Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 692, de 19/11/2014
cve: DSCD-10-CO-692
PDF
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 692
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. OVIDIO SÁNCHEZ DÍAZ
Sesión núm. 67
celebrada el miércoles,
19 de noviembre de 2014
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa a la eliminación de las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002956) ... (Página2)
- Para el establecimiento de una hoja de ruta de las ayudas europeas al sector financiero que incorpore compromisos explícitos para el aumento del crédito a pymes y familias con proyectos viables. Presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000869) ... (Página6)
- Para condicionar el reparto de dividendos y limitar retribuciones en entidades financieras que reciben ayudas públicas. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/000305)
... (Página11)
- Relativa a la promoción de la educación científica y tecnológica desde la infancia. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001505) ... (Página15)
- Sobre la oficina del Instituto Social de La Marina de Arguineguín en Gran Canaria. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/002533) ... (Página19)
- Relativa a la situación de los pequeños ahorradores afectados por la estafa de Fórum Filatélico S.A., Afinsa Bienes Tangibles S.A. y Arte y Naturaleza Gespart S.L. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
(Número de expediente 161/002564) ... (Página22)
- Relativa a fomentar la internacionalización de las empresas del sector de la salud especialmente en mercados emergentes. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002973) ...
- Relativa al desarrollo de la Ley de la ciencia, la tecnología y la innovación. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003177) ... (Página31)
- Corrección de error ... (Página35)
Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LAS CLÁUSULAS SUELO DE LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002956).
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
Comenzamos con la proposición no de ley relativa a la eliminación de las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios.
Tiene la palabra el señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: El problema está perfectamente definido, concretado e incluso cuantificado. Son 3.200.000 las hipotecas que en estos momentos tienen cláusulas suelo, no en todas las entidades bancarias, hay que decirlo, pero sí en
varias, algunas de ellas nacionalizadas y que han recibido dinero público. Esto significa que cuando tenemos tipos de interés bajos, hasta llegar al récord histórico del Euríbor al 0,33 %, hay 3.200.000 familias que tienen cláusulas suelo activas y
que están pagando de media unos tipos de interés del 3,5 %, aunque hay casos en los que se alcanza el 5 %. Se está desaprovechando la única ventaja que se está teniendo en esta crisis, que son los bajos tipos de interés, lo que, evidentemente, va
en perjuicio de familias humildes y también de pequeños profesionales y autónomos que tienen sobre sus viviendas, sus locales comerciales y sus establecimientos una hipoteca con cláusula suelo, que en la mayoría de los casos no sabían que la tenían.
En segundo lugar, el origen, porque sé que el Grupo Parlamentario Popular va a mencionarlo. Hemos tenido una subcomisión en la que hubo representantes de todos los ámbitos y en la que la cláusula suelo fue objeto de estudio. En ella, el
representante de la Asociación Española de Banca hizo una intervención muy aclaratoria en la que nos manifestó -está en las propias actas- que durante el Gobierno de Aznar fue cuando, ante la previsible caída de los tipos de interés, se convoca a
dicha asociación para cambiar los productos financieros que ofrecían, así como para cambiar los préstamos que tenían a tipos de interés fijo, que venía siendo lo habitual, a tipos de interés variable. ¿Por qué? Porque se preveía una importante
caída de los tipos de interés. Esta recomendación surtió efecto y las entidades bancarias cambiaron los préstamos con tipo de interés fijo a tipo de interés variable, hasta el punto de que hoy en día el 97 % de los préstamos son a tipos de interés
variable. También reconoció la propia banca que se creó esa argucia para garantizar un rendimiento o rentabilidad mínima de esos préstamos. Con dicho fin, en unos casos se establecieron las cláusulas suelo y, en otros, se contrataron los SWAP. La
conclusión de la propia subcomisión es que ese fue el origen.
El fraude cometido. Ya hay una sentencia del Tribunal Supremo, y muchísimas de audiencias provinciales, pero solamente me voy a referir a la de mayo de 2013 del Supremo en la que se manifiesta claramente que en la demanda judicial que se
había presentado se había detectado que el establecimiento de las cláusulas suelo no había sido transparente sino que había sido opaco, que figuraban en la parte secundaria del contrato, no en la parte primera... (Rumores). Por favor, es difícil
intervenir. Señalaba la sentencia, repito, la opacidad a la hora de su establecimiento. También manifestaba que habían sido comercializadas sin que el cliente bancario tuviera conocimiento. Por otra parte, decía que en algunos casos eran
desproporcionadas. Por último, decía que no se había establecido ningún tipo de simulación sobre marcos futuros que se pudiesen dar. Se anularon 700.000 cláusulas suelo de hipotecas concedidas por tres entidades bancarias, Novagalicia, Cajamar y
BBVA. Ha habido otras sentencias, y quiero señalar,
porque es ejecutiva, la de la Audiencia Provincial de Córdoba con respecto a Cajasur. En este caso también se ha suspendido la aplicación de la cláusula suelo para 40.000 contratos hipotecarios. Esto hace un total de 740.000 contratos
hipotecarios de los que se ha eliminado la cláusula suelo, y de los 4 millones que la tenían quedan aún 3.200.000. Voy a referir el caso concreto de Cajasur, donde la situación es kafkiana, rayando con el absurdo. En esta entidad se
comercializaron todas las hipotecas por igual -si fue opaca una, lo fueron todas, porque los comercializadores eran los mismos-, y sin embargo se han eliminado los suelos de interés del 3 % y del 4 % y no se ha hecho lo mismo con los del 3,5 %, del
3,75 % o del 2,75 %. Es una situación absurda que solo se explica si es que están esperando nuevas sentencias judiciales, puesto que las resoluciones atienden a las demandas presentadas.
¿En qué situación nos encontramos? A partir de esa sentencia se han liberado de estas cláusulas 740.000 hipotecas, lo que les ha permitido tener activo su referencial y su diferencial y no tener activa la cláusula suelo porque está
eliminada, pero la gran mayoría sigue esperando sentencias judiciales. ¿Cuál es la solución? Por una parte, está la extrajudicial, poco operativa, puesto que no es vinculante el informe del Banco de España, y debido a esto muy poca gente acude a
ella. En algunos casos se han podido liberar con esos informes del Banco de España, pero insisto en que los casos han sido los mínimos. Esa vía extrajudicial es poco operativa, hay mucha desinformación al respecto y no es una solución porque no es
vinculante el informe del Banco de España.
La segunda vía es la judicial. Todos sabemos que es lenta y costosa. Yo mantengo continuas reuniones con afectados por las cláusulas suelo y les cuesta mucho trabajo acudir a la vía judicial, incluso en algunos casos les resulta imposible,
por las enormes tasas que existen, ya que en algunos casos tienen que aportar hasta 3.000 euros para poner una demanda judicial y no disponen de esa cantidad. Es una vía lenta, costosa y no accesible para todo el mundo, porque mientras más humilde
es la familia menos posibilidades tiene de que se le elimine la cláusula suelo a través de la vía judicial.
La tercera vía es la política, que es la que nosotros estamos obligados a activar aquí, y queremos hacerlo con esta proposición, como hicimos ayer con una proposición de ley. ¿Por qué? Porque creemos que es necesario dar solución a la
generalidad, a la totalidad, puesto que la sentencia del Tribunal Supremo es muy clara en cuanto a que la comercialización, en términos universales, ha sido opaca, ya que no figuran las cláusulas suelo en las partes principales del contrato, cuando
son parte determinante del mismo a la hora de cuantificar la cuota mensual de la hipoteca que hay que pagar. Quiero decir que la vía política no se ha activado ni por parte del Gobierno ni del grupo que lo apoya. ¿Por qué? Por una razón
fundamental, porque no ha habido presión social suficiente. En el caso de las preferentes ha habido presión social, se han unido y se han activado movimientos de protesta. El Gobierno adoptó una medida, que no soluciona el problema, porque
solamente uno de cada tres euros se ha devuelto a los preferentistas, pero por lo menos se movió para abordarlo. En el caso de los desahucios sucedió exactamente igual, el movimiento social, el malestar, la indignación consiguieron movilizar al
Gobierno que redactó el código de buenas prácticas; esto no solucionó el problema, pero al menos no hubo inacción. En el caso de las cláusulas suelo ha habido una inacción total del Gobierno, y eso es porque no ha habido una suficiente
movilización. Está claro que si no hay contestación social este Gobierno no se mueve y sigue apoyando a los grandes, a esos grandes elefantes, sigue recogiendo las cacas de esos grandes elefantes, pero dejando a las familias, sobre todo a las más
humildes, sin la ayuda que están pidiendo insistentemente.
Nuestra propuesta es que se eliminen las cláusulas suelo, por lo pronto en todas las entidades bancarias que han requerido ayuda pública, como es el caso de Bankia. En este momento en esta entidad hay 40.000 hipotecas con cláusula suelo por
un importe de 3.200 millones de euros. Es necesario que Bankia -parece que hay disposición para hacerlo- la elimine de forma inmediata. Cataluña Caixa ha sido adquirida por el BBVA y el banco se ha comprometido a eliminar la cláusula. Novagalicia
la eliminó a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo. De todas formas, continúa habiendo muchas entidades que han necesitado ayuda pública, como Cajasur, a la que se le otorgó una ayuda pública de 395 millones, y que siguen manteniendo la
cláusula suelo. Creemos que es necesario que a esas entidades se les exija su eliminación inmediata. En el caso de las que no han recibido ayuda pública, creemos que se debe auditar por el Banco de España si se comercializaron de forma opaca o
transparente. Estoy seguro de que en el 100 % de los casos, tal como ha señalado el Tribunal Supremo, se hizo sin transparencia de ningún tipo. Públicamente quiero advertir a todos aquellos afectados a los que las entidades bancarias están
proponiendo renegociar sus tipos de interés, la cláusula suelo, de que es otra trampa más del propio sistema. Que te quiten un punto de la cláusula suelo significa convalidar la que tenían inicialmente; por tanto, la única negociación posible es
su eliminación total y absoluta.
No podemos admitir la inacción política del Gobierno. Pedimos justicia para esas 3.200.000 familias afectadas en este país, pero a través de medidas políticas emanadas de este Parlamento, que deben ser ejecutadas por el Gobierno, y no
esperando a las sentencias judiciales. La única vía que les queda es la judicial, en la que en el 90 % de los casos se gana, porque los bancos ni siquiera recurren ya porque saben que pierden y tienen que pagar las costas correspondientes, pero que
es imposible para muchísimas familias humildes, ya que, repito, no pueden pagar las correspondientes tasas judiciales.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Mi grupo parlamentario apoyará el planteamiento realizado por el Grupo Parlamentario Socialista, como hicimos ayer en un debate similar. Estamos a favor de que se informe al consumidor con la máxima claridad
posible y creemos que hay que acabar con todos los aspectos oscurantistas que existen en determinadas cuestiones jurídicas que no están al alcance de los consumidores. Por tanto, primer punto básico y fundamental: máxima transparencia e
información al consumidor.
Cuando se haya demostrado judicialmente que las cláusulas son abusivas, hay que plantear a las entidades financieras una revisión de oficio de las mismas para que sean eliminadas. Al mismo tiempo, entendemos que de cara al futuro debería
existir una tercera persona independiente que pueda informar con la máxima transparencia al consumidor cuando existan operaciones en las que hay tipos de interés o cuestiones como las que estamos planteando. Debemos avanzar para diseñar una lucha
eficaz y eficiente con mecanismos ágiles de reclamación sin coste para los consumidores.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Mi grupo va a apoyar la proposición del Grupo Socialista, porque entendemos que estamos ante un ejemplo más de lo que han sido las estafas financieras y bancarias, que en muchas ocasiones tienen diferentes formas,
y hablamos de derivados de créditos, de cláusulas suelo o de preferentes; son productos financieros siempre distintos pero que, en última instancia, obedecen al mismo fenómeno económico. En una época de espejismo económico y financiero en este
país, producto de la globalización financiera, durante muchos años ha habido una dejación por parte de los reguladores con respecto a la actividad del sistema financiero, que afectaba a los ingresos de las familias, de tal forma que aprovechaban, en
algunos casos de manera notable y vergonzosa, la falta de información financiera que tenían respecto a lo que estaban firmando. En otros casos, directamente se trataba de un vil engaño cometido a partir de elementos de relaciones sociales de
confianza que eran aprovechadas para firmar determinados contratos que siempre significaban un beneficio económico para el sistema financiero a costa de los ingresos de las familias.
Nos encontramos ante un problema social muy grave, circunscrito a algunas familias, que no son pocas, que obedece a una cuestión contable, porque lo que está argumentando el propio Gobierno de España, y de otros países que han vivido
fenómenos similares, es que corregir este problema significa mermar los ingresos del sistema financiero. Por supuesto que sí, porque en última instancia estamos ante ese fenómeno contable. Por tanto, no se entra en el campo de la demagogia, ni
mucho menos, sino en el de la precisión cuando decimos que hay que elegir si vamos a cargar las pérdidas o los beneficios en un lado o en otro.
Nosotros, que somos una fuerza política que tiene muy clara la defensa de los más desfavorecidos, tanto por su clase social como por esta situación que hemos descrito de falta de información financiera, en el contexto de una gran estafa
cometida con determinados mecanismos, estamos radicalmente en contra de las cláusulas suelo y de los derivados de crédito que se firman de forma fraudulenta, porque aunque en algunos casos puedan ser legales, ya hay dictámenes jurídicos que han
establecido que se trataba de engaños. Por tanto, vamos a apoyar la moción del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: La postura de mi grupo respecto a esta PNL ofrece pocas dudas, porque hemos tenido algunas ocasiones de debatir en el pasado sobre esta cuestión, entre otras, en una comparecencia del ministro de Economía sobre la
sentencia europea relativa a este tema. Y ofrece pocas dudas porque los tribunales ya han fallado. Hay sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de tribunales nacionales en las que se declaran incorrectas estas cláusulas suelo.
Compartimos estas
sentencias porque dichas cláusulas son incorrectas por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque generan una asimetría inadmisible para el que tiene la hipoteca o el préstamo; es decir, cuando los tipos de interés suben su interés
sube, pero cuando bajan el suyo no lo hace. En segundo lugar, porque por si esto fuera poco, estas cláusulas se comercializaron incorrectamente, sin dar a los consumidores financieros la información necesaria a la hora de firmar estas condiciones
draconianas. Estamos a favor de la eliminación de estas cláusulas. Pero es que, además, si son globalmente inadmisibles, más todavía nos lo parecen en las entidades financieras nacionalizadas, que deberían tener un plus de obligación de alinear
sus políticas crediticias con estas sentencias judiciales.
Votaremos a favor de esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: No me correspondería a mí hablar de este tema, porque hay personas de mi grupo parlamentario que conocen mucho mejor que yo el mercado hipotecario, como es el caso del señor Matos y de don Teodoro García,
pero me toca hacerlo porque ellos esta tarde no pueden estar aquí. Voy a intervenir fijando los marcos y los límites que este grupo parlamentario mantiene en el mercado hipotecario.
Quiero empezar diciendo que se ha hablado de estafa. La estafa tiene una dimensión penal y no corresponde a este Parlamento determinar las dimensiones penales (El señor Hurtado Zurera hace gestos negativos). No me refiero al señor Hurtado.
Repito que no corresponde a este Parlamento determinar las dimensiones penales; si las hubiera o hubiese, el primer grupo que lucharía contra cualquier situación punible penalmente sería este, como ya lo ha demostrado. También se ha hablado de
inactividad del Gobierno. Desde el minuto uno, desde el primer trimestre del año 2012 se están tomando medidas en el mercado hipotecario, porque entendemos la situación devenida a miles de personas por la crisis, por el desempleo, que les llevaba
no solo a perder el puesto de trabajo sino la casa. Desde el minuto uno, no porque nadie se estuviera moviendo, sino porque veíamos el problema, y la sensibilidad social no es monopolio de nadie, sino que la considero un objetivo compartido por
todos los que estamos en esta sala, nos hemos preocupado de dar una solución al tema de las hipotecas, que en este caso se firmaron en años en los que no éramos Gobierno.
Dicho esto, haré unas reflexiones. Primera, mercado hipotecario. Este grupo parlamentario quiere, desea, lo incentivará y promoverá, que haya un mercado hipotecario que funcione para que jóvenes y familias tengan acceso a la vivienda. No
queremos que las decisiones que se tomen conduzcan a que se rompa el mercado hipotecario. El mercado hipotecario en nuestro país ha permitido que miles y miles de familias tengan acceso a la vivienda, que miles y miles de jóvenes tengan acceso a la
vivienda, porque en otros países en los que no es así tienen unos problemas tremendos de vivienda. En España, afortunadamente, el mercado hipotecario funciona facilitando el acceso a la vivienda. Por tanto, cualquier decisión que tome este grupo
parlamentario será respetando el mercado hipotecario.
Segunda, que los que pagan regularmente no tengan que pagar el pato de ninguna medida. Hay millones de personas que dejándose la piel, con el sudor de su frente, están haciendo frente -valga la redundancia- al pago de su hipoteca mensual.
Este grupo parlamentario entiende que nada de lo que hagamos puede ir en detrimento de los que están haciendo frente a sus compromisos de pago de manera regular y mensualmente.
Tercera, hay que aclarar una cuestión, porque en los debates de ayer y de hoy hemos visto que a veces hay una cierta confusión entre lo que son créditos normales y créditos hipotecarios y la ejecución de los mismos. Tenemos que ser
conscientes de que si hay un mercado hipotecario que funciona con títulos ejecutivos es porque en este país hay un procedimiento que así lo facilita. Si no quisiéramos que existiera este elemento contractual, nos cargaríamos el proceso, serían
créditos normales, como cuando te dan dinero para comprarte una lavadora, y habría que ir a un declarativo normal, pero en ese caso se pondría en duda la función del notario. Este tipo de contrato hipotecario tiene un intermediario, que es el
notario, que da fe de que las partes tienen capacidad para firmar y saben lo que están firmando. Si ponemos en duda eso, nos cargamos el sistema. Hay que hacer esa reflexión.
Cuarta reflexión. En opinión de este grupo parlamentario, la protección del consumidor consiste, en primer lugar, en garantizar la igualdad de posición de las partes, que ninguna parte tenga capacidad de extorsionar a la contraria; en
segundo lugar, en que exista competencia, que el consumidor pueda ir a varias entidades a pedir precio; en tercer lugar, en la seguridad de que se sabe lo que se firma y las condiciones en las que se firma. Eso es lo que nosotros entendemos por
protección del consumidor. Si
alguien lo ha hecho mal, que lo pague; si alguien se ha valido de su posición, que lo pague; si no hay competencia, crearla; si no hay seguridad de que un señor sabe lo que está firmando, mejorar las condiciones para que no sea así.
Quinta, tipo fijo o variable. Hay que hacer esa reflexión. El tipo fijo no necesita ni cláusula suelo ni cláusula techo ni nada, que es como estaban el 100 % de las hipotecas en España hasta mitad de los noventa. El tipo variable tiene
ventajas y riesgos para el consumidor, porque le permite pagar menos, pero también corre el riesgo de que suban los tipos. En España existen las dos modalidades y se puede uno acoger a la que quiera.
Sexta reflexión de este grupo parlamentario, las condiciones. ¿Hay que facilitar o no que las partes firmen condiciones para que el crédito sea más económico o el contrato tiene que ser estandarizado y para todos igual? Mi grupo entiende
que, salvaguardando lo que manifestaba anteriormente sobre las garantías de que el consumidor sepa lo que hace, es mejor que haya condiciones.
