El Pleno ha rechazado este jueves las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas al Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, y la Ley 4/2019 de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, y se adoptan otras medidas para la mejora del sistema educativo. 

La Cámara ha rechazado las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas por los grupos Junts per Catalunya y Vasco (EAJ-PNV) por 11 votos a favor, 329 en contra y 7 abstenciones, por lo que el proyecto de ley continúa su tramitación parlamentaria en ponencia y comisión.

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de ley, la educación “es un servicio público y corresponde al Estado establecer una normativa básica sobre el alcance prestacional de la educación pública y las medidas para hacerlo efectivo”. Sin embargo, “persiste una situación de desigualdad en el ejercicio de la función pública docente en los cuerpos docentes estatales, en un tema tan importante y que afecta a la calidad de la educación como es la jornada lectiva impartida”.

La iniciativa del Gobierno tiene por objeto reducir la jornada lectiva del profesorado y disminuir las ratios máximas de alumnado por aula para “mejorar las condiciones del desempeño docente y el bienestar y éxito del alumnado, así como medidas destinadas a aquel alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, a fin de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad que se adapte a sus características individuales”.

Horas lectivas semanales y reducción de ratios

En concreto, el proyecto se estructura en dos artículos, una disposición adicional y cinco disposiciones finales. El artículo 1 modifica la Ley 4/2019 de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, para fijar una jornada lectiva máxima de veintitrés horas semanales en los centros de educación infantil, primaria y especial; y de dieciocho horas para el resto de las enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica de Educación. 

El artículo 2 regula las medidas relativas a las ratios alumnado/unidad escolar y a la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. Para ello, modifica la Ley Orgánica de Educación con el fin de establecer un máximo de 22 alumnos por aula en educación primaria y de 25 en educación secundaria obligatoria. El texto justifica esta medida por el consenso existente en que unas "ratios razonablemente dimensionadas" favorecen la atención al alumnado y la aplicación de los principios de educación inclusiva. Además, dispone que “el alumnado con necesidades educativas especiales computará, con carácter general y sin perjuicio de su mejora por las administraciones educativas, como dos plazas”. 

La disposición adicional única establece la futura regulación de indicadores para identificar los centros que requieran “medidas concretas que faciliten una atención específica a alumnado” y prevé la fijación de condiciones mínimas de dotación de apoyos especializados que promuevan "una educación inclusiva en todos los centros educativos que responda a la diversidad del alumnado".

Por su parte, las disposiciones finales modifican la Ley Orgánica de Educación para reducir las ratios máximas en primaria y secundaria, habilitan el desarrollo reglamentario de las nuevas ratios para el resto de enseñanzas y fijan un calendario de implantación progresiva. La reducción de la jornada lectiva y el nuevo sistema de cómputo del alumnado con necesidades educativas especiales serán aplicables desde el curso 2026/2027, mientras que las nuevas ratios se implantarán gradualmente entre los cursos 2027/2028 y 2031/2032, hasta alcanzar su plena aplicación al inicio del curso 2031/2032.

Enmiendas a la totalidad de devolución 

Los grupos Junts per Catalunya y Vasco presentaron sendas enmiendas a la totalidad de devolución, que han sido rechazadas. Según la enmienda de Junts, el proyecto de ley “incurre en una alteración profunda y constitucionalmente inadmisible del reparto de competencias establecido en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, al atribuir al Estado una capacidad reguladora que excede claramente el ámbito de las competencias básicas”.

Por su parte, el Grupo Vasco considera que presenta "deficiencias sustanciales" tanto en su elaboración como en su contenido y denuncia la ausencia de una "cooperación institucional real con Euskadi". Además, sostienen que la propuesta fue “diseñada al margen de las instituciones vascas y, posteriormente, trasladada para su mera aceptación".

Tramitación parlamentaria

El proyecto de ley fue presentado por el Gobierno el 23 de abril de este año, siendo encomendada su tramitación con competencia legislativa plena y por la vía de urgencia a la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes. Al haberse presentado dos enmiendas a la totalidad, de devolución, el texto se ha sometido a este primer debate de totalidad.

Una vez rechazadas ambas enmiendas de devolución, el texto continúa su tramitación parlamentaria en ponencia y comisión, que debatirán el texto y las enmiendas al articulado presentadas. Concluida su tramitación en el Congreso se remitirá al Senado para continuar su tramitación parlamentaria.