Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés
de Catalunya y veto número 5 de las senadoras Almiñana Riqué y Sequera
García y de los senadores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa,
Montilla Aguilera y Sabaté Borràs del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya.

Pasamos al debate de los vetos. Se debaten, en primer
lugar, los vetos individuales. Posteriormente, procederemos al debate de
los correspondientes a los grupos parlamentarios en orden de menor a
mayor.

Paso, por tanto, a dar la palabra al senador Mariscal
Cifuentes que va a defender el veto número 2 de la senadora Capella i
Farré. Tiene la palabra.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Muchas gracias, señor
presidente.

Me gustaría dar por defendido el veto de la señora Capella,
si es posible, e intervenir en defensa del veto presentado por el señor
Iglesias y por mí mismo.

El señor PRESIDENTE: Proceda usted a la defensa del veto
presentado por usted mismo.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, nos encontramos en esta comisión en el debate a
la totalidad de este decreto ley, convertido posteriormente en proyecto
de ley en el correspondiente debate parlamentario, que viene a ser la
guinda de un pastel fabricado durante todos estos años de legislatura de
gobierno del Partido Popular porque el uso y abuso del decreto como
mecanismo de conformación legislativa en nuestro país ha llegado a un
nivel que yo calificaría de paroxismo y de bonapartismo. El ejercicio del
bonapartismo por el Partido Popular en estos años de legislatura se
sustancia finalmente en un decreto que modifica de golpe una veintena de
leyes, de 172 páginas, y que se suma a esas 155 leyes ordinarias y a los
56 decretos leyes que se han venido imponiendo por el Partido Popular,
por su rodillo y por su firme convicción de que había que transformar la
política, la economía y la propia estructura social de este país de forma
radical para poner el bien común al servicio de unos pocos, para regalar,
si es posible, ese bien común, las empresas públicas y los servicios
públicos a los pocos empresarios del sector privado afines y bendecidos
por este Gobierno.

Creemos que este decreto ley es un ejemplo de la negativa
del Gobierno a que haya un debate sereno, un debate tranquilo, en las
Cámaras legislativas, que expresa el absoluto desdén hacia los mecanismos
de la división de poderes en nuestro país y el abandono definitivo del
aspecto legislativo y del espacio legislativo en este país, para ponerlo
al servicio del decreto ley, de la imposición y —como decía—
de un bonapartismo practicado en este caso por el señor Rajoy, que hace y
deshace, no a su antojo, sino más bien al dictado de la Troika y, sobre
todo, al de los pocos empresarios del sector privado afines y bendecidos
por este Gobierno. Ni las bonificaciones a la contratación del Plan de
garantía juvenil, ni los cambios en la gestión de los puertos, ni las
medidas para la privatización de AENA, ni la liberalización del sector
del butano, ni la privatización del Registro Civil en pro del Registro
Mercantil, teniendo en cuenta la profesión y el oficio de algunos
ministros —exministros ya— y del propio presidente del
Gobierno, o el uso de los drones, o la reducción de las comisiones por
pago en las tarjetas de crédito, ninguno de los aspectos que acabo de
nombrar, son asuntos que no puedan someterse a ese debate profundo con la
participación de todos los grupos. Pero no solamente eso, sino que a lo
largo del año y medio de gestación de este decreto, el Gobierno ha tenido
oportunidad de entrevistarse con los lobbies empresariales
correspondientes que han tenido información puntual sobre el desarrollo y
la construcción de este decreto y sus medidas, mientras que la sociedad
civil organizada, los sindicatos, etcétera, no han tenido oportunidad,
nada más que a última hora y muy aprisa, de intervenir y de tener una
opinión sobre este asunto.

La urgencia de este macrodecreto es algo inexplicable desde
nuestro punto de vista o solamente se podría explicar en función de ese
bonapartismo —como digo— asumido por el Partido Popular y por
el presidente del Partido Popular a su cabeza. Las medidas que se
incluyen en materia de eficiencia energética son de un enorme cinismo si
tenemos en cuenta cómo este Gobierno ha desmantelado todo lo que tiene
que ver con el fomento de la autonomía energética de nuestra nación, de
la autonomía energética de nuestro país, que se debería basar,
evidentemente, en las mejores fuentes de energía que tenemos y que no son
otras que las renovables. Sin embargo, se sigue apostando por la
dependencia energética y por la entrega de nuestros recursos energéticos
al sector privado y a multinacionales que nada tienen que ver con nuestro
país. Una vez destrozado el sector energético, el sector industrial de
las energías alternativas, con este decreto se ponen a intentar aprobar
medidas contra las que el propio Partido Popular votó cuando se impuso la
directiva europea.

En cuanto al Plan de garantía juvenil creemos que se sigue
en la senda del mal entendimiento de lo que debe de ser el fomento del
empleo en ese sector que está sufriendo el desempleo y el paro en unos
porcentajes de dictadura bananera y que tienen que ver con una política
económica equivocada, con una ausencia total de planificación en el
ámbito de los sectores productivos de nuestro país, con una apuesta por
la precariedad, por la temporalidad, a la cual este Gobierno del Partido
Popular le ha dado la puntilla, pero que es algo que han venido
desarrollando gobiernos anteriores y que, finalmente, se presta a seguir
bonificando millonariamente a los empresarios en lugar de fomentar un
modelo productivo y una legislación laboral que permita empleo juvenil y
de calidad, en consonancia también con la formación que los jóvenes
tienen en nuestro país que se ven abocados también a emigrar de nuestras
tierras, a ir más allá de nuestras fronteras, recorriendo de nuevo el
camino que hicieron muchos de nuestros padres y también de nuestros
abuelos, con la vuelta a las fotografías en blanco y negro que este
decreto no va desde luego a solucionar, sino que va a seguir
fomentando.

Una de las partes más sangrantes de este decreto es la
privatización de las pocas cositas que quedaban ya en el ámbito de la
propiedad pública estatal y que tiene que ver con la privatización de
AENA. Me refiero a lo que va a conseguir ingresar el Estado con la
privatización de AENA, una empresa con beneficio que ha tenido una gran
sustracción de trabajo durante todos estos años, de trabajo estable.
Sepan que se han sacrificado más de 1600 puestos de trabajo y sepan que
esa estimación de 2500 millones para ingresos, que con los beneficios que
actualmente tiene esta empresa se podrían conseguir en 5 años, es la
demostración dramática de los datos que les acabo de dar, de que se trata
no solamente de un regalo para el sector privado de los amiguetes, de
este capitalismo casposo fomentado por el Partido Popular, y que supone
el abandono de un sector estratégico para un país donde el turismo juega
un papel fundamental y donde la gestión de un recurso estratégico, como
son los puertos y los aeropuertos, debería estar en manos de lo público,
en manos del Estado para fomentar, efectivamente, una buena planificación
estratégica.

Estas y otras medidas que aparecen en el decreto,
discutidas hoy en el debate en comisión o posteriormente en el Pleno, a
través de las enmiendas que el senador Iglesias, que Izquierda Unida, ha
presentado a este decreto ley, que no van a modificar —estamos
convencidos— en absoluto el contenido del decreto, permitirán fijar
nuestra posición frente a este atentado a la división de poderes y, por
lo tanto, a la democracia, frente a este nuevo atentado a la democracia
en nuestro país por parte del bonapartismo del señor Rajoy.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.

Para la defensa del veto número 4, de los senadores Guillot
Miravet y Saura Laporta, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Doy por defendido el veto de los senadores Guillot y
Saura.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Montilla.

Para la defensa del veto número 5, tiene la palabra el
senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Muchas gracias, señor
presidente.

Como usted sabe, en este caso los diputados que forman
parte de la formación política a la que yo pertenezco votamos en contra
del decreto ley que se tramita hoy como ley por la vía de urgencia.
Nosotros quisiéramos poner de relieve, una vez más, el uso y abuso del
decreto ley que se hace por parte del Gobierno, 56 ya en esta
legislatura, de hecho, el 40% de toda la actividad legislativa. Pensamos
que no es con esa finalidad con que la Constitución prevé la posibilidad
de utilizar esta figura por parte del Gobierno. Por lo tanto, hay un
abuso de la urgencia en la tramitación, también en este caso como ley,
con las dificultades que ello comporta. Una hora antes se ha reunido la
ponencia de esta comisión, que ha durado unos minutos. El señor
presidente hacía alusión, presentando el debate, a los centenares de
enmiendas que tiene esta ley. Que sepamos, ninguna, al menos en la
ponencia, ha sido considerada y se ha incorporado. Debate, por
consiguiente, que viene por la vía de urgencia y que acaba siendo un puro
trámite, especialmente en esta Cámara.

Es una ley que es un compendio de materias muy
heterogéneas. Por eso, creo que supone un cierto sarcasmo que algunas de
nuestras enmiendas se hayan rechazado o se haya rechazado su inclusión
por

entender que no hay conexión material con el objeto de la
ley. Así ha sido. No fue así en el Congreso, pero así lo ha sido en el
Senado. Regulan aspectos, como decía, muy diversos, desde el comercio
interior, a la energía, los ferrocarriles, los puertos, los aeropuertos,
el empleo, la fiscalidad, la carrera militar, incluso una exposición de
Picasso, hasta 30 leyes vigentes y todas se consideran, por supuesto, por
la vía de urgencia. Nosotros somos contrarios a muchas de estas medidas y
así se recoge en las enmiendas que hemos formulado. Pensamos que en los
asuntos relativos, por ejemplo, al comercio interior y a las medidas de
impulso a la actividad económica la regulación que se formula —y
llueve un poco sobre mojado— va en detrimento del pequeño comercio,
del comercio urbano, del comercio que hace ciudad y a favor de las
grandes superficies, utilizado para ello, o haciendo alusión en este
caso, la legislación europea y la unidad de mercado, que entiendo no
viene al caso, a pesar de que así sea. También así se hace a la hora de
regular cuestiones relativas a los horarios comerciales.

Es una ley, como se decía antes, que privatiza cosas o
facilitará la privatización, como el Registro Civil o la privatización de
AENA. Es una ley que modifica la Ley de puertos y que de alguna manera
limitará, desde nuestro punto de vista, la posibilidad de competir de los
mismos.

Y es una ley que aborda modificaciones de carácter fiscal
que pensamos que son inadecuadas, sobre todo cuando tenemos en puertas
una modificación más de fondo —ya hemos avanzado nuestras
posiciones al respecto—, una reforma fiscal. Desgraciadamente y
evidentemente, ni estas medidas ni la reforma que próximamente nos tocará
examinar cumplen uno de los requisitos que debería tener en estos
momentos una reforma fiscal, y es redistribuir la carga fiscal y dotar de
unos recursos a las administraciones públicas similares a las de sus
homólogas europeas. Seguimos teniendo una presión fiscal, no unos tipos,
que está muy por debajo de la media, como ustedes saben.

También quiero destacar, y con esto acabo, que el conjunto
de esta ley, en los diversos aspectos que toca de las leyes sectoriales
que modifica, tiene un común denominador, y es una cierta ofensiva
centralizadora, volviendo a laminar competencias de las comunidades
autónomas. Antes me refería a los asuntos que tienen que ver con el
comercio interior, que normalmente aparece recogido en casi todos los
estatutos de autonomía como una competencia exclusiva de las comunidades
autónomas. Eso es ignorado, como son ignoradas también las competencias
de las comunidades autónomas en temas como las políticas activas de
empleo, como el papel de convidados de piedra que se les propone con la
modificación y la puesta en marcha de la privatización, la modificación
legislativa referente a aeropuertos. En definitiva, es una ley que toda
ella rezuma centralización, lo cual, entre otras cosas, lo que se puede
augurar es, sin ningún género de dudas, que dará lugar a un incremento de
la conflictividad constitucional. Fruto de esta actividad legislativa
centralizadora del Gobierno es el incremento notable de esta
litigiosidad, que no es deseable.

Todo ello son razones más que suficientes para que nosotros
formulemos el veto a este proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Para la defensa del veto número 3, presentado por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Alique.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Efectivamente, el Grupo Parlamentario Socialista ha
presentado un veto a este proyecto de ley que, por cierto, trata sobre
materias que ya se están ejecutando porque proceden de un real decreto
ley que convalidó el Congreso de los Diputados el pasado día 10 de julio.
¿Por qué presentamos este veto? Porque, en principio, consideramos que
ese decreto ley es ilegal. Por eso, presentamos un recurso de
inconstitucionalidad el pasado día 31 de julio y porque, además, esta
forma de proceder lo que provoca es que ustedes, el Partido Popular, el
Gobierno evita informes y dictámenes que serían preceptivos si se
tramitase como una ley ordinaria. Solo les cito dos ejemplos: sería
necesario el informe del Consejo Económico y Social en el caso del
desempleo o en materias como el desempleo juvenil que se regulan en esta
legislación, o del Consejo de Estado, en el supuesto, por ejemplo, de la
transposición de una directiva, como hace este decreto ley de forma
parcial, de eficiencia energética, que necesitaría, como digo, el informe
del Consejo de Estado, que, evidentemente, han evitado a pesar de
tramitarlo posteriormente como un proyecto de ley, eso sí, también con
carácter de urgencia y prácticamente sin debate parlamentario.

Desde nuestro punto de vista, es una nueva agresión del
Gobierno del Partido Popular al Parlamento al hurtarle varios debates de
gran relevancia para la actuación económica. Ustedes han preferido que
temas importantes, como el régimen de los aeropuertos, el empleo juvenil,
la financiación de la actividad económica, el comercio minorista, la
transposición —como decía anteriormente— de la Directiva de
eficiencia energética o la forma de llevar el Registro Civil no se
debatan, o solo se debatan ex post. Desde nuestro punto de vista, es un
espectáculo bochornoso porque se trata de una real decreto ley, una norma
que modifica casi 30 leyes, un proyecto de ley que tiene 177 artículos,
contando las disposiciones, y 11 anexos y que afecta a 9 ministerios, les
recuerdo: Presidencia, Justicia, Defensa, Hacienda, Fomento, Educación,
Empleo, Industria y Economía.

En este sentido, me gustaría recordar a sus señorías que la
Constitución española, en su artículo 86, no habilita al Gobierno para
hacer un decreto ley ómnibus, sino que exige en cada caso que se produzca
el presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad que
justifica acudir a un instrumento excepcional como es el real decreto
ley. De esta manera, el señor Rajoy se ha convertido en el presidente que
más ha abusado de la legislación de urgencia, en detrimento de la función
legisladora del Parlamento, de esta Cámara. Como digo, Rajoy, de esta
manera, se ha acostumbrado a gobernar por decreto, abusando de su mayoría
absoluta para, en unos casos, desmantelar el Estado del bienestar y, en
otros, para reducir o adelgazar el Estado, como ocurre en este real
decreto ley, privatizando servicios públicos como AENA, como son los
aeropuertos, o como el Registro Civil, solo por citar algunos
ejemplos.

Les voy a dar unos datos que considero que son muy
expresivos de lo que les he comentado: este Gobierno en algo más de dos
años y medio ha aprobado 56 reales decretos leyes, más o menos uno cada
16 días, por 62 proyectos de leyes ordinarios aprobados por el Consejo de
Ministros, lo que representa que esos reales decretos leyes supongan un
48% sobre el total de la iniciativa legislativa del Gobierno, algo que
nunca ha ocurrido en democracia. Les podré como ejemplo que en la pasada
legislatura, la IX Legislatura, con el Gobierno socialista ese porcentaje
representó tan solo el 29%.

Además, estamos ante una norma que no respeta la doble
limitación que establece el artículo 86 de la Constitución española, y
desde nuestro punto de vista es inaceptable que, para justificar la
concurrencia de circunstancias extraordinarias y de urgente necesidad, el
Gobierno alegue algunas razones que son meras afirmaciones genéricas,
cuando no abstractas y en algunos casos contradictorias; por tanto, los
argumentos que se invocan y las materias que se regulan en este real
decreto ley no justifican la vía de urgencia. Lo hubiese justificado, por
ejemplo, el desempleo, y aprovechar así este real decreto ley —lo
que no se hace— para que se abordase un auténtico programa de
empleo y de garantía juvenil y combatir una de las lacras más importantes
que tiene nuestra sociedad, que no es otra que el desempleo juvenil, que
se encuentra por encima del 55%. Seguramente también hubiese sido
importante este real decreto ley para legislar sobre la pobreza
energética que, a las puertas del invierno, va a afectar a miles de
familias vulnerables en este país por las políticas antisociales del
Gobierno del Partido Popular.

Lo único que demuestra esta forma de proceder de este
Gobierno, del Gobierno del Partido Popular, es la utilización claramente
abusiva del real decreto ley, hasta el punto, como he dicho
anteriormente, de convertirla en su forma casi ordinaria de gobernar.
Además, en este caso el Gobierno ha elevado el grado de diversidad
normativa a límites inaceptables. Como he dicho anteriormente, se
modifican casi 30 leyes, que corresponden a 9 ministerios; es decir, que
el Gobierno utiliza la figura excepcional del decreto ley para regular
una multitud de supuestos normativos que no tienen ni pueden tener
conexión entre sí, y todo ello para hurtar —como decía al
principio— varios debates de gran importancia para la actividad
económica, como es la financiación, el impulso de la actividad económica,
los aeropuertos y puertos, la energía, el empleo, especialmente el empleo
juvenil, las medidas fiscales, o para algunas materias, como la carrera
militar y el grado civil o el Registro Civil, entre otras, que, como
ustedes pueden comprender, no tienen ninguna conexión entre sí.

Termino. Desde nuestro punto de vista se trata de una
verdadera chapuza legislativa, que, como digo, hurta el debate
parlamentario sosegado, sereno y serio y cierra la puerta a informes y
dictámenes de órganos consultivos competentes que deberían informar sobre
algunas materias, y define a las claras lo que es el señor Rajoy, que no
es otro que un presidente que gobierna por decreto y, además, en contra
del interés general, como he dicho anteriormente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alique.

Presentados y expuestos los vetos, es el momento del turno
en contra.

En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Fernández de Moya.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señor
presidente. Señorías, buenos días.

Me corresponde, en nombre del Grupo Parlamentario Popular,
posicionar a mi grupo en el ámbito de este Proyecto de Ley de aprobación
de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la
eficiencia, que, como sus señorías conocen, procede del Real Decreto Ley
8/2014, de 4 de julio. Y lo hago en nombre de mi grupo parlamentario,
fundamentalmente para rechazar los 5 vetos que se presentan y poner de
manifiesto el apoyo del Grupo Parlamentario Popular al Gobierno de España
en la tramitación de este proyecto de ley, hoy en el ámbito de la
Comisión de Economía y Competitividad, y la semana que viene en el ámbito
del Pleno de la Cámara Alta.

Señorías, basta leer el preámbulo o la exposición de
motivos y el análisis minucioso y detallado que el Gobierno justifica
precisamente en los documentos que acabo de mencionar para darse cuenta
de lo que significa, sin lugar a dudas, el impacto extraordinariamente
sólido de la puesta en marcha de estas medidas, fundamentalmente a través
del presidente del Gobierno más reformista que ha conocido la democracia
española, como es el presidente Rajoy.

En este sentido, quiero poner de manifiesto los ejes
fundamentales que el Gobierno describe en la presentación de este
proyecto de ley y en torno a los cuales gira la adopción precisamente de
las medidas que se contemplan en el contenido, en el ámbito material de
la aprobación de este: el primero, fomentar la competitividad y el
funcionamiento eficiente de los mercados; el segundo, mejorar el acceso a
la financiación; y el tercero, fomentar la empleabilidad y la
ocupación.

Además, se incorporan a ellos la reforma tributaria,
anunciada por el presidente Rajoy, una ambiciosa reforma tributaria de la
que, curiosamente, la inmensa mayoría de los portavoces que han
intervenido ha hecho caso omiso, es decir, de lo que significa el impacto
de esa reforma tributaria en la sociedad española, con bajadas de
impuestos en el ámbito del IRPF, del impuesto sobre sociedades y
vinculadas también a otras figuras de imposición directa e indirecta, que
sería bueno que algunos de los portavoces que han intervenido y que
representan al Partido Socialista o a Izquierda Unida pusieran en marcha
alguna vez en aquellas comunidades autónomas donde gobiernan —por
ejemplo, en Andalucía— para que dejáramos de ser los españoles que
más impuestos pagamos en el conjunto de España. Por lo tanto, estos son
los 3 ejes fundamentales que se ponen encima de la mesa por parte del
Gobierno de España en el ámbito de este proyecto de ley.

Pero permítanme también manifestar algo, señorías, y lo
digo desde el punto de vista de la naturaleza del decreto ley, porque
aquí me ha parecido oír hablar a varios magistrados del Tribunal
Constitucional cuando los que estamos somos senadores. Vamos a esperar a
que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Evidentemente, en el tenor
literal del artículo 86 de la Constitución española tiene encaje
normativo la adopción de disposiciones legislativas provisionales, que es
la definición a través del presupuesto de hecho habilitante que mantiene
la doctrina del Tribunal Constitucional en la extraordinaria y urgente
necesidad. Y vamos a hablar políticamente de lo que significa este
instrumento normativo. Y es curioso que ningún portavoz haya hecho
referencia a la urgencia que sí requiere, por ejemplo, la refinanciación
del Plan de pago a proveedores en beneficio de las entidades locales. Me
ha llamado poderosamente la atención que ningún portavoz haya hecho
referencia a la urgencia que tienen entidades locales que se tienen que
acoger a la refinanciación, tanto en lo que significa la financiación del
principal, capital, como también de los intereses, como consecuencia de
la puesta en marcha de los planes de pago a proveedores, lo que va a
permitir precisamente a las entidades locales concertar operaciones de
refinanciación o de sustitución del préstamo formalizado en mejores
condiciones financieras que las recogidas en los últimos contratos
firmados con anterioridad. Es más, esta circunstancia puede, sin duda,
ayudar a aumentar la liquidez de las entidades locales y a consolidar la
mejora en el ámbito de su situación financiera. De no poner en marcha
esta medida, difícilmente se podrían llevar a cabo esas operaciones de
refinanciación, tal y como previene el proyecto de ley, primero, porque
la operación del fondo de pago a proveedores es una operación de préstamo
a largo plazo; segundo, porque dicha operación tiene la garantía de la
participación en ingresos en tributos del Estado; y, tercero, porque solo
de las operaciones citadas, en el marco del mecanismo de pagos a
proveedores, pueden destinarse a aquellos fines.

Ninguna de sus señorías ha advertido en sus reflexiones en
torno a la defensa de sus vetos lo que sí significa una extraordinaria y
urgente necesidad, presupuesto de hecho habilitante del decreto ley, para
llevar a cabo la adopción de esas medidas.

