España a las
Comunidades Europeas, a un acuerdo solemne en el Senado español de
carácter europeísta; para que no hablemos solo de que tenemos que hacer
pedagogía sobre lo que representa la Unión Europea, y sí de hacer una
apuesta de futuro para la Unión Europea; una apuesta que pase por un
avance, por una modificación de lo que representa la Unión Europea en la
actualidad porque no es suficiente con su trayectoria de hoy. La
trayectoria de España en la Unión Europea, la propia trayectoria de la
Unión Europea es muy positiva, y ha sido muy importante para España y
para el conjunto de los veintiocho países que la formamos y que se han
ido adhiriendo en diferentes momentos. Hay gente hoy que, en su posición
euroescéptica cuestiona esta importancia; nada más lejos de la realidad;
para España ha sido muy importante esta adhesión a la Unión Europea, y
estamos seguros de que nuestro futuro pasa por continuar formando parte
de una Unión Europea que queremos más integrada, de una auténtica unión
política que cohesione el conjunto de los países del viejo continente
europeo.

La moción habla, sobre todo, igual que la otra moción de
referencia, de hacer promoción, de hacer una cierta pedagogía de los
valores que representa Europa, que representa la Unión Europea. Estamos
de acuerdo. Hay que hacer difusión y promoción; hay que dar a conocer lo
que representa la Unión sin ningún tipo de dudas; es importante, aunque
no suficiente. Pero hoy una cuestión muy importante es combatir la
creciente desafección a la Unión Europea. En España siempre hemos
presumido de que somos uno de los países con una sociedad más
europeístas, de las más europeístas del conjunto de la Unión, pero la
desafección, como consecuencia de los efectos de la crisis económica que
estamos sufriendo, ha ido incrementándose en el seno de la sociedad
española. Una parte importante de nuestros conciudadanos han caído en la
trampa de identificar las consecuencias de la crisis con la aplicación de
las políticas europeas. Hay una parte de verdad en ello, pero, realmente,
la crisis va mucho más allá de lo que han sido las políticas de la Unión
Europea; unas políticas que han primado la austeridad por encima del
crecimiento, que han primado la austeridad por encima de la cohesión
social; unas políticas que, ciertamente, han perjudicado a los sectores
más débiles de la sociedad europea.






Para combatir esta desafección es muy
importante reforzar y garantizar el Estado del bienestar, reforzar y
garantizar la plena ocupación, y reforzar y garantizar la cohesión de la
sociedad europea. Por este camino es por donde tenemos que ir porque
haremos más política a favor de la Unión Europea que no solo con campañas
de promoción, de publicidad, o con pedagogía, si se quiere; campañas
informativas en cualquier caso. Lo que es necesario es cambiar las
políticas, avanzar con políticas como las que está impulsando la actual
Comisión Europea, al menos parcialmente, con el plan Juncker y otros, con
políticas para intentar favorecer el crecimiento y, sobre todo, para
mantener una característica de la Unión Europea: el Estado del bienestar,
la sanidad universal, la educación universal y gratuita, y todo lo que
significa la base de la sociedad europea, que es un modelo que,
evidentemente, es válido para exportar al resto del mundo. Por eso, hemos
presentado una enmienda en este sentido que agradezco al señor
Muñoz-Alonso que haya recogido e integrado en la transaccional, una
transaccional que finalmente hemos llegado a firmar la gran mayoría de
los grupos de esta Cámara.

Asimismo, Europa —y así lo define el Tratado de la Unión
Europea—, igual que es el origen del Estado del bienestar es
también un espacio de libertad, de seguridad y de justicia. Este es uno
de los objetivos claros que el Tratado Constitutivo de la Unión Europea
precisamente plantea, que la sociedad europea sea un espacio en el que la
libertad, la seguridad y la justicia estén garantizadas. Son tres
conceptos, tres valores, que van íntimamente vinculados. No puede haber
libertad sin seguridad y sin justicia no se puede ser libre. Si uno no se
siente seguro y no tiene garantizado un trato justo no se puede ser
libre; igual que no hay libertad sin justicia, no hay justicia sin
libertad y seguridad. Esto es muy importante. Es muy importante que
dentro de las fronteras de la Unión Europea estén garantizados estos tres
valores, pero también es importante que Europa se constituya en un
referente global, universal, precisamente, de estos valores. Es
importante que Europa sea un referente global en materia de libertades y
de derechos humanos, materia que configura una parte importante de la
tradición europea de la Europa moderna, pues es en Europa donde surge
precisamente la idea de las libertades, de los derechos humanos; una idea
profundamente europea. Europa, como digo, tiene que ser un referente
universal en este sentido, pero ha de serlo haciendo que estos valores de
libertad y de derechos humanos se impulsen y reconozcan en todo el mundo.
Por eso, hemos presentado otra enmienda para impulsar el concepto de
justicia universal; un concepto que la mayoría del Partido Popular en las
Cortes, tanto en el Congreso como en el Senado, hizo que se modificara y
que España, precisamente, ha dejado de aplicar.

Es muy importante que Europa sea un referente y que participe en
el impulso y en el respeto a los derechos humanos y a las libertades en
todo este mundo globalizado. Como también es importante su carácter de
lugar de acogida. Esta Europa de las libertades, de la seguridad y de la
justicia tiene que ser un continente y un espacio acogedor en un momento
en que tenemos una gran crisis humanitaria de refugiados. Es un gravísimo
problema humanitario que hace que todas las semanas veamos noticias
recurrentes, dramáticas, sobre naufragios y sobre la muerte de centenares
e incluso millares de personas que huyen de condiciones terribles, de
guerra, de persecuciones o de hambre, en sus países de origen y que
intentan acceder al continente europeo. Hasta hoy, en Europa no hemos
sido capaces de dar respuesta a este drama humanitario ni de estar a la
altura de lo que se supone que tiene que ser la sociedad europea: un
espacio de libertad, de derechos humanos, de seguridad y de justicia,
también para los perseguidos, para los que sufren persecución y piden
protección y asilo al conjunto de la Unión Europea. Por tanto, no es
aceptable la frase que está en el preámbulo de la moción que dice que se
apuesta por una gestión eficiente de los flujos migratorios. Y no lo es
porque una gestión eficiente de los flujos habla, en definitiva, de un
concepto económico; hasta donde llega el presupuesto. Una gravísima
cuestión humanitaria como esta no se puede tratar así, en función de lo
que marca el presupuesto. Hay que poner los recursos necesarios para
desarrollar esta política de acogida, que es lo que en definitiva debería
hacer la Unión Europea.

Voy terminando. También es importante reforzar —el senador
Anasagasti hacía referencia a ello— la política de seguridad y
defensa común, que es una de las grandes lagunas de la Unión Europea. En
este momento, cuando tenemos una crisis grave con dos problemas
importantes de seguridad y defensa tanto en la Europa Oriental como en el
Próximo Oriente y en el Mediterráneo que afectan de manera especial a
España, en Europa sigue faltando una política común de defensa. Hablamos
de seguridad y defensa, de medidas antiterroristas internas, pero
deberíamos ser capaces de convertirnos en un actor global, internacional,
con una política de defensa que nos permita intervenir, actuar y tener
fuerza política precisamente en los lugares en los que se está generando
el conflicto, como el Próximo Oriente o el norte de África, para
garantizar esta seguridad que la sociedad europea reclama y contribuir
también a la seguridad mundial. Esta es una de las grandes lagunas que
tenemos que resolver.

Finalmente, hemos de apostar —y esto sí que lo recoge
parcialmente la moción y es importante— para que Europa se acabe
convirtiendo en una gran unión política de carácter federal. Este tiene
que ser realmente el futuro de la Unión Europea.

Por todo ello y a pesar de estas lagunas, votaremos favorablemente
a la moción que hoy se somete a votación.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias.

Tiene la palabra el señor Plana.

El señor PLANA FARRAN : Gràcies president.

En primer lloc, el reconeixement al senador Muñoz-Alonso per la
seva voluntat de trobar punts de trobada. I mai millor dit i ben
fonamentat, doncs el que cal en el discurs d’aquesta moció. Crec
que això se li ha de reconèixer, aquesta voluntat d’encontre, que
al cap i a la fi és el que hauria de ser el que ens porti avui a debatre
aquesta moció que vol ficar en valor aquest trentè aniversari de
l’adhesió de l’Estat espanyol a les Comunitats Europees. Des
del meu territori, des de Catalunya, sempre ens hem mirat en Europa com
un punt de referència. La nostra esperança és Europa. La nostra forma de
fer és molt europeista, i després també des del punt de vista del partit
que represento, en aquest cas, Unió Democràtica de Catalunya, on els
principis fonamentals i programàtics del nostre corpus doctrinal es basen
en aquells principis de De Gasperi, Adenauer, Maritain, van aportar el
que voldríem que fos aquesta Europa de les persones, aquesta Europa de
l’humanisme, aquesta Europa on l’element central
d’actuació es el principi de subsidiarietat i l’humanisme
entès d’una manera el més extensa possible.

Però anem a fer una mica de memòria d’on hem arribat en
aquest trentè aniversari i d’on ve Europa, aquella voluntat de
mantenir un espai de pau on, estadísticament, a l’espai europeu
cada 50 anys hi havia una guerra; i una de les voluntats inicials i la
més principal va ser mantenir un espai lliure de guerres, dins de les
possibilitats. Un altre dels elements fonamentals d’aquesta
política europea va ser la PAC, aquesta sobirania alimentària que es va
crear com a element vertebrador d’un espai europeu. Aquesta
sobirania alimentaria que ara se’n torna a parlar, crec que és un
dels punts que s’ha de fer esment i s’ha de continuar. A més
a més, ha vingut la unió monetària, de forma no complerta, no fa gaire
temps es va aprovar la unitat bancària; elements que hem anat parlant en
l’anterior moció que vostè mateix va presentar. Ara bé, Europa ha
d’esdevenir un espai on hi hagi la compatibilitat entre el
creixement i la distribució: el creixement econòmic i la distribució
justa, a més d’una exigència de cohesió social. I aquests són punts
ineludibles que li agraeixo que en les aportacions que hem fet vostè les
ha incorporat, senador Muñoz-Alonso, d’una forma genèrica en
aquesta transaccional dels diferents partits polítics. I hem cedit. I hem
cedit en aquest cas, tant el grup de Convergència com el d’Unió.
Hem cedit, entre d’altres coses, perquè no volíem —com diu
aquella expressió catalana—, carregar-li el mort, culpabilitzar, a
Europa d’una mancança que ve per part de l’Estat espanyol:
que és la possibilitat de reconèixer i d’utilitzar la llengua
catalana en les institucions europees; són mecanismes que pertanyen i que
estan en mans del Estat o del Govern de l’Estat espanyol de torn. I
això no és únicament i exclusiva patrimonialitzable al deure del Partit
Popular, la resta de partits polítics que l’han precedit també han
anat en aquest línia. És per això que també vull fer esment
d’aquesta arrel social-cristiana.

I vull recordar el discurs que va fer el papa Francesc al
parlament europeu, que va recollir l’aplaudiment de gairebé totes
les forces, la unanimitat de totes les forces parlamentàries, amb la seva
visió d’allò què ha representat l’espai europeu a favor dels
drets humans, dels drets de les persones, d’allò que ha de fer i
d’aquells límits o d’aquells fonaments a què vol arribar. I
amb això crec que tots hi estaríem d’acord. Vostè ha parlat de
cessió, altres senadors que m’han precedit, doncs també han parlat
de cessió. Europa és això, o hauria de ser això, cessió de les
competències exclusives dels Estats: transformar una Europa dels estats
que es va crear a partir de la pau de Westfalia en una Europa dels
pobles, en una Europa on els diferents pobles es poguessin veure
representats. Evidentment que ara l’instrument és l’Estat,
però cal recordar que segons quins pobles, segons quins territoris
—i en aquest cas Catalunya— reclamem, reclamem, perquè dins
el nostre ADN català, el nostre esperit és europeista, que hagi aquest
espai. I aquest espai ha de ser possible, i ha de ser possible entre
d’altres coses perquè qui pot ajudar a aquest reconeixement són els
estats. I ha de ser una Europa de les persones, no una Europa dels estats
com molt bé ha dit el senador Anasagasti on tothom va a preguntar ¿Qué
hay de lo mío? Catalunya és un territori que és un contribuïdor net a
Europa. I ho volem continuar sent, però també ha d’haver-hi un
retorn, i ha d’haver-hi una coresponsabilitat per part
d’aquells estats que conformen l’espai Europeu, perquè dins
d’aquests estats hi ha pobles que tenen diferents voluntats
d’arribar al seu màxim exponent polític, que cal que siguin
representats.

No vull entrar en una qüestió que crec que ahir es va esmentar i
que no voldria que fos cavall de batalla. El parlament europeu permet que
aquells euroescèptics tinguin veu i tinguin vot. És el màxim estadi de la
democràcia. I per això no se’ls titlli de bons o dolents europeus.
I això ho dic arrel de les manifestacions que ahir es van fer en aquesta
seu parlamentària pel que fa a discriminar —i es va dir
així—, els catalans entre bons i dolents catalans. No entrem en
aquest debat. Tothom des del seu punt de vista vol fer l’aportació
més adequada possible a allò que pot ser millor per aquelles persones que
conformen el seu territori. I ahir es va fer una manifestació al respecte
d’algunes persones que poden tenir alguna adscripció política, de
si eren bons o dolents catalans, com diuen vostès: nego la mayor, i
reivindico aquí totes aquelles persones que poden formar part
d’algunes organitzacions polítiques que són excel·lents persones i
que són excel·lents catalans, i d’altres que són d’altres
formacions polítiques que són excel·lents catalans.

Per tant, no entrem en aquest sentit d’exclusió perquè tots
prendrem malament. Si volem aquesta Europa de les persones, on tothom que
respecti uns límits hi tingui cabuda, jo el que sí que reclamo és que es
comenci per baix, i que no entrem a establir diferents categories. Sap
quina és la categoria, en aquest cas del poble Català? Que vol ser
escoltat i que vol ser preguntat. I quin exercici més democràtic que es
pugui fer aquesta pregunta i aquesta qüestió amb la qual se pugui
preguntar i puguin ser consultats. Un 80 % de la societat catalana està
perquè es pugui consultar i Europa, aquesta Europa democràtica, crec que
no es negarà, de cap de les maneres, que hi hagi aquesta consulta i que
pugui el poble català amb la seva pròpia sobirania parlar en les urnes,
que és la forma, com a mínim, la més civilitzada que hem pogut anar
construint entre tots en aquesta situació i en la actualitat.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

En primer lugar, quiero expresar mi reconocimiento al senador
Muñoz-Alonso por su voluntad de buscar puntos de encuentro, nunca mejor
dicho ni con más fundamento, ya que es algo necesario en el debate de
esta moción. Creo que esta voluntad de encuentro tiene que reconocerse,
que es, al fin y al cabo, la que debería llevarnos hoy a debatir esta
moción que quiere poner de relieve este trigésimo aniversario de la
adhesión del Estado español a las Comunidades Europeas. En mi territorio,
en Cataluña, siempre hemos tenido a Europa como un punto de referencia.
Nuestra esperanza es Europa, nuestra forma de ser es muy europeísta. Para
el partido que represento, Unión Democrática de Cataluña, los principios
fundamentales y programáticos de nuestro corpus doctrinal se basan en los
principios que Gasperi, Adenauer y Maritain aportaron de cara a lo que
querríamos que fuese esta Europa de las personas, esta Europa del
humanismo en la que el elemento central de actuación es el principio de
subsidiariedad y el humanismo entendido de un modo lo más extenso
posible.

