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I. Iniciativas legislativas
Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010,
relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales. Enmiendas (Corrección de errores)
621/000105
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió (GPCIU), formula la siguiente corrección de errores a la Redacción que se propone: Cinco. Se introduce un nuevo artículo 124, con la siguiente redacción: «Artículo 124. 2. Cuando el Tribunal, el Juez o Este JUSTIFICACIÓN Se pretende, por una parte, que debido a la importancia de garantizar el derecho a una traducción e interpretación fidedigna y Por otra parte, con el objetivo de salvaguardar la equidad del Palacio del Senado, 24 de febrero de 2015.
enmienda número 24, de adición, al Artículo primero. Cinco.
el Ministerio Fiscal, de oficio o a instancia de parte, aprecie que la traducción o interpretación no ofrecen garantías suficientes de exactitud, podrá ordenar la realización de las comprobaciones necesarias y, en su caso, ordenar la designación de
un nuevo traductor o intérprete. En este sentido, las personas sordas o con discapacidad auditiva que aprecien que la interpretación no ofrece garantías suficientes de exactitud, podrá solicitar la designación de un nuevo intérprete.
procedimiento de comprobación y nueva designación de intérprete o traductor se desarrollará según lo que se establezca reglamentariamente y podrá llevarse a cabo en varias ocasiones durante el proceso siempre que sea necesario para garantizar que
los servicios de traducción o interpretación prestados son adecuados y fidedignos.»
de calidad en los procedimientos judiciales, se regule específicamente mediante reglamento este procedimiento de comprobación y nueva designación de intérprete o traductor.
proceso, el derecho de defensa y reforzar las garantías de una traducción e interpretación fidedigna, se propone posibilitar al Tribunal, al Juez o al Ministerio Fiscal a repetir el procedimiento de comprobación y nueva designación de intérprete o
traductor durante el proceso en todas aquellas ocasiones que sean necesarias.