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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 845, de 24/06/2015
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CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES


Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 845

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO LLORENS TORRES

Sesión núm. 59

celebrada el miércoles,

24 de junio de 2015



ORDEN DEL DÍA:


Declaración institucional de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados de apoyo a la actividad pesquera sostenible mediante la implantación y desarrollo de una reserva marina de interés pesquero
en 'os Miñarzos-Fin da Terra'. (Número de expediente 140/000030) ... (Página2)


Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:


- Proyecto de Ley para la defensa de la calidad alimentaria. (Número de expediente 121/000144) ... (Página2)


Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:


- Proyecto de Ley para la defensa de la calidad alimentaria. (Número de expediente 121/000144) ... (Página2)



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Se abre la sesión a las cinco de la tarde.


DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA SOSTENIBLE MEDIANTE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DE UNA RESERVA MARINA DE INTERÉS PESQUERO
EN 'OS MIÑARZOS-FIN DA TERRA'. (Número de expediente 140/000030).


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, va a dar comienzo la sesión número 59 de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para desarrollar los puntos del orden del día que figuran a disposición de todas sus
señorías. En primer lugar, como todos los portavoces saben, hay una declaración institucional de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, de apoyo a la actividad pesquera sostenible mediante la
implantación y desarrollo de una reserva marina de interés pesquero en 'os Miñarzos-Fin da Terra'. Como todas sus señorías pactaron en Mesa y portavoces la aprobación de esta declaración, la doy por aprobada si les parece bien a sus señorías.
(Asentimiento).


RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:


- PROYECTO DE LEY PARA LA DEFENSA DE LA CALIDAD ALIMENTARIA. (Número de expediente 121/000144).


El señor PRESIDENTE: En segundo lugar vamos a proceder a la ratificación de la ponencia designada para informar la siguiente iniciativa legislativa, que es el proyecto de ley para la defensa de la calidad alimentaria. ¿La dan por
ratificada sus señorías? (Asentimiento.-El señor Alonso Núñez pide la palabra.)


El señor PRESIDENTE: Señor Alonso, tiene la palabra.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Es un tema adicional, señor presidente, antes de entrar en el análisis de las enmiendas pendientes y proceder a la votación, querría proponer a la Mesa y a la Comisión lo siguiente: se ha producido una vacante en la
Mesa, de doña Patricia Hernández, con motivo de las últimas elecciones autonómicas. Ha dejado de ser diputada en el Congreso para ser diputada del Parlamento de Canarias y, lógicamente, procede su sustitución. En ese sentido propongo a sus
señorías y a la Mesa que podamos incorporar al orden del día de la próxima Comisión, la que está prevista para el próximo lunes, cubrir dicha vacante.


El señor PRESIDENTE: Si les parece a sus señorías, podemos convocar Mesa y portavoces al finalizar esta Comisión, para modificar el orden del día incorporando la propuesta del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Yo quisiera, en
nombre de la Comisión, desearle a doña Patricia Hernández todos los éxitos en sus nuevas responsabilidades. Si no tienen inconveniente, me parece que ese sería el trámite reglamentario más oportuno. (El señor Pérez Lapazarán pide la palabra.)


El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Señor presidente, a mi juicio -no sé si el señor letrado puede confirmarlo-, podemos fijar en sesión plenaria el orden del día de la próxima sesión y no convocar esa Mesa, sino aprobarlo aquí por unanimidad.


El señor PRESIDENTE: ¿Están todos los portavoces de acuerdo? (Asentimiento). Pues se incluye en el orden del día de la próxima Comisión, en el que aparecerá el debate y votación del proyecto de ley que nos ocupará el próximo día, a las
doce y, a continuación, figurará la elección de la secretaria de la Mesa, cuyo puesto ha dejado vacante doña Patricia Hernández.


APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:


- PROYECTO DE LEY PARA LA DEFENSA DE LA CALIDAD ALIMENTARIA. (Número de expediente 121/000144).


El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder ahora al debate del proyecto de ley para la defensa de la calidad alimentaria. Les comunico que las votaciones tendrán lugar no antes de las dieciocho horas.



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Tiene la palabra la señora Fernández Dávila, por un tiempo máximo de diez minutos, para la defensa de sus enmiendas.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Como ya dijimos cuando nos posicionamos favorablemente sobre las enmiendas de devolución que se presentaron al texto de este proyecto de ley, tenemos una posición muy clara por la intromisión en las competencias
autonómicas que emana del proyecto del Gobierno. Nos parece que una vez más el Gobierno de Mariano Rajoy aprovecha una ley, en este caso una ley que incluso modifica una anterior, para incorporar aspectos que ya están recogidos por legislaciones
que corresponden a las comunidades autónomas, como ocurre en el caso de Galicia. Por lo tanto, señorías, nuestras enmiendas van en ese sentido de supresión de diferentes artículos, 1, 26, 3a), ya que la ejecución de la normativa comunitaria, que
según el Gobierno es el objetivo de este proyecto de ley, en este caso del Reglamento 882/2004, debe efectuarse por las administraciones competentes, de acuerdo, señorías, con reiterada jurisprudencia constitucional. Recordemos la sentencia del
Tribunal Constitución 236/1991, que establece que debe corresponder a las comunidades autónomas que ostentan competencias exclusivas en materia alimentaria, fijar los mecanismos de control que establece la normativa comunitaria citada. En concreto,
fijar el régimen sancionador para corregir y verificar sus incumplimientos.


Por esa misma razón también presentamos una enmienda de supresión de todo el artículo 26, ya que si este artículo se mantiene como se recoge en el proyecto de ley, implica una subordinación de las comunidades autónomas a la Administración
General del Estado en una materia en la que ostentan competencias exclusivas. Ni la cooperación ni la coordinación administrativa justifican que una administración se sitúe en una especie de nivel jerárquico superior, que le otorgue una capacidad
de dictar instrucciones, recopilar y tratar información de todas las administraciones implicadas y, además, ser la única que se considere válida, homogénea y actualizada.