Pero en este trigésimo aniversario hagamos un poco de memoria para
averiguar hasta dónde hemos llegado y de dónde viene Europa; aquella
voluntad de mantener un espacio de paz la movía porque, estadísticamente,
cada 50 años tenía una guerra; de ahí que una de las principales
voluntades fuera mantener un espacio libre de guerras, dentro de las
posibilidades. Otro de los elementos fundamentales de esta política
europea fue la PAC. Esta soberanía alimentaria, de la que ahora volvemos
a hablar, se creó como elemento vertebrador del espacio europeo,
soberanía que habrá de continuar. Además llegó la unión monetaria, aunque
no de forma completa. Pero no hace mucho se aprobó la unión bancaria;
elementos de los que hablamos en la moción anterior que usted mismo
presentó. Ahora bien, Europa se ha de convertir en un espacio donde sea
compatible el crecimiento económico y una distribución justa, además de
una exigencia de cohesión social. Estos son puntos ineludibles; de ahí
que agradezco al senador Muñoz-Alonso que haya incorporado nuestras
aportaciones de forma genérica en la transaccional firmada por los
diferentes partidos políticos. En este caso, tanto el grupo de
Convergència como el de Unió hemos cedido, entre otras cosas, porque no
queríamos cargarle el muerto —como dice la expresión
catalana— o culpabilizar a Europa de una falta del Estado español:
la imposibilidad de reconocer y utilizar la lengua catalana en las
instituciones europeas; porque los mecanismos para poder hacerlo están en
manos del Gobierno de turno del Estado español; pero no es algo
patrimonializable, pues tanto el Partido Popular como el resto de
partidos políticos que le han precedido en el Gobierno han ido en esta
dirección.

También quisiera mencionar la raíz social cristiana y recordar el
discurso del papa Francisco, que recogió el aplauso y la unanimidad de
casi todas las fuerzas parlamentarias, y su visión de lo que ha
representado el espacio europeo a favor de los derechos humanos, de los
derechos de las personas, y de aquello que Europa ha de hacer, de los
límites y los fundamentos a los que quiere llegar; algo en lo que creo
todos estaríamos de acuerdo. Usted ha hablado de cesión, al igual que
otros senadores que me han precedido. Porque Europa es esto. Europa es, o
debería ser, una cesión de las competencias exclusivas del Estado.
Debemos transformar la Europa de los Estados, creada a partir de la paz
de Westfalia, en una Europa de los pueblos, en una Europa donde los
diferentes pueblos europeos puedan verse representados. Evidentemente,
los instrumentos para hacerlo son del Estado, pero hay que recordar que
algunos pueblos o territorios —en este caso, Cataluña—
reclamamos la existencia de este espacio, porque en nuestro ADN catalán
está impreso un espíritu europeísta. Este espacio debe ser posible, entre
otras cosas, porque son los Estados los que pueden ayudar a este
reconocimiento. Tiene que ser una Europa de las personas, no una Europa
de los Estados; aunque, como muy bien ha dicho el senador Anasagasti,
todo el mundo puede preguntar qué hay de lo mío. Cataluña es un
territorio contribuidor neto de Europa, y queremos continuar siéndolo.
Pero también debe haber un retorno, una corresponsabilidad de aquellos
Estados que conforman el espacio europeo. Porque dentro de estos Estados
hay pueblos que tienen diferentes voluntades, pero la finalidad de llegar
a su máximo exponente político, la de estar ahí representados.

No quiero entrar en una cuestión que ayer se comentó porque no
querría que fuese caballo de batalla, la de que el parlamento europeo
permite que los euroescépticos tengan voz y voto. Es el máximo estadio de
la democracia y por eso no se les tilda de bueno o malos europeos. Digo
esto a raíz de las manifestaciones que ayer se hicieron en esta sede
parlamentaria con relación a discriminar —y se dijo así—
entre buenos y manos catalanes. No entremos en este debate. Todo el
mundo, desde su punto de vista, quiere hacer la aportación más adecuada
posible, la mejor, para aquellas personas que conforman su territorio;
pero ayer se tildó a algunas personas que pueden tener alguna adscripción
política de ser buenos o malos catalanes. Como ustedes dicen, niego la
mayor, y reivindico aquí a todas aquellas personas que pueden formar
parte de algunas organizaciones políticas, que son excelentes personas y
que son excelentes catalanes; también hay otros que son de otras
formaciones políticas y que son excelentes catalanes; por tanto, no
hablemos de exclusión porque, si no, nos vamos a lastimar.

Si queremos esta Europa de las personas, donde todo el mundo
respete unos límites y donde todos tengan cabida en ella, reclamo que se
empiece por abajo, por el principio, y que no establezcamos diferentes
categorías. ¿Sabe cuál es la categoría, en este caso, del pueblo catalán?
Que quiere ser escuchado; que quiere ser preguntado. ¡Qué ejercicio más
democrático que se pueda preguntar y que se pueda consultar! Un 80 % de
la sociedad catalana está a favor de que se pueda consultar; y en Europa,
en esta Europa democrática, creo que no se le negará de ningún modo al
pueblo catalán que hable, en el ejercicio de su propia soberanía, en las
urnas, que es la forma, como mínimo, más civilizada que se ha podido
construir entre todos en esta situación y en la actualidad.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Ortiz.

El señor ORTIZ MOLINA: Gracias, señor presidente.

Señorías, la moción en su conformación inicial tenía seis puntos;
en la propuesta final se ha ido afortunadamente a veintiuno. Creo que
ahora sí estamos ante una propuesta real.

En el Grupo Parlamentario Socialista estamos satisfechos de esta
propuesta final, entre otras razones porque de las nueve enmiendas que
hemos presentado se han aceptado ocho. Es verdad que tenemos que lamentar
que una, que considerábamos muy importante, no se haya aceptado, pero no
se puede pedir todo. Y digo que lo lamentamos porque hemos trabajado en
nuestra propuesta para que el sector financiero esté realmente al
servicio de los ciudadanos y de la economía real, imponiendo mayores
regulaciones en el sector bancario y frenando la especulación financiera.
Pero, en fin, insisto en que, globalmente, estamos satisfechos del texto
final que sometemos a votación.

Señorías, la historia del proceso de construcción europea viene de
lejos si nos atenemos a los valores en los que se sustenta. Es verdad que
cuando alzamos la mirada, la vista se nos va a la Segunda Guerra Mundial
y a las actuaciones de la posguerra, que marcaron un hito, efectivamente,
en lo que ha sido el camino recorrido hasta el día de hoy. Si la
referencia de origen última pudiera admitir alguna discusión, sí debemos
estar de acuerdo sin ninguna duda con que las diferentes circunstancias
del proceso de construcción europea jamás han guardado el mínimo parecido
—me remito a unas palabras recientes que el portavoz del Partido
Popular, el señor Muñoz-Alonso, ha expuesto desde la tribuna en relación
con lo tortuoso que ha sido el proceso de incorporación de España a las
comunidades europeas— con unos juegos florales; entre otra razones,
porque el proceso de construcción europea jamás ha sido neutral ni lo es
en la actualidad. Las comunidades europeas en su momento y la Unión
Europea en la actualidad no responden a ningún enfoque neutral, y lo que
no es neutral, señorías, es necesariamente beligerante. La Unión Europea
no es neutral en lo militar, no lo es en lo económico, y no lo es en lo
ideológico tampoco; además, estarán de acuerdo conmigo en que, por
desgracia, no se ha superado una cierta concepción hobbesiana del mundo,
paradigma que persigue a la humanidad como una maldición.

Debemos interiorizar que no podemos limitar la celebración de la
incorporación de España a las comunidades europeas a un brindis, entre
otras razones, porque somos parte activa y dinámica de esa realidad en
construcción, de ese proceso inacabado, de ese escenario más o menos
beligerante según las circunstancias. Transcurridos treinta años de la
incorporación de nuestro país, sin perjuicio de celebrar las bondades,
que las hay y muchas, parece lógico que, más allá del buenismo que a
todos nos apetece, nos enfrentemos a la cruda circunstancia del momento
presente con la satisfacción justa y con la exigencia necesaria que la
realidad demanda.

La Unión Europea tiene ante sí grandes retos: dejar atrás la
recesión y la política de austeridad. Las consecuencias más perversas de
esa política han sido el crecimiento de la desigualdad hasta niveles
insoportables y el consiguiente deterioro del Estado del bienestar,
auténtica seña de identidad de la Unión Europea. Es urgente abordar la
evasión y la elusión fiscal junto con la armonización del sistema
tributario; la lucha contra el cambio climático; un mercado europeo de la
energía que garantice la seguridad, interconexión y diversificación de la
misma; la competitividad industrial; y si el mercado energético es una
prioridad, no lo es menos el mercado único digital; es urgente abordar y
culminar una profunda reforma del sistema financiero mediante un eficaz
sistema de supervisión y control que conduzca a las finanzas hacia su
auténtica misión; esto es, gestionar el ahorro y facilitar el crédito a
las familias y a las empresas.

El tratado de libre comercio entre la Unión Europea y los Estados
Unidos no es cualquier cosa. Todos deseamos su firma, pero no a cualquier
precio porque va a condicionar nuestro futuro, y no solo en lo económico,
también en lo social, de manera determinante.

Es evidente que la Unión Europea no tiene resuelta la gran
cuestión de las migraciones. Fíjense —y para no parecer
sospechoso— en lo que ayer escribía en El País la señora Ana
Palacios que, como saben, fue ministra de Asuntos Exteriores con el
presidente Aznar, vicepresidenta primera del Banco Mundial y en la
actualidad miembro del Consejo de Estado: «Si los europeos no actúan
unidos ante este reto, un sinnúmero de seres humanos continuará
pereciendo en el Mediterráneo y el proyecto europeo acabará
desintegrándose.» Así de simple. Esto lo escribía ayer Ana Palacio.

En otro orden de cosas, ¿qué pasa con el yihadismo radical que se
extiende desde el Sahel hasta Oriente Medio, y cuyo epicentro es el
llamado Estado Islámico? La Unión Europea necesita una política de
seguridad.

El fantasma de la guerra fría vuelve a planear sobre la vieja
Europa. Ucrania y Rusia son Europa, y su enfrentamiento en esa área puede
desestabilizar el conjunto del continente. No olvidemos, señorías
—y yo soy optimista por naturaleza— que las guerras entre
grandes siempre —siempre— han comenzado por el enfrentamiento
entre interpuestos.

Por último, pero no menos importante, no debemos olvidar la
cuestión de la unión política y los avances o retrocesos de la
legitimidad democrática en el ámbito de la Unión Europea. Señorías, en el
tratamiento acertado de estos y otros retos radica el futuro de la Unión
Europea y, en gran medida, de todos nosotros. Los ciudadanos europeos
debemos ser conscientes de que es en Europa y a través de la Unión como
podemos avanzar hacia una sociedad más democrática y más justa; y eso,
sin lugar a dudas, es cosa de todos. Por esa razón, cuando el Senado de
España pretende hacerse oír con relación a la Unión Europea no lo podemos
hacer garbillando agua. Hay mucho que celebrar. Celebremos los treinta
años de nuestra incorporación a la Unión Europea, pero hagámoslo con los
pies en el suelo. Resaltemos lo positivo, pero seamos muy exigentes con
lo que no lo es tanto. La situación tiene mucha tela que cortar, y
—permítanme la expresión— ni la situación ni el personal
están para juegos florales. Si somos rigurosos seremos creíbles, y
entonces sí estaremos acrecentando el europeísmo; y, sinceramente, con
esta conformación final de la propuesta creo que lo estamos haciendo. Lo
contrario, señorías, sería un flaco favor, a lo que los socialistas no
estamos dispuestos a contribuir. Sí estamos, hemos estado y estaremos
siempre dispuestos a contribuir, a adquirir un compromiso colectivo en
positivo y empujando siempre hacia el futuro de la Unión Europea en la
dirección más correcta que todos estimemos, que tendrá que ser siempre la
más ampliamente compartida.

Muchas gracias, señorías, y muchas gracias, señor presidente.
(Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, senador
Ortiz.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, cierra el debate
el senador señor Muñoz-Alonso.

El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Muchas gracias, señor presidente.

Ante todo quiero agradecer a los portavoces que han intervenido en
el debate su voluntad de cooperación para llegar a un acuerdo, que al
final se ha plasmado en esa larga moción, de 21 puntos, que creo que
recoge nuestros diferentes puntos de vista, al menos en sus aspectos más
importantes.

Hace treinta años la entrada de nuestro país en la Unión Europea
era una empresa común que compartíamos y apoyábamos todos, y no tendría
sentido que en este momento, en que queremos celebrar el trigésimo
aniversario, no estuviéramos también juntos. Por eso he tenido un
especial interés en recoger las valiosas aportaciones de los otros
grupos. Además, había una promesa encima de la mesa: cuando el 30 de mayo
debatimos otra moción sobre Europa no acepté sus enmiendas, pero les dije
que había elementos muy valiosos que en algún momento tendríamos que
incorporar. Creo que es oportuno hacerlo en esta ocasión, y me satisface
que lo hayamos hecho así.

Me gustaría comentar algunas cosas a los que han intervenido.
Siento que no esté aquí el senador Anasagasti, a quien le iba a decir que
me parece que no tiene tanto sentido que sea tan cruel con el ministro
Margallo porque, al fin y al cabo, ambos proceden de la democracia
cristiana. Voy a hacer una broma: se decía en la Roma antigua que los
leones se comían a los cristianos, y algún malicioso inventó después
—mucho más tarde, claro— que si en vez de cristianos hubieran
sido democratacristianos ellos se habrían comido a los leones.






Y le iba a
decir al senador Anasagasti: como aquí no hay leones, usted se dedica a
morder al otro democratacristiano, que es el señor Margallo. Parece que
era un poco su intención. Bromas aparte, creo que entre todos se han
hecho buenas aportaciones

El senador Sabaté tenía razón al decir que cuando se habla de una
gestión eficiente de la inmigración parece que se está sometiendo la
atención a los inmigrantes a una disponibilidad económica. Pues bien,
creo que lo hemos compensado con una aportación socialista, cuando se
habla de que las vidas están por delante de cualquier otra cosa. La vida
exige siempre un esfuerzo adicional mucho más allá de cualquier reflexión
de carácter presupuestario.

Al senador Plana le diré que creo que ya he explicado que no
podemos pedir que la lengua catalana sea oficial en la Unión Europea
porque no lo permiten los tratados de la Unión; solo se permiten las
lenguas de los Estados. Pero ustedes saben muy bien que se ha aprobado un
procedimiento —es un poco complicado, pero existe— para que
los ciudadanos españoles catalanes se puedan dirigir en su lengua a las
instituciones europeas. Es decir, el catalán no está ausente de las
instituciones europeas, aunque sea por esa vía indirecta.

