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DS. Senado, Pleno, núm. 108, de 23/04/2014
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10207




PLENO


PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO
MÁRQUEZ


Sesión núm. 51


celebrada el miércoles, 23 de abril de 2014


ORDEN DEL DÍA


4. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN


4.2. Moción por la que se insta al Gobierno para que
analice los incumplimientos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación
de dependencia, en materia de financiación en la Comunidad Foral de
Navarra.


(Núm. exp. 671/000117)


Autora: AMELIA SALANUEVA MURGUIALDAY (GPMX)


5. MOCIONES


5.1. Moción por la que se insta al Gobierno a que diseñe y
ejecute, en coordinación con los Gobiernos de las Ciudades de Ceuta y
Melilla, un plan de actuación en las fronteras y su entorno para el
período comprendido entre las anualidades de 2014 y 2018.


(Núm. exp. 662/000130)


Autor: GPP


5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas encaminadas a promocionar el sector de la
organización de congresos y eventos.


(Núm. exp. 662/000133)


Autor: GPP


5.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas para frenar y revertir la incidencia de la
diabetes en España, en particular la diabetes tipo 2.


(Núm. exp. 662/000134)


Autor: GPP


5.4. Moción por la que se insta al Gobierno para que
interceda ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que la
supervisión de los derechos humanos sea parte del mandato de la Misión de
las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental
(MINURSO).


(Núm. exp. 662/000132)


Autores: URKO AIARTZA AZURTZA (GPMX) Y QUINCE SENADORES
MÁS









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6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


6.1. DICTÁMENES DE COMISIONES


6.1.1. Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones.


Comisión: Industria, Energía y Turismo


(Núm. exp. 621/000066)











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10209




SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve horas.


4. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN


4.2. Moción por la que se insta al Gobierno para que
analice los incumplimientos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación
de dependencia, en materia de financiación en la Comunidad Foral de
Navarra.


(Núm. exp. 671/000117)


Autora: AMELIA SALANUEVA MURGUIALDAY (GPMX)


10214


La señora Salanueva Murguialday defiende la moción.


La señora Mendizabal Azurmendi da por defendida la enmienda
del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor Palacios Zuasti defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


La señora Almiñana Riqué defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


La señora Cunyat Badosa defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


La señora Salanueva Murguialday expone la posición de su
grupo parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando la del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado y rechazando las tres restantes.


En turno de portavoces intervienen la señora Mendizabal
Azurmendi, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren,
por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora
Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; la señora Chivite Navascués, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y el señor Palacios Zuasti, por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Se aprueba la moción, con la incorporación de la enmienda
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, con el siguiente resultado:
presentes, 216; votos emitidos, 216; a favor, 135; en contra, 1;
abstenciones,80.


5. MOCIONES


5.1. Moción por la que se insta al Gobierno a que diseñe y
ejecute, en coordinación con los Gobiernos de las Ciudades de Ceuta y
Melilla, un plan de actuación en las fronteras y su entorno para el
período comprendido entre las anualidades de 2014 y 2018.


(Núm. exp. 662/000130)


Autor: GPP


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El señor Imbroda Ortiz defiende la moción.


El señor Bildarratz Sorron defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


El señor Sendra Vellvé defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


El señor Cascallana Gallastegui defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista.









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El señor Imbroda Ortiz expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando las formuladas por los
Grupos Parlamentarios Vasco en el Senado (EAJ-PNV) y Catalán en el Senado
Convergència i Unió y rechazando la presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista.


En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias
Fernández, por el Grupo Parlamentario Mixto; Bildarratz Sorron, por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Sabaté Borràs, por el
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Cascallana
Gallastegui, por el Grupo Parlamentario Socialista, e Imbroda Ortiz, por
el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se aprueba la moción, con la incorporación de las enmiendas
de los Grupos Parlamentarios Vasco en el Senado (EAJ-PNV) y Catalán en el
Senado Convergència i Unió, con el siguiente resultado: presentes, 234;
votos emitidos, 234; a favor, 163; en contra, 71.


5.2. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas encaminadas a promocionar el sector de la
organización de congresos y eventos.


(Núm. exp. 662/000133)


Autor: GPP


10244


La señora Nicolás Martínez defiende la moción.


El señor Boya Alós defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


La señora Serrano Boigas defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.


La señora Nicolás Martínez expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.


En turno de portavoces intervienen la señora Iparragirre
Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el
señor Boya Alós, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; las señoras Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió; Serrano Boigas, por el Grupo
Parlamentario Socialista, y Nicolás Martínez, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Se aprueba la moción con el siguiente resultado: presentes,
231; votos emitidos, 229; a favor, 144; en contra, 70; abstenciones,
15.


5.3. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas para frenar y revertir la incidencia de la
diabetes en España, en particular la diabetes tipo 2.


(Núm. exp. 662/000134)


Autor: GPP


10260


El señor presidente informa de la presentación de una
propuesta de modificación, por lo que no hay defensa de enmiendas.


El señor Aguirre Muñoz defiende la moción.


En turno de portavoces intervienen el señor Cazalis
Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); las
señoras Almiñana Riqué, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; Cunyat Badosa, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, y Llinares Cuesta, por el Grupo Parlamentario
Socialista, así como el señor Aguirre Muñoz, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Se aprueba la propuesta de modificación por asentimiento de
la Cámara.









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10211




5.4. Moción por la que se insta al Gobierno para que
interceda ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que la
supervisión de los derechos humanos sea parte del mandato de la Misión de
las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental
(MINURSO).


(Núm. exp. 662/000132)


Autores: URKO AIARTZA AZURTZA (GPMX) Y QUINCE SENADORES MÁS


10270


El señor Unamunzaga Osoro, la señora Capella i Farré y el
señor iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, defienden la
moción.


El señor Chiquillo Barber defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


El señor Sañudo Aja defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.


El señor Unamunzaga Osoro expone la posición de los
proponentes de la moción respecto de las enmiendas, rechazándolas.


En turno de portavoces intervienen los señores Quintero
Castañeda, por el Grupo Parlamentario Mixto; Bildarratz Sorron, por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Guillot Miravet, por el
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Maldonado i Gili,
por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió;
Sañudo Aja, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Chiquillo Barber,
por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se rechaza la moción con el siguiente resultado: presentes,
227; votos emitidos, 227; a favor, 86; en contra, 138; abstenciones,
3.


Se suspende la sesión a las catorce horas y cuarenta y
cinco minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.


6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


6.1. DICTÁMENES DE COMISIONES


6.1.1. Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones.


Comisión: Industria, Energía y Turismo


10288


(Núm. exp. 621/000066)


El señor Muñoz Martín, presidente de la comisión, presenta
el dictamen.


Se inicia el debate de las propuestas de veto.


El señor Iglesias Fernández defiende la propuesta de veto
número 1, de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.


El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número
2, del señor Guillot Miravet y este senador, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora Azuara
Navarro, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen el señor Iglesias
Fernández y las señoras Mendizabal Azurmendi y Capella i Farré, por el
Grupo Parlamentario Mixto; la señora Martínez Muñoz, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Alturo Lloan, por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; el señor
Gil García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Azuara
Navarro, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.









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10212




El señor presidente informa a la Cámara de que el voto
telemático ha sido autorizado para las senadoras Ortega Rodríguez, García
Carrasco y Larriba Leira, las tres del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, siendo negativo en ambas propuestas de veto.


Se procede a votar las propuestas de veto.


Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente
resultado: presentes, 233 más 3 votos telemáticos, 236; votos emitidos,
233 más 3 votos telemáticos, 236; a favor, 10; en contra, 222 más tres
votos telemáticos, 225; abstenciones, 1.


Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente
resultado: presentes, 233 más 3 votos telemáticos, 236; votos emitidos,
233 más 3 votos telemáticos, 236; a favor, 10; en contra, 222 más tres
votos telemáticos, 225; abstenciones, 1.


Comienza el debate de los votos particulares.


El señor Iglesias Fernández defiende las enmiendas 1 a 75 y
77 a 85, de este senador y el señor Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.


El señor Quintero Castañeda defiende las enmiendas 86 a 88,
del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por este senador
y el señor Zerolo Aguilar.


La señora Capella i Farré defiende las enmiendas 89 a 116,
118 y 119, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por
esta senadora.


La señora Martínez Muñoz defiende las enmiendas 344 a 353,
355 a 400 y 402 a 405, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.


El señor Montilla Aguilera defiende las enmiendas 187 a
251, 253 a 255, 257, 259 a 263 y 265 a 283, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya.


El señor Saura Laporta da por defendidas las enmiendas 284
a 334 y 336 a 343, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.


El señor Alturo Lloan defiende las enmiendas 414 a 421, 423
a 438 y 440 a 448, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió.


El señor Manchado Lozano defiende las enmiendas 121, 123 a
127, 129 a 182 y 184 a 186, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno en contra hace uso de la palabra la señora Nicolás
Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


En turno de portavoces intervienen los señores Iglesias
Fernández y Quintero Castañeda, por el Grupo Parlamentario Mixto;
Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; Alturo Lloan, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, y Gil García, por el Grupo Parlamentario Socialista,
así como la señora Nicolás Martínez, por el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado.


Se procede a votar


10326


Se rechazan todas las enmiendas.


Se aprueban las propuestas de modificación del dictamen con
números de registro 122020, 122021, 122022 y 122023.


Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes del proyecto
de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones
anteriores.


Se aprueba, en un solo acto, el resto del proyecto de
ley.









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10213




El señor presidente anuncia el traslado de las enmiendas
aprobadas al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre
las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el
Rey.


Se levanta la sesión a las diecinueve horas y cincuenta y
cinco minutos.










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Se reanuda la sesión a las nueve horas.


El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Se reanuda la
sesión.


4. MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN.


4.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA QUE
ANALICE LOS INCUMPLIMIENTOS DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE
PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN
DE DEPENDENCIA, EN MATERIA DE FINANCIACIÓN EN LA COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA.


(Núm. exp. 671/000117)


AUTORA: AMELIA SALANUEVA MURGUIALDAY (GPMX)


El señor presidente da lectura a los puntos 4. y 4.2.


El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de
interpelación se han presentado cuatro enmiendas: una del Grupo
Parlamentario Mixto, a iniciativa de la senadora doña Amalur Mendizabal;
otra del Grupo Parlamentario Popular; otra del Grupo Parlamentario de la
Entesa pel Progrés de Catalunya; y otra del Grupo Parlamentario Catalán
Convergència i Unió.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra la senadora
Salanueva, del Grupo Parlamentario Mixto.


La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, señor
presidente.


Señor presidente, señorías, muy buenos días.


Aunque Unión del Pueblo Navarro tuvo la oportunidad de
explicar junto con la ministra el porqué de la presentación de la
interpelación, ahora procede desarrollar el contenido concreto de la
moción consecuencia de interpelación.


Como les dije hace 15 días, a nuestro juicio la Ley 39/2006
—la Ley de dependencia— quizá fue bienintencionada, pero
partió de errores graves y adoleció desde el principio de una previsión
seria y rigurosa en cuanto a su financiación. Lo que está claro es que la
ley en los estrictos términos que se aprobó no ha sido cumplida, ha sido
incumplida desde el minuto uno. Y en lo que afecta a Navarra, en
concreto, en el apartado de la financiación, la reducción de la
financiación entre los años 2009 a 2013 ha sido de un 46% —y hablo
del nivel mínimo, no hablo de los otros dos—.


Les comenté las circunstancias concretas que acompañaban a
la Comunidad Foral de Navarra, el recurso ante el Tribunal Constitucional
por temas de competencia y de financiación; en definitiva, un
incumplimiento con carácter general.


La aprobación reciente del Real Decreto 1050/2013, a
nuestro juicio, supone un paso en el sentido de regular la financiación
mínima, pero también nos ocasiona perjuicios muy importantes. Nos parece
que es un sistema perverso y que, sin duda, disminuye el valor de los
cuidados del entorno familiar. Por eso le pedíamos a la ministra diálogo,
que es lo que solicitamos en la moción. Somos conscientes de que la
situación de crisis económica ha agravado profundamente la calidad de los
servicios y dificulta la posibilidad de aplicar en los estrictos términos
la Ley de dependencia, pero está claro que el porcentaje previsto de
financiación no se cumple en ninguna de las comunidades autónomas y
tampoco en la Comunidad Foral de Navarra. A las comunidades autónomas se
les ha atribuido unas competencias y una financiación por una ley, que,
como digo, pudo ser bienintencionada, pero que en ningún momento han
reclamado. Han sido soportadas con un proyecto de financiación
suficiente, y los porcentajes que en estos momentos las comunidades
autónomas están obligadas a atender en el ámbito de la dependencia son
muy elevados. En concreto, según el último informe del Observatorio sobre
la dependencia, el resultado es que el esfuerzo de las administraciones
públicas es de un 25% aproximadamente por parte de la Administración
General del Estado y el 75% restante por parte de las comunidades
autónomas. A nuestro juicio esto debe ser tenido en cuenta, valorarse y
se deben ver las consecuencias de estas medidas y las circunstancias que
han llevado a la aplicación de la Ley de dependencia.


Nos satisfizo que la ministra, en su comparecencia, en
respuesta a la interpelación que nosotros le presentamos, reconociera las
dificultades no sólo por la situación de crisis económica, sino para la
aplicación de la ley. Estuvo dispuesta a dialogar y a buscar soluciones
con cada una de las comunidades









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10215




—no solo con la Comunidad Foral de Navarra, puesto
que nosotros queremos hacerlo extensivo a todas las comunidades— y
reconoció que, sin duda alguna, debemos ser conscientes de que hay que
buscar un sistema que sea sostenible. No sirve de nada empeñarnos en los
incumplimientos que se han producido, puesto que ahora no hay
financiación para poder atenderlos.


Nosotros solicitamos en la moción —ya ven que no
tenemos unos objetivos ambiciosos, aunque todos partimos de un
diagnóstico muy similar— una valoración, un análisis, una
evaluación y un diálogo permanente con todas las comunidades autónomas.
Nosotros nos circunscribimos a la Comunidad Foral de Navarra para buscar
soluciones a los distintos problemas de la aplicación tanto de la ley
como de los decretos de desarrollo que han venido aprobándose
posteriormente. Esto es, en definitiva, lo que pedimos.


Hemos leído —y las valoraremos después— las
enmiendas que se han presentado por parte de los distintos grupos
parlamentarios de esta Cámara, a las que, con posterioridad —porque
veo que se me acaba el tiempo—, haré mención.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Salanueva.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra la senadora Mendizabal.


La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Muchas gracias, señor
presidente.


Muy brevemente. Doy por defendida la enmienda de
sustitución presentada porque creemos que en su redacción ya se ven
claramente los dos pequeños cambios que solicitamos: por un lado, que se
cumpla la ley y, por otro, que el Gobierno rectifique en su actitud de
incumplir sus compromisos para con Navarra.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Mendizabal.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el senador Palacios.


El señor PALACIOS ZUASTI: Buenos días, señor
presidente.


Señoras y señores senadores, con la enmienda que hemos
presentado a la moción pretendemos que donde se dice incumplimiento de la
Ley de dependencia en cuanto a la financiación a Navarra se sustituya por
se siga avanzando en la evaluación continua de esta ley a través del
diálogo permanente con las comunidades autónomas y, lógicamente, también
con la Comunidad Foral de Navarra, con objeto de seguir mejorando la
promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en
situación de dependencia. Diálogo que se tiene que seguir dando como
hasta ahora —se está haciendo en esta legislatura— en el seno
del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia, que es, de conformidad a esta ley,
el órgano competente para ello y que es el foro en el cual se debaten y
acuerdan todas las materias que tienen que ver con la dependencia,
incluida lógicamente también la financiación, porque es allí, y con el
consenso de todos, donde se adoptan las medidas necesarias para mejorar,
simplificar y ordenar la normativa de desarrollo de esa Ley de
dependencia.


Entendemos que nuestra enmienda tiene todo el sentido
porque en la actualidad no se puede hablar de incumplimientos ni se puede
decir que las comunidades autónomas estén aportando con carácter general
el 70% o el 75% de los costes relacionados con la dependencia y que el
Estado tan solo aporte el 10% o el 25%, porque eso simplemente es falso.
No es que lo diga yo, es que quien lo desmiente es el propio Tribunal de
Cuentas en su último informe cuando dice que el Estado aporta el 51,47% y
las comunidades autónomas el 48%. Esto es así porque en estos momentos,
atendiendo a lo que establece el artículo 32 de esa Ley 39/2006, de la
dependencia, el Estado financia la parte que le corresponde, y esa
cantidad es idéntica para todas las personas dependientes, sea cual sea
el lugar de España en el que residan. Y esto es así por una razón muy
sencilla: porque los que generan el coste de la atención a la dependencia
son los beneficiarios, y a mayor número de beneficiarios, de personas
dependientes, que hay en una comunidad autónoma, mayor es la financiación
que recibe, y, lógicamente, a menor número, menor financiación.









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10216




Por todo ello, confiamos en que la senadora Salanueva
acepte nuestra enmienda. Si es así, lógicamente vamos a votar a favor, y
en caso contrario, si se mantiene la moción tal y como está, o si se
aceptase cualquiera de las otras enmiendas que se han presentado, por
estas razones que les he expuesto, vamos a votar en contra.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Palacios.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra la senadora Almiñana.


La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gràcies, president.


Senyories, aprofito la meva primera intervenció per
desitjar-los un bon dia de Sant Jordi que, com saben, és un dels dies
que, a Catalunya, celebrem regalant un llibre i una rosa. Per tant, els
animo a comprar un llibre —el que més els agradi— i, per
suposat, si volen, regalin una rosa.


Dit això, el nostre grup ha presentat una esmena
d’addició en la qual instem el Govern a complir amb el que diu la
Llei 39/2006 en matèria de finançament. Però no només amb la Comunitat
Foral de Navarra sinó que ho faci amb totes les comunitats autònomes.
Senzillament, creiem que totes les comunitats estan infrafinançades degut
a la política d’austeritat del Govern. Per tant, considerem que ja
va essent hora —aprofitant que, segons sembla, està millorant
l’economia del país— de complir amb els compromisos adquirits
amb els ciutadans.


Moltes gràcies.


Gracias, presidente.


Señorías, aprovecho mi primera intervención para desearles
un buen día de San Jordi, día que celebramos en Cataluña regalando un
libro y una rosa. Por lo tanto, les animo a que compren un libro
—el que más les guste— y, por supuesto, también a que regalen
una rosa.


Hemos presentado una enmienda de adición a través de la
cual instamos al Gobierno a que cumpla lo que dice la Ley 39/2006 en
materia de financiación, pero no solo con la Comunidad Foral de Navarra
sino con todas las comunidades autónomas. Creemos que todas las
comunidades están infrafinanciadas debido a la política de austeridad
llevada a cabo por el Gobierno, por lo tanto, consideramos que ya va
siendo hora —aprovechando que está mejorando, según parece, la
economía del país— de que se cumplan los compromisos adquiridos con
los ciudadanos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.


Por el Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió,
tiene la palabra la senadora Cunyat.


La señora CUNYAT BADOSA: Molt bon dia a tothom.


Evidentment, jo també aprofito l’ocasió per felicitat
tots els Jordi que hi ha a la cambra. Els felicito a tots en aquest
magnífic dia de Sant Jordi. Que celebrem amb tanta il.lusió i tanta
emoció des de Catalunya.


Bé, tristament, avui, portem de nou al debat d’aquest
ple un dels problemes més importants als quals s’ha de fer front
des de les administracions autonòmiques. En definitiva, el finançament de
la Llei de dependència i l’atenció directa als dependents. La
situació és greu, molt greu, tant per a les administracions com per als
dependents i les seves famílies i s’han de prendre decisions al
respecte. Ens sembla una bona ocasió avui per tornar-ne a parlar.


Respecte a la iniciativa presentada avui pel grup UPN,
compartim totalment els tres primers paràgrafs de l’exposició de
motius de la moció. Jo només faria una puntualització respecte a les
aportacions que Catalunya fa a la Generalitat i l’Estat en
l’aplicació de la Llei de dependència. A Catalunya aquesta
proporció a la qual vostès fan referència a la moció s’enfila fins
el 80-20, per tant, en el nostre cas aquest esforç encara és superior al
qual fèiem referència.


Respecte a la resta del text de l’exposició de
motius, dir que, evidentment, des de CIU respectem absolutament el
sistema de finançament existent a Navarra. Entenem perfectament els
problemes que els genera l’incompliment dels compromisos per part
de l’Estat. Des del nostre punt de vista, no compleix tampoc la
pròpia llei. Compartim perfectament les intencions de fons de la moció
però entenem que el problema de la dependència no és un problema
territorial, és un problema global, ens hi trobem totes les comunitats
autònomes. La manca de finançament per









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desplegar la Llei de dependència és una problemàtica que es
reprodueix a tot el territori de l’Estat espanyol i, per tant,
creiem que la falta de finançament, aquest problema, s’ha
d’afrontar d’una manera global, per part de totes les
administracions autonòmiques, que són les que tenen les competències per
a desenvolupar i atendre els dependents.


És en aquest sentit que creiem que la part dispositiva de
la moció és molt específica. Pretén atendre la necessitat puntual de la
comunitat autònoma de Navarra quan el problema és compartit per tots. I
és sota aquest prisma que hem presentat una esmena de modificació que
planteja una perspectiva inclusiva en la qual totes les comunitats
autònomes es puguin sentir còmodes i ben representades, atenent totes les
inquietuds. Presentem una moció en la qual sol.licitem replantejar
d’una manera global, i dialogant amb totes aquestes comunitats
autònomes, un nou finançament que permeti atendre les obligacions que
tenen les comunitats autònomes en l’àmbit de la dependència.


Crec que es tracta d’un redactat similar al text que
vostès plantejaven, senzillament el que fem és obrir les portes al fet
que totes les comunitats autònomes també puguin fer aquesta petició i li
demanaríem, per tant, que ens acceptin l’esmena.


Moltes gràcies.


Buenos días.


Yo también aprovecho la ocasión para felicitar a todos los
Jordis que hay en esta Cámara por este magnífico día de Sant Jordi que
celebramos con tanta ilusión y con tanta emoción en Cataluña.


Tristemente, hoy volvemos al debate de uno de los problemas
más importantes al que tienen que hacer frente las administraciones
autonómicas: la financiación de la Ley de dependencia y, por lo tanto, la
atención directa a los dependientes. La situación es grave, muy grave,
tanto para las administraciones como para los dependientes y sus
familias, por lo tanto, hay que tomar decisiones al respecto. Nos parece
una buena ocasión hoy para volver a hablar de ello.


Diré en cuanto a la iniciativa presentada por el grupo UPN
que compartimos los tres primeros párrafos de la exposición de motivos de
la moción. Yo solo haría una puntualización respecto a las aportaciones
que Cataluña hace a la Generalitat y al Estado en la aplicación de la Ley
de dependencia: la aportación de Cataluña a la que ustedes hacen
referencia en la moción llega al 80,20%. Por tanto, en nuestro caso, el
esfuerzo todavía es superior al que ustedes se referían.


Quiero decir en cuanto al resto del texto de la exposición
de motivos que, evidentemente, CiU respeta absolutamente el sistema de
financiación que existe en Navarra; que entiende perfectamente los
problemas que les está generando el incumplimiento de los compromisos por
parte del Estado, que, desde nuestro punto de vista, no cumple tampoco
con la propia ley; que comparte las intenciones de fondo de la moción,
pero entiende que el problema de la dependencia no es un problema
territorial, es un problema global. Todas las comunidades autónomas
hacemos frente a este problema —la falta de financiación para
desplegar la Ley de dependencia es una problemática que se reproduce en
todo el territorio del Estado español—, por tanto, esta falta de
financiación se tiene que afrontar de una forma global por parte de todas
las administraciones autonómicas, que, en definitiva, son las que
sustentan las competencias para desarrollar y atender evidentemente a los
dependientes.


En este sentido, creemos que la parte dispositiva de la
moción es muy específica ya que pretende atender la necesidad puntual de
la comunidad autónoma de Navarra, cuando el problema es un problema
compartido por todos. Bajo este prisma hemos presentado una enmienda de
modificación, la cual plantea, desde una perspectiva inclusiva, que todas
las comunidades autónomas se puedan sentir cómodas y bien representadas y
de alguna manera se puedan atender todas sus inquietudes. Presentamos una
enmienda en la que solicitamos replantear de forma global y dialogada con
todas las comunidades una nueva financiación que permita atender
realmente sus obligaciones en el ámbito de la dependencia. Se trata de un
redactado similar al texto que ustedes planteaban. Lo que hacemos
sencillamente es abrir las puertas a que todas las comunidades autónomas
puedan hacer esta petición; por lo tanto, les pedimos, por favor, que nos
acepten la enmienda.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cunyat.


Tiene la palabra la senadora Salanueva para indicar si
acepta o no las enmiendas.









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La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Muchas gracias, señor
presidente.


Muy brevemente. Quiero agradecer a los grupos
parlamentarios que han presentado enmiendas y a los que no —porque
no lo han considerado oportuno— la oportunidad que nos dan de
profundizar y de ampliar el contenido de esta moción.


Tenía razón la portavoz del Grupo Parlamentario
Convergència i Unió diciendo que nuestra moción se circunscribía a un
territorio muy concreto —porque es al que representamos—.
Desde luego ha sido más bien por pudor y también por desconocimiento de
lo que ocurre en otras comunidades autónomas por lo que no hemos querido
ampliarlo al resto inicialmente, pero nos congratulamos por el hecho de
que sirva para que el resto de comunidades autónomas, el resto de
territorios de España puedan hablar de su problemática particular.


En principio lo que vamos a hacer con las enmiendas es lo
siguiente. Comparto todas las que se han presentado, Unión del Pueblo
Navarro está de acuerdo con todas ellas, y nuestra voluntad sería
incorporarlas, porque todas tienen razón. Todos tenemos un diagnóstico
común, hay desencuentros en el tema del cumplimiento, pero, una vez
escuchado al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, entendemos que si
se aceptan todas, no se aprobará la suya. Y a nosotros nos parece
importante que, aunque no se avance demasiado con la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular, al fin y al cabo es el grupo que sustenta al
Gobierno en el esfuerzo que va a hacer en la búsqueda de diálogo para
encontrar soluciones, en el diálogo permanente y continuo con todas las
comunidades autónomas y también con la Comunidad Foral de Navarra.


Por tanto, y esperando que no se enfaden el resto de los
portavoces, creemos que es más productivo, para solucionar los problemas
que a todas las comunidades autónomas nos preocupan, aceptar la enmienda
del Grupo Parlamentario Popular, teniendo en cuenta —insisto—
que también compartimos las presentadas por el resto de los grupos
parlamentarios.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Salanueva.


¿Turno en contra? (Denegaciones.)


Pasamos a turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la
senadora Mendizabal.


La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Gracias, señor
presidente.


Señorías, quisiera manifestar que, aunque no se haya
aceptado la enmienda que hemos presentado, pensábamos apoyar con nuestro
voto la moción original, porque, al fin y al cabo, en ella se pide al
Gobierno que analice los incumplimientos de la Ley 39/2006; es decir, se
constata —y así lo ha dicho la señora Salanueva desde esta
tribuna— que hay un incumplimiento de la ley. Por ello nosotros
proponíamos en nuestra enmienda que se instara al Gobierno para que la
cumpliera. Pero, en fin, como perseguimos el mismo objetivo, que es,
precisamente, que el Gobierno cumpla con su parte de las ayudas a los
dependientes, podríamos apoyar, como ya he dicho, la moción original.


Y tenemos que decir que son muchos los incumplimientos para
con las comunidades autónomas en materia de financiación en el tema que
tratamos hoy, como ya han dicho quienes me han precedido en el uso de la
palabra, pero también en otros muchos ámbitos. Por ello, en la enmienda
que hemos propuesto se hacía una solicitud de rectificación de los
incumplimientos de los compromisos, en este caso para con Navarra. Y aun
no siendo admitida la enmienda que hemos presentado, insisto en que
apoyaríamos la moción original propuesta porque de verdad esperamos que
se dé ese diálogo que pedía Unión del Pueblo Navarro, ese diálogo
oportuno para buscar soluciones posibles porque ese es el fin de la
iniciativa, y lo compartimos.


Nosotros creemos que sí hay soluciones posibles; creemos
que en época de crisis se puede hacer una política más social, y lo
estamos haciendo donde podemos. En la interpelación que ha dado origen a
esta moción incluso la señora ministra, doña Ana Mato, habló de
priorizar. Dijo que, aunque todas las comunidades autónomas tendrían que
fijar la atención en los dependientes como una de sus máximas
prioridades, no todos le dan la misma importancia a este asunto a la hora
de repartir su financiación. Y yo diría que esto es como ver la paja en
el ojo ajeno, porque lamentablemente tampoco entre las prioridades de
este Gobierno se encuentran las ayudas a la dependencia. Por ello no
podemos votar a favor del texto con la incorporación de la enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, por parecernos









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una perversidad que el grupo que apoya al Gobierno hable en
su enmienda de seguir mejorando. ¿Mejorando el qué? Dice: «…seguir
mejorando la promoción de la autonomía personal…»


No entiendo la actitud de Unión del Pueblo Navarro, porque
precisamente es este Gobierno el que ha hecho muchísimos recortes en este
tema.


Decía la señora Salanueva que en esta moción no son
ambiciosos, que han querido empezar desde abajo para conseguir algo. Lo
puedo entender, pero no lo comparto, porque nosotros creemos que debemos
ser ambiciosos a la hora de defender, en este caso, los derechos de los
navarros en cuanto a las ayudas a la dependencia. Los beneficiarios de la
ley son menos que en diciembre de 2012, han retrocedido en 12
comunidades, caen los beneficiarios, hay 241 personas menos al día
acogidas a las prestaciones, y podríamos dar muchísimos datos más.


Por lo tanto, apoyaríamos la moción inicial, creemos en el
diálogo, espero que el diálogo surta sus efectos, que consiga lo que
todos queremos conseguir, pero no podemos apoyar la moción con la mejora
—así entendida por UPN— de la enmienda presentada por el
Grupo Popular.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Mendizabal.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Con su permiso, señor presidente.
Desde el escaño.


Senadora Salanueva, yo entiendo cuál es su objetivo: su
objetivo, evidentemente, es mejorar la financiación, que en este caso, en
la Comunidad Foral de Navarra y también en la Comunidad Autónoma del País
Vasco, se nos debe porque hemos desarrollado la Ley de dependencia. Pero
yo creo que estamos hablando de financiación, cuando en realidad la Ley
de dependencia habla de una cosa muy clara y es del derecho subjetivo de
los ciudadanos a ser atendidos, con una u otra financiación. Eso es lo
que hemos cumplido en las comunidades vascas, porque hemos priorizado
cumplirlo, y eso es lo que, a mi juicio, a nuestro juicio, tenía que
haber hecho el resto.


Nosotros en su momento en el Congreso de los Diputados
votamos que no a la Ley de dependencia, y votamos que no por dos
cuestiones básicas: una, por una invasión competencial flagrante y, dos,
porque considerábamos que la ley no venía con la suficiencia financiera
que era deseable en ese momento. Desde entonces, desde el primer momento
—en la Comunidad Autónoma del País Vasco, aquel reparto era que
hasta el 33% pagaban los usuarios y el resto, 50-50, en base a los cobros
de nivel básico y nivel acordado, se pagaba entre las comunidades
autónomas, y en el caso vasco, las diputaciones, y el Gobierno
central—, decía que desde el minuto uno, hora de 2012, el Estado
solamente había aportado el 10% de lo que tenía que haber contribuido.
Por lo tanto, hemos cumplido con el derecho y se ha incumplido con la
financiación.


Por lo tanto, hablar ahora de analizar los incumplimientos
cuando ya los conocemos y hablar ahora de iniciar el diálogo para buscar
las soluciones posibles, me parece que no tiene mucho sentido, sobre todo
porque, repito, no hablamos de financiación, hablamos de un derecho
subjetivo de los ciudadanos que no se está cumpliendo.


En definitiva, nosotros no vamos a poder votar a favor y
esperemos realmente que todo esto sirva para algo, pero yo creo que el
Gobierno a estas alturas no está por la labor de seguir con esta Ley de
dependencia y tampoco por cambiarla, que es lo curioso del caso, porque
si no se puede cumplir la ley, que sea el Gobierno, que sea el Partido
Popular quien le reste este derecho subjetivo a los ciudadanos, y luego
hablamos de cómo hacemos este trabajo cada uno en su casa.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra la senadora Almiñana.


La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gràcies, president.


Senyories, mirin. Ahir el president Rajoy explicava en
aquesta mateixa cambra —i llegeixo textualment el que va dir a la
sessió de control: «ahora las cosas se están moviendo tras las medidas
que nosotros hemos adoptado. En concreto, en el año 2012, íbamos a tener
un –1,3 y tuvimos un –1,2 y este año hablamos de un +0,7 y
puede que acabemos por encima del 1». Bé, bones notícies per a la
macroeconomia. Però també ahir, un diari de gran tirada, es feia ressò de









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les darreres dades de la llei de la dependència publicades
pel Ministeri. Precisament en dissabte sant. I deia així: Quasi 17.000
beneficiaris de la dependència menys en tres mesos. Això són males
notícies per als ciutadans. Perquè això no significa que hi hagi menys
dependents al nostre país. Hi ha menys persones a les quals se’ls
reconeix un dret o bé hi ha més persones en llista d’espera per a
tenir uns serveis que els reconeix la Llei de la dependència.


Durant el primer trimestre d’aquest any ha disminuït
el nombre de beneficiaris de la Llei de la dependència al nostre país, en
16.722 persones. Concretament, el darrer mes, el mes de març, hi ha
10.720 persones menys que tenen aquest dret. Anem a un ritme
—perquè se’n facin una idea— de 346 baixes diàries de
la Llei de la dependència. A més a més, en aquests moments, al nostre
país, tenim menys beneficiaris que quan va arribar al Govern el Partit
Popular, l’any 2011, que hi havia 737.120 persones. Els seus
arguments sempre han estat els mateixos des que van arribar al Govern. No
ens podem permetre els serveis que tenim, l’Estat de benestar,
l’Estat de protecció social que tenim és massa car, i l’única
solució és retallar. I fer polítiques d’austeritat.


Ja saben que el meu grup no comparteix aquesta recepta, i
així ho hem anat expressant. Creiem que hi ha d’altres camins per
aconseguir millorar la situació, que passen per una altra política
econòmica, una altra política fiscal i per altres prioritats. A tall
d’exemple. Tenim 8 punts menys de pressió fiscal que la mitja de la
Unió Europea, —fixin-se si tenim marge per a millorar les
polítiques socials— Però vostès van decidir, entre d’altres
coses, retallar els drets socials.


I em centraré concretament en la dependència. Deixin que
faci una mica de cronologia. Vostès van retallar, per començar, els
dependents moderats. Que haurien d’esperar, a partir d’ara,
més de 36 mesos per rebre qualsevol tipus d’ajuda, tot i que
se’ls reconeixia el dret. Per suposat, l’ajuda mai no seria
en retroactivitat. En paral.lel, van retallar un 15% de les prestacions
dels cuidadors. Després va venir el Reial Decret 20/2012 que va suprimir
la cotització dels cuidadors, principalment cuidadores. Però no només
això. També van aprofitar l’1 de maig de l’any passat
—jo no sé per què vostès tenen una fixació per publicar les
notícies en dies festius— per fer públic el seu pla de reformes
anunciant una retallada de més de 1.000 milions d’euros en
dependència. Per tant, a dia d’avui, tenim menys dependents. I
estem, com deia una treballadora social de Terrassa en unes declaracions,
en caiguda lliure amb el tema de la Llei de la dependència.


Aquesta moció, tot i que se centra en la Comunitat Foral de
Navarra, —i hem de dir que és una de les comunitats que té
desenvolupats els serveis socials amb millors condicions— creiem
que és una tema que afecta totes les comunitats, que és el que demanàvem
a la nostra esmena. Ens hauria agradat que haguessin acceptat
l’esmena. Però, evidentment, entenc que això era molt comprometedor
—perquè demanàvem compliment de la llei—, que està deixant-se
de finançar, i que està ofegant les comunitats autònomes i la ciutadania
no pot gaudir d’uns drets. Però vostès han acceptat una esmena en
la qual senzillament hi ha el compromís de continuar millorant, entre
d’altres coses, la promoció de l’autonomia personal i
l’atenció a les persones. Nosaltres no creiem que estiguem
millorant res. I, per tant, no podrem, en cap moment, donar suport a
aquesta moció.


Mirin, senyories, potser estem sortint de la recessió.
Potser sí que estem sortint de la recessió econòmica. Però no
s’oblidin que això no significa que els ciutadans estiguin sortint
de la crisi.


Moltes gràcies. (Aplaudiments).


Gracias, presidente.


Señorías, ayer el presidente Rajoy explicaba en esta misma
Cámara —y voy a leer textualmente lo que dijo en la sesión de
control—: «Ahora las cosas se están moviendo tras las medidas que
nosotros adoptamos. (…) En concreto, en el año 2012 el crecimiento
fue negativo –1,6; en el año 2013 –1,2 (…) Este año
hablamos al principio de +0,7 y (…) puede ser mayor del 1...». Pues
bien, buenas noticias para la macroeconomía. Pero también ayer un
periódico de gran tirada se hacía eco de la Ley de dependencia, de los
datos publicados el sábado santo: Casi 17 000 beneficiarios de la
dependencia menos en tres meses. Esto son malas noticias para los
ciudadanos, porque esto no significa que haya menos dependientes en
nuestro país, sino que hay menos personas a las que se les reconoce un
derecho, o más personas en una lista de espera para adquirir unos
servicios que le reconoce la Ley de dependencia.


Durante el primer trimestre de este año ha disminuido el
número de beneficiarios de la Ley de la dependencia en nuestro país en 16
722 personas. Concretamente, el último mes, el mes de









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marzo, 10 720 personas menos tienen este derecho. Vamos a
un ritmo —para que se hagan una idea— de 346 bajas diarias en
la Ley de la dependencia. Además, en estos momentos, en nuestro país
tenemos menos beneficiarios que cuando llegó al Gobierno el Partido
Popular en 2011, donde había 737 120 personas. Sus argumentos siempre han
sido los mismos desde que llegaron al Gobierno: No nos podemos permitir
los servicios que tenemos, el Estado del bienestar, el Estado de
protección social es demasiado caro y, por lo tanto, la única solución es
el recorte y hacer políticas de austeridad.


Ya saben que mi grupo no comparte esta receta, y así lo
hemos ido expresando, cree que hay otros caminos para conseguir mejorar
la situación, que pasan por otra política económica, por otra política
fiscal y por otras prioridades. Por ejemplo, tenemos 8 puntos menos de
presión fiscal que la media de la Unión Europea —fíjense si tenemos
margen para mejorar las políticas sociales—. Pero ustedes
decidieron, entre otras cosas, recortar los derechos sociales.


Me voy a centrar concretamente en la dependencia. Dejen que
haga un poco de cronología. Ustedes recortaron a los dependientes
moderados, tendrían que esperar más de 36 meses para recibir cualquier
tipo de ayuda, aunque se les reconocía el derecho. Por supuesto, la ayuda
nunca sería con retroactividad. En paralelo, recortaron un 15% de las
prestaciones de los cuidadores, después vino el Real Decreto 20/2012 que
suprimió la cotización de los cuidadores, principalmente cuidadoras, y no
solo esto, sino que también aprovecharon el 1 de mayo del año pasado
—no sé por qué ustedes tienen una fijación en publicar las noticias
en días festivos— para hacer público su plan de reforma y anunciar
un recorte de más de 1000 millones de euros en dependencia. Por lo tanto,
a día de hoy, tenemos menos dependientes y, como decía una trabajadora
social de Tarrasa en unas declaraciones, estamos en caída libre en el
tema de la Ley de la dependencia.


Esta moción se centra en la Comunidad Foral de Navarra, que
es una de las comunidades que tiene desarrollados los servicios sociales
con mejores condiciones, pero es un tema que afecta, por supuesto, a
todas las comunidades, que es lo que decíamos en nuestra enmienda.


Nos hubiera gustado que hubieran aceptado la enmienda, pero
evidentemente entendemos que esto era muy comprometedor —porque
pedíamos el cumplimiento de la ley—, se está dejando de financiar y
se está ahogando a las comunidades autónomas, por lo tanto, la ciudadanía
no puede disfrutar de unos derechos. Sin embargo ustedes han aceptado una
enmienda a través de la cual se adquiere el compromiso de seguir
mejorando la promoción de la autonomía personal y de atención a las
personas. Nosotros no creemos que estemos mejorando nada y, por lo tanto,
en ningún momento apoyaremos en esta moción.


Señorías, quizás estemos saliendo de la recesión, quizás sí
que estemos saliendo de la recesión económica, pero no se olviden que
esto no significa que los ciudadanos estén saliendo de la crisis.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Almiñana.


Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la
palabra la senadora Cunyat.


La señora CUNYAT BADOSA: Gràcies, senyor president.


Bé, la Llei de dependència o la seva aplicació és un drama.
Només cal escoltar les diferents intervencions per veure que tenim un
greu problema sobre la taula i que sembla que no es vol afrontar, almenys
de manera immediata.


Tots teníem clar, ho ha dit el senador Cazalis que
—en el moment de l’aprovació d’aquesta llei ja es
plantejava d’una manera infrafinançada. (Nosaltres tampoc no hi vam
votar a favor, per les dues mateixes raons. El tema del finançament i,
evidentment, invasió de competències). I, per tant, teníem clar que es
plantejarien aquests greus problemes als quals estem arribant a dia
d’avui. Aquesta situació, a més a més, s’ha agreujat per la
crisi econòmica. No només s’han retallat les partides
pressupostàries a les administracions públiques sinó que les famílies
tenen greus problemes per afrontar les seves necessitats diàries i, per
tant, per afrontar les despeses que suposa l’atenció als dependents
que poden tenir al nucli familiar.


Des de Catalunya, al igual que des d’altres
comunitats autònomes, conscients de tots aquests drames familiars i,
malgrat les enormes dificultats que nosaltres també tenim per afrontar la
gestió del nostre territori, hem decidit no desatendre els dependents. I
continuem fent una aportació extraordinària que —com bé he dit
abans— suposa el 80% del total de l’aportació pública que es









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realitza per a gestionar la despesa a la dependència. Si la
Generalitat no fes aquesta aportació, quasi un 60% dels dependents que
tenim a Catalunya, és a dir, a l’entorn d’unes 60.000
persones, quedarien fora del sistema. I, per tant, és evident que
nosaltres tenim un compromís i que estem fent un gran esforç per atendre
aquestes persones que tant ho necessiten.


Des de Convergència i Unió creiem fermament que moltes de
les decisions preses per part del ministeri, i a les quals la senyora
ministra s’hi va referir l’altra dia en la seva intervenció,
són absolutament errònies. Han establert mesures buscant un estalvi
pressupostari immediat. I creiem a més a més que no aporten els resultats
als quals la senyora ministra fa referència.


No estem d’acord amb la suspensió del nivell acordat,
amb la reducció de la quantia màxima de la prestació econòmica, amb la
minoració de les quanties del mínim garantit, amb endarrerir, com deia la
senadora Almiñana, fins al juliol del 2015, l’entrada dels
dependents moderats, no compartim les decisions que ha pres el Govern.
Pensem que, arran d’aquestes decisions, s’està desatenent
moltíssimes persones i aquesta és una realitat a resoldre. Molts informes
i dades ho demostren i, per tant, vostès han d’afrontar aquest
problema. Cal afrontar canvis en el model de finançament. Doncs la
situació d’ofec que pateixen ara mateix les comunitats autònomes és
insostenible i, a més a més, és que té el temps comptat.


La senyora ministra té clara la gravetat de la situació a
la qual avui fem referència i així ho va demostrar amb algunes de les
reflexions o afirmacions que va fer durant la seva intervenció. És
veritat que, de moment, no intuïm que ella plantegi un canvi de la llei
i, per tant, el que ha de fer és plantejar modificacions per afrontar els
problemes que tenim a sobre la taula. Jo em quedo amb dues de les
afirmacions que va fer la senyora Mato el dia de la interpel.lació. Va
dir: s’ha de valorar el cost del sistema i buscar formules que
permetin finançar-lo. Per tant, esperem les seves propostes. I la segona
afirmació: estem tractant d’establir un marc general per a les
persones amb dependència a tot l’Estat espanyol, però també seria
bo que es tinguessin en compte les particularitats de cadascuna de les
comunitats autònomes, especialment per la situació que existeix en
cadascuna d’elles.


És en aquest sentit que ens alegrem que, d’alguna
manera, la senyora ministra comenci a fer reflexions que van en la línia
del que hem estat reclamant multitud de vegades des del nostre grup. El
tema del finançament i, per exemple, que es tingui en compte la
diferenciació del cost de la dependència entre comunitats autònomes. Per
tant, d’alguna manera, comencem a arribar tots a la mateixa
conclusió i esperem que això aporti un canvi.


Nosaltres també ens abstindrem a la moció, perquè no
compartim el redactat que planteja el Grup Parlamentari Popular. Per
tant, no podem votar a favor de la moció. Ens abstindrem. I el que
demanaríem, de tota manera, és que aquest diàleg que plantegen no es
perllongui en el temps que, en definitiva, es busqui una solució al
problema, una solució ràpida al problema perquè aquí no hi guanyen o hi
perden les comunitats autònomes sinó que aquí s’hi juga la vida
molta gent que necessita aquests recursos.


Moltíssimes gràcies.


Gracias, señor presidente.


La Ley de dependencia o su aplicación es un drama, solo hay
que escuchar las distintas intervenciones para saber que tenemos un grave
problema sobre el tapete y al que parece que no se le quiere hacer frente
de forma inmediata.


Todos teníamos claro —lo ha dicho el senador
Cazalis— en el momento de su aprobación que esta ley se planteaba
ya de una forma infrafinanciada. (No votamos a favor por las dos mismas
razones que ya hemos dado, por la financiación y por la invasión de
competencias.) Y teníamos claro que se iban a plantear estos graves
problemas a los cuales estamos llegando a día de hoy. Esta situación,
además, se ha agravado a raíz de la crisis económica: no solo se han
recortado las partidas presupuestarias en las administraciones públicas,
sino que las familias tienen graves problemas para hacer frente a sus
necesidades diarias y a los gastos que supone la atención a los
dependientes que pueden tener en el núcleo familiar.


Cataluña, igual que otras comunidades autónomas,
conscientes de todos estos dramas familiares, y a pesar de las enormes
dificultades que también nosotros tenemos para hacer frente a la gestión
de nuestro territorio, hemos decidido no desatender a los dependientes y
seguimos haciendo una aportación extraordinaria, que —como he dicho
antes— supone un 80% del total de









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la aportación pública que se realiza para gestionar el
gasto de la dependencia. Si la Generalitat no hiciera esta aportación,
casi un 60% de los dependientes que tenemos en Cataluña —unas 60
000 personas— quedaría fuera del sistema. Por tanto, nosotros
tenemos un compromiso y estamos haciendo un superesfuerzo para atender a
estas personas que tanto lo necesitan.


Convergència i Unió cree firmemente que muchas de las
decisiones tomadas por el ministerio, a las cuales se refería el otro día
la señora ministra en su intervención, son absolutamente erróneas. Han
establecido medidas buscando un ahorro presupuestario inmediato que,
además, no aportan los resultados a los cuales hacía referencia la señora
ministra.


No estamos de acuerdo con la suspensión del nivel acordado,
con la reducción de la cuantía máxima de la prestación económica, con la
minoración de las cuantías del mínimo garantizado ni, como decía la
senadora Almiñana, con la entrada de los dependientes moderados hasta
julio de 2012. No estamos de acuerdo con las decisiones del Gobierno.
Pensamos que, a raíz de estas decisiones, se están desatendiendo a
muchísimas personas, y esta es una realidad que hay que solucionar, y
muchos informes, muchos datos lo demuestran. Y ustedes tienen que hacer
frente a este problema. Hay que hacer frente a cambios en el modelo de
financiación pues la situación de ahogo que sufren las comunidades
autónomas en estos momentos es insostenible, y, además, tiene los días
contados.


La señora ministra tiene clara la gravedad de la situación
a la que nos estamos refiriendo hoy, y así lo demostró con algunas de las
reflexiones o afirmaciones que hizo durante su intervención. Es verdad
que de momento no intuimos que ella plantee un cambio de la ley, pero
debería plantear modificaciones para hacer frente a los problemas que
tenemos en estos momentos. Me voy a quedar con dos de las afirmaciones
que hizo la señora Mato el día de la interpelación. En primer lugar dijo:
Hay que valorar el coste del sistema y buscar fórmulas que permitan
financiarlo —así pues esperamos sus propuestas— y en segundo
lugar afirmó: Estamos tratando de establecer un marco general para las
personas con dependencia en todo el Estado español, pero también sería
bueno que se tuvieran en cuenta las particularidades de cada una de las
comunidades autónomas, especialmente por la situación que existe en cada
una de ellas.


Nos alegramos de que la señora ministra empiece a hacer
reflexiones que van en la línea de lo que ha estado reclamando multitud
de veces mi grupo, esto es, la financiación, así como, por ejemplo, que
se tenga en cuenta la diferenciación del coste de la dependencia entre
comunidades autónomas. Parece que llegamos todos a la misma conclusión.
Por tanto, esperamos que esto aporte un cambio.


Nosotros nos vamos a abstener en esta moción ya que no
compartimos el redactado del Grupo Parlamentario Popular, no vamos a
votar a favor de la moción. Pediría que este diálogo que plantean no se
extienda en el tiempo, sino que se busque una solución rápida al
problema, porque aquí no ganan ni pierden las comunidades autónomas, sino
que se está jugando la vida mucha gente que necesita estos recursos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Cunyat.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Chivite.


La señora CHIVITE NAVASCUÉS: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.


Subo a esta tribuna con el informe de fiscalización de la
Cámara de Comptos de Navarra en una mano y con los datos del Ministerio
de Sanidad en la otra.


El informe de la Cámara de Comptos de Navarra, relativo a
la Ley de dependencia, de marzo de este mismo año, y que supongo que
nadie pondrá en cuestión, pone literalmente lo siguiente en su página 22:
Ingresos recibidos por Navarra del Estado en concepto de atención a la
dependencia: año 2009, 21 millones de euros; año 2013, 11 millones de
euros —un 46% menos de aportación—. Esto es debido,
fundamentalmente, a la reducción del nivel acordado, cosa que hizo el
Partido Popular de manera unilateral.


Ahora voy a hacer referencia a los datos del propio
ministerio: Año 2012, 8737 personas beneficiarias con prestaciones en
Navarra; año 2014, 8423 personas beneficiarias con prestaciones en
Navarra —315 personas menos—.


Podría dar muchísimos más datos, pero, con los que he
aportado, ha quedado claro el recorte que el Gobierno del Partido Popular
ha dado al sistema de atención a la dependencia en Navarra.









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Yo entiendo que la senadora Salanueva, de UPN, partido que
hace seguidismo de las políticas del Partido Popular, no haya hecho
referencia a estos datos o a estos recortes, que no se haya atrevido a
posicionarse en contra de que más de 300 personas en Navarra se hayan
quedado sin prestaciones de ayuda a la dependencia y, siguiendo la línea
de complicidad de UPN y del PP, que tampoco se haya posicionado en contra
del recorte unilateral por parte del Partido Popular del nivel acordado,
que es lo que ha disminuido de manera alarmante y supone de facto la
paralización de la aplicación de la Ley de dependencia. A UPN parece
preocuparle únicamente que con el cambio de criterio del cálculo del
nivel mínimo acordado según el Real Decreto 1050/2003 Navarra va a dejar
de ingresar, según unos cálculos aproximados, unos 120 000 euros.


Senadora Salanueva, estamos de acuerdo en esta moción, en
la moción que usted ha planteado, y coincidimos en que no es justo para
una comunidad que está haciendo relativamente bien —aunque todo es
mejorable— la gestión en la atención a las personas dependientes
que sea perjudicada por un cambio de criterio del ministerio, que lo ha
hecho sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, como nos tiene
acostumbrados. (Por cierto, la propia ministra en el debate de la
interpelación hace un par de semanas reconoció que puede que estos
criterios no sean justos.) Estamos de acuerdo también en que el Gobierno
cumpla con la financiación relativa a la Ley de dependencia con Navarra
—señora Salanueva, con Navarra y con todas las comunidades
autónomas, por supuesto—.


Yo salgo aquí como senadora de Navarra y, por supuesto,
para defender los intereses de mi comunidad y denunciar que la
modificación de criterios que plantea el ministerio nos va a perjudicar y
que no vale el café para todos, porque hacer igual a los desiguales es
generar mayor desigualdad. Hay que tener en cuenta las desigualdades y
las características peculiares de cada una de las comunidades autónomas
para hacernos iguales y, desde luego, creo que con el cambio de criterios
en el nivel acordado el ministerio no va por el buen camino. Pero, sobre
todo, soy una representante pública que defiende los intereses de los
ciudadanos y ciudadanas de Navarra. Y tengo que salir a esta tribuna a
denunciar los recortes del PP en materia de dependencia en nuestra
comunidad, tengo que oponerme firmemente a la expulsión de más de 300
personas de la prestación a la dependencia, tengo que oponerme a que
numerosas personas hayan visto reducida de manera significativa la
prestación y, desde luego, tengo que oponerme a que más de 1600
cuidadoras familiares en Navarra se hayan quedado sin cotizar a la
Seguridad Social por los recortes del Partido Popular. Y es que en el
marco estatal en el último mes, según la Asociación Estatal de Directores
y Gerentes de Servicios Sociales, cada día el sistema ha perdido 346
personas beneficiarias. El sistema de atención a la dependencia ha
perdido solamente en el mes de marzo 10 700 beneficiarios, y todas las
comunidades, sin excepción, han presentado datos negativos. Y, desde
luego, tal y como pudimos ver a la señora ministra y hoy al senador
Palacios, ellos siguen sacando pecho de estos datos.


Pero si se acepta la enmienda del Partido Popular, nosotros
no podemos estar a favor. Coincidimos en el diálogo permanente con las
comunidades autónomas, con todas las comunidades autónomas, y en avanzar
en la evaluación continua, pero no podemos compartir que estos datos que
les he señalado sobre disminución de la atención a la dependencia en
Navarra y en todo el Estado suponga seguir mejorando la promoción de la
autonomía personal y la atención a las personas con dependencia. Queremos
que el Gobierno cumpla con Navarra, que cumpla con todas las comunidades
autónomas y, por eso, estamos dispuestos a abstenernos, pero no podemos
compartir que este Gobierno recorte los derechos de los ciudadanos y se
empeñe en empequeñecer decreto a decreto nuestro Estado del bienestar. Y,
desde luego, nos sumamos a la exigencia de los directores y gerentes de
servicios sociales a fin de que la información ofrecida por el ministerio
sea seria y rigurosa, y no como viene haciendo, manipulando los datos e
insultando a la inteligencia de los ciudadanos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Chivite.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Palacios.


El señor PALACIOS ZUASTI: Muchas gracias, señor
presidente.


Agradezco a la senadora Salanueva que haya aceptado nuestra
enmienda y también que su moción nos permita hablar de la dependencia, es
decir, de ese fiasco de Zapatero que nos dejó









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también en materia de salud y Seguridad Social.
(Protestas). Porque si echamos un poco la vista atrás —no hace
falta remontarse mucho en el tiempo—, a los años 2005, 2006,
ustedes recordarán que los socialistas nos vendieron a bombo y platillo
la dependencia como el cuarto pilar del Estado de bienestar. Nos decían
que con ella se iban a crear 260 000 empleos directos y que habría unos
retornos a las arcas públicas de 2000 millones de euros al año. Entonces
aprobaron una ley sin saber cuántos discapacitados se iban acoger a ella,
sin conocer las plazas de las que se disponía y —lo que era más
grave— sin dotarla de los recursos económicos para poner en marcha
las políticas previstas para atender a las personas dependientes y para
lograr su integración. Es decir, consagraron unos derechos, crearon unas
expectativas o, como dijo el Tribunal de Cuentas en uno de sus informes,
pusieron la miel en los labios a las personas dependientes.


En ese momento, en los años 2006 y 2007, es decir, antes de
que estallase la crisis económica y financiera, cuando Zapatero nos decía
que estábamos en la champion league de la economía y nos prometía el
pleno empleo para la legislatura pasada, no le inyectaron el dinero
necesario. Por eso, como señaló el Tribunal de Cuentas, en la etapa de
Zapatero el sistema de dependencia ni cumplió con el espíritu de la ley
ni garantizó las mismas prestaciones a todos los dependientes con
independencia del lugar de España en el que residieran y, lo que era más
grave, puso en riesgo la sostenibilidad del sistema dejando al actual
Gobierno una deuda en la Seguridad Social de mil millones de euros.


Señora Salanueva, usted sabe que el día 2 de marzo del año
2006, cuando esta ley estaba en fase de anteproyecto, y en mi condición
de consejero de Bienestar Social del Gobierno de Navarra, respondí a una
interpelación en el Parlamento de Navarra y allí dije que era pesimista
con relación al dinero que por esta ley iba a recibir Navarra para
financiar el sistema navarro de dependencia. Usted conoce de primera mano
todo lo que sucedió después, y aunque ahora nos diga que fue la Junta de
Cooperación del 7 de noviembre del 2007 en donde se acordó la retirada
del recurso de inconstitucionalidad de Navarra a la Ley de dependencia,
usted sabe que formalmente fue así, pero sabe también que esta fue una de
las condiciones impuestas por José Blanco para que en agosto de 2007 los
socialistas navarros facilitaran con su abstención que UPN pudiera
gobernar en minoría.


Hubo más condiciones. Una de ellas fue también la ruptura
del pacto estable y permanente entre UPN y el Partido Popular. Eran
entonces los tiempos en los que ustedes vivían su luna de miel con
Zapatero y su Gobierno, y por eso, en la nota de prensa del Gobierno de
Navarra de ese 7 de noviembre se habla del clima de cooperación y diálogo
que actualmente existe entre los Gobiernos estatal y foral y se dice que
esta relación de cordialidad es la que les había llevado a alcanzar el
acuerdo. Este acuerdo, como todos los demás que ustedes adoptaron en esa
época, como los protocolos y los convenios que firmaron, se quedó en
papel mojado.


Ahora, gracias a esta moción, nos hemos enterado de que los
navarros nos quedamos entonces sin el recurso de inconstitucionalidad y
nos quedamos sin dinero porque, señora Chivite, es cierto, como usted ha
dicho desde esta tribuna, que entre los años 2009 y 2013 la cantidad que
Navarra recibió del Estado por el nivel mínimo de prestación se minoró en
un 44%, en casi 9 millones, pero lo que usted no nos ha dicho es que 8 de
esos millones, el 89% de la minoración, se produjo entre los años 2009 y
2011, es decir, cuando ustedes estaban en el Gobierno. Por lo tanto, los
que cambiaron el criterio fueron ustedes.


Lo que le tengo que decir a la señora Salanueva es que
ellos, UPN, entonces callaron, o al menos no presentaron ninguna
iniciativa en esta Cámara.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor PALACIOS ZUASTI: Acabo, señor presidente.


Señora Salanueva, usted sabe que en estos momentos la Ley
de dependencia se está aplicando de manera justa y equitativa. Sabe que
el actual Gobierno no incumple lo que en ella está establecido, y sabe
que todas las materias relacionadas con la dependencia las acuerda el
Estado con las comunidades autónomas y la Comunidad Foral de Navarra en
el seno del Consejo Territorial, y va a ser allí donde se va a seguir
avanzando en la evaluación continua de la aplicación de esta ley.


Nada más y muchas gracias, señor presidente.
(Aplausos).









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Palacios.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de
interpelación del Grupo Parlamentario Mixto, de la senadora Salanueva,
con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 216; votos emitidos, 216; a favor, 135; en contra, 1;
abstenciones, 80.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.


5. MOCIONES


5.1. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE DISEÑE Y
EJECUTE, EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS DE LAS CIUDADES DE CEUTA Y
MELILLA, UN PLAN DE ACTUACIÓN EN LAS FRONTERAS Y SU ENTORNO PARA EL
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LAS ANUALIDADES DE 2014 Y 2018.


(Núm. exp. 662/000130)


AUTOR: GPP


El señor presidente da lectura a los puntos 5. y 5.1.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado 3
enmiendas: una, del Grupo Parlamentario Vasco, otra del Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió y una tercera del Grupo
Parlamentario Socialista. (Rumores). Señorías, guarden silencio, por
favor.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el
Grupo Parlamentario Popular, el senador Imbroda, por tiempo de quince
minutos.


El señor IMBRODA ORTIZ: Gracias, presidente.


Buenos días. Señorías, tengo hoy la oportunidad de hablar
aquí del sur del sur de España, de las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla, en estos días muy de moda, muy de actualidad por los problemas
de inmigración, por los problemas de las fronteras y de las famosas
vallas que existen en nuestras ciudades. Pero este no es el objetivo de
la moción que traigo yo aquí. El objetivo son las vallas internas que
tienen estas dos ciudades para su desarrollo socioeconómico. Y es que
ponernos de actualidad mediáticamente en todos los diarios, nos obliga a
hacer una reflexión profunda sobre qué es lo que está pasando en aquellas
dos ciudades.


