Ruta de navegación
Publicaciones
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 431, de 31/03/2014
cve: BOCG-10-D-431
PDF
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
31 de marzo de 2014
Núm. 431
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión Constitucional
161/002567 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de garantizar el derecho al voto a los marineros embarcados en alta mar... (Página8)
161/002582 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para el reconocimiento póstumo a don Eduardo García de Enterría y Martínez-Carande por su importante aportación en el campo del Derecho Público
Español ... (Página9)
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002561 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos llamado Asociación Transatlántica para el Comercio
y la Inversión ... (Página10)
161/002574 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a reforzar las relaciones con los Estados Unidos Mexicanos ... (Página13)
161/002579 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre impulso de una red de comunicación entre instituciones y personas físicas galardonadas con el Premio Sájarov otorgado por el Parlamento
Europeo ... (Página14)
Comisión de Justicia
161/002585 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a profundizar en la labor de apoyo a las víctimas de robo de bebés ... (Página15)
Comisión de Economía y Competitividad
161/002564 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la solución para los pequeños ahorradores afectados por la estafa de Fórum Filatélico, S.A., Afinsa Bienes Tangibles, S.A. y
Arte y Naturaleza Gespart, S.L. ... (Página17)
161/002588 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a impulsar la gestión de áreas comerciales urbanas ... (Página18)
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/002565 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre las grandes líneas que debería respetar la reforma fiscal ... (Página19)
161/002584 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a adoptar las medidas necesarias para que las Comunidades Autónomas garanticen la existencia de un órgano administrativo independiente
competente para la resolución del recurso especial en materia de contratación pública ... (Página24)
Comisión de Fomento
161/002569 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas para acelerar la licitación de las obras de la red viaria del Estado incluidas en el protocolo entre el Ministerio de Fomento
y la Generalitat de Cataluña ... (Página25)
161/002591 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso de la línea de alta velocidad entre Lugo y Ourense ... (Página27)
161/002592 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre financiación de las obras de conservación y restauración de la Catedral de Santiago de Compostela (A Coruña) ... (Página28)
161/002594 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para que los nuevos servicios ferroviarios de Alta Velocidad con Francia tengan parada en Zaragoza ...
161/002596 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de abrir un nuevo plazo de alegaciones al trazado de la A-76, Ourense-Ponferrada ... (Página30)
Comisión de Educación y Deporte
161/002586 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y los entes deportivos privados para promocionar la práctica de deporte como
medio para mejorar la salud pública ... (Página31)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/002563 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el expediente de regulación de empleo en Coca-Cola Iberian Partners ... (Página32)
161/002571 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a prestaciones sociales y equiparación de derechos y protección social entre los Regímenes de Clases Pasivas y General de la Seguridad Social ...
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/002568 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la situación del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid ... (Página34)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002562 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de paralizar el proyecto de ordenación de márgenes de los ríos Sarria y Celeiro a su paso por dicha villa ...
161/002575 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la financiación en el Marco de Acción Prioritario para la Red Natura 2000 en España ... (Página38)
161/002577 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la planificación estratégica de la Red Española de Reservas de la Biosfera y de la participación en el Programa MaB ...
161/002583 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la primera venta de los productos pesqueros ... (Página41)
161/002595 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la investigación del SEPRONA sobre posibles irregularidades e ilegalidades en la manipulación de cadáveres de animales y la supuesta trasformación
posterior en grasas y harinas destinadas a la cadena alimentaria ... (Página42)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002566 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la implantación del ajedrez en espacios sociosanitarios ... (Página43)
161/002573 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de poseer el Título Oficial de Psicología General Sanitaria para acceder a la formación especializada de Psicología Clínica ...
161/002578 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al Centro de Referencia Estatal para personas con graves discapacidades neurológicas de Langreo (Asturias) ...
161/002589 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la actualización de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud ... (Página48)
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002570 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la prohibición de inversiones financieras especulativas sobre bienes alimentarios de primera necesidad en países en vías
de desarrollo ... (Página50)
161/002587 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impulso de la participación española en el Año Europeo del Desarrollo (2015) ... (Página51)
Comisión de Cultura
161/002590 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre suspensión de las conferencias del dictador Obiang organizadas por el Instituto Cervantes y por la UNED ... (Página52)
161/002593 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la transmisión de la plena propiedad del primer libro impreso por la zaragozana Juana Millán, publicado en 1537, y del
manuscrito de mitad del siglo XIII, escrito en romance aragonés que contiene una parte del texto de los Fueros de Aragón ... (Página53)
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002572 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, relativa a medidas para facilitar el acceso a los programas de televisión a personas con discapacidad auditiva ...
161/002576 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el establecimiento de unas condiciones básicas para la emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con
discapacidad ... (Página55)
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
161/002581 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el desarrollo de la Hoja de Ruta para reducir emisiones de carbono en el sector transportes ... (Página56)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Interior
181/001752 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosa María Díez González (GUPyD), sobre actuaciones para contrarrestar la acción internacional de la izquierda abertzale para justificar y legitimar la historia de terror de la banda
terrorista ETA y sus miembros ... (Página58)
Comisión de Fomento
181/001720 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre inversión ejecutada durante el ejercicio de 2013 en la provincia de Ourense con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo
Seixalbo-Estación de Ourense ... (Página58)
181/001721 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre inversión ejecutada durante el ejercicio de 2013 en la provincia de Ourense con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo
Taboadela-Seixalbo ... (Página58)
181/001722 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre inversión ejecutada durante el ejercicio de 2013 en la provincia de Ourense con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo
Ponte Ambía-Taboadela ... (Página59)
181/001723 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre inversión ejecutada durante el ejercicio de 2013 en la provincia de Ourense con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo
Miamán-Ponte Ambía ... (Página59)
181/001724 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre inversión ejecutada durante el ejercicio de 2013 en la provincia de Ourense con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo
Porto-Miamán ... (Página59)
181/001725 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre inversión ejecutada durante el ejercicio de 2013 en la provincia de Ourense con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo
túnel de Prado, vía izquierda ... (Página60)
181/001726 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre inversión ejecutada durante el ejercicio de 2013 en la provincia de Ourense con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo
Prado-Porto ... (Página60)
181/001727 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre inversión ejecutada durante el ejercicio de 2013 en la provincia de Ourense con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo
Cerdedelo-Prado, vía izquierda ... (Página60)
181/001728 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre inversión ejecutada durante el ejercicio de 2013 en la provincia de Ourense con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo
túnel de O Corno (Cerdedelo-Prado, vía derecha) ... (Página60)
181/001729 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre inversión ejecutada durante el ejercicio de 2013 en la provincia de Ourense con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo
Portocamba-Cerdedelo ... (Página61)
181/001730 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre inversión ejecutada durante el ejercicio de 2013 en la provincia de Ourense con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo
Campobecerros-Portocamba ... (Página61)
181/001731 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre inversión ejecutada durante el ejercicio de 2013 en la provincia de Ourense con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo
Vilariño-Campobecerros, vía izquierda ... (Página61)
181/001732 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre inversión ejecutada durante el ejercicio de 2013 en la provincia de Ourense con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo
Vilariño-Campobecerros, vía derecha ... (Página62)
181/001733 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre inversión ejecutada durante el ejercicio de 2013 en la provincia de Ourense con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo
túnel de O Espiño, vía izquierda ... (Página62)
181/001734 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre inversión ejecutada durante el ejercicio de 2013 en la provincia de Ourense con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo
túnel de O Espiño, vía derecha ... (Página62)
181/001735 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre inversión ejecutada durante el ejercicio de 2013 en la provincia de Ourense con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo
túnel de O Cañizo, vía izquierda ... (Página62)
181/001736 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre inversión ejecutada durante el ejercicio de 2013 en la provincia de Ourense con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo
túnel de O Cañizo, vía derecha ... (Página63)
181/001737 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre inversión ejecutada durante el ejercicio de 2013 en la provincia de Ourense con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo
túnel de A Canda-Vilavella ... (Página63)
181/001738 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre inversión ejecutada durante el ejercicio de 2013 en la provincia de Ourense con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo
túnel de A Canda, vía derecha ... (Página63)
181/001739 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre inversión ejecutada durante el ejercicio de 2013 en la provincia de Ourense con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo
túnel de A Canda, vía izquierda ... (Página64)
181/001740 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre inversión ejecutada durante el ejercicio de 2013 en la provincia de Ourense con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense ...
181/001741 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre modificación de la fecha de finalización de las obras en algunos de los tramos en construcción de las obras del AVE a Galicia a su paso por la
provincia de Ourense ... (Página64)
181/001742 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre trazado del AVE previsto en su entrada en la ciudad de Ourense ... (Página65)
181/001743 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre terminación de los 'estudios' sobre la posibilidad del soterramiento de las vías del AVE en su entrada en la ciudad de Ourense ...
181/001744 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre fechas distintas a las anunciadas por la Ministra de Fomento y el Presidente del Gobierno previstas para la llegada del AVE a Galicia ...
181/001745 Pregunta formulada por el Diputado don Pere Macias i Arau (GC-CiU), sobre motivo por el que en los paneles informativos de las salidas y llegadas del Aeropuerto de El Prat no se usan los topónimos en catalán ...
181/001746 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre opinión del Gobierno acerca de si la nueva estructura directiva de Renfe y sus costes son compatibles con los principios de racionalidad, eficiencia y
austeridad que deben regir la gobernanza pública ... (Página66)
181/001751 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre valoración de la apertura del aeropuerto de Foronda para recibir los numerosos vuelos desviados del aeropuerto de Loiu ...
Comisión de Educación y Deporte
181/001753 Pregunta formulada por el Diputado don Martí Barberà i Montserrat (GC-CiU), sobre opinión del Ministro de Educación acerca de las conclusiones del informe elaborado por asociaciones y federaciones del sector de la enseñanza sobre
el Real Decreto-Ley 16/2013, según las cuales las nuevas medidas de la Seguridad Social podían suponer un incremento mínimo de 300 millones de euros, en las cotizaciones del sector de la enseñanza ... (Página66)
181/001754 Pregunta formulada por el Diputado don Martí Barberà i Montserrat (GC-CiU), sobre acciones para trasladar la especificidad de los centros con convenios educativos ante el Real Decreto-Ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas
para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ... (Página67)
181/001775 Pregunta formulada por el Diputado don Martí Barberà i Montserrat (GC-CiU), sobre forma en que se concreta el beneficio que la nueva distribución de asignaturas y el horario aplicados por la LOMCE aportarán a la educación, así
como modo en el que se garantiza que dicha distribución de asignaturas y el nuevo horario no afectarán a la formación integral y al aprendizaje de las lenguas propias de las Comunidades Autónomas con lengua cooficial ...
181/001776 Pregunta formulada por el Diputado don Martí Barberà i Montserrat (GC-CiU), sobre mejora que proporciona la Formación Profesional Básica a los Programas de cualificación profesional inicial y diferencia existente con la Formación
Profesional de grado 1 previa a la LOGSE ... (Página67)
181/001777 Pregunta formulada por el Diputado don Martí Barberà i Montserrat (GC-CiU), sobre novedades que aporta el modelo competencial de la LOMCE y la incorporación de los estándares de aprendizaje ...
Comisión de Industria, Energía y Turismo
181/001747 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre medidas previstas sobre los precios de los carburantes para mejorar la competitividad ... (Página68)
181/001748 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre medidas previstas para potenciar al máximo la tecnología eólica marina ... (Página68)
181/001749 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre opinión del Gobierno acerca de realizar una auditoría de costes de las actividades de transporte y distribución de la energía eléctrica para ajustar
la facturación eléctrica soportada por los consumidores ... (Página69)
181/001750 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD), sobre opinión del Gobierno acerca de si el nuevo cálculo de la tarifa eléctrica garantiza la seguridad jurídica de consumidores y usuarios ...
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/001755 Pregunta formulada por la Diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx), sobre medidas previstas ante los datos revelados en la investigación del SEPRONA en relación a posibles irregularidades e ilegalidades en la manipulación de
cadáveres de animales y la supuesta trasformación posterior en grasas y harinas destinadas a la cadena alimentaria ... (Página69)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión Constitucional
161/002567
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de las Diputadas Rosana Pérez Fernández (BNG) y M.ª Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente
Proposición no de Ley, relativa a la necesidad de garantizar el derecho al voto a los marineros embarcados en alta mar, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
La Constitución deja clara la obligatoriedad del Estado de facilitar el derecho al ejercicio de sufragio a todos aquellos ciudadanos que viven en países extranjeros, o que sus actividades profesionales o económicas les obligan a estar
temporadas fuera del estado español.
Es el caso de los trabajadores del mar, que por su actividad deben permanecer largas temporadas en alta mar. Es un colectivo de trabajadores que tiene grandes complicaciones para poder votar en los diferentes procesos electorales, lo que
les impide en muchas ocasiones ejercer el derecho al voto.
No es un problema nuevo, son numerosas las ocasiones en las que el BNG se dirigió a los distintos Gobiernos para demandar una solución y para facilitar el voto a los marineros embarcados en alta mar. Siempre se han quedado en promesas
incumplidas, soluciones a medidas que excluyen a una parte significativa del personal embarcado, y que en la última reforma de la LOREG siquiera se abordó con la regulación de un procedimiento más amplio para facilitar la emisión de voto a este
colectivo de trabajadores.
La actual regulación es a todas luces insuficiente, como se ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones. Con el procedimiento actual siguen sin poder ejercer su derecho a voto un contingente numeroso de tripulantes de embarcaciones
marítimas, pues no es aplicable al personal embarcado en buques de pabellón español que, durante el período comprendido entre el momento de la convocatoria de las elecciones y el de su celebración, no tenga previsto atracar en puertos, previamente
conocidos, del territorio del Estado; ni tampoco al personal embarcado en buques de pabellón extranjero.
Es notorio que, por las particularidades de [a actividad marítima las circunstancias exigidas (atracar en determinadas fechas en un puerto en el Estado español, y comunicadas con semanas de antelación), el régimen en vigor para el voto del
personal embarcado resulta extremadamente rígido y formalista. Por ello, ha de realizarse una revisión crítica de ese proceso de voto pues, de hecho, disuade a una gran parte de los incluidos en su ámbito de aplicación a ejercer el derecho de voto,
lo que resulta en una escasa participación registrada hasta ahora en sucesivos comicios electorales.
Se avecinan próximamente convocatorias electorales como las elecciones al Parlamento Europeo el 25 de mayo, o las elecciones municipales del año siguiente, así como las elecciones generales de 2015, pero el problema continúa pendiente de
resolución.
En tiempos de alto desarrollo tecnológico con fórmulas tecnológicas que permitirían resolver este tema, los trabajadores del mar siguen teniendo grandes dificultades para poder ejercer su derecho al voto. Es deber del Gobierno abordar esta
deficiencia puesto que no está garantizado un derecho fundamental a un colectivo importante de trabajadores.
Existen mecanismos para solucionar este problema, como el denominado método 'sueco' que consiste en la constitución de mesas electorales a bordo de las embarcaciones, o el método electrónico, quizás más factible y apropiado.
Por todo ello, el BNG formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Revisar la vigente regulación del voto del personal embarcado, y en consecuencia, habilitar cuanto antes un sistema que permita que los marineros embarcados en alta mar puedan ejercer, de forma efectiva, su derecho al voto, de modo que se
garantice el derecho fundamental de participación política y sufragio recogido en la Constitución.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Rosana Pérez Fernández y M.ª Olaia Fernández Davila, Diputadas.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002582
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el reconocimiento póstumo a don
Eduardo García de Enterría y Martínez-Carande por su importante aportación en el campo del Derecho Público Español, para su debate en la Comisión Constitucional.
Exposición de motivos
El pasado 16 de septiembre falleció en Madrid don Eduardo García de Enterría Martínez-Carande. No cabe duda de que García de Enterría ha sido uno de los mayores exponentes y principal artífice de la construcción de la moderna ciencia del
Derecho Administrativo Español.
Abogado y jurista de extraordinario prestigio, entregó su vida al estudio del derecho, compartiendo su sabiduría a través de su labor docente e investigadora y contribuyendo de forma decisiva a la transformación del Estado en el cual
vivimos. De hecho, su obra 'La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional', aparecida inmediatamente después de publicada la Constitución de 1978, es el texto que ha tenido mayor influencia en la aplicación del espíritu y la materialidad
de los grandes pactos que configuraron el consenso entre los partidos actuantes en las elecciones constituyentes de 1977 y en su posterior evolución.
Fue premio extraordinario de licenciatura en 1946 y se doctoró en derecho con la tesis 'El dogma de la reversión de las concesiones'. En el campo de la docencia y la investigación, obtuvo la Cátedra de Derecho Administrativo en la
Universidad Complutense de Madrid.
Como jurista, ingresó en el cuerpo de letrados del Consejo de Estado y participó en relevantes proyectos como la comisión de expertos encargada de revisar el marco de competencias entre el Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo. A nivel
internacional fue el primer español en ocupar un puesto como juez en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y formó parte, junto a otros seis juristas, de la comisión encargada de redactar el proyecto de la Constitución Europea.
Todas sus aportaciones al Derecho Público Español le otorgaron importante reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional.
Cabe destacar que obtuvo la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio y que fue doctor 'honoris causa' por instituciones docentes de indudable prestigio jurídico, como son la Universidad de la Sorbona de París y la Universidad de Bolonia. Asimismo,
fue elegido en 1970 como miembro de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, y de la Real Academia de la Lengua Española en 1993.
Pero fue en 1984, cuando obtuvo uno de sus más principales reconocimientos, recibiendo el Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales por su importante labor docente e investigadora.
A la vista de todo lo conseguido en vida, es el momento de reconocer de forma póstuma su vasta y prestigiosa contribución a nuestro Estado de Derecho, haciendo justicia al extraordinario legado y a la huella jurídica que García de Enterría
ha dejado en nuestro sistema político actual.
Es por ello que el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados realiza un reconocimiento póstumo a don Eduardo García de Enterría Martínez-Carande por sus importantes aportaciones en el campo del Derecho Público Español e insta al Gobierno para que le imponga la Medalla de
la Orden del Mérito Constitucional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002561
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(161) Proposición no de Ley en Comisión.
Autor: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Proposición no de Ley de rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos llamado Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, entendiendo que la celebración de un Pleno monográfico a la que se alude en su punto 3
se acordaría, en su caso, por el cauce reglamentario pertinente, disponer su conocimiento por la Comisión de Asuntos Exteriores. Asimismo dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando
este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley de rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos
llamado Asociación Transatlántica para el Comercio y la inversión, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
El pasado 25 de febrero durante su intervención en el debate sobre el estado de la nación celebrado, el presidente Mariano Rajoy afirmó: 'España seguirá apoyando la consecución del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados
Unidos, la llamada Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión que, de llegar a buen término, constituirá un impulso muy notable para la economía europea que vería incrementadas sus exportaciones a los Estados Unidos por encima del
25%'.
El acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos al que hacía referencia Mariano Rajoy, el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas en inglés) va mucho más allá del comercio. Haciendo una lectura
al borrador tal como está redactado ahora, el acuerdo tendrá un impacto amplio e irreversible en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Especialmente en la salud, la alimentación, el trabajo, la seguridad de los productos, el medio ambiente,
los derechos laborales y las políticas de privacidad. Incluso podría cambiar profundamente la manera en que usamos las instituciones democráticas para establecer regulaciones en todos estos campos, asaltando, por tanto, derechos de la ciudadanía.
A pesar de la importancia de la cuestión, los negociadores de la Comisión Europea mantienen el obscurantismo sobre la dimensión de las negociaciones y sobre el impacto real que supondrían los acuerdos. El pasado 18 de febrero se cerró la
primera fase de negociación con una reunión en Washington entre el comisario De Gucht y el representante de comercio estadounidense Michael Froman. Durante el mes de marzo de 2014 se inicia la fase negociadora. Si el calendario continúa según lo
previsto actualmente, las negociaciones deben durar hasta mediados de 2016.
Los acuerdos de 'libre comercio' suelen ser defendidos por una teoría según la cual al reducir los aranceles, se amplía el comercio, permitiendo el acceso a importaciones más baratas con grandes beneficios para la economía que superan las
desventajas. Pero los aranceles entre los EE.UU. y la UE ya son muy bajos -un 3% de promedio-. Por lo tanto, los promotores del TTIP están centrando sus predicciones económicas positivas en la 'eliminación, reducción o prevención de las
innecesarias políticas 'post-fronteras'. Es así corno denominan a las barreras comerciales no arancelarias. Los estudios más optimistas han asumido que el TTIP podría suponer un aumento de 0,5 a 1 por ciento del producto interno bruto (PIB).
Estas estimaciones carecen de base técnica o económica y se olvidan de mencionar que la gama completa de beneficios sólo se proyecta para ser alcanzados en 2027. Los promotores del tratado hablan de un supuesto beneficio de 500 euros por familia.
Pero según un análisis realizado por el Observatorio de Comercio Global de la entidad Public Citizen (un grupo defensor de los consumidores norteamericanos), los beneficios del TTIP ascenderían a menos de 40 euros por familia al año. Y eso sin
tener en cuenta los costes adicionales por la debilitación de las garantías en materia de salud, financiera, ambiental y otras regulaciones de interés público. No está claro de dónde salen esos puestos de empleo ni como los países de la UE se
beneficiarían.
La falta de transparencia que están caracterizado las negociaciones del TTIP es una vulneración en el derecho de todo ciudadano a saber lo que se está negociando en su nombre. El mandato de negociación que el Consejo de la UE dio a la
Comisión todavía está clasificado como un documento secreto. Incluso a los miembros del Parlamento Europeo que desempeña un papel importante en las relaciones comerciales de Europa, ya que puede vetar los acuerdos comerciales (como hizo con el
Acuerdo Comercial Antifalsificación, ACTA), sólo se les permite el acceso limitado a los textos de negociación.
