CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2012 X Legislatura Núm. 31

EDUCACIÓN Y DEPORTE

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MIQUEL RAMIS SOCIAS

Sesión núm. 2 (extraordinaria)

celebrada el martes,

31 de enero de 2012

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor ministro de Educación, Cultura y Deporte (Wert Ortega), para informar sobre:


- Las líneas generales de la política de su departamento. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 214/000014.) ... (Página2)


- El programa de su ministerio para la presente legislatura. A petición del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 213/000025.) ... (Página2)


- Las líneas generales de la política que va seguir su ministerio a lo largo de la legislatura. A petición del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 213/000070.) ... (Página2)

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- Las prioridades del Gobierno para la presente legislatura en las materias de educación y de deporte. A petición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 213/000092.) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000110.) ... (Página2)


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Hemos esperado el minuto de rigor para tratar de iniciar en punto, y en consecuencia se abre la sesión. Antes de pasar a la tramitación del orden del día y con carácter inicial
quiero señalar básicamente dos cosas: en primer lugar, he de constatar que iniciamos con esta sesión de la Comisión la X Legislatura, y lo hacemos con carácter extraordinario, con la comparecencia del señor ministro de Educación, Cultura y
Deportes, a quien quiero agradecer hoy su presencia aquí. En segundo lugar, que procederemos al tratamiento acumulado de todas las comparecencias que figuran en el orden del día, tanto la solicitada por el Gobierno como las que lo han sido por los
grupos parlamentarios, al versar todas ellas sobre el mismo objeto, esto es, las líneas generales, prioridades y programa de la política de educación y deporte. En concreto, tal y como figura en el orden del día, se tratarán las siguientes
comparecencias de todos los grupos, por tanto tiene la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Señor presidente, señoras y señores diputados, querría que mis primeras palabras fueran para manifestar mi satisfacción por comparecer ante esta Comisión de Educación y
Deporte, y presentar en esta Cámara las líneas generales de actuación que en materia de educación y deporte va a desarrollar el ministerio en esta X Legislatura. Mi voluntad y mi disposición es que esta primera comparecencia sea el punto de partida
de un fluido diálogo entre el ministerio y todos los grupos parlamentarios aquí representados. No entiendan mis palabras como una mera cortesía parlamentaria; como expondré a continuación, uno de los aspectos en los que quiero incidir más
claramente en mi gestión al frente del ministerio es la rendición de cuentas y la fiscalización de resultados, por lo que creo procedente predicar con el ejemplo y someterme al escrutinio de sus señorías cuantas veces lo juzguen necesario.


Señoras y señores diputados, comenzaré mi intervención por la educación, que como saben -pues así lo expresó el presidente del Gobierno en el debate de investidura- es una prioridad absoluta de nuestro Ejecutivo. La educación es uno de los
principales pilares del proyecto de reformas del Partido Popular. La grave situación económica y de empleo que atraviesa nuestro país desde 2008 hace más urgente si cabe mejorar un sistema educativo cuya ineficiencia, a la hora de preparar a los
alumnos para competir en la sociedad del conocimiento, tiene su máxima expresión en una cifra que sin exageración podemos calificar como absolutamente trágica: prácticamente la mitad de los activos menores de 25 años en nuestro país está en el
paro, casi el 60 por ciento de esos parados no ha superado en su formación la primera etapa de la educación secundaria. Pero la necesidad de esta reforma trasciende con mucho el plano económico. Es cierto que el capital humano cualificado es una
garantía de futuro en términos de progreso y bienestar para aquel que lo acopia y para la sociedad en su conjunto, pero de ello depende también algo que a mi entender es más importante aún: la calidad moral de la democracia. En este punto, y como
estamos celebrando el bicentenario de la Constitución de Cádiz, no me resisto a recordar que en su discurso preliminar Agustín de Argüelles dejó escrito que -y cito-: El Estado no menos que de soldados que lo defiendan necesita de ciudadanos que
ilustren a la nación y promuevan la felicidad con todo género de luces y conocimientos, así que uno de los primeros cuidados que deben ocupar a los representantes de un pueblo grande y generoso es la educación pública, para que el espíritu público
-añadía- pueda dirigirse al grande objeto de formar verdaderos españoles, hombres de bien y amantes de su patria -fin de la cita-.


La educación, señorías, fue también un tema central en la construcción de nuestra democracia, y participó del espíritu de consenso que caracterizó a la transición española. Quiero reivindicar aquí el pacto constitucional en materia
educativa que se plasmó en el artículo 27 de la Constitución. Los dos pilares que fundamentan el armazón de ese pacto constitucional son el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. El derecho a la educación confiere al Estado, a los
poderes públicos las obligaciones de promover y garantizar una educación básica a todos los españoles en condiciones de igualdad

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y de calidad que, conforme a la ley, comporta su gratuidad y obligatoriedad hasta los 16 años. El segundo pilar, el de la libertad de enseñanza, comprende a su vez, por una parte, el derecho de la iniciativa social a participar mediante la
creación y dirección de centros docentes en la tarea educativa, y por otra parte, la libertad de elección del tipo de educación y del centro docente por parte de las familias, una libertad que cada vez es más apreciada por los ciudadanos.


Hacer efectivos estos principios, sobre todo la extensión de la educación obligatoria hasta los 16 años, ha exigido una gran inversión de recursos, por ello en estos años ha habido un incremento notable de los recursos insumidos por el
sistema. El gasto en la educación pública ha pasado de representar el 1,8 por ciento del producto interior bruto en 1975 al 4,7 por ciento en 2008. La tasa de escolarización a los 3 años ha pasado del 15 por ciento en 1975 al 99 por ciento en
2009. La tasa de escolarización a los 16 años ha pasado del 41 por ciento en 1975 al 94 por ciento en 2009. La ratio alumnos/profesor ha pasado de 24 en 1975 a 11 en 2009. El número de centros públicos en secundaria ha pasado de 1.127 en 1975 a
3.936 en 2009. No obstante, señorías, el balance en términos de resultados de esa inversión es francamente deficiente.


En cuanto a fracaso escolar hay un 26 por ciento de jóvenes que ni siquiera llega a concluir la escolarización obligatoria y conseguir la titulación básica. En cuanto a abandono escolar temprano un 28,4 por ciento de los jóvenes que obtiene
el título de secundaria no prosigue estudios. Recordemos que la media europea es justamente la mitad, 14,4 por ciento. En cuanto a los resultados de PISA 2009 España ocupa el puesto 26 de los 34 Estados miembros de la OCDE. En cuanto a excelencia
solo el 3 por ciento de los alumnos españoles obtiene resultados sobresalientes en PISA, frente al 8 por ciento de media de la OCDE. En cuanto a tasas de repetición el 36 por ciento de los alumnos españoles de 15 años que se presentaron a PISA 2009
eran repetidores, frente al 5 por ciento de Finlandia. Los alumnos españoles de secundaria, señorías, tienen más horas lectivas que el resto de sus compañeros europeos, pero tienen menos horas de lengua y matemáticas. Un 25 por ciento menos de
horas de clase de matemáticas que en Alemania y un 29 por ciento menos que en Francia; en lengua tienen un 23 por ciento menos de horas de clase que en Francia. Entiendo que buena parte de estos datos explican una de sus más dramáticas
consecuencias, el 48,56 por ciento de desempleo juvenil frente al 22,3 por ciento de media de la Unión Europea o el 8,1 por ciento de Alemania.


Lo que ha sucedido estos años, señorías, es que se han centrado los esfuerzos en dotar al sistema de muchos recursos para compensar el desequilibrio de partida de la educación española en relación con los países de nuestro entorno. En
efecto ahora España está por encima de la media de los países más industrializados del mundo en dotación educativa. Por ejemplo, España es el octavo país con más gasto por alumno en la escuela pública de la OCDE, 9.833 dólares frente a los 8.146 de
la Unión Europea y los 8.027 de la OCDE. España gasta en cada alumno de la escuela pública casi 2.000 dólares más que la media de los países de la OCDE. La ratio alumnos/profesor en España es inferior a la media de la OCDE, 11 frente a 13 de la
OCDE. No obstante, como he puesto de manifiesto, en cuanto a resultados estamos muy por detrás de dichos países, lo cual demuestra que la enorme inversión de recursos ha sido ineficiente, en la medida en que no ha servido para que los estudiantes
españoles progresen en conocimientos y resultados como sus colegas europeos, y esto -no lo olvidemos- es el objetivo último de la educación.


El análisis de los datos, por tanto, nos lleva a concluir que el problema de la educación española no es fundamentalmente un problema de recursos. Sin embargo también importa trabajar en un uso eficiente de aquellos. Hemos comenzamos por
aplicárnoslo a nosotros mismos al fusionar los ministerios de Educación y Cultura y la Secretaría de Estado de Deportes. La nueva estructura del ministerio se compone del Consejo Superior de Deportes y dos secretarías de Estado: Educación,
Formación Profesional y Universidades por un lado, y Cultura por otro. Esto se ha traducido en una reducción del 20 por ciento de puestos de libre designación y en el ahorro de 600.000 euros en retribuciones de altos cargos. Estamos elaborando
además planes de reducción del gasto corriente y de redimensionamiento del sector público empresarial y fundacional del ministerio. Lo que en ningún caso hemos rebajado, señorías, son nuestros objetivos reformistas. El marco de referencia que
inspira las reformas que vamos a impulsar es el fijado por todos los países de la Unión Europea en la estrategia Europa 2020, entre cuyos objetivos se encuentra reducir al 10 por ciento el abandono escolar temprano en los países europeos. De modo,
señorías, que es indispensable que en España, donde tenemos un abandono del 28,4 por ciento, tomemos medidas no solo para reducir nuestro déficit público, sino también para reducir nuestro déficit educativo. Es una razón de más para emprender
inmediatamente una ambiciosa reforma de nuestro sistema educativo.


Alcanzado hace diez años el principio constitucional de universalización de la educación ha llegado el momento de centrarnos en la mejora de la calidad. Nuestra intención es hacerlo desde el diálogo y la participación con toda la comunidad
educativa: profesores, alumnos, familias, sindicatos, instituciones educativas. Con todos ellos vamos a formular una estrategia nacional de calidad. En este punto quisiera hacer un llamamiento a los miembros de esta Comisión. Nuestra voluntad de
entendimiento es sincera, prueba de ello es que no hemos caído en la tentación de aprovechar la amplia mayoría que nos han confiado los ciudadanos para aprobar una nueva ley general educativa. No sería bueno que la educación española pasara de
nuevo por un trance que genera inestabilidad y desconcierto, pero, señorías, no podemos cerrar los ojos a la realidad de que las profundas

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deficiencias de resultados a los que me acabo de referir nos sitúan ante una situación de estancamiento, e incluso de retroceso de nuestro sistema educativo a la que tenemos que dar respuesta. Este retroceso se ha acentuado en las dos
últimas legislaturas. Bajo el principio legitimador de una mala entendida equidad se ha reducido el nivel de exigencia en comparación a la situación anterior, con lo que el resultado paradójico es que la educación pública ha dejado de contribuir a
la promoción social. La reforma que pretendemos por tanto va encaminada a una mejora sustancial de la calidad, manteniendo y reforzando la equidad básica, que es la igualdad de oportunidades, es decir, los alumnos que presenten necesidades
educativas específicas serán atendidos específicamente, pero a la vez también abriremos vías y oportunidades a los que destacan por sus capacidades o su trabajo. La igualdad de oportunidades también significa para este Gobierno que todos los
alumnos tengan las mismas oportunidades educativas, con independencia de su lugar de residencia. Por ello, señorías, estoy convencido de que el primer cambio que necesita la educación española es un cambio de mentalidad. Hay que abandonar la
cultura del acomodo y de la mediocridad. Es indispensable que la escuela vuelva a promover valores como el esfuerzo, el mérito, la satisfacción por el trabajo bien hecho, la autoexigencia, la responsabilidad o el respeto a la figura del profesor.
(Aplausos.- El señor Pezzi Cereto: ¡Vamos, vamos!-Una señora diputada: ¡Qué fuerte!) Precisamente estos últimos, los docentes, van a ser protagonistas destacados de las reformas que vamos a emprender. La calidad del profesorado es un factor clave
a la hora de mejorar los resultados de un sistema educativo. Ningún sistema educativo puede ser mejor que su profesorado. De ahí el compromiso de este ministerio de ofrecer a los docentes las mejores oportunidades.


Por razones demográficas en los próximos años va a haber una considerable renovación de profesores, hasta 200.000 profesores se jubilarán a lo largo de la próxima década. En consecuencia es el momento de replantearnos el sistema de acceso a
la carrera docente y el progreso dentro de ella, y sustituirlo por otro que garantice la selección de los mejores y relacione el progreso de los así seleccionados con los resultados que cada uno obtenga. La carrera docente, señorías, es una opción
profesional atractiva y competitiva. Debemos centrar nuestros esfuerzos en recuperar el prestigio de que la profesión siempre ha gozado, y que es preciso restablecer, pues de ellos depende la formación de las nuevas generaciones. Tenemos que
atraer a la docencia a los mejores. Además tenemos que conseguir que a lo largo de su carrera encuentren los incentivos necesarios para seguir mejorando en el desempeño de su trabajo, en un contexto como el actual, donde la formación permanente no
es una opción, sino una exigencia. Ha llegado el momento de aprobar por fin un estatuto del docente, un marco básico que mantenga el carácter estatal de los cuerpos docentes, que ofrezca a los profesores la posibilidad de desarrollar una carrera
desde su entrada en el cuerpo hasta su jubilación, en el que hacerlo bien tenga su recompensa, y que recoja el reconocimiento de los docentes como autoridad pública. En este punto invito a la oposición política y en particular al Partido
Socialista, cuyo programa electoral recogía propuestas similares, a que establezcamos un diálogo con los agentes sociales y las asociaciones de profesores para llegar a un acuerdo beneficioso para la educación española.


Señorías, nuestro sistema educativo durante mucho tiempo ha desterrado por completo la cultura de la evaluación. Durante casi treinta años la educación ha carecido de herramientas fiables para conocer el grado de progreso de los alumnos en
competencias y conocimientos. Hasta la llegada de PISA en el año 2000 la educación española vivía en la más completa opacidad. PISA nos hizo enfrentarnos por primera vez con una dura realidad al compararnos con el resto de países de nuestro
entorno, pero también nos ayuda a saber qué prácticas tienen en común los países con mejores resultados educativos. Entre las recetas de PISA cabe destacar la de una mayor autonomía de los centros. Los sistemas educativos que encabezan el ranking
de PISA -Finlandia, Japón, Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda- conceden una amplia autonomía a sus centros educativos. Por eso queremos impulsar la autonomía de los centros educativos en el plano organizativo, curricular y de gestión económica.
Por supuesto este incremento de autonomía exige a la vez un incremento en la rendición de cuentas, y por ello queremos desarrollar programas de innovación educativa y crear centros de especialización curricular que ofrezcan diferentes proyectos
educativos, mediante el refuerzo y ampliación de los currícula en los ámbitos lingüístico, humanístico, científico, tecnológico, artístico, deportivo, y de las tecnologías de la información y la comunicación. Se trata en definitiva de dar más
margen de acción a los centros para que tengan más capacidad de adaptarse a las necesidades de los alumnos, con un incremento paralelo de su responsabilidad en la rendición de cuentas.


Para llevar esto a la práctica es necesario, en primer lugar, incrementar las competencias de los directivos y promover la profesionalización en la gestión de los centros. Y en segundo lugar, fijar estándares, es decir, precisar los
conocimientos mínimos que deben alcanzar todos los alumnos en las distintas etapas. Esto exige realizar pruebas externas similares a PISA, pero extendidas a todo el alumnado, para comprobar que efectivamente todos poseen esos conocimientos básicos.
Este tipo de pruebas censales son indispensables para diagnosticar las necesidades del sistema. Es esencial conocer las debilidades y fortalezas de la educación española, qué aprenden y qué no aprenden nuestros alumnos, qué es lo que hay que
cambiar y qué es lo que funciona. Pero esta cultura de la evaluación a la que antes me refería no solo es útil para la Administración; también las familias reclaman este tipo de información, porque sin la misma

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es muy difícil que puedan ejercer de forma eficiente la libertad de elección de centro que les reconoce la Constitución. Los resultados de estas pruebas no van a afectar a los expedientes académicos de los alumnos, pero sí servirán para
premiar a los que hayan obtenido mejores resultados y más se hayan esforzado. Ya he señalado que uno de los indicadores que queremos mejorar es el de la excelencia. Insisto en que España tiene apenas un 3 por ciento de alumnos excelentes frente a
un 8 por ciento de media en la OCDE. Y del mismo modo nuestro propósito es que de estas pruebas se deriven incentivos positivos para los centros, nunca negativos, que sirvan para el benchmarking, es decir, para comparar y difundir buenas prácticas.


Señorías, las medidas que hasta ahora he anunciado en esta comparecencia, la reforma del sistema de acceso a la carrera docente, el estatuto del docente, la mayor autonomía de los centros, y las pruebas censales nacionales, no son por sí
mismas suficientes para atajar el mayor desafío al que nos enfrentamos: reducir la tasa de abandono escolar temprano. La incapacidad de nuestro sistema educativo para retener en el mismo a los alumnos se explica por su propio diseño, que además de
generar unas cifras de abandono educativo temprano inasumibles presenta otros problemas, como por ejemplo un bachillerato excesivamente corto de duración y de contenidos en relación con los bachilleratos de los países de nuestro entorno, o una
formación profesional de grado medio poco atractiva tanto para los alumnos como para las familias. Estos estudios, esta parte postobligatoria de la educación secundaria, son la seña de identidad de un sistema educativo y también de una sociedad
comprometida con su futuro. Por este motivo vamos a emprender una profunda reforma de la secundaria encaminada sobre todo a dotarla de mayor flexibilidad. Mantendremos sin variación la escolarización obligatoria hasta los 16 años, pero nos
proponemos cambiar la actual estructura de la secundaria de 4 + 2 -4 cursos de secundaria más 2 de bachillerato o formación profesional- a 3 + 3 -3 cursos de secundaria común más 3 de bachillerato o formación profesional de grado medio-,
dividiéndola en dos etapas de la misma duración. El primero de esos tres años será obligatorio para todos los alumnos y les orientará, bien a la formación profesional, bien a la continuación del bachillerato. Esta estructura presenta importantes
ventajas. En primer lugar, ese primer curso inicial obligatorio adelanta un año la posibilidad de optar entre las enseñanzas de carácter general -el bachillerato- y las de carácter profesional -la formación profesional de grado medio-. El sistema
gana por tanto flexibilidad y capacidad de adaptarse a los intereses de los alumnos. Dota al bachillerato, tanto como a la formación profesional, de una duración de tres años, lo que refuerza ambos tipos de enseñanza y permite que los alumnos
salgan del bachillerato y de la formación profesional con una mejor preparación, similar a la de los jóvenes de otros países europeos. Facilita además la adopción de un modelo compuesto o integrado escuela-empresa que se adapta mejor a las
necesidades de cualificación que demanda el sistema productivo. El objetivo por tanto es elevar la formación y preparación de todos los alumnos, tanto de los que opten por el bachillerato como de aquellos que prefieran la formación profesional.
Estudiaremos en profundidad todas las consecuencias de este cambio estructural, incluidas aquellas que tienen que ver con su coste. Lo haremos además en diálogo con todos los sectores implicados para definir con ellos la mejor forma de avanzar en
este sentido.


Insisto, señorías, en la importancia de la formación profesional. La formación profesional también se verá beneficiada de esta nueva estructura, que facilita las reformas que queremos aplicar en estas enseñanzas, y que se resumen en dar un
mayor protagonismo a las empresas de acuerdo al modelo de formación profesional dual alemán, adaptado naturalmente a las condiciones de nuestro país y a las peculiaridades de nuestro tejido productivo y empresarial. El hecho de aprender trabajando
en las propias empresas aumenta la empleabilidad de los alumnos y convierte a la formación profesional en una alternativa atractiva para quienes deseen acceder al mundo laboral más tempranamente, promoviendo al mismo tiempo el espíritu emprendedor y
el autoempleo. Señorías, en los próximos días voy a convocar, en colaboración con el Ministerio de Empleo, a los empresarios y a los agentes sociales para que todos estemos involucrados en la reforma que planteamos. Todos tenemos mucho que aportar
porque, según la OCDE, la educación secundaria postobligatoria tiene un mayor impacto sobre el crecimiento económico de un país que la propia educación superior. En consecuencia, vamos a aplazar la entrada en vigor de las previsiones que en materia
de enseñanzas mínimas de la educación secundaria obligatoria recoge la Ley de Economía Sostenible, en espera de que se apruebe, con el máximo consenso posible también, la reforma que acabo de anunciar.


Señorías, nuestro proyecto de mejora de la calidad educativa incluye, como bien saben, una apuesta decidida por fomentar la enseñanza bilingüe español-inglés. En un mundo globalizado como el actual aprender inglés es tan básico y necesario
como aprender matemáticas o lengua. De nuevo en este punto los datos son descorazonadores. España es el cuarto país de la Unión Europea en el que menos adultos hablan idiomas, por detrás tan solo de Rumanía, Hungría y Portugal. Sin embargo el
porcentaje de alumnos españoles de secundaria que estudia inglés -el 95 por ciento- es igual a la media europea. Vamos a mejorar la enseñanza del inglés desde una edad temprana: el segundo ciclo de la educación infantil y hasta el bachillerato,
sustituyendo el viejo enfoque de estudiar inglés para pasar a estudiar en inglés. Entendemos que es mucho más adecuado en la medida en que el inglés es una herramienta para la transmisión del conocimiento, por lo que la mejor manera de dominarlo es
precisamente de este modo, utilizándolo para aprender. Desde hace algunos años varias comunidades

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autónomas han desarrollado programas piloto de enseñanza bilingüe con características muy diferentes. Por ello el primer paso va a ser reunirnos con todas las comunidades autónomas a fin de acordar una definición común de qué entendemos por
bilingüismo para, sobre esa base común, diseñar un programa de bilingüismo abierto a la participación de todas las comunidades que así lo deseen. Nuestra intención es aprobar el Plan de bilingüismo a finales de 2012 para que pueda ser implantado a
partir del curso 2013-2014. Queremos por tanto que el inglés esté muy presente en todas las etapas educativas, incluida la formación profesional, porque queremos favorecer también la movilidad de los estudiantes y los docentes de la formación
profesional.


Quiero destacar también que vamos a promover la enseñanza de una segunda lengua extranjera. Somos uno de los países de la Unión Europea con un índice más bajo de lenguas extranjeras aprendidas por alumno, estamos a la cola también en esto,
junto a Polonia, Bulgaria o Hungría. Debemos utilizar todos los medios posibles para mejorar la eficiencia de las enseñanzas en general y de los idiomas en particular. Una herramienta fundamental en ese proceso es la utilización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones. En la actualidad algunas comunidades autónomas ya han desarrollado instrumentos para el aprendizaje on line por parte del profesorado, incluyendo los idiomas, que se han demostrado extremadamente efectivos,
con tasas de éxito por encima del 90 por ciento. Otras han desarrollado pruebas piloto para la descarga de contenidos educativos a través de la red, tanto para los alumnos como para los docentes, con gran aceptación y ahorro de coste. En el
ministerio estamos determinados a seguir con esta línea y profundizar en ella, porque especialmente en tiempos de tensión financiera nos parece un camino en el que tenemos que explorar todas las posibilidades.


Señorías, quisiera también anunciar en esta comparecencia de líneas generales la sustitución de la asignatura de educación para la ciudadanía por una nueva asignatura de educación cívica y constitucional. Una asignatura esta, educación para
la ciudadanía, que ha estado acompañada desde su nacimiento por la polémica, y que ha creado una seria división en la sociedad y en el mundo educativo, porque el planteamiento de la asignatura iba más allá de lo que debería corresponder a una
verdadera formación cívica, conforme a las directrices y orientaciones formuladas por el Consejo de Europa. De acuerdo a nuestro compromiso electoral proponemos una asignatura cuyo temario esté libre de cuestiones controvertidas y susceptibles de
caer en el adoctrinamiento ideológico. La materia debe centrarse en proporcionar a los alumnos el conocimiento de la Constitución como norma suprema que rige nuestra convivencia, la comprensión de sus valores, de las reglas del juego, y de sus
instituciones, mediante las cuales se conforma una sociedad democrática y pluralista, así como la historia de instituciones de la Unión Europea, de la que España forma parte. Esta es, señorías, una asignatura que considero especialmente relevante,
porque como ya he dicho al inicio de mi intervención creo que la educación tiene una función esencial, y es la de conseguir formar a ciudadanos libres y responsables, con capacidad de ser sujetos activos de nuestra sociedad democrática. Sin duda
esta nueva educación cívica y constitucional servirá a tal fin y no a ningún otro.


