DS. Senado, Comisiones, núm. 513, de 25/08/2015

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COMISIÓN DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ PÉREZ

Sesión extraordinaria

celebrada el martes, 25 de agosto de 2015

ORDEN DEL DÍA

Dictaminar

Proposición de Ley Orgánica para reforzar la protección de las
menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la
interrupción voluntaria del embarazo.

624/000005
aborto; protección de la infancia

GOBIERNO

DICTAMINAR

PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN DE
LAS MENORES Y MUJERES CON CAPACIDAD MODIFICADA JUDICIALMENTE EN LA
INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO.

624/000005

GOBIERNO

Se abre la sesión a las doce horas.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Fernández Pérez): Buenos días.
Bienvenidos a todos. Me alegro de que hayan disfrutado de unas buenas
vacaciones —espero y deseo—, aunque cortas. Empezamos con la
sesión extraordinaria del 25 de agosto de la Comisión de Sanidad y
Servicios Sociales.

En primer lugar, corresponde la aprobación del acta de la sesión
anterior, celebrada el día 29 de julio de 2015. Supongo que todos la
tienen en su poder. Si no hay nada que alegar, entiendo que se aprueba
por asentimiento. (Asentimiento).

Pasamos al dictamen de la Proposición de Ley Orgánica para
reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada
judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo.

A esta proposición de ley orgánica se han presentado 7 propuestas
de veto y 35 enmiendas de los distintos grupos parlamentarios. La
ponencia designada para informar la proposición de ley orgánica se ha
reunido en el día de hoy y ha emitido informe de conformidad con el texto
remitido por el Congreso de los Diputados, sin más modificación que la
inclusión de una corrección técnica consistente en sustituir la mención
al apartado 4 del artículo 9 por la cita al apartado 5 de dicho
artículo.

Seguidamente, pasamos a debatir los vetos de los grupos
parlamentarios, por orden de menor a mayor.

Para la defensa de los vetos tienen la palabra los portavoces de
los grupos parlamentarios que los han firmado, por un tiempo aproximado
de diez minutos.

El primer veto es el presentado por el señor Iglesias Fernández,
del Grupo Parlamentario Mixto, que tiene la palabra.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Intervendré de forma muy sucinta y teniendo que pedir perdón a la
comisión porque a las doce y media empieza la Comisión de Justicia y
deberé ausentarme para dar por defendidos allí vetos y enmiendas, lo cual
no me impedirá volver aquí antes de votar, espero.

Haré una exposición muy breve de las motivaciones que me han
llevado, en nombre de Izquierda Unida, a formular veto a esta proposición
de ley.

En los últimos tiempos empieza a ser una constante —casi
frecuente— que el mecanismo legislativo que utiliza el Partido
Popular sea el de la proposición de ley. En este caso, además, frente a
las críticas habituales de que se recurre a esta opción como una especie
de atajo que permite eludir las exigencias de informes preceptivos de un
proyecto de ley, hay que destacar que resulta aún más incomprensible por
el hecho de que la proposición de ley es una especie de heredera de un
proyecto de ley más ambicioso inicialmente que sí contó con esos
informes. La pregunta es: sea cual sea la voluntad política del Gobierno
y del Partido Popular, si tenían elaborado un proyecto de ley a mayores,
¿qué problema tenían en ajustar ese proyecto de ley a menores cumpliendo
con las obligaciones de acompañamiento de los informes preceptivos?

En todo caso, y entrando ya en el fondo del asunto, en mi opinión,
y en opinión de Izquierda Unida, se trata de una reforma que se basa en
diferentes falacias a las que se hace referencia en la exposición de
motivos, falacias que empiezan con la larga denominación de la
proposición de ley, que llega a la afirmación de que existe una demanda
social que se traduce en la necesidad imperiosa de modificar la normativa
vigente y que tiene como colofón y como argumento que sustenta la
voluntad del Partido Popular la afirmación de que, con esta reforma, se
pretende salir al paso de una especie de uso frívolo de la interrupción
voluntaria del embarazo o que, con la regulación actualmente vigente, se
vive una especie de marginación de los padres de las menores de 16 o 17
años, quienes se ven imposibilitados de cumplir con el deber que el
Código Civil les impone de velar por sus intereses.

En primer lugar, entendemos que no hay una contestación a la
actual regulación y que, como demuestra el proyecto de ley inicialmente
planteado, lo que hay es la respuesta a un rechazo a la legalización de
la interrupción voluntaria del embarazo por parte de un sector
minoritario radicalizado de la sociedad y que, además —y yo creo
que este es un error político claro del Grupo Parlamentario Popular y del
Partido Popular—, no se van a satisfacer las demandas de este grupo
minoritario y radicalizado con esta reforma que están planteando.
Realmente, esta es una reforma que no va a satisfacer a nadie, ni al
Gobierno, ni al Partido Popular, ni a quienes vienen demandando que se
vuelva a la noche oscura de la consideración de la interrupción
voluntaria del embarazo como una ilegalidad susceptible de ser calificada
como delito.

Según el informe que conocen sus señorías de la Asociación de
Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo,
en 2014 las interrupciones del embarazo por parte de jóvenes de 16 y 17
años representaron solo el 3,6 % del monto global de interrupciones, y de
este 3,6 %, en el 87 % de los casos se produjo una información al
representante legal, lo cual, de alguna manera, es negado en la
exposición de motivos a la hora de justificar esta proposición de
ley.

El vigente artículo 13, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica 2/2010,
de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva, dice que al menos uno de
los representantes legales deberá ser informado de la decisión de la
mujer, y que solo se podrá prescindir de este requisito cuando la joven
—la mujer de 16 o 17 años— alegue, fundadamente, que esa
información o esa comunicación le generará un conflicto grave. No es
cierto, por lo tanto, que, como se afirma en la exposición de motivos, se
imposibilite al representante legal tener información y, en su caso,
responder en el marco de la legalidad a la decisión de la menor; al
contrario, la legislación vigente establece expresamente esa posibilidad
y, por lo tanto, el representante legal —el padre, la madre o el
tutor— podrá cumplir sobradamente con esa obligación legal impuesta
por el Código Civil de velar por su interés.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Fernández Pérez): Muchas gracias,
senador Iglesias.

Para defender el veto número 2, tiene la palabra la senadora
Julios Reyes, del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente. Buenos
días, señorías.

Paso a defender el veto presentado por mi persona y por mi
grupo.

