Se abre la sesión a las once horas y treinta y tres minutos.

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías, y muchas gracias por
su presencia. Se abre la sesión.

En primer lugar, pasamos a la aprobación del acta de la sesión
celebrada el 1 de julio de 2015.

¿Alguna enmienda? ¿Alguna modificación? (Denegaciones).

¿Se entiende aprobada por asentimiento? (Asentimiento).

Muchas gracias. Queda aprobada.

Antes de iniciar el debate sobre el proyecto de ley, me consta,
por los servicios jurídicos, que distintos portavoces se están planteando
la solicitud de votaciones separadas de las enmiendas, si hubiere lugar y
para la mayor eficiencia y agilización del trámite de votaciones, una vez
terminado el debate de los vetos.

Sin más dilación, pasamos a la aprobación con competencia
legislativa delegada del Proyecto de Ley de mecanismo de segunda
oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden
social (procedente del Real Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero).

A este proyecto de ley se han presentado un total de tres vetos y
doscientas dieciocho enmiendas.

Empezamos con el debate de los tres vetos: veto número 1, del
Grupo Parlamentario Socialista; veto número 2, de los senadores Guillot
Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya; y veto número 3, de las senadoras Almiñana Riqué y Sequera
García y de los senadores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa,
Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya.

Para la defensa del veto número 2, tiene la palabra el senador
Guillot Miravet.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señorías, primero quiero reiterar que es una vergüenza que no
hayamos reformado el Senado, a lo que nos comprometimos a lo largo de
esta legislatura. La ley que hoy van a aprobar ustedes es un compendio de
las malas prácticas legislativas de este Gobierno: proviene del Real
Decreto Ley 1/2015, un instrumento excepcional del que ustedes han hecho
uso y abuso en esta legislatura. Se tramita en medio de un aquelarre
legislativo —van a aprobar treinta y seis leyes en dos meses—
y es la octava reforma de la Ley concursal, para la que vienen sacando
una reforma cada cinco meses, como media. Ya me dirán qué rigor
legislativo es ese y qué seguridad jurídica pueden dar estas continuas
modificaciones. La legislación concursal del PP es un caos normativo
permanente y, una vez más, introducen por medio de una ley modificaciones
de otras leyes que no guardan ninguna relación entre sí. Con esta ley
vamos a modificar doce leyes más y otros tantos decretos ley. Lo dicho:
con este proyecto de ley y su forma de tramitarlo se superan a sí
mismos.

A finales de la legislatura se acuerdan ustedes de la Ley de
segunda oportunidad, y lo hacen mal. Después de siete años de crisis, se
despiertan con esta más que insuficiente ley, y no será porque no lo
hayan reclamado los grupos de la oposición; pero ustedes, en su infinita
combinación de insolidaridad y soberbia, decían que no era necesaria. Les
recuerdo también lo que hicieron con la tramitación de la ILP sobre la
dación en pago, promovida por la plataforma PAH. Hicieron oídos sordos a
las demandas del Consejo Económico y Social en 2011, al informe del Banco
de España en 2012, al informe de la Defensora del Pueblo en 2013, al
Banco Central Europeo en 2013, al Banco Mundial y al Fondo Monetario
Internacional en 2014 y a la recomendación de la Unión Europea de 2014.
Su insensibilidad hacia los sectores más vulnerables de nuestra sociedad
ha llevado a nuestro país a ser uno de los tres que no cuentan con ley de
segunda oportunidad; le acompañan Grecia y Bulgaria.

Muy tarde y muy mal, nos presentan este proyecto de ley. El porqué
de su retraso y de sus insuficientes contenidos nos lo explica muy bien
el ministro de Economía, el señor De Guindos, en la presentación y
defensa del Real Decreto Ley 1/2015, ahora transformado en proyecto de
ley. Dice el ministro en el Congreso: «Nos estamos recuperando
económicamente y, como el sistema financiero está saneado y bien
provisionado, hoy podemos abordar esta reforma.» Dicho de otra manera:
cuando España sufrió una gravísima crisis social marcada por el paro y la
pobreza, sí pudimos sanear —a base de aportar decenas de miles de
millones de euros— el sistema financiero, y solo podemos abordar la
situación de decenas de miles de personas que lo están perdiendo todo
cuando la banca está saneada. Esta es una lógica errónea desde un punto
de vista económico y tiene efectos socialmente perversos. El ministro De
Guindos se pavonea de que, mientras tanto, el sistema financiero ha
protegido a los deudores más vulnerables con el código de buenas
prácticas, la moratoria por desahucios y la creación de un fondo social
de viviendas de alquiler.

Permítame unos datos para desmontar esta falsa propaganda: la
moratoria solo ha podido parar un 8 % de desahucios desde que entró en
vigor; en relación con el código de buenas prácticas, solo un 0,7 % ha
podido acogerse a él; con un fondo social de 6000 viviendas frente a más
de 500 000 familias en la calle y por culpa de los criterios tan
restrictivos de acceso, solo se han podido formalizar 2000 contratos de
alquiler; las daciones en pago concedidas no alcanzan el 0,7 % de las
familias con hipotecas ejecutadas; y se siguen produciendo,
desgraciadamente, 146 desahucios cada día. Este es el balance real del
Gobierno de Rajoy.

¿Y Cuál es la segunda oportunidad que ofrece este Gobierno?
Escasa, cargada de condicionantes, costosa, injusta y lesiva para las
clases populares y para los trabajadores. El objetivo principal de esta
ley, en lo que afecta a los deudores más vulnerables, debería ser que los
ciudadanos y ciudadanas que lo han perdido todo pudieran recuperar su
futuro. Pero, después de tres años perdidos, no proponen en esta ley
ningún plan de vivienda que permita aliviar la situación de tantas
familias; es más, impugnan el de Andalucía llevándolo al Tribunal
Constitucional. No eliminan las cláusulas abusivas, solo indican que no
se podrán aplicar a los que ingresen menos de 7200 euros, un verdadero
disparate. El código de buenas prácticas sigue sin ser una obligación
normativa. Proponen una segunda oportunidad que queda postergada cinco
años, ya que, si las cosas van bien, liquidarán los créditos anteriores.
Proponen un 25 % del pago de los créditos concursales ordinarios, cuando
el 5 % es la media estadística de insatisfacción de los créditos
ordinarios en los juzgados mercantiles. No contempla la dación en pago en
la fase judicial. Ni una referencia al acceso a la vivienda y a evitar su
pérdida. Hay un planteamiento para el autónomo dispar del que hay para la
sociedad mercantil. Y, por último, una cuestión no menor es la situación
de nuestros juzgados, los juzgados de lo Social, que están prácticamente
colapsados.

Esta última referencia me permite abordar otra propuesta de este
proyecto de ley: la eliminación de las tasas judiciales. Que a pocos
meses de las elecciones retiren el cobro de tasas judiciales
—cuestión que en el momento de su aprobación fue criticada por todo
el mundo— indica cierta desvergüenza. A lo largo de estos años de
vigencia del cobro de las tasas, el Gobierno de Mariano Rajoy ha atentado
contra un derecho básico del ciudadano, el derecho a la tutela judicial y
efectiva, al imponer el pago de esas tasas. Hoy las retiran, pero el daño
ya está hecho, un daño evitable y predecible. Y se lo advertimos todos:
grupos políticos, jueces, fiscales, Defensora del Pueblo, entidades
ciudadanas, sindicatos, todo el mundo. Pero ustedes no escuchan; y cuando
no escuchar tiene un impacto negativo en la sociedad y en la calidad de
la democracia, es imperdonable.

No sabemos a qué se han destinado los 612 millones de euros
ingresados por el pago de las tasas, y tenemos derecho a saberlo. Lo que
sí sabemos, sin embargo, es que no se han destinado a mejorar la justicia
gratuita, que era su finalidad, según el Gobierno. ¿Dónde están esos 612
millones de euros ingresados por las tasas?

Igualmente, en este proyecto de ley se observa que hay diferencia
de trato, por este orden: mejor, si eres sociedad mercantil; peor, si
eres autónomo; mucho peor, si eres un deudor consumidor o usuario. Una
vez más, los créditos laborales quedan desprotegidos. Una vez más, la
política de empleo de su Gobierno tira de las exenciones fiscales: en
este caso, para los primeros 500 euros a partir de la contratación, lo
que va a representar que la Seguridad Social deje ingresar 1500 millones
de euros; y no se ha demostrado que estas exenciones ayuden a crear
empleo. Por otra parte, crean el cheque de 1200 euros, que ustedes mismos
reconocen en la memoria del decreto que solo afectará al 27 % de las
familias monoparentales con dos hijos; el resto no tendrá la posibilidad
de acogerse a este decreto ley. No hay ninguna sensibilidad ni ninguna
atención hacia este colectivo que va a quedar fuera.

En definitiva, esta no es una ley de segunda oportunidad. Por esto
pido el voto favorable al veto que presentamos el senador Saura y yo en
representación de Iniciativa per Catalunya Verds.

Gràcies, president.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guillot.

Para la defensa del veto número 3, tiene la palabra el senador
Martí Jufresa.

El señor MARTÍ JUFRESA: Muchísimas gracias, presidente.

Buenos días, compañeros circunstanciales de comisión. Es un placer
compartir con ustedes este debate en nombre del senador Montilla.

Lógicamente, nuestro grupo está a favor de la idea y el
planteamiento de una segunda oportunidad entendida como la exoneración
del pasivo a los deudores de buena fe, y cuanto más si esto va acompañado
de la prevención del sobreendeudamiento —el sobreendeudamiento como
algo a evitar, antes de que se produzca—. Está de acuerdo por tres
motivos que quiero especificar —porque fundamentan en parte después
el rechazo al proyecto de ley que nos ocupa—. El primer motivo
sería de orden teórico-filosófico: entendemos que en las actividades
económicas el riesgo debe ser compartido entre creditor y deudor. Tanto
en las empresas como en las compras se entiende que cuando se hace un
préstamo a una persona para que realice una actividad económica ello
acarrea también la asunción de parte de ese riesgo. De lo contrario,
estamos hablando de la usura, algo que funcionaba de manera legal antes
de las revoluciones liberales y que desgraciadamente ha funcionado de
manera ilegal mucho tiempo después e incluso hoy en día. Por tanto, como
entendemos que el riesgo es compartido por el creditor y el deudor, tiene
lógica que después, si las cosas no funcionan, la carga de buscar una
segunda oportunidad deba repartirse. El segundo motivo es que,
evidentemente, un mecanismo de segunda oportunidad es positivo desde el
punto de vista socioeconómico, desde el punto de vista del modelo de
sociedad; es un mecanismo poderoso para evitar la exclusión social y, al
mismo tiempo, permitir la reincorporación más rápida posible a la
actividad productiva de muchos emprendedores, que, de lo contrario, ven
truncada su vocación, su voluntad o acaban fomentando la economía
sumergida con todos los perjuicios que ello lleva para la sociedad. Un
tercer motivo —más circunscrito al ámbito inmobiliario pero para
nosotros igualmente importante— es que la segunda oportunidad se
convierte en una medida disuasoria para evitar el resurgimiento de
burbujas inmobiliarias —como la que hemos vivido desgraciadamente
en nuestro país hace muy poco—. Las burbujas inmobiliarias han
traído consecuencias nefastas para los creditors, que han debido sufrir
un rescate duro, que todavía perdura y que se ha acabado repartiendo en
el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas, y también para los deudores,
porque se ha visto que la hiperinflación hipotecaria ha llevado a muchos
ciudadanos y ciudadanas a la pérdida efectiva de su derecho a la
vivienda. Por tanto, avisar a los creditors de que demasiado crédito a la
ligera o irregular puede acabar significando no cobrar y, por tanto,
mermar su entusiasmo para poner a disposición demasiado crédito
inmobiliario también nos parece indirectamente una muy buena medida
disuasoria y que es alguna de las lecciones más obvias y claras de la
crisis en la que todavía estamos inmersos en buena medida.

Pero, señorías, nos parece que este real decreto ley, lejos de
abundar en estos aspectos sumamente positivos de la segunda oportunidad,
tiene demasiados agujeros —unos agujeros muy grandes— que
merman su capacidad real para conseguir estos objetivos, sin contar con
que los efectos de una ley que ya está en vigor desde principios de 2015
—hace seis meses ya— no se han hecho sentir en absoluto ni
como mínimo en relación con uno de los indicadores más poderosos: las
ejecuciones hipotecarias. Esto nos debería hacer pensar que efectivamente
es una red que pretende pescar con agujeros demasiado grandes. Estos
agujeros por los que, a nuestro entender, este proyecto de ley pierde su
fuerza son cinco: en primer lugar, el mecanismo de exoneración solo se
pone en marcha si se ha pagado parte de la deuda o liquidado el
patrimonio, por tanto, impide exonerar precisamente para salvar
patrimonio vital, con lo que muchos deudores se quedarán fuera del
sistema por carecer de ingresos o de propiedades, particularmente los más
vulnerables y, en consecuencia, no hay salvaguarda de la vivienda
habitual o del negocio básico, con lo que se impide poner en
funcionamiento un mecanismo de carácter socioeconómico, como decía antes.
El segundo agujero es que, para los que sí pueden entrar dentro de este
mecanismo, se va a revisar la exoneración de pago a los cinco años, lo
cual provoca, por una parte, inseguridad jurídica —lo que dificulta
un nuevo comienzo— y, por otra, inseguridad anímica, ya que
constituye una espada de Damocles para los que se hayan acogido a este
mecanismo. En definitiva, parece que no se quiere que vaya bien la
segunda vez, porque si va bien, entonces habrá que devolver los créditos
antiguos y se volverá a estar mal o con nuevas dificultades. El tercer
agujero es que los créditos públicos no se pueden exonerar. Esto va en
contra de la inmensa mayoría de las legislaciones europeas
internacionales sobre la materia, porque va a excluir a muchas personas
físicas y a autónomos para los que estos créditos son centrales en su
deuda. El cuarto agujero es que protege, aunque sea indirectamente, los
incumplimientos por parte del acreedor, es decir, lo que se ha venido a
llamar el comportamiento irresponsable del acreedor; se mantienen casi
como estaban las cláusulas suelo y otras cláusulas abusivas, y el código
de buenas prácticas, como se ha dicho, no deviene obligatorio sino que
continúa siendo opcional, y no se contempla la dación en pago. En
definitiva, se consagra la relación desigual entre acreedor-deudor que
viene funcionando hasta ahora. El quinto agujero importante, a nuestro
entender, es que no aborda la prevención del sobreendeudamiento. Este
tema debería estar presente, como existe en mucha legislación sobre
materia, junto con la segunda oportunidad. Además, otro asunto que para
nosotros es relevante es la injusticia que se produce con el avalista
fiador de la vivienda habitual —que en un porcentaje elevadísimo
suele ser pariente de primer grado—, que acaba teniendo un
tratamiento impropio e injusto, teniendo en cuenta que es alguien que ha
coadyuvado al esfuerzo del deudor.

En definitiva, señorías, parece que la segunda oportunidad va a
ser para cobrar, pues se exonera provisionalmente a quienes puedan pagar
en un futuro, mientras que el resto continúa con la deuda a cuestas y no
gozan de esa exoneración, o da igual pues tampoco podrían pagar
nunca.

Además de estos escollos —para nosotros insuperables, pues
responden a una filosofía de fondo que no compartimos—, este real
decreto ley incorpora dos o tres cuestiones que también consideramos
motivo de veto, aunque no están relacionadas con el tema principal. El
primero —que ya se ha mencionado— sería el enfoque que se da
a la exención de cotización a la Seguridad Social en el contrato
indefinido, pues se apuesta por la bonificación y no por la subvención.
No creemos que esta vaya a ser una medida efectiva, pues en seguida se
descuenta, pero, en todo caso, si tiene que ponerse en marcha, nos parece
clave que se haga por la vía de subvención, es decir, por vía de
compensación de las arcas públicas. Ahora que estamos reduciendo el IRPF
alegremente, sería mejor destinar estos recursos a subvencionar y no a la
bonificación directa —lo cual merma la caja de la Seguridad
Social—, y que no suponga ningún coste para el trabajador. Por otra
parte, la segunda cuestión —que también se ha mencionado y que no
podemos dejar de subrayar— es la nueva perversión que el trámite
legislativo de esta ley acarrea. Esta ley vuelve a incluir cuestiones que
no tienen nada que ver con el proyecto de ley; vuelve a introducir
modificaciones de tapadillo —en algunos casos muy
sustantivas— y evita los informes preceptivos de los órganos
correspondientes, además del debate de estos temas en el Congreso de los
Diputados y en el Senado, que se está haciendo muy muy dificultoso.

En definitiva, señorías, estos son motivos más que de sobra para
presentar un veto a este procedimiento legislativo y solicitar el apoyo
de los miembros de esta comisión.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí Jufresa.

Para la defensa del veto número 1, del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente. Buenos
días.

Nosotros hemos presentado este veto aquí. No presentamos una
enmienda a la totalidad en el Congreso porque en aquel momento pensábamos
que durante la tramitación de este proyecto de ley —que trae causa
del decreto ley de febrero de este año— sería posible mejorar la
propia redacción, conscientes como éramos y somos —tal y como hemos
demostrado en multitud de intervenciones— de que era necesario
poner en marcha una normativa que tuviera que ver con la ayuda a las
personas que habían tenido problemas a consecuencia de la crisis después
de haber hecho esfuerzos enormes, incluso económicos, para ayudar a las
entidades financieras y sociedades mercantiles de este país; de que era
hora de poner en marcha medidas que tuvieran que ver con la
refinanciación de la deuda de las personas físicas, de las micropymes y
de los pequeños autónomos y empresarios, que tuvieran que ver con el
mecanismo de la segunda oportunidad puesto que se había hecho con los
bancos y con las sociedades mercantiles. Por este motivo, nosotros no
presentamos enmienda a la totalidad en el Congreso. Sin embargo, viendo
lo ocurrido en el Congreso y cómo ha devenido este proyecto de ley,
consideramos que era necesario presentar este veto en el Senado por las
razones que les explicaré ahora y durante el turno de debate de las
enmiendas.

Señorías, este proyecto de ley era legislación necesaria, pero
vuelve a ser una oportunidad perdida. Está claro que teníamos que
intentar recuperar a las personas que habían perdido su patrimonio o su
empresa durante el transcurso de la crisis, está claro también que había
que hacerlo por motivos económicos —pues la economía española
necesita que esas personas se reincorporen al sistema económico y no
terminen en la economía sumergida—, pero también teníamos que
hacerlo por justicia social. Es evidente que no podíamos dejar a estas
personas sin esa segunda oportunidad, segunda oportunidad que el proyecto
de ley no les reconoce, razón fundamental de nuestro veto. (Nosotros
hemos presentado un veto fundamentalmente porque este mecanismo de
segunda oportunidad no es homologable a lo que se establece en Europa,
por los motivos que ahora intentaré exponer.) Se trata por tanto de un
proyecto de ley insuficiente, como también era insuficiente el real
decreto ley. Desde entonces no se ha producido ningún incremento de las
solicitudes de exoneración de deuda, una de las causas de esta
insuficiencia.

Por otra parte, desde el punto de vista concursal, además de todos
los defectos de ser la enésima reforma concursal de esta legislatura,
este proyecto de ley incluye deficiencias que deberían haberse resuelto.
La fundamental de todas es que no es una segunda oportunidad para las
personas el hecho de que a los cinco años pueda resucitar su deuda si su
situación económica mejora. Nosotros proponemos: salvo que su situación
económica hubiera mejorado sustancialmente —cosa que no señala el
proyecto de ley—. Obviamente, el hecho de que recuperarse mucho
implique tener que pagar las deudas hace que la gente se retraiga a la
hora de tener una actividad económica. Asimismo, deberían haberse
abordado otros problemas del ámbito concursal y que después señalaré en
el turno de enmiendas.

