6.2.2. Proyecto de Ley de Metrología.

Comisión: Industria, Energía y Turismo

13049

(Núm. exp. 621/000096)

El señor Muñoz Martín, presidente de la comisión, presenta
el dictamen.

Comienza el debate de las propuestas de veto.

El señor Montilla Aguilera defiende la propuesta de veto
número 2, de la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor
Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el
señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Sedó Alabart defiende la propuesta de veto número
3, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Alique López defiende la propuesta de veto número
1, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Luzardo
Romano, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Anasagasti
Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el
señor Alique López, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora
Luzardo Romano, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar las propuestas de veto

13065

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación
telemática ha sido autorizada para la senadora María Agustina Rodríguez
Martínez, del Grupo Parlamentario Popular, que ha emitido su voto en
sentido contrario a las propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente
resultado: presentes, 229 más 1 voto telemático, 230; votos emitidos, 228
más 1 voto telemático, 229; a favor, 86; en contra, 142 más 1 telemático,
143.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente
resultado: presentes, 229 más 1 voto telemático, 230; votos emitidos, 229
más 1 voto telemático, 230; a favor, 87; en contra, 142 más 1 telemático,
143.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente
resultado: presentes, 229 más 1 voto telemático, 230; votos emitidos, 229
más 1 voto telemático, 230; a favor, 87; en contra, 142 más 1 telemático,
143.

Comienza el debate de los votos particulares.

La señora Salanueva Murguialday da por defendida la
enmienda 1, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentada por el
señor Eza Goyeneche, la señora Salanueva Murguialday y el señor Yanguas
Fernández.

El señor Montilla Aguilera defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya números 17 a 27 y la vuelta
al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por
la enmienda 31 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y da por
defendidas las enmiendas 28 a 30, también del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya.

El señor Sedó Alabart defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió 34 a 49 y 51 a 54,
así como las números 32 y 33, inicialmente presentadas por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Medina Tomé defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista números 2 a 16 y la vuelta al texto remitido por
el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda 31 del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Nicolás
Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Salanueva
Murguialday, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Anasagasti
Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el
señor Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; el señor Sedó Alabart, por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado Convergència i Unió; el señor Medina Tomé, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y la señora Nicolás Martínez, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar

13082

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de
ley.

El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas
aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre
las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el
Rey.

Se levanta la sesión a las trece horas y cincuenta y cinco
minutos.

Página
13028

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Salanueva.

¿Alguna intervención más del Grupo Mixto?
(Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado?
(Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?
(Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Ortiz.

El señor ORTIZ MOLINA: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, quisiera llamar la atención de
sus señorías sobre este proyecto de ley. Con él se pretende mejorar el
gobierno corporativo de las sociedades de capital, lo que, visto a la
ligera, pudiera parecer algo importante, como casi todo lo que tramitamos
en esta Cámara, pero sin llegar al grado de ser considerado algo
especialmente relevante y, sin embargo, lo es.

Desde hace años, décadas incluso, en países más
desarrollados que el nuestro se viene abordando todo lo que tiene que ver
con el buen gobierno de las empresas, y del buen gobierno en general
desde tiempo inmemorial. En cierto modo, esta es la historia de la
humanidad en cuanto cuerpo social y, en consecuencia, cuerpo político. La
aspiración de tener un buen gobierno ha ocupado ampliamente el bondadoso
ejercicio de los enunciados teóricos y esta aspiración no decae en el
tiempo ni lo va a hacer; todo lo contrario, cada día nos ocupará más.
Quizá esto sea así no tanto en exclusiva por el afán de perfeccionamiento
como por la estricta necesidad. Sin ir más lejos, en España estamos
inmersos en estos momentos en un gran debate que va más allá de la mayor
o menor bondad de determinadas políticas, que también. El día a día nos
dice que, forzados por las graves consecuencias de una crisis económica
persistente con dramáticas consecuencias sociales, aliñado todo con la
frecuencia insoportable de casos de corrupción, que desde el punto de
vista de la sociedad española no tienen la respuesta adecuada, y la
irrupción de novedades en las opciones de representación política,
forzados —digo— por estas circunstancias, estamos sosteniendo
un gran debate sobre lo que es o no es un buen gobierno.

Cuando hablamos de buen gobierno en general no estamos
hablando de algo muy distinto del concepto de buen gobierno de las
empresas, y eso es así por el gran paralelismo de ambas discusiones.
Decía que desde hace décadas se viene abordando la problemática de lo que
debe ser un buen gobierno corporativo. Este debate se ha abierto camino a
lo largo del tiempo junto con otro que tenemos abandonado y con el que se
complementa, me refiero a la responsabilidad social corporativa.
Precisamente la urgencia de la crisis económica, que en gran medida
—y por eso llamo especialmente la atención sobre este proyecto de
ley— tiene su origen en deficientes gobernanzas empresariales, nos
ha hecho aplazar lo segundo para centrarnos en lo primero, desde la
perspectiva de que lo apremiante es lo económico y que lo social puede
esperar. Olvidamos que las dos cosas en cierto modo son lo mismo, incluso
diría más, que lo primero tiene —y estaremos todos de
acuerdo— una naturaleza instrumental y lo segundo es
sustancial.

La crisis nos ha empujado a tratar de perfeccionar con
urgencia la gobernanza empresarial, y también nos viene empujando
—habría que reconocerlo—, al igual que en la vida política,
la universalización de las nuevas tecnologías de la información. Conocer
todo y participar en todo de manera eficiente, el empoderamiento del
accionista, del accionariado o del ciudadano, en definitiva, se convierte
en un legítimo derecho al que nadie en ningún ámbito está dispuesto a
renunciar. El tiempo que se tarda en aceptar y asumir esta nueva realidad
es tiempo de retraso. Por eso unos van más avanzados y otros estamos más
retrasados, por nuestra resistencia a entender y a aceptar algo que es
bueno, justo, que implementa solvencia, que supone progreso,
empoderamiento de la base social o societaria y que, además, es
indiscutible e inevitable.

La publicidad y la transparencia, que posibilitan la
información precisa y el reproche, en su caso, como valores democráticos
y como derechos fundamentales, se han convertido en exigencias sociales y
societarias irrenunciables, vitales, podríamos decir, cuando no son
respetados. En la Bolsa española hemos comprobado recientemente cómo la
simple duda sobre una leal publicidad hace perder a una gran corporación
más del 60 % de su valor en un minuto y, por el contrario, cómo la
percepción de una más adecuada información y transparencia le permite
recuperar su valor en casi un 30 % en veinticuatro horas. Esto es así
para las empresas, y lo es también para todo y para todos, con la
singularidad de que perder valor es fácil y recuperarlo mucho más
difícil. Este ejemplo ilustra suficientemente la importancia de lo que
tratamos de regular.

La ausencia o menoscabo de mecanismos que permitan
calificar la gestión de los intereses colectivos, empresariales o
sociales, de transparente y equilibrada perjudica la igualdad y los
derechos individuales y colectivos, laminando el poder del accionariado o
del ciudadano, lo que deslegitima la acción de administrar o gobernar y
genera irreparables perjuicios de naturaleza política, social y
económica.

La OCDE y las instituciones de la Unión Europea relacionan
los principios que deben inspirar una buena gobernanza empresarial con la
publicidad y la trasparencia, que relaciona, a su vez, con la eficacia de
los mercados, garantizando la revelación oportuna y precisa de todas las
cuestiones materiales relativas a la sociedad, incluida la situación
financiera, los resultados, la titularidad y el gobierno de la empresa,
lo relaciona con amparar y facilitar el ejercicio de los derechos de los
accionistas, con garantizar un trato equitativo a todos los accionistas,
incluidos los minoritarios y los extranjeros, teniendo todos los
accionistas la oportunidad de realizar un recurso efectivo en caso de
violación de sus derechos, y con la preservación de los derechos de las
partes interesadas. Señorías, si donde decimos accionistas decimos
ciudadanos y donde decimos gobernanza empresarial decimos simplemente
gobierno o gobernanza, encontraremos el paralelismo al que me he referido
al principio de mi intervención.

Con el proyecto de ley que estamos debatiendo se pretende
perfeccionar, de manera imperativa en este caso, el buen gobierno
empresarial de las sociedades de capital, inspirados en los principios
enunciados de la OCDE y las instituciones europeas. El Grupo
Parlamentario Socialista comparte esta iniciativa legislativa, aunque
considera que es francamente mejorable. Porque la compartimos a grandes
líneas, hemos renunciado a enmendarla de plano, pero como consideramos
que es muy mejorable, hemos presentado enmiendas parciales que con
posterioridad defenderá mi compañero el señor Manchado, aunque es verdad
que la disposición del grupo mayoritario a escuchar con atención las
propuestas de mejora que hacemos es prácticamente inexistente.

No entendemos qué problemas tiene la mayoría gobernante del
Partido Popular para aceptar mejoras en materia de trasparencia, en el
reconocimiento de derechos, en la implementación de instrumentos de
control, en reforzar mecanismos que aminoren los conflictos, en limitar
las diferencias retributivas entre los que más y los que menos. No
podemos entender, y esta es la percepción que tenemos hasta este momento,
aunque el debate en cierto modo empieza aquí, que cuando tratamos de
aprobar una ley que regula buenas prácticas de gobierno, se haga lo
contrario. Resulta francamente llamativo que el Partido Popular se
instale de una manera tan clamorosa en el principio de hacer lo que yo
diga, pero no lo que yo hago. Esta práctica, a nuestro juicio, no es
aceptable.

A pesar de todo, señor presidente, señorías, mantendremos
la coherencia de no oponernos a aquello que consideramos necesario y esta
ley lo es.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ortiz.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Torme.

La señora TORME PARDO: Gracias, señor presidente.

En este turno, en el que apenas han intervenido otros
portavoces, quiero resaltar la importancia que tiene este proyecto de
ley, que ahora pasaremos a debatir, a analizar una por una las distintas
enmiendas, a fijar la posición que tiene el Grupo Parlamentario Popular
en relación con ellas y, por qué no, a incorporarlas.

Decía el señor Ortiz que hay dos elementos muy importantes
—y yo lo creo así— en un contexto como este, en el que hemos
vivido una crisis económica dramática, que ha puesto, además, de
manifiesto muchos comportamientos de algunas empresas que han sido
completamente indeseables, cuando no lamentables. Y el proyecto que
traemos a esta Cámara a lo que contribuye es a eso, a que haya una mayor
trasparencia, una mayor delimitación de la responsabilidades de todas las
personas que tienen cargos de administración, en la junta general de
accionistas o en el propio consejo de administración de las empresas. Es
un proyecto de ley que, sin duda, va a contribuir a esos objetivos que
queremos: aumentar la competitividad, la trasparencia, que haya una mayor
confianza por parte de los inversores, de los accionistas en todo el
tejido empresarial que tenemos en nuestro país.

Además, el señor Ortiz hacía referencia a que hay dos
elementos importantes, no solo el gobierno corporativo, al que nos
referimos en este proyecto de ley, sino también la responsabilidad social
empresarial, y creo haberle entendido que se lamenta de que, en cambio,
en esa otra faceta de la responsabilidad social empresarial, no estemos
avanzando. Pues bien, tengo que decirle que todo lo contrario. En el
Consejo de Ministros, creo que del pasado 24 de octubre, el Gobierno
aprobó precisamente la nueva estrategia de responsabilidad social
empresarial para el periodo 2014-2020. Como usted sabe, y como sabemos
los portavoces que hemos trabajado esta materia, es verdad que en lo que
se refiere a gobierno corporativo o a responsabilidad social empresarial
hay dos enfoques distintos. Por una parte, están las recomendaciones, las
buenas prácticas que de forma voluntaria asumen las empresas, siendo muy
conscientes de que asumir esas prácticas de forma voluntaria revierte en
creación de valor, en aumento de confianza y en que los distintos
interlocutores, los llamados stakeholders, al final creen ese valor
porque hay esa mayor transparencia, es decir, no solo los clientes, los
accionistas o los trabajadores, sino todos los interlocutores que tienen
relación con una empresa, incluso la comunidad social en que esta
opera.

Por otra parte, junto a esas recomendaciones de carácter
voluntario también hay normas jurídicas. En los últimos años ha habido
distintas normas, la última, la Ley de economía social, o todas las
reformas que han tenido que ver también con la incorporación de más
trasparencia en los mercados y entidades financieras. Son normas de
obligado cumplimiento. En este caso, en el proyecto de ley se introducen
normas de obligado cumplimiento para una parte muy importante, como es
todo lo que se refiere al gobierno corporativo. A este respecto, y usted
lo decía, es esencial que haya trasparencia y que las responsabilidades
se delimiten para que luego se puedan depurar cuando alguien haya
incurrido en conductas reprobables.

Finalizo este turno valorando que el Gobierno haya remitido
a las Cortes Generales esta iniciativa porque persigue un objetivo que,
en líneas generales, compartimos —usted lo ha dicho y creo que
también lo dirá el resto de los portavoces—, porque creo que todos
queremos trabajar y que se consiga que nuestras empresas tengan un
gobierno corporativo cada vez mejor.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Torme.

Pasamos al debate de las enmiendas al articulado.

Los senadores Iglesias y Mariscal han presentado las
enmiendas 6 a 32. Para su defensa, tiene la palabra el senador
Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.

Intervengo para dar por defendidas las enmiendas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.

La senadora Salanueva y los senadores Eza y Yanguas,
también del Grupo Parlamentario Mixto, han presentado las enmiendas 1 a
5.

Tiene la palabra la senadora Salanueva.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, señor
presidente.

Disculpe el lapsus anterior. Quizá por querer imprimir
tanta rapidez al debate, me he adelantado. Disculpen sus señorías y me
remito a lo dicho anteriormente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Salanueva.

El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha
presentado dos bloques de enmiendas. El primero, de la 33 a la 49.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, en líneas generales compartimos los objetivos de
este proyecto de ley en torno a la mejora de la gobernanza de nuestras
empresas. A pesar de ello, pensamos que el texto es mejorable, y por eso
hemos presentado un conjunto de 17 enmiendas para intentar profundizar en
las medidas propuestas en el texto presentado por el Gobierno y avanzar
firmemente hacia un

buen gobierno corporativo que entre otros aspectos pueda
mejorar los niveles de trasparencia de su gestión, equilibren la
composición de los órganos de dirección y administración y diseñe también
sistemas de retribución apropiados.

En primer lugar les voy a detallar un conjunto de enmiendas
con las que pretendemos aumentar la trasparencia en la gestión y en los
procesos internos de las corporaciones. Pensamos que es necesario
profundizar en las obligaciones de información para los órganos de
administración, como el consejo y la junta general de accionistas. Así,
la enmienda número 35 propone mejorar el derecho de información en la
sociedad anónima al eliminar la salvedad propuesta en el apartado 5 del
artículo 197 de la imposibilidad de impugnar la junta general si no se
satisfacen las solicitudes de información de los accionistas.

La enmienda número 33 incluye una previsión para que se
pueda incluir en los propios estatutos la aprobación por la junta general
de determinados asuntos de gestión.

Con la enmienda 34 proponemos modificar el artículo 190,
que regula los conflictos de intereses de los socios, ya que no existen,
a nuestro modo de ver, razones objetivas para dar un tratamiento distinto
de conflicto de intereses dependiendo de que la sociedad sea anónima o
limitada. El socio o socios afectados por el conflicto de intereses
podrían intervenir en el proceso para defender la posición de la sociedad
cuya junta general ha adoptado el acuerdo, pero no tienen la condición de
demandados ya que en realidad la única demandada es la sociedad.

Con la enmienda número 36 proponemos mejorar el artículo
201, que regula las mayorías para la adopción de acuerdos sociales en las
sociedades anónimas.

La enmienda número 37 plantea dividir en dos el artículo
que regula la impugnación de acuerdos para delimitar de forma
independiente las reglas generales y las reglas especiales de su
impugnación, así como definir más correctamente el concepto de acuerdos
lesivos.

La enmienda 38 plantea ampliar el plazo de impugnación y
añade que no caduca este plazo cuando los acuerdos sociales sean
ficticios o falsos o aquellos que por su contenido sean contrarios al
orden público.

También hemos incluido otro bloque de enmiendas para
reforzar la responsabilidad y la independencia de los administradores. De
este modo, las enmiendas 40 y 48 clarifican sus derechos y deberes en el
modo de exigir y de ofrecer información, delimitan sus deberes de
dirección y control y mejoran el carácter imperativo del deber de
diligencia.

La enmienda 41 recupera el texto vigente del artículo 230,
sobre la prohibición de competencia de los administradores e incluye
algunas precisiones en el modo de dispensa de esta prohibición.

Añadimos, igualmente, un nuevo artículo con la enmienda
número 47 para introducir una nueva regla de independencia de los
administradores.

Con nuestras propuestas de modificación, las enmiendas 39,
45, 46 y 49, pretendemos establecer un mayor control y límites al
crecimiento desorbitado de las retribuciones de los órganos directivos y
la expansión de las diferencias retributivas con otros empleados, que
especialmente se ha dado en los últimos años.

También proponemos establecer límites específicos entre las
retribuciones variables y las fijas. Así, en la enmienda 46, por ejemplo,
proponemos establecer límites máximos en la retribución anual, mediante
un quórum reforzado de la junta general de accionistas para la aprobación
del nivel más elevado de remuneración variable, que establecemos en el
cien por cien, mediante la enmienda número 45.

Proponemos añadir una disposición final para incluir
límites a las deducciones como gasto deducible de las indemnizaciones,
planes y fondos de pensiones y otras remuneraciones complementarias
percibidas por administradores y altos directivos de las sociedades de
capital. La enmienda número 49.

También consideramos muy importante incrementar los
mecanismos de control y refuerzo de las garantías y los derechos de los
accionistas minoritarios frente a determinados abusos en la toma de
decisiones. Así, mediante la enmienda 42 pretendemos aumentar el control
de los accionistas minoritarios en las sociedades cotizadas, y para ello
proponemos reducir del 5 al 1 % el porcentaje que se exige para el
ejercicio de ciertos derechos de este tipo de accionistas. Asimismo,
proponemos eliminar cualquier tipo de restricción para el ejercicio del
derecho de impugnar un acuerdo social, que todos los accionistas deben
tener con independencia del porcentaje de participación en la
sociedad.

Finalmente, la enmienda 44 elimina la imposición de
requisitos, que consideramos que son excesivos, como los propuestos en el
texto del proyecto para constituir todo tipo de asociaciones de
accionistas con el fin de defender sus intereses en las juntas generales.
Precisamente una de las funciones de las asociaciones de accionistas es
la de tratar de abrir a los accionistas minoritarios la posibilidad de
tener una influencia en la gestión de la empresa y participar en el buen
gobierno corporativo.

Por tanto, pensamos que es aconsejable que el régimen
establezca unos requisitos más sencillos y menos disuasorios, y además
proponemos incluir la obligación a la sociedad cotizada de informar en su
página web de la existencia y datos de contacto de estas asociaciones de
accionistas mediante la enmienda número 43.

Espero que algunas de ellas merezcan su consideración.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

El siguiente bloque de enmiendas va de la enmienda 50 a la
76.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señorías, el senador Saura y yo presentamos 26 enmiendas
que son idénticas a las que han presentado los senadores Iglesias y
Mariscal, ya que ambos bloques provienen de las enmiendas que presentó la
Izquierda Plural en el Congreso.

Esas 26 enmiendas tienen una serie de objetivos muy
concretos: garantizar y fortalecer el papel de las juntas generales;
reforzar el papel del accionista minoritario y de las asociaciones de
accionistas; regular y diferenciar el rol de los administradores, cargos
ejecutivos y del propio consejo de administración y su presidente;
regular y limitar las políticas de remuneraciones; evitar cualquier tipo
de impunidad de los administradores por posibles daños causados; rebajar
al 2 % el porcentaje para el ejercicio de los derechos de los accionistas
y rebajar al 1 % para las asociaciones de accionistas.

También proponemos incorporar nuevas medidas de
incompatibilidades para los miembros del Gobierno y altos cargos de la
Administración, así como garantizar la necesaria información al conjunto
del accionariado. Y, por último, apostar por la igualdad de género y los
derechos de las personas con discapacidad en este tipo de sociedades,
marcando 2020 como fecha para conseguir esos objetivos. Es decir, 26
enmiendas fruto de las experiencias positivas por tantas veces negativas
y de los excesos producidos en el gobierno corporativo de las
empresas.

En España —y la crisis lo ha evidenciado— ha
habido verdaderos escándalos en la gestión y el gobierno de muchas de
estas empresas. Hubiera sido un buen ejercicio poner detrás de cada
enmienda a qué situación concreta o a qué empresa concreta respondía,
porque cada una de estas enmiendas tiene como referencia, tiene como
experiencia, hechos negativos que se han producido en el gobierno de este
tipo de sociedades. Por ello, creemos en la transparencia, en la
información, en la separación de funciones para el buen gobierno y el
control de estas sociedades, en el empoderamiento de la junta general, en
el respeto y rol de los derechos de los socios minoritarios y en la
necesidad de facilitar las asociaciones de accionistas en grandes
empresas, donde, a veces, las cuotas de capital llegan al 3, 4 o 5 % y el
resto es una masa difusa de accionistas que tiene muchas dificultades
para poder hacer oír su voz y valer su peso en la toma de decisiones.

En cuanto a la ampliación de las incompatibilidades, hay
que ir hacia una política de sueldos y remuneraciones razonables para
directivos y consejeros, y a reforzar el papel de las mujeres —una
petición de la Unión Europea y una exigencia de los tiempos
actuales— en el gobierno de este tipo de empresas.

Creemos que el texto es insuficiente y limitado y, una vez
más, escorado hacia el gran accionariado. No acaba de responder a todo el
cúmulo de experiencias negativas que hemos tenido respecto a
transparencia, información, diferenciación de funciones, remuneraciones
escandalosas, etcétera.

Por ello, proponemos estas 26 enmiendas, entendiendo
—y con esto termino, señorías— que, con la crisis, en estos
últimos años, hemos acumulado la experiencia suficiente, hemos conocido
los casos necesarios para avanzar en poder garantizar mediante una ley el
buen gobierno de estas sociedades para que respondan realmente a sus
objetivos y no a intereses espurios o individuales.

Gràcies, senyor president.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado
las enmiendas 77 a 80. Para su defensa, tiene la palabra el senador
Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, buenos días.

Hemos presentado 4 enmiendas que van en la línea de mejorar
el proyecto de ley que estamos debatiendo. Voy a darlas por defendidas,
pero quisiera remarcar, en especial, 2 de ellas, por la importancia que
tienen y porque, de alguna forma, tienen un denominador común que es
favorecer la transparencia, la gestión y el buen hacer de las
empresas.

La enmienda 77 hace referencia al apartado 3 de la
exposición de motivos. Entendemos que el término de responsabilidad
corporativa debiera matizarse y hablar de responsabilidad social de las
empresas para el aumento de nuestra competitividad, y todo ello englobado
en el perímetro de la conocida responsabilidad social de las empresas,
que deben establecer obligaciones de responsabilidad que mejoren las
condiciones laborales de los trabajadores y para que, a su vez, estos
puedan desarrollar sus funciones de una manera más eficaz, que garantice
la máxima competitividad de la empresa.

La enmienda 78 añade un nuevo artículo 262 bis con el fin
de establecer la obligatoriedad de elaborar un estado no financiero para
grandes empresas. Me explico. En la exposición de motivos del presente
proyecto de ley, el gobierno corporativo de las sociedades —ley a
la que me he referido—, en mi opinión, viene adquiriendo en los
últimos años una importancia considerable y trascendental. Es cierto que
el presente proyecto de ley se centra en las modificaciones que afectan
al funcionamiento de la vida y del día a día de las empresas, en concreto
en lo referido a las juntas generales de accionistas y al papel del
consejo de administración. Se protegen los derechos de las minorías, se
regulan los conflictos de interés, se da más transparencia a los órganos
del gobierno, se regula el trato equitativo de los accionistas y se
regula con mayor precisión la figura de los administradores, etcétera. En
definitiva, se otorga una mayor transparencia y se fomenta la
participación accionarial, todo ello con la finalidad de mejorar el
funcionamiento de las empresas y de conducirlas a mejores cotas de
competitividad. Y es justamente por este motivo que se incluye la
presente redacción de este artículo a los efectos de que las empresas
también tengan la obligación de elaborar un estado no financiero, el cual
debería formar parte del informe de gestión a los efectos de que incluya
información en la medida en que resulte necesario para comprender la
evolución de los negocios, los resultados y la situación de la empresa,
así como el impacto de la actividad —en definitiva, mayor
transparencia—, relativa como mínimo a cuestiones medioambientales
y sociales y también al personal, al respeto de los derechos humanos, a
la diversidad, a la igualdad de oportunidades y no discriminación y a la
lucha contra la corrupción y el soborno.

La obligación de presentar esta información sería un avance
más en la transparencia de nuestras empresas, en la generación de
confianza para accionistas e inversores y asimismo para el aumento de
nuestra competitividad, todo ello englobado dentro del perímetro de la
conocida responsabilidad social de las empresas, a los efectos de mejorar
las condiciones laborales de los trabajadores y para que estos puedan
desarrollar sus funciones de una manera más eficaz y que garantice la
máxima competitividad de la empresa. Esta obligación responde al
principio de cumplir o explicar, principio sobre el cual se sostienen las
principales legislaciones de nuestro entorno sobre la materia.

Las enmiendas 79 y 80 van también en esta misma dirección,
es decir, son complementarias.

En definitiva, le estoy pidiendo al Grupo Parlamentario
Popular que las tenga en consideración, porque es cierto que la ley
avanza, pero con estas enmiendas daríamos un paso mucho más
importante.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las
enmiendas 81 a 97.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.

Señorías, como bien ha explicado mi compañero, el senador
Ortiz, no se sabe si es casual o no, pero se diría que hay un paralelismo
entre el buen gobierno corporativo de las sociedades de capital

y el buen gobierno en general, es decir, aquel que debe
administrar los intereses colectivos. Para mí es un paralelismo acertado.
Como han dicho todos los intervinientes, esta ley es necesaria y
oportuna.

Pero yo quisiera referirme también a su necesidad, como ha
hecho el senador Ortiz. No podemos dejar, como hasta ahora, que
determinadas cuestiones queden al albur de las buenas prácticas, de la
voluntariedad o del campo de la responsabilidad social corporativa, y
pruebas a este respecto tenemos con frecuencia —no diré todos los
días, pero sí muchos días—. La no regulación o escasa regulación de
esta ley ha permitido que en los últimos tiempos se hayan conocido casos
escandalosos, que han generado una profunda alarma social y han
contribuido al clima de desconfianza y de falta de credibilidad en
general hacia las instituciones, tanto privadas como públicas, siendo
estas últimas las que personalmente me preocupan.

Cuestiones como la transparencia de las sociedades es tan
importante como decir que las instituciones públicas tienen que ser
transparentes. Cuestiones como la participación y los derechos de los
accionistas minoritarios, tanto derecho de información como derecho de
presencia en los órganos de Gobierno, es fundamental. Y es esencial
hablar en esta ley de las remuneraciones de los administradores y de los
directivos, que es una de las cuestiones que no hace mucho ha estallado
en nuestro país y que, repito, ha causado una alarma social importante.
Como las buenas prácticas y la voluntariedad no siempre son suficientes
—yo diría que casi nunca—, de ahí surge la necesidad de esta
ley. Pero esta ley desde nuestro punto de vista se queda corta en la
solución de algunos de estos problemas, y ese es el sentido, que no otro,
de las enmiendas que hemos presentado.

Hemos presentado 17 enmiendas, aunque bien es cierto que en
el trámite parlamentario del Congreso el Grupo Socialista había
presentado 22 y se aceptaron o transaccionaron 5. Voy a hacer un breve
resumen de ellas, porque van enfocadas fundamentalmente a esos temas que
he citado al principio.