Señor presidente, también quiero poner de manifiesto
brevemente, sin perjuicio de que mis compañeros entren en el análisis
pormenorizado y específico en cada bloque de enmiendas, lo que

significa la profundización en el ámbito del fomento del
comercio minorista y la unidad de mercado, al que algunas de sus señorías
han hecho referencia en sus intervenciones. Como se desprende también del
proyecto de ley, de lo que se trata fundamentalmente es nada más y nada
menos que de introducir una referencia expresa a la regla general de no
sometimiento a autorización administrativa en la apertura de
establecimientos comerciales, por la que en su defecto podrá someterse a
declaración concretamente responsable o comunicación previa. El objetivo
que con ello se consigue fundamentalmente es una regulación básica de las
restantes actuaciones relacionadas con establecimientos comerciales y,
además, también se profundiza en medidas para la simplificación y
racionalización administrativas, consagrando ―como sus señorías
conocen y saben― el procedimiento integrado para la autorización
comercial mediante la inclusión de todas las actuaciones en un único
procedimiento, que será competencia de una sola autoridad, que gestionará
todas y cada una de las fases de esa solicitud que afecte concretamente
al propio establecimiento comercial.

Igualmente, quiero referirme a las reflexiones que se han
hecho en materia de vetos, concretamente respecto de los aeropuertos o
AENA. Me sorprenden las reflexiones del señor Mariscal, porque él forma
parte del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Gobierno
del PSOE e Izquierda Unida en Andalucía acaba de poner a la venta mucho
patrimonio, mucho, de todos los andaluces, empezando por delegaciones de
Gobierno y edificios en distintas provincias, para obtener liquidez y,
por tanto, aflorar recursos al conjunto de la tesorería con los que poder
hacer frente, entre otras cuestiones, a muchos pagos pendientes que tiene
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por lo tanto, allí enajenan
patrimonio con su consentimiento —porque forma parte de ese
Gobierno en Andalucía, PSOE-Izquierda Unida—, pero aquí viene a
criticar esa enajenación o puesta en marcha de un capital mixto
público-privado, como ellos hacen en Andalucía. Y después haré más de una
consideración desde el punto de vista de su gestión de Gobierno. Por
cierto, señor Mariscal, usted, que es grueso en sus afirmaciones, no me
hable de que el empleo de un decreto ley es un atentado a la democracia.
Léase la Constitución española, que es la norma fundamental del Estado,
la norma de convivencia, y vea cuáles son los presupuestos de hecho
habilitantes; pero mayor atentado a la democracia será el voto negativo
que ustedes han anunciado, que se va a poner de manifiesto en el Pleno
del Parlamento de Andalucía de hoy y de mañana, para no investigar el
fraude de los cursos de formación en Andalucía. Eso también es un fraude
a la democracia que su fuerza política está consintiendo en
Andalucía.

Voy a hacer una última reflexión, señor presidente, para
poner de manifiesto por qué nuestra formación política y nuestro grupo
parlamentario rechazan los vetos. Y quiero hacer especial referencia a la
materia energética, que ha sido objeto de una reflexión en voz alta por
alguno de los portavoces. El proyecto de ley pone de manifiesto que en
materia energética se adoptan una serie de medidas dirigidas a garantizar
la sostenibilidad y la accesibilidad en los mercados concretamente de
hidrocarburos y —lo que es más importante— a actuar en
materia de eficiencia energética, en consonancia con las pautas, las
directrices y la normativa del conjunto de la Unión Europea. Es más, el
Real Decreto 1085/1992, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento de actividad de distribución de los gases licuados del
petróleo, establece literalmente en su artículo 25 que las empresas
suministradoras de GLP deberán efectuar el suministro a todo peticionario
del mismo, y su ampliación a todo abonado que lo solicite, siempre que el
lugar donde deba efectuarse la entrega del gas se encuentre comprendido
en el ámbito geográfico de la autorización otorgada. Y en lo que respecta
a los agentes de mercado, la Ley 34/1988, de 7 de octubre, del sector de
hidrocarburos, mantuvo la figura del operador al por mayor pero modificó
la figura de la empresa suministradora, creándose en ese sentido el
comercializador a granel y también el comercializador de los gases al por
menor envasados. Pues bien, la citada Ley 34/1988, de 7 de octubre, del
sector de hidrocarburos, en el artículo 47.1 establece que la
comercialización al por menor de gases licuados del petróleo envasados se
realizará libremente, si bien en el artículo 47.3 dispone que solo podrán
establecerse pactos de suministro en exclusiva de gases licuados del
petróleo envasados entre los operadores y los comercializadores cuando se
garantice a los usuarios que lo soliciten el suministro domiciliario de
gases licuados del petróleo envasados. No voy a entrar en toda la
dinámica específica, en la que entrarán mis compañeros en el ámbito
concreto de las enmiendas, pero he querido justificar desde el punto de
vista normativo la adopción de estas medidas extraordinarias, vinculadas
a esa materia desde el punto de vista energético.

Para terminar, quiero poner de manifiesto lo que significa
el déficit del sistema gasista, que estaba reconocido nada más y nada
menos que a 31 de diciembre del presente año y que está siendo soportado
por los sujetos del sistema de liquidaciones, con la finalidad de que
este proyecto de ley y las medidas

que en él se contemplan procedan a la cuantificación para
determinar la liquidación definitiva de dicho déficit gasista
precisamente a la finalización del presente año. Este déficit será
financiado por los titulares de las propias instalaciones durante un
período de quince años, y su anualidad incluida como un coste del
sistema, reconociéndose un tipo de interés en condiciones equivalentes a
las del mercado.

En suma, señor presidente, rechazamos todos y cada uno de
los vetos porque entendemos que las medidas que el Gobierno de España ha
adoptado a través de un instrumento normativo constitucional
—insisto: un instrumento normativo constitucional que, en el
ejercicio de sus competencias, el Gobierno de España tiene la potestad
para llevar a cabo— sin lugar a dudas justifican, no solo su
adopción, sino su puesta en marcha. He tratado de poner de manifiesto con
brevedad la extraordinaria y urgente necesidad de algunas de esas
medidas, sin ir más lejos, el Plan de pago a proveedores y la
refinanciación para el conjunto de las entidades locales. Por todo ello,
y desde esta perspectiva, el Grupo Parlamentario Popular manifiesta su
voto en contra de los 5 vetos y al mismo tiempo su apoyo al proyecto de
ley remitido por el Gobierno a las Cortes Generales.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández de
Moya.

Concluidos los turnos a favor y en contra de los vetos,
continuamos con el debate. Es ahora el turno de los portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.

El señor Fernández de Moya ha explicado por qué el Grupo
Popular va a votar en contra de nuestros vetos, y me referiré a algunos
de sus argumentos porque creo que confirman los que a nosotros nos llevan
a presentarlos y a pedir que esta ley abandone de forma inmediata su
trámite, y nos reafirman en ellos.

Comparar un edificio del patrimonio público de la Junta de
Andalucía con el papel estratégico de los aeropuertos y puertos de España
da cuenta de cuál es el entendimiento del Partido Popular de los
instrumentos de política económica. Creo que eso es bastante interesante.
Efectivamente, no nos hemos podido referir a todos los elementos;
tendremos ocasión de hacerlo, bien aquí, bien en el trámite y debate en
el Pleno del Senado, en esta ceremonia donde el Poder Legislativo es un
absoluto convidado de piedra y también la sociedad civil organizada, que
se ve afectada por el grueso de medidas que aquí se ponen encima de la
mesa. Cuando se habla del fomento del comercio minorista lo que hay que
ver es el lenguaje y cómo se han ido desarrollando las cosas; en la
práctica esto es que las grandes superficies de nuestro país, que los
grandes comercios de nuestro país van a seguir machacando con más
eficiencia al pequeño comercio. Estas son las consecuencias de las
medidas que aparecen en este decreto, ligado también a los horarios. Y
cuando se habla del Plan de pagos a proveedores de lo que estamos
hablando es de seguir favoreciendo la recentralización en manos del
Ministerio de Hacienda de la política económica, fiscal, del conjunto de
ayuntamientos de nuestro país mediante un chantaje por parte del Gobierno
central, que se expresa a través de estas medidas. Y, efectivamente, se
sigue utilizando un elemento ideológico, pero en el peor sentido de la
palabra, cuando se habla de que en Andalucía pagamos los impuestos más
altos. Es verdad que tenemos el tramo autonómico del IRPF más alto de
toda España, dentro de los cauces que nos permite el Gobierno central.
Efectivamente, eso es así, al igual que ustedes están rebajando el IRPF a
las rentas más altas y eso no significa que se paguen menos impuestos. Lo
que significa es que los impuestos se pagan de otra manera y que los
pagan igual el señor Botín que los albañiles que esta mañana en mi
barrio... (Rumores). Bueno, la señora Botín, eso es hereditario también.
La cuestión de la fiscalidad y el balance entre impuestos directos e
indirectos, que forman parte de la manera en que entiende el Partido
Popular la política económica y la política fiscal, efectivamente, son
coherentes.

El señor Fernández de Moya, como siempre, intenta desviar
la atención del debate central. Y no voy a faltar el respeto a sus
señorías hablando de qué fue lo que ocurrió en la comisión de
investigación de los ERE que Izquierda Unida impulsó en el Parlamento
andaluz, y de que el Partido Popular tuvo el cinismo de votar en contra
de cosas con las cuales estaba de acuerdo para que no fuese Izquierda
Unida la que sacara patrimonio de aquello. El señor Fernández de Moya
sabe perfectamente a lo que se dedica el Partido Popular en Andalucía con
el espectáculo y el circo, y además sin legitimidad ninguna para hablar.
Cuando en el Congreso de los Diputados nos aprueben esa comisión que
nuestro grupo ha

pedido, la comisión de la verdad sobre la corrupción en
nuestro país y sobre los casos gravísimos de corrupción que aquejan al
Partido Popular y al seno del Partido Popular, hablaremos.

Efectivamente, lo ha dicho él y confirma mi caracterización
del señor Rajoy como bonapartista; se ha referido al señor Rajoy en los
mismos términos con que la historia nombra a Napoleón Bonaparte (Risas):
el más reformista de la historia de nuestro país. Efectivamente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.

Pasamos al turno de intervención del Grupo Vasco en el
Senado.

Tiene la palabra la senadora Iparraguirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias, señor
presidente. Buenos días, señorías.

Es verdad que nuestro grupo no ha presentado un veto a este
proyecto, pero no por ello dejamos de estar de acuerdo en varias, en
bastantes, de las afirmaciones que ya se han manifestado en la
presentación de los vetos o en las de los portavoces que me han precedido
en el uso de la palabra. Citaré algunas de ellas.

Estamos ante un proyecto de ley que, como ya se ha
comentado, modifica casi una treintena de leyes. Desde nuestro punto de
vista no se trata de legislar, sino, más allá de ello, de modificar todos
aquellos aspectos que no le gustan al Partido Popular de esas casi 30
leyes. Nuevamente estamos ante unas formas que, por supuesto, no
compartimos y ante las que yo misma en muchas ocasiones ya he manifestado
mi desacuerdo; una manera de legislar sin debate y que, siendo suave, me
atrevería a decir que con poco respeto al debate parlamentario y al
trabajo propiamente dicho de los parlamentarios. En el debate posterior
de las enmiendas se verá reflejado a lo que me refiero, a lo que también
ha hecho alusión anteriormente el senador Montilla y hemos visto en la
ponencia. Y lo veremos en el trabajo posterior al que me refiero, al que
tendremos que realizar a la hora de analizar las casi 600 enmiendas que
aquí se presentan, como hemos estado comentando antes, teniendo claro por
adelantado cuál es la postura del Grupo Popular. Pero no por ello deja de
ser parte del trabajo que a los parlamentarios nos corresponde.
Entendemos que las leyes las elabora el Parlamento, pero aquí nos
encontramos con una paradoja, y es que tenemos un Gobierno legislador,
que es el que nos presenta este proyecto de ley. Lo triste de todo lo que
estoy mencionando es que esta manera de legislar, este modo que han
elegido el grupo mayoritario y el Gobierno, no es la excepcionalidad,
sino últimamente lo habitual, lo que nos estamos encontrando, privando,
como digo, de todo debate a las Cámaras o por lo menos —como antes
se mencionaba— de un debate sosegado, entendiendo, repito, que es
una grave falta de respeto a la democracia parlamentaria, más allá de las
menciones que el senador Fernández de Moya ha realizado acerca de que
somos senadores y no magistrados; pero creo que la opinión de cada uno de
estos senadores es igualmente válida. Y no podemos olvidarnos de que el
proyecto de ley que hoy estamos debatiendo en esta comisión y que la
semana que viene debatiremos en el Pleno de la Cámara tiene su origen en
la figura del decreto ley, que, como también se ha comentado, está siendo
una práctica muy habitual —se ha mencionado el número de decretos
que lleva ya el Gobierno en la legislatura—. Y, por supuesto,
tampoco compartimos la urgencia para justificar la forma de legislar. El
senador Fernández de Moya no me ha llegado a convencer, a pesar de que ha
dado argumentos para la urgencia. Todo ello, en cuanto a las formas,
pero, por supuesto, tampoco estamos de acuerdo con el contenido, lo que
en el debate posterior de las enmiendas, o en el que se realice en el
Pleno, se reflejará con las que en concreto mi grupo ha presentado.

Aunque lo he dicho antes, me gustaría referirme, dentro de
esas formas, a la tónica, que suele ser la de no aceptar apenas
enmiendas, y mucho menos en esta Cámara. Estamos excesivamente
acostumbrados a escuchar que ya en el trámite del Congreso han sido
aceptadas algunas de ellas, y puedo decir que en nuestro caso en concreto
en este proyecto de ley algunas de las enmiendas presentadas han sido
transaccionadas a propuesta del Partido Popular; y las hemos aceptado.
Pero, hilando con lo que antes mencionaba sobre el trabajo de los
parlamentarios, nos sigue pareciendo que no es lo adecuado.

El señor Fernández de Moya nos ha dicho que extrañaba
enormemente no haber oído hablar de algunos aspectos en las
intervenciones de los portavoces que me han precedido, pero yo le
trasladaría que los demás, o por lo menos esta senadora también echa
enormemente en falta no escuchar ninguna razón de peso a la hora de
justificar la no aceptación, continua, de ninguna enmienda; y recalco lo
de ninguna, porque viene a ser lo habitual, más allá de que en algunos
casos las aceptadas puedan ser técnicas o de modificación de alguna que
viene del trámite del Congreso.

Por último, me gustaría hacer una reflexión. Se habla de la
búsqueda de acuerdos, y entendemos que en el proceso de debate, que en el
trámite parlamentario se presentan las enmiendas que los grupos
consideran oportunas para modificar el texto presentado con el fin de
llegar a algún acuerdo. Y llama la atención, precisamente cuando estos
últimos días —tan en el candelero, en las noticias—, como
justificación para la retirada de una tan polémica ley el presidente del
Gobierno español hace referencia a la búsqueda de un acuerdo amplio,
consenso o de otra manera, que no sea esa la fórmula que vemos aquí.
Repito, y lo hemos comentado antes con algún senador, que el acuerdo es
cosa de dos, que tiene que haber voluntades, pero la voluntad para la
búsqueda del acuerdo va más allá de que el acuerdo sea lo que yo planteo,
que sea lo que prevalezca en esa búsqueda. Y eso es lo que nos vamos
encontrando aquí: eso es lo que yo planteo. Se traen modificaciones, que
sería la manera en la que pudiéramos llegar a un acuerdo, y la respuesta
que nos encontramos es la que hemos visto hace un rato en la ponencia y
la que, desgraciadamente, podría anticipar que será la que veamos tras el
debate del Pleno de la próxima semana.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Iparragirre.

Por el Grupo de la Entesa, tiene la palabra el senador
Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Sí, intervengo brevísimamente
para incidir solo en uno de los aspectos que ha salido a lo largo del
debate. Se pone de relieve que, por supuesto, el Gobierno está en su
derecho, actúa con legitimidad y dentro de la legalidad a la hora de
utilizar la figura del decreto ley. Pero hay una cosa sobre la que
conviene reflexionar: en ninguna legislatura, ni del Partido Socialista
ni tampoco del Partido Popular, se ha aprobado, se ha usado y se ha
abusado tanto del decreto ley. Esto es una cosa absolutamente
incontestable.

Por supuesto, hay temas que son urgentes, y precisamente
para los que son urgentes la propia Constitución previó esta posibilidad
para uso del Gobierno. Pero no todos los temas son urgentes, y mucho
menos está justificada la tramitación por urgencia, la tramitación
parlamentaria del decreto ley además por el trámite de urgencia. Porque,
por supuesto, puede haber algunas cuestiones reguladas en esta ley que
pueden ser urgentes, y aquí se ha puesto de relieve alguna, que no voy a
discutir. Pero ¿de verdad son urgentes las modificaciones de la
prácticamente treintena de leyes que aborda esta ley? Yo creo que no. Lo
que ponen de relieve, entre otras cosas, es una mala praxis legislativa y
mucha improvisación. Hay temas que hacen referencia a materias que, sin
ningún género de dudas, tenían una perfecta conexión con leyes en
tramitación parlamentaria en el último semestre; una conexión material
con aspectos que se regulan aquí en materia de energía, de fiscalidad y
otras. Y no se ha hecho, y no sé si es que no era urgente en aquellos
momentos. Por tanto, como digo, eso responde a una cierta improvisación y
a una mala praxis legislativa. Y, sin erigirnos, al menos yo, en
magistrado del Tribunal Constitucional, que no lo soy, sobre la
constitucionalidad o no de este tema, sí quiero poner de manifiesto,
repito, una mala praxis legislativa y una, eso sí —se nos ha de
permitir en tanto que tenemos la posibilidad de presentar los recursos
pertinentes—, dudosa constitucionalidad de este uso y abuso, más en
el caso concreto de este proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, muy buenos días.

Mi grupo parlamentario no ha presentado vetos a este
proyecto de ley porque hay aspectos que podemos compartir, y deseábamos y
esperábamos una evolución positiva del mismo. Pero, dadas las
circunstancias y por los motivos que a continuación voy a exponer, vamos
a apoyar los vetos presentados y, por tanto, no vamos a apoyar el
proyecto de ley.

Se está aprobando un real decreto ya convalidado que
modifica nada más y nada menos —se ha reiterado por todos los
portavoces anteriores— que 26 leyes, y no hay ninguna necesidad de
urgencia ni de uso del real decreto en términos generales; es posible que
haya alguna cuestión que merezca algún real decreto —es posible que
haya alguna— pero en la gran mayoría de los casos no es
justificable.

Ello nos lleva, una vez más, a constatar que no se respeta
la actividad legislativa ni la actividad parlamentaria. No hay
transparencia en la actividad legislativa, y los ciudadanos se van a ver
claramente perjudicados por esta actuación del Gobierno, porque se
adoptan medidas que afectan nada más y nada menos que a 9 ministerios en
un solo documento y en trámite de urgencia, lo que implica que, dada la
complejidad de la ley, se hace prácticamente inviable tener una visión de
conjunto que realmente sirva para dar credibilidad al título que la
sostiene: medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la
eficiencia.

Hay un proceso grave de recentralización de competencias,
de vulneración de competencias, de ausencia de voluntad negociadora y
evidentemente de debate. Uno de los ejemplos más graves es que por la Ley
de garantía de la unidad de mercado, a la cual nos opusimos de manera
frontal, están perjudicando el comercio de manera gravísima, los modelos
de comercio y las competencias de las comunidades autónomas, y por tanto,
el comercio de proximidad. Este es simplemente un ejemplo. Pero no
solamente es esto, es que de las 566 enmiendas presentadas por los
distintos grupos parlamentarios, en ponencia no se ha aceptado ni una, y
dudo mucho de que en el poco tiempo que nos queda desde aquí hasta el
Pleno acepten alguna.

Ustedes, lo he reiterado en otras ocasiones, confunden la
mayoría absoluta con estar en posesión de la razón absoluta, y menoscaban
el trabajo que estamos realizando en representación de los ciudadanos que
nos votaron. Pero si eso ya no es admisible, además no nos permiten
debatir algunas enmiendas que hemos presentado; y yo, en nombre de mi
grupo, quiero expresar mi más enérgica protesta, porque hay 2 enmiendas
cuyo debate no se ha permitido por la Mesa, las números 511 y 521.
Entiendo que es un despropósito que no se admitan estas enmiendas a una
ley que es un poti poti, que es una ley ómnibus, como he dicho, que
modifica 26 leyes, como se ha comentado.

En definitiva, una de nuestras enmiendas, es de carácter
fiscal, la número 511 —en el Congreso era la 417 y, por tanto, se
debatió— y otras se refieren a la organización de la
Administración, como la número 521 —en el Congreso, número 330, que
también se debatió—, que explicaré en el bloque
correspondiente.

Si el Gobierno tramita un proyecto de ley ómnibus donde
todo cabe, en teoría para mejorar la competitividad y la eficiencia, no
entendemos qué sentido tiene que la Mesa del Senado con posterioridad
quiera acotarlo. Enmiendas que, por otro lado, como he dicho, fueron
presentadas y debatidas en el Congreso de los Diputados; es decir, que no
solo no se aceptan enmiendas sino que además no se permite el debate de
algunas.

Asimismo, desde la perspectiva técnica y material, el
objetivo y el contenido de las enmiendas números 511 y 521, presentadas
por mi grupo parlamentario Convergència i Unió al proyecto de ley,
cumplen con las exigencias de conexión y homogeneidad entre la enmienda y
el proyecto de ley a enmendar. Por tanto, es un abuso más que queremos
denunciar y que deseamos que los ciudadanos conozcan.

Por todo ello, mi grupo no va a dar apoyo a este proyecto
de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Una precisión de esta Presidencia: sabe su señoría que, de
conformidad con el artículo 36.2, podrá establecer la oportuna petición
para que sea reconsiderada la decisión de la Mesa de entender que carece
de conexión la enmienda que su señoría ha citado con el objeto de la
tramitación de este proyecto de ley. En cualquier caso, respetaremos la
decisión final de la Mesa del Senado.

Continuamos. Tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, senador Alique.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señor Fernández de Moya, yo no soy magistrado del Tribunal
Constitucional cuando afirmo que es inconstitucional: le digo que mi
grupo ha presentado un recurso de inconstitucionalidad y lo argumento; e
imagino que usted tampoco es magistrado del Tribunal Constitucional
cuando afirma que esta ley es constitucional. Por tanto, veremos qué dice
el Tribunal Constitucional. Pero —como han dicho ya varios
portavoces que me han precedido— es evidente que en treinta y cinco
años de vigencia de la Constitución española ningún Gobierno ha hecho
abuso y uso tan frecuente del real decreto legislativo; y en la práctica,
el Gobierno del señor Rajoy ha convertido esta figura institucional en la
forma común de gobernar, ni siquiera lo hizo el Gobierno del señor
Aznar.

