De los ocho vetos presentados a este Proyecto de Ley de
racionalización del sector público y otras medidas de reforma
administrativa, tres corresponden a senadores del Grupo Parlamentario
Mixto y los cinco restantes a los demás grupos parlamentarios de la
oposición.

Estamos probablemente ante una de las iniciativas
legislativas que mayor rechazo ha despertado a priori en su trayecto por
las Cortes Generales —primero en el Congreso de los Diputados y
ahora en el Senado—. Semejante grado de rechazo pone de manifiesto
que no ha existido por el Gobierno ni por el Grupo Parlamentario Popular
—que lo sustenta con holgadas mayorías absolutas en ambas
Cámaras— voluntad de buscar acuerdos ante un asunto sobre el que el
Partido Popular pedía urgencia, mucha urgencia, en las pasadas
legislaturas, cuando era presidente el señor Rodríguez Zapatero, sin
embargo, ahora, el Gobierno se ha tomado más de la mitad del mandato
—más de dos años— para poner en marcha una serie de medidas
que fueron presentadas como prioritarias en el programa electoral que fue
respaldado mayoritariamente por los electores españoles, que también
fueron comprometidas por el candidato a la Presidencia del Gobierno en su
discurso de investidura, que fueron anunciadas en esta misma Sala Clara
Campoamor pero ante la Comisión Constitucional en febrero de 2012 por la
vicepresidenta primera del Gobierno y que fueron reiteradas por la propia
vicepresidenta hace unos meses, el pasado 4 de noviembre de 2013.

Tanta calma, tanta demora en impulsar iniciativas para
racionalizar el sector público no permitía augurar el fiasco legislativo
procedente del Congreso en forma de un proyecto de ley que no responde a
las necesidades de la sociedad española ni tampoco a la imprescindible
readaptación de la arquitectura y maquinaria administrativa al siglo XXI,
así como a una situación de crisis económica que exige milimetrar el
gasto público para eliminar duplicidades y excesos con cargo a las
cuentas públicas. Estas premisas son comunes en prácticamente todos los
textos de los vetos presentados, lo que pone de manifiesto que la
redacción del proyecto de ley ha dejado aparcada cualquier posibilidad de
acuerdo, por no citar cuestiones de calado como la invasión competencial,
que precisamente en esta Cámara de representación territorial observamos
con especial detalle.

En definitiva, como señalaba al principio, son tres los
vetos que ha presentado el Grupo Parlamentario Mixto: el que lleva la
firma de los senadores de Izquierda Unida, Iglesias y Mariscal, otro
suscrito por la senadora Capella, de Esquerra Republicana de Cataluña, y
un tercer veto que he presentado yo en nombre de Foro.

Señor presidente, doy por defendidas estas tres propuestas
de veto.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez
Oblanca.

Para la defensa del veto número 4, que presenta el senador
Guillot Miravet, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias.

Intervengo para defender los vetos 4 y 5, el primero
correspondiente a los senadores Saura y Guillot y el otro al resto de
senadores y senadoras socialistas del Grupo Parlamentario Entesa.

La crisis y la defensa de la racionalidad son los
argumentos que hace servir el Gobierno como excusa para plantear este
proyecto de ley denominado de racionalización del sector público y otras
medidas de reforma administrativa. En definitiva, son medidas de
reducción del sector público y, desde nuestro punto de vista, pensamos
que está planteado sin una diagnosis clara que justifique el proyecto de
ley, con un soterrado objetivo ideológico que conlleva algo que es una
práctica habitual en muchos proyectos de ley: recentralización y
deterioro de los servicios públicos. Ya el propio informe del Consejo de
Estado critica la falta de correspondencia entre el título de la norma y
su contenido. Es un proyecto de ley que, desde nuestro punto de vista, ni
es racional ni es en sentido estricto de reforma, es más de supresión y
reorganización de determinados organismos públicos.

Nosotros, por supuesto, estamos de acuerdo en estudiar la
eliminación de duplicidades que puedan existir —de hecho
existen—, en mejorar la eficiencia de los servicios públicos, en
reducir las cargas administrativas, en hacer más sostenible el sector
público, pero es evidente que este proyecto de ley no va precisamente en
esa línea porque atenta contra el sistema de competencias autonómicas, es
recentralizador, como decía. Solo hay que ver la regulación de
determinados aspectos, que muy poco tienen que ver con la racionalización
del sector público —como las licencias deportivas, la regulación de
los consorcios o la eliminación de determinados organismos que tienen en
estos momentos funciones sociales—, que comporta, en algunos casos,
la restricción a la participación ciudadana con la supresión de estos
organismos sociales, como también recoge el informe del Consejo de
Estado.

Como viene siendo habitual, en la tramitación parlamentaria
se incluyen determinadas enmiendas que nada tienen que ver con el
contenido central de la ley, violando de alguna manera la doctrina del
Tribunal Constitucional a este respecto. Así, vemos cómo hay aspectos
relativos a los ferrocarriles o al consumo que poca relación tienen con
el objeto central de la ley o con su título.

Son todas ellas razones —estas y algunas más que
expondremos en la sesión plenaria— que amparan y justifican estos
dos vetos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Montilla.

Para defender el veto número 7, del Grupo Parlamentario
Vasco, tiene la palabra la señora Martínez Muñoz.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Mi grupo parlamentario ha presentado un veto a este
proyecto de ley por una serie larga, larga, larga de motivos. (Casi daría
incluso para dos vetos, a tenor de la calidad de las enmiendas que ha
presentado el Grupo Parlamentario Popular, que difícilmente vamos a poder
nosotros contrarrestar con nuestras propias enmiendas.)