Las enmiendas números 87, 88 y 89 pretenden reordenar los
artículos único.diez, único.once y único.doce de este proyecto de ley,
que, a su vez, modifican los artículos 217 a 219 de la Ley de sociedades
de capital. El proyecto de ley deja un poco a fijación de los estatutos y
de la junta general este aspecto relacionado con la remuneración de los
directivos y de los altos cargos, la relación entre remuneraciones
variables y remuneraciones fijas de los consejeros, de los
administradores o de los altos directivos. En nuestra opinión, es
necesario fijar una remuneración máxima entre la parte flexible y la
parte fija de la remuneración, porque es precisamente en la parte
flexible donde se dan y se han dado los abusos. Nuestra propuesta es muy
simple: La remuneración variable máxima será el 50 % de la fija cuando la
pueda aprobar el consejo de administración y en el caso de que se quiera
llegar al 100 % —es decir, que la remuneración variable sea igual
que la fija—, será la junta general de accionistas quien la
apruebe, y en ningún caso se podrá sobrepasar el 100 %, pues nos parece
que esa es la fuente de los abusos a los que me he referido.

Las enmiendas números 92 y 93, que modifican los apartados
dieciocho y diecinueve del artículo único del proyecto de ley, pretenden
regular la prohibición de competencia entre los administradores y la
sociedad, es decir, prohibir que nadie que se dedique a administrar una
sociedad pueda dedicarse al mismo, similar o análogo negocio que el que
constituye el objeto social de la compañía. El proyecto de ley en esto no
es taxativo, esos artículos dedican mucho más texto a ver cómo se
dispensa la obligación de no competir que a prohibir taxativamente esa
competencia. A nosotros nos parece que estas enmiendas clarifican el
objetivo final. No puede haber competencia, y en caso de que la haya,
fijar los mecanismos de dispensa.

La enmienda número 94 al apartado veintinueve del artículo
único del proyecto de ley tiene que ver con los derechos de los
accionistas minoritarios, al igual que las enmiendas números 95 y 96, que
explicaré después. En esta enmienda 94 proponemos que se reduzca el
límite mínimo que fija el proyecto de ley para que los accionistas
minoritarios ejerzan ciertos derechos, sobre todo, el de información. El
proyecto de ley plantea que los accionistas minoritarios puedan ejercer
esos derechos si tienen como mínimo el 3 % del capital social. Nosotros
entendemos que es suficiente con que sea el 1 % del capital social.

Mediante la enmienda 95, que también tiene que ver con el
papel de los accionistas minoritarios, añadimos al proyecto de ley que la
sociedad tenga la obligación de informar en su página web sobre la
existencia de las asociaciones de accionistas minoritarios, a fin de que
todo el

mundo que sea un accionista minoritario pueda conocer la
existencia de esas asociaciones y pueda darse de alta en ellas. Por su
parte, en la enmienda 96, que también tiene que ver con las asociaciones
de accionistas minoritarios, proponemos que se supriman una serie de
trabas que incluye el proyecto de ley a esas asociaciones. Desde nuestro
punto de vista, no tiene mucho sentido obligar a una asociación de
accionistas minoritarios —que no es un órgano comercial, que no
hace más actividad que puramente la defensa de los intereses de los
accionistas minoritarios— a que lleve la contabilidad según el plan
de comercio, no tiene mucho sentido que tenga que tener una auditoría de
cuentas anual porque, al final, no es más que una asociación que defiende
unos derechos. Y si efectivamente queremos que esas asociaciones de
accionistas minoritarios existan, no podemos ponerles tantas trabas. Eso
dificulta que existan, por tanto, eliminamos la posibilidad de que no
existan unas asociaciones que tienen una función importante —porque
es la única manera que muchos accionistas tienen para ejercer un cierto
control sobre las decisiones de la sociedad—. Además, en este
apartado Cincuenta y nueve fijamos un número mínimo de asociados o de
capital suscrito, necesario para estas asociaciones En algunos casos de
empresas muy importantes —cuyo nombre no voy a citar porque no se
trata de que hagamos propaganda a nadie—, el número que se pone no
llega a ese número mínimo, y nos parece un error. El proyecto de ley
determina que como mínimo tenga que haber 100 accionistas minoritarios, y
hay sociedades que no tienen 100. Por lo tanto, es imposible que en esas
sociedades existan esas asociaciones.

Finalmente, en la enmienda 97 proponemos la adición de una
nueva disposición final, cuyo objetivo es evitar que determinadas
remuneraciones en forma de pluses, indemnizaciones, planes de pensiones,
fondos, seguros, etcétera, percibidos por directivos o administradores,
puedan ser considerados como gastos deducibles. El ciudadano de la calle,
para el que todos los ingresos que percibe están sometidos a una
fiscalidad determinada, no puede entender que existan estos artilugios
para eludir las obligaciones fiscales de estas personas solamente por ser
administradores de sociedades o altos directivos.

En definitiva, son enmiendas que, como ven, van destinadas
no a dinamitar el proyecto de ley —que nos parece, insisto,
necesario y conveniente—, pero sí a dotarle de suficiencia para
poder obtener sus fines.

Yo espero que los días que han transcurrido desde que se
celebró la comisión y la ponencia hayan servido para que los ponentes del
Grupo Parlamentario Popular hayan reflexionado y hayan podido entender
que alguna de estas enmiendas, si no todas, tienen la característica
fundamental de mejorar el proyecto de ley, que es el objetivo que nos ha
guiado al presentarlas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Manchado.

Turno en contra.

Tiene la palabra el senador Mateu.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.

Lo primero es explicar que el posicionamiento del Grupo
Parlamentario Popular en estas enmiendas se ha realizado desde el prisma
en que la senadora Torme ha explicado este proyecto de ley. Desde luego,
les agradezco a todos ustedes el tono en el que se han expresado,
entendiendo la necesidad del proyecto y tratando de mejorarlo,
disintiendo de lo que estableció el Gobierno en su proyecto de ley.

Como saben ustedes, este proyecto de ley tiene un artículo
único y 65 apartados, a los cuales se han presentado las 97 enmiendas que
se han explicado en la mañana de hoy. Yo voy a tratar de ser lo más
didáctico posible y pormenorizarlas, porque creo que tengo tiempo para
hacer un análisis por encima de las 97 enmiendas, y rápidamente puesto
que se han agrupado.

Así, el apartado Segundo del artículo único ha sido
enmendado por el Grupo Parlamentario Socialista en su enmienda 81, por
Izquierda Unida en su enmienda 6 y por Entesa en sus enmiendas 33 y 50.
Se pretende por Izquierda Unida incrementar la capacidad de intervención
de la Junta en asuntos de gestión, con la obligación del consejo de
administración de cumplir sus indicaciones. Afecta al artículo 181. No se
va a aceptar porque se ha llegado a un equilibrio razonable en esta
materia, sin que sea conveniente una mayor intervención de la junta. A su
vez, la enmienda número 81 del Grupo Parlamentario Socialista establece,
como se ha dicho por el senador Manchado, tres aspectos que afectan al
artículo 161. No la vamos a poder aceptar porque

introduce confusión y complejidad y es preferible que las
dos facultades a que se refiere la aprobación de asuntos sin impartición
de instrucciones estén sujetas a la misma regla —posibilidad, salvo
disposición en contra de los estatutos—. La regla general del
artículo 234 establece que cualquier limitación de las facultades
representativas de los administradores, aunque sea la inscrita en el
Registro Mercantil, será ineficaz frente a terceros; es decir, ni
siquiera la voluntad de los socios es suficiente para vaciar la figura
del administrador del poder de representación que le otorga la propia
legislación mercantil —es decir, inoponibilidad frente a terceros
de cualquier caso de limitación estatutaria u orgánica impuesta por la
sociedad a los poderes de la representación—, de lo que se deriva
una eficacia puramente interna de cualquier tipo de límites. Señorías, la
repetición de este principio general no es conveniente, ya que puede
interpretarse que allí donde no se repite el legislador no quiere que se
aplique.

Con respecto al apartado Segundo del artículo único,
relativo al artículo 190, el Grupo Socialista establece lo que ha
relatado el senador Manchado, y la motivación para no aceptar esa
enmienda es que en las sociedades anónimas se requiere que la prohibición
de ejercitar el derecho de voto del socio en acuerdos que tengan por
objeto autorizarle a transmitir acciones o participaciones debe estar
expresamente previsto en las correspondientes cláusulas estatutarias.
Así, otro aspecto también que no se puede aceptar es que las situaciones
en las que no se puede votar por el administrador ya se entienden
comprendidas bajo la más genérica rúbrica de dispensa de obligación del
deber de lealtad. Entendemos que precisar este detalle, señorías, no
aporta nada sustancial. Este artículo no presupone que el socio sea
codemandado, únicamente que le corresponderá a él también la carga de la
prueba.

Evidentemente, el apartado Cuatro ha sido enmendado también
por el Grupo Socialista, por Izquierda Unida, por Entesa y afecta a los
artículos 197.5 y 197.6 de la Ley de sociedades de capital. No se van a
poder aceptar por las siguientes argumentaciones. Parece excesivo porque
se ha avanzado mucho en relación con el derecho de información del
accionista, por eso no se puede aceptar. Además, es necesario proteger a
la sociedad de conductas abusivas que pudieran desarrollar los
accionistas.

El apartado Cinco, enmendado por Izquierda Unida y por
Entesa, se refiere a una transaccional que se aprobó en el Congreso de
los Diputados sobre el apartado 2 del artículo 197 bis, que quedó ya
redactado en los siguientes términos. Por eso no se va a aceptar. En
concreto, me refiero al punto c) de ese artículo 197 bis, que decía
—entre comillas—: c) aquellos asuntos en que así se disponga
en los estatutos de la sociedad.

El apartado Seis del artículo único ha sido enmendado por
el Grupo Socialista y por Entesa y se refiere al artículo 201 de la Ley
de sociedades de capital. Proponen una mejora técnica —mejora
técnica que consideramos inapreciable— y eliminan la referencia a
que el cómputo se realice sobre el capital presente o representado, lo
que se considera una precisión importante que aporta claridad, tal y como
está establecido en el proyecto de ley. Sustituye la mayoría absoluta por
más de la mitad de los socios. Entendemos que no aporta nada nuevo a lo
que está establecido en el proyecto de ley.

El apartado Siete del artículo único ha sido enmendado por
el Grupo Socialista, Izquierda Unida y Entesa y se refiere a los
artículos 204.1 y 204.3 de la Ley de sociedades de capital. Entendemos
que lo aportado por ustedes, señorías, no incrementa la seguridad
jurídica. En este caso, creemos que, para la correcta interpretación y
aplicación del artículo, es necesario mantener y no eliminar los términos
que se establecen de «razonable» y «medio».

Ya se ha dicho lo que pretende la enmienda 85 del Grupo
Socialista, que también se refiere a este artículo. Nosotros no la
aceptamos, aunque decimos que sí, que coincidimos en el fondo, y
consideramos preferible la solución ya establecida. Pensamos que es
innecesario lo que establecen porque los requisitos aplicables a la
impugnación de todos los acuerdos anulables, según jurisprudencia del
Tribunal Supremo, son los establecidos. Precisar aquí estos requisitos de
forma expresa puede interpretarse como voluntad de no exigirlo a la hora
de impugnar otros acuerdos anulables.

Lo enmendado por el Grupo Socialista y por Entesa en el
apartado ocho del artículo único, referido al artículo 205 de la Ley de
sociedades de capital, lo consideramos, señorías, dicho con todo respeto,
innecesario. El Tribunal Supremo, en sentencias del 30 de mayo de 2007 y
del 19 de julio del mismo año, establece que la celebración de socios
como junta universal, sin que esté presente o representada la totalidad
del capital social, está viciada de nulidad y, además, es contrario al
orden público.

El apartado diez del artículo único ha sido enmendado por
todos los grupos políticos, menos por los senadores navarros, del Grupo
Parlamentario Mixto, y se refiere a los artículos 217.2 y 217.3. En
concreto, las tres enmiendas del Grupo Socialista se refieren a dicho
artículo 217. Como argumentación, podemos decir que es muy necesaria la
expresión establecida de «condición de tales» para identificar la
justificación de la remuneración. Otra enmienda de Izquierda Unida. No
justificamos la eliminación de la remuneración vinculada a la evolución
de las acciones de la sociedad puesto que, si no eliminamos esta
remuneración, se consigue el mismo objetivo de alienación de intereses
entre los gestores y las acciones que la propia remuneración de acciones.
También consideramos ponderado, y se da un paso sustancial con el hecho
de que la junta tenga que aprobar lo que se refiere a la remuneración de
los administradores en la política de remuneraciones, y además, habrá la
máxima transparencia en la retribución de los ejecutivos.

Concretamente, respecto a la justificación de las tres
enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, podemos establecer la
siguiente argumentación para no aceptarlas. Podemos decir que es
superfluo precisar que la ley puede excepcionar también el carácter
gratuito del administrador. La aprobación de la retribución máxima por la
junta es un elemento esencial de la reforma; no se justifica la
supresión. También entendemos superfluo lo establecido, ya que se
considera como retribución en especie en la actualidad incluir las primas
por seguros de responsabilidad de los administradores. Y el sistema de
ahorro debe regularse siempre por contrato.

Limitar al cien por cien el nivel más elevado de
remuneraciones variables en el caso de aprobación por la junta general,
que afecta al artículo 117, señorías, no se puede aceptar porque es una
regla prevista en el artículo 34 de la Ley 10/2014, que es la de
ordenación de las entidades de crédito. No se considera necesario ni
adecuado trasladar esta limitación, además, a todas las sociedades de
capital.

Por último, la enmienda 89 del Grupo Socialista referida al
apartado diez. Decimos que no aconsejamos la incorporación de lo
establecido de la limitación de la remuneración anual porque limita y
encorseta en exceso a la aprobación de la política retributiva. Y esta es
una política que ha sido muy debatida, como todas sus señorías saben, en
la comisión de expertos, y ha sido regulada muy meditadamente, ponderando
muchos factores. Y lo que pretende el Grupo Parlamentario Socialista con
esta enmienda lo consideramos ambiguo en algunos aspectos, por ejemplo,
lo que dice: «El consejo... deberá comunicar a todos los accionistas el
asunto con suficiente antelación...». O: «El personal directamente
afectado por la aplicación de niveles máximos más altos de remuneración
variable no podrá ejercer...» No podemos aceptarlo, señorías.

La enmienda última de Izquierda Unida, referente a este
apartado diez. Establece un nuevo apartado 4º en el artículo 117, que
consideramos que resulta excesivamente intervencionista.

El apartado doce del artículo único ha sido enmendado por
Izquierda Unida y por Entesa y afecta al artículo 119 de la tantas veces
mencionada ley. No podemos justificar la eliminación de la remuneración
vinculada a la evolución de las acciones de la sociedad, señorías, porque
con ello eliminaríamos conseguir el mismo objetivo de alineación, como he
dicho antes, de intereses entre los gestores y las acciones que la propia
remuneración con acciones.

El apartado trece, referido al artículo 225, ha sido
enmendado por Entesa y por el Grupo Parlamentario Socialista. No lo
podemos aceptar porque el nuevo apartado 225 que se pretende es en
esencia el actual 529 quinquies del proyecto de ley. Señorías, no aporta
—con todo el respeto, insisto— nada sustancial, y no se
considera necesario ni conveniente ampliarlo a todas las sociedades ya
que las no cotizadas deben disponer de mayor libertad de
autoorganización. Y, señorías, la numeración de las obligaciones que se
derivan del deber de diligencia entendemos que es redundante puesto que
ya se recogen en otros artículos o se deducen de forma normal de lo que
conocemos por el empresario ordenado. A diferencia del deber de lealtad,
aquí no es necesario afirmar su imperatividad, ya que no hay normas
legales que creen excepciones a ese deber de diligencia.

El apartado Catorce, referido al artículo 226, ha sido
enmendado por el Grupo Parlamentario Socialista, Entesa e Izquierda
Unida. Podemos decir que la Comisión de Expertos con respecto a lo que
ustedes proponen ya propuso esta regla y lo justificó de la manera
siguiente. Decía —abro comillas—: «También resulta
conveniente, en línea con la evolución del derecho de los países de
nuestro entorno, y como ya había sugerido en su momento el informe
Aldama, consagrar

legislativamente la denominada business judgement rule,
cuyo objetivo es proteger la discrecionalidad empresarial en el ámbito
estratégico y en las decisiones del negocio. Se trata de una exigencia
necesaria para fomentar una cultura de innovación y facilitar la sana
asunción y gestión de riesgos. En este mismo sentido se orienta la
propuesta relativa a hacer explícito el derecho y el deber de los
administradores de recabar la información necesaria para adoptar
decisiones informadas. Entendemos que se considera ponderado y
adecuado.»

Lo enmendado al apartado dieciocho por el Grupo Socialista
trata de establecer con más detalle la dispensa de la prohibición de
competencia, afecta al artículo 230 de la ley. No lo podemos aceptar
porque entendemos que la redacción actual es más detallada y precisa que
la propuesta, además de que introduce una regla especial que difiere de
la regla general de impugnación de los acuerdos de la junta. Por lo
tanto, no podemos aceptarlo.

Lo enmendado al apartado diecinueve por el Grupo Socialista
y la Entesa trata de precisar qué deber de lealtad es imperativo. Afecta
al artículo 182 bis. Entendemos que ya está previsto en el artículo
230.

Lo enmendado al apartado veintiuno por Izquierda Unida y
Entesa afecta al artículo 239 de la Ley de sociedades colectivas. No
podemos aceptar eliminar el término «necesario» porque, para evitar
abusos por parte de los accionistas o el fomento de la judicialización de
la vida societaria, es conveniente que la sociedad nada más compense los
gastos necesarios, pero no cualquier otro tipo de gastos.

Entesa e Izquierda Unida enmiendan el apartado veinticuatro
del artículo único. El artículo 249.3 de la Ley de sociedad de capital es
el afectado. Consideramos que lo que proponen es una sensible injerencia
de la Junta en asuntos propios de la organización de función de gestión.
La intervención del Comité de nombramientos y retribuciones es suficiente
para evitar, señorías, los posibles abusos del consejo de
administración.

Izquierda Unida y Entesa enmiendan el apartado Veintisiete.
Se refiere al artículo 262.1. Tratan de que se incorporen al informe de
gestión las políticas relativas al cumplimiento de los principios de
igualdad. Nosotros entendemos que no se puede porque no procede incluir
este tipo de información en el informe de gestión.

El apartado veintinueve ha sido enmendado por todos los
grupos políticos, y en este supuesto incluimos al Grupo Mixto, a los
senadores navarros. Podemos decir que no se va aceptar porque, en
definitiva, ya se estableció dejar el porcentaje del 1 por mil. Y para
justificar lo que acabo de afirmar, la Comisión de Expertos ha
considerado que no debía llegarse a una restricción tan acusada y por eso
propone umbrales considerablemente más bajos, inspirándose para ello en
precedentes de países vecinos, concretamente, en el caso italiano: el 1 %
para las sociedades no cotizadas y el 0,1 o 1 por mil de capital para las
cotizadas.

Señorías, con todo, debe señalarse que los accionistas que
queden debajo de ese umbral no quedan indefensos ya que, en todo caso, se
les reconoce el derecho de proceder contra la sociedad reclamando la
indemnización de los daños y perjuicios que les haya ocasionado el
acuerdo impugnado.

Respecto a la enmienda del Grupo Socialista, que afecta al
artículo 395.2, podemos repetir los mismos argumentos del derecho
comparado y del derecho italiano, que fue adoptado, en definitiva, por la
comisión de expertos. Y no me quiero olvidar en este supuesto también de
lo que establecen los senadores de Unión del Pueblo Navarro en su
enmienda número 1, en la que tratan de eliminar el requisito del 1 por
mil para impugnar los acuerdos en sociedades cotizadas. No se va a
aceptar porque el requisito de legitimación es una de las novedades
introducidas por el proyecto de ley. Además, se prevé para el caso de que
no se pueda impugnar, la indemnización de daños y perjuicios,
señorías.

El mismo apartado Treinta ha sido enmendado por el Grupo
Parlamentario Socialista, por el Grupo Mixto Unión del Pueblo Navarro, en
su enmienda número 2, por Entesa, en sus enmiendas 43 y 66, y por
Izquierda Unida. En definitiva, trataban de rebajar del 3 % al 1 % el
porcentaje de capital necesario para que los accionistas puedan conocer
la identidad del resto de los accionistas. Hay que tener en cuenta lo que
dijo la Comisión de Expertos sobre esta materia —que se ha
pronunciado muy ampliamente—, y para ello menciona la Ley 2/2011,
de 4 de marzo, de economía sostenible, que dio una nueva redacción al
artículo 497 de la Ley de sociedades de capital, en el que se les concede
unos amplios derechos a las sociedades cotizadas para conocer en todo
momento la

identidad de sus accionistas. En este mismo sentido, la
facultad de los accionistas para pedir la identidad de los consorcios se
regulaba ya en el artículo 22.3 del Real Decreto 116/92, de 14 de
febrero, que establecía que cualquier información de que dispongan las
emisoras en relación con la identidad de sus accionistas deberá estar
permanentemente a disposición de cualquiera de ellos, precepto que
confería la legitimación para el ejercicio del derecho a todos los
accionistas. Este tema, señorías, también se ha abordado ya en el
proyecto de Código Mercantil.

El apartado treinta y cuatro ha sido enmendado por la
Entesa y por Izquierda Unida. Se refiere al artículo 519.3 de la Ley de
sociedades. Podemos aplicar para rechazarla, señorías, el mismo argumento
que el establecido en la enmienda número 22.

El apartado cuarenta, también enmendado por Izquierda Unida
y por Entesa, en su enmienda 68, afecta al artículo 529 bis. Hablan de
porcentajes, de que las mujeres deben ser el 40 % como mínimo. Nosotros,
en base al comité de expertos, decimos que la determinación de
porcentajes y de participación de la mujer es excesivamente
intervencionista y puede generar problemas de gestión de las sociedades
cotizadas. A estos efectos convendría esperar los pasos que pueda dar la
regulación europea. Señorías, he de comentarles que esta mañana en la
radio he oído que en Alemania la presidenta Merkel ha establecido ya un
porcentaje mínimo en los consejos de administración para un gobierno de
la sociedades. Con lo cual, como hablamos de seguir la evolución europea,
evidentemente tendremos que estar muy pendientes.

El apartado cuarenta y cinco, que afecta al artículo 529
septies, ha sido enmendado por Entesa e Izquierda Unida. Pero el propio
apartado y el conjunto de la reforma contienen ya los elementos
necesarios para asegurar la supervisión y el control de la actuación del
presidente, incluso en el caso de que desempeñe también funciones
ejecutivas.

El apartado cincuenta y tres afecta al artículo 529
quindecies.3.g), enmendando por Izquierda Unida y Entesa. No es necesario
lo que proponen puesto que se ha alcanzado un equilibrio adecuado en el
grado de intervención de la junta en lo que a la remuneración de
consejeros se refiere.

El apartado cincuenta y seis del artículo único, que afecta
al artículo 529 septendecies, ha sido enmendado también por Entesa e
Izquierda Unida. No podemos aceptar sus enmiendas porque lo consideramos
ponderado y ya se da un paso sustancial con el hecho de que la junta
tenga que aprobar lo que se refiere a la remuneración de los
administradores en la política de remuneración; sobre este tipo de
consejeros habrá además la máxima transparencia en cuanto a su
retribución.

El apartado cincuenta y siete del artículo único, que
afecta al artículo 529 octodecies.2, ha sido enmendado por Izquierda
Unida y Entesa. No podemos aceptar lo que piden en sus enmiendas, porque,
repito, hay ponderación y por el paso sustancial que ya se da por el
hecho de que la junta tenga que aprobar todo lo que hemos dicho antes, la
política relativa a las retribuciones de los administradores.

El apartado cincuenta y ocho, que afecta al artículo 529
novodecies.4 de la Ley de sociedades de capital, ha sido enmendado
también por Entesa e Izquierda Unida, que pretenden eliminar el término
consultiva. Nosotros entendemos que este término es necesario porque no
se necesita un pronunciamiento previo de la junta de accionistas sobre el
informe de remuneraciones ni sobre la aplicación de la política de
remuneraciones; pero eso no significa que la votación no tenga
consecuencias o que sea un mero trámite formal.

Voy terminando porque ya he dicho que había 65 apartados,
más las disposiciones adicionales, la exposición de motivos y apartados
nuevos.

El apartado cincuenta y nueve ha sido enmendado por el
Grupo Parlamentario Socialista, por el Grupo Mixto, parlamentarios
navarros, por Izquierda Unida y por Entesa, que pretenden eliminar una
serie de requisitos en el sentido del artículo 539.4 que establece la Ley
de sociedades de capital. Las vamos a rechazar porque en esta norma sobre
gobierno corporativo lo que realmente aporta mecanismos que intensifiquen
el buen funcionamiento de las sociedades es que se constituyan
asociaciones en cada sociedad como vía de comunicación y como vía de
defensa de los intereses de sus accionistas. Por otra parte, señorías,
para evitar que las asociaciones respondan a intereses de socios con
participaciones relevantes se impide que participen socios con más del
0,5 % del capital social. Por último, es razonable, también desde el
punto de vista de la supervisión, que la Comisión Nacional del Mercado de
Valores y la sociedad puedan tener acceso a la información sobre las
representaciones conferidas a la sociedad.

Señorías, las enmiendas 31, de Izquierda Unida, y 75, de
Entesa, proponen una nueva disposición adicional que establece un mandato
al Gobierno para unificar la Ley de

incompatibilidades y la Ley de conflictos e intereses, e
impedir que altos cargos puedan ejercer funciones en empresas en las que
se hayan relacionado. Entendemos que este no es el campo legal para
establecer la citada posibilidad de modificación y se remitirá a otro
proyecto de ley en el que tenga cabida por su esencia o naturaleza
jurídica.

Las enmiendas 76, de Entesa, y 32, de Izquierda Unida,
pretenden una disposición transitoria nueva, y nosotros consideramos que
no es posible porque establecer el 2020 como fecha límite en la que se
exige ese porcentaje de varones y mujeres en los consejos de
administración está en coherencia con lo dispuesto en la enmienda 24.

Respecto a la enmienda 77, de Convergència i Unió, al
Preámbulo III, entendemos que no se puede aceptar la variación que nos
proponen por considerar que no debe sustituirse corporativa por social.
Hay que distinguir, señorías, los ámbitos del gobierno corporativo y los
de la responsabilidad social.

La enmienda 78, de Convergéncia i Unió, pretende establecer
un nuevo artículo 262 bis. No podemos aceptarla porque la propuesta se
integra en el ámbito de la responsabilidad social corporativa y no en la
del gobierno corporativo de este proyecto de ley.

La enmienda 79, de Convergència i Unió, propone introducir
una disposición adicional nueva eliminando unos párrafos del artículo 39
de la Ley de economía social, que serían redundantes con el contenido de
la enmienda anterior. Señor Alturo, no podemos aceptarla por los mismos
argumentos expuestos para la enmienda anterior.

Por último, las enmiendas 97, del Grupo Socialista, y 49,
del Grupo Parlamentario Entesa, tratan de modificar la Ley del impuesto
sobre sociedades para no considerar como gasto deducible las
indemnizaciones, planes y fondos de pensiones de los administradores.
Señorías, este no es el campo legal necesario ni oportuno para establecer
esta posible modificación, y esto se tuvo que plantear en la necesaria y
magnífica reforma tributaria que estableció el Gobierno del Partido
Socialista.

Respecto a las últimas enmiendas, del grupo navarro de esta
Cámara, la enmienda 2, al apartado treinta, preveía el acceso a la
identidad de los accionistas o asociaciones que estén integradas por, al
menos, 100 accionistas, y obliga a la sociedad emisora a publicar en su
página web información relativa a la existencia de las asociaciones de
accionistas minoritarios y sus vías de contacto. Señorías del grupo
parlamentario, no se puede aceptar porque lo consideramos un coste
excesivo para la sociedad.

En cuanto al acceso a la identidad de los accionistas, en
el proyecto se prevé como un derecho de las asociaciones de accionistas
que representen el 1 % del capital social, requisito que se considera
necesario, y no es conveniente reducirlo a aquellas que solo tengan 100
accionistas.

Sus enmiendas 3, 4 y 5 afectan al apartado cincuenta y
nueve del artículo único. Con respecto a la enmienda 3, entendemos que el
proyecto de ley ya prevé que las asociaciones de accionistas para poderse
constituir como tales deben tener 100 accionistas, y se considera
necesario que estas asociaciones, por su volumen, tengan cierta
representatividad para ejercer los derechos que la ley les reconoce.

