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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 308, de 30/09/2015
cve: DSCD-10-PL-308
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 308
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 288
celebrada el miércoles,
30 de septiembre de 2015
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas ... (Página5)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno en la presente situación de recogida de refugiados. (Número de expediente 172/000329) ...
- Del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, sobre la política del Gobierno ante las injusticias de la Justicia, particularizado en el caso de la talidomida. (Número de expediente 172/000332) ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, a la ministra de Empleo y Seguridad Social sobre el balance de la política de empleo en la X Legislatura. (Número de expediente 172/000333) ... (Página37)
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de ley del tercer sector de acción social. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 140-1, de 27 de marzo de 2015. (Número de expediente 121/000140) ... (Página44)
- Proyecto de ley de voluntariado. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 141-1, de 27 de marzo de 2015. (Número de expediente 121/000141) ... (Página44)
- Proyecto de ley de sociedades laborales y participadas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 156-1, de 22 de mayo de 2015. (Número de expediente 121/000156)... (Página53)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Preguntas ... (Página5)
Del diputado don Cayo Lara Moya, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Qué medidas está adoptando el Gobierno para resolver los distintos conflictos laborales
abiertos en nuestro país? (Número de expediente 180/001393) ... (Página5)
Del diputado don Josep Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cómo valora el presidente el resultado de las elecciones al Parlamento de Cataluña celebradas
el 27 de septiembre? (Número de expediente 180/001394) ... (Página6)
Del diputado don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cómo valora el presidente del Gobierno la situación política de España? (Número de expediente 180/001395) ...
(Página8)
Del diputado don Jon Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al señor ministro del Interior: ¿Considera el Gobierno que siempre tiene que respetarse la legislación internacional? (Número de expediente 180/001390) ...
(Página9)
Del diputado don Rafael Calduch Cervera, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que formula al señor ministro del Interior: ¿Cuál es la política del Gobierno en materia de asilo de refugiados políticos? (Número de
expediente 180/001392) ... (Página10)
Del diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro del Interior: ¿Qué ha aportado la nueva Ley de Seguridad Privada a la seguridad de los españoles? (Número de expediente
180/001397) ... (Página12)
Del diputado don Manuel de la Rocha Rubí, en sustitución de doña Esperança Esteve Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro del Interior: ¿Cómo va a abordar el Gobierno sus compromisos en relación con la
crisis humanitaria de refugiados? (Número de expediente 180/001398) ... (Página13)
Del diputado don Pedro María Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor ministro de Economía y Competitividad: ¿Para cuándo prevé el Gobierno español ser miembro fundador del consorcio europeo ESS-ERIC?
(Número de expediente 180/001391) ... (Página15)
Del diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Cómo piensa el Gobierno resolver los problemas generados por los retrasos en la
adjudicación del programa de vacaciones para mayores tras la anulación ordenada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales? (Número de expediente 180/001396) ... (Página16)
De la diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Está satisfecho el Gobierno con la situación del acceso de las mujeres jóvenes
españolas a la elección de los anticonceptivos modernos? (Número de expediente 180/001403) ... (Página17)
De la diputada doña María Guadalupe Martín González, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Qué balance hace el Gobierno del impacto de sus políticas en las personas
mayores? (Número de expediente 180/001404) ... (Página19)
De la diputada doña María González Veracruz, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Qué evolución prevé el Gobierno para los próximos meses en la tasa de cobertura pública para
personas en situación de desempleo en nuestro país? (Número de expediente 180/001399) ... (Página20)
De la diputada doña Magdalena Valerio Cordero, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo su departamento en cumplimiento de sentencias del orden
jurisdiccional social en los casos que afectan a su partido? (Número de expediente 180/001400) ... (Página21)
De la diputada doña Isabel Rodríguez García, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Cómo valora el Gobierno la situación laboral de los jóvenes españoles? (Número de expediente
180/001401) ... (Página23)
Interpelaciones urgentes ... (Página24)
Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno en la presente situación de recogida de refugiados ... (Página24)
Formula la interpelación urgente el señor Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En nombre del Gobierno contesta el señor ministro del Interior (Fernández Díaz).
Replica el señor Sixto Iglesias y duplica el señor ministro del Interior.
Del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, sobre la política del Gobierno ante las injusticias de la Justicia, particularizado en el caso de la talidomida ... (Página32)
Formula la interpelación urgente la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió.
En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Alonso Aranegui).
Replica la señora Ciuró i Buldó y duplica el señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Del Grupo Parlamentario Socialista, a la ministra de Empleo y Seguridad Social sobre el balance de la política de empleo en la X Legislatura ... (Página37)
Formula la interpelación urgente el señor Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista.
En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez García).
Replica el señor Simancas Simancas y duplica la señora ministra de Empleo y Seguridad Social.
Enmiendas del Senado ... (Página44)
Proyecto de ley del Tercer Sector de Acción Social ... (Página44)
Proyecto de ley de Voluntariado ... (Página44)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Lleonart Crespo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Pérez Moya, del Grupo Parlamentario de IU,
ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió; la señora Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Vázquez Blanco y el señor Grau Reinés, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Proyecto de ley de Sociedades Laborales y Participadas ... (Página53)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Calduch Cervera, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Pérez Moya, del Grupo Parlamentario de IU,
ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió; la señora Rodríguez Barahona, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Camps Devesa, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Se suspende la sesión a la una y media de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON CAYO LARA MOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ ADOPTANDO EL GOBIERNO PARA RESOLVER LOS DISTINTOS CONFLICTOS LABORALES
ABIERTOS EN NUESTRO PAÍS? (Número de expediente 180/001393).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno.
En primer lugar, pregunta don Cayo Lara, del Grupo de La Izquierda Plural.
El señor LARA MOYA: Gracias, presidente.
Señor Rajoy, ¿qué medidas está adoptando el Gobierno para resolver los distintos conflictos laborales abiertos en nuestro país?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lara.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias.
Como sabe, señora Lara, la principal medida es la negociación colectiva. También conoce que la Inspección de Trabajo ofrece siempre asistencia técnica a las partes para intentar conseguir un acuerdo y, en el caso de que no haya acuerdo, son
los tribunales quienes tienen la última palabra. Pero más importante que las medidas para resolver conflictos son las medidas para evitarlos. Hemos dinamizado la negociación colectiva con la aprobación de la reforma; hoy hay un 43 % más de
convenios colectivos; gracias a la flexibilidad aportada por la reforma el despido ya no es el último recurso, con lo cual hay 300.000 personas que han podido conservar el empleo a través de 6.337 descuelgues del convenio; ha bajado el número de
ERE en un 40 %, y todo esto ha dado lugar a que haya menos conflictos que nunca. Hay menos huelgas y menos jornadas no trabajadas, un 32 % menos, y una menor conflictividad laboral.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Lara.
El señor LARA MOYA: Gracias, presidente.
Señor Rajoy, la realidad es otra, desde nuestro punto de vista. Las dos últimas reformas laborales, especialmente la suya, han facilitado el despido de centenares de miles de trabajadores, muchos de ellos mayores, gente cualificada que se
deja en la cuneta. Bosal, una multinacional belga con beneficios, despidió a todos los trabajadores, 222, en su planta de Sagunto hace nueve meses para deslocalizar la producción. Están pidiendo soluciones. Elcogas es la única central térmica en
Puertollano que además produce energía sin emisiones contaminantes y su Gobierno ha autorizado el cierre y el despido de 143 trabajadores. Vodafone Ono lleva tres días en huelga por el despido de 1.159 trabajadores sin causas justificadas y
obteniendo beneficios. En cuanto a Bankia, hemos pedido la comparecencia del presidente de la entidad para que explique las irregularidades de la aplicación del ERE. Coca-Cola Iberian Partners es una compañía con beneficios que hizo un ERE que
afectaba a 1.190 trabajadores, y llevan casi dos años de movilizaciones. Todas las sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo han declarado nulo el ERE y exigen la readmisión de todos los trabajadores a sus puestos de trabajo. Las
sentencias siguen sin cumplirse por la empresa. Es un pulso a la justicia y al Estado de derecho con la indiferencia de su Gobierno. En este sentido le remití una carta a usted, señor presidente. Las BRIF, los bomberos forestales, piden
reconocimiento a su profesión. Llevan también dos meses en huelga. En resumen, señor Rajoy, le estoy hablando de que los trabajadores necesitan un gobierno que les ampare con la legislación y les proteja frente a los despropósitos y atropellos de
determinadas empresas. Su Gobierno, desde nuestro punto de vista, no lo ha hecho.
Fíjese, señor Rajoy: tres días antes de que usted ganara las elecciones me regalaron este cuadro (Lo muestra). Es una alegoría premonitoria, representa a una parte de esta España que deja usted en la precariedad, con bajos salarios y menor
protección a los parados. Señor Rajoy, aún puede tomar medidas
a favor de estos trabajadores. No nos deje solo con la pena capital de la reforma laboral y no nos deje solo con el olor a azufre en esta Cámara.
Gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lara.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Lara. No comparto las afirmaciones que acaba de hacer. Como he señalado, se ha producido una dinamización muy importante de la negociación colectiva, con un 43 % más de
convenios; el número de expedientes de regulación de empleo ha bajado en un 40 %; ha habido descuelgues que han impedido que muchas personas perdieran su puesto de trabajo, pero lo más positivo son los datos de creación de empleo que hemos
conocido en las últimas fechas. En este segundo trimestre -vea usted la EPA- el empleo ha subido a una tasa interanual del 4,96 %. Lo mismo ha ocurrido con la Seguridad Social, los últimos datos de agosto muestran un crecimiento del 3,19 %. Los
últimos datos que hemos conocido de la Oficina Económica de la Comisión Europea dicen que España es el segundo país de Europa donde más ha aumentado la contratación indefinida. Y lo más positivo es que todo el crecimiento se está yendo al empleo.
Usted ha dado a conocer a esta Cámara algunos datos que efectivamente son ciertos. No voy a entrar en el detalle de todos y cada uno de los expedientes a que usted hace referencia, pero sí quiero decirle que son cuestiones que en este momento se
están dilucidando en los tribunales y en las cuales ni este Parlamento ni el Gobierno ni usted ni yo podemos entrar porque son los tribunales los que tienen que decidir. El caso más claro es el de Coca-Cola. La representación de los trabajadores
ha planteado un incidente ante la Audiencia Nacional y es la Audiencia Nacional la que tiene que tomar la decisión. El Gobierno, aunque quisiera tomar cualquier decisión, no podría hacerlo porque no es de su competencia.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON JOSEP SÁNCHEZ I LLIBRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN DE CONVERGÈNCIA I DE UNIÓ, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CÓMO VALORA EL PRESIDENTE EL RESULTADO DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE CATALUÑA
CELEBRADAS EL 27 DE SEPTIEMBRE? (Número de expediente 180/001394).
El señor PRESIDENTE: Pregunta al señor presidente del Gobierno del diputado don Joseph Sánchez i Llibre, del Grupo Catalán de Convergència i de Unió.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, ¿cómo valora los resultados de las elecciones del pasado 27 de septiembre?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Yendo a lo importante, quien ha convocado las elecciones y las ha planteado como si fueran un plebiscito no ha conseguido sus objetivos, puesto que la mayoría de los ciudadanos de Cataluña se
han posicionado de una manera diferente a como lo hizo la persona que ha convocado las elecciones. La mayoría han dicho que no estaban a favor de la independencia, con lo cual quien ha convocado el referéndum en estos momentos no solo no cuenta con
el respaldo de la ley, sin el cual en una democracia no se puede hacer nada, sino que tampoco cuenta con el respaldo de los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, creo sinceramente que sigue sin entender lo que está pasando en Cataluña. Ya lo ha dicho en varias ocasiones nuestro portavoz, el señor Duran i Lleida, que optar por
ganar tiempo no resolvería la cuestión catalana y que la única solución es el diálogo y la respuesta política, pero usted ha apostado por dejar pasar el tiempo y el problema se ha enquistado. La única respuesta que han dado ha sido la de
los tribunales imputando al presidente de la Generalitat, a la exvicepresidenta y a la consellera d'ensenyament. La campaña ha evidenciado una polarización a la que ustedes han contribuido. No ha habido espacio para la razón y para los matices, y
así nos ha ido a Unió. Pero todo llegará, no lo dude. Hoy más que nunca necesitamos política, es decir: diálogo, pacto y transacción. Y usted tiene una gran responsabilidad, señor presidente, no es un dirigente cualquiera, es el presidente del
Gobierno. Por eso le instamos a que, de una vez por todas, baje del burro y haga una propuesta política contundente, haga una propuesta política con mayúsculas, haga una propuesta política de envergadura para resolver esta situación. No se escude,
señor presidente, en si otros quieren o no practicar el diálogo, no se refugie en que usted no quiere ser el responsable de romper la unidad de España. No tema que le roben votos, señor presidente, no tema la sombra que proyecta algún expresidente
de su partido. Sea valiente, tenga coraje.
Señor presidente, es la hora de los estadistas, no de los dirigentes de partido. Acepte la realidad de los resultados, que es la que es y no la que unos u otros nos quieren hacer ver; y, por favor, formule de una vez por todas una
propuesta política para que, dialogando entre todos, encontremos lo antes posible una salida a la cuestión catalana.
Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias.
Después del resultado que se ha producido en las elecciones, creo que lo procedente es que se forme Gobierno a la mayor celeridad posible, que se cumpla la ley y que pongamos fin a un periodo que ya dura demasiado, porque en los últimos
cinco años hemos tenido tres elecciones autonómicas y lo único que se ha hecho es generar incertidumbre, inestabilidad y división en el conjunto de la sociedad de Cataluña. Por tanto, lo que todos esperamos -y creo que lo necesita el conjunto de
los ciudadanos de Cataluña- es entrar en una etapa de normalidad, una etapa que se caracterice por la colaboración y el diálogo institucional y, desde luego, por el respeto a la ley.
Las posiciones políticas que yo defiendo son muy conocidas y diferentes de las que sostienen otras fuerzas políticas. Están en su derecho de hacerlo, pero hay algo a lo que todos estamos obligados que es al complemento de la ley, porque si
en una democracia quien gobierna se presenta a unas elecciones con un único punto programático que es la liquidación de la voluntad popular, que es lo que es la ley y que sirve para regir la convivencia entre ciudadanos, es evidente que vamos a
generar más problemas de los que existen en estos momentos.
Yo he cumplido con mi obligación como presidente del Gobierno, señor Sánchez i Llibre. Cuando lo que se plantea por parte de algunos es un referéndum en donde se liquida la soberanía nacional, cuando se debate eso en esta Cámara y esta
Cámara toma posición con lo que hizo en su día, el presidente del Gobierno lo que tiene que procurar es que eso no se celebre. A partir de ahí, ha habido unas elecciones autonómicas y los resultados son los ya conocidos. El Gobierno es partidario
de la lealtad institucional, es partidario del diálogo, es partidario de hablar; pero, desde luego, de lo que no es partidario es de que se liquide -como algunos pretenden- principios básicos que nos llevan uniendo siglos, como la unidad nacional,
la soberanía nacional y la igualdad de los españoles. Este presidente del Gobierno por ahí no va a pasar. A partir de ahí está dispuesto a hablar, siempre -siempre lo hemos hecho- en el marco de la ley. Jamás el presidente de la Generalitat podrá
decir que yo no le he atendido cuando quiso hablar conmigo por cualquier procedimiento que estimara oportuno. Pero cuando alguien pretende que el presidente del Gobierno sea cómplice de la liquidación de la voluntad... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CÓMO VALORA EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO LA SITUACIÓN POLÍTICA DE ESPAÑA? (Número de expediente 180/001395).
El señor PRESIDENTE: Pregunta formulada también al presidente del Gobierno por el diputado don Pedro Sánchez, del Grupo Socialista.
El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Gracias, señor presidente.
Señor Rajoy, mi pregunta es muy sencilla. ¿Qué valoración hace de la situación política en España?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Sánchez, como sabe, los últimos años no han sido fáciles pero creo que podemos presentar un balance positivo. En el año 2012, España era un país al borde de la quiebra, había una amenaza evidente de rescate, estábamos en recesión y el
paro aumentaba de manera continuada. Hoy las cosas han cambiado: la situación económica está mucho mejor que lo que estaba al principio de esta legislatura y hemos superado la grave crisis económica mejor que la inmensa mayoría de los países de la
Unión Europea. Por otra parte, temas importantes que están generando muchos problemas y dificultades en otros países, como los de asilo e inmigración, que usted conoce, creo que aquí se está llevando de una manera ordenada. Hay también otros datos
muy positivos como la bajada en el número de huelgas, de manifestaciones. Hay unas relaciones institucionales razonables, tanto con los empresarios como con las organizaciones sindicales; también con las territoriales, las comunidades autónomas y
las corporaciones locales. Y tenemos el problema que acabo de comentar en la respuesta a la pregunta del señor Sánchez i Llibre que, sin duda alguna, con diálogo, con finura y sin ansiedad, tendremos que resolver en el futuro.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Sánchez.
El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Gracias, señor presidente.
Señor Rajoy, el pasado 27 de septiembre los españoles esperaban de su presidente que compareciera para que hiciera una valoración de la situación política tras las elecciones en Cataluña. Usted decidió no comparecer, no dar la cara, como
suele ser habitual. Lo hizo el 28 de septiembre y lo hizo presionado por los medios de comunicación, convocando una rueda de prensa en Moncloa en la que solamente aceptó dos preguntas de los medios de comunicación. Señorías, la lectura del
Gobierno de España fue clara: el presidente del Gobierno considera que nada nuevo ha pasado en España y, en consecuencia, el Gobierno va a hacer lo que ha hecho hasta ahora, es decir, nada.
Señor Rajoy, una de las partes de su incapacidad política reside en su incapacidad para ver las soluciones (Rumores) y también -y esto es lo más grave- en su incapacidad para ver los problemas. Porque es evidente que España está ahora mismo
ante una encrucijada como consecuencia del desafío soberanista. Ahora mismo los españoles lo que exigen a su Gobierno es capacidad de decisión, capacidad y voluntad de diálogo, de negociación y también de reformas dentro del estricto cumplimiento
de la ley. El Partido Socialista dijo hace tiempo que la reforma constitucional era fundamental en nuestro país; antes de las elecciones dije que era necesaria, pero hoy considero que es imprescindible. Pero ese pulso reformista que necesita
nuestro país, señorías, choca con la inacción política del señor Rajoy. En contra del sentido común, señor Rajoy, conforme aumenta la envergadura de los problemas políticos, más ven los españoles su incapacidad para hacer frente a esos problemas.
Sería, de alguna manera, como esa foto del video en el que usted aparece hablando en catalán que ha salido en los medios de comunicación como consecuencia de la campaña para las elecciones catalanas; se ve a un político paralizado, con los ojos
asombrados y con la mente en blanco, (Rumores), es decir, la viva imagen de la inacción política en nuestro país, señor Rajoy. (Aplausos). Por eso, señor Rajoy, le digo que España tiene que salir de su inmovilismo, que tiene que abrazar el
reformismo y que me comprometo solemnemente ante esta Cámara y ante los españoles, señor Rajoy, a reconstruir la unidad de Cataluña en La Moncloa y también a articular mejor la unidad de España con la reforma constitucional que se abrirá paso en la
próxima legislatura, cuando usted deje de ser presidente del Gobierno. (Prolongados aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Señor Sánchez, de la evolución que se ha producido en la situación económica, de mis referencias al asilo y a la inmigración, de las huelgas, de todo ello nada tiene usted que decir. Ha hecho
una aportación muy importante que es que yo, en lugar de comparecer el día 27, como hizo usted, sin que nadie se enterase, lo hice el día 28 aceptando dos preguntas, cuando usted no aceptó ninguna pregunta a los medios de comunicación. (Aplausos).
En cualquier caso, señor Sánchez, sí hay diferencias importantes entre lo que ha hecho usted y lo que he hecho yo a lo largo de estos meses. En primer lugar, usted ha jugado a la equidistancia. Se ha colocado a la misma distancia de quien
estaba defendiendo la Constitución española, la unidad nacional, la soberanía nacional y la igualdad, que era yo, y quien estaba haciendo claramente un desafío al Estado apostando por la independencia. (Aplausos). Con tal de criticar al Gobierno,
por lo que se ve, vale todo. En segundo lugar, usted ha hecho algo que yo tampoco he hecho: le ha dado la alcaldía en algunas ciudades de Cataluña a grupos independistas (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Ahí, ahí!) para que el Partido
Popular, que era el que había ganado las elecciones, no gobernara. (El señor Moragas Sánchez: ¡Qué cara! ¡Vergüenza!-El señor Pradas Torres: Un poquito de educación. Que lo digas tú...). También, con tal de criticar al Gobierno, vale cualquier
cosa, señor Sánchez, incluso actuar por encima de las convicciones, si es que las tiene. Por último, si usted quiere reformar la Constitución, necesita algo más que decir: quiero reformar la Constitución; necesita decir qué es lo que quiere
reformar, porque si no vamos a pensar que estamos ante un mero eslogan y que usted no sabe qué es que lo que quiere reformar, que es exactamente lo que está ocurriendo.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON JON IÑARRITU GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE SIEMPRE TIENE QUE RESPETARSE LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL? (Número de expediente 180/001390).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro del Interior. En primer lugar, pregunta del diputado don Jon Iñarritu, del Grupo Mixto.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿considera usted que siempre debe respetarse la legalidad internacional? (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
Gracias, señor Iñarritu.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor presidente.
Señoría, España se constituye en un Estado social, democrático y de derecho, según establece la Constitución, y la Constitución contesta claramente a su pregunta.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Iñarritu.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Señor ministro, el Reino de España, desde hace un tiempo, ocupa un lugar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una organización que tiene como objetivo el mantenimiento y la búsqueda de la paz en el mundo,
versando sobre ese asunto la mayoría de sus resoluciones. Por ello es de reconocer que ustedes en su posición han mantenido una actitud correcta en todo lo que tiene que ver con el conflicto colombiano, un hecho que choca con su actitud frente al
conflicto vasco, donde ustedes se han comportado como verdaderos ultras, como los uribistas en Colombia. El pasado jueves, sellaban la paz en La Habana con un apretón de manos el presidente de Colombia con su otrora principal enemigo, el jefe de
las FARC. Este acuerdo llegaba tras haber superado ambas partes el difícil escollo del punto referido a la justicia y a las víctimas y de haber acordado los fundamentos de la
justicia transicional y justicia reparadora en los que se basará la transición de la paz en Colombia. Por medio de ese acuerdo se han combinado el derecho a la paz, a la verdad, a la justicia y a la reparación de todas, todas las víctimas,
no sobre parámetros punitivos y menos aún vindicativos, sino reparadores y sanadores. Entiendo, señor ministro, que si bien todos los conflictos son diferentes, ello no impide que de todos podamos obtener lecciones y nosotros las estamos
obteniendo. Por eso nos gustaría que ustedes también puedan obtener lecciones de todo ello.
Señor Fernández, ustedes en el País Vasco pueden seguir deteniendo, pueden seguir con su política penitenciaria propia de Guantánamo, pueden seguir plagando nuestras carreteras de controles, pueden seguir actuando como si nada hubiera
cambiado, pero habrán sido cuatro años perdidos y nos encontraremos en el mismo punto de partida en el que estábamos al principio de la legislatura. No es que ustedes no vayan a ganar el Nobel de la Paz, sino que pasarán a la historia por su
mediocridad y falta de valentía. Por eso me gustaría preguntarle, señor ministro, si ustedes no creen que el diálogo es la mejor herramienta para solucionar conflictos. Me gustaría que me respondiera si han aprendido alguna lección del conflicto
colombiano en torno a la paz y su consecución.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Iñarritu.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor presidente.
Señorías, conozco perfectamente que el discurso y el diagnóstico de ETA y de la izquierda abertzale es hablar del conflicto vasco y, en consecuencia, de sus causas y de sus efectos. Hablan de un conflicto vasco entre el País Vasco y España
que nunca acaban de definir y, por tanto, hablan de las consecuencias: refugiados, huidos y presos, que ustedes además definen como políticos. Para nosotros no hay tal conflicto vasco. Lo que ha habido durante décadas en el País Vasco, en Navarra
y en el conjunto de España ha sido una organización terrorista llamada ETA que mediante la socialización del sufrimiento y el terror ha pretendido imponer su proyecto totalitario y excluyente al conjunto de la sociedad española. Así de claro. Ese
proyecto ha sido derrotado policial y operativamente por el Estado democrático y de derecho, a cuyo frente han estado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por cierto, pagando un tributo de sangre muy importante para salvaguardar nuestra
libertad y nuestra democracia. Han muerto asesinados por ETA 350 guardias civiles y policías nacionales.
Dicho esto, como España, como le decía anteriormente, es un Estado democrático y de derecho, evidentemente el Estado de derecho no está en suspenso y mientras esa organización terrorista no se disuelva formalmente, está viva, aunque
operativamente esté liquidada y, por tanto, se sigue actuando. Por eso seguimos trabajando para localizar, detener y poner a disposición de la justicia a todas aquellas personas que tengan cuentas pendientes con la justicia. Esa es la cuestión.
Ustedes consideran que hay un conflicto vasco, nosotros consideramos que lo que ha habido es una organización terrorista que ha sido detenida y derrotada, afortunadamente, para el bien de los vascos y para el bien del conjunto de los españoles. Y
no va a haber ni justicia transicional, como dice usted, ni otro tipo de justicia más que la justicia normal, la que aplican los tribunales españoles, la que aplica la Audiencia Nacional, que es la competente para los atentados terroristas, para las
organizaciones terroristas. Y además sabe usted que Francia, que no creo que sea dudoso en cuanto a que es una república democrática y de derecho, también tiene una agenda terrorista que es la agenda española. Francia y España vamos trabajando
juntos codo a codo, mano a mano, para derrotar el terrorismo de ETA. Porque en Europa, que es un espacio de libertad, justicia y seguridad, no cabe una organización terrorista como ETA ni caben planteamientos como los suyos, señoría. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON RAFAEL CALDUCH CERVERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CUÁL ES LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE ASILO DE REFUGIADOS POLÍTICOS? (Número de
expediente 180/001392).
El señor PRESIDENTE: Pregunta, dirigida también al señor ministro del Interior, que formula don Rafael Calduch, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
El señor CALDUCH CERVERA: Señor ministro, ¿cuál es la política del Gobierno en materia de asilo de refugiados políticos?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor presidente.
Señoría, ayer por la tarde estuve presente aquí en el hemiciclo durante el debate de una proposición no de ley, la voté a favor, como la totalidad de la Cámara, y me felicito de que fuéramos capaces todos de llegar a un auténtico pacto de
Estado, porque aquí está representada la soberanía nacional, en materia de refugiados y de asilo. Por lo tanto, la posición del Gobierno en la materia, como no puede ser de otra manera, es la que se contiene en esa proposición no de ley, insisto,
votada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, también por el suyo. Por cierto, sabe su señoría que el punto 10.º decía que, desde la lealtad institucional, todos los grupos firmantes se comprometían a alejar el debate del asilo del
debate político. Espero que todos actuemos con esa lealtad institucional.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Calduch.
El señor CALDUCH CERVERA: Espero, señor ministro, que con esa última referencia que ha hecho usted no pretenda equiparar la lealtad institucional con el silencio.
Mire, la institución del asilo es una institución internacional que tiene por finalidad proteger los derechos fundamentales de aquellas personas que como consecuencia de conflictos armados, etcétera, los ven amenazados. Es una institución a
la que España se ha sumado. Y el tema de los refugiados es importante en España no solo ahora porque aparece en los medios de comunicación, sino que lo viene siendo desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, entre 2012 y 2015, periodo de mandato de
este Gobierno, se han producido 17.351 solicitudes; entre 2011 y 2014 -puesto que no hay datos de admisiones en 2015- se han producido 10.872 admisiones, de las cuales 2.485 pertenecían a refugiados sirios. Sin embargo, estos datos no demuestran
que se esté abordando el problema correctamente. Por utilizar una perífrasis del presidente del Gobierno, el Gobierno actual, en el tema de refugiados, está actuando con una ordenada desidia legislativa, por ejemplo, en la trasposición de las
directivas de la Unión Europea; está actuando con una ordenada negligencia administrativa, por ejemplo, con procedimientos que se dilatan más de un año; está actuando con una ordenada falta de recursos presupuestarios, tan es así que tuvimos que
ponernos de acuerdo todos los grupos parlamentarios para introducir una enmienda que contemplase 200 millones adicionales para atender a los refugiados, el cupo que nos ha asignado la Unión Europea.