Como bien decía el senador representante del Grupo
Parlamentario Mixto, en esta Cámara territorial lo que tenemos que hacer
es prestar especial atención al ámbito competencial, y si bien ya es casi
una tradición en esta legislatura que todos los proyectos de ley que
vienen del Gobierno supongan una afrenta al régimen competencial de las
comunidades autónomas, particularmente en este proyecto de ley esto se
hace todavía más evidente. No hay más que mirar la disposición final
quinta donde se recogen los títulos competenciales en los que se basa
este proyecto de ley y ver cómo ha ido evolucionando el proyecto desde
que fue publicado en el Congreso de los Diputados, el texto posterior que
salió después de su tramitación en el Congreso de los Diputados y el
texto que finalmente ha salido después de la ponencia de esta mañana,
para darnos cuenta de cómo el Gobierno ha ido justificando
competencialmente la invasión flagrante que está cometiendo en función de
los tiempos. Se lo afearon en el Congreso los Diputados y las diputadas,
se lo afeó también el Consejo de Estado y nos encontramos con que a día
de hoy, después de las incorporaciones vía enmienda que se han hecho en
la ponencia también a esta disposición final quinta, seguimos todavía sin
encontrar justificación competencial que avale la mayoría de las
disposiciones, de las medidas y de las normas contenidas en este proyecto
de ley.

Por ejemplo, vemos que prácticamente todo el capítulo I no
tiene fundamento jurídico, no tiene fundamento de ningún tipo de título
competencial. Entendemos que es porque el Gobierno las tiene, porque ahí,
donde puede tener alguna, es compartida con las comunidades autónomas. Es
más, incluso en algunos ámbitos llega a reorganizar, o a reordenar o a
racionalizar, según su propio vocabulario, competencias que son
exclusivas de las comunidades autónomas, como puede ser, concretamente,
el ámbito del deporte —por poner uno de los ejemplos que más
flagrante nos resulta—.

Por lo tanto, compartimos en este sentido las palabras del
señor Montilla en cuanto a que este no es un proyecto de ley de
racionalización. Poca racionalidad se ve en este texto, poca racionalidad
se ve en estas medidas, desde luego no vamos a tener una administración
más eficiente. Además, vemos que el Gobierno está jugando con una cierta
deslealtad o poco fair play respecto del ordenamiento jurídico del que
nos hemos dotado, porque allí donde hay que reorganizar es también en su
casa, y vemos que muy pocas medidas están orientadas a reorganizar la
propia Administración General del Estado. Es más, en aquellos ámbitos en
que se muestra la Administración General del Estado sumamente ineficiente
optan por reducir o acabar con estructuras autonómicas —que está
demostrado que son muy eficientes— para dotar de mayor competencia
y dar más contenido al suyo. Es el caso del Consejo de la Juventud, que
está demostradísimo que funciona perfectamente como un órgano de
coordinación de los diferentes órganos de juventud de las comunidades
autónomas, y este Gobierno, con este proyecto de ley, no solamente no lo
reorganiza, sino que se lo carga para trasladar esas competencias al
Injuve, que es un instituto que todos sabemos que pocas cosas ha hecho y
encima, las pocas que ha hecho, tampoco las ha hecho bien.

Por lo tanto, ni compartimos los objetivos, ni compartimos
las formas, ni compartimos el criterio que se ha utilizado para reformar
o intentar racionalizar unos ámbitos y otros no. Tampoco tocan los
ministerios, y me parece totalmente absurdo, cuando hay algunos que
tienen problemas para justificar su propia existencia —podríamos
hablar del Ministerio de Sanidad, de Vivienda, de Igualdad, incluso del
Ministerio

de Cultura—. Todas estas cuestiones se obvian
totalmente en este proyecto de ley y lo que hacen es meter mano allí
donde no les corresponde, que es en las competencias de las comunidades
autónomas.

En consecuencia, entendemos que este proyecto atenta
gravemente contra nuestro ámbito competencial, pero también contra
nuestra autonomía política, autonomía política que nos es reconocida por
la Constitución y que, además, nos ha sido ratificada no solamente a la
Comunidad Autónoma del País Vasco, sino al resto de comunidades autónomas
por diversas sentencias del Tribunal Constitucional, y, lo que es más
grave todavía, atenta también contra la forma que las comunidades
autónomas tenemos de desarrollar nuestra autonomía política, que es a
través de nuestro principio de autoorganización.

Por lo tanto, este es el motivo que justifica el veto
—si no los dos— del Grupo Parlamentario Vasco.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez Muñoz.

Para defender el veto número 3, que presenta el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra
el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.

Intervendré de forma breve, porque en el Pleno tendremos
tiempo suficiente para poder debatirlos con más contenido. En todo caso,
quiero recordar que este proyecto de ley que hoy llega a nuestras manos
tiene su origen en el 26 de octubre del 2012, cuando el Gobierno acuerda
constituir una comisión para la reforma de las administraciones públicas.
En aquel momento nuestro grupo —y también lo hicimos en esta
Cámara— puso de manifiesto que era una comisión que nacía un tanto
sesgada, porque pretendía reformar diferentes ámbitos de la
Administración con la sola presencia de una parte de esta Administración,
quedando excluidas las comunidades autónomas de aquel primer informe.

El informe tuvo sus limitaciones y sus desaciertos
obviamente, también algún acierto—, pero cuando hemos visto cómo se
ha concretado aquel informe en un texto legislativo, que es el que ahora
estamos analizando, nos hemos quedado mucho más preocupados, porque el
proyecto de ley empeora el informe y lo hace de forma sustancial, no
siendo de nuestro agrado, ni mucho menos. Digo esto porque yo creo que le
tendríamos que cambiar el nombre, en vez de proyecto de ley de la
racionalización, proyecto de ley de la recentralización del sector
público español. En la mayoría de su contenido se dedican a intervenir y
a sesgar las competencias autonómicas en diferentes ámbitos —no los
voy a analizar aquí porque vamos a tener tiempo más tarde—. Además,
considero que se pierde una oportunidad. Podríamos estar de acuerdo en
que se hace necesario, a principios del siglo XXI, hacer una reforma de
la Administración Pública y dotarla de racionalización y en que sea una
administración pública mucho más eficiente en su estructura y en su
gestión, pero la verdad es que no lo vemos reflejado en este proyecto de
ley, al contrario, porque actualizan el funcionamiento de la Obra Pía de
los Santos Lugares de Jerusalén, que está bien, pero no creo que merezca
estrictamente una ley, y hemos visto cómo se disuelve la obra asistencial
familiar de la provincia de Sevilla —que también debe de estar bien
y debía ser necesaria—. Por tanto, entendemos que no se profundiza
en los temas que eran deseables, se aprovecha para ir en contra de lo que
nosotros entendemos que debería ser —no sé lo que tendrá que
ser— un Estado autonómico descentralizado.

