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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 510, de 05/09/2014
cve: BOCG-10-D-510
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
5 de septiembre de 2014
Núm. 510
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000601 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el atún rojo. Retirada... (Página3)
162/001007 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre incremento de la cuota de pesca de atún rojo para Canarias ... (Página3)
162/001008 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre protocolo unificado de contención mecánica en centros hospitalarios y centros de salud mental ...
162/001009 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la escolarización del alumnado en lengua castellana en Cataluña ... (Página7)
162/001010 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre intervención del Ejército israelí en la banda de Gaza ... (Página8)
162/001011 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a promover un gran acuerdo para garantizar la sostenibilidad, el desarrollo y la financiación del Sistema de Autonomía y
Atención a la Dependencia ... (Página9)
162/001012 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la eliminación de las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios ... (Página10)
162/001013 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre privatización de AENA y venta de los aeropuertos canarios ... (Página11)
162/001014 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de la competencia y de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública ... (Página13)
162/001015 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la evaluación de los criterios de la política de fronteras Schengen en los puertos españoles y a potenciar, en particular, el
puerto de Palamós como nuevo puerto Schengen ... (Página14)
162/001016 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para avanzar en la lucha contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género ...
162/001017 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se extiende el subsidio por desempleo a las personas en situación de desempleo de larga duración que carezcan de ingresos y tengan
responsabilidades familiares, así como a otros colectivos con dificultades específicas de inserción ... (Página17)
162/001018 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la infancia ... (Página19)
162/001019 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la fiscalidad de los emigrantes retornados ... (Página21)
162/001020 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, para que los desempleados con anterioridad a abril de 2013 que hayan firmado un convenio especial puedan jubilarse a partir de los 61 años
... (Página22)
162/001021 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre la creación de nuevas líneas del ICO para la financiación de Pymes ... (Página24)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000601
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Mixto.
Retirada de su proposición no de Ley sobre el atún rojo.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núms. 258 y 265, de 19 de abril y de 7 de mayo de 2013.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/001007
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Quevedo Iturbe y doña Ana María Oramas González-Moro, Diputados de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrados en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presentan para su debate en Pleno la siguiente Proposición no de Ley para el incremento de la cuota de pesca de atún rojo para Canarias.
Exposición de motivos
La recomendación de la pesca del atún rojo viene recogida en el Plan de Recuperación de esta especie, que se fundamenta a su vez en las recomendaciones que para su conservación adopta la Comisión Internacional para la Conservación del Atún
del Atlántico, las cuales han sido incorporadas a la normativa de la UE, mediante distintos reglamentos en los que se fijan las cuotas de capturas asignadas a los distintos Estados miembros y se les instan a elaborar un plan de pesca anual propio.
El reparto de la cuota debería situarse para Canarias en torno al 10% de la cuota asignada al Estado español, y no en 1,21 % que recoge la regulación actual, beneficiando a las flotas de otros países europeos en detrimento de las españolas.
Desde el año 2008, las asociaciones pesqueras canarias vienen reivindicando el incremento de la cuota asignada a Canarias y que se ajuste de forma real a los criterios de reparto del artículo 27 de la Ley de Pesca Marítima del Estado, cuyo
contenido es el siguiente:
'Artículo 27. Reparto.
1. Para mejorar la gestión y el control de la actividad, así como para favorecer la planificación empresarial, el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá disponer la distribución de las posibilidades de pesca entre buques o
grupos de buques habituales en la pesquería.
2. La distribución de las posibilidades de pesca podrá cifrarse en volúmenes de capturas, esfuerzo de pesca, tiempo de pesca, o presencia en zonas de pesca.
3. Los criterios de reparto serán los siguientes:
a) La actividad pesquera desarrollada históricamente, cifrada en volumen de capturas, esfuerzo de pesca, tiempo o presencia en zona, en cada caso.
Sus características técnicas.
Los demás parámetros del buque, así como otras posibilidades de pesca de que disponga, que optimicen la actividad del conjunto de la flota.
4. Asimismo, una vez aplicados los criterios del apartado anterior se valorarán las posibilidades de empleo que se acrediten por el titular del buque así como las condiciones socio-laborales de los trabajadores.'
En diciembre de 2013, el sector pesquero canario celebró que, tras años de negociaciones con la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico, le permitiera salir a pescar exclusivamente el atún rojo durante los meses en
que este tipo de pez pasa por el archipiélago, en mayor cantidad entre febrero y junio, por lo que en la Comunidad Autónoma de Canarias se pasó de practicar la pesca accidental del atún rojo a la denominación de pesca dirigida, tras años de
reivindicaciones del sector.
A pesar de estos logros, queda por conseguir que el Gobierno de España aumente la cuota de captura del atún rojo permitida en Canarias, ya que de las 2.500 toneladas permitidas para España a Canarias le toca apenas 52 toneladas, es decir, el
1,3 %. Este año 2014, el Gobierno de España ha reducido la cuota para Canarias con respecto al 2013. La consecuencia inmediata fue que, una vez que el Estado levantó la veda el pasado 24 de marzo, apenas 36 horas después se comunicaba al sector
pesquero de la Comunidad Autónoma de Canarias el cierre de la misma, al haberse cumplido con el cupo asignado.
Las demandas de las asociaciones pesqueras canarias, así como de las distintas Cofradías de Pescadores, se centran en que el Estado haga un reparto más justo de las 2.500 toneladas que se permiten pescar en España, ya que, según los
pescadores, el atún rojo ha experimentado una recuperación, llegando a los niveles de los años 70. Además, en el archipiélago canario, el atún se captura de forma artesanal, es decir, con caña y anzuelo, una manera más sostenible en comparación con
la pesca de cercos y almadraba que se practica en otras comunidades autónomas, a las que el Estado español concede más del 90% del cupo.
Se trata de reclamar un aumento para la flota canaria, apoyado en los datos del informe realizado por el Instituto Español de Oceanografía, responsable de propiciar el establecimiento de un periodo de pesca abierta en Canarias ante la
Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico. En dicho informe se indica que entre 1965 y 2007 los desembarcos de atún rojo en Canarias han representado un 10% de todos los desembarcos españoles de esta especie. Sin embargo,
desde el principio de la década de los 80 hasta la actualidad, el atún rojo desembarcado en el archipiélago ha supuesto únicamente un 2% del total de las capturas en España, porcentaje que se ha ido reduciendo desde la Administración central, quien
adopta un criterio de reparto del volumen de capturas por flota, que nada tiene que ver con el factor relativo a las capturas históricas, pues no guarda relación directa con la cuota reservada por el Estado a la flota canaria, ya que la cuota debe
ajustarse a los criterios de reparto de posibilidades de pesca, tal y como recoge el artículo 27 de la Ley 3/2001, de la Pesca Marítima del Estado.
De las 2.500 toneladas de atún rojo asignadas a España en el 2013 y 2014, la mayor parte se las lleva la flota de cerco del Mediterráneo, que acumula el 28,3%, un total de 707 toneladas; la almadraba acumula el 27,2%, 680 toneladas; la
flota de cebo vivo del cantábrico asciende a un 21,7%, 542,5 toneladas; la flota de palangre y línea de mano un 13,8%, 345 toneladas, y la flota de cañas y línea de mano del Estrecho un 6,3%, 157 toneladas. La suma de estas 5 modalidades asciende
a un total de 2.431 toneladas. En definitiva, todas estas toneladas van a parar a las 3 empresas industriales más importantes de España, cuyos criterios no se ajustan precisamente a una explotación artesanal y sostenible del recurso pesquero. Es
más, estas grandes empresas industriales parecen haberse especializado en la comercialización de los cupos de pesca, convirtiendo esta actividad en un mero elemento especulativo del sector pesquero. De las 69 toneladas sobrantes, 52 corresponden a
Canarias, a los buques cañeros autorizados.
La diferencia de la Península con Canarias es que mientras Canarias practica la pesca artesanal, autorizando a alrededor de 200 embarcaciones para la captura del patudo, un 1,2% del cupo nacional, esta cantidad contrasta con las más de 707
toneladas de la cuota de la flota industrial del cerco mediterráneo, integrada por menos de 10 embarcaciones.
A todo lo expuesto debemos añadir que, según manifiestan los propios pescadores, de las 2.500 toneladas de pesca de atún rojo asignadas a España para la actual campaña 2014, un porcentaje de ellas no ha sido redistribuido por Comunidades
Autónomas y permanece sin asignar por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Algo inaceptable para cualquiera que conozca la realidad pesquera de Canarias.
Somos conscientes de que en el próximo mes de noviembre se procederá a la nueva asignación de los cupos de pesca entre los diferentes Estados miembros de la Unión Europea, motivo por el que entendemos que es la oportunidad para hacer
justicia entre los marineros artesanales canarios y proceder al justo incremento del cupo en los términos que se han relatado.
Por todo lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a que:
Primero. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente proceda a la reasignación de más cuota de pesca de atún rojo en las próximas campañas para la Comunidad Autónoma de Canarias, y por ende para su sector pesquero
tradicional, hasta llegar, como mínimo, al 10% de las 2.500 toneladas asignadas para todo el Estado español.