El Gobierno del Partido Popular ha llevado en este tema una política reactiva, a golpe de telediario. Lo que nos preguntamos en nuestro grupo parlamentario es qué va a ocurrir cuando efectivamente se produzca el apagón informativo con las
demandas de solicitud de asilo que seguirán llegando a España, qué pasará con el derecho y las vidas de esas personas que solicitan el amparo y el asilo en España. Espero que el futuro Gobierno sea más responsable en este tema.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Calduch.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor presidente.
Insisto, señoría, en lo que le decía anteriormente sobre la proposición que votamos ayer por la tarde, porque creo que es una proposición no de ley que contempla todas las dimensiones de un fenómeno tan grave y efectivamente tan importante
como es el asilo, que en estos momentos me atrevo a decir que, entre los muchos problemas que afrontamos, es el más importante con el que se enfrenta la Unión Europea porque es un fenómeno que ha venido no para irse, sino para quedarse.
Efectivamente, se ha hablado de un éxodo humano, de un drama humano -el de los refugiados- que no tiene precedentes desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Hemos visto los dramas humanos en el Mediterráneo central, estamos viendo lo que está
pasando ahora en Europa central. Si no se están produciendo esos dramas humanos en el Mediterráneo occidental y en la fachada atlántica es porque España está actuando con solidaridad y con responsabilidad. Le quiero recordar, señoría, y se lo digo
desde la cordialidad parlamentaria, que es
asumido en el conjunto de la Unión Europea que España es un Estado que está actuando con solidaridad y con responsabilidad en el tratamiento de esta cuestión. Repito, no formamos parte del problema sino de la solución a la hora de abordar
un asunto tan grave y tan importante como el de los refugiados, así como el de los inmigrantes irregulares, sobre los que en la Unión Europea se distingue claramente; en definitiva, todas son personas. Hemos visto también los dramas que se han
producido en el Mediterráneo occidental; no se han dado en nuestros litorales, precisamente, porque hemos actuado así. Le puedo asegurar que cumpliremos la proposición no de ley y con ese espíritu solidario, constructivo, con apertura de miras;
vamos a tratar a esas personas como merecen: facilitando su desplazamiento a España, acogiéndolos y empleando los recursos necesarios para que se integren en nuestra sociedad, que es el último objetivo de una política responsable de asilo y de
refugiados.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ HA APORTADO LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA A LA SEGURIDAD DE LOS ESPAÑOLES? (Número de expediente
180/001397).
El señor PRESIDENTE: Pregunta, también dirigida al ministro del Interior, que formula el diputado don Antonio Trevín, del Grupo Socialista.
El señor TREVÍN LOMBÁN: Señorías, penúltima sesión de control y el Gobierno sigue despreciando al Parlamento: solo cinco de sus miembros hoy presentes.
Hace año y medio este Congreso aprobó una nueva Ley de Seguridad Privada, más negocio a costa de la seguridad pública y más ganancias precarizando el empleo de los vigilantes. Por eso, le pregunto, señor ministro: ¿Qué ha aportado dicha
ley a la seguridad de los españoles? (Un señor diputado: Muy bien).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trevín.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor presidente.
Señoría, esta Ley de Seguridad Privada, como sabe su señoría, fue la primera que se aprobó a iniciativa del Ministerio del Interior. Efectivamente, ustedes mantuvieron una posición discrepante, pero en última instancia es evidente que si
hubieran considerado -ayer me lo dijo un colega suyo en el Senado, senador del Grupo Socialista- que violaba todos los derechos fundamentales, las libertades públicas, etcétera, imagino que, en coherencia, la hubieran llevado al Tribunal
Constitucional. Celebro que usted no me haga ese planteamiento, señor Trevín. Dicho eso, han pasado dos años de su vigencia y se ha cumplido con los objetivos que se preveían, para los que propusimos esa ley y que aprobaron las Cortes Generales.
Se trataba de actualizar una ley que era buena, pero que el transcurso del tiempo la había dejado desfasada para las demandas de la sociedad, y de establecer que la seguridad privada, bajo el principio de subordinación inexcusable a la seguridad
pública pero coordinándola y complementándola, contribuyera a garantizar la seguridad de los españoles y, por tanto, su libertad y el ejercicio de sus derechos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Trevín.
El señor TREVÍN LOMBÁN: Mire, señor ministro, me preocupan los 250.000 contratos del Estado para vigilancias que su Gobierno suscribió con cincuenta empresas. Muchas incumplen convenios colectivos, en algunos de sus consejos de
administración se sientan exministros y familiares de dirigentes del PP, otras aparecen en la trama Gürtel o son donantes de su partido. Les conceden contratos que se renuevan y amplían. El sistema es perfecto, ellas facturan millones con la
vigilancia y ustedes hacen la vista gorda. La empresa Seguridad Integral Canaria es el caso más paradigmático. Su propietario está logrando jugosos contratos con la Vicepresidencia del Gobierno, con el Ministerio de Defensa, con la Tesorería de la
Seguridad Social, con el Ministerio de Fomento; sin embargo, está acusado de evasión al fisco, defraudación
a la Seguridad Social que vigila, apropiación indebida en cuantías que superan los 20 millones de euros. Desde luego, parece que lo vigila todo menos el cumplimiento de la ley. En este aspecto, ni ella ni ustedes andan precisamente ojo
avizor. De hecho, su Gobierno le indultó en 2013 para evitar su ingreso en prisión por construir en espacio protegido y, por si fuera poco, el ministro Soria le llenó de elogios: Es el concepto más puro de emprendedor que conozco. Es un gran
emprendedor al que le llueven contratos del Gobierno. Este mismo año vicepresidencia le prorrogó el de Patrimonio del Estado, 12 millones de euros anuales, y Adif le adjudicó parte de la zona sur de España, es decir 6 millones de euros más al año.
¿Van a volver a indultarlo después de que el Tribunal Supremo les anulara el anterior indulto? ¿Les queda algo de vergüenza? Poca. Usted no tuvo empacho en dejar tirados a la mayoría de los escoltas que habían protegido a los amenazados de
Euskadi en los peores años del terrorismo después de adjudicar el negocio a sus empresas. Este Gobierno ha favorecido la educación privada y ha intentado privatizar la sanidad. Usted, si le hubieran dejado en Defensa, hubiera privatizado a la
mismísima cabra de la Legión.
Muchísimas gracias. (Risas.-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trevín.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor presidente.
Me había dicho muchas cosas el señor Trevín, pero intentar privatizar la cabra de la legión, sinceramente no; además, es del ministro de Defensa, no es de mi competencia. (Rumores).
Hablando en serio, señoría, como tuve ocasión de decir durante el debate del proyecto de ley de seguridad privada, en Europa -con quien nos tenemos que comparar- los ratios de seguridad privada y de policía pública por cada 100.000
habitantes ponen de manifiesto que estamos a la cabeza en el número de policías públicos por habitante y a la cola en cuanto a seguridad privada. Por tanto, no hemos hecho nada que nos aleje de lo que es normal en la Unión Europea, y todavía
seguimos ahí. Vuelvo a repetir que la seguridad privada está subordinada a la seguridad pública, que es competencia exclusiva del Estado según el artículo 149 de la Constitución. La tasa actual de policías (Policía Nacional, Guardia Civil,
policías autonómicas y policías locales) por cada 100.000 habitantes en España es de 519,47, muy por encima de la media comunitaria europea, mientras que la tasa de agentes de seguridad privada en activo por cada 100.000 habitantes es de 215, una de
las más bajas de la Unión Europea. La proporción de los integrantes de uno y otro es de más del 70 % de seguridad pública y menos del 30 % de seguridad privada. En estos años, como su señoría sabe, hemos tenido ofertas públicas de empleo con tasas
de reposición del 10 % y este año del 50 %, por razones que todos conocemos. Es evidente que la seguridad privada... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON MANUEL DE LA ROCHA RUBÍ, EN SUSTITUCIÓN DE LA DIPUTADA DOÑA ESPERANÇA ESTEVE ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CÓMO VA A ABORDAR EL GOBIERNO SUS COMPROMISOS EN
RELACIÓN CON LA CRISIS HUMANITARIA DE REFUGIADOS? (Número de expediente 180/001398).
El señor PRESIDENTE: Pregunta, dirigida también al señor ministro del Interior, que formula el diputado don Manuel de la Rocha, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor DE LA ROCHA RUBÍ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro del Interior, quiero referirme otra vez a la grave crisis humanitaria que viene existiendo en Europa en los últimos meses derivada del conflicto de Siria y que está produciendo el desplazamiento de cientos de miles de personas
al territorio de la Unión. La Comisión Europea ha decidido liderar una actuación en común, porque la dimensión de la crisis es inabordable por los países en solitario. Además, ha decidido buscar que en Europa haya una política común de asilo y de
refugio. El Gobierno de España del que usted forma parte, tras una primera actitud de rechazo y de ponerse de perfil, se ha sumado junto a la mayoría de los Estados miembros a esa iniciativa. Ayer en esta Cámara los grupos parlamentarios aprobamos
una iniciativa conjunta promovida por mi grupo y que valoramos muy positivamente porque define una visión consensuada de las políticas a seguir y de los objetivos a alcanzar, planteando al
Gobierno una serie de compromisos. Le pregunto: ¿cómo va a abordar el Gobierno sus compromisos en relación con la crisis humanitaria de refugiados?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor de la Rocha.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, vuelvo a reiterar lo que dije antes. Me felicito, les felicito, felicito a toda la Cámara porque hayamos sido capaces de aprobar esa iniciativa. Es muy positivo y transmite a Europa un mensaje muy favorable de España como
sociedad solidaria y país de acogida, que es lo que realmente somos. Difícilmente podemos pedir, como estamos haciendo, una política comunitaria, por tanto una política europea común, en materia de inmigración y de asilo si no somos capaces
previamente de conseguirla a nivel nacional. Es evidente que el paso que se dio ayer en esta Cámara con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios en torno a unos ejes de actuación que se concretan en esa proposición no de ley es una buena
credencial para presentarnos ante Europa y ante el mundo como un país solidario y responsable; un país que tiene conciencia de la crisis humanitaria y que está dispuesto a concretar esa solidaridad en hechos y no solo en palabras. Señoría, tenga
la certeza de que cumpliremos y estaremos a la altura de los compromisos asumidos. Acogeremos a esos refugiados con voluntad de que se integren en la sociedad española y dotaremos de los recursos económicos necesarios a nuestras administraciones
para que puedan cumplir ese objetivo. En particular, usted sabe que hemos llegado también a un acuerdo todos los grupos parlamentarios, mediante una enmienda al proyecto de ley de presupuestos, para incrementar 200 millones de euros en el ámbito
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social precisamente para dotarlo ante las necesidades económicas que exige una adecuada política de asilo y de refugio; no una política de asilo y refugio de titular sino realmente solidaria y responsable que
tenga como objetivo último, insisto, la integración en plena igualdad de derechos con los nacionales españoles en nuestro país. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor De la Rocha.
El señor DE LA ROCHA RUBÍ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, a mi grupo le siguen preocupando algunos aspectos muy importantes. En primer lugar, cómo va a resolver la Unión Europea la situación de las personas que se encuentran hacinadas ante la frontera de Hungría sin que hasta ahora
se hayan acordado corredores humanitarios que les permitan llegar a zona segura. En segundo lugar está algo que afecta a su ministerio, las listas de espera. Ya en este momento los solicitantes de asilo han de esperar hasta seis meses para que se
les atienda. El incremento de solicitudes que se va a producir con el aumento del número de personas que la Comisión Europea está determinando para nuestro país significa un esfuerzo adicional para su ministerio que deberá mejorar
significativamente la Oficina de Asilo y Refugio. En tercer lugar nos preocupa la integración. Es necesario adaptar la capacidad de acogida e integración de los refugiados a las nuevas cifras de llegada y a las previsiones de la UE. Para eso
creemos imprescindible un plan estatal consensuado con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos que incluya y defina el papel de las ONG en esta materia, así como que determine los lugares de acogida y posterior reubicación, los medios de
escolarización y atención sanitaria y social y, en su caso, de empleo. Por último, señor ministro, nos preocupan algunos mensajes que usted o algunas personas de su entorno han lanzado en los últimos tiempos y que esperamos que sean ya cosa del
pasado porque generan miedo y desconfianza... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. (Aplausos).
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor presidente.
Señoría, no discrepo fundamentalmente de su señoría. En cuanto a la Oficina de Asilo y Refugio estamos dotándola de mayores recursos para hacer frente efectivamente a esta situación excepcional, y ya hay un crédito de 6,5 millones de euros
para que esa infraestructura administrativa esté a la altura del reto que tenemos. Hay un grupo de trabajo en el seno de la Conferencia Sectorial de Migraciones precisamente para analizar las necesidades existentes y las capacidades que tenemos
para que esa acogida e integración se puedan producir de manera adecuada. Es decir, estamos trabajando en la conferencia sectorial en el
ámbito del Ministerio de Empleo, en la comisión interministerial en el ámbito de la Vicepresidencia del Gobierno y en el Consejo de Ministros del Interior y en el Consejo Europeo... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON PEDRO MARÍA AZPIAZU URIARTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD: ¿PARA CUÁNDO PREVÉ EL GOBIERNO ESPAÑOL SER MIEMBRO FUNDADOR DEL CONSORCIO EUROPEO ESS-ERIC?
(Número de expediente 180/001391).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Economía y Competitividad. La formula el diputado don Pedro Azpiazu, del Grupo Vasco, PNV.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor presidente.
En las postrimerías de la legislatura no pretendo con mi pregunta, señor ministro, ponerle en una situación difícil e incómoda, simplemente deseo que antes de dejar su cartera cumpla con el compromiso adquirido con el Gobierno vasco en
relación con la Fuente de Espalación Europea. Como sabe, Bilbao pretendió ser la sede europea de la fuente de espalación, que finalmente se ubicará en Lund por una desacertada gestión en su día del Gobierno del señor Zapatero. Como premio de
consolación, se alcanzó un acuerdo para fijar en Bilbao lo que se denomina subsede. Tras un comienzo con ciertas dudas, se ha definido ya un proyecto sólido que va a permitir el desarrollo científico y tecnológico de personal cualificado a través
de la futura construcción de paquetes de trabajo que se han ido reconociendo ya a nivel europeo y que harán posible la construcción de partes relevantes de la fuente europea. En fechas recientes se ha constituido el consorcio europeo ESS-ERIC para
la construcción de la fuente, y en principio España no forma parte de dicho consorcio como miembro fundador, tal y como se había comprometido y no sabemos por qué. La secretaria de Estado del ramo anunció precisamente en Bilbao en el mes de abril
que se firmaría dicho compromiso el 1 de julio. El retraso por parte del Ministerio de Economía en la firma de dicho compromiso puede poner, en nuestra opinión, en serio peligro los paquetes de trabajo preacordados por parte de ESS Bilbao con Lund.
Sin estos paquetes de trabajo el proyecto, el de Bilbao, estaría en grave riesgo. Está en sus manos, señor ministro, evitar que el futuro del proyecto, en el que trabajan más de sesenta personas de alta cualificación, pueda quedarse en agua de
borrajas. No hace falta que le convenza de la importancia que tiene la innovación, la investigación en el desarrollo económico. Este proyecto es muy importante para Euskadi, sí, pero también para la economía del conjunto del Estado. Por eso
precisamente reclamamos y pedimos que se comprometa en firme y por escrito con el futuro proyecto europeo, que es también el nuestro. Por eso le pregunto, señor ministro, ¿cuándo prevé el Gobierno firmar su compromiso como miembro fundador del
Consorcio Europeo de Espalación?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, como conoce, la implicación de España en la Fuente Europea de Espalación ha sido muy destacada desde su inicio, desde su gestación, y además representa un buen ejemplo de colaboración en materia de investigación entre la
Administración central y el Ejecutivo vasco. Como sabe, hemos apostado desde el primer momento por el proyecto ERIC, como demuestra la carta de intenciones que firmamos en 2014, expresando nuestro pleno compromiso con esta iniciativa. En este
momento España es miembro fundador observador; nuestra voluntad es convertirnos en miembros de pleno derecho lo antes posible y, en cualquier caso, antes de septiembre de 2016. Para entonces vamos a ser miembros de pleno derecho. Para eso estamos
trabajando en este momento, ya que, como sabe, la adhesión a este consorcio implica un compromiso de gasto plurianual cuya autorización se está gestionando actualmente. Una vez superados todos los trámites presupuestarios y obtenida dicha
autorización estaremos en condiciones de culminar esta adhesión. En todo este proceso -insisto- la secretaria de Estado de I+D+i está colaborando estrechamente con sus homólogos vascos. A su vez, supone también la presencia de España en otros
consorcios importantes, como es el caso del CERN, donde hemos triplicado nuestros contratos; el reactor
experimental de fusión ITER y la designación de la isla de La Palma como sede de la instalación de la red de telescopios Cherenkov.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor ministro.
Espero efectivamente que se firme cuanto antes, bastante antes de 2016; me gustaría que lo hiciera usted con este Gobierno, al que creo que no le queda mucho tiempo. De todas formas sabe que soy insistente e iré hasta el final, al menos de
este Gobierno. Con usted voy a intentar...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Soy consciente de la exigencia de su señoría, y no tenga usted la más mínima duda de que intentaremos hacer lo máximo posible para tener autorizado el gasto plurianual
antes de acabar esta legislatura.
Muchas gracias. (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿CÓMO PIENSA EL GOBIERNO RESOLVER LOS PROBLEMAS GENERADOS POR LOS RETRASOS EN LA
ADJUDICACIÓN DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES TRAS LA ANULACIÓN ORDENADA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES? (Número de expediente 180/001396).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Pregunta, en primer lugar, el diputado don Miguel Ángel Heredia, del Grupo Socialista.
El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿cómo piensa resolver los problemas provocados por los retrasos en la adjudicación de los viajes del Imserso?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Heredia.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor Heredia. Efectivamente, se produjo un recurso al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda, recurso que ordenaba repetir la valoración, especificando algunos criterios que debían
tenerse en consideración. Esa valoración se ha vuelto a realizar. Por tanto, una vez resuelto este recurso y atendidos los requerimientos de ese tribunal, se va a proceder ya a la nueva adjudicación. Nosotros esperamos que apretando en los
plazos, como estamos haciendo, y con la buena voluntad y colaboración de todos, que la están mostrando, no se producirán retrasos significativos. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: Mire que tenía usted fácil mejorar la gestión de su antecesora la señora Mato, pues ha creado un problema donde no lo había con los viajes del Imserso, y ya veremos cómo termina.
Este es un programa que inició un gobierno socialista. Tenía una función social para las personas mayores, mantiene miles de empleos en muchos hoteles durante temporada baja y es rentable económicamente: por cada euro invertido el Estado
recupera 1,5 euros. El Partido Popular nunca ha creído en este programa; inició la legislatura reduciendo un 30 % su presupuesto y la va a terminar con la sentencia de un tribunal que anula la adjudicación de esos viajes. Lo ha hecho por la
discrecionalidad en la valoración, que no es aceptable, y porque los criterios no son para nada objetivos. Usted es el responsable de que se
haya paralizado este programa. Se lo diré alto y claro: su Gobierno castiga a nuestros mayores y también a nuestro sector turístico. Nuestros mayores son hoy un 20 % más pobres que cuando Rajoy llegó al Gobierno, les han subido todos los
impuestos y han implantado el copago farmacéutico. Han subido solo un euro al mes a las pensiones más bajas, a las mínimas, y ahora retrasan las vacaciones para 2,5 millones de jubilados que tienen derecho a ellas. Cuando ya tenían que estar
llegando a su destino turístico, todavía no saben si van a poder ir, y esto afecta a nuestro sector turístico, que ha sido duramente golpeado con su subida del IVA. Tenemos el IVA turístico más elevado de Europa y de todo el Mediterráneo, y esto es
perjudicial para nuestro sector. Además, ha puesto en riesgo el futuro de más de trescientos hoteles que abren todo el año gracias a este programa; por cierto, en mi provincia dieciséis de ellos. Hay 100.000 trabajadores en este momento en vilo
que no saben si van a renovar sus contratos o el próximo 1 de octubre estarán en paro. Por todo ello, señor ministro, yo le planteo y le exijo que de forma inmediata dé explicaciones sobre este turbio asunto. Despeje todas las dudas de sus
chapuzas y chanchullos en la adjudicación de este programa y solucione esta cuestión cuanto antes. Los españoles, los jubilados y el sector turístico no merecen un gobierno tan nefasto como este. Los españoles tampoco merecen el insulto de que de
un gobierno formado por 14 miembros solo 5 acudan a una sesión de control.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Heredia.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Gracias, señor presidente.
La verdad, señor Heredia, es que ha plagado su intervención de tantas inexactitudes que es muy difícil contestarle en este tiempo tan breve, pero le voy a aclarar un par de cosas. La tasa de pobreza entre las personas mayores ha bajado 5
puntos en esta legislatura. ¿Sabe por qué ha bajado 5 puntos? Porque nosotros no hemos congelado las pensiones a las personas mayores. (Aplausos). Las hemos actualizado cada año. En segundo lugar, el turismo en España en esta legislatura está
en récords históricos de número de visitantes, de gasto por visitante y de gente que quiere volver a España. En tercer lugar, el Gobierno está comprometido con los programas de turismo para las personas mayores -lo está- y, además, la previsión es
ir aumentando las plazas y las oportunidades para el próximo año. Es un programa muy importante con 1.100.000 plazas que supone más de 10 millones de pernoctaciones, genera una riqueza de 435 millones y sostiene 100.000 puestos de trabajo. La
próxima temporada va a haber 100.000 plazas más.
Respecto de los recursos o los trámites que se están realizando correctamente en vía administrativa para la adjudicación de este contrato, lo que está ocurriendo este año ya pasó en 2011. No sé qué calificativo se va a dar usted a sí mismo.
Pasó 2011 y es verdad que ustedes fueron capaces de cumplir, de recuperar el retraso que se podía haber sufrido y de adjudicar absolutamente todos los paquetes. A pesar de todo el retraso, ya se están empezando a realizar las reservas. Por tanto,
no traslade mensajes de inquietud. Ofrezco un mensaje de tranquilidad: este año se viajará con toda normalidad, se cumplirá el programa y habrá 100.000 personas más que podrán acceder a los viajes del Imserso.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ÁNGELES ÁLVAREZ ÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿ESTÁ SATISFECHO EL GOBIERNO CON LA SITUACIÓN DEL ACCESO A LAS MUJERES JÓVENES
ESPAÑOLAS A LA ELECCIÓN DE LOS ANTICONCEPTIVOS MODERNOS? (Número de expediente 180/001403).
El señor PRESIDENTE: Pregunta, dirigida también al señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que formula la diputada doña Ángeles Álvarez, del Grupo Socialista.
La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Señor Alonso, a usted como ministro de Sanidad, ¿qué opinión le merece el hecho de que una de cada cinco jóvenes españolas no utilice ningún tipo de protección en sus relaciones sexuales? (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Álvarez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, efectivamente el Gobierno está preocupado por incrementar la concienciación y la sensibilización en materia de educación afectiva y sexual entre los jóvenes. De hecho, en el Plan integral de apoyo a la familia hemos previsto
actuaciones para la prevención de embarazos y en los presupuestos generales para el año que viene también hemos introducido una partida específica para realizar campañas de prevención de embarazos no deseados, aparte de la promoción del acceso a los
métodos anticonceptivos, medicamentos u otro tipo de métodos que igualmente previenen la transmisión de enfermedades infecciosas que pueden ser tan graves como el VIH.
Le agradezco su preocupación, señoría. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señora Álvarez.
La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Veo que la pregunta ha generado ciertas risas. Se lo voy a decir en números absolutos. Hay 4 millones de mujeres entre dieciséis y treinta años de las cuales, según esa proporción, casi 800.000 no estarían
utilizando ningún tipo de protección; repito, 800.000. El problema es dónde se coloca el Gobierno frente a esta realidad. Ustedes, con sus políticas, han apostado por favorecer que las cosas sigan igual o empeoren. Ustedes incumplen la ley
cuando impiden que la educación sexual sea obligatoria en los planes de estudio escolares. Consagrando la exclusión sanitaria han impedido el acceso de las jóvenes más vulnerables a los métodos anticonceptivos. Callan ante la objeción de
conciencia temeraria a la píldora del día después y desconocen cuántas farmacias están objetando a la dispensa de anticonceptivos. En comunidades autónomas como la de Madrid se dificulta el acceso a anticonceptivos atípicos, como el implante, el
inyectable o el diafragma. Ustedes no ejecutan la estrategia de salud sexual y reproductiva vigente y favorecen situaciones de riesgo con una política inadecuada de financiación de anticonceptivos, basada en una respuesta meramente dineraria o
económica, y con eso dejan fuera de la cartera precisamente los que tienen efectos beneficiosos complementarios para las mujeres. ¿Saben lo que consiguen? Con la ausencia de políticas preventivas en materia de salud sexual y reproductiva ustedes
consiguen un aumento de los embarazos no deseados, y eso provoca los abortos en este país; así que tome usted nota. Menos máscaras y más respuestas, porque ustedes a las jóvenes más vulnerables, en una política que yo llamaría perversa, primero
les niegan el acceso a la prevención y después las condenan a una maternidad impuesta o a un aborto clandestino e inseguro. Nosotros vamos a trabajar para revertir esa situación de insuficiencia y de precariedad. ¿Sabe por qué? Porque es injusto
que las políticas del Partido Popular condicionen la trayectoria vital de miles de mujeres jóvenes en este país, cuando ustedes obstaculizan su acceso a la salud sexual y reproductiva.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Álvarez.
Señor ministro.
El señor ministro de SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Gracias, señor presidente.
Quiero recordarle que el derecho al acceso universal de las mujeres a la salud sexual y reproductiva sigue recogido en la cartera de servicios, que no ha sido modificado en nada desde 2006 y que en España efectivamente hay una amplia
cobertura en medicamentos y métodos anticonceptivos, que son dispensados en las oficinas de farmacia con receta oficial de los médicos. Hay más de sesenta medicamentos. La oferta en España es muy amplia. Abarca medicamentos de primera, de
segunda, de tercera y de cuarta generación. Es la oferta más amplia de Europa y desde luego está muy por encima de otros países con sistemas de salud similares al nuestro, como Bélgica, Italia o Francia, que son países gobernados por partidos
socialistas, donde no tienen esta oferta y han venido suspendiendo últimamente los medicamentos de tercera y cuarta generación.
Coincido con usted en que este asunto nos ha de preocupar, debemos incidir más en la educación afectivo-sexual; lo queremos hacer, porque me parece una prioridad del Gobierno prevenir los embarazos no deseados, ya que de las más de 100.000
mujeres que abortaron el año pasado al menos un tercio no
era la primera vez que tenían que pasar por esa situación. Creo que eso se puede evitar en buena medida. Por tanto, el Gobierno lo considera una prioridad, por eso hemos pactado con el grupo de Unión del Pueblo Navarro una enmienda a los
presupuestos generales para poder incidir más en campañas de sensibilización y de promoción de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, particularmente de las más jóvenes. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA GUADALUPE MARTÍN GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿QUÉ BALANCE HACE EL GOBIERNO DEL IMPACTO DE SUS POLÍTICAS EN LAS PERSONAS
MAYORES? (Número de expediente 180/001404).
El señor PRESIDENTE: Pregunta, dirigida también al ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que formula la diputada doña Guadalupe Martín, del Grupo Socialista.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
¿Qué balance hace el Gobierno del impacto de sus políticas en las personas mayores?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martín.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Gracias, señora Martín. Es oportuna la pregunta, porque mañana jueves se conmemora el Día Internacional de las Personas Mayores. En España, con los últimos
datos que tenemos, de 2015, hay 8,5 de personas que tienen sesenta y cinco años o más. En 2050 van a ser más de 15 millones, serán más de la tercera parte de la población; por tanto, este es un tema capital y prioritario en la acción política de
este y de todos los Gobiernos.
