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DS. Senado, Pleno, núm. 160, de 23/06/2015
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PLENO


PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ


Sesión núm. 75


celebrada el martes, 23 de junio de 2015


ORDEN DEL DÍA






ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN




Excmo. Sr. D. Francisco Javier Sanz Carramiñana.

500/000319







ACTAS




Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión
anterior, celebrada los pasados días 9 y 10 de junio de 2015.







PREGUNTAS




Pregunta sobre el plan de contingencia con el que cuenta el
Gobierno para el caso de que fracasen las negociaciones de la Unión
Europea con Grecia.


680/001128
Grecia; política monetaria única; zona
euro


JOKIN BILDARRATZ SORRON (GPV)





Pregunta sobre si el Presidente del Gobierno sigue pensando
que su problema son los medios de comunicación.


680/001129
medio de comunicación; política
gubernamental


ÓSCAR LÓPEZ ÁGUEDA (GPS)





Pregunta sobre si el Presidente del Gobierno es consciente del
rechazo generalizado que tienen en Catalunya las sistemáticas políticas
anticatalanas que ha impulsado a lo largo de la Legislatura.


680/001136
Cataluña; relación Estado-entidades
territoriales


JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ (GPCIU)





Pregunta sobre si el Gobierno piensa plantear en la Unión
Europea, ante la situación de la inmigración masiva, una especie de Plan
Marshall europeo para el continente africano.


680/001107
ayuda al desarrollo; migración ilegal;
África


IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA (GPV)





Pregunta sobre si el Gobierno garantiza la confianza de los
ciudadanos en la justicia en nuestro país.


680/001131
sistema judicial

JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ (GPS)





Pregunta sobre si el Gobierno considera que D. José Antonio
Sánchez Domínguez reúne el perfil idóneo para presidir la Corporación
RTVE.


680/001122
empresa pública; pluralismo de los medios de
comunicación; televisión


JORDI GUILLOT MIRAVET (GPEPC)





Pregunta sobre las medidas urgentes que va a adoptar el
Gobierno con el fin de evitar el despropósito de que los ayuntamientos y
diputaciones deban embargar a las personas más necesitadas el importe de
las ayudas sociales que la propia administración les otorga, en el caso
de tener deudas con la administración y sin respetar mínimo alguno por
alimentos.


680/001137
administración local; embargo de bienes; política
social


FERRAN BEL ACCENSI (GPCIU)





Pregunta sobre si el Gobierno está actuando con decisión para
solucionar urgentemente el expediente de reinicio de los servicios
marítimos de la Autopista del Mar entre Gijón y Nantes (Francia) ante las
gravísimas consecuencias que provoca en Asturias su suspensión desde el
pasado mes de septiembre al impedir la diversificación de tráficos del
puerto de El Musel y desviar la actividad portuaria hacia la región
vecina de Galicia.


680/001126
Francia; Galicia; Principado de Asturias; autopista;
instalación portuaria


ISIDRO MANUEL MARTÍNEZ OBLANCA (GPMX)





Pregunta sobre las medidas que piensa tomar el Gobierno para
que el aeropuerto de Foronda (Vitoria-Gasteiz) recupere el H24.


680/001127
Vitoria/Gasteiz (Araba/Álava); aeropuerto; horario
comercial


MARÍA EUGENIA IPARRAGIRRE BEMPOSTA (GPV)





Pregunta sobre la deuda total del Ministerio de Fomento y de
cada una de las empresas del Grupo Fomento a 31 de diciembre de
2014.


680/001132
deuda pública; infraestructura de transportes;
urbanismo


JUAN MANUEL FERNÁNDEZ ORTEGA (GPS)





Pregunta sobre la valoración que hace el Gobierno de la
gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, durante esta
Legislatura.


680/001124
cultura; deporte; política educativa;
universidad


ESTER CAPELLA I FARRÉ (GPMX)





Pregunta sobre si el Gobierno va a replantearse el calendario
de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa, a fin de superar la incertidumbre
existente en el mundo educativo.


680/001130
legislación escolar; organización de la
enseñanza


VICENTE ALBERTO ÁLVAREZ ARECES (GPS)





Pregunta sobre el criterio que tiene el Gobierno en relación
con la inclusión de la vacuna de la varicela en el calendario vacunal
oficial.


680/001123
gratuidad de la sanidad; vacunación

MÓNICA ALMIÑANA RIQUÉ (GPEPC)





Pregunta sobre la valoración que hace el Gobierno del
cumplimiento de su plan para la dispensación de los tratamientos de
última generación frente a la hepatitis C.


680/001125
derecho a la salud; enfermedad infecciosa; gastos
farmacéuticos


JESÚS ENRIQUE IGLESIAS FERNÁNDEZ (GPMX)





Pregunta sobre el momento en que será prioridad de este
Gobierno la lucha contra la gravísima y creciente desigualdad social que
sufre nuestro país.


680/001133
desigualdad social; política social

RAQUEL MIRIAM ANDRÉS PRIETO (GPS)





Pregunta sobre las medidas concretas que tiene previsto
adoptar el Gobierno para enfrentar los problemas agravados y específicos
de salud que sufren las mujeres como consecuencia de los recortes
sociales impuestos a los ciudadanos.


680/001135
condición de la mujer; política de
austeridad


ENCARNACIÓN LLINARES CUESTA (GPS)





Pregunta sobre la valoración del Gobierno de la evolución de
la capacidad de empleo y la cobertura social de los desempleados en
nuestro país.


680/001134
lucha contra el paro; seguro de
desempleo


RICARDO JACINTO VARELA SÁNCHEZ (GPS)






INTERPELACIONES




Interpelación sobre si el Gobierno piensa modificar la Ley
9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, para fijar un límite de
años a partir del cual se desclasifiquen automáticamente los documentos
clasificados como secretos o reservados.


670/000189
derecho a la información; secreto de Estado;
transparencia administrativa


JOAN SAURA LAPORTA (GPEPC)





Interpelación sobre la valoración que realiza el Gobierno del
proyecto de Real Decreto por el que se establece la regulación de las
condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de
suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con
autoconsumo.


670/000192
autoconsumo; decreto; suministro de energía
eléctrica


AMELIA SALANUEVA MURGUIALDAY (GPMX)





Interpelación sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno
para traspasar a las Comunidades Autónomas los inmuebles que tienen
adscritos y que albergan hospitales, ambulatorios y servicios sociales,
pero que siguen siendo propiedad de la Seguridad Social, con el fin de
racionalizar su gestión.


670/000194
edificio público; equipamiento social; reparto de
competencias


FERRAN BEL ACCENSI (GPCIU)





Interpelación sobre el cumplimiento por parte del Gobierno de
las medidas comprometidas para el esclarecimiento de los hechos
denunciados en relación con la conocida como cuestión de los bebés
robados, que tuvo lugar en nuestro país.


670/000193
adopción; investigación judicial; protección maternal e
infantil; secuestro de personas


ANTONIO JULIÁN RODRÍGUEZ ESQUERDO (GPS)






MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN




Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas en materia de política industrial.


671/000178
globalización; innovación; política
industrial


GPS






HABILITACIONES




Pleno del Senado.

551/000066






Tramitación de iniciativas legislativas.

551/000067






Elección de cargos en las Mesas de las Comisiones.

551/000068






Comisión de Cultura.

551/000063






Comisión Especial de Estudio sobre el trabajo y la explotación
infantil.


551/000064






Ponencia de estudio sobre medidas de integración, apoyo y
transferencia de conocimiento a las PYMES y promoción de un código de
valores, en el marco de I+D+i+d.


551/000069






Comisión de Economía y Competitividad.

551/000069







PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DELEGACIÓN DE COMPETENCIA LEGISLATIVA EN LAS
COMISIONES





Delegación de la competencia legislativa en las Comisiones
correspondientes para la aprobación de diversos Proyectos de
Ley.


551/000065






SUMARIO


Se abre la sesión a las dieciséis horas.






MINUTO DE SILENCIO CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DEL
EXPRESIDENTE DEL SENADO EXCMO. SR. D. JOSÉ FEDERICO DE CARVAJAL PÉREZ Y
DEL EXSENADOR EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO DE URÍA EPELDE






MINUTO DE SILENCIO CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DEL
EXPRESIDENTE DEL SENADO EXCMO. SR. D. JOSÉ FEDERICO DE CARVAJAL PÉREZ Y
DEL EXSENADOR EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO DE URÍA EPELDE.


550/000059



La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio.









ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN





EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER SANZ CARRAMIÑANA.

500/000319



El Excmo. Sr. D. Francisco Javier Sanz Carramiñana adquiere la
condición plena de senador al prestar acatamiento a la Constitución.









ACTAS





LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR, CELEBRADA LOS PASADOS DÍAS 9 Y 10 DE JUNIO DE 2015.



Se aprueba el acta.









PREGUNTAS





PREGUNTA SOBRE EL PLAN DE CONTINGENCIA CON EL QUE CUENTA EL
GOBIERNO PARA EL CASO DE QUE FRACASEN LAS NEGOCIACIONES DE LA UNIÓN
EUROPEA CON GRECIA.


680/001128

JOKIN BILDARRATZ SORRON (GPV)


El señor Bildarratz Sorron formula su pregunta. En nombre del
Gobierno responde el señor presidente del Gobierno (Rajoy Brey). En turno
de réplica interviene de nuevo el señor Bildarratz Sorron. En turno de
dúplica lo hace el señor presidente del Gobierno (Rajoy Brey).









PREGUNTA SOBRE SI EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO SIGUE PENSANDO
QUE SU PROBLEMA SON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.


680/001129

ÓSCAR LÓPEZ ÁGUEDA (GPS)


El señor López Águeda formula su pregunta. En nombre del Gobierno
responde el señor presidente del Gobierno (Rajoy Brey). En turno de
réplica interviene de nuevo el señor López Águeda. En turno de dúplica lo
hace el señor presidente del Gobierno (Rajoy Brey).









PREGUNTA SOBRE SI EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ES CONSCIENTE
DEL RECHAZO GENERALIZADO QUE TIENEN EN CATALUNYA LAS SISTEMÁTICAS
POLÍTICAS ANTICATALANAS QUE HA IMPULSADO A LO LARGO DE LA
LEGISLATURA.


680/001136

JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ (GPCIU)


El señor Cleries i Gonzàlez formula su pregunta. En nombre del
Gobierno responde el señor presidente del Gobierno (Rajoy Brey). En turno
de réplica interviene de nuevo el señor Cleries i Gonzàlez. En turno de
dúplica lo hace el señor presidente del Gobierno (Rajoy Brey).









PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO PIENSA PLANTEAR EN LA UNIÓN
EUROPEA, ANTE LA SITUACIÓN DE LA INMIGRACIÓN MASIVA, UNA ESPECIE DE PLAN
MARSHALL EUROPEO PARA EL CONTINENTE AFRICANO.


680/001107

IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA (GPV)


El señor Anasagasti Olabeaga formula su pregunta. En nombre del
Gobierno responde el señor ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación (García-Margallo Marfil). En turno de réplica interviene de
nuevo el señor Anasagasti Olabeaga. En turno de dúplica lo hace el señor
ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación (García-Margallo
Marfil).









PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO GARANTIZA LA CONFIANZA DE LOS
CIUDADANOS EN LA JUSTICIA EN NUESTRO PAÍS.


680/001131

JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ (GPS)


El señor Martínez-Aldama Sáenz formula su pregunta. En nombre del
Gobierno responde el señor ministro de Justicia (Catalá Polo). En turno
de réplica interviene de nuevo el señor Martínez-Aldama Sáenz. En turno
de dúplica lo hace el señor ministro de Justicia (Catalá Polo).









PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO CONSIDERA QUE D. JOSÉ ANTONIO
SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ REÚNE EL PERFIL IDÓNEO PARA PRESIDIR LA CORPORACIÓN
RTVE.


680/001122

JORDI GUILLOT MIRAVET (GPEPC)


El señor Guillot Miravet formula su pregunta. En nombre del
Gobierno responde el señor ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas (Montoro Romero). En turno de réplica interviene de nuevo el
señor Guillot Miravet. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero).









PREGUNTA SOBRE LAS MEDIDAS URGENTES QUE VA A ADOPTAR EL
GOBIERNO CON EL FIN DE EVITAR EL DESPROPÓSITO DE QUE LOS AYUNTAMIENTOS Y
DIPUTACIONES DEBAN EMBARGAR A LAS PERSONAS MÁS NECESITADAS EL IMPORTE DE
LAS AYUDAS SOCIALES QUE LA PROPIA ADMINISTRACIÓN LES OTORGA, EN EL CASO
DE TENER DEUDAS CON LA ADMINISTRACIÓN Y SIN RESPETAR MÍNIMO ALGUNO POR
ALIMENTOS.


680/001137

FERRAN BEL ACCENSI (GPCIU)


El señor Bel Accensi formula su pregunta. En nombre del Gobierno
responde el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas
(Montoro Romero). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Bel
Accensi. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas (Montoro Romero).









PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO ESTÁ ACTUANDO CON DECISIÓN PARA
SOLUCIONAR URGENTEMENTE EL EXPEDIENTE DE REINICIO DE LOS SERVICIOS
MARÍTIMOS DE LA AUTOPISTA DEL MAR ENTRE GIJÓN Y NANTES (FRANCIA) ANTE LAS
GRAVÍSIMAS CONSECUENCIAS QUE PROVOCA EN ASTURIAS SU SUSPENSIÓN DESDE EL
PASADO MES DE SEPTIEMBRE AL IMPEDIR LA DIVERSIFICACIÓN DE TRÁFICOS DEL
PUERTO DE EL MUSEL Y DESVIAR LA ACTIVIDAD PORTUARIA HACIA LA REGIÓN
VECINA DE GALICIA.


680/001126

ISIDRO MANUEL MARTÍNEZ OBLANCA (GPMX)


El señor Martínez Oblanca formula su pregunta. En nombre del
Gobierno responde la señora ministra de Fomento (Pastor Julián). En turno
de réplica interviene de nuevo el señor Martínez Oblanca. En turno de
dúplica lo hace la señora ministra de Fomento (Pastor Julián).









PREGUNTA SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA TOMAR EL GOBIERNO PARA
QUE EL AEROPUERTO DE FORONDA (VITORIA-GASTEIZ) RECUPERE EL H24.


680/001127

MARÍA EUGENIA IPARRAGIRRE BEMPOSTA (GPV)


La señora Iparragirre Bemposta formula su pregunta. En nombre del
Gobierno responde la señora ministra de Fomento (Pastor Julián).









PREGUNTA SOBRE LA DEUDA TOTAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO Y DE
CADA UNA DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO FOMENTO A 31 DE DICIEMBRE DE
2014.


680/001132

JUAN MANUEL FERNÁNDEZ ORTEGA (GPS)


El señor Fernández Ortega formula su pregunta. En nombre del
Gobierno responde la señora ministra de Fomento (Pastor Julián). En turno
de réplica interviene de nuevo el señor Fernández Ortega. En turno de
dúplica lo hace la señora ministra de Fomento (Pastor Julián).









PREGUNTA SOBRE LA VALORACIÓN QUE HACE EL GOBIERNO DE LA
GESTIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, DURANTE ESTA
LEGISLATURA.


680/001124

ESTER CAPELLA I FARRÉ (GPMX)


La señora Capella i Farré formula su pregunta. En nombre del
Gobierno responde el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte (Wert
Ortega). En turno de réplica interviene de nuevo la señora Capella i
Farré. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de Educación,
Cultura y Deporte (Wert Ortega).









PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO VA A REPLANTEARSE EL CALENDARIO
DE IMPLANTACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA
MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA, A FIN DE SUPERAR LA INCERTIDUMBRE
EXISTENTE EN EL MUNDO EDUCATIVO.


680/001130

VICENTE ALBERTO ÁLVAREZ ARECES (GPS)


El señor Álvarez Areces formula su pregunta. En nombre del
Gobierno responde el señor ministro de Educación, Cultura y Deporte (Wert
Ortega). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Álvarez Areces.
En turno de dúplica lo hace el señor ministro de Educación, Cultura y
Deporte (Wert Ortega).









PREGUNTA SOBRE EL CRITERIO QUE TIENE EL GOBIERNO EN RELACIÓN
CON LA INCLUSIÓN DE LA VACUNA DE LA VARICELA EN EL CALENDARIO VACUNAL
OFICIAL.


680/001123

MÓNICA ALMIÑANA RIQUÉ (GPEPC)


La señora Almiñana Riqué formula su pregunta. En nombre del
Gobierno responde el señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad (Alonso Aranegui). En turno de réplica interviene de nuevo la
señora Almiñana Riqué. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Alonso Aranegui).









PREGUNTA SOBRE LA VALORACIÓN QUE HACE EL GOBIERNO DEL
CUMPLIMIENTO DE SU PLAN PARA LA DISPENSACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS DE
ÚLTIMA GENERACIÓN FRENTE A LA HEPATITIS C.


680/001125

JESÚS ENRIQUE IGLESIAS FERNÁNDEZ (GPMX)


El señor Iglesias Fernández formula su pregunta. En nombre del
Gobierno responde el señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad (Alonso Aranegui). En turno de réplica interviene de nuevo el
señor Iglesias Fernández. En turno de dúplica lo hace el señor ministro
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Alonso Aranegui).









PREGUNTA SOBRE EL MOMENTO EN QUE SERÁ PRIORIDAD DE ESTE
GOBIERNO LA LUCHA CONTRA LA GRAVÍSIMA Y CRECIENTE DESIGUALDAD SOCIAL QUE
SUFRE NUESTRO PAÍS.


680/001133

RAQUEL MIRIAM ANDRÉS PRIETO (GPS)


La señora Andrés Prieto formula su pregunta. En nombre del
Gobierno responde el señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad (Alonso Aranegui). En turno de réplica interviene de nuevo la
señora Andrés Prieto. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Alonso Aranegui).









PREGUNTA SOBRE LAS MEDIDAS CONCRETAS QUE TIENE PREVISTO
ADOPTAR EL GOBIERNO PARA ENFRENTAR LOS PROBLEMAS AGRAVADOS Y ESPECÍFICOS
DE SALUD QUE SUFREN LAS MUJERES COMO CONSECUENCIA DE LOS RECORTES
SOCIALES IMPUESTOS A LOS CIUDADANOS.


680/001135

ENCARNACIÓN LLINARES CUESTA (GPS)


La señora Llinares Cuesta formula su pregunta. En nombre del
Gobierno responde el señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad (Alonso Aranegui). En turno de réplica interviene de nuevo la
señora Llinares Cuesta. En turno de dúplica lo hace el señor ministro de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Alonso Aranegui).









PREGUNTA SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO DE LA EVOLUCIÓN DE
LA CAPACIDAD DE EMPLEO Y LA COBERTURA SOCIAL DE LOS DESEMPLEADOS EN
NUESTRO PAÍS.


680/001134

RICARDO JACINTO VARELA SÁNCHEZ (GPS)


El señor Varela Sánchez formula su pregunta. En nombre del
Gobierno responde la señora ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez
García). En turno de réplica interviene de nuevo el señor Varela Sánchez.
En turno de dúplica lo hace la señora ministra de Empleo y Seguridad
Social (Báñez García).









INTERPELACIONES





INTERPELACIÓN SOBRE SI EL GOBIERNO PIENSA MODIFICAR LA LEY
9/1968, DE 5 DE ABRIL, SOBRE SECRETOS OFICIALES, PARA FIJAR UN LÍMITE DE
AÑOS A PARTIR DEL CUAL SE DESCLASIFIQUEN AUTOMÁTICAMENTE LOS DOCUMENTOS
CLASIFICADOS COMO SECRETOS O RESERVADOS.


670/000189

JOAN SAURA LAPORTA (GPEPC)


El señor Saura Laporta expone la interpelación. En nombre del
Gobierno responde el señor ministro de Defensa (Morenés Eulate). Vuelve a
intervenir el señor Saura Laporta. Cierra el debate el señor ministro de
Defensa (Morenés Eulate).









INTERPELACIÓN SOBRE LA VALORACIÓN QUE REALIZA EL GOBIERNO DEL
PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA REGULACIÓN DE LAS
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LAS MODALIDADES DE
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON AUTOCONSUMO Y DE PRODUCCIÓN CON
AUTOCONSUMO.


670/000192

AMELIA SALANUEVA MURGUIALDAY (GPMX)


La señora Salanueva Murguialday expone la interpelación. En
nombre del Gobierno responde el señor ministro de Industria, Energía y
Turismo (Soria López). Vuelve a intervenir la señora Salanueva
Murguialday. Cierra el debate el señor ministro de Industria, Energía y
Turismo (Soria López).









INTERPELACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL
GOBIERNO PARA TRASPASAR A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS LOS INMUEBLES QUE
TIENEN ADSCRITOS Y QUE ALBERGAN HOSPITALES, AMBULATORIOS Y SERVICIOS
SOCIALES, PERO QUE SIGUEN SIENDO PROPIEDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CON EL
FIN DE RACIONALIZAR SU GESTIÓN.


670/000194

FERRAN BEL ACCENSI (GPCIU)


El señor Bel Accensi expone la interpelación. En nombre del
Gobierno responde la señora ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez
García). Vuelve a intervenir el señor Bel Accensi. Cierra el debate la
señora ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez García).









INTERPELACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL GOBIERNO DE
LAS MEDIDAS COMPROMETIDAS PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS
DENUNCIADOS EN RELACIÓN CON LA CONOCIDA COMO CUESTIÓN DE LOS BEBÉS
ROBADOS, QUE TUVO LUGAR EN NUESTRO PAÍS.


670/000193

ANTONIO JULIÁN RODRÍGUEZ ESQUERDO (GPS)


El señor Rodríguez Esquerdo expone la interpelación. En nombre del
Gobierno responde el señor ministro de Justicia (Catalá Polo). Vuelve a
intervenir el señor Rodríguez Esquerdo. Cierra el debate el señor
ministro de Justicia (Catalá Polo).


Hace uso de la palabra el señor López Águeda en relación con la
intervención del el señor ministro de Justicia (Catalá Polo).









MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE POLÍTICA INDUSTRIAL.


671/000178

GPS


El señor Alique López defiende la moción.


El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, presentada a iniciativa de este senador y el señor
Mariscal Cifuentes.


El señor Alique Lopez expone la posición de su grupo parlamentario
respecto de la enmienda, rechazándola.


En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias Fernández,
por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Anasagasti Olabeaga, por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Montilla
Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el
señor Sedó Alabart, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; el señor Alique López, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y el señor Palacios Zuasti, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Se rechaza la moción, con el siguiente resultado: presentes, 215;
votos emitidos, 215; a favor, 77; en contra, 138.









HABILITACIONES





PLENO DEL SENADO.

551/000066



Se solicita la habilitación para la celebración de una sesión
plenaria extraordinaria los días 7, 8 y 9 de julio de 2015, cuyo orden
del día es leído por el señor presidente.


Esta autorización incluye tanto el cómputo de los plazos a los que
se refiere el procedimiento legislativo como la celebración de las
reuniones de las comisiones y sus órganos que resulten necesarias para la
tramitación de las iniciativas incluidas en el orden del día de dicha
sesión plenaria extraordinaria.


Se aprueba por asentimiento de la Cámara dicha habilitación.









TRAMITACIÓN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.

551/000067



Se solicita la habilitación de los plazos y las reuniones
necesarias de los órganos de la Cámara durante el período extraordinario
de sesiones para la tramitación de las iniciativas a que da lectura el
señor presidente.


Se aprueba por asentimiento de la Cámara dicha habilitación.









ELECCIÓN DE CARGOS EN LAS MESAS DE LAS COMISIONES.

551/000068



Se solicita la habilitación para la celebración de reuniones
extraordinarias de comisiones durante el periodo extraordinario de
sesiones para que procedan a cubrir las vacantes que se puedan producir
en sus Mesas.


Se aprueba por asentimiento de la Cámara dicha habilitación.









COMISIÓN DE CULTURA.

551/000063



Se solicita la habilitación para la celebración de una sesión
extraordinaria de esta comisión, el día 6 de julio de 2015, con el orden
del día que ha sido comunicado a la Mesa del Senado.


Se aprueba por asentimiento de la Cámara dicha habilitación.









COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO SOBRE EL TRABAJO Y LA
EXPLOTACIÓN INFANTIL.


551/000064



Se solicita la habilitación para la celebración de una sesión
extraordinaria de esta Comisión, el día 6 de julio de 2015, con el orden
del día que ha sido comunicado a la Mesa del Senado, así como las
correspondientes sesiones extraordinarias durante el mismo mes.


Se aprueba por asentimiento de la Cámara dicha habilitación.









PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE MEDIDAS DE INTEGRACIÓN, APOYO Y
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO A LAS PYMES Y PROMOCIÓN DE UN CÓDIGO DE
VALORES, EN EL MARCO DE I+D+I+D.


551/000069



Se solicita la habilitación para la celebración de una reunión
extraordinaria, el día 1 de julio de 2015, de la mencionada ponencia de
estudio para la aprobación del Informe.


Se aprueba por asentimiento de la Cámara dicha habilitación.









COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD.

551/000069



Se solicita la habilitación para la celebración de una sesión
extraordinaria, el día 1 de julio de 2015, para la aprobación del Informe
elaborado por la Ponencia estudio sobre medidas de integración, apoyo y
transferencia de conocimiento a las PYMES y promoción de un código de
valores, en el marco de I+D+i+d.


Se aprueba por asentimiento de la Cámara dicha habilitación.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DELEGACIÓN DE COMPETENCIA LEGISLATIVA EN LAS
COMISIONES






DELEGACIÓN DE LA COMPETENCIA LEGISLATIVA EN LAS COMISIONES
CORRESPONDIENTES PARA LA APROBACIÓN DE DIVERSOS PROYECTOS DE
LEY.


551/000065



Al amparo de lo establecido en los artículos 75.2 de la
Constitución y 130.1 del Reglamento de la Cámara, la Mesa del Senado,
oídos los Portavoces de los Grupos Parlamentarios, en su reunión del 23
de junio de 2015, y a solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, ha resuelto proponer al Pleno la delegación de la competencia
legislativa en las comisiones correspondientes para la aprobación de los
proyectos de ley que enumera el señor presidente.


Se aprueba por asentimiento de la Cámara dicha delegación.


Se suspende la sesión a las veintiuna horas y cincuenta y cinco
minutos.








Se abre la sesión a las dieciséis horas.


El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes. Se abre la sesión.






MINUTO DE SILENCIO CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DEL
EXPRESIDENTE DEL SENADO EXCMO. SR. D. JOSÉ FEDERICO DE CARVAJAL PÉREZ Y
DEL EXSENADOR EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO DE URÍA EPELDE.






MINUTO DE SILENCIO CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DEL
EXPRESIDENTE DEL SENADO EXCMO. SR. D. JOSÉ FEDERICO DE CARVAJAL PÉREZ Y
DEL EXSENADOR EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO DE URÍA EPELDE.


550/000059



El señor PRESIDENTE: Señorías, en los últimos días han fallecido
don Juan Ignacio de Uría, que fue senador por designación real en la
legislatura constituyente y luego senador por el Parlamento Vasco hasta
el año 1989, y don José Federico de Carvajal, que fue presidente de esta
Cámara, presidente del Senado, entre los años 1982 y 1989. Yo les rogaría
que guardáramos un minuto de silencio en su memoria. (La Cámara, puesta
en pie, guarda un minuto de silencio).


Muchas gracias. (Aplausos).









ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN





EXCMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER SANZ CARRAMIÑANA.

500/000319



El señor presidente da lectura a los puntos 1. y 1.1.


El señor PRESIDENTE: Procede el acatamiento a la Constitución del
excelentísimo señor don Francisco Javier Sanz Carramiñana.


¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?


El señor SANZ CARRAMIÑANA: Sí, prometo.


El señor PRESIDENTE: Habiendo prestado acatamiento a la
Constitución, el excelentísimo señor don Francisco Javier Sanz
Carramiñana ha adquirido la condición plena de senador.


Bienvenido y mucha suerte. (Aplausos).









ACTAS





LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR, CELEBRADA LOS PASADOS DÍAS 9 Y 10 DE JUNIO DE 2015.



El señor presidente da lectura a los puntos 2. y 2.1.


El señor PRESIDENTE: ¿Hay alguna observación? (Denegaciones).


¿Puede aprobarse por asentimiento? (Asentimiento).


Muchas gracias. Queda aprobada.









PREGUNTAS





PREGUNTA SOBRE EL PLAN DE CONTINGENCIA CON EL QUE CUENTA EL
GOBIERNO PARA EL CASO DE QUE FRACASEN LAS NEGOCIACIONES DE LA UNIÓN
EUROPEA CON GRECIA.


680/001128

JOKIN BILDARRATZ SORRON (GPV)


El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día, preguntas.
Preguntas al señor presidente del Gobierno. Pregunta de don Jokin
Bildarratz.


Tiene la palabra su señoría.


El señor BILDARRATZ SORRON: Arratsalde on, mahaiburu jauna.


Señor presidente del Gobierno, declaración de la portavoz del
Gobierno británico hace dos semanas ante la posible salida de Grecia de
la zona euro: «Seguimos asegurándonos de que tenemos listos los planes
adecuados y estamos acelerando los preparativos, habida cuenta de dónde
se encuentran las conversaciones». Fin de la cita.


La declaración es de la portavoz del Gobierno británico, no de la
portavoz del Gobierno español, que ha estado totalmente silente y ausente
ante la grave eventualidad que hemos vivido estas últimas semanas. Lo
lógico es que un gobierno, incluso el británico, que como sabemos no es
miembro de la Unión Monetaria, realice un análisis y una valoración del
potencial impacto que sobre la economía, esto es, sobre las empresas, la
banca, el sector financiero, el comercio y el turismo, tendría una
eventual salida de un país de la zona euro.


En esa misma línea, el secretario del Tesoro de los Estados
Unidos, Jack Lew, calificaba de «gran incertidumbre» las consecuencias
reales que tendría una salida forzada de Grecia de la Eurozona. La
portavoz del Gobierno español se encontraba, entretanto, ocupada con el
devenir de los cambios políticos en su partido, tratando, primero, de
preverlos y de descifrarlos después. El problema es que usted, su
portavoz y su gobierno continúan a lo mismo cuando la situación en Grecia
sigue siendo delicada y lo será en los próximos años. Porque, aunque la
reunión de jefes de gobierno del Eurogrupo constató ayer la existencia de
avances en la negociación con Grecia, somos muy conscientes de que no se
va a producir un acuerdo definitivo, por lo que la situación de
incertidumbre volverá a plantearse. La situación no se ha resuelto
definitivamente porque antes de que finalice el mes caduca el segundo
rescate y el país tiene que pagar 1500 millones de euros al FMI, además
de lo que tenga que cubrir durante el verano.


Hemos escuchado decir que las consecuencias de esta situación
pueden ser imprevisibles, pero lo que la ciudadanía espera de un gobierno
es, cuando menos, primero, una previsión de escenario, segundo, un plan
de contingencia y, tercero, una batería de medidas dispuestas a paliar
las consecuencias de esta situación tan grave. Usted, señor presidente,
me podría decir que nada de lo que ocurre en Grecia va a tener
consecuencia alguna para nuestra economía, con lo que yo agradeceré su
respuesta y daré por finalizada la pregunta. Pero, todas y todos los aquí
presentes somos conscientes de que esto no es así. Por eso, le formulo la
pregunta: ¿cuál es el plan de contingencia con el que cuenta el Gobierno
ante la situación que se ha suscitado en Grecia o, dicho de otra manera,
cuál es el análisis realizado por el Gobierno, cuáles son las medidas que
ha previsto y cuál es la evaluación de la situación que ustedes realizan
de cara al futuro? Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.


Señor presidente del Gobierno, tiene la palabra.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias,
señor Bildarratz.


El plan del Gobierno español es exactamente el mismo que el de la
Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario
Internacional y el resto de los países que conforman el Consejo Europeo
que nos hemos reunido en la noche de ayer. El plan es llegar a un acuerdo
con el Gobierno griego. El objetivo es que Grecia se mantenga en el euro,
que podamos desembolsar las cantidades pendientes del segundo programa,
que el BCE pueda continuar actuando y que Grecia se comprometa a reducir
su déficit público, su deuda y a hacer reformas estructurales que le
permitan crecer y crear empleo. Este es el plan y lo que tiene que hacer
Grecia son esas reformas estructurales a las que acabo de hacer
referencia. En el día de ayer hemos acordado darle un mandato al
Eurogrupo, que se reunirá mañana a las 19 horas. Estoy absolutamente
convencido de que en poco tiempo se conseguirá un acuerdo con Grecia.
Insisto este es el plan de las tres instituciones y de todos y cada uno
de los países que conforman el Consejo Europeo


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente del
Gobierno.


Tiene la palabra el senador Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.


Pero no me ha contestado a nada, dado que Portugal, Irlanda, Reino
Unido, y muchos otros países han adoptado ya medidas porque,
evidentemente, la salida de Grecia del Eurogrupo va a tener consecuencias
dentro del Estado español. Además, hemos conocido, por los medios de
comunicación, que ustedes van a presentar los presupuestos para el
año 2016. Imaginamos que a no ser que usted haya tirado la toalla, que
puede ser, habrá contemplado una serie de medidas que tendrán su
traducción en los próximos presupuestos. No pretendo ser alarmista, pero
me voy a referir a los análisis que se han publicado sobre la situación
que estamos viviendo, los cuales contemplan también problemas para
España. Primero, existe el riesgo de contagio, es decir, que la presión
de Grecia se traslade a otras economías europeas; segundo, las
instituciones financieras serían las peor paradas ante esta situación;
cuentan con una importante cantidad de deuda pública y todavía no se han
rehecho de la crisis financiera; tercero, un incumplimiento parcial o
total de sus compromisos por parte de Grecia tendría como efecto un menor
crecimiento europeo y la recuperación en Europa tiene un ritmo más lento
que el mercado asiático o americano y evidentemente eso tiene
consecuencias de cara a la inversión y de cara al consumo interno; y eso
es diferente en Alemania y también lo es en el Estado español. Eso es lo
que usted tiene que preparar en un plan de contingencia porque eso es lo
que nosotros le estamos planteando. Cuarto, tal y como expresaba la
agencia de calificación crediticia Moody’s, las dificultades de
Grecia lastrarán la confianza y pueden debilitar la recuperación de la
confianza en la unión monetaria porque el que se empobrece es el
ciudadano del Estado español. Ayer cambió la tendencia, pero esta última
semana hemos sentido ya las consecuencias de la situación con un claro
debilitamiento bursátil, con un descenso en torno al 13 % y también en
mercado de deuda pública con la prima de riesgo escalando por encima
de 150 puntos e incluso en algunos momentos llegando a la cifra
de 170.


Señor presidente, las consecuencias de la situación económica en
Grecia son importantes. Estos problemas deben ser evaluados, medidos,
analizados, y las medidas propuestas tienen que ser valoradas y también
comunicadas —esto es muy importante— a la ciudadanía;
deberían incluso ser acordadas, pero eso, hablando del Partido Popular,
sabemos que es mucho pedir, que es, en estos momentos, un imposible.


Quiero recordarle que llueve sobre mojado. La pasada semana
tuvimos la oportunidad de asistir a una reunión en Washington con el
Fondo Monetario Internacional y el mensaje que recibimos, para la
situación económica en España, no fue nada halagüeño, y menos en este
contexto de incertidumbre generado por el dossier Grexit, que afecta a
España.


Son de sobra conocidas las medidas propuestas para España por el
FMI: reformas adicionales, garantizar una mayor diferenciación de
salarios entre empresas, nueva reforma laboral, incremento de los
impuestos especiales y medioambientales, aumento del IVA, etcétera. El
problema, señor presidente, no son tanto las medidas propuestas, que
también, sino que su mera propuesta viene a contradecir radicalmente el
hiperoptimista escenario económico que está aireando su Gobierno. Usted
declara que va a tomar unas medidas, y el Fondo Monetario Internacional
le recomienda que adopte justo las contrarias. El siguiente paso ya lo
conocemos, lo conocimos hace cuatro años; está claro que en periodo
preelectoral usted no va a adoptar ninguna de las medidas que le han
propuesto, eso está claro; es previsible que incluso ni las acepte. Usted
pretende repetir lo que hizo en la campaña de las elecciones anteriores,
que es presentar una propuesta en su programa para luego llevar
justamente la contraria a la práctica.


El día 16 de noviembre del 2011, a cuatro días de la cita con las
urnas, usted declaraba: Yo no voy a subir los impuestos; no. Fin de la
cita. Además, usted lo explicaba por si alguien no lo había entendido
bien: Subir los impuestos hoy —decía— significa más paro y
más recesión; subir los impuestos hoy es dar una vuelta más a las
maltrechas economías de las familias y las empresas. Ese fue el fin de la
cita.


Hoy nos encontramos en las mismas; usted vuelve a hablar de bajada
de impuestos mientras el Fondo Monetario Internacional le recuerda la
necesidad de que los suba. La situación es la misma, pero con una única
diferencia: la ciudadanía ya sabe cuál será el resultado final, que es
que Rajoy propone y el Fondo Monetario Internacional dispone, porque
usted no es como Tsipras que se pelea hasta la extenuación poniendo el
pie contra pared. (Protestas).


Termino con una última reflexión, señor presidente. No ofrece
ninguna confianza un Gobierno que no ha analizado la situación para el
Estado español, que no ha evaluado las consecuencias para el Estado
español y que no ha adelantado las medidas a adoptar para el Estado
español. Nunca es tarde. Le invito a que lo haga porque las tensiones de
deuda se van a mantener en Grecia, pero también en España.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.


Tiene la palabra, señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Señor Bildarratz,
con absoluta franqueza, no sé si usted quiere que yo haga lo que dice el
Fondo Monetario Internacional o no lo quiere. Lo único que le puede decir
es que en España gobierna el Gobierno de España y no el Fondo Monetario
Internacional. (Aplausos). A lo mejor usted preferiría que gobernara el
Fondo Monetario Internacional. (Aplausos).


Y claro, entre Grecia y España hay una pequeña diferencia, y es
que en España tomamos decisiones, evitamos el rescate y hoy estamos aquí.
Esa es la pequeña diferencia entre lo que ocurre en Grecia y lo que
ocurre en España. (Aplausos).


El Fondo Monetario Internacional lo más sustancial que dice en el
informe que se refiere a España es que España, en el año 2015, es el país
de la Unión Europea que más crecimiento económico va a tener. Eso es muy
positivo, y usted debiera alegrarse. Además, dice que España es el país
de la Unión Europea en el que va a haber un mayor crecimiento del empleo;
es decir, exactamente lo contrario de lo que sucedía en 2012 cuando
llegamos al Gobierno, y usted debiera alegrarse, señor Bildarratz.
(Aplausos).


Dejado claro este asunto, que creo que no hacía falta, pero, por
lo que escuchado, no me queda otro remedio que recomendarle que, cuando
quiera criticar al Gobierno, al menos se documente y sepa de lo que
habla, vamos a hablar ahora de Grecia. (Rumores). Voy a tratar de
explicarle cómo está la situación en Grecia y qué es lo que creo yo que
va a suceder.


En el momento presente Grecia no tiene quien le preste con la
única excepción de los países que conformamos la Unión Europea. Grecia ha
recibido la solidaridad de Europa; en concreto, ha recibido de
Europa 225 000 millones de euros de préstamos, que es el equivalente
al 90 % de su PIB, que es como si a España le hubieran prestado los
países europeos 900 000 millones de euros. El principal de ese préstamo
que tiene Grecia con Europa se empieza a pagar dentro de 30 años. No son
malas condiciones. Y los intereses dentro de 10 años. No son malas
condiciones. España ha aportado 26 000 millones de euros en préstamos a
Grecia y, además, se ha aprobado una quita del 50 % de los préstamos de
los privados. Por tanto, primer mensaje: la solidaridad de Europa con
Grecia existe. Segundo: los países de la Unión Europea queremos seguir
siendo solidarios con Grecia. Y, tercero: todos pensamos igual en la
Unión Europea, como quedó acreditado en el día de ayer.


A partir de ahí le voy a hacer dos consideraciones importantes.
Antes de las elecciones griegas, Grecia tenía un programa que estaba
cumpliendo. Se le entregaba el dinero de los préstamos, el Gobierno hacía
reformas para crecer y para crear empleo, y su pronóstico de crecimiento
para este año estaba por encima del 3 %. Pero hubo elecciones —y me
limito simplemente a reflejar los hechos, no voy a hacer ningún juicio de
valor, no me corresponde—, y el nuevo gobierno se negó a cumplir
las condiciones pactadas en su día; anunció que daría marcha atrás en las
reformas hechas; pidió que se le diesen los 7200 millones de euros
pendientes del segundo programa, más dinero sin condiciones, porque
decían que lo necesitaban, y además una quita de la deuda. Esto es lo que
ha defendido el Gobierno de Grecia en estas fechas. Yo no voy a entrar en
los detalles, pero sí quiero decirle dos cosas. Primero, que Europa y las
instituciones se avinieron a negociar las condiciones. Europa fue
flexible; fueron flexibles la Comisión Europea, el Banco Central Europeo
y el Fondo Monetario Internacional. Lo peor de lo que ocurrió fue que al
quebrarse el acuerdo entre las instituciones y el Gobierno griego, como
siempre, empezaron a pagar los ciudadanos. La economía, que iba a crecer
el 3 % largo, ahora tiene una previsión de crecimiento del 0,5, pero en
el primer trimestre el crecimiento fue negativo. La prima de riesgo subió
de 500 a 1000. Empezaron las salidas de depósitos. Aumentó el desempleo.
Se redujo el superávit fiscal primario. Y cayó la recaudación un 24 % en
este mes de mayo con respecto a mayo del año anterior. Es decir, que las
cosas no van a mejor.


¿Cuál es la solución? Pues la que hemos defendido siempre: hacer
políticas que permitan crecer y crear empleo. Y ayer hubo un dato
positivo; ayer por fin, Grecia, o su gobierno, se dio cuenta de que no
podía continuar así; ayer dio marcha atrás en sus planteamientos y, por
eso, mañana habrá una reunión del Eurogrupo. Yo espero que esa reunión
sea positiva. Espero que Grecia continúe en el euro. Creo que es bueno
para Grecia, que lo es, sobre todo, para los ciudadanos griegos y para el
conjunto de Europa. Y si no es así, déjeme que no contemple este
escenario de momento. Sí le digo que ya no estamos en la situación
de 2012, porque España ya no está amenazada por un rescate, porque aquí
ya no se discute si va a haber un euro de primera velocidad o uno de
segunda y porque España hoy, como ha hecho reformas estructurales, tiene
una economía sustentada en bases sólidas; es el país que más está
creciendo de Europa y el que más está creando empleo.


Por tanto, no se preocupe usted por lo que le pueda pasar a
nuestro país, que ya está estudiado, como todo, en la Unión Europea. A lo
que tenemos que dedicarnos ahora es a salvar a Grecia, ahora y en el
futuro. Y a eso se aplica el Gobierno de España.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.