Pero la falta de transparencia en las negociaciones no es el único menosprecio a las instituciones democráticas que supone el TTIP. Uno de los puntos más preocupantes es la inclusión del mecanismo de solución de controversias
inversionista-estado (ISDS por sus siglas en). El ISDS permite a los inversores extranjeros eludir a los tribunales nacionales y presentar sus quejas directamente a los tribunales internacionales de arbitraje, a menudo compuestos por abogados de
las mismas empresas. Se trate de un privilegio para las empresas más poderosas inconcebible e injustificable entre dos sujetos políticos con tribunales de justicia desarrollados y plenamente operativos. Así, si un tribunal de arbitraje concluye
que las políticas decididas democráticamente podrían reducir las ganancias proyectadas de un inversor, éste ISDS podría obligar a un gobierno a pagar miles de millones en daños y perjuicios. Esto limitaría la libertad democrática para legislar
sobre asuntos ambientales, de salud y financieros, entre otros. Este tipo de mecanismos ya existen en otros acuerdos comerciales y los resultados han sido desastrosos: sanciones millonarias a Australia por su legislación antitabaco, sanciones a
Argentina por impuestos sobre la Energía, a Canadá por una moratoria al fracking, a Alemania por su política energética, a Eslovaquia por paralizar privatizaciones de hospitales. Ejemplos que demuestran que es un pseudo tribunal formado por
defensores de los intereses de las empresas que las antepone a las leyes y a la propia democracia.
El debilitamiento del poder legislativo democrático para regular una amplia variedad de sectores, se vería aún más afectadas por una de las ideas favoritas sobre el TTIP del Comisario de Comercio de la UE De Gucht: el establecimiento de un
Consejo de Cooperación Regulatoria (CCR) entre los EE.UU. y la UE. El concepto básico es simple: antes de elaborar la nueva legislación (en alguna de las materias afectadas por el TTIP, como la materia ambiental o de consumo, derechos laborales o
preocupaciones agrícolas, etc.) un organismo bilateral de los gobiernos de los EE.UU. y la UE y de representantes de empresas, tienen la oportunidad de 'analizar' previamente posibles impactos de dicha legislación en los
intereses de sus negocios. Los lobbies empresariales, por lo tanto, podrán coordinar estrategias para bloquear los esfuerzos legislativos, incluso antes de que se pongan en marcha.
Varios grupos empresariales han manifestado explícitamente su intención de utilizar el TTIP para atacar el principio de precaución que guía la legislación medioambiental europea. Casi cada lobby industrial tiene sus propias solicitudes
preferidas para negociar nuevas normas transatlánticas más convenientes para sus negocios. Las empresas químicas quieren debilitar REACH, la legislación europea revolucionaria en la evaluación y la restricción de productos químicos. Algunos grupos
de presión quieren que el TTIP evite las leyes sobre pesticidas y regulaciones regionales sobre fracking.
Los EE.UU. no tienen ratificadas seis de las ocho normas fundamentales del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incluida la Convención sobre la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva. La agenda de
negociación del TTIP muestra que no hay ninguna ambición de avanzar en mayor protección de los derechos laborales.
La Comisión Europea ha prometido una y otra vez que no va a negociar una reducción de las normas de la UE. Pero la aplicación de conceptos como el 'reconocimiento mutuo' de los estándares y otras estrategias, pueden tener indirectamente el
mismo efecto, aunque sin cambiar formalmente ningún reglamento de la UE. Sobre la base del 'reconocimiento mutuo', las empresas transnacionales podrían utilizar sus empresas subsidiarias en el otro continente para aprovechar las ventajas de las
diferencias en la regulación. A la práctica, se anularía de manera efectiva el derecho de regular y se fomentaría un dumping desregulador sin precedentes.
Uno de los efectos del TTIP sería el debilitamiento de las normas europeas establecidas para los servicios de interés público. Por ejemplo, facilitaría la privatización de los servicios de agua, o limitaría fuertemente las opciones para la
adjudicación de las licitaciones públicas en función de criterios ecológicos o sociales. También pone en riesgo el desarrollo de políticas favorables a las PYME a ambos lados del Atlántico. Creemos que es un ataque inaceptable a las cláusulas
sociales y ambientales en la contratación pública, la protección de determinados sectores económicos son esenciales y la defensa de bienes públicos.
La protección de la excepción cultural ha hecho que la industria audiovisual sea un pilar de la identidad europea. Sin embargo, el hecho de que no se incluya la excepción cultural en los borradores, a pesar de que Francia se ha posicionado
a favor, podría perjudicar a la industria del cine. Por ejemplo, en Corea del Sur a raíz de su tratado comercial con EE.UU. se ha reducido notablemente la diversidad y la producción en la industria del cine, ya que su mercado se ha abierto
completamente a los inversores de Hollywood.
Con las negociaciones comerciales recién concluidas del Tratado de Libre Comercio Canadá-UE (CETA), el TTIP promovería la carrera mundial de acuerdos comerciales bilaterales de profundo alcance, de los que la UE ha sido una fuerza impulsora
desde el año 2005, socavando el multilateralismo comercial. Del mismo modo, EE.UU. evita el multilateralismo allá donde haya sido desafiado y ahora quiere formar un club exclusivo con la UE. En el medio plazo, esto podría incluso debilitar la
posición de la UE en el mundo. Podría suponer la formación de bloques económicos rivales, sometiendo a los países más débiles y más pobres a normas en las que no han tenido ninguna manera de influir, amenazando a la cooperación mundial y
debilitando las iniciativas de reforma del sistema de comercio global para enfrentar mejor los desafíos globales comunes, especialmente el cambio climático y la protección del medio ambiente.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Insta al Gobierno a mostrar formalmente ante la Comisión Europea y el Consejo su rechazo del actual texto de propuesta de Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos.
2. Insta al Gobierno a enviar a los grupos parlamentarios la información completa correspondiente a cada ronda de negociación.
3. Acuerda celebrar un pleno monográfico sobre el contenido de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión y el estado de las negociaciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Joan Josep Nuet Pujals y Laia Ortiz Castellví, Diputados.-Chesús Yuste Cabello, Joan Coscubiela Conesa y José Luis Centella Gómez, Portavoces del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA,
CHA: La Izquierda Plural.
161/002574
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a reforzar las
relaciones con los Estados Unidos Mexicanos, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
España y México son países hermanos, no sólo están unidos por la historia, también existe una gran afinidad cultural, valores compartidos y una lengua común. Ello ha contribuido a que exista entre ambos países una relación estratégica y de
socios privilegiados que aporta importantes beneficios a las dos naciones.
Las relaciones bilaterales en el plano institucional se han consolidado. En los últimos años ha habido encuentros bilaterales de gran relevancia, con un gran número de intercambio de visitas al más alto nivel.
Desde que en 1977 la Comisión Binacional se estableció como marco de desarrollo de las relaciones hispano-mexicanas, la relación política entre ambos países no ha dejado de afianzarse convirtiéndose en el principal mecanismo de diálogo y
concertación bilateral. Desde 1990, a partir del tratado General de Cooperación y Amistad, se acordó una periodicidad bianual en las reuniones de la Comisión Binacional, celebrándose alternativamente en cada uno de los dos países. Estas reuniones,
cuya próxima edición se celebrará en 2014, han contribuido a profundizar el diálogo entre ambos países, extendiéndolo progresivamente a nuevas áreas como la seguridad, las cuestiones migratorias, el cambio climático, la educación o la investigación.
En el plano económico, se puede afirmar que México es uno de los principales socios económicos de España en Iberoamérica. La creciente inversión en las relaciones económicas bilaterales, ha llevado a España a consolidarse como el segundo
inversor en el país después de EEUU. Además, la crisis financiera en ambos países no ha afectado en gran medida a los intercambios económicos y de inversión, que se ven favorecidos por la política de fomento de inversiones mexicana y del aumento
progresivo del interés de las PYMEs españolas por este mercado.
En la actualidad la cifra de empresas españolas con presencia en la economía mexicana ronda las 3.500, distribuidas en diversos sectores entre los que cabría destacar la intermediación financiera, las infraestructuras, las comunicaciones y
transportes, el turismo y la distribución de energía y gas.
También debemos destacar que México es el primer destino de la exportación española a Latinoamérica, siendo los principales productos exportados maquinaria, vehículos y material eléctrico. Respecto a las importaciones españolas cabe decir
que el país mexicano es el principal proveedor para España y sus importaciones están muy poco diversificadas, representando los productos fósiles casi el 80% del total.
Las reformas contempladas en el Pacto por México suscrito por los tres grandes partidos (PAN-PRI-PRD) en diciembre de 2012, están generando nuevas oportunidades para profundizar y expandir los ámbitos de colaboración entre ambos países en
cuestiones como la apertura del sector energético y de telecomunicaciones, la educación, la justicia, medidas sociales o la seguridad, que se concreta en nuestro apoyo en su lucha contra el narcotráfico y crimen organizado, tanto a nivel nacional
como regional, o en la destacable colaboración mexicana en el ámbito antiterrorista.
Con México, también compartimos un interés común en promover la cooperación y el desarrollo en América Latina que nos ha llevado a trabajar conjuntamente con objeto de impulsar una identidad iberoamericana y de hacer de las cumbres un foro
privilegiado de concertación, diálogo y cooperación entre sus miembros. De hecho México será sede de la próxima Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar en otoño del año en curso.
Por su parte, la Alianza del Pacífico creada en abril de 2011 como iniciativa de integración regional (Chile, Colombia, México y Perú) supone también una interesante oportunidad en el futuro internacional. Totalizan estos países una
población de 209 millones de personas con un PIB de 2.0 billones de dólares, que representan el 35% del producto de América Latina.
Con el objetivo de avanzar hacia un área de libre comercio y circulación de personas y en aras de un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las economías de sus miembros para convertirse en
una plataforma de articulación política, económica y comercial, es deseable que esta iniciativa también suponga una oportunidad para España, que participa con estatus de país observador.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Seguir profundizando y estrechando las relaciones bilaterales con México, explorando nuevos ámbitos de colaboración y desarrollando acciones que beneficien a ambos países.
2. Seguir colaborando en el ámbito multilateral para profundizar y expandir las relaciones a través de la Unión Europea en el marco de la Asociación Estratégica UE-México y aprovechando las oportunidades generadas en iniciativas regionales
como la Alianza del Pacífico.
3. Fortalecer la colaboración existente en el ámbito social y cultural entre España y México.
4. Desarrollar la cooperación en materia educativa, especialmente en la educación inclusiva.
5. Fomentar la cooperación económica entre España y México con el fin de contribuir a incrementar los flujos de inversión y comercio recíprocos y la colaboración entre las agencias promotoras de la inversión y el comercio de ambos países.
6. Reforzar la colaboración turística y conseguir una mayor eficiencia en la asistencia y la cooperación en el ámbito aduanero.
7. Adoptar políticas en materia de responsabilidad social empresarial y el financiamiento de empresas exportadoras.
8. Continuar fortaleciendo la colaboración y cooperación en materia de seguridad y defensa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002579
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar una red de
comunicación entre instituciones y personas físicas galardonadas con el Premio Sájarov otorgado por el Parlamento Europeo, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Desde la primera elección directa del Parlamento Europeo en 1979, el impulso y la defensa de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales se convirtieron en objetivo prioritario de esta institución. Así, a partir de 1984, el Comité
de Asuntos Políticos es el responsable de los distintos problemas que afectan a los Derechos Humanos en terceros países.
Esta causa, que se mantiene vigente en el Parlamento Europeo, dio paso a la constitución del Premio Andréi Sájarov, que promueve el reconocimiento de aquellas instituciones o personas físicas que, en cualquier parte del mundo, sufren por
defender los derechos humanos. Hoy, el Premio Sájarov ha cumplido 25 años, y es evidente que es un símbolo del compromiso de Europa con los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales y con quienes trabajan por ello en distintas partes del
mundo.
Con la entrega de este galardón, alrededor del 10 de diciembre, día internacional de los derechos humanos, se recompensa anualmente a personalidades excepcionales que luchan contra la intolerancia, el fanatismo y la opresión y que, al igual
que Andréi Sájarov, son ejemplo de la valentía y el sacrificio que es necesario para defender los derechos humanos y la libertad de expresión.
El efecto y el reconocimiento que supone la entrega de este premio, en el transcurso de una sesión solemne del Parlamento Europeo, podría multiplicarse de manera sostenida en el tiempo a través del seguimiento de las experiencias de cada uno
de los premiados. El refuerzo de las relaciones a largo plazo entre los galardonados y la institución favorecería el intercambio de experiencias y su seguimiento por parte
de las instituciones europeas y en los distintos países, así como una mayor coordinación con las instituciones de la UE y otros agentes internacionales, impulsando el conocimiento y el debate en la materia.
Europa, siempre sensible a los principios de democracia, debe estar a disposición de garantizar que quienes han sido reconocidos con el Premio Sájarov puedan aportar datos e información respecto al avance de la democracia en aquellos ámbitos
geográficos en donde desarrollan su actividad.
Por todo ello, El Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados manifiesta su reconocimiento a todas aquellas instituciones y personas físicas a las que se ha otorgado el Premio Sájarov, e insta al Gobierno a que impulse, en el ámbito de las instituciones europeas, la
adopción de las medidas oportunas para que se establezcan redes de colaboración entre los galardonados y las instituciones europeas que permitan la puesta en común de experiencias de los premiados y la evolución de éstas, fomentando las relaciones
de cooperación con otras instituciones, para favorecer su trabajo continuado por la libertad y la democracia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Justicia
161/002585
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a
profundizar en la labor de apoyo a las víctimas de robo de bebés, para su debate en la Comisión de Justicia.
Exposición de motivos
Los casos de robo de bebés durante las décadas pasadas han conmocionado a la sociedad española. Todos ellos comparten una serie de factores comunes. Se ha tratado, generalmente, de mujeres en riesgo de exclusión social que daban a luz bajo
los efectos de la sedación. Una vez recuperadas de ésta, eran informadas por el médico, enfermera, matrona u otro personal de asistencia a la parturienta, de que su hijo o hija había fallecido y que era importante que no lo viera, porque ello le
podía causar un trauma. Posteriormente, se les informaba de que se le organizarían todos los trámites burocráticos necesarios, como el certificado de fallecimiento y su inscripción, así como todos aquellos concernientes al enterramiento. De esta
manera, se daba lugar a la falsificación de las partidas y se procedía a la adopción irregular, entregando al bebé en algunos casos a cambio de precio.
Diversas asociaciones comenzaron a denunciar estos hechos entre los años 2009 y 2010, momento en el que se empezaron a presentar denuncias ante los Tribunales de Justicia en vía penal. Pero la gran mayoría de los procesos fueron archivados
por tres motivos fundamentales. En primer lugar, muchas de estas investigaciones penales terminaron en archivo al poder verificarse el consentimiento de la madre y por la dificultad de demostrar si este consentimiento estuvo viciado debido al
transcurso del tiempo. En otros casos, las denuncias eran demasiado frágiles, ya que se carecía de datos suficientes, siendo muy difícil iniciar una investigación criminal. En tercer lugar, por la prescripción, ya que el tiempo transcurrido desde
que se produjeron los hechos da lugar a que el delito no sea perseguible.
Por su parte, el actual equipo ministerial de Justicia, desde que tomó posesión, ha querido volcarse con las personas afectadas por estos hechos. Comenzó su trabajo tras una reunión con los afectados nada más iniciar su mandato,
concretamente el 10 de febrero de 2012. En aquella primera reunión, el Ministerio constató que los afectados no deseaban tanto la sanción penal como conocer la verdad. Esta idea ha sido la que ha inspirado todo el trabajo que ha venido haciendo el
Ministerio de Justicia.
Entre las diferentes vías en las que el Ministerio de Justicia ha estado trabajando todo este tiempo, hay que destacar las siguientes:
- Constitución de un grupo de trabajo liderado por el Ministerio de Justicia y con participación del Ministerio de Sanidad, del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General del Estado.
- Coordinación con el Ministerio del Interior para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actúen de manera eficaz en la investigación de las denuncias.
- Coordinación con el Ministerio de Sanidad para remitir los datos relativos al nacimiento o parto de los afectados, para que sean cruzados con aquellos que se encuentren en su historia clínica o en otros documentos en los centros
sanitarios. En el mismo sentido, también se ha iniciado la colaboración con los servicios autonómicos de salud y los centros dependientes de estos.
- Colaboración con la Agencia Española de Protección de Datos, ante la dificultad de los afectados para acceder a la información de los archivos y registros.
- Elaboración de una base de datos única, siguiendo las exigencias técnicas de la Comisión Nacional para Uso Forense del ADN, permitiendo detectar coincidencias genéticas entre los afectados que voluntariamente quieran incluir su perfil
biológico. Esto se hizo en la orden ministerial JUS/2146/2012, de 1 de octubre, por la que se creó el fichero de 'perfiles de ADN de personas afectadas por la sustracción de recién nacidos y se aprobaron los modelos oficiales de solicitudes, con
objeto de asegurar que los afectados aporten los datos de orden técnico y de identidad genética necesarios para la inclusión de los mismos en la base de datos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
- Creación de un segundo archivo de solicitudes e información administrativa.
- Apertura de una oficina de atención a los afectados por casos de bebés robados.
Vista la amplia labor del Ministerio de Justicia para cumplir el compromiso adquirido con las víctimas de los casos de bebes robados, el Grupo Parlamentario Popular pretende impulsar la continuidad de esta labor y el fortalecimiento del
compromiso y apoyo a las víctimas de estos hechos.'
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar y profundizar las medidas que ha venido adoptando para el esclarecimiento e investigación de las denuncias y adopciones de bebes robados y, conforme al compromiso de colaboración adquirido por el Ministerio de Justicia con los
afectados y las asociaciones que los representan, impulse las vías de actuación ya iniciadas, dentro de los límites legales, competenciales y presupuestarios existentes, para tratar de esclarecer los casos de robos de bebés y las adopciones
ilegales, manteniendo la coordinación entre los Ministerios de Justicia, Interior, Sanidad, Servicios Sociales e igualdad, Fiscalía General del Estado, Instituto Nacional de Toxicología y demás instituciones u organismos que puedan ayudar a
esclarecer los hechos, hacer justicia y facilitar el reencuentro entre los familiares.
2. Desarrollar las medidas que considere oportunas para mantener informados a los afectados por una posible sustracción de recién nacidos, con especial atención a facilitar el acceso a los documentos y datos obrantes en los citados
departamentos así como de los que pudieran obrar en otros organismos en función del ámbito de su competencia -siempre y cuando no se trate de información protegida o que afecte al contenido de la investigación o a la identidad de las personas
investigadas o al secreto del sumario-, a fin de elaborar un expediente, con los resultados que se hayan podido alcanzar, para que pueda ser presentado como medio de prueba en el proceso judicial correspondiente.
3. Proteger a quienes hayan sufrido la sustracción y adopción ilegal de bebés en el Estatuto de la Víctima en el que está trabajando el Ministerio de Justicia.
4. Continuar con el desarrollo de la base de datos sobre identificadores de ADN, creada en el seno del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses siguiendo todas las exigencias técnicas de la Comisión Nacional para Uso Forense
del ADN, adscrita al Ministerio de Justicia, con el objetivo de detectar coincidencias genéticas entre los afectados que voluntariamente quieran incluir su perfil biológico, mecanismo que se está demostrando de gran utilidad para dar respuesta a las
peticiones de los afectados.
5. Remitir desde la oficina de atención a los afectados por casos de bebés robados un informe anual de la actividad que ha realizado en el ejercicio de sus competencias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Economía y Competitividad
161/002564
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley relativa a la situación de los pequeños ahorradores afectados por la estafa de Fórum Filatélico, S.A., Afinsa Bienes Tangibles, S.A. y Arte y Naturaleza Gespart, S.L., para su debate en Comisión de Economía y Competitividad.
Exposición de motivos
El 9 de mayo de 2006 las empresas Fórum Filatélico, S.A., Afinsa Bienes Tangibles, S.A. y Arte y Naturaleza Gespart, S.L., fueron intervenidas judicialmente bajo la acusación de estafa. En este proceso, la policía arrestó a los
responsables de las empresas cerrando sus sedes por orden judicial. Las compañías fueron acusadas de operar bajo un esquema piramidal argumentando que estas empresas o bien no tenían sellos o eran falsos o estaban sobrevalorados. Tras esta
intervención, las sociedades fueron sometidas a un concurso de acreedores.
La intervención de estas sociedades, afectó de manera directa a 477.351 familias -en su mayoría pequeños ahorradores- que perdieron en la operación más de 4.800 millones de euros. Como respuesta a esta situación, en el año 2007 el Gobierno
habilitaba una línea de crédito de 500 millones de a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en el año 2007, denominada Línea 'ICO Afectados Fórum Filatélico/Afinsa 2007'. La finalidad de estos créditos no era otra que 'contribuir a superar
las especiales circunstancias de precariedad económica de los afectados, de manera transitoria y mientras finaliza el proceso judicial'.
Sin embargo, los afectados están viendo cómo se dilata en el tiempo este proceso judicial, y por ello no han podido devolver a tiempo los créditos de esta línea ICO. Esto motivó la decisión del Gobierno de diciembre de 2012 de prolongar por
dos años la línea de crédito inicialmente concedida por cinco años, pero ahora cobrando intereses.
A día de hoy, cumplidos casi siete años desde dicho escándalo saltara a la luz pública y a pesar del alcance social y económico del problema, todavía no se han instrumentado medidas extraordinarias de respuesta a la situación en la que se
encuentran numerosísimos consumidores que fueron víctimas de unas actuaciones que siguen siendo objeto de investigación penal. La perspectiva es que la duración de los procedimientos judiciales en curso sea muy dilatada, por lo que es preciso y
urgente encontrar una respuesta eficaz al problema planteado.
Desde las asociaciones de consumidores afectados se han planteado alternativas tanto al Gobierno como a los grupos parlamentarios representados en las Cortes Generales, ofreciendo una fórmula de solución que daría una satisfacción razonable
y sobre todo anticipada en el tiempo a las resoluciones judiciales.