Somos casi 180 000 habitantes entre Ceuta y Melilla, casi
el 55% de la Comunidad Autónoma de La Rioja, pero en 43 kilómetros
cuadrados. Háganse una idea de lo que supone la presión y la intensidad
demográfica en un terreno pequeño. No tenemos recursos propios, no
tenemos materias primas, no se puede desarrollar una industria. Hay que
tener en cuenta el alejamiento con la península, 110 millas el punto más
cercano a Melilla. Tenemos una presión migratoria fortísima, no solamente
de los subsaharianos, los que se ven en las noticias, sino también de las
personas del Magreb y de los menores extranjeros no acompañados. En Ceuta
y Melilla tenemos la población juvenil más alta de España, tal y como
registra la pirámide de población. Tenemos la población juvenil menos
formada de toda España y los mayores índices de fracaso y abandono
escolar. Todos los datos estadísticos apuntan a que estamos en las peores
circunstancias, tanto en paro y renta per cápita como en formación. Y
todos los días entran en nuestras ciudades, en cada una de ellas, cerca
de 30 000 marroquíes que vienen a comprar, a adquirir servicios o a
trabajar. La frontera de Melilla, por ejemplo, concentra un paso diario
de 5000 vehículos. Y es en nuestras fronteras donde existe el mayor
diferencial económico de renta per cápita del mundo.


A todo ello hay que añadir que nuestras poblaciones tienen
un origen intercultural muy potente —aproximadamente, en las
poblaciones de Ceuta y Melilla un 35 o 40% es de origen bereber y el
resto de origen europeo—, lo que produce dos hechos que hay que
analizar. Uno de ellos es muy positivo, y es que estamos demostrando al
mundo que es posible la convivencia con respeto, tolerancia y paz entre
culturas y religiones distintas. Estamos dando ese ejemplo. El otro
constituye









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un aspecto negativo, y es que estamos siendo sometidos a
modas pseudoreligiosas de tipo fundamentalista que pueden ser un caldo de
cultivo allí donde hay necesidades y entre una población juvenil que
puede ser proclive a ello. Sin duda, ese es un riesgo añadido a nuestra
situación.


Estas son nuestras vallas. Necesitamos el apoyo decidido de
la Cámara —y se lo pido a ustedes, señorías— y del Gobierno
de la nación ahora que parece ser que el tren del desarrollo y del
crecimiento económico se pone en marcha. Nosotros nos tenemos que subir a
un vagón de ese tren porque no queremos política de subvenciones, no
queremos ayudas de este tipo, lo que queremos es que nos den los
instrumentos necesarios para que dentro de nuestras posibilidades
busquemos lo mejor para un desarrollo económico sostenible, porque se
puede; se puede.


Además, como he dicho antes, estamos dando un ejemplo de
convivencia y de tolerancia respecto a la inmigración que todos ustedes
conocen por ser la más mediática, la de los subsaharianos. Una vez que
pasan a España —allí, en Melilla o Ceuta— no tenemos el más
mínimo problema: ni nos causan el más mínimo problema de convivencia ni
les causamos el más mínimo problema de convivencia. Somos sociedades
interculturales que nos hemos criado en la convivencia entre distintas
culturas y sabemos de esto bastante.


Estas ciudades necesitan un apoyo decidido. Por eso la
moción de hoy persigue que los Gobiernos de Ceuta y Melilla y el Gobierno
de la nación constituyan una comisión para poner encima de la mesa lo que
es necesario hacer.


En los años ochenta también se produjo una fuerte
inmigración magrebí. Y me voy a referir también al entorno de las
fronteras porque hay algunas barriadas en las ciudades de Ceuta y Melilla
que necesitan de una actuación urgentísima en equipamientos sociales,
urbanísticos de todo tipo e infraestructuras como, por ejemplo, la
barriada de El Príncipe, en Ceuta —muy televisiva en estos
momentos—, o las barriadas de la Cañada de Hidúm, de Benzú, y los
distritos IV y V de la Ciudad Autónoma de Melilla. Los Gobiernos de Ceuta
y Melilla no podemos atender solos a tantas necesidades.


Ante este cúmulo de desgracias, ustedes podrían pensar:
¿Cómo es que no explota socialmente aquello? Pues por dos motivos: por el
gran gasto social de los dos Gobiernos de Ceuta y Melilla y por la
cordura y sensatez de los melillenses y ceutíes, pues tenemos todas las
cartas para que ya se hubiera provocado una explosión. Por lo tanto, no
podemos perder este tren ni un minuto más. El Gobierno de la nación tiene
que atendernos —estoy seguro de que lo va a hacer— y trabajar
sobre la base de propuestas que ya tiene encima de la mesa y que yo
quisiera enunciar aquí.


Sería necesario desarrollar un programa de actuación
integral de equipamientos básicos en las barriadas periféricas de Ceuta y
Melilla. Y cuando hablamos de fronteras en la moción no nos estamos
refiriendo a la valla, sino a los pasos fronterizos de las ciudades de
Ceuta y Melilla. Es necesario modernizarlos, actualizarlos, hacerlos
transitables y no dejarlos como están ahora. Incluso, habría que
posibilitar la apertura de un nuevo paso fronterizo en cada una de las
dos ciudades y, asimismo, habría que mejorar notablemente sus
infraestructuras aeroportuarias, pues por ahí sí tenemos posibilidades de
un desarrollo económico sostenible. Tendrían que mejorarse notablemente,
repito, las comunicaciones entre Ceuta, Melilla y la península. Y cuando
digo mejorar me refiero a la calidad de los servicios, a los precios,
etcétera.


Igualmente, sería necesario incrementar notablemente la
inversión en educación. Anteriormente hablaba de formación, pues los
jóvenes de las dos ciudades tienen menos oportunidades para poder
trabajar debido a su poca formación; por lo tanto, debemos trabajar mucho
más en la educación y crear centros escolares. Por otra parte, tenemos
los mayores ratios de ocupación de clase en primaria e infantil de toda
España y, por supuesto, los índices más altos de crecimiento poblacional
de España en los últimos 5 años. Melilla, por ejemplo, ha crecido casi un
18% en este tiempo. Por tanto, llueve sobre mojado.


Tenemos que destinar más fondos a las políticas activas de
empleo y a la formación profesional. Asimismo, hemos de conseguir que la
Unión Europea nos considere zona ultraperiférica o designación
equivalente como zona de especial desventaja geográfica. Hemos de lograr
también que la Unión Europea nos considere, como las dos únicas fronteras
terrestres que tiene Europa en África, foco de atracción para las
relaciones comerciales y empresariales con el África próxima.









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Por cierto, esas fronteras, esas vallas tan vulnerables son
las mismas fronteras de Berlín, Bilbao o Barcelona, y cuando alguien
salta allí, lo está haciendo en Europa y no solamente en Melilla.


Por otra parte, tenemos que actualizar la financiación
autonómica respecto a las necesidades reales de los servicios que tienen
que prestar las dos ciudades, a sus necesidades poblacionales y a todos
esos problemas y handicaps que yo les he expuesto antes. La nueva
financiación autonómica que se va a discutir ahora tiene que contemplar
valiente y decididamente las necesidades reales de las dos ciudades. No
es un milagro que estemos viviendo a pesar de los datos que doy, pero sí
les digo que el gasto social que nos supone a las dos administraciones es
elevadísimo y que quizá deberíamos destinar a otro tipo de inversiones
que posibilitaran la creación de empleo, pero tenemos que tapar de forma
inmediata los huecos, y grandes, que existen.


Los dos Gobiernos de las ciudades, en una reunión que
tuvimos hace aproximadamente un mes, aparte de apoyar la moción
presentada hoy aquí por el grupo parlamentario, pedíamos una remodelación
de las fronteras, etcétera, así como la defensa de nuestras
peculiaridades en la revisión del sistema de financiación autonómica y
mejorar los incentivos fiscales, tal y como figura en la Ley sobre el
impuesto de sociedades últimamente.


También voy a hablarles a ustedes de inmigración. Los dos
Gobiernos establecimos la siguiente declaración: «Decimos que ante el
drama humano que está suponiendo la vulnerabilidad, el acceso, la entrada
de subsaharianos en las dos ciudades, las dos ciudades ofrecen
solidaridad con pasión y actitud humanitaria. Las fronteras son
necesarias y, por tal motivo, tienen que ser seguras y respetadas. Por lo
tanto, mostramos nuestro inequívoco respaldo a la Guardia Civil y al
Cuerpo Nacional de Policía por cumplir con su deber de preservar la
seguridad de nuestras fronteras en condiciones de extrema dificultad y de
mucha presión. Para preservar las fronteras de Ceuta y Melilla, las
únicas terrestres que tiene la Unión Europea en África, es fundamental
que Marruecos siga manteniendo su colaboración en la lucha contra las
mafias que trafican con seres humanos y contra la inmigración irregular.
Es necesaria una mayor implicación de la Unión Europea, y secundamos al
Gobierno de la nación en su demanda de una mayor implicación de Bruselas
en lo que concierne a la presión de la inmigración irregular, tanto para
atender las singulares exigencias que al respecto tienen nuestras
fronteras, como para articular una política comunitaria común en la
materia. Asimismo, es necesario articular un pacto de Estado en el que se
incluya la revisión y actualización de la vigente Ley de extranjería con
el objetivo de adaptarla a las circunstancias actuales. Y, por último,
decíamos que: «el número de inmigrantes acogidos en los centros de
estancia temporal deben limitarse a su capacidad de acogida y no estar
saturados».


En las dos ciudades de Ceuta y Melilla, que como saben
perfectamente, se siente y se vive la pluralidad y la riqueza cultural de
España, se tiene un sentimiento muy español. En estas dos ciudades, que
tenemos una estadística de paro de un 35% según la EPA, y tenemos una
situación semejante a la de Andalucía y demás, para nosotros es casi como
un plus el pensar: ¡qué bien estamos!, ¡estamos casi igual que ellos!,
pero sabemos que ellos están así por la crisis tan fortísima que pasamos,
y sabemos también que despegarán. Toda España despegará, pero Melilla y
Ceuta no tienen argumentos razonables ni sólidos ni económicos para
seguir despegando al mismo nivel si no se las ayuda. Por eso digo que las
fronteras que nosotros queremos derribar son las primeras que tenemos
allí, las que imposibilitan que los melillenses y ceutíes, 180 000, se
desarrollen exactamente igual que el resto de los españoles. Eso es lo
que demandamos.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Imbroda.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Bai, egun on, kideak eta egun
on mahaiburu jauna, eta eskainutik, arazorik ez baldin badago
behintzat.


Gaur, Imbroda jauna entzutea, edo Melilla hiri autonomoko
alkate presidentea entzutea, benetan inportantea izan da, eta gogoan
ekarri dit ni alkate nintzela, nire herrian, antolatu zen MENA zentro
bat. Guk eduki genuen MENA zentro bat, oso txikia zen, bere kapazidadea,
MENA zentro honen kapazidadea zen 15 pertsonatakoa, baina bukaeran,
errealitatea izan zen 75









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pertsona bertan egon zirela. Ezin dezakezue imajinatu honek
herrian sortzen zituen arazoak, egonezak, inestabilidadeak eta
jendearekin eta bertako hiritarrekin sortzen ziren interferentziak.


Honekin zer esan nahi dut, ezin dezakedala inondik inora
ere imajinatu, zein izango den bai Melila zein Ceuta hirien errealitatea.
Ezin dezaket ezta imajinatu ere egin.


Horregatik diot benetan inportantea iruditzen zaidala
Imbroda jauna izatea bertan defendatzen duena bere postura eta lehenengo
eta behin, eta eztabaida politikoetan eta, sartu aurretik, daukala baita
ere gure elkartasuna zentzu horretan eta behar duen gauzetarako laguntza.
Nik bizi izan dudalako, nire pertsonan, egoera hori, baina ez zuk, edo
zuek, dabilzkizuen kopuruekin, baizik eta oso kopuru txikiagoekin, baina
hori dela eta, ikusten nuen, eta ikusten dut, zein izan zitekeen
errealitatea.


Eta guk, Eusko Alderdi Jeltzale bezala, egin dugun
emendakinak baieztatu egiten du pixkat orain jarri dudan filosofia, zein
Imbroda jaunaren filosofia bera den.


Gogoan izango duzue, aurreko legealdian, 9. legealdian,
Talde Popularraren kidea den edo zen Luz Elena Sanínen bitartez edo
ekimenez, Europar Batasunerako dagoen batzorde mistoan, portzierto,
Miguel Ángel Arias Cañete zela presidentea, esan dudan bezala, bertako
batzordeak bidai bat antolatu zuen, bisita bat antolatu zuen, Ceutako
hiri autonomora. Azken finean, bertan ezagutuko egin nahi zelako zein zen
errealitatea. Ezagutu egin nahi zen frontera ikuspegi horrek, Afrikarekin
dagoen muga ikuspegi horrek zeuzkan eraginak. Bai eragin ekonomikoa, bai
portuarekin zeukan errealitatea, zein zen bertako eragile sozialen
ikuspegia, errealitatea, eta azken finean, etorkinen edo bizitzen ari
ziren etorkin errealitate horrekin zein zen harremana, zein zen
errealitatea. Esan daiteke oso jardunaldi interesgarria izan zela bertan
izan ziren guztientzat, eta guretzat benetan inportantea dela hara
joatea, ezagutzea, eta orain entzun duguna, 15 minututan entzun duguna
ere, han bertan entzutea, bertako eragileekin entzutea eta jakitea zer
gertatzen ari den. Hori benetan guretzat inportantea da, eta horregatik
proposatu dugu testu hau, eta testu honek zera dio: «Asimismo se propone
destacar a Ceuta y Melilla una Comisión del Senado que evalúe en estas
Ciudades Autónomas la situación existente contactando con todas sus
instituciones, y con los protagonistas de estas Ciudades Autónomas que
viven y conocen el problema, con el fin de elaborar un informe sobre la
situación que se está viviendo y que plasme en un diagnóstico de
actuación propuestas pertinentes que indiquen cómo ir superando esta
situación. Dicho informe será evaluado semestralmente en el Senado.»


Ikusten duzuen bezala, egiten duguna da, ezagutu nahi bat
bertako errealitatea, lagundu ahal izateko. Gero beste kontu bat da
Imbroda jaunak berak bere diskurtsoari nola eman dion bukaera, azken
finean, bai hemen hitz egin duela Ley de Extranjería, bai Guardia
Zibilaren aktuazioez etab. Baina horiek gero bozeramaileen turnoan
aipatuko ditut eta horren inguruan luzatuko naiz.


Besterik ez, eskerrik asko.


Buenos días, señorías. Buenos días, señor presidente.
Hablaré desde el escaño, si me lo permite.


Escuchar al señor Imbroda, escuchar al presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla ha sido importante y me ha recordado mis
tiempos de alcalde. En aquel momento se creó un centro MENA en mi pueblo,
que era muy pequeño; tenía capacidad para 15 personas, pero la realidad
era que acogía a 75. Surgieron una serie de interferencias entre las
personas que estaban en el centro y los ciudadanos, y no se pueden ni
hacer idea de los problemas, el descontento, la inestabilidad, etcétera,
que supuso todo esto en el pueblo.


¿Qué quiero decir con esto? Que no puedo imaginar cuál
puede ser la realidad de Ceuta y Melilla; realmente no puedo ni
imaginarla. Soy muy consciente de la situación que allí se vive y, por
tanto, quiero decir lo importante que es para mí tener aquí al señor
Imbroda defendiendo su posición. Y sin entrar en debates políticos,
quiero transmitirle nuestra solidaridad; estamos aquí para ayudarle en lo
que necesite porque yo he vivido la misma situación que en Ceuta y
Melilla, aunque a menor escala, pero incluso así puedo entenderlo.


El PNV ha presentado una enmienda que refrenda lo que acabo
de decir, que sostiene la filosofía que acabo de mencionar y que, además,
va en la misma dirección que la del señor Imbroda. Recordarán que en la
anterior legislatura, por iniciativa de Luz Elena Sanín, en la Comisión
Mixta para la Unión Europea, que presidía el señor Arias Cañete, se
organizó una visita a la Ciudad Autónoma de Ceuta a fin de conocer de
primera mano, sobre el terreno, la realidad; se









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quería conocer la situación de frontera terrestre con
África y observar las consecuencias que se podían derivar: consecuencias
económicas, la realidad en el puerto, el punto de vista de los
interlocutores sociales, la situación de los inmigrantes y las relaciones
que con ellos se mantenían. Fue una actividad muy interesante para todos
los que participaron, y para nosotros fue muy importante habernos
trasladado allí, conocer la realidad de primera mano; en quince minutos
se nos ha explicado cuál es la situación pero estaría bien escucharlo
allí, ponernos en contacto con los interlocutores de la zona.


Nos parece muy importante y por eso hemos presentado esta
enmienda de adición, que dice lo siguiente: «Asimismo se propone destacar
a Ceuta y Melilla una comisión del Senado que evalúe en estas ciudades
autónomas la situación existente, contactando con todas sus
instituciones, y con los protagonistas de estas ciudades que viven y
conocen el problema, con el fin de elaborar el informe sobre la situación
que se está viviendo, y que plasme en un diagnóstico de actuación
propuestas pertinentes que indiquen cómo ir superando esta situación.
Dicho informe será evaluado semestralmente en el Senado.»


Como podrán observar, reflejamos nuestro deseo de conocer
la situación sobre el terreno para poder ayudar. El señor Imbroda en su
discurso ha dejado claras algunas ideas: ha hablado de la Ley de
extranjería, de las actuaciones de la Guardia Civil, etcétera, cuestiones
en las que ahondaré un poco más en mi intervención en el turno de
portavoces.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Bildarratz.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador
Sendra.


El señor SENDRA VELLVÉ: Gracias, señor presidente.


Faré una sola intervenció. Intervinc ara i ja no
intervindré al torn de portaveus.


Sense cap dubte els fets succeïts el 6 de febrer de 2014 en
la platja d’El Tarajal de Ceuta van ser tràgics, ja que quan una
sola persona mor en circumstàncies d’indignitat com les que es van
produir aquell dia no podem més qualificar-ho de tragèdia.


És cert també que el tema es troba en mans de la justícia i
tinc la confiança plena que la justícia farà la seva feina i esbrinarà
que va passar aquell dia, fent caure el pes de la llei sobre els
responsables d’aquesta tragèdia, si n’hi ha. És cert també
que Ceuta i Melilla són l’entrada natural de la immigració il·legal
a Europa i que d’alguna manera s’hi ha de posar una solució;
una solució que no passi per la repressió als éssers humans que intenten
accedir a un món millor. Per això és important que avui es posi sobre la
taula la possibilitat d’elaborar un pla estratègic d’actuació
integral en aquestes fronteres. En aquest sentit estem d’acord amb
la moció del PP.


No seria acceptable, però, que avui l’aprovéssim i
que d’aquí a un any tot estigués igual. Per això hem presentat una
esmena on demanem que aquest pla s’elabori en un període de tres
mesos, per garantir que no queda en paper mullat. Esperem, doncs, que
aquesta esmena ens sigui acceptada. Vull dir també que votarem
favorablement a l’esmena del Grup Parlamentari Basc. Val la pena
constatar in situ la realitat d’aquests punts fronterers i les
dificultats que tenen en la contenció de la immigració il·legal. No
podrem votar favorablement, però, l’esmena del Grup Socialista, ja
que tot i que podem compartir alguna de les reflexions que s’hi
fan, entenem, com he dit abans, que avui hem de parlar de posar solucions
i no de fer tota la sang que es pugui, que crec que és el que
l’esmena del PSOE pretén.


En aquest sentit —i són paraules de
l’expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez
Zapatero—, jo també crec que cal un pacte d’Estat sobre
immigració irregular i jo també espero que les actuacions judicials
determinin què és que el va succeir.


Gràcies, senyor president.


Voy a intervenir ahora y no lo haré en el turno de
portavoces.


Señorías, sin ninguna duda, los hechos sucedidos el 6 de
febrero de 2014 en la playa del Tarajal de Ceuta fueron trágicos pues
cuando una sola persona muere en circunstancias de indignidad, como las
que se produjeron aquel día, no podemos más que calificarlo de
tragedia.


Es cierto que se encuentra en manos de la justicia y tengo
plena confianza en que la justicia hará su trabajo y averiguará lo que
pasó ese día, haciendo caer el peso de la ley sobre los









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responsables de esta tragedia, si los hay. Es cierto
también que Ceuta y Melilla son la entrada natural de la inmigración
ilegal en Europa y que de algún modo hay que ponerle alguna solución;
solución que no pase por la represión a seres humanos que intentan
acceder a un mundo mejor, y por eso es importante poner hoy sobre la mesa
la posibilidad de elaborar un plan estratégico de actuación integral en
estas fronteras, y en ese sentido estamos de acuerdo con la moción del
PP.


No sería aceptable, sin embargo, que hoy la aprobásemos y
que de aquí a un año todo siguiera igual. Por eso, hemos presentado una
enmienda en la que pedimos que este plan se elabore en un periodo de tres
meses para garantizar que no quede en papel mojado y, por tanto,
esperamos que sea aceptada. También votaremos favorablemente la enmienda
del Grupo Parlamentario Vasco porque hay que constatar in situ la
realidad de estos puntos fronterizos y también en cuanto a la contención
de la emigración ilegal. Sin embargo, no vamos a poder votar
favorablemente la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista porque,
aunque podamos compartir algunas de las reflexiones, entendemos, como he
dicho anteriormente, que hoy debemos buscar soluciones y no hacer sangre
de esta situación, que es lo que pretende la enmienda del PSOE.


En este sentido —son palabras del expresidente del
Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero—, también considero
que hace falta un pacto de Estado sobre inmigración irregular y espero
que las actuaciones judiciales determinen qué es lo que sucedió.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sendra.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Cascallana.


El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: Gracias, señor
presidente.


Nos preguntábamos qué sentido tenía esta moción que insta
al Gobierno y a los Gobiernos de las ciudades de Ceuta y Melilla a
dialogar y a ponerse de acuerdo y, después de la intervención del senador
Imbroda, llegamos a la conclusión de que el sentido que tiene es
presentar una interpelación al Gobierno, porque lo que han planteado aquí
han sido los problemas —que nosotros compartimos— que tienen
las ciudades de Ceuta y Melilla de infraestructuras, comunicaciones,
educación, paro juvenil, etcétera. Realmente, se trata de problemas que
requieren de la colaboración entre Gobierno y administraciones, pero aquí
lo que plantean es un plan estratégico y hablan de un pacto de Estado
para estos asuntos que, tal como se presenta en la moción, es un
contrasentido.


¿Qué les impedía a ustedes dialogar? Tienen el respaldo del
Senado en este sentido, pero nos piden a los senadores el respaldo a una
política sobre la que el propio ministro del Interior no ha querido
hablar. Se le ha reclamado su presencia permanentemente para hablar de
los casos de Ceuta y Melilla, tiene más de 12 comparecencias solicitadas
desde el año 2012, por tanto, parece que no hay una voluntad de diálogo
ni una voluntad de política de Estado.


Por consiguiente, si esta resolución no tiene como objeto
la elaboración de una política de Estado, ¿para qué se hace esta
propuesta? ¿Para qué plantean aquí, en el Senado, una proposición de esta
naturaleza? Sinceramente —y no se den por ofendidos—,
considero que esto es una cortina de humo para eliminar responsabilidades
políticas, responsabilidades que existen, por eso nuestra enmienda habla
de ello porque no eludimos una política de Estado. Creemos necesario que
exista una política de Estado pero, a la vez, decimos claramente que hay
que abordarla sin eludir responsabilidades anteriores. ¿Qué quiero decir
con esto? Quiero decir que la comparecencia del secretario de Estado no
clarificó los hechos sucedidos en Ceuta y Melilla, y no solamente no los
clarificó sino que se han seguido llevando a cabo acciones que
contravienen la legalidad nacional e internacional sin que el Gobierno
tome nota de estos asuntos, algo que nos preocupa porque no se clarifican
los hechos, aunque haya algunos constatados y contundentes que hacen ver
que el director general de la Guardia Civil, en su momento, y el propio
delegado del Gobierno mintieron a los españoles. No lo digo yo, lo dicen
los videos que demuestran que no eran ciertas las afirmaciones que
hacían, lo dice la propia comparecencia del secretario de Estado, lo dice
el ministro del Interior; sin embargo, ustedes no han sacado ninguna
conclusión. Por eso digo que pretenden tapar unos hechos para, a la vez,
plantear una posible política de Estado.


Por tanto, en primer lugar, exigimos que se depuren las
responsabilidades en aras de la justicia y en aras de la credibilidad del
Estado español que se ha puesto en cuestión en organismos









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internacionales y, en segundo lugar, planteamos,
lógicamente, una política de Estado, pero ¿en qué se tiene que basar?
—parece de Perogrullo—: en el cumplimiento de la ley y en el
respeto a los derechos humanos y a las resoluciones internacionales como
base de esa política de Estado que ustedes están reclamando,
especialmente, en la protección del derecho a la vida, a la integridad
física y moral y a la protección internacional porque estamos ante el
drama de muchos subsaharianos que vienen de zonas en conflicto y de zonas
de guerra que no están siendo atendidos, que estamos incumpliendo el
derecho al asilo, y no estamos haciendo los expedientes como regula la
Ley de extranjería y los convenios internacionales.


Hay que seguir priorizando el control de fronteras, pero en
ese control de fronteras hay que dar prioridad al salvamento de las vidas
humanas en esa política de Estado. Tenemos que garantizar, como he dicho
antes, que toda persona tenga el derecho a demandar la protección
internacional, que cesen claramente la ilegalidad de las devoluciones en
caliente. No quisiera entender de la intervención del señor Imbroda que
cuando habla de una política de Estado para modificar la Ley de
extranjería se refiera a que se permitan las devoluciones en caliente,
porque eso no es una política de Estado, eso es, simplemente, incumplir
los propios tratados internacionales al respecto.


Para realizar esa política de Estado, hay que poner a
disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado todos los
recursos humanos, —escasos, como se ha demostrado en las
actuaciones— y recursos tecnológicos. Hay que cambiar las
fronteras, como ha dicho el senador Imbroda; por supuesto. Hay que hacer
otro tipo de fronteras pero, desde luego, también hay que cumplir con lo
que demanda la Asociación Unificada de la Guardia Civil —no se
escondan detrás de la Guardia Civil, todos apoyamos a la Guardia
Civil— que ha demandado protocolos de actuación clara, y eso tiene
que estar también contemplado en una política de Estado.


Hay que eliminar las concertinas, por respeto también a lo
que dice la defensora del pueblo, por respeto a lo que dicen todos los
organismos internacionales y porque son inútiles, solamente causan
lesiones y gravedad. Y, sobre todo, tenemos que recuperar los niveles en
esa política de Estado de cooperación internacional. No puede ser que
España aparezca hoy en todos los medios como el país que más ha recortado
en la política internacional. Es el último país de la OCDE...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: ...y hemos pasado de ser
un país ejemplo en la ayuda a la cooperación internacional, líder en el
mundo en este sentido, a ser el último de la cola en esa política
internacional.


Por lo tanto, estamos por unas bases de cooperación y de
política de Estado, pero sin tapar las responsabilidades que les
exigimos, con el cese del director general y del delegado del Gobierno y,
desde luego, mediante políticas de acuerdo que esta moción no ha
presentado.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Cascallana.


Tiene la palabra el senador Imbroda, para indicar si acepta
o no las enmiendas.


El señor IMBRODA ORTIZ: Gracias, señor presidente.


Voy a empezar por orden de intervención. Yo agradezco tanto
al Partido Nacionalista Vasco como a CiU sus declaraciones tan
constructivas y de apoyo a las ciudades de Ceuta y Melilla, a los
melillenses y a los ceutíes. Además, yo creo que son sensatas y
consecuentes las dos enmiendas que han presentado y el Grupo Popular las
va a aceptar. Me parece muy bien que se ponga un plazo a lo que nosotros
pretendíamos en la moción y también me parece muy bien que una comisión
del Senado nos visite periódicamente para que vaya viendo cuál es la
evolución de esas dos ciudades tan entrañables. Así que, muchas gracias
por sus propuestas.


Al portavoz socialista le tengo que decir que no, que aquí
no se ha intentado tapar con ninguna cortina ningún problema que haya
podido haber o alguna situación que haya podido producirse, ni muchísimo
menos. Si usted lee bien la moción, verá que en ningún momento hablamos
de la inmigración, de los saltos de la valla, de los subsaharianos, de lo
que ha pasado, porque, como usted comprenderá, si esa moción va dedicada
a lo que es una política de inmigración en el conjunto del Estado
español, ¿qué hacemos allí las ciudades de Ceuta y Melilla para diseñar
con el Gobierno la política? Yo creo que ahí está usted un poco errado,
por no decir totalmente errado,









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a no ser que a usted lo que le haya interesado es venir a
hablar de su libro, que es el tema de la inmigración, de los
subsaharianos, de la famosa valla y de unos hechos que ocurrieron días
atrás. Pero este no es el objetivo de esta moción.


El objetivo —viene muy claro— es que se ejecute
en coordinación con los gobiernos de las ciudades autónomas un plan
estratégico, eso sí, para que haya una actuación integral en la frontera
y su entorno. Estamos hablando del entorno español, ¡claro!, no vamos a
irnos al entorno exterior, que es Marruecos. Estamos hablando del
interior de Ceuta y Melilla y estamos hablando de las vallas, esas vallas
que nos imposibilitan crecer a los melillenses y ceutíes y que llevamos
ya muchísimo años con ellas.


Así que, por supuesto, señor presidente, no aceptamos esta
enmienda del Grupo Socialista.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Imbroda.


¿Turno en contra? (Denegaciones).


No hay turno en contra.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


No voy a presuponer ninguna intención oculta en el
proponente de la moción, pero lo cierto es que como su misma intervención
de presentación y las del conjunto de los portavoces que han presentado
enmiendas han demostrado, es imposible hablar de lo que la moción plantea
sin hablar a la vez de otras cosas. Es imposible hablar de las
dificultades que genera la presión migratoria para las ciudades de Ceuta
y Melilla, de todo tipo, en infraestructuras, en condiciones de
convivencia, en realidad económica y social, sin hablar de la política
migratoria del Gobierno de España. Por eso la moción, por muy buena
intención que tenga, resulta insuficiente en sus contenidos en tanto en
cuanto la propuesta que nos hace, que es la elaboración de un plan
estratégico, no es susceptible de ser llevada a la práctica sin que en
dicho plan se reflejen las líneas maestras de la política migratoria del
Gobierno y las consecuencias que de ella se derivan. Por eso desde
Izquierda Unida entendemos que la moción resulta insuficiente sin ese
debate general sobre la política migratoria.


Y, además, como no podemos hacer debates políticos en esta
Cámara porque no es útil —ni en ningún otro sitio— sin que
haya una ligazón, una relación y continuidad en el discurso, en este
Pleno no podemos hablar de Ceuta y Melilla sin tomar en consideración lo
que en el Pleno anterior nos presentó la defensora del pueblo con su
informe en relación con las actuaciones de 2013. No podemos hablar hoy de
Ceuta y Melilla sin poner sobre la mesa qué se va a hacer con las
conclusiones que del informe de la defensora del pueblo se derivaban, que
eran muy claras. Solicitaba la retirada de la concertina y declaraba
expresamente ilegales las devoluciones en caliente. Devoluciones en
caliente que, en una deriva de absoluto desprecio ─creo─ a la
legalidad interna e internacional, el Gobierno está extendiendo ya a las
devoluciones en frío. Lo último que ha ocurrido, a pesar de la
preocupación manifestada por la defensora del pueblo y la exigencia de
información continuada sobre cómo se estaban desarrollando los
acontecimientos con la devolución de los inmigrantes que habían llegado a
las islas Chafarinas, es que días después de haber llegado ya no se trata
de una devolución en caliente, sino de un desprecio absoluto a la
normativa interna española y a los compromisos internacionales de nuestro
país con relación a las migraciones. Yo creo que esa actuación supone un
paso más en una deriva que en algún momento debiera tener un respuesta no
solamente política, no solamente desde la crítica que la oposición pueda
hacer, sino desde la propia estructura judicial española, que tiene entre
sus obligaciones velar por el cumplimiento de la legalidad.


Por eso, como no tenemos ninguna garantía de que en el
planteamiento de la moción, que deliberada y expresamente hace
abstracción de todos estos acontecimientos, se vayan a contemplar estos
extremos en ese plan integral que se reivindica para las fronteras y su
entorno y se vaya a dar una respuesta adecuada a los emplazamientos
formulados por la defensora del pueblo, no puedo votar a favor, por más
que entienda que es imprescindible resolver esos problemas que para la
población y las ciudades de Ceuta y Melilla se generan como consecuencia
de la presión migratoria.


Muchísimas gracias.









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra el senador Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, abundando en nuestra argumentación en relación
con la presencia de una comisión del Senado en Ceuta y Melilla —que
habrá que coordinar y abordar porque, además, son ya varias las
comisiones que han mostrado una intención en ese sentido, con lo cual de
una manera u otra habrá que ordenar todo esto porque estas comisiones
están preocupadas con la idea que hoy nos estaba transmitiendo el
presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla—, sí quisiera traer a
colación unas declaraciones del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas
Lara, declaraciones que hizo no hace muchos días aquí mismo en Madrid, en
el Fórum Europa, en las que pedía recibir a los observadores
internacionales o a los enviados de la Unión Europea que quisieran
comprobar cómo se acoge y se auxilia a los inmigrantes que llegan a la
ciudad. Sobre la posible recepción de observadores internacionales que
algunos sectores habían reclamado, el señor Vivas dijo que en Ceuta
estaban acostumbrados a sus visitas, que las acogían sin ningún miedo,
sin ningún problema puesto que, a su juicio, España en general podía
presumir del nivel de acogida y auxilio que ofrece a los inmigrantes.
Decía: que venga quien tenga que venir porque sacará una conclusión
positiva.


En la citada conferencia del Fórum Europa, el presidente
ceutí expuso sus pensamientos habituales de que la presión inmigratoria
hay veces que se hace insoportable —que es también lo que hemos
podido ver hoy—, y las consecuencias que la misma genera en todos
los ámbitos socioeconómicos, etcétera, y los beneficios que la
inmigración legal aporta para todos se convierten en un lastre y en un
peligro de exclusión y xenofobia si llegan de forma incontrolada. Vivas,
el presidente ceutí, reclamó una política común europea en materia de
inmigración y también un incremento de las dotaciones para contener la
llegada de inmigrantes, así como una mejora de las infraestructuras y los
servicios para que el primer contacto que los inmigrantes fueran a tener
con la Unión Europea reflejase, como decía, fielmente lo que es, cosa que
hay que reconocer que en estos momentos no se produce.


He escuchado la última intervención del presidente de la
comunidad autónoma de Melilla aceptando la enmienda que presentábamos.
Evidentemente, nosotros votaremos a favor de esta moción porque
entendemos la filosofía de las consecuencias que todo este proceso va
teniendo. Sin embargo, como el señor Imbroda también ha hecho una
referencia a la Ley de extranjería —ha salido continuamente—,
querría hacer una reflexión en este sentido. En estos momentos las
políticas de control fronterizo de los Estados miembros de la Unión
Europea son restrictivas y amenazan, como hemos podido ver, muchas veces
la vida y los derechos de inmigrantes, solicitantes de asilo y
refugiados, como aseguró Amnistía Internacional recientemente en una
protesta ante la sede del Ministerio del Interior en Madrid y también en
el Consejo Europeo en Bruselas, y en otros lugares como Sicilia, Viena o
Atenas. En los actos realizados bajo el lema Las personas primero, luego
las fronteras, y en el contexto de la campaña SOS Europa, esta
organización, Amnistía Internacional, pidió a los líderes europeos que
pusieran fin a las políticas y prácticas deplorables de los Estados
miembros sobre emigración y asilo, que están centradas en la prevención
de la llegada de inmigrantes a las fronteras antes que en la protección
de las propias personas. Esta denuncia realizada por Amnistía
Internacional la hacemos nuestra, porque los Estados miembros incumplen,
en nuestra opinión, miserablemente sus obligaciones respecto a la Unión
Europea y respecto a todos los tratados internacionales para proteger a
los migrantes y solicitantes de asilo que huyen de la pobreza, que huyen
de los conflictos y que también huyen de los abusos contra los derechos
humanos.


Mientras Europa alza sus barreras, muchas personas no
tienen vías seguras y legales para acceder a la fortaleza Europa. Hoy
protestamos para instar a los líderes de los Gobiernos de la Unión
Europea a que examinen con seriedad el impacto de su lucha contra la
inmigración irregular en las vidas de hombres, mujeres y niños. Estas
protestas sirven de recordatorio 5 meses después de los trágicos
naufragios frente a Lampedusa, en los que murieron más de 500 personas.
¿Recuerdan ustedes la imagen de aquella situación? Cuando se vieron
aquellas imágenes hubo una verdadera crisis internacional, se produjo una
verdadera catarsis. Un mes después de que 15 personas se ahogaran en su
intento de llegar a territorio español en Ceuta apenas se han adoptado
medidas









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generales o coordinadas para garantizar que estos sucesos
no vuelvan a repetirse; tampoco se han adoptado medidas en el ámbito
internacional, y muy pocas en el ámbito del Estado español, pero la
situación es muy grave y ante eso también hay que tomar una serie de
medidas urgentes.


Las actuales políticas de la Unión Europea obligan a un
número cada vez mayor de inmigrantes, de refugiados y solicitantes de
asilo a emprender rutas cada vez más peligrosas para llegar a Europa. Por
ello, solicitamos que no se produzcan expulsiones de inmigrantes en
caliente ya que obligar a personas migrantes, incluyendo posibles
refugiados, a cruzar las fronteras de vuelta sin cumplir con los
procedimientos establecidos en la ley nacional vigente y diferentes
normas internacionales, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, es
una práctica ilegal, como todos los aquí presentes sabemos. Por otra
parte, intentar reformar la Ley de extranjería para poder amparar estas
llamadas expulsiones en caliente no es admisible a nuestro juicio, y por
ello nos oponemos con firmeza, ya que se incumplirían normas y tratados
internacionales de obligado cumplimiento en España.


Las directrices que se adopten en las próximas reuniones
europeas ofrecerán una oportunidad única a los Estados miembros para
cambiar las políticas y prácticas sobre migración y asilo de la Unión
Europea. Los partidos deben mostrar audacia en su labor y, concretamente,
situar los derechos humanos en el centro de las medidas sobre migración y
asilo de la Unión Europea. Este sí que es un motivo para realizar una
verdadera política de Estado; esta sí es una verdadera razón para llevar
un tema muy grave a un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios. Por
ello, entendemos que, además, ahora que estamos en un ambiente de
precampaña electoral teniendo enfrente ya las elecciones europeas, sería
bueno que también los partidos políticos que presentan a sus candidatos
europarlamentarios se comprometieran a proteger los derechos de los
migrantes, de los solicitantes de asilo y de los refugiados a través de
su labor política. Nosotros lo hacemos. Las prácticas sobre migración y
asilo de los Estados miembros han sido una burla del papel de la Unión
Europea como actor en materia de derechos humanos. El año 2014 ofrece a
los Estados miembros la oportunidad de redimirse, de salvar vidas y de
anteponer por fin las personas a las fronteras.


Para ir terminando les voy a comentar una vivencia personal
que he tenido no hace mucho. He tenido la oportunidad de viajar a
Palestina, donde he conocido la situación de Jerusalén; he estado en
Cisjordania, en Hebrón y en Gaza, y ustedes conocerán la existencia de
los más de 780 kilómetros de muro, ya no de alambre, sino de muro de
hormigón de 8 metros de altura que divide a dos sociedades completamente
diferenciadas. Las terribles consecuencias que ello está teniendo para la
ciudadanía que allí reside son inimaginables: pobreza, desagregación y
desestructuración, con lo cual sí a la ayuda a Ceuta y Melilla, sí a una
verdadera reflexión para que seamos capaces de combatir y trabajar por
las consecuencias que está teniendo todo el proceso migratorio que se
está viviendo y también sí a un acuerdo amplio de Estado, a una reflexión
sobre una necesaria reforma legislativa…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor BILDARRATZ SORRON: Concluyo, señor presidente.
Muchas gracias.


Pero para ello se necesita la implicación de la Unión
Europea, del ámbito internacional y, cómo no, una verdadera voluntad por
parte de todas las fuerzas políticas. En este caso le pido esa voluntad
al grupo mayoritario para que en verdad se dé un acuerdo tanto en cuanto
a la filosofía como al trabajo en esta modificación y reforma
legislativa.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Bildarratz.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Sabatè.


El señor SABATÉ BORRÀS: Gràcies, senyor president.


Senyores i senyors senadors. Senador Imbroda, amb tot el
respecte que em mereix vostè com a persona, com a senador i, per suposat,
com a president de la ciutat autònoma de Melilla —respecte obligat,
però des de la convicció—, li he de dir que sembla que la moció li
hagin escrit. El Grup Parlamentari del Grup Popular decideix entrar una
moció proposant la redacció d’un pla integral sobre les ciutats de
Ceuta i Melilla per sortir al pas de l’allau de crítiques pels
lamentables i terribles fets ocorreguts el 6 de febrer passat a la planta
de la frontera d’El Tarajal de Ceuta.









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Vostè, amb la intel·ligència que li reconec, s’adona
que aquesta moció no és defensable, i que vostè haurà de suportar tot
l’allau de crítiques que van dirigides al Govern, i transforma això
en la seva intervenció en un al·legat a favor d’una sèrie de
mesures integrals necessàries per a les ciutats autònomes de Ceuta i
Melilla. Aquestes necessitats són evidents —i vostè les ha
detallat—.


Jo vaig tenir l’oportunitat i l’honor de
participar en la visita a la qual al·ludia el senador Bildarratz,
impulsada per la senadora Luz Elena Sanín, de la comissió mixta per la
Unió Europea a la ciutat de Ceuta, on van poder visitar, entre altres
coses, la frontera d’El Tarajal. Va ser una iniciativa política
important de la senadora Sanín, que sempre li hem reconegut, i que ens va
permetre conèixer de primera mà la complexitat i la problemàtica de dues
ciutats espanyoles enclavades en territori africà, com vostè deia molt
bé, a una distància important, amb una separació per mar, i el que es
derivava simplement per a la prestació de serveis elementals, com
l’abastament d’aigua o d’electricitat, i per la
complexitat d’una societat plural, una societat diversa com poques,
una societat de frontera, amb tot el que això comporta.


Estem d’acord, doncs, en la necessitat
d’actuar. El senador Cascallana parlava de la possibilitat
d’un pla estratègic i vostè mateix, en la seva resposta a les
esmenes presentades, tot i que no en la seva primera intervenció, també
ha fet referència a que aquest pla integral podria ser un pla estratègic.
En aquest sentit, tindria tot el suport del nostre grup.


És necessari planificar i millorar substancialment
l’actuació de l’Administració espanyola respecte de les
ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. El problema, però, és que en la
moció que s’ha presentat i en la literalitat del que es diu
pràcticament no es fa referència a aquestes necessitats de fons de les
ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. En l’exposició de motius es
parla de la immigració, de frenar la immigració il·legal, de control i
seguretat, i fins i tot en la proposta, que està aquí als monitors, es
parla de Plan de actuación integral en las fronteras y su entorno. I amb
prou feines es fa referència a la conseqüència que té la immigració
il·legal sobre l’ús dels equipaments i a l’afectació que això
té en general.


La moció que ha presentat, doncs, en absolut anava en
aquesta direcció, que ha estat una bona direcció. Li he dit i li reconec
la seva habilitat, i si em permet la intel·ligència política de
transformar-ho en una exigència d’aquesta planificació estratègica
per a les ciutats de Ceuta i Melilla. Però la moció, en el seu origen
—i crec que en la intenció de qui l’ha redactat—, i per
tant en la literalitat del que es proposa avui al ple del Senat, aborda
el problema de les migracions sobretot pel que fa al control de fronteres
i el control de seguretat.


En aquest sentit, és cert que el problema de les migracions
és un problema greu del món actual, és un greu problema de la Unió
Europea, és un problema d’Espanya i és un problema, especialment, a
les ciutats de Ceuta i Melilla, frontera espanyola amb territori
marroquí. És un problema de difícil solució, què els he d’explicar!
És evident que les grans diferències de desenvolupament entre el nord i
el sud que venim arrossegant des de dècades i des de segles fan que
s’acabi produint una mena de fenomen físic, gairebé meteorològic,
com si fóra una diferència de pressions entre regions properes que
provoca un vent huracanat. En aquest cas és un flux humà, agreujat a més
a més per l’evolució de la piràmide de població europea, per
l’envelliment de la població europea, que provoca aquesta dinàmica
gairebé física de trasllat de població.


Davant d’aquest fet, és evident que no podem
practicar una política de fronteres obertes. Això tindria unes
conseqüències gravíssimes per a la societat europea. Per tant, aquests
fluxos migratoris s’han de canalitzar, s’han d’orientar
i s’han de tractar de manera adequada per tal que, sense impedir el
legítim dret de les persones a moure’s, no acabi tenint
conseqüències gravíssimes i terribles per a la població europea i, en
definitiva, per a la societat receptora. Per no parlar també —i
s’hi ha fet referència, i hi feia referència ahir el senador del
grup de l’Entesa, Bruguera— del dret d’asil. Crec que
vostè també hi ha fet referència en la seva intervenció. Part
d’aquesta migració és una migració que fuig de països en conflicte,
que vénen amb petició d’asil polític al nostre país. Això, en una
societat com l’espanyola, que recentment, com a conseqüència de la
nostra Guerra Civil, va patir precisament una forta emigració política
—i vam necessitar, i vam tenir, afortunadament, sobretot als països
llatinoamericans, i molt especialment a Mèxic, una acollida
excepcional—, ens obliga a tenir una sensibilitat especial per
atendre aquests casos de petició d’asil.


Dit tot això, què és el que cal fer? Evidentment, la
política de migracions, i en aquest cas de com s’atén al fenomen
migratori, ha de ser una política europea; no només de fons, sinó que hem
d’actuar al Consell Europeu i a les institucions europees per
aconseguir que hi hagi una veritable









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política conjunta d’immigració dels 28 països de la
Unió Europea. Si no, a Espanya, sols, no ens en sortirem, perquè som
frontera de la Unió Europea, i és un fenomen que afecta el conjunt de la
Unió i exigeix una resposta europea. Ara bé, parlar ara d’un pla
integral per a Ceuta i Melilla? Si de moment és molt senzill. Mentre
Europa no abordi d’una manera decidida les solucions, el que cal de
moment és complir la llei, que és el que no s’ha fet darrerament.
L’actuació lamentable que va provocar 15 morts a la platja
d’El Tarajal, i que n’ha provocat d’altres en altres
moments, ha estat denunciada per Amnistia Internacional i per una
infinitat d’organitzacions no governamentals, i ha fet que
s’exigeixin explicacions per part de la comissària europea
d’Interior. Altres actuacions, com les devolucions en calent, han
estat rebutjades en aquest mateix faristol per la Defensora del Poble, la
senyora Soledad Becerril, en l’anterior ple. Tot això ha provocat
una situació que exigeix una reflexió i una assumpció de responsabilitats
polítiques, que és el primer que cal fer i és el que no s’ha fet.
S’ha ocultat informació. Fins i tot, probablement s’ha mentit
en determinats moments per part del Director General de la Guàrdia Civil
i per part del Delegat del Govern a Ceuta. Cal exigir responsabilitats
polítiques i cal assumir aquestes responsabilitats polítiques. Nosaltres
les exigim i els responsables han d’assumir-les. Perquè s’ha
intentat derivar tota la pressió cap a la Guàrdia Civil, i el que ha fet
la Guàrdia Civil és complir ordres, com sempre, al servei de les
autoritats democràtiques. Per tant, tot el respecte i tot el
reconeixement a l’actuació de la Guàrdia Civil. El problema és qui
ha donat les ordres i qui ha donat les instruccions que han portat a
conseqüències absolutament nefastes.


No es tracta ara de fer un pla a corre-cuita per controlar
la frontera. El que cal és sobretot complir la llei, complir les normes i
els compromisos internacionals, amb respecte a les persones i amb
respecte als drets humans. Això és el primer que cal fer. I instar a les
institucions europees a canviar les polítiques en matèria
d’immigració. Però no es tracta ara de venir al Senat a proposar a
corre-cuita un pla integral per a les fronteres, que és el que en
definitiva està proposant la moció que vostè defensa.


Gracias, señor presidente.


Señoras y señores senadores, senador Imbroda, con todo el
respeto que me merece usted como persona y que me merece como senador y
me merece, por supuesto, como presidente de la Ciudad Autónoma de
Melilla, respeto obligado, pero desde la convicción tengo que decirle que
parece que esta moción se la haya escrito su grupo parlamentario, el
grupo parlamentario del Partido Popular, que decide presentar una moción
proponiendo la redacción de un plan integral sobre las ciudades de Ceuta
y Melilla para salir al paso de la avalancha de críticas por los
lamentables y terribles hechos acaecidos el 6 de febrero pasado en la
frontera, en la playa del Tarajal, en Ceuta.


Usted, con la inteligencia que le reconozco, se da cuenta
de que esta moción no es defendible y que usted va a tener que soportar
toda la avalancha de críticas que van dirigidas hacia el Gobierno y
transforma esto en un alegato en su intervención a favor de una serie de
medidas integrales necesarias para las Ciudades Autónomas de Ceuta y
Melilla, necesidades que son evidentes —usted las ha
detallado—.


Yo tuve la oportunidad y el honor de participar en la
visita a la que hacía alusión el senador Bildarratz, impulsada por la
senadora Luz Elena Sanín, una visita de la Comisión Mixta para la Unión
Europea a la ciudad de Ceuta donde pudimos visitar, entre otras, la
frontera del Tarajal, y ciertamente fue una iniciativa política
importante de la senadora Sanín que siempre le hemos reconocido y que nos
permitió conocer de primera mano precisamente la complejidad y la
problemática de dos ciudades españolas enclavadas en territorio africano,
como muy bien decía usted, a una distancia importante, con una separación
por mar, y lo que se derivaba simplemente para la prestación de servicios
elementales como la de agua y la electricidad, además, evidentemente, por
la complejidad de una sociedad plural, una sociedad diversa como pocas,
una sociedad de frontera, con todo lo que ello conlleva.


Por lo tanto, estamos de acuerdo en la necesidad de actuar.
El senador Cascallana hablaba de la posibilidad de un plan estratégico y
usted mismo en su respuesta a las enmiendas presentadas también ha hecho
referencia —aunque no en su primera intervención— a que este
plan integral podría ser un plan estratégico; en este sentido, tendría
todo el apoyo de nuestro grupo.









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Es necesario planificar y mejorar sustancialmente la
actuación de la Administración española respecto a las Ciudades Autónomas
de Ceuta y Melilla, pero el problema es que la moción que se ha
presentado y la literalidad de lo que se dice no hace prácticamente
ninguna referencia a estas necesidades de fondo de las Ciudades Autónomas
de Ceuta y Melilla. Se habla de la inmigración, se habla de frenar la
inmigración ilegal, se habla de control y seguridad en la exposición de
motivos e incluso en la propuesta —y está aquí en los
monitores— se habla de plan de actuación integral en las fronteras
y su entorno, y apenas se hace referencia a la consecuencia que tiene la
inmigración ilegal sobre el uso de los equipamientos y sobre la
afectación que esto tiene en general.


Por lo tanto, la moción que ha presentado no iba en
absoluto en esta dirección. Ha sido una buena dirección, se lo digo, le
reconozco su habilidad y, si me permite, la inteligencia política de
transformarlo en una exigencia de esta actuación, de esta planificación
estratégica para las Ciudades de Ceuta y Melilla. Pero la moción en su
origen —y creo que en la intención de quien la ha redactado—
y, por lo tanto, en la literalidad de lo que se propone hoy al Pleno del
Senado aborda el problema de las migraciones sobre todo en lo que se
refiere al control de fronteras y al control de seguridad.


En este sentido es cierto que las migraciones son un
problema grave del mundo actual; son un grave problema para la Unión
Europea, un grave problema también para España y un problema
especialmente para las ciudades de Ceuta y Melilla, frontera española con
territorio marroquí, un problema de difícil solución. ¡Qué les voy a
contar! Es evidente que las grandes diferencias de desarrollo entre el
norte y el sur, que venimos arrastrando desde hace décadas y siglos,
hacen que se acabe produciendo una especie de fenómeno físico, casi un
fenómeno meteorológico, como si fuera una diferencia de presiones entre
regiones próximas que provoca un viento huracanado, en este caso un flujo
humano, agravado además por la evolución de la pirámide de población
europea y el envejecimiento de la población europea que provoca esta
dinámica casi física de traslado de población.


Ante este hecho es evidente que no podemos practicar una
política de fronteras abiertas. Eso tendría unas consecuencias gravísimas
para la sociedad europea. Por lo tanto, estos flujos migratorios deben
canalizarse, deben orientarse, deben tratarse de forma adecuada para que,
sin impedir el legítimo derecho de las personas a moverse, no acabe
teniendo consecuencias gravísimas y terribles para la población europea
y, en definitiva, para la sociedad receptora, por no hablar también
—a ello se ha hecho referencia por el senador de nuestro grupo de
la Entesa, por el senador Bruguera— del derecho de asilo. De este
derecho ha hablado el senador en su intervención. Parte de esta
inmigración huye de países en conflicto que vienen con petición de asilo
político a nuestro país. Esto, evidentemente, en una sociedad como la
española, que, como consecuencia de la guerra civil, sufrió precisamente
una fuerte emigración política —en los países latinoamericanos y,
sobre todo, en México tuvimos una acogida excepcional—, nos obliga
a tener una sensibilidad especial precisamente para atender estos casos
de peticiones de asilo.


Dicho todo esto, ¿qué es lo que hay que hacer?
Evidentemente, la política de migraciones, y en este caso de cómo se
atiende el fenómeno inmigratorio, tiene que ser una política europea, y
no solo de fondo. Tenemos que actuar en el Consejo Europeo y en las
instituciones europeas precisamente para conseguir que haya una auténtica
política conjunta, una política de emigración de los 28 países de la
Unión Europea, si no, España solo no lo va a conseguir porque somos
frontera de la Unión Europea y, ciertamente, es un fenómeno que afecta al
conjunto de la Unión y que exige una respuesta europea. Ahora bien,
hablar de un plan integral en este momento para Ceuta y Melilla no es
pertinente. Si es muy sencillo, mientras Europa no aborde de una forma
decidida las soluciones, de momento lo que hace falta es cumplir la ley,
que es lo que no se ha hecho últimamente. La actuación lamentable que
provocó 15 muertos en la playa del Tarajal y que ha provocado otras
muertes en otros momentos ha sido denunciada por Amnistía Internacional y
por infinidad de organizaciones no gubernamentales y ha hecho que se
exijan explicaciones por la comisaria europea de Interior. Todo esto,
junto a otras actuaciones, como las devoluciones en caliente, rechazadas
desde este mismo atril por la defensora del pueblo, la señora Soledad
Becerril en el anterior Pleno, ha provocado una situación que exige una
reflexión y una asunción de responsabilidades políticas, que es lo
primero que hay que hacer y es lo que no se ha hecho. Se ha ocultado
información y quizás incluso se haya mentido en determinados momentos por
parte del director general de la Guardia Civil y del delegado del
Gobierno en Ceuta. Hay que exigir responsabilidades políticas y hay que
asumir esas responsabilidades políticas. Nosotros las









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exigimos y los responsables deben asumirlas, ya que se ha
intentado derivar toda la presión hacia la Guardia Civil y la Guardia
Civil lo que ha hecho es cumplir órdenes, como siempre, al servicio de
las autoridades democráticas. Por lo tanto, todo el respeto y todo el
reconocimiento a la actuación de la Guardia Civil. El problema es quién
ha dado las órdenes, quién ha dado las instrucciones que han llevado a
consecuencias absolutamente nefastas.


Por consiguiente, no se trata ahora de hacer un plan
deprisa y corriendo para controlar la frontera, lo que hay que hacer,
sobre todo, es cumplir la ley, cumplir las normas y los compromisos
internacionales con respeto a las personas, con respeto a los derechos
humanos. Esto es lo primero que hay que hacer, instar a las instituciones
europeas para cambiar las políticas en materia de inmigración, pero no se
trata de venir ahora al Senado a proponer, deprisa y corriendo, un plan
integral para las fronteras, que es lo que, en definitiva, está
proponiendo la moción que usted defiende.


El señor PRESIDENTE: Termine, señor Sabaté.


El señor SABATÉ BORRÀS: Acabo, senyor president. Un pla
integral que, en realitat, només ve a intentar eludir aquestes
responsabilitats polítiques. Per tant, quan vulguin parlar d’un pla
estratègic i d’una actuació realment integral per a les ciutats
autònomes de Ceuta i Melilla, tenen el nostre suport, però en aquesta
moció que han presentat avui, evidentment, no tindran el nostre suport.
Reiterem, a més, la exigència de l’assumpció de responsabilitats
polítiques.


Gràcies, senyor president. (Aplaudiments.)


Termino, señor presidente.


Un plan integral que en realidad solo viene a intentar
eludir esas responsabilidades políticas.


Por lo tanto, cuando quieran hablar de un plan estratégico
y de una actuación integral auténtica para las Ciudades Autónomas de
Ceuta y Melilla tienen nuestro apoyo, pero en esta moción que han
presentado hoy no van a tener nuestro apoyo. Reiteramos la exigencia de
la asunción de responsabilidades políticas.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Sendra.


El señor SENDRA VELLVÈ: Gracias, presidente.


Jo havia dit al torn anterior que no intervindria al torn
de portaveus, però em sembla de cortesia parlamentària obligada fer-ho
per agrair al Grup Parlamentari Popular i al senyor Imbroda
l’acceptació de la nostra esmena. L’hi agraeixo. I també,
evidentment, vull dir que el Grup Parlamentari de Convergència i Unió
votarà favorablement la moció.


Gràcies.


Yo había dicho en el turno anterior que no intervendría en
el turno el portavoces, pero me parece de cortesía parlamentaria obligada
hacerlo para agradecer al Grupo Parlamentario Popular y al señor Imbroda
la aceptación de nuestra enmienda, se lo agradezco, y también para decir
que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió votará favorablemente
la moción.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sendra.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Cascallana.


El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: Gracias, señor
presidente.


Señor Imbroda, tenga claro que los socialistas apoyamos un
plan de desarrollo para Ceuta y Melilla. Había quedado claro en la
primera intervención, pero se lo dejo más claro. En cualquier caso, parte
de ese plan de desarrollo es la política migratoria, el control de
fronteras y cómo se regula el comercio y las relaciones comerciales de
esos 30 000 visitantes diarios que tiene la ciudad. Por supuesto, es
importantísimo que regulemos esto. En su moción hablan de los fondos
comunitarios destinados prioritariamente a fortalecer el control de
fronteras, pero no deja de ser una parte y en esta Cámara me tengo que
dirigir a lo que entiendo es la proposición del plan









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estratégico 2014-2018, que es para plantear una política
que ustedes han definido como lo que a los socialistas nos falta. Ustedes
dijeron que a los socialistas les falta una política de Estado en materia
migratoria. A mí me hace gracia que plantee esto, que traigan una moción
de parte al Pleno de hoy, porque para hacer una política de Estado hay
que hablar, hay que dialogar. ¿Con quién han hablado ustedes? ¿Con los
partidos políticos? ¿Con las organizaciones sociales? ¿Con los sindicatos
y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿Con la Guardia Civil y
sus asociaciones? ¿Con quién han hablado ustedes? Ustedes no han abierto
un diálogo para hacer una política de Estado. Por lo tanto, no nos digan
que nos falta política de Estado.


Hoy es un buen momento para hacer una política de Estado,
quizá de los mejores momentos para hacer una política de Estado y le voy
a decir por qué: porque a pesar de que estamos ante hechos mediáticamente
muy importantes, no hay una presión migratoria, como teníamos en los años
anteriores. El propio Instituto Nacional de Estadística acaba de publicar
que tenemos 545 000 inmigrantes menos en España en el último año. Los
datos que da la Dirección General de la Policía es que la entrada
irregular en España ha descendido en un tercio con respecto a lo que
había en el 2011. Por consiguiente, quiero decirle que estamos en un
momento en el que podríamos estar trabajando en esa política para el
control de lo que llamamos la frontera sur. Trabajar en esa política
requiere que nos pongamos de acuerdo en elementos básicos.


Con todos mis respetos, señor Imbroda, pero leí unas
declaraciones sobre los acontecimientos de Ceuta y Melilla y no puedo
entender, cuando el propio ministro del Interior dice que no hay que
utilizar métodos antidisturbios en el agua como se utilizaron, que usted
diga que no les vamos a recibir con azafatas. No son declaraciones muy
afortunadas, señor Imbroda. Tenemos que mantener con todos aquellos que
vienen huyendo de las guerras, de la pobreza, de la miseria una relación
de solidaridad y de respeto a su dignidad. Esto es básico para que nos
podamos entender, para que nos entendamos todos los españoles, todos los
melillenses y todos los ceutíes porque, si no, es imposible que hablemos
el mismo lenguaje. Por lo tanto, nosotros estamos en contra de la
utilización de esos medios.


Sabemos que Ceuta y Melilla son la frontera sur, como
sabemos que Lampedusa también es la frontera sur y que la Unión Europea
requiere de una política de Estado al respecto, lo que, como he dicho, no
debe estar reñido con todas estas situaciones.


