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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 295, de 07/07/2015
cve: DSCD-10-PL-295
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 295
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 277 (extraordinaria)
celebrada el martes,
7 de julio de 2015
ORDEN DEL DÍA:
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 146-1, de 30 de abril de 2015. (Número de expediente 121/000146) ...
- Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 160-1, de 3 de junio de
2015. (Número de expediente 121/000160) ... (Página5)
- Proyecto de Ley por la que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35 euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago de obligaciones correspondientes a programas
especiales de armamento y a la realización de otras actuaciones del departamento (procedente del Real Decreto-ley 7/2015, de 14 de mayo). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 159-1, de 3 de junio de 2015. (Número de expediente
121/000159) ... (Página37)
Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:
- Tercer Protocolo de Enmienda del Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988, y sus enmiendas, hecho en Washington el 17 de junio de 2015. 'BOCG. Cortes
Generales', serie A, número 417, de 24 de junio de 2015. (Número de expediente 110/000181) ... (Página47)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, sobre la necesidad de que el Gobierno contemple la inmediata reducción del IVA a peluquerías y a los servicios prestados por personas físicas que practiquen el deporte o la
educación física en gimnasios e instalaciones deportivas, actividad muy vinculada a la mejora de los hábitos de salud. (Número de expediente 173/000227) ... (Página50)
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página56)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página56)
Avocación por el Pleno ... (Página56)
Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página57)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página58)
SUMARIO
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página5)
Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria ... (Página5)
Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal ... (Página5)
El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas a estos dos proyectos de ley, interviene el señor Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista.
Vuelve a hacer uso de la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
En turno de réplica interviene el señor Saura García.
Hace uso de la palabra la señora Valerio Cordero.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; Calduch Cervera, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU,
ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Picó i Azanza y la señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, así como el señor López-Amor García y la señora Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proyecto de Ley por la que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35 euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa, para atender al pago de obligaciones correspondientes a programas
especiales de armamento y a la realización de otras actuaciones del Departamento (procedente del Real Decreto-ley 7/2015, de 14 de mayo.) ... (Página37)
En defensa de su enmienda a la totalidad de texto alternativo interviene el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto, así como en turno de fijación de posición el señor Baldoví Roda, del mismo grupo.
En defensa de sus enmiendas a la totalidad de texto alternativo intervienen la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y el señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de
Unió.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sanz Remón, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; López Garrido, don Diego, del Grupo
Parlamentario Socialista, y la señora Barreiro Álvarez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas ... (Página47)
Tercer Protocolo de Enmienda del Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988, y sus enmiendas, hecho en Washington el 17 de junio de 2015 ...
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; y los señores Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Xuclà i
Costa, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió; López Garrido, don Diego, del Grupo Parlamentario Socialista, y Tarno Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página50)
Del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, sobre la necesidad de que el Gobierno contemple la inmediata reducción del IVA a peluquerías y a los servicios prestados por personas físicas que practiquen el deporte o la educación
física en gimnasios e instalaciones deportivas, actividad muy vinculada a la mejora de los hábitos de salud ... (Página50)
Defiende la moción el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Calduch Cervera, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia, y Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora Blanquer Alcaraz, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Gallego Burgos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página56)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página56)
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de devolución al proyecto de ley de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se rechaza por 129 votos a favor; 174 en contra más 1 voto telemático, 175, y
13 abstenciones.
Avocación por el Pleno ... (Página56)
Sometida a votación la solicitud de avocación por el Pleno del proyecto de ley de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se rechaza por 148 votos a favor; 173 en contra más 1 voto telemático, 174, y
1 abstención.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de devolución al proyecto de ley Orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal, se rechaza por
126 votos a favor; 181 en contra más 1 voto telemático, 182, y 15 abstenciones.
Sometidas a votación separada las enmiendas a la totalidad de texto alternativo al proyecto de ley por la que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35 euros en el presupuesto del
Ministerio de Defensa, para atender al pago de obligaciones correspondientes a Programas Especiales de Armamento y a la realización de otras actuaciones del Departamento (procedente del Real Decreto-ley 7/2015, de 14 de mayo), son rechazadas todas.
Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página57)
Sometida a votación la tramitación directa y en lectura única del Tercer Protocolo de enmienda del Convenio de cooperación para la defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988, y sus enmiendas,
hecho en Washington el 17 de junio de 2015, se aprueba por 301 votos a favor más 1 voto telemático, 302; 14 en contra y 2 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página58)
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, sobre la necesidad de que el Gobierno contemple la inmediata reducción del IVA a peluquerías y a los servicios
prestados por personas físicas que practiquen el deporte o la educación física en gimnasios e instalaciones deportivas, actividad muy vinculada a la mejora de los hábitos de salud, se rechaza por 145 votos a favor, 169 en contra y 7 abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA. (Número de expediente 121/000146).
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE REGULA EL ACCESO Y PUBLICIDAD DE DETERMINADA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS SENTENCIAS DICTADAS EN MATERIA DE FRAUDE FISCAL. (Número de expediente 121/000160).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Empezamos con el debate de totalidad de iniciativas legislativas, en concreto el proyecto de ley de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y el proyecto de ley orgánica por la que se regula el acceso
y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal, que se debatirán acumuladamente conforme a lo acordado en la Junta de Portavoces y ratificado por la Diputación Permanente.
Para la presentación de los proyectos de ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor presidente, señorías, el Gobierno trae hoy al Congreso para su convalidación el proyecto de ley de modificación parcial de la Ley General Tributaria y el
proyecto de ley orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal. Sus principales objetivos son potenciar la lucha contra el fraude, reforzar la
seguridad jurídica, tanto de los contribuyentes como de la Administración tributaria, y reducir los litigios en esta materia con una regulación más precisa y clara de todos los procedimientos de gestión del sistema tributario.
Señorías, podríamos decir que el sistema tributario es un espejo muy fiable de la situación de un país, de la moral de una sociedad. La estructura de la Administración tributaria, las leyes que lo regulan, su capacidad de recaudación, la
ambición y eficacia de sus funcionarios y los resultados de la lucha contra el fraude, su imbricación en el contexto internacional, la sencillez y modernización de su modelo fiscal y la equidad de sus impuestos nos dicen de qué país estamos hablando
y cuáles son sus objetivos. Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno ha dado una gran importancia a la política fiscal y a la modernización del sistema tributario para conseguir las metas económicas de crecimiento y de creación de empleo.
Sin duda, esta política ha sido uno de los instrumentos más eficaces de cuantos hemos utilizado tanto en los primeros meses, allá por el año 2012, como cuando se fraguó la estrategia de salida de la crisis, como en la actualidad, con una reforma
fiscal que está siendo determinante en el proceso de recuperación económica.
Los resultados que hemos ido consiguiendo estos años contrastan poderosamente con la ineficaz respuesta que se había dado en años anteriores, en años de dura crisis económica. Lejos de utilizar la política tributaria para tratar de detener
el golpe de la crisis, lejos de realizar una reforma fiscal que amortiguara el daño social que amenazaba al país, lejos de mover todas las palancas tributarias que hubieran servido para acompañar a una reforma de las estructuras económicas que
marcaran el camino de la recuperación, medidas puestas en marcha por el anterior Gobierno hicieron que los cimientos del sistema tributario español se volvieran frágiles e incapaces de sostener durante mucho tiempo las necesidades de nuestro Estado
y en concreto del Estado del bienestar. Eran tiempos de una política de desmesurado incremento del gasto público y de una estrategia tributaria irreflexivamente expansiva, supuestamente expansiva, en la que las ayudas fiscales ni ayudaban con
suficiencia a las personas ni mejoraban la situación general. España se encontró en solo un par de años con una pérdida de recaudación de 70.000 millones de euros, la mayor que se había producido en toda la OCDE, que provocó que un superávit de las
administraciones públicas superior al 2 % del producto interior bruto se transformara en un déficit, en dos años, del menos 11 % del producto interior bruto. Todo esto unido a otros factores que se habían ido descuidando en nuestra economía, como
el endeudamiento externo o la pérdida de competitividad, nos convirtió en un país extremadamente vulnerable a la crisis, en un país que sufrió una profunda crisis fiscal del Estado. Estaba claro que aquellas recetas nos empujaban a una deriva
similar a la que arrastraba a las economías de otros países de la periferia de Europa y estaba claro que estábamos
ante un fallo esencial de la política económica que se había demostrado incapaz de impulsar los resortes necesarios para detener esa letal pérdida de recaudación. De hecho, había permitido e incluso estimulado el endeudamiento excesivo de
nuestro tejido económico y también se había mostrado impasible ante el hecho de que grandes compañías, grandes empresas de nuestro país y operando en nuestro país apenas pagaran el impuesto sobre sociedades. Debo recordar que en el año 2011 el tipo
efectivo sobre el resultado contable positivo de los grandes grupos consolidados en España se situaba en el 3,8 % e incluso había varias empresas del IBEX que pagaban en España el 0 % de tipo efectivo de sociedades. Ese mismo año los pagos a cuenta
de grupos suponían 7.626 millones de euros, mientras que el año pasado, año 2014, el pago fraccionado de esos mismos grupos consolidados superó los 19.900 millones de euros.
Señor presidente, señorías, es evidente que España no es Grecia ni por su potencia económica ni por la estructura y eficacia de su Administración tributaria, pero por la forma de actuar de anteriores gobernantes pudimos llegar a serlo.
Aquellas decisiones y aquella situación nos empujaban a un rescate que hubiera dejado en manos de terceros decisiones esenciales de nuestra economía y de nuestro bienestar con las negativas consecuencias tanto desde el punto de vista social como el
estrictamente económico. Ya sabemos, y no es menor que lo recordemos en la tarde de hoy, lo que ha pasado con las pensiones públicas en Grecia o en Portugal. Sabemos lo que ha pasado con la retribución de los funcionarios públicos en estos países.
Es cierto que en España también ha habido que hacer sacrificios, pero la política social ha podido mantener un gasto público del orden del 27,5 % del producto interior bruto. Nuestros pensionistas han conservado su poder adquisitivo, el cobro de
las pensiones está garantizado en su totalidad mes a mes y los funcionarios ya han comenzado a recuperar la paga extra que quedó aplazada en el año 2012. Lo mejor de todo es que en el caso de España los sacrificios, los esfuerzos de ayer son las
oportunidades de hoy y de mañana, mientras que las estrategias que descuidan el déficit y no manejan adecuadamente la política fiscal prolongan en el tiempo las consecuencias más negativas de la crisis que son las que recaen sobre los ciudadanos.
No, señorías, España no es Grecia ni aquí va a haber un corralito que obligue a nuestros pensionistas a soportar largas colas bajo el sol para sacar de los bancos unas decenas de euros para poder comprar su alimentación básica. Espero que
algunos recuerden estas imágenes la próxima vez que digan que nos hemos equivocado de política económica en España o la próxima vez que digan que no debimos ayudar a los bancos en dificultades para proteger a los ciudadanos que tenían depositados en
ellos sus ahorros y, por tanto, su capacidad económica fundamental. España no es Grecia porque la política económica y fiscal que pusimos en marcha desde el primer día de esta legislatura es diametralmente diferente de la que se hizo en otros
lugares y diferente de la que se había hecho en España. Nosotros sí que nos tomamos en serio desde el primer momento la reducción del déficit, nosotros sí que nos tomamos en serio las reformas estructurales de la economía y nosotros sí que nos
tomamos en serio la política tributaria; y lo seguimos haciendo, como lo demuestra la reforma legal que hoy traemos al Congreso y el adelanto de la segunda fase de la reforma fiscal que aprobará el Consejo de Ministros el próximo viernes y que
entrará en vigor con efectos desde el actual mes de julio. Por eso, ahora estamos donde estamos y no donde nos hubieran llevado las medidas puestas en marcha en anteriores legislaturas. Por eso, España hoy es un país en marcha que avanza a la
cabeza del crecimiento y la creación de empleo entre los grandes países de la Unión Europea y no está encerrada en ningún corralito de abrumadora desesperanza. Quiero recordar en esta Cámara que en el año 2012 un Premio Nobel de Economía anunció
que habría corralito en España. Se equivocó, se equivocó profundamente sobre la capacidad, la convicción y la fuerza que tienen los españoles a la hora de afrontar las crisis.
Al llegar al Gobierno, en 2012, nos encontramos con que, al no haberse atajado el continuo deterioro de las bases imponibles -especialmente sobre el gasto-, estábamos obligados a tomar decisiones tributarias que frenaran la pérdida de
recaudación. En una primera fase estabilizamos las finanzas públicas, es cierto que con un incremento de impuestos; un incremento que, como se está viendo, era limitado en el tiempo y profundamente equitativo en su distribución. En primer lugar,
se actuó fundamentalmente en el IRPF y en el impuesto sobre sociedades. Si hubiéramos comenzado subiendo el IVA, como algunos afirmaban, seguramente el año 2012 hubiera sido peor en términos de recesión económica y de pérdida de puestos de trabajo.
En el año 2012, una vez que Europa estaba sumida en la crisis y también en la parálisis de las instituciones que marcaba el comportamiento de Europa en aquel julio del año 2012, procedimos a una subida del IVA que no afectó al tipo superreducido,
porque es el que se aplica a productos de primera necesidad y, por tanto, el que sirve para proteger la cesta de la compra básica de las personas con menores niveles de renta. También limitamos el impacto que esta subida
pudiera tener en sectores estratégicos de nuestra economía, como el transporte de mercancías asociado a la exportación; el turismo, que representa más del 10 % de nuestro producto interior bruto y del empleo, y la alimentación, que hoy en
España está sujeta al tipo superreducido o reducido de IVA. Estas decisiones en política tributaria consiguieron que no solo no disminuyeran los ingresos, sino que, a pesar de que estábamos en recesión económica con una caída del producto interior
bruto en términos nominales que en el año 2012 llegó a ser de menos 1,9 %, los ingresos tributarios aumentaran un 4 % respecto al año anterior. Al adoptarse aquellas medidas nuestros ingresos subieron en 7.000 millones de euros. De esa cantidad la
mayor parte la aportó la recaudación del impuesto sobre sociedades, 3.344 millones, mientras que la suma de IRPF e IVA fue de 2.777 millones. Además, insisto en que estos incrementos fueron equitativos en el reparto de la carga, tanto en lo que se
refiere al IRPF como al impuesto sobre sociedades. Al subir el IRPF lo hicimos de una manera decididamente proporcionada al nivel de ingresos, con un gravamen complementario que incrementó el tipo mínimo solo un 0,75 %, mientras que la tarifa
máxima se incrementó en 7 puntos porcentuales. De esta manera, el 74 % de la recaudación global del gravamen complementario lo aportó el 12 % del total de los contribuyentes que tienen bases superiores a los 30.000 euros. Es más, sobre 27 millones
de contribuyentes que hay en España, 64.000 que ganan más de 150.000 euros al año y que representan el 0,25 % del total aportaron más del 20 % de la recaudación del gravamen.
En cuanto al impuesto sobre sociedades, la subida que promovimos afectó únicamente a las grandes empresas, justo a las que con un Gobierno socialista anterior se había decidido no molestar para que pudieran seguir bajando sus tipos medios
efectivos. De manera que, como he dicho antes, para los grandes grupos consolidados el tipo efectivo se había situado en el año 2011, en el 3,8 %. En cambio, entre 2012 y 2013, los pagos a cuenta de los grandes grupos y empresas se incrementaron
en 7.066 millones de euros, mientras que los de las empresas de reducido tamaño seguían bajando, como no puede ser de otra manera, como lo hacían sus beneficios, y bajaron en 387 millones. Al recuperar la recaudación, esta política fiscal, junto al
control del gasto público, permitió reducir el déficit y que España recuperara a marchas forzadas su credibilidad internacional. Una credibilidad que, mientras estuvo bajo mínimos, nos situaba al borde del rescate y que a partir de entonces nos
ofreció grandes ventajas para poder financiar con unos tipos de interés muy bajos el sostenimiento de los servicios públicos y, fundamentalmente, el gasto social de todas las administraciones. Además, esa credibilidad se ha traducido en un
constante incremento de la inversión extranjera y en una importante mejora de la capitalización bursátil y de la riqueza financiera de los hogares.
Una vez que se estabiliza la recaudación, desde la segunda mitad del año 2013, se advierte la mejora del comportamiento de las bases imponibles, por lo que la política tributaria aborda otro tipo de medidas fiscales para estimular de forma
selectiva el emprendimiento y el crecimiento económico, y para dar mayor eficacia al funcionamiento del sistema tributario. Me estoy refiriendo a las medidas de apoyo al emprendedor, reducción en los dos primeros años, IVA de caja, las figuras de
apoyo a la inversión de los emprendedores, deducción por reinversión de beneficios y a la creación de nuevas empresas, medidas para dinamizar el mercado inmobiliario de arrendamientos, Socimi, y régimen especial de arrendamiento, la bajada de
retenciones a autónomos de menores ingresos -por debajo de 15.000 euros-, los nuevos estímulos para reducir el endeudamiento empresarial, que tanto daño habían hecho a la economía, facilitando las refinanciaciones o reestructuraciones de deuda,
iniciativas para mejorar la competitividad o la armonización de la imposición sobre depósitos bancarios. Además, el año 2013, pusimos en marcha la comisión de expertos para la reforma fiscal, el embrión del que nacerá la rebaja de impuestos que ha
estimulado nuestra economía y ha aumentado el ritmo de crecimiento y la capacidad de implantación del sistema retributivo, y ahora la reforma de la Ley General Tributaria. El resultado es que las bases imponibles, que habían sufrido un descalabro
en años anteriores, vuelven a ser positivas desde el último trimestre de 2013. Ya en 2014, se incrementan en un 2,6 %, después de seis años consecutivos de descenso. Este incremento no obedece a la subida de impuestos, sino a la mejora de la
actividad económica que se comienza a fraguar desde finales del año 2012. El inicio de la recuperación es ya, en las postrimerías de 2013, una realidad y la recaudación neta de 2014 se incrementa en 6.140 millones de euros, un 3,6 % respecto a
2013. En 2014 se crean más empresas en España, el PIB crece el 1,4 % y, afortunadamente, se crean más de 400.000 puestos de trabajo. Es entonces cuando, por fin, podemos empezar a bajar los impuestos.
La reforma tributaria que ha entrado en vigor este año ha rebajado los impuestos de manera equitativa, de la misma manera que se ha desarrollado años anteriores el resto de la política fiscal. La rebaja final media en el IRPF será del 12,5
%, aunque, como saben sus señorías, esa rebaja es mayor para las rentas medias y bajas. La rebaja llega al 23,5 % para el 72 % de los contribuyentes, que son los que cuentan con
ingresos inferiores a 24.000 euros anuales. Además, los que cobran un salario de hasta 12.000 euros al año -los mileuristas- directamente dejan de pagar el impuesto; ni siquiera tienen retenciones en su nómina. Con el adelanto de la
entrada en vigor de la segunda fase de la reforma de la rebaja del IRPF, el tipo mínimo se queda desde julio en el 19,5 % y terminará en el 19 % en 2016, 5 puntos más bajo que el que tenía el anterior Gobierno socialista, mientras que el tipo máximo
pasará a estar en 2016 en el 45 %, el mismo que existía en la anterior legislatura; fue el Gobierno del Partido Popular el que incrementó, estos años de crisis, el IRPF para que las rentas altas pagaran más impuestos haciendo, por lo tanto, el
sistema tributario más equitativo. Además, hemos mejorado los mínimos familiares después de seis años congelados y hemos introducido ayudas a las familias numerosas y a las que tienen a su cargo a personas con discapacidad. Es decir, no solo hemos
sostenido en estos años el Estado del bienestar, pese a la recesión, manteniendo el gasto social del conjunto de las administraciones públicas en el 27,5 %, sino que hemos estimulado, aplicado y fomentado la equidad fiscal. Por tanto, hemos frenado
la desigualdad y estamos promoviendo nuevas ayudas a colectivos, que son los que necesitan mayor apoyo del Estado. Hoy estamos creciendo y creando empleo a la cabeza de Europa, y todo esto gracias a manejar adecuadamente los mecanismos fiscales que
los Gobiernos tenemos a nuestra disposición.
Salir de la crisis y afrontar la recuperación pasaba por fortalecer toda la estructura de nuestro sistema fiscal, desde la propia organización de la Administración tributaria a la capacidad de aumentar los ingresos, prestando especial
atención al potencial de tributación que ofrecían las grandes empresas y las personas con mayores rentas; y, por supuesto, había que intensificar la lucha contra el fraude. Señorías, había que buscar las nuevas bolsas de fraude, había que utilizar
fórmulas para luchar contra el mismo, sobre todo el fraude de mayor cuantía y el fraude fiscal que se oculta en el extranjero. El fraude a la Hacienda pública nunca se puede tolerar. El fraude es el mayor enemigo de la equidad y de la justicia
fiscal. Hay que pagar impuestos; es el pago por vivir en una sociedad civilizada y desarrollada. Para eso, los gobernantes deben diseñar un modelo que haga pagar más a quien más tenga y que, a la vez, sea un sistema que no puedan eludir quienes
tienen más capacidad, precisamente, de acudir a la evasión fiscal, a la evasión tributaria. Contribuir al sostenimiento de las cargas del Estado, y muy especialmente del Estado del bienestar, no es solo un deber constitucional, es también una
obligación cívica que nos afecta y nos incumbe a todos, y que se hace aún más exigente en los momentos de dificultades económicas, cuando hay un mayor número de personas que carecen de los medios imprescindibles para llevar adelante una vida digna.
El fraude a la Hacienda pública es una lacra social; una lacra que es más grave cuanto más extendida está y más condenable cuanto mayor poder adquisitivo o mayor notoriedad tienen los defraudadores. Por eso, nunca he entendido a quienes se
presentan como víctimas cuando son objeto de una inspección tributaria, ni a quienes, incluso, desde los diferentes ámbitos -también, obviamente, desde importantes ámbitos políticos- hablan de persecuciones a determinados colectivos, como si la
lucha contra el fraude tuviera que tener cuidado para no molestar a unos o a otros o, simplemente, no molestar a algunos que se llaman amigos. La lucha contra el fraude debe considerarse una de las prioridades de cualquier gobierno democrático y,
por supuesto, debe tener el apoyo del conjunto de la sociedad. El dinero que los defraudadores ocultan del control tributario resulta necesario para todas las políticas del Estado, pero muy especialmente para sostener las políticas sociales propias
del Estado del bienestar. Es un dinero necesario para sostener con garantías la sanidad universal pública y gratuita, para que los niños y jóvenes tengan acceso a una educación de calidad en todos los niveles o para pagar las prestaciones sociales
de los que más lo necesitan. El dinero que los defraudadores no aportan a las arcas públicas es, en conclusión, dinero que pagamos el resto de los ciudadanos que sí cumplimos la ley, incluidos aquellos a los que más esfuerzo les cuesta ganarlo.
Por eso, hay que perseguirlo con contundencia. Este Gobierno se reconoce en un objetivo fiscal que es fácil de entender y asumir: que todos sin excepción paguemos lo que nos corresponde para que a todos nos corresponda pagar menos. Si todos
pagamos lo que nos corresponde podremos tener un Estado del bienestar sostenible, sin necesidad de soportar unos impuestos altos. Con esa filosofía ha actuado el Gobierno en estos años y llegamos al final de esta legislatura poniendo los medios
para cumplir ese objetivo.
Además de aprobar las medidas normativas que he detallado al comienzo de mi intervención y que han permitido superar el naufragio fiscal de la pasada legislatura, el Gobierno ha intensificado la lucha contra el fraude fiscal con otras
iniciativas legales y con un refuerzo de los medios con que cuenta la Agencia Tributaria. Así, hemos conseguido una Administración más eficaz y moderna y una mejora sustancial tanto en los resultados de recaudación como en la conciencia fiscal de
la sociedad. Señorías, cada ejercicio desde el año 2012 la Agencia Tributaria viene recaudando en la lucha contra el fraude el
equivalente a más del 1 % del producto interior bruto español. En 2014 se consiguió la mayor recaudación de la historia, 12.318 millones de euros, y los resultados del primer semestre de este año constituyen el mejor arranque de un
ejercicio, con cerca de 6.500 millones de recaudación, un 20 % más que en el primer semestre del año pasado. En estos tres años y medio de legislatura se han recaudado más de 40.000 millones de euros y 5.000 millones más que en los cuatro años
anteriores completos, fruto del esfuerzo que se ha hecho en la prevención y en la lucha contra el fraude y también contra los defraudadores, debo decir, porque muchas veces hablamos de fraude como si fuera algo estructural, impersonal, sin
protagonistas, y claro que hay protagonistas. No hay fraude sin defraudadores. Los defraudadores, como los deudores, son personas y empresas insolidarias -personas con su correspondiente nombre y apellido y empresas con su correspondiente razón
social- contra las que hemos estado actuando estos años, sin que nos haya importado quiénes eran, cuáles eran sus nombres, su filiación política o su relevancia social. Y a partir de ahora seguiremos haciéndolo con nuevos medios e instrumentos,
como los que incluye la actual reforma de la Ley General Tributaria.
Señorías, estos resultados sobresalientes en la lucha contra el fraude a los que he hecho mención tienen su origen en un ejercicio de voluntad política. El Gobierno fue firme desde un primer momento en el impulso de la lucha contra el
fraude con iniciativas adoptadas en diversos ámbitos. Por un lado, con medidas de gestión, que han ido intensificando las actuaciones de la Agencia Tributaria. Aquí me gustaría destacar el Plan especial de intensificación de actuaciones, aprobado
el año pasado en colaboración con los sindicatos de funcionarios, que ha permitido incrementar los ingresos directos de actuaciones de control casi un 25 % por encima de las previsiones. Este incremento ha supuesto a su vez una mejora en la
retribución del personal de la agencia. Por otro lado, desde el año pasado hemos apostado por mejorar la dotación de medios materiales y humanos para compensar las restricciones adoptadas durante los años de crisis e incluso el descuido que se
produjo en años anteriores, cuando el número de funcionarios de la Agencia Tributaria disminuyó, a pesar de que crecía el número de funcionarios en otros ámbitos de la Administración pública. En 2014, por primera vez desde el año 2009, se
incrementó ligeramente el presupuesto de la Agencia Tributaria y este año el aumento ha sido del 5 %. Además, la oferta de empleo público ordinaria y extraordinaria de estos dos años supone la incorporación de 2.038 trabajadores entre el turno
libre y el de promoción interna. Otros 244 funcionarios se han trasladado voluntariamente desde otras áreas del sector público, con recursos excedentes, y otros 50 lo harán a final de este mes. Me gustaría destacar que desde la creación de la
Agencia Tributaria en 1992 no se habían convocado ofertas extraordinarias de esta importancia, lo que refleja precisamente que el Gobierno quiere reforzar la plantilla de la agencia. El impulso decidido del Gobierno, pero sobre todo la
profesionalidad de los funcionarios que trabajan en la Agencia Tributaria, se ha traducido en una mejora de la eficacia de sus actuaciones, tanto en proporción a los medios humanos disponibles como a los medios materiales, con lo que España se sitúa
por su eficiencia en los puestos de cabeza de los países de nuestro entorno.
Entre las medidas de impulso quiero recordar la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria, que incluye, entre otras medidas, la obligación de declarar bienes y derechos situados en el
extranjero a través del modelo 720. Después de tres ejercicios de vigencia, más de 197.000 contribuyentes han declarado por primera vez activos en el exterior por valor cercano a los 124.500 millones de euros. Este es un fenómeno que no se había
producido nunca en la historia de la Hacienda de España y permite ampliar las bases imponibles declaradas y perseguir el fraude de aquellos residentes cuyas declaraciones fiscales no sean congruentes con los activos o rentas que tengan en el
exterior. Tras las declaraciones presentadas el primer año, además de informar de nuevos bienes, los contribuyentes han ido actualizando su relación de bienes y derechos en el extranjero en los dos ejercicios siguientes, reflejando separadamente
aquellos que han sido extinguidos o revocados -aproximadamente 16.000 millones en 2014 y 12.500 millones en 2015- y aquellos en los que se produce una alteración de su valor superior a 20.000 euros -hasta 70.000 millones en 2014 y casi 46.000
millones en 2015-. Por tipos de bienes, se han declarado más de 21.600 millones de euros en cuentas, 11.000 millones en inmuebles y más de 91.700 millones en fondos, seguros y acciones. Por países, Suiza es el que tiene un mayor importe de
patrimonios declarados, con un total cercano a 20.000 millones de euros, seguido por Andorra, donde se declaran 4.000 millones. Esta iniciativa se une a la declaración tributaria especial, por la que se regularizaron bienes y derechos por alrededor
de 40.000 millones de euros, que no estaban controlados por la Agencia Tributaria anteriormente, y por la que se consiguió recaudar casi 1.200 millones de euros. Como ya he dicho en otras ocasiones, esta regularización, además de ensanchar las
bases imponibles de las principales
figuras impositivas, ha proporcionado una información muy valiosa en la lucha contra el fraude, igual que lo ha hecho el modelo 720.
Finalmente, me gustaría destacar las iniciativas que hemos adoptado estos años en estrecha colaboración con otros países de nuestro entorno, encaminadas a establecer un sistema internacional de intercambio de información automática y
estandarizada y en la lucha para evitar la erosión de bases imponibles de las multinacionales y la transferencia artificial de beneficios internacionales de unos países a otros, con el objetivo de eludir el pago de impuestos. Además, España ha
continuado firmando convenios bilaterales para evitar la doble imposición con cláusulas de intercambio de información, así como acuerdos de intercambio de información con países que en el pasado fueron considerados paraísos fiscales, como Andorra,
Mónaco, Singapur o Hong Kong. Todas estas iniciativas han conseguido en muchos casos acorralar a los defraudadores que, cercados por la actuación de la Administración tributaria, no han tenido más remedio que regularizar su situación, como ha
ocurrido en casos muy notorios, muy conocidos de la opinión pública española, lo que demuestra la eficacia de las acciones emprendidas.
Señorías, decía al comienzo de mi intervención que el sistema tributario -sus impuestos, sus instituciones y sus relaciones- constituye el espejo más fiable de la situación y la trayectoria de un país. Por eso, los cambios que estos años
hemos experimentado en España se han ido reflejando en nuestro sistema fiscal. Un país como España, que estuvo al borde de la bancarrota, nos mostraba sin duda alguna un sistema tributario mal dirigido y poco eficiente, sumido en una grave crisis
de medios, recursos y resultados; en cambio, un país que supo sobreponerse a la depresión, a la recesión económica y modernizar sus estructuras puso en marcha una política fiscal decidida a recuperar sus ingresos y aprovechar todas sus
potencialidades. Es el mismo país que ha buscado una salida a la crisis pensando en las personas y que ha situado con prioridad el empleo y el gasto social, que por descontado ha tenido a su servicio una política tributaria progresiva en el
esfuerzo y muy agresiva contra el fraude. Gracias a eso hemos podido proteger la equidad del sistema, y hoy en día, cuando el país se está recuperando, puede permitirse bajar impuestos para compensar a los ciudadanos el esfuerzo que han hecho y
para seguir impulsando nuestro crecimiento económico, nuestra demanda interna, el consumo, abaratando los costes de los puestos de trabajo, con la consiguiente traducción del crecimiento económico en nuevas oportunidades de empleo. España puede
bajar los impuestos porque su economía se lo permite e incluso porque su economía se lo pide. Estamos en un momento en que hay que seguir estimulando la actividad económica para seguir creando empleo, para que haya cada vez más trabajo y de mayor
calidad. Es lo que estamos haciendo, es lo que anunció el presidente del Gobierno al anticipar al mes de julio la rebaja en el IRPF que por ley teníamos prevista que entrara en vigor el 1 de enero de 2016. Aspiramos además, señorías, a
perfeccionar nuestro sistema fiscal para que cada vez sea más justo y equitativo, con el objetivo de ser cada vez también un país, además de solidario, comprometido con los más débiles, en el que todos los que podamos pagar paguemos también pero
menos impuestos, gracias a que todo el mundo pague lo que le corresponde y donde el egoísmo fiscal que supone el fraude no reciba la comprensión de nadie, sino el reproche social del conjunto de los ciudadanos, de manera que entre todos podamos
desterrar esta práctica lamentable.