La propuesta consiste, en que el Ministerio de Economía y Competitividad, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), dirija a quienes ostentan la condición de consumidores y usuarios una oferta de adquisición, por un determinado
porcentaje de su valor nominal, de las cantidades reconocidas como crédito ordinario en los respectivos procedimientos concursales en curso de Fórum Filatélico, S.A., Afinsa Bienes Tangibles, S.A. y Arte y Naturaleza Gespart, S.L.
No se trata de una fórmula nueva, puesto que ya se aplicó en otro gran escándalo, como fue el de la cooperativa Promoción Social de Viviendas (PSV), y, además, no tendría porqué producir incremento del
déficit público, puesto que el ICO adquiriría un activo en procedimientos concursales que, le supone un desembolso real equivalente menor al nominal de los activos que adquiere.
Los parlamentos autonómicos de Galicia (febrero de 2014), la Comunidad Valenciana (noviembre 2013) la Región de Murcia (octubre 2013) y las cortes de Aragón (mayo 2013) han aprobada ya resoluciones en esta línea instando al Gobierno a dar
una solución lo mas pronta posible a esta situación. Sin embargo, a día de hoy, todavía se está muy lejos de solucionar de manera definitiva este caso.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias de forma que se arbitren soluciones para las familias afectadas por la estafa de Fórum Filatélico, Afinsa Bienes Tangibles y Arte y Naturaleza Gespart, valorando
la procedencia y, en su caso, aplicando la propuesta planteada por las asociaciones de afectados consistente en la adquisición de la deuda por el Instituto de Crédito Oficial.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
161/002588
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a impulsar la
gestión de áreas comerciales urbanas, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
Exposición de motivos
El comercio desempeña un papel trascendental en la vida económica, social y cultural de las ciudades; ya que tiene la capacidad para crear riqueza y empleo, generar zonas de convivencia social y contribuir a mejorar la calidad urbana. Es
además un instrumento vertebrador de la ciudad, puede equilibrar y estructurar la trama urbana.
Así mismo, contribuye en gran medida a la dinamización de los espacios urbanos, generando entornos agradables en los que coexisten actividades económicas, sociales y residenciales que se refuerzan y se apoyan mutuamente, constituyendo un
aliado estratégico para el pequeño y mediano comercio.
Actualmente, podemos clasificar los diferentes modelos comerciales en tres grupos básicamente: centros comerciales cerrados, calles/zonas comerciales y, de aparición más recientes, los centros comerciales abiertos.
Este último tipo de espacios, en los que participan de forma directa una multitud de grupos de interés que se relacionan entre ellos de forma interactiva -con objetivos no siempre coincidentes- necesitan para ser efectivos un modelo de
gestión conjunta que les permita desarrollar todas sus potencialidades y adoptar estrategias de promoción y gestión de modo similar al de cualquier centro comercial y disponer de un sistema propio de financiación.
En este modelo, además del papel de los operadores privados, resulta clave el papel de la Administración Local tanto por sus competencias y como por ser el titular del espacio público, así como la Administración Autonómica por sus
competencias en materia de comercio interior y de promoción económica y empresarial.
La gestión del centro urbano desde esta perspectiva se basa fundamentalmente en implantar un modelo comercial, para lo cual deben aplicarse todas las técnicas de marketing existentes, y en la necesidad de desarrollar un modelo urbanístico
que mejore el atractivo y la funcionalidad del espacio así como un modelo económico financiero que asegure su rentabilidad.
En España hay actualmente dos modelos genéricos de gestión de los espacios comerciales urbanos. Por una parte nos encontramos el modelo basado gestión privada exclusivamente, tradicionalmente desarrollado por asociaciones de comerciantes,
que con el apoyo de las administraciones públicas ponen
en marcha los denominados Centros Comerciales Abiertos. Cabe destacar los casos de Valencia, Gandía, Orihuela, Villena, Ontinyent, Torrevieja, Castellón Centre Ciutat y Vila-real, Gasteiz-on; Bilbao Casco Viejo, Gijón, Terrassa, Teruel,
Barrio de las Letras en Madrid y Barna-centre.
Por otra parte, existe una nueva forma de colaboración público-privada en el ámbito de la administración local que ha proliferado en las ciudades de Estados Unidos en las últimas tres décadas. Se trata de los Business Improvement Districts
(BID), en castellano, 'distritos de mejora empresarial'.
Estos distritos operan en la intersección entre lo público y lo privado. Son organizaciones dirigidas privadamente y autorizadas públicamente que prestan servicios públicos adicionales dentro de un área geográfica específica, gracias a la
generación de ingresos anuales provenientes del pago de un impuesto por parte de los propietarios y/o comerciantes. En ellos, los propietarios comerciales pagan tasas 'extra' para recibir servicios 'extra'.
Esta iniciativa conjunta del sector privado ha servido para revitalizar y mejorar los centros urbanos mediante la provisión de servicios adicionales en las calles públicas. Plantean al ciudadano la opción de un entorno de compra agradable
en el centro de las ciudades y contribuyen a mitigar los efectos del fenómeno de la descentralización urbana, evitando que empresarios y consumidores abandonen sus actividades en los centros de las ciudades en favor de la periferia urbana.
Pero los BIDs no son sólo una estrategia del pequeño comercio frente a la instalación de los 'Malls' o los Centros Comerciales en el extrarradio urbano, sino que ofrecen a la administración local un eficaz mecanismo de financiación y de
mejora de los servicios prestados en el área sin necesidad de elevar los impuestos generales.
Nos encontramos en un momento económico en el que abordar la colaboración público privada sin injerencias en ambos espacios es un reto cada vez más necesario y se plantea como una solución ante las dificultades de financiación.
Apostar por estas fórmulas mixtas resulta ahora sumamente beneficioso para ambas partes. En este sentido, los beneficios en términos de mejora de limpieza, mantenimiento de las calles, vigilancia y seguridad, diseño urbano, regulación de
los espacios públicos, organización del transporte e incremento de las ventas que producen los BIDs son incuestionables.
Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a avanzar en la implantación de modelos de gestión conjunta en las Áreas Comerciales Urbanas de España, tomando como referencia el modelo de los Business improvement district (BID),
desarrollando los programas de incentivos y propiciando todos los cambios normativos que para ello fuese necesario.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
161/002565
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre las grandes líneas que debería respetar la reforma fiscal, para su debate en Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia considera que las siguientes medidas contribuirían a la mejora del sistema tributario español en términos de eficiencia y equidad:
1.º BAJADA DE IMPUESTOS A QUIENES PAGAN DEMASIADO.
- IRPF:
Derogación del gravamen complementario.
Bajada adicional de un punto en los tipos de gravamen de los tres tramos más bajos de la escala.
Fusión del 5.º con el 4.º tramo, dejándolos en 5.
Actualización del mínimo personal y familiar de acuerdo con la inflación.
Los 'mileuristas' (las personas que ganen menos de 14.000 euros al año) no pagarán IRPF.
- IVA:
Bajada del IVA cultural (teatro, cine...) del tipo normal (21%) al reducido (10%).
Igualar libros electrónicos y periódicos electrónicos con las versiones en papel (IVA super-reducido del 4%).
Bajada del IVA al material escolar (del 21% al 10%).
Facilitar trámites, derecho (no obligación) de declarar por medios electrónicos.
- IBI:
Tratamiento más favorable de la vivienda habitual mediante una reducción del 20% en la cuota (con un límite de 150 euros).
- Impuesto de Sociedades:
Revisar las medidas de emergencia adoptadas en esta Legislatura, de forma que el beneficio definido a efectos fiscales se ajuste mejor al beneficio contable.
Evitar el 'efecto salto' en los tipos de gravamen que desincentiva el crecimiento de las empresas.
Tratamiento de las situaciones concursales que favorezca el mantenimiento de la actividad.
- Impuesto del Patrimonio:
Reducir los tipos en la tabla del impuesto, para que supongan un nivel de presión fiscal equivalente al que suponían cuando se aprobaron (corrigiendo así el efecto provocado por la disminución de los tipos de interés nominales con el fin
de evitar la confiscatoriedad).
- IIVTNU (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana):
Evitar que grave las ejecuciones hipotecarias.
Supresión del Impuesto sobre los depósitos bancarios.
Disminución (del 10%) del impuesto especial sobre la electricidad.
Reducción paulatina de 2 puntos (equivalentes al 7%) en las cotizaciones a la Seguridad Social, en el marco de una mayor financiación del Sistema a través de los Presupuestos Generales del Estado (entre otras medidas, asumiendo la
financiación presupuestaria de viudedad y orfandad) y del ahorro de las bonificaciones a las distintas modalidades de contratación (innecesarias con un contrato único indefinido).
Disminución de trámites y costes de cumplimiento.
Mejora de la calidad legislativa y la seguridad jurídica.
Disminución de la litigiosidad (consultas administrativas vinculantes, mayor especialización en fiscalidad del personal de los Tribunales Contencioso-Administrativos) y de los plazos de resolución de los litigios.
Dotar de mayores competencias y medios al Defensor del Contribuyente.
2.º QUE PAGUEN MÁS QUIENES PAGAN MENOS DE LO QUE DEBEN.
2.A. LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL.
Resulta imposible lograr un sistema fiscal equitativo con 8 puntos del PIB (80.000 millones de euros) que se dejan de ingresar cada año por el fraude fiscal.
Concienciación ciudadana mediante:
- Campañas en los medios de comunicación.
- Contenidos en el sistema educativo.
Organización de la AEAT. Elaborar un Estatuto Orgánico de la AEAT que garantice su independencia. Nombramiento del Director de la AEAT por mayoría cualificada del Congreso de los Diputados y por un periodo de cinco años. Determinación
de los puestos de trabajo que podrán cubrirse mediante libre designación, reduciendo su número al mínimo imprescindible. Los demás puestos de trabajo deberán adjudicarse mediante concurso de méritos.
Medios materiales y humanos de la AEAT:
- Tasa de reposición en las bajas del 100 por ciento.
- Plan plurianual de refuerzo de los medios materiales y humanos de la AEAT, que permita alcanzar en el año 2020 unos ratios similares a los del resto de países de la Unión Europea.
Coordinación entre Administraciones Tributarias. Reforzar la coordinación entre las Administraciones tributarias del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, bajo el liderazgo de la AEAT, de modo que se garantice
su efectiva y eficiente actuación en la lucha contra el fraude fiscal. Esta coordinación es especialmente necesaria en el caso de las administraciones forales.
Coordinación con la Seguridad Social. Reforzar el intercambio de información con la Seguridad Social y la inspección de Trabajo, así como potenciar las actuaciones conjuntas de ambas instituciones en la persecución del fraude en aquellos
sectores con gran volumen de economía sumergida.
Coordinación internacional. La lucha contra el fraude fiscal internacional exige incrementar la cooperación internacional. A tal efecto se incrementará la participación y colaboración de la AEAT en las iniciativas de diversas instancias
internacionales (OCDE, UE, G-20) relativas a intercambio de información fiscal y de experiencias sobre control fiscal. Especialmente en relación con las operaciones instrumentadas a través de paraísos fiscales.
Policía fiscal. Suscripción de un convenio entre la AEAT y el Ministerio del Interior para la creación una Policía Fiscal, que permita utilizar medios de investigación policial y la creación de unidades especializadas en la lucha contra
la evasión y la efusión fiscal. En dicha policía se integrarían unidades especializadas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, junto con unidades operativas de Vigilancia aduanera.
Límite temporal de las actuaciones inspectoras. Se modificará la normativa actual, que sanciona el incumplimiento del plazo de duración de las actuaciones inspectoras con la prescripción sobrevenida de la obligación tributaria.
Incremento del plazo de prescripción administrativa de 4 a 5 años, igualándolo con el plazo vigente a efectos penales. Elevar este plazo hasta los 10 años en los siguientes supuestos:
- Cuando el obligado tributario haya utilizado negocios, entidades o jurisdicciones mediante los cuales dificulte su identificación o la determinación de la cuantía defraudada.
- Cuando el obligado tributario hubiere detentado un cargo público en el año del devengo de la obligación tributaria defraudada o dentro de los tres anteriores.
- Cuando el obligado tributario no hubiere presentado declaración alguna correspondiente al tributo y ejercicio objeto de liquidación, habiendo estado obligado a ello.
Agravamiento del delito fiscal, estableciendo una pena temporal de inhabilitación especial para actuar como administrador, apoderado, directivo o representante de entidades mercantiles a los que fueren condenados por delitos fiscales en
los que concurran circunstancias especialmente graves (como es el caso de la colaboración en el alzamiento de bienes).
Planificación de las actuaciones inspectoras. Todas las Administraciones Tributarias ajustarán sus actuaciones de investigación tributaria a las directrices de un Plan anual conjunto de control.
Dicho Plan se inspirará en las siguientes directrices:
- Concentrar las actuaciones en los focos de fraude relevantes.
- Reforzar la actuación inspectora in situ y posibilitar la actuación de incógnito.
- Reforzar el control patrimonial de las personas físicas y jurídicas para detectar incrementos de patrimonio no justificados.
- Incluir a los beneficiarios de la amnistía fiscal.
- Incrementar las obligaciones de colaboración de las entidades financieras.
Dar a los consumidores el derecho a pagar mediante medios de electrónicos cualquier compra superior a 10 euros.
2.B. REDISTRIBUCIÓN DE LA CARGA FISCAL Y LUCHA CONTRA LA ELUSIÓN FISCAL MEDIANTE EL ENSANCHAMIENTO DE BASES IMPONIBLES.
Transparencia fiscal, similar a la establecida en la mayoría de países de la UE, para que los beneficios no distribuidos se imputen anualmente a los socios, en:
- Instituciones de inversión colectiva.
- Sociedades de profesionales.
- Sociedades de mera tenencia de bienes.
- En el caso de las SICAVs, se requerirá además una participación máxima del 5% en el capital y que la AEAT (en vez de la CNMV) compruebe el cumplimiento de los requisitos exigidos.
Revisión general de los beneficios fiscales (deducciones, exenciones, bonificaciones) establecidos a nivel central, autonómico y local, que hoy ascienden a 4 puntos del PIB, y mayor transparencia sobre quiénes son sus beneficiarios.
Modelo holandés:
- Estudiar su implantación en el futuro, integrando en un mismo impuesto renta y patrimonio, e imputando a éste una rentabilidad mínima.
- Dar ya un primer paso en esa dirección, imputando una rentabilidad mínima ligada a la remuneración media de la deuda pública, inicialmente del 2%, a los patrimonios situados fuera de la UE (y, por tanto, menos accesibles a la inspección)
que no declaren obtener ese mínimo.
Impuesto de Sociedades:
- Ampliar la base del impuesto mediante el recorte de deducciones, respetando las de I+D y reinversión.
- Promover la creación de una base imponible común consolidada europea, que se reparta entre países en función de la presencia de la empresa en cada uno de ellos.
Reducción en 1/3 de los parámetros que permiten el acceso al:
- Régimen de estimación objetiva singular en el IRPF.
- Régimen simplificado en el IVA.
IRPF:
- Convergencia en el tratamiento de las rentas del trabajo y las del capital, volviendo a aplicar a éstas, cuando sean de naturaleza plurianual, el sistema de atenuación de la progresividad utilizado en la normativa original del IRPF (es
decir, dividiendo la plusvalía entre el número de años en que se ha generado y gravando una anualidad al tipo marginal, las demás al tipo medio del contribuyente).
Impuesto sobre Sociedades a las entidades financieras:
- Recargo extraordinario de 3 puntos durante 10 años. En vez del impuesto a los depósitos bancarios, pues sólo se paga si existen beneficios y es más difícil de trasladar.
Impuesto especial sobre determinados medios de transporte:
- Gravar (coches, yates...) con un recargo en la cuota del 5%, que se aplicará sobre el montante del precio que exceda de 30.000 euros.
Impuesto del Patrimonio:
- Límite conjunto de la cuota del IRPF y Patrimonio calculado sobre la base del patrimonio (no sobre la del IRPF, como sucede ahora).
- Exención de bienes empresariales del 75% (en vez de siempre del 100% como ahora). Podrá seguir siendo del 100%, pero en función del empleo: a razón de 150.000 euros de la base por cada empleado.
- Limitar el margen de las CCAA para alterar o bonificar el impuesto, estableciendo mínimos (basados en los valores medios actualmente vigentes) y bandas que no se puedan sobrepasar.
Impuesto de Sucesiones y Donaciones:
- Limitar el margen de las CCAA para alterar o bonificar el impuesto, estableciendo mínimos (basados en los valores medios actualmente vigentes) y bandas que no se puedan sobrepasar.
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados:
- Limitar el margen de las CCAA para alterar o bonificar el impuesto, estableciendo mínimos (basados en los valores medios actualmente vigentes) y bandas que no se puedan sobrepasar.
- IBI:
Limitar al 25% la posibilidad de exención discrecional de los ayuntamientos (hoy del 95%).
- IAE (Impuesto Actividades Económicas):
Limitar al 25% la posibilidad de exención discrecional de los ayuntamientos (hoy del 95%).
- Fiscalidad ambiental:
Introducir criterios medioambientales en el IBI, ligados a la certificación y calificación de eficiencia energética de la vivienda.
Introducir criterios medioambientales en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, ligados a las emisiones contaminantes del vehículo.
3.º DISMINUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO SUPERFLUO.
No pueden disociarse los impuestos que se recaudan del gasto público que se pretende financiar con ellos. Evitar el derroche y el gasto innecesario es una de las formas de legitimar el Sistema Fiscal. Es necesario un recorte estructural
del gasto público superfluo.
- Fusión de ayuntamientos.
- Supresión de Diputaciones provinciales.
- Eliminación de organismos administrativos duplicados e innecesarios, especialmente abundantes en las administraciones autonómicas (embajadas autonómicas, Defensores de Pueblo, Tribunales de Cuentas, Consejos Consultivos, CES...).
- Drástica reducción de los 4.000 entes públicos no administrativos de figuras jurídicas variadas (fundaciones, observatorios...).
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en la próxima reforma fiscal se incorporen las medidas descritas en la exposición de motivos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2014.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
161/002584
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a adoptar las medidas
necesarias para que las Comunidades Autónomas garanticen la existencia de un órgano administrativo independiente competente para la resolución del recurso especial en materia de contratación pública, para su debate en la Comisión de Hacienda y
Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
En España, la legislación en materia de contratación pública ha sufrido cambios para adecuarse al sistema de revisión previsto en la Directiva 2007/667/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, publicada en el
Diario Oficial de la Unión Europea de 20 de diciembre de 2007.
La normativa nacional en materia contractual no contemplaba ningún recurso específico al respecto, debiendo acudir, sin más, al régimen de recursos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo. Dicha situación, fue declarada por
parte del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas como 'claramente insuficiente', al no cumplir las exigencias contenidas en la Directiva 89/665/CEE, sobre la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y obras. El TJCE en sentencia de 15 de mayo de 2003, condenó a nuestro país por incumplir de forma deliberada la
Directiva antes mencionada.
La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público reguló en sus artículos 37 a 39 mecanismos específicos de revisión en materia de contratación pública. Posteriormente fue modificada por la Ley 34/2010 de 5 de agosto, que
introdujo un nuevo Libro VI ('Régimen especial de revisión de decisiones en materia de contratación y medios alternativos de resolución de conflictos'). Se creó un órgano administrativo independiente competente para I resolución del recurso
especial en materia de contratación pública.
La Ley 30/2007 fue sustituida por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público -TRLCSP-, que entró en vigor el pasado 17 de noviembre de 2011. Su
Capítulo VI ('Régimen Especial de Revisión de decisiones en materia de contratación y medios alternativos de resolución de conflictos'), regula actualmente esta cuestión en los artículos 40 al 50.
La Ley establece que serán objeto del recurso de revisión los procedimientos de contratación pública sujetos a regulación armonizada, incluidos los subvencionados, los de servicios de las categorías 17 a 27 del Anexo II del TRLCSP, siempre
que sean de cuantía igual o superior a 200.000 euros, y los de gestión de servicios de duración superior a cinco años, siempre que el presupuesto de gastos de primer establecimiento sea superior a 500.000 euros. Todo ello, sin olvidar los llamados
contratos subvencionados a los que se refiere el artículo 17 TRLCSP. Y particularizando, podrán optar a la presente vía impugnatoria los siguientes actos:
- Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación.
- Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio
irreparable a derechos o intereses legítimos. Se considerarán actos de trámite que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento los actos de la Mesa de Contratación por los que se acuerde la exclusión de licitadores.
- Los acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores.
El artículo 41 del TRLCSP establece, en función del ámbito territorial, el órgano competente para dictar resolución. Así, por ejemplo, en el ámbito de la Administración General del Estado, se crea el Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales, adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda; en el ámbito de las Comunidades Autónomas, así como en el de los órganos competentes de sus Asambleas Legislativas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de
Cuentas y al Defensor
del Pueblo la competencia para resolver será establecida por sus normas respectivas, debiendo crear un órgano independiente. En el ámbito de las Corporaciones Locales, la competencia será establecida por las normas de las Comunidad
Autónomas en las que se encuentran sitas.
Respecto del recurso de revisión en el ámbito de las Comunidades Autónomas la Disposición transitoria séptima del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, estableció un régimen supletorio:
'En tanto una Comunidad Autónoma no regule ante quién debe incoarse la cuestión de nulidad prevista en los artículos 37 a 39 de esta Ley, o interponerse el recurso contra los actos indicados en el artículo 40.1 y 2, y qué efectos derivarán
de su interposición, serán de aplicación las siguientes normas:
a) Serán recurribles los actos mencionados en el artículo 40.2 cuando se refieran a alguno de los contratos que se enumeran en el apartado 1 del mismo artículo.
b) La competencia para la resolución de los recursos continuará encomendada a los mismos órganos que la tuvieran atribuida con anterioridad.
c) Los recursos se tramitarán de conformidad con lo establecido en los artículos 42 a 48 de esta Ley.
d) Las resoluciones dictadas en estos procedimientos serán susceptibles de recurso contencioso-administrativo. Cuando las resoluciones no sean totalmente estimatorias o cuando siéndolo hubiesen comparecido en el procedimiento otros
interesados distintos del recurrente, no serán ejecutivas hasta que sean firmes o, si hubiesen sido recurridas, hasta tanto el órgano jurisdiccional competente no decida acerca de la suspensión de las mismas.'