En todo caso, hemos presentado un veto, hemos presentado
enmiendas que luego las veremos. Más allá de que no estemos de acuerdo
con la globalidad de la ley, saben sus señorías que nuestro grupo tiene
por costumbre intentar mejorar aquellos textos aunque sea de forma
puntual. Esperemos, tal y como planteaba el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, que podamos llegar a acuerdos aunque
sea con carácter puntual, porque podrían mejorar algunos aspectos o
incluso dar viabilidad a determinados ámbitos del sector público, estatal
y autonómico, que es necesario que puedan continuar desarrollando sus
actividades para prestar un mejor servicio público a los ciudadanos.

Damos por defendido el veto. Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bel.

Por último, el veto número 8, que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Vázquez
García.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente. Seré
también breve.

Efectivamente, nos encontramos en esta comisión viendo un
proyecto de ley al que inicialmente se le dio una gran relevancia, con
una puesta en escena por la vicepresidenta del Gobierno con la creación
de

esa comisión CORA que iba a revolucionar la Administración
española, que iba a sacarla de todos los esquemas antiguos para hacer una
administración moderna que evitara cualquier tipo de duplicidad,
etcétera. Y de aquello, después de más de dos años, lo que ha resultado
ha sido este proyecto de ley que traen aquí, que, como se ha dicho aquí y
ha manifestado el propio Consejo de Estado, no tiene nada que ver
—incluso lo trata de excesivo en su denominación— con el
contenido, por la falta de correspondencia entre lo que se dice y lo que
se pone luego en su articulado. Es más, incluso el Consejo de Estado
recomienda la modificación de dicho título.

Además de ampuloso y confuso, resulta también engañoso.
Todos estamos de acuerdo con una serie de conceptos básicos. ¿Quién va a
decir que no a evitar duplicidades en la Administración, o a conseguir la
eficiencia de esta o la simplificación de los procesos administrativos y
la propia sostenibilidad: esa palabra nueva que tanto se ha usado en
estos últimos años? Claro que estamos todos de acuerdo, pero algunos
sobre todo en que se garantice a los ciudadanos los derechos básicos, los
derechos de servicios públicos de calidad.

En este proyecto de ley no se racionaliza nada:
simplemente, se eliminan o fusionan sin criterio algunos órganos.
Pretende disminuir la capacidad de la Administración —eso es una
constante en toda la legislación del Gobierno del Partido Popular—
y al final es menos Administración, y cada vez el espacio de lo público
es menor, con lo que estamos radicalmente en contra. Nosotros pensamos
que lo público debe corregir las desigualdades y los desequilibrios que
se producen entre los ciudadanos y que genera el propio sistema
capitalista de libre mercado en el que estamos.

Pues bien, aparte de asumir algunos contenidos razonables
como suprimir o fusionar entes que puedan estar desfasados o de escasa
actividad, esto ni es reforma de la Administración ni es racionalización.
Por ejemplo, es difícil de entender que se eliminen órganos consolidados
en nuestro país que no tienen grandes costes económicos para la
Administración central como el Consejo de la Juventud o el Instituto de
la Mujer, órganos consolidados que, además de sus funciones específicas,
servían de interlocución y de participación política de los ciudadanos,
algo que siempre reclamamos todos los partidos; cuando existen algunos
órganos que sí participan activamente, se suprimen.

Aún es menos entendible que se refuerce la Obra Pía de los
Santos Lugares, no lo llegamos a comprender; es la anécdota de toda esta
regulación sin sentido que hoy traen aquí. Por supuesto, esa máquina de
recentralización que ustedes pusieron en funcionamiento al principio de
esta legislatura, eliminando lo público, como en este caso, avanza
lentamente, dos años y pico después de anunciarlo.

Tenemos que alegrarnos de que hayan recapacitado sobre algo
que había creado una gran alarma social en las últimas semanas —a
todos los grupos nos han venido a ver asociaciones sindicales y
demás— como eran las enmiendas 170 y 174 que se habían introducido
en el Senado. Por lo tanto, nos felicitamos por que las retiren del
texto, así como por que estén en proceso de negociación para mejorar lo
que podrían suponer para muchos consorcios o para mejorar la redacción
que tiene en el proyecto de ley el asunto de las licencias deportivas y
de las federaciones territoriales.

Termino. En la sesión plenaria explicaremos más ampliamente
nuestro veto y nuestro rechazo a este proyecto de ley, pero sí quiero
nuevamente denunciar que se utilice un proyecto de ley para introducir
elementos que no tienen nada que ver con él, que corresponden a otras
materias absolutamente distintas, y que las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado sirvan de uso por el ministerio
correspondiente, hurtando el debate en el Congreso, evitando el informe
del Consejo de Estado o del Consejo Económico y Social, y se introduzcan
aquí a última hora. En este caso, se han retirado las más problemáticas,
pero todos, incluido el Grupo Popular —lo he señalado en otras
ocasiones—, tendríamos que hacerle ver al Gobierno y al ministerio
correspondiente que esta no es forma de actuar ni es forma de respetar al
Parlamento, en este caso, a esta Comisión de Hacienda.

Vamos a apoyar todos los vetos presentados y, por supuesto,
vamos a mantener y defender el veto del Grupo Parlamentario Socialista en
el Pleno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Vázquez.

¿Algún grupo desea hacer uso del turno en contra?
(Asentimiento).

