7.1.2. Acuerdo sobre Protección de Información Clasificada
en la industria de la Defensa entre el Reino de España y el Gobierno de
la República de Turquía, hecho en Ankara el 25 de junio de 2014. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000126)

7.1.3. Canje de Cartas constitutivo de Acuerdo entre el
Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas por el que se
reconoce la extensión del régimen de privilegios e inmunidades previsto
en el Acuerdo de Sede hecho en Madrid el 28 de enero de 2009 al Centro
Internacional de Cálculos Electrónicos, hecho en Nueva York y Madrid el
28 de febrero y el 8 de julio de 2013.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000113)

7.1.4. Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos
de los Niños, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1996.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000114)

7.1.5. Convenio sobre asistencia alimentaria, hecho en
Londres el 25 de abril de 2012, y Reglamento de Procedimiento y
Aplicación.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000115)

7.1.6. Acuerdo entre el Reino de España y Georgia para el
intercambio y protección recíproca de información clasificada, hecho en
Madrid el 18 de diciembre de 2013.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000116)

7.1.7. Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de la
Federación de Rusia sobre la protección mutua de información clasificada,
hecho en Madrid el 6 de noviembre de 2013.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000117)

7.1.8. Protocolo adicional al Convenio relativo a los
derechos humanos y la biomedicina sobre el trasplante de órganos y de
tejidos de origen humano, hecho en Estrasburgo el 24 de enero de
2002.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000118)

7.1.9. Tercer Protocolo Adicional al Convenio europeo de
extradición, hecho en Estrasburgo el 10 de noviembre de 2010, y
declaración que España desea formular.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000119)

7.1.10. Protocolo adicional al Convenio sobre la
ciberdelincuencia relativo a la penalización de actos de índole racista y
xenófoba cometidos por medio de sistemas informáticos, hecho en
Estrasburgo el 28 de enero de 2003 y declaración que España desea
formular.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000120)

7.1.11. Revocación de la Declaración contenida en el
Instrumento de Ratificación de España del Convenio de Estocolmo sobre
Contaminantes Orgánicos Persistentes, hecho en Estocolmo el 22 de mayo de
2001.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000121)

7.1.12. Acuerdo entre el Reino de España y la República de
Serbia para el intercambio y protección recíproca de información
clasificada, hecho en Madrid el 13 de marzo de 2014.

(Núm. exp. 610/000122)

7.1.13. Acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y sus
Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra,
sobre los programas europeos de navegación por satélite, hecho en
Bruselas el 18 de diciembre de 2013.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000123)

7.1.14. Protocolo para la eliminación del comercio ilícito
de productos de tabaco, hecho en Seúl el 12 de noviembre de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

(Núm. exp. 610/000124)

8. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

8.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

8.1.1. Proyecto de Ley de aprobación de medidas urgentes
para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (procedente del
Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO
DE URGENCIA.

Comisión: Economía y Competitividad

(Núm. exp. 621/000088)

8.1.2. Proyecto de Ley por la que se crea el Consejo
General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas.

Comisión: Sanidad y Servicios Sociales

(Núm. exp. 621/000073)

8.1.3. Proyecto de Ley por la que se delega en el Gobierno
la potestad de dictar diversos textos refundidos, en virtud de lo
establecido en el artículo 82 y siguientes de la Constitución
española.

Comisión: Constitucional

(Núm. exp. 621/000081)

Página
11753

de Catalunya; el señor Maluquer Ferrer, por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor Fidalgo
Areda, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Aparici Moya,
por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción, con el siguiente resultado:
presentes, 236; votos emitidos, 233; a favor, 144; en contra, 1;
abstenciones, 88.

6.3. Moción por la que se insta al Gobierno para que inicie
las actuaciones necesarias para acabar con la plaga de caracol manzana en
el delta del Ebro.

(Núm. exp. 662/000155)

Autor: GPEPC

11793

El señor Sabaté Borràs defiende la moción.

El señor Pintado Barbanoj defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Sabaté Borràs expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de la enmienda, aceptándola.

En turno de portavoces intervienen el señor Sabaté Borràs,
por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; el señor Bel
Accensi, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió; el señor Arrufat Gascón, por el Grupo Parlamentario Socialista, y
el señor Pintado Barbanoj, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

Se aprueba la moción, con la incorporación de la enmienda
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, con el siguiente resultado:
presentes, 237; votos emitidos, 235; a favor, 232; en contra, 3.

7. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

7.1. DICTÁMENES DE COMISIÓN

7.1.1. Convenio de colaboración en materia de adopción de
niños y niñas entre el Reino de España y la Federación de Rusia, hecho en
Madrid el 9 de julio de 2014. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA.

Comisión: Asuntos Exteriores

11805

(Núm. exp. 610/000125)

7.1.2. Acuerdo sobre Protección de Información Clasificada
en la industria de la Defensa entre el Reino de España y el Gobierno de
la República de Turquía, hecho en Ankara el 25 de junio de 2014. SE
TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.

Comisión: Asuntos Exteriores

11805

(Núm. exp. 610/000126)

7.1.3. Canje de Cartas constitutivo de Acuerdo entre el
Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas por el que se
reconoce la extensión del régimen de privilegios e inmunidades previsto
en el Acuerdo de Sede hecho en Madrid el 28 de enero de 2009 al Centro
Internacional de Cálculos Electrónicos, hecho en Nueva York y Madrid el
28 de febrero y el 8 de julio de 2013.

Comisión: Asuntos Exteriores

11805

(Núm. exp. 610/000113)

7.1.4. Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos
de los Niños, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1996.

Comisión: Asuntos Exteriores

11805

(Núm. exp. 610/000114)

7.1.5. Convenio sobre asistencia alimentaria, hecho en
Londres el 25 de abril de 2012, y Reglamento de Procedimiento y
Aplicación.

Comisión: Asuntos Exteriores

11805

(Núm. exp. 610/000115)

7.1.6. Acuerdo entre el Reino de España y Georgia para el
intercambio y protección recíproca de información clasificada, hecho en
Madrid el 18 de diciembre de 2013.

Comisión: Asuntos Exteriores

11805

(Núm. exp. 610/000116)

7.1.7. Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de la
Federación de Rusia sobre la protección mutua de información clasificada,
hecho en Madrid el 6 de noviembre de 2013.

Comisión: Asuntos Exteriores

11805

(Núm. exp. 610/000117)

7.1.8. Protocolo adicional al Convenio relativo a los
derechos humanos y la biomedicina sobre el trasplante de órganos y de
tejidos de origen humano, hecho en Estrasburgo el 24 de enero de
2002.

Comisión: Asuntos Exteriores

11805

(Núm. exp. 610/000118)

7.1.9. Tercer Protocolo Adicional al Convenio europeo de
extradición, hecho en Estrasburgo el 10 de noviembre de 2010, y
declaración que España desea formular.

Comisión: Asuntos Exteriores

11805

(Núm. exp. 610/000119)

7.1.10. Protocolo adicional al Convenio sobre la
ciberdelincuencia relativo a la penalización de actos de índole racista y
xenófoba cometidos por medio de sistemas informáticos, hecho en
Estrasburgo el 28 de enero de 2003 y declaración que España desea
formular.

Comisión: Asuntos Exteriores

11806

(Núm. exp. 610/000120)

7.1.11. Revocación de la Declaración contenida en el
Instrumento de Ratificación de España del Convenio de Estocolmo sobre
Contaminantes Orgánicos Persistentes, hecho en Estocolmo el 22 de mayo de
2001.

Comisión: Asuntos Exteriores

11806

(Núm. exp. 610/000121)

7.1.12. Acuerdo entre el Reino de España y la República de
Serbia para el intercambio y protección recíproca de información
clasificada, hecho en Madrid el 13 de marzo de 2014

11806

(Núm. exp. 610/000122)

7.1.13. Acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y sus
Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra,
sobre los programas europeos de navegación por satélite, hecho en
Bruselas el 18 de diciembre de 2013.

Comisión: Asuntos Exteriores

11806

(Núm. exp. 610/000123)

7.1.14. Protocolo para la eliminación del comercio ilícito
de productos de tabaco, hecho en Seúl el 12 de noviembre de 2012.

Comisión: Asuntos Exteriores

11806

(Núm. exp. 610/000124)

El señor Benítez de Lugo Massieu, vicepresidente primero de
la comisión, presenta los dictámenes, informando a la Cámara de que se ha
presentado una propuesta de no ratificación en relación con el Convenio
de colaboración en materia de adopción de niños y niñas entre el Reino de
España y la Federación de Rusia, hecho en Madrid el 9 de julio de 2014,
que pasa a debatirse a continuación.

El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de no
ratificación del citado convenio, presentada por este senador y el señor
Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Vindel
López, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Anasagasti
Olabeaga, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el
señor Sabaté Borràs, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; la señora Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado Convergència i Unió; el señor Sañudo Aja, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y la señora Vindel López, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

El señor presidente recuerda a la Cámara de que para la
aprobación de la propuesta de no ratificación se requiere la mayoría
absoluta.

Se rechaza la propuesta con el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 4; en contra, 170;
abstenciones, 65.

Se aprueba el dictamen con el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 232; en contra, 2;
abstenciones, 5.

El señor presidente informa a la Cámara de que queda
definitivamente aprobado por las Cortes Generales el Convenio de
colaboración en materia de adopción de niños y niñas entre el Reino de
España y la Federación de Rusia, hecho en Madrid el 9 de julio de
2014.

El señor presidente informa a la Cámara de que no se han
presentado propuestas a los demás acuerdos.

El señor Unamunzaga Osoro y la señora Capella i Farré
manifiestan su abstención en el resto de los dictámenes.

Se aprueban los dictámenes por asentimiento de la Cámara y
se entienden concedidas las autorizaciones.

8. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

8.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

8.1.1. Proyecto de Ley de aprobación de medidas urgentes
para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (procedente del
Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO
DE URGENCIA.

Comisión: Economía y Competitividad

11814

(Núm. exp. 621/000088)

El señor López Rodríguez, presidente de la comisión,
presenta el dictamen.

Se inicia el debate de las propuestas de veto.

La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto,
da por defendida la propuesta de veto número 2.

El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto
número 1, presentada por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del
Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Guillot Miravet defiende la propuesta de veto
número 4, presentada por este senador y el señor Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Montilla Aguilera defiende la propuesta de veto
número 5, presentada por las senadoras Almiñana Riqué y Sequera García y
los senadores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla
Aguilera y Sabaté Borràs, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.

El señor Antich Oliver defiende la propuesta de veto número
3, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor
Fernández de Moya Romero, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Iparragirre
Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el
señor Guillot Miravet, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; el señor Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado Convergència i Unió; el señor Alique López, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor Fernández de Moya Romero, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se suspende la sesión a las quince horas y veinte
minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

Se procede a votar las propuestas de veto.

Se rechaza la propuesta de veto número 2 con el siguiente
resultado: presentes, 236; votos emitidos, 236; a favor, 86; en contra,
149; abstenciones, 1.

Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente
resultado: presentes, 236; votos emitidos, 236; a favor, 86; en contra,
149; abstenciones, 1.

Se rechaza la propuesta de veto número 4, con el siguiente
resultado: presentes, 236; votos emitidos, 236; a favor, 86; en contra,
149; abstenciones, 1.

Se rechaza la propuesta de veto número 5, con el siguiente
resultado: presentes, 235; votos emitidos, 235; a favor, 86; en contra,
148; abstenciones, 1.

Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente
resultado: presentes, 236; votos emitidos, 236; a favor, 86; en contra,
149; abstenciones, 1.

Comienza el debate de los votos particulares.

La señora Salanueva Murguialday defiende las enmiendas 13 y
14, presentadas por esta senadora y las señoras Eza Goyeneche y Yanguas
Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 15 a 99
y 101 a 139, presentadas por este senador y el señor Mariscal Cifuentes,
del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Quintero Castañeda defiende las enmiendas 1 a 12,
del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por este senador
y el señor Zerolo Aguilar.

La señora Iparragirre Bemposta defiende las enmiendas 541 a
563 y 565, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Guillot Miravet defiende las enmiendas 228 y 229,
233 a 298, 301 a 314, 316 a 327 y 329 a 366, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya.

El señor Montilla Aguilera defiende las enmiendas 368 a 434
y 438 a 455, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Rieradevall Tarrés, el señor Bel Accensi, el
señor Alturo Lloan y la señora Candini i Puig defienden las enmiendas 456
a 510, 512 a 520 y 522 a 540, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió.

El señor Alique López y el señor Ortiz Molina defienden las
enmiendas 140 a 158 y 162 a 227, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno en contra hacen uso de la palabra el señor Aroca
Sáez y el señor Mateu Istúriz, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Iparragirre
Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el
señor Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; el señor Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado Convergència i Unió; el señor Ortiz Molina, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y las señoras Peris Jarque y Angulo Martínez,
por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar..

11874

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueba, en un solo acto, el proyecto de ley.

El señor presidente informa a la Cámara de que queda
definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.

8.1.2. Proyecto de Ley por la que se crea el Consejo
General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas.

Comisión: Sanidad y Servicios Sociales

11884

(Núm. exp. 621/000073)

La señora De Aragón Amunárriz, presidenta de la comisión,
presenta el dictamen.

Comienza el debate de totalidad.

La señora Torres Sánchez, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, consume un turno a favor.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Iglesias Fernández defiende la enmienda 1,
presentada por este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.

La señora Cunyat Badosa defiende la enmienda 2, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Torres
Sánchez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Cazalis
Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la
señora Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; la señora Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado Convergència i Unió; el señor González Bethencourt, por el
Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Torres Sánchez, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar. .

11888

Se rechazan las dos enmiendas.

Se aprueba, en un solo acto, el proyecto de ley.

El señor presidente informa a la Cámara de que queda
definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.

8.1.3. Proyecto de Ley por la que se delega en el Gobierno
la potestad de dictar diversos textos refundidos, en virtud de lo
establecido en el artículo 82 y siguientes de la Constitución
española.

Comisión: Constitucional

11888

(Núm. exp. 621/000081)

El señor Piñeiro García-Lago, presidente de la comisión,
presenta el dictamen.

El señor Martí Jufresa da por defendida la enmienda 1, del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora Rivero Segalàs defiende la enmienda 2, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.

El señor Rodríguez Esquerdo defiende la enmienda 3, del
Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de portavoces intervienen el señor Bildarratz
Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor
Martí Jufresa, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; la señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió; el señor Antich Oliver, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor Osés Ramírez, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar. .

11893

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto
de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación
anterior.

Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de
ley.

El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas
aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre
las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el
Rey.

Se levanta la sesión a las veinte horas y treinta y cinco
minutos.

Página
11760

vectors, juntament amb les retallades, que influeixen més
negativament en les polítiques d’igualtat del Govern. No
constatàvem que la lluita contra la violència de gènere fos realment un
dels eixos fonamentals del projecte polític del Govern del senyor Rajoy,
i per això necessitàvem que avui, amb aquesta moció conseqüència
d’interpel·lació, el Govern fes un gest, un cop d’efecte, que
els permetés demostrar el contrari. El gran acord aconseguit avui passava
indiscutiblement per la necessitat d’obtenir almenys un clar
compromís transversal per part del Govern; és a dir, una clara implicació
d’actuació per part de diferents ministeris. Evidentment, no tot és
responsabilitat de la senyora Mato, encara que ella sigui la màxima
responsable de les polítiques d’igualtat. Sense el compromís
integral de tot el Govern això no funcionarà, i la lluita mai no serà una
realitat.

Continuaré en el meu torn de portaveus. Senzillament vull
agrair l’esforç que s’ha fet. Suposo que cada grup explicarà
quines són les seves iniciatives, però al final el més important era
aconseguir el compromís de tothom en la lluita contra la violència de
gènere.

Moltes gràcies.

Buenos días a todos, presidente. Muchas gracias,
señorías.

En nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió presento una moción consecuencia de la interpelación
que tuve la oportunidad de plantear a la señora ministra en la última
sesión plenaria, hace una semana. Ya intenté explicar en mi intervención
que nuestro grupo parlamentario no es muy partidario de llevar estos
asuntos al Pleno del Senado, especialmente por el peligro de caer unos y
otros en la utilización de este drama con un interés estrictamente
partidista o político, por lo tanto, intentamos evitarlo. Pero también
expliqué que ante el incremento repentino de víctimas de violencia de
género que se ha producido este verano, y que evidentemente ha generado
alarma, era inevitable que los distintos grupos parlamentarios llevásemos
esta cuestión al debate de esta Cámara.

Como saben, nuestro grupo parlamentario lo hizo a través de
una interpelación a la señora Mato. Una interpelación que nos permitía
posicionarnos públicamente y de nuevo en contra de la violencia de
género. Una interpelación que nos permitía condenar todos y cada uno de
los casos sufridos por las víctimas y sus familias, para quienes quiero
tener, si me permiten la licencia, en nombre de todos los senadores de
esta Cámara, un profundo y sentido recuerdo. Una interpelación que
pretendía aprovechar este espacio de debate directo con la ministra para
conocer el diagnóstico que ella hace de esta cuestión, el diagnóstico que
hace el Ejecutivo central sobre lo que es, sin duda, uno de los fenómenos
sociales más lamentables de este siglo, del siglo XXI, y que, como he
dicho, tristemente este verano ha disparado todas las señales de alarma
por el gran número de víctimas mortales que ha habido. Una interpelación
que nos permitía también, naturalmente, poner en evidencia algunas
decisiones o actuaciones políticas del actual Gobierno; políticas que
creemos que tienen un efecto directo y negativo en la prevención y la
lucha contra la erradicación de la violencia de género; políticas que no
solo no compartimos, sino que creemos que deben modificarse. Y finalmente
una interpelación que, como dije, pretendía conseguir ante esta situación
de extrema emergencia un gran acuerdo entre el Gobierno y todos los
grupos parlamentarios de esta Cámara para plantear una moción
consecuencia de interpelación, la de hoy, con medidas concretas y
urgentes para reforzar, redirigir o reenfocar —es igual el término
que utilicemos— la estrategia para luchar contra la violencia de
género.

Ya lo dije en mi intervención: existía de forma clara un
gran consenso político sobre la necesidad de luchar y actuar contra este
tipo de violencia. Nos faltaba un reto: ser capaces de ponernos de
acuerdo en cómo hacerlo. Y ayer, tras mucho trato y negociación, lo
conseguimos. Hoy con mucha ilusión presentamos una moción que finalmente
recoge, como han podido observar, una transaccional firmada por todos los
grupos, en la que de algún modo hemos podido incorporar todas las
propuestas —de forma más o menos intensa, pero todas las
propuestas— de los distintos grupos.

Tan solo un apunte, en mi intervención, y por supuesto en
nombre de Convergència i Unió, le recriminé a la ministra la falta de
compromiso de algunos ministerios en la lucha contra la violencia de
género, y ese es, a mi entender, uno de los vectores, junto con los
recortes, que más influyen negativamente en las políticas de igualdad del
Gobierno. No constatábamos que la lucha contra la violencia de género
fuera realmente uno de los ejes fundamentales del proyecto político del
Gobierno del señor Rajoy, y por eso necesitábamos que hoy, con esta
moción consecuencia de

interpelación, el Gobierno hiciera un gesto, un golpe de
efecto que nos demostrara lo contrario. El gran acuerdo conseguido hoy
pasaba, indiscutiblemente, por la necesidad de obtener al menos un claro
compromiso transversal del Gobierno, es decir, una clara implicación de
actuación por parte de los distintos ministerios. Evidentemente, no todo
es responsabilidad de la señora Mato, aunque ella sea la máxima
responsable de las políticas de igualdad, porque sin el compromiso
integral de todo el Gobierno esto no va a funcionar y la lucha nunca será
una realidad.

Continuaré en el turno de portavoces sencillamente
agradeciendo el esfuerzo que se ha hecho. Supongo que cada grupo va a
explicar cuáles son sus iniciativas, pero lo más importante era conseguir
el compromiso de todos en la lucha contra la violencia de género.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cunyat.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Los dos senadores de Izquierda Unida habíamos formulado una
enmienda que modificaba uno de los párrafos de la moción en el sentido de
reivindicar la recuperación del papel de los ayuntamientos en el trabajo
de los servicios sociales como algo fundamental en la lucha contra la
violencia de género. La moción lo planteaba en términos de análisis,
mientras que nuestra enmienda decía claramente que había que retroceder
en lo caminado en la reforma de la Ley de régimen local y devolver esas
competencias a los ayuntamientos. Creemos que es imprescindible el papel
de los servicios sociales junto con la información que se puede recabar
desde la atención primaria en sanidad o desde el ámbito educativo, pero
por mor de alcanzar un consenso en una materia sin duda sensible hoy en
la sociedad española, aceptamos el acuerdo político planteado y retiramos
nuestra enmienda.

La violencia de género es una manifestación de la
desigualdad de género existente. Así lo dice el Convenio del Consejo de
Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la
violencia doméstica. Por eso es preocupante que en un informe elaborado
por 267 organizaciones de nuestro país, que se ha elevado a las Naciones
Unidas, se denuncie el retroceso en las políticas de igualdad y el
incumplimiento del Convenio contra la discriminación de la mujer,
ratificado por España en el año 1984. Esta denuncia pone en cuestión la
política del Gobierno de España en esta materia.

Plantea la moción la necesidad de hacer una evaluación de
la Ley de protección integral, y creemos que resulta adecuado este
planteamiento porque, a pesar de que el dramatismo que se deriva de los
casos de asesinato por razón de violencia de género sin duda alguna es la
expresión más extrema del problema a que hace referencia la moción, la
ley pretendía establecer una respuesta más amplia, más allá del Código
Penal —de ahí el concepto integral que en su propia denominación se
incorpora—, para buscar una lucha global contra este fenómeno. Pero
no hay duda de que en el desarrollo de la ley, para conseguir este
objetivo, han faltado recursos y posiblemente también voluntad
política.

Es necesario un cambio cultural, que probablemente solo
vendrá a partir de establecer una estrategia adecuada en el sistema
educativo apostando por una educación en igualdad. Y tampoco en esta
materia el Gobierno ha acertado. La desaparición de la asignatura de
Educación para la ciudadanía de la LOMCE no contribuye a avanzar en esta
demanda de educación en igualdad. La política presupuestaria desarrollada
en los últimos años conecta perfectamente con esta denuncia, a la que
hacía referencia anteriormente, de 267 organizaciones ante las Naciones
Unidas. En los Presupuestos Generales del Estado de los ejercicios 2009 a
2013 hay un recorte acumulado en las consignaciones para políticas de
igualdad del 49%. También las comunidades autónomas se han sumado a estos
recortes y en el mismo período la reducción de recursos dedicados ha sido
de un 23%.

La moción refleja una preocupación acertada por un fenómeno
que parecía que podía ser superado. Si hablábamos de un cambio educativo
cabía esperar que el cambio generacional significara un avance en la
lucha contra las desigualdades, pero sorprendentemente nos encontramos
con una reproducción de roles, incluso con más intensidad en generaciones
más próximas a los jóvenes, que exigen una respuesta inmediata.

Finalmente, en el ámbito de lo político he de decir que las
fuerzas políticas no solo debemos demandar a los poderes públicos la
adopción de medidas de reformas legislativas, o a la sociedad que se
involucre, sino que tenemos que ser capaces de reaccionar ante
declaraciones y manifestaciones de representantes de nuestras
organizaciones que cuestionan estas políticas de igualdad. En los últimos
tiempos hemos tenido 3 ejemplos, los 3 del Partido Popular, que demandan
una respuesta: las declaraciones machistas en campaña del señor Arias
Cañete, las declaraciones del alcalde de Valladolid y más recientemente
las declaraciones del alcalde de La Guardia en la provincia de Jaén.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la
senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Egun on, mahaiburu jauna;
buenos días, señor presidente. Buenos días, señorías.

La moción que la senadora del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió nos trae hoy versa sobre un tema que,
desgraciadamente, no es la primera vez que se ha traído a esta Cámara,
pero no por ello —también desgraciadamente— está obsoleto.
Ayer en la visita que la Comisión de Igualdad del Senado realizó a las
instalaciones del teléfono 016 quedamos impactados al ver una vez más la
desgraciada y triste realidad que tenemos.

Previamente, quiero decir que nuestra comunidad autónoma
tiene transferidas las competencias en este ámbito, pero rescatando la
idea de la portavoz, idea que tantas veces hemos comentado aquí,
consideramos que este es un problema de tal magnitud que lo que necesita
es el paraguas de un acuerdo político por parte de todos, y que más allá
de lo que algunos hayamos hecho en nuestras comunidades, no por ello
dejemos de darle la importancia que tiene para que las otras comunidades
autónomas puedan seguir trabajando en ello.

Somos conscientes de que el problema de la violencia contra
las mujeres es un fenómeno estructural y multidimensional cuya
eliminación requiere una intervención institucional diversificada, como
decía, pero a la vez, bajo esa unidad, debemos alejarnos de partidismos y
de intereses de cualquier otro tipo que podamos tener. Por ello, durante
todos estos años el trabajo de las administraciones públicas de unas
comunidades y de otras sin duda ha estado enfocado a promover actuaciones
en muchos y diferentes ámbitos: la planificación; la investigación; la
sensibilización; la prevención; la formación, información y asesoramiento
—que, como he dicho, ayer hemos presenciado directamente—; la
asistencia y la protección social; la coordinación institucional; la
legislación, etcétera.

Sin duda, mucho es el trabajo realizado, pero todavía, y
puesto que somos conscientes de que la violencia contra las mujeres es
una de las mayores vergüenzas a las que se enfrenta nuestra sociedad en
el siglo XXI, es mucho más lo que nos queda por hacer, y por ello debemos
seguir trabajando denodadamente para erradicar esta lacra, invirtiendo
cada vez más recursos humanos y materiales, como se menciona en algún
punto de la moción. Y digo recursos, sí, señorías, porque en ocasiones
—esta semana también—, cuando hablamos de financiar
determinadas campañas o de llevar a cabo determinadas acciones,
escuchamos al grupo mayoritario y al Gobierno decir que no es una
cuestión económica.

Para hacer frente a la violencia contra las mujeres es
necesario y clave, como he dicho al principio, el acuerdo político, pero
también lo es la coordinación para poder llevar a cabo las acciones. Es
fundamental que todas y todos los profesionales que actúan en este
ámbito, sea personal sanitario, policial, judicial, de los servicios
sociales, de la abogacía, de la educación o de cualquier otro ámbito que
esté relacionado, conozcan perfectamente cómo deben actuar ante estos
casos y cómo han de coordinarse con el resto de instituciones, esa
transversalidad a la que ya hacía mención la senadora de Convergència i
Unió. Ese es el único modo de garantizar a las mujeres que sufren esta
violencia una protección eficaz y una atención integral y de calidad a
sus necesidades, y es la única manera, asimismo, de evitarles las
molestias derivadas de la necesaria intervención de diferentes
profesionales e instituciones.

Me gustaría señalar que el problema de la desigualdad de
mujeres y hombres y de la violencia machista, que es su expresión más
brutal, es un fenómeno muy complejo que hunde sus raíces en las
estructuras políticas, sociales, económicas y culturales sobre las que se
asienta nuestro

modelo de organización social. En este sentido, más allá de
las leyes y de las decisiones políticas, lógicamente exige una
implicación de toda la sociedad. Por ello, todos los esfuerzos son pocos,
pero debemos de partir del que a cada uno de nosotros nos compete, y
nadie sobra en esta tarea, ya que está en manos de todas, y especialmente
de todos —en tanto que son hombres los que mayoritariamente ejercen
la violencia como forma de relación y en tanto que es a ellos a quienes
tenemos que atraer a esta labor que tenemos entre manos— crear una
cultura y una sociedad en la que las relaciones entre las personas se
desarrollen en términos de justicia, igualdad y no violencia.

Pues bien, dicho lo cual, mi grupo considera —como en
tantas ocasiones ha quedado reflejado por todos los grupos— que
precisamente para dar continuidad a lo anteriormente expuesto, en nuestra
condición de políticos debemos demostrar que somos capaces en un tema tan
crucial como este de dejar en el camino las diferencias, de priorizar
aquello en lo que estamos de acuerdo y de abordar conjuntamente este
problema que, como he dicho anteriormente, es la lacra de este siglo.

Nos alegramos de que en esta realidad que estamos abordando
en esta moción hayamos podido llegar a un acuerdo, y sí que haría extensa
la petición a todos los grupos, empezando por el mío, de que esta no sea
una ocasión puntual, sino que sea el comienzo de un camino a recorrer
conjuntamente.

Señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Termino ya, presidente.

Este no es el único problema grave que acucia a esta
sociedad, pero sí es cierto que no entiende de períodos preelectorales ni
de situaciones que puedan paralizar acciones o medidas tremendamente
necesarias para que estas mujeres y todo su entorno puedan vivir en un
ambiente de paz y justicia.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Iparragirre.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gràcies, president.

Yo le pediría al presidente de la Cámara que esta moción en
la que todos los grupos hemos llegado a un acuerdo, no se apruebe por
asentimiento, porque creo que hay pocos temas en los que podamos ver los
marcadores en verde y sentirnos todos satisfechos, y este es uno de
ellos.

Dice el estadista Edmund Burke que todo lo que se necesita
para que las fuerzas del mal actúen es que los hombres y las mujeres
buenos no hagan nada.

La violencia de género, la violencia que los hombres
ejercen sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres, es un problema de
Estado, porque detrás de cada asesinato está nuestro fracaso como
sociedad, está nuestro fracaso de la política, el fracaso del Gobierno,
pero también el fracaso de la justicia para garantizar derechos
fundamentales como son la seguridad y la libertad de las ciudadanas.

El pasado mes de marzo, la Agencia Europea de Derechos
Fundamentales hizo públicos los resultados de la primera encuesta a
escala de la Unión Europea sobre violencia de género, hecha en 2010;
todos lo pudimos leer en los periódicos, pero vale la pena recordar
algunos datos. Se calcula que 13 millones de mujeres en la Unión Europea
experimentaron violencia física y 3,7 millones experimentaron violencia
sexual en la pareja; una de cada 20 mujeres europeas, un 5%, ha sido
violada; un 12% de las mujeres españolas ha sufrido violencia física por
parte de su pareja, y una de cada 3, violencia psicológica.

Y yo me pregunto, ¿estamos poniendo los recursos
suficientes para terminar con esta barbarie? ¿23,7 millones de euros son
suficientes? ¿Les parece suficiente el presupuesto que han presentado
para acabar con el asesinato de una mujer cada cinco días en nuestro
país? Esto viene sucediendo desde hace mucho tiempo, pero lo cierto es
que en los últimos presupuestos, los que presentaron ayer, ustedes
vuelven a recortar una de las partidas que afecta a la lucha contra la
violencia de género, recortan un 35% del convenio de la Federación
Española de Municipios para el programa de la teleasistencia móvil. Pero
para que todos tengamos una referencia de lo

que quiero expresar, diré que cada kilómetro de autovía de
nuestro país cuesta aproximadamente 3 millones de euros, es decir
gastamos lo mismo en violencia de género que en unos pocos kilómetros de
autovía.

El asesinato de las mujeres a manos de sus parejas no es
una cuestión menor para nadie, absolutamente para nadie. «Somos esas
mujeres a las que han cogido del cuello con los pulgares, han recorrido
las clavículas lentamente, mientras con una mirada fría preguntaban: ¿De
qué tienes miedo?, yo te quiero». Este es el extracto de una carta
abierta a la ministra Mato que se publicó en un periódico digital hace
pocos días, carta que estremece de principio a fin, carta escrita por una
mujer maltratada.

Esas mujeres, las que sufren violencia de género en nuestro
país, una de cada 10 aproximadamente, no importa la raza ni la religión
ni el nivel socioeconómico, necesitan que las ayudemos a salir de un
infierno en el que viven, con políticas, con determinación y con
recursos. Los datos revelan que el dispositivo judicial cada vez protege
menos. Por eso esta moción incluye muchas mejoras en ese ámbito. Mientras
en los últimos años crece alarmantemente el número de mujeres asesinadas;
como ya había pasado con anterioridad, disminuyen las denuncias, el
número de órdenes de protección y la disponibilidad de recursos públicos.
Esto, les guste o no, es una realidad, y algunas de sus leyes estrella,
señorías —no podemos dejar de decirlo— y me refiero a la
LARSAL, quita la competencia a los ayuntamientos en un asunto tan
importante como éste en el que la proximidad tiene un papel clave. Ayer
la Comisión de Igualdad tuvo la oportunidad de visitar el 016 y conocer
cómo funciona este servicio, servicio que empezó en 2007 y que ha
continuado sin interrupción, un servicio que atiende al día
aproximadamente unas 200 llamadas de mujeres que sufren violencia de
género y que piden asesoramiento legal, información y ayuda, y quiero
agradecer desde aquí el trabajo que en el 016 se está haciendo porque
están demostrando que es un servicio útil, eficaz y vital para muchísimas
mujeres.

Y termino con el final de la carta abierta que les
comentaba al principio, que dice así: «Espero poder enviarle algún día
esta carta con mi nombre y apellidos verdaderos, pero ahora mismo no me
atrevo y no solo por miedo, también es por vergüenza porque también
sentimos mucha vergüenza, y sobre todo porque todavía no he sido capaz de
decirles a mis padres que su hija, a la que tanto admiran y a la que
tanto quieren, es una mujer maltratada.»

Por ellas, para que nadie se avergüence de ser una mujer
maltratada, debemos seguir trabajando, invirtiendo en recursos y
legislando, y si es con acuerdos, como en esta moción, muchísimo
mejor.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió tiene la
palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Gracias, presidente. Seré muy
breve.

Volia aprofitar aquest torn de portaveus per parlar
novament de les víctimes mortals que hi ha hagut durant tot aquest 2014.
O també per fer referència al servei que ahir teníem l’oportunitat
de visitar, el telèfon 016, que és el telèfon que atén a les víctimes de
maltractaments. Deixaré de fer-ho, però, perquè les altres portaveus ja
n’han parlat.

Al final, quan parlem de violència de gènere, parlem
evidentment de dones; parlem de fills; parlem de vulneració de drets
fonamentals, parlem de dolor. I darrere de totes les peticions que
constantment, ple rere ple, fem des de l’oposició, al final el que
hi ha una superació d’importants reptes socials que afecten moltes
persones, i en aquest cas, víctimes de violència de gènere. No es tracta
de posar pals a les rodes al Govern, sinó de millorar, evolucionar i
progressar en benefici de la ciutadania, de la gent, i en aquest cas,
evidentment, de les víctimes.

Ho he dit abans: en el redactat de la moció final creiem
que s’han aconseguit compromisos per part del Govern; compromisos
en l’àmbit de l’executiu i també compromisos en la
modificació de la legislació actual, que ens han de portar a una millora;
compromisos de diferents ministeris. No només el Ministeri
d’Igualtat, sinó també el Ministeri de Justícia, que aquests
darrers anys ha tingut un paper important en la definició de les
polítiques d’igualtat de l’Estat; el Ministeri
d’Interior; el Ministeri d’Educació, al qual feien referència
ara els altres senadors, el paper important que té, pel que fa a la
funció de l’educació i el treball en els valors que tenen els
nostres joves. I també hem aconseguit incorporar algunes propostes que
van en la línia de buscar una millor coordinació

institucional —com deia la senadora del PNB—.
Així mateix, procurar l’existència de recursos per a les comunitats
autònomes i també per als ajuntaments, perquè vull deixar clar que en la
moció parlem en diverses ocasions dels ajuntaments, i reconeixem la feina
que fan en aquest sentit.

És veritat que no totes les propostes dels grups
s’han pogut incorporar de manera literal. En alguns aspectes els
grups hem renunciat a alguna expectativa concreta i explícita que teníem,
que això no vol dir que obviem o que oblidem. Però m’atreveixo a
dir que avui hi ha hagut voluntat de sumar, que la voluntat ha estat la
d’unir esforços, que al final la voluntat és la de lluitar contra
la violència de gènere, i per tant, no puc fer res més que acabar agraint
el compromís de tots els grups.

Moltíssimes gràcies.

Yo quería aprovechar este turno de portavoces para volver a
hablar de las víctimas mortales que ha habido este año de 2014, pero
también para hacer referencia al servicio que ayer tuvimos la oportunidad
de visitar, el teléfono del 016, que es el que atiende a las víctimas de
los maltratos, pero no lo voy a hacer porque las otras portavoces ya han
hablado de ello.

Cuando hablamos de violencia de género, evidentemente
hablamos de mujeres, hablamos de hijos, hablamos de vulneración de
derechos fundamentales, hablamos de dolor, y detrás de todas las
peticiones que constantemente, Pleno tras Pleno, formula la oposición, lo
que hay finalmente es una superación de importantes retos sociales que
afectan a muchas personas, en este caso a las víctimas de violencia de
género. No se trata de poner palos en las ruedas al Gobierno sino de
conseguir mejorar, evolucionar, progresar en beneficio de la ciudadanía,
de la gente, en este caso, obviamente de las víctimas.