PREGUNTA SOBRE SI EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO SIGUE PENSANDO
QUE SU PROBLEMA SON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.


680/001129

ÓSCAR LÓPEZ ÁGUEDA (GPS)


El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Óscar López Águeda.


Tiene la palabra su señoría.


El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Gracias, señor presidente.


Señor Rajoy, lleva usted tres años y medio ya al frente del
Gobierno de España. Tres años y medio escurriendo el bulto y buscando
culpables permanentemente. Primero fue la herencia, luego los sindicatos,
los ayuntamientos... (Rumores); calma; las comunidades autónomas. Ahora
la culpa es de las televisiones, o de Floriano, que es el único cambio
que ha hecho usted. La culpa siempre es de los demás, nunca es suya,
señor presidente del Gobierno, ni a causa de las decisiones que usted
toma.


Como digo, usted ha estado tres años y medio escurriendo el bulto,
buscando culpables y echando balones fuera. Pero yo creo que a usted le
eligieron para gobernar y para dar la cara, y no para vivir en una
televisión de plasma que es lo que ha hecho usted en estos tres años y
medio, señor Rajoy. (Rumores). En estos cuatro años han acumulado ustedes
todo el poder. Todo. Era imposible tener más poder. Mayoría absoluta en
el Gobierno de España, en comunidades autónomas, ayuntamientos,
diputaciones... Todo el poder, señor Rajoy. Y hace cuatro años podía y
debía haber unido a los españoles contra la crisis. Pero decidió lo
contrario. Decidió utilizar el rodillo de su mayoría absoluta contra la
mayoría de los españoles, que es lo que ha hecho usted en estos tres años
y medio, señor Rajoy.


Mire, usted ha gobernado solo y contra todos; usted ha reformado
la legislación laboral de este país contra los sindicatos y los
trabajadores; usted ha hecho una reforma local contra los ayuntamientos;
usted ha reformado la sanidad para aplicar copagos y hacer también
ciertas privatizaciones contra pacientes y contra médicos; usted ha hecho
una reforma educativa contra toda la comunidad educativa; usted ha
mercadeado con votos en la reforma del aborto contra los derechos de las
mujeres. (Rumores). Sí señor, esto es lo que han hecho ustedes.


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.


El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Y es más, usted ha hecho una amnistía
fiscal contra la decencia de este país, señor Rajoy. (Aplausos). Esto es
lo que usted ha hecho.


Mire, no es que ustedes no hayan hablado con otros partidos
políticos; ustedes no han hablado con nadie, ni con sindicatos ni con
comunidades ni con ayuntamientos, ni con los de su propio color. Por lo
tanto, lo que usted ha hecho ha sido gobernar solo y contra todos. Podía
haber hecho lo contrario, ha tenido tres años y medio para ello, pero
eligió el camino más fácil, que lamentablemente era el peor, señor Rajoy.
Porque, como digo, usted ha gobernado solo y contra todos y, básicamente,
lo que usted ha hecho en este país en tres años y medio ha sido subir
impuestos, recortar derechos y rebajar el sueldo de los trabajadores
españoles. Porque ese es el modelo de competitividad que usted aplica;
ese es el camino fácil. Era muy fácil subir impuestos, recortar,
básicamente en sanidad, educación y dependencia y rebajar los salarios;
modelo de competitividad que ha aplicado usted, señor Rajoy. Eso es lo
que ha hecho. Déjeme que le diga que ese modelo suyo tiene, para salir de
la crisis, un problema: es muy injusto, señor Rajoy, y provoca mucha
desigualdad en este país, que es lo que está provocando su Gobierno.


Señor Rajoy, ha sido usted muy poderoso con los débiles. Usted ha
rebajado salarios, ha recortado becas, ha aplicado copagos, ha subido
impuestos a todo el mundo, independientemente de su renta, y ha sido
usted muy débil con los poderosos, les ha hecho una amnistía fiscal a la
carta a los que tenían sus cuentas en Suiza. Eso es lo que ha hecho
usted, señor Rajoy.


Y ahora, cuando ve venir lo que ve venir, le entra a usted un
ataque de pánico. Tiene usted todos los síntomas, señor Rajoy, todos:
culpar al mensajero, intentar culpar a las televisiones, a los
portavoces, o alimentar la vieja estrategia del miedo, el cuento del lobo
que se cuenta a los niños. Cuento del lobo, miedo, el miedo que tienen
ustedes a perder el sillón, que es lo que de verdad les lleva a esa
estrategia del miedo que es ridícula y que es la suya, la que viene,
señor Rajoy. Sí señor. (Aplausos).


Mire, no ha entendido usted nada, señor Rajoy. Da igual quién
cuente la reforma laboral, da igual que vaya el señor Floriano, el señor
Casado o la señora Cospedal a contarla en televisión, los españoles no la
quieren. El problema no es que quite usted a la señora Cospedal o al
señor Floriano de los telediarios, el problema es que sigue la reforma
laboral que puso usted en marcha en este país. No es un problema de
comunicación, no es problema de lo que dicen ustedes o de cómo lo dicen;
el problema es lo que hacen y lo que han hecho en este país teniendo
mayoría absoluta y teniendo el gobierno de todas las
administraciones.


Señor Rajoy, no son las televisiones las que le martillean a usted
—usted ha inventado ese concepto—, sino que es usted el que
martillea a los trabajadores con la reforma laboral; es usted el que
martillea a los estudiantes subiendo tasas y bajando becas; es usted el
que martillea a los pacientes con los copagos médicos; ha sido usted el
que ha martilleado a la sociedad española. Por cierto, hablando de
martillear, no son las televisiones las que le martillean a usted, sino
que ustedes martillean los discos duros que les pidió un juez como prueba
para probar su financiación irregular. (Aplausos).


Señor Rajoy, lo que piensa la mayoría es que no es un problema de
lo que dicen, sino de lo que hacen. Pero como usted es el que ha acuñado
la teoría de que sus problemas tienen que ver con el martilleo de las
televisiones, le pido que me explique eso del martilleo y las
televisiones.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador López Águeda.


Señor presidente del Gobierno, tiene la palabra.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Sólo le voy a decir
dos cosas, señor López. En respuesta a la pregunta que me ha formulado le
digo: no. Y en cuanto al modelo bueno, que por lo visto es el suyo, y a
la falta de acción de gobierno del Gobierno que presido, le voy a decir
que en el año 2011 este país estaba en la siguiente situación: amenazado
de rescate, amenazado de quiebra, amenazado con salir del euro; tenía
todos los desequilibrios económicos posibles: déficit público, déficit
del sector exterior, tenía inflación, un sistema financiero en quiebra,
deuda externa; tenía recesión, varios años en crecimiento negativo y en
los últimos cuatro años la brillante gestión de su legislación sobre el
mercado laboral había dado lugar a que 3 400 000 españoles hubieran
perdido su puesto de trabajo. Lo que hemos hecho nosotros es, lisa y
llanamente, comenzar a arreglar el colosal desaguisado en el que ustedes
convirtieron a nuestro país, a España.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente del
Gobierno.


Tiene la palabra el senador López.


El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Señor presidente, veo que el señor Rajoy
desmiente al señor Rajoy, porque ha sido usted, y no yo, quien decía que
los problemas que tenía su partido, sus resultados electorales y lo que
queda por venir era culpa del martilleo de las televisiones. Es más,
permítame que le diga que, como consecuencia de ello, andan ustedes
amenazando a las televisiones privadas de este país con hacer concursos
porque no les gusta lo que sale en televisión. Pero sabe lo que le digo,
señor Rajoy, que a nadie le gusta lo que sale en televisión, pero la
culpa no es de las televisiones, sino suya por hacer lo que hace en este
país. Ese es el problema, pero usted mata al mensajero, señor Rajoy.


Pero déjeme que le diga algo más. Andan ustedes ahora, además de
buscar culpables, además de amenazar todos los días a las televisiones
porque no les gusta lo que sale, alimentando la estrategia del miedo, del
miedo al cambio; y hablando de partidos radicales, déjeme que le diga,
señor Rajoy, que a mí no se me ocurre nada más radical que un partido que
destruye las pruebas que le pide un juez a martillazos con el ordenador
como hicieron ustedes. (Aplausos.— Protestas). Eso sí que es ser un
partido radical; eso sí que es radical; eso es muy radical. Y soy incapaz
de imaginar —y créame porque lo he intentado— a un presidente
del Gobierno tan radical como para ser capaz de mandar mensajes al móvil
de un delincuente que entraba en la cárcel con cuentas en Suiza.
(Protestas). Eso es lo que hace usted, señor Rajoy, y eso sí que es
radical y antisistema.


Muchas gracias. (Aplausos.— Rumores).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador López Águeda.


Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. (Continúan los
rumores).


Señorías, guarden silencio, por favor.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias,
señor presidente.


El 30 de marzo de 2015 reclamó más Europa para frenar a los
populismos que crecen en casi todos los países. Noviembre de 2014,
Congreso del Instituto de la Empresa Familiar; aseguró rotundamente que
no pactaría con Podemos porque no compartían programa y porque esa
formación ofrece soluciones falsas a problemas reales. Y dijo: No podemos
pactar con los que amenazan el Estado de bienestar. (Protestas). 21 de
septiembre de 2014: El populismo ha encontrado su expresión institucional
en Podemos; afirmó: Ellos tendrán que explicar si no defienden el régimen
de Chávez y de Venezuela. 17 de septiembre de 2014: No pienso pactar con
populistas de los que hay en nuestro país. 12 de septiembre de 2014,
Radio Nacional de España: Podemos es populismo. Lo que busca este
movimiento es convertir a España en Venezuela, y con el populismo mi
partido no va a pactar ni antes ni durante ni después de en las
elecciones. (Fuertes y prolongados aplausos.— Protestas). Fin de la
cita. Señor Pedro Sánchez. Esa es la credibilidad del partido al que
usted representa en esta Cámara.


Ustedes no pueden pretender que nadie les tome en serio porque es
absolutamente imposible. (Aplausos.— Protestas). Y tengo muchas más
citas, Señor López. ¿Cómo nos vamos a tomar en serio a un señor que dice
una cosa en numerosas ocasiones y en importantes foros y luego hace otra?
(Fuertes protestas). A mí me han venido representantes del Instituto de
la Empresa Familiar a decir que no se puede tomar en serio a una persona
que actúa así.


A partir de ahí, voy a tratar de explicarle de manera resumida,
como es natural, lo que hemos hecho a lo largo de esta legislatura. ¿Y
qué hemos hecho? Superar la situación en la que ustedes dejaron este
país. (Varios señores senadores de los escaños de la izquierda:
¡Nooo!.— Varios señores senadores de los escaños de la derecha:
¡Siiii!) Este es el problema real al que nos hemos enfrentado en estos
cuatro años, y no a un problema de medios, como usted dice. Ustedes
dejaron a España en la crisis económica más dura que había vivido en
décadas. ( Varios señores senadores de los escaños de la izquierda:
¡Nooo!.— Varios señores senadores de los escaños de la derecha:
¡Siiii!); dejaron a España al borde de la quiebra (Varios señores
senadores de los escaños de la derecha: ¡Siiii!); dejaron a España al
borde del rescate (Varios señores senadores de los escaños de la derecha:
¡Siiii!); dejaron a España con todos los desequilibrios económicos
posibles (Varios señores senadores de los escaños de la derecha:
¡Siiii!); dejaron a España en recesión (Varios señores senadores de los
escaños de la derecha: ¡Siiii!); aumentaron el desempleo y tres
millones 400 000 españoles perdieron su puesto de trabajo por ustedes y
por su legislación laboral; por ustedes. (Varios señores senadores de los
esacaños de la izquierda: ¡Nooo!— Varios señores senadores de los
escaños de la derecha: ¡Siiii!) Eso es lo que dejaron, y ese fue el
problema al que nosotros tuvimos que hacer frente. Pero, por fortuna,
algo podemos decir hoy aunque queden muchas cosas por hacer. Ya no hay
amenaza de quiebra, ya no hay amenaza de rescate, ya nos podemos
financiar a precios razonables, hemos superado los desequilibrios, somos
los que más crecemos de Europa, el año pasado se han creado 440 000
puestos de trabajo y este año, 600 000. Queda mucho, porque superar las
consecuencias de su gestión económica es muy complicado y lleva su
tiempo, pero las cosas van mejor. Mire, lo único que no se puede hacer es
volver a las políticas que ustedes aplicaron en los años 2008-2011,
porque fueron los que estuvieron a punto de provocar la quiebra de
España, aunque todavía no se han enterado; y por eso —ya que usted
cita miembros de mi partido— ahora ponen al señor Sevilla a ver si
arregla esto ¡Venga, bueno! (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente del
Gobierno. (Rumores).









PREGUNTA SOBRE SI EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ES CONSCIENTE
DEL RECHAZO GENERALIZADO QUE TIENEN EN CATALUNYA LAS SISTEMÁTICAS
POLÍTICAS ANTICATALANAS QUE HA IMPULSADO A LO LARGO DE LA
LEGISLATURA.


680/001136

JOSEP LLUÍS CLERIES I GONZÀLEZ (GPCIU)


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.


Pregunta de don Josep Lluís Cleries.


Tiene la palabra su señoría. (Rumores).


Señorías, guarden silencio, por favor.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Señor Rajoy, en la última ocasión en que pude preguntarle, usted
cuestionó mi representatividad e ironizó sobre mi intervención. Lo hizo
en su segundo turno de réplica para que yo no pudiera contestarle, pero
lo hago hoy. El Grupo Popular, con mayoría absoluta de 160 senadores,
solo tiene una senadora por Cataluña; eso equivale al 0,62 % de su grupo.
Fíjese en las cifras de estas elecciones municipales en Cataluña: de
los 9077 concejales existentes, solamente 214 son de su partido,
un 2,35 %. El Partido Popular solo ha obtenido una alcaldía de 947
municipios, y eso es fruto de sus políticas anticatalanas. (Rumores). Han
pasado de ser la tercera fuerza política a ser la sexta. Yo sé de mi
representatividad; no sé si usted sabe de la suya, señor Rajoy, al menos
en Cataluña. La fuerza mayoritaria en las Cortes Generales es cada vez
más residual en Cataluña, y voy a darle algunas pistas de los porqués.
Usted ha practicado un ataque sistemático a la lengua catalana y a la
inmersión lingüística. En Cataluña siempre estamos pendientes de sus
agresiones constantes. No ha respetado la Llei d’educació de
Catalunya. Nos ha sometido y nos somete a una asfixia financiera y a un
constante maltrato. (Rumores.— Protestas).


Podemos hablar también de las inversiones. Los Presupuestos
Generales del Estado dedican a Cataluña 145 euros por habitante; la media
española es de 242. Los ciudadanos de Cataluña, señor Rajoy, pagamos
nuestros impuestos religiosamente, pero no tenemos el retorno que nos
pertenece. Diariamente —cada día, cada día—, sale un AVE de
Barcelona con 41 millones de euros que viene aquí, a Madrid, y después
vuelve vacío; y al día siguiente, 41 millones más. (Rumores). Y así,
los 365 días del año. Su Gobierno ha enviado a la Unión Europea las
previsiones presupuestarias para los próximos años… (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: …donde usted sigue recortando
en sanidad y educación. Sepa que la Generalitat de Catalunya, el
president Mas al capdavant, no recortará un céntimo en sanidad ni en
enseñanza ni en servicios sociales. (Rumores). Hay una línea roja que no
traspasaremos de ninguna forma. No permitiremos que siga poniendo en
riesgo el Estado del bienestar, porque quien ha ejecutado, señor Rajoy,
los recortes en sanidad, educación, servicios sociales y dependencia
tiene nombre y apellidos: es usted, señor Rajoy; y el Partido Popular. El
crecimiento de la pobreza y la desigualdad también llevan su firma, señor
Rajoy. Se ha querido colgar el sambenito de los recortes a las
comunidades autónomas, y el responsable es el Gobierno del Estado, su
Gobierno; y muchos dirigentes territoriales de su partido lo han pagado
en estas elecciones autonómicas. Sus políticas antisociales,
anticatalanas, producen un rechazo absoluto en Cataluña. No se puede
conseguir la justicia social, la equidad y la ocupación con su Gobierno.
Y tampoco lo podemos conseguir con una autonomía amputada, limitada y
ahogada, por lo que optamos el 27 de septiembre por unas elecciones
plebiscitarias que nos lleven a la libertad de Cataluña.


¿Cómo lo ve usted, señor Rajoy? (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cleries.


Señorías, guarden silencio, por favor.


Señor presidente del Gobierno, tiene la palabra.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias,
señor Cleries.


Lamento no poder compartir sus afirmaciones, cosa que supongo que
no le va a sorprender. Quiero decir que lo que he intentado hacer a lo
largo de esta legislatura —que ha sido muy compleja y muy
difícil— ha sido defender el interés general de todos los
españoles, vivan donde vivan y sean quienes sean. A eso es a lo que me
dediqué: a intentar superar la mayor crisis económica que se ha producido
en nuestro país en décadas; a intentar que España —y dentro de
España, Cataluña— no fuera a la quiebra; a intentar evitar el
rescate; a corregir los desequilibrios económicos; a intentar mejorar la
competitividad de nuestra economía; a intentar volver al crecimiento
económico y a que se creara empleo en nuestro país. Y al tiempo, en una
situación de dificultades presupuestarias máximas, hemos intentado
—y lo hemos conseguido— mantener el sistema de pensiones
públicas, mantener el seguro de desempleo, mantener la sanidad pública y
mantener la educación pública. Esas son políticas a favor de todos los
españoles y no van contra nadie. Y ahora yo puedo decirle —y se lo
digo con orgullo, porque lo siento— que vamos por el buen camino,
que hemos pasado lo peor, que vamos a crecer más que nadie este año en la
Unión Europea, que ya se está creando empleo. Y falta muchísimo por hacer
—ya lo sé—, pero las cosas han cambiado. Cuando llegamos al
Gobierno se destruía empleo al ritmo del 9,2 % al año, ahora se crea
empleo al ritmo del 7,6 % al año.


Y no estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho sobre Cataluña,
estoy en profundo desacuerdo. Cuando yo llegué al Gobierno —es
decir, cuando yo llegué eso ya se estaba produciendo—, la
Generalitat de Catalunya no podía financiarse —no podía ser culpa
mía, porque yo no estaba en el Gobierno—. La última vez que se
financió fue con bonos patrióticos, pagando el 7,75 % del dinero del
contribuyente al año —la última vez que pudo financiarse—. Y
como no podían financiarse no pagaban a los proveedores, señor Cleries, y
no podían atender a su déficit público ni a sus vencimientos en los
mercados ni atender los servicios públicos. Y por eso el Gobierno puso en
marcha los instrumentos de liquidez, para Cataluña y para tres o cuatro
comunidades autónomas más, y recibieron 50 000 millones de euros. ¿Sabe
usted a cuánto se financia hoy la Generalitat de Catalunya, qué tipo de
interés paga? Es bueno que lo sepa el conjunto de la Cámara: paga el 0 %
de interés por las deudas que tiene con el Estado; y cuando yo llegué
pagaba el 7,75. Al menos debería tener la decencia de reconocerlo
(Aplausos).


Señor Cleries, cuando nosotros llegamos al Gobierno, España, y,
por tanto, Cataluña, estaban al borde de la quiebra y del rescate; ahora
no. Tenía todos los desequilibrios posibles; ahora no. Ha mejorado la
competitividad, y eso es muy bueno, entre otras cosas, para el sector
exportador de Cataluña. ¿Había crecimiento económico? No, y ahora
Cataluña también crece. Se destruía empleo, y ahora se crean puestos de
trabajo, también en Cataluña. Estas políticas económicas que hemos
llevado a cabo han sido buenas para Cataluña, otra cosa es que ustedes
estuvieran preocupados por otras cosas que, sin duda, a ustedes les
preocupan pero que no son las que importan a la gran mayoría.


Y no le acepto lo que ha dicho de las inversiones. No se lo puedo
aceptar, por una razón que usted tiene que entender: porque no es verdad.
En Cataluña, el Ministerio de Fomento ha dedicado en esta legislatura más
de 8000 millones de euros. Destacan actuaciones como la conexión por AVE
de las cuatro capitales de provincia —la única región de España en
que eso ocurre— y con Francia; los avances en el corredor
mediterráneo; la finalización de la T1; una tercera pista en el
aeropuerto de El Prat; los accesos terrestres al puerto de
Barcelona… No quiero abrumarle, pero es que si no digo las cosas
parece que no existen. En materia de Rodalies hemos puesto en marcha las
cercanías en Tarragona y Girona, mejorando los accesos a Barcelona
—hemos dedicado 570 millones de euros en esta legislatura—.
Las ayudas a entidades financieras —13 221 millones de euros a
Caixa Catalunya— han permitido salvar el dinero de muchos
depositantes catalanes y es la primer región en transferencias del Estado
en materia de I+D+i. Por tanto —no voy a continuar, porque no tiene
ningún sentido—, no acepto nada de lo que usted ha dicho. El
Gobierno ha cumplido con Cataluña en una situación de extrema dificultad
y se ha dedicado a lo que tenía que dedicarse, que era intentar superar
la crisis económica más fuerte que ha vivido España en las últimas
décadas.


No tiene razón, señor Cleries. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente del
Gobierno.


Senador Cleries, tiene la palabra.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Muchas gracias, presidente.


Señor Rajoy, yo tampoco comparto lo que usted ha dicho, porque
también durante un tiempo se ha cobrado el FLA con intereses. Y el
problema de que no pueda pagar la Generalitat de Catalunya es el AVE que
sale cada día con los 41 millones de euros. (Rumores). Dejen que nosotros
cobremos nuestros impuestos y ya podremos financiarnos. El problema que
tenemos es que los impuestos vienen a parar a ustedes, a sus arcas, y son
ustedes los que deciden. Y les interesa el FLA porque crea dependencia.
(Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: En cambio, si hay financiación, lo
que se genera es autogobierno. Pero vemos que con ustedes no lo
conseguiremos porque para usted, señor Rajoy, todo va bien, todo va
mejorando. Y, es cierto, hay cosas que van mejorando —y lo hemos
reconocido—, pero también le diré que usted olvida que
prácticamente una de cada cuatro personas está en paro, que una de cada
cinco personas con las que nos cruzamos por la calle está en riesgo de
pobreza y que uno de cada tres niños se encuentra bajo el umbral de la
pobreza. Eso también es fruto de sus políticas; así es como nos
encontramos ahora, y lo dice el INE. Tenga también esto en cuenta.


El president Mas le presentó veintitrés puntos. ¿Usted los ha
respondido? No, no los ha respondido. Y también he de decirle que tenemos
una democracia tan fuerte que no nos deja ni hacer consultas, pero le
recuerdo que 2 340 000 personas fuimos a votar; y, por mucho que el
Tribunal Constitucional quiera, no lo van a borrar. Ahí está nuestro voto
legítimo y democrático. Usted ha actuado de forma constante con políticas
anticatalanas y antisociales. Es así, y la cifra que he dado sobre
inversiones en los Presupuestos Generales del Estado ahí está: en los
Presupuestos Generales del Estado. Y luego ustedes se sorprenden de que
haya pitadas. Después de actuar de esta forma contra Cataluña, se
califica por parte de su partido de energúmenos, enfermos y portadores de
odio a los que pitan. Pero, señor Rajoy, ¿cómo tendríamos que calificar a
los que atacan la dignidad de Cataluña, no con pitadas, sino con leyes,
con decretos, con recursos o con querellas al president de la Generalitat
y a los miembros de su Gobierno? ¿Cómo los tendríamos que calificar? Yo
no voy a caer en el error de calificarlo. Lo arreglaremos, señor Rajoy, a
nuestra manera: democráticamente. Y los que no respetan Cataluña
recibirán una respuesta adecuada en las urnas el 27 de septiembre. Las
urnas, la democracia, envían a cada uno a su sitio. Y también le voy a
decir —sé que ahora me dirá alguna cosa— que en Convergència
Democràtica de Catalunya nos sentimos más fuertes que nunca en la defensa
de la libertad y de la justicia social para Cataluña.


Muchas gracias. (Aplausos)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cleries.


Señor presidente del Gobierno, tiene la palabra.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias,
presidente.


Señor Cleries, le agradezco que en la última parte de su
intervención haya aclarado que usted habla en nombre de Convergència
Democràtica de Catalunya. Simplemente habla en nombre de Convergència
Democràtica de Catalunya. Y tienen ustedes la mala costumbre de echarle a
los demás la culpa de todo lo que no les gusta o de todo lo que les
ocurre. El Gobierno de España tiene la culpa de todo. Ustedes todo lo
hacen bien. Si hay algo que sale mal, la culpa la tiene el Gobierno de
España porque no ha tomado una u otra decisión. Mire usted, yo asumo mis
propias responsabilidades cuando tengo que tomar decisiones y no intento
culpar a los demás por ellas.


Hay algo a lo que usted se ha referido en su intervención en lo
que sí puedo estar de acuerdo: en que no hice lo que a ustedes les
parecía bien. No lo hice yo ni la mayoría de los catalanes. Ustedes
querían liquidar la ley, ustedes querían saltarse la Constitución y el
estatuto de autonomía, y eso yo no lo puedo aceptar. Se lo he dicho en su
momento y se lo vuelvo a reiterar hoy aquí: yo voy a defender la
soberanía nacional porque creo en ella y porque creo que lo que sea
España es algo que tiene que decidir el conjunto de los españoles y no
unos cuantos. (Aplausos). Y eso no es ser anticatalán. Eso es defender
las leyes, eso es defender la Constitución y eso es defender los
intereses del conjunto de los ciudadanos. Señor Cleries, eso no es ser
anticatalán. Ser anticatalán es dividir a la gente; ser anticatalán es
sembrar cizaña; ser anticatalán es obligar a la gente a que elija entre
ser catalán, español y europeo, cuando se pueden ser las tres cosas a la
vez y eso supone un gran enriquecimiento. Eso sí que es ser anticatalán.
(Aplausos).


Le voy a decir una cosa con absoluta franqueza: están rompiendo
todo. Treinta y siete años después, han logrado liquidar la coalición que
tenían con Unió Democràtica de Catalunya. ¿Esos también son
anticatalanes, señor Cleries? Los buenos catalanes, ¿quiénes son? ¿La
CUP? Van muy bien usted y su partido por la línea del equilibrio y la
moderación. Va usted muy bien. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente del
Gobierno.









PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO PIENSA PLANTEAR EN LA UNIÓN
EUROPEA, ANTE LA SITUACIÓN DE LA INMIGRACIÓN MASIVA, UNA ESPECIE DE PLAN
MARSHALL EUROPEO PARA EL CONTINENTE AFRICANO.


680/001107

IÑAKI MIRENA ANASAGASTI OLABEAGA (GPV)


El señor PRESIDENTE: Pregunta para el señor ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación. (Rumores).


Señorías, guarden silencio, por favor.


Pregunta del senador Iñaki Anasagasti.


Tiene la palabra su señoría. (Rumores).


Guarden silencio, por favor.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor
presidente.


Cuando nosotros teníamos una buena relación —incluso
personal— con el señor Rajoy, nos decía que estábamos obsesionados
con el transporte mecánico por carretera. Y ayer mismo, por ejemplo, el
secretario de Estado de relaciones con Europa, Íñigo Méndez de Vigo, dijo
en su comparecencia que a un problema europeo había que darle una
solución europea, fundamentalmente a algo tan terrible como es la
inmigración. Además, puso encima de la mesa la política que va a seguir
Europa en este tema: una política solidaria, una política integral, de
enfoque global, de no hacer nada para que haya un efecto llamada, de
identificar los lugares de origen… En fin, ese tipo de cosas. Y nos
parece muy bien. Pero ¿por qué no se va al fondo de la cuestión? En el
pasado se pusieron encima de la mesa planes, sobre todo para que eso no
se produzca. ¿Por qué la gente tiene que emigrar? Fundamentalmente,
porque huye de algo o porque tiene hambre. Entonces, ¿por qué la Unión
Europea y ustedes no ponen encima de la mesa de una vez por todas ese
plan Marshall o —llámenle como quieran— de cooperación
internacional para que eso no ocurra y no tengan que estar abordando este
problema reiteradamente?


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.


Señor ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
(García-Margallo Marfil): Gracias.


Como novedad, por una vez estamos de acuerdo en el diagnóstico. Lo
que está ocurriendo en el Mediterráneo es gravísimo, sin paliativos. Han
intentado cruzar el mar 100 000 personas y más de 2000 personas han
muerto en aguas del Mediterráneo; una catástrofe humanitaria
inédita.


Me propone como solución ese plan Marshall, expresión que ha
tomado usted de la que propuso el señor Blair en 2005 —con diez
años de retraso, la retoma—. Si se quieren tomar en serio los
temas, tenemos que saber cuáles son los problemas que afrontamos, cuál es
el potencial de África y cuáles son las soluciones que queremos. Y en los
problemas estructurales, tiene usted razón. La esperanza de vida en el
África subsahariana es de menos de 60 años. Hasta mayo, han muerto 11 000
personas por ébola. Siete de los diez Estados más frágiles del mundo
están en África. Y desde el año 2000 ha habido veinticuatro países en
conflicto. Pero África tiene un enorme potencial, tiene una población
joven. Dos tercios del crecimiento de la población activa en el mundo
están en África, el producto interior bruto ha crecido un 4,5 % durante
el último año, y el comercio con España —y eso es dar
soluciones— ha aumentado en diez años en un 250 %. España ha
cumplido con África.


En cuanto a cooperación, hemos invertido más de 10 000 millones, y
en la réplica le diré lo que hemos hecho en el Consejo de Seguridad, en
la Unión Europea y a nivel bilateral y lo que vamos a hacer en La Valeta.
Pero espero sus argumentos, señoría. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Senador Anasagasti, tiene la palabra.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Hablando de cifras, está bien.
Cuando usted era joven y yo era jovencito fuimos a Guinea Ecuatorial,
en 1988. Usted recordará aquel viaje, en que hicimos un informe muy
exhaustivo —en aquel momento era secretario de Estado Luis
Yáñez—, y usted criticó muchísimo que no se cumpliera aquel informe
de cooperación. Además, usted repetía muchísimo una frase: «el que tiene
el poder y no lo ejerce, que no se queje».


Viendo su sensibilidad, porque usted proviene de un partido
demócrata-cristiano, indudablemente le hago esta pregunta, porque usted
ha dicho que sí, que ese informe se hizo. Efectivamente, ese informe se
planteó en la época de Antonio Barroso, como presidente de la Comisión
Europea. Y la palabra Marshall es descriptiva, pero tenía un nombre
rimbombante: Estrategia europea para África, hacia un pacto euroafricano
que acelere el desarrollo. Es del año 2005, para coordinar la ayuda al
desarrollo de todos los Estados que forman la Unión Europea. Pero, claro,
hay que recordar que en estos años el Gobierno ha reducido la cooperación
en el 70 %. Usted no se puede poner ninguna medalla con este asunto. Por
tanto, hay que desarrollar un sistema de cohesión social, de
sostenibilidad, de políticas ambientales y de interconexiones. Y tiene
que haber una coordinación entre Estados miembros. Y tiene que haber
fondos, que no se usan muchas veces.


Además, usted recordará que Bruselas contabilizó un total de
veintiséis políticas diferentes en relación con África. ¿Por qué no
hablan ustedes de esto y no solamente de la inmigración? Lógicamente,
tienen que hablar de ella, faltaría más, porque es una cuestión
absolutamente terrible, pero ¿por qué no promocionan el sector privado
también en África? ¿Por qué no hacen caso? Y lo del Plan Marshall hace
dos años lo plantearon cinco presidentes africanos en relación con el
ébola, un plan que debía tener África para erradicar la malaria y el
ébola. También recordará que Tony Blair en el año 2005 hizo un informe
de 453 páginas, que ustedes han debido meter no sabemos en qué archivo y
ahora está absolutamente desaparecido en combate.


Por eso, usted, es muy sensible a todo dolor humano...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: ...lógicamente, como en aquella
época de Guinea. Yo lo único que sé de usted de Guinea es que no lo
siguió muy de cerca y que a un diplomático que estaba allí, en Guinea, lo
nombró embajador en Washington.


Me parece muy bien que usted tenga esa sensibilidad.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senado Anasagasti.


Señor ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
(García-Margallo Marfil): Gracias.


Primero, no logro comprender por qué en aquella época yo era joven
y usted solo jovencito. (Risas). En fin, me lo explicará luego.


Segundo, el señor don Antonio Barroso no existe. Entiendo que
quiere usted referirse a Durão Barroso.


Tercero, se ha quedado usted, efectivamente, en el año 2005. En el
Consejo de Seguridad, España ha participado en las misiones de paz de
Burundi, Congo y República Centroafricana. En el Consejo de Seguridad
estamos apadrinando la Resolución 1325, sobre el papel de la mujer en la
solución de conflictos, y estamos pergeñando una resolución para acabar
con el tráfico que hacen las mafias en el Mediterráneo.


En la Unión Europea participamos en los dos grandes procesos
migratorios: en el de Rabat, con 57 países, y en de Jartum. Participamos
también en el Fondo Europeo, que tiene 30 506 millones, y un 8 % lo
aporta España. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a reunirnos con la Unión
Africana, donde estuvo el rey y donde estuvo el presidente del Gobierno
en noviembre, en La Valeta, para hablar de ese problema. Y para
solucionar ese problema corresponde a España y solo a España la idea de
un fondo fiduciario con el fin de acabar con ese tema. Somos
perfectamente conscientes de que hay que fomentar el crecimiento en
África, permitir que sus productos entren en los mercados
occidentales...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
(García-Margallo Marfil): ... y que hay que aumentar la cooperación y el
comercio internacional. Y eso estamos haciendo.


Feliz 2005, señor Anasagasti. Yo estoy en 2016. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.









PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO GARANTIZA LA CONFIANZA DE LOS
CIUDADANOS EN LA JUSTICIA EN NUESTRO PAÍS.


680/001131

JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ (GPS)


El señor PRESIDENTE: Pregunta para el señor ministro de Justicia.
Pregunta de don Juan Francisco Martínez-Aldama.


Tiene la palabra su señoría.


El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro —adiós, señor Rajoy—, ¿garantiza el
Gobierno la eficacia y la confianza en la justicia española?


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez-Aldama.


Señor ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias,
presidente.


Señor Martínez-Aldama, la verdad es que quería oír cómo formulaba
la pregunta, además de la mera transcripción literal, porque no es fácil
entender qué quiere usted preguntarme al decir si el Gobierno garantiza
la confianza en la justicia.


En primer lugar, nosotros creemos en la separación de poderes. La
confianza en la justicia la deben tener los ciudadanos en el Poder
Judicial, imagino; por tanto, creo que es una cuestión de análisis
sociológico y de funcionamiento de la justicia. En todo caso, nosotros
respetamos estrictamente la separación de poderes, cumplimos con las
competencias que tiene el Gobierno en materia de justicia, colaboramos
con la justicia en la provisión de medios y respetamos las competencias
que tienen, como digo, esta Cámara, el Parlamento, la justicia y el Poder
Ejecutivo. Por tanto, respetamos el funcionamiento independiente y
profesional de la justicia. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Senador Martínez-Aldama, tiene la palabra.


El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, los españoles opinan, en su mayoría, que la
justicia no funciona correctamente; la perciben como lenta, cara y, sobre
todo, que no es igual para todos los españoles. Y aquí quiero centrarme,
porque al conocer el tribunal que va a juzgar el caso Gürtel, el mayor
caso de corrupción de la historia de España, la percepción de los
españoles de que la justicia no es igual para todos se va a
acentuar.


Señor ministro del Partido Popular, que magistrados propuestos por
el Partido Popular juzguen a tres extesoreros del Partido Popular, a
exministros del Partido Popular, e incluso al propio Partido Popular, es
un escándalo, es un torpedo en la línea de flotación de la independencia
y credibilidad de la justicia española. Señorías, dos de los tres
magistrados que van a juzgar el caso Gürtel han sido nombrados miembros
del Consejo General del Poder Judicial por el Partido Popular: la
presidenta del tribunal, la señora Espejel, también condecorada por la
señora Cospedal, y el señor don Enrique López, que también fue nombrado
por el Gobierno del señor Rajoy como magistrado del Constitucional
—bien es verdad que luego tuvo que dimitir al ser cazado
conduciendo en estado ebrio—.


Señorías, el señor don Enrique López ha hecho más de cincuenta
cursos y ponencias en la FAES, la fundación que preside José María Aznar,
e incluso ha compartido cursos con procesados a los que ahora tendrá que
juzgar, como, por ejemplo, el señor don Clemente Aguado, viceconsejero
del Gobierno de Madrid de Esperanza Aguirre. Por compartir, señor
ministro, ha compartido cursos y ponencias con usted en la FAES. Claro,
esto viene un poco a cuento, porque ustedes pedían la dimisión de un
ministro de Justicia por compartir una cacería con un juez —el
señor Garzón—. Y ahora, ¿van a pedir la dimisión de su ministro por
compartir cursos con el juez Enrique López? Sería bueno que hubiera un
ejercicio de coherencia por parte de ustedes.


Señorías, esto es un auténtico escándalo, y ustedes tienen la
obligación de pararlo; ustedes. Yo no espero que los magistrados se
inhiban motu proprio, no lo harán. Sí habrá recusaciones, entre ellas, la
del grupo a que represento, la del Partido Socialista, pero lo lógico, lo
ideal, sería que ustedes, el Partido Popular, les recusaran. Entonces los
españoles creeríamos que el Partido Popular apuesta por la independencia
de la justicia, de lo contrario pensaremos que se hace verdad aquella
frase que dijo un personaje de cuyo nombre no quiero acordarme, eso de
que todo está atado y bien atado. En este caso todo estará tapado y bien
tapado, es decir, la corrupción que afecta al Partido Popular.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez-Aldama.


Tiene la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias,
presidente.


Señor Martínez-Aldama, yo creo que hay una diferencia fundamental
entre ustedes y nosotros. Nosotros creemos que hay una justicia
profesional e independiente en España, y ustedes no (Aplausos.—
Rumores), porque ponen de manifiesto claramente que cualquier elemento
subjetivo demuestra para ustedes la falta de independencia de los
profesionales. Nosotros creemos en la independencia de nuestros jueces. Y
los ciudadanos también deben de creerlo, porque, frente a lo que usted ha
dicho —debe de ser su opinión personal, porque no tiene ninguna
base científica—, los españoles valoran en 3,5 a la justicia, según
los últimos datos del CIS. A su partido político e incluso a esta Cámara
la valoran mucho menos que a la justicia, por tanto, no debe de estar tan
mal la opinión de los ciudadanos sobre ella. Y cuando los ciudadanos
deciden cuáles son los principales problemas que hay en España sitúan a
la justicia en el punto número 16, y por delante hay muchos más
problemas. O sea, tampoco comparto con usted la opinión de que los
ciudadanos no confían en la justicia. Creo que está usted equivocado y
que tiene una visión muy parcial de las cosas.


En todo caso, señoría, también parece derivarse de su opinión que
las personas que en alguna etapa de su vida profesional se han dedicado
al autogobierno —y nuestra Constitución prevé que sean jueces y
magistrados los que formen parte del órgano del gobierno de los jueces,
del Consejo General del Poder Judicial— queden inhabilitados para
el desempeño de su carrera profesional. Bien, a lo mejor habría que
aplicárselo a todos, no solamente a algunos. Yo no creo que eso sea así,
no creo que sea así en absoluto, porque sigo confiando en la
independencia y en la profesionalidad de los jueces y magistrados. Y si
ustedes no creen en ello, ahí están en todo caso los instrumentos
legales, las recusaciones; y, evidentemente, se estudiarán si existe
causa suficiente. Ustedes dudan de la imparcialidad de jueces y
magistrados de carrera profesional con treinta años de carrera y creen
que haber sido miembros del Consejo General del Poder Judicial o haber
dictado conferencias en una universidad, en una fundación o en cualquier
foro desacredita, inhabilita a un profesional. Nosotros no creemos que
sea así; pero, insisto: tienen ustedes la recusación siempre a su
disposición para ver si hay causa suficiente para inhabilitar a un juez
profesional e independiente, como son, en general, todos los miembros de
la carrera judicial.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.









PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO CONSIDERA QUE D. JOSÉ ANTONIO
SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ REÚNE EL PERFIL IDÓNEO PARA PRESIDIR LA CORPORACIÓN
RTVE.


680/001122

JORDI GUILLOT MIRAVET (GPEPC)


El señor PRESIDENTE: Preguntas para el señor ministro de Hacienda
y Administraciones Públicas. Pregunta de don Jordi Guillot Miravet.


Tiene la palabra su señoría.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero afirmar que es una vergüenza que en esta
legislatura no hayamos reformado el Senado.


Señor ministro, usted lo habla como razonable, cree que es normal,
que es adecuado que el señor Sánchez, el presidente de la Corporación de
Radio y Televisión Española, afirme en una comisión parlamentaria que él
ha trabajado para el PP, que él vota al PP, que él seguirá votando al PP
y, evidentemente, dirá que no votará en este caso a Izquierda Plural.
¿Usted se imagina, señor Montoro, que en cualquier país de la Unión
Europea el presidente de algo tan sensible como es la radiotelevisión
pública puede hacer en sede parlamentaria ese tipo de afirmaciones?


Señor Montoro, ¿por qué tenemos que pasar esta vergüenza?
Contésteme.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.


Señor ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Gracias, señor presidente.


Señoría, en España se vota libremente. Los ciudadanos tenemos
libertad ideológica, libertad de expresión y libertad de voto. Eso es lo
que significa un sistema de libertades. Exactamente, ¿qué es lo que
avergüenza a su señoría? ¿Que se ejerza la libertad de voto o que se
cuente públicamente cuál es la intención de voto? Afortunadamente, no voy
a determinar cuál es el ciudadano y cuál es el profesional que se pueda
ver privado en el ejercicio de su profesión, y menos en una empresa
pública que está dedicada al interés general, por el hecho de pensar, de
expresarse o de votar de una determinada manera.


¿Sabe qué ocurre, señoría? Que a veces ustedes, los miembros de
esa izquierda contundente, lo que no admiten es que la gente piense de
otra manera. Ustedes tienen la verdad soberana, tienen el criterio
supremo y la superioridad moral de plantearse que todos aquellos
profesionales que están ejerciendo sus cargos en empresas públicas de sus
administraciones votan a partidos contrarios a aquellos por los que están
en función en el ejercicio de esas administraciones.


La verdad es que no sé de qué se avergüenza. Desde luego, yo estoy
muy orgulloso de que en España se vote libremente y que cualquier persona
pueda expresarlo públicamente.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Senador Guillot, tiene la palabra.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señor presidente.