En la actualidad siguen existiendo Comunidades Autónomas que no poseen órgano independiente que resuelva de los recursos de revisión y, que tampoco han firmado Convenios sobre atribución de competencias al Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales.
Es, por ello, que el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que las Comunidades Autónomas cumplan con los requisitos, de la Directiva 2007/667/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007,
publicada en el 'Diario Oficial de la Unión Europea' de 20 de diciembre de 2007, establecidos en nuestra legislación nacional en la disposición transitoria séptima del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para garantizar la existencia de un órgano administrativo independiente competente para la resolución del recurso especial en materia de contratación pública bien mediante la firma de
Convenio sobre atribución de competencias al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales o la creación de un órgano propio independiente sin que suponga gasto presupuestario adicional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Fomento
161/002569
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante
la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley para acelerar la licitación de las obras de la Red Viaria del Estado incluidas en el protocolo entre el Ministerio de Fomento y la Generalitat de Catalunya.
En 2005, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques y el Ministerio de Fomento firmaron un protocolo con el objetivo de ejecutar diversas infraestructuras en sus respectivas redes de carreteras. Con el fin de que estos
objetivos se materializasen, el protocolo recoge que ambas administraciones se emplazan a tener como mínimo todas las obras licitadas antes del 31 de diciembre de 2012.
Un año y dos meses después de la finalización del plazo, las cifras hablan por sí solas de la actuación del Ministerio de Fomento.
Del total de 50 actuaciones, un 22% están en servicio; un 12% se están ejecutando, un 8% de las obras están paralizadas, un 2% no se van a construir ya que han sido anuladas, y el resto, es decir, la mitad, todavía no se han licitado. De
forma resumida se puede decir que un 78% de las obras aún no están terminadas y el 50% sin licitar.
Si se entra un poco más en detalle, se observa que la situación se aleja todavía más de los objetivos fijados: de las obras en ejecución, alguna se ejecuta a un ritmo muy por debajo de lo habitual; las obras paralizadas no tienen ninguna
fecha prevista de reanudación y un 40% de las obras pendientes de licitar todavía se encuentran en fase de estudio informativo.
Si el enfoque de la actuación del Ministerio de Fomento se fija en los importes pendientes de ejecutar, la distancia con los objetivos fijados todavía es más grande. Así, en base a los costes de las obras según recoge el protocolo, están
pendientes de licitar 1.663,31 millones de euros. Es decir, que de los 2.510 previstos para invertir, dos terceras partes todavía no se han licitado. Esto sin contar que 112 millones ya no se van a ejecutar por las obras que han sido anuladas. Es
más, como el protocolo es del ario 2005, los de 1.663,31 millones pendientes de licitar en realidad corresponden a un importe mucho mayor en euros corrientes de 2014.
Pero el despropósito no se queda aquí, se podría pensar que el Ministerio de Fomento tiene intención de corregir la situación, pero no es así. Los presupuestos reflejan claramente la falta de voluntad del Gobierno para que estas
infraestructuras sean una realidad.
Así, en los presupuestos del presente ejercicio, las obras que están paradas no tienen ninguna dotación presupuestaria, a excepción de una que tiene un millón, una cifra ridícula si lo que se quiere es reanudar las obras de una autovía. Es
decir, en este ejercicio estas obras continuarán paralizadas un año más.
En relación a las actuaciones pendientes de licitar, casi todos ellas tienen una dotación presupuestaria de 0 a 10.000 euros, que es lo mismo que decir, que en este ejercicio los estudios informativos o los proyectos de construcción van a
estar parados. Pero es más, en 2015, 2016 y 2017 la parálisis va a continuar ya que los presupuestos del 2014 no contemplan ninguna inversión para estos años en casi todas estas actuaciones.
Respecto a las obras en ejecución, alguna no tiene ninguna dotación presupuestaria ni para este año ni se prevé que lo tenga hasta 2017. Alguna actuación sólo tiene una dotación para este año de un millón y ninguna previsión para los
siguientes años cuando faltan más de 30 millones por terminar estas obras. Las que tienen dotación presupuestaria en el mejor de los casos no van a estar concluidas hasta dentro de dos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dar información detallada a esta cámara, en el plazo de un mes, del estado completo de las obras recogidas en el protocolo de colaboración entre la Generalitat de Catalunya y el Ministerio de Fomento.
2. Cumplir con la mayor brevedad posible con los compromisos adoptados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/002591
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para el impulso de la línea de alta velocidad entre Lugo y Ourense, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La sociedad lucense ha venido reclamado unánimemente la necesidad de que la provincia de Lugo cuente con una conexión ferroviaria que una la capital provincial con Ourense mediante una línea de altas prestaciones que permita el flujo de
pasajeros y mercancías.
Lamentablemente, la conexión ferroviaria entre Lugo y Ourense proyectada de acuerdo a la declaración de impacto ambiental solicitada en el año 2003, no satisfacía tales demandas, pues se correspondía con un trazado de vía única que no
permitía velocidades de más de 160 km/h. Se trataba, por tanto, de una línea fuera de los estándares de alta velocidad.
Ejemplo de las prestaciones de aquel proyecto es que no se planteaba realizar modificaciones en el tramo entre Os Peares y Ourense, de forma que se dejaba el trazado con vía única y los radios de curva de finales del siglo XIX, no preparados
para velocidades superiores a los 70 km/h.
Dejando a un lado la propuesta lanzada en enero de 2009 por el entonces candidato y hoy presidente de la Xunta según la cual si alcanzaba la Presidencia, el Gobierno gallego adelantaría los fondos para la construcción de esa línea de alta
velocidad, promesa incumplida y enterrada, fue el Gobierno socialista el que en el año 2009 decidió modificar este trazado para adecuar esta línea a estándares de alta velocidad ferroviaria.
Entonces, el Ministerio de Fomento proyectó un nuevo trazado que permite velocidades superiores a los 250 km/h, con doble vía electrificada en todo su recorrido y apta para permitir tráfico mixto de viajeros y mercancías.
Fue el Gobierno socialista el que en 2006 inició las obras de la Variante de A Pobra de San Xiao, mientras que a mediados de noviembre de 2011 adjudicó los contratos para la redacción de los proyectos constructivos . de los tres subtramos
en que se ha dividido la conexión entre Monforte y A Pobra de San Xiao.
En el momento del cambio de Gobierno, el resto de la línea se encontraba en estudio informativo, salvo la Variante de Canabal, también en proyecto.
Desde entonces, sin embargo, hemos asistido a la congelación de este proyecto y a la paralización de las obras de la Variante de A Pobra de San Xiao. Hace ya meses, la prensa lucense se hacía eco del tapiado de los túneles de la Variante,
evidencia de la parálisis en que estaban sumidos los trabajos de ejecución de la misma. Ahora, tal y como puede comprobarse nuevamente en la prensa lucense, la empresa constructora de la Variante ha empezado a vallar la zona de trabajos tras haber
recibido del Ministerio de Fomento la notificación de la paralización total de las obras.
Esta Variante, vital en la mejora de las conexiones ferroviarias entre Lugo y Ourense y en la futura línea de alta velocidad que unirá ambas capitales, fue adjudicada en noviembre de 2006 con un presupuesto de 90,4 millones de euros, de los
cuales, según datos facilitados por el Ministerio de Fomento, se había ejecutado a cierre de 2011 más del 71%. Es decir, 65 millones de euros ejecutados por el Gobierno socialista.
Lo cierto es que tras el cambio de Gobierno, la conclusión de la obra se ha retrasado hasta el año 2017. Si se hubiera seguido la planificación realizada por el anterior Gobierno, esta Variante se estaría acabando a lo largo del presente
año. Sin embargo, se adoptó la decisión de retrasarla y, en consonancia con ese objetivo, los Presupuestos Generales del Estado han venido postergando esta obra con partidas mínimas, como los 3,84 millones de euros del año pasado o los 6 millones
de este año.
El Gobierno socialista, por tanto, planificó una línea de alta velocidad para Lugo antes inexistente y puso en marcha su construcción. Lamentablemente, el Gobierno popular no ha respetado la planificación aprobada y ha paralizado la
construcción de la vía, excluyendo a Lugo de la red de alta velocidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a retomar de inmediato las obras de la Variante de A Pobra de San Xiao, actualmente paralizadas, y vitales para la conexión de alta velocidad entre Lugo y Ourense.
Igualmente, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las fórmulas legalmente previstas para proceder a la contratación conjunta de proyecto y obra de los tramos pendientes de la línea de alta velocidad entre Lugo y Ourense.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-José Blanco López, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002592
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para la financiación de las obras de conservación y restauración de la Catedral de Santiago de Compostela, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La Catedral de Santiago, como el Camino que a ella conduce, es un patrimonio de todos, un bien común. Más allá de la dimensión religiosa original del templo y del propio Camino, la transcendencia cultural, patrimonial y turística de ambos
es incuestionable, dentro y fuera de nuestras fronteras.
El Camino de Santiago, y su Catedral, es 'lugar de peregrinación y de encuentro entre personas y pueblos, que, a través de los siglos, se ha convertido en símbolo de fraternidad y vertebrados de la conciencia europea', tal y como destacó el
jurado al concederle el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en el año 2004.
Esa riqueza diversa, y ese potencial, ya habían sido reconocidos previamente por distintos organismos nacionales e internacionales. En 1987, el Consejo de Europa concedió al Camino de Santiago la categoría de Primer Itinerario Cultural
Europeo, distinguiéndolo en 2004 como Gran Itinerario Cultural Europeo. Previamente, en el año 1987, la UNESCO incluyó a la capital de Galicia en la Lista de Bienes declarados Patrimonio de la Humanidad y en 1993 hizo lo propio con el Camino.
La ciudad de Santiago, su catedral y la Ruta Jacobea atraen a miles de personas cada año por su riqueza histórica, artística, cultural y espiritual. Es por tanto, fuente de intercambio cultural y de desarrollo económico, dimensiones que no
han escapado al propio Gobierno de España, que ha incluido de manera destacada al Camino de Santiago y, por tanto, a la Catedral de Santiago de Compostela dentro de su estrategia para el impulso de la Marca España.
En los últimos años, la Fundación Catedral de Santiago ha emprendido un ambicioso y costoso proyecto de conservación y restauración del templo, cuyos primeros frutos empiezan a materializarse para disfrute de todos. No obstante, esos mismos
trabajos han hecho aflorar nuevos problemas en el edificio y han ratificado la necesidad de buscar apoyo público para acometer la puesta a punto del principal emblema del patrimonio artístico de Galicia.
El Gobierno de España goza de distintos programas para la conservación y restauración de nuestro patrimonio monumental, entre los que cabe destacar uno específico, el Plan Nacional de Catedrales, y uno genérico, el Programa 1,5% Cultural del
Ministerio de Fomento.
Ante la situación descrita, el Gobierno no debe ser ajeno a los esfuerzos de conservación de uno de los emblemas más singulares de nuestro patrimonio.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a colaborar en la financiación de los trabajos de restauración de la Catedral de Santiago de Compostela mediante la firma de un convenio de colaboración con la Fundación Catedral de Santiago en
el marco del Programa 1,5% Cultural de Conservación del Patrimonio Histórico Español del Ministerio de Fomento.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-José Blanco López y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002594
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre adopción de medidas para que los nuevos servicios ferroviarios de
Alta Velocidad con Francia tengan parada en Zaragoza, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Los responsables de los ministerios competentes de España y Francia inauguraron el pasado día 15 de diciembre el servicio internacional de Alta Velocidad ferroviaria entre ambos países (AVE y TGV). Tal y como se anunció se han ido poniendo
en servicio cinco trenes diarios de alta velocidad que conectan 17 importantes ciudades de ambos países, y a éstas a su vez, a través de las extensas redes y conexiones de RENFE y SNCF, con una amplísima oferta de orígenes y destinos.
Se trataba inicialmente de dos trenes diarios entre Barcelona y París; uno entre Barcelona y Lyon; otro, entre Barcelona y Toulouse, y un quinto tren, que seguirá la ruta Madrid-Barcelona-Marsella. Este servicio -y otros que puedan
establecerse- pasa por Zaragoza sin detenerse, mientras sí lo hace en Barcelona, Girona, Figueres, Perpiñán, Narbona, Béziers, Montpellier, Nimes, Avignon, Aix-en Provence y Marsella.
Resulta difícil de creer que este tren tenga parada en localidades de rango supracomarcal como Béziers (72.000 hab.), Narbonne (50.000 hab.), Carcassonne (47.000 hab.) o Figueres (45.000 hab.) y no lo tenga en la capital de Aragón, Zaragoza,
con 700.000 y un área metropolitana y zona inmediata de influencia que supera el millón de habitantes. Además de su capacidad de atracción de comunidades colindantes o próximas como Navarra, Rioja o País Vasco, el hecho de encontrarse a mitad de
trayecto ferroviario entre Madrid y Barcelona, no parece razón suficiente para que sus habitantes y los de su ámbito de influencia dispongan de las posibilidades de desplazamiento de las que sí disfrutan los de las diez ciudades mencionadas
anteriormente.
Tanto en la línea a Marsella, como en las derivaciones hacia Lyon y Toulouse, todos los ciudadanos de Zaragoza y su entorno precisan desplazarse a Barcelona y hacer los transbordos correspondientes con las consiguientes esperas. Si ese AVE,
o los futuros que puedan establecerse parasen en Zaragoza, toda esa población recibiría la misma oferta ferroviaria y facilidad de desplazamiento que la que tienen los residentes del resto de ciudades con parada. No se trata de mermar ningún
derecho de ellos, sino de reconocer el de la capital de Aragón a un trato similar.
Ha transcurrido más de un mes desde la puesta en marcha de este servicio y sigue sin haber ni plazos ni fechas para que Aragón pueda tener acceso a esta nueva línea. La competencia es del Gobierno español, pero no es menor la
responsabilidad de las instituciones aragonesas a la hora de reclamar y exigir una solución rápida y definitiva para 'conectar' la estación de Zaragoza-Delicias a este nuevo servicio. Siendo Aragón territorio fronterizo con Francia y no disponiendo
de comunicación ferroviaria directa con Europa, no podemos volver a ser tierra de paso o servidumbre de tránsito para que otros tengan mejores infraestructuras sin poder beneficiarnos directamente de ellas.
Por eso, algunas organizaciones han iniciado una campaña de reivindicaciones en la calle y en las redes sociales, y que también se han traducido en la presentación de iniciativas en las instituciones, tanto en el Ayuntamiento de Zaragoza,
como en las Cortes de Aragón y en el Congreso de los Diputados.
Por todo ello, presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, consciente de la importancia de la comunicación ferroviaria con Francia y de la necesidad de evitar los agravios entre territorios, acuerda solicitar al Gobierno que el AVE que cubre el trayecto Madrid-Marsella
tenga parada en Zaragoza, en el menor periodo de tiempo posible, e igualmente la tenga cuando se ponga en servicio el trayecto Madrid-París. Asimismo, y mientras no se ponga en servicio ese trayecto, habilite un servicio de lanzadera que una la
ciudad de Zaragoza con Barcelona al objeto de facilitar una conexión rápida con el actual trayecto Barcelona-París.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Chesús Yuste Cabello, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002596
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la necesidad de abrir un nuevo plazo de alegaciones al trazado de la A-76, Ourense-Ponferrada. Debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
El trazado de la futura autovía A-76, Ourense-Ponferrada, es motivo de preocupación social por su impacto en diversos tramos como en la zona de Montefurado (Quiroga, Lugo) o por su grado de afectación a su paso por Penalba, en el
ayuntamiento de Nogueira de Ramuín (Ourense).
Los vecinos y vecinas de dicho municipio se quejan asimismo de no haber recibido ningún tipo de información en relación a la opción de trazado, puesto que no se les ha brindado la oportunidad de poder presentar alegaciones al haberse
enterado fuera de plazo. Con claridad, se ha producido un problema de desinformación que convendría aclarar.
Desde el consistorio municipal se alega desconocimiento absoluto, lo cual resulta sumamente extraño cuando se sabía que el trazado pasaría por el núcleo de Penalba.
Esta cuestión ha generado una gran polémica a nivel social, y se demanda la apertura de un nuevo plazo de exposición al público del trazado de la A76, a fin de que se puedan formalizar las consiguientes alegaciones.
En Penalba se constituyó una Plataforma de rechazo al trazado proyectado para el paso de la A-76 por dicho núcleo, que cuenta con el respaldo de todos los grupos políticos. Alegan que existen otras alternativas más viables y menos costosas
puesto que no necesitan túneles ni viaductos. En este sentido, se refieren a la opción que sigue el trazado de la N-120 hasta el puente sobre el río Miño y hacia A Peroxa.
Además, argumentan que se debería contar con carril bici siguiendo el margen del río.
De ahí que soliciten al Ministerio de Fomento la revisión del trazado actual, procediendo a la apertura de un nuevo período de alegaciones. También apuntan al grave impacto ambiental del trazado elegido cuando el mismo Congreso de los
Diputados ha aprobado la solicitud de Patrimonio de la Humanidad para la Ribeira Sacra.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:
- Abrir un nuevo plazo de exposición al público del trazado de la autovía A-76, Ourense-Ponferrada, dados los problemas de desinformación habidos que no han permitido a los vecinos y vecinas presentar alegaciones.
- Tener en cuenta otras alternativas como la planteada por los vecinos del municipio que evitaría el paso de la autovía por el núcleo de Penalba (Ourense, Nogueira de Ramuín), es menos costosa y complicada en su ejecución y más adecuada para
la solicitud de la Ribeira Sacra como Patrimonio de la Humanidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2014.-M.a Olaia Fernández Davila, Diputada.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Educación y Deporte
161/002586
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la colaboración entre el
Consejo Superior de Deportes y los entes deportivos privados para promocionar la práctica de deporte como medio para mejorar la salud pública, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Exposición de motivos
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la inactividad física constituye el tercer factor de riesgo de mortalidad en el mundo. Sólo superada por la hipertensión (13 por ciento) y el consumo de tabaco (9 por ciento), la ausencia de
ejercicio físico está relacionada con el 6 por ciento del total de las defunciones mundiales.
La OMS considera que la inactividad física está cada vez más extendida, lo que favorece un incremento en la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares, la diabetes o el cáncer, es decir, patologías con una repercusión altamente
negativa en la salud general de la población.
Tal y como se plantea en las 'Recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud', publicadas por la propia OMS en 2010, la inactividad física es la principal causante de aproximadamente el 30 por ciento de las cardiopatías
isquémicas, del 27 por ciento de los casos de diabetes, y del 23 por ciento de los tumores en mama y colon.
Ante estas cifras, a las que hay que sumar el progresivo envejecimiento de la población y la creciente prevalencia de las enfermedades crónicas, la sexagésima sexta Asamblea Mundial de la Salud -reunida en Ginebra, Suiza, en mayo de 2013- se
planteó como objetivo la reducción en un 10 por ciento de la prevalencia de la inactividad física tanto en adolescentes como en adultos. Se trata de una meta complementaria con la que la propia Asamblea, que es el órgano decisorio supremo de la
OMS, se marcó en 2008, cuando en su sexagésima primera reunión instó a los países miembros a diseñar y aplicar directrices nacionales sobre el fomento del ejercicio físico orientado a la promoción de la salud.
En el ámbito nacional, son muchas y variadas las medidas impulsadas por el Gobierno de España, especialmente desde el comienzo de la X Legislatura, para promocionar la práctica de deporte en todos los sectores poblacionales. Un ejemplo
representativo es el 'Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte' desarrollado por el Consejo Superior de Deportes (CSD).
El citado plan fue creado con la finalidad de garantizar el acceso universal a la práctica deportiva de la población española, así como para reducir el elevado nivel de sedentarismo y obesidad existente, y promocionar hábitos de vida activos
y saludables. Para hacer realidad este objetivo, el plan cuenta con diversos programas, entre los que destaca, entre otros, el relativo a la actividad física, el deporte y la salud.
El mencionado programa pretende impulsar la prevención primaria y secundaria de las patologías ligadas al sedentarismo con la práctica habitual de actividad física desde el trabajo coordinado principalmente entre el propio CSD, las
Comunidades Autónomas, los entes locales y el Ministerio de Sanidad, que, por otra parte y desde noviembre de 2011, también ha desarrollado diversas iniciativas -como el 'Plan Cuídate + 2012'- con las que poner freno a problemas relevantes de salud
pública como el de la obesidad infantil mediante la práctica de deporte.
No obstante, datos como los ofrecidos por la OMS o como los indicados en la Encuesta Nacional de Salud 2011-2012 -según la cual el 55 por ciento de los adultos presentan sobrepeso- y el Estudio Alimentación, Actividad Física, Desarrollo
Infantil y Obesidad (Aladino) -en el que se plantea que el 45 por ciento de los niños españoles comprendidos entre los seis y los nueve años sufren obesidad-, ponen de manifiesto la necesidad de que el Gobierno siga trabajando para impulsar la
práctica de ejercicio como vía para promocionar la salud y prevenir la enfermedad en nuestro país.
