La Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha aprobado el lunes, 29 de junio, por unanimidad, el Proyecto de Ley reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. Una vez superada esta votación, la iniciativa continúa su tramitación en el Senado.

Los miembros de la Comisión han analizado el informe elaborado por la ponencia y han debatido las enmiendas al articulado presentados por los grupos parlamentarios Socialista, Popular, Ciudadanos, Republicano, Vasco y Plural.

El dictamen ha sido aprobado con la incorporación de las enmiendas 1 y 3 del Grupo Parlamentario del PNV; 7 y 8 del Grupo Ciudadanos, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 27 y 28 del Grupo Plural, y 37 del Grupo Popular, en los términos de una enmienda transaccional.

Esta iniciativa adapta el ordenamiento jurídico nacional al reglamento comunitario. Se refuerza así la seguridad jurídica y se da un paso más en la ordenación del proceso de digitalización de la economía y la sociedad, en beneficio de los ciudadanos.

En concreto, este Proyecto se refiere a servicios electrónicos de confianza como la firma y sello electrónicos de personas físicas y jurídicas, o el sello de tiempo electrónico, que son utilizados habitualmente en las relaciones telemáticas de ciudadanos, empresas y Administraciones públicas.

Con este proyecto se deroga la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, y con ella aquellos preceptos incompatibles con el Reglamento (UE) 910/2014, como los antiguos certificados de firma de personas jurídicas, introducidos por la citada Ley de firma electrónica. 

El reglamento implica que únicamente las personas físicas están capacitadas para firmar electrónicamente, por lo que no prevé la emisión de certificados de firma electrónica a favor de personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica. A estas se reservan los sellos electrónicos, que permiten garantizar la autenticidad e integridad de documentos tales como facturas electrónicas. Sin perjuicio de lo anterior, las personas jurídicas podrán actuar por medio de los certificados de firma de aquellas personas físicas que legalmente les representen.

La ley permite la posibilidad de que el órgano supervisor mantenga un servicio de difusión de información sobre los prestadores cualificados que operan en el mercado, con el fin de proporcionar a los usuarios información útil sobre los servicios que ofrecen en el desarrollo de su actividad.

Asimismo, se deroga también el artículo 25 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, referido a los terceros de confianza, debido a que los servicios ofrecidos por este tipo de proveedores se encuentran subsumidos en los tipos regulados por el Reglamento (UE) 910/2014, fundamentalmente en los servicios de entrega electrónica certificada y de conservación de firmas y sellos electrónicos.