Dice usted que vengo a hablar de mi libro. No es mi libro,
senador Imbroda; es el libro que ha presentado en el último Pleno de esta
Cámara la defensora del pueblo, que no creo que sea sospechosa de estar
próxima a las posiciones que yo pueda mantener; es el libro que han
presentado los sindicatos de la Policía y las asociaciones de la Guardia
Civil; es el libro que ha presentado el fiscal general del Estado, el
Consejo General de la Abogacía, las organizaciones que trabajan en la
inmigración en Marruecos, incluida Cáritas, y las organizaciones que
trabajan en la inmigración en España y a nivel internacional; es el libro
hasta de la Conferencia Episcopal, senador Imbroda.


Hay preocupación, hay denuncias que consideran que estamos
asistiendo a unos acontecimientos muy graves. Señoría, pasa desapercibido
pero es que se ha llegado a ver cómo la policía marroquí está en
territorio español. ¿Y a qué normativa está sujeto esto? Recientemente,
la Cruz Roja ha denunciado que no la han permitido atender a heridos en
la frontera española —la Cruz Roja—. O hablamos de derechos
humanos y hablamos del respeto a los derechos humanos y nos ponemos de
acuerdo en algunas cosas y todos hablamos el mismo lenguaje o va a ser
difícil que planteemos una política de Estado.


Si nos dirigimos a la sociedad española sobre esto, no les
podemos dar mensajes contradictorios, y se están dando. No podemos desoír
y desprestigiar las opiniones de instituciones internacionales, incluida
la Unión Europea, la Comisión Europea. Y hemos tenido conflictos en ese
sentido. No podemos amenazar, como ha hecho el director general de la
Guardia Civil, con querellas e insultos a las organizaciones no
gubernamentales, como ha sucedido en estos casos. No podemos incumplir la
legislación y los convenios internacionales. El convenio con Marruecos no
habilita para las devoluciones en caliente; no es cierto. No hay
legislación que permita decir que hay tierra de nadie, que no hay
fronteras; no es cierto. Vamos a ponernos de acuerdo en algo si podemos
hacer esa política de Estado. Y, desde luego, hay que poner como
prioridad absoluta en el control de las fronteras, como he dicho antes,
el respeto a la integridad física de las personas; eso es básico y
tendríamos que ponernos de









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acuerdo. Señoría, no se puede presentar a los inmigrantes
—ha habido declaraciones que me violentan— diciendo que son
personas poco menos que violentas y peligrosas. No parece razonable.
Vamos a atacar a las mafias, pero no vamos a atacar a las personas que
vienen en las condiciones que vienen a nuestro país.


Como he dicho antes, política de Estado es dotar a las
fuerzas y cuerpos de seguridad de los medios necesarios, y hay muchas
cosas que atender, muchas cosas, desde el punto de vista tecnológico,
como son los sensores, a las embarcaciones o la transformación de
fronteras, sin necesidad de elementos pasivos como el que he mencionado
anteriormente de las concertinas. Tener una posición de Estado requiere
que la Unión Europea y España hablen de África de otra manera. Tiene que
haber un plan estratégico para África. No vamos a resolver el problema de
Ceuta y Melilla ni el problema del Mediterráneo sin una política clara
dirigida a estos países, al continente africano. Porque además tenemos
razones históricas, porque muchos de estos países tenemos relaciones
previas, coloniales con países africanos; porque el Magreb es fundamental
para nosotros, y no podemos establecer esto sin una política europea
hacia África. En este momento, la presión demográfica, las guerras y las
situaciones que se dan en África no se van a resolver si Europa no adopta
una posición activa, que, como le he dicho antes, se tiene que basar en
las políticas de cooperación al desarrollo, en las políticas
internacionales. Porque además, por mucha valla que pongamos, por muy
alta que sea la valla que queramos poner, mientras que exista esta
diferencia entre la renta per cápita de los países africanos y en la
Unión Europea multipliquemos por treinta la riqueza en nuestros países,
van a saltarse las vallas. Y, por lo tanto, necesitamos esa política de
cooperación.


Señoría, la comisaria europea de Cooperación acaba de decir
en una conferencia recientemente que le horrorizan los muros. Los muros
son las vallas internas de las que hablaba el senador Imbroda. Las
desigualdades sociales, esos son los muros. Y, por lo tanto, abordémoslos
desde esa perspectiva. África tiene retos pero tiene también
oportunidades. El crecimiento de Europa pasa también por África. Los
problemas del cambio climático, los problemas demográficos y la política
de seguridad en Europa pasan por África. Por lo tanto, hablemos en ese
pacto de Estado de estas cosas, hablemos de lo que de verdad puede marcar
una diferencia. Creo que hay que volver, como le he dicho al principio, a
ese referente en la política de cooperación internacional.


Solo voy a describir la situación de España. Estamos en el
0,16% del PIB en cooperación internacional. La media de la OCDE está en
el 0,4. Tenemos un largo recorrido. Hay países que a pesar de la crisis
no han reducido la política de cooperación internacional. Me dirá que los
gobiernos de Zapatero también redujeron, a pesar de que lo llevaron al
máximo nivel. Creo que es un error para la Unión Europea por esa política
que digo de apoyo, de desarrollo y de vecindad con África. Por lo tanto,
impulsemos también en ese acuerdo la política de cooperación al
desarrollo porque, si no, ¿qué les decimos a los países de origen, los
países de donde vienen todos estos inmigrantes? ¿Qué les decimos a los
países en tránsito, que necesitan de estas políticas de cooperación? ¿Qué
autoridad podemos tener ante Europa si reducimos la política de
cooperación en nuestros presupuestos de la manera que la reducimos y
pedimos a Europa más esfuerzos, que son necesarios, para la cooperación
internacional y para el control de fronteras? Necesitamos ponernos de
acuerdo en algunas cosas.


Y resumo. Estamos por un pacto de Estado, estamos por que
se asuman las responsabilidades, por supuesto, pero no voy a insistir en
eso. Un pacto de Estado significa una política de consenso, una política
abierta de acuerdos. Me parece muy bien la comisión de senadores que se
ha planteado, pero hay que abrir esa información a todos los partidos, a
las organizaciones sociales, a aquellos que están protegiendo, a la
Guardia Civil y a la Policía Nacional para que podamos hablar de
políticas de consenso. No se puede borrar las responsabilidades, como le
he dicho, pero necesitamos también una política respetuosa con los
derechos humanos y, sobre todo, con el derecho de asilo. Tenemos al lado
a Siria y tenemos una referencia. No podemos estar con 140 casos de
inmigración cuando el Líbano tiene el 25% de su población acogiendo a
sirios. Necesitamos otra política internacional también en este caso.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: Termino, señor
presidente.









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Y necesitamos, como le he dicho, una política de respeto
hacia los países de origen y de tránsito. Necesitamos un gran acuerdo que
España debe impulsar con los países africanos. Si nos ponemos de acuerdo
sobre eso, seguramente más allá de la votación de hoy seremos capaces de
dar pasos que favorezcan a España, a Europa y a Ceuta y Melilla.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Cascallana.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra el senador Imbroda.


El señor IMBRODA ORTIZ: Gracias, señor presidente.


Señoría, yo he planteado aquí lo que creo que a Melilla y a
Ceuta les interesa, lo que les interesa a los melillenses y ceutíes, sin
distinción de etnias ni colores políticos y con la representación
democrática que dan los dos gobiernos de la ciudad. Por lo tanto, he
venido a plantear esto, las vallas que hay dentro de la ciudad, las
vallas que hacen que no prosperemos, las vallas que hacen que tengamos
los índices de paro más altos de España y, además, sin futuro, y que
tengamos la peor formación. Esas son las vallas que a los melillenses y
ceutíes les importan, porque las otras no son las vallas de ceutíes y
melillenses, que quede claro. Son las vallas de Barcelona, de Madrid, de
Burgos, de Berlín, de Roma... ¡Ojo!, estas otras vallas trascienden lo
que es Ceuta y Melilla. Por eso en esta moción que dice claramente que
hay que establecer un plan estratégico, como ustedes comprenderán, para
resolver el problema de inmigración, que ustedes entienden y yo también
que trasciende muchísimo no solo a Melilla y a Ceuta, sino a España e
incluso a la Unión Europea, no se iban a reunir los gobiernos de Ceuta y
Melilla con el Gobierno nacional para dictar y definir este plan. Así que
si ustedes han querido ver otra cosa es problema de ustedes. Yo he
querido ver lo que creo que hay que ver y lo que nos importa a nosotros,
ceutíes y melillenses.


He oído algo —creo que lo ha dicho el representante
de Izquierda Unida— que a mí me ha preocupado muchísimo, y es que
yo, como senador o como presidente de la Ciudad de Melilla, no puedo
traer los problemas de Ceuta y Melilla aquí, los problemas cotidianos,
los que nos importan, porque tenemos los problemas de inmigración, y que
en ese plan tenemos que mezclar la política migratoria no solo del
Gobierno, sino de la Unión Europea. Pues largo me lo fiais. ¡A ver cómo
podemos arreglar estos problemas, los nuestros, si además nos involucran
en un problema que hoy por hoy es insoluble, que tiene difícil arreglo y
que, además, es supranacional cuando aquí se traen problemas y propuestas
económicas de desarrollo de cualquier región de España sin condicionarlas
a nada más! Por tanto, me parece un flaco favor que se hace a las dos
ciudades, a los melillenses y a los ceutíes.


Este es el objetivo de la moción de hoy, y lo han entendido
muy bien, inclusive el PNV, que hace un paréntesis para hablar de la
política inmigratoria —que no tiene nada que ver con esto, aunque
parezca que sí—, pero también marca su posición y va al fondo de la
cuestión, y CiU, que apoya el devenir y la vida de los melillenses y
ceutíes, que es otra cosa distinta.


Por eso no entiendo que esta Cámara no apoye por unanimidad
la moción que presentamos; no lo entiendo. No me valen las excusas de que
mezclen ustedes las vallas, el Tarajal o lo que quieran de Senegal y
Nigeria; no me vale. Esto es una cosa distinta. Por lo tanto, hoy sí pido
el apoyo para dos pueblos que luchan por su futuro. Es mucha la gente que
está allí, en el sur de España y que, además, desafortunadamente, tiene
que convivir con el drama humano que es la inmigración ilegal
—ilegal, no vayamos a confundirnos—. Porque ustedes no se
ponen tampoco en la situación de melillenses y ceutíes. ¿Sabe lo que
supondría que una de estas vallas se rompiera y entrara en un solo día
una avalancha de 5000 o 6000 personas? Melilla tiene 13 km2. ¿Saben la
hecatombe que puede producirse? Hay que pensar también en la seguridad y
en el bienestar de los melillenses y ceutíes, y no solo en el inmigrante,
en la foto —que sé que es dramática— en la que se ve
enganchado en una valla a ese pobre inmigrante. Piensen también en
nosotros. Asimismo decimos que cuando ese inmigrante pasa hay que
ayudarle y no dejarle desatendido ni desasistido.


Hablemos un poco de inmigración. Yo oigo cosas hoy que hace
años no oía. Aunque todos nos equivocamos, el primer valor de la
política, de los políticos, es la coherencia del discurso. No se puede
dar un discurso hoy aquí totalmente incoherente respecto al que se daba
en 2005. No se puede, porque entonces estamos engañando y estamos
frustrando. Yo tengo aquí un montón de papeles, de noticias, acerca de
cuál ha sido el problema de la inmigración en estos últimos años. En 2005
hubo 5 muertos y más de 90 heridos, y tenemos las devoluciones en
caliente,









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inmediatamente, con el aval de la vicepresidenta del
Gobierno y del ministro del Interior. Aquí se decían cosas terribles,
señor Cascallana, que usted no podría asumir hoy. Por eso, no se puede
echar la culpa solo al Gobierno, y encima cerrarlo más, cercarlo cada día
más para que no tenga ninguna posibilidad de desarrollar una política de
inmigración que defienda nuestras fronteras, cuando antes se ha hecho
todo lo contrario. Las concertinas las puso el Partido Socialista,
señores, las puso el Gobierno de la época —ahí están los
papeles—, y han estado puestas hasta ahora. No las quitaron; es
mentira. Primero se puso una concertina exterior para que no se pasara.
Hicieron un paripé y quitaron unas aéreas, pero dejaron las otras. Ahora
es cuando se están montando unas medidas antitrepa para que no puedan
asirse y pasar, sin violentarse físicamente; ahora es cuando se están
poniendo.


Pero la política de inmigración es una política que
trasciende, por supuesto, a Melilla y Ceuta, y los melillenses y ceutíes
no queremos que nos embarquen en el mismo problema, porque es problema de
todos, no nuestro. Al revés, sufrimos este problema precisamente por
estar allí. La cuestión de la inmigración es muy clara: ¿les dejamos
pasar, o no les dejamos pasar? ¿Hablamos de inmigración? Hablemos.
¿Dejamos pasar a los que vengan, o no les dejamos pasar? ¿A cuántos
dejamos pasar? Esto depende de la Unión Europea. Depende, primero, de
lograr aquí un pacto entre el Gobierno, el Partido Socialista y todos
ustedes, un pacto nacional, un pacto de Estado, y también de la política
de la Unión Europea. Pero en Europa, señores senadores, de Centroeuropa
para arriba les importa un pimiento la inmigración irregular en el sur;
es cuestión de España, señores. Ese es el problema, que hay que
concienciar a Europa del problema, porque nosotros solos no podemos, no
podemos.


Pero también hay mucha hipocresía, como saben. Aquí no se
habla de las mafias, ni de la preocupación por esas criaturas que salen
de Níger, Malí o Senegal y se meten 2000 o 3000 kilómetros cruzando unas
fronteras insufribles y con gentes de lo más terroríficas del mundo. ¿Qué
pasa con ellos? Y cuando saltan, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos
cuando han saltado? Tampoco nos preocupamos. Hay mucha hipocresía. Nos
preocupamos cuando los vemos colgados en las vallas pero no cuando han
saltado y son explotados porque no tienen documentación ni acceso a ella
por ser ilegales. Así que a ver si nos preocupamos ya de verdad, con
menos hipocresía y con más conciencia de lo que está pasando.
(Aplausos).


Yo estoy de acuerdo con bastantes cosas que ha dicho el
portavoz de Entesa. Estoy bastante de acuerdo. Este es un problema que se
nos va a todos. Es un problema de todos, también de la Unión Europea,
pero es un problema cuasi insoluble porque estamos hablando del África
sin desarrollar, del África explotada y del África corrupta, y es muy
difícil. Hoy por hoy es muy difícil que adquieran el nivel de vida
suficiente para que no vengan. Pero se puede hacer otra cosa: con la ley
en la mano se puede penalizar. No se puede permitir la inmigración
ilegal, no se debe permitir. Es malo, primero para el inmigrante y
después para el Estado. Es malo.


Lo que hay que hacer es hablar con los países de origen y
quizá regular flujos. ¡Si no son tantos! ¡Si al fin y a la postre no
sería una hecatombe! Si entran en Melilla 10 000 en un año, para Europa
no son tantos, pero que entren por la frontera. Nosotros no nos negamos a
que entren, pero que entren bien y además que se envíen a Europa, que es
donde tienen que estar y donde ellos quieren estar. Pero mientras tanto
hay que combatir la inmigración ilegal, primero, porque no podemos hacer
las fronteras vulnerables, como están; segundo, por los que vivimos allí,
y tercero, por los propios inmigrantes que luego son explotados, y es
entonces cuando todas las ONG y los protagonistas de tantos cantos de
sirena se olvidan de ellos completamente. Por lo tanto, señores, menos
hipocresía y más responsabilidad.


Les pido su apoyo para aquellos de los que he empezado
hablando hoy: mi gente, nuestra gente, los ceutíes y melillenses.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Imbroda.


Llamen a votación (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo
Parlamentario Popular con la incorporación de las enmiendas aceptadas del
Grupo Parlamentario Vasco y del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió.









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Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 234; votos emitidos, 234; a favor, 163; en contra, 71.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos).


5.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS ENCAMINADAS A PROMOCIONAR EL SECTOR DE LA
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS Y EVENTOS.


(Núm. exp. 662/000133)


AUTOR: GPP


El señor presidente da lectura al punto 5.2.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado dos
enmiendas: una del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y
otra del Grupo Parlamentario Socialista.


Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario
Popular tiene la palabra la senadora Nicolás. (Rumores).


Señorías, guarden silencio, por favor, o abandonen el
hemiciclo en silencio. (Rumores).


Señorías, por favor, guarden silencio. (Rumores).


Señorías, por favor, guarden silencio para que podamos
comenzar con el debate de la moción.


Cuando quiera, señoría.


La señora NICOLÁS MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo para defender la moción presentada por
mi grupo para instar al Gobierno de la nación a hablar de una serie de
medidas en un ámbito del sector turístico del que poco se habla, del que
poco se escribe y al que poco se le reconoce lo mucho que aporta para la
creación de empleo en nuestros comercios, en nuestros hoteles, en
nuestros restaurantes, auditorios, centros de exposiciones, empresas de
transporte, de traducción, guías de turismo, imprentas y mucho más. Me
refiero, señorías, al turismo de congresos y reuniones, también conocido
como turismo de eventos o turismo de negocios. Esta modalidad de turismo
está organizada de manera específica a través de las denominadas Oficinas
de Congresos o Convention Bureau, organizaciones sin ánimo de lucro
apoyadas por las instituciones locales y regionales para promover que se
desarrollen cada día en nuestro país más jornadas, más encuentros de todo
tipo relacionados con la actividad profesional, investigadora o de
estudio. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia).


El sector MICE es una tendencia en la industria del turismo
internacional. En España podemos estar muy orgullosos, señorías, pues
somos la tercera potencia mundial en atracción de este tipo de eventos;
nos siguen otros países y por delante tan solo Estados Unidos y Alemania.
Además, en el año 2012 hemos sido el destino favorito para los
organizadores de congresos alemanes. Pero aunque este dato sea muy
alentador, no debemos morir de éxito. En el Grupo Parlamentario Popular
creemos que podemos hacer mucho más, porque el turismo de congresos y
reuniones, el turismo de negocios genera una actividad económica
importantísima en nuestras ciudades, mucho más que otras actividades de
las que se habla mucho más.


Un dato, el gasto medio por congresista es de 1043 euros y
el volumen total de gasto en el año 2013 se estima en más de 4200
millones de euros, una cantidad muy a tener en cuenta, y respecto a la
que podemos decir con satisfacción que se ha producido un incremento del
7,3% con respecto al año 2012.


Las oficinas de congresos engloban empresas y profesionales
relacionados con el ámbito de la organización de congresos y eventos. Las
Convention Bureau son organizaciones sin ánimo de lucro en las que
colaboran empresas del sector, públicas y privadas, y los respectivos
ayuntamientos en aras a promover las ciudades como lugares de encuentros
nacionales e









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internacionales. Su labor principal es facilitar los
recursos necesarios para la celebración de jornadas, reuniones o
congresos. La sede de estas oficinas de congresos suelen estar en
espacios de titularidad pública local o autonómica, y se encarga de
coordinar a todos sus asociados de cara también a participar en ferias,
en presentaciones o fam trips, en workshop y en los mercados de mayor
interés, siempre con el objetivo de captar congresistas o participantes
que quieran celebrar sus reuniones en una ciudad española con atractivo
turístico.


Estas oficinas de congresos están organizadas a nivel
nacional en la Spain Convention Bureau, una asociación de ciudades y
provincias en el seno de la Federación Española de Municipios y
Provincias, que fue creada en el año 1984 y está compuesta por 55
destinos; destinos con medios técnicos y humanos suficientes para la
organización de reuniones y eventos dirigidos a un aforo mínimo de 500
personas. Por supuesto, señorías, estas oficinas colaboran con el
Instituto de Turismo de España, Turespaña, que este año destina una
partida presupuestaria para financiar principalmente la participación de
estas ciudades en las ferias internacionales, por su alto coste.


Señorías, el turismo es un sector estratégico para nuestra
economía. El record de turistas en el año 2013 debe ser un reto a
superar. Los 60,6 millones de visitantes extranjeros solamente fueron
superados por Francia y Estados Unidos. Además, por primera vez en dos
años, los indicadores constatan un tímido aumento del turismo nacional;
algo fundamental, ya que representa la mitad de los ingresos del
sector.


Como he dicho anteriormente, España ocupa la tercera
posición en cuanto a organización de congresos y reuniones, solamente por
detrás de Estados Unidos y Alemania. También a la zaga nos siguen Reino
Unido, Francia, Italia y Brasil. El ranking europeo de ciudades es
también objeto de estudio, porque está liderado por Viena, París y
Berlín; pero Madrid y Barcelona ocupan la cuarta y quinta posición
respectivamente. Por lo tanto, España cuenta con 2 ciudades dentro de las
10 primeras con mayor volumen de congresos y convenciones de todo el
mundo. Pero todas las ciudades, que este año están presididas por
Granada, saben que todos los esfuerzos en este ámbito serán bienvenidos y
merecerán la pena.


El esfuerzo por volver a Europa —del que ayer nos
hablaba nuestro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy—, que ha
llevado a cabo el Gobierno de la nación, ha permitido recuperar esa
confianza que nunca debimos perder. Ya en el año 2012, primer año de la
puesta en marcha del Plan Estratégico de Turismo, se celebraron casi 2000
reuniones más que en el año 2010, hasta situarse en unos niveles
similares a los del año 2008.


Quiero destacar que la mayoría de los encuentros fueron de
ámbito nacional, con un incremento del 30,7% y, en consecuencia, con un
mayor número de asistentes, un 7% más. En el año 2013, el volumen de
turistas que viajaron a España para la asistencia a ferias y congresos
descendió un poco, sin embargo, y esto es lo importante, el gasto total
aumentó un 7,4%, más que en el año anterior, 2012, pasando de un total de
3950 millones de euros a más de 4240 millones de euros en el año 2013. Lo
mismo ocurre con respecto al gasto medio diario por congresista, que se
estima en 164 euros, y con respecto al gasto medio total, 1043 euros;
aumentos del 10 y 16% respectivamente.


Nuestros principales mercados emisores por volumen de
turistas, aquellos que más nos visitan, fueron en el año 2013 Francia y
Alemania. Sin embargo, el mercado que presentó el año pasado un mayor
volumen de gastos fue Alemania, cuyos turistas gastaron más de 44
millones de euros; los turistas franceses, aun siendo más, gastaron un
poco menos; pero también somos preferidos por turistas del Reino Unido y
de Portugal.


Señorías, acabamos de conocer que en el primer trimestre
del año 2014 la llegada de turistas ha aumentado en nuestro país un 7,9%,
hasta los más de 10 millones de viajeros, según los últimos datos
oficiales del Ministerio de Industria y Turismo, y todas las previsiones
apuntan a un crecimiento en la temporada de primavera y hasta el mes de
junio, y a una mejora de la cifra global de turistas registrada el año
pasado. Y será, digo yo, porque este Gobierno lo está haciendo bien,
porque se está cumpliendo con el Plan Nacional e Integral de Turismo
2012-2015, que fue una de las primeras medidas que tomamos, porque
sabemos que el turismo crea muchos puestos de trabajo, concretamente el
sector ha aumentado su actividad un 4,2% en este primer trimestre. Este
importante repunte permitió la creación de 34 098 empleos en el sector,
según datos de Exceltur. De hecho, señorías, un 30% de las afiliaciones a
la Seguridad Social en estos meses fueron gracias al turismo.









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Señorías, ayer dijo nuestro presidente Rajoy en esta misma
Cámara que las cosas están mejor que estaban, pero no están bien y deben
estar mejor en el futuro. Mi grupo está absolutamente de acuerdo con esa
afirmación, y por eso con esta moción queremos hacer aún más. Queremos
instar al Gobierno a seguir impulsando en el ámbito del Plan nacional e
integral de turismo aquellas acciones necesarias para promocionar
internacionalmente el turismo de congresos y reuniones. En un segundo
apartado de la moción instamos al Gobierno a crear un grupo de trabajo en
el seno de la mesa de directores generales de Turismo para desarrollar
acciones de promoción y difusión de los recursos existentes en este
ámbito que estimulen la demanda de nuestro país como destino preferente
para las organizaciones, instituciones sociales, profesionales o
empresariales que celebren congresos y reuniones. Y en un tercer apartado
de la moción pretendemos que el Gobierno ofrezca en el portal de turismo
de España, en la web spain.info, la información de todas las oficinas de
congresos que hay en nuestro país, 55 concretamente, para que los
turistas, aproximadamente 12 millones de personas que visitan esta web de
turismo nacional, antes de visitar nuestro país puedan acceder a todas
las opciones que ofrece el turismo de congresos y reuniones como
actividad a desarrollar en nuestras ciudades.


Para finalizar, señor presidente, quiero hacer hincapié en
que estas propuestas serán decisivas, primero, para contribuir a la
desestacionalización; segundo, para contribuir a que se conozca España
como destino turístico, porque la mayoría de los congresistas, la mayoría
de los profesionales que acuden a una reunión de trabajo a nuestro país
suelen volver en un porcentaje muy elevado, ya solo para conocer
turísticamente nuestras ciudades; y, tercero, creemos que esta moción
será decisiva porque asegura el retorno, porque ninguna promoción e
inversión tiene un mayor retorno que la del turismo de congresos,
señorías. Tenemos un sector empresarial que ofrece una gran
profesionalidad, una gran calidad a la hora de organizar congresos,
jornadas y reuniones; tenemos 55 ciudades que disponen de la
certificación que acredita que ofrecen los recursos adecuados para la
celebración de estos eventos, y de medios técnicos y humanos, que son la
mejor tarjeta de presentación de nuestro país a todos los profesionales
que quieran celebrar aquí sus reuniones.


Se pueden crear más puestos de trabajo, se puede generar
más actividad económica si entre todos aprobamos esta moción, para la que
les pido su apoyo y su colaboración.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


A esta moción se han presentado dos enmiendas: una del
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya y otra del Grupo
Parlamentario Socialista.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Boya.


El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.


Senadora, en primer lugar le quiero agradecer su llamada
para intentar consensuar esta moción, que es un detalle por su parte que
no sucede muy a menudo, y en segundo lugar, le agradezco también la
oportunidad que nos ofrece de debatir, porque el turismo merece la
atención de esta Cámara y la de todos nosotros ya que es un sector que,
como usted ha dicho, nos da algunas alegrías en momentos muy
complicados.


Ciertamente, ya ve que no le niego la oportunidad de
debatir, aunque es reiterativo. Las mociones que ustedes presentan sobre
cuestiones que en este momento son objeto de nuestra preocupación nos
ayudan a aportar soluciones a los problemas que tienen los sectores. Pero
es recurrente la idea de presentar mociones a la Cámara que lo único que
plantean son algunos titulares de buenas intenciones, pero en el fondo
poca cosa más. Esta moción, por ejemplo, habla de seguir impulsando esta
cuestión en el ámbito del plan nacional, pero en él no he encontrado
ninguna referencia a congresos y eventos, por tanto, ya nos explicará en
cuál de estos apartados se aborda, porque no aparece ni en el propio plan
ni en los planes de seguimiento.


En cuanto a la mesa de trabajo de los directores generales,
yo daba por hecho que esta cuestión ya se trataba en este ámbito, pero,
en cualquier caso, vamos a dar por bueno el grupo de trabajo.









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Y respecto a ofrecer información en el portal web,
ciertamente nos parece algo de Perogrullo. Debe contener esta
información, debe mejorarse y, en todo caso, ha de ser un objetivo per se
del ministerio, y del departamento de turismo en concreto.


En todo caso, nuestra enmienda pretende lograr un
compromiso concreto respecto al contexto presupuestario en que deberán
abordarse estos trabajos y sobre las medidas que procedan después de la
reflexión que contiene la propia moción, ya que, en este caso, no existe
ningún tipo de concreción. Usted y yo hemos hablado de lo que plantea el
presupuesto del Gobierno respecto a la Convention Bureau, pero nos parece
absolutamente insuficiente que 25 000 euros pretendan cubrir las
necesidades de un sector como este. Por tanto, en este sentido, nos
parece que debería existir un compromiso del Gobierno, que es un
compromiso modesto, porque, como usted ve, no hemos citado una cantidad,
simplemente planteamos el compromiso de asumir, desde el punto de vista
del presupuesto, los retos que nos plantea este debate.


¿Por qué planteamos esta enmienda, que de no ser aceptada
nos obligará a votar en contra? Pues porque este es un ministerio
—en el turno de portavoces me referiré más extensamente a
ello— que se ha recortado de una forma absolutamente drástica y
que, por tanto, ha tenido una evolución de caída de su presupuesto de más
de un 60%. Estamos hablando de ese salto que se ha producido, de 622 a
314 millones de euros; ciertamente, con este recorte nos parece que poca
gasolina tiene la política del Gobierno para llevar a cabo acciones en el
ámbito del turismo que puedan mejorar la actual situación.


No tengo mucho más tiempo, pero sabe usted que las cifras
también responden no única y exclusivamente a las políticas que, a tenor
del presupuesto han sido pocas, sino también a una coyuntura
internacional, que es la que nos ha llevado a recuperar, digámoslo así,
un turismo de sol y playa que anteriormente tenía otros destinos, como
Egipto o el Mediterráneo, que en su momento fueron puntos de atracción y
que actualmente han perdido. En todo caso, nos parece que no podemos
situarnos en la autocomplacencia y por eso nos gustaría que su grupo
aceptara nuestra enmienda y que, por tanto, en esta moción alcanzáramos
un compromiso firme del Gobierno, que no se quede solo en literatura,
para que sea posible este cambio.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de
su enmienda, tiene la palabra la senadora Serrano.


La señora SERRANO BOIGAS: Gracias, señor presidente. Buenos
días, señorías.


En primer lugar, quiero informar que mi grupo parlamentario
ha presentado una enmienda de modificación porque considera que este
sector turístico de congresos y reuniones necesita un apoyo efectivo y
real. Este sector turístico tiene una gran importancia y relevancia. Es
un sector que ofrece grandes posibilidades económicas en España, que no
está suficientemente valorado, que es más rentable que otros sectores y
con una gran productividad.


Sin embargo, con esta moción vuelven a hacer un brindis al
sol al sector turístico en general, y en particular al sector turístico
de congresos y reuniones, el Gobierno vuelve a hacer ese brindis al sol
al sector turístico. No establece ninguna medida concreta para apoyar
este sector, para impulsarlo, para promocionarlo y para consolidarlo. Es
un sector que el año pasado, 2013 —y discrepo de los datos que ha
dado su señoría— ha sufrido un descenso de un 7,69%. Y no lo digo
yo, lo dice un informe de la Asociación de Palacios de Congresos de
España; y también el Consejo de Turismo de la CEOE dice que ha
experimentado un descenso. Y en cuanto a la aportación económica, también
ha sufrido un descenso de 100 millones de euros con respecto al año
2013.


Por eso presentamos esta enmienda de modificación, porque
consideramos que necesita un apoyo efectivo y real. Y para dar ese apoyo
efectivo y real es necesario acotar o delimitar el plazo para impulsar
esas medidas de promoción y de impulso de este sector. Ponemos un plazo
de seis meses para impulsar estas medidas que apoyen al sector turístico
de congresos y reuniones. Proponemos la palabra impulsar porque en el
Plan Nacional e Integral de Turismo no aparece ni una sola medida de
apoyo a este sector turístico de congresos y reuniones, no aparece ni una
sola medida, y por eso proponemos la palabra impulsar y no seguir
impulsando. De ahí, esa medida de modificación.









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También establecemos un plazo de seis meses para constituir
de forma inmediata y urgente ese grupo de trabajo en la mesa de turismo
de directores generales —que creemos que es necesario debido al
declive, al decrecimiento o a la disminución que está teniendo el sector
del turismo respecto al balance del año 2013—, y aprovechar ese
crecimiento que se prevé que va a tener en Europa este sector turístico
en el año 2014. Por lo tanto, creemos que es necesario determinar que en
un plazo máximo, pero de forma urgente y necesaria, se constituya este
grupo de trabajo que establezca las estrategias y las medidas para apoyar
y consolidar el turismo de congresos.


También pedimos que se determine un plazo de tres meses
para establecer en el portal de Internet —yo creo que ya tendría
que estar— ese listado de congresos, para que la oferta sea más
atractiva y más conocida y esté actualizada y no haya que ir a cada
destino específico, sino a esa relación de palacios de congresos o sitios
para las reuniones. Por tanto, en un plazo de tres meses debería estar
ese listado actualizado, para que la oferta sea más atractiva y
aprovechemos el crecimiento en Europa de este sector turístico de
congresos y reuniones.


El último punto de nuestra enmienda de modificación
—y no por ser el último es el de menor importancia, sino el de
mayor importancia para el sector turístico y la industria turística en
general, y en particular para la industria del turismo de
congresos— plantea una menor presión fiscal para esta industria
turística y para este sector en concreto. Como saben, el Gobierno adoptó
en septiembre de 2012 incrementar la presión fiscal. Este sector
turístico ha tenido un incremento de 13 puntos, del 8% al 21%, con lo
cual el resultado que hemos tenido en el año 2013 es una disminución del
7,69%. Por lo tanto, solicitamos que se vuelva al tipo reducido del 8%
para que este sector sea mucho más competitivo y pueda competir con otros
destinos turísticos.


Ya para terminar, solicitamos que acepten estas enmiendas,
porque lo que realmente necesita este sector turístico de congresos y
reuniones es un apoyo efectivo y real, y no un brindis al sol, como viene
haciendo el Gobierno en estos dos años y medio de gobierno con estas
mociones que son generalidades; un apoyo efectivo y real, que es lo que
necesita este sector turístico.


Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, autor de la moción originaria, para manifestar si
acepta o no las enmiendas presentadas.


La señora NICOLÁS MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.


A mi grupo no le extraña que el Grupo Parlamentario
Socialista y el Grupo Parlamentario de la Entesa pel Progrés de Catalunya
no renunciaran a presentar alguna enmienda a una moción que es
absolutamente novedosa, que viene a hacer cosas que nunca antes se habían
hecho, que viene precisamente a apoyar a una parte del sector turístico
que nunca antes el Gobierno del Partido Socialista, apoyado también
anteriormente por la Entesa, había sido capaz de hacer, como es decidir
apostar con medidas concretas dentro del ministerio por este sector del
turismo de congresos.


El representante de la Entesa solicita en primer lugar que
se habilite una partida presupuestaria para impulsar las medidas que se
vayan a requerir. Primero, la partida está habilitada y aquí mismo se ha
dicho que hay un convenio precisamente de Turespaña con la Spain
Convention Bureau, que será ampliable en la medida en que en esas
reuniones en la mesa de trabajo de los directores generales de turismo se
concreten medidas para poner en marcha. Una partida que, desde luego,
está habilitada para mantener ese portal tan importante, spain.info,
donde se van a colgar todos esos recursos que tienen las diferentes
oficinas de congresos de las 55 ciudades a las que en mi primera
intervención me he referido.


Por lo tanto, creemos primero esa mesa de trabajo del
sector del turismo de reuniones, que es un hito, que es algo
absolutamente novedoso, algo que antes a nadie, ni de Entesa ni del PSOE,
se le había ocurrido plantear, y después veremos si hay que dotar de más
presupuesto aquellas partidas que ya están dotadas, tanto para la gestión
del portal turístico como para el convenio del ministerio, concretamente
de Turespaña, con la mesa.


Por otra parte, usted hablaba de facilitar recursos
económicos, y yo le digo que esta moción viene a apoyar
institucionalmente a un sector como antes nunca se había hecho y poniendo
a disposición de estas organizaciones todos los recursos económicos que
tiene el ministerio.









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En cuanto a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista,
permítame que le diga con todo el cariño, senadora, se lo he dicho antes,
que no aporta nada nuevo. Aporta algo nuevo, sí, en un apartado 4
absolutamente novedoso, pero que no tiene nada que ver con lo que aquí
estamos discutiendo. Yo le insto a que presente una moción sobre la
presión fiscal, sobre la aplicación del IVA, de la que aquí muchas veces
ya se ha hablado. Y hablaremos de eso cuando toque debatir sobre temas
fiscales, pero aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando
de crear un portal, estamos hablando de crear una mesa de trabajo y
estamos hablando de seguir impulsando acciones como, por ejemplo, la
última. En las últimas estadísticas de Egatur, aunque usted no las
valore, aunque a usted no le gusten y prefiera utilizar estadísticas de
asociaciones, han sido precisamente las oficinas de congresos las que han
pedido a la secretaría de Estado de Turismo que se recoja específicamente
en las encuestas de turismo el objeto del viaje —que aparece como
turismo de negocio, lo que pasa es que a lo mejor usted no se ha dado
cuenta, no como turismo de congresos, pero es lo mismo y usted lo debería
saber—, quiénes vienen, cuánto gastan al día y cuál es el gasto
medio. Esto me da idea de que era cuestión de poner alguna pega, pero, de
verdad, créase las estadísticas de Egatur porque son fiables y nos dicen
que aunque ha habido menos turistas para negocios en el año 2013, el
gasto, que es lo que nos interesa, ha aumentado en este sector.


Por lo tanto, señor presidente, rechazamos la dos enmiendas
porque no enriquecen el contenido y porque no aportan nada nuevo.


Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


¿Turno en contra? (Pausa). No hay turno en contra.


Pasamos al turno de portavoces.


¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones). No hace
uso de la palabra.


¿Por el Grupo Parlamentario Vasco?


Tiene la palabra la señora Iparragirre.


La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Eskerrik asko, presidentea,
jaun-andreok.


Gaur hona Alderdi Popularrak ekarri digun mozioari buruz
aipamen batzuk egin nahiko nituzke. Alde batetik, sarrerari buruz.
Mozioak egiten duen sarreran, bi aipamen. Bata, azkeneko hitzak entzunda
Spain Convention Bureauri buruz, kongresu eta bileretako turismoa
garatzeko eta sustatzeko helburua bezala zeukala aipatzen zuen. Gustatuko
litzaidake hona ekartzea azkeneko urteko batzarrean osatutakoan
presidentearen hitzetan bera harro sentitzen zela benetan aurrekontuetan
sobratzen zelako dirua. Gure ustetan, benetan helburua sustatu eta garatu
turismo hori baldin bada, ez dela harro sentitu behar horrekin, baizik
eta ahalik eta ekintza gehienak jorratu behar zirela, aurrera eraman
behar zirela, dirurik sobratzen ez bada.


Bestetik, sarrera horretan egiten zen aipamen bat krisiari
buruz. Gure ustetan, gure egoeran, Euskadiko Erkidego Autonomoan krisiak
bai eragin digula. Aitortu behar dugu guk bai nabaritu dugula krisia, eta
umiltasunez aitortu behar dugu, baina, beharbada, gure turismoak beste
ildo bat daukalako, beste linea batetik doalako: ez, ordea, hondartza eta
horrekin lotuta dagoen turismoa, baizik eta gure turismoa, beharbada,
industriara zuzenduta dagoelako.


Zuzenean mozioak eskatzen duenarekin sartuz, 2012-2015eko
Nazio Plan horretan ekintzak ez dira oso ugari kongresu eta bileretako
turismoa sustatzeko. Ez naiz sartuko, nire ustez, senatariak aipatu duen
bezala, Planean ez da kongresu eta bileretako turismoari buruzko
aipamenik egiten. Bueno, bada, negozioetako turismoa da. Beste hitz
batzuekin aipatzen bada, bueno, onar dezagun, baina, hain zuzen ere,
mozio honetan eman nahi bazaio hemen aipatzen den garrantzia, hitz
horiekin ulertzen dugu Planean agertu beharko lukeela. Modu batez ala
bestez, iruditzen zaigu ekintzak ez direla ugari, eta iruditzen zaigu
indar gehiago eman behar zaiela, zalantzarik gabe. Harago joanez, ez bada
agertzen gure ustetan horretan edota indar gehiago eman nahi bazaio, modu
horretan txertatzea txostenean bertan edo Planean bertan.


Bigarren puntuan talde lana sortzea aipatzen du Turismo
Zuzendari Orokorren Mahaian. Bat nator aurrean aipatu denarekin. Hau da,
suposatzen genuen, berez, mahai horrek edo mahaian parte hartzen duten
zuzendari horiek izango lituzketen helburuen artean hauek izango
liratekeela, eta ez talde lan bat sortu behar zela, hain zuzen ere,
helburu hauek aurrera eramateko, baina, tira, onerako badira, ontzat
hartu beharko dugu.









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Azkenik, spain.info webgunean kongresu-bulegoei buruzko
informazioa zabaltzea, aipamen berezia izanik. Bada, berriro bat nator.
Iruditzen zaigu harriduraz oraindik ez egotea. Beste turismoko webgunean
sartuta, berehala agertzen dira. Hain zuzen ere, hain garrantzitsukoak
badira, Planean bertan agertzen direlako hitz batekin edo bestearekin,
arraroa iruditzen zaigu jadanik ez egotea, oraindik ez egotea. Ez dugu
uste modua denik mozio bat ganbera honetara ekartzea eta hemen lortuko
zenarekin iristea webgunean lortzeko aipamen bat egotea kongresuko eta
bileretako turismoari buruz, benetan, benetan garrantzi hori baldin
bazeukan aldez aurretik.


Bukatzeko, bi aipamen bakarrik. Ez da komentatu inongo
momentutan, eta uste dut ezin dugula ahaztu, turismo orokorrarekin, oro
har, edozein turismo motarekin, baina, batez ere, kongresu turismoarekin
erabateko lotura daukalako, herrialde batek duen azpiegitura sistema
egokia den ala ez. Honekin zer ekarri nahi dudan hona? Bada, berriro,
Gobernuak aurrera eraman nahi baditu Plan honetan ezarritako helburuak,
bat etorri behar duela Fomento Ministerioak dituen helburuak. Bestela,
jai daukagu. Aipatuko duzue zertara datorren hausnarketa hau. Bada,
berriro hona ekarri nahi dudalako, edo ez dudalako galdu nahi aukera,
Foronda bezalako aireportu bat irekita egongo balitz, Gasteizen
kongresuak egiteko aukera askoz ere ugariagoak izango liratekeela. Hori,
adibide bat bezala. Baina ezingo didazue ukatu lotura zuzena dela.


Azkeneko aipamena, formei buruz. Ez da denbora asko tribuna
honetatik bertatik jaso behar izan nuela Talde Popularraren aldetik
ezetza gure taldeak jarritako mozio bati, hain zuzen ere, eskatzen
genuena jadanik egiten ari zelako. Mozio honetan, kasu honetan, beste
noizbait gertatu den bezala, guretzat baliagarria ez zena zuentzat, edo
Talde Popularrarentzat, bai, baliagarria da. Nahiz eta senatari
popularrak aipatu erabat berrikuntzez ari garen edota inoiz egin ez diren
gauzak aipatzen diren, aditzak hemen daude, eta aipatzen dute «jarraitu»
edo «bultzatzen jarraitu». «Jarraitu» baldin bada, esan nahi du jadanik
egiten ari dela. Guretzat, aukera bat besterik ez da, aurrekoetan izan
dugun bezala, martxan edota Gobernuak dituen planak, aurrera eramaten ari
diren planak, hona ekarriz mozio baten bidez, aipatu plan horretan dauden
helburuak, ekintzak edota nolabaiteko aurrera eramateko gauzak, eta mozio
bihurtu hemen eskatzeko.


Hau guztiagatik, ikusiko duzuenez, ez gatoz bat aipatzen
denarekin. Egia da ez zaigula iruditzen ezezkoa emateko, arlo hau,
turismo arloa oso garrantzi handikoa dela, eta, horren ostean, gure
taldeak abstentziora joko du.


Mila esker.


Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, me gustaría hacer alguna referencia respecto a la
moción que nos trae hoy el Grupo Popular. En las últimas palabras de su
introducción referidas a la Spain Convention Bureau, la senadora afirmaba
que el objetivo residía en desarrollar el turismo de negocios o
congresos. Me gustaría traer las palabras del presidente respecto a que
en los presupuestos sobraba dinero. En nuestra opinión, si el objetivo es
realmente desarrollar e impulsar este tipo de turismo, no debería
sentirse orgulloso, sino que debería desarrollar el mayor número de
acciones posibles.


Por otra parte, en esta introducción se hacía una
referencia a la crisis. En nuestra opinión, en la comunidad autónoma
vasca sí que ha tenido influencia. Debemos reconocer que la hemos notado,
y lo reconocemos humildemente, pero es posible que esto haya sucedido
porque nuestro turismo va en otra línea, no en la línea del turismo
relacionado con la playa, sino del turismo dirigido a la industria.


Pasando ya a lo que solicita la moción, en este Plan
nacional para el período 2012-2015 las acciones para desarrollar el
turismo de congresos no son muy numerosas. Como afirmaba la senadora, el
plan no se refiere al turismo de congresos, se refiere al turismo de
negocios, que es otra denominación y la vamos a aceptar; pero la
importancia que se le da en esta moción debería verse reflejada en el
plan en los mismos términos. Creemos que las acciones no son numerosas y
que deben ser reforzadas; no tenemos ninguna duda de ello. Es más, si
queremos reforzar este tipo de turismo, debe ser incorporado en estos
términos.


En el segundo punto se propone la creación de un grupo de
trabajo. Estamos de acuerdo. Es de suponer que esta mesa o los directores
participantes en esta mesa tienen entre sus objetivos estos, y no que
fuera necesaria la creación de una mesa de trabajo para llevar adelante
dichos objetivos. No obstante, si es para bien, lo daremos por bueno.









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El último punto se refiere a la creación de un portal
específico con el que estamos de acuerdo. Estamos sorprendidos de que
hasta este momento no haya sido así, y si es tan importante como para que
aparezca en el plan, resulta sorprendente o extraño que no exista este
portal dentro de la web. No creemos que la vía adecuada sea la
presentación de una moción en esta Cámara para que en la web se mencione
el turismo de congresos, si es que esta cuestión reviste esa importancia
de la que hablábamos, al menos.


Por último, me gustaría hacer dos matizaciones. Hasta ahora
no hemos hablado, en el ámbito del turismo en general y, sobre todo, del
turismo de congresos en particular, de si el sistema de infraestructuras
de una ciudad o un municipio es adecuado o no. ¿A qué me refiero? Si el
Gobierno quiere llevar adelante los objetivos que establece en este plan,
debe desarrollar los objetivos del ministerio. Y les explico esto porque
no quiero perder aquí la oportunidad de recordar, por ejemplo, que si un
aeropuerto como Foronda estuviera abierto, la posibilidad de que se
celebraran congresos en Vitoria sería mucho mayor. No me pueden negar que
este tema tiene una relación directa.


Finalmente me quería referir a las formas. No hace mucho
que desde esta tribuna recibí por parte del Grupo Popular la negativa a
una moción presentada por mi grupo, negativa justificada en que ya se
estaba haciendo lo que solicitábamos. En cambio, en este caso lo que no
era válido para nosotros sí lo es para ustedes o para el Grupo Popular, y
aunque la senadora popular haya afirmado que hablamos de novedades o de
cosas que nunca se han hecho, aquí están verbos como continuar impulsando
o continuar fomentando; es decir, si hablamos de continuar es que ya se
está haciendo algo. Para nosotros esta no es más que una oportunidad para
que planes que el Gobierno ya tiene en marcha se mencionen en la
presentación de esta iniciativa y se conviertan en moción para
solicitarlos.


Por todo ello no estamos de acuerdo con lo que se dice,
pero también es cierto que no creemos que sea como para votar en contra,
pues el sector del turismo es muy importante. Así pues, mi grupo
parlamentario se abstendrá.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra
el senador Boya.


El señor BOYA ALÓS: Gracias, señor presidente.


Senadora, es cierto que en los presupuestos aparece un
convenio con la Federación de Municipios y Provincias, pero no nos parece
que una subvención a la FEMP deba ser el único instrumento para
garantizar la política en materia de turismo y en este sector tan
preciso. Nosotros estamos hablando de un concepto presupuestario un poco
más amplio. Pero, además, lo que resulta algo extraño —y estoy de
acuerdo con lo que decía la portavoz del Grupo Vasco— es que
ustedes aplican diferentes criterios cuando el lenguaje lo utilizan
ustedes o cuando lo utilizamos los demás, porque si en realidad usted
considera que la partida está abierta, ¿por qué no acepta la enmienda? No
veo ningún inconveniente para ello. Acepte usted la enmienda y nosotros
podremos cambiar nuestro criterio, pero tenemos la sensación —y se
puede acreditar porque la lista es larga y los senadores de la bancada
izquierda del hemiciclo lo saben bien— de que hay una lista de
mociones escaparate con las que se sale al paso de una demanda concreta,
de un titular concreto que de alguna forma quiere salvar la imagen del
Gobierno, pero, insistimos, en el fondo no se aborda en profundidad el
problema. Esa es la razón —y además creo que en el legítimo derecho
de la oposición— por la que presentamos enmiendas para que exista
una aproximación a un compromiso, que es lo que debe significar una
moción de estas características.


Ciertamente ya le he hablado del presupuesto, pero fíjese
que cuando hablamos de algo que es fundamental para el turismo, que es la
modernización de las infraestructuras, sobre todo en las destinaciones
maduras, aquellas que tienen que reconvertir, digámoslo así, su actividad
para continuar generando demanda como destino turístico, el presupuesto
ha desaparecido prácticamente, es decir, ha quedado con 10 000 euros, y
esto es una parte esencial de lo que debe ser la política turística de
este país: la inversión en infraestructuras turísticas. Y en el caso que
nos ocupa hoy de las convenciones es fundamental porque, evidentemente,
no en todas partes puede existir un palacio de congresos, una determinada
infraestructura, pero si el grupo de trabajo aborda esta cuestión
—que me parece esencial y debe ser de las primeras que se
aborden— nos daremos









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cuenta de la necesidad de invertir en materia de
infraestructura turística para continuar siendo un destino que pueda
satisfacer realmente las demandas de las personas que nos visitan con la
intención de hacer turismo de congresos. A nosotros esto nos parece
absolutamente esencial, de la misma manera que no entendemos cómo se
puede reducir en un 6% la aportación al Instituto de Calidad Turística o
el recorte importantísimo, de más del 16%, que ha sufrido Turespaña.


Usted ha hablado de unas cifras muy optimistas, algunas
podemos compartirlas, yo ya le he dicho que en esta casuística hay
elementos que tienen que ver con la coyuntura internacional y, por tanto,
podemos mirarlo desde diferentes perspectivas, pero hay algunas cosas que
deben hacernos reflexionar sobre el turismo que, en mi opinión, son muy
importantes y quiero decirlas aquí. Es cierto que el turismo ha
contribuido y ha mejorado respecto de su aportación al PIB, pero también
lo es que esta aportación ha sufrido una reducción de 9 puntos desde
2007; por tanto, estamos todavía muy por debajo de lo que el turismo
aportaba al PIB. Y hay un elemento que yo quiero destacar en esta moción
porque me parece muy importante. Usted ha dicho: ha crecido el empleo en
el sector del turismo. Bueno, depende de las cifras que miremos, pero lo
que es cierto es que algunos, los sindicatos especialmente, dicen: oiga,
ha crecido el empleo, pero básicamente el empleo del autónomo; el empleo
asalariado no ha crecido en el turismo y además el empleo que tenemos ha
perdido mucha calidad, porque en este momento tenemos un empleo de
contratado por horas, a media jornada y con una gran inseguridad. Por
consiguiente, también tenemos que abordar estas cuestiones en estos
debates porque, evidentemente, el impulso en el turismo y el crecimiento
en el marco del turismo deberían ayudarnos a combatir el que es el
principal problema de este país, que es sin ninguna duda el paro.


Lamento que ustedes no acepten nuestra enmienda, creo que
es una parte del debate turístico, tenemos pendiente el debate sobre la
marca España, que es fundamental sobre esta cuestión, y tenemos que
abordar también un debate que tiene que ver con adónde y a qué lugares
van los beneficios, es decir el incremento del turismo. Sabe usted,
porque las cifras así lo indican, que el incremento se ha situado
básicamente otra vez en las destinaciones de sol y playa y que, en
cambio, en el interior el turismo sigue cayendo, el turismo nacional
sigue cayendo —esta Semana Santa nos ha dejado un mejor sabor de
boca, pero las cifras de 2013 indican que el turismo nacional ha caído de
una forma estrepitosa y sigue estando muy bajo—.


Por tanto, insisto, el debate sobre las convenciones y el
turismo de congresos está bien, creo que deberían acompañarlo ustedes de
una dotación presupuestaria —y de ahí nuestra enmienda—, y
considero que no les quedará más remedio que modificar el Plan Nacional e
Integral de Turismo porque ciertamente deberíamos referirnos a estas
cuestiones. Yo creo que el lenguaje que se utiliza en la moción es el
correcto, pero no el que utiliza usted cuando hablamos de turismo de
negocios. Creo que son cuestiones diferentes y, por tanto, deberíamos
utilizar el mismo lenguaje. Insisto, ustedes deberían aceptar nuestra
enmienda si es cierto que usted interpreta esos 25 000 euros como una
partida abierta, que para nosotros es concreta y precisa, para la
Federación Española de Municipios; una partida que podrá ampliarse para
otras acciones relacionadas con este ámbito del turismo. Deberían ustedes
aceptar la enmienda y nosotros votaríamos a favor de su moción.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la
palabra la senadora Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, senyor president.


Senyories, altra vegada intervinc per defensar la posició
del Grup Parlamentari Català de Convergència i Unió respecte d’una
moció que presenta el Partit Popular. I altre cop és una moció de
turisme. Estic d’acord, com ha comentat algun senador, que els he
d’agrair que tractem temes de turisme en aquesta Cambra. Justament
perquè és en el turisme on trobem, en aquests moments de recessió i de
problemàtica en molts sectors, una mica de respir i unes quantes
alegries.


A Catalunya, el 2013, hem tingut 14,5 milions de turistes
estrangers. Un increment d’un 10%, una tendència que sembla que es
manté el 2014. 350.000 persones ocupades. Una aportació al PIB del 12%. I
una despesa mitjana d’aquests turistes visitants que s’ha
incrementat un 8,6%. Per tant, gràcies per parlar de turisme perquè ens
permet posar sobre la taula, també, algunes xifres bones, que de tant en
tant no està malament.









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Dit això, els comentaré el tema que ens ocupa. I, tenint en
compte que a Catalunya tenim les competències en turisme, intentaré fer
una petita pinzellada de com s’entén des de Catalunya la indústria
de les reunions. I per què indústria de les reunions i no turisme de
negocis, ara hi entrarem. I després faré una petita reflexió del que ens
planteja la moció. El turisme de negocis és el subministrament
d’instal.lacions o serveis als milions de delegats que cada any
assisteixen a reunions, congressos o exposicions, esdeveniments de
negocis, viatges d’incentius i esdeveniments empresarials. Aquesta
és la definició de turisme de negocis segons l’Associació
Internacional de Congressos i Convencions.


I per què els dic que nosaltres preferim parlar
d’indústria de les reunions? Perquè justament és
l’Organització Mundial del Turisme que, d’altra banda, ha
imposat aquest terme i ha estat el més acceptat pels organismes
internacionals, que ha fixat aquest terme per una raó. Han substituït
l’acrònim anterior, conegut per MICE, Meeting Incentives
Conferences and Exhibitions, perquè aquest acrònim no portava incorporat
el caràcter industrial del turisme de reunions. I per a nosaltres és molt
important per fer front a aquest tipus de segment del turisme aquesta
part industrial que comporta.


Les Convention Bureau que, com ja ha explicat la senadora
que ha exposat la moció, és cert que tenen un paper rellevant per
canalitzar l’oferta i la demanda d’aquest tipus de turisme. I
també és cert, i no cal treure-li importància, la gran feina que està
fent l’Spain Convention Bureau amb l’associació
d’aquestes 55 destinacions, a la qual pertanyen algunes entitats
locals i també alguna diputació, com és la de Barcelona. Però, quan es
tracta el tema del turisme de negocis, no ens podem quedar aquí.


Jo els faré una petita pinzellada. A Turisme de Catalunya,
l’actual Agència Catalana de Turisme, va iniciar el 2005 ja un
inventari del turisme de negocis a Catalunya, per tal d’identificar
una base de dades amb l’oferta potencial dels espais per acollir
reunions i esdeveniments. Un cop feta aquesta feina d’inventari
dels espais, es va engegar un primer inventari de l’activitat
turística amb reunions, generat amb dades del 2005, renovat el 2007 i
també el 2008 i 2009, on ja es van incloure dades de l’oferta a
nivell local. A partir del 2010, això ho lidera el Catalunya Convention
Bureau, que col.labora amb la resta de Convention Bureau de Catalunya,
aconseguint una major fiabilitat amb les dades de l’oferta, ja que
la informació s’obtenia directament dels gestors dels espais per
part dels diferents Convention Bureau locals. Parlem, doncs, de la
indústria de les reunions que, certament, té un pes important en el
sector, ja que, tot i la seva consolidació com a activitat, aquesta
indústria continua suposant un segment de mercat en emergència.


Així, doncs, Espanya ha passat de tenir 463 congressos
associatius internacionals el 2011 a 550 el 2012. S’ha situat, com
ha dit la senadora, en el tercer lloc del rànquing mundial per sota dels
Estats Units i Alemanya, és cert. En el rànquing de ciutats, també és
cert, entre les cinc primeres hi trobem Madrid i Barcelona. Catalunya ha
rebut un milió sis-cents mil turistes el 2013 per motius laborals,
reunions, fires i congressos. Aquests turistes van realitzar una despesa
mitjana de 1.800 milions d’euros, un 27% més en relació al
2012.


Cal tenir en compte, però, quan parlem del turisme de
negocis, la importància de promocionar, de forma diferent, els diferents
esdeveniments. No ens podem quedar només amb els esdeveniments
congressuals de més de 500 participants. Per tant, pensem que hi ha
d’haver un tractament dels mega esdeveniments per una banda,
esdeveniments de més de 6.000 delegats, reunions pròpiament dites,
congressos, convencions, incentius, jornades i les reunions menors, que
són importants, amb menys de 40 delegats. Per què? Perquè, a partir
d’aquí, es poden crear programes i l’Agència Catalana de
Turisme així ho ha fet. Ha creat dos programes. Un programa de Catalunya
Congressos i Esdeveniments, en el qual es tracten els esdeveniments de
major ordre. I en el qual hi ha nou destinacions possibles detectades amb
una possible ampliació, com poden ser: Barcelona, Girona, Lleida,
Tarragona, Reus, Port Aventura, Sitges, Castelldefels, Lloret de Mar.
Però, també, d’altra banda, el Catalunya Convencions, Incentius i
Esdeveniments. Això permet ampliar aquesta oferta de turisme de negocis
de l’entorn urbà a la costa del Mediterrani, per exemple, als
Pirineus, que és un altre dels segments triat o els paisatges
d’interior, com deia el senyor Boya. Important, altra vegada, la
proximitat al territori.


No m’allargaré més, perquè el temps no m’ho
permet, ja veuen que, des de Catalunya, hi ha un gran bagatge,
s’estan fent coses fa molt temps per a aquest segment del
turisme.









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I, dit això, i anant a la moció, altra vegada aquesta moció
aporta propostes a les Cambres, insta el Govern a fer una cosa que ja
està fent, per aconseguir una legitimitat parlamentària, una legitimitat
de mandat parlamentari, que no és el cas. En la seva part dispositiva
demana continuar impulsant, en l’àmbit del Pla Nacional Integral
del Turisme, dir-los que he trobat poc esment a aquest tipus de turisme
en aquest Pla Nacional Integral del Turisme. Ja saben també que, des de
Convergència i Unió, quan vam parlar del Pla Nacional Integral del
Turisme vam deixar molt clara la nostra posició i, en aquest sentit, la
metodologia i el seguiment de control d’aquest pla, on diu el
Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme serà qui planificarà,
executarà, mesurarà i controlarà el pla, tot i que esmenta que
l’execució es farà en col.laboració amb les comunitats autònomes.
El cert és que nosaltres pensem que, per ser respectuós amb el model que
hi ha de distribució competencial, el just seria tot el contrari. El
ministeri hauria de coordinar iniciatives planificades, executades,
mesurades i controlades per les comunitats autònomes.


Pel que fa a la creació del grup de treball de la mesa de
treball, dir que és una obvietat, donem per fet que aquesta mesa de
treball hi és, però a nosaltres ens hi trobaran per posar sobre la taula
experiències que ja estan assolides, amb resultats que ja poden ser
consultats, però mai per homogeneïtzar o per abaixar el llistó
d’aquella feina que ja tenim feta.


I, finalment, pel fet de posar les oficinas de congresos a
la web spain.info, només esmentar que nosaltres pensem que directament
s’hi haurien d’incloure com a Convention Bureau perquè,
internacionalment, ningú no se sent identificat amb l’opció
oficinas de congresos. Només aquest petit esment.


Per tant, amb el cor una mica partit, perquè el tema és un
tema al qual som sensibles i en el qual fa molt de temps que treballem i
que pensem que és de primordial importància i un segment molt interessant
encara per fer molta més prospecció i per poder créixer més. Els he de
dir que la forma i el contingut d’aquesta moció, malauradament,
torna a ser, com ja s’ha dit, d’aparador i per això, per
aquest doble sentiment, el Grup Parlamentari de Convergència i Unió
s’abstindrà en la seva votació.


Moltes gràcies.


Gracias, señor presidente.