Por otra parte, senador Plana, usted habla —se lo he oído
decir más veces— de una Europa de los pueblos y de una Europa de
las personas. Yo personalmente estoy más de acuerdo con lo de las
personas que con lo de los pueblos, y además por una razón muy sencilla,
y es que el Tratado de Lisboa establece claramente que la Unión Europea
es una Unión de Estados y de ciudadanos —son los dos puntos de
referencia—, y yo me atengo a lo que está legislado en este
momento. ¿Qué puede pasar en un futuro? No lo sé, sería absurdo tratar de
adivinarlo, pero, hoy por hoy, son Estados y ciudadanos, y si hablamos de
ciudadanos estamos hablando de personas, evidentemente. Por eso digo que
estaba plenamente de acuerdo con eso.

Y, senador Ortiz, con respecto al sistema financiero, en estos
momentos, en que la unión bancaria está avanzando, y creo que de manera
bastante positiva, al convertir al Banco Central Europeo en supervisor
único, por lo menos de las grandes entidades financieras, y tras todos
los esfuerzos que se han hecho en el ámbito nacional después de los
llamados test de estrés o pruebas de esfuerzo o tensión con las entidades
financieras españolas, en las que hemos quedado en general bastante bien,
en las que nuestro país ha quedado bastante bien situado, creo que eso
está funcionando.

En cuanto al asunto de los créditos, nos encontramos con que
también se han producido avances muy significativos. Por ejemplo,
entre 2012 y 2013 la transferencia de activos a la Sareb aumentó en 20
puntos porcentuales de nuestro PIB, lo que ha contribuido decisivamente
al saneamiento de nuestro sistema financiero. Además, las
disponibilidades de créditos han aumentado en unos porcentajes bastante
altos en los últimos años, sobre todo en los últimos doce o quince meses,
tanto para los hogares como para las pymes. Se está avanzando en ese
sentido, y por eso me parece que no se puede decir que no se ha hecho
nada. Yo agradezco que ustedes pidan más; hay que pedir a Europa, pero
tenemos que darnos cuenta de que lo que se ha hecho es inmenso. Les
vuelvo a repetir que es la mayor empresa política e histórica del siglo
XX, y se ha hecho en este momento con veintiocho Estados plenamente
soberanos, cuando poner de acuerdo a todos es tremendamente complicado,
lo que se ha ido logrando y haciendo incluso con el presente caso de
Grecia, tan complejo y difícil, que parece ser que en estos momentos va
por buena vía cuando hace tan solo cuatro o cinco días parecía que estaba
llamado al desastre. Por tanto, tenemos que ser relativamente optimistas.
Insisto: estuvimos juntos cuando entramos y sería bueno que lo
siguiéramos estando.

Quiero también señalar que, en estos momentos, cuando en España se
habla mucho de pactos de unas formaciones con otras, pactos que a mí me
han llevado en ocasiones —que nadie se ofenda— a recordar
aquella máxima inglesa de que la política hace extraños compañeros de
cama, me parece conveniente señalar y subrayar que en el Parlamento
Europeo, y sobre todo en la Comisión, se trabaja sobre la base de una
especie de gran coalición de las dos formaciones numéricamente más
importantes: populares y socialistas, y muy a menudo con el apoyo
explícito de las terceras: los liberales. Quedan excluidos de ese gran
consenso posiciones estrechamente partidistas, los populistas y, por
supuesto, las formaciones antieuropeas o euroescépticas, lo que no impide
un debate abierto, buen reflejo del pluralismo que existe en nuestras
sociedades.

Me gustaría que ese tipo de acuerdo estuviera también presente en
nuestro Parlamento, aunque tengo que reconocer —quizás porque
estamos en un periodo electoral, con todo lo que eso implica— que
me felicito porque hoy hayamos encontrado coincidencias. Pero en otras
muchas ocasiones no las encontramos y se ponen de actualidad cordones
sanitarios o alargadas sombras de pactos de triste recuerdo que mejor
sería no olvidar.

Por otra parte, comparto la crítica a la austeridad, en el sentido
de que no puede ser, ni mucho menos, el único elemento a tener en cuenta,
pero la aspiración al crecimiento y a la creación de empleo no es
exclusiva de nadie, viene de muy atrás. Muchos de ustedes recordarán que
el presidente Rajoy, con otros seis jefes de Gobierno de la Unión
Europea, hace ya dos o tres años presentó a la Comisión Europea una carta
que contenía ocho medidas, en las que no me voy a detener, precisamente
para favorecer el crecimiento y el empleo y, por tanto, para compensar
las políticas de austeridad. No estamos hablando de una novedad ni de una
exclusiva de unos u otros partidos, sino de una aspiración de todos, y
como es una aspiración de todos hay que decir algo muy importante. No voy
a hablar de herencias, ni siquiera de esas a beneficio de inventario que
estudiábamos en Derecho Civil, pero creo que no se puede entender nada de
lo que nos ha pasado si no recordamos lo que hace algunos meses decía el
primer ministro francés, Manuel Valls: no se puede gastar lo que no se
tiene. Y en cierta medida hemos tenido que partir de esa situación
desagradable y saber que el dinero ni se cría en los árboles ni se puede
pintar, algo tan elemental que a veces se olvida.

Voy a terminar como empezaba, señorías. Nosotros no queremos otra
Europa ni una Europa nueva, una frase que, como he dicho en alguna
ocasión, tiene resonancias poco gratas. Queremos más Europa, sabiendo muy
bien qué se debe y se puede esperar de Bruselas y qué tenemos que hacer
nosotros. La voluntad europea no es algo del pasado, y nosotros estamos
dispuestos a aportar todo lo que esté de nuestra parte para hacer
realidad el sueño europeo que movió a los artífices de la Transición y al
que me he referido en mi primera intervención. Quería aprovechar esta
ocasión para celebrar y felicitarnos por el trigésimo aniversario de la
firma de nuestra entrada en la Europa comunitaria. Ese era el texto
inicial de la moción que está en el Pleno y a la que vamos a dar nuestro
apoyo, y agradezco el apoyo que han ofrecido y prometido los demás grupos
que han intervenido.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.

Al no estar firmada la propuesta por todos los grupos, llamen a
votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a someter a votación la moción debatida con la
transaccional firmada por todos los grupos, excepto el Grupo
Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 223;
votos emitidos, 223; a favor, 218; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la moción.

El señor vicepresidente, Lucas Giménez, da lectura al
punto 9.3.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Para la defensa de la
moción, tiene la palabra el senador señor Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Según las encuestas del CIS, la corrupción… (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Un momento, señor
Iglesias.

Por favor, ruego a los señores senadores que no establezcan
tertulias en el hemiciclo. Gracias.

Puede continuar, señoría.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, decía que, según las encuestas del CIS, la corrupción es
la segunda preocupación de nuestros conciudadanos y el primer problema
para el 60 % de ellos —el paro lo es para el 75,5 %—. Y no es
de extrañar que sea un motivo de preocupación importante en la sociedad
española, porque iniciamos el año 2015 con, aproximadamente, 1700
procedimientos judiciales relacionados con la corrupción en marcha. (La
señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).

Los ciudadanos perciben que la lucha contra la corrupción está
lastrada, por una parte, por un insuficiente grado de independencia del
Poder Judicial y, por otra, por la escasez de medios humanos y materiales
con los que cuenta la Administración de Justicia. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Perdone,
señoría.

Señorías, guarden silencio para que se oiga al orador.

Continúe, señoría.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Ese sentimiento de que la independencia del Poder Judicial es
insuficiente en nuestro sistema político es también motivo de
preocupación para los ciudadanos, lo es para la oposición, e incluso lo
fue también de forma expresa para las asociaciones profesionales de
jueces y magistrados, que se manifestaron en contra de la reforma del
Consejo General del Poder Judicial aprobada por la Ley Orgánica 4/2013,
de 28 de junio. Y lo es también en el ámbito internacional. El grupo
Greco, dentro de Europa, ha manifestado con reiteración que en nuestro
país no se cuenta con el suficiente respaldo para la independencia del
Poder Judicial y, por ello, emplazaba a los poderes públicos de nuestro
país a que se avanzara de forma notable en la garantía de esa
independencia del Poder Judicial. Seguramente tampoco ha contribuido a
que esta se vea con suficiente respaldo y garantía en nuestro país el
debate que se ha abierto al conocerse la sala que, dentro de la Audiencia
Nacional, va a enjuiciar la primera fase de la trama Gürtel.

Por otro lado, en diferentes ocasiones hemos tenido la oportunidad
de hablar desde esta tribuna de la ausencia de medios humanos y
materiales. Tal como he reseñado en otros debates, en 2012 el gasto en
justicia significaba el 0,9 % del producto interior bruto, mientras que
la media de la Unión Europea ascendía al 2,2 %. Desde 2011 las
consignaciones del Ministerio de Justicia han caído en casi 200 millones,
y contamos —lo saben sus señorías, porque también hemos tenido
oportunidad de reseñarlo en intervenciones anteriores— con 11,5
jueces por cada 100 000 habitantes, mientras que la media de la Unión
Europea es de 21 jueces por cada 100 000 habitantes.

Los contenidos de la moción, que quizá sea excesivamente amplia
—lo reconozco—, se agrupan en 50 medidas comprendidas en 11
apartados. Muchas de ellas suponen reproducir enmiendas formuladas por el
Grupo Parlamentario Mixto y por Izquierda Unida a diferentes reformas
relacionadas con el Poder Judicial y otras leyes, o que han pretendido
ser incorporadas, también vía enmiendas, a mociones que han sido objeto
de debate en el Pleno. Haré una referencia muy somera de estas 50
medidas, destacando en cada uno de los apartados aquellas que me parecen
más relevantes o que ya conocen sus señorías a través de enmiendas
debatidas con anterioridad.

En el primer apartado, relativo a la persecución de los delitos
relacionados con la corrupción, planteamos que se endurezcan las penas,
que se alarguen los plazos de prescripción de los delitos relacionados
con la corrupción y que se establezca la prohibición de indultar las
penas en referencia a esos delitos de corrupción.

Por lo que se refiere a las medidas de prevención y lucha contra
el fraude fiscal, proponemos que se prohíba a las entidades financieras
tener filiales en paraísos fiscales y que se potencie el papel de la
Agencia Tributaria como auxiliar de la Administración de Justicia.

En el capítulo referido al control de los procedimientos de
contratación de las administraciones públicas planteamos que haya un
acceso público a los procedimientos de contratación de las
administraciones públicas y que las decisiones de contratación de dichas
administraciones también sean publicitadas suficientemente para que de
ellas tengan conocimiento los ciudadanos. Igualmente, que se reforme la
Ley de contratos del sector público para establecer mayores límites a la
posibilidad de sobrecostes en dichos contratos, que frecuentemente han
dado lugar a prácticas irregulares calificadas como delictivas en materia
de contratación. (Rumores).

En relación con el capítulo...

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Perdón, señoría.

Señorías, hay un murmullo de fondo en el hemiciclo que hace
imposible oír al orador. Les pido que se callen o que salgan a hablar
fuera.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Decía que en el capítulo de medidas de control interno y externo
de los procedimientos urbanísticos aspiramos a que se cree un registro de
recalificaciones de suelo, un terreno también resbaladizo que ha dado
lugar a prácticas irregulares, y que se devuelvan al Pleno competencias
que, con diferentes reformas de la Ley de régimen local en materia
urbanística y en materia de contratación, han sido transferidas al equipo
de Gobierno.

Por lo que se refiere a los cargos públicos, planteamos que se
extienda el régimen de incompatibilidades previstas, que se amplíe a
diputados y senadores, y que se reduzca el número de aforados.

En el apartado de medidas para facilitar la investigación de
control y la fiscalización de las cuentas públicas proponemos un
reforzamiento de la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas.

En cuanto a las campañas electorales, pretendemos que se limiten
más dichos gastos y que se reconozca a la Junta Electoral Central una
función de control de estos.

En materia de partidos políticos, al igual que tuvimos oportunidad
de defender en la última reforma de la Ley de partidos políticos,
planteamos que se prohíban las donaciones a las fundaciones dependientes
o vinculadas a aquellos y que se establezca un código ético del cargo
público.

En relación con las medidas de control del transfuguismo,
aspiramos a que se convierta en ley el pacto de control contra el
transfuguismo alcanzado por las fuerzas políticas.

En el apartado de registro y control de los lobbies o grupos de
presión proponemos que se cree un registro de lobbies gestionado por las
Cortes Generales y que se dé publicidad a los encuentros de sus
representantes con los legisladores.

Y en el último apartado —un cajón de sastre que hace
referencia a otras medidas— planteamos que se obligue a las
empresas que contraten con las administraciones públicas a tener una
página web en la que se reflejen los contratos con estas y que se realice
con carácter general una evaluación de los procesos de privatización que
se han afrontado por las diferentes administraciones a lo largo de los
últimos años, por ser también esta materia, la de los procedimientos de
privatización, un frecuente mecanismo que ha dado lugar a prácticas de
corrupción política.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

En turno en contra, tiene la palabra la señora Vindel.

La señora VINDEL LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, el senador Iglesias ha definido su intervención como
excesivamente amplia, y yo diría que es más bien una megamoción. Senador
Iglesias, parece que pretende abrir un debate sobre un paquete de medidas
eficaces frente a la corrupción, objetivo, por cierto, que comparte
totalmente el Gobierno y, por supuesto, este grupo, que le da apoyo.
Señora presidenta, señorías, fíjense si estaremos de acuerdo, que mucho
de lo propuesto por el senador Iglesias ya está en vigor con medidas que
han sido presentadas a lo largo de estos tres años y medio, que han sido
debatidas y reformadas no solo con nuestros votos sino por las Cortes
Generales, medidas a las que el grupo del senador Iglesias votó
sistemáticamente en contra negándoles viabilidad alguna y que, como digo,
ya llevan tiempo en el Boletín Oficial del Estado. Algunas de ellas
seguro que les tienen que sonar muy cercanas porque las acabamos de
debatir prácticamente anteayer, con ocasión del debate del Código
Penal.

Senador iglesias, el Grupo Popular le agradece muy sinceramente
que haya presentado esta moción sobre corrupción y transparencia
—que votaremos en contra por innecesaria—, porque no solo nos
permite hacer un resumen, sino también un balance de cómo este Gobierno
ha trabajado desde el primer momento de la legislatura en medidas
concretas de regeneración de la democracia, en medidas que implican una
mayor transparencia de la vida pública y una mayor exigencia también para
quienes ocupan cargos públicos. Por eso decimos alto y claro que este
Gobierno sí ha impulsado un plan para la regeneración democrática y de
lucha contra la corrupción. A las numerosas e importantes medidas
legislativas al respecto me voy a referir, señorías, no en este turno,
sino en el próximo turno de portavoces. Pero ahora me gustaría hacer
algún comentario sobre parte de las cuestiones que se han abordado y que
se refieren esencialmente a cuestiones formales o, si lo prefieren, no
tan de fondo como la normativa ya en vigor.