Señorías, aun a riesgo de fatigar su atención y de extenderme más de lo aconsejable, me parece importante tratar con cierto detenimiento la política universitaria. En este punto nos encontramos en una situación muy similar a la que antes
señalaba en relación con la educación no universitaria. Quiero decir que hemos hecho importantes avances cuantitativos, y que hemos hecho sobre todo importantes inversiones en recursos. Hemos pasado de los escasos 200.000 universitarios que había
al inicio de nuestra democracia a contar con 1.650.000 alumnos en las facultades y escuelas de nuestro país. La tasa neta de escolarización universitaria entre 18 y 24 años sigue aumentando, casi 3 puntos en dos cursos hasta alcanzar el 26,4 por
ciento en el curso 2010-2011. De hecho estamos ya por encima del objetivo de población universitaria que marca la estrategia Europa 2020 de la Unión Europea. El crecimiento del número de universidades y campus también ha sido exponencial, aunque
no siempre bien justificado. Contamos en este curso con 79 universidades, 50 públicas y 29 privadas, y 236 campus universitarios ubicados en municipios diferentes. En cuanto a las enseñanzas ofertadas en el año 2011 se encuentran verificados 2.413
grados universitarios, 2.758 masters oficiales y 1.680 doctorados.


El gasto público en instituciones de educación superior respecto al PIB se sitúa en España en los niveles de la OCDE (1,2 por ciento) y el gasto por estudiante respecto al PIB per capita se coloca en el 40 por ciento, frente al 41 por ciento
de la OCDE. El gasto público en becas y ayudas al estudio se ha incrementado significativamente en los últimos años. En el curso 2010-2011, se han destinado 1.118,7 millones de euros a becas y ayudas para realizar estudios superiores. La ratio
alumno-profesor de las universidades españolas (11,6) está por debajo de la media de la Unión Europea (15,8) y de la OCDE (16,2).


No obstante, señorías, una vez más, el panorama desde el punto de vista de los resultados es bien distinto. No hay ninguna universidad española entre las 150 mejores del mundo. Tenemos un 30 por ciento de abandono universitario frente al
16 por ciento de la media europea, lo que viene a suponer una pérdida de 2.960 millones de euros en capital humano sin retorno. Señorías, el 42 por ciento de las carreras universitarias tuvieron menos de 50 alumnos nuevos en el curso 2008-2009.
Solo 33 de cada 100 estudiantes universitarios españoles obtienen su título sin repetir curso. La media de la OCDE y de la Unión Europea es del 38 por ciento. La internacionalización de nuestras universidades es insuficiente: menos de un 5 por
ciento de estudiantes

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extranjeros y una proporción aún más exigua de profesores extranjeros. Solo el 7 por ciento de los universitarios españoles cambia de distrito universitario (ciclo de sus estudios), frente al 68 por ciento de Estados Unidos y el 52 por
ciento de Reino Unido. El 93,3 por ciento de aquellos que obtuvieron una plaza en un departamento universitario entre 1997 y 2001 ya trabajaban en ese mismo centro antes de que les fuera concedida.


Como consecuencia, el sistema no resulta muy eficiente ni en la capacitación de los titulados superiores ni en favorecer su empleabilidad. Dos muestras apenas de ello. Los universitarios de 25 a 29 años que no tienen trabajo representan ya
el 21 por ciento de los parados en ese rango de edad. Una segunda, apenas el 15 por ciento de los doctores españoles trabaja en empresas privadas. En Europa esa proporción es del 40 por ciento. A la luz de estos datos, resulta evidente que el
sistema universitario español también necesita de un gran impulso reformista en pos de la mejora de sus resultados. Ahora más que nunca, dada la grave crisis económica que padecemos, debemos trabajar por una universidad que retorne a la sociedad la
gran cantidad de recursos que se ha destinado a la misma. Hay que reconocer que la adaptación al espacio europeo de Educación Superior ha sido especialmente compleja por varias razones. La primera, porque el modelo de universidad en el que se
inspira Bolonia, que básicamente es el anglosajón, tiene poco que ver con nuestra tradición académica. En segundo lugar, porque el sistema universitario español arrastra desde hace años una notable falta de eficiencia que ha hecho más penoso aún el
proceso. Por todo ello, dicha reforma debe orbitar sobre tres puntos esenciales: búsqueda de la excelencia, competitividad e internacionalización.


Me propongo constituir a la mayor brevedad un consejo de expertos de alto nivel para abordar estos temas. Estará formado por expertos universitarios de muy diversos campos y deberá facilitar en un marco temporal breve de cinco o seis meses
un diagnóstico y recomendaciones de reforma del sistema bajo la triple orientación arriba señalada. En este proceso de reflexión vamos a trabajar, como no podría ser otro modo, con dos órganos esenciales del sistema universitario español: el
Consejo de Universidades y la Conferencia General de Política Universitaria, y por supuesto también lo haremos con el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado. Nuestra intención es que ese consejo de expertos esté operativo en marzo, que
realice un diagnóstico de la situación y proponga líneas de actuación, siguiendo como ejemplo los sistemas de gobernanza y las reglas del juego de las universidades de prestigio internacional, que pasan por implementar sistemas de evaluaciones
externas que valoren la actividad docente e investigadora e incentivar con complementos y dotaciones las evaluaciones positivas; promover la investigación de calidad en nuestras universidades para que sean generadoras de conocimiento al más alto
nivel, se prestigien internacionalmente y atraigan a los mejores estudiantes de todo el mundo; fomentar la especialización de las universidades en diferentes áreas de conocimiento, donde puedan ofrecer un producto único, optimizar la oferta de
títulos y promover sinergias entre las universidades (desarrollo de laboratorios y otras instalaciones comunes, oferta conjunta de títulos, etcétera); fomentar la inversión privada, que en España representa solo el 0,7 por ciento de la financiación
de las universidades y en la Unión Europea es el 1,2 por ciento -en este punto, señorías, será de gran utilidad la ley de mecenazgo que prepara este ministerio y que desarrollaré en mi comparecencia del jueves para hablar de cultura-; búsqueda de
fórmulas para superar el déficit de transferencia de conocimiento y tecnología al sector productivo para conseguir que la universidad sea una herramienta de fortalecimiento de nuestro tejido empresarial, y potenciación de la internacionalización y
la participación creciente de las universidades en la sociedad del conocimiento globalizado.


Me voy a referir ahora al deporte. El deporte español se ha convertido en una de las fortalezas más reconocibles de la marca España. Tanto en las modalidades profesionales como en las amateur, los deportistas españoles han construido en
los últimos años una historia de éxito que es preciso mantener y reforzar sin el menor descuido, porque a pesar de esos éxitos -algunos realmente importantes y nunca antes alcanzados-, lo cierto es que desde 2004 España ha pasado de ocupar el puesto
doce en la clasificación de potencias olímpicas al puesto diecisiete, y eso que el año 2011 se han conseguido un total de 544 medallas, entre las mismas, 16 medallas en pruebas olímpicas en campeonatos del mundo y 14 en pruebas olímpicas en
campeonatos europeos. Es decir, tenemos un gran potencial, pues destacamos tanto en categorías profesionales como en las inferiores y además en una gran variedad de disciplinas deportivas, así que tenemos que esforzarnos para que todo ese talento
siga haciendo que el deporte español alcance nuevas metas. Las actuaciones que a continuación les expondré van encaminadas a este fin.


Nuestro objetivo más inmediato son los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Por este motivo, desde el primer momento se priorizarán todas las medidas encaminadas a mejorar los resultados y apoyar la presencia española en Londres. Espero que
se cumplan las previsiones y que se clasifiquen entre 250 y 300 deportistas españoles. Después de la cita de Londres, el ministerio se va a centrar en la revisión del programa ADO. La situación económica ha afectado muy negativamente a los
patrocinios deportivos, que son -como saben todos- la base del programa. Sin embargo, nuestro objetivo es mantener la dotación de becas profundizando en las funciones técnicas, buscando también la eficacia en la detección del talento y
suministrando más medios para la formación en edades tempranas.


Otra prioridad urgente del Consejo Superior de Deportes es la tramitación de la Ley contra el Dopaje. Para ello, hemos entrado en contacto con la World

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Anti-Doping Agency y estamos trabajando con ellos para que la Ley Antidopaje española cumpla con las exigencias de armonización del código mundial antidopaje. Sabemos de la importancia de esa armonización cara a la candidatura olímpica de
Madrid 2020. Como ley orgánica, sin embargo, es imprescindible examinar minuciosamente el impacto de dicha ley en el ordenamiento jurídico español y la implicación que tiene de cara a los derechos fundamentales. En cualquier caso, repito, es
intención del Gobierno aprobar la modificación de la Ley Antidopaje con la mayor celeridad posible durante el presente periodo de sesiones y reafirmar con ello el compromiso de realizar todas las labores necesarias en la lucha contra el dopaje.


Otra cuestión importante que abordaremos en esta legislatura es la relativa a la regulación del ejercicio de determinadas profesiones del deporte. Lo consideramos un tema esencial, sobre todo en lo que concierne a la protección de la salud
de los deportistas, ya que permitirá que sean profesionales formados quienes se encarguen del cuidado y la gestión fisiológica y biológica de su salud. Quisiera mencionar también la reforma del régimen jurídico del deporte profesional. Esta
reforma contemplará, entre otros temas, uno fundamental: el control de la gestión económica de las entidades deportivas. Vamos a introducir medidas de equilibrio económico que persigan la solidaridad entre los participantes de una competición,
reduciendo el impacto de su dispar potencial económico tanto a nivel financiero como especialmente deportivo. Esta reforma debe ser un instrumento que favorezca el equilibrio deportivo entre las distintas entidades de naturaleza deportiva. Nos
ocuparemos de igual modo del desarrollo de la Ley del Juego y de la Ley Concursal. Ambas normas, que fueron aprobadas en 2011, remiten a concreciones posteriores y este será uno de los primeros temas que tendrá que contemplar el ministerio. Es
nuestra intención que en ese desarrollo se atienda a la especificidad del deporte y a su interés general.


Entre la normativa a revisar también se encuentra la Ley del Deporte, aprobada hace más de veinte años. Desde entonces el panorama deportivo ha cambiado radicalmente. Ya en la anterior legislatura esta Cámara trabajó para modernizar la ley
y adaptarla a este nuevo contexto. Estamos seguros que el trabajo de esa subcomisión será útil para la nueva ley. La reforma de esa Ley del Deporte irá vinculada a la reforma jurídica del deporte profesional, pero además tendrá que contener
aspectos relacionados con el deporte base como la protección y el fomento de los viveros o canteras y de los menores de edad en el deporte. Asimismo incluiremos en esa ley medidas para el fomento del arbitraje deportivo que tanto éxito tienen a
nivel internacional.


Por último, les informo que vamos a diseñar un plan para implantar un verdadero sistema de good governance en todas las entidades deportivas de ámbito estatal: en las federaciones, en las ligas y en el Comité Olímpico Español. Este plan
permitirá implantar, entre otros aspectos, la transparencia en la gestión y en las contrataciones, la publicación y rendición de cuentas, el acceso de mujeres a los cargos directivos, el respeto a los derechos de deportistas y clubes, la
imparcialidad en la competición y las buenas prácticas en la contratación de personal. Además, fomentará la democracia interna en los procesos electorales de las federaciones. Asimismo se pretende generalizar la implantación de un código de buen
gobierno que, siguiendo el que se aplica desde 2004 en las federaciones, se extienda lo máximo posible con el fin de presentar mejores cotas de eficacia y de eficiencia. Entre los objetivos del ministerio, como pueden ustedes imaginar, también se
encuentra conseguir un mayor peso de nuestro país en los centros de decisión del deporte internacional y el apoyo institucional a las candidaturas olímpicas de verano Madrid 2020 y de invierno Barcelona-Pirineos 2022.


Concluyo ya, señorías. Como ven, nos hemos marcado un programa de trabajo ambicioso en materia de educación y deportes, al que además se suma el de cultura, que expondré el jueves ante la Comisión correspondiente. A pesar del reto, les
puedo asegurar que contamos con la energía, con la convicción y con la ilusión necesarias para llevarlo a cabo. Se trata de reformas fundamentales, esperadas desde hace mucho tiempo y a las que nos hemos comprometido en nuestro programa electoral.
Por ello les repito, señorías, que tenemos la mejor de las disposiciones en materia de diálogo y entendimiento. Nuestro propósito es crear bases firmes y permanentes para que la educación y el deporte en nuestro país alcancen excelentes resultados,
pero les recuerdo también que tenemos un contrato suscrito con los ciudadanos y que estos han apostado mayoritariamente por un proyecto educativo reformista que aspira a la excelencia, a generar las mismas oportunidades para todos y que consagra la
libertad de las familias para elegir la educación de sus hijos.


Muchas gracias por su atención y estoy a su disposición para responder a sus preguntas. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: A continuación van a intervenir los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de diez minutos de una forma generosa. En caso de que por parte de algún grupo parlamentario desee intervenir más de un portavoz, en
atención a las distintas materias, el tiempo se repartirá entre todos los portavoces del mismo grupo. El criterio de intervención va a ser según el orden de entrada de sus peticiones de comparencia -en el caso de los que así lo han solicitado- y de
menor a mayor en el resto de casos. Por tanto y en atención a este criterio, tiene la palabra por La Izquierda Plural la señora García Álvarez.


La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Señor ministro, yo no le voy a aplaudir, pero sí le voy a agradecer una cosa y es que me haya hecho sentir cómoda hoy en esta Comisión, porque me parecía que estaba en la Cámara madrileña. El discurso que nos ha
dado es el mismo que se

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hace en la Comunidad de Madrid -supongo que además han sido sus asesores en la materia-. Usted nos ha hablado de la excelencia, de la libertad de elección, del bilingüismo y además nos ha justificado los recortes en función del gasto que se
hace en educación. Luego hablaremos de eso, señor ministro, sin lugar a dudas. Tampoco he visto -a lo mejor se me ha pasado- que haya hecho ningún reconocimiento de la responsabilidad que tienen las comunidades autónomas también allí donde ustedes
gobiernan sobre la cuestión educativa. Tampoco he visto, señor ministro -permítamelo-, preocupación alguna por lo que está pasando en estos momentos, quizá sea porque los hechos más graves de lo que está pasando en estos momentos corresponden a
comunidades donde ustedes gobiernan. No lo sé; usted me lo explicará después.


Señor ministro, lo cierto es que con el pretexto de la crisis se están aplicando brutales recortes sociales que afectan de manera especial y específica a la calidad de la educación pública y que vienen a reforzar la creciente privatización
del sistema educativo, con el consiguiente retroceso en su equidad -palabra que parece que le gusta menos- y en su democratización -cosa que tampoco parece que le guste mucho, porque he tenido la ocasión de poder leer una ponencia que hizo en 2010
al respecto- y por supuesto también en el avance hacia un modelo educativo laico. Señor Wert, no es de recibo que en un Estado no confesional como se define al nuestro se derive cada vez más dinero público a centros educativos privados,
confesionales en su inmensa mayoría, dinero público que deja de invertirse en centros públicos. Señor ministro, la crisis no puede ni debe ser la excusa para todo, y menos aún para arremeter contra servicios públicos que deben garantizar derechos
universales como es el derecho a una educación de calidad en condiciones de igualdad.


Señorías, señor Wert, la educación no se puede considerar como gasto, no: es inversión, es garantía de futuro para las personas y para la sociedad en su conjunto y es además requisito imprescindible para un nuevo modelo productivo basado en
un desarrollo social y ecológicamente sostenible. No han sido, señor Wert, la educación pública, ni la sanidad pública, ni los servicios públicos en general los que han generado la crisis económica que estamos sufriendo, como tampoco es verdad que
estos servicios supongan un coste inasumible para las arcas públicas. Más aún, si buscamos la comparativa con otros países de nuestro entorno -usted antes nos ha dado unos datos, yo ahora le voy a dar otros-, una de nuestras diferencias más claras
es que nuestro país ha invertido menos en educación durante décadas. Usted nos ha hablado de 1975 a 2009, cosa que le agradezco, pero no ha hablado de lo que esto ha supuesto comparado con otros países de nuestro entorno, y ese sí, señor Wert, es
un déficit histórico que ha influido negativamente en el resultado escolar. No hay recursos suficientes, no hay medios adecuados para combatir y prevenir el llamado fracaso escolar. Por tanto, no es lógico, y ni la comunidad educativa, alumnos,
padres y profesores, ni nosotros ni nadie con sentido común -parece que algunas veces es el menos común de los sentidos- entiende que ahora, en los momentos en los que más necesaria se hace una adecuada formación para paliar los efectos de la crisis
que estamos atravesando, se reduzca la inversión en educación pese a todo lo que usted ha dicho y a ese largo periodo de tiempo que nos ha mencionado.


Se lo he señalado antes, señor Wert, España ha invertido por debajo de los países más desarrollados de la Unión Europea, donde hasta hace muy poco todos nos ubicábamos o todos nos intentaban ubicar, cuya media se sitúa en el 5,5 por ciento
del producto interior bruto, mientras nosotros estamos en el 4,3, y en la Comunidad de Madrid, cuyo reflejo ha utilizado clarísimamente en su discurso, se gasta solo un 2,46 por ciento del producto interior bruto, situándonos a la cola en inversión
educativa no solo en España sino en Europa. Más aún, si se cumplen las previsiones, el descenso global en educación de los últimos años superará el 7 por ciento a pesar de que haya 520.000 estudiantes más incluyendo a los universitarios. Los
recortes que se han llevado por delante hasta el momento a 15.000 docentes han generado un rechazo generalizado en la comunidad educativa, que sufre de lleno sus consecuencias. No es de extrañar pues que la comisión permanente del Consejo Escolar
del Estado se haya manifestado en los términos que nosotros compartimos, y algún apunte le voy a hacer al respecto.


Dice así: Los recortes presupuestarios, traducidos en aumento del número de alumnos por clase, reducción o desaparición de los servicios de apoyo al alumnado con dificultades, desatención a la tutoría y orientación de los alumnos, están
afectando de lleno a la enseñanza pública y a la calidad de la educación de sus centros. Todo ello se agrava por el deterioro de las condiciones en que el profesorado desempeña su trabajo como consecuencia de los recortes en las plantillas por la
no renovación de los contratos de muchos profesores. La aplicación de estos recortes supone una contradicción con los pronunciamientos de organismos internacionales y con los de las autoridades que ahora los promueven y los reducen en la práctica a
solamente buenos deseos.


Como el tiempo que tenemos no da para mucho y quedan muchas cosas por decir, hemos solicitado -y ya lo veremos próximamente- la presencia del actual presidente del Consejo General del Estado para que nos amplíe lo que le acabo de decir más
detalladamente. En cualquier caso, no quiero acabar este apartado de mi intervención sin señalar brevemente dos de las peticiones que se realizan por parte también de este Consejo General del Estado. Primera, reiterar a las administraciones
educativas la petición de que en su empeño por reducir el déficit ante la situación de crisis a la que nos enfrentamos no pongan en peligro un servicio público que constituye, junto con otros, la columna vertebral de la cohesión social de la nación.
Segundo, solicitar de las administraciones educativas que para superar las graves deficiencias existentes negocien con los legítimos representantes

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del profesorado la retirada de los decretos e instrucciones que han provocado esta situación, con el fin de conseguir el necesario consenso de todos los sectores de la comunidad educativa y asegurar así el correcto funcionamiento del sistema
educativo.


Señor ministro, en este panorama es en el que accede usted al cargo y, créame, nos gustaría saber si para ustedes la educación pública va a ser una prioridad de verdad -usted lo ha señalado, pero nosotros queremos saber si va a ser de
verdad-, poniendo el acento en las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas. ¿O van a seguir, como está pasando en comunidades donde ustedes gobiernan, marginándola y degradándola a golpe de recortes? Usted también nos anuncia recortes,
señor ministro. Para mi grupo es indiscutible que el derecho universal a la educación ha de ser garantizado por los poderes públicos mediante una programación general de la enseñanza con participación efectiva de los sectores afectados y la
creación de centros docentes. Seguro que sabe usted a lo que me estoy refiriendo: me estoy refiriendo al artículo 27.5 de la Constitución. Pues hoy hay comunidades autónomas donde gobiernan ustedes para las que este artículo es papel mojado, y de
nuevo pongo como ejemplo a la Comunidad de Madrid. En Madrid ya no se construyen centros públicos, señor ministro, no hay ni uno nuevo. Si desde las corporaciones locales se solicitan nuevos recursos educativos, se les obliga -literalmente se les
obliga- a ceder suelo público para ubicar centros concertados.


El señor PRESIDENTE: Puede ir concluyendo, por favor.


La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Termino enseguida.


Es decir, suelo gratis para recurso privado. Ese es el modelo en la Comunidad de Madrid. Tampoco se han renovado los contratos a profesores interinos, y no solo es en Madrid, señor ministro. Otras comunidades autónomas están atacando al
sistema público educativo con igual virulencia: en Galicia, en la Comunidad Valenciana, en Asturias y Aragón, en Canarias, donde hay un recorte de 27 millones a la Universidad de La Laguna; en Castilla-La Mancha, donde se reduce el presupuesto en
educación un 20 por ciento, y así un largo etcétera.


Señorías, señor ministro, una educación pública de calidad tiene que contar con financiación suficiente y solidaria para asegurar el derecho de todos y todas por igual. Por eso mi grupo rechaza la senda de recortes emprendida por la que
ustedes están apostando y reclamamos una ley de financiación del sistema educativo que permita garantizar las inversiones y los recursos necesarios al conjunto del servicio público educativo. Igualmente reclamamos que se cumpla de inmediato con el
mandato...


El señor PRESIDENTE: Está consumiendo el tiempo de su compañero señor Sixto.


La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Termino en breves momentos. Ha dicho usted que iba a ser flexible y yo me he acogido a esa flexibilidad.


El señor PRESIDENTE: Sí, efectivamente.


La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Reclamamos, insisto, que se cumpla de inmediato con el mandato de la LOE -usted ha dicho que no la va a cambiar, por lo tanto se lo reclamamos- en lo relativo a igualar el gasto público educativo a la media europea
aumentándolo progresivamente hasta alcanzar el 7 por ciento del producto interior bruto. Reclamamos también -y con esto ya acabo de verdad, señor presidente- que se abra un debate social en toda la comunidad universitaria e incrementen el 2 por
ciento del producto interior bruto para la enseñanza superior. Tenemos dudas, señor ministro -que usted nos aclarará-, pero también le hacemos una serie de propuestas que, si usted tiene a bien, debería recoger por el bien de la educación pública
en este Estado.


El señor PRESIDENTE: Ha consumido usted el turno completo. En cualquier caso, por un breve espacio de tiempo el señor Sixto tiene la palabra.


El señor SIXTO IGLESIAS: Seré muy breve, señor presidente.


El señor ministro ha hablado de la revisión del programa ADO y me gustaría que entrase un poco más en detalle sobre cómo piensa enfrentar esa revisión ante la reducción de recursos que ha habido para el deporte de élite.


La segunda cuestión que me gustaría que me aclarase el señor ministro es sobre la futura ley contra el dopaje -desde luego nosotros compartimos y apoyaremos todas las medidas al respecto- y también cómo piensa solucionar el ministerio el
conflicto entre la prevención del dopaje y la Ley de Protección de Datos, que hoy por hoy está siendo un problema a la hora de comunicar los datos de los profesionales que se dopan.


Tendrá nuestro apoyo en lo que respecta a la revisión y el control de entidades deportivas y sobre todo en una cuestión que ha comentado, en el equilibrio entre unas entidades y otras y entre unos deportes y otros.


Solo ha comentado muy brevemente en su intervención el apoyo al deporte de base y quiero trasladarle la importancia que para Izquierda Unida, para nuestro grupo, tiene la apuesta por el deporte base, la apuesta por las canteras, la apuesta
por el deporte en la enseñanza.


Termino haciendo un comentario respecto a Madrid 2020 y a Barcelona 2022. Yo vengo de una comunidad autónoma, del País Valenciano, donde tenemos una amplia experiencia en eventos deportivos de calado y donde no entendemos que las ventajas
que se dice que se van a traer con estos grandes eventos tengan una plasmación real al final. Ya se ha intentado

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dos veces traer las Olimpiadas a Madrid. La pregunta es cuánto dinero se va a seguir malgastando para propiciar estos grandes eventos.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por el Grupo de Unión Progreso y Democracia el señor Martínez Gorriarán.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Lo primero que quiero hacer es agradecer al ministro la precisión con la que ha explicado su plan y la concisión con que lo ha hecho y manifestarle además nuestro acuerdo con bastantes cosas que ha expuesto,
sobre por dónde deberían ir las reformas. Por ejemplo, me parece sensato y prudente decir que no se va a proponer otro cambio legislativo en la Ley de Educación hasta que no haya un consenso suficiente. Dicho esto, sí creo que hay que tener el
horizonte a la vista de que es necesario un cambio legislativo, solo que pensando en veinte o treinta años y no en un cambio inmediato en la Ley de Educación en cuanto que las elecciones conlleven un cambio de Gobierno, como es habitual.