Pero casi más importante que todo esto es la concepción de este
proyecto de ley en cuanto a uno de los problemas fundamentales que
afectan a la vida de las familias españolas: no solo la pérdida de la
propiedad de la vivienda, sino del derecho de acceso a la misma. Este
proyecto de ley no protege ni la propiedad de las viviendas —puesto
que la exoneración de deudas se produce siempre después de haber perdido
el patrimonio—, ni siquiera el derecho de acceso a la misma por
parte de determinadas unidades familiares, para que, una vez hayan
perdido la vivienda, puedan seguir viviendo en ella y no tengamos que
asistir a espectáculos tan lamentables como los de estos años y que a
todos nos importan.

En segundo lugar, en relación con las hipotecas, este proyecto de
ley sigue amparando el famoso decreto de buenas prácticas, sin declarar
que sea obligatorio que los bancos se adhieran al mismo, y, además, no
recoge en el articulado temas tan importantes como la revisión de los
sistemas de tasación que ha habido, empobrecedores para la gente. Tampoco
se alude a otras prácticas abusivas, declaradas como tales en los
tribunales, ni se habla de las hipotecas multidivisa, que han provocado
un sobreendeudamientos de más del 30 % a 60 000 familias españolas. Este
proyecto de ley pasa de puntillas por todos estos asuntos. En definitiva,
este proyecto cuenta con defectos muy graves en cuanto a la protección
del derecho a la vivienda.

En tercer lugar —como también han dicho mis
compañeros—, este proyecto de ley es también defectuoso en cuanto a
la normativa laboral. No reconoce suficientemente el asunto de los
créditos laborales, establece exenciones a la contratación de forma
universal, sin priorizar colectivos concretos que se encuentran en riesgo
de exclusión por no tener trabajo... Existen una serie de asuntos en los
que entraremos durante el turno de enmiendas.

En resumen, este proyecto no protege la posesión de la vivienda o,
en cualquier caso, su uso; este proyecto protege más a los acreedores que
a los deudores en muchos casos; y en este proyecto no se acomete con
seriedad la regulación de las actividades ya declaradas ilícitas de las
entidades financieras.

Les voy a leer unas frases que resumen muy bien lo que este
proyecto de ley significa, y les adelanto que no son frases sacadas de
ninguna revista especialmente de izquierdas; algunos de ustedes se
acordarán de Ajoblanco, Alternativa Libertaria o El Papus, pero no tienen
nada que ver con ellas. Son de la revista El Notario del Siglo XXI. Como
ustedes saben, el colectivo de notarios no es sospechoso de ser muy de
izquierdas (Rumores). Bien, ni muy de derechas tampoco, pero como las
frases tienen que ver con lo que he dicho, he hecho ese comentario.
Seguramente habrá notarios de izquierdas, de derechas y de centro, y la
mayoría será de los que no tiene ninguna ideología; por tanto, son de
derechas (Risas). Paso a leer esas frases, que, como he dicho, creo que
resumen el proyecto de ley.

La editorial de esta revista dice: «Con esta ley, a los que
verdaderamente se les da una segunda oportunidad para cobrar es a los
acreedores». Creo que es suficiente para que todos dudemos de que esta
ley pueda cumplir los objetivos a los que está destinada. Habla de que un
régimen de segunda oportunidad tiene que ser generoso con las deudas que
puedan ser exoneradas y que, de lo contrario, los gastos que genere el
proceso pueden no compensar los beneficios que del mismo se puedan
obtener. Dice que en ningún país el deudor cuyas deudas han sido
exoneradas ve revocado tal efecto cuando mejora su situación económica.
Dice que un régimen de segunda oportunidad tiene como finalidad recuperar
al deudor y evitar que acuda a la economía sumergida. Dice que, con la
excusa de la alteración de la cultura del pago y el riesgo de
encarecimiento del coste crediticio —que es el argumento que se
expresa para no aceptar determinadas enmiendas—, se sigue
sustentando un régimen restrictivo, defectuoso desde el punto de vista
técnico y, sobre todo, que deja fuera de los beneficios del sistema a
quienes más lo necesitan, permitiendo la entrada a deudores oportunistas.
Y dice que, cuando se plantea la exoneración del pasivo, la ejecución
hipotecaria ya ha tenido lugar y, por tanto, solo restará el eventual
pasivo excedente.

Estas frases resumen lo que hemos intentado expresar en nuestro
veto. Este no es el proyecto de ley que mejorará la situación de las
personas que necesiten una segunda oportunidad y este no es el proyecto
de ley que hará que las personas o familias con dificultades puedan
renegociar o financiarse, y por esas razones presentamos este veto.

Mención aparte merecen las treintaiuna enmiendas que el Partido
Popular presentó en el Congreso. Si se toman ustedes la molestia de leer
su justificación verán que en todas ellas esta es exactamente la misma,
en dos palabras: mejora técnica. Pero presentar treintaiuna enmiendas con
esas dos palabras, «mejora técnica», sin ni siquiera argumentarlas, no
parece muy conveniente si uno quiere mantener un diálogo con la
oposición. En cualquier caso, muchas de esas enmiendas vulneran la
sentencia del Tribunal Constitucional del año 2011, que exige que las
enmiendas deban tener conexión material con el texto, es decir,
congruencia y homogeneidad con el texto. Además, todas ellas vulneran la
capacidad de los diputados para enmendar —es una parte del texto
que no conocen y, por tanto, no pueden hacerlo—. Esto forma parte
de la cuestión procedimental a la que venimos asistiendo durante esta
legislatura: la aplicación del rodillo. Incluso en el Congreso se
solicitó un informe de la letrada sobre estas vulneraciones de las
enmiendas, y el Grupo Parlamentario Popular votó en contra, por lo que no
se pudo evacuar ni siquiera el informe de la letrada porque,
evidentemente, había sospechas de lo que ese informe pudiera decir.

Todas estas cuestiones son las que hacen que presentemos este
veto, para el que pedimos el apoyo de todos los grupos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Manchado.

Efectuadas la presentación y defensa de los vetos, pasamos al
turno en contra.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Aroca.

El señor AROCA SÁEZ: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos
días, señorías.

En esta comisión con competencia legislativa plena nos disponemos
a tratar un importante proyecto de ley: el de segunda oportunidad,
reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. Como su
nombre indica, se trata de ofrecer nuevas oportunidades y posibilidades
de recuperación a aquellas personas, físicas o jurídicas, que hayan
tenido una mala experiencia empresarial o personal. Con este mecanismo el
Gobierno pretende ayudar a quienes, por diversas causas, se ven abocados
al fracaso personal, social y económico.

Es cierto que la recuperación económica y la creación de empleo
han comenzado en nuestro país, pero también es cierto que, a pesar de los
buenos datos que estamos teniendo mes a mes, estos no son suficientes; y
no lo serán mientras que existan ciudadanos buscando trabajo y no lo
encuentren. Tener un puesto de trabajo estable y bien remunerado es
precisamente lo que da confianza y seguridad a cualquier persona y su
entorno familiar. Es en ese momento cuando podemos decir que la mejor
política social es aquella capaz de generar puestos de trabajo.

Como digo, esta es una realidad, pero no deja de ser también
realidad que en nuestro país aún hay gente que lo está pasando mal. Hay
mucha gente que en su momento firmó una hipoteca para comprarse una casa,
una nave industrial, un local o que pidió un préstamo para emprender un
pequeño negocio. Pero, por desgracia, y por varios motivos, la crisis u
otras circunstancias se han llevado por delante muchas de las ilusiones y
esperanzas que muchos de nuestros compatriotas tenían puestas en sus
expectativas de crecimiento, desarrollo social y económico. Para esas
personas está pensando el mecanismo que hoy vamos a aprobar. Ellas
merecen tener esta segunda oportunidad que, a través de esta normativa,
el Gobierno de España pretende ofrecer. No cabe duda de que para muchas
de sus señorías el texto que hoy estamos tratando se queda incompleto,
les parece insuficiente y, por ello, con toda la buena voluntad y
legitimidad, han presentado diversas enmiendas y tres vetos.

Señorías, es lógico y normal que presenten cuantas propuestas
consideren oportunas. Estoy seguro de que pretenden mejorar, a su juicio,
el texto que nos ha remitido el Congreso de los Diputados. Ahora bien, no
entendemos que pidan la devolución al Congreso por medio de las tres
propuestas de veto; sinceramente, es respetable, pero al mismo tiempo es
exagerado vetar o rechazar la totalidad de un proyecto de ley que da más
oportunidades y que clarifica y mejora muchos aspectos para la
recuperación y confianza de quienes desean que su Gobierno pueda
ofrecerle más oportunidades.

Y digo esto, porque estamos seguros y convencidos de que este
proyecto de ley es bueno, útil y ayudará a seguir en la senda de la
recuperación y la creación de empleo, que han comenzado con las reformas
y toma de decisiones del Gobierno del Partido Popular. Nos resulta
paradójico que quienes estuvieron en el Gobierno anterior, es decir,
cuando se destruyeron tres millones y medio de puestos de trabajo, cuando
estuvimos a punto de ser intervenidos —y, por cierto, adelantaron
las elecciones para evitarlo—, cuando se pusieron en marcha los
desahucios exprés, cuando las desigualdades también eran una realidad y
cuando no existían oportunidades, sean ahora los que veten este proyecto
de ley, que apuesta por consolidar la recuperación económica y mejorar el
día a día de mucha gente.

Señorías, el pasado año comenzaron la recuperación y el
crecimiento de nuestra economía. Todos ustedes saben que España será el
país de Europa que más va a crecer este año y el que más puestos de
trabajo va a generar. Y también lo será previsiblemente el próximo año.
No lo dice el Partido Popular, que también, lo dicen todos los organismos
internacionales, y suponemos que en ello algo tendrá que ver la acción
del Gobierno de Mariano Rajoy. Si este Gobierno no hubiese emprendido las
reformas que se están acometiendo nos habríamos visto abocados a una más
que posible intervención, pero gracias al esfuerzo de todos eso no ha
ocurrido.

Señorías, este proyecto de ley refuerza nuestra solidez en el
modelo económico que se emprendió hace casi cuatro años. Por eso lo
podemos acometer en el momento de crecimiento y desapalancamiento de la
economía española. Los tres vetos presentados nos hablan de muchos de los
asuntos de los que trata el texto, de los que haré algunas
consideraciones de forma genérica y breve, ya que ustedes tratan las
mismas cuestiones en las enmiendas presentadas, y será en el siguiente
turno cuando profundizaremos algo más.

Cuando no hay mecanismos de segunda oportunidad se desincentiva el
carácter emprendedor y se corre el riesgo entrar con más posibilidades en
una economía sumergida. Para que la economía funcione hacen falta
créditos y financiación y, por tanto, hay que modernizar y ordenar
jurídicamente la regulación del cobro de las deudas. Por ello, este
proyecto de ley ayuda y da oportunidades a los deudores de buena fe, es
decir, a aquellos que por razones sobrevenidas no pueden hacer frente a
sus obligaciones. Pero también hay que pensar en los acreedores. Por
tanto, se trata de conciliar los intereses de unos y de otros, sin dejar
en el olvido la necesidad de salvaguardar la cultura del pago y, por
consiguiente, la cultura empresarial.

Como todos ustedes saben, en esta ley se establecen mejoras en el
sistema extrajudicial de pagos, adecuado para todas las partes. También
se dan más oportunidades con las mejoras en la Ley concursal o en la de
emprendedores, y se refuerzan y mejoran las medidas para proteger a los
deudores hipotecarios más vulnerables. Estamos dando más y mejores
oportunidades y estamos rescatando a familias, a personas jurídicas y
físicas que han quedado atrapadas por la crisis. Se mejoran aspectos para
la contratación indefinida. Se tratan nuevas y mejores medidas
incentivadoras para los autónomos, buscando la equiparación con los
trabajadores por cuenta ajena. O se amplían medidas de protección social
para los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad.

Por último, otro de los aspectos que ustedes también cuestionan en
sus vetos, y que han expuesto en la mañana de hoy, es la diversidad de
asuntos que se tratan en este proyecto de ley que, a su juicio, nada
tienen que ver con él. A este respecto tengo que remitirme, como ya se
hizo en el Congreso de los Diputados, a lo dicho por los portavoces del
Grupo Popular, quienes incidían en la denominación del texto completo de
esta ley, es decir, en el mecanismo de segunda oportunidad, la reducción
de la carga financiera y otras medidas de orden social. A tal efecto
consideramos que somos respetuosos y que, por tanto, tienen cabida; todo
ello, según Sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de noviembre
de 2012, en la que se indicaba cómo se tendría que interpretar el grado
de conexión y homogeneidad de las leyes heterogéneas.

En el debate parlamentario en el Congreso se introdujeron
enmiendas que mejoraron el texto inicial, y eso es razonable y positivo.
Y aunque esas enmiendas afectasen a otras leyes, por lo que ya he dicho,
las consideramos oportunas por la conexión que existe en este
mecanismo.

Señorías, insisto: el Grupo Parlamentario Popular en el Senado
considera que el Proyecto de Ley de segunda oportunidad, reducción de la
carga financiera y otras medidas de orden social es oportuno y bueno. Por
tanto, les anuncio que rechazaremos los tres vetos presentados. Y estamos
convencidos de que es mejor tener algo que no tener nada.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aroca.

Terminados los turnos de presentación y en contra de los vetos,
pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Empezaré, quejándome, para no perder la costumbre; protestando por
lo que está pasando hoy aquí, por lo que ha pasado ya en alguna otra
comisión y por lo que va a pasar en las sucesivas comisiones con
competencia legislativa plena, y lamentándolo. Es verdad: la utilización
de las comisiones con competencia legislativa plena es legal y posible,
lo dice el Reglamento; ahora bien, en el Senado no es habitual ni ha sido
normal, salvo excepciones. Tampoco es normal que pretendamos aprobar de
julio a septiembre cuarenta y un proyectos de ley, con lo que ello
comporta. No es normal ni debería ser habitual, y no sé si la oposición
debería continuar sentada o debería abandonar este tipo de comisiones,
porque lo que realmente pasa es que se le sustrae el debate al Pleno. Se
sustrae la diferencia, la diversidad, y, por tanto, los textos
legislativos y el debate parlamentario pasan sin pena ni gloria y a la
ciudadanía les llegan ya de muy lejos. Una valoración: si continúan así,
flaco favor le hacen ustedes al Senado, a una institución que forma parte
del Estado español y del Reino de España; y lo dice la representante de
un partido que no se siente cómodo en el Estado y que combate y trabaja
para marcharse de este Estado. Terminan aquí las quejas, lamentos y
protestas, por el orden que quieran, aunque seguramente me dejo
alguna.

Respecto a los vetos al proyecto de ley que convalida un real
decreto, diré lo que acostumbro a decir: que lamento no haber presentado
veto, porque las enmiendas de Esquerra Republicana pasarán a dormir el
sueño de los justos, salvo que ocurra un milagro. Insisto: lamento no
haber presentado veto, y anuncio que votaré a favor de los tres
presentados por otros grupos parlamentarios, que recogen el contenido de
las enmiendas de Esquerra Republicana.

El proyecto de ley es insuficiente, de ahí nuestras enmiendas, que
luego defenderé y que me sirven de argumento para defender nuestro voto
favorable a los vetos.






Este proyecto de ley da mucha cobertura a los
acreedores y escasa cobertura a los deudores. Continúa existiendo un
desequilibrio a favor de determinado tipo de acreedores; aunque la ley no
les da nombre, en Esquerra Republicana intuimos que es un determinado
tipo de acreedores. La banca sale de nuevo bien parada con este proyecto
normativo.

Se dice también que el sistema se fundamenta en la liquidación del
patrimonio del deudor. Efectivamente. En este sentido van las enmiendas
y, por tanto, la justificación del voto favorable a los vetos. Por otro
lado, no se contempla de forma general la salvaguarda de la vivienda
habitual en el supuesto de que el comportamiento del acreedor sea
irresponsable. Y tampoco aparecen por ningún sitio la cláusula suelo ni
las cláusulas abusivas en general, por lo que el deudor tiene que
recurrir necesariamente a los tribunales para hacer valer sus derechos,
en perjuicio de un determinado tipo de deudores.

Las preguntas que se debería formular el Partido Popular, que es
el que da apoyo al Gobierno del Estado español, son si esto va a servir
realmente para paralizar la cantidad de desahucios y ejecuciones
hipotecarias que se producen cada día, para paralizar ese goteo diario;
si este proyecto de ley será efectivo una vez termine la tramitación
parlamentaria, y si realmente eran estas las soluciones que se buscaban
para dar una segunda oportunidad. Otra pregunta que hay que formular es
cómo se soluciona la sobrevaloración de los inmuebles que justificó las
hipotecas y los créditos concedidos sobre ellos, puesto que esas fincas
no valen hoy lo que sirvió para conceder esos préstamos y esos derechos
reales.

Me podrán contestar ustedes que la validez de los contratos existe
y, por tanto, que cada uno reclame ante los tribunales aquello por lo que
se sienta perjudicado; pero ni había equivalencia de las condiciones ni
existía la información necesaria; de ahí la necesidad de un proyecto de
ley que diese la cobertura necesaria y garantizase la segunda
oportunidad. En fin, como decía, las garantías benefician, como siempre,
a un determinado tipo de acreedores. De nuevo hay una sobreprotección de
determinados acreedores. Y echamos en falta determinadas protecciones,
como los créditos laborales, tal como apuntaba el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.

La conclusión es que la reforma es insuficiente y poco eficiente,
y tiene deficiencias jurídicas importantes. No creemos que el proyecto de
ley dé cobertura a los deudores personas físicas, no garantiza la
salvaguarda de la vivienda habitual de los deudores, y el sistema se
basa, como decimos en nuestras enmiendas, en la liquidación del
patrimonio del deudor. Por tanto, les anuncio que votaremos a favor de
los tres vetos presentados.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Capella.

Por el Grupo Vasco, tiene la palabra la señora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.

Como han podido comprobar, mi grupo no ha presentado veto, y es
que el objetivo del proyecto de ley que hoy debatimos nos parecía sin
duda importante, nos parecía que las medidas que se planteaban eran
positivas. Salvando todas las diferencias que pudiéramos encontrar,
podíamos llegar a concluir que el objetivo era necesario, como ha dicho
el senador Aroca, con quien compartimos en general la letra de lo que él
ha planteado. Hacía mucho tiempo que se venía demandado esto, porque
habíamos legislado para los deudores, pero no para las personas ni para
atender a situaciones tan trágicas e injustas, como yo misma dije en el
pasado Pleno, por las que han tenido que pasar.

Decía que compartíamos la letra y, si habláramos en términos
musicales, podríamos compartir hasta la música; bueno, quizá no
completamente la letra, y, desde luego, de ningún modo la interpretación
de la partitura. La oposición ha reclamado en muchas ocasiones, con los
diferentes instrumentos parlamentarios de que dispone, el abordaje de
este problema. Y la respuesta siempre ha sido negativa. Ahora, con la
tramitación de este proyecto de ley, se proponen dar respuesta. ¿Por qué
digo que con esta tramitación? Ya se ha mencionado, pero no voy a dejar
de repetirlo: porque la manera en que se presenta esta ley, que es
prácticamente una ley ómnibus, es un desaguisado. Es curioso: hablar de
la conexión o desconexión que pueden tener determinadas leyes con la
troncal que se presenta me lleva a sus argumentaciones para justificar la
no aceptación de algunas enmiendas que presentamos a mociones o leyes: la
desconexión. Sin embargo, ustedes ven claramente una conexión con el
texto en todas esas disposiciones adicionales, por ejemplo, que vienen a
modificar hasta doce leyes.

