Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 270, de 14/04/2015
cve: DSCD-10-PL-270
PDF
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 270
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 253
celebrada el martes,
14 de abril de 2015
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de proposiciones de ley:
Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica de reforma del Código Penal. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 133-1, de 13 de septiembre de 2013. (Número de expediente 122/000112) ... (Página5)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B,
número 219-1, de 27 de febrero de 2015. (Número de expediente 122/000195) ... (Página15)
Proposiciones no de ley:
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Baldoví), sobre la financiación de la Comunitat Valenciana. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 629, de 13 de marzo de 2015. (Número de expediente 162/001189) ...
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la liberación de Leopoldo López. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 619, de 27 de febrero de 2015. (Número de expediente 162/001173) ...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para erradicar el aumento de la discriminación contra las mujeres en España. (Número de expediente 173/000198) ...
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para evitar los graves retrocesos que está provocando en los derechos y libertades de las mujeres y para convertir la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres en su principal eje de actuación. (Número de expediente 173/000201) ... (Página59)
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página65)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página65)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página65)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página66)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley
5
Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica de reforma del Código Penal ... (Página5)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Such Botella, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia; y los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Gómez de la Serna y Villacieros, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo ... (Página15)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora González Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno en contra interviene la señora Montón Giménez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Replica la señora González Vázquez y duplica la señora Montón Giménez.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Salvador Armendáriz, Álvarez Sostres, Baldoví Roda, la señora Fernández Davila, el señor Tardà i Coma y la señora Enbeita Maguregi, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores
Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; así como las señoras De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural,
y Tarruella Tomàs y Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Proposiciones no de ley ... (Página33)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Baldoví), sobre la financiación de la Comunitat Valenciana ... (Página33)
Defiende la proposición no de ley el señor Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Campos Arteseros, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Camps Devesa, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Baldoví Roda.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la liberación de Leopoldo López ... (Página41)
Defiende la proposición no de ley la señora Álvarez de Toledo Peralta Ramos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Pérez Fernández y los señores Tardà i Coma e Iñarritu García, del Grupo Parlamentario Mixto; así como los señores Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La
Izquierda Plural, y González Cabaña, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y el señor Picó i Azanza, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Vuelven a hacer uso de la palabra la señora Álvarez de Toledo Peralta Ramos y los señores Iñarritu García, Tardà i Coma y Nuet Pujals.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página51)
Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para erradicar el aumento de la discriminación contra las mujeres en España ... (Página51)
Defiende la moción la señora De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Lago Martínez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia;
Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para evitar los graves retrocesos que está provocando en los derechos y libertades de las mujeres y para convertir la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres en su principal eje de actuación ... (Página59)
Defiende la moción la señora Blanco Terán, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Rodríguez Maniega, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; De
las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada vuelve a hacer uso de la palabra la señora Blanco Terán.
Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página65)
La Presidencia comunica a la Cámara el fallecimiento el pasado mes de marzo de don Luis de Torres Gómez, diputado del Partido Popular durante cuatro legislaturas y senador en la III legislatura, a la vez que transmite el pésame a sus
familiares.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) .... (Página65)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica de reforma del Código Penal, se rechaza por 141 votos a favor más 1 voto telemático, 142; 182 en contra más 1 voto
telemático, 183, y 1 abstención.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción
voluntaria del embarazo, se aprueba por 183 votos a favor más 1 voto telemático, 184; 135 en contra más 1 voto telemático, 136, y 4 abstenciones.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página65)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Baldoví), sobre la financiación de la Comunitat Valenciana con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 136 votos a
favor, 181 en contra y 8 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la liberación de Leopoldo López, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y del Grupo
Parlamentario Socialista, se aprueba por 306 votos a favor, 19 en contra y 1 abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página66)
Sometidos a votación separada los puntos de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para erradicar el aumento de la
discriminación contra las mujeres en España, son rechazados los números 1, 2, 5, 6, 7 y 8, y aprobados los números 3 y 4.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para evitar los graves retrocesos que está provocando en los derechos y libertades de
las mujeres y para convertir la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres en su principal eje de actuación, es rechazada por 126 votos a favor, 181 en contra y 19 abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y cincuenta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, ORGÁNICA DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL. (Número de expediente 122/000112).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica de reforma del Código Penal. Para la defensa de la iniciativa tiene la palabra el señor Such.
El señor SUCH BOTELLA: Gracias, señor presidente.
Señorías, paso a presentar la proposición de ley orgánica del Grupo Parlamentario Socialista de modificación del Código Penal. Esta propuesta pretende abordar algo muy necesario que genera alarma social como es la corrupción en los partidos
políticos y en la actividad pública. Estoy convencido de que desde la bancada del Grupo Popular dirán que este tema se abordó en la reciente reforma del Código Penal, pero a este respecto les tenemos que decir que dicha reforma carece claramente de
la voluntad política y real de abordar esta cuestión con la contundencia necesaria y el consenso requerido.
Señorías, han aprobado una reforma del Código Penal en la que han confundido deliberadamente las necesidades sociales. Han incrementado las penas de los delitos comunes de forma desmesurada cuando no existe necesidad ni alarma social que lo
justifique, incluso no existe informe pertinente de la fiscalía o estadísticas que justifiquen dicha necesidad, ni tampoco se percibe la delincuencia común como uno de los problemas acuciantes de nuestra sociedad. Sin embargo, en contraposición, en
la materia en la que deberían haber apostado por una modificación radical de la ley para combatir la delincuencia amparada en los partidos políticos, en esa materia, señorías, no manifiestan ningún interés ni voluntad al respecto. Por eso nos
debemos preguntar por qué. ¿Por qué, señorías?, ¿es debido a que no existe alarma social suficiente para atacar la corrupción política? En mi grupo parlamentario estamos convencidos de que sí, de que existe esa alarma, solo hay que ver las
noticias diarias que los distintos medios nos transmiten y sobre todo la actividad judicial frenética en materia de corrupción política. Sin ir más lejos, recientemente hemos tenido conocimiento del auto del juez Ruz en el que da por acreditada la
existencia de una caja B durante dieciocho años en el seno del Partido Popular, dieciocho años de financiación en negro de actividades, campañas, sobresueldos, obras en la sede, etcétera. No hay ningún medio de comunicación que no destaque esta
noticia con gran relevancia y ha sido portada de todos los periódicos digitales. El Mundo: Ruz da por acreditada la existencia de la caja B del PP y cierra la investigación de los papeles de Bárcenas. La Vanguardia: Ruz da por acreditada la
existencia de una caja B en el Partido Popular. El Periódico: El juez Ruz da por acreditado que el PP dispuso de una contabilidad B. El País: Ruz cierra la causa sobre los papeles de Bárcenas y acredita la caja B del Partido Popular. ABC: Ruz
cierra la investigación de los papeles de Bárcenas y cree acreditada la caja B en el Partido Popular. Señorías, esto es lo que tenemos y de lo que se han hecho eco todos los medios de comunicación. Además, hemos podido ver en los distintos platós
de televisión a un alto dirigente del PP y jefe de la trama Gürtel cómo predicaba a los cuatro vientos el pago a dirigentes del PP de sobres en negro, sin ningún tipo de reacción por parte de los supuestos afectados o beneficiarios.
Señorías, los papeles de Bárcenas han dado mucho de sí. Ha quedado claro que no todo era mentira, salvo unas cuantas cosas, sino que era toda una trama organizada (Aplausos) y que no cuela en los ciudadanos el intento de hacer creer que
cada tesorero del Partido Popular tenía una caja B en su casa y que se utilizaba de forma altruista y generosa pagando obras y sobresueldos. Señorías, nos debemos preguntar muchas cosas. La corrupción política es uno de los temas que en las
reiteradas encuestas del CIS aparece como elemento preocupante para los ciudadanos. Es así, es el segundo elemento de más preocupación en la última encuesta del CIS por parte de los ciudadanos, por detrás del paro. Por tanto, ¿a qué es debido que
el PP haya soslayado esta situación mirando hacia otra parte? Deberían responder
a esta cuestión y, si ustedes no responden a esta cuestión, la podemos responder desde el Partido Socialista.
Es evidente que el que organiza la trama corrupta nunca va a luchar contra ella. Por tanto, señorías, hoy debatimos aquí la reforma del Código Penal para combatir la corrupción y especialmente la financiación ilegal de partidos políticos,
porque, a pesar de su reciente aprobación, esta reforma no da respuesta suficiente y completa, como ya dejamos patente en su tramitación, a los problemas que se derivan de la financiación ilegal de los partidos políticos y el grave daño que estas
conductas comportan para la credibilidad del sistema y para la confianza de los ciudadanos en el mismo.
Ahora bien, si las reformas no dan respuesta, solo hay un responsable y ese es el grupo mayoritario de esta Cámara, el Partido Popular, que con el abuso de su mayoría absoluta ha impedido reformas de más calado, y ello es así porque no
quiere ni modificar profundamente un sistema que le ha permitido abordar los procesos electorales con una gran ventaja, no solo ilegal sino también injusta, respecto del resto de partidos ni quiere asumir ninguna responsabilidad consecuencia de los
errores e infracciones que su actuación pone en evidencia.
Las propuestas que tenemos en nuestra proposición de ley son las siguientes. En primer lugar, la incorporación en el Código Penal del delito de financiación ilegal de partidos políticos que debe servir para sancionar tanto a quien financie
como a quien es financiado y para asegurar la devolución de las cantidades indebidamente percibidas. Este aspecto ha sido incorporado en la reforma del Partido Popular, aunque con menor penalidad y no incluyendo algunas conductas que sí que están
en la proposición. Si bien se ha aceptado finalmente sancionar algunas de las conductas referidas a la financiación de partidos políticos, vemos con claridad que quien reciba o quien dé donaciones ilegales destinadas a partidos políticos no tendrá
pena de cárcel, sino solo de multa. Para que haya prisión la donación ilegal tiene que ser superior a 500.000 euros, o a 100.000 euros si el donante es extranjero. Si se repasa la lista de Bárcenas, se comprueba que nadie había hecho donaciones
superiores a 500.000 euros. Con ello se da un mensaje lamentable: quienes donen ilegalmente por encima de los 50.000 euros máximos autorizados con donar cada uno menos de 500.000, aunque sean en B, saben que no tienen riesgo de prisión si son
descubiertos. Otro elemento también relevante es que el texto aprobado para sancionar la financiación ilegal de partidos políticos es que el mismo no recoge penas como la inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, ni
incluso la prohibición de contratar con las administraciones públicas, lo que hace prácticamente irrisoria la sanción a los donantes.
Por tanto, la propuesta que realizamos en esta materia supone castigar con penas de prisión a los que realicen donaciones ilegales por encima de 50.000 euros e incrementar a seis años la pena máxima y, por tanto, que pase de cinco a diez
años el plazo de prescripción del delito de financiación ilegal de partidos políticos.
Otro de los aspectos que consideramos relevante es el de castigar a los que intervinieren con posterioridad ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o instrumentos del delito para impedir su descubrimiento o ayudando a los
responsables del mismo a eludir la investigación de la autoridad o sus agentes, destruyendo, por ejemplo, los discos duros de ordenadores. Es escandaloso este tipo de acciones obstruccionistas que deberían estar penalizadas. Señorías, está claro
que se han acostumbrado a destruir las pruebas, a destruir discos duros, pero también les tengo que decir que recientemente, hace apenas quince días, vimos publicado en un periódico de la Comunidad Valenciana unas conversaciones grabadas por la UDEF
a altos cargos del Partido Popular, a un director general hablando con su jefe de área, y le decía cosas como estas: mira de dejar las cosas limpias, lo más limpias posibles. El jefe de área le contestaba: estoy en el despacho, voy a romper,
archivar y llevarme cosas. (El señor Campos Arteseros: ¡Qué fuerte!Aplausos). También le decía: el expediente de Cies cógelo y te lo traes aquí y el expediente de Haití también. Y este decía: por favor, eso que sea el último servicio; cierra
eso y aléjate. Estas son las pruebas claras de lo que se realiza últimamente en la Administración dirigida por el Partido Popular, y es la destrucción y obstrucción para que se puedan esclarecer los delitos.
Señorías, también proponemos en esta iniciativa la tipificación del delito de enriquecimiento injusto e ilícito para castigar el incremento patrimonial que no se pueda justificar de autoridades y cargos públicos durante el periodo de su
mandato, repito, cuando no se pueda justificar la causa de este incremento. Este aspecto no ha sido incorporado a la reforma del Partido Popular y en el Grupo Socialista consideramos que los responsables políticos deben ser totalmente
transparentes, deben tener bolsillos de cristal y deben poder justificar los incrementos patrimoniales que se puedan producir durante el mandato otorgado por los ciudadanos y, en caso contrario, deben ser castigados.
Por último, quiero resaltar la reforma del delito fiscal para situar en 50.000 euros por cierto, el PP lo elevó a 120.000 el año 2003 el umbral de la cantidad defraudada que constituye el delito fiscal. Hoy mismo hemos podido ver los
delitos fiscales que en estos momentos se le pueden estar atribuyendo a este gran ministro de Economía, al señor Rato, que tendrá que dar cuenta delante de la justicia de este tipo de actuaciones también. (Aplausos). Por tanto, solicitamos la
derogación y vuelta al régimen anterior de la reforma del delito fiscal de 2012, en la que incluyeron la regularización tributaria como elemento negativo del tipo en lugar de, como hasta entonces había sido, una simple causa de exención de
responsabilidad.
Señorías, estas son las propuestas que llevamos en la modificación del Código Penal, propuestas que abundan en conseguir una sociedad que rechace y repudie la corrupción. Sin embargo, desde mi grupo tenemos pocas esperanzas salvo
sorpresas, que no creo de que el Partido Popular acepte estas propuestas, y lo digo después de conocer los 140 folios del auto del juez Ruz, en el que establece probada la existencia de una trama organizada en el seno del Partido Popular para
defraudar a todos los españoles. Señorías, ¿cómo puede el Gobierno del señor Rajoy exigir a los ciudadanos que paguen impuestos y que contribuyan al sostenimiento de los servicios públicos si el propio Partido Popular crea una trama para defraudar
los impuestos a todos los españoles? ¿Cómo puede ser eso? Incluso han tenido que abonar una fianza para hacer frente a la responsabilidad de los posibles delitos cometidos. Señorías, hoy podemos afirmar con total rotundidad que el Partido Popular
se encuentra en libertad bajo fianza; en libertad bajo fianza. (Aplausos).
Soy valenciano y, por desgracia, en mi tierra vivimos los episodios de corrupción más intensos de toda España. Se han saqueado las arcas públicas durante los últimos veinte años de gobierno del Partido Popular; apenas hace quince días
empezó a ser juzgado el caso Terra Mítica, después de más de diez años de instrucción; tenemos los casos Gürtel, Blasco, Nóos, Ibex, Brugal, la visita del papa, Fitur, Emarsa, Fabra, Valmor, Rabasa, Trasgos y un largo etcétera, todos ellos
relacionados con la corrupción política en mi tierra y con distintos dirigentes del Partido Popular valenciano, no con cualquiera, sino con los más altos dirigentes, algunos de ellos en estos momentos en la cárcel y otros que entrarán próximamente.
Señorías del Partido Popular, como ustedes son muy proclives a contestar ante sus problemas de corrupción con lo del y tú más, tengo que afirmar con total seguridad que si la filosofía jurídica y procesal de la jueza Alaya se aplicara en la
Comunidad Valenciana no quedaría ningún miembro del Gobierno valenciano de los últimos veinte años que no estuviera procesado, ninguno. (Aplausos).
Señorías, combatir la corrupción política requiere de actitud ante la misma, requiere compromiso y valentía para acabar con esta lacra que ataca directamente al corazón de la democracia. No se puede acabar con la corrupción mediante la
connivencia, mirando hacia otro lado y cerrando los ojos. Cuando se tiene esa actitud de connivencia, es la corrupción la que acaba con todos nosotros. Y tampoco se puede combatir la corrupción mediante el perdón de los pecados, como predicó el
ministro de Justicia este pasado fin de semana, sino con el combate, la persecución y el castigo a los corruptos.
Por todo ello, señorías, el Grupo Socialista solicita a la Cámara el apoyo a la toma en consideración de esta proposición de ley de reforma del Código Penal, porque atacar la corrupción debe ser un compromiso de todos y siempre nos debemos
dar una nueva oportunidad de mejorar la ley, que ciertamente se ha quedado corta en la lucha contra la lacra de la corrupción. Ahora tenemos la ocasión.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Such.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, desde el punto de vista del BNG, el hecho de que estemos en este momento discutiendo una proposición de ley del Grupo Socialista relacionada con una serie de aspectos relativos a la corrupción de los partidos políticos, y
concretamente a la financiación ilegal de los mismos, significa que hace ocho días nada más se cerraron inadecuadamente las políticas dirigidas a combatir la corrupción. Digo esto porque cuando desde el Gobierno se presentó tanto la reforma del
Código Penal como las otras dos leyes que se aprobaron definitivamente el jueves pasado se hizo como la gran panacea, como la contundente y gran respuesta del Gobierno para actuar contra la corrupción política que existe en el Estado español y que
está generando tantísimo malestar en la ciudadanía. Ya dijimos en su momento que las leyes aprobadas no solamente no servían para dar respuesta a esa situación, sino que para eliminar la corrupción de la política era necesario algo más que leyes;
es necesario el comportamiento político de los partidos.
En el caso concreto del Partido Popular porque es necesario seguir insistiendo en que es el que está afectado gravísimamente por la corrupción como consecuencia de los diferentes casos abiertos y, de manera fundamental, de los relativos a
la financiación ilegal del partido, se necesitaría dar respuesta al malestar ciudadano con un posicionamiento político de condena de aquellos que están actuando corruptamente; una respuesta que, sobre todo, debería conllevar explícitamente
renuncias y dimisiones políticas de quienes son responsables de que estas actitudes o actuaciones políticas se puedan llevar a cabo. Por tanto, haciendo la salvedad de que en nuestro grupo, el BNG, entendemos que no solamente son necesarias
modificaciones legislativas para acabar con la corrupción e insistimos en la necesidad de que los partidos políticos no acepten corruptos ni actitudes corruptas en sus filas, y a pesar de que entendemos que incrementar las penas no es la panacea
para reducir o eliminar los delitos, anunciamos nuestro voto favorable a la proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista. Efectivamente entendemos que no es simplemente una cuestión de incrementar penas, sino de hacer una serie
de consideraciones que desde nuestro punto de vista son oportunas, dada la situación de corrupción existente en la actualidad. El incremento de los plazos de prescripción de la infracción, elevándose el plazo previsto actualmente, nos parece
oportuno, porque estamos viendo que muchos asuntos y personas responsables de esos asuntos están yéndose de rositas porque de acuerdo con la legislación los asuntos están prescritos.
Nos parece oportuno asimismo lo que se plantea en el nuevo capítulo 15 del título III en la medida en que se hace una serie de nuevas consideraciones respecto a delitos de personas que tienen representación en los partidos políticos no
solamente legal, sino también administrativa, de manera que no puedan escabullirse por la falta de reconocimiento penal de sus responsabilidades en situaciones como las que se han descrito aquí esta tarde. Por eso, señorías, vamos a votar
favorablemente. Sin embargo, después de que se hayan aprobado las leyes que he mencionado con anterioridad sin que por parte del grupo mayoritario, el Grupo Parlamentario Popular, se aceptaran enmiendas semejantes a las previstas en esta
proposición de ley, nos tememos que el mismo grupo va a votar negativamente la propuesta. Una vez más el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular en este caso, va a hacer una demostración de su falta de interés por luchar con eficacia contra
la corrupción y establecer unos mecanismos de actuación y funcionamiento político que hagan imposible, o por lo menos dificulten, todas las corruptelas que se están llevando a cabo por personas indeseables en el mundo de la política.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Hablaré desde el escaño, señor presidente.
En realidad esto es un pequeño dèjá vu. Hace poco hemos estado discutiendo el Código Penal y, entre otras, entraba evidentemente en la materia que nos ocupan en este momento; pero no puedo negar el derecho que le asiste al grupo proponente
para presentar esta proposición una vez más y, a pesar de que este tema ha quedado zanjado por la mayoría unilateral del Grupo Parlamentario Popular, hoy está sujeto de nuevo a discusión. Ya anuncio que mi grupo parlamentario votará favorablemente
la toma en consideración porque, como ya manifestamos en su momento a través de nuestras enmiendas, no nos satisface la manera en que han quedado fijados este tipo de delitos en el Código Penal. Aun así, tenemos que poner pegas a la redacción que
tiene esta propuesta. En cualquier caso, insisto, se trata de una toma en consideración y, por tanto, estaría abierta a modificaciones si se aprobara. Por ejemplo, estamos absolutamente de acuerdo en que se debe alargar el plazo de prescripción de
este tipo de delitos prevaricación, cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, los mencionados en el artículo 131, pero creemos que incluso la elongación que está proponiendo el Grupo Socialista es insuficiente.
Efectivamente ha habido demasiados casos en los que hemos visto que no se ha podido llevar a cabo un proceso por haber pasado un plazo, y creo que deberíamos acercarnos más en vez de lo que se propone; creo que en la prescripción del tramo superior
de la pena señalada para el delito deberíamos ir a plazos largos, por ejemplo de veinte años. Ya sé que son más propios de terminología civil y de la usucapión en el derecho español, pero dada la problemática del tema, esta es nuestra propuesta.
La verdad es que no encontramos que se defina de una manera clara el delito o el fenómeno de financiación irregular de los partidos, porque según la lectura del artículo 304 bis y siguientes parece que se habla de una subespecie; se parte
de que existe una falsificación de documento público, pero creemos
que el artículo debería comenzar por una definición más clara de la ilegalidad, de la irregularidad, cuál es el dolo concreto, no solo ceñirse a esta subespecie. Tampoco se acomete esa definición en el artículo 304 ter, ni muchísimo menos,
y creemos que en el quáter se debería ampliar la responsabilidad, no solo limitarla, como se hace en la propuesta a los representantes legales o administradores de hecho y de derecho de partidos, sino que la responsabilidad subjetiva de este delito
puede ser también de otros cargos del partido o afiliados. La propuesta que se hace nos parece bastante limitativa y creemos que se debería ampliar o dejar abierto el número de sujetos. Por otra parte, nos parece apropiada la propuesta que se hace
en su momento así lo planteamos también nosotros en nuestras enmiendas de disminuir la cantidad para considerar defraudación a la Hacienda pública estatal, foral, autonómica o local rebajándola en este caso a 50.000 euros, frente a los 120.000 del
delito fiscal ordinario.
En definitiva, creemos que adolece de una cierta falta de definición de lo que es el delito. Creemos que alguna regulación concreta debería ser diferente, pero no seríamos contrarios a volver a debatir este tema. Por tanto, no será nuestro
grupo el que lo intente impedir y tendrá nuestro voto favorable.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, como decía ahora mismo el portavoz del Grupo Vasco, este es un asunto que hemos debatido hace bien pocas fechas, cuando hicimos la reforma del Código Penal, pero la demostración de que no quedó zanjado es que ese Código Penal
mereció la aprobación de una parte mínima de la Cámara mayoritaria en términos numéricos, pero tuvo un gran consenso en contra, si me permiten la expresión. Fue un Código Penal hecho a la medida del Grupo Popular, no concitó los votos ni el apoyo
del resto de la Cámara. También en la materia que hoy nos ocupa, que tiene que ver con la regeneración de la democracia y con la lucha contra la corrupción, tuvo reproches de la inmensa mayoría de los parlamentarios, desde luego de este grupo
parlamentario. Sabemos que con la reforma del Código Penal en esta materia, en la materia parcial que hoy trae a revisión el Grupo Socialista con esta proposición de ley, se produjeron avances lo dijimos en el trámite, lo dijimos en la Comisión y
lo dijimos también en el Pleno, pero a nuestro juicio avances insuficientes. Por eso, a juicio de este grupo, tiene toda la lógica que el Grupo Socialista reabra la cuestión, si se me permite la expresión, e insista en la necesidad de revisar
algunas materias que se resolvieron de forma incompleta en la reforma del Código Penal.
Para mi grupo, Unión Progreso y Democracia, este no es un debate para plantearnos la cuestión desde la perspectiva de lo que dice el juez Ruz ni desde la perspectiva de lo que dice la jueza Alaya. Esta no es una cuestión para echarnos los
trastos a la cabeza los unos y los otros o los unos a los otros. Esta cuestión es, a juicio de Unión Progreso y Democracia, una asignatura pendiente de la democracia. Hay que revisar el reproche penal que se hace a los partidos políticos y a los
responsables políticos, y hay que revisarlo en el Código Penal. Ya sé que el Código Penal no lo resuelve todo, que la reforma del Código Penal no resuelve todos los problemas que tienen que ver con la necesidad de regenerar la democracia y con la
necesidad de tener instituciones más democráticas, más solventes, más al servicio de los ciudadanos, pero hay un reproche penal que hay que incorporar, que no se incorporó en la última reforma y que se incorpora solo parcialmente en la reforma que
nos propone el Grupo Socialista.
Ustedes plantean en esta proposición de ley algunos avances respecto de lo que ha sido su tradición moderna en esta materia. En los últimos debates ustedes incluso han votado en contra de enmiendas de nuestro grupo parlamentario, por
ejemplo en relación con la responsabilidad penal de los partidos políticos; han votado en contra o se han abstenido en algunas de las iniciativas y de las reformas que en la última tramitación y en la última reforma nosotros propusimos, porque les
ha parecido que era ir demasiado lejos; incluso en la propuesta que traen aquí en este momento dejan ustedes fuera la responsabilidad penal de los partidos políticos: no son penalmente responsables. Ustedes identifican a los responsables, a las
personas físicas, pero no hacen responsable a la persona jurídica, a los partidos políticos; los dejan fuera. Creo que este es un enorme error, porque si los partidos políticos no son en última instancia penalmente responsables de lo que hacen sus
miembros, sus dirigentes y sus responsables, las personas físicas tendrán muy poco incentivo para introducir algunos instrumentos que tienen que ver con la regeneración, pero que tienen que ver sobre todo con la prevención. En la prevención está la
base para corregir y evitar precisamente los casos de corrupción y de corrupción política. En ese sentido, a nuestro juicio, se quedan demasiado cortos. Esta es una cuestión en la que nosotros insistiremos si se toma en consideración esta
proposición de ley. Les reconozco que hay un avance respecto de lo que ustedes plantearon en todos los debates previos, pero es, a juicio de nuestro grupo parlamentario, un avance insuficiente.
En todo caso, hoy estamos discutiendo aquí una toma en consideración. Creo que es una buena actitud que seamos conscientes de que nos hemos dejado cosas fuera de la reforma del Código Penal, de que el nivel de exigencia de los ciudadanos
hacia nosotros, los responsables políticos, y el nuestro hacia nuestra propia democracia, en el sentido de construir una democracia de más calidad y unas instituciones de más calidad, está por encima de lo que cada uno de nosotros haya hecho en la
última reforma del Código Penal o de las posiciones que cada uno de nosotros haya tenido en relación con esta materia. Es verdad, lo hemos discutido hace nada, lo decía el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, pero es verdad también que desde
nuestro punto de vista lo hemos resuelto de forma insatisfactoria. Hay una demanda social que no hemos resuelto, hay una demanda de regeneración democrática que no hemos resuelto, hay una demanda de reproche penal a los partidos y a los
responsables políticos que no hemos resuelto con acuerdo a la ley, y creo que siempre es buen momento para resolverlo. Habrá quien diga que lo hacemos o lo hacen algunos en este momento, quien presenta la iniciativa parlamentaria, porque estamos a
nada de unas elecciones. Oiga, si la necesidad es acuciante y, en este caso, a nuestro juicio lo es, bienvenida sea, aunque sea en este momento. Lo importante es lo que está sobre la mesa y sería muy positivo que se admitiera a trámite esta
reforma y que con la toma en consideración de esta proposición sobre la mesa pudiéramos mejorarla entre todos. Este es de esos momentos en los que debiera de importarnos poco quién trae la iniciativa y sí su fondo y la exigencia de la misma. Sé
que hay algunas personas que creen que la política es el arte de lo posible pero nosotros, los que somos menos pragmáticos y más idealistas, pensamos que la política está para hacer posible lo que es necesario, en este caso regenerar la democracia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, creo que era Maquiavelo quien decía que la reforma tiene muchos enemigos. En primer lugar, los principales enemigos de la reforma son aquellos que se sienten directamente afectados, pero también son sus enemigos los que sienten la
incertidumbre de si la reforma se llevará a cabo o no, con lo cual sus apoyos tienden normalmente a cero. Esta, además, es una materia la que tiene que ver con la lucha contra la corrupción especialmente delicada para las reformas y, dada la
tradición de nuestro país, que no es la tradición puritana, es más la actitud inquisitorial la que se da de forma más frecuente para responder a estos problemas. Señorías, deberíamos ser capaces, por una parte, de fustigarnos lo que sea necesario
entre las fuerzas políticas, particularmente frente a las fuerzas políticas que tienen los casos más palmarios de corrupción, y al mismo tiempo de llegar a acuerdos en la reforma o en las reformas necesarias para que estos casos no vuelvan a
producirse, al menos por instinto de supervivencia de las fuerzas políticas.
Esta es una nueva etapa de un fracaso colectivo; hemos fracasado colectivamente en esta legislatura no porque nos hayamos lanzado invectivas con respecto a la corrupción, legítimas desde el punto de vista político y razonables desde la
responsabilidades de casos como el caso Gürtel o el caso de los ERE, sino porque hemos sido incapaces de buscar y de encontrar un terreno común para reformar lo que había que reformar y evitar en el futuro casos de corrupción tan graves como los que
hoy vive nuestro país. Si lo hubiéramos hecho quizás nos hubiera ido de forma diferente tanto desde el punto de vista ético como desde el punto de vista democrático. No lo hemos hecho; nunca es tarde, pero yo creo que esta iniciativa es una nueva
iniciativa fallida. Porque fallida fue la reforma del Código penal. Fíjense ustedes. Cuando mayor era la sensibilidad de la ciudadanía en relación con la corrupción, al grupo gobernante no se le ocurre otra cosa que una reforma del Código Penal
al grito de prisión permanente revisable. Así ha quedado el Código Penal el Código Penal de la prisión permanente revisable o del populismo punitivo cuando la sensibilidad social era otra. La preocupación no era la inseguridad en las calles, no
es verdad; no era necesario lanzar una cruzada a través de la ley mordaza o mediante el Código Penal contra el que protesta; la sensibilidad era frente al delito de cuello blanco, frente a la corrupción y frente a la impunidad de la corrupción.
El Gobierno, el partido y el grupo parlamentario que lo sostienen no abordaron esta cuestión de forma clara en la reforma del Código Penal. Es verdad que algunas cosas se han hecho, a
iniciativa de los grupos parlamentarios, a iniciativa del propio Gobierno dentro del Código Penal, a pesar de que el Código Penal no es el lugar fundamental para la lucha anticorrupción, a pesar de que esa es la última ratio para la lucha
contra los ya corruptos. La cuestión es qué medidas se han adoptado por parte del Gobierno para prevenir la corrupción, qué medidas para limitar los casos de corrupción, qué medidas para romper la unidad o la colusión entre fuerzas políticas e
intereses empresariales que están en el trasfondo de la corrupción. Muy pocas, señorías, muy pocas.
Señorías, llegamos a este tramo final de la legislatura sin que por parte de las fuerzas políticas y en particular del Gobierno más responsables de casos escandalosos de corrupción se haya asumido ninguna responsabilidad política
seguiremos echándonos en cara que no asumimos responsabilidades políticas antes de las sentencias judiciales, pero lo peor es que llegamos a final de la legislatura sin adoptar medidas firmes contra la corrupción. Solamente medidas puntuales;
medidas puntuales en el Código Penal por parte del Grupo Parlamentario Popular y ahora propuestas de medidas puntuales en el Código Penal por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Si tuviera que plantearles enmiendas y se las plantearé porque
pensamos votar a favor de la toma en consideración les preguntaría por qué no equiparan al donante y al receptor en materia de corrupción. No lo entiendo, no entiendo cómo los receptores son los únicos responsables de la corrupción y los donantes,
sobre todo donantes reiterados para recibir una coima o como lo queramos llamar, resulta que no son castigados o son menos castigados que el receptor. ¿Por qué, por ejemplo, no se reconoce también el carácter de falsedad de una declaración política
sobre las cuentas, que a todas luces resulte una declaración política no ajustada al resultado de esas cuentas? ¿Por qué mentir en las cuentas no es una falsedad sino que se necesitan una serie de requisitos? ¿O por qué no se asume también la
responsabilidad, se ha dicho antes, colectiva del partido, la responsabilidad subsidiaria y también la responsabilidad política? ¿Por qué cuando hay una financiación ilegal el responsable es el que pasaba por allí, el más directamente implicado con
las cuentas, pero resulta que no hay responsabilidad política por parte del secretario de organización, por parte del principal responsable político de las finanzas y de la organización de ese partido político? Esas cosas podían estar en la reforma
del Código Penal, nosotros las aportaremos como enmiendas.
Señorías, decía que el Código Penal no es la cuestión. En primer lugar, desde el punto el punto de vista judicial la cuestión es la justicia y el proceso penal. No se ha hecho prácticamente nada, seguimos teniendo una justicia bajo mínimos
y un proceso penal muy largo muy largo que sobre todo permite que esa largueza se convierta en impunidad. Pues ahí podríamos haber adoptado medidas por parte de los grupos parlamentarios, podría haber adoptado medidas el Grupo Parlamentario
Popular y no lo ha hecho.