Como he dicho antes, este real decreto ley, tramitado ahora
como proyecto de ley, es un espectáculo bochornoso, porque en el fondo
esconde el desarrollo de lo que hubiesen sido, como mínimo, 8 proyectos
de ley, y por tanto supone una nueva agresión de este Gobierno al
Parlamento español, a esta Cámara; y al hurtar el debate de esos como
mínimo 8 proyectos de ley que deberían tener como desarrollo, están
escondiendo los informes y los dictámenes oportunos de los órganos
consultivos que serían necesarios: el del Consejo Económico y Social,
para el empleo, o, por ejemplo el del Consejo de Estado para temas de
energía, en concreto de eficiencia energética, que luego les comentaré.
Les recuerdo que ustedes utilizan este procedimiento, que llaman de
urgencia y excepcional, para modificar casi 30 leyes que afectan a 9
ministerios sobre materias inconexas. Eso, al menos, tiene visos de no
ser constitucional, por eso el Grupo Socialista presenta un recurso de
inconstitucionalidad y en parte basamos el veto en este asunto.

Usted decía que el señor Rajoy va a pasar como el
presidente más reformista —yo le había entendido contrarreformista,
pero me ha dicho que no, que usted decía reformista—, porque para
ustedes ahora reformar es retroceder, porque si ustedes consideran
reforma a la reforma laboral, que supone un retroceso de derechos de los
trabajadores, bajadas de salarios y al mismo tiempo aumento del paro
—ya han aumentado un millón de desempleos con ustedes—.
¿Recuerda cuando decían: si buscas empleo, vota al Partido Popular? Otra
mentira más del Partido Popular, porque ustedes están destruyendo
empleo.

Y cuando hacen la reforma del aborto, que va contra los
derechos de las mujeres, no creo que sea una reforma. Afortunadamente,
ahora la retiran, pero es evidente que por razones sondeocampistas,
porque de lo que están preocupados es de lo que opina la gente. Cuando
ustedes hacen lo que llaman reforma de la justicia, ustedes están
cerrando la puerta a miles de ciudadanos que no van a poder acceder a la
justicia, y eso es un retroceso, es una contrarreforma.

Ustedes llaman reforma a lo que es en el fondo un cambio de
modelo económico y social, como lo conocíamos hasta ahora, cambiando
servicios públicos por negocio privado —como hacen, por cierto, en
este proyecto de ley con AENA, con los aeropuertos, en un claro perjuicio
a los derechos a la movilidad de muchos españoles que viven en las islas,
o para el desarrollo y el empleo de muchos territorios de España; o como
hacen en este mismo real decreto ley con el registro civil,
privatizándolo—.

El problema es que el Gobierno del señor Rajoy gobierna por
decreto, y gobierna por decreto en contra, como decía anteriormente, del
interés general, porque para ustedes es muy pesado venir al Parlamento y
debatir las leyes, es muy complejo pedir los informes al Consejo
Económico y Social, etcétera; ustedes lo que hacen es abusar de su
mayoría absoluta e imponer las leyes; ya no les basta solo con la mayoría
absoluta, que pueden utilizar para aprobar el proyecto de ley, sino que
recurren al decretazo, recurren a los decretos leyes. Nosotros no creemos
que sea urgente privatizar AENA, para ustedes parece que sí, nosotros
pensamos que no es urgente privatizar el registro civil, es más, no
creemos que haya que privatizar AENA o el registro civil.

Hablan ustedes de que es urgente modificar la Ley de
garantía de unidad de mercado. ¡Si es que la hemos aprobado hace seis
meses! ¿Ustedes no vieron entonces que había que eliminar trabas hace
seis meses? Y resulta que ahora es urgente modificar esa ley que hace
seis meses aprobó esta Cámara. Ustedes podían haber utilizado este real
decreto ley, por ejemplo, para modificar algo que sí es urgente y que
hemos denunciado en más de una ocasión en esta Cámara que no funcionaba:
el IVA de caja, ya que las pymes y los autónomos de este país seguían
ingresando el IVA de las facturas a pesar de que no lo cobraban y de que
ustedes incumplían una promesa electoral. Ayer el señor Montoro reconoció
que hay modificarlo, porque no funciona, ya que solamente se han
beneficiado 22 000 pymes y autónomos, cuando potencialmente se deberían
haber beneficiado 2 millones.

Ha hablado usted de la energía. Permítame que me detenga un
poco en este asunto. Dicen que utilizan este real decreto ley con
carácter urgente y excepcional para trasponer una directiva comunitaria.
Aquí se saltan la ley, en este caso la Constitución, por 2 lados:
primero, porque a ustedes se les pasó el plazo el día 5 de junio, ahora
la trasponen parcialmente, no todos los artículos, y encima lo hacen
contra el artículo 107 de la Constitución, que en el caso de las
directivas comunitarias obliga a que haya un informe del Pleno del
Consejo de Estado, que legislando mediante un real decreto ley ustedes lo
evitan. Segundo, por el artículo 86. O sea que trasgreden la Constitución
por 2 lados: por el artículo 107 de la Constitución y por el 86.

Hablaba usted del gas. Lo que hacen con este real decreto
ley es decir: tenemos un problema, hay un déficit del gas de 800 millones
de euros hasta el año 2014 y se lo trasladamos a los ciudadanos. Los
consumidores lo van a pagar en el recibo del gas. Eso es lo que ustedes
están aprobando, pero no están

solucionando los problemas para que no haya déficit a
futuro, como ocurre en el sector eléctrico. Y hablando de energía, podían
haber aprovechado este real decreto ley, por ejemplo, para que de una vez
por todas España deje de ser el país en el que más márgenes empresariales
tienen las petroleras cuando venden el gas y el petróleo en las
gasolineras —que dominan mayoritariamente 3 grandes gasolineras en
nuestro país—; recientemente conocíamos que hay un margen superior
al resto de la Unión Europea, un 10% más de márgenes empresariales en
España respecto al petróleo, cuando sabemos que aquí en España los
impuestos son menores. Por tanto, ahí hay un problema que hay que atajar
y que ustedes no aprovechan a hacerlo. O podían haber aprovechado para
democratizar la energía, aprobando el autoconsumo en nuestro país. Ya sé
que esto perjudica a las grandes eléctricas, pero beneficia a los
ciudadanos.

Hay otro asunto. Hablan ustedes de la garantía juvenil
—por cierto, ese plan de garantía juvenil lo tenían que haber
llevado a cabo hace un año— cuando es evidente que no les interesa
mucho, incluso no cuentan con los servicios públicos de empleo. Lo
demuestra el que la señora Báñez recientemente se haya permitido el lujo
de no asistir a un encuentro que se ha producido en Europa, en Finlandia.
Parece que el Gobierno del Partido Popular solamente asiste cuando hay
reuniones, como dice el Gobierno, de alto nivel; es decir, cuando hay
canapés y cava por medio. Pues fíjense, a este encuentro han asistido
países como Alemania o Francia, porque se estaba debatiendo cómo
aprender, o qué se podía aprender de otros países para la implantación de
un plan comunitario de garantía juvenil que garantice precisamente el
trabajo de nuestros jóvenes y evitar su exclusión social. Que no creen en
ello es evidente, no asisten a esas reuniones, y que no creen en ello es
evidente porque no legislan —legislan hoy, pero legislan mal—
para solucionar ese problema.

Por tanto, estamos hablando de un real decreto ley, como
digo, que modifica casi 30 leyes, que afecta a 9 ministerios y que lo que
evidencia es, ni más ni menos, que ustedes con esta maniobra han
pretendido evitar el debate en el Parlamento o llevarlo a un debate ex
post como el que estamos haciendo en este momento, que de nada servirá
porque además ustedes lo tienen claro. Quieren liquidar esto lo más
pronto posible y por eso no admiten absolutamente ninguna enmienda.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Alique.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Fernández
de Moya.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señor
presidente.

Una cuestión previa o de orden por la interpretación que
hayan hecho los portavoces. Yo he dicho que el decreto ley es un
instrumento normativo constitucional contemplado en el artículo 86 que
requiere la concurrencia de presupuestos de hecho habilitantes
establecidos por el constituyente y por la doctrina del Constitucional y
que es el ejercicio de una competencia normativa residenciada en el
Gobierno de España. Eso es lo que yo he dicho, lo que repito y lo que
reitero. ¿A quién corresponde la interpretación de la Constitución?
Nosotros haremos una interpretación política —cada senador en el
ámbito de su grupo parlamentario—, pero la certeza, la seguridad
jurídica y la certidumbre normativa la dará el Tribunal Constitucional,
que es al que corresponde en última instancia la interpretación de la
Constitución española.

Ahora bien, señoría, llevamos cuarenta años de democracia.
El decreto ley se ha utilizado 560 veces, por todos los gobiernos de
España, sin excepción. A lo largo de los cuarenta años de democracia, 560
veces las Cortes Generales han vivido la tramitación de esta figura
normativa constitucional establecida en el artículo 86.

Senador Alturo, si usted me alude a la Constitución, al
decreto ley, y lo critica, yo le reenvío del artículo 86 al artículo 1:
«La soberanía nacional reside en el pueblo español». Ya sé a quién dan
ustedes cuartelillo: al independentismo y al soberanismo. Lo que no vale
es utilizar la Constitución para definir el artículo 86 como decreto ley,
pero después el artículo 1, que residencia la soberanía nacional en el
pueblo español, usted ni lo menciona. «... reside en el pueblo español,
del que emanan los poderes del Estado» —Constitución, artículo 1,
título preliminar—. No establece ningún proceso, ni soberanista ni
independentista. Ya sabemos a quién dan ustedes cuartel en Cataluña, y en
ese punto no citan la Constitución, la citan cuando les interesa, pero la
omiten cuando, evidentemente, no les interesa.

Señor Mariscal, hay un gesto que le honra y es que ha
reconocido que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha una operación de
venta de bienes patrimoniales para obtener liquidez y, por lo tanto,
recursos que lleguen a su tesorería, porque ustedes tienen severísimas
dificultades económicas y financieras. Usted no lo ha dicho aquí, pero yo
sí lo voy a decir. El Gobierno del presidente Rajoy, con

el FLA —Fondo de Liquidez Autonómica— y el Plan
de pago a proveedores, le ha dado a Andalucía la nada despreciable
cantidad de 18 000 millones de euros, que a ustedes les ha permitido,
entre otras cosas, pagar las nóminas de los empleados públicos de la
Junta de Andalucía. Lo digo porque no se puede tener un discurso en el
Parlamento de Andalucía de confrontación pura y dura con el Gobierno de
España sin reconocer que sin la ayuda de este Gobierno su liquidez y su
tesorería no solo se hubiese resentido, es que simple y llanamente era de
encefalograma plano y no tenían recursos para hacer frente ni a pago de
nómina ni a servicios públicos esenciales en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Señor Mariscal, cuando quiera vamos a un debate sobre
reformas tributarias, pero —lo dicen todos los medios—
Andalucía se consolida como la región con más y mayores impuestos, señor
Mariscal, y no es el tipo de gravamen establecido en el ámbito del
impuesto sobre la renta. ¿Por qué no me repasa el tipo autonómico del
IRPF? ¿Por qué no cita usted aquí el tipo de gravamen de transmisiones
patrimoniales onerosas? ¿Por qué no cita usted aquí el tipo de gravamen
de actos jurídicos documentados? ¿Por qué no dice usted que el impuesto
sobre el patrimonio, que está en el 3,03, es uno de los más altos de
España? Por cierto, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, impuesto
sobre el patrimonio, el de los ricos, el que ustedes suprimieron y que
después tuvieron que dar marcha atrás. El Partido Socialista, con
Zapatero a la cabeza, suprimiendo el impuesto de los ricos. Señor
Mariscal, ¿por qué no cita usted aquí, ya que habla de los ricos y de las
personas que menos recursos tienen, de que la Junta de Andalucía, con su
apoyo, ha puesto en marcha dos cánones del agua, uno fijo y otro
variable: uno fijo, donde los andaluces pagamos un euro al mes —el
rico y el que está en el paro—, y otro variable, en función del
consumo, por el que la Junta ha recaudado 200 millones de euros, que
tenía un carácter finalista para infraestructuras hidráulicas que no se
han puesto en marcha en la comunidad autónoma? Eso es tributación
también. Eso es meter la mano en el bolsillo de los andaluces. Un euro el
mes en un canon fijo y la factura se gira trimestralmente: 3 euros, para
el rico y para el que está parado. Señor Mariscal, ponga encima de la
mesa un debate serio, un debate sosegado, cuando usted quiera, sobre
reforma tributaria y explique también a un andaluz que cuando habla del
impuesto sobre sucesiones y donaciones es de los que más paga de España.
Váyase a la base imponible de 175 000 euros, liquide el impuesto y
compárelo con el resto de comunidades autónomas. De los que más pagamos
en España. Por lo tanto, el debate, cuando quiera.

Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, siempre que
hablan de empleo se me vienen inmediatamente dos reflexiones a la cabeza.
Con Zapatero, ustedes llenaron España de carteles por el pleno empleo.
¿No se acuerdan? Y engañaron a la sociedad española, con 3 millones de
parados. Hombre, señoría del Grupo Parlamentario Socialista, cuando hable
de desempleo mire a la comunidad autónoma que lidera el paro en España:
Andalucía, con más de un millón de parados. ¿O va a discutir usted
también el dato de paro registrado por la EPA? ¿Ese también lo discute?
Andalucía lidera el paro de la nación española; 32 años ininterrumpidos
de gobiernos socialistas. ¿De quién es la responsabilidad? Tienen
transferidas las políticas activas de empleo de forma íntegra desde el
año 2002, en manos también de la comunidad autónoma. Por lo tanto,
celebremos un debate, pero pongamos sobre la mesa argumentos mínimamente
coherentes y sólidos. Es curioso que ustedes aquí defiendan una cosa y
que donde gobiernan y tienen responsabilidad de gobierno hagan justamente
la contraria.

Señor Mariscal, yo no he mencionados los ERE —es que
les traiciona el subconsciente—, he señalado que ayer y hoy está
teniendo lugar un Pleno en el Parlamento de Andalucía en el cual se
incluye la solicitud de una comisión de investigación acerca de un nuevo
escándalo en Andalucía: los cursos de formación —este es otro, no
son los ERE—, y ustedes han votado que no. Eso, en palabras suyas,
es un atentado a la democracia ¿o es un ejercicio de transparencia? ¿Eso
qué es, señor Mariscal? Que ustedes, con su voto, no estén consintiendo
que el Poder Judicial —al que atacan un día sí y otro también desde
el Partido Socialista en la persona de la jueza Alaya— investigue
en Andalucía un nuevo frente judicial abierto, y se conviertan en
tapavergüenzas del Partido Socialista en el Parlamento andaluz, ¿eso qué
es, señor Mariscal? Porque usted no puede decir aquí una cosa y hacer la
contraria en el Pleno del Parlamento de Andalucía. Es bueno que se
conozca que usted practica un doble lenguaje: aquí dice una cosa, pero
cuando tiene que votar en aras de la transparencia, de la investigación y
de que los andaluces conozcamos el destino de esos recursos públicos,
usted vota en contra. Esa es la realidad. (El señor Mariscal Cifuentes:
Yo no soy diputado.) Le hablo de su fuerza política.

Para terminar, señor presidente, quiero poner sobre la mesa
una vez más el apoyo del Grupo Parlamentario Popular a este proyecto de
ley. Insisto: 560 veces, 560 decretos leyes en cuarenta años de

democracia. Y reitero una vez más que este proyecto de ley
contempla medidas que benefician en el presente y en el futuro a toda la
sociedad española. Y por mucho que le pese al Partido Socialista, el
señor Rajoy será el presidente más reformista de la etapa democrática que
ha tenido la nación española.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Fernández de
Moya.

Concluido el debate, agradezco a los portavoces el
cumplimiento de los tiempos y las formas empleadas, además de lo que
hemos aprendido de algunos otros Parlamentos sobre ciertas cuestiones,
que esta Presidencia ha entendido que beneficiaban al debate, y, por
tanto, no les he interrumpido en ese ejercicio de libertad para que
ustedes pudieran defender sus posiciones. En cualquier caso, considero
que ha sido un debate armónico que ha cumplido con los tiempos
previstos.

Comprobadas las asistencias por la señora letrada, pasamos
a la votación de los vetos.

Les recuerdo que solamente pueden votar los miembros de la
comisión y aquellos senadores que formalmente estén sustituyendo a algún
miembro de la misma.

Procedemos a la votación de los vetos.

Veto número 2, de la senadora Capella i Farré, del Grupo
Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el veto número 2, de
la senadora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.

Pasamos a la votación del veto número 1, de los senadores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario
Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el veto número 1, de
los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes.

Pasamos a la votación del veto número 4, de los senadores
Guillot Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el veto número 4, de
los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta.

Pasamos a la votación del veto número 5, de los senadores
Almiñana Riqué, Sequera García, Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí
Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, todos ellos del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el veto número 5, de
los senadores a que he hecho mención, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya.

Pasamos a la votación del veto número 3, del Grupo
Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el veto número 3, del
Grupo Parlamentario Socialista.

Concluido el debate y votación de los vetos presentados al
proyecto de ley, pasamos a continuación, sin dilación alguna, al debate
de las enmiendas. Tal y como se ha señalado al inicio de la comisión,
dicho debate se sustanciará en 8 bloques.

Comenzamos con el debate del primer bloque: financiación e
impulso a la actividad económica, relacionado con el título I, capítulos
I a III, artículos 1 a 15 y nuevos, las disposiciones adicionales nuevas,
Anexo I y exposición de motivos, apartados II y III.

En este bloque se debaten las siguientes enmiendas: 15 a 19
y 139, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del
Grupo Parlamentario Mixto; 541 a 545 y 562, del Grupo Parlamentario Vasco
en el Senado; 228, 229, 370 a 381, 443 a 445 y 455, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés

de Catalunya; 458 a 467, del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado Convergència i Unió, y 205 a 220, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Les recuerdo que para la defensa de las enmiendas disponen
de un tiempo máximo de cinco minutos.

Para la defensa de las enmiendas 15 a 19 y 139 tiene la
palabra el senador Mariscal Cifuentes.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.

Doy las enmiendas por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.

Para la defensa de las enmiendas 541 a 545 y 562 tiene la
palabra la senadora Iparragirre, del Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, señor
presidente.

Las 6 enmiendas que hemos presentado hacen relación a una
cuestión clave para nosotros: el comercio interior como competencia
exclusiva autonómica. Nos parece inaceptable la vulneración competencial
que contempla este proyecto de ley, y por ello hemos presentado estas
enmiendas.

Dejo para el debate en el Pleno el desarrollo de cada una
de estas enmiendas y las doy por defendidas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Iparragirre.

Para la defensa de las enmiendas 228, 229, 370 a 381, 443 a
445 y 455 tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias.

Doy por defendidas las enmiendas presentadas por Entesa pel
Progrés de Catalunya correspondientes a este bloque.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Montilla.

Para la defensa de las enmiendas 458 a 466 tiene la palabra
el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor
presidente.

Doy por defendido este bloque de enmiendas, que debatiremos
en el Pleno porque afecta a cuestiones especialmente preocupantes para
nuestro grupo parlamentario como es la aplicación de la Ley de unidad de
mercado, que afecta al comercio, al tipo de comercio y a las zonas
turísticas, y vulnera gravemente las competencias de las comunidades
autónomas y, por tanto, el comercio de proximidad, que, en definitiva,
constituye un modelo, especialmente en Cataluña.

Ampliaremos todas estas cuestiones al defender las
enmiendas en el Pleno y las doy todas por defendidas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Para la defensa de las enmiendas números 205 a 220, tiene
la palabra el senador Ortiz, por el Grupo Parlamentario Socialista.

El señor ORTIZ MOLINA: Muchas gracias, señor
presidente.

En el preámbulo del proyecto de ley que nos ocupa se
plantea como objetivos fundamentales, en su vertiente más económica,
fomentar la competitividad y el funcionamiento eficiente de los mercados,
mejorar el acceso a la financiación y fomentar la empleabilidad y la
ocupación.

Sin embargo, a nuestro juicio, este Real Decreto Ley 8/2014
en ese campo específico tiene mucho que ver con la improvisación, con la
práctica habitual del PP de tratar de guardar las apariencias y con el
hecho de favorecer a las grandes superficies en perjuicio del pequeño
comercio, con unas consecuencias que, a nuestro juicio,
inexplicablemente, perjudican la creación y el mantenimiento del empleo
en lugar de favorecerlo.

Con este real decreto, el Grupo Popular pretende transmitir
la idea de que quieren dar un impulso a la financiación y al crédito para
las pymes y su internacionalización. Esto supone reconocer que después de
tres años de Gobierno del señor Rajoy nuestras pequeñas y medianas
empresas no disponen de los recursos financieros adecuados.

Les agradecemos este reconocimiento por lo que supone de
autocrítica porque, efectivamente, en España no fluye el crédito para las
pymes, siendo este el principal obstáculo para el crecimiento de nuestra
economía; pero no se comprometen en serio, se conforman —como
decía— con aparentar. En realidad, la financiación que pretenden se
aleja —y mucho— de las necesidades reales; por eso les
proponemos un sustancial incremento de la esta. Igualmente, proponemos la
creación de un banco público de inversión a los efectos de evitar la
dispersión de los diversos programas de actuación, y la articulación de
un marco de colaboración público-privada que favorezca de manera
comprometida la financiación real de la pequeña y mediana empresa.

En el ámbito del comercio interior, pilar básico de
cualquier economía, y respecto a las grandes superficies y el pequeño
comercio en particular, con una gran afectación para este último, han
practicado una radical liberalización de horarios, y también un radical
incremento de facilidades para la implantación de grandes superficies
comerciales en los centros de las grandes ciudades.

El resultado ha sido que desde que gobierna el señor Rajoy
y el Partido Popular se han perdido cerca de 500 000 empleos en el
pequeño comercio, y este proyecto de ley lo que hace es agravar la
situación. Con este proyecto de ley pretenden dar una nueva vuelta de
tuerca a lo que ya se ha demostrado un modelo fracasado.

Acepten, señoras y señores del Partido Popular, nuestras
enmiendas de supresión y evitaremos una nueva agresión al comercio de
proximidad minorista y en gran medida tradicional. No se romperá el
consenso en materia de horarios comerciales y, además, evitaremos un
vaciamiento injustificado en materia competencial de las comunidades
autónomas, que seguro que tendrá su respuesta. A esto habría que añadir
una mejora sustancial en el seguimiento de la evolución del sector con la
creación, mediante consenso, del observatorio de la distribución
comercial.