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra la senadora Romero.

La señora ROMERO BAÑÓN: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías.

Intervengo hoy, en nombre del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, para fijar nuestra posición con respecto a este Proyecto de
Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma

administrativa. Se trata de un nuevo proyecto que tiene
como objetivo promover la reforma de las administraciones públicas en
España buscando la eficiencia en el gasto, la simplificación en su
funcionamiento y la eliminación de duplicidades que han caracterizado las
numerosas iniciativas anteriores que se han presentado a lo largo de esta
legislatura.

Este proyecto tiene como objetivo, como finalidad,
implementar algunas de las reformas organizativas y procedimentales que
se recogen, como muy bien ha dicho el portavoz del Partido Socialista, en
el Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones
Públicas que se elevó al Consejo de Ministros en junio de 2013. En él se
formulaban diversas medidas para reordenar entidades con el objetivo de
reducir el gasto público y de aprovechar los procesos de integración para
cuya puesta en práctica resultaba necesario modificar determinadas
disposiciones de rango reglamentario legal, siendo estas últimas las que
se incluyen en este proyecto de ley.

Señorías, la prioridad del Gobierno, desde que inició su
mandato, ha sido, en primer lugar, sacar a España de la crisis y para
ello era necesario, además de otras reformas que ya se han realizado a lo
largo de esta legislatura, poner bajo control las cuentas públicas, y
ustedes coincidirán conmigo en que estaban claramente desordenadas.
También, se pretendía evitar que se produjesen situaciones de duplicidad
y de ineficiencias; con ello, tratábamos de seguir los preceptos que ya
se habían fijado en la Ley de estabilidad presupuestaria y de
sostenibilidad financiera.

Por lo tanto, este proyecto de ley tiene como finalidad
reordenar determinados entes públicos, ¿pero por qué no todos los entes
públicos, señorías? Porque, como ustedes saben, España tiene un sistema
peculiar en cuanto a los entes públicos; unos pueden desaparecer, otros
pueden ser modificados por decreto y otros, aquellos a los que se refiere
este proyecto de ley, únicamente pueden ser modificados mediante otra
ley, y es el ámbito de aplicación de estos a los que se refiere el
proyecto de ley que hoy estamos debatiendo.

Para poner algunos ejemplos, cabe decir que se refuerza y
se unifica el papel de la Aneca —y se han presentado algunas
enmiendas reforzando esta Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación— como organismo público encargado de la evaluación de
la calidad de nuestro sistema universitario. Además, engloba también las
funciones de otra serie de organismos, como la Fundación para la
Proyección Internacional de las Universidades Españolas, porque así se
integran también los programas educativos europeos que pueden hacer ambas
funciones: el programa europeo y la proyección internacional.

Se le da también un ámbito mayor al Instituto Nacional de
las Artes Escénicas, porque se permite que, a través de convenios, se
puedan realizar actuaciones conjuntas con otros coros para tener un
repertorio más alto y funcionar con mayor eficiencia.

En el aspecto de la integración cabe hablar de que se
integra la Sociedad Estatal Española en el ICEX para ahorrar costes y
mejorar la gestión. También se fusiona el Instituto Nacional de Consumo
con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria porque muchas de sus
tareas eran similares. Y también se refuerza el Instituto Nacional de la
Mujer —y aquí quiero detenerme especialmente—, que pasa a
desempeñar funciones que antes estaban desperdigadas en otras
direcciones; ahora se va a realizar un verdadero Instituto de la Mujer,
que va a tener participación en todos los ministerios, con lo que se va a
conseguir la transversalidad y la eliminación de la discriminación. ¿Cómo
se va a hacer esto? Se sustituye su consejo rector, que estaba muy
limitado a efectos ministeriales, por una comisión interministerial que,
como he dicho, va a permitir, sin coste alguno, que pueda participar en
todos los ministerios y en estos programas de integración.

Asimismo, se facilita la participación ciudadana, a través
de la licencia deportiva única, aunque sé que se han presentado diversas
enmiendas parciales y estamos trabajando con CiU y el PNV para llegar a
una transaccional al respecto. Igualmente, con el Partido Aragonés hemos
transaccionado una enmienda relativa a la Aneca.

Como muy bien han dicho los portavoces de los anteriores
grupos, a este proyecto de ley se han presentado 8 vetos; sin embargo, su
contenido simplemente se limita a criticar a nivel general la ley sin
especificar por qué se presentan los vetos a la totalidad. Paralelamente,
se han presentado enmiendas, sobre las que se posicionará mi compañero, y
ahí sí se refieren a diferentes aspectos.

El argumento general que han dado todos los grupos
políticos para criticar este proyecto de ley es que se laminan las
competencias de las comunidades autónomas. Respecto a esto, señorías,
tenemos que decir que es absolutamente falso; en absoluto se vulnera el
sistema de distribución competencial ni el principio de autonomía
reconocido en la Constitución. El argumento que nos sirve de base para
esto

es el artículo 149.1.18.ª de nuestra Constitución española,
que no es un título habilitante genérico, sino que es el sustento
constitucional de la legislación básica. Por lo tanto, señorías, no
existe extralimitación al abordar las bases del régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

Algunas de las enmiendas se refieren al tablón único
edictal, sobre lo que también profundizará mi compañero. Señorías, tengo
que decirles que lo único que hace es facilitar el trámite al ciudadano,
que entrando en una sola administración puede ver si ha sido notificado.
Eso en absoluto merma o lamina las competencias de las comunidades
autónomas.