Señorías, una vez más intervengo para defender la postura
del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió en relación con
una moción que presenta el Grupo Popular, y una vez más es una moción
sobre turismo. Estoy de acuerdo, como ha comentado algún senador, con que
tengo que agradecer que se hable de turismo en esta Cámara porque es en
el turismo donde hallamos en estos momentos de recesión y de problemática
en muchos sectores un poco de respiro y algunas alegrías.


En Cataluña, en 2013 hemos tenido 14,5 millones de turistas
extranjeros, un incremento de un 10%, una tendencia que parece que se
mantiene en 2014, 350 000 personas ocupadas, una aportación al PIB del
12% y un gasto medio de estos turistas visitantes que se ha incrementado
en un 8,6%. Gracias, por tanto, por hablar aquí de turismo porque nos
permite presentar algunas cifras buenas que de vez en cuando no está mal
hacerlo.


Dicho esto, y teniendo en cuenta que en Cataluña tenemos
las competencias en turismo, voy a intentar dar una pequeña pincelada de
cómo se entiende en Cataluña la industria de las reuniones, de por qué
hablo de industria de las reuniones y no de industria de negocios.
También haré una pequeña reflexión de lo que nos plantea la moción. El
turismo de negocios es el suministro de instalaciones o servicios a los
millones de delegados que cada año asisten a reuniones, congresos,
exposiciones, acontecimientos de negocios, viajes de incentivos y
acontecimientos empresariales. Esa es la definición de turismo de
negocios, según la Asociación Internacional de Congresos y
Convenciones.


¿Por qué les digo que nosotros preferimos hablar de
industria de las reuniones? Porque justamente es la Organización Mundial
del Turismo, que por otro lado ha impuesto este término y ha sido el más
aceptado por los organismos internacionales, quien ha fijado esta
expresión por una razón. Ha sustituido el acrónimo anterior, el conocido
como MICE, porque este acrónimo, MICE, no llevaba incorporado el carácter
industrial del turismo de reuniones y para nosotros es muy importante
tenerlo en cuenta para afrontar este segmento del turismo, esta parte
industrial que comporta.









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La Convention Bureau, como ha explicado la senadora que ha
expuesto la moción, tiene un papel relevante para canalizar la oferta y
la demanda de este tipo de turismo. También es de resaltar, cómo no, y no
hay que restarle importancia, el gran trabajo que realiza la Spain
Convention Bureau con la asociación de estos 55 destinos a los que
pertenecen algunas entidades locales y alguna diputación como la de
Barcelona. Pero cuando se aborda el turismo de negocios no nos podemos
quedar aquí.


Les voy a dar una pequeña pincelada. El turismo de
Cataluña, la actual Agencia Catalana de Turismo, inició en 2005 un
inventario del turismo de negocios en Cataluña para identificar una base
de datos con la oferta potencial de los espacios para acoger reuniones y
acontecimientos. Una vez hecho este inventariado de los espacios, se
realizó un primer inventariado de la actividad turística en reuniones
generado con datos de 2005, renovado en 2007 y también en 2008 y 2009
cuando ya se incluyeron datos de la oferta local. A partir del 2010 lo
lidera Catalunya Convention Bureau, que colabora con el resto de
Convention Bureau de Cataluña, y aporta mayor fidelidad a los datos de la
oferta porque la información se estaba recogiendo a través de los
gestores de los espacios, a través de los Convention Bureau locales.
Hablamos de la industria de las reuniones, que tiene un peso importante
en el sector, ya que, a pesar de su consolidación como actividad, esta
industria sigue suponiendo un segmento de mercado emergente.


Así pues, España ha pasado de tener 463 congresos
asociativos internacionales en el 2011 a 550 en el 2012; se ha situado,
como decía la senadora, en el tercer lugar del ranking mundial, después
de Estados Unidos y Alemania. En el ranking de ciudades, entre las cinco
primeras están Madrid y Barcelona. Cataluña ha recibido 1 600 000
turistas en el 2013 por motivos laborales, reuniones, ferias y congresos.
Estos turistas realizaron un gasto medio de 1800 millones de euros, un
27% más respecto al 2012.


Sin embargo, cuando hablamos del turismo de negocios, hay
que señalar la importancia de promocionar de forma diferente los
distintos acontecimientos. No nos podemos quedar solo con los
acontecimientos congresuales de más de 500 participantes. Tenemos que
tratar de forma diferenciada, por una parte, los mega acontecimientos, de
más de 6000 delegados, reuniones propiamente dichas, convenciones,
congresos, incentivos y jornadas, y, por otra, las reuniones menores, que
son importantes, con menos de 40 delegados. ¿Por qué? Porque a partir de
aquí se pueden crear programas y la Agencia Catalana de Turismo ha
establecido dos programas: por un lado, Cataluña, congresos y
acontecimientos, en el cual se tratan los acontecimientos de mayor orden,
donde hay nueve destinos detectados y con una posible ampliación, como
pueden ser Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Reus, Port Aventura,
Sitges, Castelldefels y Lloret de Mar; por otro lado, Cataluña,
convenciones, incentivos y acontecimientos, lo que permite ampliar esta
oferta de turismo de negocios del entorno urbano a la costa del
Mediterráneo, por ejemplo, o a los Pirineos, que es otro de los segmentos
que se ha escogido, o a los paisajes de interior, como decía el senador
Boya. Es importante, una vez más, la proximidad en el territorio.


No voy a extenderme más porque no tengo tiempo, pero ya ven
que en Cataluña hay un gran bagaje y se están haciendo cosas desde hace
mucho tiempo para este segmento del turismo.


Dicho esto y yendo a la moción, quiero decir una vez más
que esta moción aporta propuestas a las Cámaras, insta al Gobierno a
hacer algo que ya está haciendo para conseguir una legitimidad
parlamentaria, una legitimidad de mandato parlamentario que no es el
caso. En su parte dispositiva pide seguir impulsando en el ámbito del
Plan nacional del turismo y he de decir que he encontrado una mención muy
escasa a este tipo de turismo en el Plan Nacional e Integral de Turismo.
También quiero decir que CIU ya ha dejado clara su postura sobre el Plan
nacional e integral de turismo. En este sentido, la metodología, el
seguimiento y el control de este plan dice que el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo será quien planificará, ejecutará, medirá y
controlará el plan. Aunque establece que la ejecución será en
colaboración con las comunidades autónomas, es cierto que nosotros
pensamos que para respetar el modelo existente de distribución
competencial lo justo sería todo lo contrario. El ministerio debería
coordinar iniciativas planificadas, ejecutadas, medidas y controladas por
las comunidades autónomas.


En cuanto a la creación de la mesa de trabajo, damos por
sentado que esta mesa de trabajo existe, pero a nosotros nos van a hallar
allí para poner sobre la mesa experiencias que ya se han conseguido, con
resultados que ya se pueden consultar, pero nunca para homogeneizar o
para bajar el listón del trabajo que ya tenemos hecho.









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Finalmente, en cuanto a las oficinas de congresos y la web
spain.info, solo quiero mencionar que nosotros pensamos que directamente
se tendrían que incluir como Convention Bureau porque internacionalmente
nadie se siente identificado con la opción de oficinas de congresos. Solo
quería señalar este pequeño detalle.


Así que, un poco con el corazón partido, porque es un tema
al que somos sensibles, trabajamos en él desde hace mucho tiempo y lo
consideramos de primordial importancia, pues es un segmento muy
interesante en el que se tiene que hacer mayor prospección y ha de crecer
mucho más, tengo que decirles que la forma y el contenido de esta moción,
por desgracia, vuelven a ser de escaparate, como ya se ha dicho, razón
por la que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió se va a abstener
en su votación.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Serrano.


La señora SERRANO BOIGAS: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, decía la senadora del Grupo Parlamentario Popular
que esta es una moción novedosa. No lo es en absoluto, estoy segura;
además, lo han dicho los senadores que me han precedido en el uso de la
palabra: el portavoz del Grupo Vasco y el portavoz de la Entesa. Novedoso
es cuando se introduce algo nuevo, pero aquí, por la terminología que se
utiliza en la moción —seguir impulsando—, no se trata de algo
novedoso, sino de continuar un trabajo. Por lo tanto, utilice bien la
terminología y no diga que esta moción es novedosa.


Como Gobierno socialista, nosotros siempre hemos apoyado el
turismo, la industria turística y este sector concreto de congresos y
reuniones con partidas presupuestarias y con mucho apoyo efectivo y real.
Por tanto, no puede decir que en los años anteriores los gobiernos
socialistas no han apoyado este sector. Recuerdo una ponencia específica
para salvar la baja estacionalidad del sector turístico sobre el turismo
de congresos y reuniones que se creó en 2007, aparte de toda esa
infraestructura que hoy tenemos debido a ese apoyo efectivo y real que se
llevó a cabo por parte de los gobiernos socialistas.


Dice también que no hemos introducido nada nuevo en nuestra
propuesta, tan solo el punto cuarto. Como ya hizo el senador Boya, quiero
agradecer que se nos llamase para llegar a un acuerdo. Pero si no hemos
introducido nada nuevo, ¿por qué no se ha aceptado esta enmienda?
Estábamos dispuestos a retirar el tipo del IVA, puesto que en la primera
semana de abril ya se presentó en esta Cámara una moción con el fin de
bajar la presión fiscal a la industria turística en general y a los
diferentes subsectores turísticos. Por lo tanto, si no introducimos nada
nuevo, no entendemos por qué no aceptan la enmienda y de esa forma
hubiéramos llegado a un acuerdo para apoyar al sector turístico, como es
voluntad del Grupo Parlamentario Socialista. Además, quiero manifestar
que nosotros sí confiamos y creemos en los informes que realizan las
asociaciones empresariales, que nos parecen importantes.


El Grupo Parlamentario Socialista no va a votar a favor de
esta moción porque no va a ser cómplice de un nuevo brindis al sol
respecto a la industria turística, en general, y el sector de congresos y
reuniones, en particular. Para nosotros el turismo es un sector
importante, un sector estratégico para reactivar la economía, un elemento
económico fundamental, motor de la economía, generador de empleo y, sobre
todo, del mantenimiento del empleo, una industria que se ha consolidado y
a la que el Gobierno no ha dado el apoyo efectivo y real que necesita. Se
han señalado aquí datos importantes, como que representa el 10,8% del PIB
y el 11,5% del empleo nacional o que en el año 2013 la entrada de
turistas creció y tuvimos 60,6 millones de visitantes, lo que ha supuesto
una aportación económica de 45 millones de euros y un gasto turístico de
59 millones de euros, y en el mes de marzo vemos que la entrada de
turistas en nuestro país se ha incrementado en un 7,2%. (El señor
presidente ocupa la Presidencia).


Sin embargo, a pesar de que tenemos que hacer una
valoración positiva de esta actividad económica que genera el sector
turístico, hay que hacer matizaciones, según los diferentes subsectores.
Por ejemplo, el sector de hostelería ha tenido un incremento en el año
2013, pero vemos que el subsector de turismo de congresos y reuniones ha
sufrido un descenso —insisto nuevamente— de un 7,69%, según
el informe de la Asociación de Palacios de Congresos de España y del
Consejo de turismo de la CEOE y, además, una aportación económica de 1200









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millones en 2013, es decir, 100 millones menos que en 2012
y 2700 millones menos que en 2009. Por lo tanto, sí hay una disminución
en este sector y, sin embargo, se prevé un crecimiento a nivel europeo
que tenemos que aprovechar. Por eso hemos presentado esa enmienda, para
poder impulsar y consolidar este proyecto.


Se ha dicho también aquí que España es el tercer país en
turismo de congresos y reuniones, pero si no lo apoyamos de manera
efectiva y real con partidas presupuestarias y acotamos los tiempos para
esos grupos de trabajo, difícilmente podremos continuar siendo el tercer
país en cuanto a turismo de congresos y reuniones. Andalucía, mi región,
es la tercera después de Madrid y Cataluña, y Málaga —mi
provincia— y Sevilla son las que acaparan la mitad de la oferta
para reuniones y congresos. Por lo tanto, vemos que en España se genera
una gran posibilidad económica, un sector que no está especialmente
valorado pero que es rentable y que tiene una mayor productividad. Pero,
como he dicho, con esta moción el Gobierno y ustedes vuelven a hacer un
brindis al sol a la industria turística y a este sector. No le dan ese
apoyo efectivo y real que necesita con medidas que consoliden este sector
del turismo de congresos y reuniones. Lo que existe en el sector es una
situación de preocupación, desconfianza e incertidumbre a la que ha
llevado el Gobierno en dos años y medio con sus medidas y con su política
de recortes y recortes. Les recuerdo la presión fiscal, la subida del IVA
en 13 puntos, el aumento de las tasas aeroportuarias y los recortes en
los Presupuestos Generales del Estado de un 64,5%. Son medidas que hacen
que nuestros destinos turísticos sean menos competitivos y, por lo tanto,
dañan el turismo de congresos y reuniones. Insisto en que mis palabras
están respaldadas por los informes de la Asociación de Palacios y
Congresos de España y por el Consejo de turismo de la CEOE.


Además, en el Plan nacional e integral de turismo se supone
que se recogen un conjunto de medidas para impulsar nuestros destinos
turísticos y apoyar el tejido empresarial, pero no hay ni una sola medida
para apoyar y promocionar el turismo de congresos y reuniones. Por tanto,
vuelvo a insistir, como siempre hago en este Pleno, en que es un plan en
teoría pero no en la práctica porque no tiene el respaldo de partidas
presupuestarias. En consecuencia, difícilmente se puede llevar a cabo un
plan donde, primero, no hay medidas que recojan el impulso y el apoyo al
turismo de congresos y, segundo, no hay partidas presupuestarias que lo
respalden. Por lo tanto, si somos realistas y coherentes, vemos que es
imposible llevar a cabo este apoyo al sector. Igualmente, como ha dicho
el senador del Grupo Parlamentario Entesa, en los presupuestos había una
partida de 25 000 euros para la Convención Bureau, pero va destinada a la
FEMP, con lo cual es una cantidad irrisoria para toda España. Por
consiguiente, no hay ese apoyo que ustedes dicen que tiene este
subsector.


En cuanto a Turespaña, a la que también se ha referido
usted, ha tenido en dos años y medio de Gobierno del Partido Popular un
recorte del 56% en la promoción turística. Difícilmente se puede
promocionar la marca España, difícilmente se pueden promocionar los
destinos turísticos si vemos que hay un recorte específico en la partida
de Turespaña de un 56%. Por tanto, se corrobora ese brindis al sol que
siempre hacen ustedes con el apoyo que dicen dar al sector del turismo
pero que realmente no cuenta con ese apoyo financiero que es lo que
necesita. Lo que tiene es una política de recortes, insisto, en estos dos
años y medio de este Gobierno. Por eso nosotros, en nuestras enmiendas,
defendíamos acotar los plazos para establecer el grupo de trabajo, que
creemos que ya debería estar constituido, para que se pueda llevar a cabo
un freno en la disminución del turismo de congresos. Además, pretendemos
impulsar nuevas medidas puesto que en el Plan Nacional e Integral de
Turismo no viene ni una sola, así como también el portal de turismo, cosa
que ya debería estar realizada. Por eso creemos que en el plazo de tres
meses debería estar expuesta esa oferta para hacerla más atractiva y
estar más actualizada.


En relación con el IVA, insistimos en que hay una moción
presentada en esta Cámara Alta en la que pedimos bajar la presión fiscal,
que creo que era necesario también porque este sector del turismo de
congresos y reuniones ha tenido un incremento de 13 puntos, del 8 al 21%,
con lo cual vemos que esa disminución que ha sufrido en el año 2013 es
fruto de esas medidas que se han adoptado y, sobre todo, de esa presión
fiscal.


Para finalizar, insisto en que no vamos a votar a favor de
esta moción porque no queremos ser cómplices de un nuevo brindis al sol
al turismo, a la industria turística y, sobre todo, al turismo de
congresos y de reuniones.


Muchísimas gracias. (Aplausos).









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Serrano.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Nicolás.


La señora NICOLÁS MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.


Parece que tengo que empezar otra vez por el principio,
porque el contenido de la moción es muy específico y aquí algunos grupos
han hablado de cosas que no tienen nada que ver con dicho contenido. Yo
sí me voy a referir exactamente al turismo de congresos y al turismo de
negocios, objeto de esta iniciativa.


La moción señala que se va a crear un grupo de trabajo
dentro del ministerio en el seno de la mesa de directores generales para
seguir promocionando el sector del turismo de congresos. Aquí se ha
repetido que hay un convenio entre Turespaña y las oficinas de congresos
de 25 000 euros. Pero estamos hablando de turismo dentro de Turespaña y
todo el presupuesto que destina Turespaña va dirigido precisamente a
captar turistas dentro de los diferentes sectores, sea turismo de
congresos, de ciudad, cultural o rural. Además, específicamente Turespaña
ha desarrollado numerosas actividades de promoción del turismo de
negocios. A través de la Spain Meeting Point, encuentros comerciales
entre empresas españolas y compradores internacionales al más alto nivel,
especializados en turismo de negocios. A través de Turespaña, las
oficinas de congresos han participado en importantísimas y costosísimas
ferias como la de Frankfurt, la de América, la de París, la de Chicago y,
por supuesto, la de Barcelona y la de Madrid. Y Turespaña ha seguido
colaborando con la Federación Española de Municipios y Provincias, así
como con la Asociación de Palacios de Congresos de España, con las que
tiene firmado un convenio con vigencia de dos años para seguir
potenciando la celebración de esos congresos, convenciones y eventos.


Decía el representante del PNV que las acciones deben ser
reforzadas. Totalmente de acuerdo. Pero queremos contar con el sector que
específicamente organiza esos congresos y esas reuniones. Queremos contar
con los directores de palacios de congresos representados en esas
oficinas de congresos, con las empresas. No queremos un portal
específico, queremos una ampliación de esa web, la spain.info, que se ha
renovado desde que gobierna el Partido Popular y que está recibiendo ya
12 millones de visitas al año. Y, precisamente, en el País Vasco queremos
mejorar y promocionar esas oficinas de congresos de las que se dispone en
Vitoria y en Bilbao.


El representante de la Entesa ha hablado de muchas cosas,
algunas, lamentablemente, quedarán escritas en el Diario de Sesiones y
por eso tengo que aclararlas. Decía que esta moción es un escaparate.
Pues ojalá ustedes hubieran tomado muchas medidas de escaparate y no
hubieran consentido todo lo que pasó en este país durante ocho años de
Gobierno socialista. (Aplausos). Porque yo creo que en Lleida, Barcelona,
Tarragona, Lloret y Girona esas oficinas de congresos se merecen el apoyo
de la Entesa a esta moción. No todas las ciudades, señorías, tienen
plazas hoteleras o centros de congresos para más de 500 personas, y por
eso esta moción se dirige específicamente a esas ciudades englobadas en
la Spain Convention Bureau como oficinas de congresos. Y aquí se han
mezclado churras con merinas, por ejemplo, en la intervención del
representante de la Entesa. Por eso, yo quería aclarar que, después de
oír a algunos portavoces, se constata lo que yo decía al principio de mi
intervención, que se habla poco de las oficinas de congresos, que no se
conoce lo que hacen las oficinas de congresos. Además, visto lo visto, se
confirma que no se valora el esfuerzo que hacen por crear empleo cada día
y generar actividad turística en esas 55 ciudades. Pero decir aquí, señor
representante de la Entesa, que en 2013 el turismo ha caído de forma
estrepitosa es, créame, descorazonador. Oírle decir esto, cuando a nivel
mundial hemos batido el récord de visitantes de turistas, cuando hemos
batido nuestro propio récord nacional con 60,6 millones de visitantes en
el año 2013, es señal de que usted no conoce para nada cómo está el
sector turístico. Desde luego, debería hablar más con el sector antes de
subir a la tribuna.


Dice usted que la moción solamente plantea titulares de
buenas intenciones. Ojalá se hubieran planteado esos titulares en la
legislatura pasada, ojalá. Porque no es solamente el convenio de
Turespaña, es todo el presupuesto de la Secretaría de Estado de Turismo y
también el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Asuntos Exteriores
—quiero recordarlo aquí, porque es mucho— para agilizar los
visados de los turistas extracomunitarios, algo que estaba absolutamente
bloqueado y paralizado. Y gracias a ello se ha incrementado, por ejemplo,
la visita de turistas chinos y rusos en un 30 y un 40%. Y eso lo ha hecho
el Gobierno del Partido Popular en estos dos









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primeros años de legislatura. Pero no se trata solo de
dinero desde Turespaña para participar en ferias. Conocen perfectamente
la última iniciativa, Emprendetour, dotada con 110 millones de euros, y
que está abierta hasta el día 30 de este mes, para iniciativas de
emprendedores y empresarios del sector turístico. Por lo tanto, vamos a
poner en marcha estas medidas, que —repito— ojalá se hubieran
adoptado antes, y después seguiremos hablando y trabajando con el sector
para ver qué más cosas se pueden hacer.


Del portal de turismo spain.info también se ha hablado por
parte de otros grupos, pero antes quiero hacer referencia a la
intervención de la representante de CiU, que ha dicho que ellos hacen las
cosas de otra manera. Hacen muchas cosas de otra manera, y en muchas de
ellas les va bien, pero en turismo les va bien porque además cuentan con
todo el apoyo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, porque
usted habla del sector más con carácter industrial que con el carácter
que tiene en el resto de ciudades. Bien. Lleida, Barcelona, Tarragona,
Lloret, Girona o Sitges tienen oficinas de congresos, seguro que
estupendas oficinas de congresos, pero oficinas de congresos al fin y al
cabo englobadas también en la Spain Convention Bureau. Usted propone que
no nos identifiquemos con oficinas de congresos en castellano, que las
llamemos convention bureau. Es una propuesta de mucho calado y que aporta
mucho, desde luego, a esta iniciativa, señoría. Pero le voy a poner un
ejemplo. Con el Mobile World Congress Barcelona incrementó sus
estadísticas de turismo de congresos de forma importantísima, y le
recuerdo que Barcelona tuvo todo el apoyo del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo y todo el apoyo del resto de ministerios y de
instituciones para que eso fuera así. Y ese es el camino: apoyar a todas
las ciudades en el desarrollo del turismo de congresos.


En cuanto al Grupo Parlamentario Socialista, vuelve a decir
que ampara su intervención en unas estadísticas de la Asociación de
Palacios de Congresos de España. Son estadísticas, pero yo he manejado
los datos del ministerio, los datos de Egatur, la encuesta sobre el gasto
turístico, que indican —por eso no puede usted decir que en el 2013
los datos han sido peores— que en el año 2013 se ha pasado de 3950
millones de euros de gasto total en turismo de negocios a 4240 millones.
Se ha pasado de un gasto de 995 euros por persona a 1043. Luego los datos
no son peores. Ya le he dicho que han venido menos congresistas, pocos
menos, pero se han dejado más dinero; han estado más días y se han dejado
más dinero. Y eso es lo que cuenta.


Dice usted que ya debería estar hecho todo lo que recoge la
moción que presento y defiendo en nombre de mi grupo. Eso lo dice,
señorías, una senadora socialista, una senadora socialista que no dijo
nada sobre que todo esto se debería haber hecho cuando el ministro Miguel
Sebastián era el responsable de las políticas de turismo de este país. Ya
podía haberlo dicho antes, señoría. Por lo tanto, no puede usted
calificarla de brindis al sol. Ojalá se hubieran tomado antes estas
medidas y ojalá apoyaran esta moción, que va dirigida a que cincuenta y
cinco ciudades, con sus cincuenta y cinco alcaldes a la cabeza, y los
cientos de autónomos, profesionales, empresas e instituciones que las
apoyan, consigan inmediatamente el cumplimiento de estos tres puntos de
la moción. Creo que añadir simplemente que esto se haga urgentemente, en
el plazo de tres meses, como le he dicho, no es justificación para que
ustedes no apoyen esta moción.


Nos gustaría que nos apoyaran en todo el esfuerzo que está
haciendo este Gobierno para conseguir que, por ejemplo, nuestra red de
paradores —que ustedes dejaron en una situación lamentable y que
tan importante es para el desarrollo del turismo de congresos y
reuniones— mejore; para conseguir que todos esos palacios de
congresos, que iban a financiar no se sabe cómo, sean los mejores
recursos a disposición de esta parte del sector turístico para que siga
siendo un motor de creación de empleo.


Señor presidente, señorías, lamento no haber podido
convencer con los datos a los portavoces en estas intervenciones previas
a la votación...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora NICOLÁS MARTINEZ: Finalizo, señor presidente.


Pero les pido que valoren su posición y apoyen esta moción,
porque es una moción que va en beneficio de todos, de todas esas ciudades
que están haciendo un esfuerzo importantísimo por generar empleo
desestacionalizado, fuera de los tópicos de sol y playa, y que ya está
dando muy buenos resultados.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Nicolás.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo
Parlamentario Popular tal y como ha sido presentada.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 231; votos emitidos, 229; a favor, 144; en contra, 70;
abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


5.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN
DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA FRENAR Y REVERTIR LA INCIDENCIA DE LA
DIABETES EN ESPAÑA, EN PARTICULAR LA DIABETES TIPO 2.


(Núm. exp. 662/000134)


AUTOR: GPP


El señor presidente da lectura al punto 5.3.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se habían presentado
originariamente dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Convergència i
Unió y otra del Grupo Parlamentario Socialista. Posteriormente se ha
presentado una propuesta de modificación, firmada por todos los grupos
menos por el Grupo Mixto. Por lo tanto, decaen las dos enmiendas, de
Convergència i Unió y del Grupo Parlamentario Socialista.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador
Aguirre, por tiempo de quince minutos. (Rumores).


Señorías, guarden silencio, por favor. Abandonen el
hemiciclo en silencio.


El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, hoy vamos a hablar en esta Cámara de la diabetes,
sobre todo de la diabetes tipo 2. (La señora vicepresidenta, Vicente
González, ocupa la Presidencia).


Esta moción —hay que dejarlo claro desde el
principio— es fruto del trabajo de la Comisión de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, de las reuniones que tuvo. Aprovechando
que el día 14 de noviembre del año pasado era el Día Mundial de la
Diabetes, nos reunimos con expertos en la materia, que nos plantearon una
postura importante de cara a lo que es el diagnóstico y el tratamiento
precoz de la diabetes, sobre todo de la diabetes tipo 2.


La moción la ha presentado el Grupo Parlamentario Popular,
pero podía haberla presentado perfectamente cualquier otro grupo
parlamentario y nosotros la hubiéramos apoyado, al igual que ahora se ha
apoyado y se ha transaccionado. Y es que, al fin y al cabo, lo que
estamos haciendo es trasladar la petición de los expertos y especialistas
en diabetes a ámbitos políticos, con una clara idea de coordinación del
Gobierno central con las comunidades autónomas. Luego el orden de los
factores no altera el producto. Estoy totalmente convencido de que,
independientemente de quién hubiera presentado esta moción, se hubiera
transaccionado por todos los grupos políticos, como así ha pasado. Es una
moción transaccionada, excepto por el Grupo Parlamentario Mixto, pero me
consta —y quiero hacerlo constar— que su portavoz, el señor
Iglesias, está totalmente de acuerdo con la moción, lo que pasa es que
por temas de coordinación del Grupo Mixto se han visto forzados a no
firmarla.


Bien, señorías, para poner un poco el toro en suerte, voy a
hablar de la diabetes. Hay varios tipos de diabetes. Para que se hagan
una idea, está la diabetes tipo 1, que es la diabetes
insulinodependiente... (Rumores).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías,
guarden silencio para que pueda hablar el senador.









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El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.


Decía que la diabetes tipo 1 es una diabetes
insulinodependiente en la que las células beta del páncreas no fabrican
insulina. Es una diabetes infantojuvenil, que es cuando da la cara, y el
tratamiento, como es lógico, es con insulina. Actualmente, el tipo de
diabetes tipo 1 va creciendo de forma exponencial, y cada año hay 79 000
nuevos casos.


Otro tipo de diabetes, de la cual se habla mucho y todos
habremos oído hablar es la diabetes gestacional, que es aquella que
desencadena la mujer como consecuencia de la sobrecarga del embarazo. Es
una diabetes que, normalmente, después del parto desaparece, pero puede
tener efectos irreversibles para el feto. Afecta a un 17% de las mujeres,
sobre todo en los últimos meses de embarazo, que es cuando desarrolla
esta diabetes gestacional que, como digo, puede afectar al feto. De ahí
la importancia de su tratamiento.


De lo que vamos a hablar hoy es de la diabetes tipo 2, que
representa el 95% de todas las diabetes. En el tipo 2 existe la insulina,
pero esta es incapaz de pasar a las células para quemar o metabolizar los
hidratos de carbono. Este es un tema prioritario en materia de salud
pública, ya que estamos hablando de una gran pandemia, como demostraré
luego con cifras, que afecta sobre todo a las personas adultas. Pero,
como consecuencia de los malos hábitos y de la obesidad, la estamos
viendo cada vez más en gente más joven, en personas obesas y con hábitos
no saludables, que son los que desencadenan una diabetes tipo 2.


Actualmente, a nivel mundial, en el año 2011 había 366
millones de diabéticos tipo 2; en el año 2013 había subido ya a 382
millones, y para el año 2035 se esperan 592 millones de diabéticos tipo
2.


Lo que hay que preguntarse es qué está pasando para que
estas cifras se estén disparando. La causa es clara: está en la obesidad
y el sedentarismo, que cada día azotan más a los países desarrollados,
aunque también los países en vías de desarrollo están entrando en hábitos
menos saludables desde el punto de vista de la alimentación, la salud, el
deporte, la obesidad, por lo que en ellos estamos viendo muchísimos más
diabéticos tipo 2.


El problema también lo encontramos en la diabetes no
diagnosticada. Calculamos que hay unos 175 millones de diabéticos tipo 2
a los que no se les ha hecho el diagnóstico, y ahí vamos a tener luego
complicaciones, que es el gran problema de la diabetes tipo 2. En las
personas no diagnosticadas, no controladas, aparecen complicaciones a
través de lo que se llama microangiopatía diabética; es decir, las
arteriolas se van colapsando y provocan una serie de trastornos
circulatorios que llevarán, como después diré, a infartos, ictus, fallos
renales, neuropatías, amputaciones, etcétera.


En España la diabetes tipo 2 tiene una prevalencia del
13,8%; es decir, en esta sala hay 30 senadores como mínimo que tienen
diabetes tipo 2. Pero el problema es que un 6% de la población no sabe
que la tiene, luego entre ustedes hay 20 senadores que tienen diabetes
tipo 2 y que no lo saben. Por tanto, les recomiendo que acudan a los
equipos médicos del Senado y se hagan la oportuna analítica de
hemoglobina glicosilada. (Rumores). Si, sí, Javier, todos tenéis que
haceros la analítica pertinente. (Risas).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Señorías,
guarden silencio para poder escuchar bien al senador.


El señor AGUIRRE MUÑOZ: Tengo que aprovechar para hacer
educación para la salud entre mis compañeros del Senado.


La prevalencia es mucho mayor en el sexo masculino que en
el femenino y afecta en España a 4 millones de personas, un 43% de las
cuales no sabe, como he dicho, que tiene diabetes mellitus tipo 2.


El segundo grave problema es que la diabetes se encuentra
entre las diez principales causas de invalidez, lo que tiene una gran
repercusión económica, como después veremos.


Otro problema son las complicaciones. La diabetes tiene dos
tipos de complicaciones; unas son las agudas, de las que no voy a hablar,
como la hiperglucemia y la hipoglucemia como consecuencia de las altas y
bajas de la glucemia en el paciente diabético; y otras, también muy
importantes, son las complicaciones crónicas de la diabetes como
consecuencia de esa microangiopatía diabética, a la que antes me he
referido, que es el colapso de las arterias finales, la anastomosis
venoso vascular. Se colapsan y provocan una serie de patologías, como la









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retinopatía diabética. Y es que el 50% de los ciegos tienen
un componente de diabetes; es decir, la diabetes provoca alteraciones en
la retina que al final llevan a la ceguera, sobre todo en los diabéticos
tipo 2, mal controlados, por supuesto. Es la principal causa de
ceguera.


Un problema importante es la nefropatía diabética, que
provoca colapso o trombosis a nivel de los riñones, que dejan de filtrar.
El 30% de las diálisis y de los trasplantes renales son consecuencia de
la diabetes mellitus tipo 2, de la que ahora estamos hablando.


Otro problema también muy importante es el de los pies
negros, el del pie diabético. Hay trastornos vasculares, hay neuropatías,
hay problemas de infección en los diabéticos, sobre todo en las partes
distales, que si no se curan pueden provocar una necrosis, una gangrena y
la amputación de lo que se llama pie negro o pie diabético, una
complicación que deja muchos dependientes con muchísimos problemas. Esto,
siempre que no estén bien controlados, y por eso la importancia de esta
moción sobre el control y el diagnóstico precoz de la diabetes.


Provoca asimismo trastornos cardiovasculares. La
microangiopatía diabética, como ya he dicho, provoca infartos e ictus
como principal causa de muerte. La diabetes aumenta de dos a tres veces
la frecuencia de infartos y dobla la frecuencia de las trombosis
cerebrales, lo cual significa que hay una mortalidad única y específica
de la diabetes; el 2,6% de todos los fallecimientos son debidos
directamente a la diabetes y otros muchos lo son por causas coadyuvantes
o indirectas de esta enfermedad.


La diabetes mellitus tipo 2 reduce la esperanza de vida en
un 25%, y en edades entre 40 y 60 la reduce de un 30 a un 49%. Aumenta la
tasa de mortalidad cardiovascular, como he dicho antes, y de ahí la
importancia de un diagnóstico y un tratamiento precoz. Pero piensen que
el 40% de los diabéticos españoles no sabe que son diabéticos tipo 2,
luego no se pueden controlar y tratar, por lo que nos encontramos con una
gran cantidad de efectos adversos, de complicaciones.


En nuestro país estamos trabajando, aunque hay que
implementar mucho ese trabajo con un diagnóstico. Al 57% de los
diabéticos se les hace exámenes oculares, y al 48%, exámenes de los pies;
y a la mayoría, el 82% de los diabéticos tipo 2, de la hemoglobina
glicosilada cada tres meses, que mide los picos de azúcar de los tres
últimos meses, algo importantísimo para saber si el control que estamos
haciendo los médicos o que se está haciendo en enfermería es correcto a
la hora de abordar esta patología. De ahí esta moción y la necesidad de
definir una serie de indicadores que aseguren un buen control de los
pacientes diagnosticados y que todo ello se encuentre recogido en los
sistemas de información del Gobierno central y de las diferentes
comunidades autónomas.


Pero seamos un poquito más positivos, no les voy a dar el
día. Es una enfermedad previsible, prevenible si se cambian estilos de
vida y se adoptan hábitos saludables, haciendo deporte, etcétera. Y es
una enfermedad tratable, que responde bastante bien al control y al
tratamiento; y tratando la enfermedad evitamos todo ese colapso de
efectos adversos tan dañinos para la persona y para los costes que tiene
para la sociedad. Hay que considerar que la diabetes mellitus tipo 2 es
muy importante para la sostenibilidad de nuestro magnífico sistema
sanitario público y privado español. La diabetes tipo 2 tiene un coste de
5800 millones de euros y supone el 8,2% de todo el presupuesto del
Sistema Nacional de Salud. Pero si a eso le sumamos los costes relativos,
como el absentismo laboral, la dependencia, las bajas, las jubilaciones
anticipadas, los costes sociales, la diabetes tipo 2 y sus complicaciones
alcanzan un montante de 17 630 millones de euros. Fíjense de qué cantidad
estamos hablando.


Un diabético tipo 2 gasta un 56% más del presupuesto que
una persona que no lo es, pero si no está controlado ese gasto se
multiplica, de ahí la importancia de controlarlo para la sostenibilidad
de nuestro magnífico sistema sanitario. En términos económicos, los
pacientes bien controlados representan un menor coste para el sistema
sanitario y para la sociedad. Un diagnóstico y un tratamiento precoz
multifactorial retrasarían en gran parte la aparición de complicaciones,
de efectos adversos, mejorarían la calidad de vida y disminuirían el
impacto social y económico de esta dolencia.


Señorías, creo que es responsabilidad de todos frenar e
invertir la tendencia de la incidencia de la diabetes en España, en
particular, como he dicho, de la diabetes mellitus tipo 2, con un
objetivo doble: primero, el paciente, por supuesto, para mejorar su
esperanza y calidad de vida, y segundo, para ser mucho más eficiente y
sostenible en la gestión de esta enfermedad.


Muchas gracias. (Aplausos).









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La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


¿Algún grupo desea hacer uso del turno en contra?
(Denegaciones).


Turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa).


No hace uso de la palabra.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Arratsalde on, mahaiburu
andrea.


Señor Aguirre, no lo puede explicar mejor, y lo de las
estadísticas en la Cámara es un punto a su favor. Habría que hacer un
screening aquí, y yo me apunto entre los desconocidos.


En principio, quiero entender que esta moción es
consecuencia de las comparecencias que tuvimos el Día de la Diabetes,
porque, de otra forma, si hablamos de la parte resolutiva nos damos
cuenta de que todo lo que se solicita en esta moción —iba a decir
en mayor medida o menor medida— ya se está haciendo en el Estado
precisamente sobre la base de la actualización de la Estrategia en
Diabetes del Sistema Nacional de Salud. Y creo que se recoge
perfectamente en el punto 1, cuando se habla de la promoción de las
líneas estratégicas que se deben seguir para ello, que coinciden
perfectamente con las líneas de la Estrategia en Diabetes. Y cuando se
habla de elaborar unos indicadores consistentes, eso me ha costado un
poquito más encajarlo, porque esa misma estrategia tiene 56 indicadores,
que creo que son más que consistentes para poder discutir y hacer un
seguimiento de este trabajo.


El punto 3 pretende impulsar la realización de campañas
institucionales, algo que ya está recogido e incluido en la línea
estratégica 1, recomendación 2.


Y el punto 4 es una deducción clara de lo recogido en la
línea estratégica 3, que ya se está haciendo. Y se tendrá que hacer con
más empeño aún lo de los centros de alta resolución con estas y otras
enfermedades crónicas en pacientes pluripatológicos.


Yo, senador Aguirre, con todos mis respetos a su capacidad
de iniciativa y trabajo, a su empeño por conseguir acuerdos, y a su
simpatía personal, le podría decir que vamos a votar que no a esta
moción, aplicando exactamente los mismos criterios que utiliza el Grupo
Popular cuando el resto de los grupos presentamos enmiendas y nos dicen
que para qué nos van a aceptar una enmienda si eso ya se está haciendo.
Eso nos ha pasado varias veces. Pero no lo vamos a hacer. A mí me
gustaría convertir esta moción, de repetición de algo que ya se está
haciendo, en una moción de apoyo y homenaje a los afectados por la
diabetes en cualquiera de sus modalidades, en todas esas que nos ha
explicado; no hay más. Y se lo dice alguien que en su paisaje infantil
siempre ha vivido lo del cacito hirviendo con la jeringuilla de cristal y
unas agujas que daban absoluto pavor, y alguien que vio a su padre perder
la visión de los dos ojos, las dos piernas y morir de un infarto agudo.
Por lo tanto, quiero convertirlo en eso, y también en un homenaje a todos
los profesionales, incluyendo a los que estamos aquí —que también
hemos hecho algo por ello—, que nos hemos dedicado y nos dedicamos
a cuidar a estos pacientes y a todos los demás. Yo creo que ese es o
debería ser el objetivo más amplio de esta moción, porque lo que se
recoge en la parte dispositiva, repito, ya se está haciendo.


Esperemos que se siga mejorando, por supuesto. Todo es
mejorable, en todo puede haber más inversión, en todo se puede hacer más
y mejor. Pero no vamos por mal camino en este tema, es cierto que no
vamos por mal camino. Tal vez vayamos por mal camino el resto de los
ciudadanos, que no estamos haciendo demasiado caso a lo que se nos dice y
que estamos en unos determinados índices de obesidad. En fin, no hacemos
mucho caso a lo de la vida sana. Pero todo llegará. En eso hay que
insistir, uno no coge miedo hasta que ve las orejas al lobo. Por lo
tanto, esperemos que esto sirva también para eso.


Por supuesto, hemos firmado la moción. Estamos de acuerdo y
le agradecemos que se haya tomado el trabajo de conseguir la firma de
todos los grupos.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra la senadora Almiñana.









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La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias presidenta.


Gràcies, senyories. Com molt bé ha dit el senador Aguirre,
aquesta moció neix d’un compromís de la Comissió de Sanitat per
part de tots els grups, després de les compareixences dels responsables
de la Red de Grupos de Estudios de la Diabetes en Atención Primaria, de
la presidenta de la Societat Espanyola de Diabetis i de la Societat
Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària, el passat novembre. Aquest
compromís, per tant, neix d’un acord en què considerem tots
important treballar per una malaltia com la diabetis.


La diabetis, com molt bé ha explicat el senador Aguirre,
que ens ha fet una classe magistral de patologia diabètica, és una
malaltia que té dos vessants: d’una banda, la diabetis aguda
—tots coneixem algú que necessita punxar-se insulina—, i que
potser algun dia també n’haurem de parlar, perquè el seu tractament
és cada vegada més costós, amb la nova tecnologia, amb els nous fàrmacs i
amb les bombes d’insulina; i de l’altra, la diabetis tipus
II, que és aquesta malaltia silenciosa que, com molt bé ens ha
diagnosticat, alguns de nosaltres tindrem, o ja tenim, però no ho sabem,
i que té uns costos indirectes molt i molt elevats per a tota la
societat.


Als anys noranta, es calculava que aproximadament un 1,5%
de la població estava afectat per diabetis. Avui dia, es considera que
estan afectades un 13,8% de persones, però un 40% d’elles no ho
saben. I es calculava que la despesa mitjana és d’uns 3500 euros al
mes per cadascun d’aquests pacients. En un estudi ja molt antic,
perquè és de l’any 2000, fa gairebé 15 anys, s’indicava que
la despesa d’aquests pacients, de qualsevol diabetis tipus II, era
un 64% més elevada que la d’un pacient que no fos diabètic. És
realment, doncs, un problema i una patologia que hem d’abordar. I
amb aquest canvi que poc a poc va fent la medicina, de deixar de tractar
les malalties agudes i encaminar-se més cap a les malalties cròniques, de
centrar-se cada cop més en la medicina individualitzada i de centrar-se
cada cop més en el pacient, amb aquest canvi que anirem fent poc a poc,
val la pena repensar algunes coses sobre el tractament de la
diabetis.


Nosaltres, com vostès saben, no compartim la seva política
sanitària. Ho hem dit moltes vegades i de moltes maneres en aquesta
Cambra. Però si que vam recollir el compromís de donar suport a aquesta
moció quan es presentés al ple. El que li vull reiterar, senador Aguirre,
i no només a vostè sinó al Govern, és que estarem molt atents a si la
duen a terme o no. Perquè ja hem pres algun compromís en aquesta Cambra,
com per exemple ara fa un any, amb els malalts d’HIV, que no
s’està complint. Per tant, aquest cop, estarem atents. Dit això,
per suposat, el nostre suport donarà suport a la moció.


Moltes gràcies.


Gracias, señorías. Como muy bien ha dicho el senador
Aguirre, esta moción nace de un compromiso por parte de todos los grupos
de la Comisión de Sanidad, después de las comparecencias el pasado
noviembre de los responsables de la Red de Grupos de Estudio de la
Diabetes en Atención Primaria, de la presidenta de la Asociación Española
de Diabetes y de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria.
Este compromiso, por lo tanto, nace de un acuerdo, porque todos
consideramos importante trabajar por una enfermedad como es la
diabetes.


La diabetes, como muy bien ha explicado el senador Aguirre,
que nos ha dado una clase magistral de patología diabética, es una
enfermedad con dos vertientes. Una es la diabetes aguda —todos
conocemos a alguien que necesita pincharse insulina—, de la que
quizás algún día también tengamos que hablar porque su tratamiento es
cada vez más costoso con la nueva tecnología, los nuevos fármacos, las
bombas de insulina. Y por otra parte está la diabetes tipo 2, que es esa
enfermedad silenciosa, que, como muy bien nos ha diagnosticado, algunos
de nosotros padeceremos, o ya padecemos pero no lo sabemos, y que tiene
unos costes indirectos muy elevados para toda la sociedad.


En los años noventa se calculaba que aproximadamente el
1,5% de la población estaba afectada por diabetes —a día de hoy, se
considera que un 13,8% de personas están afectadas, pero que un 40% de
ellas no lo sabe—, y el gasto medio se calculaba que era de unos
3500 euros al mes por cada uno de esos pacientes. Fíjense, en un estudio
ya antiguo, porque es del año 2000, de hace casi quince años, se indicaba
que el gasto de esos pacientes de diabetes de tipo 2 era un 64% más
elevado que el de un paciente que no fuera diabético. Por lo tanto,
realmente es un problema y una patología que debemos abordar. Y con este
cambio, con el que va evolucionado la medicina, que deja de tratar las
enfermedades agudas y se encamina hacia









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las crónicas, centrándose cada vez más en la medicina
individualizada y en el paciente, con ese cambio que vamos a ir haciendo
poco a poco, hay que repensar algunas cosas sobre el tratamiento de la
diabetes.


Nosotros, como saben ustedes, no compartimos su política
sanitaria —lo hemos dicho muchas veces y de muchas formas en esta
Cámara—, pero recogimos el compromiso de dar apoyo a esta moción
cuando se debatiera en el Pleno. Lo que le quiero reiterar, senador
Aguirre, y no solo a usted, sino al Gobierno, es que vamos a estar muy
atentos para ver si la llevan a cabo o no, porque ya hemos adquirido
algún compromiso en esta Cámara, por ejemplo, hace un año con los
enfermos de VIH, que no se está cumpliendo. Por lo tanto, esta vez repito
que vamos a estar atentos. Dicho esto, por supuesto, nuestro grupo
parlamentario va a apoyar la moción.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Muchas
gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Cunyat.


La señora CUNYAT BADOSA: Gràcies, presidenta.


Ho han dit els anteriors portaveus. Fa uns mesos ens vam
trobar a la Comissió de Sanitat amb diferents persones, amb algun
pacient, algun representant o expert vinculat a entitats, per posar-nos
al dia, d’alguna manera, de les necessitats que tenen actualment
aquests pacients, i també parlar dels avenços vinculats als tractaments
de la diabetis. En aquell moment, com explicaven els anteriors portaveus,
tots els grups ja ens vam conjugar per signar una moció conjunta que
permetés posar en valor les estratègies que ja s’estan seguint en
aquest àmbit, i perquè es proposessin noves mesures per millorar, com bé
diu la moció el Grup del Partit Popular, l’esperança i la qualitat
de vida dels pacients de diabetis i, al mateix temps, estratègies o
decisions que fomentin que el sistema sigui més eficient i sostenible en
la gestió d’aquesta malaltia.


El senador Aguirre ha facilitat tot un reguitzell de dades
i d’indicadors. Jo em quedo amb que, com deia, quatre milions de
persones a Espanya pateixen aquesta malaltia, i això té unes
conseqüències en l’àmbit de la gestió sanitària, en l’àmbit
de l’organització i, evidentment, en l’àmbit del pressupost i
de la despesa; la despesa del present, però també la despesa del futur.
Hem de ser capaços de treballar en la prevenció, per tal de minimitzar
aquest impacte i alhora millorar la qualitat de vida dels pacients.


Respecte del contingut específic de la moció que es
presentaven, els vull dir que des de Catalunya s’ha participat
activament, des de l’inici i en totes les seves fases, en
l’elaboració dels diferents documents de l’estratègia, en la
definició de la proposta d’indicadors, en la recollida
d’informació per a l’avaluació i també en la revisió i el
consens de l’actualització d’aquesta informació. En aquest
sentit, a més dels indicadors bàsics del Sistema Nacional de Salut, que
s’obtenen de fonts regulars com les Enquestes Nacionals de Salut
d’Espanya, l’Enquesta Europea de Salut, el registres
d’altes d’hospitalització, l’Institut Nacional
d’Estadística, existeixen altres indicadors, més clínics, que
s’han de proporcionar des de les comunitats autònomes.
S’obtenen de les bases de dades d’Atenció Primària, que a
Catalunya estan àmpliament desenvolupades, i permeten l’obtenció de
la majoria dels indicadors previstos en l’estratègia, excepte en
alguns casos que la cobertura és parcial. També es disposa de registres
específics, com el registre de pacients amb malalties renals cròniques,
el registre de pacients amb dispensador d’insulina, el registre de
diabetis tipus I... Una sèrie de registres que permeten acabar
d’obtenir indicadors concrets. Per tant, som conscients de la
importància i del paper que tenen les comunitats autònomes en aquesta
recollida d’informació, i d’aquesta necessitat de treballar
transversalment, tots conjuntament, per disposar de la informació que ens
permeti fer una foto de quina és la realitat en aquest sentit a la nostra
societat.


Ja estàvem, doncs, d’acord, amb l’aprovació
d’aquesta moció, tal com havia estat plantejada d’inici, amb
l’objectiu, com deia, de potenciar l’avaluació, la prevenció
i el control de la diabetis a la nostra societat. Amb la incorporació de
les esmenes del PSOE, és a dir, amb aquesta transaccional, creiem que la
moció millora; és evident. Lamentem que no hagin volgut incorporar la
nostra esmena, que com sempre, pretenia d’alguna manera incrementar
els recursos per fer front i donar continuïtat als projectes ja
existents, però també als que puguin anar vinculats a les estratègies de
salut del Sistema Nacional de Salut.









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És en aquest sentit que m’agradaria fer una reflexió.
Des de la nostra comunitat autònoma, en aquest àmbit de la diabetis però
també en molts altres àmbits, l’esforç va ser impulsat durant els
anys en què es va rebre un finançament correcte per fer front a totes
aquestes campanyes vinculades a l’estratègia nacional. El
finançament ha quedat molt tocat —tots ho sabem—, i
possiblement està en perill la continuïtat d’alguns projectes, o
potser no podrem fer front a aquest projectes amb la mateixa voluntat o
intenció que si aquests pressupostos estiguessin carregats de diners.


Des del punt de vista de la diabetis, per a nosaltres,
queda pendent el desenvolupament de les fonts d’informació lligades
a les activitats d’educació per a la salut, així com les activitats
preventives en l’Atenció Primària, que com sabem, recentment han
demostrat que han estat molt efectives i que ajuden a reduir la
incidència de la diabetis. Per tant, disposar de fons per poder encarar
aquestes estratègies ajudaria a poder avançar realment en aquest àmbit i
en altres aspectes rellevants.


Repeteixo que lamentem que no hagin incorporat la nostra
esmena, però com vam dir el dia de la reunió de la Comissió, i com li he
dit abans, el nostre compromís amb el col·lectiu de malalts de diabetis
hi és i hi serà. Deia el senador Cazalis que, d’alguna manera,
aquesta moció és un homenatge a ells i, per tant, donarem suport a la
transaccional que finalment signem pràcticament tots els grups.


Moltes gràcies.


Gracias, presidenta.


Bien, ya lo han dicho los anteriores portavoces: hace unos
meses comparecieron y nos encontramos en la Comisión de Sanidad con
distintas personas, con algún paciente, con algún representante o experto
vinculado a entidades, para ponernos al día en las necesidades que tienen
actualmente estos pacientes, estos enfermos, y para hablar también de los
avances vinculados a los tratamientos de la diabetes. En aquel momento,
como han explicado los anteriores portavoces, todos los grupos nos
conjugamos para firmar una moción conjunta que permitiera poner en valor
las estrategias que ya se están siguiendo en este ámbito y para que se
propusieran nuevas medidas con el fin de mejorar, como bien dice la
moción que presentaba el Grupo Parlamentario Popular, la esperanza y la
calidad de vida de los pacientes de diabetes y, al mismo tiempo,
estrategias o decisiones que fomenten que el sistema sea más eficiente y
sostenible en la gestión de esta enfermedad.


El senador Aguirre ha facilitado toda una serie de datos e
indicadores, y me quedo, evidentemente, con que cuatro millones de
personas en España padecen esta enfermedad. Esto, por lo tanto, tiene
unas consecuencias en el ámbito de la gestión sanitaria, en el ámbito de
la organización y, cómo no, en el ámbito del presupuesto, del gasto, del
gasto del presente pero también del gasto futuro. Por eso debemos ser
capaces de trabajar en la prevención, como bien decía, a fin de minimizar
ese impacto y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida de los
pacientes.


Con respecto al contenido específico de la moción que nos
presentan, quiero decirles que desde Cataluña se ha participado
activamente desde el inicio en todas sus fases, en la elaboración de los
distintos documentos de la estrategia, en la definición de la propuesta
de indicadores, en la recogida de información para su evaluación, y
también en la revisión y consenso para la actualización de esa
información. En ese sentido, además de los indicadores básicos del
Sistema Nacional de Salud, que se obtienen de fuentes regulares, como las
encuestas nacionales de salud de España, la Encuesta Europea de Salud, el
registro de altas de hospitalizaciones, o el Instituto Nacional de
Estadística, existen otros indicadores más clínicos que deben
proporcionarse desde las comunidades autónomas. Estos se obtienen desde
las bases de datos de atención primaria, que en Cataluña están
ampliamente desarrolladas, y permiten la obtención de la mayoría de los
indicadores previstos en la estrategia, excepto en algunos casos, en los
que la cobertura es parcial. También se dispone de registros específicos,
como el registro de pacientes con enfermedades renales crónicas, el
registro de pacientes con dispensador de insulina, o el registro de
diabetes tipo 1, es decir, una serie de registros que permiten acabar de
obtener indicadores concretos. Por lo tanto, somos conscientes de la
importancia del papel que tienen las comunidades autónomas en esta
recogida de información y de la necesidad de trabajar de forma
transversal,









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todos conjuntamente, para disponer realmente de la
información que nos permita hacer una foto de la realidad en este sentido
en nuestra sociedad.


Ya estábamos de acuerdo en la aprobación de esta moción tal
como había sido planteada al inicio, con el objetivo, como decía, de
potenciar la evaluación, la prevención y el control de la diabetes en
nuestra sociedad. Y con la incorporación de la enmienda del Grupo
Socialista, es decir, con esta transaccional, creemos que la moción
mejora; es evidente. Pero lamentamos que no hayan querido incorporar
nuestra enmienda, que, como siempre, pretendía incrementar los recursos
para hacer frente y dar continuidad a los proyectos ya existentes y
también a los que puedan ir vinculados a las estrategias de salud del
Sistema Nacional de Salud.


Me gustaría hacer una reflexión en ese sentido. En nuestra
comunidad autónoma, en el ámbito de la diabetes, pero también en muchos
otros ámbitos, el esfuerzo fue impulsado durante los años en los que se
recibió una financiación correcta para hacer frente a todas estas
campañas vinculadas a la estrategia nacional. Pero la financiación ha
quedado muy tocada —lo sabemos todos— y, por lo tanto,
posiblemente esté en peligro la continuidad de algunos proyectos, o quizá
no podamos hacer frente a estos con la misma voluntad o intención que si
esos presupuestos estuvieran cargados de dinero.


Desde el punto de vista de la diabetes, para nosotros queda
pendiente el desarrollo de las fuentes de información ligadas a las
actividades de educación para la salud, así como lo relativo a
actividades preventivas en atención primaria, que, como sabemos,
recientemente han demostrado ser muy efectivas y ayudan a reducir la
incidencia de la diabetes. Por lo tanto, como bien decía, disponer de
fondos para poder afrontar estas estrategias ayudaría a avanzar de verdad
en este ámbito y en otros aspectos relevantes.


Repito que lamentamos que no hayan incorporado nuestra
enmienda, pero, como dijimos el día de la reunión de la comisión y he
dicho antes, nuestro compromiso está ahí y estará con el colectivo de
enfermos de diabetes. Decía el senador Cazalis que de algún modo esta
moción es un homenaje a ellos; por lo tanto, cómo no, vamos a apoyar la
transaccional que finalmente firmamos prácticamente todos los grupos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la senadora
Llinares.


La señora LLINARES CUESTA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, el Grupo Socialista ha firmado una enmienda
transaccional a la moción presentada por el Grupo Popular como respuesta
al compromiso político que adquirimos los grupos —lo han dicho los
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra— tras la
comparecencia de diversos expertos en diabetes el 13 de noviembre del año
2013. Y hoy quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento no
solo por su cualificación científico-técnica, sino sobre todo por su
implicación y compromiso para mejorar la calidad de vida de los enfermos
diabéticos. Gracias a la doctora Artola, gracias a la doctora Gaztambide,
gracias al doctor García Soidán y gracias al señor Josu Feijoo. De esa
comparecencia surgió esta moción.


Lo ha dicho el senador Aguirre: no importa quien la haya
presentado. El Grupo Parlamentario Socialista está satisfecho, porque
presentamos una enmienda de modificación que ha mejorado de forma muy
importante la moción del Grupo Parlamentario Popular. De cinco puntos nos
han aceptado cuatro; por tanto, estamos medianamente satisfechos, porque,
como decía el senador Cazalis, muchas de las propuestas ya se están
haciendo, pero es muy importante continuar insistiendo en todo lo que
tiene que ver con las líneas estratégicas contempladas en la Estrategia
en Diabetes.


Otra cuestión que planteábamos en nuestra enmienda era
impulsar las consultas de alta resolución, porque es verdad que sabemos
mucho de diabetes, pero también lo es que hay mucha lista de espera para
realizar muchísimas pruebas; por tanto, el implantar esas consultas de
alta resolución, donde en un mismo día un paciente pueda salir
prácticamente con un diagnóstico y un tratamiento, consideramos que es
fundamental. Por eso hicimos esa propuesta, que ha aceptado el Grupo
Popular.









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Y otro punto se refiere a la importancia de impulsar
campañas institucionales de concienciación, de sensibilización sobre
hábitos saludables, porque el que una persona sea diabética tiene mucho
que ver con los hábitos.


Nos insistían también en la educación para la salud. Bien,
hay encuestas y se han hecho estudios, y aunque creamos que todo el mundo
sabe lo que es la diabetes, a la hora de la realidad no sabe de qué
estamos hablando. Saben que tienen el azúcar alto, pero les falta
muchísima información sobre cómo prevenir, y sobre todo cómo hacer
promoción de la salud y dar un diagnóstico y un tratamiento adecuados en
etapas precoces para evitar las complicaciones, que es lo grave de la
diabetes. Como ha dicho el senador Aguirre, la diabetes es una enfermedad
prevenible y tratable; el problema es que se hace un diagnóstico tardío,
y como es una enfermedad silenciosa que muchas veces no da síntomas, los
pacientes se enteran cuando ya han debutado con complicaciones.


Nos alegramos, pues, de haber sido capaces de consensuar
una moción, insisto, por responsabilidad política y como homenaje a los
diabéticos, a los profesionales y a las asociaciones que trabajan día a
día para mejorar la calidad de vida de los enfermos diabéticos. Decíamos
también que lamentábamos que no hubieran aceptado el punto en el que
solicitábamos que se realizasen modificaciones presupuestarias para que
la Estrategia en Diabetes contemplase un presupuesto específico por parte
del Ministerio de Sanidad.


Senador Aguirre, señorías del Grupo Parlamentario Popular,
necesitamos políticas de hechos y no solo de palabras, y por ello
presentábamos esa enmienda, para que se pusieran recursos. Les hemos
dicho muchas veces que no se puede hacer más con menos, pero ustedes
insisten. Es necesario disponer de recursos. De nada sirve traer mociones
llenas de buenas intenciones, pero sin recursos. Pero, fíjense, así y
todo, y por responsabilidad política, hemos firmado esta
transaccional.


Como decía el senador Aguirre, estamos hablando de una
enfermedad cuyas cifras son muy preocupantes, una enfermedad con una
prevalencia del 14%; pero si tenemos en cuenta a las personas que tienen
los índices de glucemia alterados, con riesgo de desarrollar diabetes,
que es casi un 15%, estaríamos hablando de que hay casi un 30% de la
población mayor de 18 años que tiene algún trastorno del metabolismo de
la glucosa.


Señorías, fíjense si es importante que tomemos decisiones
en diabetes que cada siete segundos alguien muere en el mundo por esta
enfermedad. No es una enfermedad banal, hay que tomarla muy en serio, ya
que las complicaciones son muy graves, con una reducción de la esperanza
de vida del 25%. Lo ha dicho el senador Aguirre: las complicaciones son
muy graves. Es la primera causa de insuficiencia renal crónica y la
primera causa de diálisis y trasplante renal; hace poco supimos que
España es el segundo país del mundo, tan solo por detrás de Estados
Unidos, con más amputaciones de miembros inferiores, y es la primera
causa de ceguera en el mundo. Por tanto, estamos hablando de un verdadero
problema de salud pública. Se prevé que en el año 2030 uno de cada diez
adultos tendrá una diabetes.


Para el Grupo Parlamentario Socialista poner en marcha
medidas para mejorar la calidad de vida de los diabéticos ha sido, es y
será una prioridad, y lo demostramos cuando tuvimos responsabilidades de
gobierno. Elaboramos y pusimos en marcha la Estrategia en Diabetes en el
año 2006, eso sí, con recursos específicos para ello. El Plan nacional de
investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica 2008-2011
menciona específicamente la diabetes en dos líneas estratégicas.


En los presupuestos del año 2011 para estrategias de salud
se presupuestaron 17,1 millones de euros, en tanto que para el año 2014
se han presupuestado menos de 2 millones de euros. Esa es una
realidad.