También nos interesa resaltar, señorías, nuestra enmienda de supresión del artículo 3 a), porque otra de las cuestiones de este proyecto de ley es ese empeño uniformizador en relación, en este caso, con la unidad de mercado. Presentamos
esta enmienda de supresión porque el objetivo relativo a la unidad de mercado y competitividad nada tiene que ver, señorías, con la calidad alimentaria, cuya regulación debe estar centrada en la higiene, salubridad y garantía de los alimentos, con
independencia de la mayor unidad o integración de mercados. Se trata de una medida centralista, ideológica, más que una competencia que legitime la aprobación de este proyecto de ley. En consecuencia, señorías, estas son las razones para presentar
enmiendas a este proyecto de ley, que además suscita que nuestro grupo parlamentario vaya a votar en contra.


El señor PRESIDENTE: La señora Jordá i Roura, por Esquerra Republicana de Cataluña que pertenece al Grupo Parlamentario Mixto, ha presentado una serie de enmiendas que yo no sé si las da por defendidas.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Perdone, señor presidente. Damos por defendidas las enmiendas del resto del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco del PNV, tiene la palabra su portavoz, el señor Joseba Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: La semana pasada, hace menos de ocho días, debatíamos las enmiendas a la totalidad de este proyecto de ley y mi grupo presentó la correspondiente. Seguimos manteniendo el mismo criterio que mantuvimos en aquel
momento, independientemente de que hayamos presentado enmiendas parciales. No nos gusta el proyecto de ley por una razón fundamental, porque en estos momentos su aplicación supondría una invasión competencial absoluta y, además, porque los
legisladores que lo han redactado han cogido el extremo de un hilo, una especie de cajón de sastre consistente en que cuando ya no saben a qué recurrir para hacer una ley básica, cogen el artículo 149.1 de la Constitución. Creemos que no viene al
caso, no es de recibo apelar al artículo 149.1 a la hora de redactar un proyecto de ley de calidad alimentaria, entre otras cosas porque en materia tanto de políticas agrarias como de defensa del consumidor, que son las dos cuestiones que atañen a
este proyecto de ley, las competencias son exclusivas de las comunidades autónomas, en mi caso, de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Así está redactado en su estatuto y así existe una ley en vigor. Por eso mismo tenemos nuestra propia ley en la
Comunidad Autónoma de Euskadi que desarrolla toda esta materia. Por tanto, no tiene sentido ningún proyecto de ley de carácter básico cuando las comunidades autónomas ya están desarrollando, y bien además, estas materias.



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Dicho esto, y apelando a los mismos criterios que esgrimía en el debate de totalidad, respecto a las enmiendas que hemos presentado, que son muy pocas, como siempre el Grupo Parlamentario Popular no es que no nos haya aceptado ninguna, es
que no nos ha dicho ni por qué no nos acepta ninguna, ni si había intencionalidad de transaccionar o algún planteamiento en el que pudiéramos llegar a algún acuerdo. Evidentemente, el silencio es algo que se está convirtiendo en común en cuanto a
las relaciones de enmendante y receptor de enmiendas. Tienen todo el derecho del mundo, evidentemente, porque tienen la mayoría política, pero eso no quita para que la cortesía parlamentaria siga teniendo su espacio.


Por lo tanto, voy a defender las enmiendas que hemos presentado, en las que sobre todo nos regimos por el carácter que imperaba en mi intervención en la enmienda a la totalidad. Cuestionábamos los conceptos de cooperación y coordinación y
esgrimíamos además argumentos jurídicos para diferenciar ambos términos. Nosotros consideramos que en esta materia lo que debe haber es cooperación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas y no coordinación, porque
coordinación siempre exige una subordinación, alguien coordina y los demás obedecen. Por tanto, en el apartado V de la exposición de motivos, que es donde por primera vez aparece el concepto, debe poner cooperación y colaboración en vez de
coordinación. En un ámbito en el que las comunidades autónomas ostentan competencias exclusivas, la relación con el Estado debe articularse en términos de cooperación y colaboración y no de coordinación, habida cuenta de que este último término
implica imposición y es distinta de la voluntariedad. La cooperación implica voluntariedad, y cuando se es competente en la materia es cuestión de voluntad. En coherencia con ello, en el párrafo sexto del apartado VI de la exposición de motivos
también planteamos una enmienda, porque las disposiciones finales recogen respectivamente la habilitación al Gobierno para elaborar normas de calidad del título competencial. Nosotros creemos que debe aparecer ' y la aplicación en el ámbito
autonómico de determinados aspectos sustantivos de la ley' porque así lo exige la propia ley.


La enmienda que presentamos al artículo 1 tiene como fin acomodar el objeto de la ley al orden de distribución competencial en esta materia derivado del bloque de constitucionalidad, de modo que se puedan establecer los mecanismos de
cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas competentes en materia de control oficial de la calidad de los productos agrarios y alimentarios. ¿Por qué proponemos esto? Porque de conformidad con el artículo 149.1. 13 de la Constitución
solo pueden admitirse como básicos los títulos I y IV de este proyecto de ley, no así los que regulan los sistemas de control y procedimiento sancionador, porque ambas cuestiones pertenecen al contenido sustantivo de la competencia exclusiva de las
comunidades autónomas en materia de control de calidad de los productos agrarios y alimentarios. Por lo tanto, de ser básicos, lo serían el título I y el título IV del proyecto de ley.


Volvemos a reivindicar el papel que las policías autonómicas deben tener en esta materia en al artículo 25. Cuando el legislador pone el punto de colaboración y cooperación en el ejercicio de control, creemos que además de la Guardia Civil
y de cualquier otra fuerza o cuerpo de seguridad, en particular son las policías autónomas las que, si se incurre en esos delitos o faltas en esas comunidades autónomas, deben tener capacidad para intervenir.


Hay otra serie de cuestiones que gota a gota obvian el papel de las comunidades autónomas. Insisto, en el artículo 25, en sus apartados 1, 2, 3 o incluso en el 5, debe aparecer el concepto de cooperación porque es una materia en la que las
comunidades autónomas disponen de amplias competencias y facultades. Además, la composición del famoso grupo de trabajo de cooperación entre Estado y comunidades autónomas debe ser paritaria y sus funciones más relevantes han de incidir en
cuestiones vinculadas al seguimiento de las actuaciones de control que desarrollen los órganos autonómicos competentes. Seguimos incidiendo en el concepto de cooperación frente a la coordinación.


