imposición indirecta, especialmente en el Impuesto sobre el
Valor Añadido» y revisar y actualizar la Ley General Tributaria.

El contenido de esa reforma integral del sistema tributario
se ha articulado a través de tres Proyectos de Ley cuya tramitación en el
Senado es simultánea y ante los que, coherentemente, formulamos las
respectivas propuestas de veto, que comparten un mismo hilo conductor y
argumental, toda vez que carece de sentido intentar hacer una
consideración de manera aislada o desarticulada de cualquiera de ellos,
puesto que forman un conjunto que refleja una única voluntad
político-legislativa, la de reformar el sistema tributario español para
favorecer a las grandes empresas y a las rentas más altas, en perjuicio
de los intereses generales y, en particular, de las rentas más bajas y
medias.

Y se hace, además, de manera irresponsable puesto que el
resultado en ningún caso garantiza la suficiencia financiera a las
Administraciones Públicas para las ya muy deterioradas prestaciones y
servicios propios del Estado de Bienestar que, inevitablemente, recibirá
un nuevo hachazo.

Nuestra Constitución, que tanto invocan el PP y el Gobierno
pero que tanto pisotean con sus políticas y su actuaciones diarias,
establece que el sistema fiscal debe ser justo, inspirado en los
principios de igualdad y progresividad, así como eficaz, para lograr la
consecución del mandato del artículo 31 de la Constitución de que todos
contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su
capacidad económica.

Previamente a la aprobación de la Carta Magna, en octubre
de 1977 se habían firmado los «Pactos de la Moncloa», cimiento del
acuerdo social y político que significó la «modélica» Transición,
incluían la figura de un Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
de carácter global, personal y progresivo. Y el 8 de septiembre de 1978
se aprobó la Ley 44/1978 del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas con una importante progresividad aunque los elevados niveles de
fraude devaluaran su eficacia.

Pues bien, el proyecto de Ley que motiva este veto infringe
directamente el mandato constitucional y se aleja cada vez más de los
compromisos de la Transición y del texto original de la Ley de 1978.

Sus medidas son injustas y desiguales ya que siguen el
camino de destrucción de la progresividad fiscal (pues no contribuyen más
quienes tienen más capacidad económica) y, en su injusticia, son también
ineficaces pues no garantizan un aumento de la recaudación ni ayudan a
salir de la crisis económica en la que nos encontramos.

No es cierto que la crisis se haya acabado. Por ello, lo
necesario hubiera sido que el Gobierno acometiera una reforma fiscal que
ayudase a la recuperación económica, la creación de empleo y a una mayor
justicia social. Nada de esto hay: las medidas son ineficaces y muy
injustas socialmente ya que ahondan en la pérdida de progresividad que ha
caracterizado a las reformas fiscales de los distintos gobiernos del PP y
del PSOE, las de 1991, 1998, 2002 y 2006. En este sentido albergamos
dudas fundadas de la plena constitucionalidad de esta reforma, que vacía
el contenido del artículo 31 de la Constitución hasta convertirlo en un
precepto puramente nominal: igualdad, justicia, progresividad,
contribución de los que tienen más capacidad económica: nada de esto hay
en la misma.

Esta modificación de la Ley del IRPF consolida la
polarización social, dando un trato favorable a las rentas del patrimonio
y del capital, castigando a las rentas del trabajo. Los análisis de la
reforma realizados por los técnicos del Ministerio de Hacienda han puesto
de relieve que la reforma consolida, en nuestro país, la paradoja
denunciada por Warren Buffett en el sentido de que en los EEUU él pagaba
menos impuestos relativamente que su secretaria resultado de una renta
dual. Esto se reproduce igualmente en nuestro país debido a una renta del
ahorro que tributa a unos tipos inferiores a la renta general, que con la
reforma fiscal disminuyen aún más. De esta manera el tipo real de IRPF de
los que ganan más de 600.000 o 1.000.000 de euros por tener la dicha de
poseer un gran patrimonio es el mismo de los que tienen un sueldo anual
de 36.000 o 45.000 euros.

Desde el inicio de la crisis las condiciones sociales en
España están sufriendo un deterioro cada vez más pronunciado que ha
llevado a que cerca de un 25 % de la población viva en condiciones de
exclusión social. La sociedad española se empobrece cada día por la caída
de las rentas y el aumento de la desigualdad en su reparto, por el
contrario la economía sumergida está próxima al 25 %, el 72 % del fraude
fiscal tiene por origen las grandes empresas y fortunas y Hacienda sólo
cobra 1 de cada 6 euros de fraude descubierto, todo ello sin tener en
cuenta la elusión fiscal existente utilizando las SICAV o los paraísos
fiscales aprovechando mecanismos de ingeniería financiera no ilegales.

Pero mientras sucede esto, los más ricos en España, que
ingresaban 5.7 veces más que los más pobres, ahora después de 6 años de
crisis ingresan 7,2 veces más y este número va en un aumento incesante.
En 2012 España registró el índice más alto de la UE de desigualdad (GINI)
en la distribución

de ingresos. Ningún otro país industrializado ha tenido un
reparto tan desigual de los costes de la crisis. El hundimiento de las
rentas más bajas y los recortes de derechos y en las políticas de
protección social solo han hecho que la fractura social en nuestro país
se haya agravado. Por ejemplo, se da un nuevo apoyo a la banca, cuyo tipo
efectivo respecto de su resultado contable está ya en un escaso 8,4 %,
acumulando casi 128.000 millones de bases imponibles negativas que pueden
compensar, por lo que mantener el tipo nominal en el 30 % les produce más
beneficios que perjuicios fiscales.

No es extraño que con estos hechos el 87 % de los
ciudadanos, según el CIS, opine que el sistema fiscal es injusto. Tienen
toda la razón.

Llegados a este punto hay que recordar que la reforma
fiscal presentada por el Gobierno ante esta Cámara ha contado con los
trabajos previos de un grupo de expertos, presidido por el Sr. Lagares,
cuyo informe no perseguía ni el aumento de la recaudación, ni la
redistribución ni la reducción de la desigualdad solo pretendía instaurar
el pensamiento único reaccionario neoliberal defendiendo un modelo
recentralizador de fiscalidad, la necesidad de bajar impuestos y el
recorte del gasto como único instrumento para obtener la consolidación
fiscal, ignorando la realidad social del país, el problema del paro y del
empobrecimiento de la población.

Con esos mimbres, finalmente el gobierno del PP ha optado
por presentarnos una reforma fiscal que no resolverá los problemas de
desigualdad e inequidad del actual modelo tributario ni de la sociedad en
su conjunto, al contrario, profundizará en muchos de ellos. Y esto es así
porque a nuestro juicio esta reforma parte de conceptos falsos.

El primero de ellos es que la presión fiscal en España es
elevada. Sin embargo, según los datos europeos hechos públicos el 17 de
junio de 2014, la presión fiscal se sitúa en el 32,5 % del PIB, una cifra
verdaderamente baja. Estamos seis puntos y medio por debajo de la media
europea. Si la comparación se hace con los países próximos al nuestro,
como Italia o Francia, entonces la diferencia es abismal: más de once
puntos por debajo.

