Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 7, de 17/05/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2000 VII Legislatura Núm. 7
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 7
celebrada el miércoles, 17 de mayo de 2000
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas . . . (Página 196)
Interpelaciones urgentes.
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre asignación de licencias
de telefonía móvil UMTS o de tercera generación. (Núm. expte. 172/
000001.) . . . (Página 220)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para defender ante la
Unión Europea el mantenimiento de las ayudas comunitarias a los
productores de fruta seca y algarrobas. (Núm. expte. 172/000005.) . .
. (Página 226)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas a
adoptar por el Gobierno para reducir de manera significativa los
índices de siniestralidad laboral en nuestro país. (Núm. expte. 172/
000004.) . . . (Página 233)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Preguntas . . . (Página 196)
- Del Diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Presidente del
Gobierno: ¿Cuáles han sido las razones que han motivado el rechazo
del Gobierno a la fusión de Telefónica con KPN? (Número de expediente
180/000003.) . . . (Página 196)
- Del Diputado don Luis Martínez Noval, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Cuál
es la estrategia y el horizonte político que tiene planteado el
Gobierno en relación con los acontecimientos que se están produciendo
en el País Vasco? (Número de expediente 180/00004.) . . . (Página 197)
- Del Diputado don Juan Manuel Albendea Pabón, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
valoración hace el Gobierno de la reciente visita oficial del
Presidente del Gobierno al Reino de Marruecos? (Número de expediente
180/000013.) . . . (Página 198)
- De la Diputada doña Teresa Cunillera i Mestres, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr.
Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía: ¿Qué
medidas económicas y fiscales piensa adoptar el Gobierno para
solucionar el grave problema del precio del gas-oil agrícola? (Número
de expediente 180/000005.) . . . (Página 199)
- De la Diputada doña Elena Pisonero Ruiz, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la
incidencia de la evolución del Euro en nuestra economía? (Número de
expediente 180/000015.) . . . (Página 200)
- De la Diputada doña Matilde Valentín Navarro, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula a la Excma. Sra.
Ministra de Sanidad y Consumo: ¿Mantiene la Sra. Ministra que ha
incorporado a su equipo las «mejores cabezas» de la Sanidad española?
(Número de expediente 180/000012.) . . . (Página 201)
- De la Diputada doña Zoila Riera i Ben, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al Gobierno: ¿Qué medidas
piensa adoptar la Sra.
Ministra para impulsar la prescripción de los medicamentos genéricos?
(Número de expediente 180/000022.) . . . (Página 202)
- Del Diputado don Juan Fernando López Aguilar, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas de
política criminal piensa adoptar el Gobierno para evitar que puedan
quedar impunes delitos muy graves contra la integridad y la vida de
las mujeres? (Número de expediente 180/000008.) . . . (Página 203)
- De la Diputada doña Cristina Alberdi Alonso, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Justicia: ¿Está Vd. dispuesto a desarrollar en esta
Legislatura una Ley Integral contra la violencia de género que
abarque desde las causas de esa violencia hasta las respuestas
sociales y jurídicas? (Número de expediente 180/000009.) . . .
(Página 205)
- Del Diputado don Vicente MartínezPujalte López, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo
valora el Gobierno la previsión de déficit público
para el año 2000? (Número de expediente 180/000014.) . . .
(Página 206)
- De la Diputada doña María Fátima Báñez García, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
medidas está adoptando el Gobierno para facilitar a los
contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en la
campaña de renta correspondiente a la declaración de 1999? (Número de
expediente 180/000016.) . . . (Página 207)
- Del Diputado don José Segura Clavell, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las medidas que
piensa adoptar el Gobierno para proteger los intereses de los
usuarios de compañías aéreas que se ven afectados por la
multiplicidad de ventas de plazas conocido como «overbooking»?
(Número de expediente 180/000011.) . . . (Página 207)
- Del Diputado don Carles Campuzano i Canadés, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo.
Sr. Ministro de Fomento: ¿Cuáles son las previsiones sobre
introducción de nuevos horarios nocturnos en la circulación de trenes
de cercanías entre Barcelona y Vilanova i la Geltrú? (Número de
expediente 180/000023.) . . . (Página 209)
- De la Diputada doña Amparo Valcarce García, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro Portavoz: ¿Considera
el Gobierno que la retransmisión en abierto y en directo de partidos
de fútbol, como los protagonizados por equipos españoles en la Liga
de Campeones, ya no es de interés general? (Número de expediente 180/
000006.) . . . (Página 210)
- Del Diputado don Juan Carlos Guerra Zunzunegui, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Cuáles son las principales actuaciones del plan de impulso de las
Bibliotecas Públicas 2000-2003? (Número de expediente 180/000019.) .
. . (Página 211)
- Del Diputado don Amador Álvarez Álvarez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas ha
previsto llevar a cabo el Gobierno para conmemorar el centenario del
cineasta Luis Buñuel? (Número de expediente 180/000020.) . . .
(Página 211)
- De la Diputada doña Francisca Pleguezuelos Aguilar, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Excmo.
Sr. Ministro Portavoz: ¿Qué medidas ha articulado el Gobierno, una
vez conocida la situación creada por el virus informático «I love
you», para prevenir a los ciudadanos de los efectos del mismo?
(Número de expediente 180/000007.) . . . (Página 213)
- De la Diputada doña Isabel Pozuelo Meño, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Gobierno: ¿Cúando piensa el Gobierno
resolver la aplicación del censo real de población en relación a la
financiación autonómica? (Número de expediente 180/000010) . . .
(Página 214)
- Del Diputado don Manuel Silva i Sánchez, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr.
Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia:
¿Cuáles son las razones que aconsejan al Gobierno no adscribir el
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) al Ministerio de
Ciencia y Tecnología? (Número de expediente 180/000021.) . . .
(Página 215)
- Del Diputado don Guillerme Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario
Mixto, que formula al Gobierno: ¿Qué criterios, según el Gobierno,
debe mantener la Unión Europea en la negociación con el Reino de
Marruecos, para alcanzar un acuerdo de pesca? (Número de expediente
180/000002.) . . . (Página 216)
- Del Diputado don Iñaki Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJPNV), que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Qué previsiones tiene el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la ejecución del
Acuerdo Interprofesional sobre Formación Continua (Programa HOBETUZ)
en la Comunidad Autónoma del País Vasco durante el ejercicio del año
2000? (Número de expediente 180/000001.) . . . (Página 217)
- Del Diputado don José Eugenio Azpiroz Villar, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál
es el resultado de la investigación realizada en torno a las
presuntas irregularidades relacionadas con la financiación destinada
a la Formación Profesional? (Número de expediente 180/000017.) . . .
(Página 218)
- Del Diputado don José Manuel Pérez Corgos, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las
líneas generales del Plan Nacional de Acción para el Empleo del Reino
de España 2000? (Número de expediente 180/000018.) . . . 219
Interpelaciones urgentes . . . (Página 220)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre asignación de licencias
de telefonía móvil UMTS o de tercera generación . . . (Página 220)
Presenta la interpelación, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, el señor Caldera SánchezCapitán.
Comienza su intervención deseando a la señora ministra éxito
en su gestión y felicitándola, en su condición de anterior
responsable de Retevisión, por la concesión de una licencia de
telefonía móvil de tercera generación a dicha empresa por un importe
de 22.000 millones de pesetas. Solicita a la señora ministra que
ahora que está en la otra parte de la barrera piense en el interés
general y explique a la Cámara por qué el Gobierno español concedió
cuatro licencias a través de un concurso, con un precio por licencias
tan bajo y tan insignificante. Expone el procedimiento de concurso
seguido por el Gobierno para la concesión de las licencias en lugar
del de concurso-subasta, seguido por todos los países, excepto España
y Finlandia, y pone de manifiesto la falta de información sobre el
mismo, que induce a la sospecha y a la confusión. Pregunta sobre las
razones para utilizar el procedimiento del concurso, los criterios
utilizados para la selección de operadores, las valoraciones sobre
cada oferta, los precios que cobrarán las compañías y el plan de
inversiones de cada una. Su grupo parlamentario no pide
responsabilidades, sino soluciones para que este proceso aporte a los
usuarios españoles los mayores beneficios. Explica que en la
concesión de licencias hay dos modelos: uno, que favorece a las
empresas y a sus accionistas; y otro, que favorece, a través de los
poderes públicos, el interés público y los intereses de los usuarios,
modelo por el que aboga su grupo.
Contesta en nombre del Gobierno la señora ministra de Ciencia y
Tecnología (Birulés Bertrán). Considera, por las palabras del
interpelante, que el Grupo Parlamentario Socialista y el anterior
Gobierno compartían la voluntad de que España fuera pionera en la
introducción de las tecnologías de tercera generación, objetivo común
del que hay que felicitarse. A continuación da una serie de
explicaciones sobre la tecnología de tercera generación que permite
garantizar la prestación del servicio de telefonía móvil a nivel
mundial mediante la asunción universal de este estándar por todos los
países. Afirma que no se trata de duopolios u oligopolios, sino de
desarrollo de una nueva tecnología que tiene una relevancia clave
para el desarrollo de la sociedad de la información y que va a tener
una gran importancia en el progreso económico y social, hoy y en el
inmediato futuro. Añade que, teniendo en cuenta los beneficios que la
sociedad de la información y la telefonía móvil van a proporcionar a
la economía y a la sociedad española, el Gobierno realizó una apuesta
decidida por la introducción de esta tecnología, por lo que convocó y
resolvió un concurso para el otorgamiento de cuatro licencias. Da una
serie de explicaciones sobre las razones que han llevadoal Gobierno a
adjudicar las licencias de telefonía
móvil de tercera generación por este sistema de concurso,
manifestando que dicho concurso satisface la finalidad perseguida por
el Gobierno español sobre dichas licencias. Concluye solicitando al
señor interpelante que no trasladen inquietudes innecesarias a la
sociedad española y, sin embargo, contribuya, desde el diálogo y el
consenso más amplio posible, a situar a España en el lugar que le
corresponde.
Replica el señor Caldera Sánchez-Capitán, duplicando la señora
ministra de Ciencia y Tecnología.
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para defender ante la
Unión Europea el mantenimiento de las ayudas comunitarias a los
productores de fruta seca y algarrobas . . . (Página 226)
Presenta la interpelación, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), el señor Maldonado Gili. Comienza su
intervención felicitando al señor ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación por su nombramiento y deseándole éxito en su gestión,
que, sin duda, redundará en beneficio del sector agrario, ganadero y
pesquero. Explica a continuación que su interpelación no va en contra
de nadie, sino tan sólo en defensa de un sector angustiado, el de
frutos secos, y brinda al Gobierno el apoyo de su grupo político ante
las negociaciones en Bruselas. Expone la situación del sector y se
niega a que la única solución sea su reconversión, puesto que, dada
la tipología agrícola de la zona, tan sólo se podría cultivar el
viñedo, el olivo o el cereal, cultivos que no es posible acometer
puesto que la OCM no otorga nuevos derechos. Explica que la pérdida
de las ayudas de la Unión Europea al sector de los frutos secos
afectaría directamente a 20.000 familias sólo en Cataluña, sin
olvidar otras comunidades como la valenciana, la aragonesa, la
andaluza, la murciana y la balear, entre otras, que también cultivan
productos como la avellana, la almendra, la algarroba y la nuez.
Asegura que los agricultores de Cataluña y del resto de las zonas de
España afectadas confían en la sensibilidad del Gobierno y recaban
una marcha atrás de la primera postura del Ejecutivo comunitario, que
llevaría a la ruina a un sector que durante diez años ha conseguido
con su esfuerzo no sólo producir frutos secos de calidad sino también
reorganizar el sector.
Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación (Arias Cañete). Agradece al interpelante el
planteamiento de
este debate, el tono constructivo de su intervención y el apoyo que
le brinda su grupo parlamentario ante una batalla que se presenta
difícil. Asegura que el Gobierno es totalmente consciente de la
importancia económica, social y medioambiental que el cultivo de los
frutos secos tiene en muchas comunidades autónomas y de las
dificultades por las que atraviesa ante la desaparición en el mes de
mayo de este año de los primeros planes de mejora de la calidad y
comercialización y de las ayudas a tanto alzado para la avellana,
contempladas en la organización común de mercado de frutas y
hortalizas. Explica los problemas con los que se va a encontrar en la
negociación, pero muestra su convencimiento de que con la
colaboración del sector y de todos los grupos políticos representados
en la Cámara se conseguirá introducir en el debate europeo los
elementos de convicción necesarios para vencer la actual resistencia
de la Comisión Europea a prorrogar y mantener el régimen de ayudas.
Replica el señor Maldonado Gili, duplicando el señor ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Sabaté Ibarz,
del Grupo Parlamentario Socialista, contestando el señor ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
Excepcionalmente intervienen la señora Cunillera i Mestres y el señor
Sabaté Ibarz, del Grupo Parlamentario Socialista, para protestar por
la descortesía o descoordinación del Gobierno al no informar a su
grupo a su debido tiempo de la asistencia del señor ministro al
debate de la interpelación.
Continuando con el turno de fijación de posiciones, interviene el
señor Ricomá de Castellarnau, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas a
adoptar por el Gobierno para reducir de manera significativa los
índices de siniestralidad laboral en nuestro país . . . (Página 233)
Presenta la interpelación el señor Frutos Gras, en nombre de Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Se refiere al incremento
producido en los accidentes laborales desde 1995 hasta la fecha,
recordando la preocupación que el señor Pimentel, anterior ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales, mostraba por este hecho. Explica los
pasos dados después de la aprobación de la Ley de prevención de
riesgos laborales del año 1995 para luchar contra este problema y se
queja de que no se tuvieran en
cuenta las enmiendas presentadas por Izquierda Unida, encaminadas a
conseguir que los representantes de los trabajadores intervinieran,
junto con la empresa, en el proceso de inspección. Pide que se cumpla
la ley en todas las comunidades autónomas y que se amplíe la
plantilla de inspectores. Se refiere al debate que tuvo lugar en 1998
entre el ministro de Trabajo y Seguridad Social, señor Arenas, y el
diputado de Izquierda Unida, Vaquero del Pozo, sobre las causas del
incremento de la siniestralidad, preguntándose si no podrían ser los
trabajos a destajo, la prolongación de la jornada y las horas extras,
situaciones que producen fatiga y sobreacumulación de trabajo en
unos, mientras otros están en el paro. Analiza pormenorizadamente las
causas de los accidentes de trabajo y considera que la mayoría serían
evitables sin gran coste por parte de las empresas. Finalmente
pregunta qué tipo de medidas se van a emplear, cuáles son los plazos,
qué mecanismos concretos se van a poner en marcha y cuántos
inspectores se utilizarán para llevarlo a la práctica.
Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales (Aparicio Pérez). Afirma que la siniestralidad
laboral, la prevención de riesgos y la salud laboral son materias
centrales en el debate social y político español y acepta el hecho de
que no sólo hay que crear empleo, sino que éste ha de ser de calidad
en sus dos dimensiones: la estabilidad y la seguridad. No se muestra
en absoluto satisfecho con las cifras de siniestralidad, pero quiere
que el debate se haga sobre cifras homogéneas y comparables con las
de otros países, mostrando la disposición del Gobierno a actuar en el
plano indispensable de la inspección y buscando la colaboración de la
sociedad y de las comunidades autónomas, sin la cual sería muy
difícil ser eficaces. Finaliza diciendo que es deseo del Gobierno que
esta materia figure en los diálogos sociales y políticos que ahora se
abren, teniendo en cuenta las opiniones de las centrales sindicales
mayoritarias, pero también la del conjunto de la sociedad.
Replica el señor Frutos Gras, duplicando el señor ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Campuzano
i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
González Vigil, del Grupo Parlamentario Socialista, y Azpiroz Villar,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se levanta la sesión a las ocho y veinticinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIEDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL
GOBIERNO: ¿CUÁLES HAN SIDO LAS RAZONES QUE HAN MOTIVADO EL RECHAZO
DEL GOBIERNO A LA FUSIÓN DE TELEFÓNICA CON KPN? (Número de expediente
180/000003.)
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión. Punto III del orden del
día: En primer lugar, preguntas dirigidas al presidente del Gobierno.
Pregunta número 7, que formula el diputado señor Llamazares Trigo.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente del Gobierno, ¿cuáles son
las razones para el rechazo a la fusión KPN-Telefónica?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señora presidenta,
señorías, el Gobierno no ha rechazado formalmente esa operación
porque formalmente no ha sido planteada. Otra cosa distinta es que el
Gobierno tenga su opinión, como es lógico.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aznar.
Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor Aznar, es evidente que el Gobierno
ha rechazado públicamente la fusión KPN-Telefónica, y no sólo la ha
rechazado públicamente, sino que ha presionado a los accionistas de
Telefónica para lograr la frustración de esa operación. Ustedes han
argumentado que su principal razón era la defensa de los intereses
españoles frente a la participación pública de un Estado extranjero.
Pues bien, señoría, ustedes han privatizado una empresa, Aceralia,
con participación pública mayoritaria del Estado de Luxemburgo,
y ustedes son conscientes también de que existía el compromiso del
Gobierno de Holanda de desinvertir en la compañía KPN haciendo además
referencia a sus derechos políticos en la futura fusión con
Telefónica.
Señorías, sus razones no son éstas. Sus razones son políticas y
privadas, privadas y políticas. Su relación con el señor Villalonga
es el fondo de la razón para el rechazo de la fusión Telefónica y
KPN. Señorías, ustedes no han utilizado la ley, porque la ley no les
permite vetar una
fusión de estas características. Ni la Ley 5/1995 ni la Ley 55/1999
les permiten vetar una fusión ni les permiten que veten una fusión
por participación de capital extranjero. Ustedes, en definitiva, se
han dejado llevar únicamente de sus problemas de familia, señor
Aznar. Pero lo que no puede ocultar es que su responsabilidad es
plena. Usted es el responsable del nombramiento del señor Villalonga,
es responsable de sus aventuras (Risas.) y es responsable también del
divorcio entre usted y el señor Villalonga.
Señor presidente, lo peor de todo esto es que representa un modelo de
privatización. Su modelo de privatización ha sido sustituir el
control público y la participación democrática por las alianzas
financieras y la injerencia política. La injerencia política, sí,
señoría, cuyo resultado es menos eficacia, menos independencia
y menos profesionalidad. En definitiva, si esto ocurre con una empresa
señera como Telefónica, ¡qué no ocurrirá con el resto de los sectores
privatizados!
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, me dan ganas de darle la bienvenida al campo de las
privatizaciones y de la libertad de las decisiones empresariales,
sinceramente. (Aplausos.) Uno puede esperar muchas cosas, pero ésa en
su grupo parlamentario es especialmente interesante esta tarde.
Créame que estoy de acuerdo con lo que dice S.S., que naturalmente el
ámbito de las privatizaciones, de las liberalizaciones y el respeto a
las decisiones empresariales tienen que ver bastante con la
prosperidad de un país, y por eso procuramos mantener esa política.
Ahora bien, en algunos casos, en algunos sectores concretos
estratégicos que han sido antiguamente monopolios puede haber alguna
excepción, y eso es exactamente lo que se pretende con la golden
share, señoría. Evidentemente de lo que se trata es de tener cuidado,
de proteger lo que pueden ser acciones derivadas de la adquisición o
de la desfiguración de la personalidad jurídica en este caso de una
operadora.
Su señoría sabe que en los últimos años se ha liberalizado
y privatizado mucho en España, sabe que la decisión del Gobierno es que
el Estado no debe participar ni en el capital ni en la gestión de las
empresas, parece bastante lógico que si negamos al Estado español esa
posibilidad se lo neguemos también a cualquier otro Estado, porque de
eso se trata, de que no haya una compañía que pudiese caer en que un
17 por ciento de la nueva compañía que se fundara estuviese en manos
de un Gobierno extranjero. Yo creo que la Unión Europea tiene un
problema, el de que hay mercados cerrados y empresas todavía públicas
que compiten o pretenden competir en mercados abiertos y en países
donde se practican políticas de liberalización y de privatización,
y esa es una anomalía que espero que la Unión Europea corrija pronto
con una política que incentive la liberalización, la privatización y
la libre y sana competencia.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aznar.
- DEL DIPUTADO DON LUIS MARTÍNEZ NOVAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUÁL ES LA
ESTRATEGIA Y EL HORIZONTE POLÍTICO QUE TIENE PLANTEADO EL GOBIERNO EN
RELACIÓN CON LOS ACONTECIMIENTOS QUE SE ESTÁN PRODUDIENDO EN EL PAÍS
VASCO? (Número de expediente 180/000004.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 8, que formula el diputado don
Luis Martínez Noval.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, ¿cuál es la estrategia y el horizonte político que
tiene planteado el Gobierno en relación con los acontecimientos que
se están produciendo en el País Vasco?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Noval.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señorías, después del
debate de investidura, en el que se fijó claramente la posición, que
está, por supuesto, vigente, el Gobierno tiene fundamentalmente tres
objetivos en el País Vasco, que es la salvaguardia y la aplicación
del Estado de Derecho, el fortalecimiento de las instituciones
democráticas vascas y la unidad de todos los demócratas en torno a un
ideal de convivencia, de libertad y de paz. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aznar.
Señor Martínez Noval.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Gracias, señora presidenta.
Después de la ruptura de la tregua, señor Aznar, nos enfrentamos una
vez más a una nueva ofensiva de ETA, de manera que políticos, cargos
públicos, periodistas, jueces, ertzainas, policías, sindicalistas,
empresarios, todos cuantos defienden la vida y la democracia pueden
acabar siendo víctimas mortales del terror. Es por ello que el clima
político en Euskadi se encona, que la fractura política se agranda y
que esa fractura amenaza con el enfrentamiento social. La
desesperanza -por qué ignorarlo- crece; aumenta la polarización y,
además,
el Gobierno vasco adolece en estos momentos de una preocupante
inestabilidad.
En ese panorama, señor Aznar, compartimos con ustedes la Constitución
y el Estatuto; absolutamente nada nos diferencia en la convicción y
en la firmeza de esas posiciones. Apoyamos sin reserva alguna su
política contraterrorista y creo que coincidimos también en cuanto a
la situación que fue origen de estos acontecimientos, que no es otra
que el giro dado por el PNV en relación con la unidad democrática y
la puesta en pie del pacto de Estella.
Entretanto, señor Aznar, suponemos que estará de acuerdo con nosotros
en que es necesaria una estrategia política para hacer frente a esos
acontecimientos. No entendemos su posición en relación con el
anticipo de las elecciones. Deje a su partido político que
legítimamente aspire a ese objetivo, pero en su boca -créame- esas
palabras suenan a conflicto institucional.
Nosotros queremos ir un poco más lejos. En nombre de mi grupo
parlamentario le ofrezco una nueva estrategia, la que creemos que se
corresponde hoy con el objetivo de la paz. Queremos recuperar la
estrategia de la unidad democrática de la que nunca debió salirse el
Partido Nacionalista Vasco. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez Noval.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): He dicho antes que en
el debate de investidura fijé claramente la posición que considero
vigente, y me remito a las actas de la Cámara; afortunadamente,
nosotros no tenemos que discutir sobre otras actas aparecidas después
de dicha sesión de investidura.
La situación que S.S. ha descrito, cuyo exponente máximo son las
víctimas que causa una organización terrorista, es resultado de una
política concreta por parte del nacionalismo vasco: la del pacto de
Estella. Ese pacto es un error, ha sido un fracaso y, además, ha sido
fraudulento para las expectativas de paz que tenía la sociedad vasca.
Hay un amplísimo sector de la sociedad vasca que no siente en este
momento las instituciones vascas como punto de referencia de su
seguridad ni de su libertad. Eso se debe sólo a una cosa: a que hay
un grupo que ha cedido no solamente la duración de una legislatura
sino la vida de un Gobierno y el propio funcionamiento de las
instituciones a la decisión de una organización terrorista y de su
entorno. Eso es absolutamente inadmisible. No vale decir hoy que
Estella no vale o que no está en funcionamiento por la violencia.
Estella es inválida desde su raíz porque es la exclusión, porque es
la ruptura de la convivencia del Estatuto y de la Constitución y
porque es un pacto con una organización terrorista. Lo que hace falta
es parar el deterioro institucional, y ese deterioro institucional no
se para
con apelaciones voluntaristas que no tienen reflejo, y bien lo sabe
S.S. después de las últimas elecciones autonómicas, cuando lo
intentaron; no se para con operaciones para ganar tiempo; no se para
tirando la toalla y diciendo que la organización terrorista y su
entorno sigan condicionando las instituciones. Se hace apelando a que
los ciudadanos libres se manifiesten libremente, que es lo que se
hace en una democracia.
Creo que ese es el camino justo, creo que es el camino de la libertad
y en ese camino, señoría, siempre vamos a estar juntos. En el camino
de la libertad, que es el camino verdadero, no en el camino de la
tiranía ni del encubrimiento vergonzante; el nuestro es el de la
libertad, y eso pasa por la decisión de los ciudadanos.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aznar.
- DEL DIPUTADO DON JUAN MANUEL ALBENDEA PABÓN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE LA RECIENTE VISITA OFICIAL DEL
PRESIDENTE DEL GOBIERNO AL REINO DE MARRUECOS?
(Número de expediente 180/000013.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 17, que formula el diputado don
Juan Manuel Albendea Pabón.
El señor ALBENDEA PABÓN: Gracias, señora presidenta.
Señor presidente del Gobierno, sería ocioso que yo recordara a la
Cámara el número de asuntos importantes que hay en las relaciones
entre España y Marruecos. La importancia de esos asuntos la ha puesto
de relieve que, ya en su primera etapa de Gobierno, la primera visita
oficial que hizo S.S. fue al Reino de Marruecos y, recientemente, ha
ratificado esa costumbre, en su segunda etapa de gobierno, con otra
visita.
Los temas de inmigración, el propio desarrollo de Marruecos, el tema
del conflicto de la pesca, el Tratado de pesca de la Unión Europea
con Marruecos, etcétera, son temas de suma importancia para España y
por eso creo que es muy importante que la Cámara conozca cuál es la
valoración que hace usted, señor presidente, de su reciente visita
oficial al Reino de Marruecos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Albendea.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Como S.S. recordaba,
es una tradición diplomática española que el primer viaje del jefe
del Gobierno, una vez producida la investidura, sea al Reino de
Marruecos. Es una tradición y además es una vocación de la política
exterior española, a la que en este caso se unía una invitación
personal del Rey de Marruecos. Ha sido también un momento muy
oportuno y muy importante para repasar y dar un nuevo dinamismo a las
relaciones de España y Marruecos, tanto en las conversaciones que he
podido tener con el primer ministro, señor Yusufi, como con el propio
Rey de Marruecos. Quiero decirle que eso no es, como decía antes,
solamente la manifestación de una tradición, sino que España y el
Gobierno de España manifiestan una vocación clara de entendimiento y
de superar las dificultades objetivas que tengamos en nuestra
relación con el Reino de Marruecos.
Sabe S.S. que España es el segundo cliente y proveedor de Marruecos.
Sabe S.S. que hay más de 800 empresas españolas que trabajan
normalmente en Marruecos. Sabe S.S. que hay centenares de miles de
trabajadores marroquíes en España. Sabe también S.S. que existen
importantes acuerdos de contenido financiero y económico, que existe
una voluntad de cooperación muy clara, que yo reitero, que asumo y
ofrezco, en materia de política de inmigración y también, por
supuesto, que tenemos que establecer un marco cooperativo para la
solución del problema y los asuntos pesqueros. A lo largo de este
viaje hemos podido entregar una iniciativa que se inició hace años,
que es la iniciativa del plan de desarrollo integral de la región
norte de Marruecos, de especial interés para el Reino de Marruecos y
de especial interés también para España, región que tuve ocasión de
visitar, especialmente las ciudades de Tánger y Tetuán.
Esa plenitud de relaciones entre España y Marruecos encontrarán este
año dos circunstancias más favorables y positivas: una es la reunión
de alto nivel que se celebrará este otoño en Marruecos, y, muy
especialmente, la visita del Rey de Marruecos en el mes de septiembre
a España, visita de Estado de Su Majestad Mohamed VI, que esperamos y
deseamos -y a ello contribuiremos- que sea un gran éxito para el bien
de las relaciones de España y Marruecos.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aznar.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA TERESA CUNILLERA I MESTRES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULAAL SEÑOR VIDEPRESIDENTE SEGUNDO
DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA: ¿QUÉ MEDIDAS ECONÓMICAS Y
FISCALES PIENSAADOPTAR EL GOBIERNO PARASOLUCIONAR EL GRAVE PROBLEMA
DEL PRECIO DEL GAS-OIL AGRÍCOLA? (Número de expediente 180/000005.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas correspondientes al señor
vicepresidente segundo.En primer lugar, pregunta número 9, que
formula la diputada doña Teresa Cunillera i Mestres.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Gracias, señora presidenta.
Señor vicepresidente, ¿qué medidas económicas y fiscales piensa
adoptar el Gobierno para solucionar el grave problema del precio del
gasoil agrícola?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cunillera.
Señor Rato.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora
presidenta. Gracias, señora diputada.
El Gobierno ha tomado ya medidas a lo largo del primer trimestre de
este año y también en la ley de presupuestos para abaratar los costes
energéticos, dentro de su política energética y dentro de las
circunstancias del mercado internacional.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rato.
Señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Gracias, señora presidenta.
Señor vicepresidente, le hablaba de grave problemas porque en el
precio del gasóleo agrícola confluyen dos circunstancias: la primera
ha sido la subida desmesurada del precio de este carburante, que sólo
en el año 1999 subió más de 20 pesetas, lo que supone un porcentaje
del 46,3 por ciento de incremento, eso sin contar las ocho pesetas
que ha subido el gasóleo en el año 2000, que pone el incremento en un
60 por ciento. Esto en un consumo agrícola normal, de abril de 1999
hasta abril de este año, supone un incremento de costes de 55.000
millones de pesetas.