Por último, proponemos la modificación de los títulos II y III del proyecto de ley por los argumentos que explicábamos de adecuación al orden de distribución competencial vigente en materia de defensa de la calidad alimentaria. El Estado no
puede ocupar el espacio que corresponde en exclusiva a las comunidades autónomas, más aún cuando determinadas comunidades autónomas, por ejemplo, en el País Vasco, disponen de legislación específica a consecuencia del ejercicio de esa competencia
exclusiva, como he dicho al inicio de mi intervención.


Y en lo que concierne al régimen sancionador, es doctrina constante y reiterada del Tribunal Constitucional que quien ostenta la competencia sustantiva sobre una materia específica, se encuentra habilitado para dictar disposiciones
administrativas en esta materia. Así lo reconoce el Tribunal Constitucional al afirmar que las comunidades autónomas pueden adoptar normas administrativas sancionadoras cuando teniendo la competencia sobre la materia sustantiva de que se trate,
esas



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disposiciones se acomoden a las garantías constitucionales dispuestas en este ámbito del derecho sancionador y no introduzcan divergencias irrazonables y desproporcionadas al fin perseguido respecto del régimen jurídico aplicable en otras
partes del territorio. Esta es una sentencia del Tribunal Constitucional 87/1985. Por todo ello, también proponemos la modificación de la disposición adicional segunda referida al título competencial y la aplicación de ley en el ámbito autonómico,
por las razones que hemos esgrimido en toda la intervención.


Por lo tanto, el discurso es el mismo, mantenemos el mismo criterio tanto en la enmienda a la totalidad como en la defensa de las enmiendas parciales, por la forma de proceder pero, sobre todo, porque creemos que este proyecto de ley no
responde a lo que la legislación constitucional dicta, y porque en materia de política agraria y de defensa del consumidor somos competentes las comunidades autónomas, por lo que no vamos a apoyar este proyecto de ley. Mantenemos vivas nuestras
enmiendas.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, para defender las enmiendas tiene la palabra don Julio Lleonart.


El señor LLEONART CRESPO: Nosotros ya nos pronunciamos al respecto en la ponencia en su momento, haciendo varias menciones a ciertas dudas que nos suscitaba el proyecto de ley en materia de competencia internacional, y a otras cuestiones
competenciales que también nos generaban bastantes dudas al coexistir diversas legislaciones a nivel autonómico. Hemos presentado una serie de enmiendas que mantenemos vivas para el debate.


El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sanz.


El señor SANZ REMÓN: Mi grupo parlamentario quiere comenzar haciendo una reflexión que ya compartimos el día del debate de la totalidad del proyecto de ley -o sea, para ponernos en situación, hace apenas seis días-, que es de qué estamos
hablando. Estamos hablando exclusivamente de la aprobación de un marco sancionador que da cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 55 del Reglamento 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo. Y la primera cuestión que nos
preocupa nos hace preguntarnos por qué se ha tardado más de once años en dar cumplimiento a esta normativa europea. Sin duda, para La Izquierda Plural uno de los motivos de esa demora no ha sido otro que la complejidad de su traslación a nuestro
ordenamiento jurídico y sobre todo a nuestro mapa competencial. Es precisamente en la vulneración del mapa competencial de nuestro Estado, donde se han centrado la mayoría de las enmiendas del conjunto de los grupos parlamentarios. El Grupo
Parlamentario Popular otra vez vuelve a invadir competencias, otra vez vuelve a no entender el marco competencial del Estado. Pareciera, señorías del Grupo Parlamentario Popular, que la transposición de este reglamento del que les hablaba no es más
que otra excusa para seguir provocando conflictos gratuitos, que de nuevo no van a llevar a nada bueno. Nosotros no estamos en contra, señorías del Grupo Parlamentario Popular, de legislar esta materia allá donde fuera necesario y sobre todo de
manera correcta, pero desde luego no como se está haciendo y como lo hace este Gobierno en multitud de normas que no tienen en cuenta la realidad de nuestro Estado. Señorías, hay más de 26 enmiendas que exclusivamente afectan a este asunto. Quizás
deberían plantearse la necesidad de estudiar el enfoque de esas enmiendas, que no deja de ser más que el que emana de la doctrina del Tribunal Constitucional y de la propia Constitución.


Mi grupo va a votar favorablemente a esas enmiendas, y se abstendrá en algunas porque consideramos que otras reflejan mejor el espíritu de nuestra posición. En concreto mi grupo, La Izquierda Plural, ha presentado la enmienda 19 que
resolvería esta cuestión. De nuevo tratan de unificar este aspecto que, además, va a condicionar mayoritariamente la posición de los grupos políticos de esta Cámara, el texto que salga de aquí, que vaya al Senado y vuelva, será de nuevo recurrido,
como otros tantos, ante el Tribunal Constitucional. No entendemos esta obcecación por no profundizar en lo que sería un debate sosegado y, sobre todo, en reconocer el marco competencial de nuestro Estado.


Pero este proyecto de ley no solo llega tarde y mal por esta cuestión. Como ya les dijo mi compañero Josep Pérez Moya el día del debate de totalidad, a nuestro juicio este texto no aborda de manera integral elementos centrales para la
calidad y la seguridad alimentaria, que consideramos que deberían situarse encima de la mesa desde una perspectiva interministerial, yendo más allá. Para nosotros es una ocasión perdida que ustedes saldan con un cuadro de sanciones que, además,
como ya les decía antes, genera conflictos y no pocos. Por eso esta ley se enfrenta a múltiples cuestiones no solo en las enmiendas del



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Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, sino de otros grupos porque consideramos que el proyecto de ley no recoge muchas otras cuestiones que también tienen que ver con la calidad y la seguridad alimentaría. Estas cuestiones van, por
ejemplo, desde el desarrollo de medidas para evitar el despilfarro, como las enmiendas de Esquerra Republicana y el Partido Socialista, que ya anunciamos que votaremos favorablemente, a otras enmiendas que sitúa mi grupo y que profundizan en la
búsqueda de garantizar la calidad y la salud tanto de las personas como del medio ambiente, en aspectos básicos del proceso productivo como el envasado y los materiales que se utilizan, en concreto las enmiendas números 15, 16 y 17 de La Izquierda
Plural.