Es verdad que la ley se llama de segunda oportunidad, aunque no sé
si es de segunda oportunidad, de última oportunidad, o, como ha dicho el
portavoz socialista, de oportunidad perdida, que es la conclusión de lo
que se ha visto. La semana pasada o la anterior ustedes hablaban de que
es mejor hacer que no hacer. Sin duda; pero yo les preguntaba si había
que hacerlo con estos plazos, al final de la legislatura, en esta
vorágine —me ha gustado la expresión «aquelarre
legislativo»—. Lo decía al principio: había que abordar este tema
pensando en las personas, lo comprendimos hace mucho tiempo
—algunos, no ustedes—. Al final, a una le asalta la duda de
si se propone esta ley en este momento por propio interés; no sé si se
trata de aprovechar la oportunidad del momento.

En cuanto a las medidas que contiene la ley, si bien no hemos
presentado veto, hemos manifestado nuestro desacuerdo con algunas de las
medidas que propone el articulado por medio de algunas enmiendas, que
argumentaré en el turno de defensa correspondiente. De momento, quiero
resaltar una vez más los incumplimientos competenciales y la ruptura de
las reglas del juego en este ámbito. La vulneración competencial en
relación con las políticas activas de empleo es reiterativa. Ya en el mes
de octubre de 2013 el Gobierno vasco presentó recurso de
inconstitucionalidad —sobre ello hemos debatido— contra la
ayuda de 400 euros para personas en paro de larga duración, incluida en
el plan Prepara y contra el Real Decreto Ley 1/2013, de 25 de enero, por
el que se prorrogaba el programa de recualificación profesional de las
personas que agoten su protección por desempleo. Entonces, al igual que
ahora, el Gobierno español incluyó una serie de ayudas a personas en paro
que habían agotado su prestación por desempleo, que financiaba, decidía y
gestionaba el Sistema Nacional de Empleo, cuando en Euskadi tendría que
haberlo hecho Lanbide. Y lo mismo ocurrió con la Ley 18/2014, de 15 de
octubre, en lo relativo a la gestión y financiación del sistema nacional
de garantía juvenil, por las mismas razones. Por último, el Gobierno
vasco interpuso el pasado 3 de marzo un recurso de inconstitucionalidad
contra varios artículos del Real Decreto Ley 16/2014, de 19 de diciembre,
por el que se regula el Programa de activación para el empleo, por
vulneración de las competencias en materia de políticas activas de
empleo, así como la relación financiera Estado-Euskadi del concierto
económico. Para nosotros este tema es grave, y lo saben. Por eso lo he
rescatado en este punto, aunque volveré a él en la defensa de las
enmiendas al articulado, a las medidas que este proyecto de ley
plantea.

Como decía, no hemos presentado veto, pero votaremos a favor de
los tres que se han presentado, por los argumentos que los sustentan, así
como por los argumentos que nos van dando ustedes con la forma de
tramitar el proyecto y con su contenido: la letra y la música que, como
decía, nos podría gustar, sobre la que en origen todos estábamos de
acuerdo y que llevábamos tiempo reclamando.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre.

El turno de Entesa va a ser compartido por los senadores Guillot y
Martí Jufresa.

En primer lugar, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Señor portavoz del PP, ¿dónde inscribe usted la modificación de la
Ley de regulación del juego: en la segunda oportunidad, en la reducción
de la carga financiera o en otras medidas de orden social? Esto es un uso
y abuso, una práctica habitual de ustedes que no tiene justificación; si
no, dígame en qué apartado lo ubica.

Esta ley, no solo es insuficiente después de siete años de crisis
y de cientos de miles de desahucios —es decir, no es la ley que
necesita el país—, sino que tiene elementos muy graves en su
política. En primer lugar, ustedes anulan las tasas judiciales. ¿Saben lo
que dice el preámbulo? Dice así: «… resulta inaplazable atender a
la situación económica desfavorable de un importante número de ciudadanos
que, no siendo beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica
gratuita, deben ser objeto de atención en cuanto al impacto que sobre
ellos está teniendo el sistema de tasas por el ejercicio de la potestad
jurisdiccional.» Recuerde usted todo lo que han llegado a decir
—desde el ministro Gallardón hasta que sale esta ley— en
defensa de las tasas judiciales, para acabar diciendo lo que les decía la
oposición: que estas tasas judiciales impedían la tutela judicial
efectiva. Dígame si tiene alguna respuesta para esta cuestión.

Y vamos a ser campeones en crecimiento, pero también lo vamos a
ser en precariedad laboral y pobreza. ¿Cuáles son las graves diferencias
que hay entre mi partido y este Gobierno y su grupo parlamentario? Lo he
intentado explicar en la defensa del veto. ¿Cuál es para ustedes la
lógica de fondo? Primero, saneamos bancos, y una vez que los bancos están
saneados, hay crecimiento económico y se acercan las elecciones
—repito: y se acercan las elecciones—, lanzamos el mensaje de
que vamos a preocuparnos de las personas. Esto tiene un efecto perverso y
negativo desde un punto de vista social, y lo hemos visto
—insisto— a lo largo de estos años de crisis y lo hemos visto
a diario con los desahucios.

Hay otro elemento de fondo de diferencia, y es que ustedes apelan
a la cultura de pago, pero yo creo que ustedes no saben lo que es un
deudor de buena fe, consumidor o usuario, un deudor vulnerable. Creo que
ustedes —no ustedes, pero a lo mejor los legisladores, la gente que
les hace estas leyes— desconocen el perfil social de una persona
que se pueda ubicar como deudor vulnerable o deudor consumidor o usuario.
¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Quién les avala? ¿Por qué no pueden hacer
frente a sus deudas? ¿Por qué el no poder hacer frente a sus deudas tiene
que significar la pérdida de la vivienda, como ha significado hasta
ahora? Porque otro factor que explica o justifica esta legislatura por su
parte es que todo lo que hacen, lo hacen bien, hasta que lo cambian. Y
vuelvo a poner el ejemplo de las tasas judiciales.

Cada vez que nos han presentado una medida para luchar contra los
desahucios según ustedes era como para lanzar cohetes. Siempre. Aún
recuerdo la defensa del señor De Guindos —y luego de muchos de sus
portavoces— del código de buenas prácticas, un código que nos ha
llevado a seguir con 146 desahucios diarios. Y antes les he dado los
datos de lo que ha representado un fondo social de 6000 viviendas, cuando
estamos hablando de cientos de miles de familias que pierden la
suya.

Pero más allá de esto —ustedes todo lo hacen bien hasta que
lo tienen que modificar—, hoy nos traen un proyecto de ley del todo
insuficiente. ¿Por qué? Porque está cargado de condicionantes, porque
ignora la realidad social y económica de estos deudores vulnerables y
porque dichos deudores no pueden pagar la deuda, escriban ustedes lo que
escriban; escriban ustedes lo que escriban, no la van a poder pagar
porque están en la miseria. Y como no la van a poder pagar, las preguntas
que uno se plantean son: ¿merecen irse a la calle? ¿Hay que echarlos a la
calle? ¿Se les puede dar una segunda oportunidad? ¿Cómo? ¿Y cómo la
plantean ustedes? La plantean con toda una serie de condicionantes y
desconociendo, insisto, el perfil del deudor, al que le resulta
prácticamente imposible acogerse a esta pretendida segunda
oportunidad.

Esta es la segunda gran diferencia, cuando usted habla de cultura
de pago, con respecto a nosotros, porque, insisto, estamos hablando de
deudores de buena fe, y compartimos, como dice el proyecto de ley, qué se
entiende por un deudor de buena fe. Pero también le indico que son
personas socialmente muy desvalidas, a las que esta ley no les sirve, y
por eso, porque esta ley no les sirve, hemos presentado este veto. Por
ello, señor presidente, insisto en pedir el voto favorable.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Guillot.

Tiene la palabra el senador Jufresa.

El señor MARTÍ JUFRESA: Senador Martí, si no le importa. Tengo
mucho aprecio a mi madre, pero mi primer apellido es Martí.

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Martí.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, presidente. Voy a ser muy
breve.

Senador Aroca, nosotros cuestionamos la justicia y la eficacia de
esta ley. Usted no ha dado ningún contraargumento a nuestros vetos. Ha
dado una explicación general, de contexto, respetable pero que no
compartimos. En cualquier caso, no ha contraargumentado los motivos por
los que pensamos que esta ley es insuficiente en términos de justicia y
sobre todo de eficacia. ¿Por qué esta va a ser la buena? ¿Por qué la
octava reforma va a ser la buena?

No voy a reincidir en los argumentos que expresaba el senador
Guillot sobre la cultura de pago o el equilibrio entre acreedor y deudor,
pero en términos de eficacia, la verdad es que a estas alturas de la
legislatura ya empezamos a tener precedentes sobre sus leyes, que
supuestamente van a cambiar radicalmente la situación y luego no cambian
nada, algunas incluso son contraproducentes, pero la mayoría no cambian
nada. La Ley para el fomento del alquiler no ha cambiado nada,
absolutamente nada; la Ley para el fomento de la rehabilitación y la
remodelación tampoco ha cambiado nada, no ha cambiado el horizonte de la
tenencia de vivienda, ni nada. Por tanto, comprenderá que estamos
sobreaviso, que sus propuestas de ley al final no inciden sobre la
realidad. No son algo mejor que nada, sino que son nada de nada. Por
consiguiente, le rogaría, por favor, que en su turno diera algún
argumento concreto contra las motivaciones por las que nosotros
presentamos estos vetos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Martí Jufresa.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente. Señorías,
muy buenos días.

Este proyecto de ley, al igual que en su momento el de deudores
hipotecarios, tenía que ser el de los grandes consensos, aquel en el que
había que demostrar a la sociedad que somos capaces de trabajar juntos
por su bien ante una situación tan grave como es la pérdida, por
circunstancias sobrevenidas y ajenas a su voluntad, de la vivienda
habitual de miles y miles de personas y familias por no poder hacer
frente a sus deudas hipotecarias. En definitiva, se trataba de trabajar
juntos para hacer bien las cosas.

Estamos hablando de ciudadanos, de personas en riesgo de perder su
vivienda habitual, pero también hablamos de dar una segunda oportunidad
real a las pymes, cosa que no va a suceder porque las deudas a la
Seguridad Social —a ello me referiré al defender las
enmiendas— y a Hacienda quedan al margen del esfuerzo que tienen
que hacer los acreedores del sector privado; en el sector público no va a
ser posible. Esto perjudica de manera considerable el sistema
productivo.

Nosotros no hemos presentado ningún veto, como tampoco lo
presentamos en la ley anterior, de deudores hipotecarios. Esperábamos que
hubiera negociación y poder hablar de cuestiones sociales tan importantes
como las que tenemos aquí delante. No voy poner el vendaje antes de la
herida porque quiero defender las enmiendas y ver qué nos dicen, no sea
que a última hora haya alguna llamada de teléfono que haga que se acepte
alguna enmienda. Ya veremos. En cualquier caso, esperaremos al turno
final para ver lo que ocurre, que también va a servir para defender los
argumentos por los que mi grupo va apoyar los vetos presentados.

Consideramos que al hablar de segunda oportunidad hay que hablar
de una oportunidad global, de una oportunidad realista y objetiva, y
esto, en definitiva, no se va a producir. En teoría, son muchas las
razones por las que podemos apoyar los vetos presentados. Podríamos
hablar, por ejemplo, de la suspensión de los lanzamientos, que debería
servir para dar una solución definitiva a las familias que están a punto
de ser desahuciadas. El problema es que una vez que finalice el plazo, se
acumulan los problemas. Ustedes saben que ya venció el primer plazo de
dos años, desde la Ley de deudores hipotecarios, que finalizó en mayo, y
que tendrían que producirse los desahucios, pero como estamos en un año
electoral, esto queda mal, queda fatal para el Grupo Parlamentario
Popular que apoya al Gobierno, y hay que buscar soluciones. Pues se hace
otra prórroga de lanzamiento durante cuatro años. ¿Es verdad, o no es
verdad? Es verdad, hemos hecho una prórroga. ¿Pero los intereses
continúan, o no, corriendo? Yo me pregunto esto. Pregúntenselo ustedes.
En definitiva, y aquí se ha comentado, son familias que, debido a la
situación en que han quedado por circunstancias ajenas a su voluntad, se
han visto sin trabajo —o lo que sea— y no pueden hacer frente
a las deudas. Y no se está buscando una solución definitiva, ni mucho
menos, lo único que hacemos es dejar correr la pelota hacia delante, con
lo cual el problema se incrementa.

Intereses de demora. Ya lo comentamos en la Ley de deudores
hipotecarios. Lo que ocurre es que esta ley se hizo mal —y por eso
toda la oposición votó en contra de ella— y los problemas
persisten: tenemos intereses de demora muy elevados.

Liberación de la deuda que queda pendiente. En el supuesto de que
se acojan a alguna de las quitas que contempla la Ley de deudores
hipotecarios, se hace del todo inviable que puedan hacer frente a la
deuda. En su momento les puse un ejemplo gráfico de una hipoteca de
tantos miles de euros y lo que supondría pagar cada mes, y era
prácticamente imposible. Y esto no se ha resuelto.

Respecto a acogerse al código de buenas prácticas —también
se ha comentado—, es un porcentaje muy pequeño el que ha hecho uso
de él. Si una entidad bancaria no quiere acogerse a él, ahí queda.

Tampoco está bien resuelto el alquiler social, ni tantas otras
cosas que intentaré demostrar al defender las enmiendas que hemos
presentado y que nos parecen muy importantes porque estamos muy lejos de
la Ley de segunda oportunidad que tienen otros países europeos y Estados
Unidos, de la realidad de los países de nuestro entorno. La ley es del
todo insuficiente, no se aprovecha el tiempo, lo que hacemos es trasladar
los problemas en el tiempo, y ya veremos quién los resuelve y cómo se
resuelven. Estamos en contra de estas praxis y de que esta ley de segunda
oportunidad, que debería ser realmente de segunda oportunidad, no lo
sea.

En definitiva, entendemos que quedan muchas cosas por resolver.
Ustedes han tenido también una segunda oportunidad y veremos qué ocurre
en el debate de enmiendas para, en el turno de portavoces, hacer con
mayor precisión un resumen de esta sesión.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador
Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.

Intervengo muy brevemente porque los argumentos por los que hemos
presentado el veto ya los hemos dado. Sin embargo, no he escuchado
—como decía algún senador— ningún motivo en contra de ellos,
ninguno.

El senador Aroca nos ha dicho que no tendríamos que haber
presentado un veto porque es un proyecto bueno y útil. Bueno es una
valoración, un juicio de valor; cada cual decide si es bueno o malo. Lo
que nosotros cuestionamos es la utilidad —lo hemos dicho al
defender el veto—, y la utilidad se verá cuando esas personas que
pueden perder la casa en un procedimiento de estos, no la pierdan, y esta
ley no lo asegura. La utilidad se verá cuando alguna familia que ha
perdido la casa entre en un proceso concursal de este tipo y se le
respete el acceso a la vivienda aunque no sea suya, y eso tampoco lo
asegura. En definitiva, el señor Aroca no ha dado absolutamente ningún
argumento que modifique nuestra posición respecto al veto.

Nos ha comentado el senador los temas anejos, las treintaiuna
enmiendas, o no sé cuántas, que presentó el Grupo Popular en el Congreso.
Aparte de la desconexión, si era tan evidente que cumplían las
condiciones que marca la sentencia del Tribunal Constitucional, alguien
debería explicar por qué no se accedió a una petición de informe por
parte de la letrada para que ratificara eso en el propio Congreso. No se
hizo y se aplicó la mayoría absoluta, que es lo que se viene
aplicando.

Nosotros hemos solicitado, y está en los diarios de sesiones, la
ley de segunda oportunidad, para posibilitar que las personas físicas
puedan recuperar parte de la dignidad que les ha quitado la crisis,
aparte de otros bienes materiales; lo hemos reivindicado durante toda la
legislatura y está en los diarios de sesiones. Lo reivindicamos cuando
hubo que hacer el rescate a los bancos, lo reivindicamos cuando se
planteó la refinanciación de las empresas y lo seguimos reivindicando,
pero este no es el proyecto de ley que da cumplida cuenta a esa
reivindicación. Este no es un proyecto de ley de segunda oportunidad, y
no presentar el veto, como hicimos en el Congreso, pensando que en la
tramitación mejoraría, es un error que no hemos querido cometer en el
Senado, porque además conocemos el procedimiento que va a seguir este
proyecto de ley, porque intuimos, y ojalá nos equivoquemos, el resultado
de todas y cada una de las enmiendas que hemos presentado.

No nos parece que sea mejor hacer que no hacer. Depende, porque
hacer mal es peor que no hacer, y cuando uno hace las cosas mal es mejor
que no haga. Ese principio no lo suscribimos; no suscribimos que sea
mejor algo que nada, y no lo suscribimos porque eso es para contentar o
para sacar un titular de periódico y hacer parte de la campaña electoral
que se avecina. Así pueden decir que han elaborado el proyecto de segunda
oportunidad y como nadie tendrá tiempo de leerlo, nadie lo va a leer. Uno
de los objetivos de este proyecto, a dos meses o tres de la disolución de
las Cámaras y a cinco de las elecciones, es precisamente poder decir que
también se ocupan de las personas, lo cual es falso si este proyecto de
ley se aplica según está escrito en el momento actual.

Salvo que se acepte alguna enmienda, en cuyo caso se justificará
la no obligatoriedad del veto, nosotros seguimos defendiendo la
pertinencia de haber presentado el veto y, por lo tanto, seguimos
pidiendo a los grupos que lo apoyen para que esta ley vuelva a donde
estaba y para que traigan de verdad una ley cuyo contenido tenga
exactamente que ver con el título, para que sea una ley de mecanismo de
segunda oportunidad, de reducción de la carga financiera y de otras
medidas de orden social, o no, pero sí de segunda oportunidad y sí de
mejora de la carga financiera.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Manchado.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Aroca.

El señor AROCA SÁEZ: Gracias, presidente.

Señorías, a la vista de los argumentos que les he expuesto en mi
primer turno para rechazar los vetos, tengo que hacerles algunas otras
consideraciones y procuraré contestar a algunos de los aspectos expuestos
por ustedes en la mañana de hoy en un debate en una comisión con
competencia legislativa plena, que tiene el mismo formato que los plenos
en nuestro Senado: turno a favor de los vetos, turno en contra,
portavoces y debate de enmiendas, es decir el mismo formato de los
plenos.