Su enmienda 4 no la aceptamos porque consideramos necesario
que las asociaciones de accionistas auditen sus cuentas, señorías.

En cuanto a la prohibición de que reciban fondos de la
sociedad, eso es evidente porque lo consideramos necesario para asegurar
su independencia de la sociedad.

Por último, su enmienda 5 tampoco la vamos a aceptar porque
consideramos que no es necesario nombrar ese consejero interlocutor entre
las asociaciones y el consejo, y entendemos que las asociaciones ya
tienen sus propios cauces para canalizar las inquietudes y los intereses
de los propios socios.

Por tanto, señorías, hemos hecho un repaso intenso y
profundo de las enmiendas que todos y cada uno de los grupos han
planteado y, desde luego, como decía la senadora Torme, con el ánimo de
considerar que esta es una ley necesaria, de que ustedes entienden la
necesidad de esta ley y de que han tratado de mejorarla, creo que les he
dado razones para que comprendan que las enmiendas que han planteado no
mejoran el texto porque lo que ha llevado a cabo el Gobierno derivaba de
lo establecido por el comité de expertos, que han sido los que han
sentado la base de este proyecto de ley.

Señorías, muchas gracias por su atención. Muchas gracias,
señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mateu.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la
senadora Salanueva.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, presidente.

Intervengo brevemente para manifestar nuestra posición
respecto a la ley y por deferencia al riguroso trabajo que, como siempre,
ha realizado con educación y cortesía, el portavoz del Grupo Popular, el
señor Mateu, respecto a todas las enmiendas. Ya puede agradecer el
Gobierno su trabajo y el papelón que le hace. Pero lo que no podemos
agradecer al Gobierno es la cerrazón permanente al no aceptar ninguna
enmienda ni en este ni en ningún otro proyecto de ley, algo que
consideramos contraproducente. En cualquier caso, le felicito a usted, y
espero que el Gobierno tome nota y sea un poco más sensible.

Compartimos el objetivo de la ley, estamos de acuerdo y
vamos a votar a favor de ella. Pero, insisto, está muy bien hacer valer
las mayorías absolutas, pero alguna enmienda habrá de la oposición que
tenga algún sentido o alguna posibilidad de prosperar o de buscar algún
acuerdo transaccional. Lamento esa actitud permanente que mantienen,
pero, como digo, tienen mucho que agradecer a su grupo parlamentario y
en, concreto a su portavoz, el señor Mateu.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Salanueva.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias, señor
presidente. Buenos días, señorías.

Nuestro grupo, tal y como han observado, no ha presentado
ni una enmienda al proyecto que hoy debatimos, porque consideramos que es
una ley oportuna y necesaria. Consideramos también importantes las
reflexiones que se hacen en el preámbulo, donde se habla de las ventajas
que comportan las buenas prácticas empresariales y, por contra, que su
ausencia ha colaborado a agravar la reciente crisis financiera, por lo
que el impulso vivido por el gobierno corporativo está más que
justificado.

Es de destacar que el proyecto, en lo relativo a la junta
general, refuerza su papel y abre cauces para fomentar su participación
mediante la regulación del derecho de información de los accionistas,
reservándole la aprobación de aquellas operaciones societarias que, por
su relevancia, tienen efectos similares a las modificaciones
estructurales, así como protegiendo los intereses de los socios
minoritarios, advirtiéndose la voluntad de respetar el interés social
para evitar la imposición de manera abusiva por la mayoría.

En lo referente al consejo de administración, hay que
reseñar que pretendemos hacerlo más operativo. Se persigue una mayor
transparencia en las actuaciones de los órganos de gobierno, así como una
mayor profesionalización y asunción de responsabilidades de los
administradores. En este sentido, citaré a continuación algunos de los
aspectos más significativos que, a nuestro entender, introduce dicho
proyecto de ley: se modifica sustancialmente para regular el conflicto de
intereses. Se establece la obligatoriedad de los consejeros de tener una
dedicación adecuada y adoptar las medidas precisas para la buena
dirección y el control de la sociedad.

En algún otro artículo las obligaciones básicas derivadas
del deber de lealtad y el deber de evitar situaciones de conflictos de
intereses se han ampliado y matizado, lo que va en beneficio de una mayor
concreción y contribuye a una aplicación más ajustada.

La responsabilidad de los administradores es tratada con
mayor amplitud y se extiende a los administradores de hecho. Asimismo, se
establece la periodicidad con la que ha de reunirse el consejo,
trimestralmente, con la finalidad de que mantenga una presencia constante
en la vida de la sociedad. Quizá podrían haberse regulado de forma más
concreta procedimientos que garanticen la formalidad y legalidad en
cuanto a plazos y contenidos para las convocatorias del consejo de
administración y para garantizar que los consejeros dispongan de toda la
información necesaria y tiempo suficiente para su análisis, de modo que
ello posibilite una adecuada toma de decisiones.

Asimismo, en otro artículo, se trata con mayor profusión la
situación de los miembros del consejo de administración que pudieran
tener labores ejecutivas dentro de la sociedad, con el objetivo de dar
mayor claridad a las diferentes situaciones que pudieran plantearse; y
aun cuando

dicho artículo ya regulaba el tipo de funciones
indelegables por el consejo de administración, uno posterior bis
proporciona un detalle exhaustivo de los diferentes casos. El informe de
gestión proporcionará, después de la modificación, información sobre el
período medio de pago a los proveedores, e indicará las medidas a adoptar
para su reducción en el caso de haber superado el máximo establecido en
la normativa de morosidad.

Se establece también la obligatoriedad de que exista una
comisión de auditoría y una o dos comisiones separadas de nombramientos y
retribuciones. Por otra parte, se definen las diferentes categorías de
consejeros: ejecutivos, no ejecutivos, dominicales e independientes, y se
regula el contenido del informe anual del gobierno corporativo, de
obligado cumplimiento para las sociedades anónimas cotizadas.

Mención especial requiere, a nuestro entender, la
regulación de las remuneraciones de los administradores que plantea el
proyecto, para procurar su adecuación y alineación con el interés de la
sociedad y de los accionistas, estableciéndose, entre otras cosas: que el
importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los
administradores, en su condición de tales, deberá ser aprobado por la
junta general y que la remuneración de los administradores deberá, en
todo caso, guardar una proporción razonable con la importancia de la
sociedad, la situación económica que tuviera en cada momento y los
estándares de mercado de empresas comparables. El sistema de remuneración
establecido deberá estar orientado a promover la rentabilidad y
sostenibilidad a largo plazo de la sociedad e incorporar las cautelas
necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de
resultados desfavorables. Por último, la propuesta de la política de
remuneraciones del consejo de administración será motivada y deberá
acompañarse de un informe específico de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones, ambos a disposición de la junta en la web.

En resumen, señorías, el proyecto incluye, a nuestro
parecer, una serie de novedades que redundan en una gestión más adecuada
y más transparentes de las sociedades, determinando eficazmente la cadena
de responsabilidad dentro de la organización, generando valor y
reforzando la confianza de los inversores. Por todo ello —como
decía al principio— mi grupo no ha presentado ninguna enmienda y
votará favorablemente al proyecto que hoy debatimos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Iparragirre.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra
el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, esta es una ley conveniente y necesaria, eso
nadie lo pone en cuestión, y prueba de ello es que no se ha presentado
ningún veto, aunque nosotros discrepemos de una parte de su contenido, no
tanto por lo que dice sino por aquello que no recoge, por sus
insuficiencias.

La necesidad de mejorar el gobierno corporativo de las
sociedades cotizadas no es nueva, como todos ustedes saben, máxime cuando
las deficiencias del gobierno corporativo han jugado un papel de máxima
relevancia en la génesis y el desarrollo de la crisis financiera, cuyas
consecuencias todavía vivimos. Está claro pues que las normas y
recomendaciones existentes hasta ahora no han proporcionado un entorno de
control y de equilibrio suficiente para reforzar las buenas prácticas
empresariales. Ello no quiere decir que los códigos de conducta no hayan
tenido su utilidad y no hayan sido importantes en su momento, pero las
circunstancias y el tiempo han puesto en evidencia su insuficiencia.
Tanto el Código Olivencia, como el Código Aldama, como el Código
unificado de buen gobierno de las sociedades cotizadas del año 2006
supusieron en su momento un intento de introducir normas de gobierno
corporativo, que en los países de nuestro entorno ya venían siendo una
práctica habitual después de una directiva europea del año 1978. La
aprobación del Plan de acción de la Comisión Europea para la
modernización del derecho de sociedades, en desarrollo de la Directiva
36/2007, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas
de las sociedades cotizadas, supuso un hito importante en el proceso
comunitario para eliminar barreras, por ejemplo, en cuestiones tales como
el ejercicio transfronterizo del voto, la ampliación de la transparencia,
la regulación del voto electrónico y el refuerzo de garantías suficientes
frente a determinados abusos, entre otras cosas.

A la par que la normativa europea avanzaba, se incorporaba
a nuestro ordenamiento dicha regulación: la Ley de sociedades de capital
del año 2011 y la Ley 1/2012, en cuanto al ejercicio de

determinados derechos de los accionistas de las sociedades
cotizadas. Ahora bien, la crisis —como se ha puesto de relieve en
las intervenciones de otros portavoces— y la praxis empresarial,
especialmente durante los últimos años, han puesto de relieve las
insuficiencias regulatorias actuales. Así, se hace necesario abordar
temas muy diversos, que es lo que pretende esta ley. Por un lado,
modificar la normativa en materia de junta general y derechos de los
accionistas, a fin de contribuir a conseguir una más efectiva
intervención en la actividad social y una mayor participación de los
accionistas en ella. Y por otro lado, modificar el estatus jurídico de
los administradores, la composición de los órganos de administración, su
funcionamiento, su sistema de retribución, así como otras disposiciones
que afectan también a la propia presentación de las cuentas y al propio
papel regulador de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Nosotros compartimos buena parte de los posicionamientos
que incluye el actual texto. Sin embargo, y así lo hemos puesto de
relieve en la presentación de nuestras enmiendas, discrepamos del alcance
de algunas disposiciones que se nos proponen, a la vez que consideramos
que existen vacíos que se deberían cubrir.

Hemos tratado de explicar el contenido de las enmiendas que
hemos presentado. Es verdad que el Grupo Parlamentario Popular realizó
durante su tramitación en el Congreso un cierto esfuerzo de aproximación.
Desgraciadamente, este esfuerzo de integrar enmiendas en la línea de las
planteadas por nosotros no ha tenido continuidad en esta Cámara.

Por todo lo expuesto, nuestro voto no puede ser favorable,
aun reconociendo el avance de la ley, y optaremos por una abstención.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor
presidente.

En este turno me gustaría hacer balance sobre la evolución
de este proyecto de ley. Es evidente, como ya he dicho al defender las
enmiendas, que hay una serie de aspectos que cabe valorar de forma muy
positiva. Por ejemplo, la regulación de la remuneración de los
administradores, así como que en las sociedades cotizadas se establezca
que la junta general de accionistas sea quien apruebe la política de
remuneraciones de los administradores de la sociedad. Consideramos que
estos son avances de cara a conseguir la transparencia y, por tanto,
importantes y positivos. Asimismo, se ha acotado que los acuerdos de la
junta general se adopten por mayoría simple, y, finalmente, se han
ampliado un poco los derechos de minoría, rebajando los requisitos
mínimos para que puedan ejercer sus derechos.

En cualquier caso hay aspectos que todavía están pendientes
de mejora y que se podrían haber mejorado en este trámite. Y le voy a
poner algunos ejemplos. Consideramos que se debería potenciar la figura
del consejero independiente, puesto que va en la línea de profesionalizar
los órganos de la administración, y por tanto, incorporar profesionales
cualificados independientes y con funciones de control reales, sobre todo
en estructuras de capital concentradas con riesgo de que los accionistas
mayoritarios no velen por los minoritarios, dado que pueden escoger los
gestores. La figura del independiente es fundamental como garantía de los
accionistas minoritarios. Por tanto, ese es un aspecto que, desde nuestro
punto de vista, se podría haber mejorado. Entendemos que no se contempla,
y por ello quiero remarcarlo.

Evidentemente, senador Mateu, me sabe mal que no se acepte
ninguna enmienda, pero especialmente la número 78, porque usted se ha
esforzado en dar argumentos; argumentos que, evidentemente, no nos
convencen. En definitiva, lo que proponemos es que las grandes empresas
tengan la obligación de elaborar un estado no financiero. Entendemos que
ello va en la línea del proyecto que estamos debatiendo, en la línea de
la transparencia, de la claridad y de una mejor gestión. Además decimos
que este informe debería contemplar aspectos medioambientales, de
derechos humanos, de diversidad, de igualdad de oportunidades y de no
discriminación, y sobre todo de la lucha contra la corrupción y el
soborno. Estos aspectos se deberían haber considerado, porque,
evidentemente, con ello tendríamos una ley con más garantías, una ley más
adaptada a los momentos actuales y a los problemas, cuya solución la
sociedad nos exige en estos momentos, y habríamos conseguido un gran
avance. Siento, por tanto, que nuestras propuestas no se acepten

y que no se haya avanzado más. Creo que en el fondo
entienden que debe ser así y que tenemos razón, pero ustedes pretenden
justificar otro aspecto.

A pesar de todo ello, es una ley necesaria, una ley que va
bien para la gestión de las empresas, para una mayor profesionalización y
para que las cosas no se tengan que hacer simplemente a través de las
juntas generales, sino que estas puedan decidir con más precisión sobre
determinados aspectos realmente importantes de cara al buen gobierno. Y
por ello votaremos a favor de esta ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Ortiz.

El señor ORTIZ MOLINA: Gracias, señor presidente.

Como decía al principio del debate, no les veía con
demasiada disposición a aceptar las propuestas que hemos presentado, y,
por desgracia, no nos han defraudado. Saben los portavoces del Grupo
Parlamentario Popular que yo agradezco sus formas, pero para no aceptar
ninguna enmienda de ningún grupo parlamentario —con respecto a
nosotros, en concreto— utilizan el argumento de que alguna
propuesta tiene cierta naturaleza intervencionista. Cada día son más los
expertos que están de acuerdo en que el verdadero origen de la crisis que
llevamos sufriendo ya casi ocho años viene precisamente de una deficiente
gobernanza empresarial, que es lo que tratamos de regular hoy. Cuando las
cosas van mal y, por ejemplo, una parte del mundo de la banca se viene
abajo y tenemos que recapitalizarla, ¿eso es intervenir o no es
intervenir?

Lo que no podemos pensar es que hay intervencionismo bueno
e intervencionismo malo. Hoy tratamos de hacer una ley y, lógicamente, se
trata de intervenir, y este intervencionismo también es bueno, entre
otras razones porque las crisis no son solamente para sufrir. En las
crisis se sufre y de las crisis se aprende, hay que aprender. Por eso
sacaba a colación al inicio del debate la responsabilidad social
corporativa, que junto a la gobernanza empresarial son dos elementos
fundamentales en la gestión de la nueva economía, en el nuevo paradigma
que se está abriendo en el mundo de la economía y de la empresa.

La experiencia nos dice que en todo lo que tiene que ver
con la gobernanza empresarial y con la responsabilidad social
corporativa, hacer indicaciones para dejarlo a la buena voluntad de los
actores en ese campo no es suficiente y hay que pasar a la vía normativa,
hay que obligar. ¿Por qué? Porque se está abriendo un nuevo paradigma en
el mundo de la economía y de la empresa que algunos lo entienden
perfectamente y a otros les cuesta mucho trabajo.

No hace mucho, un gran inversor internacional hacía el
siguiente razonamiento: cuando me ofrecen un negocio, antes de saber
cuánto voy a ganar, me interesa saber cómo lo voy a ganar. Ese es el
nuevo paradigma de la economía y de la empresa, pero eso no lo entiende
todo el mundo, no todo el mundo lo acepta voluntariamente; en
consecuencia, hay que pasar a la parte normativa, y eso es
intervencionismo, pero intervencionismo —si me permiten la
expresión— bueno, porque eso será bueno para la sociedad, será
bueno para la propia economía, será bueno para la propia empresa y,
además, crearemos el espacio razonable donde el regulador puede cumplir
su función, el espacio razonable donde el inversor se encuentra cómodo,
que es de lo que se trata, y digo cómodo en el sentido de buscar el fin
último de la actividad de la inversión y de la actividad económica, que
no es otra que estar al servicio de los intereses sociales.

Concluyo diciendo, señor presidente, señorías, que
lamentamos que las propuestas que les hemos hecho, que razonablemente
mejorarían este proyecto de ley, no hayan sido aceptadas. A pesar de eso,
nos ratificamos en lo que decía al principio, y es que consideramos que
esta ley es necesaria, y aunque no la podemos respaldar, tampoco nos
vamos a oponer.

Muchísimas gracias, señor presidente, y gracias, señorías.
(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ortiz.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Torme.

La señora TORME PARDO: Gracias, señor presidente.

Señorías, el presente proyecto, ya se ha dicho, tiene como
finalidad garantizar un buen gobierno corporativo en las sociedades de
capital, y ello por dos motivos fundamentales: por una parte, se ha
comprobado, y así lo reconocen los distintos agentes económicos y
sociales y

también lo hemos reconocido todos los portavoces de los
grupos parlamentarios, que el gobierno corporativo es un factor esencial
para generar valor en la empresa e incrementar su competitividad. Pero
por otra parte, en la actual crisis económicofinanciera se ha comprobado
la complejidad y falta de trasparencia en las estructuras de gobiernos
corporativo, la imposibilidad de determinar las responsabilidades dentro
de la organización y, por tanto, de exigirlas y depurarlas, y que la
política de retribuciones estaba desligada de la evolución real de las
empresas, todos ellos han sido elementos muy negativos que han agravado
la crisis, cuando no han sido causa subyacente.

A lo largo de esta crisis hemos visto en algunas empresas
hechos verdaderamente lamentables, y así lo decían el señor Manchado y el
señor Guillot, hechos que han provocado repulsa y alarma social, y por
eso esta ley es oportuna y necesaria. ¿Qué vamos a conseguir con ella?
Quiero destacar varios objetivos que se enuncian en el propio preámbulo:
en primer lugar, vamos a contribuir a velar por el adecuado
funcionamiento de los órganos de gobierno y administración de las
empresas españolas para conducirlas a las máximas cotas de
competitividad. En segundo lugar, generar confianza y trasparencia para
los accionistas e inversores nacionales y extranjeros. En tercer lugar,
mejorar el control interno y la responsabilidad corporativa de las
empresas españolas. En cuarto lugar, asegurar la adecuada segregación de
funciones, deberes y responsabilidades en las empresas desde una
perspectiva de máxima profesionalidad y rigor. Todos ellos objetivos
necesarios y compartidos en esta Cámara.

Por tanto, esta es una ley necesaria y oportuna, y así se
ha puesto de manifiesto. El proyecto supone, a nuestro entender, una gran
aportación. Pero desde luego no arranca desde cero. Efectivamente, en
España se viene trabajando desde hace años para impulsar el buen gobierno
corporativo en las empresas. A ello se ha referido también el señor
Montilla. Tenemos ya una cierta tradición y experiencia en este campo, y
se pueden destacar 3 momentos que, a mi juicio, son clave: la aprobación
del conocido como Informe Olivencia, en 1998, que dio lugar a la
elaboración en nuestro país del primer código de buen gobierno, relativo
a los consejos de administración de las sociedades; el Informe Aldama, de
2003, que modifica el código anterior y añade nuevas recomendaciones; y,
finalmente, el Código unificado de buen gobierno de las sociedades
cotizadas que, aprobado en 2006, estaba hasta ahora mismo vigente y
supuso un enorme avance al armonizar y actualizar el código anterior en
línea con las tendencias europeas.

En esta trayectoria llegamos al momento presente, a este
proyecto de ley que hoy debatimos. En su redacción —quiero
destacarlo porque me parece muy relevante— el Gobierno ha tenido en
cuenta la práctica totalidad de las recomendaciones efectuadas por la
Comisión de expertos en materia de gobierno corporativo, que se
constituyó precisamente a este efecto dentro del Plan nacional de
reformas impulsado por el Gobierno en 2013. Las modificaciones que se
introducen se pueden agrupar en 2 tipos de categorías: unas se refieren a
la junta general de accionistas y otras al consejo de administración.
Pues bien, respecto al primer bloque, se introducen modificaciones para
reforzar el papel de la junta y abrir cauces para fomentar la
participación de los accionistas. Se atribuye a la junta general la
posibilidad de impartir instrucciones en materia de gestión, de modo que
a partir de la aprobación de esta norma la junta podrá dar instrucciones
a los administradores, mientras que antes solo se limitaba a votar a
favor o en contra. Además, se reserva a la junta la aprobación de
operaciones societarias de relevancia.

En relación con los accionistas minoritarios, se rebaja el
umbral necesario para que puedan ejercer sus derechos desde el 5 % hasta
el 3 % del capital social, y se establece en 1000 el número máximo de
acciones que los estatutos podrán exigir para asistir a la junta general.
Creo que es un avance muy importante para favorecer la participación de
los accionistas minoritarios. Además, también se les amplía el derecho de
información, de manera que puedan solicitarla hasta cinco días antes de
que se celebre la junta. Se reforma también el tratamiento jurídico de
los conflictos de interés para que no pueda haber socios accionistas que
puedan incurrir en una votación asumiendo un beneficio en ese conflicto
de interés.

Respecto al segundo bloque, también hay importantes avances
en el consejo de administración, y ya se ha hecho referencia a ellos.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora TORME PARDO: Sí, señor presidente. Termino.

Un paquete importante es el de remuneraciones —a ello
también se han referido distintos portavoces—, valorando cómo se
regulan y cómo se clarifican.

Este sistema de remuneraciones es completamente trasparente
porque se aprueba en los estatutos sociales, tiene que ser votado con
carácter vinculante por la junta y, además, con carácter individual para
cada uno de los administradores se aprueba en el propio consejo de
administración. De ahí, señorías, que concluya destacando nuevamente el
aspecto relevante y necesario de esta ley y pidiendo a los grupos
parlamentarios que la apoyen. A aquellos que han dicho que aunque la
compartían no la iban a apoyar, les digo que creo que se merece el apoyo
de todos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Torme.

Llamen a votación. (Pausa).

El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.

Vamos a proceder a la votación de las enmiendas del
Proyecto de Ley de modificación de sociedades de capital.

Comenzamos con las enmiendas de los senadores Iglesias y
Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto. Votamos las enmiendas números 8
y 17.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 227; a favor, 72; en contra, 143;
abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 12 y 20.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 225; votos emitidos, 225; a favor, 83; en contra, 137;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 31.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 227; a favor, 21; en contra, 138;
abstenciones, 68.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 6, 7, 9 a 11, 18, 19, 21 a 30 y
32.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 227; a favor, 69; en contra, 138;
abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 13 a 16.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 227; a favor, 69; en contra, 150;
abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los senadores Eza, Salanueva y Yanguas, votamos la
enmienda número 1.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 224; a favor, 69; en contra, 149;
abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 2 y 5.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 227; a favor, 84; en contra, 138;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 3 y 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 226; a favor, 72; en contra, 137;
abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Entesa, comenzamos votando las
enmiendas 33 a 39.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 227; a favor, 71; en contra, 138;
abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 42, 45 y 46.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 227; a favor, 71; en contra, 138;
abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 40, 41, 43, 44 y 47 a 49.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 226; a favor, 84; en contra, 137;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 52 y 61.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 227; a favor, 69; en contra, 142;
abstenciones, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 51, 55, 64 y 75.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 227; a favor, 84; en contra, 138;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 50, 53, 54, 56, 62, 68 a 70, 74 y
76.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 226; a favor, 69; en contra, 138;
abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 57 a 60, 63, 65 a 67 y 71 a 73.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 226; a favor, 69; en contra, 149;
abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió votamos las
enmiendas 77 a 80.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 227; a favor, 87; en contra, 138;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Socialista votamos la enmienda
número 94.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 226; votos emitidos, 226; a favor, 70; en contra, 150;
abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 86, 88 a 91, 95 y 96.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 227; a favor, 84; en contra, 138;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 81 a 85, 87, 92, 93 y 97.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 227; a favor, 72; en contra, 138;
abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, señorías, en un solo acto, el proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 227; a favor, 156; en contra, 2;
abstenciones, 69.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el
proyecto de ley por la que se modifica la Ley de sociedades de capital
para la mejora del gobierno corporativo. (Rumores).

6.2.2. PROYECTO DE LEY DE METROLOGÍA.

COMISIÓN: INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

(Núm. exp.621/000096)

El señor presidente da lectura al punto 6.2.2.

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el
presidente de la Comisión, senador Muñoz.

El señor MUÑOZ MARTÍN: Señor presidente, señorías, el
Proyecto de Ley de metrología tuvo su entrada en esta Cámara el pasado 17
de octubre. El plazo de presentación de enmiendas finalizaba el día 29 de
octubre y fue ampliado hasta el 5 de noviembre. (La señora
vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia). Se presentaron
un total de 3 vetos y 54 enmiendas distribuidas de la siguiente manera:
veto número 1, del Grupo Parlamentario Socialista. Veto número 2, de los
senadores doña Mónica Almiñana Rique, don Francisco Boya Alós, don Rafael
Bruguera Batalla, don Carlos Martí Jufresa, don José Montilla Aguilera,
don Joan Sabaté Borràs y doña María Jesús Sequera García, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Veto número 3, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió. Enmienda número 1 de los senadores Eza Goyeneche,
Salanueva Murguialday y Yanguas Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto.
Enmiendas números 2 a 16 del Grupo Parlamentario Socialista. Enmiendas
números 17 a 30 del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
Enmienda número 31 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Enmiendas números 32 y 33 del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.
Enmiendas números 34 a 54 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió.

De las referidas enmiendas se inadmitió a trámite, por
carecer de conexión material con el proyecto de ley, la enmienda número
50 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El día 11 de noviembre se reunió la Comisión de Industria,
Energía y Turismo para designar la ponencia, quedando esta
definitivamente integrada por los siguientes senadores: don Jesús Alique
López, del Grupo Parlamentario Socialista, don Iñaki Mirena Anasagasti
Olabeaga, del Grupo Parlamentario Vasco, doña Josefa Luzardo Romano, del
Grupo Parlamentario Popular, don Gregorio Ramón Medina Tomé, del Grupo
Parlamentario Socialista, don José Montilla Aguilera, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, doña María Josefa Nicolás
Martínez, del Grupo Parlamentario Popular, doña Amelia Salanueva
Murguialday, del Grupo Parlamentario Mixto, y don Salvador Sedó Alabart,
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

La ponencia se reunió el día 18 de noviembre y elevó a la
comisión el informe en el que se introducen modificaciones al texto
remitido por el Congreso de los Diputados. En concreto se incorporaron la
enmienda número 31 del Grupo Parlamentario Popular así como diversas
correcciones de índole técnica y gramatical.

La Comisión de Industria, Energía y Turismo se reunió para
dictaminar el proyecto el día 20 de noviembre, defendiéndose en dicha
sesión todos los vetos y enmiendas presentados y admitidos. La comisión
emitió el correspondiente dictamen de conformidad con el texto propuesto
por la ponencia. El referido dictamen, junto con los votos particulares
presentados, ha sido objeto de publicación en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.

El proyecto de ley tiene como objetivo fundamental adecuar
el régimen de la metrología a las diversas novedades que se han producido
en los últimos años. Así, el proyecto recoge la doctrina del Tribunal
Constitucional en relación con la distribución de competencias entre el
Estado y las comunidades autónomas en la materia, sentencias del Tribunal
Constitucional 100 y 231 de 1991. Eleva a rango legal diversas
modificaciones derivadas del hecho comunitario reguladas hasta el momento
a nivel reglamentario e introduce novedades técnicas producidas en los
casi veinte años de vigencia de la ley actual. Igualmente, se regula con
mayor precisión y corrección el régimen sancionador. Adicionalmente, el
proyecto contiene dos disposiciones finales en las que se modifican,
respectivamente, determinados artículos de la Ley de industria y de la
Ley del sector eléctrico. El proyecto está conformado por un preámbulo,
26 artículos estructurados en 6 capítulos, una disposición transitoria,
una disposición derogatoria y 6 disposiciones finales.

