El Pleno del Congreso ha aprobado la convalidación del Real Decreto-ley, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, con 342 votos a favor, 2 votos en contra y 6 abstenciones. El texto se ha debatido de forma acumulada con el Real Decreto-ley de medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 y con el Real Decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID¿19, adoptados por los Consejos de Ministros celebrados el 12 y el 17 de marzo, respectivamente. 

El debate, celebrado ante una presencia mínima de diputados y solo con el personal esencial de la Cámara Baja, se ha iniciado con la intervención de la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, quien ha defendido la necesidad de la tramitación de las medidas contenidas en estos tres reales decretos-ley. A continuación, han intervenido los representantes de los grupos parlamentarios de menor a mayor representación, para fijar su posición.

El texto aprobado hoy contiene medidas urgentes en los ámbitos económicos y de salud pública. Comenzando por la primera área de actuación, el real decreto-ley establece la modificación del régimen jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. (SAREB), que permitirá el normal funcionamiento de esta sociedad hasta el fin de su mandato, en 2027, así como  adecuar las causas de su disolución.

De igual forma, se introduce una prórroga de cuatro años adicionales para la suspensión de los lanzamientos para deudores vulnerables, lo que implica que hasta 2024 ninguna persona en situación de vulnerabilidad podrá ser expulsada de su domicilio por impago de la hipoteca. Adicionalmente, el real decreto-ley amplía el concepto de colectivo vulnerable, de forma que se incluyen como beneficiarios de la suspensión las familias monoparentales con un solo hijo, además de los desempleados, familias con algún miembro con discapacidad, en situación de dependencia, familias en las que exista una víctima de violencia de género o mayores de 60 años. Además, se establece que el nivel de ingresos familiar máximo para acogerse a esta medida se incrementará en función del número de hijos.

Como última medida de carácter económico, el real decreto-ley amplía la autorización de entidades financieras que pueden solicitar su transformación en bancos. Entre ellas se incluyen la sociedades de valores, entidades de pago y entidades de dinero electrónico. Se trata de una medida "en línea con otros Estados miembros de la Unión Europea, lo que mejorará la competitividad de la economía española", frente a la salida de Reino Unido de la Unión Europea, cuando finalice el periodo transitorio el próximo 31 de diciembre de 2020.

En lo relativo a la salud pública, este real decreto-ley introduce dos medidas. En primer lugar, dispone la posibilidad de que la Administración establezca el suministro centralizado de aquellos medicamentos, productos sanitarios o cualquier producto necesario para la protección de la salud se vea afectado por excepcionales dificultades de abastecimiento, para garantizar su mejor distribución.

Por último, el texto determina que "al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado por el virus COVID-19".