Segundo. Este 10% se mantendrá de forma constante durante las próximas campañas.
Tercero. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente dará respuesta inmediata a las reivindicaciones del sector pesquero tradicional canario, y procederá a incluir en esta nueva distribución de la cuota de pesca del atún
rojo el porcentaje sin asignar que conserva el Ministerio para la actual campaña.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2014.-Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/001008
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre protocolo unificado
de contención mecánica en centros hospitalarios y centros de salud mental, para su debate en Pleno.
Ya se han producido denuncias por la vulneración legal y malas prácticas de contenciones mecánicas en distintos establecimientos hospitalarios del país. Por ello parece urgente la puesta en marcha de un protocolo de contención mecánica que
reúna todos los requisitos éticos y legales para que las contenciones mecánicas sean admisibles, se asegure la seguridad de los pacientes, se protejan sus derechos
fundamentales y se establezcan evaluaciones periódicas, tanto en hospitales como en las unidades y centros de atención de Salud Mental para que las contenciones sean admisibles desde el punto de vista ético y legal. Resulta imprescindible,
asimismo, una normativa administrativa sobre las condiciones materiales y personales del internamiento involuntario y del empleo de otro tipo de medidas coercitivas.
Según la Organización Mundial de la Salud, algunas de las peores violaciones de los derechos de las personas con enfermedad mental se producen en el ámbito de los servicios sanitarios. La asociación Contenme ha obtenido el apoyo de la
Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad de la Asamblea de Madrid para impulsar protocolos unificados de tratamientos no agresivos en la atención a las personas con discapacidad o enfermedad mental cuando atraviesen episodios agresivos,
contra ellos mismos o contra los demás, en los momentos de crisis en los que se pone de manifiesto su incapacidad para autogobernarse. Se trata de apoyar, conteniéndoles, sin producir ningún daño o dolor. Los protocolos de actuación con
perspectiva de género que propone la Asociación incluyen las técnicas e intervenciones físicas y mecánicas para utilizar sobre las personas con discapacidad o en situación de dependencia, atendiendo a los principios de proporcionalidad y
oportunidad, bajo el Proyecto que han llamado 'Contenciones por la Libertad'.
Existe una gran variedad de protocolos en los distintos hospitales, y se registra la falta de medios mecánicos y formativos en los centros, por lo que sería conveniente la creación de la figura y titulación del Técnico/a en Contenciones, que
se encargue de verificar que los hospitales cuentan con todas las herramientas, así como de mantener al personal actualizado en los conocimientos preventivos y no invasivos. Asimismo perece necesario que los trabajadores de los centros, los
familiares, sanitarios y miembros de los cuerpos y fuerza de seguridad, tengan esos conocimientos, por lo que resulta sorprendente que todavía no haya un protocolo unificado y siga haciendo falta la formación no lesiva de las personas con
discapacidad.
La contención mecánica es un procedimiento de protección, de última elección en pacientes que se encuentran en estados de desorientación o agitación psicomotriz, después de que hayan fracasado el resto de medidas alternativas, como el
abordaje o contención verbal, las medidas ambientales y/o de conducta y la contención farmacológica.
Las principales indicaciones de uso de las contenciones mecánicas son evitar autolesiones, evitar lesiones a terceras personas, evitar interrupciones en el plan terapéutico de cada paciente y evitar desperfectos en mobiliario del centro. La
contención mecánica no debe usarse nunca como castigo, como sustitutivo de la falta de personal o si la situación puede resolverse por medidas alternativas verbales o farmacológicas. El riesgo o prevención de caídas en ancianos plantea un evidente
conflicto ético: las caídas son la primera causa de lesiones, incapacidad y pérdida de autonomía e incluso pueden ser causa de muerte en los ancianos, pero no se pueden considerar motivo suficiente como para contener mecánicamente, ni incluso
cuando hay riesgo de sufrir daño inmediato. Según J. Rafael Suárez Álvarez, presidente del Comité de Ética para la Asistencia Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, para que la contención mecánica sea admisible desde un punto de vista
ético debe cumplir ciertos requisitos, que son:
- Que se respeten en los procedimientos la dignidad del paciente; privacidad, adecuación de medios físicos y humanos.
- Que los familiares o representantes del paciente sean informados del procedimiento antes, durante y después de la contención médica.
- Que la contención médica no se prolongue más allá de lo necesario.
- Que se ajuste a un protocolo establecido en el Centro. El conflicto ético que supone la contención mecánica, los riegos descritos de esta restricción e inmovilización (incluso fracturas y muertes por asfixia) y sus posibles consecuencias
legales exigen que el procedimiento se aplique siguiendo una normativa que contemple claramente desde lo adecuado de la prescripción y metodología hasta el papel de todo el equipo implicado.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Elabore un informe sobre el balance de aplicación de las contenciones mecánicas en hospitales y centros de salud mental.
2) Impulse, en colaboración con las Comunidades Autónomas, el establecimiento de un protocolo de contención mecánica con perspectiva de género que reúna todos los requisitos éticos y legales para que las contenciones mecánicas sean
admisibles, se asegure la seguridad de los pacientes, se protejan sus derechos fundamentales y se establezcan evaluaciones periódicas.
3) Valore la creación de la figura y titulación del Técnico/a en Contenciones, que se encargue de verificar que los hospitales cuentan con todas las herramientas, así como de mantener al personal actualizado en los conocimientos preventivos
y no invasivos.
4) Establezca medidas adicionales para la formación del personal sanitario en materia de contenciones mecánicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de julio de 2014.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/001009
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de ley sobre la escolarización del alumnado en lengua castellana en Cataluña, para
su debate en Pleno.
El Consejo de Ministros del pasado viernes 11 de julio de 2014 aprobó un Real Decreto que desarrolla la disposición adicional trigésima octava de la Ley Orgánica de Educación. Esa disposición, denominada 'Lengua castellana, lenguas
cooficiales y lenguas que gocen de protección legal', establece la obligación, por parte de las Administraciones educativas de garantizar el derecho del alumnado a recibir las enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus
respectivos territorios.
El Real Decreto establece la potestad, por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de asumir íntegramente, y repercutir a la Administración educativa correspondiente los gastos efectivos de escolarización en centros privados 'si
la programación anual de la Administración educativa competente no garantizase oferta docente razonable sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular'.
En Cataluña, esta medida que se pretende poner en práctica el próximo mes de septiembre coincidiendo con el inicio del curso escolar 2014-2015, constituye un nuevo mecanismo de pago de cuotas a escuelas privadas y garantiza una segregación
lingüística que es nociva para la sociedad catalana.
Así mismo, representa una invasión de las competencias plenas en educación que el Gobierno de la Generalitat de Catalunya tiene otorgadas en virtud del artículo 131 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, atenta de forma directa contra la
autonomía de los centros comprendida en el Título VII de la Ley de Educación de Cataluña y mina su capacidad para desarrollar su 'proyecto lingüístico, de acuerdo con las determinaciones del Título II, que se concreta a partir de la realidad
sociolingüística del entorno'.
El actual modelo lingüístico de la escuela pública en Cataluña garantiza las competencias lingüísticas del alumnado tanto en lengua castellana como en lengua catalana. Su aplicación a lo largo de más de tres décadas ha demostrado que es un
modelo de cohesión social, de garantía de igualdad de oportunidades y de justicia social. Tres características fundamentales que el Real Decreto pone en serio riesgo, avanzando en la segregación escolar y la eliminación de la participación y la
democracia interna de los centros que ya inició la LOMCE.
De igual manera, se evidencia que en el sistema escolar de Cataluña no existe ningún conflicto lingüístico y que, al contrario, son algunas fuerzas políticas las que promocionan un conflicto que es inexistente a nivel social.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Insta al Gobierno al cese del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert.
2. Solicita formalmente la retirada del Real Decreto aprobado el pasado 11 de julio de 2014, que regula la escolarización del alumnado en lengua castellana en Cataluña.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2014.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/001010
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de ley sobre Intervención del Ejército israelí en la banda de Gaza, para su debate
en Pleno.
La intervención militar 'Operación Marco Protector', iniciada por el Ejército de Israel en los territorios ocupados de Cisjordania y especialmente en la banda de Gaza el pasado 8 de julio, ha causado ya más de 600 muertos y más de 2.000
heridos, la mayoría de ellos civiles. La ofensiva por tierra, mar y aire con incursión de tanques, ataques aéreos y lanzamiento de misiles por parte de las tropas israelíes ha focalizado su actuación en infraestructuras básicas y edificios
residenciales, provocando la muerte de civiles y numerosos heridos, entre ellos niños y mujeres.
La población civil de los territorios ocupados se encuentra en una gravísima situación de catástrofe humanitaria, aislada por una ofensiva militar que dificulta el acceso de los trabajadores humanitarios y de los suministros básicos. Más de
100.000 personas se han visto obligadas a desplazarse de sus casas, 600.000 no tienen acceso a agua potable de forma regular y existe una alarmante escasez de comida y leches infantiles que augura una inminente crisis alimentaria. Por su parte, el
Ejército de Israel ha autorizado el reclutamiento de 40.000 reservistas para una operación que según su Ministro de Defensa 'no acabará en pocos días'.