Nada más, señor presidente. Tan solo agradecer el trabajo
de los miembros de la ponencia y el asesoramiento e informe del letrado
de la comisión, don Alfonso Cuenca, que, recogido en su práctica
totalidad, ha permitido, sin duda, mejorar el texto inicial de la
ley.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Propuesta de veto número 2 de la senadora Almiñana,
senadores Boya, Bruguera, Martí Jufresa, Montilla, Sabaté y senadora
Sequera.

Tiene la palabra el senador Montilla. (Rumores).

Señorías, si quieren oír al orador, les pido, por favor,
que reduzcan su tono, pues no se le puede escuchar.

Gracias.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, el proyecto de ley que se nos propone, por sus
características —la metrología no es objeto de mucho debate
político y ciudadano— tendría que haber supuesto una tramitación
parlamentaria de trámite, valga la redundancia. Actualizar un texto
legislativo con 25 años de antigüedad, para que se adecuase a nuestra
realidad institucional, después de nuestra

incorporación a la Unión Europea y del proceso de
descentralización del Estado de las Autonomías, no debería haber sido
difícil, aunque, como siempre, el Partido Popular no ha podido resistirse
a la tentación de invadir competencias también en esta cuestión.

Pero he aquí que el Grupo Popular aprovecha el trámite
parlamentario para incorporar en el Congreso sendas disposiciones finales
—la tercera y la cuarta— para reformar dos leyes que nada
tienen que ver con la metrología. Me refiero a la modificación de la Ley
de industria mediante la disposición final tercera y la Ley del sector
eléctrico mediante la disposición final cuarta. Especialmente llamativa
es la que se refiere al sector eléctrico, ley modificada en numerosas
ocasiones en esta legislatura, en la mayoría de los casos utilizando como
vehículo otras leyes; la más llamativa fue la utilización de la Ley del
sistema especial de empleados del hogar. Ahora le ha tocado a la
metrología.

Nosotros queremos manifestar una vez más nuestro rechazo a
esta práctica habitual de legislar de este Gobierno, que acaba lesionando
la transparencia de los procedimientos legislativos y los derechos de la
ciudadanía. Consideramos que no es legítimo y que sortea el procedimiento
de audiencia e informe propio de las iniciativas gubernamentales.

De todos modos, no me voy a detener en las formas y me
centraré más en concreto en las indicaciones y consecuencias que a mi
entender acarrean las disposiciones finales citadas, en especial, la
disposición final cuarta. Aunque la modificación del apartado 2 del
artículo 16 de la Ley del sector eléctrico pueda parecer un tema
exclusivamente de índole competencial, no lo es, y no lo es por las
siguientes razones.

Primera razón. Esta propuesta de modificación de la Ley del
sector eléctrico es la constatación y culminación del caos normativo
sobre el sector energético que lleva realizando el Gobierno del Partido
Popular a lo largo de esta legislatura. Nadie discute que el sector
energético se encuentra ante un punto de inflexión, siendo necesario un
cambio de modelo capaz de dar respuesta a los importantes retos a los que
se debe enfrentar en los años venideros. La insostenibilidad del actual
modelo energético hace inevitable que en los próximos años experimente
una profunda transformación. Frente a esta necesidad, el Ejecutivo nos
vuelve a sorprender con una nueva modificación que viene a sumarse a una
hiperactividad normativa que ha caracterizado a estos últimos años y que
culmina ahora con esta propuesta de cambio con importantes repercusiones
económicas e institucionales.

Segunda razón. Esta propuesta de modificación de la Ley del
sector eléctrico pone a disposición del Gobierno el diseño tarifario con
objetivos ajenos a lo que debería ser una buena práctica regulatoria. Tal
y como se recoge en la citada enmienda número 58, que aprobó el Congreso
de los Diputados a instancia del Grupo Parlamentario Popular, detrás de
una justificación en apariencia de naturaleza técnica, como es que la
metodología de peajes de acceso debe estar constituida por un conjunto de
reglas que permita al Ministerio de Industria asignar los costes a los
distintos grupos de consumidores caracterizados por niveles de tensión y
períodos horarios, todos sabemos lo que se esconde y, si no, después yo
se lo explicaré. Con el control de los peajes el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo se queda con las manos libres para practicar la
discrecionalidad y la arbitrariedad a través de la tarifa eléctrica, lo
cual si de por sí no es conveniente, todavía lo es menos si tomamos en
consideración el problema del déficit de tarifa. Por descontado que la
regulación del sector eléctrico es compleja, pero ustedes nuevamente nos
demuestran que creen que las tarifas y peajes de acceso se fijan y no se
calculan, cuando debería ser al revés como principio de buena práctica
regulatoria.

Tercera razón. Esta propuesta de modificación de la Ley del
sector eléctrico puede acabar afectando al principal problema del sector:
la sostenibilidad económica y financiera del sistema. El cálculo de la
parte de los peajes de acceso a las redes de electricidad correspondiente
a los costes de transporte y distribución exige de una metodología de
asignación eficiente de costes a los consumidores y a los generadores,
siguiendo criterios de eficiencia económica, de transparencia, de
objetividad y no discriminación. Modificar estos peajes de acceso
redefiniendo los grupos tarifarios por niveles de tensión sin una sólida
motivación técnica, tiene sus implicaciones económicas. En un marco donde
los ingresos principales del sistema eléctrico provienen o bien de los
peajes de acceso a las redes de transporte y distribución o bien de los
ingresos provenientes de los impuestos establecidos por la Ley 15/2012,
de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, cualquier merma en
los ingresos económicos se traduce ineludiblemente en mayores

cargas económicas para los consumidores o en un mayor
déficit de tarifa; justo en estos momentos, pocas semanas después de que
la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en su
última liquidación provisional del sistema eléctrico, nos acaba de
advertir de una reducción de los ingresos por peajes de acceso superior a
los 500 millones de euros. Deberíamos, por tanto, ser como mínimo
prudentes en lo que se refiere al diseño tarifario, más si cabe teniendo
en cuenta que esta caída, debido a una evolución desfavorable en el
primer semestre del año de la demanda y de la potencia facturada por
grupo tarifario respecto de la previsión para el ejercicio que preveía la
orden ministerial, probablemente se traducirá en un nuevo déficit de
tarifa para el ejercicio 2014.

La Ley 24/2013, del sector eléctrico, aprobada por ustedes,
abunda de manera reiterada en la necesidad de introducir como directriz
básica la sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico,
entendida esta como la capacidad para satisfacer la totalidad de los
costes del sistema. Por ello, no deja de ser sorprendente que esta
disposición final cuarta venga a culminar lo que ha sido habitual y
recurrente durante estos últimos años, supone una nueva modificación sin
ningún tipo de justificación y, lo que es más preocupante, sin ningún
tipo de análisis a largo plazo del posible impacto económico sobre los
consumidores. Consideraciones de justicia redistributiva aparte, lo más
grave a estas alturas del partido es que se está confundiendo de nuevo a
la ciudadanía apuntando que esta medida no va a tener ningún coste en su
factura eléctrica.

Cuarta razón. Esta propuesta de modificación de la Ley del
sector eléctrico afecta a una de las funciones podríamos decir que
básicas y primigenias de todo ente regulador. Sin entrar en valoraciones,
que las hemos hecho en alguna otra ocasión acerca del modelo
institucional diseñado por el actual Gobierno, que culminó con la
creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, no se
está dando cumplimiento a los argumentos de eficacia, economías de escala
o eliminación de duplicidades, tan pregonados a la hora de justificar un
cambio de tal magnitud. Por tanto, me permitirán que aborde una cuestión
esencial, yo creo que para todo ente regulador, y en este caso para la
CNMC, que es el ámbito competencial. Y es en el ámbito de las
competencias propias de todo ente regulador donde podríamos discutir
largo y tendido sobre si las competencias asignadas por ley al ente
regulador son muchas o pocas en comparación con sus homólogos europeos e
incluso internacionales. Donde no cabe tanto debate es en relación con
las competencias relativas a la determinación de los peajes y tarifas de
acceso, señorías.

Poco más de cuatro meses después de que el ente regulador
haya hecho público, mediante circular, su propuesta de reglas explícitas
de asignación de los costes de transporte y distribución a los
consumidores, ahora ustedes quieren revocar una de las competencias que
justifican, por sí sola, la existencia de este ente regulador. Es más, ha
transcurrido tan solo un año desde la aprobación de la Ley 3/2013, de
creación de la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
y en su artículo 7 se delimita el ámbito competencial para el
establecimiento de los peajes de transporte y distribución. Pero ahora
quieren modificarlo por la puerta de atrás, y para ello apelan a razones
de seguridad jurídica, dado que, según ustedes, podría darse la situación
en la que se efectuaran desarrollos normativos en ambos órganos
ocasionando problemas de interpretación. Sinceramente, no creo que sea la
mejor forma de garantizar que el ente regulador pueda aplicar sus poderes
y funciones de forma efectiva e independiente en el marco —hay que
recordarlo— de las directivas europeas de gas y electricidad.

Finalmente, quiero hacer una última consideración, no por
ello menos importante. Esta propuesta de modificación de la Ley del
sector eléctrico puede contravenir los principios recogidos en las
directivas comunitarias. La invalidación o debilitamiento del poder de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para fijar las
categorías tarifarias supone un claro paso atrás en el espíritu que
recoge la directiva europea que puede llevar a que dentro de poco
tengamos una investigación formal por parte de la Comisión Europea.

En definitiva, el Gobierno vuelve a presentar una propuesta
legislativa en la que, en una disposición final, incide sobre uno de los
pilares básicos para el desarrollo de un país: el sector energético. La
evolución de los costes energéticos, básicamente los costes de acceso,
determina en gran medida nuestra capacidad de competir en los mercados
internacionales. Afrontar esta cuestión exige, si acaso, una revisión en
profundidad del diseño tarifario actual, no esta chapuza que
lamentablemente nos presentan ustedes hoy aquí.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Propuesta de veto número 3, del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió.

Tiene la palabra el senador Sedó.

El señor SEDÓ ALABART: Muchas gracias, señora
presidenta.

Como se ha dicho, esta ley puede parecer muy técnica, y lo
es, pues sirve para adecuar todo el sistema de medidas y pesajes, todo el
sistema metrológico a la normativa europea. Es un aggiornamento de una
ley, de ahí su carácter muy técnico y la importancia de cómo lo adecuamos
y lo hacemos moderno. Pero, evidentemente, el Partido Popular ha
intentado, a través de la Ley de unidad de mercado, atribuirse
competencias que, ejecutivamente, corresponden a las comunidades
autónomas.

Nosotros presentamos un veto que se fundamenta en cuatro
argumentos: el competencial, el industrial, el de carácter técnico y el
de protección al consumidor. En cuanto al primer argumento, el
competencial, creemos que este proyecto de ley incide e invade políticas
cuya competencia corresponde a las comunidades autónomas, a las que no
muestra la suficiente consideración. Invade competencias ejecutivas de la
Generalitat. El artículo 139.4 del Estatut especifica que la Generalitat
tiene competencia exclusiva en el control metrológico, y hay sentencias
del Tribunal Constitucional que así lo avalan, otorgando a la Generalitat
la competencia en la ejecución de la legislación elaborada por la
Administración del Estado. No se quiere permitir esta competencia
ejecutiva, que es exclusiva de la Generalitat, con la excusa y la
aplicación, como en todo, de la famosa Ley de unidad de mercado, una ley
que simplemente persigue recentralizar el Estado. Por ejemplo, los
organismos autorizados de verificación metrológica podrán actuar en
Cataluña sin tener la designación de las autoridades catalanas, asimismo
organismos que hayan sido validados por otras comunidades autónomas
podrán actuar en Cataluña o en otras comunidades autónomas sin tener la
validación y la autorización de las autoridades competentes de Cataluña o
de la comunidad autónoma en cuestión.

El segundo argumento que queremos destacar es de carácter
técnico. Creemos que el proyecto de ley, que en algunos aspectos es
positivo y consideramos que avanza, se queda corto o no especifica lo
suficiente en algunos ámbitos, y en ese sentido hay ido nuestras
enmiendas. Tiene muchas carencias, especialmente por una falta de
control, lo que conlleva ciertas ineficiencias en el proyecto de ley y en
el sistema que pueden crear inseguridad jurídica en los ciudadanos y en
los productores de equipos de pesaje y medida. En este aspecto no podemos
estar de acuerdo con la forma en que se afronta el aspecto de los
instrumentos testigo, pues no garantizan la seguridad del consumidor al
ofrecer instrumentos de medida que estarán fuera del control metrológico
de las autoridades por el simple hecho, en aras de la simplificación, que
no será tal, con un instrumento testigo único que pretende garantizar el
control cuando lo único que propiciará será el fraude y la picaresca. (El
señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Hay problemas de clarificación entre los organismos
relacionados con las fases de puesta en servicio y con las de
instrumentos en servicio. Esto no queda claro en este proyecto de ley y
hay una enmienda en ese sentido. Respecto a la modificación de un
instrumento de medida que no forme parte de la cadena de medición del
instrumento, ¿necesitará una verificación o no? Tampoco queda claro a
nuestro entender. En cuanto a los productos preenvasados y su diferencia
con los envasados, a nuestro juicio tampoco queda claro con respecto a la
directiva europea. Debería haber una mayor clarificación entre lo que es
producto envasado, lo que es producto preenvasado y cómo se articula.
Consideramos que aquí hace falta una mayor clarificación, y nuestras
enmiendas han ido en esa línea.

El tercer argumento es el industrial. Se ha perdido una
oportunidad para mejorar la competitividad del tejido productivo asociado
a la mejora de la metrología, dejando de lado a las empresas reparadoras
de instrumentos y a las fabricantes de instrumentos de pesaje y medida, y
así nos lo ha transmitido el sector. Asimismo no se ayuda a las empresas
de material y equipamiento, creándoles incertidumbre e inseguridad
jurídica, e incrementa los costes que podrían ser salvables.

Finalmente el cuarto argumento se refiere a la protección o
desprotección del consumidor. He hablado de los instrumentos testigo.
Para nosotros provocan una indefensión del consumidor y pueden provocar
también un aumento del fraude y de la picaresca. El hecho de usar un
instrumento testigo, el hecho de que se permita que no todos los
instrumentos de pesaje y medida deban estar

verificados puede provocar indefensión en el consumidor.
Ustedes aplican la Ley de unidad de mercado bajo el criterio de poder
garantizar la protección del consumidor y su igualdad en todo el
territorio, pero en este caso no lo hacen.

Estos son, pues, los cuatro argumentos que nosotros
analizamos para presentar este veto. Creemos que el proyecto de ley era
necesario para hacer esta mejora y esta adecuación a las normativas
europeas; es un proyecto de ley técnico, un proyecto de ley muy
transversal que afecta a muchos ámbitos y aspectos de la actuación
administrativa y gubernamental, un proyecto de ley técnico, como digo,
pero no por ello se ha dejado de aprovechar para meter aspectos
políticos. Y como aquí ya se ha manifestado, uno que nosotros no
entendemos es su utilización por parte del Gobierno para modificar otras
leyes, como la de industria y especialmente la del sector eléctrico.

No podemos estar de acuerdo con la disposición adicional
cuarta y hemos presentado una enmienda en este sentido porque, sobre
todo, afecta a la retribución de la energía generada por el método de la
cogeneración tan importante en el modelo industrial, y a lo que luego me
referiré más detenidamente en el turno de enmiendas.

Por tanto, presentamos este veto a la totalidad del
proyecto de ley por considerar, debido a estos cuatro argumentos: el
competencial, el técnico, el industrial y el de protección del
consumidor, que no puede ser aceptado.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

La propuesta de veto número 1 está firmada por el Grupo
Parlamentario Socialista.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Alique.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, es justo reconocer que después de treinta años de
vigencia de la actual Ley de metrología de 1985, de innumerables
modificaciones parciales sobre su contenido y de importantes y
significativos cambios que se han producido y que hay que realizar con
motivo de nuestra pertenencia a la Unión Europea, ha llegado el momento
de aprobar un nuevo texto que aporte coherencia al conjunto de la
legislación vigente en esta materia, que contribuya a facilitar su
entendimiento y que favorezca el libre mercado y la innovación. Todo eso
es cierto y, en lo que se refiere al aspecto de la metrología, nosotros
estamos de acuerdo en dar por buena la tramitación de este proyecto de
ley, pero estamos en desacuerdo con una parte importante de esta
propuesta, pequeña pero importante.

Lo que se ha hecho es aprovechar la Ley de metrología para
contaminarla con otras cuestiones que no tienen que ver con la misma,
como son temas relacionados con la seguridad industrial y con la energía,
lo cual nos obliga a presentar este veto y a pedir a sus señorías que lo
apoyen para devolver al Gobierno esta norma que, una vez más, no sé ya
cuántas van en esta legislatura, pretende sortear los procedimientos
legalmente establecidos para aprobar por la puerta de atrás
modificaciones sustanciales e importantes que, como digo, se saltan las
reglas democráticas y que también se saltan los procedimientos legalmente
establecidos en el Parlamento. Una vez más y desgraciadamente, como he
dicho, ya son muchas las ocasiones en las que este Gobierno, el gobierno
del Partido Popular confunde mayoría absoluta con absolutismo y ejercicio
del poder con despotismo, con grave daño para el conjunto de las
instituciones y de manera muy particular, repito, para el Parlamento.

Señorías, no seremos nosotros, el Grupo Parlamentario
Socialista, quien con nuestro voto demos validez y apoyemos estas
prácticas fuera de toda lógica, y de ahí que presentemos este veto. Como
digo, dejando aparte las cuestiones relacionadas con la metrología, con
las que, con las modificaciones que presentamos en nuestras enmiendas,
podríamos estar de acuerdo, díganme ustedes si hacía falta incorporar a
este texto modificaciones relacionadas con la Ley de industria. Es más,
¿consideran que es de recibo que estos cambios se hayan incorporado de
tapadillo al igual que ocurre con otras cuestiones relacionadas con la
energía, sin el sosegado, garantista y necesario informe del Consejo de
Estado y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia?
¿Ustedes creen que es admisible el ninguneo permanente al que somete este
Gobierno a los órganos reguladores y consultivos de las administraciones
públicas? ¿Ustedes creen que esta forma de legislar, de gestionar la cosa
pública contribuye a reforzar la imagen de nuestro país, la seguridad
jurídica, la calidad institucional y, en última instancia, favorecen el
crecimiento?

Nosotros, señorías, pensamos que no; justo todo lo
contrario. El Gobierno, lejos de actuar para recuperar el prestigio, la
credibilidad y la calidad democrática, que están pidiendo a gritos día a
día los ciudadanos de forma unánime, con esta forma de actuar nos hunden
en un cenagal de despropósitos del que será difícil salir si no es con
importantes sacrificios y esfuerzos. Un ejemplo de este despropósito es
esta ley de metrología que en este momento estamos debatiendo. Si
realmente lo que hacía falta es modificar la Ley de industria, nosotros
decimos, háganlo, pero no de forma parcial y solo respecto a la seguridad
industrial, como hacen en este proyecto de ley. Y por cierto, la ausencia
de autorización de los órganos de control tiene como primera consecuencia
negativa el posibilitar la entrada de operadores con solvencia técnica
insuficiente, con grave deterioro para la calidad industrial, algo que no
puede corregirse a posteriori con la exigencia de responsabilidad.

A este Gobierno, si después de tres años de ausencia de
política industrial, quiere ahora trabajar por la industria, apostar por
la industria, le decimos, primero, que han perdido tres años vitales para
haber acometido un renacer industrial que nos hubiese posibilitado crecer
económicamente y crear empleo. Y, segundo, si lo que ustedes quieren
ahora es rectificar y apostar por la industria, presenten un Proyecto de
Ley de industria, debatámoslo y lleguemos a un acuerdo. Nosotros creemos
que sí, que hay que apostar por la industria, por la reindustrialización
de nuestro país para mejorar la competitividad de la economía, la
competitividad de nuestras industrias y con ello poder crear empleo, y
empleo además de calidad.

En este sentido, tenemos que alinearnos con Europa,
trabajar con Europa para salir de la crisis e incorporar aquellas
recomendaciones, aquellas comunicaciones que ha elaborado recientemente
la Unión Europea sobre política industrial que propicien la
competitividad y que ayuden a mejorar la calidad de nuestro tejido
productivo, también en lo que se refiere a aspectos relacionados con la
seguridad industrial porque, como sus señorías conocen, en este momento
hay un debate importante en toda la Unión Europea para reindustrializar
Europa que nos lleve a conseguir en 2020 un peso de la industria del 20 %
del PIB; actualmente, Europa en su conjunto no lo cumple —es verdad
que algunos países sí—, y en el caso de España estamos 2 puntos por
debajo de la media de la Unión Europea. Por tanto, es aquí donde debemos
trabajar porque si España consiguiese tener un 20 % de peso de la
industria en el PIB podríamos crear —escuchen bien— hasta 600
000 empleos de aquí al año 2020.

Señorías, la Comisión Europea recuerda a los Estados la
prioridad y la necesidad de implementar políticas públicas para favorecer
la competitividad industrial y, como he dicho anteriormente, luchar en
mejores condiciones contra la crisis económica; sin embargo, este
Gobierno no parece ser tan receptivo a las recomendaciones en lo que se
refiere a la política industrial como sí lo ha sido a las recomendaciones
de Europa para reducir el gasto público, para flexibilizar el mercado
laboral o recortar salarios. Ayer les dijeron que en la pasada
legislatura, ante el deterioro industrial y la pérdida de empleo
industrial, el Gobierno socialista aprobó el Plan integral de política
industrial 2020 para fortalecer la competitividad, la innovación, la
internacionalización, el dinamismo y el crecimiento de nuestras pymes y
apoyar a los sectores estratégicos; esto se hizo especialmente en 2010 y
2011 —este último año tuvo un importante impacto económico en los
Presupuestos Generales del Estado— y el resultado fue que entre
2010 y 2011 se produjo un considerable incremento del peso de la
industria en economía, incluso con tasas superiores al periodo de auge
económico; sin embargo, una vez que en 2012 llegó el Gobierno del Partido
Popular y abandonó las políticas industriales, la industria volvió a
contraerse fuertemente. Lo primero que hizo el Partido Popular al llegar
al Gobierno fue torpedear y obviar este Plan integral de política
industrial y ahora, con la espada de Damocles que según las encuestas
para este Gobierno suponen las próximas elecciones, se sacan de la manga
una agenda para el fortalecimiento industrial que, escuchen bien, no ha
contado con el acuerdo de los sindicatos, no ha sido consultado con las
comunidades autónomas que tienen competencia en materia de industria y,
lo que es más grave, no tiene cronograma de actuación, como ha reconocido
la secretaria general de Industria, y, lo más grave de todo, no tiene
memoria económica, no tiene presupuesto que la sustente. Un verdadero
brindis al sol, un documento que es un auténtico papel mojado para salir
del paso, como también lo fue su programa electoral, que ahora estamos
viendo que han incumplido permanentemente.

Señorías, el pasado 20 de noviembre se cumplieron tres años
de la victoria en las elecciones del Partido Popular, y les recuerdo que
hace tres años en campaña electoral nos dijeron que con la sola llegada
al Gobierno del Partido Popular vendría la credibilidad, vendría la
confianza, y con ellas el crédito a la inversión y la creación de empleo;
es más, su eslogan de campaña fue: Si buscas empleo, vota al Partido
Popular. Hay que reconocer que los ciudadanos les creyeron y les votaron
mayoritariamente, y esa mayoría absoluta les ha servido a ustedes para
aplicar sus políticas neoliberales, su programa oculto, que no es otro
que cambiar el modelo económico y social como lo hemos conocido, cambiar
servicios públicos por negocio privado, y hoy podemos afirmar que esas
promesas, ese programa electoral fueron una estafa a los españoles, y el
resultado de esos tres años de Gobierno del Partido Popular está siendo
un desastre para nuestra economía y para nuestra sociedad. Porque,
señorías, el milagro español no es la recuperación fofa y de baja
intensidad que nos vende un día sí y otro también el partido Popular,
desafortunadamente, el milagro español es el empobrecimiento y la
precariedad que han traído sus políticas.

Y ante esta situación, ¿qué debemos hacer? Frente a los que
piden que hay que seguir ahondando en la reforma laboral para ganar
competitividad, es decir, seguir bajando los salarios y facilitar el
despido, el Partido Socialista propone una transición económica para
resolver los cuatro problemas con los que se llegó a la crisis: la baja
competitividad, el paro, la precariedad laboral y el endeudamiento
privado, a los que el Gobierno del señor Rajoy no ha dado respuesta, y
además ha creado dos nuevos: la desigualdad y el endeudamiento público.
Señorías, ganar el futuro pasa por reindustrializar España reduciendo
costes energéticos que hacen que no seamos tan competitivos con nuestros
socios europeos, es decir, favorecer la competitividad de nuestra
industria.

La reindustrialización pasa por una apuesta por sectores de
futuro, por volver a apostar por las energías renovables, por el
autoconsumo eléctrico, y por apoyar que una parte del sector de la
construcción, que tanto ha sufrido la crisis, se reoriente ahora hacia la
rehabilitación de viviendas, con un componente de eficiencia energética.
Les recuerdo que según la Unión Europea y un informe reciente de la OIT,
si España apostase por la economía verde, es decir, por las energías
renovables y el ahorro y la eficiencia energética, se podrían crear hasta
un millón de puestos de trabajo de aquí al año 2020. Como ven, señorías,
ese es el camino. El Partido Popular no ha reindustrializado España, pero
cuando ustedes vuelvan a la oposición en 2015, lo hará el Partido
Socialista.

También queremos aprovechar este veto para denunciar que se
ha modificado la Ley del sector eléctrico que se aprobó hace menos de un
año, además, sin el informe del Consejo de Estado, y en una ley, como la
de metrología, que nada tiene que ver con la energía. A este respecto, y
desde un punto de vista meramente político, queremos que se cuantifique
el impacto de esta medida que tiene por objeto duplicar el primer escalón
de los peajes de alta tensión, más que nada para saber y determinar quién
o quiénes van a pagarlo, es decir, para saber qué consumidores van a
pagar más por el recibo de la luz para cubrir la pérdida de ingresos que
supondrá la nueva estructura tarifaria derivada de este cambio
legislativo. En todo caso, si lo que se plantea es ejecutar esta medida
sin tocar los precios, tal vez debamos denunciar una anunciada
vulneración de la Ley del sector eléctrico que, como digo, ha sido
aprobada hace ahora menos de un año, porque les recuerdo que esa ley
impide bajadas en los peajes sin una contrapartida equivalente en costes;
es decir, impide dicha reducción mientras exista déficit de tarifa.

Pero no solo nos preocupa esta incidencia sobre la
repercusión en el precio de la electricidad que denunciamos en nuestro
veto, sino también algo que creemos que es muy grave, y es el daño
institucional que se infringe a una institución, como es el regulador
eléctrico, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En
primer lugar, se pone en entredicho la independencia del organismo
regulador eléctrico y, en segundo lugar, se ahonda en el descrédito que
está sufriendo esta institución como consecuencia de las arbitrariedades
de un Gobierno desnortado y caprichoso, como es el Gobierno del Partido
Popular. Aún está presente la anulación de la subasta eléctrica de
diciembre, que se hizo sin haber consultado previamente con la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia.

En este proyecto de ley ocurre lo mismo, el regulador
propone una cosa, es decir, modificar los peajes y su metodología, y el
Gobierno desautoriza esa metodología que propuso la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia; de esta forma, se debilita al organismo
regulador, que

es el garante de la independencia de la competencia en el
mercado y del interés de todos, y se refuerza al Gobierno, eso sí, por la
puerta de atrás, con la Ley de metrología, como se ha hecho en otras
ocasiones, por ejemplo, cuando modificaron el Plan de la cuenca del Tajo,
a través de la Ley de evaluación ambiental. Y esto es grave porque
contraviene la directiva europea para la creación del mercado de
electricidad, cuyo principal objetivo es precisamente reforzar el papel
del organismo regulador eléctrico que, como he dicho, al introducir estos
cambios normativos en la Ley de Metrología, lo que hacen es debilitarlo.
Ya veremos las consecuencias que va a tener esto en el futuro, sobre
todo, por una posible denuncia de la Unión Europea.