El programa de investigación sanitaria —y este año
han eliminado el capítulo 465 A, Investigación sanitaria, del Ministerio
de Sanidad— en el año 2011 fue de 27,4 millones de euros, pero si
hacemos el cómputo global de lo que se dedica a investigación sanitaria
también en el Ministerio de Economía y Competitividad, ha habido un
recorte en investigación sanitaria en el año 2014 con respecto a los
presupuestos del Gobierno socialista del año 2011 de 40,7 millones de
euros. Por tanto, está muy bien, vamos a concienciarnos, hay que
investigar, hay que poner en marcha nuevas medidas, pero a la hora de la
verdad los recursos son muy insuficientes.









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Señoría, hemos avanzado y vamos a continuar avanzando, por
supuesto, pero todavía nos queda un largo camino por recorrer. España
ocupa el penúltimo puesto en Europa y el uso de las bombas de insulina no
llega al 5%, por detrás de Polonia o Grecia, cuando la media de Europa es
del 15%. Y saben ustedes que están muy demostrados los beneficios de las
bombas de insulina: menos pinchazos, mejora del control glucémico,
reducción de las hipoglucemias y, por tanto, nuestros jóvenes pueden
tener muchas menos complicaciones (El señor presidente ocupa la
Presidencia).


Existen todavía muchísimas desigualdades entre los
diferentes territorios, hay dificultades en muchos sitios para las tiras
reactivas, hay muchas dificultades para las agujas y las lancetas, y lo
que nos preocupa —y a ustedes esto les molesta mucho— es el
cumplimiento terapéutico. Es verdad que como los diabéticos además de
diabetes tienen hipertensión, tienen dislipemias, tienen otras
patologías, tienen que tomar muchos medicamentos; de hecho,
independientemente de los recursos económicos de los que disponga el
paciente, hay una baja adherencia per se, porque muchas veces al tener
que tomar tantos medicamentos se les olvida alguno. Pero lo más
lamentable es que en estos momentos, con los recortes, con los
copagos…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora LLINARES CUESTA: … con el Real Decreto
16/2012, muchas familias, muchos diabéticos tienen que decidir entre
comer o comprarse los medicamentos, y esa es una realidad que sé que a
ustedes les molesta.


Lo cierto es que ayer en Televisión Española, en La 1,
salía una madre con tres hijos diabéticos cuyo marido cobraba 400 euros,
y ella decía —no lo dice el Grupo Socialista ni esta
senadora— que tenía que ver si comía o compraba las medicinas. Ayer
en Televisión Española.


Por tanto, estamos satisfechos de ser capaces de consensuar
una moción, pero estaremos vigilantes para que no sea una moción de cara
a la galería, sino una moción de compromiso con los diabéticos.


Muchas gracias (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Llinares.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Aguirre.


El señor AGUIRRE MUÑOZ: Gracias, señor presidente, seré
parco en palabras; los que me conocen saben que es muy complicado que yo
sea parco en palabras, pero voy a intentar serlo.


No voy a entrar en otra dialéctica diferente sobre lo que
va a ser y es esta moción, una moción sobre un tema de salud pública. Yo
creo que con la aprobación de esta moción transmitimos a la sociedad en
general y a esos 4 millones de pacientes diabéticos tipo 2 que hay un
consenso por parte de todos los grupos parlamentarios para implementar
los indicadores, no solamente a través del ministerio, sino a través de
las comunidades autónomas, para que haya un buen feedback de información
entre comunidades autónomas y ministerios de cara a sacar el mayor número
de cifras siempre en beneficio de un diagnóstico precoz y un tratamiento
precoz del paciente, y esta es una imagen muy muy positiva de esta
Cámara; aquí en temas importantes, en cuestiones de salud pública remamos
todos hacia el mismo sitio y aquí no cabe ningún aspecto político;
estamos hablando de pacientes diabéticos, estamos hablando de una cosa
muy muy seria.


Señoría, en esta moción se habla sobre todo de indicadores,
indicadores que sean de fácil registro, que deberían estar disponibles
para todos los médicos, para todos los profesionales sanitarios en todas
las comunidades autónomas, que deberían estar estandarizados,
perfectamente estandarizados, de acceso universal, lo que se llama big
data —big data son todos los datos grandes y unificados, siempre en
beneficio de un paciente—, y deberían estar en manos de la atención
primaria. Porque no nos engañemos, la diabetes entra por atención
primaria, sigue en atención primaria y finaliza en atención primaria,
independientemente de las derivaciones que haya a los especialistas
oportunos. La que tiene que trabajar sobre todo el tema es la atención
primaria. Ello va a facilitar una labor de evaluación del objetivo de la
Estrategia en diabetes del Sistema Nacional de Salud, dado que el
ministerio y las diferentes comunidades autónomas tienen una serie de
compromisos, que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud va a ayudar a implementar, para llevar esto a buen término. Todos
los objetivos, señor Cazalis, que propusieron









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ellos y los que tenemos nosotros: prevalencia, sobrepeso,
obesidad, sedentarismo, consumo de fruta, trasplante de páncreas,
etcétera, son ítem, siempre en beneficio del propio paciente; ítem con
los que estamos tratando de verdad la prevención y la modificación de
hábitos saludables.


Me consta que los diabéticos están entre los principales
objetivos del Gobierno del Partido Popular. Prueba de ello es la puesta
en marcha de la red de escuelas de pacientes, una iniciativa impulsada
por el ministerio para formar y fomentar la responsabilidad de los
pacientes crónicos. También se han adoptado medidas encaminadas a mejorar
la prevención de esta enfermedad, el diagnóstico y el tratamiento, como
es la actualización de la Estrategia en diabetes del Sistema Nacional de
Salud. Asimismo, consta que el 46% de los niños y adolescentes españoles
tienen un exceso de peso. De ahí la importancia de activar al máximo el
Observatorio de nutrición para el estudio de la obesidad.


Todas estas medidas contribuirán de manera importante a
mejorar la seguridad de estos pacientes, el autocuidado necesario y su
tratamiento oportuno. Todos juntos, señorías, el Gobierno central y las
comunidades autónomas, lograremos avanzar en la prevención y en el
diagnóstico precoz para tratar esta enfermedad en la fase temprana, a la
mayor brevedad posible. Todos juntos, estoy convencido de ello, podremos
aminorar la tendencia ascendente, vinculada al sedentarismo, a la
obesidad y a los malos hábitos alimentarios mediante lo que nosotros
llamamos la promoción activa de la actividad física y la dieta sana y
adecuada.


Animamos a todas las entidades médicas, a las que nos
visitaron el Día Internacional de la Diabetes, y a todos los que
continuamente hemos venido recibiendo en esta Cámara en ese continuo ir y
venir de pacientes, asociaciones de enfermos, laboratorios, a todos
aquellos que estén vinculados con la diabetes, a las entidades médicas y
asociativas, cuya actividad tiene un valor importantísimo para la
diabetes en España, a que continúen con la importante labor que están
desarrollando.


Nosotros, como políticos, tenemos que poner los mimbres
para entre todos hacer los mejores cestos, siempre en beneficio de los
pacientes, que ellos deben ser nuestra razón de ser.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aguirre.


A la vista de las firmas de la propuesta de modificación y
el contenido de los discursos, ¿se puede someter a asentimiento la
aprobación de esta moción? (Asentimiento).


Muchas gracias. Se aprueba por asentimiento.
(Aplausos).


5.4. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA QUE
INTERCEDA ANTE EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE NACIONES UNIDAS PARA QUE LA
SUPERVISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS SEA PARTE DEL MANDATO DE LA MISIÓN DE
LAS NACIONES UNIDAS PARA EL REFERÉNDUM DEL SÁHARA OCCIDENTAL
(MINURSO).


(Núm. exp. 662/000132)


AUTORES: URKO AIARTZA AZURTZA (GPMX) Y QUINCE SENADORES
MÁS


El señor presidente da lectura al punto 5.4.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado dos
enmiendas, una del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y otra del
Grupo Parlamentario Socialista.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador
Unamunzaga.


El señor UNAMUNZAGA OSORO: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, diferentes grupos, diferentes partidos, traemos a
esta Cámara un texto de mínimos, un texto consensuado entre diferentes
sobre un caso recurrente, recurrente pero urgente, cual es la situación
del Sáhara Occidental y la inclusión en el mandato de la Minurso de
mecanismos de vigilancia de los derechos humanos. Y también afirmo que es
recurrente porque no se ha solucionado, y no se ha solucionado a pesar de
que la urgencia existente es cada vez mayor.


Traemos esta moción el mismo día que estaba previsto que el
Consejo de Seguridad de la ONU hubiese votado sobre la renovación de la
Minurso y digo hubiese votado porque hoy mismo hemos conocido, según las
noticias que llegan, que esta votación se ha pospuesto. Por estas mismas
noticias, parece que no se va a incluir tampoco esta vez los mecanismos
de vigilancia de los derechos humanos en la misión de las Naciones
Unidas.









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Y la traemos también después de dos años, desde que
realizásemos en esta misma Cámara una pregunta para su respuesta oral en
el Pleno al ministro García-Margallo, realizada por mi compañero Urko
Aiartza y formulada por mí sobre este mismo tema. A esta pregunta el
ministro nos respondió con dos afirmaciones centrales, dos afirmaciones
que establecían dos principios meridianamente claros en relación con el
Sahara Occidental. Una primera en la que señaló que el Estado —y
leo textualmente—, que defendió lo mismo tanto en Rabat como en
Argel, porque este Gobierno no tiene un lenguaje diferente en función de
la capital en la que se encuentre —y sigo textualmente con la
cita—, apoya las negociaciones entre las partes con miras a la
consecución de una solución política justa, duradera y mutuamente
aceptable, que prevea la libre determinación del pueblo del Sahara
Occidental en el marco de las disposiciones, conforme a los principios y
propósitos de la Carta de derechos humanos. Una segunda, en la que nos
señaló, de igual manera, que el Estado español había defendido ese mismo
año como miembro del Grupo de Amigos del Sahara Occidental —y
vuelvo a leer textualmente—, la conveniencia de que se establezcan
mecanismos de control del respeto a los derechos humanos en el mandato de
la Minurso, postura que, por otro lado, era compartida por la mayoría de
los países que forman parte de dicho grupo.


Es por ello por lo que traemos esta cuestión a debate, con
el objetivo de sumar voluntades y de aprobar que esta Cámara señale que
es necesario que las Naciones Unidas, sin perder de vista su primer
objetivo, esto es, implementar el proceso de descolonización del Sahara
por medio de un referéndum que incluya la opción de la independencia, en
este ínterin, que se está convirtiendo en eterno, se encarguen, asimismo,
del monitorio de los derechos humanos y de asegurar su no violación por
parte del Estado ocupante, es decir, Marruecos. Y es que no podemos
olvidar que la Minurso, establecida en 1991, es prácticamente la única
misión de la ONU aprobada en los últimos dos o tres decenios que no tiene
entre sus competencias supervisar la situación de los derechos humanos en
el territorio en el que opera. Este es un hecho objetivo. La Minurso
sigue sin tener incluidos en su mandato mecanismos de vigilancia de los
derechos humanos, y ahora que se procede a la renovación de su mandato
por parte del Consejo de Seguridad es más necesario que nunca incluir
este precepto en su mandato. Porque debemos denunciar que la persecución
de la que es objeto la población saharaui en los territorios ocupados
continúa, y pedimos que se respeten sus derechos fundamentales, en
particular la libertad de asociación, de expresión y de
manifestación.


El pueblo saharaui, en el Sahara Occidental, ocupado por
Marruecos desde 1975, está padeciendo continuas vulneraciones de los
derechos humanos contra las personas que pacíficamente se oponen a la
ocupación marroquí de este territorio, generando una gran cantidad de
víctimas, fruto de los continuos malos tratos, las detenciones ilegales,
los juicios sumarios y represión indiscriminada. Es que es un hecho que
activistas de derechos humanos permanecen presos de conciencia en
condiciones infrahumanas, y hemos tenido un ejemplo de la situación
existente hace pocos días, cuando 28 integrantes de diversas
organizaciones de derechos humanos del Estado fueron expulsados en ocho
días del Sahara Occidental por las autoridades marroquíes en este mismo
mes de abril, y entre ellos se encontraba mi compañera Onintza Enbeitia.
Estas expulsiones nos muestran muy a las claras que hay situaciones que
se quieren ocultar, situaciones de vulneraciones constantes de los
derechos humanos de las que todos somos conscientes, que son acreditadas,
denunciadas y rechazadas de manera continuada por personas muy diversas y
que coinciden en destacar la gravedad de la situación que se está
viviendo en esta zona.


Señorías, el Estado español tiene una responsabilidad
histórica y conforme al derecho internacional que no puede eludir. Debe
ser un garante activo en la observancia por parte de la parte ocupante
del respeto a los derechos humanos, así como trabajar para que de una vez
por todos los saharauis puedan decidir sobre su futuro. Sin esta
ampliación de la función de la Minurso para incluir en ella la protección
de los derechos humanos, el pueblo saharaui no se podrá expresar
libremente, ni podrá ejercer su derecho a manifestarse, ni votar en un
futuro referéndum de autodeterminación, libre y justo, según el derecho
que le otorga la legalidad internacional.


Es por todo ello por lo que les pido a todos los grupos de
esta Cámara el voto afirmativo a esta moción, una moción de mínimos, que
busca unir y aprobar un texto que respalde dar una solución justa,
estable y duradera a la situación que está padeciendo el pueblo
saharaui.


Mila esker. Muchas gracias.









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Unamunzaga.


Tiene la palabra la senadora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Bé, bon dia. Llegir ens fa més
lliures. Estimar ens fa més bons i, amb esforç, es vencen tots els
dracs.


Leer nos hace más libres, amar nos hace mejores y así se
vencen todos los dragones.


Buena diada de Sant Jordi para todas sus señorías, también
para el presidente y la Mesa.


El Estado español no puede, no debería, no debe eludir su
responsabilidad respecto a la situación que está sufriendo el pueblo
saharaui: por un lado, la ocupación de su territorio, que se sostiene
bajo un clima de represión política y social y que comprende continuas
violaciones de los derechos humanos, con una creciente colonización
marroquí, que tiene como objetivo la alteración del resultado del
referéndum de autodeterminación que se debe producir según las reiteradas
resoluciones de Naciones Unidas. Y, por otro lado, el destierro de buena
parte de la población en campos de refugiados en territorio argelino, que
solo se sostiene por la cooperación internacional, ya que es insostenible
la supervivencia en un trozo de desierto sin recursos, ni siquiera
hídricos. (El señor Maldonado i Gili se acerca a la tribuna y le pasa una
nota a la oradora.) Me dicen que hable en catalán, pero así les ahorro el
pinganillo y me escucharán.


Por cierto, la cooperación española es francamente
mejorable. El Estado español debería insistir tanto a nivel bilateral
como multilateral, desde la propia Unión Europea y desde Naciones Unidas,
en la exigencia del cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas y
en el respeto de los derechos humanos. Es absolutamente injusto e inmoral
que la preocupación del Estado español respecto al pueblo saharaui se
centre solo en la atención asistencial de los campos de refugiados,
mientras coopera incluso militarmente con Marruecos. España debería
calificar públicamente a Marruecos como potencia ocupante, lejos de
considerarla por activa y por pasiva como la potencia administradora que
no es, y no lo es porque no lo reconoce Naciones Unidas pero además
porque tampoco le interesa serlo, porque además la potencia
administradora tiene una serie de obligaciones, como son la
descolonización del territorio y la gestión de los recursos en beneficio
de la población soberana sobre ellos.


En conclusión, España debería asumir, debe asumir la
responsabilidad histórica y ética —o moral, como prefieran—
que tiene con el Sahara Occidental, y ello solamente es posible
presionando a Marruecos, ya sea bilateral o multilateralmente, para
llegar a una solución justa y pacífica del conflicto. Contrariamente, el
silencio, cómplice de la injusticia, ¿hasta dónde nos lleva? ¿Hasta
cuándo vamos a estar sosteniendo los campos de refugiados? ¿Hasta cuándo
la población saharaui en territorio ocupado o en campos de refugiados va
a estar pagando las consecuencias de la ocupación española? Por eso, en
Esquerra Republicana consideramos que es necesario, a pesar del resultado
que antes nos avanzaba el representante de Amaiur, ampliar la función de
Minurso, para incluir en ella la protección de los derechos humanos.
Constituye una exigencia ética de todos.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.


Tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Querámoslo o no, el del Sahara no es un tema de relaciones
exteriores españolas. El Sahara sigue siendo un asunto interno español.
Lo es porque los Acuerdos de Madrid del año 1975 no son reconocidos por
la comunidad internacional, no son reconocidos por las Naciones Unidas.
Por lo tanto, seguimos siendo la potencia administradora —decía la
portavoz de Esquerra Republicana—, en un término más clásico, la
potencia colonial. El Sahara era y sigue siendo hoy una colonia española
y nuestras obligaciones en el ámbito de la comunidad internacional son
las de culminar un proceso de descolonización que no se culminó con los
frustrados e ilegales acuerdos de noviembre de 1975, que en este momento
solo son reconocidos por uno de los Estados que los suscribieron:
Marruecos. Ni tan siquiera Mauritania, que era el otro Estado que
suscribió el acuerdo y que asumió su participación en la ocupación de los
territorios que España abandonó de facto









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retirando sus tropas, a día de hoy reconoce la vinculación
con esos acuerdos y se ha retirado de los territorios que entonces
ocupó.


Exigir, como hace la moción, que dado que España no asume
su papel como potencia colonial de garantizar el respeto a los derechos
humanos de los habitantes de estos territorios, vulnerados por la
potencia ocupante, que es Marruecos, sea asumida esa función por la
misión de las Naciones Unidas, la Minurso, es una obviedad y una
necesidad evidente. Lo es, en primer lugar, porque si no, la Minurso en
sí no tiene sentido. Superada la fase de confrontación bélica entre la
resistencia saharaui y el ejército marroquí desde hace afortunadamente ya
doce años, no tiene sentido una presencia de unas fuerzas que, en
principio, eran garantes del cumplimiento de la tregua acordada entre los
dos ejércitos. La única función lógica que puede cumplir el despliegue de
esas tropas es, precisamente, la de ser garante del respeto a los
derechos humanos. Si no, tenemos, como en la práctica está ocurriendo,
desplegado un contingente de vacaciones sobre el terreno, disfrutando de
las playas de los territorios ocupados por Marruecos del Sáhara
Occidental.


En el ejercicio de la responsabilidad que le es propia a
España, y en el ejercicio de la responsabilidad que es propia a Naciones
Unidas, es imprescindible que la Minurso asuma la función de garante del
respeto a los derechos humanos, sobremanera porque cuantas misiones han
intentado acudir a los territorios ocupados como observadores de
denuncias con pruebas contrastadas de vulneración y violación de esos
derechos humanos se han encontrado en unos casos con la imposibilidad de
penetrar en los territorios ocupados, con la imposibilidad de bajarse del
avión en el Aaiún —yo lo pude comprobar personalmente hace unos
años cuando en un intento nos encontramos en la pista del aeropuerto con
una manifestación de supuestos saharauis, obviamente marroquíes al
servicio de las fuerzas de ocupación—, y en otros, si consiguen
penetrar en los territorios ocupados, ven su tarea absolutamente
obstaculizada por las fuerzas de seguridad del Estado marroquí
ocupante.


Nuestra obligación es exigir a las Naciones Unidas que
asuma ese papel. En la enmienda del Partido Popular se hace una
referencia a los amigos. Nosotros no tenemos que ser amigos. Somos algo
más que amigos de la población saharaui porque nuestra decisión histórica
fue esa, somos como mínimo, aún hoy, tutores de la población saharaui y,
por lo tanto, involucrados en la defensa del respeto de sus derechos. Y
no lo estamos haciendo —también hacía referencia a ello la portavoz
de Esquerra Republicana de Catalunya— con la venta de armas a
Marruecos sin que aparezca un condicionante en esos contratos de que las
armas o vehículos que nosotros vendemos no puedan ser desplegados en los
territorios ocupados que aún siguen, insisto, queramos o no, bajo
soberanía española hasta que la culminación del proceso de
descolonización mediante el ejercicio del derecho de autodeterminación de
los saharauis haga que sean lo que ellos quieran, estén bajo soberanía
marroquí o estén bajo soberanía propia de un nuevo Estado del Sáhara
Occidental.


Tampoco ayudamos con la reforma de la jurisdicción
universal. Recordarán sus señorías que en el debate de esa Proposición de
Ley de reforma del ámbito de la jurisdicción universal, uno de los casos
que se citaba y que incomodaba, obviamente, a las autoridades marroquíes,
era el de la investigación sobre las desapariciones —luego
aparecieron cuerpos— de ciudadanos saharauis nacionales españoles
entonces, con carné de identidad de una provincia que se llamaba Sáhara
Occidental, ocurridas tras la ocupación de los territorios por Marruecos.
Afortunadamente, el juez instructor no ha aplicado la famosa disposición
transitoria de la proposición de ley que pretendía que se cerraran, que
se archivaran y zanjaran todas las causas en marcha, entendiendo,
precisamente, eso, que se trataba de ciudadanos españoles que tenían que
ver amparados sus derechos por la jurisdicción española, y, desde luego,
por los tratados internacionales que a España también obligan.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra, por el
Grupo Parlamentario Popular, el senador Chiquillo.


El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.


Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para
defender nuestra enmienda respecto a la moción que, como ha definido su
proponente, es recurrente y, entre comillas, urgente, apelativos que ha
utilizado el proponente de la moción. Y yo, con la enmienda que he
presentado,









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intentaré demostrar que recurrente lo es y, no diré
extemporánea, pero lo de urgente... Hemos tenido un año para poderlo
debatir, sin embargo ahora estamos a escasas horas de que el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas adopte la resolución para el periodo
2014-2015, y digo a pocas horas puesto que tiene que aprobarla antes del
día 30 de abril de 2014, y según las informaciones que tiene el portavoz
que les habla, o es este viernes o es el próximo lunes, por tanto,
estamos hablando de 72 horas.


En ese sentido, intentamos cumplir los mandatos de diversos
documentos que el Consejo de Seguridad ha ido aprobando en los últimos
años. En concreto, la resolución 20/99, que es la que establece el
mandato hasta el 30 de abril de 2014 y que, lógicamente, habrá que
renovar e impulsar para dar una solución definitiva en la línea de las
últimas resoluciones, con el fin de lograr una solución política justa,
duradera y mutuamente aceptada que prevea la libre determinación del
pueblo del Sáhara Occidental en el marco de las disposiciones y de
conformidad con los principios y propósitos de la Carta de Naciones
Unidas, que algunos de los intervinientes hasta este momento parecen
desconocer.


Han pasado 23 años desde aquella resolución 690 de 1991,
sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, y quiero poner de
manifiesto cuál es el espíritu de la enmienda que defiende el Grupo
Parlamentario Popular. En primer lugar, renovar el compromiso del Partido
Popular y, por lo tanto, del Gobierno al que da apoyo, del constante y
permanente apoyo de España a las gestiones realizadas en el marco de
Naciones Unidas para la búsqueda de una solución política pacífica,
justa, duradera y mutuamente aceptada al conflicto del Sáhara Occidental,
que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el
marco de esas disposiciones y principios de la Carta de Naciones Unidas.
Y que el Grupo Parlamentario Popular, que apoya al Gobierno, otorga a la
protección de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo y, en
particular, en el ámbito del Sáhara Occidental, una enorme importancia.
En este sentido, España, en su condición de miembro constituido del Grupo
de Amigos del Sáhara Occidental, ha defendido tradicionalmente la
necesidad de introducir mecanismos de protección de los derechos humanos
en el mandato de la Minurso. Lo ha hecho el Gobierno de España desde 2012
en esas reuniones del Grupo de Amigos del Sáhara Occidental. En 2012, en
2013 y durante los meses de marzo y abril de 2014. Bien lo saben los
grupos de esta Cámara.


Por eso, la enmienda pretende poner de manifiesto no que
intercedamos, sino que continuemos con la labor que estamos realizando en
la promoción y defensa de los derechos humanos de la población saharaui,
que sigamos abordando esta cuestión en el diálogo político entre las
partes y, sobre todo, en el principio general de la política exterior del
Gobierno de España, que es la promoción y la defensa de los derechos
humanos en todos los rincones del mundo. Porque se han utilizado
expresiones por los que me han precedido en el uso de la palabra
relativas a las armas. Derechos humanos en todos los rincones del mundo.
Recientemente, se ha aprobado el tratado de comercio de armas, con el
voto desfavorable de Siria, Irán, Corea del Norte, Venezuela y Cuba,
países que no respetan los derechos humanos y que son jaleados por
algunos de los grupos cuyos portavoces han intervenido hace unos momentos
en esta tribuna. (Aplausos).


Con vistas a esta próxima renovación del mandato, que es
inminente —estamos hablando de horas—, nosotros, el Gobierno
de España, en el 2012, 2013 y 2014, siguiendo la labor hecha por
anteriores Gobiernos del Partido Popular y por otros que no eran del
Partido Popular, vamos a seguir exigiendo y apoyando en el Grupo de
amigos las propuestas de consenso en lo que se refiere a la vigilancia y
supervisión de los derechos humanos.


No obstante, deberían saber cómo funciona, primero, el
Grupo de amigos y, en segundo lugar, el Consejo de Seguridad. En el Grupo
de amigos España participa, con voz y con voto, pero en el Consejo de
Seguridad no estamos, de ahí la importancia de esos vetos implícitos que
se producen en el Grupo de amigos, donde además de España están Francia,
Rusia, Estados Unidos y Gran Bretaña. Todos sabemos las posiciones de
cada cual. España la ha mantenido y la va a mantener: que se supervisen
los derechos humanos en todas las misiones y en todos los rincones del
mundo, y en la Minurso por supuesto. Todos sabemos el papel de cada uno,
cuál es el rol de cada uno, cómo funciona el Consejo de Seguridad y cómo
llegan los trabajos allí después de las reuniones previas, las reuniones
del Grupo de amigos, y también la propuesta de resolución que elabora uno
de los miembros de ese grupo, que es Estados Unidos, que en el 2013
propuso sus mecanismos, aunque al final se retiraron, y en el 2014...









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El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El senador CHIQUILLO BARBER: ... ni siquiera los ha
propuesto. ¿Por qué? Porque se requiere la unanimidad y el consenso
porque, si no, en el Consejo de Seguridad o bien Francia o bien Rusia
vetarían esa resolución.


Por lo tanto, sepamos cuál es el funcionamiento de las
instancias de las Naciones Unidas y sepamos que España ha estado y estará
por el respeto y la supervisión de los derechos humanos en todos los
rincones del mundo, sin demagogias, sin populismos y sin dobles varas de
medir. En este sentido, el compromiso de España es firme y rotundo con el
pueblo saharaui, como ha sido siempre en la trayectoria política de este
partido democrático defensor de los derechos humanos, repito, en todos
los rincones del mundo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Chiquillo.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Sañudo.


El señor SAÑUDO AJA: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo más brevemente que quien me ha
precedido en el uso de la palabra porque tendremos oportunidad de
discutir esto en el turno de portavoces.


Sin perjuicio de que el Grupo Parlamentario Socialista
comparta la motivación de la moción que debatimos hoy, que no es otra que
asociar la supervisión de los derechos humanos al mandato que tiene la
Minurso, que se renueva estos días, mi grupo ha presentado una enmienda
que cree que recoge con mayor precisión la posición que defendemos ante
esta compleja situación.


Nuestro país, si bien es cierto que no tiene
responsabilidad jurídica ni administrativa desde el punto de vista de la
legalidad internacional, sí tiene evidentemente una responsabilidad ética
e histórica con el pueblo saharaui y no podemos renunciar a ella.


La posición de nuestro país debe seguir siendo coincidente
con la posición de Naciones Unidas y de la comunidad internacional. Aquí
repetiremos algunos de los argumentos que se han expresado por unos
portavoces y por otros, desgraciadamente para utilizarlo en un sentido
distinto en el voto. Y es que el Consejo de Seguridad sostiene desde el
año 2001 que son las partes en conflicto las que tienen que llegar a un
acuerdo. El Frente Polisario y Marruecos tienen que alcanzar —y
cito literalmente, como han hecho mis predecesores en el turno de
palabra— una solución política justa, duradera y mutuamente
aceptable que se establezca a partir de la libre determinación del pueblo
del Sáhara Occidental, en el marco de las disposiciones y de los
principios de la Carta de Naciones Unidas, siendo este un requisito
indispensable para el regreso de los refugiados a sus hogares y para la
consolidación de la estabilidad, de la integración y del desarrollo en la
región. Esto no quiere decir en absoluto que España deba mantenerse al
margen, sino todo lo contrario. Si somos consecuentes con esa
responsabilidad política, histórica y moral a la que me refería al
principio, debemos seguir trabajando de una manera muy activa, como hemos
hecho en los últimos años, por propiciar un acuerdo entre las partes.


En este sentido, los socialistas creemos que España tiene
que contribuir activamente a superar el principal obstáculo que plantea
el contencioso: la falta de confianza entre las partes, la falta de
voluntad o de capacidad del Frente Polisario y de Marruecos para dar un
salto cualitativo que permita buscar una solución al problema. Para la
consecución de tal fin, nuestro país ha de ayudar a propiciar que la
comunidad internacional contribuya, facilite y apoye las conversaciones
entre el Frente Polisario y Marruecos; ha de respaldar activamente el
trabajo de las Naciones Unidas sobre el terreno, con propuestas como las
que hoy pretendemos aprobar; ha de seguir impulsando el acercamiento y la
mejora de las relaciones bilaterales y multilaterales con los países de
la región, reforzando los vínculos con la Unión Europea y apoyando los
procesos de modernización y desarrollo democrático en el norte de África
y en el Magreb; y, además, España debe mantener la ayuda humanitaria y la
cooperación al desarrollo tal como las dotamos los socialistas durante la
pasada legislatura.


En el informe del secretario general de la ONU para la
reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 2014 se habla de
las personas desaparecidas como consecuencia del conflicto; se habla de
la asistencia y protección para los refugiados del Sáhara occidental
—más









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de 90 000 personas refugiadas con vulnerabilidad—; se
habla de que las carencias siguen siendo elevadas; se habla de las ayudas
básicas para cubrir las necesidades de alimentación, educación, higiene,
en la lucha contra la violencia de género y en otros aspectos básicos de
la vida cotidiana; se habla de que se han recibido 551 denuncias de
presuntas violaciones de los Derechos Humanos y de que se llevan a cabo 6
misiones de constatación de los hechos; y, asimismo, se habla de la
necesidad de incidir en la defensa de los Derechos Humanos. Por todo ello
nosotros presentamos esta enmienda pues creemos sinceramente, señores
proponentes, que recoge con mayor precisión aquellos aspectos en los que
todos podemos coincidir —en los que todos podemos y debemos
coincidir— respecto de una cuestión tan delicada, tan sensible y
tan especial para España. Y no se trata de que este sea un problema
recurrente o de urgencia, no es un problema de horas, sino un problema de
pronunciamiento político.


Por todo ello considero necesario que se apruebe esta
enmienda que presentamos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sañudo.


Tiene la palabra el senador Unamunzaga, para indicar si
acepta las enmiendas.


El señor UNAMUNZAGA OSORO: Muchas gracias, señor
presidente.


Efectivamente, nos encontramos ante un problema de
pronunciamiento político. Completamente de acuerdo.


Tomo la palabra en estos momentos en nombre de los
proponentes. En primer lugar quiero agradecer tanto al Grupo
Parlamentario Popular como al Grupo Parlamentario Socialista que hayan
presentado estas dos enmiendas. También hago uso de este turno para
expresar que no podemos admitir ninguna de las dos, aunque por motivos
diferentes. No admitimos la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular por una cuestión a la que ya me he referido en la
propia presentación de la moción y que no es otra que mientras la propia
respuesta dada por el ministro en el Pleno marcaba los dos pilares que
constituyen la solución a la situación del Sáhara occidental, la enmienda
del Grupo Parlamentario Popular recoge solo uno. Le recuerdo lo que ya he
remarcado antes y que fue expresado por el ministro García-Margallo:
tenemos dos pilares, uno, primero, el Estado —vuelvo a leer
textualmente—, que defendió lo mismo tanto en Rabat como en Argel,
porque este Gobierno no tiene un lenguaje diferente en función de la
capital en la que se encuentre, y —siguiendo textualmente con la
cita— apoya las negociaciones entre las partes con miras a la
consecución de una solución política justa, duradera y mutuamente
aceptable que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara
occidental en el marco de unas disposiciones, conforme a los principios y
propósitos de la Carta de derechos humanos. Y el segundo pilar —el
que nos señaló de igual manera que el Estado español había defendido ese
mismo año como miembro del Grupo de Amigos del Sáhara occidental, y
vuelvo a leer textualmente—: la conveniencia de que se establezcan
mecanismos de control, de respeto a los Derechos Humanos, el mandato de
la Minurso, postura que, por otro lado, era compartida por la mayoría de
los países que formaban parte de dicho grupo.


Por todo ello, y al no dar una respuesta integral a la
situación del Sáhara occidental la enmienda presentada, máxime cuando ya
lo expresó en esta Cámara el ministro García-Margallo, no podemos
aceptarla.


Diré respecto a la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista que, aunque es verdad que aborda ambos pilares, no es menos
cierto que en este asunto debemos ser claros. Han pasado demasiados años
sin que se haya dado una solución al problema del Sáhara occidental y es
el pueblo saharaui quien está padeciendo las consecuencias de esta
situación. Por ello considero que hemos de ser claros en los términos que
respaldemos en esta Cámara. Y los términos que hemos traído para su
debate no son otros que los que dejan claramente recogidos los derechos
que le corresponden al pueblo saharaui, establecidos según la legalidad
internacional y respaldados y promovidos por todos los grupos defensores
de los Derechos Humanos, como es el caso, por ejemplo, de Amnistía
Internacional. Es decir, son términos compartidos y que consideramos que
son los apropiados para dejar reflejado de manera clara y expresa el
posicionamiento de esta Cámara.


Por todo ello, y estando seguros de que, por lo oído hoy,
todos compartimos el espíritu de lo que queremos que se apruebe en esta
Cámara, les pido que, a pesar de que no les vayamos a admitir sus
enmiendas, voten a favor del texto original presentado, texto original en
el que se pide que la









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supervisión de los derechos humanos sea parte del mandato
de la Minurso cuando se revise en este mes de abril, para que así las
Naciones Unidas puedan llevar a cabo su obligación de organizar el
referéndum de autodeterminación y, finalmente, solucionar el conflicto
sobre el Sáhara occidental mediante la aplicación del derecho
internacional y de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los
tratados de derechos humanos. Les solicito su aprobación sobre todo
viendo las noticias que llegan, que, por lo que parece, tampoco en esta
renovación del mandato a la Minurso se van a incluir en ella los
mecanismos para la vigilancia de los derechos humanos.


No es que este tema sea urgente ni que llegue en un momento
que pueda ser tarde para adoptar estas decisiones. Era tarde antes, lo es
ahora e incluso, haciéndolo mañana, podemos estar ya ante una situación
irreparable. Pero, desde luego, esta situación ya es irreversible para
miles y miles de saharauis, que han sufrido y sufren estas conculcaciones
de derechos humanos en estos momentos.


Mila esker. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Unamunzaga.


¿Turno en contra? (Denegaciones).


No hay turno en contra.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Quintero.


No van a compartir turno.


El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor
presidente. Buenos días.


En primer lugar, quiero agradecer al senador Alberto
Unamunzaga, dentro del Grupo Mixto —al que le queremos mucho en
nuestro grupo— la oportunidad que me ha dado de firmar, con los
otros 17 senadores de diferentes grupos, esta moción y de participar en
ella.


El conflicto del Sáhara lleva muchos años, desde 1974,
cuando se le promete al Sáhara un referéndum. Posteriormente está la
traición que hace España. En 1995, la firma —que no sale publicada
en el BOE— entre Mauritania, Marruecos y el rey de España; la
ocupación de Mauritania y de Marruecos; la retirada posterior de
Mauritania, reconociendo así el territorio ocupado del Sáhara occidental,
etcétera. En 1991, el Plan de paz de la ONU firmando un acuerdo de
referéndum de autodeterminación entre el Frente Polisario y Marruecos que
la ONU persigue poder terminarlo en pocas semanas y que desgraciadamente
lo logra en 2000, con el censo electoral de aquellos que pueden votar el
referéndum de autodeterminación. Pero no acepta Marruecos, y ahí se para
todo.


¿Qué situación hay? 150 000 personas viven en el Sáhara
occidental ocupado por Marruecos, muchos de ellos violados, torturados,
etcétera —todo el mundo lo hemos vivido—. Aproximadamente hay
unos 30 000 en el territorio que controla el Frente Polisario y otros 120
000 viven en los campos de refugiados gracias a la ayuda humanitaria.


Llevamos mucho tiempo debatiendo este tema, y les voy a
hacer un pequeño recordatorio, desde la pasada legislatura en la que fui
elegido senador y se presentaron varias iniciativas. Y, claro, donde dije
digo, digo Diego. (Mi compañero José María Chiquillo, al que aprecio, y
yo hemos debatido mucho sobre esto.) Y les voy a leer mociones que se
presentaron en esta Cámara y literalmente lo que decían, y lo que en
aquel momento dijo en 2005 el Grupo Parlamentario Socialista —y con
mucha controversia, me consta— y que votó en contra de esa moción.
Después se presentó otra en 2007 y otra en 2010, que fueron aceptadas por
unanimidad.


En 2005, el Grupo Parlamentario Popular proponía
textualmente lo siguiente: Mantener de forma inequívoca el apoyo a la
actuación de las Naciones Unidas sin buscar acuerdos alternativos a los
ya alcanzados; es decir, el referéndum de libre autodeterminación del
Sáhara. Ya han pasado 40 años. ¿Qué esperamos: otros 80 o 200 años,
cuando no exista nadie? Esto es lo que ponía, y el Grupo Parlamentario
Socialista no lo aceptó porque se decía —y leo textualmente—
de forma inequívoca y señaló que había que negociar. El Grupo
Parlamentario Popular decía que no, que tenía que ser ya inequívocamente
y apoyar; el Grupo Parlamentario Socialista no lo aceptó y se abstuvo en
esta moción. Eso pasó en 2005 en esta Cámara, y consta en el Diario de
Sesiones.


En 2007, el Partido Popular vuelve a presentar otra moción,
que en este caso se aprobó por unanimidad, relativa al legítimo derecho
de autodeterminación del pueblo saharaui a través de referéndum libre y
democrático de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. Eso lo dijo
el









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Partido Popular, pero no se ha cumplido, y no hacemos nada
por cumplirlo, y es una parte de lo que proponemos hoy en nuestra moción.
Simplemente eso.


En 2010 se volvió a presentar en el Pleno otra moción, que
también se aprobó por unanimidad en el mismo sentido.


Señorías, creo que estamos debatiendo un tema muy
importante y es que hemos dejado desamparado al pueblo saharaui. Es
cierto que jurídicamente quizá no tengamos ninguna vinculación legal que
nos permita ayudar, pero lo hemos abandonado, y lo dice un senador
canario —tenemos mucha cercanía con ellos—, y así lo
siento.


Hemos presentado muchas mociones, hemos hablado mucho al
respecto, pero, como se dice, ¿realmente el Reino de España ha hecho
algo? No. Nos hemos dejado llevar por intereses. Como se ha dicho aquí,
Estados Unidos en 2013 hizo una propuesta sobre los derechos humanos pero
como Marruecos no estaba de acuerdo lo retiró por intereses con este
país, y ni siquiera lo ha vuelto a proponer. ¿Y nosotros qué hacemos? Lo
mismo. ¿Por qué intereses nos dejamos llevar, también por los de Francia?
¿Por qué intereses —por qué no decirlo—, por intereses
económicos puros y duros de las grandes empresas españolas? Es decir,
abandonamos los derechos humanos de un pueblo con el que tenemos
responsabilidad, como es el pueblo saharaui, por intereses económicos,
puros y duros. Esa es la realidad, eso es lo que han hecho los gobiernos
de España, unos y otros, sin distinción.


Nosotros hemos presentado una moción muy clara. No digo que
no esté bien la enmienda del Partido Popular que ha presentado el señor
Chiquillo —sí, estoy de acuerdo, también con la que presenta el
Partido Socialista—, pero, repito, hemos presentado una moción
clara y a lo mejor deberíamos haber ido más allá, digo yo.


Mi grupo siempre ha apoyado al pueblo saharaui, y lo vamos
a seguir haciendo, por tanto, vamos a apoyar esta moción, como no puede
ser de otra manera, porque la hemos firmado. Y lo mismo que ha sucedido
con la moción anterior —a la que voté a favor—, deberíamos
votar esta moción por unanimidad y el Gobierno de España debería hacer
mucho más, dejar de lado los intereses económicos que las grandes
empresas españolas tienen en Marruecos, porque parece que solo
contentamos a Marruecos con dinero, solo con dinero. Yo he estado en el
muro de la vergüenza, muro que pagamos los europeos, incluso los
españoles. ¿Y para qué: para contener, matar y aniquilar al pueblo
saharaui?


Hablaban de lo que ocurrió en 2010, el desgraciado
campamento que estaba en el Sáhara occidental ocupado y que Marruecos
disolvió, y de que era una flagrante actuación en contra de los derechos
humanos. Y decía el Partido Popular que había que actuar contra ellos,
fueran quienes fueran. Pues bien, ahora pido a todos que voten esta
moción, y que el Gobierno haga todo lo que esté en su mano, no un poco
sino mucho más. Es verdad que ha de aprobarse antes del 30 de este abril,
incluso la nota que todos hemos leído dice que este viernes o el próximo
lunes seguramente se tomará un acuerdo, pero es que llevamos 40 años de
retraso. ¿No les parece que es muy urgente?


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la
palabra el senador Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Gracias, señor presidente.


Señorías, el 27 de febrero de 1976, tras el abandono por
parte de España del hasta entonces llamado Sáhara español, el Frente
Polisario, representante único y legítimo de la población del Sáhara
occidental, proclamaba la República Árabe Saharaui Democrática.


Treinta y ocho años después, ningún Estado en el mundo
reconoce la anexión del Sáhara por parte de Marruecos, y decenas de
países, incluida la Unión Africana, sí reconocen a la República saharaui,
lo cual no ha impedido que aproximadamente un 75% de su territorio
permanezca militarmente ocupado, aun cuando es manifiesta la ausencia de
cualquier título de soberanía de Marruecos sobre los territorios del
Sáhara occidental.


Treinta y ocho años después, el del Sáhara occidental
parece un conflicto verdaderamente olvidado —está olvidado—,
y muchas de las actitudes de los partidos políticos son totalmente
hipócritas, falsas, y no se corresponden con la realidad ni con los actos
que llevan adelante. Porque lo primero que me preocupa es que no seamos
capaces de llegar a un acuerdo en este









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ámbito si estamos de acuerdo al menos con los dos
principios: primero, cumplimiento de resolución de la ONU con el derecho
de autodeterminación y, segundo, con la labor de la Minurso, de cara a la
protección y tutela de los derechos humanos. ¿Con quién no estamos de
acuerdo? ¿Con qué punto de los dos no estamos de acuerdo? Si hoy mismo
todos aquí hemos mostrado una voluntad, al menos a la hora de defender
nuestras posturas, con estos dos planteamientos, ¿por qué no se es capaz,
o qué es lo que da miedo dentro de esta moción, dentro de este texto,
para no aprobar, para no reafirmar estas dos reflexiones que hemos
lanzado esta mañana?


Y digo conflicto olvidado porque, evidentemente, parece que
haya otros intereses que hacen que en la agenda de la comunidad
internacional no figure este asunto, al tiempo que la ONU se muestra
incapaz de persuadir a Marruecos para que cumpla con la legalidad
internacional y se celebre el referéndum de autodeterminación. No
obstante, más allá del derecho a la libre determinación del pueblo
saharaui y sus relaciones aún por definir con el Estado marroquí, resulta
necesario enfocar la mirada en la situación de los derechos humanos de la
población que reside en los territorios del Sáhara occidental.


El pasado mes de septiembre me tocó ir a una misión con
otros miembros del Congreso, en concreto, con la Comisión Intergrupos de
Derechos Humanos, al Aaiún, al Sáhara occidental. Creo que nosotros
fuimos una de las primeras misiones de parlamentarios que conseguimos
entrar en el Sáhara occidental. En el Aaiún, bajamos del avión, y en el
aeropuerto —el Gobierno marroquí tenía toda nuestra agenda, porque
se la habíamos trasladado—, nos conminaron a que nos dejarían pasar
siempre y cuando todas las reuniones que teníamos comprometidas las
celebrásemos en el hotel donde nos alojábamos. Evidentemente, la única
opción que nos quedó fue comprometernos a que así lo haríamos —algo
que no cumplimos, evidentemente—. Pero también les digo que tras
nosotros teníamos continuamente, las 24 horas, dos coches y dos motos
grabándonos en vídeo y recogiendo todas las reuniones que manteníamos con
diversos colectivos —sindicatos, partidos políticos, familiares de
presos, asociaciones de mujeres, etcétera—. Allí pudimos recoger lo
que hoy nos anima a presentar esta moción porque tenemos que defender que
la Minurso, la ONU, tutele los derechos humanos en el Sáhara occidental y
también en los campamentos. Porque nosotros también fuimos testigos de
diversas manifestaciones pacíficas que se produjeron y de sus
consecuencias y de lo que determinada gente sufrió a manos de la Policía.
Con lo cual, en nuestra opinión, se dan los argumentos suficientes para
lo que aquí al menos se dice: intentar influir para que el Consejo de
Seguridad de la ONU aporte o dé su visto bueno a esta propuesta.


Es evidente —y todos conocemos cómo se adoptan las
decisiones en el Consejo de Seguridad— que no se pide aquí más que
que se influya para que esa decisión sea afirmativa, no decimos otra
cosa. Que se influya para que eso sea así.


Porque también podemos hablar de las desapariciones
forzosas. Una violación particularmente odiosa es la que constituyen las
desapariciones forzosas, también llamadas involuntarias, que vulneran
toda una gama de derechos consagrados en la Declaración Universal y
enunciados en los pactos internacionales de derechos humanos y otros
importantes instrumentos internacionales de derecho humanitario, un drama
todavía presente en la vida de muchas familias saharauis, desconocedoras
del destino de sus seres queridos y atenazadas por un dolor y un
sufrimiento indescriptibles, por una herida que no han podido cerrar aún,
tal como hemos podido ver aquí una y otra vez.


Cuando nosotros aquí reflexionamos y debatimos todo el tema
de la justicia universal, vimos también el sufrimiento de determinadas
familias, vimos asimismo qué es lo que ocurrió hace años. Y esa es una de
las razones por las que entendemos que la Minurso tiene que actuar en
este tema y tiene que investigar —como instrumento imparcial que
es— todo lo ocurrido allí. Porque negar la justicia universal es
negar los derechos humanos. ¿O qué es lo que les vamos a decir a los
familiares cuando, además de romper ya con la trayectoria del Estado
español en el ámbito de la justicia universal, no pidamos como Estado al
Consejo de Seguridad que también tutele los derechos humanos, o que
asimismo la Minurso o la ONU tengan la responsabilidad de velar por los
derechos humanos? ¿Qué les vamos a decir a estas personas, que en
aquellos momentos tenían también pasaporte español, que, tras las
investigaciones, se descubría su DNI español? ¿Qué les vamos a decir a
estas familias?









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Hay una serie de obligaciones permanentes que tenemos como
Estado —así las señaló Pablo de Greiff, como relator de la ONU,
cuando vino aquí, a esta misma Cámara, y se reunió con la Comisión de
Justicia del Senado y con diferentes colectivos, tras la cual, hizo un
informe preliminar que verá luz en septiembre de este mismo año, una vez
aprobado por la Asamblea de la ONU—. Recordemos lo que decía Pablo
de Greiff sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y
las garantías de no repetición después de situaciones de represión y
conflicto, e incluso en situaciones de conflicto incurso, en las que no
cabe siquiera hablar de transición, porque los Estados tienen las
obligaciones jurídicas permanentes contraídas en virtud del derecho
internacional de aplicar medidas que realicen el derecho a la verdad, a
la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Es decir,
estos cuatro elementos no son solo una cuestión de empatía hacia las
víctimas, y como demuestra la experiencia internacional en conflictos
pasados y presentes, también en el Sahara Occidental es preciso hacer
frente a las violaciones manifiestas de los derechos humanos, padecidas
por la población civil saharaui bajo administración marroquí.


Para terminar, dos reflexiones. Primera, es incomprensible
que si verdaderamente estamos de acuerdo con estos dos conceptos que aquí
hemos utilizado, repito, si verdaderamente estamos de acuerdo con estos
dos conceptos, no seamos capaces de lograr aquí un acuerdo por el pueblo
saharaui —porque el pueblo saharaui se lo merece—.


Y segunda reflexión, para terminar, unas palabras de Ban Ki
Moon, relatadas el día 10 de abril de 2014, que instó
—textualmente— a garantizar la observación independiente,
imparcial y constante de la situación de los derechos humanos en el
territorio y en los campos de refugiados saharauis...


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor BILDARRATZ SORRON: ... del sur de Dajla.


Nada más y muchas gracias.


Gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Bildarratz.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.


Señorías, quisiera empezar tranquilizando al senador
Chiquillo. No se preocupe por las horas. Si ustedes son capaces de tumbar
en pocas horas la justicia universal, ¿cómo no pueden aprobar una moción?
(Aplausos). En segundo lugar, senador Chiquillo: cuando usted se refiere
a todos los rincones del planeta, ¿habla también de Arabia Saudí o no?
¿Habla de Arabia Saudí? Lo digo para que dejen de jalearla.


El problema del Sáhara Occidental es de hace 38 años
—lo decía hace un momento el portavoz del Partido Nacionalista
Vasco—. Nosotros no somos responsables de lo que pasó en 1975 y
1976, pero en 1977 hubo el primer Gobierno democrático, en 1982 el primer
Gobierno socialista, en 1996 el primer Gobierno del Partido Popular,
luego vino otro Gobierno socialista y actualmente el Gobierno popular. A
lo largo de todos estos años —lo digo de cara a la palabrería que
acompaña normalmente a este tipo de debates— han primado por parte
de estos gobiernos las buenas relaciones con el Reino de Marruecos
respecto a la defensa de los derechos del pueblo saharaui. Esto es una
evidencia: durante todos estos años lo que realmente ha primado en la
política de Estado han sido las buenas relaciones con el Reino de
Marruecos. Y esto nos ha apartado de la responsabilidad y compromisos que
tenemos como potencia, ex potencia, como ex colonia, colonia. (El señor
Jesús Iglesias hacía una referencia legal al respecto.) Y hoy estamos
hablando de una situación de Estado ocupante, el Reino de Marruecos,
fuerzas de ocupación, territorios ocupados, violación de derechos
humanos, refugiados en los campamentos. Es decir, estamos hablando de una
situación dramática que se alarga en el tiempo. Pero porque sea un
problema enquistado y viejo no quiere decir que no sea un problema que
haya que resolver desde la justicia y la equidad. Y todo esto nos afecta,
nos atañe. Y todo esto no se resuelve en tal o cual frase dicha por parte
de cualquier ministro de Exteriores que hayamos podido tener a lo largo
de estos años. Esto exige por parte del Gobierno de España un compromiso
firme de parar los pies a









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Marruecos, de comprometer a la comunidad internacional de
forma decidida como ex potencia de que Marruecos no puede seguir ocupando
esos territorios, de que Marruecos no puede seguir violando los derechos
humanos, de que Marruecos, en definitiva, no puede vulnerar las
resoluciones de las Naciones Unidas. ¿Esto se hace? No, esto no lo
hacemos, digan lo que digan en esta tribuna.


A lo largo de todos estos años, España en ningún momento se
ha comprometido firmemente frente al Gobierno de Marruecos en la defensa
de los derechos del pueblo saharaui y entonces pasa lo que pasa.


Hoy presentamos una moción en la que lo fundamental o más
importante es la ampliación de la misión de la Minurso en la protección
de los derechos humanos. Creo que es una moción que cobra aún mayor
importancia frente al anuncio que ha hecho el senador Unamunzaga de que
posiblemente esta ampliación no se dé frente al retraso de la votación de
Naciones Unidas. Considero que esta moción toma aún mucho más sentido
frente a esta realidad. Y creo que sería muy oportuno que los grupos del
Senado votáramos a favor de la moción propuesta.


En definitiva, mi grupo dará apoyo a esta moción por creer
que hay un compromiso, que hay una restitución, que hay una deuda con el
pueblo saharaui, que esta es una aportación en concreto al compromiso con
este pueblo. Es una moción positiva, que probablemente es la adecuada y
que puede tener su impacto en el debate que haya en el seno de las
Naciones Unidas.


Gràcies, senyor president. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maldonado.


El señor MALDONADO I GILI: Moltes gràcies, president.


Permítame que haga un pequeño matiz porque, cuando el
senador Plana y yo mismo le hemos hecho llegar una pequeña nota a la
portavoz de Esquerra, diciéndole: puedes hablar en catalán, he visto que
el presidente ha esbozado una simpática sonrisa. Y es que me he atrevido
a darle una nota porque en este popurrí lingüístico que tenemos en
mociones, interpelaciones, leyes, etcétera, donde podemos hablar en
catalán o podemos hablar en castellano, hay veces que al bajar a la
tribuna podemos tener un lapsus y hablar sin darnos cuenta en la lengua
propia. De ahí mi atrevimiento al decir a la senadora Capella que podía
hablar en catalán. Y entiendo el dribling lingüístico, porque, salvo
raras excepciones, que las hay en todos los grupos, cuando en este
hemiciclo hablamos en catalán o en euskera no se pone el pinganillo ni
Buda, y por ello hay ocasiones en las que las senadoras y los senadores
catalanes hablamos en castellano, para que nos entienda todo el
mundo.


Feta aquesta matisació, que era un simple detall
parlamentari del nostre grup, volia entrar en el debat, sobre una moció
que demana una cosa tan senzilla i tan simple com que a Minurso, la
presència de Nacions Unides per fer un control de la pau al Sàhara, també
se li encarregui el seguiment, el control dels drets humans. La veritat
és que jo podria dir que el nostre grup està totalment d’acord amb
la moció que han presentat 17 senadors i senadores i que hi votarem a
favor. I acabar fent allò de he dicho. I ja hauria complert amb la meva
obligació de posicionar el nostre grup. Però no només faré això. No només
diré que votarem a favor d’aquesta moció. Sinó que aprofitaré
l’ocasió perquè, com molt bé ha dit algun portaveu, aquesta és una
moció política, és veritat. La meva no serà una intervenció ni polèmica
ni conflictiva, ni agra. Perquè crec que aquest és un tema que no
s’hauria ni de polititzar ni de radicalitzar, sinó aportar-hi molta
comprensió, molta generositat.


Mirin, el Sàhara és la gran assignatura pendent que té
Espanya. I això, com molt bé ha dit el senador Guillot, no ve
d’ara. Ve de molts anys enrere. Jo vaig tenir la sort d’anar
a Tindouf., —conec bé el Sàhara. I, amb en Josep Maria Solé i
Sabaté, historiador, persona que en aquell moment presidia
l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí, vam estar parlant amb
un avi, amb una persona sahrauí molt gran. I aquest sahrauí ens deia el
següent: a dalt d’una duna, un grapat de dones i homes sahrauís,
amb una ràdio d’aquelles que els joves d’ara no coneixen però
que, els que som més grans coneixem, que anava amb piles, amb aquelles
antenes que es movien per a poder localitzar l’emissora, vam estar
escoltant el discurs institucional del que pensava fer Espanya amb el
Sàhara. I quan vam sentir que el Sàhara era annexionat i era entregat i
no obtenia la









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llibertat, no podia ser un Estat, un país lliure, aquella
duna de sorra es va convertir en una duna humida per les llàgrimes de
tots els que érem allà, que vam plorar per la tristor que ens va
envair.


Aquesta assignatura pendent, després de molts i molts anys,
continua igual. Espanya continua amb l’assignatura pendent.


Por tanto, hecho este matiz, que era un detalle
parlamentario de nuestro grupo, querría entrar ahora en el debate sobre
una moción que pide algo tan sencillo y tan simple como es que a Minurso,
que es la presencia de Naciones Unidas para hacer un control de la paz en
el Sahara, también se le encargue el seguimiento y control de los
derechos humanos. La verdad es que yo podría decir que nuestro grupo
parlamentario está totalmente de acuerdo con la moción que han presentado
16 ó 17 senadores y senadoras, que vamos a votar a favor y a acabar con
un: ¡He dicho! Así habría cumplido con mi obligación de posicionar a
nuestro grupo parlamentario. Pero no solo voy a hacer eso, decir que
votaremos a favor de esta moción, sino que, además, aprovecharé la
ocasión porque, como bien ha dicho algún portavoz, esta es una moción
política, y mi intervención no será polémica, conflictiva ni agria,
porque creo que este es un tema en el que no se tendría que politizar ni
radicalizar, sino aportar mucha comprensión y generosidad.


El Sahara es la gran asignatura pendiente de España y, como
bien ha dicho el senador Guillot, esto no viene de ahora, sino de hace
muchos años. Yo tuve la suerte de ir a Tinduf —conozco bien el
Sáhara— y estuve con Josep María Solé i Sabaté, historiador y
persona que en ese momento presidía la Asociación de Amigos del Pueblo
Saharaui. Estuvimos hablando con un abuelo, un saharaui muy mayor que nos
dijo lo siguiente: encima de una duna, una serie de hombres y mujeres
saharauis con una radio de esas que los jóvenes no conocen, con pilas y
una antena que movían para poder localizar la emisora, estuvieron
escuchando el discurso institucional de lo que pensaba hacer España con
el Sáhara, y cuando oyeron que iba a ser anexionado y entregado, que no
tendría libertad, que no podría ser un Estado, un país libre, aquella
duna se convirtió en una duna de arena húmeda por las lágrimas de todos
los que estaban allí, que lloraron de tristeza. Esta asignatura pendiente
sigue igual después de muchos años. España sigue con esa asignatura
pendiente.


Y en este popurrí lingüístico de buen rollo, como dicen los
jóvenes, quiero decir al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el
senador Chiquillo, a quien, como ha dicho el senador Quintero, yo también
valoro, aprecio y respeto, que 72 horas dan para mucho, incluso para una
política de gestos. Si España cree que puede pedir que Minurso haga un
seguimiento de los derechos humanos, es muy fácil: una llamada
telefónica, una intervención diplomática, etcétera, incluso con el
peligro de que no hagan caso, pero no pasa nada, la actitud, la
generosidad, la benevolencia existirían.


Yo entiendo —he dicho antes que la mía no sería una
intervención polémica— muchas cosas, este no es un tema fácil,
porque ahora quien recibe los golpes o la presión o la dialéctica es el
Partido Popular, que está en el Gobierno, pero es verdad que cuando
estaba el Partido Socialista la actitud era la misma —cuando se
gobierna no es fácil—. Y es verdad que Marruecos es un país amigo,
es verdad, y con el que hay muchísimos intereses empresariales, temas
sociales y económicos, es verdad, pero es que aquí no se pide una actitud
contra Marruecos.


Aquí el que es demana és que Nacions Unides controli els
drets humans. Per tant, des del respecte i des de l’estima al poble
sahrauí —abans li deia al company Bagué que Catalunya està farcida
d’associacions de defensa del poble sahrauí i d’amics del
poble sahrauí, perquè Catalunya ha estat sempre capdavantera en
l’ajuda al poble sahrauí—, entenem que aquesta és una
assignatura pendent però difícil.


Què ens sembla a Convergència i Unió? Que cal una política
de gestos. Que caldria que Espanya pivotés sobre allò que és una
realitat: el Marroc i els sahrauís estan obligats a entendre’s;
s’han d’entendre a la força. Per dues raons: per veïnatge,
perquè són veïns, i en segon lloc, per història; perquè els sahrauís no
han renunciat ni renunciaran a la seva llibertat fins que en quedi un.
Mentre quedi un sahrauí al desert, voldrà la llibertat del seu poble. Per
tant, Espanya té un gran paper, que és el de fer de mitjancer i
d’apropar postures. Que dos pobles que estan destinats a conviure i
a viure junts, o a prop, puguin tenir les llibertats pròpies. I això és
el que avui es demanava: una actitud del Govern. Però si en permet, jo
vaig més enrere.


Aquí lo que se pide es que Naciones Unidas controle los
derechos humanos. Por lo tanto, desde el respeto al pueblo marroquí y
desde el aprecio al pueblo saharaui —y antes hablaba con









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el compañero Bagué que Cataluña está llena de asociaciones
de amigos del pueblo saharaui y ha liderado siempre esta ayuda al pueblo
saharaui—, entendemos que esta es una asignatura pendiente pero
difícil.


¿Qué es lo que nos parece desde Convergència i Unió? Que
hay que hacer una política de gestos, que sería necesario que España
pivotase aquello que es una realidad. Marruecos y los saharauis están
obligados a entenderse, se tienen que entender a la fuerza, por dos
razones: en primer lugar, porque son vecinos y, en segundo lugar, por
historia, porque los saharauis no han renunciado ni van a renunciar a su
libertad; mientras quede un saharaui en el desierto, querrá la libertad
de su pueblo. Por lo tanto, España tiene un gran papel de mediador, de
acercar posturas, de que dos pueblos que están destinados a convivir y a
vivir juntos, cerca, puedan tener sus propias libertades, y esto es lo
que yo les pedía hoy, una actitud del Gobierno. Pero, si me permiten, voy
a ir un poco más atrás.