Coincido con mi compañera diputada en el Congreso de los Diputados
cuando calificó esta ley como una ley de carácter social; efectivamente,
a nuestro juicio lo es. Esta ley da nuevas oportunidades a personas con
nombres y apellidos que están pasando por diversas dificultades. El
Gobierno de Mariano Rajoy ha sentado las bases de la recuperación y del
crecimiento y por eso este modelo reformista es mucho más equilibrado y
sólido. Tenemos un reto y un desafío muy importante para los próximos
meses y años: a nuestro juicio, se tiene que consolidar este modelo
reformista para evitar retrocesos, de tal modo que España siga siendo un
referente en la recuperación económica y en la creación de empleo
—lo estamos siendo en estos momentos, después de salvar un barco
que iba a la deriva en tiempos no muy lejanos— y, por lo tanto, dar
facilidades para que sean muchos más los españoles que encuentren
oportunidades. Llevamos veintiún meses recuperando competitividad,
también son ya dos años consecutivos con superávit exterior y con buenas
previsiones para los próximos; nuestra economía crecerá más del 3 % este
año y, como todos ustedes saben, en la nómina de este mes de julio los
trabajadores volverán a beneficiarse de la rebaja del IRPF, como en el
pasado mes de enero. Señorías, el empleo y la afiliación a la Seguridad
Social se siguen consolidando, y estas son buenas noticias, señor
Guillot, esto no es macroeconomía. Somos conscientes de que aún son
insuficientes y por ello se seguirá trabajando en la línea reformista,
que está dando óptimos resultados.

Esta Ley de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera
y otras medidas sociales es un complemento más para la recuperación y
para proporcionar más y nuevas oportunidades a quienes más lo necesitan.
La aplicación de esta normativa que hoy estamos viendo no sería posible
si nuestra economía no estuviera recuperándose, por lo que ofrece una
segunda oportunidad a empresas y ciudadanos lastrados por sus deudas, al
mismo tiempo que amplía la protección social a los colectivos más
vulnerables. Son 40 000 familias las que se han beneficiado de las
diversas medidas puestas en marcha por este Gobierno, y no por el
anterior, con el fin de proteger las hipotecas, evitando 16 000
desahucios. Son ya también 21 000 las familias que se han acogido al
código de buenas prácticas, y de ellas 4500 han podido realizar la dación
en pago y más de 16 300 han podido reestructurar su hipoteca. También se
han adjudicado la mitad de las viviendas del fondo social, ampliando el
colectivo que puede acceder a una de estas nuevas viviendas. Conviene
recordar que también se ha modificado la Ley hipotecaria, lo que ha
permitido que se eliminen cláusulas abusivas además de limitar los tipos
de interés o asegurar la independencia entre bancos y tasadores.

Señorías, a continuación trataré otros aspectos de esta ley. Tal y
como se dijo en el Congreso de los Diputados, esta ley cierra el círculo
normativo para facilitar el desapalancamiento de la economía española,
siendo este uno de los grandes desequilibrios que había que corregir para
volver a la recuperación económica y a la creación de empleo que ya
estamos viendo. Entre otras razones ahora crecemos porque producimos y
exportamos; antes, cuando se crecía era a base de endeudarnos para poder
comprar lo que otros producían. La ley que hoy vamos a aprobar simplifica
el sistema de acuerdos extrajudiciales de pagos, amplía a los
particulares la posibilidad de acogerse a estos y, lo que es fundamental,
suspende las ejecuciones de bienes necesarios para la actividad durante
las negociaciones.

Señorías, se amplía la protección para aquellos deudores
hipotecarios más vulnerables, eliminando las cláusulas solo a este
colectivo y prorrogando dos o más años la moratoria para los desahucios.
Los deudores, sean estos personas físicas, empresarios o familias de
buena fe, podrán ver exoneradas las deudas que no pueden ver satisfechas
en un proceso de liquidación concursal, de tal modo que las deudas que
queden pendientes tras la liquidación de los bienes del deudor mediante
concurso de acreedores serán exoneradas si el deudor cumple o el juez
determina que ha realizado un esfuerzo sustancial por cumplir.

Con esta norma también se concilian los intereses de los deudores
de buena fe con los de los acreedores. También se potencia la figura del
mediador concursal, de tal modo que puedan actuar como tal las cámaras de
comercio, industria, navegación y servicios en caso de que el deudor sea
empresario, o los notarios si son personas naturales no empresarios.

En el ámbito tributario se llevarán medidas encaminadas a rebajar
la carga fiscal de determinados colectivos. También tendrá de forma
inmediata un impacto positivo sobre el empleo, ya que tendrá la exención
de las cotizaciones a la Seguridad Social por creación de empleo estable.
Entre otras medidas se pretende ayudar a aquellos colectivos con más
dificultades y menos oportunidades de entrar en el mercado laboral, como,
por ejemplo, desempleados de larga duración, personas con baja
cualificación y poca experiencia laboral y aquellos que carecen de
formación. También se reflejan medidas de conciliación familiar para los
autónomos, estableciendo la convergencia progresiva de los derechos de
los trabajadores autónomos en relación con los de cuenta ajena. A tal
efecto se bonificará al trabajador por cuenta propia en la cuota a la
Seguridad Social, buscando cumplir dos objetivos: primero, que el
trabajador autónomo pueda atender a la familia, manteniendo su actividad
profesional, y segundo, vincular la medida a la contratación para
dinamizar el mercado laboral. Existirá la deducción fiscal para familias
monoparentales con dos o más hijos y se ampliarán nuevas deducciones a
los contribuyentes que perciban prestaciones del sistema público de
protección de desempleo o pensiones de los regímenes públicos de
previsión social y tengan a su cargo un ascendiente o descendiente con
discapacidad.

En el impuesto sobre sociedades no tendrán que presentar
declaración aquellas entidades cuyos ingresos totales no superen
los 50 000 euros anuales. También se establecen mejoras de la Ley del
estatuto básico del empleado público para determinado personal
estatutario de diversos ámbitos, así como una mejora en la regulación de
la composición y constitución de las mesas de negociación.

El Partido Popular quiere seguir legislando para que siga
mejorando nuestra economía, para seguir creando empleo, para consolidar,
profundizar y desarrollar nuestra recuperación económica y para evitar
las desigualdades y la exclusión social, y estamos seguros de que con la
aprobación de este proyecto de ley contribuiremos a ello.

Es posible y estoy seguro de que este proyecto de ley no es
perfecto, como nada hay perfecto en este mundo, pero estamos seguros de
que hemos mejorado con esta normativa otras que teníamos anteriormente y
otras que tenemos. A lo largo de esta legislatura que está a punto de
finalizar se han llevado a cabo políticas encaminadas a salir de la
quiebra en la que España se encontraba cuando gobernaba el Partido
Socialista y, lo que es más importante, a preparar nuestro presente y
nuestro futuro de forma más sólida y equilibrada.

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado está asistiendo con
cierto estupor —si me lo permiten—, durante toda esta
legislatura, a cantidad de ideas, iniciativas y alternativas que el Grupo
Socialista nos plantea comisión tras comisión y Pleno tras Pleno. Ustedes
ahora tienen solución para todo. Ante esto nos preguntamos: ¿dónde
estaban ustedes? ¿Qué hacían ustedes durante la anterior etapa de
Gobierno? Porque los males de nuestra economía y de nuestra sociedad
comenzaron cuando ustedes estaban en el Gobierno. Con los socialistas en
el Gobierno, por ejemplo, se perdieron 3 millones y medio de puestos de
trabajo, y ahora continuamente nos dan soluciones. Creo que esas
soluciones las tendrían que haber puesto en marcha ustedes en su momento,
pero o no supieron o no quisieron. Ahora nos dicen que cuando lleguen
otra vez al Gobierno, muchas de las leyes que están dando óptimos
resultados a la sociedad española las van a derogar. Pues, señorías,
espero y deseo que los españoles, al igual que el título de esta ley,
también den al Partido Popular y a Mariano Rajoy esta segunda oportunidad
en las próximas elecciones generales para consolidar nuestro crecimiento
y no retroceder en lo conseguido por la sociedad española en estos
últimos años que han sido tan difíciles. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Aroca.

Concluido el turno de portavoces, damos por finalizado el debate
de los vetos, que vamos a votar siguiendo el orden en que se han
defendido.

Señor Letrado, ¿está comprobada la asistencia de los miembros de
la Comisión? (Asentimiento).

Procedemos a la votación por el orden de su sustanciación.

Votamos el veto número 2, de los senadores Guillot Miravet y Saura
Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el veto número 2.

Pasamos a la votación del veto número 3, de las senadora Almiñana
Riqué y Sequera García y los senadores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí
Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el veto número 3.

Pasamos a la votación del veto número 1, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el veto número, 1 del Grupo
Parlamentario Socialista.

De conformidad con cuanto determina el artículo 114.2 del
Reglamento, rechazados los vetos, pasamos al debate de las enmiendas
presentadas, que voy a enumerar: enmiendas 1 a 35, de los senadores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto;
enmiendas 36 a 46, de la Senadora Ester Capella i Farré, del Grupo
Parlamentario Mixto; enmiendas 183 a 187, del Grupo Parlamentario Vasco
en el Senado; enmiendas 98 a 182, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya; enmiendas 188 a 218, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió, y enmiendas 47 a 97,
del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de las enmiendas 1 a 35, presentadas por el
senador Iglesias Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, y de las
enmiendas 36 a 46, presentadas por la senadora Ester Capella i Farré,
también del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora
Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente.

Doy por defendidas las enmiendas presentadas por mis compañeros
del Grupo Mixto, el señor Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, ya que
constan debidamente justificadas.

Con respecto a las 11 enmiendas presentadas por esta senadora de
Esquerra Republicana, la número 36 va en la línea de garantizar realmente
la segunda oportunidad en el sentido de que, una vez liquidada la masa
activa, el deudor no continúe debiendo, o, en todo caso, quede exonerado
del pago de la deuda. En este sentido, como apuntaba también en el debate
de los vetos, esta enmienda viene a complementar las argumentaciones que
he esgrimido antes.

La enmienda 37 va en la línea también de contemplar la exoneración
de los fiadores y avaladores y, por tanto, en la protección de la
vivienda habitual tanto del avalador como del fiador. En este sentido
quiero hacer una reflexión en la línea que apuntaba el senador Guillot,
que este proyecto de ley no tiene en cuenta el perfil de la inmensa
mayoría de los deudores, a los que el proyecto de ley que hoy estamos
debatiendo debería dar cobertura.

La enmienda 38 la doy por defendida. La enmienda 39 es de
supresión porque, de nuevo, se vuelve a criminalizar, a cuestionar, la
buena fe y la bondad, en este caso, del deudor, al establecerse que
quedarían sin efecto los beneficios en el supuesto de que se renunciase a
determinadas ofertas de empleo. Entendemos que el proyecto de ley debería
contemplar también la bondad o maldad de determinadas ofertas de trabajo
y si realmente no son precarias o no garantizan la posibilidad de esta
segunda oportunidad.

En relación con la enmienda 41, como apuntábamos con anterioridad,
planteamos la posibilidad de que se habilite el acuerdo colectivo o
individual para que los trabajadores puedan participar en los acuerdos.






Es una manera de garantizar los créditos laborales de los
trabajadores.

La enmienda 42 se refiere al acuerdo extrajudicial, de forma que
sea documento habilitante suficiente para que los trabajadores puedan
hacer efectivos los cobros a través del Fogasa.

La enmienda 44 es de modificación. Se trata de valorar la
situación del deudor al objeto de garantizar la protección de la vivienda
habitual.

La enmienda 45 va en la línea de corregir la situación del
sobreendeudamiento.

La enmienda 46 es de adición, para el reconocimiento del derecho
de justicia gratuita con carácter universal en aquellas materias que
afectan al derecho laboral y, en este caso, al derecho a la
vivienda.

La enmienda 47 es un traslado a la Ley concursal de los mecanismos
de protección de oficio que establece la propia Ley de enjuiciamiento
civil.

Estas son básicamente las enmiendas que hemos presentado para las
que solicitamos el voto favorable del resto de grupos
parlamentarios.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.

Para la defensa de las enmiendas 183 a 187 tiene la palabra, por
el Grupo Parlamentario Vasco, la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias, señor
presidente.

Como he mencionado en el turno anterior, mi grupo no ha presentado
veto, pero sí cinco enmiendas referidas al articulado, a aquello con lo
que no estamos de acuerdo, con las que queremos mejorar el texto.

Con las enmiendas 183 y 184 pretendemos corregir el hecho de que
no se contemple que puedan ser exonerados los créditos de derecho
público. El tratamiento de derecho público se separa de las
recomendaciones realizadas a nivel internacional y consideramos que este
asunto debe ser replanteado y reconsiderado, y, en consecuencia,
modificado.

En cuanto a la enmienda 186, en opinión de nuestro grupo no es
adecuado que el código de buenas prácticas sea de adhesión voluntaria. Su
aceptación y adhesión debería ser obligatoria. La aplicación de dicho
código en su integridad debe poder hacerse a las hipotecas constituidas
hasta un límite único de 300 000 euros, sin diferencias según las medidas
a aplicar entre diferentes categorías de hipotecas, tal y como está en la
actualidad en el Real Decreto Ley 6/2012.

Con la enmienda 187, que será en la que más me detenga, nuestro
grupo propone una disposición adicional que clarifique la aplicación de
las bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social en la comunidad
autónoma de Euskadi. El texto de la disposición es el siguiente:» En el
ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, tanto la financiación
como el control, revisión y, en su caso, reintegro de las bonificaciones
contempladas en los artículos 8 y 9 de esta ley, se llevarán a cabo
conforme a las competencias que estatutariamente corresponden a la
comunidad autónoma, recogidas en las transferencias aprobadas por el Real
Decreto 1441/2010, de 5 de noviembre, sobre traspasos de funciones y
servicios a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ejecución
de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la
formación profesional para el empleo, que realiza el Servicio Público de
Empleo Estatal, y por el Real Decreto 895/2011, de 24 de junio, sobre
traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma del País Vasco
en materia de Función Pública Inspectora de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social».

Creo que es importante explicarlo porque entendemos que de no
corregirse este tema el Gobierno y este Parlamento estarían incumpliendo
una ley y rompiendo claramente las reglas de juego establecidas. Lo único
que pedimos es que se cumpla la ley y entendemos que no es algo tan
extraño. Como saben, la comunidad autónoma de Euskadi ostenta la
competencia para la gestión de las políticas activas de empleo, de
conformidad con lo establecido en el artículo 149.1.7.ª de la
Constitución y el artículo 12.2 del Estatuto de Autonomía de Gernika. El
traspaso de medios para su desempeño se materializó mediante un acuerdo
de la Comisión Mixta de Transferencias de 28 de octubre de 2010, aprobado
por Real Decreto 1441/2010, de 5 de noviembre. En su apartado B) 2. b)
establece que corresponde a la comunidad autónoma el desarrollo de todas
las funciones de ejecución en materia de fomento y apoyo al empleo, y
aquellas que en relación con los programas de las políticas activas de
empleo establecidas en la legislación laboral viene desarrollando en el
ámbito de la comunidad autónoma de Euskadi el Servicio Público de Empleo
Estatal. Y, en todo caso —dice en la letra b)—, los
incentivos a la contratación mediante el régimen de bonificaciones de las
cuotas sociales, de conformidad con lo previsto en la legislación
estatal, en relación con los trabajadores y trabajadoras de los centros
de trabajo radicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como
respecto de los trabajadores y trabajadoras autónomos radicados en la
misma. En aplicación de los principios que informan el sistema de
Seguridad Social, la Comunidad Autónoma del País Vasco compensará a esta
el coste de tales bonificaciones, de conformidad con el apartado G) 3. b)
de este acuerdo.

Por otro lado, de conformidad con el acuerdo de la Comisión Mixta
de Transferencias de 22 de junio de 2011, aprobado por el Real
Decreto 895/2011, de 24 de junio, sobre traspaso de funciones y servicios
en materia de función pública inspectora de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, le corresponde de forma específica a la Comunidad
Autónoma del País Vasco la vigilancia y la exigencia del cumplimiento de
las normas legales y reglamentarias y el contenido normativo de los
convenios colectivos en los siguientes ámbitos, en los cuales se incluye
el empleo, colocación, formación profesional ocupacional y continua,
empresas de trabajo temporal, agencias de colocación y planes de
servicios integrados para el empleo en colaboración con la Tesorería
General de la Seguridad Social e incentivos a la contratación mediante el
régimen de bonificaciones de las cuotas sociales.

Y, de acuerdo con lo expuesto en los artículos 8 y 9 del Real
Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero, ignoran el ámbito competencial de
la comunidad autónoma de Euskadi, en tanto atribuyen al Servicio Público
de Empleo Estatal la financiación, así como el control y revisión de las
bonificaciones de las cuotas empresariales de la Seguridad Social por
contratación indefinida de trabajadores inscritos en el sistema nacional
de garantía juvenil, no así por las reducciones por contratación
indefinida de otro tipo de trabajadores, y también de las bonificaciones
de las cuotas a favor de los trabajadores autónomos por cuidado de
menores de siete años a su cargo y de familiares en situación de
dependencia.

Por último, se debe señalar que la revisión sobre el control y
revisión de estas bonificaciones, contenida en el apartado nueve del
artículo ocho del real decreto ley, así como en el apartado 4. de la
disposición adicional tercera de la Ley 43/2006, en relación con las
bonificaciones de los trabajadores autónomos, atribuyendo a la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social tales funciones de control y revisión,
deberá entenderse conforme a lo dispuesto en el citado Real
Decreto 895/2011, de 24 de junio, que asigna una vez más a la comunidad
autónoma de Euskadi el ejercicio de las funciones atribuidas a la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social respecto del control y revisión
de las bonificaciones de las cuotas de la Seguridad Social.

Esta explicación extensa —lo reconozco— es la que
motiva nuestras enmiendas y nuestra posición. Como he dicho al principio,
lo único que pedimos es que se cumpla la ley. Dando por defendidas todas
las enmiendas y no sé si acogiéndome al positivismo que el senador
Manchado nos planteaba durante el pasado Pleno, a la esperanza o a la no
pérdida de esta, esperamos que se sustancie, como usted suele indicar,
señor presidente, la defensa de las nuestras y la respuesta por el Grupo
Popular, para que, de alguna manera, pudiéramos apoyar este proyecto que
desde su origen he manifestado en nombre de mi grupo que lo consideramos
oportuno, necesario y positivo, aunque no en los términos en los que se
nos ha presentado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Iparragirre.

Pues seguimos sustanciando el debate.

Compartirán turno el senador Martí y el senador Guillot .

Para la defensa de las enmiendas 98 a 182, del Grupo Parlamentario
Entesa, el senador Martí tiene la palabra.

El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, presidente.

Las enmiendas 98 a 147 han sido presentadas por las senadoras y
senadores socialistas de la Entesa pel Progrés de Catalunya, y coinciden
plenamente con las que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista.
Por ello, las doy todas por defendidas y, en aras del debate, quiero
decirles que me siento totalmente representado por los argumentos y
motivaciones del Grupo Parlamentario Socialista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra, senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Quiero empezar mi intervención diciendo que trabajar en una
comisión con competencia legislativa plena no es lo mismo que trabajar en
el Pleno, porque no puedo votar ni mi veto ni mis enmiendas. (El señor
Muñoz Martín: Porque hay menos fotógrafos.—Risas). Es verdad, hay
menos fotógrafos y hasta menos senadores y senadoras.

No vamos a entrar al trapo. El senador Aroca ha dicho que un
beneficio más que este Gobierno de Mariano Rajoy ofrece a la sociedad son
las reducciones del IRPF, con un monto aproximado de 1500 millones de
euros y que va a suponer a la gente una media de ahorro anual de 11
euros. ¿No habría sido más sensato, socialmente más justo, que en vez de
atomizar 1500 millones de euros y fundirlos de esta manera lo hubieran
invertido, por ejemplo, en el desarrollo de las leyes que estamos
aprobando, las cuales todas tienen una disposición adicional relativa a
que no pueden comportar ningún tipo de gasto?