Con relación a la relación entre política y justicia, cuestión también muy importante, en mi opinión tendríamos que haber abordado la independencia del Poder Judicial y la autonomía, por ejemplo, de la fiscalía, de la UDEF o de la Agencia
Tributaria, para no encontrarnos avergonzados ante lo que ocurre en el caso Nóos, en el caso Gürtel o en el caso de los ERE. Esa hubiera sido también una iniciativa oportuna por parte de los grupos parlamentarios y por parte del Gobierno, así como
por parte de las fuerzas políticas: legislar las incompatibilidades y las puertas giratorias, señorías. Si no legislamos eso, no hemos hecho nada porque precisamente compatibilidad y puerta giratoria está en el trasfondo de buena parte de estos
mecanismos de financiación ilegal y demás que tanto se denuncian y por los que tanto nos rasgamos las vestiduras.
Señorías, en nuestra opinión también desde el punto de vista la transparencia y del control democrático habría mucho que hacer. Nos hemos quedado al principio o a medio camino y lo pagaremos. Señorías, lo pagaremos y lo pagarán más quienes
más responsabilidad tienen en estos momentos en la reforma. Decía que las reformas no agradan a nadie. No agradan a los que van a ser beneficiados, la inmensa mayoría de los ciudadanos tiene incertidumbre con respecto a las reformas y no agradan a
aquellos que vayan a ser directamente afectados. Sin embargo, son imprescindibles en esta materia de corrupción.
Termino, señorías. No serían suficientes ni siquiera las reformas, no serían suficientes las invectivas entre los grupos políticos en torno a nuestra posición más o menos firme frente a la corrupción si no hubiera humildad. La humildad es
imprescindible, independientemente de cómo se haya producido la corrupción en las fuerzas políticas y en las organizaciones sociales en nuestro país. La humildad por parte de las fuerzas políticas que estamos en esta Cámara reconociendo que la
corrupción no es un hecho consuetudinario, pero es un hecho que se puede producir. La humildad por parte de los medios de comunicación también, a sabiendas de ese carácter de la corrupción. Creemos que la humildad en esta materia sería muy
importante para huir, en la tradición anglosajona, del puritanismo que todos sabemos
cómo terminó y en la nuestra de los inquisidores, que también sabemos cómo terminaron quemando a los inocentes en la plazas públicas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Janè.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, hace pocas semanas estas Cortes Generales aprobaron una reforma muy extensa del Código Penal y hoy ante el Pleno de la Cámara se presenta por parte del Grupo Socialista una proposición de
ley para modificar nuevamente el Código Penal. El solo debate de hoy significa que no hubo consenso en la aprobación que hace unas semanas realizamos en este Cámara. No hubo consenso y lo lamentamos. Lamentamos que se reforme el Código Penal sin
lo que debería ser un gran acuerdo de las fuerzas políticas sobre los grandes temas que después se traducen en normas en el Código Penal. Lamentablemente esto no fue así. Tenemos un Código Penal con una pena de prisión permanente revisable que ni
tiene consenso ni se ajusta a aquello que la Constitución prevé cuando establece el principio de la reinserción social como pirámide de nuestro sistema punitivo. Por tanto, esa reforma del Código Penal que está ya en el Boletín Oficial del Estado y
que entrará en vigor el próximo mes de julio fue una ocasión perdida.
Hoy se nos trae una reforma parcial. Nosotros vamos a votar a favor de su toma en consideración porque hay aspectos que hoy se proponen que coinciden con enmiendas planteadas por Convergència i Unió en el último trámite parlamentario y que
no recibieron el voto favorable de la Cámara. Por tanto, por lógica, y si se abriera nuevamente el trámite vía proposición de ley, queremos aprovechar la ocasión de recuperar nuestras aportaciones, algunas de las cuales iban en la misma línea que
hoy nos propone el Grupo Socialista. Simplemente quiero recordar dos aspectos. Uno es que nosotros pedíamos añadir un nuevo artículo, el 439.bis, relativo al enriquecimiento ilícito de autoridades o funcionarios públicos. Si durante el mandato de
una autoridad, de un funcionario público, se produce un enriquecimiento patrimonial no justificado, esto debe tener una consecuencia penal. Esta era una enmienda planteada por nosotros que finalmente no se aprobó. El otro aspecto es que, como
decía el señor Llamazares diagnóstico con el que coincidimos, no todo son normas penales ni todo es reformar el Código Penal. Un aspecto fundamental son los medios de la Administración de Justicia, los medios del Poder Judicial. Quiero recordar
otra enmienda nuestra que lamentablemente tampoco fue aprobada y en la que proponíamos una nueva disposición adicional para incrementar los recursos humanos, las dotaciones tanto de la Administración de Justicia como del propio Poder Judicial en
aquellos aspectos relacionados con la lucha contra la corrupción. Entendemos positivo y necesario que existan más medios, que se puedan realizar las instrucciones con todas las garantías pero con plazos más acotados por existir mayores medios para
la investigación. Por tanto, repetimos que fue una ocasión perdida.
No obstante, tampoco podemos dejar de destacar que algunos aspectos de la última reforma del Código Penal iban en la línea adecuada; no todo era negativo. Por tanto, estaríamos engañando al conjunto de la ciudadanía si ahora dijéramos que
tenemos un Código Penal que no da respuesta a aspectos que preocupan a los ciudadanos. No lo podría hacer hoy aquí el Grupo Socialista, que tuvo responsabilidades legislativas en anteriores legislaturas y que ya reguló determinados tipos penales
que están ahí y que se están aplicando. Por tanto, no demos la sensación de que no hay nada en el Código Penal que permita luchar ante estos delitos contra la Administración pública, contra estos delitos de corrupción política que sí tienen ya una
regulación en el código vigente. Con la reforma aprobada hay algunos aspectos que sí se han recogido, como por ejemplo la posibilidad de denegación de la libertad condicional en caso de no haber cumplido con la obligación de pago; el aumento de
penas de inhabilitación para empleo o cargo público, y se añade también la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo; la ampliación de plazos de prescripción de ciertos delitos cometidos por autoridad o cargo público,
y también se han introducido figuras delictivas relacionadas con la financiación ilegal de partidos políticos. Por tanto, algún avance se ha realizado. ¿Suficientes? No.
Nos hemos quedado con la asignatura pendiente de esos tipos de delito que habíamos propuesto desde Convergència i Unió y que lamentablemente no fueron acordados, y sobre todo nos hemos quedado con falta de medios necesarios para afrontar con
valentía los casos de corrupción política desde el punto de vista judicial. Hay que dotarla de más medios para realizar unas instrucciones más acotadas en el tiempo y más útiles para el conjunto de la sociedad que lo que requiere son respuestas
justas y dentro del marco de la legalidad. Y precisamente dentro del marco de la legalidad parar luchar contra determinados
casos, para ser preventivos como algún portavoz nos decía en su intervención inicial necesitamos leyes que refuercen la regeneración democrática y la transparencia. En esta materia el Parlamento de Cataluña ha aprobado recientemente una
ley modélica, la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, de acceso a la información pública y buen gobierno. Una ley que es incluso más avanzada que la que en esta Cámara aprobamos de transparencia y buen gobierno, que se quedó muy
corta. La ley del Parlamento de Cataluña abre mayores derechos y sobre todo abre el derecho de la ciudadanía a conocer los aspectos públicos de las administraciones. Sin ninguna duda, más transparencia evita casos de corrupción futura; es la
línea preventiva, no todo se resuelve a golpe de Código Penal. Y el Código Penal aprobado recientemente, con esas penas tan alejadas de los principios constitucionales como la prisión permanente revisable, ese Código Penal, muy punitivo, no es un
código comparable con los de los países de nuestro entorno. No todo se revuelve a base de más años de penas de prisión sino que debemos incorporar necesariamente medidas preventivas, regeneración democrática, transparencia, y en esa línea también
está Convergència i Unió.
Damos nuestro voto favorable a esta toma en consideración, consideraríamos oportuno que se pudiera profundizar en esos nuevos tipos delictivos y estimamos que ese diagnóstico inicial que podría dar a entender que nada se ha hecho no es
ajustado e iría en contra de la trayectoria del grupo hoy proponente, que ha tenido responsabilidades de Gobierno de manera previa, y sobre todo entendemos que no es ajustado centrar el debate de hoy sobre una proposición de ley orgánica de reforma
del Código Penal en casos concretos que pueden tener mucha actualidad mediática pero que no forman parte necesariamente de los artículos y de los nuevos delitos que hoy se propone regular con esta proposición de ley. Por tanto, sí a su toma en
consideración; no a su forma de instrumentar la misma para hablar de determinados casos concretos que tienen otros cauces. Se pueden plantear interpelaciones urgentes y no necesariamente como proposiciones de ley orgánica. Pero, como digo, sí
estamos a favor de profundizar en esa necesaria lucha contra la corrupción y en esos nuevos tipos delictivos que se han quedado cortos y por ello vamos a votar favorablemente su toma en consideración.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gómez de la Serna.
El señor GÓMEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS: Gracias, señor presidente.
Señor Such, la verdad es que escuchando su intervención como portavoz del Grupo Socialista me venía a la cabeza una frase tremenda de un novelista francés que decía: Todos los demás son culpables menos yo. Tiene bemoles que suba aquí con
esa mentalidad cuando han gobernado durante veintidós años este país sin adoptar una sola medida para luchar contra la corrupción o regenerar democráticamente el país. Nosotros, más de setenta medidas en tres años; ustedes, cero en veintidós años
de Gobierno. Tiene bemoles que haya subido a esta tribuna con esa mentalidad y ese discurso cuando han llegado a tener, como quien dice, medio Gobierno en prisión por corrupción. Tiene bemoles que haya subido aquí con ese discurso cuando son
ustedes el único partido condenado en sentencia firme por el Tribunal Supremo de España por financiación ilegal. (Aplausos). Tiene bemoles y es escandaloso que haya subido a esta tribuna con ese discurso cuando se han beneficiado de más de 40
millones de escandalosas condonaciones de deuda por los principales bancos privados de este país. Además, ha estado muy poco afortunado en esta intervención, justo en el día de hoy, cuando un presidente de su partido ha declarado esta mañana en el
Tribunal Supremo como imputado en una inmensa trama de corrupción y cuando hace dos o tres días otro presidente de su partido político, el señor Griñán, declaró por idéntica razón. Por lo tanto, en primer lugar, señor Such, los mítines hay que
dejarlos para otros lugares, no para esta tribuna.
Dicho esto, quisiera hacer tres consideraciones sobre la proposición de ley orgánica que presentan ante esta Cámara. Primera consideración, es una proposición de ley claramente extemporánea, es decir, la presentan el 10 de septiembre de
2013 y casi dos años después, como si aquí no hubiera ocurrido nada, sin variar una sola coma, ni un acento, presentan la misma proposición de ley a la Cámara, cuando desde entonces hasta ahora se han aprobado por esta Cámara y por el Gobierno más
de cincuenta medidas de regeneración democrática y de lucha contra la corrupción. Segunda consideración, la proposición no deja de ser un salpicón de enmiendas rechazadas por esta Cámara al Grupo Socialista; es decir, la técnica consiste en que
presentan enmiendas a distintas iniciativas del Gobierno, la Cámara se las rechaza y casi dos años después registran eso en forma de salpicón de enmiendas, dándole cuerpo
de proposición de ley con una técnica legislativa lamentable. Tercera consideración, si esta es la reforma del Código Penal con la que ustedes pretenden combatir la corrupción en España, apaga y vámonos.
La lucha contra la corrupción exige, señorías, una reforma mucho más ambiciosa; exige una reforma integral, una reforma multidisciplinar, y en este en sentido estoy de acuerdo con el señor Llamazares: no todo es Código Penal, aunque
también. Permítame que al menos en esa frase esté de acuerdo con usted. ¿Por qué lo digo? Porque el Gobierno del Partido Popular y mi propio grupo parlamentario llevan desde el año 2012 presentando y aprobando en esta Cámara, pese a su oposición,
señores del Partido Socialista Obrero Español, una batería de reformas para la regeneración democrática y de lucha contra la corrupción. Primera gran medida: Ley de Transparencia. Es una ley para la prevención de la corrupción, y ustedes no nos
apoyaron. Segunda medida: Ley del Estatuto del Alto Cargo. Es una ley para la prevención del conflicto de intereses, para la prevención de la incompatibilidad, para la prevención y detección del enriquecimiento injusto, y ustedes no nos apoyaron.
Tercera medida: Ley de control económico y financiero de los partidos políticos, con la prohibición expresa de las condonaciones de deuda, señores del Partido Socialista, y ustedes, claro está no podía ser de otra manera, no nos apoyaron; y Ley
de Financiación de Partidos Políticos: la hemos reformado en distintas ocasiones, hemos limitado las subvenciones de los partidos políticos en un 40 %, y ustedes no nos apoyaron. Hemos reforzado la tarea del Tribunal de Cuentas, no nos apoyaron.
Hemos disminuido en un 20 % los gastos electorales de los partidos, no nos apoyaron. Hemos ampliado los plazos de prescripción de cualquier sanción por estas razones, no nos apoyaron. Hemos traído la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
para acabar con los macroprocesos por materia de corrupción, fijando plazos máximos de instrucción; no nos apoyaron. Hemos traído una reforma integral no cuatro articulitos, no un salpicón; una reforma integral del Código Penal con la
tipificación expresa de la financiación ilegal de los partidos políticos, no nos apoyaron; con la regulación expresa y extensa del comiso, no nos apoyaron; con la regulación de las medidas para obligar a los corruptos a devolver el dinero, no nos
apoyaron; con el incremento de las penas y de los plazos de prescripción de los delitos relacionados con la corrupción, no nos apoyaron. Así hasta setenta medidas, tres años de trabajo; jamás los hemos tenido a nuestro lado para combatir
adecuadamente la corrupción.
Paso ya al contenido de su proposición. ¿Qué es lo que plantean ustedes? Seis cosas básicamente. Primero, en la exposición de motivos estamos en el verano de 2013 proponen transparencia, pero es que cuatro meses después este Gobierno
aprobó la primera Ley de Transparencia de la democracia española; por lo menos léanse ustedes su propia exposición de motivos y adáptenla a los tiempos. Segunda petición que hacen en su proposición de ley, disposición final: que el Gobierno
acometa una reforma del Código Penal para incrementar las penas de delitos de corrupción. Eso es exactamente lo que ha hecho este Gobierno, eso es exactamente lo que esta Cámara aprobó el pasado mes de enero, lo que fue aprobado después por el
Senado y está pendiente de ratificación aquí. Ustedes no han apoyado la propuesta del Gobierno del aumento generalizado de las penas de inhabilitación especial para los delitos de prevaricación, de cohecho, de tráfico de influencias, de apropiación
indebida, etcétera. No han apoyado tampoco la pena adicional para los corruptos, no solo de inhabilitación para el ejercicio del cargo, sino también para que no puedan volver a presentarse nunca más a las listas electorales; no nos han apoyado en
esa medida. Piden ustedes el incremento de los plazos de prescripción para los delitos de corrupción; léanse ustedes la reforma ya en curso, porque nosotros hemos incrementado de diez a quince años los plazos de prescripción de esos delitos.
Finalmente piden ustedes y es sorprendente la tipificación de la financiación ilegal de los partidos políticos, cuando ha sido precisamente el Grupo Parlamentario Popular el que ha incorporado este tipo delictivo al Código Penal en curso y ustedes
nuevamente lo han rechazado y no han querido siquiera apoyar esta medida que vienen a proponer hoy.
Por otro lado, solicitan ustedes la introducción de penas para los representantes legales de los partidos políticos y quiero hacer algunas consideraciones al respecto. Primero, ¿dónde queda el principio de la culpa, es decir, el principio
de que responde el que ha cometido el daño? Segundo, ustedes han votado en contra de la responsabilidad penal de los partidos políticos. Tercero, respóndanse ustedes mismos: Con esta enmienda, ¿en qué lugar habrían quedado el señor Almunia, el
señor González, el señor Chaves o el señor Griñán? Respóndanse ustedes mismos la pregunta.
Señoría, en su intervención ha tergiversado el auto del juez Ruz y quiero decirle varias cosas. Primero, es un mero acto judicial de carácter interlocutorio, y si usted no sabe lo que esto significa, lo dice el propio juez: Es un acto de
prosecución, es decir, mantiene la imputación de una serie de personas y desimputa y sobresee provisionalmente a otras por cierto, entre ellas, el máximo responsable del Partido Popular don Ángel Acebes y, por tanto, no tiene carácter definitivo y
está abierto a recursos. Tercero, durante
todo el auto el juez utiliza expresiones como mera acreditación indiciaria de los hechos que debe ser verificada o no por prueba. Finalmente, lo que hace el juez Ruz es aplicar el artículo 124 del Código Penal, que dice literalmente: Son
también responsables civilmente las personas jurídicas por los delitos o faltas que hayan cometido sus empleados. Esto es exactamente lo que hace el auto del juez Ruz, es decir, hay responsabilidad subsidiaria porque no hay responsabilidad penal y
porque no hay responsabilidad civil en primer grado. Eso es exactamente lo que hace el juez Ruz, aunque usted intente engañar a la opinión pública.
Por lo tanto, señorías, menos predicar y más dar trigo: setenta medidas en tres años frente a cero medidas en veintidós años de sus Gobiernos, en el Gobierno del Estado, en Gobiernos de comunidades autónomas y en Gobiernos de los
ayuntamientos. Le aseguro que con las setenta medidas que este Gobierno ha puesto en marcha habrá mucha menos corrupción en España de la que hubo después de que ustedes dejaran el Gobierno. Señorías, no se trata de en eso estoy de acuerdo con
alguna intervención un «y tú más», no se trata de competir y de saber qué partido ha sufrido más daño y ha padecido más bochorno por hechos relacionados con la corrupción, sino de ver quién, cuando llega a las responsabilidades del Gobierno, cuando
llega al Gobierno de la nación, ha hecho más por combatirla. En ese tema, señores del Partido Socialista, lo digo con toda humildad, ustedes no nos llegan ni a la suela del zapato.
Muchas gracias. (Aplausos.Rumores).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez de la Serna.
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, ORGÁNICA PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN DE LAS MENORES Y MUJERES CON CAPACIDAD MODIFICADA JUDICIALMENTE EN LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. (Número de expediente 122/000195).
El señor PRESIDENTE: Proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, orgánica para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo.
Para presentar la iniciativa, tiene la palabra doña Marta González.
La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la proposición de ley orgánica que hoy trae el Grupo Parlamentario Popular para su toma en consideración tiene que ver con un tema extremadamente controvertido, que causó una gran conmoción en la sociedad española en el año 2010,
cuando el Gobierno socialista del presidente Rodríguez Zapatero modificó sin el consenso necesario la legislación en materia de interrupción voluntaria del embarazo e introdujo, a través de la Ley Orgánica 2/2010, la capacidad de que las
adolescentes de dieciséis y diecisiete años, por tanto, menores de edad, pudiesen interrumpir su embarazo sin el preceptivo consentimiento de sus progenitores o tutores, un requisito indispensable dada su condición de menores de edad.
La voluntad del expresidente del Gobierno y de su ministra Bibiana Aído, sustentada en el informe de un comité de expertos creado ad hoc, de que las menores de dieciséis y diecisiete años pudiesen abortar sin consentimiento ni conocimiento
de sus progenitores pues esta era la primera versión que entró en esta Cámara como proyecto de ley, fue ligeramente modificada a través de una enmienda del Grupo Vasco, al evidenciar la enorme preocupación social, muy particularmente la de las
familias, ante un hecho cuando menos insólito: que las adolescentes residentes en España pudiesen enfrentarse a una decisión de tanta trascendencia y relevancia en su presente y en su futuro, como es la de llevar adelante un embarazo o no, sin el
consejo, el apoyo y la autorización de sus padres, de sus familiares o tutores. Por esta razón se aceptó esta enmienda, que introdujo en el artículo 13 la obligación de que cito literalmente uno de los representantes legales padre, madre,
persona con patria potestad o tutores de las mujeres comprendidas en esas edades fíjense sus señorías en que se llama a estas adolescentes mujeres deberá ser informado de la decisión de la mujer. No obstante, empecinados en el objetivo inicial,
a pesar de incluir en el texto de la ley esa muy limitada participación del padre o de la madre en el embarazo y posterior decisión sobre él de su hija adolescente, se añadió una nueva condición que invalidaba casi completamente el efecto del
precepto anterior. Se permitió de nuevo prescindir de la información a los progenitores o tutores cuando y vuelvo a citar textualmente la menor y aquí es menor alegue que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de
violencia
intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo fíjense en que en este caso se habla de menores, algo ciertamente contradictorio (Rumores) y todo ello en una ley que por su radicalidad
ideológica y su contenido e incluso cito textualmente de nuevo por el carácter innovador e imaginativo en palabras del Consejo Fiscal con el que interpreta las supuestas obligaciones internacionales que en materia de salud España, por haber
ratificado ciertos convenios, tendría que asumir, no obtuvo el acuerdo, por ejemplo, del Consejo General del Poder Judicial, que no elaboró el preceptivo informe al anteproyecto de ley por imposibilidad de llegar a un acuerdo en su seno.
Para llevar a cabo esta insensatez, el Gobierno socialista tuvo que modificar la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
Esta ley, propuesta en su día por un Gobierno Popular y votada a favor por el Grupo Parlamentario Socialista, establecía en su artículo 9.4 las condiciones en las que se debía prestar el consentimiento informado, es decir, la necesidad de contar con
el consentimiento del paciente para la realización de una actuación que afecta a su salud. En su primera versión, establecía la edad legal para el consentimiento informado en los dieciséis años, pero establecía una serie de excepciones, y cito
textualmente de nuevo: la interrupción voluntaria del embarazo, la práctica de ensayos clínicos y las técnicas de reproducción humana asistida. En estos casos, para el consentimiento se precisaba la mayoría de edad, contar con dieciocho años.
¿Por qué se eximieron en su día estas situaciones de la regla general del consentimiento a los dieciséis años? Porque evidentemente exigen un tratamiento ético distinto y específico, relacionado con las consecuencias derivadas de su realización
tanto a corto como a largo plazo, lo que impedía que se acogiesen a la normal general de otro tipo de actuaciones relacionadas con la salud de un paciente. Un aborto, señorías, no puede tratarse de la misma manera que una operación quirúrgica. Por
esa razón, el conjunto de la ciudadanía española consideró disparatada la decisión de permitir que las menores autorizasen un aborto sin la opinión de sus padres o tutores.
El propio electorado socialista creyó que el Gobierno se había extralimitado. (Rumores). Algunas voces autorizadas del partido gobernante en el momento manifestaron su disconformidad con lo previsto. No fue ningún representante del Grupo
Parlamentario Popular, sino el señor Alfonso Guerra, que había sido vicepresidente del Gobierno y que hasta hace muy poco era el presidente de la Comisión de Presupuestos de esta Cámara, quien declaró al diario ABC que cito textualmente la guardia
pretoriana de feministas radicales no muy brillantes que rodeaba al presidente Zapatero le había cogido por banda y le había llevado a legalizar el aborto de menores. Añadía además que él mismo había realizado una especie de sondeo entre los
miembros de su grupo y que eran muy pocos los que estaban de acuerdo con esta decisión. No fue ningún miembro del Partido Popular, sino el antiguo presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien se preguntó por qué estas
menores no podían votar y sí, en cambio, abortar sin consentimiento paterno, formulando la paradoja en los siguientes términos: Si los adolescentes de la circunscripción electoral de la que la ministra fuera diputada no pueden tener capacidad legal
para decidir entre la lista electoral de la ministra y la de sus adversarios políticos, ¿cómo explica ella que quien no puede votar pueda en cambio abortar? Añadió sigo textualmente: No parece razonable que la ministra de Igualdad pretenda
eliminar la responsabilidad tutora a los padres. No creo que ningún padre o madre entienda que en ese proceso traumático, doloroso e irreversible, su hija, su niña de dieciséis años, se encuentre sola, aunque una ley la proteja. No fueron
presidentes autonómicos o ministros populares, sino José María Barreda y José Blanco, expresidente de Castilla-La Mancha y exministro de Fomento respectivamente, quienes pronunciaron las que fueron posiblemente las frases más claras y contundentes
sobre la deriva del Gobierno en esta materia. Cito textualmente al primero de los mencionados: Yo soy padre y no concibo que, si mi hija estuviera en ese supuesto, no se comunicara con su madre y conmigo. Cito al segundo mencionado: No me
gustaría que mi hija estuviera en la circunstancia de tener que interrumpir su embarazo y no lo consultara conmigo. No fue finalmente un presidente del Congreso del Partido Popular, sino el señor Peces-Barba, presidente socialista de esta misma
Cámara de 1982 a 1986 y catedrático de Filosofía del Derecho, quien declaró en relación con su propio partido y con este proyecto de ley: Somos rehenes de sectores minoritarios feministas muy radicales y gente de la izquierda del PSOE. (Varios
señores diputados: ¡Hala!Protestas.Aplausos).
Señorías, una adolescente de dieciséis años no tiene la madurez ni la autonomía suficiente para asumir y llevar en solitario esa decisión. Ojo, no son palabras mías; fueron pronunciadas por José Antonio Pérez Tapias, profesor de Filosofía
en la Universidad de Granada y diputado socialista en la legislatura anterior. (Aplausos). En marzo de 2009, la Junta de Andalucía reguló mediante decreto la cirugía estética
para poner cito textualmente orden y rigor en el incremento que experimentaban estas intervenciones (Una señora diputada pronuncia palabras que no se perciben), estableciendo que los menores que quisieran someterse a una operación de
cirugía estética deberían pasar por un examen psicológico cito de nuevo textualmente para valorar su nivel de madurez y descartar desórdenes que contraindiquen la intervención. El decreto añade que los padres deberán ser informados y su opinión
será tenida en cuenta. La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía justificó en su día esta decisión porque cualquier operación de cirugía estética entraña grave riesgo. Creo que huelga cualquier comentario sobre la relevancia del aborto en
relación con cualquier operación de cirugía estética considerada por la Junta de Andalucía como una actuación de grave riesgo.
En resumen, a pesar del estupor y de la preocupación de la sociedad española y de una parte importante de los dirigentes socialistas, como acabamos de ver, la Ley Orgánica 2/2010 introdujo un artículo 13.4, cuyo tenor dice: En el caso de
las mujeres de dieciséis y diecisiete años mujeres, el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo les corresponderá exclusivamente a ellas de acuerdo con el régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad. Es decir, las
equipara en la práctica a las mujeres mayores de edad. (La señora López i Chamosa: ¡Lee todo el artículo!Rumores). Incorporó en el siguiente párrafo esta misma ley la necesidad de informar a uno de los progenitores, gracias a la enmienda
mencionada anteriormente, pero eximió de esa necesidad de información en el párrafo inmediatamente posterior, invalidando en la práctica ese deber de información a progenitores o tutores. Asimismo, en su disposición final segunda modificó la Ley
41/2002, reguladora de la autonomía del paciente, para permitir que el consentimiento para la práctica médica del aborto pudiera realizarlo la adolescente mayor de dieciséis años. Esto, señorías, se aprobó en esta misma Cámara en una votación muy
ajustada: 184 votos procedentes del Grupo Socialista, del Partido Nacionalista Vasco, de Esquerra Republicana, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, del Bloque Nacionalista Galego y dos votos de los diez de Convergència i Unió. Por el
contrario, el proyecto fue rechazado por el Grupo Parlamentario Popular, siete diputados de Convergència i Unió, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro y Unión Progreso y Democracia, que sumaron en total 158 votos. Una única abstención. Es
decir, veintiséis votos separaron una posición de la otra; veintiséis votos permitieron que una medida que quizá habría tenido sentido en casos extremos y muy minoritarios la exención del consentimiento de los progenitores, por ejemplo, en caso de
violencia, desarraigo o desamparo en el ámbito familiar se convirtiese en la regla general de aplicación a la totalidad de las menores españolas y sus familias.
La minoría de edad, señorías, es la representación legal de un periodo de la vida en la que el desarrollo intelectivo no es suficiente y la madurez psicológica y emocional no se ha alcanzado. Por eso no existe ni la capacidad ni la
serenidad suficiente para poder tomar determinadas decisiones, como la que nos ocupa, por lo grave y trascendente de la cuestión. La ley orgánica estableció una regla general la ausencia de la autorización parental, partiendo de situaciones
afortunadamente excepcionales, de desarraigo o de violencia, es decir, el régimen general atendió a la excepción y no al conjunto de las adolescentes españolas, que no son, afortunadamente, violentadas ni agredidas por sus progenitores, sino que
encuentran en su familia el apoyo, el consejo y el cariño preciso en aquellos momentos tan difíciles de esa edad particularmente delicada en la que se está conformando su personalidad. De la misma manera, el régimen general asumió las situaciones
excepcionales de padres violentos o abusivos como si fueran la totalidad de los progenitores españoles, impidiendo formalmente ejercer a esa gran mayoría de parejas la patria potestad en uno de los momentos más difíciles de la vida de sus hijas
adolescentes, eludiendo su obligación como padres establecida en nuestra Constitución, en sus artículos 27 y 39.3, y sobre todo en el artículo 154 del Código Civil de velar por su hijos no emancipados, tenerlos en su compañía, alimentarlos,
educarlos y procurarles una formación integral.
Señorías, el Gobierno de España está llevando a cabo en esta legislatura toda una serie de actuaciones de gran calado que configuran un nuevo estatus de protección a los menores. Se están tramitando en esta Cámara ahora mismo los proyectos
de ley y de ley orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia, con lo que se pretende garantizar la especial protección de los menores en nuestro país y responder a las necesidades de la situación actual. Entre otras medidas, se
agilizan los procedimientos de acogimiento y adopción, con el objetivo de que los niños y las niñas que estén en ese proceso pasen el menor tiempo posible bajo tutela o guarda de las administraciones y formen parte de una familia cuanto antes.
Asimismo, se reconoce a los menores como víctimas de violencia de género; un derecho que, como bien saben ustedes, ha sido caballo de batalla del Grupo Parlamentario Popular desde el mismo momento de la aprobación de la Ley orgánica 1/2004, de
medidas de protección integral contra la violencia de género. También se modifica la Ley de protección a las familias numerosas para mejorar los beneficios legales de los que en este momento disfrutan. Asimismo, el Código Penal recién
aprobado ha elevado la edad de consentimiento de los menores para mantener relaciones sexuales con adultos era una de las más bajas de Europa, trece años a dieciséis años, para que no exista abuso de poder por parte del adulto en el
establecimiento de esa relación; también se eleva la edad mínima para contraer matrimonio. En esa misma línea de protección a los menores, los pacientes adolescentes podrán permanecer en las unidades pediátricas hasta los dieciocho años, hasta su
mayoría de edad antes la edad máxima era de catorce años, atendiendo a la demanda de las familias de niños enfermos, puesto que los adolescentes con enfermedades graves o con largos periodos de hospitalización pasaban a una edad excesivamente
temprana a las unidades de adultos, lo que provocaba situaciones inadecuadas desde el punto de vista psicológico. A mayores, el Grupo Parlamentario Popular presentará en el próximo Pleno una proposición no de ley para instar al Gobierno a
incorporar por primera vez a nivel europeo la obligatoriedad de realizar un informe de impacto sobre la infancia en los proyectos de ley y reglamentos, lo cual es un tema crucial.
Finalizo. Es lógico que pretendamos modificar aquello que nos parece una aberración desde el punto de vista jurídico, como es que el Gobierno socialista haya permitido desde el año 2010 que las adolescentes españolas puedan enfrentarse al
aborto sin haber obtenido la autorización de sus padres o representantes legales y, en algunos casos, sin haberles informado ni siquiera y sin haber tenido su opinión, consejo o apoyo, todo ello con el objeto de llevar a su máxima expresión la
defensa ideológica del aborto como un derecho absoluto de la mujer e incluso de la menor de edad. Señorías, es una obviedad que legislar sobre el aborto no es fácil. Se trata de un debate en el que se mezclan argumentos morales, filosóficos,
éticos y científicos con manidos mantras y eslóganes relativos al cuerpo de las mujeres, al que los países de nuestro entorno han dado soluciones muy diferentes, muchas de ellas insatisfactorias, puesto que, como suele establecerse a priori, el
objetivo de la legislación es eliminar en la medida de lo posible el recurso al aborto. El hecho de que la vida concebida no puede interpretarse como una extensión del cuerpo de la madre es evidente. Si así fuera, no habría conflicto alguno entre
los derechos de la mujer, que no son absolutos pero existen, y la protección del no nacido, un bien jurídico a proteger y cuya protección corresponde precisamente al Estado. En la proposición de ley orgánica que hoy presentamos en esta Cámara no
estamos validando la ley en vigor. Creemos que le corresponde al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre la cuestión de si la ley orgánica respeta
El señor PRESIDENTE: Señora González, tiene usted que ir terminando.
La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Termino.
en todos sus principios la doctrina constitucional y la de ese mismo tribunal en relación con la resolución del conflicto entre derechos: el del no nacido, bien que constitucionalmente merece protección, y los de la mujer, su vida y su
dignidad, valores también constitucionales. No obstante, entendemos que el punto relativo a las menores de edad es de tal relevancia que no queremos retrasar más su modificación.
Como bien saben ustedes termino ya, presidente, en la legislatura anterior, un grupo de diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad en relación con varios artículos de la ley orgánica,
entre ellos, evidentemente, el relativo al consentimiento válido de las menores, por ser contrario a la protección del menor, que es uno de los principios rectores de nuestro ordenamiento jurídico tanto en el ámbito constitucional como en el
internacional, y al ejercicio de la patria potestad. También se formulaban en ese recurso dudas y objeciones en relación con otros siete preceptos más. Hoy, casi cinco años después, consideramos que es preciso que el Tribunal Constitucional se
pronuncie respecto a este recurso, con el objeto de proporcionar claridad y seguridad jurídica, y presentamos esta proposición de ley orgánica con la que creemos que damos cauce a la demanda de la mayoría de las madres y los padres españoles en
relación con sus hijas adolescentes. Ellos sí tienen el derecho a conocer su situación, a apoyarlas y aconsejarlas y el deber de asistirlas, tal y como establece el artículo 39 de nuestra Constitución.