Termino, señorías. Creo que son muchas y justificadas las
razones para presentar este veto, no solo formales sino sobre todo las
referidas a las cuestiones de fondo que hemos expuesto, y para pedir a
sus señorías que lo apoyen para devolver esta norma al Gobierno.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Alique.

Turno en contra.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra la senadora Luzardo.

La señora LUZARDO ROMANO: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo para fijar la posición de mi grupo, el
Grupo Popular, y defender el turno en contra a los tres vetos presentados
por los grupos parlamentarios, Entesa, Convergència i Unió y
Socialista.

Señorías, este proyecto de ley que hoy debatimos actualiza
la vigente Ley de metrología que se promulgó en el año 1985 después de
casi tres décadas en vigor. Por ello, es necesaria y oportuna esta
modificación para adaptarla a los nuevos tiempos y compilar en un solo
texto legislativo toda la normativa, con el único objetivo de facilitar
mejor su comprensión y manejo, aunque hay que reconocer la gran
flexibilidad de esta ley para adaptarse a la normativa europea,
permitiendo la transposición —como ya se ha dicho— a nuestro
ordenamiento jurídico de la directiva. La filosofía del nuevo enfoque
global permite dar mayor responsabilidad a la sociedad civil, con un
sistema de garantías dado por las grandes sanciones que se imponen a los
que incumplen esta norma.

Señorías, ¿qué es la metrología? Es la parte de la física
que estudia las mediciones de las magnitudes, garantizando su
normalización. Incluye el estudio, el mantenimiento y la aplicación del
sistema de pesas y medidas. Abarca distintos ámbitos como el científico,
el legal, el industrial y su finalidad es la obtención y la expresión del
valor de las magnitudes. La metrología utiliza los instrumentos, los
métodos y medios apropiados para que las medidas sean fiables y exactas.
Como pueden comprobar, esta ciencia no es muy conocida, pero tiene gran
transcendencia en nuestro día a día. Les voy a poner algunos ejemplos.
Todos utilizamos un taxi y cuando pagamos tenemos que comprobar que el
taxímetro funciona perfectamente o si vamos a un supermercado o a una
gran superficie, también tenemos que comprobar si la balanza en la que
nos pesan las frutas y las verduras funciona igualmente.

Les confieso, señorías, que, al estudiar esta ley, he
descubierto algunas curiosidades que no me resisto a exponerles. Por
ejemplo, si vamos a comprar un televisor en un comercio podemos comprobar
que la medida está en pulgadas. Eso es un error. La medida en pulgadas no
es correcta porque no forma parte del Sistema Internacional de Unidades.
De ahí que tengamos que pedirle normalmente al comerciante que nos dé la
medida en centímetros. De la misma forma, si vamos por una ciudad y
comprobamos los relojes que marcan la temperatura y vemos 25º C
—digo 25 grados porque es normalmente la temperatura media en
Canarias—, la C que aparece no es de grados centígrados, sino de
grados Celsius, que es la medida de la temperatura en el Sistema
Internacional de Unidades. Por eso, esta ley es muy interesante, ya que
influye en todo. Establece la obligatoriedad de aplicar el Sistema
Internacional de Medidas, incluyendo no solo las unidades, su nombre y
definición, sino también los símbolos, las reglas de escritura, el uso de
los múltiplos y submúltiplos, todo ello con el objetivo de evitar la
comisión de errores en la utilización de las unidades. Simplifica,
además, la colaboración entre la metrología científica e industrial,
logrando una adecuada relación entre los laboratorios que, además,
contribuye a mejorar la calidad de los productos industriales. La propia
Constitución establece en el artículo 149.12 la competencia de la
legislación sobre pesas y medidas y la determinación de la hora oficial.
Por tanto, se reservan las

competencias en los procedimientos de vigilancia e
inspección, el tratamiento, las modificaciones y reparaciones realizadas
durante la vida útil de los instrumentos, y también la regulación
metrológica de los productos preenvasados.

La senadora Nicolás y yo hemos mantenido diversas reuniones
con todas las empresas relacionadas con este sector. Les tengo que
reconocer que hemos trabajado conjuntamente para ser las ponentes de este
proyecto de ley. Además, hemos aprendido mucho. Antes, se hablaba del
instrumento testigo y yo quiero comentar que es una novedad. El
instrumento testigo sirve para que cuando nosotros vayamos a un mercado
municipal tengamos una pesa, una balanza, donde podamos comprobar que lo
que hemos comprado en un puesto del mercado, si es un kilo de plátanos,
se corresponde exactamente; o sea, que el instrumento testigo nos
garantiza que sea exactamente un kilo de plátanos. Esta es una novedad
que incorpora la ley y que, además, está copiada de Andalucía; y lo digo
porque en Andalucía, ya se sabe, no hemos gobernado nunca nosotros.

Además, quiero poner de relieve que la propia
jurisprudencia del Tribunal Constitucional establece que la ejecución de
las competencias les corresponde a las comunidades autónomas. Este asunto
ha sido uno de los motivos que se ha expuesto en los vetos, pero quiero
dejar claro que no hay invasión de competencias, sino todo lo contrario:
colaboración con las comunidades para la ejecución de esas competencias.
También se ha alegado por algunos que no están a favor de la Ley de
unidad de mercado, pero comprenderán que este grupo parlamentario tiene
muy clara la necesidad de adecuar este texto a la vigente Ley de unidad
de mercado. ¿Por qué? Porque de esa forma los organismos no tendrán que
obtener 17 certificados para operar, uno por comunidad. Nosotros tenemos
muy claro que la Ley de unidad de mercado facilita que con un solo
certificado se pueda operar en todas las comunidades.

Aunque no se corresponda con el orden de las
intervenciones, voy a empezar refiriéndome al senador Sedó porque la
exposición del Grupo de la Entesa coincide mucho con la del Grupo
Socialista. En relación con la invasión de competencias, ya le he dicho
que si lee el dictamen del Consejo de Estado verá que este deja claro que
este proyecto cumple con la ejecución del control metrológico del Estado
que, obviamente, realizan las comunidades autónomas. Ya sé que ustedes no
están de acuerdo —qué le vamos a hacer— con la Ley de unidad
de mercado, pero nosotros pensamos que la eliminación de barreras
burocráticas mejora la competitividad de nuestras empresas y crea
empleo.

En relación con el instrumento testigo, creo que se lo he
aclarado. Se pretende facilitar al consumidor la información con
exactitud de estas mediciones. Este texto no suprime el control
metrológico, sino que amplía el plazo de las verificaciones donde está el
elemento testigo o lo simplifica, a cambio de establecer este
instrumento, y además da más tiempo en el lugar donde se encuentra.

En relación con los productos envasados, creo que usted
tiene cierta confusión. La ley establece la terminología de producto
preenvasado, que es aquel que contiene un envase de peso o volumen
previamente especificado y al que se le realizan unos controles
metrológicos especiales referidos al envase y control estadístico de la
calidad en las líneas de producción. Y el producto envasado es aquel que
está a la vista del cliente —por ejemplo, si yo compro un kilo de
carne o pescado en el supermercado, veo cómo me lo envasan—. Y
también puede ser el que ya está colocado en las estanterías del
comercio. Pero el pesaje de esos instrumentos sí ha estado sometido al
control metrológico del Estado, y por eso no se incluye en el texto.

Y me gustaría hacer alguna mención al senador Montilla. Yo
celebro que esté de acuerdo en que esta es una ley muy técnica
—además, sabemos que la ha hecho el Centro Español de
Metrología— y, efectivamente, contiene dos disposiciones finales.
Pero, usted, que fue ministro de España, sabe perfectamente que a veces
un proyecto de ley introduce alguna disposición que se considera
necesario y urgente aprobar porque lo contrario generaría otras
consecuencias. También sabe que en dos días no se tramita un proyecto de
ley. Por tanto, creo que está justificado. Por otro lado, en la
justificación de su veto se dice que no se habían mantenido reuniones con
los sectores y las comunidades autónomas. Sin embargo, el propio dictamen
del Consejo de Estado establece que hubo un amplio trámite de audiencia
con las comunidades autónomas, la FEMP, las entidades nacionales de
acreditación y normalización, los organismos de consumidores y las
asociaciones implicadas. Por tanto, creo que no es justo decir que no ha
habido diálogo, porque es todo lo contrario.

Y usted cuestiona las cosas que a veces hace un Gobierno de
España, pero debería cuestionar también lo que hizo otro Gobierno de
España. Usted hablaba de hacer las cosas por la puerta de

atrás. Pues bien, hace unos días, el 22 de noviembre, leí
lo siguiente: Montilla acusa a Miguel Sebastián de mentir
estrepitosamente sobre Castor. Supongo que lo habrá leído. Yo creo que,
en vez de que luego dos exministros se echen la pelota, sería mejor haber
resuelto el problema cuando surgió y así no nos veríamos ahora ante una
indemnización de 1357 millones a la concesionaria del almacén de Castor.
Por tanto, a veces uno presume, pero también debería tener en cuenta lo
que ha hecho.

En relación con el señor Alique, portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, creo que ha estado moderado; de hecho, ha
estado mucho más moderado hoy en su intervención que en la Comisión de
Industria de la semana pasada.

Señoría, a mí los términos tapadillo, absolutismo o
ninguneo no me gustan —y lo digo también por lo de anoche—, y
todos debemos ser conscientes de que tenemos que dar prestigio a esta
Cámara. Creo que deberíamos hacer un esfuerzo por mejorar la reputación
del Senado y no hundirlo más, sobre todo de cara a la opinión
pública.

Entiendo que ustedes no estén de acuerdo —lo
admito— en que al final hayamos incluido dos disposiciones finales
en el proyecto de ley. Pero, señoría, uno siempre tiene que decir la
verdad, hacer las cosas de la mejor manera posible, y ustedes, cuando
gobernaban este país no dijeron la verdad; nos engañaron, nos dejaron al
borde de la ruina, porque fueron incapaces de reconocer una crisis y de
actuar contra ella. Señoría, si todo lo que tiene que decir de nosotros
es lo de las dos disposiciones, le diré que esta es una ley buena, una
ley importante, que, por cierto, el Gobierno anterior no consideró
oportuno modernizar. Y si el Consejo de Estado dictaminó el día 24 de
julio de 2013, evidentemente, la Ley del sector eléctrico no estaba
tramitada.

Lo dije en comisión, y lo repito ahora. Usted expone como
un logro del Ejecutivo de Zapatero su PIN 2020, el Plan integral de
política industrial, pero la verdad es que deja mucho que desear. El
autor de ese plan fue, como sabe, el famoso ministro que encargó las 49
millones de bombillas de bajo consumo que iba a regalar —por
cierto, yo en Canarias no las vi, no sé si porque estoy muy lejos o
porque el coste del transporte es muy elevado—. Y no me parece
oportuno que ese sea uno de los argumentos que ha utilizado.

Señoría, las 124 actuaciones del plan de 2010 tenían un
impacto de 83 000 millones de euros —repito: impacto—, y me
gustaría que me dijese qué partida presupuestaria destinó el Gobierno de
Zapatero en el año 2011 a ese plan aprobado en 2010, porque, como dijimos
ayer, el que tuvo que hacer los Presupuestos Generales para 2012 fue este
Gobierno del Partido Popular, porque el anterior salió corriendo y nos
dejó, como se dice vulgarmente, el asunto sobre la mesa.

Por otro lado, me parece que usted cuando habla del PIN
2020 se olvida de que una de las previsiones de ese plan era que el
impacto tenía que ser consistente —y repito, consistente— con
el compromiso de reducción del déficit público adquirido por el Gobierno
de España ante la Unión Europea. A usted esto le suena bien; a mí me
suena muy mal, porque, como usted sabe, el Gobierno Socialista dejó a
España en un túnel, con un déficit público del 9,4 % frente al compromiso
que tenía con Europa, del 6 %. Este era su PIN, su plan mojado.

Usted ha dicho —está recogido en el texto, aunque
aquí no lo ha reconocido— que el éxito que ha tenido este Gobierno,
sobre todo en industria, son los planes que tienen que ver con el PIVE.
Pues bien, le puedo decir que después de tres años de reforma la economía
española ha ganado en eficiencia, flexibilidad y competitividad, y ya
empiezan a verse los resultados de la recuperación económica. Y en el
siguiente turno, de portavoces, le expondré —aunque creo que usted
escuchó muy bien el otro día a la secretaria general— la agenda que
aprobó este Gobierno.

Señoría, el fundamento de la modificación de la Ley de
industria de 1992 es disponer del marco necesario para garantizar que los
productos e instalaciones industriales cumplan los requisitos de
seguridad. Además, la trasposición de la directiva europea hace necesario
que los organismos posean una acreditación por parte de la ENAC, la
Entidad Nacional de Acreditación, para garantizar la competencia técnica
e imparcialidad, establecer la necesidad de una autorización
administrativa previa y, además, que las entidades cuenten con un seguro
de responsabilidad civil para hacer frente a posibles reclamaciones
patrimoniales derivadas de incidentes o accidentes. Como digo, por eso se
modifica la Ley de industria.

En cuanto a la disposición final cuarta, relativa al
artículo 16 de la Ley del sector eléctrico, lo que se pretende es
clarificar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia por la publicación de la Circular 3/2014, que estableció la
metodología del cálculo de los peajes.

La disposición final cuarta, señorías, mantiene la
distribución de competencias conforme a la directiva europea de 2009
sobre las normas comunes para el mercado interior de la electricidad, que
establece con carácter excluyente, entre las funciones reconocidas a los
reguladores, la de fijar o aprobar, de acuerdo con los criterios de
trasparencia, los peajes o la metodología para su cálculo. Esta
disposición no supone ni un traspaso de competencia ni implica una
reducción de la capacidad regulatoria. No se elimina la capacidad de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para fijar la
metodología de cálculo de los peajes, que le sigue correspondiendo, sino
que la Ley del sector eléctrico le atribuye al Gobierno fijar la
estructura de los cargos por costes regulados y el de los peajes. Y la
CNMC no puede aplicar la metodología de peajes hasta que el Gobierno no
apruebe la metodología del cálculo de los cargos. Por tanto, las tarifas
de acceso seguirán siendo las actuales, fijadas por el Real Decreto
1164/2001, y serán las establecidas por el ministro, previo acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Señorías, nosotros entendemos que estos son asuntos
urgentes e importantes y, por consiguiente, hemos considerado que era
necesario aprobarlos en este trámite, porque de lo contrario los
problemas y los conflictos podrían ser mayores. Por tanto, este grupo
parlamentario está en contra de los vetos presentados y va a seguir con
la tramitación del proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Mixto? (Denegaciones).

Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el senador señor
Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señor presidente, señorías,
la senadora Luzardo ha dicho hoy en su intervención que hay que
prestigiar al Senado. Yo le voy a dar una fórmula de prestigiar al
Senado: escuchar a los grupos parlamentarios. Le he preguntado al senador
Sedó si la senadora Luzardo ha hablado con él. No. Y con nosotros no ha
hablado. Por tanto, deduzco que tampoco ha hablado con el señor Alique y
con el señor Montilla. Prestigiar al Senado es hablar, es tratar de
llegar a acuerdos y, sobre todo, ponerse en la piel de los demás, no
solamente de las empresas. Y nos parece muy bien que la senadora Luzardo
haya tenido esa ronda de conversaciones con las empresas, pero desde
luego no las ha tenido con los grupos parlamentarios, que teóricamente
tendríamos que aprobar este proyecto de ley.

Usted sabe, senadora, que los esfuerzos baldíos producen
melancolía. Yo estoy desde hace tiempo profundamente melancólico, sobre
todo por la manera de proceder del Partido Popular a la hora de tramitar
cualquier proyecto de ley. Hoy por la mañana he escuchado al diputado
Cayo Lara en su intervención en el Congreso de los Diputados en relación
con un debate tan importante como es el del asunto de la corrupción. El
presidente Rajoy ha presentado una importante serie de enmiendas y de
iniciativas con objeto de atajar y poner en cuestión todo el
funcionamiento que hasta ahora se ha llevado, que nos ha llevado a una
situación de gran debate social y sobre todo de gran preocupación social
y alarma social. El diputado Cayo Lara ha dicho: señor presidente, ¿por
qué no propuso esto hace tres años? Porque el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida ha presentado en el Congreso de los Diputados varias
baterías de iniciativas en relación con la corrupción que han sido
siempre rechazadas.

Es decir, nosotros ponemos en cuestión la manera de
proceder, porque nos da la impresión de que el Partido Popular está en
manos del alto funcionariado de los ministerios, que son los que hacen
las leyes y que no tienen en cuenta que tienen que pasar por una
tramitación parlamentaria. Y esa tramitación parlamentaria requiere
muchas veces que se acepten enmiendas. Y no es de recibo que haya tres
vetos a este proyecto de ley, que es un proyecto profundamente técnico, y
que se desconozca la opinión de otros grupos parlamentarios, que también
tienen algo de razón; sin embargo, el alto funcionariado de los
ministerios dice que no. Y ustedes son meras correas de trasmisión. Esto
no es política. Y a la hora de prestigiar el Senado, prestigiemos el
Senado, pero hagámoslo haciendo política, no actuando como se actúa, de
esta manera.

Nosotros no hemos presentado un veto a este proyecto de ley
—hacemos nuestras las palabras que ha pronunciado el senador
Sedó—, pero sí hemos presentado dos enmiendas que, como los diez
mandamientos, se resumen en dos: fundamentalmente, porque estamos muy en
desacuerdo con esta iniciativa constante de todos los proyectos de ley,
que recentralizan todo lo

que hasta ahora se ha venido descentralizado. Repito que
estamos en manos del alto funcionariado de los ministerios, que
desconocen que estamos en un Estado autonómico. En este momento hay un
debate territorial en el Estado español, y da la impresión de que ese
debate no tiene nada que ver con el alto funcionariado, que piensa que
estamos como hace treinta y cinco años, que Madrid es el ombligo del
mundo y que las comunidades autónomas no tienen ninguna competencia.

Con la primera enmienda proponemos que se modifique el
apartado 2 del artículo 18 del Proyecto de Ley de metrología, para que
redactado de la siguiente forma: «El Registro de Control Metrológico es
un registro único de alcance estatal, cuyos datos están centralizados en
el Centro Español de Metrología, al que está adscrito». Tampoco decimos
nada revolucionario. Pero: «La llevanza del Registro y todas las
actividades propias de su gestión, entre las que se incluyen la
recepción, comprobación, concesión o denegación de la inscripción en el
Registro, así como los actos de ratificación, cancelación o revocación,
corresponden a las administraciones públicas competentes.» A las
competentes, no a la Cibeles. Nosotros queremos que se precisen las
funciones en materia de registro de las comunidades autónomas con
competencias en esta materia en los términos en los que se pronunció el
Tribunal Constitucional en una sentencia del 12 de diciembre de hace
relativamente poco tiempo.

Tenemos otra enmienda, que irá directamente a la basura, en
la que proponemos la modificación del apartado 2 del artículo 19 en los
siguientes términos: «Será requisito esencial para la designación de
estos organismos la comprobación de su cualificación técnica.»

¿Por qué hemos presentado esta enmienda? Porque la
finalidad última es que los fabricantes con un sistema de calidad
acreditado, que ya poseen autorización para emitir sus propias
autocertificaciones de los instrumentos que salen de su fábrica,
autocertificación a la que la Administración le da una validez de dos
años, puedan realizar verificaciones periódicas en todo el mercado. Y es
que es absurdo que no se permita la segunda y sí la primera, mucho más
exigente.

Además, la intervención de terceros, también sometidos a
las exigencias de las cuentas de explotación, da lugar a acciones de
competencia desleal. Por otro lado, la realización de las verificaciones
periódicas por los fabricantes acreditados está autorizada en Austria,
Francia, Italia, Holanda, Suecia, el Reino Unido y Bélgica, aunque solo
para básculas de más de 1000 kilos.

Estas son nuestras dos enmiendas, que no serán tenidas en
cuenta, como no serán tenidas en cuenta ninguna de las enmiendas de los
grupos parlamentarios de la oposición.

Señor presidente, termino diciendo que el Senado se
prestigia así; no solamente teniendo relación con los interlocutores
sociales, sino también con los grupos parlamentarios. Y en esta
oportunidad, por lo menos en nuestro caso y en el caso catalán, eso no ha
ocurrido.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Anasagasti.

¿Grupo Parlamentario Entesa? (Denegaciones).

No hace uso de la palabra. Gracias, senador Sabaté.

¿Grupo Parlamentario Convergència i Unió?
(Denegaciones).

Tampoco se hace uso de la palabra. Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador señor Alique.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Comenzaré por responder a la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular porque me ha incitado a ello. He estado mirando qué
significados tiene la palabra tapadillo, y dice el diccionario: A
escondidas, con disimulo. Y como sinónimos: ocultamente, reservadamente,
a hurtadillas. Ponga usted el calificativo que quiera al hecho de
presentar un proyecto de ley, remitirlo al informe del Consejo de Estado,
y que no figure la disposición final tercera, que sí figura
posteriormente, cuando el Gobierno lo remite al Parlamento. Es decir, se
han saltado a la torera el informe del Consejo de Estado.

Pero luego han hecho un doble triple mortal, y es que en el
trámite en el Congreso ustedes han introducido la enmienda 58, hoy
disposición final cuarta, por la que modifican la Ley del sector
eléctrico. Y como veo que usted lee mal lo que le han pasado como notas,
o no conoce, le diré que usted ha afirmado que cuando se hizo el Proyecto
de Ley de metrología no estaba tramitada la Ley del sector eléctrico,
pero le tengo que recordar que se aprobó en diciembre del año pasado. Lo
que ustedes han hecho ha sido modificar la Ley del sector eléctrico en
una ley que no tiene nada

que ver con él —la Ley de metrología—, al igual
que modifican la seguridad industrial, la Ley de la industria, en una ley
que no tiene que ver nada con ella, en la Ley de metrología que estamos
tramitando. Ahí queda, póngale usted el calificativo que quiera, pero eso
es lo que han hecho.

Se acerca el final de la legislatura, y los datos hablan
por sí solos. Lo que hace tres años era insoportable, dramático e
inasumible, hoy en no pocas ocasiones es sinónimo de éxito económico y de
éxito de la gestión. La verdad es que el cinismo de los dirigentes y de
los gobernantes del Partido Popular no tiene límites. Menos mal que los
ciudadanos ya les conocen después de estos tres años.

Voy a ser muy conciso. Radiografía de la situación. Desde
que gobierna el Partido Popular se han destruido 600 000 empleos. Un
informe reciente de la Unión Europea dice que España tendrá en 2016 más
paro que ningún país de Europa, más incluso que Grecia. Por primera vez
en democracia ha caído la población activa, 600 000 españoles se marchan
de España o ya no se apuntan a la lista del paro porque no tienen ninguna
expectativa de encontrar un trabajo. Hay 650 000 afiliados menos a la
Seguridad Social que en 2011. España tiene la segunda tasa de paro
juvenil más alta de toda Europa. La Agencia Tributaria —la que
controla o la que gestiona el señor Montoro— recientemente nos no
ha dicho que uno de cada tres trabajadores —escuche bien, el 34
%— cobra menos de 654 euros, son seiscieneuristas, que cobran el
salario mínimo interprofesional, y que ustedes han metido en el
congelador desde que gobiernan. Además, el 46,4 %, es decir casi 8 000
000 de españoles, cobran menos de 1000 euros al mes. ¿Le suena de algo el
término precariedad laboral? Es la que ustedes están introduciendo con
sus políticas.

Han caído los salarios; el salario medio ha bajado casi 100
euros, pero no las rentas empresariales. Hoy somos el tercer país de
Europa con más trabajadores pobres; por cierto, 1 de cada 5 españoles
viven en riesgo de pobreza y el 30 % de nuestros niños viven bajo el
umbral de la pobreza. La renta per cápita, que hace tres años, en 2011,
era de 32 000 dólares, hoy es de tan solo 29 000 dólares. Según el INE, a
1 de enero del año 2014 el número de empresas activas continúa
reduciéndose; hoy hay 20 100 empresas industriales menos que hace tres
años. Y qué decir de las exportaciones, de las que ustedes tanto han
presumido. Hoy crecen, pero menos que en 2011, cuando lo hacían al 7,3 %,
y no son tractor de la economía, no tiran de la economía. Además, el
déficit comercial alcanzó en el primer semestre del año 2014 los 12 000
millones de euros, justo el doble de hace un año, en el primer trimestre
de 2013, cuando era de 6000 millones de euros. Y qué decir de las
políticas de austeridad, esas que no iban a sacar de la crisis. Un
austericismo que lo único que ha provocado es empobrecimiento en lo
económico y en lo social. Y en cuanto a la deuda, ustedes han endeudado a
España en el 99 % del PIB, es decir, 29 puntos más que hace tres
años.

Estos datos hablan bien a las claras del resultado de tres
años de desastre de nuestra economía y también para nuestra sociedad,
tres años de ineficacias, de incompetencias de un Gobierno, el del
Partido Popular, que ahora nos pide paciencia cuando hace tres años en
campaña electoral dijo que con su sola llegada al Gobierno vendría la
recuperación. Son mentiras PP que se traducen en resultados: más paro,
más desigualdad, más precariedad y menos servicios públicos. Ese es el
resultado.

Y en estas circunstancias ¿es necesario modificar la Ley de
metrología? Yo le digo que sí, pero sobre todo es más importante hacer
reformas estructurales, consensuadas y respetando el procedimiento
legalmente establecido, que sitúen a nuestra industria y a nuestro sector
energético en el centro del proceso de renovación y modernización de
nuestra sociedad. Eso es lo que están pidiendo a gritos los ciudadanos y
por eso no se puede seguir haciendo oídos sordos a ese clamor popular.
Por eso, desde el Partido Socialista decimos que sí, que hay que apostar
por la industria, que hay que favorecer la competitividad en la economía,
favorecer la competitividad de nuestras empresas e industrias para crear
empleo, que es el principal problema que tienen los españoles y la
principal prioridad que debería tener este Gobierno. Y eso, señorías, no
se consigue con un puñado de artículos sobre la seguridad industrial y
poco más. Para que tengamos un país fuerte tenemos que tener una
industria fuerte y con futuro. Desafortunadamente, en los últimos años
España ha ido perdiendo peso industrial, y desde que comenzó la crisis
nuestra industria ha experimentado un descenso en la actividad del 30 % y
una pérdida de empleo del 35 %. De hecho, en términos porcentuales, la
participación de la industria en la economía ha descendido 12 puntos.

Pero ¿cómo revertir esta situación? De eso es de lo que se
deberían haber preocupado con esta ley en vez de hacer modificaciones al
sector eléctrico o a la seguridad industrial.

En primer lugar hay que hacer un buen diagnóstico. Solo el
2 % de las empresas españolas tienen más de 20 trabajadores y se sitúan
en segmentos de baja o muy baja intensidad tecnológica, lo que les
dificulta competir en un mundo globalizado. El consumo está estancado.
Nuestras empresas, especialmente nuestras pymes y nuestros autónomos,
tienen dificultad para acceder al crédito. Es más, se financian al doble
que, por ejemplo, una empresa alemana y tienen unos costes energéticos
muy superiores a los de sus competidores europeos. Todas estas
circunstancias, señorías, suman a la hora de explicar las causas del
deterioro y de la pérdida industrial en nuestro país.

Pero la guinda del pastel la ha puesto este Gobierno, el
Gobierno del Partido Popular, con la reforma laboral, una reforma que ha
incentivado a las empresas a ganar competitividad a costa de destruir
empleo y de bajar salarios. Ese es el camino, el único camino que ha
tenido el Partido Popular, el de bajar salarios y menos empleo, como
salida la crisis. Y eso es lo que está perjudicando y provocando
sufrimiento a gran parte de los españoles, fundamentalmente a los más
desfavorecidos, que son cada vez más, porque cada vez hay menos clase
media con las políticas del Partido Popular.