En cuanto a la licencia deportiva, ya les he dicho que
estamos intentando transaccionar algunas enmiendas con CiU y PNV, y lo
mismo cabe decir para las enmiendas relativas a los consorcios
sanitarios. He de decirles, en el caso de las licencias, que no se
sustituye una autonómica por una estatal, por lo tanto no se va a
lesionar ninguna competencia autonómica, todo lo contrario. Lo que se va
a permitir es que una licencia autonómica surta efectos a nivel nacional
en otros territorios, lo que posibilita que un ciudadano se traslade de
una comunidad autónoma a otra sin obtener la licencia. Frente a esto, sé
que también se ha argumentado que puede suponer un deterioro en la
financiación de las federaciones autonómicas, pero esto es incierto
porque la idea es llegar a acuerdos para el reparto de los fondos entre
las federaciones nacionales y las autonómicas.

En cuanto al Consejo de la Juventud de España, al que se ha
referido la portavoz del PNV, me gustaría detenerme en este punto porque
los portavoces y miembros de la comisión de nuestro grupo hemos mantenido
diversas reuniones con el Consejo de la Juventud de España, y en ese
sentido se presenta una de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular,
en concreto la número 173. He de decirles, y así se lo hemos explicado a
ellos también, que el Consejo de la Juventud de España es una excepción
dentro de los consejos asesores de la Administración General del Estado.
La mayoría de ellos, como el Consejo Estatal de las Personas Mayores, el
Consejo Nacional de la Discapacidad, el Consejo General de Formación
Profesional o el Consejo de Estudiantes Universitario del Estado son
órganos colegiados de carácter consultivo y no organismos públicos
—se lo hemos dicho también a ellos, lo han entendido y han
reconocido que ellos pertenecen al tercer sector—. Pero la
configuración que actualmente existe en este Consejo de la Juventud es
atípica y supone un agravio comparativo respecto al resto de los
consejos. Por eso se ha puesto de manifiesto la necesidad de redefinir el
marco normativo que en la actualidad tiene este Consejo de la Juventud.
En este sentido va la disposición transitoria primera, con la enmienda
173 incorporada en ponencia, que supone una mejora técnica porque
establece que en ese plazo de seis meses el Consejo de la Juventud de
España, en tanto no se cree el nuevo ente, seguirá desempeñando sus
funciones como tal, con lo cual no se produce ninguna merma a la hora de
que puedan representarnos en el foro europeo, que era lo que ellos
temían, ni en que sigan actuando como tal consejo.

Señorías, el presente proyecto de ley hay que verlo como
una pieza más dentro de todo un conjunto de reformas que inició el
Gobierno desde el comienzo de su mandato. Por eso, en el Grupo Popular
les invitaríamos a que retirasen los vetos presentados y a que
trabajásemos en las enmiendas, como ya estamos haciendo con algunos
grupos, sobre determinados aspectos de la ley.

Todas las reformas que se han iniciado por parte del
Gobierno, las que contiene este proyecto de ley y las que se han hecho
anteriormente, nos van a permitir que podamos seguir reduciendo el
déficit público y que podamos recuperar la competitividad y la
credibilidad de nuestra economía y de nuestro país. El Gobierno de
España, frente a lo que ustedes manifiestan de que lo que intenta es
centralizar y mermar las competencias de las comunidades autónomas, ha
sido el único Gobierno que realmente ha hecho reformas útiles y prácticas
en favor, tanto de la Administración Local como de las administraciones
autonómicas. Les voy a poner dos ejemplos. Uno, es el pago a proveedores.
Con el pago a proveedores, señorías, se han pagado 42 000 millones de
euros, se han podido pagar 8 millones de facturas que estaban en los
cajones de las diferentes administraciones locales y autonómicas, se han
podido pagar a 230 000 pymes y autónomos, y se ha podido evitar la
destrucción de 400 000 empleos. Además de eso, y con respecto a las
comunidades autónomas, instituyó el FLA —algo que ningún otro
Gobierno había hecho—, con el que se ha ayudado a las comunidades
autónomas en beneficio de toda la sociedad española, contando con más de
60 000 millones de euros.

Por lo tanto, señorías, este Gobierno se puso como objetivo
principal favorecer el empleo, la credibilidad de nuestra economía y
acabar con la morosidad de las administraciones públicas. Nos exigen a
todas las administraciones que en menos de 30 días se esté pagando a los
proveedores. Cuando se

accedió al Gobierno, señorías, había administraciones que
debían a los autónomos y a las pymes más de 2 años de facturas, que ni
siquiera estaban reconocidas porque estaban sin consignación
presupuestaria y en los cajones.

Por ello, lo que hoy estamos debatiendo aquí es si lo que
queremos es una administración moderna, eficaz, que preste mejores
servicios a los ciudadanos con menores costes, si queremos evitar que
varios órganos de la Administración ejerzan las mismas competencias y, en
definitiva, señorías, si esta Cámara, el Senado, es capaz, junto con el
Gobierno, de aportar ideas a lo largo de la tramitación de este proyecto,
que permitan reestructurar nuestra Administración Pública y convertirla
en la Administración que se necesita en el siglo XXI y que la sociedad
española se merece.

Yo les anuncio que mi grupo parlamentario va a votar a
favor de este proyecto de ley. Queremos una administración moderna,
eficaz, que simplifique los trámites a los ciudadanos. Y, señorías, nos
gustaría contar con todos los grupos del Senado para trabajar desde el
consenso y conseguir el objetivo que pretende esta ley. Les invitamos,
por ello, a que retiren los vetos, nos ponemos a su disposición para
llegar al más amplio consenso respecto a las enmiendas, como ya hemos
empezado a hacer con alguno de los grupos y, repito una vez más, nos
ponemos a su disposición.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Romero.

¿El señor Martínez Oblanca quiere hacer uso del turno?
(Pausa). ¿Senadora Martínez? (Pausa).

¿Señor Montilla? (Pausa).

¿Senador Bel? (Pausa).

¿Señor Vázquez García?

Tiene la palabra su señoría.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Intervendré, ya que ha reiterado
la invitación a que retiremos los vetos, para reiterar mi invitación a
que retiren el proyecto de ley; así, estoy convencido de que retiraríamos
todos los vetos. Y para no parecer peor que el Grupo Popular, también nos
ofrecemos a negociar con el Grupo Popular todas las enmiendas que hemos
presentado.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vázquez.