Muchísimas gracias, señor presidente. (Prolongados aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora González.
El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado la utilización del turno en contra de esta toma en consideración. Para la defensa del mismo, tiene la palabra la señora Montón.
La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.
Señoría, creo que se ha equivocado de año; estamos en el año 2015. Por lo que ha dicho, veo que le habría gustado estar en el debate del año 2010, pero ese se celebró hace ya cinco años y, como usted muy bien sabe, la historia ya no va
hacia atrás.
Señorías, ya está bien. Ante una nueva cita electoral, el Partido Popular utiliza una vez más a las mujeres como moneda de cambio con los sectores más conservadores. La proposición de ley que hoy traen a la Cámara es una reforma trueque,
una reforma electoralista que solo pretende conseguir un puñado de votos, una reforma que deja en la indefensión a las mujeres más vulnerables, a las más jóvenes. Hoy vienen al menos esto es lo que han registrado con la pretensión de derogar el
artículo 13, apartado 4, de la ley en vigor. Pero, ¿qué es lo que pretenden derogar con este artículo? Actualmente la ley señala que las jóvenes de dieciséis y diecisiete años podrán interrumpir voluntariamente su embarazo sin informar a sus
padres cuando estén en situación de peligro cierto, de violencia intrafamiliar, de amenazas, de coacciones, de malos tratos o se produzca una situación de desarraigo o desamparo. Eso es lo que hoy quiere derogar el Partido Popular, y se atreven a
llamarlo nada más y nada menos que reforzar la protección de las menores. Por ejemplo, para reforzar la protección, obligan a que una joven maltratada por su padre tenga que pedir permiso para interrumpir su embarazo precisamente a ese padre
maltratador. (Aplausos). A nadie se le escapa que la consecuencia de la reforma que pretende realizar el Partido Popular es abocar a las mujeres más jóvenes al aborto clandestino e inseguro. Cualquier mujer joven, con un móvil y conexión a
Internet, accede con facilidad a los fármacos no específicos que pueden provocar un aborto. Con el misoprostol, entre otros, una mujer puede provocarse un aborto; eso sí, a costa de poner en peligro su salud y su vida, porque puede provocar una
hemorragia tan fuerte que requiera una intervención médica de urgencia. Ustedes, como yo, se pueden imaginar perfectamente la situación. Con esta reforma, una mujer joven con un embarazo no deseado y que está sufriendo maltrato de su padre, de su
madre o de ambos les recuerdo que el PP también ha abandonado la educación sexual y la facilidad en el acceso a los métodos anticonceptivos, una joven, que no se atreve o que no puede pedir permiso a su familia ni mucho menos contar ella, consigue
las pastillas en el mercado negro y puede desangrarse en solitario. (Rumores). Les estoy retratando la realidad. El Partido Socialista no se va a callar ni va a mirar hacia otro lado, porque en esto es en lo que se traducen los cálculos
electorales del Partido Popular. (Aplausos). Lo han dicho hasta el aburrimiento las organizaciones internacionales, Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud o el relator especial de la ONU sobre el derecho a la salud. Todos han
expresado su preocupación respecto a la relación directa entre las leyes restrictivas y el aborto clandestino y su riesgo para la vida, para la salud y para el bienestar de las mujeres.
Aún más. La actual Ley del Aborto es una buena ley porque cumple el objetivo de disminuir el número de embarazos no deseados. Ese debería ser el objetivo compartido. En 2010 se legisló para disminuir el número de embarazos no deseados y,
por tanto, para disminuir el número de abortos, no para criminalizar a las mujeres y robarles su derecho a decidir. Es una buena ley. En 2013, último año del que tenemos cifras oficiales, se ha registrado la tasa más baja de aborto de los últimos
siete años, especialmente han disminuido los de las mujeres jóvenes, los de las menores de treinta años. En 2014, según el estudio realizado por ACAI, el 0,4 % del total de las mujeres que abortaron fueron estas jóvenes que no pudieron informar a
sus padres por las razones que señala la ley; el 0,4 % son las jóvenes que estaban bajo coacción, bajo amenazas, que sufrían violencia intrafamiliar, malos tratos, desarraigo o desamparo.
¿Ustedes qué quieren? ¿Castigar más aún a estas jóvenes? ¿Cómo se atreve el ministro Alonso a decir que esta reforma es para que las jóvenes vayan acompañadas si ya hemos visto que no pueden? Lo que es necesario, señorías, es desarrollar
toda la parte de la ley que se refiere a educación sexual y prevención, no castigar y perseguir a las jóvenes. Ustedes han ocultado deliberadamente la primera parte de la ley. El PP solo habla de aborto, pero la ley en vigor se llama Ley de salud
sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Salud sexual y reproductiva, y a ella se refiere todo el título I de la ley. El capítulo I, a políticas públicas para la salud sexual y reproductiva. El capítulo II, a medidas en
el ámbito sanitario. El capítulo III, a medidas en el ámbito educativo. El capítulo IV, a la estrategia de salud sexual y reproductiva, que tenían que haber desarrollado en cooperación con las comunidades autónomas y que pone el énfasis,
precisamente, en las jóvenes y en las adolescentes. Cumplan la ley. Mientras las leyes están en vigor, el Gobierno tiene la obligación de cumplirlas.
Pero aún más. Ahora, en esta última pirueta, hablan de consenso, cuando en realidad juegan a dividir, a enfrentar a la sociedad. La ley en vigor es una de las leyes más dialogadas y debatidas de la democracia. El trabajo se realizó en
2008, con una primera parte en subcomisión, antes de comenzar el debate
parlamentario, donde se enriqueció con enmiendas de prácticamente todos los grupos. En paralelo, el Gobierno creó un comité de expertos y se reunió, uno por uno, con todos los grupos y asociaciones que consideraron que tenían algo que decir
al respecto. Tuvo el apoyo de ocho formaciones políticas parlamentarias, prácticamente todas las de la Cámara, a excepción del PP. Tanto fue así que, con un Gobierno que no contaba con la mayoría absoluta, el trámite parlamentario terminó en el
Senado. Dos años de trabajo, de escucha, de diálogo para alcanzar el respaldo político y también social que en 2010 consiguió la ley, porque, señorías, la sociedad española se lo ha dicho con claridad en reiteradas ocasiones y con contundencia, con
la contundencia que se lo dijo con el tren de la libertad.
El PP quería romper la sociedad, buscar disenso incluso en las filas del Partido Socialista, pero lo que les ha ocurrido es que han roto su propio partido. Ahora, cuando hablan de buscar el mayor consenso posible, se refieren a ustedes
mismos. Su consenso se traduce en negociar con los parlamentarios de su propio grupo y con todas las confesiones religiosas, según ha declarado el ministro Catalá. ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las personas expertas en salud,
las sociedades científicas, las organizaciones juveniles, los trabajadores sociales? ¿Dónde están los grupos parlamentarios? (Aplausos). Están decidiendo a espaldas de la sociedad.
El ministro Catalá también ha dicho que quieren volver al consenso de los años ochenta. Pero, ¿de qué consenso hablan? Si con aquella ley ustedes tampoco estuvieron de acuerdo; votaron en contra y lo llevaron al Tribunal Constitucional,
igual que han hecho ahora. No queremos volver a los años ochenta; no queremos que nos metan en el túnel del tiempo. Las mujeres españolas somos ciudadanas con derechos y sabemos perfectamente tomar decisiones por nosotras mismas. No tenemos que
pedir ni permiso ni perdón para ser madres o no, para formar nuestra propia familia. Si las mujeres no tenemos derecho a decidir sobre nuestra maternidad, como las señorías del PP han manifestado en la prensa, entonces, ¿quién lo tiene? ¿Quién
tiene derecho a decidir por nosotras? (Un señor diputado: Rouco).
Señorías del PP, no abran falsos debates. La ley en vigor dice, textualmente, que su objeto es garantizar los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva y en el artículo 3 reconoce, también textualmente, el
derecho a la maternidad libremente decidida. Lo defendimos en 2010 y eso es precisamente lo que estamos defendiendo ahora. La del PP es una reforma cobarde porque se presenta por la puerta de atrás. Ningún ministro ha querido hacerse cargo de
ella, ha tenido que ser el grupo parlamentario quien la presente para eludir los informes preceptivos, el informe del Consejo de Estado y el del Consejo General del Poder Judicial, porque han registrado un texto mientras lanzaban a la opinión
pública un debate sobre otras cuestiones, como las que acabo de señalar.
Como ya les he dicho, es una reforma trueque. Lo que para las mujeres es algo muy importante, incluso en algunas situaciones de vida o muerte, para el PP es un simple cálculo electoral. Después de cinco años de la aprobación de la ley
vigente no hay otros motivos para la alarma ni para el retroceso más que la presión interna de su propio partido con los sectores y parlamentarios más conservadores que están actuando como un auténtico lobby ultra; la presión de la Conferencia
Episcopal, con la que según sus propias declaraciones han negociado la reforma y la presión que más les importa, la del cálculo electoral.
Señorías del PP, si fuesen honestos habrían retirado el recurso de inconstitucionalidad y, con una mayoría absoluta como la que tienen, hubiesen planteado una nueva ley, su ley, la suya, como han hecho en otros muchos temas, pero prefieren
retorcer las ideas y los conceptos. Retiren el recurso y no fuercen al Tribunal Constitucional a pronunciarse sobre si esta Constitución ampara o no los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, unos derechos aprobados hace veintiún años en
la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre población y desarrollo celebrada en El Cairo.
El Partido Socialista va a votar en contra de la reforma del PP y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, todo lo posible, para evitar que se modifique la ley vigente. No vamos a apoyar a este Gobierno que se comporta como un
trilero con los derechos de las mujeres. Aún no sabemos en qué vaso está esa bolita, porque el PP la mueve en cada víspera electoral. Quieren coger votos de todas partes, de su ala más conservadora y de la menos reaccionaria, y para eso no tienen
problemas en utilizar los derechos de las mujeres como mercancía electoral. Y les vamos a decir no, todas las veces que haga falta; les vamos a decir no, y si se atreven a cambiarlo, lo cambiaremos en cuanto lleguemos al Gobierno. No cuenten con
el Partido Socialista para utilizar los derechos de las mujeres como mercancía electoral. Les decimos, no. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Montón.
Señora González.
La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Gracias, presidente.
Señorías, quisiera mencionar en primer lugar que las críticas sobre el procedimiento seguido a través de una proposición de ley orgánica para la presentación de este texto que discutimos hoy son infundadas, en tanto en cuanto la ausencia de
informes no es real. El precepto que se modifica fue informado en su día en el anteproyecto de la Ley Orgánica 2/2010 por el Consejo Fiscal, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de Estado y por el Comité de personas expertas que iluminó la
elaboración de ese anteproyecto. Por lo tanto, cuando proponemos a esta Cámara la supresión de este artículo, lo hacemos basándonos en esos informes que establecen este punto como el más controvertido de la ley. Además, también tenemos en cuenta
la alarma que creó en la sociedad española la posibilidad de que las adolescentes pudiesen abortar sin consentimiento o conocimiento de sus padres.
Se ha hecho también repetida referencia a razones electorales, se ha hablado de mujeres y moneda de cambio, se ha hablado de cálculos electorales. Creo que es conocido de sus señorías que el programa electoral del Partido Popular a las
elecciones generales de noviembre de 2011 incluía explícitamente la revocación de este punto relativo a las menores. (Aplausos). Por ello, entendemos que la mención a las razones electorales es incluso apropiada porque se trata de un compromiso de
nuestro partido con sus electores.
Se ha aludido también aquí a los casos de las menores víctimas de malos tratos, de abusos, de desarraigo por parte de sus padres que se verán obligadas a contar con su consentimiento para interrumpir su embarazo. Tengo que contestar a esto
que el Código Civil al que la proposición de ley recurre, ya aporta soluciones a este tipo de problemáticas y, por supuesto, en esos casos las menores no tendrán que contar con el consentimiento de sus progenitores. De la misma manera que tengo que
contestar a ese griterío de soflamas mediáticas, que a veces tienen poca reflexión intelectual detrás, que las mujeres sí tienen derecho a decidir sobre su maternidad y de hecho lo hacen en este país desde hace mucho tiempo. El problema, como
ustedes saben muy bien aunque no quieran mencionarlo, es que una cosa es el derecho a la maternidad y otra muy diferente es ese supuesto derecho absoluto al aborto. El aborto no es un método anticonceptivo más y no se lo digo yo ahora, se lo dijo
hace una semana exactamente el secretario general adjunto y director ejecutivo del Fondo de Población de la Organización de Naciones Unidas, el señor Osotimehin, aquí mismo en el Congreso de los Diputados. (Aplausos).
Por favor, señora Montón, no se arrogue la potestad de hablar en nombre de las mujeres españolas (Aplausos), porque en esta Cámara, señora Montón, quien está más autorizado para hablar en nombre de las mujeres españolas es el Grupo
Parlamentario Popular que consiguió en 2011 la mayoría absoluta de los votos en este país. (Rumores). Por ello, nuestro grupo representa a más mujeres españolas y tenemos por ello más derecho, o por lo menos el mismo que ustedes, a hablar en su
nombre. (Aplausos).
Con respecto a su última formulación, la retirada del recurso del Tribunal Constitucional, tengo que decir que no lo retiramos sino que recurrimos al Tribunal Constitucional, máximo intérprete de los derechos fundamentales, con el objetivo
de contar con una base legal sólida sobre la que plantearse futuras actuaciones posibles. Consideramos que en un tema tan importante es preciso contar con la mayor seguridad jurídica.
Ahora querría apelar a esa voluntad de acuerdo, aquí y ahora en esta Cámara, porque esa voluntad de acuerdo se manifiesta aquí y ahora. Muchos de ustedes, muchas de ustedes formaban parte de esta Cámara cuando el Gobierno socialista
defendió su proyecto de ley orgánica y una buena parte de ustedes, los mismos y las mismas como portavoces de sus respectivos grupos parlamentarios, estuvieron de acuerdo con el Grupo Parlamentario Popular en su rechazo a la posibilidad de que las
menores pudiesen abortar sin consentimiento o conocimiento de sus padres o tutores. Por ejemplo, UPyD dijo que encontraba demagógica e incoherente una excepción, la de las menores, como la que se pretende instaurar. Por Unió intervino la señora
Tarruella diciendo que este proyecto de ley constituía un paso más en la degradación de la patria potestad, esto es, en el deber y función que incumbe a los padres y madres de cuidar de sus hijos, velar por ellos, educarles y darles una formación
integral; patria potestad que el proyecto pretende reducir a una simple obligación de hospedaje, esto es, de alojamiento y manutención. El señor Xuclà también presentó una enmienda junto con el señor Macias, el señor Jané y la señora Riera, y en
su defensa dijo: Compartimos el rechazo a la previsión de que las menores de edad entre dieciséis y dieciocho años puedan abortar sin el conocimiento de los padres. Finalmente, el señor Agirretxea además de decir que su grupo no considera que el
aborto sea un derecho, se refirió también a esta cuestión que nos trae hoy aquí, mencionando: Consideramos que a los padres o tutores legales de las jóvenes embarazadas entre dieciséis y dieciocho años que deciden interrumpir su embarazo se les
debe notificar o comunicar
dicha decisión, algo que el proyecto de ley no contempla. Asimismo, añadió: La patria potestad es algo que no debemos usar a nuestro libre albedrío. Además, ¿por qué sí las de quince y no las de dieciséis?
Por todo ello, señores de UPyD, señores de Convergència i Unió, señores del Grupo Vasco, quisiera apelar a su coherencia y recordarles su posición de hace cinco años con relación a este tema para que ahora que tenemos una nueva oportunidad
se unan al Grupo Parlamentario Popular para modificar una situación que, al igual que a nosotros, les pareció en su día y entiendo que debería seguir pareciéndoles peligrosa
El señor PRESIDENTE: Señora González, tiene que terminar.
La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: disparatada e inaudita.
Las segundas oportunidades en la vida son muy raras. Aprovechemos esta que nos permite la decisión del Grupo Parlamentario Popular, a través de esta proposición de ley orgánica, para legislar de manera más equilibrada, más sensata y de
acuerdo con la mayoría de los españoles y las españolas.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora González.
Señora Montón.
La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Señorías, parece que esta derecha aún no se ha enterado de que las mujeres somos ciudadanas con plenos derechos. El PSOE está a favor de las mujeres, de todas las mujeres: de las más jóvenes, de las más
vulnerables, de las que no tienen recursos, de todas, y nuestros derechos no son derechos de quita y pon, no van al peso, señora González; nuestros derechos son derechos de ciudadanía.
La reforma que usted defiende hoy ante esta Cámara va en contra de todas las recomendaciones internacionales y además lleva un debate oculto muy peligroso. Llevan tanto tiempo mercadeando con el voto de la Ley de salud sexual y reproductiva
que ni siquiera sabemos si van a autoenmendarse en el proceso de enmiendas. (Rumores). Es una reforma que no vamos a apoyar de ninguna manera porque es dañina, porque nace de un falso debate, de una falsa preocupación y porque, se lo repito, este
Gobierno se ha comportado como un trilero con los derechos de las mujeres. Ha sido el grupo parlamentario quien ha presentado la reforma en la Cámara. Se saltan los informes preceptivos, hablan de consenso pero se refieren a las negociaciones con
sus propios diputados y la Conferencia Episcopal; hablan de derecho al aborto cuando lo que está recogido en la ley vigente es el derecho sexual y reproductivo avalado por Naciones Unidas, por la Organización Mundial de la Salud, por el Consejo de
Europa. Por si acaso todo esto falla, ustedes se reservan el plan B: mantener el recurso de inconstitucionalidad. ¡Trileros! Trileros con los derechos de las mujeres. (Aplausos). Dejen ya de arañar un puñado de votos a costa de los derechos de
las mujeres.
Les voy a recordar algo importante. Antes de aprobar la ley en 2010, el Gobierno pidió el informe al Consejo de Estado, que fue redactado por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los padres de la Constitución, nada sospechoso de
radicalidad ¿o sí?, usted me lo explicará (Rumores), y fue aprobado por unanimidad. Es decir, unánimemente el 17 de septiembre de 2009 el Consejo de Estado avaló la constitucionalidad de la Ley del Aborto en vigor.
Dejen en paz la ley, dejen los derechos de las mujeres en paz, dejen de jugar con la Ley de salud sexual y reproductiva porque hay muchas mujeres que están hartas y para muchas mujeres es una cuestión que puede poner en peligro su salud y su
vida, especialmente para esas mujeres que antes le retrataba, esas jóvenes de dieciseis y diecisiete años que representan el 0,4 % de los abortos en España pero que están viviendo en las peores situaciones, en las peores circunstancias de amenazas,
de coacciones y de malos tratos en el seno de su propia familia. Ustedes deberían preocuparse por ellas y hacerse la pregunta de por qué no pueden contar con sus padres en vez de perseguirlas y culpabilizarlas. Además, deberían también estar
preocupados por la prevención. La primera parte de la ley trata de evitar embarazos no deseados y por tanto disminuir las tasas de aborto. Ya se ha demostrado que esta ley es eficaz para disminuir los abortos y los embarazos no deseados. ¿Qué más
tiene que pasar después de cinco años en los que no ha habido alarma social ni un abuso ni un mal uso de esta ley?
Y termino volviéndole a decir que no, que lo dejen ya, que no nos toquen la ley, que no mercadeen más con los derechos de las mujeres.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Montón.
Entramos en turno de fijación de posiciones y empezamos con el Grupo Mixto que hará varias intervenciones, por lo que ruego a sus portavoces que se atengan al tiempo que hemos establecido.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, en diciembre del año pasado pregunté por escrito al presidente de Radiotelevisión Española qué iniciativas se habían puesto en marcha para cumplimentar el artículo 6 de la actual Ley del Aborto, que mandata desarrollar acciones
informativas y de sensibilización sobre el aborto y sobre la prevención de embarazos no deseados. Hace menos de un mes me contestó su presidente. ¿Qué han hecho? Nada. Esa es la cuestión: qué queremos y qué más podemos hacer frente a la lacra
del aborto.
Unión del Pueblo Navarro se opuso a la ley del Partido Socialista fundamentalmente porque creíamos y creemos que amparar un derecho absoluto a abortar sin ningún límite es incompatible con el «todos tienen derecho a la vida» del artículo 15
de la Constitución española. Por cierto, ¿alguien puede explicar por qué el Tribunal Constitucional sigue sin resolver el recurso interpuesto por el Partido Popular hace ya cuatro años? Hoy debatimos una proposición de ley que debería servir,
señorías, para cambiar una cierta conciencia colectiva sobre el acto de abortar, que para algunos o algunas supone un gran avance en libertad y humanidad, cuando no lo es.
Para Unión del Pueblo Navarro esta proposición es más que no hacer nada, pero mucho menos de lo que exige la defensa de la vida humana y la protección de los más indefensos, aunque si algo tiene de útil, que lo tiene, es que abre nuevamente
un debate sobre la vida, sobre su dignidad, sobre los límites de la libertad y sobre las distintas visiones que cada cual tiene sobre este tema tan sensible. Mi partido y yo votaremos a favor precisamente y solo para poder presentar nuestras
propias enmiendas, enmiendas para intentar dejar sin efecto los artículos de la ley de 2010 que, como muy bien explica el recurso del Partido Popular, creemos que son inconstitucionales, enmiendas para plantear modificaciones en la ley del Partido
Socialista que equilibren los bienes jurídicos en conflicto, la libertad y las vidas humanas que se eliminan con cada aborto y también para incorporar un título nuevo que incluya un plan integral de apoyo a la maternidad en defensa del no nacido y
de promoción de la familia.
Termino, señorías, como empezaba, insistiendo en que además de los cambios normativos que podamos aprobar se puedan hacer muchas más cosas para ayudar a las madres y para reconocer la dignidad de los que siendo como nosotros, iguales a
nosotros, si pudieran hablar nos pedirían que les ofreciéramos una mano amiga con la que ayudarles a dar sus primeros pasos en el camino de la vida, el mismo camino, insisto, el mismo que andamos todos los que tenemos la fortuna de participar en
este debate. Y eso es, señorías, lo que nos proponemos hacer en la tramitación de esta proposición,
El señor PRESIDENTE: Señor Salvador, termine usted, por favor.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: sin ningún tipo de complejo, por cierto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Señor Álvarez Sostres.
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señor presidente.
El Grupo Popular presenta a debate en esta Cámara una iniciativa para reformar la legislación vigente en materia de aborto. Tengo poco tiempo pero el suficiente para concretar que este retoque, el retoque de la Ley Orgánica 2/2010, conocida
coloquialmente como Ley Aido, es leve, puntual y exprés Es una iniciativa que solo tiene que ver con la coincidencia con el periodo electoral y con los compromisos adquiridos con los electores. Este es uno más de los incumplimientos del Partido
Popular en materia social, en materia de principios, en materia de los postulados y de los valores que defiende verbal y documentalmente como partido político. Este partido, y siento decirlo, es el ejemplo más evidente de la historia democrática de
lo que significa una mutación partidista desde su cúpula, que ha trasladado el eje del partido desde el honor hasta el culto al poder. Su posición ante la Ley Aido, a pesar de su recurso ante el Tribunal Constitucional, es la de mantener la
situación legal existente, disimulando con triquiñuelas parlamentarias pero, sobre todo, ustedes de lo que huyen espantados es de la controversia de un asunto social que afecta nuclearmente al concepto del derecho a la vida y el derecho a la
libertad de decidir.
El texto que proponen es de retoque mínimo: que para la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres menores de edad sea necesaria la voluntariedad y el conocimiento y consentimiento de sus
padres es pura coherencia con el principio de mayoría de edad del Código Civil y pura coherencia con toda nuestra legislación educativa que forma una de las patas de la formación nacional, autonómica e incluso local en cuanto a las leyes de
los propios centros que responsabilizan a los padres con alumnos menores de edad a intervenir en todo tipo de decisiones académicas y, en mayor o menor medida, en aquellas propias de la convivencia escolar. Señorías, ¡si hasta para salir del
recinto escolar hay que contar con el consentimiento de los padres!
Todo esto me hace preguntar cómo es posible considerar positivo que la legislación vigente en materia de aborto no exija el conocimiento y consentimiento de los padres en un momento tan trascendental de la vida de las adolescentes. Cómo se
puede comprender la contradicción de que la patria potestad sobre los hijos menores de edad, con su exigencia de una fuerte responsabilidad y derecho formativo e informativo hacia su hijos, sea laminada en nombre de la libertad y del derecho
personal a decidir.
Nuestro sí a la toma en consideración de la proposición de ley sin titubeos porque diré, parafraseando a Martin Luther King: no es necesario ver toda la escalera, me es suficiente con ver el primer peldaño.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez Sostres.
Señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Es indecente. Es indecente que por un puñado de votos quieran usurpar la decisión, una decisión que no les corresponde. De entre todas las decisiones, la que más puede afectar de por vida a una mujer es la de ser madre, y ser madre sin
quererlo no es una decisión, es una condena a una persona con dieciséis años. Es indecente que por un puñado de votos estén impidiendo que las mujeres decidan libremente sobre su futuro, porque es su futuro y no el de sus padres el que está en
juego. Les puede obligar a tener un hijo que no querían tener y eso ya no tiene marcha atrás. Su vida estará condicionada para siempre por una decisión que otros tomaron por ella. Es una decisión de por vida y la debe tomar la persona a la que le
afecta, nadie más. ¿Cómo puede considerarse a una chica de dieciséis años suficientemente madura para ser madre y en cambio inmadura para decidir no serlo? ¿Ustedes saben la madurez que se requiere para ser padre y madre? Claro que lo saben.
¿Pero no será muy superior a la que se ha de requerir para no serlo? Tratan de confundir haciendo creer que con la legislación hoy vigente es prácticamente ilegal o imposible informar a los tutores cuando los cierto es que nueve de cada diez
mujeres de entre 16 y 17 años cuentan con el consentimiento de sus padres. Es la mujer la que ha de sopesar y valorar si prefiere informar y ser acompañada o no. Es una reforma que ni siquiera se atreve a regular sus propias consecuencias, pues en
caso de conflicto se limitan a remitirse al Código Civil.
Ustedes legislan contra la realidad, contra la mujer, contra la libertad, contra lo que recomienda Naciones Unidas, contra lo que defiende la Organización Mundial de la Salud; legislan contra el sentido común y todo por un puñado de votos
de gente que dice defender la vida y que vuelve a casa contenta después de la «mani» y luego se desentiende del verdadero problema: 2,5 millones de niños en riesgo de pobreza. Ahí es donde tendrían que legislar y no meter sus manos en el cuerpo y
la libertad de la mujer por un puñado de votos. Sencillamente indecente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, qué lamentable. El Grupo Popular presenta una proposición de ley para contentar a una minoría minoritaria de su partido y de su electorado y no le duele absolutamente nada, pero absolutamente nada, legislar contra la mayoría
social, que es lo que está haciendo con la propuesta que hoy presenta. No le duele absolutamente nada legislar contra natura podríamos decir, porque existe una propuesta que no responde a ninguna necesidad ni a ninguna demanda que socialmente se
pueda justificar, porque vuelvo a decir que es una minoría minoritaria.
Señora González, la alarma social que se produce por el hecho de que una menor pueda abortar sin el conocimiento de sus padres es la amenaza que ustedes generan mintiendo. (Aplausos). Mienten, señores del Grupo Popular, cuando dicen que la
ley permite que las adolescentes puedan abortar sin el conocimiento de sus padres. Eso es una auténtica mentira y usted misma, en su intervención, tuvo que
reconocer que en el artículo 13 apartado 4 se recoge la necesidad de esa información a los padres. Otra cosa es que se recojan al mismo tiempo las cautelas precisas para proteger a aquellas jóvenes que no puedan contar justamente con el
apoyo de sus progenitores. Los datos, señora González y señores del Grupo Popular, así lo indican: el 90 % de las menores que han acudido a abortar desde que la ley actual está en vigor han ido acompañadas de sus padres y madres; solamente un 10
o un 12 % no lo han hecho, pero han justificado debidamente que la falta de acompañamiento era motivada por desestructuración familiar, violencia, incluso por embarazos consecuencia de violaciones paternas. Esta es la realidad de ese 10 % que no
contó con el apoyo paterno o materno, señorías. Ustedes pretenden con esta modificación legislativa condenar a una absoluta inseguridad sanitaria a este grupo de personas que tendrán que recurrir a prácticas abortivas en las peores condiciones
posibles, que les pude costar incluso la vida. Esto no es solo una injusticia, señorías del Grupo Popular, esto es una auténtica crueldad que ustedes están haciendo con un grupo de jóvenes que tienen que tomar una decisión grave.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández, tiene usted que acabar.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Señorías, no cuenten con que desde el Bloque Nacionalista Galego podamos apoyar una injusticia y una crueldad tan grande como la que ustedes hoy nos proponen, por tanto, manifestamos nuestro voto en contra.
(Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández Davila.
Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: ¡Viva la república catalana! ¡Visca la república española! ¡Visca les nacions ibèricas!
Señorías, el futuro es republicano porque república es sinónimo de libertad desde 1931, cuando las mujeres vieron reconocidas por la República todas sus garantías y todos sus derechos a decidir libremente sobre su maternidad. Y de manera
perversa hoy aquí, precisamente hoy 14 de abril, es el día elegido por los reaccionarios para atentar contra los derechos sexuales y reproductivos de la mujer con una iniciativa que pretende dinamitar la Ley del año 2010. Nada les importa la amplia
mayoría parlamentaria que la hizo posible ni nada les importa cómo esta ley nos permitía homologarnos al resto de legislaciones europeas, como nada les importa que su única finalidad sea contentar a la jerarquía eclesiástica más integrista y a la
ultraderecha de su partido para encarar unas elecciones que se me antojan que no serán demasiado fáciles para ustedes. Desprecian la constatación de los beneficios de esta ley, que incluso ha hecho descender el número de interrupciones de embarazo
entre los jóvenes, y además ignoran cínicamente que la mayoría de las jóvenes acuden a las clínicas acompañados de padres y madres. Lo ignoran porque ustedes prefieren sacrificar la seguridad de estas mujeres jóvenes, precisamente las mujeres más
indefensas y más vulnerables que viven situaciones más duras. Todo ello para satisfacer su fanatismo y su clasismo. Ya se lo dijimos en el año 2010, a ustedes siempre les quedará Londres para sus mujeres y sus hijas.
Señorías, por eso tenemos este orgullo republicano, porque anhelamos una sociedad en la que sean las mujeres, solo las mujeres, las que decidan sobre su propio cuerpo y no los hombres ni Dios.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardà.
Señora, Enbeita.
La señora ENBEITA MAGUREGI: Gracias, señor presidente.
Señorías, parece que hoy el Partido Popular quiere conseguir por las buenas lo que no pudo conseguir por las malas. El señor Gallardón tuvo que desistir en su empeño de reducir los derechos reproductivos de las mujeres a golpe de ley, pero
parece que su intención no se fue con él y de aquellos lodos estos polvos.
El Partido Popular ahora nos pide tomar en consideración el debate sobre la edad legal o moral para abortar o algo así. Esta semana el señor ministro ha dicho que el aborto no es un derecho. Puede que ustedes confundan el derecho con la
derecha y a más derechos que pidamos nos imponen más derecha y, claro, nos pintan una realidad bastante trágica. Parece que las menores de edad, pobrecitas ellas, están desprotegidas y las feministas radicales, muy malas ellas, las obligan a
abortar y ellas, sin saber qué hacen, huyen de sus padres y abortan. Señorías, tener relaciones sexuales a los dieciséis años es libre;
casarse a los dieciséis años es legal, y es más, al casarse se puede obtener la mayoría legal para un montón de cosas. También ser madre a los dieciséis años es libre y no hace falta el permiso de nadie para ello, pero si en lugar de
decidir ser madre una decide no serlo, todo se complica. Señorías, esto tiene mucho de hipocresía.
La juventud no necesita que la protejamos de peligros y traumas que no tendrían por qué existir. Las jóvenes lo que necesitan es libertad para decidir sobre ellas mismas, libertad para elegir lo que quieren hacer con su vida y libertad para
ser sin ninguna imposición de género. Para construir esa libertad hace falta una educación adecuada al tiempo que se vive y no esa cosa que han sacado ustedes de una película tétrica y que nos quieren imponer, que se llama la Lomce, porque, en
lugar de educación, lo que estamos ofreciendo son falsas moralidades. ¿Han pensado ustedes, por ejemplo, en qué puede pasar cuando una pareja divorciada utilice el derecho de abortar de su hija para tirarse los trastos; si tú dices que sí, yo digo
que no? ¿Qué harán? ¿Decidirá un juez? ¿Quién va a decidir? Menuda protección para las jóvenes; a fin de cuentas, lo único que quieren con esta ley es mandarlas a Londres o a las clínicas clandestinas. Es más, si ustedes pensaran que los
padres y madres, en general, no se van a oponer a los derechos de sus hijas, no obligarían a nadie a necesitar un permiso para ejercer sus derechos. Parece que, entre líneas, definen ustedes como buenos padres a aquellos que obliguen a sus hijas a
ser madres.