El Gobierno ha actuado en tres ejes. En primer lugar, en las pensiones, para mantener su poder adquisitivo. Hoy hay más españoles con pensión, más de 9.300.000 españoles con pensiones contributivas, 455.000 más que en el año 2011, y
450.000 con pensiones no contributivas. También han subido las cuantías. La pensión media ya roza los 1.025 euros. En el año 2011 eran 923 euros. Ha subido también la cuantía de las pensiones no contributivas. En segundo lugar, estamos
fomentando el envejecimiento activo y la prevención de la dependencia. Sabe que España encabeza las estadísticas de esperanza de vida, pero queremos que esa esperanza de vida sea con calidad. Hemos acordado estrategias con las comunidades
autónomas para configurar un sistema de atención sociosanitario para abordar la cronicidad. Y en tercer lugar, el refuerzo del sistema de atención a la dependencia, donde ya hay 755.944 personas beneficiarias con prestación, que son 17.357 personas
más que a 31 de diciembre de 2011. Además, hemos venido trabajando con el Consejo Estatal de las Personas Mayores para aprobar un marco de actuación para personas mayores que fundamentalmente busca promover ese envejecimiento activo, esa calidad de
vida, que va a ser aprobado en muy breve plazo por el Consejo de Ministros.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señora diputada.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Señor ministro, por mucho que repita una mentira, no se convierte en verdad. Ustedes se han sumergido en una espiral de mentiras, no han respetado el consenso de revalorización de las pensiones y son los
pensionistas los que han sufrido, y eso que anunciaron que no tocarían las pensiones. El incremento de la pensión mínima en su periodo de mandato ha sido de 42,90 euros. El incremento de la pensión mínima durante Gobiernos socialistas, el 46 %, es
decir, 257 euros. Alto y claro, señor ministro. El Partido Socialista no congeló las pensiones, revalorizó año tras año la pensiones mínimas, pasando de 484 a 742 euros, y ustedes rompieron ese consenso, no les suben el IPC, sino un 0,25 %, lo que
supone una pérdida de poder adquisitivo año tras año. Mire las consecuencias que trae esto: uno de cada tres hogares españoles tiene como sustentador principal a un mayor de sesenta y cinco años; seis de cada diez reconocen que su situación y
bienestar han empeorado por las dificultades económicas por las que pasa su familia; ocho de cada diez mayores ayudan a sus hijos e
hijas; todos los pensionistas están condenados al repago de sus medicamentos; el 46 % de los mayores ha reducido el gasto en tratamientos para su salud; por cada euro que ha subido su pensión gastan cuatro en medicamentos; el 45 % ha
reducido el gasto en el consumo de la luz; el 20 % reconoce que sus nietos han dejado de acudir al comedor escolar, y para colmo desmontan el sistema de atención a la dependencia cuando más lo necesitan y además les aumentan los copagos. Con este
panorama todos tienen una visión pesimista del futuro, señor ministro; piensan que el futuro de sus nietos será incluso peor que ahora. Ese es el balance de su gestión y no otro. Señor ministro, por mucho que ustedes repitan su mentira, no la
pueden convertir en verdad nunca. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Efectivamente, los mayores hacen un gran esfuerzo para ayudar a la situación de las familias que lo están pasando peor. El Gobierno es muy consciente también de
eso, y por ello a lo largo de estos dos últimos años ha mejorado su poder adquisitivo en más de 2.000 millones de euros, y este año también lo va a hacer, porque no les vamos a aplicar la inflación, les vamos a aumentar un 0,25 % las pensiones -la
inflación está en el menos 0,9 %- y volverán a ganar poder adquisitivo. Por eso España es el país que tiene una tasa de riesgo de pobreza en personas mayores de las más bajas de Europa.
Pero hablando de mentiras, ¿quién se va a creer que el Partido Socialista no congeló las pensiones? ¿Cómo puede afirmar eso? Yo estaba aquí cuando el señor Zapatero anunció que las congelaba y que despreciaba las posibilidades de los
mayores y utilizaba los... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA GONZÁLEZ VERACRUZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿QUÉ EVOLUCIÓN PREVÉ EL GOBIERNO PARA LOS PRÓXIMOS MESES EN LA TASA DE COBERTURA PÚBLICA PARA
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO EN NUESTRO PAÍS? (Número de expediente 180/001399).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social.
En primer lugar, la formula la diputada doña María González Veracruz, del Grupo Socialista.
La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, las máximas, nunca las mínimas.
Señora Báñez, ¿cuál es la previsión que tiene el Gobierno para la tasa de cobertura por desempleo a los parados en un contexto en el que ustedes llevan ya cuatro años gobernando, desde 2011 hasta ahora, la tasa ha ido disminuyendo desde
entonces -es decir, hay más parados desprotegidos que en 2011- y han anunciado -de hecho están a punto de aprobar- un recorte de 5.000 millones de euros? ¿Cuál es su previsión, si puede dárnosla, incluso si puede atenerse a la verdad, señora
ministra? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.
Señora diputada, no hay mayor cobertura social para los españoles que el empleo y en eso estamos trabajando desde el minuto uno de la legislatura. Ya hemos recuperado, gracias al esfuerzo de la sociedad española y a las reformas del
Gobierno, un millón de los más de 3,5 millones de empleos que se perdieron en la crisis. Les puedo decir, como buena noticia, que en el último año dos de cada tres personas que abandonaron el desempleo eran parados de larga duración. Es más, no
solo hemos trabajado por el empleo sino que hemos reforzado la protección social con nuevos programas. Por ejemplo, el que está en marcha desde enero de este año dialogado con los interlocutores sociales, que es un plan especial de activación para
personas paradas de larga duración sin ingresos y con responsabilidades familiares. Un plan que ya tiene más de 125.000 solicitudes y que ha aumentado en lo que llevamos de año la cobertura por desempleo en 4 puntos. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Señora diputada.
La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, si evaluamos los cuatro años del Gobierno de Rajoy tendríamos que recordar cómo fueron generando parados, como consecuencia principalmente del rescate que niega el señor Rajoy pero también de su reforma laboral, y cómo esos
nuevos empleos son directamente parados laborales. Pero no es ese el tema de mi pregunta, aunque sabía que iba a responderme así. Señora ministra, piense por un segundo qué les dirían aquí, si estuvieran en el lugar de esta diputada, los hombres y
mujeres, especialmente mujeres, 3,7 millones según la encuesta de población activa, que están parados y que no tienen ninguna prestación. Esa es la consecuencia de sus políticas: 3,7 millones de personas a las que les está diciendo, además, que
les va a recortar 5.000 millones de euros más, como si no hubiera parados de larga duración, especialmente mujeres, que hoy no tienen ninguna protección de su Gobierno, que están completamente abandonados por el Gobierno de Rajoy. Hablamos de más
de siete de cada diez parados en esta situación. Probablemente cada uno de esos parados, de esos hombres y mujeres, le explicarían lo que están viviendo, y lo que están viviendo es una situación de pobreza y de desigualdad social generada por su
Gobierno y por los cuatro años de sus recortes. Hablamos de recortes de derechos laborales por la reforma laboral, hablamos de recortes en prestaciones, hablamos de la eliminación de subsidios, por mucho que traten de evitarlo. Y como le gusta
tanto volver al año 2011, le recuerdo que en dicho año, según la tasa de cobertura por paro registrado, se cubría el 70 % y hoy el 55 %. Y si vamos a los datos de la EPA, en 2011 se cubría el 37 %, y hoy se cubre el 27,8 %. Ese es el resumen,
30.000 millones de euros en 2011, y hoy, 19.000 millones para no proteger, que es lo que están haciendo ustedes, a los desempleados. Precariedad laboral, pobreza laboral, pero... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Señora diputada, un partido como el Socialista que en la legislatura pasada mandó a 3,5 millones de personas al paro no está para dar lecciones de empleo. Se lo digo con
humildad. Pero le digo más. Hoy, después de cuatro años de legislatura, la sociedad española, no el Gobierno, puede decir con orgullo que hay 350.000 parados menos que en el año 2011. Por tanto, estamos mejor desde el convencimiento, porque somos
inconformistas, de que nos queda mucho por hacer, porque la crisis no acabará hasta que las oportunidades de empleo no hayan llegado hasta el último español que quiere trabajar. Estamos reforzando la protección social más que nunca. Pusimos en
marcha de forma permanente el Prepara, que ha dado oportunidades a más de 615.000 personas en España. Hemos puesto en marcha este año un nuevo programa con los sindicatos, el Plan especial de activación, que no existía en España. Y en el
presupuesto del año 2016 ya hay un nuevo programa de orientación para parados de larga duración, entre treinta y cincuenta y cinco años, que va a ayudar a conseguir empleo a más de 1.200.000 parados en España. No queremos que nadie se quede atrás
en la recuperación. Lo que ha cambiado en España es que donde antes había paro, ahora se crea empleo cada día; por tanto, con los españoles, creando empleo y oportunidades, que es el futuro de este país.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MAGDALENA VALERIO CORDERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿QUÉ ACTUACIONES HA LLEVADO A CABO SU DEPARTAMENTO EN CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DEL ORDEN
JURISDICCIONAL SOCIAL EN LOS CASOS QUE AFECTAN A SU PARTIDO? (Número de expediente 180/001400).
El señor PRESIDENTE: Pregunta también a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social, que formula la diputada doña Magdalena Valerio, del Grupo Socialista.
La señora VALERIO CORDERO: Señora ministra, en el mes de abril la justicia consideró acreditada la existencia de la simulación en la relación laboral entre el Partido Popular y el señor Bárcenas, la cual
dio lugar a unas cotizaciones que no se deberían haber producido y que pueden tener incidencia en futuras prestaciones de la Seguridad Social. Cinco meses después, hemos conocido que se ha abierto un expediente sancionador al Partido
Popular por estos hechos. ¿Podría aclararme usted qué actuaciones ha llevado a cabo su departamento en cumplimiento de esta sentencia?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Valerio.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor presidente.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, como siempre, con cualquier empresa y cualquier trabajador lo que hace es cumplir la ley, como mandan la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 75.2 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Social, que dice que quienes no sean parte en el proceso deben cumplir las obligaciones que les impongan los jueces y tribunales ordenadas a garantizar los derechos que pudieran corresponder a las partes y asegurar la efectividad de
las resoluciones judiciales. Esto es lo que estamos haciendo, cumplir la ley y las resoluciones judiciales que son firmes.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Señora Valerio.
La señora VALERIO CORDERO: Señora ministra, a estas alturas de la historia, creo que nadie duda de que el objetivo del contrato simulado del señor Bárcenas no era conseguir en el futuro prestaciones de la Seguridad Social, sino pagar su
silencio. El señor Rajoy pactó personalmente con él las condiciones de este ventajoso contrato fraudulento, como reconoció la señora Cospedal en sede judicial. El señor Bárcenas ya se había llevado previamente la pasta por diversos trabajitos y
repartos de sobres a dirigentes del Partido Popular, y luego se la llevó no por trabajar, sino por callar, y justo hasta el momento en que comenzó a cantar. Era un contrato simulado de más de 21.000 euros al mes, con secretaria, coche, chofer,
despacho en Génova y pago de minutas de abogados, pero sin actividad laboral conocida, como dice la sentencia.
Señora ministra, el problema aquí va más allá de la también denominada indemnización en diferido, de la que habló en una intervención kafkiana la señora Cospedal. El problema aquí es que hemos sufrido la corrupción en directo del Partido
Popular y de su presidente. Ahora a él, al presidente -que no nos acompaña porque se va inmediatamente y deja aquí a su Gobierno, como vemos, muy disminuido-, ante la posible sanción, solamente se le ocurre decir que se paga la multa y punto; y se
queda tan ancho. Lo que tiene que hacer es asumir sus responsabilidades políticas y no reírse de nosotros. Dígale usted de mi parte que un presidente del Gobierno debe velar por el cumplimiento de las leyes, también de las laborales, y debe
predicar con el ejemplo. Esto implica tolerancia cero con la corrupción, con el fraude y con la mentira. En este caso, el señor Rajoy ha hecho todo lo contrario: mintió en su comparecencia del 1 de agosto de 2013, ha avalado la corrupción y el
fraude y ahora viene a decirnos que se paga y punto.
La ciudadanía está harta y les va a poner, dentro de muy poco, en el sitio que se merecen, en la oposición. El punto se lo van a poner ellos, y les auguro -y en esto coincido con el señor Aznar- que va a ser un punto final. (Aplausos.-Una
señora diputada: ¡Muy bien!).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Valerio.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor presidente.
Señora Valerio, después de su mitin de esta mañana, de sus mentiras y de su marea de demagogia, a mí no me va a encontrar en el y tú más. Me va a encontrar en la tolerancia cero con el fraude. Me va a encontrar respetando la legalidad y
colaborando con la justicia. Me va a encontrar, señora Valerio, asegurando el funcionamiento normal de las instituciones, respetando el trabajo que hacen, con independencia y profesionalidad, los miembros de la Inspección de Trabajo y del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Y me va a encontrar, en definitiva, siempre en la legalidad, aplicando las acciones administrativas cuando correspondan, sea la empresa que sea. Señora Valerio, también permítame que
le diga con toda tranquilidad y sin gritar -no como ha hecho usted- que si quiere hablar de corrupción y de fraude lo tiene muy fácil, elija entre los famosos ERE, Mercasevilla, Invercaria o la operación Edu. Esta semana hemos conocido -y
es portada hoy de un medio de comunicación- el caso Jeremie. Desgraciadamente, temas de fraude y corrupción con el dinero de los parados y de la formación de los desempleados en Andalucía. Señora Valerio, si usted quiere tolerancia cero con el
fraude, tendría que haber tenido la honestidad política y la decencia política esta mañana de pedir perdón -porque sé que usted no comparte las actuaciones de algunos miembros de su partido y de su Gobierno en Andalucía-, porque no hay peor
corrupción que defraudar con el dinero de los parados, siendo Andalucía la comunidad autónoma con más paro de España y de Europa.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LA SITUACIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES ESPAÑOLES? (Número de expediente
180/001401).
El señor PRESIDENTE: Última pregunta a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social, y que formula la diputada doña Isabel Rodríguez, del Grupo Socialista.
La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Gracias, presidente.
Tranquilamente le digo, señora ministra, que si usted fuera consecuente con lo que acaba de decir aquí, tolerancia cero con la corrupción, tendría que estar abandonando ya el banco azul para ponerse a refundar a este PP, porque este PP está
de arriba abajo lleno de corrupción. (Aplausos). El caso Gürtel es el caso PP, es el caso Rajoy. (Rumores).
Créame, nos preocupa mucho más la situación que vive nuestro país que la situación que vive su partido; esa es y debe ser su preocupación. La situación que nos preocupa de nuestro país es la de miles de jóvenes que tienen toda su vida
truncada como consecuencia de su reforma laboral. Usted está muy optimista con los datos y nosotros queremos que a la economía española le vaya bien porque eso significará que les irá bien a los españoles. Pero no somos tan optimistas porque
estamos a pie de calle y vemos lo que está ocurriendo en la realidad de nuestro país. Le pido por un momento que se aleje de esas estadísticas que solo sirven para el triunfalismo y que se acerque a la realidad y nos hable de eso, de cómo viven hoy
los jóvenes españoles. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.
Señora diputada, los diputados que han sido imputados en esta Cámara son del Partido Socialista y están camino de Despeñaperros, no están en el Grupo Parlamentario Popular. (Aplausos). Se lo digo con tranquilidad y con tristeza.
Al caso y a la cuestión por la que me pregunta, la situación de los jóvenes hoy en España es una situación de esperanza porque venían de una legislatura anterior en la que se multiplicó por tres el paro juvenil. Hoy hay 220.000 parados
menores de treinta años menos que en el año 2011, cuando llegó este Gobierno a su responsabilidad. En la legislatura anterior se destruyeron 825.000 empleos entre los jóvenes menores de veinticinco años; hoy el empleo crece entre los jóvenes
menores de veinticinco años al 8 %, el doble que la tasa nacional. Por lo tanto, cada día más esperanza y cada día trabajando por los jóvenes, porque quedan muchas oportunidades que encontrar a tantos jóvenes que quieren seguir construyendo el
futuro de España.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Señora diputada.
La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Señora ministra, la sigo viendo en el optimismo de las cifras. No le voy a hacer yo la valoración de la gestión de su Gobierno, se la acaba de hacer la OCDE en el reciente informe que hemos conocido. Algunas de
las conclusiones de este informe -no de esta diputada- son: primera, que España tiene la mayor tasa de jóvenes trabajando de manera involuntaria a tiempo parcial; aquellos que tienen la suerte de trabajar lo están haciendo de manera involuntaria
en contratos precarios, un 22 % frente a un 4 % en la OCDE. El salario de estos jóvenes ha descendido en estos últimos años hasta un 35 %. La Agencia Tributaria lo sitúa en el entorno de los 500 euros. Este informe nos dice también que los
jóvenes españoles se ven obligados a aceptar ese tipo de trabajo porque es eso o nada. Lo que más me preocupa, señoría, es que este tipo de subempleo, estas condiciones laborales están creando una actitud de pesimismo, una baja autoestima en
nuestra juventud, un riesgo a padecer la pobreza e incluso estamos poniendo en riesgo toda la inversión que hemos hecho en su educación y en su formación porque se están quedando obsoletos. No podemos confundir empleo con estos contratos.
Confundir contratos de este tipo con un empleo muestra simplemente la insensibilidad absoluta con lo que es un trabajo. Un trabajo es aquello que está remunerado por realizarlo y que permite vivir dignamente, y con estos empleos, señoría, no se
puede vivir dignamente. Afortunadamente, hoy estamos de despedida de este Gobierno, habrá unas próximas elecciones... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor presidente.
Señora diputada, usted reconoce lo que ha cambiado España al hacer su pregunta, porque está hablando de empleo entre los jóvenes. Le pone adjetivos al empleo, pero habla de empleo, no habla de los jóvenes que mandaron al paro ustedes en la
legislatura anterior. Por tanto, hay esperanza. Hemos cambiado y hablamos de cosas distintas. Nos queda mucho por hacer, se lo he reconocido, y soy la primera inconformista de este país, pero hay tres cosas que han cambiado en esta legislatura.
En primer lugar, es la primera vez que España sale de una recuperación creando empleo juvenil desde el primer momento. No sucedió así en la crisis de los noventa, en que gobernaba el Partido Socialista y donde transcurrieron dos años hasta que se
creo empleo -empleo nuevo- entre los jóvenes. No pasó con los brotes verdes porque no se creo empleo entre los jóvenes, ni temporal ni indefinido. Y ahora, por primera vez en España, se crea empleo entre los jóvenes desde el primer momento.
Además, sumando voluntades, como así hemos hecho en la estrategia de emprendimiento y empleo con los interlocutores sociales y comunidades autónomas, hay 530.000 jóvenes que ya han encontrado una oportunidad de empleo por cuenta propia o por cuenta
ajena, a lo que hay que añadir la garantía juvenil. También es la primera vez que se crea empleo indefinido entre los jóvenes, creciendo la tasa de empleo indefinido a un 20 % cuando caía a un 30 % cuando llegamos al Gobierno en el año 2011. Por
tanto, están empezando a cambiar las cosas para bien y seguiremos trabajando por los jóvenes, desgraciadamente, sin su ayuda.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO EN LA PRESENTE SITUACIÓN DE RECOGIDA DE REFUGIADOS. (Número de expediente 172/000329)
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a las interpelaciones formuladas al Gobierno. Empezamos con la interpelación de La Izquierda Plural, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno en la presente situación de recogida de refugiados.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Sixto. (Rumores). Por favor, vamos a continuar con las interpelaciones. Los que tengan que abandonar por algún motivo el hemiciclo que lo hagan con toda rapidez.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.
Es obligado empezar la intervención por el comentario del acuerdo al que llegó la Cámara ayer, acuerdo unánime respecto de este mismo tema. Pero como también es evidente por las dos preguntas
que dos grupos parlamentarios han formulado sobre esta misma cuestión al Gobierno y a las que ha respondido el ministro del Interior, el tema no quedó zanjado ayer. Las diferencias de parecer de los grupos parlamentarios quedaron patentes
en el debate celebrado ayer por la tarde y esas diferencias no se cierran ni se acallan ni lo van a hacer por el citado acuerdo. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Todo lo contrario, de lo que se trata al fin y al
cabo es de que los grupos parlamentarios hemos establecido un principio de acuerdo en unas cuestiones básicas sobre las que dice el propio acuerdo que es necesario seguir trabajando desde la óptica del consenso y de la búsqueda de la mejor solución
para la grave crisis que estamos padeciendo. En este sentido, las primeras cuestiones que le quiero plantear al Gobierno a través de la persona del ministro del Interior son las relacionadas con propuestas concretas. Más allá de las declaraciones
que se han hecho en las respuestas a las preguntas de esta mañana, quisiera pedirle al ministro del Interior que nos traslade los acuerdos concretos que se hayan ido alcanzando en el grupo interministerial creado sobre este asunto por distintos
ministerios en el seno del Gobierno. Asimismo, sobre los trabajos y acuerdos a los que se ha llegado en la conferencia sectorial y, en este sentido, cómo se están aproximando posiciones a las importantes ofertas que algunas comunidades autónomas ya
han hecho. Por ejemplo en la mía, en la Comunidad Valenciana, en el País Valenciano, se habían hecho ya incluso ofertas de enviar barcos a territorios de la Unión Europea, a Grecia concretamente, a recoger inmigrantes para que pudiesen venir a
España, ofreciendo plazas en la Comunidad Valenciana. Es decir, cómo está avanzando en esa puesta en común de objetivos y cifras.
Asimismo cómo está avanzando la colaboración con organizaciones no gubernamentales y con agencias de atención a los refugiados, como Acnur, Cruz Roja y CEAR. Pero más allá de la declaración, en relación a los datos concretos respecto a lo
que se está avanzando, porque la tragedia continúa. Y en el marco de la Unión Europea, cómo han avanzado y si se están alcanzando acuerdos y de qué tipo, porque todavía se tiene que trabajar para cerrar determinados acuerdos sobre esta terrible
herida y esta muy diferente consideración entre determinados países, sobre todo los del Este, muy reacios a asumir la política de asilo que debe ser bandera de defensa y de encuentro en la Unión Europea. En este sentido, señor ministro, esperamos
que suba usted a la tribuna a hablarnos concretamente de previsiones de acogida, de compromisos concretos, de plazos concretos, de ámbitos, de cómo van a participar las organizaciones no gubernamentales, de cómo se va a desarrollar la previsión de
gasto. Hay una previsión de gasto; además, se ha creado una partida específica para el próximo año, a raíz de una enmienda transaccional firmada por diversos grupos parlamentarios. Pero eso es para el año próximo, para 2016, y estamos a finales
de septiembre del año 2015; por tanto, quedan tres meses de este año en los cuales este Gobierno, aunque sea en funciones, seguirá gestionando este tema y quisiéramos saber cómo se va a desarrollar la previsión de gasto, si se van a incrementar los
fondos europeos. En todo caso, señor ministro, planteamos concreción en los datos que usted nos pueda aportar.
También nos preocupa saber cómo se está desarrollando y cómo se va a desarrollar la colaboración con terceros países; países en el marco de la Unión Europea que están padeciendo ahora mismo los peores efectos de la llegada de refugiados,
Italia y Grecia, o terceros países que rodean a los países en conflicto, y estoy hablando de Líbano o Turquía. Cómo está la colaboración con estos países y qué datos concretos puede aportar al respecto. Y hay una cuestión muy concreta que mi grupo
destacó ayer y que algún grupo ha comentado esta mañana en las preguntas. Me refiero al tema de los corredores humanitarios, a las vías de llegada a España. ¿Sobre qué vías está trabajando el Gobierno para prever la llegada a España de los
refugiados que se encuentran ahora mismo en el Este de Europa, a veces atascados ante alambradas en esas fronteras? También le pregunto sobre los mecanismos concretos a desarrollar en el tema de asilo. Se han expuesto esta mañana por parte de
algún interviniente los gravísimos problemas que hasta la fecha han arrastrado los procedimientos de concesión de asilo y que todavía continúan arrastrando. Los plazos que tienen que esperar las personas solicitantes de asilo en las oficinas de
España son inconmensurables, son larguísimos teniendo en cuenta la perentoriedad de los problemas que afrontan estas personas y por ello se debería trabajar para disminuirlos. Se ha aumentado la partida del presupuesto para el año que viene, como
se decía en el acuerdo de ayer, pero ¿cómo está trabajando el Ministerio del Interior para reducir esos plazos, para dinamizar esas concesiones de asilo? En este sentido, le hemos dirigido una pregunta al Gobierno, con respuesta por escrito, sobre
cómo se piensa cubrir la plaza de subdirector de la Oficina de Asilo y Refugio, que creemos que sigue pendiente -al menos lo estaba en los últimos días-; se lo pregunto por si pudiese avanzar alguna información sobre si se piensa cubrir
definitivamente. Como usted podrá entender, es importante que la Oficina de Asilo y Refugio esté cubierta de forma firme.
También nos gustaría poder comentar con usted, porque nos preocupa, la cuestión de la declaración de países seguros. Afecta a terceros países y el criterio que existe por parte de muchas organizaciones no gubernamentales y entidades sobre
cómo se declaran países seguros a países en los cuales el cumplimiento de los derechos humanos es que tiene, digámoslo así, lagunas importantes. En este sentido, creemos que no se debe producir esta declaración de países seguros por parte de la
Unión Europea de una forma alegre, sin tener contrastado claramente que esos países van a respetar escrupulosamente los derechos humanos y van a respetar los derechos de las personas que se dirijan allí a solicitar asilo o al menos a buscar un mero
refugio seguro antes de saltar a un tercer país.
También le quisiera preguntar -ya que usted responde en nombre del Gobierno y no solamente de su departamento- sobre las órdenes, las instrucciones que se están impartiendo desde Exteriores a nuestras legaciones diplomáticas y consulados,
porque facilitaría muchísimo las vías de acogida humanitarias el que las legaciones diplomáticas de España en países que rodean a países en conflicto tuviesen una iniciativa clara por parte del Gobierno y unos números claros para poder dar visados
de tránsito en origen para empezar a tramitar las solicitudes de asilo en origen y dinamizar así la llegada y la acogida de estas personas que están buscando asilo en nuestro territorio. Quisiera plantearle un par de cuestiones sobre las
expulsiones y en concreto -hemos hecho una pregunta al Gobierno con respuesta escrita pero estaría muy bien que pudiese adelantar algo- sobre la aplicación del procedimiento abreviado en virtud del artículo 63 de la Ley Orgánica 4/2000, que desde
nuestro punto de vista y tal y como han venido denunciando diversas organizaciones no gubernamentales se está ejecutando de forma preeminente respecto al procedimiento ordinario que prevé la legislación vigente. Quisiera saber cuáles son las
previsiones respecto a no utilizar de forma preeminente ese procedimiento abreviado, que tiene menos garantías legales para las personas que son objeto de expulsión por parte de nuestro país.
En el debate de ayer hubo algún comentario -y para nosotros es un tema fundamental y además diferencia nuestra posición respecto a la que ha venido manteniendo el Gobierno de España o anteriores Gobiernos de España- sobre las expulsiones en
caliente. Es la segunda cuestión sobre expulsiones que le traslado y quisiéramos saber si el Gobierno o su departamento se plantea en algún momento variar su posición respecto a lo que nosotros, las organizaciones no gubernamentales y mucha gente
denominamos expulsiones en caliente y que el Gobierno ha venido denominando rechazo en frontera. Quisiéramos saber si se han planteado variar ese mecanismo que al menos me admitirá que es fuertemente controvertido y, por tanto, sujeto a diversas
interpretaciones. A nosotros nos gustaría que no se aplicase en ningún caso, que en todo caso se aplicase la legislación vigente que implica que cuando una persona de un tercer país ha llegado a territorio español es llevado ante el Cuerpo Nacional
de Policía para su identificación y aplicación del procedimiento que corresponda.
