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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 582, de 19/12/2014
cve: BOCG-10-D-582
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
19 de diciembre de 2014
Núm. 582
ÍNDICE
Página
Composición y organización de la Cámara
PLENO
051/000002 Composición del Pleno. Altas y bajas ... (Página3)
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000008 Composición de los Grupos Parlamentarios. Altas y bajas ... (Página3)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/001115 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre medidas para el reforzamiento de la Audiencia Nacional y la remoción de cualquier obstáculo que impida a sus jueces seguir
investigando complejos casos de corrupción política ... (Página4)
162/001116 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el acuerdo UE-EEUU y el sector vitivinícola ... (Página7)
162/001117 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre implantación del modelo de 'debate público sobre infraestructuras' como mecanismo de transparencia para la elección de las
infraestructuras que se deben construir y de las características que deben tener ... (Página8)
Competencias en relación con otros órganos e instituciones
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000302 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 4791/2014, promovido por más de cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario Socialista del Senado, contra la Ley Orgánica 2/2014, de 21 de
mayo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha ... (Página9)
233/000078 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 219/2013, planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias
con sede en Santa Cruz de Tenerife, en relación con el artículo 41.1 de la Ley 11/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2011, por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución
española ... (Página10)
Otros textos
AUTORIZACIONES
095/000006 Solicitud de autorización del Congreso de los Diputados para la participación de Unidades Militares Españolas en la Operación Resolute Support en Afganistán ... (Página11)
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
120/000033 Acuerdo de la Mesa de la Cámara admitiendo el escrito presentado por don Juan Pedro Aguilar Sáenz, Asociación Española de Mediación, por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular por la que se
regula la implantación con carácter obligatorio de la Mediación Civil, Mercantil y Concursal, en el Orden Jurisdiccional Civil y Mercantil como método alternativo para la resolución de conflictos; y la implantación con carácter voluntario en el
Orden Jurisdiccional Penal de la Mediación Penal; y la implantación de la Mediación Laboral, con mediadores profesionales independientes, de forma voluntaria y alternativa a la Conciliación Laboral, previa en el Orden Jurisdiccional Laboral ...
Secretaría General
292/000049 Convocatoria de 7 de octubre de 2014, de becas para la formación práctica de archiveros, bibliotecarios y documentalistas. Concesión de las becas... (Página14)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de diciembre de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutérrez Vicén.
PLENO
051/000002
A) Relación por orden alfabético de señores Diputados que han adquirido la plena condición de Diputado.
Baja:
MORENO PALANQUÉS, Rubén 05-12-2014
Alta:
MARTÍN REVUELTA, María 11-12-2014
B) Relación de Diputados que han presentado su credencial, por circunscripciones.
Valencia:
MARTÍN REVUELTA, María PP
C) Relación de Diputados por orden de presentación de credenciales.
Nombre: MARTÍN REVUELTA, María
Circunscripción: Valencia
Número: 406
Fecha: 10 de diciembre de 2014
Formación electoral: PP
GRUPOS PARLAMENTARIOS
010/000008
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (010/000005)
Número de miembros al 11 de diciembre de 2014: 185
Baja:
MORENO PALANQUÉS, Rubén 05-12-2014
Alta:
MARTÍN REVUELTA, María 11-12-2014
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/001115
A la Mesa del Congreso de los diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las medidas
necesarias para el reforzamiento de la Audiencia Nacional y la remoción de cualquier obstáculo que impida a sus jueces seguir investigando complejos casos de corrupción política, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La infinidad de casos de corrupción política, la lentitud de la Justicia en depurar responsabilidades por la enorme sobrecarga de trabajo existente y la existencia de diversos privilegios procesales (aforamientos e indultos entre ellos)
provocan que la ciudadanía tenga la sensación de que existe una justicia de dos velocidades (una para la gente en general y otra para los políticos) y, por lo tanto, una impunidad para estos últimos, que acrecientan la desconfianza hacía la política
y un desapego hacia las propias instituciones, que está en riesgo de cuestionar la propia democracia y el sistema de libertades que tanto nos ha costado construir.