Séptima reflexión. Vamos a cumplir las sentencias, y si hay alguna que dice que alguien se ha sobrepasado, habrá que cumplirla, por supuesto, y estaremos los primeros en la fila, pero siempre sabiendo que el mercado hipotecario español es
mejor que el de muchos países europeos. No soy más chovinista que nadie, pero quiero dejar claro que en España hay más acceso a la vivienda porque tenemos un mercado hipotecario mejor.
Octava reflexión. Este grupo parlamentario quiere proteger y dar soluciones a los que padecen situaciones sobrevenidas y dificultades para pagar la hipoteca porque han perdido el empleo y tienen problemas de todo tipo.
Novena reflexión. En España no se ha firmado en estos años ningún crédito hipotecario de los que estamos hablando, sino que se ha hecho en años anteriores. No quiero entrar en más razonamientos ni en más acusaciones. Honestamente creo que
este multicausismo del Partido Socialista, que se apunta todas las causas sin saber a veces qué consecuencias tienen algunas de las propuestas que hacen sobre los que cumplen legalmente, no es el camino a seguir.
- PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA HOJA DE RUTA DE LAS AYUDAS EUROPEAS AL SECTOR FINANCIERO QUE INCORPORE COMPROMISOS EXPLÍCITOS PARA EL AUMENTO DEL CRÉDITO A PYMES Y FAMILIAS CON PROYECTOS VIABLES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000869).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 2, para el establecimiento de una hoja de ruta de las ayudas europeas al sector financiero que incorpore compromisos explícitos para el aumento del crédito a pymes y familias con proyectos
viables. Señor Sánchez i Llibre, tiene la palabra.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Mi grupo parlamentario ha planteado una proposición no de ley para instar al Gobierno a toda una serie de conclusiones y de repercusiones que, a nuestro juicio, han de resultar positivas como consecuencia de la
desestructuración del sistema financiero. Hemos abordado en el Congreso un sinfín de debates parlamentarios que han ido en la dirección de reforzar la solvencia del sistema financiero español y de combatir la parte mala del sistema financiero
español a través de sus participaciones de capital, a través del FROB, para intentar reflotarlas y después devolverlas al sector privado. Una de las cuestiones relevantes que ha perseguido mi grupo parlamentario es que finalmente una vez realizada
dicha reestructuración del sistema financiero, sepamos que existe en España un sistema financiero solvente, producto de dicha consolidación y restructuración fiscal, y un flujo de crédito de recursos de la banca privada, de la nacionalizada, hacia
las familias y hacia las pequeñas y medianas empresas. Señorías, saben perfectamente que hoy, a pesar de que en muchísimos debates siempre se mantiene que existe ya un flujo de crédito considerable de la banca privada o pública a las empresas y
familias, no es tan real como aquí se aprecia teóricamente cuando viene el gobernador del Banco de España o el ministro de Economía y Competitividad y cuando hablan algunos grupos parlamentarios. En esta proposición no de ley intentamos recoger
toda la información que hemos ido tramitando en esta última legislatura, la hemos modernizado a través de una enmienda que hemos planteado. Es cierto que el Grupo Parlamentario Popular, a través de esta autoenmienda de Convergència i Unió, ha
presentado otra enmienda transaccional, que la vamos a aceptar. Hay una aportación positiva del Grupo Parlamentario Socialista, a la que me referiré más adelante, que la podríamos incorporar de adición para que finalmente quede una proposición no
de ley actual, moderna y que sirva de utilidad a los fines que perseguía nuestro grupo parlamentario cuando instó a su presentación. Básicamente, lo más importante de esta enmienda
transaccional, que vamos a pactar con el Grupo Parlamentario Popular, y a la que vamos a incorporar un párrafo de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, es que va a existir un compromiso por el Banco de España para que envíe un
informe al Congreso de los Diputados y a esta Comisión de Economía y Competitividad sobre todas aquellas medidas que se están aplicando desde el Banco Central Europeo. Esta era una de las cuestiones básicas y nucleares de nuestra proposición,
porque existe un flujo de crédito y de recursos que van en del Banco Central Europeo a todas las entidades financieras de los Estados miembros de la Unión Europea. Al mismo tiempo, sabemos que estos flujos son a bajos tipos de interés de la banca
mediante operaciones de refinanciación a largo plazo. Pensamos que estos flujos de créditos del Banco Central Europeo a la banca privada española tendrían que ser una estrategia para estimular el crédito a las familias y a las empresas de toda la
Unión Europea, en general, y del Estado español, en particular. En concreto, planteamos que el Banco de España -independientemente de este informe que ha de enviar al Congreso de los Diputados- especifique el resultado de cuáles han sido los flujos
de crédito de la banca privada a las empresas y familias como consecuencia de dichos préstamos del Banco Central Europeo a la banca privada y pública de España. Esta es una cuestión básica que nos va a servir de información para saber exactamente
qué porcentaje de estos recursos de liquidez que ha dado el Banco Central Europeo a las instituciones financieras españolas los van a aplicar o los están aplicando a las pequeñas y medianas empresas y a las familias. Este es un dato relevante que
en poco tiempo vamos a tener si esta proposición no de ley se aprueba por unanimidad o por mayoría.
Consideramos positiva la enmienda que nos ha planteado el Grupo Socialista, que va en la dirección de mejorar el mecanismo de transmisión de la política monetaria a la economía real y, una vez superadas las pruebas de resistencia, se pueda
incentivar a la banca española para que acuda a la segunda subasta de liquidez. Esta es una cuestión que de los dos párrafos que incorpora la enmienda socialista, aceptaríamos el primero para incorporarlo a la transacción que nos ha planteado el
Grupo Parlamentario Popular a la enmienda de Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda tiene la palabra, don Jesús Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: La intención de esta iniciativa de Convergència i Unió es facilitar el crédito a las pequeñas y medianas empresas y a las familias para proyectos viables. Esto es loable y lo apoyamos plenamente. Dicho de
otra manera, es la condición sine qua non para salir de la crisis y para generar crecimiento económico y empleo. Hasta que esto no ocurra, no saldremos de esta situación. Aquí estamos hablando de algo puramente instrumental, que no tiene contenido
ideológico, es decir, o aumenta el crédito para iniciativas viables en este tipo de instituciones, pequeñas y medianas empresas, porque las grandes tienen otras vías, y para las familias o no saldremos de la crisis. Nos enfrentamos a un problema
muy grave que lastra la capacidad de recuperación económica, porque, señor Sánchez i Llibre, en este momento el crédito, especialmente para nuevas actividades, no está creciendo. Mientras no aumente ese volumen de crédito difícilmente vamos a poder
salir de esta situación. Les pondré un ejemplo. El otro día el responsable del Banco Central de Inglaterra, Mark Carney, decía, rememorando las palabras de Carlos Marx en el Manifiesto Comunista de 1848, que un fantasma recorría Europa. Tiene
totalmente la razón. El fantasma del débil o nulo crecimiento, la escasa confianza de los inversores y, en consecuencia, el riesgo notable de caer en una tercera recesión en muy poco tiempo. Lo decía para justificar las medidas que ha tomado el
Banco de Inglaterra, que son bastante interesantes. En este momento el Reino Unido va a tener una tasa de crecimiento económico del 3,5 % y a qué se debe. Todos los analistas coinciden en que, entre otras cosas, se debe a que la tasa de inversión
privada en los negocios de carácter privado está aumentando este año al 11 %, lo que unido a las bajas tasas de interés facilita la recuperación económica. Aquí tenemos bajas tasas de tipos de interés, pero no está aumentando el crédito y se
produce una profunda fragmentación en la zona euro, que es un gravísimo riesgo que ni siquiera las buenas intenciones del señor Draghi, el responsable del Banco Central Europeo, consiguen superar.
Aquí estamos de nuevo, llevamos meses dándole vueltas al mismo problema y no salimos del borde del precipicio, señorías. Por eso, mi grupo parlamentario presenta esta enmienda. Solo le pedimos a esta Comisión y al Gobierno que se
comprometan a pedirle a las instituciones europeas y al Banco Central Europeo que tomen algunas decisiones como han tomado otros bancos centrales y que han dado buen resultado. Todo el mundo interpreta hoy que en Gran Bretaña la tasa de crecimiento
económico y de inversión privada está directamente relacionada con un programa de facilidad monetaria que puso en marcha el Banco Central Británico el Funding for Lending Scheme, que está dando muy buenos resultados.
Se pone dinero a disposición de las entidades financieras siempre que estas presten ese dinero a unos tipos determinados, muy bajos tipos de interés, a las pequeñas y medianas empresas y a las familias; y está teniendo un notable éxito.
Esto permite canalizar los créditos de forma accesible o barata a los bancos que a su vez lo garantizan, como les decía, a estas entidades, a pymes y a familias, cumpliendo así los objetivos establecidos en los préstamos. Aquí no tenemos nada de
eso. Este es un grave problema. Por cierto, en Gran Bretaña, gobernada por un partido conservador, por primera vez la media de los ingresos medidos semanalmente está aumentando por encima de la inflación desde el año 2009, lo que por cierto
contradice y desmiente la tesis perversa de que para salir de esta crisis y combatirla hay que deprimir los salarios. Es que no es verdad. Justamente hoy lo que se necesita, entre otras cosas, para salir de la crisis es que aumente el crédito y
que se empiecen a incrementar los salarios, porque la depresión ha tenido unas consecuencias realmente lamentables sobre la economía española, sobre las familias españolas y sobre nuestra capacidad de recuperación. Por eso nuestra enmienda es muy
sencilla y el señor Sánchez i Llibre es poco generoso, solo acepta una pequeña parte. La enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular es un placebo. Si queremos suministrarnos placebos bien está, pero no va a ningún sitio, con perdón.
Nos gustaría que al menos esta Comisión estableciera dos líneas de trabajo. En primer lugar, que le pidiera al Gobierno de España que incentivara por todos los medios que las entidades financieras españolas acudieran a esa subasta de liquidez, la
Tltro, por sus siglas en inglés, para condicionar esa línea de crédito a la concesión directa de préstamos a las empresas. Esto es verdaderamente esencial. Ya se ha producido una subasta con un notable fracaso, en la que la puesta a disposición
del Banco Central Europeo no se consumió. Para qué queremos que el Banco Central Europeo haga apuestas de esta naturaleza si después las entidades financieras y el Gobierno, que tiene posibilidades para incentivarlo, no acuden a ese tipo de subasta
para recoger ese crédito que finalmente tiene que llegar a quien lo necesita, que son las pymes. En segundo lugar, que impulsemos, pidamos, solicitemos y que nos pronunciemos a favor de algo que todo el mundo dice y que el Gobierno de España se
resiste de un modo extraordinario a pronunciar y es que el Banco Central Europeo tiene que comprometerse en una política monetaria expansiva a comprar, tanto bonos públicos como privados como activos privados, porque es el único modo que tenemos de
recuperar la economía europea y lo sabemos todos, salvo el Gobierno de la señora Merkel. Todos los demás sabemos que es el único camino posible y que al final se hará tarde, mal y nunca, cuando quizás tenga mucha menos capacidad de influir en la
reactivación económica. Pensamos que es indispensable que el Banco Central Europeo se comprometa con determinación a desarrollar estas políticas. El señor Draghi abrió la puerta el otro día en la comparecencia ante el Parlamento Europeo. Al menos
deberíamos declararnos favorables a estos instrumentos, porque favorecerán sin ninguna duda la recuperación económica.
El señor PRESIDENTE: Señor Garzón, tiene la palabra.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Intervengo con brevedad. Decía Marx que la historia se repite dos veces, la primera como tragedia y la segunda como farsa. Llevamos una repetición casi infinita de farsas, porque este debate no es absolutamente
nuevo. Recién llegado a diputado lo mantuve en esta Comisión, lo mantuvimos en el Pleno, lo hemos mantenido en los pasillos y siempre estamos de acuerdo, pero porque no hay realmente una sustancia. Siempre estamos de acuerdo en las líneas
generales, en el desiderátum, pero luego cuando hay que concretar llegan todas las enormes distancias. Al final, la enmienda que se ha negociado la podría firmar cualquier ciudadano de España, pero no tiene los instrumentos asociados para que eso
se convierta en una realidad. Por tanto, convertimos esto en otra farsa más. Nos permite debatir sobre las cuestiones fundamentales y no me resisto a tener que observar que frente a los hechos del Partido Socialista y después del Partido Popular
del rescate al sistema financiero, lo que solemos tener en este tipo de folios son peticiones de compromisos, de informes, de comisiones, de promesas, en definitiva, desiderátums que no se transforman en realidades. Esto es lamentable. La primera
vez que esto se convirtió en una tragedia fue cuando llegó la crisis económica o cuando el endeudamiento se frenó en seco, porque los bancos dejaron de prestar. Fue cuando llegó la tragedia de un Gobierno, dirigido entonces por Zapatero, que quería
prestar a las pequeñas y medianas empresas y se daba cuenta que carecía de los instrumentos para hacerlo, porque habían privatizado la banca pública, porque no había instrumentos del Estado para cumplir una realidad política y solo quedaba pedirle
por favor a los grandes bancos privados, señor Botín, especialmente, o señor González, que prestaran generosamente, como si fueran almas caritativas u ONG en lugar de bancos privados que tienen una búsqueda de ganancia incesante. No teníamos
tampoco un instrumento poderoso ni siquiera
como el ICO. Al final de esta tragedia tuvo sus sucesiones en las farsas. No es una cuestión de falta de dinero, sino, primero, de arquitectura europea, porque aquí estamos asistiendo a que la Unión Europea como tal, como promesa de toda
la unión romántica de los pueblos de Europa no existe en absoluto. Tenemos una oligarquía alemana que basa su crecimiento en el empobrecimiento de los vecinos. Así no hay Unión Europea que pueda sobrevivir. Ahí está la razón fundamental por la
que el Banco Central Europeo opera como arma financiera y monetaria de esos intereses oligárquicos alemanes. No vale darse golpes de pecho, hay que entender que lo que está sucediendo es ciertamente grave y que impugna el corazón mismo de la Unión
Europea. Un segundo elemento añadido es que estamos ante un escenario de recesión de balances, como se dice técnicamente, o de trampa de la liquidez, como diríamos en políticas keynesianas. Por mucho que se pretenda facilitar el crédito y el
endeudamiento, el problema real es de demanda, es que las pequeñas y medianas empresas aseguran que la gente no entra en sus tiendas a comprar, no solo que no tengan acceso a la financiación, aunque tuvieran una financiación muy barata, la política
monetaria no opera, aunque esté al 0 %, porque el problema es de estructura productiva y de demanda. Tampoco es un problema de dinero, porque al final siempre el Partido Popular en esta legislatura dice que las promesas del resto de grupos
parlamentarios, no solo de La Izquierda Plural -lo hemos visto en los debates de los Presupuestos Generales del Estado-, son medidas utópicas, populistas y demagógicas, porque suponen un incremento del gasto público y eso es inadmisible. Tenemos
una cuestión muy clara. Los datos que reflejan lo que se ha gastado en salvar o ayudar al sistema financiero son los siguientes, desde el año 2008 al 2013, en capitalización 90.000 millones de euros; en adquisición de activos 72.000 millones de
euros; en garantías y avales 949.000 millones de euros y en préstamos de otra naturaleza 418.000 millones de euros. En definitiva, se han desembolsado más de 1 billón y medio de euros en salvar o ayudar al sistema financiero. Aquí tenemos una
política que refleja técnicamente que no es imposible utilizar el dinero para determinadas políticas, simplemente hay que tener voluntad de hacerlo. Aquí ha habido voluntad de salvar a una parte minoritaria de la población. Sin embargo, vemos que
cuando se trata de otros elementos se utilizan justificaciones o excusas técnicas que no obedecen a la realidad. Vamos a votar favorablemente, porque es un desiderátum que todos compartimos, pero, insistimos, si no se va a la raíz del problema, si
no se es radical, como su propia raíz de la palabra expresa, y se va a la raíz del problema, todas estas proposiciones se quedarán como buenas promesas que siempre serán promesas.
El señor PRESIDENTE: Señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: La proposición no de ley de Convergència i Unió nos plantea algunas reservas, algunas tienen que ver con la exposición de motivos, que se ha quedado un poco anticuada desde cuando se redactó, y otras tienen que ver
con propuestas concretas que ahora detallaré, pero por encima de estos detalles nos parece que lo que busca esta proposición no de ley son dos objetivos que compartimos: que fluya el crédito hacia las pymes y las familias y que se evalúe el coste
del rescate público y se vea cómo se va a recuperar ese dinero. Estos propósitos fundamentales que están detrás de la proposición no de ley los compartimos. Hay detalles que nos plantean reticencias. La aplicación de coeficientes de inversión es
un método un tanto anticuado y se plantea de forma general. Nosotros planteamos una propuesta diferente que hemos defendido otras veces en la Comisión, que limita la actuación a las entidades nacionalizadas, donde nos parece más legítimo poner
condiciones, y pediríamos a esas entidades que no disminuyan el crédito a las pymes, que aumenten el crédito a un ritmo similar a la tasa de inflación. Compartimos la necesidad de evaluar el coste público y establecer cómo se va a recuperar ese
dinero. De hecho, el Tribunal de Cuentas habla de una cifra superior a los 100.000 millones de euros. UPyD presentó en la Comisión del Tribunal de Cuentas una propuesta de resolución para que se elaborase un informe más detallado de este coste
público. El presidente del tribunal estaba dispuesto a hacerlo, pero los votos del grupo mayoritario impidieron que se realizase, lo que nos hace temer que no hay un verdadero interés por saber cuál es el coste público de este rescate. Sin
embargo, compartiendo moneda y política monetaria, la enmienda socialista tiene mucho sentido. Este tema del crédito no se puede resolver solo desde las instancias nacionales, tiene mucho que ver con la política monetaria única y con lo que suceda
en esa segunda subasta del Banco Central Europeo o con la posibilidad de que el Banco Central Europeo compre bonos o deuda pública. Esas enmiendas nos parecen acertadas, porque no podemos olvidar esa dimensión europea en un país que comparte moneda
y política monetaria con sus socios en la zona del euro. Echamos en falta otras propuestas que hemos defendido y que están en proposiciones no de ley en esta Comisión o en leyes anteriores sobre el papel del ICO. El ICO debería
establecer nuevas líneas de crédito a pymes cubriendo nuevas actividades como el leasing o el factoring y asumiendo parte de los riesgos en estos préstamos. Manteniendo estas discrepancias de detalle y estos matices, creemos que lo esencial
de esta proposición no de ley son sus dos fines fundamentales que son: que fluya el crédito y evaluar el coste del rescate público, por lo que la apoyaremos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Abad.
El señor ABAD PÉREZ: Al Grupo Parlamentario Popular también le preocupa la situación del sector financiero y lo que más le preocupa sobre todo es que llegue el crédito a las pymes y a los españoles para que crezca la economía española. Las
pymes son el verdadero motor de crecimiento de la economía española y son las que en este momento están haciendo que la situación que va in crescendo, que va hacia arriba. Lejos de lo que estaban diciendo antes los anteriores portavoces de otros
grupos parlamentarios, entendemos que la economía española está siendo ejemplo de crecimiento en relación con otras economías de otros países. Somos ejemplo de cómo en Europa hemos sido capaces de ir los últimos en el vagón de cola a ser los
primeros en tirar de una gran economía. Señor Caldera, lo dicen los libros de economía, solo se puede crear empleo cuando el producto interior bruto crece por encima del 2,2 o 2,3 %. España ha demostrado que creciendo en torno a cifras de 1,3, 1,4
o 1,5, pero conteniendo otras medidas estructurales, hemos sido capaces de crear empleo. Estamos creciendo y creando empleo. Una de las medidas que critican, tanto ustedes, los del Grupo Socialista, como otros grupos políticos, es que uno de
nuestros fallos había sido la reforma laboral. Este ha sido uno de los éxitos que ha tenido la economía española. Porque conteniendo el gasto de determinadas cosas -cuando no se puede controlar, por ejemplo, la devaluación, como ocurrió en otras
épocas-, hemos logrado que nuestras exportaciones hayan crecido de manera importante.