Voy a referirme brevemente a ellas. En las enmiendas 17 y 18 proponemos la prohibición de envases alimentarios que contengan bisfenol A o ftalatos en su fabricación. Respecto al bisfenol A, como saben, es un alterador hormonal presente en
envases plásticos de uso alimentario y un compuesto que, tal y como ha señalado recientemente la Organización Mundial de la Salud, puede alterar la función endocrina y causar importante enfermedades. No me voy a extender en estas cuestiones, pero
sí les quiero recordar que Francia ya ha regulado y ha prohibido que este compuesto se utilice en la elaboración de envases de uso alimentario, después de que su Agencia de Seguridad Nacional de la Salud concluyese que esta es la mayor fuente de
exposición de la población a esta sustancia tóxica. Entonces, si lo ha hecho Francia, señorías, se puede hacer perfectamente y no pasaría nada si lo trasladamos al Estado español. Igualmente sucede con los ftalataos, una sustancia que se añade a
los plásticos para hacerlos más flexibles y que en cinco años, señorías, dejarán de estar presentes en todo dispositivo médico. Por lo tanto, parece lógico trasladar esta medida que se va a aplicar en cinco años en el ámbito sanitario al ámbito de
la alimentación. No esperamos otra cosa que las señorías del Grupo Popular nos digan que estas medidas no son objeto de esta norma. No usen ese argumento cuando en esta misma norma ustedes están modificando, por ejemplo, la Ley de Seguros
Agrarios, que colateralmente tendrá algo que ver, pero quizá tenga más que ver esto que nosotros ponemos encima de la mesa con la salud, la calidad y la seguridad alimentaria que ese asunto. Además, aprovechan el debate de cualquier norma para
modificar otras sin los pertinentes estudios, informes, etcétera. Por favor, digan lo que piensan, tal y como lo piensan, que no quieren aprobar estas cuestiones y ya está, no pasa nada, pero dígannos algo. Porque lo que no se puede hacer tampoco,
como decía el portavoz del PNV, es tener esta carencia absoluta del más mínimo talante o trato a la hora de abordar un trabajo en ponencia y posteriormente hasta este debate en Comisión. A todos estos argumentos tenemos que sumar alguno más. Otras
carencias, como les decía, que tienen que ver con la forma de cómo se ha tratado este debate en este trámite legislativo. Señorías, legislando a martillazos y sin tiempo para el debate, el resultado es bastante pobre, como en casi todo, y
sustancialmente mejorable sobre todo en el detalle y la concreción necesaria, en este caso concreto, de una ley que además es especialmente sensible, porque contiene un orden sancionador. Deberíamos de esforzarnos y esmerarnos en este asunto. En
ese sentido, les anunciamos que todas aquellas propuestas que han presentado los grupos, especialmente el Grupo Socialista, PNV, Convergència i Unió y algún otro grupo que vayan en la medida de arrojar seguridad jurídica a la norma -que no la tiene
en muchos aspectos- van a ser votadas favorablemente. Igual que van a ser votadas favorablemente aquellas que delimiten con claridad que el ámbito de aplicación de esta ley es la de la comercialización mayorista y por ello no vamos a apoyar
enmiendas que excluyan a la gran distribución. Como les decía antes, para nosotros el concepto de calidad, salubridad y seguridad alimentaria es más amplio, por lo que no apoyaremos tampoco aquellas enmiendas que limitan el concepto de la calidad
alimentaria a las cuestiones netamente de salubridad de los productos alimentarios. Tampoco vamos a estar de acuerdo con el texto cuando diga que esta ley no va a entrañar ningún gasto. Para nosotros la calidad y la seguridad alimentaria, pero
especialmente la calidad alimentaria, que es lo que nos ocupa, es lo suficientemente relevante como para no poner esa disposición adicional tercera que mi grupo propone suprimir.


En resumen, señorías, es la última oportunidad en este trámite en el Congreso para resolver estas cuestiones que tienen que ver con el fondo, pero que tienen que ver también con la forma de hacer. Quizá si abordásemos de forma sensata este
debate y todos quisiésemos ponernos de acuerdo, esta ley no hubiera entrañado ningún conflicto, pero como pasa siempre esta ley va a salir mayoritariamente rechazada, porque entendemos que se van a ver rechazadas las propuestas del conjunto de los
grupos, por lo que el resultado va a ser mucho más pobre y mucho menos plural de lo que debería haber sido una ley que aparentemente era de carácter técnico. Todo ello además con la sombra de la denuncia ante el Tribunal Constitucional que mucho me
temo que se va a llevar por delante esta ley en cuanto sea aprobada definitivamente.



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El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas del Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra su portavoz don Mark Solsona.