Lo he dicho antes, con el redactado final de la moción se
han conseguido compromisos por parte del Gobierno, compromisos en el
ámbito del Ejecutivo, compromisos en la modificación de la legislación
actual, que tiene que llevar, como he dicho, a una mejora; compromisos de
distintos ministerios, evidentemente, no solo del Ministerio de Igualdad,
también del Ministerio de Justicia, que estos últimos años ha tenido un
papel importante en la definición de las políticas de igualdad del
Estado; del Ministerio de Interior y del de Educación que, como han
comentado otros senadores, ha jugado un papel importante en la educación,
en el trabajo y en los valores de nuestros jóvenes; y hemos conseguido
también incorporar algunas propuestas en la línea de buscar una mejor
coordinación institucional —lo ha dicho la senadora del PNV—
así como procurar la existencia de recursos para las comunidades
autónomas y para los ayuntamientos, porque quiero dejar claro que en
varios puntos de la moción hablamos de los ayuntamientos y, por tanto,
reconocemos la labor que realizan en este sentido.

Es cierto que no todas las propuestas de los grupos se han
podido incorporar de forma literal; en algunos aspectos los grupos hemos
renunciado a alguna expectativa concreta y explícita, pero eso no quiere
decir que la obviemos y la olvidemos. Pero me atrevo a decir que hoy ha
habido voluntad de sumar, de aunar esfuerzos; al final la voluntad es
luchar contra la violencia de género, y, por tanto, no puedo más que
finalizar agradeciendo el compromiso de todos los grupos
parlamentarios.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cunyat.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Flores.

La señora FLORES FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías, y perdón, senadora Cunyat, porque le quitaba el
turno.

El pasado 10 de septiembre, y a petición de la ministra de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se citó a los portavoces de
Igualdad de ambas Cámaras, del Congreso y del Senado, a una reunión en la
sede del ministerio como colofón a esas sesiones informales del llamado
grupo de trabajo que se inició en abril de este año, también a instancias
de la ministra, para supuestamente hablar de la Ley de medidas de
protección integral contra la violencia de género del año 2004.

No voy a relatar aquí el devenir de ese grupo, pero sí
quiero hacer hincapié en la oferta que la señora Mato nos hizo ese día:
diálogo, consenso y acuerdos. Todos los grupos coincidimos en que era la
fórmula idónea, pero le pedíamos concreción. La realidad ha sido otra,
porque el 17 de septiembre se votó en el Congreso de los Diputados una
moción, también consecuencia de

interpelación, en este caso de mi grupo, del grupo
Socialista, con un texto que se logró transaccionar y que lamentablemente
no contó esta vez con el apoyo del Grupo Popular, y el lunes se celebró
en esta Cámara, como ya se ha dicho, una reunión de la Comisión de
Igualdad, con 5 mociones, de las que el grupo mayoritario solo aprobó
una, también transaccionada.

Comprenderán que con estos antecedentes, después de la
oferta de la ministra de hace poco tiempo, mi grupo y yo misma no
teníamos muchas esperanzas de poder llegar a un acuerdo, y les confieso
que me siento muy feliz por haberme equivocado, porque hemos podido
llegar a un acuerdo fruto del diálogo, y es el texto que estamos
debatiendo ahora.

Convergència i Unió presentó una moción bastante completa
que, a mi juicio, hemos enriquecido con las aportaciones del resto de los
grupos, sin desvirtuar —esto ha sido lo importante— el
espíritu que imbuía el texto original porque la situación, como ya se ha
dicho hoy en esta tribuna, es tan grave que no podemos escudarnos en
diferencias partidarias. Decía la ministra Mato que había recursos y
medidas que aplicar. Pues algo falla, porque llevamos ya más de 40
muertas en lo que va de año, con un agosto negro que hizo saltar todas
las alarmas, y la verdad, señorías, es que medidas hay, pero recursos no,
porque se han ido detrayendo partidas enteras y disminuyendo programas.
Vamos a ver qué pasa con los Presupuestos Generales del Estado para el
año que viene que presentó ayer el ministro y lo que están ustedes
dispuestos a pactar y consensuar.

Hay que evaluar la ley, porque, de lo contrario, no podemos
saber si hay que cambiar cosas o no. Es posible que haya que hacerlo, no
lo sé, pero quizá lo que haya que hacer sea aplicarla en su integridad y
no suprimir recursos, no suprimir organismos, contar con el mundo
asociativo, etcétera. A nuestro juicio lo que sí está claro es que hay
que proteger a las víctimas, sobre todo a las que denuncian, mediante el
desarrollo del sistema de seguimiento integral y la implantación de
medios telemáticos, porque las mujeres, señorías, tienen miedo por ellas
y por sus hijos e hijas. Ha bajado el número de denuncias, pero ha subido
el número de mujeres muertas que ya habían denunciado, y eso sin hablar
de la disminución brutal de las órdenes de protección. Pero, ¿qué
confianza van a tener las mujeres cuando se enteren de que un juez ha
autorizado hace pocos días a un hombre que cumple condena por haber
matado a su pareja a salir de la cárcel para visitar a la hija de ambos
de 4 años de edad? Por eso nos hace falta formación, nos hace falta que
no se quite, al contrario, que se implemente en todo el sistema educativo
formación en igualdad, que es fundamental para que no tengamos que
castigar a nuestros chicos y chicas porque hayan nacido de una manera o
de otra.

Hay que resolver de una vez la vulnerabilidad y la
dependencia económica de las víctimas respecto de sus maltratadores. Es
un hecho importante. Las víctimas se callan y no denuncian porque no
saben dónde van a ir, y esto va en contradicción con la supresión de
servicios públicos y recursos dedicados a ello. Asimismo hay que reponer
las campañas preventivas. Se tienen que acentuar, señorías, las políticas
de prevención, sensibilización y formación si queremos que esta lucha sea
eficaz y efectiva, y repito que por ello hay que volver a introducir en
todas las etapas del sistema educativo la formación en igualdad. Y
tendremos que abordar, les guste o no, las reformas legislativas
pertinentes que permitan adecuar la ley, y no solo en cuanto a la
violencia de género, dando cumplimiento al Convenio de Estambul: Código
Penal, Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de enjuiciamiento civil, Ley
de enjuiciamiento criminal, etcétera.

Por último, habría que reflexionar sobre los juzgados de
violencia de género, su funcionamiento y competencias, sobre la formación
de jueces mediante un recurso que ya existe…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora FLORES FERNÁNDEZ: Acabo en cinco segundos,
presidente.

Como digo, mediante una estructura, como les decía, que ya
existe de formación; sería cuestión de implementar también estos temas
que son tan transversales que podríamos estar aquí hablando una hora de
las cosas que habría que hacer. Yo creo que al final hemos llegado a un
buen acuerdo que ha dado lugar al texto que vamos a votar, un texto largo
de 16 puntos, pero es que la transversalidad toca tantos aspectos que no
podía ser más corto. Yo espero que podamos seguir por ese camino.
Estaremos, como no puede ser de otra manera, vigilantes para que se
cumpla.

Quiero acabar agradeciendo la buena disposición de todos
los grupos parlamentarios, y en especial las de las senadoras Cunyat,
autora del texto, y Armisén, portavoz del grupo mayoritario, que han
facilitado que se haya llegado al texto común.

Gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Flores.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Armisén.

La señora ARMISÉN PEDREJÓN: Buenos días, señorías. Muchas
gracias, señor presidente.

Como han dicho el resto de mis compañeras que me han
precedido en el uso de la palabra, creo que hoy es un día para que los
grupos parlamentarios nos felicitemos por el consenso al que hemos
llegado, pero no por el tema —eso está claro—, ni tampoco por
la situación.

Creo que hoy, no solo en mi nombre sino en el de toda la
Cámara, puedo expresar el recuerdo a todas las víctimas de violencia de
género, en primer lugar a los familiares de fallecidas por esta lacra
social, pero también a todas aquellas que lo sufren a diario en
cualquiera de los grados y formas, y a quienes sufren esta violencia con
sus menores. Es un tema que tenemos que abordar de manera responsable y
esta iniciativa que presenta el Grupo Convergència i Unió viene a dar un
paso más en lo que tiene que ser la responsabilidad pública en materia de
violencia de género, y nosotros, como representantes de los ciudadanos,
estamos y tenemos que estar a la altura de esta cuestión.

Como se ha dicho aquí, es un tema muy complejo, con muchas
derivaciones. Pero no quiero sacar datos de años anteriores sobre el
número de víctimas ni referirme a quien gobernaba o no gobernaba, porque
creo que no estamos aquí para eso; estamos para estudiar y analizar por
qué se produce la violencia de género, intentar abordar y erradicar cada
uno de esos motivos y conseguir que nuestra sociedad realmente se eduque
en igualdad, que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros jóvenes y todos
nosotros apliquemos ese principio de igualdad en nuestro día a día,
porque eso es lo que realmente va a hacer cambiar la sociedad.

Es verdad que los recursos son importantes —por qué
no decirlo—, pero incluso en épocas en que ha habido más recursos
no solo se trata de una regla de tres: con más recursos se elimina el
resultado. Entonces, ¿qué hacemos mal? ¿Por qué con los recursos no es
suficiente? Quizás por lo que hoy se ha dicho ya, porque es un problema
muy complejo, en el que tenemos que abordar desde el principio de
transversalidad —como ha dicho la portavoz del Grupo Socialista,
podríamos hablar desde todos los ámbitos al respecto— la igualdad,
la prevención, la coordinación, la educación, pero, fundamentalmente,
también el respeto, el respeto al otro y a la otra, en todas sus formas,
en toda su integridad. Creo que una educación en valores y una educación
en el respeto al que tenemos enfrente sería la primera aplicación del
principio de igualdad en la sociedad española.

Pero además de hablar hoy del sufrimiento de las víctimas,
de lo que es esta lacra social, quiero dejar aquí un mensaje de esperanza
para todas aquellas mujeres que tienen que denunciar, y expresar una
condena al silencio cómplice de familiares, vecinos, compañeros de
trabajo, de todos nosotros que a veces sabemos, por ejemplo, que a
nuestra amiga su marido le está controlando todos los días, incluso sobre
qué relaciones tiene en su ámbito laboral, con quién va a comer, aunque
sea su compañero de trabajo, o qué hace; y sabemos que ella sufre por ese
tipo de actuaciones. Eso lo tenemos que condenar. Tenemos que saber que
esa es una forma de violencia y de no respeto de forma integral a la
persona.

Pero el Gobierno, aunque sigan produciéndose víctimas, no
ha estado pasivo, como tampoco ningún Gobierno anterior, y por primera
vez se ha aprobado en este país una estrategia para la erradicación de la
violencia de género, una estrategia compuesta por 284 medidas, que son
aplicables y evaluables, dotada con 1558 millones de euros. Pero, como
pensamos —y lo pensamos todos porque es la realidad— que la
violencia de género es un mal ejemplo, una demostración de la falta de
igualdad, la lucha contra la violencia de género también es un objetivo
del Plan de igualdad de oportunidades, a veces denostado por algunos
portavoces en la Comisión de Igualdad. Tenemos que decir que los planes,
las medidas estructuradas, pensadas y evaluadas, con unos objetivos
concretos, es lo que tenemos que desarrollar en nuestras políticas y
saber si lo que estamos aplicando tiene resultado o no y, si no tiene
resultado, tenemos que pensar en otras cosas.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora ARMISÉN PEDREJÓN: Sí, señor presidente.

Pero hay que evaluar y analizar las medidas, y uno de los
elementos esenciales, eje de las políticas del Gobierno, ha sido trabajar
en una mayor coordinación institucional que, como se ha dicho hoy, es
algo esencial. La puerta de acceso a esta cuestión es a través de las
fuerzas de seguridad, del sistema sanitario, de los servicios sociales,
del sistema educativo, etcétera, es decir, son tan variadas las puertas
de entrada, que si no hay coordinación de todos los intervinientes en la
violencia de género, no vamos a poder coordinar los recursos.

Hoy, quiero hacer un llamamiento a todos mis compañeros y
compañeras en esta Cámara: la igualdad no es cosa de mujeres, la igualdad
es una cuestión de la sociedad.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora ARMISÉN PEDREJÓN: La lucha contra la violencia de
género es una cuestión de todos y cada uno de nosotros, de los que
estamos hoy aquí pero también de todos con los que nos relacionamos.
Intentemos cada día de nuestras vidas aportar un poco más a la igualdad
de nuestra sociedad y a la lucha contra la violencia de género.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Armisén.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la propuesta de modificación a la moción
consecuencia de interpelación presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió y firmada por todos los
grupos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 205; votos emitidos, 205; a favor, 204; en contra, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

6. MOCIONES

6.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA EVITAR LA PRÁCTICA DE LAS NOVATADAS EN EL
ÁMBITO SOCIAL Y UNIVERSITARIO.

(Núm. exp. 662/000153)

AUTOR: GPP

El señor presidente da lectura a los puntos 6. y 6.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se habían presentado
inicialmente 4 enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Se acaba de
presentar, y se está registrando, una propuesta de modificación firmada
por todos los grupos parlamentarios, con lo cual las 4 enmiendas
decaen.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, el senador Aznar.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, buenos días.

El Diccionario de la Real Academia Española define la
novatada textualmente de la siguiente manera: «En algunas colectividades,
vejamen y molestias que los antiguos hacen a los recién llegados». Esta
es la definición de novatadas que da nuestro diccionario y del momento en
que se define esta acción al día de hoy, sinceramente, señorías, en el
ámbito universitario las cosas han cambiado mucho. Hoy, el Grupo
Parlamentario Popular les trae aquí un problema que cada año preocupa por
estas fechas a miles de familias. Cada año, en el entorno del comienzo
del curso universitario, miles de estudiantes pasan un calvario en lo que
normalmente debería de ser una situación de felicidad por incorporarse a
los estudios universitarios. Sin embargo, señorías, por

culpa de esta tradición, por culpa de esta costumbre
inveterada, las cosas son de manera muy diferente.

Al traer hoy aquí esta moción, el Grupo Parlamentario
Popular, y hoy podemos decir ya también que el resto de los grupos,
pretendemos dar un primer paso para visualizar este problema que, a pesar
de que cada año se produce, está larvado y escondido tras un muro de
silencio que evita que se pongan las medidas pertinentes para terminar
con él.

Ha habido situaciones históricamente en que la novatada era
la forma de recibir y la forma de integrar que los veteranos tenían para
los nuevos que llegaban y se incorporaban a colegios universitarios, a
residencias universitarias, a los estudios en definitiva. Sin embargo,
esto ha ido degenerando de tal manera en nuestra sociedad que al día de
hoy podemos, sin que esto suponga ninguna exageración, hablar de
maltrato, de acoso, de humillación y, en la mayoría de los casos, de
conductas tremendamente vejatorias.

Sin ir más lejos, señorías, en la semana que estamos y en
la anterior, en Santiago de Compostela 3 estudiantes han quedado heridos
de gravedad por habérseles aplicado en los ojos productos que contenían
sosa cáustica. Esto era una novatada. En Madrid, aquí en Moncloa, muy
cerquita de donde nos encontramos, esta misma semana el Samur ha tenido
que atender de diversa gravedad a 3 alumnos heridos por la realización de
esta práctica o de este tipo de bromas —entre comillas—.
Tirar a una estudiante por un terraplén de 4 metros en plena noche no es
una broma. El Samur ha tenido que atenderlos y en algunos casos
hospitalizarlos.

En Salamanca, hace muy pocas fechas también, un alumno
estuvo a punto de morir porque le obligaron a ingerir hasta perder el
conocimiento alcohol. El alumno padecía una enfermedad previa y
consecuencia de esto ha estado al límite de la muerte. Y esto es así cada
año, señorías. Esto es así cada año; y la sociedad lo acepta con una
cierta tranquilidad. Lo transige como probablemente un mal inevitable y
no se hace casi nada por impedirlo.

Es cierto que la tradición viene de muy antiguo y es cierto
también que España no es una excepción y que en muchos países del mundo
esto sucede igual. Fíjense, aquí estamos hablando de heridos y de heridos
graves, pero, por ejemplo, el año pasado en Francia hubo 1 muerto y en
Portugal 3 muertos como consecuencia de las novatadas. En cada país esto
se afronta, se encara de una forma distinta. Recientemente, un candidato
a la nominación para la carrera presidencial en Estados Unidos tenía que
pedir perdón públicamente por haber participado en novatadas en su
momento. Países como Francia, por ejemplo, han incluido ya la novatada
como un delito definido en el Código Penal y castigado con seis meses de
cárcel.

Por lo tanto, vemos que, en general, la sociedad va
reaccionando y en España no podemos estar ajenos a ello y hay que decir
que lo que nosotros hacemos hoy aquí es tomar la antorcha que nos
traspasan los colegios mayores unidos en asociación, unidos en federación
y que han dado un primer paso importante para erradicar definitivamente
las novatadas. Lo que hacemos hoy aquí es poner en la agenda política el
problema. Creemos, señorías, que el Parlamento no puede estar ajeno a lo
que es un problema que está incardinado ya en la sociedad y, por
consiguiente, debemos reaccionar nosotros también y debemos reaccionar
colaborando activamente con aquellos que están más implicados, con
aquellos que tienen las responsabilidades más directas, cuales son los
directores de los centros universitarios.

En este sentido, quiero decirles que mi grupo
parlamentario, y entiendo que también el resto de los grupos, tenemos que
abrir, a partir de hoy y con la aprobación de esta moción, un período de
reflexión tranquila, que nos lleve a concluir cuáles son las medidas que
debemos implementar a las ya existentes, cuáles deben ser las medidas
nuevas que debemos incorporar a nuestros códigos, a nuestro acervo
legislativo o sencillamente de qué manera podemos colaborar en la
mentalización de nuestros estudiantes, en la mentalización de la sociedad
en general para erradicar esta práctica en este momento y desde mi punto
de vista totalmente despreciable. Fíjense hasta qué punto lo es que un
grupo de psicólogos, que recientemente ha estudiado en profundidad este
asunto, ha definido estos actos de novatada como el doblegamiento de la
voluntad a través de la coacción física o psicológica para establecer una
jerarquía que condicione en el futuro la vida colegial. Es decir, no
estamos hablando de bromas, señorías, sino de un asunto realmente serio,
que puede dejar no solo taras físicas, sino también taras psicológicas en
muchos de nuestros estudiantes.

La comunidad universitaria, como digo, ha iniciado el
camino. Los directores de los colegios mayores están en la onda no solo
de prohibir, sino de aplicar estrictamente los reglamentos, pero se
encuentran con problemas añadidos, con dificultades añadidas, y es que
muchas veces los estudiantes, los organizadores de estas cuestiones,
sabiendo que los reglamentos internos de los colegios prohíben claramente
estas prácticas, las sacan de los propios colegios, las sacan a zonas
públicas, donde ya no hay autoridad universitaria y donde debe
intervenir, si es necesario también, la fuerza pública.

Sabemos que el Gobierno de España está implicado en la
resolución del problema; sabemos que la dirección de la policía nacional
a través de las redes sociales está abriendo caminos para que los
estudiantes a partir de ahora tengan nuevas herramientas que les permitan
luchar contra este tipo de vejaciones y de humillaciones. Queremos
colaborar con el Gobierno desde el Parlamento para caminar todos en la
misma dirección.

Voy a terminar agradeciendo a todos los grupos, muy
especialmente a la portavoz del Grupo Socialista, la colaboración que han
tenido con el Grupo Popular a la hora de mejorar esta moción. A lo largo
de estos días y con la presentación de enmiendas hemos podido trabajar
todos los grupos hasta llegar a un texto definitivo que es de valorar,
porque estamos hablando de algo que no tiene ideología, señorías, estamos
hablando de un problema que afecta a todos y donde no debe haber ni
ventajas partidistas, ni planteamientos ideológicos de ningún tipo. Por
eso, quiero agradecer expresamente, en nombre del Grupo Popular, al resto
de los grupos su participación y su colaboración en esto. Asimismo,
ofrecerles la posibilidad, como les decía hace un momento, de que abramos
ese periodo de reflexión. Yo creo que el asunto da para mucho más. El
asunto da y merece que nos dediquemos a estudiarlo y, como les proponía,
ver de qué manera podemos implementar todo tipo de medidas que nos lleve
a la sociedad, por una parte, a dar y a conceder tolerancia cero ante
estas situaciones y, por otra parte, a erradicar definitivamente una
práctica que, si bien es histórica, si bien puede dotarse de un tinte
costumbrista, en este momento, como he dicho, supone vejaciones, supone
humillaciones, supone malos tratos, en definitiva, supone conductas que
en el siglo XXI y en una sociedad avanzada no deben tener ni un
hueco.

Termino, señorías, agradeciéndoles nuevamente su
colaboración y esperando que a partir de ahora podamos trabajar
conjuntamente en un futuro mejor para nuestros colegiales y, sobre todo,
erradicar, como he dicho, estas prácticas, de una vez por todas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aznar.

Pasamos a turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa). No hay
intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la
senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Quería iniciar mi intervención anunciando mi apoyo a la
enmienda transaccional que hemos firmado, creo, la totalidad de los
grupos y agradeciendo al Partido Popular que traiga esta iniciativa aquí,
porque entiendo que hace referencia a una problemática que muchas veces
puede pasar desapercibida. Reconozco que prácticamente hasta este mes de
septiembre, en el que en los medios de comunicación se ha dado mayor eco
a esta noticia, la cuestión de las novatadas y de las consecuencias que
producen, a mí, personalmente, me resultaba un problema casi desconocido.
Pensaba que era una cuestión relegada ya al pasado y a una serie de
prácticas periuniversitarias que ya no tenían sentido en una sociedad del
siglo XX. Reconozco mi ignorancia, reconozco mi error y valga el voto
favorable de mi grupo parlamentario y el compromiso de acercar este
problema y de colaborar en cuantas medidas puedan llevarse a cabo por las
instituciones vascas para salvar ese error cometido y esa omisión. En
este sentido, también es de recibo que reconozcamos el trabajo realizado
por la asociación «No más novatadas» y por la asociación de colegios
mayores a la hora de dar difusión pública a una cuestión en la que ellos
vienen trabajando y a la que se vienen enfrentando desde hace ya bastante
tiempo.

No tengo más que decir, salvo que esta moción es sumamente
adecuada por los tiempos, por las formas y por los contenidos. Mi apoyo
total a todas y cada una de las letras incluidas en el texto de esta
moción y a todas cuantas iniciativas puedan surgir de instituciones
públicas, privadas, asociaciones y demás, puedan trabajar en este
sentido. No tengo intención de extenderme más

allá, pero sí quisiera hacer referencia al preámbulo de un
libro que se ha publicado y que seguramente es el estudio más importante
en España o, quizás, incluso, el único que se ha realizado sobre esta
cuestión. Es un estudio de la Universidad de Comillas —creo que el
señor Aznar lo ha mencionado durante su intervención—, realizado
por 2 profesoras, concretamente por las doctoras Ana Aizpún y Ana
García—Mina, y en él vienen a decir que las novatadas están
presentes en una gran variedad de contextos e instituciones como
colegios, centros de enseñanza media, internados, colegios mayores,
universidades, equipos deportivos, instituciones militares o clubes y
organizaciones privadas. No es solamente una cuestión del ámbito
universitario. En repetidas ocasiones son definidas por sus
protagonistas, así como por las instituciones y la sociedad en general,
como simples gamberradas, bromas, tradiciones que por serlo no son tan
graves, etcétera. Es decir, solo se consideran preocupantes aquellas
novatadas cuyas consecuencias son extremas, recibiendo en estos casos
algún tipo de sanción. Hago un inciso, no es el único tipo de violencia
que pasa desapercibida. No es el único tipo de violencia que solamente
llama nuestra atención cuando ha llegado a situaciones realmente
extremas.

Como veremos a lo largo de esta obra —y me refiero
otra vez al preámbulo del libro de estas autoras—, incluso las
novatadas más sencillas se estructuran sobre una relación injusta y
violenta. Es un abuso de poder que siempre deja huella en las personas
que la sufren, en quienes las perpetran y en las sociedades en las que
suceden.

A pesar de tratarse de una problemática sólidamente
arraigada en nuestra sociedad cuyas consecuencias atentan contra la
dignidad y la salud de las personas, apenas existen investigaciones y
publicaciones que analicen este fenómeno de manera que puedan
visibilizarse sus raíces y sus efectos, así como sus diferencias con
otros tipos de abuso entre iguales. Con este estudio se pretende aportar
claves que permitan comprender lúcidamente este fenómeno con el fin de
contribuir a su erradicación.

Durante los últimos días he tenido ocasión de leerme, quizá
de una forma excesivamente rápida, los contenidos de este informe que se
titula «Novatadas, comprender para actuar». Después de su lectura puedo
decir que al menos el nivel de concienciación de esta senadora respecto a
este problema ha cambiado sustancialmente.

Por lo tanto, finalizo mi intervención recomendándoles a
todos ustedes que lo lean. La verdad es que es un problema mucho más
extendido, mucho más serio y grave y que nos afecta transversalmente como
sociedad mucho más de lo que podríamos imaginar. Enhorabuena de nuevo por
la iniciativa.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra la senadora Sequera.

La señora SEQUERA GARCÍA: President, senyories. Les
novatades no són un fenomen nou ni desconegut. Crec que estarem tots
d’acord que conductes d’aquesta magnitud són del tot
deplorables. Els individus que avalen i practiquen aquestes conductes
tenen un perfil psicològic determinat. És conegut i està estudiat amb
profunditat.

Darrere la justificació de les novatades com a procés
necessari per a la integració del nouvingut a la comunitat universitària
s’amaga la necessitat psicològica de l’agressor o agressors
d’obtenir una recompensa emocional, que es tradueix en
l’extorsió i/o humiliació a una víctima, sotmetent-la contra la
seva voluntat, anul·lant-la. Ja sigui per ser l’agressor que
executa la novetada com els còmplices que col·laboren amb el silenci dels
fets, ambdues conductes prediuen el desenvolupament personal
d’aquests individus.

Cal un absolut rebuig social davant els executors, trobar
fórmules que garanteixin la mostra pública d’aquest rebuig. Des del
Consejo de Colegios Mayores s’ha presentat la guia Novatadas:
comprender para actuar, en què es fa una anàlisi de la situació que ens
ocupa i convida a adoptar una sèrie de mesures al respecte.

Tan important és el rebuig social com a mesura de càstig
com elaborar un protocol per a la detecció i la prevenció de les víctimes
com a mesures preventives. Malgrat que en psicologia els perfils dels
assetjadors ja estan més que determinats, cal treballar la modificació de
conductes des de les edats inicials, tant a nivell escolar com familiar.
S’ha de potenciar les conductes com ara

l’empatia, la solidaritat, la igualtat, com a
conductes admirades socialment, i que això es tradueix en una recompensa
i benestar social tant individual com col·lectiva. I, per contra, el
sotmetiment, la violència, l’autoritarisme són conductes que
provoquen el rebuig i la marginació social als que executen aquestes
novatades.

Des del Grup Parlamentari de l’Entesa donarem suport
al manifest i a la moció perquè rebutgem aquestes pràctiques. Ara bé, ha
de quedar clar que la moció presentada no es compromet a res. És pur
tràmit parlamentari per quedar bé amb els autors del manifest. Són
voluntats, però no hi ha accions determinades, no es concreta res. Si és
cert el sentiment de rebuig que es descriu a la part dispositiva de la
moció, cal actuar amb propostes tangibles per a la millora de la
convivència i la garantia d’una experiència universitària en
positiu. És a dir, passar a l’acció per prevenir i eliminar un
comportament que està més que constatat.

Finalment, no vull desaprofitar l’oportunitat de
reiterar i d’anunciar des d’aquesta tribuna que aquesta no és
l’única problemàtica en l’àmbit universitari. La falta
d’equitat i, en conseqüència, l’abandonament dels estudis
universitaris a causa de les polítiques de beques del Partit Popular
també estan causant una greu ferida en el futur dels nostres joves i en
la nostra societat. Aquest també és un problema que cal solucionar.

Gràcies. (Aplaudiments.)

Presidente, señorías, las novatadas no son un fenómeno
nuevo ni desconocido. Me parece que estaremos todos de acuerdo en que
actitudes de esta magnitud son absolutamente deplorables. Los individuos
que avalan y practican estas conductas tienen un perfil psicológico
determinado. Es conocido y se ha estudiado en profundidad.

Tras la justificación de las novatadas como proceso
necesario para integrar al recién llegado a la comunidad universitaria,
se esconde la necesidad psicológica del agresor o agresores de obtener
una recompensa emocional, que se traduce en la extorsión y/o humillación
de una víctima, sometiéndola contra su voluntad y anulándola. Ya sea el
agresor que ejecuta la novatada o los cómplices que colaboran en silencio
en los hechos, ambas conductas, predicen el desarrollo personal de estos
individuos.

Es necesario mostrar un absoluto rechazo social ante los
ejecutores y encontrar fórmulas que garanticen la muestra pública de
dicho rechazo. El Consejo de Colegios Mayores ha presentado la guía
«Novatadas, comprender para actuar», en la que realiza un análisis de la
situación que nos ocupa y se invita a adoptar una serie de medidas.

Tan importante es el rechazo social como medida de castigo,
como elaborar un protocolo para la detección y prevención de las víctimas
como medidas preventivas. A pesar de que en psicología los perfiles de
los acosadores ya están más que determinados, tenemos que trabajar en la
modificación de las conductas desde las edades iniciales, tanto a nivel
escolar como familiar. Tenemos que potenciar conductas como la empatía,
la solidaridad y la igualdad. Han de ser conductas admiradas socialmente,
pues se traducen en una recompensa: el bienestar social tanto individual
como colectivo. Por contra, el sometimiento, la violencia y el
autoritarismo son conductas que generan rechazo y marginación social, y
eso es lo que fomentan los que perpetran esas novatadas.

El Grupo Parlamentario Entesa va a dar apoyo al manifiesto
y a la moción porque rechazamos estas prácticas. Sin embargo, debe quedar
claro que la moción presentada no se compromete a nada. Es un puro
trámite parlamentario para quedar bien con los autores del manifiesto.
Son voluntades, pero no existen acciones determinadas; no se concreta
nada. Si es cierto el sentimiento de rechazo descrito en la parte
expositiva de la moción, tenemos que actuar con propuestas tangibles para
la mejora de la convivencia y la garantía de una experiencia
universitaria en positivo. A saber, pasar a la acción para prevenir y
eliminar un comportamiento que está más que constatado.

Por último, no quiero desaprovechar la oportunidad de
reiterar y denunciar desde esta tribuna que esta no es la única
problemática en el entorno universitario. La falta de equidad y, en
consecuencia, el abandono de los estudios universitarios por parte de
miles de jóvenes, debido a las políticas de becas del Partido Popular,
también está generando una gran herida en el futuro de nuestros jóvenes y
en nuestra sociedad. Este problema también debemos solucionarlo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sequera.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Moltes gràcies, senyor president.
Senyories, molt bon dia a tothom.

Tot i que aquest no és un tema, podríem dir, especialment
significat a Catalunya, entenem i sabem que en algunes comunitats
autònomes és una qüestió que forma part d’alguns col·legis i
universitats, com acredita el document del Consell de Col·legis Majors
Universitaris d’Espanya que ha fet pública i expressa la seva
preocupació respecte d’uns fets que són del tot inacceptables,
intolerables i, en definitiva, és un tema altament sensible, ja que estem
parlant de persones.

Totalment d’acord que aquests fets són condemnables,
inacceptables, reprovables, intolerables i que en cap cas es pot admetre
que un noi o una noia puguin ser víctimes de vexacions, coacció
psicològica o coacció física.

Les universitats i els col·legis majors tenen un objectiu
clar, que és fomentar l’educació, transmetre valors, formar els
nostres joves en actituds positives, formar ciutadans amb capacitat
d’anàlisi, ser crítics, solidaris, respectuosos amb el medi
ambient. Podríem fer aquí un seguit molt important realment de les
funcions que tenen, educatives prioritàriament, formatives i de
transmissió d’actituds. Per tant, aquesta és la feina,
l’objectiu dels col·legis o les universitats, que en definitiva és
el que volem.

I aquí és on entrem en el terreny de les actituds, que és
molt important. Per tant, no es pot admetre que en cap cas fets com els
que s’han descrit aquí puguin suposar una coacció psicològica o
física que impedeixi l’exercici de la llibertat. Sovint qui ho
pateix està en un context de soledat, de certa clandestinitat i que
gairebé ningú denuncia.

Permetin-me que aporti una visió diferent, des d’un
punt de vista de l’àmbit de la justícia, a través d’una
sentència del Tribunal Suprem del 2003, en què ja va parlar
d’aquest tema tot sentenciant que les pràctiques més extremes
podien ser considerades constitutives d’un delicte contra la
integritat moral. Val a dir que la integritat moral es configura com un
tret constitucional, recollit a l’article 15, on es proclama que
«tothom té dret a la vida, a la integritat física i moral sense que en
cap cas puguin ser sotmesos a tortura, a penes o a tractes inhumans o
degradants» i, en conseqüència, infligir a una altra persona un tracte
degradant, menyscabant greument la seva integritat moral, serà delicte.
Per tant, crec que tenim aquí una sentència que deixa aquest tema clar
des d’un punt de vista penal o judicial.

Pel que respecta als col·legis majors, per la seva actitud
que pugui ser en algun moment bé omissiva, bé permissiva, podran
respondre civilment per aquells actes comesos a les seves instal·lacions
o dependències, motiu pel qual cada cop més es demana que els estudiants
signin juntament amb el contracte d’arrendament un document
mitjançant el qual es comprometin a no realitzar ni formar part de cap
d’aquestes novatades que hem estat parlant aquí i que avui estem
comentant.

Per tant, és evident que en l’àmbit de
l’autonomia de les universitats i, per tant, dels col·legis majors,
que han de tenir instruments per tal d’evitar que es continuïn
produint aquestes novatades, que més aviat ens recorden i traslladen a
altres èpoques de la història ja superades.

El senador Lluís Aznar ens proposava obrir un temps de
reflexió. És evident, jo crec que és important, però cal avançar. És del
tot reprovable que aquestes actituds es puguin produir, perquè sovint qui
ho pateix ho està passant molt malament i sovint no ho denuncien, estan
diríem sotmesos a aquesta situació psicològica i, per tant, nosaltres
tenim el dret, l’obligació i el deure d’evitar que això
succeeixi.

És per això que nosaltres en sumem a aquesta moció
transaccionada per tots els grups amb la finalitat d’intentar
eradicar aquestes pràctiques que, per tradicionals, són del tot
intolerables.

Per tant, des d’aquest punt de vista nosaltres pensem
que en aquest àmbit, cap tipus de tolerància davant d’aquestes
actituds que puguin arribar a produir aquestes situacions de patiment, de
conflictivitat en els nostres noies i noies quan estan en un període de
formació en l’àmbit universitari i a través dels seus
col·legis.

Agraeixo també al senador Lluís Aznar que hagi acceptat les
nostres aportacions a aquesta transaccional, que es tinguin en compte,
evidentment, penso que no pot ser d’una altra manera,

les comunitats autònomes per l’aportació que puguin
fer en totes aquestes situacions, i en definitiva ens plau que tots els
grups de la cambra puguem posar-nos d’acord per evitar aquestes
situacions.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días a
todos.

A pesar de que este no es un tema que podríamos calificar
como de especial significado en Cataluña, sabemos que en algunas
comunidades autónomas es una cuestión que forma parte de algunos colegios
y universidades, como acredita el documento que ha hecho público el
Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España, donde expresa su
preocupación por una serie de hechos que son absolutamente inaceptables,
intolerables y, en definitiva, un asunto altamente sensible porque
estamos hablando de personas.

Estamos totalmente de acuerdo en que estos hechos son
condenables, inaceptables, reprobables, intolerables y, en ningún caso,
puede admitirse que un chico o una chica puedan ser víctimas de
vejaciones, coacción psicológica o coacción física.

Las universidades y los colegios mayores tienen unos
objetivos claros, que se centran en fomentar la educación, transmitir
valores, formar a nuestros jóvenes en actitudes positivas, formar a
ciudadanos con capacidad de análisis, para que sean críticos, solidarios
y respetuosos con el medio ambiente. En este sentido, podríamos dar una
lista exhaustiva de todas las funciones que persiguen, educativas
prioritariamente, formativas y también de transmisión de actitudes. Por
lo tanto, esta es la labor, este es el objetivo de los colegios y las
universidades que, en definitiva, es lo que todos queremos.

En este punto es cuando entramos en el terreno de las
actitudes, que es de suma importancia y, en consecuencia, no podemos
admitir que, en ningún caso, hechos como los descritos aquí puedan
suponer una coacción psicológica o física que impida el ejercicio de la
libertad. Además, a menudo quien las padece se encuentra en un contexto
de soledad y de cierta clandestinidad, que prácticamente nadie
denuncia.

Si me lo permiten, voy a aportar una visión distinta desde
un punto de vista de la justicia y lo haré a través de una sentencia del
Tribunal Supremo de 2003, en la que ya se indicó que las prácticas más
extremas podían ser consideradas constitutivas de un delito contra la
integridad moral. Cabe decir que la integridad moral se configura como un
derecho constitucional, recogido en el artículo 15, donde se proclama:
«Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin
que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o a tratos
inhumanos o degradantes.» Y, en consecuencia, infligir a otra persona un
trato degradante, socavando gravemente su integridad moral, será delito.
Por lo tanto, me parece que tenemos ante nosotros una sentencia que ya
deja clarísima esta cuestión desde un punto de vista penal o
judicial.

