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Notas de prensa
La Cámara Baja completa el proceso de designación de seis de los doce consejeros del Tribunal de Cuentas
- Los seis candidatos propuestos como consejeros del órgano fiscalizador de las cuentas del Estado han obtenido la mayoría de tres quintos exigida.
El Pleno del Congreso de los Diputados ha elegido en su sesión de hoy a los seis consejeros propuestos como consejeros del Tribunal de Cuentas. Todos los candidatos han obtenido la mayoría de tres quintos requerida por la Constitución. En concreto, Enriqueta Chicano Jávega ha obtenido 239 votos; Isabel Fernández Torres ha sido designada con 239 votos; Mª Dolores Genaro Moya con 239 votos; Diego Íniguez Hernández ha recibido 239 votos; José Manuel Otero Lastres, 238 votos, y Miguel Ángel Torres Morato, 239 votos.
Todos ellos quedan designados como consejeros de cuenta al alcanzar la mayoría absoluta requerida de tres quintos. También se han registrado 10 votos en blanco.
Los candidatos comparecieron la semana pasada ante la Comisión Consultiva de Nombramientos de la Cámara Baja, que toma sus decisiones por voto ponderado, y que declaró su criterio favorable. Durante las comparecencias, respondieron a las preguntas que formularon los diputados sobre su trayectoria profesional o académica, y sobre sus méritos personales, como establece la Resolución de la Presidencia del Congreso sobre nombramiento de Autoridades del Estado.
Tras la lectura del criterio favorable de la comisión por parte de la secretaria segunda de la Mesa del Congreso, Sofía Hernanz, han intervenido los grupos parlamentarios en orden de menor a mayor, por tiempo de cinco minutos para expresar su parecer. Las intervenciones han servido no solo para fijar posición sobre las candidaturas al Tribunal de Cuentas sino también al Defensor del Pueblo y para designar a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional.
A continuación, se ha realizado la votación por papeletas, a través de voto telemático, según lo acordado por la Mesa del Congreso el pasado 3 de noviembre. Cada diputado podía escribir en la papeleta hasta un máximo de seis nombres, de los incluidos en la candidatura correspondiente a la elección de Consejeros del Tribunal de Cuentas.
Los consejeros de cuentas son designados por las Cortes Generales: seis por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado por un periodo de nueve años y su renovación es completa. Según el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, los candidatos deben ser censores del Tribunal de Cuentas, censores jurados de cuentas, magistrados o fiscales, profesores de Universidad o funcionarios públicos de Cuerpos para cuyo ingreso se exija titulación académica superior, abogados, economistas o profesores mercantiles, de reconocida competencia y al menos quince años de ejercicio profesional.
El proceso de designación de los seis consejeros por la Cámara Baja arranca con la presentación de las propuestas por los grupos parlamentarios. Cada grupo puede proponer hasta un máximo de seis candidatos. Luego la Comisión de Nombramientos se pronuncia sobre su idoneidad, para lo cual puede requerir su comparecencia previa. Aquellas candidaturas que cuentan con el visto bueno de la comisión son elevadas al Pleno del Congreso, donde serán elegidos los seis que alcancen mayores votaciones, siempre que hayan obtenido la mayoría cualificada de tres quintos.
Órgano fiscalizador de las cuentas del Estado
El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público. Su jurisdicción se extiende a todo el territorio nacional y depende directamente de las Cortes Generales.
Sus funciones propias son la fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económico-financiera del sector público, y el enjuiciamiento de la responsabilidad contable de quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos.
Como dice el artículo 136 de la Constitución Española, el Tribunal de Cuentas remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido. También establece que los miembros de este órgano gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los jueces.