Este proyecto de ley se podría aprovechar para atajar un
grave problema que se avecina para ese pequeño comercio tradicional. A
tal efecto, les proponemos una prórroga de las condiciones singulares
vigentes para los contratos de arrendamiento de local de negocio
celebrados antes del 9 de mayo de 1985. Consideramos que, dadas las
circunstancias de persistente crisis, esa medida parece imprescindible y
perfectamente justificable; a lo que deberíamos sumar, además, la
creación de una línea específica de ayudas para ese tipo de negocio.

Sobre la regulación que pretende el proyecto de ley con
relación al pago con tarjeta electrónica, proponemos la eliminación de
tasas para pagos menores de 20 euros —tal y como viene ocurriendo
en los países de nuestro entorno—, y una mejora sustancial en los
costes; lo cual es perfectamente posible de acuerdo con la normativa
comunitaria, la que está establecida y la que está en tramitación. Esto
supondría un claro beneficio para los usuarios e incentivaría el uso de
este medio de pago incluso en pequeñas transacciones, con una incidencia
muy específica en el ámbito de la población más joven.

Finalmente, y con independencia de la posibilidad que se
otorga en el artículo 3 del proyecto de ley de cancelar las operaciones
de préstamos formalizadas por las entidades locales con el fondo para la
financiación de los pagos a proveedores, para aquellas entidades locales
que por cualquier causa no procedan a tal cancelación proponemos que se
establezca la obligatoriedad de revisión de las condiciones financieras
de los mecanismos de financiación para el pago a proveedores en aquellos
supuestos en los que sea posible mejorar la financiación del Tesoro
público a largo plazo o cuando, por cualquier circunstancia, sea posible
la mejora o flexibilización de dichas condiciones.

Señor presidente, señorías, estimamos que esta serie de
propuestas no perjudica las teóricas bondades que pretende este singular
proyecto de ley; por el contrario, las favorece y, sobre todo, la mejoría
sería sustancial si se aceptaran nuestras enmiendas, al establecer
disposiciones que verdaderamente dan respuesta a demandas reales de
nuestra economía.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ortiz.

Para un turno en contra, tiene la palabra el senador
Aroca.

El señor AROCA SÁEZ: Muchas gracias, presidente.

De forma breve, en contestación a este primer bloque de
enmiendas sobre financiación e impulso a la actividad económica, nosotros
entendemos que las medidas que en él se recogen están enfocadas para el
crecimiento y para que nuestra economía sea mucho más competitiva.

Es cierto que los diferentes portavoces de los grupos
políticos han dado las enmiendas por defendidas. Anuncio que nosotros
vamos a dar por rechazadas las presentadas en este primer bloque y,
contestando

al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que ha
hecho un resumen de sus enmiendas, debo decirle que a lo largo del debate
que tendrá lugar en el próximo Pleno daremos cumplida información y
justificación de por qué el Grupo Parlamentario Popular rechaza estas
enmiendas. Bien es cierto que no estamos de acuerdo con el planteamiento
que hace el Grupo Parlamentario Socialista como, por ejemplo, en materia
de financiación, pues todos tendremos que saber de dónde venimos y hacia
dónde vamos, y considero que las cosas están bastante mejor que hace unos
años. No nos conformamos, ni muchísimo menos, con la mejoría que estamos
teniendo en los últimos meses; tenemos que profundizar en lo que decía el
anterior portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Enrique Fernández
de Moya, en seguir ahondando en ese espíritu o vocación reformista que
tiene el Grupo Parlamentario Popular, que es el grupo que sustenta al
Gobierno de Mariano Rajoy. Vamos a seguir profundizando en ello, y para
ello se van a abrir los nuevos fondos ICO, se van a abrir nuevas ayudas
para la internacionalización de tantas empresas que se han ido
incorporando en los últimos años. Es cierto que hay una ralentización de
las exportaciones, pero también es verdad que en estos momentos seguimos
manteniendo una subida incluso por encima de países como Francia, como
Italia, como Reino Unido, que están bajando su nivel exportador.

También en este primer bloque hay una ayuda al plan de pago
a proveedores; un plan que ha venido a salvar a muchísimas empresas y a
muchísimos trabajadores. De no haberse puesto en marcha con la
determinación del Gobierno de Mariano Rajoy, hoy estaríamos viendo que la
población española tendría muchos más empleados o gente fuera del mercado
laboral y muchos más comercios y empresas —sobre todo pequeñas, y
empresas familiares— que hubiesen cerrado ante la falta de crédito
por parte de las administraciones locales para hacer frente a los
compromisos adquiridos a la hora de obtener bienes y servicios en favor
de los ayuntamientos. Por lo tanto, esta modulación y esta refinanciación
que plantea el Gobierno, a nuestro juicio, es un acto positivo.

Se habla mucho de la liberalización de los horarios
comerciales, se habla mucho de las grandes superficies, se habla mucho de
las zonas de gran afluencia turística. Nosotros consideramos que
precisamente hay que aprovechar el gran tirón de turistas que tenemos en
estos momentos, de personas que nos visitan: el año pasado más de 60
millones de turistas dejaron unos dividendos, un dinero aproximado de 61
000 millones de euros. Es el momento adecuado, es el momento de
aprovechar estos recursos, es el momento de aprovechar que viene tanta
gente a visitar nuestras ciudades y, por lo tanto, es bueno que la gente
tenga la posibilidad de adquirir bienes, de adquirir servicios, de ir a
un bar, a una cafetería, a un comercio, que tengan la libertad horaria
para poderlo hacer, y que tengamos abiertas tanto las pequeñas como las
grandes superficies para que libremente el consumidor escoja aquel
establecimiento que encuentre más interesante.

Y con referencia a las tasas de intercambio como
consecuencia de las comisiones que se cobran a las operaciones de pago
mediante tarjeta, quiero decir que es una práctica que se debería
inculcar y a la que deberíamos ir adaptándonos. Creo que es bueno que en
este proyecto de ley se recoja ya una mejora de las comisiones que se
ofrecen a los pequeños comercios, y por tanto, van a tener que pagar
menos. Esto son, en definitiva, algunos rasgos generales.

Son muchos los portavoces que vamos a intervenir hoy en los
distintos bloques establecidos, y les repito que en el Pleno ya daremos
nuestra justificación detallada, pues damos por rechazadas todas las
enmiendas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aroca.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Hay algún portavoz que desee intervenir? (Pausa).

Tiene la palabra el señor Ortiz.

El señor ORTIZ MOLINA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervendré con muchísima brevedad.

Nos decía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular que
reserva para el Pleno los argumentos en los que se apoya para rechazar
todas las enmiendas de este bloque. Está en su legítimo derecho, pero
reconozco que tiene una tarea difícil, aunque de aquí a la semana que
viene quizá pueda reforzar esos argumentos, ya que los que nos ha dado
ahora son bastante poco sólidos.

Nos comunica la mejoría de los últimos meses en materia
económica. Pues bien, ahí discrepa usted con su Gobierno. Escuche al
señor De Guindos y a su entorno, porque la verdad es que no es
precisamente el optimismo lo que les embarga en estos momentos, sino más
bien lo contrario, un profundo pesimismo.

Cuando las cosas van bien, es un éxito del Gobierno del
señor Rajoy, y cuando van mal es cuando empiezan ustedes a mirar al
entorno. Debe ser marca de la casa.

Hace usted referencia, al igual que el anterior portavoz,
al tema de la refinanciación de las administraciones locales. Pero, ¿y en
qué perjudica el mejorar esa decisión, que puede ser urgente y necesaria
y en este caso lo es, que se abra la posibilidad, como apuntamos con
nuestra enmienda, a que los ayuntamientos puedan revisar su financiación
si encontraran mejores condiciones fuera del ámbito de lo público? Pues
no perjudica en absoluto, pero hay cerrazón de no admitir absolutamente
nada.

Ha hecho referencia a que hay que aprovechar la coyuntura
del turismo, pero el Gobierno debería meditar, y también ustedes, sobre
si esa coyuntura tan favorable en materia turística se debe a las
bondades de nuestra oferta o a la complejidad del entorno. Y en
cualquiera de los casos aprovechan todas las coyunturas —y en este
punto sí le doy la razón—, ¿pero sabe usted para qué? Porque ha
relacionado esto con el pequeño comercio. Aprovechan la coyuntura del
turismo, como siempre, para perjudicar a los pequeños y favorecer a los
grandes. Este es un Gobierno bastante aprovechado.

Muchísimas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Ortiz.

¿Alguien más desea intervenir? (Pausa).

Tiene la palabra el senador Aroca.

El señor AROCA SÁEZ: Gracias, señor presidente.

Intervengo también muy brevemente para manifestar que estoy
en desacuerdo con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Señoría, todos los datos de que disponemos en los últimos tiempos dicen
que la economía española está creciendo y que somos la economía de la
Unión Europea que más lo hace. El PIB ha aumentado un 1,2% desde el
segundo trimestre de 2013. Esa es una noticia que se publicó el pasado 28
de agosto.

Asimismo el 8 de septiembre de este mismo año vino el
secretario general de la OCDE a decirnos que España estaba en la buena
senda reformista y que estábamos creciendo, y nos pegó un tirón de orejas
porque nos llegó a decir que se deberían haber hecho medidas reformistas
como la llevada a cabo por el Partido Popular mucho antes, es decir,
cuando el Partido Socialista gobernaba. Pero entonces no las hicieron.
Nosotros no somos un grupo que, como otros, se han quedado de brazos
cruzados, sino que nos hemos remangado, nos hemos tirado al ruedo y hemos
trabajado desde esa vocación reformista para sacar a España de donde nos
dejaron ustedes por acción o por inacción.

Y la verdad es que creo que las cosas van bien, aunque no
estamos conformes todavía; no podemos decir que estamos plenamente
satisfechos porque aún queda mucho por hacer, porque es cierto que los
datos macroeconómicos van siendo cada vez mejores y cada vez tenemos más
esperanza y más ilusión, pero también lo es que poco a poco va a ir
llegando a las familias, que el crédito va a llegar a los hogares y a las
pequeñas y medianas empresas, y es que se ha legislado en beneficio de
los autónomos, en beneficio de los pequeños y medianos empresarios que
son los que generan puestos de trabajo. Los gobiernos no crean ni
destruyen puestos de trabajo, sino que ponen las condiciones necesarias
para que aquellos que lo generan puedan hacerlo.

Por mi parte nada más. Como digo, nos emplazamos al debate
que se pueda sustanciar en el Pleno de la próxima semana.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aroca.

Con su intervención damos por finalizado el debate del
primer bloque y a continuación pasamos al segundo bloque relacionado con
Fomento. Aviación. Título II; capítulo I, artículos 16 a 55;
disposiciones adicionales decimocuarta a decimonovena y nuevas;
disposiciones transitorias cuarta a undécima; disposiciones finales
nuevas, anexos VIII y IX, y exposición de motivos, apartados IV y V.

Puertos. Título II; capítulo II, artículo 56; disposición
transitoria duodécima y exposición de motivos, apartado VI.

Sector Ferroviario. Título II; capítulo nuevo; disposición
adicional undécima; exposición de motivos, apartado X, párrafo
vigesimoquinto.

En este bloque se van a debatir las siguientes enmiendas:
enmiendas 1 a 10, de los senadores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar,
del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas 20 a 53, 104 a 109, 116 y 125 a
133, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto; enmiendas 546 a 551 y 559, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado; enmiendas 233 a 281, 332

a 337, 344, 353 a 361, 368, 369 y 382 a 388, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; enmiendas 457, 467 a 484,
512 a 515, 524, 539 y 540, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, y enmiendas 140, 141 y 221 a 227, del Grupo
Parlamentario Socialista.

Para la defensa de las enmiendas 1 a 10 tiene la palabra la
senadora Salanueva, del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, señor
presidente.

Damos por defendidas todas las enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto.

El señor PRESIDENTE: Entiendo que también se dan por
defendidas las enmiendas 20 a 53, 104 a 109, 116 y 125 a 133.

Para la defensa de las enmiendas 546 a 551 y 559, tiene la
palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias, señor
presidente.

Quiero empezar diciendo que, como he mencionado en el turno
de portavoces, algunas de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Vasco en este bloque de Fomento en el Congreso fueron
transaccionadas. No obstante, considerábamos que todavía había algunas
modificaciones a plantear y, por ello, hemos propuesto siete enmiendas,
de las cuales, las primeras las hemos formulado en base a las
modificaciones propuestas en relación con la Ley de puertos del Estado y
de la Marina Mercante y, más concretamente, con la regulación,
requisitos, condiciones y plazos de las concesiones.

Presentamos también otra enmienda al fondo financiero de
accesibilidad terrestre aeroportuaria.

Y, finalmente, presentamos la enmienda 559, referente a
AENA.

La explicación y justificación de todas ellas la realizaré
en el desarrollo del debate en el Pleno, dándolas todas por defendidas
ahora.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Iparragirre.

Para la defensa de las enmiendas 233 a 281, 332 a 337, 344,
353 a 361, 368, 369 y 382 a 388, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Intervengo para darlas por defendidas, en el bien entendido
de que, al igual que respecto a otras, en el Pleno expondremos las
razones que nos han motivado para su presentación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Para la defensa de las enmiendas 457, 467 a 484, 512 a 515,
524, 539 y 540, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència
i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor
presidente.

Intervengo para dar por defendidas las 26 enmiendas que
hemos presentado en este bloque y decir que en el Pleno daremos una
explicación más amplia de cada una de ellas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Para la defensa de las enmiendas 140, 141 y 221 a 227,
tiene la palabra el senador Fernández Ortega.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señor presidente.

En este bloque de enmiendas a este proyecto de ley se
aborda la privatización de AENA, la modificación de la Ley de puertos
para ampliar el plazo de las concesiones portuarias y se da un paso más
en la privatización del ferrocarril. Son tres asuntos estratégicos para
los servicios públicos de España y para la economía de nuestro país sobre
los que no estamos de acuerdo en cómo se abordan y, por lo tanto, hemos
tratado de corregirlo vía enmienda.

Hemos presentado enmiendas para la supresión de las
secciones 1ª a 5ª del capítulo I del título II puesto que nos oponemos a
la privatización de AENA. Y el objetivo reconocido por el Gobierno en la
memoria de análisis del impacto normativo es explícitamente el de
favorecer la entrada de capital privado en la gestión de AENA. En este
asunto no compartimos ni la forma ni el fondo.

En cuanto a la forma, entendemos que la regulación de un
sector estratégico para el interés general como es el de los aeropuertos,
que incluso atienden a derechos básicos de movilidad para la ciudadanía,
no se puede regular mediante un real decreto ley, sin información y sin
dar explicaciones. Además venimos aquí a debatir un real decreto ley que
ya está en vigor con un Gobierno cuyo grupo parlamentario no está
dispuesto a escuchar nada ni a nadie en la tramitación de este
proyecto.

Y en cuanto al fondo, voy a comentar algunos aspectos que
me parece que nos deberían llevar a la reflexión, incluso a los
parlamentarios del Partido Popular, porque realmente estamos tomando
decisiones que entiendo —y ahora lo explicaré— que en algunos
casos, como el de la privatización de AENA, tienen poco sustento lógico
para el interés general de este país. Dicen que preservan la integridad
de la red y, sin embargo, en el artículo 22 facultan al Gobierno o al
secretario de Estado, en función del importe de la parte que se vaya a
vender, para que pueda cerrarse o venderse parte del sistema
aeroportuario. Y a nosotros nos parece una contradicción decir que se
preserva y a la vez que se autoriza la venta.

Por otra parte, creemos que se malvende el patrimonio
público. Por eso, le pedía una reflexión en este sentido al Grupo
Popular. ¿De qué valor se está hablando en la privatización de AENA, de
17 000, 18 000 millones de euros, según las cifras más optimistas,
incluso aunque fuesen 20 000 millones? Si descontamos la deuda de AENA,
en torno a 13 000 millones, ¿estaríamos hablando de que el Gobierno va a
obtener 2500, 3000 millones de euros por la venta del 49%, prácticamente
la mitad de AENA? ¿Y nos parece que eso merece la pena en un escenario
donde el beneficio neto esperado para este año por el grupo AENA,
recogido en los presupuestos generales del Estado, es de 436 millones de
euros? ¿El Gobierno vende la mitad de AENA para obtener 2500, 3000
millones de euros en este momento, según las valoraciones más optimistas,
cuando cada año los beneficios son de 436 millones? ¿Tiene lógica esa
venta? ¿Qué se busca beneficiar, al interés general, a los ciudadanos, o
a los empresarios? ¿Qué intereses son los que se están defendiendo?
¿Alguien puede alegar que AENA tenga problemas de financiación para
hablar de su privatización cuando es una empresa, como ya hemos debatido
en muchos presupuestos generales del Estado, que no necesita aportación
de los impuestos de los ciudadanos? Se financia en el mercado a unos
intereses cercanos al 2% y está pagando sus deudas bien, hasta el punto
de que el Gobierno prevé que en siete años se va a quedar sin deudas; así
lo ha comunicado a la Comisión del Mercado de Valores. ¿Por qué quieren
privatizarla entonces, si obtiene beneficios y además va a acabar con la
deuda en siete años? ¿Qué sentido tiene que una inversión tan importante
para las infraestructuras de este país se malvenda, como he dicho, por
una cantidad que me parece absolutamente ridícula, que no tiene ninguna
justificación en este momento? Hay una justificación que me parece que
puede explicar la conducta del Gobierno, pero, como es vergonzante, no la
explicitan, claro: porque da la sensación de que lo que busca el Gobierno
es hacer caja, son recursos, para poder hacer más inversiones en un año
electoral. Pero me parece bastante mezquino malvender el patrimonio de
este país para que el Gobierno disponga de 2500, 3000 millones
extraordinarios en 2014 para hacer más inversiones y hacer campaña
electoral; me parece una auténtica barbaridad.

Veo algunas contradicciones más también y algunas
cuestiones que me preocupan en cuanto a las condiciones que se recogen en
este proyecto de ley. Por ejemplo, el Gobierno ha dicho que se van a
congelar las tarifas y las tasas aeroportuarias. La pregunta es si se
congelan o no, porque en este proyecto de ley se ponen condiciones para
que ello ocurra. Dicen que será así, que se van a congelar, siempre que
la inversión sea de menos de 450 millones de euros al año —eso pone
en el proyecto de ley—, y, a la vez, ustedes están diciendo
públicamente —la ministra lo ha anunciado— que se van a
congelar. Por escrito, en letra pequeñita, nos cuelan que eso supone que
no se va a invertir, que ya se ha pegado un recorte brutal en las
inversiones de AENA, que han pasado de 1300 millones en el año 2011 a 550
en el año 2014. Nos están diciendo que una vez más se baja la inversión.
¿Con el problema de empleo que tiene este país, la prioridad del Gobierno
es no invertir? No lo entiendo. ¿No quieren 2500 millones extras para
poder hacer inversiones electorales? A ver si casan una idea con la otra,
porque no se entiende cómo defienden este tipo de planteamientos. Además,
dicen que van a mantener las tasas siempre que los costes no suban el 1%,
con lo cual están poniendo unos filtros que no sabemos qué va a
pasar.

Alguien también se debería preguntar en el Grupo Popular
qué pasaría con un monopolio privado de los aeropuertos. Creo que es
normal que los parlamentarios que representamos a los ciudadanos aquí,
sea el grupo político que sea, nos preguntemos qué pasa si al final el
sistema aeroportuario acaba en manos privadas, que lo controle, puesto
que van a tener unos intereses absolutamente distintos del interés
general. De hecho, el Gobierno ya ha empezado a contemplar en este
proyecto que se pueda cerrar o trocear o vender el sistema aeroportuario
español de interés público. Ha dicho quién tiene que

autorizarlo: bien el Consejo de Ministros o bien el
secretario de Estado; incluso el secretario de Estado puede llegar a
autorizar que se cierren hasta infraestructuras con un valor inferior a
2000 millones de euros —o 20 000 millones, porque no recuerdo la
cifra exactamente, pero la pueden comprobar—.

Al final, da la sensación de que se están dando pasos para
llegar en una primera fase hasta el 49% de privatización y en una segunda
ir más allá, que además es lo que está especulando el mercado: que
ocurrirá como con Telefónica y otras empresas, que, si pueden y tienen la
oportunidad, acabarán poniendo en manos privadas su gestión. Y llegados a
ese punto, habría que hacerse también algunas preguntas más. Porque
resulta que AENA, además de los 47 aeropuertos estatales, tiene 18 en
Latinoamérica y otro más, el de Luton, del que ya hemos hablado en alguna
ocasión, y, por cierto, respecto del que el mes que viene el Gobierno va
a tener que decidir si lo compra por completo o no, porque tiene una
opción de compra y todavía no sabemos qué va a decidir. En definitiva,
cuando eso ocurra y el 49% esté en manos privadas, ¿qué va a pasar, que
van a desprenderse de esos aeropuertos y los inversores van a hacer caja
para recuperar la inversión que han hecho? ¿Pueden hacerlo? Para eso no
tienen que pedir autorización al Gobierno, porque este proyecto de ley
dice que solo es para los aeropuertos de interés público para este país;
los de Latinoamérica y el de Londres, no; son negocio puro y duro. Por
tanto, se va a vender por 2500 millones la mitad de la propiedad que
tiene AENA. Y si se vende, pasará a los inversores, que van a recuperar
su inversión rápidamente si consiguen llevarlo a efecto en el consejo de
administración, con beneficios, como he dicho antes, de 450 millones al
año. Nadie entiende la necesidad de esta privatización.

Además, hemos presentado enmiendas a este proyecto, en
concreto la 222, con la que pedimos la supresión del primer párrafo del
apartado 1 del artículo 50, porque en la regulación que se plantea para
los drones el Gobierno se reserva la capacidad de cambiar la ley vía
reglamento. Ya sabemos que este proyecto de ley contiene, en nuestra
opinión, un montón de barbaridades en la tramitación, que yo creo que han
expuesto suficientemente ya todos los portavoces, pero esta es una más
—no he escuchado las explicaciones que se han dado—, y es que
en un proyecto de ley el Gobierno se reserva la posibilidad de seguir
cambiando las leyes, pero vía reglamento, lo cual me parece una
barbaridad.

Hemos presentado enmiendas a la Ley de puertos, porque no
estamos de acuerdo con que se amplíen los plazos de concesión. Creemos
que va contra la competencia y la libre concurrencia. Se crea un fondo
financiero de accesibilidad terrestre a los puertos, que, según
entendemos, en este momento no favorece la competencia, va contra la
autonomía de las autoridades portuarias y supone una penalización para
los buenos gestores.