Pero hay otros 1500 millones de exenciones, los primeros 500 euros
del salario de los nuevos contratos indefinidos. Ya he criticado
anteriormente esta política de exenciones, pero permítanme que les lea lo
que opina el profesor Antonio Baylos de ese tipo de exenciones. El
profesor Baylos dice: Es evidente que la medida no creará empleo
—también lo dicen la Unión Europea, los sindicatos, la propia
experiencia, que esas exenciones benefician a los empresarios pero no
crean empleo— y que es lesiva para la financiación del sistema de
la Seguridad Social —otro aspecto irrebatible, la caja de la
Seguridad Social va a dejar de ingresar 1500 millones de euros—,
drenando las aportaciones al sistema. La cotización al sistema de la
Seguridad Social se interpreta como coste salarial en una línea de
mercantilización de la fuerza del trabajo. Al establecer como un axioma
que la reducción de los costes empresariales facilita el empleo, se borra
la función que las cotizaciones empresariales tienen en relación con la
solidaridad ciudadana y la construcción de un sistema de seguridad para
los riesgos derivados del trabajo y los estados de necesidad que se
acentúan con las personas que hacen del trabajo asalariado su fuente de
vida y de renta.

Yo opino lo mismo que el profesor Baylos. Se trata de una medida
contraproducente respecto a los ingresos de la Seguridad Social que no va
a crear empleo y que, por otra parte, entra en una lógica totalmente
perversa. Señorías, ustedes tienen que aceptar que si no fuera por los
defectos de los grupos de la oposición, un Gobierno tan achicharrado como
este, cuyo presidente, encuesta tras encuesta —las haga quien las
haga: el CIS, El Mundo, El País, busquen ustedes el periódico que
quieran—, obtiene menos del 30 % de la confianza de los ciudadanos,
pues tiene unas puntuaciones bajísimas, no ganaría las elecciones. Por
tanto, si ustedes ganaran las elecciones, sería más por los defectos de
los otros que por sus virtudes, porque este Gobierno, en materia social,
no tiene ninguna credibilidad. Si se creen que a última hora, a pocas
semanas de disolver las Cortes y de convocar elecciones, todo esto va a
tener algún tipo de impacto —ya sea la reducción de impuestos o
este tipo de medidas—, desconocen a la ciudadanía, desconocen al
pueblo español.

A continuación, voy a defender las enmiendas 148 a 182. De
estas 34 enmiendas dos son muy importantes: la 148 y la 170. En la
primera, proponemos un procedimiento concursal especial para los deudores
consumidores o usuarios más garantista, con más derechos para este
colectivo. Y la segunda tiene como objetivo reforzar la protección de los
deudores hipotecarios. Lo podríamos resumir pidiendo la moratoria
universal indefinida, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
domicilio habitual, solvencia sobrevenida y no disponibilidad de otra
vivienda.

A continuación, presentamos una serie de enmiendas más concretas a
favor de estos deudores vulnerables, como es el porcentaje de pago a los
créditos concursales. Nosotros proponemos una rebaja de protección de los
avalistas; la no revocación de la exoneración cuando el deudor sea un
consumidor o usuario; que el consumidor o usuario cumpla un 25 % del plan
de pagos, no el 50 %, como plantea la ley; la suspensión de las
ejecuciones que se produzcan desde la presentación de la apertura del
expediente; reforzar la capacidad de negociación de los deudores,
consumidores o usuarios; que las cláusulas abusivas se anulen de oficio,
tal como dicta la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea;
que el acuerdo de suspensión de pagos no tenga consecuencias para la
persona natural o empresario; que el código de buenas prácticas sea
normativo y no voluntario; y otra serie de cuestiones concretas, como la
contemplación de la dación en pago, recogido en varias enmiendas, que
refuerza el papel de los deudores, consumidores o usuarios.

A nivel laboral, hemos presentado cuatro enmiendas: excluir de los
acuerdos extrajudiciales de pago a los créditos laborales y también la
parte a cargo del Fogasa; que la empresa que promueve un acuerdo
extrajudicial sea el título habilitante para que los trabajadores puedan
pedir las prestaciones correspondientes del Fogasa; la supresión, como he
dicho anteriormente, de la exención de los primeros 500 euros de
cotización del salario cuando se contrate a nivel indefinido. Y, por
último, hay otro punto que cabalga entre empleo y derechos de los
deudores, que es no haber rechazado cuatro años antes una oferta de
empleo. No sé si ustedes, señorías, o el Gobierno, se creen que la gente
puede profetizar sobre su devenir. ¿Qué significa no haber rechazado un
empleo cuatro años antes? ¿Cómo sabes que cuatro años después vas a tener
una crisis de ingresos o una situación personal que te lleve a la
insolvencia? ¿Cómo lo sabes? A lo mejor el Gobierno lo sabe; a lo mejor
usted, señor Aroca, lo puede explicar a través de la sabiduría popular,
pero el resto de los mortales no sabemos predecir cómo nos van a ir las
cosas. El resto no lo sabemos, con lo cual esto es un disparate, por lo
que les ruego que aunque solo sea por tamaño dislate acepten esta sola
enmienda para no sonrojar a otros legisladores que puedan leer esta
ley.

Sin más, doy por defendidas el resto de enmiendas y les pido el
voto favorable.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Guillot.

Para la defensa de las enmiendas 188 a 218, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió, tiene
la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a darlas todas por defendidas, pero voy a centrar mi defensa
en los ocho bloques que considero más importantes y que tendrían que
tenerse en cuenta en este proyecto de ley.

En el primer bloque pedimos incrementar el umbral de la exclusión
y el de las familias vulnerables. Por ello hemos presentado las
enmiendas 203 y 205. La enmienda 203 dice que, en un momento de crisis
económica como el actual, se hace necesario ampliar el ámbito subjetivo
de aplicación de la norma, ya que la experiencia de los meses
transcurridos desde la entrada en vigor de la vigente definición del
umbral de exclusión muestra que es muy insuficiente para paliar
situaciones de gran necesidad que afectan a familias que son deudoras de
un crédito o préstamo, garantizando con hipoteca su vivienda
habitual.

La enmienda 205 hace referencia a que el colectivo de personas que
se pueden beneficiar de la paralización de los lanzamientos es
prácticamente ridículo en comparación con las personas vulnerables por
causas económicas sobrevenidas. Así, el proyecto de ley no protege a las
familias con hijos menores, cuyo único ingreso sea una pensión pública o
la deuda se haya contraído por ser avalista. Es más, desincentiva a que
ningún miembro de una familia que obtenga la paralización del lanzamiento
por estar todos sus miembros en paro, obtenga trabajo o, si lo obtiene,
sea en la economía sumergida; por tanto, es todo un contrasentido.

Además, el proyecto de ley, en relación a la restricción de
ingresos de la unidad familiar, no tiene en cuenta el número de miembros
que lo conforman; hecho que no tiene mucho sentido porque es evidente que
cuantos más miembros tiene una unidad familiar más gasto tiene que
soportar.

El segundo bloque de enmiendas hace referencia a facilitar más el
acceso a la segunda oportunidad de ciudadanos y autónomos. Proponemos
simplificar y eliminar algunos de los requisitos que contempla el
proyecto de ley para que una persona física insolvente pueda acceder a la
exoneración de sus deudas. No tiene sentido que para ir al concurso el
deudor deba haber pagado el 25 % de los créditos concursales y lo
proponemos resolver con la enmienda 190.

Nuestra enmienda 196, dentro de este bloque, propone también que
una persona que haya rechazado una oferta laboral en los cuatro años
anteriores a la declaración del concurso no pueda, en ningún caso,
considerarse como un requisito necesario para poder beneficiarse de la
exoneración de deudas en caso de una futura insolvencia. Es una exigencia
claramente desproporcionada ya que los motivos del rechazo en los cuatro
años anteriores podría basarse en la mera voluntad de la persona por
optar por una opción profesional distinta, lo cual sería especialmente
evidente en el caso de que la persona no percibiera prestaciones por
desempleo y tampoco se tiene en cuenta que la oferta se corresponda con
el empleo temporal o precario.

El tercer bloque de enmiendas sobre Hacienda y Seguridad Social
indica que también deberán participar de la exoneración de deudas. Que el
proyecto de ley excluya la posibilidad de exoneración de deudas de los
ciudadanos y autónomos con Hacienda y la Seguridad Social en la
situaciones concursales. Consideramos que la Administración también debe
participar de la exoneración para facilitar la segunda oportunidad de los
deudores.

La enmienda 191 dice que los acreedores públicos también deben
verse implicados en el proceso de concesión del beneficio de la
exoneración del pasivo insatisfecho si se quiere fomentar plenamente una
ley de segunda oportunidad para las personas naturales y empresarios
personas naturales. En la línea de lo determinado por el Banco Mundial,
excluir de la exoneración a los acreedores públicos perjudica el sistema
de funcionamiento de la insolvencia. El Estado debe soportar también el
mismo trato que el resto de acreedores para poder articular un verdadero
sistema de insolvencia.

El cuarto bloque trata de reforzar el proceso de mediación,
especialmente cuando afecte a la vivienda habitual. Proponemos que en
toda mediación concursal se analice la situación habitacional en la que
queda el deudor. Asimismo, en el caso de exoneración de deudas proponemos
que el juez pueda valorar extender la exoneración a los avaladores hasta
el segundo grado, es decir, padres, hijos y hermanos, especialmente
cuando afecte a la vivienda habitual. El objetivo es evitar que pierda la
vivienda el deudor y a continuación la pierdan también los padres o
hermanos que la estaban avalando. Las enmiendas que van en este sentido
son las 193, 201 y 207.

El quinto bloque habla de evitar la reapertura del concurso
durante cinco años. Proponemos suprimir la previsión del proyecto de ley
de que el juez durante cinco años pueda reabrir el concurso y levantar la
exoneración de deudas si el deudor mejora su situación económica, lo cual
constituye una clara contradicción con el objetivo de la segunda
oportunidad ya que la medida castigaría precisamente a quien aproveche
con éxito esta segunda oportunidad. Entendemos, por lo tanto, que esta es
una medida totalmente impropia de una ley de segunda oportunidad.

El sexto bloque de enmiendas trata de eliminar las tasas
judiciales a las pymes. El proyecto de ley ratifica la Ley de tasas y las
suprime para las personas físicas, sin embargo, estas siguen afectando a
las pymes por lo que nuestro grupo propone que las pequeñas empresas no
tengan que satisfacerlas. Además, proponemos también que el 80 % de la
recaudación por tasas vaya destinado a las comunidades autónomas como la
Generalitat que gestiona ya las competencias de justicia.

El bloque séptimo hace referencia a simplificar la actividad
administrativa de las pequeñas entidades sin ánimo de lucro. Entendemos
que esta enmienda, la 208, corresponde a un compromiso que el ministro
Montoro adquirió en el Pleno en una pregunta parlamentaria de control al
Gobierno que nuestro grupo le realizó. El proyecto de ley lo que hace es
ratificar en parte la decisión del Gobierno de obligar a declarar en el
impuesto sobre sociedades a las pequeñas entidades sin ánimo de lucro y
nosotros lo que proponemos es que todas aquellas con ingresos inferiores
a 100 000 euros anuales no deban declarar y que además se elimine la
distinción entre rentas exentas y no exentas para estas entidades siempre
que la totalidad de sus ingresos vaya destinada a las actividades de
interés general que realizan y que los miembros de las juntas de gobierno
de estas entidades no perciban ingresos por su labor. Por lo tanto, esta
es una medida que pueda afectar a la continuidad de cientos de entidades.
Hasta el pasado año el conjunto de entidades sin ánimo de lucro que
ingresaban menos de 100 000 euros anuales no tenía la obligación de
presentar la declaración por el impuesto sobre sociedades, siempre que
todas sus rentas fueran exentas o bien, si no lo eran, estuviesen
sometidas a retención, sin que el conjunto de retenciones superase la
cifra de 2000 euros anuales. La no obligación de declarar tenía la
ventaja añadida de eximir a estas pequeñas entidades de llevar
contabilidad ordinaria de doble partida, pudiendo llevar un simple libro
de ingresos y gastos. Por lo tanto, entendemos que en estos momentos a
través del Real Decreto Ley 1/2015, que ahora se tramita como proyecto de
ley, se ha corregido en parte esta situación y la nueva regulación es
parecida a la vigente hasta el 2014, si bien ha reducido de 100 000
a 50 000 euros, por lo tanto esto lo que hace es dejar a muchas entidades
fuera. Entendemos que esta enmienda debería considerarse atendiendo a la
importancia que tiene para las entidades sin ánimo de lucro.

Finalmente, el bloque octavo hace referencia, y con ello termino,
a las enmiendas relativas a las competencias de las comunidades autónomas
que bajo el concepto de prudencia financiera limita los avales y supone
un grave perjuicio para la actividad productiva así como para la
autonomía financiera. Estoy hablando de las enmiendas 214 a 217.

En cuanto a las 214, el hecho de que una comunidad autónoma tenga
que solicitar autorización a la Administración del Estado para conceder
un aval aunque ya exista una autorización global o explícita en la ley de
presupuestos de la propia comunidad autónoma, como es el caso de
Cataluña, complica extraordinariamente la gestión de este instrumento de
intervención de la economía en perjuicio de la propia actividad
productiva, por ello se plantea limitar esta exigencia en el apartado 4
del artículo 13 bis de la LOFCA.

Enmienda 215. En este apartado se establece que las comunidades
autónomas tienen que reducir el riesgo y el coste en la asunción de la
concesión de avales. No obstante, esta reducción, tal como está expuesta
en el proyecto de ley, resulta abstracta y de difícil encaje con los
principios de sostenibilidad y prudencia financiera, así como con el de
autonomía financiera, por ello se plantea la supresión de este
punto.

La enmienda 216 dice que quedarán excluidas de la aplicación del
principio de prudencia financiera, tanto las instituciones financieras
dependientes de las comunidades autónomas existentes a la fecha de la
entrada en vigor de esta ley, como las entidades de crédito dependientes
de las comunidades autónomas y que estén clasificadas como tales por el
Banco de España.

Finalmente, la enmienda 217 establece que los organismos y
entidades integrantes del sector público estatal, a excepción del
Instituto de Crédito Oficial, las instituciones financieras dependientes
de las comunidades autónomas existentes a la fecha de la entrada en vigor
de esta ley y las entidades de crédito dependientes de las comunidades
autónomas, y que estén clasificadas como tales por el Banco de España, se
someterán a los principios de prudencia financiera que se fijen por la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y que, al menos,
se referirán a los límites máximos del coste financiero al que podrán
suscribirse las citadas operaciones de crédito, así como a las
limitaciones al uso de derivados financieros. Por lo tanto, este último
bloque es importante en cuanto que afecta a la actividad productiva y
entendemos que debiera tenerse en cuenta si realmente lo que se pretende
es que las cosas vayan bien y se creen puesto de trabajo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Alturo.

Para la defensa de las enmiendas 47 a 97, del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.

Nosotros hemos presentado 51 enmiendas que precisamente entendemos
que ayudarían a mejorar el texto y a conseguir uno de los objetivos que
el propio preámbulo de la ley dice que es conseguir que una persona
física a pesar de un fracaso económico empresarial o personal tenga la
posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a
nuevas iniciativas sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de
deuda que nunca podrá satisfacer. Este es el objetivo de este proyecto de
ley y de las 51 enmiendas que presentamos los socialistas para corregir
aquellas partes del proyecto de ley que no nos gustan.

Pasaré por encima de los comentarios que ha hecho el señor Aroca
sobre el anterior Gobierno y las cuestiones de la herencia, del pasado,
no sin reivindicar públicamente la figura del presidente Rodríguez
Zapatero y no sin decir que el señor Aroca, al final de su intervención,
nos ha dicho exactamente de qué se trata la segunda oportunidad que
buscan este y otros proyectos de ley, así como este mecanismo infernal al
que han sometido ustedes a esta Cámara. (Rumores). Ya sé que siempre que
digo esto hay algún rumor por el fondo; yo lo seguiré diciendo y seguirá
habiendo rumores por el fondo. Supongo que los que rumorean cambian de
cara, pero yo voy a seguir diciendo lo mismo. Nos someten al atropello
democrático que supone hacer las cosas de esta manera, porque intentar
aprobar cuarenta leyes y los Presupuestos Generales del Estado en dos
meses es una aberración y un atropello democrático. Lo voy a seguir
diciendo. Como decía, el objetivo de esta ley de segunda oportunidad
resulta que va a ser dar una segunda oportunidad al señor Rajoy. Por
tanto, con eso ya empezamos a entender todo el procedimiento, todas las
intervenciones que se están haciendo y todas las cosas que se están
diciendo.

Entro en las enmiendas. Nosotros hemos presentado enmiendas que
voy a intentar resumir lo máximo posible. En primer lugar, hay enmiendas
que tienen que ver con el procedimiento concursal. Presentamos enmiendas
que tratan de reducir los requisitos o condicionantes que permiten
acceder a la exoneración del pasivo insatisfecho. Hemos presentado una
enmienda que tiene que ver precisamente con la posibilidad de que la
deuda resucite al cabo de cinco años. Es cierto que en el trámite de
Congreso hubo un cambio en este artículo y el Grupo Popular incorporó un
texto respecto a que esa mejora económica tuviera que ver con temas de
herencia, juegos de azar, etcétera. Nosotros entendemos mucho más
adecuada la primera redacción; hay que tener en cuenta que si hay un
incumplimiento del pago, tiene que ser grave —no cualquier
incumplimiento puede dar lugar a que resucite la deuda— y que la
mejora económica sustancial tiene que ser por haber ocultado derechos o
bienes. Por lo tanto, se trata de dificultar de alguna forma esta
resurrección de deuda en el caso de que haya buena fe por parte de la
persona que se ha sometido a la exoneración. Por otro lado hemos
presentado una enmienda que tiene que ver con el hecho de que el crédito
público, que se consideraba como crédito privilegiado solo al 50 %
—y en eso había una especie de consenso tácito desde el
año 2003—, esta ley lo vuelve a poner al 100 %. Es evidente que
quien no ha podido pagar durante años el 50 % del crédito público estará
en peores condiciones si tiene que demostrar que ha pagado el 100 %.

Otras enmiendas tienen que ver con la posibilidad que tiene el
juez de iniciar el procedimiento de oficio y sin que lo tenga que haber
solicitado la persona, precisamente porque partimos de una situación de
desigualdad en la que hay personas que no lo harán. Además, proponemos
que el juez esté facultado para apreciar la buena fe del deudor en casos
concretos que impidan a esa persona cumplir el pago. También pensamos que
el juez tiene que estar facultado para valorar la actitud y el
cumplimiento de los deberes legales de los préstamos, sobre todo del
acreedor, del banco, porque si el juez solamente puede juzgar si el
deudor cumple determinadas obligaciones, se incrementa el desequilibrio
habitual. Además, pensamos que hay que proteger el núcleo familiar, y en
este caso debería ser posible llegar a un sistema extrajudicial de pagos
para toda la familia y no para cada uno de sus miembros en el caso en que
procediera. Hay otra enmienda que presentamos porque entendemos que hay
que exonerar también del pago a los avalistas en primer o segundo grado
de consanguinidad, porque en muchos casos están perdiendo la vivienda los
padres o los abuelos de las personas que están en esta situación de
dificultad. Si solamente exoneramos al que está en esa situación y no
intentamos proteger la vivienda habitual de los avalistas, es un defecto
de la propia ley.