El castigo infligido a la población civil constituye una clara violación del derecho internacional humanitario y de las Convenciones de Ginebra, que en el artículo 33 del Convenio IV de Ginebra relativo a la Protección debida a las personas
civiles en tiempos de guerra establece que 'No se castigará a ninguna persona protegida por infracciones que no haya cometido. Están prohibidos los castigos colectivos, así como toda medida de intimidación y de terrorismo y están prohibidas las
medidas de represalia contra las personas protegidas -población civil- y sus bienes'.
Así mismo, el número de puntos alcanzados por los proyectiles israelíes crece de forma alarmante y ya supera los 3.000 ataques. Durante las dos semanas de ofensiva militar ha sido bombardeado un centro de discapacitados causando la muerte y
graves heridas a varios de sus pacientes, así como centros escolares, hospitales y equipos de atención sanitaria, lo que constituye una grave vulneración del citado Convenio.
La Organización de las Naciones Unidas ha confirmado que dos terceras partes de los heridos son niños y su Secretario General, Ban Ki-moon, ha condenado los bombardeos israelíes, a los que calificó de 'atroces' y ha reiterado que Israel debe
proteger a los civiles.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Manifiesta su más enérgica protesta por la violenta intervención militar del Ejército israelí en los territorios ocupados de la banda de Gaza, que ha generado una situación de emergencia humanitaria de graves consecuencias para la
población civil.
2. Insta al Gobierno español a que:
a) Emprenda de inmediato iniciativas diplomáticas propias y en el marco de la Unión Europea orientadas al cese de la ofensiva militar israelí en la banda de Gaza.
b) Despliegue una campaña urgente de ayuda humanitaria a la población palestina en los territorios ocupados.
3. Invita a los Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades Autónomas, así como a los sindicatos y demás organizaciones no gubernamentales, a desplegar una campaña urgente de ayuda humanitaria al pueblo palestino.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2014.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/001011
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
promover un gran acuerdo para garantizar la sostenibilidad, el desarrollo y la financiación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia fue aprobada con alto grado de acuerdo de las fuerzas políticas parlamentarias, con la participación de las
Comunidades Autónomas, las entidades locales, los agentes sociales y el movimiento asociativo. Con esta Ley nuestro país avanzaba hacia la consolidación del estado social y democrático de derecho que proclama nuestra Constitución.
La Ley reconoce el derecho subjetivo de las personas que no pueden valerse por sí mismas a ser atendidas por los poderes públicos, un derecho universal para toda la población y con garantía pública. Para ponerlo en marcha se establecía la
cooperación de todas las administraciones implicadas y se creaba el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que contaba con un calendario de implantación que se desplegaría de forma gradual hasta 2015.
Hasta noviembre de 2011 el Sistema se fue implantando según lo previsto. En aquel momento, un 80,7% de personas beneficiarias encuestadas consideraban positiva o muy positiva la atención que recibían.
En diciembre de 2011, pocos días después de la constitución del actual Gobierno, este decidió paralizar el calendario de aplicación de la Ley, impidiendo a las personas con dependencia moderada acceder a una prestación o servicio.
Posteriormente, en los primeros Presupuestos Generales del Estado que elaboró el Gobierno, correspondientes al año 2012, eliminó la partida para el nivel acordado, que ascendía a 283 millones de euros. Este nivel de financiación previsto en
la Ley volvió a ser suprimido en 2013 y 2014.
El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, introdujo numerosas modificaciones en la regulación del Sistema que causaron enorme perjuicio a las
personas en situación de dependencia. Entre ellas destacan la supresión de los dos niveles en que se dividía cada grado; la reducción en un 13% de la aportación de la Administración General del Estado para la financiación del nivel mínimo; la
reducción en un 15% de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar; la revisión de la regulación del convenio especial en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, cuyas cotizaciones pasan a ser
exclusivamente a su cargo; la aplicación de un plazo suspensivo de hasta dos años para las nuevas prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar. Además, se volvió a revisar el calendario para retrasar, más aún, la entrada de
dependientes moderados; se introdujo un régimen de incompatibilidad de las prestaciones; y se excluyó del silencio positivo el reconocimiento de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.
A ello hay que añadir que la Resolución de 13 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia,
aprueba los criterios y contenidos sobre capacidad económica y participación del beneficiario en el coste de las prestaciones para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Los nuevos criterios, todavía no publicados mediante Real Decreto, suponen
un importante incremento del copago. Pero, además, se permite a las Comunidades Autónomas establecer una mayor participación del beneficiario en el coste de los servicios y de las prestaciones económicas, lo cual han hecho muchas de ellas.
En definitiva, el Gobierno ha reducido el contenido esencial del derecho y ha realizado importantes recortes presupuestarios, con el dramático resultado de que los beneficiarios están recibiendo servicios y prestaciones claramente
insuficientes; al tiempo que se encuentran sin atender cientos de miles de personas en situación de dependencia.
Además, se ha producido un gran retroceso en la financiación estatal del Sistema. De soportar el 40% del coste del sistema en 2009, la Administración General del Estado ha pasado a hacerse cargo del 19% en 2013. En este periodo, la
aportación de las Comunidades Autónomas ha crecido del 50,8% al 62%, y el copago de los usuarios casi se ha duplicado.
En la práctica, se está vaciando de contenido el derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia. Además, se está vulnerando el principio de igualdad, ya que no existe un contenido mínimo común del derecho, y los
principios inspiradores del Sistema: carácter público de las prestaciones, universalidad, equidad y accesibilidad, están claramente cuestionados.
Las decisiones del Gobierno nos han llevado a una situación en la que resulta evidente la necesidad de reformular el Sistema. Existe un alto grado de consenso entre responsables políticos de todos los ámbitos, profesionales y beneficiarios,
respecto a que, en este momento, es necesario intervenir. Para garantizar de forma efectiva el derecho de las personas en situación de dependencia, debe crearse un grupo de trabajo específico con los representantes de los grupos parlamentarios, que
realice una evaluación sobre la Ley, las modificaciones llevadas a cabo, su aplicación, sus resultados, así como para analizar qué medidas son necesarias para mantener y garantizar la sostenibilidad del Sistema.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la constitución de un grupo de trabajo con representantes de los grupos parlamentarios con el objetivo de alcanzar un amplio acuerdo para garantizar la sostenibilidad, el desarrollo
y la financiación por parte de las administraciones públicas del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. Para ello, realizarán una evaluación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
Personas en Situación de Dependencia, analizando su aplicación, las modificaciones llevadas a cabo, sus resultados, sus disfunciones, y su incidencia en la economía y el empleo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2014.-Rosa Aguilar Rivero, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/001012
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley en relación con la eliminación de las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
En un informe de Bankia, remitido a la CNMV, se anuncia que desde el pasado mes de abril no se incluyen cláusulas suelo en los contratos de préstamos hipotecarios, que hasta ahora las había mantenido.
Tras la sentencia del Tribunal Supremo que eliminó las cláusulas suelo en BBVA, Cajamar y Novagalicia Banco, los Bancos han ido retirando estas cláusulas de los nuevos préstamos, y en algunos casos han ido negociando con los clientes su
eliminación en los préstamos vivos. El Banco de Santander decidió, a las pocas semanas de la sentencia, eliminar los tipos de interés mínimos que tenían los contratos de préstamo heredados de Banesto.
El Banco de España planteó la prohibición total de las cláusulas suelo, aunque únicamente reclamó a todas las entidades el impacto que podría tener en sus cuentas la eliminación para toda la cartera hipotecaria. Algunos analistas han
calculado que la eliminación total de las cláusulas suelo supondría una reducción de los ingresos bancarios entre un 15% y un 18%, unos 4.300 millones de euros.
El Gobierno sigue sin tomar medidas para hacer extensible los criterios fijados por el Tribunal Supremo, dando la espalda a los millones de afectados por las cláusulas suelo en beneficio de los Bancos. La inacción del Gobierno, en favor de
los Bancos, obliga a los afectados a acudir a la vía judicial, como única alternativa. Una vía judicial en curso que es costosa y lenta. Estas familias están pagando de más, todos los meses, una media entre 200 y 300 euros, por las cláusulas suelo
que tienen colocadas en sus hipotecas. La eliminación de estas cláusulas suelo evitarían muchos desahucios y la situación de insolvencia que padecen muchas familias.
El Tribunal Supremo, en su sentencia 241/2013, declaraba la legalidad de las cláusulas suelo y sustentaba su nulidad en la falta de transparencia durante la comercialización de los préstamos hipotecarios. Considera que no es suficiente con
que sean comprensibles, sino que además los consumidores deben ser informados de que cuando el tipo de interés baja, el préstamo se transforma en préstamo a tipo de interés fijo y no pueden aprovecharse de la bajada de tipos, que en estos momentos
son históricos a la baja, estableciendo simulaciones y marcos futuros previsibles. También deben ser informados de forma clara y destacada, sin que puedan pasar inadvertidas al consumidor, no pudiendo figurar como condiciones secundarias en el
contrato de préstamo.
Estas condiciones no se han cumplido en casi la totalidad de los préstamos hipotecarios que tienen las cláusulas suelo. Por ello, si las entidades bancarias no las eliminan de forma voluntaria, el Gobierno debe de establecer una normativa
que posibilite su eliminación.