Nosotros no compartimos esta proposición de ley, no compartimos ni
lo que pretende modificar de la actual ley ni, mucho menos, tampoco las
razones por las que se pretende justificar como necesidad social el
cambio en estos momentos de la actual ley.

Entendemos —y por eso hemos presentado el veto— que
esta modificación de la actual ley supone una restricción, más que una
protección, de los derechos de la mujer, especialmente entre los 16 y
los 17 años. Lo que va a suponer es todo lo contrario: una restricción de
sus derechos, una vuelta atrás en derechos ya conquistados en
España.

Entendemos, además, que, especialmente, pone en peligro, más que
en protección, a las mujeres entre 16 y 17 años que más riesgos tienen
ante un embarazo no deseado, sobre todo a aquellas que puedan estar en
una situación de entornos familiares más complicados y que puedan ser,
incluso, objeto de malos tratos, como se pretendía con la ley
actual.

Por cierto, tampoco es verdad lo que dice el texto actual de la
iniciativa que se pretende aprobar. No es cierto que en España las
mujeres entre 16 y 17 años que fueran a abortar no tuvieran que informar
al menos a uno de los padres o tutores legales. Esa es la realidad. En
las estadísticas que hay del número de mujeres entre los 16 y 17 años que
han abortado, la gran mayoría de ellas acuden con alguno de los
progenitores. Por lo tanto, no hay ningún problema que resolver ahí.

Esta norma va a generar un problema precisamente en la excepción
que en estos momentos tenía vigente la ley, que era que aquellas mujeres
que estuvieran en situación de riesgo y con dificultad pudieran quedar
exentas de tener que informar o contar con la presencia de alguno de los
padres. Ahora la situación pasa a que el consentimiento tiene que ser
dado no por las personas que tienen el problema, sino por alguno de sus
progenitores o tutores. Por lo tanto, si ese consentimiento no se logra,
las mujeres, y especialmente aquellas que estén en situación de riesgo,
se ven abocadas o a continuar con un embarazo no deseado o a lo que
ocurría antes en España, es decir, ir a la situación de buscar una
solución ilegal —y, por lo tanto, no aceptable desde el punto de
vista de la salud pública y de la integridad de la persona—. Desde
luego, es una vuelta atrás, a la España oscura, que se pretende promover
con esta ley. Por el contrario, aquellas que tengan dinero, como se hacía
antes, podrán irse a abortar fuera de España.

Por lo tanto, nosotros hemos presentado un veto por esta y otras
muchas razones que ya en su momento explicaremos en el Pleno. Entendemos
que no se justifica porque, por un lado, no es cierto: se pretende dar
una imagen engañosa a la opinión pública de que en estos momentos hay un
grave problema social porque hay muchas chicas y chicos que utilizan el
derecho al aborto como una especie de método anticonceptivo. Eso no es
cierto. No es cierto que haya aumentado el número de embarazos o de
abortos entre las personas de este grupo de edad desde que está vigente
la actual ley. Por lo tanto, se está buscando una justificación —ni
base científica ni base social— para generar una vuelta atrás en
nuestro país en lo que se refiere a los derechos de la mujer y,
especialmente, de las mujeres entre 16 y 17 años de edad.

En consecuencia, no lo consideramos justificado y entendemos que
es una proposición de ley que obedece, como bien se ha dicho, más a
razones ideológicas y de puro electoralismo para un sector de votantes
que se ha sentido frustrado por no conseguir esa gran reforma del aborto
que el anterior ministro de Justicia del Partido Popular pretendió llevar
a cabo. Realmente no hay una verdadera demanda social, muy al contrario:
si esa reforma afortunadamente no se llevó a cabo en España es porque
hubo un gran rechazo social a que se cambiara la actual ley, y esta
parece ser que es la hija menor de ese intento frustrado de cambio de
ley.

Por lo tanto, seguimos manteniendo nuestro veto y lo haremos hasta
el Pleno.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Fernández Pérez): Muchas gracias,
senadora Julios.

Para defender el veto número 4, tiene la palabra la senadora
Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente. Buenos días a
todos y a todas.

En primer lugar, como he hecho a lo largo de las distintas
sesiones de comisiones con competencia legislativa, voy a mostrar mi
disconformidad, la protesta y, por lo tanto, el rechazo a la forma de
proceder a que nos tiene acostumbrados el Partido Popular a la hora de
legislar —tanto el Gobierno del Partido Popular como el Grupo
Parlamentario Popular que le da apoyo—, especialmente en este tramo
final de la legislatura.

Desde el principio de la legislatura hasta ahora se han aprobado
más de 100 proyectos de ley, y en tres meses pretenden ustedes aprobar y
que se les dé el visto bueno a aproximadamente más de 40 leyes.

Para nosotros, para Esquerra Republicana, esto no deja de ser un
fraude a la democracia en toda regla y le hacen ustedes un flaco favor a
las instituciones, empezando por aquella en la que estamos debatiendo en
estos momentos, el Senado. Ya les vale que lo tenga que decir una
senadora de Esquerra Republicana porque, como saben ustedes, nosotros
defendemos otro modelo de Estado, nuestro propio modelo de Estado y, en
definitiva, hemos sido y somos críticos con la forma en la que viene
actuando el Senado, con la forma en que se utiliza el Senado para
legislar y no para ser una cámara territorial, una cámara de doble
lectura, una cámara de reflexión y, por lo tanto, de enfriamiento de
muchos de los procesos y proyectos legislativos.

En consecuencia, consideramos que no es únicamente una falta de
respeto a las propias instituciones, sino también a la ciudadanía a la
que, en definitiva, representamos.

Ustedes me dirán, como me dicen a lo largo de mis intervenciones,
que este proceder legislativo o esta manera de legislar no es contraria a
la ley, que el reglamento lo prevé, etcétera. Efectivamente, pero que lo
prevea el reglamento no como regla general sino como excepción no quiere
decir que sea lo normal ni que sea lo correcto, y no quiere decir que
haya sido la forma habitual de legislar en el Senado. De manera que lo
que estamos haciendo durante estos meses de julio y agosto, y lo que
continuaremos haciendo, es legislar a hurtadillas para limitar el debate
y, efectivamente, acabar haciendo leyes como churros, si se me permite la
expresión.

Dicho esto, entraré en el fondo del veto presentado por Esquerra
Republicana y en su defensa.

Nosotros, Esquerra Republicana, no alcanzamos a entender cuál es
el objetivo de esta iniciativa, qué es lo que pretende esta proposición
de ley. Porque, desde luego, a criterio de Esquerra Republicana no es una
ley que proteja los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y la
interrupción voluntaria del embarazo, especialmente de las mujeres de 16
y 17 años y de aquellas que tienen su capacidad modificada
judicialmente.