Por otro lado, tenemos también dos enmiendas más: una que propone
que si el deudor es persona natural y cumple determinados requisitos,
pueda tener justicia gratuita para los costes del mediador, y otra que
propone que las asociaciones de consumidores y las de trabajadores
autónomos, siempre que estén inscritas en el registro de mediadores,
puedan ser mediadoras en el acuerdo extrajudicial.

En cuanto a las enmiendas que tienen que ver con salvaguardar en
lo posible la vivienda habitual, proponemos que se incluya la suspensión
durante tres años de los desahucios de viviendas habituales para
determinados colectivos que estén en las situaciones concretas que
indicamos. Entendemos también que esta ley tiene que entrar en el tema de
las cláusulas abusivas y que el juez, si realmente aprecia que hay alguna
cláusula del contrato que sea abusiva, pueda declarar nula esa cláusula
desde que se celebra el contrato en origen. Hay sentencias que ya están
diciendo esto, por lo tanto entendemos que esta ley tiene que abundar en
este tema.

Las cláusulas suelo también deberíamos extenderlas a todo el
mundo. Este proyecto de ley las anula solo si la familia está dentro del
umbral del código de buenas prácticas; entendemos que, si son abusivas,
lo son para todos.

Consideramos que existe una laguna en la ley respecto a las
hipotecas multidivisa. Como les he dicho antes, estas hipotecas afectan
en este momento a 60 000 familias. Son hipotecas que se podían suscribir
en cualquier divisa y que en este momento han producido un
sobreendeudamiento de hasta el 30 % en algunos casos. Eran unos productos
que se vendían con dudosa ética por parte de los bancos. Además, ya hay
sentencias al respecto, como, por ejemplo, la Sentencia de abril de 2014
del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea sobre casos
parecidos en Hungría, y otras que se van dictando. Por lo tanto, estaría
bien que esta enmienda se incluyera en el proyecto de ley. También
entendemos que el proyecto de ley debe facultar al juez para que, en
casos determinados de familias concretas, y una vez que se haya perdido
la vivienda, pueda decretar que se establezca por un plazo de hasta tres
años un arrendamiento social en función de la cuota de amortización.
También pensamos que debe establecerse la adhesión obligatoria de todas
las entidades de crédito al código de buenas prácticas y que no sea algo
voluntario.

Respecto a los créditos laborales —que también se han
comentado aquí— estamos reformando sobre reformas y, al final, lo
que se está haciendo es producir un desequilibrio peor en contra de los
trabajadores. Aquí proponemos que se excluyan los créditos laborales que
gocen del privilegio general del acuerdo extrajudicial de pagos y que no
se puedan pagar los salarios en forma de acciones o participaciones de
las empresas porque no soluciona el problema del trabajador —el
salario es el medio de vida del trabajador y de su familia—. Por
otro lado, también pensamos que debemos incluir en este proyecto de ley
la posibilidad de que los trabajadores puedan acudir al Fogasa incluso en
casos de acuerdo extrajudicial o de refinanciación preconcursal.

Asimismo proponemos derogar las tasas judiciales para las pymes y
las ONG. Evidentemente, estamos en contra —ya lo hemos dicho y lo
ratifico— de la exención a la cotización social de esos
primeros 500 euros de salario, primero, porque, como dijo la propia
ministra de Empleo en febrero de 2013 —y leo textualmente—:
«Estas políticas son ineficaces para la creación de empleo y para la
creación de empleo estable.» Por tanto, no entendemos por qué si la
propia ministra dice que son ineficaces para la creación de empleo
—y de empleo estable—, se incluye aquí otra vez. Si la
ministra Báñez tuviera que tomar la decisión, aceptaría esta enmienda,
pues dice lo mismo que ella en febrero de 2013. Finalmente, la enmienda
propone un sistema de bonificaciones, solamente para el caso de
colectivos con dificultad de empleabilidad.

Este es el resumen de las cincuenta y una enmiendas que hemos
presentado. El resto las doy por defendidas. Y a pesar de tener mucho
menos optimismo que en el Pleno anterior —respondiendo con ello a
la senadora Iparragirre—, a lo mejor el grupo mayoritario puede
considerar razonable aceptar alguna de nuestras enmiendas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Manchado.

Terminado el turno de presentación y defensa de las enmiendas,
pasamos al turno en contra.

¿Turno en contra?

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Utrera.

El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente.

Quiero dar las gracias a todos los miembros de la comisión que han
expuesto sus enmiendas, y para que no haya equívocos, vaya por delante
que nos vamos a oponer a todas ellas por varias razones. Pero me van a
permitir una reflexión previa antes de entrar en el debate de algunas de
las enmiendas más reiteradas por los diferentes grupos políticos.

Alguno de ustedes hacía referencia a asuntos anecdóticos como, por
ejemplo, por qué una modificación de la Ley del juego está presente en el
proyecto de ley. Señorías, esta modificación es importante porque a
través de ella se consigue ceñir o delimitar con más claridad cuáles son
las circunstancias en las que se puede producir una revisión de la
exoneración de deudas acordada en un procedimiento de segunda
oportunidad. Asimismo, se han introducido otras muchas modificaciones
para incorporar directivas de la Unión Europea o, incluso, criterios
judiciales del Tribunal Supremo en relación con distintos aspectos.

Por otra parte, se ha hablado mucho de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso —porque en el Senado no se han
presentado—. Y lo que se ha pretendido decir es que estas eran
enmiendas disparatadas, fuera de lugar y no homogéneas con el texto del
proyecto de ley que estamos viendo, que no es más que, en términos
amplios, un proyecto de ley de mecanismo de segunda oportunidad,
reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. De tal
forma, se cumplen escrupulosamente los parámetros que el Tribunal
Constitucional estableció en el año 2012 sobre los criterios de
homogeneidad de las enmiendas con los textos del proyecto de ley. Sin
embargo, me he visto obligado a repasar las votaciones —porque las
palabras son gratis, pero las votaciones no lo son— que tuvieron
lugar en la comisión con competencia legislativa plena del Congreso,
donde estaban presentes el Grupo Parlamentario Socialista, de
Convergència i d’Unió y Esquerra Republicana. Y sorprende ver
—teniendo en cuenta que muchos portavoces se han manifestado ahora
en contra de estas enmiendas, e incluso han votado hoy a favor de los
vetos, cuyo argumento principal eran estas enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular— que, por ejemplo, las enmiendas 190 y 194
presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y que
tanta irritación causan a los grupos de la oposición aquí presentes,
quedaron aprobadas con 36 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones. Es
decir, que casi todo el mundo apoyó aquellas enmiendas que ahora se dice
que son extemporáneas. Ahora, en el Senado —donde no se ha
presentado ninguna, sino que se han incorporado las presentadas en el
Congreso—, dicen que aquellas enmiendas han constituido una
perversión del proyecto de ley que en estos momentos debatimos y vamos a
aprobar. Pero la realidad deja muchas veces en evidencia las fantasías,
sobre todo, las palabras fuera de tono emitidas en esta comisión como
atropello democrático, sectarismo, etcétera. Otras enmiendas, como, por
ejemplo, la 187, obtuvo 36 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones.
Es decir, fueron apoyadas prácticamente por todos los grupos, y no solo
por el Grupo Parlamentario Popular. Es verdad que otras enmiendas
—por ejemplo, la 171, 172, 183, 188 y unas cuantas más—
contaron solo con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular —con 23
votos a favor—, pero no serían tan malas cuando se abstuvieron 16 y
solo hubo 1 voto en contra. Es decir, casi todos los grupos se
abstuvieron como queriendo decir: no nos termina de gustar esta enmienda,
pero no nos oponemos radicalmente a la misma porque incluye elementos
importantes. Sin embargo, ahora se recupera en el Senado algo presentado
y resuelto en el Congreso de los Diputados, lo cual demuestra la
incapacidad de reflejar en este proyecto de ley la sensatez del trabajo
realizado en el Congreso y que ahora estamos haciendo en el Senado.

Señorías, nosotros queremos olvidar esas afirmaciones puramente
demagógicas y las suprimimos en este mismo momento de nuestras
reflexiones. Por lo tanto, y a la vista de las votaciones de todas las
enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, excepto unas
pocas, muy pocas —que contaron exclusivamente con nuestro apoyo y
el rechazo de los demás grupos—, creemos que todas las demás les
parecían coherentes —pues fueron aprobadas por casi todos los
grupos o, en su caso, se abstuvieron— pues nunca manifestaron su
rechazo a las mismas.

Por tanto, con esto quiero deshacer un primer equívoco que tanto
el senador Guillot, como el senador Manchado y la portavoz del PNV, con
unas manifestaciones casi exaltadas, han convertido en argumento
principal de oposición a esta ley.

La segunda cuestión es que cuando se critica un mecanismo de
segunda oportunidad se está ignorando algo, quizá porque no se ha leído
el proyecto de ley ni su preámbulo. El preámbulo es clarísimo. Se trata
de una pieza desigual, ya que se observa que han intervenido varios
redactores, pero cuyo análisis histórico y conceptual del porqué hace
falta un mecanismo de segunda oportunidad está magníficamente redactado y
clarificado.

¿Por qué hace falta una segunda oportunidad? ¿Por qué esta ley
responde a establecer mecanismos de segunda oportunidad? Haciendo
abstracción, por supuesto, de otras cuestiones, como los créditos
hipotecarios, la situación de penuria provocada por la crisis económica
—que, por cierto, proviene de donde proviene, y no es precisamente
de esta legislatura sino de la anterior: los tres millones y medio de
parados, la gente expulsada del mercado laboral, la frustración de
carreras profesionales o la incapacidad para atender créditos y deudas
hipotecarias—, pues bien, el proyecto de ley especifica con
claridad que un mecanismo de segunda oportunidad —por decirlo de
forma resumida y quizá algo imprecisa— ha de responder exactamente
al mismo mecanismo de actuación de las sociedades mercantiles
—parte esencial de las mismas desde el punto de vista
conceptual—, es decir, de sociedades con patrimonio separado de
cada uno de sus socios, donde no rige el principio de responsabilidad
universal de los bienes recogido en el Código Civil, y como para las
personas físicas, tanto las que realicen actividades empresariales como
las que no, la responsabilidad de sus bienes es ilimitada, esta
responsabilidad ha de ser limitada, con el fin de darle un tratamiento
similar y homogéneo —salvando las distancias— al de las
sociedades mercantiles. De ahí la necesidad de un mecanismo de segunda
oportunidad. Se trata de algo tan modesto pero tan importante como
establecer una barrera de protección —que ya existe en el caso de
las sociedades mercantiles—, para las cuales la responsabilidad es
universal solo hasta el punto de las aportaciones de capital que hacen
sus socios y no se traslada al patrimonio de los propios socios,
accionistas o partícipes en la sociedad. Ahora existe una responsabilidad
de los deudores, pero que no ha de alcanzar al futuro, es decir, cuando
en un momento dado se incurre en una situación de incapacidad para hacer
frente a las deudas. Y les repito que el sobreendeudamiento no viene de
esta legislatura. En esta legislatura se ha reducido, y mucho, el
endeudamiento tanto de sociedades como de particulares. El
sobreendeudamiento viene de legislaturas anteriores, principalmente de la
de Zapatero, donde se actuó con excesiva alegría en la concesión de
créditos.

Ese es el mecanismo de segunda oportunidad, y sobre ese concepto
básico se establecen además principios que van a permitir no solo liberar
a futuro las deudas que actualmente tenga una persona insolvente y que no
pueda hacer frente a las mismas —tanto una persona empresario como
una persona física no empresario—, sino que además se van a
establecer mecanismos que permitan también a futuro que esa persona
física se recupere y pueda, en su caso, desarrollar un procedimiento
empresarial. Dicho de otra forma, lo que se pretende es que este método
concursal o cuasi concursal no impida la posibilidad futura de que un
empresario autónomo o una persona física particular puedan recuperar la
actividad empresarial.

De ahí nuestra extrañeza sobre muchas enmiendas, que dan paso a
comentarios chistosos y que se quedan ahí. Por ejemplo, se dice que solo
será reversible un acuerdo, una decisión de exoneración de deuda si se
produce una variación sustancial en el patrimonio del deudor en un
determinado periodo de tiempo y si esa variación se ciñe exclusivamente a
donaciones, herencias o resultados de juegos de envite y azar. En este
caso es preferible que esa persona no jugara a la lotería durante años,
ese es el único inconveniente. Pero si se produce una alteración, fruto
de una situación absolutamente extraordinaria, es obvio también que hay
que defender los derechos de los acreedores. Siempre hay que conjugar el
derecho del deudor y la cancelación de las deudas que no pueda atender
con el derecho del acreedor, que de esta forma queda latente ante
circunstancias muy excepcionales de recuperación por parte del deudor de
una capacidad patrimonial por estas circunstancias que estamos señalando,
no como consecuencia de una actividad empresarial, profesional o de una
mejor situación en la vida, un empleo mejor, porque en ese caso no darían
lugar a una reversión de la exoneración anterior del patrimonio.

Por tanto, no son razonables las enmiendas que se han presentado
en esta materia: o ustedes no han incorporado lo que se enmendó en el
Congreso, o sencillamente pretenden una especie de barra libre general
que no ha existido en toda la historia de España. Esta legislación no es
de hoy, ni se va a aprobar hoy, ténganlo en cuenta. Muchas de las
reflexiones que se han hecho, esas sobre la oportunidad de los últimos
meses, porque la legislatura está terminando... No, señores, estamos
aprobando un proyecto de ley que viene de un decreto ley que está en
vigor desde principios del año 2015, no es de ahora, ni tampoco estamos
haciendo modificaciones de última hora para salvarnos ante los electores
—y alguno hablaba de oportunismo político electoral, incluso lo
vinculaba con las encuestas de opinión sobre el grado de percepción de
líderes políticos, etcétera—. Eso es un disparate. Este decreto ley
está en vigor desde principios del año 2015, lleva ya seis meses de plena
eficacia, y el Gobierno y el Partido Popular decidieron tramitarlo como
proyecto de ley para mejorarlo. Y, efectivamente, se ha mejorado. Una de
las cuestiones que se ha mejorado es esta, la última, la de que sean
limitadísimos los casos en los cuales pueda revertirse el proceso de
exoneración de deudas para personas físicas particulares, ya sean
empresarios o no empresarios. Eso es un proceso de segunda
oportunidad.

En segundo lugar, la vinculación que en este proyecto de ley se
hace con los acuerdos extrajudiciales previos a cualquier mecanismo de
segunda oportunidad para saldar deudas con acuerdos entre particulares,
junto con el código de buenas prácticas, que el real decreto ley
—y, por tanto, en este proyecto de ley—, ya amplió
subjetivamente —para mayores de 60 años—; ya amplió
objetivamente el importe de los bienes a proteger —es decir, las
viviendas por valor de hasta 300 000 euros—






; y ya amplió el periodo
en el cual se impiden los lanzamientos por dos años más —que con
los dos anteriores ya son cuatro—. Por otro lado, en legislación
aparte, tenemos reguladas las soluciones para la vivienda social, que,
como saben muy bien, no han sido agotadas, es decir, hay todavía vivienda
social disponible para que las personas físicas que lo necesiten puedan
requerirlo, dada la dotación actual de vivienda social para este fin,
para alquileres sociales.

Por tanto, por un lado, tenemos un mecanismo —intachable
desde el punto de vista conceptual— y, por otro, lo demás, esto es,
el apoyo a deudores hipotecarios; código de buenas prácticas; impedir
lanzamientos en los próximos dos años a los deudores hipotecarios;
mejoras fiscales para la promoción de empleo a tiempo completo; 500 euros
de exención en la base de Seguridad Social; y varias medidas más,
incluidas las enmiendas que se incorporaron en el Congreso y que ahora
para algunos tratarían de ser la justificación de lo injustificable de
que este proceso legislativo no es satisfactorio. Pues sí lo es, este es
un decreto ley que, por debate del proyecto de ley, se está mejorando y
que hoy aprobaremos en esta comisión mediante competencia legislativa
plena.

En cuanto a las enmiendas, ¿qué quieren que les diga? Por ejemplo,
las hipotecas multidivisas, que acaba de mencionar el señor Manchado. El
señor Manchado ha tenido una intervención muy particular, nos ha traído
algunas revistas que dice que son de derechas, de izquierdas, o de
ninguna ideología, y lo que opinan algunos notarios, que quizá no lo
sean, puede que el que haya redactado aquello ni lo sea, lo cual crea la
sensación de que esto no está bien. Las hipotecas multidivisas ¿sabe de
cuándo vienen —porque ahora no se hacen, ya no—? Vienen de
hace diez o doce años, sobre todo de la pasada legislatura; con el
Gobierno de Zapatero se crearon hipotecas multidivisas. Yo conozco un
poco los mercados financieros y hacer una previsión a dos semanas sobre
cómo va a estar el euro en relación con el dólar y, sobre todo, cómo
estará el euro en relación con el yen japonés, es trabajo de expertos.
Saber cómo va a estar una hipoteca multidivisa en divisa extranjera a 20
años sin cubrir el riesgo de cambio de divisas es un atropello, es una
osadía. Claro está, se trata de un inversor, en este caso, de un
adquiriente de vivienda con una hipoteca de este tipo, al que se le
presenta la posibilidad de hacer una hipoteca muy baratita, a tipos de
interés muy bajos, porque el yen está baratito —la economía estaba
deprimida y los tipos de descuento del Banco de Japón estaban a
menos 2 %, los tipos de interés de ese mercado estaban muy
bajitos—. Pero, claro, pensar cómo va a estar dentro de 20 años el
yen japonés en relación con el euro —una operación a tan largo
plazo—, a no ser que la persona física que adquiere esa hipoteca
multidivisa tenga intereses en Japón y reciba rentas en yenes, no deja de
ser una situación tan anómala que ni siquiera grandes especuladores en
mercado de divisas se atreverían a hacer una operación así si no tienen
cobertura de diferencias del tipo de cambio.

Eso es así, eso es verdad. Por tanto, los inversores en hipotecas
multidivisas se han encontrado con la sorpresa; por ejemplo, con los
yenes, que se abarataron un 30 %, como usted ha dicho, luego se
encarecieron, y luego se han abaratado porque el yen otra vez se vino
para arriba. En cualquier caso, las hipotecas multidivisas son como jugar
a la ruleta. En realidad, no sabemos lo que usted nos pide aquí. ¿Que no
haya hipotecas multidivisas? Creo que los ciudadanos normales tienen que
saber qué tipo de cosas no deben hacer, y esta es una de ellas.

Lo mismo que las preferentes, señor Manchado. Usted sabe de cuándo
vienen las preferentes, ¿no? Me refiero a las preferentes generalizadas a
los pequeños ahorradores, que, de buena fe, confían en los directivos de
las instituciones financieras. Eso ocurrió esencialmente en los
años 2007, 2008 y hasta 2009, en que se paró el tema de las preferentes
cuando se vio que aquello no era solo una operación de riesgo, sino de
altísimo riesgo. Aquello fue autorizado en la época de Zapatero, en la
legislatura de Zapatero, y ha dado muchos problemas a este Gobierno y a
este grupo parlamentario; primero, para explicarlo. En este sentido, creo
que la cultura de los ciudadanos está mejorando, porque ya no incurrirán
en preferentes ni, por supuesto, en hipotecas multidivisas ni en ninguna
operación de esa naturaleza. Y nuestra obligación es explicarlo, pero
traerlo aquí a colación, como si fuera algo que tiene que ser resuelto
por este Gobierno, como si este Gobierno lo hubiera provocado… Con
esa reflexión nunca estaré de acuerdo. Es verdad que los problemas hay
que resolverlos —nosotros hemos afrontado el tema de las
preferentes—, pero no es verdad que no se haya hecho nada, porque
sí se ha hecho y mucho.