Precisamente quería hablar de qué tipo de cambio legislativo sería conveniente comenzar a debatir, con ese horizonte a medio plazo, sobre una Ley de Educación que sustituyera a la Logse. Sobre esto me gustaría subrayar que hay un consenso
entre los expertos e investigadores en educación -quizá no tanto entre los que promovieron la Logse, pero sí entre el resto- en que esta ley en particular tiene bastante que ver con algunos rasgos inquietantes de la situación de la educación en
España. Por ejemplo, es cierto, como usted ha dicho -y también hay consenso-, que en niveles de gasto, en ratios alumnos-profesores y en otros indicadores estamos a niveles muy parecidos a los de la media de la OCDE e incluso mejores en algunos
casos. Sin embargo, España no solamente tiene algunos resultados peores que la media; es que además es el único país importante de la Unión Europea que ha empeorado sus resultados en relación con los objetivos que se marcaron en la Agenda de
Lisboa, y esto es algo que debería hacernos reflexionar. No es que haya habido estancamiento, ha habido empeoramiento. Sobre esta cuestión, el porqué de este empeoramiento, hay bastante consenso en que hay ciertas características peculiares de la
Logse que tienen bastante que ver. De manera que sería bastante sensato ir pensando en una ley de educación que sustituyera a la actual, pero por supuesto tras un debate previo sobre qué tipo de cambio legislativo habría que hacer.


Eso me lleva a hablar de cuestiones que precisamente usted no ha abordado en su intervención. Una es el problema del modelo educativo en el cual se funda el sistema educativo español y otra son los tipos de problemas constitucionales que
llevan a hacer tan difíciles precisamente en España los cambios legislativos en educación o, mejor, a que los cambios legislativos en educación sean eficaces, es decir, sirvan para algo, más allá de para proponer reuniones, consejos, comités,
siguiendo la vieja máxima napoleónica de que, cuando tengas un problema y no lo quieras enfrentar, nombra una comisión.


Creo que merece la pena, en la Comisión de Educación, hablar de cosas que quizás no se suelen abordar, una vez que estamos de acuerdo en que el gasto en sí es suficiente y que lo que hay es que hacerlo más eficaz y más eficiente y en que
también hay que mejorar la cultura de la rendición de cuentas y de la evaluación, aunque sobre esto yo querría hacer una advertencia. Cuidado con el entusiasmo tecnocrático, las encuestas, las evaluaciones. Los que somos profesores, como es mi
caso, nos hemos visto muchísimas veces obligados profesionalmente a participar en encuestas de evaluación de licenciaturas, de programas de doctorado, de enseñanza media, de secundaria, de la selectividad, etcétera, y un problema habitual que
rarísimamente se afronta es que los criterios de evaluación muchas veces son sencillamente -por decir algo amable- exóticos. Es decir, no se está evaluando la eficacia de la enseñanza como tal, del aprendizaje, sino determinadas calidades
ideológicas o supuestos valores consustanciales al modelo, con lo cual evidentemente lo que se produce es una tautología: el modelo produce lo que tenía que producir, que es el modelo mismo. Educativamente no sirve para gran cosa. Se lo digo
porque desde luego le vamos a apoyar en todo lo que sean sistemas de rendición de cuentas, de evaluación externa, etcétera, siempre y cuando se hagan en base a objetivos racionales y a objetivos que sean cuantificables cuando lo tienen que ser y
cualitativos cuando deban serlo.


Hablábamos del modelo educativo. El modelo educativo que tenemos se ha demostrado que es un modelo fallido, y no solamente en España, es evidente que esto ha ocurrido en otros países. La gran diferencia es que en otros países -desde luego
todo su discurso ha tenido un aroma muy finlandés, sonaba mucho a Sibelius, todo esto del cambio de modelo de profesorado, autonomía de los centros, etcétera-, Finlandia, Suecia y otros países nórdicos, Alemania, etcétera, vieron que este sistema,
que es muy parecido al que tenemos en España, no daba los resultados apetecidos y lo que hicieron fue modificarlo. La peculiaridad española es que aquí todo el mundo está de acuerdo en que el modelo no ha dado los resultados apetecidos y lo que se
hace es mantenerlo. Evidentemente, lo que tenemos que hacer es un diagnóstico adecuado de cuáles son los problemas del modelo y luego cambiarlo o tender a cambiarlo. Por supuesto, para eso es muy provechosa la experiencia de otros países porque, a
pesar de las circunstancias de tradición de cada país y de rasgos culturales específicos, es evidente que la educación como tal se dirige a un sistema que es el ser humano, con unos valores y unas características universales que no cambian de país a
país, ni de comunidad autónoma a comunidad autónoma, como muchos aquí quieren convencernos. La educación desde luego adolece de tres cosas que habría que afrontar desde el punto de vista de ir pensando, como decía, en ese cambio legislativo. En
primer lugar, tiene una excesiva

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impregnación de tres convicciones bastante más ideológicas que científicas: una, el famoso y fracasado construccionismo epistemológico, que es considerar que los conocimientos no son tanto aprendizaje sobre hechos objetivos del mundo
físico, del mundo de los valores, sino construcciones subjetivas que cada uno se hace, y eso ha dado lugar, como todo el mundo sabe, al famoso modelo conocido por aprender a aprender, que es la dilación eterna del aprendizaje, porque se aprende a
aprender, a aprender, a aprender... Esto desde luego habría que descartarlo y sacarlo de nuestro sistema educativo. En segundo lugar, el relativismo axiológico: considerar que los valores son de grupo, dependen de cada comunidad, son de cada cual
en última instancia, que es también algo que no tiene ninguna sustancia desde el punto de vista del aprendizaje. Esto en sí es una discusión, como todo el mundo sabe, reciente en el mundo de las creencias, de la política, de la filosofía y de
muchos otros campos de las ciencias sociales, pero también ha llegado al descrédito justamente porque lleva a consecuencias indeseables para todo el mundo, incluso para los que lo propusieron con su mayor buena fe. Es decir, que eso no es cierto,
tenemos que tener unos objetivos también en enseñanza de valores que se correspondan con los de la democracia. Finalmente, el determinismo socioeconómico. Creo que en España ha habido un énfasis excesivo en esto y ahora que tenemos la experiencia
acumulada de los indicadores por comunidad autónoma y por grupo social podemos llegar a la conclusión de que el ambiente socioeconómico -sin duda algo a tener en cuenta- no es ni mucho menos algo determinante. Esto además ha llevado también a
efectos indeseables como a atribuir, por ejemplo, a una mayor presencia de inmigrantes en la escuela pública los malos resultados. Cuando uno compara los datos de las comunidades autónomas se lleva sorpresas como que una comunidad con un alto nivel
de inmigrantes en su sistema de enseñanza pública, como es La Rioja, obtiene los mejores resultados comparando comunidades autónomas y otras que tienen muchos menos están por debajo. Comunidades con un alto nivel de ingresos, como por ejemplo las
Baleares, obtienen resultados educativos muy flojos, muy bajos, y otras comunidades con ingresos bastante más bajos, como puede ser Galicia, los obtienen mejores. Es decir, el determinismo socioeconómico sencillamente ha probado que tampoco nos
sirve para evaluar el sistema educativo. Lo malo es que ha servido durante todos estos años para convertir la educación más en un modo de promoción social, es decir, buscar la igualdad en el sentido de que el sistema educativo sirva para conseguir
la promoción social de los individuos que pasan por él, y también de sus participantes, de los docentes, etcétera, que para tener objetivos científicos de extensión del aprendizaje y de universalización de los valores, de la educación, etcétera.


Estas son cosas que pueden parecer muy abstractas y muy etéreas, pero no lo son; son muy concretas y deberían abordarse, porque cuando uno compara los sistemas educativos de países con éxito con el nuestro, resulta que estas discusiones las
han tenido, han buscado la manera de solucionarlas y, aunque siempre serán cuestiones abiertas, se ha decidido abandonar, por ejemplo, el modelo constructivista por el realismo epistemológico. En fin, nos guste o no, hay hechos físicos que no
dependen de nuestra voluntad y hay hechos históricos que no dependen de nuestra memoria personal, y estas son cuestiones importantes que hay que tener en cuenta; por ejemplo, el énfasis que se ha puesto en esos países con éxito en aumentar la
docencia de lengua y de literatura asociada con la lengua, o sea, la lectoescritura, y de matemáticas, cosa que desde luego en España es urgente replantear.


No me quiero extender mucho, pero al menos quería comentar algo sobre los problemas constitucionales que añadía. Tenemos un problema, la educación es una competencia transferida prácticamente al cien por cien, con la consecuencia de que
tenemos diecisiete sistemas educativos y siete leyes educativas en España. Esto está en la raíz de un problema que usted ha subrayado con acierto: la falta de movilidad de docentes y de alumnos, que tiene mucho que ver con el bloqueo, con el
reparto del territorio educativo en diecisiete taifas diferentes. Nosotros creemos que esto es un obstáculo para la mejora del sistema educativo, lo cree mucha gente en España, y les invitamos a que haya una reflexión para que la educación vuelva a
ser un sistema competencia del Estado, aunque la gestión de los centros y la gestión de la educación como sistema material pueda estar descentralizada, incluso más de lo que está ahora. Comparto la idea de que hay que fomentar la autonomía de los
centros, pero la autonomía de los centros educativos y de las partes del sistema que la componen en la docencia, no de las administraciones, que han hecho de la educación otro de sus objetivos de aumento de cuota de poder. En este sentido, también
me ha llamado la atención desfavorablemente que no haya hecho la menor alusión, tras una interesante reflexión sobre el bilingüismo castellano-inglés y la posibilidad de introducir una segunda lengua, al problema de la libertad de elección en las
comunidades bilingües para la lengua vehicular en educación. Esto a nosotros nos parece irrenunciable y ya le adelanto que nuestro grupo va a hacer de esto cuestión. No se puede tolerar que con las sentencias judiciales que hay a los máximos
niveles sigamos todavía recibiendo quejas de padres en las comunidades autónomas bilingües porque sigue siendo una quimera la elección de lengua vehicular en el sistema educativo. Esto es algo que no se debe rehuir, aunque quizás se rehúya porque
nos lleva al problema original: la falta de competencia constitucional del Gobierno a la hora de vigilar y controlar el cumplimiento de resoluciones judiciales en los diferentes sistemas educativos.


Hay un par de cosas más que le quería decir. No le he oído decir nada sobre el problema de la primaria en España. Todos los docentes están de acuerdo -todos los docentes que se preocupan por la educación y no solo

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por sus derechos sindicales, cosa muy honrosa pero que no es lo mismo- en que el problema en España está en la primaria, que de la primaria se ha exportado a la secundaria y de la secundaria se ha exportado ahora a la universidad. En ese
sentido, estamos en un momento crítico; desde luego, es un buen momento para cortar cosas tan estrafalarias como que a los docentes universitarios se les exija que definan las competencias básicas que esperan de sus alumnos universitarios e
incluyen competencias de básica como, por ejemplo, tener hábitos sociales en el aula. Si estamos en un país donde se pide a los profesores universitarios que se preocupen de que la gente se comporte en el aula, es que realmente tenemos un problema
muy grave, y quizás no de los universitarios, sino de quienes tutelan el sistema educativo universitario.


Respecto a las universidades creo que también sería importante iniciar un debate sobre la fusión de universidades precisamente para mejorar los rendimientos, disminuir costos de gasto corriente y optimizar los recursos que hay sin
incrementar el gasto. Volvemos a encontrarnos con otro problema constitucional: la competencia autonómica en esta materia. Países como Italia ya han lanzado el debate y el caso de España en ese sentido es extremado, tenemos muchas universidades y
muchas de un nivel muy precario. Esto es lo que básicamente le quería decir. Hablemos más de la primaria. Estoy de acuerdo también en la enorme importancia de la formación profesional, que es una línea educativa que hay que potenciar en España no
solo por razones económicas, sino también por razones sociales. España todavía sigue arrastrando la vieja idea de los hidalgos hambrientos y del desprecio al trabajo manual. Hay que acabar con eso y desde luego una manera es potenciar la formación
profesional. Y le quería decir también que probablemente sería mejor que hubiera una elección de itinerario a partir de los 14 años, cuestión que también sometemos a su consideración y que a lo largo de esta legislatura podremos ir viendo. Por
otra parte, en el terreno de las cosas concretas creo que el compromiso de cambiar el sistema de acceso al profesorado por un modelo parecido al MIR, que me parece un enfoque adecuado -nosotros lo tenemos en nuestro programa desde el año 2007-,
debería conllevar la derogación del master obligatorio de formación de profesorado que se aprobó. Ese máster tiene un rechazo generalizado en la comunidad docente por razones bastante evidentes, tanto de tipo económico, del nuevo desembolso que
significa para poder acceder a la docencia en enseñanzas obligatorias, como por el hecho de que no hay ninguna garantía de que no vaya a repetir nuevamente los disparates de tipo ideológico que se han implantado en el pensamiento único pedagógico en
España. Es decir, en nuestra opinión ese máster sobra y hay que tomarse con seriedad un sistema verdaderamente científico de facilitación a los mejores de acceso a la docencia.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría, por favor.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: He terminado.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Barberà.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Señor presidente, le anuncio que compartiré mi tiempo con la diputada Mercè Pigem, que intervendrá en materia de universidades.


Señor ministro, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) quiere felicitarle por su nombramiento, por esta nueva etapa política al frente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Le deseamos que tenga los máximos aciertos.
En esta Comisión intentaremos, al menos por nuestra parte, colaborar con usted y con su equipo para que las decisiones que se lleven adelante sean debatidas y acordadas con el máximo consenso de los grupos parlamentarios y sirvan para dar respuesta
a las necesidades que tenemos planteadas desde la pluralidad de nuestra sociedad en los ámbitos de la educación y el deporte. Quiero transmitirle el sentir de mi grupo, la opinión favorable sobre su actitud de convocar antes de esta comparecencia a
los responsables de los diferentes gobiernos que, al fin y al cabo, son los responsables de la educación en su territorio. Sabemos de la validez de las opiniones que recibió de los diferentes responsables de educación y de sus inquietudes. Le
agradecemos su actitud receptiva. Esperamos poder valorar su propuesta más detalladamente y analizar si incorporará algunas de las reflexiones que se le propusieron. Seguro que pudo comprobar la voluntad decidida de mejorar la calidad de la
enseñanza.


Compartimos que la educación es el fundamento esencial para la libertad, para la igualdad de oportunidades, la cohesión social y la convivencia democrática. Nuestro futuro depende también y muy fundamentalmente de nuestro sistema educativo.
No podemos permitirnos el lujo de replantear el modelo de educación al compás de cada cambio de Gobierno. Estas palabras del presidente del Gobierno nos vienen a la cabeza después de escucharle, pero si utiliza el diálogo con los diferentes grupos
parlamentarios, con los profesionales, con las familias y con los centros, esperamos poder llegar al máximo consenso para que de una vez por todas se hagan realidad las expectativas de todo el sector de encontrar soluciones reales y duraderas, de
llegar a un pacto de Estado en educación, que en Convergència i Unió hemos defendido siempre como necesario para apostar por la calidad del sistema educativo. Todos queremos reducir sustancialmente el abandono escolar y mejorar la formación de
nuestros jóvenes para luchar contra el fracaso escolar. Estaremos activos y atentos al seguimiento de su evolución en el marco estratégico Europa 2020.

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En relación con su exposición, en las cosas en que podemos estar de acuerdo trabajemos para concretarlas y en aquellas en que no estamos de acuerdo todavía trabajaremos más para poder exponerlas claramente y conocer los motivos de la
discrepancia, siempre sabiendo que nuestros proyectos y objetivos son diferentes en aspectos sustanciales. Nuestro modelo educativo, de interés público y de calidad, respeta la autonomía de los centros y está basado en la cultura del esfuerzo, el
respeto y la calidad docente; quiere recuperar la autoridad del profesorado y ofrecer una formación de alto nivel y de excelencia, donde han de tener un papel importante la investigación y las tecnologías de la información, siempre teniendo como
marco la Constitución y el Estatuto de Cataluña, donde se refleja como derecho fundamental el acceso a la educación y a la libertad de elección de centro, con una educación pública de calidad y una oferta formativa de iniciativa social.


Continuaremos trabajando para mejorar la distribución territorial de los recursos de los programas de cooperación, porque creemos que es necesario rediseñarlos y adaptarlos a la situación actual desde todos los ámbitos. Otro aspecto a
mejorar es la conciliación de la vida laboral y familiar de las familias con hijos en edad escolar, al igual que la flexibilidad de los horarios laborales para poder atender las necesidades familiares en estas etapas.


La formación del profesorado es otro aspecto importante en el que podemos coincidir. El estudio de los requisitos de su formación inicial, la revisión del modelo de acceso, los requisitos de la formación permanente para mantener una alta
acreditación profesional nos han de permitir prestigiar aún más la profesión de docente. Tenemos necesidad de atraer a los mejores profesionales, con gran capacidad pedagógica, como usted ha manifestado. Los equipos directivos han de asumir una
visión transformadora y acoger su tarea con gran capacidad de liderazgo. Los docentes, las familias y los alumnos, todos ellos interaccionan en los centros, estos mismos centros que preparaban los itinerarios orientadores que durante la pasada
legislatura aprobamos y que tenían que implementar durante los cursos 2012 y 2013 en el cuarto curso de la educación secundaria obligatoria y que usted ha anunciado que aplazaba.


Parece que la mejora de la preparación de los alumnos que quieren cursar el bachillerato y una formación profesional que ayude a la mejora de la ocupabilidad son objetivos comunes, pero la puesta en escena que ustedes proponen supone
modificar la arquitectura del sistema educativo establecido. Recordemos las intenciones iniciales de no ir cambiando las leyes de educación con los cambios de Gobierno. No nos podemos permitir una nueva batería de reformas educativas que hagan
desestabilizar el sistema y provoquen la desorientación en la comunidad educativa. Hoy no ha concretado los aspectos ni las medidas que será necesario aplicar, pero no dude de que cuando lo haga las estudiaremos y estaremos al tanto de las
variaciones que en los recursos físicos, en las plantillas y en la economía tengan repercusión, siempre desde la gratuidad de la enseñanza obligatoria. Partimos de creer que los beneficios que se anuncian pueden ser menos que los inconvenientes que
aparezcan. Modificar la arquitectura del sistema educativo para un curso creemos que tendrá o puede tener consecuencias colaterales. Con el cambio de la ley para este aspecto podemos afectar la gratuidad, la continuación de los estudios, la
tipología de los centros y la obligatoriedad que establece la ley. Su aplicación tendrá repercusiones en el profesorado, en la estructura de los centros y sus etapas. Será necesario disponer de recursos económicos. La obligatoriedad de cursar el
primero de bachillerato o el primer curso de la formación profesional tiene una complejidad alta y estamos convencidos de que será difícil ejecutarla porque es de difícil encaje. Coincidimos en la necesidad de revisar la formación profesional para
combatir el abandono escolar y con ese objetivo se proponen estas reformas. No quiero dejar de remarcar la necesidad de la formación a lo largo de la vida. En este campo tenemos que avanzar mucho, pero el aspecto básico es introducir y revisar las
conexiones entre los estudios de profesionalización y las necesidades y exigencias de nuestro mercado laboral, establecer vínculos constantes y permanentes que coordinen, como ha remarcado, la dualidad del currículum y de la empresa, adaptando o
creando si es necesario modalidades de contrato, siempre con el fin de favorecer su acceso al mercado laboral. También -mi grupo siempre lo ha defendido- será necesario que las empresas reciban bonificaciones y estímulos fiscales durante el periodo
de formación y ventajas si al finalizar ese periodo siguen contratando ya desde el mercado laboral a ese estudiante que se ha formado en su empresa. En definitiva, se persigue la mayor formación de nuestros jóvenes y su rápida incorporación al
mundo laboral, además de su movilidad y la equiparación con el marco europeo que no pueden quedar a un lado. Tenemos que mejorar también en ese aspecto.


Pasar de coincidir la obligatoriedad de cursar enseñanzas hasta los 16 años coincidiendo con el ciclo de secundaria obligatoria a terminar la etapa a los 15 años y decidir qué camino escoger nos presenta muchas dudas, que necesitarán de
información más detallada para poder opinar definitivamente sobre ello. Estamos aquí con la responsabilidad de obtener para nuestros jóvenes una mejora en la educación que van a recibir. Tenemos la necesidad de dejarles un futuro mejor con una
estructura educativa y unos recursos suficientes para conseguirlo.


El señor PRESIDENTE: Señoría, lleva consumidos ocho minutos. Se lo digo porque su compañera se va a quedar sin tiempo.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Tenemos que hablar de éxito escolar y de formación, que prepare y permita a la juventud su acceso al mercado laboral.

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Tenemos que exigir a ellos y ellas su esfuerzo y su dedicación para conseguirlo. En el mundo de la educación -y termino este apartado-, la coherencia es fundamental. Por tanto, señor ministro, seamos coherentes con nuestras propuestas y
evitemos un nuevo e innecesario estrés a la comunidad educativa al abrir debates sobre la estructura. Trabajemos para concretar en qué tanto por ciento, que no se ha especificado, se va a reducir el fracaso escolar para tener un objetivo claro.
Concretemos medidas para evitar el abandono escolar y aumentar la ocupabilidad de nuestros jóvenes. Es necesario -esa es su responsabilidad- modificar la tendencia actual sustancialmente si quiere llegar a los objetivos que plantea el proyecto
Europa de 2020.


Pasando al terreno del deporte, sin duda alguna debemos celebrar el destacable progreso que hemos experimentado a lo largo de las últimas décadas, como usted ha dicho. Nuestros deportistas han alcanzado éxitos más que notables y ello sin
duda alguna demuestra que las cosas se han hecho razonablemente bien. El deporte español y nuestros deportistas están compitiendo al más alto nivel y logrando éxitos de ámbito internacional que los sitúan en los puestos más destacables. Ahora
bien, sin que ello desmerezca estos éxitos, aún tenemos retos importantes que abordar. Convergència i Unió siempre ha defendido la necesidad de apoyar y fomentar el deporte base. Sin una apuesta decidida por este plano del deporte seguro que no
celebraríamos los éxitos que ahora tenemos. El deporte profesional y el deporte base son dos realidades que se retroalimentan. Por ello es fundamental que se lleven a cabo políticas deportivas que no descuiden su fomento. Por tanto, el deporte
base, cuya competencia está en manos de las comunidades autónomas, tiene que protegerse y fomentarse. Por ello, Convergència i Unió apoyará todas aquellas líneas de actuación del ministerio que tengan como objetivo sumar esfuerzos con las
comunidades autónomas para lograr mejoras en nuestro deporte base dentro del estricto...


El señor PRESIDENTE: Diez minutos, señoría.


El señor BARBERÀ I MONSERRAT: Pues, paso la palabra a la señora Pigem.


El señor PRESIDENTE: Se lo agradezco. (Risas.)


La señora PIGEM I PALMÉS: Señor ministro, quiero decirle que en materia universitaria compartimos también en Convergència i Unió la necesidad y el reto de mejorar nuestro sistema educativo. Para conseguirlo, creemos que un objetivo básico
en política universitaria -y coincidimos con lo que usted ha expuesto- es desarrollar un modelo que opte por la calidad, por la captación y la retención de talento y por la internacionalización de las instituciones universitarias, de su oferta
académica y de la I+D+i que producen sus grupos, departamentos e institutos. En esta materia, señor ministro, en Convergència i Unió va a tener diálogo -el diálogo que usted ha ofrecido-, colaboración, crítica constructiva cuando lo creamos
necesario y siempre estaremos dispuestos a llegar a las mejores soluciones para mejorar este sistema. Eso sí, viniendo de una fuerza nacionalista como Convergència i Unió, para nosotros una línea roja es tener siempre un escrupuloso respeto por las
competencias autonómicas, por el Estado compuesto que nos hemos otorgado.


Seguro que habrá una comparecencia en materia específica de universidades y, por tanto, en ella podremos debatir con mayor profundidad todos estos temas. Ahora tengo muy poco tiempo y, si me permite, voy a dejar encima de la mesa algunas
preocupaciones y consideraciones que creemos importantes en este momento. La primera es un tema de vital importancia, señor ministro. Es de vital importancia para las universidades superar el bloqueo que supone la redacción literal de lo dispuesto
en el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, en cuanto a la imposibilidad absoluta que se deriva para las universidades de contratación de personal. Imagino que ya le han trasladado a usted esta preocupación porque esta disposición, que
-como digo- bloquea a las universidades, impide precisamente algo que usted ha puesto sobre la mesa como necesario: atraer el talento. Estamos de acuerdo en que no crezca el capítulo de personal, es decir, que no aumenten los gastos en este
capítulo. Pero la redacción del real decreto-ley supone que no puede haber reposición ni siquiera cuando hay jubilaciones, que no puede haber contrataciones ni siquiera con aportaciones dinerarias privadas -si cualquier institución aporta un
dinero, con este dinero no se puede contratar porque la literalidad del real decreto lo impide- y que no pueden presentarse ni a un solo proyecto extranjero porque, en el caso de que se otorguen los fondos, se ha contratar y este decreto lo impide.
Señor ministro, pongo encima de la mesa que incluso el NIF no cambia, solo cambian los titulares, puesto que hay contratos que son de pocos meses. No hay un aumento de costos en el personal, solamente la flexibilidad de contratación que la
universidad necesita para atraer talento. Le planteo si tiene prevista una moratoria de la entrada en vigor de lo dispuesto en el real decreto-ley para las universidades hasta la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado del año 2012 y
si piensan corregirlo allí. Es la literalidad y no el espíritu de lo dispuesto en el real decreto-ley.