Por ello es preciso abordar cuanto antes medidas reales y efectivas para la lucha contra la corrupción, entre las que destacan especialmente el reforzamiento de los medios materiales y humanos de la Audiencia Nacional como órgano
deslocalizado y especializado en la criminalidad organizada de índole económica y financiera.
La Audiencia Nacional ha sufrido un vertiginoso proceso de 'reconversión industrial', desde los delitos de terrorismo hacia los delitos económicos de corrupción política, que no ha venido acompasada de ningún tipo de medida que permitiera la
adaptación a una criminalidad mucho más compleja como es la financiera, compuesta en muchas ocasiones por intrincadas tramas organizadas, para las que se requiere personal especializado y nuevos instrumentos informáticos. Sin embargo, la Audiencia
Nacional y, en particular, los Juzgados Centrales de Instrucción, que son los encargados de desarrollar esa labor de investigación permanecen totalmente infradotados. Para hacernos una idea baste señalar que la entrada en funcionamiento del último
de sus juzgados, el Juzgado Central de Instrucción número 6, tuvo lugar el 27 de diciembre de 1996, esto es, hace ya casi veinte años.
Por todo ello hace falta con carácter de emergencia, reforzar de medios a la Audiencia Nacional y, en particular, permitir que los Jueces que actualmente están incursos en importantísimos casos de corrupción puedan continuar llevando dichos
sumarios, sin dilaciones ni obstáculos extra-procesales de ningún tipo. Está en juego la credibilidad de nuestro Estado de Derecho y, por ende, el de la propia Democracia.
Un ejemplo de lo que decimos es el del Juez Pablo Ruz Gutiérrez, que actualmente está encargado del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Como es públicamente conocido, recientemente el Juez Pablo Ruz ha dictado el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado de la llamada parte troncal (1999-2005) del 'caso Gürtel' con el resultado de todos
conocidos de 43 imputados, más la participación de dos personas y de un partido político, el Partido Popular (PP), a título lucrativo o, lo que es lo mismo, como beneficiarios de los delitos presuntamente cometidos. La ya ex Ministra de Sanidad,
Ana Mato, procedió inmediatamente a asumir su responsabilidad política mediante su dimisión, pero desgraciadamente no ha ocurrido lo mismo con el citado partido político.
Aunque se concluye una parte importante de la investigación, al citado Juez le queda todavía pendiente de continuar investigando la 'contabilidad B' del Partido Popular, correspondiente a la llamada pieza de 'los Papeles de Bárcenas',
respecto de los cuales anticipa la existencia de 'la contabilidad paralela o caja B de ingresos y gastos efectuados en la formación política al margen de la contabilidad oficial, nutrida con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas al
margen de la contabilidad oficial y con vulneración de la normativa reguladora de la financiación de Partidos Políticos'.
No hace falta insistir en que nos encontramos ante una importantísima macro-causa, con más de 100 imputados que han prestado declaración en la causa, una cifra superior a 100 testigos, 190 comisiones rogatorias que llenan más de 80 tomos,
cursadas a 21 países, diversas periciales elaboradas, las certificaciones de los registros, las intervenciones telefónicas así como la documentación aportada por las múltiples entidades financieras cuya colaboración se ha requerido a lo largo de
estos años.
Los hechos relatados por el juez se tipifican provisionalmente en 11 delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental, delitos contra la
Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa procesal en grado de tentativa, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación.
Todo esta macro-causa ha sido desarrollada e impulsada gracias a Pablo Ruz, Juez destinado en comisión de servicios en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Miguel Carmona, actualmente en
situación de servicios especiales en Londres.
Según el artículo 350 de la LOPJ el 'Consejo General del Poder Judicial podrá conferir comisión de servicio a los jueces y magistrados, que no podrá exceder de un año, prorrogable por otro' (hasta un máximo de dos años, por lo tanto,
mediante un sistema de prórrogas de 6 meses).