Con todo ello, se ha hecho un daño muy importante en la
industria, y la industria que se pierde es muy difícil que se recupere.
Por eso, señorías, es importante actuar cuanto antes, y ese antes no
puede esperar ni un solo minuto. Necesitamos impulsar el crecimiento de
sectores que puedan tirar de la economía más allá de la especulación y
del ladrillo, y para ello, para ganar competitividad, es necesario
invertir en capital humano para consolidar mejoras en educación y
formación. En segundo lugar, hay que invertir en capital productivo e
infraestructuras. En tercer lugar, apostar por la I+D+i, que, por cierto,
ustedes han recortado un 40 % en esta legislatura. Y, en cuarto lugar,
apoyar a los sectores estratégicos, todos los cuales tienen un alto valor
añadido y han sufrido recortes de dos dígitos por parte de este
Gobierno.

Solamente les voy a dar algunos datos. Presupuesto del año
2015 comparado con 2011. Los programas de desarrollo industrial se han
recortado un 36 % respecto de 2011; el de competitividad se ha recortado
un 25,2 %; el de reindustrialización, un 25,4 %; y el de I+D+i
industrial, un 43,3 %. Con todo ello, no estamos reinventado la rueda,
señoría, lo que estamos haciendo es poner encima de la mesa lo que se
quedó aquí con ese plan integral de política industrial que ustedes han
desdeñado, de la misma manera que no han tenido en cuenta la energía como
un sector clave para la competitividad de la industria. Y ahora,
efectivamente, a través de esta norma, nos presentan una modificación de
la Ley del sector eléctrico, concretamente del artículo 16, por la que
invalidan la metodología que ha aprobado la Comisión Nacional de los
Mercados y de la Competencia y desacreditan y deslegitiman esta
institución. Además —escuchen bien—, eso puede suponer una
nueva subida del recibo de la luz, una más de las tantas que ustedes han
tratado de encubrir y camuflar durante esta legislatura —han
multiplicado por dos la parte fija del recibo de la luz, la que tiene que
ver con la potencia contratada—. También han elevado los requisitos
sobre el bono social y han expulsado con ello a 500 000 hogares que
recibían esa tarifa social.

Y han hecho otra cosa —y termino—: se han
olvidado de la seguridad industrial, se han olvidado de la calidad
institucional, se han olvidado del bolsillo de los ciudadanos y se han
olvidado de la competitividad de la industria española, que es lo que nos
puede facilitar la creación de empleo y lo que los españoles necesitan, y
lo que este Gobierno no hace.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora señora Luzardo.

La señora LUZARDO ROMANO: Gracias, señor presidente.

Señorías, voy a comenzar este turno de portavoces
contestando, en primer lugar, al señor Anasagasti.

Senador Anasagasti, yo creo que usted tiene un problema: no
habla con su portavoz, porque yo ayer hablé con él —ahora no
está—. Repito que ayer hablé con su portavoz precisamente sobre
esta ley, y le pregunté qué podíamos hacer. Yo le he escuchado a usted;
no sé por qué se pone nervioso. En segundo lugar, en la reunión de la
ponencia estuvimos todos los ponentes —el ponente de Convergència
se excusó y le sustituyó su compañero, miembro de la Mesa—, y en la
ponencia mi compañera y yo estuvimos hablando con los ponentes e
intentando que se aprobaran algunas enmiendas si con ello mejorábamos el
texto. Pero, como usted comprenderá, yo no tengo

la culpa de que ustedes no estuvieran en la ponencia. Y
ayer, cuando yo hablé con su portavoz de que queríamos llegar a algún
acuerdo y qué posición iban a tener, incluso me dijo lo que iban a votar,
pero no se lo voy a decir por si acaso hay diferencia entre lo que él me
dijo ayer y lo que va a pase dentro de unos minutos.

Lo importante es que nosotros nos reafirmamos en la
necesidad y en la oportunidad de aprobar esta Ley de metrología. De las
intervenciones de los diferentes grupos se deduce que la ley no es el
problema sino las dos disposiciones finales, pero nosotros consideramos
que es una buena ley, que es un texto importante que moderniza e
incorpora las nuevas tecnologías a las pesas y medidas de una ley que
lleva en vigor más de treinta años. El objetivo, señorías, es que los
ciudadanos, los consumidores en general podamos tener más garantías de
seguridad y podamos comprobar con exactitud las mediciones. Esta ley va
aportar más certidumbre a todas las tareas que realizamos día a día, es
decir, al ir a un supermercado a comprar algo o a por un medicamento en
una farmacia.

Señoría, como yo me temía que la intervención del portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista iba a ir por cualquier tema menos por
la metrología, yo voy a hacer mención de lo que han hecho el Gobierno de
España y el ministro Soria en esta área. Y además quiero decir otra cosa.
En mi grupo parlamentario estamos muy orgullosos del trabajo valiente que
están haciendo el presidente Rajoy y sus ministros. Lo que ustedes
hicieron fue ocultar la crisis y dejarnos al borde del rescate. ¿Usted
recuerda en cuánto estaba la prima de riesgo y en cuánto está ahora? De
660 ha pasado a 118 y ayer estaba en 120. Por tanto, señoría, algo ha
mejorado este país.

El día 11 de julio pasado el Consejo de Ministros aprobó la
agenda para el fortalecimiento del sector industrial. Esta agenda
contiene 97 medidas que ya han dado su fruto porque se aplican en el
corto y en el medio plazo, y está permitiendo mejorar la actividad
industrial en España, la competitividad y el aumento del peso de nuestro
PIB, que actualmente representa el 15,9 %, y que en empleo supone más de
2,3 millones de trabajadores. Y el Consejo de Ministros del día 14 de
noviembre ratificó medidas para apoyar la competitividad del sector
industrial con la reforma de la Ley de patentes para actualizarla,
simplificar la carga administrativa e impulsar la innovación. La Ley de
patentes va a establecer para los emprendedores y para los universitarios
una bonificación del 50 % en las tasas. Y en ese Consejo de Ministros se
aprobó una partida para apoyo financiero a la reestructuración de 1500
millones de euros en dos años. Y el propio ministro, en la sesión de
control del martes dijo que el año que viene iba a tener una dotación de
745 millones de euros para planes de competitividad y de
reindustrialización, y que, además, el Gobierno iba a apoyar en todo lo
posible a la empresa Campofrío. No sé si estas medidas le parecerán
pocas, pero al menos a nosotros nos parece que dan resultado. (Fuertes
rumores).

Señoría, en el plan PIVE, que ya va por la sexta edición,
se han renovado 711 000 vehículos que son menos contaminantes y que
además favorecen al sector de automoción. Las empresas fabricantes de
automóviles van a producir este año 12 nuevos modelos, lo que supone 6000
nuevos puestos de trabajo —esto se lo digo porque dice usted que no
se crean puestos de trabajo— y 25 000 empleos adicionales. Y,
además, como usted sabe, en lo que va de año hemos conseguido 550 000
nuevos afiliados a la Seguridad Social. No sé si eso es creación de
empleo o no. Señoría, a nosotros no nos duelen prendas en reconocer que
cuando tenemos que modificar una ley lo hacemos. (Fuertes rumores). Lo
que hicieron otros antes fue echarse la culpa mutuamente a propósito de
la cláusula de la indemnización del proyecto Castor, los chuts entre los
ex ministros Sebastián y Montilla. Nosotros no.

Además, quiero clarificar algunos datos en relación con la
energía. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio,
señorías, es imposible oír a la oradora.

La señora LUZARDO ROMANO: Si hubiésemos continuado con la
política del Partido Socialista Obrero Español, la factura hubiese subido
un 42 % a los consumidores, que somos todos, para ajustar el déficit
tarifario. Lo que está claro es que durante el periodo 2004-2011, según
los datos del Instituto Nacional de Estadística, la luz subió un 67,1 %.
El año pasado, en 2013, bajó un 3,1 % y estimamos que este año podría
también bajar en torno al 4 %.

Recordarán, señorías, que por primera vez las compañías
eléctricas han tenido que devolver 400 millones de euros a los
particulares por una subida injusta. Y, gracias a la labor de

este Gobierno —lo voy a decir en tono irónico—
y a las buenas relaciones que tiene aquel con el sector de las
eléctricas, han tenido que devolver 400 millones de euros. Si a eso le
hubiéramos añadido lo que hubiésemos tenido que pagar en este primer
trimestre del año, estaríamos hablando de 392 millones de euros
adicionales.

Por primera vez en diez años conseguiremos equilibrio
presupuestario. Hemos eliminado el problema del déficit de tarifa y,
además, estamos impidiendo que se vuelva a generar lo que ustedes nos
dejaron, desequilibrios para el futuro. Desde que el anterior Gobierno
socialista creó el sistema de subasta para fijar el precio hasta
diciembre de 2013, los consumidores hemos pagado —yo creo que hay
que dar estas cifras, porque parecen fáciles, pero son
insostenibles— 1671 millones de euros. El Ministerio de Industria
lo que ha hecho es aclarar las competencias de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia, después de la publicación de la circular
3/2014, como ya le he dicho. (El señor presidente ocupa la
Presidencia).

Y voy a terminar, señorías, con un artículo que leía el
otro día al volver a mi casa, en el avión, relajada, que creo que
simboliza, y mucho, la situación en la que estamos. Decía ese artículo de
opinión, que luego les diré de quién es: «Se puede discutir si el ritmo
de la recuperación es más o menos lento, pero nadie puede negar sin ser
profundamente injusto el enorme esfuerzo que ha hecho la sociedad
española para no caer en ese profundísimo agujero. Y tampoco se puede
poner en cuestión la determinación del Gobierno del presidente Rajoy de
emprender reformas con coste político». Señorías, este artículo se
publicó en el ABC el día 13 de noviembre y el autor es el ministro Luis
de Guindos.

Como les dije antes, vamos a votar en contra de los tres
vetos presentados.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Luzardo.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las propuestas
de veto del Proyecto de Ley de metrología. Ha habido votación telemática,
igual que ayer. La senadora María Agustina Rodríguez Martínez ha emitido
voto telemático autorizado, y su voto ha sido en sentido negativo a las
tres propuestas de veto.

Votamos, en primer lugar, la propuesta de veto número 2, de
los senadores de la Entesa pel Progrés de Catalunya, menos los senadores
Guillot y Saura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 229 más 1 voto telemático, 230; votos emitidos, 228 más 1 voto
telemático, 229; a favor, 86; en contra, 142 más 1 telemático, 143.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 229 más 1 voto telemático, 230; votos emitidos, 229 más 1 voto
telemático, 230; a favor, 87; en contra, 142 más 1 telemático, 143.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos finalmente la propuesta de veto número 1, del Grupo
Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 229 más 1 voto telemático, 230; votos emitidos, 229 más 1 voto
telemático, 230; a favor, 87; en contra, 142 más 1 telemático, 143.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

Rechazadas las propuestas de veto, pasamos al debate de las
enmiendas. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Mixto la enmienda
número 1, presentada por los senadores Eza, Salanueva y Yanguas.

Para su defensa tiene la palabra la senadora Salanueva.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, señor
presidente.

Si me lo permite, intervengo desde el escaño simplemente
para darla por defendida.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Salanueva.

El Grupo Parlamentario de la Entesa ha presentado dos
bloques de enmiendas: el primero de la 17 a 27, y la vuelta al texto
remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la
enmienda 31 del Grupo Parlamentario Popular. (Rumores).

Para su defensa, cuando haya silencio en el hemiciclo,
tiene la palabra el senador Montilla.

Guarden silencio, por favor, señorías.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, como he explicado en la defensa de la enmienda de
veto a este proyecto de ley, en mi grupo parlamentario estamos muy en
desacuerdo con las formas utilizadas para incluir modificaciones
normativas. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio por
favor.

El señor MONTILLA AGUILERA: Modificaciones normativas que
nada tiene que ver con el objeto de la misma. Por tanto, obviando estas
consideraciones, voy a desarrollar el contenido de las 11 enmiendas, de
la 17 a la 27 y, a la vez, daré por defendidas las enmiendas 28 a 30 que
corresponden a los senadores Guillot y Saura, de nuestro mismo grupo
parlamentario.

Hemos presentado 11 enmiendas para modificar el texto del
proyecto de ley en su sentido original de reformar la Ley 3/1985, de
metrología, para armonizarlo con la normativa comunitaria, de modo que
facilite la comprensión de los ciudadanos, que mejore la eficiencia del
sistema y, sobre todo, también que respete las competencias exclusivas de
las comunidades autónomas.

Quisiera empezar con este último aspecto sobre la invasión
competencial del texto propuesto. En este sentido hemos presentado un
conjunto de enmiendas que modifican el proyecto de ley para respetar las
competencias propias asumidas por la mayoría de estatutos de las
comunidades autónomas.

En concreto, en el caso de Cataluña, el estatuto, en su
artículo 139.4, otorga a la Generalitat competencias ejecutivas
exclusivas en materia de control metrológico, y así también lo avala,
como ustedes saben, la jurisprudencia del propio Tribunal
Constitucional.

Las enmiendas 19 y 25 modifican el artículo 15 y la
disposición transitoria única pretende establecer un marco legal
plenamente respetuoso con la potestad de autoorganización de las
comunidades autónomas en sus competencias ejecutivas en materia
metrológica, en particular, en lo relativo al control metrológico del
Estado de instrumentos en servicio; su garantía y ejecución
corresponderán a las comunidades autónomas, que podrán prestar tales
servicios en su territorio a través de cualesquiera de las formas de
gestión directa o indirecta de los mismos que hayan previsto.

La enmienda número 20 corrige el texto para asignar a las
comunidades autónomas el procedimiento para la designación de las
entidades que realizan las evaluaciones de conformidad o las
verificaciones relacionadas con la ejecución de control metrológico del
Estado.

Con la enmienda 21 proponemos modificar el texto del
artículo 19, que obligaría a las administraciones autonómicas a autorizar
a cualquier empresa privada que quisiera prestar los servicios de control
metrológico del Estado en su territorio, aun en el caso de que la propia
comunidad autónoma decidiera, dentro de su ámbito competencial, prestar
estos servicios con sus propios órganos administrativos. Esto es
especialmente preocupante, al configurar actividades esencialmente
públicas de control metrológico en sectores como la salud, el
medioambiente, el comercio o la protección de los consumidores, que
pasarían a ser consideradas meras actividades privadas sometidas
solamente a las reglas del mercado.

La enmienda 24 corrige en el texto la expresión
«competencias transferidas», ya que consideramos que es errónea. Como he
mencionado anteriormente, las competencias ejecutivas de control
metrológico que poseen las comunidades autónomas son competencias propias
asumidas por sus propios estatutos.

También hemos incluido algunas enmiendas que modifican
aspectos más técnicos de la norma. Así, la enmienda 17 permite que sea el
operador el que valore la conveniencia de reparar un instrumento o de
sustituirlo cuando los costes asociados al control metrológico sean
similares o superiores a los de reposición del instrumento.

La enmienda número 18 rescata la opción vigente de que
cuando un aparato de medida sea reparado por el fabricante o importador
la Administración responsable tenga que verificar que sigue cumpliendo
con los requisitos reglamentarios.

Las enmiendas 22 y 23 se centran en la modificación de
aspectos de las infracciones y las sanciones previstas en la norma. Así,
se eliminan los límites inferiores a las cuantías con las que se deban
sancionar las infracciones graves o muy graves, ya que estas resultan en
ocasiones desproporcionadas, teniendo en cuenta las características y
circunstancias concretas del infractor. También se amplia de seis meses a
un año el plazo de prescripción de las infracciones leves.

Finalmente, incluimos las enmiendas 26 y 27 para suprimir
las disposiciones finales tercera y cuarta, que, como he mencionado en la
defensa del veto, no coinciden con el contenido material del proyecto de
ley e introducen modificaciones muy importantes en la leyes de industria
y del sector eléctrico que requieren de un consenso con los agentes de
los sectores afectados y con las comunidades autónomas, además de un
debate y de una tramitación más respetuosa.

Estas enmiendas —y es lo mínimo— harían
aceptable el texto para nosotros, pero, obviamente, en caso de no ser
atendidas, de ninguna de las maneras podríamos avalarlo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió ha presentado las enmiendas 34 a 49, 51 a 54 y las enmiendas 32 y 33
inicialmente presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Sedó.

El señor SEDÓ ALABART: Muchas gracias, señor
presidente.

Intentaré ser esquemático y breve. Hemos presentado un
total de 21 enmiendas, de las cuales 20 han sido aceptadas y una no ha
sido admitida a trámite, y al final me referiré a ello.

Básicamente, hemos formulado enmiendas a los artículos 8,
12 y 19 y a las disposiciones adicionales. Y podríamos enmarcarlas, a
pesar de que ahora detallaré algunas de ellas, en los aspectos a los que
antes me refería en la defensa de nuestro veto, y que son el aspecto
técnico, el competencial y el de la seguridad de los consumidores.

Por lo que se refiere a los aspectos que nosotros
consideramos técnicos y que se tendrían que mejorar, creemos necesario
que en el artículo 8, apartado 1, se enumeren los elementos que estarán
sometidos al control metrológico del Estado, que sean determinados
mediante reglamento. Creemos que la no vinculación de los elementos
enumerados a su desarrollo reglamentario genera inseguridad jurídica, y
por tanto, nuestra enmienda va a intentar mejorar este aspecto. En el
apartado 2 de ese mismo artículo se hace referencia a los instrumentos
testigo. Yo comprendo la posición de la ponente del Grupo Parlamentario
Popular, pero, a nuestro entender, el hecho de que se permita un
instrumento testigo puede conllevar que muchos instrumentos de medida
estén fuera del control metrológico del Estado, lo que puede generar
inseguridad en los consumidores. Ustedes ven este aspecto de una manera y
nosotros de otra, y por tanto, consideramos que, para lograr que no haya
indefensión por parte de los consumidores y usuarios, es importante que
haya un control exhaustivo de todos los sistemas.

En el apartado 3 de este mismo artículo se habla de la
prohibición de reparar, modificar o sustituir un instrumento.
Consideramos injustificado prohibir a un operador reparar o modificar un
instrumento si este permite garantizar una correcta medición del mismo
conforme a lo establecido en esta ley. Debería ser el operador el que
valorara la conveniencia de reparar un instrumento o de sustituirlo
cuando los costes asociados al control metrológico sean similares o
superiores a la reposición del instrumento. En este mismo apartado hay,
como en todo el proyecto de ley, esta invasión de competencias ejecutivas
que corresponden a la Generalitat de Catalunya.

Siguiendo con estos aspectos técnicos, en la enmienda
número 38 pedimos que se sustituya el apartado 1 del artículo 12 porque a
nuestro entender en él no se deja claro si tras una modificación en un
instrumento de medida de un elemento que no forme parte de la cadena de

medida del instrumento, será necesaria o no una
verificación. La enmienda va en el sentido de aclarar esta situación;
consideramos que es positiva y que podría ser perfectamente aceptada.

Asimismo consideramos que el apartado número 4 de este
mismo artículo no permite, tal y como está redactado, que los fabricantes
de instrumentos de medida puedan realizar verificaciones más allá de los
daños establecidos por ley. Creemos que los fabricantes, con un sistema
de calidad acreditado y que ya poseen autorización para emitir sus
propias autocertificaciones de los instrumentos que salen de fábrica,
podrían realizar las verificaciones periódicas en todo el mercado.
Consideramos que esta también es una enmienda que ayuda a mejorar el
proyecto de ley.

Antes hablábamos de si yo entendía o no la diferencia entre
preenvasado y envasado, y sí lo entiendo y por ello hemos presentado una
enmienda en el sentido de clarificar que creemos que en el artículo, que
solo habla de preenvasados, se tendría que considerar también la
inclusión de los envasados, y en todo caso hacer referencia a que los
artículos preenvasados no tienen que estar sometidos a lo establecido en
la Directiva 2007/45 de la Comisión Europea. Creemos que la inclusión de
preenvasados y envasados mejoraría el redactado del proyecto de ley. No
criticamos el tema de los preenvasados, sino que pensamos que con esta
enmienda número 40 se introduce una mejora en la redacción del
proyecto.

Al artículo 19 también hemos presentado diferentes
enmiendas respecto a la definición de los organismos notificados, a los
organismos de control metrológico y a los organismos autorizados de
verificación metrológica. Creemos que se puede mejorar el redactado
enumerando cuáles son estos organismos.

Al apartado 2 del artículo 19 presentamos la enmienda
número 43 porque consideramos que no se permite a los fabricantes de
instrumentos de medidas que puedan realizar la verificación de
instrumentos. Como decía, es parecida a la enmienda número 40 y tiene
como finalidad permitir a los fabricantes acreditados realizar las
verificaciones periódicas.

Termino haciendo una referencia al tema de la invasión
competencial, porque nosotros consideramos que existe ya que no se
permite a la Generalitat de Catalunya, en este caso, o a otras
comunidades autónomas, ejecutar las competencias plenas ejecutivas en
materia metrológica, como lo marca el estatuto a través del artículo 130
nuevo punto 5 y que consideramos que esto no queda reflejado en esta ley.
Por tanto, hay invasión de competencias.

Como decía antes, ustedes no han aceptado una enmienda
nuestra que hace referencia a la unidad de mercado, diciendo que no
tocaba, que no afectaba a la ley. Sin embargo, se pueden introducir
enmiendas que afecten a las leyes de industria y del sector eléctrico,
que, como saben, están muy vinculadas a la metrología. Nosotros pedíamos
que no se aplicase esta unidad de mercado en el caso en Cataluña, como
pasa en otras comunidades que no se puede aplicar por acuerdo del
Gobierno central y el de la comunidad autónoma respectiva, porque creemos
que va en contra de los consumidores. A veces la competencia es positiva
y necesaria, y cuando ustedes hablan de unidad de mercado para igualar el
derecho de los consumidores en esta ley, lo que hacen es rebajar estos
derechos al limitar que las comunidades autónomas puedan solicitar las
autorizaciones pertinentes en base a sus competencias. Lo que va a
provocar esto es un desbarajuste y que haya un montón de entidades que no
tengan un control suficiente y puedan actuar en todo el territorio. Como
digo, va en contra de los consumidores.

Hemos presentado también una enmienda a la disposición
adicional de modificación de la Ley del sector eléctrico. En el turno de
portavoces me referiré a esto, pero pensamos la inclusión en esta ley de
algo que no tiene nada que ver con ella provoca un daño importante al
sector de la cogeneración en España. A las industrias que usan la
tecnología de la cogeneración que, como saben, necesitan combustible para
su funcionamiento, esta modificación de la ley les causará prácticamente
la muerte. Si no se puede percibir el cobro de su totalidad cuando toca
por cada uno de los meses de funcionamiento, se produce un desequilibrio
entre ingresos y gastos que no es soportable para la industria, pudiendo
comportar desempleo y destrucción del tejido productivo. Por tanto, hemos
presentado una enmienda transaccional a un apartado concreto de esta
disposición adicional que creemos que tendría que ser aceptada para
ayudar al sector de la cogeneración a poder seguir manteniendo su
actividad y así las industrias podrían reducir el coste de su factura
energética.

Esperamos que estas enmiendas, algunas, son de defensa de
las competencias de la Generalitat de Cataluña y de las otras comunidades
autónomas, otras, son de mejora técnica y de

defensa del tejido productivo industrial español en todo lo
que se refiere a los fabricantes de equipos de pesaje y de medición,
puedan ser aceptadas por el grupo mayoritario y así ayuden a mejorar esta
ley. Si no es así, nosotros no podremos apoyar la ley en su conjunto.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sedó.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado las
enmiendas de la 2 a la 16 y la vuelta al texto remitido por el Congreso
en lo modificado por la enmienda número 31 del Grupo Parlamentario
Popular.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Medina.

El señor MEDINA TOMÉ: Gracias, señor presidente. Señorías,
buenos días.

Antes de disponerme a defender las 15 enmiendas que el
Grupo Parlamentario Socialista ha presentado a este proyecto de ley, me
gustaría hacer algunas puntualizaciones y correcciones a determinadas
manifestaciones que pronunció aquí la senadora Luzardo, porque creo que
es de justicia en aras del rigor.

Primera, la unidad básica de temperatura en el sistema
internacional de medidas no es el grado Celsius sino el grado Kelvin; es
bueno decirlo porque estamos discutiendo la Ley de metrología, por tanto,
seamos rigurosos. Segunda, afirmó usted aquí que el Gobierno socialista
jamás se había preocupado por la actualización de la ley de 1985. Falso,
señora Luzardo. Si usted se lee el dictamen del Consejo de Estado, verá
que este organismo hace referencia a un borrador remitido en junio de
2011, y hasta donde yo sé, el junio de 2011 gobernábamos los socialistas.
El borrador objeto de dictamen del órgano consultivo se remitió en
noviembre de 2012. Y para que vea la diferencia entre una actuación y
otra, el primer borrador fue remitido a más de 100 entidades públicas.
Tercera, respecto a las puertas ocultas, compartimos absolutamente las
manifestaciones que se han hecho aquí sobre quién degrada y qué cosas se
degradan en esta Cámara. Cuarta, sobre las bondades del Gobierno del
señor Rajoy, mucho tendríamos que hablar, no es el momento, pero deben
ustedes empezar a cambiar de disco, cambiar la música y la letra porque
después de tres años, incluso admitiendo que la herencia no fue buena,
tiempo han tenido ustedes para mejorarla y, sin embargo, tenemos la
percepción de que no solo no mejora sino que empeora; malos herederos son
ustedes, muy malos herederos, señora Luzardo. Quinta, dice usted que si
estamos de acuerdo en la metrología, ¿por qué tanto follón? Oiga, es que
las dos disposiciones finales forman parte del proyecto de ley; y claro
que estamos de acuerdo en la metrología, usted ha definido lo que el
proyecto de metrología original tenía como objetivo: simplemente
establecer las normas para medir las cosas; eso es la metrología. ¿Pero
qué tiene que ver la reforma que ustedes pretenden —pretenden no,
lo van a conseguir— del sector eléctrico y de la Ley de industria
con la metrología, que es el proceso por el que se miden las cosas, se
establecen los instrumentos con los que se miden, se definen las unidades
de medida, se normaliza el proceso para la defensa del usuario, se
establecen fórmulas de control para que no haya fraudes y se establecen
sistemas de denuncia de multas? ¿Qué tienen que ver las disposiciones
finales con estas cosas? Por tanto, no diga usted que nos empeñamos en
discutir lo que no tiene sentido, porque yo creo que sí tiene
sentido.

Y como la metrología tiene por objeto regular la actividad
metrológica en España y ustedes han introducido dos disposiciones finales
de gran envergadura, voy a empezar a defender las 15 enmiendas que el
Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en orden inverso, es decir,
primero, la disposición final cuarta, después la disposición final
tercera, y luego aquellas enmiendas que tienen que ver con la metrología,
no sin antes decir que de las 25 enmiendas que presentamos a este
proyecto de ley en el Congreso de los Diputados nos aceptaron 10, lo que
demuestra que en lo fundamental de la metrología estamos de acuerdo y en
el resto, no.

Con relación a la disposición final cuarta, he de decir que
esta disposición modifica la Ley del sector eléctrico, concretamente 4
artículos: el artículo 4, sobre planificación eléctrica; el artículo 16,
sobre peajes y cargas asociadas a los costes del sistema, y los artículos
33.1 y 32.2, sobre el acceso y conexiones.

¿Qué razones ha puesto el Gobierno sobre la mesa para
introducir en el Proyecto de Ley de metrología estas modificaciones? De
la lectura de la enmienda 58 presentada en el Congreso, se deduce algo
que usted antes ha dicho, y es que ahora dice el Gobierno, cuando la Ley
del sector

eléctrico apenas lleva un año de vida, que es conveniente
por seguridad jurídica unificar en el artículo 16 la delimitación de
funciones entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y
la Administración General del Estado. A buena hora, a estas alturas,
después de haber sometido la Ley del sector eléctrico a un proceso de
debate intensísimo en el Congreso y el Senado, se dan cuenta de que en la
ley no quedan perfectamente delimitadas las competencias correspondientes
a la Administración General del Estado y a la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. Pero, detrás de esta modificación hay una
trampa, hay algo oculto que antes se comentó someramente. Y habría que
leerse la circular a la que usted ha hecho referencia, una especie de
real decreto que está en los cajones de la Secretaría General de
Industria, que, a lo mejor, es la que alumbra el sentido de esta
modificación. Si tienen datos, lo dicen. Si estamos equivocados, lo
dicen. En cualquier caso, quizás después tengamos oportunidad de aclarar
lo que estoy diciendo.