Una de las iniciativas que también ha llamado la atención del proyecto de ley orgánica que sometemos esta tarde a la Cámara y de la reforma de la Ley General Tributaria y que representa el broche a la reforma fiscal puesta en marcha este año
por el Gobierno, es la que contempla dar publicidad a partir del próximo 31 de julio a la lista de deudores de mayor cuantía con la Administración y al contenido esencial de las sentencias firmes por delito fiscal. No sé si es necesario aclarar que
estas medidas no son un fin en sí mismas. El objetivo no es someter al escarnio público a nadie, ni a deudores ni a defraudadores, como si estuviéramos ejerciendo una venganza fiscal. La lista de deudores y la publicación en el Boletín Oficial del
Estado de las sentencias firmes por delito contra la Hacienda pública, tales como el delito fiscal, la insolvencia punible y el contrabando, no constituyen una moderna picota en la que exhibir cabezas virtuales de deudores o de defraudadores. En
realidad, se promueven como un instrumento para evitar el fraude; un instrumento para incentivar el pago voluntario de deudas e impuestos. Lo que pretende el Gobierno es que todos los ciudadanos y empresas paguen lo que les corresponde y en el
momento en que les corresponde, en especial aquellos que tienen más medios. Algunos no lo hacen voluntariamente, porque se parapetan detrás de la confidencialidad que otorgan las leyes, con carácter general, a los datos fiscales y piensan que sus
actos no van a ser conocidos y, por tanto, no va a afectarles ni a su convivencia diaria ni a su actividad económica. Lo que hacemos ahora es levantar ese velo que oculta la identidad de los ciudadanos y empresas insolidarios,
precisamente aquellos que muchas veces son los que tienen mayor poder económico. A partir de ahora quedan advertidos de que si tienen deudas y sanciones tributarias por encima del millón de euros y no las pagan en un determinado plazo de
tiempo, o si son condenados por delito fiscal y no pagan lo que les corresponde antes de que haya una sentencia firme contra ellos a la hora de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, su falta será conocida por todos, quedará al desnudo,
expuesta para recibir el reproche social del resto de los ciudadanos. Esperamos que con esta medida que introduce la transparencia en la lucha contra el fraude y la morosidad aquellos que no parecen temer ni multas ni sanciones, aquellos que
desprecian las leyes y se creen que están por encima de los demás cuando se trata de pagar impuestos, se lo piensen dos veces antes de realizar defraudaciones. Si hasta ahora pueden hacerlo pensando que nadie va a conocer su secreto, a partir de la
entrada en vigor de la ley sabrán que sus actos, además de la correspondiente sanción económica o judicial, serán de dominio público y pueden tener consecuencias tanto para sus relaciones sociales como para las profesionales.
Además de mayor transparencia, la sociedad también demanda que la Administración cuente con instrumentos eficaces para hacer frente a las estructuras más sofisticadas de fraude, que aprovechan los contribuyentes que tienen más capacidad para
su desarrollo y aplicación. Así, la reforma de la Ley General Tributaria introduce una nueva infracción tributaria grave por incumplimiento de las obligaciones fiscales mediante actos o negocios constitutivos de conflicto en la aplicación de la
norma, actuaciones artificiosas o fraudulentas dirigidas únicamente a obtener ahorros fiscales, abusando de lo establecido en las normas tributarias. Se trata de abordar los comportamientos más sofisticados de fraude fiscal. Además, para combatir
la economía sumergida se mejora el método de estimación indirecta de las bases imponibles en los casos en los que la Administración no dispone de los datos necesarios para su cálculo. Esto mejorará la seguridad jurídica al especificar legalmente el
origen de los datos a utilizar y su aplicabilidad tanto para la determinación de ingresos -ventas- como de los gastos -compras- y dota a la Administración tributaria de un mejor instrumento contra la economía informal. Asimismo, la ley aclara y
precisa el derecho a comprobar las obligaciones tributarias en el caso de ejercicios prescritos, siempre que sea necesario en relación con obligaciones y derechos correspondientes a ejercicios no prescritos. Me parece importante destacar que en el
caso de indicio de delito fiscal se modifica el procedimiento. Hasta ahora, la norma general supone que, cuando aparecen estos indicios, el caso se remite al juez o a la fiscalía, pero se paralizan las actuaciones administrativas y no se practica
la liquidación, lo que perjudica a la Hacienda pública. A partir de ahora, la Agencia Tributaria podrá continuar el procedimiento para liquidar y recaudar las cuantías defraudadas a expensas de la decisión judicial. Con esta medida se busca
adelantar y garantizar el cobro del dinero defraudado dentro del respeto a la garantía del proceso judicial.
Finalmente, la reforma introduce modificaciones para reducir la conflictividad e incrementar la seguridad jurídica. En el primero de los casos se amplía la facultad de los órganos de la Administración tributaria para dictar disposiciones
interpretativas o aclaratorias de carácter vinculante que eviten así el conflicto sobre su interpretación. También se abren nuevas líneas de colaboración entre contribuyentes y Administración para fomentar el cumplimiento cooperativo de las
obligaciones tributarias, y se sientan los fundamentos legales del proyecto de suministro inmediato de información para la gestión del IVA en tiempo real, que empezará a funcionar el 1 de enero de 2017. Respecto a las medidas para incrementar la
seguridad jurídica, se establecen nuevos plazos más amplios para el procedimiento de inspección y se mejoran las reglas para su cómputo, de manera que el contribuyente conozca claramente cuál es la fecha límite del procedimiento. Estos cambios
suponen una importante simplificación de la normativa vigente, con reglas más claras y garantistas que contribuirán a una mayor eficacia administrativa y una reducción significativa de la conflictividad tributaria en este ámbito. Por otra parte, se
aprueban medidas para agilizar la actuación de los tribunales económico-administrativos y reducir la litigiosidad, mejorando la regulación de los procedimientos y promoviendo la utilización de medios electrónicos en todas sus fases. Entre otras
novedades, se potencia el sistema de unificación de doctrina intratribunales y el procedimiento abreviado y se acortan algunos plazos de resolución.
Señorías, a lo largo de estos años el Gobierno ha impulsado una reforma de nuestro sistema fiscal para impulsar el desarrollo económico y social de España, para modernizarlo y hacerlo más justo y equitativo y para mejorar la lucha contra el
fraude. A pocos meses del final de la legislatura podemos decir que la política que hemos impulsado ha tenido importantes consecuencias positivas tanto en la realidad socioeconómica del país como en la mejora de la equidad del sistema y en la
persecución de las prácticas fraudulentas. La reforma de la Ley General Tributaria incide especialmente en este último aspecto, al poner a los potenciales defraudadores y deudores ante la posibilidad de que sus prácticas insolidarias se
vuelvan transparentes ante los ojos del conjunto de los ciudadanos y nos muestren el verdadero rostro de personas y empresas que no pagan en tiempo y forma sus deudas e impuestos. Nuestro objetivo es mejorar la conciencia social de todos y
estimular el pago voluntario mediante la persecución de los fraudes y deudas de mayor cuantía. España se prepara para vivir unos años de crecimiento y de creación de empleo que van a devolver a los ciudadanos no solo la esperanza, sino los niveles
de bienestar perdidos durante la crisis. En este nuevo escenario se hace imprescindible intensificar la actuación contra la economía sumergida, que hurta derechos sociales a los trabajadores, y contra el fraude y las deudas tributarias que atentan
contra el sostenimiento del Estado y, en concreto y de forma muy particular, del Estado del bienestar y obligan al resto de los ciudadanos a pagar impuestos más altos. Estamos empeñados en conseguir una sociedad más justa y eso incluye una
estructura fiscal más equitativa en la que todo el mundo pague sus impuestos para que estos puedan ser más reducidos, especialmente para las rentas medias y bajas. Ese ha sido el objetivo de la política tributaria desarrollada estos años y ese es
el objetivo de la reforma de la Ley General Tributaria que traemos al Congreso y para la que solicito el respaldo de sus señorías.
Gracias, señoras y señores diputados; gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
A cada uno de estos dos proyectos de ley que estamos debatiendo conjuntamente se ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución por parte del Grupo Socialista.
Para defender esas dos enmiendas, en su nombre tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, no engañe más al señor Rajoy, dígale la verdad, dígale que la deuda España es más de un billón de euros, dígale la verdad, no le engañe. La verdad es dura, lo sé, lo reconozco, pero desde que usted es ministro de Hacienda la
deuda pública ha crecido en 300.000 millones de euros, más que nunca en la historia de España y más que en ningún país del mundo. Dígale la verdad, señor ministro, no engañe al señor Rajoy, la deuda es de más de un billón de euros.
Claro que España no es Grecia, ni mucho menos; la economía española es una economía sólida, con agentes sociales potentes, claro que sí, señor Montoro. Pero cuando ustedes llegaron al Gobierno, 200.000 millones de euros de España salieron
como consecuencia de la poca credibilidad de su Gobierno. Cuando ustedes llegaron al Gobierno, la prima de riesgo se incrementó en 300 puntos básicos. Cuando ustedes llegaron al Gobierno, señor Montoro, la Bolsa cayó. Claro que España no es
Grecia; cuando ustedes llegaron al Gobierno hubo rescate; sí, rescate, con hombres de negro y con memorándum incluido, señor Montoro. España no es Grecia, y usted no tiene el look del señor Varufakis, por supuesto (Risas), pero le quiero decir
que después de lo que sucedió, vino el señor Draghi -menos mal que el Banco Central Europeo cambió su política monetaria- y a partir de ahí hubo crecimiento económico. Ese fue el germen del crecimiento económico de la economía española, señor
Montoro: el cambio en la política económica europea y particularmente la política monetaria, eso es lo que sucedió. Porque en los años 2005, 2006 y 2007 hubo superávit presupuestario; en el año 2007 hubo superávit primario, en el año 2007 la
deuda en España en relación con el PIB era del 35 % del PIB, el 35 %, eso nunca en la historia, nunca en la historia, y como consecuencia de la crisis económica, efectivamente, cayó la recaudación, pero en el año 2007 la recaudación se situó en
200.000 millones de euros con esas leyes impositivas; 200.000 millones de euros, más que nunca en la historia de la recaudación. Luego viene la crisis económica, por supuesto que sí, una crisis dura, y en ese momento cae la recaudación, señor
Montoro. Pero nunca en la historia, nunca en la historia de la democracia, España ha tenido tres años de superávit presupuestario: 2005, 2006 y 2007.
Usted hoy se pone estupendo al hablar de lucha contra el fraude fiscal, se pone estupendo. Los ciudadanos que le hayan podido escuchar pensarán: ¿este es el ministro que aprobó una amnistía fiscal? ¿Qué pensarán los contribuyentes de
usted como ministro de Hacienda, que aprobó una amnistía fiscal a la que se han acogido muchos dirigentes de su partido, en particular el vicepresidente económico del Gobierno de Aznar? ¿Qué pensarán los contribuyentes de su amnistía fiscal, a la
que se acogió, por ejemplo, el señor Bárcenas? Cuando usted habla de lucha contra el fraude y la mejora de la conciencia fiscal, ¿qué pensarán los contribuyentes cuando han conocido que la Agencia Tributaria no quiere cobrar al Partido Popular el
impuesto sobre sociedades? Es decir, a pesar de que el fiscal dice una cosa, de que el juez dice otra y de que la Audiencia Nacional dice otra, la dirección política de la Agencia Tributaria lo que dice es que las donaciones ilegales no deben
contar a la hora de calcular el impuesto sobre sociedades.
¿Qué pensarán los contribuyentes que tienen que pagar el impuesto sobre sociedades o el impuesto sobre la renta de las personas físicas de su política fiscal, señor Montoro? ¿Qué pensarán los contribuyentes cuando hayan conocido noticias
que decían que la dirección política de la Agencia Tributaria ha cesado a algunos directivos, a algunos inspectores porque querían que alguna empresa multinacional pagara sus impuestos? ¿Qué pensarán de su política fiscal los contribuyentes cuando
aquí esta tarde se ha puesto estupendo en la lucha contra el fraude hablando de su política fiscal? Señor Montoro, nunca en la historia en tan poco tiempo ha habido tantos escándalos en la Agencia Tributaria desde que usted es ministro de Hacienda,
nunca tantos escándalos. Por eso hoy se ha puesto estupendo a modo de balance pero el balance de su política fiscal es muy triste, desgraciadamente muy triste. Ha querido hacer ese balance, insisto, pero el balance político que ha hecho aquí no es
creíble. No es creíble porque efectivamente son muchos los escándalos.
Ahora, cuando está acabando la legislatura, nos trae dos leyes a este Parlamento que forman parte del conjunto de leyes de su política fiscal, la política fiscal del señor Montoro y del Partido Popular. ¿Por qué hemos presentado enmiendas a
la totalidad a estas leyes? Nuestras enmiendas a la totalidad tienen que ver lógicamente con las leyes, pero también son enmiendas a la totalidad a su política fiscal. Son enmiendas a las leyes porque el Gobierno no quiere publicar los nombres de
los acogidos a la amnistía fiscal. Puede hacerlo cambiando la Ley General Tributaria, como usted sabe, señor Montoro, pero no quiere publicar los nombres de los acogidos a esa amnistía fiscal. Tampoco va a publicar la lista de los defraudadores
por delito fiscal ni por sanción administrativa, cuestión que viene prometiendo desde hace dos años y medio, señor Montoro. Ni siquiera va a publicar la lista de los defraudadores condenados. Va a publicar la lista de los condenados por fraude
fiscal que no puedan pagar o avalar su condena. Ni se va a publicar la lista de los defraudadores por sanción administrativa si estos pagan, ni siquiera la de aquellos defraudadores por sanción administrativa, por ejemplo, que tengan una sanción
administrativa de 900.000 euros. Señor Montoro, nos ha traído a esta Cámara muchas leyes en esta legislatura, sobre todo de subidas de impuestos y también de bajada de impuestos a unos pocos, pero nunca un engaño como el que nos trae aquí esta
tarde. Acaba la legislatura engañando a los españoles porque ha dicho una cosa y, como siempre, hace otra. Le decía hace unos minutos al principio de mi intervención que es una enmienda a su política fiscal, la del Gobierno, por ser una política
fiscal conservadora que protege a las rentas más altas, que quiere un Estado del bienestar mínimo, jibarizado, porque en realidad no cree en el Estado del bienestar.
En definitiva, su política fiscal, señor Montoro, se puede simplificar en tanto tienes, tanto vales para Hacienda. Le voy a poner algunos ejemplos. No solamente aprobaron la amnistía fiscal, sino que además no quieren que se conozcan los
nombres, lo que daña la conciencia fiscal y daña los ingresos públicos. En este punto quiero decir que es perfectamente posible su publicación y además su publicación tiene dos ventajas. Es la garantía necesaria para apostar por la regeneración
democrática, la condición necesaria para hacer una auténtica apuesta por la regeneración democrática en nuestro país. Además, señor Montoro, su publicación es la garantía de que no se va a aprobar ninguna amnistía fiscal más en nuestro país.
Decía en su intervención que efectivamente se van a publicar nombres de defraudadores, pero no se va a publicar la lista completa de los defraudadores, sino que va a publicar la lista de los condenados que no pueden pagar o avalar su
condena. Es decir, que el que pueda pagar va a comprar su indulto; otro regalo más, otra amnistía más por parte del señor Montoro. Otro ejemplo de su política fiscal: 1.800 efectivos menos de la Agencia Tributaria durante la legislatura. En los
años del Gobierno socialista el número de efectivos crecía en la Agencia Tributaria y con usted se han reducido en 1.800 los efectivos, de tal forma que cuando habla de lucha contra el fraude y de objetivos cumplidos los datos de esta tarde lo que
vienen a decir es que venimos a ingresar prácticamente lo mismo que en los años del Gobierno del Partido Socialista. No hay un cambio de política, no hay un cambio de orientación y no hay un cambio de estrategia. Según los datos que esta tarde nos
ha contado aquí en la Cámara, estamos ingresando lo mismo que se ingresaba en los años del Partido Socialista y tenemos 1.800 efectivos menos. Eso quiere decir que los empleados de la Agencia Tributaria están funcionando eficazmente, como siempre
lo han hecho.
Puedo continuar hablando sobre su política fiscal. A poco que se produce una mejora en la recaudación no se utiliza para reponer los recortes sociales. Hay una mejora en la recaudación, pero el recorte en la política social, que se sitúa
en torno a los 15.000 millones de euros, no se repone. Es para que mejore el bienestar del 1 % más rico del país. Cuando hay una mejora en la recaudación no es para reponer la
disminución que se ha producido en la hucha de la Seguridad Social. Señor Montoro, había 70.000 millones de euros y la van a dejar a la mitad. La mejora en la recaudación no es para tratar de recomponer la hucha de la Seguridad Social, no;
es para el 1 % más rico del país. Cuando hay una mejora en la recaudación, no es para bajar los impuestos a las rentas más bajas. Usted ha subido los impuestos en 21.000 millones de euros, sin contar los ayuntamientos y las comunidades autónomas,
y básicamente ha sido a costa de las rentas medias y de los trabajadores, pero, cuando mejora la recaudación, es para el 1 % más rico del país, que es el que se lleva prácticamente los 9.000 millones de euros de su reforma fiscal. (El señor
vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia). Señor Montoro, usted lo dijo. Usted dijo cuando llegó en 2012 que iban a subir los impuestos a las rentas más altas subiendo el IRPF. Si lo que hace ahora es quitar lo que subió el IRPF, como
dice que fue progresivo, lo que hace es devolverles a ellos los impuestos que les habían subido, pero el IVA no lo ha bajado, el IBI tampoco ni el resto de impuestos. Es decir, subió impuestos a todo el mundo -también a estos, a este 1 %- y, cuando
mejora la recaudación, a este 1 % se los retira y, en consecuencia, mejoran sus ahorros. A todos los demás, a las rentas medias, les quedan los recortes de 15.000 millones de euros y el resto de impuestos. Luego su política fiscal es una política
que transfiere bienestar y recursos desde las rentas medias y los trabajadores a las rentas más altas. Esa es su política fiscal: elitismo puro y duro, regresividad y cuidado de las rentas más altas. Señor Montoro, esa su política fiscal.
Además, tenemos un Estado del bienestar raquítico y mínimo. Aprovechando la crisis económica y que ha caído la recaudación, nos hemos situado en el 38 % en relación con el PIB. Aprovechando que ha caído la recaudación, nos quedamos en el 38 %.
Estamos al nivel de Lituania, Bulgaria o Rumania. Ese es el nivel de ingresos públicos que usted quiere para la economía española.
Es posible una política fiscal distinta dentro del rigor, de la ortodoxia y de la estabilidad presupuestaria. Es perfectamente posible otra política fiscal dentro de la estabilidad presupuestaria y del equilibrio. No me diga usted que
España estaba quebrada. Si estaba quebrada con 700.000 millones de euros, ¿cómo está ahora España con una deuda de más de un billón de euros? Señor Montoro, ¿cómo está ahora si antes estaba quebrada? Se puede hacer una política fiscal distinta,
pero ustedes optan por una política fiscal determinada que implica subir los impuestos a las rentas medias, hacer recortes, un Estado del bienestar mínimo y bajar los impuestos a las rentas más altas. Todo eso en conjunto es una transferencia de
bienestar desde las rentas más bajas a las rentas más altas.
No le quería hablar esta tarde solamente de regresividad de su política fiscal. También le quería hablar de la irresponsabilidad de su política fiscal. Ante los riesgos derivados de la crisis griega y ante la eventualidad de que los
mercados lancen una nueva ofensiva contra el euro, como sucedió en los años 2011 y 2012, es muy irresponsable bajar los impuestos a ese 1 % más rico cuando España tiene un billón 46.000 millones de euros de deuda, cuando estamos más cerca de un
déficit del 6 % que del 4,2 %, cuando los ingresos tributarios están creciendo en términos homogéneos al 4 % hasta mayo, según los datos de la Agencia Tributaria, pero los objetivos de los presupuestos es que tenían que crecer al 5,4 %. El bono a
diez años está en torno al 2,3 %, pero en la actualización del programa de estabilidad usted sabe que todo el cuadro macroeconómico y presupuestario se hace con el supuesto de que el bono a diez años está al 1,3 %. Si vamos a tener un bono del 2,3
%, eso quiere decir que con un volumen de deuda de un billón de euros el servicio de la deuda te cuesta 10.000 millones más de euros, con un punto más. Con todos esos riesgos, el Gobierno, de manera irresponsable, baja los impuestos al 1 % más
rico. No le quería hablar esta tarde solo de regresividad, le quería hablar también de irresponsabilidad desde el punto de vista del momento económico y político que estamos viviendo. En definitiva, una enmienda a la totalidad a su política fiscal
porque, como le decía en mi intervención, es posible otra política fiscal desde el equilibrio presupuestario y desde el rigor.
Usted trae una modificación de la Ley General Tributaria que, aparentemente, supone mayores potestades para la Administración tributaria en la lucha contra el fraude. Lo ha comentado en su intervención. Pero dicha regulación, como también
sabe, ha sido cuestionada por el Consejo de Estado en materias como sanciones que tienen su origen en el denominado conflicto en la aplicación de la norma. Y me pregunto, señor Montoro, ¿por qué no hacer una ley anual tipificando con todos los
requisitos del principio de legalidad, por ejemplo, los supuestos de infracción que se derivan de la planificación fiscal agresiva? ¿No es mucho más seguro, desde el punto de vista jurídico, una ley anual que lo que plantea el Gobierno, que, por
otra parte, el Consejo de Estado dice que no va en la buena dirección y en la seguridad jurídica? En materia de prescripciones, por ejemplo, el Consejo de Estado también pone de reparos, así como en materia de actuaciones inspectoras. Este
cuestionamiento del Consejo de Estado
va a ser utilizado por los contribuyentes. Pero, ¿por qué contribuyentes? Obviamente, por los contribuyentes de mayor capacidad económica, que tienen un porcentaje mayor de ganar futuros pleitos, poniéndose de manifiesto que estas
cuestiones más técnicas de su política fiscal también las aplica con mayor rigor a las rentas medias y a los trabajadores que a las rentas más altas y a los poderosos, incluso en estas cuestiones más técnicas. Por eso hemos presentado las enmiendas
a la totalidad, porque no quiere que se sepan los nombres de los que se acogieron a la amnistía fiscal. Y ya les digo que se van a conocer porque un gobierno socialista las va a publicar. No le quepa la menor duda, se publicarán los nombres de los
acogidos a la amnistía fiscal. Por eso hemos presentado una enmienda a la totalidad, porque no quieren que se publiquen y porque no se va a publicar una lista de defraudadores, como dijo usted hace dos año y medio. No se va a publicar. No. Se va
a publicar la lista de esos condenados que no puedan pagar su salvación, que no puedan comprar su perdón. Y le hemos hecho una enmienda a la totalidad porque su política fiscal, como he dicho a lo largo de mi intervención, es regresiva, apuesta por
los más ricos, por las rentas más altas, por el 1 % de esta sociedad, y porque no creen en el Estado del bienestar, porque esa es su opción ideológica. No quieren el Estado del bienestar. Y aprovechando la crisis, quieren dejar un Estado del
bienestar jibarizado, mínimo, pequeño. Eso es lo que quieren hacer con el Estado del bienestar.
Precisamente porque estamos acabando la legislatura y porque esa es la característica de su política fiscal, nos parece que son necesarias las enmiendas a la totalidad a las dos leyes y la enmienda a la totalidad a su política fiscal.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Saura.
Señor ministro de Hacienda.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señorías, señor Saura, no puedo sino responder a su señoría desde la tribuna para decirle, en resumen, que usted tiene una causa para presentar una enmienda a la totalidad a las leyes que hoy defiende el Gobierno. La causa es que ustedes,
el Grupo Socialista en esta Cámara y su portavoz, se han opuesto a todas y cada una de las iniciativas que el Gobierno ha llevado adelante en esta legislatura; a todas y cada una, da igual de lo que se trate. El Grupo Socialista va a acabar la
legislatura con una medalla por haber obstaculizado, por haberse opuesto, por haber obstruido todas las reformas que necesitaba España para salir de esta crisis económica. Ese es su mérito, señor Saura. ¡Menudo mérito que ha acumulado su señoría!
Los acontecimientos le han negado la más elemental de las razones, la más suave de las condiciones que pueda aducir su señoría como parlamentario y como representante del Grupo Socialista.
Cuando un grupo ejerce una oposición destructiva, ese grupo tiene una responsabilidad pública, señor Saura. Usted no puede subir aquí a repetir una y otra vez falsedad sobre falsedad. Falsedad que no se sostiene en ninguno de sus
planteamientos, precisamente cuando las cifras de las que estamos hablando testimonian resultados muy distintos que su señoría ni siquiera tiene la capacidad de reconocer. Las acciones del Gobierno en materia de la Hacienda pública y de las
administraciones públicas se miden, se cuantifican. Las políticas presupuestarias son útiles o no en función de sus objetivos. ¿Es verdad o no es verdad que España ha recuperado la recaudación tributaria que tenía antes de la crisis económica en
el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en el IVA, en los impuestos especiales? Donde no hemos recuperado, porque no podemos recuperarlo, es precisamente en el impuesto de sociedades que, obviamente, está aquejado por la falta de
beneficios de las empresas y especialmente de las pequeñas y medianas empresas ¿Lo hemos hecho o no lo hemos hecho? ¿Es verdad o no es verdad, señor Saura, que la lucha contra el fraude ha registrado cifras desconocidas en las series estadísticas
de lucha contra el fraude en nuestro país? Usted ha llegado a decir unas cifras esta tarde en la tribuna que sitúan el control del fraude por encima de los 12.300 millones de euros y que son las mismas que se registraban con los gobiernos
socialistas. ¿Se sabe las cifras o usted repite tópicos? Es decir, ¿las maneja o no las maneja? Está usted falseando sistemáticamente. Igual que falsea cuando hace afirmaciones como que el Gobierno reduce los impuestos al 1 % de los
contribuyentes con mayor renta. ¿Pero puede contenerse mayor falsedad en su afirmación? En contra de esto, traeremos muy pronto el decreto-ley donde materializaremos la bajada del impuesto sobre la renta de las personas físicas y vamos a comprobar
-como he dicho esta tarde- que más de 70 % de los contribuyentes que tienen rentas medias y bajas van a pagar un 25 % menos de impuesto sobre la renta de lo que pagaban con el último Gobierno del presidente Zapatero.
¿Eso es verdad o no es verdad, señor Saura? (Aplausos). ¿Dónde estaba el Grupo Socialista cuando yo mismo defendí en esta tribuna -en un momento trágico de la sociedad española, como fue el año 2012- que había que subir el impuesto
progresivo sobre la renta? ¿Qué me decían ustedes? ¿Ustedes apoyaron la subida de los 7 puntos en la progresividad del impuesto sobre la renta de las personas físicas? No, no apoyaron nada, da igual lo que hagamos. Y esta tarde viene a decir que
lo único que hacemos es volver a la situación de 2011 por lo que a las rentas superiores se refiere. Exacto. Ningún contribuyente va a pagar más impuestos con el Gobierno del Partido Popular que lo que pagaba con el Gobierno socialista (Aplausos)
y además el 70 % de más de 20 millones de contribuyentes va a pagar un 25 % menos de lo que pagaban con el último Gobierno socialista. Esos son los resultados, los cuales, por cierto, no aparecían en nuestro programa electoral. Sabíamos que íbamos
a afrontar una situación muy difícil en el año 2012, por lo que en el programa del Partido Popular no decíamos que íbamos a bajar el impuesto sobre la renta de las personas físicas; no lo decíamos por responsabilidad, porque sabíamos que realmente
íbamos a tener que afrontar el periodo más difícil de nuestra historia. Ahora lo estamos haciendo y beneficiamos a las rentas medias y bajas de nuestro país, que son la mayoría de contribuyentes y los que macroeconómicamente están impulsando con su
mayor capacidad económica esta recuperación basada en la demanda interna.
¿Qué ocurría con el impuesto sobre sociedades, señor Saura? ¿No eran ustedes el Gobierno que hacía que las grandes empresas no pagaran el impuesto sobre sociedades? ¿No eran ustedes, el Gobierno socialista, el Gobierno de izquierdas, el
Gobierno que preconizaba que realmente la política tributaria podía ser distinta? ¿Dónde estaba el señor Sánchez? ¿No era un diputado de esta Cámara en el año 2010, cuando los grandes grupos consolidados de España no pagaban el impuesto sobre
sociedades en esta crisis? (Un señor diputado: No estaba). ¿No estaba? Aquí no estaba nadie en su sitio, pero juraría que ustedes estaban sentados en esos asientos, apoyando una política tributaria con falta de equidad, que trataba de forma
diferente a los contribuyentes según su capacidad económica. Las grandes empresas de nuestro país no pagaban el impuesto sobre sociedades. Menos mal que a estas grandes empresas ustedes las trataban bien, de tú a tú, pero había que cambiar las
condiciones para que pagaran y evitar que los gastos financieros fueran completamente deducibles de la base imponible, ley que trajimos a esta Cámara y a la que ustedes se opusieron. Dijeron entonces que se iban a oponer porque les parecía poco.
Fantástico, ¡menos mal! Gracias a eso hemos triplicado el tipo efectivo de gravamen que pagan los grandes grupos. ¿Es así o no, señor Saura? ¿No ha subido ese tipo efectivo? ¿Por qué no lo hicieron ustedes, que eran tan progres? ¿O es que se les
olvidaba la progresía cuando hablaban con los grandes contribuyentes con capacidad económica? Y le voy a decir algo más, si quiere, todavía con mayor franqueza, porque es lo que permite el avance de la legislatura, que hablemos con mayor franqueza.
¿No les dejaban cambiar la política tributaria? Porque si la recaudación caía, ¿por qué no quitaban ustedes esa libertad de amortización que hacía que en las matrices en España fueran deducibles todos los gastos derivados y además gastos
financieros que implicaban inversiones muy importantes fuera de España? ¿Por qué no hacían ustedes esa política? ¿Se lo impedía alguien? ¡Ustedes que eran tan progres y tan de izquierdas! Tuvo que llegar la derecha para hacer que los grandes
contribuyentes tributaran y con su contribución nos sacaran de esta crisis económica. ¿Eso es así o no, señor Saura?