La realidad es que el sistema tributario en España recauda
poco y ello es debido en gran parte gracias a las distintas reformas
fiscales realizadas por anteriores Gobiernos. Lo hace menos que la media
de los países europeos y además de manera que el grueso de la recaudación
proviene del trabajo a través del IRPF y el consumo de los ciudadanos a
través del IVA y los Impuestos especiales sobre la gasolina, tabaco y
alcohol —impuestos todos ellos que han sufrido subidas sensibles
desde 2008— y no de las rentas del capital ni de los beneficios de
las empresas. Esto es una prueba de que la estructura de recaudación
fiscal española está descompensada, situación que no parece que vaya a
cambiar tras esta reforma.

En segundo término, la experiencia ha demostrado que la
idea de que bajar los impuestos aumenta el consumo es, como poco,
discutible y nunca ha sido comprobada. Por un lado las rentas más bajas
no se ven afectadas por la reforma porque no alcanzan el umbral de
tributación. Las medias corresponden a familias que presentan un elevado
nivel de endeudamiento y que deberán utilizar el estrecho margen de los
recursos que no deberán paga como impuesto, a afrontar amortizaciones e
intereses. Y las rentas altas, que tendrán una disminución significativa,
mantendrán su elevado nivel de consumo, que ya podían sostener
previamente y la disminución fiscal representará solo un aumento de su
capacidad de ahorro y la orientación de los recursos liberados a
operaciones especulativas.

El tercero es la creencia de que la pérdida de recaudación
global derivada de la reforma, entre 6.700 y 9.000 millones de euros, se
equilibrará con el aumento de la actividad económica. Pero esa mejora ni
está ni se la espera: con un déficit del 7 % (sin contar el rescate
bancario), la deuda pública en el 100 %, el compromiso con la UE de
nuevos recortes, las reticencias y nuevas exigencias de la UE, etc, la
bajada de salarios conducirá a una disminución añadida del IRPF y con
ello al estancamiento del consumo y al descenso de la recaudación por IVA
(lo que forzará previsiblemente a un nuevo aumento del impuesto,
requerido por Bruselas. El desempleo continúa mostrando unas cifras
escandalosamente elevadas más allá de disminuciones coyunturales. Cada
vez más ciudadanos están abocados a la precariedad, con contratos
temporales y a tiempo parcial, los salarios están bajando, incrementa la
pobreza y las familias sin recursos. A ello hay que añadir la situación
internacional que se caracteriza, entre otras cosas, por un estancamiento
en las previsiones económicas de nuestros principales clientes en el
exterior, tanto de la UE como de los BRICS y grandes incertidumbres en la
situación geoestratégica y los suministros energéticos, a lo que hay que
añadir, ahora en España, una situación al borde de la deflación,
extremadamente peligrosa.

En resumidas cuentas: los asalariados, en general, y la
clase trabajadora, en particular, son los que soportan —y seguirán
soportando— el grueso de las aportaciones al erario público, vía
IRPF (por las rentas del trabajo), IVA e impuestos especiales (sobre la
gasolina, el tabaco y el alcohol). Impuestos que han subido sensiblemente
desde 2008, lo que ha originado que la distribución de la presión fiscal
que soportan los hogares de los asalariados españoles haya crecido de
forma muy notable. Así, por ejemplo, entre 2009 y 2011 el tipo medio
efectivo pasó del 19,5 % a casi el 22 %, debido principalmente a la
subida del gravamen medio efectivo del IRPF al subir del 10,9 % al 12,2
%, y el del IVA del 6,2 % al 7,1 %. Esta Ley no mejorará esta
situación.

Mientras tanto, han bajado las aportaciones de las grandes
empresas, de sus directivos y de sus asesores, consolidando el proceso de
polarización social que se ha producido en esta crisis.

Es decir: el sistema fiscal ha sido pervertido por las
políticas del PP. En la actualidad no cumple las funciones que le
atribuye el artículo 31 de la Constitución. Bajo el Gobierno de Rajoy se
ha convertido en un instrumento de explotación de los asalariados y los
pequeños empresarios, que son los que están contribuyendo casi en
exclusiva al mantenimiento de los gastos generales.

A lo dicho, se añade que esta reforma fiscal:

a) Es recentralizadora porque no ha contado previamente con
las CCAA a la hora de diseñar las medidas pero en cambio tendrá
consecuencias sobre los ingresos al disminuir tributos de recaudación
parcialmente cedida. Además se incentiva nuevamente una ola de rebajas
fiscales a las CCAA cuando el principal problema es el ahogo financiero y
la falta de recursos para financiar los servicios públicos.

b) Aumentará la desigualdad de género ya que promueven de
nuevo deducciones fiscales para las políticas familiares mientras se
recortan servicios de atención a las personas, promoviendo un modelo vía
incentivos económicos donde es la mujer la que se encarga de estas
tareas.

c) No aborda el fraude fiscal ni la economía sumergida
aumentando la desafección de la ciudadanía respecto a la responsabilidad
fiscal así como la desigualdad en la contribución al sistema en función
de la renta.

d) Renuncia una vez más a aplicar medidas de fiscalidad
ambiental mientras promueven con sus políticas a los sectores más
contaminantes y agresivos con el medio ambiente. La falta de
incorporación de la fiscalidad verde agrava el componente de desigualdad
del sistema porque son las grandes empresas las que externalizan los
costos ambientales y para la salud de las personas en el conjunto de la
sociedad.

Por tanto, cabe decir que la concepción de la reforma no
responde a las verdaderas necesidades fiscales, presupuestarias, sociales
y medio ambientales españolas, sino que responde más bien a un carácter
electoralista y de maquillaje —que rezuma por todos sus
costados— para insistir en el mensaje de la «recuperación» y que
bajar impuestos es positivo.

Esta reforma está pensada para recuperar la vinculación con
una base social profundamente defraudada y desmotivada desde el punto de
vista electoral. Por eso el Gobierno la ha dividido en dos años, para
aprovecharla como reclamo electoral en las dos convocatorias electorales
próximas. Además, están apareciendo contradicciones en el seno de los
sectores económicos que apoyan al Gobierno, algunos de los cuales
reclaman ventajas fiscales mayores para los lobbies y grupos de interés
al que cada uno se vincula.

Este carácter electoralista se refuerza aún más con el
método utilizado: anuncio en el Consejo de Ministros, publicación como
anteproyecto para iniciar un supuesto período de información pública,
texto definitivo en julio, debate parlamentario en otoño, etc.

Frente a los contenidos del Proyecto, los Senadores que
formulamos esta propuesta de veto estamos convencidos de que el
instrumento fundamental que haría posible la creación de empleo digno y
una salida de la crisis favorable a la mayoría social es una reforma
fiscal justa. Exactamente lo contrario que nos trae el Gobierno.

La política fiscal no sólo consiste en cuánto y cómo se
ingresa, sino también en establecer cuánto, cómo y en qué se gasta. No se
trata de subir o bajar impuestos sin más, sino de asegurar la
contribución fiscal que permita resolver las necesidades sociales, sobre
la base de que paguen más quien más tiene o gana. Por tanto ha de ser
suficiente, progresiva y equitativa, pero esta reforma fiscal ni siquiera
aborda los cambios estructurales que son precisos en el sistema
tributario español y, por tanto, no corrige sus disfunciones.

En el IRPF la reducción de los tramos en las tarifas,
recortando precisamente los que afectan a las rentas más altas, y las
elevadas disminuciones en la imposición sobre los tramos más elevados, se
comen

la progresividad y limitan la capacidad recaudatoria fiscal
del Estado, lo que hará que los recortes sociales y la degradación de
servicios públicos se hagan estructurales y reducirá la capacidad del
sector público para invertir en la economía e impulsar la recuperación
económica así como una transición a un nuevo modelo productivo más
sostenible y generador de empleo.