El propio nombre de esta proposición de ley se aparta de esta
concepción que hasta ahora tenía la ley, que es el ejercicio de derechos
inherentes a la condición humana, el derecho al propio cuerpo y el
derecho a decidir, el derecho a la salud, pero también a la salud sexual
y reproductiva.

A criterio de Esquerra Republicana esta ley limita derechos,
prohíbe ejercer libremente un derecho, que es lo que hace normalmente el
Partido Popular. La ley actual no está confiriendo una obligación a
abortar, sino que confiere el derecho a decidir sobre una determinada
decisión importante que es continuar con un embarazo o interrumpirlo.
¿Cómo protegen ustedes a las mujeres, a las jóvenes de 16 y 17 años, con
esta proposición de ley? Como decía, limitando su capacidad de decidir,
limitando sus derechos, exigiendo que el consentimiento no lo presten
ellas —que, en definitiva, serán las que asumirán la
responsabilidad de tirar adelante no solo con el embarazo, sino con el
ejercicio de la maternidad—, sino que lo presten los padres.

Dirán ustedes que, efectivamente, se encuentran exentas aquellas
jóvenes que demuestren graves conflictos, como pueden ser malos tratos y
abusos. ¡Faltaría más! Ya solo faltaría que tampoco pudieran decidirlo,
pero los plazos corren y colocan a las jóvenes en una situación muchas
veces sin retorno. Efectivamente, esto acaba perjudicando siempre a un
mismo sector de población y a unas determinadas jóvenes.

Ustedes justifican la modificación legislativa en que el aborto es
utilizado irresponsablemente por las jóvenes como método anticonceptivo,
y también en afirmar que la actual regulación desprotege a las menores y
que vulnera derechos y obligaciones de los padres en cuanto al ejercicio
de esta tutela respecto a sus hijas. Se trata de argumentos que para
nosotros, Esquerra Republicana, son retrógrados, carentes de sentido y no
basados en ningún fundamento ni jurídico ni científico ni social. Se
trata, simplemente, de acallar las voces del sector más retrógrado, más
reaccionario de la Conferencia Episcopal y de algún sector de su
electorado.

Cierto es que esta proposición de ley en nada se parece a lo que
abocó a dimitir al ministro Ruiz-Gallardón pero, como decía, es
innecesaria, y lo que hace realmente es castigar a aquellas menores, a
aquellas jóvenes que mayor protección necesitan. Estas afirmaciones que
ustedes efectúan en la propia exposición de motivos las desmontan y las
dejan sin ningún tipo de solidez los informes a los que aludía el senador
Iglesias, ya que del total de abortos practicados en el año 2014,
el 3,6 % fue de mujeres de entre 16 y 17 años, y en el 87 % de los casos
informaron a sus tutores legales. Por tanto, los datos, los informes, los
documentos acreditan todo lo contrario de lo que ustedes expresan en la
exposición de motivos.

Por tanto, ¿de qué estamos hablando? El único objetivo de esta
proposición de ley es imponer una determinada moral. No estamos hablando
ni de libertad ni de derechos. La Ley de interrupción voluntaria del
embarazo, como decía, reconoce el derecho a interrumpir voluntariamente
el embarazo, pero no obliga a nadie a abortar. Por consiguiente, esta
proposición de ley es del todo innecesaria.

Ustedes, con esta iniciativa, también desatienden las
recomendaciones de organismos internacionales como la OMS, la ONU o
Amnistía Internacional, porque lo que hace esta proposición de ley es
poner obstáculos e impedir que la interrupción voluntaria del embarazo se
efectúe en condiciones que garanticen la salud, la integridad física y
psíquica y la vida de muchas mujeres.

Nosotros, en Esquerra Republicana, pensamos que, les guste o no
les guste, los derechos reproductivos, los derechos de la mujer,
pertenecen a la mujer y solo a la mujer, tengan 16, 30, 40 o los años que
sean pertinentes. Por esto hemos presentado veto, además de por otros
motivos que expresaremos en las distintas intervenciones en las que se
debata esta proposición de ley, y solicitamos al resto de grupos
parlamentarios el apoyo al veto presentado.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Fernández Pérez): Muchas gracias,
senadora Capella.

Quiero hacer una aclaración. O entendí mal o dijo usted que esta
era una comisión con competencia legislativa plena. Hoy no es competencia
legislativa plena.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Perdone, presidente, pero permítame
explicarlo porque no sé si se me ha entendido muy bien. Yo he iniciado mi
intervención exponiendo que estamos en un periodo excepcional en el que
se ha habilitado julio y agosto para aprobar leyes a hurtadillas. Esto es
lo que he pretendido explicar, aunque lo he hecho muy mal.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Fernández Pérez): Yo creo que las
leyes están aprobadas con toda la legalidad. Yo le entendí, y creo que
más miembros de esta comisión también, que era una comisión con
competencia legislativa plena, y por eso quise aclarar ese tema. No entro
en debate sobre si usted dice una cosa o dice otra.

Para defender el veto número 6, tiene la palabra la senadora Mora,
del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora MORA GRANDE: Buenos días a todos y todas.

Desde Podemos venimos a defender el veto que hemos presentado a
esta proposición de ley por considerar, básicamente, que va a suponer una
vulneración de los derechos humanos para las mujeres. Ahora lo vamos a
argumentar, igual que lo argumentaremos, lo defenderemos y pediremos el
apoyo del resto de los grupos en el Pleno.

En primer lugar, se parte de una exposición de motivos con una
justificación, una premisa absolutamente falsa, y solo hay que leer la
ley 2/2010 para ver que exactamente lo que se dice en la exposición de
motivos no es lo que dice la proposición de ley, sino todo lo contrario.
En ningún momento se impide a tutores y progenitores ejercer la patria
potestad ni sus obligaciones contenidas en el Código Civil, ni que las
menores puedan ser acompañadas y protegidas por sus progenitores en una
decisión tan dramática como es la interrupción de un embarazo. La
realidad, tal como ya han expuesto otros compañeros del Grupo Mixto, es
que la regla general es la obligatoriedad de informar a los padres, y
solo en casos excepcionales de conflicto grave en que la menor manifieste
un peligro cierto de violencia interfamiliar, amenazas, coacciones, malos
tratos o se produzca una situación de desarraigo y desamparo, se pueda
prescindir de esa información.