En este sentido conviene recordar que la comisión permanente del CGPJ resolvió, por acuerdo del 17 de junio de 2013, 'conceder nueva comisión de servicio al magistrado Pablo Ruz Gutiérrez, para servir el cargo en el Juzgado Central de
Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional', que tendría como límite la fecha del 17 de junio de 2015 como hemos visto.
Así las cosas, el 26 diciembre de 2013, la nueva Comisión Permanente del CGPJ, presidida por Carlos Lesmes, acordó prorrogar en seis meses la comisión de servicios de Ruz bajo el siguiente argumento que reproducimos:
'Este nombramiento se efectúa al persistir las razones que justificaron la adopción de la medida, esto es: continuar el titular de dicho Juzgado en la situación administrativa de servicios especiales; no haber variado aquellas tenidas en
cuenta, cuando se le concedió la comisión; dado que cualquier cambio en el nombramiento en comisión de servicio produciría una alteración seria en la tramitación de las causas en el Juzgado Central de Instrucción número 5, aunque solo fuera por el
inevitable tiempo que tendría que dedicar el nuevo magistrado al conocimiento de las causas y de su estado procesal; y dado el excelente rendimiento del magistrado comisionado'.
Transcurridos seis meses, el 24 de junio de 2014, la Comisión Permanente del CGPJ vuelve a renovar por seis meses la comisión de servicios con idénticos argumentos, realizando la siguiente advertencia:
'No obstante, las excepcionales circunstancias concurrentes en relación con determinados asuntos cuya competencia había asumido este órgano en el pasado, o bien ha procedido a asumir en fechas más recientes ante la asignación realizada por
turno de reparto determina que un elevado número de procedimientos de los actualmente en trámite en el juzgado precisen para su debida instrucción e impulso procesal en plazos razonables de una especial dedicación por parte del titular,
especialmente en lo relativo a materias competencia de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada (muy significadamente, por su volumen, excepcionalidad y complejidad las Diligencias Previas 148/06, actual
Sumario 3/13 -Forum Filatélico- y 275/08 -'Caso Gürtel'-, junto con la pieza separada 'Caso papeles de Bárcenas'.
Por tanto, el próximo 24 de diciembre vencen los seis meses de la última prórroga de la comisión de servicios, quedando, según se ha indicado, otros seis meses, hasta junio de 2015, para llegar al plazo máximo de dos años de la actual
comisión de servicios.
En este contexto, el CGPJ se ha embarcado en el proceso de adjudicación de nuevas plazas de jueces y magistrados, lo cual puede o no afectar a la situación del Juez Ruz, mediante una decisión discrecional que compete adoptar al Consejo
General del Poder Judicial y que puede determinar que el Juez Ruz sea apartado este mismo mes de sus responsabilidades al frente de la Audiencia Nacional o que sea prorrogado hasta junio de 2015, lo que obviamente parece mucho más razonable teniendo
en cuenta las circunstancias concurrentes.
En opinión de este Grupo Parlamentario, compartida por el propio CGPJ en sus resoluciones, la presencia del Juez Ruz sigue siendo imprescindible y no puede bajo ningún concepto ser apartado de la investigación, al igual que ocurre con los
restantes jueces destinados en la Audiencia Nacional que tienen importantes causas de corrupción política pendientes de tramitación, pues ello supondría un auténtico escándalo para la opinión pública, en un momento en el que la corrupción ha
adquirido unos niveles insoportables.
Por lo tanto, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, ha de adoptar las medidas necesarias para crear nuevas plazas en los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, a fin de reforzar la lucha contra la corrupción
y asegurar que los jueces de instrucción encargados van a poder continuar con las causas abiertas, bien como titulares bien como jueces de refuerzo o bien mediante el sistema que se considere más adecuado.
La necesidad de reforzar la planta judicial, especialmente en la lucha contra la corrupción, no es una idea de este Grupo Parlamentario exclusivamente, sino también de los distintos operadores jurídicos, como los jueces decanos de toda
España, que reunidos en Valencia, entre los días 1 y 3 de diciembre de este año 2014, han elaborado un informe donde se analiza la situación actual de la Justicia en España y en particular del proceso penal. Así, han consensuado 58 propuestas para
dotar de mayor eficacia al trabajo judicial, en especial en la lucha contra la corrupción, entre las que se reivindica una incremento del número de jueces hasta alcanzar la media europea de 21 jueces por 100.000 habitantes, para lo que se considera
precisa una convocatoria sostenida de oposiciones para el acceso a la carrera judicial durante años hasta alcanzar dicha media y un aumento de los presupuestos para Justicia hasta al menos el 3 por ciento de los Presupuestos Generales del Estado.