Nosotros planteamos la supresión completa de la disposición
final cuarta por dos razones: en primer lugar, por una cuestión de forma
de la que ya hemos hablado, es decir, no compartimos la idea de que esta
ley se modifique a través del Proyecto de Ley de metrología; y, en
segundo lugar —lo ha desarrollado con mucho acierto, como siempre,
el senador Montilla, porque esta modificación hará que el Gobierno sea
competente para establecer la estructura y condiciones de aplicación de
los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución. (El señor
vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Si uno lee lo que propone el Gobierno en el artículo 16.2 y
lo que establece la Directiva Europea 2009/72, sobre normas comunes para
la creación del mercado único de electricidad, la primera duda que surge
es si no va a haber aquí un choque competencial, porque esa directiva
establece que corresponde a la autoridad reguladora —y que yo sepa,
en esta materia no es la Administración General del Estado— la
obligación de establecer o aprobar, de conformidad con criterios
trasparentes, las tarifas de trasporte o distribución o sus metodologías.
Ahora, el Gobierno pretende usurpar esta competencia a la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia. Veremos lo que pasa desde el
punto de vista jurídico. Si estamos equivocados, como después van a tener
dos turnos, dígannos dónde. Y si tenemos razón, ya sabemos que no nos la
van a dar. En cualquier caso, la pregunta que surge es por qué ahora el
Gobierno plantea esta necesidad de limitar competencias, cuando nunca se
propuso en la tramitación del Proyecto de Ley del sector eléctrico.

Con relación a la disposición final tercera —ahora
vamos a hablar de industria, dejaré la metrología para el final, hemos
presentado 4 enmiendas. Esta disposición final tercera modifica nada más
y nada menos que 8 artículos de la Ley de industria, y es verdad que
tiene sus añitos, pero si lo que se pretende es modificarla, haber sido
valientes y haber planteado una modificación en toda regla.

A esta disposición final, como dije anteriormente, hemos
presentado 4 enmiendas, de la 12 a la 15. Las enmiendas 12, 13, y 14
tienen que ver con la seguridad industrial, y más específicamente, con
los organismos de control que, como todos sabemos, se encargan de la
verificación del cumplimiento de las condiciones de seguridad de los
productos e instalaciones industriales. El debate en el que queremos
entrar es si conviene o no, si es práctico o no, si vale la pena o no,
establecer un régimen de autorizaciones y acreditación previa a la
actividad de las administraciones competentes.

El señor Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo de
este Gobierno, con ocasión de su comparecencia en el Congreso de los
Diputados para el debate a la totalidad, que solicitó, entre otros, el
Grupo Parlamentario Socialista, alegó como fundamento principal la
existencia de dos sentencias del Tribunal Supremo que venían a dar
respuesta a dos interposiciones de dos contenciosos administrativos por
parte de determinados colegios profesionales. Pero lo que el ministro no
dijo es que, siendo verdad que esas sentencias declaran inexplicable el
artículo 15 de la Ley de industria y el Reglamento de seguridad
industrial, la misma sentencia abría una puerta para que vía ley o vía
reglamento siguiera existiendo lo que existía en la ley actual, es decir,
una especie de control previo, de autorización previa a estas
actividades.

Nosotros creemos que son necesarias. ¿Por qué lo creemos?
¿Porque estamos convencidos? Porque los órganos de control —no nos
olvidemos— no actúan de forma privada e individual y por su cuenta
y riesgo. Actúan por delegación de la Administración Pública competente.
Estamos hablando, señorías, de una función pública, de nada más y nada
menos que de seguridad industrial, que afecta a personas y a bienes, y
como se trata de una función pública, que además

se ejerce en nombre de la Administración Pública, creemos
conveniente que sea la Administración pública la que previamente exija a
quienes se dedican a estas cuestiones un control previo, que se verifique
si se cumplen o no los requisitos necesarios. También nos gustaría saber
la opinión del Grupo Parlamentario Popular al respecto.

La enmienda 15, que también tiene que ver con la
disposición final tercera —ya se ha dicho aquí y después habrá otra
enmienda parecida a esta—, propone eliminar los límites inferiores
de los intervalos que cuantifican las sanciones en virtud de la
calificación de la infracción. Las razones coinciden con las que el
senador Montilla expuso antes en una enmienda parecida que tiene que ver
con la metrología.

Señorías, estas son nuestras enmiendas a las dos
disposiciones finales que, señora Luzardo, forman parte del proyecto de
ley que estamos debatiendo. No se olvide de eso.

A la metrología nosotros dedicamos una serie de enmiendas.
Estas sí son ya de matices. No son tanto de profundidad o de fondo, sino
de forma, de interpretación. Al capítulo III, control metrológico del
Estado, dedicamos dos enmiendas, la número 2, que tiene que ver con los
elementos sometidos al control metrológico del Estado, y la número 3, al
artículo 12, que alude a la reparación o modificación de un instrumento
de medición. Y como fue CiU el que hizo referencia a ellas y a la
sustentación de su motivación, yo las doy también por defendidas en ese
sentido.

Al capítulo V, organización, dedicamos 4 enmiendas. La
número 4 al artículo 15, se refiere a la competencia, y las números 5, 6
y 7, al artículo 19, a los organismos designados. Dos son las ideas que
justifican este conjunto de 4 enmiendas. La primera es que debe quedar
claro que en materia de metrología el Estado solo tiene competencias en
normas, y que las comunidades autónomas no tienen competencias en
metrología porque se las transfiera el Estado, porque la transferencia ya
sabemos que significa que la titularidad de la competencia que se
transfiere se queda en quien la transfiere. Las comunidades autónomas la
tienen porque así figuran en sus estatutos correspondientes.

Con las dos premisas anteriores llegamos a una conclusión,
y es que la legislación estatal en materia de metrología nunca debe
olvidar la capacidad de autoorganización de las comunidades autónomas en
esta materia. Las enmiendas 4, 5, 6 y 7 van en la línea que les acabo de
comentar.

Al capítulo VI, infracciones y sanciones, presentamos dos
enmiendas, las número 8 y 9, que tienen que ver con las sanciones y con
la prescripción, con el fin de incrementar el plazo de prescripción en el
caso de las infracciones leves a 1 año en lugar de 6 meses y eliminar los
extremos inferiores de la cuantificación de las sanciones.

Señorías, estas son las 15 enmiendas presentadas al mal
llamado Proyecto de Ley de metrología que, como muy bien dijo nuestro
portavoz en el Congreso, tendría que haberse llamado proyecto de ley de
metrología, de modificación de la Ley de industria, y de modificación de
la Ley del sector eléctrico. Ni siquiera en el nombre nos ponemos de
acuerdo. Y digo esto —lo voy a decir despacio porque estoy
convencido de que es cierto y, si me equivoco, que luego me lo
rebatan— por la inadmisible y perversa manipulación a la que se vio
sometido el procedimiento de este proyecto de ley. Si no han oído lo que
he dicho se lo repito, y si no están de acuerdo suban aquí y díganme en
qué estamos equivocados, porque esta idea la compartimos todos. Se han
utilizado malas mañas, como decimos en mi tierra, durante el trámite de
este proyecto de ley. Por eso hemos presentado un veto, por eso hemos
presentado este conjunto de 15 enmiendas y por eso...

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Señoría,
concluya.

El señor MEDINA TOMÉ: Acabo, presidente.

... esperamos con gusto que nos digan si aceptan o no, y
por qué, las enmiendas que hemos presentado.

Gracias, presidente. Gracias, señorías. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
señoría.

Pasamos al turno en contra.

Tiene la palabra la senadora Nicolás.

La señora NICOLÁS MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario
Popular en este turno en contra para rechazar todas las enmiendas que han
presentado los grupos de la oposición. Y lo vamos a hacer por una serie
de motivos que ya adelanté la semana pasada a todos los portavoces cuando
nos reunimos en comisión. Vamos a rechazar las enmiendas porque no
mejoran el texto de una ley de metrología que es necesario actualizar;
porque van en contra del principio de unidad de mercado e, incluso,
porque van en contra de uno de los principios fundamentales como es el
del control metrológico, que corresponde única y exclusivamente al
Estado, y también porque no están en línea —y me parece muy grave
que algunos senadores hayan defendido aquí ciertas enmiendas— con
las directivas de nuevo enfoque que vienen de Europa.

El señor Medina hacía una serie de manifestaciones respecto
de la intervención de la señora Luzardo durante el turno en contra de los
vetos. Por eso yo quiero decirle que es el Gobierno el que no se había
preocupado durante los casi ocho años que gobernó de actualizar una ley
del año 1985. Sí le tengo que reconocer que elaboraron muchos borradores,
pero en esa última y nefasta legislatura del Partido Socialista
estuvieron más preocupados por evitar la intervención de la economía de
este país que por cumplir con su obligación como legisladores, aquí y en
el Gobierno, de actualizar una ley fundamental para la defensa de los
consumidores y usuarios de este país.

El señor Alique, que me ha precedido en el uso de la
palabra, también hacía alusión a la intervención anterior de mi
compañera. Por eso, señor Medina —y que el señor Alique también
tome nota—, permítame que le diga que me parece que ha hecho un mal
uso de su intervención en esta tribuna haciéndonos un mitin, cuando aún
faltan seis meses para las elecciones municipales y autonómicas y un año
para las elecciones nacionales, con una serie de argumentos absolutamente
falsos, sin aportar ningún dato, sino sencillamente aportando el
argumentario de su partido político, que no tenía absolutamente nada que
ver con el rigor y la seriedad con la que se debe afrontar un proyecto de
ley.

Dicho esto, paso a dar los argumentos de mi grupo político
respecto a las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición. Me
referiré a las enmiendas agrupadas por artículos para que se puedan
comprender mejor los motivos que nos llevan a rechazarlas.

Respecto de las enmiendas al artículo 8, números 2, 17 y
36, debo decirles a los Grupos Socialista, Entesa y Convergència i Unió
que se elimina del proyecto —como ustedes proponen— la
posibilidad de dar una vida máxima a los instrumentos por su bajo coste y
características de instalación, ya que resulta más caro verificar
periódicamente que sustituir. En la práctica, esto nos obligaría a
regular la verificación periódica y a que fueran los titulares de los
instrumentos los que optaran por su renovación; pero esto nos llevaría a
varios problemas. En primer lugar, el coste de la verificación podría ser
una razón para la impugnación de su obligatoriedad. En segundo lugar, la
verificación periódica debería realizarse con unos plazos menores que el
que se dé a la vida útil del instrumento; y, en tercer lugar, se
penalizaría a las tecnologías de mayor duración, a las que con el
proyecto se les da la posibilidad de asignar una vida útil mayor. Por lo
tanto, no vamos a aceptar las enmiendas a este artículo número 8.

El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió también ha presentado varias enmiendas a este artículo,
concretamente la número 34, que propone la modificación del apartado 1.
de este artículo. Señorías, mi grupo considera que debe tratarse de un
error —desde luego, de un error en la lectura de ese
apartado—, puesto que propone únicamente la modificación del texto
cambiando «información de los consumidores» por «información a los
consumidores», cuando la motivación habla de limitar el ámbito de
aplicación a los equipos que se determinen por un desarrollo
reglamentario, que no hay que olvidar que vendrá con posterioridad a la
aprobación de este proyecto de ley. Conviene, como viene haciéndose desde
la promulgación de la ley hoy vigente, que la inclusión o exclusión de
equipos en el control metrológico del Estado se realice precisamente por
una orden ministerial. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

La enmienda número 35, que suprime el apartado 2 del
artículo 8, propone la suspensión de los instrumentos de testigo, cuando
mi grupo ha dicho, por activa y por pasiva, que precisamente estos
instrumentos pretenden facilitar la información de los consumidores sobre
la exactitud de las mediciones, y está pensada para los instrumentos de
pesaje en los mercados municipales. El proyecto no suprime el control
metrológico del Estado sobre los instrumentos situados en esos

recintos, solo permite ampliar los plazos de las
verificaciones o simplificarlas, a cambio de establecer un control
especialmente rígido para el instrumento testigo. Las argumentaciones que
traen a colación con el ejemplo de la gasolinera no se corresponden con
la propuesta del proyecto. En todo caso, la novedad, aunque positiva,
entendemos que no es importante, ya que no afecta ni a la filosofía ni a
lo fundamental del proyecto.

La enmienda número 36, de supresión del apartado 3 del
artículo 8, es también similar a la que presenta el Grupo Parlamentario
Socialista y, por lo tanto, me remito a las argumentaciones recientemente
expuestas.

La enmienda número 37 pretende establecer la autorización
de la comunidad autónoma para la actuación en su territorio de los
organismos designados por otra comunidad autónoma; es decir, trata de
impedir abiertamente, y de una forma clara, el principio de unidad de
mercado, que, además, este Gobierno ha establecido por ley. Estamos en un
mercado libre europeo, pero ustedes no quieren que tengamos un mercado
libre, una unidad de mercado a nivel español. Obviamente, como
comprenderán, tampoco podemos aceptar esta enmienda.

Y paso a las enmiendas al artículo 12. También aquí el
Grupo Socialista, Entesa y Convergència i Unió proponen enmiendas, y
tengo que decir que no podemos aceptar las números 3, 18, 38 y 39.
Porque, si se suprime el apartado 4 o se modifica, eliminaríamos la
novedad que presenta este proyecto de ley, que pretende subsanar una
anomalía, y es que un fabricante —y pongo un ejemplo— de
balanzas pueda ponerlas en servicio sin necesidad de intervención de
tercera parte y, sin embargo, no pueda repararlas. Parece una
incongruencia, aunque, como ustedes imaginarán, esto no puede
controlarse, puesto que el fabricante dispone de los precintos necesarios
para un reprecintado original. Señorías, sus enmiendas proponen evitar
que los responsables de la puesta en el mercado de un instrumento que no
requiera verificación unitaria por terceros interdependientes puedan
efectuar reparaciones en él sin necesidad de una verificación posterior.
Señorías, precisamente lo que hace este proyecto de ley es garantizar el
efectivo control metrológico por la verificación periódica, cuyo plazo se
mantiene constante, impidiendo el encadenamiento de reparaciones para
evitar esa verificación. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa
la Presidencia).

La enmienda al artículo 13, de Convergència i Unió, propone
incluir los productos envasados en el mismo concepto de los preenvasados.
Aquí el señor Sedó se ha detenido expresamente. Yo creo que desconoce la
terminología metrológica a la hora de referirse a productos envasados o
preenvasados, porque un producto preenvasado, señor Sedó, es aquel
contenido en un envase de peso volumen que previamente está especificado,
por ejemplo, un cartón de leche, un tetrabrick, que tienen unos controles
metrológicos especiales, referidos al envase y al control estadístico de
calidad de la línea de producción. Todos los demás productos son
envasados, y bien pueden serlo a la vista del cliente, bien pueden serlo
en las dependencias del vendedor. Por ejemplo, una bandeja plastificada
con alimento fresco que se recoge de un exhibidor frigorífico. En este
caso, en el de los productos envasados, el pesaje se realiza con unos
instrumentos sometidos al control metrológico del Estado, y aquí es donde
está, como digo, la confusión. Por lo tanto, ante esta confusión tenemos
que rechazar esta enmienda.

En cuanto a las enmiendas al artículo 15, la 4 del Grupo
Socialista y la 19 de Entesa, creo que no son conscientes de que lo que
están proponiendo es evitar la unidad de mercado para todos los
organismos. Nosotros estamos convencidos en el Grupo Parlamentario
Popular de que la unidad de mercado facilita el desarrollo económico, que
va a aportar que la economía de este país siga creciendo, como lo está
haciendo desde que el Gobierno del Partido Popular atajó la recesión,
atajó la crisis económica, y ahora llevamos meses de crecimiento
económico. Si siguen planteando compartimentos estancos frente a la
necesaria unidad de mercado que propugnamos a nivel europeo, no podremos
estar nunca en sintonía para aprobar enmiendas en ese sentido. Y nos
sorprende que esto venga también del Grupo Socialista, pero últimamente
parece que determinados asuntos que ha defendido en otras épocas. ahora,
con nuevo líder, parece que no lo tienen tan claro. ¿El Grupo Socialista,
de verdad, no quiere un mercado libre, no quiere que las empresas
españolas se muevan con libertad, trabajen con libertad en todas y cada
una de las comunidades autónomas de España?

Por todo esto, no vamos a aceptar estas enmiendas al
artículo 15. Por coherencia, tampoco aprobamos la enmienda número 50, que
pretende que no se aplique la Ley de unidad de mercado en Cataluña.

La enmienda al artículo 16, de Convergència i Unió,
demuestra que este grupo desconoce que existe una comisión de
laboratorios asociada. Esta comisión de laboratorios asociada, que
también está dedicada a la metrología científica e industrial, también
elabora esas directrices. Por lo tanto, la vamos a rechazar.

El señor Anasagasti hablaba de la enmienda al artículo 18 y
proponía sustituir nacional por estatal. No vamos a aceptar su enmienda
en este sentido, señor Anasagasti.

En cuanto a las enmiendas al artículo 19, tengo que decir
que este artículo tiene 10 enmiendas e intentaré explicarles los motivos
por los que creemos que tal y como está redactado en el proyecto de ley
el artículo 19 es la mejor garantía de la independencia y cualificación
técnica de las entidades que realicen las evaluaciones de la conformidad
o de las verificaciones relacionadas con la ejecución del control
metrológico del Estado.

Señor Medina, la modificación que propone la enmienda
número 5 no se entiende, ya que si bien el artículo 19 al que se refiere
aborda la posibilidad de designación de los organismos que desarrollen
las tareas de ejecución del control metrológico, con posterioridad en la
motivación de esa enmienda lo que hace es referirse a la Ley 21/1992, de
industria. Por lo tanto, es una falta de coherencia en el
planteamiento.

La enmienda número 6 propone impedir que por real decreto
se establezcan los procedimientos para la designación de los organismos
designados y sustituirlos por los principios y normas generales. Es mucho
más concreto como está redacto el proyecto de ley.

Obviamente, tampoco aprobamos, por lo que supone de impedir
el principio de unidad de mercado, la enmienda número 7.

Al señor Montilla quiero decirle que la enmienda número 20
de modificación del apartado 1 del artículo 19 pretende citar
expresamente los organismos notificados, los de control metrológico, los
autorizados de verificación metrológica, que el proyecto trata de una
forma conjunta y los llama organismos designados. Esta clasificación está
actualmente establecida, viene, como usted sabe perfectamente, en el real
Decreto 889/2006, y su inclusión simplemente sería reiterativa.

Debo decirle al portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, al
señor Anasagasti, respecto a su enmienda, la número 33, que modifica el
punto 2 de este artículo 19 mediante la eliminación de los requisitos de
independencia para la designación de los organismos que intervienen en el
control metrológico del Estado, que no puede ser aceptada porque va en
contra de la filosofía de las directivas europeas de nuevo enfoque,
directivas europeas de nuevo enfoque que él debería —parece que no
es así— conocer muy bien y saber que el Gobierno tiene la
obligación de incorporarlas en este proyecto de ley.

Al portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, que presenta cuatro enmiendas a este artículo 19,
debo decirle que no podemos aprobarlas porque algunas reiteran lo que ya
viene establecido —como he dicho también— en el Real Decreto
889/2006. A ver si vamos a estar en un proyecto de ley repitiendo y
repitiendo aquí lo que ya viene regulado por real decreto.

La enmienda número 44 propone sencillamente un disparate.
Plantea suprimir la presunción de capacidad técnica para el Centro
Español de Metrología, así como la reserva de acreditación a la Entidad
Nacional de Acreditación (ENAC). También restringe la acreditación a la
norma UNE-EN-17020. Propone algo que demuestra a las claras que se ignora
que el Centro Español de Metrología es el instituto nacional de
metrología de España, representante del Estado en los organismos
internacionales y firmante del acuerdo de reconocimiento mutuo, que
garantiza el reconocimiento entre los Estados firmantes de los
certificados emitidos por los correspondientes institutos.

Da la impresión de que se han querido hacer muchas
enmiendas a una Ley de metrología que es una buena ley —o una buena
futura ley, porque lo que estamos debatiendo es el proyecto—. En mi
opinión, algunas enmiendas han caído en errores tan graves como el de
esta enmienda número 44.

La enmienda número 45 atenta de nuevo contra el principio
de unidad de mercado. Por supuesto que no podemos aprobarla en coherencia
con nuestros planteamientos, para mantener el artículo 19 tal y como está
redactado.

No vamos a aprobar estas enmiendas que, además, pretenden
eliminar la disposición transitoria única. (Son las enmiendas del Grupo
Socialista y de la Entesa números 11 y 25.)

Convergència i Unió plantea una serie de enmiendas, las que
presenta al artículo 21 y al artículo 22, relacionadas, por ejemplo, con
el supuesto de la tipificación de las faltas graves como leves. Nosotros
creemos que la tipificación que viene en el proyecto de ley es adecuada.
Por tanto, no las vamos a aprobar.

Las enmiendas al artículo 23, del Grupo Socialista y de la
Entesa, números 8 y 22, proponen eliminar el límite mínimo de las
sanciones. Tampoco consideramos adecuado que se modifique.

Hay otras enmiendas, concretamente al artículo 24, que
también presentan el Grupo Socialista y la Entesa, que contravienen lo
que ya se prescribe y se regula en el artículo 132.1 de la Ley 30/1992,
precisamente algo que ya ha sido recomendado expresamente en el informe
del Consejo de Estado, que es establecer un plazo superior a los seis
meses —que es el que establece el proyecto de ley— para la
prescripción de las infracciones leves. Desde luego, nosotros vamos a
respetar lo que viene regulado, como digo, en la Ley 30/1992.

No apoyamos las enmiendas al artículo 25, porque creemos
que está adecuadamente redactado, así como tampoco las enmiendas al
artículo 26, porque aprobar la enmienda de Convergència i Unió supondría
modificar el procedimiento sancionador, que, como digo, no solamente está
aprobado por la secretaría general técnica del ministerio, sino también
informado favorablemente en el dictamen del Consejo de Estado.

Entro ahora en las enmiendas del Grupo Socialista, de
Entesa y de Convergència a la disposición final tercera que modifica la
Ley 21/1992, de industria. El objetivo fundamental de la modificación que
pretende precisamente la incorporación de esta disposición final es
disponer del marco necesario para garantizar que los productos e
instalaciones industriales cumplen los requisitos de seguridad
establecidos. Nada más y nada menos. Ya lo ha dicho y lo ha explicado muy
detenidamente mi compañera, pero yo les voy a recordar de nuevo, para que
conste en este debate de enmiendas, que la sentencia del Tribunal Supremo
de 29 de junio del 2011, en relación con el recurso
contencioso-administrativo, declaró la inaplicabilidad de la necesidad de
autorización administrativa de los organismos de control a falta de que
el Estado justificase la concurrencia de una razón imperiosa de interés
general o que resultase obligado por el cumplimiento de sus obligaciones.
Por lo tanto, entendemos que se hace necesario modificar la Ley de
industria —en concreto, los artículos 4 y 15— para dejar
claro las razones de interés general que hacen necesario que los
organismos de control operen con determinadas cautelas. Porque nosotros
creemos que la prevención es la mayor responsabilidad del Gobierno y del
legislador, porque después no me valen seguros que vengan a paliar cuando
ya se haya producido un accidente.

Quiero destacar en cuanto al aspecto recentralizador de la
Ley de industria, al que han hecho alusión los portavoces de los grupos
que han enmendado esta disposición y también en el anterior turno de los
vetos, que esta ley no tiene ningún espíritu en tal sentido de
recentralizar, se limita sencillamente a asegurar la no necesidad de
pasar trámites en diferentes comunidades autónomas para poder ejercer las
profesiones que se refieran a aspectos de seguridad industrial en
relación y en línea con la unidad de mercado, una unidad de mercado a la
que desde luego el Grupo Parlamentario Popular, repito, no va a renunciar
y va a defender en todos y cada uno de los artículos en los que tenga
cabida en esta ley.

Las enmiendas a la disposición final cuarta, que modifica
la Ley del sector eléctrico, también han dado para mucho debate, y en
comisión he llegado a oír —y aquí también, en el turno anterior de
defensa de las enmiendas— escuchando a los grupos de la oposición,
cosas tan peregrinas como que el Gobierno —atiéndanme bien,
atiéndanme bien— roba a la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia sus competencias. Cualquiera que oiga esto —como yo en
comisión la semana pasada y aquí, en el debate de vetos y también en la
defensa de las enmiendas—, cualquier ciudadano que esté siguiendo
este debate y oiga esto se preguntará si es posible que esto pueda
ocurrir, si el Gobierno, si un ministerio puede robar competencias a un
organismo como la CNMC. Parece como si las competencias estuvieran en un
cesto y fueran bombillas y, al pasar, cada uno se llevara para su casa
las que quisiera.

Vamos a ver, señorías, hay que ser serios, al menos en sede
parlamentaria, porque si no, estaremos defraudando a quienes confían en
que los senadores venimos aquí a actuar de legisladores —y estoy
segura de que algún ciudadano queda todavía que les da esa credibilidad a
los senadores que hoy estamos aquí—. Primero, señorías, hay que
saber que la ley de creación de la CNMC, la Ley 3/2013, atribuye a este
organismo regulador la competencia de fijar —artículo 7— la
metodología para el cálculo de la parte de los peajes de acceso a las
redes de electricidad correspondientes a los costes de transporte y
distribución —ahí estamos todos de acuerdo—. Segundo, dice la
disposición transitoria decimocuarta de la Ley del sector eléctrico que
hasta el desarrollo de la metodología de cálculo de los cargos de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 16 de la presente ley, las cantidades que
deberán satisfacer los consumidores para cubrir los costes del sistema
serán fijadas —atiéndanme— por el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos. Tercero —y esto es lo que el señor Medina,
a pesar de que lo ha leído literalmente aquí, no lo ha entendido—,
la regulación comunitaria dice claramente que los reguladores tienen como
función fijar o aprobar los peajes de transporte y distribución o
—repito, «o», atiéndame, «o», no «y», «o»— las metodologías
para su cálculo. Vamos a ver si entendemos la diferencia entre una «y» y
una «o», porque hay quien lo lee pero no entiende la diferencia, y ha
leído «o». Señoría, pues es una o es la otra, y esto es lo que dice la
Directiva 2009/72 europea, así de claro, como se lo he contado.

Señor Medina, lea usted bien la circular de la CNMC, léala
usted bien porque no lo ha comprendido. Lo que no puede hacer la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, señorías, es sacar una
circular —no podía hacerlo, pero lo hizo—. Sacó una circular,
la circular 3/2014, por la que se establece la metodología para el
cálculo de los peajes de transporte y distribución de la electricidad. Lo
hizo sin recabar de forma expresa la valoración del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo en un tema, señorías, que afecta
sustancialmente a las competencias de ambos organismos —de la CNMC
y del ministerio—. Y ha sido la CNMC la que ha invadido las
competencias de la Administración General del Estado, en particular en lo
que se refiere a la estructura de peajes. Ante esta situación, el
ministerio no tenía otra salida que, aprovechando, efectivamente, el
trámite de esta Ley de metrología, aclarar esas competencias para evitar
posiblemente un conflicto jurídico. Porque, señorías, el precio de la
energía ¿estamos de acuerdo en que lo establece el Gobierno o no estamos
de acuerdo? Porque, claro, si no estamos de acuerdo en eso, entonces,
obviamente, no voy a convencer a los grupos de la oposición para que
retiren las enmiendas a esta disposición. Si creen que el precio de la
energía que se repercute a los ciudadanos tiene que fijarlo un organismo
regulador, pues díganlo, pero también los argumentos jurídicos en que se
basan, y no vengan aquí, de nuevo, a vendernos chascarrillos
—porque lo de España nos roba, ahora es el Ministerio de Industria
nos roba—. Ese chascarrillo aquí, en sede parlamentaria, sin
argumentos jurídicos, no se puede permitir. Eso no es riguroso, señorías,
no es riguroso para un legislador como somos nosotros, y no es serio para
un político como lo somos todos nosotros. Pero allá ustedes. Nosotros,
desde luego, el Grupo Popular, sí vamos a ser serios y rigurosos con lo
que marca el ordenamiento jurídico.