Usted ha hablado del espacio europeo de Educación Superior y ha hablado de dificultades en la adaptación. Estamos de acuerdo. Le planteamos si no cree que la rigidez en la duración de los grados y los másteres que se impuso en España de
cuatro más uno no contribuye de alguna manera a esta dificultad y le preguntamos si cree que va a ser sostenible en el tiempo seguir siendo diferentes de Europa.


El señor PRESIDENTE: Vaya acabando, señoría, por favor.

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La señora PIGEM I PALMÉS: Sí. Estamos aquí también en un amplio ferroviario distinto del europeo, si me permite un símil con las estructuras ferroviarias. Bolonia se hizo para la movilidad; usted lo ha puesto sobre la mesa. Este sistema
la obstaculiza. Si enlazamos con la propuesta que usted ha hecho del bachillerato y analizamos la dificultad que puede haber en la estructura del sistema que tenemos hasta ahora, ¿no cree que sería más lógico, si se ve la necesidad de los tres años
de bachillerato, sumarlo a que los grados puedan ser también de tres años? No digo siempre, sino como ocurre en Europa, sin rigidez, con flexibilidad.


Usted ha hablado también de la necesidad de fomentar la inversión privada y lo ha enlazado con el mecenazgo; completamente de acuerdo. Yo le planteo al respecto una cuestión -y con esto finalizaré, señor presidente-, y es que quiero poner
encima de la mesa que ahora el sistema público es difícilmente sostenible con la financiación que tenemos. En este sistema de financiación el alumno, sea cual sea su nivel de renta familiar, aporta únicamente el 15 por ciento del coste. ¿Van a
profundizar ustedes en una política más equitativa que combine precios sostenibles con una política de becas más intensa, que es el anverso y el reverso de la moneda? Y si es así, ¿de qué manera? Le pregunto también si van a facilitar que las
comunidades autónomas, que son las que financian el sistema público, sean las que puedan fijar las tasas, es decir, si van a ser ustedes flexibles en la horquilla que se prevé por el ministerio para poder abordar el tema de las tasas.


Finalizo aquí, señor presidente, aunque me hubiera gustado extenderme un poco más. Soy consciente de la limitación de tiempo y estoy segura de que en otras comparecencias podremos hacerlo.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pigem.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Bedera.


El señor BEDERA BRAVO: En nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, le doy la bienvenida y le felicito por su nombramiento. Viene usted precedido de una trayectoria de hombre dialogante, de hombre abierto y de hombre
conciliador que esperamos que confirme, como ha dicho al principio, viniendo mucho a esta Comisión, y esperamos que haga gala de ese talante.


Ha expuesto aquí usted todas las líneas de lo que van a ser estos cuatro años, pero antes de entrar en temas concretos y a pesar de esta premura de tiempo -no sé si habrá un segundo turno-, déjeme que le anticipe y le concrete en nombre de
mi grupo cómo va a ser nuestra tarea de oposición. Nosotros vamos a hacer una tarea de oposición útil, y esta utilidad se va a concretar en tres tipos de respuestas a sus iniciativas. No tenga usted ninguna duda de que va a tener por parte de este
grupo todo el apoyo para todo aquello que mejore el sistema educativo. De la misma forma que no creemos en el adanismo, somos conscientes de que hay mucha tarea por hacer en educación; es decir, si me permite la expresión, ustedes no van a
inventar la pólvora, pero nosotros somos conscientes de que no hemos dejado cerrado el sistema. Va a contar por lo tanto con nuestro apoyo, no va a tener en nosotros una negativa a todo, una oposición a todo; por dos razones, porque estamos
jugando con un material muy sensible, como es la educación -usted mismo lo ha dicho al principio de su exposición y estamos de acuerdo con usted-, porque en estos momentos de salida de la crisis la educación no solamente es la mejor política social,
sino también la mejor política económica y porque la Unión Europea nos dice que en el año 2020 el 85 por ciento de los puestos de trabajo tendrán que ser puestos cualificados y, por lo tanto, tenemos que incidir en esto. Tampoco le vamos a hacer
esa oposición a todo porque ustedes nos la han hecho durante dos legislaturas y hemos comprobado lo perverso que es en general para el país y en particular para el sistema educativo.


En segundo lugar, va a encontrar nuestra crítica cuando sus políticas, sus propuestas, no coincidan con las nuestras, cuando discrepemos, pero va a ser una crítica fundamentada, va a ser una crítica motivada. Vamos a estar en condiciones de
discutir, y ya le anticipo que estamos de acuerdo con la postura que usted ha planteado aquí, con la iniciativa respecto del profesorado. Le deseamos suerte en lo del Estatuto, que es acceso, es carrera y es también la tercera pata, jubilación.
Repito, le deseamos mucha suerte y sepa que nos tendrá ahí. Como usted sabe, nosotros hemos puesto encima de la mesa un real decreto que no llegamos a sacar porque las comunidades autónomas, considerándolo positivo, no creyeron que era el momento.
Ahí va a tener nuestra ayuda. También vamos a estar de acuerdo en la evaluación, por supuesto, pero no tanto en hacer ránquines, de esto podríamos discutir más. Estamos de acuerdo en el bilingüismo. Aproveche que es usted también ministro de
Cultura para cambiar algunas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con los programas de televisión, porque algunos países están como están porque desde pequeños los chicos siguen películas y programas en versión original. Todo esto lo apoyamos,
pero quiero decirle que va a encontrar en todo caso nuestra crítica fundada, aunque creemos y esperamos poder llegar a acuerdos.


En tercer lugar, le quiero decir -no le quiero engañar- que va a encontrar nuestro más firme rechazo si de sus actuaciones se deriva un ataque a los principios claves de nuestra política educativa. Si ustedes traspasan las líneas rojas que
invaden y menoscaban el principio de igualdad de oportunidades, ya le anunciamos que seremos beligerantes y que confrontaremos con ustedes hasta donde sea preciso. Nuestro grupo está dispuesto a ser todo lo elástico que sea preciso. Entendemos que
estamos en una situación de crisis económica, pero también entenderá usted que no podamos pasar por alto ningún ataque al principio de igualdad. Por ejemplo, en materia de becas o en la arquitectura de la escuela

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pública. Le recuerdo que en este país, desde el año 2005, la beca es un derecho. Ya desapareció aquel régimen de concurrencia competitiva. Entendemos, como digo, que son momentos difíciles, que se atraviesa por un problema complicado, que
hay que ser austeros, pero creemos que las becas no deben sufrir ningún recorte. Por cierto, no ha hecho ninguna referencia a las becas. Le hago una primera pregunta frontal: ¿piensa su ministerio recortar en materia de becas y ayudas? Segunda
pregunta: ¿qué créditos se van a ver afectados por el acuerdo de no disponibilidad anunciado de cerca de 500 millones? Díganos concretamente a qué créditos. Si no lo tiene aquí, no pasa nada, nos responde cuando crea oportuno como ocurre en estas
comparecencias. Por lo tanto, colaboración, crítica fundamentada y confrontación, si llega el caso, si atraviesan esas líneas rojas, porque nuestro grupo está preocupado por lo que está ocurriendo en algunas comunidades autónomas. ¿Cuál es el alma
del ministerio? ¿Qué alma es? ¿De qué comunidad autónoma es? ¿La de Madrid, la de Castilla y León, la de Valencia? ¿Es la misma alma o hay algo de trinidad en el medio?


Déjeme que entre rápidamente en cuestiones más concretas. Ha hecho un recorrido histórico que, si me permite, se lo voy a completar. Hay que saber de dónde venimos para saber lo que hemos avanzado. No estamos tan mal cuando el esfuerzo
que ha hecho este país en los últimos treinta años procede de que muchos millones hayan pasado por la educación y estén ocupando ahora cargos de responsabilidad y se hayan incorporado a la Administración, a las empresas y hayan hecho que este país
dé un salto importante. Le doy alguna referencia. Estamos hablando mucho de Finlandia. Le recuerdo, Finlandia, en el año 1900, en el cambio del siglo xix al xx, tenía un 5 por ciento de analfabetos. En el año 1978, el año de la Constitución,
este país tenía un 25 por ciento de la población que o era analfabeta o no tenía ni estudios primarios. Y del otro 75 por ciento, un 57 por ciento solo tenía estudios primarios. De ahí venimos, señor ministro. Por lo tanto, si usted quiere ver un
reflejo de la España actual y de cómo están sus territorios, tiene que fijarse en esa foto que llevamos arrastrando. Hemos adelantado mucho. No lo digo yo, lo están diciendo las últimas encuestas. El último estudio de la OCDE, cuando cumple su
50º aniversario, nos dice que España junto con Corea son los dos países que más han progresado en estos 50 años. Le digo más. Cuidado con la utilización de las leyes o de los datos porque sacamos el dato medio de donde estamos, efectivamente, pero
también le puedo decir que hay comunidades como la asturiana, la vasca o la cántabra que tienen resultados por encima de los mejores resultados. Están a la altura de Finlandia, incluso mejor. En esas comunidades autónomas ha regido la misma Logse
y la misma LOE. Este país es diverso y plural. Es más, si comparamos la Comunidad Valenciana, que es una de las peores, y la balear, que es la que peor tasa de éxito escolar tiene, hay más distancia entre estas dos y el País Vasco, Asturias o
Cantabria que entre España y Finlandia. Tengamos cuidado cuando hacemos una consideración general.


Voy a hablar muy rápido, porque no tengo prácticamente tiempo, si quiero dejar algo a mis compañeros. Bachillerato de tres años. Estamos dispuestos a hablar de lo que ustedes plantean, pero es que hacen una cosa y la contraria. Dicen que
no quieren cambiar la LOE o que no quieren hacer una reforma legal.


El señor PRESIDENTE: Lleva consumidos ocho minutos señor Bedera.


El señor BEDERA BRAVO: Evidentemente, esto va a obligar a una reforma legal importante. Y si usted ha dicho que la educación obligatoria va a mantenerla en los 16 años, no tiene ningún sentido iniciar a los 15 años un bachillerato de tres
años, en el que solo primero es obligatorio. En la práctica, señor ministro, lo que estamos haciendo es reducir en un año la formación básica de toda la población. Estamos jibarizando la educación obligatoria y, por lo tanto, estamos en riesgo de
tocar lo que decíamos de la igualdad de oportunidad. Usted sabe que hay inquietud en el sistema educativo. Hay inquietud en los sindicatos, en las asociaciones de padres, en las patronales, etcétera. Detrás de todo esto se podría esconder que se
puede empezar por concertar primero de bachillerato y tener como horizonte concertar todo el bachillerato. Nosotros no estamos de acuerdo y ya le digo que nos opondremos. La tercera pregunta que le hago directa: ¿puede garantizar aquí y ahora que
no va a concertar el bachillerato?


Me salto lo relativo a la formación profesional. Creo que estamos de acuerdo en la formación dual, señor ministro, nosotros la llevábamos también en nuestro programa. Pero, ¡ojo!, el sistema alemán no es la panacea. En el sistema alemán,
de entrada, la formación no se aplica en todos los sectores, se lleva, fundamentalmente, a la parte industrial y de comercio. ¿Dónde están los servicios sociales sanitarios y la educación? El modelo, la estructura, el tejido industrial alemán no
es como el nuestro. Nosotros tenemos más de un 80 por ciento de empresas que no tienen más allá de dos trabajadores. Sabe usted que en el modelo alemán las plazas las ofertan las empresas, no el sistema educativo y, además, el coste lo sufragan
las propias empresas. ¿Usted ve sufragando a las empresas españolas el coste de la formación?


El señor PRESIDENTE: Diez minutos, señor Bedera.


El señor BEDERA BRAVO: Muchas gracias por la información. Dejo los programas de cooperación PROA. Le quiero preguntar directamente, señor ministro, ¿va a continuar con los PROA?


Termino muy rápidamente con educación para la ciudadanía. Señor ministro, que a estas alturas de nuestra democracia sigamos con este debate, nos parece cosa de locos. En el resto de Europa no entienden que estemos

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todavía aquí. La Unión Europea, que está haciendo hincapié constantemente en la necesidad de potenciar la educación para la ciudadanía como uno de los pilares de las políticas en materia de educación, no entiende que estemos todavía en
esto. Y hablar de adoctrinamiento ideológico -creo que ha sido la frase- no resiste la menor crítica, salvo que usted piense -como hace un sector del Partido Popular- que las escuelas, los colegios, los centros están para transmitir conocimientos y
no valores. Por eso, le hago frontalmente la pregunta, ¿cree usted que en un centro se está también para educar en valores, aparte de la educación en valores que tiene que dar la familia?


Finalmente, concluyo. Señor ministro, a usted le toca lidiar -si me permite la expresión- con la oposición. Es verdad que una mayoría absoluta hace que su trato con la oposición se desplace de lo cuantitativo a lo cualitativo. Por eso, le
agradezco la mano tendida que ha ofrecido antes, pero, créame, que en donde a usted se le va a medir de verdad, donde va a encontrar los problemas reales, es con los suyos. Me explico. En lo económico, para intentar convencer a sus colegas de
Gobierno, Hacienda fundamentalmente, de que no recorten en educación. Ahí vamos a ver qué tanto tiene usted de perseverancia y de aguante. Y también en lo político, en lo ideológico, para aguantar las presiones de parte del propio partido que le
sustenta, que van a intentar llevarle a usted a posturas más maximalistas. Usted me citaba al principio a Argüelles; yo le cito a Romanones, que ya sabe usted lo que decía: todos al suelo que vienen los nuestros. Por nuestra parte no le quepa
duda de que va a tener toda nuestra lealtad institucional.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Costa. Creo que hay otra intervención del señor Pezzi, por lo que les pido por favor que sean breves, porque llevan consumidos doce minutos cuarenta segundos.


La señora COSTA PALACIOS: Señor ministro, cuenta de antemano con mi consideración y agradecimiento por su pronta comparecencia en esta Comisión de Educación y Deporte.


A mi me compete intervenir como portavoz de universidades del Grupo Socialista y aunque en esta primera vez no pueda hacerlo por extenso -porque tenemos el tiempo muy contado-, espero que tengamos ocasión a lo largo de la legislatura. Señor
ministro, los universitarios aunque estén todavía a la expectativa de por dónde va usted a orientar su política universitaria de verdad, fuera de estas grandes líneas que ha planteado aquí, empiezan ya a sentir un cierto desasosiego; lo sentían
antes y ahora también. Comienzan a sentir cierto temor y también, por qué negarlo, comienza a sentirlo el Grupo Socialista. Usted ha intentado venir casi como Lutero con la Reforma, pero me da la impresión de que se va de esta comparencia con la
Contrarreforma de Trento. Me da la impresión de que eso es así. No estamos en contra de las reformas; hay mucho que arreglar, mucho que ver, mucho que mejorar, por supuesto, y esa es una labor constante a lo largo de los tiempos. Ojalá que el
temor no esté fundado, pero solo con echar una ojeada al organigrama del ministerio que usted preside se encienden las alarmas. Se ha convertido en un macroministerio y las universidades están un poco postergadas en el organigrama. Espero que esta
no se una alarma fundada; por eso se lo digo. Hay una Secretaría General de Universidades, una Dirección General de Política Universitaria y la famosa Aneca. Digo famosa porque aquí hemos vivido una legislatura anterior donde una de las grandes
preocupaciones y el caballo de batalla del Grupo Popular fue precisamente la Aneca, Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, pero, sobre todo, de la última parte, la acreditación, por razones además en muchos casos personales.
También tendremos ocasión de hablar de este asunto.


Sinceramente, señor ministro, el Grupo Socialista va teniendo motivos para estar preocupado, tiene toda la apariencia de la postergación de las universidades, por lo que espera y desea que no se cumplan los malos augurios. Los avances y los
logros obtenidos durante las dos últimas legislaturas y a lo largo de estos últimos treinta años en materia universitaria -todo es mejorable, por supuesto, sin duda- hay que tenerlos en cuenta. No se puede, como decía mi compañero, partir del
adanismo. Y usted no lo ha hecho, porque además en algunos casos usted ha considerado que lo que nosotros hemos hecho en las dos últimas legislatura, con las dificultades del espacio europeo, la internacionalización y todas estas cuestiones, poco a
poco ha servido de base para que la universidad sea más moderna, más internacional y tenga mejor evaluación. No nos enamoremos de las evaluaciones, señor ministro, ni tampoco de los ránquines. Usted que es sociólogo debería desconfiar -tanto como
desconfío yo, que no lo soy- de todas estas evaluaciones y ránquines porque no es una ciencia exacta y usted lo sabe.


El señor PRESIDENTE: Vaya acabando, señoría.


La señora COSTA PALACIOS: Voy acabando, señor presidente.


Hemos hecho mucho, y hay que hacer mucho más. Sin embargo, esperamos que los pasos que dé su ministerio no sean de cangrejo, hacia atrás. Con esta concentración de quehaceres en su departamento, señor ministro, tendrá que cuidar
especialmente a las universidades. A la espera de conocer los presupuestos de su macroministerio, le rogamos que luche por que la partida asignada a las universidades no se resienta, que tenga el coraje político para defender el futuro de nuestras
universidades, con una financiación adecuada. Recortar en cualquiera de los niveles educativos es un suicidio de la sociedad, las tijeras solo deberían cortar lo superfluo. Señor ministro, puede contar con el Grupo Socialista también en materia de
universidades, pero le adelanto ya desde hoy que estaremos muy pendientes de sus

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pasos, o de sus zancadas, lo que usted prefiera. Además seremos beligerantes para que lo conseguido hasta ahora no se borre del acervo de toda la universidad y de lo universitario.


El señor PRESIDENTE: Por último, tiene la palabra el señor Pezzi.


El señor PEZZI CERETO: Como suele ser habitual, el deporte tiene que hacer un sprint final para que en 100 metros podamos ajustarnos al tiempo. (Risas.)


El señor PRESIDENTE: Difícilmente nos ajustaremos ya.


El señor PEZZI CERETO: En primer lugar, quiero felicitar al ministro de Educación, Cultura y Deporte. Como usted sabe, el deporte estaba en el anterior Gobierno dependiendo del presidente, por lo cual era bastante más complicado hacer
debates; al depender ahora de un ministro lo tengo más cerca y, por tanto, podemos buscar los puntos de encuentro.


El deporte en los últimos años ha sido una política de éxito en la que personas como Lissavetzky -presidente del Consejo Superior de Deportes- o Albert Soler -aquí presente- nos han llevado por un buen camino. Espero que don Miguel
Cardenal, al que usted ha nombrado para responsabilizarse del Consejo nos pueda llevar por el mismo sitio pero le voy a dar otro elemento que caracteriza al deporte como veterano senador y veterano diputado responsable de este tema. Las políticas
de deporte siempre han sido consensuadas en las Cortes Generales -aquí hay responsables suyos que han estado en el Senado y ahora están en el Congreso-, todas las leyes las hemos aprobado por consenso. Asimismo en la anterior legislatura la
subcomisión sobre el Deporte Profesional elaboró un documento que fue consensuado. Ministro, le pido que siga el mismo camino. El camino del consenso en el deporte es especialmente importante -también en otros ámbitos-; le pido que siga ese
camino. Tenemos la Eurocopa 2012, los Juegos Olímpicos de 2012, y tenemos ya los Juegos Olímpicos de 2020... Esto no tiene tiempo de espera. Usted como profesor sabe que tiene dos asignaturas cuatrimestrales que tienen que tener aprobadas antes
del verano. La primera es la política antidopaje, que no tiene tiempo de espera. Le recuerdo que la Agencia Mundial Antidopaje a finales de noviembre de 2011 dio la máxima calificación por el máximo cumplimiento del Código mundial antidopaje a
España, lo cual nos colocó en una situación privilegiada en parte porque se presentó un proyecto de ley de reforma de la anterior Ley Antidopaje que entró en la Cámara y que sencillamente terminó su recorrido con la disolución de la legislatura. No
invente; esto ya está hablado con la Agencia Mundial Antidopaje, está hablado con todos los deportistas, con todas las federaciones, con todos los colectivos. Que no venga alguien nuevo a hacerse currículum, el currículum está hecho; así que
pongámonos de acuerdo inmediatamente en las Cortes, en el Congreso y en el Senado, para sacarlo adelante.


El señor PRESIDENTE: Señoría, vaya acabando.


El señor PEZZI CERETO: Sí. Le recuerdo que el 15 de febrero Madrid tiene que presentar su primer informe técnico; que el 23 de mayo tiene ya el siguiente escalón y se acuerda la sede definitiva el 7 de septiembre de 2013. Si el tema
antidopaje no está consolidado, olvídese de que nos den a nosotros los Juegos Olímpicos. Esta es una condición sine qua non.


La segunda asignatura cuatrimestral es la revisión de la Ley Concursal. A través de la introducción de una nueva disposición adicional segunda bis el Gobierno tiene que mandar a las Cortes Generales un proyecto de ley sobre especialidades
en el tratamiento de la insolvencia de las sociedades y asociaciones deportivas profesionales y de los créditos -subrayo- salariales de sus deportistas. El sindicato de futbolistas no está dispuesto a no seguir cobrando porque las sociedades
anónimas deportivas u otras no hagan frente a sus obligaciones; tiene seis meses desde que entrara en vigor la Ley Concursal, el 1 de enero de 2012. Otra asignatura cuatrimestral.


Otra asignatura para la que, como profesor también como usted, le doy más tiempo es la reforma de la Ley del Deporte Profesional. Le pido por favor que sus colaboradores lean los trabajos de la subcomisión de deporte que se hizo aquí en
esta Cámara; años trabajando, recibiendo a montones de expertos. Saquen conclusiones y jugo del trabajo parlamentario y no lo tiren a la basura.


Señor ministro, su elenco es completo; espero que tenga éxito -de verdad se lo digo- por el bien de España y por el bien del deporte. Estaremos vigilantes y por eso pediremos la comparecencia del presidente del Consejo Superior de Deportes
para que pueda desarrollar con más detalle el elenco que usted ha planteado aquí.


El señor PRESIDENTE: Pasamos al Grupo Parlamentario Mixto. Intervendrá en primer lugar la señora Fernández Davila del Bloque Nacionalista Galego.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: En primer lugar, señor ministro, quiero manifestarle en nombre de mi grupo, el Bloque Nacionalista Galego, las felicitaciones por su nombramiento y por supuesto nuestra disposición al diálogo en la misma medida
en que usted también lo ha ofrecido y además somos conocedores de que será así. En segundo lugar, también queremos aprovechar esta su primera comparecencia para manifestarle algunas de nuestras preocupaciones, sobre todo porque existen divergencias
entre la visión que nuestro grupo tiene en relación con el sistema educativo y el que tiene el Partido Popular. Entiendo que esta visión del Partido Popular se manifestará en el Gobierno y en lo que se elabora desde su ministerio,
independientemente de que tengo que

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decir que en esta comparecencia usted ha expuesto la visión de los próximos cuatro años de Gobierno muy sucintamente o con pinceladas. Seguramente no es el momento de ir profundizando en cada uno de los temas que usted ha tratado, sobre
todo teniendo en cuenta que el sistema educativo está en estos momentos en manos de las comunidades autónomas en lo que se refiere a su gestión. Por supuesto, por parte del Bloque Nacionalista Galego, defendemos esta situación como la situación
óptima y válida, independientemente de que también entendamos que es necesario mejorarla. En ese sentido, y en relación con esto mismo, lo que sí echamos de menos en su exposición es que no haya hecho mención alguna a compromisos y a objetivos de
su ministerio para mejorar la financiación de la educación. Entendemos que en este momento para mejorar la calidad del sistema, incluso para avanzar a nivel de la media europea en ese nivel de excelencia que usted manifestaba, o mejoramos la
financiación de la educación o es imposible. No sabemos cómo ustedes siguen insistiendo en la necesidad de mejorar la calidad del sistema, de mejorar la excelencia y en cambio cuando utilizan parámetros europeos para esto no utilizan parámetros
europeos para hablar de la financiación. Nosotros entendemos que a pesar de que las comunidades autónomas son las responsables de la financiación del sistema educativo -porque son responsables de la gestión- también es cierto que desde este
ministerio tiene que incentivarse y fomentarse la mejora financiera del sistema como así se ha hecho en otras ocasiones.


Tampoco ha mencionado usted nada en relación con la educación de 0 a 3 años. Esto no está implantado en todo el territorio del Estado y nos parece que es una pieza fundamental para poder llevar a cabo la compatibilización de la vida
laboral, familiar, social, etcétera y por lo tanto es algo importante que nos gustaría que usted nos dijera. Usted nos ha hablado de esa modificación que van a hacer del bachillerato y de que van a adelantar un año ese curso de orientación. A
nosotros nos preocupa esta cuestión porque creemos que en ese primer año no van a crearse las condiciones más óptimas para conocer las aptitudes o las propias capacidades del alumno o alumna para poder orientarse a la universidad, a la formación
profesional, etcétera. Nos preocupa el adelanto de esta cuestión. Por otro lado, usted acaba de extenderse en la cuestión del bilingüismo, incluso del trilingüismo refiriéndose a lenguas extranjeras, pero evidentemente desde el Bloque Nacionalista
Galego tenemos que manifestarle nuestra preocupación por las lenguas propias de los diferentes países que componen el Estado y concretamente lenguas que son cooficiales en el Estado español. Hay personas a las que les pueden preocupar algunas otras
cuestiones pero a nosotros nos preocupa que las lenguas propias en territorio propio -caso de Galicia, por ejemplo- no estén en las mismas condiciones que la lengua propia del Estado, que es común a todo el territorio del Estado pero que no debería
tener una prevalencia mayor que la lengua propia del país, en este caso Galicia. Pido disculpas si voy así muy rápido, pero es porque llevo toda la tarde escuchando al presidente decir ocho minutos, diez minutos y tengo que compartir el tiempo.