Empiezo con lo que me ha llamado extraordinariamente la atención.
En primer lugar, los lobbies y los grupos de presión. No entiendo,
señoría, por qué quiere, y cito textualmente su moción, que el Gobierno
se encargue de la reglamentación, registro y control de lobbies o grupos
de presión, porque las Cámaras, tanto el Congreso como el Senado, gozamos
de autonomía para promover modificaciones legislativas dentro de nuestro
ámbito. Por tanto, según nuestra opinión, deben ser los reglamentos del
Congreso y del Senado los que se encarguen de regularlos, habida cuenta,
además, de que estos grupos se reúnen con nosotros, con los
parlamentarios, como se hace en todos los países de nuestro entorno y
como se hace, desde luego, en el Parlamento Europeo.

En cuanto a la petición de más medios de prevención y lucha contra
el fraude, le informo de que la Fiscalía especial para la represión de
los delitos económicos relacionados con la corrupción empezó con 8
miembros, hoy cuenta con 17 y, además de esos 17, hay 36 fiscales
delegados a esta fiscalía especial en todo el territorio nacional; es
más, entre el año pasado y este se reforzó la propia fiscalía
anticorrupción con 8 comisiones de servicio, además de 4 nuevas plazas de
plantilla que serán cubiertas en breve, y además en esta legislatura el
Ministerio de Justicia se ha comprometido a autorizar automáticamente a
efectos económicos todas aquellas medidas de refuerzo que pudieran
proponer el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del
Estado o la propia Audiencia Nacional. De este modo, señora presidenta,
señorías, en los últimos años el Ministerio de Justicia ha autorizado el
cien por cien de las actuaciones de refuerzo solicitadas por este
motivo.

En cuanto a la cuestión de equiparar el número de jueces por
habitante en relación a la media europea, lo primero que debo decir a su
señoría es que debe actualizar las cifras, porque las que manejan
—y las que usted maneja, tanto aquí como, sobre todo, en el texto
de la moción— corresponden a hace cinco años, a 2010, y debo
decirles, señorías, que desde esa fecha se han incorporado un total
de 800 nuevos jueces. Si quieren, se lo desgloso por años: en el
año 2011, 136; en 2012, 186; en 2013, 231; en 2014, 204, y en lo que
llevamos de 2015, 35. Es decir, ha habido un refuerzo constante de medios
materiales y humanos para la lucha contra la corrupción en jueces,
fiscales, miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y
funcionarios de la Agencia Tributaria.

Por lo que se refiere al número de jueces españoles y su
equiparación con Europa, hay un organismo, que es la Comisión Europea
para la Eficiencia de la Justicia —les ahorro las siglas, porque es
una sopa de letras tremenda—, que en su edición del año pasado
situó a España con 11,2 jueces por cada 100 000 habitantes; sin duda,
inferior al 20,9 de media en Europa. Pero también de este propio informe
del año pasado se deducen, señorías, unas diferencias enormes entre los
diversos países europeos, que se justifican por los distintos sistemas
normativos; esto quiere decir que el número de jueces profesionales en
los tribunales europeos varía considerablemente entre los países y entre
los propios sistemas judiciales. Por ejemplo, los Estados europeos que
tienen el mayor número de jueces profesionales, más de 30 por
cada 100 000 habitantes —según este organismo—, se encuentran
entre países provenientes de la ex-Yugoslavia, como Croacia, Montenegro o
Serbia, y a estos hay que añadir también Bulgaria; en cambio, en la
Europa occidental el número de jueces por habitante es significativamente
menor. En realidad, nos situamos en medias muy próximas a los Estados de
nuestro entorno: Holanda tiene el 14,4; Suecia, el 11,8; nosotros
el 11,2, pero es que incluso nosotros estamos en cifras superiores a
países tan destacados como Francia, que tiene el 10,7; Italia, 10,6;
Dinamarca, 6,6, y ya, si me apuran, Reino Unido, que incluso tiene menos
de 4 jueces por cada 100 000 habitantes. Lo cierto y verdad es que estoy
completamente de acuerdo con usted, siempre he sido de la opinión de que
cuantos más jueces tengamos en España —por supuesto, con los
adecuados medios— mucho mejor para nuestra justicia y para
todos.

Senador Iglesias, no creo necesario crear más policía fiscal en la
Agencia Tributaria, como usted propone, porque la Unidad Central de
Delincuencia Económica, la Brigada Central de Investigación de Blanqueo
de Capitales y Anticorrupción, la Unidad adscrita a la Fiscalía contra la
Corrupción y la Criminalidad Organizada, la Unidad de Inteligencia
Financiera Española y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención
del Blanqueo de Capital e Infracciones Monetarias trabajan en permanente
contacto y auxilio a los juzgados y tribunales para investigar los
delitos contra la corrupción. En el bienio 2012-2014, la Policía y la
Guardia Civil han detenido casi a 2000 personas relacionadas con la
corrupción y se han practicado más de 450 investigaciones; actualmente
más de 700 efectivos de ambos cuerpos trabajan en la lucha contra la
corrupción.

Tampoco estoy de acuerdo, senador Iglesias —en absoluto
además en este caso—, con su pretensión de convertir en sospechosos
y además en sospechosos habituales ante Hacienda a los alcaldes y
concejales de urbanismo de ayuntamientos mayores de 50 000 habitantes por
el mero hecho de serlo, porque eso, y no otra cosa, es lo que usted va a
hacer al someterles a inspecciones sistemáticas por parte de Hacienda. Es
más, esto me parece, señora presidenta y señorías, discriminación pura,
quiebra el principio de igualdad ante la ley y si me apura, hasta ofende,
senador Iglesias. Que por estar al frente de la gestión de un
ayuntamiento o la gestión de una concejalía se sea sospechoso de cometer
delito, creo que debería pensárselo su señoría una y hasta dos veces, y
si además usted quiere crear una policía fiscal en la Agencia Tributaria
para investigarles porque sí —porque usted entra en la
responsabilidad al frente de la concejalía o al frente del
ayuntamiento—, me parece una auténtica barbaridad además de una
discriminación.

Por cierto, hablando de discriminación, senador Iglesias, dado que
tiene usted turno ahora, a mí me gustaría que nos explicara por qué
quiere usted crear una oficina de regulación del registro de intereses de
diputados y otros cargos, como miembros del Gobierno y altos cargos, y
sin embargo ahí no incluye a los senadores. A mí esto me parece un poco
desconcertante, señoría, porque no sé si para usted todos cuantos nos
sentamos aquí no somos cargos públicos o a lo mejor, señoría, es que esta
moción no iba dirigida a esta Cámara..., ya me entiende. A ver si tenemos
suerte, señora presidenta, y el senador Iglesias nos saca de dudas en el
próximo turno.

Y por último, senador Iglesias, establecer por norma que los
representantes públicos elegidos por la lista de un partido o de una
coalición pierdan el cargo automáticamente por el motivo que se señala en
la moción es contrario a la jurisprudencia que desde el inicio de la
democracia ha establecido el Tribunal Constitucional y que dice
textualmente: «El escaño pertenece al concejal o al parlamentario elegido
y no al partido o a la organización política en cuya lista es elegido».
La base de este principio está, como bien saben todos ustedes, en la
inexistencia de mandato imperativo para el electo del artículo 67.2 de la
Constitución, que impide condicionar jurídicamente su actuación. Aquí, es
cierto, se plantean no pocos problemas a la hora de arbitrar actuaciones
que impliquen exigir responsabilidades; para entendérsenos mejor: la
entrega del acta del parlamentario o del concejal, tanto en los casos de
transfuguismo como en los de corrupción. Les recuerdo a este respecto,
señoría, que este asunto se lo han planteado, nos lo hemos planteado en
numerosas ocasiones los grupos parlamentarios. Está claro que no hemos
alcanzado nunca el punto óptimo de la resolución porque hoy, a 24 de
junio de 2015, no hemos podido llegar a ningún tipo de solución, que
siempre y en todo caso —es nuestra opinión, la opinión del Grupo
Popular— habría de respetar las prescripciones
constitucionales.

Por todos estos motivos y alguno más que añadiré en el turno de
portavoces votaremos en contra.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Es cierto que el Partido Popular y el Gobierno han promovido
reformas que han intentado reducir el ámbito de impunidad en los
fenómenos de corrupción, pero recordarán sus señorías que en aquellas que
hemos rechazado en los diferentes debates el argumento fundamental en el
que nos basábamos era el de considerar que las medidas resultaban
insuficientes y que, por ello, era necesario una reforma más contundente.
Y es a lo que aspira fundamentalmente esta moción que, con mayor o menor
acierto, traigo hoy a este Pleno.

Por otro lado, el Partido Popular no debería negarse a seguir
avanzando en la búsqueda de medidas que combatan la corrupción porque
precisamente el presidente del Gobierno en la valoración de los
resultados electorales de las pasadas elecciones autonómicas y
municipales, en el debate interno del partido y públicamente ante los
medios de comunicación, ha reconocido que probablemente el principal
elemento de desgaste del Gobierno y del Partido Popular ha sido la
reiterada publicitación de los fenómenos de corrupción que han afectado
al Partido Popular. En consecuencia, debiera ser el Partido Popular el
primer interesado en dar una respuesta a esa realidad, a que la sociedad
española con sus votos les ha dicho que no se cree el compromiso del
Partido Popular en la lucha contra los fenómenos de corrupción, y hacerlo
precisamente a partir de las reformas legislativas que conviertan
—más allá de los compromisos políticos y de los enunciados—
en un marco legislativo más duro con los corruptos el que disponemos en
este momento.

Por ello creo que el debate de esta moción es oportuno, porque
permite que el conjunto las fuerzas políticas presentes en este hemiciclo
ratifiquemos ante la sociedad española nuestro rechazo ante el fenómeno
de corrupción y nuestra voluntad de establecer los filtros más duros,
incluso en ocasiones injustos respecto a algún representante público o a
algún miembro de la administración, con tal de que quede perfectamente
claro que se rechazan estas acciones corruptas y que el Estado de derecho
es capaz de articular respuestas que disuadan. Porque lo que hasta este
momento hemos visto, y así lo valora la sociedad española, es que el
Estado de derecho ha ido a remolque, por detrás y renqueando frente a los
fenómenos de corrupción, y que hasta ahora al menos no hemos sido capaces
de articular una respuesta lo suficientemente contundente como para que
no compense ser corrupto, para que la sanción social, política y jurídica
que a la corrupción se da desde el Estado de derecho disuada de realizar
y desarrollar estas prácticas corruptas. La sociedad española piensa hoy
que aunque algunos acaben cayendo en manos de la Administración de
Justicia y algunos, muy pocos, hoy estén en la cárcel como consecuencia
de la corrupción, nuestros instrumentos legales de respuesta a la misma
son insuficientes y aún sigue siendo tentadora la posibilidad de dejarse
corromper, primero, porque hay pocas posibilidades de ser detectado y
sancionado y, segundo, porque incluso en esos supuestos en que hay una
sanción, el beneficio obtenido puede ser lo suficientemente importante
como para que compense el riesgo e incluso asumir la sanción. Y a ello es
a lo que se pretende dar respuesta con esta moción.

Más medios. Nos decía la señora portavoz del Grupo Popular:
Fiscalía cuenta con 17 fiscales; recordará que el dato que di es que a 1
de enero de 2015 había casi 1700 causas en los tribunales españoles por
fenómenos de corrupción. Han incrementado el número de jueces por una
parte y han disminuido por otra: 1200 jueces sustitutos y magistrados
suplentes han desaparecido de la Administración de Justicia española, con
lo cual los datos que yo le daba siguen siendo exactamente los mismos,
incluso peores, porque si a los 800 que usted dice que se crearon les
restamos 1200 que han desaparecido como consecuencia de la extinción de
las figuras de jueces sustitutos y magistrados suplentes, el resultado es
negativo —no hace falta ser un genio de la aritmética ni de la
matemática para llegar a esa conclusión—.

Decía que por qué hace falta más Policía. Una de las quejas
compartidas por el conjunto de las asociaciones de jueces y magistrados
es que en los fenómenos de corrupción la tecnología de los corruptos va
muy por delante de la tecnología con la que se cuenta para dar respuesta
a los mismos; que son causas complejas, en las que se utilizan
instrumentos contables muy complicados, de alta tecnología, en las que se
recurre a paraísos fiscales de manera frecuente, con lo que la respuesta
que desde los poderes públicos se ha de dar a esta complejidad ha de ser
igualmente recurrir a tecnología punta, y eso exige más medios que con
los que se cuenta en este momento.

En otros debates hemos hecho referencia al informe de Oxfam sobre
la curiosa situación de que en tiempos de crisis de las 35 sociedades del
IBEX, 34 tienen filiales en paraísos fiscales y que, además, en tiempos
de crisis incrementaron en dos años sus filiales un 40 %. Yo creo que eso
nos da una pista de por dónde pueden discurrir, por qué cauces, por qué
vías pueden discurrir los beneficios obtenidos como consecuencia de los
fenómenos de corrupción. Basta con ver que las grandes causas de
corrupción pasan por Suiza, por las Islas Seychelles, por paraísos
fiscales suficientemente conocidos y consagrados, desgraciadamente, en
esta economía globalizada y que para detectar todo eso son necesarios más
medios humanos y materiales que aquellos con los que se cuenta en este
momento.

Si no aparece en la moción la referencia que ha hecho a los
senadores ha sido por un error de redacción que en este momento subsano.
En el terreno de la explicación y defensa de la moción, entiéndase que
además de diputados la misma exigencia se mantiene para los
senadores.

Yo reconozco que puede ser injusto establecer exigencias de
control mayores para determinados cargos públicos solamente por el hecho
de que desarrollan su actividad en ámbitos de actuación política en la
que se mueven intereses económicos tan importantes como para que surja la
tentación de la corrupción. Y estadísticamente podemos hacer un análisis
de los fenómenos de corrupción y comprobar que es en determinados ámbitos
y en determinadas materias en las que de forma porcentualmente más
importante se dan estos fenómenos: las privatizaciones han sido un foco
constante de fenómenos de corrupción, las recalificaciones urbanísticas
han sido un foco constante de corrupción. Por lo tanto, la respuesta
adecuada a esa preocupación social frente a los fenómenos de corrupción,
es decir, en estas áreas concretas en las que es más frecuente encontrar
fenómenos de corrupción, es establecer filtros más duros que en otras
áreas en las que resulta que, bien sea porque ya hay una regulación
general más estricta o porque se muevan intereses económicos de menor
trascendencia y relevancia, esos fenómenos de corrupción son más
infrecuentes —exclusivamente eso—. Y reconociendo que tiene
razón su señoría al decir que por qué se actúa con especial rigor con el
establecimiento de estos controles frente a estos funcionarios, frente a
estos responsables políticos, hay que explicar que es una exigencia de la
realidad y que la respuesta a esa realidad tiene que ser el
endurecimiento de los controles.