Un día como hoy en 1931 se proclamó la II República en el Estado español y, venidos al caso, me gustaría traer aquí unas palabras de Clara Campoamor. Dijo: Resolved lo que queráis, pero afrontando la responsabilidad de dar entrada a esa
mitad del género humano en política para que la política sea cosa de dos, porque solo hay una cosa que hace un solo sexo, alumbrar, las demás las hacen todos en común. No podéis venir aquí vosotros a legislar, a votar impuestos, a dictar deberes, a
legislar sobre la raza humana, sobre la mujer y sobre el hijo, aislados y fuera de nosotras. Pues eso, señorías, decidir sobre alumbrar o no, cuándo y cómo, es una decisión que nos pertenece a las mujeres.
Para terminar, quisiera hacer un apunte a los obispos que nos han pedido a las diputadas conciencia y coherencia. No se les olvide que no somos nosotras las que nacimos de sus costillas, son ellos los que nacen de otro sitio que hoy no voy
a mencionar. No se cansen tanto en protegernos, con ser libres nos conformamos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Enbeita.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Debatimos hoy en Pleno una proposición de ley del Partido Popular que es importante analizar sobre la base de unos antecedentes. Tenemos una ley en vigor que se aprobó en el año 2010, la 2/2010, una ley que aprobamos entre varios grupos
fruto de muchas negociaciones y de muchos consensos, que tal y como se ha dicho aquí recogía y daba un salto cualitativo en lo que hasta entonces era el tratamiento jurídico que tenía el aborto en el Estado español. No solo se despenalizó, sino que
pasó de ser una ley de supuestos a una ley de plazos. Posteriormente, en campaña electoral, el Partido Popular prometió que iba a cambiar esa ley. Esa fue la propuesta que hizo en campaña, que parece ser tomó cuerpo en forma de anteproyecto de ley
del señor Gallardón. Pues no hubo ley, se retiró la ley, y hasta no hubo ministro, porque retiraron hasta al ministro. Pero ocurrió que, automáticamente, había que cumplir esa promesa electoral. ¿Y cómo han cumplido esa promesa electoral? Por
medio de una proposición de ley que no es del Gobierno, sino del Partido Popular una práctica legal parlamentariamente establecida, pero que no es habitual y que tiene un único cambio, el tema de la edad, importante, pero que no es la piedra
angular de la ley que tenemos en vigor. Por tanto, entiendo que el Partido Popular da un salto cualitativo.
Hoy no deberíamos estar hablando del aborto. Este no es un debate para hablar sobre lo que es el aborto, lo que supone, los conceptos que se utilizan de la vida, del nasciturus, todo eso que se debatió en su momento. ¿Saben por qué?
Porque según esta modificación ya ningún grupo cuestiona si se puede abortar o no en unos plazos, ni ustedes tampoco. Se cuestiona quién puede abortar, y es importante, pero vuelvo a decir que no es la piedra angular de la ley. Por tanto, entiendo
que el PP acepta el consenso establecido hace cuatro años y, como decía, el centro de la actual ley. ¿O no lo acepta? Porque fueron dos cuestiones las que se trataron: la despenalización ¿están de acuerdo o no? y pasar de una ley de supuestos
a una ley de plazos. Por tanto, si la modificación que traen hoy a la Cámara se refiere solo a la edad, debo entender que con todo lo demás no se atreven, no quieren o entienden que está bien. Al retirar la ley de Gallardon y no aceptarla incluso
ni al ministro y con esta modificación que ponen
hoy encima de la mesa debo entender que ustedes aceptan, o si no esta es una propuesta hipócrita, y no es un insulto. La definición que la Real Academia de la Lengua da de hipocresía es fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a
los que verdaderamente se sienten o experimentan. Yo creo que ustedes hacen trampas en su discurso, porque si ustedes dan por válido el discurso que Sandra Moneo hizo aquí hace cuatro años cuando se debatió la ley, debo entender que hacen trampas
en sus palabras o en sus hechos. Una de dos.
La propuesta de modificación que ustedes traen es de solamente dos artículos. El artículo 13, cuyo apartado 4 desaparece. Este artículo dice que en el caso de las mujeres de dieciséis y diecisiete años, el consentimiento para la
interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas, de acuerdo con el régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad. Al menos por eso decía que digan todo uno de los representantes legales padre o madre,
personas con patria potestad o tutores de las mujeres comprendidas en esas edades deberá ser informado de la decisión de la mujer. Eso es lo que dice la ley. También dice que se prescindirá de esta información cuando la menor alegue fundadamente
que esto le provoca un conflicto grave manifestado en peligro de violencia, etcétera, que todos hemos oído tantas veces hoy. La ley contempla que se debe informar, salvo excepciones que se deben justificar. Esta es una cuestión que ya está
garantizada en la ley. El otro es el artículo 9, apartado 4, de la Ley 41/2002, de Autonomía del Paciente, en el que incluyen que las menores deberán tener el consentimiento expreso de sus representantes legales. Lo quitan de una ley y lo ponen en
otra.
Ustedes, como objetivo de modificación, argumentan que el Código Civil establece la obligación de los tutores, de los padres, de los representantes legales, de velar por las personas menores, acompañarlos, protegerlos, etcétera.
Evidentemente, las personas que aprobamos por medio de enmienda este artículo incluido en la ley actual pensábamos lo mismo, y porque pensábamos que los padres tienen esa obligación lo incluimos en los casos a los que ustedes han dado la vuelta,
precisamente porque no todas las familias ofrecen eso que ustedes dicen, porque no todas las familias tienen esa capacidad de obrar debidamente. Usted ha citado el Código Civil y ha dicho: ¿Cómo una persona que no puede votar va a poder ? Yo le
puedo decir: ¿Cómo una persona que no puede votar se puede casar, por ejemplo? Cambien esa legislación también, pero no lo han hecho. El problema está en esas jóvenes que no se sienten ni acompañadas ni veladas ni protegidas. Esa es la
desgracia, que la ley debe garantizar seguridad jurídica a aquellas personas cuyas familias no se la dan. Nosotros ni somos ni éramos unos irresponsables ni unos pervertidores de menores, como ha dicho alguno que otro, aludiendo a los que aceptamos
esa enmienda. No lo somos, ¡hasta ahí podríamos llegar! Somos muy responsables y precisamente porque queremos proteger a esas personas que están desprotegidas queremos que la ley les proteja.
Con esta modificación podemos incurrir en agravar la problemática que ustedes pretenden mitigar porque aumentará el número de abortos ilegales, porque las menores que no quieran informar abortarán sin seguridad sanitaria ni jurídica, con un
grave riesgo. Precisamente se incorporó esa salvaguarda al artículo, para proteger a esas mujeres del desamparo y no a las que no lo tienen.
Señora González, todos deseamos yo el primero, y usted lo sabe que una joven que tenga necesidad de abortar sea acompañada por sus seres más queridos, vaya protegida y cuidada. Y los que no tienen ese entorno, ¿qué deben hacer? ¿Y las
mujeres que pueden sufrir lesiones o maltrato por ello, incluso violaciones intrafamiliares, qué salvaguarda tienen? ¿El Código Civil, como dicen ustedes, a posteriori, cuando ya no hay remedio? ¿Esa es la solución? Usted me ha citado, y ya que
me ha citado, le voy a contestar. Tenemos la coherencia que seguramente perdone la expresión ustedes no han tenido, porque ustedes no se atreven a decir lo que piensan o no piensan lo que se atreven a decir. Nosotros mantuvimos el mismo criterio
desde un principio. Fuimos los que introdujimos la obligación de informar y ahí está establecida en la ley la obligación de informar. Por los casos que se dieron y debido a unas negociaciones, consideramos que efectivamente hay familias con
riesgos y que eso también se debía incluir, pero ya está contemplado. Por tanto, coherencia la misma entonces y ahora. Quiero decir algo importante, porque al fin y al cabo todo esto de lo que estamos hablando se reduce al número de personas que
han abortado, y es que con la ley actual, la que está en vigor, no ha aumentado el número de abortos. De 25.000 abortos que nos han acreditado, solo 113 casos fueron de menores, y el 88 % de las menores que abortaron fueron acompañadas por sus
seres más queridos. El 3,60 % de los abortos fue de menores y solo el 0,44 % de esas personas no informaron. Estamos hablando de 113 casos de 25.000 interrupciones voluntarias del embarazo.
Como conclusión, creemos que no era necesario el cambio, porque no ha repercutido en el porcentaje. Este cambio que se propone no aporta seguridad jurídica ni sanitaria; la quita. Es un lavado de cara y un
maquillaje del Partido Popular que no contenta ni a los suyos, porque aquí el que ha cambiado es el Partido Popular, no los demás. Me parece que es una postura cobarde del Gobierno, porque aún no ha presentado su proyecto de ley; ha
decidido que sea el Grupo Parlamentario Popular, saltándose todos los preceptos que supone presentar un proyecto de ley. Por tanto, digo claramente que es una propuesta cobarde. No se ha atrevido el Gobierno a traer a esta Cámara un proyecto de
ley. Nuestro objetivo siempre ha sido y será evitar los embarazos no deseados, que es el quid de la cuestión. Nuestro objetivo es la prevención, porque el aborto es una consecuencia de un embarazo no deseado. Se debe atender a la prevención, a la
educación sexual y a un entorno que facilite por medio de todas las herramientas que la educación nos dé para que eso no se produzca.
El señor PRESIDENTE: Señor Agirretxea, tiene usted que terminar.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Acabo ya.
Nos tememos que en la fase de enmiendas ustedes hagan otra serie de modificaciones que no hacen ahora. Eso sería, como mínimo, bastante vergonzoso y ridículo. Espero que no lo hagan. Por todas las cuestiones que he citado, vamos a votar
en contra de esta toma en consideración.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Lo primero que tengo que decirle, señora González, es que ha hecho un discurso bonito. Lo paradójico es que su discurso no sigue las conclusiones que se supone que están en su proyecto de reforma de la Ley del Aborto, sino más bien al
contrario, porque ha hecho usted una crítica muy dura al anterior Gobierno y al Partido Socialista en concreto diciendo que presentó una ley de partido en un tema que usted misma ha definido como muy controvertido, pero ustedes han hecho exactamente
lo mismo. Esto es lo primero que tenemos que decir. Una de las razones aunque hay varias por las que mi grupo no puede apoyar su propuesta es precisamente porque están haciendo exactamente lo mismo que usted ha criticado en términos muy duros y
elocuentes al Partido Socialista y al Gobierno de Rodríguez Zapatero en la legislatura anterior. Ha citado también lo que dijo nuestra diputada Rosa Díez en la anterior legislatura sobre nuestro desacuerdo con la idea de que desapareciera la
obligación de informar a los padres en caso de abortos de adolescentes, pero es que ustedes al final han vuelto a hacer exactamente lo mismo, es decir, tampoco dan ninguna otra salida que no sea la supresión de una ley. Nosotros lo hemos dicho en
intervenciones anteriores; nos parece bien que haya debates sobre la Ley del Aborto o cualquier otra ley de este estilo que tienen que ver con cuestiones de tipo básico que, por cierto, son muy transversales, no pueden ser de partido insistiré en
esto varias veces porque es la idea fundamental; no se puede hacer democráticamente una ley sobre cuestiones como el aborto, que es una cuestión de conciencia, desde el punto de vista de una moral particular ni mucho menos de una moral de partido
este es el principal fallo, y ustedes vuelven a incurrir en ello. Ya se lo hemos dicho, si tiene que haber un debate a fondo sobre la ley actual del aborto tiene que ser en dos sentidos; en primer lugar, para mejorar su seguridad jurídica, y en
segundo lugar, para mejorar la capacidad, la libertad de decisión de las mujeres dentro de un sistema de plazos que sea claro y transparente. Nosotros pensamos que la ley actual es mejorable en este sentido, pero ustedes no han planteado ninguna
mejora de la ley actual; plantean eliminar determinados artículos que tienen que ver con una operación es bastante evidente de tipo electoral. Esto francamente nos parece bochornoso, porque ustedes también lo ha dicho algún interviniente
anterior han actuado aquí con un cierto filibusterismo parlamentario. Esta microrreforma de la ley sustituye de hecho a una reforma de la ley que presentó el Gobierno y que luego retiró sin ninguna explicación, y además con un agravante. Al hacer
ustedes y no el Gobierno el uso de su iniciativa legislativa, esta propuesta de reforma no pasa por los informes vinculantes de los órganos asesores, los informes obligatorios, de manera que no sabemos lo que piensan al respecto el Consejo General
del Poder Judicial, el Consejo de Estado y otros órganos cuya opinión en este caso sería sumamente relevante.
Si ustedes antes protestaban y decían que esta ley la actual, la vigente se hizo sin consenso social, el esfuerzo que han hecho ustedes ahora por ampliar ese consenso social es mínimo, es menor, y una vez más esta va a ser una ley que van
a aprobar prácticamente ustedes en solitario, no sabemos si
con el voto de algún otro partido, pero desde luego con un apoyo mínimo de esta Cámara. Eso no puede ser, es repetir una vez tras otra el mismo error. No podemos convertir cuestiones como el aborto en asuntos de campaña electoral; no
puede convertirse en objeto del pim pam pum entre el partido del Gobierno y el principal partido de la oposición y viceversa. De esta manera no llegamos a ninguna parte. No cuenten con nuestro grupo para apoyar ese tipo de táctica y esa manera de
enfocar algo que, como decimos, tendría que ser objeto de un debate serio y a fondo, fundamentado en una separación clara entre la ética y la política. No confundan ambas cosas, o lo que es mucho peor, no confundan la ética con la mayoría
parlamentaria, como si el hecho de estar en minoría parlamentaria pusiera ya en duda la ética de alguien cuando habla de cuestiones como los derechos sexuales o reproductivos, la opción de abortar y otros más. Repito, no cuenten con nosotros. Se
lo hemos dicho varias veces y tenemos que mantener la misma posición. Nos parece un grave error. Nos parece fatal que una vez más en periodo electoral se vuelva a hacer este tipo de maniobras para plantear cuestiones que tienen que ver con apoyos
relativos a su partido en lo que es su espectro social. Nos parece fatal que vuelvan a rehuir un debate sobre la mejora de una ley sin que nos digan qué les parece mal de la ley vigente para que lo podamos discutir y ver si hay algo en lo que nos
podamos poner de acuerdo. Lo hacen al revés; la retiraron en su momento y, como se ha dicho, retiraron también de paso al ministro.
En la intervención que hice sobre la propuesta del Grupo Socialista de retirada de la ley de aborto del Gobierno hice una cita de Kant que me parece que vuelve a ser procedente. Lo que decía Kant como una de sus dos máximas morales es que
no debemos usar a los demás como medios sino como fines. Pues miren, es perfectamente aplicable, no usemos los embarazos adolescentes como medios para una campaña electoral. Eso es indecente, no se puede ni debe hacer, y no vamos a apoyar ningún
tipo de propuesta que vaya en ese sentido.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora De las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, presidente.
Señorías, La Izquierda Plural manifiesta su rotunda oposición a esta propuesta de ley orgánica, porque ni mucho menos reforzará la protección de las menores ni de las mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción
voluntaria del embarazo y porque, además de innecesaria, ninguno de los argumentos que esgrime el Partido Popular para llevarla a cabo pueden sustentarse sobre la base de argumentos científicos, sanitarios, sociales o de protección de los derechos
fundamentales de las mujeres. Uno de esos argumentos que ustedes utilizan en la propia exposición de motivos de esta propuesta de ley es que las jóvenes de dieciséis y diecisiete años pueden abortar sin el conocimiento de sus padres. Muchas veces,
las hemos y les hemos oído decir, como hoy, en tono escandalizado, que las jóvenes no pueden hacerse un tatuaje o una operación estética y pueden abortar, pero eso, señorías del Partido Popular, más allá de un prejuicio, es simplemente mentira. La
realidad es que la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo no dice que las chicas de dieciséis y diecisiete años pueden abortar sin el conocimiento de sus padres; al contrario, es una exigencia para poder
interrumpir sus embarazos. Solo están exentas y lo repetimos porque ya se ha dicho aquí las que demuestren graves conflictos, como pueden ser malos tratos o abusos sexuales. También proponen una modificación de la Ley de Autonomía del Paciente,
aun cuando esta establece que en las decisiones sobre operaciones a partir de los dieciséis años o de menores emancipados no cabe prestar el consentimiento por representación, que es al que ustedes aluden, aunque en caso de actuación de riesgo grave
los padres serán informados y se tendrá en cuenta su opinión, cumpliéndose por tanto con todas las garantías de salud y respeto a las decisiones libre y conscientemente tomadas por los jóvenes.
Otro argumento que ustedes esgrimen, tanto en declaraciones públicas como en esta propuesta, es que el aborto se está utilizando de manera irresponsable por las jóvenes, e incluso como un método anticonceptivo, o, como ha vuelto a repetir
hoy aquí la portavoz del Grupo Popular, que la medida contemplada en la ley vigente supone una total desprotección de las menores y vulnera los derechos y obligaciones de los padres a ejercer la tutela sobre sus hijas, tanto desde un punto de vista
jurídico como social, ayudando a deteriorar las relaciones personales y de confianza recíproca dentro de la familia y despreciando el apoyo que nadie mejor que un padre y una madre puede dar a su hija ante una situación lo dicen textualmente de
vital importancia e impacto futuro. Pero todos estos argumentos no se sostienen más allá de posiciones reaccionarias y se demuestran infundados ante la realidad contrastada
sobre la base de datos e informes que el Partido Popular oculta y se niega a aportar de manera intencionada. En la práctica está más que demostrado que ni las jóvenes se han tomado el aborto como un método anticonceptivo más ni
mayoritariamente han ido solas a las clínicas autorizadas, sino que la casi totalidad han ido acompañadas por sus dos progenitores o, por lo menos, por uno. El último informe realizado por ACAI deja claro que, del total de abortos practicados en
2014, el 3,6 % fue de mujeres de entre dieciséis y diecisiete años y en el 87 % de estos se informó a los tutores legales. Las que no lo hicieron justificaron el riesgo de sufrir malos tratos, estaban emancipadas o carecían de relación con sus
progenitores porque residían en otro país. Ahora, con esta modificación que nos proponen, arremeten precisamente contra estas jóvenes, que son las que mayor protección necesitan, esgrimiendo sus prejuicios de carácter ideológico, reaccionario y
retrógrado, vulnerando sus derechos y abocándolas a un aborto ilegal e inseguro.
Pero quizá el argumento que más han utilizado últimamente para llevar a cabo esta propuesta de ley que hoy nos presentan es la falta de consenso en cuanto a este extremo, que se manifestó en el momento de la aprobación de la Ley de salud
sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, poniendo mayor énfasis, preocupación y detalle ante la existente dentro de las filas del Gobierno que en el año 2010 la impulsó, el del Partido Socialista, y utilizando para ello
las declaraciones que entonces se hicieron por parte de alguno de sus cuadros políticos. Resulta como poco chocante, señorías, por no decir patético, que el Partido Popular se preocupe ahora de las disensiones existentes en el Partido Socialista
cuando en sus filas ya airearon el rechazo interno ante la anterior propuesta que presentó el señor Gallardón de derogación completa de la ley vigente, costándole su puesto como ministro de Justicia, y cuando ahora nos presentan esta reforma junto
con la carta hecha pública, enviada al presidente del Gobierno y firmada por doce de sus parlamentarios, en la que ya advierten de que no van a votar este cambio porque, de hacerlo, estarían avalando la vigente ley. Esto es lo que les pasa, señoras
y señores del Partido Popular, cuando las leyes que se pretenden imponer por motivos electoralistas son además predominantemente ideológicas y carecen de argumentos científicos, sanitarios y sociales que las avalen. Además de encontrarse con serias
contradicciones e incumplimientos con respecto a múltiples leyes, tratados y recomendaciones que nos obligan a proteger y salvaguardar los derechos fundamentales de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, su salud y su maternidad, nunca van a
contentar a aquellos que, esgrimiendo motivos puramente religiosos, pretenden acaban con los derechos que asisten, pero nunca obligan, a las mujeres a decidir sobre si quieren o no ser madres y cuándo quieren serlo.
Así es como aquí el Partido Popular vuelve a utilizar el cuerpo de las mujeres como moneda de cambio entre los estamentos religiosos y sus votantes más reaccionarios, olvidándose de derechos fundamentales de las mujeres y poniendo en peligro
la salud y la vida de las más vulnerables. Pero, bajo esta premisa, como digo, electoralista y reaccionaria en la que se ahoga más que nada el Partido Popular, todo será poco hasta que las demandas de estos sectores ultraconservadores se cumplan;
demandas que no son otras que la desaparición de las políticas de salud sexual y reproductiva y la prohibición total del aborto legal y seguro en nuestro país. Esta propuesta de ley es solo el principio; lo sabemos, lo ha dicho aquí la portavoz
del Grupo Popular. Ustedes siguen con su recurso ante el Tribunal Constitucional y ya están hablando de introducir en la tramitación parlamentaria de la ley la modificación del punto 2 del artículo 3 de la actual ley que contempla el derecho a la
maternidad libremente decidida y a que las mujeres adopten libremente decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva. Ante esto, La Izquierda Plural no va a admitir ni un paso atrás en la Ley de salud sexual y reproductiva vigente. Porque
no hay otra manera de entender este nuevo atentado contra la libertad y la salud de las mujeres, en este caso de las más vulnerables, después del fallido intento del dimitido Gallardón para derogar la ley vigente que acababa con todas las políticas
de salud sexual y reproductiva que contempla la ley y, en la práctica, con la posibilidad de un aborto legal y seguro en nuestro país.
No hay otra manera de entender esta propuesta de ley que pretende una reforma que supone un paso atrás en los avances conseguidos en los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad que bajo las
premisas ultraconservadoras y electoralistas que mercadean y se ha dicho aquí con las mujeres y sus derechos fundamentales en las plazas públicas de los estamentos religiosos más reaccionarios. Ustedes están sacando a las mujeres a la plaza
pública en venta de los estamentos religiosos más reaccionarios. Y lo hacen, una vez más, con la hipocresía que les caracteriza, de puntillas, eludiendo los informes preceptivos, sin atender a los datos e informes de la comunidad científica
sanitaria y sin escuchar a los grupos de la oposición y a las asociaciones y organizaciones de mujeres; de puntillas, en el último tramo de legislatura y a toda carrera para que pase
rapidito y con el menor ruido posible. Y, sobre todo, aludiendo al consenso, como la demostración más clara de la facilidad que tienen ustedes para el insulto a la inteligencia de la gente, máxime cuando de todos es sabido que no cuentan ni
con el apoyo necesario dentro de sus filas para traer aquí esta propuesta de ley orgánica que nos presentan. Se trata de una reforma que convertirá en norma la abstención ahora necesariamente contemplada para proteger a las jóvenes que interrumpen
su embarazo en situación de máxima vulnerabilidad familiar y social y que ahora entrarán en un marco de desprotección con el que estarán abocadas a acudir a un aborto ilegal e inseguro, poniendo en riesgo su salud y su vida. Ustedes, señoras y
señores del Partido Popular, serán responsables
El señor PRESIDENTE: Señora De las Heras, tiene que terminar.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Termino, presidente,
pero, como he dicho, todo apunta a que no es precisamente la protección de la salud y la vida de estas mujeres lo que a ustedes les preocupa. Parece que de poco o de nada sirve entonces pedirles, exigirles hoy a aquí que retiren esta
proposición de ley. Solamente cabe echarles democráticamente en las urnas para que no utilicen su mayoría absoluta como pretexto y, en cualquier caso, esperar a la próxima legislatura para dejar sin efecto este nuevo atropello contra los derechos
de las mujeres.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora De las Heras.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene, en primer lugar, la palabra la señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, como es habitual en nuestro grupo parlamentario, saben que se da libertad de voto en temas como este que estamos hoy debatiendo. Por tanto, vamos a repartir nuestro tiempo con la compañera diputada de Convergència Democràtica,
señora Ciuró. Yo voy a hablar aquí en nombre de los seis diputados de Unió Democràtica de Catalunya para fijar nuestra posición en esta toma en consideración de esta proposición de ley.
Desde Unió Democràtica nos pronunciamos en su día en contra de la actual ley porque no compartíamos, entre otras cosas, que se abrieran debates sobre la interrupción o no voluntaria del embarazo decíamos, antes de promoverse auténticas
políticas a favor de las familias para que las mujeres verdaderamente pudieran decidir. Desde Unió Democràtica creemos que debemos volcarnos mucho más todavía en la información a los jóvenes, en la prevención, para evitar esos embarazos no
deseados, porque cuando se producen estos embarazos, en esos momentos tan delicados, es cuando más que nunca los padres o los responsables legales deben estar al lado de estos jóvenes para apoyarlas y para ayudarlas. La señora González hacía
referencia hace un rato a nuestro posicionamiento en el año 2010 cuando discutíamos nuestra actual ley. Yo voy a volver a repetir no hacía falta porque lo ha dicho usted, pero quiero hacerlo porque fueron mis palabras en nombre de los cuatro
compañeros entonces de Unió Democràtica lo que decíamos, que la ausencia de los padres en relación con los menores es para nosotros un menosprecio a la patria potestad y su ejercicio en el caso de los abortos de las jóvenes menores de edad. Pocas
decisiones, señorías, se pueden tomar a estas edades de más trascendencia y pocas encontraremos en las que se necesite más la ayuda, el soporte y el apoyo de los padres y de la familia.
Además, decía algo más, señora González. Decía también entonces que la familia no es solo una unidad de prestación de servicios, es la unidad básica de la sociedad y los Gobiernos no pueden expropiar a los padres esta obligación para
dársela a otros, ya sea otro adulto, un médico, un asistente social o quien sea. Estas palabras las quiero recordar porque en esos momentos si bien nos dirigíamos al Partido Socialista, también nuestro discurso continuaba de la siguiente forma:
¿Dónde están decíamos esas medidas alternativas que se pueden ofrecer a las mujeres ante un embarazo no deseado? ¿Dónde están las ayudas? ¿Ayudan a la madre para que pueda tomar la decisión libre y responsable de continuar con el embarazo?
¿Dónde está la estimulación de esa decisión? Estas preguntas las hacíamos en 2010 y estas preguntas las continuamos haciendo ahora a los responsables del Gobierno, en este caso al Partido Popular.
Vamos a centrarnos en esta toma en consideración de esta proposición de ley en este punto, en cuanto al consentimiento de las menores. En aquel momento esa fue para nosotros y lo hemos
constatado estos días al reabrirse el debate una medida muy contestada socialmente: el aspecto concreto de la necesidad de que las menores contasen con el consentimiento de los padres. Por este motivo, por coherencia con nuestro voto en
aquel momento, los seis diputados de Unió Democràtica de Catalunya vamos a apoyar hoy la toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tarruella.
Señora Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Subo hoy a la tribuna para hablar en nombre de mi partido, Convergència Democràtica de Catalunya. Como ha expresado mi compañera del Grupo Parlamentario Catalán, ambos partidos tenemos libertad de voto, pero además Convergència Democràtica
en su seno tiene también libertad de voto. En este punto, le quiero decir a la señora González, con todos los respetos, que los dueños y señores y las dueñas y señoras del voto de los diputados y diputadas de Convergència Democràtica de Catalunya
somos nosotros. No necesitamos que nadie nos indique qué tenemos que votar, y mucho menos el proponente de una proposición que pertenece a un grupo con disciplina de voto y que tiene división en esta materia. Por tanto, y desde el cariño, nosotros
decidiremos qué vamos a votar. (Aplausos).
Dicho esto, quiero decirle que nos encontramos otra vez aquí, en el Congreso de los Diputados, hablando de una cuestión tan delicada como es el tema del aborto y que es la segunda vez que el Partido Popular hace un conato de presentación.
Parece que esta va a prosperar, pero venimos de una tramitación muy burda de un proyecto de ley que en su día no consiguió ver la luz, que creó división no solo en la calle, sino es más en su propio grupo parlamentario. Desde dirigentes juveniles
de su partido y delegadas del Gobierno a insignes diputadas de esta Cámara mostraron su total rechazo al proyecto de ley presentado. El Partido Popular y el Gobierno no tuvieron más remedio que retirarlo, el ministro tuvo que dimitir como
consecuencia de este despropósito y hoy intentan traernos de nuevo de hecho nos la traen una proposición de ley respecto de la que a ciencia cierta, señora González, no sabemos qué admitimos a trámite. Antes se ha dicho. ¿Están de acuerdo con la
Ley de 2010 y simplemente vamos a cambiar el aspecto de la autorización o el consentimiento de los progenitores para con las menores de dieciséis o diecisiete años? ¿Va a quedar aquí la modificación? Permítannos que lo dudemos. Realmente no
sabemos qué vamos a tramitar, puesto que si es esta la modificación que querían traer a esta Cámara y como nos tienen acostumbrados cada semana a la aprobación y a la ratificación y homologación de reales decretos-leyes, podrían hacer una
modificación como tantas que han hecho durante esta legislatura en uso de su mayoría absoluta. En cambio, nos traen hoy aquí una proposición de ley para que sea sometida a debate. ¿Para debatir qué, señoría? ¿Para aceptar qué tipo de enmiendas?
De hecho, y al hilo de esta crítica radical a la forma de presentación de esta iniciativa y a la sospecha que nos despierta el hecho de dar nuestro apoyo o no a esta proposición, quiero decirle que tal es el recelo que, a pesar de tener libertad de
voto, ninguno de los diputados de Convergència Democràtica va a votar a favor de esta toma en consideración. Por tanto, nuestro grupo parlamentario se va a conducir entre la abstención y el no a la toma en consideración.
Además, no son solo cuestiones de forma, sino que son cuestiones de fondo las que nos preocupan. ¿Saben qué pasa, señorías? Que desde Convergència Democràtica y desde Convergència i Unió creemos que los radicalismos no son buenos para
tratar según qué tipo de cuestiones, y en esta cuestión desde Convergència entendemos que hay que conjugar varios elementos en juego y que en un debate maduro, sereno y preparado, como el que entendemos que tendríamos que haber tenido hoy aquí,
conviene hablar de los elementos en juego que como mínimo se nos ocurren a nosotros. Por un lado, existe un elemento, que es la capacidad de obrar de las menores de dieciséis años, capacidad que efectivamente tienen. ¿Cómo no la van a tener, cómo
les podemos negar esa capacidad de obrar? En absoluto estamos en desacuerdo con que tenga que ir acompañada o apoyada por sus progenitores, porque existe otro elemento a conjugar muy importante, que es el deber de ejercer la patria potestad.
Estamos muy de acuerdo en que la patria potestad debe ejercerse, pero es que la patria potestad, señoría, no son solo alimentos, habitación y educación; la patria potestad y su libre ejercicio y su responsable ejercicio, mejor dicho es coadyuvar
o ayudar al desarrollo integral de las personas menores, es colaborar en su crecimiento integral, atenderle en aquellas necesidades físicas y psicológicas que se le puedan presentar. Señorías, un consentimiento firmado, para nosotros no es un
ejercicio responsable de la patria potestad. En esta cuestión creemos que es necesario, aparte del acompañamiento de los familiares más queridos
y del apoyo de los seres más queridos, que este consentimiento el de la menor se pueda prestar con la mayor información posible. Y aquí nadie habla de qué hacer y cómo informar a la menor que se encuentra en una situación de un embarazo
no deseado y además se la obliga a contar con un consentimiento de los padres que, a mayores, tendrán la misma capacidad de afrontar una situación tan dramática, con más recursos que la menor, por supuesto, pero a lo mejor con la misma información.
Señorías, no quiero dejar de hablar en este punto de que en algunas familias aún, cuando hay unas escenas excesivamente subidas de tono en televisión o muestras afectivas excesivamente efusivas, los padres suelen desviar la atención de sus
hijos a otra cuestión. Estas familias son las que pretenden ustedes que sepan cómo reaccionar cuando una menor presenta un embarazo no deseado. Por eso creemos que, junto a ese acompañamiento indispensable en ejercicio de la patria potestad
responsable, tiene que haber una información y un acompañamiento, tiene que haber unas ayudas específicas por profesionales especializados que acompañen no solo al menor, sino también a la familia en esa toma de decisión. Y una cosa es acompañar y
otra es exigir el consentimiento de los progenitores.
No estamos de acuerdo en la forma en que se plantea.
El señor PRESIDENTE: Señora Ciuró, tiene usted que terminar.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Voy acabando, señoría.
Además, hay un aspecto que nos parece muy importante. Fíjese que nadie en este debate ha tratado nunca una cuestión, y la voy a plantear. ¿Qué pasa con el 50 % de la carga biológica que supone este embarazo? Alguien alguna vez ha pensado
que a lo mejor se trata de otro menor, a veces conocido, y que este pistolero puede disparar tantas veces como quiera sin ser consciente de lo que está haciendo y sin ningún tipo de responsabilidad exigida por parte de nadie, solo cargada a las
espaldas de las menores. Creo, señorías, que hay mucho trabajo por hacer. Dígannos qué pretenden con esta proposición de ley, si solo es reformar esto y en qué términos, porque desde Convergència i Unió lo que no vamos a hacer es ser cómplices del
lío en el que vive permanentemente el Partido Popular por no afrontar de manera serena en sus filas qué quieren y donde quieren llegar con los derechos de salud sexual y reproductiva de las menores de dieciséis, de diecisiete y de las mujeres de
este Estado.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ciuró.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR BALDOVÍ), SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA. (Número de expediente 162/001189).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Baldoví, sobre la financiación de la Comunitat Valenciana.
Tiene la palabra el señor Baldoví. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia).