En consecuencia, tomando como referencia convenios de colaboración como el suscrito por la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA por sus siglas en francés) y el Comité Internacional de la Cruz Roja en junio de 2013 para
fomentar la salud pública, y teniendo presente la repercusión social de los numerosos éxitos internacionales cosechados por nuestros deportistas en los últimos años, así como la elevada proyección mundial de competiciones nacionales como la Liga
BBVA (Primera División de fútbol masculino) y la Liga Endesa (competición de máximo nivel de baloncesto masculino en España),
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar, mediante el Consejo Superior de Deportes y partiendo de los avances alcanzados en colaboración con los entes deportivos públicos gracias al Plan Integral para la Actividad Física
y el Deporte, acuerdos de cooperación con instituciones deportivas privadas -principalmente las ligas profesionales, las federaciones deportivas nacionales y autonómicas, y las entidades asociativas deportivas-, para promover hábitos de vida
saludables con los que promocionar la salud e impulsar la prevención de la enfermedad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/002563
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el expediente de regulación de empleo en Coca-Cola lberian
Partners, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Coca-Cola lberian Partners ha presentado un ERE sobre la reestructuración de las embotelladoras y delegaciones comerciales. A grandes líneas, plantean 1.253 despidos de un total de 4.270 trabajadores/as, es decir un treinta por ciento de
toda la plantilla y el cierre inmediato de 4 plantas de producción asentadas en Asturias, Madrid, Alicante y Palma de Mallorca. Si bien, como medida para minimizar el impacto la empresa plantea 481 recolocaciones, las condiciones y dificultades del
traslado, nos hacen indicar que el total de despedidos seguirá siendo prácticamente el mismo.
Coca-Cola España tiene unos beneficios de alrededor de 900 millones de euros y una facturación de más de 3.000 millones en el último ejercicio, por lo que no tiene sentido ni justificación alguna el cierre de centros de producción y el
despido de trabajadores y trabajadoras que se pretende, con un planteamiento erróneo tanto en lo social, económico ecológico y medioambiental, de una supuesta reestructuración/optimización organizativa y productiva.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Solicitar a la dirección de la empresa que suspenda el ERE porque no tiene sentido y justificación alguna cerrar centros de producción y despedir a miles de trabajadores en Coca-Cola cuando tiene unos beneficios sustanciosos.
2. Implicarse para propiciar un espacio de diálogo y negociación entre Coca-Cola lberian Partners y su matriz The Coca-Cola Company con los sindicatos representativos, que conlleve la presentación y discusión de un Plan Industrial y de
Empleo, al objeto de establecer el escenario adecuado para dotar de una solución al conflicto que haga posible y compatible la prioridad del empleo y el mantenimiento de las plantas de producción, junto con la implantación de las políticas y
estrategias que la empresa considere para competir en el mercado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2014.-Ricardo Sixto Iglesias, Gaspar Llamazares Trigo y Ascensión de las Heras Ladera, Diputados.-José Luis Centella Gómez y Joan Coscubiela Conesa, Portavoces del Grupo Parlamentario de
IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002571
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
relativa a prestaciones sociales y equiparación de derechos y protección social entre los regímenes de Clases Pasivas y general de la Seguridad Social, para su debate en Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
Debe señalarse que la Ley 40/2007 de Medidas en materia de Seguridad Social, en concreto en su disposición adicional séptima dispone que:
'En el plazo de un año, el Gobierno presentará un estudio sobre la normativa reguladora de la jubilación anticipada y parcial de los empleados públicos, así como del personal de las Fuerzas Armadas y al servicio de la Administración de
Justicia, que aborde la aplicación de la normativa reguladora de tales modalidades de jubilación, las condiciones que esta aplicación no genere problemas de sostenibilidad a los sistemas de protección social y la homogeneización, en términos
equiparables de los diferentes regímenes.'
A pesar del tiempo transcurrido, sucede que trabajadores y trabajadoras de la función pública que han cotizado por diferentes regímenes (MUFACE y Régimen General SS.SS.) se ven obligados a recurrir a la justicia para que se les reconozca la
equiparación de derechos. En concreto, para determinar si, a efectos de la jubilación parcial en el régimen general de la Seguridad Social, son computables las cotizaciones efectuadas por el trabajador o trabajadora beneficiario de esa prestación
en el régimen de Clases Pasivas del Estado, mientras presento servicios como funcionario o funcionaría de carrera.
Sirvan de ejemplo diferentes demandas relacionadas con la jubilación parcial que, después de sentencias favorables en diferentes instancias, el Tribunal Supremo, estimando el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto
por el INSS, resuelve que 'no cabe el cómputo reciproco de cotizaciones entre el Régimen de la Seguridad Social y el de Clase Pasivas, sin que la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP haya alterado el marco normativo
anterior en esta materia'. Sentencia T.S. de fecha 11 de marzo 2013.
Las lagunas legislativas existentes en relación con este asunto quedan evidenciadas en la controversia expuesta en la mencionada sentencia. En su Fundamento de Derecho primero se recoge lo siguiente:
'La cuestión ha sido resulta de forma diferente por las sentencias comparadas en el presente recurso, a fin de acreditar la existencia de contradicción doctrinal que los hace viable, conforme al artículo 219 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción social', prosiguiendo: 'La sentencia recurrida ha entendido que si el trabajador se encuentra de alta en el régimen general de la Seguridad Social al tiempo de solicitar la jubilación parcial, para acreditar la carencia precisa para
causar la pensión, son computables las cotizaciones que reúna en otros regímenes de la Seguridad Social, incluso en el de Clases Pasivas del Estado. Por contra la sentencia de contraste dictada por el T.S.J. de Madrid, en el recurso de suplicación
ha resuelto lo contrario, al estimar que no son computables las cotizaciones al régimen de Clases Pasivas porque la jubilación parcial no está reconocida en el mismo conforme a los dispuesto en el artículo 2.2 del Real Decreto 691/1991'.
Lo dispuesto en la disposición adicional séptima de la Ley 40/2007 tiene por objeto procurar soluciones a cuestiones como la expuesta que, no solo definen una situación injusta sino que generan una importante litigiosidad.
Esta disposición adicional responde además al debate suscitado en la Comisión del Pacto de Toledo que recomienda no solo la integración de regímenes sino la equiparación de prestaciones y protección social.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- En un plazo no superior a seis meses, y de acuerdo a lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 40/2007, el Gobierno presentará un estudio sobre la normativa reguladora de la jubilación anticipada y parcial de los
empleados públicos, así como del personal de las Fuerzas Armadas y al servicio de la Administración de Justicia, que aborde la aplicación de la normativa reguladora de tales modalidades de jubilación, las condiciones para que esta aplicación no
genere problemas de sostenibilidad a los sistemas de protección social y la homogeneización en términos equiparables de los diferentes regímenes.
- Llevar a cabo las medidas legislativas necesarias destinadas a eliminar las restricciones de derechos a la protección social de trabajadores y trabajadoras que se establecen en el artículo 2.2 del Real Decreto 691/1991 de 12 de abril, o de
otros que hubieren en ese mismo sentido.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-M.a Olaia Fernández Davila, Diputada.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
161/002568
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la situación del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.
Exposición de motivos
El Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid es un centro público perteneciente al instituto de Turismo de España (Turespaña), organismo adscrito al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de la Secretaría de Estado de
Turismo.
El edificio, inaugurado el 1 de junio de 1970, es obra del arquitecto Pablo Pintado y Riba, cuyo proyecto fue el ganador de una convocatoria a la que se presentaron un total de 16 candidaturas.
En 1980 se instaló en el frontis de su fachada principal el mural de Joan Miró, que con una superficie total de 550 metros cuadrados se convirtió en el segundo más grande del mundo.
La celebración de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa entre 1980 y 1983 fue un acontecimiento esencial en la historia del Palacio de Congresos y Exposiciones, tanto por su duración y relevancia histórica como por el esfuerzo
de remodelación y acondicionamiento que supuso la adecuación de sus instalaciones para la celebración de la Conferencia.
1989 fue otra fecha principal en la historia del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, por la celebración de la clausura de la Presidencia de España de la Comunidad Económica Europea.
Un incendio, en marzo de 1995, que destruyó un tercio de la superficie del edificio, no frenó la actividad del Palacio, que poco tiempo después volvió a funcionar con normalidad.
Situado en pleno centro financiero de la ciudad, el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid cuenta con una superficie total de casi 40.000 m2. Su actividad principal consiste en el alquiler de sus instalaciones para la realización de
congresos, reuniones, exposiciones, encuentros, etc., así como en la prestación de servicios dirigidos a la organización de dichas actividades.
El Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid lleva más de tres décadas organizando congresos y convenciones, convirtiéndose en una referencia clave del turismo de reuniones en España y la ciudad de Madrid. Todas sus instalaciones
ofrecen los últimos avances tecnológicos en el campo de las traducciones, comunicaciones y servicios, y sus excepcionales ventajas competitivas contribuyen a situarlo entre los primeros centros de congresos de Europa.
Madrid fue, por segundo año consecutivo, la sexta ciudad del mundo en encuentros congresuales en el 2011, según el Ranking de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), situándose en el 'top ten' de los destinos de
reuniones en todo el mundo, lo que contribuye decisivamente al éxito de la capital, al ser el centro de reuniones más demandado de la ciudad. Entre los eventos más destacados en 2011 estuvieron el 4.o Congreso Mundial de Salud Mental de la Mujer,
el 13.o Congreso Internacional de Química del Cemento, la 31.a Conferencia Mundial del Carbón o la 11.a Conferencia Europea de Nutrición, consolidando, así, su puesto entre la élite mundial del turismo de congresos, siendo un referente mundial en el
ámbito del turismo de congresos y reuniones.
La ciudad de Madrid está muy bien valorada como destino de congresos y se ha ganado esa posición, especialmente, por el referente que supone el Palacio de Congresos y Exposiciones, por su experiencia y su buen hacer.
Sin embargo, en estos momentos, el recinto lleva quince meses cerrado. En la resolución de la Presidencia del Instituto de Turismo de España de 21 de diciembre de 2012 se ordenaba 'la suspensión temporal de todas las actividades del Palacio
hasta la finalización del Plan de Autoprotección y del informe de análisis', así como el 'estudio del cumplimiento de la normativa básica en materia de seguridad de dicho Palacio, ambas con fecha de finalización prevista para el 31 de enero de
2013'. La resolución señalaba que parte de las instalaciones se encontraban 'en un estado deficiente de conservación' y que había observaciones 'no subsanadas' en el informe de la Inspección Técnica de Edificios (ITE), por lo que debían analizar
las condiciones del palacio para 'la prestación de servicios en el mismo con plena seguridad para personas y bienes'.
Posteriormente, mediante resolución de 31 de enero de 2013, se amplió el plazo de suspensión hasta el 30 de abril de 2013, y más tarde se volvió a dicho plazo hasta el 31 de diciembre de 2013. Finalmente, mediante resolución de 10 de
octubre de 2013, la Directora General del Instituto de Turismo de España dispuso la suspensión indefinida de las actividades del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid.
En todo este tiempo de suspensión, no se han ejecutado las obras de mejoras prometidas en la evaluación del recinto y, más concretamente, la apertura de nuevas salidas al exterior, la ejecución de nuevos tramos de rampa y escaleras, y la
realización de los vestíbulos de independencia para la separación de diversos recintos en el interior del Palacio. Mientras tanto, los 28 trabajadores públicos adscritos al centro siguen realizando las labores de mantenimiento y esperando que la
actividad se reanude,
Además, de forma simultánea a la suspensión temporal, se decidió proceder al inicio de un procedimiento de concesión de servicio público para la explotación del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, abriendo de esta manera la puerta
a la externalización de los servicios, es decir, a un proceso de privatización de este centro por parte del Gobierno del Partido Popular.
Una vez más, estamos ante un ataque directo a la gestión pública, en esta ocasión, al Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, que constituye un instrumento clave para la mejora económica de la ciudad, atrayendo negocio a hoteles,
restaurantes, comercios, etc., dinamizando el desarrollo económico de su entorno, además de ser a menudo espacios para actividades culturales. Este es el dividendo social del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid.
Una vez más, estamos ante un ataque directo a la gestión pública, en esta ocasión, al Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, que constituye un instrumento clave para la promoción de un turismo de calidad y excelencia y para la mejora
económica de la ciudad, atrayendo negocio a hoteles, restaurantes, comercios, etc., dinamizando el desarrollo económico de su entorno.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid es una marca de referencia del segmento del turismo de congresos y convenciones de España y debe seguir siéndolo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un Plan de actuación inmediata que permita concluir las obras de seguridad necesarias para dotar de plena operatividad al Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid y proceder a su reapertura de forma urgente.
2. Evitar el desmantelamiento y la privatización del Palacio de Congresos y Exposiciones, paralizando el procedimiento de concesión de servicio público para la explotación del recinto y manteniendo su gestión pública.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2014.-Sebastián Franquis Vera y Rafael Simancas Simancas, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002562
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada doña Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
la necesidad de paralizar el proyecto de ordenación de márgenes de los ríos Sarria y CeIeiro a su paso por dicha villa. Debate en Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Desde el lunes 24 de febrero, vecinos y personas vinculadas a organizaciones ecologistas y sociales se han encadenado de forma simbólica a una serie de árboles situados en el conocido como malecón de Sarria para evitar que sean talados. Se
trata de un acto simbólico de protesta contra las obras de ordenación de márgenes de los ríos Sarria y Celeiro, que contempla la tala de multitud de árboles.
La preocupación de los vecinos y vecinas de Sarria les ha llevado a conformar una Plataforma, Sarriana polo Río, para impedir que este espacio verde sea destruido.
Con fecha de noviembre de 2009, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil redactó el Documento Ambiental del 'Proyecto de Ordenación de márgenes de los ríos Sarria y Celeiro en el término municipal de Sarria (Lugo)', para que el órgano
ambiental se pronunciase sobre la necesidad o no de que el proyecto se sometiese a evaluación de impacto ambiental, conforme a lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto de la
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.
Dicho documento adolece de deficiencias en datos básicos como el inventario de fauna, puesto que no tiene información sobre la fauna de peces en esa zona, sólo consta la trucha común que está catalogada como especie Vulnerable en la relación
de especies faunísticas más sensibles.
En el Documento Ambiental se resalta que dentro del proyecto se hallan hábitats arbóreos incluidos en el Banco de Datos de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente. Sin olvidar que los márgenes del río Sarria cuentan con un bosque de
ribera en muy buen estado de conservación y así se indica.
En cuanto al análisis y valoración del impacto del proyecto, llama la atención que se opte por un bajo impacto cuando se está reconociendo que las afecciones implican la modificación de cauces, la destrucción de las riberas, la desaparición
de parte de la vegetación cuyo interés zoológico es muy alto puesto que acoge a especies sensibles.
La Directiva 2000/60/CE, Directiva Marco del Agua de la UE, recoge la necesidad de proteger los sistemas acuáticos, así como leyes de carácter estatal como la Ley del Plan Hidrológico Nacional, entre otras muchas normas y directivas
comunitarias que privilegian la protección de los ecosistemas fluviales.
Con fecha de 30 de julio de 2010, se publica en el BOE la resolución de 2 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático sobre la evaluación de impacto ambiental de dicho proyecto.
En el epígrafe 3 de dicha resolución, en relación a las características del potencial impacto sobre el medio ambiente del Proyecto de Ordenación de márgenes de los ríos Sarria y Celeiro en el término municipal de Sarria, Lugo, se indica que
contempla, entre otras, las afecciones sobre la hidrología que se indican a continuación: 'Las principales afecciones sobre la hidrología superficial se derivan de la contaminación de las aguas por vertido accidental de sustancias y aporte de
sólidos en suspensión, y a la posible modificación de los cauces y eliminación de parte de sus riberas'.
Finalmente, la Secretaría de Estado de Cambio Climático resolvió no someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, siempre que se tengan en cuenta determinadas condiciones adicionales, entre las que cita:
'Será necesario establecer un calendario de obra, en coordinación con la Dirección Xeral de Conservación de la Naturaleza de la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia, con el objeto de evitar la ejecución de las acciones más
impactantes durante el período de cría y nidificación de la avifauna y la época de freza de las especies de fauna más importantes existentes en el ámbito de actuación.'
'La eliminación de obstáculos en los cauces deberá contar con informe favorable de la Dirección Xeral de Conservación da Natureza de la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia. Asimismo, se deberán instalar mallas antiturbidez o
barreras de sedimentación que prevengan el arrastre de sedimentos a los cauces, y que eviten el riesgo de vertidos a los mismos.'
A pesar de estas advertencias medioambientales, en diciembre de 2013 se inicia la ejecución de las obras correspondientes a la primera fase del proyecto, sin cumplirse ninguna de las condiciones.
Las actuaciones están provocando movimientos de tierra en las riberas del río Sarria, y a pesar de coincidir con los fuertes temporales que han arrastrado tierras al río, no se han instalado balsas de decantación, ni mallas antiturbidez ni
barreras de sedimentación.
La gota que colmó el vaso, por decirlo de manera gráfica, fue la intención de talar los árboles situados en la ribera. Es lo que llevó a constituir un auténtico movimiento ciudadano en contra de lo que puede calificarse ya como un atentado
ecológico.
La actual fase del proyecto en marcha tiene un coste de 6.700.000 euros que, según datos de la Confederación Hidrográfica, se financia en un 800/0 con Fondos Feder y en un 20% por Augas de Galicia.
Todos los hechos descritos en esta iniciativa parlamentaria fueron objeto de una denuncia ante el Ayuntamiento de Sarria por parte de vecinos y vecinas del municipio. De igual manera, denunciaron los hechos al Servicio de Protección de la
Naturaleza de la Guardia Civil.
Cabe señalar que estas actuaciones son ineficaces para lo que se pretende, que es minimizar el riesgo de inundación del núcleo urbano de Sarria. Las inundaciones continuarán sucediéndose.
Antes de dedicar cuantiosos fondos europeos a una actuación muy cuestionada, muy contestada por la sociedad de Sarria y que supone un atentado ecológico, sería deseable que la Confederación Hidrográfica estudiase con detenimiento el impacto
del proyecto, y su vulneración de normas comunitarias e incluso estatales, procediendo a realizar un nuevo estudio de evaluación ambiental ajustado a las leyes en materia medioambiental.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente-Confederación Hidrográfica del Miño-Sil a:
- Realizar las gestiones oportunas para paralizar las obras del ''Proyecto de Ordenación de márgenes de los ríos Sarria y Celeiro en el término municipal de Sarria (Lugo)'' por el grave impacto ambiental que están provocando y por no adoptar
las condiciones adicionales recomendadas en su día por el Ministerio de Medio Ambiente.
- Proceder a la realización del Estudio de Impacto Ambiental partiendo del debido respeto a las normativas comunitarias y estatales en materia de medio ambiente.
- Adoptar las medidas necesarias para proteger tanto la riqueza faunística como la vegetación dé ribera y la masa arbórea situada en los márgenes del río Sarria a su paso por dicha localidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2014.-Rosana Pérez Fernández, Diputada.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002575
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la financiación en el Marco
de Acción Prioritario para la Red Natura 2000 en España, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
En el año 2012 se cumplía el 20 aniversario de la aprobación de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, conocida como Directiva de
Hábitats. Trascurrido este tiempo, la Comisión Europea entendía que era necesario revisar los mecanismos de actuación de la Red Natura 2000, especialmente en cuanto a la creación, mantenimiento y restauración de los espacios de la Red.
Uno de los aspectos más conflictivos, desde la creación de la Red Natura 2000, han sido los mecanismos para su financiación. La principal responsabilidad de la financiación de Natura 2000 recae en los Estados miembros, pero la Directiva
reconoce explícitamente la necesidad de apoyo de la UE para la gestión de los sitios, parajes a través de la cofinanciación por los instrumentos financieros comunitarios. La contribución financiera comunitaria global a la Red representa menos de un
20% del coste anual necesario para su conservación, lo que supone un problema a la hora de afrontar su adecuada gestión.
La Directiva Hábitats prevé la necesidad de desarrollar enfoques estratégicos nacionales, especialmente en lo relacionado con la financiación de actuaciones en la Red. De esta forma, el artículo 8 de la Directiva, requiere de los Estados
Miembros la presentación de las estimaciones de lo que consideren necesario en relación con la cofinanciación comunitaria, para establecer un marco de acción prioritaria de las medidas que deban adoptarse.
Para la elaboración de las propuestas, la Comisión permitía utilizar los recursos del Programa LIFE+, aprobándose ocho proyectos LIFE+ relacionados con Programas de gestión y restauración de Red Natura 2000 en diferentes países y regiones
europeas.
El documento estratégico 'Marco de Acción Prioritaria para la financiación de la Red Natura 2000 en España' fue aprobado por la Conferencia Sectorial, tras contar con la participación de todas las administraciones autonómicas. El pasado 14
de marzo de 2013, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente presentaba el documento para el periodo de financiación 2014-2020, realizado a través de un proyecto LIFE+.
El proyecto, identificado como LIFE11NAT/ES/700 y coordinado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio, se enmarca dentro del objetivo promovido por la Comisión para mejorar la capacidad de financiación y gestión de la Red Natura 2000 en
España, mediante la identificación de las prioridades
estratégicas de conservación de Natura 2000 en España, las acciones específicas necesarias para alcanzarlas y sus fuentes potenciales de cofinanciación, con cargo a los distintos fondos comunitarios.
El proyecto se desarrolla en varias fases. En la primera se ha priorizado la recopilación de información técnica con la colaboración de todas Comunidades Autónomas, coordinadas por el Ministerio. El resultado ha sido un documento con la
estructura y contenido acordado previamente con la Comisión Europea. En la segunda fase del proyecto se mejorará a través de un proceso de participación pública.
En el documento inicial podríamos diferenciar dos apartados: el inicial con un diagnóstico sobre la Red Natura en España, estado de conservación, disposiciones legales y administrativas, el uso de instrumentos financieros y una estimación
actual de las necesidades de financiación; y, el apartado final, sobre la identificación de medidas y prioridades de gestión para el periodo 2014-2020.
Este documento ha sido enviado a la Comisión Europea y en él se incluyen más de 100 prioridades estratégicas de conservación y financiación y más de 850 medidas, que deberían centrar los objetivos. Sin embargo, hay un dato del diagnóstico
que llama la atención: los principales obstáculos y dificultades identificados por la experiencia actual en el uso de los instrumentos de financieros de la UE, susceptibles de financiar a la Red Natura 2000.