El Grupo Parlamentario Popular, con esta proposición de ley, viene
a enmascarar y falsear la realidad, una realidad que ya han expuesto los
compañeros con los datos de los informes que hay. Voy a pasar por encima
de esto porque creo que son datos que se obvian conscientemente por parte
de los proponentes de esta iniciativa porque se conocen, porque son
oficiales y porque son absolutamente públicos: solamente un 0,44 % de las
mujeres que interrumpen su embarazo son menores que no pueden
comunicárselo a sus progenitores o a sus tutores porque están viviendo
situaciones de violencia, de maltrato o desarraigo familiar. Y
precisamente se está legislando para obligar a estas menores que sufren
malos tratos a tener que depender de sus maltratadores para encarar una
situación tan dramática como esta. Esta es la realidad. Me gustaría saber
realmente, después de esta reforma, cómo van a hacer para proteger a
estas menores más allá de abocarlas al procedimiento judicial de acudir a
un juzgado de familia para interponer un procedimiento para resolver el
conflicto que tengan con sus progenitores, según lo que se pretende con
esta proposición de ley.

La consecuencia va a ser que no se protege a estas mujeres
—vamos a hablar realmente—, sino que se las aboca a abortos
inseguros, porque obviamente no van a acudir menores en estas situaciones
dramáticas a los tribunales a demandar a sus padres para resolver el
conflicto en un procedimiento de familia.

Lo que alegó ese 0,44 % de menores que no pudieron ser acompañadas
por sus progenitores para la interrupción de su embarazo en el año 2014
fue desamparo familiar, tener familias desestructuradas, progenitores en
prisión, riesgo de sufrir malos tratos, progenitores con enfermedades
invalidantes, con patologías psíquicas o psiquiátricas incapacitantes o
padres que renuncian a conocer y a acompañar a la menor. Explíquenme cómo
vamos a proteger a estas menores si les estamos obligando, precisamente,
a que dependan de estos progenitores para interrumpir su embarazo en una
situación límite.

Otra cosa que alegaron fue que eran menores de 16 o 17 años,
nacidas fuera de España, y que sus padres residían fuera del país.
Explíquenme cómo vamos a proteger a estas menores, con nacionalidad
española o no, cuyos padres residen fuera, que pueden trabajar o no
pueden trabajar, pero que no van a tener a sus progenitores aquí.
Explíquenme cómo las vamos a proteger. Explíquenme cómo vamos a proteger
a las menores que sufran abusos sexuales incestuosos cuando les están
obligando a depender de su padre, maltratador, abusador sexual,
precisamente para una interrupción del embarazo. Mayor vulneración de los
derechos humanos, mayor situación de desprotección no se le puede colocar
a estas menores, y eso es lo que van a provocar con esta reforma.

La tarea de las instituciones, obviamente, es proteger a los
menores y no provocarles una situación de mayor desamparo, que es por lo
que exactamente estamos proponiendo este veto, ya que se trata de algo
absolutamente ilógico. Pero no solamente es ilógico porque lo digamos
nosotros desde Podemos y que afirmemos que va a suponer una vulneración
de los derechos humanos, es que también los organismos internacionales
están diciendo y exhortando a España a que retire esta proposición de ley
por suponer una vulneración de los derechos humanos. Además, contraviene
la normativa internacional y es incongruente con toda la legislación
española, empezando, por ejemplo, por la Ley 1/1996, de protección
jurídica del menor, que viene estableciendo desde hace años un enfoque
sobre los derechos del niño construido sobre la base de ser titulares de
derechos y con capacidad progresiva para ejercerlos. Nos vamos a
retrotraer 30 años y toda la evolución que hemos tenido sobre el estatus
nuevo que tenía el menor en cuanto a la garantía de sus derechos lo vamos
a perder porque se está regulando una cosa absolutamente contraria.

Lo que se pretende actualmente es encuadrar a las mujeres como
sujetos pasivos sin capacidad de decisión sobre su cuerpo y su vida, esa
es la realidad, cuando lo cierto es que la Ley de protección jurídica del
menor ya iba por otro camino.

A mí me gustaría que explicaran cómo el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU, en un informe muy reciente, de 17 de junio de 2015,
exhorta al Estado español a que retire esta proposición de ley por ser
contraria a normas internacionales de derechos humanos, y lo dice claro y
meridiano. Se sitúa, además, preocupado por la legislación actual que,
obviamente, podría ser mejorable, pero que se aprobó con bastante
consenso. La legislación actual puede suponer un problema ya que menores
de 16 años están sufriendo situaciones de abuso y maltrato y no pueden
ejercer la interrupción voluntaria del embarazo si no es contando,
precisamente, con sus tutores maltratadores. Por eso se pide que esta
proposición de ley no se lleve para adelante por ser incompatible con las
normas internacionales por ser una vulneración de los derechos humanos.
Me gustaría saber qué le van a responder a Naciones Unidas.

Es también contraria a la Convención de los Derechos del Niño,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1989. El Comité de Derechos del Niño emitió una
recomendación a todos los Estados solicitando que se pudiera permitir a
los menores someterse a determinados tratamientos sin el permiso de los
progenitores, precisamente para salvaguardar sus derechos. En ellos se
incluían métodos anticonceptivos y abortos en condiciones de seguridad,
abortos que, desde luego, con esta reforma no se van a producir, sino
todo lo contrario, se va a poner en riesgo la vida de las menores, de
mujeres jóvenes de 16 o 17 años en situaciones de riesgo y
vulnerabilidad.

También es incongruente con nuestra propia regulación, con la Ley
básica reguladora de la autonomía del paciente, la ley 41/2002, que en
esta locura legislativa veraniega ha sido modificada recientemente. Así,
mientras presentábamos el veto, el artículo 9.3 tenía una redacción y
ahora ya tiene otra. Actualmente, el menor en cualquier intervención
quirúrgica tendrá que actuar por representación cuando no sea capaz
intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la
intervención. Pues bien, en todos estos casos de los que estamos
hablando, de mujeres en situación límite, mujeres en situación de
maltrato, mujeres en situación de vulnerabilidad, obviamente son capaces
intelectual y emocionalmente de comprender el alcance de la intervención,
con lo cual esta modificación del articulado de la propia ley de
autonomía del paciente es bastante incongruente con lo que acaba de
entrar en vigor el 18 de agosto.