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Me he dejado una foto en el escaño. Era una foto donde estaban los cuatro últimos presidentes de la Generalitat Valenciana, el señor Zaplana, el señor Olivas, el señor Camps y el señor Fabra. Llevamos veinte años de Gobiernos
ininterrumpidos del Partido Popular y en PIB, en producto interior bruto, estamos 12 puntos por debajo de la media española. 19.400 euros contra los 22.800 de la media española, más de 3.000 euros por debajo. Tenemos tasas superiores a la media
española en dependencia, en pobreza, en riesgo de exclusión social, y la deuda ha pasado del 6,5 % sobre el PIB al 37,9 %, de 2.750 millones a 37.376, cuarto trimestre de 2014. Cada valenciano debía cuando el señor Zaplana entró a gobernar 715
euros. Ahora con el señor Fabra cada valenciano debe 6.416 euros. Han multiplicado la deuda por catorce. Y luego el señor Rajoy habla de políticos amateurs. ¿Cómo definirían ustedes a estos políticos que nos han llevado hasta aquí? Somos la
comunidad más endeudada con respecto al PIB, un 38 %. ¿Y por qué? Por dos razones: aparte de por su inoperancia, por su mal gobierno, por la financiación per cápita, que ha sido durante los años 2002-2012 un 79 % de lo que nos debería haber
tocado. Solo en esos diez años nos han expoliado 21 de cada 100 euros. En los presupuestos generales siempre estamos por debajo de la media, también en inversión; por ejemplo, este año, 86 euros por debajo de la media. Eso es lo que podemos
agradecer los valencianos a veinte años ininterrumpidos de Gobiernos del Partido
Popular, pero hoy tienen la oportunidad de remediar esa anomalía, de redimirse. Esta PNL mantiene el espíritu de la resolución que ustedes aprobaron, la Resolución 324/VIII, de 16 de octubre de 2013, de las Cortes Valencianas, aprobada por
unanimidad también la aprobaron ustedes, que avalaba el informe de expertos contratados por la Generalitat y que instaba a una revisión del modelo para que garantizara la igualdad en los servicios públicos y para que se reclamara esa deuda
histórica de 13.500 millones de euros. ¿Desde entonces qué han hecho ustedes? Nada. Nada. Nada.
Hemos presentado esta PNL porque estamos en una situación límite, en una situación de emergencia. Hay riesgo cierto de intervención, tienen más de 3.000 millones de euros en los cajones sin pagar, tardan más de 82 días en poder pagar a los
proveedores, hay advertencias del Ministerio de Hacienda. Con los recursos que nos otorgan, que nos dan, que recibimos solo cubrimos el 85 % de nuestra educación y de nuestra sanidad. El mismo ministro de Hacienda, el señor Montoro, reconoce
nuestra infrafinanciación. Periódico El País, de 31 de enero de 2015: Montoro reconoce la infrafinanciación de la Comunitat, pero no hay tiempo para repararla en esta legislatura. Han tenido tiempo para hacer una reforma laboral, para aprobar los
copagos, para cargarse la dependencia, para rescatar a los bancos, para blindar al oligopolio eléctrico; han tenido tiempo para tramitar 198 proyectos de ley y decretos-leyes en estos tres años, como afirmó el presidente Rajoy en el debate sobre el
estado de la Nación, pero no han tenido tiempo de revisar la mala financiación de los valencianos, como era su obligación, como marca la ley. ¿Cómo llamarían ustedes a eso? ¿Desidia? ¿Desfachatez? Porque eso tiene consecuencias. Esa desgana,
esa inoperancia tiene caras y ojos: menos maestros y profesores, más niños por aula, barracones eternos, menos médicos y sanitarios, urgencias colapsadas, listas de espera inacabables, menos recursos para dependencia, copagos en centros
ocupacionales, bajas en centros de dependientes porque no pueden pagar sus copagos y, además, menos recursos para políticas de empleo, de vivienda, de infraestructuras, de promoción económica. Su inacción provoca sacrificios. Cada día, cada mes,
cada año que pasa, con esos 13.500 millones, cuántos barracones hubiéramos podido quitar, a cuántos dependientes hubiéramos podido ayudar, cuántas personas hubieran salido de las listas de espera.
Hay un libro de Vicent Cucarella en el que hay un gráfico muy ilustrativo. Se divide el tablero en cuatro partes: arriba están las comunidades ricas y abajo las comunidades pobres. La Comunidad Valenciana, el País Valencià, está por
supuesto entre las pobres. En una parte están los que reciben solidaridad y en la otra parte están los que pagan. En la parte de abajo a la izquierda solamente hay una comunidad autónoma, la valenciana. Somos los únicos que siendo más pobres que
la media pagamos, es decir, que practicamos la solidaridad, incluso con comunidades autónomas más ricas; demencial. Esto lo permiten ustedes.
Estos días hemos sabido del compromiso del presidente Rajoy con el presidente de Extremadura para abonar esa deuda histórica, y nosotros solo queremos eso, solo queremos que nos reconozcan esa deuda y que se abra de una vez por todas el tema
de la financiación. Por eso les pregunto, señoras y señores Miriam Blasco, Gerardo Camps, Amparo Ferrando, Mario Flores, José López Garrido, Santiago Martínez, Julia de Micheo, Macarena Montesinos, Andrea Fabra, Ascensión Figueres, Manuel Ibáñez,
Vicente Ferrer, Teresa García, Ignacio Gil Lázaro, Inmaculada Guaita, Belén Hoyo, Belén Juste, María Martín, Juan Vicente Pérez y Marta Torrado, ¿de qué lado están?, ¿están del lado de los valencianos o están del lado de su partido? Hoy tienen la
oportunidad.
En cuanto a las enmiendas, acepto las presentadas por el Grupo Socialista a los puntos 1 y 2 de mi proposición y, por supuesto, no voy a aceptar la enmienda de UPyD porque sería desvirtuar y consagrar el sacrificio que hemos realizado los
valencianos durante tantos años.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Baldoví.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.
No me ha citado por nombre el señor Baldoví pero me siento citado, porque este asunto que nos trae de la financiación de la Comunidad Valenciana no es algo que concierna solo a los diputados elegidos por Valencia sino que nos interesa a
todos los que hemos sido elegidos en cualquier lugar de España y que estamos aquí mirando por el interés general.
El informe de los expertos en que se basa esta proposición no de ley y la propia proposición no de ley contienen algunos aspectos que compartimos, y voy a citar tres en concreto. En primer lugar es una realidad, es un hecho cierto que la
Comunidad Valenciana tiene una financiación per cápita en términos
homogéneos que está por debajo de la media, en concreto en el 95 %; primera realidad y primer hecho cierto: la Comunidad Valenciana tiene una financiación per cápita en términos homogéneos inferior a la media. Segundo aspecto que
compartimos, y es importante, la necesidad de una reforma urgente de la financiación autonómica. De hecho, la legislación preveía que se reformase ya este año y el Gobierno y el grupo mayoritario hasta ahora no han dado ninguna explicación
convincente de por qué hay que dejar esto para la próxima legislatura, más allá de una idea general de que es un lío. Bueno, para eso están los gobiernos y más con mayoría absoluta, para enfrentarse a los problemas, por liosos que puedan ser. En
tercer lugar, compartimos y por eso no lo hemos enmendado el espíritu del punto 1 de su proposición no de ley, donde habla del principio de igualdad entre la ciudadanía, la necesidad de tener unos servicios públicos de la misma calidad
independientemente del territorio, independientemente de la comunidad autónoma donde se viva. Nos alegra compartir este principio con ustedes. Ha habido intervenciones en esta legislatura por su parte y por parte de otros grupos que no parecían ir
en esta línea, pero desde luego esto es algo que nosotros hemos defendido de manera coherente desde el principio, el principio de igualdad, los ciudadanos deben recibir servicios de similar calidad independientemente de la comunidad autónoma donde
vivan. Por cierto, del informe de los expertos deriva una conclusión que usted no ha citado en su proposición no de ley y es que este principio es contradictorio con que en algunas comunidades con régimen foral haya una sobrefinanciación tan enorme
como hay, pero es una consecuencia necesaria de ese principio de igualdad que usted aquí reconoce.
Sin embargo, compartiendo estas cuestiones: infrafinanciación en Valencia, necesidad de la reforma del sistema urgente, principio de igualdad, hay cuestiones importantes que no compartimos y estoy seguro de que no le sorprenderá. En primer
lugar, aunque no está relacionado con las enmiendas, sí lo está con su exposición de motivos: ¿no le parece contradictorio todas las veces que ha venido a esta Cámara a hablar de casos de despilfarro en la Comunidad Valenciana, de corrupción en la
Comunidad Valenciana, de las dos cosas a la vez, despilfarro y corrupción, y luego atribuir todo el déficit y toda la deuda de Valencia a infrafinanciación? Algo habrán tenido que ver también tantos proyectos innecesarios, tantos gastos inútiles en
aeropuertos sin aviones y tantos temas como usted y otros diputados han señalado desde esta tribuna durante la legislatura.
Otras discrepancias que sí se han traducido en enmiendas. Proponemos suprimir los puntos 2 y 3 de su proposición no de ley. El punto 3 se refiere a las deudas históricas y es un concepto que nos parece muy peligroso, porque cuando uno
empieza a buscar deudas históricas desde un punto de vista subjetivo y sin saber dónde parar, ¿a cuándo remontamos nuestros agravios históricos? ¿A los tiempos napoleónicos? ¿A Felipe V? ¿A El Cid? Permítame una reflexión. Si hay esos agravios
históricos y hay comunidades infrafinanciadas, ¿debe el Estado hacer frente a esas supuestas deudas históricas o deberían hacer frente las comunidades sobrefinanciadas? No le digo esto como una propuesta, sino para que se vea el conflicto que este
tipo de enfoques provocan y la dificultad de soluciones compartidas. No compartimos este concepto de deudas históricas tan de moda.
Hay otra cuestión que no compartimos. Con nuestra otra enmienda pretendemos suprimir el punto 2. Ustedes hacen unas reclamaciones de fondo referidas al año 2014 y 2015, pero esos años todavía no están liquidados. Por tanto, es imposible
saber si ha habido infrafinanciación o su cuantía. En esta línea van nuestras enmiendas.
Compartimos las cuestiones que he dicho de su proposición no de ley, pero no las deudas históricas ni cálculos imposibles de realizar en el momento actual. Quiero recordar las propuestas que mi grupo ha hecho en línea de una financiación
equitativa porque, si nos fijamos en los ciudadanos y no en los territorios, encontraremos una solución mejor no solo para el tema de Valencia, que nos preocupa tanto como a los diputados elegidos allí, sino para el conjunto de las comunidades
españolas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Anchuelo.
Grupo Parlamentario Socialista. Señor Campos, tiene la palabra.
El señor CAMPOS ARTESEROS: Gracias, presidente.
En este Congreso de los Diputados ya hemos debatido varias veces sobre la financiación de la Comunidad Valenciana, concretamente sobre la infrafinanciación que sufre la Comunidad Valenciana, y ha sido gracias a propuestas precisamente del
Partido Socialista, dos proposiciones no de ley firmadas por Ximo Puig, secretario general del PSPV-PSOE, dos enmiendas a los Presupuestos Generales del
Estado con rango de ley y que, por tanto, podían iniciar ese cambio de la infrafinanciación y también recientemente una enmienda a la reforma de la Lofca que se está tramitando en el Congreso.
Ximo Puig afirmó en el debate de estas proposiciones no de ley que en la Comunidad Valenciana confluyen dos circunstancias que hacen excepcional la situación de nuestra comunidad. En primer lugar, la renta per cápita, 12,5 puntos por debajo
de la media y, en segundo lugar, una infrafinanciación que hace que cada valenciano reciba hasta 600 euros menos que ciudadanos de otras comunidades autónomas. Puig ya denunció que la solución que el Partido Popular da es préstamos y más préstamos,
que está bien que le preste dinero a la Comunidad Valenciana porque la Generalitat ha hecho que nadie quiera financiar al Gobierno de la Generalitat, pero no es la solución porque la Comunidad Valenciana no recibe transferencias como lo hacen otras
comunidades y, en lugar de eso, recibe préstamos que, por cierto, tiene que devolver.
Si hacemos la suma de la infrafinanciación, la eliminación de la financiación indirecta vía convenios que ha llevado a cabo el Gobierno de España, los recortes de más del 50 % en inversiones en sectores productivos y en obra civil hay que
recordar que con respecto a 2011 hay una reducción del 50 % en la inversión, alguien puede decir que se ha recortado en toda España, pero lo que dice el dato es que se ha recortado mucho más en la Comunidad Valenciana que en otras comunidades. No
en vano, la inversión media por habitante frente a la media nacional de 238 euros en la Comunidad Valenciana se queda en tan solo 151 euros por habitante. Sumamos recortes, sumamos mala gestión, despilfarro y corrupción de veinte años del Partido
Popular y un modelo económico basado fundamentalmente en la construcción y podemos concluir que lo que ha fallado no es el modelo de autogobierno, como pretende decir el Partido Popular indirectamente para no reconocer que han sido ellos, los
gestores del autogobierno en la Generalitat Valenciana, los culpables de la situación que sufre la Comunidad Valenciana, agravada ahora por no corregir ese sistema.
Quiero dejar claras tres cosas. La primera, el Partido Socialista comparte que la Comunidad Valenciana está infrafinanciada y que es necesaria una reforma urgente. Por cierto, el Partido Socialista, dice lo mismo en les Corts Valencianes
que en las Cortes Generales, lo contrario de lo que hace el Partido Popular, que dice y vota una cosa en les Corts Valencianes y viene a las Cortes Generales y no es capaz de sacar adelante nada. Hay que decir claramente que la culpa de la
infrafinanciación no la tiene la crisis, la tiene el Gobierno del Partido Popular, que es el que toma las decisiones y retrasa precisamente esa mejora de la financiación. En segundo lugar, se debe cumplir la ley, por tanto, evaluar el sistema y
corregir los déficits de financiación, porque hay que garantizar la igualdad en el acceso a servicios y derechos a todas las comunidades. De hecho, el error parte del modelo de financiación de 2001. Es cierto que en el año 2009 se hace una reforma
y que ha sido insuficiente, pero partíamos de la de 2001, y la de 2009 ha sido un avance importante en la financiación. Si no se reconoce esto, ni hay coherencia ni hay tampoco rigor. Eso sí, la de 2009, pese a ser insuficiente, contemplaba
también que se pudiera reformar y evaluar, cosa que ustedes no están haciendo. Por tanto, corríjase la financiación, iníciese ya, como decía la propia ley en la disposición adicional séptima y la disposición transitoria tercera, y compénsese la
infrafinanciación. En tercer lugar, hay que dejar claro que ustedes están empeorando la situación con ese modelo de reconcentración de competencias y sin que haya un modelo alternativo al despilfarro, al amiguismo y a la mala gestión.
Quiero acabar diciendo que no se puede echar la culpa de todo a la infrafinanciación porque gobiernos socialistas con peor financiación llevaron a cabo la universalización de la sanidad en la comunitat, la educación pública, hicieron las
universidades públicas que hay en la comunitat, hicieron el Impiva, hicieron la red de bienestar, el tejido industrial y el apoyo a los sectores agroalimentarios. Por tanto, tomen nota, cumplan la ley y corrijan los errores que están llevando a que
los valencianos estemos en condiciones peores que el resto de ciudadanos y que no podamos atender nuestro servicios públicos básicos y que, por tanto, no tengamos acceso a esa igualdad y acceso a esos servicios públicos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Campos.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señor presidente.
Un día como hoy, 14 de abril, no puedo empezar mi intervención en esta tribuna sin recordar que hoy vivimos el 84.º aniversario de la proclamación de la II República, una jornada modelo en la historia de
España, en la que en paz y en tranquilidad se vivió un cambio de régimen importante y la llegada de la democracia como la primavera en aquel año 1931.
Tengo poco tiempo para hablar de un tema tan importante como la financiación valenciana y quisiera empezar diciendo que no es la primera vez que sale este tema en esta Cámara. Mi grupo parlamentario, en el primer debate del llamado estado
de la Nación, el debate de política general, planteó una resolución sobre un tema preocupante para cualquier valenciano o valenciana como es la financiación de nuestro territorio, de la Generalitat, pero muchas veces tenemos la sensación los
valencianos que desde fuera, más allá de Contreras, se ve el territorio valenciano como el Levante feliz, un Levante que no se corresponde con la realidad. La realidad es que somos una tierra más pobre que la media de España ya se ha dicho varias
veces por parte de otros intervinientes, estamos un 12,3 % por debajo de la media de España y, sin embargo, somos contribuyentes netos. Eso ya marca una situación de diferencia que, efectivamente, en el cuadro que marcaba el señor Baldoví nos deja
aislados en el cuadrante, en la parte pobre, encima de los paganos, de los contribuyentes. Cuando a esto además sumamos la situación valenciana, conocida en el resto de España y hasta internacionalmente, ligada a la imagen de corrupción y del
despilfarro, resulta muy complicado explicar al resto de los españoles, al resto de las fuerzas políticas de esta Cámara, que más allá de los problemas de corrupción, más allá de que tengamos un Gobierno de la Generalitat que ha despilfarrado el
dinero, más allá de que el Partido Popular se haya comportado como lo que es, como un partido corrupto en Valencia, al cual el resto del Partido Popular trata con la nariz tapada cuando tiene que relacionarse con él, más allá de todo eso hay un
problema gravísimo de financiación en el País Valenciano. Estamos por debajo del gasto medio per cápita clarísimamente lo han dicho otros portavoces y eso nos ha llevado a una situación de endeudamiento brutal. Somos la comunidad autónoma que
tiene un endeudamiento muy por encima de los demás respecto a nuestro producto interior bruto.
Señorías, quisiera repasar algunas cifras del estudio realizado por la Comisión de expertos, que por unanimidad se aprobó en las Cortes Valencianas y que comparten todos los grupos representados en ellas. Esta Comisión cifra aproximadamente
en 14.800 millones de euros la deuda del País Valenciano debida a la infrafinanciación. Frente a esto, el cálculo hecho por los despilfarros, los aeropuertos sin aviones, la Ciudad de las Artes, la Ciudad de la Luz y el Ágora suma 1.187 millones de
euros, y la deuda por la Radiotelevisión valenciana son otros 1.200 millones de euros. Señorías, apenas son 2.400 millones de euros el despilfarro, el derroche del Partido Popular frente a los 14.800 millones de euros del deficiente sistema de
financiación de la Generalitat Valenciana, que ha perjudicado al pueblo valenciano. A eso se suma, como ya se ha dicho en otras intervenciones, la insuficiente inversión por parte del Estado en los Presupuestos Generales del Estado año tras año,
que en esta legislatura se ha agravado, un 50 % por debajo de la media.
Frente a todos estos problemas, hacemos nuestras las conclusiones y la propuesta de la Comisión de expertos. En el Grupo de La Izquierda Plural creemos que es necesaria una reforma integral del sistema de financiación y específicamente para
la Comunidad Valenciana, para el País Valenciano. La equidad, la solidaridad, la suficiencia, la responsabilidad fiscal, la lealtad institucional deben ser los criterios básicos. Se debe garantizar la suficiencia económica de la Generalitat
Valenciana y tiene que ser un sistema sencillo el que tenemos es excesivamente complicado y transparente el actual adolece de mucha opacidad, que garantice los servicios básicos de la ciudadanía porque de lo que estamos hablando en definitiva,
señorías, no es de dinero para derrochar, para construir aeropuertos o para otras cuestiones, sino de dinero para pagar la sanidad, la educación, los colegios y los servicios sociales de la ciudadanía valenciana. Para eso es para lo que necesitamos
el dinero. Necesitamos un nuevo sistema de financiación y aquí apoyamos completamente la propuesta sobre tres tramos. Un primer tramo que garantice con los impuestos básicos del Estado los servicios sociales básicos de toda la ciudadanía,
independientemente del territorio en el que se viva. Un segundo tramo que condicione la suficiencia de competencias de cualquier comunidad autónoma, financiado con el resto de impuestos del Estado y con los impuestos cedidos a las comunidades
autónomas. Y un tercer tramo que esté basado en la suficiente capacidad normativa de cada comunidad autónoma para poder implementar sus políticas. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Es absolutamente básico y
necesario generar un sistema mucho más transparente que el actual. En este sentido, compartimos una secretaría general técnica que evite lo que pasa ahora, que se elaboran los datos con muchísima opacidad, incluso para los consejeros de Hacienda de
las comunidades autónomas, que tienen que acudir al Consejo de Política Fiscal con insuficiencia de datos. Y con respecto a las deudas acumuladas, que también se ha comentado,
compartimos y defendemos que la deuda lógica que se ha derivado del correcto funcionamiento de las instituciones hay que asumirla, pero la deuda debida a la infrafinanciación, esos 14.000 millones de euros, no debe ser asumida íntegramente,
sino que debe ser contemplada en un proceso de compensación con el Estado y en un proceso de negociación, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Sixto, tiene que finalizar.
El señor SIXTO IGLESIAS: Concluyo.
La deuda derivada de la malversación debe ser achacada, después de los procedimientos judiciales, a los responsables políticos de haberla hecho, a los responsables de haber gestionado la Generalitat Valenciana durante los últimos veinte
años; y la deuda derivada de los contratos con tantas empresas de amiguetes debe ser achacada a esas mismas empresas que les pagan las cacerías a los consellers de la Generalitat Valenciana.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Sixto, finalice.
El señor SIXTO IGLESIAS: Por último, los intereses, en la línea que ya ha marcado el Gobierno de España, deben ser sometidos a una quita.
En definitiva y concluyo, es absolutamente necesario que se reforme el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Es absolutamente necesario que se refuerce la financiación de la Generalitat Valenciana. Los valencianos y las
valencianas no podemos continuar con este sistema. Tiene que haber una reforma más pronto que tarde simplemente para poder garantizar nuestra sanidad, nuestra educación y nuestros servicios sociales básicos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sixto.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Gracias, señora presidenta.
La proposición no de ley que nos trae hoy el diputado Baldoví pone de manifiesto la necesidad de revisar el actual sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común. No podemos más que estar de acuerdo con el objetivo de
esta proposición no de ley. Desde el año pasado el nuevo sistema de financiación debía estar acordado con las comunidades autónomas, aprobado por las Cortes Generales y en vigor. No ha sido así es evidente y de forma reiterada en este hemiciclo
Convergència i Unió lo ha puesto de manifiesto. Si ello ya es un motivo más que suficiente para denunciar el incumplimiento legal en el que el Gobierno está incurriendo y que ahora parece querer corregir de forma urgente, según las declaraciones
que ha hecho el ministro Montoro, no menos grave nos parece que a través de otros mecanismos se esté quebrantando el principio de suficiencia de financiación de las comunidades autónomas. Por ejemplo, se prefiere financiar a las comunidades
autónomas vía sistemas extraordinarios, como es el sistema de préstamos a través del Fondo de liquidez autonómica préstamos que, además, deben devolverse en el futuro, más que a través del sistema ordinario de financiación con la aprobación de un
nuevo sistema de financiación. También, por ejemplo, los anticipos a cuenta del sistema de financiación no tienen en cuenta el incremento de ingresos previsto en los Presupuestos Generales del Estado. Les pongo un ejemplo. Los recursos que están
recibiendo las comunidades autónomas por vía de los anticipos no tienen ninguna relación con la evolución de la economía. La realidad es que este año 2015 los anticipos son menores a los que se recibieron en el año 2013, cuando el Estado está en
estos momentos incrementando la recaudación por impuestos. Entre 2013 y 2014 se ha incrementado la recaudación en un 4,6 % y los Presupuestos Generales del Estado prevén para este año 2015 un incremento adicional del 5,4 %. En cambio, como digo,
para este año los anticipos retroceden un 2,5 %. Se incrementan los ingresos fiscales y las entregas a cuenta disminuyen. No es coherente, señorías. Además, en los últimos años la reconfiguración de los impuestos llevada a cabo por el Gobierno
del Partido Popular con alzas en IRPF, IVA e impuestos especiales entre otros impuestos ha supuesto un incremento de la recaudación en el periodo 2012-2014 de más de 30.000 millones de euros. Estos 30.000 millones de euros han implicado dos cosas
para las comunidades autónomas: primera, no han podido beneficiarse de los recursos adicionales que han supuesto estos 30.000 millones de euros. ¿Por qué? Porque el actual sistema de financiación contempla la deducción del incremento de estos
recursos del Fondo de suficiencia, por lo que las comunidades autónomas como digo no han visto mejorados sus recursos y el Estado
se ha beneficiado del total del incremento, 30.000 millones de euros en estos dos años. Por otro lado, estos incrementos de la fiscalidad han supuesto un incremento del gasto de las comunidades autónomas por la mayor presión fiscal. Les
pongo un ejemplo. El cambio del tipo aplicable a determinados bienes y servicios incrementando el tipo general del IVA del 18 % al 21 % y del tipo reducido del 8 % al 10 % suponen anualmente un incremento del gasto de la Generalitat de Catalunya de
198 millones de euros. Además, a todo esto debemos sumarle que el pago del Fondo de competitividad 2014-2015 no se avanza, cuando las necesidades que deben solventar las comunidades autónomas en materia de educación, servicios sociales y sanidad se
tienen hoy y no dentro de dos años, cuando se vaya a hacer efectivo. El señor Baldoví también se refería a ello. Estamos viviendo además una época de fuerte reducción de los ingresos finales de las comunidades autónomas provenientes del Estado por
vía de transferencias. Pongo ejemplos de la Generalitat de Catalunya: por programas de empleo y formación de trabajadores son 240 millones de euros menos; y en educación e investigación, 119 millones de euros. Quiero hacer también referencia a
que en el caso de Cataluña, y de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Cataluña, correspondientes al ejercicio 2008 quedan pendientes de abonar a la Generalitat de Catalunya 759 millones de euros,
importe reconocido por la comisión bilateral Estado-Generalitat de Catalunya. Si sumamos también los años 2009 y 2010, asciende a más de 1.600 millones de euros. Todo esto desde la perspectiva del ingreso, porque desde la perspectiva de la
consolidación del gasto el esfuerzo que se ha exigido a las comunidades autónomas ha sido mucho mayor que el que ha realizado la Administración General del Estado.
En resumen, un sistema de financiación de las comunidades autónomas que se basa en un modelo de ingresos autonómicos complejo y desequilibrado, con un elevado margen de discrecionalidad en manos del Estado y, además, por otro lado, con parte
del gasto autonómico fuertemente influenciado por la legislación básica del Gobierno central.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Picó, tiene que finalizar.
El señor PICÓ I AZANZA: Acabo, señora presidenta.
Además, en un contexto de una exigente consolidación fiscal. Eso es lo que entendemos que quiere poner de manifiesto el señor Baldoví con su proposición no de ley, más allá de compartir o no algunos extremos que contemplan el texto o la
enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Aunque no compartimos el sistema de financiación concreto ya se ha puesto de manifiesto reiteradamente, sí compartimos que se debe impulsar un nuevo sistema de financiación de las
comunidades autónomas.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Picó.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Camps.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor Baldoví, he de reconocerle que hoy se ha superado usted a sí mismo. Si conocida era ya la falta de rigor y coherencia en sus intervenciones en esta Cámara, hoy ha batido todos los récords.
Fíjense, señorías, el señor Baldoví trae a esta Cámara una proposición que se sustenta según dice en una resolución aprobada por unanimidad en las Cortes Valencianas el 16 de octubre del año 2013. ¿Ignorancia y desconocimiento? No creo.
¿No puede ser, verdad, señor Baldoví? No sé cómo definirlo, señorías; les costará salir de su asombro. El señor Baldoví presenta y defiende una PNL en esta Cámara que tiene su origen en una resolución de las Cortes Valencianas que su grupo votó
en contra. En concreto, el señor Francesc Xavier Ferri, la señora Mireia Mollà, el señor Enric Xavier Morera, la señora Mònica Oltra, el señor Josep Maria Pañella y el señor Juan Ignacio Ponce votaron en contra. (Aplausos). Creo que tamaño
ejercicio de trasmutación parlamentaria no había sido visto hasta ahora. Normalmente la oposición de estas Cortes Generales y de las Cortes Valencianas trae propuestas trampa intentando decir que hay cierta incoherencia entre lo que se vota allí y
lo que se vota aquí, pero nunca se había conocido que un grupo político defendiera en un Parlamento lo que había rechazado en otro, lo que aún es más raro si tenemos en cuenta que la resolución de las Cortes Valencianas a la que usted hace
referencia solo fue apoyada por el Grupo Parlamentario Popular. O se prepara bastante mal sus propuestas o no sé a quién pretende engañar.
Si lo anteriormente dicho bastaría para desacreditar su proposición, usted aún nos da más argumentos para oponernos a ella, porque en contra de lo que defendía en esta Cámara en un debate que tuvimos
usted, yo y algunos diputados más en mayo del año 2013, usted no presenta a debate y votación el acuerdo literal aprobado en las Cortes Valencianas, sino que lo varía como ha entendido oportuno. Sí, señorías; si habían salido ya de su
asombro inicial, vuelvan a quedarse perplejos. El señor Baldoví nos pide su apoyo a una proposición no de ley que tiene su sustento en una resolución de las Cortes Valencianas que su grupo político no apoyó para que acabemos votando a favor de una
PNL que coincide en gran parte con una que ya presentó su grupo político en las Cortes Valencianas y que el Partido Popular rechazó. ¿Y somos nosotros los incoherentes porque lo que votamos en contra ayer lo votamos también en contra hoy, y usted
es el adalid del rigor parlamentario porque lo que rechazó ayer lo defiende hoy? Al final el Partido Popular será coherente, como siempre, y usted ha vuelto a rozar el esperpento parlamentario. Sí, señor Baldoví, porque riza usted el rizo, y lo
hace además de forma tramposa. (Aplausos).
La resolución aprobada en las Cortes Valencianas instaba al Consell a que solicitara el inicio del proceso de revisión del modelo de financiación autonómica y continuara reivindicando la llamada deuda histórica que se tiene con la Comunidad
Valenciana. Al Consell, señor Baldoví, no al Congreso de los Diputados, para que, a su vez, inste al Gobierno de España. Y para su conocimiento y, si cabe, su tranquilidad, le diré que así se ha hecho: no solo se remitió el contenido de esa
resolución al Misterio de Hacienda y Administraciones Públicas, sino que el propio conseller lo ha defendido y tengo aquí todas las actas en las que consta, y son muchas Consejo de Política Fiscal y Financiera tras Consejo de Política Fiscal y
Financiera, que es donde se debaten estas cosas y no en otro sitio.
Señor Baldoví, la resolución aprobada por las Cortes Valencianas, con el único voto a favor del Partido Popular, está cumplida, lo que no se puede cumplir es lo que usted pide en su PNL, y no porque no reconozcamos la infrafinanciación de la
Comunidad Valenciana, ya que lo hicimos antes que usted y que su partido; lo hicimos durante los ocho años de los Gobiernos socialistas del señor Rodríguez Zapatero, donde se generaron los miles de millones de euros que ahora reclaman ustedes y que
allí nunca reclamaron. (Aplausos). Lo hicimos y lo hacen los distintos Gobiernos del Partido Popular, lo hace quien le habla desde esta tribuna en nombre de todo el Grupo Parlamentario Popular y lo hace también el ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, señor Montoro, como ha manifestado recientemente en esta Cámara y a la propia Comunidad Valenciana. Y no apoyaremos su proposición no de ley no porque no estemos de acuerdo en revisar el actual modelo de financiación
autonómica, que lo estamos, y a las pruebas me remito; ya lo pedíamos este grupo parlamentario el 28 mayo 2013 y, además, también lo propone todo el Partido Popular en el programa marco autonómico que hemos aprobado el pasado fin de semana, en
concreto, por si lo quiere buscar, en la página 16.
Señor Baldoví, no se puede cumplir lo que pide porque, como bien ha dicho ya el Gobierno en varias ocasiones, la pérdida de más de 70.000 millones de ingresos tributarios y la proximidad de las elecciones han desaconsejado acometerlo
actualmente. Además, señor Baldoví, es que usted pide algo que no se puede cumplir lo reconoce en su propia resolución. Está pidiendo ya dinero para el año 2015, porque ya da por sentado que no va a haber revisión del modelo de financiación
autonómica. Pero si es que, además, usted no está de acuerdo con lo que pide. ¿O no es verdad que su partido político defiende como modelo de financiación autonómica el concierto económico para todos? Lo dijo el señor Morera en las Cortes
Valencianas; lo tengo aquí, pero no me da tiempo a leerlo traduciéndolo del catalán, que es como habla el señor Morera, aunque también lo ha dicho en innumerables ocasiones en ruedas de prensa. Si por ustedes fuera, por el Grupo de Comprimís y por
usted, adiós a la equidad, adiós a la igualdad de oportunidades entre españoles, adiós a la cohesión territorial y adiós a la solidaridad. Nosotros, en cambio, creemos en la igualdad entre personas y en la solidaridad entre territorios. Esa es la
diferencia entre usted y yo.