También le quiero preguntar -ya sabemos que no es la política que desearía y sabemos que el Gobierno ha variado su posición respecto a las cuotas, al menos en el tema de los refugiados- si el Gobierno está dispuesto a considerar la
aplicación de este tipo de cuotas no ya solamente para los refugiados en caso de guerra sino también para los inmigrantes de tipo económico, los inmigrantes ordinarios. Nosotros no queremos hacer una distinción fundamental entre unos y otros porque
siempre se trata de personas que están buscando un futuro mejor y que ofrecen su trabajo y su esfuerzo para encontrarlo, y con ese trabajo y esfuerzo no solamente buscan un futuro para ellos sino que ayudan a los países que los acogen a
desarrollarse, y así ha sido tradicionalmente en la historia de este mundo. Y en este sentido le preguntaría si flexibilizarían en algún momento la política de impedir determinadas rutas de acceso a la Unión Europea que acaban produciendo al final
mayores tragedias. Sé que usted esta misma mañana ha alabado la política que viene llevando el Gobierno de España respecto a la actuación ante terceros países; con algunos se está externalizando la gestión de las fronteras, concretamente con
Marruecos, por la importante política que se está llevando con Senegal, con Mauritania, con los países donde se originaba determinado tráfico, pero ese taponar determinadas vías produce que al final las vías que quedan libres, las vías que se
ejercen por parte de los inmigrantes sean las vías más complicadas, más peligrosas y en las que caen más en manos de determinadas mafias o determinados operadores absolutamente ilegales y explotadores. En ese sentido, convendría ajustar y mantener
unas determinadas vías que permitan a la gente poder llegar, por eso se planteó la cuestión de las cuotas o el variar el taponamiento sistemático de las vías de acceso a nuestro país. Y en este sentido va también la externalización de las fronteras
que acabo de comentar; es decir, entregar a terceros países -sobre todo a Marruecos- una parte de la gestión de la frontera mediante la construcción en Marruecos con dinero de la Unión Europea de una valla más allá de la valla española. Por
cierto, nos resultó muy curioso y llamativo que la embajadora de Hungría en España, tras su visita a la valla de Ceuta, alabase la gestión
en vallas que está haciendo el Gobierno de España y casi dijese que ese sería su modelo para Hungría. No resulta nada edificante esa opinión; lo digo con todo mi cariño hacia el pueblo húngaro, pero no tanto hacia su actual Gobierno. En
todo caso, la externalización de la gestión de fronteras, que lleva a que intervengan países en los cuales los derechos humanos no tienen la vigencia ni se contemplan con la rigurosidad con la que se contemplan en el seno de la Unión Europea, nos
parece sumamente preocupante, porque acaba actuando sobre los derechos y libertades de personas de terceros países que ya vienen perseguidas desde sus países de origen y que acaban siendo sometidas a privaciones y padecimientos en los países
intermedios antes de llegar a la tan deseada Unión Europea.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Termino ya diciendo que dejo para mi segunda intervención algunas propuestas que desde mi grupo parlamentario trasladamos y que compartimos con determinados operadores y organizaciones que han desarrollado este
tema. Espero con expectación las respuestas concretas que le hemos pedido al ministro.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sixto.
Señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Señora presidenta, señorías, señor Sixto, el punto 10 de la proposición no de ley que ayer aprobó toda la Cámara establece que desde la lealtad institucional todos los grupos cosignatarios de
esa iniciativa se comprometen a alejar del debate político la cuestión de los asilados. Soy consciente de que eso no excluye la información y en todo caso le agradezco el tono constructivo de su interpelación, que me parece que va con el espíritu
del texto que ayer aprobamos en esta Cámara. Tuve ocasión de estar presente en el debate y, como sabrá su señoría, voté afirmativamente el acuerdo. Su señoría dijo ayer desde esta tribuna que era un acuerdo de mínimos -así lo calificó usted- por
lo menos en lo que hace referencia a los planteamientos que su grupo parlamentario tiene, pero que en aras del consenso siempre es necesario ceder algo porque si no, en lugar de ante un consenso, estaríamos ante un contrato de adhesión. Creo que
más o menos vino a decir esto, resumiendo de una manera muy simplista por mi parte su intervención. Pero me quedo con lo positivo, que ustedes firmaron esa proposición no de ley e interpreto que el tono de su intervención -que yo le agradezco- va
en la línea de no polemizar en el debate parlamentario, sino plantear iniciativas, cuestiones e interrogantes sobre determinadas incógnitas que presenta el desarrollo, la ejecución de esta proposición no de ley.
Hecha esta inicial consideración, reitero lo que ya he dicho a otros diputados y diputadas que se han interesado por esta cuestión a lo largo de la sesión de control de esta mañana. En primer lugar, debemos felicitarlos sinceramente por
haber alcanzado por unanimidad el acuerdo de ayer. Como todas sus señorías saben, se está trabajando en Europa y les puedo asegurar -sin ninguna vanagloria, en absoluto, pero es la verdad- que España está liderando, y se le reconoce así, el
esfuerzo para que haya una política comunitaria -es decir, una política común europea- en materia de inmigración y asilo. Es verdad que es difícil hacer compatible una política a nivel europeo si no somos capaces previamente de tener una política
común a nivel de Estado en cada uno de los veintiocho Estados que formamos la Unión.
Por otra parte, en relación con los programas de reasentamiento o reubicación que ha planteado la Comisión para dar una respuesta siquiera de choque ante el drama humanitario que se está produciendo en las últimas semanas y meses en Europa
-empezamos con la tragedia de Lampedusa, que recordamos todos y ahora hará dos años, y después hemos visto cómo el drama del Mediterráneo central se ha extendido a la Europa central-, no podía la Unión Europea sino dar respuesta ante una tragedia
humanitaria de las dimensiones de la que estamos viviendo y viendo, porque en este mundo on line en el que estamos inmersos, a través de los medios de comunicación y de las tecnologías de la información vivimos de forma directa todos esos dramas y,
por tanto, en esta aldea global que hoy es nuestro mundo nada nos es ajeno y ese drama humanitario que en primera línea padecen algunos países de la Europa central en estos momentos -en otros momentos los hemos padecido o los seguimos padeciendo
otros países, especialmente aquellos que somos frontera exterior de la Unión Europea- nos conmueven, como es evidente, y nos afectan a todos. Por tanto, como digo, lo que se está haciendo en estos momentos en Europa es sobre todo plantear que es
necesario tener una política comunitaria de inmigración y de asilo digna de tal nombre. Con eso ya le anticipo la respuesta a una de las preguntas que antes me planteaba
su señoría al aludir a las cuotas de reubicación y de reasentamiento. Efectivamente, se habla de refugiados y preguntaba el señor Sixto si nosotros estábamos dispuestos a que esas cuotas incluyeran no solo a refugiados sino también a
inmigrantes. Le diré, señor Sixto, que la postura de la Unión Europea es unánime al respecto, en el sentido de que hay que distinguir entre refugiados e inmigrantes irregulares. Es evidente que tienen en común una cosa -me atrevo a decir que
seguro que usted lo piensa y yo lo comparto, como lo compartimos todos- y es que son personas que han salido de sus países no por voluntad propia: unos huyen -los refugiados- del horror de la guerra, del terrorismo o por circunstancias
particulares, porque en sus países serían perseguidos por razones políticas, de orientación sexual o creencias religiosas; pero, en lo general, en estos momentos el drama humanitario que afecta a los refugiados es que huyen del terrorismo y de la
guerra en sus países de procedencia. Los inmigrantes irregulares no huyen de la guerra pero huyen del hambre, es cierto, y los dos tipos de personas tienen en común que salen de sus países de origen no por voluntad propia; los inmigrantes por
razones económicas caen en las mafias que trafican con la desesperación de esas personas que no tienen nada que perder porque nada tienen y ese es un drama humanitario de otras características. Pero la respuesta jurídica, siendo verdad que son
personas que tienen en común lo que acabamos de comentar, es distinta: la de los refugiados es una y la de los inmigrantes irregulares es otra, y le debo decir con toda claridad, señoría, que ese consenso existe en el ámbito de la Unión Europea. Y
no solo de la Unión Europea porque, como sabe, a los programas de reubicación y reasentamiento no todos los Estados de la Unión se acogen y a su vez hay Estados, los que forman parte del espacio Schengen, que no son de la Unión Europea y se acogen
también, como es el caso de Suiza, Liechtenstein, Islandia, y me dejo uno que no recuerdo en estos momentos pero que ya me vendrá a la cabeza. Es decir, que están los países opt-in y opt-out, como Dinamarca, Irlanda y Reino Unido, que no forman
parte del programa, por lo menos totalmente, mientras que hay otros, como Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega, que son países Schengen pero no son países de la Unión Europea y participan plenamente de los programas de reubicación y
reasentamiento. Pero en todo caso, en todos, en unos y en otros, es común la política, que como sabe su señoría impulsa la Comisión Europea -el presidente Juncker y el comisario de Inmigración e Interior griego Dimitris Avramopoulos, y la
Presidencia de turno luxemburguesa en estos momentos, con el apoyo político muy importante de Francia y Alemania-, de que en todo caso hay que distinguir claramente entre refugiados políticos, que potencialmente tienen derecho a asilo y protección
internacional desde la convicción de que los derechos no se negocian y esas personas tienen que ser acogidas, como decíamos antes, con la voluntad de integración, y los inmigrantes irregulares, que tienen que ser retornados a sus países de origen en
el contexto de un programa europeo de retorno. Eso es así, señoría; eso es así. Luego le concretaré lo de las cuotas.
En todo caso, tengo que decirle que, como sabe muy bien, España está manifestando una postura constructiva y solidaria; la sociedad española ha sido ejemplar en cuanto a las manifestaciones de solidaridad, pero de lo que se trata
fundamentalmente es de que esa solidaridad sea eficaz, y para eso hay que actuar solidariamente y con responsabilidad. Sabe su señoría que hay una comisión interministerial que coordina la vicepresidenta del Gobierno de la que formamos parte todos
los ministerios implicados de alguna manera en esta cuestión, porque es una política de Estado, y hay una Conferencia Sectorial de Migraciones en el ámbito del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en la que se ha constituido ya un grupo de
trabajo, señor Sixto -voy a lo operativo-, donde están integrados los directores generales de todas las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, las ONG y el Gobierno. Se está trabajando conjuntamente en el seno de
ese grupo de trabajo de la Conferencia Sectorial de Migraciones -todos juntos y coordinados- para hacer, en primer lugar, el mapa de recursos para dar respuesta no solo a la acogida de los refugiados sino al objetivo último, que es la verdadera
integración de los mismos; se está trabajando en esos términos. A esos efectos hemos pactado todos los grupos parlamentarios una enmienda al proyecto de ley de presupuestos dotando 200 millones de euros adicionales precisamente para que eso pueda
ser eficaz.
En cuanto a la Oficina de Asilo y Refugio por la que me preguntaba su señoría, le contesto. Efectivamente, hemos de reforzar la infraestructura administrativa para dar respuesta a una situación excepcional como la que tenemos, porque estaba
dimensionada para otra realidad y la estamos reforzando ya. Me preguntaba asimismo por la Subdirección General de Asilo, y he de decirle que desde hace dos semanas está cubierta esa plaza, en estos momentos en adscripción temporal pero con el
procedimiento ordinario en marcha con el objetivo de que se cubra de manera definitiva por una persona que es una administradora civil del Estado, que anteriormente fue secretaria general técnica del Ministerio de Justicia;
o sea, que desde hace dos semanas está cubierta ya esa plaza. También hemos asignado unos recursos adicionales de 6,5 millones de euros precisamente para reforzar dicha Oficina de Asilo y Refugio.
Preguntaba su señoría también por otras cuestiones. En relación con las cuotas a las que hacía referencia, además de lo que he comentado ya le diré lo siguiente. Ha habido un programa de reubicación y reasentamiento que se aprobó en los
Consejos JAI de 9 y 20 de julio pasados y que fue formalizado en el Consejo JAI del pasado 14 septiembre para reubicar a 40.000 y reasentar a 20.000 personas. Hay además un nuevo programa de reubicación, no de reasentamiento -ya saben que la
diferencia es que los reubicados han llegado a la Unión Europea y los reasentados lo son en los países de origen, campos de refugiados fundamentalmente en Jordania, Turquía, etcétera-, de 120.000 personas. En el último Consejo JAI del pasado 22
noviembre -llevamos ya cuatro dedicados específicamente a esta cuestión de los refugiados-, como Hungría quedó fuera del programa, de esos 120.000, había 54.000 que iban a estar en los hot spots, en los puntos calientes -centros de identificación,
para entendernos, señor Sixto; serían como los CETI que tenemos en Ceuta y Melilla, de eso se trata-, de tal manera que, en lugar de 120.000, en el primer año serían 66.000 personas a reubicar, que estarían en Grecia e Italia. Concretamente a
España le correspondería reubicar en el primer año a 8.023 personas, 1.896 procedentes de Italia y 6.127, de Grecia; las 54.000 restantes quedarían como una reserva. Y durante un año todos los Estados que participamos de ese programa de
reubicación, si hubiera un flujo masivo, extraordinario, excepcional de inmigrantes, podríamos acogernos a esa cuota de 54.000 que quedaría como reserva voluntaria durante un plazo de un año, finalizado el cual, evidentemente, se reasignarían con
los mismos criterios de resignación que se establecieron para esos 8.023 a los que he hecho referencia. En total a España le correspondería reubicar a un total de 17.000 o 18.000 personas que habría que sumar a los otros tantos que de manera
ordinaria, como Estado, vamos a admitir y a tramitar su petición de asilo a lo largo de este año.
A día de hoy, señor Sixto, y le doy datos, nosotros estamos ya en más de 9.000, más bien 10.000 demandas de asilo este año, a las que habría que sumar los requerimientos de Dublín. Los requerimientos de Dublín, como saben sus señorías, son
aquellas personas que han llegado como refugiados pero que no cumpliendo el acta de Dublín, es decir, que debe ser tramitada su demanda de asilo en el primer Estado de la Unión al que llegan, no lo hace ese Estado, no cumple los requerimientos de
Eurodac de su identificación, la huella dactilar, etcétera, siguen, van a otro país y ese país, cuando se da cuenta de que esa persona ha entrado en otro Estado de la Unión primero, lo devuelve. Nosotros tenemos este año una previsión de
requerimientos de Dublín de más de 5.000. Por tanto, a las demandas de asilo que vamos a recibir, que preveíamos de 12.000 y que se van a incrementar, hay que sumar esos 5.000. Con lo cual le puedo decir que este año, como Estado, no en el marco
de esos programas de reubicación y reasentamiento que promueve la Comisión Europea, vamos a tramitar más de 18.000 peticiones de asilo, de las cuales más de la mitad son de ciudadanos sirios. Por cierto, el 90 % de esas demandas de asilo se
tramitan en la ciudad de Melilla, en la frontera de Beni Enzar, precisamente en la Oficina de Asilo y Refugio que tuve el honor de inaugurar acompañado de la presidenta de Acnur en España y que está dando un magnífico resultado en la medida en que,
como le digo, el 90 % de los peticionarios de demanda de asilo procedentes del conflicto de Siria lo están haciendo a través de esa oficina, sin perjuicio de hacerlo en la Oficina Central de Asilo y Refugio o en otras dependencias que la Ley de
Asilo prevé.
Termino, señoría, diciéndole que agradezco su interés. Agradezco que ayer, con su participación también, hayamos conseguido este mínimo de política de Estado, de posición común con la que presentarnos en Europa desde una plataforma de
consenso que nos permite hablar con legitimidad y con autoridad moral para dar respuesta a un drama humanitario como el que Europa tiene en estos momentos ante sí. En todo caso, si en la réplica estoy en condiciones de aclararle alguna cuestión más
de las que me ha planteado, con mucho gusto lo haré. En todo caso, tenga la convicción, señoría, de que en este asunto de la acogida de los refugiados, del desplazamiento de los refugiados a España y de la integración vamos a estar a la altura de
las circunstancias, a la altura de la respuesta solidaria que la sociedad española está planteando, que la sociedad española está ofreciendo y demandando.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
Señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, la verdad es que cuando ayer participamos todos los grupos de la Cámara del acuerdo era para favorecer y conocer que, ante la tragedia humanitaria que se está viviendo en las fronteras de
Europa, el Gobierno de España daba una respuesta que al menos todos podíamos compartir en una primera instancia. En este sentido no hemos avanzado mucho. Ha especificado en la tribuna los números concretos de los compromisos que España
asume internacionalmente, pero nos gustaría oír un mayor detalle: compromisos de tiempo, plazos, vías por las que llegar la gente que está padeciendo esa tragedia y que ha llegado a sensibilizar de forma tan importante a buena parte de la sociedad
española, que ha llegado a ofrecer sus casas, sus medios, lo que tienen y lo que no tienen, que ha impulsado a la propia Iglesia católica a recoger una familia por parroquia, que ha llevado a las ONG a decir que están preparadas para afrontar la
crisis siempre que el Gobierno respalde económicamente su capacidad ingente y positiva de gestión; cuestiones concretas que la sociedad ha asumido y que el Gobierno de España, respaldado por un acuerdo unánime, debe trasladar y hacer públicas. Por
eso mi grupo parlamentario plantea este debate hoy aquí mediante esta interpelación, para conocer esos datos concretos con mayor profusión. Más allá de las declaraciones, más allá de los compromisos de acogida de las 14.000 o 18.000 personas que se
tienen que acoger, lo que esperamos es conocer las medidas concretas. Se lo repito porque ya antes le he dicho que hay territorios y comunidades autónomas que ya han ofrecido medios para ir a recoger a la gente que está padeciendo esta tragedia en
determinadas islas; han ofrecido barcos, han ofrecido medios las comunidades autónomas para poder asumirlo y Valencia es un ejemplo de ello. La sociedad civil y las comunidades autónomas nos están adelantando, también los ayuntamientos al
declararse ayuntamientos de acogida, y el Gobierno de España tiene que estar a la altura de las circunstancias, coordinando todas esas propuestas, respaldado por los grupos parlamentarios.
Me gustaría mayor concreción, señor ministro, y que entrase no solo su departamento, sino el departamento de Exteriores. Mi grupo parlamentario considera de suma importancia, y se lo vuelvo a repetir, el papel de las legaciones diplomáticas
españolas en el extranjero, sobre todo en terceros países y en países colindantes con los países en conflicto: Líbano, Turquía, alrededores del conflicto sirio, afgano e iraquí. ¿Se están dando instrucciones a estas legaciones para evitar en lo
posible la tragedia que se está viviendo en otras fronteras, pudiendo tramitar en origen esas demandas de asilo, que no solamente corresponden a población de una religión, sino que corresponden, y usted lo sabe, señor ministro, a población de
variadas religiones, incluso hay cristianos que están siendo perseguidos en aquellos territorios y que acuden a legaciones diplomáticas españolas para recibir la posibilidad de asilo? ¿Se han dado por parte de Exteriores, desde Gobierno,
instrucciones a las legaciones diplomáticas para tener una visión más generosa, más adecuada a la tragedia que se está viviendo a la hora de la concesión y de la tramitación del asilo? Esas son dos cuestiones fundamentales que me gustaría que
tratase en la réplica.
Mi grupo parlamentario plantearía algunas propuestas, algunas pueden ser más o menos asumidas por el Gobierno, otras evidentemente forman parte de nuestra propuesta política y no de la del Grupo Parlamentario Popular, pero sí queremos
dejarlas expuestas negro sobre blanco desde esta tribuna porque formarán parte de la moción consecuencia de esta interpelación. Uno de los planteamientos sería la necesidad de revisar los acuerdos de Dublín, de revisar este auténtico problema que
supone para determinadas cuestiones que afectan a la gente que padece las tragedias, como es el reasentamiento. La gente tiene que moverse por la Unión Europea sin esa cerrazón tan importante que impide moverse desde el país de origen en el que se
produce la primera solicitud de asilo. Nuestro grupo parlamentario va a plantear cuestiones que compartimos con muchas ONG e incluso con otros grupos parlamentarios: un aumento de la Ayuda Oficial al Desarrollo, una disminución del gasto militar,
una implementación de cuotas de admisión y de reasentamiento no solamente para los refugiados, sino también para los inmigrantes económicos. Vamos a plantear que las embajadas y los consulados asuman un papel protagonista en la concesión de visados
y en la concesión del estatuto de refugiado. Vamos a plantear que se considere la eliminación provisional del requisito de visado para países en grave conflicto y cuya población sale de sus fronteras por la situación terrible que allí se padece,
medidas para favorecer la reunificación familiar, el incremento de la formación en el Cuerpo Nacional de Policía, en la Guardia Civil y en el personal de fronteras respecto a la protección de derechos humanos y al trato de las personas migrantes,
medidas específicas para los menores no acompañados, que es un colectivo especialmente vulnerable junto con el de las mujeres, el que el Gobierno repiense el tema de los permisos de trabajo provisionales mientras no se solucionen las peticiones de
asilo, puesto que si no dejamos a la gente en un limbo vital que resulta inasumible, e incluso el reconocimiento de los títulos y cualificaciones profesionales de terceros países para favorecer esa integración.
Sobre todo deberíamos compartir algo que se decía en la proposición que aprobamos ayer y que forma parte del acervo cultural de determinados países. La migración y el acoger a refugiados, más allá
de una responsabilidad muchas veces histórica, más allá de comprometer la aceptación y el desarrollo de los acuerdos internacionales firmados por España, es además una oportunidad para el desarrollo de los países que los acogemos. Así se ha
demostrado muchas veces en la historia. Los Estados Unidos se desarrollaron sobre la base de acoger población inmigrante europea durante siglos y el impacto que tuvieron los exiliados españoles en determinados países de Latinoamérica después de la
Guerra Civil fue importantísimo en su desarrollo y específicamente en el desarrollo cultural. Por todo ello, que estas personas lleguen a España no debe constituir un problema, en ningún caso va a ser un problema, es la oportunidad de un nuevo
desarrollo para nuestro país y en ese sentido debe ser contemplado.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sixto.
Señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señora presidenta.
Señor Sixto, intentaré ser lo más concreto posible respondiendo a algunas de las cuestiones que su señoría me ha planteado. Yo distinguiría dos cuestiones en relación con lo que me plantea, que entiendo perfectamente: ¿cuándo vamos a traer
a España a estos refugiados que están en esa situación dramática desde el punto de vista humano, cuándo les vamos a acoger, cuándo les vamos a ayudar en todos los ámbitos que necesitan para facilitar su integración -el ámbito educativo, el ámbito
sanitario, los servicios sociales, etcétera-? Yo ahí distinguiría dos ámbitos: el de España como Estado independiente y que tiene, como cualquier otro Estado de la Unión, peticiones de asilo y de refugiados, y el que nos corresponde en tanto en
cuanto participamos en un proyecto comunitario de reubicación y reasentamiento.
En el primero debo decir que estamos actuando en el día a día. Como he dicho anteriormente, a día de hoy y solo en este año tenemos tramitadas en torno a 10.000 demandas de asilo a las que hay que sumar los requerimientos de Dublín. Yo
dije hace unos días que nuestra estimación de proyecciones -porque hoy, a día 30 de septiembre, han pasado nueve meses del año- nos llevaría a que a final de año estaríamos en 17.000 o 18.000 demandas de asilo en España, al margen de los programas
de reubicación comunitaria. Puede que se incremente la cifra teniendo en cuenta la escalada que se está produciendo en las últimas semanas. Ahí estamos actuando con absoluta normalidad en el día a día y España tiene una larga tradición en materia
de acogida e integración de refugiados. Es verdad que, ante una situación excepcional como la que tenemos -en eso estamos, ya lo hemos hablado-, estamos reforzando nuestra estructura administrativa para tramitar esos expedientes, por una parte, y
por otra parte esos recursos extraordinarios para poder dar respuesta a ese objetivo de acoger e integrar a esos refugiados. De eso ya hemos hablado. En eso estamos trabajando como Estado. Cada día tenemos decenas, decenas y decenas de
demandantes de asilo en frontera y en los lugares que prevé la Ley de 2009, de asilo y protección subsidiaria, que su señoría conoce perfectamente. Se están tramitando de manera ordinaria y debo decir que los plazos que existen actualmente entre la
petición, la admisión a trámite de la demanda y la resolución del expediente los vamos a agilizar en la medida en que estamos reforzando ya la Oficina de Asilo y Refugio, que es la encargada, en el seno del Ministerio del Interior, de tramitar esas
peticiones. Repito, ahí estamos trabajando en el día a día y estamos agilizando los procedimientos.
Segunda cuestión, que entiendo perfectamente: con esos 20.000 reasentados, los 40.000 reubicados del primer programa, más los 120.000 del segundo programa, divididos en un primer año, como dije anteriormente a su señoría, en 66.000
procedentes de Grecia y de Italia y los 54.000 en una segunda fase -porque estaba previsto que esos 54.000 vinieran de Hungría y Hungría se ha autoexcluido de ese programa-, ahí tenemos que ceñirnos, como creo que todo el mundo puede entender, a que
se cumpla el procedimiento establecido por la Comisión Europea. Los Estados que participamos en un programa comunitario nos debemos ajustar a los procedimientos previstos. Esos programas han sido publicados en el boletín oficial de la Comisión
Europea y entraron en vigor el pasado 16 de septiembre, pero están condicionados a que los dos hot spots que Grecia tiene previstos -uno en la isla de Lesbos y otro en el puerto del Pireo- por una parte y los cuatro o cinco hot spots -no está claro
del todo- que Italia tiene previstos y comprometidos -uno en la isla de Lampedusa, en Catania, en Sicilia...- estén operativos. Le puedo decir que en España ya tenemos establecida la misión correspondiente para desplazarnos inmediatamente a esos
hot spots tan pronto estén operativos para empezar a traer hacia España, en el marco del procedimiento comunitario, a aquellos refugiados que nos corresponde acoger e integrar. Nosotros tenemos nuestros deberes hechos.
Insisto, ese grupo de trabajo al que antes me refería en el seno de la conferencia sectorial para integrar todos los ofrecimientos de las entidades locales, de las ONG, de las comunidades autónomas, etcétera, para que esa voluntad de
solidaridad sea eficaz -solo puede ser eficaz si es coordinada-, está plenamente operativo. No podemos empezar a actuar cada uno por nuestra cuenta, porque al final esa solidaridad llevaría a poca eficacia. De lo que se trata es de que la
solidaridad sea eficaz, que esas miles de personas sean traídas, acogidas e integradas en las cifras que nos corresponden a todos los Estados que participamos en esos programas de reubicación. España está preparada. En cuanto los países de los que
han de proceder estas personas, Italia y Grecia, cumplan con el procedimiento establecido por la Comisión Europea, tenga la absoluta certeza de que inmediatamente van a empezar a venir a España. Los consejeros y agregados de Interior de España en
esos países ya están en contacto con las autoridades griegas e italianas y se han desplazado a los centros que eventualmente han de ser hot spot. Estamos plenamente preparados para que en cuanto Grecia e Italia lo estén, nos desplacemos allí,
repito, en el marco del procedimiento establecido por la Comisión Europa, para que esas personas vengan. Como ya le he dicho, estamos actuando en el día a día. Tenemos que agilizar los plazos. Estamos trabajando con una mayor dotación de recursos
para reforzar nuestra infraestructura administrativa y que esos plazos sean más cortos. En todo caso, señoría, tenga la convicción de que esa voluntad de acogida y de integración la vamos a cumplir en sus propios términos. España va a estar a la
altura de las circunstancias. Por nosotros no va a quedar, señor Sixto. Le agradezco su intervención.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro del Interior.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN DE CONVERGÈNCIA I DE UNIÓ, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO ANTE LAS INJUSTICIAS DE LA JUSTICIA, PARTICULARIZADO EN EL CASO DE LA TALIDOMIDA. (Número de expediente 172/000332).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la interpelación del Grupo Parlamentario de Convergència i de Unió, sobre la política del Gobierno ante las injusticias de la justicia, particularizado en el caso de la talidomida.