¿De qué me avergüenzo? De la desfachatez. ¿Sabe qué me avergüenza?
Que el presidente de un ente público, de radiotelevisión, se atreva a
decir en sede parlamentaria que él es del PP. (Rumores). Él puede ser de
lo que quiera, él puede votar lo que quiera, él puede hacer lo quiera. Y
le digo además que esa izquierda, los que estamos aquí, luchó contra el
franquismo; usted, no. Así que, calladito. (Rumores.— Protestas).
Hablando de libertades, nosotros luchamos contra el franquismo; usted,
no. (Rumores.— Protestas).


No es razonable que el presidente de un ente público, que tiene
que preservar la pluralidad de algo tan delicado como es la
radiotelevisión, no solo se dedique a manipular, no solo sea un
mercenario de la manipulación, sino que afirme que lo hace convencido
porque es el hombre del PP (Rumores.— Protestas), y esto no es
razonable.


Señoría, la radiotelevisión pública española está perdiendo
audiencia, la radiotelevisión pública española está denunciada en todos
los órdenes como una televisión manipulada, sectaria, al servicio de un
Gobierno. Y lo que es peor, no le sirve de nada, porque este Gobierno, de
ustedes, y su presidente del Gobierno están achicharrados a pesar de la
manipulación. (Protestas). Sí, léanse los estudios de opinión o vean los
votos de las pasadas elecciones municipales y autonómicas.


Lo que les planteo como Gobierno es: ¿no podían encontrar otro
perfil, conservador pero serio, profesional, otra persona que no hubiera
hundido Telemadrid, otra persona que no nos avergüence en el Financial
Times, otros presidentes de corporación a los que el Consejo de Europa no
tenga que llamar la atención, alarmado por la manipulación que se está
produciendo en Radiotelevisión Española? Porque ustedes verán todo esto
como muy normal, pero no es normal lo que está pasando en
radiotelevisión, no es normal la manipulación, no es normal la
humillación de los profesionales.


Y les digo una cosa, más pronto que tarde, la radiotelevisión
pública española estará al servicio de toda la sociedad, devolveremos la
dignidad a esos profesionales y eso será cuando ustedes se vayan a la
oposición. (Rumores).


Gràcies, president. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.


Tiene la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓNES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Gracias, señor presidente.


Señor Guillot, se ve que vamos acercándonos a períodos
electorales: cada vez que se levanta alguna de sus señorías, nos lanza
una proclama de estas, propias de un mitin —pero de un mitin en un
pueblo—, y no de una intervención en el Senado de España.
(Protestas).


Señoría, respecto al franquismo, yo estaba donde estaba y no veía
a muchos de ustedes luchar contra el franquismo. (Rumores). Eso se lo
cuento después, a la salida, cuando quiera, porque se ponen ustedes una
clase de medallas.... La democracia en este país la ha hecho la gente, la
ha hecho la gente normal, la gente de la sociedad civil; no la han hecho
los partidos políticos ni determinados dirigentes políticos: la hemos
hecho entre todos —a ver si aprenden de una vez esa lección—.
Al igual que la ley que rige el Ente Público Radiotelevisión Española es
una ley que determina el Parlamento, y ha habido votaciones en el
Parlamento, en el Senado y en el Congreso de España, que han decidido la
idoneidad de los miembros de su consejo de administración; entre ellas,
la idoneidad del señor Sánchez Domínguez.


Déjese ya de discursos sectarios y partidistas. (Denegaciones del
señor Guillot Miravet). Ahora diga que no; ha hecho usted un discurso de
lo más equilibrado y ponderado esta tarde, señoría. Pues nada, visto así,
cedo la palabra al presidente y celebro su intervención. (Risas).


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.









PREGUNTA SOBRE LAS MEDIDAS URGENTES QUE VA A ADOPTAR EL
GOBIERNO CON EL FIN DE EVITAR EL DESPROPÓSITO DE QUE LOS AYUNTAMIENTOS Y
DIPUTACIONES DEBAN EMBARGAR A LAS PERSONAS MÁS NECESITADAS EL IMPORTE DE
LAS AYUDAS SOCIALES QUE LA PROPIA ADMINISTRACIÓN LES OTORGA, EN EL CASO
DE TENER DEUDAS CON LA ADMINISTRACIÓN Y SIN RESPETAR MÍNIMO ALGUNO POR
ALIMENTOS.


680/001137

FERRAN BEL ACCENSI (GPCIU)


El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Ferran Bel Accensi.


Tiene la palabra su señoría.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.


Señor ministro, durante el mes de mayo y el mes de junio las
corporaciones locales, ayuntamientos, consells comarcals, diputaciones
hemos vivido una situación me atrevo a decir kafkiana, una situación
incalificable: hemos empezado a recibir diligencias de embargo en
relación con los usuarios de servicios sociales; Hacienda nos ha
transmitido que los ayuntamientos, las corporaciones locales deben
embargar todos los créditos, incluidas las ayudas sociales, a los
usuarios; esto significa que no se pueden pagar las becas comedor, no se
pueden pagar las ayudas por alimentos, no se pueden pagar las ayudas por
medicamentos o por suministros para evitar su corte. Algunos
ayuntamientos, incluido el mío, ante nuestra insistencia hemos podido
resolverlo a lo largo de las últimas horas, pero la mayoría no lo han
podido resolver y tienen paralizadas estas ayudas.


Señor ministro, ante esta situación, ¿cuáles son las medidas
urgentes que va a adoptar el Gobierno para evitar esta sinrazón?


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.


Tiene la palabra, señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓNES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Gracias, señor presidente.


Señoría, el Gobierno ya anunció públicamente en el mes de mayo,
hace unas semanas, que estaba estudiando proponer un cambio normativo
para ampliar el ámbito de las exenciones que afectan a las ayudas o
subvenciones concedidas por las entidades locales a los ciudadanos de
renta reducida y en situaciones de especial necesidad, así como
garantizar el carácter inembargable de estas, porque lo razonable es
establecer unos requisitos legales que conviertan en inembargables estas
ayudas que tienen como objetivo garantizar un mínimo de subsistencia a
las familias que carecen de medios económicos.


El problema que existe actualmente es que estas ayudas económicas
están reguladas como subvenciones y como tales pueden ser embargadas. Lo
que tratamos de hacer es promover el cambio legal para que eso no ocurra
y, a partir de ello, la protección que vamos a proponer hacia estas
personas y familias es doble, ya que además de evitar el embargo de las
ayudas las declararemos exentas de tributar, exentas de pagar impuestos.
Consideramos que el ámbito adecuado para introducir esta modificación
legal es la reforma de la Ley general tributaria, que actualmente tramita
el Congreso de los Diputados. En este sentido, estamos preparando una
enmienda para ofrecer una protección jurídica adecuada a las personas y a
las familias en situación de mayor vulnerabilidad, para que, estas ayudas
sociales estén exentas de tributación, insisto. Estoy convencido de que
su grupo parlamentario apoyará el contenido de esta enmienda y, por
tanto, en la tramitación del Senado llegaremos con el asunto bien
despejado y resuelto. Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Senador Bel, tiene la palabra.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor ministro.


En todo caso, ya hablaremos de modificaciones legales, que son
imprescindibles y nosotros también tenemos alguna propuesta al respecto
pero, independientemente de esto, ¿cuáles son las medidas urgentes?
Porque la pregunta es: ¿por qué hasta hoy no se embargaban estas
transferencias y por qué en estos momentos, con una falta de sensibilidad
extrema, desde el Ministerio de Hacienda se procede a efectuar estos
embargos?


Las medidas son urgentes, la gente no puede esperar a un cambio
normativo, porque antes de proceder a estos embargos se tendría que haber
pensado en el cambio normativo. Y el cambio normativo, señor ministro, no
es tanto dejar exentas estas rentas porque, como usted sabe, los
perceptores de estas ayudas, de estas microayudas, en ningún caso llegan
al mínimo exento, por tanto no deben tributar. El problema es que se les
pretende embargar estas ayudas y que los ayuntamientos no se las paguen a
quienes las necesitan, sino que las ingresen a Hacienda, y eso a quien
pone en un problema en estos momentos es a ayuntamientos, consejos
comarcales y diputaciones, que están en primera línea. Por tanto, las
modificaciones legislativas, de acuerdo, pero, ahora, hoy, esta tarde,
¿cuáles son las medidas urgentes que va a tomar el Ministerio de
Hacienda, va a dejar de embargar hoy estas cantidades?


Nuestro grupo va a presentar una enmienda para que las ayudas
sociales sean inembargables en cualquier caso, enmienda a la Ley general
tributaria que se va tener que hacer extensiva también a otros ámbitos de
la legislación civil.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.


Señor ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro
Romero): Gracias, señor presidente.


Senador, si es lo que he dicho, y lo he dicho leyendo: he dicho
que lo razonable es establecer unos requisitos legales que conviertan en
inembargables estas ayudas; ya lo he dicho. (Denegaciones del señor
Cleries i Gonzàlez). Bueno, pues no lo he dicho; pero lo he leído para no
improvisar, senador.


Por tanto, coincido con el objeto de la cuestión, ya he dicho cuál
es el procedimiento, por supuesto tendrá efecto retroactivo para que no
se produzca ningún tipo de condicionamiento sobre estas personas o sobre
estas familias y quiero trasladar la máxima tranquilidad a ese respecto.
Es una situación que se ha producido, pero también es evidente que
nuestra normativa establece que cualquier tipo de subvención está sujeta
a tributación. A partir de ahora no lo estará en las condiciones que
suponga la asistencia social, esa renta mínima para estas personas que
tanto lo necesitan. Tenemos la misma sensibilidad y vamos a resolver,
espero que conjuntamente con los otros grupos políticos y con el suyo
también, obviamente, esta cuestión para que no se produzca ningún tipo de
equívoco.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.









PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO ESTÁ ACTUANDO CON DECISIÓN PARA
SOLUCIONAR URGENTEMENTE EL EXPEDIENTE DE REINICIO DE LOS SERVICIOS
MARÍTIMOS DE LA AUTOPISTA DEL MAR ENTRE GIJÓN Y NANTES (FRANCIA) ANTE LAS
GRAVÍSIMAS CONSECUENCIAS QUE PROVOCA EN ASTURIAS SU SUSPENSIÓN DESDE EL
PASADO MES DE SEPTIEMBRE AL IMPEDIR LA DIVERSIFICACIÓN DE TRÁFICOS DEL
PUERTO DE EL MUSEL Y DESVIAR LA ACTIVIDAD PORTUARIA HACIA LA REGIÓN
VECINA DE GALICIA.


680/001126

ISIDRO MANUEL MARTÍNEZ OBLANCA (GPMX)


El señor PRESIDENTE: Preguntas para la señora ministra de Fomento.
Pregunta de don Isidro Martínez Oblanca.


Tiene la palabra su señoría.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señora ministra de Fomento.


Más de nueve meses lleva suspendida la autopista del mar que
conectaba el puerto asturiano de El Musel con el de Nantes, abierta
en 2010 en cumplimiento de la prioridad política establecida por la Unión
Europea para cabotaje, con el objetivo de descongestionar las carreteras
transpirenaicas y reducir el impacto medioambiental del transporte de
mercancías, en particular las emisiones de dióxido de carbono. En la
inauguración de esta primera ruta se dijo que tenía tanta importancia
como la alta velocidad ferroviaria, porque promueve la actividad
económica y favorece el transporte de forma eficiente y eficaz.


En la actual legislatura el Gobierno de Rajoy llevó a Galicia el
AVE e impulsó la autopista del mar desde Vigo, con notable éxito
comercial. Por el contrario, el tiempo va pasando y en Asturias seguimos
sin AVE y la línea de transporte marítimo que nos unía con Francia
permanece suspendida.


Señora ministra, le solicito explicaciones sobre este asunto de
gravísimas consecuencias para El Musel y para Asturias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez
Oblanca.


Tiene la palabra, señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias,
señor presidente. Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.


La situación actual es consecuencia de una cláusula que se
introdujo en el año 2010 por el anterior Gobierno, mediante la cual se
permitía a la sociedad explotadora interrumpir el servicio durante un
tiempo indefinido alegando, como ha hecho, inviabilidad; lo podía hacer
tres meses y por tiempo indefinido.


Señoría, durante toda esta legislatura y a lo largo del periodo en
el que ha estado funcionando la autopista del mar el Gobierno ha cumplido
estrictamente con el calendario de pagos —27,5 millones de euros
entre los dos Estados—, quedando 2,5 millones para la nueva naviera
que se acoja al convenio. A pesar de ello, el servicio fue interrumpido
por decisión unilateral de la naviera desde el pasado 18 de
septiembre.


Solucionar cuanto antes el expediente de reinicio de los servicios
de la autopista del mar entre Gijón y Nantes es una de las actuaciones
prioritarias de este Gobierno, y así lo estamos llevando a cabo.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministra.


Tiene la palabra, senador Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Pues no se ve por ningún sitio, señora
ministra, porque llevamos más de nueve meses y creemos que es urgente
reanudar la autopista del mar de Gijón, máxime cuando hay empresarios
dispuestos a tomar el relevo que el anterior concesionario abandonó con
merma de los tráficos de El Musel, pérdida de actividad económica para
Asturias, detrimento de puestos de trabajo en la comunidad autónoma con
la tasa de población activa más baja, perjuicio medioambiental y
menoscabo de una fórmula de transporte intermodal patrocinada por la
Unión Europea.


El Gobierno de España es responsable directo de que esta línea
marítima no se recupere y solo quedaba por ver que ahora fuentes del
propio Ministerio de Fomento hagan advertencias a través de los
periódicos en descrédito de la única propuesta presentada para
reactivarla. Cada día que pasa sin que Asturias restablezca su transporte
marítimo regular con Francia es un desperdicio de las posibilidades que
se ofrecen desde El Musel y pone en evidencia que el ministerio no
resuelve el problema, obstaculizando además las iniciativas empresariales
que aspiran a solucionarlo.


El Gobierno está en la obligación de ayudar a crear actividad
económica y empleo en lugar de poner pegas, señora Pastor. Condicionar la
subrogación en la concesión de la línea a que se asuma la eventual
devolución de ayudas a la entidad titular, GLD Atlantique, es lo mismo
que rechazar cualquier oferta de reactivación. Prolongar esta situación
es perpetuar el desprecio hacia los asturianos, que vemos con estupor
cómo en Galicia —qué casualidad— ya han tenido que ampliar
los servicios de su autopista del mar a principios de este año, al mismo
tiempo que la de Gijón permanece suspendida. En Asturias queremos el
mismo trato que a Galicia o que a cualquier otra comunidad autónoma; lo
contrario, señora ministra de Fomento, es un atropello.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez
Oblanca.


Señora ministra, tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias,
señor presidente. Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.


No ponga en duda la voluntad del Gobierno para reiniciar cuanto
antes el servicio de esta autopista. De hecho, en esta legislatura hemos
realizado modificaciones que benefician a todas las autopistas del mar:
hemos reducido las tasas con carácter general un 14 %, rebajamos en 2014
un 5 % las tasas de buque de mercancía, que en 2015 congelamos; además,
la bajada para los tráficos marítimos de corta distancia, que han sido
mayores que para el resto de los tráficos, de un 8 %, y estamos revisando
a la baja las tarifas máximas de todos los servicios portuarios. Por otra
parte, estamos realizando inversiones en infraestructuras imprescindibles
para el desarrollo de estos tráficos, como es el caso de la nueva rampa
RO-RO del puerto de Gijón.


Le puedo asegurar que desde que tuvimos conocimiento de la
interrupción del servicio hemos trabajado intensamente para reactivar la
autopista del mar. En primer lugar, en el mes de septiembre de 2014 nos
reunimos con la Comisión Europea para abordar las posibilidades de
extender el periodo de elegibilidad de costes subvencionables hasta el
límite máximo de cinco años; la Comisión Europea nos respondió
favorablemente. El Gobierno español, junto con el francés, han mantenido
sucesivas reuniones con la naviera para que desbloqueara la situación; de
hecho, los jefes de delegación de la comisión intergubernamental
hispano-francesa gestora del convenio han celebrado hasta seis reuniones,
a la par que sus servicios técnicos han estado en permanente
contacto.


Finalmente, el pasado 5 de mayo la naviera accedió a vender su
participación a la sociedad explotadora de la línea por un euro a una
nueva naviera; a partir de ahí hemos establecido una hoja de ruta clara y
precisa para relanzar la autopista. Una vez conocido que la única naviera
interesada es Transportes Riva, que usted conoce, se ha estado trabajando
para que esta pueda pasar a ser el nuevo operador; así, se ha cerrado una
reunión de la comisión intergubernamental con el Gobierno francés para el
próximo 2 de julio para la aprobación de la transferencia de la autopista
del mar a Transportes Riva.


Eso es lo que hacemos, señoría, por Asturias y por los asturianos.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.









PREGUNTA SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA TOMAR EL GOBIERNO PARA
QUE EL AEROPUERTO DE FORONDA (VITORIA-GASTEIZ) RECUPERE EL H24.


680/001127

MARÍA EUGENIA IPARRAGIRRE BEMPOSTA (GPV)


El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña María Eugenia
Iparragirre.


Tiene la palabra su señoría.


La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Mila esker, mahaiburu jauna,
arratsalde on. Buenas tardes, señorías.


Señora ministra, el tema de mi pregunta de hoy es recurrente, lo
sé, pero no por ello carente de necesidad, puesto que la demanda que hoy
le presento en nombre de mi grupo sigue siendo de plena actualidad: este
aeropuerto de Foronda sigue sin despegar, sigue sin usarse como merece y
sigue sin mejorar su situación a todos los niveles. Lo hemos reiterado, y
así lo concluye el informe encargado por el Gobierno vasco.


El aeropuerto de Gasteiz constituye la mejor infraestructura
aeroportuaria de Euskadi por ser la más amplia, la más segura y la que
menos inclemencias meteorológicas sufre. La pista de Foronda es, sin
lugar a dudas, la más adecuada de la comunidad autónoma para albergar
vuelos intercontinentales y vuelos en general. La postura de nuestro
grupo político ha sido siempre clara al respecto: el objetivo político ha
sido y es conseguir que el aeropuerto de Foronda se halle plenamente
operativo las 24 horas del día, porque estamos convencidos de que en la
medida en que Foronda funcione y le vaya bien como aeropuerto ese
beneficio repercutirá sin duda de modo positivo en Gasteiz, en Araba y en
Euskadi.


Señora ministra, yo no le aporto nada nuevo si le digo que las
infraestructuras aeroportuarias, los aeropuertos, juegan un papel
importante en el sistema de transportes de una sociedad moderna y
urbanizada como la existente en Euskadi, intensamente poblada y muy
activa económicamente; son una herramienta fundamental para que podamos
competir económicamente con otras regiones o países. Pero, señorías, el
actual sistema aeroportuario español, el modelo de gestión aeroportuaria
centralizada en el que solo un órgano ubicado aquí, en Madrid, decide las
inversiones, establece las tasas aplicables en cada aeropuerto y su
política comercial —en ese sentido cobra especial importancia la
asignación de franjas horarias para las operaciones de las aeronaves y
para las relaciones con las diferentes compañías—, el actual
sistema aeroportuario español es una potente herramienta de control
político y de política territorial practicada centralizadamente por el
Estado, por su Ministerio de Fomento y, concretamente, por AENA.


Así pues, el funcionamiento en red, añadido a la política de
franjas horarias y tasas seguida hasta la fecha, ha servido y sirve, como
lo estamos comprobando hoy en Foronda, para definir el papel que cada
aeropuerto juega en el sistema de transporte y para jerarquizarlos: cuál
de ellos se considera prioritario políticamente frente a los otros,
desviando tráfico, por ejemplo, como ha ocurrido recientemente por la
actuación del ministerio en los aeropuertos de Burgos y Zaragoza.


Señora ministra, como le decía al comienzo, esta pregunta sigue
siendo de actualidad, prueba de ello es que hace pocas semanas el
Parlamento vasco aprobó una PNL en la que instaba a su Gobierno a que
tomara medidas y es por ello por lo que hoy le formulo la pregunta en
esos términos.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre.


Señora ministra, tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias,
señor presidente. Muchas gracias, señora Iparragirre.


Entendemos que el horario operativo actual del aeropuerto de
Vitoria es el más adecuado para satisfacer la demanda de tráfico del
aeropuerto. Todas las compañías que lo soliciten con una mínima
antelación de cuatro horas operan vuelos comerciales fuera del horario
operativo y pueden hacerlo sin restricción de ningún tipo, como así lo
están haciendo. Por tanto, puedo afirmar sin ninguna duda que el horario
actual del aeropuerto no supone ningún obstáculo a su operatividad.


Desde el ministerio y desde la propia AENA se ha trabajado durante
la legislatura para devolver la viabilidad económica a esta compañía.
Hemos centrado nuestros esfuerzos en asegurar la viabilidad económica
futura de aeropuertos deficitarios, entre los que se incluye el
aeropuerto de Vitoria. Hemos implantado una política de gestión
encaminada a la contención de gastos, a la racionalización de inversiones
y a la mejora de la eficiencia. La mejora de los resultados económicos
del aeropuerto de Vitoria puede calificarse de satisfactoria: ha
cerrado 2014 con una reducción de sus pérdidas del 90 % con respecto
a 2012. El éxito de esa política también ha tenido su reflejo en los
datos del tráfico: si en el año 2013 creció el 8,2 % en lo referente a
carga, en 2014 ha subido, señoría, un 19,1 % —no lo debemos estar
haciendo mal del todo—. Y en cuanto a pasajeros y número de
operaciones atendidas, un 2,3 % y un 9,2 % respectivamente; en los
primeros meses del año, señora Iparragirre, se ha continuado esta
tendencia favorable y el aumento ha sido del 24 % y del 14 %.


Sobre el horario operativo del aeropuerto, como sabe, el horario
fijado es de 12 horas al día en horario nocturno durante cinco días a la
semana, lo que está perfectamente adecuado a su actividad. La demanda de
vuelos regulares de transporte de mercancías es, señoría, exclusivamente
en horario nocturno y nadie ha pedido que sea en horario diurno. No
obstante, para compatibilizar el horario operativo nocturno con la
realización y promoción de vuelos de pasaje aprobamos en diciembre
de 2014 un real decreto ley que evita aplicar las tarifas de fuera de
horario sensiblemente superiores a los vuelos de pasajeros. Cualquier
compañía que solicite con una antelación mínima de 4 horas operar en el
aeropuerto de Vitoria fuera del horario operativo lo está haciendo.


Por otra parte, señoría, me gustaría recordarle que promovemos el
desarrollo de la conectividad aérea; nos reunimos, estamos en estrecho
contacto con el organismo vía Vitoria. Tengo que decirle que la empresa
DHL tiene previsto invertir 23 millones de euros para ampliar sus
instalaciones.


Por último, señoría, le anuncio que el aeropuerto de Vitoria tiene
previsto ampliar su horario en la modalidad de uso restringido, es decir,
para escuela de pilotos, aviación privada y aeroclub, desde las 8:30 de
la mañana a las 4 de la tarde, lo que permitirá atender el tráfico de
aviación general no comercial.


Señoría, es lo que humildemente hemos hecho por ese aeropuerto.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.









PREGUNTA SOBRE LA DEUDA TOTAL DEL MINISTERIO DE FOMENTO Y DE
CADA UNA DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO FOMENTO A 31 DE DICIEMBRE DE
2014.


680/001132

JUAN MANUEL FERNÁNDEZ ORTEGA (GPS)


El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Juan Manuel Fernández
Ortega.


Tiene la palabra su señoría.


El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señor presidente. Buenas
tardes, señora ministra.


Cuando llegó usted al Gobierno, al mes y medio, compareció en la
Comisión de Fomento del Congreso y ya fue capaz de dar cumplido detalle
de cuál era la deuda de cada una de las empresas del Grupo Fomento,
incluso dijo que su primer compromiso era mantener el esfuerzo inversor.
Luego pudimos comprobar, presupuestos en mano, que eso era mentira, que
su compromiso no era mantener el esfuerzo inversor; a partir de ese
momento me estuvo dando los datos de la deuda hasta mitad de legislatura
y pudimos comprobar que la deuda tampoco se reducía, que crecía a ritmo
de 4 millones de euros al día hasta mitad de legislatura.


A partir de ese momento se acabó el dar datos, y yo creo que usted
lo hizo porque era consciente de que su cuento, el de la herencia
recibida, se le desmontaba. Usted no invertía y la deuda no hacía nada
más que aumentar, luego el cuento de la herencia recibida se desmontaba y
la forma de ocultarlo era no dar datos. Y hasta aquí hemos llegado. Ya no
sé si es que usted ha despedido a todos los responsables de contabilidad
del Ministerio de Fomento —que creo que no— o simplemente que
ha dado la orden de que a partir de ese momento no se nos diera ningún
dato sobre la deuda del Ministerio de Fomento y del grupo de empresas que
forman parte de ese grupo. Fíjese hasta qué punto su orden ha tenido
cumplida obediencia que me contestaron por escrito que la deuda a 30 de
junio de 2014 me la había contestado el secretario de Estado el día 23 de
junio de 2014 sin que yo le preguntase en la Comisión de Fomento. Todo un
esperpento por cumplir sus órdenes de no dar ya ninguna explicación. Es
más, mi queja de que no me da usted los datos de la deuda del Ministerio
la ha atendido la Mesa y le ha dado traslado de que cumpla con su
obligación de informar a los senadores de cómo va la deuda del Grupo
Fomento, y usted no atiende a las preguntas que le hacemos pero tampoco
atiende a los requerimientos de la Mesa de esta Cámara.


Por lo tanto, he tenido que preguntarle hoy —y espero que ya
cumpla usted con su obligación— cuál es la deuda del Grupo Fomento
a 30 de diciembre de 2014 y que en adelante lo haga cuando se le pregunte
y, además, nos dé los datos descritos para cada una de las empresas del
Grupo.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández
Ortega.


Señora ministra, tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Gracias, señor
presidente.


Señor Fernández Ortega, me alegro de que le preocupe la gestión
del Ministerio de Fomento. Ojalá le hubiera preocupado al Gobierno del
señor Rodríguez Zapatero, porque lo que he hecho desde que llegué al
Gobierno es hacer frente, si me permite, al desastre que el Gobierno
socialista dejó en 2011: facturas sin pagar por 5500 millones, que era la
deuda… (El señor Becana Sanahuja: ¿Lleva cuatro años pagándola?)
Sí, señoría; y una deuda de más de 42 000 millones de euros. Me he
dedicado a eso: a pagarla. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


Senador Fernández Ortega, tiene la palabra.


El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Señora ministra, respete a la Cámara y
respete el trabajo que hacemos. Usted no se ha dedicado a pagarla, de
hecho lo que ha hecho ha sido aumentarla y, además, lo ha hecho
incumpliendo su compromiso de mantener el ritmo inversor. Usted invierte
la mitad, ha recortado la inversión al 50 % y, encima, ni siquiera cumple
lo que pone usted en los Presupuestos Generales del Estado. En los
de 2015 descubrimos que había hecho usted un recorte sobre lo
presupuestado enorme: de 650 millones de euros en ADIF, que suponía
el 22 %; luego recortó también la inversión en Puertos del Estado en 250
millones, un 32 %, pero nos enteramos un año después.


Usted no cumple sus compromisos, lo que usted escribe en los
papeles es papel mojado, no sirven para nada, y además usted tiene la
obligación de dar la información a la oposición, que es su obligación,
que no es que tenga usted un detalle con nosotros, es que es su
obligación, a ver si se entera, porque va a terminar la legislatura y
todavía no se ha enterado de que tiene que respetar a esta Cámara y a la
Presidencia de esta Cámara que le ha exigido por escrito que conteste. Es
que usted tiene que dar los datos de la deuda; que un mes y medio después
de haber tomado posesión usted estaba en condiciones de dar los datos, y
los dio. ¿Cómo es que ahora, que ha transcurrido tanto tiempo, no es
capaz de hacerlo? Lo que está haciendo es ocultar su gestión, que no es
buena.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Enseguida termino, señor
presidente.


Su gestión es muy mala por mucho que usted se levante aquí y diga
que ha hecho lo que ha podido con la herencia recibida. No, señora
ministra, la herencia que va a dejar usted es la que va a ser
penosa.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández
Ortega.


Tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias,
señor presidente.


Le voy a dar el dato más objetivo sobre el endeudamiento. Mire,
señoría, en el año 2004 la deuda del Ministerio de Fomento era de 13 500
millones (Protestas), sin embargo la pésima gestión de su Gobierno dejó
al ministerio con una deuda de 42 245 millones para ser exactos, el
triple de la deuda; ADIF pasó de 800 millones de deuda a 9300; AENA tenía
una deuda de 5000 que ustedes dejaron en 12 600; Renfe tenía 2300
millones de deuda que pasaron ustedes a 5300 millones. (El señor Antich
Oliver: Ahora). Por cierto, cuando habla de deuda, usted, que es de
Andalucía, podría pedirle a su Gobierno, que ha pasado de tener una deuda
de 14 800 millones en el 2011 a 29 100 en el 2014… (Rumores.—
Protestas).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.


La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Y si nos remontamos
al 2008, la deuda se ha multiplicado más de 3,5 veces.


Frente a esta pésima gestión, señoría, este Gobierno ha puesto
orden donde había una gestión lamentable. Pese a lo que nos dejaron hemos
bajado la deuda en más de 4700 millones, que a usted le podrá parecer
poco, pero son 800 000 millones de las antiguas pesetas.


Señor Fernández Ortega, entiendo que su grupo no le deje reconocer
la gestión de este Gobierno, pero AENA ha pasado de 12 210 millones de
deuda en el 2011 a los poco más de 8000 millones con los que vamos a
cerrar este ejercicio; casi 3000 millones menos; el Grupo empresarial
Fomento ha pasado de unas pérdidas de 670 millones en el 2011 a un
beneficio de más de 170 millones, y en términos de EBITDA los recursos se
han incrementado en 800 millones. Si seguimos en la misma línea, las
previsiones de cierre serán aún mejores.


Mire, señoría, a usted le van a tener que dar dos tardes de clases
de economía. En relación a ADIF, al haber transferido la red ferroviaria
de titularidad estatal ADIF, valorada en 12 000 millones, un 70 %, 8300
millones, pasan a formar parte de su patrimonio neto. Y si no me falla la
memoria desde que preparé mi oposición, el 30 % restante, 3500 millones,
se computan como pasivo fiscal. En definitiva, señoría, tome dos tardes
de lecciones de economía y luego hable usted de deuda. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.









PREGUNTA SOBRE LA VALORACIÓN QUE HACE EL GOBIERNO DE LA
GESTIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, DURANTE ESTA
LEGISLATURA.


680/001124

ESTER CAPELLA I FARRÉ (GPMX)


El señor PRESIDENTE: Preguntas para el señor ministro de
Educación, Cultura y Deporte.


Pregunta de doña Ester Capella, que tiene la palabra.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente.


Bona tarda, ministre. ¿Cómo valora su gestión al frente del
ministerio?


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.


Tiene la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega):
Muchas gracias, señor presidente.


Gracias, señora Capella. Yo no soy un entusiasta —al menos,
no lo soy de forma incondicional— de la autoevaluación; creo sirve
para algunas cosas pero, normalmente, uno no es el mejor juez de sí
mismo.


Ahora bien, dicho esto, yo aplicaría una doctrina muy clásica, la
de Agustín de Hipona, que dice: «cuando me considero no valgo nada, pero
cuando me comparo valgo bastante». Pero no hablo sobre mí, sino sobre la
gestión realizada en el Ministerio de Educación, Cultura, y Deporte,
donde, naturalmente, quedan muchísimas cosas por resolver, como en
cualquier otra área, porque la ambición que un político debe tener a la
hora de gestionar una competencia nunca debe dejarle satisfecho. Pero si
comparamos la situación actual con la que me encontré al llegar al
ministerio, sí me permite estar razonablemente satisfecho.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Tiene la palabra la senadora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Usted, señor Wert, es el ministro de la
LOMCE, la ley de educación más retrógrada de la actual etapa democrática.
No solo tiene en contra a todos los grupos de la oposición, que nos hemos
puesto de acuerdo para cambiar la ley, sino también a las comunidades
autónomas. ¿Qué puede esperarse de un ministro que pretendía utilizar la
ley de educación para españolizar a los niños catalanes? Y por cierto,
¿cómo va su misión evangelizadora?


Ya sabemos por qué le puso Rajoy: porque usted es uno de los
españoles, muy españoles y mucho españoles, que decía Mariano en un
exceso de intelectualidad. Un español de los de España en español, al que
le resbala que decenas de familias en el País Valencià y en las Illes no
puedan estudiar en su lengua. Su intento de romper el exitoso modelo
escolar de integración lingüística y social nos hace más fuertes y
cohesionados y nos reafirma en la defensa de nuestro modelo educativo. Ha
sido el ministro que ha legitimado que la cultura pague como IVA de lujo,
en lugar de pagar un IVA reducido o superreducido, como le reclama el
Parlament de Catalunya, para estimular un sector cultural, que también lo
es económico, que padece la crisis y sus recortes: sus exagerados
recortes de un 40 % en los Presupuestos Generales del Estado. Eso sí,
usted recorta salvajemente en cultura y subvenciona la tortura de un
animal, que ha convertido legalmente en fiesta nacional y en bien de
interés cultural inmaterial, con una obsesión enfermiza de que los toros
regresen a Cataluña. Usted nos torea con la Ley del mecenazgo, un canon
digital que pagamos a escote y con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado, y una fatídica y nefasta Ley de la propiedad intelectual.
Ministro, ¿y el retorno de los papeles de Salamanca, los que quedan, para
cuándo? Por cierto, si tiene pensado devolverlos antes de que le cesen
añada en el mismo paquete los de Ávila. Y qué decir del deporte, Cataluña
está en el disparadero con la licencia única federativa y las reformas
fiscales que castigan al deporte de base y al deporte catalán. Ahora
usted, genio y figura, está preocupado solo por la pitada al himno y al
rey. Ministro, usted se merece una gran pitada, la del mundo de la
cultura. No en vano tiene en su haber un récord, han renunciado al Premio
Nacional de Cultura y a otros galardones muchísimas personas. Nadie
quiere una foto con usted.


Esquerra comparte lo que decía María Zambrano: La cultura es el
despertar del hombre, porque la cultura es Estado del bienestar, salud,
cohesión social, nos despierta, nos hace hombres y mujeres libres,
formados y críticos, nos permite afrontar la vida en y con libertad, pero
es evidente que para el Gobierno del que usted forma parte ese es el
problema, temen a la cultura porque nos hace libres y ahí es donde radica
el problema, y por eso quieren desarbolarla.


Acabo presidente. A los catalanes y catalanas usted nos ha dado
motivos y más que razones para continuar avanzando en un proyecto de
futuro esperanzador, la construcción de la república catalana donde
educación, cultura y también deportes sean el eje central de las
políticas y de la acción política porque aspiramos a ser mujeres y
hombres libres y cultos.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Acabo, presidente.


Ministro, dimita antes de que lo cesen, y no se vaya a un
organismo oficial internacional: váyase a su casa.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Capella.


Señor ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega):
Muchas gracias, señor presidente.


Gracias, señora Capella, por sus amables consideraciones,
incluidas aquellas con las que me quiere recluir en mi casa. En un Estado
democrático, no me parece que entre dentro de sus funciones estrictas
decidir cuál tiene que ser el futuro de nadie, ni siquiera el de un
ministro. Y, qué quiere que le diga, ese papel que le han escrito y que
ha leído usted —por cierto, no demasiado bien, al revés—,
podría llegar a constituir un cierto resumen de las cosas que se han
hecho bien. La principal, cambiar las reglas del juego de un sistema que
no funcionaba, porque un sistema como el que nos encontramos, con una
abandono educativo temprano superior al 26 %, va a acabar la legislatura
con un abandono por debajo del 20 %; va a acabar la legislatura con una
tasa de repetición que está bajando también —era del 35 %— y
con un tasa de presencia en la formación profesional que ha crecido casi
el 30 % —estaba entre las más bajas de Europa—. Y cambiar las
reglas del juego, sobre todo, para superar una serie de problemas de
nuestro sistema educativo que eran seculares y que se han aplicado
también a una limitada reforma del sistema universitario. En el campo
cultural es verdad que las cosas que se han hecho tienen que ver pero no
en el sentido en que las ha dicho su señoría, sino cabalmente al
contrario, con la propiedad intelectual; también se ha dotado de un
estatuto de autonomía a través de la correspondiente ley a la biblioteca
nacional; también se ha aprobado una ley de patrimonio cultural
inmaterial y en el campo del deporte se ha avanzado muchísimo más a
través, precisamente, de alguna de las cosas que ha mencionado su señoría
como la licencia única, en conseguir el saneamiento económico del deporte
profesional y en fomentar el deporte aficionado.


Tiene usted, señora Capella, todo el derecho del mundo a criticar
una gestión —la mía, la de cualquier otro—, pero lo que yo le
rogaría —y se lo rogaría para el futuro— es que intente
fundamentarlo en alguna evidencia, que intente fundamentarlo en algunos
datos, porque esas expresiones...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega):
...de descalificación gratuita, en una Cámara como esta, no conducen a
nada.


Dicho todo lo cual, me alegro, señoría, de que tenga usted ese
juicio sobre mi desempeño y sobre mi persona, porque a mí, personalmente,
me conforta. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.









PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO VA A REPLANTEARSE EL CALENDARIO
DE IMPLANTACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA
MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA, A FIN DE SUPERAR LA INCERTIDUMBRE
EXISTENTE EN EL MUNDO EDUCATIVO.


680/001130

VICENTE ALBERTO ÁLVAREZ ARECES (GPS)


El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Vicente Álvarez Areces.


Tiene la palabra su señoría.


El señor ÁLVAREZ ARECES: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, en esta fecha, prácticamente ya en los finales del
curso, solamente algunas comunidades autónomas, como Valencia, Aragón,
Castilla y León, Extremadura, Cantabria, Madrid, Baleares y La Rioja, han
publicado los decretos curriculares, aunque algunos de ellos muy
recientemente; en otros casos, todavía están en borradores o culminando
las últimas fases de la norma. Por tanto, es necesario que esta serie de
circunstancias sea tenida en cuenta a la hora de programar el curso.
Tampoco se han dictado instrucciones sobre los criterios a seguir en la
organización de los centros educativos y en muchas comunidades, como le
decía, hay una gran incertidumbre, no solamente por parte de las
direcciones de los centros, sino del profesorado y de las familias.


Y le pregunto: ¿Va a replantearse el Gobierno el calendario de
implantación de la LOMCE a fin de superar la incertidumbre que existe en
ese ámbito educativo?


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez Areces.


Señor ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega):
Muchas gracias, señor presidente.


Gracias, señor Álvarez Areces por su pregunta y por el tono de la
misma. El Gobierno no se plantea revisar el calendario como tal Gobierno,
porque, incluso aunque se lo planteara, no podría hacerlo. Como su
señoría sabe perfectamente, el calendario de implantación de la LOMCE
está recogido en la disposición final quinta del mismo texto y, por
tanto, en virtud de los principios de legalidad y de jerarquía normativa,
sería precisa una disposición con rango de ley para modificar ese
calendario. Insisto, sería precisa si fuera precisa, que no lo es. Y no
lo es porque yo he reconocido —y lo he hecho varias veces, incluso
creo haberlo hecho también en esta Cámara— que se trata de un
calendario exigente, pero que se trata de un calendario realizable. Y la
prueba de que es un calendario realizable es que en aquellos ámbitos en
que la competencia la ejerce directamente el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, la aplicación se está produciendo en los desarrollos
normativos necesarios, aparte de los que se realizan por parte del
Gobierno, sin problemas. Por tanto, no hay incertidumbre alguna; no hay
más incertidumbre que la que algunos quieran crear en cuanto al
desarrollo de aspectos que corresponden, efectivamente, en virtud del
artículo 6 bis de la LOMCE, a las comunidades autónomas y que muchas
comunidades autónomas han realizado sin ningún problema. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Senador Álvarez Areces, tiene la palabra.


El señor ÁLVAREZ ARECES: Gracias.


Señor ministro, desde mi punto de vista, yo creo que no solamente
tenemos incertidumbres, sino también improvisación —y voy a dar
argumentos—, improvisación que afecta gravemente a la organización
del curso escolar porque tiene relación, prácticamente, con el 50 % de
todo el alumnado de la ESO y del bachillerato, ya que incluye a los
primeros cursos de ambos niveles.


En cualquier caso, aunque se cumpliese el calendario por parte de
las comunidades autónomas que aún tienen que hacerlo, hay una serie de
cuestiones que son ya prácticamente imposibles de resolver. En primer
lugar, la orientación académica para el alumnado y para las familias, que
no podrá realizarse al menos con la información suficiente para ello. En
segundo lugar, la planificación docente es evidente que se va a resentir
gravemente, ya que una parte de las materias será de nuevo diseño
—muchas de ellas, además, verán modificada su carga lectiva—
y con ello la estructura de contenidos y las metodologías. El profesorado
se verá obligado a prepararlas y a programarlas al mismo tiempo que las
imparte, lo que, sin duda, va a repercutir negativamente en la calidad de
la enseñanza. Es obvio que esta precipitación, sin respetar unos plazos
razonables de consulta y deliberación para tomar decisiones y posibles
acuerdos con los componentes de la comunidad escolar, va a provocar
situaciones de malestar y de incertidumbre.


Además, hay que tener en cuenta que en el nuevo currículo hay una
gran complejidad y variedad de materias y cargas horarias en las
asignaturas no troncales que van a traer serios problemas a los alumnos,
que van a tener que afrontar, al terminar cada una de las etapas, unas
pruebas o reválidas que serán las mismas para todos, con lo que la
preparación puede resentirse.


La mayoría de comunidades autónomas, con los gobiernos que se
configuran tras las elecciones del pasado 24 de mayo, están planteando
solicitar una convocatoria urgente de la conferencia sectorial para
estudiar todos los problemas y ese malestar que se está creando —
créame, señor ministro— por esa precipitada implantación de la
LOMCE.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor ÁLVAREZ ARECES: Termino ya, señor presidente.


Y van a solicitar paralizar el calendario de implantación no solo
en lo que afecta a los diseños curriculares, sino también a las reválidas
y a otros aspectos relativos a las mismas. Sin duda, tendrá que tener el
rango legal que tenga, pero va a encontrar usted un amplísimo apoyo si
trata simplemente de crear una racionalidad en ese calendario de
implantación. ¿Piensa atender dicha petición, señor ministro?
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez Areces.


Señor ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega):
Muchas gracias, señor presidente.


Gracias, señor Álvarez Areces. Ciertamente no estoy de acuerdo con
lo que ha dicho su señoría, pero sí lo estoy con la forma razonada en que
lo ha presentado.