Pero hay una segunda circunstancia que es el sector del que estamos
hablando. El sector agrícola ha padecido en los dos últimos
ejercicios una bajada de los precios de los productos agrícolas del
5,3 y del 1,67 por ciento, unido ello a la pérdida de rentas
agrarias, que como debe saber S.S. sólo en el año 1999 ha sido del 8
por ciento y veníamos sufriendo pérdidas en los dos años pasados.
Esto es tan así que el ministro de Agricultura calificó la subida del
gasóleo agrícola de espectacular y dijo además que ese precio iba a
hacer perder un 12 ó 13 por ciento de beneficios en algún cultivo.
Usted se ha referido en esas medidas a la rebaja del 2 por ciento de
los módulos del IRPF. Usted sabe que esa rebaja del 2 por ciento de
los módulos son 2.500 millones de pesetas para todo el sector, lo
cual hablando
del incremento de costes a que me he referido es manifiestamente
insuficiente.
Lo que le pido con esta pregunta es que atienda las reivindicaciones
de miles y miles de manifestantes que han salido a la calle a pedirle
dos cosas: una, que evite usted la subida desmesurada de ese
carburante, que ha sufrido mayores subidas que el resto de los
carburantes; y dos, que utilice los mecanismos que usted tiene para
rebajar los impuestos especiales sobre hidrocarburos que soporta el
gasóleo agrícola. Y se lo pido avalada por las propias declaraciones
del ministro de Agricultura, que estuvo de acuerdo con los
manifestantes, y por tanto estará de acuerdo con esta petición, y con
los miembros de su partido que han votado esto mismo en los
parlamentos autonómicos de Castilla-La Mancha, de Castilla y León y
de Aragón, por el momento.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Cunillera.
Señor Rato.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARAASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora
presidenta.
Gracias, señora diputada. Entiendo perfectamente los argumentos y la
preocupación que manifiesta S.S., pero estoy seguro de que S.S.
también entiende que nos encontramos en un entorno en el que todos
los sectores productivos españoles están sufriendo las consecuencias
de un encarecimiento del precio del petróleo, que por desgracia se ha
vuelto a producir, y de una pérdida de relación entre nuestra moneda
y el dólar. En cualquier caso, también S.S. es consciente de que no
siempre sucede así, de que en el año 1998 estábamos en una situación
radicalmente opuesta.
En cualquier caso, en contra de lo que S.S. afirma, tengo que decir
que la Orden ministerial de marzo del año 2000, que contiene la
reducción de módulos para actividades agrícolas y ganaderas y para el
sector del transporte, es la continuación de una reducción del 7 por
ciento en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el mismo
sector, que, por cierto, lamento muchísimo que su grupo parlamentario
no respaldara; en cualquier caso, eso ya es cosa de otra legislatura.
Quiero recordarle a S.S. que en la misma Ley de Presupuestos del año
2000 -y ahora no puedo afirmar si su grupo la respaldó o no, por
tanto le concedo el beneficio de la duda- redujimos también y
modificamos la Ley del IVA incrementando la compensación a tanto
alzado que perciben los agricultores por las cuotas del IVA
soportadas en la adquisición de bienes y servicios; y quiero también
recordarle que en la propia Ley de presupuestos no se incrementaron
los impuestos sobre las gasolinas en el 2 por ciento en que estaba
previsto el incremento de la inflación y, por tanto, hubo una
reducción del 2 por ciento. Sin duda, S.S. desde la oposición me dirá
que eso no es suficiente. Creo que eso en estos momentos nos permite
comparar cuál es la fiscalidad que se está produciendo en el gasóleo
empleado en la agricultura, que tiene una fiscalidad reducida de
13,09 pesetas litro y que representa aproximadamente un 29,2 por
ciento de la fiscalidad, mientras que el resto del gasóleo tiene casi
un 45 por ciento de fiscalidad. También sabe S.S., igual que yo, que
nuestra fiscalidad es notablemente inferior a la de la Unión Europea
tanto en el gasóleo como en otros productos petrolíferos y que en el
gasóleo agrícola en ningún caso estamos por encima de la media
europea.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rato.
- DE LA DIPUTADADOÑAELENA PISONERO RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿CUÁL ES LA
INCIDENCIA DE LA EVOLUCIÓN DEL EURO EN NUESTRA ECONOMÍA? (Número de
expediente 180/000015.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta que formula la diputada doña Elena
Pisonero Ruiz.
La señora PISONERO RUIZ: Gracias, señora presidenta. (Rumores.) No sé
si se habrá producido otro divorcio en algún sitio ... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Adelante, señora Pisonero.
La señora PISONERO RUIZ: Sin que sirva de precedente, voy a hacer una
pregunta al señor vicepresidente en el sentido siguiente. Desde que
España tuvo ocasión de formar parte de los países fundadores del euro
dicha moneda se ha depreciado en torno al 22 por ciento, en concreto,
en los cinco primeros meses del año 2000 se ha depreciado un 9 por
ciento. Si bien en el año 1999 la economía española ha mantenido un
crecimiento diferencial importante, incluso mayor que el previsto
inicialmente, esta senda de depreciación está teniendo un impacto en
la economía española que es lo que me gustaría que valorara el señor
vicepresidente, en concreto, cuál es la incidencia de la evolución
del euro en la economía española. (Varios señores diputados del Grupo
Parlamentario Socialista: ¡Muy bien!)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pisonero.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora
presidenta.
Gracias, señora diputada. Indudablemente no es fácil que haya una
pregunta más de actualidad en este momento que la evolución de la
moneda, (Varios señores diputados: ¡Oh!), exceptuando la celebración
del congreso del Partido Socialista. (Aplausos.) Pero, habida cuenta
que no me van a preguntar por eso y que además no sé nada, me voy a
limitar, modestamente, a hablar del euro, si SS.SS. me lo permiten.
(Rumores.)
Indudablemente, señora diputada, señorías, la moneda europea ha
sufrido una importante depreciación desde su nacimiento, lo cual no
empece para considerar, sin duda, que nuestra incorporación al euro
ha sido ya muy ventajosa para la economía española en términos de
estabilidad y de credibilidad; esto permite hoy que nuestra economía
goce de tipos de interés altamente competitivos en el mercado mundial
o que las empresas españolas puedan hoy beneficiarse de mercados
financieros importantes. Sin embargo, es indudable que está en el
interés de España y en el interés de todos los países europeos una
moneda estable y una moneda fuerte, y creo que en ese sentido estamos
asistiendo en este momento a un fenómeno que no nos beneficia. Puede
que tenga beneficios parciales desde el punto de las exportaciones,
pero, como S.S. sabe muy bien porque ha sido responsable de ellas, la
competitividad de nuestras empresas no se está basando en la
competitividad que adquirimos momentáneamente con la depreciación de
la moneda, sino que se basa en los aumentos de liberalización y en la
reducción de las rigideces en nuestros mercados. Por tanto, es
nuestro interés -y así lo hemos manifestado en las reuniones
europeas- que el euro recupere la estabilidad y, sobre todo, se
afiance con un valor más acorde a los fundamentos de la economía
europea.
Se está produciendo en este momento una clara recuperación de las
economías europeas; una recuperación que hay que seguir impulsando y,
desde luego, es voluntad del Gobierno español, tanto en España como
en Europa, contribuir con una política económica que aumente el
crecimiento potencial de nuestras economías de manera que Europa,
junto con Estados Unidos, pueda asentarse en largos ciclos de
crecimiento. En ese sentido, esperamos que la credibilidad de las
instituciones europeas, la voluntad liberalizadora de los gobiernos
y la reducción lo más rápidamente posible de los déficit públicos en
Europa, a ser posible en el año que viene, nos permita recuperar una
situación más estable y más sólida de nuestra moneda.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rato.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MATILDE VALENTÍN NAVARRO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD
Y CONSUMO: ¿MANTIENE LA SEÑORA MINISTRA QUE HA INCORPORADO A SU
EQUIPO LAS MEJORES CABEZAS DE LA SANIDAD ESPAÑOLA? (Número de
expediente 180/000012.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas correspondientes a la señora ministra
de Sanidad y Consumo. En primer lugar, pregunta que formula la
diputada doña Matilde Valentín Navarro.
La señora VALENTÍN NAVARRO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, ¿mantiene que ha incorporado a su equipo las mejores
cabezas de la sanidad española?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valentín.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias,
presidenta.
Estoy en ello, señora diputada.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Señora Valentín.
La señora VALETÍN NAVARRO: Señora ministra, lamento profundamente los
nombramientos que ha hecho hasta este momento porque están ustedes
poniendo en peligro la sanidad pública y, sobre todo, la protección
de los ciudadanos con la reaparición de personajes con una demostrada
inclinación a privatizar la sanidad. Usted ha incorporado a su equipo
a una persona que no ha sido perseguida ni juzgada por los
socialistas, como decía usted esta mañana, ha sido condenada por la
Audiencia Territorial de Madrid por llevarse pacientes de un hospital
público a su clínica privada para operarles y, por supuesto,
cobrarles; comportamiento que califica la sentencia como una falta de
decoro y dignidad profesional.
Señora ministra, está empezando a comentarse en algunos círculos
sanitarios que ha puesto usted la zorra a cuidar gallinas. ¿De verdad
nombra usted las mejores cabezas? ¿Para qué, para organizar campañas
contra la Ley General de Sanidad y contra la universalización de la
sanidad pública? ¿Qué compromisos atiende usted con estos
nombramientos? ¿Le van a asesorar mientras trabajan en defensa de sus
intereses privados?
Señora ministra, me alegré sinceramente en sus primeras declaraciones
oírle decir que teníamos el mejor sistema sanitario del mundo, pero
la elección de sus colaboradores definen claramente qué es lo que
pretende hacer usted en los próximos cuatro años. Deje de
hacer política de escaparate y demuestre con hechos lo que no ha sido
capaz de hacer en sus primeros pasos al frente del Ministerio de
Sanidad. Invierta más en los centros sanitarios públicos, que puedan
disponer de medios y tecnologías adecuadas; dótelos de personal
suficiente y motivado y no sigan con la cantinela de que como lo
público no funciona todo lo bien que debiera funcionar, la única
solución es hacer de la sanidad un rentable negocio privado. No le
quepa la menor duda de que desde el Grupo Socialista seguiremos
trabajando incansablemente para que los millones de personas que
utilizan los servicios sanitarios públicos reciban una asistencia
sanitaria gratuita y de calidad. Se lo merecen los ciudadanos y se lo
merecen los profesionales del Sistema Nacional de Salud.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valentín.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias,
señora presidenta.
No sé por qué me daba la sensación, señoría, de que no iba a estar
usted de acuerdo con ninguno de mis nombramientos. Daba igual. Me da
la sensación de que va a seguir usted estando no de acuerdo con lo
que yo vaya haciendo, pero eso es normal. A lo mejor resulta que su
enorme fracaso político a lo largo de su carrera política es debido
fundamentalmente a que jamás se ha sabido rodear de la gente
adecuada. (Rumores.) Tómeselo usted como consejo, porque tal vez le
vendría muy bien. (Continúan los rumores.) Señora diputada, sigo
manteniendo las declaraciones que he hecho, sigo defendiendo el
sistema público de salud. Creo que tenemos un magnífico sistema
sanitario en este país y creo que tenemos a los mejores
profesionales, pero ustedes adoran el santo por la peana y yo quiero
que el sistema esté al servicio de los ciudadanos; para ello pienso
contar con todo el mundo, con médicos y con todos los colectivos que
afectan a la sanidad y espero poder contar también con la
colaboración del grupo que usted representa; pero no parece que vaya
usted por esa línea, porque sigue usted con las cantinelas del
pasado. Si quiere usted que hablemos del año 1982, hablamos.
(Rumores.- Varios señores diputados: No.) Vamos a hablar del señor
Rodríguez Colorado, presidente de la diputación de Madrid, que creo
ha tenido algún problema con los fondos reservados. (Rumores.) Creo
que el tema de los juzgados lo ha llevado bastantes veces por ahí.
(Continúan los rumores.)
En última instancia, señoría, queremos mantener una sanidad pública
en beneficio de los ciudadanos, ya que los ciudadanos son lo más
importante en el sistema sanitario. (Rumores.) En segundo lugar,
queremos contar con la colaboración de todos...
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora ministra.
Señorías, ruego mantengan silencio, al objeto de que todos podamos
escuchar las intervenciones de todos, tanto del Gobierno como de los
señores diputados.
Adelante, señora ministra
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias,
señora presidenta.
Y en último lugar (Rumores.), ¿se calman? Gracias.
Señora diputada, espero que a partir de ahora tenga usted un poco más
de modernidad en sus planteamientos (Continúan los rumores.), porque
espero que nos dé tiempo a discutir, y no con la pregunta tan corta y
por el poco espacio de tiempo que tengo, lo que ustedes hacen en las
comunidades autónomas donde gobiernan. Entre otras cosas, usted ha
sido consejera de salud de Castilla-La Mancha y habría que
preguntarse por qué no ha seguido usted siéndolo. En última
instancia, señora diputada, los nombramientos del gabinete, si no le
importa a usted y con su permiso, los hace directamente la ministra y
la idoneidad de sus miembros la marco yo y no usted.
Muchas gracias. (Aplausos.- Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ZOILA RIERA I BEN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS
PIENSA ADOPTAR LA SEÑORA MINISTRA PARA IMPULSAR LA PRESCRIPCIÓN DE
LOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS? (Número de expediente 180/000022.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 26, que formula la diputada
señora Riera i Ben.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, según informe que ha dado a conocer recientemente el
Instituto de Estudios de Prospectiva Tecnológica, uno de los centros
investigación de la Comisión Europea, los países de la Unión deberán
aumentar su gasto sanitario en los próximos siete años entre el 7 y
el 10 por ciento del producto interior bruto de cada país. Este
estudio señala, entre otros aspectos, que el envejecimiento de la
población generará una fuerte demanda al sistema sanitario y que esta
demanda tendrá una incidencia muy especial en la factura del gasto
farmacéutico. Nosotros no vamos a ser la excepción, más bien al
contrario, esta tendencia va a verse reflejada en el conjunto del
Estado, ya que ni las comunidades autónomas con competencias
transferidas en sanidad ni las que aún son Insalud están hoy en
situación de hacer valoraciones distintas a las que nos dibuja el
estudio europeo mencionado. En este contexto, en
la pasada legislatura se llegó a acuerdos con el Gobierno y los
grupos parlamentarios nacionalistas les apoyamos para invertir más
dinero en sanidad -aún insuficiente, señora ministra, pero más
dinero- y para legislar en aspectos que al mismo tiempo que
garantizan prestar un servicio público y universal de calidad
favorezcan la racionalización del gasto.
Soy consciente, señora ministra, de que cuando efectúe su primera
comparecencia ante la Comisión de Sanidad probablemente usted
abordará, entre otras, esta cuestión, pero en el ínterin, y como ha
habido declaraciones suyas respecto a los medicamentos genéricos,
queremos formularle la pregunta sobre las medidas que piensa adoptar
para impulsar la prescripción de los mismos.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Riera.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias,
presidenta.
Efectivamente, comparto con usted la preocupación por el excesivo
gasto farmacéutico que impide que dentro de sanidad las inversiones
se puedan dedicar a otros objetivos más cercanos al ciudadano y que
se haga una mejor distribución del gasto en medicina. Comparto con
usted que en sanidad podríamos introducir mecanismos de mayor
financiación, lo que pasa es que hay veces que no se puede hacer, y
lógicamente hay que buscar fórmulas que alivien el gasto
farmacéutico. En ese sentido, el Gobierno del Partido Popular apoyó y
sigue apoyando decididamente los medicamentos genéricos y todas las
medidas, tanto en el ámbito de los prescriptores como de los
usuarios, las seguiremos tomando para conseguir que el uso sea
mayoritario y controlar el excesivo gasto farmacéutico que
efectivamente afecta no solamente a nivel del Insalud sino al resto
de las comunidades autónomas, idea que creo compartimos todos los
grupos políticos de esta Cámara.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Señora ministra, sí es necesario poner más
dinero en sanidad y mi grupo parlamentario se lo va a pedir durante
toda esta legislatura, ya se lo anticipo.
Segundo aspecto. Usted en la anterior respuesta que ha dado a la
diputada portavoz del Grupo Socialista ha dicho que está abierta al
diálogo y que busca complicidades. Señora ministra, me parece que es
el camino. En sanidad es un mal sistema que hagamos de la
confrontación el medio parlamentario. Va a contar con el apoyo del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) para encontrar estas complicidades, pero está en su mano,
señora ministra, que esto sea factible.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Riera.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias,
presidenta. Muchísimas gracias, señora diputada.
Efectivamente, entiendo que desde el diálogo y desde el consenso
podemos conseguir resolver problemas que afectan al conjunto de los
ciudadanos y qué duda cabe que la sanidad es uno de los más básicos y
de los más importantes. Por tanto agradezco su actitud dialogante y
es la que pretendo mantener en el seno de este Congreso porque
entiendo que cada grupo político significa una sensibilidad, y por
tanto entre todos podemos conseguir una mejor sanidad para todos, que
es el modelo y el mensaje que intento llevar a cabo a lo largo de
estos cuatro años.
En el tema de los medicamentos tengo aquí los datos relativos a las
recetas médicas de abril del año 2000; es el último dato. En el
territorio Insalud se ha conseguido por primera vez ahorrar dinero en
recetas médicas el 1,87 por ciento. ¿Por qué se ha conseguido? Por la
aplicación de los genéricos. Es cierto que tenemos que seguir
luchando, y ahí su grupo parlamentario, como el resto de los grupos
de esta Cámara, tiene que contribuir con nosotros para conseguirlo.
Son eficaces, son rápidos, son más baratos para el sistema, y por
tanto aquellas medidas que sirvan en este sentido las seguiremos
tomando. Como usted sabe, dentro de poco se aprobará el proyecto de
orden ministerial sobre el sistema de precios de referencia. Con
todas estas medidas, con medidas cara a la opinión pública, con
mensajes a través de medios de comunicación, intentamos sensibilizar
a la población.
Muchísimas gracias por su colaboración. Espero que sigamos en esta
misma línea durante estos cuatro años.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS DE
POLÍTICA CRIMINAL PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA EVITAR QUE PUEDAN
QUEDAR IMPUNES DELITOS MUY GRAVES CONTRA LA INTEGRIDAD Y LA VIDA DE
LAS MUJERES? (Número de expediente 180/000008.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas correspondientes al señor ministro de
Justicia.
Pregunta número 12 que formula el diputado don Juan Fernando López
Aguilar.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, ¿qué medidas de política criminal tiene previstas
adoptar el Gobierno para evitar que queden impunes delitos muy graves
contra la integridad y la vida de las mujeres?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señora
presidenta. Gracias, señoría.
Quiero comenzar esta intervención afirmando que durante esta
legislatura haremos y continuaremos haciendo todo lo que esté en
nuestras manos para que no quede impune ningún delito de violencia
contra mujeres o contra niños. Desde ahí las medidas concretas para
que esto no se produzca vienen derivadas de dos hechos. Que un acto
de estas características quede impune se debe bien a que no se ha
presentado denuncia, y por tanto no se conocen los hechos, o bien a
que presentada la denuncia no se ha conseguido probar o no se ha
podido acreditar. Pues en estas dos direcciones tenemos que trabajar.
Respecto a la primera cuestión, S.S. ya conoce que en junio del año
pasado la Ley 14 aprobó una serie de medidas cautelares muy
importantes, como es el alejamiento del agresor de la víctima; ahí
tenemos que profundizar para que se haga de manera inmediata y con
todos los requisitos de seguridad. En segundo lugar, vamos a apoyar
la creación de un servicio jurídico especializado de atención a las
víctimas, además de mayores dotaciones personales y materiales para
esta atención, y fundamentalmente más policía judicial especializada
de la Guardia Civil. También vamos a apoyar los servicios que ya
están generándose en algunas fiscalías para coordinar las
prestaciones de los juzgados, de los servicios sanitarios, de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y tanto los servicios sociales del
Estado como los autonómicos. Todo esto unido a los registros que se
están creando en las fiscalías para el seguimiento de este tipo de
delitos, me parece que forman un conjunto de medidas adecuadas, a las
que sin duda se pueden incorporar todas aquellas que SS.SS. tengan
oportuno formular para ser absolutamente contundentes en la
persecución de estos delitos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor López.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Gracias, señora presidenta y gracias, señor
ministro.
El Grupo Socialista entiende que la política criminal es un elemento
capital de la política interior de la que es responsable el Gobierno,
y que la política criminal no se agota con el ejercicio de la
iniciativa legislativa en materia penal, sino que comprende muchas
otras actuaciones, como por ejemplo la protección de las víctimas del
delito y ciertas actuaciones en materia penitenciaria, pero desde
luego y sobre todo hacer todo lo que esté en manos del Gobierno para
contener aquella criminalidad que más preocupa a la sociedad y que
merece un mayor reproche social. Sin duda, en esa línea figura la
criminalidad contra las mujeres, en la que España arroja un balance
siniestro de mortalidad que se incrementa cada semana con una o dos
muertes más y el Gobierno es políticamente responsable si no hace
todo lo que puede, si no hace todo lo que debe. Le pongo un ejemplo
que tiene que ver con mi circunscripción. En marzo de 1997 una
ciudadana cubana, Adela Rosa Reyes, es brutalmente muerta a puñaladas
por su marido, Osmande Lescay. Pues, por increíble que parezca, tres
años después, la Audiencia provincial de Las Palmas se ve compelida a
dictar la libre absolución del acusado porque la única acusación
personada en la causa, que es la del ministerio fiscal, apuesta por
la libre absolución, sin ninguna medida de seguridad, sobre la base
de entender que era penalmente inimputable por encontrarse con un
grave trastorno psíquico en el momento de los hechos. Eso produce,
como usted convendrá con nuestro grupo, un grave escándalo social,
produce escarnio, produce desconcierto y desorientación en la
sociedad y está en manos del Gobierno hacer cosas para que ningún
episodio judicial de esas características pueda volver a repetirse;
por ejemplo, interesar del fiscal general del Estado instrucciones y
circulares para que sea imposible que un representante del ministerio
público pueda apostar por la libre absolución en un caso de esas
características. Si lo hace así, el Gobierno estará sintonizando con
la sociedad, y desde luego tendrá el apoyo del Partido Socialista y
del Grupo Socialista; si no actúa en esa dirección y no conseguimos
contener al final de esta legislatura esa estadística siniestra de
criminalidad contra las mujeres, de mortalidad entre las mujeres
víctimas de la violencia doméstica y de los malos tratos, nuestro
grupo entenderá que el ministro y el Gobierno al que pertenece son
políticamente responsables.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, está bien que empiece por el final, lo que va a ocurrir al
final de la legislatura, de lo que daremos cuenta a esta Cámara y a
todos los españoles con mucho gusto, pero tengo que recordarle que ha
sido en la pasada legislatura cuando se ha puesto en marcha un plan
integral -me parece que tendremos oportunidad de hablar de ello en la
siguiente pregunta- precisamente contra la violencia doméstica,
contra los malos tratos...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA CRISTINAALBERDI ALONSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿ESTÁ USTED
DISPUESTO A DESARROLLAR EN ESTA LEGISLATURA UNA LEY INTEGRAL CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO QUE ABARQUE DESDE LAS CAUSAS DE ESA VIOLENCIA
HASTA LAS RESPUESTAS SOCIALES Y JURÍDICAS? (Número de expediente 180/
000009.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 13, de la diputada doña
Cristina Alberdi Alonso.
La señora ALBERDI ALONSO: Señora presidenta, como ha dicho mi
compañero de grupo, cada día hay más rechazo y más denuncias contra
los malos tratos a las mujeres. En el año 1999 son 21.782 denuncias y
han aumentado los malos tratos en un 22 por ciento en los últimos 10
años. Anteayer un hombre asesinaba a su cónyuge delante de los tres
hijos menores de 5 años. Ayer, otro hombre prendió fuego a su
cónyuge, creándole terribles quemaduras de primer grado. Nadie puede
resultar ajeno a esto, ningún grupo parlamentario, todos somos
responsables de semejante indignidad y de semejante atropello a los
derechos humanos.
Hace unos días, en el debate de investidura, el presidente señor
Aznar dijo que su grupo y, si era investido presidente el futuro
Gobierno, desarrollarían la voluntad de llevar a cabo una normativa
integradora de lucha contra la violencia doméstica. Yo le pregunto,
señor ministro, ¿está usted dispuesto, está dispuesto su Gobierno a
desarrollar en esta legislatura una ley integral -no un plan
integral, que eso ya se hizo-, una ley integral contra la violencia
de género que abarque desde las causas que dan lugar a la violencia,
como la publicidad, el lenguaje, la educación, los valores
desiguales, la desigualdad entre hombres y mujeres hasta las
consecuencias y las respuestas de tipo social y de tipo jurídico?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Alberdi.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señora
presidenta.
Gracias, señora diputada. Creo que sí es bueno que hablemos del plan
integral, dado que desde su grupo se reclamaba en la pregunta
anterior actuaciones e incluso ya se calificaba lo que iba a ser el
futuro, hay que recordar que es el Gobierno de José María Aznar, al
que usted ha citado, el que hace el primer plan integral para abordar
este problema, que ese es un método adecuado de abordarlo, y así
vamos a seguir haciéndolo en el futuro.
Creemos que esto se debe plantear desde un punto de vista integral
que aborde todas las cuestiones, que efectivamente son muchas, para
luchar contra la violencia doméstica. Ese plan que existió en la
anterior legislatura, que ha dado buenos frutos, hay que renovarlo,
hay que replantearlo en esta legislatura a partir del año 2000, para
lo que espero contar con la colaboración y con la ayuda de su grupo
para que acertemos en su desarrollo y en sus planteamientos. No va a
ser problema, créame, dotarnos del instrumento jurídico adecuado para
que sea lo más eficaz posible, una ley o varias leyes, pero en
cualquier caso no será el instrumento la causa por la que no podamos
tener un acuerdo, sino la aportación de todos y la voluntad de
abordarlo desde la máxima seriedad y desde el máximo rigor. Ésa es
nuestra predisposición y la oferta que hacemos a su grupo.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señora Alberdi.
La señora ALBERDI ALONSO: Señor ministro, estábamos planteando la
posibilidad de una ley integral entendiendo que podía ser esa
normativa integradora a la que se refería hace unos días el señor
Aznar. Es importante que la respuesta desde el punto de vista social
y jurídico sea integradora porque hay una enorme dispersión, como
puso de relieve el Defensor del Pueblo en su informe, según la
respuesta en las distintas comunidades autónomas. Desde luego, el
punto de integrar la respuesta es importante, pero además y desde el
punto de vista jurídico es también importante que haya una normativa
integradora que todo el mundo conozca, tanto desde el punto de vista
civil como desde el punto de vista penal, y que además las normas
orgánicas que regulan el funcionamiento de los tribunales no
faciliten la dispersión que supone que cada juzgado conozca de un
caso distinto. Eso puede y debe hacerse en coordinación con el
Consejo General del Poder Judicial y, desde luego, en colaboración
con el Consejo General de la Abogacía y el turno de oficio...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Alberdi.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Con toda brevedad he
de decir que, efectivamente, yo creo que estamos de acuerdo en que lo
importante es el objetivo de dotarnos de todos los medios adecuados.
Ya sabe usted que existe una discusión doctrinal en cuanto a técnica
legislativa sobre si las sanciones penales deben estar en las leyes y
por tanto en las normas generales, o es mejor hacer una ley especial;
pero le digo que ese no va a ser el problema para ponernos de
acuerdo. Si lo más eficaz es una única ley, hagamos una única ley; si
es más eficaz hacerlo en las leyes generales, hagámoslo así, pero
hagámoslo conjuntamente, aportemos cada uno lo que mejor podamos y se
nos ocurra de manera más eficaz, y con eso tendremos una garantía de
éxito.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON VICENTE MARTÍNEZ- PUJALTE LÓPEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CÓMO
VALORAEL GOBIERNO LAPREVISIÓN DE DÉFICIT PÚBLICO PARA EL AÑO 2000?
(Número de expediente 180/000014.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas correspondientes el señor ministro de
Hacienda. En primer lugar, pregunta número 18, que formula el
diputado don Vicente Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, en primer lugar quiero felicitarle por su nueva
responsabilidad ya que es la primera vez que actúa en tal cargo y
desearle muchos éxitos, también en la consecución del objetivo de
equilibrio presupuestario que ha sido una de las bases para
garantizar el crecimiento, la creación de empleo, el bienestar y la
convergencia real con Europa en la última legislatura y tiene que ser
uno de los fundamentos para el futuro.
Hasta 1996 nunca se había entendido por los gobiernos del Partido
Socialista como una cosa buena el logro del equilibrio presupuestario
o la reducción del déficit. Hasta 1993 entendían que el desequilibrio
presupuestario era bueno. Ya descubrieron que no, y a partir de ese
momento hacían buenos propósitos que nunca se concretaban en la
realidad y planteaban objetivos, pero luego los ingresos siempre eran
menores a los presupuestados y los gastos mayores, con lo cual el
déficit presupuestario cada vez era mayor. Desde 1996 la técnica
presupuestaria ha permitido controlar el déficit. Se han hecho
presupuestos más conservadores en sus previsiones para poder realizar
políticas más progresistas, políticas que avancen más en el
crecimiento, en la creación de empleo y en el bienestar. Señor
ministro, mi
grupo querría conocer qué previsiones tienen para el ejercicio en
curso y cómo valoran el cumplimiento del objetivo que teníamos
previsto hace unos meses.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, presidenta.
En esta mi primera comparecencia ante el Congreso de los Diputados,
quiero en primer lugar saludar a la Cámara y a todos los grupos
políticos y ponerme a su disposición para responder en las sesiones
de control a fin de facilitarles la información del departamento de
Hacienda y también para que la oposición pueda ejercer legítimamente
su derecho de control del Gobierno.