Junto a lo anterior, los Jueces Decanos piden que se acometa urgentemente una 'modernización informática', que elimine por ejemplo las incompatibilidades que existen entre los sistemas de cada autonomía, la 'concentración' de los juzgados
'en grandes sedes' y la aprobación inmediata de refuerzos 'en causas especialmente complejas, en particular casos de corrupción', se adopten 'en cuestión de días y no de meses', y que en tales investigaciones los magistrados 'puedan trabajar en
equipo'.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'En su virtud el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
a) Con la mayor celeridad posible adopte las medidas legales necesarias para crear nuevos Juzgados Centrales de Instrucción en la Audiencia Nacional, para adecuar la planta judicial a las necesidades actuales existentes en la Administración,
como medida imprescindible para combatir la corrupción.
b) Sobre la base de lo anterior, y en coordinación con el Consejo General del Poder Judicial, se adopten las medidas necesarias para asegurar que el Magistrado-Juez Pablo Ruz y los restantes jueces destinados en la Audiencia Nacional que
están investigando importantes causas de corrupción, no sean bajo ningún concepto removidos ni separados de sus responsabilidades, pudiendo continuar con las investigaciones en curso bien en los nuevos juzgados creados o bien como refuerzo en los
existentes, más allá incluso de junio de 2015 y durante el tiempo necesario para concluir los procesos en trámite.
c) Se apruebe una dotación urgente y extraordinaria de fondos a los Juzgados encargados de instruir y enjuiciar delitos de corrupción, comenzando por la Audiencia Nacional, a la cual deberá dotarse inmediatamente de recursos humanos y
materiales necesarios para enfrentarse al fenómeno de la corrupción, especialmente en relación a las causas más complejas que son competencia de dicho órgano judicial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de diciembre de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
162/001116
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
acuerdo UE-EEUU y el sector vitivinícola, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Desde junio de 2013 las autoridades de la Unión Europea y de Estados Unidos negocian un nuevo acuerdo bilateral, el denominado 'Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, TTIP', que será el mayor acuerdo comercial de la historia y que
según la Comisaria de Comercio, Cecilia Malmström 'añadirá más de 100.000 millones de euros al PIB de la Unión Europea y tendrá el potencial transformador no solo de nuestras economías, sino de la economía mundial'.
Se han celebrado ya siete rondas de negociaciones en las que se han avanzado acuerdos aunque quedan importantes asuntos por resolver, pero todo parece indicar que las negociaciones están a punto de finalizar.
El TTIP abarca tres grandes pilares: el acceso a los mercados para bienes, servicios, inversiones y compras públicas, los aspectos regulatorios y un conjunto de reglas globales. Para la economía española dicho acuerdo tiene un interés
transcendental y especialmente para el sector vitivinícola al que va dedicada esta Proposición no de Ley.
Según la Federación Española del Vino, FEV, en el año 2013 Estados Unidos se ha convertido en el primer mercado a nivel mundial en cuanto a consumo de vino, con 29,1 millones de hectólitros. Siendo un mercado relativamente joven el consumo
no ha parado de crecer desde el año 2001, situación que contrasta claramente con las tendencias del consumo en España que no paran de caer desde hace dos décadas. EEUU se ha convertido en el primer importador mundial de vino en valor y el tercero
en volumen. Dentro de este gran mercado, España es el sexto proveedor en términos de volumen y el quinto en valor con 70 millones de litros y 341 millones de dólares.
El mercado de vino de Estados Unidos es sin duda un objetivo prioritario y por tanto este Acuerdo puede ser una oportunidad histórica que el sector vitivinícola español no debería desaprovechar.