Entre las dificultades, en todos los Fondos co-financiados que se han analizado (FEADER, FEDER, FSE y LIFE+) está la gran complejidad en su gestión administrativa. En cada caso se encuentran aspectos específicos de esa excesiva complejidad,
como el difícil mecanismo de concesión, la magnitud del tipo los proyectos objeto del Fondo, su encaje con la actuación de la Red, la falta de coordinación, o de mecanismos de control, etc. Estos pueden ser los motivos por los que la mayor parte de
los Fondos co-financiados de la Red Natura 2000 tienen un nivel de uso limitado.
Las actuaciones relacionadas con el Marco de Acción Prioritaria continúan y es especialmente necesario tener en cuenta la experiencia, para aprender de los errores del pasado y no repetirlos en el futuro.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar una serie de proyectos piloto de programación para la gestión de espacios de la Red Natura 2000, para demostrar la viabilidad del instrumento del Marco de Acción Prioritaria para la Red Natura 2000 en España.
2. Diseñar un sistema de aplicación de mecanismos financieros innovadores en la Red Natura 2000 que tenga en cuenta las prioridades de conservación y la gestión administrativa efectiva.
3. Comparar los obstáculos y dificultades del uso de los instrumentos financieros de la UE, con los encontrados en los Proyectos LIFE de otros países europeos.
4. Informar a las autoridades de la Comisión Europea del diagnóstico de las dificultades encontradas en los mecanismos de financiación ya existentes para el diseño de los nuevos Fondos..
5. Elaborar unas directrices técnicas para la ejecución de medidas clave y alcanzar las prioridades estratégicas que tengan en cuenta los condicionantes de la gestión de los Fondos.
6. Promover la especialización y profesionalización de gestores de fondos susceptibles de financiar actuaciones y proyectos en la Red Natura 2000.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002577
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la planificación
estratégica de la Red Española de Reservas de la Biosfera y de la participación en el Programa MaB, para su debate en la Comisión Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El Programa 'Persona y Biosfera', conocido con el acrónimo MaB por su denominación en inglés 'Man and Biosphere', es un Programa Científico Intergubernamental de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) que busca establecer una base científica con el fin de mejorar la relación global de las personas con su entorno.
Las Reservas de Biosfera son mucho más que simples áreas protegidas dado que son designadas, reconociendo sus valores naturales, para promover y demostrar una relación equilibrada entre las poblaciones y la naturaleza, y sirven de lugar de
experimentación de proyectos que liguen la conservación de la biodiversidad y el desarrollo socioeconómico para el bienestar de la humanidad.
El Programa MaB fue concebido sobre las recomendaciones de la Conferencia Intergubernamental de Expertos sobre las Bases Científicas de la Utilización Racional y la Conservación de los Recursos de la Biosfera, celebrada en septiembre de 1968
y tiene su origen en las experiencias acumuladas por el Programa Biológico Internacional. Dos año más tarde, en 1970, la Conferencia General de la UNESCO decide iniciar un programa intergubernamental e interdisciplinario a largo plazo sobre el
hombre y la biosfera. Durante sus más de cuarenta años de vigencia, se ha ido configurando una amplia Red Mundial de Reservas de Biosfera.
La incorporación de nuevos territorios a esta Red se hace de forma voluntaria, a petición de los países y territorios. Las propuestas deben incluir ciertos requisitos y ciertos compromisos que aseguren el cumplimiento de las funciones de
las Reservas de las Biosfera: hacer compatible la conservación con el desarrollo sostenible y cumplir sus funciones de Red.
Precisamente entre los principales asuntos tratados en la 25.a Sesión del Consejo Internacional de Coordinación del Programa MaB, que se celebró entre los días 27 y 30 de mayo de 2013, en la sede de UNESCO en París, destaca el inicio del
proceso de Evaluación del Plan de Acción Madrid (2008), realizando un balance de su implementación que servirá para definir una estrategia para el futuro del programa MAB y la Red Mundial de Reservas de la Biosfera para el periodo 2014-2021.
España se ha convertido en el país europeo con mayor número de Reservas de la Biosfera, y segundo en el mundo, por detrás de Estados Unidos, con la reciente inclusión de Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo (Galicia), Terres de l'Ebre
(Tarragona) y el Real Sitio de San Ildefonso-El Espinar (Segovia). La Red de Reservas de la Biosfera Españolas está integrada por cuarenta y cinco espacios, distribuidos en 15 de las 17 comunidades autónomas, con dos reservas de biosfera con
carácter transfronterizo.
Los hitos históricos, que marcan la estrategia desarrollada durante los últimos años por el Programa MaB, están íntimamente ligados con nuestro país, que ha asimilado a la perfección los objetivos de este Programa de Naciones Unidas. En
España es el Organismo Autónomo de Parques Nacionales el ente tutelar de la aplicación en España del Programa MaB de la UNESCO y de la coordinación de la Red de Reservas de Biosfera.
A nivel de planificación nacional, la Estrategia de Lanzarote de 2006, se elaboró con una perspectiva de aplicación de diez años, contemplando que al cabo de este tiempo era previsible un nuevo planteamiento estratégico. Su aplicación
práctica se concretaría en Planes de Acción para la Red Española de Reservas de Biosfera para períodos de tres años. El primero fue el Plan de Acción de Lanzarote (2007-2009). El segundo, conocido corno Plan de Acción de Montseny (2009-2013) fue
elaborado y basado en el Plan de Acción de Madrid (2008) de la Red Mundial de Reservas de Biosfera, está finalizando su periodo de vigencia.
En consecuencia, se está produciendo un solapamiento entre el proceso de planificación estratégica del Programa MaB a nivel mundial y nacional, que debe ser afrontado de una forma coordinada.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar y coordinar un nuevo Plan de Acción de la Red Española de Reservas de la Biosfera para el próximo trienio, que recoja las prioridades de actuación y el desarrollo de actividades relacionadas con ellas.
2. Colaborar activamente con el Consejo Internacional de Coordinación del Programa MaB (Man and Biosphere) en el balance de la implementación del Plan de Acción de Madrid y en la futura estrategia del programa MAB y la Red Mundial de
Reservas de la Biosfera para el periodo 2014-2021.
3. Impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, las Administraciones Locales y todos los organismos y entidades implicadas, la elaboración de una nueva Estrategia de la Red Española de Reservas de la Biosfera, que contemple los
objetivos y avances de la planificación estratégica internacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002583
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la primera venta de los
productos pesqueros, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
El conjunto de normas que dispone el ordenamiento jurídico español para la primera venta de los productos pesqueros es amplia y en muchos casos no es de aplicación práctica en la actualidad.
Tanto el actual reglamento de explotación sostenible de recursos acuáticos vivos (Reglamento 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002) como la propuesta de reglamento sobre la reforma de la política pesquera común en fase de debate
en las instancias comunitarias, incorporan que la sostenibilidad de los recursos pesqueros ha de venir apoyada con la Organización Común de los Mercados de la pesca.
El éxito de aplicación de la política pesquera comunitaria, en parte, dependerá de la aplicación de un régimen eficaz de control en todos los aspectos de la misma. El control de la primera venta de los productos pesqueros es fundamental,
debiendo reforzarse en los términos establecidos en la normativa comunitaria, particularmente los Reglamentos (CE) n.º 1224/2009 y 1005/2008 del Consejo.
El Reglamento (CE) 1224/2009 que establece el régimen de control, fija la obligación de controlar la comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura desde su primera venta hasta el consumidor final, incluido el transporte.
El Reglamento (CE) 1005/2008 por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, regula el acceso, el desembarque y el transbordo de productos pesqueros a
puertos comunitarios de buques pesqueros de terceros países antes de entrar en la UE, estableciendo la obligación de presentar un certificado de capturas como requisito previo a la introducción en territorio comunitario de los productos pesqueros;
asimismo establece que hay que disponer de la documentación requerida para el tránsito, el transporte y la transformación de productos pesqueros, en un Estado distinto del de abanderamiento. Esta información debe ser recopilada a partir del
Documento Único Administrativo (DUA), el certificado de circulación de mercancías (EUR-1), o el certificado de captura, en su caso, por los Ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Hacienda y Administraciones Públicas y Economía y
Competitividad para evitar malas prácticas y la introducción de pescado de origen desconocido en la UE.
La regulación de la primera venta de los productos de la pesca capturados por buques de la UE de venta en el territorio nacional, así como los productos de la acuicultura y el marisqueo debe adecuarse a lo establecido por la normativa
comunitaria y legislación nacional. En particular se ha demostrado que el procedimiento de subasta para determinadas especies y tipos de pesca no es el más adecuado para obtener el mejor precio en origen, debiendo quedar su realización a voluntad
del interesado siempre que se realice en una lonja o establecimiento autorizado. En cualquier caso se debe garantizar que la nota de venta se emita para todas las producciones pesqueras.
Cuando son buques de otras nacionalidades los que realizan la primera venta, el desembarque, la recogida o el transporte de productos pesqueros en nuestros puertos, o son nuestros buques, los que realizan la primera venta en puertos de otro
Estado Miembro se requiere de una trasmisión electrónica simultanea de dicha información de las lonjas y establecimientos autorizados tanto a los órganos
competentes de las Comunidades Autónomas como a la Secretaría General de Pesca para así cumplir con los requerimientos de la Comisión Europea.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adecuar la normativa nacional de primera venta de los productos de la pesca fresca a lo regulado en la normativa comunitaria favoreciendo la obtención de mejores precios en origen mediante la
eliminación, en algunos casos, de la subasta obligatoria del pescado, y estableciendo los procedimientos electrónicos más adecuados para la transmisión de la información obligatoria exigida por la UE.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002595
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la investigación del SEPRONA sobre posibles irregularidades e ilegalidades en la manipulación de cadáveres de animales y la supuesta trasformación posterior en grasas y harinas destinadas a la cadena alimentaria. Debate en la Comisión de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
La aparición de fosas en el Val Miñor (Pontevedra), conteniendo cadáveres de animales domésticos que han sido eliminados de manera irregular o ilegal, llevó a la apertura de una investigación por parte del Servicio de Protección de la
Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) de Vigo.
La investigación acabó relacionando este enterramiento con otras actuaciones como el almacenamiento, transporte o eliminación de mascotas, animales abandonados, restos de mataderos, centros de equitación y otros que, también pueden ser
objeto de ilegalidad o irregularidad,y cuyo destino final parece ser la 'transformación posterior en grasas y harinas destinadas a la cadena alimentaria'.
De la investigación realizada en el informe del SEPRONA, atestado n.º 2012-1000749-00000035, se concluye que 'existen personas que actuando en connivencia realizan la retirada de subproductos y derivados en diferentes centros productores,
establecimientos de recogida de animales abandonados -perreras-, establecimientos veterinarios, clínicas veterinarias.
Establecimientos de práctica de equitación, centros para el fomento y cuidado de animales de compañía, mataderos, etc. Expidiendo correcta o incorrectamente Documentos Comerciales de Acompañamientos donde constan como destino, Plantas
autorizadas explotadas por estas mismas personas. Estos subproductos no constan como 'recepcionados en destino' -planta autorizada-, pero, sin embargo, los Documentos Comerciales de Acompañamiento 'dispone del sello del destino declarado en los
mismos.
Con lo cual, se posee el convencimientos de que si no todo, al menos una parte de estos subproductos Categoría 1, se les esté dando un destino diferente al establecido por la normativa vigente, con el consiguiente riesgo para la salud
pública y el medio ambiente, ya que preocupa que directa o indirectamente se pudiera producir un retorno a la cadena alimentaria.
En las mismas conclusiones de este atestado se indica que 'se estima que sea la Planta de Transformación de Categoría 3, donde son destinados estos subproductos para piensos y grasas para alimentación animal, con el consiguiente riesgo para
la salud pública, en cuanto a que estaría pasando a la cadena alimentaria...'.
Los subproductos a que hace referencia el informe /atestado que da lugar a la denuncia, son cadáveres de animales de todo tipo, especialmente mascotas domésticas, consideradas por la legislación europea y
estatal: 'Subproductos animales no destinados a consumo humano' (SANDACH) de Categoría 1, de alto riesgo para la salud.
Por otro lado, para la alimentación de animales destinados a consumo humano, así como mascotas y otro tipo de animales, solo se pueden emplear subproductos animales obtenidos de los animales sacrificados en mataderos aptos para consumo
humano. De manera que solo los restos de un matadero que garantiza las condiciones sanitarias podrán reingresar en la cadena alimentaria animal y por con siguiente humana. Estos restos son considerados SANDACH de Categoría 3.
La normativa europea en materia de legislación regula todos los aspectos relacionados con la cadena alimentaría: como sacrificar el ganado para consumo, que partes eliminar y de qué manera para evitar la trasmisión de encefalopatías
espongiformes, en qué condiciones se tienen que trasportar los restos, etc.
En la trama que destapa la investigación del SEPRONA se han imputado una serie de personas responsables del almacenamiento ilegal de materias de categoría 1, 10 de ellas en Galicia y una en Salamanca, esta última como responsable de una
planta de destrucción de materiales de categoría 1, (instrucción abierta en el Juzgado de Ponteareas-Pontevedra).
Dado que la investigación del SEPRONA ha motivado la correspondiente denuncia judicial, y entendemos que el Gobierno es conocedor de toda la información que pormenorizadamente se recoge en los correspondientes atestados del ente
medioambiental de la Guardia Civil, consideramos innecesario ahondar en detalles sobre un tema que debería obligar al Gobierno a una actuación urgente.
De manera reiterada, el SEPRONA ha avisado del riesgo inminente y grave para la salud de estos hechos. Sin embargo, y a pesar del tiempo transcurrido, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, no ha intervenido porque
considera que el destino de estos productos es la elaboración de piensos.
Dado el conocimiento que tenemos del caso, dichas manifestaciones no se basan en actuaciones de esta entidad destinada a conocer la trazabilidad de estos productos, antes y después de su trasformación. Una trazabilidad que, sin embargo,
atendiendo a la investigación del SEPRONA puede conducir a la conclusión que SANDACH de Categoría 1 son utilizados para la producción de piensos para alimento de ganado destinado a consumo humano.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Ante los datos aportados por el SEPRONA de Vigo-Pontevedra en diferentes atestados (n.º 2012-1000749-00000035), correspondientes a la investigación sobre irregularidades en la manipulación y usos de animales muertos, y su posible utilización
en productos destinados a alimentos de animales dentro de la cadena alimentaria humana a, proceder a:
- Realizar, a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición u otros organismos, las investigaciones precisas para conocer la trazabilidad de los productos objetos de la investigación del SEPRONA, con el objeto de
garantizar que los productos transformados que contenga SANDACH Categoría 1 u otros elementos peligros para la salud pública, no lleguen a la cadena alimentaria.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2014.-M.a Olaia Fernández Davila, Diputada.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002566
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
implantación del ajedrez en espacios sociosanitarios, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
El ajedrez desde su aparición hace ya varios siglos ha sido denominado como juego, como deporte, como filosofía, como arte e incluso como ciencia. Probablemente todas ellas son ciertas de manera conjunta y ninguna lo es por si sola. Porque
acotar una disciplina tan fascinante y rica en matices y posibilidades en una sola de ellas, significa cerrar el paso a todas esas otras que también definen su esencia.
La facilidad que supone poder disponer de un tablero y las correspondientes piezas, le otorgan una accesibilidad a todo tipo de personas independientemente de su situación socioeconómica. Es, por tanto, una actividad que puede practicarse
en cualquier sitio y cuyo coste es muy bajo. A su vez, puede ser practicado desde muy temprana edad, contribuyendo en consecuencia a la cohesión social, la integración, la lucha contra la discriminación y e incluso contra diferentes adicciones.
Diferentes estudios han acreditado que la práctica del ajedrez comporta beneficios de muy distinta índole. Al margen de los educativos, desde el punto de vista sanitario un estudio del doctor Robert Freidland publicado en 'The New England
Journal of Medicine' aseguraba que los mayores de 75 años que habían practicado actividades como el ajedrez estaban mucho mejor preparados para luchar contra el alzhéimer, la demencia y otras enfermedades mentales.
Por otra parte, también se ha acreditado que el ajedrez ejercita los dos hemisferios cerebrales, mejora la creatividad, potencia la memoria, ayuda a la resolución de problemas o incrementa la capacidad lectora.
Por ese motivo, su introducción en distintos ámbitos sociales de nuestra comunidad puede reportar los beneficios aludidos a personas en riesgo de disminución de sus capacidades intelectivas. Ciudadanos de edad avanzada o con dependencias de
algún tipo pueden mejorar sus capacidades en los ámbitos aludidos con su práctica.
Pero el ajedrez tiene también connotaciones de integración y cohesión social, al ser una actividad con carácter universal y por su fácil accesibilidad. Su implantación en centros de acogida, socioeducativos, asociaciones vecinales o
instituciones penitenciarias puede contribuir enormemente a ello.
En España el ajedrez es una disciplina que tiene arraigo desde mucho tiempo atrás en la Historia. Se considera que fue introducido en un estado primigenio por los árabes en el siglo IX en la península, habiéndole dedicado el propio Alfonso
X el famoso manuscrito 'El libro de los juegos', siendo no pocos quienes consideran que el ajedrez moderno se desarrolló en nuestro país.
Entre los ilustres ajedrecistas españoles se encuentran nombres como los de Ruy López de Segura, Francisco Vallejo, Miguel Illescas, Arturo Pomar, Alexei Shirov, Mónica Calzetta o Iván Salgado.
Sin embargo, la promoción de este deporte por parte de la Administración pública no ha tenido la dimensión real que su potencial requiere. Hoy en día, la práctica del ajedrez se desarrolla principalmente en clubes privados, Internet o los
hogares domésticos siendo el fomento de los poderes públicos más bien testimonial y sin coordinación alguna. Las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Extremadura, Galicia y Cantabria han llevado a cabo programas para la promoción del ajedrez
pero sin que haya relación entre los mismos.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con las Comunidades Autónomas y entidades locales, en el marco de sus competencias a:
1. Comprometerse con la implantación y desarrollo del programa 'Ajedrez y salud' para la enseñanza del ajedrez en centros y residencias de la tercera edad, así como centros para personas en situación de dependencia.
2. Comprometerse con la implantación y desarrollo del programa 'Ajedrez social' para la enseñanza del ajedrez en centros penitenciarios, centros socioeducativos, centros de acogida, asociaciones vecinales y centros de acogida temporal de
inmigrantes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2014.-Pablo Martín Peré, Guillem García Gasulla, Sofía Hernanz Costa y Rosa Aguilar Rivero, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002573
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada doña M.ª Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a
la necesidad de poseer el título oficial de Psicología General Sanitaria para acceder a la formación especializada de Psicología Clínica. Debate en Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
El 10 de marzo de 2005, la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud aprobó un documento de su entonces Comisión Técnica de Formación Especializada en el que se analizaba en profundidad la situación de la psicología en el
sector sanitario como consecuencia de la reivindicación, liderada fundamentalmente por la Organización Colegial de Psicólogos y por las facultades de psicología, relativa a la modificación de la LOPS a fin de incorporar en la misma a los licenciados
en psicología como profesión sanitaria titulada y regulada.
Una de las conclusiones más importantes de este informe está en el posicionamiento común de todas las administraciones sanitarias sobre la no consideración de la psicología como profesión sanitaria titulada y regulada, por estimar que su
carácter polivalente determinaba un escaso peso de las materias clínicas en los planes de estudio de psicología, sin perjuicio de poder reconsiderar esta posición en el marco de las modificaciones que previsiblemente se iban a introducir en dichos
estudios como consecuencia de la incorporación al Espacio Europeo de Enseñanza Superior .
Esta conclusión fue ratificada posteriormente por el Consejo Asesor de Sanidad mediante informe de 22 de diciembre de 2005, así como por la Comisión Nacional de la Especialidad y también era razonada por las asociaciones científicas y/o
profesionales más representativas del sector como son la AEPCP (Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología), la AEN (Asociación Española de Neuropsiquiatría), ANPIR (Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes), y Mesa
Galega da Psicoloxía Clínica.
El título de grado en psicología implantado en diversas facultades como consecuencia de las previsiones contenidas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 .de octubre, que establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, no ha
modificado el panorama antes descrito ya que no solo se ha seguido manteniendo el carácter polivalente y generalista al que antes se ha hecho referencia, sirio que además, al reducirse la duración del grado con respecto a la licenciatura (de 5 a 4
años equivalente a 240 créditos ECTS), dicho título de grado tiene un número todavía más reducido de créditos vinculados con la atención a la salud.
El reconocimiento de que no toda la psicología podía ser considerada sanitaria también fue asumido por el Colegio Oficial y la Conferencia de Decanos una vez que se reguló el ejercicio no especializado generalista del psicólogo sanitario y
se definió, en el marco de la reforma de los estudios universitarios, una vía para su capacitación (es el Máster en Psicología Sanitaria que da origen a un profesional sanitario generalista que es el Psicólogo General Sanitario-PGS).
Por tanto, se reconocen dos niveles de formación relacionados con la psicología de la salud:
- El primer nivel, estaría integrado por el título de grado en psicología (que no capacita ni habilita para el ejercicio sanitario de la profesión) más el Master profesional antes citado (es decir 6 años de formación) que serían necesarios
para ejercer la psicología general en el ámbito de la salud, lo que permitiría la intervención de estos nuevos profesionales sanitarios en aspectos del comportamiento humano y sus alteraciones relacionadas con la salud, siempre que no requieran una
atención especializada.
- El segundo nivel, estaría integrado por los psicólogos especialistas en psicología clínica cuya formación actual es de cuatro años. Este segundo nivel se correspondería con el más avanzado que existe en los países de nuestro entorno
cultural como Reino Unido, Italia, Alemania, Suecia, EE.UU, Canadá, y en varios países de Iberoamérica, en los que la formación total para el ejercicio de la psicología clínica supera ampliamente los ocho años totales de formación.