En relación con el planteamiento que hacía SS., el diputado Martínez-
Pujalte, la intención del Gobierno esvolver a reducir su objetivo de
déficit público sobre las previsiones ya muy ajustadas y ambiciosas
del programa de estabilidad del Reino de España. Como SS.SS. conocen,
esa previsión era del 0,8 por ciento como objetivo del déficit
público sobre nuestro producto interior bruto y era una previsión
enmarcada en una etapa de crecimiento económico que afortunadamente
la realidad está volviendo a superar. Así lo muestran los indicadores
disponibles sobre evolución económica y así lo muestra también la
evolución muy importante de creación de empleo, revelada tanto por la
encuesta de población activa como por la afiliación a la Seguridad
Social.
El Gobierno aboga por llevar adelante todos los esfuerzos de
consolidación presupuestaria, tal como expresó el presidente del
Gobierno en su discurso de investidura; adelantar el calendario de
previsión de la consecución del equilibrio presupuestario un año, es
decir que en el año 2001 podamos tener en España equilibrio
presupuestario de manera que el déficit público sea un episodio de
nuestra historia pasada y de esa forma continuar impulsando el
crecimiento económico y la creación de empleo, que junto a las
políticas de liberalización han sido las claves que han explicado la
actual etapa de prosperidad, de bienestar económico, de aumento de
igualdad de oportunidades en la consecución de empleo y de
convergencia real. Ese esfuerzo mayor de consolidación presupuestaria
para este año lo ejerceremos sobre el mayor rigor en el cumplimiento
estricto de los presupuestos de los departamentos ministeriales y
también sobre el no uso de cualquier modificación de carácter
presupuestario que signifique incremento del gasto público de manera
que lo haremos una vez más sobre la contención del gasto sin apelar
de ningún modo a mayores incrementos de impuestos, tan perjudiciales
para la recuperación económica y la continuidad de esta fase de
creación de empleo.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA FÁTIMA BÁÑEZ GARCÍA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿QUÉ
MEDIDAS ESTÁ ADOPTANDO EL GOBIERNO PARA FACILITAR A LOS
CONTRIBUYENTES EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN LA
CAMPAÑA DE RENTA CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIÓN DE 1999? (Número de
expediente 180/000016.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 20, que plantea la diputada
doña María Fátima Báñez García.
La señora BÁÑEZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, la entrada en vigor del nuevo IRPF el 1.o de enero de
1999 ha supuesto una auténtica rebaja del impuesto para todos los
ciudadanos. La nueva concepción del mismo, configurada
fundamentalmente por la existencia de un mínimo exento que responde a
las circunstancias familiares y personales del contribuyente, ha
supuesto una novedad. Por otro lado, la Agencia Tributaria ha ido
incrementando paulatinamente los servicios de asistencia y ayuda a
los ciudadanos con la finalidad de dar apoyo técnico para el
cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.En ese
sentido, los cuidadanos utilizan cada vez más los medios que la
Administración pone a su disposición manifestando así su confianza en
las instituciones públicas, y es previsible que en esta campaña con
el nuevo IRPF la demanda de estos servicios que presta la
Administración sea solicitada por un gran número de contribuyentes.
Por eso, señor ministro, es interés de esta diputada conocer qué
medidas está adoptando el Gobierno para facilitar a los
contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en la
campaña de renta correspondiente a la declaración de 1999.
Muchas gracias, señor ministro.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Báñez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, presidenta.
Tiene mucha razón la diputada Báñez cuando se refiere a la
importancia que tiene estar en este tiempo de presentación de la
declaración del impuesto sobre la renta, teniendo en cuenta en primer
lugar que se trata del primer ejercicio, de la primera liquidación
del nuevo impuesto sobre la renta, que en nuestro país está vigente a
partir de 1.o de enero del año 1999 y que ha supuesto modificaciones
no sólo en la normativa, sino también en su modelo de gestión.
Quiero recordar a la Cámara, como principales novedades del impuesto,
en primer lugar que la rebaja fiscal media es del 11 por ciento; que
1,7 millones de personas con rentas bajas dejarán de pagar el
impuesto, de los cuales 600.000 son pensionistas; que 9,5 millones de
propietarios de vivienda habitual dejarán de pagar por este concepto,
de ellos 2,4 millones son pensionistas; que la rebaja de la retención
es generalizada a todos los contribuyentes, lo que les permite
incrementar su renta disponible y que en torno a 5 millones de
personas dejarán de declarar. Es, en definitiva, por la vía de
simplificación del impuesto como vamos a facilitar a los
contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de manera
voluntaria. Ello permitirá, además, por esa reducción de efectivos de
la administración tributaria, la reducción de los costes de gestión,
dedicar también mayores recursos a la atención al ciudadano y a la
lucha contra el fraude, que tal y como demuestran los datos va
mejorando año tras año.
En esta declaración de 1999 hay 5 millones de ciudadanos para los que
se elimina la obligación de declarar, aunque aquellos contribuyentes
que lo deseen pueden presentar una solicitud -de hecho ya la han
presentado- de devolución rápida. Para este caso se ha creado la
plataforma de gestión tributaria, un nuevo servicio de la Agencia
Tributaria que puede incluso calcular el importe de la devolución,
siempre que el usuario facilite sus datos personales.
Asimismo, para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales
la Agencia pone a disposición de los declarantes, un año más, el
programa Padre, así como plataformas telefónicas que se están
llevando a cabo para las declaraciones simplificadas.
Para todo aquel contribuyente que tenga duda sobre el nuevo impuesto
o sobre cualquier otra cuestión de carácter fiscal, están a su
disposición tanto las oficinas de la Agencia Tributaria como la
plataforma telefónica de información tributaria básica.
Se han realizado más de 20 millones de envíos por correo, que
contienen...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ SEGURA CLAVELL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS QUE
PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA PROTEGER LOS INTERESES DE LOS
USUARIOS DE COMPAÑÍAS AÉREAS QUE SE VEN AFECTADOS POR LA
MULTIPLICIDAD DE VENTAS DE PLAZAS CONOCIDO COMO OVERBOOKING? (Número
de expediente 180/000011.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas correspondientes al señor ministro de
Fomento. En primer lugar, pregunta número 15 del diputado con José
Segura Clavell.
El señor SEGURACLAVELL: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, la Dirección General de Aviación Civil de su
Ministerio tiene las competencias reguladoras de inspección y defensa
de los usuarios de compañías aéreas. ¿Qué medidas piensa adoptar esa
Dirección General, a través del ministro, para combatir una auténtica
situación de indefensión que las compañías aéreas producen
constantemente en lo que coloquialmente se ha venido denominando
situación de overbooking.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Segura.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señora
presidenta, señor diputado.
Dos cosas: en primer lugar invitar a las compañías aéreas a una
autorregulación para evitar los excesos que han producido los
desequilibrios y los conflictos recientes. En segundo lugar,
colaborar con la comisaria europea de Transportes para revisar y
actualizar el reglamento 295/91 que regula esta práctica.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señor ministro.
Señor diputado.
El señor SEGURACLAVELL: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, a lo largo de los últimos años su ministerio se ha
dedicado esencialmente a labores de infraestructura, pero no ha
prestado atención a la defensa de los intereses de los usuarios de
los medios de transporte. Es una realidad que las organizaciones de
defensa del consumidor han manifestado reiteradamente. Decenas de
miles de ciudadanos que utilizan los medios de locomoción aéreos en
los últimos tiempos se han visto afectados por ese mal abusivo que
las compañías aéreas, haciendo mal uso de la normativa en vigor, han
venido implantando, reitero, abusivamente. Sin duda alguna le
corresponde a su Ministerio combatir esta situación y para ello,
desde la óptica del Grupo Parlamentario Socialista, estimamos que es
fundamental que el Ministerio lidere de una vez por todas una acción
política que le conduzca a plantear en el seno de la Comisión Europea
y en el seno de las instituciones comunitarias toda una normativa
amplia que pueda ser traspuesta al ordenamiento jurídico nacional de
defensa de los intereses de los usuarios, de defensa de los intereses
de los consumidores. Una carta europea para la protección de los
usuarios del sector aéreo es un proyecto
ilusionante al que el Reino de España no puede renunciar en
modo alguno a liderar ni a poner en exclusiva en manos de la Comisión
Europea. Se nos avecinan momentos en los que una política de cielos
abiertos impulsada por la Unión Europea, una política de unificación
de los sectores aéreos militar y de pasajeros civiles va a llevar
inexorablemente a un incremento de la densidad del tráfico y a un
deterioro en el uso de las instalaciones aeronáuticas por un lado y
de los medios de transporte por otro. De ahí que con esta pregunta
este diputado requiera esencialmente al señor ministro...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Segura.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señoría, con
toda seguridad no ignora que, cuando se trata de abordar una
modificación de una regulación recogida en un reglamento europeo que
afecta al funcionamiento del mercado único, la obligación y la
convicción del Gobierno de España es hacerlo a través de los
procedimientos habituales en estos casos. Contamos de antemano con la
declaración previa de voluntad política de la comisaria de
Transportes, que ya se ha pronunciado abiertamente a favor de la
reforma de esta reglamentación para proteger más adecuadamente los
derechos de los usuarios. Por tanto, el Gobierno español colaborará
activamente e impulsará las reformas necesarias para que o bien por
la vía de las penalizaciones o bien por la vía de otras reformas se
puedan evitar los comportamientos abusivos.
Lo que querría subrayar, puesto que no se ha dicho pero sin duda S.S.
conoce, es que este sistema no perjudica a todo el mundo, sino que
también beneficia a mucha gente, a mucha gente que le interesa que
los billetes no tengan ningún tipo de gravamen por no presentarse
a la hora de la facturación. Hay mucha gente cuyos intereses
seguramente en defensa de los consumidores también tendremos que
defender equilibradamente y yo creo que en el equilibrio está
exactamente la posición para evitar las situaciones de carácter
abusivo. Para eso creo que la voluntad de autorregulación de las
compañías aéreas, que tienen además los datos de la evolución de la
demanda en las distintas situaciones, puede ser un elemento muy
importante y muy relevante para que, sin necesidad de llegar a la
formalización de una reforma del reglamento, paliemos las
consecuencias de un sistema que, por un desequilibrio a favor de una
situación, está perjudicando gravemente a un sector importante de los
usuarios del transporte aéreo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señorministro.
- DEL DIPUTADO DON CARLES CAMPUZANO I CANADÉS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE FOMENTO: ¿CUÁLES SON LAS PREVISIONES SOBRE INTRODUCCIÓN
DE NUEVOS HORARIOS NOCTURNOS EN LA CIRCULACIÓN DE TRENES DE CERCANÍAS
ENTRE BARCELONA Y VILANOVA I LA GELTRÚ? (Número de expediente 180/
000023.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 27, que formula el diputado don
Carles Campuzano i Canadés.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Hace unos días, señor ministro, ha trascendido a través de los medios
de comunicación la intención de la dirección de la compañía Renfe de
prolongar los horarios nocturnos de los trenes en la zona de
cercanías de Barcelona, en concreto en dirección a la ciudad de
Vilanova i la Geltrú. Nos gustaría saber si el señor ministro nos
puede confirmar esta información y cuál es la previsión concreta de
esta prolongación de los horarios nocturnos.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señora
presidenta, señor diputado, quiero confirmarle que, efectivamente, no
sólo en las cercanías de Barcelona, sino con carácter general desde
hace mucho tiempo en todos los itinerarios de cercanías, Renfe está
haciendo un esfuerzo para ampliar los horarios de salida. En este
sentido, puedo anunciarle con carácter inmediato que a partir de
fechas próximas se ampliará a las 23,20 la salida del último servicio
de cercanías entre Barcelona y Vilanova i la Geltrú. Además, dentro
del convenio que existe entre Renfe y la autoridad de transporte de
Barcelona, se va a estudiar un plan de servicio global que
determinará las necesidades del servicio público nocturno, así como
cuáles son los medios de transporte más adecuados para atender la
demanda que se genera en estas circunstancias, de tal manera que esa
demanda global resuelva el problema conjunto de todos los ciudadanos
del área de cercanías que utiliza el servicio Barcelona-Vilanova i la
Geltrú.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Creemos que es buena la noticia que nos da, pero de hecho en la
dirección Vilanova i la Geltrú esta prolongación
de horario es simplemente de 10 minutos. Nos parece que en
esta legislatura el conjunto de las administraciones públicas, y muy
especialmente el Ministerio de Fomento, deberían hacer un esfuerzo
para avanzar hacia la extensión de estos horarios nocturnos en el
área circundante a la ciudad de Barcelona. Las razones son evidentes:
desde las relacionadas con la seguridad viaria al coste económico
para los usuarios, pero también para el conjunto de la población, así
como la demanda de los ciudadanos que utilizan estos servicios.
Además, el señor ministro sabrá perfectamente que en otras zonas del
Estado los horarios son incluso mucho más largos. El último tren
Gijón-Oviedo sale a las 23,45, el de Bilbao a Santurce a las 23,40 y
en Madrid, dirección a Guadalajara, a las 23,38; a Parla a las 23,48;
a Aranjuez a las 23,55; a Fuenlabrada a las 23,59; a Tres Cantos a
las 23,11 y a Móstoles a las 23,39.
Señor ministro, le pedimos que tenga en cuenta la necesidad de
avanzar con cierta celeridad en acabar con la discriminación que en
materia de transporte público los ciudadanos del área de Barcelona
aún padecemos. Nos parece que esta es una apuesta de futuro y que en
el marco de la apuesta por la convergencia del conjunto de las
administraciones públicas en materia de transporte público hay que
avanzar para evitar que esta situación se prolongue demasiado en el
tiempo.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señora
presidenta, señor diputado, si este fuera un problema estrictamente
empresarial yo le hubiera contestado que tendríamos que estudiarlo en
el marco del contrato-programa de Renfe o que tendríamos que
estudiarlo en términos estrictamente de los muchos costes que genera
la extensión o la ampliación de un horario. No he querido darle esta
respuesta porque he partido de que es una necesidad social por
múltiples razones, en las que interviene, por ejemplo, el propio
concepto de seguridad frente a otros medios de transporte, incluido
el vehículo particular. Lo que he querido era introducir y respaldar
la orientación que se venía siguiendo, reforzándola, de que la
respuesta tiene que ser global. A esa demanda concreta, en unas horas
determinadas, para realizar un itinerario puede haber otros modos de
transporte más adecuados que racionalicen mejor los recursos
económicos disponibles. Por eso lo he querido incluir y espero que
esa ampliación de 10 minutos la tome como una declaración de voluntad
y ese compromiso de discutir a nivel global esa respuesta global, en
el marco de las actuaciones con la autoridad de transportes de
Barcelona, resuelva definitivamenteel problema que plantea S.S.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Corresponde el turno a las preguntas que van a ser formuladas a la
señora ministra de Educación, Cultura y Deporte.
- DE LA DIPUTADA DOÑA AMPARO VALCARCE GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO PORTAVOZ: ¿CONSIDERA EL
GOBIERNO QUE LA RETRANSMISIÓN EN ABIERTO Y EN DIRECTO DE PARTIDOS DE
FÚTBOL, COMO LOS PROTAGONIZADOS POR EQUIPOS ESPAÑOLES EN LA LIGA DE
CAMPEONES, YA NO ES DE INTERÉS GENERAL? (Número de expediente 180/
000006.)
La señora PRESIDENTA: En primer lugar, pregunta número 10 que formula
la diputada doña Amparo Valcarce García.
La señora VALCARCE GARCÍA: Gracias, señora presidenta.¿Considera el
Gobierno que la retransmisión en abierto y en directo de partidos de
fútbol como los protagonizados por equipos españoles en la Liga de
Campeones ya no es de interés general?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valcarce.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURAY DEPORTE (Del Castillo
Vera): Muchas gracias, señora presidenta.
Es también mi primera intervención en estas sesiones de control. De
la misma manera que ha manifestado el ministro de Hacienda, yo
también quiero mostrar mi disposición a facilitar a todos los grupos
parlamentarios sus tareas de control al Gobierno. Por tanto, en mí
van a encontrar siempre todas las facilidades que sean necesarias.
En relación con la pregunta formulada por S.S., debo decirle en
primer lugar que no corresponde al Gobierno determinar qué
acontecimientos deportivos son de interés general. Esto es lo primero
que querría subrayar. De acuerdo con lo establecido en la Ley 21/
1997, de 3 de julio, reguladora de las emisiones y retransmisiones de
competiciones y acontecimientos deportivos, la calificación de los
acontecimientos de interés general debe hacerla el Consejo de
Emisiones y Retransmisiones Deportivas, órgano en el que, como usted
sabe, están representadas no sólo las distintas administraciones
públicas, sino también todos los sectores sociales con intereses
sobre esta materia, como los operadores de televisión pública y
privada, representantes de medios radiofónicos y de prensa escrita,
operadores de cable, representantes de los usuarios, sindicatos,
etcétera.
Respecto a la Liga de Campeones, el Consejo de Emisiones y
Retransmisiones Deportivas consideró en su momento, al aprobar el
catálogo de acontecimientos deportivos de interés general
correspondiente a la temporada 1999-2000, que sería de interés
general un partido por jornada en la que participara un equipo
español. Estas previsiones, señoría, se han cumplido al
retransmitirse un partido en directo, en abierto y para todo el
territorio nacional en cada una de las jornadas de Liga de Campeones.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Por supuesto, señora ministra, tiene usted razón, esto no es
competencia del Gobierno. Me alegro de que usted lo reconozca así,
pero el Gobierno tiene que reconocer que ha sentado doctrina sobre
esta cuestión. Esto nos obliga a hablar de la Ley del fútbol y, sobre
todo, de la doctrina Cascos; nos obliga a hablar del interés general,
de la doctrina del interés general. Aquí parecía que todos los
partidos tenían que ser en abierto, en directo, de la mejor de las
maneras posibles. Indudablemente ese era un mundo perfecto. De
acuerdo. Pero eso lo único que estaba ocultando era una intervención
gubernamental en el mundo del fútbol y de las retransmisiones
deportivas absolutamente increíble. Nosotros ahora planteamos que,
por supuesto, quien tenía los derechos para garantizar que se
cumpliera ese interés general era Radiotelevisión Española, pero,
mientras el señor Cascos pontificaba con su doctrina del interés
general, el señor Cabanillas vendía los derechos que tenía
Radiotelevisión Española. Los desmanes del señor Cascos le han
llevado -eso sí, por una puerta lateral-, al Ministerio de Fomento.
Quien optimizó los recursos de Televisión Española vendiendo aquellos
derechos, y además bien pagados -fíjese 7.000, 9.000, 9.000 y 9.000
millones en cuatro años-, ha sido premiado llevándole a la portavocía
de este Gobierno.
Nosotros nos tenemos que preguntar que ustedes, en primer lugar, han
engañado a los aficionados del fútbol y, señora ministra, usted debe
pedir perdón en nombre del Gobierno. Y, en segundo lugar, la Ley del
fútbol está el Tribunal Constitucional, pero nosotros queremos saber
si usted va a proponer a esta Cámara su rectificación, o bien díganos
cómo va a garantizar el interés general cuya doctrina asentó el señor
Cascos por la cual los partidos como, por ejemplo, el Valencia-
Barcelona o el Bayer de Munich-Real Madrid se pueden dar para todos
en abierto, gratuito y, lo más importante, en directo, señora
ministra.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valcarce.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Gracias, señora presidenta.
Señoría, yo le aseguro que probablemente el debate doctrinal que
usted propone sería apasionante habida cuenta de las diversas
doctrinas que en un pasado inmediato se han elaborado sobre el tema,
pero creo que no es el momento de celebrar ningún debate apasionante
de carácter doctrinal. El Gobierno tiene que cumplir con la ley y la
ley dice lo que yo le he expresado. (La señora Valcarce García:
¡Claro, claro!) Usted sabe muy bien que la ley tiene carácter general
y que no puede entrar en todas las particularidades de cada momento.
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON JUAN CARLOS GUERRA ZUNZUNEGUI, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES ACTUACIONES DEL PLAN DE IMPULSO DE LAS
BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2000-2003? (Número de expediente 180/000019.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 23, del diputado don Juan
Carlos Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Muchas gracias, señora presidenta.
Sean mis primeras palabras en nombre del Grupo Popular para dar la
bienvenida a la señora ministra en las sesiones de los miércoles.
Respecto de las bibliotecas públicas quería formularle una pregunta,
puesto que tanto desde el punto de vista de la cultura como del de la
educación son fundamentales todas las bibliotecas y, en especial, las
bibliotecas públicas. El índice de lectura en nuestro país, si lo
comparamos con países de un desarrollo similar al nuestro, todavía es
bajo. Por ello, cuantos esfuerzos se hagan respecto a las bibliotecas
públicas serán muy positivos. Ya sé que la competencia sobre las
bibliotecas públicas, señora ministra, está compartida con las
comunidades autónomas y con los ayuntamientos, y de ahí el gran
interés en el Plan de bibliotecas públicas del 2000-2003. Por otra
parte -y quiero significarlo-, como bien conoce la señora ministra,
en el programa del Partido Popular insistíamos sobre el apoyo a las
bibliotecas, especialmente a las públicas.
Por todo ello, señora ministra, interesaría a este diputado y al
Grupo Popular saber cuáles son las principales
actuaciones del Plan de impulso de bibliotecas públicas entre
los años 2000 y 2003.
Muchas gracias, señora ministra, muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Guerra Zunzunegui.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Gracias, señora presidenta.
Señoría usted ha mencionado el Plan de impulso de bibliotecas
públicas 2000-2003, y las medidas y proyectos inicialmente incluidos
en este plan están agrupados en torno a dos grandes líneas
estratégicas fundamentalmente. La primera línea engloba lo que
podemos llamar las acciones de información, acciones que tienen como
objetivo modernizar la imagen social y las prestaciones de las
bibliotecas públicas españolas como centros de información mediante
el empleo de las nuevas tecnologías de la comunicación. En esta
dirección hemos previsto un plan de comunicación pública sobre las
bibliotecas para el 2000-2001, la conexión a Internet de las
bibliotecas públicas entre el 2000 y el 2004, así como la creación de
un portal para el semestre 2000, y la puesta en marcha de un servicio
cooperativo de información en la red.
La segunda línea agrupa lo que podemos denominar las acciones de
desarrollo de las bibliotecas públicas, con la participación de las
distintas administraciones implicadas. En este sentido, destacan
varias iniciativas. Por ejemplo, la realización de un estudio sobre
bibliotecas públicas en España mediante un convenio con la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez; la elaboración de unas pautas o exigencias
mínimas para las bibliotecas públicas en España; la realización de
cursos de planificación estratégica y mejora de la calidad de los
servicios de las bibliotecas públicas del Estado o la celebración de
un congreso nacional de bibliotecas públicas que se celebrará en
octubre del año 2001.
Todas estas medidas y actuaciones tienen como finalidad contribuir al
desarrollo de las bibliotecas públicas españolas en un marco de
cooperación, independientemente de su ubicación, en una u otra
comunidad autónoma. En este sentido, el Plan de impulso de las
bibliotecas públicas se justifica en la necesidad, desde luego
ineludible, de mantener una política bibliotecaria del Estado que
contribuya a garantizar el derecho y la libertad de todos al acceso a
la información y la cultura para todos los españoles.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON AMADOR ÁLVAREZÁLVAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS HA
PREVISTO LLEVAR ACABO EL GOBIERNO PARA CONMEMORAR EL CENTENARIO DEL
CINEASTA LUIS BUÑUEL? (Número de expediente 180/000020.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 24, que realiza el diputado don
Amador Álvarez Álvarez.
El señor ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, me uno a las palabras de bienvenida de mi compañero
deseándole todo el éxito posible en su responsabilidad al frente del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en este Gobierno.
Señora ministra, a los artistas que practican las bellas artes les
debemos los ciudadanos el reconocimiento a su preocupación por la
innovación y el progreso, que nace, fundamentalmente y sin lugar a
dudas, de sus impulsos creativos y del deseo de perfección
intelectual y no de intereses crematísticos, aunque el reconocimiento
del primero tenga consecuencias no buscadas en el segundo aspecto.
España ha sido a lo largo de toda su historia un verdadero manantial
de creadores en múltiples facetas del arte: la pintura, la escultura,
la arquitectura, la música, la danza, el cine, el teatro o la
literatura, y éstos han sido admirados en todo el mundo y han
ejercido verdadero magisterio sobre las generaciones posteriores,
contribuyendo al descubrimiento de nuevos talentos artísticos. De ahí
el patrimonio artístico y cultural de nuestro país, que es
verdaderamente impresionante, incomparable. Todavía están recientes
los éxitos de nuestro cineasta Pedro Almodóvar, coincidiendo con una
etapa de verdadera explosión artística de nuestro cine en los últimos
años, y estamos conmemorando el centenario del nacimiento de nuestro
primer gran maestro del cine, el admirado y reconocido aragonés
universal, don Luis Buñuel. Luis Buñuel, miembro destacado de la
llamada Generación del 27, autor de grandes obras maestras de cine,
muchas de ellas provocadoras por su inconformismo, incorpora al cine
los postulados del surrealismo literario y artístico y por ello se le
ha llegado a considerar en todo el mundo un verdadero genio de la
cinematografía, adelantado en este arte. Un español universal como
Buñuel debe ser conocido por todos y debemos valorar lo que ha
significado su obra para la cinematografía española en particular y
la cinematografía universal en general.
Por todo ello, señora ministra, le formulo la siguiente pregunta:
¿Qué actos tiene previstos su Ministerio para celebrar el nacimiento
de Luis Buñuel?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Álvarez.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Señora presidenta, señoría, en primer lugar quiero agradecerle
sus buenos deseos para mi gestión; en segundo lugar, decirle que
comparto su valoración de la obra de Buñuel, cineasta por el que
siento personalmente una cierta predilección.
En relación a la pregunta que me formula, tengo que decirle que en
muy poco tiempo se han organizado numerosas actividades y homenajes
en España y también en diversas ciudades europeas y americanas en
conmemoración del centenario del cineasta Luis Buñuel. Ello ha sido
posible, en parte, gracias a la labor que ha desarrollado la comisión
creada a tal efecto por Orden ministerial de 4 de mayo de 1999,
dependiente del entonces Ministerio de Educación y Cultura, hoy de
Educación, Cultura y Deporte. En esa comisión se integraron
representantes de las administraciones tanto de la Comunidad Autónoma
de Aragón como del Ayuntamiento de Calanda, así como de otras
entidades públicas y privadas vinculadas a la vida y a la obra de
Buñuel, de la misma manera que se incorporaron amigos y familiares.
Las funciones de esta comisión han sido promover y estimular, a la
vez que coordinar, las acciones de todas estas entidades con el fin
de que, aun cuando cada una de ellas organizara sus propios actos,
todos ellos formasen parte de un mismo conjunto.
Dada la limitación obvia de tiempo de que dispongo y el extenso
programa de actividades que recordarán durante este año la figura del
artista, destacaré sólo algunos de los acontecimientos previstos,
quedando a su disposición y a la de todos los miembros de esta Cámara
el calendario completo de las actividades conmemorativas. En primer
lugar, la exposición Buñuel, el ojo de la libertad abrió el pasado 21
de febrero, en la Residencia de Estudiantes de Madrid y en la
fundación ICO, los actos en conmemoración del centenario del cineasta
español. El 22 de febrero, coincidiendo con la fecha de su
nacimiento, se inauguró en Calanda su casa-museo, el Centro Luis
Buñuel, y asimismo están previstos entre otros -citaré solamente
algunos- los siguientes actos. Un ciclo en la Filmoteca Nacional,
donde se va a proyectar a lo largo de este año su obra íntegra. Por
su parte, el Instituto Cervantes está mostrando una amplia
retrospectiva de su obra en todos sus centros. El pasado domingo,
como S. S. recordará, en el Festival de Cine de Cannes se inauguró la
exposición El mundo secreto de Buñuel y se abrió en el palacio de
festivales una sala de proyección dedicada al cineasta...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Preguntas correspondientes al señor ministro de Administraciones
Públicas.
- DE LA DIPUTADA DOÑA FRANCISCA PLEGUEZUELOS AGUILAR, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULAALSEÑOR MINISTRO PORTAVOZ: ¿QUÉ
MEDIDAS HA ARTICULADO EL GOBIERNO, UNA VEZ CONOCIDA LA SITUACIÓN
CREADA POR EL VIRUS INFORMÁTICO I LOVE YOU», PARA PREVENIR A LOS
CIUDADANOS DE LOS EFECTOS DEL MISMO? (Número de expediente 180/
000007.)
La señora PRESIDENTA: En primer lugar, pregunta número 11, que
formula la diputada doña Francisca Pleguezuelos Aguilar.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señora presidenta. Señor
ministro, ¿qué medidas ha articulado el Gobierno una vez conocida la
situación creada por el virus I love you para prevenir a los
ciudadanos de los efectos de este virus?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pleguezuelos.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno):
Gracias, señora presidenta.
El Gobierno ha planteado una serie de medidas para garantizar una
seguridad -que luego le detallaré, si quiere- todavía mayor de los
sistemas de información de la Administración pública y, al mismo
tiempo, potenciar y reforzar las actuaciones del centro coordinador
de alerta temprana para prevenir con la mayor rapidez posible a los
ciudadanos, y queremos incrementarla continuamente.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señora presidenta. Parece
que no estuvieron ni muy alerta ni muy tempranos porque el virus ha
dejado claro que el Gobierno, una vez más, ha resultado ineficaz en
cuanto a informar y proteger a los ciudadanos. Este virus, señorías,
ha afectado en España, nada más y nada menos, que a miles de
ordenadores, y se calcula que aproximadamente a un 80 por ciento de
las principales empresas. Además, el Gobierno ha reconocido que fue
advertido del problema, y sin embargo ni coordinó la información ni
avisó a los ciudadanos con urgencia, como han hecho otros países.