Por ello consideramos que el TTIP debería incluir en su texto definitivo un capítulo específico sobre el vino que permitiría, por una parte, consolidar el Acuerdo Bilateral sobre el vino suscrito en 2006 y, por otra, resolver definitivamente
algunas cuestiones pendientes. Esta Proposición no de Ley pretende instar al Gobierno a que se comprometa a incluir el vino entre las prioridades de negociación de la Unión Europea.
Los temas prioritarios a resolver son el establecimiento de un mecanismo eficaz de solución de diferencias, la eliminación total de aranceles, la protección de las Denominaciones Geográficas, la armonización de las prácticas enológicas de
acuerdo con los parámetros de la Organización Mundial del Vino, los acuerdos de equivalencia sobre el vino orgánico, armonización fiscal, etc.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proponer y defender ante las instituciones europeas que el vino sea incluido, con un capítulo específico, en el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión
entre la Unión Europea y los Estados Unidos (TTIP), que resuelva las cuestiones pendientes y las prácticas discriminatorias anteriores de forma que se convierta en un verdadero instrumento de promoción del sector vitivinícola europeo y
español.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2014.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/001117
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante
el Pleno del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley para implantar el modelo de 'debate público sobre infraestructuras' como mecanismo de transparencia para la elección de las infraestructuras que se deben construir y de las
características que deben tener.
Exposición de motivos
En las sociedades avanzadas se debate en profundidad sobre la conveniencia o no de implementar una infraestructura. Muchos países utilizan referéndums u otros instrumentos de decisión colectiva para validar la conveniencia de afrontar las
grandes inversiones.
En Francia, existe un procedimiento denominado 'Debate Público', que consiste en un proceso de consulta previo a la decisión de construir una infraestructura, en el que participan todos los implicados, con el fin de determinar la necesidad
de implementarla, las características generales que debe tener y sobre la manera de resolver sus efectos ambientales. No se trata tanto de avaluar y corregir el impacto ambiental después de haber decidido la construcción, si no de discutir primero
si es necesario o no hacer la obra.
Recientemente, hemos vivido de cerca uno de estos debates públicos franceses, el correspondiente a la construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Perpinyá y Montpeller. El presidente de la República Francesa es quien
encarga el procedimiento de participación pública, que se lleva a cabo a partir de estudios técnicos, fomentando el pronunciamiento de los agentes y de los ciudadanos afectados por la nueva infraestructura. El proceso termina con la adopción del
acuerdo de emprender o no su implementación, así como de determinar las características generales que deberá tener el proyecto correspondiente. En el caso del tren de alta velocidad, el Debate Público estableció la conveniencia de emprender los
trabajos de confección del proyecto y construcción de una línea apta para el tránsito mixto, fijó el corredor territorial por donde debe transcurrir el trazado, así como las estaciones previstas.
Se puede afirmar, que la calidad democrática de un país tiene mucho que ver con la racionalidad del proceso de toma de decisiones en torno a sus infraestructuras. Cuando no hay intervención de los ciudadanos, e incluso sin intervención de
los parlamentos, los gobiernos adoptan intervenciones singulares, poco justificables o ineficientes.
Así, en el Estado español, la falta de democracia en la toma de decisión sobre qué infraestructuras construir, hace que se construyan autopistas sin coches, que se tengan que rescatar con dinero público autovías deficitarias, ejecutar líneas
de AVE y estaciones que dan servicio a un número insuficiente e injustificable de pasajeros o pagar con el dinero de todos los consumidores, los errores contenidos en un depósito de almacenamiento de gas que nunca va a entrar en funcionamiento.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, con la máxima celeridad, las medidas necesarias para implementar el modelo sobre 'Debate Público de Infraestructuras' como mecanismo de
transparencia y participación, para la elección acerca de qué infraestructuras se deben construir y sobre las características que estas deben tener.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
232/000302
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(232) Recurso de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 4791/2014, promovido por más de cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario Socialista del Senado, contra la Ley Orgánica 2/2014, de 21 de mayo, de reforma
del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés
Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de Inconstitucionalidad núm. 4791/2014, promovido por más de cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario Socialista, contra la Ley Orgánica 2/2014, de 21 de mayo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, al
considerar que la Ley Orgánica vulnera los arts. 1.1, 2, 9.3, 23.2, 137, 152.1 y 153.a) de la Constitución. Han comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado, el Letrado de las Cortes de Castilla-La Mancha y la Directora de los
Servicios Jurídicos de la Junta de la Comunidad de Castilla-La Mancha, todos ellos en la representación que legalmente ostentan. Ha sido Ponente el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré, quien expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
Desestimar el presente recurso de inconstitucionalidad.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 4 de diciembre de 2014.