Señores del PP, esta no es una moción beligerante, léanla
bien. No sé quién ha dicho que es una moción de mínimos —quizá el
portavoz canario, señor Quintero—, es verdad, es una moción de
mínimos, solo se pide una cosa tan simple como que Naciones Unidas pueda
controlar los derechos humanos, mejor dicho, no controlar sino hacer un
seguimiento, y derechos humanos significa libertad de expresión, libertad
de manifestación, que no haya violencia, ni física ni de ningún tipo.


Dado que se me acaba el tiempo, diré solo que nuestro grupo
hace una llamada a lo que llaman en catalán seny, al sentido común. Aún
estamos a tiempo de encontrar una solución, de encontrar un texto
—estoy seguro de que los 15 o 16 senadores que han firmado la
moción estarían de acuerdo— en el cual tan solo se incluya en lo
que está haciendo Minurso el control de los derechos humanos. Se ha dicho
—estoy convencido, me lo creo y es cierto— que el Partido
Popular quiere el respeto, quiere que se supervisen los derechos humanos
en todas las partes del mundo. Cuando decimos todas, en el mundo también
está el Sáhara. Por tanto, si lo queremos en todas partes, hagamos un
esfuerzo político, hagamos un esfuerzo de generosidad política y
encontremos un texto consensuado —que creo que la voluntad en este
hemiciclo ha de ser esta— para que hoy se le diga al pueblo
saharaui que España quiere que los derechos humanos se respeten y que
España quiere que haya un acuerdo entre dos pueblos, el marroquí y el
saharaui, que merecen el respeto de todos los españoles y que merecen el
respeto de todas aquellas personas que los conocen, que son dos pueblos
nobles a los que les separa un acuerdo político que alguien tiene que
pivotar, y España lo podría hacer por su historia y por su déficit,
porque España dejó al Sáhara colgado en una duna seca, que en pocos
momentos se convirtió en una duna húmeda por las lágrimas de los
saharauis.


Muchas gracias (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Maldonado.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Sañudo.


El señor SAÑUDO AJA: Gracias, señor presidente,
señorías.


Sentimos que no se haya apoyado la enmienda que ha
presentado el Grupo Socialista porque, como hemos planteado en su
defensa, creemos que explicitaba más ampliamente el propio mandato del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de la propia Minurso; creo que
era mucho más clara, como ha expresado el representante de Convergència i
Unió.


En cualquier caso, señorías, anuncio que el Grupo
Parlamentario Socialista va a votar a favor de la moción presentada y muy
concretamente a la parte dispositiva de la misma. Lo vamos a hacer por
responsabilidad, por coherencia política, porque es fundamental salir de
aquí unidos en una posición en la que España no es un actor más; es un
actor fundamental que tiene que expresar con claridad cuáles son sus
posiciones, por lo que no se entiende muy bien por qué no se va a
apoyar.


Señorías, como saben, cada año, a finales de abril —
viene siendo así desde 2007— el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas renueva el mandato de la Minurso, Misión de las Naciones Unidas
para el Referéndum del Sáhara Occidental, con el fin de recordar y de
reafirmar las resoluciones anteriores del Sáhara occidental. En el mismo
se reafirma el compromiso de ayudar a las partes —lo comentábamos
antes— a alcanzar una solución política justa, duradera y
mutuamente aceptable, que prevea la libre determinación del pueblo del
Sáhara occidental en el marco de las disposiciones, conforme a los
principios de la Carta de las Naciones Unidas, y









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haciendo notar la función y las obligaciones que incumben a
las partes a este respecto. Además, también reafirma su apoyo al Plan de
paz para la libre determinación del pueblo del Sáhara occidental como
solución política óptima basada en el acuerdo entre las dos partes.


El apoyo a la moción está basado también, ahora que estamos
a las puertas de unas elecciones europeas y que todos remarcamos la
importancia que tiene la Unión Europea en todo esto, en el informe que
aprobó concretamente la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento
Europeo en septiembre del año pasado, el informe Tannock, sobre la
situación de los derechos humanos en el Sahel y en el Sáhara occidental,
que no deja lugar a dudas, ya que hace explícito reconocimiento —y
cito textualmente— «del legítimo derecho de autodeterminación del
pueblo saharaui, mostrando especial preocupación por las violaciones de
los derechos humanos en los territorios ocupados por Marruecos». Como
digo, la moción fue aprobada en la Comisión de Asuntos Exteriores del
Parlamento Europeo por todos los grupos políticos.


El informe, que reconoce el estatus del Sáhara occidental
como territorio no autónomo, y por tanto independiente de un proceso de
descolonización, hace un llamamiento a Marruecos y al Frente Polisario
para que continúen con sus negociaciones y alcancen una resolución
pacífica del conflicto. Además, en este informe se reafirma el apoyo a
las resoluciones de Naciones Unidas sobre el Sáhara occidental y se
solicita pleno respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales del pueblo saharaui, incluida —y remarco
«incluida»— la libertad de expresión y el derecho a manifestarse de
forma pacífica. No es nada nuevo lo que se pretende con esta petición que
se expresa en la moción —lo ha comentado algún grupo político
anteriormente—, y ya hubo un intento por parte de Estados Unidos en
la anterior revisión en 2013 de la renovación de la Minurso, pero
finalmente no fue llevada a término.


Señorías, son 38 años, demasiados sin ver una salida al
conflicto tras años de guerra, de acuerdos firmados para lograr la paz,
de procesos de identificación de la población con derecho a formar parte
del censo que habría de decidir el futuro del territorio, de maniobras
para dificultarlo con el traslado al territorio de decenas de miles de
personas de una población no autóctona, de propuestas fallidas de
soluciones dadas por el enviado especial del secretario general de las
Naciones Unidas, de rondas de negociaciones directas impulsadas por la
ONU... La cuestión sigue enquistada, sigue sin resolver. Pero atención,
ya se ha dicho por parte de Naciones Unidas que como en esta próxima
renovación de la Minurso no se consiga un objetivo alcanzable, habrá que
poner en marcha una nueva revisión de todos esos asuntos y volver a
empezar de cero. Creo que no nos podemos permitir ese lujo. Mientras
tanto, hay, además, unos auténticos paganos: los refugiados; una
población de refugiados que valoran las distintas partes, unos en 60 000
y otros en 150 000 —antes se hablaba, en la defensa de la enmienda,
de que son 90 000 personas— que viven en unas lamentables
condiciones, y siguen viviendo, casi cuatro décadas después fuera del
territorio, en los campamentos de Tinduf, instalados, como decía, en
condiciones precarias, dependiendo de una ayuda humanitaria, por cierto,
cada vez más debilitada por los recortes con motivo de la crisis.


Este factor de sufrimiento de una gran masa de la población
—que es la auténtica sufridora, desplazada de su tierra y viviendo,
como decía algún compañero, en un territorio inhóspito, muchas de sus
señorías lo conocen porque han tenido la oportunidad de estar allí—
es, sin duda, lo que debe hacer presión para que no se demore ni se
retrase la solución del problema. No lo decimos nosotros, lo dicen
diversos informes, entre ellos, los del Real Instituto Elcano en los que
se comenta que es verdad que no fue hasta abril del 2007 cuando Marruecos
ofreció un plan de autonomía en la dirección que sugería Naciones Unidas.
El documento titulado «Iniciativa marroquí para la negociación de un
estatuto de autonomía para la región del Sahara», hablaba de autonomía,
de amnistía, de revisión constitucional, incluso de elección de un
presidente elegido por los miembros de las diferentes tribus saharauis y
por miembros electos por sufragio universal de la región y con amplias
competencias. Pero transcurridos siete años de esto, dicho plan no es
nada más que papel mojado, papel inservible, ya que no se ha adoptado
ninguna disposición efectiva que permita la participación real de la
población originaria del territorio en la gestión de la vida política y
económica de la zona, entre otras cosas porque, sin que el Frente
Polisario entienda que se ofrecen garantías suficientes para una solución
duradera de sus aspiraciones, esto no será posible.









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Me quedaré con unas reflexiones de Ahmed Bujari,
representante del Frente Polisario ante las Naciones Unidas, que dice que
el principio de autodeterminación para un problema de descolonización ha
sido la constante en la presentación de las coordenadas de la cuestión
del Sahara Occidental y se mire por donde se mire no hay otra salida
diferente porque es la única que tiene en cuenta lo fundamental, y es el
derecho del pueblo saharaui a elegir su futuro y el de su territorio, que
sigue estando bajo una ocupación ilegal, no reconocida por la comunidad
internacional.


Es verdad que la colaboración con el ejecutivo marroquí es
importante por muchas cuestiones: hay inversiones españolas
considerables, hay acuerdos importantísimos… (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio,
por favor.


El señor SAÑUDO AJA: Gracias, presidente.


Decía que hay acuerdos importantísimos en diversas materias
firmados por la Unión Europea, y además está la colaboración con
Marruecos, que no deja de ser prioritaria en asuntos como la inmigración
o como la lucha contra el narcotráfico. Pero, señorías, esto no nos debe
hacer mirar hacia otro lado. Estos intereses no pueden anteponerse ante
la defensa de los derechos fundamentales.


Decía ayer el ministro de Justicia, para defender la
aprobación de la Ley de jurisdicción internacional, que España hará lo
mismo que Francia, que Reino Unido, que Alemania o que Estados Unidos, es
decir, decía el ministro, los países más avanzados del mundo. Pues yo le
digo que en esto no queremos ser igual que los países más avanzados del
mundo, queremos seguir siendo leales a la defensa de los derechos
fundamentales y no renunciar a ellos. Tampoco queremos ser iguales en
este caso que nos ocupa. Atendemos muchas veces a la geopolítica, a la
geoestrategia sin ser capaces de analizar los problemas que tenemos aquí
al lado, señorías, sistemáticamente, donde se conculcan los derechos y
las libertades. Por eso, no es un problema para España de política
exterior, lo decía algún representante, sino que es un problema interno,
somos un actor principal en todo esto.


Por eso —y es lo que planteaba en la defensa de la
enmienda— es por lo que me quiero dirigir al Partido Popular e
instarle para que vote a favor de la moción. La moción no dice nada que
no pueda ser votado y es importante que España en este caso salga de aquí
unida para ser una referencia importantísima ante las Naciones Unidas;
además, porque no se trata de hacer política partidaria, sino que se
trata de un asunto de justicia. Le pido que voten a favor porque no se
solicita nada que vaya en contra de lo que ya dice el secretario general
de las Naciones Unidas en su informe, en cuanto a que se debe contribuir
a una vigilancia más equilibrada y amplia de la situación. No se puede
decir una cosa y la contraria. Tengo aquí acuerdos de diferentes
ayuntamientos, donde gobierna y no gobierna el Partido Popular,
declaraciones institucionales que incluso van más allá de la petición de
que a la Minurso se le implementen los derechos para la revisión de los
derechos humanos. ¡Cómo se puede decir eso y lo contrario!


Señoría, le daré un argumento más. El señor presidente del
Gobierno en un momento determinado acusó al anterior
presidente…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando.


El señor SAÑUDO AJA: ... al presidente Zapatero, de decir
que hacía dejación de los principios porque no defendía los derechos
humanos. Aquí tienen una gran oportunidad de hacer lo que decían, no lo
contrario. Hay países que se declaran en neutralidad positiva o en
neutralidad activa. Lo que hay que tener es una acción decidida.


Por eso, el Partido Socialista, por responsabilidad, por
coherencia, porque siempre ha sido, es y va a seguir estando en la
defensa de los derechos humanos, va a apoyar esta moción.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Sañudo.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Chiquillo.









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El senador CHIQUILLO BARBER: Muchas gracias, señor
presidente.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular quiero seguir
opinando, interviniendo y proponiendo debate en esta apelada como
recurrente y urgente moción, a la que yo quiero añadir otros
calificativos, como que ha sido la oportunidad —no hablo de
oportunismo— para que toda la oposición se abrace en el Senado en
el día de hoy. Pero no voy a ir a la palabrería. Voy a hacer una
intervención política y en algunos puntos pedagógica, y espero que
alguien me la permita si se siente aludido, aunque no voy a hacer ninguna
referencia personal, para evitar réplicas, contrarréplicas y estar 72
horas esperando la resolución del Consejo de Seguridad.


El pronunciamiento político que se pide al actual Gobierno
de España, por lo menos desde el mandato expresado en las urnas por los
ciudadanos en noviembre de 2011 y, desde que tenemos responsabilidad, en
enero de 2012, en 2013 y en 2014, en el día a día del Gobierno y del
Partido Popular que sustenta a ese Gobierno en su acción política en esta
cuestión no deja ninguna duda ni traición ni incoherencia. No es una
cuestión olvidada para nosotros, ni muchísimo menos. Y repito y reitero
que la acción desde el primer día de Gobierno del Partido Popular en
España, en Rabat, en Argel, en Madrid, en Nueva York, en el Grupo de
Amigos y donde ha tenido voz y voto ha sido la misma, sin dobles
lenguajes. Y ahora que unos han dicho que votan en coherencia y algunos
han hecho referencia a antecedentes parlamentarios, me lo han
puesto… —evitaré la expresión— a tiro de piedra para
hablar de antecedentes parlamentarios y poner de manifiesto la coherencia
respecto al pueblo saharaui de algunos de los grupos que hoy han sacado
la bandera de la república saharaui.


Nuestra posición obedece a unos principios y compromisos,
respetando esos antecedentes parlamentarios. Vuelvo a citar el espíritu
de nuestra enmienda, que es el voto negativo a la moción, porque nosotros
hemos renovado el compromiso, el permanente apoyo de España a las
gestiones realizadas en el marco de Naciones Unidas en la búsqueda de una
solución política justa, duradera y mutuamente aceptable al conflicto del
Sahara occidental, que prevé la libre determinación del pueblo del Sahara
occidental en el marco de las disposiciones conforme a los principios y
propósitos de la Carta de Naciones Unidas. Y en este iter de casi 40
años, cuando se habla de la libre determinación, sobre la mesa se trató
de que la población con derecho a voto del pueblo saharaui, cuando se
proceda a esa votación, podrá votar por la independencia, por la
autonomía dentro del Reino de Marruecos o por tener una integración
política a todos los niveles con el Reino de Marruecos. Lo tiene que
decidir la población con derecho a voto. Y la coherencia la manifiesta el
Partido Popular, que es el mismo en 2003 que en el día de hoy, cuando en
el Consejo de Seguridad en el año 2003 —entonces sí que estaba
España en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y lo
presidía—, se apoyó la Resolución 1495, donde se habla de una
solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que prevé la
libre determinación, recogiendo toda la filosofía del denominado Plan
Baker, posición de España firme con la reivindicaciones del pueblo
saharaui —y me remito a las hemerotecas para aquellos que hablan de
coherencia—. ¿Qué Gobierno abandonó esos postulados, esos
principios en 2004, cuando accedió al Gobierno de España tras las
elecciones? Lo dejo ahí para que en nuestros ratos de asueto en este fin
de semana miremos la hemeroteca y veamos quién adoptó una postura hasta
el año 2003 con las propuestas del Plan Baker, quién preside ese Consejo
de Seguridad y quién truncó, quién dio la espalda a muchas de las
cuestiones recogidas en esa Resolución 1495 de 2003.


Antecedentes parlamentarios. No tenemos ningún miedo a
hablar de ellos, ninguno, porque tanto en la pasada legislatura como en
esta —y aquí se ha apuntado por el portavoz de Coalición
Canaria—, lo que defendió mi compañero Muñoz-Alonso lo mantiene el
Grupo Parlamentario Popular, que es lo que ha hecho el Gobierno de España
en 2012, 2013 y 2014 en Naciones Unidas, en las reuniones del Grupo de
Amigos, y donde ha podido influir diplomáticamente, que es promover la
modificación del mandato de la Minurso para que tenga competencias plenas
y directas en el ámbito de los derechos humanos. Eso es lo que hemos
hecho. Por eso cuando dice la moción que el Senado insta al Gobierno a
que interceda ante…, ¡si es lo que hemos hecho! Por eso nuestra
enmienda hablaba de que el Gobierno de España continúe haciendo lo que
lleva haciendo con claridad, con coherencia, con rotundidad y con un
compromiso histórico con el pueblo saharaui en el 2012, 2013 y 2014 en
los foros donde tiene voto, porque está claro que en los foros donde
tiene voz pero no tiene voto no puede ser lo mismo.









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Hablando de esos antecedentes parlamentarios, se ha hablado
de las contestaciones del ministro, que representa al Gobierno de España
y al que el Grupo Parlamentario Popular apoya, en sede parlamentaria, que
no es palabrería parlamentaria, sino una contestación, repito, en sede
parlamentaria, no en un mitin. Es un compromiso político en sede
parlamentaria del ministro de España. El señor García-Margallo en abril
de 2012, cuando se estaba discutiendo la ampliación del mandato para la
resolución del 2012, que se reproduce en el 2013 y se vuelve a reproducir
—ahora hablaré de ello—, dice textualmente: «España, como
miembro del Grupo de Amigos del Sáhara occidental, ha participado todos
los años, como en ocasiones anteriores, directa y activamente en las
negociaciones destinadas a la redacción del proyecto de resolución sobre
la prórroga del mandato a la Minurso que será discutida por el Consejo de
Seguridad, y ha defendido en ese foro —en el Grupo de Amigos—
la conveniencia de que se establezcan mecanismos de control del respeto a
los derechos humanos en el mandato de la Minurso, postura que, por otro
lado, es compartida por la mayoría pero no por la unanimidad de los
miembros de ese grupo».


En mayo de 2013, al año siguiente, reproduciendo el debate
de Naciones Unidas, del Grupo de Amigos, y en sede parlamentaria, en el
Senado, a una pregunta de mi buen amigo Narvay Quintero, y aquí es donde
quiero hacer un poquito de pedagogía, porque lo que no se puede hacer es
leer las contestaciones parlamentarias y sesgarlas, dejarlas en el primer
párrafo y decir que no se cumplen, el señor García-Margallo, le contestó
claramente: «España ha sido y es partidaria de autorizar a la misión de
Naciones Unidas a vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en el
Sáhara occidental y Tinduf». Creo que el compromiso político del ministro
García-Margallo, asumido el día 7 de mayo de 2013, es inequívoco. Y
continuó: «Pero la ampliación del mandato de Naciones Unidas para
acometer esta empresa —en la que estamos todos de acuerdo pero que
ni el Senado ni el Gobierno de España pueden hacer más de lo que pueden
hacer y además es imposible—, necesita dos requisitos —y
ustedes, entiendo que todos los miembros que han intervenido en esta
tribuna, bien lo saben— de acuerdo con las cartas de los derechos
humanos, que nos obligan a todos. En primer lugar, un acuerdo de las
partes, porque estamos en el Capítulo sexto —es decir, acuerdo
entre las partes, no puede llegar España allí y decir a Francia, a Gran
Bretaña, a Rusia, a Estados Unidos, a Marruecos y a Nigeria, que ocupa
ahora la Presidencia del Consejo de Seguridad, que como era una colonia
nuestra: a, b y c—, y en segundo lugar, un consenso en el Grupo de
Amigos del Sahara, donde España está, y en el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, donde España no está». Es decir, es en el Grupo de
Amigos donde se requiere consenso, y ahí está España defendiendo esa
posición. Lo ha hecho, lo ha reiterado. Ahora diré las fechas en las que
lo ha hecho. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por
favor.


El señor CHIQUILLO BARBER: Y en el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, en el que no está, poco puede hacer más allá de plantear
lo que en los antecedentes parlamentarios de esta legislatura y de la
pasada, en la que el Partido Popular estaba en la oposición, ha asumido
el Gobierno de España, defendiéndolos en Rabat, en Argel, en Madrid, en
Bruselas, en el Congreso, en el Senado, en el Grupo de Amigos y en
Naciones Unidas. De eso, no les cabe la menor duda a los representantes
legítimos del pueblo saharaui, que saben que el Partido Popular nunca les
ha fallado.


Y en 2013, como algunos de ustedes han comentado, Estados
Unidos presentó una propuesta de resolución para ampliar el mandato e
incorporar los derechos humanos. España estuvo a favor en el Grupo de
Amigos, pero España era consciente de que eso no saldría, porque
Marruecos se iba a oponer al Consejo de Seguridad, dado que en 2013 este
país estaba en el citado consejo, y esto es algo que hay que tener en
cuenta y no hablar sin saber. Marruecos estaba en el Consejo de Seguridad
como miembro no permanente. Además, en el Grupo de Amigos del Sáhara,
Rusia y Francia se opusieron…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor CHIQUILLO BARBER: … en el denominado veto
implícito. Si en el Grupo de Amigos Francia amenaza con el veto
implícito, hay que saber quién es quién en el Consejo de Seguridad.
Francia, Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña y China pueden vetar. Y si
Francia y Rusia ponen objeciones en el Grupo de Amigos, qué no van a
hacer en el Consejo de Seguridad, donde pueden vetar.









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El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor CHIQUILLO BARBER: Voy concluyendo.


Por eso, el informe de abril de 2014 del secretario general
elimina la expresión mecanismos de vigilancia y habla de que debería
vigilarse el respeto a los derechos humanos. Por eso el borrador de la
resolución de Estados Unidos de hace 72 horas prescinde de cualquier
referencia al tema de dichos mecanismos. Pero España ha hecho lo que
históricamente ha venido haciendo el Partido Popular, defender los
derechos humanos y, sobre todo, defender la causa saharaui con
coherencia. (Protestas.—Silbidos).


El señor PRESIDENTE: Senador Chiquillo, termine. Ha
sobrepasado usted su tiempo en minuto y medio, y ha tenido diez
minutos.


El señor CHIQUILLO BARBER: Lamento que silben aquellos que
históricamente han sido poco coherentes y han traicionado al pueblo
saharaui.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.


Muchas gracias, senador Chiquillo.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, votamos la moción del senador Aiartza y otros 15
senadores, tal y como ha sido presentada.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 227; votos emitidos, 227; a favor, 86; en contra, 138;
abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.


Señorías, se suspende la sesión hasta las cuatro y
cuarto.


Eran las catorce horas y cuarenta y cinco minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.


El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes. Se reanuda la
sesión.


6. PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY


6.1. DICTÁMENES DE COMISIONES


6.1.1. PROYECTO DE LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES.
COMISIÓN: INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO


(Núm. exp. 621/000066)


El señor presidente da lectura a los puntos 6., 6.1. y
6.1.1.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen,
tiene la palabra el presidente de la comisión, el senador Muñoz.


El señor MUÑOZ MARTÍN: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, el Proyecto de Ley general de telecomunicaciones
tuvo su entrada en esta Cámara el pasado día 28 de febrero, siendo
tramitado por el procedimiento ordinario. El plazo de presentación de
enmienda finalizaba el día 12 de marzo y fue ampliado hasta el 18 del
mismo mes. Se presentaron un total de 3 vetos y 448 enmiendas,
distribuidos de la siguiente manera: veto número 1, de los senadores don
Jesús Enrique Iglesias Fernández y don José Manuel Mariscal Cifuentes,
del Grupo Parlamentario Mixto; veto número 2, de los senadores don Jordi
Guillot Miravet y don Joan Saura Laporta, del Grupo Entesa pel Progrés de
Catalunya; veto número 3, de los senadores doña Mónica Almiñana Riqué,
don Francisco Boya Alós, don Rafel Bruguera Batalla, don Carlos Martí
Jufresa, don José Montilla Aguilera, don Joan Sabaté Borràs y doña María
Jesús









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Sequera García, igualmente del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya; enmiendas números 1 a 85, de los senadores don
Jesús Enrique Iglesias Fernández y don José Manuel Mariscal Cifuentes,
del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas números 86 a 88, de los
senadores don Narvay Quintero Castañeda y don Miguel Zerolo Aguilar, del
Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas números 89 a 119, de la señora
Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas números 120 a
147 y 148 a 186, del Grupo Parlamentario Socialista; enmiendas números
187 a 216, 217 a 283 y 284 a 343, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya; enmiendas números 344 a 405, del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado; enmiendas números 406 a 413, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, y enmiendas números 414 a 448, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.


El día 27 de marzo se reunió la Comisión de Industria,
Energía y Turismo para designar la ponencia, quedando esta
definitivamente integrada por los siguientes senadores: don Jesús Alique
López, del Grupo Parlamentario Socialista; don Ramón Alturo Joan, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; don Inaki
Mirena Anasagasti Olabeaga, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado;
doña Carmen Azuara Navarro, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado;
don Andrés Gil García, del Grupo Parlamentario Socialista; don Jesús
Enrique Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; don José
Antonio Manchado Lozano, del Grupo Parlamentario Socialista; don José
Montilla Aguilera, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya, y doña María Josefa Nicolás Martínez y don José Ignacio
Palacios Zuasti, ambos del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Dicha ponencia elevó a la comisión un informe en el que se
introducían modificaciones al texto remitido por el Congreso de los
Diputados. La Comisión de Industria, Energía y Turismo se reunió para
dictaminar el proyecto el mismo día 7 de abril, defendiéndose en dicha
sesión todos los vetos y enmiendas presentados, con la excepción del veto
número 3, retirado en la misma por el señor Montilla Aguilera.


Como consecuencia de lo manifestado por diversos grupos a
lo largo del debate, y cerrado el mismo, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 116.2 del Reglamento del Senado, se reunió la ponencia, la cual
propuso un nuevo texto a la comisión. Dicha propuesta, aprobada por la
mayoría de la ponencia, coincidía con el texto remitido por el Congreso
más la incorporación de las siguientes enmiendas: números 76 y 77, del
Grupo Parlamentario Mixto; números 120, 122, 128 y 183, del Grupo
Parlamentario Socialista; números 252, 256, 258, 264 y 335, del Grupo
Entesa pel Progrés de Catalunya; número 401, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado; números 406 a 413, del Grupo Parlamentario Popular;
número 422 y 439, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; y una enmienda transaccional en relación con la
número 354, del Grupo Parlamentario Mixto, presentada en comisión al
amparo del artículo 115 del Reglamento.


La comisión emitió el correspondiente dictamen, de
conformidad con el texto propuesto por la ponencia. El referido dictamen,
junto con los votos particulares presentados, ha sido objeto de
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


Este proyecto de ley tiene como objeto introducir reformas
estructurales en el régimen jurídico de las telecomunicaciones que se
traduzcan en que los operadores tengan más facilidad en el despliegue de
sus redes y en la prestación de sus servicios, que redunde en la oferta
de servicios a los ciudadanos y empresas a menores precios, con mayor
cobertura, más innovadores y de mayor calidad, y en unas condiciones que
potencien la competitividad y productividad de la economía española. Al
mismo tiempo, pretende conseguir una mejora en la seguridad jurídica al
compendiar la normativa vigente, en particular la que se refiere al marco
comunitario en las comunicaciones electrónicas.


El proyecto incluye 84 artículos, estructurados en 8
títulos; completan el mismo 19 disposiciones adicionales, 12
disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria, 13 disposiciones
finales y 2 anexos.


Finalmente, señor presidente, señorías, no puedo por menos,
como presidente de la comisión, que congratularme por ello y hacer
patente el esfuerzo realizado por los diferentes grupos, ponentes,
portavoces y por el propio ministerio para buscar puntos de consenso en
las divergencias e intentar lograr acuerdos. Sin duda, fruto de ello es
el amplio número de enmiendas que se han aprobado en esta Cámara y que,
sin duda, mejorarán este proyecto de ley. Estimo de justicia









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resaltar este esfuerzo y agradecer sinceramente el buen
trabajo realizado tanto por los diferentes ponentes como por don Alfonso
Cuenca Miranda, letrado de la comisión.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Muñoz.


Pasamos al debate de las propuestas de veto.


En primer lugar, debatimos la propuesta de veto número 1,
de los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Como señalaba de forma acertada el presidente de la
comisión en la presentación de este proyecto, su única razón de ser es
propiciar el despliegue de las redes de telecomunicaciones, y esa es
seguramente la razón fundamental de nuestra discrepancia con el proyecto
y, por tanto, la formulación del presente veto, no porque no comprendamos
o entendamos la importancia que la extensión de esas redes de
telecomunicaciones y el hecho de propiciar su acceso a la mayoría de la
sociedad tienen para el desarrollo económico de nuestro país, sino
porque, a la vez, afirmamos que resulta imprescindible tomar en
consideración otras necesidades y otros valores que en ningún caso son
reflejados en el proyecto que se somete a la consideración de este Pleno.
Por ello, porque no se toman en consideración, se cierran los ojos a los
riesgos medioambientales de la tecnología utilizada en las
telecomunicaciones y a los riesgos para la salud de las personas,
renunciando, desde el primer momento, desde el preámbulo, a aplicar el
principio de precaución.


En mayo de 2011, la Agencia Internacional para la
Investigación del Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud,
clasificó los campos electromagnéticos de radiofrecuencia como posibles
carcinógenos para los seres humanos, destacando la necesidad de adoptar
medidas pragmáticas para reducir la exposición a aquellos. Hace pocas
semanas también la Organización Mundial de la Salud presentó su informe
sobre el cáncer, que refleja que en 2013 se diagnosticaron 12 millones de
nuevos casos, y estableció una previsión de que para 2020 se
diagnosticarán 22 millones de nuevos casos de cáncer, anunciando la
posibilidad de que en ese momento existan serias dificultades para
afrontar desde la perspectiva médica y de coste económico las necesidades
que se van a derivar de este crecimiento exponencial. Por su parte, el
instituto del cáncer de los Estados Unidos alerta de que el 67% de los
cánceres se deben a factores medioambientales. Obviamente, dentro de
estos factores medioambientales es necesario considerar las emisiones de
los campos electromagnéticos.


El Informe de la Bioinitiative 2007-2012, tras revisar
alrededor de 3800 estudios, destaca precisamente esto, que entre estos
factores medioambientales, los campos electromagnéticos juegan un papel
importante. Lógico que haya sido motivo de preocupación tal circunstancia
para diferentes instituciones en el ámbito internacional, ámbito
internacional al que nuestro país pertenece. De ahí la Resolución 1815,
del año 2011, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, sobre
los peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos
sobre el medioambiente; las resoluciones del Parlamento Europeo 260/2008,
de 4 de septiembre, y A6-0089/2009, de 2 de abril, y las recomendaciones
en el mismo sentido de la Agencia Europea de Medio Ambiente desde 2007
hasta el presente.


Este proyecto se ha elaborado considerando exclusivamente
la conveniencia de propiciar y facilitar el despliegue de las redes, de
espaldas, por tanto, a estos riesgos, supongo que pretendiendo
—como de alguna manera se indica en el proyecto— ampararse en
considerar suficientes las previsiones del Decreto 1066/2001, de 28 de
septiembre, por el que se aprobó el reglamento que establece las
condiciones de protección del domino público radioeléctrico, las
restricciones de las emisiones radioeléctricas y las medidas de
protección sanitaria frente a estas emisiones radioeléctricas. Lo que
ocurre es que a estas alturas, y tras los diferentes estudios a los que
he hecho referencia, las previsiones de este Real Decreto 1066/2001
resultan absolutamente obsoletas y los contenidos que en él se
establecían sobre la necesidad de mantener un análisis y una evaluación
constante de las repercusiones sobre la salud de estas emisiones
radiomagnéticas y radioeléctricas en ningún caso se han producido.


Por otro lado, que reconozcamos y compartamos —como
así se afirma en el proyecto— el valor estratégico para la economía
de las redes de telecomunicaciones y su desarrollo no nos









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puede hacer olvidar que no son gestionadas por operadores
públicos fundamentalmente, sino que lo son de forma esencial por
operadores privados. Se trata de un sector económico que se ha
configurado como un oligopolio —como a continuación
argumentaré—, que tiene vocación además de reducir los componentes
de ese oligopolio.


Hace poco más de un mes el presidente de la patronal
eléctrica Hunosa, perdón Unesa —la fijación con el carbón asturiano
me persigue en cualquier intervención—, cuando respondía en un
medio de comunicación a las críticas por la situación de oligopolio del
sector eléctrico, decía que peor era el de las telecomunicaciones. Más
oligopolio es el de las telecomunicaciones, donde tres grandes operadoras
de telecomunicaciones en nuestro país tienen una cuota de mercado
bastante mayor que la que tienen en el sector eléctrico las tres grandes
operadoras. Tras la compra de oro por Vodafone, Telefónica, Vodafone y
Orange controlan más del 90% del mercado móvil y la banda ancha por
ingresos, y entre el 70 y el 80% por el número de clientes.


Hoy, en un medio de comunicación especializado en economía,
el señor Colao, consejero delegado de Vodafone, apunta que la vocación
del sector de las telecomunicaciones es ir hacia un oligopolio
competitivo, lo cual, en mi humilde opinión, contiene una gran parte de
contradictio in terminis: oligopolio y competitivo. Señala también que se
debe aspirar a que en Europa existan 3 o 4 grandes operadores que
controlen el mercado.


La Comisión Europea advierte que nuestro país es el segundo
país más caro en el pago de banda ancha. Y desde 2007 estas empresas que
consolidan su posición de domino en el mercado han destruido empleo, ha
habido un 15% de empleo destruido en las empresas de telecomunicaciones.
Cierto es que los ERE de algunas televisiones han ayudado a que se
consiga este resultado de destrucción de empleo.


Por lo tanto, desde esta perspectiva tampoco compartimos el
proyecto que se presenta, ni la apuesta por fortalecer la posición de las
empresas, no solamente en cuanto al control del mercado sino frente a las
administraciones y frente a los ciudadanos —ciudadanos, no solo
consumidores; ciudadanos—. Se fortalece el papel de las empresas de
telecomunicación frente a las administraciones introduciendo en el
proyecto de ley el reconocimiento como un derecho directo del acceso a
las redes públicas. Se fortalece la posición de estas empresas frente a
comunidades autónomas y ayuntamientos en tanto en cuanto se elimina la
exigencia de autorización para el acceso de las operadoras a las
infraestructuras de las administraciones públicas. Se sustrae a la
normativa general del patrimonio público, de los bienes públicos, el
acceso a estas infraestructuras y redes de comunicaciones a los mismos.
Por lo tanto, se coloca por encima del derecho administrativo, que
reconoce como facultades derivadas del dominio público los contenidos de
esta normativa y la aplicación que de ellos hagan las empresas operadoras
de telecomunicaciones.


Frente a lo que plantea el proyecto, creemos que las
administraciones públicas, legitimadas por los procesos democráticos que
permiten elegir a sus gestores y representantes, deben tener la
posibilidad de establecer condicionantes por razones de salud pública,
medio ambiente, defensa, ordenación del territorio y competencias
urbanísticas a la hora de tomar las decisiones en torno a la instalación
de estas infraestructuras de telecomunicaciones. Defendemos el carácter
prioritario de la normativa de ordenación del territorio y planeamiento
urbanístico en cuanto a la fijación de itinerarios y ubicaciones de las
infraestructuras, sin que pueda prevalecer, en primera instancia, la
pretensión de las empresas de telecomunicaciones; en segunda instancia,
el amparo que les dé el Ministerio de Industria, y en tercera instancia,
la decisión del Consejo de Ministros. No creemos que deba eliminarse,
como hace el proyecto, la necesidad de licencia de obras para la
instalación de estas infraestructuras. Se produce una supresión de
competencias de comunidades autónomas y ayuntamientos.


Hasta ahora, la experiencia en este Parlamento era que
normas aprobadas en el Congreso y en el Senado, de una manera u otra,
podían afectar e invadir competencias de comunidades autónomas. No es
este el caso. Nos encontramos ante un proyecto de ley que suprime
competencias de ayuntamientos y de comunidades autónomas para propiciar
las decisiones empresariales en el desarrollo de las redes de
telecomunicaciones, lo que nos parece un cambio cualitativo en lo que ha
sido la estrategia legislativa del Gobierno del Partido Popular. Hasta
tal punto esto es así que el Grupo Parlamentario Popular presentó una
enmienda, incorporada al informe de la Ponencia y de la comisión, con
cuyo contenido estoy absolutamente de acuerdo, pero que es expresión
clara de esa supresión de competencias a los ayuntamientos y a las









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comunidades autónomas. Me refiero a la enmienda 406, que
modifica el apartado 5 del artículo 34. Permítame que, en el poco tiempo
que me queda, se la lea: «Los operadores deberán hacer uso de las
canalizaciones subterráneas o en el interior de las edificaciones que
permitan el despliegue y explotación de redes públicas de comunicaciones
electrónicas. En los casos en los que no existan dichas canalizaciones o
no sea posible su uso por razones técnicas o económicas, los operadores
podrán efectuar despliegues aéreos siguiendo los previamente existentes.
Igualmente, en los mismos casos, los operadores podrán efectuar por
fachadas despliegue de cables y equipos que constituyan redes públicas de
comunicaciones electrónicas y sus recursos asociados, si bien para ello
deberán utilizar, en la medida de lo posible, los despliegues,
canalizaciones, instalaciones y equipos previamente instalados. Los
despliegues aéreos y por fachadas no podrán realizarse en casos
justificados de edificaciones del patrimonio histórico-artístico o que
puedan afectar a la seguridad pública.»


Señorías, una ley general, norma básica ¿creen ustedes que
puede caer en el detalle de una ordenanza municipal? Es la expresión más
clara de cómo el propio grupo que sustenta al Gobierno que presenta el
proyecto es consciente de las consecuencias de esta absoluta
desregularización, privación de competencias, que contiene este
proyecto.


Finalmente, consideramos que este proyecto tampoco es
absolutamente respetuoso con los derechos de los ciudadanos; no lo es
cuando se reconoce la posibilidad de ocupación de la propiedad privada
como beneficiario de un derecho expropiatorio de las empresas de
telecomunicaciones; no lo es con los derechos de los consumidores, ni
garantiza el acceso a estas redes de forma adecuada a las personas con
discapacidad.


Voy a dar dos últimos argumentos, que posteriormente, al
defender las enmiendas, apuntaré de forma más detallada. Tampoco
compartimos este proyecto porque no salva la situación de los servicios
de comunicación comunitaria sin ánimo de lucro, tanto radiofónica como
televisiva, que están en el limbo de la legalidad precisamente por falta
de desarrollo de la norma anterior.


Termino. Reconozco que en la tramitación parlamentaria, con
el consenso y el apoyo de otros grupos, se ha avanzado en la solución de
uno de los elementos de preocupación de todos los grupos en este
proyecto: en la definición y el reconocimiento del papel de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia. Pero esta salvedad, el hecho
de que hayan asumido una de las enmiendas que formulamos y que se haya
alcanzado una transacción que afecta a otra enmienda no es, en ningún
caso, motivo suficiente ni para que retiremos el veto ni para que demos
el voto favorable al proyecto.


Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


La propuesta de veto número 2 es de los senadores Guillot y
Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.


Doy por defendido el veto con los mismos argumentos que ha
defendido el senador Iglesias.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.


Pasamos al turno en contra.


Tiene la palabra la senadora Azuara.


La señora AZUARA NAVARRO: Gracias, presidente. Buenas
tardes, señorías.


Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para
defender la posición de mi grupo respecto a los vetos presentados por el
Grupo Parlamentario Mixto y por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés
de Catalunya, que a día de hoy siguen vivos; vetos a una ley que tanto el
Gobierno como el Partido Popular consideramos muy importante, necesaria y
ambiciosa en estos momentos de dificultades económicas.


La Ley general de telecomunicaciones tiene que servir de
palanca para el desarrollo no solo del propio sector sino también del
resto de los sectores de la economía española. No obstante, cabe recordar
que el sector de las telecomunicaciones en España representa el 5,2% del
PIB nacional.









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Hoy nos encontramos en la recta final de su tramitación
parlamentaria en la Cámara Alta; y es importante reconocer el gran
esfuerzo realizado por los distintos grupos parlamentarios, tanto del
Congreso de los Diputados como del Senado, para lograr un amplio consenso
en su texto final. Cabe recordar que el proyecto de ley que hoy nos llega
al Senado poco tiene que ver con el primer borrador que elaboró el
Gobierno a finales del año pasado.


Todo este proceso supone la culminación de dos años y medio
de trabajo, durante los cuales la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información ha mantenido un
minucioso y extensivo diálogo con todas las entidades del sector y con
todos aquellos agentes implicados en el mundo de las telecomunicaciones,
concretando así una de las medidas principales previstas en la Agenda
Digital para España.


Como ya apunté en la Comisión de Industria del pasado 7 de
abril, me gustaría reiterar mis felicitaciones tanto a don José Manuel
Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, como a don Víctor
Calvo-Sotelo y a todo su gabinete de asesoramiento, no solo por el fondo
sino también por la forma en la que ha sido elaborada esta ley y por los
acuerdos que se han alcanzado incluso mucho antes de llegar al debate
parlamentario en las Cortes Generales.


Cabe destacar que una vez aprobado el anteproyecto en el
Consejo de Ministros, se llevó a cabo un trámite de audiencia pública a
través del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información, solicitando informes a los siguientes organismos: Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones, Comisión Nacional de la
Competencia, Consejo General del Poder Judicial, Agencia Española de
Protección de Datos y Consejo Económico y Social. Un consejo asesor al
que todos los entes implicados en el sector de las telecomunicaciones
pudieron aportar, cada uno desde su foco legítimo de interés,
valoraciones, ideas, propuestas y todo un número de alegaciones que
consideraron necesarias para la mejora del texto del anteproyecto de ley.
De esta forma, mediante un amplio diálogo con comunidades autónomas, con
la Federación Española de Municipios y Provincias, con asociaciones
empresariales, asociaciones de usuarios, operadores de telecomunicaciones
y prestadores de servicios, colegios profesionales y sindicatos, que
pudieron intervenir en su elaboración, se ha llegado a una norma general
que ha sido apreciada desde distintos ámbitos.


Conviene recordar la valoración que el Consejo de Estado
realizó sobre el proyecto de ley cuando fue sometido a su consideración,
emitiendo un dictamen favorable y pronunciándose sobre la trascendencia y
el calado de las reformas que pretendía acometer la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones, con una ley completamente nueva. Por ello debemos
destacar el trabajo y el esfuerzo del ministerio, de la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones, al abordar una reforma tan importante
contando con una amplia y constructiva participación de los distintos
agentes del sector y sumando sobre todos esfuerzos para lograr el mayor
consenso posible en su tramitación legislativa.


Antes de contestar al senador Iglesias, portavoz del Grupo
Mixto, acerca del veto que ha presentado Izquierda Unida y posicionar el
voto de mi grupo parlamentario, quisiera hablar un poco de la Ley general
de telecomunicaciones. Me gustaría comentar resumidamente cuáles son los
objetivos que persigue este proyecto de ley y reflexionar sobre las
necesidades de introducir reformas y ajustes estructurales muy
significativos en estos momentos de coyuntura económica.


Todos somos conscientes de que el sector de las
telecomunicaciones representa una fuente de ampliación de actividad
económica y creación de empleo en nuestro país. Al mismo tiempo, los
servicios de telecomunicaciones constituyen un impulso esencial para la
economía productiva y resultan indispensables en la vida actual de los
ciudadanos. Muchas de las actividades económicas y comerciales ya no se
pueden concebir sin el uso, cada vez más intenso, estratégico y masivo,
de las redes sociales y los servicios de telecomunicaciones. Esto nos
está llevando a una profunda modificación de las estructuras en las que
se asientan los diferentes mercados y actividades económicas, conformando
lo que se viene denominando economía digital. A día de hoy la mayoría de
la población estamos conectados a Internet, estamos conectados a las
redes sociales, conectados mediante nuestros terminales móviles, tabletas
y demás dispositivos electrónicos, y a la vez utilizamos y somos
generadores de contenidos digitales.


El sector de las telecomunicaciones se encuentra en un
momento de renovación tecnológica importante, sobre todo en lo que se
refiere a sus infraestructuras, y no podemos quedarnos rezagados, ni a la
cola de los países más desarrollados.









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Por estas razones, tanto el Gobierno como el Partido
Popular consideramos necesaria la puesta en marcha de esta ley, pues
estamos convencidos de que el impulso que dictemos al sector de las
telecomunicaciones es lo que nos permitirá afianzar nuestra economía a la
mayor brevedad posible.


En este contexto, el Proyecto de Ley general de
telecomunicaciones introduce reformas estructurales en el régimen
jurídico de las telecomunicaciones con dos objetivos principales:
facilitar el despliegue de redes de nueva generación, tanto fijas como
móviles, ampliando así la cobertura, y mejorar la oferta de servicios a
los ciudadanos y a las empresas, servicios cada vez con mayor cobertura,
más innovadores, de mayor calidad y a unos precios más asequibles,
impulsando así unas condiciones más efectivas para la competencia.


La consecución de estos objetivos se acomete a través de
las reformas, que pueden resumirse en cuatro grandes grupos. En primer
lugar, un impulso a la competencia y a la mejora de los servicios de los
usuarios como vía para tener unos precios más ajustados, garantizando la
periodicidad de los análisis de los mercados y mejorando nuestro derecho
a la protección de datos y a la privacidad de las personas.


En segundo lugar, promover la unidad de mercado en el
sector de las telecomunicaciones, un sector que, aunque compitiendo a
nivel mundial, necesita disponer de las mismas reglas y normativa en toda
la geografía española. En tercer lugar, un apoyo a la simplificación
administrativa de los distintos trámites que en este momento están
soportando los operadores; de esta forma, se genera un entorno más
favorable a la inversión, con una significativa reducción de costes. Y,
finalmente, con el mismo objetivo de facilitar el despliegue, también se
han introducido nuevos mecanismos de coordinación y colaboración con las
comunidades autónomas y las entidades locales.


El Grupo Parlamentario Popular considera que estas medidas
suponen una clara apuesta por el sector de las telecomunicaciones, y
valora muy positivamente el proyecto de ley como un gran instrumento para
el desarrollo de nuestra recuperación económica y para la defensa de los
consumidores y usuarios.


Con respecto a los vetos presentados a esta ley, en
particular a las referencias que ha realizado el senador Iglesias, el
Grupo Popular discrepa con respecto a la motivación de su veto, ya que el
proyecto de ley no afecta, en ningún caso, a las competencias autonómicas
ni a las competencias municipales, sino que se limita a establecer, en
línea con las iniciativas comunitarias en materia de regulación
inteligente, así como con las recomendaciones de la Comisión para la
reforma de las administraciones públicas, diversas fórmulas de
colaboración y coordinación entre administraciones públicas, evitando así
duplicidades, lo que permitirá aprovechar sinergias, conseguir ahorros y
reducir las cargas administrativas que soportan los ciudadanos y las
empresas. Ello ha de permitir que, sin rebaja alguna de las necesarias
condiciones de calidad y de seguridad que han de regir la prestación de
los servicios, se acelere la incorporación de España al despliegue de
redes ultrarrápidas.


Además, al contrario de lo que ha comentado el senador
Iglesias, el proyecto de ley incorpora nuevas medidas en relación con la
protección de la salud, puesto que refuerza el principio de precaución
acogido a la normativa comunitaria y nacional, y establece límites de
exposición a los campos electromagnéticos. De hecho, el proyecto prevé la
creación de una comisión interministerial sobre radiofrecuencias y salud,
que pretende aumentar la confianza en la seguridad medioambiental y en la
no afectación en nuestra salud de los futuros despliegues de redes
basados en el uso del espectro radioeléctrico, y cuya labor será la de
asesoramiento a las administraciones públicas, a la industria y a los
ciudadanos sobre las medidas aprobadas en materia de protección sanitaria
frente a las emisiones radioeléctricas e informar de los controles a los
que están sometidas las instalaciones generadoras de dichas emisiones.
Por ello, señorías, el proyecto de ley recoge medidas para satisfacer las
demandas ciudadanas de recibir más información acerca de los posibles
efectos de los campos electromagnéticos sobre la salud en los distintos
medios de comunicación.


Por estas razones, el Grupo Parlamentario Popular votará en
contra de los vetos presentados a esta Ley general de telecomunicaciones
puesto que, como he comentado anteriormente, refuerza el principio de
precaución mediante la creación de la comisión, no prioriza los derechos
de los operadores en detrimento de la salud de los ciudadanos, no invade
las competencias autonómicas y locales frente a los intereses de las
empresas, sino que, muy al contrario, pretende









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convertirse en un elemento valioso para el despliegue de
nuevas redes, de manera que se realice con fórmulas de cooperación que
garanticen el aprovisionamiento de sinergias, el ahorro de costes y el
refuerzo de los derechos de los usuarios de comunicaciones electrónicas,
que podrán recibir servicios más innovadores, más seguros y de mayor
calidad, contribuyendo con ello a la mejora de la productividad y de la
economía española.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Azuara.


Turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias.


¿Van a compartir el turno?


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Repartiremos el turno entre tres portavoces del Grupo
Parlamentario Mixto.


Yo reconozco que mis capacidades intelectuales seguramente
no son las más destacadas de la Cámara, pero intento leer en profundidad
los proyectos que me corresponde defender y, allá donde mi inteligencia
no alcanza, incluso consulto con alguien que tenga un mayor conocimiento
que yo sobre la materia, y este proyecto no ha sido una excepción. Por lo
tanto, no puedo aceptar que mis argumentos sean rebatidos por la portavoz
del Grupo Popular con el planteamiento de que no me he enterado de lo que
dice el proyecto. Sí, señoría, me he enterado; y, sinceramente, me he
horrorizado.


Me ha horrorizado que un proyecto de estas características
haya tenido una tramitación parlamentaria tan plana; me ha espantado que
un proyecto de estas características haya tenido tan limitada
trascendencia pública, aunque, obviamente, como lerdo del todo no soy,
intuyo que los intereses de los medios de comunicación en este proyecto
no han contribuido precisamente a su difusión.


Me ha horrorizado que comunidades de vecinos que se han
pronunciado unánimemente rechazando la oferta de empresas de
telecomunicaciones para la instalación de una antena, renunciando al
cobro de la compensación correspondiente, después de este proyecto de ley
puedan ver cómo es expropiada la ocupación de su tejado o su fachada en
beneficio de una empresa de telecomunicaciones con una compensación del
justiprecio seguramente mucho más baja de la que hubieran percibido si
hubieran aceptado la generosa oferta hace unos meses.


Me ha espantado que aquellos ayuntamientos que han
elaborado ordenanzas específicas sobre esta materia, estableciendo
condicionantes para el despliegue de estas redes, vean ahora cómo después
de esta ley sus ordenanzas quedan sin valor, y tengan la obligación legal
de adaptarlas a los contenidos de la ley, a las necesidades del
despliegue de esas redes, y que incluso el proyecto diga que se va a
elaborar una ordenanza tipo por el Gobierno para que los ayuntamientos lo
asuman.


Me ha horrorizado que las comunidades autónomas que tienen
competencias en materia medioambiental y de ordenación del territorio
cuando aprueben una norma o tomen una decisión en esta materia tengan que
someterla a los contenidos de esta ley y al visto bueno del Ministerio de
Industria, que deberá elaborar un informe vinculante antes de la
aprobación de esas normas. ¿Cómo que no hay privación de competencias de
ayuntamientos y de comunidades autónomas en esta materia?


Dando un paso más, se ha prescindido de cualquier capacidad
de decisión de administraciones autonómicas y locales en la exigencia
incluso de certificaciones acreditativas de que las instalaciones
responden a los requisitos de seguridad; todo se sustituye por una
declaración —ya no hay licencia ni aprobación— del operador
de que cumple todos esos requisitos.


Acabo. Los efectos sobre la salud de estas emisiones no son
susceptibles de ser debatidas desde una perspectiva jurídica de la norma,
tienen otro ámbito: el ámbito científico y el ámbito médico. Lo único que
esta norma hace es despreciar el ámbito científico y el ámbito
médico.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra
la senadora Mendizabal.









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La señora MENDIZABAL AZURMENDI: Muchas gracias, señor
presidente. Buenas tardes a todos.


Quisiera empezar anunciando que Amaiur va a dar su voto
favorable a los vetos presentados. Compartimos lo expuesto en ellos y
suscribimos, punto por punto, lo que acaba de decir nuestro compañero del
Grupo Mixto, de Izquierda Unida, Jesús Iglesias, ya que nos oponemos a
esa Ley de telecomunicaciones que nos han presentado. Una vez más dicen
una cosa y hacen otra; maquillan una ley con una declaración de
intenciones y en su desarrollo van por el otro camino. Ya lo hemos dicho
en otras ocasiones y volvemos a decirlo: una vez más nos encontramos con
una ley hecha a espaldas de la ciudadanía y, qué casualidad, a medida de
las grandes compañías; se anteponen los intereses de las grandes
compañías a los intereses de la ciudadanía. Esto es lamentable, como
lamentable es el hecho de que sean estas las mismas palabras que venimos
pronunciando reiteradamente en diferentes leyes. Luego, señorías del PP,
se incomodan cuando la oposición les acusa de gobernar a espaldas de la
ciudadanía, y lo hacen doblemente. Pongamos un ejemplo. Una empresa
decide colocar —porque una empresa va a poder decidir
colocarla— una antena de telefonía móvil por ejemplo en la azotea
de un edificio. En este caso, por un lado, antepone los intereses de las
empresas operadoras, cercenando la competencia de los ayuntamientos y las
comunidades autónomas para autorizar o no esa colocación; por otro lado,
dejan sin derecho a oponerse a los vecinos y propietarios de dichos
edificios. Doble atropello.


¡Y qué decir del principio de precaución! ¿Dónde queda el
principio de precaución? También quisiera recordar que diferentes
asociaciones alertan sobre el riesgo de la contaminación
electromagnética, ya que en esta ley no se tiene en cuenta la resolución
del Consejo de Europa sobre los peligros potenciales de los campos
electromagnéticos y sus efectos en el medio ambiente. En la resolución de
la Asamblea del Consejo de Europa se recomienda adoptar todas las medidas
razonables para reducir la exposición a los campos electromagnéticos,
especialmente a las radiofrecuencias emitidas por los teléfonos móviles y
en especial la exposición de los niños, las niñas y jóvenes, que al
parecer corren mayor riesgo de padecer un tumor de cabeza. Esta ley
desaprovecha la oportunidad de incorporar estas recomendaciones del
Consejo de Europa.


Y esta forma de actuar del Gobierno va siendo ya una
costumbre, pero no por ello vamos a dejar de cuestionarlo y denunciarlo.
En definitiva, votaremos a favor de todos los vetos presentados porque
reivindicamos el derecho de los ayuntamientos y las comunidades autónomas
a decidir qué antenas se pueden instalar en su territorio y en qué
condiciones. Porque ni el Gobierno ni las grandes empresas pueden imponer
sus criterios por encima de la voluntad y de la salud de las personas y
porque el desarrollo tecnológico no se puede priorizar por encima de los
derechos y la protección de la salud de los ciudadanos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Mendizabal.


Senadora Capella, tiene la palabra.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.


Intervendré desde el escaño para manifestar que votaremos
favorablemente los dos vetos que continúan vigentes. Esquerra Republicana
no presentó veto a la ley y diré que me arrepiento de ello, en primer
lugar, porque nos sobran razones y motivos para presentar veto y, en
segundo lugar, porque con ustedes, tanto con el Gobierno del Partido
Popular como con el grupo parlamentario que le da apoyo, siempre hay
razones y motivos para la desconfianza.


Francamente, el panorama legislativo con ustedes es un
auténtico desierto para lo que representa la defensa del interés general.
Este proyecto de ley avanza, como decía el senador Iglesias, en la
desregulación pública, invade competencias o deja sin competencias tanto
a la Administración Local como a la autonómica y además abandona un
principio fundamental, que no es otro que el de la prudencia en aquello
que afecta o puede afectar a la salud de los ciudadanos y ciudadanas.


Por estos motivos y por otros más que expondremos en la
defensa de nuestras enmiendas, nosotros apoyaremos y votaremos
favorablemente los vetos que han sido mantenidos, en este caso tanto por
los senadores Iglesias y Mariscal como por los del Grupo de Entesa, el
senador Saura y el senador Guillot. Y vuelvo a insistir en el hecho de
que lamento profundamente no haber presentado un veto.









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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.


¿Alguna intervención más en el Grupo Mixto? (Denegaciones).


Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la
senadora Martínez.


La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Señora Capella, pues ya somos dos; ya somos dos las que
lamentamos no haber presentado un veto, porque nosotros también vamos a
anunciar aquí nuestro voto favorable a los vetos presentados por los dos
grupos parlamentarios. Confiábamos en que además la lógica de nuestras
enmiendas realmente mejorase el proyecto, pero visto como ha sido su
tramitación, no nos queda sino lamentar no haberlo hecho, porque
sinceramente pocas cosas hay de esta ley que se salvan.


No fue así y al final no presentamos el veto, pero, repito,
vamos a dar nuestro voto favorable a los dos que ya se han presentado,
porque no hay proyecto de ley, al menos en esta legislatura, que no
colisione competencias de nuestro estatuto de autonomía, que tenemos que
recordar una vez más que es una ley orgánica refrendada por la ciudadanía
vasca en el año 1979 y a la que con ese espíritu de la LOAPA que anida en
la Administración central también hoy se le quieren cercenar competencias
que por ley le corresponden.


Con toda la experiencia acumulada durante todos estos años,
hemos de decir que sigue sin asumir, el Gobierno en este caso y la
Administración central, que vivimos en un Estado autonómico no
centralista y que no es de recibo que cada ley trate de arrebatar
competencias transferidas legítimamente.


Cuando se sigue el actual debate catalán —ayer
asistimos además a un episodio muy interesante— y se oye al partido
del Gobierno decir que todo es posible con la Constitución, nada fuera de
ella, y que el diálogo y el entendimiento es lo que debe imperar, todo
este discurso nos suena a promesas huecas cuando vemos que cada proyecto
de ley, que todos y cada uno de ellos, es beligerante o está en contra de
los estatutos de autonomía, no solamente del nuestro, sino de los del
resto de las comunidades autónomas y, como no podría ser de otra forma,
este proyecto de ley hace suya esta característica.


Este proyecto de ley opta por una limitación general de la
actividad de las administraciones públicas en su actuación directa y a
través de las entidades o sociedades que controlan directa o
indirectamente cuestiones relacionadas con la instalación, la explotación
de redes de comunicaciones electrónicas y la prestación a terceros de
servicios de comunicaciones electrónicas.


El principio general es que la Administración o sus
entidades integradas en el sector público han de limitar su actuación a
lo que el proyecto de ley denomina autoprestación. Sin embargo, el citado
concepto que marca la línea divisoria del campo de actuación de los
poderes públicos no viene definido en este proyecto de ley, y este es uno
de sus grandes problemas. Fuera de este ámbito, la Administración pública
que pretenda explotar redes disponibles al público o prestar servicios de
comunicaciones electrónicas a terceros, deberá actuar de conformidad con
el principio del inversor privado en una economía de mercado, aun no
siéndolo. Sin embargo, el texto del proyecto impone a las
administraciones públicas una serie de condiciones que son más exigentes
y más restrictivas que las atribuidas a los operadores privados que
intervienen precisamente en este mismo mercado. Totalmente incongruente;
no tienen ningún sentido este tipo de actuaciones, a no ser que respondan
ya a unos criterios ideológicos en los que no voy a entrar en este
momento, pero sobre los que luego abundaré en el debate de las
enmiendas.


El proyecto olvida igualmente que las comunidades autónomas
ostentan competencias en materia de medios de comunicación, que
habitualmente son las encargadas de sufrir las carencias del mercado en
materia de comunicaciones electrónicas, especialmente en el despliegue de
las bandas anchas o de las redes rápidas y ultrarrápidas en las zonas
rurales, también en la ordenación del territorio y del medio ambiente, y
el desarrollo de sus políticas en estas materias puede resultar
conveniente llevarlo a cabo con medios propios cuya articulación no puede
resultar nunca penada o cercenada por una invocación genérica de la libre
competencia.


Por tanto, ha de reconocerse la autoprestación en términos
que permita el desarrollo de las políticas públicas, y no todo lo
contrario, la ejecución de los proyectos institucionales o la cobertura
de las carencias a las que no puede llegar el mercado, sin que ello
suponga una penalización para









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la intervención pública, que es lo que se hace precisamente
con esta ley que ustedes defienden. Cuestión distinta sería que dicha
intervención pudiera sujetarse a determinadas condiciones caso por caso
—eso tampoco lo veríamos mal—, en atención a estas
circunstancias concurrentes que vendrán establecidas por la comisión de
competencia en el ejercicio de sus facultades de regulación de los
mercados.


El proyecto, a través de la recurrente imposición de
informes preceptivos y vinculantes del Ministerio de Industria,
dificulta, en nuestra opinión, cuando no impide en la mayoría de los
casos —y lo veremos con el tiempo—, la tramitación de
instrumentos de ordenación territorial y urbana cuya legislación ya prevé
la emisión de informes sobre aspectos supramunicipales. Por lo tanto, es
una ley que lo que va a hacer es duplicar cargas administrativas y
burocráticas. En este aspecto el texto ha sido desde el principio
francamente mejorable. Asimismo, debe evitarse que la invocación del
título competencial de telecomunicaciones desplace sistemáticamente otros
ámbitos competenciales de titularidad autonómica, especialmente en
materia de ordenación del territorio y de medio ambiente.


En nuestra opinión, debería posibilitarse que las
comunidades autónomas pudieran adoptar medidas de protección activa del
espectro radioelectrónico cuando estas se refieran al ejercicio de sus
competencias en materia de medios de comunicación social.