Tiene la palabra el senador De las Heras.

El señor DE LAS HERAS MUELA: Intervengo para concluir el
turno de portavoces de resultas de lo manifestado por algunos de los
portavoces. Evidentemente, señor Vázquez, nosotros votaremos en contra de
todos los vetos. Pero se ha hablado mucho en el turno de vetos de este
proyecto de ley de recentralización y de tutela. Miren, señorías,
parafraseando a un ilustre exsenador de esta Cámara, el Grupo
Parlamentario Popular no consiente ni tutelas, ni tutías, ni tugaitas. Lo
que toca hoy es gobernar y lo que estamos haciendo es gobernar. Y, en
este caso, lo que toca es racionalizar el sector público español.

Senadora Martínez, respecto del veto del PNV, parecía que
decía mucho, pero, en realidad, su veto no llega tan siquiera a media
página. Y tan solo 11 enmiendas de las cuales 5 corresponden al tablón
edictal.

Senador Bel, espero que lo de la obra pía —y también
se lo digo al senador Vázquez— y la obra asistencial de la
provincia de Sevilla sean simplemente un comentario poco menos que
ilustrativo. Porque he intuido, no tanto en quien lo ha dicho como en el
resto de los senadores, que había un cierto sentido de menosprecio.
Espero que no haya ningún menosprecio hacia ninguna de esas
instituciones.

Y, senador Vázquez, se lo vuelvo a repetir: ni
recentralización, ni tutela: ejercicio del Gobierno; de un Gobierno
responsable para sacar a este país de la ruina en la que ustedes, los
socialistas, lo dejaron. ¡Enmiendas de última hora! ¡Me va a contar usted
a mí las enmiendas de última hora de las legislaturas anteriores del
señor Rodríguez Zapatero!

Nada más, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador De las Heras.

Pasamos a votar los vetos. Votamos, primero, el veto número
2, de la senadora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 6, del senador Martínez Oblanca, del
Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 1, de los senadores Iglesias
Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 4, de los senadores Guillot Miravet
y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 5, de las senadoras Almiñana Riqué y
Sequera García y de los senadores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí
Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 7, del Grupo Parlamentario Vasco en
el Senado.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 3 del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado Convergència i Unió.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el último veto, el número 8, del Grupo
Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 16.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Pasamos al debate de las enmiendas que ha presentado cada
uno de los grupos. Para la defensa de las enmiendas 14 a 32, presentadas
por los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos, el
señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Señor presidente, intervengo
para dar por defendidas estas 19 enmiendas presentadas por los senadores
Enrique Iglesias y José Manuel Mariscal, ambos de Izquierda Unida, dentro
del Grupo Parlamentario Mixto, comprendidas, como usted acaba de señalar,
entre la 14 y la 32, ambas inclusive.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Martínez Oblanca.

Para la defensa de las enmiendas 1 a 13, presentadas por
las senadoras Ibarz Ibarz y Santos Fernández y por el senador Fuster
Muniesa, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra
la senadora Santos Fernández.

La señora SANTOS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Intervengo para defender las enmiendas presentadas por el
Partido Aragonés, las números 1 a 13, que tienen por objeto salvaguardar
algo para nosotros tan serio —dicho sea con todo el afecto del
mundo hacia el senador De las Heras— como las competencias
autonómicas previstas en el Estatuto de Autonomía de Aragón, y no tutías
ni tutelas; entendemos, no obstante, el deber del Gobierno central.

Anuncio, por tanto, que presentaremos el voto particular
para poder defender estas enmiendas en el Pleno, con el matiz a que me
referiré después respecto a la enmienda 1.

No voy a hacer una defensa individual de cada enmienda,
porque todas tienen la misma fundamentación, que es la defensa de
competencias autonómicas que derivan del Estatuto de Autonomía y, por lo
tanto, del Título VIII de la Constitución, pero sí quiero hacer algunas
consideraciones.

El Partido Aragonés no va a admitir un retroceso en el
desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía. De hecho, la defensa plena
del Estatuto y su desarrollo máximo figura como uno de los siete
objetivos del acuerdo de gobernabilidad que tiene el Partido Aragonés con
el Partido Popular para esta legislatura en Aragón. Ya anunciamos que no
aceptaríamos que se limitara la capacidad de la comunidad autónoma para
evaluar nuestras propias titulaciones.

Afortunadamente, agradecemos la transacción que ha
propuesto el Grupo Popular en cuanto a la enmienda 1, que, aunque
insuficiente, representa un avance respecto del texto inicial. Por lo
tanto, queremos que se incorpore al texto de la ponencia. No obstante,
posteriormente intentaremos transaccionar sobre ese texto ya
transaccionado alguna novedad que se va a someter al ministerio.

Exactamente igual que respecto a las titulaciones
universitarias, decimos que tampoco vamos a renunciar a canalizar y
garantizar la eficiencia de nuestras políticas en las muchas materias que
trata el proyecto de ley: juventud, igualdad, mercado laboral, mediante
los instrumentos que nosotros consideremos oportunos, siempre dentro del
marco de competencias del Estatuto de Autonomía y, por supuesto, con sumo
respeto a la Constitución y al techo de gasto y, desde luego, con sumo
respeto también a las competencias estatales, dentro de su ámbito de
actuación, hasta el punto que nos parece perfecto el tipo de
modificaciones que se hacen en este proyecto de ley para fusionar
organismos u observatorios que caen dentro del ámbito de la
Administración General del Estado. Y tampoco vamos a admitir que se
cercene la autonomía de las administraciones locales o supramunicipales o
autonómicas, es decir, la autonomía en la gestión que tiene amparo en el
artículo 137 de la Constitución, supeditando la validez de las
convocatorias de las subvenciones: enmiendas que persisten y que no eran
conocidas en el momento de la presentación de las enmiendas por parte del
resto de los grupos. Como digo, tampoco vamos a admitir que se someta la
eficiencia de las convocatorias o la resolución de las subvenciones a su
posterior publicación en una base de datos. Y un razonamiento parecido
haríamos con respecto al tablón edictal único, para lo que hemos
planteado textos alternativos en las enmiendas 8, 10 y 12.