Quiero referirme muy brevemente, señora presidenta, a lo que también el Partido Socialista hoy, en una exposición que yo llamaría de socialismo vergonzante, pretende que consensuemos lo que ellos nunca hicieron y, además, como diría el
maestro, es imposible. Piden ustedes que de hoy, con la mayoría de parlamentos autonómicos disueltos, al 14 de junio, cuando los parlamentos estarán constituidos, si lo están, se debata en el Consejo de Política Fiscal y Financiera un nuevo sistema
y que, dieciséis días después, el Gobierno lo apruebe, con la mayoría de los Gobiernos autonómicos sin elegir. Señorías socialistas, el último modelo de financiación, con ustedes en el Gobierno, tardó en revisarse cinco años, y hoy pretenden que se
revise el modelo en dos meses y medio con elecciones autonómicas de por medio. (Aplausos). Señorías socialistas y señor Baldoví, ya no les pedimos coherencia, ni rigor, ni seriedad, ni responsabilidad, solo un poquito de sentido común, el que
además les debería llevar, señorías, a reconocer
que vamos por el buen camino, que la economía española crece, que lo hace también la economía valenciana, que estamos creando empleo, que en el último mes de en marzo ha habido 160.000 afiliados más a la Seguridad Social, el mejor mes de
marzo de la historia, y que sobre todo, señor Baldoví, hay una comunidad que se llama Comunidad Valenciana que está liderando ese crecimiento, donde crecen las exportaciones el año pasado año récord, donde el turismo muestra su fortaleza también
año récord: 6,2 millones de turistas, donde la creación de empresas registra las mejores cifras de los últimos seis años, donde crecen nuestro índice de producción industrial 3 puntos por encima de la media española, donde aumenta la inversión
extranjera hasta superar los 800 millones de euros, como aumenta la confianza de los consumidores por primera vez por encima de cien, y sobre todo donde lideramos la reducción de paro en toda España, con cerca de 100.000 parados menos el pasado año
y con un descenso histórico el pasado mes de marzo de 7.722 parados, el mayor en los últimos treinta y ocho años, lo que demuestra bien a las claras que, poco a poco si quieren ustedes, vamos mejorando y que lo hacemos además con un Gobierno del
Partido Popular en España y un Gobierno del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, aunque al señor Baldoví y a algunas de sus señorías les pese, les incomode y lo intenten negar con falsedades que no se sostienen.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Camps.
Señor Baldoví, con el único propósito de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas. ¿Acepta usted, señor Baldoví, alguna de las enmiendas?
El señor BALDOVÍ RODA: Sí, las del Grupo Socialista.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señor Baldoví.
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA LIBERACIÓN DE LEOPOLDO LÓPEZ. (Número de expediente 162/001173).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la liberación de Leopoldo López. Para su presentación y defensa tiene la palabra la señora Álvarez
de Toledo.
La señora ÁLVAREZ DE TOLEDO PERALTA RAMOS: Señora presidenta, señorías, conviene llamar a las cosas por su nombre ya que la razón empieza por la verdad. Venezuela es hoy una dictadura; ni democracia populista ni democracia híbrida ni
democracia formal, una dictadura. Una dictadura que, ante la imagen que devuelve implacable el espejo de la realidad miseria, violencia, colapso institucional, ha decidido quitarse la última máscara. Si las consecuencias no fueran tan dramáticas
habría que agradecerle a Nicolás Maduro este ejercicio de transparencia.
Hace casi dos meses el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, fue detenido de manera impúdicamente arbitraria. Más de cincuenta agentes armados irrumpieron en su despacho oficial, se lo llevaron sin orden judicial, lo encerraron en una cárcel
militar, sin garantías, sin tribunales independientes a los que acudir. Su calvario se añade al del centenar de dirigentes, opositores y estudiantes encarcelados por ejercer el derecho a la discrepancia política. Se añade al de Leopoldo López,
preso hace más de un año, privado de un juicio justo, aislado, vejado. Se añade al de María Corina Machado, despojada de su condición de diputada y perseguida bajo acusaciones grotescas. Se añade al de Julio Borges, al que también pretenden echar
de la Asamblea Nacional y procesar. Se añade al de Kluivert Roa de catorce años, muerto de un disparo policial en la cabeza durante una protesta. Con su muerte son ya cuarenta y tres las víctimas de la represión en Venezuela.
Señorías, el drama venezolano nos interpela directamente, nos coloca a todos los demócratas y especialmente a quienes somos parlamentarios frente a nuestra responsabilidad. Hace unas semanas, el Parlamento Europeo se pronunció de forma
inequívoca y solemne sobre la situación política en Venezuela. La inmensa mayoría de diputados votó a favor de exigir el fin de la represión; algunos, sin embargo, votaron en contra. Hay políticos en España que mantienen con el chavismo una
relación de intimidad antidemocrática, que han sido sus asesores y sus beneficiarios y que se atreven a impugnar la democracia española pero no quieren o no pueden condenar la dictadura chapista. También hay grupos, representados en esta Cámara,
que se empeñan en justificar la violencia ejercida por el régimen de Maduro y que llaman golpistas a los líderes de la oposición. Hoy tenían la oportunidad de corregirse y han
optado por aumentar su descrédito con la presentación de una enmienda que debo calificar como obscena y falaz. Unos y otros, neopopulistas y retrocomunistas, deberían pedir perdón a los venezolanos por los estragos provocados por quince
años de chavismo.
Señorías, nuestro voto esta tarde dirá más sobre nosotros que mil discursos. Votar a favor de la proposición no de ley presentada por mi grupo, y que hoy actualizamos mediante una enmienda acordada con el Grupo Socialista, es votar a favor
de la democracia; votar en contra es votar contra la democracia, y abstenerse es abstenerse frente a la democracia. Hoy no es un buen día para los alquimistas de la equidistancia porque no existe un punto medio entre democracia y dictadura, como
no lo existe entre libertad y servidumbre ni entre la ley y la selva y porque la democracia no admite adversativas, como no admite presos políticos ni jueces de parte ni medios amordazados. La democracia es y debe ser defendida de quienes la
pretenden destruir, allí y aquí. Los venezolanos lo saben bien. La democracia no es un estado natural ni un bien conquistado a perpetuidad. Ningún país está a salvo de una regresión autoritaria. Venezuela era una democracia y dejó de serlo. Se
convirtió en una dictadura ante la mirada indolente del resto de las democracias del mundo. Chile era un Estado de derecho, dejó de serlo y tuvo que pagar un alto precio para recuperar su libertad. La democracia es poderosa pero frágil y tiene que
ser cuidada y debe defenderse insisto ante quienes pretenden destruirla. Eso exige un compromiso firme como el que hoy nos emplaza.
Señorías, los españoles tenemos una obligación con los venezolanos. Esa obligación no deriva de nuestros profundos vínculos históricos, culturales o biográficos, es consecuencia de nuestra pertenencia a una misma comunidad moral. Defender
la democracia venezolana es defender nuestra propia democracia. Así lo han entendido dos de nuestros expresidentes del Gobierno, José María Aznar y Felipe González, comprometidos individualmente y ahora también juntos en la reconstrucción de la
democracia en Venezuela. Hace treinta años en una histórica conferencia en Cartagena de Indias Mario Vargas Llosa formuló una versión del Yo acuso que sigue siendo plenamente válida y que hoy mi grupo hace suya. Todavía hay en Europa y aquí en
España quienes aceptan o incluso promueven para América Latina aquello que jamás tolerarían en su propio país; o, dicho al revés, quienes consideran que lo que es bueno y conveniente para ellos mismos un sistema democrático con separación de
poderes e instituciones representativas fuertes, sin censuras ni dirigismos de ningún tipo no es bueno ni conveniente para los cubanos, los bolivianos o los venezolanos. Este doble rasero no revela tanto una doble moral como la ausencia de moral,
concretamente revela lo que Vargas Llosa identificó como un racismo visceral, un prejuicio nunca formulado pero profundo acerca de la capacidad de algunos países latinoamericanos para otorgarse un sistema de derechos y libertades como el que
disfrutamos los europeos; como si la pobreza hiciera a los hombres ineptos para la libertad, como si la democracia liberal fuera un privilegio, un lujo de los países desarrollados, como si unos estuviesen condenados a la barbarie y otros, nosotros,
bendecidos con la civilización. Este prejuicio, este insoportable sentimiento de superioridad es el que hoy con la aprobación de esta proposición no de ley debemos contribuir a erradicar.
En la tribuna de invitados nos acompañan demócratas venezolanos, representantes de distintos partidos y colectivos sociales a los que saludo con admiración, con respeto y con toda la solidaridad y el afecto de mi grupo. (Aplausos).
Digámosles a ellos y a todos los venezolanos que tienen exactamente el mismo derecho y exactamente la misma capacidad que nosotros para vivir en democracia. Digámosles que defendemos para ellos lo mismo que exigimos para nosotros: un Gobierno
limitado, una justicia independiente, un sistema plural de partidos, unos medios libres, una sociedad abierta. Digámosles que vamos a dejar de lado la condescendencia cómplice, el tacticismo estéril y la retórica hueca; que sabemos que es rentable
ser decente, que no hay más alto interés nacional que la defensa de los principios y que tanto en política exterior como en política interior lo moral es lo eficaz. Digámosles que condenamos sin matices la escalada de represión y violencia
emprendida por Nicolás Maduro y que exigimos la liberación de todos los presos políticos venezolanos, la liberación inmediata de Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos y de cada uno de los ciudadanos que padecen en la cárcel por reclamar
de forma legítima y pacífica su derecho a vivir como nosotros. En definitiva, señorías, digámosles que somos libres y demócratas y que también queremos para ellos democracia y libertad.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señora Álvarez de Toledo.
A esta proposición se han presentado diferentes enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Mixto, señora Pérez.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, presidenta.
Señores y señoras diputados del PP y del PSOE me voy a referir a la enmienda conjunta, efectivamente llamémosles a las cosas por su nombre. Si su verdadero deseo o su principal objetivo político fuese el respeto escrupuloso por los
derechos humanos, por la paz, por la democracia y por la soberanía de los pueblos, habrían tenido la dignidad, sobre todo después de la Cumbre de las Américas de este fin de semana, de retirar esta iniciativa.
Señorías, el chavismo ganó dieciocho de las diecinueve consultas electorales la última en 2013, consultas que fueron supervisadas por observadores internacionales, entre ellos españoles, que las calificaron de ejemplares. A pesar de esta
legitimidad democrática, Venezuela sigue soportando intentos intolerables de injerencias externas y de maniobras desestabilizadoras promovidas y organizadas por quienes son incapaces de admitir el dictamen de las urnas y respetar la soberanía del
país pero que sin embargo hipócritamente dicen defenderlos. En esas maniobras han estado implicadas personas y organizaciones de la oposición política de Venezuela. Leopoldo López, Antonio Ledezma y otros dirigentes opositores hicieron
llamamientos explícitos a la población para que salieran a la calle a acabar con el Gobierno de Nicolás Maduro elegido democráticamente, así como en las manifestaciones y protestas que alentaron durante meses y costaron la vida a más de 40 personas
y provocaron cerca de 900 heridos. (Rumores).
Esta es la realidad, señorías, y no la que ustedes argumentan y que ya hemos visto y oído muchas veces en los medios que les son afines y que manipulan la realidad con el único objetivo de hacer creer que el Gobierno venezolano es una
dictadura a la que hay que derrocar. (Rumores). ¿Cómo es posible, señorías del Partido Popular, ustedes que aprueban la ley mordaza (Rumores), la práctica supresión de la justicia universal y que sostienen a un Gobierno que deniega extraditar a
cargos franquistas que cometieron crímenes contra la humanidad (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Pérez, tiene que finalizar. (Rumores).
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Finalizo, señora presidenta.
¿Cómo es posible que nos vengan a hablar de que en Venezuela no se respetan los derechos humanos? (Protestas).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Pérez.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Ustedes, los principales defensores de su orden constitucional, atacan sin embargo el orden constitucional de otros países. (Rumores). En la Unasur, la Cumbre de las Américas, hasta el presidente Obama ha tenido
que reconocer que la única vía posible es el diálogo.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Pérez.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Súmense al diálogo y déjense de hipocresías políticas. (Un señor diputado: ¡Venga!Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Pérez. (Rumores).
Silencio, por favor, aunque no lo compartan, silencio.
Por el mismo grupo, señor Tardà. (Rumores).
Silencio.
El señor TARDÀ I COMA: Señorías, hoy aquí se representa un gran ejercicio de hipocresía protagonizado por el Partido Popular y el Partido Socialista, que incluso han sacado a pasear a Aznar y a Felipe González; al Aznar de la guerra y al
Felipe González de la guerra sucia y del GAL. (Una señora diputada: ¡Hala!Rumores). Pura hipocresía. Mientras acusan a la sociedad catalana de querer subvertir el orden constitucional español (Rumores.Un señor diputado: ¡Qué vergüenza!) por
nuestra voluntad de ser libres por la vía democrática, avalan impúdicamente a quienes llamando a la violencia y provocando muertes quieren subvertir el orden constitucional bolivariano. Es de hipócritas hablar de derechos humanos y negarse a
recibir al Comité de víctimas de las guarimbas y golpe continuado: 43 muertes, 878 personas lesionadas; 6 de ellas a cargo de la policía. Todas las víctimas de la violencia ejercida por civiles instigados por quienes no aceptaron el resultado
electoral. Condenamos, pues, a quienes violentan la paz pública en
contra de la mayoría ciudadana. Les condenamos también a ustedes por instrumentalizar los derechos humanos. ¿Por qué no mantienen esa preocupación respecto a China o Arabia Saudí?
Los republicanos catalanes, comprometidos con la democracia, afirmamos que un Gobierno legítimo nacido en las urnas solo puede ser sustituido por la voluntad expresada en unas elecciones, nunca por la fuerza, y Maduro ganó las elecciones,
aun cuando les duela o incluso les joda. (Protestas.Una señora diputada: ¡Hala!).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Tardà, un momento. (Un señor diputado: ¡Fuera!). ¡Silencio! ¿Señor Tardà, puede utilizar usted otra palabra? El lenguaje es amplio.
El señor TARDÀ I COMA: Sí, sí. Incluso les duela.
Dejen pues de dar pábulo a los comportamientos irresponsables de quienes no aceptan la democracia, de quienes hicieron un llamamiento a derrocar al presidente Maduro en la calle y asuman los acuerdos de la Unión de Naciones Suramericanas,
contribuyendo a resolver los conflictos pacíficamente y basándose en el diálogo. (El señor Martín-Toledano Suárez: Y libertad). Este es el escenario de los demócratas: paz y diálogo, no violencias. (El señor Martín-Toledano Suárez: Y
libertad). Y por supuesto libertad, que no les gusta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Silencio.
Gracias, señor Tardà. Por el mismo grupo, señor Iñarritu. (Rumores). ¡Pero bueno!, ¿queréis dejar a los oradores?
El señor IÑARRITU GARCÍA: Presidenta, señorías, Amaiur rechaza contundentemente que se pueda detener a políticos por su actividad política en cualquier Estado del mundo, ya sea esto en Turquía, en Marruecos, en Venezuela o en España. En lo
referente a Venezuela es una obviedad que están existiendo presiones internas y externas para atacar a las legítimas instituciones de ese Estado, como ya ocurrió en 2002 en aquel golpe de Estado que apoyó y justificó el Partido Popular. Desde
Amaiur apoyamos las medidas que se proponen desde Unasur en pro de la democracia, el diálogo, la paz y los derechos humanos, todos los derechos humanos. Pero es curioso que sean ustedes los que traigan aquí esta iniciativa, teniendo en cuenta que
cada vez que se solicita la excarcelación de políticos presos que están en Estados que son sus socios comerciales en el mundo, ustedes se oponen, siempre. Además ustedes, durante esta legislatura, han detenido a numerosos refugiados políticos y han
abierto procesos para que se expulse a esas personas a Estados donde sus vidas están en peligro. Además han denegado el asilo a activistas políticos como el saharaui Hassan Aalia, que ha sido condenado en Marruecos a cadena perpetua, y eso a
ustedes les ha dado igual. Por ello, ¿nos quieren hacer creer de verdad que les importan los políticos presos en el mundo?
Por si fuera poco, aquí en este Estado también hay numerosos políticos que por su mera actividad política están en prisión a día de hoy, y ahí tenemos el ejemplo de Arnaldo Otegi y de sus compañeros y compañeras, personas que están en la
cárcel por hacer mera actividad política. (Rumores). Con el mero argumento trampa de que todo es ETA, esa falacia, ustedes han encarcelado a políticos que solamente han hecho actividad política. Por eso, antes de pedir nada a otros Estados, hagan
sus deberes aquí y liberen al señor Otegi. (Muestra un cartel que dice: Free Otegi them all) y a sus compañeros.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Iñarritu, acabó su tiempo, muchísimas gracias. Abandone la tribuna. (Rumores).
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Para rebajar un poquito la tensión que noto que existe en el ambiente, aprovecho para felicitar a todas las diputadas y a todos los diputados por este maravilloso 14 de abril republicano. (Aplausos).
Decía Eduardo Galeano que América Latina tenía las venas abiertas, y es verdad. Hoy tal vez, después de décadas de que Galeano lo escribiera, constatamos que América Latina ya no tiene tan abiertas las venas, aunque ustedes creen que sí.
Encontramos aún en Europa y hemos comprobado aquí que el discurso de la portavoz del Partido Popular es un buen ejemplo de ello viejas miradas que no se han adaptado a la nueva América Latina. Están aún cargadas de mirada neocolonial y de mucho
patio trasero de los Estados Unidos, pero resulta que hoy a América Latina no se le pueden dar lecciones; en muchas ocasiones deberíamos aprender un poquito de ella.
El debate de esta proposición no de ley lo pueden hacer ustedes en el Congreso de los Diputados de España, en el Parlamento Europeo y tal vez en el Congreso de los Estados Unidos, pero ¿saben qué les pasa? Que no pueden hacer este debate,
ni ganarlo, en ningún Parlamento latinoamericano, en ninguno, porque allí son minoría; en algunos países, total y absoluta minoría. Porque el continente ha cambiado, sí, y de aquella América Latina sumisa, de aquella América Latina dominada, hemos
pasado a un continente que ha encontrado su presente y su futuro, y algunos liderazgos como el de Hugo Chávez han ayudado a construir este nuevo porvenir. (Rumores).
Hoy, de forma clara habría que escuchar a la «Unión Europea» de América Latina. A ustedes, que a veces citan algunas resoluciones europeas, les digo que escuchemos qué dice la Organización de Estados Americanos o qué dice Unasur. ¿O no les
parece bien escuchar a los principales foros de integración latinoamericana? En lugar de escuchar, leer. Hablando de Venezuela, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos dice que hay que tomar un compromiso con la defensa
de la institucionalidad democrática y del Estado de derecho de acuerdo con la Carta de la OEA y el derecho internacional. Pero, si leemos lo que dice Unasur, podremos ver también de forma clara que se rechaza la amenaza de injerencia a la soberanía
y al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados. ¿Nos interesa o no nos interesa, repito, lo que dicen los principales foros de integración latinoamericanos? Pues sí, a nosotros nos interesa. Aunque a veces podamos
escuchar las iniciativas de dos expresidentes de nuestro país, tenemos que decir que estos expresidentes, que han presentado una iniciativa liderada por ellos, acompañados por los expresidentes perdedores de la mayoría de países de América Latina,
lo único que hoy pueden liderar son los lobbies que manejan los turbios negocios de las transnacionales españolas en América Latina. (Aplausos). Ahí vamos a encontrar su liderazgo, su actitud y su opinión respecto a Venezuela. Si rascamos un
poquito, sabremos por qué lo hacen, y les puedo asegurar que la democracia brilla por su ausencia.
Hoy es Estados Unidos el que con su actitud tiene que dar explicaciones sobre su posición, sobre sus campañas de acoso, sobre sus campañas orquestadas contra el Gobierno legítimo de Venezuela, y eso es lo que le ha pasado al presidente
norteamericano en la reciente Cumbre de las Américas en Panamá. Ha tenido que dar explicaciones a la comunidad latinoamericana de lo que estaba haciendo respecto a Venezuela. Lo que tienen que hacer, como muy bien decía Evo Morales, es pedir
perdón. Sí, señora diputada, pidan perdón por el acoso irresponsable y antidemocrático a Venezuela.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Hagan caso a Evo Morales y pidan perdón. (Rumores.Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Un momento. Silencio, por favor.
Señor Nuet, tiene que finalizar.
El señor NUET PUJALS: Acabo ya.
Ustedes no pueden dar lecciones. Son los mismos que en el año 2002, con el Gobierno presidido por José María Aznar, dieron apoyo a un golpe contra Hugo Chávez en Venezuela, y ahora nos vienen a dar explicaciones de democracia. ¿Eso qué es?
Pues eso es
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Nuet, acabó su tiempo. Además no puede usted acusar a ningún expresidente del Gobierno que no está presente en esta sala.
El señor NUET PUJALS: Ahora acabo, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): No, no, no. Ha acabado su tiempo.
El señor SIXTO IGLESIAS: ¡Si se lo ha pedido usted!
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Sí, sí; se habla, pero en el tiempo que se tiene.
Acabe, señor Nuet. (Rumores).
Acabe, señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Acabo.
Fruto del liderazgo de la oposición venezolana, tenemos 43 muertos y 900 heridos, aparte de numerosos destrozos materiales innombrables. Esto no es oposición, esto es violencia en la calle. Pidan un juicio justo, pero no pidan que se ponga
en libertad a estos criminales. (Protestas.Aplausos).
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Nuet. (Rumores).
Silencio, por favor. (Rumores).
Por el Grupo Socialista, para defender su enmienda, tiene la palabra el señor González Cabaña.
El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Señora presidenta, señorías, en primer lugar, quiero saludar a los invitados que están en la tribuna procedentes de Venezuela.
También quiero pedir al señor Tardà que retire su referencia al expresidente Felipe González, porque ninguna sentencia judicial ha condenado, que yo sepa, a día de hoy al expresidente González por guerra sucia. (Aplausos). Juego sucio el
suyo. Juego sucio el suyo, señor Tardà.
Señora Pérez, la llamada al diálogo que nosotros compartimos no es incompatible con la solicitud de la libertad de unos presos que han sobrepasado ya el periodo preventivo que pudiera contemplar incluso la legislación venezolana, en
absoluto; en absoluto. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Señor Nuet, si Antonio Ledezma, el alcalde de Caracas, es un criminal, usted, cuando estuvo en Venezuela, no leyó los resultados electorales de las elecciones a la Alcaldía de Caracas. (Aplausos). Fue elegido democráticamente, no es ningún
criminal. No es ningún criminal, luego debería usted retirar también esa referencia. No es ningún criminal, fue elegido y ganó democráticamente las elecciones en Caracas.
Intervengo en nombre de mi grupo para fijar nuestra posición con respecto a esta proposición no de ley, una proposición que en su redacción original solicitaba la liberación de Leopoldo López, pero que mediante una enmienda, que es la que
nosotros hemos firmado, se actualiza para dar cabida a nuevas manifestaciones de condena de la situación de los derechos humanos en Venezuela, sobre todo a las realizadas el pasado 12 de marzo por el Parlamento Europeo, y a otros supuestos,
producidos también recientemente, como es la detención de Antonio Ledezma, alcalde de Caracas.
Los hechos son bien conocidos: En febrero se cumplió un año de la detención del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, acusado de un plan para desestabilizar al Gobierno de Nicolás Maduro. A Leopoldo López se han unido otros destacados
miembros de la oposición política de Venezuela: María Corina Machado; Julio Borges; Daniel Ceballos, el alcalde de San Cristóbal, o Antonio Ledezma, el alcalde de Caracas, detenido en febrero, junto con siete oficiales de la aviación militar, al
ser implicados en un reciente intento de golpe de Estado contra el presidente Maduro. Desde las manifestaciones de principios de 2014, más de 1.700 manifestantes están en espera de juicio, más de 69 siguen encarcelados y más de 40 personas han sido
asesinadas. Esta situación no es propia de un Estado democrático de derecho en el que se produzca el reconocimiento del principio de separación de poderes y de derechos fundamentales como los de libertad de expresión, reunión y manifestación, y es
contraria al derecho internacional humanitario, como ha sido puesto de manifiesto reiteradamente por los organismos internacionales: el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos también de la ONU, el
Parlamento Europeo en marzo, la Organización de Estados Americanos, la propia Celac y organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional.
No es la primera vez que en esta legislatura hablamos en este Pleno de la situación de los derechos humanos en Venezuela y la posición del Grupo Socialista ha sido siempre la misma. El PSOE tiene y ha tenido siempre en la defensa de la
democracia, de los derechos fundamentales y de las libertades públicas una línea directriz básica de la política exterior y por eso condena las detenciones ilegales. Exigimos el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas y
condenamos el recurso a la violencia de los manifestantes, pero sobre todo defendemos una solución negociada entre el Gobierno y la oposición a un conflicto que vive Venezuela, una solución que hoy por hoy parece más lejos que cerca. Es ahí donde
pondríamos el acento al analizar la resolución del Parlamento Europeo del 12 de marzo, y cito textualmente: Aprovechen para establecer un proceso político integrador, basado en el consenso y la responsabilidad compartida, a través de un verdadero
diálogo nacional, con la participación significativa de todas las fuerzas políticas. Es a la Organización de Estados Americanos y a Unasur a quienes compete fundamentalmente colaborar en este fin. Ese es el objetivo que debemos perseguir todos y
que no debemos perder de vista.
Me dirijo también a quienes aquí y fuera de aquí tienen dudas o han manifestado su voluntad de no sumarse a esta iniciativa parlamentaria. Señorías, los derechos humanos no admiten matices. Condenar un atropello como la detención ilegal de
estos ciudadanos venezolanos no debería plantear ningún problema a aquellos que creen en el Estado democrático de derecho, no debería dar lugar ni a votos en contra ni a abstenciones ni a ausencias del hemiciclo para no votar. Lo ha dicho en el
Parlamento Europeo nuestro compañero, Ramón Jáuregui. No nos explicamos cómo algunos representantes que se consideran a sí mismos de izquierdas son incapaces de condenar un caso claro de represión política de la democracia.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González Cabaña.
Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, Paco, porque en la última intervención has centrado un poquito el asunto de la proposición. La portavoz del Grupo Popular ha hablado de todo menos del contenido de la moción. La verdad es que me ha dado la sensación de que lo que
algunos querían hacer aquí era un debate ideológico de bloques. En algunos momentos me ha recordado los tiempos del telón de acero. A fe que la señora Álvarez de Toledo lo ha conseguido, bien secundada, entre otros, por el señor Nuet, que tiene
estos asuntos muy claros. Lástima que este tono haya sonado a nuevo, señora Álvarez de Toledo, en cuanto al discurso del Grupo Popular en esta Cámara, porque ya me gustaría haber oído la rotundidad de algunas de sus afirmaciones en la Comisión de
Exteriores durante toda esta legislatura. Desde luego, el Gobierno y sus representantes han sido muy prudentes; no sé si la proximidad de las elecciones permite algunas ligerezas.
Ha dicho una frase que me ha encantado, que me ha gustado mucho y que me ha llegado muy dentro: Lo moral es lo eficaz. ¡Qué gran frase! Sí. Por eso espero que su grupo condene el genocidio armenio con igual rotundidad. Tienen la
oportunidad de hacerlo estos días, porque el día 24 se conmemorarán los cien años. Dígaselo también a su Gobierno cuando no recibe a opositores uigures o tibetanos por miedo a las presiones que pueda ejercer China; dígaselo cuando tiene miedo a
que la Minurso asuma la defensa de los derechos humanos en el Sáhara y tiene muchos temores y mucho cuidado a la hora de enfrentarse y decirle las cosas al Gobierno marroquí. Es una frase muy bonita que espero que cumpla y, además, en todos los
casos.
Para empezar el debate sobre el contenido de la proposición no de ley que se presenta, tengo que decirle que mi grupo no pone en cuestión la legitimidad democrática del Gobierno venezolano. El Gobierno venezolano, después de unas
elecciones, está institucionalmente en el poder con toda legitimidad. Mi grupo también quiere señalar clarísimamente su rechazo a cualquier tipo de violencia, venga esta de las propias instituciones o de grupos que se oponen a esas instituciones.
No es la manera de solucionar las cosas en ningún país y tampoco en Venezuela. Ahora bien, de lo que estamos hablando aquí es de unos casos concretos, de unas detenciones concretas, entre las que descuellan las del señor López y el señor Ledezma.
Antes ha dicho algún representante que esta gente está presa con toda legitimidad por querer acabar con el Gobierno en la calle. Si no hay violencia y se llama a manifestarse contra el Gobierno Recordemos aquello de rodear el Congreso, porque hay
algunos representantes de algunos grupos políticos que hoy están aquí y que han defendido perfectamente esa posición. ¿Por qué no puede pasar eso también en las calles de cualquier otro país? ¿Por qué no se puede protestar pacíficamente en la
calle? La situación, como mínimo alegal, en la que se encuentran estas personas no es algo que se haya inventado ahora ningún grupo político de esta Cámara. Ha habido resoluciones y manifestaciones de todo tipo y de organismos con tal peso,
seriedad y marchamo de neutralidad como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Por ejemplo, Amnistía Internacional ha dejado muy claro que decenas de personas han sido detenidas arbitrariamente en las protestas que hubo entre febrero y julio,
que se les ha negado acceso a asistencia médica o a abogado y que después de un año permanecen en prisión preventiva, pese a la ausencia de pruebas sólidas que respalden los cargos en contra. Desde luego, esto es contrario a cualquier legislación
internacional, pero también a la propia legislación venezolana. Leopoldo López, el líder del partido de la oposición Voluntad Popular, permanece recluido a pesar de la falta de pruebas que respalden las acusaciones en su contra, unas acusaciones
que parecían obedecer a motivos políticos, pues se enfrenta a cargos de incendio y daños con carácter de determinación. Desde luego el Grupo de trabajo de la ONU sobre detención arbitraria afirmó que su detención había sido arbitraria e instó a que
se le pusiera en libertad y también a otros presos. Se han pronunciado al respecto Human Rights Watch, el Parlamento Europeo, el secretario general de Naciones Unidas, el secretario general de la OEA, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Pleno del Parlamento Europeo, el 12 de marzo de 2015. No podemos pensar que todos estos organismos están en contra del Gobierno venezolano o
de una opción ideológica, señor Nuet, no es serio pensar eso. Esto se está produciendo y hay que decirlo, y también por lealtad con el Gobierno venezolano hay que decirle, desde un llamamiento a la no violencia a todas las partes, que hay que
respetar los derechos humanos y que hay que cumplir la legislación. Por tanto, a pesar de que insisto la presentación que ha hecho la señora Álvarez de Toledo no animaba mucho a ir de la mano, voy a votar a favor del texto, porque estoy de
acuerdo con la resolución que vamos a tomar y en decirle al Gobierno venezolano lo que se le va a decir. Por cierto, señor Nuet, quizás ahora que estamos hablando de diálogo se empiecen a arreglar las cosas, que Obama ya no es tan demonio; si
hasta el señor Castro ha dicho que es una persona honrada. Se mueven las cosas con Cuba y, casualidad, el señor Maduro también dice que todo es posible y que hay que dialogar. Señor Nuet, el telón de acero, la guerra de bloques acabó hace mucho
tiempo y aquí hay que sacar los colores a unos y a otros cuando se traspase la raya del respeto a los derechos humanos. Espero que vayamos por este camino se me ha acabado el tiempo, señor presidente, y tenía bastantes más cosas que decir, pero
voy terminando y, en nombre de mi grupo, hago un llamamiento al diálogo, a la no violencia y al respeto a la legislación venezolana en el ámbito de los derechos humanos, para que sea cumplida, en primer lugar porque debe ser así, es de derecho,
por las instituciones. Mi grupo votará muy convencido la proposición no de ley que hoy se presenta y la solicitud de libertad de estas personas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Por Unión Progreso y Democracia tiene la palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero saludar a los representantes de la oposición democrática venezolana. Me alegro de que puedan acompañarnos en este debate sobre la situación en su país y confío en que nosotros podamos acompañarles allí en
un debate igual de plural y de libre cuando Venezuela sea una democracia digna de ese nombre. Los que estamos aquí somos representantes políticos elegidos democráticamente y deberíamos conocer mejor que nadie el valor de la democracia. Sabemos que
cuando los representantes políticos, los líderes de la oposición, están encarcelados es la democracia la que está amenazada y nuestra obligación política es defenderlos, porque ellos Leopoldo López, el señor Ceballos, el señor Ledezma y tantos
otros encarnan en este momento la democracia amenazada en Venezuela.
En los últimos tiempos la vulneración de derechos humanos y libertades públicas, así como el hostigamiento a la oposición política en Venezuela no dejan de aumentar. Más de 40 ciudadanos han sido asesinados por bandas afines al Gobierno y
centenares de estudiantes han sido heridos y detenidos tras las protestas pacíficas de febrero del pasado año. Hay censura en los medios de comunicación y en Internet, existe acoso a determinados periódicos y medios audiovisuales y la persecución
política y judicial contra la oposición democrática es sistemática. La detención hace casi dos meses del alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, un alcalde que fue elegido democráticamente en dos elecciones consecutivas, es un paso más en la
radicalización de un gobierno cada vez más impopular, que quiere, con la represión, enjugar su propio fracaso político, económico y social, porque además de la persecución a la oposición política Venezuela es hoy en día un país socialmente
insostenible: tiene la tasa de inflación más alta del mundo, es el segundo país más violento del mundo y el único país de América Latina cuya economía está en recesión. La detención, por otro lado, de Leopoldo López, que lleva más de un año
encarcelado, fue calificada por Naciones Unidas de ilegal, arbitraria y realizada por motivos políticos, es decir, se trata sin ambages y sin reservas de un preso político y solo se puede exigir su inmediata puesta en libertad.
Hay algunas líneas rojas que cuando son traspasadas por cualquier régimen deberían hacer saltar las alarmas de los demócratas y creemos, señorías, que encarcelar a los disidentes es una línea roja que ningún demócrata en Europa debería dejar
pasar desapercibida. Que en Venezuela se está produciendo una sistemática vulneración de los derechos humanos no lo dicen UPyD ni el Partido Popular, sino importantes ONG de defensa de los derechos humanos, algunas de las cuales han sido citadas ya
por otros portavoces Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Reporteros sin Fronteras, organismos que cuando denuncian esto mismo respecto de Marruecos o de Arabia Saudí están bien vistos por quienes se niegan a condenar el régimen de Maduro
en el Parlamento Europeo o en este mismo Congreso de los Diputados. Por eso resulta decepcionante, señorías, que haya tan dispares grados de sensibilidad
respecto a la vulneración de los derechos humanos según la ideología de quienes padecen esos abusos. No hay dictaduras buenas o malas, no puede haber vulneraciones de derechos humanos que sean justificables dependiendo del color político
del Gobierno que los cometa. Nunca debería existir excusa alguna para no solidarizarse con quien sufre los atropellos de un Gobierno tiránico.