En cuanto a lo que usted llama amnistía fiscal, ¿quién ha hecho en este país una amnistía en la que no se ha conocido nunca los nombres de las personas que se acogieron a la misma? ¿Quién lo ha hecho? Los gobiernos socialistas, apoyados,
por cierto, por Izquierda Unida en aquel momento, con intervenciones de representantes de Izquierda Unida desde esta misma tribuna, y está reflejado en el 'Diario de Sesiones'. ¡Es lo que hay que hacer para luchar contra el fraude y mejorar la
conciencia fiscal! Esa es la historia de esta Cámara y de sus participantes. ¿Qué hicieron ustedes con la primera lista Falciani cuando llegó a España? Lista que, por cierto, contenía nombres concretos de contribuyentes. ¿Qué hicieron, señor
Saura, no estaban ustedes en el Gobierno cuando llegó esa lista? ¿Hicieron público el contenido de esa lista, los nombres de los contribuyentes que estaban en esa lista y que tenían sus depósitos en Suiza? ¿Lo hicieron público? No, no lo hicieron
público. ¿Ahora de qué me habla? ¿Qué categoría moral tienen los cargos de ese Gobierno? Usted era alto cargo de ese Gobierno. ¿O usted no estaba en ese Gobierno? No, usted estaba en otra área, estaba en la universidad. Usted era un alto cargo
de ese Gobierno cuando se hacían esas prácticas en nuestro país. Además me pregunto -y me respondo yo solo, es una pregunta retórica- por qué no publicaban ustedes ese tipo de listas de contribuyentes que tenían sus cuentas en Suiza. No fueron
ellos los que se regularizaron. No, alguien los señaló y efectivamente tenían esas cuentas en Suiza. ¿Qué ocurrió? Que ustedes, como son un Gobierno tan progresista, que busca tanto la equidad
y el aumento de la conciencia fiscal, lo que hicieron fue acogerse a la confidencialidad de esas leyes. Señor Saura, no sé cómo se le llena la boca de ese tipo de peticiones cuando lo que estamos haciendo es recoger los frutos de una
regularización fiscal de un alcance como nunca lo ha habido en la historia de la Hacienda española. ¿Es verdad o no que esos más de 140.000 contribuyentes están hoy en los ordenadores de la Agencia Tributaria y no lo estaban a comienzos del año
2012? ¿Es verdad o no? (El señor Pradas Torres: No es verdad). ¿No es verdad? Nada es verdad para ustedes.
Señor Saura, ustedes han entorpecido esta recuperación económica y además el argumento de la deuda pública es formidable. Claro que yo tengo la responsabilidad de ser el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas que ha incrementado
la deuda pública. ¿Sabe para qué? Se lo he explicado muchas veces pero a usted le da igual. La deuda pública se ha incrementado por el alto déficit público que tienen nuestras administraciones, un déficit que estamos bajando con una política
tributaria equitativa y sosteniendo los estados de gasto de las grandes prestaciones sociales de nuestro país: las pensiones, el seguro de desempleo, la sanidad, la educación. ¿Y sabe por qué se ha incrementado la deuda pública? Para pagar la
deuda comercial, porque ustedes no cumplían con su responsabilidad de controlar la deuda que tenían las administraciones territoriales con los proveedores de la educación, de la sanidad y de la protección social. Ustedes no pagaban las facturas y
así obviamente no existe deuda. Pero sí existe deuda, deuda latente, la peor de las deudas, la que hace quebrar a todos los proveedores de las administraciones públicas, la que resta e impide la credibilidad de España. Esa es la deuda, la deuda
comercial, que es la gran responsable de ese incremento de deuda, junto a la deuda derivada del MEDE para el saneamiento del sector bancario, sin el cual hoy estaríamos viendo lo que desgraciadamente estamos viendo en otros países miembros del euro,
y me estoy refiriendo al corralito financiero que están padeciendo otros países de la zona euro. Nada de eso ocurre en España porque se ha hecho una política presupuestaria de recuperación de la confianza, dentro y fuera de España, porque se han
hecho reformas estructurales, la reforma laboral, reformas del sector público, reformas energéticas, reformas de la educación. Gracias a esto España está creciendo y creando empleo. ¿O no es verdad que estamos creciendo y creando empleo, señor
Saura? Ustedes lo han negado. ¿Y sabe por qué lo han negado, hasta que no les ha quedado más remedio que reconocerlo públicamente? Lo han negado porque ustedes sí hacen política desde esos bancos, ¡claro que hacen política! Y la hacen oponiéndose
a todas las reformas y las leyes que son las que han permitido esta recuperación económica y que hoy España esté afrontando con fiabilidad y seguridad su futuro. Lo está haciendo, y lo que estamos viviendo en términos de tipos de interés, algo más
altos estos días, quedará corregido cuando estemos en la corrección definitiva de un problema que tiene Europa hoy y que se llama Grecia. No estamos en la crisis del euro, no estamos en la crisis de sostenibilidad de la deuda pública en Europa.
Hoy el problema de Europa, del euro, se llama Grecia, y sin duda alguna es lamentable que sea así, que tenga un nombre, pero no estamos en la crisis general, ni del euro ni de la deuda pública.
Por tanto, los españoles hoy estamos más fortalecidos para hacer frente a las consecuencias que puedan producir planteamientos procedentes de cualquier país miembro de la Unión Europea o del euro; hoy estamos viviendo esta recuperación
económica y esta creación de empleo. Desde luego, señor Saura, gracias a su colaboración no ha sido, porque hoy ha hecho un añadido más a la política de oposición que ha venido haciendo el Grupo Socialista desde esta Cámara a todas las reformas por
sistema, oponiéndose a una reforma, como la que traemos a la Ley General Tributaria, de identificación de los deudores y de los que puedan incurrir en delito fiscal firme, sentenciada en los tribunales. Le voy a decir también por qué hemos tardado
en traer esta ley. Porque ya ha ejercido buena parte de sus efectos. La lista de deudores era mucho más larga a comienzos de esta legislatura -pero mucho más- y con contenidos impropios, puesto que nadie debe ser deudor, pero especialmente no
deben serlo empresas, personas que tienen un gran relieve social y, por tanto, dada la naturaleza de su función en la sociedad, lo último que pueden hacer es ser deudores de la Hacienda pública. Todo eso se ha ido corrigiendo y hace que exista otro
tipo de política, que es la política que a través de los anuncios va surgiendo y ejerciendo su eficacia. Por eso, hoy ya, en las postrimerías de esta legislatura, podemos traer dos leyes como las que contienen estos anteproyectos que sometemos a la
Cámara.
Es el momento de hacer debates constructivos sobre el contenido de las leyes que está examinando esta Cámara. Por las razones que acabo de exponer -no entiendo las cuantitativas, ninguna, y menos las cualitativas-, lo que solicitaría al
Grupo Socialista es que retirara la enmienda a la totalidad que presenta, puesto que, como hemos podido ver en ella, no le preocupa el contenido de las leyes, sino mantener una posición política obstruccionista, y debería repensar en momentos clave,
incluso críticos,
como estamos viviendo en la sociedad española, a qué aspira porque lo que queremos todos los españoles es consolidar y entrar de una vez en una fase larga de crecimiento económico, de creación de empleo, y para eso tenemos que tener la
fiabilidad en el funcionamiento de nuestras instituciones.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señor Saura.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señor Montoro, cómo puede usted hablar de responsabilidad política cuando dijo: No voten a favor del Gobierno para evitar un rescate; que España se hunda, que ya la recuperaremos nosotros. No debe haber en la historia del parlamentarismo
español una frase tan irresponsable, señor Montoro. (Aplausos). ¡Que usted me hable de responsabilidad política después de haber pronunciado en este Parlamento esa frase, en ese momento tan importante para España! No tiene ninguna credibilidad
para hablarle de responsabilidad a este grupo parlamentario ni a ningún otro de la Cámara, señor Montoro, después de esa frase que dijo en aquel momento.
En segundo lugar, yo me sé las cifras; quien no se sabe las cifras es el presidente del Gobierno de España que ayer, en una entrevista en televisión, no sabía cuál era la deuda pública de España. ¡El presidente del Gobierno! (Aplausos).
Pero, ¿puede ser alguien presidente del Gobierno de España no sabiéndose la deuda pública de España? Yo me sé todos los números de la Hacienda pública española, pero el presidente del Gobierno no se los sabe. Alguien que sea presidente del
Gobierno y que no sepa la deuda pública de España no se merece ni tiene las condiciones para ser presidente del Gobierno de España.
La recuperación económica, señor Montoro, tiene que ver con el cambio de la política económica europea. Punto número uno. Y, punto número dos, el empleo, según el Banco de España, está creciendo al 3 %. Tenemos los datos de la IGAE de los
ingresos de las cotizaciones sociales. Hasta mayo, los ingresos de las cotizaciones sociales, por primera vez en la historia, han disminuido. Es decir, estamos creando empleo al 3 % y los ingresos de las cotizaciones sociales han disminuido. ¿Qué
tipo de empleo, qué tipo de recuperación tenemos? Esa es la clave, el tipo de empleo; no mida usted solo el crecimiento en términos del PIB sino el tipo de empleo. Por supuesto, la productividad es importante, pero ese tipo de empleo no hace que
se resuelva el problema de la desigualdad y no contribuye a la recuperación económica. Esos son los datos, mírelos; son los datos de la IGAE: decrece la contribución de las cotizaciones cuando está creciendo el empleo al 3 %.
En cuanto a su reforma fiscal, el 1 % más rico de este país se lleva más de su reforma fiscal que los 14 millones de españoles que menos ganan en nuestro país. (Rumores). ¿Quién dice eso? ¿El Grupo Socialista? No, no, Fedea, señor
Montoro, Fedea. El 1 % más rico se lleva más que 14 millones de españoles contribuyentes que menos renta tienen. Esta es la realidad de su reforma fiscal. No son datos del Partido Socialista, no se los inventa; son de Fedea. Le podría hablar
del anexo también, para que lo mire. Señor Montoro, usted juega con que hay muchísimos españoles que estos debates, desgraciadamente, no los pueden ver porque, ¿cómo puede decir que con su reforma fiscal los españoles van a pagar menos impuestos
que cuando usted llegó al Gobierno? ¡Si eso no se lo cree nadie! ¡Si usted ha subido los impuestos en 21.000 millones de euros, descontando los 9.000 millones de su reforma fiscal! Ha subido los impuestos 21.000 millones de euros, sin contar
-insisto- el IBI, que es de los ayuntamientos y que lo han tenido que subir porque usted no se ha ajustado fiscalmente, usted no ha reducido su déficit; lo han tenido que reducir los ayuntamientos y las comunidades autónomas, pero usted no, usted
tiene más déficit ahora que al principio -me refiero a la Administración central-. (El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Montoro Romero hace signos negativos). Sí, en términos absolutos, señor Montoro; que sí. Sin contar el
IBI y todos los impuestos, 21.000 millones de euros, básicamente a las rentas medias y a los trabajadores. Y, además, ha recortado en 15.000 millones la educación, la sanidad, la vivienda y la política social. Ese es el resumen de su política
fiscal.
Dice aquí que los impuestos que pagan los españoles son ahora menos -¡sí, sí, son menos!- y que la conciencia fiscal de los españoles ha mejorado. Usted sabe perfectamente que la conciencia fiscal de los españoles ha ido a peor, y algo
tiene que ver -ahí están los datos del Instituto de Estudios Fiscales- su amnistía fiscal; no la de hace veinticuatro años, señor Montoro, cuando se creó la Agencia Tributaria, sino la de hace veinticuatro meses. Además, todas esas bases que han
aflorado por el modelo 720 sabe usted perfectamente que la Agencia Tributaria ya tenía conocimiento de ellas, que los contribuyentes que tienen bienes en el extranjero ya los habían declarado. El modelo 720 no ha aflorado esos recursos que
usted dice, se lo está inventando. La Agencia Tributaria ya tenía información de gran parte de esos bienes en el extranjero de algunos contribuyentes, lo sabe perfectamente. Ha vuelto a engañar aquí a los españoles.
Respecto a la deuda pública ha dicho: es como consecuencia de lo que ustedes dejaron. El incremento de la deuda pública tiene que ver, en primer lugar, con el rescate -sí, el rescate, con hombres de negro para salvar al soldado Rato, a los
bancos, al sistema financiero- y, en segundo lugar, con la deuda de algunas comunidades autónomas. Sí, por ejemplo, la de la Comunidad Valenciana...
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, debe concluir, por favor.
El señor SAURA GARCÍA: ... la de Madrid, la de Castilla y León. Sí, de esa deuda. Porque la única administración que en nuestro país ha sido castigada como consecuencia de ocultar déficit es la administración de la Comunidad Valenciana.
Ese ha sido el problema, señor Montoro.
Termino ya. Usted dijo a los españoles que no iba a subir los impuestos, que iba a bajarlos, no hable ahora del déficit, señor Montoro. Usted dijo a los españoles por activa y por pasiva que bajando los impuestos habría más actividad y,
como consecuencia, más recaudación -su curva de Laffer, esa en la que usted creía cuando estaba en la oposición-. Engañó a los españoles porque dijo que iba a bajarlos porque bajándolos habría más recaudación. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, tiene que concluir.
El señor SAURA GARCÍA: Y ha hecho todo lo contrario, ha subido los impuestos como ningún ministro de Hacienda en la historia de España.
Por tanto -y termino ya, señor presidente-, amnistía fiscal, subida de impuestos como nunca, utilización partidista de la Agencia Tributaria, reducción del número de efectivos de la Agencia Tributaria...
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, concluya, por favor.
El señor SAURA GARCÍA: Termino ya. Y el mayor volumen de recortes de la historia. Señor Montoro, un poema como ministro de Hacienda.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señor ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor presidente, señorías, señor Saura, el poema se lo dejamos al Mío Cid porque el suyo realmente es del gran conquistador, su poema es constante, continuo y la
letanía no puede tener menos sustrato y fundamento.
Antes de ser miembro -y muy honrado de serlo- de la oposición y coordinador de economía del Grupo Popular en esta Cámara oponiéndome a un Gobierno socialista, ya había sido ministro de Hacienda, ya había sido secretario de Estado de Economía
y antes también fui miembro de esta Cámara haciendo oposición al Gobierno socialista del señor González. Cuando llegamos al Gobierno en 1996, en el que fui secretario de Estado de Economía, parecía imposible que España fundara el euro. ¿Por qué?
Porque un Gobierno socialista había dejado a España con un 25 % de tasa de paro y un déficit público del 7 % del producto interior bruto. La renta media de los españoles en el año 1996 era prácticamente la mitad de la renta actual y en ese año
trabajábamos en España 12,5 millones de personas, frente a los más de 20 millones que llegamos a trabajar en el año 2007. (Un señor diputado: ¡Ya te gustaría!).
El señor Zapatero perdió las elecciones en el año 2011. (Rumores). El señor Zapatero había endeudado a España frente al resto del mundo en ese orden de magnitud que tanto le llama la atención del 90 % de nuestro producto interior bruto, el
92 %, de nuestro producto interior bruto de deuda externa, cuando tenía un grupo en la oposición que le decía que estaba incurriendo en un gravísimo error de política económica. El señor Zapatero destruyó con su política, en el último periodo de su
legislatura, 3,5 millones de puestos de trabajo -3,5 millones de puestos de trabajo-, cuando le decíamos desde esas bancadas en la oposición que estaba haciendo una política económica incorrecta, que estaba llevando a España adonde la estaba
llevando. Se lo decíamos desde nuestro grupo en la oposición y se lo decía yo como miembro de ese grupo y coordinador de economía de ese grupo en la oposición; se lo decía desde esos escaños y se lo decía desde esta tribuna.
Por cierto, lo que nunca dije en mi vida fue eso de que España cayera que ya la levantaríamos los demás. Nunca, nunca. (Rumores.-Varios señores diputados: Sí, sí). Nunca. Nunca. (Rumores). Le reto -como lo dice tanto- a ver en qué
acta de sesiones yo pronuncié semejante frase -o sea, no la verá-, o a ver si en las grabaciones de las cámaras de este Congreso lo dije en algún pasillo, porque así me enteraré yo de lo que digo. Yo soy propietario de mis palabras a estas alturas,
y de mis responsabilidades políticas, obviamente; eso se lo ha inventado alguien de esta Cámara y ha hecho fortuna entre ustedes.
¿Sabe lo que yo quería en el año 2010? Que cambiara el Gobierno de España. Eso es exactamente lo que yo quería, porque estaba convencido de que ese cambio de Gobierno iba a acabar con la agonía que estaba viviendo España. Pero hubo otros
grupos políticos en esta Cámara que no coincidían con lo que pensábamos en el Grupo Parlamentario Popular y apoyaron al Gobierno en el año 2010, y eso es responsabilidad de los otros grupos políticos que hicieron eso, que apoyaron a su Gobierno en
el año 2010 y prolongaron la agonía de la sociedad española dos años más; esa es su responsabilidad, la de ustedes y la de quienes votaron a favor de aquellas medidas, de aquellas propuestas de medidas. Aquellas propuestas fueron la congelación de
las pensiones, inútil medida; fue la bajada del sueldo de los funcionarios un 5 %, inútil medida; fueron los que pasivamente asistían al deterioro de la calidad de las finanzas públicas viendo cómo se deterioraba la recaudación tributaria y no
hacían absolutamente nada en política tributaria frente a las grandes empresas, inútil medida. Eso es lo que ustedes hacían. Y por cierto, lo hizo el señor Sánchez, que estaba en el año 2010 en esta Cámara, apoyando a su Gobierno. (Rumores). Sí,
es que es la historia. El señor Sánchez también tiene su historia. Sube aquí a veces y yo le oigo decir: Soy nuevo. ¡Nuevo, no! Estaba sentado aquí apoyando esa política que es la que hizo que España se sumiera en la crisis económica más
profunda, crisis de endeudamiento externo, como le exponíamos correctamente desde la oposición, y teníamos que cambiar ese estado de cosas. Y, por cierto, también teníamos que cambiar de Gobierno, ¡sí, claro que teníamos que cambiar de Gobierno!, y
por eso apelamos a la responsabilidad de otros grupos políticos que entonces se imbuyeron del espíritu de que realmente España todavía tenía solución con aquel Gobierno, y no tenía solución, como se ha demostrado por los hechos.
A partir de ahí, señor Saura, recibimos un país cuyo Gobierno en el programa de estabilidad que había enviado a la Comisión Europea, aprobado por la Comisión Europea, decía que iba a cerrar el déficit público en el 6 % del producto interior
bruto en el año 2011 y en vez del 6, fue del 9 %; es decir, 30.000 millones de euros más. Eso, más la deuda comercial, que es, en definitiva, la deuda de las administraciones públicas en relación con sus proveedores; reconocida ya en el déficit
público pero no pagada, no abonada, y por tanto no figuraba en esa deuda pública. Asimismo, en el año 2011 -en que nosotros sí apoyamos la Ley de Cajas, fuimos casi coponentes de esa Ley de Cajas en el año 2010; y la apoyamos porque era muy
necesario hacerla en España- la política que ustedes hacían de saneamiento del sector bancario no era creída por nadie y, por supuesto, no era creída por los mercados. Por tanto, no se trataba de rescatar a los bancos en nuestra etapa de Gobierno,
sino de rescatar a los depositantes. ¿Usted se puede imaginar que en España hubiéramos tenido una crisis bancaria como han tenido otros países de la Unión Europea y del euro de esa envergadura? Por cierto, en algunos de esos países pequeños con
corralito incluido. Eso no ha ocurrido en España y es porque hemos pagado a proveedores. Empezamos a pagar a proveedores en el peor momento de España, en la primavera del año 2012, más de 24.000 millones de euros a nuestras administraciones
públicas. Empezamos a reconocer ese déficit, el no reconocido y el no identificado, el peor de esos déficits y, por supuesto, les dijimos a los españoles que efectivamente estábamos viviendo un momento muy crítico, un momento donde eran muchas y
muy importantes las voces que pedían el rescate dentro y fuera de España. Importantes medios de comunicación también pedían el rescate para España porque decían que no era posible que siguiéramos solos y que siguiéramos por nosotros mismos con
estas políticas. Sí fue posible porque esas políticas están facilitando la recuperación económica de España y están haciendo que hoy España tenga un crecimiento económico diferencial y una todavía incipiente, pero afortunadamente cada vez más
considerable, creación de empleo. ¿Por qué crece España más que lo hacen los otros países si la política monetaria es la misma? ¡Algo habremos hecho bien en España para tener ese crecimiento! Eso significa reformas estructurales y políticas
presupuestarias, a base de decir la verdad a los españoles, obviamente, y de pedir desde esta tribuna disculpas públicamente y de manera reiterada por tener que subir impuestos. En el momento, como se está demostrando en este año 2015, en el que
hemos podido, ya los estamos bajando y estamos recaudando más, igual que en la etapa en la que tuve el honor de ser miembro del Gobierno de España. Fue una etapa en la que la economía no se endeudaba en las proporciones con las que se endeudó con
los Gobiernos socialistas anteriores, una etapa en la que las finanzas públicas estaban saneadas, la deuda comercial prácticamente estancada y, por supuesto, controlada, una etapa en la que bajábamos impuestos y recaudábamos más. No sé a
qué se refiere su señoría ahora en relación con la evolución de las cotizaciones a la Seguridad Social. Las cotizaciones a la Seguridad Social que su señoría ha denunciado esta tarde, por supuesto, están favorecidas por una política del Gobierno
para reducir el peso de esas cotizaciones. Y, por supuesto, están sintiendo lo que es la consecuencia, en primer lugar, de la tarifa plana y ahora del mínimo de los 500 euros a partir de los que se paga esa cotización a la Seguridad Social.
Obviamente eso hace que tengamos un menor dinamismo en la evolución de las cotizaciones a la Seguridad Social. ¿Usted no está de acuerdo con esa política? (Rumores). ¿No está de acuerdo con que realmente bajemos las cotizaciones a la Seguridad
Social? No está de acuerdo con nada -por lo menos reconózcalo- de lo que pasa por esta Cámara.
En la otra orilla del río está el Estado. El Estado ha estado financiando, en el peor momento de la crisis, en el año 2012, del orden de 24.000 millones de euros a la Seguridad Social porque son más de 13.000 millones de euros los que
dedica el Estado a las pensiones mínimas, a las pensiones no contributivas de la Seguridad Social. Eso, más la contribución al seguro de desempleo, que evidentemente cuando se estaban destruyendo tantos puestos de trabajo no se podía financiar con
las cotizaciones propias, es lo que explica que la Administración General del Estado no haya bajado más su déficit. ¿Sabe por qué? Porque lo hemos destinado a prestaciones sociales. Por eso no hemos bajado más deprisa el déficit de la
Administración General del Estado. Ha bajado, pero no de esa forma. También hemos financiado a las administraciones territoriales y hemos asumido los costes de esa financiación. Si no hubiéramos hecho esa política, el Estado de las autonomías
habría quebrado. Aquí en España no ha quebrado ni cerrado ningún Gobierno autonómico o municipal. El Estado se ha hecho cargo de todos ellos con unos costes financieros que, afortunadamente, han ido reduciéndose a medida que íbamos ganando
credibilidad y confianza. El hecho de que comunidades autónomas muy importantes de España no pudieran ir a financiarse a los mercados ha sido subsanado con una política de responsabilidad del Gobierno de España. Esa es la responsabilidad que
adjudica la Constitución española a quienes tenemos la tarea de ejercer el Gobierno.
Por eso, señor Saura, no tiene usted ni una sola de esas razones, excepto las calificaciones que viene emitiendo continuamente en esta legislatura y como acaba de hacer esta tarde una vez más. Usted no puede sostener -no lo sostiene Fedea
ni nadie que maneje realmente las cifras lo puede sostener- que la rebaja tributaria que estamos aplicando en el IRPF no esté yendo a las rentas medias y bajas. Eso no lo sostiene nadie, excepto usted y el señor Sánchez. Su secretario general sí
lo hace; lo hace cada vez que habla. Están ustedes agarrados al topicazo de que la política del Gobierno del Partido Popular favorece a unos cuantos que son los que más capacidad económica tienen. Eso es un topicazo que no se sostiene en ninguna
cifra. (Aplausos). Ya le he preguntado antes por qué no nos apoyaron cuando establecimos ese recargo transitorio y progresivo en el IRPF. ¿Por qué no nos apoyaron? ¡Ni en eso nos apoyaron en su momento! Ahora lo quitamos, pero es evidente que
durante estos años, los peores años de la crisis, hemos pedido más a los que más rentas tienen. Ya he explicado antes con cifras que el 70 % de esa recaudación viene del 20 % de los contribuyentes con mayor renta declarada. Eso les hemos exigido y
eso es lo que hace ganar equidad al conjunto de nuestro sistema tributario. En este momento estamos reduciendo la fiscalidad y lo estamos haciendo proporcionalmente mucho más a los contribuyentes de rentas más bajas, a los mileuristas, a los que ya
no estamos aplicando ni siquiera retención en su nómina. A partir de ahí, hay bajadas del 24 % para el 70 % de los contribuyentes, que son los que están en la franja que tiene como límite los 24.000 euros.
Por lo tanto, señor Saura, su discurso está lleno de lo que podríamos llamar ignorancia consabida; ignorancia que no se sujeta en un contraste normal de cifras. Ustedes repiten y repiten mantras para ver si alguien -no ya en esta Cámara,
sino fuera de la misma- acepta la caridad de sus argumentos. Han llegado a decir, como ha dicho usted, que esos casi 124.000 millones de nueva información tributaria, que nunca había tenido la Agencia Tributaria y que hoy tiene en virtud del 750 y
del 720, ya los conocía la Agencia Tributaria. ¡Habérmelos presentado a mí al comienzo como ministro de Hacienda! Usted niega las cosas más evidentes y palpables de la propia información estadística tributaria del país. Por cierto, somos el país
del mundo que mejor facilita esa información, pero a ustedes todo les da igual en términos de conocimiento, porque la información la convierten en la afirmación de una serie de prejuicios a los que tratan de dar valor político.
En resumen, señor Saura, ustedes no van a apoyar estas modificaciones de la Ley General Tributaria porque, como les he resumido antes, no han apoyado nada, absolutamente nada. Por tanto, ahora que están en esa fase, que se presentan tan
nuevos en España que para ocupar poder territorial, poder en las administraciones públicas, poder en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos de España no dudan en apoyarse en la izquierda radical -que esa sí es nueva porque están
absorbiendo la otra, están en un proceso de fusión-, a ustedes que están presentándose en sociedad ahora como no sé qué nueva izquierda quieren representar, se lo digo porque resumo lo que ha sido su condición y su aportación en esta legislatura.
No han tenido una sola iniciativa de política eficaz que coadyuve a que España superara esta crisis económica y entrara en la nueva fase de crecimiento económico y de creación de empleo. Han hecho lo que antes he dicho, y he tratado de ser
lo más cortes, han hecho una política de oposición destructiva, como la siguen haciendo al final de la legislatura. Señor Saura, le voy a confirmar esta tarde que vamos a seguir gobernando, estas cámaras van a seguir ejerciendo plenamente toda su
actividad hasta el último día de legislatura. Por eso habrá tiempo sobrado para llevar adelante y aprobar estas nuevas leyes y estamos abiertos a las enmiendas -pero traiga alguna constructiva- de todos los grupos políticos de esta Cámara; también
es el momento de acometer la nueva ley de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, que es lo propio de un país serio; es el compromiso de un presidente de Gobierno capaz de estar liderando con su iniciativa política esta salida de la
crisis de España y que puede sentarse con sus socios europeos y tratar de encontrar soluciones para todos aquellos países, ofreciendo la experiencia de que haciendo los deberes en casa, haciendo y promoviendo las reformas estructurales que se
contienen en las leyes, como las que estamos debatiendo esta tarde, es como se confirma que España es ese socio fiable del euro que está liderando el crecimiento económico del euro y, lo más importante, que cada vez son más españoles los que van
encontrando oportunidades de empleo. De esa manera es como se asientan las condiciones para que España sea un país con auténtica cohesión social, un país de igualdad de oportunidades, liderando el gran proyecto europeo que significa la integración
en el euro.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.-La señora Valerio Cordero pide la palabra).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señora Valerio, ¿qué desea?
La señora VALERIO CORDERO: Quería tomar la palabra en aplicación del artículo 71 del Reglamento porque el ministro, señor Montoro, ha faltado al decoro y al buen nombre de este grupo parlamentario. Mientras yo esté presente en el hemiciclo
y sistemáticamente el señor ministro utilice la tribuna de oradores, no sé si es que usted está ya en campaña electoral y nos tiene que lanzar sistemáticamente el mitin... (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, tiene que decirnos en qué ha faltado al grupo. A mí no me consta.
La señora VALERIO CORDERO: Ha faltado al decoro llamándonos radicales. (Varios señores diputados: No es así). Este grupo parlamentario ha sido siempre respetuoso... (Rumores y protestas).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, no tiene la palabra.
La señora VALERIO CORDERO: ... con la Constitución, con las leyes... (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, no tiene la palabra, por favor. Gracias.
Fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, subo a esta tribuna con una pequeña satisfacción, una cierta tranquilidad y una gran desolación. Una pequeña satisfacción porque, recogiendo aquello que decía Fray Luis de León de decíamos ayer..., veo que aquello
que desde el comienzo de la legislatura planteábamos desde Amaiur en esta tribuna, sobre que uno de los problemas estructurales del Estado español era el fraude fiscal y que era un elemento que había que abordar con seriedad, con decisión y con
determinación, empieza a estar presente en el discurso del señor ministro desde hace una temporada. Eso nos da una cierta satisfacción. Decía que también nos da una cierta tranquilidad, porque afortunadamente en Euskal Herria tenemos la soberanía
fiscal para decidir nuestras propias normas en los impuestos fundamentales, y eso nos da una
cierta tranquilidad porque los despropósitos que se han hecho en los últimos años -no solo en esta legislatura, sino en las anteriores también- no van a afectar a la ciudadanía de Euskal Herria.