El Grupo Parlamentario Socialista pretende que las entidades financieras eliminen, a iniciativa propia, las cláusulas suelo de los contratos hipotecarios, tanto de viviendas como de locales dedicados a la actividad empresarial. Para ello,
el Banco de España debe actuar de oficio en la revisión de los préstamos hipotecarios que mantienen cláusulas suelo e informar sobre la transparencia y el cumplimiento de los requisitos exigibles por la citada sentencia.
En caso contrario, el Gobierno debe promover cambios normativos para obligar a los Bancos a demostrar que se cumple con los requisitos fijados por el Tribunal Supremo. De no hacerlo, serán declaradas nulas y conllevarán la devolución del
dinero al deudor pagado de más por el cliente.
Por sentencias judiciales se han eliminado alrededor de 740.000 cláusulas suelo de otros tantos contratos hipotecarios, pero aún existen en España más de 3,2 millones de cláusulas suelo.
Bankia, entidad bancaria con mayoría de capital público, indica en el informe citado que no tiene valorado el impacto que supondría la eliminación de las cláusulas suelo, atendiendo a los criterios fijados por el Tribunal Supremo. La
entidad de crédito indica que en la actualidad el 5% de sus hipotecas tienen cláusulas suelo, unos 40.000 préstamos por un montante de 3.200 millones de euros. También reconoce que otro tipo de préstamos, por valor de 900 millones de euros, tienen
cláusulas suelo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas normativas necesarias al objeto de eliminar las cláusulas suelo en la totalidad de los saldos vivos de préstamos hipotecarios, tanto de viviendas como de locales afectos a
actividades económicas, de todas las entidades de crédito y, en especial, de aquellas entidades que han recibido ayudas públicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de julio de 2014.-Antonio Hurtado Zurera, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/001013
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Quevedo Iturbe y doña Ana María Oramas González-Moro, Diputados de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrados en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del
Congreso de los Diputados, presentan para su debate en Pleno la siguiente Proposición no de Ley en contra de la privatización de AENA y de la venta de los aeropuertos canarios.
Exposición de motivos
La decisión del Ministerio de Fomento de poner en manos privadas el 49% de la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) pone en serio peligro a un sector estratégico para la economía, el turismo y el futuro de Canarias.
Esta operación de privatización es una nueva agresión que compromete el futuro del archipiélago canario y que se sustenta únicamente en la ideología conservadora y recentralizadora del Gobierno español.
No existe ninguna razón que avale la venta de los aeródromos canarios, ya que cuatro de los diez aeropuertos que dan beneficios en la red estatal (casi 600 millones de euros en 2013) son canarios, eficientes, innovadores, seguros y de los
más modernos a nivel mundial.
Esta operación de privatización compromete el futuro de Canarias. Una de las primeras consecuencias puede ser el cierre de las instalaciones deficitarias como las de La Gomera o El Hierro, la subida de tasas, la reducción de conexiones, el
encarecimiento de los billetes de avión y la pérdida de inversión en infraestructuras. Los intereses de los nuevos socios que se sienten en el Consejo de Administración de AENA, y que primarán la rentabilidad frente al interés general, no
coincidirán con los planes que necesitaría desarrollar Canarias, entre los que hoy se encuentran, por ejemplo, la ampliación de la pista del aeropuerto de Lanzarote, la ampliación del horario de apertura de Fuerteventura, la solución al grave
problema al que se enfrentan los vecinos de Ojos de Garza, las nuevas pistas de Tenerife Sur y Gran Canaria o el trato diferenciado de los aeropuertos de La Palma, La Gomera y El Hierro.
Además, en su carrera en solitario para reformar toda la arquitectura legislativa y los modelos de gestión de las administraciones y las empresas públicas, el Gobierno español ha dado un paso en falso al cerrar las puertas a las autonomías
en el sistema de gestión, apostando por un modelo que supone un gravísimo error para el futuro de la red aeroportuaria.
Como en anteriores ocasiones el Gobierno del Estado ha diseñado y aprobado sus planes en despachos cerrados y en reuniones reservadas a determinados sectores, en las que se ha vetado la presencia de las Comunidades Autónomas, y ha obviado
también que los Estatutos de Autonomía de Canarias, Cataluña o País Vasco 'asumen la gestión de los aeropuertos de interés general cuando el Estado no se haya reservado su gestión directa'. En concreto, el Estatuto de Autonomía de Canarias, en su
artículo 33.13, establece que a la Comunidad Autónoma le corresponde la competencia de ejecución en 'puertos y aeropuertos con calificación de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa'.
Por otra parte, los diputados de Coalición Canaria y Nueva Canarias llevamos esperando nueve meses a que la ministra de Fomento comparezca ante la Comisión de Fomento del Congreso para informar sobre el proceso de privatización parcial de
AENA. Nueve meses en los que el Gobierno del Estado ha optado por eludir su responsabilidad de informar sobre su gestión ante las Cortes Generales y ha optado por la vía que más explota en esta legislatura: la aprobación unilateral, sin debate
previo, de todas sus reformas, incluidas aquellas que afectan directamente al desarrollo económico y estratégico de territorios especialmente sensibles como Canarias.
Por todo lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Rechaza la privatización del 49% de la sociedad mercantil AENA Aeropuertos, S.A., hasta ahora de capital 100% de titularidad estatal, acordado por el Gobierno de España, por implicar un debilitamiento del interés general de la sociedad
canaria, que queda en segundo plano frente a particulares intereses económicos y de rentabilidad, poniendo en serio riesgo la cohesión económica, social y territorial del Archipiélago.
2. Insta al Gobierno del Estado a que, ante el proceso de privatización acordado de la sociedad mercantil AENA Aeropuertos, S.A., iniciado por el mismo, negocie con el Gobierno de Canarias la puesta en marcha de lo estipulado en el artículo
33.13 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que reconoce a la comunidad autónoma canaria la competencia de ejecución de puertos y aeropuertos con calificación de interés general cuando el Estado no se reserva su gestión directa, como sucede en el
caso que nos ocupa, al pasar AENA Aeropuertos, S.A., a ser una sociedad mixta público-privada.
3. Insta al Gobierno del Estado a que negocie con el Gobierno de Canarias un sistema de gestión diferenciada y única de los aeropuertos canarios que se realice a través de un modelo consorciado donde participen el Gobierno de España, el
Gobierno de Canarias, los cabildos, los ayuntamientos y las organizaciones representativas de los empresarios y de los sindicatos, con específica representación de los trabajadores de AENA, tal como funciona en la actualidad la cogestión de los
puertos canarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2014.-Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/001014
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la
defensa de la competencia y de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El pasado año se presentó el informe para la Comisión de la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) entre cuyas medidas se hallaba la creación de contratos centralizados para determinados tipos de servicios y suministros.
Está previsto que en breve plazo se publiquen los pliegos de condiciones para los nuevos contratos referidos a diferentes servicios, tales como telecomunicaciones, limpieza, seguridad o agencias de viajes, entre otros.
Las ventajas de aplicar economías de escala en suministros y contratos de gran volumen como los que se manejan en el conjunto de la Administración General del Estado son evidentes. Sin duda el objetivo de racionalizar la contratación y
encontrar el punto óptimo en el que existe la mejor calidad de servicio al mejor precio debe ser un objetivo a perseguir por la Administración.
Sin embargo, la centralización de servicios y suministros puede ser un arma de doble filo si con ello expulsa de la licitación pública a las PYMES y, con ello, tiene como consecuencia la eliminación de empleo. En este caso, lo que podría
suponer un ahorro limitado y temporal puede convertirse a la larga en un coste mayor económico, social y para las arcas públicas.
Si las exigencias de volumen y precio son inalcanzables para las empresas de tamaño mediano y pequeño que hoy contratan con la administración, lo más probable es que estas empresas sencillamente no puedan concurrir a los macrocontratos. La
consecuencia más probable será la desaparición de esas empresas, con el consiguiente perjuicio en términos de pérdida de empleos y debilitamiento del tejido empresarial de nuestro país.
No deja de resultar paradójico que, mientras que las autoridades de defensa de la competencia actúan para promover su garantía frente a los abusos de posición dominante o los acuerdos anticompetitivos, en este caso, sea la propia
Administración la que pueda estar favoreciendo la limitación de la competencia.
Además, el ahorro podría transformarse en un sobrecoste transcurrido un plazo relativamente corto. Si en cada sector se pasa de una situación de múltiples oferentes a otra con rasgos de oligopolio, una de las amenazas será la de los
acuerdos para la fijación de precios incluso superiores a la centralización de los contratos.
Aunque el Gobierno consulte en algunos de los procesos de centralización de contratos a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), sus informes son facultativos, por lo que el Ejecutivo no tiene obligación de seguirlos,
como así parece que está sucediendo en algunos de los supuestos.
Con independencia de todo lo anterior, lo cierto es que resulta cada vez más evidente que el Gobierno se ha preocupado mucho más de defender los intereses de las grandes corporaciones empresariales, que de la defensa de la pequeña y mediana
empresa.