Para su defensa tiene la palabra la señora Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, no quiero empezar sin antes saludar a los miembros de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España, Avite, que hoy nos acompañan para seguir con sumo interés el desarrollo del debate de hoy. Sin más
dilación, procedo a defender la interpelación que presentamos en nombre del grupo parlamentario, especialmente de Convergència Democràtica de Catalunya, en una cuestión que consideramos muy injusta y que entendemos que el Estado español no ha estado
a la altura ya que ha desamparado completamente a las víctimas; me refiero a las personas víctimas de la talidomida. Como saben, a finales de los cincuenta, se recetaron en muchos países, entre ellos en el Estado español, medicamentos que
contenían el principio activo de la talidomida. Eran unos medicamentos que se dispensaban sin receta médica porque se decía que eran tan inocuos como un caramelo; lo había patentado el laboratorio alemán Grünenthal y en poco tiempo se vendió en
muchos países. Se recetaba como remedio para paliar las nauseas en el embarazo durante la gestión. En concreto, en España la patente del Cortegan, medicamento que contenía talidomida, se registró en 1955. Un año después de que se empezase la
comercialización de medicamentos con talidomida se percibió en Alemania un aumento sustantivo de bebés que nacían con graves malformaciones como acortamiento de las extremidades. En el año 1961 se constató que la causa no era otra que el fármaco
que contenía talidomida. Este fármaco fue retirado en Alemania en el año 1961. Quédense con la fecha, por favor. En España, desgraciadamente, no fue así. En España se siguieron comercializando medicamentos que contenían el principio activo de la
talidomida durante muchos años más. Por ejemplo, hubo un medicamento que se denominaba Entero Sediv que fue retirado oficialmente, según datos del Ministerio de Sanidad, en el año 1962, un año después que en Alemania. Pero en los vademécum que se
difundían en el Estado español, hasta el año 1975 seguía apareciendo el Entero Sediv con todas sus propiedades, incluso con el precio de venta en el mercado. Además, la farmacéutica alemana promocionaba este producto en revistas médicas que se
difundían en España hasta el año 1975; catorce años después de que en Alemania se retirase el medicamento. El propio Ministerio de Sanidad reconoce -con documento oficial- que se comercializaban en España hasta nueve medicamentos con talidomida, y
alguno de ellos no fue retirado hasta el año 1969; ocho años después de
haberse constatado sus efectos nocivos en Alemania. Además, existen pruebas documentales de que algún hospital de Madrid la prescribía -la talidomida- incluso hasta el año 1977; dieciséis años después de que se retirase en Alemania. Y no
fue hasta 1985 cuando el Ministerio de Sanidad y Consumo emitió una orden publicada en el BOE de 21 de mayo de 1985, sobre medicamentos sometidos a especial control médico en su prescripción y utilización, encontrándose entre ellos los que contenían
el principio activo de la talidomida; veinticuatro años después de haberse detectado los efectos perversos de la talidomida el Estado español emite una orden ministerial exigiendo extremo cuidado en la prescripción de la talidomida. Por tanto, las
autoridades sanitarias españolas no fueron eficientes ni eficaces a la hora de ordenar la retirada de los medicamentos tóxicos que contenían este principio activo y se siguieron promocionando, vendiendo y administrando sin control alguno hasta 1985,
bajo diferentes nombres comerciales, a las mujeres embarazadas, aun sabiendo -porque en Alemania se había constatado- que ello producía graves malformaciones. Esta negligencia, esta ineficacia gubernamental ha tenido graves consecuencias en las
personas. Como hemos dicho, han nacido con graves malformaciones que les han afectado el resto de sus vidas y que aún hoy no han encontrado amparo en los sucesivos Gobiernos del Estado.
Los afectados nacidos en España, pues, están desprotegidos y doblemente vejados. Por una parte, sufren las consecuencias de que su madre hubiese tomado unos medicamentos que producían malformaciones y, además, viven en un país que ni
protege ni repara a los consumidores que, por culpa de graves errores -repito-, pagan las consecuencias, en este caso, con malformaciones físicas. Es cierto que el anterior Gobierno socialista reconoció, mediante un Real Decreto de 5 de agosto de
2010, la existencia por primera vez de personas afectadas en España, y reconoció un periodo de afectación entre los nacidos de 1960 a 1965. Este real decreto fue un pequeño paso, pero por los datos que les he ido dando quedó extremadamente corto.
Además, poquísimas personas de las afectadas en España se pudieron acoger, porque exigía unos medios de prueba extremadamente costosos. Es decir, se solía pedir que se justificase que la madre gestante había tomado esta medicación cincuenta años
antes; una probatio diabolica, como se diría en derecho. Por tanto, del colectivo de afectados en el Estado español, escasamente veinticuatro personas pudieron acogerse a los beneficios de este real decreto; quedaron muchísimas personas fuera.
Estas personas han ido falleciendo y, por tanto, hoy en día estamos alrededor -y tiro largo- de quinientas personas en todo el Estado afectadas por la talidomida, y estas personas aún no tienen ningún reconocimiento por parte del Estado. Si bien
este real decreto reconoció su existencia y que había, por lo tanto, personas que habían sufrido daños como consecuencia de la ingesta de la talidomida, les dio escasamente dos meses para probar que sus madres habían tomado este medicamento. Por lo
tanto, hoy en día el protocolo está cerrado y no permite que hoy, una persona que se sienta afectada o que incluso pueda tener eventualmente la prueba de ello, pueda recurrir a ninguna instancia para que le reconozcan este derecho.
Hoy, señor ministro, le interpelamos sobre esta cuestión. Los afectados -un grupo de ciento ochenta y tres personas-, como usted sabe perfectamente, acudieron a la justicia en busca de indemnizaciones contra la farmacéutica y reivindicando
sus derechos, lo que creemos que es legítimo y positivo y que la justicia siga su curso para determinar finalmente si tienen o no derecho, después de haberse reconocido su derecho en primera instancia. Lo grave de la cuestión es que, en segunda
instancia, el Alto Tribunal lo que ha hecho ha sido declarar que no tenían razón por prescripción. Estas personas están desoladas y se preguntan a qué se refieren cuando hablan de prescripción. ¿Qué ha prescrito? ¿El acortamiento de las
extremidades ha prescrito? ¿El no poder valerse por uno mismo ha prescrito? A partir de la sentencia, ¿qué efectos les remitirán por prescripción? Ellos no aciertan a entender cómo se puede despachar el asunto por prescripción, pero este es un
aspecto que compete a los tribunales. Hoy estamos aquí para exigir responsabilidades al Gobierno de España, a las autoridades sanitarias, al Gobierno que tiene que amparar los derechos de las personas consumidoras que por una gravísima negligencia
de las autoridades sanitarias desde el régimen anterior han visto cómo han tenido que sufrir estos graves efectos por la comercialización indebida de un medicamento hasta veinticuatro años después de haber sido retirado en un país vecino como
Alemania. Entendemos que el Estado no puede seguir desentendiéndose de estos errores. Debe un reconocimiento a estas personas. Debería valer la pena amparar a estas personas para que sientan que su Estado les acoge. El próximo Gobierno que salga
de las elecciones debería abrir la carpeta de la talidomida. En los años sesenta se cometió una grave negligencia dispensando medicamentos a mujeres embarazadas con unas consecuencias terribles. Hoy en día las víctimas siguen sufriendo este grave
error. No buscamos culpables, buscamos responsabilidades. Creo que un Estado social, democrático y de derecho tiene la necesidad de dar una respuesta por parte de las máximas autoridades sanitarias.
Espero, señor ministro, que no tengamos que presentar la moción, espero que podamos abrir la carpeta de la talidomida y atender a estas personas. Es una obligación del Estado amparar a aquellas personas que sufren daños por una grave
negligencia, porque tenemos derecho a creer que si vale la pena permanecer en el Estado es porque ampara a las personas víctimas, en este caso, de la talidomida. Por tanto, dejo la tribuna con ganas de escuchar su intervención, porque creo que los
datos son contundentes. Espero recibir de su ministerio una mano tendida y no solo reuniones, señor ministro, porque ya sé que en diciembre se reunió con estas personas y les comunicó que ya lo seguirían, pero estamos otra vez casi en diciembre y
la cuestión no se ha abierto. El desespero es creciente en estas personas, cada vez tienen menos tiempo porque desgraciadamente van falleciendo sin ver sus derechos reconocidos por parte de las autoridades sanitarias del Gobierno de España.
(Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ciuró.
Señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señora Ciuró, por traer a la Cámara esta preocupación, porque, efectivamente, el grave desastre de los efectos que causó la talidomida mientras se administró a mujeres embarazadas es una indignidad para el mundo. Una
indignidad que tendría que asumir muy especialmente la empresa Grünenthal, que no advirtió de los efectos secundarios que la administración del medicamento podría provocar en el feto, y también las administraciones públicas que entonces no supieron
identificar los efectos adversos ni controlar la administración masiva del medicamento. Es nuestra responsabilidad, también la de esta Cámara, Cámara que, por otro lado, también ha debatido en otras legislaturas distintas vías para apoyar a las
víctimas. Hoy aquellos niños son hombres y mujeres que, durante toda su vida, se han visto condicionados por las malformaciones derivadas de un medicamento que se indicaba a sus madres para frenar las nauseas durante el embarazo.
Los representantes de estas personas, la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España, Avite, están hoy en la tribuna de invitados y quiero comenzar saludándoles y dándoles la bienvenida. Esta negligencia de gravísimas consecuencias
sirvió para que las administraciones sanitarias implantaran después normas más eficientes de autorización de medicamentos y procedimientos que impidieran que catástrofes de este tipo se pudieran repetir. Es verdad también que el Estado en España
actuó para compensar a los pacientes afectados, actuó tarde pero actuó. Se han realizado dos evaluaciones sucesivas de afectados de talidomida. La primera en 2006, con un estudio de los afectados encargado por el Ministerio de Sanidad a la
Asociación española para el registro y estudio de las malformaciones congénitas del Instituto de Salud Carlos III. En esa ocasión se realizaron ochenta evaluaciones y el resultado fue exposición en cuatro casos y posible exposición en nueve casos.
A continuación de esta evaluación se publicó -como ya ha recordado su señoría- el Real Decreto 1006/2010, para regular el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España durante el periodo 1960-1965, como
desarrollo de la previsión efectuada por la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010. Las ayudas para los afectados quedaron fijadas en el real decreto y se situaron entre 30.000 y 100.000 euros. Además, el
Instituto de Salud Carlos III realizó una segunda evaluación durante 2010-2011 a ciento cincuenta y una personas. Tanto en la primera como en la segunda evaluación, el equipo médico aplicó el protocolo elaborado por expertos en teratología y
defectos congénitos, con una amplia práctica en evaluación de miles de pacientes. En esa experiencia se incluyó la realización de un curso sobre malformaciones de las extremidades a cargo del doctor Widukind Lenz, que es quien descubrió el efecto
teratológico de la talidomida. Todas las personas que lo solicitaron fueron evaluadas por la especialista de mayor experiencia en España en el Carlos III. En ese sentido se actuó desde este instituto que, como saben, es una referencia
internacional por su alta calidad científica y técnica. En este asunto también, como es su obligación, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha venido facilitando toda la información que han pedido los afectados y que han
solicitado las instancias judiciales. De acuerdo con los datos disponibles en el ministerio y la información que nos reportan, las siete especialidades farmacéuticas que contenían talidomida fueron retiradas para ese uso contra las nauseas en el
embarazo, para esa indicación, entre el 20 de octubre de 1962 y 22 de enero de 1963. La talidomida se siguió administrando para otras indicaciones -mieloma múltiple o lepra- durante más años, pero para esta indicación fue retirada en los citados
años.
Quiero decir a las víctimas de la talidomida que en el ministerio tienen que tener su referencia, así como en la Agencia Española de Medicamentos y en el Imserso, y que tanto ellos como los responsables del ministerio seguimos a su
disposición, y esperamos poder mejorar la disposición, la colaboración y el diálogo con ellos, particularmente después de que se haya producido esta sentencia. El Imserso ha venido atendiendo las distintas solicitudes que le han trasladado y,
además, como era el órgano encargado de la distribución y resolución de las solicitudes de ayuda, ha aplicado el real decreto -entiendo que con todas las garantías- y ha ido resolviendo las decisiones que le han obligado después por la vía
contencioso-administrativa, y todavía está en esa situación. Hemos tratado de darles apoyo para posibilitar a los afectados el acceso a la edad de jubilación en edad reducida, en lo que resulta clave también, como saben, el grado de discapacidad.
En ese sentido, las anomalías congénitas de la talidomida se han contemplado en la regulación de la anticipación de la jubilación. El Instituto Nacional de la Seguridad Social ha remitido a finales del año 2014 una circular específica a las
direcciones provinciales sobre cómo se ha de acreditar la condición de afectado por talidomida -y esto es importante-, no siendo necesario estar incluido en ese listado tan reducido que elaboró el Instituto de Salud Carlos III. En ese sentido, a
petición de Avite, el Imserso ha incorporado en la codificación para la valoración de la discapacidad un código específico de síndrome malformativo debido a talidomida. Esta decisión del Imserso se ha notificado a la Comisión estatal de
coordinación y seguimiento de la valoración de grado de discapacidad para que sea incorporada ya por las comunidades autónomas en los dictámenes de técnicos facultativos de la valoración de la discapacidad. Creo que este es el último paso que hemos
dado, que es un paso importante. Estos son algunos de los avances que hasta ahora se han producido en la Administración General del Estado.
Es evidente -y esta es la noticia que causa estupor en nuestro país- que todavía no se han asumido las responsabilidades por parte de quien provocó graves consecuencias a miles de personas, que es la empresa Grünenthal. En España, los
afectados no han recibido compensación alguna de ese laboratorio. Cuando la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid fue anulada por la Audiencia Provincial, la Fiscalía General del Estado apoyó las peticiones de Avite ante el
Tribunal Supremo, adhiriéndose a la reclamación de los afectados. La fiscalía defendió indemnizar a los perjudicados con 200 millones de euros, como se estableció en la sentencia de 2013, entendiendo que el laboratorio cometió un atentado contra la
salud de la humanidad. La fiscalía general, que considera este drama como hecho extraordinario y catastrófico, sostuvo que el plazo de prescripción de cincuenta años debía contarse a partir del decreto de ayuda a los afectados del año 2010 porque
antes de esta resolución del Ministerio de Sanidad los afectados carecían de un elemento necesario para la demanda. Esta sigue siendo nuestra convicción, que no coincide con la sentencia del tribunal, que en todo caso nosotros no tenemos más
remedio que respetar, pero que naturalmente nos resulta muy difícil de compartir. Igualmente se plantea otro posible plazo, que es la petición de perdón que realizó la farmacéutica Grünenthal el 31 de agosto de 2012, donde reconocía su culpa y
decía: Pedimos perdón por no haber encontrado en cincuenta años el camino hacia ustedes, los afectados, de persona en persona; en lugar de eso -dijo el gerente de Grünenthal ante el monumento a las víctimas que hay en Alemania- hemos guardado
silencio. Ese año afectados de otros países fueron indemnizados, pero no han sido indemnizados los españoles. Por lo tanto, estamos ante un supuesto que constituye una grave discriminación para los afectados por la talidomida en España. Si la
empresa farmacéutica ha podido alcanzar acuerdos con los afectados en varios países, tendría que ser capaz de concretarlos en nuestro país. Por eso, ante el mayor desastre farmacéutico y desde el mayor de los compromiso con el sufrimiento de estas
personas que hoy están representadas en la tribuna de esta Cámara, y el sufrimiento de sus madres ante el efecto que el medicamento tuvo en sus embarazos, señora Ciuró, tenga usted la seguridad de que el Gobierno va a seguir actuando para ayudarles
en ese camino que ya dura demasiado tiempo. Naturalmente, estamos abiertos a cuantas acciones puedan ayudar a que esa empresa asuma sus responsabilidades y que por tanto puedan encontrar una vía judicial que reconozca sus derechos, y también en la
medida en que podamos mejorar la actuación protectora o reparadora que el Estado les ha proporcionado desde el año 2010.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
Señora Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor ministro, por el tono que ha utilizado y por la buena predisposición que ha mostrado usted una vez nos ha explicado en qué punto nos encontramos.
Es cierto que existe un camino paralelo a la reclamación que tiene que asumir la farmacéutica, pero no se nos escapa que la farmacéutica necesita que el Estado de origen de las víctimas haya reconocido a las mismas y que puedan acceder a la
indemnización aquellas víctimas que el Estado reconoce como tales. Por tanto, con el real-decreto, que es el único instrumento que tenemos hoy en día que ya ha sido cerrado; con esas veinticuatro víctimas, teniendo en cuenta las fechas tan
restrictivas de este real-decreto, y partiendo de la base que usted ha comentado de que está a disposición de las víctimas para ayudarles a que puedan conseguir estas indemnizaciones, primero hay que darles esta categoría de víctima y la tiene que
dar el Estado, el Ministerio de Sanidad. Sería positivo, por tanto, que pudiésemos recoger su compromiso de abrir de nuevo este real-decreto para analizar las víctimas no solo encorsetadas en estas fechas, porque documentalmente ha quedado
acreditado que había más víctimas en otras fechas durante mucho tiempo. Además, usted me dice que no se recetó la talidomida para mujeres embarazadas o que se recetaba para otros usos. Fíjese en que esto ni el propio Gobierno lo tenía claro en el
año 1985, que tuvo que emitir la orden ministerial que le he comentado y decía a los facultativos: vamos a prescribir con extremado rigor. Porque no se podía acreditar en ese momento, ni siquiera por las autoridades administrativas, que la
talidomida solo se recetaba para otros usos que no fuese en mujeres gestantes. Esa orden ministerial nos da pie a pensar que era posible que el uso y receta de este principio activo no fuese todo lo escrupuloso que debía haber sido, una vez que se
acordó y determinó que la ingesta de este medicamento ocasionaba graves malformaciones.
Tenemos que seguir trabajando en esto con voluntad proactiva, señor ministro. Tenemos que reconocer a las víctimas que lo son. Además, tenemos una inmensa suerte y le voy a comentar cuál es: resulta que el doctor Klaus Knapp, que junto a
la otra eminencia que usted ha nombrado, fue de los que detectó las consecuencias de la talidomida en las malformaciones de los fetos que se produjeron y vive en España. Ejerció como jefe de pediatría de un hospital de Madrid, está ya mayor pero es
una autoridad y una eminencia que puede aportar más luz a las personas que hoy en día padecen síntomas por la talidomida. Hay otras cuestiones como que algunas autoridades médicas dicen que los efectos físicos que estas personas pueden presentar
pueden ser consecuencia de otras patologías que no sea por la talidomida, pero resulta que la mayor parte hoy en día, en 2015, se puede determinar con una prueba genética si se debe a la talidomida o no. Le estamos pidiendo que pongamos al servicio
de la atención a estas personas los avances de la técnica, los recursos que tenemos para ampliar el abanico de víctimas para exigir que se les reconozca y si es el caso que puedan acceder a las indemnizaciones que le corresponden a la farmacéutica.
La primera responsabilidad pasa por las autoridades sanitarias de este país.
Usted está sensibilizado en la cuestión. He visto que usted está en disposición de ayudar a estas víctimas. Empecemos porque hoy en día no tenemos ningún protocolo que nos permita reconocerlas ni evaluarlas de forma solvente y que sea
homologable para que ellos puedan reclamar a la farmacéutica alemana. Señor ministro, en esta lucha estamos todos, también el Ministerio de Sanidad tiene que estar como actor proactivo y esperamos que de su compromiso resulte que, al menos, podamos
constituir este comité evaluador para ampliar el marco de las víctimas, porque es evidente y obvio que de 1960 a 1965 es un periodo extremadamente corto y que solo a partir de 1985 se exigió extrema cautela en la receta de la medicación. Por tanto,
en eso estamos, señor ministro, y gracias de nuevo por su intervención y por el tono.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ciuró.
Señor ministro de Sanidad.
El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Gracias, señora presidenta.
Señora Ciuró, el tono no puede ser de otra manera y además usted siempre plantea las cuestiones con rigor -o lo intenta hacer- y desde una preocupación sincera en lo que se pueda colaborar. Eso se agradece porque está bien en esta tribuna
abordar también estos problemas. A veces tenemos muchos problemas de los políticos, pero hay gente que tiene problemas en la calle.
Quiero reiterar, desde el Ministerio de Sanidad como también se ha hecho desde el Instituto de Servicios Sociales y lo comparte también la ministra de Empleo y Seguridad Social, como también se ha pronunciado la Fiscalía General del Estado,
y pronunciarme de manera contundente contra la prescripción.
Sin embargo, esto es lo que ha decidido el Tribunal Supremo y también es importante -ahora hablaremos de más cosas-, pero si se va establecer una verdad judicial habrá que continuar en ese camino porque me parece incomprensible la forma en
que se ha producido esta sentencia a la luz tanto de los medios de prueba que necesitaban las víctimas para reclamar -que no habían podido estar disponibles en tiempo anterior- como por las propias manifestaciones de la farmacéutica, de la empresa
Grünenthal, que son escandalosa. Les vamos a seguir apoyando en esa vía.
Pide usted que volvamos a abrir el Real Decreto 2010 y que a la luz de los avances científicos que se han ido produciendo, incluso desde esa fecha cercana -también en las posibilidades de diagnósticos genéticos-, podamos volver a reiterar
valoraciones quizás de años posteriores al año 1965. Tengo que volver a explicar que para esta indicación estos medicamentos -la talidomida- fue retirada en 1963. Es verdad que se mantuvo para otras indicaciones, pero no tenían que ver con ese uso
insensato de control de las náuseas durante el embarazo. En cualquier caso, me muestro abierto a estudiar la petición que usted traslada y espero darle pronta respuesta de qué manera se puede ayudar o hacer eso. Eso puede ayudar, pero tenemos un
problema con la posición de los tribunales respecto a la prescripción, posición que tiene que ser discutida. Contarán con el apoyo que les podamos dar dentro de la obligación que tenemos de respetar la división de poderes y las sentencias y
resoluciones de los tribunales de justicia. También es importante que reforcemos la colaboración y la participación de las comunidades autónomas. Son administraciones competentes en atención sanitaria y en dictaminar la valoración de la
discapacidad. Es un asunto que puede ser abordado también la semana que viene en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que es una reunión con las comunidades autónomas desde el
punto de vista social. Trasladaré allí esta preocupación para ver qué actuaciones podemos coordinar entre el Ministerio de Sanidad y el resto de las comunidades autónomas, a la hora de mejorar la atención y las prestaciones que se proporcionan a
las víctimas de la talidomida en nuestro país.
Pienso que usted tiene que presentar su moción. No sé si va a ser fácil llegar a un acuerdo o no. Nosotros necesitamos estudiar las cosas desde el rigor, porque es nuestra obligación y nuestra responsabilidad como Gobierno, pero
sinceramente intentaré que podamos encontrar vías realistas para dar un paso más en ayuda de estas personas. Aunque no va a compensar su frustración por la consideración judicial respecto a la prescripción de su reclamación, puede servir para
incrementar la ayuda que se ofrece desde las administraciones públicas en España.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, A LA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, SOBRE EL BALANCE DE LA POLÍTICA DE EMPLEO EN LA X LEGISLATURA. (Número de expediente 172/000333).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la siguiente interpelación del Grupo Parlamentario Socialista a la ministra de Empleo y Seguridad Social sobre el balance de las políticas de empleo en la X legislatura. Para su
presentación, tiene la palabra el señor Simancas.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, créame que no ha sido fácil preparar esta interpelación sobre el balance de las políticas de empleo de su Gobierno. Para preparar nuestro balance era preciso atender previamente con un mínimo de seriedad al suyo y su
balance, señora ministra, es francamente desconcertante. Titulares gloriosos de la señora ministra de Empleo: Báñez asegura que el Gobierno es una máquina de crear empleo. Báñez califica de éxito incontestable la política de empleo del Gobierno.
Somos los mejores de Europa. Y el que más me gusta: Nuestras políticas de empleo llenan de vida, de confianza y de esperanza a los españoles. Esto ha dicho usted, nada menos, la semana pasada en Jaén. Señora ministra, es desconcertante porque, o
bien todos los datos que el Grupo Parlamentario Socialista ha utilizado para preparar esta interpelación y que proceden del Instituto Nacional de Estadística, de Eurostat o de la OCDE, están radicalmente equivocados, o bien la ministra miente.
Después de revisar los datos, hemos llegado a la conclusión de que las estadísticas no mienten, sino que miente la ministra. Miente la ministra para ocultar que, tras cuatro años en el Ministerio de Empleo, su balance es que hoy hay más paro en
España,
peor trabajo en España y menos derechos para los trabajadores y los parados en España. Las estadísticas no mienten; miente la ministra.
¿Dónde está el éxito del que presume, señora ministra? Creación de empleo: si comparamos la encuesta de población activa del segundo trimestre de 2011 con la del segundo trimestre de 2015 -y son datos oficiales-, hay 300.000 parados más.
¿Dónde está el éxito? Hay 600.000 ocupados menos, si quiere verlo de esta manera. ¿Prefiere los porcentajes?: la tasa de paro se ha incrementado del 20,6 % al 22,4 %. La tasa de actividad la ha situado usted por debajo del 60 %. ¿O prefiere
fijarse en la calidad de los empleos? -Cantidad no, calidad sí-: tenemos 600.000 afiliados menos a la Seguridad Social con contrato indefinido. La tasa de temporalidad se ha elevado por encima del 25 %, la más alta de la Unión Europea tras
Polonia, el doble que la tasa europea. ¿Campeones de Europa? Sí, pero no para presumir, señora ministra.
A lo mejor es que no le gustan los análisis globales y los prefiere más sectoriales. Mujer: la tasa de actividad femenina ha bajado por primera vez en cuarenta años. Hay 43.000 mujeres activas menos que en el año 2011. Según Eurostat,
hay un 54,7 % de mujeres activas entre veinte y sesenta y cuatro años, 9 puntos menos que la media europea. Jóvenes: cerca de un 50 % de paro, con una tasa de temporalidad que supera la media; es un paro de larga duración y quizás aquí quiere
usted presumir: hemos pasado del 48 % al 62 % en el paro de larga duración -más de un año- y en los casos de más de dos años hemos pasado del 24 % al 45 %, el doble. ¿O es que no quiere usted hablar de los parados? ¿No quiere usted hablar de
cuántos parados hay y quiere usted hablar de cómo ha protegido a los parados? Es que la tasa de cobertura social a los parados registrados ha pasado del 70 % al 55 % y los parados EPA del 37 % al 27,8 %. Señora ministra, no hay un solo dato que
refrende su discurso jactancioso y complaciente respecto al balance del Gobierno del Partido Popular en materia de empleo. Por mucho que torture usted las estadísticas, la realidad es que hoy hay más paro que hace cuatro años, que hay peores
empleos que hace cuatro años y que hay menos derechos de los trabajadores y de los parados de este país. Esta es la realidad incontestable, señora ministra.
Desde el año 2012 han aplicado ustedes hasta dieciocho cambios normativos relevantes. Los objetivos explícitos eran: crear empleo, bajar la temporalidad, mejorar las condiciones laborales y no se ha cumplido ninguno. Eso sí, había otros
objetivos, los ocultos, que se han cumplido todos: desregular el mercado de trabajo, cumplido; quebrar el equilibrio de poder en las relaciones dentro de la empresa, cumplido; fundamentar un modelo de competitividad y de crecimiento económico
basado en la precariedad laboral, que es un modelo injusto y débil, cumplido. Estos objetivos sí los han cumplido ustedes, señora ministra, pero no los explícitos porque no han creado empleo, no se han creado más puestos de trabajo, tenemos más
paro que hace cuatro años y, en términos de temporalidad -ya se lo he dicho- por encima del 25 %, 600.000 afiliados menos con contrato indefinido, 900.000 ocupados menos a tiempo completo, 300.000 ocupados más a tiempo parcial, 63,3 % de contratos
de tiempo parcial involuntarios, récord europeo: el 63,3 %, el doble de la media europea.
Tenemos un problema estructural grave con los contratos a tiempo parcial, señora ministra, un crecimiento exponencial en este tipo de contratos que crea dificultades de renta y de poder adquisitivo a los trabajadores. Están fomentando el
fenómeno de los trabajadores pobres que crean problemas de productividad y competitividad a las empresas por la excesiva rotación de los trabajadores y que restan vigor al crecimiento económico, porque sin crecimiento de la demanda interna no hay
crecimiento económico sólido y no hay crecimiento de la demanda interna con trabajadores pobres a tiempo parcial, señora ministra. La duración de los contratos en el año 2014 es de cincuenta y tres días, el 25 % por debajo de los siete días. No
hay récord de creación de empleos, hay récord de contrataciones precarias y de trabajadores pobres, hay récord de sustitución de buenos trabajos por malos trabajos. Ese es su récord y no es un récord para presumir.