Me gustaría destacar -y en esto quiero agradecer que Convergència i Unió haya traído aquí hoy esta proposición no de ley- que todos estamos de acuerdo en potenciar este tipo de actuaciones para que crezca el crédito a las pequeñas y medianas
empresas, a los autónomos y a las familias. Convergència i Unió ha elaborado una propuesta a la que nosotros hemos hecho una serie de observaciones que han sido admitidas y que nos parece de agradecer que así lo hayan hecho para juntos sacar
adelante algo que nos parece importante, sobre todo de cara a que el Congreso de los Diputados y todos los grupos políticos lo hagamos por unanimidad, aunque a otros grupos les parezca nimio. Al final estamos transmitiendo la sensación y la
realidad de que trabajamos a favor de los que representamos aquí, lo que siempre es mucho más provechoso. Me parece que cuando se está trabajando en muchas medidas que se han llevado a cabo hasta ahora, no se puede decir, se lo digo a otro
representante de otro grupo, que no hemos hecho nada, que hemos estado haciendo brindis al sol hasta ahora. Hemos trabajado fuerte y bastante. Tengo que decir que sanear el sistema financiero español no ha sido nada fácil, ha sido una tarea
complicada y difícil. Tratar de traer dinero de Europa -que también aparece en los antecedentes de la proposición no de ley de Convergència i Unió- en esa magnífica negociación que hizo nuestro presidente, Mariano Rajoy, y luego el ministerio del
señor De Guindos para conseguir hasta 100.000 millones de euros que se podrían haber traído, que al final fueron menos, y se salvó a las cajas de ahorro españolas que estaban al borde de la desaparición. Se nos ha olvidado ya esto. Señor Garzón,
le tengo que recordar que los ahorros de las cajas no eran para salvar a los grandes capitalistas, sino para salvar los ahorros de muchas familias españolas en la mayoría gente media y baja, que son los que depositan su dinero en las cajas de
ahorro. De no haber salvado a las cajas de ahorro, probablemente hubiéramos cometido una tropelía con mucha gente humilde. Por tanto, nuestra obligación era salvar el sistema financiero español y eso es lo que hemos tenido que hacer lo primero.
Salvado y saneado el sistema financiero español, a las demás entidades que no han tenido necesidad de recurrir a este tipo de dinero, porque por sí mismas eran capaces de tener fondos suficientes, se les ha puesto condiciones de mayores garantías.
Esto nos permite ahora que estas entidades, que ya están en posición de salida favorable -nos ha costado tres años, pero ya estamos en esa posición-, a partir de ahora va a empezar a fluir el crédito a las pequeñas y medianas empresas y a los
autónomos. Por ejemplo, datos como el de la balanza de pagos reciente que, aunque hemos disminuido ligeramente en las exportaciones, pero siguen siendo positivas, hemos aumentado las importaciones. Este es un síntoma claro y evidente de que dentro
de la economía española algo funciona y es que el flujo de dinero a las familias es importante, porque están consumiendo también en España. Esta mañana veíamos una noticia de una gran superficie comercial
española que va a contratar para las próximas Navidades a 2.000 personas. Este es un síntoma de que va mejor y de que la economía española ha cambiado, luego algo habremos hecho bien en este Gobierno durante estos tres años para darle un
giro a esta situación y no solamente estamos hablando sin más.
Repito, bienvenida la propuesta que ha presentado Convergència i Unió y nos parece positivo también que durante este tiempo tengamos en cuenta que todas estas medidas que hemos traído y las que vamos a presentar van a permitir que no
solamente haya flujo de dinero en las entidades financieras, sino que también se pueda acudir a otro mercado alternativo. Quiero recordar, por ejemplo, que en este momento estamos elaborando una ley como el coworking, para que el capital de fuera
pueda venir a la empresa española o también puedan participar otro tipo de capitales de otras características y no solo acudamos a los bancos para financiarnos. Estas son siempre medidas bien recibidas. Es bien recibido que hayan tenido en cuenta
esta enmienda y que juntos la saquemos adelante. (Aplausos).
- PARA CONDICIONAR EL REPARTO DE DIVIDENDOS Y LIMITAR RETRIBUCIONES EN ENTIDADES FINANCIERAS QUE RECIBEN AYUDAS PÚBLICAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/000305).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición de La Izquierda Plural para condicionar el reparto de dividendos y limitar retribuciones en entidades financieras que reciben ayudas públicas. Señor Garzón, tiene la palabra.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Nuestra proposición no de ley es antigua y por eso decidimos presentar una enmienda para actualizarla con los últimos acontecimientos sucedidos con el mismo caso que se planteaba en la proposición antigua. Es
sobre la recuperación económica y el portavoz del Grupo Popular acaba de terminar de hablar de la recuperación económica y solo el Grupo Popular es capaz de hacer una intervención en la que comienza alabando a las pequeñas y medianas empresas y
terminar diciendo que es una buena noticia que se generen 2.000 empleos en una empresa que no es una pequeña y mediana empresa. ¿Por qué? Porque hay una enorme paradoja y es que cuando estamos hablando de la contratación de 2.000 personas en una
gran superficie para compras, que son de consumo no duradero, se trata de consumo que no se ejerce en pequeñas y medianas empresas, que pierden el empleo, y en otras empresas, como el caso de Campofrío. En definitiva, estamos ante una no
recuperación económica. Si solo fuera eso, sería un debate puramente técnico. Pero estamos viendo que estamos ante un escándalo general y de eso va nuestra enmienda, de un escándalo que nos sirve para reflexionar sobre una cuestión muy particular
de este capitalismo financiado, que es el reparto de dividendos en empresas con miles de millones de beneficios, que han sido empresas que eran de todos y que finalmente han sido privatizadas. El escándalo del que estamos hablando concretamente y
que nos sirve para reflexionar sobre el reparto de dividendos y de cómo se regula esa cuestión es el de Endesa. Endesa era una empresa pública 100 %, que se privatizó al 33 % en tiempos del Partido Socialista, que se privatizó casi el resto, el 66
%, en tiempos del Partido Popular. Era una empresa que proporcionaba unos suministros básicos para el desarrollo de una vida en condiciones mínimas de dignidad. Se puede decir claramente, sin ningún rubor -y todos compartirán esta cuestión-, que
se trata de una empresa de carácter estratégico, que fue regalada, vendida a precio de saldo al capital privado. Entonces se decía, lo dijo primero el PSOE y después el Partido Popular, que era una forma de mejorar la eficiencia, porque lo privado
era mejor que lo público. La enorme paradoja es que al final la compró Enel, que tiene una participación pública, de modo que esa cuestión se desmonta con la propia esencia de la práctica. Pero la verdadera barbaridad no es el desmontaje de una
empresa pública, que ya no obedece a criterios públicos sino a criterios de rentabilidad económica, para unos propietarios que ni siquiera son españoles y que solo tienen un objetivo, que es lucrarse, es sencillamente que nuestro país tiene un 17 %
de pobreza energética, que necesita más que nunca un Estado con capacidad para evitar este problema de índole social y económico y que sin embargo estamos asistiendo prácticamente noqueados, parados, desnortados al desmantelamiento de esta empresa,
que va a repartir 14.000 millones de euros en dividendos, en una operación profundamente especulativa, que no solo liquida una empresa estratégica, que debería ser cien por cien pública, sino que lo hace de una forma tal que es un insulto a los
ciudadanos de este país, porque para llevar a cabo esa operación se va a endeudar con una empresa radicada en paraísos fiscales, que es a su vez propiedad de ENEL, beneficiaría del reparto de dividendos. Esto está sucediendo sin que el Gobierno de
España haya dicho absolutamente nada. Recuerdo la comparecencia del señor De Guindos hace un par de semanas, en la que le hice esta pregunta y no respondió; un ministro de Economía no respondió a una
cuestión tan escandalosa. ¿Qué tiene que decir el Gobierno del Partido Popular? Era una empresa que debía servir para que la gente no pasase penurias energéticas, que son penurias no menores, porque estamos hablando de gente que no puede
encender la calefacción para calentar su hogar en invierno -un 17 % de hogares en este momento y creciendo-, y esto necesita una respuesta por parte del Estado. Ese instrumento, que era la respuesta, podría haberse nacionalizado, como nosotros
proponíamos -creemos que la industria energética tiene que ser nacionalizada, socializada-, en virtud del artículo 128 de la Constitución española, que tanto ha servido para la retórica del Partido Popular en otras ocasiones. Sin embargo, estamos
asistiendo profundamente desconcertados como sociedad a la falta de acción del Gobierno, que no hace absolutamente nada, ni siquiera una mera denuncia de lo que está sucediendo, ni siquiera una disculpa que diga: Bueno, mostramos impotencia, pero
nos parece mal. No ha hecho ni un solo comentario sobre lo que está sucediendo. Es una empresa que, a nuestro juicio, refleja un tipo de corrupción legal, una lectura conceptual de la corrupción que consiste en el uso de fondos públicos, de bienes
y servicios públicos para beneficio de una minoría. La privatización es ese tipo de corrupción legal a la que nos referimos; es poner en manos de unos pocos lo que era de muchos y hacerlo de acuerdo con la ley, está claro, pero sin ningún criterio
social. Por ello presentamos esta enmienda, porque nos parece muy pertinente para darle una vuelta a nuestra PNL original y reflexionar sobre cómo es posible que una empresa con miles de millones de beneficios reparta dividendos para una minoría
social, más aún con el agravante de que se trata de una empresa energética, que es indispensable para que un Estado pueda satisfacer las necesidades básicas de la mayoría social.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, tiene la palabra la señora Rodríguez Barahona.
La señora RODRÍGUEZ BARAHONA: Voy a ser realmente breve. Avanzo el apoyo de mi grupo a la PNL que había presentado el señor Garzón, que tenía dos puntos, y después haré referencia al contenido de la enmienda que nos acaba de exponer.
Apoyamos los dos primeros puntos, por coherencia con la posición que hemos venido manteniendo en el discurrir de las reformas que se emprendieron en el sector financiero tras la quiebra de Lehman, en el año 2008, y el estallido de la crisis
financiera internacional, primero, por el anterior Gobierno y, en los últimos tres años, por el Gobierno actual. Ha sido un proceso largo, un camino duro y proceloso que ha seguido discurriendo, con la iniciativa del Gobierno y también de los
distintos grupos de la Cámara, entre las nuevas eventualidades que han ido surgiendo o los excesos que se han ido conociendo y que con toda razón han producido verdadera indignación en los ciudadanos, entre los que nos encontramos nosotros, los
políticos decentes.
La proposición no de ley, como decía el señor Garzón, es de fecha 21 de febrero de 2012 y estamos en noviembre de 2014, cuando el saneamiento del sistema financiero ya no parece un problema, gracias, eso sí, al impresionante apoyo público
recibido y al más impresionante sacrificio de los trabajadores, de las pequeñas empresas y de las clases medias españolas en general. En ese sentido, me adhiero a la excelente exposición que acaba de hacer el señor Caldera, hablando de la política
monetaria y de la política económica. La política de austeridad selectiva -porque ha sido una austeridad muy selectiva, equivocada y contumaz- está provocando un aumento generalizado de la desigualdad en la distribución de la renta, un síntoma
estructural reciente de profundidad y de muy graves consecuencias. En todo caso, este no es el debate exacto que tenemos en este momento, porque de lo que estamos hablando es de la propuesta que nos presenta el Grupo de La Izquierda Plural, que en
sus puntos 1 y 2 plantea extender el régimen de retribuciones establecido en el título IV, de la Ley 2/2012, a las entidades de crédito que precisen -insisto, que precisen- apoyo público a través de avales e impedir el reparto de dividendos en
entidades de crédito que hayan precisado o necesiten en el futuro apoyo del FROB o avales de la Administración. Estos son dos datos contundentes y diferenciadores respecto al punto tercero. Es verdad que durante el año 2012, fecha de la
iniciativa, las remuneraciones y el reparto de dividendos de las entidades financieras fueron objeto de un fuerte debate político, mediático y ciudadano, más aún al conocerse comportamientos muy reprobables. Tras el tiempo transcurrido, algunas de
las medidas que hoy propone la proposición no de ley se han ido adoptando, por supuesto, con matices, mientras que otras se han quedado ahí. Por eso, nuestro grupo, que está de acuerdo con su contenido, apoya estos dos puntos.
Respecto a la enmienda presentada añadiendo un tercer apartado, hoy por hoy, tal como está nuestro sistema, parece bastante claro y evidente que no se puede impedir el reparto de dividendos a una empresa
privada -esa es la diferencia respecto a lo que se planteaba en los apartados anteriores- porque no precisa ni ha recibido apoyo del FROB. En ese sentido, no podemos apoyarlo. No sé si es el momento procedimental más idóneo, pero pediría
la votación separada de los tres puntos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Nos sucede a menudo, en los debates en esta Comisión, con las proposiciones no de ley de La Izquierda Plural, que compartimos los problemas que intentan solucionar, pero discrepamos de los medios mediante los que
pretenden solucionarlos, cosa lógica, porque somos partidos con filosofías económicas diferentes, en particular en relación con el grado de intervencionismo aceptable o conveniente en la economía. En esta proposición no de ley se nos plantea la
cuestión de las retribuciones en las entidades financieras y de los abusos en esas retribuciones. Realmente es un problema grave, pero los mayores abusos los llevaron a cabo los gestores de las cajas nacionalizadas antes de su nacionalización. La
limitación de los salarios a posteriori tiene sentido, pero no va a solucionar los abusos cometidos en el pasado, incluso puede constituir una forma de desviar la atención del verdadero problema. Por eso mi grupo hay insistido en llevar esta
cuestión a los tribunales, por ejemplo en el caso Bankia, porque el problema no se puede solucionar mirando hacia el futuro. Los abusos fundamentales en las remuneraciones fueron llevados a cabo por las mismas personas que hundieron y quebraron las
cajas y las entidades y no por los que los sustituyeron una vez que se nacionalizaron. Nos parecen bien las limitaciones posteriores, insisto, pero no hay que olvidar el problema previo.
Tampoco es una buena solución lo que aquí se propone, que es extender esas limitaciones en las retribuciones prácticamente a la totalidad del sector financiero, porque se quieren extender a cualquier entidad que tenga cualquier aval, sin
especificar la cuantía ni definir qué se entiende por aval. Aquí podría estar incluida la totalidad del sector financiero, por ejemplo, si los activos fiscales se consideran avales. ¿Deben el BBVA o el Banco de Santander dejar de tener una
política de remuneraciones por cualquier pequeña ayuda pública? Nos parece un grado de intervencionismo exagerado, que más que solucionar el problema que quiere arreglar, puede provocar otros problemas distintos e importantes. Lo mismo sucede con
el reparto de dividendos. No se propone limitarlo, sino directamente impedírselo a cualquier entidad que tenga cualquier apoyo público. Me remito a mis comentarios anteriores. Si el BBVA o el Santander tienen cualquier activo fiscal y eso se
considera un aval, ¿deben dejar de repartir dividendos? Por otro lado, deberíamos considerar quién recibe esos dividendos. Por ejemplo, en el caso de Bankia, los reciben accionistas que antes tuvieron preferentes. Los dividendos de las grandes
compañías están muy repartidos socialmente, no solo los reciben los multimillonarios. Impedir el reparto de esos dividendos puede provocar problemas importantes y distintos de los que se quieren solucionar.
En la autoenmienda se trata el caso de Endesa. Por un lado, lo celebramos, porque es un caso que ha pasado prácticamente desapercibido y merece mayor atención. Esta multinacional española pasó a manos italianas de una forma muy polémica,
que todos recordaremos, y hay algunos casos verdaderamente llamativos de puerta giratoria, de personas que participaron en esa toma de decisiones y que ahora tienen puestos en la nueva compañía. Que después de suceder eso esta multinacional
española, que dejó de serlo, haya perdido sus activos en Latinoamérica y haya sido prácticamente vaciada es algo llamativo y que merece quedar reflejado en nuestros debates en el Congreso de los Diputados, pero ¿se puede solucionar esto, como aquí
se nos pide, impidiendo de manera generalizada el reparto de dividendos en empresas privadas? De nuevo, compartiendo el problema, no creemos que esta sea la solución, y por no compartir este grado tan alto de intervencionismo, que es coherente con
la ideología de La Izquierda Plural, pero no lo es con la de nuestro partido, votaremos en contra de esta propuesta.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO (Don José): Tengo que resaltar la capacidad de distracción oratoria que tiene el portavoz de La Izquierda Plural, que tras presentar una proposición no de ley que hace referencia, como muy bien han explicado otros
intervinientes, a la limitación del régimen retributivo y a la prohibición del reparto de dividendos en entidades que estén ya no participadas, sino avaladas por el Estado, ha dedicado prácticamente toda su intervención a una autoenmienda presentada
a última hora, sin que me conste que haya retirado los dos puntos anteriores, por lo cual vamos a hablar un poco de lo que él no ha querido hablar. Me llama también la atención -bueno, quizás lo esperaba- que el Grupo Socialista se haya manifestado
tan feliz de apoyar esos dos primeros puntos.
Vamos a hacer un relato de hechos. En un mundo en el que el ruido y los eslóganes nos vienen acompañando en los últimos años es bueno bajar el balón. Vamos a poner el balón en el suelo y vamos a ver cuáles son los hechos, a los que también
hacía referencia el señor Garzón, que, por cierto, decía que el flujo de crédito en España se había cortado porque los bancos decidieron dejar de prestar y por las decisiones de la oligarquía alemana. Está bien, está bien. Señorías, el 24 de
septiembre del año 2008, en Nueva York, un presidente del Gobierno de España dijo que el sistema financiero más sólido del mundo era el nuestro. Estamos hablando del 24 de septiembre del año 2008. Lo dijo ante multitud de empresarios y directivos
de empresas como Pfizer, IBM, Hewlett Packard, etcétera. Dijo también, después de destacar la extraordinaria salud, que esto se debía muy especialmente a la magnífica labor del supervisor, a la magnífica labor del Banco de España. Elogió al Banco
de España y días después, la ministra de Economía y Hacienda dictó una orden, basada en un decreto del día 13 de octubre de 2008, exactamente dieciséis días después, que abría la mano a los avales, avales necesarios para una situación dramática de
ese sistema financiero que parecía ser el más sólido del mundo. Repito, con el Real Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre, de medidas urgentes en materia económico-financiera, se abrió la mano a esa expansión del número de avales que se concedían a
las entidades financieras, llegándose hasta un total de 103.000 millones de euros, en emisiones de los años 2009, 2010 y 2011; 103.000 millones de euros en avales a las entidades financieras en época correspondiente a un anterior Gobierno. Hablaba
del supervisor. El supervisor mientras tanto hizo una magnífica labor -supongo- controlando la colocación de preferentes por parte de los bancos, para que pequeños inversores se vieran atrapados en una auténtica ratonera con sus pequeños ahorros,
pensando que tenían liquidez, cosa a la que tuvo que dar solución otro Gobierno que vino después, que fue el Gobierno del Partido Popular. Esos son hechos. Otro hecho es que después de tener este magnífico y boyante sistema financiero, en el año
2009, se nos abrió un expediente por déficit excesivo -esto tiene que ver con la deuda pública, pero tiene mucho que ver con lo que nos pasó, con que se nos estrangulara el crédito y con la falta de confianza en la que entró este país-, en razón del
cual aún estamos bajo control de la Unión Europea, gracias a esa magnífica labor económico-financiera del anterior Gobierno. Todo eso llevó también a que en los últimos cuatro años del Gobierno socialista se destruyeran más de 3,5 millones de
puestos de trabajo. Al señor Garzón le da exactamente igual que el Banco de España diga que las ayudas públicas comprometidas a las entidades financieras son de 61.000 millones, porque él las cifra en 100.000; le da exactamente igual. De esos
103.000 millones en avales que se emitieron por parte del Estado para apalancar la emisión de bonos, la emisión de obligaciones de nuestras entidades financieras, a 30 de abril de 2014 se han devuelto 71.000 millones de euros, el 69 % de los
concedidos, de manera que las entidades, gracias al esfuerzo de saneamiento que ha llevado a cabo este Gobierno en estos últimos tres años, están amortizando, incluso anticipadamente, esos avales.