Este Grupo Parlamentario se muestra muy preocupado por las posibles consecuencias irreversibles de las medidas adoptadas en el anterior sentido. Por ello, considera que el necesario proceso de racionalización en los contratos y suministros
de la Administración General del Estado no implique la desaparición irreversible de la competencia y de las PYMES.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Abrir con carácter inmediato y previo a cualquier decisión sobre contratación pública, un proceso de diálogo con las asociaciones empresariales sectoriales, así como con las asociaciones de consumidores y usuarios, con el fin de evaluar
sus posiciones sobre las consecuencias de la centralización de contratos en cada sector.
2. Valorar diferentes alternativas de centralización y racionalización de contratos con la administración, teniendo en cuenta como elementos a salvaguardar, además de la garantía de la calidad de bienes y servicios contratados y la
reducción de costes, el mantenimiento del empleo y de la competencia efectiva en cada uno de los sectores.
3. Adoptar las decisiones sobre centralización que salvaguarden el mantenimiento de una competencia efectiva en cada uno de los sectores, garantizando la posibilidad de que las PYMES, sobre las que descansa una parte esencial del tejido
productivo en España, puedan seguir contratando servicios y suministros con la Administración General del Estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de julio de 2014.-Meritxell Batet Lamaña, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/001015
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante
el Pleno del Congreso de los Diputados, una proposición no de ley relativa a la evaluación de los criterios de la política de fronteras de Schengen en los puertos españoles y a potenciar, en particular, el puerto de Palamós como nuevo puerto
Schengen.
Antecedentes
El Convenio Schengen es un acuerdo alcanzado en 1984 por algunos países de la Unión Europea con el objetivo de suprimir los controles de las fronteras entre los países firmantes, crear una única frontera exterior donde se efectúan los
controles de entrada en el espacio de Schengen con arreglo a procedimientos idénticos, así como establecer una política y unas medidas comunes de cara a la seguridad de sus fronteras y la inmigración.
El Acuerdo Schengen ha permitido eliminar las fronteras que les separan a los estados que lo han suscrito, y a sus ciudadanos les ha permitido viajar libremente entre dichos estados, sin necesidad de visados ni controles policiales y
aduaneros al dejar el territorio nacional de su país de origen o al entrar en otro estado perteneciente al Acuerdo Schengen.
Integran este acuerdo 22 estados de la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal,
República Checa, República Eslovaca y Suecia, más Croacia que se integrará en 2015, a los que hay que añadir cuatro estados no miembros: Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza.
El acuerdo regula las fronteras interiores y exteriores. Las fronteras interiores están constituidas por las fronteras terrestres comunes entre los Estados suscribientes del acuerdo, los aeropuertos respecto a los vuelos internacionales y
los puertos marítimos con relación a los enlaces regulares de transbordadores con procedencia o destino exclusivamente en otros puertos de los territorios de los Estados contratantes y que no efectúen escala en puertos ajenos a dichos territorios.
Las fronteras exteriores están constituidas por las fronteras terrestres y marítimas, aeropuertos y puertos marítimos de los Estados contratantes que no sean fronteras interiores. Las fronteras exteriores solo podrán cruzarse por los pasos
fronterizos y por los puestos fronterizos exteriores habilitados, incluyendo los que correspondan a puertos y aeropuertos.
En este contexto resulta especialmente relevante determinar qué puertos y aeropuertos son considerados Schengen a los efectos de poder actuar como fronteras exteriores de este espacio, ya que en el momento en que dicha infraestructura
alcanza la consideración de punto fronterizo exterior o frontera Schengen, se incrementa su potencial como dinamizador de la actividad turística, económica y comercial internacional, alcanzando esta decisión a todo su territorio de influencia.
España forma parte del espacio Schengen desde el año 1991, hace 23 años, por lo que, desde la perspectiva portuaria, resultaría oportuno evaluar o hacer balance de los beneficios y capacidades que ha representado para cada puerto la decisión
de haber sido declarado puerto Schengen. Con el mismo objetivo, es preciso evaluar el potencial beneficio que supondría esta declaración para aquellos puertos, con actividad comercial y turística relevante, que hoy no tienen todavía la
consideración de puerto Schengen.
La decisión de determinar que un puerto es punto fronterizo Schengen y de articular las medidas e inversiones necesarias para poder cumplir con las obligaciones que ello comporta, puede tener importantes repercusiones en economías tan
abiertas como la española y la catalana en particular; esta decisión puede multiplicar la eficiencia con la que se gestiona la infraestructura portuaria y reportar evidentes efectos positivos sobre el territorio que la ubica. Este es el caso del
Puerto de Palamós, un puerto que en los últimos cinco años, y a pesar de la crisis, ha incrementado en un 50% el volumen de mercancía embarcada y desembarcada, además de potenciarse como puerto turístico, recibiendo entre 30.000 y 40.000 pasajeros
anuales procedentes de cruceros turísticos.
Desde el año 2002, hace ya 12 años, el Grupo Parlamentario Catalán ha presentado diversas iniciativas, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, para que el puerto de Palamós sea considerado puerto Schengen y pase a formar
parte de las fronteras exteriores, facilitando así la actividad económica que ello supondría tanto para el municipio como para las comarcas de Girona.
Por ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar ante las Comisiones de Exteriores y Fomento del Congreso de los Diputados, en el plazo de tres meses, un informe sobre el tráfico de personas y mercancías en las actuales fronteras exteriores Schengen de los puertos españoles
con una evaluación cuantitativa y cualitativa de su eficacia y eficiencia.
2. Realizar, a la vista de las conclusiones del informe de apartado número 1, un plan de racionalización de los puertos con frontera exterior Schengen.
3. Realizar un Plan de impulso a aquellos puertos, que hoy no constituyen frontera Schengen, pero que más podrían potenciar su actividad en el caso de pasar a serlo.
4. Hacer las gestiones necesarias para reconocer el Puerto de Palamós (Girona) como frontera exterior del espacio Schengen.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de agosto de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
162/001016
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
avanzar en la lucha contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La 'Hoja de ruta de la UE contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género', aprobada por el Parlamento Europeo el pasado 4 de febrero de 2014, alienta a la Comisión y los Estados miembros a
recopilar de forma regular datos pertinentes y comparables sobre la situación de las personas LGBTI en la UE, la formación y el refuerzo de capacidades en los organismos nacionales que trabajan en pro de la igualdad y otras organizaciones encargadas
de promover y proteger los derechos fundamentales de las personas LGBTI, así como a esforzarse por sensibilizar a la ciudadanía con respecto a los derechos de las personas LGBTI.
Así mismo señala que la Comisión debe vigilar y prestar asistencia a los Estados miembros en relación con las cuestiones que atañen de manera específica a la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género al aplicar la
Directiva 2012/29/UE, sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, en particular si estos están motivados por prejuicios o discriminación que puedan estar relacionados con las características personales de las víctimas.
Señala el Informe que la Comisión debe facilitar el intercambio entre los Estados miembros de las buenas prácticas adoptadas en ellos en materia de formación y educación de las fuerzas del orden, los ministerios fiscales, los magistrados y
los servicios de apoyo a las víctimas.
Solicita de la Agencia de los Derechos Fundamentales que preste asistencia a los Estados miembros para que mejoren la recopilación de datos comparables relativos a los delitos cometidos por odio contra homosexuales y transexuales. Y
solicita a los Estados miembros que registren e investiguen los delitos cometidos por odio contra las personas LGBTI y adopten una legislación penal que prohíba la incitación al odio por motivos de orientación sexual e identidad de género.
En nuestro país, los datos hechos públicos por la Secretaria de Estado de Interior ponen de manifiesto que la mayoría de los ataques en España se producen por la orientación sexual y la identidad de género. Esas cifras señalan que, durante
los seis primeros meses de 2014, ha habido ya en nuestro país 235 incidentes motivados por la orientación o identidad sexual. Estas acciones de odio se traducen en abusos y agresiones sexuales, lesiones, amenazas, hurtos y violaciones. Estos datos
incluyen los delitos contabilizados por el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra y Policía Local, a falta de los balances de la Policía Autonómica Vasca y de los Mossos D' Escuadra que se presentarán a final de año.
La tendencia de estos datos es similar a la que se presentó el año pasado en el primer balance que hizo el Ministerio del Interior sobre delitos de odio en España, que señalaba que durante el año 2013 el número de delitos de odio acontecidos
en España ascendió a 1.172. Los delitos por orientación o identidad sexual volvían a obtener los datos más altos, con 452 casos identificados en nuestro país durante ese periodo.
Si de acuerdo con las estimaciones de la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea entre el 80% y el 90% de los incidentes de odio no se denuncian, estamos asistiendo a un fenómeno preocupante ante el que los poderes
públicos deben actuar con rapidez y contundencia.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el plazo de seis meses, presente un Plan Integral para la protección y atención a las víctimas de delitos de odio basados en la orientación sexual y la identidad de género, de acuerdo
con las consideraciones establecidas en el Informe sobre 'La Hoja de ruta de la UE contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género', aprobada por el Parlamento Europeo el pasado 4 de febrero de 2014.