En cuanto a los colegios mayores, debido a su actitud, que
en algunos momentos podría ser de omisión o permisiva, podrán responder
civilmente por los actos cometidos en sus instalaciones o dependencias,
motivo por el que cada vez más se pide que los estudiantes firmen, junto
con el contrato de arrendamiento, un documento mediante el cual se
comprometan a no realizar ni formar parte de ninguna de estas novatadas
que hemos estado comentando y que hoy estamos debatiendo.

Resulta evidente que en el ámbito de la autonomía de las
universidades y, en consecuencia, también de los colegios mayores, deben
contar con instrumentos para evitar que se sigan realizando estas
novatadas, que más bien nos recuerdan o nos trasladan a otras épocas de
la historia ya superadas.

El senador Aznar proponía abrir un tiempo de reflexión y,
evidentemente, esto es importante, pero debemos avanzar porque es
totalmente reprobable que estas actitudes se puedan producir; además, a
menudo aquellos que las padecen lo están pasando muy mal y, como les
digo, no suelen denunciarlo porque están sometidos a esta situación
psicológica. Por ello, nosotros tenemos el derecho, la obligación y el
deber de evitar que esto suceda.

Por este motivo, nosotros nos sumamos a esta moción
transaccionada por todos los grupos con la finalidad de intentar
erradicar dichas prácticas que, por tradicionales que sean, son
absolutamente intolerables.

Por lo tanto, desde este punto de vista, nosotros
consideramos que en este ámbito ninguna tolerancia ante estas actitudes
que pueden llegar a producir estas situaciones de sufrimiento, de

conflictividad, en nuestros jóvenes, chicos y chicas,
cuando se encuentran en un período de formación en el ámbito
universitario y en sus colegios.

Agradezco también al senador Aznar que haya aceptado
nuestras aportaciones en esta transaccional y que, como no podría ser de
otra forma, se tenga en cuenta a las comunidades autónomas con las
aportaciones que puedan realizar en estas situaciones. Y, en definitiva,
nos complace que todos los grupos de esta Cámara podamos ponernos de
acuerdo para evitar estas situaciones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Fernández Pena.

La señora FERNÁNDEZ PENA: Presidente, señorías, agradezco,
en primer lugar, la aceptación de la práctica totalidad de las enmiendas
que ha presentado el Grupo Socialista, a partir de las cuales hemos
consensuado entre todos este texto transaccional que, como he dicho,
cuenta con el apoyo de todos los grupos de esta Cámara. Vayan por
delante, pues, también mis felicitaciones a la asociación «No más
novatadas» por su empeño para lograr este objetivo de acuerdo y que hoy
nos acompaña en el debate; así como a todos los colegios mayores,
universidades y alumnos que han trabajado para conseguir la firma del
manifiesto de repulsa contra las novatadas, germen claro de este acuerdo.
Y cómo no, agradecimiento a todos los grupos firmantes de esta
transaccional por haber conseguido un texto que, manteniendo el apoyo
incondicional al manifiesto redactado, busca acciones concretas por parte
del Gobierno para ayudar a solucionar y controlar las novatadas.

Y es que, señorías, las novatada son una tradición a
suprimir en todo el ámbito universitario en tanto rompen el principio de
igualdad entre estudiantes por cuestiones tan absurdas como tener un año
de diferencia de edad. Todas las aportaciones que ha hecho el Grupo
Socialista pretenden ayudar en este objetivo, por ello solicitamos
ampliar el ámbito de actuación también a las residencias universitarias,
centros en los que a pesar de que la tradición de las novatadas no está
tan arraigada, sí es cierto que también se producen.

Con ellas también hemos querido definir acciones que el
Gobierno debe implementar de forma que esta moción pase de ser una
intención política a ser un compromiso cierto con la comunidad educativa.
En primer lugar, debe realizar campañas de sensibilización, información y
divulgación. Información, señorías, porque es necesario que la sociedad
deje de ver con buenos ojos estas prácticas, que no sigan confundiéndolas
con simples bromas.

En segundo lugar, también debe promover estudios sobre las
novatadas en este país; debemos dibujar un mapa de la situación para
determinar objetivos, prioridades y corregir errores. Corregir, señorías,
ver dónde nos hemos confundido hasta este momento, ver por qué hasta
ahora no hemos sido capaces de evitarlas.

Y, por último, el Gobierno debe articular medidas
destinadas a modificar o fortalecer la normativa que regula estas
acciones en el ámbito universitario. Modificar, modificar todas las
normativas que sean necesarias para lograr los objetivos que nos hemos
fijado.

Señorías, informar, corregir, modificar, todo ello siempre
en colaboración con la comunidad educativa y con los alumnos y con sus
familias, unas familias que, al igual que las víctimas de las novatadas,
necesitan apoyo psicológico e informativo. Porque, señorías, aunque las
novatadas acaban siendo en la mayor parte de los casos aceptadas como
algo divertido por las víctimas, algo que tiene que pasar sí o sí, a
muchos de ellos les deja huellas anímicas, a ellos y también a sus
familias, porque no podemos perder de vista, señorías, que las novatadas
suelen ser superadas sin problema por aquellos estudiantes que son
fuertes emocionalmente, pero que en el caso de los más débiles, además de
costarles más superarlas suelen ser sobre los que los veteranos actúan
con más virulencia; niños y niñas que buscan consuelo en sus padres sin
dejarles actuar por miedo a las represalias, niños y niñas que les
cuentan a sus padres las vejaciones y luego les piden que se callen para
no ser diferentes.

Por eso nos parecía interesante añadir a esta moción que la
atención psicológica e informativa se trasladase también a las familias.
Señorías, repito, no estamos ante simple bromas, estamos ante una
situación de maltrato en la mayor parte de los casos, pero en otros
muchos, como bien decía el senador Aznar, también físico. Son actos que
consiguen formatear la mente de los novatos

hasta convertirlos en esclavos de sus veteranos, quienes
los tratan de forma denigrante y menoscaban su integridad moral. Y
señorías, esa es también una definición de maltrato, un maltrato que
nadie denuncia, ni las propias víctimas, que acaban por anular su
personalidad, sus valores, por simplemente optar a integrase en una
sociedad que al año siguiente los convertirá a él o a ella en los
verdugos de los nuevos novatos. Un círculo vicioso, un círculo cerrado,
un círculo excluyente porque, señorías, la no participación en las
novatadas les puede condenar al ostracismo, a sufrir bullying el resto
del curso. Por eso pretendíamos en esta moción la inclusión de la
tipificación de estos actos como maltrato. No tener que hacerlo cuando se
produzca el bullying, que sí está ya regulado, pero no ha podido ser.

Señor Aznar, dentro de este buen ambiente de consenso, que
agradezco, recogemos su propuesta de trabajar en el futuro en este
sentido en una iniciativa posterior y esperamos, por supuesto, llegar a
un acuerdo con ustedes. Y lo haremos convencidos de que la solución no
puede pasar simplemente por la represión o la sanción como único recurso
para el cumplimiento de la ley, sino que la prevención ha de ser
prioritaria. Y así lo demostramos con otra de nuestras enmiendas, al
pedir que el Gobierno adopte protocolos, mecanismos de vigilancia y
control para lograr el objetivo de tolerancia cero con las novatadas. Una
tolerancia cero que seguramente tardaremos años en conseguir, porque
también son demasiados los años de aceptación de estas novatadas como una
tradición a respetar, pero tenemos que lograrlo, debemos hacerlo de una
forma consecuente y coherente. Debemos huir de actuaciones esporádicas,
de actuaciones reactivas o de actuaciones sancionadoras, porque eso ya
sabemos que no funciona. Lo que tenemos que hacer, señorías, es no
olvidar que tenemos en nuestras manos el mejor antídoto contra las
novatadas, la educación; la educación en valores, la educación en
convivencia, la educación en igualdad. Educar a los niños, a los futuros
universitarios, para que cuando lleguen a las facultades, escuelas o
colegios mayores vean estos actos como algo repulsivo. Debemos hacer, por
tanto, esfuerzos a niveles inferiores al universitario para lograr ese
objetivo. No crean que con esto pretendo hacer una defensa de la
Educación para la Ciudadanía, que también; lo que pretendo es decirle que
debemos velar más por este tipo de educación. No es suficiente que la
educación en valores que emanan de la Constitución se limite a aquellos
niños que no estudian religión, tal y como establece la LOMCE, tiene que
llegar a todos y a todas.

Pero manteniendo este ambiente de consenso, permítanme que
les diga que no quiero dejar pasar la ocasión para celebrar que aunque
cortan objetivos y presentan pocas soluciones, hayan traído a esta Cámara
esta moción. Celebro que con ella hayamos podido marcar un punto de
inflexión y llegar a un consenso en un asunto vinculado con la comunidad
educativa, aunque quien defienda esta moción sea el portavoz de Interior,
quizá por ello hayamos llegado a este acuerdo. Es el primero que se ha
alcanzado en toda la legislatura en materias relacionadas con las
políticas educativas del Ministerio de Educación, del ministro Wert,
porque con esas políticas educativas es muy difícil que logre nuestro
apoyo. Pero aun así, con sinceridad, les animo a continuar con esa línea
de trabajo, a insistir, junto al resto de los grupos de esta Cámara,
porque son muchos los problemas de la universidad, muchos.

Tenemos que velar por los estudiantes que sufren novatadas,
pero también por los que ya no pueden sufrirlas; jóvenes que no sufrirán
novatadas porque ya no tienen compañeros: que no tienen compañeros porque
el tasazo de Wert les impidió acceder de nuevo a la universidad; que no
tienen compañeros porque no han podido continuar sus estudios al no tener
beca o no alcanzar la nota de corte suficiente, una nota de corte
segregadora e injusta; que no tienen compañeros para poder sufrir las
novatadas. Preparen iniciativas para ellos, no permitan que estos jóvenes
vean las políticas del Gobierno como auténticas novatadas psicológicas,
como bromas de mal gusto, porque si ya es injusto quedarse sin beca
cuando la necesitas, es insultante que el ministro Wert haya dicho que
las becas no son limosna. Y si es incomprensible que una vez que han
terminado sus estudios tengan que irse de este país para investigar, es
denigrante oír al ministro decir aquello de que la fuga de cerebros no
puede considerarse como algo negativo.

Tienen ahora una oportunidad fantástica para empezar a
hacerlo. Ayúdenles a ellos y a toda la comunidad educativa presentando
enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, a esos presupuestos
que ha presentado el Gobierno, porque si tan convencidos están —y
deben estarlo por los aplausos desbocados que sueltan cada vez que oyen
decir, por segundo año consecutivo, por cierto, que este será el año de
la recuperación económica—, les invito a que pidan que se

descongele la partida de becas generales y las becas
Erasmus; les invito a que pidan que no se supriman los programas de apoyo
a los estudiantes desfavorecidos; que busquen soluciones para el modelo
de financiación de las universidades; y, por qué no, pidan usted también
que se articulen mecanismos para defender la dignidad en la educación o
para que apliquen políticas que realmente nos demuestren que creen en el
sistema educativo público. Les aseguro que con iniciativas así
conseguirán el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, como mínimo, y
no van a necesitar el rodillo de la mayoría absoluta, ese que lleva unos
años laminando la educación en este país.

Señorías, hagan propuestas como esta, propuestas que
realmente ayuden al colectivo universitario. Yo les planteo una, y lo
hago a la vista de unos presupuestos en educación que solo se incrementan
para garantizar la financiación clasista y segregadora diseñada por el
ministro Wert, en la que menos importa ese crecimiento personal y cívico
de los ciudadanos. Les propongo que presenten una iniciativa que
solamente ustedes pueden llegar a cumplir, y créanme si les digo que lo
hago sin querer romper este clima de consenso, pero que realmente lo hago
porque la considero necesaria: sigan, por favor, el modelo Gallardón,
obliguen a Wert a retirar la LOMCE y luego invítenle amablemente a irse.
Ya les ha funcionado una vez y les aseguro que son muchos los estudiantes
que se lo agradecerán. Piénsenlo.

Gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Fernández
Pena.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Aznar.

El señor AZNAR FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Antes de comenzar mi intervención permítanme, señorías, que
salude a la presidenta de la Asociación No Más Novatadas, que hoy nos
acompaña. Le agradezco públicamente el trabajo que lleva realizado para
erradicar definitivamente esta lacra de la que hoy estábamos hablando
aquí hasta hace un poco, porque creo que la senadora Fernández,
apasionadamente, y aprovechando, aunque es gallega, que el Pisuerga pasa
por Valladolid, seguramente para saludar la presencia del nuevo senador,
señor López, se ha ido un poco por las ramas de la educación.

Señorías, a veces me parece que ustedes, cuando llegan a un
acuerdo con el grupo del Gobierno, y cuando algo se consigue por
consenso, les remuerde la conciencia. (Varios señores senadores del Grupo
Parlamentario Socialista: No, no). Me da esa sensación, permítanmelo.
(Aplausos). Y tienen ustedes que poner un poco de guindilla, un poco de
pimienta para evitar que esto parezca realmente un Parlamento en el que
se llega a acuerdos. Señorías, el Parlamento es un punto de encuentro, de
diálogo, de negociación, y es bueno conseguir acuerdos y que aprobemos
mociones como esta y como otras muchas que podríamos aprobar si nos
despojásemos de prejuicios al entrar por esa puerta y analizásemos las
cosas con mayor tranquilidad.

Vamos a lo que nos ocupaba hoy y en este momento: las
novatadas. Señorías, agradezco profundamente a todos los grupos el
trabajo y el esfuerzo, también por esas concesiones que hay que hacer en
aras del consenso para sacar un tema importante como este adelante.

Senadora Sequera, no nos eche usted la bronca, mujer,
porque lo que más me agrada de todo es que usted también ha puesto la
firma en la moción. Dice usted que la moción se queda corta, y de verdad
creo que hemos abierto la participación a todos los grupos para poder
implementar las medidas que nosotros inicialmente traíamos, pero tal y
como he dicho en mi primera intervención, el objetivo de esta moción no
era arreglar el mundo, era un objetivo mucho más humilde: poner en la
agenda política un problema que está en la calle desde tiempo inmemorial
y que nadie había traído al Parlamento. De esta manera, estamos dando
visualidad a un problema que ahora sí podremos analizar, que ahora sí
podremos debatir y para el que ahora sí podremos buscar las fórmulas más
concretas para atajarlo. Este es un primer paso, y lo he dicho. Por lo
tanto, no se trata de quedar bien. Usted también queda bien habiendo
firmado esta moción. Se trata de cumplir con nuestro trabajo, y nuestro
trabajo es analizar los problemas que tiene la sociedad y, a partir de
ahí, buscarles solución, si es posible, con la ayuda de todos los
grupos.

Por tanto, el objetivo era ponerlo en la agenda política,
pero creo, señorías, que entre todos lo hemos conseguido. En segundo
lugar, el objetivo era que este problema adquiriese relevancia suficiente
por venir al Parlamento para que hoy todos los medios de comunicación
hablen de él, y de alguna forma estamos sensibilizando a esa sociedad que
ha establecido un muro de silencio en torno a este asunto. ¿Por qué no
hay denuncias en España? Por ese muro de silencio, porque el

estudiante no se atreve, porque los padres no se atreven.
Pues bien, trayendo el problema al Parlamento y hablando nosotros hoy
aquí de este asunto vamos a evitar que ese miedo siga produciéndose. Por
tanto, no es inocuo que hoy aprobemos esta moción.

Senador Alturo, evidentemente, usted y su grupo han
mejorado el texto. Y, créame, nosotros estamos deseando llegar a acuerdos
con el resto de los grupos parlamentarios —cada vez que subimos a
esta tribuna lo intentamos— y muy especialmente con ustedes. El
problema es que para llegar a acuerdos tiene que haber dos partes que
quieran, y nosotros queremos. Creo que en este caso ustedes han querido,
pero vamos a ver si, a partir de ahora, hacemos todos un esfuerzo también
en otros temas, para buscar soluciones a problemas graves que hoy tenemos
encima de la mesa.

Senadora Fernández Pena, muchísimas gracias por su trabajo.
Usted sabe que se lo digo de corazón, pero no aproveche esta moción para
hacer el discurso que su grupo —legítimamente porque son oposición
y espero que lo sigan siendo mucho tiempo— lleva tiempo haciendo en
relación con la educación en España. En el grupo político al que
represento estamos orgullosos del trabajo que está haciendo el Gobierno
de España en esta materia. Se están poniendo las bases para mejorar esas
cifras de las que todos, ustedes y nosotros, nos avergonzamos en cuanto a
resultados escolares, en cuanto a fracaso escolar, en cuanto a todas esas
cuestiones que usted, experta en educación, trae a la Cámara cada vez que
tiene oportunidad. El esfuerzo que está haciendo este Gobierno es
precisamente para mejorar esa situación histórica en España. Pues bien,
¿que hay que buscar consensos y puntos de colaboración? Hagámoslo, pero
no aprovechemos cada oportunidad que tenemos para desarrollar un discurso
que, por otra parte, es conocido, porque no hay que olvidar que ustedes
han gobernado los años anteriores en España, por lo que, probablemente,
también sean consecuencia de ello muchos de los problemas que hay en
torno a la educación. Pero, repito, con esta moción que se presenta hoy,
es día de hablar de las novatadas.

Termino mi intervención agradeciéndoles una vez más el
esfuerzo que todos han hecho. Vuelvo a repetir la oferta que el Grupo
Popular, con nuestros compañeros de educación a la cabeza, hace al resto
de los grupos para sentarnos, reflexionar e implementar medidas que junto
con las que ya está tomando el Gobierno puedan erradicar definitivamente
el hecho de las novatadas en España.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aznar.

Teniendo en cuenta que la propuesta de modificación a la
moción del Grupo Parlamentario Popular ha sido firmada por todos los
grupos, ¿puede aprobarse por asentimiento? (Asentimiento).

Muchas gracias. Queda aprobada por asentimiento.

6.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
IMPLANTACIÓN DEFINITIVA DE LA DIRECTIVA 2007/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO
Y DEL CONSEJO, DE 23 DE OCTUBRE DE 2007, RELATIVA A LA EVALUACIÓN Y
GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE INUNDACIÓN.

(Núm. exp. 662/000154)

AUTOR: GPP

El señor presidente da lectura al punto 6.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

Para su defensa tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular, el senador Aparici.

El señor APARICI MOYA: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, hace algo más de un año celebramos ya un debate,
era abril de 2013, sobre la cuestión que nos ocupa en esta moción. (La
señora vicepresidenta, Vicente González, ocupa la Presidencia).

Inicié entonces mi intervención diciendo que este era un
tema muy sensible, altamente sensible, extraordinariamente sensible,
diría yo, y también insisto ahora en el mismo inicio.

Señorías, las inundaciones en España tienen como
consecuencia personas fallecidas, desde 1995 a 2011, casi 300 personas;
representan bienes perjudicados: en torno a 150 millones

de euros al año; y representan también daños agrícolas, por
ejemplo, en 2012, en torno a 20 millones de euros en zonas aseguradas. Es
evidente que no podemos evitar los fenómenos naturales, pero en el Grupo
Parlamentario Popular tenemos claro que podemos y debemos adoptar las
medidas necesarias para reducir y minimizar sus impactos. Con este
espíritu, como saben todas sus señorías, la Comisión Europea aprobó en
noviembre de 2007 la Directiva 2007/60, que fue traspuesta a la
legislación española por el Real Decreto 903/2010. En esta directiva hay
tres ejes fundamentales de actuación; el primero es la evaluación
preliminar del riesgo de inundaciones; el segundo, la elaboración de
mapas de peligrosidad y riesgo de inundación; y, por último, la
elaboración de los planes de gestión, que en la moción indicamos que
deben estar realizados antes de 2015.

Y creo que deberíamos añadir un cuarto pilar en esta
exposición, porque, como también saben todos ustedes, en 2011 se
estableció el Plan estatal de protección civil ante el riesgo de
inundaciones, un plan muy importante porque incluye la coordinación con
los gobiernos autónomos, con las autonomías, así como los planes de
alerta en meteorología e hidrología. Finalmente, otra cuestión requerida
por la moción de forma clara es el plan de alerta temprana, fundamental
para poder trabajar en esta dirección y, lógicamente, como consecuencia
de ello, finalizar los planes de coordinación y apoyo, tal como asimismo
se recaba en la moción.

Esta es la descripción de los argumentos que se exponen en
la moción. Ya decíamos estas cosas hace poco más de un año, cuando
habíamos iniciado la evaluación preliminar del riesgo de inundación
definiendo más de 9000 kilómetros de cauces y 1000 kilómetros de costa.
Pero ¿cuál es la situación que tenemos ahora, en estos momentos? El
importante paso que se ha dado desde hace poco más de un año, por
ejemplo, respecto de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación, es
que en el tema fluvial tenemos ya el 64% de las demarcaciones
hidrográficas con los mapas ya elaborados, el 16% en período de consulta,
también el 16% en ejecución, y tan solo el 4% —es decir, uno—
en proceso de elaboración.

En cuanto a la afección por el mar, puedo decirles que,
según mis datos, según lo que he podido ver, están ya finalizados todos
los mapas de todas las áreas de riesgo. Por tanto, se ha producido un
importante avance en lo que se refiere a los mapas de peligrosidad en el
año que ha pasado.

Y en relación con la publicación de los planes de gestión y
riesgo y el objetivo de que sean realizados antes de diciembre de 2015,
saben ustedes que hay 3 cuestiones fundamentales, 3 pilares en los que
trabajar. El primero sería la mejora de la coordinación entre todas las
administraciones, un tema importante que se concibe en estos planes de
gestión; por lo tanto, dichos planes indican ya que tiene que haber un
elemento de coordinación total y absoluta entre la Administración, el
Gobierno central y los gobiernos autonómicos. El segundo pilar para estos
planes es el empleo de nuevas tecnologías, hoy extraordinariamente
importantes; no se concebiría de verdad ningún plan sin introducir esta
cuestión. Y el tercero es la coordinación con planificación hidrológica,
tema que, como comprenderán, también es altamente prioritario.

Respecto del tema fluvial, les diré que la consulta pública
simultánea con los planes hidrológicos está prevista que acabe en el
2014. Por lo tanto, también en eso se ha producido un avance
importante.

En cuanto a la materia de costa, el Plan de gestión de
riesgos de inundación por oleaje tiene prevista su legislación a final de
año y hay una previsión de inversión de 500 000 euros para finalizar
dicho plan. Por tanto, como decía antes, se ha producido un avance
considerable en algo más de un año. Pero queremos que se avance todavía
más para culminar definitivamente este importante proceso, que, insisto,
en aplicación de la directiva europea debe terminar en la fecha que hemos
propuesto. Señorías, 2015 debe ser el año en que lo que estamos
comentando esté totalmente finalizado.

En definitiva, como pueden leer en la moción, en nuestra
propuesta final figuran cuatro puntos: el primero, la elaboración de los
mapas de peligrosidad y riesgo; el segundo, como decía antes, que los
planes de gestión estén terminados antes del 22 de diciembre de 2015; el
tercero, completar las áreas encomendadas por el Plan estatal de
protección civil, especialmente la red de alerta temprana; y, por último,
finalizar los planes de coordinación y apoyo. Esto es lo que busca
nuestra propuesta, que creo que es una buena propuesta, y deseo y espero
que todos los grupos políticos nos podamos poner de acuerdo sobre
ella.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Gracias, presidenta.

Señorías, el Grupo Socialista presenta una enmienda a la
moción del Grupo Popular relativa a las medidas para prevenir
inundaciones. En primer lugar, hay que recordar que hace un año y medio
debatimos en este mismo foro una moción, también del Grupo Popular, que
como solución al problema de las inundaciones proponía básicamente
limpiar la maleza de los ríos, un planteamiento simplista que espero que
sea corregido en el futuro. En aquel procedimiento nosotros hicimos
diversas propuestas de enmienda —aunque el Grupo Popular se basaba
básicamente en acometer esa tarea de forma sistemática—, a partir
de trabajar en el desarrollo de la directiva europea sobre la materia
continuando la labor de creación del Sistema de Cartografía Nacional que
hizo el Gobierno Socialista, determinar los mapas de riesgo como
continuación de las zonas de riesgo significativas aprobadas en tiempo y
forma en el año 2011, del decreto que crea y aplica la directiva en
España, del año 2010, y del decreto anterior, del año 2009, así como
otras tareas, como el plan de protección civil, etcétera. Todas esas
propuestas para incorporar a un plan de lucha contra las inundaciones
fueron despreciadas por el Grupo Popular en aquel discurso, que espero
haya abandonado, aunque a veces aún hay retazos en los discursos sobre lo
de la herencia recibida. Como todo lo de la herencia era malo, no podían
tenerse en cuenta esas propuestas. Y ahora nos llama la atención que el
Grupo Popular presente una moción con un punto que en aquel momento no
tuvo en consideración ni pudo aceptar: los mapas de riesgo de inundación.
En este sentido, quiero señalar que vamos con un año de retraso, porque
la directiva indica que deberían estar terminados en diciembre del 2013,
y eso significa nuevos retrasos en las medidas propuestas en el punto 2,
sobre la aprobación de los planes de gestión de riesgo de inundaciones,
puesto que son medidas sucesivas, unas relacionadas con las otras.

Por lo tanto, nos da la sensación de que el Grupo Popular
trae una propuesta recogiendo cuestiones que ordena la directiva, por lo
que tampoco requieren otra resolución más solemne, para justificar un
trabajo que no se está haciendo.

Sin embargo, en nuestra enmienda proponemos una serie de
medidas. En primer lugar, recibimos con buen talante que el Grupo Popular
incorpore estas propuestas, que hace año y medio rechazó, y lo
valoraremos en nuestra decisión sobre el posicionamiento en esta moción.
Pero no solo es necesario hacer planes sobre el papel, sino llevar a cabo
actuaciones decididas, y para eso hay planes de actuación relativos a la
restauración de riberas de los ríos, en concreto, planes para 2009-2015,
y hasta esa fecha hay que continuar actuando. Y eso se hace manteniendo
las dotaciones presupuestarias necesarias y dando prioridad a las zonas
de peligrosidad y en riesgo de inundación. Ya veremos lo que ocurre este
año, pero cada año el Partido Popular ha recortado 1000 millones en
actuaciones hidráulicas.

Nosotros insistimos en que la mejor forma de mejorar la
protección en el caso de los daños agrarios son los seguros. Insistimos
en que estos se tengan en cuenta. Cuando se recuperen infraestructuras,
habrá que hacerlo de forma que no dañen ni agraven los efectos de las
inundaciones. Por otro lado, hay que reducir los obstáculos que existen
en las cuencas hidrográficas y actuar con planificación para evitar la
ocupación repetida de zonas de riesgo, incluso con actuaciones de
realojamiento de las instalaciones que existen en esos cauces. Por tanto,
se trata de llevar a cabo actuaciones previstas por el Gobierno anterior,
como el Plan de conservación del dominio público, e incluir en las
previsiones los nuevos riesgos derivados de los efectos del cambio
climático, que en España son especialmente graves. En este sentido, hace
poco un estudio de un instituto de la Universidad de Cantabria hablaba de
los graves riesgos para el litoral español. Señorías, también echamos de
menos que el Grupo Popular no tenga en cuenta las actuaciones y las
consecuencias de las inundaciones en el litoral.

En todos esos sentidos formulamos nuestra enmienda.

Nada más. Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Para indicar si acepta o no la enmienda presentada, tiene
la palabra el senador Aparici, del Grupo Popular.

El señor APARICI MOYA: Muchas gracias, señora
presidenta.

Señor Fidalgo, empezaré negando la mayor. Cuando le he oído
hablar he pensado que a lo mejor yo no había leído bien la directiva, y
la he vuelto a leer. En el Capítulo IV, punto 5, se dice: Los Estados
miembros velarán por que los planes de gestión de riesgo de inundación se
hayan finalizado y publicado a más tardar el 22 de diciembre de 2015. Y
eso es exactamente lo que pide la moción: instar al Gobierno a que se
cumpla la directiva. Por tanto, mal vamos cuando el primer planteamiento
de su defensa es absolutamente incorrecto. Repito que eso es lo que
indica la directiva, no me lo invento yo. De todas formas, ya he dicho
antes que este es un tema que planteamos para hablar, dialogar y llegar a
un consenso; no buscamos ningún tipo de enfrentamiento, y yo, desde
luego, no lo voy a hacer.

Usted sabe, porque lo hablamos ayer, que he leído
detenidamente su enmienda. La he leído y releído, y si usted ha atendido
a mi intervención verá que casi todas las cuestiones que plantea las he
ido explicando y, efectivamente, están previstas en la mayoría de los
planes que figuran en el texto y el cuerpo de la moción.

En cuanto a la Ley de costas, introduce una serie de
planteamientos sobre el cambio climático que no había anteriormente; por
tanto, la nueva Ley de costas no deja al albur, como dice usted, los
efectos del cambio climático y otras cuestiones en la costa española. En
las enmiendas, que fueron introducidas en el Senado, a esa nueva ley
figura esta cuestión.

Por tanto, no estoy en desacuerdo con lo que propone la
enmienda, pero repito que las cuestiones que en ella se contemplan están
ya recogidas en el cuerpo, en el texto y en los planes que plantea la
moción. Y, solo por eso, no por estar en desacuerdo, no la vamos a
aceptar.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

Entramos en turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

No hace uso de la palabra.

Por el Grupo Vasco en el Senado, tiene la palabra el
senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Señora presidenta, señorías, voy
a intentar ser breve, porque el día va a ser muy largo.

Tenemos una moción del Grupo Popular que esencialmente
viene a decirnos, una vez más, que hagamos lo que ya se está haciendo; lo
que algunos, evidentemente, todavía tendrán que hacer, pero que en muchos
casos ya está hecho o está muy bien encaminado. Y hablaba ahora el
senador Aparici de que tiene que estar hecho antes del 21 de diciembre de
2015. Pero esta no es una cuestión que vayamos a decidir nosotros;
evidentemente, hay una directiva europea de obligado cumplimiento. No se
puede hacer otra cosa.

Señorías, las evaluaciones preliminares de riesgo de
inundación se hicieron en la comunidad autónoma vasca en el año 2012. En
estas EPRI se identifican 100 ARPSI —lo siento por las taquígrafas,
porque el acrónimo tiene su tela—, que son las áreas de riesgo
potencialmente significativas de inundación. Se hicieron 100 ARPSI en
toda la comunidad autónoma; también en el año 2012. Se realizaron las
cartografías de inundabilidad de estas 100 zonas, que en las cuencas
intracomunitarias, dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco, fueron
sometidas al trámite de autorización en el año 2013 y aprobadas
definitivamente en diciembre del mismo año. En las cuencas
intercomunitarias, esto es, aquellas cuencas que corresponden a más de
una comunidad autónoma, la confederación hidrográfica las aprobó en el
mes de junio de este año. La Confederación del Ebro va retrasada en este
menester, como en otros muchos probablemente. Curiosamente, la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico hizo un reestudio por encima
del que ya había hecho la Agencia Vasca del Agua para ver lo que había
hecho una prestigiosa empresa de ingeniería, que usted conoce muy bien,
senador Aparici, y que sé que le gusta cómo trabaja. Lo reestudió, más
que nada, por si acaso las cosas estaban bien hechas —luego
hablamos de duplicidades y de no sé cuántas cosas más—, con un
dinero que probablemente a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico
tampoco tenga para tirar.

Una vez aprobados estos mapas se inicia la redacción de los
planes de gestión, que es el meollo de toda esta cuestión, pero que no se
pueden hacer si previamente no se han dado los 2

pasos anteriores. Y en esto nos encontramos: se tienen que
describir todas las actuaciones a llevar a cabo con sus respectivas
valoraciones de inversión—beneficio para poder priorizar aquellas
zonas que realmente tengan un mayor riesgo de inundabilidad y que estén
en zonas más vulnerables, algo que evidentemente también es muy
problemático.

Por tanto, en un breve plazo sabremos qué, dónde y cuándo
hay que actuar. Pero hará falta financiación, señorías, y hará falta
mucha porque estas obras son muy caras. Lo que tendremos claro es quién
tiene que hacer la gestión porque ya estará recogido en los planes de
gestión, pero lo que tenemos que aclarar es quién se hace cargo de la
financiación, y de eso, señorías, no se dice nada en esta moción. Y es
algo que echamos en falta, porque una moción de la oposición puede no
hablar de financiación, puede invitar sin preocuparse de quién paga la
ronda; para eso es la oposición. Pero una moción del grupo que sustenta
al Gobierno debería especificar mínimamente cuáles son sus intenciones y
cuántos euros van a empeñar para que estas se cumplan. En cambio, una vez
más, senador Aparici —y sé que usted lo hace con buena intención y
además con una solvencia técnica importante—, tenemos delante una
moción que dispone que se hagan cosas que ya se están haciendo y que
además se deben hacer. Una vez más se dispone que se hagan cosas, no ya
sin que se concrete, sino sin que se mencione la necesidad de financiar
las actuaciones derivadas de lo que se propone.

Una vez más es una moción de intenciones; una vez más,
intenciones sin concreciones; y una vez más, deberes para los demás sin
compromiso de financiación.

Por todo esto, senador Aparici, una vez más nosotros nos
vamos a abstener. No podemos decir que no, porque, evidentemente, es algo
que hay que hacer porque lo dice una directiva, y no, como usted bien le
ha dicho al senador Fidalgo, porque esta Cámara decida hacerlo o no. Lo
que esta Cámara tendrá que decidir es cómo prioriza y, si prioriza,
cuánto dinero va a destinar a esa priorización. Y eso en este caso no lo
vemos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la
palabra el senador Bruguera.

El señor BRUGUERA BATALLA: Gràcies, senyora presidenta. Bon
dia, senyories.

Les inundacions són catàstrofes naturals de difícil
previsió, que es produeixen com a conseqüència d’intenses pluges,
de pluges torrencials, temporals de mar, etcètera. No es poden evitar,
evidentment, però sí que es poden preveure, i per tant, aplicant
polítiques de prevenció, minimitzar al màxim possible els seus
efectes.

Sense anar més lluny, aquest darrer cap de setmana hem
tingut intensíssimes pluges a Catalunya que han afectat tant propietats
privades com infraestructures públiques, i n’han sortit
especialment perjudicades les comarques de Girona, la província de
Girona, i molt concretament l’estació del tren d’alta
velocitat de Girona. Avui, tres dies després de les pluges, encara no
s’ha pogut restablir el servei d’alta velocitat entre Girona
i Figueres.

Com ja s’ha dit, no és la primera vegada que parlem
en aquesta Cambra d’instar el Govern a tirar endavant polítiques i
mesures sobre la prevenció d’inundacions. Com també s’ha dit,
la darrera va ser l’any passat, el 10 d’abril del 2013. En
aquella ocasió, el portaveu del meu grup parlamentari, de l’Entesa,
el senyor Joan Sabaté, començava la seva intervenció amb aquestes
paraules, i cito textualment: «Seria sorprenent la seva proposta si no
fos perquè és habitual en el Grup Parlamentari Popular presentar
propostes demanant al Govern que faci allò que forma part de les seves
obligacions legals, de les seves obligacions de gestió d’un
Govern».

També, com avui, l’any passat es tractava d’una
moció del Partit Popular, i en aquella ocasió s’instava el Govern,
a través d’aquesta moció, bàsicament a netejar les lleres dels
rius.

Més enllà d’altres consideracions sobre aquesta
—si em permeten, i entre cometes— imaginativa proposta, la
pregunta és: i què s’ha fet des d’aleshores, des de fa un any
i mig ençà respecte de la moció que es va aprovar en aquesta Cambra?
Doncs la resposta és evident. Senyories, no s’ha fet res. Bé, sí,
s’han fet coses: continuar retallant en els Pressupostos Generals
de l’Estat d’una manera sistemàtica els anys 2012, 2013 i
2014, en polítiques de protecció civil, d’infraestructures
hidràuliques, d’infraestructures hidrològiques, o en els programes
de gestió d’infraestructures del aigua. Algunes d’aquestes
partides s’han vist reduïdes en un 50% respecte de les previsions
de l’últim Govern socialista, l’any 2011.

Doncs bé, malauradament, senyories, aquestes paraules del
company Sabaté avui també són perfectament vigents per qualificar i
resumir el contingut concret de la moció que ens presenta el Grup
Parlamentari Popular. Perquè aquesta moció continua demanant al Govern
—s’ha dir, i jo ho reitero— que faci allò que ja està
obligat a fer. I, a més a més, en el cas que ens ocupa, demostrant a
través de la seva moció que s’està incomplint el contingut de
determinats preceptes legals. Vostès reclamen reiteradament el contingut
de les lleis i les normes —ahir mateix ho va fer el president del
Govern— i nosaltres hi estem d’acord. Però, senyories,
s’han de complir totes les lleis i totes les normes; no només
aquelles que els convenen a vostès.