233/000078
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(233) Cuestión de inconstitucionalidad.
Autor: Tribunal Constitucional.
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 219/2013, planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias con sede en Santa Cruz de
Tenerife, en relación con el artículo 41.1 de la Ley 11/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2011, por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución española, así como voto
particular formulado a la misma.
Acuerdo:
Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la
sentencia.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés
Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 219-2013, promovida por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias contra el art. 41.1 de la Ley 11/2010, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2011, por posible vulneración del art. 9.3 CE. Han formulado alegaciones el Fiscal General del Estado, el Gobierno de Canarias, el Parlamento de Canarias, la Federación de Servicios
a la Ciudadanía de CCOO y la
representación procesal del Instituto Tecnológico de Canarias. Ha sido Ponente el Magistrado don Ricardo Enríquez Sancho, quien expresa el parecer del Tribunal.
[...]
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
Estimar la presente cuestión de inconstitucionalidad y, en consecuencia declarar inconstitucional y nulo el art. 41.1 de la Ley 11/2010, de 30 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2011, en los
términos y con los efectos establecidos en el fundamento jurídico 5 de esta Sentencia.
Publíquese esta Sentencia en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Dada en Madrid, a 4 de diciembre de 2014.
OTROS TEXTOS
AUTORIZACIONES
095/000006
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(95) Operaciones de las Fuerzas Armadas en el exterior.
Autor: Gobierno.
Solicitud de autorización del Congreso de los Diputados para la participación de Unidades Militares Españolas en la Operación Resolute Support en Afganistán.
Acuerdo:
En ejercicio de las competencias que el artículo 31.1.4.º y 5.º del Reglamento confiere a la Mesa, ante la ausencia de previsión reglamentaria, someter a la deliberación del Pleno, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley
Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Gobierno.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
ACUERDO POR EL QUE SE DECIDE SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE UNIDADES MILITARES ESPAÑOLAS EN LA OPERACIÓN RESOLUTE SUPPORT EN AFGANISTÁN
Sobre la base de los Acuerdos de Bonn, de 5 de diciembre de 2001, por Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas núm. 1386, de 20 de diciembre de 2001, se autorizó el establecimiento de una Fuerza Internacional de Asistencia
para la Seguridad (ISAF) para apoyar a la Autoridad Interina Afgana en el mantenimiento de la seguridad en Kabul y sus alrededores.
En el año 2002 la OTAN se ofreció a liderar dicha operación, que ha ido evolucionando al compás de la situación y las necesidades. Desde el primer momento unidades españolas de diversa entidad y capacidades participaron en la misión.
ISAF, inicialmente circunscrita a Kabul y sus alrededores, al amparo de la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas núm. 1510, de 13 de octubre de 2003, y actuando en el marco del Capítulo VII de la Carta, en la que se
autoriza la expansión gradual de la ISAF fuera de Kabul, sufre un cambio de objetivos y de configuración:
- En diciembre de 2003 el Consejo del Atlántico Norte autoriza la expansión progresiva de la ISAF, que culmina en octubre de 2006 con la extensión de la misma a todo el territorio afgano y el cambio de objetivos, añadiéndose a los de
seguridad los de reconstrucción y apoyo al Gobierno afgano. Para las fuerzas españolas esta decisión supuso el desplazamiento de su centro de gravedad a la provincia de Badghis y un aumento considerable de cometidos y efectivos.