Finalmente, en cuanto a la vinculación del escaño al partido o al
representante público —y conozco perfectamente la doctrina del
Tribunal Constitucional—, se trata de intentar establecer un marco
normativo que cambie eso, porque mientras no haya un marco normativo que
cambie eso, efectivamente, la doctrina va a ser la misma. Pensemos
—o abramos el debate al menos— si es más adecuado mantener el
statu quo o si resulta más adecuado, como instrumento de lucha contra la
corrupción, establecer otra vinculación, establecerla a la fuerza
política. Yo reconozco que es un tema escabroso y en el que son
razonables todos los planteamientos, pero como objeto de debate lo dejo
sobre la mesa.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Vasco en el Senado, senador Bildarratz, tiene la
palabra.

El señor BILDARRATZ SORRON: Bai, egun on, mahaiburu jauna.

Beno, gustoz hartzen dugu mozio hau ze benetan gainera gustoa
ematen du baita ere Iglesias jaunarekin eztabaidatzea eta berak egiten
dituen aportazio intelektualak beti edo, askotan edo gehienetan, oso
inportanteak izaten direlako.

Erabat ados gaude gu bere lehen interbentzioarekin edo mozioa
azaldu behar zenean eman dituen esplikazioekin. CISek planteatzen dituen
inkesten baitan garbi eta nabarmen ikusten da herritarren kezka handi bat
honetan datzala, alegia, korrupzioaren inguruan benetako kezka dagoela.
Eta gainera, zalantzarik ez dago horrek islada bat izan duela azkeneko
hauteskundeetan. Beraz, egia da baita ere azkeneko urteetan jendearen
ikuspegia, jendearen sentsibilitatea, posible ere komunikabideen
bitartez, aldatzen ari dela, eta hori bakarrik ere, inportantea da, eta
momentu honetan gai honetaz eztabaidatzen aritzea ere, inportantea
da.

Erabat ados gaude baita ere, eta guk uste dugu hemen dagoela arazo
honen ardatz inportante bat, eta da, alde batetik, ikuspegi judizialetik
ez dagoela independentzia bat, eta horrekin erabat ados gaude, eta baita
hirugarren boterean dagoen tresnen edo baliabideen eskasia ere, guretzat
inportantea da. Ez da posible, ez da posible oraindik Gurtel kasuarekin
bueltaka ibiltzea. Ez da posible. Eta Gurtel esaten dudanean, esaten dut
Gurtel, esaten dut Noos, esaten dut Palma Arena, alegia,benetako
herrialde demokratiko bat izan nahi badugu, lehen elementu inportantea
izango da justizia benetan eraginkorra izatea. Askotan aipatzen ari gara
jendeari, gizarteari eta gizartearentzat ispilu bat izan behar dugula,
adibide bat, edo eredu bat izan behar dugula. Nola demontre sinetsiko du
jendeak, herritarrek guregan, oraindik bueltaka bagabiltza Gurtel
bezalako kasuekin, Noos bezalako kasuekin, ez da posible, inondik
inora.Gai hori eta gai horri irtenbide bat ematen ez zaion bitartean,
jendeak ez du gugan sinetsiko eta benetan ez zaio helduko korrupzioaren
gaiari eta benetan ez da irtenbide bat bilatuko eta aurkituko gai
honekiko.

Iglesias jaunak aipatu du, eta niretzat ere arazo inportante bat
dauka mozio honek, eta da zabala dela. Eta bai dela zabalegia, 50
emendakin eta kontziente gara gainera batzuk gaindituta daudela,
gaindituta daudela eztabaida eman delako eta gainera horren inguruan
erabaki batzuk hartu direlako. Beraz, horrek bai mugatzen duela gai honen
edo mozio honen emaitza. Nahiz, esaten dudan bezala, gai hau ondo
ekarrita egon, baina agian asmatu behar dugu ekartzerakoan beste bide
batzuk aurrera ateratzeko.

Gure ikuspegitik korrupzioaren gaia enfokatu behar denean, bi
elementu ezberdindu behar dira. Lehenengoa, ondo dago behartzeko bideak
edo neurri hertsatzaileak direnak, baina bigarrena, gobernu onaren
ardatza ere jorratu behar da. Ezingo diogu bakarrik korrupzioari aurre
egin behartzeko bideekin edo neurri hertsatzaileekin, ez da posible.
Gobernu onari ere bide bat eman beharko zaio, eta gobernuari bide emateak
esan nahi du gobernu onaren ikuspegia ematea, alegia, elkarrizketa eta
eztabaida nola hobetu daitekeen hiritarrekin, jendearen partaidetza
bultzatu, jendeak hobetu dezan erakundeekiko bere ikuspegia, kultura
administratibo berri bat sortu, gobernu onaren ikuspegitik, gobernu bat
izan dadila eraginkorra, gardena, ebaluatzen duena, partaidetza
areagotzen duena, ze bakarrik korrupzioa ez da plan bat aldatzea edo arau
subsidiario batzuk aldatzea edo hau edo bestea. Ez, eraginkorra ez denean
eta kontzienteegi eraginkorra ez denean erakunde bat ere, egon daiteke
horrelako egoeraren bat. Horregatik esaten dut kultura administratibo
berria sortzea ere, gure ikuspegitik oso inportantea dela.

Lobby eta presio taldeen erregistroa, ados, ados, kenduta
nabardura horiek guk aprobatu behar ditugun, edo gobernuak. Ados,
erregistro hori. Baina ez hori bakarrik, partaidetzarako erregistro bat,
hiritarren, hiritarrekin eduki beharreko tresnen erregistro bat, interes
ezberdinak ordezkatuko dituzten erregistro bat, edo gardentasunerako
agentzia baten sorrera, alegia, ez bakarrik ikuspegi ezkorra, baizik eta
baita ere ikuspegi eraikitzaile bat. Nik ere eduki dudan sentsazio hau
adibidez, mozio hau Euskal Herriarekiko aplikatu beharko bagenu, edo
eztabaidatu beharko bagenu, bai hartzen nuela nolabaiteko bortizkeri bat
eta mesfidantza bat, hasierako mesfidantza bat. Eta esaten dut beno,
hemen jende asko ari da lanean, musu truk, jende gehientsuena musu truk
eta jende gehientsuena musu truk dabilena gainera, udaletxeetan dabil,
udaletxe askotan eta gehientsuenak ere, esaten dudan bezala, ikuspegi
bolondres batekin, beraz, ondo dago hainbat neurri jartzea baina
lehenengoa ez da zu susmagarria zara, ez , lehenengoa da zu gizartearen
alde ari zara, eta noski, izango ditugu hainbat neurri zuzentzaileak
izango direnak, baina kontuz, ez bakarrik berrogeita hamar mila
biztanletik gora duen herri bat, egon daiteke mila biztanleko herri bat,
gaitasun handiagoarekin, nolabaiteko arau aldaketa batzuk egiteko eta
eragiteko eta espekulazioari begira mugitzeko, berrogeita hamar mila
biztanleko herri batena baino.

Beraz, guk bai esango genuke agian mozio hau planteatzerakoan ez
dela biderik eraginkorrena hartu, eta legez besteko proposamena izan
zitekeela biderik eraginkorrena, testu hau landu egin behar delako, testu
hau zuk badakizu dagoen bete— betean neurri batzuekin ados gaude,
beste batzuekin ez, beste batzuk onartuak direla, espirituarekin erabat
ados gaude, baina benetan eraginkorrak izan nahi badugu eta testu bat
bene— benetan edo bete— betean aprobatu nahi badugu, beste
formatu bat eman beharko litzaiokela gure iritziz.

Gu, hor adibidez, idatzi horretan esaten da korrupziorako dauden
aukera legalak azkeneko hilabeteetan areagotu egin direla, egon diren
aldaketa legal guztiekin, gu ez gaude horrekin ados. Hainbat neurrirekin
ados egongo ginateke, beste hainbat neurrirekin ez, eta ni ez naiz izango
Alderdi Popularraren defendatzailea, baina ez nago ados momentu honetan
korrupziorako bideak zabalagoak direla orain arte egon direnak
baino.

Orduan,esaten dudan bezala, ados filosofiarekin, baina beste bide
batzuk asmatu behar ditugu.

Nik uste hemen gauden guztiok kezkatuta gaudela gai horrekin,
gizarteak kezka hori azaldu digu baina bidearekin asmatu egin behar dugu
baita ere. Orduan, lanerako prest, egia da, momentu honetan ez gaudela
momenturik egokienean azken finean legealdia bukatzen ari delako, agian
hurrengo legealdian ere hasi beharko da ebaluatzen legealdi honetan jarri
diren legeen emaitzak, eta emaitza horien baitan baita ere zerbait
planteatu beharko delako. Baina, eskertzen da egindako esfortzua, eta
aldi berean baita ere ikusten da nahitaez zerbait egin behar dela, baina
ez bakarrik ikuspegi negatibo batetik, baizik eta ikuspegi eraikitzaile
batetik.

Guzti honen inguruan, eta erreflexio guzti hauek azaldu eta gero,
esan nahi dugu gure taldea abstenitu egingo dela.

Eskerrik asko.

Buenos días, presidenta.

Es un placer que se presente esta moción porque consideramos que
es positivo el hecho de debatirla con el señor Iglesias; nos parecen muy
interesantes las aportaciones intelectuales que él hace en la mayoría de
los casos y con frecuencia suelen ser, además, aportaciones muy
importantes.

Estamos completamente de acuerdo con su primera intervención, a
saber: en la exposición de motivos. Según lo que plantean las encuestas
del CIS, queda patente que una de las grandes preocupaciones de los
ciudadanos es precisamente esta, la corrupción; hay una preocupación real
sobre la corrupción y además no cabe duda de que ello se ha reflejado en
las últimas elecciones. Cierto es también que en los últimos años la
sensibilidad y el punto de vista de los ciudadanos ha comenzado a
cambiar, quizá gracias a los medios de comunicación, y eso es algo
importante, como lo es estar aquí en estos momentos debatiendo sobre este
asunto.

Estoy plenamente de acuerdo con lo que se ha planteado: se ha
hecho mención a un eje importante de lo que sucede y es que, desde el
punto de vista judicial, no hay independencia judicial —estamos de
acuerdo con lo que se dice en ese sentido—, y también lo estamos
respecto a la falta de medios del tercer poder, y es importante
destacarlo. No es posible que estemos todavía dando vueltas al caso
Gürtel, no es posible, y cuando hablo de Gürtel me refiero también a
Nóos, a Palma Arena, etcétera. Si realmente queremos ser un verdadero
país democrático el primer y más importante elemento será disponer de una
justicia realmente eficaz. Con frecuencia mencionamos eso de ser un
espejo para la ciudadanía, para la sociedad, es decir, que debemos
predicar con el ejemplo y ser un modelo, ¿pero cómo van a confiar los
ciudadanos en nosotros si seguimos todavía a vueltas con casos de
corrupción como el de Gürtel o el de Nóos? No es posible, no es posible
que confíen en nosotros. Si no damos solución a estos temas los
ciudadanos seguirán sin confiar en nosotros, no se pondrá freno a la
corrupción y no se encontrará una salida.

El señor Iglesias ha mencionado algo que para mí es también un
problema: que esta moción es muy amplia, quizá demasiado amplia, son 50
enmiendas y somos conscientes de que algunas además ya han quedado
superadas porque hemos procedido a un debate y se han adoptado una serie
de decisiones en torno a las mismas. Por lo tanto, creo que eso limita el
resultado de esta moción, aunque, como he dicho, el tema nos parece
pertinente, pero quizá debamos encontrar otra forma para seguir adelante
con ella.

A nuestro entender, al enfocar el tema de la corrupción hemos de
tener en cuenta dos elementos distintos. En primer lugar, sí, las medidas
coercitivas —que nos parecen bien— pero hay un segundo
elemento, que es el de la buena gobernanza. Hemos de adentrarnos por esa
senda, no podemos hacer frente a la corrupción únicamente a través de
medidas coercitivas, no es posible, hemos de tener en cuenta la cuestión
del buen gobierno. Con ello quiero decir que debemos mantener un debate y
mejorar la comunicación con los ciudadanos; también hemos de fomentar la
participación de los ciudadanos para que ellos mejoren el punto de vista
que tienen sobre las instituciones; necesitamos crear una nueva cultura
administrativa, siempre dentro del marco del buen gobierno, que sea un
buen gobierno, que sea eficaz, que sea transparente, que sea inclusivo y
que fomente la participación. Porque no puede abordarse la corrupción
únicamente cambiando unas normas subsidiarias o un plan, no; cuando una
institución no es muy eficaz pueden darse este tipo de situaciones, pero
necesitamos una nueva cultura administrativa y eso también entra dentro
de las formas de hacer frente a este problema.

En cuanto al registro de lobbies y grupos de presión, nos parece
muy bien con una serie de salvedades, entre otras, si tenemos que
aprobarlo o no nosotros, pero en cualquier caso estamos a favor.
Asimismo, propone un registro de participación —para que las
medidas que podamos poner en marcha con los ciudadanos queden
registradas— registros de las distintas partes interesadas o una
agencia de transparencia.

Pero no se trata únicamente de afrontar este asunto desde un punto
de vista negativo, nos gustaría también ser constructivos. En el caso del
País Vasco, por ejemplo, la sensación que yo he tenido es que existía
cierta desconfianza al principio respecto a esta moción, pues son muchas
las personas que trabajan sin ánimo de lucro —la mayoría de las
personas—, que en muchos casos trabajan en ayuntamientos sin
remuneración, por puro altruismo, con lo cual sí, está bien incluir una
serie de medidas contra la corrupción, pero no se trata de ir por la vía
de la sospecha, pues se trabaja a favor de la sociedad. Luego es verdad
que habrá que establecer ciertas medidas correctivas, pero no solo en
pueblos de más de 50 000 habitantes, pues puede haber un pueblo de 1000
habitantes que tenga mayor capacidad que uno de más habitantes para
aplicar una serie de cambios de normas y para avanzar desde el punto de
vista de la especulación.

Por lo tanto, quizás el enfoque de esta moción no ha sido el más
eficaz y podía haberse seguido otro camino, como un proyecto no de ley,
porque este texto hay que trabajarlo. Ya saben ustedes que estamos de
acuerdo con algunas medidas, con otras no, otras hay que aprobarlas... O
sea, aunque estamos plenamente de acuerdo con el espíritu de la moción,
si queremos ser realmente eficaces y si queremos un texto que se pueda
aprobar necesitaríamos otro formato. Esta es nuestra opinión.

Hemos de ver qué opciones legales tenemos para luchar contra la
corrupción, las cuales parecen haber aumentado durante los últimos meses
porque ha habido algunos cambios jurídicos. Vuelvo a repetir, nosotros no
estamos de acuerdo con lo que se ha dicho aquí —con algunas medidas
sí estaríamos de acuerdo, como he dejado claro ya, pero con otras no, y
no seré yo defensor del Partido Popular, pero no estoy de acuerdo con eso
de que las vías de corrupción sean ahora más amplias que las de
antes—, y aunque estamos de acuerdo con la filosofía de la moción,
necesitamos encontrar otras vías.