Hemos presentado también la enmienda 227 para intentar que
la privatización de la gestión de la alta velocidad ferroviaria, de los
servicios de AVE que pretende el Gobierno, se efectúe cuando sea
obligatoria a nivel europeo y no se adelante. Esa es otra de las demandas
que habitualmente hace el Partido Socialista.

En general, y como resumen de todos los aspectos que se
abordan en el segundo bloque en lo que respecta a Fomento, entendemos que
claramente hay una voluntad del Gobierno de beneficiar el interés
particular y no el interés general, el interés de los ciudadanos.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández.

Esta Presidencia, como están constatando sus señorías, está
siendo generosa en la interpretación del tiempo —recuerdo que es de
cinco minutos—, puesto que muchos de los portavoces de los grupos
no están ejerciendo su turno de intervención.

Tiene la palabra para el turno en contra el senador Mateu,
del Grupo Parlamentario Popular.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Muchas gracias, señor
presidente.

A este proyecto de ley se han presentado 180 enmiendas
relativas a los bloques en los cuales tiene participación Fomento. La
participación de este ministerio es muy importante porque la situación en
la cual nos encontrábamos inmersos aconseja las medidas que se han
adoptado por parte del Ministerio de Fomento. En concreto, las enmiendas
presentadas se basan prácticamente en temas como la gestión
aeroportuaria, dentro de la cual se encuentra esa, yo no la quiero llamar
privatización, porque no es tal, sino el acceso de capital privado a
AENA. Hay unas modificaciones de AENA también. Asimismo, para mejorar la
competitividad se toca la Ley de puertos del Estado en cuanto a los
matices que luego comentaré. También tenemos en consideración alguna
pequeña materia con respecto al ferrocarril, alguna cuestión relativa a
la eficiencia energética de edificios y una cuestión que se está poniendo
muy en boga:

la utilización de los drones, que son las aeronaves
dirigidas por control remoto para muchos usos, de los cuales luego
podremos hablar.

Yo he escuchado muy atentamente todas las cuestiones que
los representantes de los grupos políticos han planteado en sus
enmiendas, y he de decirles que en materia de gestión aeroportuaria nos
oponemos claramente a lo que se ha manifestado, fundamentalmente por el
portavoz del Grupo Socialista hace unos minutos, porque realmente la
entrada de capital privado no es privatización, pues estamos hablando de
un 49%; el resto se lo reserva, mediante el procedimiento que ya todos
ustedes conocen, el Gobierno de España a través del Ministerio de
Fomento. Esta entrada de capital ya estaba prevista en la pasada
legislatura mediante el Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre, sin
que lo dispuesto en esta ley haya modificado toda la cuestión que ya está
precisamente planteada y analizada por la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia; cuestión de la que se ha hablado mucho.
Insisto en que no es una privatización, es acceso de capital privado y,
además, sigue conservando la gestión directa y en red de nuestros
aeropuertos de interés general y garantiza muchísimas cuestiones que
también conocen todos ustedes, entre la cuales se encuentra considerar la
red de aeropuertos de España como un sistema de interés general y la
actividad que desarrolla AENA; por cierto, tampoco hay ningún cambio
societario, nada más que de denominación, nos encontramos con AENA S.A. y
Enaire, que sustituyen a la antigua AENA y, desde luego, podemos decir
que AENA sigue sirviendo para el fin que realmente persigue, que es
garantizar la movilidad y la conectividad de los ciudadanos españoles,
así como el equilibrio y la cohesión territorial, social y económica en
el territorio español. Por eso, creo que todo lo que se está hablando
sobre AENA es una predicción de futuro que no va a suceder, sino que,
evidentemente, va a seguir estando en manos del Gobierno de España.

Precisamente, en esta ley se organiza lo que se llama el
marco regulatorio. El Partido Socialista en la legislatura anterior quiso
enajenar también parte del capital de AENA, pero sin establecer un marco
regulatorio, y ese marco regulatorio es el que ahora el Gobierno de
España tiene en consideración para seguir garantizando la explotación en
red de los aeropuertos de interés general, que es el mayor baluarte y
fortaleza que tenemos en España, para seguir garantizando esa
conectividad de la que he hablado antes. El Partido Socialista en aquel
momento, cuando gobernaba, no consideró oportuno establecer ese marco
regulatorio que ahora se está desarrollando en este proyecto de ley: el
DORA, el Documento de ordenación de la regulación aeroportuaria, que
establece una serie de máximas garantías y un procedimiento de
elaboración participativa con todas las comunidades autónomas y, desde
luego, como eje fundamental, tenemos a los comités de coordinación
aeroportuaria, en los cuales se incluye a los representantes de las
comunidades autónomas. Por cierto, hay alguna enmienda en el sentido de
que se rebaja la presencia de los representantes de comunidades autónomas
en perjuicio de los demás representantes y se pregunta por qué tienen que
entrar representantes del Gobierno. Por eso creo que podemos cerrar el
tema de AENA diciendo: se sigue manteniendo el control de AENA por parte
del Gobierno de España —por eso nos oponemos a las enmiendas que se
plantean— y, efectivamente, a la par que se da entrada al capital
privado en AENA, se organiza o se garantiza una regulación legal,
mientras que el Partido Socialista, cuando tuvo ese titubeo de la venta
de AENA, no organizó ni garantizó ese marco regulatorio que tiene,
insisto, un proceso y una duración quinquenal. En fin, el proceso es
largo y está muy bien contemplado en este proyecto de ley.

En cuanto a la Ley de puertos del Estado, lo único que se
pretende con la dicción legislativa que introduce el Gobierno de España
en este proyecto de ley es mejorar la competitividad. No debemos olvidar
que estamos hablando de intermodalidad, estamos hablando de plataformas
logísticas, y qué mejor manera de mejorar y dar pie a que todo esto sea
una auténtica realidad que fomentar la inversión en los accesos viarios y
terrestres y cualquier tipo de acceso a los puertos. Para ello, y
mejorando su competitividad, se puede, en equivalencia con las
concesiones de la Ley de costas, incrementar el período concesional de
treinta y cinco a cincuenta años, a la par que la prórroga de las
concesiones existentes, y establecer una serie de prórrogas cuando han
vencido los tiempos por una serie de circunstancias mediante un somero
análisis coste-beneficio. Por eso, para implicar también a todas las
autoridades portuarias se crea ese fondo de accesibilidad terrestre, que
es un pool de dinero que, a modo de préstamo, sirve también para
financiar, sin que nunca haya renuncia por parte del Ministerio de
Fomento de las cantidades que tiene que aportar presupuestariamente. Por
eso nos oponemos a las enmiendas.

En cuanto a los drones, son unas herramientas muy útiles
para muchos usos. Su permanencia de regulación existe porque se han
modificado determinados artículos de la Ley de navegación aérea que

dan garantía a la estabilidad legislativa de la regulación
de los drones y, además, se establecen unas zonas de seguridad.

Respecto al sector ferroviario, nos oponemos también a las
enmiendas porque consideramos, insisto, que mediante la dicción
legislativa en este proyecto de ley, incorporamos la garantía de que el
Gobierno de España o el Ministerio de Fomento puedan dar instrucciones a
los operadores sobre cómo mejorar el reglamento de circulación
ferroviaria, y, por supuesto, la liberalización del transporte por tren
de los pasajeros procede evidentemente de 2 decretos de los años 2012 y
2013, y se está haciendo de una manera progresiva. Como decía, es la
línea que va por Levante, coexistiendo con el sistema actual para que se
vaya adaptando perfectamente a las circunstancias.

Yo creo que este es un gran proyecto de ley, porque además
se define que los proyectos de ley se tramitan en caso de extraordinaria
y urgente necesidad, y evidentemente en esa situación estamos ante las
cuestiones que habíamos obtenido derivadas de otras gestiones del
Gobierno anterior. Por eso, señorías, el Partido Popular, el Grupo
Popular que sustenta al Gobierno, se va a oponer y no va a aceptar
ninguna de las enmiendas que meritoriamente han presentado ustedes a este
proyecto de ley.

Muchas gracias, señor presidente, por su generosidad.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Mateu.

Turno de intervención de portavoces.

Por el Grupo Mixto, el señor Mariscal tiene la palabra.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Gracias, señor presidente.

El pasado 22 de julio se adjudicó la coordinación para la
privatización de AENA al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, al Banco
Santander, a Morgan Stanley y a Goldman Sachs. (La señora vicepresidenta,
Jiménez García, ocupa la Presidencia). A eso me refería con lo del
capitalismo casposo y a que sean siempre los mismos los que gestionan y
se llevan las comisiones correspondientes. Aquí hay negocio. Hay negocio
en una empresa que superó durante el año 2013 los 700 millones de
beneficio y está previsto que siga teniéndolo. Pero no solamente se han
hecho esfuerzos en inversión o en deuda, el esfuerzo lo han hecho sobre
todo los miles de trabajadores y trabajadoras que durante el proceso de
saneamiento y optimización de esta empresa pública han perdido su puesto
de trabajo en sucesivos expedientes de regulación de empleo y que el
Estado sanea de forma brutal para entregar al capital privado.

Señorías, ¿con estos mimbres se podrán vender los
aeropuertos que no sean rentables económicamente? Mucho nos tememos que
sí, que se disgregue finalmente la red, que se ponga en peligro la
vertebración del territorio, especialmente en lo que afecta a las islas,
y que la venta completa de AENA sea solamente una cuestión de tiempo. Y
es por ello por lo que nos oponemos y por lo que también animamos y
respaldamos las movilizaciones que, sin duda, trabajadores y trabajadoras
de esta empresa van a realizar hasta que sus acciones salgan a bolsa y
para evitar también con la movilización este nuevo atentado y esta venta
de patrimonio y de sectores estratégicos tan necesarios para articular la
vida económica de un país.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Jiménez García): Gracias, señor
Mariscal.

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado?
(Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya? Tiene
la palabra el señor Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Intervengo para dar por
defendidas las enmiendas.

La señora VICEPRESIDENTA (Jiménez García): Gracias.

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Socialista? Tiene la palabra el
senador Fernández Ortega.

El señor FERNÁNDEZ ORTEGA: Gracias, señora presidenta.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular decía que no es
una privatización de AENA. Yo creo que se empeña en buscar un eufemismo
para explicar lo que el Gobierno encarga, que es privatizar AENA a los
bancos, como ha comentado otro compañero, aunque después a usted esta
palabra le suene mal, pero es lo que están haciendo; incluso vender el
49% de la propiedad es privatizar, y mañana, si dan un paso más, el
Gobierno saldrá directamente del control y, por tanto, los
ciudadanos.

Ha dicho que cuando el PSOE quiso vender —ahora
explicaré lo que intentaba el PSOE en su momento— no hizo un marco
regulatorio. Es que no estábamos vendiendo la infraestructura, es que el
Gobierno socialista blindaba las redes aeroportuarias; lo que pretendía
era obtener financiación en un momento de dificultad y lo que ofertaba
era la gestión de 2 aeropuertos; por tanto, no estaba vendiendo la red,
que es lo que aquí está ocurriendo, aquí se está vendiendo la propiedad.
Y, además, planteaba la participación de las administraciones
territoriales en la gestión, y aquí no, aquí se ha creado un órgano para
que se den por satisfechas las comunidades autónomas y nadie está
satisfecho con ello porque es un órgano de adorno. No están tomando
decisiones ejecutivas, no participan en la gestión. Por tanto, no se
puede comparar una cosa con la otra. (El señor presidente ocupa la
Presidencia).

He formulado algunas preguntas de fondo, con las
valoraciones que tiene, y le he pedido que hagan una reflexión:
¿realmente merece la pena vender una infraestructura de ese valor y ese
tamaño por ese precio que se está dando en los mercados, por 2500, por
3000 millones, cuando tiene unos beneficios al año de 400, 500 millones?
¿Van a dejar de invertir para obtener más beneficios, que es lo que ya
está apuntando este proyecto de ley? ¿AENA va a recortar aún más la
inversión en un momento de dificultad? Porque ustedes están sustentando
los beneficios de AENA en el despido de miles de trabajadores y en un
recorte brutal en la inversión, pues en dos años han pasado de 1300
millones de euros a 500 millones; es decir, 800 millones de euros en
recortes de inversión. Así pueden decir que tienen beneficios. Claro, si
no invierten, no gastan, ¿cómo no van a tener beneficios? Pero la
prioridad de este país debería ser crear empleo, y más tratándose de una
empresa que no cuesta dinero a los ciudadanos, que no se financia vía
impuestos, se financia en el mercado, además a un interés del 2%, que no
es caro, y está en condiciones de afrontar toda su deuda en siete años.
Eso dicen ustedes, que en siete años acabaría con toda la deuda, con lo
cual, al menos, merece una reflexión antes de apoyar una decisión tan
importante como esta.

Dicen ustedes que van a mejorar la competitividad de los
puertos porque van a fomentar la inversión en los accesos, pero es que
esto no es fomentar la inversión en los accesos, que es competencia del
Gobierno de España, lo que están haciendo es coger los recursos de los
puertos que funcionan bien y gastarlos en algo que el Gobierno no quiere
invertir o no puede. Están cogiendo el dinero destinado a los puertos, no
están favoreciendo la competitividad, están desprendiéndose de una
competencia y de una obligación que es del Gobierno de España.

Para terminar, quiero subrayar que muchos portavoces han
criticado aquí que se recurra al real decreto ley para legislar y así no
dar oportunidad a esta Cámara de debatir y confrontar posiciones a la
hora de aprobar leyes, pero insisto en que el artículo 50 y la
disposición final segunda dan al Gobierno la potestad de modificar la ley
vía reglamento, no por real decreto ley, algo que me parece también un
exceso grave.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra el senador Mateu.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Insisto en el asunto de AENA, que ha sido objeto de debate,
y quiero manifestar que, gracias a una magnífica gestión que se ha
realizado en los últimos años de Gobierno del Partido Popular, ha pasado
de números rojos a números negros, porque debido a ese trabajo se ha
mejorado su situación económica. La deuda empezó con 100 millones de
euros y, aunque sigue siendo elevada, se está trabajando precisamente
para reducirla. Efectivamente, hubo una reorganización de plantilla en
AENA, pero realmente fue una tarea ejemplar que se desarrolló de común
acuerdo entre empresa y trabajadores y, desde luego, no hubo ningún tipo
de conflictividad. Evidentemente, el Gobierno de España está para crear
empleo, pero también ha de garantizar la subsistencia de las empresas
porque, a medida que vayan mejorando gracias a una magnífica gestión,
austera, no una gestión del gasto público sin meta y sin límite, como
hizo el Gobierno socialista, se pueden crear nuevamente empleos; de
hecho, vemos que España está creciendo en este sentido. Por eso, insisto
en que no es privatizar, es entrada de capital privado, a diferencia de
lo que hizo el Gobierno del Partido Socialista, que fue el campeón de las
privatizaciones de aquellas grandes compañías que se llevaron a cabo en
años anteriores y que todos podemos recordar.

Por lo que respecta al capitalismo casposo que ha
mencionado el señor Mariscal, les diré que yo no voy a hablar ni de
comunismo ni de socialismo casposo porque yo siento un gran respeto por
su trayectoria

histórica, pero, desde luego, casposas son muchas de las
decisiones por no corresponderse a la realidad. Para mí, casposo no es la
persona que tiene alopecia ni enfermedad en su cabello, sino que son las
decisiones que se toman en contra de los intereses del pueblo y en contra
de los intereses de la situación económica actual. Por eso, casposo son
muchas de las actividades que realiza el Gobierno sociocomunista de
Andalucía, como bien ha dicho el portavoz de esta comisión, el señor
Fernández de Moya. Por tanto, yo procuraría evitar calificativos como
casposo porque, evidentemente, aluden también al origen de una
enfermedad.

Por lo que respecta a lo de que siempre se beneficia a los
mismos en esto de las privatizaciones, entre comillas, les diré que las
empresas son las que se posicionan, son las que tienen capacidades
económicas para después desarrollar todo lo que se está realizando.

Señor Fernández Ortega, insisto en que la regulación de los
drones adquiere estabilidad legislativa con la incorporación de estas
modificaciones en la Ley de navegación aérea. Los comités de coordinación
aeroportuaria son, por supuesto, órganos que van a tener y tienen ya
participación; de hecho, se está mejorando poco a poco en la organización
de la actividad que se tiene que desarrollar en el territorio de
influencia de los aeropuertos de España, sobre todo los de interés
general.

Usted dice que en AENA no hay inversión; pues bien, le diré
que hay la que se necesita. Hubo una sobreabundancia de inversión, por
eso teníamos dudas, pero ahora hay que aprovechar lo que en su momento se
hizo bajo la égida de su gobierno. Desde luego, puertos de España trata
de mejorar esa competitividad con los puertos alemanes, como los de
Rotterdam y Hamburgo. Tenemos que potenciar nuestros puertos para que los
inversores extranjeros se fijen en nosotros, tanto por la modificación de
las tarifas como por la abundancia y eficaces accesos que tiene a los
mismos para establecer un mundo multimodal en el transporte logístico.
Por ello, considero que las normas que establece Fomento en este decreto
son las adecuadas para la generación de empleo, para que mejore nuestro
posicionamiento y competitividad en el seno del territorio más próximo a
nuestro entorno y para que España sea una auténtica plataforma logística
del sur de Europa.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mateu.

Con su intervención, senador Mateu, damos por finalizado el
debate del segundo bloque.

Pasamos al debate y consideración del tercer bloque
relacionado con la energía. Título III, capítulos I a IV, artículos 57 a
86 y nuevos. Disposiciones adicionales nuevas. Disposiciones transitorias
primera a tercera. Disposiciones finales nuevas. Anexos X, XI y XII, y
exposición de motivos, apartado VII.

En este bloque se debaten las siguientes enmiendas:
Enmiendas 13 y 14 del senador Eza Goyeneche, de la senadora Salanueva
Murguialday y del senador Yanguas Fernández, del Grupo Parlamentario
Mixto. Enmiendas 54 a 60 y 118 a 124 de los senadores Iglesias Fernández
y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto. Enmiendas 552 y 563
a 565, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado. Enmiendas 282 a 288,
346 a 352 y 389 a 395, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya. Enmiendas 485 a 492 y 526, del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado Convergència i Unió. Y enmiendas 144 a 150, del Grupo
Parlamentario Socialista.

Para la defensa de las enmiendas 13 y 14, tiene la palabra
la senadora Salanueva.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Gracias, señor
presidente.

Voy a defender las 2 enmiendas que Unión del Pueblo Navarro
ha presentado, que pretenden la supresión del artículo 75 de la ley y la
modificación del apartado b), número 1, del artículo 74.

Si con carácter general los portavoces de los distintos
grupos parlamentarios hoy han considerado criticable —y nosotros
también lo podemos considerar así— la tramitación de esta ley que
trae causa del Real Decreto 8/2014, de 4 de julio —mucho más si
cabe en las cuestiones concretas que nosotros hemos enmendado—, es
criticable y censurable, e incluso cuestionable, la constitucionalidad de
la norma que se nos plantea. Y me explicaré. Como les decía, el Real
Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, crea el Fondo Nacional de Eficiencia
Energética cuya financiación se va a llevar a cabo, entre otros
instrumentos, con las aportaciones de una serie de sujetos pasivos
obligados por el Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia
Energética, en cumplimiento o liquidación de sus obligaciones.

Por lo tanto, se crea una contribución financiera anual,
calculada por un importe muy concreto que, a nuestro juicio, resulta de
dudosa legalidad. Sé que se ha dicho que nadie aquí somos magistrados del
Constitucional, que esa decisión corresponderá al alto tribunal y que se
han usado 560 reales decretos a lo largo de nuestra democracia reciente.
Pero eso no da valor en sí mismo a cómo se ha tramitado este

real decreto ley ni a su contenido. A nuestro juicio, a
juicio de Unión del Pueblo Navarro, y así queda reflejado en nuestras
enmiendas, se establece una nueva contribución económica que es contraria
a la Constitución española porque se ha vulnerado la reserva de ley. Bien
es cierto que se intenta subsanar este vicio de nulidad mediante la
tramitación del real decreto ley como proyecto de ley, pero no olvidemos
—y quiero que así conste en el Diario de Sesiones— que para
ello es imprescindible la justificación de la urgente y extraordinaria
necesidad. Y este real decreto, en las medidas concretas a las que Unión
del Pueblo Navarro se refiere, quiere trasponer una directiva que, no lo
olvidemos, es del año 2012. Por lo tanto, en sí misma, la urgente y
extraordinaria necesidad queda empañada por la fecha en la que la
directiva europea fue aprobada que, como digo, fue en el año 2012.

A mayor abundamiento y con razones aún más contundentes,
nos parece que la contribución financiera para este Fondo Nacional de
Eficiencia Energética vulnera principios —como decimos en la
justificación de nuestras enmiendas— de capacidad económica. ¿Por
qué? Porque hace recaer el tributo sobre un sector de operadores del
mercado petrolífero y de gas licuado, por ejemplo, sin tener en cuenta su
situación económica. Las ventas a las que se recurre para justificar esa
financiación no son un elemento demostrativo de la capacidad real ni
potencial del contribuyente. Puede haber ejercicios en los que las
empresas tengan pérdidas y, sin embargo, estén obligadas a contribuir en
la cantidad que se ha fijado en este proyecto de ley. Y tampoco nos
parece justo que se grave igual a las grandes empresas, a las grandes
compañías que a las pymes, las pequeñas y medianas, que, por cierto,
justificamos que no tengan el mismo trato que las grandes empresas del
sector porque los propios principios inspiradores de la Directiva europea
a la que he hecho referencia anteriormente, la 27/2012, así lo
especifica.

Nos parece que se incumple también el principio de igualdad
que tiene efectos absolutamente discriminatorios porque, de una parte, se
excluye al gestor de la red y, de otra, a los minoristas del petróleo, lo
que constituye, a nuestro juicio, una discriminación que carece de
cualquier justificación objetiva y condena a pagar la contribución tan
solo a los comercializadores de productos petrolíferos y de gases
licuados cuando el ahorro energético obliga a realizar un esfuerzo a
todos los sectores consumidores de energía. Y para qué hablar de los
certificados energéticos que pueden ser una salida a quien tiene dinero
que no son otras que las grandes compañías y que no están desde luego al
alcance de las pequeñas y medianas empresas.

Otra de las razones por las que nos oponemos y pedimos la
supresión y la modificación de los artículos en la manera expresada en
las 2 enmiendas es que, a nuestro juicio, la contribución de eficiencia
energética puede tener efectos confiscatorios, lo que
—insisto—, a nuestro juicio, es algo manifiestamente
inconstitucional porque la aplicación del gravamen se ha hecho sin tener
en cuenta la capacidad económica real de los sujetos pasivos.