- En la Cumbre de Chicago de mayo de 2012, la OTAN decidió que era el momento de traspasar la responsabilidad de la seguridad a las fuerzas y gobierno afganos y aprobó el llamado 'proceso de transición', con el objetivo de trasferir la
responsabilidad de la seguridad, la reconstrucción y el desarrollo político y social al Gobierno afgano de una forma ordenada durante los últimos tres años. Este proceso ha supuesto la asunción de cometidos y responsabilidades por parte de las
fuerzas de seguridad e instituciones afganas y el repliegue de las fuerzas militares de la OTAN de acuerdo con el mismo. En el caso español, nuestro contingente culminó el pasado 25 de septiembre de 2013 sus cometidos en Badghis con el traspaso de
responsabilidad sobre seguridad, reconstrucción y desarrollo a las autoridades afganas, lo que supuso la salida de las fuerzas españolas de dicha provincia.
- De acuerdo con las decisiones adoptadas en la Cumbre de Gales de 2014, la operación ISAF, la más larga y de mayor entidad en la historia de la OTAN, finalizará oficialmente el próximo 31 de diciembre, una vez concluido el periodo de
transición y alcanzados los objetivos fijados para la misma. A partir de ese momento la Alianza cesará sus operaciones de combate en Afganistán y dará por transferida completamente la responsabilidad de la seguridad en el país a las fuerzas afganas
de seguridad y defensa.
ISAF ha conseguido sus objetivos. El Afganistán de hoy cuenta con un Gobierno elegido democráticamente, con unas fuerzas de seguridad capaces de ejercer sus responsabilidades en todo el país, con una administración capaz de ayudar a sus
ciudadanos y con multitud de proyectos de reconstrucción en marcha que facilitarán a los afganos un desarrollo en las líneas que ellos mismos decidan, aunque todavía es necesario el apoyo político, financiero y en materia de seguridad para hacer que
esta situación pueda consolidarse.
La Alianza considera necesario seguir apoyando también las capacidades de las fuerzas de seguridad afganas y, en respuesta a la solicitud e invitación del Gobierno de Afganistán, durante la Cumbre de Gales, celebrada los días 4 y 5 de
septiembre de 2014, aprobó una nueva misión de entrenamiento, asesoramiento y asistencia de alto nivel a las Fuerzas de Seguridad Afganas que, con el nombre de 'Resolute Support', comenzará el próximo 1 de enero de 2015.
Con ello, los aliados y nuestros socios mantenemos el compromiso con la seguridad en el país, mediante la participación en los mecanismos de sostenimiento de las Fuerzas Armadas afganas y de apoyo a su nuevo gobierno, cuestiones consideradas
clave para la estabilidad futura de Afganistán.
Un vez que las autoridades afganas comunicaron el pasado 27 de noviembre la conclusión de su proceso nacional de ratificación de los acuerdos necesarios para la permanencia de los contingentes internacionales, los Ministros de Asuntos
Exteriores de los países de la Alianza endosaron, en su reunión del pasado 2 de diciembre de 2014, el lanzamiento de la misión.
España, tras el esfuerzo ya realizado en Afganistán, mantiene su apoyo a la posición común aliada y su compromiso de participación en la nueva misión como muestra de su apoyo al pueblo y las instituciones afganas, poniendo a disposición de
la misión, en Herat, capacidades de adiestramiento, una instalación sanitaria tipo role 2, una unidad de seguridad y la participación en la gestión del aeropuerto. Asimismo, desplegará personal en los cuarteles generales de la operación en Kabul y
regional en Herat.
En su virtud, el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y el Ministro de Defensa someten a la aprobación del Consejo de Ministros el siguiente
ACUERDO:
Primero.
Solicitar, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley Orgánica 5/2005, de la Defensa Nacional, autorización del Congreso de los Diputados para la participación de las Fuerzas Armadas en el marco de la operación Resolute
Support de la OTAN, aportando las siguientes capacidades y medios:
- Personal integrado en los Cuarteles Generales de la operación.
- Equipo de asesores con las ANSF.
- Instalación sanitaria tipo Role 2.