Con respecto a las enmiendas en general, podríamos hablar de todas
ellas, aunque me imagino que ni siquiera ustedes tienen interés en
escuchar la enumeración una a una de las enmiendas, que no vamos a
aprobar.

Me ha sorprendido mucho que la reducción de 1500 millones de euros
del IRPF que ha introducido el Gobierno y la exención de cuotas de la
Seguridad Social para el señor Guillot sean absolutamente desechables,
hasta el punto de que ha hablado de que se han fundido 1500 millones de
euros, que cuánto bien harían en otras cosas, para otras dedicaciones,
que supongo que el señor Guillot tendrá en mente y que sabrá mejor cómo
administrarlos. El señor Zapatero y los socialistas, cuando gobernaban,
también tenían en mente dónde meter el dinero, y ya ven ustedes dónde lo
echaron: en aceras, en levantar aceras y volverlas a hacer. Eso, para
recuperar la economía española. Y no sirvió. Lo que sirve es bajar
impuestos de forma razonable y escalonada, manteniendo el objetivo de
consolidación presupuestaria; y, al mismo tiempo, la exención de cuotas
parcial, total o la tarifa plana de cuotas de la Seguridad Social sí
tiene efecto en la creación de empleo. Tiene efecto, y lo estamos
comprobando. Estamos comprobando cómo este año se superará con creces la
cifra de 600 000 puestos de trabajo creados —se superará con
creces—. Estamos comprobando cómo los incentivos, sobre todo
incentivos como este, en la base, de 500 euros, actúan de forma
progresiva. Es decir, para quienes tengan una base más reducida de
cotización a la Seguridad Social tendrá un impacto mucho mayor, mientras
que para quienes tengan una base de cotización mucho más amplia, 500
euros supondrá un impacto mucho menor. Insisto en que esta exención es
progresiva y favorece, por tanto, a los trabajadores que tienen más
dificultad para su inserción en el mercado laboral, como parados de larga
duración, jóvenes que no han conseguido todavía entrar en el mercado
laboral, aprendices… Para todas esas modalidades de trabajo que
tienen unas retribuciones más reducidas va a tener un gran impacto. Y,
por supuesto, son un estímulo. También depende de la situación económica.
Crear estímulos cuando se está en caída libre —como se hizo,
repito, en la época de Zapatero— consistentes en levantar y volver
a hacer aceras se sabía que iba a ser flor de un día, hasta que se
agotara el dinero, pero en este momento, en que se está creando empleo,
se está dinamizando el consumo y la exportación está funcionando, no
razonablemente, sino muy bien, sí que son estímulos. Ahora bien, estoy de
acuerdo con usted en una cosa: estos estímulos tienen como vocación, de
cara al futuro, desaparecer, es decir, no se pueden crear estímulos que
se mantengan en el tiempo de forma indefinida, porque entonces sí estamos
perjudicando la estabilidad del sistema de la Seguridad Social. Pero
estímulos puntuales durante periodos de dos o tres años, como es el caso,
pueden tener, insisto, efectos sobre el empleo.

Una enmienda que se repite mucho es la relativa a fiadores y
avalistas. Dado que en un proceso de segunda oportunidad el deudor
principal se desprende de su patrimonio para poder atender las deudas que
pueda —las demás quedarían canceladas—, fiadores y avalistas,
según estas enmiendas, quedarían subrogados en ese procedimiento de
segunda oportunidad del deudor principal. En principio, esto no tiene más
problema que si el fiador y avalista está en una situación similar, es
decir, de penuria económica, de necesidad objetiva, tendrá la misma
oportunidad que tiene el deudor principal en un procedimiento de acuerdo
extrajudicial. Si se dice que fiadores y avalistas no van a tener
responsabilidad alguna, entonces el aval deja de tener sentido. Ni en
primero ni en segundo grado de consanguinidad. Es necesario el aval, y es
verdad que el aval tiene el contenido que tiene, que es garantizar, en
caso de insolvencia, el pago de los créditos.

Con respecto al Grupo Vasco, se nos ha dicho claramente que su
enmienda esencial es la que hace referencia al tema competencial, que hay
competencias de la comunidad autónoma vasca que no se pueden tocar en la
legislación estatal, ni siquiera modificaciones positivas, es decir, ni
siquiera establecer exenciones o bonificaciones, porque eso no es
competencia del Estado. Lo cierto es que ya hay recursos de
inconstitucionalidad, pero en este caso y en esta ley no procede regular
ningún aspecto del traspaso que existe a la comunidad autónoma vasca. Por
tanto, se considera que el posible desarrollo competencial del Estatuto
de Autonomía no es objeto de esta ley ni tampoco en materias de la
Seguridad Social en las que la competencia es plena y exclusiva del
Estado. Dicho de otra forma, habrá recursos y habrá interpretaciones
diferentes, pero las medidas positivas de estímulo al empleo que no sean
políticas activas son generalizables a todo el espacio nacional. Y en eso
estamos.

El señor PRESIDENTE: Senador Utrera, vaya terminando, por
favor.

El señor UTRERA MORA: Termino, señor presidente.

Déjeme que repase las notas que he tomado sobre las enmiendas que
repiten unos y otros, para hablar de ellas.

En cuanto a la determinación de la buena fe de los deudores, que
el Grupo Socialista nos diga que no aceptar en cuatro años un contrato
laboral es una mala praxis, pero que dos años es buena… Porque lo
que se dice en una enmienda es que si son dos años en lugar de cuatro la
cosa pasa a ser buena, mientras que si son cuatro la cosa es deleznable,
un adjetivo que se ha utilizado esta mañana. Pues, miren ustedes, a lo
mejor ni cuatro ni dos; vamos a ver la experiencia, porque establecer
matices en esta cuestión es muy importante y estoy convencido de que en
el futuro se establecerán esos matices. Efectivamente, el rechazo de una
oferta de trabajo que no tenga absolutamente nada que ver con la
actividad profesional de la persona física, o por cualquier otra
circunstancia, o porque la oferta de trabajo se refiera a una posición
con desplazamiento geográfico al que no se pueda acceder por
circunstancias familiares, etcétera, tendrá que ser interpretado por el
juez para determinar en ello la buena o la mala fe. Nosotros presumimos
que habrá buena fe en casi todos los casos y que, por tanto, ese no es un
problema de esta ley. Como digo, tendrá que ser interpretado y valorado
y, en su caso, ajustado de cara al futuro. Pero, ciertamente, establecer
limitaciones de esta naturaleza resulta necesario en sí mismo.

El señor PRESIDENTE: ¿Ha terminado ya, senador Utrera?

El señor UTRERA MORA: Si me lo permite...

El señor PRESIDENTE: Tiene treinta segundos.

El señor UTRERA MORA: Treinta segundos.

En relación con los créditos privilegiados, es decir, que la
exoneración de deuda no alcance a todos los créditos, sobre todo a los de
derecho público, es una constante en nuestra historia financiera que
queremos mantener en este proyecto de ley. Pero que se sepa que con
Zapatero eso era lo mismo. Y con Aznar. Y con Felipe González. Es decir,
eso viene de muy atrás. Los créditos de derecho público son privilegiados
en cualquier actuación concursal, y ahora se acusa a este proyecto de ley
de injusto por una cuestión que lleva vigente en el derecho civil español
desde hace casi un siglo. Por eso rechazamos esta enmienda.

En fin, estas son algunas de las reflexiones. Siento no poder ser
más sistemático, pero son más de doscientas enmiendas que hemos estudiado
una a una, todas ellas valiosas, aunque la verdad es que algunas no lo
son. Recuerdo concretamente la enmienda 43, de Esquerra Republicana, que
viene a ser un auténtico brindis al sol: como los bancos son malos y las
instituciones bancarias han puesto en peligro a los ciudadanos, se debe
hacer no sé qué cosa. En fin, es poco más que una declaración de
intenciones sin contenido alguno que pueda ser trasladado a este proyecto
de ley.

Repito que nos oponemos a todas las enmiendas. Y le devuelvo el
tiempo al presidente, diciendo que en portavoces ni siquiera intervendré,
a no ser que se me provoque. (Risas).

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Utrera. (El señor Lerma
Blasco pide la palabra).

Senador Lerma, ¿cuál es la cuestión?

El señor LERMA BLASCO: Una cuestión de orden. Estábamos debatiendo
este proyecto de ley, y es razonable y muy de agradecer que el señor
Utrera responda a todas las cuestiones planteadas; pero, para responder a
los principios generales de la economía política, yo pediría, si me lo
permite, un segundo turno, porque, cada vez que tenemos ocasión de
debatir un proyecto de ley, el señor Utrera pone en cuestión los
principios generales de la economía política, y a mí me gustaría entrar
en ese debate, porque me parece importante que lo hagamos.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Lerma. Continuaremos con el
orden establecido.

Saben ustedes de la generosidad de esta Presidencia en la
interpretación de los tiempos y que durante todo mi mandato como
presidente de esta comisión nunca he quitado la palabra a ningún
portavoz. Creo que no pasa nada por dilatar un poco la comisión, si los
portavoces entienden que así queda mucho mejor reflejada la posición de
cada grupo parlamentario en relación con los temas de los que se trata.
La forma en que cada uno defienda los asuntos es competencia
absolutamente propia, según su manera de entender el debate político. En
cualquier caso, saben de la flexibilidad de esta Presidencia, que se va a
seguir manteniendo a lo largo de las intervenciones, que ahora abrimos en
el turno de portavoces.

En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la
senadora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Intervengo muy rápidamente, solo para
indicar que, tras la intervención del portavoz del Grupo Popular, me
ratifico en todas las manifestaciones efectuadas en la defensa de las
enmiendas. Usted considerará que la enmienda 43, sobre la justicia
gratuita, es un brindis al sol. En todo caso, desde la discrepancia
política y la eternidad ideológica en la que estamos, coincidirá conmigo
en que esta no es una enmienda que defienda únicamente Esquerra
Republicana, sino también sindicatos de tanta importancia como UGT y
Comissions Obreres, o Comisiones Obreras y UGT —valen las dos
lenguas para denominarlos—.

Las enmiendas se presentan en interés y beneficio de la ley, pero
entiendo que, tras su intervención, ni una sola de las enmiendas de los
distintos grupos parlamentarios —salvo que se me haya escapado
algo— va a tener la posibilidad de mejorar este proyecto de ley.
Repito que las enmiendas se presentan para mejorar el texto legislativo y
aportar los aspectos ideológicos que cada uno de nosotros defendemos
desde el espectro político en el que nos movemos. En consecuencia, no
entiendo el desprecio con el que muchas veces se habla de la acción
política del resto de grupos parlamentarios. Porque, mal que le pese, a
alguien representamos; a más de los que usted imagina o piensa.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Capella.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias, señor
presidente.

Empezaré agradeciendo al senador Utrera su explicación y el
argumento que considera oportuno, en nombre de su grupo, para rechazar
las enmiendas presentadas. Al hilo de lo que ha comentado la senadora
Capella, sin duda cada uno de nosotros presentamos las enmiendas desde la
postura que tenemos y, evidentemente, con la explicación que usted me ha
dado no me va a convencer de la interpretación de la vulneración
competencial o del cumplimiento o incumplimiento de las transferencias,
después de tantísimos años. Pero reitero el agradecimiento, un
agradecimiento que adelanto a futuro, porque me gustaría que en lo
sucesivo no se hicieran juicios previos sobre el interés que tenemos o no
tenemos a la hora de escuchar su explicación. Cuando le traslado nuestro
agradecimiento lo hago con toda sinceridad y con ello manifiesto mi
interés en escucharle. Por tanto, insisto, me gustaría que en lo sucesivo
no hubiera juicios previos sobre el interés que podamos tener o no en
escucharle, y máxime en su caso, cuando nos da una respuesta exhaustiva a
las enmiendas que hemos presentado.

Y quiero hacer una pequeña puntualización. Ha hecho usted mención
a las votaciones del Congreso, y para que quede claro diré que sí ha
habido votaciones en el Congreso, con 23 votos a favor. En concreto, han
sido 11 votaciones que se referían a 22 enmiendas, y 2 votaciones con 36
—a las que usted ha hecho mención—, que se referían a 3
enmiendas. Ya que esto se ha traído a colación, lo digo que para que
quede claro en todo el contexto. A partir de ahí, y como es legítimo,
cada uno tiene derecho a votar allí y aquí lo que considere. Como me
parece que se ha dado una información no del todo completa —no voy
a hablar de intencionalidades; ahora lo haré en alusión a otras
valoraciones que usted ha hecho—, quiero simplemente que quede
constancia de cuáles fueron las votaciones.

Y haciendo alusión a las intenciones que usted manifestaba sobre
las anteriores intervenciones que hemos tenido, hablaba de exaltación, de
demagogia y de palabras fuera de tono. Bien, yo me ciño a mis
intervenciones —por si se ha referido usted a alguna de
ellas— y, desde luego, no será esta senadora la que —en
coherencia con lo que suele defender en otras ocasiones— haya
querido manifestar exaltación ni palabras fuera de tono. Por ello lo
digo. Hay que tener en cuenta que es muy difícil tasar y fijar qué es
exaltación y qué significa fuera de tono, porque, al igual que tenemos
diferentes maneras de entender lo interpretable, también las podemos
tener en relación con una tabla de valores. Pero si usted considera
—le emplazo a ello— que en el Diario de Sesiones alguna de
mis intervenciones anteriores ha sido exaltada o ha estado fuera de tono,
no tengo ningún problema en retirarla. Lo repito: en coherencia con lo
que suelo pedir, y teniendo en cuenta las diversas opiniones —como
decía la senadora Capella, podemos estar de una punta a otra—, me
parece que podemos realizar el debate parlamentario con respeto y sin
estar fuera de tono y, por supuesto, no exaltándonos. E insisto en que es
difícil marcar qué nos parece una opinión o un disparate cuando uno está
argumentando lo que le parece importante.

Por tanto, creo que queda claro —es lo único que iba a decir
al principio— nuestro voto al contenido del proyecto de ley. Tras
la votación a favor de los 3 vetos, la presentación de las enmiendas y
escuchar el argumento por el que se rechazan nuestras enmiendas, el voto
de mi grupo va a ser contrario al proyecto de ley. Y quiero señalar ese
matiz en cuanto a las formas de intervenir. Más allá de que a algunos nos
parezca un aquelarre legislativo y a otros, una forma de legislar
perfectamente aceptable, reitero mi voluntad de que en lo que nos quede
de debate este se realice con las formas a las que debe ceñirse.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Iparragirre.

Por el grupo de Entesa, tiene la palabra el senador Guillot.

El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyor president.

Esta ha sido una intervención donde se han mezclado conocimientos,
soberbia junto con indolencia, medias verdades, mentiras enteras… Y
también se ha mezclado la intervención de seis portavoces, con lo cual no
se sabe bien a quién se responde. Senador Utrera, usted no es creíble
cuando dice que es normal tramitar 37 proyectos de ley en dos meses. Yo
llevo aquí ya tres legislaturas. (El señor Utrera Mora: Yo no he hablado
de eso). Me está interrumpiendo, señor Utrera.

El señor PRESIDENTE: Senador, no entre en diálogo.

Siga con su intervención, señoría.

El señor GUILLOT MIRAVET: Esto no es normal. Llevo aquí tres
legislaturas, dos de Zapatero, y ustedes han puesto el grito en el cielo
por muchísimo menos, mientras que esto lo ven como algo normal.

Usted dice que se introducen doce leyes con las enmiendas del PP
en el Congreso y que son leyes relacionadas con este proyecto de ley.
Pues no, eso es mentira, y permítame que ponga ejemplos. Disposición
final octava: modificación de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de
regulación del juego. ¿Esto tiene algo que ver con lo de los cinco años?
Nada. ¿Sabe qué van a modificar ustedes? El régimen sancionador aplicable
a los puntos de venta en régimen administrativo de la Sociedad Estatal de
Loterías y Apuestas del Estado. ¿Qué tiene que ver eso con la Ley de
segunda oportunidad? ¿Qué tiene que ver? Esta es toda la disposición
final octava. Esto, a pesar de lo que ha dicho usted antes, es una
falsedad. La modificación de la Ley del juego, que ustedes enmiendan en
este proyecto de ley, no tiene nada que ver con el proyecto, como tampoco
tiene nada que ver con este proyecto de ley la modificación de la
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ustedes modifican? El
visado de residencia para inversores ¿Qué tiene que ver esto con la Ley
de segunda oportunidad? Nada de nada, diga usted lo que diga. Y permítame
el tercer ejemplo: disposición final decimotercera, por la que se regulan
las entidades de capital riesgo, otras entidades de inversión colectiva
de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión
colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4
de noviembre, de instituciones de inversión colectiva. ¿Qué tiene que ver
esto con la Ley de segunda oportunidad? Nada de nada.

Señorías, no intenten normalizar aquello que ustedes han criticado
en el pasado y que criticarán en el futuro: introducir modificaciones a
leyes que nada tienen que ver con el proyecto de ley que se está
trabajando.

Con respecto a los 1500 millones de euros que va a representar la
rebaja del IRPF propuesto por el señor Rajoy, ¿sabe a qué los puede
dedicar? Anule la disposición adicional decimocuarta de la Ley de
protección de la infancia y adolescencia, de su ley, y dote esa ley con
recursos suficientes para poder ser desplegada. Esta es la ocurrencia que
ahora me viene a la cabeza. Es una ley suya, que introduce el no gasto,
que no puede significar más gasto; y, por otra parte, ustedes reducen la
capacidad de ingresos del Estado en 1500 millones de euros a cambio de
atomizarlos en 11 euros de media al año por contribuyente.

Por otro lado, las exenciones en materia laboral no tienen efecto
en la creación de empleo, ninguno, y para lo único que han servido
—esto lo demuestra la experiencia— es para descapitalizar la
Seguridad Social. Si a ello le juntamos los mordiscos que ustedes van
dando a las reservas de la Seguridad Social, la cosa empieza a ser ya más
que preocupante.

Para ir terminando, señor Utrera, hasta que no me explique por qué
finiquitan las tasas judiciales no tendrá ninguna credibilidad. En tasas
judiciales y en tantas otras cosas les hemos oído tanto discurso de
conveniencia, de oportunidad, de efectos positivos o de negar los efectos
negativos, que comprenderá que su credibilidad en estos momentos respecto
de tasas judiciales o desahucios —y antes ya he dado todos los
datos— es fundamentalmente nula.

En cuanto a los avalistas, no dice la verdad, señor Utrera. La ley
contempla que sí que tienen que hacerse cargo, y a la enmienda que
planteamos en ese sentido podríamos denominarla la enmienda
rayovallecana. ¿Se acuerda usted de aquella anciana que perdía su piso
por avalar con él a su hijo? ¿Lo recuerda? Pues este es el significado de
la enmienda que presentamos de cara a proteger a los avalistas de buena
fe.

Por último, después de tantos años de crisis y de casi cuatro años
de Gobierno del Partido Popular, que se despierte con esta ley de segunda
oportunidad tan limitada y tan condicionada creo que justifica que
hayamos presentado todas las enmiendas y que pidamos el voto a favor de
ellas. E insisto: en algunas cuestiones tiene credibilidad, y en otras,
por su trayectoria, este grupo evidentemente es prisionero de lo que ha
hecho y de lo que ha dicho. Y usted también, señor Utrera.