Creo que todos los presentes estamos preocupados por el tema y
también la sociedad nos ha transmitido su preocupación, pero habrá que
ver cuál es el mejor camino para hacer frente al problema. Así que
estamos dispuestos a trabajar, es verdad que quizá no sea el momento más
adecuado el actual porque estamos al final de la legislatura, pero tal
vez en la próxima legislatura tengamos que empezar a evaluar los
resultados de las medidas que se han puesto en práctica durante esta y, a
la luz de esos resultados, volver a plantear otras. (El señor
vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia). En cualquier caso,
quiero darles las gracias por el esfuerzo, vemos que algo hay que hacer,
pero no solo desde un punto de vista negativo, sino también desde un
punto de vista constructivo.

Tras todas estas reflexiones, quiero decirle que nos vamos a
abstener en la votación.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el
senador señor Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Moltes gràcies, senyor president. Bon dia,
bon migdia, senadors i senadores.

Sense cap mena de dubte, la corrupció política és el pitjor enemic
de la democràcia, és un delicte, un comportament que ataca directament a
la seva essència i, al meu entendre, per dos motius. El primer, perquè el
delicte en sí és contrari a aquesta essència. La democràcia vol
representar l’interès públic, l’interès general, mentre que
la corrupció és l’encarnació de tot el contrari: de l’egoisme
i de l’interès particular, és més, de l’aprofitament de
l’interès públic en benefici particular. Però a més hi ha un segon
motiu —tant o més poderós, com hem comprovat abastament,
malauradament al nostre país als últims temps— que és que la
corrupció política és allò que genera més desafecció entre la ciutadania
respecte al propi sistema, perquè la corrupció iguala a tothom. La
corrupció fa que els ciutadans sentin que qualsevol formació política,
que qualsevol governant és igual que l’altre i, per tant, ataca
l’altre gran pilar de la democràcia, és a dir, el pluralisme, la
pluralitat. La corrupció deixa sense sentit la democràcia i, en
definitiva, l’acaba equiparant en l’inconscient de molta part
de la ciutadania a l’autocràcia. La corrupció és, doncs, el gran
enemic de la democràcia i el caldo de cultiu més important, el fonament i
l’argumentari, dels totalitarismes. Per tant, senyories —com
suposo que tots comparteixen—, el combat contra la corrupció és el
combat principal de la democràcia.

No hi ha persones més antisistema, antidemòcrates, que els
corruptes i els corruptors. Per això, no podem tenir ni un gram de
tolerància i no es pot escatimar ni un esforç ni un intent per
eradicar-la, a risc, de vegades, també d’equivocar-se en les
mesures i d’haver de procedir pel sistema d’assaig i error.
Qualsevol de nosaltres, qualsevol responsable públic i qualsevol partit,
ha de tenir aquesta premissa com una de les seves primeres premisses per
comportar-se èticament, tant en relació a sí mateix, com políticament, és
a dir, en relació a les mesures que s’emprenen pel conjunt del
sistema: de les seves institucions, dels valors, de les formes i dels
procediments, que el conformen.

Malauradament, senyories, el Partit Popular, i el Govern del
Partit Popular, no ha volgut liderar aquest esforç col·lectiu per plantar
cara i expulsar fins on sigui possible, el màxim possible, la corrupció
de la nostra democràcia; una actitud que, malauradament, Convergència i
Unió tampoc no ha practicat a Catalunya. El Partit Popular el primer que
ha fet és negar el problema. Per què era el seu problema principalment?
No ho sé, però en tot cas, primer va negar el problema —el propi
president del Govern mai no utilitzava aquest nom, mai es referia al cas
Gürtel, ni tan sols en els plens monogràfics destinats a aquesta
qüestió—. Després, el Partit Popular s’ha dedicat a atacar
els altres per compensar el seu propi mal, i, finalment, tard i a
contrapeu, ha intentat alguna mesura i ha fet algun anunci.

Però, senadora Vindel —i espero que em respongui—,
vostè creu i afirma que en tema de corrupció a Espanya ja està tot fet?
Que vostès han fet tots els canvis que s’havien de fer? Que tot és
perfecte? Que ja n’hi ha prou? Que som perfectament capaços, com a
conjunt institucional —des de la Justícia fins a la Policia,
passant per les lleis—, d’eradicar i d’haver combatut
fins a les seves últimes conseqüències aquest fenomen nefast? Vostè pot
assegurar això en aquesta tribuna i a partir d’aquí mostrar-se
satisfeta de tot el que hem fet i absolutament complaguda amb la situació
actual?

Li recordo, senadora Vindel, que l’any 2013, el senador
Granados, quatre files més cap aquí dalt, mentre estava assegut aquí,
delinquia —no sé si per telèfon o quan no estava a
l’hemicicle—. I, per tant, el problema,... (La senadora
Vindel López pronuncia paraules que no es perceben) Sí, senadora Vindel,
li estic parlant del senador Granados.






Vostè, quan tingui l’ús de
la paraula, parli de qui vulgui; jo parlo del senador Granados, que
estava aquí i se’n reia de nosaltres. Recordo perfectament com
estava aquí i se’n reia de nosaltres des del seu escó. Per tant, li
pregunto: vostè creu que està realment tot arreglat, que ja n’hi ha
prou, que hem fet tot el que s’havia de fer en aquest parlament i a
la nostra societat? Crec que no hi ha hagut ni la suficient autocrítica
per part del conjunt de forces —en particular, per part del Partit
Popular—, ni el grau de tolerància zero que corresponia, ni,
sobretot, la voluntat de buscar el consens i el diàleg absolutament
imprescindibles per abordar aquest conjunt de mesures, perquè
efectivament es tracta d’un conjunt de mesures àmplies,
regeneradores, que vagin a l’arrel del problema. Aquesta és la
línia de treball que nosaltres, els socialistes, hem impulsat en aquests
últims anys, i això és el que compartim de la intenció i el plantejament
de la moció que presenta avui el senador Iglesias en nom del Grup Mixt i
de Izquierda Unida.

És veritat que no acabem de veure clares, per diferents motius,
algunes de les 50 mesures que proposa —com alguns canvis en el
règim local, en els temes de l’aforament, en els temes de la
LOREG—, però, d’altra banda, també vull dir-ho, hi ha algunes
propostes innovadores i alguna que ens agrada especialment, com el tema
dels paradisos fiscals. Sí que compartim plenament és el seu enfoc
integral i radical, que vol dir que va a l’arrel del problema i que
intenta abordar el problema amb tota la seva complexitat. Per tant,
aquesta visió, aquest enfoc que s’acosta —insisteixo, al que
nosaltres hem impulsat amb proposicions al Congrés dels Diputats i en un
enorme conjunt d’esmenes a les diferents lleis que hem debatut aquí
al Senat, entre altres, l’única iniciativa que crec —i ho dic
sense cap pudor—, que el Govern ha tirat endavant amb caràcter
realment profund i estratègic, com ha estat la Llei de la transparència.
Malauradament, més d’un any d’aplicació demostra que era una
llei —com avançàvem—, coixa i insuficient, que deixava temes
importants al tinter, i que encara necessita molt més aprofundiment.

En definitiva, senyories, la lluita contra la corrupció, la
voluntat de lluita inequívoca contra la corrupció, i el missatge clar que
envia aquesta moció a la ciutadania de voluntat de regeneració a fons, és
el que fan que el nostre grup s’afegeixi plenament a aquesta moció
i li doni el seu suport.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, senadores y
senadoras.

Sin duda alguna, la corrupción política es el peor enemigo de la
democracia, es un delito, un comportamiento que ataca directamente a su
esencia y, a mi entender, por dos motivos. El primero, porque el delito
en sí es contrario a esta esencia. La democracia quiere representar el
interés público, el interés general, mientras que la corrupción es la
encarnación de todo lo contrario: del egoísmo y del interés particular,
es más, del aprovechamiento del interés público en beneficio particular.
Pero existe un segundo motivo —tanto o más poderoso que este, como
hemos comprobado ampliamente en los últimos tiempos en nuestro
país— que es que la corrupción política lamentablemente genera más
desafección entre la ciudadanía respecto al propio sistema, porque iguala
a todo el mundo. La corrupción hace que los ciudadanos sientan que
cualquier formación política o cualquier gobernante sea igual que el
otro, por lo tanto, ataca al otro gran pilar de la democracia, es decir,
al pluralismo. La corrupción deja sin sentido la democracia y, en
definitiva, acaba equiparándola en el consciente de gran parte de la
ciudadanía a la autocracia. La corrupción es, por lo tanto, el gran
enemigo de la democracia y el caldo de cultivo más importante para el
fundamento y argumentario de los totalitarismos. Por lo tanto, señorías
—y supongo que todos lo compartimos—, el combate contra la
corrupción es el principal combate de la democracia.

No hay personas más antisistema ni más antidemócratas que los
corruptos y los corruptores. Por ello no podemos tener ni un gramo de
tolerancia y no se puede dejar de hacer esfuerzos para intentar
erradicarlas, incluso a riesgo de equivocarse a veces en las medidas y al
proceder por el sistema de ensayo y error. Cualquiera de nosotros,
cualquier responsable público y cualquier partido debe tener esto como
una de sus primeras premisas para comportarse éticamente tanto con
relación a sí mismo, como políticamente, es decir, con respecto a las
medidas que se adoptan por el sistema —sus
instituciones,...—, los valores, las formas y los procedimientos
que conlleva.

Lamentablemente, señorías, el Partido Popular y el Gobierno del
Partido Popular no han querido liderar este esfuerzo colectivo para
plantar cara y expulsar hasta el máximo posible la corrupción de nuestra
democracia, actitud que, lamentablemente, Convergència i Unió tampoco ha
practicado en Cataluña. El Partido Popular lo primero que ha hecho es
negar el problema, y ¿por qué negarlo? Al inicio se negó —el propio
presidente del Gobierno nunca utilizaba este nombre para referirse al
caso Gürtel, ni siquiera en los plenos monográficos destinados a esta
cuestión—. Posteriormente, el Partido Popular se ha dedicado a
atacar a otros para compensar su propio daño, su propio mal, y,
finalmente, tarde y a contrapié, ha intentado alguna medida y ha hecho
algún anuncio.

Pero, senadora Vindel —espero que me responda—, ¿cree
y afirma que en España ya está todo hecho en el tema de la corrupción?
¿Que ustedes han hecho todos los cambios que se debían hacer? ¿Que todo
es perfecto? ¿Que ya hay suficiente? ¿Que somos perfectamente capaces,
como conjunto institucional —desde la Justicia hasta la Policía,
pasando por las leyes—, de erradicar y combatir hasta sus últimas
consecuencias este fenómeno nefasto? ¿Usted puede asegurarlo en esta
tribuna y, a partir de aquí, manifestarse satisfecha de todo lo que se ha
hecho y absolutamente complacida con la situación actual?

Le recuerdo, senadora Vindel, que en el año 2013, el senador
Granados, cuatro filas más arriba, mientras estaba sentado aquí,
delinquía —no sé si por teléfono o cuando no estaba en el
hemiciclo—. Por lo tanto, el problema,... (La señora Vindel López
pronuncia palabras que no se perciben) Sí, senadora Vindel, estoy
hablando del senador Granados. Usted, cuando tenga uso de la palabra,
hable de quien quiera; yo hablo del senador Granados, que estaba aquí y
se reía de nosotros. Recuerdo perfectamente que estaba aquí y se reía de
nosotros desde su escaño. Por lo tanto le pregunto: ¿Usted cree que está
realmente todo arreglado, que es suficiente, que se ha hecho todo lo que
se debía hacer en este parlamento y en nuestra sociedad? Creo que no ha
habido la suficiente autocrítica por algunas fuerzas —en
particular, por el Partido Popular—, ni el grado de tolerancia
cero, que correspondía, ni la voluntad sobre todo de buscar el consenso y
el diálogo, absolutamente imprescindibles para abordar estas medidas, que
efectivamente son amplias y regeneradoras y van a la raíz del problema.
Esta es la línea de trabajo que nosotros, los socialistas, hemos
impulsado en estos últimos años, y es lo que compartimos de la intención
y el planteamiento de la moción que presenta hoy el senador Iglesias en
nombre del Grupo Mixto y de Izquierda Unida.

No terminamos de ver claras, por distintos motivos, algunas de
las 50 medidas que propone —por ejemplo, algunos cambios en el
régimen local, en los temas del aforamiento, en los temas de la
LOREG—, pero he de decir que nos gustan algunas propuestas
innovadoras, y alguna especialmente, como la relativa a los paraísos
fiscales. Sí compartimos plenamente su enfoque integral y radical, es
decir, que vaya a la raíz del problema e intente abordarlo en toda su
complejidad. Por tanto, esta visión o este enfoque se acerca a lo que
nosotros hemos impulsado con oposición en el Congreso de los Diputados y
con un gran número de enmiendas a las distintas leyes que hemos debatido
en el Senado, entre otras, las de única iniciativa, que —y lo digo
sin ningún tipo de pudor— el Gobierno ha llevado a cabo con
carácter realmente profundo y estratégico, como ha sido la Ley de la
trasparencia. Lamentablemente, después de más de un año, su aplicación
demuestra que ha sido una ley —como avanzábamos— coja e
insuficiente, que deja temas importantes en el tintero y que todavía
necesita mucha más profundidad.

En definitiva, señorías, la voluntad contra la corrupción, la
voluntad de lucha inequívoca contra la corrupción y el mensaje claro que
envía esta moción a la ciudadanía de voluntad de regeneración a fondo
hacen que nuestro grupo se una plenamente a esta moción y le dé su
apoyo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Martí.

Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador
Bel.

El señor BEL ACCENSI: Moltes gràcies, president.

Vagi en primer lloc el meu reconeixement a la capacitat de treball
que ha demostrat al llarg d’aquests tres anys i mig el senador
Iglesias —i, per tant, voldria contextualitzar la meva intervenció
en aquest reconeixement—; capacitat de treball que crec que ha
volgut reflectir en aquesta moció que sembla ser —si em permet
l’expressió, senyor Iglesias—, una recopilació dels èxits
dels últims quatre anys, o una recopilació, com vostè deia, de totes les
propostes.

Quan es fa una moció tan extensa, corre un el perill —com
s’ha manifestat també per part d’altres portaveus— de
dificultar molt el consens. Nosaltres en un moment ens havíem plantejat
de presentar esmenes i, al final, entenem que no era procedimentalment el
més adequat, donat que vostè proposa 50 actuacions que, a la vegada
—alguna d’aquestes 50 propostes— té moltíssims vectors
i moltíssimes actuacions.

Per tant, ja li avanço que el nostre Grup no li votarà a favor, no
perquè no compartim l’esperit, sinó perquè no compartim algunes, i
algunes molt significatives, d’aquestes propostes, que jo intentaré
explicar. En tot cas li reconec la iniciativa, li reconec la capacitat de
treball, però crec que en quant a la concreció no hi ha encert, per
diferents motius. Algunes, perquè crec que al fer una recopilació del
treball dels últims quatre anys, i les propostes i iniciatives dels
últims quatre anys, no s’ha sigut suficientment hàbil per extraure
aquelles que ja estan en vigor o en aplicació, i aquest és un element
significatiu. Altres, perquè són propostes que el nostre grup
parlamentari no comparteix. Per exemple, vostès comencen la moció en una
de les propostes dient que s’hauria d’eliminar el termini de
prescripció del delicte contra la corrupció. Aquest és un debat que
podríem obrir, si s’han d’eliminar els terminis de
prescripció, però nosaltres no hi estarem d’acord que fos només per
als delictes de corrupció, perquè com s’explicaria que es faci així
i, per a un assassinat, no, per exemple? Per tant, aquí tenim una primera
discrepància.