Este Plan debe abordar un refuerzo del papel de las fiscalías que, por su especialidad, deban conocer de estos delitos, así como contemplar una mayor formación en delitos de odio por orientación sexual e identidad de género, para las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, para jueces y fiscales, y en el ámbito educativo.
Asimismo, se insta al Gobierno a que inste a la Unión Europea para que ponga en marcha lo antes posible las actuaciones establecidas en la 'La Hoja de ruta de la UE contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e
identidad de género', a fin de garantizar el derecho a la seguridad de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales en la Unión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de agosto de 2014.-Carmen Montón Giménez, Diputada.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/001017
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley por la
que se extiende el subsidio por desempleo a las personas en situación de desempleo de larga duración que carezcan de ingresos y tengan responsabilidades familiares, así como a otros colectivos con dificultades específicas de inserción, para su
debate en Pleno.
Exposición de motivos
La larga duración de la crisis, junto a un sistema de protección por desempleo no previsto para ciclos de esta duración, hace que la protección de las personas desempleadas y de sus familias día a día se vaya agotando.
Según la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2014, hay 5.616.011 personas en situación de desempleo, de las cuales solo 1.773.573 perciben algún tipo de prestación.
El artículo 35.1 de la Constitución consagra el derecho y la obligación de trabajar al establecer que 'Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a
través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo'.
Para las personas desempleadas que, pese a su voluntad, se ven impedidas de poder ejercer el derecho constitucional al trabajo, el artículo 41 de la Constitución dispone que 'Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad
Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo'.
Según la Encuesta de Población Activa referida, hay 3.842.438 personas desempleadas que carecen de todo tipo de protección. A estas personas, además del derecho al trabajo, también se les conculca el derecho a su protección en caso de
desempleo.
Esta situación supone una grave injusticia social, más aún cuando sabemos que muchas de ellas son personas en desempleo de larga duración con responsabilidades y sin ningún tipo de ingreso económico. Según la Encuesta de Población Activa
mencionada, más de 740.000 familias tienen a todos sus miembros en paro y carecen de todo tipo de ingresos.
Conculcar el derecho constitucional a la protección por desempleo está provocando, además, que esta pobreza tan severa y sobrevenida la estén padeciendo de forma muy directa los niños y niñas con sus progenitores en paro. Los organismos
internacionales como UNICEF estima en más de dos millones el número de niños y niñas españoles en situación de pobreza.
La situación de necesidad de todas estas familias está causada por su situación de desempleo. De ahí que los poderes públicos, de acuerdo con el inequívoco mandato del artículo 41 de la Constitución, deban garantizar la asistencia y
prestaciones sociales suficientes ante la situación de desempleo.
Llevamos más de seis años de profunda crisis y, según las previsiones de organismos internacionales y del propio Gobierno, ni tan siquiera en 2017 se habrá recuperado el volumen de empleo existente en 2011. Según las personas expertas en
este ámbito, con las políticas actuales, se tardará una década en recuperar los niveles de empleo anteriores a la crisis.
En lo que va de año, el gasto en prestaciones ha disminuido en 2.236 millones de euros sobre el año pasado. Ya son plenamente eficaces los graves recortes que el Gobierno asestó a la protección por desempleo a través del Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, y del Real Decreto-ley 23/2012, de 23 de agosto. La cobertura por desempleo apenas alcanza a un 58 por ciento de las personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo. Si se continúa con la misma dinámica, al final
de año el gasto en protección por desempleo será 6.000 millones menos que en 2013. Todo ello a pesar de que la cifra de personas en desempleo de larga duración y de familias con todos sus miembros en paro continúa en niveles intolerables.
Ahora bien, además de estas personas, también hay otros colectivos especialmente vulnerables que sufren la desprotección y tienen serias dificultades para encontrar empleo. Son las mujeres víctimas de violencia, las personas con
discapacidad y las personas mayores de 45 años que, una vez que han agotado la Renta Activa de Inserción, no tienen acceso a ninguna prestación.
El Grupo Socialista, a través de esta Proposición no de Ley, y en consonancia con el acuerdo alcanzado con las Organizaciones Sindicales UGT y CC.OO. en la Mesa de Diálogo Social que por fin ha abierto el Gobierno, insta a este a ampliar la
protección por desempleo, a través del subsidio por desempleo, regulado en la Ley de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (LGSS).
Se trata de una extensión de la protección por desempleo en su nivel asistencial ante las nuevas situaciones de necesidad que ha creado esta profunda y prolongada crisis.
A través de esta Proposición no de Ley se exige que se garantice el derecho constitucional a una protección por desempleo mediante el acceso al subsidio por desempleo a todas las personas que lleven más de un año inscritas como paradas,
siempre que tengan responsabilidades familiares y carezcan de ingresos. Y también se extiende a las víctimas de violencia de género, a las personas con discapacidad y a las personas mayores de 45 años que hubieran agotado la Renta Activa de
Inserción, dada su especial vulnerabilidad y dificultades de inserción.
El subsidio se concederá por un periodo de seis meses, prorrogables de forma sucesiva mientras la persona desempleada continúe en situación legal de desempleo. Este mecanismo de protección se mantendrá hasta que la tasa de desempleo esté
por debajo del 15 por ciento.
La cuantía de este subsidio será igual al 80 por ciento del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples Mensual (IPREM), vigente en cada momento, en la actualidad 426 euros mensuales. Dado que este subsidio no está vinculado a
anteriores cotizaciones, sino a la carencia de rentas superiores al 75 por ciento del SMI, su cuantía se percibirá en su totalidad por la persona desempleada aunque en su origen se tratara de un desempleo por pérdida de un trabajo a tiempo parcial.
A su vez, la cuantía del subsidio se incrementará en función de las responsabilidades familiares de la persona beneficiaria siguiendo los criterios establecidos en el artículo 217.2 LGSS, con independencia de su edad. Ahora bien, dicha cuantía se
aumentará en cien euros cuando hubiera hijos o hijas menores de edad.
También instamos al Gobierno a que financie la contratación de técnicos y técnicas de empleo por los Servicios Públicos de Empleo, con el fin de reforzar la atención individualizada, y así facilitar la incorporación al empleo de las personas
en desempleo de larga duración, dadas sus dificultades de inserción.
Estas medidas debe adoptarlas el Gobierno de forma inmediata y con carácter de urgencia, pues en este caso es indiscutible la situación de urgente necesidad que sufren las personas en desempleo con responsabilidades familiares.
Ahora que el Gobierno anuncia el cambio de coyuntura económica no es posible dejar a las principales víctimas de la crisis en desamparo, como si se tratara de una generación olvidada.
Es necesario dedicar una atención especial a todas aquellas personas que están sufriendo la tragedia del desempleo y desarrollar políticas de protección y de activación de su empleabilidad.
Las medidas que proponemos podrían alcanzar a más de un millón de personas paradas, en su mayoría con responsabilidades familiares, que en estos momentos no tienen ningún tipo de ingreso.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas:
1. Modificar, de forma inmediata y con carácter urgente, el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, para que, a partir del 1 de agosto de 2014, se amplíe la
protección por desempleo en su nivel a asistencial a todas las personas desempleadas que lleven inscritas en los Servicios Públicos de Empleo más de un año, tengan responsabilidades familiares y cumplan los requisitos de carencia de rentas.
No obstante lo establecido en el apartado anterior, este subsidio también se extenderá a las mujeres que hubieran acreditado la condición de víctima de violencia de género, a aquellas personas que acrediten una minusvalía en grado igual o
superior al 33 por ciento, o tengan reconocida una incapacidad que suponga una disminución en su capacidad laboral del porcentaje anteriormente indicado, y a las personas paradas mayores de 45 años, cuando hubieran agotado la Renta Activa de
Inserción o se encontraran dentro de los 365 días naturales anteriores a la fecha de la solicitud del derecho a la admisión a dicho Programa.
Este subsidio se concederá por un periodo de seis meses, prorrogables de forma sucesiva mientras la persona desempleada continúe en situación legal de desempleo. Este mecanismo de protección se mantendrá hasta que la tasa de desempleo esté
por debajo del 15 por ciento.
La cuantía de este subsidio será igual al 80 por ciento del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples mensual vigente en cada momento. Esta cuantía se percibirá en su totalidad por la persona desempleada aunque en su origen se
tratara de un desempleo por pérdida de un trabajo a tiempo parcial. A su vez, la cuantía del subsidio se incrementará en función de las responsabilidades familiares de la persona beneficiaria siguiendo los criterios establecidos en el artículo
217.2 LGSS, con independencia de su edad. Cuando las responsabilidades familiares alcanzaran a menores de edad, esta cuantía se incrementará en 100 euros por menor.
La incorporación a este subsidio no estará condicionada a haber agotado anteriormente alguna prestación contributiva o asistencial, sino exclusivamente a los requisitos exigidos en la propia definición de cada colectivo.
2. El Gobierno implementará de manera inmediata con las Comunidades Autónomas y los interlocutores sociales un Plan de empleo específico para las personas en desempleo de larga duración.
Este Plan incluirá, en todo caso, el aumento de la dotación de los Servicios Públicos de Empleo con nuevos técnicos y técnicas de empleo para la atención individualizada de las personas en desempleo de larga duración que, como mínimo, deberá
alcanzar las 3.000 personas expertas en orientación y promoción de empleo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de agosto de 2014.-María Concepción Gutiérrez del Castillo y María Luisa Carcedo Roces, Diputadas.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/001018
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la infancia, para su debate en el Pleno.