Sobre el tema que ens ocupa, tenim tres antecedents des del
punt de vista normatiu i legislatiu, com s’ha dit. La Directiva 60
de 23 d’octubre del 2007, del Parlament Europeu i del Consell,
sobre l’Avaluació i Gestió de les Inundacions. En segon lloc, la
transposició d’aquesta directiva al nostre ordenament jurídic, que
es va realitzar a través del Reial Decret 903, de 9 de juliol del 2010,
d’Avaluació i Gestió de Riscos d’Inundacions. És a dir,
Govern socialista; és a dir, herència Zapatero. I en tercer lloc, el Pla
Estatal de Protecció Civil davant el Risc d’Inundacions, que es va
aprovar el 2 d’agost del 2011. És a dir, Govern socialista i, per
tant, herència Zapatero. Des d’aleshores, senyories, poca cosa més,
o res més. Cap més actuació; cap més mesura; cap més acció encaminada a
donar compliment a la directiva i al reial decret. Excepte, això sí, les
retallades que he comentat.

La part dispositiva de la moció que ens presenta el Grup
Parlamentari Popular consta de quatre punts. El primer punt demana
finalitzar l’elaboració dels mapes de perillositat i risc
d’inundacions de les àrees de risc potencial. Bé, fantàstic. Molt
bé, si no fos perquè vostès ja estan fora de termini. No només la
directiva, sinó també el reial decret, exigeixen que aquesta feina
s’havia d’haver finalitzar abans del 22 de desembre del 2013.
Porten gairebé un any de retard, i a més, a la moció no fixen cap termini
concret per acabar aquests mapes. I senyor Aparici, sí que ens hem llegit
la directiva, i en aquest cas —i l’hi llegiré perquè vostè
només llegeix el que l’interessa—, la directiva diu: «Los
Estados miembro velarán por que los mapas de peligrosidad por
inundaciones y los mapas de riesgo de inundación estén finalizados, a más
tardar, el 22 de diciembre de 2013». Per tant, porten gairebé un any de
retard.

El segon punt de la seva moció demana al Govern que aprovi,
abans del 22 de desembre del 2015, els Plans de Gestió del Risc
d’Inundacions de totes les demarcacions hidrogràfiques. Molt bé,
fantàstic. Almenys en aquest cas sí que posen data. El que passa és que
aquesta data ja la fixen la directiva i el reial decret. Per tant, res de
nou. El que esperem, en tot cas, és que ho facin i que compleixin.

El tercer punt demana completar les feines encomanades pel
Pla Especial de Protecció Civil davant del Risc d’Inundacions, com
s’ha comentat abans. Aquest pla es va aprovar el 2011 i, pel que
nosaltres sabem, el més calent és a l’aigüera, o dit d’una
altra manera, res de res.

I finalment, el quart i darrer punt de la moció demana la
finalització dels plans de coordinació i suport que permetran respostes
més ràpides i coordinades per part de les autoritats competents davant de
les emergències per inundacions. És a dir, el Grup Parlamentari Popular
ens proposa que instem el Govern a finalitzar una cosa que, si
s’insta a que es finalitzi és perquè ja s’ha començat i
s’està fent. Fantàstic, molt bé, endavant. Però cap novetat.

Aquesta moció, senyories, no aporta res de nou. Cap
iniciativa no prevista, cap iniciativa no contemplada fins ara. Cap
compromís concret des del punt de vista econòmic ni des del punt de vista
pressupostari. Estem d’acord amb el que proposa el Grup
Parlamentari Popular, entre altres raons, perquè és el que diu la
directiva europea i el que diu el reial decret aprovat el 2011 pel Govern
socialista. I vostè, per argumentar la no acceptació de les esmenes que
proposa el Grup Parlamentari Socialista, diu que no les accepten perquè
allò que proposa el senyor Fidalgo ja està previst. Per la mateixa raó,
està absolutament previst tot el que vostès proposen; amb retard respecte
dels terminis que s’havien de complir. Per tant, si estem davant
d’una moció que no aporta res de nou, acceptin les esmenes que
presenta el Grup Parlamentari Socialista i acabem la festa en pau. Lo que
abunda no daña, senyor Aparici. En tot cas, si no és així, malauradament,
la voluntat d’arribar a un acord per part del Grup Parlamentari
Popular haurà quedat manifesta, i per tant, el nostre grup parlamentari,
l’Entesa, no donarà suport, no votarà afirmativament a aquesta
moció, no tant perquè no hi estiguem d’acord, que hi estem, sinó
per posar sobre la taula la

ineficàcia pràctica d’aquesta moció, i més si no
s’accepten les esmenes presentades pel Grup Socialista.

Moltes gràcies.

Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.

Las inundaciones son catástrofes naturales de difícil
previsión, que se producen como consecuencia de intensas lluvias, de
lluvias torrenciales, temporales de mar, etcétera. No se pueden evitar,
evidentemente, pero sí se pueden prever y, por tanto, aplicando políticas
de prevención, minimizar lo máximo posible sus efectos.

Sin ir más lejos, este último fin de semana hemos tenido
intensísimas lluvias en Cataluña que han afectado tanto a propiedades
privadas como a infraestructuras públicas, y han resultado especialmente
perjudicadas las comarcas de la provincia de Girona y, muy concretamente,
la estación del tren de alta velocidad de la ciudad. Hoy, 3 días después
de las lluvias, no se ha podido restablecer aún el servicio de alta
velocidad entre Girona y Figueras.

Como ya se ha dicho, no es la primera vez que hablamos en
esta Cámara de instar al Gobierno a sacar adelante políticas y medidas
sobre la prevención de inundaciones. También se ha dicho que la última
fue el año pasado, el 10 de abril de 2013. En aquella ocasión, el
portavoz de mi grupo parlamentario, la Entesa, el señor Joan Sabaté,
comenzaba su intervención con estas palabras, y cito textualmente: Sería
sorprendente su propuesta, si no fuera porque es habitual en el Grupo
Parlamentario Popular presentar propuestas pidiendo al Gobierno que haga
lo que forma parte de sus obligaciones legales, de sus obligaciones de
gestión de un Gobierno.

Al igual que hoy, también el año pasado se trataba de una
moción del Grupo Popular, y en aquella ocasión básicamente se instaba al
Gobierno a limpiar los lechos de los ríos.

Más allá de otras consideraciones sobre esta —si me
lo permiten, entre comillas— imaginativa propuesta, la pregunta es
¿qué se ha hecho desde entonces, desde hace un año y medio, con respecto
a esa moción que se aprobó en esta Cámara? La respuesta es evidente: no
hemos hecho nada. Bueno, sí se han hecho cosas: seguir recortando en los
presupuestos generales del Estado de forma sistemática, en los años 2012,
2013 y 2014, en políticas de protección civil, infraestructuras
hidráulicas, infraestructuras hidrológicas, o en los programas de gestión
de infraestructuras del agua. Algunas de estas partidas se han visto
reducidas en un 50% con respecto a las previsiones del último Gobierno
socialista en el año 2011.

Así pues, estas palabras del compañero hoy son
completamente vigentes para cualificar y resumir el contenido concreto de
la moción que nos presenta el Grupo Parlamentario Popular, porque esta
moción sigue pidiendo al Gobierno —ya se ha dicho y lo
reitero— que haga lo que ya está obligado a hacer. Y, además, en el
caso que nos ocupa, a través de su moción se demuestra que se está
incumpliendo el contenido de determinados preceptos legales. Ustedes
reclaman reiteradamente el cumplimiento de las leyes y de las normas
—ayer mismo lo hizo el presidente del Gobierno—, y nosotros
estamos de acuerdo. Pero, señorías, hay que cumplir todas las leyes y
todas las normas, no solo aquellas que les convienen a ustedes.

En cuanto al tema que nos ocupa, existen tres antecedentes
desde el punto de vista normativo y legislativo. En primer lugar, la
Directiva 60, de 23 de octubre de 2007, del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre la evaluación y gestión de las inundaciones. En segundo
lugar, la trasposición de esa directiva a nuestro ordenamiento jurídico,
que se realizó, como también se ha comentado, a través del Real Decreto
903, de 9 de julio de 2010, de evaluación y gestión de riesgos de
inundaciones; es decir, Gobierno socialista y, por tanto, herencia
Zapatero. Y, en tercer lugar, el Plan estatal de protección civil ante el
riesgo de inundaciones, que se aprobó el 2 de agosto de 2011; es decir,
Gobierno socialista y, por tanto, herencia Zapatero. Desde entonces,
señorías, poco o nada más. No ha habido ninguna otra actuación, ninguna
otra medida, ninguna otra acción encaminada a dar cumplimiento a la
directiva y al real decreto, salvo, eso sí, los recortes que he
comentado.

La parte dispositiva de la moción que nos presenta el Grupo
Parlamentario Popular consta de 4 puntos. El primer punto pide finalizar
la elaboración de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundaciones de
las áreas de riesgo potencial. Bien; fantástico, muy bien, si no fuera
porque ustedes ya están fuera de plazo, porque, no solo la directiva,
sino también el real decreto, exigen que esta labor debiera haber
finalizado antes del 22 de diciembre de 2013. Llevan casi un año de

retraso, y además en la moción no se fija ningún plazo
concreto para acabar estos mapas. Y, señor Aparici, sí que nos hemos
leído la directiva, que en este caso —se lo leeré, porque usted
solo lee lo que le interesa— dice: Los Estados miembros velarán
porque los mapas de peligrosidad por inundaciones y los mapas de riesgo
de inundación estén finalizados a más tardar el 22 de diciembre de 2013.
Por tanto, llevan cerca de un año de retraso.

El segundo punto de la moción pide al Gobierno que apruebe,
antes del 22 de diciembre de 2015, el plan de gestión de riesgos de
inundación, los planes de todas las demarcaciones hidrográficas. Muy
bien, fantástico. Al menos en este caso sí fijan una fecha, lo que pasa
es que esta fecha ya la fijan la directiva y el real decreto. Por tanto,
nada nuevo. Lo que esperamos, en todo caso, es que lo hagan y que
cumplan.

El tercer punto pide completar las labores encomendadas por
el Plan especial de protección civil ante el riesgo de inundaciones, como
he comentado antes. Pues bien, este plan se aprobó en 2011 y, por lo que
nosotros sabemos, sigue todavía sin hacerse. Dicho de otro modo, nada de
nada.

Y el cuarto y último punto de la moción pide la
finalización de los planes de coordinación y apoyo, que permitirán
respuestas más rápidas y coordinadas por parte de las autoridades
competentes ante las emergencias por inundaciones. Es decir, el Grupo
Parlamentario Popular nos propone que instemos al Gobierno a finalizar
una cosa, y si se insta a que se finalice es porque ya se ha empezado y
se está haciendo. Fantástico, muy bien, adelante, pero ninguna
novedad.

Esta moción, señorías, no aporta nada nuevo, ninguna
iniciativa no prevista, ninguna iniciativa no contemplada hasta ahora,
ningún compromiso concreto desde el punto de vista económico y
presupuestario. Estamos de acuerdo con lo que propone el Grupo
Parlamentario Popular, entre otras razones, porque es lo que dicen la
directiva europea y el real decreto aprobado en 2011 por el Gobierno
socialista. Y usted, para argumentar la no aceptación de las enmiendas
que propone el Grupo Parlamentario Socialista, dice: No, no las aceptamos
porque lo que propone el señor Fidalgo ya está previsto. Por la misma
razón, está absolutamente previsto todo lo que ustedes proponen, con
retraso respecto de los plazos que debían cumplirse. Por lo tanto, si
estamos ante una moción que no aporta nada nuevo, acepten las enmiendas
que presenta el Grupo Parlamentario Socialista y tengamos la fiesta en
paz. Lo que abunda no daña, señor Aparici. En todo caso, si no es así,
lamentablemente, la voluntad de llegar a un acuerdo del Grupo
Parlamentario Popular habrá quedado manifiesta y, por tanto, el Grupo
Parlamentario de la Entesa no va a votar afirmativamente esta moción, no
tanto porque no estemos de acuerdo con ella, porque lo estamos, sino para
poner sobre la mesa lo que nosotros consideramos su ineficacia práctica,
y más si no se aceptan las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maluquer.

El señor MALUQUER FERRER: Gracias, señora presidenta.
Buenos días.

En principio, el sentido del voto de mi grupo que les voy
intentar explicar y razonar será el de la abstención.

Bàsicament per què? Perquè, com han dit altres oradors, és
una moció bonista, una moció que posa sobre la taula allò que ja
s’està fent des de les diferents administracions i que,
d’alguna manera, insisteix en coses que ja estan funcionant i
algunes que no estan funcionant prou bé. Però de tota manera no ens
explica quants diners posarà damunt de la taula. I això fa que, a la
llarga, acabem tenint que, per part de les administracions autonòmiques o
les diferents administracions que intervenen en els plans de protecció
civil, que fan la feina o que ja l’han feta, l’únic que els
comporti és haver de cedir les seves dades i després no rebre a canvi res
més que aquesta suposada sistematització general per tal de prevenir uns
riscos que no poden ser tractats de manera global, sinó que s’han
de tractar cas per cas. Això es va poder demostrar en les inundacions a
la Vall d’Aran l’any 2013, on l’alerta de risc es va
donar primer pel Centre d’Emergències de la Generalitat, en
col·laboració amb el Consell General de l’Aran, sense tenir la
informació que li havia de facilitar l’organisme de conca. Això sí
que ho hem de millorar, perquè al final, quan hem

de prevenir aquest risc d’inundació, hi ha moments
que no es pot fer. Al meu país veig que tenim moltes avingudes per
rierades que són imprevisibles una hora abans que es produeixin. Per
tant, per més sistemes que vulguem posar sobre la taula, si això no ha
anat acompanyat d’un urbanisme adequat, sempre arribarem tard.

També volia fer una valoració no tant des del punt de vista
de la protecció civil sinó també des del punt de vista ambiental.
Inicialment, en la redacció del preàmbul de la moció, voldria matissar,
senyor Aparici, que si bé és cert que les inundacions són, d’acord
amb l’anàlisi de les dades del Consorci de Compensació
d’Assegurances i altres fonts, un dels riscos amb major impacte a
l’Estat pel que fa als danys a béns, i fins i tot mortalitat, no és
cert que no es puguin evitar. Perquè les inundacions són un fenomen
natural, i sí que es poden evitar. Per tant, que només es puguin
gestionar a través de mesures per reduir i mitigar el seu impacte en la
mesura que sigui possible, em sembla una mica pobre. Perquè jo penso que
les inundacions en si mateixes no constitueixen un problema, sinó que és
l’ocupació per part de l’activitat humana de les zones
inundables; zones que, en la major part dels casos, estan identificades
en les anàlisis de risc disponibles, fonamentades en estudis hidràulic i
hidromorfològics i en dades històriques. Cal, per tant, focalitzar el
problema i la gestió en compatibilitzar les activitats humanes amb la
inundabilitat dels diferents territoris, i no relaxar les mesures
preventives a canvi d’una gestió basada en el campi qui pugui i en
una suposada capacitat d’avís a la població abans de les riuades;
sobretot perquè sovint són sobtades i de difícil detecció i avís a temps,
com li deia abans.

També ho ha comentat el senador Bruguera: a Girona hem
construït una estació modèlica per a l’AVE, que ens ha de connectar
amb Madrid, però la gent del meu territori, a l’Empordà, en aquest
moment ja som independents perquè no ens podem comunicar amb Madrid.
Podem seguir anant a París, perquè a partir de Girona sí que les vies
estan ben projectades i no s’inunden, però a Girona no ens
comuniquem amb la resta del país perquè aquesta infraestructura no va
estar ben dissenyada, com han demostrat aquests últims aiguats que han
provocat l’aturada, per tercer dia consecutiu, de l’estació
del tren d’alta velocitat. (El senyor vicepresident, Lucas Giménez,
ocupa la Presidència).

Quatre reflexions més. La directiva es va transposar a
l’ordenament jurídic espanyol a través del Reial Decret 903/2010,
d’Avaluació i Gestió del Risc d’Inundació, que estableix la
figura dels Plans de Gestió del Risc d’Inundació. Aquests plans han
d’incloure els aspectes de gestió del risc d’inundació, tal
com s’ha indicat abans. La gestió del risc d’inundació no es
pot focalitzar exclusivament en la intervenció i mitigació de les
emergències, sinó en tot un seguit de vessants, com ara la gestió dels
riscos greus, que inclou previsió, prevenció, planificació, intervenció,
informació, formació i rehabilitació, entre altres aspectes. Els plans
han d’incloure la correcció de totes aquelles situacions actuals on
el risc no és assumible, com per exemple, l’existència de càmpings
en zones de flux preferent i zones amb alta probabilitat
d’inundació. Suposo que aquesta és la voluntat, de buscar aquests
sistemes d’avís, d’alerta, etcètera.

Però jo li vull insistir que, sobretot en el seu punt
tercer, quan vostès parlen de «completar las tareas encomendadas por el
Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones y
redactar los planes de alerta de meteorología e hidrología, establecer la
red de alerta temprana que resulte necesaria para una adecuada gestión de
este tipo de emergencias», li diria que el reial decret no parla de xarxa
d’alerta ràpida, sinó que parla de sistemes d’alerta. I no
m’agradaria que caiguéssim en allò de sempre, que aquests sistemes
d’alerta han de tenir les característiques de les subconques, i per
tant, cal defugir de crear una xarxa d’alertes global i
centralitzada en els organismes de conca o en l’administració
central de l’Estat, ja que no s’adaptaria a les
característiques dels territoris i dels seus organismes.

Per contra, la nostra proposta —que deixo sobre la
taula perquè es tingui present— seria que caldria canalitzar
aquests sistemes d’alerta a través d’organismes de protecció
civil de les comunitats autònomes, en especial en els casos en què ja
s’estan executant aquests avisos, com ara a Catalunya, a través del
seu Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, de protecció civil. Cal
instar a desenvolupar i implantar sistemes tecnològics de teledetecció
que permetin, en cada cas, agilitzar els avisos necessaris a partir de la
combinació, d’una banda, de les aportacions d’aigua, la
predicció i observació tant de les precipitacions com del desgel, i de
l’altra, dels cabals mesurats a les conques, ja que constatem que
existeix un dèficit gran en aquesta matèria, com es

va poder comprovar —com els he dit al principi—
en els diferents episodis d’inundacions de l’any 2013 a la
Vall d’Aran.

Per tant, doncs, amb la voluntat de constatar que cal
avançar en aquests aspectes per tal que els òrgans de protecció civil
rebin de forma automàtica, per part dels organismes de conca, la
informació amb relació a possibles inundacions, per tal d’executar
els avisos, fins al moment, no es disposa d’aquestes veritables
eines implantades per tal de realitzar aquesta teledetecció de forma
acurada, tot i que existeixen eines i conclusions vinculades a diferents
projectes europeus finançats per la Unió Europea en el marc dels
programes de protecció civil, com és el cas d’IMPRINTS, on hi ha
participat, d’altra banda, la Generalitat de Catalunya. És
necessari, doncs, desenvolupar aquestes eines de forma adaptada a les
subconques, i a l’abast dels organismes de protecció civil, a banda
de complir amb el que estableix la directiva europea. Em sembla molt bé
que es vulgui posar sobre la taula per dir que anem treballant, que cal
posar l’accent sobre això i que no tornem a tenir un episodi, no
d’una avinguda per una inundació d’aigua, sinó com els va
passar als habitants de Pompeia o d’Herculà, que vingui una pluja
de cendres o de fang produïda per un volcà indetectable, i que les
nostres poblacions quedin afectades per coses que no hem fet bé a
l’hora de planificar el nostre territori.

Per tot això, senyor Aparici, tot i reconèixer-li
l’esforç i la voluntat d’aixecar la mà i de dir que som aquí
i que volem donar aquest enfocament ambiental als plans de protecció
civil, i intentar sensibilitzar les altres administracions i els altres
organismes que s’ocupen de la planificació territorial, el meu grup
ha pres la decisió de manifestar la seva abstenció en la votació
d’aquesta moció.

Moltes gràcies i bon dia.

¿Básicamente, por qué? Porque, como se ha dicho por otros
intervinientes, la moción pone sobre la mesa lo que ya se está haciendo
en las distintas administraciones y viene, de algún modo, a insistir en
cosas que ya están funcionando y en algunas que no están funcionando lo
bastante bien. En cualquier caso, no explica cuánto dinero se va a poner
sobre la mesa y eso implica que, a la larga, las administraciones
autonómicas, o las distintas administraciones que intervienen en los
planes de protección civil que hacen el trabajo o que ya lo han hecho,
tengan que ceder sus datos y no recibir a cambio más que esta supuesta
sistematización general para prevenir unos riesgos que no pueden ser
tratados de forma global, sino que deben tratarse caso por caso, como se
pudo demostrar en las inundaciones del Valle de Arán en el año 2013,
donde la alerta de riesgo se dio, primero, por el Centro de Emergencias
de la Generalitat, en colaboración con el Conseil General del Valle de
Arán, sin tener la información que debía facilitarle el organismo de
cuenca. Y eso sí que tenemos que mejorarlo porque, al final, cuando hay
que prevenir este riesgo de inundación hay momentos en que no se puede
hacer. En mi país tenemos muchas avenidas por riadas que son
imprevisibles una hora antes de que se produzcan. Por tanto, por más
sistemas que queramos poner sobre la mesa, si esto no va acompañado de un
urbanismo adecuado, siempre llegaremos tarde.

También quería hacer una valoración no tanto desde el punto
de vista de protección civil como desde el punto de vista ambiental.
Querría, por tanto, matizarle, señor Aparici, algo que inicialmente se
dice en la redacción del preámbulo de la moción, y es que si bien es
cierto que las inundaciones son, de acuerdo con el análisis de los datos
del consorcio de compensación de seguros y otras fuentes, uno de los
riesgos de mayor impacto en el Estado en cuanto a daños a bienes e
incluso mortalidad, no es cierto que no se puedan evitar, porque las
inundaciones son un fenómeno natural y sí que se pueden evitar. Que se
diga que solo se puede gestionar con medidas para mitigar su impacto en
lo posible me parece algo pobre, porque creo que las inundaciones en sí
mismas no constituyen un problema, sino que el problema está en la
ocupación humana de las zonas inundables, zonas que en la mayoría de los
casos están identificadas en los análisis de riesgo disponibles,
fundamentadas en estudios hidráulicos e hidromorfológicos y en datos
históricos. Hace falta, por lo tanto, focalizar el problema y la gestión
en compatibilizar las actividades humanas con la inundabilidad de los
distintos territorios y no relajar las medidas preventivas a cambio de
una gestión basada en que cada uno haga lo que pueda y en una supuesta
capacidad de aviso a la población antes de las riadas, sobre todo porque
a menudo estas son repentinas y de difícil detección y, como decía antes,
no se puede avisar a tiempo.

Lo ha dicho también el senador Bruguera, en Girona hemos
construido una estación modélica para el AVE que debe conectarnos con
Madrid. Pero la gente de mi territorio, del Empordà, en este momento ya
es independiente porque no se puede comunicar con Madrid. Podemos ir a
París, porque a partir de Girona sí que están bien proyectadas las vías y
no se inundan, pero en Girona no nos comunicamos con el resto del país
porque esta infraestructura no fue bien diseñada, como han demostrado
estos últimos aguaceros, que han provocado, por tercer día consecutivo,
que no funcione la estación del tren de alta velocidad. (El señor
vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la Presidencia).

Cuatro reflexiones más. La directiva se traspuso al
ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 903/2010, de
evaluación y gestión del riesgo de inundación, que establece la figura de
los planes de gestión del riesgo de inundación. Estos planes deben
incluir los aspectos de gestión del riesgo de inundación, tal como se ha
indicado antes. La gestión del riesgo de inundación no se puede focalizar
exclusivamente en la intervención y mitigación de las emergencias, sino
en una serie de vertientes, como la gestión de los riesgos graves, que
incluye prevención, planificación, intervención, información, formación y
rehabilitación, todos estos aspectos, entre otros; y los planes deben
incluir la corrección de todas las situaciones actuales donde el riesgo
no es asumible, por ejemplo, la existencia de campings en zonas de flujo
preferente y zonas con alta probabilidad de inundación. Supongo que esa
es la voluntad, buscar estos sistemas de aviso, de alerta, etcétera.

En su punto tercero, ustedes hablan de «completar las
tareas encomendadas por el Plan Estatal de protección civil ante el
riesgo de inundaciones y de redactar los planes de alerta de meteorología
e hidrología, así como establecer la red de alerta temprana que resulta
necesaria para una adecuada gestión de este tipo de emergencias», y yo le
diría que el real decreto no habla de red de alerta temprana, sino de
sistemas de alerta. Porque no me gustaría que cayéramos en lo de siempre
y que estos sistemas de alerta tuvieran las características de las
subcuencas y se creara un sistema de alertas global, centralizado en los
organismos de cuenca o en la Administración central del Estado, porque
eso no se adaptaría a las características de los territorios y de sus
organismos. Hay que huir de eso.

Por el contrario, nosotros proponemos —y lo dejo aquí
sobre la mesa para que se tenga en cuenta— que sería necesario
canalizar estos sistemas de alerta a través de organismos de protección
civil de las comunidades autónomas, en especial en los casos en que ya se
están ejecutando estos avisos, como es el caso de Cataluña, a través de
su Centro de Coordinación Operativa de Protección Civil. Hay que instar a
desarrollar e implantar sistemas tecnológicos de teledetección que
permitan en cada caso agilizar los avisos necesarios a partir de la
combinación, por una parte, de las aportaciones de agua, predicción y
observación, tanto de las precipitaciones como del deshielo, y, por otra,
los caudales medidos en las cuencas, ya que constatamos que existe un
déficit importante en esta materia, como se pudo comprobar, como les he
dicho al principio, en los distintos episodios de inundaciones de 2013 en
el Valle de Arán.

Por lo tanto, hay que avanzar en estos aspectos para que
los órganos de protección civil reciban de los organismos de cuenca de
forma automática la información relacionada con posibles inundaciones
para emitir los avisos. Hasta el momento no se dispone de estas
herramientas para poder realizar esta teledetección de forma precisa,
aunque existen herramientas vinculadas a distintos proyectos europeos
financiados por la Unión Europea en los programas de protección civil,
como es el caso de Imprints, en el que ha participado, por otro lado, la
Generalitat de Catalunya. Hay que desarrollar estas herramientas para
adaptarlas a las subcuencas y para que estén al alcance de los organismos
de protección civil, aparte de cumplir con lo que establece la directiva
europea, que me parece muy bien que se quiera poner sobre la mesa para
decir que hay que trabajar y hay que poner el acento sobre esto para que
no volvamos a tener un episodio, no ya de una avenida por una inundación
de agua, sino como el que ocurrió en Pompeya y Herculano, donde a sus
habitantes les cayó una lluvia de ceniza o de fango producidas por un
volcán indetectable, es decir, para que nuestras poblaciones no queden
afectadas por cosas que no hemos hecho bien en el momento de planificar
nuestro territorio.

Por todo ello, señor Aparici, aun reconociéndole la
voluntad de levantar la mano para decir que estamos aquí y queremos dar
este enfoque ambiental a los planes de protección civil para intentar
sensibilizar a las demás administraciones y a los demás organismos que se
ocupan de la

planificación territorial, mi grupo ha tomado la decisión
de manifestar su abstención en la votación de esta moción.

Muchas gracias y buenos días

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor Aparici, yo le agradezco que hoy tengamos
este debate y que utilicen su cupo para hablar de un tema que tiene el
foco de la atención pública cuando hay una catástrofe y, cuando esta
pasa, nos olvidamos de los riesgos graves con los que vivimos todos los
días. Ante el riesgo de inundación, la mejor actitud es la de mantener a
lo largo del tiempo una acción decidida y continuada. Es lo más
importante; la planificación de estas medidas debe acompañarse de la
intensificación de las acciones, si no, son esfuerzos baldíos que no van
a tener resultados; desde luego, con las suficientes dotaciones
económicas, con la cooperación de todas las administraciones y de la
sociedad civil, que, en estos casos juega un papel decisivo.

También valoramos positivamente que recojan en su
iniciativa propuestas que hace solo año y medio se despreciaron y no
fueron recogidas. Debo recordar que el Gobierno socialista afrontó, creo
que de una forma seria y coherente, una cuestión tan importante como
esta, en primer lugar, trabajando en la directiva en la Unión Europea y
desarrollándola luego aquí a través del Decreto 9/2008, después, con el
Decreto 903/2010, que aplica esa directiva y que es la base de su moción,
y, por último, con el Plan Estatal de protección civil ante el riesgo de
inundaciones, con los sistemas de información hidrológica, con los planes
anuales de conservación de cauces, que incluían eliminar obstáculos,
azudes obsoletos, restauración de riberas, con el Plan 2009-2015, de
restauración de riberas, que se cofinanciaba con fondos europeos,
etcétera; y, desde luego, cumpliendo el primer hito de esta directiva,
que era la identificación de zonas de riesgo en el año 2011 y poniendo
por primera vez en la historia de España un Plan Nacional de cartografía
de zonas inundables.

Por eso, saludamos que algunas de esas propuestas sean
recogidas, pero también le señalo que en la primera, en la que tiene que
ver con los mapas, el Gobierno va con retraso. La segunda, los planes de
gestión, aquella que tiene como horizonte diciembre de 2015, en mi
opinión también va a ir con retraso, porque una es sucesiva a la otra.
Por lo tanto, nosotros le criticamos que se olviden de las inundaciones
del litoral. Creo que tienen una cierta mala conciencia por la reforma de
la Ley de costas que favorece la ocupación de espacios que tienen riesgo
de inundación, riesgos que cada vez son más graves. Antes le recordaba el
estudio del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de
Cantabria, el informe C3E, que afirma que en España estas consecuencias
en el horizonte 2050 son muy graves. Estamos hablando de subidas del
nivel del mar de entre 40 y 60 centímetros en la Península, lo que
significa retrocesos en las playas y en el litoral costero de entre 20 y
40 metros. Se trata de un nuevo riesgo, del agravamiento de un riesgo
evidente que debemos recoger en nuestra acción política. Aparte de los
riesgos que ya tenemos de cambio climático, me temo que vamos a asumir
otro, y es que el autor material de la reforma de la Ley de costas pueda
ser el comisario del clima. Espero que la Unión Europea encuentre otros
candidatos más adecuados para ese cargo. A España le interesaría que así
fuera.

Por otra parte, debo señalar que esos planes deben
revisarse, lo dice la directiva, teniendo en cuenta el agravamiento de
las consecuencias del cambio climático, y debemos tomar en serio este
tema. Fíjese que hasta el nuevo rey, en su primer discurso ante Naciones
Unidas, alude a las consecuencias del cambio climático y hace una llamada
al mundo para que se aborde este tema con acciones decididas y en
serio.

Pero nosotros señalamos, porque las necesitamos, más
actuaciones. Todos los planes importantes no valen de nada si no se
plasman en actuaciones concretas; si se quedan en el papel, no valen de
nada. Nosotros hemos propuesto incorporar en esta moción, por ejemplo,
cuestiones concretas que ya existen, como los planes de restauración de
riberas; sin embargo, el Partido Popular los recorta cada año en los
presupuestos 1000 millones de euros con los que se podrían acometer
muchas actuaciones hidráulicas e hidrológicas. Pero eso no nos va a salir
gratis, lo acabaremos pagando de una forma u otra, como usted mismo ha
señalado.

Hemos apuntado la necesidad de trabajar en la extensión de
los seguros. No es posible, y debemos evitarlo, que el sistema normal de
cubrir los daños sea a través de los seguros; y no solo me refiero a los
agrarios, también al de aquellas instalaciones próximas a los cauces de
los ríos y la costa y a los que cubren todo tipo de actividad económica,
por ejemplo la turística.

Además, cuando existen ayudas ha de haber una regulación
estable. No puede ser —y en mi provincia lo hemos vivido estos
días— que, ante una inundación que produce daños agrarios, en unos
casos se conceda la ayuda y en otros no. Eso ha sucedido en el caso de
los incendios y con otras catástrofes meteorológicas. Por lo tanto, debe
haber una regulación estable que establezca actuaciones homogéneas; en
iguales circunstancias, ayudas similares.

Insistimos en utilizar la planificación, el urbanismo y la
ordenación territorial porque hay que evitar que las zonas de riesgo sean
sistemáticamente ocupadas, ya sea en el litoral de las riberas de los
ríos o en la costa. Por lo tanto, tenemos que acometer actuaciones
concretas, que cuestan dinero, para reubicar aquellas instalaciones que
corren riesgo, porque hay personas y actividades económicas en serio
riesgo.

Pero hay otros obstáculos: concesiones antiguas que ocupan
un cauce, estructuras mal diseñadas que hay que corregir o carreteras muy
próximas a los ríos que hacen de barrera y que agravan los resultados de
una crecida. Por ello es importante cambiar el criterio y rediseñar estas
infraestructuras cuando queden destrozadas, o sea, no volver a construir
el puente que hace de tapón en el río de la misma forma y con la misma
luz. Pensamos que estas cuestiones deberían ser recogidas.

En conclusión, me parece que ustedes proponen cuestiones
que no suponen ningún nuevo compromiso para el Gobierno, tan solo cumplir
una directiva. Algunas llevan bastante retraso, por lo que además
constatamos que el Gobierno llega con retraso a esta materia. Señor
Aparici, a mí no me preocupa que el Grupo Parlamentario Popular recoja en
su intervención algunas de las cuestiones que nosotros formulamos en la
enmienda, pero esta precisamente se formula para que se convierta en
acuerdo. Lo que a mí me convence es que una propuesta se convierta aquí
en resolución y acuerdo y no se quede solo en las intervenciones de los
distintos portavoces.

Pensamos que hay que adoptar las medidas que proponemos
porque cualquier día sucederán nuevos episodios, como los acaecidos estos
días pasados. Como estamos viendo, pasamos de una sequía a una inundación
en 24 horas y ello tiene unos efectos gravísimos. Nos da la sensación de
que con los recortes selectivos del Gobierno en materia de medioambiente
nada se ha hecho —se ha comprobado— en estos tres años y nada
se va a hacer en el año que queda, y a nosotros nos preocupa, porque algo
debemos hacer para paliar los efectos del cambio climático en los ríos y
en la costa.

Anuncio que nuestro voto no puede ser favorable. Las
medidas de estudio deben ser acompañadas con medidas de acción; si no,
son simplemente acuerdos estériles, y con eso a nosotros no nos
llega.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
senador Fidalgo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Aparici.

El señor APARICI MOYA: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, antes de nada quiero de verdad agradecer el tono
de todas y cada una de las intervenciones de este debate. (El señor
presidente ocupa la Presidencia). Decía al principio que se trataba de un
tema muy sensible y creo de verdad que hemos mantenido un tono que
corresponde efectivamente a esa sensibilidad y, además, se han dicho
cosas que creo que son importantes y con las que en muchos casos estoy
bastante de acuerdo.

Señor Cazalis, nosotros estamos también para fijar
prioridades. Creo que lo que hacemos hoy con esta moción, con todo el
derecho en esta Cámara, es indicarle al Gobierno que esta cuestión es
para nosotros una prioridad; ese es el objetivo de la moción, pero la
forma en que después se distribuya el presupuesto para lograr que ese
objetivo, que esa prioridad que marcamos aquí se cumpla por el Gobierno
será algo que el Gobierno deberá analizar. Nosotros le indicamos al
Gobierno lo que queremos que se haga, pero serán ellos los que deberán
decir cómo lo van a hacer y cómo lo van a establecer en el presupuesto.
Esta es un poco la idea de la moción y, por tanto, una vez más, la moción
pretende fijar prioridades.

Dicen que ya se establece en la directiva, pero es que aquí
no podemos proponer algo que esté en contra de la ley ni en contra de
ninguna normativa y, por lo tanto, cualquier cosa que propongamos se
encuadra en un marco legal, el que fuere; en consecuencia, eso no me
sirve como argumento. La moción intenta, efectivamente, decir al Gobierno
que para nosotros, para esta Cámara, eso es una prioridad y eso es lo que
estamos haciendo. Por tanto, esta es la respuesta que puedo dar a su
intervención.

Señor Bruguera, no sé si lo sabe pero 2013 ha sido el año
de los mapas; están todos planteados, todos hechos, salvo 1; es decir,
falta 1 de 25, señor Bruguera y, por lo tanto, es un incumplimiento
relativo. De lo que hablamos de verdad aquí es de los planes de gestión,
que la directiva dice que tienen que estar fijados para diciembre de 2015
y creo que sí lo van a estar porque, además, esta Cámara, el Senado, le
está indicando al Gobierno que para el Senado es una prioridad; y es
importante que lo hagamos porque entiendo que así el Gobierno tendrá que
aplicarse a esta tarea.

Por otro lado, señor Bruguera, me molesta que se desvirtúen
mis palabras, y se lo digo con toda cordialidad. No he dicho que no
acepte la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista porque ya lo estén
haciendo; quizá mi castellano no sea muy bueno y usted no me haya
entendido bien, pero he dicho que entiendo que lo que propone el Grupo
Parlamentario Socialista, en el cuerpo de la moción, en los acuerdos que
aquí vamos a tomar, ya está contemplado, que no es lo mismo que lo que
usted ha dicho aquí. Por lo tanto, se lo aclaro por si acaso no me había
entendido. Esto es exactamente lo que he dicho aquí.