Explíquenme también cómo las menores emancipadas, con la
regulación que tienen en el artículo 320 del Código Civil, van a encajar,
cuando puedan judicialmente vivir independientemente de sus padres o
tengan la emancipación judicial, que puedan regir su vida, su persona,
sus bienes, puedan comparecer en juicio, puedan casarse, puedan tener
hijos y ahora, dentro de su familia, se decida en un segundo embarazo no
llevarlo a término por los motivos que sean. ¿Cómo no va a poder esa
familia decidir sobre su futuro y sobre su vida, sino que va a depender
de sus progenitores? Es una cosa absolutamente ilógica, absolutamente
incongruente y un sinsentido.

Pero es que en este caso concreto, además de ser incongruente con
la propia regulación de la emancipación en el Código Civil, vulnera la
Convención de los Derechos del Niño en cuanto que, aparte de establecer
que no se puede fijar ningún acto que suponga una discriminación o
castigo para los menores, también obliga a los Estados a garantizar que
ningún niño sea objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida
privada o en su familia.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Fernández Pérez): Senadora Mora,
le ruego que vaya acabando.

La señora MORA GRANDE: Si, acabo ya.

Este caso que estoy exponiendo supondría una injerencia absoluta
por parte de los progenitores en su vida familiar.

En conclusión, vamos a mantener este veto porque no existe ninguna
demanda social para esta reforma, ningún argumento científico o social,
es una vulneración de los derechos humanos que va a provocar una mayor
desprotección de las mujeres, las va a abocar a situaciones de
procedimientos peligrosos de aborto, clandestinos e ilegales. Asimismo,
va a suponer un retroceso para los derechos de las mujeres, imponiendo
ustedes la mayoría absoluta para aprobar un sinsentido a golpe de
votación de grupo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Fernández Pérez): Muchas gracias,
senadora Mora.

Para defender el veto número 3, de los senadores Guillot y Saura
Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Se da por defendido.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Fernández Pérez): Muchas
gracias.

El veto número 5 ha sido presentado conjuntamente por la señora
Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor
Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la
señora Sequera García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya.

Entiendo que tiene la palabra la senadora Almiñana.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Muchas gracias, presidente.

Está claro que la posición de los grupos de la oposición, de
momento, parece bastante unida. Nuestros argumentos para no aceptar esta
proposición de ley vamos a poder repetirlos una y otra vez porque se
basan fundamentalmente, primero, en el libre derecho a decidir sobre el
cuerpo de la mujer y sobre si quiere o no tener un hijo y, segundo, en
una ley consensuada por una gran mayoría de las cámaras en 2010.

Dicho esto, defenderé el porqué de nuestro veto. Empezaremos por
una idea muy clara. Entendemos que esta modificación de ley tiene
principalmente una vertiente electoralista porque pretende contentar a un
grupo muy concreto del electorado del Partido Popular. Ni tan siquiera a
todo el Partido Popular, sino a un grupo muy concreto, un grupo que no
consiguió lo que quería con un proyecto de ley que el Gobierno presentó y
que el Gobierno decidió retirar. Una contrarreforma que se llevó por
delante al ministro Ruiz-Gallardón, entre otras cosas, y que demostró que
la sociedad en la que vivimos hoy en España ha cambiado mucho y no está
dispuesta a retroceder en algunos derechos porque los considera vitales e
importantes.

En vista de esto, cambiaron ustedes de táctica y nos traen ahora
directamente una proposición de ley a través de su grupo parlamentario en
el Congreso en la que incluyen unas modificaciones que afectarían
solamente a las mujeres, a las jóvenes o adolescentes, llámenlas como
quieran, de entre 16 y 17 años. Son exactamente aquellas mujeres que
están en la fase suficientemente madura en muchas culturas para ser
madres, son fértiles reproductivamente hablando, aunque para muchas otras
aún son demasiado pequeñas para poder educar y avanzar con un hijo al
lado.

Está claro que son mujeres que, afortunadamente, viven en nuestro
país y que, por lo tanto, tienen que tener los mismos derechos que
tenemos todas las mujeres. ¿Por qué son mujeres? Porque las consideramos
mujeres en muchos sentidos y ustedes lo reconocen hasta en algunas
modificaciones, como ya ha comentado anteriormente la senadora de
Podemos, como es en la modificación de la ley de la autonomía del
paciente que se hizo recientemente aprovechando la ley de la infancia.
Ahí mantuvieron que a partir de los 16 años solo se necesitaría tener el
permiso paterno para las decisiones sanitarias en el caso de ensayos
clínicos y en el caso de reproducción asistida. O sea, ustedes nos están
planteando la paradoja de que a partir de los 16 años una niña con un
cáncer podrá decidir, después de escuchar y estar informada, sobre su
enfermedad, pero no puede decidir sobre un embarazo. ¿Eso es lo que están
proponiendo a la sociedad española? A mí me cuesta entenderlo porque,
además, por los datos que han dado los senadores que han hablado
anteriormente, sabemos que afortunadamente son muy pocas las menores que
acuden al trance de interrumpir un embarazo sin informar a sus
progenitores o tutores legales. Y esas mujeres que lo hacen, ese 0,4 % de
los abortos en España de mujeres que acuden sin sus progenitores son
mujeres realmente muy vulnerables porque, si no, no lo harían. Y son
vulnerables porque son jóvenes, son vulnerables porque son pobres y son
vulnerables porque la mayoría de ellas viven en entornos desestructurados
o en entornos muy complicados para nosotros.

¿Por qué digo que porque son pobres? Porque con esta modificación
de la ley vuelven a hacer una diferencia entre los que tienen dinero y
entre quienes no lo tienen, porque la gente que tenga dinero, si no
quieren decírselo a sus padres, no se lo dirá, podrá irse a Portugal o a
Francia a interrumpir ese embarazo, se inventarán una buena excusa para
irse y no pasará nada. Pero la gente que no tenga dinero se verá obligada
a buscar otras vías. Y eso es lo que nos da miedo en el PSC.

¿Qué nos da miedo? Que una mujer que quiera interrumpir un
embarazo acabe buscando otras vías para hacerlo, y las encontrará. Las
encontrará en internet o las encontrará en clínicas clandestinas. Las va
a terminar encontrando. En consecuencia, vamos a acabar teniendo
importantes problemas de salud pública para todos, especialmente para la
mujer que le toca sufrirlo.

Por lo tanto, insistimos en que intentar arreglar o maquillar
algunas cosas nos puede empeorar muchísimo, aunque sea un solo caso. Por
eso nuestro veto se reafirma en mantener la ley tal y como está
actualmente.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Fernández Pérez): Muchas gracias,
senadora Almiñana.

Para defender el veto número 7, del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la senadora Flores.

La señora FLORES FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.