Todas estas cuestiones, como les decía, y otras más las
hemos planteado en nuestras enmiendas. Lo hicimos, además, con buena fe,
pensando que la lógica y la coherencia de todas ellas o de buena parte de
ellas sería asumida también por el grupo mayoritario, pero la verdad es
que solamente nos han admitido dos, una y otra transada.


Por espíritu de pacto no hemos presentado un veto porque
preferimos corregir que negar, aunque votemos favorablemente, como ya
decía antes, estos vetos en protesta, fundamental aunque no
exclusivamente, por la nula sensibilidad autonómica que cada proyecto de
ley que llega a esta Cámara tiene en relación con el Estado
autonómico.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Martínez.


¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?
(Denegaciones). No hay intervenciones.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.


El señor ALTURO LLOAN: Gracias, señor presidente.


Señorías, muy brevemente voy a anunciar nuestro
posicionamiento en relación con los vetos que se han presentado. Nuestro
grupo, es cierto que al revés que han hecho algunos, presentó un veto
inicial en el Congreso de los Diputados. Es evidente que, como ha
manifestado la propia portavoz, la señora Azuara, este proyecto de ley en
su trámite parlamentario ha sufrido un evidente cambio que nada tiene que
ver con el texto que entró ni con el que esperemos que salga hoy de esta
Cámara. Ha habido negociación, se han aceptado enmiendas, quizá no todas
las que a nuestro grupo le hubiera gustado, pero entendemos que aquellos
puntos principales que a nuestro grupo más le preocupan han sido
atendidos mínimamente, como son el ámbito competencial, la coordinación
con las entidades locales —que comentaré en la defensa de las
enmiendas— o la convergencia con la agenda digital europea, y hay
otros aspectos, como las competencias y la preservación del espacio
propio de libertad de la Comisión Nacional de los Mercados y de la
Competencia. Nosotros entendemos que todo ello ha mejorado muchísimo el
contenido del proyecto de ley inicial, por lo que en su momento retiramos
el veto que habíamos presentado y —quiero manifestarlo en este
momento— tampoco apoyaremos los que siguen vivos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Gil


El señor GIL GARCÍA: Buenas tardes, señorías.


Señor presidente, quisiera comenzar esta intervención
resaltando, en primer lugar, la importancia del trabajo de todos los
grupos para que de esta Cámara de segunda lectura salga









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una ley mejor. Porque tenemos la oportunidad de tramitar
una Ley general de telecomunicaciones audaz, no parcial, en la que se ha
trabajado en profundidad y con la aportación de todos para evitar hacer
una ley poco ambiciosa, para salir del paso o que responda solo a los
intereses de unos pocos. Creo que esto sería un error y nos condenaría a
ver cómo avanzan nuestros principales competidores, nuestros vecinos en
el ámbito de la Unión Europea.


Aunque este no sea el sector de la economía que más ha
sufrido en materia de empleo o que más empleos ha destruido en este
periodo de crisis, yo quisiera comenzar con algunos datos que facilitaba
recientemente el propio ministerio. La cifra de negocios en el sector de
la sociedad de la información y de las comunicaciones ha caído en un 1,5,
lo cual supone que el porcentaje de trabajadores de dicho sector ha caído
en 2 puntos en un momento en el que este país tiene 6 millones de parados
y en un sector que supone nada más y nada menos el 3,5% de nuestro
PIB.


El Grupo Parlamentario Socialista espera que este marco
legal estable que hoy debatimos sirva, entre otras cosas, para reconducir
esta situación. Mi grupo parlamentario ha reiterado en numerosas
ocasiones qué esperamos de esta ley: su carácter estratégico en lo
económico, su contribución a una mayor cohesión social y territorial que
facilite el ejercicio de derechos esenciales de los ciudadanos, como es
el derecho a la información, el fomento de la igualdad de oportunidades o
la accesibilidad universal de estos servicios, y en especial —aquí
se ha dicho— para las personas con discapacidad. Esta ley debe
establecer un modelo sostenible, innovador y de alta calidad, basado en
la competencia efectiva en infraestructuras y la inversión continua en
redes ultrarrápidas, en redes de última generación. En definitiva los
socialistas queremos que esta ley sea un marco generador constante de
empleo cualificado que garantice un servicio universal y una alta
seguridad jurídica. Esto es lo que esperamos de un Proyecto de Ley
general de telecomunicaciones.


Y es verdad, y también se ha dicho aquí, el trabajo que se
ha hecho a su paso por el Congreso de los Diputados, señorías, algo que
quiero poner en valor, que quiero destacar hoy aquí. Aquel proyecto
inicial que el Gobierno presentó allá por el mes de octubre —y lo
ha dicho la senadora Azuara— poco se parece al que hoy nos llega;
ha sido mejorado por las enmiendas que en el Congreso han presentado
todos los grupos parlamentarios, y desde luego por el buen número de
ellas que presentó el Grupo Parlamentario Socialista. Aunque esto es así,
eso es cierto, se han producido mejoras, he de reiterar que esta no es la
ley que nosotros hubiéramos hecho. Nuestro objetivo ha sido siempre más
ambicioso en aspectos como la neutralidad en la red, el control y la
regulación del mercado por parte del Estado y organismos como la CNMC, la
protección de la intimidad por parte de la Agencia Española de Protección
de Datos, una mayor profundización en la universalización de la banda
ancha, o el compromiso de garantizar la cohesión social y territorial
entre otros, aspectos vitales para provincias y territorios como del que
yo vengo, Burgos, con una marcada ruralidad.


Es cierto que de las 120 enmiendas del proyecto alternativo
que presentó mi grupo en el Congreso, los socialistas hemos conseguido
que se incluyan en este proyecto de ley nada menos que 59 en aspectos muy
importantes, y quiero destacarlo porque me parece un ejercicio
legislativo peculiar en lo que está siendo esta legislatura y por ello,
repito, aunque no sea la ley que nosotros hubiéramos hecho, anuncio que
mi grupo, en aras de ese consenso que hemos abierto y esa inclusión de
enmiendas importantes, que mi grupo espera seguir ampliando hoy en el
Senado, no va a apoyar los vetos presentados.


Y quiero incidir en este aspecto para que comprendan sus
señorías los cambios importantes que hemos conseguido incluir en este
proyecto de ley; cambios que garantizan la defensa de los derechos de los
usuarios, un aspecto importante, del cual este proyecto de ley adolecía,
a través de un acceso abierto a Internet, salvaguardándose la no
discriminación respecto al derecho al honor y a la intimidad, la
protección de la juventud y de la infancia, de los datos personales y el
secreto en las comunicaciones.


En materia de brecha digital y universalización, hemos
aportado nada más y nada menos que una estrategia de redes ultrarrápidas,
garantizando la atención a las personas con discapacidad en los propios
objetivos de la ley, por no citar nuestra aportación en la disposición
adicional nueva sobre la universalización de la banda ancha ultrarrápida
para que en el año 2017 se alcance una velocidad mínima de internet de 10
megas y de 30 antes del año 2020. En esta misma disposición adicional
—y no quiero dejar de subrayarlo— hemos ampliado la dimensión
social de la ley, que también nos parece un aspecto importante, para que
esta banda ancha llegue a centros de salud









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comarcales, universidades públicas, centros de secundaria
públicos y bibliotecas públicas de ciudades, en el año 2016 con una
velocidad de 30 megas y de 100 en el año 2020. Son solo algunos ejemplos
de los cambios introducidos por mi grupo en este proyecto de ley.


Señorías, para el Grupo Socialista la tecnología, al igual
que el consenso, no es un fin en sí mismo, tampoco es un sector más de
nuestra economía, sino una herramienta para lograr la integración, la
vertebración de los territorios y la erradicación de desigualdades, una
herramienta poderosa para lograr nuestro gran objetivo transversal en
cualquier política o proyecto de ley, que no es otro que la defensa del
interés general al servicio de la igualdad de oportunidades en una
sociedad cada vez más expuesta a la tecnología y a la economía
digital.


Y quiero resumir en el tiempo del que dispongo algunos
avances más introducidos en este proyecto de ley por parte de mi grupo.
En cuanto al papel de las administraciones públicas como operadores,
hemos conseguido que la ley recoja que estas puedan instalar redes sin
tener que sujetarse al principio de inversor privado en aquellas zonas
que no sean rentables. Esto es una cuestión muy importante. En materia de
despliegues, se ha dicho aquí, se ha introducido en la ley una mejora en
el procedimiento de declaración de uso compartido, con una mayor
participación, que creemos muy importante, de las administraciones
públicas territoriales para facilitar los despliegues.


En relación con los derechos de los usuarios, se han
reforzado los objetivos de calidad e Internet abierta en el artículo 3
del proyecto de ley; se ha reforzado el papel de la Agencia Española de
Protección de Datos y se ha logrado una mayor protección e información de
las comunidades de propietarios en los despliegues dentro de los
edificios; hemos reforzado los derechos de los usuarios cuando van, por
ejemplo, a realizar una portabilidad en sus líneas de teléfono con una
compensación económica, derecho de desconexión, compensación en caso de
interrupción del servicio y mejora de los servicios de atención al
cliente. Señorías, se acabó aquello de llamar a la operadora y que salga
una voz electrónica que nos diga marque 1, marque 2, espere, vuelva a
empezar. Una enmienda socialista ha posibilitado que esto sea historia,
lo cual era una demanda ciudadana importante.


Señorías, gracias también a una enmienda del Grupo
Socialista vamos a posibilitar que se consiga acabar con algo muy
molesto, que cabrea muchos a los ciudadanos, como es el famoso spam
telefónico, del que se ha hablado aquí en otros proyectos de ley.


En materia de salud, como también ha dicho la portavoz del
Grupo Popular, y gracias a enmiendas de otros grupos, pero, desde luego,
también del Grupo Socialista, se va a mejorar el control y la información
sobre emisiones radioeléctricas mediante enmiendas a los artículos 60,
61, 62 y la disposición adicional décima.


Finalmente, quiero destacar nuestra aportación al fomento
de la competencia efectiva en los mercados de telecomunicaciones y el
impulso a una política industrial de innovación en el sector TIC mediante
la incorporación de una nueva disposición adicional.


Estas son algunas —solo algunas— de nuestras
aportaciones a este proyecto de ley hasta este momento. Esperemos que en
el transcurso del debate podamos incorporar, como así nos ha manifestado
el Grupo Popular, algunas enmiendas más. Pero, como decía al principio,
este no es precisamente el proyecto de ley que hubiéramos hecho; creemos
que faltan muchas cosas en este proyecto de ley y que sobran otras, que
después mi compañero, el senador Manchado, pondrá de manifiesto en lo que
tiene que ver con la disposición adicional décima. Desde luego, vamos a
seguir abiertos al diálogo, a favorecer el consenso y a llegar a unos
mínimos en torno a este Proyecto de Ley general de
telecomunicaciones.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Gil.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Azuara.


La señora AZUARA NAVARRO: Gracias, señor presidente.


Como he comentado en mi intervención anterior, el Proyecto
de Ley general de telecomunicaciones es plenamente respetuoso con las
competencias de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y para
ello adopta determinadas medidas, como las contempladas en los artículos
10 y 35, para que las administraciones públicas se informen sobre las
medidas adoptadas que puedan afectar al despliegue de las redes por su
territorio. Con esta ley se facilita









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la instalación de canalizaciones para redes de
telecomunicación en zonas de nueva urbanización cumpliendo las normativas
urbanísticas de cada municipio. Se favorecen el uso compartido de
infraestructuras y los despliegues compartidos mediante acuerdos entre
operadores. Se posibilita la declaración de determinados despliegues como
redes de interés general allá donde no llegan las empresas privadas del
sector de las telecomunicaciones. En su artículo 29 se mejoran los
procedimientos de expropiación con respecto a los que actualmente están
regulados. Se favorece el establecimiento de servidumbres necesarias para
los despliegues, y solo en aquellos casos en los que no haya canalización
subterránea o infraestructuras en el interior de las edificaciones se
podrán efectuar despliegues por fachada, salvo en los casos de edificios
de las redes de patrimonio histórico-artístico o en edificios que puedan
afectar a la seguridad pública.


Señorías, no se trata, por tanto, de desproteger a ninguna
Administración en materia de competencias, sino de ejercerlas de modo
coordinado, conforme a los principios constitucionales de eficacia y de
coordinación. Para ello, y con pleno respeto a las competencias que hasta
ahora han venido desempeñando tanto comunidades autónomas como
municipios, se refuerzan los principios de reducción de cargas
administrativas y de eliminación de trámites y obligaciones innecesarias.
Esto ha de permitir que, sin rebaja alguna de las necesarias garantías de
calidad y de seguridad que he comentado con anterioridad, se acelere la
incorporación de España al despliegue de redes ultrarrápidas, redes que
según la Comisión Europea están llamadas a provocar un importante impacto
en la creación de empleo.


Además, el Proyecto de Ley de telecomunicaciones incorpora
nuevas medidas de protección de la salud. El rápido crecimiento del
número de instalaciones radioeléctricas y el incremento en el uso de los
servicios de telecomunicaciones electrónicas han traído como consecuencia
una mayor preocupación por los efectos que la exposición a los campos
electromagnéticos pueda tener sobre nuestra salud. En este sentido, desde
las instituciones comunitarias se ha aconsejado la adopción del principio
de precaución y de establecimiento de límites de exposición a los campos
electromagnéticos. Dichas recomendaciones, traspuestas desde el año 2001
a la normativa nacional, no resultan en ningún caso modificadas por el
presente proyecto, que mantiene tanto los criterios de protección como
los límites de exposición actualmente vigentes. En concreto, su
disposición adicional décima procede a la creación de la comisión
interministerial sobre radiofrecuencia y salud, que contará con la
presencia de los tres ministerios implicados: los de Industria, Energía y
Turismo, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y Economía y
Competitividad, que contará con la ayuda del Instituto de Salud Carlos
III. La comisión proporcionará a las administraciones públicas, a la
industria y a la población el marco adecuado para establecer y mantener
una comunicación efectiva sobre los riesgos para la salud que pueda
suponer la exposición a los campos electromagnéticos.


Uno de los aspectos más relevantes en el proyecto de ley es
que se refuerzan los derechos de los usuarios, pues, al contrario de lo
que han expuesto el senador Iglesias, la senadora Capella y la senadora
Martínez, el proyecto de ley no pretende beneficiar a determinados
operadores, sino permitir que todos ellos puedan dar a los ciudadanos y a
las empresas una oferta de servicios más innovadora, de mayor calidad,
con mayor cobertura y menor coste.


Señorías, es muy simplista considerar que cuando se
beneficia al operador se está perjudicando al usuario y que si se adoptan
medidas para facilitar el despliegue de redes por parte de los operadores
ello va a suponer una reducción de los derechos de los usuarios y un
peligro para nuestra salud. La incorporación de España a los nuevos
desarrollos tecnológicos beneficia de manera prioritaria a los usuarios,
que con las nuevas velocidades podrán disfrutar de nuevos servicios, y
todo ello sin olvidar el impacto de las telecomunicaciones en términos de
creación de empleo y mejora de la productividad.


Además, entre los objetivos de esta ley se incluye de modo
expreso el acceso de los usuarios con discapacidad a los servicios de
telecomunicaciones electrónicas, lo que hasta ahora se garantizaba
únicamente en relación con los equipos de terminales. Y se establecen las
medidas necesarias para poder garantizar el acceso equivalente para estos
usuarios y su posibilidad de elección en las empresas y los
servicios.


Señorías, la tramitación y el contenido de la ley, que
quiero recordar que está avalada por el Consejo de Estado, se ha llevado
a cabo con un elevado grado de consenso por parte de los grupos
mayoritarios de esta Cámara. En este sentido, el Grupo Parlamentario
Popular lamenta









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que tanto el Grupo Parlamentario Vasco como el Grupo
Parlamentario Mixto no se quieran sumar al apoyo a esta ley.


Y no me quiero olvidar de los grupos que hoy van a apoyar
esta ley, que recordemos que redundará en los intereses generales de los
ciudadanos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Azuara.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, vamos a votar las propuestas de veto, pero antes
les comunico que ha habido votación telemática. Han sido autorizados tres
votos, y han emitido voto las tres senadoras María de los Ángeles Ortega
Rodríguez, Catalina Montserrat García Carrasco y María Elvira Larriba
Leira, las tres del Grupo Parlamentario Popular, que a las dos
votaciones, es decir, a las dos propuestas de veto, han votado en sentido
negativo. Por lo tanto, como siempre, sumaré esta votación a la que se
realice ahora en el hemiciclo.


Comenzamos votando la propuesta de veto número 1, de los
senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 233, más 3 votos telemáticos, 236; votos emitidos, 233, más 3
votos telemáticos, 236; a favor, 10; en contra, 222, más 3 telemáticos,
225; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la propuesta de veto número 2, de los senadores
Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 233, más 3 votos telemáticos, 236; votos emitidos, 233, más 3
votos telemáticos, 236; a favor, 10; en contra, 222, más 3 votos
telemáticos, 225; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.


Pasamos a continuación al debate de las enmiendas,
comenzando por los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario
Mixto, que han presentado las enmiendas números 1 a 75 y 77 a 85.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Iglesias.
(Rumores).


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
(Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.
(El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la
Presidencia.—Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Silencio,
señorías. El señor Iglesias no iniciará la intervención en tanto no
finalicen los rumores y los ruidos. Ruego que abandonen el hemiciclo los
señores senadores que no guarden silencio.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


El senador Mariscal y yo mismo hemos formulado 85
enmiendas. Una ha sido asumida en el debate de la ponencia y otra se ha
incorporado de forma parcial a una transaccional. Y lamento decirles a
las señorías que se han quedado que les voy a contar casi las 83
enmiendas, una por una. No, no es cierto. Las agruparé, para hacer más
ligera su presentación.


Un primer bloque busca introducir algo que demandábamos en
la formulación y defensa del veto: el respeto al medio ambiente y la
salvaguarda del derecho a la salud. Para ello planteamos que se adopten
las medidas contenidas en la Resolución 1815 del Consejo de Europa. En
primer lugar, que las redes de telecomunicaciones sean evaluadas desde la
perspectiva medioambiental. Igualmente, que se cree un fondo nacional
para la investigación de los efectos de los campos magnéticos no
ionizantes. También, que se priorice el acceso a la red pública en
comunicación por









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cable. Que el ministerio establezca previsiones de un
etiquetado claro de los niveles de emisión de los diferentes aparatos
utilizados en las telecomunicaciones. Y que se abra un proceso compartido
entre los ministerios de Industria y de Sanidad y Servicios Sociales para
la superación de los contenidos del Real Decreto 1066/2001.


El segundo bloque de enmiendas guarda relación con la
defensa de las competencias municipales y de las comunidades autónomas en
la materia. Empezamos introduciendo una definición del concepto de
autoprestación de las redes de estas administraciones públicas, que, por
tanto, quedaría fuera del ámbito de aplicación de la ley. Enmendamos para
que exista la posibilidad de que las administraciones públicas instalen y
exploten redes públicas sin tener que constituir sociedades mercantiles,
sobremanera después de la reforma de la Ley de régimen de local, que
sitúa nuevas dificultades y nuevos handicaps para la configuración de
sociedades públicas. También enmendamos para que el acceso de las
operadoras a las infraestructuras de las que son titulares
administraciones públicas se someta a autorización. Por lo tanto, y en
coherencia, mediante una enmienda también suprimimos el reconocimiento
directo de un derecho de acceso. Pedimos que se mantenga el respeto a la
normativa reguladora del patrimonio de las administraciones públicas y
que, por tanto, esa normativa sea la que establezca los mecanismos y
condicionantes de uso o acceso por parte de las operadoras. En lógica
coherencia con lo anterior, sometemos a autorización la ocupación del
dominio público y la posibilidad de que, en el ejercicio de sus
competencias, las administraciones públicas establezcan condiciones por
razones de salud pública, medio ambiente, defensa, ordenación del
territorio u ordenación urbanística para el despliegue de estas redes y
la instalación de infraestructuras. Planteamos la supresión del artículo
29, en el que se regula el derecho de ocupación de la propiedad privada.
Igualmente, enmendamos para que se suprima el párrafo segundo del
artículo 34, en el que se reconoce como de equipamiento básico las redes
públicas. Enmendamos, manteniendo que la normativa de ordenación o
planeamiento pueda fijar itinerarios y ubicación en el ejercicio de las
competencias autonómicas y locales, y que igualmente la Administración
territorial competente pueda exigir proyecto firmado por técnicos que
garantice la seguridad de las instalaciones y las características de las
emisiones. Suprimimos los párrafos cuarto y quinto del artículo 35, en el
que se establece la prevalencia del Consejo de Ministros a la hora de
autorizar la ubicación o itinerarios de infraestructuras de
telecomunicaciones. Y también, en el artículo 35.5, la necesidad de ese
informe preceptivo del Ministerio de Industria en las medidas cautelares
que puedan adoptar las administraciones públicas. Por último, suprimimos
la disposición final tercera, que elimina la licencia de obras.


Un tercer bloque pretende consolidar los derechos de los
usuarios. Para ello, enmendamos buscando garantizar a todos los
ciudadanos la posibilidad de acceso a una conexión a la red pública de
comunicaciones que permita comunicaciones de datos en banda ancha a una
velocidad garantizada en sentido descendente de más de 6 megabytes, no
uno, como plantea el proyecto, sino más de uno. Pretendemos que se
reconozca el derecho a la factura en papel y a una copia del contrato en
el formato que decida el cliente. Enmendamos para que los contratos de
permanencia no puedan tener una duración superar a los 24 meses e,
igualmente, que se establezca la obligación de que las empresas
operadoras oferten contratos con una duración máxima de 12 meses.


En relación con los usuarios que sean personas con
discapacidad, introducimos enmiendas reforzando el principio de no
discriminación en el acceso. Igualmente, planteamos que se fijen las
condiciones básicas de acceso a la comunicación electrónica de estas
personas con discapacidad, que se incorpore el uso del lenguaje de signos
o que se acote una porción del espacio radioeléctrico para emitir
contenidos de televisión accesibles.


Varias enmiendas van dirigidas al régimen sancionador, pero
no me voy a detener en ellas.


Y, como también avanzaba en la defensa del veto,
pretendemos proteger los servicios de comunicación comunitaria sin ánimo
de lucro, tanto radiofónicos como de televisión, que en este momento
carecen de norma que ampare su actividad porque no se desarrolló el
régimen de concesión. Planteamos, por tanto, que desde la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones no se puedan adoptar decisiones de
interceptar las emisiones mientras no haya un desarrollo de ese
procedimiento para la concesión de las licencias.


Muchísimas gracias.









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El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Del Grupo Mixto, las enmiendas 86 a 88, inicialmente
presentadas por los senadores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar, y las
enmiendas 89 a 116, 118 y 119, inicialmente presentadas por la senadora
señora Capella.


Para la defensa de las enmiendas 86 a 88, tiene la palabra
el senador Quintero.


El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor
presidente.


Presentamos tres enmiendas a este Proyecto de Ley de
telecomunicaciones, una de las cuales se refiere a la expansión de la
televisión digital terrestre.


La número 86, la primera, la presenté también a la Ley de
defensa del consumidor, que hace 15 días se apoyaba en el Congreso, pero
los portavoces del Partido Popular me dijeron que, aunque estaban
completamente de acuerdo con dicha enmienda, era mejor que la presentara
a esta ley. Y por eso también la he presentado a esta. Se refiere a la
compra digital. Y es que nos encontramos con que en Canarias seguimos
estando excluidos telemáticamente para acceder a muchos productos que
venden empresas españolas o radicadas en España y en los que se pone:
excepto Canarias. Como he dicho, presenté esta enmienda a la Ley de
defensa del consumidor porque creía que estaba mucho mejor en ella, ya
que al final son los consumidores o las pequeñas empresas los que compran
esos productos, pero repito que el Grupo Popular nos dijo que no cabía en
esa ley y que era mejor presentarla a esta, a la de telecomunicaciones. Y
así lo he hecho. Como reza en el Diario de Sesiones y así me lo han
dicho, espero que se apruebe esta enmienda, que simplemente propone
obligar a todas las empresas españolas o radicadas en España a incluir a
las islas Canarias en la venta del comercio electrónico. Además, la
enmienda dice algo muy claro: sin que el coste de los dos DUA que existen
—de la Península y de las islas Canarias— y el coste de
transporte se le sume al consumidor o al comprador, a la empresa que
compra. Eso es evidente. Nosotros no queremos que las empresas tengan un
sobrecoste por eso; y más, si cabe, cuando el Ministerio de Hacienda y la
Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias están ya en trámite, con
una documentación, de simplificar los DUA, que hacen que, por ejemplo,
para una bombilla de 6 euros de coste en el comercio electrónico sea 12
euros el coste de la tramitación de los DUA para llegar a Canarias, más
el coste de transporte. Eso es simplemente el coste de la tramitación. Es
un precio excesivo, y por eso espero que esta enmienda se apruebe.


La otra enmienda, la número 87, se refiere a la extensión
por parte de las administraciones públicas, de los cabildos y
ayuntamientos de la banda ancha, ya que ni en el actual proyecto ni en el
anterior, del 2003, se define el concepto de autoprestación, y en
Canarias la autoprestación es fundamental para que la banda ancha pueda
llegar a todos los núcleos y a los municipios incluso de menos de 5000
habitantes, a los que no llegan los operadores privados. Las dos
concesiones de los dos últimos años, de 2 millones de euros, para que
operaran los operadores privados se han quedado desiertas porque no les
es rentable, con lo cual cabildos y ayuntamientos han tenido que hacer su
extensión a todo lo que es autoprestación. Pero si se aprueba esta ley,
evidentemente, no podremos llegar a todas las administraciones que
queremos de todas las islas Canarias, con lo cual espero que sean
aceptadas las tres enmiendas.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, señoría.
Gracias, senador Quintero.


Para la defensa de las enmiendas 89 a 116 y 118 y 119,
tiene la palabra la senadora señora Capella i Farré.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Presidente, seguramente me
sobrará tiempo, pero no había llegado aún a la tribuna. Lo digo, por si
no me diese tiempo.


Como he avanzado antes, cuando he defendido por qué
lamentaba no haber presentado veto, y daba apoyo a los vetos presentados
por senadores de la Entesa y los dos senadores de Izquierda Unida, decía
que este proyecto de ley avanza en la desregulación pública en beneficio,
cómo no, de la iniciativa privada y en detrimento, cómo no, del sector
público y del interés general.


De nuevo ustedes, y no me cansaré de decirlo, invaden
competencias o dejan sin competencias tanto a las administraciones
autonómicas como a la Administración Local. Es un paso más en ese proceso
recentralizador que no me cansaré de denunciar en esta tribuna, a pesar
de que ustedes digan que quieren mucho a Cataluña, como ayer hacía el
presidente del Gobierno del Estado









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español. Pues que no lo diga tanto y que se aplique más y,
como dice el dicho: mucho te quiero perrito..., pero de pan, ninguno,
porque ustedes con sus actuaciones y sus intervenciones niegan este amor
a diario, porque la realidad es tozuda y se nos presenta tal cual es, y
cada proyecto de ley que ustedes aprueban y se convierte en ley es un
paso más en el proceso de centralización que ustedes practican.


Decía también que este proyecto de ley abandona un
principio fundamental, que no es otro que el de la prudencia en aquello
que puede y afecta a la salud de los ciudadanos y las ciudadanas. Así, en
junio de 2011, con motivo del Día internacional de la contaminación
electromagnética, más de 500 colectivos sociales, desde asociaciones
ecologistas hasta la confederación de asociaciones de padres y madres,
pasando por otras asociaciones vinculadas al mundo de la salud, aprobaron
un manifiesto contra la contaminación electromagnética que exigía medidas
concretas para proteger la salud frente a las radiaciones
electromagnéticas hasta que se establezca con certeza qué nivel de
radiación electromagnética es inocuo y/o admisible. La demanda
fundamental era la aplicación del principio de precaución, que se invoca
cuando existen dudas razonables sobre un posible peligro para la salud
humana y hasta que no se determine o se demuestre su inocuidad. Sobre la
base de este principio, no se trata de demostrar de forma fehaciente la
peligrosidad, sino que en realidad lo que se hace es cargarse el hecho de
obtener la prueba, que recae en que los interesados demuestren que no es
peligroso.


Por un lado, numerosos estudios independientes indican la
existencia de riesgos graves para la salud e incluso para la seguridad de
las generaciones tanto presentes como futuras. Es decir, existen razones
más que fundadas para dudar de la inocuidad de las ondas
electromagnéticas y, por tanto, se debería aplicar el principio de
precaución que he invocado. Obviamente, con ello no estamos diciendo que
deban prohibirse o que se prohíban estas emisiones, pero sí que se
limiten e incluso que se revisen los límites establecidos cuando eran
menores los estudios y las emisiones. Esto está vinculado o es
coincidente con la Resolución de la Asamblea del Consejo de Europa de 27
de mayo de 2011, en la que se instaba a los gobiernos europeos a adoptar
inmediatamente las medidas necesarias para reducir la exposición de los
ciudadanos a todo tipo de radiaciones electromagnéticas. Contrariamente
al principio de precaución, a criterio de Esquerra Republicana, con el
presente proyecto de ley se da una absoluta vía libre a que se puedan
establecer cuantas antenas deseen las empresas privadas, pese a la
posición que puedan mostrar los ayuntamientos en su voluntad de limitar
las ondas, así como la racionalización y el uso del espacio
radioeléctrico.


En definitiva, nosotros defendemos que se aplique una
racionalización del espacio radioeléctrico y, en todo caso, reivindicamos
la legitimidad y la competencia de los entes locales y ayuntamientos para
decidir qué antenas se pueden instalar en su territorio, y con qué
condiciones.


Nos parece absolutamente inmoral el criterio del Gobierno
español y de las grandes empresas con intereses económicos que siempre se
sitúan —no es la primera vez que ocurre en un proyecto de ley, como
ocurrirá en este proyecto de ley que terminará siendo ley— por
encima de la voluntad y la salud de los ciudadanos y ciudadanas y de las
decisiones de los pueblos y ayuntamientos que se oponen de manera clara a
la salvaje y regulada colocación de antenas y, en este caso, a las
posibles consecuencias de radiación. Asimismo, el Proyecto de Ley de
telecomunicaciones supone una clara, descarada e inasumible invasión
competencial. Alguien ha dicho que se conseguirán mejoras con las
enmiendas transaccionadas con algunos de los grupos parlamentarios, pero
en Esquerra Republicana ya no nos conformamos —y lo hemos dicho en
múltiples ocasiones— con las migajas, sino que queremos el pan
entero. Y consideramos que este proyecto de ley, que se convertirá
seguramente en ley, supone un recorte más a la autonomía local y a la
capacidad de autoorganización de los ayuntamientos y entes locales. Un
recorte más después de los importantes recortes que ya hemos padecido y
que han sido consecuencia de la aprobación de la Ley de reforma local
hace escasamente pocos meses por las Cortes Generales.


Las infraestructuras de telecomunicaciones, y en especial
las redes de nueva generación, revisten, a criterio de Esquerra
Republicana, una importancia estratégica al constituir elementos
esenciales tanto para la innovación como para la vertebración territorial
y la cohesión social. Por ello consideramos que las administraciones
tienen y deben tener una especial responsabilidad ante la ciudadanía y
constituyen un agente primordial para evitar la brecha digital.
Precisamente por ello consideramos básico partir del reconocimiento que
en esta materia están llamadas a desempeñar las administraciones
territoriales, así como las comunidades autónomas y, como









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decía, los entes locales en el ejercicio de sus legítimas
competencias. Así lo atesora el principio de subsidiariedad europeo en
contra del centralismo nacionalista español al que nos vemos
reiteradamente sometidos.


Nos encontramos ante un proyecto de ley que tampoco respeta
las competencias en medios de comunicación social y sobre la regulación y
el control de los servicios de comunicación audiovisual de la Generalitat
de Catalunya, pero además limita considerablemente las posibilidades de
actuación de las administraciones locales en el ámbito de las
telecomunicaciones y afecta al ejercicio de las competencias municipales
concurrentes para garantizar el desarrollo ordenado de las
infraestructuras de telecomunicaciones en los respectivos
territorios.


En resumidas cuentas, señorías, me he explayado a la hora
de defender lo que hubiera tenido que ser el veto presentado por Esquerra
Republicana, indicando determinadas consideraciones contempladas en
algunas de las enmiendas presentadas. En relación con las enmiendas,
quiero decir que todas ellas se encuentran debidamente justificadas sin
que por esta senadora sea necesario añadir nada más desde esta tribuna de
oradores, salvo solicitar el apoyo del resto de grupos parlamentarios a
dichas enmiendas.


Muchas gracias. Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias, senadora
Capella.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, para la defensa de las
enmiendas 344 a 353, 355 a 400 y 402 a 405, tiene la palabra la senadora
Martínez.


La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Muchas gracias, señor
presidente.


En la reunión de la Comisión de Industria en la que se
tramitó esta Ley general de telecomunicaciones, quien ejercía la
portavocía del Grupo Parlamentario Popular informó sucintamente de la
aprobación de 14 enmiendas de las casi 500 presentadas, entre ellas, la
401 del Grupo Parlamentario Vasco. Una sola enmienda y otra que ha
quedado incluida parcialmente a través de las enmiendas transaccionadas,
ese es el balance que la tramitación de este proyecto de ley ha tenido
para el Grupo Parlamentario Vasco respecto a las 63 enmiendas que hemos
presentado. Asimismo, se presentó una enmienda transaccional firmada por
todos los grupos parlamentarios que otorgaba al Gobierno la posibilidad
de imponer obligaciones de servicio público, junto al informe de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, así como de la
Administración territorial competente. Nosotros entendemos que esta
expresión, este concepto de Administración territorial competente debería
haber sido el sonsonete de toda la ley si lo que se pretende es ser
respetuoso con un Estado autonómico y cuando, además, el Estado
autonómico se toma en serio a sí mismo. Ya existe la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia y, oportunamente, se ha incorporado de
forma sistemática a lo largo de todo el proyecto de ley, pero no es así
con el concepto de Administración territorial competente ni con el
concepto de las competencias autonómicas que, según nuestro parecer, en
este proyecto de ley no existen.


Con este proyecto de ley hemos tenido la preocupación de
sustituir la idea de entidades o de sociedades controladas directa o
indirectamente, que es fuente de interpretaciones problemáticas por las
distintas regulaciones en el conjunto del Estado. Para nosotros, lo
determinante es que la autoprestación de quien realiza el servicio esté
integrado en el sector público de la Administración. Decimos esto porque
se confunde continuamente durante todo el proyecto de ley el concepto de
servicio público con otras referencias de este proyecto de ley, como son
las obligaciones de servicio público reguladas por el título III. Porque
no puede decirse que solo estos servicios, como podría ser el de defensa,
el de seguridad pública y vial, el de protección civil, sean servicios
públicos, pues con ellos se negaría el concepto de autoprestación que la
propia ley reconoce y permite. La autoprestación lo será para los
servicios de comunicación electrónica vinculados a cualquier servicio,
sea este sanidad, educación, etcétera, prestado por una administración
pública. Lo que cabe admitir es que estos servicios vinculados a la
seguridad tengan la consideración de esenciales y con ello se justifiquen
las especiales potestades de intervención que se reconocen en este
precepto.


Hemos presentado concretamente una enmienda, la 346, en la
que se recogía la necesaria colaboración que tendría que existir entre
los distintos ministerios competentes y las comunidades autónomas, que
parece que para el Gobierno no existen, ya que apenas reciben mención
durante todo el proyecto de ley.









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También pedimos en distintas enmiendas respeto a las
competencias autonómicas en materia de seguridad. No se nos ha hecho caso
en ninguna de ellas. Pedimos que el Gobierno señale los criterios de
seguridad en las instalaciones, pero dejando claro que serán las
respectivas comunidades autónomas las que adopten las medidas concretas
necesarias para su garantía.


Tampoco se nos ha admitido la enmienda 348 al artículo 4.6
porque mezcla dos motivos de intervención de servicios o redes que, a
nuestro juicio, deben tener una consideración independiente: por un lado,
la seguridad pública y la defensa nacional, y, por otro, el
incumplimiento de obligaciones de servicio público establecidas por la
propia ley, a la que antes he hecho referencia. Ambas causas no pueden
tener la misma consideración, el mismo procedimiento ni los mismos plazos
ni la misma justificación porque son cosas completamente distintas.


Si la iniciativa parte de una comunidad autónoma con
competencia en la materia, no puede reconvertirse, como hace ahora este
texto, en un procedimiento administrativo cuasi contradictorio entre el
Estado y la autonomía, siendo posible, tras el acuerdo del Gobierno, la
ejecución de la medida de intervención por aquella como Administración
competente o, al menos, su participación en la medida, como sería lo
lógico. En el caso de que se intervenga una red o servicio autonómico
ante la consideración de incumplimiento, deberá respetarse el
procedimiento y requerimientos constitucionales, como no podría ser de
otra manera.


En relación con la instalación y explotación de redes o la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, hemos presentado
otra enmienda—que tampoco ha sido admitida— que consideramos
de interés y de justicia, porque lo determinante para el mercado de las
telecomunicaciones es que el instalador o el explotador de una red sea un
inversor privado o tenga la naturaleza de operador público. Para conocer
esta distinción, no ha de atenderse a si el operador tiene una
participación pública en su capital, puesto que si esta es minoritaria en
nada modifica su naturaleza privada ni sus reglas de actuación. Lo
relevante, lo importante es que la sociedad que instala, explota la red o
da el servicio pertenezca o no al sector público. Lo equiparable con la
prestación directa por la Administración es la prestación por entidades o
sociedades integradas en su sector público.


Pedíamos que se suprimiera también la remisión al régimen
de ayudas de Estado al no tener sentido en el ámbito de la
autoprestación, en la que solo existe prestación interna en los propios
servicios administrativos. Esta referencia debe llevarse al artículo 9.4.
a) en el que constan las condiciones de prestación de servicios por las
administraciones mediante redes públicas o servicios a terceros. Es de
absoluta lógica. No entiendo por qué esta enmienda no ha sido incorporada
al proyecto de ley. Tampoco se nos ha hecho caso.


Insisto en que para mi grupo es fundamental eliminar el
término públicas, pues en caso contrario lo establecido en el capítulo II
sobre derechos de ocupación de la propiedad privada, dominio público,
ubicación compartida y servidumbres no será de aplicación a las redes
gestionadas en régimen de autoprestación, ya que las redes públicas son
aquellas que están a disposición del público, no aquellas que funcionan
dentro de la Administración Pública. Por eso esta ley resulta sumamente
confusa en este sentido.


En materia de medioambiente volvemos a reivindicar las
competencias autonómicas. Cuando dicha instancia provenga del órgano
competente en materia de medioambiente de una comunidad autónoma y se
fundamente y acredite la necesidad de utilización compartida por tratarse
de infraestructuras sitas en espacios con sistemas de protección
ambiental o paisajístico, pedimos que se asegure la participación en
calidad de directo interesado del órgano proponente en el procedimiento
administrativo y la decisión deberá ser en todo caso motivada. Tampoco se
nos ha hecho caso. No entendemos por qué. Por eso abogamos por una
relación bilateral y lo consagramos a una enmienda no aprobada tampoco,
que es la 379, que hace referencia al artículo 35.2, porque, tal y como
constaba en el anteproyecto, se considera oportuna la constitución de una
comisión bilateral a fin de encontrar una solución negociada a las
posibles discrepancias entre ambas administraciones, estableciéndose
además las consecuencias, etcétera, que corresponden a cualquier comisión
bilateral.


En relación con algo tan vital como la buena coordinación
con los ayuntamientos, tenemos que reclamar que se están imponiendo
obligaciones que han de cumplir ayuntamientos de diverso tamaño y
capacidad. No todos son iguales. El informe en materia de
telecomunicaciones no puede pretender bloquear el procedimiento de
elaboración de la planificación territorial o urbanística ni









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suplantarla. Tampoco cabe articular un procedimiento
extraordinario cuando todos los procedimientos de elaboración de
planificación territorial y urbana ya contemplan y regulan necesariamente
los trámites de información pública y la audiencia a otras
administraciones interesadas por sus competencias sectoriales, en el que
incluso cabría entender ya comprendido el informe que se regula como
especial en este proyecto de ley. Si cada Administración sectorial impone
un procedimiento similar a este, sería imposible aprobar instrumento
alguno de planeamiento. Y para esto es necesaria la planificación, pero
una planificación hecha con cabeza, con sentido común y con rigor. La
legislación de ordenación del territorio y urbanística regula
habitualmente en el procedimiento de elaboración de los instrumentos de
planificación la intervención de órganos en los que participan las
distintas administraciones, incluida también, como es lógico, la del
Estado, con capacidad de emisión de informes dotados de carácter
vinculante en los aspectos supramunicipales que están atribuidos a la
competencia sectorial de dichas administraciones.


El procedimiento regulado en el artículo 35, apartados 2 y
3, del proyecto duplica y reitera los ya contenidos en el ordenamiento
con los mismos efectos y con las mismas finalidades, provocando el
consiguiente retraso innecesario en la tramitación de los instrumentos de
planificación.


Señor presidente, señorías, algo que asimismo preocupa a mi
grupo parlamentario es el problema de la inspección y por eso proponemos
eliminar las medidas de inspección que impliquen consecuencias como
precinto, cierre o interrupción de elementos básicos para las
comunicaciones electrónicas o explotación de redes, al reservarse esta
sanción a los tribunales de justicia que puedan atemperar las medidas
previstas.


Igualmente se infringen los bloques de derechos que
conforman la defensa y transparencia plena al no contemplar el proyecto
la posibilidad de dar traslado previo al interesado para que pueda
personarse y oponerse, en su caso, a la petición de entrada formulada por
la Administración. Por otro lado, obligar a la jurisdicción a resolver en
72 horas sobre un procedimiento de entrada donde entran en juego la
inviolabilidad del domicilio y el derecho fundamental de libertad de
expresión, resulta contrario a las garantías procesales más elementales
del justiciable encuadradas en el artículo 24 de la Constitución
española.


Finalmente, este proyecto de ley ignora el principio de
precaución contemplado en el artículo 3 d) de la Ley 33/2011, de 4 de
octubre, general de salud pública, que dice —y leo textualmente-:
«La existencia de indicios fundados de una posible afectación grave de la
salud de la población, aun cuando hubiera incertidumbre científica sobre
el carácter del riesgo, determinará la cesación, prohibición o limitación
de la actividad sobre la que concurran». No encontramos entre las
recomendaciones consultadas para la elaboración de esta ley las
realizadas por las instituciones europeas sobre los peligros potenciales
de los campos electromagnéticos y de sus posibles efectos sobre el
medioambiente, ni se atienden resoluciones científicas como el informe
Bioinitiative 2007/2012 sobre los efectos de los campos
electromagnéticos, entre otros, por citar solamente alguno de los más
relevantes.


En todo texto normativo que afecte a la salud humana se ha
de tener en cuenta la resolución 1815 del Consejo Europeo, de 27 de mayo
de 2011, que aclara los puntos precisos para la protección de la
población. Asimismo, la Agencia Europea del Medio Ambiente ha de ser el
marco de referencia al haber sido eficaz en las ocasiones que ha
denunciado las extralimitaciones acaecidas en los Estados miembros.


La necesaria intervención de los ayuntamientos y las
comunidades autónomas es ineludible, puesto que ellos son los que inciden
directamente sobre la protección medioambiental, dada su máxima
proximidad con el ciudadano.


Además, no resulta coherente con el marco legislativo
sancionar como infracción muy grave la ocupación del dominio público
radioeléctrico sin autorización y legitimar el uso indiscriminado por el
ministerio sin haber iniciado los cauces procedimentales para ello. La
pasividad de la Administración en la habilitación de frecuencias y
canales radioeléctricos a ciertos servicios por regular, fundamentalmente
comunicaciones audiovisuales comunitarias sin ánimo de lucro, deslegitima
la potestad de la protección activa. No se puede no hacer nada durante
años en el espectro disponible y ahora, repentinamente, articular una
ocupación del espacio tan desmesurada.


Podría extenderme más sobre esta cuestión, pero dado que
únicamente se ha aprobado nuestra enmienda número 401, he de decir que
nuestras enmiendas que enriquecían el texto no









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se han tenido en cuenta en absoluto. La mayoría del Partido
Popular hace buena la visión no autonómica de una Administración que
sigue sin enterarse de que el centralismo debería ser un recuerdo del
pasado, y precisamente la tramitación de esta ley ha sido un buen
ejemplo.


Para terminar, me gustaría centrarme en un último aspecto
que recogen nuestras enmiendas: aquellos artículos que colisionan con lo
previsto por la Ley audiovisual. Como ustedes saben, el control y la
posible sanción en estas materias corresponden a las comunidades
autónomas y al Estado en un tótum revolútum poco definido. A través de
esta ley se plantea algo que no se había visto hasta ahora. Se trata de
un sector en el que el 80% de las emisiones no cuenta con licencia y ha
sido así con este Gobierno, con el anterior Ejecutivo socialista y con el
anterior Gobierno de Aznar; por lo tanto, tampoco es una cuestión nueva.
De alguna manera, no sé si de forma alegal o ilegal, esta circunstancia
se ha consentido y esta norma viene a colisionar poderosamente con este
sector. Así, calculamos que un 80% de las emisiones, tanto televisivas
como radiofónicas, pueden ser distorsionadas o canceladas a través de los
famosos pitidos. Esta es una cuestión que no es culpa de las emisoras
porque, como ustedes saben, la concesión de las licencias es competencia
del Estado pero la ejercen las comunidades autónomas. Ahí ha habido
numerosos problemas para la concesión del espectro, con concursos
recurridos y judicializados, lo que coloca en una difícil situación a un
sector que genera muchísimo empleo, muchos puestos de trabajo y también
importantes ingresos para las administraciones públicas en materia de
tributación.


Mi grupo parlamentario considera que, por puro sentido
común, se debería ser sensible a la hora de aplicar lo que prevé esta
ley. Vayamos arreglando las cosas poco a poco. Esto es muy importante
para el sector de la radiodifusión y de la televisión vascas
―fundamentalmente de la radiodifusión, de las ondas de radio―
y es una de las cuestiones que, junto con las enmiendas presentadas,
provoca nuestra crítica de fondo que es, como ya les he dicho antes, de
carácter competencial.


Sigan reflexionando y sigan aplicando también un poco de
imaginación para entender que la mayoría de las enmiendas que ha
presentado mi grupo parlamentario tienen un carácter competencial, pero
muchas de ellas además responden a una lógica que nos gustaría que se
incorporase a este proyecto de ley para enriquecerlo.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha
presentado dos grupos de enmiendas.


Para la defensa de las enmiendas números 187 a 251, 253 a
255, 257, 259 a 263 y 265 a 283, tiene la palabra el senador
Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.


Señorías, dejando las consideraciones de carácter más
general sobre el contenido de la ley para la intervención del turno de
portavoces, quisiera ceñirme a las 92 enmiendas que hemos presentado
―97 si sumamos las 5 transaccionadas, de las que tienen ustedes
copia― con el ánimo de completar las carencias que aún mantiene el
texto propuesto por el Gobierno tras su paso por el Congreso de los
Diputados y las enmiendas incorporadas en comisión en esta Cámara, con el
fin de que realmente pudiera ser considerada como la ley general que
necesita el sector.


Agradecemos el interés del Gobierno y del Grupo
Parlamentario Popular en la búsqueda de acuerdos amplios en la
tramitación parlamentaria de esta norma, máxime cuando no es este el modo
en que han venido funcionando otros proyectos de ley.


Hay que reconocer el trabajo legislativo efectuado en el
Congreso de los Diputados, con la incorporación ―como ponía de
relieve el portavoz socialista― de un centenar de enmiendas, que
han mejorado aspectos importantes en cuanto a la universalización de la
banda ancha y estrategias de redes ultrarrápidas, al refuerzo de los
objetivos de cohesión social y territorial y también la protección de los
derechos de los usuarios.


Reconocemos también el importante trabajo de búsqueda de
acuerdos y consensos en el Senado, ya que fruto de esta colaboración
algunas de nuestras enmiendas se han incorporado al texto del dictamen y
5 han sido objeto de transacción para este Pleno. Confiamos en que la
mayoría de sus señorías entiendan la importancia de muchas de nuestras
enmiendas que quedan vivas, que ahora les resumiré, y las apoyen en la
votación.









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Creemos que es importante incluir entre los objetivos y
principios de la ley el garantizar sin ninguna restricción tecnológica el
principio de neutralidad en la red; un aspecto imprescindible para
garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso libre de los
ciudadanos a la tecnología y a cualquier contenido que circule libremente
por Internet.


La enmienda 217 incluye esta modificación y las enmiendas
233 y 235 desarrollan las condiciones que han de establecerse al
respecto.


Uno de los aspectos que más nos preocupaban del texto
propuesto era la independencia del organismo regulador de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia para desarrollar de forma
eficaz la supervisión y la regulación de los mercados de
telecomunicaciones. En este caso también hay que reconocer el esfuerzo
del Gobierno de Partido Popular para alcanzar algunos acuerdos que hemos
plasmado en las transaccionales que apoyaremos en la votación. Aun así
mantenemos vivas las enmiendas que no han sido objeto de transacción para
intentar reforzar el papel del regulador.


Así, con las enmiendas 218, 219 y 220 se refuerzan las
atribuciones del regulador para que garantice que no haya distorsiones en
la libre competencia del mercado. La enmienda 229 devuelve las
atribuciones a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
sobre la información de los números de teléfono de abonados y su gestión,
y la enmienda 230 otorga las competencias para que sea el regulador quien
supervise y garantice la calidad del servicio de acceso a Internet.


Con las enmiendas 235, 237, 239, 242 a 246 y 251 se
traspasarían a la comisión una serie de competencias que atribuye la ley
al ministerio y se refuerzan sus atribuciones en los aspectos de
inspección y sanción.


Con las enmiendas 260, 261, 280 y 283 se modifican la
disposición adicional decimoquinta y el anexo primero para la asignación
de los medios necesarios al regulador para el desarrollo de las nuevas
funciones encomendadas por la ley.


Me gustaría señalar que hemos presentado también un
conjunto de enmiendas, de la 187 a la 216, básicamente sugeridas y a
propuesta del Consorcio Red Local que agrupa, como ustedes saben, a la
mayoría de municipios de Cataluña en el impulso de la aplicación de las
tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito local.


Las enmiendas 187 y 188 precisamente modifican los
artículos 6 y 7 para eliminar la obligación de las administraciones
públicas de comunicar al registro de operadores todo proyecto de
instalación o explotación de redes de comunicaciones. Apelando al respeto
institucional creemos que esta obligación es innecesaria.


Con las enmiendas 189 a 194 proponemos modificar el
artículo 9, reconociendo las posibilidades de que las administraciones
públicas puedan instalar y explotar directamente redes de comunicaciones
sin necesidad de hacerlo a través de terceros. Incluimos la definición de
autoprestación como la explotación de redes por las administraciones
públicas para la satisfacción de sus necesidades en el respeto a la
capacidad de autoorganización de cada Administración y proponemos
suprimir la obligación del reconocimiento directo a los operadores del
derecho de uso compartido en las infraestructuras de red de las
administraciones públicas.


Entendemos las dificultades que entraña el servicio
universal en condiciones competitivas, pero siguiendo las recomendaciones
y objetivos precisamente de la Agenda Digital Europea y de la Agenda
Digital recientemente aprobada por el Gobierno español, pensamos que es
indispensable garantizar que la conexión a la red pública de
comunicaciones con capacidad de acceso funcional a Internet debería
permitir comunicaciones de datos en banda ancha a una velocidad en
sentido descendente de 6 megas por segundo, y así lo proponemos en la
enmienda 195.


Hay otro aspecto muy mejorable también del proyecto de ley
relativo a la posible vulneración de competencias de otras
administraciones territoriales en materia de ordenación del territorio y
normativa urbanística, principalmente en el despliegue de redes y en la
ocupación del dominio público. Todos estamos de acuerdo en facilitar y
simplificar los procedimientos administrativos con el objeto de agilizar
el despliegue de las infraestructuras de telecomunicaciones, pero siempre
que se respete también el de reparto competencial entre las
administraciones, y en este sentido van nuestras enmiendas 196 a 216, a
fin de aportar racionalidad y respeto a las competencias de las
administraciones territoriales, además de otorgar mayores atribuciones a
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia también para
resolver conflictos.









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Mediante la enmienda 228 proponemos mejorar los artículos
47 y 48, relativos a los derechos de protección de datos personales de
los usuarios finales y a su privacidad en relación con los datos de
tráfico y localización.


También proponemos incorporar las enmiendas 234, 238, 240,
269, 270, 272 y 273 para reforzar el papel de la Agencia de Protección de
Datos en el ámbito de la ley.


Al título VII, relativo a la inspección y régimen
sancionador, hemos presentado las enmiendas 247 a 250 y 253 a 255 para
reforzar las funciones inspectoras y mejorar la protección de los
usuarios.


Y finalmente, con las enmiendas 267, 268 y 277 proponemos
suprimir las disposiciones finales primera, segunda y sexta por contener
modificaciones legislativas que a nuestro entender no coinciden con el
contenido material del proyecto de ley.


Estas son las objeciones que todavía mantenemos al
contenido de esta ley.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Del mismo grupo parlamentario, enmiendas 284 a 334 y 336 a
343.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Las doy por defendidas, señor
presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió ha presentado las enmiendas números 414 a 421, 423 a 438 y 440 a
448.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Alturo.


El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.
Muy buenas tardes, señorías.


Mi grupo parlamentario ha presentado en el Senado un total
de 35 enmiendas, dos de las cuales ya han sido incorporadas en el trámite
de ponencia y a las que me referiré por la importancia que representan.
De entrada las doy todas por defendidas, aunque haré hincapié en algunas
de ellas precisamente por la importancia que mi grupo parlamentario
entiende que tienen.


Hemos presentado este conjunto de enmiendas agrupadas en
cuatro bloques. El primero de ellos es de carácter competencial, tanto
por lo que hace referencia a competencias del ámbito autonómico como a
las de las entidades locales, puesto que entendemos que los ayuntamientos
tienen que jugar un papel tremendamente importante y significativo. El
segundo bloque se refiere a favorecer la participación de las
administraciones territoriales en el desarrollo del sector de las
telecomunicaciones, especialmente también de las entidades locales. Con
un tercer bloque se trata de construir un modelo menos rígido, más
flexible, más competitivo, y su adecuación a los objetivos que plantea la
Agencia Digital Europea. Y el cuarto bloque pretende garantizar la
independencia por la atribución de mayores competencias de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia. En este sentido quiero
resaltar la importancia que representa para mi grupo parlamentario que la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia disponga de las
máximas atribuciones en materia de telecomunicaciones.


A continuación voy a destacar algunas de aquellas enmiendas
que para mi grupo son quizá las más significativas. Así, la enmienda
número 422, incorporada ya en el trámite de ponencia, hace referencia al
artículo 28.2, donde se señala que el Gobierno puede establecer otras
obligaciones de servicio público —dice público—, pero en
definitiva no contaba inicialmente con la Administración territorial
competente. Por tanto, el punto 2 dice textualmente que el Gobierno podrá
asimismo imponer otras obligaciones de servicio público previo informe de
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, así como de la
Administración territorial competente. Un punto que esta enmienda añade,
y que entendemos es de gran importancia, puesto que los ámbitos que
podrían justificar la imposición por parte del Gobierno de nuevas
obligaciones de servicio público son competencia de las comunidades
autónomas. Entendemos, de acuerdo con los principios de subsidiariedad y
de proporcionalidad, que el Gobierno, para garantizar la efectividad y la
eficacia de las posibles medidas a adoptar, debe requerir el informe de
la participación de las administraciones territoriales, aspecto que se ha
recogido y que desde nuestro punto de vista tiene mucha importancia.









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Quiero destacar la enmienda 439, incorporada también en
ponencia, por la que se suprime la letra ñ) del artículo 69, por el que
se imputa al Ministerio de Industria, Energía y Turismo todas las
funciones que la legislación vigente atribuía a la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones que no hubieran resultado expresamente
asignadas al ministerio. Nosotros entendemos que la previsión de una
competencia residual en materia de telecomunicaciones a favor del
ministerio debilitaría la capacidad de la CNMC, por lo tanto, con esta
enmienda damos otra vez estas competencias residuales a la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia puesto que, en definitiva,
inicialmente, en su creación, el organismo así lo pretendía.


Las enmiendas 438 y 439 suponen mantener aquello ya pactado
en el debate de la Ley de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia y no permiten un debilitamiento de la autoridad de la
regulación en el ámbito de las telecomunicaciones. La enmienda principal
es la 439, que ya está incorporada, pero también hace referencia a este
aspecto la 438.


Las enmiendas 415 y 416 se refieren a la participación de
las administraciones públicas en el sector de las telecomunicaciones para
garantizar la cohesión territorial y evitar la fractura digital, que es
clave para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital europea.
Entendemos que es un obstáculo e innecesario prever que cualquier acción
de las administraciones públicas se haya de comunicar con carácter previo
al ministerio.


Enmienda 418. También consideramos que tendría que ser la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y no el ministerio,
quien tuviera que velar por la participación de las administraciones
públicas en el sector de las telecomunicaciones y evitar posibles
distorsiones de la competencia. Es una función de regulación de mercados
y no administrativa y, por tanto, la tiene que asumir la CNMC.


La 420 pone en valor las infraestructuras de titularidad
pública y a disposición del mercado, contribuye al desarrollo del sector
y también evita la fractura digital.


La enmienda 430, colaboración entre las administraciones
públicas, es determinante para alcanzar las políticas públicas y evitar,
como decía anteriormente, la fractura digital.


La 432 y la 433 —especialmente la 433, que entendemos
que formará parte de una transaccional junto con nuestra enmienda
331— prevén la participación de la CNMC en aspectos de regulación
de mercados. Por lo tanto, se considera que su función va más allá de la
actividad simplemente administrativa, con lo cual son funciones propias
de la comisión nacional y no del ministerio.


La enmienda 440 forma parte también de una transaccional y
prevé que la CNMC, por regulación del mercado, pueda adoptar circulares
dirigidas a los operadores. Ya en su momento, de acuerdo con la Ley de la
comisión nacional, solo lo podrá hacer cuando la ley lo establezca. La
CMT tenía esta función y entendemos que debe continuar desarrollándola la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.


Finalmente, permítanme destacar, simplemente para
nombrarlas, las enmiendas 420, que hace referencia a disponibilidad del
servicio —entendemos que es importante también— y 421 sobre
cofinanciación público-privada para el mejor desarrollo e implantación de
las redes correspondientes, y las enmiendas 424, 434, 443 y 447, que son
prioritariamente de ámbito competencial, especialmente por lo que hace
referencia a la Administración Local.


Desde ese punto de vista estas enmiendas que hemos
presentado, las que ya han formado parte de la ponencia, mejoran el
proyecto de ley en línea con lo que nosotros comentábamos, es decir,
mayor autonomía por administración autonómica, mayor colaboración con los
ayuntamientos para el desarrollo de las redes —evidentemente,
porque si no, es imposible—, y luego el regulador que tenga mayor
capacidad y que pueda actuar de manera paralela y distinta de lo que hace
el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


El Grupo Parlamentario Socialista presenta las enmiendas
121, 123 a 127, 129 a 182 y 184 a 186.


Para su defensa, tiene la palabra el senador Manchado.


El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.


Buenas tardes, señorías.









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Voy a defender las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista en el Senado, pero quisiera hacer alguna reflexión previa,
antes de defender aquellas que han quedado todavía vigentes, algunas de
las cuales nos parecen importantes.


Lo primero de todo que quisiera remarcar es la importancia
que tiene esta ley. Es una ley que afecta a todos los ciudadanos y a
todas las ciudadanas de España. Todas las leyes son importantes, pero si
pensamos cada uno qué parte de nuestra vida tiene que ver con las
telecomunicaciones, tal vez lleguemos a descubrir cuál es su importancia.
Voy a darles algunos datos que ponen de manifiesto esta importancia. Cada
familia española se gasta al año en torno a 950 000 euros en
telecomunicaciones —es una cifra importante—. Tengan ustedes
en cuenta que estamos hablando de un sector tremendamente dinámico, hasta
el punto de que yo diría que las leyes de telecomunicaciones deberían
ser, por definición propia, efímeras en el sentido de que esto cambia tan
rápido que es imposible que una ley tenga una vigencia más allá de unos
pocos años.


Quiero llamar su atención: cuando la Unión Europea habla de
telecomunicaciones, no hace directivas, marca estrategias, fija
horizontes. Porque esto cambia mucho, señorías. La velocidad de cambio es
tremenda. Quiero recordarles a todos aquellos senadores y senadoras que
estaban en esta Cámara en la anterior legislatura que ustedes no tenían
WhatsApp. Ustedes no tenían en la anterior legislatura un montón de
aplicaciones, que ahora pueden consultar en su móvil, porque no existían,
simplemente porque no existían. A finales del año 2008 había en el
mercado 550 aplicaciones para móviles, en el año 2013, 1 575 000
—prácticamente en cinco años—. Fíjense en la velocidad de
cambio. Hoy en día en España entre 35 y 40 millones de españoles y
españolas utilizan aplicaciones para móvil cada día, repito, entre 35 y
40 millones de españoles, y en el mundo más de 4400 millones de personas.
Todo eso es posible gracias al desarrollo de las telecomunicaciones. Pero
además —como decía mi compañero Andrés Gil—, las
telecomunicaciones son una herramienta que permite no solamente
evaluarlas como un sector económico perteneciente al sector cuaternario,
sino clave en todos los sectores de la economía —hoy no hay en
España o no debiera haber ningún productor que tenga 4 vacas en medio de
un campo de cualquier provincia española que no tenga la posibilidad de
comercializar su leche a través de las redes, porque si no es así, está
perdiendo posibilidades de negocio-: el sector primario, el sector
secundario —¡qué sería de la industria sin
telecomunicaciones!—, el sector terciario por supuesto —hoy
en día a nadie se le ocurre hacer turismo sin mirar antes el destino al
que va y eso no era posible antes de 2005 porque no existía Google
Maps—, el sector cuaternario obviamente, e incluso todo lo que
tiene que ver con el conocimiento.