Señor Maluquer, una vez más agradezco el tono de su
intervención y entiendo lo que usted ha dicho, pero también quiero
señalar que muchas de las cuestiones que aquí se realizan —como
usted ha dicho bien—, necesitan la finalización de los planes de
cuenca. Los planes hidrográficos de cuenca debieron estar finalizados en
2009 y no lo estuvieron; por lo tanto, no se puede correr más en estas
cuestiones cuando resulta que un elemento esencial de planificación, como
son los planes de cuenca, que sí que incumplen la directiva de agua de
una forma clara y rotunda —como se ha explicado muchas veces
aquí— no están terminados.

En cualquier caso, no he venido aquí a echar culpas a nadie
ni a hablar de herencias —tampoco lo he hecho—, porque creo
que en el pasado, en relación con esta cuestión, se han hecho cosas muy
bien, y lo tengo que decir, y he de estar de acuerdo con algunos aspectos
que ha señalado el señor Fidalgo, pero otros no se hicieron tan bien. Sin
embargo, esta no es la cuestión sino que en este momento queremos
terminar en 2015, como establece la directiva, y nos hubiera gustado
contar con la unanimidad del Senado para indicar esa prioridad absoluta
al Gobierno. Ustedes no quieren acompañarnos en esa fijación de
prioridades, en esa indicación, allá ustedes, tampoco quiero apuntar nada
más.

Señor Fidalgo, absolutamente de acuerdo: acción decidida y
continuada. No de acuerdo en una cosa: no utilice la palabra despreciar,
yo nunca en mi vida he despreciado ni despreciaré a nadie, ni ninguna
propuesta ni a ninguna persona; por tanto, si usted quiere, diga no
admitir, rechazar, pero me gustaría que retirara la palabra despreciar.
Aquí y en este grupo no he oído nunca a ningún compañero mío despreciar
ninguna propuesta ni a ninguna persona. Quiero que le quede muy claro
porque usted sabe con el tono con que siempre me dirijo a usted cuando
hablamos y cuando comentamos los temas.

Dice su señoría: Es que hasta el rey ha ido a la ONU a
hablar de cambio climático. ¡Es que en la ONU solo se hablaba de cambio
climático, no sé de qué querría usted que hablara el rey si iba a hablar
de eso! Pero fíjese si para nosotros el cambio climático es importante y
si es prioritario que en la Ley de costas —que a usted parece que
no le gusta mucho— el Grupo Popular aquí en el Senado introdujo
unas enmiendas todas enfocadas a la previsión del cambio climático en las
costas y ustedes votaron en contra, pero luego viene aquí y me dice que
para ustedes es muy importante el cambio climático. Y respecto a esa ley
que a usted le preocupa tanto —se lo anuncié hace un par de días y
se lo digo ahora—, ha tenido hace muy pocos días el informe del
Consejo de Estado, con un solo voto particular y luego alguien que se
adhirió. Fíjese usted si esa ley tiene consensos, si tiene importancia y
si tiene entidad incluso para los máximos representantes de un estamento
como el Consejo de Estado. Acaba de pasar hace muy poco y espero que muy
pronto el reglamento sea aprobado definitivamente por el Gobierno.

Y yo sí me alegraré de que Miguel Ángel Arias Cañete sea el
comisario; claro que me alegraré, porque yo lo prefiero a quien, por
ejemplo, dispuso poner en mi provincia 150 millones de euros en
desaladoras, cuando están las 2 absolutamente paradas. (Aplausos). Por lo
tanto, yo todavía prefiero bastante más a quien hace una política y una
gestión adecuada de los recursos ambientales y del cambio climático, como
usted conoce muy bien. Lo que pasa es que, claro, alguna chinita tenemos
que tirar, señor Fidalgo, y usted, una vez más, la tira. Yo sí defiendo y
yo sí espero, quiero y deseo que Miguel Ángel Arias Cañete sea el próximo
comisario, porque le irá bien a toda España con esa denominación.

Por tanto, acabo agradeciéndoles de verdad el tono de las
intervenciones y agradeciéndoles sus propuestas. Señor Fidalgo, sabe que
yo entiendo de verdad que lo que usted plantea está subsumido en el
cuerpo de la moción que nosotros hemos presentado y de todas formas me
preocuparé de que esas cuestiones puedan ser atendidas si no es como yo
digo.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Aparici.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 236; votos emitidos, 233; a favor, 144; en contra, 1;
abstenciones, 88.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

6.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA QUE INICIE
LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA ACABAR CON LA PLAGA DE CARACOL MANZANA EN
EL DELTA DEL EBRO.

(Núm. exp. 662/000155)

AUTOR: GPEPC

El señor presidente da lectura al punto 6.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una
enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. (Rumores).

Señorías, guarden silencio por favor. (Pausa). Gracias.

Para la presentación de la moción, tiene la palabra el
senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

Senyores i senyors senadors. L’objecte de la moció
que se sotmet a debat —i esperem que aprovació— per part
d’aquesta cambra fa referència al que s’anomena el caragol
maçana, una espècia invasora, una de tantes, malauradament, que els
darrers anys estan afectant un territori d’alta sensibilitat
ecològica, com és el delta de l’Ebre. És una espècie que, a més a
més, té un impacte greu, important, sobre el que és el principal conreu
amb diferència —com diu el preàmbul de la moció— al delta de
l’Ebre: el conreu de l’arròs, que afecta més de 20 000
hectàrees i bona part de la superfície conreada del Delta. Dic que el
caragol maçana s’afegeix a altres espècies invasores, com el cranc
americà, el musclo zebra i d’altres que s’han anat introduint
per irresponsabilitats o negligències i que estan afectant greument tant
l’ecosistema com la mateixa viabilitat de la producció
agrícola.

Aquesta espècie és d’origen sud-americà. S’ha
adaptat bé al context climàtic del delta de l’Ebre. Fa uns cinc
anys que va aparèixer al Delta per una negligència, sembla que va ser per
part d’una piscifactoria de peixos ornamentals que hi havia a la
zona, i que després s’està expandint en forma de progressió
pràcticament exponencial. És una plaga que, en el seu origen,
s’inicia a l’hemidelta esquerre del delta de l’Ebre.
Estava situada en un territori determinat, però s’ha anat
expandint, com he dit, progressivament, i a hores d’ara ja comença
a afectar l’hemidelta dret i, a

més a més, està progressant aigües amunt. Recentment se
n’han trobat exemplars i posta d’ous del cargol a prop de la
mateixa ciutat de Tortosa.

És una plaga que, sobretot, afecta l’arròs, i en la
seva varietat més tendra, quan comença a germinar, i que pot arribar a
provocar un greu impacte sobre la collita i arruïnar pràcticament una
explotació, amb tot l’impacte econòmic que això pot tenir.

S’han provat diferents mètodes, sistemes, tant per
part de l’Administració de la Generalitat de Catalunya com per part
de les comunitats de regants, de les cooperatives arrosseres i, en
definitiva, dels mateixos pagesos, dels mateixos agricultors. S’han
provat sistemes amb alguns adobs que s’ha pogut demostrar que
tenien un efecte letal per als cargols; adobs com la cianamida càlcica o
adobs que incorporen saponines que afecten els cargols i els exterminen,
però amb limitacions: afecte els cargols adults, quan són a
l’aigua, no quan estan soterrats, no a les cries ni a les postes, i
a més a més tenen un cost elevat —aproximadament entre 160 i 300
euros per hectàrea— que podia ser l’equivalent de
l’import de les ajudes agroambientals, que són les que estan fent
en aquest moment viable el conreu de l’arròs al Delta i sense les
quals, aquestes ajudes agroambientals de la Unió Europea, el conreu de
l’arròs al delta de l’Ebre no seria sostenible des del punt
de vista econòmic. Per tant, són uns sistemes que tenen una eficàcia
parcial i que, en cas d’aplicar-se, es poden aplicar només en un
moment determinat, en una collita determinada, però que no són
susceptibles de ser aplicats sistemàticament, com dic, entre altres
coses, a part de la seva limitada efectivitat, sobretot pel cost tan
elevat.

S’ha provat, senyores i senyors senadors, fins i tot
l’extracció a mà. Poden suposar que l’efecte de
l’extracció a mà és completament limitat, l’eliminació dels
exemplars adults i de les postes. S’ha provat la dessecació de
camps, però el cargol és capaç de soterrar-se, de protegir-se,
d’hivernar i, per tant, de sobreviure en absència d’humitat.
I fins i tot en aquest darrer exercici s’ha provat un mètode
relativament efectiu, com és la inundació dels camps de conreu amb aigua
salada. Aquest sistema és complex, car també, per la necessitat de
bombejar aigua de mar al conjunt dels camps de conreu del Delta, i més
enllà que pot tenir eficàcia per netejar en un moment determinat una
explotació, perquè el cargol maçana suporta malament la salinitat, només
afecta els exemplars, una vegada més, adults, que estan submergits a
l’aigua, no els que estan soterrats, i a més a més, com dic, molts
pagesos s’han lamentat que l’excessiva salinització dels seus
camps i les dificultats després per poder eliminar la sal amb
incorporació d’aigua dolça a temps suficient ha provocat també que
es malmetés la collita, perquè l’arròs és una planta que
s’adapta molt bé al conreu per inundació —tot i que es podria
fer en secà, és com es fa en este cas—, per això es pot adaptar a
una zona com aquesta, on la salinitat de la capa freàtica està propera,
però que l’aportació d’aigua dolça la manté a un cert nivell.
Evidentment, quan aquesta salinitat s’apropa i toca la planta de
l’arròs, arruïna la collita, que és el que ha passat en molts
d’aquests camps.

Per tant, senyores i senyors senadors, totes les
experiències que s’han fet han tingut una eficàcia, com dic,
limitada, han pogut servir en un moment determinat per netejar de la
plaga algunes explotacions, normalment amb costos elevats, amb riscos,
però en qualsevol cas no estan impedint una progressió de manera
exponencial, que s’està produint en l’expansió
d’aquesta plaga.

És per això que és necessari més que mai ara, quan encara
el seu impacte econòmic és relatiu, però pot ser molt més gran en el curt
termini, ara és el moment que s’actuï de manera efectiva, eficaç i
coordinada per part de totes les administracions i, evidentment, en
col·laboració amb tots els sectors afectats de la zona, repeteixo una
vegada més: comunitats de regents, cooperatives arrosseres, sindicats
agraris, com el cas de la Unió de Pagesos, el majoritari, i que és el que
ha reclamat una acció efectiva que, en bona part, ha motivat aquesta
moció i, evidentment, en definitiva, amb el conjunt dels pagesos, dels
agricultors, de la zona. És per això que aquesta moció el que reclama és
la implicació i la intervenció de l’Administració General de
l’Estat, del Govern d’Espanya, a través en principi de la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, que és qui tindria
competències en l’actuació sobre el llit del riu Ebre, perquè la
plaga, senyores i senyors senadors, com els he dit, ja s’ha
introduït també a la mateixa llera del riu i és aquí on està progressant,
i això seria competència directament de l’Administració de
l’Estat.

És necessari actuar. És cert que no tenim encara un mètode
definitiu, però en qualsevol cas s’ha d’actuar de manera
insistent per intentar, si més no, acotar i controlar la plaga perquè la
seva expansió no sigui tan ràpida com ho està sent en aquest moment. I,
sobretot —i això també és el

que demanem en aquesta moció— el que cal és reforçar
la recerca, precisament per intentar trobar solucions que permetin, si
més no, controlar, acotar i limitar la plaga i, si fos possible,
exterminar-la. És possible que mètodes de combat biològic poguessin ser
una solució efectiva, però en qualsevol cas no correspon a aquest
senador, que no és expert en la matèria, i segurament no correspon tampoc
a aquesta cambra suggerir quina ha de ser la solució. El que sí que podem
fer és instar el Govern d’Espanya perquè actuï de manera decidida i
que ho faci en col·laboració amb el Govern de la Generalitat de Catalunya
i amb les administracions afectades, siguin els consells comarcals,
siguin els ajuntaments i, evidentment, com he dit, amb les organitzacions
agràries del territori. Només una acció coordinada, benintencionada, de
lleial col·laboració entre tots els sectors i, sobretot, entre totes les
administracions pot realment ser efectiva per aportar una solució al
combat a una plaga que, en cas de continuar progressant, posa en risc el
conreu de l’arròs, i això vol dir posar en risc tota
l’economia del delta de l’Ebre en la seva part
fonamental.

Estic segur que compartim l’interès per combatre
aquesta plaga, per fer costat als pagesos i, en general, al conjunt de
les poblacions del delta de l’Ebre i és per això que hem de fer un
esforç, ara que probablement encara hi som a temps i que la plaga encara
estaria en certa manera en una fase inicial, per unir esforços i per
donar respostes al clam que s’aixeca des del delta de l’Ebre
en demanda de solucions efectives i, sobretot, que es visualitzi aquesta
voluntat política i aquesta actuació per part del conjunt de les
administracions. Seria bo també, segurament, que el Govern
d’Espanya aconseguís finançament i ajuts de la Unió Europea. És el
Govern qui ho ha de fer. La Unió Europea té recursos; el que fa falta és
proposar un pla d’actuació i demanar aquests recursos perquè, en
qualsevol cas, com es pot veure, bona part dels tractaments que
s’han pogut emprar i els que segurament es podran emprar en un
futur, esperem que més eficaços, el que tenen sempre és un cost elevat,
cost que els pagesos no poden suportar per ells mateixos i que és
necessari que se’ls aportin recursos des d’altres
administracions, sigui el Govern de la Generalitat de Catalunya, el
Govern d’Espanya o la mateixa Unió Europea, que en matèria
d’actuació mediambiental i quant a fons agrícoles, realment té
recursos importants, dels quals ja es beneficia el delta de l’Ebre,
però que faria falta fer un esforç addicional per aconseguir
l’eradicació d’aquesta plaga tan letal com ho és el caragol
maçana, que com he dit està posant en risc el futur del conreu de
l’arròs al delta de l’Ebre.

Si avui som capaços aquí de posar-nos d’acord i
realment treure una posició conjunta instant el Govern d’Espanya
perquè actuï en col·laboració amb la resta d’administracions,
segurament haurem fet una bona tasca que el conjunt de les poblacions
deltaiques ens agrairan.

Gràcies, senyores i senyors senadors. Gràcies, senyor
president. (Aplaudiments).

Señoras y señores senadores, el objeto de la moción que
sometemos a debate y a aprobación de esta Cámara —que esperamos que
así sea— hace referencia a lo que llamamos el caracol manzana, que
es una especie invasora —una de tantas, desgraciadamente— que
en los últimos años está afectando a un territorio de alta sensibilidad
ecológica como es el delta del Ebro. Se trata de una especie que tiene un
impacto grave e importante sobre el principal cultivo, y con diferencia,
en el delta del Ebro —como reza en el preámbulo de la
moción—, el arroz, que afecta a más de 20 000 hectáreas y también a
gran parte de la superficie cultivada del delta. Me gustaría decir que el
caracol manzana se añade a otras especies invasoras como el cangrejo
americano, el mejillón cebra y otros, que se han ido introduciendo por
irresponsabilidades o negligencias y que están afectando gravemente al
ecosistema y a la viabilidad misma de la producción agrícola.

Esta especie es de origen sudamericano y se ha adaptado
bien al contexto climático del delta del Ebro. Hace unos cinco años que
apareció en el delta por la negligencia de una piscifactoría de peces
ornamentales que existía en la zona —parece ser— y con
posterioridad se ha ido propagando en progresión prácticamente
exponencial. Es una plaga que, en su origen, empezó en el hemidelta
izquierdo del delta del Ebro, estaba situada en un territorio acotado,
pero se ha ido propagando progresivamente, como he dicho, y, llegados a
esta fecha, está empezando a afectar al hemidelta derecho y progresando
también aguas arriba. Hace poco se han encontrado ejemplares y también
huevas cerca de la misma ciudad de Tortosa.

Es una plaga que, ante todo, afecta al arroz, y lo hace en
su variedad más tierna, cuando apenas empieza a germinar, y puede llegar
a provocar un gran impacto sobre la cosecha

arruinando prácticamente toda la explotación, con las
consecuencias económicas que esto puede suponer.

Se han probado distintos métodos y sistemas, tanto por la
Administración de la Generalitat de Catalunya como por las comunidades de
regantes, por las cooperativas arroceras y por los mismos campesinos, por
los agricultores, con determinados abonos, como la cianamida cálcica u
otros abonos que incorporan saponinas. Se ha podido comprobar que tenían
un efecto letal para los caracoles, que los exterminan pero con
limitaciones, que afectan a los caracoles adultos cuando se encuentran en
el agua, no bajo tierra y tampoco a las crías ni a las huevas, además de
que tienen un coste muy elevado —entre 160 y 300 euros
aproximadamente por hectárea—, que podría ser el equivalente al
importe de las ayudas agrícolas, que son las que están haciendo viable el
cultivo del arroz en el delta, sin las cuales —sin estas ayudas
ambientales para el cultivo del arroz en el delta del Ebro de la Unión
Europea— no sería sostenible desde el punto de vista económico. Por
lo tanto, son sistemas de eficacia parcial —en caso de ser
aplicados, tan solo puede hacerse en un momento y en una cosecha
determinados—, no son susceptibles de ser aplicados
sistemáticamente, como digo, en parte por su limitada efectividad y por
el coste tan elevado que tienen.

Señoras y señores senadores, incluso se ha aprobado la
extracción a mano. Pueden suponer ustedes que el efecto que tiene la
extracción a mano es completamente limitado en relación con los
ejemplares adultos y de las huevas. Se han desecado los campos, pero el
caracol puede soterrarse, protegerse, hibernar y, por lo tanto,
sobrevivir a la ausencia de humedad. Incluso en este último ejercicio se
ha probado un método relativamente eficaz como es la inundación de los
campos de cultivo con agua salada. Este sistema es complejo —y caro
por la necesidad de bombear agua marina al conjunto de los campos de
cultivo del delta— y, más allá de que puede tener de eficacia para
limpiar en un momento determinado una explotación —porque el
caracol manzana soporta mal la salinidad—, tan solo afecta a los
ejemplares adultos, repito, sumergidos en el agua, no a aquellos que
están bajo tierra. Además, hay muchos campesinos que se han lamentado de
que la excesiva salinización de sus campos y las posteriores dificultades
para eliminar la sal al incorporar agua dulce a tiempo suficiente han
supuesto también que se perjudicara la cosecha. El arroz es una planta
que se adapta muy bien al cultivo por inundación —aunque se podría
realizar también en secano, pero en este caso se realiza así—, por
eso se puede adaptar a una zona como esta, en la que la salinidad de la
capa freática está cercana, aunque el aporte de agua dulce mantiene un
cierto nivel. Pero, claro, cuando esta salinidad se acerca y toca a la
planta del arroz, arruina la cosecha, que es lo que ha sucedido en muchos
de estos campos.

Por lo tanto, señoras y señores senadores, todas las
experiencias realizadas han mostrado una eficacia limitada, como digo.
Han podido servir para limpiar de la plaga a distintas explotaciones,
normalmente con costes muy elevados, con riesgos, pero, en cualquier
caso, no están impidiendo la progresión exponencial, como he mencionado,
que se está produciendo de esta plaga.

Por este motivo es necesario ahora más que nunca, cuando
aún su impacto económico es relativo —pero puede llegar a ser mucho
mayor en un corto plazo—, que se actúe de forma efectiva, eficaz y
coordinada por todas las administraciones y, por supuesto, en
colaboración con todos los sectores afectados de la zona —repito,
con las comunidades de regantes, con las cooperativas arroceras, con los
sindicatos agrarios, como la Unió de Pagesos, que es el mayoritario, el
que ha reclamado una acción efectiva y el que en gran parte ha motivado
esta moción; en definitiva, con todos los campesinos y agricultores de la
zona—. Por este motivo la moción reclama la intervención de la
Administración General del Estado y del Gobierno de España a través, en
principio, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que es quien
tendría competencias en la actuación sobre el lecho del río Ebro
—porque la plaga, señoras y señores senadores, como ya les he
dicho, se ha introducido ya en el mismo cauce del río, y es allí donde
está propagándose, por lo que esto sería competencia directa de la
Administración General del Estado—.

Es cierto que aún no tenemos un método definitivo, pero, en
cualquier caso, debemos actuar de forma insistente para intentar al menos
acotar y controlar la plaga puesto que su expansión no debe ser todo lo
rápida que está siendo. Y lo que ante todo debe hacerse —y es lo
que pedimos mediante esta moción— es reforzar la investigación,
precisamente para intentar encontrar soluciones que permitan al menos
controlar, acotar y limitar la plaga y, a ser posible, exterminarla. Es
posible que determinados métodos de combate biológico puedan ser una
solución efectiva,

pero, sea como fuere, no le corresponde a este senador, que
no es experto en la materia, ni seguramente tampoco le corresponde a esta
Cámara, sugerir cuál debe ser la solución, aunque lo que sí podemos hacer
es instar al Gobierno de España a que actúe de forma decidida y a que lo
haga en colaboración con el Gobierno de la Generalitat de Catalunya y con
las administraciones afectadas —sean los consejos comarcales, los
ayuntamientos y, claro está, como ya he dicho, las organizaciones
agrarias del territorio—. Tan solo una acción coordinada, bien
intencionada, de leal colaboración entre los distintos sectores y sobre
todo con las distintas administraciones puede resultar efectiva y aportar
una solución a este combate de una plaga, que, si sigue progresando, pone
el riesgo el cultivo del arroz, lo que significa poner en riesgo también
toda la economía del delta del Ebro en su parte más fundamental.

Estoy convencido de que compartimos el interés para
combatir esta plaga así como el interés para apoyar a los campesinos en
general, a todas las poblaciones del delta del Ebro. Por este motivo
debemos hacer un esfuerzo ahora que aún estamos a tiempo ya que, según
parece, la plaga está todavía en su fase inicial. Debemos aunar esfuerzos
para dar respuesta a ese clamor que nos llega del delta del Ebro en
demanda de soluciones efectivas y también para que se visualice esta
voluntad política y esta actuación por todas las administraciones.
Asimismo sería positivo seguramente que el Gobierno de España lograra
financiación y ayudas de la Unión Europea —es el Gobierno el que
debe hacerlo—. La Unión Europea tiene recursos. Lo que se necesita
precisamente es proponer un plan de actuación y solicitar estos recursos
porque, en cualquier caso, como podemos ver, gran parte de los
tratamientos que se han podido utilizar y seguramente, en un futuro
—que serán más eficaces— tienen siempre un coste muy elevado,
un coste que los campesinos no pueden sufragar por sí mismos, por lo que
es necesario aportar recursos desde otras administraciones, sea el
Gobierno de la Generalitat de Catalunya, el Gobierno de España o la Unión
Europea, que en materia de actuación medioambiental y en materia de
fondos agrícolas tiene recursos importantes, de los que ya se beneficia
el delta del Ebro. Debería hacerse un esfuerzo adicional para lograr la
erradicación de esta plaga tan letal como es la del caracol manzana, que,
como he dicho, está poniendo en riesgo el futuro del arroz en el delta
del Ebro.

Si hoy somos capaces de ponernos de acuerdo aquí y sacamos
una posición conjunta instando al Gobierno de España para que actúe
realmente en colaboración con las demás administraciones, seguramente
habremos realizado una buena labor, que todas las poblaciones del delta
nos van a agradecer.

Gracias, señoras y señores senadores. Gracias, señor
presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.

Para la defensa de la enmienda tiene la palabra, por el
Grupo Parlamentario Popular, el senador Pintado.

El señor PINTADO BARBANOJ: Muchas gracias, señor
presidente.

Voy a exponer con cierta rapidez los argumentos que han
llevado a mi grupo parlamentario a presentar una enmienda a la moción
presentada a su vez por el señor Sabaté, moción que refleja de nuevo,
señor Sabaté, la sensibilidad que usted siempre viene demostrando con los
aspectos que afectan no solamente al delta del Ebro sino al río Ebro.
Aunque usted ha reconocido aquí que no es experto en la materia, quiero
decirle que usted es un gran conocedor de esa zona, respecto de la cual
ha planteado en esta Cámara diversas iniciativas sobre las que siempre
hemos llegado a un buen entendimiento para trabajar sobre el fin que
perseguimos, aunque en algunos casos no estemos de acuerdo al cien por
cien con los planteamientos de unos y de otros.

Usted ha hablado de esta plaga invasiva, y yo quiero decir
que, en la actualidad, en todo el Mediterráneo tenemos del orden de unas
1000 plagas invasivas. Es decir, es un problema creciente que afecta no
solamente a los términos fluviales de nuestros ríos, sino también a
nuestros mares, en este caso al mar Mediterráneo, problema creciente que,
entendemos, todas las administraciones implicadas han ido tomando en
consideración, en conciencia, para aplicar todos los métodos que están en
nuestras manos a la hora de trabajar.

Nuestra enmienda va en la dirección de lo que usted
propone, únicamente que va un poquito más allá del tema que usted ha
recalcado en su intervención y es el papel también del Ministerio de
Agricultura, no solamente de la confederación, es decir, la confederación
es quizás el

instrumento que elija el Ministerio de Agricultura a la
hora de ejercer ese trabajo de coordinación entre las distintas
administraciones para desarrollar todo este plan.

La Generalitat de Catalunya viene trabajando desde hace
varios años, desde que se detectó el problema del caracol manzana, que
está produciendo unos daños realmente preocupantes. A mí me ha
preocupado, cuando he leído los distintos informes que se han presentado
al respecto, que haya científicos, técnicos que digan que es un problema
de muy difícil o casi imposible resolución. Pero, por lo menos, pongamos
entre todos de nuestra parte para limitar o paliar, en la medida de lo
posible, las afecciones que tiene al respecto.

Quiero decirles únicamente que, con fecha 19 de septiembre,
se celebró una reunión en la Dirección General de Sanidad y Producción
Agraria, donde se tomó la decisión de proponer a la Generalitat de
Cataluña que invitara al Gobierno de Aragón —que también ha estado
trabajando con distintos informes al respecto—, a las
organizaciones agrarias, a las cooperativas, en definitiva, a todo aquel
que tenga algo que ver con la erradicación o la posible erradicación del
caracol manzana, para trabajar —incluso con el Ministerio de
Fomento, con Capitanía Marítima, con distintas direcciones y
subdirecciones generales del propio ministerio— en un plan de
actuaciones. Quiero recordar que la propia Generalitat de Catalunya firmó
un convenio con la asociación medioambiental SEO/BirdLife para conseguir
erradicar esta plaga masiva, mediante voluntarios que entraran por los
canales, que tiene estas consecuencias tan tremendas para nuestros
arrozales.

El compromiso del Gobierno de la nación está claro en lo
que se refiere a la coordinación y a poner todos los medios.

Usted ha hablado de una cuestión que me parece muy
importante: de la aportación de recursos económicos y de que se puedan
recabar recursos de la propia Unión Europea para trabajar con más
eficacia en la erradicación de esta plaga. Pero, lógicamente, será el
grupo de trabajo entre las distintas administraciones quien tendrá que
profundizar en ello.

Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Pintado.

Tiene la palabra el senador Sabaté para indicar si acepta o
no la enmienda.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gràcies, senyor president.

Senyores i senyors senadors. Li agraeixo el to i el fons de
la seua intervenció, que ja m’havia avançat particularment, i la
mateixa esmena. El que fa l’esmena és situar en l’àmbit
general del Ministeri d’Agricultura l’actuació. Em sembla bé.
Havíem proposat la Confederació Hidrogràfica perquè en principi és qui té
les competències immediates sobre el tema dels rius —en este cas,
sobre el tema de l’Ebre— i perquè teníem entès que era la
voluntat del Ministeri actuar a través de la Confederació.

En qualsevol cas ens sembla molt positiu que tot el
Ministeri s’hi pugui implicar, sobretot perquè té altres organismes
especialitzats en recerca, que són els que poden realment ser efectius en
la cerca i la recerca de sistema efectius que ens permetin acabar de
controlar la plaga. I, per suposat, la coordinació, tant de
l’Administració General de l’Estat, del Ministeri, amb la
Generalitat de Catalunya i el conjunt d’organitzacions agràries
abunda en el que ja proposàvem en la part propositiva de la moció. Per
tant, entenc que hi ha una voluntat constructiva, que darrere de la
voluntat del Grup Popular del Senat hi ha la voluntat del Govern
d’Espanya, del Ministeri d’Agricultura i, per tant, entenc
que estem davant d’una situació esperançadora de cara al futur,
perquè això permetrà segurament avui aprovar aquesta moció, incorporant
la seva esmena, que per suposat acceptem, i que espero que sigui
l’inici d’una actuació profitosa, que generi esperança i,
sobretot, que generi solucions al conjunt dels pagesos del Delta.

Gracias, señor presidente.

Señoras y señores senadores, le agradezco el tono y el
fondo de su intervención, que ya me había avanzado particularmente, y la
misma enmienda. Esta enmienda sitúa en el ámbito general del Ministerio
de Agricultura la actuación, y eso me parece bien. Hemos propuesto la
Confederación Hidrográfica porque, en principio, es quien ostenta las
competencias directas sobre los ríos —en este caso, sobre el
Ebro— y porque teníamos entendido que era la voluntad del
ministerio actuar a través de la confederación.

En cualquier caso, me parece muy positivo que el ministerio
se implique, sobre todo porque cuenta con otros organismos especializados
en investigación, que son los que realmente pueden ser efectivos en la
búsqueda de métodos o sistemas prácticos que nos permitan terminar de
controlar esta plaga. Por supuesto, la enmienda abunda en la coordinación
tanto de la Administración General del Estado, del ministerio y la
Generalitat de Catalunya y de todas las organizaciones agrarias en lo ya
propuesto en la parte propositiva de la moción. Por lo tanto, entiendo
que existe una voluntad constructiva, que detrás del Grupo Popular del
Senado también hay la voluntad del Gobierno de España, del Ministerio de
Agricultura, y que nos encontramos ante una situación esperanzadora para
el futuro. Seguramente hoy, aprobar esta moción, incorporando su enmienda
—que, por supuesto, aceptamos—, sea el inicio de una
actuación provechosa y que genere esperanza y, sobre todo, soluciones a
todos los campesinos del delta.

Por consiguiente, gracias, senador Pintado, por ese
esfuerzo por llegar al acuerdo, esto es importante. Todos debemos
felicitarnos cuando conseguimos eso en esta Cámara.

Gracias. Gràcies, senyor president.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.

¿Turno en contra? No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa). No hay
intervenciones.

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa). No hay
intervenciones.

¿Grupo Parlamentario Entesa?

Tiene la palabra el senador Sabaté otra vez.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

Intervendré desde el escaño simplemente para agradecer de
antemano —porque supongo que se producirán, aunque no hay más
intervenciones de momento del resto de grupos — lo que parece ser
que es una voluntad unánime por parte de todos los grupos de aprobar esta
moción, que entiendo, como he dicho, que será un acuerdo positivo de cara
a conseguir el objetivo que se planteaba.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente, señorías.

Molt bon dia.

Vagi en primer lloc l’agraïment del nostre grup al
senador Sabaté i al Grup de l’Entesa per aquesta iniciativa.

També voldria avançar-los que nosaltres donarem suport a la
iniciativa tal com queda plantejada després de l’esmena
pràcticament de substitució, que no de modificació, que ha presentat el
Partit Popular, perquè vegin que hi ha i ha d’haver-hi una voluntat
d’afrontar determinades qüestions amb el màxim consens i suport
possible. Però, dit això, també hem de constatar que l’esmena del
Partit Popular rebaixa substancialment les pretensions de la moció
inicial.

En tot cas, em permetran, no fer història —perquè
crec que el senador Sabaté ha fet un plantejament molt adient de quin és
l’estat de la qüestió—, però si recordar-los que aquesta és
una plaga que arriba al delta de l’Ebre l’any 2009, que
segurament en aquell moment ningú va saber valorar les conseqüències
d’aquesta plaga i que avui, cinc anys després, és un dels elements
de més preocupació mediambiental que tenim al delta de l’Ebre, a
les Terres de l’Ebre, més enllà dels propis derivats del riu Ebre i
del cabal ecològic que ha de portar.

La situació avui és força preocupant, i ho és perquè
—crec que ho deia el senador Pintado— hi ha experts que diuen
que és pràcticament impossible l’eliminació d’aquesta plaga,
una plaga que no és de la nostra zona, una plaga importada, malgrat
s’ha adaptat força bé i s’ha desenvolupat força bé al delta
de l’Ebre. Però, malgrat sigui impossible l’eradicació
absoluta, el que sí que hem de fer és un control total i absolut. I per
controlar aquesta plaga hi ha diferents actuacions —això ja ho
diuen els experts—. Està bé que es creï una Comissió
d’Experts —després en parlarem—, però

ja porten molts d’anys treballant-hi. Què hem de fer?
Eradicar i controlar aquesta plaga als camps, a cadascun dels arrossars,
dels camps, i aquí la competència és clarament de la Generalitat de
Catalunya, i òbviament, dels mateixos propietaris, que en són els primers
interessats, i a la vegada s’ha de controlar la plaga a través del
riu. El riu i els canals, als canals també s’està actuant força,
s’han convertit en una veritable autovia, una autopista per a
aquesta plaga, que va pujant pel riu Ebre.

Este avui és un tema del delta de l’Ebre, de les
Terres de l’Ebre, però tots els experts coincideixen que aquest pot
ser un tema de tota la conca mediterrània espanyola i de l’europea.
Per tant, és un problema no del delta de l’Ebre, sinó del conjunt
d’Europa. I la Unió Europea n’és força conscient.

Però com deia, hi ha dos camps on s’ha de treballar
per a la seva eliminació: els camps de conreu i els rius i els canals,
que és el lloc a través del qual es va desenvolupant. Si solament
s’actua als camps de conreu i no s’actua al riu, la solució
no es podrà assolir mai, perquè el cargol continuarà reproduint-se i
envaint els camps.

L’actuació als camps de conreu s’ha fet. La
Generalitat ho ha fet aportant recursos, que s’ha de dir que
parcialment han arribat de la Unió Europea i del Govern central, per
tant, cal reconèixer al Ministeri que hi ha ficat recursos, en aquest
àmbit, als camps de conreu, però essencialment qui ha ficat recursos en
l’àmbit dels camps de conreu són els propietaris, són els pagesos,
pràcticament amb un cost de 300 euros per hectàrea, que és el que els ha
suposat dessecar els camps. El dessecat dels camps és el que fins ara
s’ha demostrat l’element més determinant i amb més èxit. Pot
tenir altres conseqüències, però l’assecament dels camps i la
salinització, introduir aigua salada a aquests camps, independentment que
poden haver-hi —i ara es comprovarà— algunes afectacions a
les collites posteriors, garanteix una mortalitat entre el 80 i el 90 %
del cargol poma i també de les seves postes. Per tant, aquest camp
s’està fent. No és suficient, però tots els que ho han de fer ho
han fet, fins i tot el Ministeri, que potser no era competència
d’ell. Hi han posat recursos, per tant, s’ha d’agrair
al Ministeri.

Ara bé, on nosaltres som molt crítics, senador Pintado, és
que el Ministeri essencialment ha d’actuar al riu, en aquesta
autopista, aquesta autovia, per la qual s’està desplaçant el cargol
poma riu amunt, perquè té capacitat d’anar riu amunt. I aquí, igual
com li reconec la feina feta aportant recursos per part del Ministeri, li
he de ser crític. Quan diuen que el Ministeri coordinarà, jo el primer
que dic és que el Ministeri s’ha de coordinar, perquè aquí hi ha
competències del mateix Ministeri, d’alguna direcció general, de la
Direcció General de Costes, que té competències en una part del riu, de
la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, que en té en una altra, i
segurament aquí ha d’iniciar-se la primera coordinació, i hi ha
molt de camp per millorar.

Jo tampoc no sóc tècnic, evidentment, però com la majoria
dels que som aquí, intento informar-me i segurament hi ha mesures a fer,
mesures que estan recomanant certs tècnics, com posar una petita barrera
elèctrica de 12 volts per tota la llera del riu. Segurament per mig de la
llera no farà falta, perquè la falca salina ja està fent esta tasca, per
poder evitar que el cargol poma es desplaci riu amunt.

Mirin, el cargol poma inicia la seva invasió a
l’hemidelta esquerre, on té una afectació exagerada, brutal
—si em permeten la paraula—, però avui dia ja s’han
trobat brots de cargol poma també a l’hemidelta dret. I, a la
vegada, el que abans se circumscrivia al terme municipal de Deltebre o de
Camarles, que després arriba ràpidament a Amposta, avui, com apuntava el
senador Sabaté, al terme municipal de Tortosa, molt prop del nucli urbà,
hi ha pràcticament una línia de 400 o 500 metres on hi ha una forta
presència del cargol poma, i si no es controla, si no se circumscriu a
través de barreres físiques aquest cargol poma, també anirà ascendint al
llarg de la llera del riu.