No tiene en cuenta el incremento de la desigualdad entre
las rentas salariales y las rentas empresariales (que siguen subiendo a
pesar de la crisis), ni el impacto que esto tendrá en términos de
crecimiento de la pobreza y las desigualdades sociales o la bajada de los
salarios en las cotizaciones sociales y la sostenibilidad del sistema de
pensiones, así como su efecto sobre el ya de por sí muy tocado consumo
interno. Tampoco se da ninguna prueba de cómo creará empleo, más allá del
acto de fe de que siendo más competitivos, gracias a la reducción de los
salarios, aquél se creará. Sin embargo, los datos demuestran que la caída
de los costes laborales no está sirviendo para ganar en competitividad,
sino para aumentar los beneficios empresariales.

El Gobierno, adicionalmente, presenta las cosas en un
modelo de comunicación con resultado de confusión. En cuanto al IRPF, el
argumentar sobre porcentajes para dar la impresión de que el 12 % de los
ingresos más bajos es lo mismo que el 12 % de los más altos, obvia que
los 11,5 millones de trabajadores y pensionistas con ingresos inferiores
a 12.000 euros anuales no tendrán ninguna mejora tributaria real, pero si
se verán obligados a pagar más por los servicios sociales como
consecuencia de los recortes y los aumentos de la imposición indirecta.
Frente a lo que dice el Gobierno, la renta disponible de las familias no
mejorará. Las bajadas en los tipos para las rentas más bajas no son
suficientes para compensar los retrocesos en políticas sociales y la
disminución de los salarios, que han supuesto un empeoramiento en las
condiciones de vida de las familias, que ahora tienen que destinar un 22
% más para gastos en educación y un 9,5 % adicional para gastos en salud.

Además se introducen algunas medidas que ya no solo es que
sean discutibles, sino que producen cierta vergüenza ajena. En un país
cuyo Gobierno ha echado al extranjero a miles de jóvenes muy preparados,
con altísimas cualificaciones técnicas necesarias para el desarrollo del
país, que ha recortado sin piedad, hasta casi secarla, la inversión en
I+D+I, este Gobierno conserva, con el objetivo de atraer profesionales
altamente cualificados (excepto deportistas profesionales), que los
trabajadores extranjeros desplazados a España puedan tributar como no
residentes a un tipo del 24 % para los primeros 600.000 euros de
retribución y durante cinco períodos impositivos consecutivos. ¿Quiénes
serán los principales beneficiados de esta medida?: los directivos de los
fondos buitres que han caído sobre España, llamados por este Gobierno,
para hacerse, a precio de saldo con las riquezas nacionales.

Frente al injusto modelo del Gobierno y del PP, los
Senadores que suscribimos el Veto, al igual que hicieron en el Congreso
los diputados de la Izquierda Plural opone su modelo de reforma fiscal
justa y eficiente, que responde a las exigencias del artículo 31 de la
Constitución, en el que se contemplan, entre muchas otras, las siguientes
medidas:

Primero. Propuestas esenciales sobre los tributos
actuales:

a) Acabar con la discriminación de las rentas del trabajo
respecto a las rentas del capital. Tributación en la misma base imponible
de las rentas del trabajo y del capital. Se integran en la tarifa general
del IRPF los rendimientos del capital para mejorar la progresividad,
incluyendo a las plusvalías generadas en menos de dos años (ampliable a 6
en el caso de inmuebles).

b) Modificar la Ley General Tributaria con una tipificación
más rigurosa del delito fiscal, así como con la prohibición de realizar
amnistías fiscales.

c) Eliminar la posibilidad de compensar pérdidas
patrimoniales.

d) Reforma del sistema de módulos, limitando su uso tanto
sectorial como temporalmente.

e) Derogar el régimen fiscal especial aplicable a los
desplazados a territorio español.

f) Garantizar la progresividad fiscal del IRPF:
Consolidación definitiva, para las rentas más altas, de los incrementos
del gravamen complementario en el IRPF. Mantenimiento de los tipos
marginales altos.

g) Incorporar elementos de igualdad de género en las
reformas fiscales, teniendo en cuenta el impacto sobre los modelos
familiares que se promocionan por la vía fiscal y la discriminación e
inequidad que suponen figuras como la declaración conjunta y que se
revise los beneficios de las deducciones fiscales en función del
sexo.

h) Acabar con los incentivos fiscales a colectivos con más
recursos, como determinados productos de ahorro, así como los incentivos
que no tienen en cuenta niveles de renta.

Segundo. Algunas medidas contra el fraude, la economía
sumergida y la elusión fiscal:

a) Las medidas técnicas y legales contra el fraude deben ir
acompañadas con medidas organizativas y de gestión de los recursos
humanos en la administración tributaria, entre las que está la creación
del Cuerpo Superior de Técnicos de Hacienda. (según los datos de la OCDE,
España cuenta con un empleado de Hacienda por cada 1.928 contribuyentes,
frente a los 860 de Francia, 729 de Alemania o los 551 de
Luxemburgo).

b) Modificar la legislación de las Instituciones de
Inversión Colectiva para evitar los notorios abusos de las sociedades de
inversión de capital variable (SICAV).

Tercero. Una reforma fiscal con criterio federativo:

a) La fiscalidad federal deberá proteger la igualdad de los
ciudadanos ante la ley así como garantizar la equivalencia de servicios
públicos independientemente del territorio. Una fiscalidad federal basada
en la autonomía fiscal, la cooperación y la solidaridad entre distintas
administraciones públicas que evite la competencia fiscal para atraer,
con impuestos más bajos, más industria y comercio.

b) El poder tributario deberá estar dividido en tres
niveles: el Estado federal, las entidades federadas y los municipios. El
papel del Senado será fundamental en materia tributaria, como Cámara de
representación territorial.

c) Construir una auténtica fiscalidad municipal, lo que
exige la derogación de las disposiciones legales sobre la reforma de las
Administraciones Locales.

Éstas son las reformas fiscales que necesita nuestro país y
no las que nos ofrecen el PP y el Gobierno cuya reforma fiscal, junto con
la radical defensa de la austeridad, tendrá como principales perjudicados
a las rentas más bajas, porque se reducirán los recursos públicos para
hacer políticas sociales y se debilitará la red de protección que
representa el ya escaso estado del bienestar, voluntad que más allá de
esta reforma fiscal se reforma en la política presupuestaria que guarda
una relación directa: si en los Presupuestos Generales del Estado para
2014 se estableció una previsión de beneficios fiscales por importe de
38.360,15 millones de euros, para 2015 el Proyecto de PGE los eleva a
40.719,12 millones, un 6,1 % más.

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifican
la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la
Renta de No Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004,
de 5 de marzo, y otras normas tributarias.

Palacio del Senado, 29 de octubre de 2014.—Ester
Capella i Farré.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 2

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente propuesta de veto.

El Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 35/2006,
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No
Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de
marzo, y otras normas tributarias pretende abordar, junto con otros
Proyectos de Ley, una reforma integral del sistema tributario español. El
objetivo del Gobierno es, con esta reforma, reducir de forma generalizada
la carga impositiva soportada por los contribuyentes y avanzar en
términos de eficiencia, equidad y neutralidad. Sin embargo, no parece que
las reformas efectivamente planteadas consigan lograr dichos objetivos.