Este no es un tema baladí, señoría, porque alertar de los riesgos de
la nueva sociedad de la información es una obligación y una
responsabilidad política de un gobierno, y así lo entienden el resto
de los países europeos. Ustedes no pueden limitarse a lo que han
venido haciendo hasta ahora, a organizar
todo un aparato de propaganda, como hicieron el 31 de diciembre
con el efecto 2000, con presidente y vicepresidente incluidos, y
ahora dejar tirados a los ciudadanos y no informarles. Un gobierno ha
de estar en vigilia permanente para proteger y para informar a los
ciudadanos. Un gobierno ha de articular medidas que le den seguridad,
y ustedes no lo han hecho en esta ocasión. No pueden limitarse a lo
que hasta ahora han hecho, que es nada; no informar cuando estaban
obligados a hacerlo y tenían conocimiento de ello. Lo que han hecho
hasta ahora es utilizar los datos informáticos para que los manejen
terceros, como ha ocurrido con los datos sanitarios de los pacientes.
Este es un debate que preocupa a todos los países de Europa y que
debiera preocuparle también a este Gobierno. No sean ustedes la
excepción y dejen la propaganda, protejan a los ciudadanos y
ofrézcanles garantías para que todos nos sintamos seguros. En ese
camino encontrará al Partido Socialista, en el de... (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pleguezuelos.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno):
Muchas gracias, señora presidenta. Señora diputada, tengo que
rechazar la interpretación que hace de lo que ha ocurrido, porque no
refleja la realidad. Cuando nosotros conocimos, y lo conocimos con
cierta rapidez, la existencia de este virus, lo publicamos a primera
hora del viernes 5 de mayo en la página web del Ministerio de
Administraciones Públicas, concretamente dentro de la página del
Consejo Superior de Informática. Inmediatamente alertamos a los
usuarios que, a su vez, nos habían alertado a nosotros, porque
estábamos suscritos a una asociación de correo electrónico que
comunicaba los datos. En la reunión que tuvimos en el Consejo
Superior de Informática el día 10 de mayo se constató, por un lado,
algo muy importante que afecta al Consejo Superior de Informática, y
es que los daños que habían sufrido los ordenadores de la
Administración eran mínimos, y se tomaron medidas para reforzar esa
seguridad. Al mismo tiempo, se constató que se había actuado con una
rapidez razonable y decidimos precisamente potenciar esa actitud.
¡Claro que consideramos que es un tema importante! Por mucho que
hagamos, siempre habrá dificultades. No es algo que podamos asegurar
al cien por cien, pero vamos a hacer un esfuerzo máximo para poder
alertar cuanto antes. Prueba de ello es que ha habido un nuevo virus
en Estados Unidos que comenzó a los dos días, y alertamos con una
rapidez suficiente, que ha sido reconocida por los propios usuarios
privados. Sabemos que cada día habrá que trabajar más para
perfeccionar esta situación. Esa alerta, y no sólo alerta sino
defensa del virus, es necesaria. Lovamos a hacer y queremos hacerlo
cada vez mejor, pero
no se puede aceptar que se diga que no se ha hecho nada. Eso es
vulgarizar la situación.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL POZUELO MEÑO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁNDO PIENSA EL GOBIERNO
RESOLVER LA APLICACIÓN DEL CENSO REAL DE POBLACIÓN EN RELACIÓN A LA
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA? (Número de expediente 180/000010.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 14, que formula la diputada
doña Isabel Pozuelo Meño.
La señora POZUELO MEÑO: Gracias señora presidenta. Señor ministro,
usted debe saber ya que la población es un elemento fundamental en la
financiación de las comunidades autónomas y debe saber también que a
Andalucía no se le reconoce la existencia de 400.000 andaluces, con
los consiguientes perjuicios para la financiación de sus servicios
esenciales. Ustedes están reduciendo y limitando los recursos
económicos de la Junta de Andalucía al no aceptar a los ciudadanos
que han nacido o han regresado a nuestra comunidad en los últimos
doce años. El Gobierno andaluz no percibe ni una sola peseta para la
financiación de los servicios que necesita esa nueva población, más
de 400.000 andaluces. Nadie puede entenderlo, nadie, ni en Andalucía
ni en el resto del país. No es una cuestión de colores políticos. Le
aseguro, señor ministro, que es una reclamación unánime de todos los
ciudadanos andaluces. Por eso hoy, que es el primer día en que debe
responder usted ante esta Cámara, le pregunto: ¿cuándo piensa el
Gobierno reconocer el censo real de habitantes de Andalucía y
restablecer los recursos financieros que le corresponde por su
población?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pozuelo.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno):
Muchas gracias, señora presidenta.
Yo creo que no está perfectamente hecha esa pregunta. Ese censo real
que dice usted del año 1996 sí se reconoce, por ejemplo, al sistema
de financiación de los servicios de sanidad en el período 1998-2000.
Sí se reconoce. Se reconoce también para asignar los recursos
económicos que corresponden a los entes locales. También. ¿En dónde
no se reconoce? En el sistema de financiación autonómica. ¿Por qué?
Porque cuando se adopta un sistema para el quinquenio 1997-2001 se
adopta un año base, que es una convención, porque el
año base es 1991; pero todas las comunidades autónomas aceptan esa
situación. Entonces, lo que se aplica es lo que deriva de esa
convención que, como le he dicho, es el año 1991. ¿Cuándo se podrá
aplicar el censo que usted llama real de 1996? En el próximo sistema
de financiación autonómica, que no será tampoco el real, porque ya
estaremos en el 2002, pero habrá que tomar un año como referencia.
Por tanto, no le demos a esto un carácter litúrgico. Se adopta el
sistema teniendo como referencia el año 1996 donde puede adoptarse;
donde ha habido un acuerdo que afecta a los demás no puede aplicarse.
Por otro lado, hay otro problema verdaderamente decisivo para
Andalucía, que luego si lo desea le puedo comentar, en cuanto al
sistema de financiación autonómica.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señora diputada.
La señora POZUELO MEÑO: Gracias.
Efectivamente, usted ha puesto muy bien de manifiesto las propias
contradicciones de su Gobierno. Señor ministro, desde la historia
antigua, y hay ejemplos en la Biblia, como el que se refiere al rey
David en el Libro de los Reyes, se han producido graves conflictos
siempre en la población con la elaboración de los censos. Lo que no
existe con seguridad son antecedentes de gobiernos que elaboran
censos, los aprueban, para luego ignorar a la población y actuar al
margen de ellos. Señor ministro, esta es una cuestión de justicia, de
ecuanimidad y de sensatez. Un gobierno no puede mantener tozudamente
una decisión que es contraria a los intereses comunes de los
ciudadanos, una decisión que se basa en no reconocer su existencia y
que ha significado la pérdida de 200.000 millones de pesetas para
Andalucía. Señorías, el peor desprecio que se puede ejercer sobre las
personas es ignorarlas. El presidente de Andalucía, de todos los
andaluces, ha ofrecido, en su discurso de investidura ante el
Parlamento, su mejor disposición de diálogo y negociación al Gobierno
de la nación. Acepten esa oferta sincera de diálogo, abandonen una
posición tozuda e insolidaria.
Señor ministro, en Andalucía vivimos 7.236.459 andaluces, hombres y
mujeres que tenemos el derecho a ser reconocidos y a que el Gobierno
de España sea también el Gobierno de todos ellos. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pozuelo.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno):
Gracias, señora presidenta.
Ya veo que usted viene con una argumentación trenzada,
independientemente de lo que yo diga. Le vuelvo a decir lo mismo: no
es un problema del Gobierno, es
un problema del Gobierno y las demás comunidades autónomas que pactan
un acuerdo. ¿Qué es lo que ocurre con Andalucía? Que tiene que
decidir, y pronto, si acepta el sistema que tienen las demás, 1997-
2001, o la prórroga de 1992-1996, que va a ser muy fuerte.
Yo acepto ese diálogo que ofrece el presidente Chaves y estoy
dispuesto a sentarme mañana mismo, no con él, con la consejera de
Economía o con quien le parezca, para ver ese tema y que comprenda
que hay una seguridad que les dio mi antecesor, que era que nunca
saliera por debajo de la financiación que daba ese censo de 1996.
Esta es una situación que tienen las demás comunidades autónomas y
que también se le da a Andalucía, pero no se le puede dar a Andalucía
una cosa aparte de las demás, porque se pactó con ella. Esto es una
cosa sencilla y que no tiene nada que ver ni con odio a un pueblo, ni
con persecución a unos ciudadanos, ni con no querer reconocer que
existen...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON MANUEL SILVA I SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE
PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿CUÁLES SON LAS
RAZONES QUE ACONSEJAN AL GOBIERNO NO ADSCRIBIR EL INSTITUTO NACIONAL
DE TÉCNICA AEROESPACIAL (INTA) AL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA?
(Número de expediente 180/000021.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta planteada a la señora ministra de
Ciencia y Tecnología.
Pregunta número 25 que formula el diputado don Manuel Silva i
Sánchez.
El señor SILVA I SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, después de darle la bienvenida a esta primera sesión
parlamentaria no solemne, querría formularle la siguiente pregunta.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) acogió con gran
satisfacción la constitución del Ministerio de Ciencia y Tecnología
por entender que era conveniente la integración en un único
departamento ministerial de las funciones de coordinación de las
actuaciones de las grandes instalaciones científicas españolas, el
fomento y difusión del conocimiento científico y la gestión de los
recursos públicos que le competen, así como también la integración de
la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el ámbito
industrial y el ejercicio de aquellas competencias relacionadas con
la calidad, con la normalización
o con la seguridad. De ahí que debamos manifestar nuestra extrañeza y
formular la siguiente cuestión.
Una vez observado el real decreto de desarrollo orgánico de su
departamento ministerial, no entendemos por qué un organismo de las
características del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial no ha
sido adscrito a su departamento. Por tanto, desearíamos conocer las
razones que aconsejan al Gobierno no formular esa adscripción.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán):
Señoría, señorías, efectivamente esta es mi primera intervención en
esta Cámara. Aprovecho para saludar a la Presidencia, a los miembros
de la Mesa, a los distintos grupos y a las señoras y señores
diputados, poniéndome -como no podía ser de otra manera- a su entera
disposición, en particular en relación con el ejercicio de su función
de control.
Por lo que se refiere a la pregunta formulada por S.S., sabe que el
Ministerio de Ciencia y Tecnología es el responsable de la política
de fomento y coordinación general de la investigación científica y
técnica, del desarrollo tecnológico y de la ordenación de las
comunicaciones. Así lo establece el Real Decreto 557/2000 de 27 de
abril, de reestructuración de los departamentos ministeriales, cuyo
fin, como sabe, es impulsar la acción del Gobierno, facilitar el
desarrollo de su programa político y dotar de la mayor eficiencia a
la Administración general del Estado.
Además de estas responsabilidades mencionadas con carácter general,
en el real decreto se le encomiendan de manera clara y explícita al
Ministerio del que soy responsable las competencias atribuidas a
diversos órganos de investigación, desarrollo e innovación, quedando
adscritos al mismo una serie de organismos entre los que, sin
perjuicio de estas competencias, no se encuentra el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial.
Luego, si quiere, podemos seguir hablando de cómo se va a llevar a
término esta coordinación.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Señor Silva.
El señor SILVA I SÁNCHEZ: Me gustaría que prosiguiésemos en ese
sentido.
Nuestra extrañeza deriva de que el artículo 13 de la Ley de la
ciencia establece precisamente una enumeración de los organismos
públicos de investigación y, posteriormente, una regulación conjunta
de un determinado estatuto jurídico. De esos organismos de
investigación, se adscriben todos al Ministerio de Ciencia y
Tecnología menos el Instituto de Técnica Aeroespacial. Se adscribe,
obviamente, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el
Ciemat, el Instituto Español de Oceanografía, el Instituto
Tecnológico Geominero... y no se produce la adscripción de un organismo
que parece que realiza unas funciones similares y que está sometido a
un estatuto jurídico también similar.
Hemos discrepado de que no se hayan integrado las universidades en su
departamento ministerial, aunque podemos entenderlo mejor, pero no
entendemos esta especificidad del INTA, que es una punta de lanza de
la investigación científica y tecnológica en España.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán):
Gracias, presidenta.
Sabe S.S. que la ley orgánica de 1980 por la que se regulan los
criterios básicos de la defensa nacional y la organización militar
atribuye al Ministerio de Defensa el fomento y coordinación de la
investigación científica y técnica en materias que afecten a la
defensa nacional. Estas competencias son reconocidas tanto por la Ley
3/1986, de Fomento y coordinación general de la investigación
científica y técnica, como por la normativa posterior relativa al
propio Instituto.
De este modo, pues, el INTA reúne unas especiales circunstancias que
conjugan al mismo tiempo estas actividades de I+D+I con las
necesidades del Ministerio de Defensa. Por tanto, hay una
especificidad propia de defensa y en cambio una de investigación,
desarrollo e innovación, pero corresponde, efectivamente, al
Ministerio de Ciencia y Tecnología coordinar todo el ámbito de la I+D
en nuestro país. Por ello, la específica situación del INTA vinculado
orgánicamente al Ministerio de Defensa le aseguro que no supone en
modo alguno, si esta es su preocupación, un detrimento de las
competencias del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Quiero poner
énfasis en ello, la no adscripción del INTA al...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON GUILLERME VÁZQUEZ VÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ CRITERIOS, SEGÚN EL GOBIERNO,
DEBE MANTENER LA UNIÓN EUROPEA EN LA NEGOCIACIÓN CON EL REINO DE
MARRUECOS, PARAALCANZAR UN ACUERDO DE PESCA? (Número de expediente
180/000002.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas correspondientes al señor ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
Pregunta número 6, que formula el diputado don Guillermo Vázquez
Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, usted como profundo conocedor que es del sector
pesquero sabe que de que se alcance un buen acuerdo de pesca entre la
Unión Europea y Marruecos dependen un gran número de puestos de
trabajo directos e indirectos. Sabe también que el 29 de septiembre
del año pasado esta Cámara aprobó por unanimidad una resolución
impulsada inicialmente por mi grupo político que fijaba unos
criterios de negociación que su antecesor en el cargo se comprometió
a defender.
Nosotros creemos necesario, pasados los meses y con un nuevo
Gobierno, que usted exponga precisamente ante esta Cámara cuál es su
postura política en este tema y es por lo que le formulamos la
siguiente pregunta: ¿Qué criterios, según el Gobierno, debe mantener
la Unión Europea en la negociación con el Reino de Marruecos para
alcanzar un acuerdo de pesca?
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias
Cañete): Señora presidenta, señor diputado, como S.S. ya conoce la
Comunidad Europea es quien tiene la competencia para negociar y
concluir acuerdos pesqueros con terceros países. En el caso concreto
del acuerdo con Marruecos, el Gobierno español otorga la máxima
prioridad a las relaciones pesqueras entre la Comunidad y el Reino
alauita efectivamente por la importante repercusión económica y
social que tiene este acuerdo para determinadas comunidades autónomas
como Galicia, Andalucía y Canarias. Por eso el Gobierno español apoya
las gestiones que la Unión Europea viene realizando para lograr que
las negociaciones comiencen lo antes posible, y espera y desea que la
Comisión y autoridades marroquíes fijen, con ocasión de la visita del
comisario europeo de Pesca, un calendario de negociación.
Respecto a los criterios que debe mantener la Unión Europea para
alcanzar un acuerdo pesquero, está claro que el punto de partida
tiene que ser el mandato de negociación que el Consejo de Ministros
de la Unión Europea adoptó el pasado 15 de octubre, en el que se
fijan como objetivos los siguientes: asegurar la conservación
y gestión racional de los recursos pesqueros en aguas marroquíes,
reforzar la cooperación entre las partes en todas las etapas de la
actividad pesquera, asegurar
la continuidad de la actividad pesquera de los Estados miembros bajo
diferentes fórmulas con Marruecos, asegurar el mantenimiento del
nivel económico y de empleo en las regiones de la Comunidad altamente
dependientes de la pesca y, por último, cooperar en los programas de
formación y de intercambio de conocimientos en el sector de la pesca.
Muchas gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señor ministro.
Efectivamente, usted hace referencia a varias cuestiones que deben
orientar la negociación entre la Unión Europea y Marruecos para
alcanzar un nuevo acuerdo de pesca. En todo caso, señor ministro, le
quiero decir lo siguiente. A mí me parece que usted tiene delante de
sí dos problemas: en primer lugar, hacer que la Unión Europea asuma
la propuesta de negociación del Estado español en esta materia y, por
tanto, que el señor Fischler se comprometa, naturalmente, a intentar
una línea de negociación que nos lleve a un nuevo acuerdo de pesca
que efectivamente suponga el mantenimiento de la flota que faenaba a
la luz del anterior acuerdo y la titularidad de las empresas,
evitando, por tanto, la vía de las empresas mixtas, así como las
garantías jurídicas necesarias que permitan planificar su actividad,
porque esta es una demanda, como usted sabe perfectamente, del sector
afectado por esta falta de acuerdo en este momento.
Yo quiero decirle, señor ministro, que me resultan muy preocupantes
las declaraciones que provienen de la Unión Europea. En concreto hoy
mismo el señor Kreuzhuber, portavoz de la Comisión, nos dice, en
primer lugar, que no hay prisa en alcanzar un nuevo acuerdo,
contradiciéndole además a usted en sus afirmaciones respecto al
posible problema presupuestario si se alarga en el tiempo alcanzar
ese nuevo acuerdo, y, en segundo lugar, que para la Unión Europea lo
que es importante es conseguir un acuerdo diferente, es decir, pasar
de los pactos colonialistas a los de cooperación. Señor ministro,
permítame que le diga que eso lo quehace es evidenciar que la Unión
Europea cree que acuerdos de pesca como el anterior son
colonialistas, lo que señor ministro...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias
Cañete): Gracias, señora presidenta.
Señor diputado, el Gobierno español es plenamente consciente de los
intereses económicos en juego. Ayer
estuve reunido con el señor Fischler y esta mañana he estado reunido
en Bruselas con el director general de Pesca obviamente para
trasladar la inquietud del Gobierno español y los términos en que
queremos que empiece una negociación. El Gobierno español desea que
la visita del señor Fischler a Rabat mañana se traduzca en la
fijación de un calendario y en empezar, por ambas partes, a poner
propuestas encima de la mesa. Pero una negociación es cosa de dos, es
complicada, es muy difícil articular una solución inmediata en este
problema y yo confío y deseo que se logre un acuerdo rápido. Ahora
bien, el Gobierno español ha articulado los mecanismos necesarios
para poder tener una negociación con tranquilidad, aprobando las
órdenes ministeriales que garantizan a los pescadores y armadores su
subsistencia económica durante el período de negociación que sea
necesario.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON IÑAKI TXUEKA ISASTI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO
(EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES: ¿QUÉ PREVISIONES TIENE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO INTERPROFESIONAL SOBRE
FORMACIÓN CONTINUA (PROGRAMA HOBETUZ) EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL
PAÍS VASCO DURANTE EL EJERCICIO DEL AÑO 2000? (Número de expediente
180/000001.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas correspondientes al señor ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales.
En primer lugar, pregunta número 5, que formula el diputado don Iñaki
Txueka Isasti.
El señor TXUEKA ISASTI: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, arratsaldeon, buenas tardes. Todos los años se viene
convalidando, mediante reales decretos- ley, la financiación del
acuerdo interprofesional sobre formación continua en Euskadi; el
hecho es que dichas convalidaciones se realizan prácticamente al
finalizar cada año, el 17 de diciembre de 1998 y el 16 de septiembre
de 1999. Ello viene produciendo, además de una inseguridad
importante, una situación delicada por problemas de tesorería a la
fundación Hobetuz, que gestiona dichos fondos.
Por ello, y dado que estamos en situación de adelantar los mismos,
desde el Grupo Vasco le formulamos la pregunta de cuáles son sus
previsiones en esta materia para el ejercicio del año 2000.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Txueka.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Señora presidenta, señoría, no entienda como descortesía un problema
de acústica, pero si no realmente es muy difícil la audición.
El Gobierno tiene la intención de cumplir, como ha venido haciendo
hasta ahora, y como no podía ser de otra manera, los compromisos
asumidos y los mandatos legales que afectan a este acuerdo
interprofesional sobre formación continua de la Comunidad Autónoma
del País Vasco.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Txueka.
El señor TXUEKAISASTI: Le agradezco su voluntad y asimismo desearía
aprovechar, señor ministro, para recordarle la reclamación que se
viene produciendo hace unos cuantos años por parte del Grupo Vasco
sobre la necesidad de que en los próximos ejercicios exista una
partida nominativa en los distintos proyectos de ley de presupuestos
que garantice la continuidad de la financiación del acuerdo
interprofesional vasco para la formación continua, que en todos estos
ejercicios acaba siendo atendida mediante sendos convenios de
colaboración en reales decretos-ley que recomponen finalmente la
financiación con carácter siempre extraordinario, generando por ello
innecesarias dudas y problemas de gestión por la incertidumbre
temporal.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Txueka.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Gracias, señora presidenta.
Señoría, sin duda sabe que este año ya se han transferido las
cantidades que corresponden a la financiación de este acuerdo para el
año 2000. Si usted está planteando la necesidad o la oportunidad de
financiaciones complementarias como las que han venido operando desde
el año 1996, deberá admitir que algunas de las circunstancias han
cambiado radicalmente. No estamos ante una insuficiencia constatable,
como la que se produjo como consecuencia del incumplimiento del Real
Decreto-ley 12/1995 y, por otra parte, tampoco estamos ante acuerdos
políticos de legislatura tales como los que se produjeron en el
discurso de investidura del año 1996. Yo creo que las actuaciones que
hasta ahora se han realizado desde ambas administraciones han
permitido además actuar no sólo con respeto máximo
a las normas y formas de hacer de la Forcem, de su comisión
tripartita, sino que también han permitido hacerlo con luz y
taquígrafos, puesto que ha habido debate parlamentario al respecto.
Insisto en que, de haber nuevas fórmulas de financiación
complementaria, deberán obedecer a estas nuevas voluntades políticas
dentro de marcos más amplios que el que sea estrictamente la
formación profesional, tal y como se produjo en el año 1996. Eso sí,
puedo hablarle con la enorme tranquilidad de saber que están
escrupulosamente cumplidos todos los compromisos políticos entonces
adquiridos y todos los mandatos legales que se adquirieron, incluso
también alguno de los que en el pasado no había sido debidamente
atendido.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ EUGENIO AZPIROZ VILLAR, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL
ES EL RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA EN TORNO A LAS
PRESUNTAS IRREGULARIDADES RELACIONADAS CON LA FINANCIACIÓN DESTINADA
A LA FORMACIÓN PROFESIONAL? (Número de expediente 180/000017.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 21, que formula el diputado don
José Eugenio Azpiroz Villar.
El señor AZPIROZ VILLAR: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas
tardes.
Señor ministro, permita que empiece felicitándole por su
nombramiento, aunque ya era titular de la cartera, y le deseo, como
no puede ser de otro modo, los mayores y mejores éxitos en el bien de
todos por la importante responsabilidad que tiene su Ministerio.
Quiero recordar cómo a principios de este año se produjo un gran
revuelo público y fue objeto de tratamiento por los medios de
información y también por destacados miembros de la política en
orden, yo creo que precipitadamente, a denunciar determinadas
posibles y supuestas financiaciones irregulares con la formación
continua en el seno de su Ministerio. El hecho adquirió una
relevancia que creo que SS.SS. no olvidan y, aunque lógicamente era
comprensible por la época preelectoral en que nos encontrábamos, no
dejó de haber, yo creo, un uso abusivo de la posición que algunas
personas manifestaron.
No obstante, debo recordar aquí que es objeto nuclear del programa
del Gobierno del Partido Popular, y también compromiso del presidente
del Gobierno, y estoy convencido de que es su decisión y voluntad
política,señor ministro, la lucha contra cualquier fraude, la
lucha contra la opacidad, la lucha contra cualquier posible
irregularidad o incluso supuestos casos de corrupción.
Desde esta perspectiva, y estando como estamos en una sesión de
control, lógicamente en esta pretensión de transparencia, de
claridad, le tengo que demandar, en virtud de una investigación que
en el seno de su Ministerio se acordó en aquellas fechas, una
respuesta a la pregunta que figura en el orden del día y que reza:
¿cuál es el resultado, señor ministro, de la investigación realizada
en torno a las presuntas irregularidades relacionadas con la
financiación destinada a la formación profesional?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiroz.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Gracias, señora presidenta. Gracias, señor diputado por situar la
pregunta en el contexto creo que correcto.
En este caso, daré cuenta no solamente de las actuaciones que ha
realizado el Ministerio de Trabajo a través de su Inspección de
Servicios, sino también de las que se han realizado en colaboración
con el Ministerio de Administraciones Públicas, Inspección de
Servicios, y la Abogacía del Estado.
Ciertamente de las actuaciones que se han realizado se desprende que
no existen indicios ni irregularidades, no digo ya en el orden penal,
que evidentemente no existen, sino figuras tales como en su vida se
manejaron o se pudieron imputar de tráfico de influencias, de manejo
de información privilegiada. Sí que se ha podido constatar, con
relación a este funcionario, en concreto al señor Aycart, que en la
etapa en la que no desempeñaba el puesto de director de gabinete del
anterior titular sí que realizó, a través de unas empresas
participadas directa o indirectamente, actividades para las cuales
hubiese necesitado no sólo la comunicación sino la autorización del
Ministerio. Dicho de otra manera, no eran actividades por sí
irregulares o por sí ilegales, hubiesen requerido una autorización
que no se solicitó.
En consecuencia, dado que sí que estaríamos ante una situación de
incompatibilidad o de indicios de incompatibilidad, parece lógico que
se inicie, se substancie un expediente que depure estas
responsabilidades. Bien es cierto que en el resto de los ámbitos
estas investigaciones exhaustivas, realizadas con la debida
profesionalidad e, insisto, con la colaboración del MAP, porque
también había que dejar claro que no se había cometido ninguna
irregularidad en el ámbito del registro de altos cargos, nos permiten
concluir que las explicaciones tanto en el ámbito administrativo como
en el político, que fueron facilitadas ya en su momento
por el anterior titular del departamento, pueden considerarse como
suficientes. En relación con ese aspecto, insisto, relacionado con
una cuestión tal vez menor, como son los indicios de incompatibilidad
por actividades que aun siendo legales no fueron declaradas, se
substanciará con normalidad el correspondiente expediente
administrativo cuya resolución final, evidentemente, como el resto de
actuaciones producidas, sabe S.S. que están a disposición de esta
Cámara por ese afán, que creo que debe ser un objetivo y una pauta de
comportamiento, de plena transparencia en sus actuaciones ante este
Parlamento y ante la opinión pública.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DELDIPUTADO DON JOSÉ MANUEL PÉREZ CORGOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS
LÍNEAS GENERALES DEL PLAN NACIONAL DE ACCIÓN PARA EL EMPLEO DEL REINO
DE ESPAÑA 2000? (Número de expediente 180/000018.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 22, que formula el diputado don
José Manuel Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, sepa S.S. que
gustosamente me adhiero a las felicitaciones y buenos deseos
formulados por mi compañero el señor Azpiroz al inicio de su
pregunta.
El pasado 28 de abril, señor ministro, el Gobierno salido de las
elecciones del 12 de marzo en su primer Consejo de Ministros adopta
sus primeros acuerdos, y uno de ellos es el de aprobar el Plan
nacional de acción para el empleo del Reino de España para el año
2000. Es un plan que responde a esa estrategia comunitaria, impulsada
por el Gobierno de España pero también por el conjunto de los países
de la Unión Europea, nacido de la cumbre de Luxemburgo en el año
1997. Es, por tanto, el tercer plan. Los anteriores han funcionado
bien. La experiencia es que España ha creado el doble de empleo de la
media de la Unión Europea. El nuevo plan es eminentemente ambicioso,
dotado con casi dos billones de pesetas y que va dirigido a más de un
millón de trabajadores. El esfuerzo realizado, señor ministro, y los
objetivos alcanzados nos hacen depositarios de una especial
credibilidad en cuanto a políticas de empleo en el conjunto de la
Unión Europea. En consecuencia, yo quiero preguntarle, señor
ministro, cuáles son las líneas generales de este nuevo plan de
empleo del Reino de España para el año 2000.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pérez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Muchas gracias, señoría.
Permítame también que exprese mi deseo de cooperación no solamente
con cuantos diputados del Grupo Popular formulen iniciativas de
control o de cooperación con el Gobierno, sino con el resto de los
grupos de la Cámara. Creo que en este caso lo que no puedo decir es
que sea nuevo en la misma, son ya, felizmente, bastantes años de
cooperación.
La línea que está siguiendo este programa -que, por cierto, conviene
recordarlo, es el tercero y recoge lo que sin duda ha sido una
experiencia positiva, en algunos momentos se han calificado los
planes españoles como los mejores- es el desarrollo de esos cuatro
grandes pilares que cita la Unión Europea, que es mejorar la
capacidad de inserción profesional de nuestros trabajadores,
desarrollar el espíritu de empresa, fomentar la capacidad de
adaptación de trabajadores y de empresas y reforzar las políticas de
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Hablo desde el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, pero estoy hablando de un
plan en el que han cooperado, de una manera enormemente positiva,
ministerios como Economía y Hacienda, Educación y Cultura, Industria
y Energía, Medio Ambiente, Administraciones Públicas y Fomento. Se
trata, como saben sin duda SS.SS., de estructurar de una manera
correcta el mayor número posible de medios económicos y humanos en
orden a cumplir estos objetivos que, sin duda alguna, son de máxima
importancia para una nación. La tónica ha sido de crecimiento de los
recursos disponibles, a sabiendas de que, afortunadamente, se ha
reducido el número de posibles beneficiarios. Hoy, día en que también
se han dado a conocer o se han analizado datos referentes al empleo,
creo que podemos hablar de una menor población susceptible del
beneficio de estos planes. Es un tipo de población, además, contada
con metodología propia, esa metodología que denominamos colectivos de
Luxemburgo, en una jerga tal vez de difícil comprensión pero que creo
que sitúa el problema. Eso nos permite hablar de más de un millón de
beneficiarios, pero ciertamente son un número sensiblemente inferior
al de ejercicios anteriores, de 1.100.000 personas, que
desagregaríamos en 236.000 personas jóvenes, menores de 25 años; de
530.000 adultos, mayores en este caso de 25 años pero con más de 12
meses de paro; 285.000 parados, en general de mayor duración, y
50.000 minusválidos. Pensamos que el total de acciones previstas y
que podrán desarrollarse serán más de un millón y medio y que la
financiación se situará en los aledaños del billón de pesetas.