Aquest és el problema. Dir avui, cinc anys després, que
s’insta a crear una Comissió d’Experts està bé, no els he de
dir que estigui bé, però em pareix limitat. Ho dic perquè el novembre de
2013, encara avui no fa un any, el Ministeri va crear i va posar en
funcionament ja una Comissió d’Experts per a espècies invasives,
com era el caragol poma, i s’anomenava que tindria competència en
el cargol poma. Ara en farem una d’específica? Benvinguda.

Després, el text de la moció acaba dient que el Ministeri
és qui coordinarà. Jo crec que el Ministeri s’ha de coordinar,
interiorment i amb la resta d’administracions i cadascú amb les
seves competències. El Ministeri hi ha aportat recursos; perfecte. Però
té una assignatura pendent, que és la mateixa competència a través del
riu. A nosaltres ens agradava més el text, més enllà que fos

el Ministeri o la Confederació Hidrogràfica, que al final
acaba depenent indirectament del Ministeri, que concretava més les
actuacions a la llera del riu, que és l’àmbit on té competència el
Ministeri. Per tant, ens hauríem sentit, no els enganyo, molt més còmodes
amb el plantejament inicial. Ara bé, si això serveix per donar una imatge
de consens i de voler lluitar clarament contra aquesta plaga, que no és
del delta de l’Ebre, que no és del sud de Catalunya, sinó que
afecta, si no directament avui, sí indirectament tota la conca del
Mediterrani d’Europa, i que als llocs on s’ha desenvolupament
té uns defectes devastadors, tindran el nostre suport. Avaluarem
d’aquí a un temps el recorregut d’aquesta moció.

Moltes gràcies.

Muy buenos días.

En primer lugar, me gustaría expresar el agradecimiento de
nuestro grupo al senador Sabaté, al Grupo de la Entesa, por esta
iniciativa.

También me gustaría adelantarles que vamos a dar nuestro
apoyo a la iniciativa tal y como está planteada, después de la enmienda
prácticamente de sustitución, que no de modificación, presentada por el
Partido Popular. Para que vean ustedes que en determinadas cuestiones
debe existir la voluntad de afrontarlas con el máximo consenso y apoyo
posible. Pero, dicho esto, también debemos constatar que la enmienda del
Partido Popular rebaja sustancialmente las pretensiones de la moción
inicial.

Me permitirán no hacer historia —porque el señor
Sabaté ya nos ha aportado el planteamiento, muy adecuado, sobre el estado
de la cuestión—, pero sí recordarles que esta plaga llegó al delta
del Ebro en el año 2009 y que seguramente en ese momento nadie supo
valorar las consecuencias que tendría. Hoy, cinco años después, es uno de
los elementos de mayor preocupación medioambiental que tenemos en el
delta del Ebro, en las tierras del Ebro, más allá de los derivados del
río Ebro y también del caudal ecológico que debe llevar el río Ebro.

Hoy la situación es bastante preocupante —me parece
que lo decía el senador Pintado— porque hay expertos que afirman
que es prácticamente imposible la eliminación de esta plaga, plaga que no
es autóctona de nuestra zona, pero que, a pesar de que es importada, se
ha adaptado y desarrollado bastante bien en el delta del Ebro. Pero,
aunque sea imposible su absoluta erradicación, sí debemos practicar un
control total y absoluto, y para controlar esta plaga existen distintas
actuaciones —esto ya lo dicen los expertos—. Está bien que se
constituya una comisión de expertos —ya vamos a hablar de
eso—, pero lleva muchos años trabajando. ¿Qué es lo que debemos
hacer? Erradicar y controlar esta plaga en los campos, en cada uno de los
arrozales. La competencia claramente es de la Generalitat de Cataluña y
obviamente de los mismos propietarios, que son los primeros interesados,
pero, a la vez, debe controlarse la plaga a través del río. El río y sus
canales —en los que también se está actuando bastante— se han
convertido en una auténtica autovía, en una autopista para esta plaga, va
subiendo, remontando por el río Ebro.

Hoy por hoy, este es un asunto del delta del Ebro, de las
tierras del Ebro, pero todos los expertos coinciden en que esto puede
convertirse en un asunto que afecte a toda la cuenca mediterránea
española y a toda la cuenca mediterránea europea. Por lo tanto, es un
problema no del delta del Ebro, sino de toda Europa, y la Unión Europea
es bastante consciente de ello.

Pero, como decía, existen dos ámbitos en los que debemos
trabajar para su eliminación: los campos de cultivo y el río y sus
canales, lugares a través de los cuales se desarrolla; si tan solo
actuamos en los campos de cultivo y no en el río, la solución no se va a
alcanzar nunca porque el caracol va a seguir reproduciéndose, invadiendo
los campos.

La actuación en los campos de cultivo se ha realizado por
la Generalitat, con la aportación de recursos procedentes parcialmente de
la Unión Europea y del Gobierno central. Por tanto, debemos reconocer al
ministerio que ha invertido recursos en el ámbito de los campos de
cultivo. Pero los que han aportado más recursos han sido los
propietarios, los mismos campesinos, con un coste de 300 euros por
hectárea, que es lo que ha supuesto desecar los campos. A fecha de hoy se
ha demostrado que el desecado de los campos es el elemento más
determinante o el que ha tenido mayor éxito; puede que tenga otras
consecuencias, pero la desecación de los campos y la salinización, la
introducción de agua salada en estos campos, independientemente de que
pueda afectar a cultivos posteriores —esto se comprobará—,
garantiza entre el 80 y el 90% de mortandad del caracol manzana y de sus
puestas. Por tanto, se está trabajando en este campo, aunque no lo

suficiente. Todos los que deben actuar lo han hecho,
incluso el ministerio, que quizá no tuviera competencia en este asunto y
ha invertido recursos, y debemos agradecérselo.

De todas formas, senador Pintado, somos muy críticos. El
ministerio esencialmente debe actuar en el río, en esta autopista, en
esta autovía por la que se está propagando el caracol manzana —río
arriba, porque tiene la capacidad de remontar—. Del mismo modo que
reconozco la labor realizada por el ministerio de aportar recursos, debo
ser crítico con usted. Usted ha dicho que el ministerio colaborará, pero
lo primero que debe hacer es coordinarse porque la Dirección General de
Costas tiene competencias en parte del río, la Confederación Hidrográfica
del Ebro, en otra parte del río. Seguramente aquí es donde debería
iniciarse esa primera coordinación y donde tenemos un gran campo de
posible mejora.

Evidentemente, yo tampoco soy técnico, pero, al igual que
la mayoría de los que estamos aquí, intento informarme. Seguramente
existen medidas que están recomendando los técnicos, por ejemplo, aplicar
una pequeña barrera eléctrica de 12 voltios por todo el lecho del río
para poder evitar que el caracol manzana se desplace río arriba
—por el centro del cauce no hará falta porque la presencia salina
ya está realizando esa labor—.

Fíjense ustedes, el caracol manzana inicia su invasión en
el hemidelta izquierdo, donde tiene una afectación exagerada, brutal
—si me permiten decir este término—, pero, hoy por hoy, se
han encontrado también brotes de caracol manzana en el hemidelta derecho
y lo que antes se circunscribía al término municipal de Delta de
l’Ebre o Camarles, que luego llega rápidamente a Amposta, hoy, como
apuntaba el senador Sabaté, en el término municipal de Tortosa, muy cerca
incluso de su casco urbano, en una línea de 400 o 500 metros, nos
encontramos con una fuerte presencia del caracol manzana. Si no se
controla, si no se circunscribe mediante barreras físicas, este caracol
manzana irá ascendiendo por todo el cauce del río.

Este es el problema. Decir hoy, cinco años después, que se
insta a constituir una comisión de expertos está bien, no seré yo el que
diga que está mal, pero es algo limitado, y lo digo porque en noviembre
de 2013, hace casi un año, el ministerio creó y puso en funcionamiento
una comisión de expertos para especies invasivas, como el caracol
manzana, y se dijo que tendría competencias sobre esta cuestión. ¿Ahora
vamos a crear una comisión específica? Bienvenida sea.

El texto de la moción termina diciendo que el ministerio es
quien va a coordinar. Yo creo que el ministerio debe coordinarse
interiormente y coordinarse con las demás administraciones, y cada uno
desde sus competencias. El ministerio ha aportado recursos, ¡perfecto!,
pero tiene una asignatura pendiente, que es la misma competencia a través
del río. A nosotros nos gustaba más cuando el texto, más allá de que
fuera el ministerio o la confederación hidrográfica, que al final acaba
dependiendo indirectamente del ministerio, concretaba las actuaciones en
el lecho del río, que es el ámbito donde el ministerio ostenta
competencias. Por consiguiente, no les engaño, nos hubiéramos sentido
mucho más cómodos con el planteamiento inicial. Ahora bien, si esto sirve
para dar una imagen de consenso y de deseo de luchar a todas luces contra
esta plaga, que no es una plaga del delta del Ebro, no es una plaga del
sur de Cataluña, sino que afecta, si no directamente, sí indirectamente a
toda la cuenca del Mediterráneo de Europa, y en los lugares donde se ha
desarrollado tiene unos efectos devastadores, tendrán nuestro apoyo. Y
dentro de un tiempo evaluaremos el recorrido que haya tenido esta
moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bel.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Arrufat.

El señor ARRUFAT GASCÓN: Gracias, señor presidente.

Señorías, coincido con el senador Bel en que el riesgo no
solo radica donde está el problema, que desde luego hay que abordar, sino
que lo tenemos río arriba y en otras partes de la geografía española; no
olvidemos los arrozales valencianos, que también los tenemos muy cerca.
El peligro, por tanto, puede ser mucho más grave de lo que realmente
aparenta. Que nadie interprete que un caracol es solo eso que nos
comemos.

Permítanme que describa al protagonista y actor de esta
moción. Está demostrado que esta plaga, que está presente desde el año
2009 y que tiene un origen sudamericano, como antes señalaba el senador
Sabaté, se come parte de los tallos y parte de las raíces y de esa forma
perjudica los cultivos del arroz. Señorías, este caracol tiene un tamaño
de hasta 15 centímetros

—insisto, que nadie piense que es el caracol que nos
comemos con el arroz—, puede llegar a pesar hasta 600 gramos y no
es hermafrodita —que nadie piense que es un caracol
habitual—. Es un bicho que tiene, por tanto, su peso específico e
imaginen ustedes el daño que semejante bicho puede hacer a la planta,
porque tiene que comer.

Pero, además, su ritmo de reproducción es de 400 huevos al
día, y repito que no es hermafrodita, con lo cual requiere de machos y
hembras. Ese territorio no se infesta porque se perdió un caracol o
alguien lo tiró; tuvieron que ser muchos cientos de caracoles porque
tenía que haber machos y también hembras. Con lo cual, que todo el mundo
asocie el daño que hace este caracolazo. Se trata también de un animal
adaptado, y por cierto, cada generación se adapta más al territorio; un
bicho que hiberna en invierno y se esconde en verano porque no soporta la
sequía, y está activo cuando la temperatura es alta y hay humedad. Como
bien saben los tortosinos aquí presentes, el arroz se siembra a final de
primavera y se cosecha en otoño, y cuando realmente hay que combatir al
caracol es en invierno, tanto en la forma de anegar los campos como en la
de volver a meter agua en ellos, porque hay que limpiar la sal y tiene
que haber humedad para sembrar. Es decir, que el proceso no es fácil.
Además, este bicho tiene una anatomía que le permite respirar aunque esté
dentro del agua, así que son circunstancias en las que el caracol lo
tiene todo a favor para multiplicarse. Y repito, cada generación venidera
se adapta más al territorio, por lo que tenemos riesgo río arriba y en
otras partes de la geografía.

El senador Sabaté hacía referencia a las actuaciones. Desde
luego, se han intentado muchas. Nos consta que la Generalitat ha
trabajado en el tema de acuerdo con las cooperativas, con los sindicatos,
pero, como en botica, como en todos sitios, habrá gente que habrá
aplicado las medidas y gente que habrá ido por libre. En definitiva,
sabemos cómo somos, con lo cual, aparte de la coordinación entre las
administraciones, como decía el senador Pintado en su propuesta, también
tiene que haber una colaboración de todas ellas con el sector, con los
arroceros, con las cooperativas y con los sindicatos, porque, si no, si
se aplican una serie de actuaciones para que el caracol no suba río
arriba y no salga de la zona pero en los territorios hay comandos
autónomos, tampoco conseguimos nada. Por tanto, es imprescindible esta
coordinación, aunque no voy a insistir más en lo que decía antes el
senador Sabaté.

Para terminar, diré que el Grupo Socialista se suma por
entero a esta iniciativa por muchas razones: primero, porque hay que ser
solidario frente a este problema, localizado ahí, pero no pensemos que no
lo podemos tener en otro sitio, de modo que hay que ser inteligentes y
pensar en los riesgos que puede tener. Y, desde luego, quiero animar a
los catalanes en este sentido, a los del riu Ebre, el delta de
l’Ebre, para que estéis vigilantes, porque no solamente corresponde
a las administraciones, imagino que estarán trabajando en ello también
centros de investigación, con especialistas de cierto nivel científico,
porque son temas que requieren un estudio mucho más profundo. Por eso, os
apoyamos para que tengáis ese camino abierto y sea un problema que podáis
controlar en vuestra tierra con el fin de evitar que llegue a otras.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Arrufat.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Pintado.

El señor PINTADO BARBANOJ: Muchas gracias, señor
presidente.

Senador Arrufat, me decía ahora un compañero mientras
bajaba del escaño que pidiéramos a los catalanes que controlen bien la
plaga para que no nos afecte más arriba.

La verdad es que se ve claramente que hay una posición
común al respecto, pero quisiera contestar al señor Bel que, lógicamente,
tiene que dejar su impronta siempre en relación con las competencias. Y,
claro, las competencias no son de ida y vuelta, señor Bel; las
competencias son para ejecutarlas las administraciones que las tienen.
Usted dice que en el ámbito de las parcelas de agricultura la competencia
es de la Generalitat de Cataluña, y está actuando. En el tramo del río la
competencia es de la Administración del Estado, y estamos actuando a
través de la confederación y a través de la subdirección general y la
Dirección General de Política Forestal. Pero el tema de la coordinación
no es una cuestión menor, y ha de haberla, independientemente de la
dificultad real para erradicar esa plaga, aunque los expertos dicen que
es imposible erradicarla. Se pueden poner cuidados paliativos, pero,
sobre todo, poner medidas preventivas, que es a lo que se refería
anteriormente el señor Sabaté, pero no solamente en el delta del Ebro,

porque en la cuenca del Mediterráneo hay 17 000 especies
reconocidas, de las cuales, como he dicho anteriormente, 1000 son plagas
invasivas. ¿Por qué han entrado? Han entrado por la negligencia a la que
se refería el señor Sabaté en algunos casos. Entran por el canal de Suez,
entran en los barcos y se desplazan de un sitio a otro por la maquinaria
agrícola que se utiliza en las zonas de los arrozales. Por ejemplo, hace
dos años el Gobierno de Aragón publicó una orden para que se
establecieran una serie de medidas de buenas prácticas a la hora de
trabajar con estas máquinas y seguir procesos adecuados de desinfección
para garantizar que no hubiera transporte de las larvas de estos
caracoles o de otras especies invasivas entre distintos territorios. Es
decir, Aragón también es una zona productora de arroz, pero también
tenemos toda la zona de los arrozales valencianos. En definitiva, la
preocupación tiene que llevarnos a implantar medidas desde el punto de
vista de la coordinación.

Y cuando usted decía, señor Bel, que no solamente es
cuestión del Ministerio de Agricultura, efectivamente, en el grupo de
trabajo que se constituyó con fecha 19 de septiembre no solo participa la
Confederación Hidrográfica del Ebro, sino la Subdirección General de
Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal, la Subdirección General de Medio
Natural, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, la
Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, todos ellos
organismos del Ministerio de Agricultura, pero participa también
Capitanía Marítima, del Ministerio de Fomento, porque entendemos que hay
una labor importante que hacer con los cascos de los barcos en cuanto al
control.

En definitiva, se propone un plan de trabajo en el que se
ha invitado a participar al propio Gobierno de Aragón —no sé si a
alguna comunidad autónoma más—, con un plan específico que será
ampliable en función de las aportaciones que se vayan haciendo.

Nos parece que de cara al futuro no solo es fundamental el
hecho de trabajar de forma coordinada, sino trabajar también en la
investigación, algo que han dicho algunos portavoces, en este caso los
señores Sabaté y Arrufat. Es decir, hemos tenido acceso a los distintos
informes que se están elaborando en distintas partes del mundo. El
científico especialista en el caracol manzana trabaja para el Gobierno de
las Islas Salomón, donde también parece que hay una plaga que ha arrasado
totalmente las producciones del arroz; allí tienen una gran experiencia a
la hora de aplicarlo y dotar fondos para la investigación, desde el punto
de vista de la Unión Europea, que es lo que nos ayudará a trabajar y, en
definitiva, a erradicar o, como mínimo, a reducir los graves perjuicios
que está produciendo a todos los agricultores de la zona del delta del
Ebro.

Y dicho esto, quiero añadir también que en este sentido, y
volviendo al ámbito competencial, señor Bel, se ve claramente que cuando
las distintas administraciones asumen su responsabilidad y no se desborda
el ámbito competencial, se pueden solucionar los problemas y se trabaja
de una forma coordinada y eficiente de cara a todos los ciudadanos.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Pintado.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, con la incorporación de la
enmienda del Grupo Parlamentario Popular.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 237; votos emitidos, 235; a favor, 232; en contra, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

Página
11805

7.1.10 PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO SOBRE LA
CIBERDELINCUENCIA RELATIVO A LA PENALIZACIÓN DE ACTOS DE ÍNDOLE RACISTA Y
XENÓFOBA COMETIDOS POR MEDIO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, HECHO EN
ESTRASBURGO EL 28 DE ENERO DE 2003 Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA
FORMULAR.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000120)

7.1.11 REVOCACIÓN DE LA DECLARACIÓN CONTENIDA EN EL
INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN DE ESPAÑA DEL CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE
CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES, HECHO EN ESTOCOLMO EL 22 DE MAYO DE
2001.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000121)

7.1.12 ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE
SERBIA PARA EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INFORMACIÓN
CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 13 DE MARZO DE 2014.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000122)

7.1.13 ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS
ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA CONFEDERACIÓN SUIZA, POR OTRA,
SOBRE LOS PROGRAMAS EUROPEOS DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE, HECHO EN
BRUSELAS EL 18 DE DICIEMBRE DE 2013.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000123)

7.1.14 PROTOCOLO PARA LA ELIMINACIÓN DEL COMERCIO ILÍCITO
DE PRODUCTOS DE TABACO, HECHO EN SEÚL EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2012.

COMISIÓN: ASUNTOS EXTERIORES

(Núm. exp. 610/000124)

El señor presidente da lectura a los puntos 7., 7.1.,
7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4., 7.1.5., 7.1.6., 7.1.7., 7.1.8., 7.1.9.,
7.1.10., 7.1.11., 7.1.12., 7.1.13. y 7.1.14.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación de los
dictámenes, tiene la palabra el senador Benítez de Lugo.

El señor BENÍTEZ DE LUGO MASSIEU: Gracias, señor
presidente.

Señorías, los siguientes tratados y convenios
internacionales tuvieron su entrada en esta Cámara el día 5 de junio de
2014, siendo publicados ese mismo día en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales.

Canje de cartas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de
España y la Organización de las Naciones Unidas, por el que se reconoce
la extensión del régimen de privilegios e inmunidades previsto en el
Acuerdo de Sede, hecho en Madrid el 28 de enero de 2009, al Centro
Internacional de Cálculos Electrónicos, hecho en Nueva York y Madrid el
28 de febrero y el 8 de julio de 2013.

Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los
Niños, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1996.

Convenio sobre asistencia alimentaria, hecho en Londres el
25 de abril de 2012, y Reglamento de Procedimiento y Aplicación.

Acuerdo entre el Reino de España y Georgia para el
intercambio y protección recíproca de información clasificada, hecho en
Madrid el 18 de diciembre de 2013.

Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de la
Federación de Rusia sobre la protección mutua de información clasificada,
hecho en Madrid el 6 de noviembre de 2013.

Protocolo adicional al Convenio relativo a los derechos
humanos y la biomedicina sobre el trasplante de órganos y de tejidos de
origen humano, hecho en Estrasburgo el 24 de enero de 2002.

Tercer Protocolo Adicional al Convenio europeo de
extradición, hecho en Estrasburgo el 10 de noviembre de 2010, y
declaración que España desea formular.

Protocolo adicional al Convenio sobre la ciberdelincuencia
relativo a la penalización de actos de índole racista y xenófoba
cometidos por medio de sistemas informáticos, hecho en Estrasburgo el 28
de enero de 2003 y declaración que España desea formular.

Revocación de la Declaración contenida en el Instrumento de
Ratificación de España del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes
Orgánicos Persistentes, hecho en Estocolmo el 22 de mayo de 2001.

Asimismo, tuvieron entrada en esta Cámara, el día 7 de
julio de 2014, siendo publicados ese mismo día en el Boletín Oficial de
las Cortes Generales, los siguientes tratados y convenios
internacionales:

Acuerdo entre el Reino de España y la República de Serbia
para el intercambio y protección recíproca de información clasificada,
hecho en Madrid el 13 de marzo de 2014.

Acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, sobre los
programas europeos de navegación por satélite, hecho en Bruselas el 18 de
diciembre de 2013.

Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de
productos de tabaco, hecho en Seúl el 12 de noviembre de 2012.

Todos ellos, señorías, se han tramitado por el
procedimiento ordinario y los plazos de presentación de propuestas
expiraron el 17 de junio y el 11 de septiembre de 2014 respectivamente,
no habiéndose presentado ninguna.

Por otra parte, el Convenio de colaboración en materia de
adopción de niños y niñas entre el Reino de España y la Federación de
Rusia, hecho en Madrid el 9 de julio de 2014, y el Acuerdo sobre
Protección de Información Clasificada en la industria de Defensa entre el
Reino de España y el Gobierno de la República de Turquía, hecho en Ankara
el 25 de junio de 2014, tuvieron su entrada en esta Cámara el 17 de
septiembre de 2014, siendo publicados ese mismo día en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales y se han tramitado por el procedimiento
urgente.

El plazo de presentación de propuestas a los referidos
tratados y convenios internacionales expiró el día 22 de septiembre de
2014, habiéndose presentado una de no ratificación al Convenio de
colaboración en materia de adopción de niños y niñas entre el Reino de
España y la Federación de Rusia, hecho en Madrid el 9 de julio de 2014,
por los senadores don Jesús Enrique Iglesias Fernández y don José Manuel
Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto.

La comisión dictaminó dichos tratados y convenios
internacionales en su sesión del día 29 de septiembre de 2014 y acordó
rechazar la propuesta de no ratificación al Convenio de colaboración en
materia de adopción de niños y niñas entre el Reino de España y la
Federación de Rusia, hecho en Madrid el 9 de julio de 2014, así como
elevar al Pleno propuestas favorables a la concesión de autorización al
Gobierno para que se preste el consentimiento del Estado a obligarse por
medio de los mismos.

Con estas palabras, señorías, creo haber resumido la
tramitación que hasta ahora se ha llevado a cabo.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Benítez de
Lugo.

Señorías, como acabamos de escuchar, se ha presentado una
propuesta de no ratificación en relación con el Convenio de colaboración
en materia de adopción de niños y niñas entre el Reino de España y la
Federación de Rusia, hecho en Madrid el 9 de julio de 2014, que vamos a
debatir a continuación.

Para la presentación de la propuesta de no ratificación
presentada por los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, estamos ante un convenio internacional que afecta
a cuestiones muy importantes, que afecta directamente a familias y a
personas que tienen la expectativa de conseguir la adopción de un niño de
la Federación Rusa. Empiezo, por tanto, expresando mi solidaridad con
esas personas que legítimamente aspiran a configurar una familia. Lo que
ocurre es que el contenido de este convenio genera, en nuestra opinión,
un conflicto, más que de intereses, un conflicto ético, un

conflicto de valores. Y es a partir de pronunciarnos en ese
conflicto ético de principios y de valores como formulamos esta oposición
a la aprobación y ratificación del Convenio de colaboración en materia de
adopción entre nuestro país y la Federación de Rusia.

Como sus señorías saben, en este convenio se establece la
imposibilidad de que se adopten niños de la Federación de Rusia por
parejas del mismo sexo o para formar familias monoparentales. La
Federación de Rusia ha legislado en los últimos tiempos impidiendo que se
formalicen adopciones internacionales con Estados mediante convenios que
no garanticen que los niños no van a ser adoptados por parejas del mismo
sexo. De hecho, la Federación de Rusia ha desarrollado una legislación de
clara inspiración homófoba. Por eso, en Izquierda Unida, en esta Cámara
los senadores Mariscal Cifuentes y yo mismo, entendemos que es
inaceptable la firma de un convenio que reniega de nuestro propio
ordenamiento jurídico interno, que sí permite la adopción por parejas del
mismo sexo o para formar una familia monoparental.

Pensamos que en la adopción debe primar, fundamentalmente,
el interés del menor. Y este convenio internacional supedita ese interés
a un posicionamiento ideológico homófobo de la Federación de Rusia.
Creemos que con la suscripción de este convenio España no puede aceptar
de forma implícita que una pareja del mismo sexo no sea igualmente capaz
que una heterosexual de amar y de educar a sus hijos. Porque en nuestra
legislación interna no lo asumimos, no lo aceptamos. Por otro lado,
seguramente con la firma de este convenio sentamos un precedente
peligroso, un precedente hacia afuera, puesto que estamos invitando a que
otros Estados puedan establecer condicionantes similares en convenios con
contenidos parejos, e, incluso, hacia adentro, sentando las bases de una
revisión de nuestra propia legislación interna.

Finalmente, a los 2 senadores que suscribimos esta
oposición a la suscripción y firma del convenio de colaboración en
materia de adopción con la Federación Rusa, tampoco nos parece que sea
adecuado y asumible que se reconozca a las autoridades rusas el derecho
que se reservan en dicho convenio de hacer un seguimiento de los menores
adoptados mediante la solicitud de informes. Creo que los estándares de
nuestra Administración en las comunidades autónomas, que son las que
tienen competencia en la materia, en la tramitación de los expedientes y
en su seguimiento, son bastante más elevados que los que puedan existir
en este momento en la Federación de Rusia.

Muchísimas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Para turno en contra, tiene la palabra la senadora
Vindel.

La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, ¿se imaginan que durante los años que el Tribunal
Constitucional español tardó en fallar sobre la constitucionalidad o no
de los matrimonios homosexuales se hubiera impedido que se celebraran
matrimonios entre personas de distinto sexo en nuestro país? Pues eso,
pero referido a la adopción, es lo que aquí y ahora nos acaba de proponer
el senador Iglesias. Como, conforme a este tratado, los homosexuales no
pueden adoptar menores, se trata de que nadie adopte menores rusos en
España; nada menos, señorías.

Seguramente, esto les sugiera múltiples opiniones y muchos
adjetivos calificativos. Esta postura, esta pretensión se puede definir
como un disparate, como asombrosa, extravagante, injusta o, tomando
prestado uno de los adjetivos que ha utilizado en esta tribuna el senador
Iglesias, inaceptable. A mí me parece todo eso y además, senador
Iglesias, intolerable. Me parece intolerable que ustedes quieran
convertir este texto en un obstáculo para la adopción internacional y me
parece intolerable, además, que exprese aquí solidaridad con unas
familias y luego las deje sin adoptar. Eso es intolerable, porque está
usted ignorando el sufrimiento de 150 familias a las que se les paralizó
repentinamente el proceso de adopción, que estaba muy avanzado, y el de
otras 600 familias que quieren adoptar niños rusos que viven en
orfanatos. El senador Iglesias no lo ha dicho en su intervención pero se
lo digo yo, señorías, en quince años España ha adoptado a más de 12 000
niños rusos.

Sepan también que España es el primer país que ha llegado a
un acuerdo con Rusia en esta materia. El convenio que estamos tratando
ahora ha sido calificado como modelo por otros países y va a ser seguido
por Nueva Zelanda e Israel, entre otros. Es un convenio, como no podía
ser de otra manera, señorías, totalmente estricto con la legalidad
internacional. Seguro que sus señorías

saben que el derecho internacional privado depende de la
legislación interna de los países y que la adopción es materia de
legislación del país de origen. Lo que no tengo ya tan claro ni tan
seguro es que esto no lo sepa el senador Iglesias, visto su planteamiento
y su propuesta de no ratificación.

Senador Iglesias, ¿qué sentido tiene plantear tensión y
controversias entre derechos fundamentales españoles y la legislación
exterior de un país? ¿Qué sentido tiene? También me pregunto por qué
utilizan usted y su compañero el senador Mariscal este convenio para
defender los derechos de los homosexuales cuando aquí estamos tratando de
una cuestión humanitaria fundamental que aplica y hace efectivo el
principio nuclear de la Convención sobre los derechos del niño, que no es
otro que el interés del menor.

Déjeme que le diga muy respetuosamente que yo creo que
usted ha equivocado el buzón de su iniciativa. Vaya usted a los foros
internacionales a plantear lo que nos ha traído aquí, o incluso vaya a la
propia Rusia, señoría. Yo comprendo que en estos años aquello ha cambiado
mucho, sobre todo desde que era la Unión Soviética hasta ahora, que es la
Federación de Rusia, pero estoy convencida, señoría, de que algún amigo o
conocido les debe quedar a ustedes para defender públicamente esta
pretensión allí. No cree usted problemas donde no los hay, y mucho menos
a familias que lo que quieren es que se vea satisfecho su anhelo, su
deseo y su aspiración de adoptar. Aquí no estamos para crear problemas a
nadie, señoría. Aquí no estamos para eso, aquí estamos para otra
cosa.

El Grupo Parlamentario Popular apoya la extraordinaria
negociación que ha llevado a cabo el Gobierno en tiempo récord, que
requirió, nada más y nada menos, señorías, que 2 acuerdos del Consejo de
Ministros. Por supuesto, votaremos en contra de la propuesta que nos trae
el senador Iglesias y, consecuentemente, a favor del convenio de adopción
entre el Reino de España y la Federación de Rusia, que, por cierto,
señorías, recibió el voto unánime de la Comisión de Asuntos Exteriores de
esta Cámara.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Vindel.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Sinceramente, no pensaba
intervenir, pero la portavoz del Grupo Popular me ha convocado a bajar a
esta tribuna.

Señorías, yo no les voy a mandar a ustedes a ninguna parte.
Yo vengo aquí, al Senado, que es donde debo estar, donde debo argumentar,
donde debo defender mis planteamientos y donde debo votar; y les pido
simplemente eso: que ustedes también actúen en esta Cámara conforme a sus
planteamientos políticos, que pueden ser muy diferentes de los míos y que
yo respeto democráticamente.

La razón fundamental de que me sienta impelido a intervenir
de nuevo es el entusiasmo con el que su señoría ha defendido este
convenio, porque yo puedo aceptar que ustedes se escuden detrás de las
150 familias y digan que no tienen más remedio que aceptar y asumir una
condición que no comparten, pero eso no es lo que ha dicho su señoría. Lo
que me preocupa es que al menos algunos de ustedes estén de acuerdo con
la reserva que la Federación de Rusia introduce en este tratado
internacional, porque eso sí afectaría no solamente a esas 150 familias
sino a una parte sensible de la sociedad española, de ahí que me
ratifique en este momento en el mantenimiento de nuestra oposición a la
ratificación, por algo que me parecía tan obvio y evidente que pensaba
que no era necesario enunciar, pero que ahora, en esta segunda
oportunidad, voy a decir que es discriminatorio; es un condicionante
discriminatorio, que en este caso se basa en la opción sexual pero que en
otros casos puede llevar a que nos encontremos ratificando convenios para
poder abrir nuevos escenarios de adopción en los que se pongan
condicionantes de lo más diverso: que quienes adopten, formen y eduquen
en la religión musulmana, por ejemplo. Creo que ese es un escenario muy
peligroso y que la dignidad del Estado español, la defensa convencida de
los principios reconocidos en nuestra Constitución, debe impedir la
suscripción de convenios por dolorosas que puedan ser las consecuencias a
corto plazo y que hubiera sido preferible mantener abierta una
negociación en la búsqueda de alternativas a estos contenidos que, como
usted decía y ratifica ahora, son inaceptables e inasumibles.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor
presidente.

El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, el
señor MuñozAlonso, siempre ha sido partidario de que los convenios y
tratados internacionales se discutan, tanto en comisión como en el Pleno.
Generalmente, se solían aprobar en paquete. Nosotros estamos muy de
acuerdo en que se discutan, e incluso en que se presenten enmiendas, como
en esta ocasión ha hecho el Grupo Parlamentario Mixto. Sin embargo, no
estamos de acuerdo con esta iniciativa, aunque estamos muy de acuerdo con
la intervención que ha hecho el senador Iglesias, tanto en el fondo como
en la forma, porque el senador Iglesias es un hombre trabajador y sabe de
lo que habla.

Quizá me hubiera gustado más que hubiera intervenido el
señor Mariscal, porque me da la impresión de que está más ideologizado
con la ideología comunista, pero allá ellos con su planteamiento.

Anuncio que mi grupo parlamentario va a votar a favor de
este convenio. No sé si ustedes conocen un proverbio ruso que dice que el
único lugar donde el queso es gratis es en la ratonera y esta es la
clásica iniciativa en la que el queso está en la ratonera. ¡Claro que nos
gustaría que la legislación rusa no fuera homófoba, como lo es! Pero eso
viene de una ideología del pasado que no solamente pervive en Rusia y en
la antigua Unión Soviética, sino también en Cuba, e imagino que ustedes
habrán visto la película Fresa y chocolate, del año 1993, y sabrán que
Fidel Castro metía a los gais y lesbianas en campos de concentración; a
los gais, fundamentalmente: para que se hicieran hombres. Es decir, que
hay una ideología por detrás que nosotros no podemos cambiar en esta
iniciativa.

Lo que nos preocupa fundamentalmente es la situación de las
familias que quieren adoptar, que han tenido una relación con esos niños
durante dos años, que están esperando angustiosos que ese convenio se
firme de una vez por todas y poder tener a esos niños en su casa, con
todos los inconvenientes que han tenido que pasar.

Lógicamente, nosotros no estamos de acuerdo con esa
legislación rusa, y ojalá la negociación hubiera sido más intensa y
fuerte para lograr que esa cortapisa de las familias monoparentales y la
posibilidad de que los gais y lesbianas no puedan adoptar niños no se
hubiera planteado en el propio convenio internacional, pero se ha
planteado y tenemos ese dilema. El senador Iglesias decía: tenemos un
conflicto ético. Claro que tenemos un conflicto ético, pero en este
momento hemos de resolver el conflicto ético desgraciadamente en favor de
las familias que están esperando la adopción de esos niños. Sabemos que
estamos ante una Rusia que viene de aquella Unión Soviética, con una
ideología calcificada, y ahí tenemos al señor Putin, que, indudablemente,
sigue teniendo los mismos tics del pasado, y lo estamos viendo a nivel
internacional.

Por tanto, nuestro grupo parlamentario va a apoyar esta
iniciativa, este convenio internacional, estando de acuerdo con la
intervención del señor Iglesias.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrès de Catalunya,
tiene la palabra el senador Sabaté.

El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.

Señorías, estamos ante la propuesta de ratificación de un
convenio internacional entre el Reino de España y la Federación Rusa, sin
duda importante en la medida en que está afectando a centenares de
familias que están pendientes de una adopción internacional, y por tanto
el tema requiere toda nuestra atención y realmente merece este debate y
que se haga en las mejores condiciones posibles.

Dicho esto, el Grupo de la Entesa comparte la intención y
la exposición del senador Iglesias en la medida en que el hecho de que la
legislación de la Federación Rusa impida la adopción por parte de parejas
del mismo sexo, de parejas homosexuales, nos parece absolutamente
discriminatorio y contrario a la política que ha seguido nuestro país en
los últimos años, en que se han registrado avances muy importantes
precisamente en los derechos de las personas del mismo sexo que quieren
contraer matrimonio, avances que se registraron sobre todo con el
Gobierno del

señor Rodríguez Zapatero y que nos han puesto en la
vanguardia mundial precisamente en el reconocimiento de derechos humanos
básicos, que, sin duda, no admite ninguna vuelta atrás. Por tanto,
insisto en la importancia de la argumentación del senador Iglesias y en
la defensa precisamente de la no discriminación por razones de
orientación sexual para los padres que quieran realizar una adopción.

También es cierto que si aprobamos esta enmienda y, por
tanto, no se ratifica el convenio, dejamos a las familias que están
afectadas en una situación difícil y provocamos una frustración
importante ante una esperanza que sin duda está bien fundamentada y que
se merece que se atienda.

Valoramos positivamente que, a propuesta del Grupo
Parlamentario Socialista, el Congreso de los Diputados aprobase la semana
pasada una proposición no de ley precisamente instando al Gobierno a que
en la suscripción de tratados y convenios internacionales se avance en el
respeto a los derechos humanos, y muy especialmente en los que, en
definitiva, no contravengan los derechos de las personas por su
orientación sexual. Esto permite abrigar la esperanza de que en el futuro
vayamos mejorando y se eviten situaciones como la que estamos teniendo en
este momento: por una parte, viéndonos en la necesidad de ratificar este
convenio, y por otra, entendiendo que este convenio afecta claramente a
principios fundamentales de respeto a los derechos humanos que, como he
dicho, nuestro grupo comparte.