Como le he dicho antes, el calendario es exigente, pero no es
imposible. Empezando por el último aspecto que su señoría ha evocado, el
que se refiere a las evaluaciones, tenga presente que las primeras
evaluaciones con efectos académicos no tendrán lugar sino hasta el
curso 2017-2018. Es decir, hay un tiempo más que razonable. En cuanto al
desarrollo curricular, la mayor parte de la carga respecto a todo aquello
que va a ser posteriormente objeto de evaluaciones recae sobre la
Administración General del Estado que, a través del desarrollo
reglamentario de la norma, ya ha cumplido con la parte que le incumbe de
ello. Es verdad que la ley no puede alcanzar la perfección en su
desarrollo si no hay una colaboración de las comunidades autónomas en lo
que les toca, tanto en lo que se refiere a aplicación de metodologías y
didáctica en general como a la determinación del horario máximo de las
asignaturas, así como de los estándares de aprendizaje evaluables de las
asignaturas específicas y las de libre configuración autonómica. En
realidad, hay un espacio complementario amplio que tienen que desarrollar
las comunidades autónomas, pero el propio reparto de las competencias que
se efectúa por la LOMCE permite que en aquello que va a ser
posteriormente objeto de evaluación se mantenga un denominador común
suficientemente comprensivo como para que no dependa esa posible
variabilidad de la acción normativa de las comunidades autónomas. Por
tanto, por supuesto que se atenderán cuantos requerimientos de buena fe y
de sentido común tengan a bien hacerse.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega):
Termino en un instante, señor presidente.


Pero siempre teniendo en cuenta que los principios de legalidad y
jerarquía normativa se tienen que aplicar a esta como a cualquier otra
cuestión. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.









PREGUNTA SOBRE EL CRITERIO QUE TIENE EL GOBIERNO EN RELACIÓN
CON LA INCLUSIÓN DE LA VACUNA DE LA VARICELA EN EL CALENDARIO VACUNAL
OFICIAL.


680/001123

MÓNICA ALMIÑANA RIQUÉ (GPEPC)


El señor PRESIDENTE: Preguntas para el señor ministro de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. Pregunta de doña Mónica Almiñana.


Tiene la palabra su señoría.


La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidente.


Señor ministro, el pasado 11 de junio anunció en el último
congreso de la Asociación Española de Pediatría que se incluiría la
vacuna de la varicela en el primer año de vida en el calendario vacunal
común. En 2013 se decidió que el calendario vacunal común solo incluiría
la vacuna de la varicela a los 12 años y para aquellos niños que tuvieran
algún riesgo. Los pediatras mostraron su desacuerdo, pero la decisión más
controvertida llegó cuando la vacuna fue retirada de las farmacias, lo
que provocó un gran desconcierto a los padres que acudían a comprarla por
recomendación de sus pediatras. Por todo ello le preguntamos: ¿cuál es el
criterio del ministerio para la vacuna de la varicela?


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.


Señor ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
(Alonso Aranegui): Muchas gracias, señor presidente.


Muchas gracias, senadora Almiñana, por su pregunta. Efectivamente,
la recomendación del calendario vacunal común que se estableció por el
consejo interterritorial en el año 2013 prevé que la vacuna de la
varicela se ponga en la edad preadolescente, a los 12 años, a todas
aquellas personas que no la hayan pasado antes y que, por tanto, no hayan
quedado inmunizadas de manera natural, y que se dispense también a grupos
de riesgo. Esta era la recomendación que había hasta ahora. En su
momento, el informe de salud pública planteaba que, o bien se buscara la
inmunidad de manera natural para evitar que la población no estuviera
inmunizada en la edad adulta cuando la enfermedad tiene una mayor
afección y por tanto es más peligrosa, o bien se vacunara al menos en el
umbral del 80 % de la población. Por tanto, en ese sentido se
desaconsejaba su venta en farmacias.


A nosotros nos ha parecido pertinente el debate que se ha
producido, así como la realidad social de las personas que iban, por
recomendación de sus pediatras, a comprar las vacunas a Portugal, Francia
o Andorra. Asimismo, solicitamos informes a la Asociación Española de
Pediatría y a la Asociación Española de Vacunología. A partir de tener
esos informes, acudimos a la comisión de salud pública —con
carácter previo a que yo anunciara que íbamos a realizar esta propuesta
en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud— para
debatirlo en dicha comisión —donde se encuentran los responsables
del ministerio y de los gobiernos autonómicos—, la cual ha decidido
elevarlo al consejo. Por tanto, es en el consejo donde se tomará la
decisión de establecer esta vacuna —previsiblemente en la edad
pediátrica, durante el primer año de vida— y la de seguir
manteniendo también la vacunación a los 12 años, en caso de no estar
inmunizada la población, y seguir atendiendo a los grupos de riesgo.


Este es el cambio que se propone y tendrá que ser una decisión que
adoptemos de acuerdo con las comunidades autónomas. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Senadora Almiñana, tiene la palabra.


La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, presidente.


Señor ministro, los temas de salud pública son siempre
complicados. Lo que está claro es que el bien común prevalece sobre el
bien individual, pues cuando hablamos de vacunas la protección de la
población frente a una enfermedad depende de la tasa de protección del
resto de la población. Gracias a las vacunas hemos erradicado
enfermedades como la viruela.


Señor ministro, el uso partidista de las políticas de salud
pública es, como mínimo, irresponsable, y más cuando hablamos de
población infantil. Sin embargo, usted decidió anunciar el cambio del
calendario vacunal en relación con la vacuna de la varicela sin respetar
los mecanismos ni los organismos de los que nos hemos dotado entre todos,
porque lo anunció sin haber hablado con las comunidades autónomas, ni
haber pasado por el consejo interterritorial, ni tampoco por la comisión
de salud pública, teniendo en cuenta, además, que se está trabajando en
la revisión de un calendario común para toda España para el año que
viene. Y le recuerdo que su ministerio tampoco avisó a las comunidades
autónomas de la retirada de la vacuna en las farmacias en 2013.


Por contar con otras referencias, en nuestro entorno hay países
que vacunan al año de vida, como Grecia y Alemania, y otros que lo hacen
a los 12 años, como Reino Unido y Francia. En todo caso, aceptando
cualquiera que sea la decisión final, en la mayoría de asuntos sobre
salud pública hay que ir con cuidado, básicamente porque causan alerta
entre la población, porque las decisiones que se toman tienen resultados
a largo plazo y porque no vale, a nuestro parecer, acudir a un congreso
de pediatras y anunciar lo que se quiere oír, para añadir a los pocos
días que aún tardará varios meses en ser una realidad; entre otras cosas,
porque no piensa convocar el consejo interterritorial —donde se
tiene que aprobar la medida— hasta que todos los gobiernos
autonómicos estén constituidos. Resultado: los padres no entienden
nada.


Señor ministro, una de las principales obligaciones de su
ministerio es generar confianza en la población, y le aseguro que ni
usted ni su antecesora lo han logrado. Todo ello nos lleva a pensar que
ha banalizado usted esta cuestión, anunciando una vacuna sin tener en
cuenta a todos los actores. Espero estar equivocada, señor ministro,
porque no me parecería adecuado que la máxima autoridad sanitaria del
país hiciera un uso tan inadecuado de un asunto tan complejo y que genera
angustia a muchísima gente.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.


Señor ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
(Alonso Aranegui): Gracias, señor presidente.


Yo quisiera tranquilizarla, pues parte usted de un error,
seguramente no intencionado. Lo que yo anuncié es que iba a trasladar
esta propuesta a la comisión de salud pública, como efectivamente
hicimos, y al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Por
otra parte, me parece de lo más razonable que para tomar esta decisión
esperemos a que estén constituidos los nuevos gobiernos. Además, lo
trasladado a la comisión —cuestión que ha sido ratificada por la
misma y que ha decidido elevar al consejo— fue también objeto de
consenso en el Congreso de los Diputados la semana pasada, a raíz de una
iniciativa presentada por el Grupo de Convergència i Unió... Ya no sé
cómo se llama. La semana pasada era Convergència i Unió, pero ahora ya no
sé qué grupo es exactamente. Por tanto, tuvo lugar un consenso, al que
ustedes no se sumaron, en torno a esta posición, que creo que cuenta con
el suficiente respaldo social y científico. Y no se preocupe usted, que
haremos las cosas bien y contaremos con las comunidades autónomas, que
son las administraciones competentes.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.









PREGUNTA SOBRE LA VALORACIÓN QUE HACE EL GOBIERNO DEL
CUMPLIMIENTO DE SU PLAN PARA LA DISPENSACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS DE
ÚLTIMA GENERACIÓN FRENTE A LA HEPATITIS C.


680/001125

JESÚS ENRIQUE IGLESIAS FERNÁNDEZ (GPMX)


El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Jesús Iglesias.


Tiene la palabra su señoría.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


En el mes de febrero el señor ministro presentó un plan
estratégico para el abordaje de la hepatitis C que en las sucesivas
reuniones mantenidas con la plataforma de afectados y en la
interterritorial con las comunidades autónomas, parecía contar con un
amplio consenso aunque persistieran dudas en torno a los mecanismos de
financiación.


Por eso, a estas alturas —tres meses más tarde— le
pregunto al señor ministro: ¿qué valoración hace el Gobierno del
cumplimiento de ese plan?


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Señor ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
(Alonso Aranegui): Muchas gracias, señor presidente.


Muchas gracias, senador Iglesias. La valoración que nosotros
hacemos, a la vista de los datos que vamos recibiendo por parte de las
comunidades autónomas, es muy positiva. Es muy positiva por el número de
pacientes que han empezado a recibir los nuevos tratamientos que se
incorporaron en los meses de abril y mayo. En esos dos primeros meses, de
los que tenemos prácticamente todos los dados, nos falta alguna
comunidad, por encima de 7000 pacientes empezaron a recibir la
medicación.


Este es un plan que tiene un horizonte temporal hasta 2017. Las
comunidades se están implicando, los especialistas se están implicando
también en el trabajo y se está haciendo también un mapa epidemiológico
muy completo de la situación de la hepatitis C en España; por tanto,
nuestro valoración es muy positiva. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Senador Iglesias, tiene la palabra.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor ministro.


Cuando presentó públicamente este plan, el señor ministro dijo
algo muy sensato: «Los laboratorios podrán esperar para cobrar y las
comunidades autónomas podrán esperar para pagar, pero los enfermos no
pueden esperar a ser curados». Suscribo al cien por cien esta
manifestación realizada por el señor ministro.


Sin embargo, que se considere muy positivo el dato de que en dos
meses se ha conseguido empezar a dispensar el tratamiento a más de 7000
pacientes, teniendo en cuenta que el objetivo inicial con el estudio
epidemiológico realizado era intentar dar respuesta aproximadamente a
casi 52 000 pacientes exigiría casi trece meses conseguir que esta
atención se extendiera a 52 000 pacientes. Por lo tanto, habría
ciudadanos que tendrían que esperar doce, trece meses para conseguir esta
atención, lo cual sin duda, como muy bien sabe el señor ministro,
conllevaría graves riesgos para su salud.


Por otro lado, estamos ante el primer examen de este plan, a punto
de concluirse el primer trimestre, habrá que empezar a pagar a los
laboratorios proveedores de la misma. Y entonces, las comunidades
autónomas realizarán la evaluación del acertado o no mecanismo que se ha
decidido seguir para financiarlo. Yo comprendo que puede haber
comunidades autónomas que tengan sospechas sobre la eficacia de este
mecanismo cuando a la vez se ha aprobado en la Cámara en la que ahora nos
encontramos a mediados del mes de mayo, una reforma de la Ley de
financiación de comunidades autónomas y de estabilidad presupuestaria que
afecta a la capacidad de decisión sobre el gasto farmacéutico
estableciendo un límite que se moverá en el mismo porcentaje en el que
pueda aumentar el producto interior bruto.


Es, por lo tanto, tremendamente trascendental que para conseguir
la complicidad de las comunidades autónomas en el desarrollo de este plan
estratégico se acredite, cuando concluya el mes de junio, que desde el
Ministerio de Hacienda se es capaz de responder a los compromisos
asumidos, porque así —termino ya— como queda claro la
complacencia de la interterritorial de Sanidad sobre este plan
estratégico, lo que no quedó tan claro fue la complacencia de la
interterritorial de Hacienda al respecto.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Señor ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
(Alonso Aranegui): Muchas gracias, señor presidente.


Va a resultar que estoy de acuerdo con su señoría. Bueno, bastante
de acuerdo, porque no puedo estar de acuerdo con el imposible que me pide
de que atendamos a 52 000 personas en tres meses, porque eso no es
posible. Pero le aseguro que los especialistas son aquellos que reciben a
sus pacientes y les hacen el seguimiento, primero, con un diagnóstico
adecuado, cuando les dan el tratamiento, y después para seguir viendo su
evolución. El plan estratégico señala y reitera con mucha claridad que
eso es muy importante. Tienen que ser unidades especializadas, y eso está
en manos de los profesionales. Pero le aseguro que va a buen ritmo y que,
en general, la respuesta obtenida es satisfactoria.


Estoy completamente de acuerdo con usted en que aquí hay un
mecanismo extraordinario de financiación —no es un mecanismo
ordinario— que se habilitó y que responde a un compromiso del
Gobierno y del Ministerio de Hacienda, según el cual, dependiendo de la
situación de esa comunidad autónoma: si se acoge al FLA, al Fondo de
facilidad financiera…, el Ministerio de Hacienda pone una línea de
crédito para cubrir todos los gastos —al principio estaban
previstos unos 737 millones de euros, pero podría ser una cantidad
superior— que debe ser devuelta en el plazo de dos años, con un año
de carencia también en el pago de los intereses, que serán los del
Tesoro, y que además no cuenta para el déficit. Por tanto, este es el
acuerdo que se tiene que aplicar ahora. Y, como usted sabe —se
deduce a tenor de su pregunta—, pasados los tres primeros meses hay
que formalizar la primera facturación para poder pagar a las empresas,
proceso que tiene que realizar el Ministerio de Hacienda junto con las
comunidades autónomas. En ello trabajamos, por lo que esperamos que se
desarrolle sin más problemas y que no haya ninguna incidencia, de forma
que el plan pueda continuar con su despliegue y que los medicamentos y
los tratamientos puedan seguir llegando a un número creciente de
pacientes.


Pero recojo su aviso y, también, el contenido de su intervención,
que le agradezco. Le aseguro que actuaremos con diligencia en ese
sentido.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.









PREGUNTA SOBRE EL MOMENTO EN QUE SERÁ PRIORIDAD DE ESTE
GOBIERNO LA LUCHA CONTRA LA GRAVÍSIMA Y CRECIENTE DESIGUALDAD SOCIAL QUE
SUFRE NUESTRO PAÍS.


680/001133

RAQUEL MIRIAM ANDRÉS PRIETO (GPS)


El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Raquel Andrés Prieto.


Tiene la palabra su señoría.


La señora ANDRÉS PRIETO: Gracias, señor presidente. Señor
ministro, buenas tardes.


Doy por formulada la pregunta.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Andrés.


Tiene la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
(Alonso Aranegui): Gracias, señor presidente.


El Gobierno lleva luchando contra la desigualdad, la pobreza y el
riesgo de exclusión desde el primer día en que llegó. Tenga en cuenta que
lo que usted está viendo son las graves y durísimas consecuencias
sociales de la lamentable gestión de gobierno que ustedes realizaron en
los años anteriores, que efectivamente produjo un aumento de la
desigualdad y de la pobreza, así como importantes situaciones de
dificultad para las familias en España. Sabe usted que entre 2007 y 2011
España fue el país de la OCDE donde más creció la desigualdad y que en
ese mismo periodo los ingresos del 10 % de la población con menos
recursos cayeron un 13 % al año, mientras que la caída entre los que más
tenían fue del 1 %. Parece que ahí aumentó mucho la brecha de la
desigualdad.


Por tanto, desde el primer momento nos pusimos a trabajar para
luchar contra esa situación, a sabiendas de que, si no se resolvía la
crisis económica y se ponía al país en la senda del crecimiento y de la
creación de empleo y, por tanto, en un horizonte como el que tenemos
ahora —entre los años 2014 y 2015 vamos a poder crear un millón de
puestos de trabajo—, iba a ser imposible darle la vuelta a esa
situación. Estamos trabajando con eficacia en esa y en otras medidas que
ayudan a la gente a atravesar esa dura situación y a mirar el futuro con
esperanza.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Tiene la palabra la senadora Andrés.


La señora ANDRÉS PRIETO: Gracias.


No es verdad, señor ministro. Estamos a tres meses de finalizar la
legislatura, una legislatura en la que la desigualdad social se ha
disparado desproporcionadamente. Las razones: sus ajustes fiscales, sus
subidas impositivas y sus recortes sociales. Si bien es cierto que dichas
medidas son equiparables a las de otros países de la Unión Europea,
también lo es que en el nuestro se agravan por el aumento de la
temporalidad en el trabajo o por la brecha salarial entre hombres y
mujeres.


La realidad, señor ministro, esa que ustedes no priorizan, es la
de un país en el que 840 000 niños y niñas corren el riesgo de vivir en
pobreza crónica. Seguimos siendo el segundo país de la Unión Europea con
mayor pobreza infantil. Y esta realidad convive con un aumento de más
del 10 % de las personas con altos patrimonios. La realidad que ustedes
no priorizan es la que presentaban en los presupuestos actuales, los de
la recuperación, cuando los ingresos medios de las familias en España
caían más de un 12 %. La realidad, esa que ustedes no priorizan, es
aquella en la que aprueban ayudas millonarias para el rescate de las
autopistas —para ustedes eso sí que es prioritario— mientras
obvian que más de 2 millones de familias no pueden calentar sus
viviendas.


Este año, señor ministro, los salarios medios de los ejecutivos de
las empresas del Ibex multiplican setenta veces los salarios medios de
sus empleados. Durante esta crisis, mientras los trabajadores veían
reducida la cuantía de sus nóminas una media del 4 %, los ejecutivos se
la subían una media del 7 %.


Esta es la realidad de un país más desigual, señor ministro,
realidad que en tres años y medio no ha merecido por parte de su Gobierno
ni una reunión de urgencia, ni un pacto de Estado, ni siquiera un
gabinete de crisis. Esta es la realidad que, lejos de solucionar, agravan
con todas y cada una de las decisiones que toman.


Señoría, la OCDE identifica cuatro políticas clave para reducir la
desigualdad, y les voy a decir lo que ustedes han hecho al respecto.
Facilitar la ocupación, especialmente de las mujeres, sobre todo en
sectores no reconocidos, y ustedes, tan sensibles, sacaron de la
Seguridad Social los convenios de cuidadoras de dependientes. Pelear por
salarios altos, y ustedes, tan sensibles, han sido siempre cómplices de
aquellos que unían la mejora en la competitividad con la bajada de las
nóminas de los trabajadores. En vez de elevar el nivel de protección
social, ustedes, tan sensibles, han disminuido la cobertura social por
desempleo de las tasas, que rondaban el 80 % y que ahora no llegan
al 50 %.


Señor ministro, no ha sido la crisis la que ha traído estas tasas
de desigualdad, ha sido la insensibilidad de un Gobierno que ha
priorizado parámetros medibles. Y le voy a decir más, la política no
puede olvidar todo lo que hace que valga la pena vivir.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora ANDRÉS PRIETO: Termino, señor presidente.


No se equivoque. El Grupo Socialista no tiene nada en contra de
los ricos. Nuestra obsesión y prioridad son los que menos tienen,
aquellos a los que su ministerio debería dirigir sus esfuerzos, pero no
lo hace.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Andrés.


Tiene la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
(Alonso Aranegui): Gracias, señor presidente.


Señoría, la fuente de la que bebe usted es la encuesta de
condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística correspondiente
al año 2014, que refleja la situación de 2013, por tanto, es la
fotografía de lo que pasaba en 2013 en España, después de cinco largos
años de destrucción de empleo; 3,5 millones de personas perdieron su
empleo y se fueron al paro durante la legislatura anterior, y eso ha
producido un aumento del número de hogares en riesgo de exclusión, en
situación de pobreza.


Si usted lee la encuesta detenidamente —si la mira con más
atención, aunque no sea detenidamente— se dará cuenta de que el
factor que explica esa situación, ese incremento hasta el 2013, es el
aumento del número de hogares con baja intensidad de empleo. La causa es,
por tanto, el desempleo. La Organización Internacional del Trabajo dijo
hace unas semanas que el 90 % de la situación de exclusión, de pobreza en
España procede del desempleo; no lo dice este Gobierno, lo dice la
Organización Internacional del Trabajo. Y si usted lee la EPA del primer
trimestre de este año se dará cuenta de que en 180 000 hogares en los que
antes nadie trabajaba, ahora empieza a entrar un sueldo. Por tanto, se
está dando la vuelta a esa situación atacando la causa. Ese es el camino;
desde luego, el camino no es volver atrás. Si se produjeron esos cinco
años de penuria, de desolación, de crisis económica y de consecuencias
sociales dramáticas para muchas familias fue porque hubo un Gobierno que
no hizo nada, que no adoptó ni una sola reforma, que estuvo parado
mientras el país se iba a pique. (Aplausos).


Y le aseguro que para que podamos seguir luchando en favor de la
inclusión social, de las oportunidades para todas las personas y de la
recuperación del empleo en las familias, el riesgo que tenemos que evitar
es que vuelva un gobierno que nos lleve de nuevo a esa situación de la
que nos ha costado tanto salir. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.









PREGUNTA SOBRE LAS MEDIDAS CONCRETAS QUE TIENE PREVISTO
ADOPTAR EL GOBIERNO PARA ENFRENTAR LOS PROBLEMAS AGRAVADOS Y ESPECÍFICOS
DE SALUD QUE SUFREN LAS MUJERES COMO CONSECUENCIA DE LOS RECORTES
SOCIALES IMPUESTOS A LOS CIUDADANOS.


680/001135

ENCARNACIÓN LLINARES CUESTA (GPS)


El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Encarnación Llinares
Cuesta.


Tiene la palabra su señoría.


La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, aunque usted lo niegue, diversos informes
evidencian que sus políticas económicas, laborales y sociales han tenido
efectos devastadores sobre las familias, en general, y sobre las mujeres
y los niños y niñas, en particular.


Por eso le pregunto qué medidas concretas tiene previsto adoptar
para hacer frente a los problemas específicos de salud que sufren las
mujeres por sus recortes.


Espero, de verdad, una respuesta seria. No vuelva a lo de la
herencia recibida; no vuelva a hablar de la gente que estaba en el paro.
La gente quiere soluciones. No asusten a la gente con un Gobierno
socialista. Y lo más lamentable es que ustedes no han aprendido nada de
lo que les han dicho los ciudadanos y las ciudadanas en las últimas
elecciones. Por lo tanto, por favor, dé una respuesta concreta.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Llinares.


Tiene la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
(Alonso Aranegui): Gracias, señor presidente.


Yo intentaré hacerlo bien, pero nosotros no asustamos a nadie. Se
asustarán de otras cosas, pero no por nosotros; nosotros tratamos de
ilusionar con la perspectiva de que ya hay una recuperación que permite
crear empleo; se trata de ilusionar con el empleo. Si se asustan, es un
problema suyo. Respecto a los resultados electorales, si quiere, luego
hablamos.


Su señoría habla de diversos informes. ¿Pero qué diversos
informes? Porque usted no ha mencionado ningún informe y afirma que la
situación de salud de las mujeres ha empeorado. Sin embargo, la esperanza
de vida no ha dejado de subir. Hoy hemos conocido el último dato:
entre 2006 y 2014 la esperanza de vida ha pasado de 84,2 a 85,7 años, la
más alta del mundo. La última encuesta nacional de salud pone de
manifiesto que ha crecido el número de mujeres que manifiestan que tienen
un estado de salud bueno y muy bueno; ha aumentado 6 puntos, pasando
del 65 % en el 2007 al 71,3 %. Por tanto, se trabaja para cuidar la salud
de la población, en general —ese es nuestro mandato y nuestra
obligación— y la de las mujeres, en particular. Estos son los datos
que publica el Instituto Nacional de Estadística, y la encuesta nacional
de salud indica que va bien. Además, a lo largo de estos años
—fuera de recortes, porque hemos ampliado la cartera básica de
prestaciones— hemos puesto en marcha programas importantes para las
mujeres: cribado de cáncer de mama, cérvix, colon rectal. Esto se ha
aprobado durante estos años y, por tanto, se ha hecho un esfuerzo por
incidir en aquellas causas que podían afectar más a los riesgos de salud
que tienen que ver con las mujeres.


Por lo demás, quedo a su disposición para que me explique cuáles
son esos diversos informes y qué dicen. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Tiene la palabra la senadora Llinares.


La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señor ministro.


No solamente se lo voy a decir sino que le recomiendo que se lo
lea y que se lo estudie.


El último boletín de Cruz Roja refiere que el grupo más vulnerable
es el de las mujeres de 25 a 49 años, que asumen el peso de los recortes
en sanidad, en educación, en dependencia…, que no tienen ayudas
para la conciliación y que, además, un 70 % sufre pobreza extrema.


Señor ministro, aunque lo niegue, la dura realidad es: mujer,
pobreza, desigualdad y enfermedad. El 39 % sufre enfermedades crónicas
frente al 16 % de la media, según el Instituto Nacional de Estadística.
Creíble, ¿verdad? El 22,8 % tiene dolor de espalda frente al 14,3 % de
los hombres, según el Sistema Nacional de Salud. La mitad de las mujeres
en situación de pobreza cree que su estado de salud es malo. Del 54 % de
las mujeres que toman medicinas, según datos de Cruz Roja, el 31 % tiene
problemas para financiar su salud, con el agravante —le
recuerdo— del copago y de la exclusión de más de 400 medicamentos
de la financiación pública.


Señor ministro, voy a terminar leyendo lo que dice textualmente el
boletín de Cruz Roja: «…Cruz Roja hace patente esta situación para
que el problema entre en la política y desde ahí se pongan en marcha
nuevas medidas. Sólo así será posible, y sostenible en el tiempo, que
ninguna mujer se quede al margen en el camino de esta frágil, pero
necesaria, igualdad de género.»


Eso es lo que pretendemos los socialistas al presentar esta
pregunta. Ya he visto que usted no tiene respuesta y que, como siempre,
echan la culpa a los demás. Hemos insistido muchas veces en que derogue
el real decreto. Las mujeres inmigrantes tienen graves problemas con la
salud...


El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando.


La señora LLINARES CUESTA: Antes de las elecciones afirmó que
tendrían derecho a la atención primaria de salud pública. ¿Dónde está?
Recupere la educación de 0 a 3 años para poder conciliar. No excluya de
la cartera de servicios el derecho de las mujeres a poder acceder a la
reproducción asistida porque sean mujeres o porque hayan decidido tener
una pareja que sea mujer.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


La señora LLINARES CUESTA: Muchas gracias.


Para terminar, señor ministro, no modifique la actual Ley del
aborto que protege la salud de las mujeres, también de las más
jóvenes.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Llinares.


Señor ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
(Alonso Aranegui): Su señoría ha hecho una pregunta un poco tipo
batiburrillo, pero yo le quiero dar garantías, no a su señoría, sino al
conjunto de los ciudadanos que nos pueden estar siguiendo y que pueden
sentir inquietud.


El Sistema Nacional de Salud, todos los servicios de salud de las
comunidades autónomas, el ministerio, el consejo interterritorial, los
órganos que dependen de él, las estrategias que se ponen en
marcha…están enfocados a proteger la salud general de la población,
muy particularmente la de las mujeres en aquello que les es específico.
No debería usted lanzar alertas que no se compadecen con la realidad ni
con los datos ni con la gestión del día a día ni con su protección.


Tendría usted que recordar también que hoy están trabajando 90 000
mujeres más que cuando ustedes se fueron del Gobierno (Aplausos) y que,
por tanto, las mujeres están encontrando su lugar y están avanzando.
Tendría que recordar que este Gobierno ha tomado medidas a favor de la
conciliación, que hemos ampliado también la edad en la que se puede tener
derecho a una reducción de jornada para que las trabajadoras atiendan al
cuidado de los menores. Conciliación y corresponsabilidad, ese es el
camino. Estamos tomando medidas en ese ámbito, en el ámbito de la
igualdad, para mejorar una situación que objetivamente no es buena en
relación con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.


Hemos aprobado un Plan de igualdad de oportunidades, hemos
diseñado una estrategia, hemos puesto en marcha medidas y estamos
corrigiendo una situación que ustedes dejaron como dejaron.
Objetivamente, en términos de igualdad, hoy España avanza —eso lo
reconocen los organismos internacionales, empezando por Naciones
Unidas—, por lo que ustedes, en vez de utilizar esto como un tema
político contra el Gobierno, deberían estar colaborando con
él…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor ministro.


El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
(Alonso Aranegui): …para favorecer que crecientemente haya más
igualdad entre los hombres y las mujeres en España.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.









PREGUNTA SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBIERNO DE LA EVOLUCIÓN DE
LA CAPACIDAD DE EMPLEO Y LA COBERTURA SOCIAL DE LOS DESEMPLEADOS EN
NUESTRO PAÍS.


680/001134

RICARDO JACINTO VARELA SÁNCHEZ (GPS)


El señor PRESIDENTE: Pregunta para la señora ministra de Empleo y
Seguridad Social. Pregunta don Ricardo Varela.


Tiene la palabra su señoría.


El señor VARELA SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente. Señora
ministra, creo que sería bueno que le explicara al señor ministro, antes
de que se marche, cómo son esos empleos de los que habla y que refleja la
EPA.


Señor ministro, los últimos datos oficiales, EPA y contabilidad
nacional, referentes al primer trimestre del año 2015 nos dicen que, con
respecto al año 2011, en España se ha perdido el 9 % de la carga del
volumen de trabajo; lo que trabajamos el conjunto de los españoles ha
bajado un 9 %. Eso está medido en horas anuales. Por tanto, señora
ministra, ¿cómo se compadece ese dato con el discurso del Gobierno de que
el crecimiento está generando empleo? Le ruego que me conteste a lo que
le pregunto.


Señora ministra, es muy sencillo, explíqueme, porque yo soy muy
torpe, ¿cómo, disminuyendo el número de horas trabajadas por todos los
españoles, al mismo tiempo estamos creando empleo?


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Varela.


Señora ministra, tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García):
Muchas gracias, señor presidente.


Se lo voy a explicar muy fácilmente, señor Varela: cuando
gobernaron los socialistas en España hubo 3,5 millones de parados más;
desde que gobierna el Partido Popular, hemos recuperado 1 millón de los
empleos destruidos por el Partido Socialista. Frente a la destrucción de
empleo, creación de empleo en la sociedad española con los Gobiernos del
Partido Popular. Creo que es bastante simple. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.


Senador Varela, tiene la palabra.


El señor VARELA SÁNCHEZ: Señora ministra, entre los años 2011
y 2014 se han destruido en nuestro país 53 142 587 horas de trabajo de
media cada semana. Esos datos están recogidos en la EPA que usted tiene
encima de su mesa. O, lo que es lo mismo, con ustedes en España se
trabajan 2800 millones de horas menos cada año, datos recogidos en la EPA
que usted tiene encima de su mesa; ahí está incluido, por cierto, el
último trimestre del año 2015.


Señora ministra, mientras ustedes nos cuentan eso del crecimiento
y del empleo, la realidad es que han destruido una de cada diez horas de
trabajo de las que se encontró el señor Rajoy cuando hablaba aquí de lo
que se había encontrado. Esa carga de trabajo, señora ministra, esa
pérdida de actividad, de economía, de volumen de trabajo supone, ni más
ni menos, que 1 108 411 de puestos de trabajo. Es el tiempo equivalente a
lo que trabajarían estas personas.


Esa es la realidad del empleo, señora ministra. Esa es la realidad
del empleo, no lo que nos cuentan ustedes en cada momento. Hablen de
empleo, no de empleos, que es una cosa, como usted sabe, bien distinta.
El resto del empleo, el que no han destruido, lo han troceado y
precarizado. Esto, señora ministra, está perfectamente diseñado para
hacer recaer el peso de la crisis en los asalariados y para poder crear
la ficción de la creación de empleo: donde había uno, lo partimos en
cuatro, ergo hemos creado tres empleos donde había uno. Esa es la
realidad, su realidad del empleo. Además, señora ministra, como usted
bien sabe, en su período la remuneración salarial de los trabajadores ha
caído 37 000 millones de euros; es decir, un 7 % de media anual. Abaratar
salarios y facilitar despidos, esa es la realidad.


Señora ministra, usted además ha desprotegido a las personas que
se quedaban en paro. Cuando termine este año, habrán disminuido en 10 000
millones las partidas destinadas al subsidio para el desempleo. Y en el
Programa de activación para el empleo que vino usted a vender
aquí…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor VARELA SÁNCHEZ: Termino inmediatamente, señor
presidente.


Con el Programa de activación para el empleo que nos vino a vender
aquí, según sus pronósticos, tendrían que estar cobrando el stock de
inicio 300 000 personas, y lo están cobrando, señora ministra, 44 000.
Una estafa, suya y de su Gobierno, a los más desprotegidos, a los que
están cobrando un subsidio por desempleo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Varela.


Señora ministra, tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García):
Muchas gracias, señor presidente.


Señor Varela, menudo papelón tener que hablar de empleo cuando ha
sido usted miembro de un Gobierno socialista en Galicia cuando se
destruía empleo en nuestro país y se perdían oportunidades a
mansalva.


En España hay hoy 200 000 parados menos que cuando llegamos al
Gobierno en el año 2011 y, lo más importante, hay más afiliados a la
Seguridad Social que cuando llegamos al Gobierno. Señor Varela, hemos
recuperado un millón de los empleos destruidos desde el 2008 por la
crisis económica y por el Gobierno socialista. Empleo y más empleo en
España. Y, señor Varela, más empleo de calidad. Hoy en España tres de
cada cuatro trabajadores que están trabajando de forma asalariada lo
hacen con un contrato indefinido, el 76,4 %. En diciembre de 2011 los que
tenían un contrato indefinido representaban el 74 %; por cierto, en 2007,
con un Gobierno socialista, el 69 %.


Empleo precario. En España, los contratos temporales cuya duración
es inferior a tres meses representan hoy el 3 % del total de los
contratos; en el año 2007, con ustedes, el 4 %. Por tanto, hay más
contratos indefinidos en España y menos temporalidad. Esa es la realidad,
señor Varela, le guste o no.


Me habla de salarios. Señor Varela —usted ha sido miembro
del Gobierno de Galicia, Consejería de Empleo—, los salarios se
pactan en negociación colectiva. No me atribuya una responsabilidad que
no me corresponde. Lo respeto y es el ámbito particular de negociación de
los interlocutores sociales.


Este es el Gobierno que más se ha ocupado de las personas
desempleadas. En los últimos tiempos hemos destinado anualmente más
de 30 000 millones a prestaciones y subsidios por desempleo; es
decir, 100 000 millones de euros más que en la legislatura anterior del
Gobierno socialista. Hemos prorrogado el programa Prepara, que ha dado
oportunidades a 520 000 parados de larga duración. También hemos puesto
en marcha con los interlocutores sociales un plan especial de activación
—no queremos que nadie se quede atrás en la recuperación—
para atender a los parados de larga duración sin ingresos y con
responsabilidades familiares. Lo hemos puesto en marcha, insisto, con los
interlocutores sociales, con los sindicatos y con la patronal, y ya hay
más de 100 000 personas que han pedido esa ayuda en todo el territorio
nacional. Por tanto, estamos con el empleo, pero dando también respuesta
a esa situación de especial dificultad…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señora ministra.


La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García):
Damos respuesta a quienes ustedes olvidaron y a los que ustedes quitaron
todas las oportunidades en este país. Con el Partido Popular llega el
empleo y el apoyo a los desempleados.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.









INTERPELACIONES





INTERPELACIÓN SOBRE SI EL GOBIERNO PIENSA MODIFICAR LA LEY
9/1968, DE 5 DE ABRIL, SOBRE SECRETOS OFICIALES, PARA FIJAR UN LÍMITE DE
AÑOS A PARTIR DEL CUAL SE DESCLASIFIQUEN AUTOMÁTICAMENTE LOS DOCUMENTOS
CLASIFICADOS COMO SECRETOS O RESERVADOS.


670/000189

JOAN SAURA LAPORTA (GPEPC)


El señor presidente da lectura a los puntos 4. y 4.1.


El señor PRESIDENTE: Para exponer la interpelación, tiene la
palabra el señor Saura, por tiempo de quince minutos.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, el objetivo de la interpelación, pero sobre todo
de la moción subsiguiente, es poder llegar a un acuerdo para que en
España ocurra lo que ocurre en el resto de países de la Unión Europea: el
acceso público a documentos históricos, que en España, excepto en muy
pocos casos, no ocurre. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia). La cronología, usted la conoce, pero se la voy a
recordar.


En 1968, en plena dictadura franquista, se aprueba una Ley de
secretos oficiales que tiene una anomalía en relación con el resto de la
legislación, y es que no establece un límite temporal para que los
documentos históricos sean públicos; en los otros países se
establecen 30, 40 o 25 años. En la Ley de secretos oficiales de 1968 no
hay absolutamente ningún límite. ¿Esto qué quiere decir? Que la ley
franquista de 1968 hace eternos los documentos declarados secretos.


En el año 1984, el ministro Morán adoptó el acuerdo de abrir todos
los archivos y la biblioteca en menos de veinticinco años; eso fue en el
año 1984. Y España, con el ministro Morán, estuvo a la vanguardia de la
transparencia y de la información en documentos históricos. Esto funcionó
desde 1984 hasta el 2010. Pero en 2010 ocurrió algo sorprendente —y
no sé por qué pasó—, que el ministro Moratinos declaró secretos los
catorce temas que constituyen toda la política exterior; repito que fue
en octubre de 2010. Y, simultáneamente, la exministra Carme Chacón
propuso desclasificar —luego no se desclasifican— 10 000
documentos históricos. He de decir que el acuerdo que adoptó el Gobierno
del Partido Socialista Obrero Español con la propuesta de Morán fue
secreto, ni se publicó en el BOE ni hubo referencia a él en el Consejo de
Ministros. Por lo tanto, muy poca gente sabía que había un acuerdo de
estas características.


En octubre o noviembre de 2011 la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Asuntos Exteriores aplica el acuerdo que había adoptado el
Gobierno socialista en octubre de 2010. La aplicación supone no dejar
consultar los documentos. Esto provocó, fundamentalmente, tres cosas.
Primero, un manifiesto de casi cuatrocientos historiadores de diecisiete
universidades del mundo en el que se quejaban por ello desde Paul Preston
hasta Ángel Viñas o Josep Fontana. Provocó también que, prácticamente,
todos los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado formulásemos
preguntas o proposiciones en las comisiones para solucionarlo. He de
decir que alguna se aprobó. Yo presenté una en nombre de mi grupo
pidiendo que se tomaran todas las medidas para que esto fuera público. El
Grupo Popular planteó una transaccional añadiendo: siempre y cuando
económicamente se pudiera, pero no se ha hecho nada. Y hace unas tres
semanas defendí en esta Cámara una proposición de ley de modificación de
la Ley de secretos oficiales que, fundamentalmente, trataba de poner un
límite temporal a la información pública. Paralelamente, el ministro de
Asuntos Exteriores tomó dos decisiones. Una —equivocada—,
rompió la unidad del archivo que tenía y envío los materiales anteriores
a 1931 al Archivo Histórico Nacional y los posteriores al Archivo General
de la Administración. Hoy hay acceso público al primero, por tanto a los
documentos históricos anteriores a 1931, pero a los posteriores, no. ¿Qué
quiere decir esto? Pues, por ejemplo, que hay historiadores que están
intentando hacer una investigación sobre la actividad de La Pirenaica,
Radio España Independiente, y no pueden. Algunos historiadores me han
contado que están realizando una investigación sobre los buques de guerra
alemanes e italianos que estuvieron en España de 1940 a 1946 y que no
pueden acceder a los datos. O hay investigadores que están intentando
saber las unidades de Sidi Ifni y no lo consiguen porque está
absolutamente cerrado.


A pesar de ello, el ministro de Asuntos Exteriores, en agosto
de 2013, asumió un compromiso. Dijo: llevaré al Consejo de Ministros un
acuerdo que sustituya el acuerdo de octubre de 2010 para que esto pueda
ser así. Han pasado dos años y no se ha presentado este acuerdo. Esto fue
en agosto de 2013 —lo tengo documentado por carta— y en este
momento no hay nada de nada. Posteriormente, tuvimos la visita del
relator de las Naciones Unidas sobre temas de libertad y de justicia, que
hizo un informe sobre España demoledor en relación con este aspecto. En
España no se pueden consultar numerosos documentos históricos y no hay
criterio para decidir cuáles son.


Y todo esto pasa en un momento en el que, tanto en España como a
nivel internacional, existe la dinámica de petición de mayor
transparencia. En España existe la Ley de transparencia, que es una
respuesta a esto, pero además se están tomando medidas importantes en
Gran Bretaña, en Argentina. Hace un mes, el papa dijo que se estaba
planteando levantar el secreto de todos los documentos referidos a la
guerra de Argentina. En estos momentos, en Brasil se está levantando toda
la documentación histórica de la dictadura y no han pasado cuarenta años.
O sea, se ha hecho todo esto pero se sigue sin poder facilitar
información pública.


Hay algunos casos, como me han explicado personalmente, de gente
que ha pasado bochorno. Es bochornoso que tengas que ir a los documentos
históricos de Gran Bretaña para buscar cosas a las que en España no
tienes acceso; es bochornoso que como en España no puedes acceder a
determinada información sobre el Sáhara, tengas que ir a los archivos
franceses; y es bochornoso que el Gobierno haya adjudicado determinadas
becas para investigación y cuando el becario va a investigar no le dejen.
O sea, cosas absolutamente kafkianas.


Desde ese punto de vista, además, me parece importante otra cosa:
el acceso a los documentos históricos no es un tema de los historiadores,
que también, sino que en un país es una esencia de la democracia saber
qué pasó, cómo se fraguaron las conversaciones, qué acuerdos se
tomaron… Es decir, la construcción de la historia de un país pasa
en buena parte por que los investigadores estudien los documentos
históricos que nos puedan dar una visión real de lo que pasó. Por lo
tanto, no es un problema de historiadores y de investigadores, que
también.


Quiero acabar con lo siguiente. El otro decía en otro debate que
hay temas en los que la diferencia ideológica hace imposible el acuerdo.
Con lo que ustedes piensan de la pobreza y la austeridad y lo que pienso
yo, no es posible el acuerdo; en las inversiones o no en AVE, no es
posible el acuerdo porque tenemos posiciones ideológicas o políticas
distintas; pero lo que les estoy pidiendo hoy es de sentido común: lo que
pasa en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Italia, podemos discutir
si son veinticinco años, treinta y cinco años, cuarenta años, etcétera,
sobre todo teniendo en cuenta que usted no quiso desclasificar los
famosos 10 000 documentos que dicen que la exministra dejó. Aparte de la
decisión del ministro Margallo en relación con esos documentos, hay otra
decisión que parece que usted tomó —me gustaría que lo corroborara
o no— de no desclasificar esta lista, que dicen que está muy bien
hecha, de 10 000 documentos. Por tanto, le pido que me explique si
piensan cambiar.