No basta solo con condenar estas detenciones; hace falta llevar a cabo acciones concretas para que el Gobierno de Nicolás Maduro sea consciente de que en España y en Europa nos tomamos la democracia en serio, en nuestro país y también en
Venezuela. Sin embargo, creemos que el petitum de esta iniciativa peca de excesivamente generalista e incluso diría de tibio. Nos gustaría que el texto que se somete a votación hoy y que será el que quede finalmente en el «Diario de Sesiones» de
esta Cámara estuviera a la altura del discurso elevado que la señora Álvarez de Toledo ha pronunciado. Después de escuchar su discurso, sabe francamente a poco el párrafo que se va a someter a votación. Ya hubo una iniciativa en este Congreso, que
trajo mi grupo y para la que conseguimos un consenso bastante amplio, que en muchos aspectos iba más lejos. Por eso, queremos dejar constancia en el «Diario de Sesiones» de que al menos esta petición al Gobierno de que actúe debería contener tres
puntos básicos: primero, que nuestro Gobierno encabece internacionalmente los desvelos por estos presos políticos y la exigencia de su liberación, y que lo haga en todos los organismos internacionales donde tenemos presencia; segundo, que el
Gobierno se interese de forma directa ante el Gobierno venezolano por estos presos políticos, así como por las denuncias de vulneraciones de los derechos humanos; en tercer lugar, que el Gobierno contemple todas las medidas de presión necesarias
contra el Gobierno venezolano, responsable de vulnerar los derechos humanos y perseguir a la oposición democrática.
Termino, señorías. Creemos que es la responsabilidad democrática de nuestro país, y hoy particularmente de esta Cámara, liderar esa respuesta internacional. El Gobierno venezolano se desliza peligrosamente hacia un régimen tiránico.
Nuestro deber es apoyar a la oposición política. Es una obligación democrática e histórica que tenemos con el pueblo venezolano.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lozano.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Muchas gracias, señor presidente.
Recojo el testigo de los portavoces que me han antecedido, especialmente de don Paco González Cabaña y don Aitor Esteban. Es importante que hagamos un debate tranquilo, sereno y profundo sobre un tema que nos preocupa especialmente a todos,
como se ha podido ver por el acalorado debate que estamos teniendo.
Centro el tema. La proposición no de ley que nos trae el Grupo Parlamentario Popular, a pesar del título, reclama la adopción de una posición activa del Gobierno para lograr la liberación de Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos
y los demás opositores, estudiantes y manifestantes arbitrariamente encarcelados en Venezuela en el contexto de las protestas iniciadas en el año 2014. De los antecedentes de la iniciativa quiero resaltar el amplio número de declaraciones que
instancias internacionales y organismos de derechos humanos han realizado en relación con las detenciones de todas estas personas, pero quiero especialmente tomar prestadas muchas de las consideraciones que contiene la Resolución del Parlamento
Europeo, de 12 de marzo, sobre la situación en Venezuela y que mi grupo comparte en gran medida. El señor González Cabaña hacía referencia a ella y creo que es una resolución importante. Además, quiero recordar que esta resolución tiene origen en
las propuestas formuladas por los cuatro mayores grupos parlamentarios europeos el Grupo del Partido Popular Europeo, el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos y el Grupo de
la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa con la firma, entre otros, de nuestros eurodiputados don Francesc Gambús y don Ramon Tremosa. Esta misma resolución del Parlamento Europeo impelía a los Estados miembros a realizar declaraciones
y tomar medidas para mostrar la solidaridad con el pueblo venezolano. Debo decirles que desde nuestra perspectiva la redacción planteada por la autoenmienda pactada con el Grupo Parlamentario Socialista y formulada por el grupo proponente es más
adecuada al espíritu de la resolución del Parlamento Europeo que el texto inicialmente presentado por el grupo proponente, pero creemos que también es necesario hacer otras consideraciones.
Señorías, en marzo del año pasado aprobamos en esta Cámara otra proposición no de ley en la que mostrábamos la preocupación por los graves hechos del mes de febrero de 2014 en Venezuela e
instábamos a las partes en conflicto a respetar los principios universales de la democracia, del Estado de derecho y de los derechos humanos. Un año más tarde no podemos más que mostrar de nuevo nuestra profunda preocupación por el
agravamiento de la situación en Venezuela, agravamiento de la situación política pero también de la situación económica y social que vive el país. Hace pocos días recibíamos de Amnistía Internacional un balance de los derechos humanos en el último
año en Venezuela, con datos preocupantes en términos de seguridad institucional y social. Por ello, debemos insistir como ya hicimos hace un año en instar a las autoridades venezolanas y a la oposición a que establezcan un proceso de diálogo
basado en el consenso y la responsabilidad compartida, con la participación de todas las fuerzas políticas y democráticas, en el marco de la democracia, el Estado de derecho y el pleno respeto a los derechos humanos. Debe intentarse de nuevo el
precedente de la llamada mesa de diálogo entre el Gobierno y la oposición, que se interrumpió sin alcanzar ningún acuerdo, así como cualquier otra fórmula que se considere oportuna. Más que nunca, a las puertas de celebrar unas elecciones
parlamentarias, es necesario alentar al sistema político y social venezolano y, en particular, a las autoridades venezolanas a mantener un diálogo pacífico con todos los estamentos de la sociedad venezolana para definir los puntos de convergencia
que existen y deben existir y permitir que los interlocutores políticos debatan los problemas que afronta el país. No podíamos dejar de hacer estas observaciones. Las detenciones responden a la situación que está viviendo Venezuela, una situación
ante la que cabe reclamar respeto al Estado de derecho y responsabilidad conjunta y compartida para alcanzar un necesario diálogo político y social en ese país.
Para finalizar mi intervención, permítanme apelar al consenso en un tema que nos preocupa a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, como se ha puesto de manifiesto con este acalorado debate.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picó.
Como se han presentado dos enmiendas, le pregunto a la señora Álvarez de Toledo cuál es su posición sobre las mismas.
La señora ÁLVAREZ DE TOLEDO PERALTA RAMOS: Gracias, señor presidente.
Lógicamente, no vamos a aceptar la enmienda presentada por La Izquierda Plural, Amaiur.
Además, si me lo permite, aprovecho esta intervención no para pedir, sino para exigir al señor Nuet que retire la gravísima acusación contra el expresidente del Gobierno español, don José María Aznar, al que ha acusado nada más y nada menos
que de golpismo. También aprovecho para preguntar a Esquerra Republicana de Catalunya qué crédito tiene en la defensa de un régimen constitucional cuando se dedica activamente a intentar destruir uno de ellos y se jacta de hacerlo. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señora Álvarez de Toledo, usted puede pedir que lo retire ahora veremos qué contesta el señor Nuet, pero no puede reabrir el debate.
La señora ÁLVAREZ DE TOLEDO PERALTA RAMOS: No lo estoy reabriendo, pero ha habido una serie de alusiones.
El señor PRESIDENTE: Si quiere usted pedir algo al señor Tardà, dígaselo, pero no puede reabrir el debate.
La señora ÁLVAREZ DE TOLEDO PERALTA RAMOS: No quiero reabrir el debate, pero sí quiero contestar a las reiteradas, sistemáticas y graves alusiones que han hecho algunos grupos parlamentarios, incluido Amaiur, a cuyos integrantes quiero
decir que efectivamente ellos no han sabido nunca distinguir lo que es un criminal. (Rumores). Nos echan en cara a nosotros que defendamos la libertad de los presos políticos venezolanos y son incapaces de condenar aquí no las detenciones, sino
los asesinatos. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Vamos a ir por orden.
En primer lugar, tiene la palabra el representante de Amaiur.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo por alusiones. No teníamos pensado intervenir, pero ante esta acusación grave quiero decirle a la señora Álvarez de Toledo que, si fuera por derechos humanos y por criminales, nosotros
podríamos traer aquí a colación de su grupo o de ella misma alusiones al fundador franquista del Partido Popular (Rumores), pero no lo hemos hecho.
El señor PRESIDENTE: Señor Iñarritu, conteste a la señora Álvarez de Toledo.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Estoy respondiendo.
Podríamos hablar también
El señor PRESIDENTE: Se podría hablar de muchas cosas, pero usted debe contestar a lo que ha dicho la señora Álvarez de Toledo.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Ante la falsedad de las acusaciones, hoy tienen la oportunidad de condenar la dictadura franquista, al fundador de su partido, Fraga (Rumores), y todas las alusiones que han hecho ustedes y las falsedades que dicen
continuamente contra nuestra formación, que está
El señor PRESIDENTE: No tiene usted ya la palabra, señor Iñarritu.
Señor Tardà, ¿quiere usted decir algo?
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Solamente para reafirmarme en todo lo dicho, en la medida que eran opiniones políticas en sede parlamentaria.
Nada más. (El señor Nuet Pujals pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Señora Álvarez de Toledo, no lo retiro porque lo que he dicho es históricamente cierto. (Rumores).
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A TOMAR EL GOBIERNO PARA ERRADICAR EL AUMENTO DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES EN ESPAÑA. (Número de expediente 173/000198).
El señor PRESIDENTE: Sustanciado el incidente, pasamos a las mociones. Como he dicho en Junta de Portavoces hemos estado dudando, porque las proposiciones de ley y no de ley han durado más de lo esperado, vamos a ver dos mociones esta
noche, para que se hagan idea de cuál es el tiempo.
En primer lugar, corresponde la moción del Grupo de La Izquierda Plural, sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para erradicar el aumento de la discriminación contra las mujeres en España. Para la defensa de la moción, tiene la
palabra la señora De las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, presidente.
Señorías, con esta moción pretendemos concretar una serie de propuestas que, sin pretender que sean la solución completa a los problemas causados por las políticas erróneas de recorte llevadas a cabo por el Gobierno del Partido Popular,
intentan abordar las principales y más urgentes medidas... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdone un momento, señora De las Heras.
Por favor, ruego silencio para que se pueda escuchar a la señora De las Heras.
Continúe.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Muchas gracias, presidente.
Como decía, intentamos abordar las principales y más urgentes medidas que creemos que se deben de realizar para combatir el aumento de la discriminación contra las mujeres que se ha producido en los últimos años y de manera injustificada en
nuestro país. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
En la interpelación que motiva esta moción ya tuvimos la oportunidad de aportar los datos que sustentan el gran aumento de esta desigualdad, la situación de vulnerabilidad y el riesgo de exclusión social que está afectando en mayor número a
las mujeres con los recortes impuestos por el Partido
Popular, especialmente en dependencia, educación o sanidad, condenándolas, además, a volver a sus casas para realizar las tareas de cuidado de las que se desentiende el Partido Popular en el Gobierno. Hoy en España hay 8 millones de
personas pobres, de las cuales la mayoría son mujeres. Existen numerosos informes de organizaciones no gubernamentales que alertan de esta situación y que el Gobierno ignora de manera irresponsable, como ahora me ignora a mí en mi intervención. El
más reciente se ha realizado por Cruz Roja y pone de manifiesto que, del total de pobres atendidos por esta organización en el año 2014, el 89,9 % eran mujeres, que el 28,9 % de estas mujeres tenían empleo precario a tiempo parcial, con serias
dificultades para la conciliación, mientras que un tercio configuran una familia monoparental y no cuentan con pensión de alimentos ni apoyos familiares externos.
Ante esta situación, señorías, La Izquierda Plural considera de emergencia social esta situación y creemos que el Gobierno, junto a las comunidades autónomas y ayuntamientos (Rumores). A veces, señorías, se hace muy difícil mantener una
intervención en este estrado cuando todos ustedes están hablando a la vez; lo digo cuando estoy aquí y cuando estoy en el escaño. A lo mejor uno de los problemas que tiene este país es que no nos escuchamos. Uno de los más graves problemas es que
no nos escuchamos, pero los señores y señoras del Partido Popular, especialmente, tienen poco interés en hacerlo.
Como decía, estamos ante una situación de carácter urgente y necesitamos un plan integral de lucha contra la feminización de la pobreza que garantice una renta de servicios vitales básicos y que dé, de manera simultánea, acceso al mercado de
trabajo a estas mujeres para proporcionarles de manera efectiva una autonomía económica. Asimismo, entendiendo que la conciliación y la corresponsabilidad son factores clave que permiten la estabilidad y calidad del empleo de las mujeres, exigimos
una vez más el cumplimiento por parte del Gobierno de la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de la ampliación de la duración del permiso de maternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida y la elaboración de un estudio que cuantifique, en
términos de rentabilidad social y económica, la equiparación a dieciséis semanas de los permisos de maternidad y paternidad de forma personal e intransferible.
Todos y todas sabemos que en este momento tenemos que abordar la desigualdad entre hombres y mujeres como la principal, trágica y vergonzosa causa de la violencia machista. Creemos, por tanto, que el Gobierno no puede dilatar por más tiempo
la evaluación del grado de desarrollo y cumplimiento de la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género; evaluación que debe hacerse junto con las comunidades autónomas, los ayuntamientos, los órganos judiciales y las
asociaciones de mujeres. Además, creemos que, de manera simultánea, debe cumplirse ya el Convenio del Consejo de Europa, ratificado por España, sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, más conocido como
Convenio de Estambul, para incorporar otros tipos de violencia que no contempla la vigente ley de 2004, como es la violencia económica en la familia, en el hogar o entre los cónyuges o parejas o exparejas, con independencia de que compartan o no
domicilio, e incluyendo la consideración de violencia contra la mujer por razones de género la que se ejerce fuera del ámbito familiar.
A su vez, desde La Izquierda Plural creemos imprescindible el recuperar y reforzar todos los recursos de atención a las víctimas de violencia machista, que se han visto seriamente mermados tras los recortes presupuestarios impuestos por el
Gobierno en los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Si realmente el Gobierno del Partido Popular quiere demostrar que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres le importa, cosa que ciertamente tiene muy, muy difícil, debería
empezar por modificar la Ley de educación que ha aprobado en solitario, una ley que subvenciona colegios que segregan por sexo y que ha eliminado la asignatura que garantizaba la educación en valores, igualdad, no discriminación y corresponsabilidad
entre hombres y mujeres, comprometiéndose a aplicar esta asignatura en todas las etapas educativas, incluida la universitaria.
Solicitamos también a través de esta moción la modificación de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas administrativas que han utilizado para acabar con la denominación, naturaleza, régimen jurídico y funciones del
Instituto de la Mujer con el único fin de eliminar el enfoque en materia de género que le daba verdadero sentido a este organismo. Y, por último, si de verdad quiere el Partido Popular reconducir su política errática y de consecuencias nefastas
para los derechos sociales y civiles y la salud de las mujeres, debería, de manera inmediata, escuchar todos los argumentos en contra de la modificación
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora De las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Termino.
de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo que hemos expuesto hoy aquí la mayoría de grupos de la oposición y retirar la proposición de ley que ha presentado.
Termino diciendo que no vamos a poder admitir la enmienda que ha presentado el Partido Popular porque desvirtúa por completo nuestra moción pero sí aceptaremos la votación por separado, como nos han pedido los portavoces del Partido Popular
y de Convergència i Unió.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora De las Heras.
Efectivamente, hay una enmienda del Grupo Popular. Para su defensa, señora Lago.
La señora LAGO MARTÍNEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, comienzo mi intervención reiterando de manera clara y contundente nuestra más firme condena a la violencia que se ejerce contra las mujeres y a cualquier tipo de discriminación. Partiendo de este mensaje y ya en el debate de la
iniciativa que acaba de exponer la señora De las Heras, donde refleja las principales preocupaciones a las que se enfrentan las mujeres de nuestro país, desde el Grupo Parlamentario Popular y tomando una frase suya, hechos son amores, presentamos
una enmienda que recoge los puntos de su moción en los que podemos estar de acuerdo y que a continuación paso a explicarles.
En la enmienda presentada mantenemos el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Subcomisión del estudio de racionalización de horarios, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad. Desde mi grupo
compartimos sus objetivos y alguno de ellos se recogen ya en el Plan estratégico de igualdad de oportunidades 2014-2016, en el Plan estratégico nacional de infancia y adolescencia 2013-2016 y en el nuevo Plan integral de apoyo a la familia que
desarrolla acciones específicas en esta materia.
En el punto 2 de la enmienda se pretende realizar una evaluación del grado de desarrollo y cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004. En estos momentos, desde el Ministerio de Igualdad se está preparando un balance de lo que han sido estos
diez años de aplicación de la misma. El pleno del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer acordó crear un grupo de trabajo para hacer una reflexión acerca de la ley. Asimismo, se están recabando informes de los diferentes ministerios, de
las unidades de violencia contra la mujer, así como de entidades privadas que prestan servicios en este ámbito.
En su moción también se insta al Gobierno a cumplir con el Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, que entró en vigor de forma general y para España el 1 de
agosto de 2014. Ello denota la voluntad del Estado español de cumplir todas y cada una de las previsiones del citado convenio, en consonancia con lo que ustedes solicitan.
En el punto 4 de nuestra enmienda proponemos una redacción alternativa al punto 5 de su moción. Con él pretendemos mantener el espíritu de su planteamiento, al mismo tiempo que concretamos alguna cuestión. Es decir, la Ley Orgánica de
medidas de protección integral contra la violencia de género señala en su artículo 19.1 que la organización de los servicios a los que tienen derecho las mujeres víctimas de violencia de género por parte de las comunidades autónomas y corporaciones
locales responderán a los principios de atención permanente, a la actuación urgente, y a la especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional. Por ello, el desarrollo y ejecución de las políticas de protección de la mujer, víctima
de violencia de género, implica la necesaria concertación de las actuaciones entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales.
Debido a su interpretación, señora De las Heras, es necesario explicar una vez más que la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local solo tiene una finalidad: garantizar la prestación de los servicios públicos a los
ciudadanos, de manera que sean financieramente sostenibles, evitando duplicidades administrativas que impliquen una mala gestión de los recursos públicos. Queda claro entonces que la ley no prohíbe el ejercicio por los municipios de competencias en
estos otros ámbitos materiales no recogidos en el artículo 25.2, lo que significa que las corporaciones locales que hayan querido y quieran seguir priorizando políticas en materia de violencia de género puedan seguir haciéndolo. Les pondré de
ejemplo mi ayuntamiento, Sanxenxo: con menos de 20.000 habitantes, tiene cinco policías locales adheridos al Sistema VioGén; hay creada una Mesa para la violencia de género, además de poner a disposición de las víctimas servicios como el de
asesoramiento jurídico y atención psicológica, entre
otros. Con este ejemplo quiero aprovechar para poner en valor y agradecer la labor que realizan muchos ayuntamientos en España en esta materia. (Aplausos).
Por otro lado, y respecto de la dotación de recursos, las comunidades autónomas son las competentes en materia de asistencia social integral a las víctimas de la violencia de género y a sus hijos e hijas. A ellas les compete la dotación de
los medios en las diversas áreas de intervención contra la violencia de género.
El último punto de nuestra enmienda afecta al apartado educativo y creemos que no se trata de una actuación curricular como ustedes dicen, sino de incluir en el currículo en todas las etapas educativas la educación en valores en igualdad, no
discriminación y corresponsabilidad entre hombres y mujeres.
Señora De las Heras, para finalizar quiero decirle que hay puntos en los que no podemos estar de acuerdo con ustedes, como en el de elaborar un plan integral de lucha contra la feminización de la pobreza, ya que tristemente la pobreza y la
exclusión social afectan actualmente con similar intensidad a mujeres y hombres. Por ello, el Gobierno aprobó en diciembre de 2013 el Plan nacional de acción para la inclusión social 2013-2016, uno de los más ambiciosos de cuantos se han aprobado
en España.
Sobre el retraso de la entrada en vigor de la Ley 9/2009, se trata de una suspensión temporal, como sabe, de la ampliación del permiso de paternidad debido a que en el momento actual las circunstancias económicas que atraviesa el país no
permiten la elevación de la protección social. En cuanto a la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, en el día de hoy ya se ha producido un debate sobre este tema de manera
específica, por lo que para no repetirnos me remito a los temas debatidos anteriormente. (Rumores).
Finalizo ya. Señora De las Heras, señoras y señores portavoces, quiero decirles que desde el Grupo Popular les tendemos la mano para llegar a acuerdos, por lo menos en puntos concretos, para que se vea nuestro compromiso en la lucha a favor
de la igualdad entre hombres y mujeres, en la lucha contra toda forma de discriminación y en la lucha contra la violencia de género.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Lago.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, anunciamos ya inicialmente nuestro voto favorable a la moción presentada por La Izquierda Plural y defendida por la señora De las Heras respecto a todos sus puntos, pero queremos hacer una mención especial aún conmocionadas por la
brutal agresión sufrida por una mujer trabajadora del centro hospitalario Povisa, de Vigo, mi ciudad a los aspectos relacionados con la violencia de género incluidos en los puntos 3, 4 y 5.
Señorías, todos ellos nos parecen muy importantes, sobre todo porque inciden en la necesidad de impulsar las medidas desde todas las administraciones para actuar contra esta lacra social, pero de manera especial queremos mencionar también lo
que se plantea en el punto número 3, desde nuestro punto de vista muy importante y que consiste nada más y nada menos que en la necesidad de hacer una evaluación del grado de desarrollo y cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de
protección integral contra la violencia de género, porque es necesario conocer hasta qué punto nuestra ley que se ha demostrado importante para combatir esta lacra está siendo desarrollada, está siendo impulsada por los poderes públicos.
Señorías, es importante porque hemos de reconocer que los tres primeros presupuestos de este Gobierno han sido muy negativos para luchar contra la violencia de género, en la medida en que han reducido la aportación económica del Gobierno en más de
un 22 %. Bien es cierto que la intensidad del debate que se produjo sobre este asunto en los últimos meses ha permitido que el Gobierno no solamente haya incrementado de una manera muy tímida los presupuestos en esta materia en 2015, sino que haya
incrementado medidas relacionadas con aspectos publicitarios para combatir esta lacra. En cualquier caso, desde nuestro punto de vista es algo completamente insuficiente en un asunto en el que no nos podemos relajar, y es que tenemos que impulsar
continuamente las medidas que se contemplan en la ley, e incluso muchas más, y no se pueden dejar de lado las relacionadas con la educación, aspectos que se recogen en esta Ley 1/2004 y que son fundamentales para el futuro. Hoy no estamos alarmados
ante hechos como el que comentaba anteriormente o por las más de nueve mujeres que, víctimas de violencia de género, han muerto asesinadas en este año 2015, sino que estamos preocupadísimos y preocupadísimas por lo que comprobamos diariamente en las
relaciones entre nuestros jóvenes, entre adolescentes con unas actitudes extremadamente machistas, donde la violencia de género se manifiesta en multiplicidad de maneras.
Por lo tanto, señorías, compartimos lo que se plantea en esta moción y también queremos hacer mención al punto número 1 de la misma porque es necesario luchar contra esa feminización de la pobreza, que se demuestra en datos tan contundentes
como que el 69 % de las pensiones no contributivas sean cobradas por las mujeres, pero sobre todo esa feminización de la pobreza también se manifiesta en el hecho palpable y constatable, incluso por autoridades europeas, del empobrecimiento de
menores en el Estado español. Por eso participamos gustosos en la defensa de esta moción, porque entendemos que es importante que se lleven estas medidas adelante. Lamentamos que no puedan ser aprobadas todas pero, en tanto que se ha solicitado la
votación por puntos, esperamos que cuando menos algunos de ellos sean aprobados.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo Vasco, señora Sánchez Robles.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Presidenta, señorías, igual es más. Supongo que lo compartimos todos y todas, ¿verdad? Sin duda alguna la igualdad, además de un derecho humano es un factor fundamental, un factor vital para el desarrollo humano,
social y económico de las sociedades. Después de escuchar a la diputada De las Heras y al ministro Alonso, creo sinceramente que compartimos una visión clara sobre la vulnerabilidad de nuestros derechos, de los derechos de las mujeres, y
compartimos la necesidad de ejercer una constante vigilancia para no permitir el más mínimo retroceso en estos tiempos convulsos. Podríamos reconocer si bien reconozco que con cautelas y afirmar que partimos de un diagnóstico básico común, lo
cual a priori, y desde la desencantadora cotidianidad de esta Cámara, no es poco. Sin embargo, y dejando aparte batallas de cifras y letras e informes cualificados y estadísticas, se observan demasiadas valoraciones partidarias que emborronan lo
esencial. Y es fácil comprobar, cuando descendemos a la arena de las estrategias y los proyectos, cuando vamos a lo concreto, a la realidad de las políticas, que las distancias se acrecientan y se acrecientan hasta hacer de la igualdad una
herramienta arrojadiza que nos aleja del objetivo primigenio, hasta hacer imposible lo posible, que no es solo preservar los derechos que tantos años hemos tardado en conseguir sino avanzar desde la convicción hacia la igualdad plena entre hombres y
mujeres. Además, no debemos olvidar que la igualdad no la concede la genética ni la natura, la igualdad se consigue trabajando día a día, desarrollando estrategias y líneas de actuación a largo plazo y la igualdad sobre todo se consigue cambiando
la cultura, la cultura con mayúsculas, la manera de considerar a los hombres y mujeres en la sociedad.
Creo no obstante lo dicho que es justo reconocer el tono y el talante mostrados por el ministro a lo largo del debate de las interpelaciones y agradecer su invocación al consenso y al diálogo. Lo mismo digo de la intervención de la
portavoz del Grupo Popular en la defensa de la enmienda que ha formulado a esta iniciativa. La verdad es que ha sido un microoasis en el desierto de la incomunicación que está siendo esta legislatura. Incluso no oculto que podríamos empatizar con
una parte del fondo del discurso del ministro ante la Comisión de Igualdad para exponer las líneas generales de la política de su ministerio. Reconozco también el trabajo de la Secretaría de Igualdad, pero es que igualdad es mucho más que eso, y
por eso no podemos compartir su valoración, la valoración del ministro, sobre la implicación de su Gobierno, del Gobierno del señor Rajoy, en esta materia, al menos hasta el día de hoy, porque, como señaló la diputada De las Heras en el debate de la
interpelación, hechos son amores, a lo que yo añadiría que el movimiento se demuestra andando, y andar es avanzar sin retroceder.
Señorías, retroceder, por duro que suene, es recortar, como ha hecho el Gobierno del Partido Popular, hasta quebrar algunos de los pilares básicos del Estado de derecho: incidencias graves en educación, en sanidad y en el sistema de
protección social, que además han agravado el sufrimiento, e incidencia a su vez de la crisis económica en la situación de las mujeres. Retroceder también es no actuar ante señales tan alarmantes como, por ejemplo, la inversión de la percepción de
una buena parte de la juventud respecto al control de la pareja o la cada vez mayor sexualización de las niñas y las jóvenes en la publicidad y en los medios de comunicación. Retroceder es no contrarrestar la presión de ciertos sectores de la
sociedad ante los avances en la igualdad. Retroceder es consentir también de alguna manera la banalización o la minimización del impacto de la violencia contra las mujeres. Retroceder también es recortar hasta convertir en calderilla los
presupuestos públicos destinados a promover la igualdad, a pesar de ese leve incremento que se ha producido en el año 2015. Retroceder es calcinar también los servicios de igualdad de los ayuntamientos creo que la Ley de Administraciones Públicas
es muy clara en este tema. Retroceder también es no impartir en los ciclos formativos educación en valores, como ha dicho
la señora De las Heras, en corresponsabilidad, educación afectivo-sexual y educación preventiva de la violencia de género. Retroceder, señorías, es atender a los requerimientos anacrónicos de los sectores más carcas de la sociedad española.
Esto es una parte, probablemente la negativa, del balance y de las consecuencias de parte de la gestión del Partido Popular. Para muestra, vale un botón. Esta misma tarde hemos asistido al debate de la toma en consideración de una proposición de
ley del Partido Popular en esta Cámara, que propone una modificación, en mi opinión injustificada, de la Ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción del embarazo, que atenta contra las mujeres, sin base técnica que la justifique, contra la
mayoría social, atendiendo a las presiones de ciertos lobbies que prefiero no citar y apelando a un mal entendido derecho a la vida. No me puedo privar de decirles que dar vida es mucho más que parir o dar a luz, como prefieran. Un hijo o una hija
son un proyecto humano, un proyecto de vida que requiere una altísima dedicación.
No me extenderé más. En cualquier caso, sí quiero decir que vamos a votar favorablemente la iniciativa formulada por La Izquierda Plural, si bien es verdad que es en mi opinión demasiado extensa y que no permite incidir en cuestiones tan
relevantes como la violencia de género, que requieren un tratamiento diferencial. Para concluir, también quisiéramos dar un voto de confianza al ministro Alonso y desde aquí mostrar nuestro ofrecimiento para trabajar en colaboración, siempre desde
el respeto a nuestras competencias, a las competencias que ostenta la Comunidad Autónoma Vasca. Con esto termino mi intervención. Como les decía, nuestro voto será favorable.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Sánchez Robles.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.
La verdad es que nuestro grupo está de acuerdo con el diagnóstico de esta iniciativa que presenta la señora De las Heras en nombre de La Izquierda Plural. Estamos de acuerdo no se puede negar en que hay una discriminación que afecta
particularmente a las mujeres porque en España cada vez hay más desigualdad, y la desigualdad siempre termina afectando a quienes socialmente están en posición más dependiente, de más desigualdad, y eso se llama discriminación. Por tanto, estamos
de acuerdo en el diagnóstico, en la necesidad de que haya un plan integral para erradicar esa discriminación.
Naturalmente, si uno se pone a entrar en cada una de las propuestas, podríamos estar de hecho, lo estamos completamente de acuerdo en lo planteado en la mayor parte de los puntos: en los puntos 1, 2, 3, 6, 8; por tanto, no solamente en
la definición sobre esa necesidad, en la reflexión y el diagnóstico, sino incluso en las medidas concretas que se proponen. Tenemos alguna duda, seguramente derivada de la redacción, respecto del punto 5 y del punto 7. Me parece que el punto 5
tiene una redacción equívoca porque los puntos de asistencia municipal, la cercanía que tienen los municipios, los ayuntamientos respecto de las mujeres es un valor, naturalmente, pero a nosotros nos parece que hay que darle también una coherencia,
y la autonomía tiene que actuar, de forma que se garantice un trato en condiciones de igualdad a todas las mujeres, al margen del municipio en el que residan. Estoy muy de acuerdo en que los ayuntamientos apliquen la ley, en que tengan la
aplicación de la competencia, pero la comunidad autónoma debería actuar para garantizar esa coherencia y esa igualdad. Por eso pienso que es más bien un problema de redacción y no un problema de fondo; creo que estamos de acuerdo en la idea que se
quiere expresar.
Lo mismo digo respecto del punto 7. Nos parece que tiene una redacción un tanto enrevesada por la que se podría llegar a la conclusión de que se trata exclusivamente de unificar el antiguo Instituto de la Mujer con el actual Instituto de la
Mujer y de la Igualdad, pero yo creo que usted y yo coincidimos en que las palabras que en este caso definen una institución o la otra son lo menos importante, que la búsqueda de igualdad de oportunidades no tiene por qué estar reñida en modo alguno
con la búsqueda de la igualdad y la defensa de la igualdad en general, y en concreto de las mujeres. Entiendo por tanto que estas cuestiones que son, a nuestro juicio, más bien de redacción, que nos gustaría poder plantearlas de otra manera, en
última instancia no desdicen ni diluyen la importancia de la moción y del planteamiento que ustedes han hecho y por eso votaremos afirmativamente.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.
Por el grupo de Convergència i Unió, señora Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora portavoz de La Izquierda Plural, quiero decirle para empezar mi intervención que nos gustaría solicitarle, como ya ha hecho algún grupo parlamentario, la votación por puntos de su moción porque existe el punto número 8. Como ustedes
saben, cuando hemos debatido la proposición de ley del Partido Popular, Convergència i Unió en materia de aborto no mantiene la disciplina de voto, cada uno mantiene su posición; por ello solicitamos la votación por puntos. Se lo agradezco porque,
a través de su gesto, me dice que así va a ser.
Por parte de Convergència i Unió no tenemos nada que objetar a lo que plantea esta moción. Entendemos que son medidas razonadas, medidas razonables y compartimos la dirección que persiguen, que es la base del problema: erradicar los
motivos de base que permiten que se perpetúen las desigualdades entre hombres y mujeres. Nos parece interesante y además importante que se aborde un plan integral de lucha contra la feminización de la pobreza. La crisis ha afectado de forma
extrema las condiciones de igualdad que ya eran de por sí desiguales en las mujeres, por tanto, la elaboración de un plan integral de lucha contra la feminización de la pobreza nos obligaría a abordar alguno de los problemas que subyacen en todo
este hecho que no es estructural sino que es un hecho que se puede modificar con voluntad política para no tolerar la desigualdad, para que no siga existiendo un desequilibrio en cuanto a salarios y sueldos o que sigamos sufriendo enormemente las
consecuencias de esta crisis por el hecho de ser mujeres. Es muy buena idea mantener la defensa de la elaboración de un plan de lucha integral contra la feminización, ya que ello nos permitiría abrir el debate.