El señor SOLSONA AIXALÀ: Inicio esta intervención con la sensación repetida esta legislatura de que volvemos a estar ante una ley que tiene una voluntad absolutamente acomplejada de recortar el ámbito competencial donde las comunidades
autónomas tenemos competencias exclusivas. Es una lástima y cansa un poco ya el hecho de tener que valorar una ley si es buena o no exclusivamente por si respeta o no las competencias de agricultura que tenga Cataluña. Las enmiendas básicamente se
dividen en tres ámbitos. Enmiendas técnicas, que se han subsanado algunas de ellas con algunas transacciones con el Grupo Popular y con el Grupo Socialista, por lo que lógicamente vamos a estar de acuerdo. Enmiendas competenciales y enmiendas que
a través de las competencias seguían bajo el modelo de mercado, que es un modelo que no compartimos en su momento y que cuando se aplica de manera transversal en toda normativa y en todas las leyes entendemos que es una filosofía y una doctrina de
modelo que no ayuda y no estamos de acuerdo desde el Grupo Catalán. Estamos cansados de tener que pedir respeto en cada ley a las competencias. Cuando vemos que en una ley, que es técnica, se utiliza la excusa de adaptar una normativa europea para
modificar e invadir el ámbito competencial, entendemos que hay una voluntad manifiesta de aprovechar esta situación para recortar competencias. Si nos guiáramos solo por si es una ley necesaria o no, estaríamos de acuerdo en que podría ser una ley
necesaria siempre y cuando no se excediera en el carácter básico, es decir, en aquellas comunidades donde no hay legislación de este tipo y para que haya una legislación supletoria, estaríamos de acuerdo. Pero no este carácter básico que no
sustituye, porque no puede, a la normativa autonómica, pero sí que la pone en un conflicto permanente a la hora de cuadrar y encajar las diferentes realidades normativas -todas- que tienen su ámbito y su legalidad. ¿Necesaria? Lo dudamos. ¿Qué
crea confusión? Evidentemente. ¿Qué lo entendemos como una excusa para limitar el cuadrar competencias? Absolutamente. ¿Qué entendemos que está de moda cuando se habla de España escenificar de muchas maneras a ver quién la tiene más grande -la
bandera- a la vez de intentar poner de manifiesto la contundencia del modelo de Estado único y uniforme que dice la ley del mercado y la ley de calidad alimentaria? Es la suma de muchas cosas que es normal que haya la realidad que haya y la
sensación de que todo esto no vaya mucho con nosotros. El proyecto de ley para la defensa de la calidad alimentaria se excede, como hemos dicho, en la regulación básica para perseguir este concepto uniforme que incorpora los principios ordenadores
de la unidad de mercado y todo esto mezclado vacía de contenido una vez más alguna materia en una competencia estatutariamente atribuida a la Generalitat de Catalunya, en este caso, y a las demás comunidades y lo hace, como ha dicho el portavoz del
Partido Nacionalista Vasco, a través del ya famoso artículo 149.1.13 de la Constitución, que es la excusa fantástica para poder legislar de manera supraautonómica independientemente de la realidad. Al principio de esta legislatura, ya lo dijo
abiertamente el ministro Cañete que su voluntad era esta, la ministra actual sigue y se nota en cada una de las leyes, porque leyes que en principio tenían un menor calado, se aprovechan para recortar las competencias. A consecuencia de todo esto,
votaremos en contra de esta ley por las razones que he manifestado. Podríamos negarnos a todo, incluso a las transacciones y hacer un pase cantando para lo que queda de legislatura, porque no sirve para nada. En cualquier caso, como siempre, a
través del diálogo con los portavoces y de intentar manifestar que hay una voluntad siempre de diálogo, aquellas que estén bien, como son las que hemos transaccionado, las vamos a votar favorablemente.


Para terminar quiero reiterar que mi intervención no es intensa ni quiere ser agria en ningún sentido, pero quiere poner de manifiesto la decepción de estar preocupado de tener que poner la vara de medir de si una ley es buena o no en
función de si nos recortan más o menos competencias. Nos hubiera gustado mucho más debatir contenidos y no solo marcos competenciales. Parece que el objetivo no ha sido solo el tema de contenidos, sino que sale un acento muy importante siempre en
el marco competencial. Por eso, ya lo hemos manifestado, votaremos en contra de esta ley.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra don Alejandro.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Mi intervención pretende justificar la posición del Grupo Socialista en relación con esta ley y defender las enmiendas vivas presentadas por mi grupo. Ya dijimos en el Pleno y hoy volvemos a reiterar que este
proyecto de ley de defensa de la calidad alimentaria responde a una buena intención que lamentablemente -y ahora explicaré las razones-, desde nuestro punto de vista, no acaba de estar bien resuelto. El resultado final de esta buena intención del
Gobierno plasmada en este



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proyecto de ley hemos dicho y reiteramos que es decepcionante. La ley que debatimos y que vamos a votar hoy modifica efectivamente, como ya se dijo en el Pleno y ha dicho algún interviniente, una legislación que está vigente desde el año
1983. Cualquier persona interesada en este asunto, si se demanda por algunos sectores que se modifique esta legislación de 1983 y no se ha hecho hasta ahora, no creo que sea por irresponsabilidad de los distintos Gobiernos desde entonces hasta
ahora, sino porque lo que se está tratando de modificar es lo que se denomina el paquete de fraudes, la legislación de lucha contra fraudes, unas competencias que fueron transferidas a las comunidades autónomas en aquellos años de 1980 a 1983 y que
posteriormente han sido unas competencias ratificadas, confirmadas y perfeccionadas por los distintos estatutos de autonomía. Estamos legislando en una materia complicada desde el punto de vista competencial y que además se mueve en el espacio
entre otras dos legislaciones, dos leyes vigentes que han sido aprobadas en años anteriores. Me refiero a la Ley de Seguridad Alimentaria y a la Ley del Comercio Minorista. En este caso es la legislación de fraudes, es decir, se refiere
exclusivamente a estas materias que, vuelvo a repetir, son de hecho competencias autonómicas reconocidas en los estatutos y perfeccionadas en su redacción en lo que hemos denominado estatutos de segunda generación, que han sido tramitados y
aprobados en esta y en la pasada legislatura. Este es un asunto difícil, hay que reconocerlo. No digo que el Gobierno haya hecho mal los deberes conscientemente. Reconozco que es un tema difícil y conflictivo. El Gobierno en este tema, igual que
en otros asuntos que ha tramitado de modificación de legislación en esta legislatura, lo ha hecho a su antojo, con su mayoría, que puede hacerlo, es legítimo, el Grupo Popular tiene votos suficientes para aprobar esta y cualquier iniciativa. Igual
que los ochenta, noventa o cien reales decretos leyes que hemos tramitado en esta legislatura y que se han hecho de espaldas a los criterios de la oposición y, en este caso, de espalda a lo que han hecho las distintas comunidades autónomas.
Nosotros hemos tratado de recibir la opinión de las distintas comunidades autónomas y sabemos que en este momento tienen aprobadas leyes específicas para el control de la calidad alimentaria, es decir, para el mismo objetivo que esta ley, Andalucía,
Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia y País Vasco, con mayor o menor intensidad no están de acuerdo con este proyecto de ley. Lamentamos tener que decir que le ley, teniendo una buena intención, no va a solucionar el
problema. Creemos que pudiera complicarlo, porque efectivamente la ley no deroga las legislaciones autonómicas. Por tanto, los inspectores, los instructores de los expedientes y los órganos sancionadores podrán utilizar esta ley o la autonómica y
complicar la resolución de los expedientes y los posibles conflictos que de ellos pudieran derivarse.