Un historiador alemán decía: «No deja de ser incomprensible que el
marco político general de la investigación en España pase por una ley
de 1968». No puede ser. No es tan difícil hacer esta ley, solo hay que
cambiar dos o tres cosas. Por tanto, me gustaría de usted que pudiéramos
negociar o llegar a un acuerdo sobre qué hacer, un acuerdo que
sustituyera al de octubre de 2010 y que permitiera el acceso de los
historiadores e investigadores. No sé si tendrían que ser treinta,
treinta y cinco o cuarenta años, los que fueran; que hubiera una
modificación de la Ley de secretos oficiales, que aún es una ley
franquista; y, sobre todo, que lanzáramos el mensaje de que queremos
hacer investigación y conocimiento para reafirmarnos, para conocer lo que
hemos hecho, lo que el Gobierno ha hecho, lo que el país ha hecho, y que
esto fuera un elemento más de consolidación de un Estado
democrático.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Saura.


Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene
la palabra el señor ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Muchas gracias,
señor presidente.


Gracias, señoría. Como dice usted, trae de nuevo a este Pleno una
cuestión que se ha tratado profusamente en esta legislatura. Y trata de
convencerme de unos elementos que, como bien dice usted, no forman parte
de ningún tipo de ideología, sino de algo que compartimos plenamente, que
es la trasparencia y el acceso al conocimiento de la historia. En ese
sentido, comprenderá usted que tratar de convencer al convencido es una
pérdida de tiempo. Pero se lo agradezco, porque entiendo que su señoría
no me ha interpelado nunca ni hemos tenido la ocasión de hablar, y le
puedo garantizar que no tengo nada en contra de que los documentos
—estos y cualesquiera otros— se puedan desclasificar, siempre
y cuando se cumplan además, obviamente, otros requisitos importantísimos
que afectan a aspectos tanto o más importantes que los que su señoría
señala, como puedan ser, por ejemplo, y también compartidos por otros
países, la propia seguridad del Estado o la viabilidad económica de poder
hacerlo, cosa que se ha explicado en esta Cámara sucesivamente.


Considero que el tema, como digo, se ha explicado claramente por
parte del Gobierno, tanto en preguntas orales como en figuras de control
escrito, pero no tengo, insisto, ningún problema en volver a
explicárselo, como su señoría ha insistido en su intervención que haga,
tratando de explicarme nuevamente lo que tantas veces ha explicado ya en
esta Cámara.


Aprovecharé también para hacer un nuevo intento por saldar los
equívocos y medias verdades que se repiten en propuestas e intervenciones
parlamentarias que contribuyen poco a la claridad de los elementos de
hecho que en estos momentos estamos estudiando. Comenzaré por responder
directamente a su pregunta, y no con mis palabras, ya que, como sabrá,
esta no es exactamente mi área de competencia —usted lo ha
señalado—, sino con las del Gobierno en su conjunto. No le pillará
de nuevas que haga ya casi dos años que el Gobierno contestara por
escrito lo siguiente: «Respecto al cambio normativo referido, se indica
que no forma parte de las prioridades legislativas del Gobierno». Como es
lógico, a estas alturas de la legislatura sigue sin ser prioritario por
las razones que ahora señalaré.


Esta posición ha sido respaldada, y sin duda propagada, por el
grupo que apoya al Gobierno, especialmente en los debates de las
proposiciones y mociones que siguieron a esta propuesta. Hace apenas dos
meses pudo usted escuchar al senador Campoy cuando rechazaba su
iniciativa legislativa; sin embargo, como ha manifestado y como reza en
el propio enunciado de esta interpelación, su deseo de cambio en la Ley
sobre secretos oficiales tiene una finalidad que también se da en algunos
otros países, algo en lo que le doy totalmente la razón: fijar un límite
de años a partir del cual se desclasifiquen automáticamente los
documentos. No se nos oculta que esta iniciativa trae causa, a su vez, de
la también muy parlamentarizada historia de los mal llamados 10 000
documentos anteriores a la Ley de 1968, que estarían pendientes de
desclasificación. Pues bien, en este asunto estamos más cerca.
Precisamente, como fruto de este profuso debate, tenemos como acertadas
referencias una moción presentada por su grupo, y aprobada con
transacción, de octubre de 2013, y una proposición no de ley, también
transaccionada, en el Congreso en abril de 2014. Ambos textos confluyen
en las mismas ideas. Hay un acuerdo de fondo, que es proceder a la
desclasificación de los documentos, lo que se producirá previo estudio y
revisión con profundidad, inventariado y selección. Esta labor previa se
realizará cuando se pueda contar con los medios técnicos, materiales y de
personal necesarios.


Teniendo en cuenta este mandato parlamentario, permítame hacerle
una pequeña recapitulación de cuál ha sido la historia de los famosos
documentos y las labores de estudio preliminar que se han hecho en el
Ministerio de Defensa. En la primavera del año 2011, en la Secretaría de
Estado de Defensa, órgano competente en el ministerio para estas
cuestiones, se comienza a estudiar cómo atender a determinadas peticiones
que estaban llegando al ministerio sobre la desclasificación de
documentación previa al año 1968. El secretario de Estado elevó la
cuestión a la ministra, quien solicitó a los Estados Mayores, en junio
de 2011, listados de documentos con una breve reseña sobre material y
contenido. Los Estados Mayores contestaron en los dos meses siguientes,
agosto y septiembre, con unas relaciones previas de conjuntos
documentales. No son 10 000 documentos individuales identificados, sino
conjuntos de textos, carpetas y legajos cuyo contenido y alcance concreto
no se puede conocer sin un estudio detallado y cuyo número, si los
individualizásemos, sería muy superior a esa cifra tan llamativa y
redonda. Habiendo adquirido conciencia de lo monumental de la tarea y de
la imposibilidad de desclasificar a ciegas carpetas cuyo contenido se
ignora totalmente, la anterior ministra abandonó la cuestión sin elevar
propuesta alguna al Consejo de Ministros.


A partir de aquí creo que conocen la historia. Desde que este
ministro ha tomado posesión, la posición del Ministerio de Defensa es la
misma y es coherente con la del Gobierno anterior. Así, no se
desclasificarán documentos de los que se ignore su contenido porque el
Consejo de Ministros, como comprenderá, no va a tomar riesgos que afecten
a la seguridad y a las relaciones, por ejemplo, con otros países, con el
patrimonio documental del Estado. Ahora bien, cuando dispongamos de los
medios y la capacidad para estudiar esos contenidos no habrá ningún
problema en llevar a cabo la tarea. ¿Y cuál es la tarea? Pues una
ciertamente compleja y que requiere unos medios, sobre todo de personal,
de los que no disponemos ahora y de los que probablemente tardaremos en
disponer, ya que en el actual escenario presupuestario de la defensa
nacional, y teniendo en cuenta los riesgos y amenazas que tenemos que
afrontar, discúlpeme la crudeza, pero esta tarea no es prioritaria.
Sabemos de la magnitud de la tarea porque, como primer paso para el
cumplimiento de lo dispuesto en las mociones aprobadas por esta Cámara,
hemos trabajado en el diseño estratégico de la operación, es decir, hemos
estudiado qué necesitaríamos y cómo haríamos el proceso de
desclasificación, y en efecto, señoría, para desclasificar los documentos
es imprescindible, primero, obtener una relación correctamente
clasificada y anotada de textos previamente estudiados y supervisados, y
para ello, y al objeto de realizar una estimación de necesidades, hay que
partir de dos de los condicionantes que dificultan enormemente el
objetivo: el primero, la dispersión de la documentación en todo el
departamento, que como sabe su señoría está disperso por el territorio
nacional. Y el segundo, la ausencia generalizada en los documentos de
indicaciones y descripciones que puedan delimitar ab initio su
clasificación.


Consecuentemente, la primera acción que hay que realizar va a ser
crear un grupo de trabajo dependiente del secretario de Estado de Defensa
en su competencia, como le decía antes, de la dirección de la seguridad
de la información del ministerio, en el que estuvieran representados
tanto el órgano central, la Secretaría de Estado, la Subsecretaría y la
Secretaría General de Política de Defensa, como el Estado Mayor de la
Defensa, los Estados Mayores de los Ejércitos y el de la Armada. El grupo
de trabajo deberá definir un plan de acción para obtener en un plazo
razonable, no inferior me temo a los seis meses, un inventario fidedigno
de los documentos, teniendo en cuenta que habría que hacer
imprescindibles laborales de catalogación y agrupación por materias. Esta
labor sería intensiva en personal con formación archivística y de
administración documental, recurso humano no precisamente excedentario en
mi departamento.


El siguiente paso sería valorar cuáles son realmente los
documentos que pudieran ser susceptibles de ser desclasificados y cuáles
serían aquellos que por afectar a la seguridad nacional, a las relaciones
internacionales o a la privacidad de los expedientes de los miembros de
las Fuerzas Armadas, entre otras razones, no se podría modificar su
clasificación. Para ello, sería necesario contar en todos los organismos
implicados de personal con los conocimientos necesarios para poder hacer
una valoración de los asuntos por desclasificar, con dedicación exclusiva
mientras dure el proceso. La estimación más optimista de esta fase se
sitúa en un plazo no inferior a un año, siempre, por supuesto, que
pudiéramos contar con el recurso humano adecuado. Le pongo un ejemplo: si
tenemos que estudiar la importancia de un informe firmado en su momento
por un capitán de navío, para su valoración sería necesaria la
participación de un marino de igual rango, sin menoscabo de que, además,
se necesitaría la participación técnica de especialistas en la cuestión
tratada, e incluso la de un superior jerárquico para adoptar un dictamen
definitivo que protegiese los valores que le acabo de citar. Eso es mucho
personal cualificado que no siempre va a estar destinado donde le sea
sencillo acceder a los documentos para el estudio, ya que estarán en sus
puestos realizando su trabajo ordinario y de total relevancia para
nuestra seguridad y defensa.


Por último, señoría, una vez concluida la ingente labor,
tendríamos que elevar las correspondientes propuestas de desclasificación
a la autoridad competente, teniendo en cuenta lo que dice la Ley 48/1978,
que modifica, por cierto, la Ley 9/1968, sobre secretos oficiales, en su
artículo séptimo. Dice así: «La cancelación de cualquiera de las
planificaciones previstas en el artículo 3 de esta ley será dispuesta por
el órgano que hizo la respectiva declaración». Se entiende, por tanto,
que habría que definir qué autoridad tendrá la competencia, máxime cuando
determinados organismos, como la Junta de Jefes de Estado Mayor de
entonces, han dejado de existir. Esta labor también consumiría tiempo y
recursos.


Finalmente, habría órganos a los que por volumen de trabajo les
costase más emitir resoluciones de desclasificación que a otros, ya que,
por ejemplo, y dado el volumen documental, no sería nada recomendable
saturar de golpe la actividad ordinaria del Consejo de Ministros con la
adopción de decisiones de desclasificación que tendrían que ser
específicas y que alcanzarían una enorme cantidad. Como penúltima
objeción temporal, previamente a su elevación al Consejo de Ministros,
los documentos tendrán que pasar por el Centro Nacional de Inteligencia,
que llevará a cabo una segunda revisión. Y también, en este caso,
nuestros servicios de inteligencia sufrirían mucho para destinar personal
y medios a una labor de este tipo.


En cuanto a la posibilidad de externalizar parte de estos
cometidos, nos encontraríamos con el inconveniente de que al final la
valoración para determinar si se pueden o no desclasificar determinadas
materias correspondería a personal del ministerio, en su mayoría
oficiales y oficiales generales de las Fuerzas Armadas, por lo que esta
colaboración sería meramente de apoyo administrativo. La propia labor de
presupuestación y el cálculo de necesidades y de recursos humanos y
materiales tendría que ser realizado por personal especialista,
acreditado, capacitado y organizado en los respectivos equipos y grupos
de trabajo. No se considera factible disponer de un presupuesto en tanto
no se haya dimensionado completamente el volumen de trabajo de
desclasificación de los documentos citados. En definitiva, estamos ante
un proceso largo, costoso y que requiere la mayor atención y delicadeza.
Se trata de cuestiones reservadas que pueden afectar potencialmente a la
seguridad nacional, a las relaciones con otros países y a la propia
intimidad de las personas cuyos dosieres o cuya información se encuentra
en esos documentos.


En estos momentos, el Ministerio de Defensa, como ya tantas veces
he reiterado, no cuenta con los medios técnicos de personal y recursos
presupuestarios para afrontar una tarea que no se considera prioritaria
en estos momentos, habida cuenta del escenario de seguridad en el que nos
movemos, para la defensa nacional.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor
ministro.


Tiene la palabra el senador interpelante, al amparo del
artículo 87, por tiempo de cinco minutos.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias.


Señor ministro, gracias por la respuesta, pero su argumentación se
cae como un castillo de naipes. ¿Sabe por qué? Porque de 1984 a 2010 los
investigadores podían ir a la sala de lectura y consultar los archivos,
sin todo esto que usted ha dicho. De 1984 a 2010. El conflicto aparece
en 2011, cuando el secretario general técnico del nuevo Gobierno aplica
la decisión del Partido Socialista y no deja investigar. Esto se tiene
que hacer, pero sin esto, durante dieciséis años, se funcionó y no hubo
ninguna queja de los investigadores. ¿Qué respuesta me da a esto? ¿Cómo
es posible que de 1984 —con el acuerdo del señor Morán—
a 2010 —y tengo documentos e informaciones— se pudiera ir a
la sala de lectura del archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores
—de usted no tengo información—, se pudiera ver todo y ahora
me dice que no se puede?


Pero fíjese en otra cosa. Usted ha dicho al comienzo que esto no
es prioritario para el Gobierno. Le voy a leer una carta de agosto
de 2013 del ministro de Asuntos Exteriores a los historiadores, que
responde a lo que usted dice que no es prioritario y que nunca lo ha
sido. Dice lo siguiente: «Desde el departamento se ha preparado un
proyecto de acuerdo del Consejo de Ministros que sustituya al de octubre
de 2010 y que permita un acceso más fácil y libre a la documentación con
algunas exclusiones, en particular, aquellas que afectan a intereses
nacionales». ¿Dónde está este acuerdo? Han pasado dos años. Hay una carta
escrita. ¿Dónde está el acuerdo? Porque se comprometió el ministro de
Asuntos Exteriores.


Lo que está diciendo este documento que le han escrito —que
es normal que se lo escriban porque el ministro no puede estar en
todo— es, por un lado, que usted no considera que esto haya
funcionado durante dieciséis años —funcionaba más o menos bien,
pero funcionaba— y que a partir de 2010 se da un retroceso terrible
como no se ha dado en ningún otro país europeo, y, por otro, que hay un
compromiso del Gobierno en una carta firmada. El ministro de Asuntos
Exteriores ya ha escrito tres cartas en las que dice que va a modificar
el acuerdo. Todo esto que usted ha dicho se puede hacer, es fácil. Yo
propongo un acuerdo del Consejo de Ministro, el retorno a la posibilidad
de investigar en el Ministerio de Asuntos Exteriores y una modificación
de la Ley de secretos oficiales que solo tiene que decir una cosa:
cuántos años. Se puede no desclasificar, pero decir cuántos buques de
guerra había en 1940 o en 1946, ¿compromete a la seguridad nacional?
Hablar de las unidades del Sáhara o de Ifni, ¿compromete a la seguridad
nacional? Una investigación sobre Radio Pirenaica, ¿compromete a la
seguridad? Todo lo que pasa en 1931, ¿compromete a la seguridad? Pues no.
Entiendo que ustedes tengan una relación —en algunos sitios está en
cajas y lo único que se ha hecho es abrir la caja, comprobar que estaban
los expedientes y cerrarla — y entiendo que si hay un documento del
año 1970 en el que hay unas conversaciones entre el entonces jefe del
Estado y Estados Unidos que creen que puedan interferir en la seguridad
lo declaren secreto. Esto lo entiendo. Pero lo que no entiendo es lo
otro. Usted me da una respuesta muy burocrática, pero si viera la
realidad, si hablara con la gente y viera lo que ha pasado, comprendería
que es mucho más fácil. Por tanto, yo le propondré en la moción que
cumpla lo que el ministro de Asuntos Exteriores dijo hace dos años y que
inicien un proceso de reforma de la ley, que simplemente ha de decir
cuántos años y qué materias quedan excluidas, y que todo lo demás lo
vayan haciendo, porque hay mucho trabajo. A nuestro grupo se le aprobó
una moción —usted lo ha comentado— con una transaccional del
Grupo Popular, y no han hecho nada después de tres años. No le digo que
lo hagan inmediatamente, pero si en 2012, en una moción, el Grupo Popular
propone una transaccional para empezar a hacer cosas y hoy viene usted
aquí y dice que no han hecho nada, no acabaremos nunca. Por lo tanto,
señor ministro, le agradezco su tono; creo que acordar la sustitución del
acuerdo de 2010 es fácil, que hacer la ley en estos términos es fácil,
que mantener la dinámica que se mantenía era fácil y, sobre todo, que hay
que empezar a trabajar. Nadie se va a quejar si se tarda cuatro o cinco
años. ¿Yo de qué me quejo? De que no se ha hecho nada. Y este es un tema
muy importante, insisto, no solo para los historiadores, sino para la
historia de la democracia del Estado español.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor
Saura.


Cierra el debate, al amparo del artículo 84.4 y en nombre del
Gobierno, el señor ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Gracias, señor
presidente.


Señoría, en efecto, su interpelación versa sobre la modificación
de la Ley de 5 de abril de 1968 en el sentido de fijar un límite de años
a partir del cual se desclasifiquen automáticamente los documentos,
cualesquiera que sean. En mi primer turno le he explicado cuál es la
situación. Cuando dice usted que no se ha hecho nada, creo que ya le he
dicho lo que se ha hecho para poder adoptar cualquier tipo de decisión
sensata con estos documentos. Hace usted un repaso irónico de algunos
elementos que podrían no tener ningún tipo de connotación desde el punto
de vista de la seguridad nacional, de las relaciones exteriores o de la
salvaguarda de la intimidad de determinadas personas que podrían verse
reflejadas en esos documentos. Evidentemente, en los ejemplos que su
señoría pone obviamente no la hay, también se lo digo yo, pero estamos
hablando de muchísimas cosas además de los barcos italianos que estaban
por ahí. Con lo cual, si queremos poner ejemplos, centrémonos en el fondo
de la cuestión, en los conceptos, es decir, seguridad nacional,
relaciones exteriores e intimidad de las personas.


Le insisto, este Gobierno no considera prioritario ahora, en estos
momentos —porque no puede hacerlo con los recursos que
tiene—, modificar la actual Ley de secretos oficiales para
establecer únicamente un procedimiento de desclasificación en el
transcurso de un determinado periodo de tiempo.


Y los países a los que usted ha hecho referencia también toman
todas las salvaguardias en este asunto. Hay un límite temporal para
desclasificar, pero también unas condiciones a las cuales se somete ese
límite temporal, que son exactamente las que yo acabo de señalar: la
seguridad nacional, la seguridad de las relaciones exteriores y la
intimidad de las personas. En algunos países funciona así. Por lo tanto,
si utilizamos la legislación comparada, utilicémosla en todo su
alcance.


Fuera de lo que antes les avanzaba respecto a la inmersión, vuelvo
a repetir que ni el Gobierno ni el ministerio de Defensa son contrarios a
la desclasificación de estos documentos, pero quiere hacerla con todas
las garantías, y para eso necesita de unos determinados medios. Hasta que
no tengamos esos medios, señoría, no podremos abordar con rigor y
responsabilidad esta desclasificación. Y lo lamento mucho, porque me
encantaría, créame, poder hacerlo. No tengo nada en contra de
desclasificar documentos que ayuden a conocer la historia de España,
nada; al revés, me parece fundamental y básico para que todos nos
conozcamos mejor y sepamos muy bien de dónde venimos y adónde no queremos
volver. Eso está muy claro, pero también le digo una cosa: no lo voy a
hacer a costa de la seguridad del Estado, ni de las relaciones
exteriores, ni de la intimidad de las personas.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor
ministro.









INTERPELACIÓN SOBRE LA VALORACIÓN QUE REALIZA EL GOBIERNO DEL
PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA REGULACIÓN DE LAS
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LAS MODALIDADES DE
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON AUTOCONSUMO Y DE PRODUCCIÓN CON
AUTOCONSUMO.


670/000192

AMELIA SALANUEVA MURGUIALDAY (GPMX)


El señor vicepresidente, Lucas Giménez, da lectura al
punto 4.2.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Tiene la palabra la
senadora Salanueva, por tiempo de quince minutos.


La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, buenas tardes.


Durante la tramitación y aprobación de la Ley del sector
eléctrico, como bien sabe usted, enmendamos dicho proyecto, entre otras
cuestiones en lo relativo al autoconsumo, pues considerábamos que no era
justo el peaje de respaldo que se le aplicaba para soportar los costes
del sistema eléctrico. Y es que el autoconsumo eléctrico evita costes,
racionaliza el consumo —decíamos—, contribuye al cumplimiento
de los objetivos establecidos por la Unión Europea en materia de energía
y medioambiente, favorece el desarrollo igualitario de la industria
energética, promueve la competitividad entre tecnologías y el
abaratamiento de costes, reduce el precio de la electricidad para el
consumidor final y, quizá lo más importante, crea empleo.


La verdad es que en estos momentos lo más grave y cierto es que el
mayor problema para el autoconsumo está no solo en la Ley del sector
eléctrico, sino en el proyecto de real decreto por el que se establece la
regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de
las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de
producción con autoconsumo que el Gobierno ha presentado y hecho público
el pasado 5 de junio. Como digo, este es el verdadero problema para
ciudadanos y pequeñas y medianas empresas en caso de aprobarse el
proyecto de ley tal cual. El borrador ha hecho saltar las alarmas de
empresas, particulares, asociaciones de consumidores, asociaciones
sectoriales ambientales e, incluso, de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia y otros organismos. Sin que haya concluido el
plazo de alegaciones —previsto para mañana—, más de 9000
firmantes han procedido a manifestar su queja y discrepancia con la
propuesta del Gobierno en relación con el autoconsumo. Ya en 2011, el
Real Decreto 1699 señalaba la necesidad de regular el autoconsumo y
establecía un plazo de cuatro meses. Sin embargo, ni en cuatro meses ni
en cuatro años se ha hecho nada, lo cual revela, a nuestro juicio, la
escasa importancia que este Gobierno ha dado al tema.


Pero lo que nos parece más grave es que ahora, al final del
mandato, y casi por la puerta de atrás —aunque el señor ministro me
dirá que ya se ha abierto el plazo de alegaciones, como no puede ser de
otra manera, y se ha puesto en conocimiento de los organismos
afectados—, se plantee una regulación tan negativa para el
autoconsumo mediante el procedimiento de real decreto, en vez de a través
de un proyecto de ley, que pudiera debatirse con sosiego y participación
en las Cortes Generales. Cumplir con los necesarios requisitos de
transparencia y participación de los grupos y agentes sociales nos
hubiera parecido mucho más positivo, incluso siendo receptivos y no
haciendo oídos sordos a las recomendaciones de organismos públicos
independientes. Son muchos y claros los informes que usted conoce bien,
emitidos a favor del autoconsumo por el Defensor del Pueblo, por la
Comisión Nacional de la Energía y también por la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, etcétera, que no voy a leer.


Es conclusión generalizada que la medida planteada desincentiva
totalmente la práctica del autoconsumo. Es más, a nuestro juicio, va
totalmente en contra. Se establecen cortapisas, frenos, trabas, barreras
—como usted quiera denominarlo— económicas, administrativas y
técnicas; barreras técnicas y tecnológicas tan concretas como las
relativas a las baterías. Mucho se ha hablado sobre las baterías en los
sistemas de acumulación. Y usted me dirá: explícitamente no se prohíbe el
uso de baterías, pero convendrá conmigo en que las previsiones del real
decreto suponen una traba técnica al modelo, y eso es así porque, aunque
el borrador no prohíbe de manera explícita el uso de baterías, sin
embargo para los sistemas de menos de 100 kilovatios se prohíben sistemas
de acumulación y si, por lo que fuera, se solventara o se levantara esa
prohibición, se establecería un cargo extra a los sistemas con
acumulación que harían inviable la recuperación de las inversiones.


Nos parece que el texto —y así también lo han calificado
expertos en la materia mucho más que yo— es confuso y farragoso. Me
podría decir usted que yo no sé del tema y podría admitírselo, pero
expertos y técnicos en la materia dicen que es casi ininteligible para
los expertos, que induce a confusión e inseguridad jurídica y, además,
choca frontalmente con normas aprobadas por distintas comunidades
autónomas españolas en el ejercicio de sus competencias. Hay normas
aprobadas para el desarrollo del autoconsumo en Barcelona, en Madrid, en
Murcia, en Aragón, en Navarra. Se dice también —y nosotros así lo
hemos considerado— que no está a favor de la normativa europea, de
las directivas europeas. La propia memoria del decreto justifica la
directiva europea. Sin embargo, a nosotros nos parece que tanto la
Directiva de renovables 2009/28 como la de eficiencia energética 2012/27
dicen precisamente todo lo contrario de lo que ustedes establecen en el
borrador de real decreto. No lo voy a leer entero para no ser muy
prolija, pero sí quiero que conste en el Diario de Sesiones que el
artículo 13 dice: Los Estados miembros aplicarán a las renovables normas
objetivas no discriminatorias y simplificadas para favorecer los pequeños
proyectos y la generación distribuida. El 16 insta a aprobar normas de
reparto de costes para la integración de las renovables con criterios
objetivos, transparentes, no discriminatorios y que tengan en cuenta los
beneficios que las renovables aportan a la red. Las tarifas no podrán ser
discriminatorias y deberán reflejar los beneficios que aporta el sistema.
Asimismo, la 2012/27 en su artículo 15 dice que los Estados miembros
suprimirán los incentivos y las tarifas que menoscaben la eficiencia
energética o que impidan la participación de los consumidores en la
gestión de la demanda. Los artículos 18 y el 19 de la misma directiva
piden que no se obstaculice el acceso a los servicios energéticos o a las
medidas de eficiencia energética para no cerrar el mercado a la
competencia ni permitir el abuso de posición dominante de las empresas
distribuidoras —tema muy importante—, y también pide a los
gobiernos que tomen medidas para suprimir barreras de todo tipo que se
opongan a la eficiencia energética.


Frente a lo que establecen dichas directivas, el borrador, a
nuestro juicio, incorpora un modelo basado en el establecimiento de
barreras económicas y administrativas; no solo técnicas, como he dicho
antes, en materia de baterías, sino también administrativas y técnicas.
¿Por qué decimos que hay trabas administrativas, señor ministro? Porque
el borrador exige a todos los autoconsumidores solicitar la conexión y el
acceso a las redes a la compañía distribuidora de la zona, dejando al
arbitrio y discrecionalidad de los propietarios de las redes —sobre
todo a los de distribución— la potestad de admitir o denegar nuevas
instalaciones de producción bajo criterios de seguridad y calidad de
suministro.


Así pues, el procedimiento se complica, pero, además, se hace
discrecional, que eso, en nuestra opinión, es muy peligroso, dejándolo al
arbitrio de las distribuidoras. Y quizá lo más grave, señor ministro, a
nuestro juicio, es que esta solicitud de conexión se exige también a las
instalaciones ya puestas en marcha con anterioridad y ya legalizadas, a
aquellas legalizadas que son inferiores a 100 kilovatios de potencia y
también a los sistemas de autoconsumo que nunca evacuan energía a la red.
Nos parece que esto tiene un carácter de retroactividad que no debe ser
contemplado y que podría suponer una ilegalidad manifiesta de aprobarse
tal como está previsto.


Trabas económicas a las que yo hacía referencia: dos impuestos
letales que vienen a sustituir al peaje de respaldo, como son un peaje de
acceso a las redes y otro asociado al resto de los costes del sistema,
van a ser una traba y un golpe mortal de necesidad para los sistemas de
autoconsumo. Estos impuestos, señor ministro, asfixiarán al autoconsumo,
aunque estamos de acuerdo —porque alguna vez usted me lo ha dicho
en comisión— en que tienen que contribuir y pagar, como todos, por
las redes que se usan; estamos de acuerdo, señor ministro, en que el
autoconsumidor pague por los costes del sistema, por el uso efectivo que
hace de las redes, igual que el resto de los consumidores; es decir, debe
pagar por los costes del sistema, por la potencia que tiene contratada en
su suministro, esto es, la potencia que le da derecho a utilizar la
infraestructura eléctrica en cualquier momento, y debe pagar también por
los costes del sistema, por la energía adquirida en la red. Sin embargo,
señor ministro, no es de recibo que, además, un autoconsumidor pague
también por los costes del sistema cuando no hace uso de ellos porque
consume la energía que él mismo produce. El autoconsumidor ya paga por el
respaldo del sistema, pero no tiene sentido que además deba contribuir al
sistema con una energía que no está demandando en la red. Pondré dos
ejemplos para ilustrarlo que a mí me han servido de mucho: es como si
quisiéramos cobrar a un particular que lee con luz natural por la energía
que hubiera utilizado si hubiera encendido una bombilla, o como cobrar
por usar bombillas de alto rendimiento porque tienen menos consumo. De
mantener esta exigencia, el autoconsumidor se convertirá en el principal
pagano —en el sentido de pago— o aportante a los costes del
sistema, y este ataque económico supondrá la inviabilidad del
sistema.


A nuestro juicio, señor ministro, se ha optado por un modelo que
va a la contra del derecho comparado y de la regulación internacional.
Países como Portugal, Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, Gran Bretaña,
Holanda apuestan por impulsar el autoconsumo a través del sistema de
balances netos basados en el intercambio de kilovatio/hora entre las
instalaciones de generación y el sistema eléctrico. Sin embargo, este
Gobierno apuesta por un sistema en el cual o bien el autoconsumidor vende
sus excedentes en el mercado de producción obteniendo un beneficio
económico o bien los cede de forma gratuita sin mediar precio. Y
nosotros, al igual que los países de nuestro entorno físico y económico,
consideramos que ni una cosa ni la otra, sino un término medio, que es la
naturaleza y la filosofía del autoconsumo, y es que tiene que existir una
rentabilidad, un concepto amplio que trasciende el interés lucrativo y
especulativo, sin que suponga pérdidas para quien instale una instalación
—valga la redundancia— basada en el autoconsumo. A nuestro
juicio, señor ministro, se han obviado todas las ventajas del sistema de
autoconsumo: económicas, de competitividad, medioambientales,
productivas, y una regulación como la prevista provocará la paralización
total de la industria fotovoltaica debido a lo injusto y excesivo de los
nuevos peajes y tributos, a la prohibición de la acumulación, a una
inviabilidad económica de las instalaciones, y dará lugar, de aprobarse
tal como está previsto, a una legislación confusa y con muchas trabas de
tramitación administrativa.


La clave de la cuestión es la apuesta que el Gobierno ha hecho
desde la aprobación de la Ley 24/2013 del sector eléctrico, cuyo objetivo
es la sostenibilidad de los ingresos del sistema eléctrico mediante la
subida automática de los peajes, prescindiendo de la eficiencia
energética, porque la mayor verdad es que el ahorro de energía significa
menos ingresos para el sistema eléctrico, y eso hace quebrar el modelo
diseñado por el Gobierno. Esa es la clave, que se consuma mucho para
evitar el déficit de tarifa a futuro, que pagamos los consumidores, y que
se sustenta sobre una serie de costes reconocidos a las empresas
eléctricas pero no reales. Con eso estaría dicho todo, sin embargo, al
actual modelo eléctrico no le conviene el ahorro de energía, la
eficiencia energética, porque lo descuadra. Eliminando el autoconsumo,
señor ministro, se perpetúa un sistema eléctrico caro, anticuado y poco
transparente.


Pensamos que es el momento oportuno para iniciar un proceso de
reflexión, de diálogo; posiblemente, algunas de mis afirmaciones estén
erradas, usted tendrá otros datos para contrastar los míos, pero le
pedimos diálogo, voluntad de llegar a un acuerdo y sensibilidad hacia las
propuestas que se han realizado o que se van a realizar porque, como he
dicho, el plazo para su presentación finaliza el día 24. Desde luego,
Unión del Pueblo Navarro, aunque no nos compete porque de seguir su
tramitación no llegará aquí ese real decreto, no comparte la literalidad
de lo que ustedes han presentado a exposición pública.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Salanueva.


Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno tiene la
palabra el señor ministro de Industria, Energía y Turismo.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López):
Muchas gracias, señor presidente.


Señoría, le agradezco la oportunidad que me brinda para a través
de esta interpelación fijar una vez más en esta Cámara la posición del
Gobierno con relación al autoconsumo de energía eléctrica, que me
permitirá decir que no tiene nada que ver con lo que usted acaba de
exponer. Y se lo voy a demostrar.


La primera vez que se regula el autoconsumo en España es mediante
el Real Decreto Ley 9/2013, de 12 de julio, cuando se crea el registro
para autoconsumidores de energía eléctrica. Posteriormente, la Ley del
sector eléctrico 24/2013, de 26 de diciembre, garantiza el desarrollo
ordenado del autoconsumo; autoconsumo que este Gobierno regula por
primera vez, nunca antes había estado regulado, pero tiene que hacerlo,
como todo en la vida, compatibilizándolo con otro tipo de objetivos;
supongo que usted estará de acuerdo conmigo en que el autoconsumo tiene
que ser compatible con una garantía de sostenibilidad técnica del
sistema; en esto creo que estaremos totalmente de acuerdo. Pero, además,
el autoconsumo debe ser compatible también con la sostenibilidad no solo
técnica, sino económica y financiera del sistema para evitar que ocurra
lo que ha ocurrido ya en este país entre 2004 y 2012 con la generación
creciente de un desfase entre los ingresos y costes del sistema, eso que
se conoce como el déficit del sistema eléctrico; no el déficit de tarifa,
como usted ha dicho, porque si acepta que es déficit de tarifa estará
diciendo entonces que la solución es aumentar la tarifa. Pero no es así,
la solución al déficit del sistema eléctrico es aumentar los ingresos y/o
disminuir los costes. No hay otra manera. La habría, pero está descartada
por el Gobierno, que es el incremento en la tarifa eléctrica.


Además, el sistema de autoconsumo que el Gobierno establece en la
Ley del sector eléctrico determina la obligación para las instalaciones
de autoconsumo que estén conectadas a la red de contribuir a la
financiación de los costes y de los servicios del sistema eléctrico. ¿Y
por qué? Por una razón muy sencilla: si yo soy un autoconsumidor, genero
la electricidad que consumo y no estoy conectado a la red, no tengo más
que pagar el coste de la inversión de mi instalación; no pagaría el coste
de la energía a ninguna compañía, no pagaría impuestos, ni el IVA ni el
impuesto sobre electricidad, y no pagaría ningún tipo de costes, ni de
transporte, ni de distribución, ni de sistemas insulares y
extrapeninsulares, ni pagos por capacidad de respaldo. No pagaría nada.
Pero si soy un autoconsumidor, quiero estar conectado a la red y no pago
por los peajes de transporte y distribución ni por los costes de los
servicios que paga el resto de los consumidores, usted, que no está en
autoconsumo, me estaría financiado a mí. Y eso es lo que cree el Gobierno
que es profundamente injusto. Le voy a explicar por qué y además también
le diré que hay excepciones en la ley; es decir, si hay supuestos de
autoconsumo en los que su introducción suponga una disminución en el
coste global de la generación para todo el sistema, y esa disminución del
coste sea superior a lo que se pagaría por el importe de los peajes en
transporte y distribución y de los costes asociados a las actividades
reguladas del sistema, en ese caso, como ocurre en Baleares, Canarias,
Ceuta y Melilla, porque son sistemas aislados, evidentemente, hay un
tratamiento especial que también viene especificado en el proyecto de
real decreto.


El autoconsumidor puede ser aquel que o bien autoconsume lo que
produce y no está en absoluto conectado con el sistema, o bien que
produce aquello que va a consumir pero que tiene un enganche a la red
para una de dos cosas, o las dos: para que en el caso de que no produzca
suficiente para su propio consumo pueda obtenerlo de la red o incluso
para el caso contrario, que produzca más de lo que consume y lo pueda
verter a la red vendiendo esa electricidad al resto. Pues bien, en este
último caso, aparte de consumidor, esa persona, ese autoconsumidor sería
un sujeto productor porque estaría produciendo electricidad y la estaría
vertiendo. Por todo ello, el Gobierno ha considerado necesario regular el
autoconsumo. Usted me decía que lo había hecho muy tarde, al final de la
legislatura. Pues sí, no le voy a decir que no, pero haga un repaso de
todo lo que este Gobierno ha hecho en materia energética a lo largo de
esta legislatura: nada más y nada menos que terminar con el déficit en el
sistema eléctrico y con el incremento continuado y persistente en la
factura de la electricidad de los consumidores españoles. Por cierto, es
la primera vez que un gobierno regula el autoconsumo: en primer lugar, es
la primera vez que lo introduce en la Ley del sector eléctrico y, en
segundo lugar, lo regula por un real decreto ley.


¿Qué es lo que se pretende? En primer lugar, se pretende
compatibilizar la generación a pequeña escala, la que está vinculada al
propio consumo, con la sostenibilidad económica y financiera del sistema
eléctrico y, además, con la posibilidad de que la Administración Pública
pueda garantizar el desarrollo del autoconsumo y que este no comprometa
ni la seguridad de la red —señoría, en esto estaremos de
acuerdo— ni tampoco el impacto económico que pueda tener en los
consumidores que no están en autoconsumo.


El autoconsumo, como antes le decía, tiene un especial interés en
los sistemas aislados porque puede contribuir a disminuir el coste global
de generación para todo el sistema. Es verdad que el autoconsumo tiene
distintas ventajas sobre el consumidor convencional. En primer lugar, el
autoconsumidor no paga a ninguna compañía de generación eléctrica porque
está generando su propia electricidad. Hay otra ventaja, y es que el
autoconsumidor no tiene que pagar su parte de los costes de las
actividades reguladas del sistema siempre y cuando, lógicamente, no esté
enganchado a ese sistema. Y hay una tercera ventaja, y es que no tiene
que pagar ni IVA ni el impuesto sobre la electricidad sobre aquello que
está consumiendo. Sin embargo, el autoconsumidor tiene un inconveniente,
y es que se tiene que financiar su propia inversión y, por cierto, es una
inversión que no tiene un coste bajo. Eso sí, si aparte de consumir
aquello que produce el autoconsumidor, lo que quiere es estar conectado a
la red por si acaso, entonces, tal y como hacen el resto de los
consumidores, tiene que afrontar una serie de costes que están asociados
a la red, pero no solo de transporte y distribución, sino que hay otro
tipo de costes de las actividades reguladas del sistema. Por ejemplo,
suponga usted que hay un autoconsumidor que en un momento determinado,
estando enganchado a la red, no produce lo que necesita para consumir y
lo importa del sistema. Y suponga usted que en ese momento tiene que
estar importando, comprando esa energía eléctrica de centrales térmicas
por las que se está pagando un respaldo. ¿Ese respaldo lo paga solo el
resto de los consumidores o lo paga el resto de los consumidores y
también el autoconsumidor que se está beneficiando de él? Nosotros
creemos que lo tienen que pagar todos los consumidores, porque pagar o no
el respaldo no tiene nada que ver con que sea o no sea autoconsumidor,
tiene que ver con que lo utilicen. No tiene nada que ver, ese es el error
de quienes defienden que haya nuevamente una burbuja en el sistema
eléctrico que antes vino por las tecnologías renovables y ahora se
pretende que venga por el autoconsumo. Eso es lo que un gobierno
responsable tiene que evitar. Señoría, es muy bonito eso de venir aquí y
decir: es que se pretende establecer —como se escucha por
ahí— impuestos al sol, peajes al sol y peajes al viento. No es
verdad; es al contrario, quien tenga autoconsumo, frente a otro tipo de
consumidores, no paga ni IVA ni paga impuesto de electricidad. Ahora
bien, si yo estoy en autoconsumo y usted no y usted está contribuyendo
como consumidor eléctrico a financiar todos los años el importe de la
amortización de principal e intereses de la deuda del sector eléctrico
que ha sido acumulada a lo largo de los últimos doce años, ¿usted cómo me
va a pedir a mí que yo no lo pague y usted sí? ¿Por el hecho de estar yo
en autoconsumo? Sería profundamente injusto, señoría. De verdad, se está
mal informando a la opinión pública cuando se está diciendo en algunos
ámbitos que el Gobierno no quiere el autoconsumo. Eso es falso, lo que no
quiere el Gobierno es que aquel que tiene autoconsumo esté sufragando una
parte de sus costes con lo que están pagando otros consumidores. Por
tanto, se está montando un debate absolutamente ficticio en relación con
esta cuestión. Además, señorías, no estaría en absoluto justificado.
¿Sabe por qué? Porque, al final, habría una cuestión también de justicia,
y es que serían los consumidores más vulnerables, que son aquellos que
normalmente no tienen recursos para acceder a una financiación de una
inversión de autoconsumo, los que seguirían en el consumo convencional y
estarían financiando al resto que está en autoconsumo parte de los costes
regulados del sistema. Por tanto, señorías, no tiene ningún sentido que
se diga que no se pretende impulsar el autoconsumo, porque es exactamente
al contrario: es la primera vez que un gobierno en España lo
impulsa.


Usted también ha hecho referencia a las baterías, pero, ¿dónde ha
visto usted que se haya establecido impuesto, canon, peaje, tributo,
contribución a una batería para acumular electricidad? No es verdad,
usted puede tener una batería en su casa para acumular, y puede tenerla
si es autoconsumidor o si no es autoconsumidor. Suponga usted que es
autoconsumidor y tiene una batería y una parte de lo que está produciendo
de electricidad la autoconsume y la otra la almacena en su batería, nadie
paga absolutamente nada por eso. Ahora bien, si usted es autoconsumidor,
tiene un enganche a la red por si algún día se queda corto y quiere
obtener electricidad del resto del sistema y además tiene una batería, si
usted puede acumular energía del resto del sistema en esa batería, tendrá
que pagar por esa batería en función de la potencia instalada que tenga,
pero como cualquier otro consumidor, a no ser que usted me diga: yo
quiero que se introduzca una disposición en el real decreto para que
aquellos que tengan una batería en su casa y puedan acumular energía de
aquella que importan del resto del sistema no paguen ni contribuyan a
ningún coste. La siguiente pregunta sería: ¿se la pagamos el resto?
Usted, cuando contrata la energía eléctrica ya sabe que paga una parte
por el término de potencia y otra parte por lo que consume. Aquí es
exactamente el mismo caso. No se ha establecido ningún impuesto, señoría,
por más que usted lo diga. No hay ningún tipo de impuesto ni de canon ni
de carga a ningún tipo de batería. Las baterías están para acumular
energía, y usted la puede acumular por el procedimiento del autoconsumo:
si usted no está conectado, no paga absolutamente nada y, si está
conectado, paga como el resto. Eso sí, paga en función de la utilización
de la red; pero en el término fijo que pagan todos los consumidores usted
tendrá que pagar de acuerdo también a lo que paga el resto de los
consumidores.