Finalmente, decía que nos producía una gran desolación el debate que una vez tras otra vemos en esta Cámara, y hoy lo acabamos de ver. Nos produce una gran desolación porque también nos preocupa la situación de la ciudadanía en el Estado
español, de los españoles, aunque nosotros tengamos nuestra identidad propia y queramos ser independientes. Pero nos preocupa, y vemos que aquí todos los debates, en vez de hacer propuestas concretas para solucionar los problemas de la ciudadanía,
se reducen a un y tú más, a tirarse los trastos unos a otros, y hoy el debate ha sido un ejemplo muy claro. Por un lado, teníamos al señor ministro -que parece de Bilbao-, que dice que el sistema tributario español es el mejor del mundo mundial, el
más eficaz, etcétera. Bueno, pues las cifras no dicen eso, sino todo lo contrario. Hablar del fraude fiscal sin hablar de poner los medios aparte de las palabras, al final, se queda en palabras vacías. Hay datos concretos que demuestran que no
hay una voluntad efectiva de combatir el fraude fiscal, pero ni en esta legislatura ni en la anterior. Vamos a datos concretos. En cuanto al número de inspectores de Hacienda que hay en el Estado español, en proporción con el resto de Estados de
la Unión Europea, ocupamos el último lugar, es decir, en el Estado español hay un inspector de Hacienda por cada 2.000 habitantes; mientras que en Alemania estamos hablando de un inspector de Hacienda por cada 740 habitantes; en Francia, un
inspector de Hacienda por cada 942 habitantes; en Grecia -que se ve el desastre del mundo mundial- hay un inspector de Hacienda por cada 1.216 habitantes. Estos son datos concretos de compromisos concretos de lucha contra el fraude fiscal, y ahí
es donde no vemos voluntad ni en este Gobierno ni en el anterior. Son medidas fáciles de tomar. Yo no digo que haya que pasar de un día para otro a duplicar el número de inspectores de Hacienda pero, al menos, en esta legislatura y en la anterior
se podían haber abierto nuevas plazas de inspectores de Hacienda, y eso no se ha producido. Ese es un elemento concreto, una propuesta concreta, que ustedes y ustedes (Señalando a ambos lados del hemiciclo) podrían hacer.
Hablamos también de la recaudación. Está aumentando la recaudación, pero lo que vemos, si lo comparamos con los datos del resto de los Estados de la OCDE -datos del último informe- vemos que el Estado español lidera la caída de ingresos en
el conjunto de la OCDE, es decir, todavía más amplio que en la Unión Europea. De los treinta y dos Estados que forman parte de la OCDE, que forman parte de ese estudio, el Estado español hace el número treinta y dos. Entre el año 2007 y el año
2013 los ingresos públicos han disminuido un 3 % de media anual, cuando la media de la OCDE es un incremento del 0,1 % de media anual. Son datos concretos que no permiten echar las campanas al vuelo. Y si vamos al gasto público, el Estado español
tampoco está muy bien situado; está en el número veintiséis de los treinta y dos. Se ha producido un incremento del 0,6 % de media anual del gasto público en todos esos años, desde 2007 a 2013, mientras que la media de la OCDE está en el 1,2 %.
Esto demuestra una de las cosas que hemos denunciado sistemáticamente desde esta tribuna: el problema del Estado español no es de gasto público, sino de ingreso, y en el ingreso se ha producido un fracaso, un fracaso total en esta legislatura y en
la anterior. Si vamos a otros elementos como la deuda, es insostenible. El mismo informe de la OCDE dice que lo más probable es que el Estado español pueda llegar al 170 % de endeudamiento y que haya que tomar medidas drásticas. El endeudamiento
es responsabilidad del Gobierno anterior, pero también de este y no me vale que usted, señor ministro, eche la culpa al Partido Socialista diciendo que el endeudamiento es del Gobierno de Zapatero, porque la mitad de ese endeudamiento fue producto
de las comunidades autónomas que gobernaba el Partido Popular, con lo cual ustedes están ex aequo en la responsabilidad del endeudamiento y del desastre del Estado español. Son datos concretos que me producen una gran desolación al transmitirlos,
pues me gustaría que la realidad fuese otra muy diferente, pero es que también estamos hablando de esta legislatura, que parece que es fantástica. Ustedes hablan de un sistema tributario que no es eficiente, que no da respuestas coherentes y justas
a la realidad del Estado español.
Otro dato es el de la desigualdad. El Estado español sigue batiendo récords de desigualdad. Según el indicador de Eurostat income quintile share ratio, que mide la diferencia de renta disponible entre el 20 % de la población más pobre y el
20 % de la población más rica, el país más desigual de la Unión Europea sigue siendo el Estado español, con una ratio del 6,8, frente a otros, como Grecia, que es el gran desastre, que están mejor. Grecia y Letonia son los siguientes que están peor
y están en el 6,5 mientras que la media de la eurozona es el 5. Estamos ante otro problema que no está siendo resuelto por el sistema tributario, porque una de las funciones del sistema tributario es precisamente reducir la desigualdad y no lo está
logrando. Si nos fijamos en el coeficiente de Gini, que habla de la concentración de ingresos entre
los individuos, vemos que en el año 2014 se ha disparado. Está en el 34,7, superando también a Grecia. Estamos peor que Grecia en este asunto también, que está en el 34,5, y mejor que Letonia, que es el otro acompañante, que está en el
35,5. Son datos concretos de que el sistema tributario no está funcionando, por lo que el mundo de la política tiene que hacer un esfuerzo de responsabilidad. Ustedes, los dos partidos mayoritarios, tienen una responsabilidad especial. Tiene
gracia que el portavoz de un grupo político independentista venga aquí a decirles esto. Les hemos dicho muchas veces que somos independentistas y que queremos tener nuestro Estado propio dentro de la Unión Europea, pero nos preocupa España porque
somos solidarios con la gente de España que está sufriendo su ineficacia, la de este Gobierno y la del anterior.
Habla usted ahora de la reforma fiscal que van a aprobar próximamente. Pues bien, se trata de una reforma fiscal claramente irresponsable, que cae en un populismo totalmente irresponsable. Bajar ahora los impuestos es una irresponsabilidad
cuando tenemos estos déficits estructurales, estos problemas de desigualdad, de mantener y reforzar el Estado del bienestar, cuando ustedes siguen metiendo la mano en el Fondo de reserva de la Seguridad Social. En estos escenarios disminuir los
impuestos es una grave irresponsabilidad. Además, se aprovecha de lo que se suele denominar verdad o mentira estadística. Dice que los de menores rentas van a verse beneficiados un 25 % y es verdad; lo que pasa es que estamos en la verdad y
mentira estadística. Alguna otra vez desde esta tribuna ha dicho que si tenemos un pollo entre usted y yo, estadísticamente nos corresponde medio pollo a cada uno, pero si me como yo el pollo entero usted se queda a dos velas y estadísticamente le
sigue correspondiendo medio pollo. Pues con los impuestos pasa eso. Efectivamente, se va a ver beneficiado un 25 %; ahora bien, un 25 % de mil euros es un 25 %, claro, pero un 25 % de un millón de euros es mucho mayor. Pero es que en la reforma
que ustedes aprueban -si es así, al menos eso es lo que ha salido en la prensa-, disminuyen un punto la imposición, el tipo, a las rentas más bajas y disminuyen 2 puntos a las rentas más altas, con lo cual van en contra del principio de
progresividad. En vez de corregirlo a más progresividad, van en contra, y eso en este momento me parece una grave irresponsabilidad, porque es el momento de hacer un esfuerzo solidario por parte de los que más tienen hacia los que menos tienen y
que disminuir ahora los impuestos es una mala solución para su Estado.
Ustedes verán, unos y otros, pero es hora ya de que dejen de tirarse los trastos los unos a los otros y empiecen a establecer políticas de consenso con todos los grupos. Le decía usted al Partido Socialista -no quiero ser defensor del
Partido Socialista- que han votado en contra de lo que ustedes han propuesto. Nosotros también hemos votado muchas cosas en contra, pero es que ustedes no han hecho ningún esfuerzo de consenso, y en esas medidas que podían ser importantes tenían
que haber buscado el consenso con todos, o haberlo intentado al menos, pero no ha se ha intentado buscar esos consensos suficientemente. No digo que no lo hayan hecho con nuestro grupo, que ya sabemos que les daba pánico hablar y pactar con
nosotros, aunque en nuestro país hayan pactado; y si no pregúntenselo al nuevo secretario de Acción Social, el antiguo alcalde Maroto, que aprobó con nuestro grupo cosas importantes para Vitoria, importantes para los ciudadanos, en un esferazo de
responsabilidad por parte de los dos grupos, del Partido Popular y de Bildu. Pero eso que se puede hacer allí no sé por qué no se puede hacer en el conjunto del Estado, no con nosotros -que igual también- sino con el resto de los grupos. Esa sería
una medida para empezar a hacer política de otra forma y para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos en una situación excepcional. Mientras tanto, nos seguimos reafirmando: cuanto más los vemos y más contemplamos la realidad de esta
Cámara, más nos convencemos de que cuanto antes podamos ejercer la soberanía por parte de la ciudadanía de Euskal Herria va a ser lo mejor, para ser ciudadanos dentro de Europa, para construir una Europa mejor entre todos y también para contribuir
solidariamente a que ustedes lo hagan mejor.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Larreina.
Por el Grupo Parlamentario de UPyD tiene la palabra el señor Calduch.
El señor CALDUCH CERVERA: Señor presidente, señorías, he estado asistiendo a este debate y he llegado al convencimiento de que tanto el Partido Popular, que está en el Gobierno, como el Partido Socialista tienen un sentido patrimonialista
del Estado, no conciben el Estado como la organización de la convivencia de todos los ciudadanos de este país, y eso termina traduciéndose en una falta de conciencia sobre la responsabilidad que se tiene -por formar parte de este Poder Legislativo-
al tratarse de una ley tan importante como la Ley General Tributaria, con la sociedad y con otras instituciones del Estado. El resultado de eso es que en este país -lo ha señalado el señor ministro- hay un problema de fraude
fiscal, pero hay algo más: esa falta de conciencia, de responsabilidad con el resto de la sociedad, está también en la base de la corrupción, porque al final el defraudador está dando el primer paso para contribuir a la corrupción. Hace
tiempo, mucho tiempo, cuando se hizo la primera reforma fiscal en este país en la etapa de la transición, por el ministro Fernández Ordóñez, se estableció un eslogan que decía: Hacienda somos todos, con el que se intentaba inculcar en una sociedad
que venía del franquismo que el ciudadano tenía que responsabilizarse de pagar sus impuestos. Curiosamente al cabo de unos años, cuando se hizo la reforma fiscal por el Gobierno socialista, hicieron un eslogan que decía: Hacienda somos casi todos,
queriendo poner el énfasis en que la mayoría contribuía pero que había defraudadores.
Con esta concepción patrimonialista del Estado no me extraña que los dos partidos alternativamente, puesto que los dos han estado o están en el Gobierno, hayan concebido la Agencia Tributaria como una herramienta de financiación del Gobierno
de turno, y no una institución encargada de obtener los recursos financieros que se necesitan para atender los servicios públicos y las políticas básicas que reclama la sociedad y que se canalizan a través del Estado. Eso ha llevado a una serie de
consecuencias; en primer lugar, la más importante y primaria es que hay contribuyentes principales y contribuyentes secundarios. Uno podría pensar que los contribuyentes principales son los que más ganan. Pues no, los contribuyentes principales
son los trabajadores por cuenta ajena -especialmente, dentro de ese colectivo, los funcionarios-, son los pensionistas, son los rentistas. Esos son los contribuyentes principales. ¿Por qué? Porque de ahí es de donde se nutren verdaderamente las
arcas del Estado. Después hay unos contribuyentes secundarios, que son las grandes fortunas, las grandes empresas, esos colectivos que pueden pagarse interminables recursos, litigios y dilaciones y que además reciben amnistías fiscales.
Otra consecuencia de esa interpretación de que la Agencia Tributaria es una herramienta de financiación del Gobierno de turno es que, si hay que aumentar los ingresos para atender un aumento de gastos, ¿a quién se le aumenta la presión
fiscal? A los contribuyentes principales; no a los más ricos, no a los que tienen más renta, sino a los principales, donde está la masa fundamental de esa recaudación. En cambio, se aminora, si no se silencia el fraude de los contribuyentes
secundarios. Eso termina por erosionar sistemáticamente la confianza del ciudadano medio en la Agencia Tributaria que termina viendo el pago de impuestos no como una contribución al conjunto de la sociedad, sino como una esquilmación de su renta.
Eso no contribuye a que se reduzca el fraude fiscal y mucho menos a que desaparezca la economía sumergida, esa economía que todo el mundo estima, aunque siempre se dice que es una cantidad en torno al 20 % ó 25 % por definición -si es sumergida, no
puede ser más que estimación- del producto interior bruto.
¿Por qué he hecho todas estas reflexiones? Porque si hay algún grupo parlamentario que ya en la legislatura anterior defendió con ahínco que había que perseguir el fraude fiscal -la legislatura anterior, esa en la que ustedes no estaban en
el Gobierno, sino el PSOE, pero también lo defiende en esta, en la que ustedes están en el Gobierno y no en la oposición- fue el nuestro; fuimos los primeros que cuantificamos en más de 60.000 millones de euros ese fraude fiscal. Por supuesto, se
descalificó a nuestro representante parlamentario diciendo que era una cifra que se había inventado. Esta misma tarde, señor ministro, usted ha estimado aquí públicamente en torno a los 70.000 millones de euros el fraude fiscal que se producía en
este país. Por tanto, tenemos auctoritas, autoridad, para decir aquí públicamente que la persecución del fraude fiscal es un objetivo prioritario de este Estado español si realmente quiere atender las necesidades y los servicios que requieren sus
ciudadanos. Sin embargo, el fraude fiscal no se puede perseguir de cualquier manera y a cualquier costa. En primer lugar, no se puede perseguir el fraude fiscal con un proyecto de ley en el que se facilita la distorsión de la unidad de mercado y
se perjudica, o por lo menos se abre la vía para que se pueda perjudicar, ya sea por las comunidades autónomas o por la propia Administración central, a ciertos sectores o actividades económicas al permitir la implantación de impuestos o exacciones
fiscales distintas, según las comunidades autónomas, porque eso rompe la unidad de mercado. Tampoco la persecución del fraude fiscal puede realizarse a costa de dificultar la compensación de las deudas tributarias de los obligados, de los
ciudadanos, con los que a su vez se tiene deudas comerciales por parte de la Administración. Ustedes en esta ley ponen trabas a ese tipo de compensación; no digo que la impidan totalmente, la dificultan enormemente. Tampoco se puede esperar que
la persecución del fraude fiscal se haga afectando a la seguridad jurídica de los ciudadanos, porque ese es un principio básico constitucional.
En ese proyecto de ley se afecta a la seguridad jurídica, privilegiando la omnímoda potestad fiscalizadora y recaudatoria de la Agencia Tributaria cuando se manipula el principio de prescripción y los plazos de aplicación de las
prescripciones. Sí, esa fórmula de: está prescrito pero si hay una responsabilidad,
una deuda conexa, se le puede abrir otra vez el expediente, como si la prescripción no tuviese sus reglas. O, por ejemplo, se afecta a la seguridad jurídica de los ciudadanos cuando se pretende aplicar retroactivamente la propia reforma
legal que se nos trae. Se nos dice: No, pero si hay algo que cuando se aprobó la ley ya estaba resuelto pero podía aplicarse a ese momento, se retrotrae. O cuando se impide la rectificación de las declaraciones mediante declaraciones
complementarias. ¿Por qué? Si de lo que se trata es de que la información que tenga Hacienda le permita recaudar mejor. Si el propio contribuyente se da cuenta de que una declaración que ha hecho es incompleta en los datos, ¿por qué no va a poder
rectificarla? O, por ejemplo, cuando se dificulta -que no impide- el derecho del ciudadano a obtener una respuesta a una consulta que realice a la Agencia Tributaria.
El fraude fiscal no solo merma los recursos económicos del Estado para atender las necesidades de la sociedad; es también, y sobre todo -eso tiene que ver con el proyecto de ley orgánica-, un ataque directo al orden de convivencia colectiva
de nuestro país. Es un cuestionamiento de principios constitucionales básicos y por esa razón, junto a la sanción económica y en su caso penal los delitos de fraude fiscal que estén sancionados judicialmente deben conllevar una reprobación social
que solo se puede obtener si previamente se ha sacado una difusión de los defraudadores, naturalmente. Nuestro grupo apoyo ese planteamiento, pero por la misma razón estamos en contra de que en la ley orgánica se introduzca un punto 3 en el que se
dice: si el defraudador que judicialmente, con una sentencia, está declarado delincuente paga la deuda y la sanción correspondiente no se le incluirá en el listado de defraudadores. Eso es contribuir a la impunidad del defraudador frente a la
sanción social, puesto que la impunidad penal no existe. Nuestro grupo no quiere eso, pero tampoco estamos por la labor de seguir con un tratamiento como el que propone en su enmienda a la totalidad el Grupo Socialista que dice: Da igual, que
pague su deuda -una vez que ha habido sentencia antes de que sea firme-, seguirá apareciendo como defraudador. Entonces lo que estamos haciendo es estimulando a que no pague la deuda. He defraudado, pero si me van a tratar con la misma sanción
social -y puesto que penalmente, si hay delito, tiene la correspondiente pena- para qué voy a sacar el dinero y aportarlo. Por eso hemos hecho una enmienda que consiste en que, efectivamente, se haga publicidad de los defraudadores, pero que se
indique claramente en esa publicidad -realizada de oficio por los secretarios de los órganos judiciales- quién ha cumplido pagando su deuda con la sociedad y quién no lo ha hecho. Así, quien cumpla no tendrá la reprobación social, se le reconocerá
como defraudador, pero no con la reprobación social de seguir manteniendo, a costa de la sociedad, sus recursos económicos a buen recaudo. Es razonable, es tratar al defraudador según su realidad, a quien se le cogió en el fraude y se le ha
sancionado penalmente, pero devuelve el dinero y la multa o lo que le corresponda, debe figurar en ese mismo listado como defraudador, pero también como aportador de la deuda que tenía, y quien no lo haga que siga con la reprobación social.
Estoy convencido de que esta enmienda, que parece bastante sensata y razonable, recibirá el apoyo de los dos grupos parlamentarios mayoritarios de la Cámara. De no ser así, ustedes estarían demostrando que mi punto de partida en este
planteamiento es correcto, a saber, que interpretan el Estado de una forma patrimonialista. Estoy convencido de que serán sensatos y corregirán ese artículo de la ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Calduch.
Por el Grupo de La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente, señorías.
Señor Montoro, la verdad es que hoy se ha superado usted a sí mismo, y mira que es difícil, pero lo consigue todas las veces que sube aquí. Si yo utilizara ahora la misma frivolidad con la que usted ha intervenido hoy, le diría, por
ejemplo, que tiene razón, que Grecia no es España, que en Grecia el ministro de Hacienda va en moto y en España el ministro de Hacienda vende motos (Rumores), motos sin ruedas y sin manillar, porque eso es lo que usted ha hecho hoy, vender una moto.
(Aplausos). Pero como soy un poco más serio que usted, le voy a decir -ya que ha utilizado este debate en términos de aprovechamiento del drama que viven los ciudadanos griegos- que también tiene usted razón en una cosa: Grecia no es España.
Mejor dicho, el Gobierno griego no es el Gobierno español. Para eso haría falta que el Gobierno tuviera, al menos, el 10 % de dignidad que ha demostrado el Gobierno griego con su pueblo. (Aplausos). Esa es una gran diferencia hoy. Hay alguna
cosa más que distingue no a los pueblos, sino a los Gobiernos, por ejemplo, en España hay una ministra que dice que los referéndums los carga el diablo; supongo que en coincidencia con quienes pensaron que someter a referéndum una reforma del
artículo 135 de la Constitución era un exceso democrático. Esa es otra diferencia. Ya sabemos que a usted no le gusta el
comportamiento del Gobierno griego, ya sabemos que usted hubiera preferido que el Gobierno griego hubiera sido derrotado por la troika, que usted prefiere a sus correligionarios de Nueva Democracia, un Gobierno -quiero recordarles- que
falsificó las cuentas públicas con ayuda de Goldman Sachs, cuyo vicepresidente fue Mario Draghi y que ahora dice que se siente defraudado por el comportamiento desleal del Gobierno griego. ¡Qué cosas tiene la vida y qué diferente manera de tratar
los comportamientos! Hay otra cosa que es distinta, hasta los conservadores griegos dimiten, un verbo que ustedes seguro que no conocen.
La situación de Grecia no es envidiable, sin duda, y no voy a ser yo el que utilice el drama del pueblo griego para tener aquí un rifirrafe con usted, pero déjeme que le diga una cosa, a ustedes -al Gobierno y al Partido Popular español- si
estuvieran pendientes y de verdad se movieran por los intereses de la ciudadanía de este país y no por sus intereses electorales, les interesaría facilitar el acuerdo, les interesaría facilitar que el Gobierno y el pueblo griego pudieran llegar a un
acuerdo equilibrado, entre otras cosas, no solo por el pueblo griego, sino porque un acuerdo de reestructuración de la deuda para Grecia serviría también para abordar un acuerdo más equilibrado de cómo devuelve el Estado español sus deudas. Lo que
no puede ser -y usted ignora deliberadamente- es que decisiones de su Gobierno van a condenar a las futuras generaciones de españoles a estar trabajando una buena parte de sus ocho, diez o doce horas diarias para devolver el endeudamiento que
ustedes han provocado para salvar al sistema financiero de este país. (Aplausos). Y si podemos reestructurar eso, si podemos reestructurarlo, mucho mejor.
Haría bien, señor Montoro, en no sacar pecho en relación con la situación de la Hacienda pública de este país, haría bien en no sacar pecho, porque, después de las elecciones generales, vendrá la dura realidad de la liquidación del
presupuesto de 2015 y del presupuesto de 2016, no ese que ustedes van a presentar como panfleto electoral, sino el que de verdad va a tener que ejecutarse durante 2016. Y no es para sacar pecho haber cerrado 2014 con un déficit público del 5,5 %
del producto interior bruto, o haber llevado la deuda pública de este país al cien por cien prácticamente del producto interior bruto. No es para sacar pecho que usted sea ministro de Hacienda de un Gobierno que mantiene desde el 1 de julio de este
año a 480.000 personas dependientes con el derecho reconocido a prestación y sin poder recibirlo por falta de recursos; o ser el ministro de un Gobierno que mantiene a 2 millones de personas paradas sin ningún tipo de prestación, y los que la
cobran, casi la mitad, solo la prestación asistencial de los 426 euros; y eso también por falta de recursos y porque ustedes han decidido ahorrar en prestaciones por desempleo. Esa es la realidad que usted no cuenta, pero que viven los ciudadanos
de este país.
En ese contexto, si usted se presenta aquí con una propuesta de avanzamiento de una deducción en origen -que veremos cómo queda después cuando salga la liquidación en 2016-, en ese contexto de insuficiencia de recursos públicos para llevar a
cabo esas políticas sociales imprescindibles -y solo he citado dos-, debería decirnos de dónde piensa obtener los recursos fiscales para dar satisfacción a los derechos de las personas dependientes sin prestación o a los parados sin subsidio,
porque, de lo contrario, se convierte usted en un demagogo de primer nivel a costa de los derechos de la gente y a costa de la dignidad de este pueblo. Por eso menos sacar pecho, señor Montoro, porque es usted el ministro de un Gobierno que ha
conseguido incrementar de manera importante la desigualdad social, que ha conseguido llevar a este país a cotas de pobreza, incluso de pobreza infantil, desconocidas durante mucho tiempo, y solo hace falta pasearse por la calle para verlas. O sea,
que sin pretender comparar nada con Grecia, debería ser usted más prudente a la hora de hacer ostentación sobre su política fiscal y su política tributaria.
Aunque a algunos se lo ponen un poco fácil. Yo entiendo que usted esté encantado de mantener un debate de dos horas y cuarto con el Partido Socialista, lo entiendo, porque yo, que he defendido la política social del Partido Socialista en
algunos momentos en sanidad y educación, con la que me siento muy identificado en algunos aspectos, también por ejemplo en los derechos civiles, me consta que desde 1993 la política fiscal de este país ha sido bastante indistinta. Ese triplete de
oro de la política fiscal de este país Solbes-Rato-Solbes ha sido bastante indistinto, por ejemplo, cuando Solbes puso en marcha la doble escala de tributación en el impuesto de la renta en relación con el impuesto de la renta sobre el trabajo o el
impuesto de la renta sobre el capital. O cuando aquí, con la inestimable colaboración siempre, siempre, de Convergència i Unió -es igual que sea Convergència o que sea Unió, siempre juntos- han abordado un tema del impuesto de sociedades que, con
la excusa de la pequeña y mediana empresa, han convertido el impuesto sobre sociedades en una especie de colador, por el que las grandes empresas, incluso los bancos, han llegado a tener tipos reales del 5 %, por la vía no solo del aprovechamiento
de la crisis, sino de todas esas exenciones y bonificaciones que se han planteado, que usted no ha resuelto, especialmente
las más importantes, que tienen que ver con las transnacionales y que tienen que ver con la doble imposición, porque ahí continúa habiendo un problema grave de nuestro sistema tributario.
Lamentablemente, ha perdido usted la oportunidad de hacer un debate en condiciones. Usted debería haber aprovechado la oportunidad de que solo un grupo parlamentario, el Grupo Socialista, haya presentado enmienda a la totalidad y eso creo
que debería haber supuesto algo por su parte. Posiblemente tenía usted la oportunidad de hacer un debate serio en relación con qué cosas de estos dos proyectos de ley que usted presenta podemos estar de acuerdo y con cuáles no, pero, claro, al
escorpión le tira morder, y usted no ha podido evitarlo. No ha podido evitar estar aquí dos horas y cuarto en un debate tongo sin duda, porque en el fondo ustedes han estado discutiendo sobre quién ha hecho más política procíclica calentando la
economía, quién se ha basado más en una política fiscal alimentada en el tema del tocho, de la especulación inmobiliaria, no abordando los problemas de fondo.
En todo caso, voy a intentar aprovechar la parte de tiempo que me queda para plantear los temas de fondo en relación con sus dos proyectos de ley. De entrada, lo primero a constatar es que la gestión tributaria y la transparencia no han
sido una prioridad de su Gobierno y la prueba de ello es que ustedes han esperado al final, al periodo de descuento de esta legislatura, para presentar este proyecto de ley, a pesar de que dijeron en el debate sobre el estado de la Nación que la
reforma fiscal era una prioridad. Han esperado hasta el final abordando cosas que existían como problema ya al principio de esa legislatura. Por sus actos los conoceréis. Ustedes han considerado oportunas esas reformas estructurales, como la
reforma laboral, que han precarizado el empleo, han rebajado salarios y han ido a cargarse la negociación colectiva. En el terreno fiscal, han considerado prioritario la deducción del gasto social y un aumento de los ingresos por la vía de aumentar
los impuestos directos y los impuestos indirectos, sin tocar, por supuesto, aquellos aspectos que afectan fundamentalmente a los grandes patrimonios y al gran capital. Ni tan siquiera han tenido el gesto de abordar en esta legislatura algunas
medidas para acabar con la utilización fraudulenta de la figura de las Sicav y sus ventajas fiscales que ustedes saben de sobra que es un mecanismo a partir del cual determinadas familias y fortunas de este país están consiguiendo eludir sus
obligaciones fiscales. Ello está sucediendo en un país que tiene el gran problema -me atrevo a decir como el problema más importante que tiene este país- de una profunda insuficiencia en su sistema fiscal, y usted lo sabe: el 8 % del PIB de
ingresos menos que la media de la Unión Europea. Son 80.000 millones de ingresos menos cada año que si ingresáramos la media de la Unión Europea. Por supuesto eso no se resuelve en un plisplás, pero, como mínimo, hay que abordarlo. Ustedes no han
tenido esa prioridad por mucho que digan lo contrario, como se demuestra por el hecho de que estos proyectos de ley los han presentado al final de esta legislatura.
Este proyecto de ley no solo llega tarde, sino que llega con algunas insuficiencias. De todas maneras, déjeme que les diga que voy a constatar algunas coincidencias con este proyecto de ley para que usted, el Grupo Popular, no pueda
utilizar la descalificación fácil de que estáis en contra de todos, pero también voy a abordar sin duda las grandes discrepancias que tienen que ver con lo que ustedes llaman transparencia y es todo menos eso y especialmente no lo es en relación con
morosos y defraudadores fiscales.
Coincidencias importantes y significativas. Pensamos que es significativo y que es oportuno que la Agencia Tributaria tenga a su disposición mecanismos de gestión para impedir lo que en estos momentos lleva a grandes elementos de elusión
fiscal, es decir, aquello que no es fraude, pero que es elusión fiscal, aprovechando los problemas interpretativos y aprovechando claramente cómo las grandes corporaciones y las grandes empresas tienen instrumentos a su servicio para evitar el pago
de impuestos. Déjeme que le diga que la lucha contra esas formas de elusión pasa, entre otras cosas, por acabar con la superproducción legislativa. Lo que más facilita que esas grandes empresas, que tienen grandes despachos detrás, puedan utilizar
la elusión fiscal es estar cambiando permanentemente la legislación y abriendo vericuetos para que lo puedan hacer. Por tanto, un mecanismo es: hagan ustedes más política y menos leyes.
Tenemos también alguna coincidencia en relación con el tratamiento de los plazos de prescripción. Sin duda en algunos supuestos hay que ampliar los plazos de prescripción para evitar que las estrategias de distracción de las grandes
corporaciones, grandes contribuyentes, terminen en impunidad, pero déjeme que le diga que eso no se puede hacer en contra de la seguridad jurídica del conjunto de los contribuyentes. Le sugiero una alternativa. La manera de hacer compatible la
eficiencia en la persecución del fraude con la elusión fiscal sin atentar contra los derechos del conjunto de los contribuyentes no es, por ejemplo, ampliando de manera generalizada los plazos de prescripción que generan inseguridad jurídica, sino
aumentando los recursos técnicos y humanos de la Agencia Tributaria fundamentalmente dirigidos a los
grandes defraudadores. Eso es lo que ustedes no hacen, eso es en lo que no intervienen. Eso es en lo que han tenido algún conflicto importante con los profesionales de la Agencia Tributaria, que han llegado a denunciar que ustedes no están
interesados en perseguir esa zona de fraude y, en cambio, dedican una parte importante de todos sus recursos a perseguir el pequeño fraude. El fraude siempre es fraude, sobre todo en términos morales y éticos, pero desde la perspectiva social y
desde la perspectiva de los ingresos lo importante es ir a las grandes bolsas de fraude de las grandes corporaciones.
Dichas esas coincidencias, que usted podría aprovechar si no hubiera intentado hacer un debate tongo, le vamos a plantear nuestra profunda discrepancia con el tratamiento que hace del tema de la publicidad en el caso de morosidad y de
contribuyentes condenados por sentencias firmes en delitos fiscales. Le voy a decir que no compartimos algunos aspectos de los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial. No compartimos la defensa a ultranza del
derecho a la intimidad de los contribuyentes frente a Hacienda. Derecho a la intimidad sí, pero no hasta el punto de acabar con la defensa de los intereses generales que puede representar la Hacienda pública. Es curioso cómo el Consejo General del
Poder Judicial se preocupa de la intimidad de los contribuyentes y, en cambio, no se preocupa de la intimidad de los afectados por la ley mordaza. ¡Qué criterio! Se nota que el componente de clase y el sesgo ideológico está muy presente en el
Consejo General del Poder Judicial. En ese sentido, déjeme que le diga lo que le han dicho ya algunos otros intervinientes. Lo que usted hace en estos dos proyectos de ley es intentar hacer ver que quiere abordar un problema, pero no lo hace;
peor aún, lo hace mal, porque incluso desde esa perspectiva da un tratamiento de clase al moroso y al defraudador fiscal. Usted castiga -si se me permite decirlo así, aunque no es esa la expresión- a los defraudadores fiscales a condición de que no
sean suficientemente ricos y millonarios para que puedan pagar cuando son descubiertos y condenados por deudas y a partir de ese momento ahorrarse la publicidad. No es ese el camino. El camino es abordar claramente, como ya le hemos planteado, una
transparencia en ese sentido.