Todas las organizaciones que trabajan con y por la infancia vienen reclamando desde el inicio de la legislatura que las organizaciones políticas establezcan pactos políticos para desarrollar normativas de cara a visibilizar los problemas y
las necesidades que acucian a la infancia.
El tiempo ha pasado, hemos superado el ecuador de la legislatura y la crisis ha acentuado los graves problemas que sufre la infancia en nuestro país. Los informes que se han realizado en los últimos tiempos por Save the Children, Oxfam
Intermon, Cáritas y UNICEF muestran la cruda realidad de un país que ha hecho caso omiso durante estos años a las necesidades de la población infantil.
Entre octubre de 2013 y junio de 2014 un equipo de trabajo formado por la asociación 'Educación para la Acción Crítica', con estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de la ONU y en colaboración con otras organizaciones
sociales internacionales, ha realizado un trabajo de investigación en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Este trabajo, relacionado con la alimentación infantil, puede ser perfectamente extrapolable al resto del Estado español.
Según este informe, en 2012 existían en España 13,9 millones de personas expuestas al riesgo de pobreza o de exclusión social. Los niveles de pobreza infantil afectan a algo más de 2,5 millones de menores en nuestro país, lo que supone
300.000 más que en 2008.
La brecha social se ha profundizado en los últimos años y la desigualdad, según cifras de Eurostat, indica que el 20% más rico de España gana unas 7,2 veces más que el 20% más pobre. Este mismo estudio revela que al menos tres millones de
ciudadanos españoles viven con pobreza severa y ya no son capaces de afrontar el coste de la bolsa de la compra, viéndose obligados a recurrir a comedores sociales y a bancos de alimentos.
En el informe elaborado por Save the Children titulado 'Pobreza Infantil y Exclusión Social en Europa' se dice lo siguiente: 'La pobreza infantil no solo significa que no se cubran las necesidades básicas de los
niños y niñas, como alimento, vestido y vivienda, también significa que no puedan participar en actividades deportivas, culturales y otras actividades de ocio. Además, los niños y las niñas que crecen en una situación de pobreza tienen
menos posibilidades de adquirir destrezas y capacidades que les permitan salir de la pobreza como adultos y contribuir al bienestar de la sociedad'.
UNICEF ha elaborado una serie de indicadores que vienen a mostrar cómo a día de hoy, 'uno de cada cuatro niños/as vive en España en riesgo de pobreza; las desigualdades entre hogares con hijos o sin ellos se acrecientan cada día que pasa
(se han triplicado en los últimos ocho años); el riesgo de pobreza en hogares donde los padres tienen un bajo nivel académico es 47,4% más que el de los hijos/as de padres con estudios universitarios'.
Se muestran igualmente preocupados 'por la reducción de la inversión en becas de libros de texto u otras ayudas sociales en los presupuestos generales del Estado'.
Las iniciativas al respecto llevadas a cabo por el Gobierno no cubren las necesidades de la población en general y en consecuencia no solucionan las graves dificultades por las que atraviesa la población infantil en nuestro país. Es más, el
Gobierno dedica el mismo dinero para rehabilitar ministerios que para el Fondo de Pobreza Infantil. Es un escándalo dedicar a mejorar el mobiliario de los ministerios (16 millones de euros) más dinero que el destinado a combatir la pobreza
infantil.
Por todo ello, y porque los niños y las niñas son un valor social, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Reformar en profundidad nuestro sistema tributario para asegurar ingresos suficientes, obtenidos con mayor equidad y progresividad, para financiar políticas de gasto que mejoren los servicios públicos y nuestro sistema de protección social.
Poner en marcha de forma coordinada y con carácter de urgencia, en colaboración con las comunidades autónomas, una serie de medidas destinadas a:
- Promover un mejor conocimiento de la situación infantil en España.
- Acordar un marco común de actuación con el objetivo de garantizar plenamente la realización de los derechos de los niños y las niñas en todo el territorio. La realización de este marco de actuación debe contar con los recursos económicos
y sociales necesarios.
- Todas las administraciones implicadas deben reflejar con claridad y exactitud los recursos que destinan a políticas de infancia.
Asegurar que las políticas para abordar la situación de pobreza infantil tengan como objetivo la plena realización de los derechos de los niños y de las niñas, siendo absolutamente necesario que en el plazo de un mes elabore una evaluación
sobre el impacto en la infancia de las reformas estructurales y los recortes efectuados en los ámbitos educativo, sanitario y de los servicios sociales.
Reforzar el sistema de prestaciones de la Seguridad Social destinadas a la protección de las familias:
- Recuperación de la prestación única por nacimiento, adopción o acogimiento.
- Aumentar las cuantías de las prestaciones por hijo a cargo, adaptándolas a las necesidades y situación concreta de las familias.
Derogar el RDL 16/2012, de 20 de abril, 'de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud', recuperando la asistencia y cobertura sanitaria de carácter universal:
- Garantizar la asistencia y cobertura universal a todas las personas que se encuentren en España, incluidos los inmigrantes en situación irregular.
- Garantizar la calidad del sistema dotándolo de los recursos económicos y humanos suficientes.
Derogar el RDL 14/2012, de 20 de abril, 'de medidas urgentes de racionalización del gasto público', recuperando y mejorando el Sistema Educativo dotándolo de los recursos necesarios, tanto económicos como humanos:
- Promover el acceso a la enseñanza 0-3 años.
- Garantizar la estabilidad de los recursos económicos en el sistema educativo.
- Reforzar el enfoque inclusivo del sistema, garantizando el apoyo escolar de los alumnos/as con necesidades especiales, garantizar las becas como derecho y no como premio, avanzar hacia la gratuidad real de la educación obligatoria y en el
conjunto del sistema público.
- Promover la participación infantil y familiar y de la Comunidad Educativa en su conjunto en el Sistema educativo.
Asegurar en la reforma de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor el derecho de todos los niños y todas las niñas a crecer dentro de su entorno familiar sin que los motivos económicos puedan motivar la separación del núcleo
familiar.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de agosto de 2014.-María Caridad García Álvarez, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/001019
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley en relación con la fiscalidad de emigrantes retornados, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El Gobierno ha incluido en la reforma tributaria la posibilidad de regularizar las pensiones no declaradas de emigrantes retornados. Para ello, da seis meses a partir del próximo día uno de enero de 2015. No se devengaran recargos, ni
intereses de demora ni sanciones. Aquellos que hayan pagado los recargos, las sanciones y los intereses de demora tendrán derecho a la devolución por la Agencia Tributaria.
Esta rectificación deja en evidencia el frentismo de que hace gala el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular al votar en contra, el pasado mes de mayo, a la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, que exigía al Gobierno esa
rectificación, por tratar a los emigrantes retornados como defraudadores. Lo mismo ha ocurrido con otras iniciativas que también fueron rechazadas en debate parlamentario y luego las han incluido en reales decretos, como es el caso del tratamiento
fiscal de la venta de participaciones preferentes o de las plusvalías en las ejecuciones de garantías hipotecarias. El Gobierno no asume ningún tipo de propuesta que venga del Grupo Parlamentario Socialista o de cualquier otro Grupo de la Cámara, y
las hace propias como si fuesen iniciativas del propio Gobierno. Demuestra poca humildad, respeto y consideración hacia el resto de fuerzas políticas.
La rectificación del Gobierno respecto a las pensiones no declaradas de los emigrantes retornados es positiva, si bien incompleta. Es necesario que la devolución de lo cobrado indebidamente lo haga de oficio la Agencia Tributaria. También
debe de remitirle los borradores de las declaraciones complementarias a los emigrantes retornados por rentas no declaradas durante los años no prescritos, sin perjuicio de que puedan presentar su declaración por iniciativa propia. También se les
debe de dar el máximo de facilidades de pago de las cuotas a pagar, mediante fraccionamientos sin devengo de interés alguno.
El GPS ha tomado muchas iniciativas parlamentarias para reparar el daño que se les estaba ocasionando a millones de pensionistas en este país, que estaban siendo tratados injustamente como defraudadores, cuando en realidad lo que se había
producido es un cambio de interpretación por parte del Gobierno, sin haber sido previamente comunicado. Se debía haber evitado tanto sufrimiento ocasionado a emigrantes retornados honrados que llevan toda su vida aportando divisas a este país y que
nunca se hubieran imaginado que tras regresar a España iban a ser tratados como defraudadores fiscales.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
- Para facilitar a los contribuyentes la regularización de las rentas no declaradas por pensiones del extranjero de los años no prescritos, se les dará seis meses a partir del 1 de enero de 2015 para presentar sus autoliquidaciones.
Previamente, la Agencia Tributaria remitirá los borradores de las declaraciones donde consten las pensiones no declaradas por los emigrantes retornados de pensiones del extranjero.
- La Agencia Tributaria devolverá de oficio lo cobrado en concepto de sanciones, recargos e intereses de demora a los emigrantes retornados por pensiones del extranjero no declaradas.