Señorías, el importe de los peajes de acceso se paga en función
del uso real de la red; es decir, en función de la demanda de energía
eléctrica que usted esté haciendo en cada momento del sistema eléctrico.
Estos peajes de acceso tienen dos componentes: uno fijo y otro variable.
El componente fijo lo paga todo el mundo en función de la potencia que se
tenga contratada, pero el variable depende directamente de la evolución
de la demanda y, por tanto, de la energía que usted demande.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, vaya
terminando.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López):
Señoría, nadie paga peaje de acceso a la red por la energía que
autoconsume en el caso de que no haya enganche a la red, pero si lo hay,
tiene que pagar; de lo contrario, esos costes de la red, de las
actividades reguladas, estarían siendo financiados por el resto de los
consumidores, y eso sería profundamente injusto.


Por tanto, es la primera vez que se regula el autoconsumo; es la
primera vez que se contempla en la Ley del sector eléctrico, y en este
real decreto lo que se regula, en definitiva, son las condiciones para
hacer compatible el autoconsumo y la sostenibilidad técnica, económica y
financiera del sistema.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias, señor
ministro.


Tiene la palabra la senadora interpelante.


La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, señor presidente.


Señor ministro, le daré las gracias por cortesía, como no puede
ser de otra manera, pero me parece que ha hecho afirmaciones un poco
gratuitas, por lo menos en lo que a mí respecta. Me dice que es muy fácil
y bonito venir aquí y actuar con frivolidad, me acusa usted de
frivolidad. Pues lo lamento mucho y me parece impropio de usted. Me
parece impropio que me lo diga a mí que he tenido una actitud
absolutamente responsable con el Gobierno, por la situación general y por
la particular que afecta a Navarra, pero también porque estoy ejerciendo
la labor de oposición. Para eso estamos, para poder interpelarle y
preguntar en un momento crítico y decisivo de este real decreto.


Dice usted que es la primera vez que se regula. Efectivamente, ha
dicho que en el decreto de 2011 era la primera vez que se hablaba de
autoconsumo y se daba un plazo de cuatro meses, que no se cumplió, para
regular el autoconsumo. Bienvenido. Tarde, pero bienvenido porque era
necesario regular el autoconsumo, así que no tengo nada que decir.


No puedo admitir en términos dialécticos y políticos la acusación
que vuelve a hacer, primero soterrada, pero luego lo ha dicho
directamente, en cuanto a que las reivindicaciones que se realizan en
este momento en contra del real decreto de autoconsumo van a fomentar
otra vez una burbuja similar a la de las renovables con las decisiones
que el Gobierno socialista adoptó en los años anteriores al 2011. Lo
niego, y le diré por qué. Creo que —ha sido una constante—
hay cosas que se hicieron mal. Ciertamente, no se deberían haber hecho
nunca o se deberían haber hecho de otra manera, pero esa culpabilización
permanente a las renovables del déficit de tarifa, dice usted, no del
eléctrico, me parece que es injusto. En estos momentos nadie pretende, y
mucho menos esta portavoz, generar una burbuja y establecer una serie de
exenciones, ventajas, ayudas, subvenciones para quienes decidan optar por
el autoconsumo. Simplemente, señor ministro, le digo que el Gobierno de
España opte por una legislación similar a la del resto de Europa. No
estamos leyendo en los periódicos europeos que haya problemas ni burbujas
energéticas por las ayudas al autoconsumo; en este sentido, estudie la
legislación de Portugal. A esta portavoz y a este grupo parlamentario le
vale con que lo que va a regular definitivamente el Gobierno sea similar
con lo que establece la legislación portuguesa.


Como ya le he explicado, creemos que hay que pagar por lo que hay
que pagar, por lo que se considera justo. También estamos pagando el plan
PIVE a quien se compra un automóvil, y lo pagamos entre todos para ayudar
a la industria de la automoción y, sin embargo, nadie considera que esas
medidas sean injustas. Por eso, pongamos cada cosa en su justo
término.


Decía usted que cualquier medida tiene que ser compatible con la
sostenibilidad técnica del sistema y, por supuesto, con la económica. Sin
duda alguna, pero es que mi grupo parlamentario jamás propone
barbaridades que hagan quebrar o que pongan en riesgo los principios de
economía, de sostenibilidad financiera y de equilibrio presupuestario de
nuestro país. Sin embargo, opinamos que no van por el camino adecuado y
nos creemos en la obligación de decírselo.


Uno de los argumentos recurrentes es indicar que el desarrollo del
autoconsumo supone un serio peligro para la estabilidad del sistema
eléctrico porque minorará sustancialmente los ingresos obtenidos.
Nosotros creemos que eso no es cierto. Obviando los beneficios que el
autoconsumo aporta al sistema —reducción de pérdidas, CO2,
cuestiones medioambientales, menor necesidad de infraestructuras y
transporte, o reducción de importaciones de combustible— la
realidad es, señor ministro, que los costes que ocasiona el autoconsumo
son menores, en todo caso, que los beneficios globales. No solo son
menores sino que además pueden ser fácilmente recuperados por el sistema
sin tener que recurrir al incremento de los peajes. Vuelvo a insistir en
que se incrimina a ciudadanos y empresas que realicen instalaciones de
autoconsumo, al contrario que en otros países. Mirémonos en el espejo de
países avanzados de nuestro entorno, con una situación sociopolítica y
económica similar a la nuestra, y veremos que allí se valora la
contribución al ahorro y al medioambiente, preservándolo para las
presentes y futuras generaciones, sin pagar costes ni indicar que lo que
no pagan unos lo tienen que pagar los otros. Esa es la acusación que se
hace permanentemente y, a nuestro juicio, es radicalmente falsa y sirve
de fundamento para poner trabas y problemas al autoconsumo.


No tengo más tiempo, pero sí le diré que, a nuestro juicio, en
relación con las zonas extrapeninsulares supondría un tremendo ahorro de
costos para el sistema que pagamos entre todos. Usted, como canario,
tendrá la sensibilidad suficiente para entenderlo así. En Canarias, cada
kilovatio/hora consumido, además de lo expuesto, ahorraría diez veces más
que la reducción de ingresos, que sería un beneficio para el sistema y
para todos los ciudadanos.


Decía —y acabo ya, señor ministro— que se mal informa.
Yo no sé si mal informamos o no, pero a mí no me corresponde informar
sino, simplemente, ejercer la labor de oposición y de control al
Gobierno. En cualquier caso, ya hay noticias en Estados Unidos, sin ir
más lejos, que ridiculizan a España —lo leí en un medio
gallego— por multar más el autoconsumo que los residuos
radiactivos. No lo digo yo, ya se indica en la fase de alegaciones al
proyecto.


Lo único que le pido es que no lo considere una frivolidad, que
mantenga una actitud de escucha y que piense que hay cosas que son
mejorables, que serían buenas para su Gobierno y para el conjunto de la
ciudadanía.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Salanueva.


Cierra el debate, en nombre del Gobierno, el señor ministro de
Industria, Energía y Turismo.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López):
Muchas gracias.


Señoría, cuando ha empezado su intervención ha dicho que en la
primera parte de la mía yo había afirmado que lo que usted había dicho
era gratuito y frívolo. Yo le propongo un pacto: que revisemos
exactamente lo que dije y si he utilizado la expresión gratuita o frívola
para referirme a lo que usted dijo, le pediré disculpas; ahora bien, si
no las he pronunciado, será usted la que me las pida a mí. ¿Le parece
bien? (Denegaciones de la señora Salanueva Murguialday). Estupendo. Lo
cierto es que ni con usted ni con nadie he utilizado nunca la palabra
gratuito, y mucho menos frívolo. Cuestión distinta es que le haya dicho
—y lo repito y espero que no le moleste— que me parece que
alguna de las afirmaciones que usted ha hecho, y que se corresponden con
la literatura existente sobre el autoconsumo, no tiene ningún fundamento,
pero de gratuita y de frívola no las he tachado. A mí me gustaría que lo
comprobáramos inmediatamente después, si a usted no le viene mal.


Efectivamente, es la primera vez que en España se regula el
autoconsumo, a través de la nueva Ley del sector eléctrico y del real
decreto que está en la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Dice que he hablado de que se generaría un posible efecto
burbuja si no lo reguláramos en estos términos y es que es literalmente
así, señoría. ¿Sabe por qué? La pregunta que hay que hacerse es que si el
coste de la energía, sin incluir impuestos y sin incluir los costes de
los peajes, es de aproximadamente de unos 50 euros por megavatio en
España, y en el caso del autoconsumo es de 130 euros ¿por qué a pesar de
ello es rentable establecer autoconsumo? Justamente porque se puede
prever la posibilidad de enganche al sistema sin abonar ni los costes
regulados ni los peajes, y esa es la razón por la que se tiene que
incluir, señoría. De lo contrario, el resto de los consumidores, insisto,
estarían financiando a aquellos otros que, libre y legítimamente, optaran
por el autoconsumo.


¿Niega usted que haya posible efecto burbuja? Pues justamente para
evitar un efecto similar al que se produjo con las tecnologías renovables
—que, por cierto, con buen criterio ya el Gobierno anterior empezó
a intentar encauzarlo a partir del año 2010— es por lo que tenemos
que regularlo. Pero, insisto, hay que hacerlo compatible con la
sostenibilidad técnica del sistema y la sostenibilidad económica y
financiera.


Pregunta usted por qué no lo hacemos como en algunos otros países
europeos donde, efectivamente, no se les cobra por los costes regulados
del sistema, aunque sí por las redes de transporte y distribución. La
razón es muy sencilla. ¿Me nombra usted algún país europeo que tenga como
coste del sistema una amortización de principales e intereses cada año
de 2500 millones de euros? ¿Me dice usted alguno? ¿Quién lo paga? ¿El
resto de los consumidores? ¿Me indica usted algún país europeo donde el
sistema eléctrico esté pagando 1800 millones de euros cada año para
intentar que el coste de generación en sistemas insulares y extra
peninsulares, como es el caso de España, tenga un coste de producción
para los ciudadanos que allí viven similar al del resto del país? ¿Hay
algún europeo que tenga eso? Si usted me lo busca, entonces, a lo mejor,
podríamos entrar en una vía de acuerdo, pero es que el caso de España es
un caso de costes regulados del sistema.


Usted también me podría decir que pasemos los pagos por capacidad,
los sistemas insulares y extra peninsulares y la amortización del déficit
a los Presupuestos Generales del Estado, pero es que esa opción no la
comparte el Gobierno. Es decir, que o va a Presupuestos del Estado o va a
los costes regulados del sistema y, en opinión del Gobierno, tiene que
seguir yendo a los costes regulados del sistema porque estamos como para
inflar más el gasto público en España... Tenga en cuenta que todavía este
mismo Gobierno está gastando por encima de la disponibilidad que tenemos
en ingresos, aproximadamente 47 000 millones de euros. ¿Inflamos esa
cifra en 10 000 millones más? ¿Nos metemos hasta los 57 000 millones?
¿Cuáles son los efectos del incremento del déficit? Señoría, a mí me
parece muy bien que esté en contra pero ¿cuál es la alternativa? ¿Lo
metemos a Presupuestos Generales del Estado? Insisto, otros países no
tienen los problemas de costes regulados del sistema como tenemos
aquí.


Luego me decía usted que lo hagamos como con el PIVE, que va con
cargo a los presupuestos. Pero no, señoría, el PIVE, afortunadamente, no
tiene nada que ver con esto porque es una herramienta que tiene un
retorno, en términos de recaudación, superior a la aportación que se hace
desde el presupuesto. Además, el PIVE ha contribuido a contar en España
con un sector de la automoción netamente exportador y está habiendo
—fíjese usted qué curioso— eficiencia energética, esa de la
que usted me habla. Porque al final, ¿qué es el PIVE? Pues sustituir
vehículos con altas emisiones por vehículos mucho más eficientes, algo
que además impulsa la industria, impulsa la exportación, impulsa la
actividad de distribución, impulsa el mercado publicitario, genera
actividad económica, genera crecimiento y genera producto interior
bruto.


Y finalmente, y respecto a que en otros países se preserva el
medio ambiente con el autoconsumo, la apuesta por las renovables,
etcétera, consulte en cualquier medio de comunicación de estos días y
verá la apuesta que se está haciendo en España por las energías
renovables. Esta misma mañana se anunciaban inversiones en varios
periódicos económicos aproximadamente por valor de 10 000 millones de
euros de cara a los próximos años. Y yo me pregunto, si de verdad es un
sistema que no da confianza, que no da credibilidad, que no cuenta con
estabilidad regulatoria, ¿cree usted que las empresas iban a invertir en
el sector de renovables? Cuando uno de los grandes operadores del sistema
eléctrico en España dice, tal y como así lo ha anunciado, que
invertirá 275 millones de euros en empresas de generación renovable,
¿cree usted que lo hace porque la estabilidad regulatoria no es propicia?
Yo creo que es exactamente por todo lo contrario.


Y esta es la razón por la que insisto en que creo que el
autoconsumo tiene que ser regulado.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría, por favor, vaya
terminando.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López):
Sí, señor presidente.


Tiene que ser regulado con un carácter sostenible en el ámbito
económico, financiero y técnico, y al final habrán de ser los
consumidores quienes elijan legítimamente si quieren estar o no en ese
sistema.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señor
ministro.









INTERPELACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL
GOBIERNO PARA TRASPASAR A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS LOS INMUEBLES QUE
TIENEN ADSCRITOS Y QUE ALBERGAN HOSPITALES, AMBULATORIOS Y SERVICIOS
SOCIALES, PERO QUE SIGUEN SIENDO PROPIEDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CON EL
FIN DE RACIONALIZAR SU GESTIÓN.


670/000194

FERRAN BEL ACCENSI (GPCIU)


El señor vicepresidente, Lucas Giménez, da lectura al
punto 4.3.


El señor PRESIDENTE: El autor de la interpelación, el senador Bel
Accensi, del Grupo Convergència i Unió, tiene la palabra.


El señor BEL ACCENSI: Muchísimas gracias, señor presidente.


Señora ministra, señorías, nuestra interpelación es sencilla en su
fundamentación. Presuponemos que el Gobierno tiene intención de solventar
un problema que se ha alargado durante muchísimos años, incluso décadas,
y queremos saber qué medidas piensa adoptar.


No me voy a extender en el planteamiento de la situación porque
entiendo que la mayoría de sus señorías ya la conocen. La génesis del
problema tuvo lugar en los años ochenta, cuando se traspasaron
determinadas competencias y servicios, especialmente en el ámbito de la
sanidad y los servicios sociales, a las comunidades autónomas. En
cumplimiento de la Ley del proceso autonómico se fueron efectuando
determinados traspasos de los servicios, pero no los edificios en que
estos se estaban prestando. Ello afecta a muchas comunidades autónomas,
pero yo me voy a referir especialmente al caso de Cataluña, donde
hablamos de 111 edificios en el ámbito de la sanidad y de 47 inmuebles en
el de los servicios sociales. Este traspaso, que no se produce ni en los
años ochenta ni en los noventa ni en los dos mil genera ciertas
ineficiencias; algunas de ellas se han ido solventando con muchísimas
dificultades, y otras no. Pero coincidiremos en que es una anomalía que
la propiedad registral de estos inmuebles y edificios la continúe
manteniendo la Seguridad Social y, en cambio, quienes efectúan las
inversiones y se encargan de su mantenimiento son las comunidades
autónomas.


Para que se hagan una idea, en el caso de Cataluña esto supone que
estos 111 edificios, que tenían un valor tasado inicialmente en 1989, de
mutuo acuerdo entre el Estado y la Generalitat, en algo más de 60
millones de euros, hasta el año 2011 la Generalitat haya efectuado
inversiones por valor de más de 400 millones de euros.


Le pondré dos ejemplos, uno que conozco personalmente, el del
Hospital Verge de la Cinta, tasado en 1989 en 1 200 000 euros y en el que
la Generalitat ya ha invertido más de 13 millones de euros; y el más
emblemático, el Hospital Universitario de la Vall d’Hebron, tasado
en aquel momento, en 1989, en 60 millones de euros y en el que la
Generalitat había invertido hasta 2010, si no recuerdo mal,
aproximadamente 460 millones de euros. Prácticamente se multiplica por
diez el valor invertido en estos edificios.


De hecho, ha habido requerimientos del Tribunal de Cuentas en
innumerable ocasiones, también lo recogían así los acuerdos del Pacto de
Toledo y al final de la legislatura anterior, si no recuerdo mal, el 1 de
agosto se aprobó la Ley 27/2011 de modernización del sistema de la
Seguridad Social. En la disposición adicional trigésima octava de esta
ley se preveía además una cuestión que entendemos que también se deberá
solventar en algún momento: la cancelación de unos antiguos préstamos
—concretamente once— de la Administración General del Estado
a la Seguridad Social. La forma de cancelar sin desequilibrar
financieramente las cuentas del Estado y las de la Seguridad Social era
precisamente la entrega por parte de la Seguridad Social de estos
inmuebles a la Administración General del Estado —se dio un plazo
de seis meses que después no se cumplió—; y, a la vez, con carácter
inmediato, la Administración General del Estado se obligaba a traspasar
estos inmuebles a las comunidades autónomas.


Ustedes pueden pensar que se trata de un mero capricho por
mantener la titularidad, pero es una cuestión de justicia, es razonable
y, a la vez, es para generar una cierta eficiencia. Esto genera
innumerables problemas en la gestión del día a día; algunos se han
solventado a lo largo de estos treinta años con muchísimas dificultades y
con una extrema demora en el tiempo, y les pondré algún ejemplo. En
alguno de estos hospitales emblemáticos de Cataluña como la Vall
d’Hebron, el Bellvitge, el Joan XXIII de Tarragona, el Hospital
Arnau de Vilanova en Lérida, el Hospital Trueta de Girona o el mismo
Hospital Verge de la Cinta en Tortosa, si la Generalitat ha querido
construir un parking mediante un sistema de concesión, no diré que ha
sido prácticamente imposible porque se han ido solventando, pero con
demoras de muchísimos años porque quien debe dar la autorización y la
concesión previa es la Seguridad Social, que ya no mantiene ninguna
gestión ni tutela ni mantenimiento sobre esos inmuebles. En determinados
casos, algunos de estos hospitales, especialmente aquellos que tienen
carácter universitario —que son la mayoría— se han planteado
efectuar inversiones con colaboración público-privada en investigación y
desarrollo. A veces estas inversiones se debían sustentar sobre algún
derecho real en relación con estas propiedades, y eso también ha generado
muchísimos problemas y, en algún caso concreto que prefiero no citar, la
imposibilidad de poder materializar estas inversiones.


Ante estos hechos, señora ministra, nosotros nos preguntamos por
qué no se resuelve esta cuestión y por qué la disposición adicional
trigésima octava de la Ley 27/2011 fue suprimida en los segundos
Presupuestos Generales del Estado que aprobó el Gobierno del Partido
Popular. En aquel momento se nos dijo que esta no era la mejor solución,
pero que se quería corregir y que no se renunciaba al traspaso de estos
inmuebles a las comunidades autónomas. Pues bien, estamos finalizando la
legislatura y no hemos tenido noticia de que el Gobierno tenga voluntad
explícita de solventar esta situación.


Curiosamente, los pronunciamientos del Tribunal de Cuentas en
relación con la aprobación de la Cuenta General del Estado han sido
constantes. De hecho —lo tengo, aquí, pero no lo voy a citar
explícitamente—, la intervención del presidente del Tribunal de
Cuentas en la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de
Cuentas que se celebró en el Congreso, cuando se aprobó la Cuenta General
de 2012, en diciembre de 2014, explicitaba como una anomalía todavía no
resuelta que estos inmuebles no se hubiesen traspasado a las comunidades
autónomas. Es más, la anomalía es supina cuando la Seguridad Social
continúa amortizando estos inmuebles; unos inmuebles sobre los cuales no
tiene el derecho de uso y que no utiliza pero, curiosamente, en sus
cuentas los continúa amortizando. Pues bien, no solo es suficiente el
pronunciamiento del presidente del Tribunal de Cuentas y el informe que
acompaña a la Cuenta General del Estado, sino que estas Cámaras, el
Congreso y el Senado aprobamos la Cuenta General del Estado y aprobamos
unas recomendaciones. Entre las recomendaciones que aprobamos en la
Cuenta General de 2012, recientemente —estoy hablando de hace
aproximadamente tres o cuatro meses—, las dos Cámaras prácticamente
por unanimidad aprobamos la recomendación 35 —si no recuerdo
mal—, que insta al Gobierno a solucionar esta situación; insta a
que se solvente la situación del desequilibrio que plantean las cuentas
en tanto en cuanto existe un préstamo del Estado a la Seguridad Social
—concretamente, 11 préstamos de más de 17 000 millones de
euros— que no se amortiza, que no devenga intereses y que está
claro que se debe cancelar por el procedimiento que contemplaba la
disposición adicional trigésima octava de la Ley 27/2011; es decir,
facilitando el traspaso, la entrega, de estos inmuebles de la Seguridad
Social al Estado e inmediatamente, como es obvio, del Estado a las
comunidades autónomas.


Recientemente, el Gobierno también ha aprobado —y en algunos
casos discrepamos de una parte del contenido, como saben ustedes bien, y
en otros podremos estar de acuerdo— el informe Cora. El informe
Cora pretende establecer cierta racionalidad en la asignación de recursos
en la Administración Pública y aquella máxima que el ministro Montoro no
para de repetir: una Administración, una competencia. Si la competencia
de la prestación de los servicios sanitarios, si la competencia de la
prestación de los servicios sociales corresponde a las comunidades
autónomas, si las comunidades autónomas son las que están haciendo las
inversiones en estos edificios, si son las que se están ocupando de su
mantenimiento y son las que están planificando su desarrollo a medio y
largo plazo, no tiene ningún sentido que la propiedad de estos edificios
no esté en manos de las comunidades autónomas, porque será mucho más
eficiente, porque facilitará la gestión del día a día y porque,
seguramente, las comunidades autónomas lo entenderán como un gesto de
buena voluntad, de racionalidad y de coherencia con los planeamientos del
informe Cora.


Por tanto, señora ministra, nuestra interpelación va dirigida a
que nos diga cuáles son las medidas que piensa tomar el Gobierno en la
cuestión que le he planteado y, a poder ser, los plazos. Ustedes podrán
responder que no hay tiempo, pero también yo le puedo decir que hemos
tenido muchos años. No se lo voy a decir, pero ya que van a habilitar los
meses de julio y agosto en las dos Cámaras porque, como me comentaba esta
mañana mi portavoz, tienen que tramitar treinta y cinco leyes entre julio
y agosto, creo que en alguna disposición adicional de estas treinta y
cinco leyes podríamos encontrar la solución que le estoy planteando.


En todo caso, señora ministra, muchísimas gracias de forma
anticipada por su respuesta.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Bel.


Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene
la palabra la señora ministra de Empleo y Seguridad Social.


La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García):
Muchas gracias, señor presidente.


Senador, muchas gracias por su intervención y, sobre todo, por el
tono en que la ha realizado.


Usted sabe muy bien que la Seguridad Social, como establece su ley
general, dispone de un conjunto de bienes para el cumplimiento de sus
fines que constituyen un patrimonio diferenciado del patrimonio del
Estado. Eso tiene una explicación que todos los senadores pueden entender
y es que el patrimonio de la Seguridad Social se ha generado
históricamente con aportaciones de trabajadores y de empresarios a lo
largo del tiempo. Ese es el patrimonio de la Seguridad Social.


Usted decía que la asunción de competencias sanitarias y de
asuntos sociales por parte de las comunidades autónomas no ha modificado
esa situación. Así lo establecía la disposición adicional séptima de la
Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad, que establece que los
centros y establecimientos que forman parte del patrimonio único de la
Seguridad Social continuarán titulados a nombre de la Tesorería General
de la Seguridad Social, sin perjuicio —decía la ley— de su
adscripción funcional a las distintas administraciones públicas
sanitarias. Ya se contemplaba así en la Ley de 1986. La legislación
distingue perfectamente la titularidad de esos bienes de su adscripción
funcional, y tanto una cosa como la otra las reconoce sin ninguna duda.
Es decir, esos bienes siguen conformando el patrimonio único de la
Seguridad Social. Es una titularidad que, como usted decía, ha sido
compatible todos estos años con la gestión y con la administración de
esos inmuebles transferidos a las comunidades autónomas cuando se han
asumido competencias en servicios sociales y en sanidad. Eso precisamente
es lo que recogió el Real Decreto 1517/1981, de 8 de julio, sobre los
traspasos de los servicios de la Seguridad Social a la Generalitat de
Catalunya en materia de Seguridad Social, Insalud e Imserso, publicado en
el BOE de 24 de julio de aquel año. En ese real decreto, como sabe usted
perfectamente, se contempla toda la relación de inmuebles que son
patrimonio de la Seguridad Social pero que se adscriben a la Generalitat
de Catalunya conforme a los servicios e instituciones que aparecen
relacionados en él. En dicho texto se reconoce ya expresamente que esos
bienes se adscriben a la Comunidad Autónoma de Cataluña sin perjuicio de
la unidad de patrimonio cuya titularidad sigue correspondiendo a la
Tesorería General de la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque es la garantía
de la sostenibilidad futura del sistema de Seguridad Social. Así,
en 1981, el año de esa transferencia, ya decía el texto literalmente
—y se lo leo—: La adscripción de los bienes patrimoniales de
la Seguridad Social se entiende, sin perjuicio de la unidad del
patrimonio de esta, distinto del Estado y afecto al cumplimiento de sus
fines específicos, cuya titularidad corresponde a la Tesorería General de
la Seguridad Social. Es decir, se traspasa solo el uso de esos inmuebles,
quedando la titularidad y los correspondientes derechos y facultades de
ella derivados a favor de la Tesorería y en el patrimonio único de la
Seguridad Social. Es más, dicho uso debe serlo solo para el destino para
el que se transfiere, no para otro diferente. Si hubiese un cambio de
uso, el bien inmueble debe revertir otra vez a su titular, como ya se ha
hecho en otros casos, que no es otro que la Tesorería General de la
Seguridad Social. (La señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la
Presidencia). Porque, insisto, el patrimonio se ha generado
históricamente con aportaciones de trabajadores y de empresarios y, si
no, se quebraría la unidad de caja de la Seguridad Social.


En definitiva, señorías, un traspaso a las comunidades autónomas
sin compensación al sistema de la Seguridad Social supondría poner en
riesgo las futuras pensiones de nuestro país, porque es un elemento
capital de la sostenibilidad del sistema. Y no lo dice solo la
legislación vigente, que avala dicha titularidad estatal; lo dicen
también sentencias posteriores del Tribunal Supremo y del Tribunal
Constitucional.


Usted me habla del año 2011. ¿Qué paso en 2011? Que un Gobierno,
para aprobar la ampliación de la edad de jubilación de las pensiones, la
Ley 27, decidió incluir una disposición adicional trigesimoctava sobre el
patrimonio de la Seguridad Social en los términos que usted señalaba en
su intervención; disposición adicional, por cierto, que no entró en vigor
y que fue derogada, como bien ha dicho, por la Ley 17/2012 a través de
una disposición derogatoria segunda. Por tanto, no entró en vigor porque
no constituía un mecanismo jurídico adecuado para los fines perseguidos,
pues las leyes anteriores —como antes he demostrado—
reconocían que la titularidad es de la tesorería, sin perjuicio de esa
adscripción de los bienes al uso de cada una de las transferencias que se
hicieron a las distintas comunidades autónomas.


Señoría, no sé lo que han hecho otros gobiernos, pero sí sé lo que
va a hacer y va a seguir haciendo este Gobierno: no entrar en procesos de
liquidación del patrimonio de la Seguridad Social, de la caja única de la
Seguridad Social y reforzar el corazón de nuestro sistema de bienestar,
que es patrimonio de todos, el patrimonio de la Seguridad Social. Por
tanto, no podemos mermar la riqueza histórica que supone la Seguridad
Social. Se trata de un patrimonio inquebrantable que cualquier Gobierno,
al menos este Gobierno, ha de conservar, pues así nos lo dice la ley,
pero también porque es el pacto logrado entre generaciones y lo que
garantiza las pensiones de hoy y de mañana. Las aportaciones de los
cotizantes, por supuesto, y ese patrimonio son la garantía del presente y
del futuro de la Seguridad Social.


Muchas gracias, señor senador. Muchas gracias, señor presidente.
(Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Tiene la palabra el senador Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señora ministra.


La verdad es que, por diferentes motivos, su respuesta me ha
dejado extremadamente preocupado. Usted ha dicho: este es un patrimonio
inquebrantable porque lo financiaron los trabajadores con sus
cotizaciones, y la titularidad de todo este patrimonio continúa siendo de
la Seguridad Social. Entonces, señora ministra, nos tendrá que explicar
por qué solo en Cataluña los 111 edificios que se tasaron en el año 1989
—el traspaso se hizo en 1981— tenían un valor de 61 millones
de euros. En el mejor de los casos, el sistema de la Seguridad Social
habría pagado 61 millones de euros.


¿Sabe cuánto ha invertido la Generalitat en estos hospitales, con
recursos exclusivamente de la Generalitat pagados por los catalanes? 440
millones de euros. ¿Nos pretende decir que este dinero que ha invertido
la Generalitat forma parte ahora del patrimonio de la Seguridad Social?
Eso no se lo cree ni el Tribunal de Cuentas. Léanse, por favor, los
informes del Tribunal de Cuentas respecto a las cuentas generales del
Estado. Lo que usted ha dicho, señora ministra, es la constatación, una
vez más, de que el Estado nunca tiene suficiente, de que el Estado es
devorador. Ustedes pretenden que el dinero invertido por la Generalitat
de Catalunya —y de esto debe enterarse toda la prensa y todos los
catalanes— corresponda a la Seguridad Social; Seguridad Social que
tiene 17 000 millones de deuda y que no paga intereses a la
Administración General del Estado desde el año 1990.


Y perdone que tome este posicionamiento, señora ministra, porque
nos engañan, y a uno lo que peor le sienta es que le engañen. Cuando
eliminaron esta disposición adicional trigesimoctava dijeron que ya
buscarían alguna solución. Usted hoy nos ha dicho y ha constatado desde
esta tribuna que no quiere ninguna solución. No me extraña que haya
tormenta, porque es para que haya tormenta, ya que fue aprobado por esta
Cámara, por el Grupo Popular, por los senadores del Grupo Popular, por
los diputados del Grupo Popular y publicado en el Boletín Oficial del
Estado el martes 27 de enero de 2015; resolución de 22 de diciembre
de 2014, Presidencia del Congreso de los Diputados y Presidencia del
Senado: se dispone la publicación del dictamen de la Comisión Mixta de
Relaciones con el Tribunal de Cuentas; declaración de la Cuenta General
del Estado, aprobado por Congreso y Senado, diputados y senadores del
Grupo Popular; recomendación 30, leo textualmente: «En este sentido,
debería recuperarse la vigencia de la disposición adicional
trigesimoctava de la Ley 27/2011». Ustedes están pidiendo que se recupere
la disposición adicional trigesimoctava, ustedes, y desde esta tribuna
usted, ministra, niega esta realidad, con lo cual nosotros hoy, como
regalo de la verbena de San Juan, de la revetlla de Sant Joan, hemos
entendido que nos viene a decir: oigan, señores catalanes; oigan, señores
de la Generalitat, estos 440 millones de euros que han invertido ustedes
directamente de sus presupuestos y con sus recursos no son suyos, son del
sistema de la Seguridad Social, son de todos, cuando estos inmuebles no
tenían en origen ni el 10 % del valor.


No puede decir, señora ministra, que esto forma parte del
patrimonio inquebrantable de la Seguridad Social. No nos vamos a entender
nunca; no la van a entender en Cataluña, y yo creo que no la van a
entender en otras comunidades autónomas. El valor de estos edificios,
el 90 % del valor de estos edificios, no lo han pagado los cotizantes de
la Seguridad Social, lo hemos pagado los catalanes con nuestros impuestos
y nuestros recursos. Por tanto, señora ministra, le pido que reconsidere
su posición y nos diga cuáles van a ser las medidas para traspasar estos
edificios a la Generalitat de Catalunya


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Tiene la palabra en nombre del Gobierno la ministra de Empleo y
Seguridad Social.


La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García):
Muchas gracias, señor senador.


La tormenta siempre es buena. El agua es buena para todos, es
riqueza y es empleo, y también pensiones, porque las pensiones se
mantienen con empleo. No se asuste porque haya tormenta esta tarde en
Madrid.


Las transferencias que se puedan hacer de los edificios se tienen
que hacer con compensación al sistema de la Seguridad Social. Usted me
habla de las inversiones que hace la Generalitat de Cataluña en esos
edificios. Tiene derecho de uso de esos edificios; son inversiones para
el mejor uso de esos edificios, y lo que le digo es que pertenecen a la
Seguridad Social. Seguridad Social que es la caja única, patrimonio de
todos los españoles, de los que vivimos en todo el territorio nacional y
también de los españoles que viven en Cataluña; por tanto, a los
catalanes, a los españoles que viven en Cataluña, seguro que les gusta,
les tranquiliza y les da confianza la unidad de caja de la Seguridad
Social, que es la que paga puntualmente las pensiones de todos, todos los
meses, todos los años y cada día más y mejores pensiones.
(Aplausos).


Lo he dicho con absoluta claridad, el Gobierno no va a permitir
que se rompa esa unidad de caja y no va a permitir que se trocee la
Seguridad Social. La Seguridad Social es muchas cosas en este país: es
una amplia red de oficinas, es su fondo de reserva, son sus funcionarios,
son sus buques sanitarios que están atendiendo a los pescadores en alta
mar, es su tecnología y son también los inmuebles que históricamente
forman parte de su patrimonio por derecho propio. Y nosotros no vamos a
despiezar eso. Aunque a ustedes les gustaría que fuese de otra manera,
van a seguir adscritos —como he dicho y como dicen las leyes—
al patrimonio de la Seguridad Social. Los inmuebles, los locales o las
fincas de las que estamos hablando forman parte de las reservas
patrimoniales del sistema, que es algo a lo que ningún gestor que se
precie debería renunciar.


Por tanto, nosotros con el patrimonio de la Seguridad Social no
vamos a hacer trueques y no vamos a traspasar por lotes a la comunidad
autónoma esos edificios. Nosotros estamos trabajando por fortalecer el
sistema, por que haya cada día más cotizantes que garanticen el pago de
las pensiones y por que cada día su patrimonio se revalorice sin
minorarlo. Por tanto, no podemos defraudar ese caudal de confianza entre
generaciones que supone la caja única y el sistema de Seguridad Social,
porque ese es el gran patrimonio que tenemos todos los españoles, los que
viven en Cataluña y los que viven fuera de Cataluña, el principio de
unidad de caja, que, por cierto, defiende el Tribunal Constitucional. La
sentencia y la doctrina del tribunal dice que la Tesorería General de la
Seguridad Social es un servicio común con personalidad jurídica propia,
en el que, por aplicación de los principios de solidaridad financiera y
caja única, se unifican todos los recursos financieros tanto por
operaciones presupuestarias como extrapresupuestaria. Por tanto, es un
patrimonio único ligado como recurso financiero a la realización de
determinados fines de la Seguridad Social y cuya titularidad corresponde
y corresponderá a la Tesorería General de la Seguridad Social. Eso es lo
que permite, señor senador, que hoy se paguen puntualmente todas las
pensiones en España, que hoy se dediquen más de 135 000 millones de euros
a pensiones, que haya más pensiones que nunca, más altas que nunca
—por cierto, es la primera vez que la pensión media supera los 1000
euros en nuestro país— y a más pensionistas que nunca. Y hablando
de Cataluña, también gracias a la solidaridad y a la unidad de caja se
pagan puntualmente las pensiones en Cataluña, y los catalanes y los
españoles que viven en el resto del territorio nacional han podido
incluso tener pensiones con ganancia de poder adquisitivo superior a
los 2000 millones de euros en momentos muy difíciles, como fueron los
años 2013 y 2014.


Por tanto, más pensiones, mejores pensiones y ganancia de poder
adquisitivo con esas pensiones. Nosotros ni rompemos el sistema de caja
única de la Seguridad Social ni hacemos como hicieron los socialistas,
que a la mínima incertidumbre congelaron las pensiones. Por tanto, más
pensiones y mejor patrimonio siempre para la Seguridad Social.


Muchísimas gracias. (Aplausos.— Rumores).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias, señora
ministra.









INTERPELACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL GOBIERNO DE
LAS MEDIDAS COMPROMETIDAS PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS
DENUNCIADOS EN RELACIÓN CON LA CONOCIDA COMO CUESTIÓN DE LOS BEBÉS
ROBADOS, QUE TUVO LUGAR EN NUESTRO PAÍS.


670/000193

ANTONIO JULIÁN RODRÍGUEZ ESQUERDO (GPS)


La señora vicepresidenta, Vicente González, da lectura al
punto 4.4.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Para exponer la
interpelación, tiene la palabra el señor Rodríguez Esquerdo.


El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señora
presidenta.


Señorías, señor ministro, el Grupo Socialista presenta esta
interpelación fundamentalmente por tres razones: en primer lugar, porque
han pasado más de dos años desde que el entonces ministro de Justicia,
señor Gallardón, se comprometiera a implantar una serie de actuaciones
para esclarecer los hechos denunciados en relación con la sustracción y
venta de bebés que se produjeron en España en la segunda mitad del siglo
pasado, tan solo hace treinta, cuarenta o cincuenta años. Ustedes, señor
ministro, iban a tomar cartas en el asunto, pero lo cierto es que no han
conseguido calmar los ánimos de los que siguen pidiendo justicia, porque
su Gobierno no ha asumido los compromisos de sus obligaciones.


En segundo lugar, señor ministro, porque hace ahora siete meses,
exactamente el 21 de octubre del pasado año, el Grupo Socialista presentó
ante la Comisión de Justicia en esta Cámara una solicitud de
comparecencia de las asociaciones que en nuestro país trabajan por
esclarecer estos hechos.


Señor ministro, señorías, Adelante Bebés Robados, Adoptados.org,
Alumbra, Aberoa Andalucía, AVA Alicante, Bebés Robados Murcia,
Itxaropena, Bizkaia, Colectivo Sin Identidad Canarias, la asociación de
bebés robados y adoptados irregularmente en Baleares, Todos los niños
robados son también mis niños y SOS Bebés Robados, a los que doy la
bienvenida a esta Cámara, han querido y quieren dirigirse a sus señorías
para que por primera vez en democracia puedan ser escuchados por los
representantes de los ciudadanos y puedan dar traslado de sus demandas.
Pero han pasado casi ocho meses y nadie del Partido Popular, ni por
supuesto del Gobierno, ha dado respuesta a esta solicitud, aunque me
consta que a la vista de esta interpelación se les citó el pasado día 17
—por cierto, sin su presencia—, no sé para decirles qué,
quizá para repetir los mismos argumentos de hace dos años.


Estará conmigo, señor ministro, en que esta actitud por parte de
un Gobierno que se precie no solo es desesperante sino deplorable, a no
ser que esta inacción tenga motivos inconfesables.


Y en tercer lugar, esta interpelación surge porque el Grupo
Socialista se hace eco de las demandas de estas asociaciones y quiere
denunciar la pasividad y el silencio del Gobierno. Señor ministro, nula
gestión, nulo interés por este espinoso y controvertido asunto y silencio
cómplice. Por estas razones, los socialistas pretendemos que estas
asociaciones sean oídas, porque la democracia española necesita
escucharles y tiene la obligación de reparar sus vidas. Simplemente esto
es lo que pretende esta interpelación, que, como bien sabrá, derivará en
una moción que en su momento esperamos sea asumida por esta Cámara,
aunque tenemos la impresión de que después de casi ocho meses sin
respuesta ustedes no quieren hablar de este drama sencillamente porque no
quieren reconocer el problema, no quieren que esto se visualice como un
verdadero problema de Estado.


Señor ministro, se están olvidando de que no solo las víctimas, no
solo los familiares sino que la propia democracia española necesita
saber, necesita saber qué ha pasado con más de 300 000 niños y niñas que
desaparecieron entre 1940 y 1990; necesitan saber si esto es algo muy
parecido a lo que ocurrió en Holanda en los años cincuenta, que recrea
magníficamente Stephen Frears en la película Philomena, donde en un clima
social de impunidad e indefensión, a las madres solteras de clases
populares se les robaba a sus hijos mientras las instituciones religiosas
y médicas tenían una influencia inapelable.


Señorías, señor ministro, es una obligación investigar y saber lo
sucedido y por qué, investigar los robos y las adopciones. En nuestro
país hay decenas de miles de ciudadanos españoles que actualmente tienen
una identidad falsa y que hoy desconocen si fueron secuestrados, robados
o vendidos. El Gobierno popular se comprometió a impulsar un programa
específico para con las víctimas y los familiares; se comprometieron
ustedes a realizar pruebas de ADN; se responsabilizaron en mantener una
comunicación permanente con los afectados; se obligaron a facilitar los
accesos de información a los registros civiles; en definitiva, se
comprometieron a apoyar la investigación y la aclaración de esta terrible
maquinación. Y la verdad, señor ministro, es que han hecho bien poco. Se
han conformado con abrir la oficina de la calle La Bolsa el 26 de febrero
de 2013, que está siendo inoperante, y según dicen las propias
asociaciones, no genera ninguna confianza. Tan solo se ha incorporado a
su base de datos —según los datos que manejamos— 360 perfiles
y se han iniciado 366 expedientes a pesar de que sus iniciales objetivos,
que eran crear un banco de datos de ADN o facilitar a las familias la
localización y el reencuentro y facilitar los datos registrales, no está
sirviendo para casi nada.


Señor ministro, el robo de niños y su adopción ilegal en esos años
supone una lacra para la historia reciente de España; robos y adopciones
que se produjeron por razones represivas, razones económicas y razones
políticas; robos y adopciones que se produjeron con una impunidad
indecente; robos y adopciones en las que estaban implicados médicos,
enfermeras, matronas, religiosas, funcionarios públicos y empleados del
registro civil.


Señor ministro, hay multitud de indicios pero ni una sola
investigación global sobre este tema, y lo cierto es que hubo niños
robados y vendidos. Lo cierto es que miles de hombres y mujeres entre 30
y 70 años hoy desconocen si tienen una identidad cierta. Lo cierto es que
hubo madres engañadas y despojadas y que hubo familias destrozadas,
madres que lloraron en un entierro y después lloraron sobre tumbas
vacías, y hoy, cuarenta o cincuenta años después, siguen, y así me lo han
trasladado, oyendo el llanto de sus hijos ante la frialdad de sus cuerpos
en los propios paritorios.


Señor ministro, el robo de bebés debe ser reconocido por todas las
instituciones como un problema de Estado, y, por tanto, deben dar una
respuesta. Ustedes, que todavía ostentan la responsabilidad de gobernar
en España, tienen la obligación política y moral de mantener una actitud
activa frente a esta auténtica atrocidad y de esclarecer esto de manera
definitiva, con compromisos ciertos.