En relación con la cuestión de las reformas legislativas que usted acaba de hacer estamos a la espera de las propuestas que nos presenten. Sí queremos decirle que consideramos que es urgente resolver definitivamente el Estatuto del docente,
igual que nos parece importante que desde el ministerio se haga frente también al sistema de evaluación del profesorado, porque conocemos situaciones y casos en los que el sistema actual introduce elementos perversos que desde nuestro punto de vista
inciden negativamente en la calidad de la educación. Podríamos hablar en otro momento de cuáles son las consideraciones que hacemos a este respecto, pero nosotros entendemos que sería conveniente afrontar esta cuestión.


En absoluto esperábamos que usted nos comentara nada en relación con la asignatura de religión, pero sí le queremos manifestar nuestra preocupación de que el hecho de que esta asignatura esté dentro del horario lectivo, o de la posibilidad
de que esté dentro del horario lectivo, está significando que muchas comunidades autónomas, concretamente Galicia, utilicen esta asignatura como un elemento de discriminación entre el propio alumnado. Supongo que usted conoce algún caso en el que
por haber calificado esta asignatura se haya hecho una discriminación no solamente evidente sino grave con algunas personas que no la cursaron y, por lo tanto, se vieron sin esa puntuación para poder acceder a becas, etcétera.


Señor ministro, tenía aquí otras cuestiones que era importante que nos comentara, pero no quisiera terminar mi intervención sin referirme al deporte y al anuncio que ha hecho de llevar adelante la Ley del Deporte. Esta ley está siendo algo
esperado por todo el sector del deporte desde hace muchísimos años. No solamente se ha trabajado en esta casa en la subcomisión del Deporte, como acaba de decir el compañero del Grupo Socialista, sino que el propio sector ha trabajado mucho esta
cuestión con administraciones anteriores. Nosotros sabemos que existía un documento muy avanzado en el que se recogían cuestiones importantes y por eso creemos que se debería dar una solución urgente a este tema, porque es necesario resolver
definitivamente cuestiones como el apoyo al deporte base pero también a las profesiones deportivas y es necesaria una aclaración profunda de esta cuestión.


Señor ministro, no queremos dejar de expresarle nuestra preocupación, en relación con este asunto, acerca de que se debe aprovechar esta Ley del Deporte para promocionar y poner en valor el deporte femenino. Usted mencionó que se va a
legislar en el sentido de garantizar la presencia femenina también en las directivas y nosotros le planteamos el problema que existe de que hay una clara discriminación en todas las federaciones, a pesar de que en muchos deportes la categoría
femenina tiene

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tanto nivel como la masculina, mientras que en otros casos, por ejemplo en el futbol, no se considera ni siquiera que tengan la capacidad de la profesionalidad. Por lo tanto, son cuestiones que le queremos plantear porque nos parecen
importantes.


Para otra ocasión dejaremos más cosas, porque pasamos la palabra, con el permiso del presidente, al otro compañero del Grupo Mixto.


El señor PRESIDENTE: Se lo agradezco.


Señor Sostres, tiene usted la palabra.


El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Muchas gracias, señor ministro, por su intervención, donde nos ha definido las líneas básicas de su departamento. Deseo trasladarle mi felicitación por su nombramiento y le deseo sinceramente muchos éxitos, porque
eso es signo y señal inequívoca de que empieza un nuevo tiempo en la educación en este país.


Ha desgranado a lo largo de su intervención diferentes actuaciones que tiene previsto efectuar en distintas materias referidas al ámbito estructural del modelo, al ámbito de los centros escolares, a los ámbitos curriculares, a los ámbitos de
los principios rectores y, en definitiva, se ha acercado también al mundo del profesorado. No le quepa la menor duda de que son muchos los aspectos en los que vamos a coincidir en mayor o menor medida, porque, permítame trasladarle, en este
diputado siempre encontrará una oposición constructiva y real en aquellos principios que afectan a la unidad del Estado y en aquellos principios que afectan a la cohesión territorial, en la consideración de que no puede haber ni podemos seguir
profundizando en diecisiete sistemas escolares diferentes, en que el principio competencial de las autonomías ni puede ni debe estar enfrentado a la necesaria unitariedad del modelo escolar y que, antes de nada, debe responder este a las necesidades
de la sociedad española, de todas y cada una de las familias y de todos y cada uno de los alumnos.


Señor ministro, nuestro sistema escolar, como usted ya ha silueteado, necesita cambios, cambios profundos y serios, lo de menos son los grandes titulares de estos cambios, lo de más es que estamos en una situación preocupante a la que es
preciso hacer frente. Ha situado un plan reformista de diferentes medidas, que a mí me ha parecido que estaban en un mismo nivel de valor, y yo realmente creo que no es así.


Decía Abraham Lincoln, señor ministro, que el hombre nunca ha encontrado una definición para la libertad, para esa palabra tan mágica, quizá sea porque libertad se asemeja al movimiento, no se define, se demuestra, y esto es lo que voy a
tratar de exponer en mi brevísima intervención. Pretendo transmitirle un camino de colaboración, un camino de actuación política que conduzca a nuestro país a un modelo educativo donde el eje de la educación sea el individuo, el ciudadano, la
familia como único y auténtico poseedor de derechos fundamentales, y donde la liberalización del sistema escolar español sea el fundamento de una España moderna y renovada. En definitiva, optamos por penetrar decididamente en el ámbito de
democracia cercana al individuo, que sitúa al centro escolar en el eje institucional del sistema. La autonomía de los centros no es una medida más, es el eje institucional del sistema que nosotros le proponemos. Es allí, en el centro, donde se
producen las adaptaciones del sistema escolar a la totalidad de la diversidad de la población escolar, superando el imposible del ideal de la comprensividad, es decir, que todos los alumnos se acomoden al mismo sistema de enseñanza identificado con
un ser teórico que nunca aparece en la realidad empírica. Este centro escolar está atendido y acompasado en la consecución de sus objetivos con una administración colaboradora y servidora del bien común.


España ha pasado desde 1976 por muy distintos periodos en su estructura escolar y hemos derivado hacia uno de los Estados políticamente más descentralizado del mundo, quizá el más descentralizado de Europa. En la mayoría de los países
europeos, sin embargo, han logrado confluir dos elementos: el autogobierno de los centros hasta sus últimas consecuencias y mantener un fuerte poder político del conjunto de la nación, causa y efecto de un gran sentimiento nacional, que mantiene la
extraordinaria cohesión política y social de estas comunidades. En España el proceso ha sido muy diferente, se ha descentralizado pero de forma parcial. El autogobierno de las diecisiete comunidades autónomas no ha fluido por capilaridad desde el
Estado central, sino que se ha quedado, como si de un trombo se tratara, en el ámbito de un Estado más pequeño pero de extraordinario centralismo descentralizado. Y este es el problema: el Estado central se ha ido quedando sin competencias, con el
riesgo de que no se ha asegurado la cohesión nacional, y diecisiete estados fuertemente centralizados con una mínima vinculación entre ellos y que transmiten a sus ciudadanos implícita y explícitamente que la identidad que les vincula es la de su
propio miniestado fuertemente centralizado.


Hay muchos ejemplos de esta enorme descentralización centralizada que la escasez del tiempo no nos va a permitir tratar, pero sí quería decirle que en materia educativa el reto del Partido Popular está en que desde 1985 -veintiséis años nos
contemplan, cuarenta y uno si tomamos la LGE como punto de partida en esta materia- la actual LOE usa treinta y dos veces el concepto de autonomía escolar, treinta y dos veces. Define, sin embargo, la LOE un amplio margen de competencia a las
comunidades autónomas y creemos firmemente que los resultados electorales de mayo y de noviembre les dan una gran ocasión, una histórica ocasión; a ustedes les corresponde cambiar este estado de cosas sin parches y con sentido de Estado y de la
situación de nuestro sistema escolar, coordinando e impulsando políticas generales reformistas del resto del sistema. Aquí está en materia educativa el reto real, profundo, sin cosméticos, del Partido Popular para la próxima legislatura, el

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desarrollo de la LOE en clave liberal. Olvidémonos de grandes cambios de titulares, dando el protagonismo de la administración a los centros docentes. Esta medida, por lo tanto, no está en el mismo nivel que otras que usted ha citado, sino
que está en la base del mismo sistema, iría acompañada de otras cinco medidas que, si usted me lo permite, no puedo desarrollar y sencillamente se las silueteo, pero la segunda sería un incremento en el nivel de la igualdad de oportunidades para que
la libertad sea real y efectiva. Esto nos llevaría a concepciones de una flexibilidad interna dentro de los centros, una autonomía curricular, pedagógica, hasta de contratación de personal, de acuerdo con la regulación al efecto. En definitiva, se
trataría de un nuevo modelo de centro escolar que se derivaría de esta concepción de la mayor capacidad autonómica de los centros. Por otra parte, estamos de acuerdo en que esto debe ir acompañado de medidas estructurales del sistema, estoy
refiriéndome a la nueva concepción 3+3, que usted ha citado aquí y que a mí me parece desde todo punto de vista muy acertada. También me parecen enormemente interesantes las aportaciones que nos ha transmitido de la formación profesional y el
concepto del nuevo modelo de prácticas y de formación dual.


Con respecto al programa que ha citado de bilingüismo, debo decirle, señor ministro, que me parece instrumentalmente muy bueno, muy considerable. En Asturias lo tenemos en una fase realmente interesante, aunque con ciertos errores, y es
precisamente en la secuencia ensayo-error donde se producen los avances. Este es un programa que debería ser un programa nacional; por lo tanto, sujeto a una serie de requisitos para implantar en las autonomías, de tal forma que la opinión que
está flotando en el ambiente de que diecisiete sistemas escolares o minisistemas escolares, hasta en programas de bilingüismo, desapareciese poco a poco.


Señor ministro, no tengo tiempo para mucho más, voy a terminar.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Como estaba diciendo, no tengo tiempo para mucho más, pero no quiero terminar sin decirle que es necesario dar eficacia y estabilidad al sistema escolar español a partir de una reflexión seria, profunda, de todas
las fuerzas parlamentarias y, esto es muy importante, de todas las comunidades autónomas en el ámbito de la Conferencia Sectorial de Educación. Un gran acuerdo de educación es muy necesario, le invito a gestionarlo y conseguirlo, por supuesto me
comprometo a ayudarlo en lo que modestamente pueda, a esa política de pacto que nunca ha existido de forma integradora y real. No va a ser fácil, lo comprendo tras escuchar al portavoz socialista en el Pleno del Congreso que no consentirán -leo
literalmente- el derribo del edificio educativo actual, orgullo de la creatividad socialista al que tanto contribuyó -cierro comillas- el propio Rubalcaba y su equipo de pedagogos. Debe de perdurar por los siglos cual monumento pétreo. Sobran más
comentarios sobre actitudes de gran chamán, exclusivo poseedor de criterios educativos para la sociedad española.


En otro orden de cosas, quiero transmitirle que, como decía Jorge Luis Borges, la libertad es una ilusión necesaria. Nosotros creemos que el camino que lleva a esa ilusión es ya en sí mismo un digno objetivo político, y desde esa
trascendencia es por lo que le transmito mi testimonio en estas reflexiones.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra la señora Tapia.


La señora TAPIA OTAEGI: En primer lugar, quiero felicitar al ministro también en nombre de mi grupo, darle la bienvenida y agradecerle su presencia hoy aquí, así como las explicaciones que nos ha dado acerca de sus planes para esta
legislatura.


Puede resultar casi evidente, pero desde aquí le confirmo que nuestro grupo está plenamente de acuerdo con los principios básicos sobre los que pretende asentar su plan de actuación de estos años, con un modelo educativo de calidad que
mejore la adquisición de conocimientos y competencias del alumnado, con una mayor exigencia académica, el reconocimiento al esfuerzo y el mérito, el dominio del inglés, además del castellano y el euskera en nuestro caso, al final de la etapa
obligatoria de enseñanza, la búsqueda de excelencia, la responsabilidad, la tolerancia. En todo ello estamos de acuerdo. Después iremos viendo cómo se van plasmando esos principios básicos en la correspondiente reglamentación.


Como usted mismo ha comentado en unas recientes declaraciones, a pies juntillas ha dicho: la educación es un eslabón que permite trasladar de generación en generación una identidad, una cultura, un sentido de pertenencia y una capacidad
para construir una sociedad mejor. Lo suscribimos cien por cien. Todo ello, combinado con un modelo flexible que dote de una cierta autonomía a los centros y, evidentemente, que después ellos rindan cuentas, permitirá al sistema adaptarse sin
ninguna duda a eso que exigen y que están pidiendo en este momento todas las familias. No es menos cierto que la competencia en educación está transferida en su totalidad y se encuentra en manos de las comunidades autónomas. Como le digo, estamos
de acuerdo con las líneas básicas y así lo hemos hecho en política de educación en la comunidad autónoma de la que procedo, y así pretendemos continuar, porque nuestro objetivo es mejorar nuestros indicadores y situarnos en la parte superior de la
tabla del informe PISA. Todos podemos compartir esos objetivos, pero entenderá al mismo tiempo, señor ministro, que en aras de preservar nuestra identidad y nuestra cultura, en una comunidad con dos lenguas oficiales, ambas deben ser reconocidas,
conocidas y utilizadas al final de la etapa obligatoria de enseñanza, entendiéndose además ese requisito no como excluyente, sino todo lo contrario, como un signo de

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absoluta normalidad y esas lenguas deben ser conocidas junto con una tercera e incluso una cuarta extranjera. A nuestro juicio, esto no ataca ninguna libertad en la elección de enseñanza por parte de los padres.


Señor ministro, ha hecho referencia a la necesidad de modificar el sistema educativo, debido a esas elevadas tasas de fracaso. Permítame decirle algo, que usted sin duda conoce y que todos conocemos aquí, en los únicos lugares en los que el
ministerio tiene plena competencia, es decir, en Ceuta y en Melilla, es precisamente donde peores resultados se obtienen. Es un dato. Resulta evidente que todas las comunidades autónomas tienen mucho que hacer. Partimos de lugares bien distintos
y unos tenemos que ahondar más en unos aspectos y otros más en otros, pero desde luego asignaturas pendientes las tenemos todos. Quiero mostrarle nuestra absoluta voluntad de consenso y de diálogo, pero también quiero reiterarle que no vamos a
respaldar ningún acuerdo, ni ley, ni pacto que intente recabar para el Estado en este momento competencias que ya han sido transferidas a las comunidades autónomas y que, bajo el pretexto de una mejora global, nos conduzcan a una situación peor que
la que tenemos en este momento. Como decía, las situaciones son realmente distintas, entre otras, por ejemplo, el abandono escolar en la comunidad de la que procedo está en un 12 por ciento, muy por debajo de la del Estado español en su conjunto e
incluso por debajo de la de la media de la OCDE. Es cierto que tenemos mucho que hacer, pero tenemos que hilar muy fino. Hay que tener en cuenta que precisamente esas comunidades donde existe otra lengua oficial deben ser consideradas de forma muy
específica. Bilingüismo con el inglés, sí, pero sin perder nuestras lenguas cooficiales.


Continuamente hablamos de ese modelo fracasado, pero, a juicio de mi grupo, deberíamos darle un mínimo de tiempo, doce o quince años, al actual modelo para poder realizar cambios y adaptaciones que sin duda nos van a llevar a una mejor
implementación de lo que actualmente existe. Si observamos el informe PISA, hay muchas comunidades, como Castilla y León, Navarra, Cataluña, La Rioja o el País Vasco, que están por encima de la media y lo están haciendo con este modelo. Si
analizamos en profundidad -y lo haremos-, señor ministro, el modelo de bachillerato de tres años que nos propone, quizá podamos llegar a un consenso, pero con los datos que hoy tenemos no vemos exactamente cuál va a ser la mejora. Como han dicho ya
otros portavoces, con la obligatoriedad a los 16 años y, sin embargo, tener que elegir entre un bachillerato o una formación profesional a los 15 años, con un año adicional que no conduce a ninguna titulación adicional, realmente no vemos más que
problemas. En cualquier caso, reitero nuestra voluntad de diálogo y análisis. Lo haremos en profundidad.


Si hablamos de la formación profesional, evidentemente compartimos que ha de ser de calidad y que tiene que estar muy pegada a los requerimientos de la industria, del entorno de la empleabilidad. Así lo hemos hecho en nuestra comunidad -con
bastante éxito, por cierto-, pero creo que podemos seguir mejorando y que este modelo nos lo ha permitido. Cuando hablamos de esa formación profesional dual, con el ejemplo de Alemania, quiero reiterar que este mismo modelo también nos lo permite,
en la Comunidad Autónoma del País Vasco desde luego, como es bien conocido. Es mejorable, evidentemente, y adaptable, pero es la propia patronal quien actúa directamente con los centros de formación profesional en la búsqueda de prácticas en la
empresa para los alumnos. Por tanto, este modelo también permite adaptaciones que flexiblemente nos lleven a unos buenos resultados. Lo analizaremos, desde luego.


En esta comparecencia, así como en la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, se ha dicho: dieciséis países con bachillerato de tres años tienen mejores resultados. Si leemos el informe PISA un poco por encima, sin entrar en
grandes profundidades, vemos que de esos dieciséis países, seis con bachillerato de tres años tienen resultados por debajo de la media de la OCDE. Y observamos que únicamente Finlandia, de quien hemos hablado casi todos, está entre los cinco o seis
primeros, mientras que el resto son países asiáticos. Luego quizá no sea solo el modelo del bachillerato de tres años lo que nos lleva a esas mejoras; tal vez están fallando otras cosas en nuestro modelo. Vamos a analizarlo con la máxima voluntad
para mejorar resultados, porque creo que ese es el objetivo común de todos.


En el ámbito universitario, coincidimos con los principios generales de modernizar e internacionalizar la universidad con el objeto principal de mejorar nuestras universidades, de alcanzar la excelencia y de colocarlas en un buen nivel tanto
formativo como investigador, sin duda. Coincidimos con usted en que en un marco más flexible, más transparente, con un grado de autonomía importante, probablemente las cosas pueden mejorar, los resultados serán mejorables. Coincidimos plenamente y
en eso vamos a trabajar probablemente muy de acuerdo con ustedes.


El profesorado en general y el universitario en particular debe recuperar su prestigio basándose en una actividad presidida por el rigor, evidentemente; la dedicación, la excelencia y una evaluación continuada, sin duda, que permita
establecer incentivos, complementos de productividad e incluso, por qué no decirlo, en cierta forma sanciones por el no cumplimiento de objetivos concretos en un periodo largo de tiempo. A nuestro juicio, no tenemos que tener miedo tampoco a esos
aspectos. Y debemos estimular la competencia entre universidades porque ello nos puede conducir a una mejora. Decía el señor ministro que en el Estado español hay setenta y nueve universidades. Quizá no sea la mejor solución fusionarlas ni hacer
desparecer esa cantidad ingente de títulos que tengamos, pero si las hacemos flexibles, si las hacemos competir y las evaluamos, probablemente seremos capaces de buscar las mejores condiciones en cada una de ellas, especializándolas y haciendo que
cada una tenga sus itinerarios y sus titilaciones.

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Y, desde luego, en el caso del profesorado no quiero obviar la rigidez que tenemos en este momento en el modelo universitario. Es evidente que, si hoy cualquiera de las universidades del Estado quiere contratar a un premio Nobel, se ve
prácticamente en la imposibilidad de hacerlo. Probablemente encontraría el camino, pero es realmente un modelo bastante rígido. Y si queremos competir y ser excelentes, tenemos que conseguir atraer a los mejores profesionales, también del mundo de
la empresa, y quizá que se dé también ese cambio del mundo empresarial al mundo universitario y viceversa. Tenemos que conseguir un modelo ágil y flexible, que facilite todas esas características.


Compartimos que el espacio europeo de Educación Superior ha permitido acercarnos un poco a lo que es el modelo europeo, pero creo que tenemos que seguir modificando, perfeccionando el sistema y acercándonos a lo que el resto de países está
haciendo en esta situación, buscando -repito- que nuestras universidades ofrezcan las mejores titulaciones acreditadas y evaluadas. Desde luego, sin evaluación no hay mejora y sin mejora lo único que hacemos es empeorar. Eso no podemos obviarlo.


Para terminar mi intervención, me gustaría hacer una pequeña referencia al ámbito deportivo. Así como en el ámbito educativo mi grupo suele llegar a acuerdos bastante fácilmente, en el ámbito deportivo nos hemos encontrado con alguna
dificultad. Cuando usted hace referencia a la legislación sobre el deporte de base, quiero recordarle que el deporte de base está dentro de las transferencias a las comunidades autónomas y vamos a ser muy cuidadosos y muy escrupulosos con el
cumplimiento de la competencia de las comunidades autónomas. Y desde aquí le anuncio que mi grupo traerá una vez más a discusión el tema de las selecciones deportivas, como ustedes podían esperar.


Termino, señor ministro. Quiero manifestarle nuestra predisposición al diálogo, al trabajo con ustedes y, evidentemente, a buscar la mejora del sistema educativo en cualquiera de los niveles.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la señora Moneo.


La señora MONEO DÍEZ: Señor ministro, permítame que en nombre del Grupo Parlamentario Popular le dé la bienvenida a esta Comisión, le agradezca profundamente su detallada intervención y le desee sinceramente los mayores éxitos.


Usted es el responsable de acometer una de las reformas más necesarias y demandadas por la sociedad española: la reforma del sistema educativo. Para ello no le quepa la menor duda de que contará con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular
y confío, al igual que usted, que también con el del resto de los grupos de la Cámara. Señorías, la búsqueda de consensos es fundamental en cualquier iniciativa política; en educación resulta imprescindible. Lo es porque trazar un nuevo modelo
educativo es definir los principios, los contenidos y las fórmulas bajo las cuales recibirán su formación miles de niños y jóvenes que constituyen hoy el presente y el futuro de nuestra sociedad. No es tarea fácil ni debe ser tomada como tal. No
lo considera así hoy el Grupo Parlamentario Popular, exactamente igual que no lo hizo en el pasado. Por ello, nuestro objetivo siempre ha sido -desde nuestras responsabilidades como Gobierno, como oposición y hoy nuevamente como Gobierno- desplegar
el máximo esfuerzo para mejorar el sistema educativo español.


Agradezco sinceramente la voluntad de diálogo que he oído al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Lo agradezco después de haber escuchado en varias ocasiones las declaraciones del señor Rubalcaba diciendo que no iba a cambiar nunca
ninguna ley educativa. Efectivamente, es bueno saber de dónde venimos, porque nosotros sí que estábamos dispuestos a cambiar el modelo educativo. Es lo que hicimos cuando acudimos respetuosamente en la pasada legislatura a la llamada del Gobierno
socialista. Por eso trabajamos intensamente durante meses confiando en lograr un acuerdo que permitiese consolidar los principios de calidad, de libertad y de igualdad de oportunidades. Desgraciadamente, no logramos nuestro objetivo. La voluntad
reformadora del Partido Popular, que hoy ha descrito detalladamente en su intervención el señor ministro, no encontró respuesta en el inmovilismo del Gobierno socialista. Por eso no pudo ser posible el pacto. Las expectativas generadas en la
sociedad española no podían tener como respuesta una mentira, no podíamos ser cómplices -ni antes ni ahora- de blindar un modelo educativo fracasado, no podíamos ni podemos engañar a una sociedad y a unas familias que esperan de nosotros una
garantía: la de que nuestro país está en condiciones de ofrecer a sus hijos el mejor sistema educativo posible.


Nosotros creemos en ello. Somos ambiciosos porque estamos firmemente convencidos del potencial de nuestros jóvenes, de la dedicación de nuestros profesores y del compromiso de nuestras familias. Las familias esperan de nosotros una defensa
firme de la libertad de enseñanza, conforme consagra el artículo 27 de la Constitución española; libertad que no puede estar sometida a restricciones ni sujeta a programaciones. La demanda de las familias debe ser el factor principal que determine
la oferta educativa. Los padres son los primeros responsables de la educación de los hijos y tienen el derecho a elegir la educación y el centro educativo que desean para sus hijos. Es, señorías, una de las libertades más apreciadas por una gran
parte de la sociedad española que debemos satisfacer y defender. Porque sin libertad, sin la existencia de una oferta plural, difícilmente lograremos un sistema educativo de calidad. Es cierto que muchos ayuntamientos españoles se han sumado a esa
defensa de la libertad y han ofrecido suelo público para facilitar esa demanda de las familias. Muchos de ellos efectivamente, señoría, en la Comunidad de Madrid; entre ellos el ayuntamiento de Rivas, gobernado por Izquierda Unida, que ha sacado a
concurso público suelo

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precisamente para atender a esa demanda de las familias, algo realmente defendible.