Resumiendo, con la experiencia recogida, con mayores recursos y para
un número más reducido de beneficiarios, creo que alcanzaremos una
mayor calidad y eficacia en nuestras gestiones de empleo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE ASIGNACIÓN DE LICENCIAS
DE TELEFONÍA MÓVILUMTS O DE TERCERA GENERACIÓN. (Número de expediente
172/000001.)
La señora PRESIDENTA: Punto IV del orden del día: Interpelaciones
urgentes.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista sobre asignación
de licencias de telefonía móvil UMTS o de tercera generación. Para su
defensa, tiene la palabra el señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Señora presidenta, señora ministra,
permítame una doble felicitación en nombre de mi grupo: primero, le
deseo éxito en su gestión al ser su primera comparecencia en la
Cámara y, segundo, como hablaremos de licencias de telefonía móvil,
por su anterior condición de responsable de Retevisión he de
felicitarla por el éxito empresarial conseguido por esa entidad al
obtener una licencia de telefonía móvil de tercera generación por un
importe de 22.000 millones de pesetas, que si lo comparamos con lo
ocurrido en licencias similares en Inglaterra, un billón 200.000
millones de pesetas, supone exactamente el pago de 60 veces menos por
la misma. Por supuesto que desde el punto de vista empresarial lo
importante es proporcionar valor al accionista. Usted lo consiguió de
forma notable. Pero ahora le pediré que, ya que está en la otra parte
de la barrera, transite hacia el interés general y nos explique en
esta Cámara por qué el Gobierno español concedió estas cuatro
licencias a través de un concurso y con un precio por licencias tan
bajo y tan insuficiente.
Señora ministra, primero se concedieron coincidiendo con una campaña
electoral -espero que usted reconozca conmigo que no es el momento
más adecuado-, sin explicación alguna, ni a la opinión pública ni a
esta Cámara. Le voy a hacer un recordatorio. En 1994, con ocasión de
la concesión de una licencia GSM de telefonía móvil -la que ahora
está en explotación- a Airtel, el entonces titular de la cartera,
Josep Borrell, compareció varios meses antes en la Comisión
correspondiente de esta Cámara y durante toda la mañana explicó a SS.
SS. el alcance de aquel concursosubasta, porque fue un sistema
procedimental distinto. Desembolso por tanto, señoras y señores
diputados, inapreciable. ¿Lo dice el Grupo Parlamentario Socialista?
No. Lo dice una consultora muy importante llamada Lehman Brothers,
hace tan sólo 10 días, señoría, que se expresa así: Si Telefónica no
ha visto alterado su precio objetivo -y esta consultora rebaja los
precios objetivos de las compañías de telecomunicaciones europeas- ha
sido porque ya ganó la licencia de telefonía de tercera generación en
España con un desembolso inapreciable -repito que son palabras de una
consultora como Lehman Brothers-, muy lejano de los 6,3 billones de
pesetas obtenidos por Inglaterra por una licencia más -cinco, no
cuatro- y a través del procedimiento de subasta y publicidad
absoluta. Todo ciudadano europeo, señorías, ha podido seguir el
proceso inglés por Internet y en España estamos -permítanme hacer un
homenaje al gran escritor Buero Vallejo- en la más ardiente
oscuridad. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la
Presidencia.) Ni ustedes, señoras y señores diputados, ni los
ciudadanos conocemos por qué se han concedido estas licencias, no
sabemos cuáles son los compromisos de estas empresas, su plan de
inversiones, el precio que cobrarán a los usuarios ni cómo se
desplegarán en el territorio español, salvo algunas pequeñas
exigencias que figuraban en el pliego de condiciones. Por tanto, no
sabemos casi nada. Este sistema que siguió su gobierno sólo lo han
utilizado en Europa Finlandia y España. También en esto, señorías,
somos diferentes. El resto de los países está utilizando la subasta o
el concurso-subasta, más trasparente. Es evidente, señora ministra,
que todos los sistemas tienen ventajas e inconvenientes -seguro que
sí, no lo pongo en duda-, pero a juzgar por los resultados europeos
-Inglaterra ya, Francia cambió el sistema, Alemania utiliza la
subasta, Italia el concurso-subasta- parece claro, desde luego, que
el camino elegido por el Gobierno español fue el peor, al menos, para
los intereses de los usuarios.
Telefonía móvil de tercera generación, una tecnología que supone la
mayor revolución en el campo de las telecomunicaciones junto con
Internet, una tecnología que permitirá el establecimiento de voz,
datos, imágenes entre terminales móviles; para entendernos, un
Internet móvil en un aparatito pequeño que será sin duda objeto de
una explosión de futuro en las sociedades como la española. ¿Qué
ocurre con esta tecnología? ¿La puede utilizar cualquiera? No; sólo
un número limitado de empresas. ¿Por qué, señorías? Porque el
espectro radioeléctrico que se utiliza es limitado y es un bien de
dominio público. Por eso cualquier empresa que quiera ejercitar esta
iniciativa empresarial tiene que obtener licencia de la
Administración. Esa licencia tiene un valor que es alto porque pueden
explotarlo obteniendo legítimos beneficios, señora Birulés, durante
30 años -son 20 años la adjudicación, prorrogables por 10 más- y en
Inglaterra sólo son 20 años y por las mismas han pagado las
operadoras 6,3 millones de pesetas. En España todo induce a la duda,
a la sospecha, a la confusión: desde la adjudicación en pleno
período electoral hasta las filtraciones previas a esa concesión,
mediante las cuales algunas de las empresas que participaban en el
consorcio Xfera tuvieron importantes subidas en Bolsa o la
vulneración de las bases del concurso porque, como usted sabe,
Vodafón tiene participación en Airtel y en Xfera. Y lo que no sabemos
es lo más importante -lo sabrá el Gobierno, pero no esta Cámara ni
los ciudadanos-: las razones para utilizar el procedimiento de
concurso, los criterios utilizados para la selección de operadores,
las valoraciones sobre cada oferta, los precios que cobrarán las
compañías o el plan de inversiones de cada una. O sea, no se sabe
casi nada y queremos saber; queremos que el Gobierno lo explique. El
PSOE, mi grupo parlamentario, quiere saber si el Gobierno piensa
adoptar alguna medida para corregir lo que se presenta -me voy a
quedar en este nivel- como un lamentable error de cálculo. No voy a
pedir responsabilidades. No; vamos a pedir soluciones; vamos a pedir
que este proceso aporte a los usuarios españoles los mayores
beneficios. Por tanto, repito, no queremos pedir responsabilidades
sino soluciones. No importa tanto si el procedimiento es mejor o
peor, sino sus resultados, y aquí no sabemos en qué medida beneficia
a los usuarios y sólo sabemos que el Gobierno español, en principio y
en comparación con lo ocurrido en otros países, ha perdido una
importante fuente de recursos. Queremos saber si están garantizadas
las obligaciones de servicio público y de servicio universal. Es
decir, el acceso por igual a estas revolucionarias tecnologías de
todos los ciudadanos españoles con independencia de su lugar
geográfico de residencia y de su capacidad económica o, lo que es lo
mismo, garantía pública a través del servicio universal de un precio
accesible a todos los ciudadanos con independencia de su nivel
económico. Esto es lo que tiene que garantizar el Gobierno y no
sabemos si lo ha hecho. De acuerdo con criterios de valoración
aceptados, dividiendo el precio de la licencia por la población
cubierta se obtiene que en Inglaterra el precio aplicado a España
supone para nuestra administración una pérdida mínima, muy
conservadora, de 3,5 billones de pesetas.
Por tanto, hay dos modelos: uno que favorece a empresas y a sus
accionistas y otro que favorece, a través de los poderes públicos, el
interés público y los intereses de los usuarios, bien con exigencia a
las empresas para la cobertura de un servicio universal amplio y a
precios accesibles o garantizando esa financiación del servicio
universal por el conjunto de los operadores para permitir acceso a
telefonía fija y móvil, por ejemplo a Internet con tarifa plana, a
todos los ciudadanos, con independencia, repito, del lugar de
residencia y de la situación económica. No es de extrañar -vuelvo
otra vez al informe de la consultora mencionada anteriormente- que
Lehman Brothers haya rebajado el precio objetivo de las otras
operadoras europeas y que añada en su informe lo siguiente: Tele
fónica
pagó tan poco por la licencia que muchos analistas ni siquiera han
tenido en cuenta el gasto; repito, pagó tan poco por la licencia que
muchos analistas ni siquiera han tenido en cuenta el gasto. Y debemos
recordar que Telefónica estaba dispuesta a pagar en Inglaterra un
billón de pesetas por una licencia similar. Esto hubiera supuesto una
transferencia neta de recursos al Tesoro inglés de una compañía
española, a un país más rico que España de acuerdo con los criterios
utilizados en la Unión Europea. Puede usted darme dos argumentos.
Uno, que al ser barata la licencia los precios serán menores. ¿Pero
cree usted, señoría, que los precios serán 40 veces menores que en
Inglaterra? ¿Es posible considerar esto? Además, los precios dependen
del mercado y la experiencia demuestra que se aproximan en unos y
otros países. El mercado de móviles no tiene competencia libre, es
oligopolístico; no hay libertad de entrada y por eso la expectativa
de beneficio es muy alta. La rebaja de precios vendrá por la
competencia y, si esta es limitada -sólo cuatro licencias-, costes
más bajos no significan precios más bajos, sino más plusvalía para
las empresas. El segundo tiene que ver con las inversiones. Nos podrá
decir que aquí las inversiones que han de asumir las empresas serán
mayores que en Inglaterra. Le prevengo contra ese argumento. No es
así. Las inversiones serán idénticas, adaptadas al territorio y a la
población a cubrir. Por tanto, de ahí esta interpelación, señoría.
Créame que queremos ser útiles al interés público. Creemos que ha
habido un lamentable error. Tenemos ideas para corregirlo, pero antes
queremos escuchar al Gobierno. ¿Tiene el Gobierno español alguna
fórmula para compartir los beneficios de esta revolución tecnológica
con todos los españoles? Es justo que las empresas obtengan
beneficios, pero también los usuarios, bien directamente a través de
los poderes públicos, con la garantía del servicio universal, con
servicio de mayor calidad, o con precios accesibles a todos los
españoles. Eso le pedimos: si podemos corregir el resultado de esta
subasta. Queremos información. Creo que la Cámara la necesita.
Explíquenos por qué ha ocurrido así y si tienen alguna propuesta para
mejorar el interés público.
Gracias, señora ministra. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Caldera.
Señora ministra de Ciencia y Tecnología.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán): Buenas
tardes.
Señoría, al leer y sobre todo al escuchar su interpelación de hoy
sobre la adjudicación de las licencias de telefonía móvil UMTS se
aprecia -si me permite decirlo de este modo- que su grupo comparte la
voluntad del anterior Gobierno de que España sea pionera en la
introducción de esta importante tecnología,
voluntad también compartida, como no podía ser menos -y se lo digo
con creces-, por esta ministra de Ciencia y Tecnología. (La señora
presidenta ocupa la Presidencia.) Creo que todos, por lo tanto,
debemos felicitarnos por este objetivo común y esta voluntad
compartida, y le digo que esta voluntad está plenamente justificada.
Como sabe bien, a diferencia de la generación de telefonía móvil
analógica y digital, tanto en sus versiones 900 como 1800 que se han
producido -antes hacía usted referencia a la del año 1994-, y la
ADCS, que al final de este año hará dos años que se hizo, esta
tercera generación permite garantizar la prestación del servicio de
telefonía móvil a nivel mundial mediante la asunción universal de
este estándar por todos los países. Por tanto, es claramente un salto
tecnológico importante y hay que resaltar que un conjunto de
empresas, las concesionarias, sean tanto de la telefonía digital en
primera generación como de la segunda, son empresas de las que
algunas aún están en proceso de despliegue y de inversión. Pero esta
es una generación importantísima que permite garantizar la prestación
de este servicio y, además, cualquier ciudadano podrá hablar con su
teléfono móvil desde cualquier parte del mundo sin que existan
incompatibilidades técnicas, a lo cual hay que añadir lo que usted
mencionaba de la especial importancia del ancho de banda y, por
tanto, el prestar un conjunto heterogéneo de servicios de
telecomunicaciones, de voz, datos e imágenes, para lo que se requiere
una gran capacidad y velocidad de transmisión, siendo el ejemplo más
paradigmático el acceso a Internet de alta velocidad. Sería, por
tanto, un hecho clave el que no se ha esperado a que ninguna empresa
haya no sólo amortizado las inversiones que están haciendo, sino
incluso que hayan terminado sus despliegues para acelerar y penetrar
en la telefonía móvil de tercera generación. Por tanto, nada a favor
en este caso, sino todo lo contrario, del interés general; nada a
favor de unas empresas con unas licencias concedidas. No se trata de
duopolios u oligopolios, sino de desarrollo de una nueva tecnología
que tiene una relevancia clave para el desarrollo de la sociedad de
la información y que va a tener una importancia en el progreso
económico social hoy y en el inmediato futuro. Sabemos todos que
Internet y la sociedad de la información están creando nuevos modelos
de relaciones económicas, comerciales, laborales, sociales e incluso
personales. Por ello es la telefonía móvil de tercera generación un
ingrediente importante que se está configurando como uno de los
principales instrumentos para acceder a Internet y para ayudar en la
consolidación de los beneficios de nuestro modelo de sociedad. Por
consiguiente, clarísimamente, futuro interés general y avance y
liderazgo en el marco europeo.
Teniendo en cuenta estas circunstancias y los beneficios que la
sociedad de la información y la telefonía móvil van a proporcionar a
la economía y a la sociedad
españolas, el Gobierno realizó una apuesta decidida por la
introducción de esta tecnología, para lo cual, como es bien conocido,
convocó y resolvió un concurso para el otorgamiento de cuatro
licencias de telefonía móvil de tercera generación. Son de todos
conocidos los efectos beneficiosos que se han derivado para la
sociedad española, sus empresas y sus ciudadanos por no habernos
acogido en su momento a la prórroga que nos daba la Unión Europea
para liberalizar los servicios de telecomunicaciones. Si lo
hubiéramos hecho no estaríamos hoy hablando ni de telefonía móvil de
tercera generación. La anticipación y las apuestas decididas de
futuro han demostrado ser un acelerador de la difusión de las nuevas
tecnologías de la comunicación con los consiguientes efectos
positivos sobre la productividad, el empleo y el desarrollo económico
y social. De hecho, España es uno de los países pioneros en apostar
por introducir lo antes posible esta estratégica tecnología de futuro
y de gran potencial, hasta el punto de que ha sido el segundo país a
nivel mundial, después de Finlandia, en haber otorgado las oportunas
habilitaciones para prestar este servicio. Es cierto que existe un
gran debate en toda Europa -y cuando este debate deje de ser
coyuntural estoy segura de que será muy interesante- sobre la
idoneidad de utilizar el sistema de concurso o el sistema de subasta
para la adjudicación de licencias en el sector de las
telecomunicaciones y en particular en las licencias de telefonía
móvil de tercera generación-UMTS. Señalo a S.S. como consideración
general que ambos sistemas tienen sus ventajas y sus inconvenientes y
que la idoneidad y oportunidad de uno u otro deben valorarse en
función de diversos factores, en especial de los objetivos
perseguidos. Bajo esta premisa, y tal como solicita S.S., paso a
exponer detalladamente las razones que han llevado al Gobierno
a adjudicar las licencias de telefonía móvil de tercera generación por
este sistema de concurso.
En primer lugar, quiero resaltar que el sistema tradicionalmente
utilizado en todos los casos en nuestro ordenamiento jurídico para
otorgar títulos que habilitan para prestar servicios públicos y
servicios de telecomunicaciones es y ha sido el sistema de concurso.
De hecho, no se conoce ningún caso en nuestro acervo jurídico en el
que la gestión de un servicio público de telecomunicaciones que se
haya otorgado conforme a la Ley de Contratos de la Administraciones
Públicas se haya tramitado por el sistema de subasta, sino que todos
se han hecho por el sistema de concurso. En segundo lugar, el
Gobierno ha considerado como su objetivo prioritario situar a España
en el liderazgo europeo en el desarrollo de la tecnología UMTS y que
consiguiera la mayor y mejor implantación de dicha tecnología como
medio de impulsar la sociedad de la información. Dada la fuerza con
la que se está implantando el teléfono móvil en España, una
tecnología como la UMTS, que permite acceder a Internet a través del
teléfono móvil, puede sin duda ser decisiva. En tercer
lugar, el Gobierno quería asegurar un volumen, un ritmo y una
calidad de la inversión en infraestructuras de telecomunicaciones,
unos precios asequibles para todos los ciudadanos y un rápido
desarrollo de los servicios que permite el UMTS. En cuarto lugar, el
Gobierno ha querido sobre todo satisfacer mejor las necesidades de
comunicación de los ciudadanos en este nuevo modelo de sociedad,
posibilitando la introducción de un mayor grado de concurrencia en un
sector caracterizado por la vitalidad de la demanda y sus altas tasas
de crecimiento actual y futuro, como es el de la telefonía móvil, así
como permitiendo que se presten muchos otros servicios adicionales
que hasta ahora no se podían prestar mediante la actual tecnología
móvil digital, como es el caso principal del acceso a Internet de
banda ancha. La consecución de esta finalidad traerá consigo no sólo
el fomento de la inversión y la creación de nuevos puestos de
trabajo, sino la dinamización de la economía española en el marco de
la sociedad de la información con la consiguiente generación de
riqueza. Con estas consideraciones, prioridades y objetivos el
Gobierno decidió, a mi entender acertadamente, optar por el sistema
de concurso para la adjudicación de licencias de UMTS. Señoría,
quiero insistir en la idoneidad del sistema de concurso en el caso
español subrayando algunos factores y hechos.
El sistema de concurso no ha recibido ninguna tacha jurídica,
política o social de ningún sector, medio de comunicación o partido
político. Hasta que en el Reino Unido se resolvió una licitación para
otorgar licencias de ese servicio por el sistema de subasta no se
preguntaron por otras alternativas. Asimismo, nadie había manifestado
ninguna objeción o crítica a la cantidad que se había fijado en el
pliego. De hecho, 21.500 millones de pesetas por adjudicatario, pero
como contribución financiera al Tesoro público que los adjudicatarios
de las licencias debían abonar, efectivamente los 86.000 millones de
pesetas, hasta que se otorgaron las licencias británicas. En este
contexto incluso la Comisión Europea, antes de que se resolviera la
subasta en el Reino Unido, consideró que exigir 21.500 millones de
pesetas a cada uno de los operadores UMTS por licencia podía ser
excesivo, solicitando información al Estado español al respecto. Si
al conceder licencias el objetivo fuera recaudatorio, el sistema de
subasta podría ser una fórmula, pero el problema es que la subasta no
contempla ni un ritmo ni un volumen de inversiones que permitan
implantar con la mayor rapidez, calidad y al mejor precio posible el
servicio de telefonía móvil UMTS y para todos los ciudadanos. La
detracción de cuantiosos recursos de los posibles futuros operadores
a que podía dar lugar el sistema de subasta no aseguraría ni el ritmo
ni el volumen ni la calidad en las inversiones que el Gobierno
consideraba prioritarios y, por otro lado, no se podía descartar el
hecho de que esta detracción de recursos a los operadores y, por
tanto, el aumento sustancial
en sus costes no se trasladara al consumidor en forma de mayores
precios.
Para terminar, y atendiendo a lo que podía ser una preocupación de su
interpelación que ha quedado explícita, quiero reseñar que el
concurso para la adjudicación de licencias ha sido en todos sus
términos abierto y transparente. Las adjudicaciones, como es bien
conocido, se han hecho conforme a los criterios que se marcaron en el
pliego de condiciones y que están principalmente especificados en la
cláusula 16, de entre los cuales destacan la calidad de la cobertura
radioeléctrica medida en extensión geográfica, los requisitos de
cobertura geográfica a nivel del territorio, de cobertura de la
población, niveles de intensidad, por tanto de campo y de calidad de
la señal, niveles de coberturas de interiores, rendimiento espectral,
radiobases instaladas, capacidad de itinerancia internacional de la
red a instalar, número de puestos de trabajo permanentes a crear y su
destino incluso en el caso de personas pertenecientes a colectivos
con mayores dificultades, así como la contribución al desarrollo del
tejido tecnológico industrial nacional y, cómo no, el facilitar el
acceso a Internet a todos los ciudadanos a precios asequibles y en
condiciones asequibles. Asimismo de ellos se valoraba -así lo
hicieron los propios concursantes- el que se garantizase el
cumplimiento de los compromisos asumidos en las ofertas. Como se
puede observar, estos criterios, además de ser los que van dirigidos
a satisfacer más adecuadamente las necesidades individuales de las
personas y las necesidades colectivas de la sociedad, son criterios
objetivos, claros y susceptibles de ser cuantificados, de ser
expresados en cifras y otras medidas comparables entre las ofertas de
los distintos licitadores.
La señora PRESIDENTA: Señora ministra, le ruego que vaya concluyendo.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán): En
definitiva, el análisis en profundidad de las circunstancias de
otorgamiento de las licencias UMTS lleva a la conclusión de que el
concurso satisface la finalidad perseguida por el Gobierno español
con dichas licencias. Señoría, le pido que no traslademos inquietudes
innecesarias a la sociedad española, que históricamente ha acogido
muy favorablemente la introducción de nuevas tecnologías y servicios,
y que contribuyamos y avancemos desde el diálogo y el consenso más
amplio posible para situar a España en el lugar que le corresponde.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, no puedo por menos que afirmar que me siento
defraudado ante una respuesta tan puramente formalista y que no ha
entrado para nada en el fondo de mis requerimientos. Lo entiendo en
parte porque usted estaba en el otro lado cuando esto se produjo.
Como es obvio usted pedía una licencia y el responsable fue el
Gobierno al que usted todavía no pertenecía, pero por aquello de la
sucesión de obligaciones supongo que usted -lo ha dicho aquí- asume
completamente esa decisión y no nos da ninguna solución.
Le voy a comentar algunas cosas. Primero, dice usted que nadie puso
en duda ese procedimiento. Yo le digo que sí: nosotros. Algún
compañero de mi grupo parlamentario y yo personalmente pedimos en
esta Cámara subasta, señoría. En segundo lugar, no es cierto que la
tradición jurídico-administrativa en el sector de las
telecomunicaciones se sitúe siempre en el concurso; no es verdad. El
16 de febrero de 1994, una solicitud de comparecencia de su grupo
actual, el Grupo Parlamentario Popular, pedía -y compareció el señor
Borrell- comparecencia para hablar de los aspectos básicos del
inminente reglamento que regule las comunicaciones de telefonía móvil
automática, así como del correspondiente concurso en régimen de
competencia. ¿Sabe usted lo que significa eso? Eso es un
concursosubasta. ¿Sabe usted en qué acabo? En que en el concurso se
establecían unas exigencias básicas para la prestación del servicio
-ahora hablaremos de ellas- y después un régimen competitivo de
precios para la explotación de un bien de dominio público, que ganó
Airtel. ¿Sabe usted por cuanto dinero, verdad? Por 80.000 millones de
pesetas, para una tecnología con una potencialidad de desarrollo
infinitamente inferior a las actuales. Es decir, que seis años atrás
el Gobierno español (aunque luego los avatares de las decisiones de
la Unión Europea obligaran a devolver esa cantidad, por otras
razones, señora Mato), en aquel momento la segunda parte del concurso
se resolvió con 80.000 millones de pesetas de recaudación para el
Tesoro público español. Por tanto, uno, ha habido concursosubasta,
y dos, nosotros pusimos en duda el procedimiento de subasta. ¿Que
estamos de acuerdo con el proceso de apertura y liberalización de las
telecomunicaciones? Claro. ¿Y en Inglaterra no lo están? ¿Que
queremos que España esté a la cabeza y lidere ese proceso? Claro.
¿Pero sabe en qué lo vamos a liderar? En la multiplicación de las
plusvalías de las empresas adjudicatarias de las licencias, si no
ponemos remedio. Dígale a su compañero el señor Rato, que pasa por
ser un mago de la economía, que ya puede anunciar algo, que las
cuatro compañías adjudicatarias de estas licencias, cuando salgan a
Bolsa, tendrán unas revalorizaciones superiores al mil por cien; se
lo garantizamos. Lo dicen los analistas. ¿Qué es lo que queremos
nosotros? Queremos que usted nos informe. Porque ¿de qué me sirve a
mí que me hable de la cláusula 16, en la que efectivamente se exigía
a cada compañía que optaba a
la licencia el plan de inversiones, los precios, la cobertura
territorial? ¿Pero cuáles son? si ustedes no lo han dicho, si esta
Cámara no lo conoce, si todavía no sabemos, señora ministra, en qué
período de tiempo los ciudadanos españoles van a disponer de esta
tecnología. Sólo sabemos lo que dice esta orden: que antes del 1 de
agosto del 2001 tendrán que estar cubiertas las ciudades de más de
250.000 habitantes, el 27 por ciento de la población española. ¿Sabe
usted lo que ocurre en Inglaterra? Tendrá que estar cubierto el 80
por ciento de la población en el 2007. Aquí no hay ni siquiera
exigencias para ello. Y dice usted: se ralentizarán las inversiones
porque la licencia ha supuesto un precio caro en Inglaterra. Usted es
economista. Si en Inglaterra las compañías han pagado un billón
300.000 millones por licencia y tienen un período de explotación de
20 años -en España serán 30-, ¿habrán de hacer las inversiones
inmediatamente para poner el servicio en marcha y empezar a obtener
rentabilidad de la inversión realizada o no habrán de hacerlo así? En
consecuencia, con el sistema inglés se beneficiarán más rápidamente
los usuarios ingleses que con el sistema español. (Aplausos.) Señora
ministra, así es. Y aquí padeceremos, de no solventar y resolver este
problema, un sistema mediante el cual serán las compañías las que
decidan a lo largo de los 30 años de explotación de sus licencias
cuándo invierten, cuándo dan cobertura a todo el territorio y cómo lo
hacen. El interés público no ha estado bien defendido.
Le vamos a proponer en la moción dos alternativas: una, un informe
para conocer si esta decisión -y espero que usted lo acepte- es
lesiva a los intereses públicos, y dos, el establecimiento de un
mecanismo para los que van a obtener fantásticas plusvalías -y esto
no se acaba aquí, señora ministra, lo veremos en el resto de países
europeos; lo veremos con Francia, con Italia, con Alemania y
traeremos aquí los resultados de la recaudación de cada una de las
adjudicaciones de licencias- y le pediremos que al menos corrija esta
situación con la adscripción al servicio universal de una cantidad
que suponga un tanto por ciento de la facturación bruta de estas
empresas. ¿Para qué? Para repartir con equidad y con solidaridad los
beneficios de esta tecnología, para garantizar que todos los
españoles podrán acceder a ella cuanto antes y sin distinciones, y
para garantizar, claro es, los legítimos beneficios de las empresas,
pero también los de la administración pública...
La señora PRESIDENTA: Señor Caldera, le ruego que vaya concluyendo.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: ... cosa que ustedes, con este
comportamiento, no hacen. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán):
Gracias, señora presidenta.
Señor diputado, creo que ha de repasar un poquito la lección. Cuando
usted se estaba refiriendo a subastas, concursos mixtos o concursos
con competencia, realmente eran concursos en los que se contemplaba
una posibilidad, y es que se pusiera un precio adicional, pero no era
una subasta. El único elemento determinante no eran los precios, las
preferencias de los operadores no se revelaban desde el punto de
vista de los precios. Por tanto, eran concursos de otras
características.
Respecto al que usted hace mención con tanto ahínco, y que
posteriormente la Comisión Europea hizo devolver los 85.000 millones
de pesetas, le recordaré que una de las entidades pagó y la otra no,
con lo cual había unas reglas de juego de partida bastante curiosas.
Pero dejemos esta parte a un lado porque la historia es historia y
hemos de tratar de construir y de avanzar. Le recuerdo que cuando el
Gobierno convocó el concurso para el UMTS ya había salido la
convocatoria en Inglaterra por el sistema de subasta, y en el propio
pliego de condiciones y en la orden ministerial está recogida la
posibilidad de impugnación del sistema de concurso y no se impugnó.
Vayamos al futuro. Existe un tema de fondo cuando hablaba del debate
coyuntural, y luego entraré en lo que han hecho los operadores y
cuáles son los requisitos, porque tengo buenas noticias. El nivel de
exigencia, el nivel de cobertura, el nivel de compromiso, el nivel de
inversión y el nivel de despliegue en el tiempo no tiene nada que ver
con los 10 ó con los 20 años, se acerca mucho más a los cuatro años,
tema que no es exigido en otros sitios. Además, con su ayuda podemos
conseguir aquello que ocurrió en el período del GSM, en la generación
del GSM, que es que consigamos que los productores de aparatos que
aún no están en el mercado los avancen en el tiempo en el ámbito
europeo y que además nos los pongan a precios muy asequibles. (Una
señora diputada: Que los regalen.) Si me permiten, termino yo, que
estoy en el uso de la palabra.