- La insuficiente formación sanitaria obtenida por el graduado en psicología se encuentra en la base de su no habilitación como profesional sanitario, sin embargo, si accede al sistema PIR con la actual
regulación deberá asumir responsabilidades asistenciales sanitarias, creándose de hecho una situación absurda (no puede ejercer como sanitario, pero deberá hacerlo como Residente de formación especializada y progresivamente con mayor grado
de autonomía hasta alcanzar el carácter de sanitario al finalizar el PIR, al menos cuatro años después de comenzarlo). Ello encierra incertidumbres legales, además de suponer un riesgo para la calidad asistencial de su actuación como consecuencia
de su débil formación previa (Grado).
- En síntesis: se ha alcanzado un desarrollo legal que ha permitido reconocer el ejercicio generalista en psicología sanitaria, pero permanece pendiente la regulación coherente para acceder a la formación especializada en Psicología
Clínica. En el colectivo profesional y académico de la psicología existe unanimidad al proponer el acceso al PIR desde la condición de psicólogo general sanitario (es decir, con el máster en psicología sanitaria realizado). Siguen produciéndose
propuestas en este sentido por parte de los órganos asesores de la Administración sanitaria, y se están creando tensiones por la lentitud en la resolución de esta cuestión.
La Comisión Nacional de la especialidad, la Organización Colegial de Psicólogos, las asociaciones del sector y la Conferencia de Decanos de Facultades de psicología, consideran que el Máster universitario del primer nivel debería ser
necesario para acceder a la formación de especialistas en psicología clínica, con lo que la duración total de estos estudios sería, por tanto, de 10 años (cuatro del grado + dos del Master + cuatro de la especialidad). Las organizaciones citadas
consideran que dicho planteamiento es una consecuencia lógica de la formación básica del grado, de la generalista sanitaria del máster y de la especializada del PIR, y se correspondería con un carácter secuencia! y sucesivo de los tres niveles de
formación a los que se ha hecho referencia, que reflejan una jerarquización de los mismos.
Recientemente, en octubre de 2013, en el 'Libro Blanco sobre los Recursos Humanos del sistema sanitario' encomendado por acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad a la Universidad Rey Juan Carlos en colaboración con el Consejo Asesor de Sanidad se recomienda en relación a la psicología en el ámbito sanitario especializado lo siguiente:
'Es evidente, de otra parte, que se debería exigir el título que habilita como psicólogo general sanitario para poder acceder a la especialización en psicología clínica' (pág. 78).
El ejercicio de la psicología en el ámbito de la salud requiere la acción de las administraciones sanitarias y educativas, y ha de atenderse para ello a la configuración de los nuevos estudios universitarios de grado y post-grado, la
formación del psicólogo básico en los países de nuestro entorno tomando en consideración el diploma europeo de psicología, y al papel de los psicólogos especialistas en psicología clínica como profesional específicamente responsable de proporcionar
las prestaciones referidas a los aspectos clínicos de la psicología que se encuentren incluidas en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, conforme se encuentra regulado en la disposición adicional sexta.4 de la Ley 5/2011, de
Economía Social ('BOE' de 30-3-11), y la disposición adicional séptima.4 de la Ley 33/2011 General de Salud Pública ('BOE' de 5-10-11).
Si, como recoge la Ley General de Salud pública antes citada, la profesión de Psicólogo General Sanitario, se crea porque 'El título de Grado en Psicología (....) no habilita(rá), por sí mismo, para el ejercicio de la Psicología en el sector
sanitario...', no se puede entender, ni se justifica, que para el acceso a la Especialidad de Psicología Clínica, que representa un nivel mayor de complejidad, responsabilidad, diversidad de funciones profesionales y ámbitos en los que llevarlas a
cabo, no se requiera haber adquirido previamente los conocimientos, habilidades, competencias y habilitación legal necesarias para trabajar de forma responsable en el ámbito sanitario general de la Psicología, que proporciona la profesión de
Psicólogo General Sanitario.
Sostener el acceso a la formación especializada para psicólogos desde un Grado no sanitario, es incongruente con el modelo formativo actual que rige para los especialistas sanitarios que tienen responsabilidades asistenciales directas y
unipersonales (es decir, que toman decisiones sobre la salud de las personas). Debe aplicarse para la Psicología sanitaria el mismo criterio que se aplica para Medicina y Enfermería, y no deben introducirse excepciones que distorsionen la lógica
interna de los contenidos del modelo formativo actual de especialistas que rige en España.
Además comienzan a plantearse en el sector profesional iniciativas expresivas de malestar por la lentitud de la Administración en resolver esta cuestión a pesar de las promesas expresadas por los dos últimos Directores Generales de
Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Desarrollar las medidas legislativas necesarias destinadas a garantizar que:
- La posesión del título oficial de Psicólogo General Sanitario sea requisito necesario para acceder a la formación especializada en Psicología Clínica mediante el sistema de residencia, según la Orden SAS/1620/2009, de 2 de junio, por la
que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Psicología Clínica.
- En consecuencia, proceder a la modificación del Anexo 1.3 del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero ('BOE' de 21 de febrero), por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados
aspectos del sistema de formación sanitaria especializada, en los siguientes términos: 'Anexo 1-3, Especialidades de psicología para cuyo acceso se exige estar en posesión del título oficial de Psicólogo/a General Sanitario: Psicología Clínica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-M.a Olaia Fernández Davila, Diputada.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002578
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al Centro de Referencia
Estatal para personas con graves discapacidades Neurológicas de Langreo (Asturias), para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
Los Centros de Referencia Estatal (CRE) son dispositivos creados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales -INSERSO, adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad- con la finalidad de promover la innovación y la
mejora de la calidad de los recursos dirigidos a la atención a la dependencia en las Comunidades Autónomas.
Los CRE están integrados en la red de servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y actúan como instrumentos de la Administración General del Estado para favorecer la colaboración y la participación de las
Administraciones Públicas a fin de optimizar todos los recursos públicos y privados disponibles en los ámbitos de acción previstos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia.
Los CRE pueden estar especializados en la gestión del conocimiento a efectos de la promoción, el desarrollo y la difusión de datos. Pueden ser también centros de alta especialización en la prestación de programas de prevención y de atención
directa, con el objeto de desarrollar experiencias innovadoras o buenas prácticas en la implantación y mejora de los servicios de atención a personas mayores y/o con discapacidad en situación o en riesgo de dependencia.
Junto con los CRE que ya están en funcionamiento -Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral, Centro de Referencia Estatal para la Atención a Personas con
grave Discapacidad y Dependencia, Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias, y Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras- hay otros CRE en construcción, como el
centrado en las personas con graves discapacidades neurológicas ubicado en Langreo (Asturias).
El citado CRE, dirigido a la promoción de la autonomía personal y la prevención de las situaciones de dependencia de personas con discapacidades de origen neurológico, contempla como prioritarios a los pacientes que presenten lesiones
medulares, daño cerebral sobrevenido y esclerosis lateral amiotrófica.
El objetivo es que, una vez concluya su construcción, el CRE de Langreo cuente con servicios dirigidos al fomento y el desarrollo de estudios e investigaciones, a la formación especializada y a la difusión de información y conocimiento.
Además, ofrecerá atención especializada a los pacientes, así como a sus familias y a los cuidadores, y promoverá programas de autonomía personal y prevención de la dependencia.
El proyecto de las obras de construcción del CRE de Langreo fue aprobado por la Dirección General del Imserso en diciembre de 2008 y formalizado en noviembre de 2009 con una previsión de finalización de la obra en noviembre de 2011.
No obstante, la ejecución de la obra ha requerido modificaciones y un proyecto de obras complementarias cuya finalización, prevista para septiembre de 2012, no pudo ser posible por la insolvencia del contratista de la obra en cuestión. En
octubre de 2012 el lNSERSO se hace cargo de la custodia y la vigilancia de la obra para salvaguardar el interés público de la misma, y una vez resuelto y liquidado el contrato de obras, en mayo de 2013, se procedió a dar continuidad a la
construcción de las instalaciones, que en noviembre de 2013 estaban avanzadas hasta el punto de que el edificio principal estaba prácticamente concluido.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta el Acuerdo Marco de Colaboración suscrito por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Langreo en septiembre 2007, así como la prórroga del
mismo en diciembre de 2011 hasta diciembre de 2013,
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar, en coordinación con el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Langreo, a través del órgano de participación existente, la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco, un plan de
gestión para el Centro de Referencia Estatal para personas con graves discapacidades Neurológicas con el que hacer realidad su puesta en funcionamiento, así como el cumplimiento de sus funciones en formación especializada, difusión de información y
conocimiento, y asistencia a personas que presenten lesiones medulares, daño cerebral sobrevenido y esclerosis lateral amiotrófica.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002589
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la actualización de la
Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
Las enfermedades mentales son un problema de salud pública de primer orden, con una gran repercusión sobre la morbi-mortalidad de los ciudadanos, la calidad de vida de los pacientes y sus familiares, y el uso de los recursos disponibles en
el Sistema Nacional de Salud (SNS).
Según el Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (Cibersam), adscrito al Instituto de Salud Carlos III y, en consecuencia, a la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, y al Ministerio de Economía y
Competitividad, los trastornos mentales suponen la causa más frecuente de enfermedad en la Unión Europea, por delante incluso de las enfermedades cardiovasculares y del cáncer. Además, su impacto en la calidad de vida de los ciudadanos es superior
al generado por enfermedades crónicas como la diabetes, la artritis o las patologías respiratorias.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 450 millones de personas padecen algún tipo de enfermedad mental. Además, un tercio de los años vividos con discapacidad pueden atribuirse a trastornos neuropsiquiátricos, las
enfermedades mentales suponen el 40 por ciento de las patologías crónicas, y se espera que en 2020 la depresión sea la principal causa de enfermedad en el mundo desarrollado.
En el ámbito nacional, el Estudio Europeo de la Epidemiología de los Trastornos Mentales establece que el 19,5 por ciento de los españoles han padecido algún trastorno mental en su vida. En el mismo sentido, y según él Cibersam, el 9 por
ciento de la población española padece actualmente algún tipo de trastorno relacionado con la salud mental, y entre el 19 y el 26 por ciento lo padecerá a lo largo de su existencia.
Se estima que las enfermedades mentales consumen hasta el 20 por ciento del gasto sanitario en los países desarrollados, una proporción que, según las previsiones, evolucionará al alza en los próximos años. En España, las enfermedades
mentales representan en torno al 5 por ciento del coste sanitario, lo que se suma al hecho de que son la segunda causa de baja laboral por incapacidad temporal y permanente en nuestro país. En este contexto, el Ministerio de Sanidad asumió a
finales de 2004 el compromiso de elaborar una estrategia nacional con la que coordinar el desarrollo de planes y programas de promoción de la salud mental, prevención de patologías mentales y mejora de los medios de diagnóstico, tratamiento,
investigación y rehabilitación, así como ofrecer una asistencia integral y continuada.
Fruto del trabajo desarrollado por la Agencia de Calidad del SNS en coordinación con las asociaciones de profesionales sanitarios y de afectados, y partiendo de la Declaración y del Plan de Acción de Helsinki en Salud Mental (auspiciados por
la Oficina Regional Europea de la OMS y suscritos por España en 2005), el Consejo Interterritorial del SNS aprobó la Estrategia en Salud Mental del SNS por unanimidad en diciembre de 2006.
Dos años después, el Comité de Seguimiento y Evaluación de la estrategia valoró el grado de cumplimiento por parte de las Comunidades Autónomas, planteando la necesidad de que las propias autonomías aunasen y unificasen esfuerzos e
intervenciones, así como sus sistemas de información para mejorar la evaluación de la estrategia, especialmente en lo relacionado con la morbilidad atendida, los recursos humanos, los datos sobre farmacia y los dispositivos de salud mental
existentes.
Partiendo de la citada evaluación, cuyo informe fue aprobado por el Consejo Interterritorial celebrado en octubre de 2009, se planteó una actualización de la estrategia con cinco líneas estratégicas (Promoción de la salud mental, prevención
de la enfermedad mental y erradicación del estigma asociado a las personas con trastorno mental; Atención a los trastornos mentales; Coordinación institucional e interinstitucional; Formación del personal sanitario, e Investigación en Salud
Mental) y nueve objetivos generales a desarrollar hasta 2013.
En consecuencia, partiendo de lo establecido en fa Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, y teniendo en cuenta acciones emprendidas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad en el ámbito de la salud mental desde el comienzo de la X Legislatura, como las medidas en la materia contempladas en el Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia 2013-2016, así como las buenas prácticas y las experiencias de éxito de
las Comunidades Autónomas,
El Grupo Parlamentario Popular en el congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a actualizar la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud partiendo de la evaluación del cumplimiento de la propia estrategia entre 2009 y 2013, así como a diseñar y desarrollar,
en coordinación con las Comunidades Autónomas, los colegios profesionales, las sociedades científicas y las asociaciones de afectados, las medidas necesarias para promover un abordaje sociosanitario integral de las patologías mentales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo
161/002570
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la prohibición de inversiones financieras especulativas sobre
bienes alimentarios de primera necesidad en países en vías de desarrollo, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional.
La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en su sesión del día 25 de abril de 2012 aprobó por unanimidad una enmienda transaccional a la Proposición no de Ley sobre inversiones financieras especulativas sobre bienes
alimentarios de primera necesidad en países en vías de desarrollo, presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural en los siguientes términos:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Apoyar, en el ámbito de sus competencias y en el marco de los organismos multilaterales de los que España es miembro, la búsqueda de una mejora en la regulación de las inversiones financieras sobre bienes alimentarios de primera
necesidad y promover, en el marco de la reforma de la Directiva sobre mercados financieros (2004/39/CE), la inclusión de mayor transparencia.
Impulsar que los contratos de derivados se efectúen en mercados regulados y se incluyan las medidas necesarias para evitar los movimientos de carácter exclusivamente especulativo.
2. Defender ante el G20, mediante la elaboración de una posición común de la Unión Europea al respecto, la necesidad de adoptar medidas efectivas que sirvan para abordar las causas de la volatilidad de precios de los alimentos y frenar su
especulación en el mercado de alimentos.'
Transcurridos dos años desde su aprobación, sin que el Gobierno haya presentado iniciativa alguna al respecto, la Unión Europea llegó el pasado 14 de enero de 2014 a un acuerdo para reformar la Directiva de Mercados de Instrumentos
Financieros (MiFID), que regula los servicios financieros en los mercados de la Unión, destinada a incrementar su seguridad y transparencia y a evitar la especulación con las materias primas.
La UE da, por fin, un paso adelante en la lucha contra la especulación alimentaria, a pesar de que los acuerdos contemplan que serán los estados quienes dicten las normas (no una normativa europea común) y establezcan límites en la
especulación con materias primas por parte de los inversores y sanciones por incumplimiento, con el evidente riesgo de legislaciones a la baja y límites demasiado condescendientes.
La campaña Banca Bajo Control, impulsada por VSF Justicia Alimentaria Global, lleva años reclamando límites a la especulación con alimentos básicos denunciando a algunas de las entidades financieras que ofertan fondos de inversión ligados al
precio de alimentos básicos. Estos fondos a través de acumular stocks de alimentos provocan que suba el precio de éstos y su rentabilidad, ello tiene un impacto directo en el número de personas que pueden adquirirlos y provoca una crisis del hambre
global.
Casi 2.000 millones de personas en el mundo (una de cada 3) utilizan más del 50% de sus ingresos para adquirir comida. En los países o regiones o clases sociales más pobres de cada región, entre el 60-80% de los ingresos se destinan a la
alimentación. Los efectos de la subida de los precios alimentarios ahí son devastadores, desde el inicio de la crisis especulativa alimentaria 250 millones más de personas están en situación de hambre, ya son más de 1.000 millones, cifras y
porcentajes nunca vistos hasta ahora en la historia de la humanidad.
Existen ya entidades europeas que han retirado la comercialización de estos fondos de inversión ligados a alimentos básicos pero lamentablemente algunas de las situadas en el Estado Español continúan ofreciéndolos en su cartera de productos
sin atender su estrecha relación con el hambre en el mundo.
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que atendiendo al acuerdo de la UE para reformar la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID), reglamente en el ámbito de sus competencias para prohibir las inversiones
financieras especulativas sobre bienes alimentarios de primera necesidad y que promueva en el seno de la UE una clara posición contra estas prácticas que incluya una mayor transparencia, una limitación estricta de las posiciones especulativas y una
prohibición de las herramientas financieras claramente especulativas con los alimentos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002587
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre el impulso de la
participación española en el Año Europeo del Desarrollo (2015), para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo.
Exposición de motivos
2015 ha sido el año elegido por la Comisión Europea para incrementar la sensibilización de los ciudadanos europeos en materia de cooperación al desarrollo, emplazar este tema en el centro de la agenda internacional y acercarla a los
ciudadanos. Todo ello se pondrá en marcha a través del Año Europeo del Desarrollo.
En octubre de 2012 la encuesta Eurobarómetro reveló, junto con un significativo respaldo de los ciudadanos europeos a la ayuda a los países socios (85%), la existencia de un importante porcentaje de desconocimiento en cuanto al destino de la
ayuda, tanto de la UE (53%) como de la propia ayuda bilateral de su país (44%). También mostró una leve disminución del compromiso con el desarrollo. Ante estos datos se presentaba necesaria una mayor información y sensibilización de los
ciudadanos, que fomentase una conciencia y un sentimiento de responsabilidad hacia estas políticas y les permitiese conocer su capacidad de influir para cambiar las realidades y contribuir a una sostenibilidad global. El año europeo será una
oportunidad para movilizar a todos los agentes implicados a nivel europeo en torno a la cooperación al desarrollo y animar a todos los ciudadanos para que contribuyan a garantizar una sostenibilidad global y trabajar para el desarrollo, más allá de
la ayuda, en un mundo en el que todavía 1.300 millones de personas continúan viviendo en condiciones de extrema pobreza.
La UE proporciona ayuda a países en vías de desarrollo desde 1957; conjuntamente con sus Estados miembros es el mayor donante de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) del mundo, lo que totaliza más de la mitad del total de dicha Ayuda. Las
sinergias a las que se pueda llegar con la suma de esfuerzos de los estados miembros y sus instituciones podrían potenciar aún más el alcance de su cooperación. La participación española en los últimos años ha crecido, al compás del presupuesto y a
raíz de las negociaciones de las nuevas perspectivas financieras 2014-2020. Recientemente también se ha incrementado y fortalecido su participación en la gestión comunitaria en materia de desarrollo, a través de instrumentos como la programación
conjunta o la cooperación delegada. Esta modalidad de cooperación ha supuesto en los últimos dos años una transferencia de más de 129ME al presupuesto de la Agencia.
La iniciativa europea ha contado desde su propuesta inicial en 2011 con la participación del Comité Económico y Social, del Comité de las Regiones, de CONCORD y del Parlamento Europeo. El gobierno español ha participado y está participando
actualmente en su tramitación legislativa, con importantes contribuciones en los trabajos previos técnicos y en el debate del instrumento legislativo que le dará base.
Para España es una iniciativa muy interesante ya que podría reforzar la labor de sensibilización en relación con las políticas de cooperación al desarrollo. Constituye también una oportunidad para aprovechar sinergias y conseguir una mayor
proyección de los intereses españoles, favoreciendo la complementariedad y la eficacia de las acciones a través de la coordinación.
El aumento del apoyo y del compromiso de la ciudadanía española está además recogido en el IV Plan Director como uno de los objetivos clave de la cooperación, reconociendo la importancia de la coordinación de los diferentes agentes y el
papel de las Comunidades Autónomas, universidades, centros educativos, ONGs y sector privado. En el documento se define la necesidad de una ciudadanía informada responsable y comprometida para el cumplimiento de los resultados de desarrollo.
Por todo ello, el año 2015 es un año clave, en el que confluyen otros hechos fundamentales para la cooperación. El primero de ellos, y posiblemente el más importante, es el plazo para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) y la fecha en la que se pondrá en marcha un nuevo marco internacional de objetivos de desarrollo sostenible que guiarán las metas en la materia en los próximos años. Por otro lado, será un momento clave en la revisión de las
principales políticas europeas de desarrollo como la Agenda para el Cambio.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Participar activamente en la formulación de la política de cooperación al desarrollo a nivel europeo y velar por una rápida negociación y aprobación del proyecto relativo al Año Europeo del Desarrollo, que incluya en su definición las
prioridades e intereses de la cooperación española en coherencia con el IV Plan Director.
2. Defender que el proyecto del Año Europeo de Desarrollo apueste por un enfoque diferenciado para aquellos países, como España, que se hayan visto más afectados por los efectos de la crisis, con repercusión en la sensibilidad de sus
ciudadanos hacia estas materias.
3. Fomentar un enfoque abierto e integrador de la cooperación al desarrollo que dé cabida a la participación de socios estratégicos como la sociedad civil organizada, las agencias nacionales, las fundaciones internacionales o los países en
desarrollo y busque alianzas innovadoras con el sector privado u otros agentes, dando una especial relevancia a las asociaciones de jóvenes para aumentar la conciencia sobre su participación en el futuro, en el desarrollo del planeta y su
posibilidad de incidencia en un desarrollo global más justo.
4. Garantizar, a través del coordinador nacional del año europeo, una óptima adaptación al contexto nacional del proyecto, asegurando el alineamiento con las prioridades de la cooperación española y una buena coordinación entre las
iniciativas nacionales a los distintos niveles nacional, regional y local, que dé cabida a la cooperación descentralizada y permita aprovechar su valor añadido.
5. Estudiar la participación en este proyecto de programas nacionales de educación, que fomenten la solidaridad y la responsabilidad de los ciudadanos con la cooperación al desarrollo, a través de medios pedagógicos adecuados.
6. Velar por la inclusión de medidas de transparencia que garanticen una óptima asignación de recursos, incluyendo la supervisión y control de los proyectos y la presentación de resultados a través del sitio web correspondiente,
favoreciendo una mejor visibilidad de los proyectos y un enfoque hacia programas que generen resultados tangibles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión de Cultura
161/002590
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Mixto, a instancia del diputado Alfred Bosch i Pascual, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre
la suspensión de las conferencias del dictador Obiang organizadas por el Instituto Cervantes y por la UNED, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El Instituto Cervantes y la UNED han invitado al dictador guineano Teodoro Obiang Nguema a realizar sendas conferencias en Bruselas, con motivo de la Cumbre entre la UE y África.