Gràcies, senyor president.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Guillot.

Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el senador
Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Gracias, señor presidente.

Aun sabiendo casi con toda certeza que no iban a aceptar ninguna
enmienda, es evidente que nosotros, y creo que todos en general, por
respeto a los ciudadanos y al trabajo que estamos haciendo aquí,
procuramos defenderlas como aportaciones siempre positivas al proyecto de
ley y con la intención de mejorarlo y de mejorar el bienestar de los
ciudadanos.

Esta no es una ley cualquiera, es una ley muy importante desde un
punto de vista social. Como le he dicho anteriormente, la Ley de deudores
hipotecarios tampoco se aprobó con enmiendas de los grupos, y con esta
continúan en la misma línea. Y creo que es importante que la gente, que
los ciudadanos vean lo que está ocurriendo aquí. Es difícil explicar que
no se pueda aceptar ninguna de las 218 enmiendas presentadas. Hace pocos
días en el Pleno también se lo dije en relación con el proyecto de ley de
auditorías. Estamos siempre en la misma línea, en la misma tónica: no
aceptan enmiendas. Encima lo hacemos en una comisión con competencia
legislativa plena, y dicen que es lo mismo que el Pleno. Pues no, señor,
no es lo mismo que el Pleno; y no hablamos aquí de fotos, de prensa o de
imágenes, estamos hablando de que es bueno que los otros senadores y
senadoras sepan los argumentos que se están utilizando y que se están
dando de primera mano por todos los grupos, porque tienen que saberlo. No
es lo mismo hacerlo aquí que hacerlo ante la totalidad de los senadores y
senadoras y en leyes que tienen una trascendencia tan importante. Claro,
ustedes tienen mucha prisa, y no todas las leyes pueden ir al Pleno
porque tendríamos Plenos cada semana y todos los días de la semana en lo
que queda de tiempo hábil. Y tampoco busquen excusas diciendo que no
queremos trabajar, como he oído decir en diferentes ámbitos. Esa no es la
cuestión. Ustedes deben hacer las cosas bien o no hacerlas.

Centrándonos en las enmiendas. Respecto a las treintaiuna
enmiendas presentadas por mi grupo, no he escuchado ninguna
argumentación, señor Utrera, que explique por qué no pueden aceptar
alguna enmienda, en absoluto; descalificaciones en general. Cuando
hablamos, por ejemplo, de incrementar el umbral de exclusión y de las
familias vulnerables, fíjese en las enmiendas 203 y 205. La 203 dice que
se considerarán situados en el umbral de exclusión aquellos deudores de
un crédito cuando concurran un conjunto de circunstancias. Y en el
punto 3.º dice: «La unidad familiar de la que forme parte un menor de
tres años.» Y nosotros simplemente proponemos que se suprima la expresión
«de tres años» y que diga: «... de la que forme parte un menor.» ¿Esto es
inaceptable? En la enmienda 205 ocurre tres cuartos de lo mismo. La ley
dice: «Artículo 1. Suspensión de los lanzamientos sobre viviendas
habituales de colectivos objetivamente vulnerables por circunstancias
económicas objetivas sobrevenidas». Y en el apartado c) «Unidad familiar
de la que forme parte un menor de tres años», y nosotros proponemos que
se quite la expresión «de tres años» y que quede «unidad familiar de la
que forme parte un menor». Es increíble que no se pueda aceptar
esto.

Otra situación que hemos reiterado y que ustedes saben que es
importante —y así lo defendimos en el Congreso de los Diputados y,
por coherencia, aquí en el Senado— es que los acreedores públicos
participen con el mismo esfuerzo que los privados en relación con la
exoneración de deudas, cuando hablamos del sector público, Hacienda y
Seguridad Social. ¿A cuántas pymes, a cuántas empresas, a cuántos
autónomos que han iniciado su primer proyecto, por las circunstancias que
sea, no les ha ido bien y quedan imposibilitados para poder tener su
segunda oportunidad? Y los ciudadanos igual. Nos preocupa realmente
cuánta gente va a tener esta segunda oportunidad, cuántas empresas.
Estamos hablando de tejido productivo. Que el sector privado tenga que
hacer el esfuerzo de participar en la exoneración de deudas y que el
sector público no, es una total incongruencia.

No me dirán ustedes que no se ve continuamente en el lanzamiento
de la vivienda habitual que los titulares, por las circunstancias
sobrevenidas que hemos comentado en reiteradas ocasiones, pierden la
vivienda habitual, y luego los avalistas, tres cuartos de lo mismo. Esto
no puede ser. ¿Lo ven lógico? Nosotros, con estas aportaciones,
pretendemos que los ciudadanos puedan juzgar, que vean lo que está
ocurriendo.

Y no me diga que esto no es imponer el rodillo. No hay
negociación, no hay posibilidad de hablar nada, no hay nada bueno.
Ustedes son los perfectos, todo lo hacen muy bien, y nosotros somos
malos, siempre vamos a fastidiar al Gobierno, no hacemos aportaciones
positivas. En definitiva, ustedes son los que han perdido una segunda
oportunidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Alturo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.

No tenemos tiempo de hablar de la ley porque perdemos diez minutos
hablando de Zapatero, y no debería ser así, y también perdemos tiempo
hablando de que si las palabras de la oposición son exaltadas,
demagógicas, fuera de tono, o de si no nos leemos la ley. De todo lo que
ha dicho usted lo que más me ofende es que diga que no nos leemos la ley,
porque yo tengo por costumbre —y llevo sesenta y dos años—
trabajar las cosas en serio, y leo la ley en la medida en que considero
que la tengo que leer y, por lo tanto, cuando hablo de la Ley de segunda
oportunidad es porque la conozco, y doy opiniones porque la conozco.

Y hablando de leer, me voy a referir a esa maldita enmienda que
usted ha citado de los avalistas. Nosotros no decimos que los avalistas
no tengan que ser solidarios, nosotros no decimos que se exonere
automáticamente a los avalistas. Si usted se hubiera leído la enmienda,
sabría que dice:






«en todo caso, el juez podrá extender el alcance de los
beneficios establecidos en el plan de pagos o de exoneración del pasivo
insatisfecho a los fiadores o avalistas vinculados al deudor por
consanguinidad o afinidad de segundo grado, valorando —el
juez— su situación económica y patrimonial y en la medida necesaria
—ojo— para preservar su derecho a la vivienda habitual.» No
decimos que los avalistas no tengan que pagar, no decimos que si un señor
tiene un avalista que tiene 30 millones de euros de patrimonio se
beneficie el avalista de los mismos derechos que el exonerado. No, no,
decimos que en el caso de que el avalista o fiador sea padre o abuelo,
avalista vinculado al deudor por consanguinidad o afinidad hasta segundo
grado, en ese caso, cuando el no tener la exoneración afecte a su
vivienda habitual, el juez pueda tenerlo en cuenta. Ni siquiera decimos
que sea automático, decimos que el juez pueda tenerlo en cuenta. Yo no
veo dónde está la irracionabilidad de esta propuesta, no lo veo, y he
cogido esta y podría coger otra. Lo que sí nos queda claro es que
dependiendo de quién o en qué época se haya generado el problema lo
solucionamos o no, y sobre todo dependiendo de a quién afecte.

El tema de las hipotecas multidivisas, senador Utrera, más allá de
dónde sale, más allá de los delitos que se han cometido por falsificar el
líbor, más allá de todo eso, afecta a 60 000 familias, y
estas 60 000 familias saben hoy que el Gobierno del PP no quiere
solucionar su problema porque no lo ha generado él. Eso es lo que saben
hoy. ¿Qué más da si esto ha sido en la primera legislatura del señor
Zapatero, en la segunda o en la segunda del señor Aznar? ¿Qué más da? El
problema es que hay 60 000 familias afectadas por una práctica ilícita o
de dudosa legalidad de los bancos, que evidentemente cuando suscribieron
la hipoteca no sabían todo eso que usted sabe de política de cambios, no
lo sabían, simplemente se les presentaba un producto apetecible desde el
punto de vista hipotecario y lo firmaron. Y más allá de cómo fue la cosa,
ahora tenemos una ley aquí que puede solucionar parte de ese problema y
ustedes no lo quieren solucionar. Ese es el efecto. ¿Qué más da quién lo
hizo? ¿Que el señor Zapatero era muy malo? Pues era muy malo. ¿Que el
señor Rajoy es muy bueno? Pues es muy bueno. Pero todo eso no se lo
cuente usted a una persona que se endeudó por 170 000 euros y que después
de haber pagado tres años ahora debe 240 000, eso no se lo cuente. A esta
persona hay que decirle si se le soluciona el problema o no, si se quiere
o no se quiere, y si se tiene en cuenta que el responsable de su problema
no es ni el señor Zapatero ni el señor Rajoy, es el banco que le engañó,
banco al que, por cierto, ustedes han estado de acuerdo en darle dinero,
aunque el problema de los bancos tampoco viene de ahora. Fíjese qué
curioso, el problema de los bancos, la problemática de liquidez de los
bancos viene también de la época de Zapatero, pero a esos sí les hemos
ayudado, a esos sí les hemos ayudado; al señor que tiene hipoteca
multidivisa, no, porque no lo hemos hecho nosotros. Esto no es así. Todo
el tiempo que pierda usted diciendo que esto lo ha hecho Zapatero, que lo
ha hecho fulano o mengano, no se soluciona ningún problema, y esta ley
estaba pensada para solucionar problemas.

Hay otra cuestión que también me gustaría aclarar de su
información. Es cierto que en el Congreso mi grupo apoyó algunas
enmiendas del Grupo Popular, es cierto, en concreto 3; en el resto, votó
en contra; en 20 votó en contra. Pero eso da igual, da igual lo que
ocurrió en el Congreso. El otro día el senador Montilla en esta misma
sala dijo que el propio presidente del Senado, don Pío García-Escudero,
había calificado el papel del Senado como el de una Cámara de segunda
lectura o de enfriamiento, para ver las cosas más tranquilamente. Pues
eso es lo que ustedes no están posibilitando ahora. Una Cámara de
enfriamiento permite que los grupos hagan cosas distintas del Congreso,
y, por tanto, ya he dicho que en el Congreso no presentamos enmienda a la
totalidad y que consideramos que aquí estamos perfectamente capacitados
para presentar un veto, porque lo que se trae aquí es absolutamente
insuficiente y este proyecto de ley comete el error de no solucionar
aquello para lo que está previsto. No tiene nada que ver quién causó el
problema, ahora estamos en una legislatura distinta y este proyecto de
ley debería encarar la solución de los problemas de la gente que está
perdiendo la vivienda, de la gente que la ha perdido y no puede volver a
ella, de la gente que ha perdido su empresa y que por haber perdido su
empresa no tiene ningún tipo de financiación porque está sometido a una
deuda enorme. Todas estas cosas son las que tiene que solucionar esta
ley.

Por tanto, nosotros estamos en contra de esta ley, pero estamos en
contra por eso, no porque el procedimiento sea el que sea; el
procedimiento es perverso, y lo repito, pero es perverso
independientemente de... Si solamente fuera perverso el procedimiento,
pero al final estos problemas estuvieran solucionados, yo le aseguro que
nosotros votaríamos a favor, como votaron a favor nuestros compañeros del
Congreso en esas 3 enmiendas que mejoraban la historia, y el proceso era
igual de malo. Nosotros somos capaces, si esto soluciona los problemas,
de superar el procedimiento. El problema es que no hay posibilidad de que
ustedes acepten ninguna enmienda, pero no porque no les gusten
—porque no saben si les gustan—. El otro día dije que el
diálogo es imposible cuando no hay tiempo, y para dialogar se necesita
tiempo y hay que hablar, y de esta forma no hay tiempo.

Por tanto, me reafirmo en todas las razones que hemos dado para
vetar la ley, en todas las enmiendas que hemos presentado, ninguna de las
cuales se acepta. Esas son las razones por las que no vamos a apoyar esta
ley, porque no soluciona el problema de los que han quedado
desenganchados y no les vuelven a enganchar ni al proceso económico de
creación de riqueza ni de generación de empleo, y a aquellas familias que
han perdido el bien fundamental que tienen, que es la vivienda, no les
permite acceder a ella o mantenerla en caso de que sigan teniendo
dificultades.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Manchado.

Tiene la palabra el senador Utrera.

El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor presidente.

Seré breve porque, efectivamente, se ha hablado poco del proyecto
de ley también en este turno de portavoces.

Me ha preocupado que el portavoz de Convergència i d’Unió
diga que yo no he contestado a ninguna de sus enmiendas. Sí lo he hecho,
aunque no había especificado concretamente a cuáles, pero yo ya he dicho
que la cuestión de los avalistas la considerábamos y que precisamente los
avalistas que pueden recurrir al código de buenas prácticas por su
situación, ya sea subjetiva u objetiva, encontrarán solución en dicho
código y, efectivamente, como muy bien ha señalado el senador Manchado,
aquellos avalistas que tengan patrimonio bastante para hacerse cargo de
su responsabilidad solidaria en este caso, que tengan que hacerlo, porque
esa es la naturaleza de avalar. Por tanto, sí le había respondido a su
enmienda, aunque no había mencionado el número concreto de la enmienda.
También lo he hecho con la ampliación del ámbito objetivo y subjetivo que
usted propone al código de buenas prácticas. Este código se ha ampliado
al ámbito objetivo y subjetivo, lo dije en mi intervención, y nosotros
consideramos que es satisfactorio el grado actual en que protege a
personas y a situaciones. Que usted quiere ampliarlo más, pues me parece
loable que usted introduzca alguna otra cláusula adicional de protección.
En este momento nosotros no lo consideramos conveniente; usted cree que
sí y, por tanto, esa es una disparidad que tenemos entre nosotros. Pero
no cometí la descortesía de no contestarle a ninguna de sus enmiendas;
estas estaban contestadas.

A la senadora Iparragirre tengo que decirle que no me refería
particularmente a ella cuando hablaba de términos pocos adecuados en esta
comisión, porque ciertamente usted, como yo, normalmente no recurrimos a
términos que podríamos calificar como esencialmente dirigidos a
menospreciar y minusvalorar opciones políticas diferentes. En algún
momento podemos utilizar algún adjetivo más o menos adecuado, pero, desde
luego, no esa concepción de la política como una ideología predominante y
además acompañada por una creencia, que no sé dónde encuentra su
justificación, de superioridad moral asociada, que no deja de dar
resultados sorprendentes, y por eso se utilizan adjetivos que me va a
permitir que califique de chabacanos. En esos términos se ha hablado,
pero, desde luego, no me refería a usted.

Las tasas judiciales, los avalistas, los beneficios de la
Seguridad Social y el uso de los 1500 millones de euros de reducción de
impuestos sobre la renta, todas estas son cuestiones debatibles.
Efectivamente, estoy de acuerdo con el portavoz socialista, señor
Manchado, en que tenemos un calendario muy apretado, quizás excesivamente
apretado, de debate que no permite que reflexionemos con el reposo
necesario sobre algunas de estas cuestiones, pero no porque no tengan
respuesta ni tengamos posición. Este proyecto de ley ha pasado por el
Congreso de los Diputados, y las enmiendas de todos los grupos reproducen
enmiendas que ya fueron valoradas en el Congreso de los Diputados,
algunas se incorporaron, y las que no se incorporaron se han vuelto a
repetir literalmente en el Senado; por tanto, están valoradas. Están
valoradas en su gran mayoría; alguna hay con una pequeña variación, pero
también la hemos valorado. Por tanto, aunque pueda parecer que el proceso
es precipitado, quizá no lo sea tanto.

Desde luego, nunca he dudado de que el señor Manchado se haya
leído el proyecto de ley y el preámbulo. En mi argumentación, me refería
a que era conveniente leer el proyecto de ley, y sobre todo el preámbulo,
para aclarar lo que un mecanismo de segunda oportunidad ha de introducir
y lo que no cabe esperar de él, como cosas diferenciadas, porque he
percibido confusiones.

Los adjetivos que el señor Guillot me dedica a mí personalmente
prefiero olvidarlos y no darles mayor importancia.

Por lo demás, nos reafirmamos en el hecho de que las enmiendas,
una vez valoradas, estudiadas y contestadas en su mayoría, aunque no
explícitamente con el número de enmienda, han tenido respuesta, y no
encontramos ninguna —no que no sea buena, todas lo son de una forma
u otra— que aporte una novedad que nosotros consideremos importante
para este proyecto de ley, por eso no aceptamos ninguna.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Utrera.

Finalizadas las intervenciones y al no existir informe de la
ponencia, pasamos a votar las enmiendas teniendo en cuenta las
solicitudes de votación separada que han efectuado los distintos
portavoces.

Señora Letrada, ¿están comprobadas las asistencias?
(Asentimiento).

Ruego a los senadores que no entren ni salgan de la sala desde
este momento y hasta que termine la votación.

Pasamos a la votación de las enmiendas de los senadores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.
Enmiendas 2, 4 a 7, 20 y 26.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 16; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a la votación de la enmienda número 9, de los mismos
senadores.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 17; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a la votación de las enmiendas número 1, 3, 8, 10 a 14, 16
a 19, 21, 22, 28, 29, 34 y 35.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 16; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a la votación de las enmiendas 15, 23 a 25, 27 y 30
a 33.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 1; en contra, 16; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a continuación a la votación de las enmiendas 36 a 46, de
la senadora Ester Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 16; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a continuación a la votación de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado. Enmiendas 185 y 186.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a continuación a la votación de las enmiendas 183, 184
y 187.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a continuación a la votación de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya. Enmiendas 104 y 106.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 17; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a continuación a la votación de las enmiendas 129, 133
y 137.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 16; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a continuación a la votación de las enmiendas 98
a 103, 105, 107 a 128, 130 a 132, 134 a 136 y 138 a 147.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 16; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Continuamos con la votación de las enmiendas 166, 167 y 173.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 16; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a la votación de las enmiendas 148 a 161, 163
a 165, 168, 169, 175, 176, 181 y 182.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 16; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a la votación de las enmiendas 162, 170 a 172, 174 y 177
a 180.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en
contra, 16; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a continuación a la votación de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió.
Enmienda 191.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 2; en contra, 16; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 201 y 204.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a continuación a la votación de las enmiendas 214
a 217.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 188 y 213.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 1; en contra, 22; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Sometemos a votación las enmiendas 189, 192
a 194, 196, 197, 199, 200, 202, 203, 205 a 208 y 212.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 16; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Sometemos a votación las enmiendas 190, 195, 198 y 209 a 211.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 1; en contra, 16; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a continuación a la votación de la enmienda 218.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 2; en contra, 22; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a continuación a la votación de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista. Enmiendas 48, 49, 51, 57, 82, 87 y 88.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 16; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a la votación del resto de enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 16; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

A continuación, sometemos a votación el texto remitido por el
Congreso de los Diputados, salvo aquellas partes del mismo que pudieran
considerarse ya incluidas en las enmiendas que, en su caso, hubieran sido
aprobadas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 16; en contra, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda definitivamente aprobado por las Cortes
Generales el Proyecto de Ley de mecanismo de segunda oportunidad,
reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social
(procedente del Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero).

Me van a permitir, antes de levantar la sesión, que agradezca el
trabajo desarrollado en esta comisión por su secretaria, la senadora doña
Tamara González, que abandona el Senado mañana. Creo hablar en nombre de
todos los aquí presentes al desearle todo tipo de éxitos en su nueva
situación. (Aplausos).

Muchas gracias a todos por su presencia.

Se levanta la sesión.

Eran las quince horas.