Déjeme que le diga que es una barbaridad que este país trate mejor a los morosos entre empresas privadas que a los morosos con la Hacienda pública. No hemos entendido nunca cómo puede haber un país que tenga una legislación por la que la
morosidad con un banco puede ser situada en medio de la plaza pública para que los bancos y todo el mundo que está en el tráfico mercantil pueda llegar a saber quién es moroso con un banco -a pesar de que a lo mejor esa morosidad es consecuencia de
las deudas adquiridas por otras empresas o por las administraciones públicas- y, en cambio, protege al moroso con las administraciones públicas. En ese sentido, su proyecto nos parece no solo insuficiente, sino una vez más absolutamente sesgado
desde la perspectiva de clase.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, tiene que concluir.
El señor COSCUBIELA CONESA: Termino.
Quienes pueden pagar se pueden permitir el lujo de intentar defraudar, porque cuando los descubren y los condenan se ahorran la publicidad de esos actos. En resumen, señor Montoro, si usted quiere discutir sobre estos proyectos de ley,
vamos a tener oportunidad de hacerlo; entre otras cosas, planteando elementos de publicidad que no sean solo la publicación en el Boletín Oficial del Estado, sino que sea publicidad accesible al conjunto de los ciudadanos para que la reprobación
social sea de verdad en relación con aquellos que incumplen de manera reiterada sus compromisos con el conjunto de la sociedad.
Por último, no hagan ustedes ostentación de transparencia, porque si algo no es este Gobierno es transparente. Usted es el ministro que continúa negándose a dar los datos sobre la amnistía fiscal. Es el ministro de Hacienda más opaco que
ha tenido la historia de este país. Deje a Grecia en paz. Preocúpese usted de los problemas de los españoles y no saque tanto pecho, porque posiblemente en algún momento alguien le tenga que recordar la herencia Montoro.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Coscubiela.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i de Unió, el señor Picó tiene la palabra. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
El señor PICÓ I AZANZA: Unió Democràtica de Catalunya asume los proyectos de ley que debatimos hoy desde la necesidad de hacer realidad tres principios objetivos primordiales y prioritarios. El primero de ellos es aplicar el principio de
seguridad jurídica en los procedimientos tributarios. En las diferentes
intervenciones que hemos tenido en los últimos meses mi grupo parlamentario ha puesto de manifiesto la necesidad de respetar en todos los casos la seguridad jurídica. ¿Alguien pone en duda que en materia tributaria es más que necesario el
principio de seguridad jurídica? Creo que no. Segundo principio objetivo por parte de nuestro grupo, preservar los derechos del contribuyente. La relación entre la Administración tributaria y el ciudadano contribuyente muchas veces no responde a
la preservación de los derechos de este último, de los contribuyentes. Los proyectos de ley que se tramitan tendrán una especial incidencia en esta redacción y, por tanto, debe responder siempre al respeto de los derechos del contribuyente. Y,
tercer y último principio, reducir la litigiosidad en el sistema tributario. Tenemos que reducir la litigiosidad entre la Administración tributaria y los contribuyentes, un sistema fiscal que genera gran número de conflictos que acaban ante los
tribunales administrativos, primero, y contencioso-administrativo, después, no es un buen sistema. Obtener una resolución representa dos o tres años como mínimo de espera, una gran carga de trabajo para los tribunales y unos desproporcionados
costes para los contribuyentes. Quiero recordar que una memoria del Consejo General del Poder Judicial -no recuerdo de qué año- hablaba de que en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo existían 6.000 millones de euros en
conflictos tributarios, es una gran cantidad que no debería ser, ni mucho menos. Estos son los objetivos que nos marcamos en la tramitación parlamentaria de ambos proyectos de ley: uno, aplicar el principio de seguridad jurídica; dos, preservar
los derechos del contribuyente; y tres, reducir la litigiosidad en el sistema tributario, y muy especialmente en relación con la modificación de la Ley General Tributaria por tener esta un sentido mucho más amplio de las relaciones entre la
Administración tributaria y el ciudadano.
Las enmiendas a la totalidad formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista inciden en aspectos que en mayor o menor medida podíamos compartir en algunos casos, pero no en otros. Citaré tres. Por ejemplo, en relación con la revelación de
datos de los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal. Señor Saura, la semana pasada tuvimos la oportunidad de debatir la proposición de ley que ustedes formularon. Sobre esta cuestión, sabe muy bien que consideramos adecuado que
exista un debate sobre la procedencia de la publicación de los datos de aquellos contribuyentes que se acojan a una regularización tributaria o cometan fraude fiscal como medida disuasoria para futuras regularizaciones, eso sí, teniendo en cuenta
siempre que la cesión de datos a terceros debe realizarse respetando el principio tributario de reserva de datos y justificando tanto el motivo, como la finalidad y el destinatario de dicha cesión. Por ejemplo, también podríamos coincidir en la
necesidad de matizar la nueva regulación sobre la potestad ilimitada de la Administración tributaria introducida por el proyecto de ley por la que se conceden potestades a la Administración tributaria de manera, creemos, desproporcionada, en
detrimento del contribuyente que ve mermada su capacidad para recurrir los actos administrativos, así como que este otorgamiento ilimitado de facultades conlleva una gran inseguridad jurídica.
También le reconocemos la poca ambición en la adopción de medidas contra el fraude fiscal que se adoptan, o no se adoptan, con este proyecto de ley. Poca ambición en la lucha contra el fraude fiscal y de lucha contra la economía sumergida.
Quiero recordar que mi grupo fue el que ha reclamado y continúa reclamando la necesidad de tener un mapa sobre la economía sumergida en España y la adopción de medidas de lucha contra la misma. Cada vez que lo hemos planteado nos hemos encontrado
con la negativa del Grupo Parlamentario Popular. Podría citar otras cosas. La necesidad de matizar la regulación del conflicto en la aplicación de la norma tributaria o en la imprescriptibilidad de las actuaciones de comprobación e inspección de
la Administración tributaria.
En relación con el proyecto de ley orgánica, por la que se regula el acceso y publicidad de determinadas informaciones contenidas en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal, debatimos en este trámite una de las medidas más
anunciadas por el Gobierno y, sobre todo, por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas a lo largo de la presente legislatura. Ahora, en el tramo final de la legislatura, el Gobierno aprueba el proyecto de ley orgánica de modificación de
la Ley Orgánica del Poder Judicial con la inclusión de un nuevo artículo, el artículo 235 bis. Ahora sí tenemos la oportunidad de manifestarnos sobre la base de un texto articulado.
Nuestro grupo parlamentario valora positivamente el objeto del proyecto de ley sobre la base, en primer lugar, del contenido del proyecto de ley de modificación de la Ley General Tributaria y a la vista de su contenido, porque no debe darse
peor condición a los deudores tributarios que serán incluidos en listados anuales por parte de la Hacienda Pública con respecto a los deudores tributarios condenados por sentencia firme. Debe darse un tratamiento diferente a un caso y a otro. En
segundo lugar, la garantía que supone para la salvaguarda del derecho a la protección de datos el hecho de que el acceso público se realice mediante la publicación de un extracto del fallo de la sentencia condenatoria que contenga,
únicamente, los datos que permita la identificación del proceso del condenado y del responsable civil, el delito por el que haya sido condenado, así como la pena y la cuantía de la responsabilidad impuesta. Y, en tercer lugar, por los
efectos disuasorios que debe tener el objeto del proyecto de ley ante las conductas de evasión fiscal. Creo que todos compartimos que ese debe ser el verdadero objeto de la iniciativa. Por tanto, el posicionamiento a nivel general de la iniciativa
planteada, sobre la base de esos principios que le he expuesto, creemos que es positiva.
Entrando en la letra del proyecto de ley, mi grupo tiene algunos comentarios que hacer. La enmienda a la totalidad formulada por el Grupo Socialista, de la cual podemos compartir algunos aspectos, de nuevo apunta más a conceptos parciales
de la propuesta que al fondo del objeto del proyecto de ley, señor Saura. Finalmente, sobre algunos de los aspectos parciales que cita su enmienda a la totalidad, mi grupo cree que hay conceptos que hay que matizar y modificar en el trámite
parlamentario. Por ejemplo, el ordenamiento interno debería establecer que sea el juez quien, en función de las circunstancias apreciadas y de los agravantes o atenuantes apreciados en cada caso particular, decida publicar o no los datos de la
sentencia, ya que con esa modificación no se pierde la finalidad de ejemplificación de la publicidad, haciendo una analogía a lo que previene al reglamento del procedimiento del tribunal europeo.
Otro aspecto que también debemos mencionar es en relación con la cancelación de los antecedentes penales, que no lo contiene el proyecto de ley. La publicación de las sentencias no puede frustrar la reeducación y reinserción social del
delincuente prevista en el artículo 25 de la Constitución, por lo que de adoptarse como pena, como parece hacer el proyecto de ley, deberían establecerse las medidas necesarias para que, una vez cancelados los antecedentes penales, los datos de la
condena también se eliminaran. Por último, conforme al informe del Consejo Fiscal de la Fiscalía General del Estado de la exposición de motivos del presente proyecto, se deduce que la finalidad perseguida en relación con la publicidad de
determinada información de las sentencias condenatorias en materia fiscal coincide plenamente con los fines de la pena de prevención general. Por tanto, hay que considerar la posibilidad -y lo debatiremos, esperemos, con una enmienda que
presentaremos- de incluirla como pena dentro del Código Penal. Por ello, entendemos que alguna prevención debe realizarse en el vigente sistema de penas al supuesto de la publicación de los datos personales contenidos en los fallos de las
sentencias firmes condenatorias.
Señorías, para acabar, debo decirles que en relación con los proyectos de ley existen aspectos relevantes de estos proyectos de ley que deben ser objeto de modificación durante la tramitación parlamentaria, y que advertimos puntos
coincidentes con los argumentos expuestos por el Grupo Parlamentario Socialista, pero los diputados y diputadas de Unió Democràtica de Catalunya nos abstendremos, creyendo que es necesario seguir con el trámite legislativo de estos proyectos de ley,
a los cuales presentaremos las enmiendas pertinentes con la finalidad de preservar, como decía, los derechos del contribuyente, reducir la litigiosidad y dotar de una mayor seguridad jurídica los procedimientos tributarios.
Señor Saura, ha calificado su enmienda como enmienda a la totalidad a la política económica del Gobierno. Yo creo que se han presentado dos enmiendas a la totalidad, una del señor ministro y otra del señor Saura. Ambos han formulado
enmiendas a la totalidad y se han reprochado el uno al otro y el otro al uno sus actuaciones en materia económica. Señorías del Grupo Socialista, cuando en 2008 Convergència i Unió avisó de la situación económica de grave crisis que vivíamos
ustedes no asumieron la situación y se dedicaron a regalar cheques que no sirvieron para nada. Y señor ministro, ¿recuerda usted que en mayo de 2012 rehusaron la apelación a la responsabilidad?
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Picó, acabe, por favor.
El señor PICÓ I AZANZA: Acabo, señora presidenta.
Rehusaron la apelación a la responsabilidad ante la situación de quiebra que se vivía mientras que CiU lo asumió. Oídos sordos en la bancada de la izquierda, oídos sordos en la bancada de la derecha. Esa es la capacidad que unos y otros
han demostrado para escucharse no solo hoy, sino también durante toda la legislatura y escuchar a otras formaciones políticas que hemos manifestado aquí nuestras propuestas.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Picó.
Por el mismo grupo, tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Señora presidenta, señorías, ante el debate de totalidad de este proyecto de ley, al que en su momento el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió no presentó enmienda a la totalidad, Convergència Democràtica de
Catalunya cree que es un proyecto que merece no solo un debate muy profundo, sino también una profunda revisión por parte del Gobierno. Una cosa, señorías, es luchar contra el fraude fiscal, algo que siempre hemos defendido y con lo que estamos
sumamente comprometidos, y otra es el trato que con esta ley se da al contribuyente que paga y procura cumplir con sus obligaciones fiscales.
Antes de entrar en el contenido del proyecto de ley, permítanme que haga una breve reflexión en relación con la lucha contra el fraude fiscal y el sistema tributario. En primer lugar, en España hay una elevada economía sumergida y sería
oportuno que el INE y la Agencia Tributaria se comprometiesen a elaborar anualmente una estimación, ya que ayudaría a concienciar a todo el mundo respecto al drama de la economía sumergida y el consecuente fraude fiscal, a la vez que nos permitiría
tener un claro conocimiento respecto a la eficiencia o no de las estrategias en materia de política tributaria. Mi grupo parlamentario lo ha propuesto en distintas ocasiones desde Convergència i Unió y creemos que el Gobierno debería activarlo, tal
como lo ha reclamado también mi compañero Antonio Picó. En segundo lugar, en relación con el sistema tributario, una cosa es luchar contra el fraude fiscal con ayuda de los instrumentos de los que dispone el Estado y otra articular un sistema
tributario que penaliza a los contribuyentes que declaran, sin que el contribuyente de a pie tenga capacidad racional de autodefensa. Este proyecto de ley en demasiados casos otorga a la Administración una capacidad de actuar arbitrariamente en
contra del contribuyente, afectando así a sus derechos.
Señora presidenta, señorías, señor ministro, hemos pasado del Estatuto del contribuyente, que apoyamos en sus inicios y al que dimos nuestro soporte, al Estatuto de la Administración Tributaria, y me explicaré. En febrero de 1998, durante
la primera legislatura del Partido Popular, esta Cámara aprobó la Ley del Estatuto del Contribuyente y fue una buena noticia, pues ofrecía información a los contribuyentes; nos ofrecía derechos y garantías y representó un quiebro para la inercia
del sistema tributario vigente. Pero, lamentablemente, lo que en su momento fue un paso en la buena dirección, en posteriores reformas de los procedimientos tributarios el propio Estado, con Gobiernos socialistas y del Partido Popular, lo ha
enmendado. En cada reforma los derechos del contribuyente se han hecho más pequeños y la capacidad de la Administración de considerarse indiscutible ha aumentado. Finalmente, llega este proyecto de ley que, en contraposición al Estatuto del
contribuyente, podríamos denominarlo Estatuto de la Administración Tributaria. Con él parece que la información solo corresponde a la Administración, los derechos son para la Administración, las interpretaciones son potestad de la Administración e
incluso los jueces quedan supeditados a lo que determine la Administración. Hoy, el Gobierno nos presenta un proyecto de ley que articula un potente sistema tributario de carácter coactivo, discrecional y poco transparente al servicio del Estado en
cuanto que la información en sus manos no la tiene el contribuyente para su defensa. Un potente sistema tributario al servicio de la maquinaria administrativa que lo mueve y acompañado de unos complejos mecanismos judiciales que hacen muy difícil
la defensa de sus derechos a los pequeños contribuyentes, a las pequeñas y medianas empresas e incluso a multitud de pequeños despachos profesionales que ayudan a las personas físicas y a las pymes a realizar sus declaraciones ante la Hacienda
pública. Y tenemos ejemplos en la redacción de los artículos de este proyecto de ley que así lo demuestran.
No quiero terminar mi intervención sobre este primer proyecto de ley de modificación de la Ley General Tributaria sin anunciar también una enmienda que mi grupo va a presentar sobre un tema tremendamente injusto. Se trata de evitar que las
ayudas y subvenciones de emergencia que dan los ayuntamientos a personas sin recursos sean embargables y embargadas por Hacienda. Es una absurdidad y una injusticia que urge, a nuestro entender, resolver y el trámite de este proyecto de ley es un
trámite adecuado para corregirlo. En definitiva, presidenta, señorías, señor ministro, para Convergència y a pesar de no compartir la totalidad de las argumentaciones de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Socialista, vamos a darle
nuestro apoyo; aunque discrepamos de muchos de sus argumentos, vamos a apoyarlo porque creemos que este proyecto de ley merece un debate y una revisión a fondo. E insistimos de manera firme y contundente desde Convergència Democràtica de Catalunya
en nuestro compromiso en la lucha contra el fraude fiscal, en la defensa del contribuyente que cumple y para que tenga capacidad racional y mecanismos transparentes y eficaces de autodefensa, e insistimos también en la necesidad de más transparencia
en la información tributaria entendiendo que con opacidad no se lucha contra el fraude fiscal.
En relación con el segundo proyecto de ley orgánica -señora presidenta, estoy terminando- por el que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal, desde
Convergència Democràtica de Catalunya compartimos la posición y las consideraciones que han sido expuestas por mi compañero y diputado Antonio Picó, en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència y de Unió.
No quiero terminar mi intervención -y, señor Montoro, con mucho respeto pero con mucha contundencia también lo quiero manifestar- sin hacer referencia a su última intervención respecto a mayo de 2010. Nuestro grupo parlamentario actuó con
una gran responsabilidad y con una gran generosidad, sin poner por encima posiciones partidistas sino la visión a medio y a largo plazo...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: ... y sobre todo la responsabilidad que teníamos y lo que nos jugábamos en aquel momento, y actuando por encima de posiciones partidistas y sobre todo cortoplacistas, algo que ustedes no hicieron, señor ministro,
algo que ustedes no hicieron.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Riera, tiene que finalizar.
La señora RIERA I REÑÉ: Termino, señora presidenta.
Premiaron posiciones más cortoplacistas, tácticas y partidistas y si nosotros hubiésemos actuado de esta manera, las consecuencias para la sociedad y para la economía hubiesen sido graves, como lo fueron para otros países. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Riera.
Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, en primer lugar, tiene la palabra el señor López-Amor.
El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, tengo el inmenso honor de representar al Grupo Parlamentario Popular en el debate de totalidad de la modificación parcial de la Ley General Tributaria. Hace ya
doce años, un 8 de julio, subía a esta misma tribuna y hoy, día 7 de julio, San Fermín, lo vuelvo a hacer para defender en esta Cámara un proyecto de modificación parcial también de la Ley General Tributaria. Sustituía la ley de hace doce años a la
Ley de 1963, que, por cierto, era magnífica, y que a pesar de su brevedad innovó el derecho tributario, dejando para siempre expresiones que se han consolidado con el paso del tiempo, como el hecho imponible. Hay que enmarcar esta Ley de 1963
dentro del conjunto de leyes liberales que se promulgaron en nuestro país a partir del Plan de estabilización de 1959. En 2003, un régimen tributario masivo, la existencia de medios telemáticos y la obligación de dotar al contribuyente de los
derechos que la Constitución consagra con carácter general como fundamentales hicieron necesaria esta ley; además, incorporó la Ley 25/1995, de Infracciones y Sanciones, y la Ley 1/1998, por la que se aprueba el Estatuto del contribuyente y que
sigue vigente hoy en día todavía. Ahora, con indudable acierto, el Gobierno ha decidido hacer una modificación a través de un artículo único dividido en 67 apartados. ¿Por qué digo lo de acierto? Pues, sencillamente, porque mantiene su carácter
codificador y la adaptación continua de la norma tributaria, cerrando además el ciclo de las leyes que han ido conformando el corpus legislativo en materia tributaria que tiene un fin concreto: la lucha contra el fraude fiscal. El proyecto que nos
ocupa tiene ese carácter codificador y regula las relaciones jurídicas tributarias entre la Administración y los ciudadanos contribuyentes, dotándolos de mayor seguridad e incrementando la eficacia de la actuación administrativa en la aplicación de
los tributos. Por tanto, es un acierto del Gobierno.
Entrando de pleno en el articulado del proyecto, en su espíritu teleológico, debemos destacar algunas novedades que han llamado la atención y que tienen como objetivo hacer posible y efectivo el artículo 31 de la Constitución española. Este
principio constitucional se hace efectivo luchando contra el fraude fiscal, y no cabe duda de que si este proyecto reduce la conflictividad, aumentará la eficacia en la aplicación de los tributos. Por eso, regulamos por vez primera la publicidad de
los datos tributarios, que se entrelaza con la publicación de las sentencias por delito fiscal.
Abordaré primero la publicación de sentencias por delito fiscal que obliga a aprobar la adición de un nuevo artículo 235.3.º en la Ley Orgánica del Poder Judicial y la modificación del artículo 160 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Posibilita esta reforma conocer la identidad de quienes causen un mayor perjuicio a la Hacienda pública, excepcionando el secreto de los datos con trascendencia tributaria del artículo 95 de la Ley General Tributaria. El carácter público del fallo
deriva de la naturaleza pública de las actuaciones
judiciales, al contrario que las tributarias, en las que el principio de confidencialidad es clave. Esta regulación es más importante, si cabe, y la justifica porque los delitos tributarios tienen consecuencias fuera del proceso mismo; por
ejemplo, en la contratación pública, en las subvenciones, en el régimen disciplinario de las entidades financieras, etcétera. Dice el Tribunal Supremo que la publicidad puede tener carácter aflictivo o de gravamen y por ello el proyecto de ley es
respetuoso en su regulación, apoyándose siempre en el interés público, y su regulación por ley orgánica se hace necesaria al añadir un artículo a una ley que tiene ese carácter. Ese respeto al que hacía mención se hace patente en el alcance de la
publicidad de las sentencias, en el respeto al honor, intimidad y protección de datos, teniendo en consideración que los derechos individuales tampoco son absolutos. Así lo entiende el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, que establece que la cesión de datos necesita de una previsión legal. Esta publicación de datos -dice el Tribunal Constitucional- se refiere a delitos tasados y siempre contra la Hacienda pública, manteniendo la privacidad de otros
implicados en el proceso que no hayan sido condenados y existiendo la firmeza de la sentencia, esto es, que sea inatacable jurídicamente. El conflicto entre derechos individuales e intereses generales se decanta a favor de estos últimos, aunque es
justo reconocer que hay opiniones contrarias, máxime cuando tienen reconocimiento constitucional. Esta modificación se ve también en el régimen transitorio, que prevé una retroactividad media, ya que no tiene carácter sancionador y, por tanto, no
le es de aplicación el artículo 9.3 de la Constitución.
Concluyo este apartado diciendo, primero, que esta medida implica, según el Tribunal Supremo, una medida aflictiva, pero no tiene una naturaleza sancionadora sino un fundamento autónomo: el interés público; segundo, que existen precedentes
en otros ámbitos, como la Ley Concursal -derechos de terceros que pueden verse afectados- o la Ley Penal -por ejemplo, con la publicación de las sentencias sobre calumnias e injurias-; tercero, que su regulación se hace por ley orgánica porque es
excepcional la norma reguladora de la publicidad de la sentencia y para ajustarse también a la Ley Orgánica de Protección de Datos. En cuanto a la publicidad de la lista de deudores, se mantiene el principio de reserva de ley previsto en el
artículo 95 de la Ley General Tributaria y solo cuando se supere el importe de cuota y sanciones -un millón de euros- y no hubiesen sido pagados transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario se pueden publicar estos datos. Esta medida se
ha utilizado en multitud de países como Reino Unido, Suecia, Noruega, Finlandia, Australia, etcétera, y es preciso regularla de forma menos abierta, ya que establece una suerte de sanción para contribuyentes que, habiendo reconocido su deuda, no
pueden afrontarla en periodo voluntario. Es verdad que existe un trato asimétrico con administraciones públicas morosas que han sido muchas veces las causantes de la mora de esos mismos contribuyentes. El Tribunal Supremo también proclama el
carácter no sancionador de la medida solo superable por el carácter autónomo de la función de información, basada en la transparencia pública y en la lucha contra el fraude fiscal. La Constitución, en su artículo 18.4, consagra la protección de
datos y lo hace como derecho fundamental. Esto es lo que hace el proyecto de ley, que no tiene más fin que el de prevenir situaciones de incumplimiento grave de obligaciones tributarias.
Otra novedad que yo creo que tiene un carácter verdaderamente progresivo es la nueva regulación del conflicto de aplicación de la norma. Se introdujo por primera vez en la Ley de 2003 como evolución natural de la normativa sobre fraude
fiscal contenida en la antigua Ley General Tributaria en su artículo 24.2. En la Ley de 2003 se recogió lo que la doctrina reconoce como economía de opción, es decir, actos notoriamente artificiosos o impropios y que solo buscan una ventaja o un
ahorro fiscal. Se pretendía entonces que se eliminaran esas ventajas fiscales pero, eso sí, sin sanción y con liquidación de los intereses de demora. Ahora la novedad es la imposición de sanción prevista en el artículo 15.3 y 4, siempre que se
haya declarado conflicto de la aplicación de la norma y cuando exista criterio administrativo preexistente y público. Se ha pasado de una consideración subjetiva -obtención de un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico- a una objetiva. El
objetivo no es otro que evitar la elusión fiscal, no la evasión u ocultación. Un ejemplo de todo ello está ya en el régimen de fusiones en el impuesto sobre sociedades, que se rechaza siempre que no tenga un fundamento económico y, por tanto, no se
le puedan conceder beneficios fiscales. Para la declaración de conflicto se requiere un informe favorable de una comisión consultiva creada al efecto en el artículo 159 de la ley.
Por último, voy a hablar del otro apartado que me parece más importante, porque si no podríamos estar mucho tiempo, que es la prescripción y el derecho a comprobar que tiene la Administración tributaria. Como todos ustedes saben, el
artículo 66 de la ley regula con carácter general la prescripción tributaria, estableciendo un periodo de cuatro años, que es el periodo que tiene la Administración para determinar y
liquidar la deuda tributaria. Esta afirmación se desnaturaliza de alguna manera en el proyecto actual cuando se dice que el derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de comprobación de las bases u cuotas compensadas o
pendientes de compensación o de deducciones aplicadas o pendientes de aplicación prescribirá a los diez años. La prescripción es un instituto que corresponde al legislador determinar su régimen, sus límites materiales. En esa línea, el legislador,
el prelegislador y nosotros llevamos un proyecto de ley en donde se establece un plazo máximo de diez años y la necesidad de que lo comprobado surta, necesariamente, efectos en ejercicios no prescritos. El Consejo de Estado opina que es
perfectamente constitucional este alargamiento de la prescripción para estos casos concretos y califica el poder de la Administración para comprobar e investigar como una potestad y esas -las potestades de la Administración- son imprescriptibles.
Ahora voy a entrar directamente, para no alargarme más, en la única enmienda a la totalidad que se ha presentado por parte del Grupo Socialista. En primer lugar, me da qué pensar que haya muchos grupos de esta Cámara que si no han
presentado enmienda de totalidad -y ya lo han dejado dicho en esta tribuna- es porque piensan que este proyecto de ley tiene aspectos verdaderamente positivos y que en el periodo de tramitación parlamentaria se puede enriquecer de forma sustancial
mediante la presentación de las oportunas enmiendas. Incluso hasta La Izquierda Plural ha visto aspectos positivos en todo el proyecto de ley presentado. El Grupo Socialista ha presentado una enmienda donde repite de nuevo todo lo que ha dicho
durante toda la legislatura. No sabemos todavía a estas alturas cuál es la política tributaria que defiende el Partido Socialista, no sabemos si quiere subir los impuestos, reducir el déficit o si quiere más gasto público como el PlanE, el último
que hicieron cuando estuvieron en el Gobierno. De todas maneras, la reiteración de opiniones sobre el fraude fiscal nos deja verdaderamente sorprendidos porque después de setenta intervenciones en esta Cámara el señor Saura olvida que la
regularización extraordinaria que realizó este Gobierno fue absolutamente transparente e identificaba con nombres y apellidos a cada uno de los contribuyentes que regularizaba, frente a la opacidad fiscal de las amnistías fiscales socialistas
realizadas por el señor Boyer en 1984 y por el señor Solchaga en 1991. Esa regularización extraordinaria ha permitido aflorar más de 100.000 millones de euros depositados en el exterior, correspondientes a más de 140.000 contribuyentes. Se aprobó
en esta Cámara, con total transparencia y asumiendo el coste público, no como el Gobierno socialista que, a través de un despacho situado en la Agencia Tributaria, invitó a regularizar voluntariamente a aquellos personajes que salían en la lista
Falciani. Por lo tanto, señor Saura, no hay que estar predicando siempre lo mismo, porque la reiteración aburre y, además, es absolutamente falso todo lo que usted dice.
No son suficiente razón los informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado -que cita la enmienda del Grupo Socialista con mención de las páginas exactas- para retirar el proyecto de ley. El Partido Socialista dice
que hay falta de medios profesionales en la Agencia Tributaria, pero si hay algún organismo dentro de la Administración que tiene medios materiales, tecnológicos y personales y que más ha incrementado el número de personas que acceden a la Función
pública es la Agencia Tributaria. En este momento la Agencia Tributaria cuenta con una plantilla que casi llega a 27.000 efectivos. Es importantísimo saber que los medios tecnológicos con los que cuenta la Agencia Tributaria son de tal envergadura
que puedo decir que son los más avanzados de este país. Los resultados están ahí y es que nunca se ha recaudado más en la lucha contra el fraude fiscal, 12.300 millones en 2014 y más de 40.000 millones desde el inicio de la legislatura.
Finalmente, ustedes piden que se incluyan medidas concretas contra la elusión fiscal. La regulación del concepto de aplicación de la norma es verdaderamente clara en este aspecto. Otros aspectos de la ley van en la misma dirección porque toda la
ley tiene un espíritu, tiene una ratio legis, que es la de luchar contra el fraude fiscal y hacer posible que los grandes defraudadores, los grandes contribuyentes no se amparen nunca ni en un mejor asesoramiento ni en una ley poco clara ni en
mecanismos que puedan dilatar los procedimientos de aplicación y liquidación de los tributos.
Hay que rechazar -y así va a hacer mi grupo- la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Socialista. Animo a los demás grupos parlamentarios a que en la tramitación parlamentaria de esta ley aporten sus ideas y todas las enmiendas
que estimen oportunas, dentro del respeto no solo al contribuyente, sino también a la Administración pública. Al final, todas estas medidas tienen un interés importante. No dirán ustedes que este Gobierno no ha hecho nada por luchar contra el
fraude fiscal, porque, además de lo que ha hecho en España, está luchando en los foros internacionales, tanto en la OCDE como en la Unión Europea, claramente a favor de una legislación armonizadora de impuestos -en concreto del
impuesto sobre sociedades- que permita que esa elusión fiscal y ese traslado de bases imponibles de un país a otro en función de la coyuntura impositiva tributaria puedan dejar de existir. Por lo tanto, felicito desde aquí al señor ministro
por este proyecto de ley, que espero que se enriquezca de forma importante en su tramitación parlamentaria.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor López-Amor.
Por el mismo grupo, señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo muy brevemente, puesto que ya mi compañero Fernando López-Amor ha defendido nuestra posición en este proyecto de ley con mucha brillantez, para dejar claro en primer lugar, y para que conste en el 'Diario de Sesiones', que el
ministro de Hacienda, el señor Montoro, únicamente ha hecho la constatación de una verdad que han podido comprobar todos los ciudadanos en estas últimas elecciones municipales, y es que el Partido Socialista allá donde puede desalojar al Partido
Popular, aunque tenga que pactar con fuerzas políticas radicales, lo hace sin dudarlo. No ha dicho más que la verdad.