Señorías, señor ministro, comparece usted en esta Cámara en búsqueda del consenso y en búsqueda de reformas, y estamos firmemente comprometidos con este equilibrio. El Grupo Parlamentario Popular trabajará sin descanso en la búsqueda de
acuerdos, pero sin olvidar el contrato suscrito con los millones de españoles que nos han dado su confianza y que esperan reformas de suficiente impacto como las que usted ha descrito. El inmovilismo ya lo vivieron con el anterior Gobierno y el
resultado es el que todos conocemos, señoría. Por eso no podemos por menos que congratularnos de su convicción y su decisión. Usted sabe mejor que nadie que no podemos perder ni un minuto más, hemos perdido una década en educación. Las cifras que
usted ha expuesto lo hacen más urgente, si cabe. Un desempleo juvenil que casi roza el 50 por ciento es razón más que suficiente para plantearnos qué tipo de educación estamos ofreciendo a nuestros jóvenes, y eso debemos hacerlo alejándonos de
falsos tópicos, de aquellos que señalan que la educación ha estado sometida a continuas reformas; no es cierto. Desde la Ley General de Educación de 1970 se han elaborado seis leyes más, pero solo una, la Ley de Calidad, aprobada hace casi diez
años por el Gobierno del Partido Popular, pretendió cambiar el modelo; no pudo aplicarse porque el Gobierno socialista lo impidió; el resto responde única y exclusivamente al modelo educativo socialista.


Alejémonos también de quien pretende achacar los males del sistema a un problema de recursos. El Grupo Parlamentario Popular siempre ha defendido que toda inversión en educación es necesaria. Ahora bien, tan importante es invertir más como
hacerlo mejor. Basta mirar a los países de nuestro entorno para darnos cuenta de que tenemos un problema de eficiencia en nuestros recursos. Señor ministro, usted ha expuesto aquí una serie de datos y así lo corroboran: tenemos una de las ratios
profesor/alumno más bajas de la Unión Europea. De hecho, en los últimos diez años hemos experimentado un crecimiento notable de profesores en la enseñanza pública, un 54 por ciento más, frente a un descenso del 6 por ciento en el número de alumnos.
Nuestro nivel de gasto por alumno en centros públicos es superior a Francia, a Alemania, a Gran Bretaña y a Finlandia. Lo dicen los informes de la OCDE, hay países que hacen más con menos y hay otros países que hacen menos con más, y España,
desgraciadamente, pertenece a este segundo grupo.


¿Dónde estamos, por tanto, alejados de Europa? En recursos, no; en resultados, sí. No fallan los recursos, falla el modelo; esa es la realidad, señorías. Falla un modelo que desterró del sistema educativo la cultura del esfuerzo, el
mérito, la autoexigencia y el gusto por el trabajo bien hecho. Falla un modelo impregnado de un falso igualitarismo que no supo o no pudo ayudar a quien más lo necesita y frenó la brillantez de cientos de estudiantes que se han visto frustrados en
sus expectativas. Falla un modelo que rompió la igualdad de oportunidades. Me alegra esa defensa y esa preocupación de los portavoces socialistas por la igualdad de oportunidades, pero es que la igualdad de oportunidades se ha roto en nuestro
país. Se ha dibujado una España de diferentes velocidades, donde el nivel de conocimientos de los alumnos puede ser diferente y puede establecer una brecha de hasta un curso académico dependiendo de la comunidad autónoma de la que se trate; así lo
señala el informe PISA. Falla un modelo ideologizado, más preocupado en adoctrinar a los alumnos que en la búsqueda de la excelencia, por eso no podemos sino felicitarnos por la desaparición de la asignatura de educación para la ciudadanía del
currículum de los alumnos. Falla el modelo de la comprensividad, ese que diseñó la Logse y que heredó la Ley Orgánica de Educación, y que fue aplicado en toda su magnitud ni más ni menos que hasta en el bachillerato, hasta el punto de que permitía
a los alumnos que habían suspendido hasta cuatro asignaturas de primero matricularse de segundo curso. El despropósito fue tal que tuvo que ser el propio Tribunal Supremo el que anulase dicho artículo.


Entiendo, por otra parte, la preocupación de los diferentes portavoces en relación con el nuevo diseño del bachillerato, especialmente del portavoz del Grupo Socialista. Entiendo sus reparos, porque su modelo sigue proponiendo un
bachillerato a la carta y ese no es nuestro modelo. Mucho tendremos que discutir, que debatir, que dialogar, y a eso por supuesto estamos abiertos. Pero la realidad es la que es, señorías, tenemos uno de los bachilleratos más cortos de Europa;
tan solo Holanda, Lituania y Malta optan, junto con España, por un bachillerato de dos años; Francia, Irlanda, Portugal, Finlandia y otros países optan por tres. Tenemos un bachillerato empobrecido, alejado del objetivo de exigencia y fortaleza en
la formación que impera en el resto de Europa. Fiel reflejo es la situación de muchos alumnos cuya formación ha de ser completada en el aula universitaria por los llamados cursos cero. Por lo tanto, si queremos combatir eficazmente el abandono
educativo temprano y dar más oportunidades a los alumnos, evidentemente tendremos que mantener un equilibrio entre exigencia y flexibilidad.


El señor PRESIDENTE: Señoría, lleva consumidos más de ocho minutos.


La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente. Negar la evidencia nuevamente nos llevará al inmovilismo al que se aferra continuamente el Grupo Parlamentario Socialista. Le agradezco por otra parte, señor ministro, la importante
referencia a la formación profesional. El refuerzo de la educación secundaria y la lucha contra el abandono educativo temprano no pueden entenderse sin una apuesta decidida por la formación profesional. También en este capítulo hemos sido víctimas
del inmovilismo. La formación profesional ha vivido estancada. La hoja de ruta marcada por el anterior Gobierno no se ha cumplido. Actualmente tenemos un

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modelo de formación profesional que ni es atractiva, ni está ligada a la empresa, ni demandan la mayoría de los jóvenes.


Pero todas las reformas que usted ha expuesto es evidente que no podrán llegar a buen término sin que los profesores se conviertan en el centro de las reformas educativas. Permítame que haga una defensa del profesorado. El profesorado sin
duda ha sido uno de los grandes perjudicados por el actual modelo educativo. De hecho, en ocasiones de enorme dificultad han sabido mantener su profesionalidad y obtener lo mejor de los sistemas, aun cuando el sistema educativo jugaba en su contra.
Es el momento de corregir errores y dotar a los profesores de una verdadera carrera profesional, tal y como usted ha señalado. Pero también es el momento de cambiar el sistema de acceso para que los mejores den el paso hacia la función docente.


Señor ministro, reforma de la secundaria, potenciación del bilingüismo, impulso a la formación profesional, política de evaluación y transparencia. Me alegro de que el portavoz socialista esté de acuerdo en la política de evaluación. Ahora
bien, no es lo mismo una evaluación censal realizada a todos los alumnos y a todos los centros que una muestral. No es lo mismo una evaluación que se realice sobre los mismos indicadores de calidad a que estos sean diferentes, dependiendo del lugar
en el que resida cada alumno. La evaluación tiene que ser certera y fiable, señorías. Solo así se podrán corregir deficiencias y podremos potenciar aquellas medidas que faciliten los mejores resultados. Solo así lograremos alcanzar la tan deseada
igualdad de oportunidades, y solo así las familias conocerán la realidad del sistema educativo. Autonomía de los centros acompañada de una política de transparencia y rendición de cuentas.


Brevemente permítame, señor presidente, que haga una pequeña referencia a la universidad. En este como en anteriores capítulos he creído entender nuevamente un cierto conformismo por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Poco más tengo
que añadir a las referencias que el ministro ha hecho con relación a la universidad española. De hecho la situación puede tener ciertas similitudes con la enseñanza no universitaria. Hemos crecido en número de alumnos, en número de profesores, en
número de universidades, en número de campus universitarios. El gasto público en educación superior se encuentra en la media de los países de la OCDE, etcétera. Sin embargo no tenemos ni una sola universidad española entre las 150 primeras del
mundo. Algunos autores han llegado a escribir sobre la logsificación de la universidad. No sé si este es el término correcto, pero lo que sí sabemos es que la universidad española dista mucho de los estándares de calidad y de excelencia que exige
un mundo cada vez más competitivo y globalizado.


Señorías, señor ministro, finalizo. De su intervención no puede sino considerarse de forma esperanzadora la firme voluntad de este Gobierno de reformar el sistema educativo. En un momento especialmente difícil para nuestro país cualquier
reforma que acometamos en el área económica no tendrá la suficiente proyección si no es acompañada de la consiguiente reforma en el sistema educativo. No podemos ni debemos condenar el presente y el futuro de las nuevas generaciones al fracaso
impuesto por un sistema educativo envuelto en el conformismo y en la mediocridad. Somos conscientes de que tenemos una ocasión única para dotar a nuestro país de uno de los mejores sistemas educativos. El Grupo Parlamentario Popular, señor
ministro, así lo defenderá y para ello dispondrá de toda nuestra confianza. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Blasco.


La señora BLASCO SOTO: Señor presidente, señor ministro, bienvenido a esta Comisión, y bienvenido igualmente todo su equipo, muy en especial Miguel Cardenal, presidente del Consejo Superior de Deportes. Quiero felicitarle por las líneas
que ha expuesto. Usted sabe de la importancia del deporte para nuestro grupo, para la sociedad. Los deportistas son imagen y representación de valores para nuestros jóvenes.


Voy a intentar ser lo más breve posible, pero me gustaría hacer hincapié en alguno de los puntos que usted ha mencionado. El sistema de good governance. Es muy importante la transparencia en la gestión de las federaciones, de las ligas, de
todos los estamentos del mundo del deporte, el respeto a los derechos de los deportistas -yo soy una amplia defensora de los deportistas y de sus derechos-, así como de la mujer y el deporte, que también usted y algún portavoz en esta Cámara han
hecho referencia a ello. Es importantísima la visibilidad de la mujer en el deporte y de sus resultados. Que nuestras niñas, nuestras jóvenes no quieran ser Pau Gasol ni Rafa Nadal, sino que quieran ser Amaya Valdemoro, Carla Suárez y muchas
deportistas que existen, que nadie las conoce, porque no se les da la importancia que tienen en los medios de comunicación y en otros ámbitos. Por favor, hagamos hincapié en eso. Es igualmente fundamental el apoyo igualitario a los equipos
femeninos en todas las federaciones.


En cuanto a la modificación de la Ley contra el Dopaje está claro que tenemos que atender a las exigencias de la WADA para el apoyo a Madrid 2020, y eso usted lo ha corroborado. Pero también me gustaría decirle al señor Pezzi que ojalá que
se diera el consenso del que usted habla, porque no existe ese consenso en todo el mundo del deporte, y nosotros lo sabemos. Pero no se preocupe porque -como ha comentado el ministro- vamos a intentar conseguir el mayor apoyo posible y sirva para
que Madrid 2020 no tenga ningún impedimento como candidatura.


También ha hablado de la reforma de la Ley del Deporte. Está claro que esa ley es obsoleta, que llevamos muchísimos años con una ley que no se adapta a la realidad del deporte español, y que el trabajo que ha habido en la subcomisión, aquí
en el Congreso de los Diputados,

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es excelente y nos va a servir de ayuda y de hoja de ruta para llevar adelante la reforma de dicha ley. Es uno de los retos que tenemos en esta legislatura, sin duda muy importante. La Ley de Juego y la Ley Concursal, el desarrollo de los
puntos del apartado específico de deportes son necesarios y algunos de ellos son muy urgentes. La regulación de las titulaciones del deporte. Es verdad que hay muchas titulaciones, además yo he sido una amplia defensora en el Senado de este tema.
Creo que es importante que demos el espacio adecuado a cada una de las titulaciones del deporte, sobre todo porque están en sus manos la salud de nuestros jóvenes y de nuestros mayores, y tenemos que buscar una mayor calidad. Estoy segura de que
alguno de los miembros de la Mesa, como Albert Soler, se pondrá de acuerdo con nosotros en que salga adelante la regulación de las titulaciones deportivas.


Usted ha hablado del mecenazgo en cultura. El mecenazgo deportivo es importantísimo. La crisis ha afectado muchísimo al mundo del deporte. Se ha hablado aquí del ADO, de la situación en la que se encuentra, pero el mecenazgo deportivo es
importantísimo para el desarrollo general del deporte en España. Hablamos del fútbol, del baloncesto, cómo se han acogido a la Ley Concursal muchísimos equipos, pero en cuanto al balonmano femenino se está hablando ahora de que a lo mejor
desaparece la división de honor, están desapareciendo un montón de equipos, y yo creo que no pueden vivir solo de ayudas públicas, sino que tenemos que hacer una apuesta firme y efectiva por el mecenazgo deportivo para que todo el desarrollo del
deporte español tenga el apoyo privado, que es muy importante.


También para mí es fundamental el futuro de los deportistas. Existe un programa, el Proad, que salió de una Comisión que tuve la suerte de presidir en el Senado en el año 2000, y tenemos que darnos cuenta de que hay muchos deportistas que
dan muchos años de su vida a un equipo nacional, que están quince años, que algunos consiguen estudiar, pero otros ni siquiera llegan a eso y tenemos que ver qué pasa con el día después. Este programa creo que está funcionando muy bien, pero
tendríamos que buscar una coordinación también con las comunidades autónomas para que se desarrollen mucho mejor los resultados que está sacando. Habría que aumentar la coordinación con las comunidades autónomas. Aquí se ha hablado del deporte
base. Es verdad que está transferido, pero sería importante que desde el Consejo Superior de Deportes se incentivara mucho más la relación con todas las direcciones generales que existen en nuestras comunidades.


Se ha hablado de Londres 2012. Es una asignatura para la que quedan seis meses, y el mundo del deporte estará contento de las declaraciones que ha hecho usted, y que también ha transmitido en muchos casos el presidente del Consejo Superior
de Deportes de que no va a haber cambios, porque es importante que en estos seis meses haya una continuidad, que no haya grandes cambios, y pienso que nuestro objetivo -ojalá que tengamos a 300 deportistas clasificados porque eso sería un éxito-son
los juegos de Río de Janeiro, por lo que tenemos que buscar y plantear un modelo deportivo en España. Estamos viviendo todavía del modelo deportivo de Barcelona 92.


El señor PRESIDENTE: Debería ir finalizando, señoría.


La señora BLASCO SOTO: En un minuto, señor presidente. El modelo deportivo de Barcelona 92 obtuvo sus resultados y está claro que el apoyo a Madrid 2020 o a la candidatura de Barcelona-Pirineos es importante por lo que supuso Barcelona 92
para España, para el deporte español y para los deportistas. Estoy de acuerdo en que es importante el apoyo, pero también seguir apoyando a candidaturas ya firmes como Tarragona para los Juegos del Mediterráneo o la Copa del Mundo de Baloncesto de
Madrid. Es importante porque se trata de un reflejo y un escaparate de España hacia el exterior.


Sabe que tiene nuestro apoyo en el desarrollo de las mejores políticas deportivas, y que son necesarios los cambios en leyes y programas que se adapten de verdad a la realidad del deporte español. Cuente conmigo como portavoz y con nuestro
grupo para desarrollar todas las políticas que sean necesarias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para la contestación el señor ministro.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Mis primeras palabras no pueden ser sino de agradecimiento a todos y cada uno de los señores y señoras portavoces que han intervenido por la coincidencia de todos ellos en la
felicitación a este ministro, y por supuesto en la voluntad de diálogo, colaboración y cooperación que todos ellos han expresado. Agradezco igualmente sin excepción alguna el tono de las intervenciones, tanto aquellas que han contenido una parte
mayor de crítica como aquellas que han contenido una parte mayor de acuerdo. Todas me parecen importantes aunque como es natural dedicaré más tiempo a aquellas que tienen un contenido crítico, porque como pueden ustedes suponer con las que han
manifestado acuerdo con mis posiciones lo lógico es que esté de acuerdo, y no haga perder el tiempo a sus señorías en manifestarlo. Si el señor presidente me lo permite me gustaría ordenar mi intervención respondiendo, en el mismo orden en que lo
han hecho, a los distintos portavoces los temas que han ido planteando, sin perjuicio de que en alguno de ellos que requiere una reflexión general conteste en bloque, conteste a más de uno a la vez, y al final de esta intervención sí me gustaría
establecer algunas conclusiones que creo que se derivan, no tanto de mi intervención primera cuanto de la reacción de sus señorías a esa intervención.


Lo primero que debo decirle a la señora García Álvarez es que nada me complace más que hacerla sentirse

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cómoda, aunque la razón de su comodidad sea tan singular como que le evoque la Asamblea de Vallecas, en la que por cierto no he estado nunca; no quiere decir que rechace la tradición doctrinal que de la misma se deriva y que ella ha creído
encontrar en mis palabras. Lo que le tengo que decir es que no deje arrastrar por esa comodidad porque hay una diferencia esencial, y es un tema que evidentemente ha estado flotando en todas las intervenciones. Es que aquí ya no estamos hablando
de la gestión del sistema educativo, y por tanto las críticas que su señoría me traslada acerca de los recortes, el retroceso en la equidad, el retroceso de la inversión pública, en general no son pertinentes, no aplican. Eso no quiere decir que yo
me desresponsabilice o que no sea solidario con los problemas financieros y económicos que en el ámbito de la gestión educativa están atravesando todas las comunidades autónomas, y entre ellas como es natural aquella que su señoría conoce mejor.
Entre otras cosas creo que del sentido de mi intervención se desprende justamente esa idea de solidaridad en el tratamiento de las posibles dificultades económicas. Pero como he visto que su señoría traía el grueso de su intervención escrita, y me
parece poco probable que de antemano conociera la mía, tengo que decirle que lo que sí he echado a faltar en ella es una sensibilidad mayor a lo que creo que ha sido uno de los ejes fundamentales de mi argumento, aquel que sin desconocer en absoluto
la importancia que tienen los recursos y, entre paréntesis, el uso eficiente de los recursos en la mejora de la calidad de la educación, no se deja arrastrar por el pensamiento implícito de que son solo los recursos y la condición exponencialmente
creciente de los recursos la que garantiza ese incremento en la calidad. Además, señora García Álvarez, hay un problema adicional. El Estado puede participar en programas de cooperación territorial, y lo hace; el Estado puede proporcionar un
marco de ayuda financiera en determinados programas de ese tipo sin interferir en el marco competencial de las comunidades autónomas, y lo hace. Lo que no puede hacer el Estado, sean las comunidades del PP, del PSOE, de Izquierda Unida o del Foro
Asturias, es, teniendo en cuenta la condición no finalista de la asignación de los recursos, determinar quién quiere dedicar más a educación y quién quiere dedicar menos. Nosotros en ese sentido podemos operar -usted lo comprenderá- muy
limitadamente. Le diría a este respeto que no me parece justa la referencia al deterioro de las condiciones. Creo que los datos -su señoría no ha objetado los datos que he presentado- nos hablan de que a partir de un cierto nivel de incremento de
la inversión educativa -por supuesto que estoy de acuerdo en que la educación es una inversión y no un gasto; en eso está de acuerdo todo el mundo- es difícil advertir mejoras en los resultados vinculados propiamente a ese incremento de los
recursos, e incluso la literatura científica documenta numerosos casos de un efecto contrario. Puede parecer muy contraintuitivo, pero hay muchos ejemplos en la literatura. Es decir, que el incremento de los recursos lleva a un deterioro de los
resultados.


Se ha referido a una serie de recomendaciones de lo que ha llamado consejo general del Estado; imagino que se refiere al Consejo Escolar del Estado. No tenga la menor duda de que el ministerio -como no podía ser de otra manera- atiende,
escucha y, en la medida en que coincide con el juicio que del mismo se deriva, implementa todas las recomendaciones que hacen tanto el Consejo Escolar del Estado como en sus respectivos ámbitos hacen las comunidades autónomas con los consejos
escolares que operan en las mismas, porque evidentemente ese es el sentido que tiene el Consejo Escolar del Estado. Pero hay un punto en el cual las recomendaciones que se derivan del consejo, en la medida en que trascienden el marco competencial
en el que se mueve el ministerio, sencillamente no son de aplicación. Señoría, por lo demás le agradezco, tanto sus buenos deseos como la voluntad de diálogo que ha manifestado.


Otro tanto tengo que decir de la intervención del señor Sixto respecto al tema deportivo. Su pregunta sobre la revisión del ADO, creo que en mi intervención está claro cuál es la naturaleza del problema y cuáles son las terapias -por así
decirlo- que nosotros podemos proponer. El problema deriva fundamentalmente de que, como en tantos otros sectores de partenariado público-privado o de mecenazgo o patrocinio, ha descendido sustancialmente la disposición de las empresas a seguir
participando en estos programas. Evidentemente, como su señoría puede comprender, no es fácil -me atrevería a decirle que no es hacedero- que esa caída de recursos sea compensada de forma automática con la allegación de los mismos a cargo de los
Presupuestos Generales del Estado, porque los Presupuestos Generales del Estado sufren esa misma tensión. Lo que vamos a hacer es intentar optimizar los recursos y sobre todo vamos a intentar encontrar fórmulas que nos permitan que esa caída de la
participación privada se vea compensada con otro tipo de entradas igualmente de participación privada.


Es cierto que existe un acuerdo completo y satisfactorio con la WADA, con la World Anti-Doping Agency, en torno a lo que recogía el proyecto decaído con la disolución de las Cortes de modificación de la Ley contra el Dopaje, pero no es menos
cierto que ha recibido muchas observaciones del Consejo de Estado, y que tenemos la obligación de intentar cohonestar un nivel de exigencia muy elevado en cuanto a la severidad de nuestra legislación antidopaje con las garantías que al Consejo de
Estado le preocupan en cuanto a la forma de implementarla. Porque estamos hablando de una ley, estamos hablando de derechos fundamentales, y estamos hablando también de nuestra obligación de proteger esos derechos fundamentales.


En cuanto a lo que se refiere, señor Sixto, a la apuesta por el deporte base es evidente que la compartimos. Nuestras competencias en ese campo son evidentemente limitadas, pero son competencias de impulso, competencias

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de promoción, competencias incluso de establecimiento de algunas políticas transversales que pueden ser de utilidad a las comunidades autónomas a la hora de diseñar e implementar sus propias políticas de promoción del deporte base. No tenga
su señoría la menor duda de que en ese camino nos va a encontrar.


No puedo compartir, y usted lo entenderá, su opinión acerca de la candidatura de Madrid 2020. Cuando hace unos instantes escuchaba a la portavoz en materia deportiva del Grupo Popular referirse a nuestros próximos compromisos en forma de
juegos olímpicos, tanto a Londres como a Río de Janeiro, evidentemente me traía a la memoria los dos episodios anteriores de intento de conseguir la sede de los Juegos Olímpicos para Madrid. Pero no nos vamos a dejar llevar por una tendencia
derrotista, y como usted sabe los criterios paremiológicos, los refranes, dan pie a todo y yo creo que en esta ocasión nos toca acogernos a lo de a la tercera va la vencida.


Por lo que se refiere a la intervención del señor Martínez Gorriarán en representación de Unión Progreso y Democracia tengo que decirle que estoy de acuerdo con el 95 por ciento de lo que ha dicho, y además creo que una parte de ello ha
estado incluido en la primera intervención que he realizado. Obviamente puede haber una diferencia de enfoque en algunas cuestiones. Yo creo que el concepto de modelo educativo es un concepto que al bajarlo al césped, al bajarlo a tierra puede dar
lugar a interpretaciones muy distintas acerca de lo que queremos decir con él. Si por modelo educativo nos referimos a lo que su señoría ha descrito, es decir, a lo que pudiéramos llamar las reglas lógicas y morales que presiden la orientación
finalista del modelo educativo, en eso estamos fundamentalmente de acuerdo. Pero a veces cuando se habla de modelo en realidad de lo que se está hablando es de un aspecto más formal, se está hablando de la arquitectura del sistema, de la forma de
convertir esas aspiraciones, esos objetivos, esa visión de aquello a lo que debe servir la educación en una serie de normas a partir de las cuales se genera el sistema educativo; por lo menos se genera lo que el sistema educativo tiene de
arquitectónico, es decir, la forma en la que se organiza la educación pública y también limitadamente la educación privada. Desde ese punto de vista, estando muy de acuerdo con lo que su señoría señalaba acerca de las métricas -no sé si ha sido
usted u otro interviniente quien ha hecho alguna referencia a mi condición de sociólogo para buscar mi complicidad en cuanto al escepticismo en torno a las métricas-, esto me ha recordado el famoso dicho de Bismarck, según el cual en el caso de las
salchichas y las leyes es mejor no ver demasiado cómo están hechas. Esto se aplica también a las encuestas. En el caso de las encuestas y las métricas no censales también es mejor a veces no saberlo. Ahora bien, fíjese si estoy de acuerdo con
usted en esta cuestión que un elemento esencial de la intervención se refería al rigor de las métricas; no solo al rigor, porque evidentemente puede haber métricas muestrales robustas y perfectamente rigurosas, sino a la condición censal, a la
condición universal de las métricas esenciales que se utilicen, porque un diagnóstico que no es compartido no es un diagnóstico que sirva, no es un diagnóstico a partir del cual se pueda producir mejora alguna de aquello que se pretende mejorar, y
por eso, como le digo, señor Martínez Gorriarán, en ese asunto nos encontrará también.