Termino haciendo una valoración respecto de la utilización
del trámite de enmiendas por parte del Grupo Popular. No lo voy a evaluar
desde el punto de vista jurídico, porque en derecho las cosas nunca son
blancas o negras, pero me parece que se ha hurtado la posibilidad de
debate y de defensa al resto de los partidos políticos y, en este caso, a
nosotros como socios, que ya nos habíamos posicionado en contra en
algunos extremos del proyecto propuesto. Nos hubiera gustado tener
conocimiento previo de esas enmiendas o que se hubiesen incorporado al
texto del Congreso.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Santos.

Las enmiendas 113 a 123 son del Grupo Parlamentario Vasco
en el Senado

Para su defensa, tiene la palabra la senadora Martínez.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Doy por defendidas mis 11 enmiendas, que parece ser que a
los portavoces del Grupo Popular les parecen pocas. No sé si se basan en
un criterio cuantitativo, parece que sí; pero, si las hubiesen leído con
más detenimiento, con más amor, con más cariño y haciendo gala de esa
voluntad de acuerdo y de diálogo del que nos vienen hablando, se habrían
dado cuenta de que la justificación de estas pocas 11 enmiendas es lo
suficientemente contundente como para que por sí mismas justifiquen el
veto. Es más, no son necesarias las 11 enmiendas; basta con aquellas 3
que hacen referencia al tablón edictal único, que tienen el peso
suficiente: se refieren a un atentado lo suficientemente grave como para
constituir por sí mismas un veto. Por lo tanto, aun con la humildad de
mis 11 enmiendas, las doy por defendidas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Martínez.

Para la defensa de las enmiendas 55 a 112, que presentó el
Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el
senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Doy por defendidos los dos bloques de enmiendas, de la 55 a
la 93 y de la 94 a la 112.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Montilla.

Para la defensa de las enmiendas 33 a 54, que presentó el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.

Nosotros, que queremos una Administración moderna, eficaz,
de menor coste y que simplifique los trámites a los ciudadanos, hemos
presentado un veto a esta ley; y nosotros, que queremos una
Administración moderna, eficaz, de menor coste y que simplifique los
trámites a los ciudadanos, hemos presentado las enmiendas que doy por
defendidas.

Añado simplemente un comentario para el portavoz del Grupo
Popular. Que yo haya nombrado la Obra Pía de los Santos Lugares de
Jerusalén y la Obra Asistencial Familiar de la Provincia de Sevilla no
implica menoscabo alguno para ellas. No conozco la segunda y no puedo
valorarla positiva ni negativamente, pero conozco y aprecio la Obra Pía
de los Santos Lugares de Jerusalén. Sin embargo, eso no tiene nada que
ver con que se justifique su inclusión en una ley de estas
características ni con que se quiera justificar esta adaptación a los
tiempos modernos como una adaptación de la Administración española. En
todo caso, tendremos tiempo suficiente de debatir en el Pleno estas
modificaciones, como otras relativas a distintas entidades. Y ya les
avanzo que también tendremos tiempo de ver todas aquellas que han
obviado, que son muchas y que podrían haber afrontado. Pero ese ya será
un debate que tendremos en el mes de julio.

Muchas gracias. Doy por defendidas todas las enmiendas
presentadas por mi grupo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bel.

Enmiendas 124 a 162, que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra la senadora
Sanz.

La señora SANZ MURILLO: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes, señorías.

El Grupo Socialista presenta un total de 39 enmiendas, de
las cuales, sin entrar detalladamente en ellas, no podemos dejar de hacer
algunas puntualizaciones. En primer lugar, al título del proyecto de ley:
esta ley no supone, ni mucho menos, una verdadera racionalización o
reforma del sector público. En todo caso, podría haberse hecho un simple
reglamento de supresión y reorganización de determinados organismos
públicos y haber adoptado otras medidas administrativas.

Con este proyecto de ley realmente ustedes no nos presentan
qué servicios públicos quieren prestar a nuestros ciudadanos, cuál es su
modelo para unos servicios públicos de calidad y de servicio al
ciudadano. Lo que nos presentan en este proyecto de ley es una serie de
medidas inconexas, destacando la supresión de organismos de participación
de la ciudadanía, como el Consejo de la Juventud, organismos que son
fundamentales para vertebrar una sociedad, para hacerla más igualitaria y
justa. Pero eso está claro que no es prioritario para ustedes.

No sabemos cuál es su modelo, si es totalmente
liberalizador, si quieren que no existan servicios públicos o que estos
estén privatizados en aras de una supuesta mayor eficiencia, una
eficiencia que realmente esconde intereses privados. Nosotros
consideramos que no se pueden prestar mejores servicios públicos
gestionando como una empresa, por ejemplo, servicios que van dirigidos a
los jóvenes o a hacer efectiva y real la igualdad de género y de
oportunidades.

También consideramos que esta ley toca aspectos totalmente
inapropiados, como es el tema de los consorcios; asimismo en ciertos
temas se vulnera la distribución de competencias entre Estado y
comunidades autónomas establecida en la Constitución española y los
estatutos de autonomía. Tampoco estamos de acuerdo con las formas
utilizadas, como ya ha dicho anteriormente mi compañero, pues a veces
estas son tan importantes como el fondo, y no entendemos que el Grupo
Parlamentario Popular presente un total de 17 enmiendas a este texto
remitido por el Congreso, habiendo retirado 2, alguna de ellas de gran
calado, obviando con ello la posibilidad de debate en el Congreso e
incluso, lo que es más grave, no se ha permitido el dictamen del Consejo
de Estado sobre asuntos relevantes.