Llevan toda la legislatura instalados -también lo ha dicho el ministro de Hacienda- en el no permanente. No han hecho absolutamente ninguna aportación en la mejora, en el avance, en la justicia y en la equidad de nuestro sistema tributario,
y tampoco ninguna aportación en la lucha contra el fraude, y con la presentación de esta enmienda de totalidad nuevamente se les ve el plumero, señores socialistas. Se les ve el plumero porque creo que o no se han leído el proyecto de ley, o no
saben muy bien cuál es la finalidad, porque con este proyecto de ley se van a publicar en el Boletín Oficial del Estado las sentencias condenatorias firmes por fraude fiscal y eso nos hace avanzar en solvencia, en justicia y en equidad de nuestro
sistema tributario en dos frentes: primero, avanzamos en transparencia porque desde el Partido Popular, desde el Grupo Parlamentario Popular pensamos que la sociedad tiene derecho a conocer quiénes son las personas que no cumplen con la sociedad,
que no pagan sus impuestos y que no cumplen con sus obligaciones tributarias; pero también avanzamos con este proyecto de ley en otra dirección, y es incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, porque ese debe ser el fin
último de un sistema tributario: reforzar la conciencia cívico-tributaria de todos los españoles y que aquellos que no paguen sus impuestos sepan que sus datos van a estar a disposición de toda la sociedad para que toda la sociedad conozca por qué
no cumplen con ese deber de solidaridad.
Por eso, señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que este proyecto de ley constituye el broche de oro a una legislatura que avanza con pasos de gigante, una legislatura que nos atrevemos a calificar de brillante en la lucha
contra el fraude. Se comenzó la legislatura aprobando un proyecto de ley de prevención y lucha contra el fraude que contiene medidas que nunca se habían contemplado en la legislación tributaria y que han sido muy eficaces, se siguió con la
modificación del Código Penal para endurecer las penas por delito fiscal, y al final, este Gobierno está recogiendo los frutos de esas herramientas legislativas y de ese buen trabajo de la Agencia Tributaria, porque hemos obtenido los mejores
resultados de la historia de la democracia, les guste o no les guste, en la lucha contra el fraude.
La realidad es que el fraude fiscal, como ya les he dicho alguna vez, existía antes de que el Partido Popular llegara al Gobierno, pero la realidad es que con el Partido Socialista algunas grandes fortunas y algunas grandes empresas campaban
a sus anchas por los paraísos fiscales, y el Partido Popular, el Gobierno del Partido Popular ha aprobado leyes realmente eficaces en la lucha y prevención contra el fraude. Por tanto, en esta enmienda a la totalidad se les ve una vez más el
plumero de la demagogia, el plumero del populismo, y se les ve esa postura en la que llevan instalados toda la legislatura diciendo una cosa y haciendo la contraria, pidiendo transparencia y votando hoy en contra de que se publiquen los datos de
esos defraudadores condenados por delito fiscal. Por tanto, señores socialistas, pura demagogia, puro teatro. Nosotros, desde luego, vamos a apoyar este proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Madrazo.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CONCEDEN CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y UN SUPLEMENTO DE CRÉDITO POR IMPORTE DE 856.440.673,35 EUROS EN EL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DEFENSA, PARA ATENDER AL PAGO DE OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A PROGRAMAS
ESPECIALES DE ARMAMENTO Y A LA REALIZACIÓN DE OTRAS ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 7/2015, DE 14 DE MAYO). (Número de expediente 121/000159).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al debate de totalidad del proyecto de ley por la que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35 euros en el presupuesto del Ministerio
de Defensa para atender al pago de obligaciones correspondientes a programas especiales de armamento y a la realización de otras actuaciones del departamento, procedente del Real Decreto-ley 7/2015, de 14 de mayo. A este proyecto de ley se han
presentado una serie de enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Mixto, cuyos representantes intervendrán tanto para defender la enmienda como para fijar posición, tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, han incrementado en más de 1.900 millones el presupuesto de este año de defensa y de estos 1.900 millones hoy debatimos más de 850 a cargo de deuda pública, motivo por el cual no existe ninguna razón para no presentar esta enmienda
a la totalidad. Esto políticamente nos asquea porque mientras hemos contemplado cómo se han devaluado los salarios, cómo han descendido de forma notable los presupuestos destinados a sanidad, a educación, a dependencia y también, por qué no
decirlo, mientras se ha legislado en contra de los derechos civiles, mientras todo esto iba ocurriendo y además el Partido Popular iba socializando un discurso tendente a justificar la necesidad de la austeridad y del sacrificio de la ciudadanía, se
iba intensificando de forma alocada, absurda e irracional el presupuesto de defensa. De hecho, somos víctimas de un discurso que abona la industria del armamento, que abona los presupuestos de defensa y su multiplicación, que no son estrictamente
responsabilidad del Partido Popular. También es cierto que los 30.000 millones de deuda que llevamos acumulados en todo aquello que tiene relación con los contratos y programas armamentísticos tienen origen en otros Gobiernos conservadores también
y socialistas, de ahí que resulta un tanto pornográfico, si me aceptan la expresión, que mientras se pretende hacer creer a la ciudadanía que son los culpables de los excesos, razón por la cual hoy tenemos que sufrir el desguace del Estado social y
de derecho también, no se acuda a recordar estos 30.000 millones de deuda provocados por la locura de los contratos armamentísticos, los 20.000 millones provocados por una irracional red del AVE o los 30.000 millones de deuda acumulados para servir
al oligopolio de las eléctricas. Pues bien, cuando todo esto está ocurriendo, ¿cómo se atreven ahora incluso a plantear 850 millones más a costa de la deuda pública, que tendremos que pagar con los correspondientes intereses? Es un gasto militar
que en estos momentos ya significa para cada contribuyente pagar 2,5 euros diarios -hay que recordar que pagar al Ejército cuesta 50 millones diarios- y una deuda que implica el compromiso para cada uno de los contribuyentes de 1.500 euros. Todo
ello será para comprar aviones militares, carros de combate y todo tipo de superproyectos armamentísticos. Además, ahora el señor Morenés todavía pretende ampliar en 10.000 millones más los programas de armamento. O sea, no se han pagado los
30.000 y ya nos quieren meter en 10.000 millones más. Esto no se entiende, aunque sí tiene una lógica, una lógica interna que ya denunciamos el día que colocaron a un representante del lobby de la industria del armamento, al señor Morenés -como si
se metiera el zorro en el gallinero- como responsable del Ministerio de Defensa. Ya lo dijimos entonces y queda dicho ahora.
Rechazamos, pues, el decreto que pretende este incremento de 850 millones de gasto, lo hemos enmendado a la totalidad y, para finalizar, proponemos lo siguiente: uno, que no se pueda destinar deuda pública a gasto militar; dos, que no se
puedan destinar los recursos del Fondo de contingencia a gasto militar, y tres, que sean devueltos todos los créditos blandos otorgados por el Gobierno a la industria armamentística y que no han sido cobrados, sobre todo los créditos destinados a
I+D militar. Porque ¿qué sentido tienen estos créditos cuando se recorta en investigación civil, en desarrollo tecnológico civil o en innovación científica y universitaria? Asimismo, para terminar, reivindicamos algo que hemos reivindicado desde
hace ya algunos años y que no es otra cosa que reducir en un 40 % el gasto militar y de defensa, cosa que sí hizo hace pocos años la República de Alemania.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.
Por el mismo grupo, señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.
Empiezo mi discurso con un radical buenas tardes, señorías. Durante todo este tiempo de la crisis de Grecia le hemos oído al presidente del Gobierno de derecha radical, el señor Rajoy, pronunciar una afirmación radical: somos un Gobierno
serio. Un Gobierno serio que no se ha dignado a salir aquí a defender su propio decreto, un Gobierno serio que trae por cuarta vez el mismo decreto estival a esta Cámara. Por eso, en lugar de seriedad, a mí me entra una risa radical, porque no veo
dónde está esa seriedad. Se consignaron 5.768 millones de euros para el Ministerio de Defensa en los Presupuestos Generales del Estado, pero año tras año con radical premeditación y alevosía veraniega traen un decreto para inyectar cantidades extra
en la partida del ministerio destinada al pago de programas especiales de armamento. Cada año son alrededor de 800 millones. Este año, 856; 833 en 2014; 877 en 2013, y 1.700 en 2012. Ya pasaba antes; pasó en los años 2008, 2009, 2010 y 2011.
Hace años existía aquello que se llamaba la canción del verano y a este, sin ningún género de dudas, podríamos titularlo el decreto del verano. Se ha ganado su lugar justa y radicalmente. Además, en la ejecución presupuestaria a 31 de mayo, una
vez más la diferencia más destacada entre lo que se presupuesta y lo realmente gastado proviene justamente del Ministerio de Defensa. En concreto, los 5.768 millones consignados se han convertido ya en 7.368 millones; es decir, el desvío suma a
estas alturas del año 1.600 millones de euros. Sabemos el destino de 856 millones por este decreto, sabemos el destino de otros 350 por las misiones internacionales, por la crisis del ébola o por dietas, pero nos falta por saber el destino de casi
400 millones que entran en el epígrafe de no tipificados. Me gustaría que estuviera el señor ministro para preguntarle si nos puede aclarar de una manera radical el destino de esos 400 millones, en qué se han gastado.
Por último, estamos terminando la legislatura, hemos estado juntos, que no revueltos, casi cuatro años y me gustaría traer nuevamente las dos palabras que he oído pronunciar más desde esta tribuna en esta legislatura de labios de diputados y
diputadas del Partido Popular: herencia recibida. Las han repetido machaconamente con la frecuencia de un Kalashnikov. Hablemos de herencias. ¿Quién firmó estos compromisos de compra de armamentos? ¿Fue el Gobierno del señor Aznar? ¿Cuánto nos
costará al final este programa de compra de armamento, 30.000 millones? ¿Hasta cuándo vamos a estar pagando? O mejor, ¿qué herencia nos deja el Partido Popular a todos los ciudadanos en programas armamentísticos? Nos deja deudas en armamento
hasta 2030, además de la deuda pública que ha servido para financiar este aumento presupuestario. Me gustaría preguntarle: ¿es así, señor ministro? Pero no está, por tanto, no se lo puedo preguntar. Y luego hablan de seriedad. Por eso voy a
votar radicalmente no.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Debatimos hoy un proyecto de ley, que si bien es el cuarto crédito extraordinario para programas de armamento que se aprueba en esta legislatura, es la primera vez que se acepta que se tramite como proyecto de ley.
Por eso pensamos que este es un proyecto de ley de blanqueo de ese real decreto. ¿Y por qué quiere el Gobierno blanquear esa costumbre suya de los reales decretos? El real decreto de crédito extraordinario fue de 1.782 millones en el año 2012; de
877, en el año 2013; de 883 millones, en el año 2014. Esos tres fueron por real decreto. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Sin embargo, este último el Gobierno lo trae como proyecto de ley con escasa intención de aceptar ninguna
enmienda, como sabemos quienes tenemos convocada una ponencia de trámite cuando termine este Pleno, para blanquear la forma del real decreto, porque ha quedado muy en evidencia, en parte gracias a la labor de mi grupo, que no hay esa extraordinaria
y urgente necesidad que exige el Tribunal Constitucional para aprobar reales decretos. El informe que mi grupo parlamentario hizo público el verano pasado sobre los programas de armamento incluía la pistola humeante, por decirlo así, que demuestra
que esa extraordinaria, urgente y sobrevenida necesidad no existe, puesto que hay un acuerdo de Consejo de Ministro de agosto de 2013, en el que se explicita cómo serán los pagos, año a año, para los programas de armamento. Los cinco diputados de
mi grupo parlamentario firmamos un recurso ante el Tribunal Constitucional sobre estos decretos que ha sido admitido a trámite y, por tanto, el Gobierno sabe que está en riesgo la posibilidad de financiar los programas de armamento mediante créditos
extraordinarios aprobados por decreto. Sabemos que este dinero ya ha sido aprobado, puesto que el
decreto ya está publicado. Quizá incluso se haya librado ya esa cantidad, sin embargo hoy estamos haciendo este trámite para blanquear esos 856 millones. Con esta tramitación como proyecto de ley no se entra en el fondo del asunto, que es
hacer una auditoría de los programas de armamento. La hemos pedido en repetidas ocasiones en esta Cámara. La han hecho otros países de nuestro entorno como Alemania, que es un ejemplo de control del dinero público, y en general hemos avisado en
numerosas ocasiones que el caos presupuestario de defensa es inaceptable para un país como el nuestro. Lo ha señalado también el Tribunal de Cuentas en otra cuestión, la relativa a cómo se presupuestan las misiones internacionales.
El propio Ministerio de Defensa, en un informe de noviembre del año 2011, habló de cómo esos programas de armamento están sembrados de irregularidades, abusos, sobrecostes e incluso escándalos. Por tanto, nuestra enmienda, que propone un
texto alternativo, vuelve a insistir en la sustitución de este crédito y que se paralice sujeto a que se justifique esa cantidad, que se apruebe a través de una auditoría externa y que esta auditoría contenga, al menos, un informe -un estudio de la
propia auditoría- relativo a -y leo lo que ya hemos pedido en otras ocasiones en esta Cámara mediante proposiciones no de ley-: la utilidad real de los diecinueve programas en relación con las amenazas y los riesgos existentes para la defensa; la
cantidad total o parcial de los programas recepcionados y los que no lo han sido; la vigencia o denuncia de los distintos contratos con la industria; el coste de cada programa y el plan de pagos de cada programa; los calendarios de devolución de
los préstamos que el Ministerio de Industria concedió a las empresas encargadas de la producción de cada programa. Creemos que, al menos, estos extremos deberían figurar en esa auditoría externa. Por eso, en nuestro texto alternativo incluimos una
disposición transitoria que exige que se realice esta auditoría y que el crédito de 2015 quede sujeto a que, primero, conozcamos en el plazo de seis meses como máximo todos estos extremos. Esta es la única forma de poner orden en esa maraña de los
programas de armamento, que comenzó en el año 1997 y que supone ya unos compromisos de pago de 30.000 millones. Es decir, una Bankia y media; si bien hay que decir que, debido a la opacidad en el presupuesto de defensa, no conocemos la cantidad
exacta; aproximadamente 30.000 millones.
Señorías, lo que proponemos y sometemos a su votación es ese texto alternativo que presenta mi grupo, porque con todo lo que sabemos a estas alturas de los programas de armamento, a pesar de las dificultades y de la opacidad del ministerio,
con el hecho de que esa financiación, mediante real decreto y crédito extraordinario, esté sometida a estudio por parte del Tribunal Constitucional y, por tanto, bajo amenaza de ser declarada inconstitucional, y con la sombra de la duda explicitada
en informes del propio Ministerio de Defensa, es imposible venir un año más a aprobar el mismo crédito extraordinario solo que tratando de blanquearlo mediante este proyecto de ley. Desde luego, mi grupo no lo va a votar y solicitamos el apoyo de
todos los grupos de la Cámara para nuestro texto alternativo, que lo único que trata de aportar es transparencia y claridad en el ministerio que tiene, probablemente, las cuentas más opacas y más desconocidas de todo el Gobierno.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.
Para presentar su enmienda, también con texto alternativo, por el Grupo Catalán de Convergència i de Unió tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, como ya se han traído a colación algunos de los argumentos que nos llevan a presentar una enmienda a la totalidad por parte de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, y como el tiempo es generoso en el debate
parlamentario para poder presentar una enmienda a la totalidad con texto alternativo, permítanme que utilice los primeros minutos de mi intervención para hacer un poquito de historia para saber por qué hemos llegado aquí y por qué estamos en este
debate lleno de sinrazón.
Señorías, el día 21 de septiembre del año 2011, en la última semana de la anterior legislatura, en el último miércoles de la anterior legislatura, en la sala Pérez Llorca compareció el secretario de Estado de Defensa del Gobierno socialista.
Algunos diputados y diputadas portavoces de Defensa trabajamos durante toda la legislatura intentando poner luz al gasto en materia de compra de armamento Recuerdo perfectamente que la diputada Rodríguez-Salmones y yo mismo interpelamos al
secretario de Estado que, como legado muy positivo desde el punto de vista de la transparencia y la clarificación de lo que estábamos discutiendo -cito el 'Diario de Sesiones' de la Comisión de Defensa- literalmente afirmó: No deberíamos haber
adquirido ni adquirir de presente y de futuro sistemas que no vamos a utilizar para
escenarios de confrontación que no existen y, lo que es más grave, con un dinero que no teníamos ni en el momento en que ustedes gobernaron y tuvieron que tomar decisiones ni lo tenemos ahora. Fin de la cita, 21 de septiembre del año 2011.
Aquel debate hacía referencia a los diecinueve programas especiales de armamento vigentes en aquel momento, vigentes actualmente y que tienen un coste aproximado de 30.000 millones de euros, que no se han imputado como déficit, porque lo habrían
disparado, sino que se contemplan en la contabilidad del Estado como compromisos adquiridos, a los cuales se va haciendo frente año a año mediante unos mecanismos inapropiados, que son los que nos han llevado a presentar esta enmienda a la totalidad
con texto alternativo. Los socialistas interpelaban a los representantes del Partido Popular cuando gobernaban, en el periodo 1996-2004, luego el Partido Popular volvió al Gobierno y el nuevo secretario de Estado de Defensa, el señor Argüelles, en
una primera comparecencia en la Comisión de Defensa, en el mes de abril del año 2012, se comprometió a hacer las cosas distintas a como se habían hecho en los últimos años. El día 23 de mayo del año 2013 el secretario de Estado, el señor Argüelles
Salaverría, afirmaba: Señorías, desde el Ministerio de Defensa creemos que no basta con reprogramar los recursos financieros sin tomar medidas ni basta con reconducir el alcance y composición de los programas. Estas dos medidas necesarias nos
llevan a una tercera medida: la revisión de nuestro sistema de adquisición de programas. Fin de la cita. El secretario de Estado también afirmaba en la misma comparecencia: Señorías -voy terminando-, desde el primer día el Gobierno ha pensado
que la prioridad era afrontar el problema y no dilatarlo más. En los últimos años la ausencia de reformas y una gestión activa habían generado problemas en nuestras finanzas y en la posibilidad de abrir nuevos programas. Fin de la cita.
Pues bien, señorías, el secretario de Estado de Defensa consideraba que era una prioridad afrontar el problema y no dilatarlo, pero esta no ha sido la tónica -la constante, para ser exactos- de esta legislatura. Esta ha sido una legislatura
en la cual el Gobierno no ha presentado un programa de reestructuración. Si hablamos de reestructuración, también se deben reestructurar los 30.000 millones de los diecinueve programas especiales de armamento. No se ha hecho una visión de
conjunto, como propone el texto alternativo de UPyD, que vamos a votar favorablemente, que plantea hacer frente a esta realidad, valorar con el análisis de una auditoría, fuera del Ministerio de Defensa, si eran apropiados los gastos en materia de
defensa o si estaban fuera del alcance de las posibilidades de las políticas de defensa, si se hacían en virtud de una estrategia de defensa o como un plan de reconversión industrial, porque tengo la impresión de que en buena medida las inversiones
de algunos de estos programas especiales de defensa tenían la estrategia, especialmente en los años de crisis del Gobierno socialista, de una inversión para la reconversión industrial del sector de la defensa en España. Tenemos que discutir -hace
un momento alguien hablaba del PlanE-, primero, si con dinero público tenemos que hacer unos programas de defensa por encima de las posibilidades de defensa y, segundo, si son unos programas de defensa que al final han servido -porque estamos
enfocando la recta final de la legislatura- para vender y endosar comercial y transparentemente -o no muy transparentemente, porque no tenemos conocimiento en esta Cámara- parte de estos programas y del armamento a países terceros. Con lo cual,
señorías, la tónica ha sido que cada año, en pleno verano, en plena canícula, se ha afrontado la votación de un real decreto-ley de ampliación de un crédito para el Ministerio de Defensa con una cantidad muy notable, que ha transitado de los 1.300
millones un año a los 850 otros años, y cada año se han ido incorporando parches para hacer frente a los gastos sin tener una foto de conjunto del gasto, de los compromisos, de lo que se puede afrontar y de lo que se tiene que renunciar. Un año
-recuerdo perfectamente- el real decreto se discutió un 1 de agosto -no en este hemiciclo sino cuando este Congreso excepcionalmente se reunió en el Senado- y ustedes saben que hubo un debate de enjundia muy largo durante toda la mañana en el que,
en nombre de mi grupo parlamentario, intervino el señor Campuzano porque en el mismo real decreto había medidas de política social y también, by the way, por casualidad, una partida extraordinaria de 900 y pico millones de euros para hacer frente a
los compromisos en materia de armamento. Señorías, esto no es serio, el real decreto no se pensó para ser utilizado en muchos de los casos que se utiliza el real decreto, pero sin duda diecinueve programas de armamento que están vigentes desde los
años noventa no son casos de extraordinaria y urgente necesidad; son casos de abdicación de la responsabilidad del Ejecutivo, de informar a la Cámara, de estructurar y reestructurar esta deuda y de anunciar cómo se hace frente a la misma.
Se han planteado cuatro reales decretos sobre los cuales existen dudas de su constitucionalidad y algunos grupos parlamentarios han llevado estos reales decretos al Tribunal Constitucional a través de un recurso de inconstitucionalidad.
Nuestro grupo parlamentario no firmó este recurso de inconstitucionalidad
pero manifestó su interés jurídico -no el interés político- para que el Tribunal Constitucional se defina sobre este particular. Cada año han sido estrictamente reales decretos, y este último año -en tiempo de descuento parlamentario- el
grupo de la mayoría aceptó que este real decreto se tramitara como proyecto de ley, y exactamente es lo que hoy estamos discutiendo, pero, señorías, hay mucha gesticulación -y si me permiten lo dejo aquí- en la decisión política de tramitar este
real decreto como un proyecto de ley, por dos motivos: primero, porque los pagos ya se deben haber efectuado y, segundo, porque a pesar del frenesí legislativo y de la celeridad legislativa con la cual está laborando el grupo de la mayoría, es muy
difícil que este proyecto de ley culmine con una ley que tenga algo de sustancial. Nos parecería muy bien incluso que el grupo de la mayoría, el Gobierno y esta Cámara aprovecharan este proyecto de ley para por fin -aunque el mecanismo no es a
través de las enmiendas pero si lo quieren hacer así...- hacer un planteamiento de fondo sobre el conjunto de la deuda en materia de armamento y cómo se quiere hacer frente a la misma, pero me temo que esto es mucho más sencillo, es un lavado de
cara a pocos meses de que termine la legislatura convirtiendo un real decreto en un proyecto de ley. Por eso, señorías, como es previsible que el debate parlamentario de presupuestos se viva en los siguientes meses, hemos querido aprovechar esta
oportunidad para plantear un modelo alternativo en este momento político actual del Estado español, de España, de este país, sobre cómo se deberían gastar 856,4 millones de euros. Nosotros, señorías, planteamos que estos 856,4 millones de euros se
destinen a partidas urgentes. La política es priorizar, la política es señalar a qué debemos dedicar los recursos públicos, los recursos de nuestros ciudadanos.
Quien vote a favor de nuestra iniciativa va a votar a favor de un programa de priorizaciones. Queremos priorizar un programa de servicios sociales destinados a combatir la pobreza infantil que existe después de siete años y medio de dura
crisis; se trata de dedicar 250.000 euros a un programa para la lucha contra la pobreza infantil. Queremos dedicar 282,440 millones de euros a la financiación de la Ley de Dependencia, porque, señorías, ustedes saben que existe una Ley de
Dependencia que contemplaba una financiación al 50 % por parte del Estado y el otro 50 % por las comunidades autónomas y otras administraciones, y también saben que en estos momentos el Estado no llega a financiarla ni en un 20 %, que no se ha hecho
una revisión de la base, del alcance, del perímetro material de esta ley, sino que se ha cargado en las espaldas de las comunidades autónomas la financiación de la misma, de sus compromisos, en más del 80 %. Planteamos una partida de 50 millones de
euros para guarderías -sí, para guarderías- porque esta es una política pública y social para el fomento de las políticas de familia. Proponemos una partida de 120 millones de euros para becas y ayudas, y también una partida para un fondo de
cohesión sanitaria para hacer frente a las cargas que tienen las comunidades autónomas en política de sanidad. Nos parece muy bien mantener los 4 millones de euros que contempla el real decreto y esta ley que estamos tramitando para los problemas
derivados del brote del ébola y para reforzar los hospitales dedicados a hacer frente a esta urgencia sanitaria.
Señorías, este es nuestro planteamiento. Afortunadamente, quince minutos permiten expresar bien el porqué de las cosas, que viene de aquel día de finales de septiembre del año 2011 cuando se nos anunció un error. Han transcurrido cuatro
años y no se ha abordado el error, sino que hemos ido de real decreto en real decreto afrontando una situación que no es de extraordinaria y urgente necesidad. Para terminar, me permitirán que diga que tiene un punto de surrealismo daliniano -vengo
de la demarcación donde nació Salvador Dalí- tramitar como proyecto de ley unas inversiones que seguramente ya están pagadas y con un calendario legislativo que nos permite hacer frente a un planteamiento de fondo de cómo afrontar el pago de los
diecinueve programas especiales de armamento que suponen unos compromisos adquiridos de más de 30.000 millones de euros.
Muchas gracias, señor presidente, señorías. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xuclà.
Intervenciones de los grupos. Para fijación de posiciones, vamos a comenzar por el Grupo Vasco, PNV. Señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Intervengo desde el escaño para decir que este no es un debate nuevo, pues evidentemente ya tuvimos el debate de la toma en consideración. No es nuevo ni por el procedimiento ni por los contenidos que del mismo desarrollamos, pero
precisamente la falta de novedad es lo que hace inadmisible una vez más el sistema que el Gobierno ha utilizado para este tipo de cuestiones. Somos críticos -por no decir
que estamos totalmente en contra de ellos- en dos conceptos principales: en la metodología y en parte de los contenidos que se van a tratar en este proyecto de ley.
En cuanto a la metodología, no es novedad porque todos los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra lo han dicho. No se puede legislar de esta manera sobre unos créditos que son extraordinarios sabiendo que existen estas
necesidades, que son predecibles, que no hay ninguna urgencia, que no es algo que ha ocurrido de repente, que no se trata de una inundación o una catástrofe, que además están pendientes de pago, que se sabe, que año va y año viene. Y con esta forma
de legislar, nos vienen como real decreto. Además, estos reales decretos no son para esto, no se utilizan para este tipo de cuestiones. ¿Por qué no se incluyen en los Presupuestos Generales del Estado? Sabiendo que van a existir esas necesidades,
que hay unas cuestiones pendientes de pago, que hay unos proveedores a los que hay que pagar, que hay unos compromisos adquiridos, independientemente de que se esté de acuerdo o no con esos pagos o con que esos contenidos que se contrataron son o no
necesarios, los compromisos existen y hay empresas, hay personas que han trabajado y lo que no se puede es utilizar este sistema. ¿Por qué año va y año viene les repetimos lo mismo y ustedes no hacen caso?
Otros grupos presentaron un recurso. Evidentemente nosotros tampoco lo firmamos, tal y como han dicho otros compañeros, pero ahí está pendiente. De todas formas le sigo insistiendo, ¿por qué no incluyen en los Presupuestos Generales del
Estado algo que saben que tiene que llegar? Porque tampoco estamos hablando de ninguna tontería, estamos hablando de 856 millones de euros. Traer ahora un crédito extraordinario bajo la forma de un proyecto de ley, como ha dicho el compañero Jordi
Xuclà, de algo que ya está ejecutado, no tiene un pase, dicho sea de manera vulgar. Nosotros no estamos de acuerdo con esta forma de legislar, no estamos de acuerdo con que se traigan estas cuestiones de esta manera.
Además, en cuanto al contenido, podemos diferir mucho y la historia que ahora ha contado el señor Xuclà es muy interesante, porque no se pueden utilizar estas cuestiones según quién esté mandando y en qué momento. Puestos a hacer demagogia,
la semana pasada, en una mesa redonda sobre sanidad, una compañera del Partido Popular criticaba y decía que si el Gobierno catalán usara dinero en potenciar la sanidad en vez de abrir embajadas por el mundo tendría más dinero para ese fin. ¿Saben
ustedes cuántas vacunas se pueden comprar con lo que vale el misil Taurus, que nos cuesta 10 millones de euros y que no sé contra quien vamos a usar? Hay que tener mucho cuidado con las demagogias que se usan para ciertas cuestiones, porque en
esta, con todos estos conceptos que aparecen en este proyecto de ley, podemos hacer toda la que queramos. Por tanto, cuidado, son cuestiones mucho más serias y nos parece muy mala forma de legislar esta de los reales decretos, porque parece que se
quiere esconder algo, que no hay ganas de clarificar, que en vez de presentar capítulos abiertos en los presupuestos en los que todo el mundo sabe para qué es, se trae de manera medio oscura en forma de real decreto algo que todos sabemos que
después van a aprobar por medio de una mayoría absoluta. En consecuencia, somos muy críticos tanto con la metodología como con el contenido.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Por La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sanz.
El señor SANZ REMÓN: Gracias, presidente.
Señorías, quiero comenzar haciendo una pequeña reflexión al albur de esta pantomima legislativa a la que hoy nos va a someter de nuevo el Gobierno disfrazando un decretazo de trámite legislativo, porque sabemos positivamente que no tienen
ninguna vocación para entrar en debate con el resto de los grupos sobre este asunto, y menos para llegar a acuerdos. Un asunto que no deja de ser otro que el que vamos a volver a gastarnos más de 800 millones de euros a cargo de la deuda pública en
armas. Es evidente que la torticera forma que utiliza el Partido Popular para ocultar este gasto año tras año, para que la gente no sepa cuánto nos gastamos en armas, es tanto como reconocer de facto que ese gasto es absolutamente indefendible si
se pusiera encima de la mesa de forma transparente. Todo tiene un límite, después de tres decretazos veraniegos para que pasase desapercibido este gasto en 2015 y tras la admisión a trámite por el Tribunal Constitucional del recurso presentado,
entre otros, por mi grupo al decretazo del año pasado, se han visto obligados a modificar su estrategia de ocultación y pergeñar esta lamentable coartada legislativa -porque no se le puede llamar de otra manera- que se va a llevar por delante un
debate necesario -ya se ha puesto sobre la mesa- que tiene muchísimas aristas pero todas ellas son de una relevancia suprema para España. Un debate que debería centrarse en cuál va a ser el futuro de esos programas de armamento, cuál va a ser el
compromiso de nuestro país en materia de compra de
armamento, cuáles son las necesidades de la defensa de nuestro país, cuál es y cómo debería ser ese modelo de defensa y, en general, qué prioridades tiene este Gobierno y qué prioridades no tiene este Gobierno, como está demostrando con este
tipo de medidas.