Una altra discrepància més profunda és aquella sensació que algú
podria desprendre de la lectura de la seva moció. Fem l’exercici
que vingués una persona que no conegués l’Estat espanyol i llegís
la moció. La primera percepció que tindria és que els alcaldes i regidors
de l’Estat espanyol són una banda de bandolers, perquè els estem
criminalitzant, els estem estigmatitzant. Crec que s’equivoca. El
conec personalment, senador Iglesias, i sé que no és la seva intenció,
però quan està dient que se’ls ha d’inspeccionar de forma
periòdica, als alcaldes i regidors d’urbanisme, sigui més o menys
de 50 000 habitants, estem estigmatitzant-ho d’una forma
absolutament indigna. No podem permetre-ho això. No podem col·laborar,
des de determinades institucions, a estigmatitzar la funció i
l’acció política.

Li parlo per Catalunya, i després faré alguna referència a
Catalunya i a la intervenció que ha fet el senador del PSC, el senador
Martí. A Catalunya no hi ha cap modificació urbanística que
s’aprovi exclusivament amb el vot, ja no de la comissió de govern
ni del plenari de l’ajuntament, sinó que totes estan sotmeses sota
tutela de la Comissió d’urbanisme territorial o de la Comissió
d’urbanisme de Catalunya, per tant, sota la tutela d’una
administració superior. Per què no haurem d’inspeccionar a tots els
consellers de territori? O per què no haurem d’inspeccionar a tota
una altra sèrie de persones que intervenen en tots aquests processos? Per
què exclusivament als alcaldes? Per què exclusivament als regidors
d’Urbanisme? Per què no als regidors de Serveis? Vostè deia que en
les concessions de Serveis també es produeixen nombrosos casos. Llavors,
per què no els han d’inspeccionar? Crec que amb això no contribuïm,
de veritat, a la dignificació de la funció de les persones que en un
moment de la seva vida la dediquen al servei públic i a ocupar càrrecs en
determinades institucions. Diu que a més els alcaldes i regidors han de
fer una declaració de béns i l’han de publicar. És clar, és el que
estem fent. Nosaltres tenim una llei de transparència de Catalunya, molt
més agosarada —després també en parlaré— que
l’espanyola, i ara tots els càrrecs que hauran estat elegits a les
eleccions municipals estan fent una declaració de béns que es publicarà a
la pàgina web dels nostres ajuntaments. No demanéssim allò que ja estem
fent, perquè és obvi.

Una altra qüestió, senador Iglesias: que s’eliminin les
aportacions als plans de pensions privats dels càrrecs públics. Compte!
Jo porto quatre anys, de senador, i no he tingut cap aportació al pla de
pensions; els diputats al Congrés no tenen aportacions a plans de
pensions; els diputats al Parlament de Catalunya no tenen tampoc
aportacions a plans de pensions, i els regidors i regidores als
ajuntaments de Catalunya no tenen aportacions a plans de pensions. Ho
dic, perquè si algú llegeix la moció es pot pensar que todo el monte es
orégano, y todo el monte no es orégano, s’han pres moltes mesures.
Algunes de les mesures que vostè contempla en aquesta moció les considero
necessàries, imprescindibles, però crec que altres contribueixen a donar
una imatge distorsionada de la situació, perquè la corrupció és un
problema, però no és un problema l’any 2015, ha estat un problema
els últims quaranta anys, i molts dels casos de corrupció que avui
surten, surten a la llum pública molts anys després. Segurament aquest és
el problema que haurem de resoldre.

I en tot cas també fer una matisació a la intervenció del senyor
Martí i la seva obsessió malaltissa amb Convergència i Unió,
—malaltissa, perquè si no no s’entenen les seves paraules
abans—. Que això vingui de la mà del PSC té la seva peculiaritat.
Ho dic perquè al PSC —hi ha gent que no ho sabrà—
l’alcalde, president de la Federació de Municipis de Catalunya, del
PSC, va tenir que dimitir i anar-se’n a casa d’amagatotis,
per una sèrie de casos que encara avui no estan aclarits.

Senyor Martí, venir aquí i dir que els de Convergència i Unió no
han fet res, i afirmar que reconeix que el Partit Popular ha fet una llei
de transparència, o no en té ni idea, o no s’ha llegit la Llei de
transparència espanyola i no s’ha llegit la Llei de transparència
catalana, que també van votar vostès, i que va ser iniciativa del Govern.
És molt més ambiciosa la Llei de transparència catalana que
l’espanyola. I vostè ve aquí i reconeix que el Partit Popular ho ha
fet bé, això, en canvi, el Govern de la Generalitat, no —no sigui
cosa que a mi em renyin, quan arribi a casa—. Una mica de dignitat
i una mica de responsabilitat. (El senyor Martí Jufresa pronuncia
paraules que no es perceben). I quan hagin aclarit tots els casos de
corrupció que afecten al PSC a Catalunya, vingui, pugi aquí, i doni
lliçons. Mentrestant, sigui humil, i reconegui el treball dels altres,
perquè segurament el dignificarà més.

Muchas gracias, presidente.

En primer lugar, mi reconocimiento a la capacidad de trabajo que
ha demostrado a lo largo de estos tres años y medio el senador Iglesias
—y quisiera contextualizar mi intervención en este
reconocimiento—; capacidad de trabajo que el senador Iglesias ha
querido reflejar en esta moción, que parece —si me permite la
expresión— una recopilación de los éxitos de los últimos cuatro
años o, como usted decía, de todas las propuestas.

Cuando se realiza una moción tan extensa, uno corre el peligro
—como se ha puesto de manifiesto también por otros
portavoces— de dificultar mucho el consenso. Nosotros en un momento
nos planteamos presentar enmiendas y, al final, entendimos que no era
procedimentalmente lo más adecuado dado que usted propone 50 propuestas,
que, a su vez —algunas de ellas— tienen muchas
actuaciones.

Por tanto, le avanzo que nuestro Grupo no votará a favor, no
porque no compartamos el espíritu, sino por algunas propuestas
suficientemente significativas que intentaré explicar. Reconozco la
iniciativa y la capacidad de trabajo, pero la concreción no nos parece
acertada, por distintos motivos. En algunos casos porque en la
recopilación de las propuestas e iniciativas de los últimos cuatro años
no se ha sido lo suficientemente hábil para extraer aquellas que están ya
en vigor o aplicación, y este es un elemento significativo, y en otros
casos, porque son propuestas que mi grupo parlamentario no comparte. Por
ejemplo, una de las propuestas que propone la moción es que se debería
eliminar el plazo de prescripción del delito contra la corrupción. Un
debate que podríamos abrir sería si se deberían eliminar o no los plazos
de prescripción, pero no estamos de acuerdo con que fuera solo para los
delitos de corrupción, porque ¿cómo se explicaría que se hiciera en un
caso de corrupción y no por un asesinato, por ejemplo? Aquí tendríamos la
primera discrepancia.

Otra discrepancia más profunda, aquella sensación que se podría
desprender de la lectura de su moción. Pensemos que viniera una persona
que no conociera el Estado español y se leyera la moción. Pues su primera
percepción sería que los alcaldes y los regidores del Estado español son
una banda de bandoleros, porque les estamos criminalizando. Creo que se
equivoca. Lo conozco personalmente y sé que no es esa su intención, pero
está diciendo que se deben inspeccionar periódicamente a los alcaldes y
concejales de Urbanismo en aquellas poblaciones de más de 50 000
habitantes, con lo cual les estamos estigmatizando de una forma
absolutamente indigna. No podemos permitirlo y determinadas instituciones
no podemos colaborar en estigmatizar la función y la acción
política.

Después haré una referencia a Cataluña, ahora a la intervención
del senador del PSC, señor Martí. En Cataluña no hay ninguna modificación
urbanística que se apruebe exclusivamente con el voto de la comisión de
gobierno o del pleno del ayuntamiento, todas están sometidas a la tutela
de la Comisión de urbanismo territorial o a la Comisión de urbanismo de
Cataluña, por tanto, bajo la tutela de una administración superior. Si no
tenemos que inspeccionar a todos los consejeros del territorio, a toda
esa serie de personas que intervienen en estos procesos, ¿por qué sí
exclusivamente a los alcaldes, a los concejales de Urbanismo? ¿Por qué no
a los concejales de Servicios? Usted decía que en las concesiones de
Servicios también se producen estos casos. Entonces, ¿por qué no
deberíamos inspeccionarlos también? Creo que con esto no contribuimos a
la dignificación de las personas que dedican su vida al servicio público
y ocupan cargos en determinadas instituciones. Dice además que los
alcaldes y concejales deben hacer una declaración de bienes y deben
publicarla. Claro, es lo que estamos haciendo. En Cataluña tenemos una
ley de transparencia mucho más fuerte, más profunda que la española, y
actualmente los cargos elegidos en las elecciones municipales están
haciendo una declaración de bienes que se publicará para que la puedan
ver los ciudadanos, y no se les olvida porque es obvio.

Otra cuestión: que se eliminen las aportaciones a los planes
privados de pensiones de los cargos públicos. ¡Cuidado! Yo llevo cuatro
años como senador y no he tenido ninguna aportación al plan de pensiones;
los diputados en el Congreso tampoco tienen aportaciones al plan de
pensiones; tampoco los diputados en el Parlamento de Cataluña ni los
concejales de los ayuntamientos catalanes. Lo digo porque, si alguien lee
la moción, podría pensar que todo el monte es orégano, y no todo el monte
es orégano, se han adoptado muchas medidas. Algunas de las medidas que se
contemplan en esta moción las considero necesarias e imprescindibles,
pero creo que otras contribuyen a dar una imagen distorsionada de la
situación, porque la corrupción no es un problema en el año 2015, lo ha
sido en los últimos cuarenta años, y muchos casos de corrupción que hoy
salen a la luz lo hacen muchos años después. Seguramente este es el
problema que deberemos resolver.

También quisiera hacer un matiz a la intervención del señor Martí
por su obsesión con Convergència i Unió —una obsesión enfermiza,
porque, si no, no se entienden sus palabras anteriores—. Que esto
venga de la mano del PSC tiene su peculiaridad. Lo digo —y hay
gente que no lo sabrá— porque el alcalde, presidente de la
Federación de Municipios de Cataluña del PSC tuvo que dimitir e irse a
casa a escondidas por una serie de casos que todavía hoy no están
aclarados.

Señor Martí, venir aquí y decir que la gente de Convergència i
Unió no ha hecho nada, y afirmar reconozco que el Partido Popular ha
hecho una ley de transparencia, o no tiene ni idea o no se ha leído la
Ley de transparencia española, o no se ha leído la Ley de transparencia
catalana, que también la han votado ustedes a iniciativa del Gobierno. La
Ley de transparencia catalana es mucho más ambiciosa que la española. Y
usted viene aquí y reconoce que el Partido Popular lo ha hecho bien y el
Gobierno de la Generalitat no —no vaya a ser que me riñan cuando
llegue a casa—. Hay que tener un poco de dignidad, por favor, y un
poco de responsabilidad. (El señor Martí Jufresa pronuncia palabras que
no se perciben). Y cuando hayan aclarado todos los casos de corrupción
que afectan al PSC en Cataluña, entonces suba aquí y dé lecciones.
Mientras tanto, sea humilde y reconozca el trabajo de los demás, porque
seguramente le dignificaría más.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Ruego no polemicen con el
orador.

El señor BEL ACCENSI: Muchísimas gracias, señor presidente.

Bé, en tot cas, el que crec que sí que no ajuda és intentar
generalitzar una situació que no afecta a tots.

Senyor Iglesias, li agraeixo la moció, però no la podem compartir.
En la mesura que proposi alguna d’aquestes mesures de forma
individual, crec que generem un acord i un consens.

Respecte als ajuntament i als casos que afecten a la corrupció
urbanística als ajuntaments, li donaria una dada: hi ha 8122 ajuntaments
a l’Estat espanyol. Em podria dir quants casos de corrupció
urbanística en aquests moments estan al jutjat al conjunt de
l’Estat espanyol? No arriba ni a un 1 %. No generalitzéssim, perquè
hi ha moltíssima gent que està fent de forma molt digna i molt honesta la
seva funció política i de representació de tots els conciutadans.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Bien, en todo caso, lo que no ayuda es intentar generalizar una
situación que no afecta a todos.

Señor Iglesias, le agradezco la presentación de la moción, pero no
la podemos compartir. En la medida en que proponga algunas de estas
medidas de forma individual, se generará un acuerdo y un consenso.

Respecto a los casos que afectan a la corrupción urbanística en
los ayuntamientos le daré un dato: hay 8122 ayuntamientos en el Estado
español. ¿Podría decirme cuántos casos de corrupción urbanística en el
Estado español están en estos momentos en el juzgado? No llega ni al 1 %.
No generalicemos, porque hay mucha gente que está haciendo de forma muy
digna y muy honesta su función política y de representación de todos los
conciudadanos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Por el Grupo Socialista,
tiene la palabra el senador señor Antich.

El señor ANTICH OLIVER:






Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar me sumo también a dar las gracias al
senador Iglesias por esta iniciativa. En segundo lugar, como él bien
decía, los informes del CIS señalan la corrupción como el segundo gran
problema de los ciudadanos y el desempleo como el primer problema. El
propio CIS, la última vez que preguntó, señalaba que 7 de cada 10
ciudadanos estaban poco o nada satisfechos con el funcionamiento de la
democracia, y antes de la crisis era al revés; a partir de 2012, el
crecimiento de la insatisfacción es abrupto y, sorpresivamente, el CIS
deja de preguntar sobre ello en años posteriores. La Encuesta Social
Europea antes de la crisis situaba a España en las primeras posiciones de
satisfacción, justo detrás de los países escandinavos, y desde la crisis
nos sitúa con los más retrasados, con los países de la Europa del
Este.

El informe sobre la democracia en España 2015, que hace nueve años
elabora la Fundación Alternativas, traslada una percepción ciudadana muy
mayoritaria de deterioro de nuestra democracia, marcando el nivel más
bajo de satisfacción desde que se hace el informe, con un aprobado justo,
y nos dice que este deterioro se expande con una enorme rapidez, que es
lo que le diferencia de otros países. El informe mantiene las tendencias
negativas de los últimos años —subordinación del poder político al
poder económico, corrupción y una democracia menos inclusiva—, con
un elemento negativo novedoso, el deterioro de los derechos sociales
—lo que hasta hace poco era una de las fortalezas del sistema
democrático español, se convierte ahora en una de sus debilidades—.
Apunta también a la pérdida de libertades con la Ley de seguridad
ciudadana.