Esto no es una crítica al Grupo Popular en el Congreso, sino al Gobierno, porque el Gobierno debería haberle dedicado un poco de tiempo a buscar el consenso con las comunidades autónomas, aunque no sé si lo hubieran encontrado. No lo ha
hecho, no ha habido trabajo previo para convencer a las comunidades autónomas de la necesidad de una ley que homogenice todas las actividades que tienen que ver con el control alimentario, con el control de fraudes. Puedo asegurar que con
anterioridad a la presentación de este proyecto de ley y prácticamente hasta esta mañana ni el Gobierno ni el Grupo Popular han gastado ni un solo minuto en la búsqueda del consenso, en este caso con los grupos políticos del Congreso para intentar
buscar una solución consensuada. Nos da la sensación de que el conflicto jurídico está servido. Es más que probable que la ley, cuando se apruebe, reciba algún recurso de inconstitucionalidad por alguna comunidad autónoma que considere que se
invaden sus competencias. Vuelvo a repetir, una oportunidad fallida a lo que de origen es una buena intención.


Paso a continuación a defender las enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista, que es un documento prolijo, que parte de los trabajos de diálogo que hemos mantenido con distintas organizaciones representativas de la cadena alimentaria y
podríamos enmarcarlas en tres ámbitos. Una serie de enmiendas que básicamente suponen mejoras técnicas a la redacción de la ley. Algunas de ellas, en concreto dos, fueron aceptadas en ponencia porque coinciden literalmente con las presentadas por
el Grupo Popular y otras, varias de ellas, el portavoz del Grupo Popular, don José Cruz Pérez Lapazarán, ya nos ha anunciado o el voto favorable o estas transacciones que hemos firmado con Convergència i Unió. Estas forman parte de un grupo de
enmiendas técnicas que agradecemos la posición favorable del Grupo Popular y especialmente de su portavoz. Si el Gobierno hubiera dejado margen al grupo mayoritario y hubiera habido trabajo en ponencia estoy convencido de que podría haber dado
resultado la aprobación de una ley con consenso y no una ley que, por lo que hemos oído, va a ser aprobada exclusivamente con los votos del Grupo Popular. En este grupo de enmiendas técnicas el Grupo Popular nos ha anunciado el voto favorable, y
quiero agradecer esta posición que en otras leyes recientes ni siquiera en las mejoras técnicas había habido posición favorable.



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En el segundo grupo de enmiendas no ha habido aceptación por el Grupo Parlamentario Popular. El Grupo Socialista pretendía resolver el objeto y el ámbito de aplicación de la ley que, desde nuestro punto de vista, no está resuelto. En
concreto aquí hay tres enmiendas, las números 35, 55 y 57, que pretenden enmarcar el ámbito de aplicación para evitar problemas de aplicación. El Grupo Socialista pretende, en línea con lo que dice el Consejo de Estado en su informe, que la ley
enumere, por medio de un anexo, toda la normativa básica de aplicación en España referente a la calidad alimentaria, que habilite o autorice al Gobierno a modificar estos anexos enumerativos de la legislación para, a continuación, establecer los
procedimientos de control y régimen sancionador. Señores del Grupo Popular, señor Lapazarán, si aquí ningún grupo cuestiona que el Gobierno tenga competencia para aprobar, como de hecho viene aprobando prácticamente todos los meses, las normas de
calidad y las reglamentaciones técnico sanitarias de la elaboración de carnes y productos cárnicos o productos de la pesca o los huevos y derivados o la leche o aceite o cereales o frutas o tubérculos o edulcorantes o bebidas alcohólicas o no
alcohólicas o helados, hay una prolija documentación que es de aplicación obligatoria e igualitaria en toda España. Estamos hablando de una competencia de gestión, del control de la calidad. Este es un tema que hay que reconocer que el Gobierno no
tiene competencias, porque esto es una competencia de gestión y habría que buscar fórmulas que permitan un grado de consenso para buscar ese objetivo, que nadie discute, de que se sancione igual en Cataluña que en Andalucía o que en Galicia y que
los procedimientos sean iguales para no reducir la seguridad jurídica o provocar indefensión en los actores. Vuelvo a repetir que esto no está bien resuelto.


Por último, hay otro grupo de enmiendas -y con esto ya termino, señor presidente- que pretenden incorporar un asunto a todo esto del control de la calidad alimentaria, es un tema relacionado, pero no específico de la ley. El Grupo
Socialista ha presentado una enmienda para que el Congreso de los Diputados hiciera un mandato al Gobierno de remisión de una ley específica contra el desperdicio alimentario. Este es un tema que está provocando escándalo en España y en toda
Europa, los cientos de toneladas de alimentos que se desperdician en el conjunto de la cadena alimentaria y hay que pasar de las buenas palabras a la legislación. En línea con lo que han hecho Francia y otros países, España debería dotarse y tener
un mandato parlamentario para que exista una ley que regule los procedimientos para evitar el desperdicio de alimentos y sancione las conductas que lo faciliten.


Señor presidente, señores del Grupo Popular, agradecemos la aprobación de las enmiendas. Vuelvo a repetir, no estamos beligerantemente en contra de que exista un proyecto de ley de estas características, pero creemos que tiene déficits o
carencias importantes, por eso nuestra posición será de abstención respecto del informe que finalmente se someta a votación.


El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don José Cruz.