Me gustaría que recordáramos que el propietario del dominio público
es la comunidad, la ciudadanía española, y que lo que debe guiar la
acción del Gobierno es fundamentalmente la ordenación de su uso de
acuerdo con los fines de utilidad pública, a los que tales bienes
están destinados. Este es un tema de fondo, al que hacía referencia
antes. No creo que sea una explotación patrimonial para obtener la
mayor recaudación posible en el momento de concesión de las
licencias. Este es un modelo que han utilizado otros países de
acuerdo con sus fines y esta es la función que corresponde a este
Gobierno.
Por lo que se refiere al empleo, le diré que el número total de
empleos directos relacionados con los proyectos de los que estamos
hablando suman más de 36.000 y los indirectos derivados de la
contribución tecnológica
industrial suponen otros 402.000. Otra cifra que creo que es de
interés para conocer este grado de compromiso es el número de
estaciones base a instalar que las empresas adjudicatarias han
adquirido en el desarrollo de la red, llegando a un compromiso de
instalación de más de 29.337 para el año 2004, cuando saben que en
estos momentos los equipos y los terminales no están disponibles. Es
decir, empresas que hoy no han terminado despliegues de red de GSM
están ya comprometiéndose y antes de que existan terminales en el
mercado están asumiendo el riesgo y avalándolo para tener un
despliegue total en el año 2004, que no sería ni cuatro años. Además
las empresas adjudicatarias, tal y como se establece en el concurso,
garantizan el cumplimiento de estos compromisos con unos avales, en
el caso de las inversiones, que superan más de 1,9 billones de
pesetas en estos cuatros años.Además de estas inversiones, hay unos
avales para los casos de incumplimiento de los compromisos
adicionales, que son fundamentalmente los períodos temporales, de más
de 500.000 millones de pesetas.
Quiero advertir que en este caso de lo que se puede dudar es que sea
bueno para el conjunto de los españoles que quien resulte
adjudicatario -y lo digo seriamente, creo que es un debate de fondo-
tenga una mayor capacidad financiera inmediata, porque pueda acogerse
al elevado precio pagado para justificar luego insuficiencias en su
actuación o prestación de servicios futuros. Ya sabe aquello de: como
he pagado mucho, voy a hacer lo que me convenga, y estoy convencida
de que S.S. estaría en total desacuerdo con ello, como lo estoy yo.
Por tanto, entiendo que este es un tema de fondo, es un tema en el
que ciertamente en el caso del Reino Unido ha habido una diferencia
en las cifras recaudadas, pero lo que hoy no me parece admisible, ni
ante esta Cámara ni ante la opinión pública, es que no se resalte la
exigencia de inversión, de celeridad en el tiempo, de que los precios
sean asequibles, de difusión de Internet en plazos cortísimos, tan
cortos que dudo los haya en otros países hoy, como es el caso de
Francia, que en el caso de que hagan un concurso -utilizando sus
términos- con cierta competencia en los precios ya han avanzado que
lo van a utilizar para financiar el déficit de la Seguridad Social.
Afortunadamente, nosotros hemos escogido, y esta es una opción del
Gobierno, que se priorice -y creo que esta Cámara está de acuerdo- en
las telecomunicaciones, en la difusión de éstas y más, como la
tecnología digital de banda ancha, con la relevancia que tiene en
Internet, en lugar de utilizarlo para otras prioridades, para las
cuales hay otros instrumentos.
La señora PRESIDENTA: Señora ministra, le ruego vaya concluyendo.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán): Voy
concluyendo, señora presidenta.
Creo que en este caso está más que cubierto -y estamos dispuestos,
por tanto, a un seguimiento detallado de ello- que esta tecnología
llegue a todos los ciudadanos.
Le agradezco sus dos felicitaciones -sobre todo la primera, la
segunda ya es de otra época- y quiero decirle que transmitiré a las
empresas del sector que se les garantiza una salida a Bolsa con mucho
éxito, por lo que estarán inmensamente satisfechas.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra. ¿Grupos que desean
fijar posición? (Pausa.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGENCIA I UNIÓ), SOBRE
MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA DEFENDER ANTE LA
UNIÓN EUROPEA EL MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS COMUNITARIAS A LOS
PRODUCTORES DE FRUTA SECA Y ALGARROBAS. (Número de expediente 172/
000005.)
La señora PRESIDENTA: Interpelación del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), sobre medidas que tiene previsto adoptar el
Gobierno para defender ante la Unión Europea el mantenimiento de las
ayudas comunitarias a los productores de fruta fresca y algarrobas.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Maldonado.
El señor MALDONADO GILI: Señora presidenta, señorías, señor ministro,
en primer lugar quiero felicitarle por su reciente nombramiento y
desearle suerte y éxito en esta nueva responsabilidad; éxito que sin
duda redundará en beneficio de los hombres y mujeres que componen el
sector agrario, ganadero y pesquero del Estado.
Permítame que una vez expresados, en nombre del grupo que represento,
Convergència i Unió, nuestros deseos de suerte en su nueva
singladura, entremos de lleno en el motivo de nuestra interpelación.
Interpelación que no va en contra de nadie sino tan sólo en defensa
de un sector que está angustiado. Esta interpelación ha de servir
para que, durante sus negociaciones con Bruselas, sepa que tiene el
apoyo del grupo que represento y espero que también el de todos los
grupos de esta Cámara, porque es mucho lo que nos jugamos.
Señor ministro, hemos presentado esta interpelación por vía urgente
porque es un tema que nos preocupa mucho. La posibilidad de la
pérdida de las ayudas de la Unión Europea al sector de los frutos
secos, afectaría directamente a 20.000 familias sólo en Cataluña.
Además, no hay que olvidar que las 610.000 hectáreas que
cultivan productos como la avellana, la almendra, la algarroba y la
nuez, también afectan a otras comunidades como la valenciana,
aragonesa, andaluza, murciana y balear, entre otras. Asimismo,
alrededor de este cultivo hay un importante sector de
comercialización, del que sólo en Cataluña viven más de 5.000
familias, sector que está expectante y preocupado ante la posibilidad
de hundimiento del sector de la fruta seca.
En Cataluña son muchos los pequeños municipios agrícolas cuyo ingreso
básico es el de este sector, y sus ayuntamientos y sus habitantes
contemplan con la misma preocupación la problemática que ahora se les
avecina. Quisiera pedirle, señor ministro, que el Gobierno y su
Ministerio no caigan en el error de ver la solución en la
reconversión del sector. No existe esa solución, dado que la
tipología agrícola de la zona tan sólo podría derivarlo hacia la
implantación del viñedo, el olivo o el cereal, y usted sabe que no es
posible acometer nuevas plantaciones de viñedo, pues la OCM no otorga
nuevos derechos, así como tampoco es posible hacerlo con los olivos
ni con el cereal.
Quiero que, a través de mi interpelación, sepa que no sólo nos
interesa que tenga claro lo que le he expuesto al principio de mi
intervención, que tiene a nuestro grupo a su lado para defender los
intereses de los agricultores durante la negociación con la Unión
Europea, sino que, además de ser necesaria la continuación de las
ayudas económicas al sector existentes hasta ahora, también hacen
falta otras ayudas, ayudas a la renta y a la producción, así como más
ayudas estructurales para la modernización de las explotaciones. Esto
quedará fielmente reflejado en la proposición no de ley que
presentaremos inmediatamente.
Curiosamente, estamos hablando de un producto en el que Europa es
altamente deficitaria; no hay excedentes, señor ministro, no hay
excedentes. ¿Qué sentido tiene recortar las ayudas económicas a las
zonas productoras de frutos secos? Es cierto que estamos preocupados
con esta amenaza de no proseguir con las ayudas económicas al sector
de la fruta seca, porque supondría un drama económico, una angustia
por su futuro que tienen en este momento miles de familias
agricultoras, pero hay otro aspecto también importante que nos
preocupa. La falta de ayudas comunitarias y la fuerte competencia de
países como Turquía y Estados Unidos, con aranceles muy bajos en la
Unión Europea, tal como usted reconocía ayer en sus declaraciones,
llevaría al abandono de los cultivos, por tanto a la desertización de
las zonas abandonadas. Cataluña tiene un 60 por ciento de masa
forestal y no están lejanos los graves incendios sufridos que han
castigado nuestros bosques. Si la respuesta de la Unión Europea fuera
no seguir con la política de ayuda económica al sector, comportaría
irremediablemente el abandono de los cultivos y tendríamos que
ampliar esta masa forestal, con el consiguiente peligro de
convertirnos en una zona de permanentes incendios.
Desde nuestro grupo parlamentario, que siempre ha demostrado una
clara voluntad europeísta, no se entendería de ninguna manera que la
política europea abandonase a un sector tan necesitado de ayuda como
es el de los frutos secos. Por este motivo esperamos con verdadero
interés, no sólo su respuesta a nuestra interpelación, sino el
resultado de las reuniones de ayer en Bruselas, así como las líneas
de actuación que piensa llevar a cabo para no perder estas ayudas.
Señor ministro, ha dicho usted ayer que nunca da por perdida una
batalla. Los agricultores de Cataluña y del resto de las zonas de
España afectadas confían en la sensibilidad de su gobierno y recaban
una marcha atrás de la primera postura del ejecutivo comunitario, que
llevaría a la ruina a un sector que durante diez años ha conseguido
con su esfuerzo, no sólo producir frutos secos de calidad, sino
también reorganizar el sector, pero ahora ve cómo todo su esfuerzo
puede ser inútil, todo su esfuerzo puede irse al traste. Señor
ministro, esta es una batalla que hay que ganar, pero hay que ganarla
ya, porque nuestros agricultores necesitan tener la garantía para la
continuidad del sector.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Maldonado.
Tiene la palabra el señor ministro de Agricultura.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias
Cañete): Señora presidenta, señorías, en primer lugar quiero
agradecer al diputado señor Maldonado la oportunidad de introducir
este debate, el tono constructivo de su intervención y el apoyo que
me brinda de su grupo político en una batalla que es difícil, pero
que es importante, primero librarla y en segundo lugar ganarla. El
Gobierno es absolutamente consciente de la importancia económica,
social y medioambiental que el cultivo de los frutos secos tiene en
muchas comunidades autónomas, no sólo en Cataluña, sino también en
Andalucía, Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y
Baleares. Somos conscientes de las dificultades que atraviesa el
sector ante la desaparición en el mes de mayo de este año de los
primeros planes de mejora de la calidad y comercialización y de las
ayudas a tanto alzado para la avellana, contempladas en la
organización común de mercado de frutas y hortalizas.
Este ministro se reunió la semana pasada con los representantes del
sector, que me mostraron su preocupación y las alternativas de
solución que ellos veían. Estoy seguro que con la colaboración del
sector, así como con todos los grupos políticos representados en esta
Cámara, seremos capaces de introducir en el debate europeo los
elementos de convicción necesarios para vencer la actual resistencia
de la Comisión Europea a prorrogar y mantener este régimen de ayudas,
sin duda por las tensiones que viene experimentando la financiación
de la política común agraria en el seno del presupuesto comunitario.
Hay que establecer, además, dónde están los problemas. Decía S.S. que
la protección arancelaria de estos productos es muy baja, entre el 0
y el 5,8 por ciento de arancel. No podemos competir con países como
Estados Unidos, que tienen unos rendimientos diez veces superiores a
los nuestros, o países como Turquía, que tienen una mano de obra muy
barata. Rendimientos altos y bajos costes de producción hacen que
competir sea muy difícil sin un apoyo por parte de la Unión Europea.
Estamos ante un cultivo eminentemente de secano que por su variable
rendimiento, baja productividad por hectárea y condiciones climáticas
en que sedesarrolla, tiene unas condiciones más parecidas a los
cultivos herbáceos que a las frutas y hortalizas. Y dice bien S.S.
Estos cultivos no admiten otra alternativa. El olivar no recibe
ayudas a las nuevas plantaciones desde 1998, no cabe plantar viñedos
si no se adquieren derechos y los cultivos herbáceos tienen la
superficie de siembra contingentada. Es ser o no ser. Ese es el
mensaje primero que le trasladé al señor Fischler en el día de ayer,
que no estamos ante un problema baladí, estamos ante un problema que
afecta a 600.000 hectáreas y, sobre todo, a 140.000 familias. Por lo
tanto, que la Unión Europea no se puede lavar las manos ante un
problema de esta envergadura. Eso le da a este ministro la convicción
de defender los temas. Por eso este ministro ayer, en el debate del
paquete de precios en la Unión Europea, en el que yo me estrenaba,
como se ha estrenado usted en su discurso, que en el parlamentarismo
británico se llama el maiden speech -le felicito por ese primer
discurso, pues ayer estaba yo debutando en el Consejo de Ministros-
hizo algo que no tenía preparado por mis colaboradores.
En el paquete de precios tenemos algunas discordancias con la
Comisión, pero luego tenemos una serie de peticiones que el Gobierno
español viene haciendo año tras año. Yo llevaba diez peticiones en la
cartera, guardé nueve y concentré todos los esfuerzos políticos en
una única: señalar que para España en el paquete de precios tiene que
haber una solución al problema de los frutos secos, cambio de
estrategia necesario. Porque además creemos que los planes de mejora
han surtido efectos: se han aplicado sobre 433.000 hectáreas, han
beneficiado casi a 140.000 agricultores y las ayudas son necesarias
para la supervivencia del cultivo. Los planes contemplaban líneas de
ayudas para el arranque y la reconversión varietal, para la mejora de
técnicas de cultivo, para la mejora genética y ayudas para la gestión
de parcelas y asistencia técnica y comercial. El problema es que en
mayo de este año finalizan 22 de los 60 planes de mejora y los demás
irán finalizando hasta el año 2006, en que desaparecerán todas las
ayudas, que suponen casi 40.000 pesetas por hectárea. Calculen SS.SS.
la repercusión en la renta de los agricultores, y ayudas que han
alcanzado incluso 95.000 pesetas por hectáreas en casos de reconversión
varietal. Los planes de mejora han permitido la subsistencia
del sector, pero no han conseguido hasta la fecha situarlo en
condiciones de competitividad suficientes para afrontar unos mercados
totalmente abiertos. Y si no hacemos algo, el mercado internacional
quedaría casi en una situación de monopolio u oligopolio, con un
único proveedor de almendra, los Estados Unidos, y un único proveedor
de avellana, que sería Turquía.
Coincido plenamente con S.S. en que la desaparición de un régimen de
ayudas implicaría gran abandono de superficie cultivada y afectaría
negativamente al tejido agroindustrial y comercial construido sobre
estos productos. Hasta 1999 España ha recibido 120.000 millones de
pesetas, aproximadamente 13.500 millones/ año. Ahora mismo, en el
Ministerio estamos realizando estudios del presupuesto comunitario,
de la evolución, de la situación por las diferencias de precio entre
el euro y el dólar, para ver cuál puede ser el margen de maniobra que
podamos encontrar dentro del presupuesto comunitario para, desde el
punto de vista técnico, sustentar nuestras pretensiones. (El señor
vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)
El Gobierno ya ha planteado a la Comisión Europea, al Consejo de
Ministros de Agricultura, la necesidad de apoyos permanentes que
permitan el mantenimiento y la mejora de la productividad. Y cuando
la Comisión presente al Consejo, antes de finales del año 2000, el
informe evaluando el funcionamiento de la organización común de
mercado de frutas y hortalizas y las propuestas de reforma del
sector, entiende el Gobierno que es el momento procesal en que hay
que hacer un planteamiento de futuro concreto y permanente para el
sector. Yo creo que el pasado nos tiene que hacer ver que los planes
de mejora para diez años no han sido suficientes y que hacen falta
mecanismos distintos en el seno de una organización común de mercado.
Mientras se define una nueva organización común de mercado de frutas
y hortalizas, el Gobierno va a seguir insistiendo en la necesidad de
prórroga de las ayudas hasta que se reforme esto. Lo planteó mi
antecesor el pasado 17 de marzo, lo planteé ayer directamente al
comisario Fischler y lo planteé en el Consejo de Ministros. Por
tanto, no dude S.S. de que el Gobierno realizará todas las
actuaciones necesarias para garantizar la permanencia de estos
cultivos a nivel comunitario, y a nivel del Estado español, en
concurrencia con las comunidades autónomas, y sobre todo para
asegurar la renta de las familias que de ellos dependen. Yen esta
tesitura lo que más agradezco es el apoyo de todos los grupos
políticos para consensuar una posición unitaria que robustezca la
defensa que de estos planteamientos podamos hacer el próximo mes de
junio en Luxemburgo, en el Consejo que apruebe el paquete de precios.
Yo creo que es la ocasión de intentar forzar una medida que garantice
la viabilidad de estos cultivos y el futuro del sector.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
Señor Maldonado.
El señor MALDONADO GILI: Gracias, señor presidente.
Permítame, señor ministro, que le agradezca sus palabras y el
contenido de las mismas. Intuyo que en este tema podremos andar el
camino juntos, ya que veo que en el contenido de mi interpelación y
en el de su respuesta hay más aspectos que nos unen que los que nos
separan.
Le animo a seguir por este camino: el de reivindicar más ayudas para
un sector que, de lo contrario, entraría en una profunda crisis que
desembocaría en su total desaparición. Tiene una gran oportunidad
para conseguir en su primera gestión ante las autoridades europeas
que un sector que ha perdido un 31 por ciento de su renta pueda mirar
el futuro con gran esperanza. A la vez, el resto de agricultores,
ganaderos y pescadores españoles podrán observar la sensibilidad del
nuevo ministro de Agricultura.
Lo contrario supondrá la falta de sensibilidad de la Unión Europea,
pero también un grave tropiezo del ministro español, que podría poner
en entredicho futuras negociaciones importantes a las que tiene que
enfrentarse España durante esta legislatura. Estoy seguro de que este
no será el caso y de que su defensa será tan contundente como
efectiva. Hay que recordar a la Comisión Europea que este es un
problema social y medioambiental y que la Unión Europea nació para
proyectar la prosperidad de Europa hacia el futuro y no para
orquestar medidas que hundan a miles de familias de una zona agrícola
en la miseria. También debe recabar el apoyo de todo su Gobierno para
hacer frente común antes las autoridades europeas. Así lo han hecho
otros países europeos ante problemas que ponían en entredicho el
futuro de determinados sectores agrícolas. Tan solo la contundencia
de los gobiernos afectados consiguió solucionar el problema.
Vaya, señor ministro, a Bruselas; vaya a ganar la batalla, como ayer
decía; vaya con contundencia y con vehemencia y vaya con la ilusión
de poder salvar un sector importante de nuestra agricultura. Desde
aquí seguiremos muy de cerca sus gestiones y sepa que el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha fijado la solución de
este problema entre los objetivos prioritarios de esta legislatura.
No acepte el intercambio de cromos. Europa puede pedirle que priorice
entre determinados problemas que tenemos. Antes nos ha dicho
amablemente que, de diez, priorizó éste. Es lo que ahora se necesita.
Ahora, hoy, señor ministro, hay que defender el sector de los frutos
secos; mañana, los otros. Con esto veremos que para el Gobierno
español no hay agricultores de segunda y habremos dado un paso
importante para conseguir un país justo y próspero por el que todos
luchamos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Maldonado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias
Cañete): Señor presidente, señorías, quiero reiterar mi
agradecimiento por la oferta de colaboración y transmitir a la Cámara
el mensaje siguiente. Estamos en este momento en la Unión Europea en
una situación muy distinta de la de períodos anteriores. Con el
período de inminente ampliación en la puerta, las tensiones
presupuestarias son muy distintas de las de épocas anteriores. Yo he
vivido trece años de la construcción europea en los que, cuando se
planteaban debates agrícolas, el dinero no era lo fundamental; lo
fundamental era buscar el acuerdo de los Estados sobre cómo se
repartían cantidades de dinero que estaban disponibles.
A partir de este momento, siempre tendremos unas perspectivas
financieras y unos techos de gasto que van a hacer enormemente
compleja no sólo la situación de este sector, sino todas las reformas
de organizaciones comunes de mercado que vengan. Por tanto, es
fundamental priorizar. Lo que hizo ayer el Gobierno, señor Maldonado,
fue priorizar de manera excluyente entre diez peticiones. No podemos
cambiar cromos porque los hemos tirado todos y sólo tenemos uno:
tenemos los frutos secos encima de la mesa. Nos hemos jugado todo a
una carta y lo hemos hecho con la convicción de que hay sectores que
pueden ir mejor o peor, de que si hay una reducción de las ayudas
directas en cereales puede haber un problema de reducción de renta o
no, pero en este sector estamos hablando de desaparición de cultivo,
de desertificación, de abandono y de falta de alternativa.
Por tanto, creo que tenemos argumentos importantes que hemos
procurado trasladar a nuestros colegas europeos, todos con escasa
sensibilidad para los problemas de los demás y con enorme
sensibilidad para los propios. Pero en ese debate, en esa conjunción
de intereses, en esa construcción de una Europa más próspera y más
justa creo que tenemos elementos suficientes para que podamos
articular, primero, soluciones transitorias, y desde luego tratar de
conseguir soluciones definitivas.
Cuando se discutió la pasada reforma de la organización común de
mercados no logró el Gobierno español garantizar la viabilidad del
sector en el seno de la misma, porque el fondo de operaciones tenía
muy poco volumen para estas producciones y no era suficiente. Creo
que ese es el gran reto que tenemos por delante: plantear en la
reforma definitiva un mecanismo que permita la viabilidad permanente
y la competencia con nuestros competidores más próximos, con Turquía
y Estados Unidos, y la garantía de supervivencia de este cultivo y de
la industria anexa al mismo.
Por tanto, puede tener la seguridad el señor diputado y el grupo que
él representa que va a ser una prioridad del Gobierno, que estamos
trabajando durante todo este mes a todos los niveles. Yo he mantenido
esta mañana en Bruselas con los gabinetes de varios comisarios los
contactos pertinentes, y no sólo con el comisario responsable de
Agricultura, sino con otros comisarios responsables de otras
carteras, para tratar de influir en una decisión final; he hablado
también con el director general de Agricultura, he hecho todos los
esfuerzos que se pueden hacer para exponer las razones que nos
asisten, que son importantes, que son justas y que deben ser
atendidas. Espero que nos asista también un poco la suerte, que
siempre es bienvenida.
Por tanto, señor diputado, agradezco la colaboración de su grupo,
espero el resultado de la proposición no de ley que van a presentar y
me gustaría que el mayor número de grupos pudieran suscribirla,
porque eso dará más fuerza a nuestras posiciones al contar con el
aval de esta Cámara.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Sabaté, por el Grupo Socialista.
El señor SABATÉ IBARZ: Señor presidente, señorías, señor ministro,
quiero, en primer lugar, dejar constancia en el «Diario de Sesiones»
de la pequeña trampa y descortesía parlamentaria que supone hoy su
comparecencia en la Cámara, señor ministro, que agradecemos, pero que
no debería repetirse en las formas. Se la perdonamos pero nos la
apuntamos, porque si se nos aseguró primero que hoy no iba a estar
aquí, no pueden a hurtadillas pactar usted o sus colaboradores con
otro grupo su presencia sin que el resto de grupos parlamentarios lo
sepamos y no podamos actuar en consecuencia. Le pedimos que dé las
órdenes oportunas para que esto no se pueda y no se vuelva a repetir.
Pero lo que nos trae hoy aquí es otra cosa, hablar del sector de los
frutos secos en cuya importancia no es necesario abundar. Este sector
representa en el conjunto de España más de 600.000 hectáreas. Su
cultivo se localiza en el 95 por ciento en superficie de secano, en
zonas en las que no existe alternativa y donde juega un papel
importante la conservación del medio ambiente. Particularmente
importante es en mi circunscripción, donde supone un 23 por ciento de
las áreas de cultivo entre almendras y avellanas, aproximadamente
57.000 hectáreas. Además, paradójicamente, siendo la Unión Europea
claramente deficitaria importamos almendras de Estados Unidos y
avellanas de Turquía. Pues bien, a pesar de esta paradoja todos
sabemos que el sector productivo español no puede ni podrá en el
futuro hacer frente a la competencia de los mismos. En consecuencia,
el mantenimiento de las ayudas aprobadas por la Comisión Europea
en 1989 es imprescindible para mantener y asegurar una renta a los
agricultores. Además -ya se ha dicho aquí también-, porque podría
suponer el abandono y la desaparición de los cultivos, con graves
consecuencias de carácter ambiental y socioeconómico, con efectos
sobre el territorio y sobre la actividad en el mundo rural. Pero
estas ayudas, tan denostadas en el pasado por algunos y tan
necesarias ahora, concluyen y el sector ha llevado a cabo estas
últimas semanas movilizaciones masivas en Lleida, Murcia, Tarragona,
por poner sólo unos ejemplos; movilizaciones que reclaman justamente
una solución porque no se aprecia ninguna alternativa a corto plazo
que contemple la continuidad de las ayudas dirigidas al sector de los
frutos de cáscara y las algarrobas y, por tanto, que aseguren el
mantenimiento de las rentas.
En este momento, señores del Gobierno, no pueden poner como excusa el
pasado, cuando ahora todos alaban las ayudas logradas por el Gobierno
socialista. Han tenido cuatro años para prevenir las consecuencias
negativas que pueden derivarse de la finalización de las ayudas,
cuatro años de excesiva autocomplacencia y de poca visión de futuro
del Gobierno y de quienes le han dado su apoyo. Y no será por falta
de advertencias desde los bancos de la oposición, en particular de
nuestro grupo. Recuerdo la moción que presentamos en esta Cámara en
1996, cuando pedíamos, precisamente en relación con los frutos secos,
mantener el régimen específico en la organización común de mercado de
frutas y hortalizas, proponer la continuidad de las ayudas actuales
más allá del horizonte para el que estaban previstas, establecer, por
fin, mecanismos de defensa de nuestras producciones en el mercado
comunitario para el conjunto de los frutos secos y en particular para
las avellanas mediante ayudas a la renta y exigencia de certificados
de importación. Pero ustedes, por boca de la ministra de entonces,
saludaban de esta manera la reforma de la OCM de frutas y hortalizas
de 1996, que no reconoció, como acaba de decir usted hace pocos
instantes, las especificidades de las producciones de frutos secos.
Decía la ministra: La extensa descripción de los aspectos positivos
que contiene el enfoque de la reforma, así como las sensibles mejoras
incluidas en el texto final, muchas de ellas debidas al
posicionamiento y defensa que la representación española ha realizado
del sector, son criterios suficientes para justificar el voto
favorable de España en esta reforma de la OCM de frutas y hortalizas.
Así transcurrió la legislatura, incluso al final de la misma el
ministro Posada decía en esta Cámara, el 1 de diciembre de 1999, hace
apenas cinco meses: Puedo asegurar que el Gobierno está preparando, y
ahora diré cómo, toda una panoplia de medidas para cuando llegue en
el año 2000 la evaluación por la Comisión del funcionamiento de la
OCM de frutas y hortalizas dar labatalla para que esos planes de
mejora para los frutos
secos y algarrobas continúen. Y acabó diciendo: Esa batalla la veo
con optimismo. Repito que era el 1 de diciembre de 1999 y la
autocomplacencia y el optimismo se han convertido en alarma y en
pesimismo.
Señor ministro, usted estaba entonces en otros menesteres, pero ese
era el panorama que contemplaban sus compañeros hasta hace muy poco.
Esta mañana nos hemos enterado por la prensa de que usted pidió ayer
en Bruselas el mantenimiento de las ayudas a los productores de
frutos secos en la próxima reforma de la organización común de
mercado de frutas y hortalizas, que se mantenga el esquema actual de
ayudas un año más, hasta la puesta en marcha de la reforma, y que ha
declarado que es necesario mantener el mismo esquema de ayudas a esos
cultivos o introducir otro tipo de subvenciones que garanticen la
competitividad de los productores. Pues bien, señor ministro, le
vamos a prestar nuestro apoyo, ¿cómo no íbamos a hacerlo? No podemos
ser tan insensatos como para negárselo, no vamos a tratarle de
pedigüeño para que no se sienta mal cuando llegue a Bruselas a
negociar, pero sobre todo para no perjudicar al sector. Pero este va
a ser un apoyo crítico y un apoyo vigilante, porque recelamos...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Sabaté, le ruego que
concluya.
El señor SABATÉ IBARZ: Termino, señor presidente.
Recelamos de la prórroga cuando la reivindicación del sector en estos
momentos es la ayuda directa a la renta y porque hasta ahora no nos
han demostrado ustedes que sean eficaces en la defensa del sector.
Cuente, pues, con este apoyo, aunque no sea incondicional, y
exhíbalo, si lo desea, en Bruselas, que buena falta le va a hacer.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor Sabaté.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias
Cañete): Señor presidente, debo decir que me ha sorprendido la
intervención del portavoz del Grupo Socialista porque ha utilizado
las palabras trampa y descortesía. Y mire, señor presidente, cuál es
la situación real: El Consejo de Ministros de la Unión Europea tenía
prevista una duración de dos días para discutir la organización común
de mercado del lino y del cáñamo y para discutir el paquete de
precios más la ampliación. El Parlamento Europeo no se pudo
pronunciar el martes sobre el lino y el cáñamo y el Consejo se
acortó. Estando yo en el Consejo y viendo que el orden del día iba a
ser sólo de un día, entendí que mi deber como ministro era venir aquí
a dar la cara en una interpelación sobre un asunto que preocupa a los
ciudadanos. He pedido venir,
esta mañana he estado en Bruselas y ahora estoy aquí. No creo que sea
ni descortesía ni trampa, sino ponerme al servicio de esta Cámara en
la función de control que un grupo parlamentario ha querido ejercer.
Por tanto, yo no puedo admitir esos calificativos. (La señora
Cunillera i Mestres pide la palabra.) Respeto al señor parlamentario,
pero creo que aquí no ha habido ninguna trampa. Yo no sabía que el
Parlamento Europeo no iba a dar su dictamen. Preveíamos un Consejo de
Ministros, como siempre, de dos días con noche maratón, y
bilaterales; no ha habido bilaterales y no ha habido dictamen del
Parlamento Europeo. Había comunicado la ausencia porque creía que iba
a estar ausente, cuando vi que podía estar presente lo comuniqué y he
estado dispuesto a comparecer aquí. En primer lugar.