Ese es el motivo por el que los senadores socialistas del
Grupo de la Entesa vamos a abstenernos en la enmienda que plantea
Izquierda Unida, precisamente por no frustrar las esperanzas de las
familias que están pendientes de esta adopción, pero a la vez
comprendiendo y compartiendo, como he dicho, los criterios y la
argumentación que ha expuesto el senador Iglesias. En cualquier caso, con
posterioridad, si se somete a votación, como hicimos en la Comisión de
Exteriores, votaremos a favor de la suscripción del convenio.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.

La señora CUNYAT BADOSA: Gracias, señor presidente.

Nuestro grupo parlamentario no apoyará la propuesta
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto y votará a favor de ratificar
el convenio.

Señorías, a todos nos sorprendió negativamente el cambio
que en julio de 2013 aprobó la Federación Rusa respecto de la ley federal
que regulaba las adopciones internacionales. Centenares de familias veían
roto o abortado su proyecto familiar más íntimo, una agonía que ha durado
prácticamente dos años. Solo en Cataluña el cambio afectó a 223
expedientes de familias, que en ese momento habían elegido Rusia como
país para tramitar su adopción. Estas familias, evidentemente, estaban en
diferentes estados de la tramitación: 48 familias habían recibido ya
asignación y conocían al niño, otras estaban en otros puntos del proceso,
pero especialmente para estas familias que ya conocían al niño, la
situación era un drama absoluto.

Evidentemente, nosotros no podemos definir las condiciones
de adopción de los países de origen, aunque quiero que quede claro hoy
aquí que el Gobierno de la Generalitat, vía el instituto de adopciones,
ha trabajado intensamente con las entidades colaboradoras de las
adopciones internacionales, así como con el ministerio, para poder hacer
una propuesta que pudiera ser aceptada por Rusia y que fuera mucho más
respetuosa con nuestra legislación. Evidentemente, al final son ellos
quienes ponen sus condiciones, y aunque, al igual que el resto de los
grupos, no compartimos algunos aspectos incluidos en este convenio y son
contrarios a nuestra voluntad social, queremos ratificarlo, sobre todo
porque afecta, como se ha dicho, a más de 600 familias, que están
viviendo una auténtica agonía. No podemos alargarlo más, no podemos
aceptar más meses de sufrimiento y, por tanto, ratificaremos este
convenio.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cunyat.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Sañudo.

El señor SAÑUDO AJA: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo para explicar nuestra posición respecto a este
convenio. El Grupo Parlamentario Socialista va a abstenerse en el
planteamiento que han hecho los representantes de Izquierda Unida, del
Grupo Parlamentario Mixto, y dará un sí crítico a la aprobación de este
convenio.

Como sus señorías saben ya se ha comentado aquí— ya
hace casi dos años de la paralización de las adopciones en Rusia con
motivo del endurecimiento de los requisitos de adopción por parte de ese
país. Hay más de 600 familias españolas pendientes de la tramitación de
sus expedientes de adopción, 160 de las cuales ya tenían un niño o una
niña asignado. Les voy a leer una parte de la carta que los padres
dirigieron en enero a la vicepresidenta del Senado, nuestra compañera,
para que se sitúen respecto de las familias. La carta decía: «Para
nosotros estas pasadas han sido unas Navidades tristes y duras. En
nuestro caso concreto ha sido la segunda que no hemos podido pasar con
nuestra hija Victoria, a la que conocimos ya hace más de un año. Cada día
que pasa corremos el riesgo de que nuestros hijos sean asignados a una
familia rusa y perdamos la posibilidad de reunirnos definitivamente con
ellos. De ahí la necesidad y la trascendencia de reducir al máximo el
período de tiempo en el cual podamos traerlos a casa». Eso decía una
parte de la carta que nos dirigieron.

Esta es la realidad de lo que están pasando las familias
españolas, que tienen enormes dificultades. Por eso, por coherencia,
guiado además de la necesidad de las familias españolas, también por el
interés del menor y con el fin de evitar el cierre de este país a la
adopción internacional a las familias españolas, quiero recordarles que
hay más de 12 000 niños rusos adoptados desde 1999 por familias
españolas, y por eso vamos a aprobar este convenio. Ahora bien no
queremos dejar de remarcar nuestra crítica, planteando, en primer lugar
nuestra insatisfacción y en segundo lugar, nuestras reservas. Es verdad
que nos podemos esconder detrás de la afirmación de que nosotros no
podemos incidir en la legislación del país de los adoptados, en este caso
Rusia, pero es igual de verdad que hacerlo sin reconocer lo indigno de
ello nos pone en una situación peor.

El convenio que aprobamos es verdad que desbloquea la
adopción de menores rusos por familias españolas, como he comentado
anteriormente, pero también es verdad que lo prohíbe al colectivo de
gais, lesbianas, transexuales, bisexuales y familias monoparentales, y
eso, como nos decía, nos produce, como poco, una enorme insatisfacción.
Insatisfacción porque el convenio no recoge la posibilidad de adopción
conforme a nuestra legislación en materia de familia, que con el esfuerzo
de todos, incluidos los colectivos, hemos conseguido que sea una de las
más avanzadas del mundo.

Los pasos dados en este país en favor de la igualdad
política, de la civil y de la social entre todas las personas, sin
distinciones atribuibles a su condición sexual, son el producto de una
lucha de muchos y muchas que han dejado parte de sí mismos para ayudar a
los demás. Permítanme que en este momento me acuerde de nuestro compañero
Pedro Zerolo y de su lucha en estos asuntos.

Por eso precisamente, por nuestra insatisfacción, nuestro
grupo presentó una iniciativa en el Congreso de los Diputados, una PNL,
sobre medidas para impulsar la protección del colectivo LGTB en Rusia,
que se debatió, por cierto, el pasado 24 de septiembre y que profundizó
sobre esta cuestión. Quiero recordarles algunos asuntos que se aprobaron
en esa PNL a propuesta de los socialistas: impulsar en el marco de las
relaciones bilaterales y a través de su participación en las
organizaciones internacionales, la adopción en dichos países de
legislaciones que prohíban la discriminación por razón de orientación
sexual e identidad de género. En otro punto se instaba al Gobierno de
España a realizar las gestiones diplomáticas oportunas para pedir de la
Comisión Europea, de nuestros socios europeos y de nuestras relaciones
bilaterales una condena enérgica de aquellos países que impulsen
normativas contra las personas homosexuales y defensores de los derechos
humanos de las personas del colectivo LGTB.

Por último, también queremos plantear nuestras reservas
sobre algunos puntos que este convenio plantea, porque parece que hay una
cierta vigilancia del país de origen. Y ahora sí, reclamamos al Gobierno
que se produzca en cualquier caso bajo las garantías de nuestro
ordenamiento jurídico. Estaremos, no lo duden, vigilantes.

Acabo. Como he comentado con anterioridad, votaremos
favorablemente, por responsabilidad, remarcando nuestras cautelas y
nuestras reservas. Desde luego, el Grupo Parlamentario Socialista

estará en estos temas pendiente de que nadie tenga la
intención de que la desigualdad se nos cuele por la puerta de atrás.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sañudo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Vindel.

La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

A efectos de que quede claro en el Diario de Sesiones,
porque se han dado varias cifras, quiero decirles, sobre todo al senador
Iglesias, que no son solo 150 familias las que están esperando para
adoptar, sino que en total son esas 150 más 600; es decir, estamos
hablando de 750 familias, lo que hace un total, como mínimo, de 750
menores rusos huérfanos. Del interés del menor ya ni hablamos, porque ha
quedado muy claro lo que al proponente le parece este asunto.

No me gusta dar lecciones a nadie, señorías, pero déjenme
que les diga que hay 194 países que componen el globo terráqueo, y de
esos 194 países solamente en 41 todas las personas, sin distinción de
sexo ni condición sexual, pueden adoptar. Ustedes podrán calificar como
quieran a Rusia y a su legislación, y si quieren la pueden llamar
homófoba, allá ustedes; pero también están llamando homófobos a casi el
80% del globo terráqueo, y yo, sinceramente, esto lo pensaría dos veces.
(Rumores).

Déjenme que les diga una cosa. Aquí lo importante es que se
está pidiendo que, como no todos pueden adoptar en Rusia, no adopte
nadie. Señor presidente, creo que tenemos mucha suerte por la época en
que vivimos, porque es la era de la nuevas tecnologías, y hoy este
debate, ahora mismo —ustedes lo saben tan bien como yo—, se
está siguiendo fuera de este hemiciclo. Mientras yo estaba en la tribuna
he recibido un correo que, si me lo permite el señor presidente, voy a
leerles, porque me parece muy interesante: «Somos un matrimonio de
homosexuales que nos casamos el pasado año. Queremos formar una familia y
estamos deseando adoptar. Creemos que tenemos derecho a ello, pero no nos
gustaría, bajo ninguno de los conceptos, que porque nosotros todavía no
tengamos reconocido ese derecho fuera de España se impida tenerlo a quien
sí lo tiene. Malo es no poder disfrutar un derecho, pero peor aún es
impedir disfrutarlo a quienes lo tienen. Creemos que así no se va por el
mundo. Firmado, Joaquín y Mario».

Señor presidente, dado que el senador Iglesias no ha
retirado su propuesta para no ratificar este convenio, le ruego llame a
votación.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Vindel.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a someter a votación la propuesta de no
ratificación del convenio presentada por los senadores Iglesias y
Mariscal. Les recuerdo que esta propuesta de no ratificación es
equivalente a un veto, y, por tanto, para su aprobación se requiere la
mayoría absoluta.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 239 ; a favor, 4; en contra, 170;
abstenciones, 65.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos ahora el dictamen.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 241; votos emitidos, 239; a favor, 232; en contra, 2;
abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado y
definitivamente ratificado por las Cortes Generales el Convenio de
colaboración en materia de adopción de niños y niñas entre el Reino de
España y la Federación Rusa, hecho en Madrid el 9 de julio de 2014.

A los demás acuerdos no se han presentado propuestas.
¿Algún grupo desea intervenir sobre el resto de los acuerdos?
(Pausa).

Tiene la palabra el senador Unamunzaga.

El señor UNAMUNZAGA OSORO: Simplemente queremos manifestar
nuestra abstención al resto de convenios.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Unamunzaga.

¿Algún otro grupo desea intervenir? (Pausa).

Tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Mostramos nuestra abstención al resto de convenios.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

¿Algún otro grupo parlamentario desea intervenir?
(Pausa).

Así pues, con las manifestaciones del senador Unamunzaga y
la senadora Capella, ¿se pueden aprobar los dictámenes por asentimiento
con esas excepciones? (Asentimiento).

Muchas gracias. Quedan aprobados, y se entienden concedidas
las autorizaciones.

8. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

8.1. DICTÁMENES DE COMISIONES

8.1.1. PROYECTO DE LEY DE APROBACIÓN DE MEDIDAS URGENTES
PARA EL CRECIMIENTO, LA COMPETITIVIDAD Y LA EFICIENCIA (PROCEDENTE DEL
REAL DECRETO-LEY 8/2014, DE 4 DE JULIO). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO
DE URGENCIA.

COMISIÓN: ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

(Núm. exp. 621/000088)

El señor presidente da lectura a los puntos 8., 8.1. y
8.1.1.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto octavo del orden del
día.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el
senador López.

El señor LÓPEZ RODRÍGUEZ (Octavio Adolfo): Muchas gracias,
señor presidente.

Comparezco ante este Pleno a propuesta de la Comisión de
Economía y Competitividad, que me honro en presidir, para presentar ante
esta Cámara el Proyecto de Ley de aprobación de medidas urgentes para el
crecimiento, la competitividad y la eficiencia, procedente del Real
Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio. Dicho proyecto de ley, que se somete
en este acto a la consideración del Pleno del Senado, tuvo su entrada en
esta Cámara el día 12 de septiembre de 2014, fecha asimismo de su
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, tramitándose
por el procedimiento de urgencia.

El plazo de presentación de enmiendas finalizó, previa
ampliación, el día 18 de septiembre, presentándose un total de 5 vetos y
566 enmiendas, de las cuales han sido retiradas las números 230, 231,
232, 299, 300, 315 y 367, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya. Asimismo, por acuerdo de la Presidencia del Senado de 23 de
septiembre de 2014, se inadmitieron por carecer de manera evidente y
manifiesta de conexión con el objeto del proyecto de ley que se tramita
las siguientes enmiendas: la número 100, del Grupo Parlamentario Mixto;
las números 328, 435, 436 y 437, del Grupo Parlamentario Entesa; las
números 511 y 521, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, y las números 159, 160 y 161, del Grupo
Parlamentario Socialista.

Los vetos presentados fueron los siguientes: el veto número
1, por los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto; el veto número 2, por la senadora Capella i Farré
del Grupo Parlamentario Mixto; el veto número 3, por el Grupo
Parlamentario Socialista; el veto número 4, por los senadores Guillot
Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya, y el veto número 5, por las senadoras Almiñana

Riqué y Sequera García, y los senadores Bolla Alós,
Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs,
igualmente del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Por lo que se refiere a las enmiendas, se distribuyen de la
siguiente forma: enmiendas 1 a 12, de los senadores Quintero Castañeda y
Zerolo Aguilar, del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas 13 y 14, de la
senadora Salanueva Murguialday y los senadores Eza Goyeneche y Yanguas
Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas 15 a 139, de los
senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto; enmiendas 541 a 566, del Grupo Parlamentario Vasco
en el Senado; enmiendas 228 a 455, del Grupo Parlamentario Entesa;
enmiendas 456 a 540, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; y enmiendas 140 a 227, del Grupo Parlamentario
Socialista.

El 25 de septiembre se reunió la ponencia del presente
proyecto de ley y emitió informe aprobando, por mayoría con el voto a
favor de los ponentes del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y el
voto en contra de los ponentes de los restantes grupos parlamentarios, el
texto remitido por el Congreso de los Diputados. Asimismo, quedó
constancia de la retirada de las enmiendas 564 y 566, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado.

A continuación, la comisión se reunió para dictaminar el
citado proyecto de ley y emitió dictamen sin modificaciones respecto al
informe de la ponencia. Se facilitó el debate de este prolijo y
heterogéneo proyecto de ley, dividiendo el mismo para su mejor análisis y
subsiguiente debate en 8 bloques que agrupaban las materias por sectores
de actividad y por ministerios. En dicho debate participaron numerosos
portavoces de distintas áreas y comisiones de la Cámara a los que
agradezco, así como al resto de la Comisión de Economía y Competitividad,
el trabajo desarrollado así como el nivel y la forma de los debates
sustanciados.

Finalmente, han presentado votos particulares a este
dictamen los senadores Iglesias Fernández, Mariscal Cifuentes, Eza
Goyeneche, Salanueva Murguialday y Yanguas Fernández del Grupo
Parlamentario Mixto; los senadores Guillot Miravet, Saura Laporta,
Almiñana Riqué, Sequera García, Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí
Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya, y los grupos parlamentarios Mixto, Vasco en el
Senado, Entesa pel Progrés de Catalunya, Catalán en el Senado
Convergència i Unió y Socialista.

Buen debate y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador López.

Señorías, vamos a comenzar con el debate de las propuestas
de veto.

Les anuncio que, por acuerdo de la Junta de Portavoces de
ayer, no interrumpiremos el Pleno para el almuerzo hasta no terminar con
el debate de las propuestas de veto. En todo caso, éstas no se votarán
antes de las 4 de la tarde. ¿Comprendido? ¿Alguna duda? Vamos a continuar
con el debate hasta el final. Si se acabara antes de esa hora el debate
de los vetos, sí interrumpiríamos hasta las 4, pero en todo caso los
vetos se van a votar a partir de las 4 o a las 4.

Empezamos con la propuesta de veto número 2, de la senadora
Capella, del Grupo Parlamentario Mixto.

Para la defensa de este veto, tiene la palabra la senadora
Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Doy por defendido el veto.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Propuesta de veto número 1 de los senadores Iglesias y
Mariscal.

Para la defensa de este veto, tiene la palabra el senador
Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Este proyecto de ley es probablemente el paradigma de la
actividad legislativa del Partido Popular que a lo largo de estos casi
tres años de Gobierno ha ido engrasando el mecanismo, perfeccionándolo,
para llegar a plantear un real decreto ley, uno más a sumar a los 55
anteriores, que contribuye a convertir a esta Cámara, cuando se digna en
transformar el decreto ley en proyecto de ley, en algo que en alguna otra
intervención ya tuve la oportunidad de expresar, en una especie de mero
microondas, que recalienta los platos precocinados en el Consejo de
Ministros, a esta Cámara y al Congreso de los Diputados. Es también el
paradigma porque, una vez más, tenemos un enunciado que es una clara
manipulación del lenguaje en tanto en cuanto

los contenidos no guardan una relación directa con el
enunciado y, en algunas ocasiones, desmienten los conceptos que se han
barajado en la calificación inicial del proyecto. A pesar de haber sido
tramitado en el Congreso por imposición, con agosticidad, no es este un
proyecto de medidas urgentes; hay medidas cuya entrada en vigor será a
partir de 2015, y otras que dilatan incluso en el tiempo su aplicación
hasta 2017. No contribuye en ningún caso al crecimiento, luego hablaremos
de cómo afecta al comercio minorista alguno de sus contenidos, y tampoco
es un dechado de virtudes que ayude a la competitividad y la eficiencia;
no se es más eficiente transformando en privado lo que hasta ahora
funcionaba bien como público.

En el debate en el Congreso de los Diputados ya se denunció
que este proyecto de ley, que acaba afectando a una veintena, tiene
contenidos inconexos, diversos, que no guardan relación entre sí, que
suponen una mala técnica legislativa, y en muchos de los cuales es
difícil encontrar el interés general, el interés público, y fácil
detectar el interés particular, el interés privado de grupos económicos
poderosos, entidades financieras, empresas energéticas, colectivos como
los registradores mercantiles, industrias aeronáuticas o empresas
colaboradoras en el ámbito de la contratación.

En ese debate en el Congreso, los portavoces de mi grupo
han intentado calificar este proyecto de ley diciendo que la terminología
hasta ahora barajada en otros proyectos de ley, igualmente variopintos,
no era acertada, que iba mucho más allá de ser un proyecto de ley
ómnibus, un proyecto de ley portaaviones, incluso se hablaba de una
auténtica flota de portaaviones; yo prefiero utilizar la terminología
gastronómica, que ya guarda relación con la invocación al horno
microondas. Creo que este proyecto de ley es una auténtica olla podrida;
etimológicamente, uno de los sentidos más comúnmente aceptados de la olla
podrida es la olla de los poderosos, princesa de los cocidos, según
Calderón de la Barca, que lleva una composición variada: carnes,
hortalizas, legumbres; en francés se califica como popurrí aplicado a la
música y asumido por la Real Academia Española con la expresión mezcla de
cosas diversas. No seré yo quien desprestigie la olla podrida, que es
sabrosa, pero solo si se cuece muy despacio, dice Covarrubias, y este no
es el caso. Esta olla podrida se coció muy despacio en alguno de sus
contenidos, los que se han dialogado durante más de un año con los grupos
empresariales interesados, pero otros elementos incorporados se han
cocido de forma muy apresurada, y por eso esta olla podrida no es
sabrosa.

Discrepamos de los contenidos de este proyecto de ley, en
tanto en cuanto se pretende utilizar la necesidad de la promoción
turística para favorecer la absoluta libertad de horarios, que solo
favorece a las grandes comercializadoras, a las grandes superficies, y
que perjudica y esclaviza a los pequeños comerciantes. Discrepamos en
tanto en cuanto se invaden competencias de las comunidades autónomas al
establecer un mayor control de las finanzas locales a través de los
diversos mecanismos que el Ministerio de Hacienda ha puesto en marcha
para el pago de proveedores. Rechazamos la privatización de AENA, no hay
razones para que en este momento se retome una iniciativa del entonces
Gobierno socialista, de don José Blanco, que felizmente fracasó; no se
puede abrir el mecanismo privatizador de una entidad, una vez más,
previamente saneada en la que se han realizado importantes inversiones y
en la que ya se ha impuesto un sacrificio a los trabajadores a través de
una importante reducción de empleo. Privatizar cuando es rentable, y
hacerlo, además, después de un proceso que en este caso es uno de los
ingredientes que ha sido cocinado durante mucho tiempo y respecto del
cual hemos ido conociendo de forma desgranada y parcial a través de los
medios de comunicación los contactos que desde el Gobierno se han
mantenido con lo que, entre comillas, podemos calificar de compradores
institucionales que entrarían en la primera fase privatizadora.

¿Cómo justificar un interés general cuando el objetivo
último que se pretende alcanzar es como mucho obtener aproximadamente
2500 millones de euros por este proceso privatizador del ahora 49% de su
capital? Es imposible no sentirse incómodo después de haber seguido este
proceso. ¿Por qué privatizar una entidad estratégica desde el sector de
las comunicaciones y desde el sector de una de las actividades económicas
que tiene más peso en nuestro país, que está siendo uno de los pocos y
escasos elementos de dinamización económica y positiva en este momento,
como es el del sector turístico que en gran parte depende de las
comunicaciones por vía aérea. Además hay —la ley lo permite—
un riesgo evidente, el riesgo para los pequeños aeropuertos, para los
aeropuertos que no resultan rentables y que se pueden ver compelidos al
cierre o malvendidos y utilizados de forma absolutamente subsidiaria tras
la aprobación de este

proyecto de ley, a pesar de que esos aeropuertos son
trascendentales, no solo como aportación al sector turístico, sino como
un elemento de vertebración interior en nuestras comunicaciones. ¿Hasta
cuándo hay garantías de que el Estado mantendrá ese 51%? No hay ninguna
garantía de cara al futuro.

Discrepamos de las reformas que se introducen en la gestión
de puertos, y en concreto en la prórroga de las concesiones. Mantenemos
posiciones muy diferentes en los contenidos que se refieren al ámbito
energético. Tras el torrente normativo que hemos padecido en esta Cámara
en materia energética uno pudiera pensar que ya estaba todo hecho, que se
había desarrollado completamente la estrategia que en política energética
el Gobierno de don Mariano Rajoy pretendía desarrollar. Este proyecto lo
desmiente. El Gobierno descubre que ha de trasponer ahora una directiva
de eficiencia energética que no le gustó nada cuando se aprobó en Europa.
Quizá por ello lo hace de forma atropellada —otro de esos productos
de la olla podrida poco elaborados, poco cocidos y de forma
parcial—; lo hace con nula convicción, lo cual es lógico, porque
esa falta de convicción casa perfectamente con otras decisiones
anteriores en materia energética, casa perfectamente con el hecho de
castigar el autoconsumo, y hace la trasposición tras enviar un informe a
la Comisión Europea absolutamente triunfalista, afirmando que en 2012
nuestro país ya cumple con los objetivos fijados para 2020 en materia de
eficiencia energética, lo cual evidentemente es algo increíble.

Por otro lado, con este proyecto de ley se pretende salir
al paso del déficit gasístico. Tras mucho tiempo debatiendo sobre el
déficit eléctrico, de repente descubrimos que en muy poco tiempo nos
crece el déficit gasístico y que su monto hasta el presente ejercicio
suma ya 1200 millones de euros. Hay que pensar que ello no es casual, que
responde a una estrategia energética marcada, como todo lo demás, por las
grandes empresas del sector y asumida por el Gobierno, que abunda una vez
más en la dependencia energética. (El señor vicepresidente, Lucas
Giménez, ocupa la Presidencia). Ahora nuestra dependencia fundamental es
del gas, y con un porcentaje superior al 50%, del gas procedente de
Argelia. Y el déficit surge porque esa dependencia del gas ha conllevado
importantes inversiones en el sector. Y ahora esas importantes
inversiones que en una circunstancia de caída del consumo energético no
pueden ser amortizadas son las que contribuyen a generar este déficit,
que de nuevo se pretende proyectar sobre los consumidores, por no hablar
ya de las fundadas sospechas de que el mecanismo acabará contribuyendo
también para trasladar a los consumidores el bluf o fiasco del depósito
Castor.

En materia de empleo y garantía juvenil, España —lo
saben sus señorías— es el país de la Unión Europea que tiene una
tasa de paro más elevada, por encima del 50%. Creo que fue en abril del
pasado año, hace ya año y medio, cuando se empezó a hablar de que fondos
europeos iban a venir a nuestro país para poner en marcha un programa de
garantía juvenil, y de nuevo en la concreción se genera confusión. Hay
poca garantía. Es obvio que no se puede pedir al Gobierno que garantice
el empleo a ese más del 50% de los jóvenes que están en paro pero, si es
así, no hablemos de garantía. Y sí se le puede pedir que garantice al
menos la formación, pero ni tan siquiera eso queda garantizado.

Discrepamos de que se cree un registro al margen del
servicio público de empleo en el que los jóvenes que pretendan acogerse a
este programa se inscriban. Nos sorprende que después de haber alcanzado
una unanimidad en el debate político en la que participaba el Gobierno de
la nación, cuestionando el sistema de subvenciones a la contratación que,
al final, solo subvenciona los contratos que realmente los empresarios
iban a crear de una forma o de otra, se acuda, se potencie el mecanismo
de la subvención. Y rechazamos el papel que se da a las entidades
colaboradoras privadas.

En materia de fiscalidad, el Gobierno —lo hemos
argumentado en distintas ocasiones— invadió competencias de las
comunidades autónomas cuando estas empezaron a crear un impuesto sobre
los depósitos de las entidades financieras con una ley en la que regulaba
esta figura tributaria con el tipo 0. Ahora fija un tipo máximo, que es
un nuevo techo sobre las comunidades autónomas y supone una nueva
invasión de competencias.

Habla el proyecto de ley de ampliar la tasa de reposición
en las Fuerzas Armadas. Nosotros creemos que eso es un reconocimiento
implícito de que la tasa de reposición en la Administración hasta este
momento ha sido insuficiente, que no se resuelve con ese incremento al
20% que se contempla en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el próximo ejercicio.

Finalmente, privatización del Registro Civil: rechazo
absoluto. No aceptamos la transferencia de competencias a los
registradores mercantiles, que se acaban convirtiendo en un colectivo muy
peculiar. Hablaré luego, en el debate de las enmiendas, sobre ello.

Por lo tanto, como he terminado mi tiempo, no me extiendo
más.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Muchas gracias,
senador Iglesias.

La propuesta de veto número 4 está presentada por los
senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya. Para su defensa, tiene la palabra el senador
Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, voy a justificar este veto que presentamos el
senador Saura y yo, en representación de Iniciativa per Catalunya Verds,
por tres razones fundamentales: en primer lugar, por las formas; en
segundo lugar, por los objetivos que persigue el Gobierno con este
macroproyecto de ley; y, en tercer lugar, evidentemente, por los
contenidos concretos del mismo.

Este proyecto de ley, procedente del Real Decreto Ley
8/2014, de 4 de julio, y su tramitación posterior tanto en el Congreso
como en el Senado es, a mi entender, la peor aberración cometida contra
el buen trabajo parlamentario. Abusando de su mayoría absoluta, han
impuesto una perversa forma de legislar: uso y abuso de los decretos ley,
de las tramitaciones de urgencia o de amontonar en un mismo proyecto
legislativo materias que no guardan ninguna relación entre sí. Se
amontonan en un mismo proyecto de ley materias que, por su transcendencia
o disparidad, exigirían una específica tramitación parlamentaria. Y si
esta es una constante en esta legislatura, este proyecto de ley se lleva
la palma. Vamos a intervenir sobre unas 30 leyes, que afectan a 9
ministerios, y prisa, ninguna, vista la implantación y desarrollo de
muchas de las medidas.

Señorías, hablaremos de drones y de Registro Civil,
¡cuestiones estrechamente relacionadas!, como todo el mundo sabe. Como ya
afirmó la vicepresidenta del Gobierno en la presentación del proyecto de
ley en el Congreso, recurrir al real decreto ley es práctica de todos los
gobiernos; pero, como este, ninguno en la historia de nuestra democracia.
Si descontamos las leyes orgánicas tramitadas que no pueden ser motivo de
real decreto o los presupuestos, que tampoco, el 48% de las leyes
tramitadas proceden de reales decreto ley. Lo que debería ser una figura
excepcional de legislar, ustedes, señorías del PP, lo han convertido en
la forma ordinaria de legislar.

A estas alturas de legislatura podemos afirmar que este
Gobierno ha perdido todo rubor parlamentario y pundonor legislativo. A
pesar de la desfachatez con que este Gobierno justifica este tipo de
tramitaciones y estos enredados proyectos legislativos, son palmarios los
efectos negativos sobre la calidad de nuestro sistema parlamentario. Así
se degradan más las cámaras legislativas. La elaboración y aprobación de
las leyes se llevan a cabo con procedimientos que hacen imposible un
debate parlamentario razonable y el seguimiento ciudadano; procediendo de
esta manera se aleja aún más a los parlamentos de la ciudadanía.
Tramitamos leyes de forma parcial, tantas veces cargadas de errores, que
se revisan o retocan al poco tiempo, con lo que se consigue crear
inseguridad jurídica. Señorías, les pregunto, ¿esta es la regeneración
democrática que propone el Partido Popular? ¿Esta es la regeneración
democrática que quiere realizar el Gobierno? ¿Así van a regenerar la vida
pública? No sean cínicos.

Termino este primer apartado recordando a la Cámara que
tres grupos del Congreso, PSOE, Izquierda Plural y UPyD, han presentado
recurso de inconstitucionalidad al Real Decreto Ley 8/2014.

Un segundo argumento que justifica este veto es nuestra
discrepancia con la justificación política que daba la vicepresidenta del
Gobierno, la señora Sáenz de Santamaría, en su defensa en el Congreso de
dicho proyecto. Este Gobierno, a mi entender, partió de un mal
diagnóstico sobre la crisis, y peor ha sido el tratamiento. Con el
estadillo de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera, ustedes
pensaron que había que abordar esta crisis como una crisis de oferta que
requería medidas que redujeran los costes relativos, fundamentalmente
salarios, reducción del gasto público, especialmente de la inversión, y
deprimir el consumo privado, todo ello sin cuestionar los efectos de la
deuda privada primero, y la pública después, en el mantenimiento de una
demanda agregada deprimida, creyendo que eso generaría más ahorro y,
finalmente, se reactivaría el ciclo inversor. Desde esta lógica, era
necesario, pues, eliminar las supuestas rigideces del

mercado laboral, facilitando el despido y reduciendo los
salarios, y congelando y luego reduciendo las pensiones públicas.
Liquidaron todo el gasto público productivo, por lo que hoy podemos
hablar de un verdadero caos del sistema de dependencia o del casi colapso
del CSIC.

Sus reformas estructurales pretenden desmantelar el sistema
público de provisión de servicios esenciales: educación, sanidad,
farmacia, dependencia. La reacción ciudadana, la resistencia de los
profesionales, como, por ejemplo, los trabajadores de la sanidad de
Madrid, son los principales cortafuegos contra sus pretensiones. Ayer, el
presidente Rajoy se refería a la reforma de la Administración en esta
Cámara, y reiteró que, gracias a sus reformas, se habían ahorrado 10 417
millones de euros, lo que no dijo es que 10 000 millones de este ahorro
provienen de la liquidación de casi 400 000 empleos públicos. La joya de
la corona de las reformas, la reforma laboral, provocará que esta
legislatura termine con menos población activa y con más paro que la
anterior.

La solución dada a la crisis de nuestro sistema financiero
ha sido también de manual neoliberal, la socialización de sus pérdidas
mediante el rescate público sin ninguna contrapartida a cambio. En un
contexto de deflación por deuda, con el IPC cayendo —en agosto, el
0,5% anual—, tampoco se podrá cumplir con el objetivo de déficit y
con la ratio de la deuda sobre el PIB que marcan los subjetivos criterios
de Masstricht. ¿La recuperación de los salarios y del salario mínimo
interprofesional no sería hoy la mejor receta frente a la amenaza de
deflación?

Con este panorama de nuestra economía y con la evidencia y
constatación de la mala coyuntura económica, de mantenerse, todo ello no
hará más que empeorar nuestra posición. Hasta el propio ministro de
Economía y Competitividad da la alarma sobre una posible tercera
recesión. Es cierto que hoy hay datos que apuntan a una recuperación. Sí,
la economía puede crecer, se baraja entre un 1,2% y un 1,5%. Bienvenida
sea, pero, señorías, es una recuperación frágil, nuestras exportaciones
han caído, nuestro entorno no goza de buena salud económica, por lo que
está siendo lenta, muy lenta.

La OIT nos avisa de que a este ritmo no volveremos a los
niveles de empleo de 2007 hasta el año 2023. Pero lo peor que nos puede
pasar es que haya recuperación sin creación de empleo. Ya les advierto
que no pienso perder mucho tiempo en desmontar esta patraña gubernamental
del crecimiento del empleo. Aquí lo único que crece es el empleo precario
y parcial, en una situación de reducción de la población activa.
Sustituir personas ocupadas con contratos indefinidos y jornadas de 40
horas por varios contratos temporales a tiempo parcial y con sueldos más
bajos no es, a nuestro entender, crear empleo.

Señorías, parece que no hayamos aprendido nada de los
orígenes de esta crisis. Se sigue insistiendo en la apuesta por un modelo
productivo de baja calidad, intensivo en mano de obra y estacional,
basando nuestra competitividad básica y fundamentalmente en los bajos
costes laborales, dando la espalda a la formación y a la investigación,
desarrollo e innovación, a la industrialización. Senador Saura, quiero
insistir, una vez más, en que la equidad y todo lo que ello comporta en
el sistema público, no solo es un valor moral, sino que también lo es
económico.

No se puede insistir en políticas que, una vez realizado su
balance social de daños, tienen resultados demoledores. Las políticas de
austeridad han fracasado económica y socialmente.

Todas las iniciativas del Gobierno deberían priorizar los
cuatro principales problemas que asolan a nuestro país: paro, pobreza,
exclusión social y precariedad. Nada que ver con la orientación del
Gobierno con la que justifica este proyecto de ley.

Y por último, entro ya en los contenidos del macroproyecto
de ley. Es cierto que todo este macroproyecto de ley sigue una coherencia
lógica de este Gobierno. Ustedes nos presentan, una vez más, para el
debate y aprobación una serie de propuestas que tienen cuatro objetivos:
liberalizar, privatizar, recentralizar y socializar las pérdidas como las
de gas natural en su conflicto con Sonatrach.

No estamos de acuerdo con la liberalización de los horarios
comerciales ni con la desregulación del comercio minorista, medida que
afectará al pequeño comercio y a las condiciones de trabajo de los
asalariados de este sector, ya de por sí muy precarizado.

No estamos de acuerdo con esta nueva reforma energética del
sector gasístico que representa un nuevo rescate para las empresas y un
nuevo déficit de tarifa que pagarán los usuarios.

No estamos de acuerdo con la privatización de AENA. Es
esclarecedor que ustedes antes prefieran privatizar que permitir la
gestión descentralizada de los aeropuertos. La Generalitat no, cualquier
grupo empresarial sí.

No estamos tampoco de acuerdo con la privatización de la
gestión del Registro Civil. Doten con más medios la Administración de
Justicia. Salvaguarden los datos privados que solo pueden estar bajo la
custodia de los poderes públicos. Nos oponemos, y nos opondremos, al
cobro de esta prestación que más pronto que tarde van a exigir los
registradores mercantiles.

No estamos de acuerdo con estas nuevas invasiones
competenciales, ya sea en las competencias sobre horarios comerciales de
las comunidades autónomas o sobre la tutela financiera de los entes
locales. Su propuesta del impuesto a los depósitos bancarios, no solo es
cicatera, el 0,02%, sino que impide que las comunidades autónomas puedan
establecer uno más elevado.

Y permítanme una referencia más extensa a las medidas sobre
el empleo y el empleo juvenil. Este Gobierno no tiene, a pesar de sufrir
el país un paro del 25%, un plan de acción para la creación de empleo.
Sus propuestas para estimular la creación de empleo se basan
fundamentalmente en la incentivación fiscal a la contratación. El Plan de
garantía juvenil prácticamente se reduce a esto.

A pesar de que la Unión Europea insiste en reclamar
políticas activas de empleo y en señalar el corto alcance de los
estímulos fiscales, el Gobierno insiste en estas propuestas que la
realidad de nuestro mercado laboral desaconseja. Les pondré un solo
ejemplo, entre los jóvenes menores de 30 años se siguen perdiendo puestos
de trabajo con contratos indefinidos y se incrementan los de formación.
Las medidas del Gobierno son un regalo fiscal para los empresarios que no
garantizan más allá de seis meses una contratación estable para nuestros
jóvenes. El proceso de precarización se expande.

Se han reducido drásticamente las prestaciones por
desempleo. El gasto ha caído un 17,4% en lo que va de año. La tasa de
cobertura ha bajado 4 puntos respecto al 2013 y la cuantía media de la
prestación ya es tan solo de 788 euros al mes. Se habrán recortado a
final de año unos 5000 millones en prestaciones por desempleo.