Por lo tanto, está claro que las telecomunicaciones son un
instrumento de crecimiento económico, son un instrumento de cohesión
social. Hoy el que no tiene acceso a las tecnologías está fuera, está al
margen y hoy la región o el pueblo de España que no tiene acceso a las
tecnologías están al margen. Por consiguiente, estamos hablando de una
ley clave y, además, de una ley compleja, muy compleja.


Si ustedes no lo saben, yo se lo digo —en mi
bibliografía lo verán—. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones. Les
aseguro que las antenas que yo estudiaba en los años setenta no tienen
nada que ver con las antenas de ahora, absolutamente nada. Y alguien me
preguntaba el otro día sobre el concepto de antena. Veremos la vigencia
del concepto de antena. Por consiguiente, estamos hablando de algo
complejo pero que tiene una importancia esencial en nuestra vida. Del
hecho de que un centro de salud de un pueblo pequeño, aislado, pueda
tener acceso a mi historial clínico depende mi vida, de eso depende la
vida de las personas que en un momento determinado tengan que ir a ese
centro, y eso tenemos que valorarlo.


El comercio electrónico, cuya ley es del 2002, ha
evolucionado tanto que es otra cosa. La banca electrónica tiene un uso
brutal. El aprendizaje electrónico en este país está absolutamente
disparado. Por lo tanto, estamos hablando de una ley clave, de una ley
que desde el punto de vista del Grupo Socialista, como ha dicho algún
portavoz, ha cambiado mucho desde que entró en el Congreso. Quiero
decirles que el Grupo Socialista presentó 122 enmiendas en el Congreso.
De las 122 enmiendas, se incorporaron al texto 59, y en el trámite del
Senado se incorporaron 4 al dictamen y 5 enmiendas más están en las
transaccionales que hoy han circulado por aquí. Es evidente, si hacen
ustedes números, que el 55% de las enmiendas que hemos presentado a esta
ley se han aceptado. Sigue, como ha dicho el senador Gil, sin ser nuestro
proyecto, pero es menos nuestro proyecto en este momento.









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Además quiero decir que en el Senado se han incorporado
algunas enmiendas tan importantes en el dictamen como una que define que
cada ciudadano podrá decir cuáles de sus datos son confidenciales y
cuáles no. Otra incorpora a las asociaciones de personas con discapacidad
en el Catsi—Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad
de la Información, y quiero aprovechar para saludar a los compañeros de
la Unión General de Trabajadores de Telecomunicaciones, cuya presencia
sindical debería ser mayor en el Catsi—. A través de nuestra
enmienda conseguimos que entren las asociaciones de personas con
discapacidad. Gracias a otra enmienda, que también se ha incorporado, se
mejoran o se amplían los plazos que los operadores procedentes de
administraciones públicas tienen para adaptarse a la ley.


Como ha dicho el senador Gil, nuestra influencia a través
de las 68 enmiendas que nos han recogido tiene que ver, fundamentalmente,
con derechos de los usuarios, pero también con el papel de las
administraciones públicas como operadores, porque somos conscientes de
que el mercado no lo arregla todo y de que hay sitios donde los
operadores privados no irán, y en esos sitios tenemos que dejar que las
administraciones públicas, sobre todo las locales, actúen como
operadores. Y tenemos que simplificarlo. Pero también hay que facilitar
el despliegue de las redes, porque si no somos capaces de eliminar
barreras en el despliegue de las redes, no seguiremos el ritmo europeo,
nos quedaremos a la cola, y, como alguien decía, pagamos las
telecomunicaciones más caras que otros, pero si dificultamos el
despliegue de las redes, todavía serán más caras.


El modelo de regulación no es el nuestro. Nosotros no
habíamos eliminado la CMT para hacer la CNMC, no lo habríamos hecho, no
habríamos quitado la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, pero
ya que ese es el modelo del regulador, hemos incorporado en nuestras
enmiendas toda una serie de competencias que perdía el regulador actual
—la Comisión Nacional del Mercado de las Comunicaciones—,
porque entendíamos que estaban bien donde estaban, que no tenían que
pasar al ministerio.


El Grupo Socialista en el Congreso incorporó las
disposiciones adicionales decimoséptima y decimoctava en el texto del
Congreso. Hablan de algo tan importante como la universalización de la
banda ancha ultrarrápida, definiendo estrategias para que en este país la
velocidad mínima de Internet sea de 10 megas en el año 2017 y que antes
de 2020 estemos en 30 megas en al menos el 50% de hogares. Esa es una de
nuestras enmiendas.


Otra de nuestras enmiendas habla de la obligación del
Gobierno de desarrollar un plan con medidas que estimulen las políticas
de innovación en el sector y de innovación tecnológica en el tejido
industrial, habla de compras innovadoras, habla del mercado de demanda
temprana, habla de poner en marcha proyectos de I+D+i relacionados con
las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. Esta es otra
propuesta gracias a una enmienda socialista. Y hablamos de la brecha
digital y de la universalización de las redes, y lo hacemos con la
experiencia de haber puesto en marcha el plan Avanza, por ejemplo, que ha
permitido un desarrollo importante de las telecomunicaciones en este
país, y de haber puesto en marcha varios planes de extensión de la banda
ancha en años anteriores. Por lo tanto, en estas dos adicionales estamos
hablando fundamentalmente de mejorar la competitividad de nuestras
empresas. También en el trámite en el Congreso, en la disposición
adicional décima, la que habla de salud y radiofrecuencia, hemos mejorado
el papel de la comisión interministerial que se crea, aunque se podría
todavía más y por eso mantenemos una enmienda, pero ya hemos actuado
sobre esta disposición.


En definitiva, estamos hablando de toda una serie de
mejoras de la ley que hemos hecho. Cierto que quedan cuestiones que
todavía no nos gustan. Por ejemplo, no entendemos que las disposiciones
finales primera y segunda deban estar en esta ley —de ahí nuestras
dos enmiendas, las números 131 y 132—, fundamentalmente porque la
disposición final primera habla de modificar la Ley del juego, de 2011, y
la segunda de modificar la Ley de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico, del año 2002. Reconocemos la
necesidad absoluta de modificarla, pero debemos hacerlo de otra manera.
Probablemente no sea el mejor modo mediante una disposición final
colocada en esta ley, entre otras cosas porque la Ley de servicios de la
sociedad de la información y de comercio electrónico exige la
participación de una serie de sectores que no están interesados en esta
ley, pero sí en la otra, y a los que deberíamos escuchar en el trámite de
reforma. Por lo tanto, la propuesta que les hacemos es que la quiten de
aquí y traigan una reforma de la Ley 34/2002, que habla fundamentalmente
de la sociedad de la información y el comercio electrónico, que, como les
he dicho, es evidente que debe ser reformada









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por una cuestión de tiempo —porque hace 12 años el
comercio electrónico no era como ahora—. En cualquier caso, la
enmienda 123 reforzaría el papel de esa comisión de radiofrecuencia y
salud, y algunas otras aconsejan seguir dotando de competencias a la
CNMC, que también mantenemos vivas y entendemos que mejorarían el texto
aún más.


Para terminar —tal vez sea repetitivo—,
quisiera agradecer el buen trabajo de las senadoras Azuara y Nicolás y
que siempre han estado a disposición de todas las sugerencias que hemos
hecho, y, cómo no, del equipo del secretario de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, el señor
Calvo-Sotelo, con quienes hemos estado muy en contacto durante los
últimos 15 días para poder incorporar toda una serie de mejoras en la
ley, conscientes todos como somos de que esta es, como decía el senador
Gil, una ley que trata un tema muy instrumental, y, evidentemente, no
viene mal aplicar el consenso a este tipo de temas que tienen mucho que
ver con la mejora de las condiciones de la economía española, pero
también, como les explicaba al principio, de la vida de muchos millones
de españoles y españolas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Gracias,
señoría.


Para turno en contra, tiene la palabra la senadora
Nicolás.


La señora NICOLÁS MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario
Popular en este turno en contra relativo a las enmiendas diciendo en
primer lugar lo que ya algunos portavoces, como el señor Manchado que me
ha precedido, han dicho con rotundidad, y es que la Ley general de
telecomunicaciones ha llegado al Senado con un alto grado de consenso en
su tramitación en el Congreso de los Diputados, donde obtuvo el voto
favorable del Partido Popular, del PSOE y de CiU. He de destacar la
colaboración mantenida también con otras instituciones, como la Junta de
Andalucía, para acordar las cuestiones relacionadas con los despliegues
de las redes. Esto ha sido posible gracias a un gran esfuerzo por parte
de todos los grupos parlamentarios y también del propio ministerio, que
ha dado como resultado la incorporación al texto del proyecto de ley de
un total de 147 enmiendas en el Congreso, de las cuales 59 corresponden
al Grupo Parlamentario Socialista, y en la Comisión de Industria, Energía
y Turismo del Senado, 14 enmiendas de diferentes grupos —del Grupo
Popular, del Grupo Socialista, de CiU, de Entesa, del PNV, de Izquierda
Unida y de Esquerra—.


En esa comisión mi grupo —hace una semana— se
comprometió a seguir dialogando para alcanzar nuevos acuerdos que
mejorasen el texto de la ley y, dentro siempre del interés general, el
mercado de las telecomunicaciones, primero, porque es una ley que afecta
a todos los ciudadanos y, segundo, por el imperativo legal que nos llega
desde Europa de actualizarnos con las nuevas directivas. Así lo hemos
hecho y hoy mi grupo propone 4 nuevas enmiendas transaccionales. En algún
momento algún portavoz ha dicho 5, pero 2 de las enmiendas corresponden
al artículo 70, a dos letras diferentes. Por lo tanto, han sido
registradas 4 enmiendas transaccionales con las que, en definitiva,
queremos alcanzar el máximo consenso para el texto que hoy debatimos.


Voy a empezar mi intervención haciendo alusión a estas 4
enmiendas transaccionales. La primera de ellas es al artículo 2.2, que
corresponde a la enmienda 284, de Entesa, y a la enmienda número 1, del
Grupo Parlamentario Mixto, de Izquierda Unida. La transacción al artículo
2 viene a incidir en la consideración de las telecomunicaciones como
servicios de interés general, algo que ha generado polémica con otros
grupos, como ya ocurrió con la anterior ley, cuando las
telecomunicaciones pasaron de considerarse —por supuesto, en virtud
de su liberalización— servicio público a servicio de interés
general. Con el nuevo texto solo tienen la consideración de servicio
público los servicios regulados en el artículo 4, es decir, servicio de
telecomunicaciones para la defensa nacional, la seguridad pública, la
seguridad vial o la protección civil. Ahora, con esta transacción,
añadimos un párrafo que dice que la imposición de obligaciones de
servicio público perseguirá la consecución de los objetivos establecidos
en el artículo 3 de esta ley, donde se regulan los objetivos y principios
de la misma, y que podrá recaer sobre los operadores que obtengan
derechos de ocupación del dominio público o de la propiedad privada,
derechos de uso del dominio público radioeléctrico, derechos de uso de
recursos públicos de numeración,









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direccionamiento o de denominación, o que ostenten la
condición de operador con poder significativo en un determinado mercado
de referencia.


Señorías, la siguiente transacción es al artículo 45.3 y
corresponde a las enmiendas 158, del Grupo Parlamentario Socialista, y
227, de Entesa. Esta transacción viene a dar respuesta a las
reivindicaciones de estos dos grupos para permitir combinar el necesario
respeto competencial y la protección a los derechos de los ciudadanos con
una mayor agilidad, dando prioridad, con la nueva redacción del punto 3,
a la sostenibilidad de edificaciones de uso residencial, industrial,
terciario y dotacional —es lo que se añade en el texto de la
transacción—, lo cual, desde luego, favorecerá la progresiva
implantación en España del concepto de hogar digital.


No olvidemos que estos usos, por ejemplo, el dotacional, va
dirigido fundamentalmente a edificios dedicados a servicios públicos,
como los servicios públicos de sanidad, centros de día para personas
mayores, universidades, etcétera.


Decía el portavoz de Izquierda Unida, señor Iglesias,
respecto de este artículo 45 que sí se había leído la ley y que sabía
perfectamente lo que dice la ley. Sin embargo, cuando yo leo el artículo
45, que regula las infraestructuras comunes y redes de comunicaciones
electrónicas en los edificios, puedo asegurar que hay quien no ha
querido, quizás, entender lo que aquí se dice. El artículo 45.4 dice que
los operadores podrán instalar los tramos finales de las redes fijas de
comunicaciones electrónicas de acceso ultrarrápido, así como sus recursos
asociados, en los edificios, fincas y conjuntos inmobiliarios que estén
acogidos al régimen de propiedad horizontal. Y hace una salvedad, cuando
se trate de una sola vivienda: »...; al objeto de que cualquier
copropietario, o, en su caso, arrendatario del inmueble, pueda hacer uso
de dichas redes.» —por lo tanto, haciendo uso de elementos comunes
de la edificación—. «El operador...» —dice el artículo
45— »... que se proponga instalar los tramos finales de red y sus
recursos asociados..., deberá comunicarlo por escrito a la comunidad de
propietarios...» —aquí se han dicho una serie de disparates que
nada tienen que ver con este punto 4 del artículo 45— »...o, en su
caso, al propietario del edificio.» Pero, además, tendrá que hacerlo con
un proyecto de la actuación que se pretende realizar antes de iniciar
cualquier instalación. Aquí se ha hablado en unos términos por parte de
algunos portavoces que han presentado o que han apoyado vetos a esta ley
que hacen que parezca que van a aparecer antenas en todos los edificios
como setas, sin que absolutamente nadie, ni siquiera los que allí viven,
puedan saberlo. Y esto, es absolutamente falso.


Quería hacer esta aclaración porque la instalación no podrá
realizarse si en el plazo de un mes, desde que se hace esa comunicación,
no se produce una autorización por parte de la comunidad de propietarios.
En todo caso, será necesario que el operador indique a la comunidad de
propietarios o al propietario el día de inicio de la instalación.


La siguiente enmienda transaccional que hemos presentado se
refiere al artículo 51.2. Esta transacción corresponde a las enmiendas
del Grupo Parlamentario Socialista números 153, 162 y 163, a las números
221, 231 y 232 de Entesa, así como a las números 431 y 433, de CiU. El
artículo 51 regula el acceso a números o servicios. Con esta transacción
pretendemos garantizar determinadas competencias de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia —la de las comunicaciones—,
mejorar la protección de los usuarios y garantizar el bloqueo como un
derecho de los usuarios. Por supuesto que sí. Por eso, planteamos esta
transacción en la que añadimos que, para darle más competencia a la CNMC,
siempre habrá un informe previo de la citada comisión y se establecerán
—ya no ha lugar a posibilidad, sino que se establece como
obligatorio— las condiciones en las que los operadores de redes
públicas de comunicaciones electrónicas o servicios de comunicaciones
electrónicas disponibles al público llevarán a cabo dicho bloqueo de
acceso a números o servicios, siempre que esté justificado por motivos de
tráfico no permitido y de tráfico irregular con fines fraudulentos, y los
casos en los que los prestadores de servicios de comunicaciones
electrónicas retengan los correspondientes ingresos por interconexión u
otros servicios.


Luego, señorías, estas condiciones de bloqueo quedarán
perfectamente establecidas en el real decreto de desarrollo de la ley.
Pero además, esta transacción que presentamos incluye dos párrafos que
otorgan a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia la
potestad de ordenar el bloqueo de acceso a números o servicios por
motivos de tráfico irregular, como he dicho, con fines fraudulentos,
cuando tengan su origen en un conflicto entre operadores o en materia de
acceso o interconexión que les sean planteados por los propios
operadores.









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La siguiente transacción que planteamos es al artículo 70.2
en dos de sus letras —por eso, se pensaba que eran 5 transacciones,
pero, al final, se han englobado en una sola—, la transacción al
artículo 70.2, letra l y al 70.2, letra m, sobre la base de las enmiendas
168, del Grupo Parlamentario Socialista, 236, de Entesa y la número 440,
de CiU.


El artículo 70, señorías, regula la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia. Puedo afirmar con rotundidad que, tal y
como queda regulada al final, sale muchísimo más reforzada, después del
trámite parlamentario de esta ley, de lo que entró, cuando se aprobó el
proyecto de ley en el Consejo de Gobierno. En particular, en esta
transacción se añade que la CNMC debe ser consultada por el Gobierno y el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo en materia de comunicaciones
electrónicas, en concreto en aquellas materias que puedan afectar al
desarrollo libre y competitivo del mercado. Igualmente podrá ser
consultada en materia de comunicaciones electrónicas por las comunidades
autónomas y las corporaciones locales. (La señora vicepresidenta, Vicente
González, ocupa la Presidencia). En el ejercicio de esta función
participará, mediante informe, en el proceso de elaboración de normas que
afecten a su ámbito de competencias en materia de comunicaciones
electrónicas. Por último, esta transacción contempla que también la CNMC
realizará las funciones de arbitraje tanto de derecho como de equidad que
le sean sometidas por los operadores de comunicaciones electrónicas, en
aplicación de la Ley de arbitraje 60/2003, de diciembre.


Por lo tanto, señorías, todas estas mejoras que se
contemplan en las transacciones se suman a las anteriores, a las que
también se ha hecho alusión aquí por parte de los portavoces de CiU y del
Grupo Parlamentario Socialista que, como he dicho, apoyaron la ley en el
Congreso. Mejoras fundamentales que se han mencionado, pero a las que
quiero hacer una breve referencia porque se ha reforzado la cohesión
social y territorial y las necesidades de las personas con discapacidad
en los objetivos de la ley, concretamente en el artículo 3, y ello para
reducir esa brecha digital que en España todavía padecemos.


En cuanto a los operadores, las administraciones públicas
podrán instalar redes sin sujetarse al principio de inversor privado en
zonas no rentables. Parece que hay alguien que o no se lo ha leído o, si
lo ha leído, no ha querido entenderlo así. Pero es que lo que dice la ley
es que se elimina la prohibición de recibir subvenciones en el artículo
9, se mejora el procedimiento de declaración de uso compartido y se da
más participación a las administraciones públicas.


Y luego hay un apartado importantísimo que es el de los
derechos de los usuarios, a los que parece que esta ley tiene como único
objetivo fastidiar. Lo primero que hay que ver es lo que quieren los
usuarios, y los usuarios quieren que este país se ponga al mismo nivel,
vaya en la misma dirección y a la misma velocidad que el resto de países
europeos en materia de telecomunicaciones. Por eso, en esta ley se
refuerza precisamente la Agencia Española de Protección de Datos para
salvaguardar los datos personales. Se da mayor información y protección a
comunidades de propietarios en despliegues dentro de los edificios o, por
ejemplo, se mejora el contenido de los contratos para dar mayor
transparencia, y se obliga a los operadores a dar copia de esos contratos
a los usuarios.


Entre las novedades más significativas quiero destacar el
nuevo marco normativo en materia de derechos de los usuarios porque, por
ejemplo, se reduce a tan solo un día laborable el tema de la
portabilidad. Se amplían las facultades de la Administración para imponer
a los operadores condiciones de accesibilidad para personas con
discapacidad, algo que hasta ahora no se había regulado en una ley de
estas características. Y precisamente en comisión, el Grupo Parlamentario
Popular presentó 8 enmiendas que iban, por un lado, a recoger una
propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias en
relación al despliegue de redes por fachadas o aéreos, para que se
produzca de una manera más ordenada desde el punto de vista urbanístico.
Aquí también se ha dicho que esta ley parece que va en contra de las
competencias y de todas las actuaciones que en un momento determinado
hayan podido regular los ayuntamientos. Lo que hace la ley es garantizar
a todos los usuarios que todos los ayuntamientos de este país hagan lo
mismo y garanticen los mismos servicios. Es decir, estas enmiendas que mi
grupo parlamentario presentó van a minimizar la repercusión de los
despliegues, y en el caso concreto de los aéreos se van a utilizar
precisamente en aquellos lugares donde ya existe cable. En las fachadas,
siempre que sea posible, los despliegues que se produzcan van a utilizar
infraestructuras ya establecidas









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en despliegues previos o simplemente en canaletas. También
en una de las enmiendas que presentamos en comisión, y que quedó
recogida, se mejoraban las competencias de la CNMC.


En definitiva, señorías, las enmiendas que no se han
aprobado —estas transacciones que presentamos hoy en Pleno,
esperamos que cuenten con el apoyo de todos los grupos— en la
ponencia y en la Comisión de Industria del Senado, sencillamente es o
bien porque no tienen encaje en lo que regula esta ley que es el mercado
de las telecomunicaciones, o bien porque están en contra de esa
trasposición de directivas europeas que filosóficamente son el hilo
conductor de todo este proyecto.


Quisiera decir, concretamente, al portavoz de Izquierda
Unida, señor Iglesias, y a todos los grupos que después de él le han
apoyado en esa defensa de su veto, que las medidas de protección a la
salud se encuentran recogidas, por supuesto que sí, en el Real Decreto
1066/2001, de 28 de septiembre, donde se contempla la normativa
comunitaria relativa a la exposición del público en general a campos
electromagnéticos. Por supuesto que sí está regulado ahí. Pero es que,
además, las enmiendas que presenta, por ejemplo, al artículo 25, son
inasumibles, sencillamente porque este artículo 25, señor Iglesias, es
trasposición directa del artículo 4 de la directiva de servicio
universal. Usted debería saber que eso sería una ilegalidad, y usted
debería saber que eso no se podía hacer. A pesar de eso, presentan esas
enmiendas y, a pesar de eso, hace esa defensa vehemente, como digo, en
esta tribuna.


Esta ley, señorías, está redactada con absoluto respeto a
la igualdad de oportunidades y a la protección de las personas con
discapacidad. Tanto es así, que el artículo 52 de la ley ya permite la
imposición de requisitos de accesibilidad, con independencia del servicio
universal, a todos los servicios, no solo a la telefonía fija y a todos
los operadores, no solo al designado como servicio de prestación
universal, sino a todos los servicios. Eso, señorías, está regulado por
ley a partir de la aprobación de este proyecto de ley. Es el artículo 52
el que regula esas condiciones básicas de acceso para personas con
discapacidad para que estas personas puedan utilizar, en las mismas
condiciones que la mayoría de los usuarios finales, todos los servicios
de acceso y de uso de servicios de comunicaciones electrónicas en nuestro
país. Y en la disposición adicional décima, además, se crea la Comisión
Interministerial sobre radiofrecuencias y salud para realizar estudios de
los efectos de los campos electromagnéticos.


Y léanse también quienes hablan y quienes, además,
presentan en los ayuntamientos alarmantes mociones en contra de este
proyecto de ley, léanse también, repito, el artículo 28.2. b), porque ya
queda regulado lo que se pide en lo relacionado con las personas
electrosensibles. Dicho artículo, que habla de otras obligaciones de
servicio público, en el apartado 2 dice: «El Gobierno podrá, asimismo,
imponer otras obligaciones de servicio público.... motivadas por: b)
Razones de extensión del uso de nuevos servicios y tecnologías, en
especial a la sanidad, a la educación, a la acción social y a la
cultura». Si esto no es proteger a las personas y no es proteger la salud
pública de los españoles, habrá, entonces, que decirle a alguien que se
lo lea, porque no me puede decir y no me puedo creer, al menos, que se lo
ha leído.


Las telecomunicaciones son competencia exclusiva del
Estado, por supuesto que sí, y todas las enmiendas que no respetan este
principio no pueden ser apoyadas, señorías, por el grupo parlamentario;
son competencia exclusiva del Estado, y bastantes líos tenemos ya con
otras competencias para crear también un Estado, una nación con 17
sistemas de telecomunicaciones, cuando a lo que se va a nivel europeo es
a crear un sistema, precisamente, homogéneo de telecomunicaciones.


Por lo tanto, podemos entender que algunos grupos del Grupo
Mixto no apoyen este proyecto de ley, pero verdaderamente lo
lamentamos.


Quiero ya, para ir finalizando, señor presidente, decir que
agradecemos muchísimo a todos los portavoces que han hecho aportaciones
vía enmiendas, a los portavoces del Grupo Socialista, de Convergència i
Unió, de la Entesa, en definitiva, a todos los portavoces de todos los
grupos que han presentado enmiendas, por supuesto que sí, a este proyecto
de ley, al margen de que, por las razones que he explicado, no se hayan
podido aprobar.


Esta ley está hecha con mucho trabajo, y esto ha permitido
llegar a muchos acuerdos y a un, creo yo, importante consenso. Es una
buena ley para avanzar en innovación y crear empleo digital. ¿Que se
podrían hacer más cosas? Posiblemente. ¿Que se podrían haber hecho antes?
Seguro. Pero ha quedado demostrado, una vez más, que este grupo
parlamentario está abierto al diálogo.









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Y no quiero terminar sin hacer alusión a las enmiendas de
Coalición Canaria —no ha presentado veto—, que en total son
3. Ante la primera de ellas, la número 86, que hace alusión a la huida de
las empresas de comercio electrónico del mercado canario, tengo que
decirle, señor Quintero, que se está debatiendo en el marco general de
simplificación de trámites aduaneros que prepara el Ministerio de
Hacienda y que regular lo que usted plantea no requiere que sea hecho por
ley. Como le digo, lo va a regular el propio Ministerio de Hacienda.
Respecto a lo de definir el concepto de autoprestación, sepa que no está
definido en las directivas comunitarias que se trasponen en este proyecto
de ley.


En cuanto a la última de sus enmiendas, la número 88, en la
que pide que se declare servicio económico de interés general la difusión
en determinadas zonas de la TDT, tengo que decirle que la disposición
adicional duodécima del Real Decreto 944/2005, por el que se aprueba el
Plan técnico nacional de la TDT, habilita ya a las comunidades autónomas
y a los ayuntamientos a que puedan extender el servicio de la TDT en
aquellas zonas donde no haya cobertura proporcionada por los
radiodifusores privados.


En definitiva, señor Quintero, no podemos apoyar estas
enmiendas y lamentamos que usted no haya sabido ver lo positivo del
conjunto de este proyecto de ley. Esperamos que al final pueda rectificar
su postura y darnos su aprobación.


Por lo tanto, sustentamos que este grupo y el Gobierno han
estado abiertos en todo momento al diálogo, que el consenso ha llegado
porque se ha trabajado y porque se han hecho aportaciones en positivo.
Señorías, los acuerdos se toman en el camino, no en el punto de salida de
cada uno de los participantes en la carrera; hace falta andar, trabajar y
encontrarse en un lugar común. En este trámite parlamentario llevado a
cabo en el Senado buscar esos puntos en común siempre ha sido posible con
aquellas personas que han querido llegar a esos acuerdos y consensos.
Desde el respeto a todos los grupos que han presentado enmiendas, esta
vez hemos demostrado que entre la mayoría hemos podido conseguir mejorar
sustancialmente este proyecto de ley. Creo que esto es lo que nos
demandan todos los ciudadanos de este país y es lo que, en definitiva,
todos queremos.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Vicente González): Gracias,
señoría.


¿Turno de portavoces? (Pausa).


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias.


El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora
presidenta.


Cierto es que no pensaba intervenir pero la amable
invitación de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular me obliga a
salir a bailar una vez más. En primer lugar, para demandar respeto a la
disidencia, respeto a la minoría, que es algo consustancial a los valores
de un sistema democrático. Obviamente, como disidente habitual y minoría
frecuente, se trata de un valor que tengo muy asumido e
interiorizado.


En segundo lugar, en cuanto a los argumentos expresados por
la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, decir que se respeta la
competencia municipal y poner como contrapunto la garantía de que todos
los ciudadanos, vivan en el municipio que vivan, van a contar con las
mismas posibilidades de acceso a las redes de telecomunicaciones es una
falsedad. No van a ser los ayuntamientos los que decidan las facilidades
de acceso a las redes de telecomunicación de sus vecinos; van a ser las
empresas teleoperadoras, obviamente. Los ayuntamientos lo que podían
hasta ahora era ejercer sus competencias para establecer los
condicionantes que mejor respondieran a la voluntad democrática expresada
por sus vecinos en los procesos electorales, porque los ayuntamientos,
señoría, no son un obstáculo, son una institución que representa a los
ciudadanos. No debe de verse, por lo tanto, como una piedra en el camino
que hay que apartar y este proyecto ve a los ayuntamientos y a las
comunidades autónomas como eso, como un obstáculo, como una piedra que se
apartará en todo caso, porque para eso estará el Ministerio de Industria
imponiendo una ordenanza homogénea en todos los municipios
—concejos, en mi tierra— y en último término el Consejo de
Ministros ratificando cuando haga falta esas decisiones.


No se puede decir que este proyecto es respetuoso con el
derecho a la salud cuando la única referencia en la que ha insistido la
portavoz popular es la creación de esa comisión para evaluar los riesgos
que se derivan de las emisiones electromagnéticas y electrosensibles. Ya
había una norma —insistía la portavoz popular en ello—, el
Real Decreto 1066/2001, que reflejaba las









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exigencias de la normativa de la Unión Europea ya en 2001,
hace 13 años. Todos los portavoces que han pasado por este micrófono y
este atril han insistido en cuánto ha cambiado durante los últimos años
todo el sistema de telecomunicaciones. Por lo tanto, las cortapisas, las
exigencias, las precauciones que se establecieron en 2001 hoy no valen y
no es serio decir que primero se aprueba la ley y después se crea la
comisión para evaluar las consecuencias de esa ley. Evalúense primero las
consecuencias, redáctese después el proyecto y tráigase aquí. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.)


Y concluyo leyendo un capítulo del proyecto de ley, que se
dice es respetuoso con la propiedad privada, con los intereses de los
propietarios y con las competencias sobre el patrimonio público de las
administraciones, el capítulo II, que empieza con un artículo 29 que
dice: «Derecho de ocupación de la propiedad privada. 1. Los operadores
tendrán derecho en los términos de este capítulo a la ocupación de la
propiedad privada cuando resulte estrictamente necesario para la
instalación de la red...» ¡Por razones técnicas o por razones económicas,
señoría! Por tanto, ocuparán la propiedad privada respondiendo a sus
intereses empresariales de hacer las inversiones menos costosas y eso no
es respetuoso ni con la propiedad privada ni con la garantía del derecho
a la salud.


Por otra parte, el artículo 30 dice: «Derecho de ocupación
del dominio público». Por encima del régimen que regula en nuestro
derecho los requisitos para el uso y ocupación del dominio público, es
más claro todavía, pues señala: «En particular, la ocupación o el derecho
de uso de dominio público para la instalación o explotación de una red no
podrá ser otorgado o asignado mediante procedimientos de licitación».


Por lo tanto, supeditación absoluta de las administraciones
autonómicas y locales en el ámbito competencial, de los ciudadanos en el
ámbito patrimonial y de esas mismas administraciones titulares del
dominio público. Llámenlo como quieran, interprétenlo como mejor les
parezca, pero los disidentes tenemos derecho a leer los artículos de la
ley que usted nos cita y los demás.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.


Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el
senador Quintero.


El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Gracias, señor presidente.
Intervendré brevemente.


En primer lugar, quiero agradecer tanto a Carmen Azuara
como a María José Nicolás que hayan intentado entender tanto los
planteamientos de mis enmiendas, aunque al final el ministerio o el grupo
que sustenta al Gobierno no hayan aceptado ninguna, como su cortesía.


Decía en mi primera enmienda, la número 86, y lo repetía la
senadora Nicolás, que tanto el Ministerio de Hacienda como la Consejería
de Hacienda del Gobierno canario están tramitando la compra digital. Sin
embargo, la ley debería dar un paso más y obligar a que se pueda comprar,
que se pueda acceder a ello. Lo único que están haciendo el ministerio y
el Gobierno es agilizarlo a través de un único documento telemático para
que los consumidores no tengan que acudir a dos DUA. Eso lo único que
están haciendo, lo cual es fundamental dado el coste elevado que tenemos,
pero nos obligan a seguir exentos de algo que todos hemos coincidido aquí
que es fundamental dentro de las telecomunicaciones como es el comercio
electrónico. Es fundamental y nos están eximiendo simplemente por tener
un régimen específico que no lo marcamos nosotros, nos lo marca nuestro
régimen fiscal, el REF, el régimen económico y fiscal de Canarias, que lo
marca la Unión Europea. Nos excluyen simplemente por eso, y lo único que
pedimos es que no se excluya a Canarias de la venta del comercio
electrónico por tener un régimen específico, que lo aprueban las Cortes y
que lo aprueba la Unión Europea. No es que seamos diferentes, es que
tenemos un régimen específico. Y eso es lo que está castigando al
comercio electrónico, y el hecho de que el 70% de las empresas españolas
o radicadas en España no vendan a Canarias porque les cuesta más la
tramitación; esta venta tiene una tramitación diferente que la del resto
de las comunidades autónomas. Esa es una realidad.


Pero lo que están negociando el Ministerio de Hacienda y la
Consejería no arregla este problema; arregla otro que va añadido, es
verdad, pero no este. Por eso nos extraña mucho que no la acepten, cuando
se ha dicho que se está de acuerdo, que no encajaba en la Ley de
consumidores sino en esta. Pues tampoco encaja en esta y no la van a
aprobar y, por lo tanto, no se resuelve el problema.









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Con esta ley no se va a poder llegar a todas las
administraciones locales, no se va a poder llegar a todos los usuarios;
por eso entendíamos que aunque no pueda llegar al operador privado, el
operador público podría hacer un esfuerzo, y de ahí tanta insistencia.
Hay organismos públicos como la Federación de Cabildos, e incluso el
Cabildo Insular de Tenerife que han hecho un esfuerzo económico brutal
para que la red de telecomunicaciones de las islas llegue a todos los
municipios y a todos los puntos de interés, pero, desgraciadamente, este
proyecto de ley lo deja sesgado.


He querido dejar claro mi posicionamiento, porque aunque,
evidentemente, el proyecto de ley tiene muchas cosas positivas, mi voto
va a ser de abstención porque para nosotros estos dos puntos son
fundamentales.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.


El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado no
interviene.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.
Gracias, señorías.


Quisiera anunciar, de entrada, que los senadores y
senadoras socialistas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya vamos a votar favorablemente el texto del Proyecto de Ley
general de telecomunicaciones que se somete a consideración de esta
Cámara. Lo haremos a pesar de que no es la ley que nosotros hubiéramos
hecho pero, en honor a la verdad, como decía en mi primera intervención,
en el proceso de elaboración y en todo trámite parlamentario, en el
Congreso y en el Senado, ha habido receptividad hacia nuestras propuestas
así como a diversas propuestas de otros grupos parlamentarios. Por lo
tanto, ha habido un proceso de negociación y de diálogo donde no se han
recogido muchísimas de nuestras propuestas articuladas a través de
enmiendas, pero sí las suficientes para que finalmente demos nuestro
apoyo al texto. En ese sentido, mi agradecimiento a las personas que lo
han hecho posible.


La necesidad de actualizar la Ley general de
telecomunicaciones de 2003 era y es un objetivo compartido. Las razones
las explicaba el señor Manchado, portavoz socialista. La prueba de ello
es que el anterior Gobierno, en 2011, comenzó a tramitar un anteproyecto
de nueva ley; una parte importante de la ley que hoy aprobaremos es
heredera de aquel anteproyecto. Y ello no nos debería sorprender, porque
la diagnosis de los problemas del sector son bastante compartidos.
Estamos hablando de un sector que representa el 3,6% del PIB, que genera
más de 35 000 millones de ingresos, que da trabajo a más de 66 000
personas y que generó en el año 2012 más de 4000 millones de euros de
inversión.


Por lo tanto, estamos delante de un sector fundamental para
el crecimiento de la economía española; un sector que necesita de un
marco regulatorio nuevo que pueda garantizar sus inversiones en el medio
y largo plazo; y de ahí la importancia de que esta ley cuente con una
mayoría muy amplia, porque ello garantiza la estabilidad regulatoria
necesaria para las inversiones de los operadores del sector. Y esta
seguridad regulatoria es la que ha de facilitar la inversión y el
despliegue en nuevas redes: en fibra óptica, fijo o en móvil las de
cuarta generación, y ello permitirá incrementar la oferta de servicios y
que estos sean de más calidad.


Y, además de estas reformas estructurales en el régimen
jurídico de las telecomunicaciones, y para facilitar el despliegue de
redes y la prestación de servicios, la ley también persigue la mejora en
la seguridad jurídica, integrando en su texto la normativa vigente
europea en materia de comunicaciones electrónicas, en parte dispersa. Al
marco europeo de 2002 en esta materia, hay que sumar las cuatro
directivas que vinieron con posterioridad, la decisión sobre el marco
regulador del espectro radioeléctrico y, de manera más reciente, las
modificaciones de directivas del año 2009, así como la directiva de
derechos de los ciudadanos del mismo año. Obviamente, también procedía
adaptar la ley tras la reciente y polémica creación de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, como ustedes saben. Ojalá que
en aquella ocasión el Ministerio de Economía hubiera demostrado capacidad
de acuerdo y negociación. Desgraciadamente, no fue así.


Facilitar el despliegue de redes requiere limitar la
legislación que puede afectar negativamente a este despliegue o a la
prestación de servicios de comunicación electrónicos. Y este es un
aspecto donde no nos consideramos del todo satisfechos. A pesar de que se
han eliminado del proyecto la mayoría de aspectos donde, en nombre de
recuperar la unidad de mercado, se









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invadían competencias territoriales autonómicas y, sobre
todo, locales, creemos que se hubiera podido ir un poco más allá. Un
ayuntamiento no ha de poder bloquear un proyecto de despliegue de redes
de interés general, pero sí ha de ser respetuoso con la autonomía
municipal, constitucionalmente garantizada.


En otro orden de cosas, se avanza en la ley en línea con la
legislación europea en todo aquello que se puede traducir en reducir las
cargas administrativas que soportan los operadores de telecomunicaciones,
de una manera equilibrada, sin que ello ponga en peligro la seguridad
jurídica ni, especialmente, los derechos de los ciudadanos, como tales ni
como consumidores o usuarios. Porque esto ha sido también una de nuestras
prioridades en el proceso de este proyecto de ley, con un redactado en el
capítulo V, del título III y del título VIII, que creemos que garantiza
esos derechos, así como refuerza las potestades inspectoras y el régimen
sancionador de la Administración, delante de situaciones de posible abuso
o de mala calidad del servicio.


El proyecto de ley tenía también que suponer un avance en
el proceso liberalizador y de competencia en el sector e, igualmente,
reforzar la gestión del dominio público radioeléctrico, reforzar el
acceso de los operadores de telecomunicaciones en las redes de
comunicaciones electrónicas de operadores de otros sectores, evitar
distorsiones a la competencia, imponiendo condiciones también para la
existencia de operadores públicos o con participación pública, era
también algo necesario.


La regulación ex ante de los mercados y la resolución de
conflictos eran otros aspectos de necesaria actualización, ya que al
estar nuestra legislación vigente, lógicamente en gran parte alineada con
la normativa comunitaria, ello requería —y requerirá
periódicamente— definir y analizar los mercados relevantes por si
se constatase inexistencia de un entorno de competencia efectiva, ya que
si este fuera el caso, la Comisión Nacional de los Mercados y de la
Competencia tendría que imponer obligaciones a los operadores
identificados con poder significativo de mercado. Con el texto de este
proyecto de ley se acota mucho más el tipo de obligaciones que pueden
imponerse.


El título IV del proyecto de ley regula los supuestos,
podríamos decir, extremos a este respecto, ya que prevé las posibilidades
de separación funcional obligatoria y voluntaria de los operadores con
poder significativo del mercado. Todo ello, obviamente, en aplicación de
la directiva de 2009, incorporada ya a nuestro ordenamiento.


A este respecto —la cuestión que acabo de
mencionar—, afortunadamente, el papel de la Comisión Nacional de
los Mercados y de la Competencia se ha reforzado sustancialmente respecto
al redactado inicial del proyecto de ley, cosa de la que nos
congratulamos. Y ello es así, porque aquí es donde hemos mantenido, con
la mayoría, discrepancias, algunas de ellas solventadas en las enmiendas
transaccionales que se incorporarán al texto.


Nosotros, como ustedes saben, discrepamos del modelo
regulatorio que la mayoría aprobó con la creación de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia y la supresión de los reguladores
horizontales: la Comisión Nacional de la Competencia, y los verticales o
sectoriales, como la CNE y la CMT, entre otros. No es la CNMC nuestro
modelo, aunque lleve unos años funcionando en Holanda, y muchos más en
Nueva Zelanda. No es nuestro modelo y, además, se aprovechó su creación
para acortar mandatos a los miembros de los reguladores existentes, así
como para traspasar competencias de los reguladores a los departamentos
ministeriales. Un contencioso este que no ha finalizado, por cierto.


Nosotros hubiéramos querido más competencias en materia de
telecomunicaciones para la CNMC, porque siempre hemos defendido que es
menos capturable el regulador, que es colegiado, que una dirección
general de un departamento ministerial al margen del Gobierno; del
Gobierno de turno. Al final, después del proceso de negociación, no
obstante, y de acuerdo, consideramos aceptable el texto resultante del
mismo. Es verdad que no quedarán en el regulador las competencias
relativas al registro de operadores y la numeración. El problema es que
van a asociados a las tasas y estas están en la Ley de creación de la
CNMC, y se asignaron al ministerio. No es coherente que ambos temas,
tasas y registro de operadores y numeración, estén separados. El problema
es que son las tasas las que no tendrían que residir en el ministerio,
sino en la CNMC. Otra discrepancia respecto al modelo regulador. La
verdadera independencia del mismo se asegura con autonomía económica,
cosa que desgraciadamente en estos momentos no tiene la CNMC.









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Decía, para acabar, que igualmente el proyecto de ley
necesitaba mejorar la regulación del dominio público radioeléctrico, y a
este respecto tanto la consideración o la reconsideración de las
diferentes clases de títulos habilitantes de su uso como la limitación de
la duración de las concesiones de uso privativo del mismo nos parecen
razonables.


En resumen, señorías, y ahora sí acabo, un proyecto de ley
manifiestamente mejorable, después de un largo proceso de diálogo y de
negociación, con la participación de todos lo hemos convertido, tras su
paso por el Congreso y el Senado, en un aceptable proyecto de ley que
servirá, sin duda, para mejorar y aumentar servicios para los ciudadanos
en materia de telecomunicaciones y ayudará al crecimiento de un sector
clave para la recuperación de la economía española. Al menos, eso es lo
que esperamos algunos, como nosotros, que hoy le daremos apoyo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.


Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.


El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor
presidente.


Señorías, en primer lugar, quisiera manifestar el
agradecimiento a las senadoras y ponentes del PP, Carmen Azuara y María
Josefa Nicolás, por su voluntad negociadora, por el esfuerzo que han
hecho para llegar a acuerdos, así como a la Dirección General de
Telecomunicaciones ya que, aunque no es la ley que nosotros hubiéramos
querido, sí consideramos que hemos avanzado mucho. Hacemos una valoración
global positiva y, en definitiva, yo creo que en el momento de crisis y
de situación económica que estamos sufriendo y que estamos padeciendo
esta ley tiene mucha importancia, por lo cual voy a hacer un breve
resumen de aquellos aspectos que nosotros entendemos más significativos
que se han puesto en evidencia y que van a contribuir a esta mejora.


Cuando el día 21 de noviembre del año pasado el ministro de
Industria presentaba el proyecto de ley en el Congreso de los Diputados
hizo unas valoraciones muy positivas del mismo. Sin embargo, el texto que
presentó en absoluto respondía a la valoración que él hizo en ese
momento. Por lo tanto, gracias a las enmiendas que se han introducido,
tanto las de nuestro grupo como las transaccionales a las que se ha
llegado con otros grupos así como otra serie de enmiendas, hoy podemos
decir que compartimos gran parte de las afirmaciones que hizo el ministro
en su día.


Este es un proyecto de ley de una grandísima importancia, y
no tan solo por la transversalidad que presenta, sino por todo lo que
representa para el crecimiento de nuestra economía ya que impulsa un
modelo basado en el conocimiento, en la mejora de la competitividad de
nuestro sector empresarial, sea el sector que sea, precisamente
—repito— por la transversalidad que tiene este proyecto de
ley. Hoy, es impensable y es imposible no seguir el camino de las
comunicaciones electrónicas y la hoja de ruta que marca la Agenda
Europea.


El impacto económico, social y territorial de las
comunicaciones electrónicas es de un enorme calado ya que el incremento
tan solo del 10% de penetración de banda ancha conlleva un crecimiento
del PIB entre el 1% y el 1,5%. ¡Casi nada! Algún portavoz que me ha
precedido en el uso de la palabra también ha hecho referencia a los
puestos de trabajo que se llegan a crear y, en definitiva, a la gran
generación de riqueza que representa.


Con estas enmiendas hemos conseguido que sea una ley
―podríamos decir― más respetuosa con las comunidades
autónomas, que las entidades locales tengan una mayor representatividad y
que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tenga más
atribuciones; pero permítanme que les hable también de un tema que es muy
importante: la seguridad jurídica. Se han aprobado leyes y reales
decretos en los que la seguridad jurídica ha brillado por su ausencia; lo
hemos visto aquí y vamos a tener en este sentido serios problemas y
conflictos. La inseguridad jurídica ha perjudicado a familias, a
empresas, a entidades y, en consecuencia, también ha evitado que se
destinaran a España inversiones extranjeras precisamente por el riesgo de
que cambiara el marco regulatorio. Por lo tanto, este es un aspecto muy
importante, sobre el que hablaremos continuamente, ya que necesitamos
tener seguridad jurídica no solo como país sino que también nos tiene que
dar credibilidad en los mercados internacionales y de cara a los
inversores extranjeros.


Haciendo ya un breve resumen de lo que ha supuesto este
trámite parlamentario diré que, gracias a las enmiendas que se han ido
introduciendo, hemos conseguido que haya una mayor seguridad jurídica;
que se establezcan las condiciones para lograr mayores inversiones en
nuevas









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redes ―redes fijas, redes de fibra óptica y para que
se pueda desarrollar la cuarta generación de telefonía móvil―; que
se impulse una mayor conectividad digital; que tenga un carácter más
transversal; que mejoren las condiciones de competencia; que aumente la
protección de los usuarios; y que la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones tenga una mayor independencia en relación con el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, asumiendo las competencias
residuales, gracias a una enmienda de mi grupo parlamentario que ya se
introdujo en la ponencia correspondiente. También hemos conseguido que
sea más respetuosa con las comunidades autónomas y los ayuntamientos,
estableciendo nuevos mecanismos de colaboración y coordinación con estas
y con las entidades locales; y también una mayor neutralidad de la
red.


Por lo tanto, entendemos que este proyecto de ley en este
momento va a beneficiar el crecimiento de la economía de nuestro país y,
precisamente, por su importancia es clave. Se han producido avances muy
importantes, que han hecho posibles los acuerdos a los que he hecho
referencia y, en definitiva, mi grupo parlamentario también dará apoyo a
esta ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Gil.


El señor GIL GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.


En aras de la brevedad, quiero hacer mías las palabras
pronunciadas en la última intervención del senador Montilla, en todo
aquello que tiene que ver con el regulador y, sobre todo, con este
proyecto de ley como palanca, como motor impulsor de generación de empleo
―de generación de empleo de calidad, que es un importante
matiz― y, en consecuencia, de salida de la crisis.


Ya adelanté en mi primera intervención ―lo han dicho
otros portavoces y no quiero insistir en ello― que nos hubiera
gustado un proyecto de ley más ambicioso y que no es el proyecto de ley
que nosotros hubiéramos elaborado, pero no por ello vamos a dejar de
acoger con agrado y consideramos que suponen un avance importante las 5
transaccionales a las que hemos llegado hoy en el Senado, que van a
reforzar ese acuerdo y ese importante consenso que ha existido desde el
inicio de su tramitación. Señorías, cuando uno llega a acuerdos, casi
nunca consigue el cien por cien de lo que entiende que es mejor. Supongo
que eso le pasa a mi grupo y también al Gobierno cuando ha intentado
convencernos de cosas que recogía el proyecto de ley, que nosotros
entendíamos que no eran así y que hemos conseguido modificar, creo que en
un volumen importante y, desde luego, de una manera inusual que no se
puede comparar a la tramitación de otros proyectos de ley en esta Cámara,
cuando el Partido Popular hace uso de su mayoría absoluta.


Consideramos que los avances logrados en el Congreso y en
el Senado a partir de nuestras propuestas y las de otros grupos
parlamentarios son lo suficientemente significativos como para anunciar
nuestro voto a favor de este proyecto de ley, que quiero resumir en una
frase: creo que los derechos, las garantías de los ciudadanos y la
seguridad jurídica del sector están un poco mejor hoy de lo que estaban
ayer.


Para terminar quiero decir que ha sido un trabajo arduo.
Esta no es una ley sencilla, es compleja, pues tiene una parte técnica
complicada. Quiero agradecer la disposición de las dos portavoces del
Grupo Parlamentario Popular, las senadoras Azuara y Nicolás, por su buena
disposición; a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, el
permanente diálogo que ha mantenido con nosotros, y el trabajo de mis
compañeros en el Congreso y la colaboración y el trabajo de mi compañero,
el senador Manchado. Pero también quiero agradecer la colaboración de
muchos ciudadanos, de instituciones como la Junta de Andalucía, de
asociaciones, plataformas y sindicatos, cuya presencia hoy, compañeros de
UGT, también os quiero agradecer en esta sesión. Todos ellos nos han
hecho llegar sus propuestas, a todos ellos hemos escuchado durante meses
y con ellos hemos mantenido infinidad de reuniones. También ellos son hoy
protagonistas y artífices de este avance en este sector tan importante de
nuestra economía, que esperemos ayude a nuestro país a salir
adelante.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Gil.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra la senadora Nicolás.









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La señora NICOLÁS MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, con la aprobación de este Proyecto de Ley general
de telecomunicaciones está claro que se va a generar una mayor seguridad
jurídica, se va a obtener un marco regulatorio más estable, un marco que
fomente la inversión, que elimine barreras que dificultan el despliegue
de redes de nueva generación, y va a permitir avanzar en la recuperación
de la unidad de mercado. Además la trasposición de directivas europeas no
podía aplazarse más; era urgente definir claramente las líneas a seguir
para que nuestro país se sitúe a la vanguardia de las
telecomunicaciones.


Porque este sector, tal y como han dicho la mayoría de los
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, es esencial para
impulsar el crecimiento y para generar empleo, y ese empleo va a venir de
la mano de la renovación tecnológica, del acceso a Internet fijo a
velocidades ultrarrápidas, lo que va a permitir incrementar nuestra
productividad y competitividad, que es justo lo que necesitamos para
seguir creando empleo.


Los operadores nos están demandando los medios adecuados
para el necesario despliegue de redes de telefonía móvil de cuarta
generación —eso es de todos conocido—, y también para el
despliegue de redes de fibra óptica que permitan enviar gran cantidad de
datos a una gran distancia y a una velocidad casi similar a las ondas de
radio. Pero yo quiero formular una pregunta muy concreta al señor
Iglesias y a aquellos senadores que han apoyado su intervención, que han
apoyado su veto y su postura de rechazo a esta ley. Yo quisiera que
ustedes me dijeran si quieren disponer de fibra óptica para trabajar, si
quieren disponer de banda ancha, de 4G, si quieren tener los mismos
servicios y posibilidades que el resto de los ciudadanos de la Unión
Europea. Seguro que me contestarían que sí, señor Iglesias. Pero díganlo
cuando salgan de aquí, digan que ustedes quieren eso. Porque si lo
quieren para ustedes, no vengan aquí a hacer demagogia, no vengan aquí a
crear alarma y no vengan aquí a decir que no se implante en este país la
Agenda Digital Europea. Porque ustedes sí quieren tener la mejor
tecnología de telecomunicaciones y deberían, como senadores y como
representantes de todos los españoles y de todos los ciudadanos, querer
exactamente lo mismo para el resto de ciudadanos y para el resto de
españoles.


El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha destacado
que uno de los principales objetivos de esta ley es precisamente tener
precios más competitivos, brindar mejores ofertas a los ciudadanos y a
las empresas, que esta ley va a impulsar la competencia, que esta ley va
a poner freno a la dispersión normativa que, como he dicho antes, existe
en las diferentes comunidades autónomas.


Después de la tramitación en el Senado, nuestro grupo se
siente muy orgulloso de todo el trabajo que se ha hecho, de las reuniones
con los grupos, unas reuniones que han permitido mejorar aún más el texto
incorporando enmiendas tanto en la Comisión de Industria como hoy mismo.
Por eso quiero agradecérselo muy especialmente a todos los que lo han
hecho posible, tanto a los portavoces —en especial al señor Gil, al
señor Manchado, al señor Montilla, al señor Alturo, y también al resto
que han hecho sus aportaciones aunque no se hayan podido tener en
cuenta— como especialmente al personal de esta Cámara y a los
representantes del ministerio porque su disposición para llegar a
acuerdos ha sido, desde luego, muy amplia.


Es una ley que no invade competencias a nivel local. Eso lo
dice claramente el Consejo de Estado, el dictamen del Consejo de Estado
que realizaba una valoración muy positiva del anteproyecto, por eso es
más aún de valorar esa disposición del ministerio a dialogar cuando se
tenía ese informe.


Esta ley, señor Quintero, no impide que operadores públicos
puedan invertir en despliegues de redes en zonas no rentables —lo
he dicho en mi anterior intervención—. Esta ley beneficia a los
ciudadanos porque simplifica determinados procedimientos administrativos,
y esto no es motivo de alarma, puesto que agiliza —y es ahí hacia
donde debe tender la Administración pública— trámites y finalmente
permitirá la puesta en marcha de todo un conjunto de medidas que darán
mejor servicio a los ciudadanos, que necesitan mejor cobertura y mayor
velocidad.


Señorías, en cuanto a la CNMC —en la que el señor
Montilla hacia especial hincapié en su intervención—, el ministerio
se trae a Madrid dos competencias administrativas sencillamente por
razones de eficacia administrativa: la asignación numérica y el tema de
registros administrativos, porque son datos obligados para establecer las
tasas y nosotros creemos, por supuesto, que las tasas las debe cobrar el
ministerio.









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En cuanto a las competencias de los entes locales, como he
dicho, solo hay que ver el dictamen del Consejo de Estado, que avala el
respeto escrupuloso a la autonomía local.


Ha habido mucha polémica, se han dicho aquí muchas cosas
respecto a la salud de los ciudadanos. Yo quiero terminar —voy a
ser muy breve— diciendo una vez más que este proyecto de ley
refuerza el principio de precaución acogido por la normativa comunitaria
y nacional relativo a la protección de la salud, mediante la creación de
esa Comisión Interministerial sobre radiofrecuencias y salud encargada de
asesorar a las administraciones públicas. Por lo tanto, el presente
proyecto, en su disposición adicional décima y con la creación de esa
comisión interministerial que engloba a varios ministerios, lo que
pretende es precisamente garantizar esa protección de la salud de todos
los ciudadanos.


Para finalizar, señor presidente, señorías, este proyecto
de ley que vamos a votar no tiene nada que ver con el texto original que
hace siete meses presentó el Gobierno gracias a las aportaciones de todos
los grupos aquí en el Senado y anteriormente en el Congreso. Lamentamos
que a pesar de todo, a pesar de las enmiendas y de las transacciones que
se han aprobado, algunos no quieran ver que esta ley potenciará al máximo
los beneficios para los consumidores, que va a crear empleo, que va a
impulsar la cohesión territorial y social mediante la mejora y la
extensión de las redes en condiciones de igualdad y no discriminación,
facilitando el acceso a los usuarios con discapacidad.


Por lo tanto, doy las gracias en nombre de mi grupo y pido
al final el apoyo mayoritario, el apoyo unánime a esta ley de todos los
grupos parlamentarios.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Nicolás.


Llamen a votación (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, vamos a comenzar con la votación de las enmiendas
del proyecto de ley. Saben sus señorías que las enmiendas que resulten
aprobadas quedarán incorporadas definitivamente al dictamen del Pleno.
Antes de la votación, voy a hacerles unos recordatorios. Al terminar las
votaciones y una vez concluida la sesión, se reunirá la Mesa y Portavoces
de la Comisión de Fomento en la sala 20001 B, la Mesa y Portavoces de la
Comisión Especial para el desarrollo de la internacionalización y
ecosistema de la innovación al servicio de la industria española y del
mundo en desarrollo, en la sala 20003, y la Mesa y Portavoces de la
Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático en la sala 20001 A.


Vamos a dar comienzo a la votación de las enmiendas,
comenzando por las enmiendas de los senadores Iglesias y Mariscal del
Grupo Parlamentario Mixto. Comenzamos votando las números 3, 5, 9, 10,
48, 54, 55, 58, 67, 68, 77, 84 y 85.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 9; en contra, 139;
abstenciones, 73.


El señor PRESIDENTE: Quedan, por tanto, rechazadas.


Votamos a continuación las enmiendas 2, 4, 6 a 8, 11 a 47,
49 a 53, 56, 57, 59 a 66, 69 a 75 y 78 a 83.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 17; en contra, 142;
abstenciones, 63.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


De los senadores Quintero y Zerolo votamos las números 86 a
88.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 18; en contra, 140;
abstenciones, 63.









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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


De la senadora Capella, votamos las enmiendas 89 a 116, 118
y 119.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 16; en contra, 141;
abstenciones, 65.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, votamos las
enmiendas 344, 349, 350, 356 a 362, 368, 369, 371 a 374 y 376 a 387.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 220; votos emitidos, 220; a favor, 15; en contra, 141;
abstenciones, 64.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 345 a 348, 351 a 353, 355, 363 a 367,
370, 375, 388 a 400 y 402 a 405.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 220; votos emitidos, 220; a favor, 16; en contra, 139;
abstenciones, 65.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario de la Entesa, comenzamos votando la
enmienda 224.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 79; en contra, 142;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 193, 238, 248, 255, 257 y 283.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 69; en contra, 142;
abstenciones, 10.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 234.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 9; en contra, 142;
abstenciones, 71.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 187, 188, 191, 192 y 194 a 216.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 220; a favor, 24; en contra, 141;
abstenciones, 55.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 217, 218, 220, 223, 225, 226, 228 a
230, 237, 239 a 247, 249 a 251, 253, 254, 259 a 263 y 265 a 282.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 80; en contra, 142.









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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 189, 190, 219, 233 y 235.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 24; en contra, 142;
abstenciones, 56.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 222.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 80; en contra, 142.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 286, 287, 308, 314, 315, 318, 342 y
343.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 7; en contra, 142;
abstenciones, 73.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 288 y 327.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 71; en contra, 142;
abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 312.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 80; en contra, 141;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 285, 289 a 307, 309 a 311,
313, 316, 317, 319 a 326, 328 a 334 y 336 a 341.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 17; en contra, 141;
abstenciones, 63.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Convergència i Unió, votamos las
enmiendas números 414, 421, 436 y 441 a 443.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 15; en contra, 141;
abstenciones, 65.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 415 a 420, 423, 434, 435 y 437.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 221; votos emitidos, 220; a favor, 16; en contra, 141;
abstenciones, 63.









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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 432, 438 y 444 a 448.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 80; en contra, 142.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 424 a 430.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 16; en contra, 142;
abstenciones, 63.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Del Grupo Parlamentario Socialista, comenzamos votando la
enmienda número 124.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 220; votos emitidos, 219; a favor, 76; en contra, 143.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 155.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 221; a favor, 80; en contra, 140;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 121, 133, 165, 169, 179 y
186.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 71; en contra, 142;
abstenciones, 9.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 123, 125 a 127,129 a 132, 134
a 152, 154, 156, 157, 159 a 161, 164, 166, 167, 170 a 178, 180 a 182, 184
y 185.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 80; en contra, 141;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen firmada
por todos los grupos con número de registro 122020.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 220; en contra, 1;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen firmada
por todos los grupos con número de registro 122021.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 219; en contra, 2;
abstenciones, 1.









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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen firmada
por todos los grupos con número de registro 122022.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 220; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la propuesta de modificación del dictamen firmada
por todos los grupos con número de registro 122023.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 220; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Señorías, votamos a continuación en un solo acto aquellas
partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la
votación anterior.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 221; votos emitidos, 221; a favor, 218; en contra, 2;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas (Rumores).


Señorías, no hemos acabado.


Votamos en un solo acto el resto del proyecto de ley.


Comienza la votación (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 222; votos emitidos, 222; a favor, 215; en contra, 6;
abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la
Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado
al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre ellas en
forma previa a la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey.


Señorías, se levanta la sesión. Buenas tardes a todos.


Eran las diecinueve horas y cincuenta y cinco minutos.