El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Quiero agradecer el tono de las intervenciones de todos los portavoces y sus argumentaciones. Voy a intentar rebatírselas, porque me da la impresión que han leído otra ley que no es la que he leído yo. Voy a
intentar de alguna manera ajustar mi discurso a todas aquellas cuestiones que se han dicho en contra de esta ley. Esta es una ley que viene a cubrir una norma básica y a establecer una serie de garantías y de control sobre los productos
alimentarios para la defensa de su calidad. Ya se ha dicho aquí, las garantías de calidad son importantes, ya que son la base de la producción agroalimentaria. En un país como el nuestro que factura más de 100.000 millones de euros, que tiene
entre la producción, la transformación y el comercio 2,5 millones de trabajadores y que exporta 30.000 millones de euros, estas son unas cifras importantes como para cumplir todo lo que es legislación en materia de agroalimentación que nos viene
siendo impuesta por la Unión Europea. Esta ley responde a esa obligatoriedad que tenemos frente a la Unión Europea de tener una ley de calidad alimentaria demandada reiteradamente por las organizaciones empresariales y por el sector alimentario
español. El Reglamento (CE) número 882/2004 viene a decir de alguna manera lo que hay que hacer en materia de control. Se lo voy a decir sobre todo dirigido a los portavoces de Convergència i Unió y de PNV que de alguna manera se quejan de los
temas competenciales. Dentro de este reglamento el considerando 7 dice: Es conveniente establecer a nivel comunitario un marco armonizado de normas generales para la organización de dichos controles. El considerando 34 establece: Para que el
planteamiento de los controles oficiales sea global y uniforme los Estados miembros deben establecer y aplicar planes nacionales de control plurianuales de acuerdo con unas directrices amplias elaboradas a nivel comunitario. El considerando 48
dispone: Asegurar el planteamiento armonizado de los controles oficiales. En la parte dispositiva, en el artículo 1, dice: Los Estados miembros garantizarán que se efectúan controles oficiales con regularidad basados en



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los riesgos de frecuencia. Hay más. En el artículo 55 dispone: Los Estados miembros establecerán las normas sobre las sanciones aplicables a las infracciones de la legislación en materia de piensos y alimentos y de otras comunitarias
sobre la protección de la salud y bienestar de los animales, y se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las acciones establecidas deberán ser eficaces. Hay un artículo más que les quisiera leer. En cuanto al personal
encargado, la autoridad competente garantizará que todo su personal encargado de efectuar los controles oficiales... Habla de autoridad competente. Nuestra ley es tan respetuosa con la legislación y con la competencia autonómica que fíjense el
artículo 5 de este proyecto de ley establece: Que el control oficial realizado por la autoridad competente. Punto. No cuestiona quién es la autoridad competente. Dice: la autoridad competente. Voy más adelante. El artículo 7 de la ley que
debatimos hoy -inspección y alta de inspección en el control oficial- establece: Las actuaciones de inspección se realizarán por funcionarios públicos que en el ejercicio de sus funciones tendrán la condición de agentes de la autoridad y podrán
solicitar el apoyo necesario de cualquier otra autoridad pública, así como a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Punto, no habla de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino de las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes. Precisamente no
viene a invadir ningún ámbito competencial. Además el artículo 26, deber de información sobre el control oficial, dice: 1. La autoridad autonómica competente para el control oficial de la cadena alimentaria enviará la información necesaria. Es
cierto que habla del artículo 149.1 de la Constitución como ordenación general de la economía. Incluso el propio dictamen de la comisión del Consejo de Estado viene a decir en un momento con lo que se va a generalizar a todo el derecho alimentario
puede considerarse que entra dentro de la noción de lo básico a efectos del artículo 149. Esta ley viene a cubrir y a trasladar a la Unión Europea la exigencia que nos hace como país con un respeto a todo lo que es el ámbito competencial
autonómico. Con eso rebatimos las argumentaciones de Convergència i Unió y del PNV. Esta ley viene a solucionar algo que ya dije en el debate de la enmienda a la totalidad, porque el sector agroalimentario español nos está pidiendo que actuemos en
materia de tener algo básico que nos sirva a algunas comunidades autónomas para establecer unas sanciones que son mínimas para que esas empresas agroalimentarias se puedan trasladar de una a otra y se ubiquen allá donde consideren que hay o menos
control o sanciones más bajas. Todo esto es lo que esta ley pretende obviar de alguna manera.


El portavoz de Convergència i Unió hablaba de cortesía. Siento no haberle llamado para tratar sus enmiendas, lo siento enormemente, pero reconózcame que tampoco ustedes asistieron a la ponencia en que se debatieron las enmiendas. No le he
llamado, pero usted no asistió a la ponencia y allí debatimos ampliamente las enmiendas. Me disculpo si no le he llamado para tratar sus enmiendas, pero también deberíamos tener algún mensaje en el sentido de por qué no se asistió por parte del PNV
a la ponencia donde debatimos ampliamente sobre las enmiendas.


En cuanto a las enmiendas, el ámbito competencial ya está tratado. El artículo 149 respalda esta ley, pero también se da cumplimiento a ese Reglamento (CE) 882/2004 reiterada por el Reglamento (CE) 1069/2011, que entró en vigor en diciembre
del año pasado, y que exigía a los Estados miembros: Actúen ustedes, porque el plazo termina y no han actuado. Esto es lo que se pretende con esta ley. Respecto a la unidad de mercado, ya se lo he dicho, la unidad de mercado con esta ley y con la
ley que tenemos de unidad de mercado posibilita que haya un juego en un campo en igualdad de condiciones entre todo el empresariado.


En cuanto al régimen sancionador que ustedes hablan, fíjense si algo tiene esta ley es que se ha hablado con todas las comunidades autónomas y se han estudiado las siete leyes autonómicas en materia de sanciones y se ha establecido
precisamente una horquilla entre la menor y la mayor para poder establecer el mismo campo de juego para todas las comunidades autónomas. No sirve decir que el régimen sancionador es ámbito propio. No cuestionamos el régimen sancionador, es de la
autoridad competente. En esa horquilla se ha tenido en cuenta la legislación que hay en esta materia. No se puede criticar esos artículos que se refieren a las sanciones de este proyecto de ley.