La reforma planteada es poco ambiciosa, ineficiente,
injusta y regresiva. Lejos de una reforma fiscal estructural y en
profundidad, que permita abordar los problemas del sistema tributario
español, plantean una reforma de alcance muy limitado, que supone
simplemente un conjunto de supuestas rebajas tributarias —que por
lo que al IRPF se refiere, con el replanteamiento del tratamiento fiscal
de determinadas

operaciones o incentivos fiscales ni tan siquiera está
claro que ello suponga realmente una rebaja en todos los supuestos—
y ello con fines electoralistas y a corto plazo.

Se trata de una reforma regresiva, que lejos de avanzar en
términos de equidad, reduce mucho más la carga impositiva soportada por
las rentas altas que las bajas. Tampoco se profundiza en lograr una mayor
progresividad fiscal y se mantiene la injusta distinción entre los
rendimientos del trabajo y los rendimientos del capital que supone gravar
mucho menos los rendimientos del capital.

Finalmente, se trata de una reforma absolutamente
ineficiente. No logrará ninguno de sus objetivos, no se afronta el enorme
problema que supone para los ingresos públicos el fraude fiscal y fía la
reducción del déficit a la mejora de la situación económica y la
reducción del gasto público. El Gobierno debiera plantear una verdadera
reforma tributaria que dé mayor peso a los ingresos, especialmente de los
que más tienen, aumente la progresividad del Impuesto sobre la Renta de
la Personas Físicas, y con ello la equidad, y aumente el peso de los
rendimientos del capital en los ingresos del IRPF, eliminando el distinto
tratamiento que tienen respecto de los rendimientos del trabajo.

Por todo ello se presenta el siguiente veto al Proyecto de
Ley por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la
Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas
tributarias.

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley
por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.

Palacio del Senado, 30 de octubre de 2014.—Jordi
Guillot Miravet y Joan Saura Laporta.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 3

De don Jordi Guillot Miravet (GPEPC)

y de don Joan Saura Laporta (GPEPC)

El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan
Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del
Reglamento del Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.

Presentamos esta propuesta de veto por entender que, a
pesar de la independencia formal de este Proyecto de Ley por la que se
modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
la Renta de No Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias y las modificaciones
que contiene respecto de los otros dos que componen esta reforma fiscal
(«Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades» y «Proyecto de Ley por
la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto
sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de
los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013,
de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en
materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas
tributarias y financieras»), éste no puede considerarse de manera aislada
o desarticulada, sino como un conjunto que refleja una única voluntad
político-legislativa, de reformar el sistema tributario español para
favorecer a las grandes empresas y a las rentas más altas, en perjuicio
de los intereses generales y, en particular, de las rentas más bajas y
medias. Por eso presentaremos también sendas enmiendas de totalidad a
estos otros dos proyectos de ley complementarios mencionados.

Estas reformas son un juego de suma cero: ganan los grandes
empresarios y las rentas más altas; perdemos todos los demás. Estamos
ante un conjunto de medidas cuyo común denominador es su reaccionarismo,
su electoralismo, y su deficiencia técnica, por lo que deben ser
retiradas.

Nuestra Constitución, que tanto invocan el PP y el Gobierno
pero que tanto pisotean con sus políticas y su actuaciones diarias,
establece que el sistema fiscal debe ser justo, inspirado en los
principios de

igualdad y progresividad, así como eficaz para lograr la
consecución del mandato del artículo 31 de la Constitución de que todos
contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su
capacidad económica.

El proyecto de ley que nos ocupa infringe directamente el
mandato constitucional. Sus medidas son injustas y desiguales ya que
siguen el camino de destrucción de la progresividad fiscal (pues no
contribuyen más quienes tienen más capacidad económica) y, en su
injusticia, son también ineficaces pues no garantizan un aumento de la
recaudación ni ayudan a salir de la crisis económica en la que nos
encontramos.

Sucede que estas medidas se traen a las Cortes Generales
cuando llevamos ya más de 6 años de crisis económica. En este contexto,
lo necesario hubiera sido que el Gobierno acometiera una reforma fiscal
que ayudase a la recuperación económica, la creación de empleo y a una
mayor justicia social. Nada de esto hay: las medidas son ineficaces y muy
injustas socialmente ya que ahondan en la pérdida de progresividad que ha
caracterizado a las reformas fiscales de los distintos gobiernos del PP y
del PSOE, desde mediados de los años 90 del siglo pasado. En este sentido
existen dudas fundadas de la plena constitucionalidad de esta reforma,
que vacía el contenido del artículo 31 de la Constitución hasta
convertirlo en un precepto puramente nominal: igualdad, justicia,
progresividad, contribución de los que tienen más capacidad económica:
nada de esto hay en la misma.

Se consolida la polarización social, dando un trato
favorable a las rentas del patrimonio y del capital, castigando a las
rentas del trabajo. Los análisis de la reforma realizados por los
técnicos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas han
puesto de relieve que la reforma consolida, en nuestro país, la paradoja
denunciada por Warren Buffett en el sentido de que en los EEUU él pagaba
menos impuestos relativamente que su secretaria resultado de una renta
dual. Esto se reproduce igualmente en nuestro país debido a una renta del
ahorro que tributa a unos tipos inferiores a la renta general, que con la
reforma fiscal disminuyen aún más. De esta manera el tipo real de IRPF de
los que ganan más de 600.000 o 1.000.000 de euros por tener la dicha de
poseer un gran patrimonio es el mismo de los que tienen un sueldo anual
de 36.000 o 45.000 euros.

Desde el inicio de la crisis las condiciones sociales en
España están sufriendo un deterioro cada vez más pronunciado que ha
llevado a que cerca de un 25% de la población viva en condiciones de
exclusión social. La sociedad española se empobrece cada día por la caída
de las rentas y el aumento de la desigualdad en su reparto, por el
contrario la economía sumergida está próxima al 25%, el 72% del fraude
fiscal tiene por origen las grandes empresas y fortunas y Hacienda sólo
cobra 1 de cada 6 euros de fraude descubierto, todo ello sin tener en
cuenta la elusión fiscal existente utilizando las SICAV o los paraísos
fiscales aprovechando mecanismos de ingeniería financiera no
ilegales.

Pero mientras sucede esto, los más ricos en España, que
ingresaban 5.7 veces más que los más pobres, ahora después de 6 años de
crisis ingresan 7,2 veces más y este número va en un aumento incesante.
En 2012 España registró el índice más alto de la UE de desigualdad (GINI)
en la distribución de ingresos. Ningún otro país industrializado ha
tenido un reparto tan desigual de los costes de la crisis. El hundimiento
de las rentas más bajas y los recortes de derechos y en las políticas de
protección social solo han hecho que la fractura social en nuestro país
se haya agravado. Por ejemplo, se da un nuevo apoyo a la banca, cuyo tipo
efectivo respecto de su resultado contable está ya en un escaso 8,4%,
acumulando casi 128.000 millones de bases imponibles negativas que pueden
compensar, por lo que mantener el tipo nominal en el 30% les produce más
beneficios que perjuicios fiscales.

No es extraño que con estos hechos el 87% de los
ciudadanos, según el CIS, opine que el sistema fiscal es injusto. Tienen
toda la razón.