Este Gobierno sigue insistiendo en la privatización de los
servicios públicos de empleo, este proyecto de ley es una prueba de ello,
e insisten en su privatización a pesar de ser un fracaso. Les voy a poner
un ejemplo: los planes de formación han descendido un 25% y los proyectos
de cualificación para jóvenes desempleados un 38%. ¿Saben dónde se
concentran las mayores caídas? En las iniciativas gestionadas por las
empresas privadas.

Por último, señorías, este proyecto de ley incumple el
acuerdo de propuestas para la negociación tripartita suscrito el pasado
29 de julio, como han denunciado los sindicatos. Lo incumple en materia
de bonificaciones, empleabilidad, lucha contra el paro juvenil y mejora
de la intermediación laboral.

Creo, señorías, que todas ellas son suficientes razones
para justificar este veto y pedir su voto al mismo.

Gràcies, senyor president.

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senador
Guillot, por su intervención.

El veto número 5 lo firman las senadoras Almiñana Riqué,
Sequera García y los senadores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí
Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs.

Para su defensa, tiene la palabra el president
Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, nuestro veto al Proyecto de Ley de aprobación de
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia
atiende a razones de coherencia, por discrepancia respecto a la forma y
el procedimiento, por un lado, y respecto al contenido normativo del
mismo, por otro.

Este proyecto de ley tiene su origen en el Real Decreto Ley
8/2014, de 4 de julio de este año, real decreto ley contra el cual, como
también se ha puesto de manifiesto anteriormente por el señor Guillot,
distintos grupos parlamentarios presentaron un recurso de
inconstitucionalidad el pasado 31 de julio. Este real decreto después ha
sido tramitado como ley por vía de urgencia.

Señorías, el uso y abuso de la figura del real decreto ley
por este Gobierno es escandalosa. En algo más de dos años y medio ha
hecho uso de esta figura nada menos que en 56 ocasiones. El mecanismo que
prevé la Constitución, en su artículo 86.1 para casos de extraordinaria y
urgente

necesidad, se ha convertido, por parte del Gobierno del
Partido Popular, en la forma ordinaria de legislar. Con ello, en muchas
ocasiones se ha evitado que esta Cámara cumpla las funciones legislativas
que le asigna la Constitución, pero también lo que evita, incluso cuando
estos decretos leyes se tramitan como leyes, son los informes preceptivos
que el ordenamiento prevé que antecedan a su tramitación parlamentaria,
generando inseguridad jurídica y dificultando, máxime si se utiliza el
trámite de urgencia, el papel del legislador.

Señorías, este proyecto de ley que hoy examinamos con esta
tramitación ha evitado informes del Consejo Económico y Social relativos
a las materias de empleo que en él se recoge, de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia relativos a las materias de comercio
interior, de energía, de puertos, aeropuertos, ferrocarriles, etcétera y,
por supuesto, ha evitado el informe del Consejo de Estado. Una pésima
praxis legislativa, señorías.

Además, está el trámite de urgencia, escandaloso,
escandaloso porque el presente proyecto de ley modifica casi 30 leyes con
escasa, por no decir nula, conexión entre ellas, tratando materias que si
eran urgentes, las podían ustedes haber abordado en otros proyectos
legislativos de los últimos meses que sí que tenían conexión material con
los temas que ahora se desarrollan. Un ejemplo es utilizar este proyecto
de ley y la vía de urgencia para transponer, por cierto, solo
parcialmente, la directiva europea de eficiencia energética del 2012,
después de dos años de su aprobación por las instituciones comunitarias.
¿Quiere ello decir que ninguno de los contenidos de los 177 artículos,
contando disposiciones y anexos, sea urgente? No, hay algunos asuntos,
pocos, por los cuales sí se podría justificar la vía de urgencia, pero
son una ínfima minoría y los ha utilizado el Gobierno y el Partido
Popular para justificar esta vía que prostituye el trámite parlamentario
y que es una burla al mismo, a la vez que una pésima praxis legislativa,
como decía anteriormente. Señorías, así se hurta el debate, el ciudadano
y el parlamentario, sobre cuestiones, algunas de ellas, muy importantes
que regula este proyecto de ley.

Decía al comienzo de mi intervención que nuestra oposición
y nuestro veto a este proyecto de ley obedece a motivos de forma,
importantísima esta en la vida política, especialmente en la
parlamentaria, y también en las cuestiones de fondo que regula el
mencionado proyecto.

No son, en muchos casos, temas menores, sino cuestiones muy
importantes. De ahí, nuestra crítica al procedimiento, a lo que también
habría que sumar la nula predisposición del Grupo Popular a aceptar
enmiendas en su tramitación, enmiendas no ya de nuestro grupo, sino de
ningún grupo. Cero enmiendas aceptadas de las 566 presentadas por el
conjunto de los grupos parlamentarios. ¿Todas las enmiendas son un
disparate? ¿Ninguna merece su incorporación al proyecto de ley? Creo que
deberían repensarlo. Es un riesgo que comporta la mayoría absoluta, el
aplicar el rodillo parlamentario y despreciar los legítimos esfuerzos que
el resto de formaciones parlamentarias hacemos, con el fin, no lo
olviden, de mejorar el texto legislativo que ustedes presentan.
Afortunadamente, en democracia las mayorías absolutas no duran siempre y
las leyes tampoco.

Señorías, hablaré ahora de las razones de fondo que afectan
al contenido del proyecto de ley y que motivan nuestro veto. Nosotros no
compartimos aspectos esenciales de las nuevas regulaciones que el mismo
prevé en diversas materias. Discrepamos de la regulación que se da a las
materias relacionadas con el Ministerio de Fomento. La nueva regulación
pretende facilitar la privatización de AENA, no concesionar la gestión de
los aeropuertos, sino privatizar su propiedad. Es verdad que, de entrada,
ustedes apuntan a que solo será hasta el 49%, pero eso es de momento, ya
sabemos cómo puede acabar un proceso de estas características. Nos
preguntamos que si AENA gana dinero, si no es una carga para las cuentas
públicas, qué sentido tiene ir preparando su privatización. Por cierto,
por unas cantidades que se barajan que serían escandalosas, conociendo,
como conocen ustedes, valoraciones independientes muy superiores.
Estaremos encima del tema, vigilantes, porque no se puede malvender
patrimonio público. Además, se deja la puerta abierta también al cierre
de aeropuertos e instalaciones aeroportuarias.

Este proyecto de ley intenta facilitar el cambio de ley por
reglamento, dando lugar a que el Gobierno tenga las manos libres en
determinados aspectos de una ley importantísima como es la de puertos,
pudiendo ello afectar a la libre concurrencia y a la competencia, además
de laminar las competencias de las autoridades portuarias. Todo ello con
un argumento que consideramos falaz, el de mejorar la competitividad.
Asimismo, facilita la discrecionalidad y posible arbitrariedad en el
proceso de liberalización ferroviaria de tráfico de pasajeros y,
especialmente, de la alta velocidad.

En lo referente a los cambios regulatorios en materia
energética, este proyecto de ley tampoco justifica su urgencia, ni
compartimos su contenido material. El Gobierno, señorías, ha aprobado en
esta legislatura 11 reales decretos leyes en materia energética, alegando
siempre la urgente necesidad. Ahora, nuevamente por la vía de urgencia,
se pretende modificar con una argumentación muy débil respecto a la
urgencia la Ley de hidrocarburos, la Ley de minas, diversas disposiciones
relacionadas con el gas natural y la transposición parcial de la
directiva europea de eficiencia energética de 2012.

No existe para ninguna de ellas la urgente necesidad. Se
podría haber abordado en cualquiera de los proyectos sobre materia
energética que han llegado a esta Cámara en el último año, que han sido
varios. Urgente necesidad, no. Improvisación y chapuza, en este caso,
mucha. Eso sí, sigue sin legislarse adecuadamente sobre pobreza
energética, un drama social, especialmente ahora que nos acercamos,
además, a la estación invernal. Tampoco la transposición parcial de la
directiva europea de eficiencia energética se desarrolla lo suficiente.
Es una transposición burocrática para salir del paso, que no aprovecha
las posibilidades que supone la eficiencia energética, como ahorro para
el país y, por supuesto, para las empresas y las familias, y como fuente
de generación de empleo.

Tampoco pensamos que las medidas que se incluyen en el
Proyecto de Ley relativo al empleo sean las adecuadas. La restricción de
derechos, el incremento de la precarización y devaluación salarial que ha
comportado la reforma laboral, además, ha supuesto que hoy haya menos
empleo, más precario y menos retribuido. Pero es que además este proyecto
de ley no supone la puesta en marcha tantas veces anunciada de la
garantía salarial, porque supone la consolidación del recorte del 50% de
los recursos para políticas activas destinadas básicamente a los jóvenes.
Eso sí, Europa pondría la mitad de los recursos que el Gobierno del
Partido Popular recortó ya en su primer año a las políticas de empleo
para jóvenes.

Señorías, discrepamos también de la privatización del
Registro Civil, que pasa a manos de los registradores mercantiles.
Discrepamos, igualmente, de las medidas que recoge el proyecto de ley
relativas al mercado interior y, de manera muy particular, al comercio
minorista. Este proyecto de ley apuesta por desproteger todavía más al
pequeño comercio urbano en favor de las grandes superficies. Yo no estoy
en contra de las grandes superficies, pero sí de que en nombre de la
libre competencia y de la unidad de los mercados se pongan trabas y no se
incentive la presencia del comercio urbano en los barrios. El comercio
hace ciudad y este Gobierno, no solo no lo tiene presente, sino que actúa
contra las comunidades autónomas, en este caso titulares de las
competencias, laminando las mismas a pesar de que los estatutos de
autonomía vigentes las recogen como competencia exclusiva.

La invasión competencial y el carácter expansivo de la
legislación estatal constituyen una práctica de este Gobierno que está
presente en diversos capítulos de este proyecto de ley. Esta y las
razones citadas a lo largo de mi intervención motivan sobradamente el
veto que formulamos y para el que pedimos su voto.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, president
Montilla.

La propuesta de veto número 3 ha sido presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista.

Para su defensa, tiene la palabra el president Antich.

El señor ANTICH OLIVER: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado
un veto a este proyecto de ley porque no estamos de acuerdo ni con el
procedimiento ni con una parte muy relevante de su contenido y
propósito.

En esta intervención me voy a referir más al procedimiento
y al inaceptable origen del proyecto de ley, a la práctica que se viene
ejerciendo por parte de este Gobierno de superponer el Gobierno al
Parlamento y a menospreciar la función de las cámaras. Realmente, la
tramitación como proyecto de ley es un intento de lavado de cara sin
vocación de llegar a ningún tipo de acuerdo sobre las enmiendas que se
han ido aportando por parte de los distintos grupos.

Creemos que al dictarse el Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de
julio, del que trae causa este proyecto de ley, no se respetó la doble
limitación que establece el artículo 86.1 de la Constitución en cuanto a
la concurrencia de extraordinaria y urgente necesidad y a la no
afectación de

determinadas materias, entre las cuales se incluyen los
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I
de la Constitución. Como ya se ha dicho, esto conllevó que se presentara,
también por parte del Grupo Parlamentario Socialista, conjuntamente con
otras fuerzas políticas, un recurso de inconstitucionalidad.

En este real decreto ley el Gobierno se limitó a justificar
la concurrencia de circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad
alegando razones basadas en afirmaciones genéricas, abstractas y en
algunos casos contradictorias, formuladas en tales términos que podrían
ser de aplicación a cualquier tipo de reforma legislativa. No es lógico,
por ejemplo, que la justificación de modificación de la Ley de
hidrocarburos se limite a la abstracta y genérica afirmación de dar
sostenibilidad al sistema gasista, y las disposiciones sobre eficiencia
energética a la necesidad de transponer una directiva cuyo plazo había
vencido el 5 de junio sin que el Gobierno hubiera hecho nada. Asimismo,
resulta contradictorio defender la red aeroportuaria y al mismo tiempo
proveer un procedimiento para cerrar o vender aeropuertos.

La justificación del real decreto ley adolece de la falta
de fundamento común de las medidas que incorpora, que se presentan de
forma individualizada y sin apenas referencia a un motivo extraordinario
y perentorio que resulte aceptable para justificar el conjunto de medidas
del decreto ley. Así, el plan de crecimiento, la competitividad y la
eficiencia de la economía aprobado por el Gobierno, al que alude la
norma, no justifica, ni siquiera lo intenta, el conjunto de medidas
incluidas. En la mayoría de los casos el Gobierno justifica la urgente
necesidad en la conveniencia de la inmediatez, pero ello no es
suficiente; estamos hablando de algo más que de la ventaja de la rapidez
y de la oportunidad de actuar inmediatamente.

En ningún momento se justifica la necesidad de introducir
las medidas por decreto ley en un tiempo más reducido de lo que supondría
el período ordinario, máxime cuando por ejemplo, en relación con la
actividad económica, alguna de las medidas incluidas no tendrán vigencia
efectiva hasta que se cumpla el plazo de seis meses desde la entrada en
vigor de la norma.

Por otra parte, se prorroga y modifica una Ley del Registro
Civil que ha tenido una vacatio legis de tres años y el Gobierno, en dos
años y medio, no ha hecho absolutamente nada.

Tampoco concurre la extraordinaria necesidad en muchas de
las modificaciones incluidas. No se justifica la vinculación de la
situación excepcional a las consecuencias específicas de la no aplicación
de la excepcional normativa del decreto ley y, por lo tanto, no se define
cuáles son los perjuicios u obstáculos para conseguir los fines
perseguidos que se derivarían de seguirse el procedimiento legislativo
parlamentario ordinario.

No se puede argumentar la extraordinaria necesidad para
modificar el régimen aeroportuario para favorecer el turismo y que este
cree más empleo cuando el turismo ha obtenido en las últimas temporadas
muy buenos resultados, que no han significado en proporción grandes
aumentos de empleo y el que se crea es más bien precario. Quizá la
urgente necesidad esté en modificar la Ley de reforma laboral y no en
privatizar aeropuertos, máxime cuando la privatización propuesta no
cuenta con el consenso de las comunidades autónomas, sindicatos y
empresas precisamente por poner en peligro el turismo y la movilidad de
las personas. Tampoco se puede argumentar ahora que el cambio de régimen
es de extraordinaria necesidad para AENA cuando su presidente se ha
cansado de decir que AENA iba muy bien y en verdad se han hecho esfuerzos
y sacrificios importantes para sanearla.

Con la agravante además de que en la presente legislatura
ese tipo de legislación de urgencia se ha convertido en la forma
ordinaria de legislar. Ningún otro Gobierno ha acudido a esta legislación
de urgencia en tan alta proporción como el actual, disfrazando de
legislación de urgencia cuestiones que no lo son. En el momento en que se
dictó el decreto ley que analizamos, el Gobierno llevaba 55 decretos
leyes aprobados y 90 proyectos de ley, lo que supone un 38% del total de
la iniciativa legislativa; pero si además tenemos en cuenta que el
Gobierno no puede utilizarlo en los supuestos de leyes orgánicas ni de
aprobación de presupuestos, y descontamos las 3 leyes de presupuestos y
los 25 proyectos de leyes orgánicas, estamos hablando de un porcentaje
del 48%.

Solo así se puede entender que se hayan dictado reales
decretos leyes para regular la mediación de asuntos civiles y
mercantiles: como el Real Decreto Ley 5/2012, de 5 de marzo, para
transponer directivas comunitarias; como el Real Decreto Ley 8/2012, de
16 de marzo; y para

modificar el régimen de administración de la Corporación
Radiotelevisión Española, como en el Real Decreto Ley 15/2012, de 20 de
abril.

Señorías, estamos ante una norma que regula temas que, dada
su relevancia estructural y estratégica para el interés general necesitan
del sosiego y de las garantías de una tramitación ordinaria, máxime
cuando la urgente y extraordinaria necesidad no se justificó en su
origen. Como sucede en la modificación de la Ley de hidrocarburos, en la
privatización de los aeropuertos, en la modificación de la Ley de
puertos, en la modificación de la Ley de minas, en la regulación del
Registro Civil, todas ellas materias que precisan de la garantía de una
tramitación ordinaria.

Se trata de una norma que, además, incluye aspectos para
cuya regulación era suficiente un reglamento, siendo innecesaria una ley
y, menos en su origen, un decreto ley. Este es el caso, por ejemplo, de
la derogación que hace el proyecto de ley de un precepto de reglamento
general para el régimen de la minería de 1978 o, en la disposición final
cuarta, referida al sistema gasista.

Además, en otros casos, la modificación de la ley deriva a
un reglamento futuro, como prevé el artículo 50 del decreto ley respecto
de las aeronaves civiles por control remoto.

Pero además en este caso, como en otros anteriores, se usa
el decreto ley como si fuera un cajón de sastre, introduciendo otras
modificaciones legislativas que no tienen absolutamente nada que ver con
la regulación inicialmente proyectada ni están cubiertas por el
presupuesto habilitante de la primera decisión; prácticas que ya se
llevaron a término en los reales decretos leyes 19/2012, de 25 de mayo;
29/2012, de 28 de diciembre; 2/2013, de 1 de febrero; 3/2013, de 22 de
febrero; 4/2013, de 22 de febrero; en el 11/2013, de 2 de agosto; en el
15/2013, de 13 de diciembre, y en el 1/2014, de 24 de enero. Una práctica
que exacerba aún más el principio de excepcionalidad y que en el caso del
Decreto Ley 8/2014, del cual procede el proyecto de ley que estamos
viendo, alcanza cotas nunca vistas elevando el grado de diversidad
legislativa de tal manera que lo hace absolutamente inaceptable.

Inaceptable porque la Constitución en su artículo 86 no
habilita para hacer decretos leyes ómnibus como el 8/2014, sino que debe
existir un presupuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad
en cada caso para acudir a la figura del decreto ley. Una norma que
modifica 30 leyes y afecta a 9 ministerios, partiendo del desarrollo
legislativo de un plan para el crecimiento, la competitividad y la
eficiencia de nuestra economía, desarrollo del plan absolutamente
desbordado por la inclusión, por el efecto aluvión de un gran número de
disposiciones que no tienen ninguna relación aun indirecta entre sí y
nada tienen que ver con el plan o primera decisión habilitante. Es el
caso de la modificación de la llevanza del Registro Civil, de la
modificación de la carrera militar, el cambio de denominación del evento
que conmemora los ciento veinte años de la primera exposición de Picasso,
de la modificación de la Ley del cine, entre otros.

Todo lo anterior, además de implicar vulneraciones
concretas del artículo 86 de la Constitución, desvirtúa por sí mismo
tanto los fundamentos de la democracia parlamentaria como los esquemas
clásicos de fuentes del derecho y de la división de poderes. Todo lo
anterior vulnera las facultades que en materia legislativa atribuyen la
Constitución y los reglamentos a los miembros de las Cortes Generales y
grupos minoritarios, especialmente agravado en la actual situación de
gobiernos de mayoría absoluta en ambas cámaras. Pero además supone una
vulneración efectiva de los principios proclamados en el artículo 9.3 de
la Constitución, especialmente los de seguridad jurídica e interdicción
de la arbitrariedad en relación con el derecho fundamental al acceso a
las funciones y cargos públicos en su vertiente de garantía de
permanencia y ejercicio de estos en condiciones de igualdad con los
requisitos que señalan las leyes.

En definitiva, una utilización del real decreto ley
absolutamente contradictoria con lo que prometían ustedes en su programa
electoral, donde se comprometían a revitalizar el Parlamento y a
recuperar el sentido constitucional del decreto ley. La realidad es que
en la legislatura actual la urgencia, lejos de ser la excepción, se ha
convertido en la forma ordinaria de legislar, superponiendo el Gobierno
al Parlamento y menospreciando la actividad parlamentaria, la actividad
parlamentaria en general y a esta Cámara muy en particular puesto que el
abuso del decreto ley en esta legislatura ha hecho que una parte muy
sustancial de las normas ni siquiera se hayan visto en el Senado, sin
tener en cuenta para nada su relevancia territorial.

Por otra parte, el decreto ley al afectar a la llevanza del
Registro Civil y al atribuir esta a los registradores mercantiles pone en
manos de operadores privados informaciones sensibles de los

ciudadanos, con lo cual se afecta al derecho a la intimidad
y, por lo tanto, a materias que no pueden ser objeto de la regulación
mediante decreto ley según el artículo 86 de la Constitución.

El derecho a la intimidad se erige en un derecho autónomo
según reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, derecho que permite
reconocer la existencia de un ámbito reservado, personal y privado frente
al conocimiento de los demás, cuya protección se considera absolutamente
imprescindible para mantener una calidad mínima de vida. En este sentido,
los datos que se recogen en el Registro Civil relativos a los datos y
hechos que se refieren a la identidad, estado civil y demás
circunstancias de la persona —nacimiento, filiación, nombre y
apellidos, sexo y cambio de sexo, nacionalidad y vecindad civil,
emancipación y beneficio de la mayoría de edad, el matrimonio y sus
circunstancias modificativas, el régimen económico matrimonial, las
relaciones paternofiliales y sus modificaciones, la modificación judicial
de la capacidad de las personas, la defunción, etcétera— son
circunstancias que afectan al núcleo del derecho constitucional, a la
intimidad personal.

Nuestra Constitución, al establecer en el artículo 18.4 la
limitación del uso de medios informáticos con el fin de garantizar el
derecho a la intimidad, añade una dimensión activa a este que permite
decidir acerca de qué datos individuales pueden ser conocidos y con qué
limites, debiendo estar estas limitaciones perfectamente justificadas,
ser proporcionadas y en ningún caso arbitrarias. Hasta el momento todas
las leyes han establecido que el tratamiento de los datos del Registro
Civil estaba en manos de funcionarios públicos, manteniendo inmutable la
tutela pública. Sin embargo, a partir del presente real decreto ley esto
cambia radicalmente: la llevanza del Registro Civil se encomienda a los
registradores mercantiles y, por lo tanto, sus datos serán tratados por
sujetos que no son funcionarios del Estado, con lo cual se vulnera el
derecho a la intimidad puesto que no se puede encomendar a particulares
la llevanza del Registro Civil. En definitiva, una nueva fórmula para el
Registro Civil que tiene a todos los colectivos implicados en contra,
incluso a los propios registradores mercantiles.

Por si esto fuera poco, el Consejo de Estado acaba de
tachar de oscuro, confuso e inconstitucional el borrador de real decreto
impulsado por el Gobierno, que pretende dar cumplimiento al mandato de la
disposición adicional vigésimo tercera del Real Decreto Ley 8/2014, del
que trae causa el presente proyecto de ley. Según el Consejo de Estado,
supone una lectura inconstitucional del mandato del Real Decreto Ley
8/2014 que la norma intente crear un colegio de registradores paralelo. Y
añade que el proyecto del Gobierno se extralimita al ampliar el campo de
actuación de la corporación a la gestión integrada de todos los
registros.

Por otra parte, tal y como consta en el veto presentado, no
compartimos una gran parte de la finalidad y el contenido del presente
proyecto de ley, cuestión sobre la que nos extenderemos más en los turnos
posteriores. Quisiera hacer solo una última y única referencia, diciendo
que creemos que el actual proyecto de ley no tiene en cuenta a las
comunidades autónomas, olvidándose de sus competencias, y en otros casos
suprimiendo la idea de su participación en determinadas gestiones, como,
por ejemplo, de los aeropuertos, sin considerar que para algunos,
concretamente en las islas, son elementos básicos para la movilidad de
sus habitantes y una puerta básica de su principal industria, el turismo,
puerta que no puede administrar un privado.

Estos, entre otros temas, son los que hacen que en el Grupo
Parlamentario Socialista pidamos la devolución de este proyecto de ley.
(Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.
Gracias, presidente Antich.

En turno en contra, tiene la palabra el senador Fernández
de Moya.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señor
presidente. Señorías, buenas tardes.

Me corresponde, en nombre del Grupo Parlamentario Popular,
subir a la tribuna para defender lo que significa y representa el voto en
contra de los 5 vetos que se han planteado a este decreto ley. Y lo
quiero hacer comenzando por una consideración de carácter formal, en la
medida en la que todos y cada uno de los intervinientes que han defendido
sus vetos también lo han hecho, para hacer una especial incidencia en la
regulación normativa del artículo 86 de la Constitución española. Nuestro
constituyente dejó bien claro el sentido literal del precepto, que
establece que, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno
podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que adoptarán la
forma de decreto ley, sin que puedan afectar a instituciones básicas

del Estado, a los derechos, deberes y libertades públicas
contempladas en el Título I de la Constitución, al régimen de las
comunidades autónomas y al derecho electoral general. Esas son las
limitaciones, desde el punto de vista material, que el propio
constituyente estableció en el artículo 86 de la Constitución
española.

Pero, señorías, sería bueno ir a la doctrina del Tribunal
Constitucional para poner de manifiesto lo que, por ejemplo, estableció
en la Sentencia 29/1987, en la que el Tribunal Constitucional ha
reconocido el juicio meramente político —entrecomillo la
expresión— del Gobierno, al que incumbe la dirección política del
Estado, para la apreciación de la concurrencia de tales circunstancias en
el ejercicio de esta facultad normativa. Sentencia del Tribunal
Constitucional 29/1987. Es más, el propio decreto ley —continúa
diciendo el alto Tribunal— constituye la manifestación de una
facultad propia del Ejecutivo que la diferencia frente a los decretos
legislativos en que la facultad de legislar se ejerce por delegación de
las Cortes Generales en cada caso.

El decreto ley, señorías, se define por tres notas
relevantes. El presupuesto habilitante, la extraordinaria y urgente
necesidad, fijado según el Alto Tribunal en el juicio meramente político
del Gobierno al apreciar las circunstancias. Segundo, limitaciones
materiales impuestas o, lo que es lo mismo, el establecimiento ad hoc por
parte de la Constitución española al establecer sobre qué materias no
puede recaer normativamente la regulación del decreto ley. Y en tercer
lugar, adoptar esa disposición legislativa una naturaleza o un carácter
provisional, habida cuenta de que, como establece el apartado segundo del
artículo 86 de la Constitución española, deberá ser convalidado a lo
largo de los treinta días siguientes, decayendo, en consecuencia, el
carácter de provisionalidad, transformándose a través de la convalidación
en proyecto de ley. Y el apartado tercero prevé la posibilidad de su
tramitación por urgencia.

Por lo tanto, estamos ante una figura normativa de carácter
claramente constitucional. Es más, la propia convalidación del decreto
ley resta protagonismo a esta Cámara y se lo da al Congreso de los
Diputados, porque es precisamente el sujeto que interviene en la
convalidación como titular de ese derecho establecido en la Constitución
española.

En consecuencia, señorías, permítanme que mis primeras
palabras sean para poner de manifiesto que el Grupo Parlamentario Popular
entiende que este decreto ley cumple con todos y cada uno de los
requisitos establecidos por nuestra Carta Magna de 1978 y respeta la
doctrina del Tribunal Constitucional, que se ha pronunciado en múltiples
ocasiones a raíz de la tramitación legislativa de muchísimos decretos
leyes en la etapa democrática en la nación española.

Cuando oigo hablar al Grupo Parlamentario Socialista solo
le pediría un poco de memoria. Zapatero es el presidente con más
decretazos desde la Constitución española. Señor Antich, le voy a dar los
datos de lo que significó el ejercicio de esa facultad normativa por el
señor Rodríguez Zapatero. El Gobierno de Zapatero ha sacado adelante 117
decretos leyes en casi ocho años, frente a los 106 de las 2 legislaturas
de José María Aznar y a los 104 de Felipe González. Escuche, señor
Antich, escuche. En la última legislatura del señor Zapatero se acordaron
nada más y nada menos que 65 decretos leyes que afectaron al mercado de
trabajo, al sistema financiero, al modelo sanitario, y concretamente al
gasto público. Dicho en otras palabras, cada 4 Plenos en el Congreso de
los Diputados había un decreto ley del Gobierno socialista, concretamente
del Gobierno de Zapatero; por cierto, incluso alguno de ellos, como en el
año 2010, le costó una huelga general a raíz de la cual pusieron en
marcha por decreto ley la reforma del mercado laboral.

Señor Antich, esto está recogido en las hemerotecas y en el
Diario de Sesiones. (El señor Fernández de Moya Romero muestra a la
Cámara unos recortes de prensa). Un titular: Zapatero esconde su
debilidad tras decretazos, vetos y leyes tapadera. Eso es lo que ha hecho
el Partido Socialista cuando gobernaba, y evidentemente quiero poner
encima de la mesa esos datos. Otro: Zapatero se olvida del talante:
impone 87 decretos y 79 vetos como presidente. Repito que eso está en las
hemerotecas y en los Diarios de Sesiones del Congreso de los Diputados y
del Senado. Por lo tanto, usted lo puede comprobar.

Señorías, subo a esta tribuna para respaldar lo que
significa el decreto ley, proyecto de ley, presentado por el Gobierno de
España relativo a la aprobación de medidas urgentes para el crecimiento,
la competitividad y la eficiencia, que, como sus señorías saben y
conocen, procede del Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio. Aquí se ha
dicho de la tramitación de esta normativa —voy a citar
textualmente— que es una olla podrida, desfachatez, pérdida del
pundonor legislativo, patraña gubernamental, escandaloso, pésima praxis
legislativa, prostituye el trámite parlamentario,

chapuza, intento de lavado de cara, cajón de sastre y
menosprecio a la actividad parlamentaria. Todas sus señorías han
empleado, unos u otros, este tipo de calificativos.

Permítanme que traiga a colación las palabras que la
vicepresidenta del Gobierno dijo en la tribuna del Congreso de los
Diputados cuando subió a defender precisamente este decreto ley y su
tramitación: España ha vivido una situación de extraordinaria y urgente
necesidad desde que comenzó la crisis, y ahora es de extraordinaria y
urgente necesidad llevar a cabo la adopción de medidas para encauzar la
recuperación.

Señorías, cada portavoz ha puesto deliberadamente el acento
en aquella materia que ha entendido oportuna, y comprendo, además, las
limitaciones temporales para no poder hacer referencia a todas ellas.
Pero permítanme que les haga un resumen, también con la limitación
temporal, del porqué el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado defiende, tanto la tramitación de este proyecto de ley, como
las medidas que en él se contemplan.

Tratamos una vez más de liberar al conjunto de la economía
española de las trabas que le impiden crecer y crear empleo, y
fundamentalmente de hacer partícipe al conjunto de la sociedad española
de la parte que le corresponde en el ámbito de la recuperación económica.
Esta norma incluye incentivos vinculados al ámbito de la contratación de
jóvenes, porque para nosotros y para el Gobierno los jóvenes constituyen
sin lugar a dudas una prioridad inaplazable. Este proyecto de ley incluye
rebajas fiscales vinculadas concretamente a los autónomos que representan
un adelanto de la reforma tributaria que pone en marcha el Gobierno de
España. En este proyecto de ley se facilita la operatividad del sector
comercial con medidas como la reducción de las comisiones por uso de
tarjeta, la ampliación de las zonas de gran afluencia turística para
lograr el máximo rendimiento del creciente turismo de compra, el apoyo a
la financiación de la internacionalización de empresas, o la mejora de la
competitividad de la economía que mejore el funcionamiento de los
mercados o que reduzca también el coste energético.

Este proyecto de ley, señorías, ofrece a los ayuntamientos,
a los cerca de 8000 ayuntamientos, a aquellos que se hayan acogido al
Plan de pago a proveedores —importantísima medida—, la
posibilidad de refinanciar la deuda derivada de los créditos solicitados
con el objetivo de beneficiarse de mejores condiciones en el ámbito del
mercado. Sería bueno que les preguntasen a los alcaldes y alcaldesas si
no hay una extraordinaria y urgente necesidad para refinanciar el Plan de
pago a proveedores. En la misma línea, señorías, se adelantan beneficios
fiscales para los desahuciados que han recurrido a la dación en pago y
para las víctimas de las preferentes, porque, cuanto más se tarde en
poner esas medidas en vigor, más ejercicios prescritos habrá y, en
consecuencia, menos gente podrá beneficiarse. A ello también se unen en
el presente proyecto de ley medidas nada más y nada menos que para la
adopción de una serie de consideraciones relativas al déficit gasístico
que se empezaba a crear para tener un sector difícilmente insostenible,
como ustedes saben, de presente y de futuro.

Igualmente, en este proyecto de ley hay cambios en
infraestructuras. En ese sentido, el Gobierno ha considerado oportuno
incorporar a su contenido normativo los relativos a la estructura
jurídica de AENA para evitar que la entrada de capital privado genere
subidas de los cánones.

Pero, señorías, de manera muy especial un vez más me dirijo
al Grupo Parlamentario Socialista. Conviene recordarle que la apertura a
la privatización parcial del gestor aeroportuario la decidieron Zapatero
y el Partido Socialista en un decreto, señor Antich, que incluía
anticipos de medidas de la famosa Ley de economía sostenible, que
reformaba las cámaras de comercio, que subía impuestos, que modificaba el
régimen de los funcionarios públicos, que modificaba el servicio público
de empleo; y también, señor Antich, señores del Partido Socialista, la
privatización de las loterías, hecha también por decreto ley del Partido
Socialista en el ámbito de la antesala del proyecto de ley, después ley,
de economía sostenible.

Señorías, el Gobierno socialista no hizo reformas a tiempo,
no afrontó los problemas reales que tenía España a tiempo, y eso habría
significado, más bien pronto que tarde, el rescate de este país, el
rescate de España. Entonces, señorías, otros habrían decidido por
nosotros; entonces, repito, otros habrían decidido por nosotros. Sin
embargo, hoy estamos en un escenario donde los españoles podemos decidir
por nosotros mismos el presente y el futuro de esta nación que se llama
España. Por lo tanto, señorías, especialmente del Partido Socialista, no
tengan un doble lenguaje cuando definan la figura del decreto ley; no
tengan un doble lenguaje, señor Antich, porque usted con el Registro
Civil la verdad es que ha hecho una extraordinaria confusión, que

nunca he estudiado ni tampoco la he enseñado en las
facultades de Derecho, entre el derecho formal y el derecho material.
Después, en el turno de portavoces, me detendré para aludir a lo que
significa la propia autoridad pública en la competencia sobre el Registro
Civil.

Señorías, en el ámbito del desarrollo de este proyecto de
ley la exposición de motivos establece claramente cuáles son las
distintas medidas que se ponen en marcha y se van a adoptar. En ese
sentido, tal y como se pone de manifiesto en el contenido, son tres los
ejes fundamentales que inspiran este compendio de normativa que el
Gobierno de España ha considerado necesario tramitar en este momento. El
primero, fomentar la competitividad y el funcionamiento eficiente de los
mercados; el segundo, mejorar el acceso a la financiación; y el tercero,
fomentar la empleabilidad y la ocupación. A partir de ahí empiezan a
ponerse en marcha una serie de medidas en las que no me voy a detener,
porque después vendrá el debate relativo a las 566 enmiendas y mis
compañeros portavoces titulares de las distintas áreas irán desgranando
poco a poco el posicionamiento del Gobierno sobre cada una de ellas. Pero
quiero detenerme de una manera muy especial en lo que significa el Plan
de pago a proveedores, así como también en el ámbito del comercio.

El Gobierno de España ha puesto de manifiesto que en el
escenario actual no serían posibles concretamente operaciones de
refinanciación o de sustitución o de hacer frente al pago de la deuda
contraída como consecuencia de haberse acogido al Plan de pago a
proveedores para determinados ayuntamientos si no se excepcionaban o
ponían encima de la mesa determinadas medidas. Primero, quiero
subrayarles que la operación con cargo al fondo del Plan de pago a
proveedores es una operación de préstamo a largo plazo, de forma y manera
que esta operación supuso excepcionar el régimen de autorización de
operaciones concretamente de endeudamiento aplicable a las entidades
locales, ya que en ningún momento, como sus señorías saben, se tuvieron
en cuenta para acogerse al Plan de pago a proveedores los límites de
endeudamiento establecidos en el texto refundido que vincula y que se
aplica a través de Ley de haciendas locales. Y hay que poner de
manifiesto, como evidentemente se ha dicho aquí —por eso les pido
que le pregunten a los alcaldes y a las alcaldesas si esta no es una
medida de extraordinaria y urgente necesidad—, el hecho de que la
operación, al tener la garantía vinculada concretamente a la
participación de tributos del Estado, significa poder hacer frente al
pago de la misma. Y una tercera consideración extraordinariamente
importante para las propias entidades locales: solo las operaciones
destinadas en el marco de lo que ha sido ese fondo del Plan de pago a
proveedores pueden destinarse a aquellos fines.

Por tanto, señorías, estamos hablando de que cualquier
operación de préstamo a largo plazo con esa naturaleza que se pretenda
formalizar con una entidad financiera fuera de ese marco debe
precisamente destinarse a financiar inversiones y, en consecuencia,
quedar sujeta al límite normativo establecido por la Ley de haciendas
locales. Por lo tanto, era de extraordinaria y urgente necesidad llevar a
cabo una regulación que permitiera la amortización de esa deuda,
ampliando plazo al conjunto de peticiones de muchos ayuntamientos en el
conjunto de España.