Además, la propuesta que plantea La Izquierda Plural, que hace referencia a la prohibición del reparto de dividendos, chocaría con las especificaciones que nos hace la Unión Europea en cuanto a la obligación que tienen las entidades
financieras -obligación- de repartir dividendos -porque, si no, atentarían contra los principios de libre competencia- cuando superen determinados límites de reservas en su capital. Pero no me quiero quedar en que la Unión Europea nos diga unas
cosas u otras, quiero ir a aquello a lo que nos llevaría la aplicación práctica de lo que plantea la proposición no de ley de La Izquierda Plural.
Señorías, en este momento los avales vivos del Estado afectan fundamentalmente a entidades que son ya participadas por el Estado -caso de BCA Bankia- o a entidades que han absorbido a otras y que han asumido los avales que tenían aquellas
-casos del Banco de Sabadell con la CAM, del BBVA con Caixa Tarrasa o de Catalunya Banc con Caixa Catalunya~_. Todas ellas están asumiendo la responsabilidad de esos avales. Estamos hablando de entidades ya participadas por el Estado o de entidades
que han asumido los avales de otras por vía de un proceso de absorción. ¿Nos está diciendo La Izquierda Plural que se impida el reparto de dividendos de entidades sanas que han absorbido a otras y que han contribuido al saneamiento del sistema
financiero? ¿Nos está diciendo La Izquierda Plural que se limiten las retribuciones de los directivos del BBVA, que ha absorbido, como decía, Caixa Tarrasa? ¿Nos está diciendo La Izquierda Plural que no reparta dividendos Caixa Banc o que no los
reparta el Banco de Sabadell? ¿Nos está diciendo eso La Izquierda Plural? ¿Nos están diciendo La Izquierda Plural y, sorprendentemente, el Grupo Socialista que los accionistas del Banco de Sabadell o los accionistas del BBVA no deben recibir
dividendos? Si queremos recuperar, en el caso de las participadas, el capital que
el Estado ha puesto, ¿las hacemos más atractivas impidiendo el reparto de dividendos? ¿Les parece a ustedes coherente, señorías? Evidentemente, no. Esa aplicación práctica es la que los eslóganes de La Izquierda Plural no llegan a
desmenuzar o desmenuzan de una manera poco adherida a la realidad.
Ya puestos en la novedosa enmienda de adición planteada como punto tercero -acabo, señor presidente-, La Izquierda Plural pasa del prohibido prohibir, eslogan de los años sesenta, al prohibir por prohibir, y plantea impedir el reparto de
dividendos. Pone como ejemplo el caso de Endesa, que seguramente podrá ser discutido y discutible, pero lo tendrá que ser en los organismos reguladores; con toda seguridad, tendremos aquí a la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, que nos podrá ilustrar sobre ello. Este afán de prohibir, ya no de intervenir sino de bloquear el mercado, de bloquear el sistema financiero, ¿a qué obedece? Obedece a una pura proliferación de eslóganes por parte de La Izquierda Plural y
de otros socios, que quizás por aquello de verse influidos cada vez más por los círculos bolivarianos acaban haciendo planteamientos que se alejan mucho de un Estado de derecho y de un sistema financiero que se pueda considerar mínimamente
homologable. Por todo ello, no apoyaremos esta proposición. (Aplausos).
- RELATIVA A LA PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DESDE LA INFANCIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001505).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 3, relativo a la promoción de la educación científica y tecnológica desde la infancia. Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Puente.
El señor PUENTE REDONDO: En primer lugar, quería comentar que tenemos que ser nosotros, esta sociedad, los que diseñemos nuestro futuro. Para transformar este futuro, como país y de cara a avanzar en la recuperación económica y en la
creación de empleo, que son los principales ejes de actuación de este Gobierno y sobre los que queremos seguir trabajando, hay tres patas transversales a todos los sectores de la economía, que ya en alguna ocasión, en alguna de mis intervenciones en
diferentes comisiones, he comentado y en las cuales casi todos los grupos estamos de acuerdo. Estas tres patas son la innovación, la internacionalización y la tecnología. Lógicamente, para avanzar y crear ese futuro necesitamos un liderazgo y una
base sólida en valores como el esfuerzo, el trabajo y la confianza y tenemos que trabajar en equipo. Cuando hablo de innovación, me refiero no solamente a la innovación en productos, que es a lo que se tiende a veces, sino a la innovación en
servicios, en procesos que permitan hacer a las compañías mucho más competitivas y mucho más productivas. En eso es en lo que queremos avanzar. La segunda pata a la que me refería es la internacionalización. Ahí se está trabajando duramente y
este Gobierno está haciendo especial hincapié en la internacionalización de nuestras compañías; así, en los últimos años se ha pasado de 100.000 empresas que se han internacionalizado a 150.000. Ese apoyo tiene que darse especialmente a las pymes,
porque las grandes empresas ya saben internacionalizarse, tienen sus propios departamentos de cara a su salida al exterior, pero las pymes necesitan apoyo y ayuda y ahí es donde tenemos que actuar. La tercera pata son las tecnologías. Todos somos
conscientes de que las tecnologías están cambiando nuestro mundo global en varios frentes: en las formas de comunicarnos, a través de las redes sociales -Twitter, Facebook, WatsApp-; en las formas de hacer las compras, a través del comercio
electrónico -podemos comprar en cualquier momento, a cualquier hora y en cualquier lugar del mundo-, y en nuestra forma de hacer turismo -ya no vamos a la agencia de viajes tradicional, sino que a través de Internet nos organizamos nuestros propios
viajes y hacemos nuestras propias reservas-. Este mundo está cambiando y tenemos que adaptarnos a él.
Sumado a este tercer punto de las TIC, nos hacemos otra pregunta: ¿Hay empleo? Al parecer, según diferentes estudios, sí lo hay; el problema radica en que en muchos casos no existen candidatos con formación adecuada para cubrir esos
puestos que demandan las empresas. Por ejemplo, los datos indican que en la Unión Europea, a lo largo de 2015, existirá una carencia de 900.000 puestos en el sector tecnológico, es decir, hay 900.000 puestos que quedarán desiertos en la Unión
Europea relacionados con el sector tecnológico. Estas son unas cifras que no nos podemos permitir, máxime cuando hay un desempleo juvenil que en algunos Estados, como puede ser España, está cerca del 50 %. Parece una locura esta noticia de 900.000
puestos sin cubrir por falta de personas cualificadas, máxime en estos momentos, cuando parece que estamos saliendo de la crisis y tenemos un alto nivel de paro. Como decía, el mundo está cambiando y tenemos que adaptarnos a él y adaptarnos a las
nuevas tecnologías. Tenemos que ser conocedores de los nuevos trabajos y de las nuevas habilidades que emergen en este mundo
cambiante y tenemos que adaptarnos a los cambios tecnológicos y sociales que se están generando en esta sociedad. Tenemos un intenso ritmo de innovación de conocimientos y habilidades, ritmo que imponen las nuevas tecnologías, que son
necesarias para las empresas, pero que no somos capaces de seguir con los nuevos perfiles que salen de las universidades o de los diferentes centros de estudios.
Después de esta síntesis de las necesidades tecnológicas, de las nuevas demandas que requiere el mercado laboral y de la falta de profesionales que puedan cubrir estas necesidades, queremos informar de que el CSIC, el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, viene desarrollando desde hace algunos años programas didácticos con los que acercar la ciencia y la tecnología a estudiantes y a profesores de distintos niveles escolares. Siendo una muy buena iniciativa y realizando
un muy buen trabajo, consideramos, como así lo expresamos en la proposición no de ley que presentamos, que esta actividad didáctica debe ser ampliada de cara a convencer a más jóvenes de que realicen estudios relacionados con el sector tecnológico,
para cubrir esta demanda que tenemos en nuestra sociedad. Por ello, instamos al Gobierno -siendo conscientes de que esta es una medida que no va a ser efectiva mañana o pasado mañana, sino que tendrá sus resultados a medio plazo- a sostener y
ampliar la actividad didáctica y divulgativa realizada por el CSIC en los centros escolares, implicando a los organismos públicos de investigación, a las universidades y a las empresas. Espero que el resto de los grupos se adhieran a nuestra
petición.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Ante esta proposición no de ley que nos presenta el Grupo Popular, hemos de constatar una vez más la importancia de la educación como base del crecimiento social, cultural, político y económico de un país. Hemos de
constatar también que una apuesta por una economía competitiva, sólida, innovadora y con un alto valor añadido requiere innegablemente una apuesta por una educación científica y tecnológica. La educación es determinante en la apuesta que un país
hace por un modelo económico. Entendemos -y en los últimos años mi grupo parlamentario así lo ha defendido- que el cambio de modelo productivo que estamos obligados a hacer y que estamos haciendo y la apuesta determinante por la I+D+i, por la
innovación tecnológica y por una cultura emprendedora de valor añadido requiere incidir más en la educación y en la difusión desde la infancia de esa cultura que queremos que contagie a ese modelo económico y social más diversificado y competitivo
que necesitamos.
Compartimos los principios que inspiran esta proposición no de ley que nos presenta el Grupo Popular, pero quiero hacer dos consideraciones respecto a la misma. La primera, de fondo, es que la vemos muy generalista. Nos falta el detalle de
cómo se hará y, sobre todo, con qué recursos contará, algo que mi grupo parlamentario considera relevante. La segunda discrepancia está relacionada con aquellos que el Grupo Popular propone como difusores de esa cultura científica y tecnológica y
de la actividad didáctica que se corresponde con ella. Mi grupo parlamentario no cree que deba estar únicamente en manos del CSIC. Hacer recaer sobre el CSIC toda la tarea didáctica que se propone en esta proposición no de ley nos parece
ineficiente. Desde nuestro punto de vista, es necesario involucrar desde el primer momento en esta actividad de divulgación a los diversos agentes de la investigación, el desarrollo y la innovación. Los agentes de la I+D+i son diversos. Es
innegable que el CSIC tiene un papel muy relevante, pero no exclusivo, en la investigación, desarrollo e innovación. No podemos implicar en segunda instancia, como hace la proposición no de ley, a centros de investigación que están fuera de la
órbita del CSIC. No se puede dejar de contar desde el minuto cero con ellos, con las universidades o con otros agentes de la innovación, como son otros centros de investigación o los propios centros tecnológicos. Tampoco se puede dejar de contar
con las administraciones públicas y, en especial, con las comunidades autónomas. A nuestro entender, es un error concebir el modelo de investigación como un modelo cerrado, rígido y centralizado, y creemos que esta proposición no de ley va en esta
dirección. También pensamos que el coste de no delegar, de no compartir genera más ineficiencia. Desde siempre, y en el marco de la Ley de la Ciencia, que fue aprobada en la anterior legislatura, hemos defendido un modelo de la ciencia, la
tecnología y la innovación integrador, abierto, flexible, capaz de atraer talento y alejado de las rigideces de un sistema más funcionarial que, desde nuestro punto de vista, lastran las capacidades del sistema de I+D+i.
Por todo ello, para mi grupo parlamentario referirse a la divulgación científica es hacerlo también a uno de los pilares más importantes de la política científica, y es por lo que insistimos en que esta actividad de divulgación ha de venir
desde la pluralidad. La educación científica, la formación, la divulgación permiten mejorar el conocimiento científico de una sociedad, socializar los avances del conocimiento, incrementar
las vocaciones científicas, mejorar la transferencia, que es un gran déficit que aún tiene nuestra economía, y también aportar un valor añadido innegable a la economía y a la sociedad. Pero estas actividades de divulgación, repito, han de
ser desarrolladas desde el conjunto del sistema, también a través de procesos de concurrencia competitiva y contando con la implicación de todos los agentes. Creemos que esta PNL no responde plenamente a lo dicho anteriormente, porque, a nuestro
entender, tiene un enfoque más centralizado.
El Grupo Socialista ha presentado una enmienda que va en la dirección de conseguir mayor pluralidad y de que los distintos agentes del sistema se involucren más en esta actividad de divulgación tan importante y tan relevante; concretamente
involucra a las comunidades autónomas, que tienen un papel relevante e innegable, no solo por las competencias que asumen en materia de educación e investigación, sino también por el valor de la proximidad. Si esta enmienda es aceptada por el Grupo
Popular, autor de esta proposición no de ley, nuestro grupo podría votar el texto favorablemente.
Termino señalando que poner en valor el conocimiento desde el estricto ámbito científico es una tarea y una responsabilidad del conjunto de los agentes del sistema, que han de estar coordinados, manteniendo una estrecha colaboración, para
que esto sea efectivo y contribuya al cambio de modelo productivo por el que estamos apostando y que tanto necesitan nuestra economía y nuestra sociedad.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Intervengo para decir que, evidentemente, estamos a favor de una cuestión de estas características. Lo que ocurre es que no parece muy coherente con la política de ciencia que se está desarrollando en los últimos
años. Incluso puede resultar un poco ofensiva para las miles de personas que trabajan en este campo y que se están marchando del país la presentación de una PNL que tiene todo el sentido del mundo pero que no casa bien con lo que está sucediendo.
Recordemos -y aprovecho para introducir el debate de la otra proposición no de ley sobre ciencia- que desde 2005 a 2009 el gasto en I+D se ha reducido un 33 %, lo que no parece que se compadezca bien con el deseo de concienciar y educar a los
jóvenes en esta materia, porque para hacerlo hace falta presupuesto y vincularlo bien. No olvidemos que solo en el último presupuesto, en el que se acaba de debatir, el gasto sanitario se ha reducido un 4,5 %; es verdad que el gasto civil ha
subido un 1,3 %, pero es que el gasto militar ha subido un 43 %. Estos son indicadores que manifiestan la ideología subyacente, es decir, el modelo de sociedad, el modelo de ciencia por el que se está apostando, porque, al final, a lo que tú
dedicas el dinero es la vía por la que apuestas.
Vamos a votar a favor de esta PNL, porque creo que nadie en su sano juicio podría estar en contra, pero hay que acompañarla de un poco de coherencia, porque si no se nos va a quedar en mera hipocresía. De poco va a servir educar a la gente
desde muy joven si la ciencia es un solar, si se desmantela la estructura de la ciencia en este país.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Mi intervención coincide casi plenamente con la del señor Garzón, porque creo que lo ha explicado muy bien. Nos estamos acostumbrando a que el Grupo Popular utilice las proposiciones no de ley como un mecanismo de
lavado de conciencia, para quedar bien con sectores concretos en temas concretos, pero sin hacer propuestas con contenido práctico; es decir, presenta PNL vacías de contenido y de consecuencias y se limita a mostrar preocupación por un tema. Si
existe preocupación por la investigación, nosotros la compartimos, pero hace pocos días estábamos debatiendo los Presupuestos Generales del Estado y en los últimos años se han hecho unos recortes que han dejado la cifra un tercio por debajo de donde
estaba antes de la crisis, partiendo de unos niveles relativamente bajos. Ese fue el momento y la ocasión de haber manifestado esta preocupación por nuestro sector innovador. Mi grupo, al igual que otros, presentó enmiendas para reforzar el gasto
en I+D y para cambiar su composición desde los créditos a las subvenciones. ¡Qué buena ocasión para haber manifestado esta preocupación por la I+D! Si tanto preocupa el sistema educativo y las enseñanzas científicas en él, tengo que decir que en
esta legislatura se ha tramitado una reforma educativa. ¡Qué buena ocasión para haber introducido en los currículos este tipo de materias!
No se hace nada de esto, y ahora se trae una proposición, en principio solo centrada en el CSIC, aunque podría ampliarse en las enmiendas, sin ninguna dotación económica. No votaremos en contra, porque no va a hacer ningún mal, pero se
queda muy corta frente a las necesidades de nuestro sistema innovador y de nuestro sistema educativo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Lavilla.
El señor LAVILLA MARTÍNEZ: El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado dos enmiendas, pero por un problema técnico al llevar este portavoz dos iniciativas, una está registrada y la otra se ha repartido a los grupos; con ellas queremos
intentar enriquecer esta propuesta, que es verdad que es muy limitada, que habla de que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el llamado CSIC, comparta con los centros escolares esa sabiduría, ese conocimiento que tiene. Sin entrar a
fondo en el debate de la I+D+i en España, que en todos estos años ha sufrido un recorte de 9.472 millones de euros, obviamente no podemos estar en desacuerdo con la proposición. En este caso, además, tengo que agradecer que el ponente del Grupo
Popular, como suele hacer, haya tenido la sensibilidad de pelear con el Gobierno, de defender nuestra posición ante el Gobierno, para aceptar nuestra enmienda.
El texto que presenta el Grupo Socialista trata de fomentar no solo las visitas, sino también la oferta de talleres en el aula, es decir, que los científicos salgan del centro y vayan a las aulas. También pedimos que se recojan, como ha
comentado la portavoz de Convergència i Unió, la señora Riera, las competencias reales que las comunidades autónomas y todos los que operan en la educación en el ámbito territorial tienen en todo el diseño educativo, en la política educativa, es
decir, hay que implicarles para que se fomenten la oferta de talleres en el aula y las visitas a esas instalaciones científicas. Al mismo tiempo, solicitamos que se realicen, que es algo muy importante, actividades formativas para el profesorado,
porque es la piedra angular de todo el sistema. Es fundamental que el profesorado se implique en esas actividades formativas, porque si no lo hace, el hecho de que los alumnos visiten las instalaciones les puede traer un poco al pairo. Queremos
que se posibiliten líneas de investigación para ir preparándolos en las áreas de bachillerato y de formación profesional. Esta es la esencia de nuestra enmienda, y esperamos escuchar al ponente del Grupo Popular decir que la aceptan. Al Grupo
Parlamentario Socialista le parece importante que esto se recoja. ¿Por qué? Porque la educación es la inversión más importante que una sociedad puede realizar para construir su mejor futuro social y económico.