Para finalizar, señor presidente, señorías, nos oponemos
porque liquidar una contribución a través de una ley supone, a nuestro
juicio, privar al contribuyente, al sujeto pasivo, de la posibilidad
—termino ya— de reaccionar mediante el ejercicio de acciones
administrativas y judiciales que pudiera tener si se hubieran hecho como
debieran hacerse las cosas; es decir, se vulnera el principio de
indefensión, que es un principio constitucional y que, en nuestra
opinión, es grave y es serio.

Por todo ello, señorías, y teniendo en cuenta que no van a
ser aprobadas ninguna de las enmiendas, quiero pedirles al Grupo
Parlamentario Popular y al Gobierno que reflexionen, que aún hay tiempo
hasta el Pleno, que tenemos margen, que no es un buen ejemplo ni de fondo
ni de forma y que seguro que se ha hecho con la mejor intención, pero las
consecuencias se van a hacer ver y, desde luego, la litigiosidad está
asegurada.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Salanueva.

Para la defensa de las enmiendas 54 a 60 y 118 a 124, tiene
la palabra el senador Mariscal.

La señora SALANUEVA MURGUIALDAY: Señor presidente, como él
no se encuentra en la sala, si me lo permite, las daré también por
defendidas.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Gracias, senadora
Salanueva.

Para la defensa de las enmiendas 552, 563 y 565, tiene la
palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, señor
presidente.

Voy a darlas por defendidas, pero quiero que quede clara la
retirada de 2 enmiendas, las números 564 y 566, como usted ha mencionado
al principio.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Iparragirre.

Para la defensa de las enmiendas 282 a 288, 346 a 352 y 389
a 395, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias.

Las doy por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Para la defensa de las enmiendas 485 a 492, 525
—introducimos esta enmienda 525 que estaba en el bloque 8 porque
procedimentalmente es más correcto que esté en este— y 526, tiene
la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Gracias, señor presidente.

Quiero dar también por defendidas estas 10 enmiendas y
agradecer a la Presidencia el cambio de la enmienda porque es más idónea
en el bloque en el que está, que es energía.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Alturo.

Para la defensa de las enmiendas 144 a 150, tiene la
palabra el senador Alique, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Después del rosario de leyes y disposiciones normativas de
todo tipo que el Gobierno ha aprobado en estos dos años y medio, en
concreto 11 reales decretos leyes sobre temas energéticos, el resultado
no es otro sino que seguimos con más déficit de tarifa, que la luz es más
cara y que hay más pobreza energética. Ahora, en este macro real decreto
el Gobierno pretende cambiar la Ley del sector de hidrocarburos, la Ley
de minas, varias disposiciones relacionadas con el gas natural y la
trasposición de una directiva de eficiencia energética incumpliendo
claramente, como dije en mi primera intervención, el artículo 107 de la
Constitución española, porque cuando se trata de disposiciones de este
tipo, como es una directiva, es obligatorio y preceptivo, por el artículo
107 de la Constitución Española, tener el informe previo del Pleno del
Consejo de Estado; pero, lógicamente, llevándolo por esta vía de
urgencia, como es el real decreto ley —de forma ilegal desde
nuestro punto de vista—, se evita no solo el debate parlamentario,
sino también informes como el que les comentaba. Es evidente que las
materias que trata este real decreto ley no son de necesaria y urgente
necesidad y no hay por qué tramitarlas como real decreto legislativo. El
Gobierno lo podría haber hecho perfectamente en un proyecto de ley, que
es lo normal, entre otras razones porque con esta normativa no resuelve
la sostenibilidad, por ejemplo, económica del sistema del gas natural; al
contrario, seguirá creciendo ese déficit en este sector, y ahora lo único
que hace el Gobierno es poner una venda, cargando en el recibo de la luz,
en el recibo de los consumidores, el déficit acumulado hasta el año 2014,
800 millones de euros, y el que se acumule —así se expresa— a
partir del año 2015, y otras cuestiones, como por ejemplo las
indemnizaciones del almacenamiento Castor. Por tanto, no se soluciona el
problema de fondo y se utiliza esta vía para poner una venda en este
sector.

Tampoco puede argumentarse de necesaria y urgente necesidad
lo contemplado en el capítulo IV en lo que se refiere a eficiencia
energética, y en concreto a la trasposición de la directiva de eficiencia
energética del año 2012, porque el Gobierno pone en peligro —no
regulando en su integridad dicha directiva, ya que la traspone
parcialmente— cumplir los objetivos que tenemos con la Unión
Europea para el año 2020. Por consiguiente, trasponen esta directiva mal,
a través de un real decreto ley, que no es lo lógico, saltándose la
Constitución española y el informe del Consejo de Estado; tarde, porque
el plazo para trasponer esta directiva terminó el día 5 de junio, y de
forma incompleta, como he dicho, porque solo lo hacen de forma parcial,
solo trasponen algunos artículos de esa directiva.

Y en materia energética sí que se hubiese justificado
legislar mediante un real decreto ley para resolver la situación de
pobreza energética, un drama que viven miles de familias y que se va a
recrudecer en las próximas semanas y en los próximos meses con la llegada
del invierno. El Gobierno podía haber utilizado este real decreto ley
para legislar, como han hecho otros países de la Unión Europea, a efectos

de evitar que corten la luz y el gas a aquellas familias
vulnerables que no pueden tener sus casas a una temperatura adecuada en
el invierno. Ya le hemos hecho esta propuesta en muchas ocasiones, pero
el Gobierno, lamentablemente, no quiere saber absolutamente nada de
ello.

En cuanto a la eficiencia energética, con esta forma de
actuar queda claro que el Gobierno sigue teniendo como asignatura
pendiente esta materia, y lo que es más grave, la sigue teniendo el país,
porque hay que recordar que la última comunicación sobre eficiencia
energética de Bruselas, del mes de julio, considera el ahorro de energía
una innovación tecnológica que favorece la recuperación económica, el
empleo y la seguridad de suministro, y que, evidentemente, reduce nuestra
dependencia energética y las emisiones de CO2; es más, recientemente, en
un encuentro, se han identificado hasta 20 nichos de negocio con esta
directiva de eficiencia energética, que, como digo, trasponen mal, tarde
y solo parcialmente. Muchos negocios tienen que ver con la rehabilitación
de edificios, con contadores inteligentes y autoconsumo, que no regula el
Gobierno, con empresas de servicios energéticos, entre otros, que abren
una gran posibilidad para el desarrollo de un gran sector, como es el de
eficiencia energética, que tiene un fuerte impacto en el desarrollo local
y en el empleo. Pero el Gobierno solo traspone parcialmente algunos
artículos de la directiva del año 2012, porque, simple y llanamente, no
cree en ella, como no cree en las energías renovables y solo cree en una
economía carbonizada y en una apuesta clara por los combustibles fósiles,
como hace con el fracking.

En este sentido hemos presentado varias enmiendas —y
termino—, las números 144 a 150. Un grupo de ellas pretenden
facilitar el control parlamentario y una mayor transparencia en todas las
actuaciones que tienen que ver o que se derivan del Fondo Nacional de
Eficiencia Energética, que se crea a través de este real decreto porque
así lo dice la directiva comunitaria. También pretenden estas enmiendas
que se dé mayor información a los usuarios y que haya una participación
activa de las comunidades autónomas y las entidades locales en acciones
de sensibilización e iniciativas de formación, y también que el Estado
garantice de forma efectiva que las empresas energéticas cumplan con sus
obligaciones y no que tenga que sustituirlas, como parece desprenderse de
la legislación que aprueban.

La enmienda número 146 propone —como prevé, por
cierto, la directiva, pero no se hace en este proyecto de ley—
incorporar de forma expresa la mejora de eficiencia energética en los
edificios, tanto comerciales como residenciales y tanto públicos como
privados, entre los mecanismos de apoyo que ha de financiar el Fondo
Nacional de Eficiencia Energética. En este sentido, la Unión Europea
insiste en el papel fundamental, básico diría yo, que cumple la
eficiencia energética en la recuperación del empleo. Recientemente, y ya
termino, conocíamos un informe de la OIT que manifestaba que apostar por
la economía verde, apostar por la eficiencia de los edificios en nuestro
país podría crear hasta un millón de puestos de trabajo de aquí al año
2020, y creo que esa debería ser la prioridad del Gobierno.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alique.

¿Turno en contra? (Pausa).

Tiene la palabra el senador Palacios.

El señor PALACIOS ZUASTI: Muchas gracias, señor
presidente.

En primer lugar, he de decir que en el debate de los vetos
he escuchado a algunos portavoces, que además son portavoces en la
Comisión de Industria y Energía, hablar del abuso que este Gobierno hace
de la figura del real decreto ley. Tengo que recordarles que en la pasada
legislatura el Gobierno anterior gobernó en materia de energía única y
exclusivamente a golpe de reales decretos leyes. Por eso no entiendo
algunas cosas que aquí he escuchado.

Como les digo, voy a ser muy breve, ya que los portavoces,
salvo la señora Salanueva, no han defendido sus enmiendas y quedamos
emplazados para el Pleno. No obstante, voy a referirme a las enmiendas
que se han mantenido a este título III.

Este título tiene cuatro capítulos: gases licuados del
petróleo, sostenibilidad económica del sistema de gas natural, otras
medidas en el ámbito del sector de hidrocarburos y minas, y medidas en
materia de eficiencia energética. Pues bien, las enmiendas que se han
presentado se refieren al capítulo IV, que lo que hace es trasponer las
actuaciones que vienen recogidas en la Directiva comunitaria 2012/27, de
25 de octubre de 2012, con la que se crea el marco común para fomentar la
eficiencia energética y se establecen acciones concretas para aprovechar
el considerable ahorro de energía de los edificios, los transportes y los
procesos de producción y manufacturación para posibilitar así el
considerable potencial de ahorro de energía que en estos momentos no se
realiza, porque —y creo que todos estaremos de

acuerdo— una de las formas más rentables para
reforzar la seguridad del abastecimiento energético en un país con una
dependencia energética tan importante como la nuestra es esta: la
eficiencia energética, y además es la manera de poder reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero y otras sustancias contaminantes
en el horizonte 2020.

Por tanto, lo que está haciendo el Gobierno es trasponer.
He escuchado en varias ocasiones decir que se tenía que haber traspuesto
antes del 5 de junio. Efectivamente es así, pero también tengo que decir
que algunos grupos han presentado enmiendas, en concreto las números 120
y 288, en las que piden la creación de una nueva disposición adicional
para trasponer esta directiva en un plazo de seis meses, cuando su
trasposición está ya en las últimas fases de tramitación, está previsto
que se finalice con este proyecto de ley y con un real decreto
posterior.

Para concluir, voy a referirme a lo que ha indicado la
señora Salanueva, que es la única que ha defendido sus enmiendas.

La enmienda número 13, al artículo 74, dotación económica
del fondo nacional de eficiencia energética, más en concreto a la letra
b) del apartado 1 de ese artículo, pretende que se le dé una nueva
redacción, ya que, como nos ha dicho la señora Salanueva, la contribución
a la eficiencia energética vulnera los principios de capacidad económica,
proporcionalidad, generalidad e igualdad, que deben presidir en la
creación de la aportación a ese fondo. Al mismo tiempo esta enmienda
pretende dar un trato especial a las pequeñas y medianas empresas,
basándose, según dice la enmienda, en la propia directiva, cuando lo que
esta directiva establece es una obligación de ahorro energético para
todas las empresas distribuidoras y comercializadoras, que tiene que ser
proporcional al volumen de sus ventas finales de energía, sin posibilidad
de excepción, salvo que suponga una carga burocrática desproporcionada
para las pymes, la cual, tratándose de realizar una contribución por su
equivalencia financiera, no existe en ningún caso. Esto en relación con
la primera enmienda del Grupo Mixto, de Unión del Pueblo Navarro.

La enmienda número 14, al artículo 75, obligaciones de
aportación al Fondo nacional de eficiencia energética en 2014, solicita
la supresión de este artículo y, por lo tanto, también del anexo XII,
argumentando para ello que la contribución de eficiencia energética
vulnera los principios constitucionales de capacidad, proporcionalidad,
generalidad e igualdad en materia tributaria, cuando la realidad es que
la directiva establece directamente una obligación de ahorro energético
para todas las empresas distribuidoras o comercializadoras proporcional
al volumen de sus ventas finales de energía, al tiempo que otorga la
máxima flexibilidad a los Estados para elegir los mecanismos para su
cumplimiento, incluyendo la posibilidad de ejecución subsidiaria por
parte del Estado, de conformidad con el artículo 20, de una contribución
financiera equivalente a un fondo nacional de eficiencia energética.

Por eso nos vamos a oponer a estas enmiendas, como nos
vamos a oponer también al resto de las presentadas a este título III.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Palacios.

Turno de portavoces.

Les recuerdo que disponen de tres minutos.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el
senador Alique.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Seré muy breve.

Por referirme a lo que comentaba el señor Palacios, le diré
que nosotros también hemos defendido nuestras enmiendas, aunque no sé si
me ha escuchado. En cualquier caso, me choca que usted entre en el debate
de los porcentajes o de cuánto más se legisla mediante real decreto ley
cuando hemos dicho, no solo yo sino muchos portavoces, que en estos
treinta y cinco años de vigencia de la Constitución el Gobierno del señor
Rajoy es el que más ha utilizado ―yo diría que con un abuso
importante― la figura excepcional hasta convertirla en una forma
común de gobernar; es decir, gobernar por decreto. Pero además le
recuerdo que de los 56 reales decretos leyes que han elaborado en estos
dos años y medio, 11 corresponden al ámbito de la energía; es decir, el
20% de todos los reales decretos tienen que ver con el problema de la
energía, y sin embargo, a pesar de que ustedes legislan de forma voraz en
esta materia, sigue habiendo muchos problemas: mayor déficit de tarifa,
la luz es más cara y hay más pobreza energética, como decía
anteriormente.

En primer lugar, el Gobierno del Partido Popular no tiene
ninguna autoridad moral para hablar de eficiencia energética. ¿Por qué?
Porque ustedes votaron en contra de esta directiva de eficiencia

energética; ustedes y Portugal. Esa es la evidencia de que
ustedes no creen en la eficiencia energética, ni mucho menos en esta
directiva, en la que ustedes votaron en contra.

En segundo lugar, ustedes la trasponen parcialmente, no del
todo, y hay muchos artículos que no tienen en cuenta, como por ejemplo la
rehabilitación de edificios. ¿Por qué? Porque no creen en la directiva de
eficiencia energética y no creen en la eficiencia energética.

En tercer lugar, señor Palacios, precisamente se van a este
real decreto legislativo, y no legislan de forma ordinaria para evitarse
ese informe obligatorio del Consejo de Estado que les hubiese puesto en
absoluta evidencia.

En cuarto lugar, porque el objetivo de la Comisión Europea
de rebajar un 2,6% las importaciones de gas por cada 1% de ahorro
energético se convierte en todo lo contrario para España. ¿Por qué?
Porque ustedes han aprobado una reforma energética que hace imposible el
ahorro de energía a través de la subida del término fijo de potencia en
el recibo de la luz, o el peaje de respaldo al autoconsumo y el decidido
impulso de este Gobierno al consumo de combustibles fósiles en edificios
y transporte.

Y en quinto lugar, y esto es lo más grave, porque en los
documentos que el Gobierno ha enviado a Bruselas en el Plan 2014-2020
dicen que incorporar objetivos adicionales de ahorro y de eficiencia
energética supondría un lastre para la economía española; es decir, que
ustedes consideran un problema para la economía española el ahorro y la
eficiencia energética porque perjudica a las grandes eléctricas, como le
he dicho en más de una ocasión. Todo lo contrario de lo que hacen países
como Francia y Alemania, a los que, por cierto, la Unión Europea pone
como ejemplo en la última comunicación, porque ¿sabe qué están haciendo
estos países? Han propuesto reducir un 50% el consumo de energía en 2050
y sus planes superan los objetivos de la Unión Europea, que ustedes no
quieren ni siquiera adicionar porque dicen que perjudican a la economía.
Algo debería fijarse el Gobierno en estos países porque sus planes de
rehabilitación de edificios para la eficiencia energética son el
instrumento más eficaz, como dice la propia Unión Europea, para el
desarrollo local y para la creación de empleo.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alique, por
ajustarse exactamente a los tres minutos.

Tiene la palabra el senador Palacios.

El señor PALACIOS ZUASTI: Intervendré brevísimamente.

Solo quiero recordar que en la pasada legislatura el
Partido Socialista gobernó en materia energética única y exclusivamente a
golpe de real decreto ley, y si no, que me digan una sola ley que se
aprobase en estas Cámaras en esa materia. Ninguna. El Gobierno de España
está cumpliendo con su obligación y está trasponiendo esta directiva.

Algunas enmiendas del Grupo Socialista pretenden que se
introduzcan cuestiones que no son del ámbito de esta ley, que son además
materia de otros ministerios: del Ministerio de Industria y Energía y del
Ministerio de Fomento, y que se harán a través del real decreto ley que
les he anunciado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Palacios,
también por su brevedad.

Iniciamos el debate del cuarto bloque: empleo. Título IV,
capítulos I a IV, artículos 87 a 121 y nuevos; disposiciones adicionales
vigesimosexta, vigesimoséptima y nuevas; disposiciones finales nuevas y
exposición de motivos, apartado VIII y apartado X, párrafo trigésimo
sexto.

En este bloque se debaten las siguientes enmiendas: La
número 11, de los senadores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar, del
Grupo Parlamentario Mixto; números 61 a 99 y 117, de los senadores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto;
553 y 560, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado; 289 a 298, 301 a
314, 316 a 327, 345, 396 a 430 y 446 a 452, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya; 456, 493 a 506, 522, 523 y 527 a 538,
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; y 163 a
204, del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la enmienda número 11 tiene la palabra
el senador Mariscal.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Doy por defendida la enmienda
número 11, de los senadores Quintero y Zerolo.

Asimismo, doy también por defendidas las enmiendas
presentadas por el senador Iglesias y por mí.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por la economía
procesal.

Para la defensa de las enmiendas 553 y 560 tiene la palabra
la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, señor
presidente.

Doy por defendidas las 2 enmiendas que ha presentado a este
bloque mi grupo parlamentario.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Iparragirre.

Para la defensa de las enmiendas 289 a 298, 301 a 314, 316
a 327, 345, 396 a 430 y 446 a 452, del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Doy por defendidas las enmiendas de mi grupo
parlamentario.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Montilla.

Para la defensa de las enmiendas números 456, 493 a 506,
522, 523 y 527 a 538, del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i
Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Gracias.

Simplemente voy a dar por defendidas las 29 enmiendas a
este bloque.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Alturo.

Para la defensa de las enmiendas 163 a 204 tiene la palabra
el señor Varela, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista del Senado ha vetado y
enmendado intensamente este texto que llega en forma de proyecto de ley,
y que venía del Congreso de los Diputados como decreto, fundamentalmente
porque rechazamos las formas, rechazamos el procedimiento y rechazamos el
contenido de este macrotexto que se nos presenta.

Rechazamos las formas y rechazamos el procedimiento porque
nos resulta absolutamente incomprensible e inaceptable que lo que supone
para todos los ciudadanos de este país —como manifiestan
reiteradamente— el primer problema al que nos enfrentamos: el
empleo, se trate en un macrodocumento, en un totum revolutum que propicia
la confusión y la falta de claridad, de transparencia y de capacidad de
los grupos de la oposición para ejercer su función de control de la
acción del Gobierno. Esto es fundamentalmente lo que se pretende, y no
otra cosa.

Además, señorías, no da la más mínima posibilidad de que
mediante enmiendas se puedan incorporar las posiciones de los otros
grupos de la Cámara, que ni siquiera van a ser contempladas porque el
Grupo Parlamentario Popular ha tomado la decisión, como se ha puesto en
evidencia a lo largo de esta mañana, de no aceptar ninguna enmienda
porque se pretende que el texto que estamos debatiendo tenga el fin de
trayecto, el fin de su recorrido en esta Cámara.

Por lo tanto, no hay la más mínima posibilidad de que
alguna de las enmiendas presentadas —la mayor parte de ellas ya no
la tuvieron en el Congreso, y lógicamente las reiteramos en esta
Cámara— pueda ver la luz, ni siquiera algunas que vienen derivadas
de una posición de la Cámara legislativa europea con respecto a esta
materia en cuanto a los colectivos a los que debería afectar.

Señorías, hace tres años el señor Rajoy nos dijo a los
españoles que la crisis que atravesábamos tenía un solo responsable, que
se llamaba Zapatero, el presidente del Gobierno. Por lo tanto, el paro
que esa crisis estaba provocando en nuestro país también tenía el mismo
responsable, y por ello, con un sencillo silogismo, si los responsables
eran el presidente y el Gobierno de nuestro país, desaparecidos ambos, se
acababa el problema. Efectivamente, se produjo ese cambio, se cambió el
Gobierno, y tres años después, en nuestro país tenemos un millón menos de
ocupados, más precariedad laboral, menos salarios, más parcialidad en
nuestros empleos, menos derechos, más tasa de paro y menos ocupación.

Y los jóvenes, a los que se refiere buena parte de este
texto, ¿en qué situación se encuentran? Pues en una situación peor, si
cabe, que es difícil. El 55% de los jóvenes de nuestro país están
desempleados. Solo 2 de cada 10 menores de 30 años son capaces de poder
emanciparse y abandonar la casa de sus padres. La mujer joven alcanza una
tasa de desempleo de casi el 60%. Por lo tanto, no solo no se resolvió

el problema con la desaparición del anterior Gobierno, lo
que demuestra que la primera parte del silogismo era falsa, sino que se
agravó.

No es casual esta situación a la que nos enfrentamos. Los 2
ejes fundamentales sobre los que ha trabajado este Gobierno en relación
con la materia de empleo son los que nos llevan a esta situación. En
primer lugar, la ya muy discutida reforma laboral en esta Cámara, parte
fundamental de la evolución de las condiciones de trabajo de nuestro
mercado laboral y de la evolución del empleo en nuestro país en los tres
últimos años, y en segundo lugar, el ejercicio presupuestario de este
Gobierno, que castiga una vez sí y otra también a aquellos factores que
influyen o que pueden influir en la mejora de las condiciones de trabajo
y en la creación de empleo. Los efectos son bien evidentes: menos
trabajadores por cuenta ajena, menos trabajadores autónomos, menos
funcionarios, menos riqueza, todos más pobres. Desgraciadamente, se
cumplió aquel pronóstico que hizo este senador en esta Cámara hace dos
años en cuanto a la devaluación selectiva e injusta que el Gobierno
estaba haciendo, vía reforma laboral y vía negociación colectiva,
solamente sobre las rentas de los salarios y las rentas de los
pensionistas. Y todo esto, señorías, acompañado de un programa de
propaganda y publicidad que un día sí y otro también nos pone encima de
la mesa las maravillas del Gobierno en relación con el empleo. Por
cierto, hay que recordar aquí que en estos momentos el Ministerio de
Empleo está gastando 2 millones y medio de euros para trasladarnos las
buenas nuevas con relación a los programas que el Gobierno
desarrolla.