Hablaban ustedes del crecimiento de los salarios como objetivo de la reforma laboral, y no lo han logrado; todo lo contrario, ha habido una devaluación progresiva. Los datos oficiales están ahí: un 34 % de los trabajadores cobra en torno
al salario mínimo, casi un 50 % en torno a los 900 euros y el salario mínimo ha perdido poder adquisitivo. ¿Qué objetivos han conseguido ustedes, señora ministra, para hacer discursos complacientes? En algo tenemos que darles la razón: más allá
de la estadística oficial hay una realidad laboral incontestable, pero tampoco es para presumir. Ha crecido el paro, sí; ha crecido la precariedad, sí; pero lo que más ha crecido en este país ha sido la explotación laboral, señora ministra. Se
trabajan 10 millones de horas extras cada semana al margen de la ley, el 55 % de las horas extras que se trabajan no se reconocen ni se cobran. Existen, más allá de las estadísticas, falsos contratos a tiempo
parcial, que se firman a tiempo parcial pero se cumplen a tiempo total; falsos autónomos, falsos becarios, falsos, falsos, falsos, pero auténticos trabajadores precarios. Esto es lo que está ocurriendo más allá de las estadísticas y de sus
discursos triunfalistas en la realidad laboral de este país, señora ministra.
Si usted ahora mismo llama a una multinacional telefónica para que le arreglen el teléfono particular de su casa, muy probablemente llegará a su casa un falso autónomo o un falso contratado a tiempo parcial con un falso salario, que cobra en
blanco en parte y en negro en parte. Esto es lo que está ocurriendo, señora ministra, mientras usted dedica a los inspectores de trabajo a ir vigilando a esos parados que intentan complementar su prestación de miseria sirviendo mesas en un bautizo
o en una boda. Mucha realidad al margen de las estadísticas, pero poco presentable.
Ahora voy a hablar de los sectores. Jóvenes: una tasa de paro, señora ministra, que es una bomba de relojería para el futuro de este país; no en términos de bienestar, sino en términos incluso de estabilidad y de convivencia. ¿Y ustedes
qué han hecho relación con el paro y la precariedad juvenil? Un contrato de emprendedores con peores resultados que el antiguo contrato de fomento del empleo. Reforma del contrato de formación y aprendizaje que ha consolidado la figura del
aprendiz permanente, y ha desvinculado formación y puesto de trabajo. ¿Y qué ha ocurrido con el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, señora ministra? Miles de millones de euros, 850.000 beneficiarios potenciales y, a 31 mayo, tenían ustedes
inscritas en su registro informático 60.000 personas; el 7,8 de los parados juveniles en este país. Y no sabemos cuántos de ellos han recibido algún tipo de formación o de prestación. Solo este fracaso rotundo llevaría a calificar ciertamente de
suspenso rotundo su gestión al frente del Ministerio de Empleo, señora ministra.
En cuanto a las mujeres, podríamos haber esperado un empeño especial; sin embargo, la tasa de paro femenino ha crecido del 21,8 al 24, y fíjese usted -por no añadir muchos más datos- en la encuesta anual de estructura salarial: la
remuneración anual bruta de las mujeres es un 24 % inferior a la de los hombres, es decir, las mujeres en este país tienen que trabajar 79 días más al año para cobrar lo mismo que los hombres. Esto les lleva a tener casi un 40 % menos de
prestaciones sociales cuando las necesitan; otro fracaso, señora ministra.
En materia de políticas, señora ministra, ¿qué políticas activas de empleo han llevado ustedes a cabo? No sé qué siente usted cuando mira esas encuestas que reflejan que tan solo un 4 % de las personas que encuentran trabajo en este país
han utilizado los servicios públicos de empleo. Entre las diez primeras herramientas a las que acude un parado en este país para encontrar un nuevo trabajo no están los servicios públicos de empleo, ¿por qué? Porque ustedes no dejan de restar
recursos financieros y personales a los servicios públicos de empleo en este país. Gastan ustedes 2.400 millones de euros menos ahora que en el año 2011. ¿Es que tenemos menos necesidad, tenemos menos problemas? ¿No sabe usted que hay una
relación directa entre la empleabilidad de los trabajadores y los recursos que dedicamos a las políticas activas de empleo? ¿Qué ha pasado con el Plan de activación para el empleo? Nos dijeron que habría 270.000 beneficiarios de inicio y 450.000
al final, y vamos por 60.000 apenas, señora ministra, otro fracaso. Y en relación con las políticas pasivas, con las políticas de prestación a los parados, ya no hablamos de fracaso, tenemos que hablar de crueldad, porque con más de 5 millones de
parados, han reducido ustedes para el año próximo un 23 % el presupuesto de protección social; con 3,7 millones de parados sin prestación, rebajan ustedes 5.000 millones para el año próximo las prestaciones, 12.700 millones de euros menos que hace
cuatro años para proteger a los parados, señora ministra.
En definitiva, no tiene usted razones para titulares complacientes y para discursos triunfalistas. Tras cuatro años de gestión, tiene usted más paro, más precariedad, peores contratos y menos derechos. Aproveche usted, por favor, el poco
tiempo que le queda para derogar las normas injustas a las que ha dado lugar y para pedir perdón a los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Simancas.
Señora ministra de Empleo.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señora presidenta.
Señores diputados, señor Simancas: el balance que hace este Gobierno sobre las políticas de empleo se lo resumo en dos palabras: inconformismo y confianza. (La señora Montesinos de Miguel: ¡Muy bien!). Desde el agradecimiento profundo a
la sociedad española, a los trabajadores, a las empresas, a las pymes, a los autónomos, a los interlocutores sociales, a las familias que con su esfuerzo han hecho
posible el cambio que se ha producido en nuestro país, ese cambio de 180 grados en el mercado de trabajo. Pero hablo de inconformismo porque inconformista es aquel que no se resigna y confía en que se puede mejorar. Soy una profunda
inconformista y, si no lo fuera, no le diría lo que pensaba cuando llegué al Gobierno en el año 2011 -y agradezco la confianza del presidente- y me encontré con más de 5 millones de parados y más de 2.800.000 de ellos parados de larga duración; con
los jóvenes sin oportunidades, con las empresas y los locales de todo este país cerrando -cada día 300.000 empresas-, y ese balance en término social de ruina económica y social. Por tanto, inconformismo desde el primer día. Si algo tenía claro el
equipo de Gobierno de Rajoy era que las cosas no podían seguir igual; algo teníamos que hacer para cambiar; por supuesto desde la confianza de que la sociedad española iría siempre por delante, porque tenemos una gran sociedad, que es la verdadera
protagonista de la recuperación. Al menos le pido un favor: no pinte usted de negro esta mañana porque no se corresponde con la verdad y ni siquiera Pedro Sánchez niega ya hoy en España la recuperación y la creación de empleo, y que no niegue el
mérito profundo, esforzado, comprometido y agradecido por todos nosotros -al pintar usted de negro esta mañana- que la sociedad española ha protagonizado. (Aplausos). ¡No lo niegue, señor Simancas! ¡No lo niegue!
Le voy a dar un dato porque encima ha coincidido -cosas de la vida- que acabamos de conocer los datos de Eurostat que dicen que en agosto, en términos interanuales, España es la que tira en cuanto a la salida del empleo en Europa. Se lo
digo con claridad. Una de cada 2 personas que abandona el desempleo en la zona euro lo hace en España. Cuando ustedes gobernaban en 2011, España aportaba el 60 % de todos los parados a la zona euro. Eso es lo que ha cambiado gracias a la sociedad
española en este país. En agosto 437.000 personas en España, según Eurostat, abandonaron el paro en la zona euro de las 892.000 en Europa. Le daré un segundo dato, también bueno: el 43 % de todos los jóvenes menores de veinticinco años que
abandonaron el desempleo en la zona euro fueron españoles. España sigue contribuyendo con fuerza a la reducción de desempleo en la zona euro, por tanto, confianza. ¿Nos queda mucho por hacer? Por supuesto, señor Simancas. Hay que dar la
oportunidad que ustedes quitaron a los 3,5 millones de parados cuando gobernaban.
Las cosas han empezado a cambiar para bien. Ya se han creado en España más de un millón de empleos de los 3,5 millones destruidos por la crisis y seguimos creando empleo mes a mes y vamos en la buena dirección. La sociedad española y las
reformas del Gobierno son los protagonistas reales del cambio.
Le voy a contestar a todas y cada una de las cuestiones que usted ha planteado aquí con naturalidad y con confianza porque las cifras no mienten, señor Simancas. Usted me habla de cantidad y empecemos por ella. Primero, usted está hablando
de empleo porque en España cada día lo que ha cambiado es que no hay más paro, sino más empleo. Es más, hay menos paro, 355.000 parados menos que en el año 2011, y más empleo cada día. Antes caía el empleo y ahora remonta. En el año 2011 el
empleo caía a un ritmo del menos 2,08 %. Llevábamos catorce trimestres consecutivos de caída del empleo. ¿Sabe lo que pasa hoy? Que el empleo crece a un ritmo del 3 % y llevamos creciendo cinco trimestres consecutivos. Cada día crecemos a mayor
ritmo. Por tanto, se crea empleo, un millón de empleos recuperados de los más de 3 millones destruidos por la crisis. Lo más importante es que nunca en España se había creado empleo tan pronto ni de manera tan intensa, y se lo explico. (Una
señora diputada: ¿Y la calidad?). Luego voy a la calidad, que también ha mejorado.
Primer gran cambio. Hablo de la cantidad y es bueno hacer pedagogía porque ustedes no leen las cifras oficiales. En España necesitábamos crecer al 2,5 % o al 3 % para crear empleo nuevo y con las reformas de Mariano Rajoy en España se crea
empleo en torno al 1 %, es decir, con crecimientos moderados de la economía se está creando empleo en España. Segundo gran cambio. Todo el crecimiento se traduce intensamente en creación de empleo, es decir, no hay un crecimiento más social, más
inclusivo. La economía crece a un ritmo del 3,1 % interanual y el empleo, señor Simancas, crece al 3,2 %. En consecuencia, todo el crecimiento va a creación de empleo. En tercer lugar, y muy importante, se crea empleo en todos los sectores
económicos, se crea empleo en todas las comunidades autónomas y se crea empleo también en todos los grupos de edad. Me hablaba usted de los jóvenes. Señor Simancas, se crea empleo al 8 % entre los jóvenes menores de veinticinco años -el doble que
la tasa general-, y hemos sido capaces de sumar voluntades por el empleo con la Estrategia española de emprendimiento y empleo joven y la garantía juvenil, con los interlocutores sociales, las comunidades autónomas y todas las entidades de la
sociedad, y ya se están dando más de 530.000 oportunidades de empleo a los jóvenes por cuenta propia o por cuenta ajena. Luego esperanza y confianza también para los jóvenes.
Ahora voy a la calidad. Ese debate lo quiero afrontar con naturalidad y con realismo. Nos importa mucho la calidad en el empleo. ¿Sabe por qué, señor Simancas? Porque nuestro modelo estratégico de futuro, de competitividad de país es el
talento, el capital humano. Por eso nuestra apuesta estratégica es el empleo de calidad, porque es bueno para el trabajador, que con eso lleva a cabo su proyecto de vida en libertad y en el medio plazo; porque es bueno para las empresas, porque
mantienen así, con empleos estables, posiciones competitivas sostenibles; y porque es bueno también para nuestro modelo de protección social, que necesita de empleos de calidad. La calidad es nuestra apuesta estratégica. Por eso, además de la
reforma, hemos elaborado programas, como la tarifa plana de autónomos, la tarifa plana general de 100 euros o el mínimo exento de 500 euros para apoyar la contratación estable.
Nuestro modelo es el de la contratación estable, pero le voy a decir cuál es el suyo, porque ustedes tienen historia, ustedes no son inmaculados, tienen historia: la historia del paro, que ya les he señalado, y también la del modelo de
crecimiento del empleo. Ahí está reforma laboral socialista de 1984 (Rumores). Sí, es que tienen historia, ¿o no van a reconocer su historia? Su reforma sirvió para que diez años después los contratos con duración limitada, es decir, los
contratos temporales pasaran de 2,5 millones a 4.400.000. ¿Sabe qué pasó con eso? Que la contratación temporal creció un 73 % y dejaron un modelo de contratación temporal del 30 % estructural en nuestro modelo de crecimiento de país. Eso lo
hicieron los socialistas en los años ochenta, pero no mejoraron las políticas socialistas en los años noventa ni en la última legislatura.
Usted me ha hablado antes de los becarios. Pida perdón a los becarios. Las prácticas no laborales en empresas no cotizaban a la Seguridad Social, no tenían protección social. ¿Sabe quién se la ha dado? El Gobierno de Mariano Rajoy, por
tanto, no me hable de los becarios, no vaya por ahí, porque esa sí que es una gran desprotección social. ¿Sabe qué pasa hoy en España? Que la contratación indefinida crece cada día. Caía un 30 % en el año 2011, hoy crece a un ritmo del 16 %. Esa
es la realidad. Pero hablemos del stock. Hoy 3 de cada 4 personas que trabajan en España tienen un contrato indefinido, el 75 %; eran el 74 % en el año 2011 y en la época de la bonanza económica, en 2007, gobernando los socialistas, eran el 69 %.
Vamos a mejor y seguiremos mejorando. Si quiere le hablo de la temporalidad, porque es a la inversa: nunca ha habido menos temporalidad en los últimos quince años. Luego, señor Simancas, no me dé lecciones de calidad en el empleo.
Señor Simancas, ¿sabe lo que ha pasado? Que en la legislatura anterior se destruyeron 2.600.000 empleos a tiempo completo. ¿Sabe lo que ha pasado ahora? Que el 92 % del nuevo empleo creado es a tiempo completo. Esa es la diferencia. Le
digo más: usted me ha hablado de las horas trabajadas. En el último año hay un incremento del 2 % de las horas trabajadas. ¿Sabe por qué bajan las horas trabajadas? Porque se pierden empleos, fundamentalmente con los Gobiernos socialistas.
Además me habla usted de salario. -Explíquele usted un poquito más, señor De la Rocha, que los salarios se deciden en la negociación colectiva. Yo lo entiendo, señor Simancas, le hacen falta unas horas más con el señor De la Rocha, que sabe mucho
de esto-. Es la negociación colectiva la que fija los salarios en este país. Y le digo una cosa: lo han hecho con responsabilidad, manteniendo las empresas para que no cerraran y manteniendo el empleo. Por eso el empleo ha sido la gran prioridad
para los interlocutores sociales también en la negociación colectiva. Hicieron un acuerdo en el año 2012 de negociación colectiva y flexibilidad interna muy beneficioso para este país, que yo les reconozco y se lo reconoce la sociedad española, y
lo han vuelto a hacer en 2015 para 2017. La subida de salarios se está adecuando al crecimiento y a la creación de empleo, con responsabilidad y pensando que el empleo es la gran prioridad de este país.
Señor Simancas, hablemos de lo que usted quiera, también de protección social. En los últimos años se han dedicado más de 100.000 millones de euros a las prestaciones por desempleo y subsidio en España, porque el presidente Rajoy dijo dos
cosas con claridad en diciembre de 2011: quiero salir de la crisis apoyando a los más vulnerables, a los pensionistas, a los que les hemos subido siempre las pensiones y no se las hemos congelado, y a los parados, que son los que tienen que
garantizar su futuro. Y lo hicimos apoyando con 100.000 millones de euros en los últimos años, lo hicimos trabajando con nuevos programas de protección social reforzando nuestro modelo de protección social, renovando el Prepara y haciéndolo
permanente, lo que ha dado oportunidades a más de 617.000 personas en España, poniendo en marcha con los sindicatos y las comunidades autónomas este año un programa especial de activación para el empleo que ya tiene más de 125.000 solicitantes y que
da respuesta a parados de larga duración sin ingresos y con responsabilidades familiares. Lo hemos hecho en los presupuestos de 2016 con un nuevo programa de orientación para parados de larga duración de entre treinta y cincuenta y cinco años para
que encuentren una oportunidad de empleo de manera más rápida, y lo hemos hecho también,
señor Simancas, apoyando las políticas activas de empleo, que han empezado a subir en los últimos años y que en el presupuesto de 2016 se incrementan un 10 % para casar bien las ofertas y demandas de empleo. Por tanto, trabajando por el
empleo.
Usted me hablaba de que ha bajado la protección en el presupuesto de 2016. Ha bajado un 8,5 % porque el paro baja a un ritmo del 8 % sobre presupuesto liquidado previsiblemente en el año 2015. Por tanto, señor Simancas, hacemos las cosas
con cabeza y con corazón y hacemos la política que suma empleo y refuerza protección social. Tenemos un desafío, y por eso somos inconformistas, que es llegar a los veinte millones de ocupados. Por eso estamos pidiéndole a la sociedad española
confianza para que se sigan creando 500.000 empleos todos los años en los próximos cuatro años y salgamos definitivamente de la crisis o consigamos que la recuperación llegue a cada parado que lo necesite. Hay una receta que es la que nos ha
funcionado estos años y a la que yo le pido que ustedes se sumen, que es la de sumar, sumar y sumar voluntades por el empleo. De esa manera multiplicamos resultados. Desgraciadamente no hemos tenido ahí al Partido Socialista.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora ministra.
Señor Simancas.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: Gracias, señora presidenta.
Créame, señora Báñez, su discurso, otra vez complaciente, triunfalista y agresivo, ofende, pero no me ofende a mí, no ofende al Grupo Parlamentario Socialista, ofende a los españoles que están en situación de desempleo, ofende a los
trabajadores pobres y explotados de este país, ofende a las personas en situación de desempleo que no tienen prestación pública para ayudarles a llegar a fin de mes. Ofende usted, pero no a mí, ofende usted a los españoles, que han perdido derechos
con el fracaso de sus políticas. Pero siga usted por esa vía. Los españoles se convencerán de que solo pueden esperar ofensas, mítines y ninguna solución.
Sobre los datos, puede usted mirarlos por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha, puede usted torturar las estadísticas como quiera, puede usted acudir a la historia, a Indalecio Prieto, a Rodríguez Zapatero, a Pablo Iglesias,
pero la realidad es que hoy hay más paro y más precariedad y menos cobertura a los parados que hace cuatro años. (Aplausos).
Señora ministra, platos son platos y vasos son vasos. ¿Le suena a usted? (Aplausos). No me compare el segundo trimestre EPA del año 2015 con el último trimestre EPA del año 2011. No me haga trampas. Platos, platos; vasos, vasos.
Aprenda usted de su presidente. Compare usted segundo trimestre con segundo trimestre: 300.000 parados más, los mida usted como los mida. Lo digo lamentando su fracaso, pero lo digo contestando también a su jactancia, porque si no reconoce la
realidad no estará en condiciones de resolverla. Los fracasos de su política están en los datos del CIS. Si las cosas van tan bien, ¿por qué esta es la primera preocupación de los españoles? Si lo datos van tan bien, ¿por qué la OCDE le acaba de
decir a usted que tiene el récord en contratación a tiempo parcial involuntaria, el doble que la media europea? Si los datos van tan bien, ¿por qué la Comisión Europea le acaba de decir a usted -aquí está el informe- que tiene el récord en
incremento de paro de larga duración en Europa -el récord- y el récord de incumplimiento de las recomendaciones europeas para mejorar a través de políticas activas de empleo la empleabilidad de los parados de larga duración? El récord, señora
ministra. Se lo están diciendo los propios sindicatos con los que ha firmado usted algunos acuerdos vendidos a bombo y platillo. Por ejemplo, el programa de activación para el empleo, del que presume usted. Carta de 4 de septiembre de los
sindicatos UGT y Comisiones Obreras: Los firmantes del acuerdo que ha posibilitado la puesta en marcha del programa constatamos que su desarrollo está muy por debajo de lo previsto y coincidimos en la necesidad de tomar las medidas necesarias para
mejorarlo. Se lo dicen los sindicatos, señora ministra, no se lo digo yo; se lo dicen sus interlocutores sociales. Y se lo dicen, insisto, los datos.
Habla de negociación colectiva. Lo ha dicho el presidente del Gobierno otra vez. Más convenios, sí, pero los trabajadores protegidos por los convenios han pasado, merced a su reforma laboral, de 10,6 millones en 2011 a 4,7 millones en
2014, la mitad de trabajadores protegidos por la negociación colectiva, la mitad de trabajadores protegidos en sus derechos; descuelgues sin aplicaciones de convenio, 5.000 desde 2012, 255.000 trabajadores desprotegidos por estas inaplicaciones.
¿Calidad del empleo? Si no hay discusión, señora ministra: platos, platos; vasos, vasos. Evolución del mes de junio, porcentaje de contratos a tiempo completo indefinidos a lo largo de los años. Pasamos de un 51,54 % en el año 2011 a un 48,38 %
en el año 2015. Menos contratos indefinidos a tiempo completo, menos calidad en los empleos.
Es la pura realidad. No la niegue usted. Como no puede negar la cobertura social a los parados, de 70 % a 55 % en paro registrado; el 37 % del paro EPA al 28 % del paro EPA. Más parados y menos parados protegidos, señora ministra. Esto
nos lleva a mayor riesgo de pobreza y exclusión social. Hemos pasado del 26,7 % al 29,2 % en solo tres años. En materia de jóvenes solo le voy a decir, para terminar, que tiene usted el triste logro en su haber de resignar a muchos jóvenes a tener
una vida mucho peor que la de sus padres. Y este no es un logro del que presumir.
Señora ministra, renuncio a demostrarle que ha fracaso. Los españoles lo tienen como evidencia. Solo quiero plantearle a los españoles la esperanza de que con un nuevo Gobierno se pueden hacer mucho mejor las cosas para un crecimiento
justo y un empleo más estable.
Muchas gracias. (Rumores.-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Simancas.
Señora ministra de Empleo y Seguridad Social.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Simancas, hoy los españoles tienen algo que no tenían en el año 2011, que es esperanza y confianza en su futuro, confianza en su empleo y confianza en sus oportunidades. Le aseguro, señor Simancas, que cuando acabe esta legislatura
habrá menos paro y más empleo que cuando el Partido Popular asumió la responsabilidad de Gobierno. Esa es la realidad y, por supuesto, en las urnas lo valorarán. Pero no deben de valorarlo hoy tan mal los españoles cuando el Partido Popular sigue
siendo el partido que lidera las encuestas en este país, el partido mayoritario que quieren los españoles para construir su futuro. Por lo tanto, ellos tienen la palabra el día en que se celebren las elecciones.
Ya le he dicho que si hay alguna palabra que me define es el inconformismo, porque creo que todavía tenemos mucha capacidad para mejorar. Pero ni usted ni nadie puede negar hoy la recuperación que han protagonizado los españoles y que la
realidad de hoy es la creación de empleo. Los españoles podemos decir con orgullo -y yo lo digo con humildad- que de aportar la mitad de los parados a Europa, hoy juntos estamos aportando la mitad del empleo que se crea en la zona euro. Hoy
tenemos unas relaciones laborales más flexibles, una negociación colectiva más moderna y más dinámica, que protagonizan cada día las decisiones responsables que toman las empresas y sus representantes, los trabajadores y los sindicatos. Esa es la
realidad de cada día, señor Simancas. Tenemos un modelo que se adapta mejor al tejido productivo que tiene este país, que es de pequeñas y medianas empresas mayoritariamente, de un 90 %. Y tenemos que decir con claridad que hoy en nuestro país, el
despido, de ser el único recurso al que acudían las empresas cuando las circunstancias eran adversas, ha pasado a ser el último recurso. Esto lo ponen de manifiesto las decisiones responsables de los sindicatos y de la patronal, de las empresas y
de sus trabajadores. Usted ha hecho alusión a ello. Desde 2012 se han producido más de seis mil trescientas inaplicaciones -último dato- de convenios colectivos, pactados al 99 % entre las partes, entre los sindicatos y la patronal. Esto ha
salvado trescientos mil empleos en España. Es una gran noticia de responsabilidad y de comportamiento solidario de los trabajadores y de las empresas. Hay un 40 % más de convenios colectivos gracias a la dinamización de la negociación colectiva e,
insisto, al buen hacer de los sindicatos y de la patronal, empresa a empresa, sector a sector, que yo les reconozco. Lo que veo es que cada día ustedes creen menos en ellos.
Hemos sido capaces de crear empleo y hemos sido capaces de hacer cosas importantes -se lo decía en la intervención anterior- y novedosas en este país. En primer lugar, que se cree empleo con crecimiento moderado de la economía. Esta es una
realidad avalada por todos los organismos nacionales e internacionales. En segundo lugar, que todo el crecimiento se traduzca en creación de empleo. No hay un crecimiento ni una recuperación más social, señor Simancas. Pero lo que también es
verdad, y pasa por primera vez en nuestra historia económica, es que desde el primer momento de la recuperación crece la contratación indefinida. Claro que tengo que mirar para atrás, porque en la crisis de los noventa, cuando gobernaban los
socialistas, tuvieron que pasar seis trimestres -es decir, año y medio- para que se empezara a crear empleo estable. En esta salida de la crisis, desde el primer momento que crecemos creamos empleo indefinido, algo novedoso en nuestra historia
económica reciente. Somos el segundo país, después de Alemania, en creación de empleo estable, en contratación indefinida. Ahí están las cifras del último año de Eurostat. No me estoy inventando ningún dato. ¿Qué nos queda mucho por hacer? Sin
duda ninguna.
También le quiero hablar de la temporalidad. ¿Sabe cuántos contratos de menos de un mes hay hoy en España? El 0,96 %. ¿Sabe cuánto han representado a lo largo de toda nuestra historia económica? En el entorno del 1 %. Por lo tanto,
estamos en la media de siempre; contratos de menos de un mes. Pero si hablamos de los contratos temporales de menos de tres meses, hoy representan sobre el total de los contratos, señor Simancas, el 3 %, 1 punto menos que en 2011 pero 2 puntos
menos que en 2007, cuando gobernaban ustedes y eran años de bonanza económica. Por tanto, podemos mejorar, pero sin duda la comparativa no les favorece; le favorece a esta sociedad española de 2015 y a este Gobierno del Partido Popular.
Me habla del empleo juvenil y ya le he dicho que la tasa de creación de empleo juvenil es el doble de la tasa de creación de empleo general. Señor Simancas, ahí también está Eurostat. En España el empleo juvenil crece cuatro veces más que
en la media de la Eurozona; esa es la realidad. Por tanto, los jóvenes hoy tienen esperanza, hay menos jóvenes parados que en el año 2011 y juntos, la sociedad española, las empresas, los interlocutores sociales y las comunidades autónomas, hemos
sumado por los jóvenes y por eso la estrategia de emprendimiento y empleo y la garantía juvenil ha dado ya oportunidades de empleo a más de 530.000 jóvenes en nuestro país. Por tanto, mejoramos en cantidad, mejoramos en calidad y vamos a seguir
mejorando. ¿Sabe por qué? Porque la sociedad española ya no va a dar marcha atrás y va a seguir apostando por un modelo de creación de empleo de calidad, que es el modelo que defiende este Gobierno del Partido Popular.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL. (Número de expediente 121/000140).
- PROYECTO DE LEY DE VOLUNTARIADO. (Número de expediente 121/000141).
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el siguiente punto del orden del día, enmiendas del Senado. Les recuerdo, aunque ya lo conocen, que no habrá votaciones hoy. Estas enmiendas del Senado que ahora vamos a debatir se votarán mañana con
las demás enmiendas del Senado.
Empezamos con el debate acumulado, conforme lo acordado en la Junta de Portavoces, de las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley del tercer sector de acción social y al proyecto de ley de voluntariado. En primer lugar, en
turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Vasco, PNV, el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
Si he entendido bien, hemos acumulado el debate de las enmiendas del Senado de los dos proyectos de ley que ha citado, aunque hablen de cosas diferentes.