Antes de pasar a la defensa del veto quiero comunicar con pesar
que ha fallecido mi compañero Txiki Benegas, un antiguo parlamentario.
Quiero que sus señorías lo sepan y que entiendan que para nosotros es un
momento un poquito duro.

Paso a lo que nos trae aquí, que es la defensa del veto. Lo que
tiene intervenir la última en la defensa de los vetos es que ya lo han
dicho casi todo, con lo cual me lo ahorro y se lo ahorro a sus
señorías.

Estos días me venía a la memoria cómo ha sido esta legislatura.
Empezamos amagando y no dando, el ministro Ruiz-Gallardón presentó un
proyecto de ley que concitó la unanimidad en contra —acordaos del
tren de la libertad, etcétera—, el Gobierno la retiró y se llevó,
de paso, al ministro, aparte de otras cosas que después han
ocurrido.

Luego el ministro Catalá nos dice, en concreto a una pregunta que
le hizo una servidora, que lo van a meter en la Ley de protección a la
infancia y, al final, todo deriva en una proposición de ley, legítima,
como no puede ser de otra manera, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.

A nuestro modo de ver es una contrarreforma que ninguno de los
miembros del Gobierno se ha atrevido a presentar como proyecto de ley.
Así se ahorran también todos los informes pertinentes. Yo creo que han
intentado camuflar, disimular, disfrazar esa identificación que nosotros
hacemos del Grupo Parlamentario Popular, en este caso por un ataque a los
derechos de las mujeres, concretamente a las más jóvenes, las más
desfavorecidas.

Hemos asistido a una tramitación deprisa y corriendo, en verano,
junto con un aluvión de leyes que legítimamente se están tramitando pero
que a nosotros nos parece precipitado y un abuso. Pero el reglamento está
para cumplirlo y no tenemos nada más que decir. Eso sí, que quede en acta
nuestra oposición a este tipo de trámites parlamentarios que no te dejan
posibilidad de debatir con serenidad temas tan importantes, porque una
reforma como esta, por pequeñita que sea, es de un calado importantísimo.
Además, la vamos a tramitar entre agosto y septiembre, con los
Presupuestos Generales del Estado. En fin, a nosotros nos parece una
burla a los derechos de las mujeres.

Esta proposición de ley tiene un nombre muy pomposo, que dice:
para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad
modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo.
Nombre pomposo para la chicha —permítanme la libertad— que
tiene en realidad. Es una modificación de un artículo de gran calado,
pero hombre, un poquito de mesura, porque en realidad lo que ustedes
proponen es suprimir el apartado cuarto del artículo 13 de la Ley
Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción
voluntaria del embarazo, así como modificar también el artículo 9 de la
ley 41/2002, de 14 de noviembre. Es decir, en realidad lo que quieren es
suprimir la posibilidad de que las jóvenes de entre 16 y 17 años
interrumpan voluntariamente su embarazo sin informar a sus padres cuando
estén en situación de peligro cierto, de violencia intrafamiliar, de
amenaza, de coacciones, de malos tratos, o se produzca una situación de
desarraigo y desamparo, como muy bien han dicho quienes me han
precedido.

Los datos son muy tozudos y les desmienten a ustedes
permanentemente, y no son datos ni del Grupo Socialista ni de Izquierda
Unida, son datos oficiales. De cada 10 adolescentes, 9 interrumpen su
embarazo acompañadas de sus padres, de sus madres, es decir, eso que
decimos de familias normales. En una familia normal, ¿cómo no va a acudir
su padre, su madre o los dos?

El problema no es ese, y ustedes lo saben. El problema son las
otras, ese 0,4 % de familias desestructuradas. ¿Qué pasa con ellas?
¿Dónde las dejan? No me voy a extender en argumentos que ya han dicho
magníficamente mis compañeros y compañeras. Pero, si hay conflicto,
ustedes lo llevan al Código Civil, a la ley de autonomía, a la de
protección de la infancia e incluso a la jurisdicción voluntaria. A
nosotros no nos parece de recibo, y como no nos parece de recibo hemos
presentado un veto, porque esta proposición de ley viene no solo a
cercenar los derechos de las mujeres, sino que también quiebra, les guste
a ustedes o no, una situación jurídica que no genera desacuerdos cuando
su regularización se aborda con carácter general. Es una ley innecesaria
y profundamente ideológica. Ustedes hacen un guiño a su electorado y
luego anuncian que van a hacer otro guiño y salen aquí diciendo que en su
programa electoral van a retocarla otra vez. ¡Un poco de seriedad!
Ustedes están en su legítimo derecho de presentar lo que les dé la gana,
pero ni a mí ni a mi grupo le parece serio jugar con los derechos de las
mujeres. Es una ley que calificamos de trueque: cambian derechos de las
mujeres por votos, y eso se paga.

Con esto voy a terminar, presidente. Creo que la actual ley es
buena. Se trata de una ley que se consensuó, que estuvo mucho tiempo
debatiéndose, que ustedes votaron en contra y no han esperado a que se
resuelva el recurso que pusieron en el Tribunal Constitucional sino que,
directamente, la cambian. No han esperado ni siquiera eso. Yo creo que,
como les decía, en 2010 se legisló para disminuir el número de embarazos
no deseados, y las estadísticas están ahí. Estos embarazos han
disminuido, y en las jóvenes mucho más. Y si ustedes con sus reformas
legislativas no hubieran cercenado la educación para la ciudadanía y
otras muchas, más información habría, que es lo que necesitan. Por eso
hemos presentado este veto. Esperamos que nos apoye el resto de los
grupos y ya les anunciamos que votaremos a favor de todos los vetos que
se han presentado.

Muchas gracias, presidente.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Fernández Pérez): Muchas gracias,
senadora.

En turno en contra, tiene la palabra la senadora Pan.

La señora PAN VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, y creo que en nombre de todos los senadores de mi
grupo, quisiera transmitirles nuestras condolencias y nuestro pésame por
el fallecimiento de su compañero Txiki Benegas, que fue un político con
una trayectoria y un prestigio indudable en nuestro país.

A partir de aquí, anuncio que yo seré muy breve porque,
efectivamente, se están celebrando comisiones con competencia legislativa
plena y algunas de sus señorías, también del Grupo Parlamentario Popular,
tendrán que acudir para votar y estar presentes en ellas.