Vistos los informes, no es osado aventurar que en la expansión tan
rápida del deterioro de nuestra democracia —hecho que nos
diferencia de otros países en crisis— juega un papel fundamental la
multitud de casos de corrupción en investigación y una respuesta
neoliberal a la crisis, que ha situado la desigualdad y la pobreza a unos
niveles impresentables, recortando prestaciones y servicios esenciales,
aprovechando la mínima para recortar libertades, impulsando una
devaluación general, mientras crece una élite cada vez más rica. Basta
mirar el informe sobre la riqueza mundial de la consultora Capgemini y
del Royal Bank of Canada, que afirma que los ricos han aumentado en
España durante la crisis en un 40 %.

Según Naciones Unidas, la corrupción es una fenómeno social
complejo que mina las instituciones democráticas y contribuye a la
inestabilidad de los gobiernos, frena el desarrollo económico, ataca los
fundamentos de las instituciones democráticas, distorsiona los procesos
electorales y pervierte la aplicación de la ley, una lacra que tiene
grandes costes democráticos, sociales y económicos, y que impulsa todas
las caras de la desigualdad.

Si nos referimos a España, hay estudios que estiman que la
corrupción representa alrededor del 4 % del PIB, unos 40 000 millones
—siempre hablando de la corrupción en su más estricto sentido,
dejando de lado el tema de la economía sumergida—. En Europa, la
media es del 2 o el 2,5 del PIB europeo. España estaba situada en 2014,
según los indicadores de la corrupción en el mundo, en el puesto 37
—entre los más corruptos de Europa—, lo que hace pensar que
el porcentaje del 4 % del PIB no es nada descabellado.

Al igual que ha pasado con las reformas en respuesta a la crisis,
las que se han planteado como de regeneración democrática y de lucha
contra la corrupción se han tramitado de forma general con poca voluntad
de acuerdos, con algunas excepciones como las referentes a los partidos
políticos, es más, diría que muchas veces con enfrentamiento con la
oposición, como es el caso del Código Penal —una ley importantísima
en cualquier país democrático— o la de la seguridad ciudadana.
Reformas en las que se han aceptado muy pocas enmiendas, tramitadas
generalmente por urgencia, empleando esta Cámara en ocasiones para
plantear cuestiones nuevas, no sometidas a informes preceptivos. Urgencia
que ha sido la regla general en esta legislatura, y con lo que se nos
anunció ayer para los próximos meses, estamos alcanzando ya una posición
claramente antisistema de la tramitación parlamentaria. Unas reformas
insuficientes para la finalidad que perseguían, como es, por ejemplo,
rechazar una oficina anticorrupción independiente o rechazar la
regulación de las puertas giratorias y los lobbies, o la transparencia
activa de urbanismo, y la publicidad o mayor independencia de los órganos
de control, etcétera. Unas reformas que en algunos casos han servido para
suavizar la legislación vigente, como pasó, por ejemplo, con la reforma
de altos cargos respecto a la Ley 5/2006, que rebajó las declaraciones de
bienes y actividades; o han significado, en otros casos, claros
retrocesos como la reducción de las penas al cohecho impropio y a la
malversación en la reforma del Código Penal. Reformas que mantienen unas
cantidades muy altas para que se den determinados delitos de cuello
blanco —120 000 euros para el delito fiscal—, además de la
llamada cláusula absolutoria—; 500 000 euros para la financiación
ilegal de los partidos, además de dejar muy indefinidas las
responsabilidades. En cambio, son muy duras cuando hablamos de pequeñas
defraudaciones a la Seguridad Social o regresivas respecto del ejercicio
de los derechos de manifestación y de huelga. En definitiva, unas
fórmulas muy acordes con la famosa amnistía fiscal, que ha convivido con
aumentos de impuestos y un sistema fiscal nada progresivo, o con los
recortes de servicios y prestaciones esenciales.

He de decir en cuanto a las aportaciones de la moción que muchas
son parecidas a iniciativas de mi grupo o a enmiendas presentadas a las
reformas hechas en esta legislatura, y otras figuran en el Código de
Ética firmado por mi partido con Transparencia Internacional, o han sido
propuestas, por ejemplo, para impulsar reformas en las Cámaras.
Coincidimos con muchos puntos de la moción pero no con todos, como en el
campo local —ya se ha dicho aquí— o en distintos temas,
creemos que necesitan matizarse. Incluso también, como ya se ha dicho,
hay alguna propuesta contraria a la jurisprudencia constitucional; y
otras de las reformas ya están en vigor. Pero, en definitiva, entendemos
que un plan como el que se propone necesita que se le dé apoyo sin
perjuicio de que pensemos que necesita a la vez de un foro mucho más
amplio que el de una simple moción con el fin de poder analizar con más
tranquilidad la mejora de su contenido dada su amplitud y la gran
diversidad de materias, los problemas competenciales y el nivel de
concreción que contiene.

Por eso, decía que, a pesar de que no compartimos muchas de las
propuestas que se hacen, sí compartimos el espíritu. Y con esta idea le
vamos a dar apoyo, no con la idea de compartir todas las medidas
concretas, que, como decía, necesitan de un foro mucho más amplio para la
concreción. Entendemos que necesitamos un refuerzo de medidas en este
sentido, medidas punitivas, pero también más prevención, con mayores
controles, más independientes y más capaces; con procesos más ágiles para
perseguir a corruptos y corruptores, y recuperar los importes de los
daños; con más coordinación y más atención a determinados temas, como el
urbanismo, la contratación; con más gobernanza, con más evaluación y
rendición de políticas y de cuentas; eliminando prerrogativas desfasadas;
mejorando la participación de la ciudadanía; con mejores procesos
electores y con mejor organización y funcionamiento de los partidos;
medidas nacionales y europeas para combatir el fraude fiscal y los
paraísos fiscales, como, por ejemplo, la que se está discutiendo en estos
momentos en las instituciones europeas para que las sociedades que
cotizan en bolsa manifiesten los países donde han pagado sus tributos. He
de decir que, en este tema, los conservadores europeos aún no apoyan esta
cuestión.

Es un plan amplio teniendo en cuenta que un reciente estudio de
Ernst & Young manifiesta, lamentablemente, que un 90 % de los
ejecutivos españoles están de acuerdo con que los sobornos, regalos y
ciertas prácticas son justificables para ganar un contrato-negocio y que
en Europa el porcentaje es inferior, el 50 %, aunque la cifra no ha
disminuido desde que se celebró la última encuesta, con el agravante de
que ello no es un rasgo exclusivo de los altos cargos ya que, según el
mismo estudio, un 82 % de los empleados españoles justifica este tipo de
actuaciones no éticas. En este caso, el resultado es de un 62 % en toda
Europa. Parece conveniente, pues, trabajar con las empresas y con las
asociaciones empresariales para cambiar estas situaciones, implantar
políticas activas y fomentar los valores pertinentes con la educación y
la formación.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor,
finalice.

El señor ANTICH OLIVER: Ya termino, presidente.

Una actuación esta que necesitamos y que es necesario que se
complemente con otra respuesta a la crisis, más solidaria e inclusiva,
que, sin duda, es otro de los elementos que pone en peligro nuestra
democracia.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, presidente
Antich.

Tiene la palabra la senadora señora Vindel, por el Grupo
Popular.

La señora VINDEL LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, por una vez, y sin que sirva de precedente, voy a estar
totalmente de acuerdo con una afirmación que ha hecho el senador
Bildarratz y es que no hay más vías de corrupción después de estos tres
años y medio; no hay más, sino más bien todo lo contrario, o esa ha sido
la intención de cuantas reformas se han llevado a cabo.

Les decía antes que el Gobierno presentó más de 70 medidas contra
la corrupción que conforman el proyecto de regeneración más ambicioso a
favor de la ejemplaridad, del rigor y de la transparencia para luchar de
forma completa y efectiva contra la corrupción. Se ha citado mucho la
encuesta del CIS en este punto. Creemos que así, con todas estas medidas,
se respondió a los ciudadanos; son unas medidas innovadoras, valientes y
cuya intención —y creemos que así será— es la de ser muy
eficaces para prevenir, detectar, y desde luego, castigar mejor la
corrupción.

Son cuatro leyes, señorías, que conocen perfectamente y que
constituyen los cuatro ejes alrededor de los que se articulan todas esas
medidas: la Ley de control de la actividad económico-financiera de los
partidos; la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo; la Ley de
transparencia, que es la primera de nuestra historia, pues en las nueve
legislaturas anteriores ningún Gobierno la había traído a las Cámaras, y
la reforma del Código Penal. Como digo, estos son los cuatro ejes, pero a
ellos, señorías, se va a unir muy pronto la reforma de la Ley de
enjuiciamiento criminal, que acaba de ser aprobada por el Pleno del
Congreso de los Diputados y que introduce, entre otras cosas, plazos
máximos de instrucción.

El senador Bildarratz hacía una relación de asuntos que todavía se
estaban instruyendo, como el caso Gürtel, el caso Nóos, el caso de los
ERE o el caso Edu. Para que la lucha contra la corrupción se pueda
desarrollar con éxito es totalmente necesario hacer realidad el principio
de celeridad en la justicia penal, de forma que —en palabras del
Tribunal Constitucional— el tiempo de realización de la actividad
judicial para la resolución del caso sea el más breve posible. Esta
necesidad es la que ha llevado a reducir la duración de los
procedimientos de investigación en la reforma de la Ley de enjuiciamiento
criminal. ¿Y qué se pretende con ello? Pues acabar con la sensación de
instrucciones que se alargan indefinidamente en el tiempo, evitando
dilaciones indebidas; se pretende fortalecer los derechos procesales
según las exigencias del derecho de la Unión Europea, y regular también
las medidas de investigación tecnológica en el ámbito de los derechos
garantizados por el artículo 18 de la Constitución.

Como sus señorías recordarán, nada más comenzar la legislatura, en
el año 2012, se modificó la Ley de financiación de partidos políticos
para fijar anualmente los posibles aumentos o disminuciones de las
subvenciones a los partidos políticos, así como reducir en un 20 % su
cuantía anual. El Código Penal se modifica también en el 2012 en materia
de transparencia para luchar contra el fraude. Su objetivo fue responder
a las demandas de la realidad económica y social de entonces, mejorar los
instrumentos de control de ingresos y gastos, y revisar en profundidad
los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.

La Ley de transparencia del año 2013 impone tres tipos de
obligaciones: la publicidad activa, la garantía del derecho de acceso de
los ciudadanos a la información, y el buen gobierno. Y creo que estarán
de acuerdo conmigo, señorías, en que no hay mejor remedio contra la
corrupción que anticiparse a ella, que evitarla, porque donde hay sombra,
donde hay secreto o exceso de confianza es muy fácil que se produzcan
favores, arbitrariedades y desfalcos, pero donde todo está a la vista, es
muy complicado que nadie haga lo que no debe. Es increíble, señor
presidente, que España no tuviera desde hace tiempo una Ley de
transparencia.

La Ley reguladora del ejercicio del alto cargo ha ampliado la
relación de altos cargos, se han establecido requisitos de idoneidad para
ser nombrado alto cargo, como son la honorabilidad, la experiencia y la
formación. Esta ley impide acceder a alto cargo al que hubiera sido
condenado por sentencia firme a pena privativa de libertad, ha limitado
las indemnizaciones y los gastos de representación, ha reforzado los
mecanismos de prevención, de control y de sanción, ha redefinido
—que falta hacía— el conflicto de intereses, señorías, y
también se ha referido a las retribuciones públicas y al refuerzo de la
Oficina de conflictos e intereses.

Las dos leyes que rigen la actividad de los partidos políticos y
del Tribunal de Cuentas han incluido medidas de vigilancia de la
actividad económico-financiera de los partidos y han otorgado muchos más
medios al Tribunal Constitucional, que es el órgano encargado de
vigilarnos. Se trata de que los partidos sean más transparentes y más
austeros, y por ello se han prohibido las condonaciones de deuda de
entidades a partidos políticos, se han limitado las subvenciones a los
partidos políticos en un 40 %, se han disminuido en un 20 % los gastos
electorales, se ha establecido la incompatibilidad de la corrupción con
la pertenencia al partido y se han ampliado los plazos de prescripción de
cualquier sanción.

Y si se dan ustedes un paseo por el Código Penal comprobarán que
tras más de 400 enmiendas aceptadas —se decía hace un momento que
no se habían aceptado enmiendas y que se había ido por el trámite de
urgencia, pero el Grupo Popular, señorías, ha aceptado más de 400
enmiendas del resto de los grupos—, se han incluido, en primer
lugar, las recomendaciones del grupo de Estados contra la corrupción del
Consejo de Europa, el grupo Greco; se ha definido la corrupción en el
ámbito privado; se han endurecido las penas en el sector público, y se ha
introducido el delito de financiación ilegal de partidos políticos, al
que ninguna de sus señorías se ha referido. A la inhabilitación especial
se añade ahora la inhabilitación para el ejercicio de sufragio pasivo y
tampoco estaba esto en vigor. Los condenados a prisión por delitos contra
la Administración pública no van a poder acceder al beneficio de la
libertad condicional si no devuelven lo que se han llevado, y se ha
establecido, en suma, la responsabilidad penal de las personas
jurídicas.

En fin, señorías, creo que, como decía un interviniente, para no
haber hecho nada y negar la corrupción, francamente creo que en casi tres
años y medio el Partido Popular no ha podido hacer más cosas. Hemos
plasmado legislativamente medidas eficaces tanto en la prevención como en
la lucha contra la corrupción; medidas, por cierto, que nunca antes se
habían logrado aprobar en lo que constituye sin ningún género de dudas un
marco de reformas en materia de corrupción sin precedentes desde que se
aprobara la Constitución de 1978. Les voy a decir más, en el Grupo
Popular estamos muy orgullosos de ello y de este trabajo que ha realizado
el Gobierno y el grupo que lo apoya.

No quiero bajar de esta tribuna sin reiterarle las gracias al
senador Iglesias porque si su señoría no llega a presentar esta moción,
yo no hubiera podido dejar constancia en acta, senador, a modo de
resumen, de este esfuerzo legislativo tan formidable. (El señor
presidente ocupa la Presidencia).

Pero quiero hacer una última reflexión, señor presidente, tiene su
aquel que nos hayan venido a presentar hoy aquí casi todo aquello a lo
que se han estado oponiendo en esta Cámara con vetos, con enmiendas y con
votaciones estos tres años y medio que llevamos de legislatura. Ahora, no
seré yo, señor presidente, señorías, quien se atreva a explicar qué
entienden algunos por coherencia porque ya se sabe que el esfuerzo inútil
produce melancolía y ahí no me van a encontrar.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Vindel.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, en primer lugar, someteremos a votación la moción del
Grupo Parlamentario Mixto. A continuación, entraremos en el debate de la
toma en consideración de la proposición de ley de autoconsumo de energía,
que no se votará hasta pasadas las 4 de la tarde, junto con los vetos del
primer proyecto de ley. ¿De acuerdo? (Asentimiento).

Muy bien.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 226;
votos emitidos, 226; a favor, 62; en contra, 147 abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.