Es también un buen momento, señorías del Partido Popular, para reflexionar sobre la diferencia entre lo legal y lo legítimo. Lo que puede ser legal es absolutamente ilegítimo si al final destinamos -con lo que vamos a aprobar hoy o la
semana que viene, porque la velocidad de crucero con la que ustedes perpetran las leyes es absolutamente insoportable- más de 4.000 millones de euros en esta legislatura a comprar armas, misiles, tanques, con la que está cayendo, con los millones de
parados que tenemos en nuestro país, con la pobreza que existe en nuestro país. La Izquierda Plural va a esforzarse en que la gente sepa que a ustedes les interesa muy poco la situación de la deuda en España, por mucho que estén todo el día con ese
mantra, siempre y cuando vaya a parar a esas buenas causas que ustedes consideran que lo son. Del mismo modo, les interesa muy poco la situación de pobreza y recorte institucionalizado que ustedes han impuesto en este país a la mayoría social, de
la que se ríen con este tipo de medidas. Lo importante es el contenido de la ley, su razón de ser, no lo que la adorna, como nos han hecho vivir otros años. Quiero recordarles que llegamos a votar misiles y vacunas en un mismo decreto. En este
caso hay otras medidas, pero lo importante, una vez más, es el pago de los PEA, los programas especiales de armamento, una factura que, como les decía, va a ser ya de 4.000 millones de euros en esta legislatura.
A partir de ahí, hay unas preguntas que están en el aire y que nos hacemos no solo La Izquierda Plural, sino buena parte de la ciudadanía. ¿Por qué el Partido Popular no ha mantenido la política de recortes en esta materia que sí ha
mantenido en otras materias? ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué el Partido Popular no solo ha garantizado el pago de estos programas de armamento, priorizándolos frente a otro tipo de necesidades básicas como la salud, la educación o el trabajo,
sino que además los ha incrementado en 10.000 millones de euros en esta legislatura? ¿Por qué no, contento con ello, el Partido Popular está limitando nuestra política de investigación, desarrollo e innovación al ámbito militar, cercenando así la
posibilidad de impulso de un nuevo modelo productivo que pilote sobre ella? ¿Por qué el Partido Popular se niega a poner negro sobre blanco el estado de estos programas y de los créditos del Ministerio de Industria con los que se están pagando su
producción? El negocio es redondo: financiamos la producción y compra segura. Estas preguntas, como les decía, no solo nos las hacemos nosotros, sino que se las hace buena parte de la ciudadanía, que encuentra respuestas fáciles porque ustedes no
quieren darlas. Quizá sea la capacidad de presión del lobby armamentístico, quizá la respuesta esté en las puertas giratorias o quizá esté en la vocación corporativa de nuestro ministro de Defensa -de nuevo hoy ausente- como ejecutivo del sector.
Lo cierto es que nuestro país tiene en estos programas especiales de armamento uno de sus peores pozos negros.
Señorías del Partido Popular, con esta ley cierran la puerta a debates que, como les decimos, son imprescindibles, como ese que tiene que ver con las políticas de I+D+i. ¿Cuándo vamos a debatir sobre nuestro modelo de políticas de
investigación, desarrollo e innovación y, sobre todo, en relación con la defensa? Para La Izquierda Plural es imprescindible un cambio radical, un cambio de rumbo, una apuesta clara por la reconversión del I+D militar en I+D+i civil. Si ustedes
hubieran puesto el mismo énfasis en impulsar esa reconversión que el que han puesto en impulsar la industria militar, no solo se hubiera garantizado el empleo sino que además se hubieran sentado las bases de una economía responsable y socialmente
útil.
Nuestra propuesta garantiza el mantenimiento y la creación de empleo de calidad con alto valor social añadido; la suya es perpetuar, a través del miedo y utilizando sin ningún pudor a los trabajadores y a las trabajadoras del sector, un
sistema de defensa entendido como un expositor de armas que vender para el beneficio -y es lo más grave, señorías- de unos pocos. Por eso a través de nuestras enmiendas queremos conocer en profundidad cuál es la situación en la que se encuentra la
devolución de los créditos, de los préstamos que, vía ministerio de Industria, se destinan año a año a esta industria para producir lo que luego les compramos, como es el caso, a cargo de la deuda pública con decretazos veraniegos. Por eso también
exigimos hacer un análisis exhaustivo sobre cómo está cada uno de esos programas de armamento y sobre si son idóneos o no; más aún cuando nuestras Fuerzas Armadas tienen necesidades importantísimas para garantizar su plena operatividad, que desde
luego no pueden ver satisfechas porque el presupuesto de Defensa está devorado en buena medida por estos pagos veraniegos de armamento. Por eso desde La Izquierda Plural exigimos este análisis, un análisis que además nos tiene que permitir abordar
un debate que ustedes niegan reiteradamente, que no es otro que el de cuáles son nuestras necesidades reales en materia de defensa y si estas necesidades implican este tipo de producción y
compra posterior o no de armamento a través de estos programas especiales. Obviamente desde La Izquierda Plural vamos a votar favorablemente las propuestas presentadas por todos los grupos como textos alternativos al que el Gobierno trae y
pone sobre la mesa, pues coinciden con el espíritu de las enmiendas parciales que nuestro grupo ha presentado a este proyecto de ley.
Voy acabando. Son estas las cuestiones que deberían centrar el debate que nos ocupa hoy, pero lamentablemente me parece que vamos a volver a ver cómo el Partido Popular impide su debate y este debate colisiona con los intereses de un
Gobierno que desde luego quiere ser todo menos transparente, a pesar de que haga juegos florales como este trámite que luego pasa por ponencia y que previsiblemente la semana que viene veremos ya totalmente satisfecho; o sea, no debate. Es un
Gobierno el suyo, señorías del Partido Popular, que certifica mediante este bochornoso trámite su apuesta por la patronal del sector bélico, siendo capaz de quedar en evidencia, como se ha dicho ya aquí, por las formas y también por el fondo y el
poco respeto que se tiene a esta Cámara, antes de dejar de pagar esa factura que cheque a cheque, año a año, va ya por más de 4.000 millones de euros. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sanz.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO (don Diego): Señor presidente, señorías, nuestro grupo se va a abstener en la votación de estas enmiendas de texto alternativo que han defendido los grupos parlamentarios con respecto a este proyecto de ley. Es un
proyecto de ley absolutamente falso, pero no solo falso sino irrelevante, lo sabe perfectamente la bancada del Partido Popular, pero no compartimos, por elementos sustanciales, las enmiendas que se han planteado por los grupos parlamentarios como
alternativa, tanto del grupo de Convergència, que ha hablado de una distribución de estas cantidades, porque yo creo que no es este el lugar para hacerlo, como del grupo de Esquerra Republicana de Catalunya, que va mucho más allá y habla de la
imposibilidad de que por medio de deudas se puedan pagar determinados gastos, o la auditoría externa que plantea la señora Lozano, de UPyD, sin expresar cómo se articularía esa auditoría. Hay un punto en común en todas las enmiendas alternativas
que es que no se paguen estos programas de armamento, ese es el punto en común, que por una u otra razón no se pague exactamente este dinero que aparece en este proyecto de ley. Lo que ocurre es que esto ya está pagado, es que otros ratificaron un
decreto-ley que desde el minuto uno de la aprobación por el Gobierno está en vigor y ya se habrá pagado, como se ha dicho anteriormente. Por tanto, no hay posibilidad alguna de que esto se reconduzca porque ya está pagado.
Además, nunca hemos dicho que no se paguen los compromisos y las obligaciones jurídicas adquiridas. Sobre los programas especiales de armamento, cantidades multimillonarias que llegan hasta 2 y 3 puntos del PIB, hemos dicho que tienen que
reordenarse, reorganizarse, reprogramarse y que debe hacerse con el conjunto de los grupos parlamentarios, cosa que no se ha producido. Al comienzo de la legislatura el secretario de Estado nos engañó diciendo que inmediatamente iba a convocar a
los grupos parlamentarios para ver cómo se afrontaba este enorme problema presupuestario que ha colapsado los gastos en el Ministerio de Defensa de esta legislatura. Nos encontramos con que en vez de una llamada telefónica para convocarnos a esa
reunión lo que tuvimos es el primer decreto-ley sobre los programas especiales de armamento. Sobre todo nosotros lo que hemos reiterado, y se ha dicho aquí por muchos de los anteriores intervinientes, es que no puede ser que en estos programas
especiales de armamento no se incluyan los pagos en los Presupuestos Generales del Estado.
Señorías, tengo aquí un cuadro donde se ve cuál es la diferencia -quizá ustedes no lo ven desde ahí- entre lo programado en los Presupuestos Generales del Estado para programas especiales de armamento y lo ejecutado. Prácticamente la
cantidad programada y aprobada cada noviembre o cada diciembre era de casi 7 millones de euros y aquí tenemos estas columnas enormes que son lo ejecutado a través de créditos extraordinarios. En todos los años se ha programado lo mismo y en el año
2012 se incluyeron en los presupuestos 7 millones para el programa 122.B, gasto en programas especiales de modernización. En el año 2012 -fue el primero- se ejecutaron 1.782 millones de euros en pagos de programas especiales de armamento. En el
siguiente año los 7 millones se convirtieron en 877 millones. En el siguiente año, 2014, los 7 millones previstos en los presupuestos se convirtieron en una ejecución real de 883 millones, y este año, 2015, los 7 millones consabidos se han
convertido en 846 millones. Es decir, en la legislatura ustedes han aprobado en los Presupuestos Generales del Estado para programas especiales de armamento 27.377.000 euros y han ejecutado en esta legislatura a través de los consabidos
decretos-leyes 4.390 millones de euros. Se programan 27 millones y se ejecutan 4.390
millones. Es decir, ustedes han ejecutado irregularmente ciento sesenta veces la cantidad que estaba prevista para esos programas en los Presupuestos Generales del Estado, ciento sesenta veces. Es un auténtico escándalo, desde luego, nada
parecido se ha producido a través de créditos extraordinarios en ninguna otra partida presupuestaria seguramente en todas las legislaturas de la democracia española. Por tanto, estamos ante un proyecto de ley derivado de un decreto-ley que es
rigurosamente innecesario, un proyecto de ley inútil, una farsa. Se le ha llamado blanqueo, ocultación y pantomima, pero nosotros le llamaríamos una verdadera farsa ejecutada ante este hemiciclo porque el objetivo de este proyecto de ley no es
ninguno, simplemente enmascarar la absoluta inconstitucionalidad del decreto-ley del que deriva, nada más que eso. Nunca ha habido urgencia ni extraordinaria necesidad en esta legislatura para aprobar estos decretos-leyes. Nunca la ha habido. Y
este año 2015 es el más absurdo de todos porque, ¿por qué ustedes han planteado un decreto ley también este año si pensaban tramitarlo como proyecto de ley? ¿Para qué un decreto-ley? Creo que no pensaban hacerlo y se les ha ocurrido al final
presentar un proyecto de ley para intentar sanar dos cosas de esta forma. En primer lugar, para sanar la inconstitucionalidad evidente sobre la cual esperamos que se pronuncie el Tribunal Constitucional como consecuencia del recurso de
inconstitucionalidad presentado el año pasado por el Grupo Parlamentario Socialista y otros grupos parlamentarios y de otro recurso de inconstitucionalidad presentado la semana pasada por el Grupo Parlamentario Socialista contra el decreto-ley que
aprobó el Gobierno hace algunas semanas. Este es el primer objetivo; inútil, porque ya está el decreto-ley en vigor. En segundo lugar, para sanar la inquietud y la preocupación que hay en la industria de defensa por que el Tribunal Constitucional
eventualmente pueda anular los pagos realizados a la misma. Este proyecto de ley no puede sanar nada de eso, porque ya está en vigor el decreto-ley que se aprobó hace unas semanas. No sana absolutamente nada. Solo sirve para darnos la razón,
porque el Gobierno ya no soportaba por más tiempo el estigma de inconstitucionalidad de toda esta ristra de decretos-leyes y ha terminado por aceptar que habría que hacer algo a través de un proyecto de ley. Para eso ha servido, para darnos la
razón en última instancia.
Nosotros queremos mirar hacia el futuro y, por eso, hemos presentado dos enmiendas que harían bien en apoyar. La primera se refiere a los presupuestos de 2016 anunciados por el señor Rajoy. El señor Rajoy ha anunciado que va a presentar
aquí unos presupuestos y que los va a tramitar. Todo el mundo sabe que son presupuestos absolutamente electoralistas, pero lo más grave de esos presupuestos no es eso, sino que son presupuestos que se van a presentar despreciando la voluntad de
quienes van a votar en noviembre o diciembre y despreciando la mayoría que se va a formar en este hemiciclo y que será absolutamente distinta de la que hay ahora mismo aquí. El Gobierno le va a colocar ese presupuesto a una mayoría diferente que va
a tener que utilizar ese instrumento al menos al principio. Es un desprecio absoluto a la decisión mayoritaria de los ciudadanos, pero, como nos tememos que eso va a suceder, hemos presentado una enmienda diciendo que por una vez en la legislatura
en los presupuestos que van a presentar ustedes este mes incluyan los programas especiales de armamento. Además, presentamos otra enmienda para que antes de marzo del año que viene el próximo Gobierno, que será distinto al que hay ahora mismo,
envíe por fin una comunicación a esta Cámara sobre la ordenación de la financiación de estos programas especiales de armamento; un replanteamiento, una reprogramación. Igualmente, creemos que deben adecuarse a las prioridades militares y a las
necesidades de la defensa y no a las necesidades de la tesorería de los proveedores de armamento. Saben ustedes que hemos planteado en este hemiciclo la necesidad de que haya una programación plurianual para las inversiones en defensa y que hemos
sido derrotados por la mayoría absoluta del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, debe usted terminar.
El señor LÓPEZ GARRIDO (don Diego): Señor presidente, termino.
No esperamos un cambio en la conducta del Partido Popular ni en el comportamiento del Partido Popular con respecto a los programas especiales de armamento. Solo nos consuela que desde luego va a ser la última vez que lo hagan.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López Garrido.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Barreiro.
La señora BARREIRO ÁLVAREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, he oído de todo en esta tribuna. He oído hablar de opacidad, de ocultamiento, de blanqueo en sentido despectivo, de ocultación del debate, de perversión en el procedimiento legislativo. He oído todos los calificativos y,
señorías, esto se convierte en un debate kafkiano. ¿Qué hacemos aquí si estamos ocultando, blanqueando, pervirtiendo el proceso legislativo? Es desde aquí desde donde se tramitan las leyes. Es desde aquí desde donde se emiten los procedimientos y
es desde aquí desde donde reside la soberanía popular, donde aprobamos o rechazamos proyectos y propuestas. Hoy, todos ustedes se han ido a quejar amargamente si se tramita como decretazo, si es una forma de ocultarlo, si el Gobierno no es capaz de
meterlo en los presupuestos, si el señor Montoro dice esto o lo otro, pero aquí nadie ha hablado de que hay que pagar lo que se debe, nadie ha hablado de que la defensa nacional necesita armas modernas y alta tecnología. Nadie ha hablado de que
cuando se nos llena la boca de mandar a nuestros hombres y mujeres a las misiones de paz tienen que ir bien pertrechados, con armamento moderno y eficaz. (Aplausos). Pero, eso sí, si ocurre algo, inmediatamente comisión de investigación para ver
qué chalecos llevaban, qué armas tenían y de qué manera se defendieron. (Aplausos). A eso le llamo la perversión del discurso, a eso le llamo la perversión en no transmitir a la ciudadanía lo que de verdad se está debatiendo. Ninguno de ustedes
es capaz de presentarse en una ciudad que tenga industria de defensa y decir que no se pague lo que se debe y que se cierren las industrias de la defensa. Ninguno. (Aplausos). Se lo dice alguien que ha estado al frente de un ayuntamiento que
tiene gran poder en la industria de la defensa.
Hablan ustedes de lobbies del armamento que nos presionan. Le ponía yo a usted a hablar con el comité de empresa de Navantia para decirle que no se van a pagar los S-80, para decirle que no se hacen, a ver si sabe usted lo que es un lobby
de presión. (Aplausos). Pero usted eso no lo conoce, usted eso no lo sabe. Usted viene aquí a decir que no se doten de armas, que no se dote la defensa nacional de medios necesarios para estar a la altura de las circunstancias y de nuestros
compromisos con los convenios internacionales. Eso es de lo que se estaba hablando aquí. No se estaba hablando de otra cosa.
¿Cree usted que le importa mucho a la ciudadanía si esto se tramita como proyecto de ley o como decreto o si tiene más enmiendas o menos? Los 60.000 trabajadores de la industria de la defensa quieren cobrar, quieren un puesto de empleo,
quieren alta tecnología, quieren tener seguridad. (Aplausos). Las empresas quieren saber que el año siguiente pueden pagar a sus trabajadores. Los empresarios quieren saber si pueden seguir invirtiendo en I+D+i. Los créditos vienen del Gobierno y
vienen del Estado. De eso estábamos hablando, de no pagar y no cumplir nuestras obligaciones, pero no hemos hablado para nada de los 60.000 trabajadores. No hemos hablado de las 800 empresas, no hemos hablado del déficit que produciría, no hemos
hablado de lo que supone en un pueblo, en una ciudad. Váyase usted a la Bahía de Cádiz, vaya a Cartagena, vaya a Ferrol y diga que de armas, nada, que vamos a dedicarnos a hacer otra cosa, que lo que hay que hacer es guarderías municipales. Le voy
a decir una cosa, la primera política social es dotar de empleo a los trabajadores para que puedan gastarse el dinero en lo que consideren. (Aplausos). Esa es la primera política social. De eso estamos hablando. En cualquiera de estas ciudades
cerrar una de estas empresas, anular un programa de defensa va a suponer que la inmensa mayoría de sus ciudadanos se quedan en el paro. Esa sí que es una emergencia social. Ahí sí tendríamos que habilitar créditos que no tendríamos para poder
hacerle frente. De eso tampoco se ha hablado aquí. Aquí no se habla de nada de eso. Aquí se habla de la molestia que les produce a los grupos parlamentarios que esto se tramite de una manera o de otra, de que nos roban, nos hurtan el debate, el
discurso.
He estado escuchándoles atentamente a todos, y no creo que se haya hurtado el discurso a nadie. De lo que hay que hablar es de la defensa nacional, cómo la queremos, si queremos un ejército moderno que pueda competir, que pueda estar con
otros ejércitos en misiones de paz, que tenga para emergencias y si debemos pagar lo que debemos y lo que hemos encargado. De eso se trata y nada más. Por lo tanto, mi grupo va a votar en contra de las enmiendas de devolución por razones también
obvias, como sus señorías se pueden imaginar.
Muchas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Bravo!).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barreiro.
ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA:
- TERCER PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA DEFENSA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DE 1 DE DICIEMBRE DE 1988, Y SUS ENMIENDAS, HECHO EN WASHINGTON EL 17 DE JUNIO DE 2015. (Número de
expediente 110/000181).
El señor PRESIDENTE: Se somete a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única del tercer protocolo de enmienda del Convenio de cooperación para la defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, de
1 de diciembre de 1988, y sus enmiendas, hecho en Washington el 17 de junio de 2015.
Quiero señalar que no se trata de discutir el fondo de este asunto. Para eso lo veremos la semana que viene en extenso. Lo que se somete a la aprobación de la Cámara es la tramitación directa y en lectura única. Por lo tanto, es un
aspecto formal. Lo digo para que lo sepan los que vayan a intervenir. Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Gracias, presidente.
Señorías, voy a ir al grano como nos sugiere el presidente, porque lo que tenemos que decir desde mi grupo respecto a esta tramitación se puede resumir en un refrán castellano que afirma que las prisas para los delincuentes y los malos
toreros. La relación de nuestro país con un aliado como los Estados Unidos es lo suficientemente importante como para que al debatir este protocolo de enmienda al convenio sea crucial tener un debate en profundidad. Por más que al Partido Popular
le gusten los debates cortos, a los que también representamos a los ciudadanos en otros grupos parlamentarios nos gustan los debates extensos, y nos parece que es particularmente importante cuando hablamos de acortar y limitar el debate, como hace
este trámite, referido a un asunto en el que desde mi grupo creemos que interesa especialmente hacer partícipe a la sociedad; porque la nuestra no es una sociedad en la que no queden mejoras que hacer respecto a la cultura de la defensa, la cultura
de la seguridad y la cultura estratégica. De hecho, a menudo le oímos decir al ministro de Defensa que es necesario mejorar el conocimiento de la sociedad en estos asuntos; es necesario fomentar la cultura de la seguridad, la cultura de la defensa
y la cultura estratégica; y creemos que un buen momento para hacerlo es el trámite parlamentario de esta modificación en el convenio del año 1988 sobre el uso de la base de Morón.
Nos parece que es torpe no aprovechar esta modificación para que se pueda producir un debate en profundidad sobre este asunto. Esta opacidad, esta falta de información y estos límites a la participación política -porque acortar el debate es
limitar las posibilidades de la gente para informarse y qué más básico para participar políticamente que tener información- se multiplican, porque también se ha hurtado a las Cortes información fundamental para comprender, en su profundidad, las
consecuencias de la reforma de este convenio. En el acuerdo de entendimiento entre los dos ministerios, el Ministerio de Defensa español y el Ministerio de Defensa estadounidense están comprendidos dos aspectos muy importantes de esta reforma:
uno, las inversiones previstas en Morón; y, otro, el relativo a la contratación de personal.
No voy a entrar en el fondo del asunto, pero creo que el conflicto laboral existente entre los trabajadores de Morón, con los que mi grupo se reunió hace algunas semanas, justifica que esta información, al menos, fuera facilitada a las
Cortes. Con esta tramitación rápida y por la vía de urgencia, creemos que una vez más se salva la legalidad pero se descuida la legitimidad del Congreso, y me parece que esta Cámara no está sobrada de legitimidad como para que la despreciemos. Por
eso, termino como empecé, señorías, las prisas para los delincuentes y los malos toreros.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.
Por La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Hablemos de la forma. Van a sustituir ustedes la foto de las Azores por una foto de la semana que viene de forma rápida, con nocturnidad y alevosía. Van a tener su propia foto; la tuvo el señor Aznar en las
Azores y la tendrán ustedes la semana que viene en una tramitación de urgencia y en lectura única. La forma es importante, pero el fondo también lo es, y aquí la forma y el fondo -no nos engañemos- van a lo que van, a perder soberanía y a convertir
nuestra patria en una patria
menos segura, esa patria que usted defiende todos los días de la Constitución y de la que luego se olvida el resto del año. Pero sigamos hablando de la forma.
Van a modificar un tratado que afecta a Andalucía -la van a convertir en un terreno inseguro, va a ser la diana de muchos ataques- sin consultar con el Parlamento andaluz, pisoteando su estatuto de autonomía. Lo van a hacer vulnerando una
ley orgánica -lo único que pretenden es que esto pase de forma oculta- mediante una tramitación propia de otros tiempos, a la que ustedes se han abonado en esta legislatura, una tramitación -ya se ha dicho- que evita un debate en profundidad y que
se tenga un conocimiento igualmente profundo. Aquí la forma condiciona también el fondo y los españoles tienen derecho a conocer qué van a tramitar ustedes la semana que viene y por qué lo quieren hacer de esta manera, por qué quieren hacer una
tramitación directa y en lectura única, con nocturnidad y alevosía, algo que va a afectar directamente a la seguridad de cada uno de los españoles y de las españolas. Por eso la forma es tremendamente peligrosa. Repito, esa foto de las Azores a
partir de la semana que viene será sustituida por la foto de esta Cámara votando sí a un tratado que nos convierte en una zona que va a ser considerada una amenaza por millones de personas en todo el planeta.
Traspasan ustedes una línea roja, una más de las que han traspasado en esta legislatura. Ningunean al Parlamento y la democracia -lo ha dicho mi compañero, Joan Coscubiela- les viene grande. Siguen pensando que la democracia es algo
peligroso, que solamente es un trámite que tienen que cubrir, algo que tienen que pasar cada semana en esta Cámara, pero, señorías, más pronto que tarde les va a llegar su hora. Ustedes lo quieren dejar atado y bien atado, porque es verdad que
cambiaremos leyes, pero será mucho más complicado cambiar un tratado. Quieren modificar este tratado para que el próximo Parlamento se encuentre con las manos atadas y no tenga más remedio que seguir manteniendo una situación que -repito- va a
convertir a España en un territorio que va a ser considerado como enemigo por muchos millones de seres de este planeta.
Mi grupo considera que se tenía que haber tramitado con normalidad para -lo ha dicho otra portavoz- ver qué ocurre con la situación de los trabajadores, que hay que discutir, y tener la posibilidad de presentar enmiendas, pero no, ustedes
cogen el trágala, una tramitación de urgencia para liquidarlo la semana que viene, como han liquidado otros procedimientos de especial importancia para nuestra sociedad. Podrán tener mayoría absoluta, pero los diputados y diputadas que voten hoy y
la semana que viene tendrán sobre su conciencia haber convertido este país, este Estado, en un Estado mucho más inseguro. Repito, esa foto de las Azores, a partir de la semana que viene será su propia foto, será la foto de las y de los que voten a
favor de este tratado.
Mi grupo va a votar en contra de la tramitación. Es evidente que intentaremos presentar una enmienda a la totalidad y poner en evidencia que anteponen el interés de no se sabe quiénes a la seguridad nacional de la forma más chapucera
posible. Lo hacen de la forma más antidemocrática posible. Es verdad que será legal pero no tiene nada de ética, ni mucho menos tiene nada de consideración con el Parlamento de Andalucía, un Parlamento que representa a millones de personas que son
afectadas por esta tramitación. Me gustaría que cuando suba a esta tribuna el portavoz o la portavoz del Partido Popular explicase si se ha consultado a la Comunidad Autónoma de Andalucía, como bien indica el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Por eso, nuestro voto negativo es un voto claramente a su conciencia, es un voto que los pone en evidencia y nuestro grupo votará en contra esta semana y también la que viene. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d´Unió, el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el presidente Posada nos ha pedido que no entremos en el fondo de la cuestión porque esto será objeto de debate la próxima semana. Realmente es difícil no entrar en el fondo de la cuestión, como se ha podido constatar por los
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Les quiero anunciar que el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d´Unió va a votar favorablemente a la
tramitación en lectura única de este tratado internacional. En honor a la verdad, algún día tendremos que discutir en esta Cámara si, en lectura única o sin lectura única, los tratados internacionales son objeto de especial interés porque en mis
años de experiencia parlamentaria -que son unos cuantos- he visto un solo caso en el que a un tratado internacional se le han presentado enmiendas. En aquel momento, la presentación de enmiendas que comprometían lo ya firmado por parte del
Ejecutivo socialista sobre derecho de voto de residentes españoles en el extranjero y concretamente sobre la extensión del derecho de voto a todos los ciudadanos
de los países de América Central y del Sur, supuso la suspensión y el envío a un callejón sin salida de la tramitación de aquel tratado internacional. Con lo cual algún día deberíamos revisar el sistema de presentación de enmiendas a los
tratados ya firmados por parte de los Gobiernos y el rol que tiene el Parlamento sobre tratados que simplemente ratifica. Digo esto sin entrar en el fondo de la cuestión.
Voy a leer simplemente -porque son cinco líneas- el preámbulo de este tercer protocolo de enmienda del Convenio de cooperación para la defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América. Dice esta exposición de motivos: Con
el objetivo de contribuir de forma significativa a la estabilidad regional y a la seguridad común en África, Europa y el Oriente Próximo, mediante la autorización del despliegue permanente de una fuerza de respuesta de crisis en la base aérea de
Morón para proteger a los ciudadanos e instalaciones de los Estados Unidos de América y de España, así como de otros Estados miembros de la Alianza del Atlántico Norte, de conformidad con el artículo 2 del convenio y en apoyo del adiestramiento
conjunto bilateral y la cooperación para la seguridad regional...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: ... se ratifica este convenio.
Pues bien, señorías, señora presidenta, estamos de acuerdo con los principios inspiradores que les acabo de leer y vamos a votar favorablemente a la tramitación del mismo, y si hay debate de fondo, en esta línea que les he planteado, lo
vamos a hacer el jueves de la próxima semana.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Xuclà.
Señor López Garrido, por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor LÓPEZ GARRIDO (don Diego): Gracias, señora presidenta.
La reforma del convenio de cooperación con Estados Unidos, que se va a tramitar y a debatir sobre la semana que viene, tiene sin duda dimensiones estratégicas y de otro tipo fundamentales. Tiene dimensiones estratégicas que afectan a la
seguridad -es por tanto de la máxima importancia política- de nuestro país, del área del Mediterráneo y de Europa, y espero que el debate de la semana que viene deje claros todos estos extremos. Del mismo modo, es una modificación de un convenio
que tiene que ver mucho con la situación laboral de muchos españoles en el área de Morón, que tiene que ver por tanto con intereses de Andalucía, y eso también será objeto de nuestro interés. Mañana mismo nuestro grupo parlamentario va a formular
una pregunta al ministro de Asuntos Exteriores precisamente sobre en qué beneficia esta modificación del convenio a Andalucía y a la región en torno a Morón, pero hoy estamos en trámite de aprobación o no de la lectura única.
Consideramos que debe aprobarse la propuesta sobre tramitación en lectura única porque estamos ante un proyecto que tiene una formulación simple. Se trata de la elevación del número de militares y aeronaves norteamericanas en la base de
utilización conjunta en Morón. Ese es exactamente el único objetivo de esta modificación. La naturaleza del proyecto también permite perfectamente la utilización del procedimiento de lectura única. Es un proyecto que significa la modificación de
un tratado internacional, que no admite enmiendas al articulado. Por tanto, las enmiendas no entrañan ninguna complejidad y por esa razón creemos que no hay cortapisas ni dificultades ni obstáculos para un debate de fondo que va a haber la semana
que viene. Por cierto, nos alegramos de que no pueda aprobarse por decreto-ley porque las formas son muy importantes, que es algo que deberíamos decir varias veces a la representante del Grupo Popular que ha intervenido en el anterior debate. Las
formas son muy importantes y este hemiciclo no sobra a la hora de decidir determinadas cosas.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor López Garrido.
Por el Grupo Popular, señor Tarno.
El señor TARNO BLANCO: Gracias, señora presidenta.