Llegados a este punto hay que recordar que la reforma
fiscal presentada por el Gobierno ha contado con los trabajos previos de
un grupo de expertos, presidido por el Sr. Lagares, cuyo informe no
perseguía ni el aumento de la recaudación, ni la redistribución ni la
reducción de la desigualdad solo pretendía instaurar el pensamiento único
reaccionario neoliberal defendiendo un modelo recentralizador de
fiscalidad, la necesidad de bajar impuestos y el recorte del gasto como
único instrumento para obtener la consolidación fiscal, ignorando la
realidad social del país, el problema del paro y del empobrecimiento de
la población.

Con esos mimbres, finalmente el gobierno del PP ha optado
por presentarnos una reforma fiscal que no resolverá los problemas de
desigualdad e inequidad del actual modelo tributario ni de la sociedad en
su conjunto, al contrario, profundizará en muchos de ellos. Y esto es así
porque a nuestro juicio esta reforma parte de conceptos falsos.

El primero de ellos es que la presión fiscal en España es
elevada. Sin embargo, según los datos europeos hechos públicos el 17 de
junio de 2014, la presión fiscal se sitúa en el 32,5 % del PIB, una cifra
verdaderamente baja. Estamos seis puntos y medio por debajo de la media
europea. Si la comparación se hace con los países próximos al nuestro,
como Italia o Francia, entonces la diferencia es abismal: más de once
puntos por debajo.

La realidad es que el sistema tributario en España recauda
poco y ello es debido en gran parte gracias a las distintas reformas
fiscales realizadas por anteriores Gobiernos. Lo hace menos que la media
de los países europeos y además de manera que el grueso de la recaudación
proviene del trabajo a través del IRPF y el consumo de los ciudadanos a
través del IVA y los Impuestos especiales sobre la gasolina, tabaco y
alcohol —impuestos todos ellos que han sufrido subidas sensibles
desde 2008— y no de las rentas del capital ni de los beneficios de
las empresas. Esto es una prueba de que la estructura de recaudación
fiscal española está descompensada, situación que no parece que vaya a
cambiar tras esta reforma.

En segundo término, la experiencia ha demostrado que la
idea de que bajar los impuestos aumenta el consumo es, como poco,
discutible y nunca ha sido comprobada. Para las rentas altas, que tendrán
una disminución significativa, su consumo seguirá siendo alto y la
disminución fiscal representará solo un aumento de su ahorro.

El tercero es la creencia de que la pérdida de recaudación
global derivada de la reforma, entre 6.700 y 9.000 millones de euros, se
equilibrará con el aumento de la actividad económica. Pero esa mejora ni
está ni se la espera: con un déficit del 7% (sin contar el rescate
bancario), la deuda pública en el 100%, el compromiso con la UE de nuevos
recortes, las reticencias y nuevas exigencias de la UE, etc., la bajada
de salarios conducirá a una disminución añadida del IRPF y con ello al
estancamiento del consumo y al descenso de la recaudación por IVA (lo que
forzará previsiblemente a un nuevo aumento del impuesto, requerido por
Bruselas. El desempleo continúa mostrando unas cifras escandalosamente
elevadas más allá de disminuciones coyunturales. Cada vez más ciudadanos
están abocados a la precariedad, con contratos temporales y a tiempo
parcial, los salarios están bajando, incrementa la pobreza y las familias
sin recursos. A ello hay que añadir la situación internacional que se
caracteriza, entre otras cosas, por un escaso avance en nuestros
principales mercados, el encarecimiento del petróleo y algunas materias
primas y, ahora en el país, una situación al borde de la deflación,
extremadamente peligrosa.

En resumidas cuentas: los asalariados, en general, y la
clase trabajadora, en particular, son los que soportan —y seguirán
soportando— el grueso de las aportaciones al erario público, vía
IRPF (por las rentas del trabajo), IVA e impuestos especiales (sobre la
gasolina, el tabaco y el alcohol). Impuestos que han subido sensiblemente
desde 2008, lo que ha originado que la distribución de la presión fiscal
que soportan los hogares de los asalariados españoles haya crecido de
forma muy notable. Así, por ejemplo, entre 2009 y 2011 el tipo medio
efectivo pasó del 19,5% a casi el 22%, debido principalmente a la subida
del gravamen medio efectivo del IRPF al subir del 10,9% al 12,2%, y el
del IVA del 6,2% al 7,1%. Esta Ley no mejorará esta situación.

Mientras tanto, han bajado las aportaciones de las grandes
empresas, de sus directivos y de sus asesores, consolidando el proceso de
polarización social que se ha producido en esta crisis.

Es decir: el sistema fiscal ha sido pervertido por las
políticas del PP. En la actualidad no cumple las funciones que le
atribuye el artículo 31 de la Constitución. Bajo el Gobierno de Rajoy se
ha convertido en un instrumento de explotación de los asalariados y los
pequeños empresarios, que son los que están contribuyendo casi en
exclusiva al mantenimiento de los gastos generales.

A lo dicho, se añade que esta reforma fiscal:

a) Es recentralizadora porque no ha contado previamente con
las CCAA a la hora de diseñar las medidas pero en cambio tendrá
consecuencias sobre los ingresos al disminuir tributos de recaudación
parcialmente cedida. Además se incentiva nuevamente una ola de rebajas
fiscales a las CCAA cuando el principal problema es el ahogo financiero y
la falta de recursos para financiar los servicios públicos.

b) Aumentará la desigualdad de género ya que promueven de
nuevo deducciones fiscales para las políticas familiares mientras se
recortan servicios de atención a las personas, promoviendo un modelo vía
incentivos económicos donde es la mujer la que se encarga de estas
tareas.

c) No aborda el fraude fiscal ni la economía sumergida
aumentando la desafección de la ciudadanía respecto a la responsabilidad
fiscal así como la desigualdad en la contribución al sistema en función
de la renta.

d) Renuncia una vez más a aplicar medidas de fiscalidad
ambiental mientras promueven con sus políticas a los sectores más
contaminantes y agresivos con el medio ambiente. La falta de
incorporación de la fiscalidad verde agrava el componente de desigualdad
del sistema porque son las grandes empresas las que externalizan los
costos ambientales y para la salud de las personas en el conjunto de la
sociedad.

Por tanto, cabe decir que la concepción de la reforma no
responde a las verdaderas necesidades fiscales, presupuestarias, sociales
y medio ambientales españolas, sino que responde más bien a un carácter
electoralista y de maquillaje —que rezuma por todos sus
costados— para insistir en el mensaje de la «recuperación» y que
bajar impuestos es positivo.

Esta reforma está pensada para recuperar la vinculación con
una base social profundamente defraudada y desmotivada desde el punto de
vista electoral. Por eso el Gobierno la ha dividido en dos años, para
aprovecharla como reclamo electoral en las dos convocatorias electorales
próximas. Además, están apareciendo contradicciones en el seno de los
sectores económicos que apoyan al Gobierno, algunos de los cuales
reclaman ventajas fiscales mayores para los lobbies y grupos de interés
al que cada uno se vincula.

Este carácter electoralista se refuerza aún más con el
método utilizado: anuncio en el Consejo de Ministros, publicación como
anteproyecto para iniciar un supuesto período de información pública,
texto definitivo en julio, debate parlamentario en otoño, etc.

Estamos convencidos que el instrumento fundamental que hará
posible la creación de empleo digno y una salida de la crisis favorable a
la mayoría social es una reforma fiscal justa. Exactamente lo contrario
que nos trae el Gobierno.