Las conferencias, que al parecer han contado con el visto bueno de los máximos responsables de las instituciones en Madrid, suponen un respaldo implícito al dictador guineano precisamente en un momento en que se incrementan las críticas de
la Unión Europea. Un nuevo respaldo español al dictador, después de que la selección española jugara hace poco un partido amistoso con la selección guineana. Y un respaldo aún más grave si tenemos en cuenta que llega de la mano de las más
importantes instituciones educativas del Gobierno español en el exterior.
Precisamente en el documento preparado por Amnistía Internacional para el examen periódico universal, que realiza la ONU, sobre Guinea Ecuatorial, que tendrá lugar el próximo mes de mayo, se señala 'que la detención secreta en régimen de
incomunicación, la desaparición forzada, el confinamiento de opositores políticos a sus lugares de origen, así como el arresto y la detención arbitrarios de éstos y de sus familias, son prácticas que siguen imperando en el país'.
El Estado español no puede continuar legitimando la dictadura y permanente °violación de los derechos humanos de Teodoro Obiang.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Suspender las conferencias previstas del dictador Teodoro Obiang Nguema que han organizado el Instituto Cervantes y la Universidad Española de Educación a Distancia (UNED).
2. Solicitar al Instituto Cervantes y a la UNED que no inviten a personas que no respetan los derechos humanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Alfred Bosch i Pascual, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/002593
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la transmisión de la plena propiedad del primer libro impreso por
la zaragozana Juana Millán, publicado en 1537, y del manuscrito de mitad del siglo XIII, escrito en romance aragonés que contiene una parte del texto de los Fueros de Aragón, para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
La Biblioteca Nacional conserva en sus fondos patrimoniales documentos que forman parte del patrimonio bibliográfico, documental e histórico de Aragón.
Uno de los ejemplos más recientes, adquirido por la Biblioteca Nacional en agosto de 2013, ha sido el primer libro impreso por la zaragozana Juana Millán, publicado en 1537. Millán es también la segunda mujer que firma un producto de
imprenta en la Península y la primera que lo hace con su propio nombre. Según la propia Biblioteca Nacional, 'su adquisición es una significativa contribución al conocimiento de la historia del libro hispano en el siglo XVI y, más en concreto, del
papel desempeñado por las mujeres en el desarrollo de la imprenta en nuestro país'. Y, por supuesto, en Aragón.
La Biblioteca Nacional ha recibido también, como donación, un manuscrito de mediados del siglo XIII, escrito en romance aragonés, que contiene una parte del texto de los Fueros de Aragón aprobados en 1247 y que representa la copia más
antigua hasta ahora conocida de dicha obra.
Estos documentos, que forman parte del patrimonio bibliográfico, documental e histórico de Aragón deberían estar físicamente en Aragón y su propiedad en manos de las instituciones públicas aragonesas.
Por todo lo anterior, presentamos la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar todos los trámites necesarios para proceder a la transmisión de la plena propiedad al Gobierno de Aragón, del primer libro impreso por la zaragozana Juana Millán, publicado en 1537.
y del manuscrito de mitad del siglo XIII, escrito en aragonés que contiene una parte del texto de los Fueros de Aragón, aprobados en 1247, por constituir piezas fundamentales del patrimonio bibliográfico, documental e histórico de Aragón.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Chesús Yuste Cabello.-Portavoz del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
161/002572
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a facilitar el acceso a los programas de televisión a personas con
discapacidad auditiva, para su debate en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad.
En la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, se vienen a recoger una
serie de principios generales dirigidos a facilitar, entre otros, la accesibilidad universal de las personas con sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas a los distintos entornos, procesos, bienes, productos y servicios, con el objetivo de
que su vida pueda ser más segura, cómoda, autónoma y natural posible.
En su artículo 14 referente al aprendizaje, conocimiento y uso de las lenguas de signos españolas en los medios de comunicación social, telecomunicaciones y sociedad de la información, se recoge que los poderes públicos garantizarán las
medidas necesarias para que los medios de comunicación social, de conformidad con lo previsto en su regulación específica, sean accesibles a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas mediante la incorporación de las lenguas de
signos españolas. Así mismo indica que se establecerán las medidas necesarias para incentivar el acceso a las telecomunicaciones en lenguas de signos españolas.
En cuanto al artículo 23 referente al aprendizaje y conocimiento de los medios de apoyo a la comunicación oral en los medios de comunicación social, telecomunicaciones y sociedad de la información se vuelve a recoger que los poderes públicos
promoverán las medidas necesarias para que los medios de comunicación social de titularidad pública o con carácter de servicio público, de conformidad con lo previsto en su regulación específica sean accesibles a las personas sordas, con
discapacidad auditiva y sordociegas a través de medios de apoyo a la comunicación oral. También que se establecerán las medidas necesarias para incentivar el acceso a las telecomunicaciones a través de medios de apoyo a la comunicación oral y la
subtitulación.
Por último en la Disposición final cuarta Facultades de ejecución y desarrollo Se recoge que el Gobierno elaborará, específicamente, un reglamento que desarrolle la utilización de la lengua de signos española, así como los apoyos para
cualquier tipo de ayuda técnica que contribuya a la eliminación de las barreras de comunicación para la integración social de las personas sordas con discapacidad auditiva o sordociegas.
La realidad es que aún hoy en día, muchos ciudadanos y ciudadanas con deficiencias auditivas profundas no pueden seguir muchos programas o series de TV porque las cadenas de televisión en su
programación en directo o no tienen intérpretes de lenguaje de signos, o no subtitulan los contenidos y los que cuelgan en Internet o en sus aplicaciones de Smart TV una vez emitido el programa en cuestión tampoco contienen subtítulos. Todo
ello les origina grandes problemas al impedirles estar plenamente informados o seguir los mismos adecuadamente.
Este problema se podría solucionar fácilmente si las cadenas de televisión en su distintos programas utilizaran profesionales de la lengua de signos o bien subtitularan éstos una vez se han emitido para colgarlos posteriormente en Internet
ya tratados de esta forma. Sería una manera muy simple de facilitar y hacer más amena la vida a un buen número de personas. Un pequeño esfuerzo para reducir las barreras y mejorar la integración de ciudadanos y ciudadanas con esta discapacidad que
podrían acceder a otras oportunidades que brindan las nuevas tecnologías. RTVE ya ha comenzado a subtitular sus programas en Internet.
En ningún caso estimamos que ello debiera suponer unos esfuerzos extraordinarios para las cadenas de TV que incluso podrían ver mejorados sus impactos publicitarios.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para posibilitar a las personas con deficiencias auditivas profundas el acceso a los contenidos de los programas o series de TV de las distintas cadenas de
televisión, con el objetivo de facilitar y hacer más amena la vida a este grupo de ciudadanos que de esta forma verían reducidas las barreras y mejorada la posibilidad de integración en la sociedad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
161/002576
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el establecimiento de unas
condiciones básicas para la emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Exposición de motivos
La Constitución española en su artículo 49 reconoce la protección de las personas con discapacidad como un derecho social y un principio de solidaridad que ha de regir la actuación de los poderes públicos. En la actualidad y según los
últimos datos publicados por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial (2011) más de mil millones de personas en el mundo, el 15% de la población mundial viven con algún tipo de discapacidad reconocida.
En el ámbito interno, según los datos de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD2008) realizada por el Instituto Nacional de Estadística, el número total de personas residentes en hogares españoles
que declaran tener alguna discapacidad asciende a 3.847.900, lo que supone un 8,5% de la población. Con frecuencia muchas de estas personas se encuentran con obstáculos que afectan a su independencia personal, movilidad y comunicación, que impiden
que puedan llevar a cabo un gran número de actividades diarias con normalidad, lo que las sitúa en una clara situación de desventaja respecto del resto de la sociedad.
El Gobierno consciente de las dificultades que atraviesa el colectivo de las personas con discapacidad en España, está firmemente comprometido con la plena integración y participación social de este colectivo. Por ello, a través del Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, ha unificado en un solo texto toda la legislación existente hasta la actualidad sobre la materia para facilitar el conocimiento de la
normativa y de este modo a su cumplimiento.
Este Real Decreto Legislativo ha integrado en una sola norma las tres leyes más importantes que en materia de discapacidad se han aprobado en España como son la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad (LISMI), de 1982; la Ley
de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, de 2003, y la Ley por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de 2007. Con ello, pretende poner fin a la dispersión normativa, dotando de mayor seguridad jurídica, claridad y transparencia a la situación y al reconocimiento de los derechos de este
colectivo.
Sin embargo, pese a la buena disposición del Ejecutivo, todavía existen temas como la ordenación de las tarjetas de estacionamiento de los vehículos de las personas con discapacidad con movilidad reducida, que encuentran una gran dispersión
normativa. Esta materia, se regula a través de distintas leyes que otorgan la competencia sobre el régimen jurídico de este tipo de tarjetas tanto a las Comunidades Autónomas como a las corporaciones locales.
Esta dispersión competencia implica que las condiciones de acceso y de uso de las tarjetas de aparcamiento sean distintas en función del lugar de residencia de la persona con discapacidad, lo que provoca una doble discriminación hacia las
mismas, ya que por un lado se enfrentan a su especial condición personal y por otro a la diferenciación por razón del lugar de residencia.
Desde el Grupo Parlamentario Popular somos conscientes de que la plena integración de las personas con discapacidad es una asignatura pendiente. La falta de coordinación entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales
en el diseño de una política transversal, ha traído un reconocimiento desigual de los derechos de estas personas y sus familias, en función del territorio en el que viven, dándose la paradoja que con la tarjeta de estacionamiento para personas con
movilidad reducida expedida por un Ayuntamiento o Comunidad no sirva para otro lugar que a su vez emite la suya.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales, a establecer unas condiciones básicas y comunes para la emisión y uso de la
tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad con el fin de garantizar la igualdad y la seguridad jurídica de cualquier ciudadano con discapacidad en todo el territorio nacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comisión para el Estudio del Cambio Climático
161/002581
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el desarrollo de la Hoja de Ruta
para reducir emisiones de carbono en el sector transportes, para su debate en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático.
Exposición de motivos
De entre las políticas estructurales del Ministerio de Fomento, una de las que produce un mayor impacto sobre el ahorro energético, es el Plan de Impulso al Transporte Ferroviario de Mercancías. Baste decir que el coste energético de la
tonelada por kilómetro transportada es de hasta 3,10 veces inferior en el modo ferroviario que por carretera.
El desequilibrio modal que sufre el tráfico de mercancías en nuestro país, en el que la cuota de ferrocarril apenas alcanza un 4%, genera importantes costes externos (congestión viaria, seguridad,...), incluyendo un negativo impacto
ambiental, sobreconsumo energético y mayor dependencia de los combustibles fósiles, por el uso masivo del modo carretera, además de ocasionar pérdida de competitividad del tejido productivo español en un contexto de globalización económica
irreversible, en el que la importancia de los costes logísticos es crítica.
Consecuentemente, España está haciendo un esfuerzo para reducir en un 20% las emisiones de los sectores difusos en el año 2020. Para ello, la UE ha presentado un Hoja de Ruta para lograr un modelo de desarrollo económico que sea competitivo
en emisiones de carbono.
En particular, el Ministerio de Fomento, aprovechando las ventajas de sostenibilidad medioambiental y social del transporte ferroviario, se ha puesto en marcha el mencionado Plan Estratégico para el Impulso del Transporte Ferroviario de
Mercancías en España, cuyo objetivo primario es incrementar la cuota modal de este medio hasta un rango objetivo de entre el 8% y 10% (según escenarios) en 2020.
La política de transporte debe colaborar en la reducción efectiva de las emisiones de gases de efecto invernadero, en línea con los compromisos establecidos por la Unión Europea. De acuerdo con la decisión 406/2009/CE, y en fa hipótesis de
que el reparto del esfuerzo de reducción entre todos los sectores difusos (no afectados por el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión) se realice en igual proporción, corresponde a este sector reducir las emisiones de GEI en 2020
hasta el 10% menos de las existentes en 2005. Esta Decisión contempla un sistema de cumplimiento anual, a partir de 2013, con penalizaciones del 8% del exceso en caso de incumplimiento.
El transporte representa el nicho con mayor potencial de ahorros energéticos y de emisiones de CO2 evitables.
Es preciso, en definitiva, seguir impulsando el cambio en el actual modelo de transporte, que sirva de soporte al nuevo modelo productivo que perseguimos a medio y largo plazo.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir en la Hoja de Ruta que elabore en colaboración con el resto de Ministerios y CC.AA. objetivos específicos para minimizar las emisiones de los sectores difusos, tales como:
1. El fomento del transporte colectivo como alternativa al transporte privado.
2. Continuar y profundizar en la mejora del transporte de viajeros a través de la intermodalidad de las grandes terminales interurbanas, como aeropuertos y estaciones de la red de alta velocidad.
3. Mejorar el sistema de transporte de mercancías, impulsando una mayor presencia de los modos ambientalmente más favorables, como son el ferroviario y el marítimo.
4. La utilización de coches eléctricos dentro de los recintos aeroportuarios, así como, el empleo de energías renovables para minimizar el uso de energías convencionales.
5. La incorporación, por parte de las autoridades portuarias, en las condiciones de otorgamiento de las nuevas concesiones criterios de valoración que primen las buenas prácticas energéticas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo de 2014.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Interior
181/001752
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior
Diputada doña Rosa María Díez González
Texto:
¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Gobierno para contrarrestar la acción internacional de la izquierda abertzale para justificar y legitimar la historia de terror de la banda terrorista ETA y sus miembros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Rosa María Díez González, Diputada.
Comisión de Fomento
181/001720
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuál es el volumen de inversión ejecutada durante el ejercicio de 2013 en la provincia de Ourense con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo Seixalbo-Estación de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001721
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuál es el volumen de inversión ejecutada durante el ejercicio de 2013 en la provincia de Ourense con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo Taboadela-Seixalbo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001722
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuál es el volumen de inversión ejecutada durante el ejercicio de 2013 en la provincia de Ourense con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo Ponte Ambia-Taboadela?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001723
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuál es el volumen de inversión ejecutada durante el ejercicio de 2013 en la provincia de Ourense con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo Miamán-Ponte Ambía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001724
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuál es el volumen de inversión ejecutada durante el ejercicio de 2013 en la provincia de Ourense con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo Porto-Miamán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001725
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuál es el volumen de inversión ejecutada durante el ejercicio de 2013 en la provincia de Ourense con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo Túnel de Prado, vía izquierda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001726
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuál es el volumen de inversión ejecutada durante el ejercicio de 2013 en la provincia de Ourense con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo Prado-Porto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001727
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuál es el volumen de inversión ejecutada durante el ejercicio de 2013 en la provincia de Ourense con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo Cerdedelo-Prado, vía izquierda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001728
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuál es el volumen de inversión ejecutada durante el ejercicio de 2013 en la provincia de Ourense con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo Túnel de O Corno (Cerdedelo-Prado, vía derecha)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001729
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuál es el volumen de inversión ejecutada durante el ejercicio de 2013 en la provincia de Ourense con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo Portocamba-Cerdedelo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001730
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuál es el volumen de inversión ejecutada durante el ejercicio de 2013 en la provincia de Ourense con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo Campobecerros-Portocamba?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001731
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuál es el volumen de inversión ejecutada durante el ejercicio de 2013 en la provincia de Ourense con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo Vilariño-Campobecerros, vía izquierda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001732
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuál es el volumen de inversión ejecutada durante el ejercicio de 2013 en la provincia de Ourense con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo Vilariño-Campobecerros, vía derecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001733
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuál es el volumen de inversión ejecutada durante el ejercicio de 2013 en la provincia de Ourense con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo túnel de O Espiño, vía izquierda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001734
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuál es el volumen de inversión ejecutada durante el ejercicio de 2013 en la provincia de Ourense con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo túnel de O Espiño, vía derecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001735
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuál es el volumen de inversión ejecutada durante el ejercicio de 2013 en la provincia de Ourense con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo túnel de O Cañizo, vía izquierda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001736
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuál es el volumen de inversión ejecutada durante el ejercicio de 2013 en la provincia de Ourense con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo túnel de O Cañizo, vía derecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001737
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuál es el volumen de inversión ejecutada durante el ejercicio de 2013 en la provincia de Ourense con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo túnel de A Canda-Vilavella?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001738
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuál es el volumen de inversión ejecutada durante el ejercicio de 2013 en la provincia de Ourense con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo túnel de A Canda, vía derecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001739
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuál es el volumen de inversión ejecutada durante el ejercicio de 2013 en la provincia de Ourense con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo túnel de A Canda, vía izquierda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001740
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Cuál es el volumen de inversión ejecutada durante el ejercicio de 2013 en la provincia de Ourense con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001741
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Ha modificado el Gobierno de España la fecha de finalización de las obras en algunos de los tramos en este momento en construcción de las obras del AVE a Galicia a su paso por la provincia de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001742
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Ha decidido el Gobierno de España el trazado del AVE en su entrada en la ciudad de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001743
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Ha terminado el Gobierno de España los 'estudios' sobre la posibilidad del soterramiento de las vías del AVE en su entrada en la ciudad de Ourense ?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001744
Grupo Parlamentario Socialista
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado
Texto:
¿Ha decidido el Gobierno de España otras fechas distintas a las anunciadas por la Ministra de Fomento y el Presidente del Gobierno para la llegada del AVE a Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2014.-Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
181/001745
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Pere Macias i Arau
Texto:
El Gobierno Central ratificó la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias en el 9 de abril del 2001 y entró en vigor el 1 de agosto de 2001. En concreto, el articulo 10, párrafo 2, apartado g)determina:
'g) el empleo o la adopción y, en el caso de que proceda, conjuntamente con la denominación en la(s) lengua(s) oficial(es), de las formas tradicionales y correctas de los toponímicos en las lenguas regionales o minoritarias.'
¿Cuál es el motivo por el cual en los paneles informativos de las salidas y llegadas del Aeroport de Prat no se usan los topónimos en catalán?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de marzo de 2014.-Pere Macias i Arau, Diputado.
181/001746
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Carlos Martínez Gorriarán
Texto:
¿Considera el Gobierno que la nueva estructura directiva de Renfe y sus costes son compatibles con los principios de racionalidad, eficiencia y austeridad que deben regir la gobernanza pública?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.
181/001751
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado don Carlos Martínez Gorriarán
Texto:
¿Ha valorado el Gobierno la apertura del aeropuerto de Foronda para poder, al menos, recibir los numerosos vuelos desviados del aeropuerto de Loiu?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.
Comisión de Educación y Deporte
181/001753
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación
Diputada don Martí Barberà i Montserrat
Texto:
¿Comparte el Ministro de Educación las conclusiones del informe elaborado por distintas asociaciones y federaciones del sector de la enseñanza sobre el Real Decreto-ley 16/2013, según las cuales las nuevas medidas de la Seguridad Social
podían suponer un incremento mínimo de 300 millones de euros, en las cotizaciones del sector de la enseñanza, poniendo en peligro la viabilidad de muchos centros educativos privados con la consiguiente pérdida de mejoras sociales y de puestos de
trabajo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Martí Barberà i Montserrat, Diputado.
181/001754
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación
Diputada don Martí Barberà i Montserrat
Texto:
¿Qué acciones ha llevado a cabo el Ministerio de Educación para trasladar la especificidad de los centros con Convenios Educativos ante el Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y
mejorar la empleabilidad de los trabajadores, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Martí Barberà i Montserrat, Diputado.
181/001775
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación
Diputada don Martí Barberà i Montserrat
Texto:
¿Cómo se concreta el beneficio que la nueva distribución de asignaturas y el horario aplicados por la LOMCE aportarán a la educación y cómo se garantiza que dicha distribución de asignaturas y el nuevo horario no afectarán a la formación
integral y al aprendizaje de las lenguas propias de las Comunidades Autónomas con lengua cooficial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Martí Barberà i Montserrat, Diputada.
181/001776
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación
Diputada don Martí Barberà i Montserrat
Texto:
¿En qué mejora la Formación Profesional Básica a los Programas de cualificación profesional inicial (ya sea metodológica y pedagógicamente o en cuanto a recursos humanos y materiales) y en qué se diferencia de la Formación Profesional de
grado 1 previa a la LOGSE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Martí Barberà i Montserrat, Diputado.
181/001777
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Educación
Diputada don Martí Barberà i Montserrat
Texto:
¿Qué novedades concretas, pedagógicas y metodológicas, aportan el modelo competencial de la LOMCE y la incorporación de los estándares de aprendizaje?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Martí Barberà i Montserrat, Diputado.
Comisión de Industria, Energía y Turismo
181/001747
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo
Diputado don Carlos Martínez Gorriarán
Texto:
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno sobre los precios de los carburantes para mejorar la competitividad de nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.
181/001748
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo
Diputado don Carlos Martínez Gorriarán
Texto:
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para potenciar al máximo la tecnología eólica marina existente en nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.
181/001749
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo
Diputado don Carlos Martínez Gorriarán
Texto:
¿Considera el Gobierno adecuado realizar una auditoría de costes de las actividades de transporte y distribución de la energía eléctrica para ajustar la facturación eléctrica soportada por los consumidores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.
181/001750
Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Energía y Turismo
Diputado don Carlos Martínez Gorriarán
Texto:
¿Considera el Gobierno que el nuevo cálculo de la tarifa eléctrica garantiza la seguridad jurídica de consumidores y usuarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2014.-Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
181/001755
Grupo Parlamentario Mixto-BNG
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Diputada doña M.a Olaia Fernández Davila
Texto:
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno ante los dados revelados en la investigación del SEPRONA en relación a posibles irregularidades e ilegalidades en la manipulación de cadáveres de animales y la supuesta trasformación posterior en grasas
y harinas destinadas a la cadena alimentaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2014.-M.a Olaia Fernández Davila, Diputada.