Estoy seguro de que ustedes conocen que se ha producido un aluvión
de denuncias, más de 2200, con procedimientos que se están archivando en
un 60 %, y que desde 2010, cuando empezó ese aluvión y se pensó que había
una trama organizada, no hay ni una sola sentencia condenatoria y hay
escasísimas imputaciones. La propia Fiscalía General del Estado ha
reconocido que esta situación es frustrante y desesperante para los
familiares, y reconoce que se archivan las causas con razones tan
peregrinas como que los mayores tienen dificultad de memoria o que tienen
un deterioro físico.


Señor ministro, esto es peregrino, sobre todo en la época en que
nos encontramos. Lo real es que se siguen despreciando a las víctimas, lo
real es que la pasividad del Gobierno, la lentitud judicial y el archivo
de las múltiples causas está generando frustración a miles y miles de
familias.


¿Por qué no se quiere crear una comisión de la verdad? ¿Por qué no
se quiere contribuir al conocimiento y al esclarecimiento de los hechos?
¿Por qué no asumimos entre todos un compromiso de la verdad? Si la
sociedad española tiene claro que existe un robo masivo de niños, ¿por
qué no se les busca ahora que son adultos? ¿Por qué no se quiere
encontrar a los responsables de los culpables? ¿Por qué no se pide
perdón, se hace justicia y se repara a miles de familias? ¿A qué tiene
miedo el ministerio? Las víctimas y sus familiares tienen derecho a saber
y todos, la obligación de implicarnos. Porque, señorías, ellos no
tuvieron ninguna culpa de ser robados o vendidos. Por eso es
imprescindible que los representantes españoles escuchemos lo que tienen
que decir sobre este disparate.


Señor ministro, nosotros nos hemos reunido en diversas ocasiones
con las asociaciones y colectivos —quiero suponer que usted
también— y nos han presentado sus demandas; demandas que, de
verdad, si se pone un poquito de interés, son fáciles de cumplir. Nos
señalan que tienen una gran dificultad para acceder a los archivos, tanto
de los ayuntamientos como de los registros o de las iglesias; nos dicen
que existen grandes problemas en las exhumaciones; nos indican que la
oficina impulsada por el Gobierno ha tenido escaso éxito y que son
necesarias más coberturas sociales, asistenciales, psicológicas o
jurídicas; que es necesaria una mayor transparencia en los bancos de ADN,
que se deben reabrir muchas de las causas archivadas y que es necesaria
la creación de una mesa permanente de trabajo.


¿Tan difícil es cumplir esto? ¿Tan difícil es cumplir estas
situaciones? Nosotros, de verdad, creemos que no, y como tienen derecho a
ser reconocidos y reparados, la sociedad española, que quiere ser libre y
prosperar, no puede permitir que estos casos queden impunes. Y les toca a
ustedes, porque gobiernan, dar los pasos necesarios. Los socialistas
vamos a poner encima de la mesa una serie de pasos que usted podría dar
hoy mismo para empezar a solucionar este problema. En primer lugar,
reconocer que esta red es un delito de lesa humanidad, un delito
tipificado en el Código Penal y en el Derecho internacional, porque sería
un ataque sistemático y organizado contra una población civil —en
este caso contra las mujeres y los hijos— y con gran sufrimiento
para la salud mental y física de quien lo padeció. Por lo tanto, se
cumplen perfectamente los elementos del tipo, y hoy sería un buen momento
para reconocer un delito de lesa humanidad. Nunca se debe considerar esta
trama como un delito común, como se ha dicho en algún momento, o quizá
como una detención ilegal, porque, señor ministro —y permítame la
expresión—, tiene bemoles que sea la justicia argentina y la juez
Servini las que tienen interés en investigar estas causas y en España se
guarden en cajones bajo siete llaves. No es entendible.


Señor ministro, segundo paso: reconocer el derecho a conocer y
saber la verdad. No podemos quedarnos impotentes ante esta impunidad.
En 2009 España ratificó los acuerdos de la Convención internacional para
la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
Por lo tanto, España debe asumir la imprescriptibilidad de los delitos
porque si no, se estaría incumpliendo su deber de buscar, localizar y
restituir a las víctimas. El Estado está obligado —y lo sabe
usted— a identificar y ponerles en contacto con sus verdaderos
familiares. Si no, señor ministro, España estará incumpliendo los
distintos tratados internacionales que ha firmado.


Tercer paso que hoy mismo podría dar: el tráfico de bebes atenta
contra los derechos básicos de las personas. Decía antes que es un crimen
de lesa humanidad, y por ello el Estado no puede descargar todo el
impulso de la investigación bajo las espaldas de las familias; los
hombros de las propias familias son las que ahora mismo están intentando
luchar por encontrar a los padres biológicos. Por lo tanto, debe existir
una investigación oficial.


Y aquí tiene el cuarto paso, señor ministro: promover una
investigación efectiva, independiente, objetiva y práctica, tal y como ha
venido a establecer el propio Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.
El Estado, España, y nuestra democracia no pueden omitir ese deber
esencial de búsqueda, localización y restitución.


Y, señor ministro, el último paso: facilitar desde su ministerio
que las reclamaciones y las demandas de las asociaciones que han puesto
desde hace años encima de la mesa —y me consta que a usted también
se las han puesto— tengan éxito, sobre todo el acceso a la
información, porque ya no podemos escudarnos exclusivamente en la
protección de datos. Señoría, ha habido una destrucción deliberada de
documentos; ha habido resistencia a desclasificarlos; ha habido
degradación de restos cadavéricos, serios problemas con las exhumaciones,
además de los costes que ello supone. Usted sabe, o debería saber, que se
ha producido deslocalización de legajos de abortos anteriores a 1979; se
ha producido destrucción de historias clínicas, de certificados de
nacimiento, de bautismo y de defunción; se han falseado inscripciones
registrales y documentos públicos. Señor ministro, esto ha sido así, y
esto es delictivo. Por tanto, los socialistas consideramos necesaria y
obligada la creación de una comisión nacional de desaparecidos con un
banco de datos genéticos, con un grupo de fiscales especializados que se
encarguen de este asunto y con una unidad de la policía judicial dedicada
a este asunto exclusivamente. No nos olvidemos de que es el Estado el que
tiene que intervenir y no dejar todas las acciones —como le decía
antes— a iniciativa de los familiares y de los parientes.


Voy acabando, señora presidenta. Señorías, durante toda la segunda
mitad del siglo pasado existió en España una red organizada de tráfico de
bebés, procedentes en muchos casos de la sustracción a sus familias
mediante extorsiones o engaños. Esta situación, este inmenso drama que
durante años se ha silenciado ha generado un evidente desamparo y una
completa indefensión a miles y miles de familias españolas. Hasta ahora
nadie más que los familiares son los que han buscado y buscan a sus hijos
robados. Los que hoy ya son adultos son los que quieren encontrar a sus
padres biológicos. Si en la sociedad española existe, y creemos que
existe, la certeza de que en España se produjo un robo masivo de niños;
si existe la evidencia cierta de que por lo menos durante cuarenta años
en 175 hospitales, clínicas, casas cuna y residencias se robaron y
vendieron niños; si existe esa evidencia de que al menos se han
presentado 3000 denuncias y que al menos existen 6000 casos documentados,
cifras estas que parecen ser la punta del iceberg; si se acepta todo esto
la pregunta es muy clara: ¿por qué no se les quiere buscar y
encontrar?


Señor ministro, hoy tiene una oportunidad —si me lo
permite— me atrevo a decir que histórica. Hoy puede dar los pasos
que los socialistas y sobre todo las asociaciones le reclaman, porque
este asunto sigue siendo un cabo suelto que no quedó atado en el proceso
de transición de la dictadura a la democracia. Es un cabo del que se debe
tirar para juzgar estos crímenes y garantizar una convivencia tranquila
para miles y miles de españoles. Señor ministro, los socialistas le
pedimos que no deje pasar esta oportunidad, porque si ustedes siguen sin
hacer nada, si siguen negando la evidencia y si siguen escondiendo la
cabeza debajo del ala, lo único que van a conseguir para ellos sobre todo
es que mañana otra vez sea tarde.


Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene
la palabra el señor ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias,
presidenta.


Señorías, señor Rodríguez Esquerdo, estaba interesado en conocer
los términos de su interpelación. Ya había leído los teletipos de su
intervención previa, donde, por cómo ha utilizado los verbos parecía que
ya habíamos celebrado el debate hace dos horas cuando usted lo ha contado
a los medios de comunicación. En todo caso, bienvenida sea esa labor de
difusión de la información antes de tener el debate en esta Cámara.
(Aplausos). Yo, por respeto a la Cámara, me espero a hablar con usted, y
luego, si acaso, ya contaré a los medios lo que tenga a bien contar.
Bienvenido sea a esta Cámara el interés del Grupo Parlamentario
Socialista por un asunto que no solamente desde el inicio de la
legislatura nos ha ocupado, sino que nos ha preocupado muy intensamente
al Gobierno de la nación y al Ministerio de Justicia; bienvenido sea,
porque cuando en diciembre del año 2011 hubo el traspaso de poderes del
Gobierno anterior a este, no había ni un papel ni un folio sobre esta
materia. Por lo tanto, hasta diciembre de 2011, para el Gobierno
socialista anterior este tema que hoy es tan importante para usted no
existía. Saben las asociaciones que estamos trabajando con intensidad, y
seguro que hay muchas más cosas que hacer, estoy seguro de que hay muchas
más cosas que hacer, pero, señoría, no han sido las que en ningún momento
ni el Gobierno del Partido Socialista ni los grupos parlamentarios
socialistas han hecho hasta la fecha de hoy.


Cuando usted nos pregunta qué hemos hecho en esta materia
—entiendo legítimamente esa interpelación—, le tengo que
responder, señoría, que es este Gobierno el que se ha interesado por las
víctimas, que es este Gobierno el que ha creado los servicios de apoyo
para que las acompañen en su proceso de búsqueda, y que es este
Ministerio el que se ha reunido sucesivamente con las víctimas; esté
seguro —y ellas lo saben de primera mano—, de que estamos
dispuestos a seguir trabajando, a mejorar todo lo que sea necesario y a
abordar todas las materias que sean de nuestras competencia, porque es
verdad —en eso coincido con usted— que estamos ante un asunto
absolutamente dramático. Por tanto, creo que hay que valorar como un
hecho positivo que haya un Gobierno que habla con las víctimas y que
tiene un compromiso claro y manifiesto.


Creo que es bueno que hagamos memoria para comprobar qué es lo que
hemos hecho y qué es lo que no hemos hecho desde que se creó la Comisión
interministerial de seguimiento, fruto del acuerdo de abril de 2012 entre
los Ministerios de Justicia, de Interior, de Sanidad, de Servicios
Sociales, y la Fiscalía General del Estado, y qué es lo que se puede
hacer en el futuro. Desde entonces, está operativa esta Comisión
interministerial, que está trabajando.


Precisamente nuestro planteamiento en esta materia nace, y es muy
cierto, del contacto con los afectados, con sus inquietudes, aspiraciones
y opiniones. Tengo que decirle que a un mes escaso de la toma de posesión
del equipo ministerial de Justicia en enero de 2012, se estaba ya
contactando con las asociaciones y concertando las reuniones para
escuchar sus opiniones y ofrecerles toda la colaboración. Así se hizo en
la primera reunión el día 10 de febrero del año 2012 y así se ha
confirmado a lo largo de muchas otras reuniones en las que se ha dado
satisfacción a alguna de las peticiones.


Es verdad —lo sabemos— que la principal prioridad de
los afectados es localizar a sus familiares biológicos. Por lo tanto, esa
tiene que ser también nuestra prioridad: concentrar todos los esfuerzos
de la administración pública en crear los mecanismos que faciliten esa
tarea de investigación y localización. Es verdad que las dificultades son
enormes y muy numerosas; y así se constata, por desgracia, en el archivo
de las muchas diligencias que ha abierto la Fiscalía; en algunos casos se
ha perdido la documentación o no se encuentran testigos adecuados; en
otros, lamentablemente, como ha ocurrido, sobre todo al principio, cuando
todavía el actual Gobierno no había elaborado una guía de buenas
prácticas forenses, algunas inhumaciones se hicieron sin el rigor
científico suficiente, lo que dio lugar a la contaminación de las
muestras. Pero nada de eso impide ni va a impedir que nuestro compromiso
siga en pie.


Existen otras vías por las que podemos dar o intentar dar solución
a la duda que sobre sus orígenes arrastran estas personas, porque creemos
firmemente —y así nos lo dicen los expertos— que la ciencia y
la tecnología hoy lo hacen posible. Ahora bien, junto a este empeño de
seguir adelante hasta agotar todas las posibilidades jurídicas y
tecnológicas, hay otro elemento que ha sido prueba flagrante de nuestro
compromiso con esta cuestión, el de no prometer aquello que no podemos
hacer. No vamos a generar expectativas imposibles de cumplir, ni nos
vamos a salir del marco legal que autoriza al Gobierno a hacer
determinadas cosas. En todo lo demás, les aseguro que vamos a seguir
trabajando. No vamos a dar instrucciones a los jueces, tampoco vamos a
salirnos del marco legal, pero vamos a seguir manteniendo nuestro
compromiso. Ese es el enfoque eminentemente práctico que condujo a la
creación del servicio de orientación y suministro de información
administrativa, dirigido a aportar la documentación en poder de la
administración acerca del hecho del nacimiento, del parto, incluso cuando
esa información pueda ser indiciaria, con objeto de que, además de poder
localizar a los progenitores, se pueda también, si así lo desean las
víctimas, poner en marcha acciones civiles y penales.


Permítame, señoría, que muy brevemente indique al menos seis
líneas de actuación en las que hemos trabajado hasta el momento. En
primer lugar, y para poder gestionar adecuadamente la información, se ha
creado un fichero de solicitudes y un fichero de perfiles de ADN, después
de haber consultado con la Agencia de Protección de Datos, con la
Comisión ministerial de administración electrónica y con los servicios
jurídicos.


En segundo lugar, se ha trabajado en el efectivo acceso de los
afectados a los servicios del Instituto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses, el cual tiene un protocolo de actuación para
centralizar los perfiles genéticos obtenidos a partir de los informes
aportados por las personas afectadas, a través del Ministerio de
Justicia, con el objetivo de crear una base de datos única que permita a
las personas implicadas cotejar sus datos con el fin de verificar la
existencia de compatibilidades genéticas que puedan revelar relaciones
familiares biológicas. Este procedimiento garantiza la máxima calidad
pericial. De esta manera se cruzan datos de manera sistemática, incluso,
con bases de datos de ADN de diferentes Estados europeos, con el fichero
de investigación criminal o con cualquier otro sistema de información,
como puede ser también el fichero de perfiles de ADN de personas
afectadas por la sustracción de recién nacidos, que fue el que se creó en
el año 2012, o la base de datos de personas desaparecidas que tiene el
Ministerio del Interior. Actualmente, hay 374 perfiles genéticos y
tenemos que conseguir que sean muchos más, pero para ello, sin duda, hace
falta la colaboración de todos los afectados con el fin de descubrir la
filiación natural que estén buscando.


Señoría, me ha parecido entender que usted calificaba de
inoperante el servicio de atención. Yo no me atrevería a calificar de
inoperante un servicio atendido por profesionales, por personas que
dedican toda su jornada laboral a atender esta cuestión, a atender a
todos los afectados, a atender a todas las asociaciones, que dedican su
máxima cualificación profesional a esta actividad. Yo, por el contrario,
lo que hago es apoyar y reforzar el servicio de atención con todos los
medios de los que dispone el Ministerio de Justicia.


En tercer lugar, después de los primeros contactos, se diseñó en
tiempo record un sistema de gestión informático para crear el censo de
afectados, con independencia de la atención presencial que podamos tener,
con lo que se puede disponer también de información telemática.


La cuarta actuación fue la apertura del servicio de información a
las personas afectadas, como le he dicho antes, atendido por personas
cualificadas. En ese servicio, señoría, en el año 2013 se atendieron 753
consultas, y, de ellas, 366 iniciaron un expediente. En el año 2014
fueron 532 las personas que accedieron a la consulta. De ellas, 188
decidieron seguir adelante. Y en el año 2015 llevamos 147 consultas, de
las cuales 138 son ya expedientes iniciados, lo que significa un total
de 1432 personas atendidas y 592 expedientes que han servido ya para
recabar información de los servicios sanitarios, de los cementerios, de
los registros civiles, de las diputaciones provinciales, de los
ayuntamientos, de las archidiócesis, de todos aquellos lugares donde
pueda existir un registro público con esta información.


La quinta actuación, que le he mencionado antes también, fue la
elaboración de una guía de recomendaciones médico-forenses para realizar
las exhumaciones de los recién nacidos. Esto complementa el protocolo que
ya tiene el Instituto Nacional de Toxicología para la identificación
genética. Además, esta guía y este protocolo se ponen a disposición de
los expertos forenses de toda España, de todas las provincias.


Por último, en sexto lugar, hemos llevado este debate también al
ámbito europeo. Hemos introducido, en la propuesta de reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo, que actualmente se encuentra en
tramitación, relativa a la protección de las personas en lo que se
refiere al tratamiento de los datos personales y a la ley de circulación
de estos datos, una propuesta para facilitar el tratamiento de los datos
y su acceso a ellos cuando la finalidad sea la determinación de la
filiación natural.


Este último punto, después de los seis que le he mencionado,
señoría, me lleva a otro plano, al de las medidas que hemos adoptado para
evitar que esto pueda volver a suceder en el futuro, adaptando nuestra
legislación para impedir que hechos como éste puedan volver a suceder en
España. Por eso, en el proyecto de ley de medidas de reforma
administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del
Registro Civil, actualmente en tramitación, se da la posibilidad de que
la inscripción de los recién nacidos se haga directamente desde los
centros sanitarios. Esto permitirá también introducir mayores garantías
en la identidad de los recién nacidos para evitar, como digo, en el
futuro, cualquier sustracción. También esta modificación legal incide en
lo que tiene que ver con la identificación. El personal sanitario que
asista al nacimiento deberá adoptar todas las cautelas necesarias para
asegurar la identificación del recién nacido y para efectuar las
comprobaciones que establezcan de forma indubitada la relación de la
filiación materna, incluyendo las pruebas biométricas, médicas y
analíticas que resulten necesarias, así como las dos huellas plantares
del recién nacido, junto a las huellas dactilares de la madre. Todas
ellas son medidas que se están adoptando y que, como digo, impedirán que
en el futuro pueda volver a existir una práctica tan deleznable como la
sustracción de bebés que hemos conocido en el pasado.


Por otra parte, señoría, también multiplicamos los controles para
el caso de fallecimiento de los nacidos en los centros sanitarios tras
los primeros seis meses de gestación y les exigimos que en el certificado
de defunción aparezca la firma de dos facultativos. Estos datos se
trasladan inmediatamente a la administración correspondiente donde se
conservan con todas las medidas de seguridad.


Todo esto es el elenco de medidas que hasta aquí hemos
desarrollado. ¿Son suficientes? ¿Estamos satisfechos? En absoluto estamos
satisfechos ni pensamos que sea suficiente. Esperamos que las medidas a
las que me he referido en último lugar permitan prevenir e impedir hechos
futuros como este y, en ese sentido, que sean absolutamente completas y
eficaces.


Respecto a los hechos pasados, el Gobierno continúa dispuesto,
como lo ha estado desde el primer día, a seguir haciendo el máximo
esfuerzo para respaldar a las víctimas, para mejorar la atención que les
prestamos en lo que sea posible.


Estoy seguro de que esta interpelación irá seguida, lógicamente,
de una moción posterior y ahí tendremos una buena oportunidad de
incorporar ideas y propuestas. Señoría, yo tengo el documento que las
asociaciones nos dejaron en el Ministerio de Justicia, en la reunión
celebrada el día 17 de junio; estamos trabajando ya con ellas para
empezar a implantar buena parte de las medidas que aquí aparecen. Estoy
deseando conocer su propuesta de moción para que el resto de la Cámara se
sume a este trabajo, porque estoy seguro de que a todos nos mueve el
interés de proteger a las víctimas, de esclarecer los hechos acaecidos y
la máxima repulsa por los mismos.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.


El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señora
presidenta.


En resumen: herencia, herencia, herencia, excusas, excusas,
excusas. Eso es lo que ha dicho el señor ministro, exclusivamente
eso.


Le he oído y creo que, de verdad, hoy ha perdido una gran
oportunidad para cerrar un periodo oscuro y negro de nuestra historia; y
lo más grave es que ha mentido a esta Cámara porque usted no se ha
reunido con ellos. El día 17 ni siquiera fue usted a la reunión; fueron
técnicos de Sanidad, de Interior, de Justicia, pero ni siquiera usted se
ha reunido con ellos. (Aplausos).


De verdad, yo esperaba más decisión, más fundamento en su
respuesta y, sobre todo, esperaba para ellos alguna respuesta cierta y
más aliento para ellos. Esperábamos, después de dos años de promesas
—usted siempre cita la fecha de 2012—, después de los siete
meses que llevan las asociaciones solicitando una comparecencia, después
de tanto tiempo de silencio, de verdad que hoy sí esperábamos más
respuestas; pero otra vez se han quedado entre Pinto y Valdemoro, se han
quedado sin demostrar nada y con un silencio cómplice. ¿No se da cuenta
de que todo lo que nos ha contado en esta Cámara no es lo que ellos
piden, no es lo que ellos necesitan? ¿No se da cuenta de que eso no es lo
que le están pidiendo? En esa hoja que a usted le han dejado, después de
la reunión del 17, en la que piden lo mismo que hace ya años, lo mismo
porque no les han hecho caso, no piden nada de lo que ustedes están
poniendo encima de la mesa.


Señor ministro, creemos —y se lo decía antes— que la
democracia española tiene unas obligaciones para estos padres y estos
hijos. ¿Por qué no quieren reconocer que esto es un problema de Estado,
que hay 300 000 niños que desaparecieron de su familia biológica, que se
los arrebataron a sus padres y que necesitan saber, que España necesita
acabar con esta lacra? Hubo niños robados y hubo niños vendidos, es
cierto, reconózcanlo. Hay miles de hombres y mujeres en España que tienen
una identidad falsa. Hoy ha tenido la oportunidad de resolver este
conflicto, o de empezar a resolverlo.


Mire, yo he estado con diversas madres y padres reunidos
—cosa que usted no— y me han dicho que siguen llorando cuando
cuentan sus historias de cómo les drogaban y estaban varios días como
borrachas en los paritorios; otras me han dicho que llevan años
despertándose por la noche; otras —lo decía antes— que han
ido a llorar a tumbas donde no estaban sus hijos. Son testimonios
dramáticos que yo no sé si a usted se los habrán contado pero a mí sí y a
los componentes del Grupo Socialista también; y solo por eso, tan solo
por eso, usted ya hoy les tendría que haber dado aliento y respuestas; y
no ha hecho nada de eso.


Hablaba usted de la oficina de Madrid, y no es que yo diga que es
inoperante; lo dicen ellos. ¿No ha hablado usted con ellos? ¿No dice que
se han reunido tantas veces? Y como tantas veces se han reunido le habrán
dicho que es inoperante; le habrán dicho que es rotundamente inoperante.
(Aplausos). Pero es falso; no ha estado con ellos. Los socialistas le
proponemos, como ya le hemos dicho y repetiremos en la moción, que creen
una comisión que de verdad esclarezca estos hechos; hagan justicia;
reparen a los miles de afectados; planteen una hoja de ruta a las
asociaciones sobre la base de esas demandas que llevan dos años
reclamando; faciliten un acceso a los archivos; faciliten las
exhumaciones; impulsen la Oficina de atención a los afectados; dótenla de
coberturas, no ya económicas, sino sociales, asistenciales, psicológicas
o jurídicas, y creen una mesa permanente de trabajo, y así se verá que,
de verdad, ustedes tienen interés en solucionar este problema de Estado.
Una democracia no puede permitir que delitos como estos, de lesa
humanidad, se queden en el cajón de cualquier juzgado con un auto que
diga que son tan mayores que ya no recuerdan cómo ni qué pasó. Reconozcan
el derecho a conocer y a saber; no permitan que toda la responsabilidad
de esta pesadilla recaiga sobre las familias; apoyen las investigaciones;
den esos pasos necesarios y no pongan excusas. Espero que cuando esta
moción venga a este Pleno su grupo respalde las propuestas que planteará
el Grupo Socialista, que no serán otras que las que presentan los propios
afectados.


Señor ministro, hoy no ha demostrado usted nada; al menos intente
que su grupo político no esconda la cabeza cuando traigamos la moción a
este Pleno, que no repita los argumentos que dieron en la reunión del 17
de junio, no usted, que no estuvo, sino otra gente, trabajadores y
funcionarios de los departamentos de Justicia, Interior y Sanidad.


Y acabo ya, señora presidenta. Estas personas se reunieron hace
siete días, después de un año y cuatro meses sin hacerlo —un año y
cuatro meses han estado sin reunirse, señor ministro, y por eso digo que
ha mentido a esta Cámara—, y las asociaciones consideran esa
reunión —y leo textualmente— como una tomadura de pelo. Dicen
que ustedes siempre les han dicho lo mismo y que ellos se siguen
planteando los mismos hechos.


Por tanto, ustedes, que todavía son el Gobierno, hagan y no digan
que hacen. Hagan algo. Hoy tiene una oportunidad, señor ministro; venga a
esta tribuna y deles una respuesta, y sobre todo, deles aliento.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


En nombre del Gobierno, tiene la palabra el ministro de
Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, señora
presidenta.


Señor Rodríguez Esquerdo, el hecho de que esta legislatura ya esté
finalizando no va a cambiar mi manera de entender las cosas. Estoy
dispuesto al diálogo, estoy dispuesto a encontrar soluciones a los
problemas, estoy dispuesto a que hablemos con fundamento de los temas. No
voy a hacer demagogia como la que está haciendo usted esta tarde,
proponiendo soluciones que no sé si usted ha estudiado porque para
calificar este problema de delito de lesa humanidad será necesario que
algún experto en derecho Penal lo estudie un poco. Quizá no sepa cómo
funciona una organización administrativa, pero cuando esta se reúne con
quien sea no hace falta que estén todas las personas. El director general
de Administración y Justicia, que tiene rango y categoría suficiente, es
la persona que lleva la Oficina, la que atiende a las víctimas, y por
tanto, el Ministerio de Justicia, entendido como la unidad y la
organización administrativa y pública, está permanentemente trabajando
desde el año 2012 con las asociaciones de víctimas, cosa que ustedes no
han hecho hasta que han descubierto el asunto muy recientemente.


Estoy satisfecho del trabajo que desde el año 2011 viene haciendo,
no yo personalmente, como todos saben, sino el Ministerio de Justicia,
creando la Oficina de atención a las víctimas, creando las bases de
datos, trabajando con el Instituto Nacional de Toxicología, y reuniéndose
repetidas veces con las asociaciones. Puedo entender perfectamente que se
diga que el trabajo desarrollado no es suficiente, que faltan cosas por
hacer. Estoy seguro de que quedan muchas cosas por hacer, pero decir que
una oficina de funcionarios públicos es inoperante me parece una
descalificación que no merecen los empleados que están al frente de ella.
Decir que en este país tiene que venir la juez Servini a que se haga
justicia porque aquí las causas se guardan bajo siete llaves, como ha
dicho usted, no es de recibo; y yo me haría revisar las afirmaciones que
ha hecho en esta Cámara porque me parecen bastante preocupantes. Ha dicho
que se han falseado documentos públicos. Debe tener usted muchas pruebas
que acrediten la cantidad de barbaridades que ha dicho usted en sede
parlamentaria. Yo creo que hay que trabajar con seriedad y hacer muchas
cosas que nos faltan por hacer, pero señoría, ni hablar de falseamiento
de documentos públicos, ni de que las causas los jueces no las instruyen,
ni de que va a venir la juez Servini a poner orden en España; y por
supuesto, nada de descalificar la acción de los funcionarios públicos que
llevan tres años trabajando en esa materia con intensidad, rigor y con
profesionalidad. Yo creo que en este trabajo no nos sobra nadie; no nos
sobran ni los jueces, ni los fiscales, ni los funcionarios, ni la
Administración, ni los peritos; todos tienen que ayudar; todos tienen que
trabajar, y a todos hay que ponerles en valor y a ninguno hay que
descalificarle. Yo tengo una orientación práctica para atender las
reivindicaciones de las asociaciones y para estudiar el documento que nos
entregaron el día 17, y sé que ahí hay una serie de cuestiones que hay
que estudiar como el tratamiento de datos y en qué medida se puede
facilitar información a las asociaciones. (Protestas en la tribuna del
público).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Sé que este debate es
muy doloroso para ustedes pero les pediría que escuchen; si no, tendrán
que ser desalojados. (Continúan las protestas en la tribuna del
público).


Desalojen al público, si no quieren escuchar el debate. Salgan,
por favor, de la tribuna, si no quieren escuchar este debate. Sé que es
un debate muy doloroso para ustedes.






Por favor, desalojen. Si no quieren
escuchar, váyanse, por favor.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Enhorabuena, señor
Rodríguez Esquerdo. Si lo que buscaba usted era la confrontación con las
asociaciones, aquí la tenemos. (Continúan las protestas en la tribuna del
público.— Rumores.— Protestas).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Guarden silencio, por
favor. Calmémonos por favor. (Rumores.— Protestas). Guarden
silencio señorías; guarden silencio (Continúan los rumores); guarden
silencio; si no, acabamos este debate; lo acabamos.


Ministro, tiene treinta segundos.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias,
presidenta.


Señorías, insisto, desde el año 2012 estamos trabajando con
intensidad en este compromiso ético y cívico para aclarar todas las
causas implicadas en este asunto de los bebés robados; están trabajando
la Fiscalía General del Estado, los servicios forenses, la justicia de
España, la Administración Pública y este Gobierno; sabemos que tenemos
muchas más cosas que hacer; las vamos a hacer; vamos a seguir
comprometidos con este proyecto; ojalá tengamos un apoyo leal para
conseguir este fin. No me parece que este sea un asunto como para generar
polémicas políticas absurdas porque compartimos el objetivo, que es
necesario esclarecer todo lo acontecido y que nunca más vuelva a suceder
en nuestro país algo parecido a lo que sucedió y, por lo tanto, nosotros
vamos a trabajar para lograrlo. Ojalá, algunos, además de hablar, también
apoyen las medidas que tenemos que hacer y ayuden también en el trabajo
en ese sentido.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por favor guarden silencio. Suspendo la sesión por cinco minutos.
(Continúan las protestas en la tribuna del público, que es
desalojado.— El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia.— Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Por favor, que los
servicios de seguridad se den prisa en desalojar la sala. (Rumores).


Silencio, por favor.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, por favor.


Mociones consecuencia de interpelación. Moción por la que se insta
al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en materia de política
industrial.


A esta moción consecuencia de interpelación le ha presentado una
enmienda el Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los señores
senadores Iglesias y Mariscal Cifuentes.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y por un tiempo de cinco minutos, el senador
Alique. (Continúan los rumores).


Silencio, señorías. Esto es una Cámara parlamentaria, les ruego
que respeten el orden (Continúan los rumores). Silencio, señorías. (El
señor López Águeda pide la palabra).


Senador López, tiene la palabra. (Continúan los rumores).
Silencio, por favor.


El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Gracias, señor presidente.


Se están profiriendo graves insultos en la
bancada...(Rumores.— Protestas)... popular que espero que no
consten en acta. (Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Yo recojo su protesta y
ruego al Grupo Popular y al Grupo Socialista que mantengan el orden.
(Rumores).


El señor LÓPEZ ÁGUEDA: El Grupo Socialista no ha insultado a
nadie.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): No corresponde a lo que
es un Parlamento lo que se está viendo ahora. (Rumores.—
Protestas).


El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Señor presidente, acabo.


Yo quería solicitar con buenas formas al ministro que retire la
felicitación malintencionada que ha hecho al portavoz del Grupo
Socialista (Fuertes protestas).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): No reabra el debate,
señor López.


El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Si me dejan, acabo en cinco segundos.


Lo que ha hecho el portavoz ha sido traer a esta Cámara un debate
bien interesante y bien importante.


Gracias. (Aplausos.— Rumores.— Protestas).









MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE
DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE POLÍTICA INDUSTRIAL.


671/000178

GPS


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Para la defensa de la
moción, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el
senador Alique. (Continúan los rumores).


Señores senadores, en un día tan importante como hoy, en pleno
solsticio de verano, ruego un poquito de paz.


El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, el futuro no es una estación desconocida, se construye
con las decisiones que tomamos en el presente. Pues bien, si nos
remitimos a la época del Gobierno del Partido Popular con el señor Aznar
podemos comprender gran parte de los problemas que existen en este
momento y que han ocurrido con la industria española. En los últimos
quince años el peso de nuestra industria en relación con el PIB ha pasado
del 21 % al 16 %; la crisis ha destruido ya más empleo que el que se
destruyó en la reconversión de los años ochenta —se han destruido
cerca de un millón de empleos más que con la reconversión—, y casi
uno de cada tres empleos destruidos durante la crisis lo ha sido en este
sector. Además, las exportaciones y la actividad industrial, que en la
última década iban casi a la par, ahora se han desacoplado, cada una va
por su lado, y aunque las exportaciones crecen, lo hacen menos que en la
pasada legislatura, con el Gobierno socialista. Y lo más grave es que las
exportaciones no se comportan como tractor de la economía. Esta la
realidad, señorías.


¿Y cuál es la causa de todo esto? Para ello, si me lo permiten,
recurriré a unas palabras que pronunciaba el ministro de Industria, el
señor Soria, hace un año en el diario El País, y que voy a leer
textualmente. (Rumores). Señor presidente, no soy capaz de
continuar.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio, señorías, por
favor.


El señor ALIQUE LÓPEZ: Como he dicho, voy a leer textualmente las
declaraciones del ministro de Industria en el diario El País: Entre 2000
y 2012 la industria española perdió peso con respecto al PIB. En su día
apostamos por un crecimiento basado en la construcción. Ahora estamos en
el 15,3 %. La Unión Europea se ha marcado como objetivo alcanzar el 20 %.
Nosotros debemos ser realistas y primero recuperar el 18 % que teníamos
en el año 2000.


¿Qué nos estaba diciendo aquí, hace un año, el señor Soria?
Primero, que fueron las políticas del Partido Popular las que apostaron
por un modelo de crecimiento basado en la construcción, basado, en
definitiva, en el ladrillo. Y nos decía también que fue el Partido
Popular el que abandonó las políticas industriales, hasta el punto de que
el señor Aznar suprimió el Ministerio de Industria. Ahora solo existen
ministro y ministerio de Industria en el titular, en el rótulo, porque no
tenemos ministro de Industria. En todo caso será ministro del oligopolio
eléctrico o ministro de pleitos judiciales, que es lo que ha acabado
siendo con el ataque a las energías renovables y la cogeneración. No
tenemos, por tanto, ministro de Industria, y lo más grave es que la
responsable del ministerio, la secretaria general de Industria,
recientemente no ha tenido ningún reparo en decir textualmente —y,
además, en el Parlamento— que ella no habla de sectores
industriales ni de reindustrialización y que además le parece exagerado
el dinero que dedicaba el Gobierno socialista en el año 2011 a programas
de reindustrialización.


La verdad es que el Gobierno del Partido Popular y el señor Soria
lo tenían muy fácil —se lo dije el otro día—: continuar con
el Plan de política industrial 2020, que fue aprobado con el consenso de
todos los agentes económicos y sociales, las comunidades autónomas y los
partidos políticos, un plan que tenía presupuesto y, sobre todo,
rentabilidad, porque entre 2010 y 2011 la industria española experimentó
tasas de crecimiento superiores a las del periodo de auge económico. Sin
embargo, con la llegada del Partido Popular al Gobierno en el año 2012 la
industria se volvió a contraer fuertemente. Por tanto, no cabe duda de
que tenemos un problema serio de desindustrialización. Además, hay que
recordar que el sector industrial es básico porque es el más productivo,
el más competitivo y el que crea empleo de calidad. La conclusión es que
para ganar el futuro hay que reindustrializar España. Cumplir el objetivo
marcado por la Unión Europea de tener en 2020 el 20 % del producto
interior bruto destinado a la industria supondría crear 600 000 empleos
adicionales en nuestro país.


Hay muchas cosas que se pueden hacer y que decimos en esta moción,
pero me centraré solo en alguna de ellas. La primera y fundamental es que
hay que aumentar el número de empresas de tamaño medio y grande. Solo
el 2 % de las empresas en nuestro país tiene más de veinte trabajadores.
Podríamos aumentar un 15 % la productividad de nuestras empresas tan solo
si alcanzasen el tamaño medio que tienen en Alemania. Hay que hacer una
reforma en profundidad de la formación profesional para adaptar los
ciclos formativos a las necesidades del sector productivo. Es necesaria
una transición energética para bajar los costes energéticos, que es la
principal causa de falta de competitividad de nuestras empresas. Es
necesario aumentar los presupuestos en I+D+i, correlacionarlos y
colaborar con el sector privado. Por último, la reindustrialización pasa
por la apuesta clara por sectores de futuro. Hay que apostar por las
energías renovables, hay que apostar por el ahorro y la eficiencia
energética, y hay que apostar porque una parte del sector de la
construcción se dirija hacia la rehabilitación de vivienda con un
componente de eficiencia energética.


Señorías es necesario —y termino— reindustrializar
España, y por eso les pedimos que apoyen esta moción. Porque —lo he
dicho en más de una ocasión— sin industria no hay país, sin
industria no hay futuro y sin industria no hay empleo de calidad.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Alique.


Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador señor Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


En todas las encuestas realizadas a empresarios estos responden
habitualmente que sus problemas fundamentales son, en primer lugar, uno
obvio: tener demanda, tener clientes, pero en segundo y tercer lugar
aparecen la financiación y los costes de producción. En relación con la
financiación, es cierto que en los últimos tiempos parece que los bancos,
ante la disponibilidad de liquidez que la política del Banco Central
Europeo les ha proporcionado, están más dispuestos a conceder créditos a
las pymes. Las previsiones de los analistas para 2015 incrementan
un 4,1 % el crédito a las pymes, e incluso se empieza a establecer cierta
práctica de competencia entre algunas entidades financieras para
conseguir la captación de esos clientes, de las pymes, con una bajada de
los tipos de interés. Sin embargo, en este escenario, más positivo, los
tipos de interés que pagan nuestras pymes son, aún hoy, bastante
superiores a los que se pagan en el resto de la Unión Europea: el tipo
medio de concesión de crédito a las pymes ronda en este momento
el 4,3 %.


El tercer problema es el de los costes de producción, y entre
estos destacan los costes energéticos, sin ninguna duda. Entre 2008
y 2014 el precio de la electricidad en nuestro país se ha incrementado
un 52 %, y a día de hoy los costes de la energía superan en un 42 % la
media del coste de la energía en la Unión Europea. Este es uno de los
elementos de pérdida de competitividad de nuestras empresas, y en algunos
momentos la denuncia de esta situación por las grandes industrias
consumidoras de energía ha ido acompañada de amenazas de deslocalización.
En debates que se han traído a esta Cámara hemos tenido la oportunidad de
analizar la situación de empresas relacionadas con la producción
siderúrgica, la producción de cinc y de otros elementos metalúrgicos que
conllevan un gran consumo energético, las cuales han puesto sobre la mesa
que si no se les busca un sistema de acceso a la energía que suponga una
reducción de sus costes se plantearían el traslado de esas producciones a
otros países de la Unión Europea o de fuera de ella.


Como respuesta a esta realidad, al abrirse las opciones de
captación de financiación que oferta el plan Juncker nuestro país ha
apostado por mejorar la conectividad de los sistemas eléctricos de
España. Todo ello debería dar como resultado una bajada de los precios
para los consumidores industriales de energía eléctrica, pero no parece
que la alternativa que se ha buscado por el Ministerio de Industria
—el establecimiento de subastas periódicas— sea garantía
suficiente para la consecución de este objetivo. (El señor presidente
ocupa la Presidencia). Por eso, nuestra enmienda propone que el Gobierno
desarrolle estrategias dentro de la política energética que logren que
los consumidores industriales de energía eléctrica consigan unos precios
para esta que les sitúe en términos similares u homogéneos a los de sus
competidores europeos, lo que sin duda pasa por una reducción del precio
que pagan por el consumo de energía eléctrica.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Alique, para indicar si acepta o no la enmienda.


El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo desde el escaño, y seré breve.


Coincidimos plenamente con la enmienda que presenta el senador de
Izquierda Unida, Jesús Iglesias. Creemos que ya se ha debatido en más de
una ocasión en esta Cámara que es necesario acometer una transición
energética para abaratar el coste de la energía, que es precisamente uno
de los grandes problemas que tiene la industria española, que tienen
nuestras empresas para ser competitiva. Pero, evidentemente, centrándonos
solo en los grandes consumidores estaríamos excluyendo a otra parte del
tejido industrial español, que también necesita abaratar costes. Y así,
tal como indiqué en la interpelación al ministro, trece sectores
industriales importantes de nuestro país firmaban recientemente un
manifiesto dirigido al Gobierno diciéndole que la cogeneración es básica,
que es una herramienta necesaria para la eficiencia de las empresas, para
que sean competitivas en un mercado que está globalizado y que, por
tanto, necesita uno de los factores más importantes como costes totales
de una empresa, es decir, abaratar.


Como he comentado, en la moción se recoge el apoyo a la eficiencia
energética, el apoyo a las energías renovables, y nos parece que debe
quedar en esos términos. En otras iniciativas que se han presentado hemos
debatido e incluido esas propuestas, y las hemos aprobado, pero en este
caso no vamos a admitir la enmienda, no porque no coincidamos con ella,
sino porque desvirtúa un poco la moción.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alique.


¿Turno en contra? (Denegaciones).


No hay turno en contra.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, el senador Iglesias tiene la
palabra.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Lamento que no se acepte la enmienda, pero eso no va a impedir que
vote a favor de la moción.


El sector industrial ha tenido en nuestro país un peso sobre el
producto interior bruto muy superior al que tiene en este momento.
En 1973, cuando se produce la primera crisis del petróleo, la
participación del sector industrial en el producto interior bruto español
era del 38,6 %. En 2014, como señala la moción, es del 16 %. Es verdad
que a lo largo de estos años, y sobre todo en la crisis en la que se
encuentra Europa desde 2007 hasta aquí, la participación de la industria
en el producto interior bruto de cada uno de los Estados y en el conjunto
de la Unión Europea ha caído, pero en nuestro país esa caída duplica la
media de la Unión Europea. Resulta, por tanto, imprescindible hacer un
esfuerzo como el que se plantea en la moción para alcanzar el objetivo
—fijado por la Comisión Europea y compartido por nuestro
país— de lograr que la participación del sector industrial en el
PIB alcance el 20 %. Y ello, por razones muy variadas: desde la
importancia que el sector industrial tiene como motor del desarrollo
económico, hasta porque al sector industrial va asociado prácticamente el
resto de los sectores. Del sector industrial cuelga un sector de
servicios a la industria, del sector industrial cuelga una gran parte de
las actividades relacionadas con la investigación y la innovación. El
sector industrial resiste mejor que otros sectores las coyunturas
negativas de una crisis, y de esa manera el empleo que se establece en el
sector industrial es capaz de sobrevivir durante un tiempo mayor
—al menos, que el de otros sectores— las situaciones
negativas en la economía. Por otro lado, es un sector con una vocación de
exportación natural, y que de esa manera contribuye a conseguir balanzas
comerciales positivas para los Estados que apuestan por él.