Hoy traemos aquí una proposición de ley para reforzar la
protección de las mujeres menores y con capacidad modificada
judicialmente en la interrupción del embarazo. Única y exclusivamente
eso. Lo que nunca nos ha parecido bien, y a una parte importante de la
sociedad tampoco, que fue la que votó a este partido, es el hecho de que
las adolescentes españolas se puedan enfrentar a un aborto, que no es un
tema baladí, sin haber obtenido autorización de sus padres o
representantes legales, y en algunos casos sin ni siquiera haberles
informado y sin haber tenido su opinión, su consejo y, sobre todo, algo
muy importante cuando uno se tiene que enfrentar a una decisión de esta
naturaleza: su apoyo.

Creo que esto es lo que hoy traemos aquí. Lo que ustedes pretenden
con la presentación de estos vetos es que retiremos esto y nosotros
creemos que tenemos que mantenerlo. Por lo tanto, votaremos en contra de
todos y cada uno de los vetos porque pretenden lo que acabo de decir, y
nosotros precisamente hemos traído esta propuesta para mantenerla.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Fernández Pérez): Muchas gracias,
señoría.

Ahora pasamos al turno de portavoces, que intervendrán en orden de
menor a mayor por un tiempo aproximado de 10 minutos. Tiene la palabra el
portavoz del Grupo Mixto, el señor Iglesias Fernández.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: No haré uso del turno, señor
presidente.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Fernández Pérez): Muchas gracias,
senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el senador
Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente. Egun on.
Buenos días.

En principio mi grupo no ha presentado veto, lo cual no quiere
decir que, evidentemente, no esté en contra de esta proposición. Hemos
presentado 5 enmiendas que son de supresión de todos los artículos y, por
lo tanto, el veto está servido.

Antes que nada quería dar también las condolencias al Grupo
Parlamentario Socialista por la muerte de Txiki Benegas, un socialista
vasco que se nos va, hijo de nacionalista vasco, lo que todavía lo hacía
mejor o, por lo menos, igual que el resto. Y amigo, quinto y nacido en el
mismo sitio que Iñaki Anasagasti, con lo que teníamos también mucha
relación. Por lo tanto, vayan nuestras condolencias. Realmente lo
sentimos profundamente.

Lo dicho, no hemos presentado veto pero vamos a votar a favor de
los que se han debatido. Creemos que todo aquello que pueda llevar a que
se elimine, a que se retire esta proposición de ley, va a ser positivo,
sobre todo porque, como ha dicho la senadora Flores, la ley actual se
gestó tras un gran acuerdo, difícil acuerdo para algunos grupos, entre
ellos el mío. Todo el mundo dejó pelos en la gatera, pero creo que la ley
que salió es buena y consideramos que no se debe tocar en ningún aspecto
si no es, por lo menos, con un proceso de consenso tal como el que se
planteó en aquel momento. Por eso vamos a votar a favor de los
vetos.

Sí hay una cosa que me gustaría decir, y es que creo que tenemos
que felicitarnos porque después de los cuatro años que llevamos hablando
sobre el aborto, ahora no estamos hablando de aborto sí o aborto no.
Tampoco estamos hablando de si plazos o supuestos. Por lo tanto, si antes
había un acuerdo amplio que respaldaba la ley actual, ahora el acuerdo es
más amplio. El Grupo Parlamentario Popular solamente modifica una parte
mínima de esa ley, pero muy importante, con la que no estamos de acuerdo.
Por lo tanto, por lo que veo, el Grupo Parlamentario Popular y toda la
sociología que va por detrás también apoya la ley actual. En
consecuencia, nos tendríamos que felicitar y que alegrar. Yo creo que eso
es una buena noticia.

Señor presidente, lo dicho, votaremos a favor de todos los vetos y
luego, en el turno de enmiendas, podremos dar otra consideración.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Fernández Pérez): Muchas gracias,
señor Cazalis.

Tiene la palabra la senadora Almiñana en representación del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La señora ALMIÑANA RIQUÉ: Gracias, señor presidente.

Simplemente quiero anunciar que votaremos a favor de todos los
vetos. Doy el turno por defendido.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Fernández Pérez): Muchas gracias,
señora Almiñana.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidente.

Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i d’Unió. Como ustedes saben, en estas cuestiones
en el grupo de Convergència Democràtica tenemos libertad de voto. Además,
los senadores de Unió, por su parte, ya manifestaron en el Congreso su
sentido del voto en bloque y dieron apoyo de hecho a esta modificación.
Con lo cual, ya les adelanto, aunque sea complicado, que nuestro voto no
va a ser unánime. Por lo tanto, me voy a abstener en la votación y ya
tendremos oportunidad cada uno en el Pleno para manifestar el voto, tal y
como les digo, en el ejercicio de la libertad porque entendemos que esta
materia puede ser entendida como una cuestión moral, religiosa, de orden
público, es decir, con numerosos matices.

Aclarado esto, sí les diré que, a pesar de no haber presentado
veto, tenemos que hacer una serie de consideraciones de tipo objetivo.
Algunas de ellas ya han estado recogidas por parte de algunos grupos en
sus vetos, pero igualmente lo haremos por separado en el Pleno el grupo
de Convergència Democràtica de Catalunya por un lado mientras que el
grupo de Unió manifestará su posicionamiento por el suyo.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Fernández Pérez): Muchas gracias,
senadora Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senadora
Flores.

La señora FLORES FERNÁNDEZ: Presidente, simplemente quiero añadir
que dije antes que íbamos a votar a favor de todos los vetos, y que
naturalmente mantendremos el nuestro para el Pleno.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO (Fernández Pérez): Muchas gracias,
senadora.

Por el Grupo Popular tiene la palabra la senadora Aragón.

La señora DE ARAGÓN AMUNÁRRIZ: Gracias, presidente.

Yo creo que todos los grupos que están representados en el Senado
y en esta comisión quieren hacer ver que el Partido Popular ha venido
aquí con un ánimo meramente electoralista. Actúan, y perdónenme la
expresión —lo digo a nivel político y de debate, ni mucho menos a
nivel personal— con una cierta arrogancia, porque saben hasta lo
que piensan nuestros votantes y lo que piensa todo el mundo.

Senador Iglesias, usted ha dicho que queremos contentar a un
sector minoritario radicalizado. Luego nos dice que no satisface a nadie.
Está claro que a usted no y al resto de los intervinientes tampoco. Por
eso hablo de la arrogancia.

Pero, además, hacen ustedes un juego de mayorías y minorías, y
quiero referirme a ello antes de hablar de la cuestión en sí que aquí nos
planteamos. Por un lado, según ustedes, nosotros estamos intentando
satisfacer a un sector minoritario totalmente radicalizado. Por otro
lado, nos dicen, la senadora Julios también, que solamente una mínima
cantidad de adolescentes menores de edad acude sin sus padres, que la
gran mayoría va con ellos y que por eso no entienden qué nos preocupa.
Por eso hablan de mayorías y minorías y dicen que el Partido Popular solo
satisface a una minoría, pero yo les digo a ustedes que no sean tan
arrogantes.