Esto que estamos viviendo hoy y que vemos aquí, en este
texto legislativo, es más de lo mismo. Casi dos años de propaganda, 6
anuncios por parte del presidente del Gobierno de la puesta en marcha de
la garantía salarial, y al final parió un ratón: 1800 millones de euros
en dos años. ¿Y por qué digo, señorías, que parió un ratón? Pues es bien
sencillo con una simple operación aritmética. El Gobierno lleva retirados
de políticas activas, es decir de las que van destinadas al fomento y a
la creación de empleo, a la intermediación y a la orientación, 3300
millones de euros en cada presupuesto. De los cuales, más de 1500 iban
destinados precisamente a los jóvenes. Mediante una simple cuenta u
operación aritmética llegamos a la conclusión de que Europa, no el
Gobierno de España, va a poner la mitad de lo que el Gobierno ha quitado
a las políticas para el empleo. Un éxito, señorías, que estemos vendiendo
como algo altamente positivo para el empleo que vayamos a incorporar, a
poner encima de la mesa, la mitad de lo que ha quitado el Gobierno de
España. Y todo ello en medio del bochorno de tener que contemplar cómo el
Gobierno de España es requerido por la Comisión Europea para que plantee
y presente el plan de garantía juvenil a finales del mes de noviembre,
puesto que tendría que estar operativo en enero —termino, señor
presidente, dejando para después lo que me queda por explicar de las
enmiendas—, y a esas alturas de diciembre no se había presentado
todavía un plan que tenía que estar operativo ese mes y que, lógicamente,
no lo estuvo hasta julio por ese retraso del Gobierno.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Varela.

Para turno en contra, tiene la palabra la senadora
Peris.

La señora PERIS JARQUE: Con la venia, presidente,
intervengo en el turno en contra de las enmiendas, y mi compañero José
Blas intervendrá posteriormente en el de portavoces.

Me voy a referir al bloque de empleo. Mayoritariamente, las
enmiendas se interponen en relación con el sistema de garantía juvenil.
Aunque hay muchos temas, me voy a referir solo a las enmiendas referidas
a dicho sistema, pues, dado el tiempo que tengo para exponer, prefiero
destacar las razones por las que votamos en contra de estas
enmiendas.

Se presentan unas enmiendas en torno al fichero del sistema
nacional de garantía juvenil. Dicho sistema contempla y articula la
existencia de un fichero como sistema oficial de información y
seguimiento, el cual no sustituye o suplanta a los sistemas ya
existentes, sino que se constituye en herramienta de coordinación para el
uso óptimo y eficiente de la información, exista o no previamente.

Respecto al bloque de enmiendas que se refiere a las
competencias y medidas, el artículo 88 contempla el ámbito de aplicación,
y los objetivos del sistema nacional de garantía juvenil vienen recogidos
en el artículo 90. En particular, se incluyen medidas para la mejora de
la intermediación, la empleabilidad, fomento de la contratación y fomento
del emprendimiento, las cuales se desarrollan en un conjunto de medidas y
acciones contempladas en el artículo 106, entre las cuales se encuentran
actuaciones a ser desarrolladas, entre otros, por los servicios públicos
estatales y de las comunidades autónomas, sin producirse redundancia
respecto al Sistema Nacional de Empleo y lográndose la optimización de
recursos y sinergias. El artículo 106 habla de estas medidas y acciones,
y quiero destacarlas para que se conozca específicamente las que son: las
bonificaciones, la formación específica, las prácticas laborales, la

orientación, la creación de programas de intermediación, el
impulso de la FP dual y el emprendimiento. Y todo ello siempre con
atención vinculada al perfil de la persona que se vaya a atender.

En cuanto a la participación y seguimiento, la coordinación
y colaboración activa de los actores involucrados en la garantía juvenil
ha sido, es y será una realidad. Desde el principio han intervenido los
agentes sociales, las administraciones públicas y los agentes del sector
privado. Pero es que además en el artículo 112 se recoge expresamente el
establecimiento de la comisión delegada de seguimiento y evaluación del
sistema nacional de garantía juvenil, con participación de las
comunidades autónomas junto al Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
por supuesto a través de la conferencia sectorial.

Respecto a los beneficiarios del sistema nacional de
garantía juvenil, también hay un importante bloque de enmiendas de todos
los grupos. Tan solo quiero decir que votamos en contra de estas
enmiendas porque en la redacción relativa a los requisitos que se
establecen para que cualquier persona sea beneficiaria del sistema
nacional nos hemos regido exclusivamente por las recomendaciones
comunitarias, y como bien se ha dicho, como recibimos fondos comunitarios
tenemos que acogernos a ellas.

Por último, hay que destacar que el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió siempre presenta en el ámbito
del empleo unas enmiendas relacionadas con el área de discapacidad y, en
este caso, también introduce una respecto al cuidado familiar. En cuanto
a la discapacidad quiero decir que ellos y todos los grupos
parlamentarios conocen que existe un grupo de trabajo en el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social y en el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, que está estudiando diversas cuestiones en materia
de discapacidad para elaborar toda una serie de medidas y reformas
legislativas en esta área. Entonces entendemos que no es en este proyecto
de ley donde debemos hablar de este tema, sino dejarlo para los
resultados de los grupos de trabajo que he comentado.

Para finalizar, respecto a las excedencias por cuidado
familiar, etcétera, también se está trabajando en el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en un plan integral de apoyo a la
familia, donde se van a acoger medidas de este tipo.

Nada más, como he dicho, simplemente he intervenido para
destacar nuestros argumentos y explicar por qué votamos en contra de unos
grupos muy determinados de enmiendas en estas áreas, puesto que el resto
se puede obviar, y será mi compañero el que después en el turno de
portavoces intervendrá.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Peris.
Además, ha cumplido usted con el tiempo de manera exacta.

La señora PERIS JARQUE: Raro.

El señor PRESIDENTE: Raro.

Después de la defensa de las enmiendas y del turno en
contra, pasamos al turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa).

¿Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado?
(Pausa).

¿Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya? (Pausa).

¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió? (Pausa).

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Varela.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Agradezco que la señora Peris haya estudiado, aunque con
poco éxito, las enmiendas que presentamos los distintos grupos
parlamentarios. Y reitero lo que decía al final de mi intervención:
resulta absolutamente llamativo que el Gobierno tenga que ser requerido
por la Comisión Europea para presentar el Plan de garantía juvenil, con
retraso, tarde, mal y arrastras, y que luego nos lo traiga aquí por un
procedimiento de urgencia, aquí te pillo, aquí te mato. Nosotros
enmendamos este documento por lo ridículo de los fondos aportados en
relación con los que se estaban dedicando a esta misma materia hace solo
3 años, por lo nefasto de la gestión del proceso de solicitud, por la
falta de respeto que supone tratar este, el primer problema de España,
con un procedimiento de ocultación y confusión en medio de un monstruo
legislativo. Y también lo enmendamos porque rechazamos las modificaciones
de la Ley básica de empleo, que trata de ocultar un golpe de 10 000
millones de euros en los presupuestos del Estado en los 3 últimos años;
porque rechazamos las modificaciones que el real decreto ley hace sobre
la regulación de empresas de trabajo temporal, que consolida una
estrategia del Partido Popular bien conocida, que es

desregular el tratamiento de estas empresas de trabajo
temporal y provocar su penetración en la intermediación y en la
orientación del mercado de trabajo, sacándole esta función al Servicio
Público de Empleo; porque rechazamos que no se extienda a los jóvenes de
entre 25 y 30 años esta posibilidad de que puedan acceder al fondo de
garantía, sobre todo teniendo en cuenta que el 17 de julio el Parlamento
Europeo vio la posibilidad de que los países aportaran más fondos y
abrieran y extendieran este plan para el empleo juvenil a los jóvenes
entre 25 y 30 años. Defendemos que en todos los casos y con independencia
del tamaño de las empresas, la bonificación a la cotización a la
Seguridad Social sea del cien por cien para los contratos de formación,
aprendizaje o prácticas, y que no sea el fondo de garantía de las
pensiones el que nutra este tipo de programas.

Presentamos enmiendas destinadas a evitar la invasión de
competencias que produce esta ley, haciendo una distribución de fondos en
función de las competencias de las gestiones de las políticas activas de
empleo y del volumen de parados de cada comunidad. Lo hacemos también
porque creemos que es necesario el reforzamiento de los servicios
públicos de empleo, con la contratación de 3000 profesionales,
exactamente los mismos que el Partido Popular eliminó en el período que
lleva gobernando; para que se produzca la coordinación entre la
Administración educativa y la laboral; para desarrollar un plan
específico de empleo para los parados de larga duración que ya suponen
más del 50% de los parados y, ojo, que ya buena parte de los jóvenes de
los que estamos hablando son jóvenes parados y al mismo tiempo parados de
larga duración.

Defendemos el desarrollo del portal único de servicio de
empleo integrado, depositando en él, en el portal único del servicio de
empleo integrado, la gestión del programa de garantía juvenil. Existiendo
un portal único de servicio de empleo integrado ¿qué sentido tiene que
sea una web creada específicamente fuera del Servicio Público de Empleo
la que se utilice para la inscripción y gestión de los parados? ¿Con qué
intención se hace esto, señorías? Con la intención de que figuren en un
programa experimental y que, como aquellos que están en formación u
orientación, aparezcan dentro de los servicios públicos de empleo como en
suspensión de demanda, para darnos unos datos estadísticos de los jóvenes
desempleados de nuestro país en función de esta desaparición de los
servicios públicos de empleo por la suspensión. Mucho nos tememos que
podemos encontrarnos delante de esto, si no, no tiene —y termino,
señor presidente, inmediatamente— el más mínimo sentido que sea un
portal ajeno al servicio público de empleo el que gestione la capacidad
de los jóvenes de inscribirse en este programa.

Por todas estas razones presentamos nuestras enmiendas.
Sabemos que no hay la más mínima posibilidad de que sean aceptadas. El
Partido Popular tiene tomada la decisión de no aceptar ninguna enmienda
en esta Cámara, pero nosotros igualmente las vamos a defender porque
creemos que son justas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Varela.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el senador Fernández.

El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Con la venia, señor
presidente.

Señorías, intervendré brevemente porque quiero de alguna
forma apostillar sobre la situación económica de este país, ya que el
portavoz socialista que ha intervenido no ha hecho mención alguna en
estos momentos a la reforma laboral. Es curioso ver cómo en esta materia
se han presentado unas enmiendas importantes por parte de los grupos
parlamentarios, pero que han sido rechazadas por nuestro grupo como
consecuencia de que ya se han tomado medidas importantes con esta reforma
laboral, y cómo se ha obviado que 6 años atrás, antes del Gobierno del
Partido Popular, ha habido una recesión económica terrible y, sobre todo,
la que hemos atravesado con tantos años de desempleo.

Después de la importante relajación de las tensiones
financieras, como hemos visto, y del comportamiento del sector exterior,
ha habido que tomar medidas importantes para que no siga la destrucción
de empleo y, sobre todo, teniendo como base al empleo juvenil. El empleo
juvenil es una de las grandes preocupaciones que ha tenido la Unión
Europea, también lógicamente de nuestro país. Esto junto con la reforma
laboral y la comisión de expertos que se creó en materia de Seguridad
Social para la protección social han supuesto poner más énfasis en la
entrada en vigor de las medidas de esa reforma laboral que fue tan
criticada en años precedentes y, sobre todo, en debates realizados en
esta Cámara. Por lo tanto, nos hemos centrado mucho en las medidas de
fomento del empleo, en las bonificaciones, en el impulso de la formación
profesional y en el juego de las prácticas en el ámbito de toda
contratación bilateral entre empresas y trabajadores, así como en el caso
de los autónomos.

Sin más, señor presidente, creo que por parte del Grupo
Parlamentario Socialista de alguna manera se ha intentado desvirtuar una
proyección absoluta de cara al exterior y una proyección muy clara de lo
que significa un gran mercado de trabajo. Esto es lo que tenemos que
traer aquí, es el gran impulso que vamos a dar con este proyecto de ley
cuando se debata en la Cámara como una ley. Es un gran impulso para la
economía del país, un gran impulso para la economía del empleo, un gran
impulso para los autónomos, un gran impulso para todo el sector que va a
estar junto al mercado de trabajo. Por lo tanto, estamos satisfechos con
este proyecto de ley que vamos a traer aquí y, lógicamente, debatir y
rebatir con los socialistas a veces se hace un poco pesado porque parece
ser que tienen Alzheimer político respecto a lo que hicieron ellos en
otros tiempos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández,
porque lo ha hecho usted en la mitad de tiempo, así que esta Presidencia
le felicita.

Pasamos al quinto bloque: Medidas Fiscales, título V,
artículos 122 a 124 y nuevos, y exposición de motivos, apartado IX.

En este bloque se debaten las siguientes enmiendas: La 12
de los senadores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar, del Grupo
Parlamentario Mixto; las números 101 a 103 de los senadores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; las
números 329 a 331, 431 a 434 y 438 del Grupo Parlamentario de la Entesa
pel Progrés de Catalunya; las números 507 a 510 del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado Convergència i Unió, y enmiendas 155 a 158 y 162 del
Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la enmienda 12, tiene la palabra el
senador Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Señor presidente, damos la
enmienda por defendida.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mariscal.

Para la defensa de las enmiendas 101 a 103. ¿Igualmente,
senador Mariscal?

El señor MARISCAL CIFUENTES: Sí, las damos también por
defendidas.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Para la defensa de las enmiendas 329 a 331, 431 a 434 y 438
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra
el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Sí, señor presidente,
intervengo para darlas por defendidas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, president.

Para la defensa de las enmiendas 507 a 510 del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra
el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Gracias, señor presidente.

Damos por defendidas estas enmiendas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alturo.

Para la defensa de las enmiendas 155 a 158 y 162, tiene la
palabra el señor Vázquez, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor
presidente.

En este bloque presentamos ocho enmiendas, de las que tres
han sido rechazadas por la Mesa. No entendemos por qué no se aceptan unas
enmiendas que ya habían sido votadas en el Congreso. Es un criterio que
tiene esta Mesa pero la verdad es que es difícil de interpretar. En todo
caso, quede constancia de que pretendíamos que respecto al impuesto de
sociedades el mínimo fuese el 15%, que hubiese incentivos fiscales para
el mundo del cine y que el IVA cultural volviera a reducirse.

Paso a referirme a las enmiendas que quedan vivas y que
mantenemos para el Pleno. La 155, al artículo 122, pretende bajar la
retención al 15%. El Gobierno está intentando vender que baja los

impuestos a los autónomos y profesionales al 15% cuando lo
que hace es bajar la retención y no el impuesto. Además, es sarcástico
porque lo encontraron al 15%, lo elevaron al 21% y ahora dicen que lo
bajan al 15% pero solamente, además, a aquellos que tengan un rendimiento
íntegro inferior a 15 000 euros, y ya veremos los efectos de salto,
escalón, etcétera, que esto puede ocasionar cuando se desarrolle. Repito,
bajar la retención no es bajar el impuesto, y nosotros pedimos que el 15%
sea para todos, tal como estaba cuando terminó la anterior
legislatura.

El artículo 124.Primero.Tres fija un tipo de gravamen del
0,03 por ciento a los depósitos bancarios. Nuestro grupo ha presentado la
enmienda 157 a este artículo con el fin de corregir ese gran despropósito
que fue crear por primera vez en el mundo tributario un impuesto con el
tipo 0 —yo creo que esto se ha hecho a nivel mundial—, tal y
como se creó en la ley 16 a finales del 2012 y que, además, se hizo
claramente para, después de una sentencia del Tribunal Constitucional que
declaraba válido este impuesto destinado a los depósitos de ciertas
comunidades autónomas, en concreto de Extremadura, se hizo con el
objetivo de frenar que otras comunidades autónomas pudiesen aplicarlo y,
por lo tanto, nuevamente se ponían a favor de los bancos, de las
entidades financieras e impedían que las comunidades autónomas se
pudieran financiar de otra forma. Ahora lo quieren corregir con el 0,03,
y yo creo que el cálculo que han hecho ha sido para intentar pagar lo que
tienen que compensar a esas comunidades autónomas —3—, y que
está en vigor, y nosotros pensamos que debe ser el 0,4, para que, de
alguna manera, las entidades financieras devuelvan al sector público, a
los ciudadanos una parte de lo mucho que han recibido tanto en recursos
como en avales, y que también se facilite que no se apalanquen nuevamente
estas entidades.

En la enmienda 158 proponemos un nuevo artículo 125 e
instamos al Gobierno para que en dos meses traiga al Parlamento una ley
que grave el patrimonio y la riqueza, ya que la reforma fiscal presentada
no adopta ninguna medida en este sentido, para corregir esa inequidad
fiscal que tenemos en nuestro país. Queremos que se graven las sicav, las
sociedades instrumentales, los seguros, los planes de pensiones,
etcétera, y cualquier participación en todo tipo de sociedades, que hasta
ahora no se hacía.

La enmienda 162 propone un nuevo artículo 129 con el fin de
incrementar los efectivos de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. Son muchas las mociones que hemos presentado en esta Cámara
para, dada la gravedad y la dimensión del problema existente tanto con el
fraude como con la economía sumergida, intentar incentivar y potenciar la
Agencia Tributaria. En definitiva, para potenciar la lucha contra el
fraude fiscal.

Lo que ha hecho el Gobierno ha sido simplemente reponer una
de cada diez personas que se han jubilado o han amortizado plaza, y lo
que nosotros proponemos es que se cree un plan de choque de 5000
efectivos más en 4 años, y no limitar la oferta pública en estos años en
cuanto a la reposición. Se trata simplemente de equipararnos con la media
del resto de los países de nuestro entorno ya que en España con Italia la
proporción es de las más bajas, teniendo solamente 0,61 empleados por
cada 1000 habitantes.

En fin, quiero ajustarme también al tiempo para que me
felicite el señor presidente, y lo único que quiero es expresar mi mejor
voluntad y confianza en que algunos senadores o senadoras del Grupo
Popular atiendan estas razones y, por lo tanto, cambien su sentido de
voto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vázquez. Le
felicito también porque usted ha cumplido y, además, bien con el
tiempo.

Para turno en contra, tiene la palabra la senadora Angulo,
del Grupo Parlamentario Popular.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Intentaré ajustarme también al tiempo.

Empezaré diciendo al portavoz del Grupo Socialista que yo
también mantengo la confianza en que el Grupo Socialista, antes del
Pleno, retome la posición y sea capaz de votar a favor de este proyecto
de ley, porque en lo que respecta a las medidas fiscales tiene un
importante carácter económico, pero tienen también un profundo carácter
de justicia y de cohesión social, especialmente algunas medidas a las que
ni siquiera se han referido en su intervención. Y sin perjuicio de que
responderemos a otras enmiendas presentadas por otros grupos, que han
dado por defendidas y que nosotros también expondremos nuestra posición
en el Pleno, quiero decir que este proyecto de ley en lo que respecta al
bloque correspondiente a las medidas fiscales contiene, como digo,
medidas muy importantes porque tenemos un objetivo muy claro en el
Partido Popular, y es hacer llegar lo antes posible la recuperación que
entre todos hemos conseguido en forma de mayores y mejores oportunidades
de empleo y también de más renta disponible y mayores posibilidades y
mayores oportunidades para todos. Estamos inmersos en una reforma
tributaria

de gran calado, en una reforma tributaria, además,
profundamente social, pero había una serie de medidas que entendimos que
no podían esperar. Por eso, en ese contexto se aprobó esta ley y, por
eso, con urgencia, porque entendimos que no queríamos que esperaran los
autónomos, se aprobó, y va en esta ley, la rebaja de las retenciones del
21 al 15% para todos los autónomos que tienen unos rendimientos anuales
menores de 15 000 euros; para que tuviera efectos inmediatos se incluyó
en el real decreto ley, y eso va a permitir, está permitiendo ya una
mayor renta disponible, una mayor cantidad de dinero disponible para 550
000 autónomos de este país; eso por lo que tanto protestaron, que tanto
dijeron que no era urgente, sí era urgente para más de medio millón de
autónomos de este país. Además, a nosotros nos parece un límite adecuado
y un límite posible, pero es una rebaja que se hace en el marco de la
reforma tributaria. La reforma fiscal incluye, en sintonía con el nuevo
tipo mínimo de la escala general del gravamen, una rebaja general del
tipo de retención para todos los autónomos del 21 al 20% en 2015 y al 19%
en 2016, e incluye esa bajada, como digo, al 15% que se aprueba en este
proyecto de ley, todo eso en un contexto de muchas medidas que se han
aprobado en favor de los autónomos. No nos pueden decir que es propaganda
cuando en estas Cámaras se han aprobado numerosas medidas, esas tarifas
planas, esa posibilidad de pluriactividad, leyes de apoyo al emprendedor,
leyes de apoyo al estímulo al crecimiento, que contienen numerosas
medidas en favor de los emprendedores, a las que en su inmensa mayoría,
si no es en todas, han votado en contra desde los partidos de
izquierda.

Se ha dicho en otra intervención anterior por parte del
Grupo Socialista que cada vez tenemos menos autónomos. Y yo tengo que
decir que no es así, porque la tendencia ha cambiado y el número de
autónomos ha empezado a crecer ya que en el primer trimestre de 2014
teníamos más de 8000 nuevos autónomos. Fue con el Gobierno del Partido
Socialista cuando había una tendencia absolutamente desastrosa, de caída
en picado, hasta el punto de que en 3 años se dieron de baja 315 000
autónomos. ¿Cómo no van a ser necesarias y cómo no van a ser urgentes
medidas como ésta?

El impuesto a los depósitos bancarios es un tributo que se
aprobó, y ustedes lo saben, para garantizar una tributación armonizada de
los depósitos en entidades de crédito. Ustedes proponen elevar,
multiplicar hasta por 13 el tipo de gravamen del 0,03% que propone el
Gobierno. No lo entendemos oportuno, pero en todo caso tampoco han estado
nunca de acuerdo y tampoco esperamos que lo estén ahora. Pero, sobre
todo, más que lo que han dicho, me ha sorprendido lo que no han dicho. Es
que este proyecto de ley contiene dos medidas profundamente sociales
especialmente importantes para colectivos, para cientos de miles de
personas que lo han pasado especialmente mal durante la crisis. Y este
Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, es el que ha querido adelantar
medidas para aquellos que se han visto obligados a la dación en pago de
sus viviendas o para los que se han visto afectados por una ejecución
hipotecaria judicial o notarial y no disponen de otros bienes para
afrontar el pago total de su deuda. Lo que dice este proyecto de ley es
que todas esas personas no van a tributar por las ganancias patrimoniales
en el IRPF ni tampoco van a tener que tributar por la plusvalía
municipal.