En segundo lugar, aquí se han hecho una serie de valoraciones y se ha
hablado de las movilizaciones. Me parece que las movilizaciones son
legítimas, pero lo que sí le puedo decir al sector es lo que le dije,
que este ministro no se va a sentir más impresionado porque haya más
o menos movilizaciones en la calle, estoy impresionado por la
gravedad económica y social del problema. Estoy sensibilizado y
pienso trabajar para solucionarlo. Los agricultores pueden hacer lo
que quieran y pueden expresar sus opiniones de la forma que quieran,
pero a este ministro ya le han convencido. Ahora este ministro tiene
que convencer a las autoridades de la Comisión Europea.
Se ha criticado la organización común de mercado de frutas y
hortalizas. Para criticarla hay que ser ecuánime. ¿Qué había antes?
Un sistema del que no se beneficiaban nada los agricultores
españoles; ¿qué hay ahora? Unos fondos de operaciones donde nos
llevamos la tajada del león. Han cambiado las cosas en España, hay
organizaciones de productores que han mejorado sustancialmente sus
problemas de comercialización.
Un tema que se tiene que saber aquí es que cuando la Unión Europea
hace muchos años planteó la posibilidad de las ayudas directas el
Gobierno de entonces no las quiso, quiso planes de mejora, y esos
planes de mejora no vencen hasta el año 2000. Es decir, todos los
agricultores de frutos secos este año cobrarán sus ayudas. El
problema se nos plantea en el 2001, y el Gobierno no ha hecho nada no
por inercia o por vagancia, no lo ha hecho porque el momento de
hacerlo es cuando se aborde la reforma de la OCM de frutas y
hortalizas, que empezamos en el mes de septiembre y terminaremos en
el mes de mayo del año 2001. Por tanto, nosotros vamos a plantear en
el seno de esa OCM una estrategia distinta, una estrategia de apoyo.
Entretanto, queremos garantizar los mecanismos.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor ministro, vaya
terminando.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias
Cañete): Señor presidente, creo que el Gobierno ha hecho los deberes
bien y en el momento, ha respondido al sector cuando le han pedido
que se reúna y ha venido a esta Cámara cuando ha sido interpelado por
un grupo político. Por tanto, señor presidente, creo que hemos
cumplido con nuestra obligación. (Aplausos.- La señora Cunillera
i Mestres pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
Señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Señor presidente, quiero aclararle al
señor ministro que si no ha habido descortesía, lo que ha habido en
el Gobierno ha sido descoordinación, al menos respecto a nuestro
grupo. Sabe el Gobierno, porque le consta y lo ha hablado con nuestro
grupo, que nuestro grupo se enteró de la asistencia del señor
ministro ayer por la tarde. Por tanto, el señor ministro...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora Cunillera, le pediría
por favor que me dijese por qué pide la palabra.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Pido la palabra porque el señor
ministro ha dicho que no aceptaba las palabras del representante de
nuestro grupo, palabras ajustadas a lo que había sucedido.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): En cualquier caso, señora
Cunillera, si me permite y con todos los respetos, el señor ministro
ha contestado a la primera parte de la intervención del señor Sabaté
diciendo por qué el señor ministro estaba hoy cuando al principio
parecía que no iba a venir. Es verdad que en su intervención ha
contradicho parte de la intervención del señor Sabaté. Si es por esa
segunda parte, le rogaría al señor Sabaté que en cualquier caso
consuma un turno de un minuto para replicar al señor ministro. Pero
la primera parte creo que ha quedado clarísimamente expuesta por el
señor ministro.
Gracias, señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Sí, pero no ha quedado claro, señor
presidente, lo siento, que nuestro grupo no supo de la asistencia del
señor ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Si le parece, si el señor
Sabaté lo cree oportuno, tiene la palabra por el tiempo de un minuto.
El señor SABATÉ IBARZ: Simplemente mantengo mis palabras y la opinión
del grupo, que no es una opinión mía: no se nos informó de que el
señor ministro
iba a venir en el momento oportuno y no hemos podido ajustar el orden
del día y nuestras iniciativas parlamentarias a ese supuesto, que es
el que se tenía que dar en cualquier momento.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Sabaté.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ricomá.
El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Señor presidente, señorías, en
primer lugar, lamento que el cumplimiento estricto del control por
parte del ministro esta tarde asistiendo a esta sesión molestara de
esta forma al Grupo Socialista. Nosotros creemos que es lo que tiene
que hacer y que la sesión de control es para que los ministros
prioricen y estén presentes para dar explicaciones sobre aquellos
temas que como el del fruto seco ocupan y preocupan al conjunto de
los ciudadanos. En este sentido, nosotros pensamos que su actitud es
meritoria de todo tipo de halagos y por eso felicitamos al señor
ministro y agradecemos que haya venido esta tarde aquí a dar
explicaciones.
Yo no voy a insistir en la importancia que tiene el sector de los
frutos secos para las zonas de la cuenca del Mediterráneo -se ha
hecho suficientemente aquí-, tampoco voy a insistir en todos aquellos
aspectos que definen el problema. Por el contrario, nunca está de más
-y eso sí lo voy a hacer- agradecer el tono y la colaboración que el
grupo proponente, el grupo que ha interpuesto la interpelación, ha
tenido a la hora de exponer sus argumentos. Y es que, señorías, el
asunto, desgraciadamente, no es nuevo, si bien tampoco resulta
novedosa, afortunadamente, la sensibilidad que viene manifestando el
Gobierno de cara a la solución del mismo.
Coincidiendo también, como ahora, con el inicio de la legislatura, el
verano del año 1996 fue especialmente intenso para el sector de la
fruta seca y en especial para la avellana. La caída de precios, los
valores inalcanzables de productividad y competitividad de otros
países productores, los acuerdos preferenciales para las
exportaciones americanas de almendras y turcas de avellanas y las
políticas arancelarias derivadas de los acuerdos del GATT llevaron al
sector al filo de su propia subsistencia, con el riesgo
socioeconómico y medioambiental que ya se ha citado y que lleva
asociado todo este tipo de problemática.
Ante esta situación, el sentido común llevaba directamente
a comprender y a asumir los posicionamientos, que no las actitudes,
algunas de ellas y en algunos casos, de quienes venían soportando
cotidianamente la crisis, los productores. Y si en el ámbito de la
sociedad, de la calle, poco más se podía hacer que apoyar y responder
a los llamamientos del sector, desde las administraciones era
obligado trabajar con firmeza hacia la búsqueda de soluciones.
Y precisamente esto es lo que se hizo desde el Gobierno del Partido
Popular. Todos recordamos las
intensas negociaciones, la firmeza, la contundencia, sobre todo la
convicción, con que la ministra en aquellas épocas, Loyola de
Palacio, llevó las negociaciones en el seno de la Unión Europea, y
los resultados allí estuvieron. Esa actitud firme y decidida del
Gobierno, también el compromiso de las comunidades autónomas
afectadas y la confianza del propio sector llevaron a la consecución
dentro de la OCM de frutas y hortalizas del mantenimiento de
determinadas ayudas que han alejado del abismo al sector en las
últimas campañas, por cierto, ayudas que en su momento fueron
criticadas por parte del Grupo Socialista y mira por dónde ahora el
Grupo Socialista sí quiere recordar el pasado, cosa que en otros
temas y en otros momentos siempre ha intentado rechazar, y ha querido
recordar el pasado para atribuirse la titularidad o la propiedad o el
éxito de las ayudas de los planes de mejora que en su época se
hicieron. Totalmente de acuerdo, así fue por la fecha, pero también
debe recordar el Grupo Socialista que quizás el fruto seco, quizás la
avellana no corrió mejor suerte porque la negociación en su momento
para introducirla en la OCM de frutas y hortalizas fue un escandaloso
fracaso por parte del ministro de turno, por parte del socialista en
aquellas épocas el señor Romero.
Pero vayamos al presente, a lo que en realidad nos ocupa, y es que si
la finalización en la presente temporada de las ayudas de los planes
de mejora ha vuelto a reavivar el problema, como decía, no es menos
cierto que la actitud del Gobierno no se va a modificar un ápice con
la mantenida en la crisis anterior a la que he hecho referencia. Ayer
mismo tuvimos buena prueba de ello. La firmeza en la forma y la clara
asunción de los planteamientos de los productores como fondo
constituyeron el denominador común de la actitud del ministro en la
reunión previa con el comisario, señor Fischler, que tuvo antes del
Consejo de Ministros. De ahí han quedado dos aspectos perfectamente
claros: primero, el cumplimiento de los compromisos que adquirió con
los productores en la reunión conjunta que celebraron la semana
pasada y, segundo, la firme convicción de que tanto la influencia del
sector sobre el territorio, la falta de cultivos alternativos y la
competencia despiadada de Turquía y Estados Unidos son argumentos más
que contundentes para incidir en la sensibilidad de los que tienen la
enorme responsabilidad de construir la política común europea.
Claramente sentadas estas premisas, entraremos en un nuevo proceso de
negociación, en el que, no nos engañemos, vamos a confrontar, por un
lado, el posicionamiento del Ejecutivo...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Ricomá, le ruego vaya
concluyendo.
El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Concluyo, señor presidente.
Vamos a confrontar en estas negociaciones, como decía, el
posicionamiento del Ejecutivo sobre la necesidad
y la más que probada justificación de prorrogar las ayudas
correspondientes y, por otro, una visión mucho más teórica y
desafectada de la Comisión Europea fielmente representada por el
pragmatismo de su titular, el señor Fischler, viejo conocido del
campo español, y tampoco hay que olvidar el desinterés hacia el
sector de la mayoría de países miembros, negociaciones que entendemos
requieren tranquilidad suficiente para ir madurando en el seno de la
Comisión todo lo que hemos venido hablando de la importancia y de las
consecuencias y del peligro que conllevaría la desaparición de este
sector. En este sentido resulta muy acertada la estrategia definida
por el ministro de solicitar prórroga, para intentar en un futuro
obtener aquellas mejoras estructurales como solución definitiva
dentro de la reforma de la OCM.
Por todo ello, por el conocimiento a fondo del problema, por la
creencia de que el ámbito supera meramente el agrícola, por la
convicción de los importantes efectos negativos que la falta de
soluciones conllevaría, por la apuesta convencida sobre la utilidad
de los planes de mejora y, por qué no decirlo, también por las
declaraciones del ministro diciendo que no darán la batalla por
perdida, son aspectos todos que generan en el Grupo Parlamentario
Popular confianza sobre el rigor con que el ministro está abordando
esta cuestión, hecho que ha sido valorado muy positivamente por la
mayoría de organizaciones de productores, a los que desde aquí les
quiero agradecer tal actitud, y circunstancia que genera grandes
expectativas cara a las finales que afrontará el fruto seco y que se
tienen que jugar en Portugal y Luxemburgo. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Ricomá.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MEDIDAS
A ADOPTAR POR EL GOBIERNO PARA REDUCIR DE MANERA SIGNIFICATIVA LOS
ÍNDICES DE SINIESTRALIDAD LABORAL EN NUESTRO PAÍS. (Número de
expediente 172/000004.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Interpelación del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas a adoptar por
el Gobierno para reducir de manera significativa los índices de
siniestralidad laboral en nuestro país.
Tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Señoras diputadas, señores diputados, el pasado
1º de mayo la lucha contra los accidentes laborales fue uno de los
elementos principales que presidieron todas las manifestaciones que
hubo en este país. Vamos a recurrir a la historia reciente y a
utilizar algunos argumentos que se dieron ya en estaCámara en la
Comisión de Política Social y Empleo o
en el mismo plenario no hace mucho para reforzar nuestras tesis,
nuestras argumentaciones de la propuesta que vamos a hacer
previsiblemente la semana que viene a través de una moción.
En septiembre del año 1997 se producía un debate en la Comisión de
Política Social y Empleo, el en aquel momento secretario de Estado,
señor Pimentel, reconocía que había habido muchos avances en la
creación de puestos de trabajo, en el empleo, pero que, al mismo
tiempo y de forma contradictoria, se había producido un aumento
importante de los accidentes laborales. Argumentaba que en 1996 había
habido casi tres muertos al día y que en los seis primeros meses de
1997 estos accidentes laborales con muertos habían aumentado casi un
7 por ciento en relación con los mismos meses del año 1996; que el
número de accidentes por cada mil trabajadores asalariados era de 32
en los seis primeros meses de 1997 cuando en los seis primeros meses
de 1996 había sido de 31, y que los accidentes por mil asalariados
habían sido, en 1996, del 43,5 en los trabajadores que tenían
contrato indefinido y del 104, casi 105, en los trabajadores con
contrato temporal. Por tanto, ya tenemos un primer elemento del
problema: contratos indefinidos, estables, determinados derechos
reconocidos y aplicados más que en otros contratos y contratos
temporales, con una gran precariedad y un gran peligro, como se ve,
para la seguridad e higiene en el trabajo; en este caso, seguridad
con muertos, con gente tullida que queda por el camino.
El señor Pimentel mostraba una gran preocupación. Decía que en 1995
se había aprobado la Ley de prevención de riesgos laborales, que
abría en nuestro país una expectativa de creación de una cultura
sobre la prevención de los accidentes laborales. En octubre de 1996
se creó una Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y el
señor Pimentel continuaba argumentando que debíamos tener un edificio
normativo adecuado para formar -para formar gente, para formar
empresarios y da la impresión de que no se ha avanzado mucho en ese
terreno, ya que los datos demuestran que el 80 por ciento de los
empresarios no se han enterado de que existen estas leyes, estas
normativas-, para divulgar -en la misma línea, aquí hay un agujero
negro importante por parte del Gobierno- e informar; es decir,
formar, divulgar e informar. Como Gobierno -continuaba Pimentel- y
como Administración tenemos que hacer cumplir la ley. Y lo decía con
énfasis porque él llegaba a la conclusión de que era un problema
serio en nuestra realidad y decía que, a partir de ahí, iban a actuar
«con contundencia» -son palabras de Pimentel- «en la lucha contra el
incumplimiento de la normativa, dando un nuevo impulso a la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social». En aquel debate
-septiembre de 1997-, nuestro diputado Pedro Vaquero decía, con
comprensión hacia la buena voluntad del secretario de Estado de
Trabajo, pero al mismo tiempo con escepticismo, que sí, que había
mucha preocupación
del Gobierno, que había mucha modificación de la Ley de
inspección del trabajo, pero que no habían aceptado enmiendas de los
diversos grupos, y en concreto de Izquierda Unida, para que los
representantes de los trabajadores fueran cooperadores activos, in
situ, dentro de la empresa, de las visitas inspectoras que se hacen,
porque, claro está, hecha la ley, hecha la trampa. El empresario que
sabe que van a hacer una inspección, inmediatamente arregla las
cosas, retira los muertos, los tullidos, los accidentes leves incluso
y dice que en su empresa todo funciona perfectamente.
No se ha incrementado -decía nuestro diputado Pedro Vaquero- la
plantilla de inspectores. Primera pregunta que le hago, señor
ministro: entonces, en aquel debate, había 516 inspectores en toda
España, ¿cuántos hay ahora? Yo no lo sé; habrá más, pero, en todo
caso, de momento no han demostrado mucha eficacia. Y seguramente que
ellos lo hacen bien, seguramente el problema parte de otra realidad.
Las competencias de las comunidades autónomas, reiteraba nuestro
diputado, no impiden, no deben impedir, no pueden impedir la
verificación del cumplimiento de la legislación, porque el Estado, el
Gobierno del Estado y la Administración del Estado tienen la
obligación de velar para que el conjunto de las leyes básicas del
Estado se cumplan en todas partes, en cada una de las comunidades
autónomas. Y añadía nuestro diputado Pedro Vaquero como algunas de
las causas para el debate que se había intensificado la dureza
laboral en las empresas; se habían intensificado los destajos, con
los peligros para la salud laboral y para los accidentes laborales de
las empresas; que se habían incrementado las horas, extras o no,
pagadas o no como extras, muchas veces horas extras que eran pagadas
como horas normales; que se habían intensificado los contratos
temporales, los estacionales y los precarios, y que todo ello, decía
(incluso relativizaba la frase para no hacerla tan contundente y por
esto yo hablaba de comprensión), puede ser elemento de incremento de
accidentes.
En febrero de 1998, más de medio año después, Javier Arenas, ministro
de Trabajo y Seguridad Social presente en el debate, constata un
nuevo aumento de accidentes laborales en 1997, con repercusión
importante en todos los accidentes, los graves, los leves, los
accidentes con muerte. Decía: se han producido 688.000 accidentes con
baja, un 10 por ciento más que en 1996; 1.090 de estos han sido
mortales y 345 durante el trayecto, in itinere. Y se decía en este
mismo debate (creo recordar que había planteado la interpelación el
diputado Peralta, del Grupo Mixto) que en España había un inspector
por cada 27.000 asalariados, cuando en países referentes para el tema
de la lucha contra la siniestralidad laboral, como Dinamarca
o Finlandia, había un inspector por cada 5.000 asalariados. Se
remarcaba justamente en esta intervención de nuestro diputado Pedro
Vaquero, que el presidente Cuevas y otros dirigentes de la CEOE, la
organización delgran empresariado, sólo hablaban de abaratamiento de
despido, de reducción de cuotas a la Seguridad Social, pero nunca se
les ocurría hablar de los accidentes laborales, seguramente porque
éste no era su problema, no era su drama, no lo vivían en términos
directos como lo viven los trabajadores y sus familias. Javier Arenas
era capaz de reconocer, como ministro de Trabajo y Seguridad Social,
la realidad: que había más accidentes, más muertos, más tullidos y
más gastos de la Seguridad Social. Pedro Vaquero, nuestro diputado,
volvía a preguntar, esta vez con tensión dramática y espíritu
constructivo: ¿No tendremos que convenir que los destajos, la
prolongación de la jornada y las horas extras producen fatiga y
sobreacumulación de trabajo en unos mientras otros están en el paro,
no tienen un puesto de trabajo? Ahí está la madre del cordero, señor
ministro, ahí está la madre del cordero, de verdad. El grado de
educación y coerción aplicado hacia toda la sociedad, hacia
empresarios, trabajadores, sindicalistas, hasta ahora no sirve, y no
sirve por una razón elemental: no es un problema de voluntarismo
piadoso ni tampoco es un problema de buena fe, de trabajar en esta
línea para intentar solventar este gravísimo problema; es un problema
de explotación, de sobreexplotación y de pitorrearse de los derechos
naturales y legales de la gente si estos derechos no dan beneficios,
y como no dan beneficios estos derechos, por tanto hay una
eliminación o un no tener en cuenta toda una serie de normativas de
salud laboral y de prevención de accidentes del trabajo, que no se
ponen en marcha, naturalmente, porque esto no rinde beneficios.
Naturalmente, al lado están la desidia, el ahorro de costos, la
precariedad y la flexibilidad en los empleos, la eventualidad, la
existencia de empresas de trabajo temporal y el hecho de que en
nuestro país muchos trabajadores ni tan siquiera se atreven a
defender sus derechos, sean naturales como el derecho a la vida, o
legales como muchas de las leyes que se han aprobado en este
Parlamento, y debo reconocer que se han aprobado; pero repito, muchas
veces hecha la ley hecha la trampa. Esto es lo ocurrido en 1996 y
1997. ¿Qué pasa en 1999? ¿qué realidad tenemos en ese año? ¿hemos
avanzado hacia la superación de estos problemas?
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Frutos, le ruego vaya
concluyendo.
El señor FRUTOS GRAS: Intentaré acabar, señor presidente.
En 1999 no sólo no se reducen los accidentes laborales sino que
aumentan. Decía el señor Pimentel en 1996 que había tres accidentes
mortales diarios. En 1999 hay cinco. Se puede argumentar que ahora
hay más trabajadores, pero no hay equilibrio porcentual ni total
entre el número de trabajadores de entonces y el de ahora; por tanto,
han aumentado los accidentes laborales. La tasa de fallecidos por
cada 100.000 es la más alta de la Unión Europea: 10,2, una tasa
altísima, de Tercer Mundo. En los últimos cuatro años ha habido 5.840
muertos, de los cuales 1.602 han sido in itinere, es decir durante el
trayecto. En el conjunto de los accidentes
laborales también triplicamos la media europea: en 1999 ha habido
916.369 accidentes laborales con baja, es decir 111.000 más que en el
año 1998, casi el 14 por ciento más. Han pasado cinco años desde la
aprobación de la Ley de prevención de riesgos laborales y han
aumentado los accidentes, las comunidades autónomas no la aplican o
no se enteran, el Gobierno no la impulsa y hay dos billones más de
gastos de la Seguridad Social además de los fallecimientos, las
secuelas que dejan los accidentes laborales, las incapacidades, los
sufrimientos y el dolor para mucha gente, etcétera.
Señor ministro, las causas de la mayoría de los accidentes graves
siguen siendo fácilmente evitables, además sin gran coste por parte
de las empresas. Por ejemplo, los accidentes en jóvenes, por citar
uno de los aspectos en los que más ha avanzado la siniestralidad
laboral, representan un porcentaje mucho más alto que la media;
además se han dado las razones del porqué: rotación en sus puestos de
trabajo, falta de formación y experiencia e imposibilidad real de
ejercer derechos fundamentales; muchas veces ni siquiera se atreven a
ejercerlos porque las empresas de trabajo temporal tienen cola de
espera para cubrir puestos de trabajo. Es decir la precariedad en el
empleo, lo que en términos coloquiales se ha llamado empleo basura,
que ha aumentado.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Frutos, le ruego que
procure concluir.
El señor FRUTOS GRAS: Ahora sí que concluyo, señor presidente,
gracias por la benevolencia que tiene.
La Federación de Comisiones Obreras de la construcción tiene
presentada una proposición de ley en este Parlamento partiendo del
argumento de que la construcción tiene el 60 por ciento de contratos
eventuales -si añadimos los contratos en obra llegan casi el 80 por
ciento- y naturalmente tiene un índice de accidentabilidad laboral
superior a cualquier otro sector. Es un emplazamiento que ya tenemos
en el Parlamento. Es una decisión política: ¿qué va a hacer el
Gobierno? Dígame usted, señor ministro, qué va a hacer en relación
con esta iniciativa legislativa popular que se convierte en
proposición de ley.
Pero es que, además, hay elementos a tener en cuenta. En Aragón, a
través de la actuación planificada y sistemática sobre las empresas
controladas y con más accidentes laborales se han llegado a obtener
resultados importantes en el último año. Es un ejemplo que podemos
tener en cuenta en la medida que sea necesario tener en cuenta las
normativas que se han utilizado y ponerlo en marcha.
Por tanto, señor ministro, desde Izquierda Unida le planteamos qué
tipo de medidas se van a emplear y cuáles son sus plazos, qué
mecanismos concretos se van a poner en marcha y qué inspección y
cuántos inspectores e inspectoras se utilizarán para llevar esto a la
práctica. Me anticipo a agradecerle a usted sus buenas intenciones,
que me consta las tiene, pero desde mi
grupo desearíamos que esas buenas intenciones se convirtieran en
convicciones, las convicciones en leyes y las leyes en la aplicación
de unas normas que realmente hicieran frente al problema y
permitieran una gradual solución del mismo.
Gracias por su atención, señor ministro, señoras y señores diputados.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Frutos.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Gracias, señor presidente.
Señorías, ciertamente uno tiene la primera sensación un tanto extraña
al volver a ocupar después de cuatro años esta posición para sus
intervenciones, si bien en condición política distinta.
La materia que el Grupo de Izquierda Unida ha elegido como eje de su
interpelación, la siniestralidad laboral, la prevención de riesgos,
la salud laboral -podría tener distintos enunciados-, es una de las
materias hoy centrales en el debate social y en el debate político
español, que no haya ninguna duda. Afortunadamente estamos viviendo
un momento en el que hemos superado ciertas sensaciones indeseadas,
la sensación de que España no era capaz de crear empleo o la
sensación de que España no era capaz de crecer, incluso de crecer más
y mejor en términos económicos y de empleo que otros países de la
Unión Europea, pero lógicamente ahora creo que es el momento de
plantearse si no tenemos que hacer aún mejor las cosas, sobre todo
porque el empleo no tiene que ser solamente cantidad (en eso coincido
con lo que se ha afirmado desde esta tribuna, es la tesis que siempre
he sostenido), sino que ha de tener calidad, calidad desde dos
dimensiones, una de las cuales, la de estabilidad, se ha citado.
Aunque aceptásemos, como tenemos que aceptar, que España tiene áreas
importantes de su actividad económica asociadas a la estacionalidad y
que difícilmente, salvo en el terreno de la utopía o de la ilusión,
podríamos pensar en cambiar nuestra climatología para modificar el
comportamiento de algunas de estas áreas económicas, yo creo que
debemos aspirar a que esa temporalidad sea la mínima imprescindible.
Éste es un objetivo además común. Piense que no es novedoso, puesto
que ya se tenía en mayo de 1997, y agradezco que haya elegido usted
la fecha del 17 de mayo, ya que, aparte de ser San Pascual Bailón le
diré que es el tercer aniversario de un eficaz y para mí gran
acuerdo, el acuerdo sobre estabilidad en el empleo. Me parece
importante y creo que es un signo de normalidad que nuestros
empresarios, nuestros trabajadores y nuestros políticos coincidiesen,
como coincidieron en 1997 no solamente en un diagnóstico, el
diagnóstico de exceso de temporalidad, sino también en unas pautas
que han permitido que por ejemplo ayer se hiciese público el dato de
la menor temporalidad de los diez últimos años. Si usted me pregunta
si estoy satisfecho,
naturalmente le tengo que decir que no, pues sigo creyendo que
hay terreno para mejorar y lo creen también, y así lo están
expresando ante la opinión pública, los agentes sociales y la
totalidad de las fuerzas políticas. Si usted me pregunta ahora si me
causan satisfacción las cifras que España tiene en materia de
siniestralidad, evidentemente le tengo que decir que ninguna
satisfacción, pero ni el más leve atisbo.
Hay dos planos de discusión, pero ya le anuncio de antemano que en
uno de ellos no voy a entrar, ya que además me parece que es una de
las posibilidades reales de actuación del Gobierno y no sólo del
Gobierno, sino, como trataré de hacer ver, de todo aquel que quiera
aproximarse de buena fe a esta materia. La primera línea de debate
sería ver si nuestras cifras son absolutamente comparables,
homogéneas y concordantes con la metodología que se sigue en el resto
de países con los que usted mismo y otras muchas personas establecen
comparaciones, a sabiendas claramente de que no son iguales, de que
hay países que adoptan el criterio de una duración mínima de tres
días para empezar a hablar de accidente laboral, países que computan
en lista bien distinta no solamente los accidentes in itinere que
usted ha citado, sino causas como son los accidentes vasculares o las
enfermedades cardiovasculares, que probablemente, aunque no digo que
en modo alguno no guarden relación; todo guarda relación con la
actividad laboral, señor Frutos, lo sabemos usted y yo. De hecho la
actividad laboral prejuzga y condiciona a veces otras actitudes, pero
no me negará que también hay un bloque de situaciones que tienen que
ver más con el aspecto o carácter, saludable o no, de la vida de una
persona, que, insisto, no pretendo con eso decir que las personas se
desdoblan y que una es la persona que trabaja y otra es la persona
que vive el resto del día.
Decía que ese debate difícilmente nos puede llevar a ningún punto de
interés. Hay debates que yo creo sí ha llegado el momento de abordar.
Estoy plenamente de acuerdo en que no debe ser indiferente a ningún
efecto el tratamiento económico y la aportación que al mantenimiento
y a paliar los efectos de la siniestralidad hagan quienes sí que
adoptan medidas frente a quienes no adoptan esas medidas de
prevención. Lo que también admitirá sin duda el señor Frutos es que
estamos en esta España en la que una de nuestras características
evidentes es la existencia de microempresas que hace mucho más
difícil trasladar las medidas a todos los rincones de la actividad
productiva. A mí no me gustaría tampoco crear la sensación de que aun
estando mal estamos peor que cuando no disponíamos de una legislación
adaptada u homologada a la legislación europea; también sería
profundamente injusto. Estamos mejor. Digo mejor porque ya hemos
recorrido al menos ese desfase normativo que mereció incluso algún
apercibimiento por parte de la Unión Europea. Nuestro problema es que
esa ley no solamente sea conocida -primera etapa en la que creo que
todos podemos colaborar- sino especialmenteaplicada. Debemos saber
que nuestra dificultad a veces
es esa enorme dispersión y esa mínima estructura de muchas de
nuestras empresas. Supongo que también puedo coincidir con S.S. en
que el objetivo básico es preservar el empleo mejorándolo, pero
manteniéndolo. Quiero decir que al igual que en materia de economía
sumergida todos hemos convenido que el objetivo era transformar esa
economía irregular en economía formal, todos tenemos el objetivo no
de destrucción de los puestos de empleo en los que no estén
cumpliéndose con exactitud milimétrica todas las prescripciones y
necesidades, sino su adaptación a ese marco correcto.
Decía que en esa línea evidentemente también el Gobierno está
dispuesto a actuar en ese plano indispensable que alguien denominará
coactivo, inspector o represivo. El catálogo de adjetivos y de
palabras es suficientemente amplio y elocuente.