Lo que estamos viendo aquí es si hay tramitación directa y en lectura única de este acuerdo. Se hace un procedimiento que no es excepcional, que no resulta extraño a la Cámara -se ha hecho otras veces-; se han cumplido y respetado los
plazos y se va a cumplir el artículo 156 del Reglamento de la Cámara. No veo dónde está el problema. Se va a hacer porque -lo ha explicado muy bien el señor López Garrido- ni es complejo ni es dificultoso. Es un convenio internacional donde se
van a modificar cinco artículos y contiene un preámbulo y una disposición final. No tiene ninguna complejidad; por tanto, es absurdo el
debate que se plantea sobre cómo se va a tramitar. Se va a tramitar como proyecto de ley de manera directa y única. De opacidad, nada; de oscurantismo, nada; de ninguneo, nada. Se va a debatir en la Cámara. ¿Cómo va a ser oscuro algo
que se debate en el Pleno del Congreso de los Diputados? ¿Cómo se va a ningunear al Congreso cuando vamos a debatir el convenio en el Pleno del Congreso de los Diputados? ¿De qué están hablando algunos grupos de la oposición? Cuando toque la
semana que viene, el miércoles o el jueves, debatiremos sobre el convenio, sobre los trabajadores de Rota y Morón, sobre lo que queramos, y evidentemente con luz y taquígrafos, nunca mejor dicho. Por tanto, no tiene ningún sentido la oposición a
esta tramitación por parte de algunos grupos y por eso vamos a votar favorablemente. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tarno.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN DE CONVERGÈNCIA I DE UNIÓ, SOBRE LA NECESIDAD DE QUE EL GOBIERNO CONTEMPLE LA INMEDIATA REDUCCIÓN DEL IVA A PELUQUERÍAS Y A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PERSONAS FÍSICAS QUE PRACTIQUEN EL DEPORTE O LA
EDUCACIÓN FÍSICA EN GIMNASIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ACTIVIDAD MUY VINCULADA A LA MEJORA DE LOS HÁBITOS DE SALUD. (Número de expediente 173/000227).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos, pues, a debatir, conforme a lo acordado en la Diputación Permanente, la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Convergència i de Unió, sobre la
necesidad de que el Gobierno contemple la inmediata reducción del IVA a peluquerías y a los servicios prestados a personas físicas que practiquen el deporte o la educación física en gimnasios e instalaciones deportivas, actividad muy vinculada a la
mejora de los hábitos de salud. Para su defensa, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre. (Rumores). Silencio, por favor.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, presidenta.
Señoras y señores diputados, efectivamente esta es una moción que presenta el Grupo Parlamentario de Convergència i de Unió en la que planteamos como objetivo fundamental que el Gobierno tome una decisión justa e importante desde nuestro
punto de vista haciendo una rebaja inmediata del IVA a todas las peluquerías y salones de belleza, así como también a los gimnasios e instalaciones deportivas.
Entendemos que esta es una iniciativa que se basa en la economía real; es una iniciativa que se sustenta en el trabajo de miles y miles de trabajadoras y trabajadores autónomos que se dedican a esta profesión. Son microempresas, pequeños
empresarios, empresarios autónomos dedicados al sector profesional de las peluquerías, de los salones de belleza y de las instalaciones deportivas. Para el Grupo Parlamentario de Convergència y de Unió, es muy importante esta iniciativa porque lo
que pretendemos es defender unos sectores profesionales que dan trabajo en estos momentos, señorías, a 260.000 personas de todo el Estado español. Voy a repetirlo, quizá para el Partido Popular esta no sea una cifra importante y significativa pero
para nuestro grupo parlamentario de Convergència i de Unió es una cifra muy significativa. Nosotros queremos preservar estos 260.000 puestos de trabajo.
Al mismo tiempo, esta iniciativa tiene otro objetivo relevante. Si el Gobierno del Partido Popular no toma la decisión de rebajar el IVA del 21 al 10 %, que es un tipo que no se hubiera tenido que cambiar, corremos el riesgo, señorías, de
destruir más de 70.000 puestos de trabajo en las peluquerías, en los salones de belleza y en las instalaciones deportivas. Este objetivo es fundamental. No es solamente preservar este colectivo tan importante de 260.000 personas -también deberían
tenerlo en cuenta todos los grupos parlamentarios, pero especialmente el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno que es el Partido Popular-, sino que son muchos trabajos que ocupan no solo a población femenina, sino que también en el sector
de los gimnasios y de los salones de belleza hay una masa crítica importante de trabajadores jóvenes en formación que han acabado sus estudios profesionales y que se incorporan a este mercado de trabajo. Es, repito, importante para nosotros.
Otro factor relevante es que, si ustedes no toman la decisión de rebajar estos once puntos, la economía española va a correr el riesgo de incrementar la economía sumergida. Este también ha sido un planteamiento que nuestros grupos
parlamentarios han planteado al Gobierno en reiteradas ocasiones. Hay que combatir la economía sumergida, hay que intentar buscar soluciones para que podamos evitar que negocios de sectores tan importantes como el de las peluquerías, el de los
gimnasios y el de los
salones de belleza cierren. Por este motivo volvemos a reiterar que estamos a finales de legislatura, señorías, y el Gobierno del Partido Popular -yo diría que desde una perspectiva electoral- va a hacer una rebaja impositiva del IRPF. A
nosotros nos parece también adecuada y perfecta pero no hay que olvidar, señorías, que los tipos del impuesto sobre la renta de las personas físicas van a ser rebajados probablemente la próxima semana, manteniéndose los mismos tipos impositivos de
la última etapa del señor Zapatero del año 2012. Por lo tanto, los ciudadanos españoles que van a estar sometidos al impuesto sobre la renta de las personas físicas van a pagar prácticamente lo mismo, con el mismo tipo, a finales de 2015 que a
principios del año 2012.
Les digo a los señores del Partido Popular que hagan un planteamiento más diferenciado en los salones de belleza, las peluquerías y los gimnasios y apliquen el mismo tipo impositivo que tendrían dichos sectores, que sería el del 10 %. Tomen
ustedes esta importante decisión de rebajar los tipos impositivos para las peluquerías, los gimnasios, los salones de belleza y las instalaciones deportivas; planteen una rebaja justa e importante y rebajen los tipos impositivos del 21 al 10 %
Muchísimas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sánchez i Llibre.
No se han presentado enmiendas. Vamos a iniciar la fijación de posiciones. En primer lugar, el Grupo Mixto. Señora Fernández. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Tomo la palabra para posicionar al Bloque Nacionalista Galego en relación con esta moción presentada por Unió y defendida por el señor Sánchez i Llibre, porque nuestro grupo ha presentado en diversas ocasiones iniciativas para instar al
Gobierno a rebajar concretamente el IVA a las peluquerías. Somos perfectamente conscientes de que la subida del IVA en el año 2012 no solo fue perjudicial para este sector económico de nuestra sociedad, sino que también lo fue para otros como
flores y plantas ornamentales -afortunadamente sobre esa cuestión ya ha rectificado el Gobierno-, la cultura y otros muchos como el caso que acaba de comentar el señor Sánchez i Llibre de los gimnasios. Por tanto, señorías, vamos a votar a favor de
esta moción por los últimos datos facilitados por el propio sector de las peluquerías, que se está movilizando muy activamente en todo el Estado español, pero me interesa mencionar de manera especial la movilización que en junio hubo en Galicia y
que no es para menos. Cuando el Gobierno tomó la decisión de incrementar el IVA de estas actividades económicas al 21 % decía que quería activar la economía. Lo que ha hecho es lo contrario, desactivarla, ya que los efectos que esta subida ha
tenido en estos sectores han sido totalmente demoledores, sobre todo, en el empleo. Más de 13.000 peluquerías han cerrado en el Estado español desde que se implantó esta subida del IVA; esto significa el 30 % del empleo total de este sector, nada
más y nada menos que 34.000 trabajadores y trabajadoras, pero fundamentalmente trabajadoras.
Por lo tanto, no entendemos cómo el Gobierno se empecina en mantener un impuesto tan elevado para un sector que, además, está afectando a la economía sumergida porque muchas personas que se han quedado sin empleo se buscan la vida afectando
aún más al sector reglamentado que paga sus correspondientes impuestos. Repito, no entendemos cómo el Gobierno no toma la decisión de reducir el IVA al sector de las peluquerías, aunque lo que debería afrontar el Gobierno es una modificación del
IVA para todos los sectores económicos a los que la subida del IVA del año 2012 representó una cuestión tan gravosa y que repercutió tan negativamente en su empleo. El consumo -el Gobierno tiene que dar en algún momento esos datos- no ha sido capaz
de incrementar la recaudación por la subida del IVA en estos sectores y, en cambio, ha conseguido una eliminación de empleo, una precariedad laboral y una situación tan lamentable como la que ha denunciado el sector manifestándose en esa unidad que
se ha conseguido concretamente en Galicia de todos los pequeños empresarios, autónomos en muchos casos, del sector de la peluquería.
Por todo ello, señorías, manifestamos nuestro voto favorable a la moción que presenta Unió.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.
Por el Grupo Vasco, PNV, señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente intervengo para decir que nuestro grupo apoyará esta iniciativa del grupo de Unió, votaremos a favor porque es una petición de justicia la que hace el representante catalán. Es de justicia porque, al igual que otros sectores
como es el de la cultura, que hemos defendido que tiene un IVA actualmente excesivo, que no está beneficiando en absoluto la actividad económica, es más, está restringiendo y está retrayendo la actividad precisamente porque ese IVA está sobrepasando
los límites de los precios que en ese momento se pueden poner. En este caso estamos hablando también, tal como ha dicho el señor Sánchez i Llibre, de la economía real, de una actividad económica muy importante en un estrato social de todos que es
el de las peluquerías, salones de belleza y gimnasios. Además es una actividad muy sensible a la precarización, es decir, es una actividad en la que la pérdida de empleo es muy fácil y creo que debemos cuidarlo porque a él accede gente muy joven y,
precisamente si empieza a descender la clientela porque no puede permitirse pagar esos precios y eso hace que dicha actividad se retraiga, esas personas perderán el empleo. El señor Sánchez i Llibre ha dicho que son 70.000 personas -no sé si es
exactamente ese número, pero los estudios así lo cifran; es una cantidad muy importante- las personas que perderían el puesto de trabajo si es que sigue así la actividad económica que está descendiendo en estas peluquerías, salones de belleza y
también en gimnasios. Decía que es un empleo joven, sobre todo, el que se mantiene y debemos cuidarlo porque es muy importante.
Por último, es una pregunta que nos hemos hecho muchas veces cuando hemos debatido el IVA en el sector cultural. Todavía el Gobierno no nos ha demostrado que este aumento del IVA haya beneficiado, haya recaudado, haya dado positivo de
alguna manera y que haya compensado este aumento del IVA. Va en contra del consumo y a quien perjudica precisamente es a los ciudadanos que no pueden consumir, a los que dejan de consumir y eso automáticamente hace que se retraiga esa actividad
económica y que surja en muchos casos economía sumergida en actividades tan fáciles de que aflore la economía sumergida como puede ser esta del sector de las peluquerías. La dignidad de esta actividad y de estos profesionales requiere que se active
más el consumo; es muy fácil que todos digamos: Me lo haré en casa, pero esta actividad económica requiere incentivar el consumo y para eso tiene que descender el IVA porque si no, los precios no estarán al alcance de muchos ciudadanos que están
pasándolo muy mal a raíz de esta crisis. Por tanto, apoyaremos esta iniciativa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Por el grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Calduch.
El señor CALDUCH CERVERA: Señor presidente, señorías, nuestro grupo comparte todos los argumentos que se han planteado aquí por los que me han precedido en el uso de la palabra. Hay un problema con el hecho de que el aumento del IVA y la
crisis -aunque no sé muy bien el orden causal de los dos- están provocando estragos en sectores como el de las peluquerías, el sector de instalaciones deportivas, gimnasios, pero hay otros muchos que no se han citado aquí; se ha hecho referencia al
de la cultura pero podríamos hablar de talleres mecánicos y tantos otros. En ese sentido, compartiendo los argumentos que se han dado aquí, tampoco podemos ignorar que el hecho de que solicitar una reducción del IVA para el sector de peluquerías y
de gimnasios y no hacerlo para otros sectores de autónomos o pequeños y medianos empresarios, automáticamente crea una discriminación. Nuestro grupo propone no solo restringir esta reducción a estos casos de peluquerías, gimnasios e instalaciones
deportivas; nuestro grupo plantea que se haga una revisión de los tipos del IVA porque igual que se subieron -el señor Montoro ya nos ha dado antes una explicación exhaustiva de que la economía va muy bien, y la prueba es que ya ha anticipado que
van a rebajar el IRPF-, por qué no entrar en un debate sobre la revisión de los tipos medios y reducidos del IVA. Igual que se hizo un aumento, podríamos entrar en el debate, pero no ya para las peluquerías y gimnasios, sino para apoyar
precisamente con los mismos argumentos que se están dando: primero, combate la economía sumergida; segundo, ayuda a la recuperación económica; tercero, no es discriminatorio de unos sectores respecto de otros. ¿Por qué no lo planteamos así? Por
esas razones nuestro grupo parlamentario se va a abstener. Tenemos razones para apoyar la propuesta, pero también tenemos argumentos para considerar que es una propuesta alicorta y tendría que haberse planteado el debate de verdad. Eso es lo que
nosotros suscitamos aquí, el debate de la revisión de los tipos medios y reducidos del IVA.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Calduch.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.
Señor Sánchez i Llibre, convendrá usted conmigo en que usted nos trae un problema real, pero nos plantea una manera de abordarlo que es francamente discutible. Tenemos un problema en algunos sectores económicos, uno de ellos es el sector de
las peluquerías, otro podría ser el de los centros deportivos, que están sometidos a una presión muy fuerte, que es la combinación de la crisis económica y la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos para realizar el consumo de esos bienes
combinada con un incremento de la presión a través del IVA. Aceptará usted que esta no es la manera de abordar el tratamiento fiscal. Bastante desgraciada es la manera en que lo ha hecho el Gobierno, un aumento del IVA de determinados productos
que no tienen ningún tipo de lógica. Tuve oportunidad el otro día de plantear lo absurdo que supone, por ejemplo, el tratamiento diferencial de lo que son bienes culturales y el diferente tipo de IVA, que nadie sabe exactamente por qué, y ahora
usted nos trae específicamente una propuesta de sectores que han sido claramente afectados por la crisis y por la subida del IVA, pero no sabemos por qué estos y no otros. No sabemos por qué las peluquerías, por qué los gimnasios y centros de
deporte, por qué los centros de belleza y por qué en un mismo paquete estos tres y no otros. ¿Por qué, por ejemplo, no el dentista, servicios básicos de la salud? La verdad es que no quiero preguntar por qué usted ha escogido estos porque tampoco
quiero entrar en elementos anecdóticos. Sugiero que abordemos esta cuestión de otra manera. Sugiero que en esta Cámara, dado el furor que le ha dado a este Gobierno de mantenernos durante todo lo que queda de legislatura haciendo proyectos de ley,
abordemos de manera racional el tratamiento del IVA para todos esos servicios y lo hagamos racionalmente.
A lo mejor llegaremos a la conclusión de que lo que le está pasando a las peluquerías, por ejemplo, no solo es un problema de la subida del tipo de IVA hasta el 23 %, sino que es un problema mucho más grave, de cómo el impacto de la crisis
económica y la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos ha afectado profundamente a esos colectivos que además son intensivos en mano de obra o cómo resulta que fruto de las políticas del Gobierno esas personas que trabajan en las peluquerías,
en muchos casos autónomos, se han convertido no en autoemprendedores, sino en autoexplotadores de sí mismos y cómo se está produciendo en estos momentos un fenómeno a través del cual determinadas escuelas de formación profesional para el empleo
camufladas ofrecen servicios de manera claramente de economía sumergida, que son propios de peluquerías prácticamente no cobrando o cobrando muy poco.
Es una pena, porque siendo muy injusta la situación que viven en estos momentos los profesionales de las peluquerías, usted nos lo trae en condiciones francamente poco útiles. No sé si a estas alturas de la legislatura es posible introducir
algún elemento de racionalidad en los debates de este Congreso; me temo que no, y solo hace falta ver el batibull que está produciendo este debate. En cualquier caso, sinceramente, señor Sánchez i Llibre, el Gobierno ha hecho un desastre en su
reforma fiscal al abordar el IVA de la manera que lo ha hecho y no creo que la solución sea esa. Me veo en la obligación de preguntarles cómo consiguen combinar y poner juntas todas sus propuestas. Un día nos vienen los diputados de Unió
Democràtica de Catalunya y nos piden lunes, miércoles y viernes que bajemos el IVA a las peluquerías y a los salones de belleza. Otro día vienen a que les bajemos el IVA a los productores de flores. Los martes, jueves y sábados, que son días
pares, vienen los de Convergència Democràtica de Catalunya y nos plantean que hay que reforzar las políticas públicas en atención a muchos colectivos. Supongo que luego ustedes se encuentran los domingos y se van a misa para confesarse. Eso es lo
único que puede explicar que sean tan incoherentes en sus propuestas. A pesar de esto, y para evitar que pueda haber instrumentalizaciones de nuestro voto, a lo mejor hasta les votamos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Coscubiela.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Blanquer.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias, presidente.
Señorías, el Gobierno durante esta legislatura no solo ha perdido la gran oportunidad de realizar una reforma fiscal que permita tener un sistema impositivo sencillo, eficiente y justo, sino que además ha tomado decisiones que han
perjudicado en gran medida a sectores intensivos de empleo. Han sido decisiones que no han ido acompañadas de un análisis previo de impacto sobre los sectores económicos afectados y que han supuesto resultados devastadores para muchos de ellos.
Esto explica el no
cumplimiento de las expectativas de ingresos por IVA para 2013 en los presupuestos ante la subida de tipos. De hecho, la explicación que da la Agencia Tributaria es que la subida de tipos fue contrarrestada en gran parte por una nueva caída
en el gasto final sujeto a IVA. Así pues, vistos los resultados, algunas de las subidas de IVA no han sido ni justas ni han estado justificadas, como las de pasar determinados servicios de tributar al tipo reducido al tipo general. El Gobierno del
Partido Popular ha castigado innecesariamente a sectores que, según la directiva europea, podían continuar tributando al tipo reducido, y lo ha hecho sin motivo razonable que aconsejara un cambio de tipo en un momento de crisis tan duro; y lo más
cruel y repulsivo es que lo hizo al mismo tiempo que amnistiaba a los defraudadores.
En este sentido, uno de los sectores más perjudicados, aparte del cultural, ha sido el sector de las peluquerías, que son pequeños negocios formados por un autónomo y uno o dos trabajadores. Se trata de un sector que ha sufrido un doble
azote: primero, el de la crisis y, después, el del Gobierno del Partido Popular al subir el tipo impositivo del 8 al 21 %; nada más y nada menos que 13 puntos de subida. Con la crisis económica muchas peluquerías se situaron en una posición
delicada, pues el poder adquisitivo de los ciudadanos se redujo. Fueron las que enseguida notaron los efectos de la crisis con la bajada de afluencia de clientes y el menor número de servicios realizados; una situación que ya les obligó a ajustar
márgenes bajando precios. La importantísima subida del IVA supuso un nuevo golpe que ha representado el hundimiento definitivo de muchas de ellas, precipitándolas bien hacia el cierre o bien hacia la inviabilidad económica de una actividad que no
dejan de realizar por ser su única fuente de ingresos para sobrevivir. Consecuencia de todo ello, las cifras generales sobre el sector se revelan muy preocupantes, tal y como alertan sus representantes, pues ha habido una fuerte contracción en el
empleo, un importante retroceso en el volumen de facturación y una reducción de establecimientos, provocando un fuerte impacto colateral indirecto en otros sectores de la industria relacionados con el mismo.
A nuestro entender, el sector de las peluquerías no solo es relevante desde el punto de vista numérico -que lo es y mucho-, sino también desde el punto de vista social y humano. Es un sector en su mayoría de pequeñas empresarias y
emprendedoras que mantienen todavía hoy un número importante de empleos y, además, es de los pocos sectores que están regentados por mujeres en su práctica totalidad. El Grupo Parlamentario Socialista, consciente del duro golpe provocado a este
colectivo y del mismo modo que ha hecho el grupo proponente de esta moción, también ha presentado iniciativas en el Congreso y en el Senado solicitando la rectificación del Gobierno para el sector de las peluquerías. Además, consideramos relevante
analizar e incorporar la reducción del IVA para el sector de los servicios a personas físicas que practican deporte, una medida que se justifica porque es acorde con lo establecido en la directiva europea, porque puede impedir más pérdidas de empleo
y de establecimientos y, lo más importante puede suponer un incentivo para practicar deporte, una actividad que se demuestra muy buena para prevenir enfermedades y que puede traducirse en un menor gasto sanitario y farmacéutico futuro. Pero,
señorías, estamos al final de la legislatura y toca hacer balance, un balance que el Gobierno sabe que no es positivo. Por eso, ahora nos anuncia una política acordeón, que a todas luces interpreta como la gran excusa para justificar sus
incumplimientos electorales. Acordeón porque, primero, presionan subiendo los impuestos y, ahora, pretenden corregir y volver atrás presentándose como los grandes salvadores. Esa es, y no otra, la causa por la que el presidente pretende en los
últimos de descuento de la legislatura incorporar precipitadamente promesas en un nuevo presupuesto que le garantice escenificar su relato y así construir un argumentario bien armado para su campaña electoral, lo que es una gran irresponsabilidad.
Ya escuchamos al ministro Montoro pedir perdón por la subida de impuestos, pero no basta con ello porque ha habido mucho sacrificio y mucho dolor. Así que no les pedimos que rectifiquen ante una mejora económica, les pedimos que rectifiquen por el
error cometido con estos sectores, del mismo modo que lo ha hecho con otros.
Termino. Reducir el tipo impositivo a determinados sectores como el de las peluquerías no repara tanto sufrimiento, tantas pérdidas de empleo, pero sí puede recuperar la esperanza puesta en una actividad que es el único sustento que hace
viable el proyecto de vida para muchas personas, especialmente mujeres pues representan el 85 % de este sector. Por todo lo expuesto, votaremos a favor de esta moción. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Blanquer.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Gallego.
El señor GALLEGO BURGOS: Muchas gracias, señor presidente. (La señora Cunillera Mestres pronuncia palabras que no se perciben).
Me dice la señora Cunillera que voy a hablar de la herencia recibida. Supongo que le molesta que hablemos de la herencia recibida. Pero hay que hablar de la herencia recibida, sobre todo, sobre todo cuando las decisiones que se toman en
referencia a este IVA tienen algo que ver con la herencia recibida, porque aquella medida se tomó cuando se tomó y ustedes dejaron el país como lo dejaron.
¿Por qué ustedes, allá donde gobiernan, no aplican esta fórmula mágica que nos explican hoy? Dicen que hay que bajar los impuestos, que hay que reducir la deuda, que hay que reducir el déficit y que hay que aumentar el gasto público. Pero
ustedes donde gobiernan no han encontrado la fórmula mágica que permita que esta ecuación cuadre. Nosotros nos encontramos en el año 2011, y aunque le moleste se lo tengo que decir, con un país que estaba como estaba. En España se hablaba de
corralito, en España se hablaba de colapso financiero, se hablaba de hombres de negro, se hablaba de una intervención al conjunto de la economía española. Para impedir el colapso tuvimos que tomar un conjunto de medidas que fueron difíciles. No
las tomamos por obligación, sino que las tomamos por devoción. ¿Para qué sirvieron? Estas semanas podemos ver, entre otras cosas, para qué han servido. Nos podemos imaginar qué hubiera pasado en este país si este Gobierno no hubiera actuado con
seriedad y con responsabilidad. Solo hay que echar un vistazo a algunas imágenes de los jubilados griegos desesperados por no poder sacar su pensión del banco. Ese escenario se evitó en España gracias al Partido Popular y a una política seria que
ha permitido poner a España en el camino de la recuperación económica. Tuvimos que elevar los impuestos, tuvimos que hacer reformas complicadas. Ahora nos dicen ustedes: bajen todos los impuestos. Como decía el señor Coscubiela, que cada semana
nos dicen baje ese impuesto, baje aquel impuesto y baje aquel impuesto. (Rumores).
Ustedes querrían que no hubiéramos tomado ninguna medida ante la situación de colapso financiero con la que nos encontramos. Si me permiten la expresión, les hubiera gustado que nos hubiéramos marcado un Varufakis, que España no tomara
ninguna decisión, dejarnos llevar y esperar a que el colapso financiero se produjera, de tal manera que, a lo mejor, los problemas de los españoles hubieran sido mayores de lo que han sido. Tuvimos que elevar el IVA en este sector de las
peluquerías, salones de belleza y gimnasios; lo tuvimos que hacer. En cambio, pudimos salvar el IVA superreducido; salvamos el IVA del turismo; salvamos las pensiones; salvamos el Estado del bienestar en su conjunto: sanidad, servicios
sociales y educación y las prestaciones por desempleo. Pero nos afean que, en su día, tuviéramos que elevar el IVA a este sector que -en eso sí que estoy de acuerdo- nos consta que lo ha pasado mal durante estos años de crisis, desde el año 2007.
Y no solamente este sector; este sector y otros tantos sectores de nuestro país. (Continúan los rumores). Por eso, el Gobierno del Partido Popular va a impulsar reformas fiscales, en la medida en la que el crecimiento económico se vaya
consolidando en España. Hoy, afortunadamente, la economía española ya crece en torno al 4 %. Somos el primer país de Europa en crecimiento económico. Somos el primer país de Europa en creación de puestos de trabajo y, hoy, en España hay
esperanza; hay un camino que si mantenemos sacaremos a España de la crisis en la que algunos nos metieron.
Hemos tomado algunas medidas en las que también se van a ver beneficiadas las peluquerías, los salones de belleza y los gimnasios; medidas como la reducción considerable del IRPF; hemos aplicado la tarifa plana de 50 euros al mes, de la
cual se han beneficiado 620.000 personas, 620.000 emprendedores; hemos reducido recientemente las retenciones hasta en un 15 % a los autónomos, lo que va a suponer una inyección de liquidez para los autónomos -muchos pertenecientes al sector que
ocupa hoy nuestro debate- de 350 millones de euros. Por lo tanto, estos sectores se van a beneficiar de estas mejoras fiscales. Que la propuesta la haga Convergència i de Unió, me parece ridículo, ya que el Gobierno de Convergència i de Unió ha
creado, a lo largo de estos últimos tres años, cincuenta nuevas tasas en Cataluña. Los catalanes sufrimos el tramo autonómico más elevado del IRPF; ha acabado con todas las bonificaciones en el impuesto de sucesiones y, a lo mejor, lo hacen para
ocultar algunas de sus medidas estrella. Hoy, los catalanes, por ejemplo, pagamos 7 euros por que nos den un duplicado de la tarjeta sanitaria; o, dentro de pocos días, los catalanes vamos a pagar una tasa por conectarnos a Internet. A lo mejor,
por eso presentan este tipo de medidas. (Rumores).
Estamos convencidos de que los esfuerzos han valido la pena. Tuvimos que tomar decisiones difíciles. Hay todavía mucho por hacer, pero afortunadamente España está en el buen camino y pienso que hay futuro en nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: Muy bien, Antonio).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gallego.
En dos minutos empezamos a votar. (Pausa).
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS:
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución. En primer lugar, en sustitución de don Gaspar Zarrías, pregunto a doña María de las Mercedes Gámez García si jura o promete acatar la
Constitución.
La señora GÁMEZ GARCÍA: Sí, prometo. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: En sustitución de don Manuel Chaves, pregunto a don Salvador de la Encina si jura o promete acatar la Constitución.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Sí, juro. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: En sustitución de doña Carmen Montón, pregunto a don Josep Antoni Santamaría i Mateo si jura o promete acatar la Constitución.
El señor SANTAMARÍA I MATEO: Sí, prometo. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Doña María de las Mercedes Gámez, don Salvador de la Encina y don Josep Antoni Santamaría han adquirido la condición plena de diputados. Enhorabuena, (Aplausos).
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA. (Número de expediente 121/000146).
El señor PRESIDENTE: Votación de la enmienda a la totalidad de devolución al proyecto de ley de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, presentada por el Grupo Socialista. Hay un voto emitido
telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316 más 1 voto telemático, 317; a favor, 129; en contra, 174 más 1 voto telemático, 175; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
AVOCACIÓN POR EL PLENO:
El señor PRESIDENTE: Votamos ahora la solicitud que se ha hecho por el Grupo Socialista de avocación por el Pleno de la Cámara de este proyecto de ley. Hay un voto telemático.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322 más 1 voto telemático, 323; a favor, 148; en contra, 173 más 1 voto telemático, 174; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: No se tramitará por el Pleno.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE REGULA EL ACCESO Y PUBLICIDAD DE DETERMINADA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS SENTENCIAS DICTADAS EN MATERIA DE FRAUDE FISCAL. (Número de expediente 121/000160).
El señor PRESIDENTE: Votación de la enmienda a la totalidad de devolución del proyecto de ley orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal,
presentada por el Grupo Socialista. Hay un voto emitido telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322 más 1 voto telemático, 323; a favor, 126; en contra, 181 más 1 voto telemático, 182; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CONCEDEN CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y UN SUPLEMENTO DE CRÉDITO POR IMPORTE DE 856.440.673,35 EUROS EN EL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE DEFENSA, PARA ATENDER AL PAGO DE OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES A PROGRAMAS
ESPECIALES DE ARMAMENTO Y A LA REALIZACIÓN DE OTRAS ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 7/2015, DE 14 DE MAYO). (Número de expediente 121/000159).
El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley por la que se conceden créditos extraordinarios y un suplemento de crédito por importe de 856.440.673,35 euros en el presupuesto del Ministerio de Defensa para atender al pago de obligaciones
correspondientes a programas especiales de armamento y a la realización de otras actuaciones del departamento. Hay tres enmiendas con texto alternativo y vamos a votarlas por separado.
En primer lugar, enmienda presentada por el Grupo Mixto, por el señor Tardà. Hay un voto emitido telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321 más 1 voto telemático, 322; a favor, 21; en contra, 181 más 1 voto telemático, 182; abstenciones, 119.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda a la totalidad con texto alternativo también, presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Hay un voto emitido telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322 más 1 voto telemático, 323; a favor, 35; en contra, 175 más 1 voto telemático, 176; abstenciones, 112.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos ahora la tercera enmienda a la totalidad con texto alternativo, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d´Unió. Hay un voto emitido telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322 más 1 voto telemático, 323; a favor, 36; en contra, 176 más 1 voto telemático, 177; abstenciones, 110.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA. (VOTACIÓN):
- TERCER PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA DEFENSA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DE 1 DE DICIEMBRE DE 1988, Y SUS ENMIENDAS, HECHO EN WASHINGTON EL 17 DE JUNIO DE 2015.
El señor PRESIDENTE: Acuerdo de tramitación directa y en lectura única del Tercer Protocolo de enmienda del Convenio de cooperación para la defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988, y sus
enmiendas, hecho en Washington el 17 de junio de 2015. Hay un voto emitido telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317 más 1 voto telemático, 318; a favor, 301 más 1 voto telemático, 302; en contra, 14; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Se hará su tramitación directa y en lectura única.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN DE CONVERGÈNCIA I DE UNIÓ, SOBRE LA NECESIDAD DE QUE EL GOBIERNO CONTEMPLE LA INMEDIATA REDUCCIÓN DEL IVA A PELUQUERÍAS Y A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PERSONAS FÍSICAS QUE PRACTIQUEN EL DEPORTE O LA
EDUCACIÓN FÍSICA EN GIMNASIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, ACTIVIDAD MUY VINCULADA A LA MEJORA DE LOS HÁBITOS DE SALUD. (Número de expediente 173/000227).
El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de la interpelación del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i d´Unió sobre la necesidad de que el Gobierno contemple la inmediata reducción del IVA a peluquerías y a los servicios prestados a
personas físicas que practiquen el deporte o la educación física en gimnasios e instalaciones deportivas, actividad muy vinculada a la mejora de los hábitos de salud. Se vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 145; en contra, 169; abstenciones, 7.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y cuarenta minutos de la noche.