Lo único que hace este proyecto, señorías, es aclarar la
actual delimitación prevista en la Ley del sector eléctrico y de ninguna
manera, de ninguna manera, reducir ni quitar ni robar a nadie
competencias, ni mucho menos traspasar competencias, porque lo que no es
tuyo no te lo pueden quitar. Por consiguiente, estamos de acuerdo con la
disposición tal y como viene recogida en este proyecto de ley.

Señorías, señor presidente, para concluir este turno,
quiero decir que la Ley de metrología garantiza el proceso de medida,
para que se haga con plenas garantías para los ciudadanos, ya sea ante
una medida de productos envasados o cuando echamos gasolina al coche, o
en una medición de carácter medioambiental para el nivel de sonido o la
contaminación del aire. Porque esto afecta a la salud de todos los
ciudadanos. De ahí la importancia de la legislación de la Unión Europea
que ahora incorporamos a nuestro ordenamiento jurídico vía disposición y
vía artículos a esta ley.

Precisamente no puedo dejar de mencionar —ya lo he
hecho— que hay que acatar las sentencias del Tribunal
Constitucional, pero aquí han presentado enmiendas y vetos grupos
políticos que no saben lo que significa acatar enmiendas del Tribunal
Constitucional, no han acatado otras y, desde luego, parece ser que no
están dispuestos a acatar las que yo antes he referido.

Señorías, los ciudadanos deben tener los mismos derechos y
las mismas garantías en Murcia, en Madrid, en Andalucía, en Galicia o en
Cataluña y es el Gobierno el que tiene que garantizar que se cumple la
normativa vigente en las verificaciones, por ejemplo, de surtidores de
gasolina, de balanzas y básculas, de contadores de agua, de luz, de
taxímetros, de termómetros.

Cuando llegó el Gobierno del Partido Popular hace tres
años, lo primero que hizo fue un análisis de la realidad de este país.
Como nos habían mentido en cuanto a lo que nos dejaban, pues tuvimos que
hacer un análisis de la realidad, algo que no está en el ADN, por
ejemplo, del Grupo Socialista, que ni siquiera reconoce en qué situación
dejaron algunas de las cosas, como por ejemplo, el paro, y ahora dice que
somos nosotros los que hemos creado el 50 % del paro juvenil, o que somos
nosotros los que hemos dejado a uno de cada tres niños en situación de
pobreza.

Hay que ser rigurosos y serios para reconocer al menos que
este Gobierno lleva tres años trabajando para evitar una intervención de
nuestra economía, entre otras cosas, para atender, apoyar y promocionar
desde la realidad a un sector industrial que crea miles de puestos de
trabajo en este país, al que muchas empresas extranjeras han venido a
hacer inversiones, inversiones que se pusieron en riesgo a causa de
muchas de las medidas del anterior Gobierno, que tenía un control
inexistente del gasto y tiró por tierra la reputación internacional de
nuestra economía.

Señorías, este proyecto de ley, como todas las reformas y
proyectos que ha traído el Gobierno durante estos tres años, y que mi
grupo parlamentario está muy orgulloso de defender, lo único que viene a
hacer una vez más es a sentar las bases para recuperar esa economía, para
apoyar a nuestras empresas, para defender a los consumidores y a los
usuarios, para decirles a los ciudadanos —que, por cierto, están
muy cabreados puesto que llevan muchos años, desde el año 2007, haciendo
frente a una brutal crisis económica que nunca antes se había conocido en
este país— que sabemos lo que teníamos y que estamos haciendo todo
lo humana y políticamente posible precisamente para recuperar nuestra
economía —que ya lo está haciendo—, para crear empleo, para
apoyar a nuestro sector eléctrico industrial, en definitiva, para apoyar
a todas las empresas y a todos los ciudadanos, que en este país ellos y
solo ellos son los que están haciendo un verdadero esfuerzo para salir de
esa situación de desastre nacional con la que nos encontramos en 2011
cuando ganamos las elecciones.

Por tanto, desde la seriedad y la rigurosidad y desde aquí
les pido una vez más el apoyo para este proyecto de ley, para que podamos
mirar hacia adelante y dejemos ya de mirar hacia atrás.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la
señora Salanueva.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, presidente.

Señorías, intervengo muy brevemente para manifestar la
posición de nuestro grupo respecto a este proyecto de ley.

Estamos de acuerdo en conjunto con el proyecto de
metrología que se ha presentado, pero no como técnica jurídica ni con
respecto al contenido de una serie de artículos que se añaden, que
pretenden modificar la Ley del sector eléctrico, ley que aún no tiene un
año de vida. Por tanto, manifestaremos nuestra abstención a este
proyecto, pero, insisto, no tanto por el proyecto de ley en sí, sino por
el parche, por los artículos que se han añadido, relativos a la
modificación de la Ley del sector eléctrico.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor
presidente.

Cuando yo estudié en el colegio la definición de metro, si
mal no recuerdo, nos decían que era la diezmillonésima parte del
cuadrante del meridiano terrestre. Luego Cazalis, que es un hombre al que
le gusta meterse en Google, me ha dicho que posteriormente ha habido como
tres definiciones más —esta es de 1791—. Lo que quiero decir
con esto es que estamos hablando de algo muy técnico, de algo muy
preciso. Y cuando un proyecto de ley en algo tan técnico y tan

preciso tiene 3 vetos y 50 enmiendas, eso significa algo.
Significa que se podría haber negociado, y, como ha dicho la senadora
Luzardo, hay que prestigiar al Senado. Repito que se prestigia al Senado
con una buena negociación, con un buen acuerdo entre partidos políticos,
pero eso no se ha producido en esta ocasión que yo sepa.

La senadora Nicolás ha hecho una intervención en la que nos
ha dicho que no mejoramos el texto. Pues debemos ser idiotas porque no
mejoramos el texto. ¿Los grupos políticos que estamos aquí no mejoramos
el texto, no? Somos tremendamente ineptos para mejorar un texto de una
ley profundamente técnica. Y nos dice que rompe la unidad de mercado,
cuando las normas las hace el Gobierno, efectivamente, pero
posteriormente las desarrollan las comunidades autónomas. Y luego hace
una distinción un poco peligrosa. Dice que nosotros somos el Estado.
¿Pero quién es el Estado? Que yo sepa, las comunidades autónomas son
Estado. Por tanto, ese aferramiento a la palabra Estado para definir lo
que es el Ministerio de Industria hace que yo me subleve contra esa
percepción de la realidad, sobre todo en un momento en que estamos en un
debate territorial tan importante. Y repito cuál es el mal endémico de
estos proyectos de ley, sobre todo en los últimos tiempos:
fundamentalmente, que lo hace el alto funcionariado, respondiendo a
intereses de hace 35 años; que todavía no se han enterado de que hace 35
años este Estado se declaró Estado autonómico. No se han dado cuenta.
Cualquier proyecto de ley que se presenta en esta Cámara, que se presenta
en las Cortes Generales, siempre, siempre, siempre, siempre, siempre
colisiona competencias autonómicas. Y cuando tenemos un debate
territorial aquí, los senadores del Partido Popular, con toda su buena
voluntad, vienen a leer el papel que les prepara ese alto funcionariado y
no tienen la menor capacidad de negociación política. Eso es contra lo
que nosotros nos sublevamos.

Se dice que hay que prestigiar el Senado. ¡Claro que hay
que prestigiarlo, pero haciendo política, y no simplemente repitiendo lo
que les dice en un papel un alto funcionariado, que no tiene la
responsabilidad de debatir en la Cámara ni de aceptar o no enmiendas, ni
de ver la realidad! La política es el arte de lo posible y no el arte de
la guillotina. Y todos estos proyectos de ley vienen siempre
guillotinados, porque no se acepta ninguna enmienda. Porque los senadores
que hemos presentado enmienda somos profundamente imbéciles —por lo
que deduzco de las intervenciones—.

Nosotros sí hemos presentado una enmienda en relación con
las palabras nacional y estatal, pero también hemos dicho que las
competencias se tienen que desarrollar a través de las comunidades
autónomas.

Y, finalmente, ese pequeño incidente que he tenido con la
senadora Luzardo. Ella ya había hablado con el portavoz del Grupo Vasco
—el portavoz del Grupo Vasco está aquí, el señor Bildarratz—.
Lo que le había preguntado era: ¿Qué vais a hacer? Y el señor Bildarratz
le contestó lo que íbamos a hacer y lo que íbamos a dejar de hacer. Eso
es una negociación. Luego me ha achacado que yo no estuve en la ponencia.
Efectivamente, no estuve en la ponencia. Últimamente no voy a ninguna
ponencia porque no sirven para nada. Hay que repetirlo públicamente: No
sirven para nada. No se negocia absolutamente nada. Todas las leyes
vienen ya cocinadas, precocinadas y cerradas. Por tanto, repito, los
esfuerzos baldíos producen melancolía, y yo estoy harto de estar
melancólico en una situación que se puede mejorar haciendo política y no
se mejora porque hay una cerrazón y una sumisión del Grupo Parlamentario
Popular al alto funcionariado de los ministerios.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría;
gracias, senador Anasagasti.

Por el Grupo Entesa, tiene la palabra el senador y
presidente Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, después de escuchar las intervenciones del Grupo
Popular y su nula predisposición una vez más a aceptar enmiendas del
resto de los grupos, nosotros no podemos más que reafirmarnos en el
sentido negativo de nuestro voto para el proyecto de ley en cuestión.
Este proyecto de ley continúa con lo que viene siendo una posición
doctrinal del PP a lo largo de la legislatura que muy bien explicaba el
senador Anasagasti, la de aprovechar cualquier cambio o actualización
normativa para recentralizar competencias, dejando de lado y obviando lo
que es una realidad: que nuestra arquitectura institucional ha dotado a
las comunidades autónomas de

competencias, que en algunos casos son exclusivas, en otros
son concurrentes; en algunos son exclusivas. (El señor presidente ocupa
la Presidencia). Y este es el último caso de la competencia en metrología
del artículo 109.4 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que dice
textualmente que corresponde a la Generalitat la competencia ejecutiva en
materia de control metrológico.

Nosotros no cuestionamos la adaptación que hace la ley a la
legislación comunitaria, sí que lo haga sin hacer alusión a esta división
competencial que ya recoge nuestro ordenamiento interno. Es que ustedes a
veces, si unas normas que están vigentes no son de su agrado, las cambian
o las ignoran. Aquí se cambian y, además, se ignoran. Se cambian con la
excusa de la adaptación comunitaria y se ignora la legislación, los
estatutos de autonomía que, además, son leyes orgánicas.

En mi primera intervención hacía especial hincapié en lo
que suponen los problemas derivados de su tramitación al incorporar
enmiendas que modifican otras leyes, y me referí básicamente a la
disposición final cuarta, que modifica la Ley del sector eléctrico. Pero
la disposición final tercera modifica la Ley de industria. ¿Para qué? ¿Es
para fortalecer a la industria? La respuesta es que no, porque todos los
aquí presentes reconocemos a la industria sus virtudes —crea empleo
estable y de más calidad, favorece la inversión en I+D más que otros
sectores, incrementa la participación privada, mejora nuestras
exportaciones y, por tanto, nuestra balanza comercial—; tiene todas
esas virtudes. Sin embargo, la industria también tiene problemas
—escasa dimensión de nuestras empresas, falta de crédito,
infraestructuras deficientes, energía cara—, como los otros
sectores. ¿Se modifica la Ley de industria para vehiculizar alguna
solución a algunos de estos problemas? No. Ni se mejora la competitividad
del tejido productivo, ni se protege más al consumidor o al usuario.

Por otra parte, se limitan las competencias autonómicas
haciendo alusión a la Ley de garantía de la unidad de mercado como gran
argumento. Eso sí que se encontrará a lo largo de todo el proyecto,
bueno, de todo el proyecto no, hay un artículo en concreto que no, al que
ahora me referiré.

Y después vienen las razones de fondo del Gobierno para
modificar la Ley del sistema eléctrico mediante la disposición final
cuarta. Aquí no hay alusión a la unidad de mercado.

A todo lo expuesto en mi primera intervención con motivo de
la presentación del veto quisiera sumar algunas consideraciones más
porque hay cosas que a mí me han sorprendido, afirmaciones como el precio
de la energía lo fija el Gobierno. ¿Eso está en discusión? Pues sí está
en discusión, y no porque yo lo diga, sino porque lo dice la ley, la ley
que se aprobó justo hace menos de un año, la que ustedes aprobaron en
diciembre del año pasado, la Ley del sistema eléctrico. El precio de la
energía no lo fija el Gobierno, en tal caso la Administración participa,
puede decidir un componente de ese precio de la energía que es el que
tiene que ver con los peajes, pero otros por supuesto que no. Si lo
pudiera fijar el Gobierno, estaríamos volviendo a una cosa que se llamaba
el marco legal estable de los años ochenta. Por lo tanto, eso no es
así.

Pero, bien, si no se sustraen competencias a la CNMC, ¿por
qué se modifica la ley que se aprobó hace menos de un año, por qué razón?
¿Por qué se efectúa este cambio de un modo improvisado, obviando los
informes de determinados organismos —del Consejo de Estado y la
CNMC— y entrando en confrontación, desde mi punto de vista, con la
legislación comunitaria? La respuesta igual la encuentran ustedes en un
proyecto de real decreto que está en tramitación, que en teoría trata de
la producción eléctrica en los territorios no peninsulares. Y no es
precisamente por algo que afecte a Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla,
no, porque lo que se propone en el citado real decreto en tramitación es
una rebaja de los peajes de acceso a la industria con una potencia entre
30 y 36 kilovoltios. Hasta ahora la legislación —además aprobada
recientemente— considera alta tensión entre 36 y 220 kilovoltios y
media tensión entre 1 y 36 kilovoltios, a efectos de lo que sí puede
fijar el Gobierno, que no es el costo de la energía, sino los peajes de
acceso.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MONTILLA AGUILERA: Sí, acabo, señor
presidente.

Hay operadores que suministran a la industria 33
kilovoltios y otros, 26 kilovoltios. Igual son operadores de comunidades
autónomas que están muy cerca —ninguna de ellas es Cataluña—.
Además, esta rebaja significa, y eso se ha de poner de relieve —y
con esto acabo—, un incremento del déficit tarifario o de las
tarifas de peaje para el resto de los consumidores. Esto se tendría que
explicar y no se explica. Los problemas de los costos energéticos para
nuestra industria son reales pero para toda la industria, y si se ha de
revisar —que a mí me parece bien que se haga—, pero no con
una maniobra que pueda beneficiar a unos cuantos por no sé qué razón,
perjudicando a la

mayoría en los intereses generales —que eso es lo que
pasa y lo que se arbitra a través de la modificación de esta disposición
final cuarta—.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Sedó.

El señor SEDÓ ALABART: Muchas gracias, señor presidente.
Intervendré brevemente.

Se ha dicho aquí que esta era una ley técnica. Nosotros
hemos hecho propuestas técnicas de mejora de la ley que ustedes no han
aceptado. Si es una ley técnica como tanto defienden, explíquenme por qué
han introducido modificaciones que afectan a otras leyes, como a la de
industria o a la del sector eléctrico, cuando se podría haber hecho de
otra manera. Ustedes no han aceptado, como es habitual en esta Cámara,
ninguna de las enmiendas. Como ha dicho bien el senador Anasagasti,
ustedes no legislan, simplemente son correa de transmisión de lo que les
pasan los altos funcionarios y el ministerio. Se han convertido en el
batallón de infantería de la Brigada Aranzadi, porque lo que respecta al
Estado central lo defienden los grandes tecnócratas o los grandes
funcionarios. Solo hace falta ver que la mitad de los ministros de este
Gobierno, incluido el presidente, son altos funcionarios, y se preocupan
más de mantener un ente abstracto llamado Estado central que les permita
mantener sus competencias y recaudar, que legislar en beneficio de los
ciudadanos, y ustedes hacen de correa de transmisión. Nunca aceptan
ninguna enmienda para que vaya directo al BOE. Esto no lo podemos aceptar
y, como hemos presentado enmiendas técnicas de mejora, y no las aceptan,
no votaremos a favor de esta ley.

Y dos apuntes más. Hablan mucho de la unidad de mercado, el
santo sanctórum, todo tiene que basarse en la unidad de mercado. ¿Pero
cómo es que el Gobierno central y el Gobierno de una comunidad autónoma
han acordado no aplicar la unidad de mercado en ese territorio? ¿Por qué
no lo critican ustedes? ¿Por qué no critican a su Gobierno que lo haya
hecho posible? ¿Por qué esto no se puede aplicar en Cataluña y sí en otra
comunidad autónoma? Por tanto, no se escuden tanto en eso.

Ustedes hablan mucho de Europa, así que espero que también
acepten la unidad de mercado a nivel europeo. Y cuando venga la
legislación sobre patentes, hagan el favor de retirar el recurso a la
patente única europea para que nuestras industrias puedan competir en
igualdad de condiciones con las industrias y las empresas europeas.
¡Tanto hablar de competencia y de defender la industria, pues aplíquenlo
también a nivel europeo!

Termino. Se nos acusa de frenar la recuperación económica y
de haber participado, e incluso apoyado la situación económica del Estado
fomentada por un Gobierno del Partido Socialista, y dicen que se
encontraron el Estado destrozado. Como ya les dijimos en el debate de
presupuestos, si España no fue intervenida en mayo de 2010 fue por la
actitud responsable de Convergència i Unió y no del Partido Popular, que
quería la intervención para decir eso de: si España va peor, mejor para
nosotros. (Rumores). Nosotros conseguimos que no fuera intervenida, si
no, estaríamos como Portugal o como Irlanda, y esto lo tienen que
reconocer. No se apunten todas las medallas de las mejoras económicas,
porque vienen también de nuestra actitud responsable. Que España ahora
protagonice cierta recuperación económica es responsabilidad de muchos,
no solo de ustedes. Y podríamos hablar de la reforma eléctrica, que buena
parte de la crisis que hay o de la situación actual viene de las primeras
reformas que hicieron ustedes en los primeros Gobiernos del presidente
Aznar. Por tanto, reconozcan que si hoy en día España no está
intervenida, no es gracias al Partido Popular, es gracias a la actitud
responsable que tuvo Convergència i Unió con el Gobierno socialista del
presidente Zapatero.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sedó.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Medina.

El señor MEDINA TOMÉ: Muchas gracias, señor presidente.

Desde luego, senadora Nicolás, para mitinera, usted, y
también el Grupo Parlamentario Popular. (Aplausos). Llevan tres años en
un continuo mitin aquí dentro: tres años. Menos mal que

el eco y la influencia fuera cada vez es menor, pero no nos
acusen de mitineros a nosotros. Para mitinera, usted, que, entre enmienda
y enmienda, aprovecha para soltar alguna bromita.
(Rumores.—Aplausos).

Me ha acusado usted de no saber leer. Yo no sé qué es peor:
si no saber leer o leer a medias. La disposición final cuarta, que
establece la modificación al artículo 16.2, dice: «El Gobierno
establecerá la estructura y condiciones de aplicación de los peajes de
acceso a las redes de transporte y distribución que deberán
satisfacer...» El artículo 16 de la actual ley, señora senadora, señala:
«El ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la
Comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos, dictará las
disposiciones necesarias para el establecimiento de: a) Los precios de
los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución, que se
establecerán de acuerdo con la metodología establecida por la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia.» Eso dice la ley y eso dice la
modificación, luego no me lea usted la parte de lo que dicen el artículo
y la ley. No me lo lea.

Dice: «¿Cómo va a ser posible que hablemos aquí, en las
Cámaras que representan al pueblo español, de robo o de usurpación? El
Gobierno del Partido Popular no hace eso.» Sí, señoría, lo ha hecho y lo
hace. ¿Y sabe cómo? Modificando la ley por la puerta de atrás. ¿Y sabe
por qué modificó la disposición final cuarta? Pues se lo voy a decir:
porque usted dice que quien invadió competencias fue la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia, y yo le pregunto, señora senadora, si
el Gobierno ha impugnado o denunciado —y lo ha hecho público—
la circular 3/2014, de 2 de julio de la Comisión Nacional. ¿Lo ha hecho?
Me gustaría saberlo, porque, si no es así, ese real decreto al que se
refirió el señor Montilla es el que delata la actitud y el que pone de
manifiesto la razón de esa modificación, porque ese real decreto modifica
el peaje 61A en 2 tramos, y mientras que la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia habla en su circular de un solo peaje, la
secretaría de Estado tiene escondido un real decreto que modifica la
metodología que establece el órgano regulador. Y usted me dice que no
usurpa competencias. Pues sí, señoría, usurpa y engaña manifiestamente, y
si no, salga usted aquí y dígame que no es así.

Lo que sí me sorprende —y voy acabando—, y no
es de recibo, es que tras tres años desde que comenzó esta legislatura,
tras las tropecientas normas que ha dictado este Gobierno, la luz siga
subiendo, y además, y esto es lo más grave, ustedes pretendan modificar
una ley que no hace un año que está en vigor. ¿Qué demuestra eso? Que no
tienen ni idea y que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo está
en las peores manos que podría estar.

Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.
(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Medina.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
señora Nicolás.

La señora NICOLÁS MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Señor Montilla, le he explicado que la ley aclara las
competencias entre el ministerio y la CNMC. Usted se empeña en repetir
que se usurpan competencias, y yo le he explicado, incluso les he leído a
usted y al señor Medina —que no me ha querido escuchar, y desde
luego no me ha entendido—, que lo que hace esta disposición es
aclarar quién tiene las competencias y para qué las tiene cada uno: el
ministerio y la CNMC. ¡No lo quieren entender! Si ya lo sé. Y dirán todo
lo contrario, por mucho que les lea, y creo que ya lo he hecho de forma
detenida, la diferencia entre tener unas competencias o tener otras,
porque no es lo mismo interpretar la «y» que la «o», y se lo he explicado
muy claramente y lo entendería hasta un estudiante de primaría si lo
oyera; pero es que usted no quiere, y no hay más ciego que el que no
quiere ver, y usted no quiere verlo. Y yo entiendo su postura política,
señoría, pero no la de legislador, y es la que usted ha traído hoy aquí a
la tribuna, una postura política, no de legislador.

Señor Anasagasti, señor Sedó, señor Montilla, señor Medina,
¿cómo que este grupo, los diputados y senadores del Partido Popular nos
sometemos? ¿A quién? ¿A altos funcionarios? ¿Qué pasa entonces con las
enmiendas aprobadas en el Congreso por el Grupo Parlamentario Popular?
¿Eso qué ha sido? Señor Medina, las 10 enmiendas aprobadas al Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso ¿eso qué ha sido? ¡Ah, claro! Es
que a lo mejor a este grupo parlamentario le habría interesado
políticamente decir a nuestros compañeros: aprobad solo 5 enmiendas y
vamos a dejar otras 5 para aprobarlas en el Senado, para que no nos digan
que nos sometemos. ¡Hombre, vamos a ser serios! Llega el proyecto de ley
al Congreso, y honestamente

y con seriedad se aprueban 10 enmiendas al Grupo
Parlamentario Socialista, 2 a Convergència i Unió y 6 transaccionales,
señorías ¡Y dicen que nos sometemos! ¿Someternos a qué? Lo que nosotros
no hacemos es venir con artimañas mitineras a defender un proyecto de ley
serio, muy técnico y muy difícil. Desde luego, lo que ha quedado muy
claro es que algunos portavoces de la oposición no estaban preparados
para llevar este debate.

Señor Sedó, en el año 2010 CiU hizo que no se interviniera
la economía de este país. Lo he oído tal cual. Señor Sedó, entonces ¿Por
qué el señor Zapatero llamó en el año 2011 al señor Rajoy para pedirle
que le apoyara en la reforma de la Constitución para volver a la sensatez
de la estabilidad presupuestaria, de la que nunca debieron apartarse,
señores socialistas y señores de los grupos socios que apoyaron al
Partido Socialista cuando estuvo gobernando sin ningún criterio y
derogando precisamente el principio de estabilidad presupuestaria, el
déficit cero aprobado por ley por el anterior Gobierno de Aznar? ¿Por qué
entonces llamaron al Partido Popular en el 2011? ¿Porque ustedes habían
salvado a la patria? No, señor Sedó, ustedes no salvaron a la patria.
Tuvo que ser el Partido Popular el que aquí al señor Zapatero le apoyara
la reforma constitucional que evitó la intervención precisamente de
nuestra economía. Si no hubiéramos querido hacerlo, nadie nos podría
haber dicho que teníamos una obligación con un Gobierno que no aceptó ni
una de las recomendaciones que este grupo parlamentario aquí y en el
Congreso le hicimos cuando gastaban sin control y cuando hacían todo lo
contrario a lo que se tiene que hacer en una situación de crisis
económica como la que tenemos en este país desde el año 2007, que el
Partido Socialista negó.

Y no me diga el señor Medina que vengo aquí a hacer
bromitas, porque con la pobreza y con el paro el que ha hecho bromitas ha
sido el señor Alique, que viene aquí a contarnos cuentos chinos de que
ahora hay pobreza y ahora hay paro; el señor Alique, que parece que no se
acuerda que los que dejaron casi 6 000 000 de parados en el año 2011
fueron ellos, su Gobierno; el señor Alique y el señor Medina que, desde
luego, no van a reconocer que el índice de pobreza que ahora tenemos, 1
de cada 3 niños en riesgo de pobreza, y que este Gobierno está tomando
medidas precisamente para ayudar a los jóvenes emprendedores y a las
familias, es este Gobierno el que está precisamente cambiando la
tendencia de esas cosas.

Termino, señor presidente. Y para quienes no pueden con sus
vetos coartar el derecho que tiene el Grupo Parlamentario Popular de
introducir enmiendas a un proyecto de ley, solamente les diré una
cosa.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora NICOLÁS MARTÍNEZ: Sí, señor presidente.

Consejos vendo y para mí no los tengo, ya que lo que
debería criticar de forma tan vehemente el Grupo Socialista es
precisamente que vengan aquí a dar lecciones cuando ustedes no cumplen,
señores socialistas, ni lo que su propio presidente de Gobierno pedía
hace tan solo tres años, con los votos de muchos senadores que hoy se
sientan en esas filas, y ayer pedían justamente todo lo contrario.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora NICOLÁS MARTÍNEZ: Esto, no respetar ni lo que
aprobó su presidente hace tres años aquí en sede parlamentaria, es lo que
contribuye, desde luego, a que mi grupo no pueda esperar nada para
recuperar el prestigio democrático.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Nicolás.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, antes de comenzar las votaciones, les informo de
que la Mesa y Junta de Portavoces de la Comisión de Interior se reunirá a
continuación en la Sala 20 001B, y la Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación, en la Sala Enrique Casas.

Vamos a proceder a la votación de las enmiendas del
Proyecto de Ley de metrología.

En primer lugar, votamos la enmienda número 1, de los
senadores Eza, Salanueva y Yanguas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 21; en contra, 194;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
votamos las enmiendas números 17 a 21, 25 y 27.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 220; votos emitidos, 220; a favor, 82; en contra, 137;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 22 a 24 y 26.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 220; votos emitidos, 219; a favor, 69; en contra, 136;
abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 28 a 30.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 220; votos emitidos, 219; a favor, 69; en contra, 136;
abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió, votamos las enmiendas 34, 36, 37, 39, 42, 44 y 52 a 54.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 220; votos emitidos, 218; a favor, 20; en contra, 197;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 35, 43 y 45.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 219; a favor, 84; en contra, 135.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 38, 40, 41, 46 a 49 y 51.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 218; a favor, 17; en contra, 134;
abstenciones, 67.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 32, inicialmente presentada por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 220; votos emitidos, 220; a favor, 18; en contra, 200;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 33, inicialmente presentada por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 217; a favor, 80; en contra, 137.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos las enmiendas 2
a 4, 6, 7, 11 y 16.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 218; votos emitidos, 218; a favor, 82; en contra, 136.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 5, 8 a 10 y 12 a 15.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 220; votos emitidos, 220; a favor, 72; en contra, 136;
abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los Grupos Parlamentarios Entesa pel Progrés de
Catalunya y Socialista, votamos la vuelta al texto remitido por el
Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda 31, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 219; a favor, 71; en contra, 147;
abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, votamos en un solo acto el resto del proyecto de
ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 219; votos emitidos, 219; a favor, 135; en contra, 82;
abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará
traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los
Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a
la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.

Señorías, se levanta la sesión. Buenas tardes.

Eran las trece horas y cincuenta y cinco minutos.