El Pleno del Congreso ha convalidado hoy por 313 votos a favor y 33 en contra el Real Decreto-ley 13/2026, por el que se adoptan medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial. La norma tiene por objeto actualizar las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y entidades locales para el ejercicio 2026, ante la actual situación de prórroga presupuestaria. El pleno también ha aprobado su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia

De acuerdo con la exposición de motivos, estas medidas plantean “adecuar las previsiones de ingresos” consideradas para 2023 “a la previsión de ingresos tributarios del Estado para 2026”, lo que “permitirá un mejor ajuste de los recursos financieros de los distintos subsectores de las administraciones públicas a la posición cíclica de la economía española”.

El artículo 1 regula la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas. Su apartado 1 establece que para la determinación de la actualización del importe de las entregas a cuenta, la previsión de ingresos tributarios previos a la cesión a las administraciones territoriales serán las mismas a partir de las cuales se determinó el techo de gasto no financiero para 2026, lo que incluye 147.419 millones de euros en el IRPF y de 105.965 millones de euros en el IVA.

Asimismo, el artículo 2 establece las reglas de actualización de las entregas a cuenta de la participación de las Entidades Locales en tributos del Estado correspondiente a 2026. El artículo 3 regula “la no exigibilidad a las Entidades Locales de la compensación y reintegro de las cuotas nacionales de los servicios de telefonía móvil que hayan podido percibir en exceso los municipios y diputaciones provinciales, consejos y cabildos insulares, y que, como consecuencia de sentencias judiciales firmes, se hayan devuelto o se devuelvan por el Estado a las compañías de telefonía móvil. 

El artículo 4 exceptúa de la obligación de aprobación de un plan económico-financiero en 2026 y 2027 a las entidades locales “que incumplan en las liquidaciones de presupuestos de 2025 o de 2026 el objetivo de estabilidad presupuestaria o la regla de gasto como consecuencia de la utilización del remanente de tesorería para gastos generales o del exceso de financiación afectada resultante de la liquidación del presupuesto del ejercicio inmediato anterior”. 

Y el artículo 5 establece reglas excepcionales de destino del superávit presupuestario de las Entidades Locales de 2025. En concreto, se introduce una medida específica en materia de vivienda, al permitir que los ayuntamientos utilicen el superávit de 2025 para financiar inversiones financieramente sostenibles, que permitirá que se puedan tramitar como inversiones plurianuales durante un periodo de cuatro años.  

Finalmente, se incluyen las disposiciones finales. La primera, segunda, tercera y cuarta establecen determinadas modificaciones legales sobre “provisión de determinados puestos de trabajo en las Entidades Locales, el régimen presupuestario de las inversiones financieramente sostenibles, régimen jurídico de determinados consorcios y previsión de posibles anticipos de tesorería al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas”. 

Tramitación parlamentaria

Este real decreto-ley fue aprobado por el Consejo de Ministros el 26 de mayo y entró en vigor el 28 de mayo, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. De acuerdo con el artículo 86.2 de la Constitución, esta norma de extraordinaria y urgente necesidad debe ser sometida a debate de convalidación o derogación por la Cámara Baja en los treinta días siguientes a su aprobación. Una vez convalidado, el Pleno también puede acordar su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.