Plantea usted el encaje constitucional del actual reparto competencial en materia educativa. Su señoría conoce perfectamente la rica discusión, no solo doctrinal, sino también jurisprudencial, que a este respecto se ha producido y que se
plasma en numerosa jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Al final a mí, más que tener una preocupación apriorística acerca del reparto competencial, me importaría -y se lo quiero decir con toda claridad- tener la seguridad de que, sin crear
innecesarios conflictos constitucionales, cada uno estamos haciendo aquello que la Constitución nos autoriza. Me parece extremadamente importante. Es decir, somos capaces no solo de respetar los límites superiores que nos impiden llegar más allá
de lo que es nuestro marco competencial en esta materia, sino también de no querer apurar los límites inferiores, de no dejar de utilizar ese marco competencial para responsabilizarnos verdaderamente de aquello que nos confiere el artículo 27 de la
Constitución. Si nos movemos a este respecto en ese espíritu, por un lado evitaremos conflictos innecesarios con las comunidades autónomas, pero por otro podremos ejercer con la amplitud que nos reconoce una nutrida jurisprudencia del Tribunal
Constitucional esa competencia que tenemos determinada de establecimiento de los principios básicos que rigen el sistema nacional de educación.


Su señoría plantea la cuestión de la educación primaria. Estoy totalmente de acuerdo. Me he referido fundamentalmente a la reforma de la arquitectura de la educación secundaria, y hemos hablado también de las posibilidades de mejora, no
necesariamente formal pero sí material, de la educación universitaria. Algo he dicho -quizá ha quedado envuelto en otros anuncios- sobre un tema que tiene mucho que ver con lo que plantea su señoría, que es la evaluación rigurosa al final de las
etapas, y en el caso de la educación primaria me parece que este es un tema esencial. Es importante que sepamos al final de la educación primaria el grado de homogeneidad en la adquisición de conocimientos y capacidades por parte de los alumnos,
porque creo -y espero que estará de acuerdo en esto la mayor parte de sus señorías, si no todas- que los problemas de la secundaria efectivamente se arrastran de la falta de evaluación de la primaria, y de la tolerancia que existe para el paso a la
secundaria de una primaria en la que no se ha producido esta evaluación de fin de nivel, y en la que realmente nos podemos encontrar -no quiero entrar en consideraciones detallistas- con casos muy extremos que luego naturalmente tienen una clarísima
reverberación negativa sobre el funcionamiento de la siguiente etapa. Cuanto

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más heterogéneo es el nivel alcanzado por los alumnos en la educación primaria, más complicada es la gestión del ritmo y la búsqueda de la excelencia en la siguiente fase.


Su señoría plantea igualmente la cuestión de la libertad de elección de lengua vehicular en las comunidades bilingües. Le reitero lo que decía antes respecto al modelo. Hay jurisprudencia constitucional sobre esta cuestión y también hay
jurisprudencia ordinaria cuando se ha quebrado el mandato constitucional que autoriza la libertad de ser educado en la lengua que elijan los padres. No piense su señoría que es un tema que dejamos de lado; en modo alguno. Vamos a mantener una
estricta vigilancia y vamos a mantener una actitud propositiva para evitar que se repitan situaciones como las que hemos visto en anteriores legislaturas, en las cuales ha llegado a ser cuestión de litigiosidad por parte de padres, por parte de
asociaciones o por parte de distintos actores este derecho a obtener la educación en la lengua vehicular de preferencia.


Por lo que se refiere a las opiniones de su señoría en cuanto al acceso al profesorado y la derogación del máster obligatorio, sin entrar en excesivos detalles, siendo este un asunto que requiere una discusión más detallada, le diré que el
acuerdo de principio existe con las posiciones que ha manifestado.


En relación con la intervención del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, por supuesto agradezco no solo los buenos deseos y el tono, como al resto de los grupos, sino también especialmente la amplitud de las zonas de acuerdo que ha
puesto de manifiesto en su intervención y que por otra parte no me sorprenden excesivamente conociendo que esas zonas de coincidencia, en todo un amplio espectro de aspectos de inspiración y aspectos programáticos, existen y se ha acreditado su
existencia en situaciones políticas anteriores. En todo caso, lo agradezco con el mismo calor.


No sé si estamos tan de acuerdo, señoría, en lo relativo a la lucha contra el fracaso y esto me permite introducir un tema que es transversal a las intervenciones de muchas de sus señorías, que son las diferencias existentes entre
comunidades autónomas tanto en el nivel de fracaso como en la otra cara de esa moneda, que es el nivel de excelencia. Una cosa es que exista una ley marco que es de aplicación en todo el Estado y que junto a esa ley marco existan modelos de gestión
diferentes por las comunidades autónomas, a derivar de ahí que la existencia de resultados tan dispares entre las comunidades autónomas y de hecho la existencia de resultados positivos -entendiendo por positivos los superiores a la media de los
países de la OCDE en alguna de ellas- sirva de elemento de convalidación del marco legislativo. En sociología existe un modo equivocado de pensar que es lo que llamamos la falacia de composición. La falacia de composición es que si se observa que
dos fenómenos interactúan, se producen uno junto al otro, se tiende a pensar que el uno es consecuencia del otro. Eso no siempre es así. Quiero decir que el hecho de que haya comunidades que tengan un rendimiento superior al de por ejemplo la
media de los países de la OCDE en algunas dimensiones no convalida el marco legislativo general. Nos debe llevar en cambio a pensar qué elementos de diferencia en la gestión entre las comunidades autónomas son los que dan lugar a esa disparidad.
Empiezo por decir algo que quiero dejar bien claro desde el principio: a mí no me parece mal, no creo que sea dañino para el sistema que exista una cierta emulación positiva entre las comunidades a la hora de conseguir resultados educativos. Me
parece que lo que no es de recibo es que esas diferencias en los resultados tengan lugar porque exista una desproporción en los recursos empleados o porque exista alguna situación de privilegio a la que no tienen acceso otras comunidades que faculte
la obtención de esos resultados. De todas formas y centrándome en aquello que constituyen las competencias del Estado, lo que desde nuestro punto de vista es necesario es que ese ejercicio de las competencias estatales en ningún caso derive en
entorpecimiento para que dentro de esa emulación positiva las distintas comunidades aspiren a conseguir los mejores resultados.


Entramos, señoría, en lo que constituye el núcleo fundamental de posibles diferencias -iba a decir disidencia: disidencia sería un exceso verbal- en los planteamientos que hacemos a este respecto. Se habla de modificación de la
arquitectura del sistema. Puedo admitir el concepto en la medida en que hay una cierta modificación del juego entre primera etapa y segunda etapa de la educación secundaria. Digamos que es una modificación de arquitectura de esas que ahora se
intenta promocionar en la crisis generalizada de la construcción, es decir, es una intervención de reforma, no es la demolición del edificio. Como es una intervención de reforma, las reformas en las casas siempre plantean problemas a los que viven
en ellas; incluso, los más adinerados se buscan un hotel para mientras dura la reforma no tener que sufrir sus incomodidades. Aquí se trata de que nadie tenga que buscarse hotel alguno, ni siquiera una pensión, y que resolvamos el derecho
transitorio de la forma que produzca menos alteración, que resulte menos dañina.


Me hace usted una pregunta muy frontal: si el abandono escolar se va a ver reducido. En esa pregunta coinciden otros portavoces, coincide el señor Bedera y, en general, creo que es una preocupación que late en las intervenciones de varios
portavoces. Señor Barberà, en todo caso en lo que la literatura científica es absolutamente coincidente es en que existe una correlación positiva entre la condición temprana de la elección del itinerario y el éxito escolar, la reducción del fracaso
escolar. Eso tiene todo el sentido y eso, que a veces ha sido desacreditado bajo la bandera de la -utilizo el término, no lo comparto- segregación temprana de los estudiantes, no es una segregación temprana de los estudiantes, para empezar, porque
una de las cosas que se intenta conseguir es también mejorar la imagen social de la formación profesional y que no sea vista como un recurso, como la vía de escape de aquellos que no pueden

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seguir la formación, llamémosle convencional, académica, del bachillerato.


No he querido citar en mi intervención primera las cifras que revelan el desajuste que esta mala consideración de la formación profesional lleva al desarrollo de nuestro sistema, a cómo se distribuyen los alumnos en la fase postobligatoria
de la educación secundaria, pero tiene mucho que ver, señorías, con la situación de empleo, mejor dicho, con la situación de desempleo juvenil que padecemos en este país. La proporción que tenemos ahora mismo, básicamente 66-33, entre bachillerato
y formación profesional, invierte la proporción que existe en otros países que no son precisamente países atrasados en esta dimensión, como puede ser Alemania. Al final, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un paro del 48,65 por ciento
entre los activos menores de 25 años en nuestro país, que se compara con un paro del 5 por ciento prácticamente entre los menores de 25 años en Alemania. Creo que estamos hablando de un tema extraordinariamente serio e importante para el futuro de
este país. Lo digo sin ningún dogmatismo, lo digo simplemente en petición, en ruego, si me lo permite expresar así, de que tengamos todos la flexibilidad intelectual de abrirnos a considerar una medida que no tiene una orientación ideológica, que
tiene una orientación de eficacia, que tiene una orientación de rendimiento general del sistema, porque si hay una cosa que en ningún caso podemos permitirnos, es el inmovilismo. No tenemos que tener miedo a la reforma. El único miedo que tenemos
que tener es el freno a la reforma.


En cuanto a las dificultades de incorporar el modelo dual, somos plenamente conscientes de las mismas. Somos plenamente conscientes, y lo he dicho en mi intervención, de que se trata de una implantación gradual, consciente y atenta a las
diferencias que se derivan del distinto tejido productivo y sobre todo del distinto tejido empresarial. Nos gustaría poder hacer un trasplante inmediato y generalizado. ¿Por qué nos gustaría hacer un trasplante inmediato y generalizado? Señorías,
porque no hay más que ver el rendimiento que tiene este sistema en Alemania. Ayer mismo un diario francés, Le Figaro, pensando en la situación francesa, que ni de lejos es tan dramática como la española -en términos de desempleo juvenil estamos
hablando en Francia de una tasa del 25 por ciento-, hacía un elogio del sistema alemán y lo hacía en los términos en que verdaderamente el sistema demuestra sus fortalezas y su pertinencia con números concretos. Además, una cosa muy importante,
demuestra que no solo no es segregador, sino que es un potenciador de la igualdad y de las oportunidades para todos. Por ejemplo, en ese artículo se citaba que el anterior presidente del SPD, Franz Müntefering, no estudió bachillerato, estudió
formación profesional en el sistema dual, y saliendo del ámbito público o político, ni más ni menos que el presidente de Daimler, el señor Scherm, es también una persona formada en este sistema de formación profesional.


Como decía, una de las cosas esenciales que requiere el cambio es un cambio de mentalidad, empezando por el propio ministro. Todos tenemos que cambiar el chip respecto a la formación profesional, dejar de ver en la formación profesional esa
condición de recurso, esa condición de segunda vía y pensar en que una formación profesional dotada de una concepción flexible, eficaz en cuanto al incremento de la empleabilidad de quienes se acogen a ella y sobre todo con la creación de pasarelas
y mecanismos que permitan acceder desde la misma a la educación superior, es un ingrediente de primera necesidad en la reforma no solo de nuestro sistema educativo sino también en la reforma de nuestra sociedad.


A la señora Pigem le querría decir que estoy muy satisfecho de coincidir con ella sobre los objetivos de la reforma educativa, objetivos que he enunciado de una forma somera, porque sería contradictorio que entrara a detallar medidas o
incluso orientaciones más genéricas, cuando he dicho que el primer propósito es confiar una reflexión en profundidad pero muy compacta en el tiempo a una comisión de expertos. Aprovecho para decir a sus señorías que naturalmente esa comisión de
expertos atenderá en la diversidad a las sensibilidades políticas distintas representadas en esta Cámara y tengan la seguridad de que será una comisión comprensiva, amplia en todo caso, en cuanto a las orientaciones no solo en las diferentes
materias y orígenes geográficos, sino también en cuanto a las diferentes orientaciones políticas y pedagógicas.


Ha planteado un problema muy concreto referido al Real Decreto-ley 20/2011, en cuanto a la contratación de profesores. Podemos tratar privadamente el asunto en el detalle, pero puedo decirle con carácter general que en rigor no bloquea por
completo la posibilidad de contratar profesorado, sí de contratar personal funcionario, obviamente. Teniendo en cuenta las posibilidades que existen, fundamentalmente a partir de la modalidad contractual de la obra-servicio, no está excluida la
posibilidad de proceder a ese tipo de contrataciones con cargo a proyectos externos, que es lo que su señoría manifestaba al decir que incluso obteniendo la financiación de terceros no podía acogerse a la posibilidad de contratar personal docente e
investigador.


Comparto, señora Pigem, las observaciones acerca de la rigidez en la duración de los grados y de los másteres. Este es también, a mi entender, uno de los temas esenciales a los que se tiene que enfrentar la comisión de expertos. Lo he
dicho al principio de mi intervención. Tenemos grandes problemas de acogimiento de Bolonia, pero tampoco son una originalidad extraordinaria de nuestro país. Hay sistemas universitarios muy maduros que han aceptado Bolonia hasta donde han querido
aceptar Bolonia y no son por ello menos europeístas ni menos respetuosos del espacio europeo de Educación Superior. Simplemente, hay situaciones de adaptabilidad muy difícil que afectan por ejemplo a las carreras de derecho, a las carreras
jurídicas, a algunas ingenierías superiores, que de hecho han llevado en algunos casos

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a la sustitución del grado por una especie de grado más máster integrado, y es un poco la solución que en general está prevaleciendo respecto a lo que antiguamente eran las titulaciones de seis años. Hay una batería de problemas de gran
complejidad para los que probablemente la peor receta imaginable es la rigidez. Estamos de acuerdo en eso y evidentemente va a ser uno de los elementos que se analicen en el marco de esa comisión.


Por lo que se refiere a las cuestiones financieras, que también plantea, le digo lo que he señalado antes. Desde que las transferencias dejaron de ser finalistas, en el fondo se puede discutir si el quantum de participación de una comunidad
autónoma u otra en programas de cooperación territorial es el adecuado -es una discusión razonable-; se puede discutir si cabe hacer algo más desde la Administración central, desde la Hacienda pública estatal para que no se produzca una asfixia del
sistema universitario, pero en última instancia la capacidad de resolver esos problemas está residenciada en las comunidades autónomas. Es muy difícil que el Estado pueda subvenir a esos problemas. Puede ser evidentemente -y lo es- solidario con
situaciones críticas, como lo está siendo con otras situaciones críticas que se están planteando en otros ámbitos como en la sanidad o incluso en la capacidad de repago de la deuda de las comunidades, pero siempre dentro de un marco en el que
evidentemente el correlato de la autonomía financiera es la responsabilidad financiera.


Por lo que se refiere al Grupo Socialista, agradezco muy sinceramente a su portavoz, al señor Bedera, el tono y el contenido de su intervención y la mayor parte de las opiniones, coincidentes o no, que ha expresado acerca de mi intervención,
sobre todo su voluntad de ejercer eso que él ha llamado una oposición útil y que yo quiero entender como una oposición constructiva y encaminada a buscar las coincidencias que lleven a nuestro sistema educativo a conseguir las mejores cotas posibles
de eficacia y de rendimiento. Como es natural, señor Bedera, coincido mucho menos en las líneas rojas; más que en las líneas rojas, en la concepción subyacente a las líneas rojas.


Déjeme que primero me refiera a esos puntos de coincidencia, porque me parece que es muy importante que el Partido Socialista y nosotros estemos de acuerdo en la urgencia y en la importancia de elaborar un estatuto del docente y, como usted
decía muy bien en su intervención, que ese estatuto atienda a la entrada, a la carrera y a la jubilación, es decir, a la progresión en la carrera. Si es cierto que la opción por la enseñanza es atractiva para los jóvenes españoles -al margen de las
dificultades que por la tensión financiera se plantean actualmente en cuanto al acceso a la misma-, si es cierto que puede ser una opción atractiva en el ingreso, tenemos que esforzarnos enormemente por mantener la tensión de ese atractivo a todo lo
largo de la carrera profesional. El hecho de concebir una carrera del docente en la que no diré que el malo sea castigado, pero sí con mucha claridad que el bueno sea premiado -es decir, que el resultado, la eficiencia, la dedicación, la innovación
y la actualización de los conocimientos tengan una recompensa-, me parece que es de una importancia esencial. Lo es en todas las fases del proceso educativo. Lo es en la primaria. Se ha hecho público hace escasas fechas un estudio americano que
señalaba que la diferencia existente entre tener un buen profesor en el último curso de primaria y tener uno malo se podía seguir a lo largo del tiempo y acababa reflejándose en mejores oportunidades de empleo, en mejor salario y en mayor
estabilidad en el empleo de quienes habían tenido un buen profesor respecto a quienes habían tenido un mal profesor. Naturalmente no tengo los detalles del estudio y no estoy en condiciones de adverar el rigor de las conclusiones sobre la base del
material que utilizaba, pero creo que todos los que hemos pasado por el proceso educativo tenemos la experiencia de algún profesor que nos ha marcado y empíricamente cada uno de nosotros hemos vivido y hemos sido conscientes de las consecuencias y
de la diferencia entre un buen profesor y un mal profesor.


Recordaba hace unos días -en este caso referido a la educación secundaria- algo que Fabián Estapé en su obra sobre Schumpeter hace ver respecto a la importancia de la buena calidad de la educación, como decía, en este caso en la secundaria,
cuando al hablar de la infancia de Schumpeter decía que desde muy temprana edad -su padre murió-, desde el punto de vista de atención parental, no tuvo más que la de la madre. Estapé decía: al final esto no le influyó mucho a Schumpeter porque en
el fondo, ¿qué es un hombre? Y se contestaba: un hombre es una madre y un bachillerato. Aquí no nos toca hoy hablar de las madres, muchas de las cuales están representadas en las señoras diputadas, pero sí del bachillerato. Esta es una
experiencia que todos tenemos y que, aparte de la resonancia personal que a cada uno nos ocasione, no necesitamos que nos la expliquen; somos capaces de entenderlo. El que estemos de acuerdo en la importancia del estatuto del docente me parece -y
así se lo quiero decir- que nos abre una vía de acuerdo esperanzadora en otras cuestiones importantes.


Voy a algunas de las líneas rojas que me marcaba. No creo que haya habido nada en mi intervención que pueda haber sembrado la más leve sombra de duda acerca de la firmeza con la que estamos dispuestos a defender la igualdad de
oportunidades. No lo creo. Creo que lo he dicho de forma explícita. Mejor dicho, es que la igualdad de oportunidades es para nosotros el correlato más importante de la equidad en el proceso educativo, así que, por lo que a nosotros se refiere,
esa línea roja la puede ir borrando, que no hay el menor peligro. Luego me habla de la arquitectura de la escuela pública. Señor Bedera, tampoco. Nosotros pensamos que una escuela pública de calidad es una herramienta imprescindible del progreso
de un país y vamos a defender la escuela pública como el primero.


Después me pregunta usted por el alma del ministerio, si tengo alma madrileña o alma valenciana. Le voy a decir: tengo alma española, que es lo que me toca.

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(Aplausos.) Y como tengo alma española, evidentemente lo que voy a intentar, en la medida en que mis competencias me lo permitan, es que en todas y cada una de las comunidades españolas los resultados educativos mejoren y que esa mejora
tenga que ver con lo que desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se va haciendo. Me pregunta usted si sé de dónde venimos. Pero cómo no lo voy a saber, señor Bedera, claro que sé de dónde venimos. Yo vengo del mismo sitio que usted,
no venimos de sitios distintos. Sé la tasa de analfabetismo que había en este país y sé la dificultad de acceso, condicionada por la situación socioeconómica, que ha habido al bachillerato y qué decir a la universidad y todo lo demás. Ahora,
también le digo una cosa, que hayamos conseguido unos resultados estimabilísimos, unos resultados que nos han cambiado el lugar en el mapa, a lo largo de los primeros años de la transición o si quiere usted de los veinte primeros años, no nos puede
hacer cerrar los ojos al hecho de que llevamos unos años de estancamiento y que el estancamiento en la educación, al igual que en otras facetas de la vida social, tarda lo justo en convertirse en retroceso. De hecho, en algunas dimensiones estamos
viviendo una situación de retroceso.


Vuelvo, señoría, a la cuestión de las diferencias regionales. A mí las diferencias regionales no me preocupan si son diferencias que resultan a consecuencia de una emulación positiva entre las comunidades para ver cuál consigue mejores
resultados. Lo que me preocupan son las diferencias que se traducen por ejemplo en situaciones como las que ocurren en Andalucía -por decir una de las comunidades más populosas que se encuentra en situación de desprivilegio respecto a aquellas que
obtienen mejor resultados- respecto a las comunidades que logran mejores resultados. Pero no me preocupan, y se lo digo con toda franqueza, señor Bedera, no estoy haciendo un argumento político. Mi preocupación es que seamos capaces de no
engañarnos sobre temas tan esenciales como estos, porque la respuesta fácil de pensar que todo ello es debido a una cuestión de recursos no es cierta, señor Bedera, no es verdad, hay otras cuestiones. Tenemos que trabajar todos para que,
manteniéndose en lo que tenga de positivo esa emulación entre las comunidades, seamos capaces de reducir, o idealmente de eliminar, esa cola del sistema, que son aquellas comunidades cuyo rendimiento está por debajo o muy por debajo de la media de
la OCDE.


Paso a referirme, señor Bedera, a sus preguntas concretas. Bachillerato de tres años. Su pregunta concreta, su inquietud es ¿se reduce la formación obligatoria? En absoluto. Yo creo que lo he dicho con toda claridad. El primer curso,
bien sea de formación profesional, bien sea de bachillerato, es exactamente igual de obligatorio que lo es el 4º de la ESO. Ahora bien -y ya me salgo de su intervención y contesto a alguna otra objeción que se ha planteado-, ¿esto se relaciona con
el problema fundamental, la reducción de la tasa del abandono escolar temprano? Lo vamos a ir discutiendo, pero el principio está bien claro. Si a una edad un poco más temprana se puede elegir un itinerario que está más de acuerdo con la
orientación de cada uno y se comienza a desarrollar ese itinerario en el que en todo caso hay que completar un curso -porque hay que completar la fase obligatoria hasta los 16 años-, va a ser mucho más probable que exista el incentivo para continuar
en ese itinerario. Quiero decir que si una vez que se ha producido un ajuste entre la inclinación personal, la capacidad, lo que sea, y el itinerario y se ha cubierto un tercio del camino, y teniendo en cuenta el valor intrínseco que la educación
secundaria postobligatoria tiene para quienes se embarcan en ella, yo no tengo la menor duda de que la lógica del sistema, el incentivo que el sistema crea va a ser uno que dé lugar a un progreso en ese itinerario postobligatorio por parte de
quienes participen en él. ¿Conciencia de los riesgos? Sin la menor duda. ¿Conciencia de los problemas de transición? Toda. ¿Conciencia del coste? También. Estamos analizándolo y estudiándolo, y ese aspecto de coste va a ser objeto de algún
planteamiento de cooperación territorial por parte de Estado. Insisto, esta es una reforma que presenté, en primer lugar, incluso antes de traerla a esta casa, a la Conferencia Sectorial de Educación, que va a seguir desarrollándose en diálogo con
la Conferencia Sectorial de Educación y evidentemente nosotros no vamos a ser, ni mucho menos, ajenos a los problemas de implementación que para la misma se pueden plantear las comunidades autónomas, de ninguna manera. Pero, una vez más, no le
tengamos tanto miedo a los cambios. Pensemos que el único miedo que podemos y debemos tener es el miedo a no hacer cambios.


Me pregunta también si se va a concertar o no el bachillerato. La educación obligatoria y gratuita no va a variar en cuanto a su límite de los 16 años. Por tanto, una parte de la respuesta se la doy. Hasta los 16 años se va a mantener la
gratuidad. No puede ser de otra manera, señor Bedera. Tiene que ser así. Luego, como estamos hablando de un proyecto y como estamos hablando de diálogo con las comunidades autónomas, luego vamos a ver qué mecanismo arbitramos. (Rumores.) Veo
cierto revuelo en determinada zona de la sala. Tampoco nos aferremos a clichés o a prejuicios sobre la conveniencia de extender la gratuidad. Si existiera la posibilidad o la facilidad y los recursos para hacerlo ¿quién iba oponerse a ella? Ya
veremos, pero no aislemos el sistema en sus componentes y nos olvidemos de que aquí, al final, en el tema del bachillerato no tenemos por qué estar cerrados a fórmulas financieras que faciliten el que la gente participe. Pensemos también en la
formación profesional y en las condiciones financieras de la formación profesional, que no se nos olvide. Pero, sobre todo, que no se nos olvide otra cosa. Aquí la gratuidad de verdad es la gratuidad universitaria. Es un sistema en el que el
estudiante, en el peor de los casos, paga el 15 por ciento de lo que cuesta su puesto de enseñanza. Como eso es así y eso en términos de equidad es una cosa que creo que merece una reflexión de todos nosotros, y además

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una reflexión lo menos prejuiciosa y lo menos precondicionada posible, también tenemos que aplicar ese principio de flexibilidad y falta de prejuicios a lo que se refiere a la financiación de fases anteriores.