Algunas de las enmiendas, tanto la de Izquierda Unida como la de Esquerra Republicana hablan del desperdicio de los alimentos. Esta ley no trata de esta materia. El Gobierno ya ha actuado en materia de más alimento o menos desperdicio con
cinco ejes de actuación, ya se lo dije en el debate: generación del conocimiento, sensibilización en el desarrollo y buenas prácticas, etcétera. Todo esto se lo he transmitido a las comunidades autónomas. Por tanto, establecer este tipo de
cuestiones en una ley de ámbito estatal, eso sí que sería entrar en la competencia de una comunidad autónoma que tiene regulación sobre el comercio minorista en el ámbito alimentario. Por tanto, nosotros no creemos que esta ley deba contemplar



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esas enmiendas que han presentado Izquierda Unida y Esquerra Republicana. Y lo mismo pasa con otras de Izquierda Unida referidas a prohibir porque es malo para la salud. Precisamente, si algo tiene este proyecto de ley -y lo dice el
artículo 2.2- es que quedan excluidos de su ámbito de aplicación los aspectos higiénico-sanitarios y de seguridad alimentaria. Esta no es una ley sanitaria, es solamente de controles sobre la calidad alimentaria. Por tanto, no procede admitir
estas enmiendas de Esquerra y de Izquierda Unida.


En cuanto a las enmiendas técnicas de CiU, como hemos hecho también con las del Grupo Socialista, intentamos recoger aquellas que se podrían rescatar para mejorar la redacción y concretar aspectos conceptuales, y, en ese sentido, creo que
hemos conseguido que se incluyan esos aspectos de mejora referidos a la redacción y conceptuales. En los temas competenciales, lógicamente, nos tenemos que remitir a lo que ya les he dicho.


En cuanto al Grupo Socialista, le digo lo mismo que a Convergencia i Unió. Hemos considerado los aspectos técnicos. No hemos creído conveniente incluir lo que pedía una de sus enmiendas, que son tres o cuatro folios que solicitó el Consejo
de Estado, que desde el Ministerio de Agricultura se remitió al Consejo de Estado sobre los ámbitos de aplicación de esta Ley, pero creo que subyace cuáles son. En cuanto al resto de las enmiendas, hemos considerado que, lógicamente, tenían interés
pero que no procedía aceptarlas, ya que de alguna manera desvirtuaban alguna parte del articulado en cuanto a requerimientos. Ello hace que tengamos una posición contraria a la admisión de estas enmiendas.


Finalizo diciendo que esta ley forma parte de ese amplio paquete legislativo aprobado por este Gobierno del Partido Popular y el Ministerio de Agricultura, que creemos que supone un reconocimiento al sector agroalimentario español y que da
soluciones a los problemas que este tiene en lo referido a leyes de integración cooperativa, mejora en la cadena alimentaria y denominaciones de origen de ámbito suprarregional. Creo que con esto hacemos un favor enorme a este sector, que, como ya
he dicho, es el primer sector productivo de España en cuanto a facturación, y que nos lo va a agradecer.


Y para concluir, quiero agradecer también todas las aportaciones de los grupos. Reconozco esa situación que se vive dentro de algunos partidos políticos, que creen que es preferible no votar con el Partido Popular -parece que contamina-,
pero entiendo que el sector agroalimentario español les hubiera agradecido que se hubiesen sumado a esta legislación. Algunas, como la Ley de mejora de la cadena alimentaria, creo que son pioneras en la Unión Europea, por lo que creo también que
van a ser copiadas en la Unión Europea. Por tanto, nuestros agradecimientos. Y creo que el Gobierno en ese sentido ha cumplido con sus compromisos. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a interrumpir por unos breves instantes la Comisión para ordenar el cuaderno de enmiendas. (Pausa).


Vamos a proceder a las votaciones.


Sometemos a votación, en primer lugar, las enmiendas del Grupo Mixto.


Votamos la enmienda número 20.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos conjuntamente las enmiendas 21 y 22, del Grupo Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda 23.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 37; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Procedemos a votar conjuntamente las enmiendas 24 a 31.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 37; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos a continuación las enmiendas presentadas por el Grupo Vasco, PNV.


La enmienda número 4.



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 24; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 5 y 6, del Grupo Parlamentario Vasco, PNV.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos conjuntamente las enmiendas 7 y 8, del Grupo Vasco, PNV.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 24; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


La enmienda número 9, del PNV.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 37; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 10.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 24; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


A continuación, vamos a someter a votación las enmiendas presentas por el Grupo de Unión Progreso y Democracia.


Votamos la enmienda número 11.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 23; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos conjuntamente las enmiendas 12 y 13, del Grupo de Unión Progreso y Democracia.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 14, de UPyD.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 25; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Vamos a proceder a la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo de La Izquierda Plural.


Se votan conjuntamente las enmiendas números 15 y 16.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 17, 18 y 19, del Grupo de La Izquierda Plural.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 23; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Vamos a proceder a la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió).


En primer lugar, la enmienda número 58.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 37.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 63 y 76.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 24.



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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 67.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 37.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 68.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 24; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Vamos a proceder ahora a la votación en bloque de las enmiendas 72, 74 y 75.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 36; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 61.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 36; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 62.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 23; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 71.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 73.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 38.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas números 77 y 78.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 24; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Vamos a votar ahora las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista. Enmienda número 32.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 33.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Enmienda número 34.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 35.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 39.



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Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Enmienda número 42.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Vamos a votar conjuntamente las enmiendas 45, 46, 47 y 48.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 50 y 51, que se votan conjuntamente.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 52.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 53 y 54.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 55.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 23; abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 56 y 57.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A continuación votamos las enmiendas transaccionales, que están a disposición de todos los señores portavoces. Se someten a votación conjuntamente.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad, y se incorporarán al proyecto de ley.


A continuación votamos el proyecto de ley, de acuerdo con el informe de la ponencia.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 6; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada el proyecto de ley.


Se levanta la sesión.


Eran las seis y cuarenta minutos de la tarde.