El señor PRESIDENTE: Ya, pero la Junta de Portavoces acordó por unanimidad que, como habían sido discutidos conjuntamente, se debatirían también conjuntamente.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: La valoración de mi grupo parlamentario se puede realizar de forma sucinta, señor presidente. Como diría un experto en Derecho Canónico, ninguno de estos dos proyectos de ley tienen enmienda y, efectivamente, el
Senado no podía recurrir a la épica y enmendarlos.
Estamos en lo que Cayo Lara esta mañana me ha comentado como una situación de política líquida, es decir, de política poco sólida, poco rigurosa, así que utilizo su expresión, se la tomo prestada. Estamos ante dos leyes paradigmáticas de la
política líquida que se está practicando por parte de estas instituciones que representamos los senadores y nosotros mismos en los últimos tiempos. Dos leyes no consensuadas con el sector concernido, dos leyes incluso contradictorias con las
posiciones del sector concernido y dos leyes que invaden competencias autonómicas de forma inequívoca. Fíjese, señor presidente, si la invasión competencial es inequívoca que para que el Parlamento español pueda legislar sobre esta materia se ha
tenido que recurrir a un título competencial habilitante impropio para la institución legislativa que representamos, el artículo 149.1.1.ª de la Constitución, que no constituye un título atributivo de competencias sino lo que podríamos denominar un
valor superior del ordenamiento jurídico en tanto en
cuanto es un precepto garante de la igualdad entre todos los ciudadanos. La propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya ha establecido con claridad que no se puede atribuir competencias legislativas a las Cortes Generales del
Estado utilizando este título competencial previsto en el artículo 149.1.1.ª Si no, léanse sus señorías -los que tengan interés en estas importantes leyes- lo previsto en el fundamento número 104 de la sentencia del Tribunal Constitucional 30/2010.
Es muy elocuente pero hay muchas sentencias del Tribunal Constitucional que no le imprimen -porque no se lo pueden imprimir- al artículo 149.1.1.ª el título habilitante de competencias legislativas a esta institución. Es más, es que se vulneran
competencias autonómicas y forales en el caso de Euskadi. En un debate que usted no vio porque solo lo retransmitió la televisión vasca ETB1 y además en euskera le escuché decir a la presidenta del Partido Popular en Euskadi, Arantza Quiroga, que
era falso que viviéramos en un proceso de recentralización. Aquí tenemos dos ejemplos de manifiesta y clarísima recentralización de competencias. Están vulnerando las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma vasca en materia de asistencia
social en las dos leyes, en la prevista con carácter exclusivo, y además no condicionada ni por la legislación marco ni por la legislación básica ni por la alta inspección del Estado ni por los principios ordenadores de la economía. Es una
competencia exclusiva pura, limpia, prevista en el artículo 10.12 del Estatuto de Autonomía de Gernika. Se está vaciando de contenido este precepto mediante la regulación de estos dos proyectos de ley. Pero no solo eso, es que además se están
vulnerando dos disposiciones importantes en tanto en cuanto, en el caso de Euskadi, estas competencias son de naturaleza foral. Al ser de naturaleza foral, se está devaluando la disposición adicional primera, que consagra los derechos históricos
vascos en la propia Constitución, y la disposición adicional única del Estatuto de autonomía, que los vuelve a consagrar. Desde esa perspectiva, nosotros manifestamos nuestra inquietud y nuestra preocupación por la degradación de elementos
referenciales tan importantes para la vinculación de Euskadi con el Estado español como es su propia foralidad, que es objeto de vaciado en tanto en cuanto estamos hablando de competencias forales en los dos.
No solo se está vulnerando la jurisprudencia constitucional, sino también la jurisprudencia del Tribunal Supremo, señor presidente. La Sala cuarta de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en el mes de mayo del presente año, ya
declaró nula con efectos ex tunc, nula de pleno derecho, toda la política de subvenciones en relación con lo regulado en el proyecto de ley del tercer sector de acción social. Sin embargo, a pesar de la declaración de nulidad de la sentencia del
Tribunal Supremo citada, se incorpora esa estructura de subvenciones al proyecto de ley que en estos momento estamos debatiendo y se hace de forma dolosa, se hace de forma intencional; se contradice intencional y dolosamente lo que el Tribunal
Supremo ha previsto en materia de subvenciones. Si se hiciera por ignorancia, sería mucho peor, entonces sí estaríamos ante una verdadera situación de política no líquida, ya más que líquida, señor presidente, no sabría ni cómo calificarla.
Por último, en cuanto a la ley de voluntario, he de decir que, por si fueran pocos los atropellos competenciales anteriormente citados, se acomete uno de naturaleza funcional que es verdaderamente paradigmático de la visión jacobina del
Estado y de la visión centralizadora del Estado que poseen el Grupo Popular y el Partido Popular al que este grupo tan dignamente representa. Se vincula la competencia en el artículo 2 de la ley del voluntariado al hecho de ser voluntario. En el
artículo 2 se establece que esta ley será de aplicación a las personas voluntarias, a los destinatarios de la acción voluntaria. ¿Cómo se puede hacer una especie de conversión de la acción de voluntariedad del voluntariado proporcionándole una vis
atractiva suficiente como para vulnerar todas las políticas que pueden ser competencialmente autonómicas y en relación a las cuales asociaciones de voluntarios están trabajando? La vinculación tiene que ser necesariamente del voluntariado en
relación con la actividad desarrollada, que puede ser de ámbito estatal, pero también de ámbito autonómico, de ámbito local y también de ámbito foral. Este artículo 2, con esta vis expansiva tan desmesurada, tan extraordinaria, vulnera no solo el
contenido material de los preceptos constitucionales o de las previsiones constitucionales previstas en los artículos 149 y 148, sino también artículos como el 10.12 y otros homónimos de otros estatutos de autonomía y normas forales, como la que he
citado ya y que están consagradas por la disposición adicional primera de la Constitución y, en el caso de Euskadi, en la disposición adicional única de este Estatuto. Desvincular la competencia del voluntariado de aquella actividad respecto de la
que el voluntariado está trabajando o está vinculando sus esfuerzos, sus desvelos y su espíritu solidario, atribuyendo al voluntario como concepto vis atractiva para hacer competente impropiamente a esta institución, es un verdadero desafuero.
Como he dicho, esto no va a tener enmienda en el Senado porque, reproduciendo otra vez lo que un canonista declararía, esta ley no tiene enmienda, y efectivamente no se ha enmendado. Ya veremos cómo se termina resolviendo la cuestión; se
tendrá que terminar resolviendo en algún ámbito. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional -ya la he citado, ya la he glosado- no avala la capacidad legislativa de este Parlamento, por lo menos a los niveles hasta los que se ha llegado en estos
dos proyectos de ley. Veremos si cuando se interpongan los recursos ante el Tribunal Constitucional -que seguramente se van a interponer-, este mantiene el criterio que ha mantenido hasta el momento presente. Lo dudo, señor presidente, pero no voy
a hablar del Tribunal Constitucional porque no quiero penetrar en la parte más líquida de la política española.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Lleonart.
El señor LLEONART CRESPO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, vuelve a nosotros el debate de ambas leyes, la del tercer sector y la del voluntariado, tras haber pasado por Comisión, por el Pleno y luego por el Senado. En su momento nosotros nos reunimos tanto con la plataforma del tercer
sector como con la plataforma del voluntariado y, contrariamente a lo que se ha expresado, tienen un apoyo bastante grande de cada uno de los sectores, han sido demandadas y además han sido bastante consensuadas con ellos, ambos sectores nos
trasladaron una serie de enmiendas puntuales que querían añadir en el tema de la redacción de la ley de forma original. Cuando finalmente las debatimos y pasan por el Senado, vuelven con dos enmiendas, que ya anunciamos que nuestro grupo va a votar
a favor. Una de ellas, respecto a la plataforma del voluntariado, especifica una demanda que se nos ha trasladado por parte del voluntariado, que consistía en que cuando ellos tomaban un permiso para irse a actuar en el extranjero este hecho
pudiera ser reconocido para que cuando se encontraran en una situación de bolsa no perdieran la capacidad de volver a trabajar. Nosotros consideramos que esta matización es correcta. Con respecto a la de la plataforma del tercer sector, nos llama
un poco la atención, y ya lo dijimos en su día en el debate correspondiente. Había un informe de 2013 que decía que la diferencia de subvenciones que se daba a las entidades entre un Gobierno socialista y un Gobierno del PP era bastante llamativa y
que se daba en ocasiones de forma bastante discrecional. Meter esas subvenciones en esta parte en las cantidades en que se ha hecho refleja esta discrecionalidad. Pero teniendo en cuenta que si no se hace de esta forma no tendrían realmente
subvención ninguna, tampoco podemos oponernos a esta enmienda. Por tanto, como he comentado antes, desde nuestro grupo votaremos a favor de estas dos enmiendas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Lleonart.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Pérez Moya.
El señor PÉREZ MOYA: Gracias, presidente.
Ya en los debates anteriores en esta Cámara y también en el debate en el Senado hemos dejado clara nuestra oposición al planteamiento tanto de la ley del tercer sector de acción social como a la del voluntariado. Y mantenemos esa posición
crítica, entre otras cosas, porque deja fuera del sector a las cooperativas de iniciativa social y a las empresas de inserción, cierra la participación de otros actores diferentes a la plataforma del tercer sector en la comisión del diálogo civil,
deja fuera a instituciones como el tercer sector catalán, nada menospreciables y que han demostrado un claro compromiso en la defensa de las personas y de las situaciones de vulnerabilidad. De hecho la enmienda que viene del Senado, como decía
ahora el portavoz de UPyD, se vota a favor porque necesitan las subvenciones que se administran. Entendemos, no obstante, que no deja de ser curioso y perverso que se utilice la tramitación de una ley para adjudicar directamente subvenciones a
entidades. No es el procedimiento, no ha de ser el procedimiento. Es perverso, sin más.
Entrando en otros aspectos, la adjudicación y la fijación de cantidades demuestra la discrecionalidad porque se deja fuera a entidades como el tercer sector catalán. Este sector, que está formado por la plataforma y 6.800 entidades que
representan el 2,8 % del PIB catalán, tiene contratadas 102.000 personas, trabajan 300.000 voluntarios en el entorno de esas más de 6.000 entidades y trabajan y actúan
sobre 2.100.000 personas destinatarias. Si esto ha de quedar fuera de esta ley, esta ley es un error. No puede ser, señorías del Grupo Popular, que 102.000 personas contratadas, 300.000 voluntarias, más de 6.000 entidades que representan
al tercer sector catalán queden fuera absolutamente de la aplicación de esta ley en cuanto a los diferentes recursos a los que puedan acceder. La ley crea un estatuto de entidades colaboradoras de la Administración General del Estado que puede
comportar en el futuro una centralización mayor en la distribución de los recursos procedentes del Estado en detrimento de las entidades que actúan principalmente a nivel local y autonómico. Les acabo de hacer la reflexión que constata lo que les
acabo de decir. Además, hay un elemento flagrante. La organización del marco regulatorio puede dificultar la territorialización de los fondos procedentes del 0,7 del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Cataluña, como el País Vasco, es un claro ejemplo con competencias exclusivas, y ustedes con esta ley vulneran las sentencias del Tribunal Constitucional y se las pasan por el forro. (Rumores). Ustedes, que son defensores de la aplicación
de las leyes, se pasan por el forro las sentencias del Tribunal Constitucional. Ciertamente, lamentable. Es la forma que tienen ustedes de actuar. Las competencias exclusivas que la Constitución recoge en el artículo 149.1 lo dejan meridianamente
claro, por lo tanto esta ley será modificada bien por el próximo Gobierno o bien por una sentencia del Tribunal Constitucional. El proyecto de ley además no resuelve demandas históricas del sector como son las necesarias modificaciones legislativas
-podemos hablar de los debates sobre la Ley del IVA, la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley de Subvenciones, la Ley sobre el Impuesto de Sociedades, legislación sobre incentivos fiscales y mecenazgo, legislación de utilidad pública,
etcétera-.
Sobre el proyecto de ley de voluntariado, quiero hablar de dos aspectos básicos. Primero, una vez más se produce una invasión de competencias a las comunidades autónomas que aplican su estatuto, Cataluña y el País Vasco como ejemplos
claros. Una vez más, la política de recentralización es muy clara por el Grupo Popular. Segundo, ya advertimos -nos opusimos en su momento- que el voluntariado no puede suponer una amortización o sustitución de puestos de trabajo. El papel de
colaboración con las empresas o con la propia Administración pública debería contribuir a dejar claro dónde está el espacio estrictamente laboral, profesional, y el de voluntariado. Esa ambigüedad va en detrimento del papel de la concepción del
voluntariado y del de las diferentes entidades. Por tanto, vamos a mantener nuestra oposición global a las leyes que vuelven del Senado.
Termino diciéndoles, señores del Grupo Popular, que repiensen ustedes su estrategia porque lo que ustedes han estado haciendo -les he puesto el ejemplo del tercer sector catalán- vulnera sentencias del Tribunal Constitucional y luego tiene
repercusiones en la credibilidad política ante los ciudadanos. Hace poco más de setenta y dos horas al Partido Popular la sociedad catalana le ha dado una respuesta clara y contundente, a su manera... (Varios señores diputados pronuncian palabras
que no se perciben).
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
El señor PÉREZ MOYA: Los ciudadanos de Cataluña le han dado al Partido Popular una respuesta muy clara ante la vulneración de las sentencias del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, al que ustedes apelan constantemente, dio
la razón a la Generalitat de Catalunya y reforzó sus competencias, pero ustedes se lo han pasado por el forro. Los ciudadanos de Cataluña les han dado la respuesta que se merecen y dentro de poco tiempo se la darán los ciudadanos del resto de
España.
Muchas gracias. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.- Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez Moya.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Terminan su trámite legislativo estos dos proyectos de ley que hemos discutido a fondo y que el señor Olabarría ha sabido definir muy claramente como legislación líquida. Terminamos con una ley del tercer sector que va a crear un marco
legal para el tercer sector de ámbito estatal, pero que no resuelve ninguno de los problemas reales que tiene: las cuestiones de la fiscalidad y cómo las pequeñas entidades deben hacer frente a más obligaciones fiscales que hace un año; la
ausencia de una ley de mecenazgo; la existencia de una Ley General de Subvenciones, que continúa haciendo imposible que el tejido asociativo
funcione de manera adecuada; la ausencia de un desarrollo de la contratación pública responsable de manera seria; la ausencia de políticas activas de empleo específicamente pensadas para el tercer sector y los problemas de las deudas de
las administraciones públicas con el tercer sector derivadas de subvenciones que continúan sin resolverse. Esos problemas reales del tejido asociativo este proyecto de ley no los resuelve. Es una legislación líquida que puede enmarcar discursos
que se podrán colgar en despachos, pero que no va a ser útil para la sociedad civil.
¿Para qué va a ser útil este proyecto de ley? Va a ser útil para una cuestión en la que existe un consenso entre el grupo del Gobierno y el principal grupo de la oposición, intentar blindar -contrariando la Constitución- la posibilidad de
que el Estado continúe otorgando subvenciones en ámbitos de competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Esa es la pretensión de fondo de este proyecto de ley tanto en su origen como en las enmiendas que se introdujeron en el trámite del
Congreso de los Diputados y de manera escandalosa -yo diría que un tanto grosera- en la enmienda introducida en el Senado que hoy va a votar este Pleno. Esta enmienda es fruto de la anulación por el Tribunal Supremo del Real Decreto-ley 535/2013,
de subvenciones a entidades del tercer sector de ámbito estatal. Supongo que sus señorías -al menos los ponentes de este proyecto de ley- se habrán leído la sentencia del Tribunal Supremo que, por cierto, es magnífica. Es muy clara porque se
reafirma -como no puede ser de otra manera- en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional relativa a que, en aquellas materias que son competencia exclusiva de las comunidades autónomas como la asistencia social, el Estado puede poner dinero,
recursos, pero no puede gestionarlos, y deben pasar a engrosar las arcas de las comunidades autónomas para que ellas, en aplicación de su competencia exclusiva, las puedan distribuir a las entidades que en los territorios resuelven, hacen frente a
las necesidades sociales. El Tribunal Supremo es clarísimo, como lo es el Tribunal Constitucional; no hay discusión sobre eso. Entre otras cosas, en el terreno de la doctrina son archiconocidos los límites del spending power. El Estado tiene
capacidad de gasto, pero en aquello que no es competente no puede gestionar.
El Gobierno se niega a reconocer las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo y va inventándose, en fraude de ley, soluciones para no dar cumplimiento a las sentencias. Se ha inventado una nueva regulación de las
subvenciones del 0,7, que cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie va a tumbar. Tanto es así que incluso hace unos días se hizo público un borrador de real decreto-ley en el que se inventaba una prestación no contributiva de la Seguridad
Social para hacer frente a las necesidades sociales a través de subvenciones a este tercer sector; es sorprendente, inédito. La técnica de la Seguridad Social nunca ha estado diseñada para dar subvenciones a entidades del tercer sector. Es más,
en la propia sentencia del Tribunal Supremo se cita cómo el Tribunal Constitucional define la asistencia social dejando muy claro que este tipo de actuaciones no pueden formar parte de la Seguridad Social porque la asistencia social es aquella que
responde a necesidades sociales específicas fuera del ámbito de la cobertura de la Seguridad Social. Para resolver el desaguisado, ustedes resuelven la vida a las plataformas de ámbito estatal.
Por respeto a estas entidades, por respeto a las personas que se van a beneficiar de estos programas, mi grupo no va a rechazar esa enmienda sino que nos vamos a abstener. Ustedes deben entender de una vez por todas que o cumplen las
sentencias del Tribunal Constitucional, las sentencias del Tribunal Supremo, que son coherentes con la doctrina constitucional y el reparto de competencias en esta materia, o su política lo único que hará será generar incertidumbre, inseguridad en
las entidades del tercer sector y debilidad de los programas de protección social que estas entidades están desarrollando. No hay más remedio que hacer eso; la otra alternativa es continuar instalados en el conflicto permanente en esta materia, en
el que los tribunales vienen dando la razón al Gobierno de la Generalitat. Señorías, desde la posición catalana -no desde la posición de Convergència Democrática estrictamente, también desde la de Unió Democrática, Iniciativa per Catalunya-Esquerra
Unida i Alternativa, Esquerra Republicana, y en Cataluña también desde la posición del Partido Socialista e incluso en algunos momentos de su colega la señora Sánchez- Camacho- se viene planteando un acuerdo político que respete ese mandato
constitucional, además de esas sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, y evite la conflictividad. Mi grupo hoy se reafirma en que las sentencias nos dan la razón, las competencias nos dan la razón y en que ustedes deben
bajarse del burro y ser capaces de abrir la solución política para evitar más perjuicios a las entidades del tercer sector.
Fíjense, esta semana vamos a discutir en tramitación exprés esa grosería que supone la reforma del Tribunal Constitucional para evitar que se incumplan las sentencias del Tribunal Constitucional. Seguramente a quien primero habrá que
aplicarle ese nefasto proyecto de ley, esa ley, quizá sería a
ustedes -al señor Rajoy, al ministro Alonso, a la secretaria de Estado de Asuntos Sociales-, porque están incumpliendo sistemáticamente las sentencias del Tribunal Constitucional en esta materia. Es muy lamentable. Este proyecto de ley es
un mal proyecto de ley, no resuelve las cuestiones del tercer sector y entorpece todavía más la gestión de un asunto político que ustedes vienen gestionando de manera nefasta.
Finalmente, en relación con la Ley del Voluntariado, el trámite parlamentario ha resuelto mejor las cuestiones vinculadas al ámbito competencial -lo hizo en el trámite del Congreso-, pero nos va a quedar una ley muy confusa, porque se han
incorporado los mandatos específicos sobre que esta ley se hace sin perjuicio de las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de voluntariado, respetando sus propias legislaciones, pero al mismo tiempo se desarrolla con un
nivel de detalle y de intervencionismo en el ámbito del voluntariado que va a generar confusión y controversia. Mi grupo hubiese preferido la Ley de Voluntariado que existía desde 1995, porque era una ley de mínimos que permitía que cada comunidad
autónoma desarrollase su propio modelo de voluntariado, porque ha sido pacífica en su propia utilización, aunque necesitaba algún tipo de adecuación a los cambios que se han producido en estos cerca de veinte años. Estamos ante una ley
extremadamente intervencionista -repito, extremadamente intervencionista- que entra en detalles de cuestiones que no tiene sentido que la normativa estatal sea capaz de desarrollar, y que además desde el punto de vista catalán choca con el modelo de
voluntariado que precisamente se aprobó en el Parlament antes de finalizar la legislatura. Es un modelo de voluntariado más confiado en la iniciativa de la sociedad, menos partidario de la regulación y más convencido de que las entidades, las
iniciativas de la sociedad civil tienen capacidad de autoorganizarse sin que la legislación estatal deba inmiscuirse en aquello que es propio de una entidad social. Son modelos distintos, somos países distintos; nuestra ley responde más al modelo
de la sociedad catalana, al modelo que el voluntariado catalán exige. Va a suponer un problema la vigencia de esta ley en la medida en que va a generar confusión, insisto.
Son dos proyectos de ley que no creo que pasen a la historia. Estoy seguro de que en la próxima legislatura las nuevas mayorías que va a haber en esta Cámara van a tener que modificar para respetar la Constitución, los estatutos y para ser
realmente útiles a la sociedad civil.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Pérez Domínguez.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Los dos proyectos de ley cuya tramitación finaliza hoy tienen, como ya se ha dicho aquí, un denominador común: se trata de leyes esperadas por los respectivos sectores de voluntariado y del tercer sector. Esta última además, la de tercer
sector, lleva tiempo demandando un marco regulatorio específico y coincide con los planteamientos, ya expresados en esta tribuna en otra ocasión, de mi grupo parlamentario y de mi partido, aunque no creamos que esta sea la ley que necesita el tercer
sector -ha quedado de manifiesto en otras intervenciones que se han producido aquí- ni la que hubiera hecho el Grupo Parlamentario Socialista. No obstante, esta vuelta del Senado -por circunstancias sobrevenidas que ya se han explicado aquí por
algunos grupos y por la falta de previsión del propio Ejecutivo- es una oportunidad para agradecer de nuevo a las organizaciones del tercer sector de acción social y a las de voluntariado -por cierto nos acompañan en la tribuna- su encomiable labor
y su esfuerzo por coadyuvar a conseguir una sociedad mejor. Desde aquí una vez más queremos hacer llegar nuestro reconocimiento y admiración y, como siempre, todo nuestro apoyo.
Celebramos, por tanto, que se hayan tramitado estos proyectos, pero la alegría de nuestro grupo, del Grupo Socialista, llega hasta aquí, al hecho de que se hayan tramitado, y por desgracia no va más allá. No va más allá porque, como ya se
ha dicho, a nuestro juicio se ha perdido la oportunidad de incidir de verdad en la mejora del ámbito de actuación de las entidades tanto del tercer sector como del voluntariado. Es una oportunidad perdida a causa de su escaso contenido, de su nula
ambición, de su parca capacidad de incidir en la práctica, en la realidad, en el día a día de unas entidades que en definitiva se dedican a trabajar por el bien común. Es cierto y de agradecer que se hayan aceptado o transado en el proceso previo,
antes de que llegaran al Senado, algunas enmiendas de mi grupo y del resto de los grupos de la oposición; sin embargo, poco se ha avanzado cuantitativamente, poco. Las enmiendas con un contenido más concreto y más ambicioso fueron rechazadas.
Como no hay tiempo para detenerme en aspectos concretos, mencionaré uno que se repite en ambos casos y que saben que
ha sido la obsesión de mi grupo, de los ponentes de mi grupo, que son esenciales a la hora de posicionarnos; se trata de la disposición que dice: Las medidas incluidas en esta ley -en estas leyes, porque lo dice en ambas- no podrán suponer
incremento de gasto público. Como ustedes comprenderán, sin un euro más que poner sobre la mesa es imposible llevar adelante ninguna de las propuestas que recoge la propia ley y no van a servir para cambiar la realidad. Bien, el marco está ahí,
somos positivos, ha llegado hasta aquí.
Hoy, señorías, respecto de las enmiendas que vienen del Senado, que es lo que se debate ahora aquí, mi grupo votará a favor de la que se ha incorporado al proyecto del tercer sector. Lo haremos así porque, aunque no compartimos lo que se
hace y las subvenciones nominativas, somos conscientes de que a estas alturas -recuerdo que esa sentencia de la que el señor Campuzano hablaba la conocimos mientras estábamos cerrando este debate en la Comisión- las consecuencias de no hacer nada
serían fatales para el sector, pues la partida presupuestaria se perdería y la principal perjudicada sería la ciudadanía; señor Campuzano, toda la ciudadanía de este país, la de Sant Boi de Llobregat y la de Azuaga, toda la ciudadanía, y más
concretamente esos colectivos más vulnerables que ya bastante han padecido con las políticas de este Gobierno. Aunque solo fuera por eso, les animo a que al final apoyen esta iniciativa. Señor Campuzano, ciertamente, tengo que darle la razón en
que es una cuestión que debería haberse resuelto de otro modo, con más rigor, con más debate, con diálogo, con negociación, con más tiempo entre otras cosas, y con participación de todos los agentes implicados. Todo ello, por desgracia, ha estado
ausente del escenario político por unas causas o por otras.
Respecto de la enmienda que se ha incorporado en el Senado al proyecto de ley del voluntariado, mi grupo entiende -lo entendió desde el principio, y ustedes lo conocen- que no es el momento ni el lugar -esta ley- ni son las formas. ¿Por qué
no una modificación del Estatuto del Cooperante? ¿Por qué no para otros colectivos: psicólogos, bomberos y un largo etcétera? ¿Por qué sin diálogo y sin acordar con quienes tienen la competencia en las comunidades autónomas para esta enmienda que
hoy debatimos? Estamos de acuerdo con la regulación del permiso del personal del Sistema Nacional de Salud para trabajar en emergencias sanitarias, que es de lo que trata la enmienda que hoy viene al Congreso; pero también nos gustaría que
existiera para otros colectivos, y no nos parece adecuado hacerlo en esta ley ni cómo se ha hecho. A la hora de establecer esa regulación, entre otras cosas, algo tendrán que decir las comunidades autónomas y los representantes de esos
trabajadores, creo yo.
¿No le parece, señor Campuzano, después de haberle oído aquí en la tribuna hace unos instantes, un tanto extraño -en esto le doy la razón al señor Olabarría- que quien nos deleita con argumentos competenciales, acoso a las competencias de
Cataluña, cumplimiento de las sentencias y un largo etcétera de falta de diálogo y de incumplimientos, sea precisamente el grupo responsable -el suyo- de que estemos viendo hoy aquí esta enmienda? Esta enmienda es suya, y va a obligar a todas las
comunidades autónomas que no han participado en este tema, pero que igualmente tienen la competencia -está la suya, aunque también la andaluza, la extremeña, la castellano-manchega y otras-, a tener que modificar su legislación. Si ustedes son los
proponentes y si deciden lo que nos interesa a todos, fantástico; si lo hacen otros, no. Nosotros vamos a votar en contra de esta enmienda. No nos parece adecuado que no se haya hecho con diálogo, consultando a las comunidades autónomas; lo que
me extraña es que ustedes sean los autores de la enmienda, que además la transen y la pacten con el Grupo Popular, porque si son ustedes los que determinan lo que debemos hacer el resto les parece estupendo, pero cuando lo deciden otros les parece
francamente fatal. Ustedes mismos violan el argumento que usted utilizaba hace un momento en esta misma tribuna con la enmienda del tercer sector, en la que se ha detenido largamente, con esta enmienda a la Ley del Voluntariado. Un poco de
congruencia tampoco les vendría mal allí y aquí. No pueden obligar a todas las comunidades autónomas a modificar ahora su relación con el personal estatutario, con el personal funcionariado y con el personal sanitario. Por tanto, apelo de nuevo al
diálogo social y político y a la participación tan denostada en esta legislatura. Creo que la próxima nos dará oportunidad de hacer las cosas mejor que en esta, por eso creemos que en la base de los avances está la concertación y vamos a votar en
contra de esta enmienda.
