El Pleno ha convalidado en su sesión de hoy 24 de enero el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, por 175 votos a favor, 7 en contra y 164 abstenciones. Además, se ha acordado su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

La iniciativa, que ha sido defendida por el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, recoge en su exposición de motivos que este sexto paquete de medidas moviliza "unos 10.000 millones de euros" para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania a partir del 1 de enero de 2023. En concreto al contexto de inflación actual y "concentrando su actuación en los colectivos vulnerables" y en los sectores "más afectados por la subida de la energía". 

Las medidas, señala el texto, se orientan a "contener los precios y apoyar a los ciudadanos y empresas más afectados" en cinco ámbitos como la energía, los alimentos, el transporte, la industria intensiva en el uso de gas, la estabilidad económica y financiera y el "escudo social". También, se incluyen otras dirigidas a extender la protección a las familias y empresas afectadas todavía por la erupción de la isla de La Palma.

Entre las iniciativas en materia de energía, el real decreto-ley incluye las prórrogas de la reducción al cinco por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en la factura de gas natural hasta el 31 de diciembre de 2023 y de la prohibición del corte suministro eléctrico, de agua y de gas natural, a los consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social.

En relación los alimentos, se establecen ayudas directas a los agricultores por el incremento de los precios de los carburantes y de los fertilizantes, entre ellas, una compensación "para cubrir los costes adicionales que se produzcan en las explotaciones agrarias, como consecuencia del incremento de los costes del gasóleo agrario", de 20 céntimos por litro consumido.  

Asimismo, se rebaja del cuatro al cero por ciento el tipo impositivo del IVA en los productos básicos de alimentación, sujetos hasta ahora al tipo reducido, y se minora del diez al cinco por ciento el aplicable a los aceites y pastas alimenticias, "para contribuir a la reducción del precio final de estos alimentos básicos". Ambas reducciones se mantendrán hasta el 30 de junio de 2023, y estarán sujetas "a la evolución de la tasa interanual de la inflación subyacente".

Por su parte, en el ámbito de la movilidad se aprueba "un conjunto de medidas dirigidas a amortiguar el impacto de la subida de los costes de combustibles". También se prorroga para 2023 la gratuidad de los títulos multiviaje de transporte ferroviario de cercanías, rodalíes y media distancia y un sistema de ayudas directas, para el primer semestre, a las comunidades autónomas y entidades locales que "permitirá bonificar el 30% del precio del transporte urbano e interurbano" para aquellas autonomías y ayuntamientos que acuerden una bonificación adicional del 20%. 

En el marco del "escudo social", se establece un "abono extraordinario de 200 euros" para "apoyar las rentas de las familias de clase media en un contexto de inflación", se extiende hasta el 31 de diciembre de 2023 "la limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda" y se mantiene el aumento del quince por ciento en la cuantía del ingreso mínimo vital, entre otras medidas. 

Junto a este conjunto de medidas de respuesta a la guerra, el real decreto-ley también extiende algunas de las medidas específicas destinadas a apoyar a los ciudadanos y empresas afectados por la erupción del volcán de La Palma.