Señor Bedera, sé que la formación profesional dual no es la panacea; nunca lo he dicho y sé que tiene limitaciones. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Proponemos prestar apoyo al desarrollo de programas piloto que nos permitan,
progresivamente, ver qué experiencias funcionan y qué experiencias no funcionan, cómo es más fácil comprometer la otra pata que necesita este sistema, que es la pata empresarial y, en todo caso, utilizar esas experiencias piloto, que naturalmente
van a ser implementadas por las comunidades autónomas. De hecho algunas ya las están implementando, entre ellas -ya lo siento- la Comunidad de Madrid también, y están utilizando esas experiencias piloto para ser capaces de construir un modelo de
formación dual que, no nos engañemos, probablemente no pueda ser generalizado, pero que sí va a poder ser desarrollado.


¿El programa PROA va a continuar? El programa PROA -usted lo conoce perfectamente, no necesita que se lo explique- ha sido uno de los programas de cooperación territorial mejor dotados en estos últimos años y, como todos los programas de
cooperación territorial, va a ser objeto de una rigurosa evaluación. No tenga usted la menor duda de que si el resultado de esa evaluación nos habla de su eficiencia y de los logros que ha conseguido es un programa que continuará.


No puedo compartir, señor Bedera, las observaciones que me hace sobre educación para la ciudadanía. No puedo compartirlas porque, primero, usted dice que yo o que el Gobierno pone en duda cuestiones que son objeto de acuerdo prácticamente
universal. Justamente son esas cuestiones objeto de acuerdo universal las que el Gobierno no pone en duda; son las que no son objeto de acuerdo las que son puestas en duda. He dicho muy claramente y a ello me atengo que nosotros no estamos por
suprimir una educación cívica y constitucional. Lo que estamos es por no mantener una asignatura que ha resultado enormemente... ¿Usted sabe cuántas objeciones ha habido a educación para la ciudadanía? Ha habido 55.000 objeciones. Son muchas.
¿Usted sabe el problema que ha supuesto en muchos centros? En todo caso, en aras de la voluntad de consenso que, con toda sinceridad, vengo afirmando en el curso de la tarde y de mantener el mejor clima y el mejor espíritu, me voy a abstener de dar
lectura a algunos textos oficiales y aprobados de educación para la ciudadanía a los que podría dar lectura y que están lejísimos de lo que constituye para nosotros el objetivo que persigue el Consejo de Europa y que nosotros compartimos de que los
estudiantes salgan de la educación obligatoria, de la primera parte de la Educación Secundaria con un conocimiento razonable de los valores constitucionales, de los valores cívicos, de los principios de la convivencia y del marco institucional que
tanto la Constitución como la Unión Europea marcan para el desenvolvimiento de su vida como ciudadanos. El propósito no es solo formar personas con alta empleabilidad, sino formar ciudadanos, pero formar ciudadanos no quiere decir formar ciudadanos
a partir de un determinado prisma ideológico, sino que esa formación no sea susceptible de convertirse en adoctrinamiento.


Señora Costa, ni luterano ni tridentino llego a comprender el desasosiego que, según su señoría, se ha producido en el mundo universitario. Puedo entender la preocupación en el mundo universitario por cuestiones como las que hace un momento
trataba con la señora Pigem. Evidentemente, hay muchos motivos para estar inquieto, pero son motivos que no tienen que ver con las competencias de este ministerio. Son motivos esencialmente financieros. Y reitero por enésima vez que, no
existiendo las transferencias finalistas, este es un problema esencialmente erradicado en el marco competencial de las comunidades autónomas.


Señor Pezzi, muchísimas gracias por sus buenos deseos y por su felicitación. Usted ha hecho ya la observación fundamental respecto al ADO. Coincido en la importancia -de hecho lo he expuesto en mi intervención- de atender a los aspectos
específicos del deporte que se derivan tanto de la Ley Concursal como de la Ley del Juego y, por supuesto, en la importancia de la reforma de la Ley del Deporte Profesional.


Señora Fernández Davila, no voy a discutir en modo alguno la importancia de los compromisos de mejorar la financiación de la educación, que constituye una razonabilísima preocupación de su grupo y probablemente de todos los grupos, pero no
puedo en absoluto sentirme concernido, por lo menos centralmente concernido por esa cuestión porque este es un problema de opción de las comunidades autónomas; es decir, son las comunidades autónomas las que deciden en el marco de su autonomía
financiera qué recursos dedican a qué cosas y ahí se incluye evidentemente la educación. Diría a este respecto, si me lo permite, aunque me salgo un tanto del marco de su intervención, que una de las cuestiones que estamos analizando y una de las
cuestiones que queremos discutir con las comunidades autónomas es la definición de una carta de derechos básicos en materia educativa. La carta de derechos básicos en materia educativa tendría -estoy hablando básicamente de un compromiso de las
propias comunidades autónomas- que garantizar la suficiencia de los recursos que se dedican a atender esas necesidades educativas básicas. Pero no voy a anticipar una idea que está por el momento solo esbozada. Solo le digo que el vínculo a la
calidad de los recursos existe; existe en la medida limitada que he dicho. Las decisiones básicas en materia de financiación educativa en todas sus fases son esencialmente decisiones de las comunidades autónomas. Me plantea usted -y me parece muy
interesante el planteamiento- la cuestión de la educación de 0 a 3 años. Se lo voy a decir con toda franqueza, señora Fernández Davila, yo creo que eso no es educación, creo que es básicamente conciliación. El proceso de 0 a 3 años, un proceso en
el

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que el Ministerio de Educación ha contribuido básicamente con infraestructuras en uno de sus programas de cooperación territorial, creo que es un proceso importante, pero partiendo de la realidad de que esencialmente no es parte del proceso
educativo, y con esto no estoy ni muchísimo menos menospreciándolo. El proceso educativo propiamente dicho empieza a los 3 años y esto tenemos que encajarlo en lo que es sustancialmente, un apoyo a la conciliación, y tenemos que ser conscientes de
que en esta cuestión no basta con subvenir con recursos a la creación de infraestructuras, porque luego esas infraestructuras son enormemente caras de mantener, son caras de alimentar y se traslada el mantenimiento y la alimentación de esas
infraestructuras, puesto que ya estamos hablando de políticas sociales, a otras administraciones. De modo que aquí también encuentro un campo en el que me parece a mí que tenemos que profundizar en el acuerdo con las comunidades autónomas para ver
hasta dónde podemos llegar y, sobre todo, qué le toca a cada uno; creo que es lo importante.


En cuanto a los temas que suscita acerca del bilingüismo y las comunidades autónomas con lengua propia, me remito únicamente al marco general, que es un marco respetado en Galicia, que marca unas enseñanzas mínimas y donde por otro lado la
mayor parte de la educación utiliza el gallego como lengua vehicular. Es decir, si la pregunta es si vamos a cambiar ese marco ahora, yo diría que no. Ese es un marco que no estamos pensando cambiar en este momento, al margen naturalmente de la
responsabilidad que nos incumbe de garantizar el derecho a elegir la lengua vehicular por parte de los padres en cualquier comunidad.


Por lo que se refiere a la intervención del señor Álvarez Sostres, le agradezco también todos los ámbitos en los que ha expresado una coincidencia con mi intervención. Coincido con él y conmigo mismo -si me permiten la broma- en que la
autonomía de los centros es una de las claves de bóveda de reforma del sistema y que esa autonomía de los centros trae consigo como un elemento inescindible de la misma la rendición de cuentas, la accountability de los propios centros. Y claro que
el sistema necesita cambios, esos cambios son los que nosotros estamos proponiendo. Sobre las medidas que propone en general, básicamente son medidas que en su mayor parte están contempladas en nuestro programa. Yo sí creo que el sistema educativo
tiene que ser también un elemento de cohesión nacional. En el marco de las competencias que están reservadas al Estado, ese principio de cohesión al que se refería Agustín de Argüelles en la primera cita de mi intervención -hace ya cuatro horas-
tiene un espacio reservado. Creo que podemos hacer eso, pero también creo que las comunidades autónomas tienen un amplio espacio de desenvolvimiento de su propia gestión educativa, respetando siempre ese ámbito común que es la responsabilidad que
tenemos.


A la señora Tapia tengo que decirle que le agradezco su acuerdo básico con los principios básicos, y se lo agradezco básicamente, como no podría ser de otra manera. Le agradezco además la cita que me ha hecho, que no sé de dónde es; lo
debo de haber dicho en algún sitio pero no estoy en condiciones de recordarlo. La Comunidad Autónoma vasca, que tiene unos indicadores entre positivos y muy positivos, tiene indicadores que están entre los mejores, lógicamente también tiene que
operar en un marco nacional que no puede ser puesto en cuestión. En la medida en que ese marco nacional sea respetado y en la medida en que no sea puesto en cuestión, no habrá problemas especiales de ningún tipo. Permítame que no me sienta por el
momento -si me lo dice dentro de dos años podríamos discutirlo un poco más- responsable de los resultados de Ceuta y Melilla, pero permítame también que en descargo de los anteriores ministerios responsables de la gestión del sistema en Ceuta y
Melilla le diga que difícilmente es imaginable una situación más complicada desde el punto de vista de la gestión de la educación que la que tienen estas dos ciudades, donde no solo se trata de proporcionar educación a unos jóvenes que tienen
backgrounds culturales profundamente dispares, diferentes sino que además hay que tener en cuenta la avalancha de población, básicamente marroquí, que acude justamente a beneficiarse de esa educación obligatoria y gratuita que se les facilita en
Ceuta y Melilla. Dicho lo cual, y para que no se malinterpreten mis palabras, tengo que decirle que vamos a dedicar una atención especial a Ceuta y Melilla y que los ceutíes y los melillenses tendrán que agradecerle a usted, señora Tapia, que haya
levantado la bandera en su defensa.


Yo no le voy a discutir que a los modelos hay que darles tiempo; claro que hay que darles tiempo. En la educación hay que darle tiempo a todo. No le voy a discutir ni siquiera el horizonte temporal que propone de doce o quince años pero,
pensemos una cosa, señora Tapia, hay algunas cosas cuyos efectos no se acaban de ver sino al cabo de doce o quince años, pero si usted se coge la EPA que se publicó el viernes pasado y se mira la situación desde el punto de vista del nivel de
educación alcanzado y la situación de población activa, paro y ocupación de los jóvenes de 25 a 29 años, a esos jóvenes que hoy tienen entre 25 y 29 años no les podemos pedir doce años de paciencia porque ellos no van a volver a tener entre 25 y 29
años. De modo que hay aspectos teóricos que podremos discutir, que serán objeto de tesis, que se analizarán con el tiempo, pero hay cuestiones que no son nada teóricas, que son problemas actuales y que demandan acción inmediata. Yo creo que,
efectivamente, el modelo de tres años no va a producir per se un resultado taumatúrgico, no lo he dicho en ningún momento. Creo que es una pieza; tampoco he dicho siquiera que sea la pieza más importante. He empezado por decir que el primer
cambio no es un cambio de arquitectura sino un cambio de mentalidad. Creo que el cambio de mentalidad es lo más importante que tenemos delante. Pero, dicho esto, creo que hay razones suficientes para pensar que el modelo que en el diálogo al que
me he referido

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pretendemos implantar tiene en sí mismo las condiciones para producir un resultado más satisfactorio en términos de reducción del abandono escolar temprano.


En lo que ha señalado respecto al tema universitario, le diré que yo no he hablado de fusionar universidades, he planteado simplemente la pregunta de si a lo mejor el número de universidades que tenemos o a lo mejor el detalle de que en el
42 por ciento de las titulaciones el número nuevo de alumnos en el último curso fue inferior a 50 no es un tema que nos debe llevar a pensar en la asignación eficiente de los recursos.


En cuanto a la excelencia, es un tema absolutamente central en el horizonte de nuestra reforma. La excelencia, como su señoría sabe, no es nunca un resultado; la excelencia es un proceso, y es un proceso interactivo. Nunca se acaba de ser
excelente, siempre se está en el camino de la excelencia. La excelencia no es el gesto ni la cosa visible del premio Nobel. Porque lo que me planteaba de contratar un premio Nobel también admite la pregunta al revés: ¿por qué iba a querer el
premio Nobel venir a esa universidad? Esa es también una pregunta que nos tenemos que hacer. Nosotros no vamos a conseguir la excelencia de nuestro sistema universitario porque de repente venga Bill Gates, nos dé una subvención a fondo perdido de
3.000 millones de euros y cada universidad se ponga a contratar un premio Nobel. Eso no arreglaría nada. Lo que arreglaría las cosas es que al cabo del tiempo las universidades, mediante la especialización, mediante la intensificación de las
capacidades de investigación, mediante la internacionalización, paso a paso fueran capaces de crear un premio Nobel.


Por lo que se refiere a las selecciones deportivas me hubiera defraudado si no lo hubiera planteado, de modo que la espero cuando llegue el momento y cada uno traeremos nuestra parte preparada.


Por último, y no quería alargar más esta intervención que creo que ya se ha alargado en exceso, agradezco de todo corazón a doña Sandra Moneo sus consideraciones. Estamos -lo sorprendente sería lo contrario- totalmente de acuerdo en los
planteamientos que realizamos. Ella ha profundizado en algunas de las cosas que yo he dicho y no puedo sino manifestar mi acuerdo y mi agradecimiento.


Por lo que se refiere a la intervención de la señora Blasco, claro que estamos de acuerdo en la necesidad de dar mayor visibilidad a las mujeres para que no digan: Mira ese Pau Gasol, sino esa Miriam Blasco. Lo tienen que decir por las
calles adyacentes y por las de toda España. Naturalmente que, por lo que se refiere al mecenazgo deportivo, es un tema que tenemos muy presente y tendré ocasión de referirme a ello cuando intervenga el jueves ante la Comisión de Cultura.


Concluyo, señorías, con observaciones de alcance general. Primero, mi satisfacción al constatar la amplitud de los objetivos que compartimos. Compartimos el objetivo de reducir el fracaso; compartimos el objetivo de aumentar la
excelencia; compartimos el objetivo de ser más eficientes y creo que compartimos también el objetivo de respetar la libertad. Mi satisfacción igualmente por el hecho de que existe un grado apreciable de convergencia en cuanto a las metodologías de
trabajo. Recojo con satisfacción las opiniones positivas que se han vertido acerca del diálogo como método para alcanzar el acuerdo con todos los stakeholders del sistema educativo, incluidos naturalmente los partidos representados en esta Cámara,
con la metodología de intentar hacer más con menos, es decir, buscar la máxima eficiencia en el gasto educativo y en la utilización de todos los recursos educativos, con la importancia que este ministerio le da, y que creo que los grupos comparten,
a realizar cualquier proceso de reforma en estrecho diálogo con la Conferencia Sectorial de Educación y con la Conferencia General de Universidades.


Por último, quiero agradecer una vez más el espíritu y el tono que han presidido las intervenciones de los señores y de las señoras portavoces de los distintos grupos. Quedo una vez más a su disposición para profundizar en este y otros
temas. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia, atendiendo a las cuatro horas transcurridas desde que hemos iniciado la sesión, no va a abrir turno de réplica, pero sí haciendo una llamada al espíritu deportivo -al ser mallorquín, por más señas, al
espíritu de Rafa Nadal-, en un ejercicio de autocontrol y sacrificio, si algún grupo quiere hacer una intervención para aclarar una cuestión o una pregunta concreta, no más allá de tres minutos, le daré la palabra. Por favor, manifiéstenlo y
abriremos un turno para cuestiones muy concretas, de no más allá de tres minutos por grupo. Quien quiera hacerlo, por favor, que lo manifieste. (Pausa.) Tiene la palabra en este turno de tres minutos el Grupo de La Izquierda Plural.


La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Probablemente utilizaré menos de tres minutos porque, como ha dicho el señor ministro, tendremos ocasión de debatir larga y profundamente sobre los temas más importantes que hemos tratado hoy. Pero sí quiero
decirle dos cosas. Una es agradecerle lo que me ha dicho respecto al Consejo Escolar. Efectivamente creo que ha debido de llevarse usted una gran sorpresa, porque en el resto de cuestiones he mencionado el Consejo Escolar del Estado y cuando me he
referido a la comparecencia del presidente he hablado del Consejo General del Estado. Probablemente usted habrá pensado: ¿qué me pedirá este grupo, qué estará diciendo? Le agradezco esa corrección.


La cuestión siguiente que quisiera aclarar es sobre lo que se ha dicho respecto al municipio de Rivas, y deseo hacerle una invitación. No me corresponde ya a mí, pero pídalo usted; vaya a la Asamblea de Madrid y conózcala, que también
merece la pena. En el municipio de Rivas efectivamente se hizo un colegio concertado, acordado entre el alcalde de la localidad y la consejera de Educación porque la intransigencia de la Consejería de Educación respecto a un centro público fue pura
y manifiestamente

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clara. Por eso se tuvo que llegar a ese acuerdo, porque las necesidades escolares existían.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por tres minutos el representante del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.


El señor BARBERÀ I MONTSERRAT: Intervengo solo para restaurar la importancia que tiene el deporte y que no he podido terminar de comentar y me gustaría transmitírselo al ministro.


En el deporte base estamos de acuerdo. Sobre las competencias de la comunidad autónoma, en todo aquello que sea potenciar el deporte base nos encontrará junto a usted.


En cuanto a la reforma de la Ley del Deporte, sin duda. Es muy antigua y hay que actualizarla.


Tema de financiación. En la Comisión de Cultura usted hablará de mecenazgo. Como han dicho otros portavoces, creemos que el deporte también necesita de una ley de mecenazgo para ayudar a la organización de eventos deportivos, por ejemplo.


Respecto a la territorialización de los recursos, fíjese que nuestro Centro de Alto Rendimiento en Sant Cugat no ha recibido todavía los ingresos que tenía pactados por convenio de este Gobierno y eso le pone en una difícil situación
económica para cumplir con sus objetivos. La territorialización de esos recursos ayudaría a estar más cerca de estas necesidades.


No solo es el País Vasco. A veces jugamos también con su selección. También defenderemos las selecciones nacionales porque son una característica identitaria de Cataluña. Por último, estamos de acuerdo -y también estaba en nuestro
programa- en una ley para el dopaje, aquí nos encontrará también para impulsarla. Y también para solucionar ese problema que tenemos, que usted ha mencionado y que son los agujeros económicos en el deporte profesional.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Bedera.


El señor BEDERA BRAVO: Lo primero de todo, muchísimas gracias por esta comparecencia, señor ministro, porque podía haber dado una larga cambiada, podía haber hecho eso que se dice: voy a responder genéricamente a todos, haber contado usted
lo que hubiera querido, pero ha respondido puntualmente, estando o no de acuerdo, y yo en nombre de mi grupo se lo tengo que agradecer.


No es este el momento y no voy a entrar, yo no he hablado en ningún momento, como se habrá dado usted cuenta, del pacto educativo, porque por cortesía parlamentaria no he querido entrar en ese tema, lo vamos a dejar para otra ocasión, que
tiempo habrá, y comentaremos lo que hubo ahí. Sí quería indicarle que una de las líneas rojas es un tema de interpretación, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo nosotros con la libertad de la elección de centros? Libertad sí, señor ministro, pero
igualdad también, y la igualdad se rompe cuando son los centros los que eligen a los alumnos, ese es el problema, y eso es lo que explica que el 80 por ciento de los alumnos inmigrantes o con necesidades especiales casualmente estén en la pública y
no estén en la concertada.


Muy rápidamente. No vamos a estar de acuerdo con el tema de la separación temprana, pero no es porque lo diga yo. Le cito aquí -como usted ha hablado de doctrina científica- a dos investigadores que trabajan con la Comisión, Hansen y
Whitman, estos señores están diciendo hace mucho tiempo que efectivamente la separación temprana dificulta como mínimo la igualdad. Y precisamente por eso, como usted conoce, los alemanes, que empiezan a separar a los 12 años, se están planteando
una nueva ley para separar más tarde.


Brevemente. Estatuto del docente, va a tener todo nuestro apoyo, porque es un miura eso, señor ministro, es un miura. Igual que le digo que en el tema del acceso necesitamos a los mejores y ahí está nuestro real decreto, aproveche lo que
quiera o hablamos de lo que usted quiera, en el tema de la carrera docente, incluso echándonos encima la enemiga de algún grupo de profesores, nosotros siempre hemos dicho que hay que introducir la evaluación; hay que introducir la evaluación. No
puede uno salir con veintipocos años de una oposición y que su próximo objetivo sea la jubilación y entre medias nada, completamente de acuerdo. El tema de la jubilación también lo tendremos que discutir, pero en principio, en cuanto a la cuestión
general, estamos de acuerdo.


También rápidamente, lo de tercero de bachillerato. Creo que a usted, señor ministro, en los pocos consejos de ministros que lleva con el señor Rajoy se le ha pegado algo y por eso la contestación suya sobre el tema de la concertación ha
sido: depende. Bueno, pues veremos de lo que depende y para qué lado pende.


PROA. Dice usted que van a evaluarse, ya le digo yo que están evaluándose esos programas...


El señor PRESIDENTE: Señoría, por favor.


El señor BEDERA BRAVO: Termino, termino. Se están evaluando esos programas, la Universidad de Granada los evalúa y un 80 por ciento de los alumnos que pasan por los PROA acaban titulando en la ESO, sabiendo que son los que más dificultades
tienen. Por lo tanto, le pido que lo mire con cariño, se lo digo así.


Educación para la ciudadanía, termino. Usted dice que ha habido 55.000 supuestos que han recurrido. El año 2011-2012 el conjunto de alumnos que forman parte del sistema educativo español son 7.928.727, por lo que los recursos representan
el 0,69 por ciento. Las reclamaciones tan abundantes son el 0,69 por ciento contra esa Educación para la ciudadanía.


Le reitero nuestra mano tendida, señor ministro, le agradezco su minuciosa contestación y quedamos, como

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usted va a venir más veces, pendientes de profundizar más en otros momentos.


El señor PRESIDENTE: Cierra la intervención de grupos la señora Moneo por el Partido Popular.


La señora MONEO DÍEZ: Brevemente. Señor ministro, gracias por la amabilidad de sus palabras.


Yo no pretendo entrar en polémicas y hacer protagonista de esta sesión de la Comisión al alcalde de Rivas, pero lo que es evidente es que es difícil aceptar en ocasiones que el hecho de determinadas afirmaciones pone en evidencia profundas
contradicciones, que es lo que ha ocurrido a lo largo de las intervenciones de la portavoz de Izquierda Unida. Por otra parte, no es intención de nuestro grupo tampoco entrar en el enfrentamiento entre enseñanza pública y enseñanza concertada,
porque por encima de la enseñanza pública y de la enseñanza concertada está un principio fundamental en el que mi grupo cree profundamente: la libertad de las familias. Usted sabe que el gran problema fundamental derivado de la aplicación de los
criterios de la Ley Orgánica de Educación es que los padres no pueden elegir. Esa es la realidad. Y que hay determinados centros, según la zona donde se instalen, según la comunidad autónoma y según el porcentaje de población inmigrante, donde más
del 60 por ciento es alumnado inmigrante. Pasee usted por determinadas zonas de Madrid y verá y entenderá esa realidad. ¿Sabe qué ocurre? Que es bueno que los padres del alumnado de personas que vienen de fuera también puedan elegir y que elijan
la educación que quieren para sus hijos: religiosa o no religiosa, concertada o no concertada. El problema es que hay muchos padres en este país que no pueden elegir y nuestro deber es facilitar que las familias elijan, por eso la demanda es un
criterio fundamental que nosotros defenderemos hasta el final. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro para cerrar el debate.


El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Wert Ortega): Como muy bien ha dicho el señor Bedera, tiempo tendremos de discutir todo lo que aquí se ha hablado. Simplemente quiero reiterar una vez más el agradecimiento a todos los
grupos, que adquiere más sentido si cabe después de las intervenciones últimas, particularmente la del señor Barberà, con la que estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, señor Bedera, como se puede imaginar, con el criterio de que son los centros los
que eligen a los alumnos ni sobre todo estoy de acuerdo con que eso dificulte la igualdad. El problema de la igualdad es un principio filosófico en el que entrar ahora iría en abierta contradicción con el propósito de acabar a una hora razonable,
pero déjeme que le diga simplemente una cosa. Creo que nos tiene que preocupar la equidad, y nos preocupa, ya le dicho que la equidad para nosotros es básicamente igualdad de oportunidades y que en eso vamos a ser muy firmes, pero la equidad no
dice nada sin los resultados. La equidad es muy importante, pero es más importante que la equidad no produzca un fracaso equitativo. Dicho esto, señor Bedera, el resto de sus intervenciones, lo que se refiere al programa PROA y al estatuto del
docente, lo podremos tratar con más amplitud. Una vez más muchísimas gracias a todos los grupos y seguiremos hablando de estos temas.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro por su presencia en esta Comisión así como por las informaciones que nos ha dado. También muchas gracias a todos los señores diputados.


Se levanta la sesión.


Eran las ocho y diez minutos de la noche.