Cuando suceden este tipo de cuestiones hay que ser congruente en todo. Si respetamos las competencias de las autonomías para unas cosas, las debemos respetar para todas. Comprendo que luego suceden cosas como las del domingo, y no se
entera nadie de lo que ustedes pretenden. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez Domínguez.
Por el Grupo Popular, en primer lugar, tiene la palabra la señora Vázquez Blanco.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Muchas gracias, señor presidente.
Lógicamente no les voy a hablar desde esta tribuna de los resultados de las elecciones catalanas. Como he visto que todos han ganado, si tengo que felicitarles, les felicito a todos, porque usted también se considera ganador. (Aplausos).
No voy a hablar de Todorov y Bauman, que hablaban de esa sociedad líquida y sólida. Les voy a hablar de la sociedad real, si me lo permite, señor Olabarría. Lógicamente no le voy a hablar al señor Campuzano de caerse de un burro, sino que por
primera vez el señor Campuzano se ha caído de un caballo, como san Pablo, y hoy nos ha hablado aquí del respeto a las sentencias, de la inseguridad jurídica que supone no cumplir las leyes. Me alegro de que usted lo reconozca y de que se haya caído
del caballo, de que usted lo lleve a cabo y que aplique también a Cataluña ese cumplimiento de sentencias y de la ley. (Aplausos).
Me voy a referir a la sociedad real, a los más de 636.000 empleos que da el tercer sector, a más de las 30.000 entidades del tercer sector que hay en España, que suponen el 2 % del producto interior bruto; me voy a referir a que si no
aprobamos esa enmienda, como usted sabe, señor Campuzano, muchos puestos de trabajo, gracias a su propuesta, se verán abocados al paro. ¿Sabe por qué? Porque esta enmienda es para gastos corrientes, no es para territorios. Señor Campuzano, aquí
no venimos a hablar de una solidaridad en Cataluña, sino de una solidaridad en toda España, de todos los españoles y con todos los españoles. (Aplausos). Tengo que recordar aquí que hemos aprobado una ley de la que precisamente si alguien se puede
considerar el autor, el impulsor, al que realmente hay que estar agradecidos es al propio tercer sector, porque ellos fueron quienes han propuesto a este Gobierno y a los grupos, al Grupo Socialista y al Grupo Popular, llevar adelante este proyecto
de ley. Han sido ellos, pero usted hoy les va a dar la espalda nuevamente. Se puede venir a esta tribuna y hacer demagogia con Cataluña, España... Señorías, los españoles, todos los españoles, con el 0,7 % -el que le gusta a usted-, hemos
financiado a más de ciento cuarenta y cuatro entidades en Cataluña, por la cruz que ponen los españoles en su declaración de la renta. Venir a hacer ahora un debate de una ley en clave de Cataluña o España es reducirla al absurdo, porque esta ley
es de todo el tercer sector, porque se aplica a todas las entidades que tengan un ámbito supraautonómico, un ámbito competencial nacional.
Desde el inicio de esta legislatura el Gobierno de España ha repartido entre las entidades del tercer sector más de 630 millones de euros. Es una cantidad muy significativa. Cuando llegamos al Gobierno tuvimos que hacer frente, con el pago
del Plan a proveedores, a 3.000 millones de euros para las entidades del tercer sector, porque se veían abocadas a la posibilidad de cerrar y despedir personas, en vez de realizar ese trabajo tan intenso cada día. Estamos hablando no solo de
empleos sino de millones de españoles que tienen la vocación de servicio desde que se levantan hasta que se duermen, vocación por ayudar a los demás, a las personas que están en dificultades. Hoy les debemos esta ley precisamente a ellos y debía de
salir de aquí con el mayor apoyo y consenso posibles, porque estamos hablando de personas en dificultad, que necesitan de nuestra ayuda, porque donde no llega el Estado llegan precisamente esos voluntarios y esas entidades.
Señorías, hoy en el Grupo Popular no nos podemos arrugar, porque el Presupuesto General del Estado para 2016, que acabamos de aprobar, supone el 53,5 % del gasto social, 4.900 millones de euros más para gasto social que en 2011, año del
último presupuesto del Gobierno socialista. Hoy no nos podemos arrugar porque, como ha dicho la ministra, de cada dos personas que salen del paro en Europa, una sale del paro en España; eso, crear empleo, es la mejor política social. A mí hoy me
da pena que los que van a votar en contra de la enmienda del Senado, que intentaron poner en jaque el Estado del bienestar y el trabajo que hacen las entidades del tercer sector, vayan a votar en contra, por ejemplo, de que a Cruz Roja de España se
le dé 1.400.000 euros; que a Cáritas España se le den más de 800.000 euros; que a la plataforma de ONG de acción social se le den más de 652.000 euros; que a la plataforma de infancia se le dé 1.133.000 euros; que al voluntariado se le den
442.000 euros... (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia). Sí, señor Campuzano, todas tienen nombre y todas tienen gente que trabaja en esas entidades, las entidades de personas con discapacidad, el Cermi, el
síndrome de Down, las enfermedades raras, el daño cerebral, la esclerosis múltiple... Todas están ahí reflejadas, en esa enmienda. Si no se les diera este dinero y esta subvención -que, por cierto, cumple los requisitos-, estarían abocadas a no
poder hacer la labor social y todo lo que están trabajando en España.
Señorías, siéntanse orgullosos. Doy las gracias al Partido Socialista, a UPyD, a todos los que van a votar a favor, en nombre de todas las plataformas que, gracias a esta enmienda -a pesar del jaque en el que han intentado poner
Convergència y el Gobierno de Artur Mas en su momento a las entidades del
tercer sector de España-, van a poder sobrevivir, y muchas personas que están pasando dificultades y con las que ellos están haciendo una gran labor, van a salir adelante.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Vázquez.
Por el mismo grupo parlamentario, tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU REINÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
No puedo empezar mi intervención sin felicitar a mi compañera. Ha hecho una intervención francamente fabulosa y en su tónica. Enhorabuena.
Subo nuevamente a esta tribuna para, en nombre de mi grupo, al que agradezco la confianza depositada, defender el proyecto de ley de voluntariado en su último trámite parlamentario. Antes de nada, quisiera agradecer el papel que han jugado
en la elaboración del mismo las entidades del tercer sector, las personas voluntarias, las comunidades autónomas y el Gobierno, entre otros, porque esta futura ley ha estado abierta al diálogo y al consenso desde su inicio; un espíritu de diálogo y
consenso con el que tratamos de continuar el trabajo en esta Cámara. De hecho, muchos de los ponentes en sus intervenciones han reconocido que el trámite parlamentario ha transcurrido bajo un clima de diálogo y acuerdo. Así, fruto de este diálogo,
de este consenso y de este trabajo en común, han sido aprobadas veinte enmiendas en el Congreso y una transaccional en el Senado resultado de un pacto que se inició en esta misma Cámara. En este punto me gustaría reconocer que, gracias a la
enmienda del Senado, se amplían los plazos del permiso para participar en emergencias humanitarias por parte del personal que presta servicios en los centros e instituciones del Sistema Nacional de Salud. Es decir, con esta nueva propuesta se
facilita la labor de miles de voluntarios sanitarios con los que, gracias a su generosa ayuda, podemos hacer frente a las realidades especialmente duras que se viven en las zonas del mundo agitadas por emergencias sanitarias y humanitarias. Por
tanto, conociendo la importancia de las aportaciones del Senado, hoy ante el Pleno apelo a su sentido de la responsabilidad para que en esta ocasión se apruebe por unanimidad la enmienda transaccional, porque, señorías del Grupo Socialista, en el
debate social ya no caben más medias tintas ni más posturas de perfil.
Lamento sinceramente que a lo largo del proceso algunas fuerzas políticas hayan dado la espalda al conjunto del proyecto anteponiendo el discurso nacionalista frente a las necesarias políticas sociales y que otros -aquí me dirijo al Grupo
Parlamentario Socialista-, aun reconociendo que el proyecto de ley de voluntariado es una ley amable y que debería ser aprobada por consenso de todos los grupos, tal y como manifestó la señora Martín González el pasado 10 de junio, prefieran no
apoyarlo por no haber sido ellos los protagonistas de una ley que, como vengo reiterando a lo largo de mi intervención, nace del consenso y busca beneficiar a quienes son los verdaderos protagonistas del debate, que son los voluntarios. Hoy tienen
ante sí una nueva oportunidad para apoyar al menos la enmienda del Senado. Por ello pido el voto favorable de todos los grupos aquí presentes como muestra firme del compromiso con la labor encomiable que lleva a cabo el voluntariado a favor de las
personas menos favorecidas.
Por otra parte, como el tiempo apremia, me gustaría recordar que el proyecto de ley se enmarca dentro de la ambiciosa agenda social emprendida por el Gobierno; una agenda social que a través de instrumentos como la estrategia de juventud
2020, el Plan de acción de discapacidad y el proyecto de ley del tercer sector de acción social que acabamos de debatir, el Plan integral de apoyo a la familia o el Plan de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual,
pretende consolidar el crecimiento económico y reforzar los pilares sociales de nuestro Estado del bienestar. Además, el proyecto de ley de voluntariado es un ejemplo de coordinación y modernización, ya que además de delimitar con mayor claridad
los márgenes competenciales de las administraciones públicas, el proyecto que se culmina en esta Cámara atiende a los cambios producidos desde la promulgación de la ley vigente en 1996. No quiero finalizar mi intervención sin reiterar mi
agradecimiento al Gobierno, especialmente al ministro Alonso, y a mis compañeras Silvia Heredia y María Jesús Susinos, a la letrada Raquel Álvarez, a las entidades sociales, a los académicos y a todos los grupos parlamentarios que, a pesar de
nuestras diferencias, hemos sido capaces de llegar a algunos puntos comunes que han enriquecido el texto, aunque aquí reconozco que me hubiera gustado que a lo largo de las distintas fases de la tramitación parlamentaria el voto hubiese sido
favorable por parte de los grupos parlamentarios aquí presentes. En cualquier caso, hoy es un gran día para las entidades de este sector, para los 3 millones de personas voluntarias en nuestro país, para los destinatarios de su acción y para todos
los que nos sentimos orgullosos de haber
participado en la elaboración de unas leyes de marcado carácter social, como son la del tercer sector y la del voluntariado.
Gracias, señora presidenta. Gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Gracias, señor Grau.
- PROYECTO DE LEY DE SOCIEDADES LABORALES Y PARTICIPADAS. (Número de expediente 121/000156).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Pasamos al último punto del orden del día, enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley de sociedades laborales y participadas. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo
EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
La pronunciación exacta sería EAJ-PNV. Es el acrónimo de Eusko Alberdi Jeltzalea.
Esta ley, sobre la que terminamos de debatir las enmiendas del Senado, es una ley importante. Manteníamos viva una única enmienda en el Senado, donde se acredita también, en virtud de lo que pretendemos corregir, lo que se ha denominado por
la portavoz del Grupo Parlamentario Popular antes política real versus política líquida o política semilíquida; la política real se ha convertido en política líquida, dado el confusionismo reinante en los tiempos que corren y con las situaciones
que convivimos. Era una reflexión que me ha parecido lúcida y la he tomado prestada de don Cayo Lara. En esta ley, en la de sociedades laborales y participadas, mi grupo pretende algo tan simple como la armonización entre los registros donde se
inscriben estas sociedades, que pueden ser registros de ámbito estatal en virtud del ámbito de actuación de estas sociedades, o pueden ser registros de ámbito autonómico. Lo más relevante es saber cuál es el ámbito competencial, el ámbito material
en donde unas y otras, las de ámbito autonómico y las de ámbito estatal, deben inscribirse. Para lo cual no hay nada mejor que recurrir a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en concreto a una sentencia importante que hace referencia a la
Ley de Cooperativas, a un conflicto positivo de competencias interpuesto por el Gobierno vasco en relación a la Ley de Cooperativas de Euskadi resuelto por sentencia 44/1984, donde se establece que los criterios de delimitación del ámbito registral
de las sociedades, tanto laborales como participadas, como las cooperativas, tienen que atender a dos criterios: en primer lugar, el domicilio social lugar y, en segundo lugar, la actividad predominante o la actividad fundamental de la empresa.
Eso determinaría cuál de los dos registros es el competente y dónde se deben inscribir estas empresas para adquirir personalidad jurídica. Eso es todo lo que mi grupo ha propuesto en el Senado, señora presidenta, y no ha sido objeto de
consideración por esta institución y lo lamentamos. También estamos ante un supuesto quizás de entidad menor, pero también de política líquida.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Calduch.
El señor CALDUCH CERVERA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, nuestro grupo parlamentario apoyó en su momento esta ley porque consideramos que los trabajadores tienen que tener herramientas e instrumentos jurídicos que les permitan bien iniciar nuevos proyectos empresariales o bien
reconvertir proyectos empresariales que desde el punto de vista mercantil habían fracasado, pero que, desde el punto de vista industrial, comercial, etcétera, tenían viabilidad a medio y largo plazo con el apoyo y la participación de los
trabajadores. Hemos visto la enmienda del Senado y no nos ha sorprendido para nada que haya sido solamente una corrección secundaria, lo cual significa que, obviamente, seguiremos apoyando la ley que en su momento apoyamos aquí. Pero no puedo
dejar pasar esta oportunidad para hacer una reflexión sobre lo que tantas veces nuestro partido y nuestro grupo parlamentario han reivindicado, y es que mientras el Senado no sea realmente una Cámara de representación territorial dentro de un
sistema federal, no tiene sentido estar asumiendo el coste económico y funcional que supone que, simplemente, haga una corrección de dos líneas y media, que es prácticamente de estilo, dentro de una ley de esta entidad. No quería dejar pasar esta
oportunidad para llamar a la reflexión sobre la necesidad de reformar radicalmente la función que tiene el Senado, porque si no, sencillamente, señorías, estaremos teniendo el corrector de estilo más caro de toda la Unión Europea.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchísimas gracias, señor Calduch.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Pérez Moya.
El señor PÉREZ MOYA: Gracias, presidenta.
A pesar de que compartimos el criterio de flexibilidad que han de tener las sociedades laborales y participadas, no compartimos -y lo planteamos en nuestras enmiendas, tanto aquí como en el Senado- el porcentaje del 49 % para la posibilidad
de suscribir con los trabajadores un contrato indefinido para este tipo de empresas. Creemos, sinceramente, que es un exceso. Mi grupo propuso en su día un máximo de un 15 %, porque pensamos que si hubiera existido voluntad por parte del Partido
Popular podríamos haber llegado a algún tipo de acuerdo, pero entendemos que se desvirtúa esa pretendida flexibilidad, las características, el sentido y la lógica de las sociedades laborales y participadas. Permítanme que abra un interrogante.
¿Tiene sentido llegar a desvirtuar tanto la naturaleza de una sociedad laboral hasta el punto límite de que la mayor parte de los trabajadores, todos menos uno, no tuviera esa condición de propietarios, de accionistas? Sinceramente, creemos que no.
Otro aspecto es que valoramos que el proyecto de ley regula mal y de forma parcial las sociedades laborales. Pensamos que eso debería tener un desarrollo posterior, que tendría que contar, evidentemente, con el diálogo y el consenso con los
interlocutores sociales. No creemos que éste sea un proyecto de ley donde haya que regular las sociedades participadas. En su día votamos contrariamente y, por lo tanto, mantendremos la misma posición.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Pérez Moya.
Por el Grupo de Convergència i de Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Intervengo desde el escaño para decir que este proyecto de ley contrasta sustancialmente con los dos proyectos de ley que acabamos de debatir hace unos minutos. Se trata no de un proyecto de ley líquido, sino de un proyecto de ley
sustancial que regula el régimen legal de un tipo de sociedades mercantiles; y lo regula modernizándolo, flexibilizándolo, discutiendo -como apuntaba el señor Pérez Moya- si las soluciones legislativas son correctas o no, pero yendo a la materia de
manera plenamente justificada. Es un proyecto de ley que tiene trascendencia real en la sociedad porque, efectivamente, regula un tipo concreto de sociedad mercantil. Además, lo hace, contrastando con los dos anteriores proyectos de ley, con un
título competencial por parte de estas Cortes indiscutible, competencias exclusivas del Estado sobre legislación mercantil y laboral y competencias exclusivas al Estado en materia de Seguridad Social. No puede haber crítica por parte de ningún
grupo de la Cámara ni puede haber recurso ante el Tribunal Constitucional por invasión competencial porque este proyecto de ley se adecua perfectamente a nuestro marco legal. Por tanto, las sociedades laborales y participadas no van a tener el
riesgo de que en el desarrollo de este proyecto de ley, si el Gobierno introduce políticas de fomento al mismo, esas políticas se vean recurridas ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal Supremo. No van a tener el riesgo de que el
Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional invaliden los reales decretos del Gobierno que articulen esa política de subvenciones ni van a tener necesidad de que, a través de una ley sustantiva, el Senado introduzca una relación de entidades para
que reciban una subvención. Cuando el Gobierno y las Cortes hacen las cosas de manera adecuada, respetando los títulos competenciales, respetando las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, las entidades, en este caso las
sociedades laborales y participadas, no corren el riesgo de perder los recursos necesarios para desarrollar su propia actividad. Este es el modelo que nos gusta, este es el modelo que apoyamos, este es el modelo serio; un modelo de ley que regula
cuestiones sustanciales e importantes, que afectan al tráfico mercantil, que permiten a los trabajadores en desempleo poner una nueva actividad económica en marcha. La crítica que hicimos en el trámite del Congreso es que el proyecto de ley no
avanza en los incentivos fiscales, que son también competencia del Estado, para promocionar esa actividad. Ahí nos hemos quedado frustrados, nosotros y seguro que el grupo de la mayoría y el sector de las sociedades laborales y participadas. Pero
este es un proyecto de ley bueno que, seguramente, va a durar en el tiempo.
Señores de la mayoría, si hacen las cosas bien, si las hacen respetando el marco competencial, los diputados de Convergència Democrática aprobamos sin ningún tipo de reparos este tipo de leyes. Además, si llegan avaladas por los sectores de
la sociedad catalana que participan del mundo de la economía social en estas fórmulas, con mayor razón. Pero cuando ustedes hacen las cosas mal, incumplen las
sentencias, rompen con el marco de las competencias existentes y lo hacen al margen de la iniciativa de la sociedad catalana, nuestra obligación es rechazarlo en nombre de los electores que nos han apoyado pero también en nombre de la
sociedad civil articulada. Cuando decimos que somos países distintos también lo somos porque nuestras sociedades civiles se articulan de manera distinta, buscando siempre conexión en el ámbito estatal. La cuestión política de fondo es: ¿Ustedes
son capaces de entender la pluralidad en toda su dimensión o, en cambio, su cultura política autoritaria les lleva a negar la diferencia, a negar la pluralidad y a imponer el rodillo de su mayoría absoluta? Tengo la impresión de que en Cataluña eso
no les funciona, no les ha funcionado nunca y si en algo les funcionó, peor. Y tengo la impresión de que en el conjunto del Estado no les va a funcionar. Una cultura política más abierta, más liberal, más respetuosa con la diferencia, que
reconozca que el otro en alguna cosa tiene razón, en general va bien para la sociedad e incluso va bien para quien gobierna. En esta legislatura han perdido la oportunidad de hacer las cosas bien, la mayoría, y en las pocas que hacen bien, cuentan
con nuestro apoyo.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Rodríguez Barahona.
La señora RODRÍGUEZ BARAHONA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la enmienda única al proyecto de ley de sociedades laborales participadas que hoy se trae a este Pleno del Congreso es, efectivamente, como ya se ha dicho, una enmienda única aprobada en el Senado que, como cabía suponer, ha sido
presentada por el Partido Popular en un nuevo y extraordinario esfuerzo por parte del Gobierno y del Grupo Popular por legislar, también en esta materia, desde el consenso y el acuerdo parlamentario. Como ya se ha dicho, es una enmienda técnica a
la disposición transitoria segunda, que regula la adaptación de los estatutos de las sociedades laborales a las previsiones de esta nueva ley y su contenido clarifica el texto inicial. Nosotros consideramos que da mayores garantías jurídicas a las
sociedades laborales y, por tanto, al igual que en el Senado, el Grupo Parlamentario Socialista votará favorablemente esta enmienda técnica. Dicho esto, debo añadir que, como ya manifestamos en el debate que con competencia legislativa plena tuvo
lugar en la Comisión de Empleo y Seguridad Social el pasado día 9 de julio, lamentablemente no podemos apoyar esta ley.
El Grupo Socialista mantuvo su disposición abierta al diálogo permanente con todos los grupos parlamentarios, y especialmente con el Grupo Popular, para, desde el consenso, poder mejorar todo lo posible el texto del proyecto de ley
presentado por el Gobierno, como siempre en los últimos tiempos, de una manera ya in extremis, por el procedimiento de urgencia y con cuatro años de retraso -hay que resaltarlo también-, en cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional
séptima de la Ley 5/2011, de Economía Social, que mandata a la remisión a estas Cortes Generales de un proyecto de ley para actualizar y revisar la Ley 4/1977. Empeño nuestro. No hubo el más mínimo diálogo y ni una sola de las enmiendas
socialistas fue aceptada en dicha Comisión, tampoco en el Senado. Con su actitud cerrada de tramitación por vía de urgencia y aplicación férrea de la mayoría parlamentaria, el Gobierno y el Grupo Popular han conseguido una ley interesante, sin
duda, pero, desde luego, poco ambiciosa. Respetamos los acuerdos que las entidades representativas del sector han logrado del Gobierno, pero consideramos que el resultado, repito, además de poco ambicioso en materias como la fiscalidad, tiene
lagunas y carencias importantes -nosotros sí que le vemos algún riesgo- de técnica legislativa en su escueto, en términos normativos, título III, que pretende regular las sociedades participadas.
Se lo dijimos en el debate en Comisión y les presentamos enmiendas para poder ampliar y regular seriamente las sociedades participadas porque, efectivamente, es necesario hacerlo, pero a partir de una normativa mucho más completa y precisa
que sea resultado del diálogo y del consenso también con los agentes sociales, no dejándolo todo abierto y al albur de un reglamento de desarrollo que, tal y como está, permite hacer lo que quiera el Gobierno de turno y que desde luego, desde una
óptica de correcta política legislativa, no es en absoluto lo más adecuado; aspecto este de una recomendación que se les hizo en el dictamen del Consejo Económico y Social, que, como saben, es preceptivo para la presentación del proyecto de ley.
Hemos llegado al final de todo este trámite y, señores del Grupo Popular -lo dije ya en su momento-, nosotros partimos de algunas convicciones y desde luego los anteriores Gobiernos socialistas siempre lograron grandes acuerdos, incluso el apoyo
unánime de la Cámara, para leyes del sector de la economía social, como el Estatuto del trabajador autónomo o la Ley de Empresas de Inserción, entre otras. Ustedes rechazan el consenso, es su responsabilidad. El señor Campuzano acaba de decir
que esta será una ley de permanencia, pero nosotros creemos que tiene el aspecto de ser una ley efímera y que una nueva mayoría parlamentaria, ya próxima, tendrá necesariamente que modificar.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Rodríguez.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Muchas gracias, presidenta.
En este último turno -que no agotaré- de esta mañana sobre el debate de enmiendas del Senado del proyecto de ley de sociedades laborales y participadas, como todas sus señorías entenderán, el Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor de
la única enmienda que se introdujo en el Senado y que también era del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Pero algunas de sus señorías han hecho comentarios y aunque yo no creo que sea el momento de reproducir los debates que ya hemos tenido,
me veo en la obligación de contestarles. Al señor Campuzano le diré que nosotros reconocemos la diversidad pero defendemos la igualdad: diversos pero iguales. Me temo que hay quien, cuando defiende la diversidad, la diferencia, lo que quiere es
que no todos seamos iguales. Señorías, hago mías también las palabras del señor Olabarría diciendo que esta es una ley importante. Parece, por su tamaño, número de artículos y también por el sector al que va dirigida, que pudiera ser una ley de
segundo orden. No es así, en absoluto. Esta ley, para mi grupo, para el Grupo Parlamentario Popular, tiene una especial importancia porque si el principal objetivo del Gobierno del Partido Popular es la creación de empleo, justamente cuando
mejoramos, modernizamos y actualizamos un importantísimo instrumento para la consecución de ese objetivo, como son las sociedades laborales y participadas, sin lugar a dudas hacemos algo que resulta tremendamente positivo para el sector en
particular -que también nos acompaña en el día de hoy- y para el conjunto de nuestro mercado laboral en general. Si a ello añadimos, señorías, que el conjunto de la norma ha sido consensuado con el sector de la economía social -al que se dirige-,
ha recibido una valoración general favorable por el Consejo Económico y Social y, tras su paso por Congreso y Senado, no ha recibido ningún voto en contra, convendrán conmigo, señorías, en que estamos ante un texto normativo que si bien ha podido
recibir alguna, yo diría que pequeña, crítica, recoge las aspiraciones de la mayoría de los que hemos participado en su elaboración.
Lo ha recordado aquí la señora Rodríguez Barahona: esta nueva regulación es mandato de una ley, la Ley 5/2011, de Economía Social. Una ley que fue aprobada por un Gobierno socialista y ratificada por estas Cortes Generales posteriormente;
y que cumple ese mandato un Gobierno del Partido Popular. Hay quien, cuando se cumplen los mandatos, empieza a valorar si es demasiado pronto o demasiado tarde. Yo creo que la importancia está en que lo que se mandata, se cumple y este Gobierno,
ante una ley que hizo un Gobierno socialista, que aprobaron unas Cortes con mayoría socialista, cumple ese mandato y unas Cortes con mayoría del Partido Popular trae una nueva ley que reforma principalmente la Ley 4/1997, que en su día fue Ley de
Sociedades Laborales Anónimas, aprobada por estas Cortes con una mayoría, entonces, del Partido Popular.
Señorías, yo fui ponente de aquella ley hace dieciocho años. Una ley que nació, y quiero ponerlo como ejemplo para contravenir las palabras que ha dicho la señora Rodríguez Barahona, de una proposición de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, que en ese momento acababa de pasar a la oposición en nuestro país; y que el Grupo Parlamentario Popular, con mayoría en esta Cámara, tomó en consideración y tras el debate que tuvo posteriormente, aprobó una ley que se ha mostrado a
día de hoy exitosa y muy positiva para el sector. No somos nosotros, señorías, señora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, los que calificamos como atípico ese procedimiento: lo practicamos. Y yo creo que es bueno en los tiempos que
corren que sus señorías, sobre todo las señorías del Grupo Parlamentario Socialista, abandonen esa conducta imperante que han tenido nuevamente hoy desde la oposición: el rechazo por el rechazo a las propuestas del Gobierno o a las propuestas del
Grupo Parlamentario Popular. Si algo nos muestra esta ley es que la historia reciente, como sucede en el presente caso, el apoyo de unos y otros mantenido en el tiempo, trae consigo regulaciones positivas y exitosas como sin lugar a dudas va a
suceder con esta ley de sociedades laborales. Una ley de sociedades laborales y participadas que refuerza la naturaleza, función y caracterización de la sociedad laboral como entidad de la economía social. Una ley de sociedades laborales y
participadas que mejora su régimen jurídico con los objetivos de fomentar la participación de los trabajadores facilitando su acceso a la condición de socios. Una ley que incorpora nuevas medidas para asegurar el control de la sociedad por parte de
los trabajadores, aumenta la utilidad de las sociedades
laborales y su preferencia por parte de los emprendedores, fortalece su vertiente empresarial y consolida el carácter estable y no coyuntural de este modelo empresarial.
Señorías, finalizo ya mi intervención, no quiero alargarme más de lo que lo han hecho otros portavoces en este turno de palabra. Pero finalizo manifestando, en nombre de mi grupo, que para nuestro país, hoy, para España -que lidera la mayor
creación de empleo de la zona euro y de la Unión Europea; un país, España, que fue el segundo Estado miembro de la zona euro que más empleo indefinido creó, tras Alemania, en el último año; un país, España, que es el tercer país con mayor creación
de empleo juvenil de la zona euro tras Holanda y Alemania-, la aprobación definitiva de una norma como la de hoy con la que culminamos el iter legislativo de ley de sociedades laborales y participadas es, sin lugar a dudas, una buena noticia.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Camps.
Se suspende la sesión.
Era la una y treinta minutos de la tarde.