La política fiscal no sólo consiste en cuánto y cómo se
ingresa, sino también en establecer cuánto, cómo y en qué se gasta. No se
trata de subir o bajar impuestos sin más, sino de asegurar la
contribución fiscal que permita resolver las necesidades sociales, sobre
la base de que paguen más quien más tiene o gana. Por tanto ha de ser
suficiente, progresiva y equitativa, pero esta reforma fiscal ni siquiera
aborda los cambios estructurales que son precisos en el sistema
tributario español y, por tanto, no corrige sus disfunciones.

En el IRPF la reducción de los tramos en las tarifas,
recortando precisamente los que afectan a las rentas más altas, y las
elevadas disminuciones en la imposición sobre los tramos más elevados, se
comen la progresividad y limitan la capacidad recaudatoria fiscal del
Estado, lo que hará que los recortes sociales y la degradación de
servicios públicos se hagan estructurales y reducirá la capacidad del
sector público para invertir en la economía e impulsar la recuperación
económica así como una transición a un nuevo modelo productivo más
sostenible y generador de empleo.

No tiene en cuenta el incremento de la desigualdad entre
las rentas salariales y las rentas empresariales (que siguen subiendo a
pesar de la crisis), ni el impacto que esto tendrá en términos de
crecimiento de la pobreza y las desigualdades sociales o la bajada de los
salarios en las cotizaciones sociales y la sostenibilidad del sistema de
pensiones, así como su efecto sobre el ya de por sí muy tocado consumo
interno. Tampoco se da ninguna prueba de cómo creará empleo, más allá del
acto de fe de que siendo más competitivos éste se creará.

El Gobierno, adicionalmente, presenta las cosas en un
modelo de comunicación con resultado de confusión. En cuanto al IRPF, el
argumentar sobre porcentajes para dar la impresión de que el 12% de los
ingresos más bajos es lo mismo que el 12% de los más altos, obvia que los
11,5 millones de trabajadores y pensionistas con ingresos inferiores a
12.000 euros anuales no tendrán ninguna mejora tributaria real, pero si
se verán obligados a pagar más por los servicios sociales como
consecuencia de los recortes y los aumentos de la imposición indirecta.
Frente a lo que dice el Gobierno, la renta disponible de las familias no
mejorará. Las bajadas en los tipos para las rentas más bajas no son
suficientes para compensar los retrocesos en políticas sociales y la
disminución de los salarios, que han supuesto un empeoramiento en las
condiciones de vida de las familias, que ahora tienen que destinar un 22%
más para gastos en educación y un 9,5% adicional para gastos en
salud.

Además se introducen algunas medidas que ya no solo es que
sean discutibles, sino que producen cierta vergüenza ajena. En un país
cuyo Gobierno ha echado al extranjero a miles de jóvenes muy preparados,
con altísimas cualificaciones técnicas necesarias para el desarrollo del
país, que ha recortado sin piedad, hasta casi secarla, la inversión en
I+D+I, este Gobierno conserva, con el objetivo de atraer profesionales
altamente cualificados (excepto deportistas profesionales), que los
trabajadores extranjeros desplazados a España puedan tributar como no
residentes a un tipo del 24% para los primeros 600.000 euros

de retribución y durante cinco períodos impositivos
consecutivos. ¿Quiénes serán los principales beneficiados de esta
medida?: los directivos de los fondos buitres que han caído sobre España,
llamados por este Gobierno, para hacerse, a precio de saldo con las
riquezas nacionales.

Es por estos motivos que nos oponemos al modelo de reforma
fiscal del gobierno y abogamos por:

Primero. Propuestas esenciales sobre los tributos
actuales:

a) Acabar con la discriminación de las rentas del trabajo
respecto a las rentas del capital. Tributación en la misma base imponible
de las rentas del trabajo y del capital. Se integran en la tarifa general
del IRPF los rendimientos del capital para mejorar la progresividad,
incluyendo a las plusvalías generadas en menos de dos años (ampliables a
6 en el caso de inmuebles).

b) Modificar la Ley General Tributaria con una tipificación
más rigurosa del delito fiscal, así como con la prohibición de realizar
amnistías fiscales.

c) Eliminar la posibilidad de compensar pérdidas
patrimoniales.

d) Reforma del sistema de módulos, limitando su uso tanto
sectorial como temporalmente.

e) Derogar el régimen fiscal especial aplicable a los
desplazados a territorio español.

f) Garantizar la progresividad fiscal del IRPF:
Consolidación definitiva, para las rentas más altas, de los incrementos
del gravamen complementario en el IRPF. Mantenimiento de los tipos
marginales altos.

g) Incorporar elementos de igualdad de género en las
reformas fiscales, teniendo en cuenta el impacto sobre los modelos
familiares que se promocionan por la vía fiscal y la discriminación e
inequidad que suponen figuras como la declaración conjunta y que se
revise los beneficios de las deducciones fiscales en función del
sexo.

h) Acabar con los incentivos fiscales a colectivos con más
recursos, como determinados productos de ahorro, así como los incentivos
que no tienen en cuenta niveles de renta.

Segundo. Algunas medidas contra el fraude, la economía
sumergida y la elusión fiscal:

a) Las medidas técnicas y legales contra el fraude deben ir
acompañadas con medidas organizativas y de gestión de los recursos
humanos en la administración tributaria, entre las que está la creación
del Cuerpo Superior de Técnicos de Hacienda. (según los datos de la OCDE,
España cuenta con un empleado de Hacienda por cada 1.928 contribuyentes,
frente a los 860 de Francia, 729 de Alemania o los 551 de
Luxemburgo).

b) Modificar la legislación de las Instituciones de
Inversión Colectiva para evitar los notorios abusos de las sociedades de
inversión de capital variable (SICAV).

Tercero. Una reforma fiscal con criterio federativo:

a) La fiscalidad federal deberá proteger la igualdad de los
ciudadanos ante la ley así como garantizar la equivalencia de servicios
públicos independientemente del territorio. Una fiscalidad federal basada
en la autonomía fiscal, la cooperación y la solidaridad entre distintas
administraciones públicas que evite la competencia fiscal para atraer,
con impuestos más bajos, más industria y comercio.

b) El poder tributario deberá estar dividido en tres
niveles: el Estado federal, las entidades federadas y los municipios. El
papel del Senado será fundamental en materia tributaria, como Cámara de
representación territorial.

c) Construir una auténtica fiscalidad municipal, lo que
exige la derogación de las disposiciones legales sobre la reforma de las
Administraciones Locales.

Por todo ello es por lo que presentamos esta propuesta de
veto al Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras
normas tributarias.

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80

Se calcula que con el nivel de recaudación que establece
esta reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas, se pone
en riesgo la sostenibilidad del Estado de bienestar, la redistribución
equitativa de la renta y la justicia social.

Y es que sólo con políticas de austeridad y ajuste fiscal
no es posible que haya recuperación económica. Es como un círculo
vicioso. Se reduce el gasto público y se suben los impuestos. Esto reduce
la renta familiar disponible y se contrae el consumo. Esto a su vez
minora la recaudación de impuestos directos e indirectos y por tanto
aumenta el déficit y la deuda pública. Y, si además, coincide que la
economía está en tasas de crecimiento muy moderado, y hay restricción de
crédito, el coctel es mortal, más recesión y más desempleo.

La reforma fiscal que contiene este proyecto de Ley es muy
injusta, incrementa la brecha social y económica de nuestra sociedad, ya
que los más perjudicados son las rentas de los trabajadores y las rentas
medias, y en cambio, premia, mantiene y refuerza a las rentas más altas
que incluso durante la crisis han incrementado su riqueza y patrimonio.
Así, las rentas de capital siguen tributando a tipos reducidos y menos
progresivos que los rendimientos del trabajo o de actividades
económicas.