En diferentes debates también hemos apuntado la necesidad de que
una política industrial activa contribuya al desarrollo, a la
consolidación de dicho sector, y hemos denunciado que, en nuestra
opinión, el Gobierno de España está renunciando al desarrollo de esas
políticas industriales, porque el ministerio dirige fundamentalmente la
mayor parte de sus esfuerzos a la energía y, en segundo lugar, se
prioriza el turismo, mientras que la parte industrial de la cartera es
una especie de asignatura maría que se sobrelleva con mayor o menor
dedicación, sin que, aparte de experiencias positivas, como la del plan
PIVE, sea capaz de desarrollar iniciativas que vayan más allá del diseño
de líneas de ayuda o de subvenciones.


Dentro del sector industrial —y con ello concluyo mi
intervención—, creo que, sin cerrar los ojos a la trascendencia e
importancia de cara al futuro que tienen los sectores innovadores, nunca
se debe volver la espalda a los sectores tradicionales, aunque solo sea
porque siempre resulta más fácil desarrollar una actividad o un sector,
construir sobre lo que ya existe que sobre apuestas que pueden ser muy
sugerentes en algunos momentos y estar perfectamente justificadas como
consecuencia de los cambios que se desarrollan en la actividad productiva
y en el conjunto de la economía, pero que son más arriesgadas en tanto en
cuanto carecen del enraizamiento en la formación de trabajadores, en la
tradición a la hora de conseguir financiación, de estar acreditadas como
sectores capaces de devolver y generar la riqueza suficiente para que
esas inversiones obtengan la rentabilidad imprescindible. Y en muchas
ocasiones han sido las apuestas innovadoras las que han cegado las
estrategias industriales, apuestas innovadoras en detrimento de otros
sectores, que, siendo maduros, aún tienen posibilidades de desarrollar
una actividad fructífera y servir de soporte a esa innovación que sobre
ellos se puede realizar como una apuesta mucho más segura.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señor presidente.


Señorías, a nosotros nos gusta esta moción, no solamente porque
viene del señor Alique, que seguramente será el ministro de Industria en
la sombra del líder Pedro Sánchez, sino porque el PIB vasco en materia
industrial era en el año 2012 del 21,3, en España, del 15,9, y la media
europea, del 17,1. Es decir, el Gobierno vasco y el PNV siempre han
apostado por la industria porque consideramos que es el núcleo duro de
una sociedad que quiere invertir y no quiere tener paro,
fundamentalmente. Y España debería situar la política industrial en el
centro, en la almendra de su acción política y de su agenda
política.


Y hablando de almendra, tengo que decir que la Comisión de
Industria viajó la semana pasada —jueves y viernes— a
Salamanca. Estuvimos en Aldeadávila y Almendra, y estuvimos en una
empresa nuclear. Por cierto, senador Alique, usted se perdió una buena
visita a dos apuestas importantísimas. Además, tuvimos un anfitrión de
lujo, el senador José Muñoz, que nos recibió y nos atendió
fantásticamente. Fue una experiencia que ruego a sus señorías que tomen
en cuenta en el futuro, porque vale la pena conocer algo tan importante
como Aldeadávila y la propia Almendra. Como digo, senador Alique, se
perdió un buen viaje, y creo que le falta esa parte de experiencia
personal para tener un mayor conocimiento de la política industrial.


De todas maneras, seguimos insistiendo en que, efectivamente, la
política industrial tiene que estar en la agenda política y en que las
líneas de actuación para el desarrollo de la industria deben tener un
carácter transversal, localizando nuevos mercados en el territorio
internacional. Actualmente, cerca del 65 % de las exportaciones españolas
lo son a países de la Unión Europea, lo que, lógicamente, lleva consigo
un riesgo. Y no me quiero alargar mucho más, porque las intervenciones en
las de mociones consecuencia de interpelación son de cinco minutos.


Para preparar esta intervención he buscado qué se ha hecho y qué
se ha podido hacer durante estos últimos años en política industrial, y
he encontrado un informe en la Agenda para el fortalecimiento del sector
industrial en España, presentado el 30 de octubre de 2013, que se llama
Estudio para el fortalecimiento y desarrollo del sector industrial en
España, elaborado sin coste por The Boston Consulting Group, con motivo
de su 50 aniversario a nivel mundial y el 25 de su presencia en España, y
en colaboración con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.


Es un buen informe, del que, si me lo permiten, porque no tengo
mucho más tiempo, voy a leer el índice. El papel de la industria española
y la recuperación económica —importante—. La línea de
actuación e iniciativa a desarrollar. Estimular la demanda de bienes
industriales con efecto multiplicador en la economía. Mejorar la
competitividad de las factorías productivas clave. Asegurar un suministro
energético estable, competitivo y sostenible dentro de la Unión Europea.
Reforzar la estabilidad y uniformidad del marco regulatorio español.
Incrementar la eficiencia y la orientación al mercado y a los retos de la
sociedad de la I+D+i. Apoyar el crecimiento y la profesionalización de
las pymes españolas. Adaptar el modelo educativo a las necesidades de las
empresas. Aumentar el peso en la financiación no convencional de las
empresas industriales. Apoyar la internacionalización de las empresas
industriales y diversificación de mercados. Y orientar la capacidad de
influencia de España en la defensa de sus intereses industriales.


La verdad es que se parece mucho a su moción, señor Alique. Es un
buen trabajo el que se ha hecho. ¿Cuál es el problema de este tipo de
trabajos y de este tipo de políticas? Que no se llevan a la práctica,
desgraciadamente. Es decir, la teoría está en todas partes, el problema
es —repito— llevarla a la práctica. Ojalá este Gobierno, en
lo poquito que le queda, lo lleve a la práctica y su moción sea aprobada,
y a usted, cuando sea ministro de Industria, también le aprueben su
política industrial.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra el senador Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Gràcies, senyor president.


Senyories, nosaltres donarem recolzament a la moció que ha
presentat el Grup Socialista. Ho farem perquè pensem que evidentment el
país necessita una política industrial, una política de
reindustrialització, no només per la pèrdua del pes de la indústria en el
conjunt de la economia i del PIB, sinó també per altres raons que
s’han citat en la presentació de la moció per part del senador
socialista.


Evidentment, la indústria és qui crea una ocupació de més qualitat
i més estable, és el sector que més impulsa la recerca, el
desenvolupament i la innovació empresarial, és el sector que més
contribueix a l’exportació i, per tant, a una bona balança de
compte corrent. I ho fem també perquè és evident que al nostre país no
existeix una estratègia de política industrial. Perquè si examinem alguns
dels documents del ministeri, veurem que hi ha una certa similitud amb el
document que citava el senador Anasagasti, però el problema no és només
fer un document amb una diagnosi i amb algunes formulacions i algunes
propostes genèriques, que segurament la majoria dels qui som aquí
compartiríem a l’hora de realitzar aquesta diagnosi, de fer
propostes genèriques, el problema és que no va més enllà del reforçar,
modificar, continuar, però no s’acaba de concretar en mesures, en
propostes concretes, en línies de treball concretes, i, evidentment, en
traducció pressupostària. I aquest és un dels problemes que te la
política industrial al nostre país.


Té un altre problema que és inicial, que és una competència
compartida. La indústria, la competència sobre la indústria és una
competència que és de l’Administració General de l’Estat,
però també és competència de les comunitats autònomes. En tots els
estatuts d’autonomia trobaran vostès a la indústria, entre
d’altres, diguem, com una competència de les comunitats autònomes.
A més a més, no és una competència del Ministeri d’Indústria. La
majoria dels elements necessaris per desenvolupar una política industrial
no estan en mans del Ministeri d’Indústria, estan en mans del
ministre d’Economia, aquelles que tenen relació amb la innovació,
amb la recerca, amb el desenvolupament, aquelles que tenen relació amb la
internacionalització de l’empresa, són elements fonamentals per
tenir una política industrial, no estan en mans del ministre
d’indústria. Tampoc està la política fiscal en mans del ministre
d’Indústria, que és un element determinant. Tampoc està, en aquest
cas, altres instruments com són els relatius a la formació, a la
capacitació del personal, o aquells que tenen relació amb la reducció de
càrregues burocràtiques també per la creació d’empreses, o amb les
mesures que puguin estimular entre d’altres coses el que les
empreses espanyoles tinguin més dimensió, perquè aquest és un dels
problemes que tenim si ho analitzem en relació amb altres països
europeus. És un problema també de dimensió empresarial, i el solucionar
aquesta qüestió no està en mans de l’agenda del ministeri
d’Indústria, sinó en el conjunt del Govern. I aquest és el
problema: el que no hi ha una estratègia industrial global assumida pel
conjunt del Govern. No és una cosa exclusivament que ha de portar el
ministre d’Indústria, sinó el Govern. Jo no he escoltat aquí
evidentment en cap moment el president del Govern parlar del paper
important de la indústria, ni al ministre d’Hisenda i
Administracions Públiques tampoc, ni al ministre d’Economia. I això
és entre d’altres coses perquè no consideren, o no han considerat
que la indústria ha de ser un eix estratègic, central de la política
econòmica del Govern.


I aquesta és la qüestió. I a més a més, després s’ha de
saber concertar amb les comunitats autònomes, evidentment que sí, perquè
també tenen un paper. I fins i tot en alguns aspectes s’ha de
concertar amb els sindicats i les organitzacions empresarials. Miren
vostès, si en algun sector sectorial, —valgui la
redundància—, la indústria està en una posició relativament bona és
el del sector del automòbil, entre d’altres coses perquè hi ha
polítiques concertades entre l’Administració central i les
comunitats autònomes, i també pactades amb les empreses i pactades amb
els sindicats. És un exemple de coses que funcionen, que funcionen ara i
que funcionaven abans. El problema és que això es pot resumí, es pot
apuntar, en el sector exclusivament de l’automòbil, però no és pot
traslladar a cap altre sector, malauradament.


I amb això acabo. El que vull dir és que sí que necessitem una
estratègia industrial per Espanya de caràcter global, la necessitem
concertada perquè, evidentment, la reindustrialització a què fa
referència la moció, és una tasca absolutament necessària.


Moltes gràcies.


Gracias, señor presidente.


Señorías, vamos a apoyar la moción presentada por el Grupo
Socialista, y lo haremos porque creemos que el país necesita una política
industrial, una política de reindustrialización, no solo por la pérdida
del peso de la industria en el conjunto de la economía y del PIB, sino
también por otras razones que ha citado el senador socialista en la
presentación de la moción.


Evidentemente, la industria crea una ocupación de más calidad, más
estable, es el sector que más impulsa la investigación, el desarrollo y
la innovación empresarial, es el sector que más contribuye a la
exportación, y, por tanto, a la balanza de cuenta corriente. Y también
apoyamos la moción porque es evidente que en nuestro país no existe una
estrategia de política industrial. Si examinamos algunos documentos del
ministerio vemos que hay una cierta similitud con el documento que citaba
el senador Anasagasti, pero el problema no es solo confeccionar un
documento con un buen diagnóstico y algunas propuestas genéricas que
seguramente compartiríamos la mayoría de los que estamos aquí, el
problema es que no van más allá de reforzar, modificar, continuar, y no
acaban de concretarse medidas, propuestas, líneas de trabajo y su
traducción presupuestaria. Este es uno de los problemas que tiene la
política industrial en nuestro país.


Tiene otro problema, éste inicial: que es una competencia
compartida, porque la competencia sobre la industria es de la
Administración General del Estado, pero también de las comunidades
autónomas. En todos los estatutos de autonomía encontrarán, entre otras,
que la industria es una competencia de las comunidades autónomas. Además,
no es una competencia del Ministerio de Industria. La mayoría de los
elementos necesarios para desarrollar una política industrial no está en
manos del ministro de Industria, sino en manos del ministro de Economía,
tanto los que tienen relación con la innovación, la investigación y el
desarrollo, como los que tienen relación con la internacionalización de
la empresa, elementos fundamentales para tener una política industrial.
Como digo, no están en manos del ministro de Industria. Tampoco lo está
la política fiscal, y es un elemento determinante. Ni en este caso otros
instrumentos, como los relativos a la formación, la capacitación del
personal o aquellos relacionados con la reducción de cargas burocráticas
para la creación de empresas. O las medidas que puedan estimular que las
empresas españolas tengan más dimensión, uno de los problemas que tenemos
en relación con otros países europeos. Es también un problema de
dimensión empresarial. Y solucionar esta cuestión no está dentro de la
agenda del Ministerio de Industria, sino de la del conjunto del Gobierno.
Y este es el problema: que no existe una estrategia industrial global
asumida por el conjunto del Gobierno. No es algo que tenga que llevar
exclusivamente el ministro de Industria sino el Gobierno. Y no he
escuchado aquí en ningún momento al presidente del Gobierno hablar del
importante papel de la industria ni al ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas ni al ministro de Economía. Y eso es, entre
otras cosas, porque no han considerado que la industria tiene que ser un
eje estratégico, central, de la política económica del Gobierno.


Esta es la cuestión. Además, después hay que saber concertarla con
las comunidades autónomas, evidentemente, porque también tienen un papel.
E incluso en algunos aspectos se debe concertar con los sindicatos y las
organizaciones empresariales, porque si en algún sector sectorial
—valga la redundancia— la industria se encuentra en una
posición relativamente buena es en el sector del automóvil, entre otras
cosas, por la existencia de políticas concertadas entre la Administración
central y las comunidades autónomas, y también pactadas con las empresas
y los sindicatos. Este es un ejemplo de cosas que funcionan, que
funcionan ahora y funcionaban antes. El problema es que esto se puede
apuntar en el sector exclusivamente del automóvil pero, desgraciadamente,
no se puede trasladar a ningún otro sector.


Termino diciendo que necesitamos una estrategia industrial para
España de carácter global, concertada, porque, evidentemente, la
reindustrialización a la que hace referencia la moción es una tarea
absolutamente necesaria.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.


Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la palabra
el senador Sedó.


El señor SEDÓ ALABART: Gràcies president.


Senadors, nosaltres també compartim amb bona mesura els objectius
i els punts bàsics d’aquesta moció. Ho compartim amb aquesta
estratègia de que cal focalitzar en la indústria, no m’agrada dir
la paraula, reindustrialització, perquè a vegades pot semblar que haguem
quedat sense indústria, però parlant o de reindustrialització o de
reactivació industrial en alguns casos, cal definir unes estratègies que
ens puguin permetre desenvolupar la política industrial. Política
industrial que ha d’anar, como ja s’ha dit, marcada amb
concordança amb les comunitats autònomes, ja que la competència és
compartida. Crec que podem dir perfectament que Europa serà industrial o
no serà. Europa serà industrial o no serà. La industria està tornant a
Europa. I hem de potenciar i seguir les directrius europees en marcar
l’estratègia que es pot definir des de l’Estat espanyol amb
la industrialització. El senador Anasagasti ho ha dit, i el cas nostre de
Catalunya també és així, nosaltres ja estem per sobre del 20 %
d’industrialització que marca l’objectiu 2020 de la Comissió
Europea, de la Unió Europea. I el nostre objectiu és que l’any 2020
anéssim cap al 25 %. Seria l’objectiu que des de Catalunya voldríem
prendre com a criteri bàsic per assolir aquesta industrialització.


M’agradaria poder marcar tres àmbits on crec que s’ha
d’actuar en qualsevol pla d’ industrialització. El primer
seria que amb les diferents administracions que en tenen part, entitats
socials, sindicats, que poguéssim definir un sistema de detecció dels
riscos en el sector industrial, que fóssim capaços de veure amb aquests
sectors que encara estan vius, els que poden patir per causes que poden
venir de la globalització, dels canvis de la demanda. Això seria molt
important per poder enfocar abans de prendre decisions més dràstiques. I
crec que seria important, un dels punts seria el que en podríem dir
polítiques actives. Hem d’actuar com estem fent, molt profundament
des de Catalunya amb el RIS 3, els plans RIS 3, de l’estratègia
intel·ligent especialitzada, per tal de promoure els clústers
empresarials, tant a nivell regional com a nivell sectorial, que
potencien l’excel·lència, que potencien la competitivitat i la
productivitat; són bases que podem treballar en aquest àmbit dels
clústers i de l’excel·lència. A Catalunya ho estem fent amb
l’agroalimentària, amb l’automoció, amb l’aeronàutica,
amb el sector farmacèutic, amb el químic, i això permet potenciar que hi
haja inversió en innovació, en recerca i, sobretot, en creació
d’start-ups. I també ens permet guanyar amb aquests clústers,
guanyar capacitat, guanyar grandària de les empreses per poder competir
conjuntament i definir estratègies conjuntes, que ens permetin entre
d’altres coses afrontar la internacionalització i la globalització,
que és inevitable en aquests moments.


Per tant, és bàsic que puguem definir aquestes línies que en
podríem dir de polítiques actives que són les que hem d’enfocar
directament a la indústria. Però hi ha d’altres que es basen en
altres aspectes. Evidentment —ho han dit altres senadors—,
una és amb els costos, la indústria afronta uns costos que no depenen
directament de la seva activitat industrial i que podrien rebaixar-se
profundament i ajudar-los amb la seva supervivència, amb la seva
reconversió. El primer és l’energia. Hem parlat aquí entre
d’altres coses d’autoconsum. Amb aquest viatge que deia el
senyor Anasagasti a Salamanca, vam veure com l’empresa Unesa te
tancada una planta de biogàs, perquè com no es vol considerar els purins
com tractament de residus sòlids per part del Ministeri
d’






Insdústria, tenen una planta que els serviria per poder reduir
costos. Això ho hem de caviar. Hem de fomentar també totes les
infraestructures, des d’un punt de vista molt intel·ligent i que
potencien les àrees industrialitzades perquè les ajudin encara a mantenir
la seva productivitat.


Hem de treballar també, aquí s’ha dit, tot l’àmbit de
la fiscalitat, no tant d’anar buscant ajudes, subvencions, sinó que
creem un marc estable i a llarg termini perquè les empreses puguin
innovar, puguin fer recerca i puguin invertir en capacitat de poder
produir. I finalment, basic, la capacitat i la formació. Necessitem
treballar la formació dual. Necessitem que els nostres joves puguin anar
conjuntament amb les empreses, aprofitant els sistemes com estan
funcionant a Àustria, Dinamarca o Alemanya —i vaig acabant—,
per poder tenir aquesta formació dels joves directament a les empreses, i
que la formació que les empreses donen no es perdi al cap de poc temps. I
treballar molt per la transferència tecnològica empresa-universitat,
col·laborar empresa i universitat no significa privatitzar la
universitat, significa garantir que hi haja una transferència del millors
valors dels nostres estudiants cap a l’empresa i que sigui
productiu.


Moltes gràcies, president.


Gracias, presidente.


Señores senadores, nosotros también compartimos en buena medida
los objetivos y puntos básicos de esta moción. Compartimos la estrategia
de que es necesario focalizar en la industria. No me gusta citar la
palabra reindustrialización, porque puede parecer que nos hemos quedado
sin industria, pero, hablando de reindustrialización o de reactivación
industrial en algunos casos, es necesario poder definir unas estrategias
que nos permitan desarrollar la política industrial, una política
industrial que tiene que ir, como se ha indicado, en concordancia con las
comunidades autónomas, ya que la competencia es compartida. Creo que
podemos decir perfectamente que Europa será industrial o no será. La
industria está volviendo a Europa y hay que potenciar y seguir las
directrices europeas y marcar la estrategia que se puede definir desde el
Estado español en materia de industrialización. El senador Anasagasti lo
ha dicho, y en nuestro caso, en Cataluña, también es así. Nosotros
estamos por encima del 20 % de industrialización que marca el
objetivo 2020 de la Unión Europea, y nuestro objetivo es que en el
año 2020 podamos llegar al 25 %. Ese sería el objetivo que Cataluña
quisiera tener como criterio básico para llegar a esta
industrialización.


Me gustaría poder enmarcar tres ámbitos en los que creo que se
debe actuar en cualquier plan de industrialización. El primero, que las
diferentes administraciones que toman parte, entidades sociales y
sindicatos pudiesen definir un sistema de detección de los riesgos en el
sector industrial, que fuésemos capaces de ver en aquellos sectores que
todavía están vivos lo que puedan sufrir por causas que puedan venir por
la globalización y los cambios de la demanda. Eso sería muy importante
para poder hacer un enfoque antes de tomar decisiones más drásticas y
creo que uno de los puntos importantes serían las políticas activas.
Tenemos que actuar, como lo estamos haciendo muy profundamente desde
Cataluña, con los planes RIS 3 de la estrategia de inteligencia
especializada para promocionar los clusters empresariales tanto a nivel
regional como a nivel sectorial, que potencian la excelencia, la
competitividad y la productividad; son bases con las que podemos trabajar
en este ámbito de los clusters y de la excelencia. En Cataluña lo estamos
haciendo con la agroalimentaria, la automoción, la aeronáutica, la
farmacéutica y el sector químico, y esto permite potenciar que exista
inversión en innovación, investigación y, sobre todo, creación de
startups. Estos clusters también nos permiten ganar capacidad, tamaño de
las empresas para poder competir conjuntamente y definir estrategias
conjuntas que nos permitan, entre otras cosas, afrontar la
internacionalización y la globalización que es inevitable en estos
momentos.


Por tanto, es básico que podamos definir estas líneas que
podríamos llamar de políticas activas, que son a las que hemos de enfocar
directamente a la industria, pero hay otras que se basan en otros
aspectos. Evidentemente —lo han dicho aquí otros senadores—,
la industria afronta unos costes que no dependen directamente de su
actividad industrial y que podrían rebajarse profundamente y ayudarlos en
su supervivencia, en su reconversión. El primero es la energía y se ha
hablado aquí entre otras cosas de autoconsumo. Hay que decir al senador
Anasagasti que en este viaje a Salamanca vimos cómo la empresa Unesa
tenía cerrada una planta de biogás porque por parte del Ministerio de
Industria no se quieren considerar los purines como tratamiento de
residuos sólidos, una planta que les serviría para poder reducir costes.
Esto hay que cambiarlo, tenemos que fomentar todas las infraestructuras
desde un punto de vista muy inteligente y que potencien las áreas
industrializadas para que las ayuden a mantener su productividad.


Tenemos que trabajar todo el ámbito de la fiscalidad, no solo ir
buscando ayudas y subvenciones, sino crear un marco estable y a largo
plazo para que las empresas puedan innovar, puedan hacer investigación e
invertir en capacidad para poder producir. Finalmente algo básico, la
capacidad y la formación. Necesitamos trabajar la formación dual,
necesitamos que nuestros jóvenes puedan ir conjuntamente con las
empresas, aprovechando sistemas como los que funcionan en Austria, en
Alemania o en Dinamarca —voy terminando— para poder tener
esta formación de los jóvenes directamente en las empresas y que la
formación que las empresas dan no se pierda al cabo de poco tiempo.
Asimismo, debemos trabajar mucho para la transferencia tecnológica
empresa-universidad. La colaboración empresa-universidad no significa
privatizar la universidad, significa garantizar que haya una
transferencia de los mejores valores de nuestros estudiantes hacia la
empresa y que sea productiva.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sedó.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Alique.


El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Anasagasti, lo que le puedo garantizar es que el gran
problema que tiene la industria española —como usted bien
sabe— es que no hay ministro de Industria, pero eso se va a
solucionar porque pronto habrá elecciones, volverá el Gobierno
socialista, será Pedro Sánchez el presidente del Gobierno. (Protestas), e
independientemente de quién sea el ministro o la ministra, habrá política
industrial y sobre todo habrá estrategia industrial.


Señorías, hay tres elementos fundamentales que influyen claramente
en el desarrollo de una empresa, son los costes financieros, los costes
laborales y los costes energéticos. Como dije en la interpelación al
ministro hace unas semanas, los costes financieros son en los que ha
tenido más dificultad la industria española en estos tiempos, sobre todo
porque la mayoría, un 90 %, está integrada por pymes, que tienen
dificultades para exportar y que, además, están centradas en segmentos de
tecnología baja y muy baja que les hace mucho más difícil competir en un
mundo globalizado. Han tenido serias dificultades para la financiación,
para acceder al crédito y cuando lo han hecho se han financiado al doble
que una empresa alemana, y eso ha sido perjudicial para su
competitividad. Por lo tanto, el primer elemento al que me refería, el de
los costes financieros, no ha tenido resolución por parte de este
Gobierno en esta legislatura. Primer fracaso del Gobierno.


En los otros dos costes, los laborales y los energéticos, resulta
que el Gobierno ha decidido impulsar reformas por la vía de bajar los
costes laborales, pero no por la vía de bajar los costes energéticos. Con
la reforma laboral el Gobierno ha facilitado el despido, ha precarizado
el empleo y ha bajado los salarios. La consecuencia es que se ha creado
una nueva clase de trabajadores: los trabajadores pobres. El Gobierno ha
pretendido mejorar la productividad a costa de precarizar el empleo,
convirtiendo a los trabajadores españoles en los chinos de Europa. Por
contra, los costes energéticos han crecido sustancialmente. Hay que
recordar que los costes energéticos representan entre un 20 y un 30 %
—cuando no más en algunas empresas— sobre el total del coste
de producción de una empresa y precisamente los costes energéticos han
sido el principal problema que han tenido nuestras empresas para ser
competitivas en un mundo globalizado.


También con la contrarreforma energética del Gobierno se ha
atacado a la cogeneración, que es una herramienta básica para la
industrialización de España. Y es que, efectivamente, como decían 13
sectores industriales recientemente en un manifiesto, sin cogeneración no
hay industria en nuestro país. Esto lo han entendido muy bien países como
Alemania, que a pesar de tener una industria fuerte, una industria
competitiva, sin embargo han hecho una clara apuesta por la cogeneración.
Este, además, es otro ejemplo de cómo el Gobierno del Partido Popular
camina en dirección contraria a lo que hacen otros Gobiernos de países
desarrollados; de esta manera, países como Alemania apuestan por las
energías renovables, apuestan por la cogeneración, al mismo tiempo que
vemos que el Gobierno español las penaliza y las ataca.


El resultado de la política económica del Gobierno no puede ser
más desalentador, como reconocía recientemente el director de Unesid.
Decía: Les recuerdo que todo lo que hemos ahorrado —lo decía
él— con la reforma laboral se lo ha zampado el recibo de la luz.
Pero más clara seguramente ha sido la propia secretaria general de
Industria del Ministerio, que ha dicho en sede parlamentaria que no hay
empresa que no vaya a su despacho y que el principal problema que le
plantee no sea el de los altos costes energéticos.


Señorías, las políticas del Partido Popular han hecho menos
competitiva nuestra industria, menos competitivas nuestras empresas. Con
las políticas del Partido Popular se ha hecho estragos para la clase
media y ha hecho a los pobres más pobres y a los ricos más ricos.
Recientemente conocíamos un informe en el que se refleja que ha crecido
un 40 % el número de ricos en nuestro país, al mismo tiempo que han
crecido las bolsas de pobreza y que hay desigualdad, hasta el punto de
que somos, según la Unión Europea, el segundo país donde más han crecido
las desigualdades. Las mismas políticas antisociales y neoliberales del
Partido Popular han producido un efecto: el de crear más ricos, que sean
los ricos más ricos, y el contrario, es decir, que haya más pobres y que
sean cada vez más pobres. Les recuerdo que hay 2,5 millones de niños que
sufren la pobreza infantil, que hay 3 millones de desempleados que no
cobran prestación y que hay 400 000 jóvenes que han tenido que marcharse
de este país para ganarse la vida.


Es evidente que hay que cambiar esta realidad, hay que cambiar
esta situación y para ello es fundamental, en primer lugar, derogar la
reforma laboral que ha instaurado la precariedad. En segundo lugar, como
decía, la industria tiene que pasar a representar un 20 % del PIB. Hay
que dejar de castigar fiscalmente a las pequeñas empresas que quieren dar
el salto a ser medianas. Hay que crear un banco público de inversión,
como han hecho países como Alemania, para garantizar la financiación real
de las empresas. Y por último, termino, señor presidente, hay que apoyar
la economía verde, hay que apoyar las energías renovables, hay que apoyar
la rehabilitación de viviendas con un componente sostenible…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor ALIQUE LÓPEZ: Porque, como dice un informe de la OIT, con
ello podríamos crear hasta un millón de empleos de aquí al año 2020.


Ya sabemos que el Partido Popular no lo ha hecho, sabemos que no
lo hará, pero no se preocupen, como le decía al señor Anasagasti, que en
unos meses habrá un ministro socialista que hará política
industrial.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alique.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Palacios.


El señor PALACIOS ZUASTI: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Alique, usted nos dice que el peso de nuestro sector
industrial está muy lejos del que sería deseable, y le tengo que decir
que sí, que es cierto; pero lo que no le he oído a usted es que durante
la legislatura pasada la producción industrial cayó casi 5 puntos del
PIB, un 30 %, y quedó un 22 % por debajo de la media de los 7 países más
competitivos.


Usted nos dice que los españoles quieren que se cree empleo, y por
supuesto que es cierto; pero se calla que durante esa misma legislatura
se perdieron 3 400 000 puestos de trabajo y en la industria se
perdieron 660 000. No le he oído hablar de los cientos de miles de pymes
y de autónomos que cerraron durante esa legislatura, ni de las 30 000
fábricas que tuvieron que cerrar en los ocho años de su Gobierno. Y este
es el balance de esa política industrial de la que usted tanto
alardea.


Señor Alique, es cierto, ustedes en el año 2010, cuando faltaba un
año para acabar la legislatura, con un diagnóstico erróneo que nada tenía
que ver con la situación que estaba pasando la industria en ese momento,
aprobaron un plan de política industrial que era totalmente irreal porque
en plena crisis, cuando no había dinero, cuando había un gran déficit,
decían que le iban a destinar 82 000 millones de euros.


Yo no quiero asustar a nadie, como decía una portavoz socialista
que ha intervenido esta tarde, pero la realidad es que ustedes dejaron
este país en quiebra, lo dejaron en plena recesión, a punto de salir del
euro y al borde del rescate económico. Y ha sido el actual Gobierno el
que, después de hacer un diagnóstico certero, ha puesto en marcha una
política económica de consolidación fiscal con la que se ha reducido el
escandaloso déficit público que ustedes nos dejaron, y además ha
emprendido una serie de reformas estructurales que han sido duras,
difíciles de adoptar y mucho más de explicar con las que se le ha dado la
vuelta a este país y, como decía esta tarde el presidente del Gobierno,
se ha logrado que hoy seamos el país que más crece de Europa.


Uno de los pilares fundamentales de esa política económica ha sido
la industrial, en la cual han intervenido todos los ministerios del
Gobierno, pues se han tomado medidas en muchos campos: en el energético,
en el medioambiental, en el fiscal, en el laboral, y con esas medidas se
ha logrado crear un entorno empresarial favorable al desarrollo
industrial y hacer que nuestra industria sea mucho más competitiva y
juegue el papel de protagonista que le corresponde. Asimismo, el
Ministerio de Industria ha realizado una política industrial activa y con
ella se ha reforzado la financiación no bancaria, se ha apoyado a
sectores concretos y también se ha aprobado esa agenda de la cual nos
hablaba el señor Anasagasti, que ha servido para detectar las medidas
necesarias al objeto de que nuestra industria pueda salir fortalecida,
sea potente y pueda competir en los mercados internacionales. Y los
resultados son palpables, se ven, porque en el año 2014 la producción
industrial, esa que con los socialistas cayó un 30 %, por primera vez en
muchos años ha crecido y lo ha hecho un punto porcentual; pero es que en
ese año la inversión extranjera aumentó un 17 % y las ventas de las
grandes empresas crecieron 4,5 puntos; además, en lo que llevamos de año,
hasta el mes de abril, las exportaciones están batiendo un récord
histórico del 4,9 %, y hoy mismo hemos podido leer en la prensa que la
producción de nuestras fábricas ha retomado los niveles previos a la
crisis.


Señor Alique, todos sabemos que la única fórmula para crear empleo
es que se creen empresas. Pues bien, usted no nos ha dicho que en los dos
últimos años de su Gobierno, 2010 y 2011, se cerraron 81 000 pymes y
autónomos y tampoco le he oído decir que el año pasado, en 2014, se han
creado 42 000 pymes y 75 500 autónomos —esa es la diferencia—
y el hecho es que hoy el 73 % de las empresas dicen que quieren ampliar
plantilla, por lo que creo que algo se ha debido hacer bien, porque hemos
pasado de un proceso de destrucción continua de puestos de trabajo a una
etapa de creación de empleo continuada. El presidente del Gobierno nos
decía esta tarde: 440 000 empleos se han creado en el año 2014 y en este
año se van a crear 600 000.


Todo esto demuestra —y con esto acabo, señor
presidente— que vamos por el buen camino para que el peso del
sector industrial siga aumentando en nuestro PIB, pueda llegar a ese 20 %
en el año 2020...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor PALACIOS ZUASTI: Acabo, señor presidente.


Para que nuestra economía tenga un crecimiento sostenible y para
que se siga creando empleo, que esto es lo que realmente importa a los
españoles. Por eso vamos a votar en contra de esta moción.


Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias senador Palacios.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, votamos la moción consecuencia de interpelación del
Grupo Parlamentario Socialista tal y como ha sido presentada.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 215;
votos emitidos, 215; a favor, 77; en contra, 138.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.









HABILITACIONES





PLENO DEL SENADO.

551/000066



El señor presidente da lectura a los puntos 6. y 6.1.


El señor PRESIDENTE: Se solicita la habilitación para la
celebración de una sesión plenaria extraordinaria los días 7, 8 y 9 de
julio de 2015 con el siguiente orden del día:


1. PREGUNTAS


2. INTERPELACIONES


3. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN


4. MOCIONES


5. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


5.1. DICTÁMENES DE COMISIONES


5.1.1. Proyecto de Ley Orgánica de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia.


Comisión: Sanidad y Servicios Sociales


5.1.2. Proyecto de Ley de modificación del sistema de protección a
la infancia y a la adolescencia.


Comisión: Sanidad y Servicios Sociales


5.1.3. Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el
ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil.


Comisión: Justicia


5.1.4. Proyecto de Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de
Trabajo y Seguridad Social. Se tramita por el procedimiento de
urgencia.


Comisión: Empleo y Seguridad Social


5.1.5. Proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas.


Comisión: Economía y Competitividad


6. OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y DE DEUDA
PÚBLICA


6.1. Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de
estabilidad presupuestaria y de Deuda Pública.


Esta autorización incluye tanto el cómputo de los plazos a los que
se refiere el procedimiento legislativo como la celebración de las
reuniones de las comisiones y sus órganos que resulten necesarias para la
tramitación de las iniciativas incluidas en el orden del día de dicha
sesión plenaria extraordinaria.


¿Se aprueba dicha habilitación? (Asentimiento).


Queda aprobada.









TRAMITACIÓN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.

551/000067



El señor presidente da lectura al punto 6.2.


El señor PRESIDENTE: Se solicita la habilitación de los plazos y
las reuniones necesarias de los órganos de la Cámara para la tramitación
de las siguientes iniciativas durante el periodo extraordinario de
sesiones:


Proyecto de Ley de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de
la carga financiera y otras medidas de orden social procedente del Real
Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero.


Proyecto de Ley de patentes.


Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de
noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.


Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las
entidades aseguradoras y reaseguradoras.


Proyecto de Ley para la defensa de la calidad alimentaria.


Proyecto de Ley de modificación de la Ley 33/1988, de 5 de
octubre, de prohibición total de minas antipersonal y armas de efecto
similar.


Proyecto de Ley de reforma del sistema para la valoración de los
daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de
circulación.


Proyecto de Ley por la que se modifica y actualiza la normativa en
materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del
trabajo autónomo y de la economía social.


Proyecto de Ley de sociedades laborales y participadas.


Proyecto de Ley de cooperación jurídica internacional en materia
civil.


Proyecto de Ley de voluntariado.


Proyecto de Ley del tercer sector de acción social.


Proyecto de Ley para la reforma urgente del sistema de formación
profesional para el empleo en el ámbito laboral, procedente del Real
Decreto Ley 4/2015, de 22 de marzo.


Proyecto de Ley de seguridad nacional.


Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la
recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad para los
proyectos de ley orgánica de Estatutos de Autonomía o de su
modificación.


Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979,
de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.


Proyecto de Ley orgánica del Código Penal Militar.


Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre, de la carrera militar.


Proyecto de Ley de carreteras.


Proyecto de Ley del sector ferroviario.


Proyecto de Ley del procedimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas.


Proyecto de Ley de régimen jurídico del sector público.


Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.


Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso y
publicidad de determinada información contenida en las sentencias
dictadas en materia de fraude fiscal.


Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de
las garantías procesales.


Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías
procesales y la regulación de las medidas de investigación
tecnológica.


Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.


Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad.


Proyecto de Ley por la que se conceden créditos extraordinarios y
un suplemento de crédito por importe de 856 440 673,35 euros en el
presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago de
obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento y a la
realización de otras actuaciones del departamento, procedente del Real
Decreto Ley 7/2015, de 14 de mayo.


Proposición de ley orgánica para reforzar la protección de las
menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la
interrupción voluntaria del embarazo.


¿Se aprueba dicha habilitación? (Asentimiento).


Queda aprobada.


Muchas gracias.









ELECCIÓN DE CARGOS EN LAS MESAS DE LAS COMISIONES.

551/000068



El señor presidente da lectura al punto 6.3.


El señor PRESIDENTE: Se solicita la habilitación durante el
periodo extraordinario de sesiones para la celebración a lo largo del
mismo de sesiones extraordinarias de comisiones para que procedan a
cubrir las vacantes que se puedan producir en sus Mesas.


¿Se aprueba dicha habilitación? (Asentimiento).


Queda aprobada. Muchas gracias.









COMISIÓN DE CULTURA.

551/000063



El señor presidente da lectura al punto 6.4.


El señor PRESIDENTE: Se solicita la habilitación para la
celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Cultura el
día 6 de julio de 2015 con el orden del día que ha sido comunicado a la
Mesa del Senado con número de registro de entrada 187 813.


¿Se aprueba dicha habilitación? (Asentimiento).


Queda aprobada.









COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO SOBRE EL TRABAJO Y LA
EXPLOTACIÓN INFANTIL.


551/000064



El señor presidente da lectura al punto 6.5.


El señor PRESIDENTE: Se solicita la habilitación para la
celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión Especial de
Estudio sobre el trabajo y la explotación infantil el día 6 de julio
de 2015 con el orden del día que ha sido comunicado a la Mesa del Senado,
con número de registro de entrada 187 836, así como las correspondientes
sesiones extraordinarias durante el mismo mes.


¿Se aprueba dicha habilitación? (Asentimiento).


Queda aprobada.









PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE MEDIDAS DE INTEGRACIÓN, APOYO Y
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO A LAS PYMES Y PROMOCIÓN DE UN CÓDIGO DE
VALORES, EN EL MARCO DE I+D+I+D.


551/000069



El señor presidente da lectura al punto 6.6.


El señor PRESIDENTE: Se solicita la habilitación para la
celebración de una reunión extraordinaria el día 1 de julio de 2015 de la
mencionada ponencia para la aprobación del informe.


¿Se aprueba dicha habilitación? (Asentimiento).


Queda aprobada.









COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD.

551/000069



El señor presidente da lectura al punto 6.7.


El señor PRESIDENTE: Se solicita la habilitación para la
celebración de una sesión extraordinaria el día 1 de julio de 2015 para
la aprobación del informe elaborado por la Ponencia estudio sobre medidas
de integración, apoyo y transferencia de conocimiento a las pymes y
promoción de un código de valores, en el marco de I+D+i+d.


¿Se aprueba dicha habilitación? (Asentimiento).


Queda aprobada.









PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY




DELEGACIÓN DE COMPETENCIA LEGISLATIVA EN LAS
COMISIONES






DELEGACIÓN DE LA COMPETENCIA LEGISLATIVA EN LAS COMISIONES
CORRESPONDIENTES PARA LA APROBACIÓN DE DIVERSOS PROYECTOS DE
LEY.


551/000065



El señor presidente da lectura a los puntos 7. y 7.1.


El señor PRESIDENTE: Al amparo de lo establecido en los
artículos 75.2 de la Constitución y 130.1 del Reglamento de la Cámara, la
Mesa del Senado, oídos los portavoces de los grupos parlamentarios en su
reunión del 23 de junio de 2015 y a solicitud del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, ha resuelto proponer al Pleno la delegación de la
competencia legislativa en las Comisiones correspondientes para la
aprobación de los siguientes proyectos de ley:


Proyecto de Ley de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de
la carga financiera y otras medidas de orden social, procedente del Real
Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero. Se tramita por el procedimiento de
urgencia. Comisión: Economía y Competitividad.


Proyecto de Ley de patentes. Se tramita por el procedimiento de
urgencia. Comisión: Industria, Energía y Turismo


Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de
noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. Se
tramita por el procedimiento de urgencia. Comisión: Hacienda y
Administraciones Públicas.


Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las
entidades aseguradoras y reaseguradoras. Comisión: Economía y
Competitividad.


Proyecto de Ley para la defensa de la calidad alimentaria.
Comisión: Agricultura, Pesca y Alimentación.


Proyecto de Ley de modificación de la Ley 33/1988, de 5 de
octubre, de prohibición total de minas antipersonal y armas de efecto
similar. Comisión: Asuntos Exteriores.


Proyecto de Ley de reforma del sistema para la valoración de los
daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.
Comisión: Economía y Competitividad.


Proyecto de Ley por la que se modifica y actualiza la normativa
en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del
trabajo autónomo y de la economía social. Comisión: Empleo y Seguridad
Social.


Proyecto de Ley de sociedades laborales y participadas. Comisión:
Empleo y Seguridad Social


Proyecto de Ley de cooperación jurídica internacional en materia
civil. Comisión: Justicia.


Proyecto de Ley de voluntariado. Comisión: Sanidad y Servicios
Sociales.


Proyecto de Ley del tercer sector de acción social. Comisión:
Sanidad y Servicios Sociales


Proyecto de Ley para la reforma urgente del sistema de formación
profesional para el empleo en el ámbito laboral, procedente del Real
Decreto Ley 4/2015, de 22 de marzo. Comisión: Empleo y Seguridad
Social.


¿Se aprueba dicha delegación?


Queda aprobada.


Muchas gracias.


Se levanta la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.
Buenas noches.


Eran las veintiuna horas y cincuenta y cinco minutos.