Ya que tengo la oportunidad, voy a decir una cosa, y si alguno se da por aludido que tome la palabra y le contestaremos lo que sea menester. A veces, de manera estratégica, por interés partidista, por interés electoral, nos metemos siempre
con otro partido, con el que podemos compartir algunas cosas, aunque tenemos distancias bastante grandes con el Partido Popular. Tengo que recordar, y que cada cual se dé por aludido lo que quiera, que muchas veces los ciudadanos se movilizan para
garantizar la educación pública de calidad que se consiguió, las becas que tuvimos, esa sanidad pública de calidad que tuvimos y esa inversión en I+D+i que llegó a los 8.586 millones de euros. Estos son los hechos. Es verdad que algunas veces
tenemos que escuchar ciertas cosas, pero hay que predicar con el ejemplo y no manipular la realidad. También es verdad que cada uno puede cortar la historia por donde le plazca, pero España no es inmune al ataque que recibió tras la quiebra de
Lehman Brothers, y hemos tenido presidentes del Banco Central Europeo... Pero en fin, no es el caso.
Centrándonos en la línea del consenso, en esta parte concreta de la I+D+i, tenemos que decir que si se aceptase esta enmienda votaríamos a favor. Lo haríamos, entre otras cosas, porque un krausista soriano, de cuyo nacimiento se cumple el
segundo centenario -y aprovecho para que figure en el 'Diario de Sesiones'-, que fue Julián Sanz del Río, nacido en Torrearévalo el 10 de marzo de 1814, fue uno de los padres de la Institución Libre de Enseñanza que pretendía acercar la ciencia a
los centros educativos, que es lo que se plantea en esta iniciativa que haga el CSIC. Haciendo ese reconocido homenaje al soriano Julián Sanz del Río, tengo que decir que, si se acepta la enmienda, mi grupo dará apoyo a esta proposición.
El señor PRESIDENTE: Señor portavoz del Grupo Popular, ¿acepta las enmiendas?
El señor PUENTE REDONDO: Lo hemos estado comentando y aceptaremos la enmienda del Grupo Socialista porque nos parece razonable.
- SOBRE LA OFICINA DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA DE ARGUINEGUÍN EN GRAN CANARIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/002533).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto cuarto, proposición no de ley sobre la oficina del Instituto Social de la Marina de Arguineguín en Gran Canaria.
Tiene la palabra el señor Quevedo.
El señor QUEVEDO ITURBE: Nueva Canarias trae hoy a la Comisión una proposición no de ley a la que atribuimos una gran importancia, porque a pesar de afectar a un ámbito local relativamente reducido de la isla de Gran Canaria es muy
relevante cualitativamente por el tipo de actividad que se desarrolla. Nos referimos al Instituto Social de la Marina radicado en la localidad de Arguineguín, que pertenece al municipio de Mogán, en el sur de la isla de Gran Canaria.
Tengo que decir que hay unos antecedentes que tal vez faciliten la comprensión de lo que estamos tratando en la proposición no de ley, así como de la importancia que le atribuimos y de la que en realidad tiene. En primer lugar, el texto de
esta PNL tiene el apoyo implícito de los patrones mayores de tres cofradías de pescadores de la zona, de Arguineguín, El Castillo del Romeral y Playa de Mogán, que se dirigieron por escrito a la dirección provincial del Instituto Social de la Marina
de Las Palmas para informar de ese apoyo. Aquí se produjo un hecho insólito que me interesa mucho que conste en el 'Diario de Sesiones', y es que asombrosamente se hizo un escrito en la dirección provincial del Instituto Social de la Marina de
Madrid en el que se me contestaba a mí pero que se les envió a los patrones mayores de las cofradías que, afortunadamente, lo primero que hicieron fue llamarme por teléfono. Gracias a esa llamada me enteré de que existía un escrito que daba
contestación a una proposición no de ley formulada por Pedro Quevedo Iturbe, que soy yo, que se había enviado a los patrones mayores de las cofradías, sin que este diputado tuviera conocimiento de ello. Repito que al ser un hecho insólito me
interesa mucho resaltarlo, porque creo que alguien debería comunicar al Instituto Social de la Marina que estos procedimientos no son los deseables.
También tengo que decir como antecedente que esta cuestión fue debatida en el Parlamento de Canarias, defendida por un diputado compañero mío, y que mereció el apoyo prácticamente de toda la Cámara pero no el del Partido Popular. En el
Parlamento de Canarias no hay mayoría absoluta de nadie, por lo que no ocurre lo mismo que aquí. También fue debatido en el Cabildo de la isla de Gran Canaria, donde sí tuvo el apoyo del Partido Popular. Si ahora apoyan nuestra proposición,
estaríamos enormemente agradecidos.
Existe otro antecedente. Después de este lío, el subdelegado del Gobierno en Canarias se compromete a mantener un contacto a lo largo del mes de septiembre con las personas afectadas. He comprobado esta mañana que estamos en el mes de
noviembre y ese contacto no se ha producido. El fondo del lío es que se ha comunicado que se reducen sustancialmente los horarios de prestación de servicios del Instituto Social de la Marina en el sur de Gran Canaria, de forma que se pasaría de
tener tres personas de lunes a viernes de nueve a dos a tener dos personas exclusivamente los martes y los jueves de nueve a una. Esto ha creado una alarma en el sector que, por los datos de que disponemos, creemos que está plenamente justificada.
Esta decisión es completamente contradictoria con la Carta de servicios 2013-2016 del Instituto Social de la Marina, que es un ente, como sabemos, que depende del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en la que se plantea que entre los
valores positivos que debe impulsar el Instituto Social de la Marina están la proximidad y la orientación al usuario que se da a través de la red de que dispone. Resulta incomprensible, por tanto, que en vez de profundizar en esta línea se reduzcan
los servicios, obligando a los interesados, a aquellas personas relacionadas con el sector pesquero y también con el marítimo, es decir, el vinculado al ocio -yo sé que se puede interpretar que el sector del ocio no tiene nada que ver con la
actividad del Instituto Social de la Marina, pero es una idea equivocada porque sí tiene que ver-, a trasladarse. Reducir los servicios, obligar a los usuarios habituales a trasladarse hasta Las Palmas de Gran Canaria, que son algo así como 70
kilómetros o más, para realizar las tareas que antes podían hacer a 100 metros de su actividad, es deteriorar la actividad de este sector sin ninguna razón seria que lo justifique. Esto lo hemos hablado con la gente del sector.
Hemos escuchado cosas extrañas como que no tiene nada que ver la actividad del Instituto Social de la Marina con las revisiones médicas, lo cual es un error, o que el número de usuarios que se atiende al mes es de 200, cuando aproximadamente
es de 800. Estos datos nos los dan los propios usuarios. Les
pido que tengan en consideración que la actividad pesquera y marítima en el sur de la isla de Gran Canaria es muy importante, y más aún con la que está cayendo, que es fundamental fortalecer esa actividad y que no es buena idea reducir y
alejar los servicios que presta el Instituto Social de la Marina, que tiene un amplísimo catálogo de actividades. Nos parece una postura absolutamente razonable.
Les pedimos que apoyen esta proposición no de ley, porque de esa forma beneficiarán al sector y también harán lo correcto, puesto que en tiempos difíciles no hay que entorpecer a los sectores que tienen futuro, sino facilitarles las cosas.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Grande.
La señora GRANDE PESQUERO: Mi grupo suscribe plenamente la exposición y la petición del diputado proponente porque compartimos la preocupación y el rechazo por el cierre de la oficina local que el Instituto Social de la Marina tiene desde
hace muchos años en el municipio grancanario de Mogán, concretamente en Arguineguín. Por ello, no solo vamos a votar afirmativamente a la petición del proponente, sino que hemos presentado una enmienda para darle mayor claridad y conseguir entre
todos los grupos un compromiso firme del Gobierno de que no va a cerrar esta oficina, que es necesaria para los trabajadores del mar por todas las funciones que realiza, como ha dicho el señor Quevedo, entre otras, actuando como oficina de registro,
para tramitar prestaciones por desempleo y dando apoyo a los pensionistas de toda la zona del suroeste de Gran Canaria.
Estamos hablando de unas 1.000 personas, de las cuales -está aquí recogido- en septiembre de 2014 constan como afiliadas al régimen especial del mar 333 en los seis municipios del suroeste de Gran Canaria: Agüimes, Ingenio, Santa Lucía, San
Bartolomé de Tirajana -que es el mío-, Mogán y la Aldea de San Nicolás. Aunque este último es un municipio del oeste, los canarios sabemos que su carretera, en un día como hoy en el que la isla de Gran Canaria está inundada, es impracticable y los
aldeanos bajan por la carretera del sur para hacer sus gestiones, por ejemplo, los pescadores, en la oficina del Instituto Social de la Marina de Arguineguín. A esta oficina no solo acuden estos 333 afiliados trabajadores del mar, sino que más o
menos estamos hablando el doble de pensionistas, es decir, unos 600. Se trata de personas que no tienen un alto poder adquisitivo para hacer 140 kilómetros en coche privado o en guagua y que, sobre todo en el caso de los pescadores, no tienen un
horario de oficina de ocho a tres.
¿Por qué estamos preocupados y queremos un compromiso firme? Señorías, porque en el seno del Ministerio de Empleo y Seguridad Social se contradicen y porque creemos que el traslado del personal de Arguineguín y el posterior cierre de la
oficina obedece a una técnica frecuente de este Gobierno: a su forma autoritaria de tomar decisiones sin contar con nadie y a la de ir tapando agujeros, como dirían en mi tierra, al golpito por la no reposición de funcionarios y la amortización de
plazas, sin tener en cuenta el perjuicio que supone para los ciudadanos la desaparición o el alejamiento de estos servicios públicos, porque no era en Arguineguín, señorías, donde faltaban empleados, sino en la oficina provincial del ISM de Las
Palmas de Gran Canaria.
En diciembre de 2013, mi compañera, la portavoz socialista de Mogán, Pino González, denuncia por primera vez la desaparición de esta oficina y eleva una moción al Pleno municipal que se aprueba por unanimidad, que es el texto que sirve como
base a la exposición de motivos de esta proposición no de ley. En el Pleno del Cabildo de Gran Canaria, celebrado en marzo de este año, como ha dicho el diputado proponente, se acuerda solicitar una reunión a varias bandas con las cofradías de
pescadores -solo en Arguineguín hay dos- y con la delegación del Gobierno. Tampoco nos consta a nosotros que a día de hoy se haya producido esa reunión, no sé si tiene que ver con que el presidente del Cabildo y el alcalde de Mogán son del Partido
Popular, o a lo mejor es porque no les interesa demasiado el servicio a los trabajadores del mar.
Cuando afirmo que el ministerio se contradice no se trata de retórica parlamentaria, créanme. Pongo a disposición de esta Comisión dos documentos oficiales del ministerio que no dicen lo mismo. Les muestro el acta de la sesión ordinaria de
la comisión ejecutiva del Consejo Provincial del Instituto Social de la Marina de Las Palmas, celebrada el 30 de enero de 2014, en cuyo punto tercero, otros asuntos de interés, dice textualmente: Por otro lado, se comentó con los asistentes el
proceso de cierre de la dirección local de Arguineguín, debido al bajo volumen de gestión y a la falta de efectivos en la dirección provincial. Se pretende que la incorporación de los 3 trabajadores allí destinados venga a paliar la precaria
situación en la que nos encontramos en materia de recursos humanos tras haber perdido cerca del 30 % de nuestro
personal en los últimos cinco años. De esto se desprende que el personal ya se ha adscrito a la oficina de Las Palmas de Gran Canaria y que, por tanto, se puede cerrar Arguineguín en cuanto se quiera. Por la presión política y ciudadana de
las cofradías no se han atrevido todavía a cerrar esta oficina, pero el personal que va los dos días que abre está en comisión de servicios, por lo que, además, cobra kilometraje, dietas o medias dietas. ¡Bravo por las medidas de racionalización y
ahorro del Partido Popular! Son marca de la casa: menos servicios públicos y más caros.
El segundo documento es un informe del mismo ministerio de junio de 2014, sobre el acuerdo del Pleno del Cabildo de Gran Canaria al que me he referido. Aquí se esgrimen argumentos varios y a veces curiosos como que la mejora de la carretera
ha acercado Arguineguín a Las Palmas de Gran Canaria. Que yo sepa, sigue habiendo 70 kilómetros de ida y 70 de vuelta. Después de enumerar estas y otras causas, dice que en ningún momento se ha planteado dejar de prestar el servicio que viene
desarrollando el ISM en la zona, sino que simplemente se plantea reducir los días de la semana que presta atención al público.
La pregunta del millón es la siguiente. ¿Por qué en enero informan de un proceso de cierre de la oficina de Arguineguín y trasladan a dos funcionarias y al ordenanza a Las Palmas y en junio el mismo organismo nos dice que en ningún momento
se ha planteado su cierre? ¿Quién miente? ¿Cuál es la mentira, el acta de enero o el informe de junio? ¿Dónde está la trampa?
Termino diciendo que, porque no nos podemos fiar del Gobierno, mi grupo solicita que le instemos a que mantenga abierta la oficina del Instituto Social de la Marina de Arguineguín, porque se trata de un servicio necesario para la gente del
mar que se debe prestar con cercanía y con calidad, como este colectivo merece.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Mariscal.
El señor MARISCAL ANAYA: Señorías, agradecemos esta iniciativa porque supone reconocer en esta casa el extraordinario trabajo, sacrificio y esfuerzo que el Instituto Social de la Marina ha venido desarrollando en la provincia de Las Palmas,
especialmente en la isla de Gran Canaria. Ya ha recibido reconocimientos en el Ayuntamiento y en el Cabildo de Las Palmas de Gran Canaria que se basan no solo en la labor que actualmente realiza con los trabajadores del mar, sino que hacen hincapié
en esos momentos previos a las transferencias a la comunidad autónoma, en los que también tenía responsabilidades ligadas a las políticas sociales, sanitarias o educativas, y se resalta la perfecta sintonía que ha mantenido con la sociedad de Gran
Canaria y su inserción en todo lo relacionado con el mundo del mar, que es tan duro y que exige tanto esfuerzo y sacrificios. Este instituto tiene como enseña principal el extraordinario trabajo que ha venido desarrollando y desarrolló en su
momento el buque Esperanza del Mar. Por tanto, agradecemos esta iniciativa por lo que supone de reconocimiento a la labor, extraordinaria y larga en el tiempo, vinculada al sector del mar, que el Instituto Social de la Marina ha realizado en la
isla de Gran Canaria.
Ciñéndonos a la iniciativa que presenta el señor Quevedo, hay que destacar, en primer lugar, que es cierto que el sector de la pesca es muy importante en el municipio de Mogán, que afecta a las cofradías del sur de Gran Canaria, tanto de El
Castillo del Romeral como de Arguineguín y Mogán, pero también lo es que el colectivo se ha reducido en un 20 %, que se han transferido competencias, como anteriormente he dicho, a la comunidad autónoma y que la red sigue inalterada. Por tanto, la
asistencia sanitaria a los trabajadores del mar a bordo, tanto los reconocimientos médicos de embarque marítimo, como la inspección y control de los medios sanitarios, así como los cursos de formación, se siguen desarrollando con normalidad.
No se ha cerrado la oficina. Diría al señor Quevedo y a la señora Grande que en política, como en todo, siempre hay que procurar ser sincero. Ya he dicho en alguna otra Comisión que los datos no se discuten, los datos se contrastan. Las
intervenciones no son 800 ni 1.000, como se ha manifestado. Tengo aquí un informe exhaustivo de lo que ha venido realizando la dirección local de Arguineguín en el año 2013 y ni de lejos llegamos a las 1.000 intervenciones. No se cierra la
oficina, lo que se hace es reducir el tiempo de apertura a dos días a la semana. Esto no significa que se obligue a nadie a viajar diariamente a Las Palmas de Gran Canaria, sino que hay que acudir a la dirección local de Arguineguín en los dos días
a la semana en los que esta oficina está abierta, es decir, no quedarán afectadas las labores desempeñadas por los armadores en esta zona de nuestra isla.
Efectivamente, señora Grande, esta es una medida más de racionalización y eficacia en la utilización de los recursos públicos. En mi formación política siempre hemos entendido que el dinero público, el dinero que con muchísimo esfuerzo, vía
impuestos, todos y cada uno de los españoles transfieren al
Gobierno debe ser tratado como un bien sagrado, y cuanto más se pueda reducir el espacio del ámbito público garantizando el servicio público, mejor. Eso es lo que hace este Gobierno día a día. Usted debe saber -creo que lo sabe, lo que
pasa es que lo ha ocultado en su intervención- que existe el denominado sistema red, que obliga a que las empresas pertenecientes al régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores del mar poco a poco vayan trabajando e interactuando con
el instituto a través de los medios tecnológicos, evitando, por tanto, que tengan que acudir diariamente o con mucha frecuencia a las oficinas que tiene el Instituto Social de la Marina en la isla de Gran Canaria; me estoy refiriendo a los trámites
de altas y bajas, de cambios en la cotización, a la presentación de las solicitudes de prestaciones de pensionistas, etcétera. En definitiva, lo que pretendemos es ahorrar, reducir la necesidad de presentarse físicamente en las oficinas.
Quiero insistir de nuevo en la extraordinaria labor que realiza la dirección local del Instituto Social de la Marina en el municipio de Arguineguin, pero en absoluto hay un cierre de la oficina. Ya sé que lo fácil y lo conveniente es aludir
a los tres días que ha estado cerrada y no incidir en los dos que ha estado abierta. En absoluto estamos hablando de 800 o 1.000. Además, como tengo tiempo y el presidente aún no ha manifestado la intención de cortarme la palabra -cosa que le
agradezco-, durante el año 2013 se han producido 18 solicitudes de expedientes de incapacidad; 14 estudios de jubilación; 123 altas en la prestación de desempleo y 259 reconocimientos médicos. Es obvio, porque me he puesto en contacto con el
alcalde de Mogán, que en reiteradas ocasiones viene desempeñando la responsabilidad como alcalde con el apoyo mayoritario de su municipio, así como con mis compañeros del Cabildo insular de Gran Canaria, que no existe este enfado o rechazo como han
manifestado el señor Quevedo o la señora Grande.
En la iniciativa -y termino ya- se habla de un daño irreparable al sector turístico. Esto me da pie a que vuelva a decir, como ya venimos diciendo en reiteradas ocasiones, que en las pocas enmiendas que debido a la necesidad de ahorro y de
ajuste presupuestario derivado de una lamentable acción política económica que llevó a cabo el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, se ha incluido una enmienda de 500.000 euros en los presupuestos para rehabilitar las infraestructuras turísticas
ligadas a la playa de Mogán, entendiendo que queremos que continúe la posición de liderazgo que hasta ahora viene desempeñando en el ámbito turístico en Gran Canaria y que necesita evolucionar y mejorar sus instalaciones para dar cabida a la enorme
demanda de turismo que existe en nuestra isla.
El señor PRESIDENTE: Señor Quevedo, ¿acepta la enmienda?
El señor QUEVEDO ITURBE: Sí, señor presidente.
Se me ha pedido si se puede solicitar votación separada de la enmienda y del texto de la proposición no de ley. No sé si esto es posible o no. No tengo ningún inconveniente.
El señor PRESIDENTE: ¿Acepta la enmienda?
El señor QUEVEDO ITURBE: Sí.
El señor PRESIDENTE: Entonces no se puede votar separadamente, hay que votarlo en bloque.
- RELATIVA A LA SITUACIÓN DE LOS PEQUEÑOS AHORRADORES AFECTADOS POR LA ESTAFA DE FÓRUM FILATÉLICO S.A., AFINSA BIENES TANGIBLES S.A. Y ARTE Y NATURALEZA GESPART S.L. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA.
(Número de expediente 161/002564).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la situación de pequeños ahorradores afectados por la estafa de Fórum Filatélico. Señor Anchuelo, tiene la palabra.