Me decía que podía entenderse que había habido una cierta inhibición
o pasividad a la hora de proveer del primer material, que es el
elemento humano -de inspectores-, a nuestra sociedad. Partía de una
cifra que afortunadamente ya ha quedado muy desfasada; tenemos
bastantes más de 500 inspectores. En mayo del 2000, en la fechas que
estamos hablando, ya tenemos 734 inspectores. Usted me dirá que le
siguen pareciendo pocos. Yo podría hablar de un crecimiento
porcentual muy importante; estaríamos hablando de que estas
plantillas han crecido más del 25 por ciento. (La señora presidenta
ocupa la Presidencia.) También le digo, señor Frutos, que ojalá
hubiese una proporción directa entre el número de acciones
inspectoras e incluso entre la intensidad de esas acciones
inspectoras y la reducción de los accidentes, porque -y no dudo de la
palabra de nuestros servicios de inspección- cuando han crecido de
manera muy importante y significativa todas las actuaciones
relacionadas con la inspección, pero no solamente en número de
visitas, que puede parecer banal, número de trabajadores afectados,
número de obras paralizadas, sanciones aplicadas han crecido en
porcentajes altamente significativos. Ahorro a SS.SS. una lectura
tediosa de porcentajes, pero ciertamente son cifras importantes. No
hemos tenido esa proporción directa que desde luego para mí sería un
deseo, pero que no se corresponde con la realidad o con la tozudez de
las cifras. Le añado que no sólo hay que perseverar, también hay que
mejorar los mecanismos de inspección. No tenga ninguna duda de que
seguiremos proveyendo de nuevas promociones de inspectores, que, por
cierto, estuvieron muchos años contenidas. Voy a tratar de ser, dado
que apelo a la colaboración de todos los grupos, lo más cuidadoso
posible en el lenguaje. Pues bien, se han expandido, y se han
expandido también de manera muy significativa; bien es cierto que hay
profesiones en las que no se puede improvisar. Yo no creo que sea
aconsejable improvisar jueces, improvisar inspectores de trabajo, que
gozan también no sólo de presunción de veracidad en sus actuaciones,
sino que gozan de autonomía en lo personal y desde luego yo creo que
los ritmos pueden ser mejorados. De hecho, le garantizo que entre en
las prioridades de personal
de este Ministerio volverá a figurar la dotación de inspectores
de trabajo; no tenga ninguna duda.
Le decía que también hay que ir a estructuras de contribución,
a paliar los daños sociales, en este caso al menos los económicos,
distintas a las actuales. Tampoco es una labor que pueda tener
eficacia de la noche a la mañana, se lo garantizo. Crear un banco de
datos con suficiente trayectoria en el tiempo que permita valorar
quién está haciendo bien -y de manera sostenida- las cosas y quién lo
está haciendo mal no es algo que pueda improvisarse de la noche a la
mañana; pero cuente no sólo con el impulso político sino con que ya
están dados pasos importantes en esta materia, al igual que habrá que
ir -y ya han sido consultados los agentes sociales- a una estructura
diferente de nuestra tarifa de accidentes de trabajo y de enfermedad
profesional.
Admitirá también S.S., el señor interpelante que alguna medida no va
a ser posible realizarla si no es en cooperación con la propia
sociedad, en este caso expresada por los agentes sociales y en
colaboración, en auténtica cooperación leal y sensata con las
comunidades autónomas. ¿Por qué? Eso lo sabe también su fuerza
política en la que a fecha de hoy hay personas que ocupan
responsabilidades directas en la gestión de esta materia. Sabe que
sin esa cooperación va a ser muy difícil por no decir imposible,
siendo respetuosos con el marco constitucional, ser eficaces en esta
materia.
De lo poco que he aprendido en el ejercicio del departamento y del
Ministerio es el camino por el que nunca va a resolverse un descenso
de la siniestralidad. El traslado de responsabilidades o pensar que
sólo una de las partes es responsable directa de la solución de este
problema no es el camino. El camino es la cooperación
interinstitucional y el diálogo.
Le diré en esta primera parte -y con esto concluyo, señora
presidenta- que también es deseo del Gobierno que esta materia figure
en esos diálogos sociales y políticos que ahora se abren, porque
-insisto- creo que el camino que se abrió en el año 1997,
especialmente en las mejoras de nuestro mercado laboral, ha sido un
camino correcto que ofrece un balance positivo, mejorable sin duda,
perfeccionable sin duda, pero positivo. Es por eso, y además tal vez
por la coincidencia más que casual de la fecha elegida, que queramos
que este asunto forme parte de las materias en las que puede y debe
haber diálogo social y que no sólo tengamos la opinión de una de las
partes que usted citaba. Respetuosamente asumo que me interesa la
opinión manifestada por una de las centrales sindicales mayoritarias,
pero si es posible me gustaría que también tuviéramos la opinión del
conjunto de la sociedad. Créame que en ese esfuerzo de cooperación
encontrará siempre a este Gobierno y naturalmente al titular de este
departamento.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señor ministro, por sus respuestas y
-de lo que no me cabía ninguna duda- por su buena voluntad para hacer
frente al problema y superarlo.
Dice usted que hemos superado diversas sensaciones negativas o
leyendas negras que había en este país, tales como que no éramos
capaces de crear empleo, que no éramos capaces de crecer y crear
empleo, etcétera, y que lo hemos hecho. Yo voy a reconocer la
realidad que hay, como voy a reconocer que mucho de este empleo que
se ha creado es excesivamente precario y temporal y que origina
muchos de estos fenómenos que hemos intentado analizar. Esto no viene
de la nada. Yo le he hablado del año 1996, casi tres muertos en
accidente laboral, tullidos que quedan por el camino, familias
destrozadas, etcétera, con mucho gasto para la Seguridad Social y
para toda la sociedad, y de lo que ha ocurrido en 1999, con cinco
muertos reales. Yo le he hablado de todo esto. Esto ha ocurrido
durante todo este tiempo; es un problema serio, riguroso, al cual
debemos hacer frente, pero teniendo en cuenta el conjunto del
problema, que es todo lo que ocurre en el conjunto del mercado
laboral. Hay gente en este país que va a buscar un empleo, precario,
temporal, y ni siquiera se atreve a defender sus derechos laborales y
sociales porque defender estos derechos laborales y sociales
representaría perder el puesto de trabajo. ¿Qué pasa en este país,
señor ministro? Éste es el problema de fondo.
Usted me dice que es un problema de toda la sociedad y de todos en el
camino del acuerdo y de la cooperación. De acuerdo. Pero, señor
Aparicio, señor ministro, siguiendo aquella vieja máxima de zapatero
a tus zapatos, desde la izquierda, desde los sindicatos, desde las
fuerzas de izquierda tenemos que defender fundamentalmente el derecho
de la gente a tener dignidad y salud y lo que yo veo en los estados
de cuentas de los grandes bancos o de las gentes que se organizan en
torno a la CEOE, a la gran organización de empresarios, es en primer
lugar los beneficios, los beneficios y los beneficios, en segundo y
tercer lugar, y luego hablaremos de lo otro. Normalmente hablan de
reducir los costes laborales, las cuotas a la Seguridad Social,
etcétera, y casi nunca hablan, no hacen ningún simposio ni jornada
alguna sobre accidentes laborales. Desde el Gobierno también se
podría impulsar que estos sectores de la sociedad, el gran
empresariado, los sectores con estos grandes beneficios, fueran un
poquito más piadosos. Renuncio a que sean más humanistas y más
solidarios, un poquito más piadosos, y así no tendrían una
contradicción tan grave en muchas de las cosas que dicen, rompiendo
su personalidad entre lo que dicen y lo que realmente hacen, es decir
en la hipocresía social.
Ahora debemos ir al empleo de calidad. Ha dicho usted que todo el
problema que tenemos es el del empleo de calidad y le recojo la
palabra; empleo de calidad que representa hacer frente a los posibles
problemas que pueden venir.
Habla usted del acuerdo sobre el empleo del 17 de mayo, pero yo
también tengo otros documentos de los
sindicatos, y en estos primeros meses del año 2000 los sindicatos
hablan de determinadas realidades; documentos que hablan de que para
reducir el incremento que se sigue produciendo en el conjunto de los
accidentes, más del 13 por ciento, es necesario dar cumplimiento
estricto y urgente al Plan de acción, visita a las 30.000 empresas,
actuación contundente y ejemplificadora del sistema sancionador. Son
los mismos sindicatos que firmaron el 17 de mayo de hace tres años,
exactamente los mismos, hablan de eso y en ellos me baso, cuando
dicen que a nivel nacional cada día laboral se producen 2.600
accidentes con baja y que cada día laboral cinco trabajadores mueren
en el trabajo o en el trayecto hacia el trabajo. Me baso en lo mismo,
son los mismos sindicatos. Yo no sé si tienen una personalidad doble,
pero en todo caso dirán una cosa en la mesa, que será razonable, y
llegarán a acuerdos con la patronal y con el Gobierno; pero al mismo
tiempo reconocen una realidad existente que nadie puede eludir. La
temporalidad, señor ministro, continúa siendo de cerca del 32 por
ciento, y temporalidad quiere decir precariedad, eventualidad, todo
lo que hemos dicho antes.
Usted dice que hay diversas formas de valorar la siniestralidad, en
relación a los términos de homologación que hay en Europa. Nosotros
somos absolutamente moderados en esto.
La señora PRESIDENTA: Señor Frutos, le ruego vaya concluyendo.
El señor FRUTOS GRAS: ¿Estamos mejor en el momento de homologar los
sistemas de comparación que hay entre España y Europa, estamos mejor
o peor? Yo creo que hay elementos más rigurosos en el conjunto de
Europa para valorar la siniestralidad laboral. Por ejemplo, aquí no
tenemos en cuenta algo que yo he omitido en mi intervención inicial,
y es que las enfermedades profesionales no tienen tratamiento
preventivo, ni tan siquiera registro, y que además afectan mucho más
a las mujeres, que es una de las grandes preocupaciones de su
Gobierno para el inmediato futuro.
Me alegro de que sean ya 734 los inspectores en vez de 516, como
había, porque algo hemos avanzado, el 25 por ciento, pero es poco,
tiene que haber más. Además tiene que haber delegados de prevención
de accidentes, y aquí tiene que haber un acuerdo firme, fuerte con
los sindicatos; constitución de comités de salud y seguridad;
personación en los accidentes graves y mortales, posibilidad de
personarse; amenaza de las fiscalías de perseguir y castigar los
crecientes delitos laborales, también tiene que haberla, y que los
jueces y fiscales tengan un poquito más de formación técnica para
hacer frente a los problemas que tienen encima.
Además y termino, señor ministro, las empresas con mayor volumen de
accidentes laborales están perfectamente identificadas. Yo le he
puesto el ejemplo de Aragón. Sabían cuáles eran las empresas, sabían
el grado de accidentalidad laboral que tenían estas empresas,
han actuado en consecuencia con esto, y han avanzado. Es la misma
medida que le pido a usted y a su Gobierno y naturalmente para esto,
para las cosas buenas, las comunidades autónomas tienen que
disciplinarse y aceptar la Ley de Bases que permite avanzar en la
solución de problemas tan graves como éste.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Frutos.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Muchas gracias, señora presidenta.
Agradezco el tono de la intervención del portavoz del Grupo de
Izquierda Unida y lógicamente agradezco que haya ámbitos en los que,
desde una distancia ideológica ineludible, en lo que es coincidencia
de objetivos podamos establecer debates como el de esta tarde.
Evidentemente hablamos de pasar de 500 y pico inspectores a más de
700; yo le citaba el crecimiento simplemente del último año, y
estamos hablando de crecimientos superiores incluso al 25 por ciento.
Ojalá llegásemos a la conclusión de que es posible atajar la
siniestrabilidad laboral simplemente incrementando el número de
inspectores y ojalá alguien dijese que se atajan los accidentes de
tráfico simplemente multiplicando el número de agentes de la Guardia
Civil; lo dudo, rotundamente lo dudo. Las buenas prácticas siempre
han sido valoradas y reconocidas, alguien más drástico diría que la
mejor forma de eliminar los accidentes de tráfico es prohibir la
circulación, pero supongo que ése no es el objetivo de ninguna fuerza
política.
Sí le diré que, en alguno de los temas, también ha habido avances
menos perceptibles, pero más contundentes. Usted ha citado el caso de
lo que podríamos denominar las buenas prácticas -en terminología
europea- que se están llevando a cabo en Aragón. Lo reconocemos como
positivo; ciertamente, se puede hablar de un menor crecimiento,
incluso de una reducción en algunos sectores. Ha sido posible conocer
eso gracias a la existencia de la conferencia sectorial de asuntos
laborales, un órgano que, como usted sabe, cuenta con la presencia
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de las comunidades
autónomas. Le diré que esa conferencia ha sido posible desde el año
1997 y no antes, para que vea que este Gobierno está intentando no
solamente hacer discurso semántico o voluntarista de la cooperación
con las comunidades autónomas, sino realmente ejercerlo.
Le decía que ojalá el aumento que han tenido las actas de infracción
-más del cien por cien, 114-, el importe de las sanciones -más del
183 por ciento-, el número de trabajadores afectados por infracciones
-más del 250 por ciento-, las paralizaciones de tajos y trabajos -más
del 246 por ciento-, hubiesen llevado a esa directa e inmediata
reducción del número de
siniestros. También es bueno recordar que se han estabilizado, en
cifras muy altas pero se han estabilizado, los accidentes con
resultado de muerte. Yo diría que incluso puede apreciarse en el
comienzo del año una tendencia a la baja. Se han estabilizado los
accidentes graves y, ciertamente, se han disparado, por qué no
decirlo, los accidentes leves y de menor importancia. Ésa sería la
fotografía. No creo que fuese bueno trasladar a la realidad de la
opinión pública que estamos peor, insisto, que cuando no disponíamos
de una ley comparable a la del resto de países europeos o como cuando
se actuaba con menor intensidad y grado en las actuaciones
inspectoras.
Me sugería algo que también estamos haciendo. Las acciones de
divulgación son fundamentales. Coincido porque, además, es más
difícil emprender acciones divulgativas en un tejido industrial y
productivo extraordinariamente disperso y de pequeña dimensión, como
es el nuestro. Créame que estamos abiertos, y de hecho se han
practicado acciones de cooperación con los agentes sociales,
sindicatos y empresarios, en la divulgación y conocimiento de estas
materias. No se van a regatear esfuerzos porque creemos que, al igual
que sucede en esa área de analogía que es el tráfico, también el
conocimiento del Código de la circulación ayuda al menos a mantener
actitudes responsables; no digo que no siga habiendo conductas
temerarias, pero el conocimiento del Código y de alguno de sus
efectos parece que sí ayuda y coopera en la causa.
Finalmente, le decía que esta es una de las materias que sin duda
alguna va a estar presente en el diálogo social y en el diálogo
político. Creo que lo más positivo lo hemos conseguido ya, que es que
figure en la máxima prioridad de agentes sociales y de fuerzas
políticas. Es un tema que antes podía entenderse de segunda línea,
tal vez -y conviene dejarlo claro en esta sesión- porque hay que
indicar que, desgraciadamente, la menor siniestralidad se produce
cuando hay menor actividad económica o, dicho de otra manera, hay una
regla de tres que opera: a mayor paro, menor siniestralidad. Esto es
consecuencia no solamente de los aspectos de temporalidad que citaba
S. S. sino también de que, cuando realmente hay una gran oferta de
puestos de trabajo, probablemente la cualificación inicial está por
debajo de los umbrales y niveles que todos consideramos deseables.
Insisto, uno de los retos, sin duda alguna, es mejorar nuestra
formación profesional y, dentro de ella, dar valor real a las
actividades preventivas. Vuelvo a insistir en que no podemos ser
neutrales, desde el punto de vista financiero, económico, de
cotización y de gastos, ante comportamientos distintos, tratar igual
a quien sí está adoptando medidas preventivas y consiguiendo
resultados que a quien no lo consigue. Ahí, toda la experiencia,
surja del Gobierno de la Administración general del Estado, surja de
las comunidades autónomas, será incorporada.
Finalmente, todo lo que se haga en ámbitos como son los hábitos
saludables de evitación general de drogas,
alcohol, la mejora de nuestro tráfico, las actitudes responsables,
tendrá un valor importante a la hora de, en cualquier caso y sean
cuales sean las metodologías de medición, una mejora importante de
una situación que vuelvo a calificar como claramente insatisfactoria
para mí y para todas cuantas opiniones he tenido ocasión de conocer
en estos últimos días, tanto a través de los contactos realizados con
los agentes sociales como con el resto de fuerzas políticas.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. ¿Grupos que
desean intervenir fijando posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta. Intervengo
desde el escaño para fijar la posición de mi grupo a la espera de los
debates que tendremos la semana que viene. La interpelación que
plantea el señor Frutos esta tarde es absolutamente oportuna y
necesaria. En la Cámara se está expresando una amplia coincidencia en
dos líneas; una primera es que la situación es absolutamente
insatisfactoria. No existe motivo de alegría en este campo. En su día
ya fue denunciado por el ministro de Trabajo y ha sido denunciado
escasamente hace pocos días por los sindicatos. En segundo lugar, el
conjunto de las políticas públicas que desarrollamos en esta materia
son también insuficientes. Por tanto, es un debate que deberemos
afrontar en esta legislatura.
Se han planteado también, tanto en la intervención del señor Frutos
como en la del señor ministro, suficientes elementos que nos deben
obligar a todos a matizar y a aceptar que esta es una problemática
compleja. Encontrarle soluciones y vías de resolución no va a ser ni
mucho menos fácil. Recuerdo que en la anterior legislatura tuvimos
dos debates al respecto en la Comisión de Política Social y Empleo;
seguramente el conjunto de aportaciones de los grupos parlamentarios
no introducían posibilidades excesivamente diferentes en relación a
aquello que ya se venía realizando por parte de los poderes públicos
o, incluso, en las reflexiones que podíamos hacer en relación a las
actitudes de unos y otros, tampoco aportábamos demasiadas novedades.
Nuestro grupo ha planteado, y creo que se va a discutir en el Pleno
de la próxima semana, la creación de una subcomisión en el seno de la
Comisión de Política Social y Empleo, un espacio para poder
profundizar en relación con las necesarias soluciones que debemos
abordar desde el conjunto de las administraciones en este ámbito. Al
margen del contenido de la moción que podamos debatir la semana que
viene y que nuestro grupo abordará con muchísimo interés, pretendemos
que este espacio de la subcomisión sea también un
espacio de discusión y diálogo para matizar y profundizar en muchas
de las cuestiones que se nos plantean y que, por tanto, sea un
espacio para generar consenso parlamentario en relación con las
políticas que se requieren en este ámbito. El consenso y el diálogo
social son básicos, pero esta Cámara también tiene la obligación de
profundizar en uno de los retos más importantes de nuestro mercado
laboral. Anosotros nos gustaría que, al margen de la moción del señor
Frutos, la propuesta de la semana que viene de Convergència i Unió
para la creación de esta subcomisión sirviese para crear un espacio
de diálogo y de consenso en esta materia. Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
González.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Gracias, señora presidenta.
Señorías, desde el Grupo Parlamentario Socialista lamentamos
profundamente que cuatro años después de haber entrado en vigor la
Ley de prevención de riesgos laborales, sigamos debatiendo sobre
medidas a adoptar por el Gobierno para reducir de manera
significativa los índices de siniestralidad laboral en nuestro país,
en este caso a través de una interpelación, que apoyamos, del Grupo
Socialista, y que consideramos oportuna en el tiempo,
fundamentalmente por los últimos acontecimientos en este sentido. Y
lo lamentamos por dos razones. Primero, porque no sólo es que en
España se sigue produciendo una media de un millón y medio de
accidentes de trabajo cada año, sino también, y esto es lo más
preocupante, porque los índices de incidencia, como ya ha señalado el
señor Frutos, siguen creciendo cada año. En números absolutos hemos
pasado de 1.172.000 accidentes en 1.996 a 1.606.000 en 1999, y de
ellos, anualmente, más de mil han sido accidentes mortales. Las
cifras, señor ministro, son muy graves, y el incremento de la
siniestralidad, como ya he dicho, muy preocupante, tan preocupante
que podríamos hablar de una tragedia cotidiana en el mundo laboral,
ya que estamos hablando de una media de más de cuatro accidentes
mortales diarios.
El segundo motivo por el que lo lamentamos es porque el Gobierno,
como responsable último, disponiendo desde hace cuatro años de un
instrumento valiosísimo como es la Ley de prevención de riesgos
laborales, ley homologable con las normas europeas y valorada
positivamente por los sindicatos y por las instituciones, no ha
sabido o no ha podido reducir, ni siquiera frenar, los accidentes de
trabajo en nuestro país. Créame, señor ministro, que no digo esto con
ánimo de confrontación ni de buscar culpables ajenos, sino que lo
hago con intención y actitud constructiva y responsable, intentando
analizar las verdaderas causas para actuar inteligentemente frente a
los accidentes que, como ha señalado el
representante de Convergència i Unió, es un tema bastante complejo.
No le quepa ninguna duda de que hoy al Grupo Socialista le encantaría
felicitarle si se hubiesen reducido los accidentes, porque, en
definitiva, ello hubiese sido un triunfo para los trabajadores, en
primer lugar, y, por supuesto, para su Gobierno, para el resto de los
grupos políticos, para los agentes sociales, para los empresarios y
para toda la sociedad. Pero las cifras son las que son y demuestran
que la ley y los reglamentos por sí solos no son suficientes, y así
lo confirma la cruda realidad. ¿Qué falla entonces? El señor Frutos
ha señalado algunas de las causas que en general nosotros también
compartimos. Yo voy a señalar sólo algunas.
Es evidente que los elevados índices de siniestralidad en nuestro
país se deben, por un lado, a la alta precariedad en el empleo, que
destruye la profesionalidad de los trabajadores e impide el
aprendizaje adecuado de los requerimientos del trabajo que se
desempeña, y por otro, a un incumplimiento de la normativa por parte
de empresarios e incluso de las administraciones públicas. Sabemos
que la facultad de legislar en materia de seguridad y salud laboral
es competencia del Estado, de esta Cámara, y que la ejecución de
estas políticas corresponde a las comunidades autónomas. Creemos que
el Gobierno, en su función de velar por el cumplimiento exacto de la
ley, debería aprovechar la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en
el Trabajo, en la que está presente no sólo el Gobierno sino las
comunidades autónomas, empresarios y sindicatos, para ejercer una
auténtica labor de coordinación en dichas comunidades. El Gobierno,
además de aprobar leyes y reglamentos, de hacer normas y de exhortar
a los empresarios, a los sindicatos y a las administraciones a ser
corresponsables, tiene que ser capaz de gestionarlas e impulsar su
cumplimiento para obtener resultados concretos. Porque, señor
ministro, si bien es cierto que, como usted ha dicho, esta tarea
requiere el esfuerzo de todos, no lo es menos que el responsable
último es el Gobierno. No es de recibo, por ejemplo, que en un
estudio realizado en la pequeña empresa por la Asociación de mutuas
de accidentes de trabajo se constate que sólo el 11 por ciento de los
empresarios tienen conocimiento de la Ley de prevención frente a un
60 por ciento que no la conoce; que únicamente el 9 por ciento de las
empresas ha puesto en marcha el Plan de prevención; que el 59 por
ciento desconoce la obligación de aplicar la ley y que el 83 por
ciento de las empresas ni tan siquiera ha realizado la evaluación
inicial de riesgos. Quizás esto explique que el mayor número de
accidentes se dé en empresas de entre uno y cinco trabajadores.
La señora PRESIDENTA: Señor González, le ruego vaya concluyendo.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Termino, señora presidenta.
Ante realidades como ésta, no cabe duda que habrá que poner en marcha
planes específicos de actuación
de la Inspección de Trabajo para garantizar el cumplimiento de la
normativa, dotándoles, por supuesto, de los medios técnicos y humanos
necesarios. Tendremos que conseguir un sistema preventivo público
eficiente. Entre otros avances, creemos que es necesario incrementar
los recursos humanos y materiales del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo. Asimismo, creemos necesario exigir a las
mutuas de accidentes una dedicación más intensa a la actividad
preventiva, fuera de toda mercantilización. Si, según las
estadísticas que edita la propia Administración, el mayor porcentaje
de accidentes -el 70 por ciento, aproximadamente- se produce entre
trabajadores con un contrato temporal y de una media de edad entre 25
y 34 años, habría que desarrollar planes de acción específicos para
este sector, incidiendo de forma especial en la formación para los
trabajadores temporales.
No se trata, señor ministro, de buscar culpabilidades exclusivas ni
de hacer justificaciones más o menos lógicas. Se trata, en
definitiva, de que las administraciones públicas y, por supuesto, su
Gobierno, ejerzan y desarrollen el papel que les corresponde, de que
los empresarios asuman sus responsabilidades y de que a los
trabajadores, una vez formados, se les exija el cumplimiento de las
medidas preventivas.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero agradecer la iniciativa y el talante del
señor Frutos a la hora de presentarla; además, hoy lo hago como
portavoz de mi grupo en la materia. Me hubiera gustado no tener que
hacerlo en una materia como la siniestralidad laboral porque sería
señal de que no existía tal problema, pero le agradezco que lo
plantee porque compartimos su preocupación y su sensibilidad.
Ha dicho el señor ministro, y hago mías sus palabras, que esta es una
cuestión que ha llegado el momento de abordar, no porque antes no se
haya hecho, sino con la decisión propia de que otros escenarios de la
política social avanzan favorablemente, cual es el empleo, y hay que
ir a un empleo de calidad y, por tanto, a un tratamiento paliativo de
la siniestralidad. Desde esa perspectiva, ha hecho una oferta
concreta en orden a que el diálogo social sea el instrumento que
articule y vertebre, dentro de este complejo mundo de la
siniestralidad laboral, a interlocutores sociales e institucionales.
Le puedo decir, señor Frutos, que vamos a analizar con todo
detenimiento las propuestas que puedan formular desde su grupo en la
moción que previsiblemente, como ha dicho, nos presentarán el próximo
martes en el debate plenario. Las estudiaremos con todo el interés
del mundo porque toda aportación en esta materia es importante.
Haré alguna matización en relación con algún punto que quizá a lo
largo del debate pueda ser enriquecido con mi breve intervención. No
voy a decir lo que voy a exponer con el ánimo de maquillar ningún
dato ni de eludir ninguna realidad porque la realidad,
desgraciadamente, es la que es y objetivamente está ahí. Sí hay que
decir que, a la hora de diagnosticar la siniestralidad laboral en
España, habría que plantearse -lo ha dicho el señor ministro- los
criterios de homogeneización que se utilizan en otros países de la
Unión Europea. No lo digo con ningún afán de maquillar, pero sí he de
decir que no son los mismos parámetros que se utilizan en España. En
España, un accidente de trabajo lo es desde el primer día, mientras
que en otros países como Alemania, Inglaterra, Italia o Irlanda, lo
es sólo a partir del tercer día. En España hay diversas prestaciones
porque hay diversas contingencias y no es lo mismo que un trabajador
perciba una prestación por accidente de trabajo que por enfermedad
común o por accidente no laboral. Por descontado, esa es una cuestión
que incide directamente en términos económicos en el trabajador que
haya padecido un accidente, sea de la clase que sea, o una
enfermedad. Además, hay que decir que hay etiologías que no son
accidente laboral en otras legislaciones. Tan sólo España y Francia
tienen etiologías no traumáticas, como los infartos o los aneurismas,
y éstos representan el primer factor de mortandad dentro del mercado
laboral español. Insisto en que no lo digo por maquillar ningún dato,
pues en todo caso son muertes, lo que ocurre es que, con la evolución
jurisprudencial, las personas que hemos estado y estamos vinculadas
al ejercicio del derecho laboral conocemos los cambios que en esta
materia evolutiva y progresivamente se han ido produciendo en orden a
considerar la habitualidad de cosas que antes eran enfermedad común y
hoy en día son accidente de trabajo en el contexto de España, que en
esta materia es tan sólo equiparable a Francia.
Digo todo esto por enriquecer el debate. El problema es grande y creo
que hay que agradecer mucho que se traiga aquí a debate, en esta
primera sesión plenaria de control. Mi impresión personal es que no
hay una mentalidad social, no hay una conciencia social suficiente
para abordar este problema. Este es un debate que con la sensibilidad
que usted ha puesto, con su preocupación en el aspecto trágico y con
su responsabilidad y moderación, me parece interesante e
importante, que hay que valorar y traducir y los medios de
información que nos puedan estar escuchando es bueno que lleven a la
sociedad que este es un problema de todos, de empresarios y
trabajadores, del Gobierno central y de los gobiernos autonómicos, de
los ciudadanos y de los educadores, que también tienen un papel
relevante que hacer a la hora de la formación de los alumnos en esta
materia para que tengan sensibilidad y eviten no sólo sus accidentes
futuros, sino los de sus padres.
Me permito hacer ahora una puntualización a la intervención del
portavoz del Grupo Socialista. Hablaba de medidas a adoptar por el
Gobierno. Evidentemente las interpelaciones al Gobierno son el marco
en el que uno puede plantear una iniciativa, como ha hecho Izquierda
Unida, pero no son las medidas a adoptar por el Gobierno; el Gobierno
tiene un papel impulsor y una responsabilidad que ha planteado el
señor ministro en términos de incentivo social y de incentivo del
diálogo entre los interlocutores sociales. Pero esta es una materia
que desborda la actuación estricta del Gobierno y que en mi opinión
impregna a toda la sociedad y a la corresponsabilidad de toda la
sociedad.Por eso hago una apelación a ese diálogo imprescindible para
llegar a un consenso necesario que nos permita no sólo tener cada día
más empleo sino que el empleo sea con mayor seguridad, con más
calidad, con más justicia y -el señor Frutos lo decía- quizás haya
que llevar al ánimo de los empresarios que es en términos de dinero,
porque usted ha citado que la siniestralidad laboral supone al año
dos billones de gasto -hay quien la cifra en 2,2 billones-; aunque
sólo fuera por esta razón, que creo que también, pero en primer lugar
por la tragedia humana que implica, tendremos que esforzarnos todos
en buscar unas líneas de acuerdo en el foro que anteriormente citaba
el señor ministro.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiroz.
Se levanta la sesión.
Eran las ocho y veinticinco minutos de la tarde.