Me sorprende que un partido o unos grupos que se dicen
sociales no hayan hecho mención ni hayan presentado una sola enmienda a
esta medida, y que ni siquiera se hayan referido a una medida que nos
parece especialmente importante, señorías: las personas que se han visto
obligadas a la dación en pago de su vivienda o a una ejecución
hipotecaria no van a tener que tributar ni por la plusvalía municipal ni
en el IRPF. Y otra medida especialmente importante para nosotros es que
para todas las personas afectadas por las participaciones preferentes,
con este proyecto de ley se permite compensar las pérdidas por las
participaciones preferentes o deuda subordinada con cualquier tipo de
renta del ahorro, incluidas las ganancias patrimoniales que se hayan
derivado de las acciones objeto de canje forzoso. El borrador de reforma
fiscal permitía esta compensación a partir de enero de 2015, pero ahora
se va a poder hacer ya en la declaración de 2014; es decir, las pérdidas
por la compra de participaciones preferentes se van a poder compensar,
como digo, con las ganancias derivadas de las acciones que fueron objeto
de canje, y se evita así que quienes tuvieron que canjear sus preferentes
por acciones, y que perdieron valor por ello, tengan que tributar ahora
por las ganancias de esas acciones, y, además, si tras esa compensación
quedase saldo negativo, la parte de saldo negativo correspondiente a los
años 2010 hasta 2013 se va a poder compensar en los cuatro años
siguientes de la misma manera. Entendemos que eso supone mejorar la
situación, como digo, de cientos de miles de personas que han tenido
especiales problemas durante la crisis, también a eso se ha dado una
solución extraordinaria y urgente, porque así lo ha querido el Gobierno
del Partido Popular.

Y termino ya, señor presidente. Ustedes proponen otras
cosas. Ustedes vienen hoy con el discurso de las grandes fortunas, pero
no se han acordado para nada de las pequeñas fortunas que han tenido

especiales problemas; ese discurso de las grandes fortunas
que a lo largo de 8 años de Gobierno socialista jamás propusieron ni en
el Congreso ni en el Senado.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Angulo.

Pasamos al turno de portavoces.

Tiene la palabra el senador Vázquez.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor
presidente.

Se sorprende la portavoz del PP de lo que no hemos dicho.
Si no me equivoco, estamos en el turno de defensa de las enmiendas que
cada grupo presenta. Por tanto, lo que sí sorprende es que en el turno en
contra de nuestras enmiendas ella no se haya referido en absoluto a por
qué se opone a las mismas; es decir, no nos ha dicho por qué se opone a
que sea el 15% de retención para todos los profesionales y autónomos, lo
que estaba cuando el Partido Popular llegó al Gobierno. No nos ha dicho
por qué se opone a que sea el 0,4% lo que se grave a los bancos y
entidades financieras. No nos ha dicho por qué se opone a que tributen el
patrimonio y la riqueza, porque hay un dato efectivo: el 90% de los
ingresos del Estado proviene de las rentas de la clase media y
trabajadora, tanto en impuestos directos como en impuestos
indirectos.

Esto es una inequidad del sistema fiscal que en la
situación social que estamos padeciendo es un auténtico escándalo, y no
se recoge nada de esto, pero tampoco se recoge nada de esto en la reforma
fiscal que han traído al Parlamento. Ni nos dicen tampoco por qué están
en contra de nuestra propuesta en la lucha contra el fraude en el sentido
de incrementar los efectivos de la Agencia Tributaria, que es lo que
tendría que decir en el turno en contra de las enmiendas del Grupo
Socialista. Hace una declaración general y veo que no convenzo a la
senadora Angulo. Confío en que haya otro senador o senadora del Partido
Popular que sea capaz de entender un poco mejor nuestras pretensiones,
que no son otras que mejorar la ley, como es lógico, y hacerla más
eficaz.

Señoría, vuelvo a recomendarle —y no voy a agotar mi
tiempo— y la invito a que lea otros análisis. Cuando habla del
éxito de la política económica del Gobierno, de esa recuperación, le
recomiendo que lea algunos análisis independientes, que los hay, en todos
los medios de comunicación, de la universidad, de organismos
internacionales y nacionales, para que sea un poco más prudente en sus
afirmaciones sobre la recuperación. Así, leyendo estos análisis y no
ajustándose solamente a sus argumentarios, posiblemente se pueda ajustar
más al tiempo; en la intervención anterior ha superado el 50% del tiempo
establecido.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vázquez.

Tiene la palabra la senadora Angulo, por un tiempo de tres
minutos.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Había que decirlo, senador Vázquez. Este proyecto de ley
contiene esas medidas importantes en lo que respecta a política fiscal.
Yo entiendo que ustedes hoy están fuera de juego, y porque están fuera de
juego hoy tienen que venir a sacar otros temas y no quieren hablar de los
afectados por las preferentes. Y hoy no quieren ustedes oír hablar de las
personas que se han visto afectadas por la dación en pago de su vivienda
o por ejecuciones hipotecarias. Y hoy no quieren tampoco oír hablar de la
bajada de retenciones a los autónomos, a los que, por cierto, se han
aplicado muchísimas medidas a a lo largo de estos 3 años y ustedes han
votado en contra de todas ellas. Hoy quieren ustedes hablar de las
grandes fortunas, y sí, hablamos de las grandes fortunas, pero es que es
un discurso que no resulta creíble; y por lo que hace referencia a la
enmienda 158, que ustedes proponen, hay que decir que cuando tuvieron
ustedes oportunidad no fueron precisamente las grandes fortunas sino las
pequeñas fortunas de este país las paganas de las políticas socialistas,
y las que pagaron los beneficios fiscales, como aquello de las plusvalías
a más de un año, como aquello de las indemnizaciones millonarias con una
reducción importante, etcétera; ustedes convirtieron a las pequeñas
fortunas en las paganas de las grandes fortunas. Por eso, la enmienda que
hoy presentan, fuera de contexto y fuera de lugar, no resulta
creíble.

No digamos la enmienda —que no ha sido
admitida— que habla del impuesto sobre sociedades, a la que se ha
referido. Senador Vázquez, el impuesto sobre sociedades con el Partido
Socialista en el Gobierno cayó hasta un 63%, ¿y sabe quién dejaba de
pagar con el Partido Socialista? Los grandes

grupos consolidados y las grandes empresas, y fue ahí donde
cayó la recaudación, las grandes empresas pagaron nada menos que un 19,1%
menos, solo en 2010, y por los grupos consolidados dejó de ingresar el
Estado un 25,1%, solo en el año 2011; el tipo efectivo en algunos casos
llegó a ser del 0% y ustedes no movieron un dedo ni aprobaron nada. Por
tanto, no vengan a decirnos hoy que ha sido el Partido Socialista el que
con sus medidas fiscales ha exigido mayores esfuerzos a los que más
tienen y ha puesto la equidad en todas sus normas fiscales en la política
fiscal. No vengan hoy a hablarnos de eso.

En cuanto a los efectivos de la Agencia Tributaria, tengo
que decirle lo mismo: sabe muy bien que se ha dado un tratamiento
excepcional y diferenciado a la Agencia Tributaria para poder mantener su
capacidad operativa y para poder incrementar sus actuaciones en la lucha
contra el fraude fiscal; por eso, además de la oferta de empleo público,
en el mes de abril se aprobó una oferta extraordinaria y adicional para
impulsar esa lucha contra el fraude fiscal.

Termino, señor presidente. He contestado a todas sus
enmiendas, pero hoy era importante hablar de esas cuatro medidas
importantísimas, de profundo carácter social que contiene el proyecto de
ley, a las que usted ni siquiera se ha referido.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Angulo.

¿Alguna otra intervención? (Denegaciones).

Pasamos al debate del sexto bloque: carrera militar y
Guardia Civil. Disposiciones adicionales primera a octava y nueva. Anexos
II a VIII y exposición de motivos, apartado X, párrafos segundo y
decimoquinto.

En este bloque solamente se ha presentado la enmienda 561,
del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Para su defensa, tiene la palabra la senadora
Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, señor
presidente.

Dado que es la única enmienda presentada, voy a intervenir
muy brevemente, simplemente mencionaré que mi grupo parlamentario
presenta esta enmienda para posibilitar que la comunidad autónoma de
Euskadi pueda ofertar plazas para el acceso a funcionario de la
Ertzaintza o Cuerpo de la Policía dependiente de la Administración de la
comunidad autónoma para alcanzar en cada momento, como máximo, 8000
efectivos acordados en la Junta de Seguridad prevista en el artículo 17.4
del Estatuto de Guernica, tal y como dispone la disposición transitoria
cuarta del mismo cuerpo legal.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora.

¿Turno en contra? (Denegaciones).

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Abad.

El señor ABAD BENEDICTO: Gracias, señor presidente.

En materia de defensa son varias las cuestiones a las que
se refiere el texto que nos ocupa; cuestiones todas ellas que se tratan
de manera absolutamente extemporánea e incoherente, algo a lo que por
otra parte ya nos tiene acostumbrados este Gobierno y el Grupo
Popular.

En este sentido, el texto que nos ocupa añade un nuevo
párrafo al apartado 7.b) de la disposición transitoria cuarta de la Ley
de la carrera militar. En este caso, estamos hablando de una cuestión que
afecta al personal de nuestras Fuerzas Armadas, concretamente al
reconocimiento académico de los grados universitarios desde el momento en
el que se produce la incorporación a las nuevas escalas. Señorías, ahora,
y de este modo, el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno se limitan a
aprobar lo que ya se aprobó en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2009 pero que entonces el Partido Popular recurrió al
Tribunal Constitucional por considerar que esta, entre otras, no
constituía materia propia de aquella ley, es decir, un defecto formal con
el que el Partido Popular logró su anulación formal y que seis años
después se ve obligado a aprobar en este texto. Y lo hace con un
megadecreto, una vez más. Antes no, pero ahora parece que sí es posible,
lo mismo que con la ley del aborto. En cualquier caso, esta cuestión
podría haberse solventado antes o al menos de manera más respetuosa
jurídicamente, bien a través de la Ley del régimen disciplinario militar
o de la futura ley de la carrera militar. En todo caso, nos alegramos de
que por fin se vaya a resolver un problema que solo el Grupo Popular
creó.

Pero si la inclusión de esta modificación en este proyecto
es difícil de entender, señorías, la inclusión de la oferta de plazas
para las escalas de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas, de
la escala de tropa y marinería y el acceso a una relación de servicios de
carácter permanente o la convocatoria de plazas a la escala superior de
oficiales de la Guardia Civil es absolutamente incomprensible. ¿Cómo es
posible que hayan fusilado el decreto de provisión de plazas en este real
decreto, en vez de sacarlo de forma independiente en abril o en mayo,
como se ha hecho en todos y cada uno de los ejercicios hasta el presente?
No entendemos por qué han restringido ustedes estas plazas durante 3
ejercicios y ahora descubren que no pueden garantizar la operatividad de
las Fuerzas Armadas. Ustedes debieron aprobar la provisión de plazas en
abril o mayo, y nos la traen aquí ahora, tarde y mal. Ustedes debieron
aprobar una planificación plurianual de plazas, tal y como mandata la Ley
de la carrera militar, que hoy, como he dicho antes, modifican; y no lo
han hecho.

Y lo más preocupante de todo esto es el reconocimiento
expreso que hacen en el texto de que con su política de personal, con su
gestión de personal de las Fuerzas Armadas, han logrado poner en riesgo
nuestra seguridad y nuestra defensa. Sin embargo, esta forma de actuar,
esta forma de legislar, no nos causa ya sorpresa. Es lo que han venido
haciendo en el ámbito de las Fuerzas Armadas, decreto tras decreto, con
los créditos extraordinarios multimillonarios para pagar los programas
especiales de armamento. Deprisa y corriendo, a golpe de ocurrencias e
improvisaciones, sin abordar, como les venimos pidiendo los socialistas,
con consenso y en el marco de una debida política de Estado, el modelo de
las Fuerzas Armadas para poder planificarlo con tiempo y garantizar un
horizonte de disminución de efectivos y su plena operatividad.

Señor presidente, con esto doy por concluida mi
intervención y, lógicamente, nos abstendremos en la votación de la única
enmienda que ha presentado, en este caso, la senadora Iparragirre, del
Grupo Vasco.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Abad.

Damos por finalizado el debate del bloque sexto.

Pasamos al séptimo bloque, del Registro Civil.
Disposiciones adicionales vigésima y vigesimoquinta y exposición de
motivos, apartado X, párrafos trigésimo a trigésimo quinto.

En este bloque se debaten las enmiendas 110 a 115, de los
senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto; enmiendas 554 a 558, del Grupo Parlamentario Vasco;
enmiendas 338 a 343 y 439 a 442, del Grupo Parlamentario Entesa;
enmiendas 516 a 520, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió; y enmiendas 151 a 154, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Para la defensa de las enmiendas 110 a 115, tiene la
palabra el senador Mariscal Cifuentes.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Las doy por defendidas, señor
presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas 554 a 558, tiene la
palabra la senadora Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Muchas gracias.

Las doy por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas 338 a 343 y 439 a 442,
tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Las doy por defendidas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas 516 a 520, tiene la
palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: También las doy por defendidas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Alturo.

Para la defensa de las enmiendas 151 a 154, tiene la
palabra el señor Sen Vélez.

El señor SEN VÉLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

En relación con este proyecto de ley, y entrando ya en
materia, en el bloque relativo a los cambios que el Gobierno incorpora en
el Registro Civil el Grupo Socialista ha presentado 4 enmiendas. La
primera de las enmiendas, la número 151, de modificación, se basa en la
necesidad de prorrogar hasta el 1 de julio de 2016 la entrada en vigor de
aquellos aspectos que no lo hubieran hecho de la Ley 20/2011, de 21 de
julio. Consideramos que es necesario aplazar la entrada en vigor en lo
relativo al Registro Civil debido a varias causas. En primer lugar, para
que el Gobierno reflexione y se dé cuenta de la soledad con la que
nuevamente incorpora cambios de gran calado, en este caso en una
institución tan importante como es el Registro Civil, rompiendo el gran
consenso que en el pasado 2011 alcanzo la ley anteriormente citada, y así
pueda garantizar su permanencia en un futuro. Y como segundo motivo, esta
prórroga posibilitaría, dada la inacción del Gobierno, que a día de hoy
no ha llevado a cabo la realización de las acciones necesarias que
garanticen la operatividad real de su entrada en vigor, que se otorgue un
tiempo necesario al nuevo modelo organizativo, técnico y personal para su
implantación.

La enmienda 152, también de modificación, pretende que la
llevanza del Registro Civil sea encomendada al grupo de secretarios
judiciales a partir de la entrada en vigor de la totalidad de la Ley
20/2011. En el Grupo Socialista entendemos que debe abrirse un debate
serio y responsable que, a través del consenso, nos lleve a encomendar la
llevanza a los secretarios judiciales, una vez desjudicializada la
función registral, por su preparación técnica, jurídica, amplio
conocimiento del organigrama judicial y el desempeño de sus funciones en
los registros civiles. Pedimos que ello recaiga en la figura del
secretario judicial.

Como continuidad de lo indicado en las enmiendas
anteriores, en la enmienda 153 queda perfectamente claro que la actual
propuesta del Gobierno no satisface a nadie, ni siquiera a los propios
registradores mercantiles, que sorprendentemente es a los que ustedes
asignan esa llevanza. Se evitaría dejar en clara situación de debilidad
laboral a varios miles de funcionarios de todo el territorio nacional,
los cuales han demostrado una amplia experiencia, formación,
profesionalidad y un alto potencial para asumir los retos de la necesaria
modernización del servicio.

Como última enmienda recogemos el sentir del amplísimo
rechazo que la privatización que ustedes quieren imponer ha generado en
la sociedad. Y dentro de la labor política que a los grupos de la
oposición nos corresponde ejercer con respecto a la formulación de normas
en un real decreto, entendemos que dicho debate debe ser abordado
mediante un proyecto de ley específico de modificación de la Ley del
Registro Civil, el cual llevaría a un debate sosegado y profundo que les
haga ver los motivos por los cuales ninguna profesión jurídica, ningún
cuerpo de funcionarios, ni los jueces, ni secretarios judiciales, ni los
propios registradores de la propiedad ni mercantiles, como he indicado
antes, aceptan la privatización y centralización de los registros civiles
españoles.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sen.

¿Turno en contra? (Pausa).

Senador Fernández de Moya, tiene la palabra.

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO: Muchas gracias, señor
presidente.

Intervengo brevemente para dar por rechazadas las enmiendas
que se formulan al ámbito del Registro Civil. En ese sentido, quiero
poner de manifiesto que mi grupo parlamentario se reserva el
posicionamiento de cara al Pleno de la semana que viene.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández de
Moya.

¿Turno de portavoces? (Pausa).

Senador Sen, tiene la palabra.

El señor SEN VÉLEZ: Muchas gracias.

Como hemos manifestado en la explicación de las enmiendas
que hemos presentado, en el Grupo Socialista queremos hacer ver a los
senadores del Grupo Popular en el Senado que este no es el camino y que,
sobre la base de los argumentos que aquí hemos indicado, la aceptación de
estas enmiendas posibilitaría que se pueda salir del túnel en el que el
dimitido ministro de Justicia, señor Gallardón, les ha introducido.

El Registro Civil es toda una institución y, por mucho que
los adornen, los números son muy tozudos. Es imposible que 120 registros
de la propiedad y mercantiles ofrezcan el mismo servicio que 430 oficinas
judiciales o que 1600 personas desarrollen el mismo trabajo que 5000. Y
como ya han denunciado los propios registradores que no piensan ni pueden
ofrecer un servicio que se dice gratuito sin compensación económica
alguna, si hay dinero de por medio ya no es gratuito, si se financia a
través de los Presupuestos Generales del Estado la fórmula permanece
inalterable, con un peor servicio del que se presta actualmente, pero
perdiendo miles de puestos de trabajo y entorpeciendo el acceso de los
ciudadanos a un servicio que desde su creación siempre ha sido público,
próximo y gratuito, todo lo contrario a lo que se impone con este cambio
de normativa.

Como senador que representa a una provincia, la de León,
que tiene unas condiciones geográficas, demográficas, orográficas y
climatológicas especiales, que es la séptima provincia en superficie de
España, con 211 municipios y más de 1300 entidades locales menores, una
provincia con una media de 1000 metros de altitud, con una de las
dispersiones de población más acentuadas del territorio nacional, de las
más envejecidas, y con una relación distancia-tiempo más alta debido a su
orografía montañosa, debo decir que con esta realidad no nos pueden
pretender convencer de que es mejor para sus ciudadanos tener que
desplazarse, por ejemplo, a la ciudad de León, con tiempos que en muchos
casos superan la hora y treinta minutos, para recoger un certificado que
hasta ahora obtenían en su propio pueblo o municipio. ¿Se puede
considerar a esto una mejora? Entendemos que no.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sen.

Finalizado el debate del séptimo bloque, pasamos al octavo:
otras materias. Exposición Picasso, disposición adicional novena y
exposición de motivos, apartado X, párrafos decimosexto a
vigesimoprimero; relaciones financieras con la Unión Europea, anticipos
pendientes; disposiciones económicas y beneficios fiscales para la Ciudad
de Lorca, en las disposiciones adicionales decimosegunda y decimotercera
y exposición de motivos, apartado X, párrafos vigesimosexto a
vigesimoctavo; disposiciones adicionales nuevas, disposición derogatoria
y disposiciones finales primera a quinta.

En este bloque se debaten las siguientes enmiendas: las
números 134 a 138, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal
Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas 362 a 366, 453 y 454,
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; y enmiendas 142
y 143, del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de las enmiendas 134 a 138, tiene la
palabra el senador Mariscal Cifuentes.

El señor MARISCAL CIFUENTES: Las doy por defendidas, señor
presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador.

Para la defensa de las enmiendas 362 a 366, 453 y 454,
tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Las doy por defendidas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, president.

Para la defensa de las enmiendas 142 y 143, tiene la
palabra el senador Alique.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Las doy por defendidas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Turno en contra?

Senador Aroca, tiene la palabra.

El señor AROCA SÁEZ: Gracias.

Dado que este bloque incluye diversas materias, en las que
se trata, como usted muy bien ha indicado, de la Exposición Picasso, las
relaciones financieras con la Unión Europea, el impulso económico y los
beneficios fiscales para la Ciudad de Lorca, así como de materia relativa
a las disposiciones adiciones y derogatorias, anuncio el voto en contra
del Grupo Parlamentario Popular a las enmiendas presentadas y nos
reservamos el derecho a su debate en el Pleno.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Aroca.

¿Quiere intervenir algún portavoz? (Denegaciones).

Si no hay ninguna intervención, damos por finalizado el
debate del bloque octavo y del conjunto del proyecto de ley.

Antes de proceder a la votación del informe de la Ponencia
quiero pedir a los miembros de Mesa y portavoces que al finalizar la
comisión se queden cinco minutos para sustanciar lo que será la comisión
del próximo día 27 de octubre. Serán solo cinco minutos.

Pasamos a la votación del informe de la ponencia, conforme
a lo que determina el artículo 116.2 del Reglamento del Senado. Señora
letrada, doy por supuesto que están identificados los señores senadores
que tienen derecho a ejercer el voto. (Rumores). Silencio, por favor.

Repito que, conforme al artículo 116.2 del Reglamento del
Senado, una vez terminado el debate, sometemos a votación la propuesta
que ha formulado la ponencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 16; en contra, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el informe de la
ponencia del Proyecto de Ley de aprobación de medidas urgentes para el
crecimiento, la competitividad y la eficiencia, procedente del Real
Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio.

En relación con el plazo para la presentación de votos
particulares, les comunico a sus señorías que deberán presentarse no más
tarde del día de mañana.

Y en cuanto la designación del miembro de la comisión para
la presentación del dictamen, si sus señorías no tienen ningún
inconveniente esta Presidencia procederá a su presentación en el Pleno
del próximo día 30.

Sin más asuntos que tratar, y agradeciendo a todas sus
señorías su presencia esta mañana aquí, se levanta la sesión.

Eran las catorce horas y cuarenta y cinco minutos.