El señor ANCHUELO CREGO: Traemos a esta Cámara, a esta Comisión de Economía, la situación de los pequeños ahorradores afectados por las estafas de las empresas: Fórum Filatélico, Afinsa y Arte y Naturaleza. Aunque son hechos conocidos,
comenzaré con un breve recordatorio de los hechos principales. Estas empresas fueron intervenidas judicialmente el 9 de mayo de 2006, hace más de ocho años, bajo una acusación de estafa, entre otros delitos, y desde entonces están en un concurso de
acreedores. Se trata de la típica estafa piramidal, que en teoría se estaba invirtiendo en sellos y en otros activos tangibles,
pero en realidad esos activos estaban sobrevalorados y el esquema piramidal se mantenía pagando a los primeros inversores con lo que iban aportando los siguientes. Lo destacado de esta estafa piramidal, tan repetida en la historia
financiera, es el alcance social, porque el número de afectados se acerca al medio millón de familias, en concreto 477.000, y la cuantía defraudada es también enorme, estamos hablando de 4.800 millones de euros, además afectando en su mayor parte a
pequeños ahorradores. Este caso no está recibiendo toda la atención que merece básicamente porque nos estamos acostumbrando en nuestro país a que un escándalo tapa otro escándalo, una estafa tapa otra estafa y ha habido casos posteriores como los
de las preferentes que han dejado este caso en la sombra, pero estamos hablando de medio millón de personas a las que se ha defraudado 4.800 millones de euros y que llevan ocho años sin que haya una respuesta adecuada a su situación. Ha habido
algunas respuestas -mínimas e insuficientes- desde los poderes públicos. En el año 2007 el ICO habilitó una línea de crédito por 500 millones de euros para atender situaciones de especial precariedad entre los afectados y mientras terminaban los
procesos judiciales, pero esos procesos judiciales no terminan, las líneas eran por cinco años, y por eso en diciembre de 2012 se prorrogaron estas líneas por dos años más, ahora cargando intereses. Estas líneas están a punto de acabar. Son
soluciones parciales que básicamente buscaban ganar tiempo hasta que terminasen los procesos judiciales, que no finalizan, y atendiendo solo las situaciones de mayor necesidad en forma de crédito, ahora con intereses.
¿Existe una responsabilidad de los poderes públicos? Es la pregunta clave. Podemos pensar: han invertido y les ha salido mal. Es la pregunta fundamental y consideramos que sí. No es la responsabilidad principal, pero sí hay una
corresponsabilidad, porque estamos hablando de empresas relativamente grandes, no de un pequeño chiringuito financiero, como se dice a veces. Son empresas relativamente grandes que se anunciaban en los medios de comunicación, que patrocinaban
eventos, alguna patrocinaba un importante club de baloncesto. El pequeño ahorrador al invertir en una empresa de esa dimensión y con esa difusión pública tiene cierto derecho a pensar que hay una labor de supervisión detrás, de regulación, de
control de las autoridades de consumo, de forma que no sea posible una estafa de estas magnitudes. Incluso en aquella época se promovía por expertos -y casi desde las instituciones- la inversión en activos tangibles como un activo particularmente
rentable y adecuado. No podemos olvidar, por último, pero no menos importante, que en España ha habido rescates mucho menos justificados que este. Casos recientes como el almacén Castor o las autopistas de peaje, en que los poderes públicos han
ayudado a los afectados cuando estos han sido grandes empresas en estos casos.
Como consideramos que existe esa responsabilidad de los poderes públicos, la siguiente pregunta es: ¿Qué hacer? Aquí la respuesta viene facilitada por la tarea de una plataforma unitaria de afectados que ha hecho un gran trabajo llamando
la atención sobre el problema, proporcionando información y alternativas. Esta plataforma se ha reunido tanto con mi grupo, como -según ellos manifiestan, y no tengo motivos para dudarlo- con el resto de grupos, y tienen una disposición abierta a
la negociación. Ellos no piden recuperar la totalidad de su inversión. No piden el 100 %, el nominal de su inversión. Señalan que existen unos activos, unas colecciones de sellos, unos activos tangibles, que tienen un valor de mercado, que no
querrían que se malvendiesen, y que constituyen unos derechos de cobro, unos créditos en los procedimientos concursales, tienen un valor. Piden que el ICO les sustituya como acreedores en los procesos concursales. Que el ICO adquiera esos activos
y les adelante a ellos las cantidades, con lo que recuperarían ya una parte negociable, no el 100 %, de su dinero y el ICO recuperaría al final del procedimiento concursal lo que se recuperase. ¿Es esto inviable? ¿Es esto injusto? ¿Es esto caro?
A lo mejor nos podrían decir que es una propuesta demagógica, pero estamos tranquilos, porque hay partidos -y entre ellos muy señaladamente el Partido Popular, pero también el resto- que vienen apoyando iniciativas similares a esta en diferentes
instituciones. Centrándome en el partido mayoritario, porque al fin y al cabo es el que tiene capacidad de decisión con la correlación de fuerzas que hay hoy en la Cámara, en dieciséis parlamentos autonómicos se han aprobado iniciativas similares a
la que UPyD trae hoy aquí al Congreso de los Diputados. No estamos hablando de que se aprobasen hace mucho tiempo. Hace un mes, en la Asamblea de Madrid, se aprobó por unanimidad una iniciativa similar a esta y hace una semana en la Asamblea de
Castilla-La Mancha se aprobó otra. Por otro lado, ha habido ayuntamientos como el de Murcia y en este propio Congreso de los Diputados en la legislatura anterior el Grupo Popular presentó dos proposiciones no de ley, en la propia Comisión de
Economía y en la Comisión de Sanidad y Consumo, defendidas por cierto por algunos relevantes diputados que se siguen sentando en esta Comisión hoy en día. El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el año 2008, escribió una carta en la
que se comprometía públicamente con los afectados. Decía: desde el Partido Popular
somos conscientes de que independientemente de las decisiones que adopten los órganos jurisdiccionales, los poderes públicos tienen la obligación de atender a los afectados. El Partido Popular puede decir que esto estalló en época del
Gobierno socialista, que en la legislatura anterior el Grupo Socialista votaba en contra de esto, pero ese no es el debate. No se trata de debatir sobre el cambio de caretas entre los grandes partidos cuando pasan del Gobierno a la oposición. La
verdadera cuestión es la situación de este medio millón de afectados que están pidiendo que se atienda su situación y que están dispuestos a negociar. Nosotros hemos querido traer al Congreso de los Diputados esta proposición no de ley que se
plantea de forma abierta. En el texto se pide una solución para las familias afectadas y que se evalúe la aplicación de las propuestas de los afectados, buscando dar pie a esa negociación. Esta propuesta es perfectamente asumible, porque, insisto,
se ha aprobado en otras instituciones, pero el Grupo Popular ha considerado que tenía que realizar algunas matizaciones en una enmienda transaccional, en la que, como tienen sus señorías por escrito, se valora la situación de los afectados y, en el
punto dos, se valorará la procedencia de adquirir o financiar total o parcialmente la deuda de los afectados, teniendo en cuenta las cuantías eventualmente recuperables en los procedimientos concursales. No es nuestra propuesta y la original era
aceptable. En esa negociación que queremos que se abra seríamos partidarios de la opción generosa, que se adquiriese, no se financiase, y más total que parcialmente. Pero hemos querido utilizar esta iniciativa no para el desgaste del Partido
Popular -hoy podríamos salir de aquí diciendo: ¡qué vergüenza!, votan una cosa en cada sitio-, sino para facilitar esa solución a los afectados. Por eso vamos a aceptar esa enmienda transaccional y espero que otros grupos lo hagan también en este
espíritu de utilidad social de nuestra labor parlamentaria.
El señor PRESIDENTE: Señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Ante esta proposición no de ley que nos presenta el Grupo de UPyD, mi grupo parlamentario quiere no solo volver a insistir en nuestra sensibilidad hacia esta problemática, sino recordar también las diferentes
iniciativas que hemos presentado para abordar y dar solución a este tema. Iniciativas que se han instado desde el Parlamento de Cataluña como fue la resolución 748/X, presentada por todos los grupos parlamentarios del Parlamento de Cataluña, y,
recientemente, ante la falta de soluciones y en apoyo a los consumidores afectados hemos presentado otra proposición no de ley, desde la perspectiva del consumo, sobre la adopción por el Gobierno de una solución para los pequeños ahorradores
afectados por el fraude de Fórum Filatélico, S.A., Afinsa bienes tangibles S.A. y Arte y Naturaleza Gespart, S.L.
Señorías, han transcurrido casi ocho años desde este escándalo financiero y la consecuente intervención judicial de estas empresas que afectó a muchas familias, en su mayoría pequeños ahorradores. No se ve una solución en el horizonte.
Actualmente el proceso de liquidación concursal se encuentra paralizado y los afectados, que son más de 470.000 ahorradores, están aún a la espera de justicia. El problema, desde nuestra perspectiva, tiene un alcance social y económico innegable.
A pesar de ello -y la afectación a familias que han perdido sus ahorros y que en muchos casos se trata de jubilados y de personas de estratos sociales más humildes y que lo han perdido todo-, no hemos sido capaces de encontrar una solución y dar una
respuesta a todas las personas afectadas, y más en estos años de crisis.
Desde la plataforma Solución Fórum Afinsa, formada por Adicae, por la Federación de Clientes de Afinsa y Fórum Filatélico, se han planteado diversas fórmulas para dar solución a este problema. Repito, un problema económico y, sobre todo,
social, pero hasta la fecha estas soluciones no se han materializado. Por ello, desde la perspectiva del consumo, presentamos una nueva proposición no de ley instando al Gobierno a adoptar una solución definitiva y urgente para los pequeños
ahorradores afectados por este fraude y avanzar hacia la finalización de sus respectivos procedimientos judiciales. También planteamos estudiar y valorar la propuesta planteada por la plataforma para encontrar una solución beneficiosa para los
afectados. Insistimos, en los términos de nuestra proposición no de ley y coincidiendo con el espíritu de la que estamos debatiendo, instamos al Gobierno de manera urgente a encontrar una solución en el breve plazo. Repito, no es posible que hayan
pasado ocho años y aún nos encontremos en una situación estancada y que los afectados no hayan recibido ninguna solución. Reivindicamos la protección de los consumidores y usuarios que, a nuestro entender, han sido los afectados en primera persona
de manera muy profunda por un escándalo y un fraude de elevadas dimensiones.
No quiero terminar sin recordar los extremos de nuestra proposición no de ley, que fue presentada el pasado 5 de noviembre, en la que instamos al Gobierno, en primer lugar, a adoptar una solución para aquellos pequeños ahorradores afectados
por el fraude de Fórum Filatélico S.A., Afinsa Bienes Tangibles,
S.A. y Arte y Naturaleza Gespart S.L. que les permita avanzar a la mayor brevedad posible hacia la finalización de sus respectivos procedimientos judiciales y, en segundo lugar, a estudiar y valorar la propuesta a la que hacía referencia
antes, planteada por la plataforma Solución Fórum Afinsa, para encontrar una solución beneficiosa para los afectados consistente en que el Ministerio de Economía y Competitividad, mediante el ICO, dirija a quienes ostentan la condición de
consumidores y usuarios una oferta de adquisición de las cantidades reconocidas como crédito en los respectivos procedimientos concursales en curso. Apoyamos la proposición no de ley que se presenta para que el Gobierno encuentre de manera urgente
una solución que afecta a muchos consumidores y usuarios y ha afectado al ahorro de muchísimas personas.
El señor PRESIDENTE: Señor Garzón, tiene la palabra.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Intervengo simplemente para manifestar que vamos a apoyar esta proposición no de ley por los mismos motivos por los que estuvimos en contra de las cláusulas suelo y a favor de una resolución satisfactoria y
manifestando que entonces aquellos argumentos que utilizábamos en aquel caso pueden ser válidos para esta proposición no de ley en tanto que se manifiesta muy claramente la diferente vara de medir que se utiliza en función de quiénes son los
perjudicados contablemente de determinados procesos que incluyen los elementos financieros, bien fueran pequeños ahorradores o grandes inversionistas. En la descripción de la operación que ha hecho el señor Anchuelo quedaba muy de relieve que hay
una seria discriminación cuando se trata de pequeños ahorradores que cuando se trata, por ejemplo, del señor Florentino Pérez y su empresa o de los grandes propietarios de las autopistas rescatadas o del propio sistema financiero. Eso nos lleva a
plantear que hay que tomar medidas políticas para resolver una cuestión que afecta a la gente que está en amplia indefensión, a diferencia de las otras personas que son rescatadas.
El señor PRESIDENTE: Señor Hurtado, tiene la palabra.
El señor HURTADO ZURERA: En primer lugar, quiero trasladar un mensaje de solidaridad con este medio millón de familias afectadas, que llevan casi nueve años, el próximo mes de mayo lo cumple, de la intervención judicial de Fórum, Afinsa y
Arte y Naturaleza. Un auténtico calvario, en situaciones dificilísimas, cuando todos por una crisis como la que estamos sufriendo tenemos necesidades de hacer líquido y de echar mano de nuestros ahorros para sobrevivir. Ellos no pueden echar mano
de esos ahorros, porque han sido víctimas de una estafa y de un auténtico fraude piramidal y le podemos llamar, como todos sabemos, de ochenta mil maneras.
Mi primer mensaje es de solidaridad y de comprensión, porque se sienten engañados. Se sienten engañados, porque -estando en la oposición- se les ha prometido todo. En concreto, el partido que Gobierna de todo ha pasado a la nada, de hacer
responsable al Estado y de garantizarle la devolución total de sus ahorros han pasado a decir que el Estado no tiene nada que ver con esto y no puede hacer nada. Es decir, del todo a la nada. Hoy parece que hay una novedad, un pasito chiquitito -y
espero que no sea meramente formal- con esta enmienda que han presentado de valorar la situación de los afectados y la posibilidad de compra de sus derechos. Tímido pasito. Insisto, vamos a apoyar con la confianza de que no sea una declaración
meramente formal, sino que sea realmente el inicio de un compromiso para darle una solución a este medio millón de familias.
Nuestra posición como PSOE, que también ha gobernado, fue que considerábamos -así lo dijo el Tribunal Supremo- que no había responsabilidad patrimonial del Estado. Ha habido sentencias al respecto. Nos comprometimos a facilitarles parte de
sus ahorros a estas familias y se estableció un anticipo a través del ICO, no retribuido, al 0 % de interés durante cinco años, considerando que para que se concluyesen los procedimientos judiciales concursales y de liquidación de las empresas era
tiempo más que suficiente. La realidad es bien distinta. Ya que han transcurrido casi nueve años. Hay un laberinto jurídico que, desde luego, pone en evidencia que esa no es la solución. No es la solución para ellos. En concreto, ellos han
recibido, aparte del anticipo, Fórum un 10 % de sus derechos y Afinsa está en estos momentos entregando un 5 % de sus derechos y de sus ahorros. Ante las circunstancias, bien distintas a las iniciales, es necesario dar un paso más. También lo han
dado los propios afectados, que han dado un paso muy significativo, y ha sido de exigir la totalidad de su ahorros a asumir esa sentencia del Tribunal Supremo y simplemente pedirle al Estado que compre sus derechos, que valore sus derechos en la
liquidación atendiendo a una estimación de los archivos de la propia empresa y que le haga una oferta, a través del ICO, de adquisición de esos derechos. Los afectados han cambiado y el Grupo Parlamentario
Socialista cree necesaria y ve razonable la propuesta que nos hacen. Por tres circunstancias muy claras y muy determinantes. La primera razón, la dilación en los procedimientos. No podemos garantizar que esto no tenga todavía más
recorrido y que todavía no queden más de cinco años o de diez años en concluir, tanto los penales, los concursales, como la liquidación de las propias empresas. Ante la dilación en el tiempo, esa circunstancia es determinante para ver razonable
esta propuesta. Segunda razón, esta es una crisis que nos está asfixiando a todos y a estas familias también, y especialmente, y tenemos que ser condescendiente con la situación familiar de los afectados, víctimas de una estafa y sufriendo una
crisis que la estamos padeciendo todos, sin poder utilizar esos ahorros que tenían invertidos en estas empresas para aliviar las dificultades. Tercera razón, es claramente mejorable la gestión de los activos de estas empresas en los procedimientos
de liquidación. Con la compra por parte del ICO de esos derechos es posible mejorar la gestión de esos activos. En estos momentos -y así nos lo hacen llegar- hay una extraordinaria preocupación en que se estén devaluando sustancialmente esos
activos y que evidentemente cada día que pase, si la gestión de los activos no es la adecuada, los derechos signifiquen cada día una mayor aminoración del dinero invertido en su día. Son tres circunstancias fundamentales que para nosotros nos
ayudan especialmente a apoyar este paso hacia adelante y esta propuesta que surge de la propia plataforma. Nosotros tenemos registrada una proposición no de ley probablemente se debata próximamente y esperemos que no sea necesario su debate y
estaríamos dispuestos a retirarla, siempre y cuando esta enmienda presentada por el Grupo Popular no sea un formalismo, sino el inicio de un compromiso y realmente sirva para resolver el problema. Un problema que se está -insisto- dilatando en el
tiempo y que está agravando las circunstancias familiares y el fraude y estafa que ha sido el origen de la misma. Vamos a apoyar, vamos a dar confianza al grupo mayoritario de esta Cámara y, desde luego, nos comprometemos a que si esto avanza
nosotros retiraríamos, por innecesaria, la proposición no de ley que está registrada y que justamente da respuesta a la demanda de los afectados de Fórum y Afinsa.
El señor PRESIDENTE: Señor Araújo, tiene la palabra.
El señor ARAÚJO GIL: Señorías, la verdad es que tenía preparada una intervención que dejo totalmente de lado. No era mi voluntad -y lo digo sinceramente- entrar en un tema partidista. Después de las palabras del señor Hurtado, la verdad
es que la sangre me hierve. Cuando ocurrieron esos hechos, 9 de mayo de 2006, a ninguno se nos olvidará, recuerdo una rueda de prensa dada por el señor Rubalcaba diciendo que la intervención judicial se hacía para salvaguardar los intereses de los
afectados. (El señor Hurtado Zurera: Todas las intervenciones, todas). Señorías, esto fue lo que ocurrió. Después de 2006-2007, las medidas tomadas por el ICO, algo sí se hizo, pero tuvieron bastante más años en los que la crisis y estos
problemas derivados no existían. (Aplausos). Recuerdo las palabras del señor Zapatero, en 2008, en Nueva York, diciendo que nuestro sistema bancario tenía capacidad, etcétera, íbamos de sobrados por el mundo. No se había solventado el problema de
los afectados de Fórum Filatélico, Afinsa y Arte y Naturaleza. Es muy triste que después de ocho años bien largos estemos debatiendo en esta casa la situación de los afectados. Es muy triste, tengo que reconocerlo. Como miembro del Grupo Popular
que ha trabajado codo con codo en distintas iniciativas en esta casa, cuando estábamos en la oposición y en la actualidad, para solventar este problema y otros muy graves derivados de la mala gestión socialista -hemos tenido que resolver unas
situaciones muy complicadas-, que tengamos que solucionar este tema también. Insisto, la voluntad que se impone hoy es de solidaridad, de consenso con los afectados y de intentar buscar una medida positiva que venga a salvaguardar, de una vez por
todas, la posición de estos afectados.