- Se concederán facilidades de pago para las liquidaciones que resulten de la regularización de las pensiones del extranjero no declaradas en los años no prescritos. Se concederán fraccionamientos de pago a solicitud del sujeto pasivo sin
devengo de interés alguno.
- Se hará una campaña informativa por la Agencia Tributaria sobre la regularización de estas rentas y la condonación de las sanciones, recargos e intereses de demora pagados. Esta campaña también debe servir para reparar, de alguna forma,
el daño moral causado al colectivo de emigrantes retornados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de agosto de 2014.-Antonio Hurtado Zurera, Gracia Fernández Moya y Esperança Esteve Ortega, Diputados.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/001020
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Portavoz, doña Rosa María Díez González, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para que los desempleados con anterioridad a abril de 2013 que hayan firmado un convenio especial puedan jubilarse a partir de los 61 años, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha dictado una circular en junio de 2014 en la que recoge que aquellas personas que hubieran perdido su empleo por una rescisión de su contrato individual -esto es quienes no lo hayan
perdido en un proceso de despido colectivo- y que hubieran suscrito un convenio especial de la Seguridad Social no podrán acogerse a la 'cláusula de salvaguarda' prevista desde la reforma del 2011 y modificada en el 2013.
Esa 'cláusula de salvaguardia', vigente transitoriamente hasta 2019, permite a los trabajadores que hubieran perdido su empleo antes de abril de 2013 jubilarse anticipadamente a partir de los 61 años, ya que podrán acogerse a la normativa
vigente de jubilación en el momento en que fueron despedidos y no se les aplicará la nueva normativa que retrasa la jubilación anticipada hasta los 63 o más años, según los casos. Esta medida estaba prevista, queremos entender, para evitar que
muchas de las personas afectadas gravemente por la crisis económica se vieran además perjudicadas por el cambio legal en la edad de acceso a la jubilación.
En la reforma impulsada por el Gobierno del PP de 2013, se introdujo una novedad en la regulación de esa 'cláusula' por la cual se dejó de aplicar a los desempleados que volvieran a tener un nuevo alta en la Seguridad Social en alguno de sus
regímenes. Si bien, no se consideran para la no aplicación de la 'cláusula' los periodos de cotización esporádicos si no suman más de 30,5 días.
En un primer momento, la Seguridad Social interpretó esta modificación de 2013 considerando que esa alta en algún régimen de la Seguridad Social tenía que derivar de una actividad laboral real y no simplemente de la firma de un convenio
especial. Una interpretación, por cierto, razonable con la finalidad de la cláusula de proteger a los trabajadores de edad avanzada que no pueden volver a encontrar un trabajo y con la propia redacción de la Ley que no tiene en cuenta los días de
cotización esporádica. Esto
quiere decir que no bastan para perder ese derecho pequeños periodos de actividad laboral, o sea que el alta que excluye la aplicación de la legislación anterior es la que se refiere a periodos de actividad laboral significativos y,
obviamente, la firma de un convenio especial no es uno de esos periodos, ya que precisamente se firma por carecer de trabajo.
La Seguridad Social, desde abril de 2013 y hasta junio de 2014, ha estado informando a los trabajadores desempleados que podían firmar un convenio especial con la Seguridad Social sin, por ello, perder su derecho a jubilarse de acuerdo a la
normativa anterior. Sin embargo, como ya hemos dicho, en junio de 2014 ha cambiado de criterio y ha pasado a considerar el alta en la Seguridad Social por la firma de un convenio especial igual que un alta derivada de una actividad laboral. Esta
decisión puede afectar a un colectivo de unos 35.000 desempleados con convenio especial, a razón de 7.000 cada año. No obstante, el Ministerio de Empleo para ese cálculo solo parte de las 132.445 personas que en julio tenían suscrito uno de los dos
convenios afectados por el cambio de criterio. La cifra no tiene en cuenta que la nueva interpretación de la norma llevará a que muchos potenciales suscriptores que en un futuro iban a acogerse a algún convenio para mejorar su carrera de cotización
o mantener su base y percibir una mejor pensión, no lo harán a partir de ahora. Y tampoco suma a quienes habiendo pagado convenio en algún momento han tenido que dejar de hacerlo sin llegar a jubilarse.
Este cambio de criterio en la aplicación de la Ley plantea varias cuestiones:
1. La existencia de inseguridad jurídica: La Seguridad Social, durante más de un año, ha estado informando que era posible jubilarse a partir de los 61 años firmando el convenio especial y de repente cambia sus propios criterios y deja sin
poder jubilarse al colectivo afectado. Esta inseguridad jurídica puede ocasionar un incremento significativo de la litigiosidad, que irá en detrimento de la propia Seguridad Social y, por supuesto, de la confianza de los ciudadanos en sus
instituciones.
2. La existencia de discriminación: Los trabajadores que vieron rescindidos sus contratos en un despido colectivo sí que tienen derecho a jubilarse a los 61 años, aunque hayan firmado un convenio especial. Por otra parte, los desempleados
por un despido individual que se hubieran jubilado antes del cambio de criterio de junio seguirán jubilados mientras que los que lo soliciten después, aun estando en las mismas condiciones, ya no podrán.
3. Su injusticia: Un relevante colectivo de trabajadores desempleados no podrá acceder a la jubilación hasta años después y tendrá una pensión menor o deberá hacer frente a un elevado coste para que no sea muy inferior a la que sería de
poder jubilarse ahora.
4. Su arbitrariedad: Carece de justificación real y va contra el espíritu de la Ley.
5. Su falta de transparencia: El cambio se ha producido mediante una simple circular hurtándose del debate parlamentario y sin la debida información a los afectados.
En España se interpreta la Ley de la forma más restrictiva para que no puedan acceder a sus derechos ciudadanos en situación de dificultad. De nuevo, el coste de la crisis recae sobre las personas más débiles. Se busca ahorrar con esta
medida unos pocos euros, mientras otras leyes, que benefician a los más poderosos y los dirigentes políticos del partido del gobierno, se interpretan de forma amplia y siempre beneficiosa para ellos.
Esta injusta situación debe cambiarse.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Que rectifique el criterio de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y aplique la Ley de Seguridad Social en sus estrictos términos para permitir que los desempleados afectados por ese criterio que hayan suscrito un
convenio especial de Seguridad Social puedan jubilarse a partir de los 61 años conforme a la normativa vigente cuando perdieron su empleo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de agosto de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
162/001021
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancias de la Diputada doña Rosa María Díez González, y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley sobre la creación de nuevas líneas del ICO para la financiación de Pymes, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La labor del ICO es especialmente importante en la actualidad. Debería tener entre sus principales objetivos promover activamente la desbancarización de nuestra economía. Es esta una de las asignaturas pendientes que dificulta la
recuperación del crédito y la salida de la crisis. Mientras no se resuelva este problema, será más difícil que se vuelva a generar empleo sustancialmente por nuestras Pymes, las cuales resultan imprescindibles (debido a su número) para crearlo en
las cantidades urgentemente necesarias.
Las Líneas ICO-PYME, principal producto de ICO, no resuelven la falta de crédito que sufren nuestras empresas, ni promueven la desbancarización, ya que la decisión de otorgar el crédito o no depende en última instancia de la entidad
mediadora (banco), quien asume en la mayoría de los casos el riesgo de impago.
UPyD cree que el ICO debe fomentar la desbancarización de nuestra economía, permitiendo el desarrollo de otras entidades reguladas no bancarias, como son los Establecimientos Financieros de Crédito (EFC). Regulados por Banco de España desde
1996, son entidades dedicadas a realizar operaciones de crédito en un ámbito muy específico: leasing, factoring, crédito al consumo, tarjetas, etc. Se diferencian de las entidades financieras tradicionales en que no pueden captar depósitos.
De esta forma, se fomentarían productos como el factoring (para mejorar el circulante y, por tanto, la liquidez a corto plazo de la empresa) y el leasing (para fomentar la inversión en bienes de equipo, que les permita mejorar y aumentar su
capacidad productiva). Estos dos productos son básicos para el desarrollo de cualquier Pyme.
Sería, por ello, importante para nuestro tejido productivo crear dos Líneas nuevas: ICO Pyme Leasing e ICO Pyme Factoring, en la que los mediadores no solo fueran los bancos, sino los mencionados EFC, cuyo objeto social se circunscribe a
estos productos. Al tratarse de productos con baja tasa de morosidad (en el leasing normalmente se tiene como garantía real el bien de equipo que se financia y en el factoring se tiene recurso contra el cedente) el ICO debería implicarse más,
asumiendo el riesgo de impago o parte de este.
Estas nuevas Líneas ICO ayudarían a que la dependencia de las Pymes respecto a sus bancos fuera menor, facilitando el acceso a nuevas fuentes de financiación no tradicional y dinamizando la financiación no bancaria, al incorporar a las EFC
como agentes mediadores.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Gobierno dará instrucciones al ICO para la creación de dos nuevas Líneas de crédito para Pymes (ICO Pyme Leasing e ICO Pyme Factoring) en las que los Establecimientos Financieros de Crédito puedan actuar como mediadores. En ellas, el
ICO asumirá parte del riesgo de impago.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de agosto de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.