El gobierno consagra con este proyecto de Ley el verdadero
programa en el que basa su acción de gobierno, con el que no busca el
interés general al que le obliga la Constitución, sino que beneficia sólo
a una pequeña parte de la sociedad, la que dispone de más riqueza,
incrementando una vez más la inequidad y la desigualdad.

Es una constante en nuestras propuestas de veto
legislativas, recordarle al Partido Popular su obligación de defensa del
interés general en su acción de gobierno y, más en normas como este
Proyecto de Ley que esconden claramente una regulación partidaria y
partidista a favor de determinados intereses.

Los senadores y senadoras firmantes de esta enmienda de
veto tampoco podemos apoyar la tramitación de este proyecto de ley porque
no incluye ningún apartado consistente para el control y lucha contra el
fraude fiscal. Nuestro país tiene el nivel de recursos humanos más bajo
de la Unión Europea dedicado a esta labor y, en cambio, uno de los
niveles más altos de fraude, según estudios de la Comisión Europea. Por
ello, es necesario abordar una reforma integral de la Administración
Tributaria que incremente de forma efectiva y gradualmente sus recursos
humanos y materiales en la detección y persecución del fraude, la elusión
y la evasión fiscal.

En definitiva, no podemos apoyar una limitada y partidista
reforma fiscal, que incrementa la desigualdad y que no ayuda a recaudar
suficiente y equitativamente de todos los contribuyentes para financiar
los servicios esenciales y aportar los recursos suficientes para impulsar
las necesarias inversiones en educación, formación, e investigación que
mejoren la redistribución de la renta, la productividad e impulsen un
crecimiento sostenible y con justicia social.

Por todo lo expuesto, proponemos esta propuesta de veto al
Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de
noviembre, del Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas, el texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes,
aprobado por el real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras
normas tributarias.

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una
propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No
Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de
marzo, y otras normas tributarias.

Palacio del Senado, 30 de octubre de 2014.—La
Portavoz, María Victoria Chivite Navascués.

PROPUESTA DE VETO NÚM. 5

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente propuesta de veto.

Existe un amplio consenso sobre la necesidad de abordar una
profunda reforma fiscal en nuestro país que cumpla con los objetivos de
suficiencia, eficiencia y equidad.

Desde una perspectiva general debe destacarse, en primer
lugar, que nuestro sistema fiscal adolece de insuficiencia recaudatoria
por la erosión de las bases imponibles, uno de los problemas que explican
la actual situación de elevado déficit y deuda pública. Los ingresos
públicos se han desplomado durante la crisis y apenas alcanzaron el 37,8%
del PIB en 2013 según Eurostat, pese a las extraordinarias subidas de
impuestos, y situándose a 9 puntos porcentuales de la zona euro.

La propuesta de reforma fiscal está condicionada y limitada
por la composición de la consolidación que ha decidido el Gobierno en su
Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España 2014-2017,
donde se sigue apostando por el recorte del gasto público (-4,3 puntos)
en educación, sanidad, política social, etc y se renuncia a corregir
nuestro problema de ingresos (+1,2 puntos), es decir, a recaudar más de
los que más tienen y pagan poco o de los que nunca pagan porque
defraudan.

Tabla 1. Senda de consolidación fiscal 2013-2017 % PIB

Fuente: Programa de Estabilidad 2014-2017 y elaboración
propia

El Gobierno ha decidido una salida de la crisis sin un
reparto equitativo de los costes. Por el lado de los ingresos,
consideramos que aspirar a quedarse con el nivel actual de ingresos
públicos situado en torno al 38-39% del PIB pone en riesgo la
sostenibilidad del Estado del bienestar y las necesidades de inversión en
educación, formación e I+D+i, aspectos prioritarios e imprescindibles
para mejorar la redistribución de la renta, la productividad y garantizar
un crecimiento sostenible e inclusivo. Consiguientemente el ajuste va en
la dirección contraria de lo requerido para converger con Europa, es
decir, la política fiscal del Gobierno nos aleja de los países más
avanzados en materia social (y más competitivos) de la Unión Europea. La
reforma fiscal responde claramente a una determinada concepción política
sobre el tamaño y composición del sector público, así como el ritmo y la
forma de llevar a cabo la estrategia de consolidación fiscal.

En segundo lugar, uno de los puntos de partida de cualquier
reforma ambiciosa y eficaz es la lucha contra el fraude, la elusión y la
evasión fiscal, porque con ello se contribuye a conseguir la equidad
horizontal y a incrementar la recaudación sin necesidad de subir
impuestos para financiar unos servicios públicos de calidad (muchos pagan
demasiado porque otros no lo hacen). Esto es especialmente relevante para
España, por tener según estudios de la Comisión Europea y otros, uno de
los niveles más elevados de fraude de la Unión Europea. Además, el fraude
es la mayor fuente de distorsión del sistema económico y de menor
crecimiento. Acabar con el fraude es acabar también con la distorsión en
las decisiones empresariales. Las empresas con beneficios no declarados
difícilmente los usan en políticas de crecimiento sólidas (desde la
innovación a la exportación).

Sin embargo, en los proyectos presentados se echa en falta
una propuesta concreta de objetivos, medios y recursos humanos para
lograr reducir de forma ambiciosa esta lacra que está concentrada
fundamentalmente en las grandes fortunas y corporaciones. Nuestro país
tiene el nivel de recursos humanos más bajo de la UE de los 27 en la
Administración Tributaria —1 inspector por cada 1.958 habitantes,
comparados con los 942 de Francia o 740 de Alemania, por ejemplo—,
sólo superado por Italia; y actualmente, además, por cada 10 vacantes en
la Administración Tributaria sólo se cubrirá como máximo una. Si no hay
una reforma integral de la Administración Tributaria que incremente los
recursos humanos y materiales de la misma y no se articulan medidas para
acabar de forma efectiva con el fraude y la elusión fiscal, no habrá una
reforma fiscal eficiente.

En tercer lugar, los proyectos de ley presentados por el
Gobierno no tienen en cuenta consideraciones de equidad, olvidándose que
cualquier modificación en profundidad del sistema tributario tiene que
tener en cuenta sus efectos sobre la redistribución de la renta, más si
cabe cuando la OCDE ha puesto de manifiesto que en España ha crecido de
manera extraordinaria la pobreza y la desigualdad, fenómenos que
comprometen también el crecimiento y la estabilidad macroeconómica. Los
ingresos del 10% de la población española más pobre cayeron de media
anual un 14%, mientras que en ningún país de la OCDE bajaron más del 10%,
de forma que según los últimos datos de Eurostat, España es el segundo
país de la UE tras Letonia en nivel de desigualdad (Índice de Gini).

Efectos en parte producidos por las grandes decisiones que
ha tomado el Gobierno en política fiscal desde que comenzó la
legislatura: incremento del IRPF; subida de los impuestos indirectos,
IVA, copagos, tasas y precios públicos, y reducción histórica del gasto
en materia social.

Las medidas contenidas en los proyectos de ley profundizan
en la inequidad y la desigualdad, al no contener ninguna previsión sobre
la fiscalidad de los grandes patrimonios (Impuesto sobre el Patrimonio,
Impuesto sobre Sucesiones, SICAV´s, etc.), y la progresividad del
sistema tributario depende, en gran parte, de la combinación del IRPF,
Patrimonio y Sucesiones.