Nos congratulamos de la retirada de las enmiendas números
170 y 174 que, como ustedes mismos se han dado cuenta, abrían un tema
cuando menos delicado e innecesario.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista quiere
hacer hincapié una vez más en que es necesaria una reforma administrativa
de verdad para mejorar la calidad de los servicios. Esta no es la ley que
la Administración pública necesita; es solo un batiburrillo de medidas
inconexas, de supresión de organismos de cohesión social, y aprovechando
que el Pisuerga pasa por Valladolid, quieren introducir en la ley una
serie de modificaciones para seguir dando vía libre a medidas que siguen
desmantelando los servicios públicos.

Ya en el Pleno defenderemos concretamente cada enmienda
presentada.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sanz.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, tiene la palabra el señor De las Heras.

El señor DE LAS HERAS MUELA: Gracias, señor presidente.

Damos por defendidas las enmiendas que quedan incluidas en
el informe de la ponencia. Nos congratulamos también de que el resto de
los grupos parlamentarios se congratulen asimismo con la retirada de las
enmiendas números 170 y 174. Dejamos vivas para el Pleno las enmiendas
números 168, 171 y 176, e intentaremos llegar a un acuerdo en una
transaccional respecto de las números 53 y 40 del Grupo Convergència i
Unió.

Pero al hilo de todo ello, y a la vista de lo manifestado
en defensa de sus enmiendas por el resto de los portavoces, sí me
gustaría, señor presidente, aunque sea brevemente, puntualizar 2 o 3
cuestiones.

Senadora Santos, después de la ponencia hablamos de incluir
la transaccional del Grupo Parlamentario Popular respecto de la
presentada por ustedes como enmienda número 1, que además ha sido
admitida por la ponencia, pero en política no vale todo. Sorber y soplar
al mismo tiempo es imposible, pero usted ha abierto la caja de los
truenos con su intervención. Yo ya entendía que su discurso iba a ser
duro en cuanto al posicionamiento de su grupo, que forma parte del mío,
respecto a algunas cuestiones de este proyecto de ley, pero creo que
todos nos merecemos un mínimo de lealtad institucional.

Senador Bel, mi grupo parlamentario acepta lo de la Obra
Pía de los Santos Lugares y lo de la Obra Asistencial de la Provincia de
Sevilla. Lo digo porque he intuido alguna sonrisa un poco picaruela en
algún miembro de esta comisión.

Senador Vázquez y senadora del Grupo Parlamentario
Socialista, este proyecto de ley se hace porque hay algunas cuestiones
que en él se recogen que no pueden reglamentarse vía real decreto o
reglamento. ¿Que esconde derechos privados? ¿De qué derechos privados
está usted hablando? Y es que ustedes siempre lanzan la piedra y esconden
la mano. ¿Que se desmantelan los servicios públicos? Desmantelados se los
encontró el presidente Rajoy, y gracias a su esfuerzo, al del Partido
Popular y al de todos los españoles, hoy tienen cierta luz.

Nada más y muchas gracias. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador De las Heras.
(La señora Santos Fernández pide la palabra.)

Tiene usted un minuto, senadora Santos.

La señora SANTOS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Intervengo simplemente para transmitir que me he limitado a
hacer una brevísima defensa de las enmiendas, como se había acordado, y
me ha parecido que una parte de mi intervención no ha sido escuchada.
Probablemente, eso es lo que haya podido dar lugar a este malentendido,
que en ningún momento el Partido Aragonés ni yo misma hemos pretendido
que se produjera. De hecho, el comentario lo he formulado con sumo
afecto, y así lo he dicho, y no ha sido desleal ni con el grupo
parlamentario al que pertenece ni mucho menos con el Gobierno. Lo único
que hemos pretendido es hacer una defensa de las competencias
autonómicas, porque en este caso, y pese a formar parte del mismo
Gobierno, tenemos una posición discrepante, como sucede en ocasiones
tratándose de 2 partidos políticos distintos.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Santos.

¿Algún otro grupo parlamentario quiere hacer uso del turno
en contra? (Denegaciones).

¿Turno de portavoces? (Pausa).

¿Algún portavoz desea intervenir? (Denegaciones).

Pasamos, pues, a votar, de conformidad con el artículo 116
del Reglamento del Senado, el texto propuesto por la ponencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 16; en contra, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado, y en consecuencia
queda dictaminado por la Comisión de Hacienda y Administraciones
Públicas, el Proyecto de Ley de racionalización del sector público y
otras medidas de reforma administrativa.

Entiende el presidente que delegan ustedes en él la
presentación ante el Pleno. (Asentimiento).

Antes de levantar la sesión quiero informarles de que está
previsto que mañana entre en el Senado y se publique el Proyecto de Ley
de transformación del fondo para la financiación de los pagos a
proveedores, que se tramita por el procedimiento de urgencia. El plazo de
enmiendas y propuestas de veto terminará el próximo 3 de julio, y está
previsto aprobarlo en el Pleno que se celebrará los días 8 y 9 de julio.
Por tanto, habrá que convocar a la Comisión de Hacienda para el próximo
lunes 7 de julio.

El señor PEÑARRUBIA AGIUS: ¿A qué hora se celebrará? Será
por la tarde, supongo.

El señor PRESIDENTE: Por la tarde hay ya convocada una
comisión de Fomento a las cuatro y media.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Señor presidente, creo que es
costumbre que sea la Junta de Portavoces y la Mesa quienes decidan el día
y la hora en la que se reunirá la comisión. No sé si se podría hacer el
mismo día del Pleno por la mañana.

El señor LETRADO DE LA COMISIÓN: No puede ser, porque tiene
que haber un plazo de 24 horas para la presentación de los votos
particulares.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: También quisiera saber si nos van
a hacer llegar las transaccionales.

El señor LETRADO DE LA COMISIÓN: Sí, se pueden fotocopiar y
distribuir.

El señor PRESIDENTE: Pues si no hay nada más, muchas
gracias a todos.

Se levanta la sesión.

Eran las diecisiete horas y diez minutos.