- Unidad de apoyo a la gestión del aeropuerto de Herat.
- Unidades de apoyo logístico y de apoyo al despliegue.
- Unidad de protección de las fuerzas españolas desplegadas.
El número de efectivos máximo a desplegar será de 485.
Segundo.
La autorización inicial será hasta el 31 de diciembre de 2015, pudiendo ser renovada de acuerdo con la evolución de la situación.
Tercero.
Los gastos derivados de la participación española en estas operaciones se financiarán con cargo a la rúbrica presupuestaria 'Participación de las FAS en Operaciones de Mantenimiento de la Paz', créditos 14.122M.03.128, 14.122M.03.228 y
14.03.122M.668 del Ministerio de Defensa.
Cuarto.
El Ministro de Defensa comparecerá en el Congreso de los Diputados a los efectos indicados en el punto primero.
Quinto.
Se autoriza al Ministro de Defensa a realizar los ajustes operativos necesarios en nuestra participación de acuerdo con los condicionantes operativos en cada momento y la situación específica sobre el terreno.
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR
120/000033
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(120) niciativa Legislativa Popular.
Autor: Don Juan Pedro Aguilar Sáenz. Asociación Española de Mediación.
Proposición de Ley por la que se regula la implantación, con carácter obligatorio, de la Mediación Civil, Mercantil y Concursal, en el Orden Jurisdiccional Civil y Mercantil como método alternativo para la resolución de conflictos; y la
implantación, con carácter voluntario, en el Orden Jurisdiccional Penal de la Mediación Penal; y la implantación de la Mediación Laboral, con mediadores profesionales independientes, de forma voluntaria y alternativa a la Conciliación Laboral,
previa en el Orden Jurisdiccional Laboral.
Acuerdo:
Admitir a trámite el escrito por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular, comunicando este acuerdo a la Comisión Promotora, a la Junta Electoral Central y al Senado, publicándolo en el Boletín, conforme a
los artículos 5.3 y 7.1 de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
SECRETARÍA GENERAL
292/000049
La Mesa de la Cámara, en su reunión de 9 de diciembre de 2014, de conformidad con la propuesta elevada por el Jurado designado para la concesión de becas para la formación práctica de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas convocadas
por Acuerdo de la Mesa de 7 de octubre de 2014 (publicado en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 540, de 17 de octubre de 2014), acordó:
Conceder once becas a los solicitantes que, según el orden de puntuación obtenida, se indican a continuación:
Del Álamo Mayo, Verónica.
Ruiz de Otero, Laura.
Medina Morales, Alberto.
López López, Vera.
Olaria Ibáñez, Silvia.
Marín García de Robles, José Pedro.
Hernández Gómez, Mónica.
Martínez Santiago, María Dolores.
Fernández Ramón, José María.
Paños Domínguez, Raquel.
Gutiérrez Utande, Cristina.
Conceder una beca del turno de reserva para personas con discapacidad a:
Bezos del Amo, Nuria.
Designar como suplentes a los veintitrés candidatos que a continuación se indican, ordenados según la puntuación obtenida, que sustituirán a los titulares en el caso de que alguno de éstos renuncie a la beca adjudicada:
Ortega Cabezudo, María del Carmen.
Tena Fernández, Ramón.
Herguedas Pérez, Sara.
Romero Fernández, M.ª Inmaculada.
Gradín Fernández, Isis.
Rey Cao, Helena.
García Diéguez, Ana.
Flores Irurzun, Leticia.
Hernández Gómez de Caso, María Isabel.
Martín Martín, Miriam.
Yuste López, Noemí.
Díaz del Río Romero, Luis María.
Gento Gómez, Paloma.
Rodríguez Moreno, Marta.
López Lorente, Víctor Daniel.
Hernández Fernández, María José.
Prieto Paíno, Cristina.
García Nóvoa, Lorena.
Guntiñas García, María Jesús.
Acosta Salgado, Sandra Maricela.
Pino Andújar, Carlos.
González Rebollido, M.ª Carmen.
Bernat Martí Pellicer, Josep.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2014.-El Presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada Moreno.
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