En consecuencia, una política fiscal tremendamente injusta
que incrementa la brecha social y económica de nuestro país que ya, de
por sí, es grande y creciente, puesto que los perdedores de la política
fiscal del Gobierno son las rentas más bajas y medias que son los
principales beneficiarios de los servicios que ofrece el Estado del
Bienestar y los que más sufren las consecuencias de un incremento de la
imposición indirecta y, por el contrario, los ganadores son las rentas
más altas. En conjunto, la política fiscal resultante es una
transferencia de renta de los trabajadores y las rentas medias a los más
ricos.

Con carácter general, se puede afirmar que la reforma
fiscal que ha presentado el Gobierno tiene un alcance marcadamente
limitado, no adecuándose a las profundas reformas que demanda, en la
actual situación, el conjunto de nuestro sistema tributario, al
mantenerse y consagrarse los beneficios fiscales de aquellas categorías
de contribuyentes que no sólo no han resultado perjudicados por la crisis
económica, sino que han incrementado su riqueza y privilegios.

En este punto, debe destacarse la falta de transparencia de
la información facilitada por el Gobierno. En las Memorias de impacto
normativo de los correspondientes proyectos de ley se ofrece una
estimación «ex ante» y «ex post» del coste de las medidas que se
proponen, pero sólo de forma global. Es decir, no se precisa el efecto de
cada modificación, información esencial para valorar la reforma desde el
punto de vista de la equidad, eficiencia y sostenibilidad de la
misma.

A continuación se detallan algunos elementos clave de la
reforma del IRPF que ponen de manifiesto la regresividad de las medidas
fiscales proyectadas por el Gobierno:

a) En relación con los tipos y tramos de la tarifa del
IRPF, la no tributación de los contribuyentes con rentas inferiores a
12.000 euros anuales carece prácticamente de virtualidad pues ya en la
actualidad la gran mayoría de estos contribuyentes tampoco pagan nada.
Igualmente, los efectos de la nueva tarifa para las rentas medias son
llamativos, pudiéndose observar que incluso para rentas de entre 20.200
euros y 34.000 euros, el tipo impositivo no sólo no baja —28% en
2011 y 30% en 2012-2014—, sino que incluso se incrementa en el año
2015 al 31%. Donde sí puede apreciarse una notable mejora es respecto de
las rentas más altas, bajando el tipo máximo del impuesto del actual 52%
al 45% en dos años. Ello hace que, por ejemplo, alguien que gane 300.000
euros pasará de tributar el 52% al 45%, en tanto que, como acabamos de
ver, una persona con ingresos de 30.000 euros (diez veces menos) pasa del
30% al 31% en 2015 y de nuevo al 30% en 2016. Las rentas más altas sí
obtienen, comparativamente, un mayor beneficio, efecto directo de la
reducción de tramos y de la intensidad en la bajada de tipos (7
puntos).

b) La elevación de los mínimos personales y familiares es
una farsa por el propio juego del impuesto. No es verdad que la reforma
fiscal del Gobierno incremente los mínimos familiares y personales del
IRPF hasta el 32% tal y como había anunciado el propio Gobierno. En
algunos casos hay desahorro, por ejemplo: la modificación del mínimo del
contribuyente implica una mayor cuota en el año 2015 en relación con el
ejercicio 2014 de 164,87 ¤; en el caso de los mínimos familiares por el
tercer descendiente o el cuarto, en el mismo periodo, la cuota se
incrementa en 108,82 y 135,05 ¤.

c) Respecto al tratamiento fiscal de las rentas del
trabajo, la concreta regulación propuesta procede a una minoración de la
reducción general por obtención de rendimientos del trabajo —ahora
configurada como gasto deducible— de 2.652 euros a 2.000 euros
anuales, de la reducción por movilidad geográfica también a 2.000 euros
anuales y a la supresión de la reducción adicional para trabajadores
mayores de 65 años, además de someter a tributación, como es sabido, las
indemnizaciones por despido.

Como puede observarse, el proyecto procede a una
«devaluación» de casi todas las previsiones favorecedoras de la obtención
de rentas de trabajo, lo que hace suponer que el objetivo del Gobierno no
ha sido tanto articular medidas efectivas y reales de compensación por la
mayor tributación de este tipo de rentas respecto de las rentas del
capital, como utilizar las mismas para ajustar técnicamente los costes
recaudatorios que pudieran derivarse de la reducción de los tipos de
gravamen.

d) En cuanto a la tributación de las rentas del capital
mobiliario y de las ganancias y pérdidas patrimoniales, los denominados
tipos de gravamen del ahorro, sí que experimentan una rebaja
generalizada, con el objetivo de reducir los mismos a entre el 19% y el
23% en el año 2016, suprimiéndose igualmente el plazo de tenencia de los
bienes —un año— establecido, se supone, para no favorecer las
operaciones meramente especulativas.

Debe destacarse que, aparte de la clara intención de
rebajar la tributación de este tipo de rentas, el proyecto, como era
previsible, supone, en esencia, el mantenimiento del denominado sistema
dual, en virtud del cual las rentas del capital tributan a tipos
reducidos y menos progresivos que los rendimientos del trabajo o de
actividades económicas.

En consecuencia, el actual régimen tributario de las rentas
de capital, junto a las mejoras que contiene el proyecto en su
tratamiento, no es compatible con la pretendida mejora de la situación de
los trabajadores, que ya soportan casi todo el peso del IRPF, ahondando
en la redistribución de la carga tributaria en beneficio de dicho tipo de
rentas.

Las ventajas otorgadas a este tipo de rentas con carácter
general tiene, sin embargo, dos cualificadas excepciones. Y es que, de un
lado, se suprime la exención de los primeros 1.500 euros de rendimientos
procedentes de dividendos de sociedades y, de otro, se suprimen los
coeficientes de actualización de los inmuebles y los conocidos como
«coeficientes de abatimiento», aplicables a aquellos bienes con una gran
antigüedad en el patrimonio de los contribuyentes. En consecuencia, las
únicas excepciones que se proyectan en el tratamiento privilegiado de las
rentas capital son aquellas que van a afectar, de forma casi exclusiva, a
las rentas bajas y medias y a operaciones no especulativas, lo que ofrece
una idea real de cuáles son los contribuyentes beneficiados por la
reforma.

En definitiva, la limitada reforma del IRPF no beneficia de
forma significativa a las rentas del trabajo medias y bajas, pero sí a
los contribuyentes de mayor capacidad económica, consagra y mejora el
tratamiento privilegiado otorgado a las rentas del capital. Todo lo
anterior supone ahondar, como antes se ha indicado, en una política
fiscal tremendamente injusta que incrementa la brecha social y económica
de nuestro país.

Por último, la reforma fiscal que se propone no es más que
una profundización de la estrategia de política económica por la
devaluación interna, es decir, el empobrecimiento de la gran mayoría de
españoles, para salir de la crisis. Esta estrategia de manera sostenida
en el tiempo no es ni viable económicamente ni socialmente, puesto que
nos aboca a un estancamiento permanente, vía bajada de salarios y
condiciones de trabajo más precarias y una menor productividad, así como
a una insoportable e inaceptable desigualdad social.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la
siguiente propuesta de veto al presente Proyecto de Ley y propone su
devolución al Congreso de los Diputados.