Desde el punto de vista de Convergència i Unió destacamos una vez más lo que supuso uno de los motivos de rechazo a la Ley de Dependencia, una ley que nació con el informe de impacto de género con la calificación de muy deficiente porque no
se dotó de recursos y mantuvo a las mujeres como principales cuidadoras; no se primó la figura que existe en la ley del cuidador profesional, de priorizar la atención del cuidador profesional, y lo que se hizo simplemente fue remunerar a quien
ejercía los trabajos de cuidado de forma principal, que era la mujer, para que pudiera percibir algún tipo de remuneración, obligándola a permanecer al cuidado de los dependientes de la familia y renunciando por tanto a ejercer su profesión fuera de
casa en el caso de que la tuviese. Creemos que una revisión de la Ley de Dependencia permitiría enfocar los males que arrastramos y que causan esta feminización de la pobreza.
Nada que decir al punto número 2, ya que somos fervientes defensores del cumplimiento de la ley en el tema de los permisos de paternidad y maternidad. Llevamos pendientes desde 2011 de que entre en vigor algo que la ley reconoce, que es que
los padres tienen derecho a cuatro semanas de permiso de paternidad. ¿Por qué no lo cumplimos? Ya hemos manifestado en esta tribuna por activa y por pasiva por parte de nuestro grupo que no son razones económicas porque el saldo lo permite, porque
el propio Gobierno nos dijo que había capital suficiente como para poder afrontar estas dos semanas, de lo que se trata es de una voluntad política, de empezar a remover estos obstáculos que la ley reconoce que son necesarios para poder avanzar en
la corresponsabilidad, base también de la igualdad. Las conclusiones derivadas de la subcomisión de estudio de la racionalización de horarios duermen el sueño de los justos desde hace un montón de meses. Creo que por respeto ya no a estas
parlamentarias y parlamentarios, que también, que contribuimos en la subcomisión, sino a todos los comparecientes que nos aportaron su leal saber y entender y nos dijeron cómo debíamos avanzar para poder hacer que la racionalización, la
corresponsabilidad y la conciliación fuesen una realidad, claro que sí, vamos a asumir de una vez ese mandato parlamentario. Además, recuerdo que queda pendiente aún de debatir esta cuestión en el Pleno. Nos gustaría que este Pleno viese este
debate para poder tomar conciencia de la importancia de erradicar estos antiguos usos del tiempo que nos permiten perpetuar roles y estereotipos de género.
Estoy completamente de acuerdo respecto al Convenio de Estambul. ¡Qué menos! Ello lleva aparejado para nosotros una exhaustiva valoración de la Ley integral contra la violencia de género porque los conceptos que recoge el Convenio de
Estambul dejan, a nuestro entender, la Ley integral contra la violencia de género encorsetada en aquella violencia que se perpetra en el seno de la pareja.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Entendemos que las diferencias de género que motivan esta superioridad de género, la violencia contra las mujeres, no debe solamente incardinarse, porque de hecho no sucede así, en aquellas mujeres que tienen o
hayan tenido pareja.
Para terminar, simplemente decirle que le agradezco la votación por puntos y que el voto de Convergència i Unió será favorable, respetando la libertad de voto del último punto.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ciuró.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Rodríguez Ramírez.
La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: Señorías, mi grupo coincide básicamente con la moción planteada por La Izquierda Plural porque compartimos, como otros grupos y otras organizaciones, la visión de que nuestro país ha experimentado un retroceso
grave en materia de igualdad como consecuencia de las políticas llevadas a cabo por el Partido Popular o, lo que es lo mismo, que las mujeres no solo han soportado la peor parte de la crisis, sino que hoy se encuentran en peor posición de salida con
respecto a los hombres en lo que afecta a sus derechos y libertades que antes de la misma. Es decir, no solo en términos absolutos, sino también en términos relativos, las mujeres y la igualdad lo tienen hoy mucho peor. La crisis ha sido el
pretexto para reajustar a costa de ambas un modelo social, que ahora sí, sintoniza mejor con las aspiraciones del Partido Popular. Estarán ustedes de enhorabuena, pero la mayoría de las mujeres de este país, y quienes defienden la igualdad, no lo
están.
El Grupo Popular y el Gobierno han legislado y han gobernado en contra de los derechos y libertades de las mujeres y, por tanto, de la igualdad como aspiración colectiva; así se refleja en multitud de organismos internacionales por si la
realidad no fuera suficientemente elocuente para ustedes. Sin embargo, no sé si producto de la hipocresía o de cierta esquizofrenia política o seguramente del mero tacticismo electoralista al que nos tienen acostumbrados, lo cierto es que ustedes,
sobre todo fuera del ámbito parlamentario o del Gobierno y, por tanto, de un modo superficial, sin asumir las consecuencias efectivas de ningún compromiso político, en ocasiones se intentan abonar al discurso de la igualdad de un modo muy curioso.
Fíjense, en esta especie de ejercicio de camuflaje, es llamativo oírles hasta presumir de los logros alcanzados por nuestro país en materia de igualdad, atribuibles de manera fundamental a etapas socialistas. Presumir, claro está, para después
hacer lo contrario. Llegan incluso a alabar leyes que califican, ahora sí, de estratégicas, como la Ley de Igualdad, que hasta hace poco ustedes mismos han tenido en la picota porque fueron ustedes quienes interpusieron un recurso ante el
Constitucional.
Señorías, saben que lo que digo es cierto. Intervenciones muy recientes de altos responsables del ministerio, que recuerdo por cercana, podrían causar una sensación de espejismo, fenómeno, por otra parte, como todos ustedes saben, falso.
Pero esa capa de barniz igualitario no resiste el más mínimo análisis si le hacemos la prueba de contraste a sus políticas. Señorías, no sirve, no vale con declaraciones impostadas con lugares comunes. Se suben ustedes aquí, como hizo el ministro,
para proclamar una vocación igualitaria, pero no es suficiente, es, fíjense, contraproducente, porque puede dar la sensación de que ustedes hacen todo lo posible en materia de igualdad, pero que no se avanza, e incluso se retrocede, porque en
realidad estamos ante una tarea inútil, ante un objetivo inalcanzable. Se ha dicho ya, la desigualdad no es estructural, la igualdad no es, por tanto, un objetivo inalcanzable. Claro que no lo es; es la inconsistencia de su compromiso real con la
igualdad y lo nocivo de su actuación como Gobierno lo que provoca esta regresión en materia de igualdad. No es que haya un estancamiento, señorías, es que ha habido una auténtica involución explícita e implícita en lo que a igualdad se refiere en
nuestro país. ¿O es que acaso piensan sus señorías que la reforma laboral que han aprobado es neutra en materia de género? Deberían saber que no, claro que saben que no, pero por si acaso yo se lo voy a recordar con algún dato.
La actual regulación laboral está expulsando a las mujeres del mercado laboral y por primera vez en cuarenta años está disminuyendo la tasa de población activa y la tasa de actividad femenina, por no hablar del número de mujeres
desempleadas, y encima dicen los responsables del Gobierno que el primer eje de sus políticas de igualdad es el empleo pues menos mal y olvidan que no es que el empleo por si solo acabe, que no acaba, con la desigualdad, sino que además la
realidad laboral de la mujer integra importantes elementos de discriminación y desigualdad: mayor precarización para las trabajadoras, dificultades de conciliación, pobreza laboral feminizada ya se ha dicho aquí, brecha salarial, promoción menor,
menores pensiones, etcétera. Además, no solo en el ámbito laboral sino en otros muchos ámbitos, el sesgo de sus reformas, de sus contrarreformas, carga contra la igualdad y contra la mujer: la reforma educativa, la local, el desmantelamiento de
las políticas sociales, el sistema de dependencia. No lo sabían, no se lo han planteado o simplemente lo asumen como un efecto colateral. También están los recortes presupuestarios, no solo en igualdad, señorías, sino lo que es más grave, en lucha
contra la violencia de
género o la desaparición sí importan los nombres, claro que importan los nombres de recursos institucionales y políticos específicos para la igualdad, como el Instituto de la Mujer, que es un símbolo y un artífice de los avances
conseguidos en nuestro país. ¿De verdad creen que pueden sostener un discurso a favor de la igualdad con esta hoja de servicios?
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Rodríguez, tiene que finalizar.
La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: Finalizo.
En la cruzada que tienen contra el derecho al aborto no han podido con las mayores de edad y quieren imponer su moral, porque de eso se trata, a las menores, a las que les reconocen el derecho a contraer matrimonio y, entonces sí, a ser
madres. Si pueden serlo, será porque pueden decidirlo, y si tienen capacidad para decidir que sí, ¿dónde está el problema para decidir que no? Es una cuestión ideológica. Todo esto y mucho más va en contra de los avances en igualdad no solo
legales, sino simbólicos. Por cierto, en lo económico también es una mala opción, es muy poco rentable la desigualdad.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: Concluyo.
Señorías, si fuera fruto de la torpeza y no de la intención, les pediríamos que ya que no saben avanzar en materia de igualdad, al menos no provocaran más desigualdad y discriminación, pero mucho nos tememos que aunque se dediquen lo que
queda de legislatura a intentar repararlo, no volveríamos a la posición de salida. Lástima que ni siquiera sea un consuelo que el electoralismo vaya a aplazar algunas contrarreformas y ataques a la libertad de derechos de la mujer
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ RAMÍREZ: como el que hoy se ha debatido aquí.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Rodríguez.
Señora De las Heras, de su intervención he deducido que no acepta la enmienda, pero sí la votación de cada uno de los puntos. ¿Es exacto? (Asentimiento).
Así se hará. Gracias, señora De las Heras.
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA EVITAR LOS GRAVES RETROCESOS QUE ESTÁ PROVOCANDO EN LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LAS MUJERES Y PARA CONVERTIR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE
HOMBRES Y MUJERES EN SU PRINCIPAL EJE DE ACTUACIÓN. (Número de expediente 173/000201).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la segunda moción, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para evitar los graves retrocesos que está provocando en los derechos y
libertades de las mujeres y para convertir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en su principal eje de actuación.
Para su presentación y defensa, señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Gracias, presidenta.
Señorías, subo a esta tribuna en nombre de mi grupo parlamentario para defender esta moción consecuencia de la interpelación urgente que tuvo lugar el pasado 11 de marzo. En primer lugar, hoy, 14 de abril, me gustaría dedicar un humilde y
sentido homenaje a la II República española en su 84º aniversario. (Aplausos). Fue precisamente en la II República cuando las mujeres españolas comenzaron a obtener los derechos de ciudadanía que hasta entonces se les habían negado. El grave
retroceso que han sufrido los derechos y libertades de las mujeres en estos tres años de Gobierno del Partido Popular me cuesta decirlo conformarán también un pequeño y negro pasaje de nuestra historia. Para hablar de igualdad hay que creérsela,
hay que vivirla, hay que ejercerla, y desde la política hay que preocuparse y ocuparse. Eso es lo que precisamente, señorías del Grupo Popular, ustedes no han hecho en estos tres años. Lo están haciendo ahora que se acercan las citas electorales y
eso nos preocupa a todas, y creo
que a ustedes, mujeres parlamentarias del Partido Popular, también, porque están sufriendo la desafección de las mujeres y la están sintiendo.
Les instamos en esta moción no me voy a alargar mucho a que apliquen con carácter de urgencia la Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género. Fue la primera de nuestro entorno, fue innovadora, fue
importante. Hemos cumplido diez años de aplicación y nos encontramos con que en estos últimos tres años se ha retrocedido gravemente por falta de recursos, por falta de medios y no porque a ustedes no les preocupe porque estoy segura de que les
preocupa igual que a toda la Cámara. Se ha retrocedido por falta de recursos y ustedes tenían que haber peleado con su Gobierno para conseguir esos recursos, que son imprescindibles para la lucha contra la violencia de género. O toman medidas
inmediatamente, reponiendo presupuestos y dotando de los medios necesarios para la aplicación de esta ley o las mujeres seguirán siendo asesinadas ante un silencio que es cómplice en definitiva, señorías. Es imprescindible asimismo que la Ley
Orgánica de 22 de marzo de 2007, que garantiza el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los cargos de responsabilidad, tanto en las administraciones públicas ahí sí hay representación casi paritaria como en los consejos de
administración de las grandes empresas públicas y las que cotizan en Bolsa, se haga finalmente efectiva. Eso no cuesta dinero, señorías; presionen al Gobierno para que hagan efectiva esa ley.
Tenemos un grave problema con la participación de la mujer en el mercado laboral y además tenemos una brecha salarial entre hombres y mujeres que no solo es injusta, sino que también atenta contra los más elementales principios de la
igualdad. Es una brecha de un 24 %. Es intolerable. Ustedes han dicho que van a traer una ley. Tráiganla pronto para que se ponga en marcha lo antes posible. El trabajo invisible de las mujeres en el mantenimiento de sus hogares y sus hijos
invisibiliza aún más a las mujeres. Por supuesto, la economía de los cuidados, la llamada economía de las personas, no se contabiliza en el PIB; no se contabiliza porque no hay transacción económica. ¿Pero alguien con sentido común podría refutar
que este trabajo invisible que hacemos las mujeres no contribuye a la economía de un país? Nadie podría refutarlo, nadie. Sabemos que la economía monetaria y financiera ha abandonado siempre a las mujeres. Esto no es nuevo, pero que en el
discurso político no aparezca siquiera una mención es llamativo y muy significativo, sobre todo teniendo en cuenta que la prostitución sí se contabiliza en el PIB. (Aplausos). Sus recortes en dependencia, toda la destrucción de trabajo asalariado
que ha conllevado esos recortes y que condena a miles de mujeres otra vez al trabajo invisible que supone estar fuera del mercado laboral, es responsabilidad exclusiva de los recortes en dependencia. Presionen, mujeres parlamentarias del Partido
Popular, al Gobierno; es imprescindible hacerlo.
Apenas me voy a referir a la proposición de ley que han traído sobre el tema de la interrupción voluntaria del embarazo de las más jóvenes. Ya se ha debatido. Mi grupo parlamentario solo pide una vez más que no seamos las mujeres, sobre
todo las mujeres jóvenes no hablo por mí, sino por las que nos siguen, por las jóvenes, por las que tienen que tomar el testigo, una mercancía para ustedes, una mercancía electoral.
Para terminar, quiero hacer algunas reflexiones. Ustedes, señorías del Grupo Parlamentario Popular, pienso que a veces tienen un concepto erróneo de las mujeres de nuestro país. No vale aquello de me gusta la mujer, mujer que dijo una vez
alguien de su partido. Estoy segura de que no lo pueden compartir, como no lo podemos compartir la mayor parte de las mujeres que estamos en esta Cámara ni las mujeres que están fuera, que son las verdaderamente importantes. Las mujeres no somos
mercancía, no somos mujeres, mujeres; somos simplemente mujeres. Somos un pilar básico del cambio social y sujetos poderosos de ese cambio. Somos fuertes, resistentes y muy luchadoras. Hemos luchado y sufrido mucho para llegar a hablar en esta
tribuna y no nos vamos a ir nunca de ella sin defender aquello por lo que tanto hemos luchado. Para muchas de nosotras para ustedes también, ¿por qué no? la tribuna de esta casa supone dar voz a las miles de mujeres que no la tienen y la usamos
para eso, señorías, para decirles que trabajen y paren la reforma del aborto.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Blanco, tiene que finalizar.
La señora BLANCO TERÁN: Convenzan al Gobierno de que no juegue más con el trabajo de las mujeres y que no atente contra los derechos de las mujeres y sus libertades.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Voy terminando.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): No. Tiene que finalizar.
La señora BLANCO TERÁN: Termino.
Si ustedes no lo hacen, lo tendremos que hacer otros. Convendría que se empezara a hacer. Vamos a votar no a su enmienda, y lo sentimos infinitamente, porque no aporta nada.
Señorías, les pido con la mejor intención, porque todas nosotras somos mujeres y, en definitiva, luchamos por lo mismo
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: porque es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, que luchen por que se lleven a cabo todas estas reformas antes de que acabe la legislatura.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Blanco.
Pasamos a la enmienda planteada por el Grupo Parlamentario Popular. Señora Rodríguez Maniega.
La señora RODRÍGUEZ MANIEGA: Gracias, señora presidenta.
Señora Blanco, ¡qué lástima! ¡Qué oportunidad perdida para poder llegar a un acuerdo!
Señorías, ¿es la sociedad española de hoy más igualitaria que la de hace tres años? Rotundamente sí. Es más igualitaria y trabajamos para que aún lo sea más la de 2016, imprimiendo mayor velocidad a los cambios y consolidando los logros
alcanzados hasta la fecha. Por eso, ruego a sus señorías más rigor en sus juicios de valor y que ni el sectarismo ni los prejuicios les impidan reconocer las medidas que se han tomado en esta legislatura a favor de la igualdad real o les lleven a
negar los avances, porque no reconocer lo que está bien hecho les resta credibilidad en la crítica. Si la crisis es el elemento que abona el terreno de la desigualdad, la mejor herramienta de que disponemos para lograr una sociedad igualitaria es
el empleo. En 2014, el Gobierno puso en marcha el Plan nacional de igualdad de oportunidades 2014-2016, dotado con más de 3.150 millones de euros; 7 de cada 10 euros dedicados al plan estratégico van a empleo y conciliación, mientras que cuando
ustedes gobernaban el 57 % de sus planes iba dedicado a acción exterior. Señorías, 7 de cada 10 euros para, entre otras actuaciones, impulsar la inserción laboral, reducir la tan injusta brecha salarial, aumentar la presencia de las mujeres en los
puestos de toma de decisiones y destinar esfuerzos y programas para atender a las mujeres en especial situación de vulnerabilidad.
Señorías, la proposición no de ley que traen a debate es muy extensa. Piden muchas cosas, pero muchas de las medidas que piden ya están en marcha. Piden, por ejemplo, una estrategia de choque para la aplicación efectiva de la Ley orgánica
1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, pero obvian que el Gobierno ya aprobó en verano de 2012 la primera estrategia nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer. Como su propio nombre indica, es
la primera en diez años. Aunque era una medida de obligado cumplimiento para los Gobiernos, ustedes, que gobernaron antes que nosotros, nunca llegaron a desarrollarla (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben), y ha tenido que ser un
Gobierno del Partido Popular el que la ponga en marcha; por eso, lecciones las justas. (Rumores.Aplausos).
Señora Blanco, en esta materia, como en tantas otras, deberían mantener sus críticas en el terreno de la prudencia. En política no todo debe ser buscar un titular, porque si fuese ese el objetivo principal lo podríamos haber conseguido
fácilmente esta semana y en mayúsculas. Nos han dado ustedes algunas razones de peso para ello, pero lo que buscamos no es el enfrentamiento, sino la unión y la negociación, llegar a acuerdos con ustedes y con el resto de fuerzas de esta Cámara,
con todos los grupos que quieran sumarse, y lanzar un mensaje claro a las mujeres víctimas de violencia género, el mismo mensaje que ha expresado el presidente del Gobierno con absoluta rotundidad: no estáis solas, contra la violencia de género hay
salida. (Aplausos). La lucha contra la violencia de género no es monopolio de ustedes ni de ningún partido político, no es monopolio de una ideología u otra, es la lucha de todos, de toda la sociedad unida contra los maltratadores y las distintas
formas de violencia contra las mujeres. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Muchas de las cosas que usted reclama, señora Blanco insisto, ya están en marcha. Por ejemplo, en materia de educación ya hay un tratamiento transversal en todo
el currículum de valores, como la igualdad, la no discriminación y la corresponsabilidad, y se ha introducido la prevención
de la violencia de género como principio del sistema educativo en todas las etapas. Piden mayor protección y asistencia en menores víctimas de violencia de género, cuando ya se han hecho las correspondientes modificaciones en los proyectos
de ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Piden un proyecto de ley de igualdad salarial cuando les consta que el Gobierno ya está trabajando y finalizando un plan especial para la igualdad de mujeres y
hombres en el ámbito laboral y contra la discriminación salarial con el objetivo de incrementar la participación de las mujeres en el mercado laboral y reducir la brecha salarial.
Junto con el empleo y la lucha contra las desigualdades salariales, el otro gran ámbito de trabajo de nuestro Gobierno en materia de igualdad es la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, en la que se está avanzando con una
mayor flexibilidad en el empleo, por ejemplo regulando por primera vez el teletrabajo o ampliando la reducción de jornada para padres y madres con niños de hasta doce años. Hablan de mujeres que viven en el ámbito rural y piden apoyo para ellas,
pero nos hemos adelantado a sus peticiones. Nuestro Gobierno ya está desarrollando programas que, por ejemplo, fomenten el emprendimiento y el acceso a líneas de financiación. Asimismo, quieren promover el incremento de mujeres en órganos
directivos de cooperativas rurales, organizaciones agrarias, etcétera.
El señor PRESIDENTE: Señora Rodríguez Maniega, debe usted acabar.
La señora RODRÍGUEZ MANIEGA: Voy terminando.
Por cada petición podría señalar una o más medidas que ya se han puesto en marcha por este Gobierno, pero me quedan escasos minutos y me pide el presidente que vaya finalizando.
Señorías, nos avalan los hechos. Se ha avanzado y se sigue avanzando y trabajando para que la sociedad española de hoy sea más igualitaria. No nieguen la evidencia porque, como dijo Winston Churchill, la verdad es incontrovertible, la
ignorancia puede burlarse de ella, la malicia puede distorsionarla, pero ahí está.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez Maniega.
Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Que en la tarde de hoy tengamos sobre la mesa dos mociones de dos grupos diferentes relacionadas con el impulso de medidas para trabajar en la dirección de mejorar la igualdad de género en nuestra sociedad no es casualidad, sino que
evidencia la preocupación que existe en nuestra sociedad del retroceso, y digo retroceso y no solo estancamiento, (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Fernández.
Por favor, ruego silencio. Continúe.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: en cuestión de igualdad de género. Cuando nos referimos a la igualdad de género no solamente es por el hecho de que se mantengan una serie de diferencias, como las que se reflejan en el aspecto salarial, donde
recientes estudios demuestran que se sigue manteniendo ese 22 % de diferencia en los salarios, sino porque, a consecuencia o justificándonos en la crisis, hemos retrocedido en muchísimos aspectos en relación con la participación de las mujeres en el
mundo laboral, en la sociedad en general, y, sobre todo, porque se ha actuado en la dirección de volver a trasladar a las mujeres a su actividad principal, a los intramuros de sus domicilios, a los intramuros de la vida doméstica. No solo son las
dificultades que se encuentran en el mundo laboral, son las grandes dificultades que nos encontramos en la sociedad actual para poder atender a personas con problemas de discapacidad, a menores, etcétera, como consecuencia de las políticas de
recortes en servicios sociales, en sanidad, etcétera. Eso está obligando a las mujeres a volver a llevar a cabo una serie de actividades que, afortunadamente, se estaban afrontando por parte de los poderes públicos en diferentes ámbitos.
Señorías, si antes hacía alusión a que en materia de violencia de género se redujo en los tres primeros ejercicios de presupuestos del Estado un 22 %, en lo que corresponde a las políticas integrales de igualdad este Gobierno ha rebajado
presupuestariamente las cantidades destinadas a esta cuestión en más de un 50 %. Puede parecer que en la lucha por la igualdad puedan sobrar los dineros y que son importantes otras cuestiones, pero siendo importantes cuestiones ideológicas, como
entender que hombres y mujeres somos iguales y, por lo tanto, debemos tener las mismas posibilidades de acceder a todas aquellas
cuestiones que en la vida se desarrollan, también es importante que los poderes públicos pongan a disposición los presupuestos necesarios para romper esas dificultades y conseguir estos objetivos de igualdad.
Por eso, señorías, si anteriormente manifesté nuestro apoyo a la moción presentada por La Izquierda Plural, ahora manifiesto nuestro voto favorable a la enmienda presentada por el Grupo Socialista, porque la lucha por la igualdad no nos
puede permitir pasos atrás. Sabemos que esta lucha ha tenido demasiados pasos atrás en la historia y que en este momento también es así. Por eso, nuestro grupo apoya estas iniciativas, porque es necesario reforzarnos en la idea de continuar
trabajando para que la igualdad de género sea un objetivo realizable en el futuro más próximo posible.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.
Por el Grupo Vasco, PNV, señora Sánchez Robles.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Gracias, presidente.
Intervengo brevemente, puesto que yo creo que ha quedado clara la postura del Grupo Vasco en la anterior moción.
Tengo que reconocer que, a diferencia de la anterior iniciativa, el debate de la interpelación entre la diputada Montón y el señor ministro Alonso me produjo un sabor agridulce. Percibí la utilización de la igualdad en su más amplia
extensión como una herramienta partidaria y electoralista. Al final, fue un debate de pimpampum en el que el resto de los grupos parlamentarios de esta Cámara, en un tema tan trascendental, parecíamos convidados de piedra. Y cuál fue mi sorpresa
cuando al ver la parte dispositiva de la iniciativa del Grupo Socialista aprecié o tuve la sensación y las percepciones no son siempre objetivas de que recogía íntegramente el programa electoral del Partido Socialista. Aun así, y a pesar de ello,
tengo que reconocer que nuestra posición en esta iniciativa iba a ser la abstención, pero la señora Blanco me ha convencido. Me ha parecido que ha tenido una intervención ajustada, no así la portavoz del Grupo Popular y respeto muchísimo el
posicionamiento que ha mantenido que ha hecho un canto a las grandezas de la gestión popular, cuestión que, como ya he expuesto con anterioridad, no compartimos. Esto es todo lo que les tenía que decir, así que nuestro voto será favorable a la
iniciativa socialista.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sánchez Robles.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Efectivamente, como ha dicho mi colega del Grupo Vasco, en el debate anterior hemos podido plantear nuestra posición yo lo he hecho en nombre de mi grupo sobre una cuestión muy similar a la que nos trae el Grupo Socialista a debate. En
esta moción me ocurre lo mismo, es un diagnóstico que mi grupo comparte: erradicar la desigualdad, trabajar a favor de la igualdad, en este caso la discriminación sobre las mujeres, es una asignatura pendiente. Es verdad que se han hecho muchas
cosas, pero es verdad también que queda mucho por hacer.
Hay algunas cuestiones que se plantean en esta moción que coinciden con lo planteado también por la moción de La Izquierda Plural, que tiene que ver con la competencia municipal que, lo mismo que le dije a la señora De las Heras, nos plantea
la duda creo que será una cuestión de redacción de si el Grupo Socialista no comparte con nosotros la necesidad de que, efectivamente, los ayuntamientos puedan ejercer la competencia, pero tenga que haber una instancia de carácter superior las
comunidades autónomas que garantice la igualdad de trato, en este caso la igualdad de servicios, a todas las mujeres, que no dependa solamente de la situación de cada ayuntamiento, de las mayorías de cada ayuntamiento o de las políticas de cada
ayuntamiento, que los derechos que se reconozcan, en todo caso, sean ejercidos en condiciones de igualdad por todas las mujeres al margen de quién ejerza la competencia.
Tenemos una discrepancia parcial en la redacción del punto 1.g). Nos gustaría que se votara por separado, al menos este punto. En todo caso, y si no se vota por separado, nuestro voto será favorable a la moción; si no, quizá tengamos que
abstenernos porque son demasiado explícitas las dos partes. Comprendo que ustedes lo quieran poner explícito. No ha sido así en la redacción del texto de La Izquierda Plural y me gustaría poder votar por separado. Si no se vota por separado, mi
grupo se reservará también su voto.
Gracias. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez.
Por favor, ruego silencio.
Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural tiene la palabra la señora De las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Presidente, lo haré desde el escaño para, muy brevemente, manifestar nuestro voto a favor de la moción presentada por el Grupo Socialista porque, como ha quedado de manifiesto, muchos de los puntos que
proponen coinciden plenamente con los que hemos propuesto en la moción debatida anteriormente presentada por mi grupo. Quería hacer especial hincapié en el punto e) donde dice: medidas para otorgar categoría económica y contabilizar dentro del
producto interior bruto las tareas de cuidados familiares y domésticos, y no, como ha hecho el Gobierno, la prostitución. Especialmente este porque se nos olvidó ponerlo a nuestro grupo y lo asumimos como nuestro.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De las Heras.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la señora Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Desde mi grupo parlamentario, en esta ocasión, vamos a abstenernos en esta moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. No la vemos con los mismos ojos que la portavoz de La Izquierda Plural porque entendemos que no se parece a
la que su grupo ha presentado, puesto que en la moción de La Izquierda Plural hemos visto unas medidas concretas y objetivamente asumibles puesto que incidían directamente en cuestiones de forma aséptica, en el sentido de que avanzaban hacia la
igualdad o proponían cuestiones en las que, como mínimo, podíamos intervenir a la hora de plantear las eventuales reformas para mejorar y avanzar en el camino de la igualdad. No nos encontramos tan cómodos en la moción presentada por el Grupo
Socialista. Nosotros estamos a favor y de forma radical en que se evalúe esta Ley integral contra la violencia de las mujeres. Entendemos que debemos hacer una apertura de miras a lo que es el Convenio de Estambul, algo que usted reconocía en su
moción abiertamente como para introducir en esta evaluación de la ley integral todos aquellos aspectos que inciden en la violencia ejercida sobre las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres y no por el solo hecho de ser mujeres con pareja o con
expareja. Por tanto, entendemos que hay que ir un paso más allá a la hora de la elaboración de la evaluación de la ley integral. Además, a instancias de nuestro grupo, lo que hicimos fue instar al Gobierno, por unanimidad (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Ciuró.
Por favor, ruego silencio. Está terminando la señora Ciuró, hagan el favor de atenderla.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señor presidente.
Voy terminando porque la hora apremia. Quiero decir que desde nuestro grupo en la Comisión instamos al Gobierno a la evaluación de la ley integral. Esperamos que los grupos parlamentarios podamos ser parte para poder hacer la evaluación de
esta ley, ya que ha anunciado la portavoz del Grupo Popular que se estaba trabajando en ella.
Finalmente, señorías, deberíamos abordar una reforma de esta ley, una evaluación de esta ley, para ver qué medidas podemos adoptar para intentar reeducar a estos maltratadores, que lo son, qué tipo de medidas podemos adoptar para con estos
maltratadores que de forma insistente perjudican a las mujeres al nivel de violencia, para que podamos encontrar el camino para trabajar en su reinserción, para conseguir acabar con estas posturas machistas y al final de todo acabar con la
perpetuación de roles y de estereotipos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ciuró.
Señora Blanco, aunque me parece que usted ya lo ha dicho, le pregunto formalmente ¿acepta usted la enmienda?
La señora BLANCO TERÁN: Gracias, señor presidente.
Agradezco a todos los grupos sus intervenciones, también a la portavoz del Grupo Popular. Nosotros ya hemos anunciado que no aceptamos la enmienda del Grupo Popular. Además, queremos que se vote todo el bloque, tal y como viene recogido en
la moción.
Muchas gracias, señor presidente, por su benevolencia esta tarde.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Blanco. Como usted ha dicho, así se hará.
En dos minutos vamos a votar. (Pausa).
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución, conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento.
En sustitución de doña Laia Ortiz Castellví, pregunto a don Josep Pérez Moya si jura o promete acatar la Constitución.
El señor PÉREZ MOYA: Prometo, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Don Josep Pérez Moya ha adquirido la condición plena de diputado. Enhorabuena. (Aplausos).
Señorías, el pasado mes de marzo falleció don Luis de Torres Gómez, diputado del Partido Popular en esta Cámara durante cuatro legislaturas y senador en la tercera. Creo que somos muchos los que recordamos a Luis de Torres por su labor
política, pero también por su carácter afable y siempre conciliador. Quiero, por ello, hacer llegar nuestro sentimiento de pesar a sus familiares. Descanse en paz. (Aplausos).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, ORGÁNICA DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL. (Número de expediente 122/000112).
El señor PRESIDENTE: Comenzamos las votaciones.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista orgánica de reforma del Código Penal. Se han emitido dos votos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324 más 2 votos telemáticos, 326; a favor, 141 más 1 voto telemático, 142; en contra, 182 más 1 voto telemático, 183; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, ORGÁNICA PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN DE LAS MENORES Y MUJERES CON CAPACIDAD MODIFICADA JUDICIALMENTE EN LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. (Número de expediente 122/000195).
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular orgánica para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del
embarazo. Hay dos votos emitidos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322 más 2 votos telemáticos, 324; a favor, 183 más 1 voto telemático, 184; en contra, 135 más 1 voto telemático, 136; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Se toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR BALDOVÍ), SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA. (Número de expediente 162/001189).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del señor Baldoví, del Grupo Mixto, sobre la financiación de la Comunitat Valenciana. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 136; en contra, 181; abstenciones, 8.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA LIBERACIÓN DE LEOPOLDO LÓPEZ. (Número de expediente 162/001173).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular, relativa a la liberación de Leopoldo López. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda del Grupo Popular y del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 306; en contra, 19; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A TOMAR EL GOBIERNO PARA ERRADICAR EL AUMENTO DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES EN ESPAÑA. (Número de expediente 173/000198).
El señor PRESIDENTE: Moción de La Izquierda Plural, sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para erradicar el aumento de la discriminación contra las mujeres en España. Son ocho puntos que votaremos de manera separada. Punto primero.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 143; en contra, 180; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 145; en contra, 182.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 326.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Punto 4.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 326; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Punto 5.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 147; en contra, 179.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 6.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 145; en contra, 182.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 7.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 141; en contra, 182.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Punto 8.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 132; en contra, 187; abstenciones, 8.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA EVITAR LOS GRAVES RETROCESOS QUE ESTÁ PROVOCANDO EN LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LAS MUJERES Y PARA CONVERTIR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE
HOMBRES Y MUJERES EN SU PRINCIPAL EJE DE ACTUACIÓN. (Número de expediente 173/000201).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para evitar los graves retrocesos que están provocando en los derechos y libertades de las mujeres y para convertir la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres en su principal eje de actuación. Se va a votar exactamente en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 126; en contra, 181; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y cincuenta y cinco minutos de la noche.