También hablan del tremendo consenso que tuvo esta ley; consenso
sin el Partido Popular. El Partido Popular se presentó a unas elecciones
y sacó casi 11 millones de votos, consiguió el voto de un 45 % del
electorado, que sabía lo que el Partido Popular pensaba al respecto y que
iba a hacer alguna modificación a este proyecto de ley.

Luego está el otro lado de la moneda, y el senador Cazalis nos
acaba de decir que estamos de acuerdo con toda la ley porque solo
modificamos esto. No, senador Cazalis, y usted sabe que no es verdad.
Ante esto cabe preguntarse quién hace el juego electoralista. Pues yo
creo que todos ustedes. El Partido Popular presenta esta modificación,
para algunos baladí; hay quien piensa que no merecía la pena tanta
reflexión mientras que otros dicen que traemos aquí las leyes sin
reflexionar y sin dar tiempo para ello. Desde nuestro punto de vista es
una modificación importante, necesaria y urgente de acometer. Podemos
discrepar en ideología, en cuál es nuestro argumento y en cuál es el
suyo, pero para nosotros es importante y suficientemente necesario para
legislarlo. El resto, como saben ustedes, está en el Tribunal
Constitucional y en este momento no vamos a debatirlo, lo cual no
significa que deje de tener importancia.

Partimos de un juego de minorías y mayorías; si yo hablara de
minorías y mayorías, diría que nuestra mayoría viene avalada por las
últimas elecciones. Tenemos por delante otras elecciones, que según
ustedes van a ser un desastre para nosotros, así que estén contentos. Si
va a ser un desastre para el Partido Popular, estén ustedes doblemente
satisfechos. Permítanme que entre en su juego. Hablan de mayorías y
minorías, senador Iglesias, sin ningún respeto. Piensan que no satisface
a nadie, y eso lo dirá usted. Yo me atrevería a decir, sin ánimo de ser
vidente ni nada parecido —

todos hablamos con militantes de otros
grupos políticos—, que muchos militantes y votantes de otros grupos
políticos están de acuerdo con esta modificación. Pero ya que hablamos de
minorías, si no les diéramos importancia, tampoco se la daríamos a la
expresión de ciertos grupos minoritarios a los que nosotros respetamos
profundamente. Situémonos. Aquí no estamos hablando ni de minorías ni de
mayorías, ni de elecciones ni de no elecciones, simplemente hablamos de
legislar, algo que para nosotros, como bien ha explicado la senadora Pan,
es importante.

Los conceptos manifestados por todos los grupos políticos son
distintos. Para ustedes, los conceptos de protección y de derecho son
distintos a lo que nosotros llamamos protección a las menores y derecho.
Se preguntaba la senadora Almiñana, y le doy la razón, por qué una menor
no puede decidir por sí sola. Usted en concreto ha partido, y los demás
grupos también lo han dejado traslucir, de un concepto diferente. Usted
ha hablado de enfermedad. El embarazo no es una enfermedad y el aborto no
es un tratamiento. El aborto es la interrupción de un embarazo, que no es
una enfermedad, aunque cabe añadir lo que terapéuticamente significa.
Nosotros pensamos, y creo que el resto de la gente normal también, que es
un trauma tremendo para la mujer... (Varias señoras senadoras: ¿Normal?).
No, no estoy diciendo que no sean normales ustedes, es que creo que
ustedes también comparten... (Rumores). Perdón, rectifico para que no
quede mal expresado. Creo que ustedes comparten conmigo, piensen lo que
piensen, que para la mujer es un trauma. Eso es lo único que quería
decir. Todo el mundo piensa, al margen de lo que ustedes consideren sobre
si han de ir o no acompañadas de mayores, que el aborto es un trauma
tremendo para la mujer. Por eso nosotros pensamos que en esos momentos la
mujer necesita compañía, y una menor también.

Partimos de que, efectivamente, se ha dicho por parte de la
senadora de Podemos que estamos defendiendo a los maltratadores. No, por
Dios, desde el Partido Popular no defendemos a los maltratadores, nada
más lejos de nuestra intención, ni muchísimo menos. Defendemos a las
menores y defendemos el derecho que en la Constitución Española ampara a
esas niñas o adolescentes para que puedan ir acompañadas, porque igual en
ese momento, por evitar tener que hablar con sus padres, no se dirigen a
ellos; y defendemos que esos padres también tengan el derecho a proteger
a sus hijas, pues entendemos que la mayoría de los padres protegen a sus
hijas y a sus menores. En el caso de los maltratadores y de otra serie de
supuestos como las violaciones, ya está el Código Civil, como ya ha dicho
mi compañera.

Quiero decirles, simplemente, que no nos traten de retrógrados y
que no hablen tanto de la Conferencia Episcopal. Estamos hablando de algo
que ustedes pueden compartir o no pero que para nosotros es importante.
Algunos grupos han hablado, sobre todo la senadora de Podemos, de los
derechos que restringe el Partido Popular —todos lo han dicho pero
sobre todo la senadora Mora—. La senadora Mora habla de que estamos
pisoteando los derechos. Hombre, creo que al Partido Popular no nos deben
dar lecciones de derechos humanos y de defensa de los derechos humanos.
Senadora Mora, yo respeto su ideología, pero creo que su grupo no nos
puede dar lecciones y decir que el Partido Popular pisotea los derechos
como es habitual, como también ha manifestado algún otro grupo político,
porque no es cierto, y ustedes lo saben y la mayoría de los españoles
también.

Nosotros, como ha dicho mi compañera, vamos a votar en contra. Ya
tendremos opción de debatir más intensamente esta proposición de ley en
el Pleno. No se hace a hurtadillas, se hace en verano; los senadores
tenemos capacidad de trabajo, no dirán que no. Trabajamos porque creemos
que es nuestra obligación y no lo hacemos a hurtadillas, lo hacemos con
luz y taquígrafos, defendiendo cada uno nuestra postura. Solamente les
invitamos a que reflexionen y retiren sus vetos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Pérez): Muchas gracias,
senadora Aragón.

Pasamos ahora a la votación de los vetos, siguiendo su orden de
presentación.

Votamos el veto número 1, presentado por el señor Iglesias
Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 16; abstenciones, 1.