Entiéndalo, señor Anchuelo, coincidimos en gran parte con su argumentación. Se lo digo sinceramente. Lo mismo que coincidimos en muchísimos de los eslóganes de otros partidos, pero tenemos la obligación de indicar a nuestro Gobierno que
gestione y que busque una solución -insisto- lo más factible posible para los afectados, pero dentro de la legalidad y de lo que nos compete. La propuesta es muy clara, no quiero crearles falsas expectativas a los afectados, ya bastante han tenido
durante estos ocho años, pero deben tener un compromiso firme del Partido Popular y del Gobierno de que se va a buscar una solución a su terrible situación judicial, heredada -insisto- desde hace muchísimo tiempo, pero no voy a seguir con ese tema.
Vamos a instar al Gobierno del Partido Popular, primero, a que realice una valoración exhaustiva de la situación actual de los afectados por la actividad de las empresas Fórum Filatélico, Afinsa Bienes Tangibles y Arte y Naturaleza Gespart,
que les llevó a la intervención judicial realizada en 2006 a la pérdida casi total de sus inversiones. Segundo, a valorar la procedencia de adquirir o financiar, total o parcialmente, la
deuda de los afectados, teniendo en cuenta las cuantías eventualmente recuperables en los procedimientos concursales. Este es el texto que hemos consensuado con el señor Anchuelo y el resto de grupos no tendrán la mayor dificultad en
apoyar, porque -insisto- existe la voluntad de este Grupo Popular de solventar, de una vez por todas, la situación de los afectados. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señor Anchuelo, ¿acepta la enmienda?
El señor ANCHUELO CREGO: Sí.
- RELATIVA A FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE LA SALUD ESPECIALMENTE EN MERCADOS EMERGENTES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002973).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto séptimo, relativo a fomentar la internacionalización de las empresas del sector de la salud, especialmente en mercados emergentes.
Tiene la palabra el señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: Señorías, España está entre los líderes mundiales en cualquiera de los ámbitos que integran el sector de la salud, entiéndase productos farmacéuticos, tecnología y equipamiento, sistemas de gestión o
biotecnología. Fruto de este potencial, con el objetivo de fomentar la internacionalización y potenciar las exportaciones de las empresas del sector de la salud, en noviembre del año 2013, en el marco del grupo de trabajo interministerial sobre
apoyo a la internacionalización de la empresa española, se creó el grupo de trabajo de internacionalización del sector de la salud, que quedó constituido en su primera reunión el 12 junio de 2014. Pues bien, este grupo de trabajo tiene la vocación
de contribuir al necesario impulso de la internacionalización del sector sanitario, buscando asistir a las empresas en su proceso de expansión al exterior, identificando aquellos ámbitos en los que desde la Administración se puedan mejorar las
condiciones bajo las que estas salen al exterior y eliminar aquellas barreras que impiden su adecuada expansión internacional. Por supuesto, la posición de nuestro grupo está totalmente alineada con esta acción del Gobierno, en la que se demuestra
además el conocimiento del potencial de crecimiento de este sector español de la salud, pero quiere ir más allá.
Esta iniciativa nace con la intención de poner la chincheta en el mapa, fijando nuevos objetivos que ayuden a la diversificación de los mercados para las empresas españolas. Hasta ahora la actividad internacional del sector de la salud se
ha enfocado con mayor interés hacia dos mercados concretos, Europa y Estados Unidos. Sin duda, este ha sido un acertado objetivo durante los últimos años, y así lo demuestran los porcentajes de crecimiento de la exportación a estos mercados
desarrollados, pero el excelente resultado obtenido en un sector tan competitivo en dos de los mercados más exigentes del mundo, el europeo y el estadounidense, nos hace pensar que estos sectores relacionados con la industria sanitaria también
tienen un indudable potencial en países emergentes, y de entre los países emergentes cabe destacar el mercado chino. Las circunstancias políticas, económicas, sociales e incluso demográficas del país asiático lo sitúan en el centro de la diana como
objetivo estratégico en la expansión de la industria que conforma el sector de la salud. El Partido Comunista chino, en su 18.º Congreso Nacional, a finales de 2012, adquirió el compromiso de mejorar el sistema de cobertura sanitaria, un compromiso
que además fue cuantificado. Existen estudios de expertos en el sector que aseguran que el gasto actual de China en sanidad se triplicará en los próximos seis años hasta alcanzar los 900.000 millones de dólares. Esta apuesta del Gobierno chino,
junto con la reforma sanitaria en el país, supondrá importantes oportunidades de negocio para las empresas extranjeras especializadas en productos farmacéuticos de alto valor añadido, en gestión hospitalaria y en tecnología sanitaria. Hay que
recordar que la profunda reforma del sistema sanitario chino se inició en el año 2009 y que desde ese año hasta el año 2012 el Gobierno chino ha invertido 371.000 millones de dólares en mejoras de todo tipo, que han supuesto un aumento del 30 al 95
% en el porcentaje de población cubierto por el sistema público de salud. En consecuencia, se generó una mayor demanda de atención sanitaria y, por ofrecer un dato más llamativo, el índice de utilización de camas en los hospitales pasó del 36 al 88
%. Además, en lo que se refiere al sector farmacéutico, China se convertirá el próximo año en el segundo mercado mundial, con un volumen de ventas estimado de 107.000 millones de dólares. Pero no nos quedamos ahí, porque, como decía anteriormente,
también se han de tener en cuenta aspectos demográficos, como el envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y el progreso económico que ha sufrido el país asiático en las últimas décadas, que conforman un escenario propicio
para el desarrollo de un nuevo mercado del sector de la salud, que es el
cuidado de ancianos. Hay que tener en cuenta que en la actualidad menos del 2 % de la población de ancianos utiliza residencias, pero que más del 10 % estaría dispuesto a recibir atención en estas instituciones. A esto hay que unir que las
previsiones auguran que en el año 2020, en China, el número de personas mayores capaces de acceder a una residencia llegará a 22 millones. Sin duda, nuestras empresas del sector de la salud tienen ante ellas un mercado en desarrollo con unas
verdaderas oportunidades de negocio que no deben dejar escapar. Actualmente en China existen 13.000 hospitales públicos. Según el estudio de una reputada consultora internacional, el objetivo del Ejecutivo es construir casi 1.000 más durante el
periodo 2013-2015. A esto debemos añadir la modernización de los modelos de gestión, donde pueden entrar en acción las empresas españolas especializadas en este tipo de servicios.
Señorías, lo que vemos con todo esto es que el mercado asiático está lanzando señales indiscutibles de la necesidad de dar servicio a un sector, el sector de la salud, y que nuestras empresas están preparadas para ofrecerlo. Sin ir más
lejos, en agosto del año 2013, durante la reunión del Consejo de Estado, el primer ministro chino anunció que el Gobierno animaría la inversión extranjera en el sector de la salud, suavizando las restricciones que aún existían para la entrada de
capital foráneo. China, señorías, representa una gran oportunidad para las firmas españolas del sector de la salud, pero no hay mercados fáciles. Uno de los principales riesgos de aquel país, extensivo a todas las empresas tecnológicas, es la
protección de la propiedad intelectual. En esos aspectos es donde debemos trabajar para conseguir un marco más seguro. Proporcionar cobertura a 1.300 millones de personas supone un desafío gigantesco, con riesgos, por supuesto, pero con
grandísimas oportunidades que necesitan inversión pública y también participación privada.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular está convencido de que España ha dado un golpe de timón a su economía y de que este nuevo modelo económico debe seguir apostando por el sector exterior como base del crecimiento. Recientemente hemos
conocido los excelentes datos de crecimiento de las exportaciones en el mes de septiembre. Han alcanzado el 8 %, a pesar de que los países de nuestro entorno siguen con sus economías mermadas. Esto habla de la excelente calidad de nuestra
recuperación, pues a pesar de las circunstancias del entorno seguimos con paso firme hacia el crecimiento. Por eso debemos seguir insistiendo en este tipo de políticas de fomento de la internacionalización, que son la garantía de un crecimiento
progresivo y estable, que revierta en beneficio de nuestras empresas y de la creación de empleo.
No quiero acabar sin informar a la Mesa de la Comisión que valoramos la aportación que el Grupo Socialista, a través de su portavoz, don Félix Lavilla, ha hecho a esta PNL mediante una enmienda de modificación, que si bien no será aceptada
en sus propios términos, ha servido para acordar una enmienda transaccional a la que sí daremos nuestro apoyo. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Lavilla.
El señor LAVILLA MARTÍNEZ: Esta es una de las típicas propuestas con las que difícilmente se puede estar en desacuerdo. Se refiere a apoyar a las empresas españolas en su internacionalización, para potenciar las exportaciones del sector de
la salud, especialmente en mercados emergentes, y se cita a China. No podemos estar en desacuerdo.
Hecho este preámbulo, aunque es muy limitado, voy a explicar qué es lo que hemos pretendido con nuestra enmienda. Evidentemente, hemos pretendido ir un poco más allá y arrancar algún compromiso más al Gobierno, para hacer visible este apoyo
a las empresas y para que la proposición tenga más contenido. Agradezco a Santiago, el portavoz del Grupo Popular, las gestiones que ha realizado con el Gobierno para recoger los aspectos principales que el Grupo Socialista ha planteado en su
enmienda. Cuando se hace un trabajo en esta dirección, que es un buen ejemplo para el parlamentarismo, como ha hecho también antes Javier Puente, hay que resaltarlo. Es más cómodo rechazar y, con la mayoría absoluta, decir: No se acepta nada y se
acabó. Es un ejemplo y quiero subrayarlo, porque en este caso se han recogido dos puntos importantes que hemos planteado. Pasaré a explicarlos.
En la enmienda que hemos presentado a la PNL del Grupo Popular hemos planteado dos medidas concretas. La primera es potenciar la I+D+i, que nos parece fundamental para sostener e impulsar unas empresas competitivas en este sector. Dentro
de estas medidas, con carácter específico, se aplicarán acciones concretas tendentes a recuperar el talento. Como nuestra compañera y portavoz en la ejecutiva federal, María González, se encarga de decir una y otra vez, el talento de los
investigadores es el mayor
valor que tiene una empresa y es el que puede ayudar a potenciar la competitividad en el sector. Una empresa que no tiene talento detrás deja de ser competitiva. Por tanto, proponemos potenciar la I+D+i y el talento para mejorar la
competitividad. Esto se ha recogido y nos parece importante subrayarlo.
El segundo punto, que también se ha recogido, propone la creación de un grupo de trabajo de internacionalización de la salud, que integrará a todos los sectores, en el que se estudien los mercados potenciales, como China, identificando
aquellos ámbitos en los que desde la Administración se puedan mejorar las condiciones bajo las que se internacionalizan las empresas y eliminar aquellas barreras que impiden su adecuada expansión internacional. Se trata de dar un contenido mayor y
de dotar de compromisos concretos a la acción del Gobierno para favorecer realmente a las empresas que exportan. Es verdad que los datos de las importaciones y de las exportaciones han mejorado. Como portavoz del Grupo Socialista en esta área,
siempre he dicho que nos alegramos, porque cada vez que mejoran es bueno para el país. Gobierne quien gobierne, lo que hacen los Gobiernos es ayudar, muchas veces desde las embajadas, a localizar esos mercados, pero normalmente lo hacen basándose
en su competitividad. Las importaciones -el secretario de Estado dijo que ya no necesitábamos importar porque producíamos- han ascendido a 197.245,6 millones y las exportaciones a 178.390, con un déficit de 8.845. Es verdad que hemos tenido un
crecimiento importante en Corea del Sur -un mercado emergente que se cita-, un 118,3 %, o en Taiwán, un 62,6 %, pero hemos disminuido en Brasil, Rusia, India o China, en los llamados países BRIC. Por sectores, ha destacado un área, el sector del
automóvil -hablando de herencias, las medidas que se aplicaron en el sector del automóvil son una buena herencia-, que ha crecido un 14,6 %. El primer sector, el que más importancia y más tirón ha tenido, ha sido la alimentación, con un 15,3 %,
destacando una importante aportación de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El Grupo Socialista trata de recoger un mayor compromiso, porque, lógicamente, está de acuerdo con que las empresas tengan un mayor potencial en el ámbito concreto de la
salud en los mercados emergentes. Nuestra enmienda encaja también con las recomendaciones que el grupo de expertos hizo sobre el sistema español de I+D+i. La estructura productiva se enfrenta a este reto, porque se han reducido las grandes empresas
con capacidad tractora y las pymes con capacidad de innovación e investigación y hay un bajo nivel -punto tercero- de internacionalización de las empresas innovadoras y los mercados innovadores nacionales son débiles. Nuestra enmienda trata de
potenciar precisamente eso y que se recoja es positivo para el objetivo que se pretende. Agradezco la gestión que se ha hecho en esta materia.
El señor PRESIDENTE: Señora Riera, tiene la palabra.
La señora RIERA I REÑÉ: En esta proposición no de ley que nos presenta el Grupo Popular se trata de nuevo la internacionalización, que es un tema estratégico y determinante en términos de crecimiento y competitividad de nuestro sistema
económico y productivo. Aunque es obvio, volvemos a reiterar que los retos de la economía española en estos últimos años han sido y son muy importantes. Hay un reto que es cambiar el modelo productivo y nuestra estructura de crecimiento. Otro
reto importante es trabajar por la recuperación de los sectores industriales desde una óptica de diversificación y de valor añadido; entre ellos, el sector salud, que es al que se refiere esta proposición no de ley, puede tener un peso relevante.
Tenemos también el reto de reforzar los procesos de internacionalización, en los que el sector de la salud tiene un papel muy importante y puede tenerlo aún más, tanto desde el punto de vista de lo tangible, que son sus productos y servicios, como
de lo intangible, que es el conocimiento que incorpora. La diversificación de sectores y de mercados son dos grandes retos que deben afianzar nuestro crecimiento y nuestra competitividad. La apuesta por la internacionalización es irrenunciable y
ha sido un eje que ha afianzado la viabilidad y el crecimiento de muchas empresas, especialmente en los años de crisis. Sin embargo, la gran apuesta de la internacionalización está en la calidad de la misma, en una visión a medio y largo plazo y en
una apuesta por el valor añadido, que a través de la innovación, la calidad y la competitividad de nuestros productos y servicios nos permita exportar más y mejor. En la consecución de los objetivos a los que me he referido -diversificación,
recuperación industrial, innovación, internacionalización-, el sector salud en su conjunto ha de tener un peso muy relevante, porque no solo contribuye a la diversificación sino que tiene un alto valor añadido en términos de investigación y de
innovación, tanto en sus productos como en sus servicios y en el conocimiento que aporta. Esto da una gran solidez a sus procesos de internacionalización.
Volviendo a la internacionalización de nuestras empresas, compartimos el enfoque de la proposición no de ley que presenta el Grupo Popular y las oportunidades que ofrece el mercado asiático, en particular China, para este sector,
oportunidades que, como bien dice la proposición no de ley, están marcadas por
la evolución demográfica, por la carencia de servicios de calidad, por la creciente demanda y por la apuesta que está haciendo China por incorporar un mayor valor añadido a sus procesos, a su producción y a su generación de conocimientos.
Todo ello requiere la presencia de empresas con experiencia y contrastada solvencia, como pueden ser nuestras empresas del sector de la salud.
Tras estas consideraciones, también he de decir que la propuesta nos parece excesivamente generalista. Hemos encontrado a faltar detalles sobre cómo proceder, sobre los recursos destinados y los agentes implicados. Es imprescindible
trabajar en la seguridad jurídica de nuestras empresas -a la que hacía referencia el portavoz del Grupo Popular- en estos procesos de internacionalización, especialmente en sectores críticos, como el sector de la salud, y en países en los que esa
seguridad jurídica que las empresas necesitan para exportar e invertir no existe. Aún así, nuestro grupo comparte la inquietud que transmite la proposición no de ley y la oportunidad que los mercados asiáticos, especialmente China, ofrecen para las
empresas del sector de la salud, un sector amplio que incorpora desde empresas farmacéuticas, biotecnológicas o de instrumentación sanitaria y quirúrgica hasta empresas de equipamientos y servicios. Es un sector, como decía al inicio de mi
intervención, con un alto componente de investigación e innovación tecnológica, que puede y debe contribuir a una mayor diversificación de nuestras exportaciones y, sobre todo, al incremento de exportaciones cualitativamente relevantes en productos
y servicios y al incremento de la internacionalización y la exportación de nuestro conocimiento, es decir, de la investigación. En un entorno -termino ya, señor presidente- de recuperación y de apuesta industrial que lidera Europa y en el que
creemos firmemente, el sector de las industrias de la salud y las ciencias de la vida ha de tener especial relevancia. La tiene para el Gobierno de la Generalitat, que en el marco de la estrategia RIS3, que marca Europa, ha definido este sector
como uno de los siete ámbitos prioritarios de actuación, al ser identificado como un sector con una masa crítica importante, especialmente relevante en la Comunidad Autónoma de Cataluña, que incorpora unas ventajas competitivas innegables y que
tiene un efecto tractor sobre otras empresas y otros sectores muy importantes. Este es uno de los sectores por los que ha de apostar no solo Cataluña, sino también la economía española; un sector de la salud que desde el ámbito farmacéutico hasta
la biotecnología ha de tener un papel muy relevante en el impulso económico y productivo.
Nuestro grupo parlamentario ha analizado con interés la enmienda que ha aportado el Grupo Socialista y la transacción que han acordado. Votaremos favorablemente la redacción final a la que han llegado los dos grupos mayoritarios.
Reiteramos la importancia de trabajar por el crecimiento de este sector y de potenciar sus procesos de internacionalización, teniendo en cuenta también la importancia de trabajar por la seguridad jurídica de las empresas que se internacionalizan,
especialmente en mercados como el de China.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Reitero en cierta medida los comentarios que hice sobre la anterior proposición no de ley del Grupo Popular. El Grupo Popular utiliza las proposiciones de ley con fines de lavado de imagen y presenta unas
propuestas que suenan bien y a las que es difícil decir que no. En este caso se combinan tres palabras irresistibles. La primera es internacionalización. ¿Quién no está a favor de la internacionalización de la economía? La segunda es China,
mercados emergentes. ¿Quién puede desdeñar la importancia de esos mercados? La tercera es sector salud, un sector nada polémico, como pueden ser otros. Mezclando esos tres elementos irresistibles, sale un eslogan muy atractivo. Hay que ser muy
extraño, muy malvado para estar en contra. No me voy a oponer, pero ustedes están en el Gobierno con mayoría absoluta y hace poco hemos debatido los Presupuestos Generales del Estado. Durante toda la legislatura han llevado a cabo una política
sanitaria que no parece que refuerce el sector de la salud en España. Mi grupo presentó enmiendas a los presupuestos que proponían reforzar el FIEM, para apoyar la internacionalización desde los presupuestos. La internacionalización en el sector
sanitario depende de la I+D, depende de la educación. ¿Cómo se pueden desligar la política sanitaria, los presupuestos y la I+D de las buenas intenciones que aquí se expresan? Parece difícil.
Por cierto, a lo largo de la legislatura hemos debatido sobre una cuestión interesante. El Partido Popular nos hablaba de un milagro exportador, de un cambio estructural, mientras que otros señalábamos que la exportación era debida a la
depresión de la demanda interna y que cuando esta se recuperase mínimamente desaparecería el superávit comercial. Ahí están los datos. Parece que el milagro exterior tenía más de coyuntural, por desgracia, que de estructural, porque no se asentaba
precisamente en bases sólidas.
En cualquier caso, es difícil oponerse. La enmienda socialista concreta algo más la propuesta y, por tanto, votaremos en consecuencia.
- RELATIVA AL DESARROLLO DE LA LEY DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003177).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto, relativo al desarrollo de la Ley de la ciencia, la tecnología y la innovación. Es una proposición presentada por el Grupo Socialista. Tiene la palabra la señora González.
La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Hay cosas que en política no tendrían que suceder nunca y mucho menos en un momento como este. No se puede jugar con los sueños de los ciudadanos ni, sobre todo, con su dolor, como hizo el señor Rajoy cuando
fue a la cola del paro a hacerse la foto. Después de tres años de Gobierno -mañana, 20 de noviembre, hace exactamente tres años que Rajoy gobierna- hemos visto cómo se ha jugado con los sueños de los ciudadanos, con su dolor y, sobre todo, cómo se
falta a la verdad y se incumple la palabra día tras día. Esto no se puede hacer nunca en política y menos ahora. No se pueden incumplir las leyes que aprueba este Parlamento.
Debería ser absurdo presentar una proposición no de ley como la que presenta hoy el Grupo Socialista en esta Comisión, porque los cinco puntos que recoge son disposiciones adicionales de la Ley de la ciencia, la tecnología y la innovación,
que se aprobó en junio de 2011, con un amplio consenso, prácticamente por unanimidad de toda la Cámara. Debería ser absurdo, pero no lo es, precisamente porque una ley que ha aprobado este Parlamento no se cumple. Lo primero que quiero decir es
que esta proposición no de ley debería ser aprobada por todos los grupos, debería ser aprobada además con la premisa más importante, que es que el Gobierno cumpla, en el plazo máximo de dos meses, con todos estos puntos, que ya tenían que ser
realidad, porque la propia ley dice cuándo, pero que han rebasado en mucho ese tiempo marcado.
La Ley de la ciencia, la tecnología y la innovación, elaborada por el Gobierno socialista, que fue una ley de todos, porque fue aprobada por una gran mayoría, pretendía hacer la carrera científica más estable, más predecible y basada en
méritos; pretendía promover la innovación y la transferencia de conocimiento al sector empresarial y a la sociedad, pero además marcaba reformas imprescindibles en nuestro sistema de ciencia. Mañana hace tres años del 20 de noviembre de 2011 y,
llegados a este punto, mi nivel de tristeza es tan grande que lo único que puedo decir es que ojalá solo sintiera que estamos viviendo una legislatura perdida para la ciencia y la innovación. El problema es que creo que no es solo una legislatura
perdida, es que el retroceso que está viviendo el sistema de ciencia, y por tanto la transferencia de conocimiento a la economía que necesita nuestro país, es tal que esta es una legislatura de grave retroceso para nuestro país, no solo por los
recortes, que ya hemos denunciado recientemente en los presupuestos, en la interpelación al ministro de Economía, sino también por la ejecución presupuestaria y por el castigo que este Gobierno está dando a los científicos. Quiero recordar que
desde 2011 ha habido un recorte de un 25 % en el presupuesto, pero además el porcentaje relativo ha caído respecto a los Presupuestos Generales del Estado de forma increíble. Pero si en recursos económicos y en recursos humanos el retroceso está
siendo brutal -hay un verdadero exilio científico y una fuga de cerebros-, hay puntos muy importantes, como son los cinco que marca esta de PNL, que no tienen que ver solo con los recursos económicos, pero sí tienen gran repercusión en la
eficiencia, en la gestión y en los recursos humanos, que tenían que haber sido aprobados durante estos tres años y nada se ha hecho. Por desgracia para nuestro país, no solo para la ciencia, sino también para los españoles, la política de ciencias
de Rajoy se resume en nada. Hace unas semanas recibíamos las conclusiones del peer review, de los expertos internacionales, que venían a ser exactamente iguales que las conclusiones previas de todos los grupos de expertos que redactaron la Ley de
la ciencia, la tecnología y la innovación que vino a este Congreso, que se aprobó por una amplia mayoría y que el Gobierno del Partido Popular no está cumpliendo. Esos cinco puntos que recogen los expertos son: crear inmediatamente, en el plazo
máximo de dos meses, la agencia estatal de investigación, que es imprescindible para garantizar la eficiencia y la eficacia del gasto público en investigación y desarrollo. La ley decía que tenía que implantarse en el plazo de un año. Si hablamos
de junio de 2011, tenía que haberse puesto en marcha en junio de 2012, pero han pasado junio de 2012, junio de 2013 y junio de 2014. Como digo, no es solo una legislatura perdida, porque no tener una agencia estatal de investigación, como
recomiendan los expertos y que es el modelo europeo que mejor funciona, supone un retroceso. Es intolerable aceptar más de dos meses de retraso en un elemento tan importante para el sistema de ciencia como es la agencia estatal de investigación.
El resto de los puntos piden la reorganización de los organismos públicos de investigación, que suponen eficiencia, calidad y coordinación. Es imprescindible y, por difícil que sea este
debate, hay que abordarlo. Además, en este caso no hablamos de recursos económicos y nada tienen que ver los recortes. También pedimos la aprobación del estatuto de la joven empresa innovadora, que la ley marcaba que tenía que estar, como
la agencia, en junio de 2012. Señorías, el estatuto de la joven empresa innovadora fue una buena idea para promover las iniciativas privadas -esas a las que tanto le gusta referirse al señor De Guindos, pero por las que luego nada hace desde su
ministerio-, que iba a inspirarse en experiencias europeas de éxito, para ser un aspecto clave en el apoyo a sociedades de reciente creación. La ley establecía un año para aprobarlo, pero han pasado tres y todavía no lo tenemos. También pedimos
que se realicen las actuaciones necesarias para la integración del personal de investigación en las nuevas escalas científicas y técnicas de los organismos públicos de investigación, compromiso que no se recoge en los Presupuestos Generales del
Estado y que debe ser inmediato. En definitiva, son cinco incumplimientos de una ley que muestran cómo no se tiene que ejercer la política en el siglo XXI. No se puede jugar con los sueños de los ciudadanos, pero sobre todo este país no se puede
permitir destruir los sueños de tantos científicos, no se puede permitir destruir el progreso que supone la ciencia para la calidad de vida, pero también para la economía. Eso es lo que está provocando este Gobierno cuando no cumple, cuando
recorta, cuando retrocede en una legislatura como esta. Es triste tener que ver que estos tres años han supuesto un grave retroceso para nuestro país, pero mucho más, señorías del Grupo Popular, es ver que en una España como esta, que necesita
esperanza, modernidad, políticos y partidos de altura el Partido Popular no haya entendido que la ciencia es una política de Estado, que la necesitamos para el presente y para el futuro de nuestro país.
En el poco tiempo que me queda, quiero decir que lo primero que hizo el Grupo Socialista nada más salir del Gobierno fue tender la mano al nuevo Gobierno para tratar de mantener una política de consenso y de acuerdo y seguir cumpliendo con
los objetivos de la ley, para mantener los presupuestos y garantizar la estabilidad del sistema, que ustedes con sus políticas han hecho imposible, porque hemos sufrido y seguimos sufriendo el estrangulamiento de los presupuestos, la reducción de
los recursos humanos y el exilio científico, pero también han dado la callada por respuesta ante tantas reformas que había que hacer, que estaban acordadas y estudiadas. Suprimir el Ministerio de Ciencia e Innovación fue un grave error, porque creo
que el Ministerio de Economía no se está haciendo cargo de un asunto tan importante para la productividad y la competitividad de nuestro país.
En el fondo, y por desgracia, creo que es un problema de modelo. De la misma forma que no se parece nada el modelo social, el modelo de red social que defendemos al que defiende el Partido Popular, tampoco tenemos nada que ver con el modelo
de productividad, de reindustrialización, de economía que siguen desarrollando, porque no es precisamente el que España necesita, y creo que mis compañeros lo defienden así cada vez que intervienen en esta Comisión. España no va a tener un futuro
mejor por la vía de la reducción de salarios, por la vía de la especulación y de modelos como el del ladrillazo, el de la Ley del Suelo de los años de Aznar; España solo va a tener un futuro mejor con calidad, con conocimiento, con valor añadido, y
eso solo lo pueden garantizar la educación, la ciencia, los sectores estratégicos y una política industrial que ustedes, desde luego, no están promoviendo.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández Álvarez.
El señor FERNÁNDEZ ÁLVAREZ: El pasado 4 de noviembre, hace pocos días, tuve el honor de representar a los diputados de esta Cámara en el acto del 75.º aniversario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Tuvo el honor de ir en
representación del Senado el senador del Grupo Socialista señor Manchado. Así que, señora González, vamos a hablar de pactos de Estado y de altura de miras, no de ladrillazos. Tanto el señor Manchado como servidor hablamos de la necesidad de
trabajar en pos de un pacto nacional por la ciencia. Me atreví incluso a ir un poquito más allá y expresé, cosa que he tenido a bien hacer en alguna intervención pública, la necesidad de establecer en poco tiempo una suerte de Pacto de Toledo por
la ciencia.
Permítame que me detenga dos segundos en lo que comenté aquel día. El Pacto de Toledo se pudo suscribir porque hubo unos instrumentos previos y, sobre todo, una actitud. Los instrumentos, que son aquellos elementos de políticas públicas
que permiten establecer el pacto, en aquel caso -estoy hablando de otro asunto- eran el Acta Única Europea de 1987 y el Libro Blanco de Delors de 1993. Hay un periodo de tiempo. En el año 1995, con esos instrumentos, y con una actitud de gran
generosidad, se firma el Pacto de Toledo. Si tuviéramos que llegar a un pacto nacional por la ciencia, hoy tenemos los instrumentos, que son la Ley de la Ciencia y el horizonte 2020 de la Unión Europea, que nos marca el periodo 2014-
2020, pero, ¿qué es lo que no tienen a día de hoy algunos grupos parlamentarios y que sí tuvimos para conseguir firmar el Pacto de Toledo? La actitud y la generosidad, la capacidad de entender que hoy ustedes están en la oposición pero que
mañana podrían estar en otro sitio, como nosotros hoy estamos en el Gobierno y mañana podemos estar en otro lado. Hay que entender que para firmar un pacto de Estado todos tenemos que tener mentalidad de Gobierno.
La enmienda que les presentamos hoy coincide con el 95 % de su texto y solo introduce matices. Lo que se pretende es un cierto reconocimiento de que se están haciendo bastantes cosas en relación con el cumplimiento de la Ley de la Ciencia.
En el punto 5, donde ustedes dicen 'proceder a las actuaciones necesarias', nosotros pedimos que se diga 'continuar las actuaciones necesarias'. ¿Son ustedes capaces de decir que en una legislatura no hemos hecho absolutamente nada por el
cumplimiento de la Ley de la Ciencia? ¿Tienen ustedes tan poca generosidad como para decir eso? ¿Tienen ustedes tan poca generosidad como para poner en el inicio de la PNL que hay que cumplir lo que ustedes piden en dos meses como máximo y ser
incapaces de aceptar que estas cuestiones necesitan más tiempo, como se ha necesitado en el horizonte 2020 o en la elaboración de la Ley de la Ciencia, que fue un proceso de tres años? ¿Nos tienen que apretar poniendo dos meses? ¿Eso es
generosidad? Qué gran oportunidad han desaprovechado para establecer los términos de un pacto, porque en los actos públicos ustedes se llenan la boca de hablar de pacto nacional por la ciencia, pero cuando llega la actividad parlamentaria normal,
no sé si porque están asustados con los de Podemos -esas son cosas suyas-, son incapaces de tener una mínima altura de miras para llegar a un pacto de Estado.
Les volvemos a reiterar el ofrecimiento de un pacto de Estado por la ciencia, pero dejen de actuar con la mezquindad con la que están desarrollando su política en I+D+i. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: A mi grupo parlamentario, como tercer grupo de la Cámara, le hubiese gustado escuchar al inicio de esta legislatura una propuesta de pacto por la ciencia. El consenso en materia científica es imprescindible, porque
en el medio y largo plazo significa velar por el crecimiento cualitativo de una economía y de una sociedad. Como en su momento fui portavoz en el Pacto de Toledo y como en esta legislatura hemos tenido una ley de consenso, que ha sido la Ley
General de Telecomunicaciones, reivindico ese consenso tan necesario en estos momentos para la promoción y el impulso de la ciencia y de la innovación.
Ante esta proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista, que hace referencia a la Ley de la Ciencia, queremos recordar a sus señorías el voto favorable de mi grupo, y el mío personal como diputada y portavoz, a esta ley, en la que
trabajamos todos los grupos haciendo aportaciones muy importantes. Desde nuestra perspectiva, la ley que finalmente se aprobó fue de cambio y de impulso en cuanto al enfoque, a la gestión, a la organización y a cómo poner la ciencia al servicio de
la sociedad y de la economía. Esta ley iba más allá de la ciencia, porque era también de la tecnología y la innovación, incidía en la transferencia y llegaba hasta la innovación, que es la competitividad, donde también nos jugamos mucho desde el
punto de vista económico. En esta ley, como he dicho, se logró el consenso, y por ello, y por el coste que supone no hacerlo, entendemos que en estos tres años se hubiese tenido que desarrollar e implementar en mayor medida de lo que se ha hecho.
Como consecuencia de las restricciones presupuestarias, hemos sufrido una parálisis que ha afectado a las políticas y a los recursos destinados a la I+D+i, lo que ha supuesto un freno -esto no podemos obviarlo- a las políticas de
investigación e innovación, que son fundamentales en el crecimiento y en la competitividad y las que determinan este cambio de modelo productivo. Teníamos un instrumento para implementarlas, que es la Ley de la ciencia, la tecnología y la
innovación, y no lo hemos utilizado en su necesaria dimensión. Por tanto, mi grupo parlamentario reivindica la implementación de la Ley de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Mi grupo siempre ha apostado, incluso en estos años de crisis y de restricciones presupuestarias, por la I+D+i, porque es una política a la que no se puede renunciar. Son los periodos de crisis los que obligan a priorizar, y nuestra apuesta
por un cambio de modelo productivo y por un crecimiento cualitativo basado en la innovación requería dar mayor prioridad a las políticas de I+D+i. Teníamos por delante unos retos, y aún los tenemos, que nos obligan a dotar de más recursos a las
políticas de investigación e innovación, más allá de las mejoras que se han registrado, especialmente en estos últimos presupuestos, como son el de impulsar y reforzar un modelo económico más diversificado, más cualitativo, más competitivo y más
innovador; el de no perder el reconocimiento y el posicionamiento que después de muchos años hemos
conseguido a nivel internacional en materia científica; el de reconducir el gap que nos separa de la media europea cuando hablamos de inversión en I+D+i; y el de la transferencia, que es el enlace entre el conocimiento y la competitividad,
del que hoy estamos lejos. Por ello, el grupo parlamentario al que represento desde el primer momento entendió que la Ley de la Ciencia suponía un instrumento de cambio y que representaba un impulso hacia un modelo económico y social más flexible y
más abierto que estimulase la transferencia, la movilidad y la internacionalización de un sistema de ciencia, tecnología e innovación plural, en el que conviviesen organismos de investigación públicos y privados con las distintas administraciones
públicas, ya que la colaboración entre ellos es un valor. En Cataluña hemos apostado por un modelo, que en cierta manera es el que recoge la Ley de la ciencia, la tecnología y la innovación, plural, abierto y flexible, y creemos que estos
parámetros deberían trasladarse al modelo estatal.
No entraré en los puntos de la proposición no de ley, que compartimos, por falta de tiempo. Reitero la importancia de contar con la participación, colaboración y coordinación de las comunidades autónomas y de evitar estos procesos de
homogeneización que son negativos y que no juegan a favor del impulso de una sana, efectiva y eficaz innovación e investigación. También diré que además de los cinco puntos que recoge la proposición no de ley existen otros que incorporaba la Ley de
la Ciencia y que están pendientes de desarrollar; por ejemplo, la aprobación de normas que favorezcan la participación de entidades, de personas o de grupos de investigación en los consorcios internacionales y europeos. Es un eje importantísimo
para nuestra economía, para nuestras empresas, para nuestra investigación y para nuestra competitividad.
El deseo de mi grupo parlamentario es que se ponga en valor la Ley de la Ciencia, que se implemente, que seamos conscientes de que no podemos permitirnos no hacerlo, porque es y ha de ser un instrumento al servicio de más y mejor
investigación y de más y mejor innovación. No podemos obviar que esta ley propició consensos y que fue trabajada conjuntamente, más allá del voto final. También quiero decir que no podemos tardar más, porque ya llegamos tarde.
Convergència i Unió se suma a la proposición no de ley del Grupo Socialista y esperamos que el Gobierno recoja esta sensibilidad y esta necesidad.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Intervengo solo para manifestar que apoyaremos esta proposición no de ley porque coincide con reivindicaciones del sector, que hacemos nuestras, o con previsiones legales pendientes de desarrollar, que creemos que
sería conveniente poner en marcha.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora González para expresar la aceptación o el rechazo de la enmienda.
La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Nada me gustaría más que poder aceptar la enmienda, porque supondría que aceptamos los puntos de la propia ley que quedan por cumplir, pero el problema es que el hecho de que no se comprometa el Grupo Popular a
esa limitación temporal vuelve a poner de manifiesto que no se van a cumplir inmediatamente los compromisos de la Ley de la Ciencia. Por tanto, esta proposición perdería toda su intención.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones.
¿Estamos todos? (Pausa).
El señor HURTADO ZURERA: Me dice mi compañero, y tiene razón, que hemos perdido efectivos porque la luz roja no funcionaba y se han pasado mucho del tiempo.
El señor PRESIDENTE: Gracias a que no funcionaba la luz roja se han extendido ustedes todo lo que han querido.
Votamos, en primer lugar, la proposición no de ley para condicionar el reparto de dividendos y limitar retribuciones en entidades financieras que reciben ayudas públicas. Se vota en los términos de la enmienda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 24; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la proposición no de ley para el establecimiento de una hoja de ruta de las ayudas europeas al sector financiero que incorpore compromisos explícitos para el aumento del crédito a pymes y familias con proyectos viables. Se vota en
los términos de la transaccional anunciada en el debate.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Proposición no de ley relativa a la promoción de la educación científica y tecnológica desde la infancia. Se vota en los términos de la transaccional presentada.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley sobre la oficina del Instituto Social de la Marina de Arguineguín. Se vota con la enmienda del Grupo Socialista que ha sido aceptada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley relativa a la situación de los pequeños ahorradores afectados por la estafa de Fórum Filatélico, S.A. Se vota en los términos de la transaccional negociada.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la proposición relativa a la eliminación de las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la proposición relativa a fomentar la internacionalización de las empresas del sector de la salud. Se vota en los términos de la transaccional presentada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la proposición no de ley relativa al desarrollo de la Ley de la Ciencia. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y cincuenta minutos de la tarde.
Corrección de error
En el Diario de Sesiones número 672, correspondiente a la sesión celebrada el día 28 de octubre, en la página 9, últimas líneas del segundo párrafo, donde el señor Moscoso del Prado Hernández dijo: '... importaciones de materias primas que
son las que alimentan las importaciones de nuestros productos en el resto del mundo, que somos los que exportamos materias primas a China,...' quiso decir: '... importaciones de materias primas que son las que alimentan las exportaciones de
nuestros productos al resto de países del mundo, que son los que exportan materias primas a China,...'.
Y en la misma página, antepenúltima línea, donde dice: 'Hace falta una estrategia coordina a corto plazo...' debe decir 'Hace falta una estrategia de coordinación a corto plazo...'.