La Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible ha dictaminado en su sesión de hoy la Proposición de Ley Orgánica de transferencia de la titularidad y competencias de la autopista del Atlántico (AP-9) a la Comunidad Autónoma de Galicia, por 20 votos a favor, 17 en contra y 0 abstenciones. El texto, que coincide con el informe de la ponencia, se eleva al Pleno de la Cámara donde deberá ser aprobado por mayoría absoluta por el carácter orgánico de la norma. 

De acuerdo con la exposición de motivos, la AP-9 es una autopista “que abarca una parte muy importante del territorio gallego”. Asimismo se señala que el el artículo 149.1.21ª de la Constitución otorga al Estado la competencia exclusiva sobre “tráfico y circulación de vehículos a motor” y el artículo 27.8 del Estatuto de Autonomía de Galicia, que dicha comunidad “ostenta la competencia exclusiva sobre carreteras no incorporadas a la red del Estado y cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma”.

Por lo tanto, continúa el texto, “la citada AP-9 es una autopista de titularidad estatal”, pero el artículo 150.2 de la Constitución habilita al Estado para transferir o delegar a las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que, por su propia naturaleza, fueran susceptibles de transferencia o delegación. 

En consecuencia, se permite “la transferencia de vías como la AP-9, Autopista del Atlántico, cuyo trazado discurre íntegramente por el territorio gallego” y, para ello, esta norma establece “el marco general de dicha transferencia, que deberá concretarse a través del correspondiente Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Galicia”.

Transferencia de la titularidad y competencias

El texto de la norma, de acuerdo con los cambios introducidos en el informe de la ponencia, consta de dos artículos, dos disposiciones adicionales y una disposición final.

El artículo primero establece “la obligación para la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Galicia de elevar a la Comisión Mixta de Transferencias una propuesta de Acuerdo que determine las condiciones necesarias para la transferencia”, tales como la autorización de nuevos tramos, la supervisión o la potestad sancionadora. 

Asimismo, se detallan “los aspectos a concretar en el Acuerdo y los límites en relación con las obligaciones anteriores de la Administración General del Estado”, sobre todo relativos al régimen económico-financiero.

En el artículo segundo se fijan “las condiciones de efectividad del traspaso de los servicios, “que han de contar con los medios materiales y presupuestarios necesarios”.

En la disposición adicional primera, se establece que la norma “no supondrá incremento alguno de los créditos ni minoración de los ingresos previstos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado en vigor”.

Finalmente, en la disposición adicional segunda se establece que “este traspaso no modifica las funciones y servicios reservados al Estado en lo que se refiere al control de las fronteras.” 

Tramitación parlamentaria

La proposición de ley orgánica, iniciativa del Parlamento de Galicia, fue tomada en consideración por el Pleno de la Cámara el 11 de junio de 2024. A continuación se abrió un plazo de presentación de enmiendas. Al no haberse presentado ninguna enmienda a la totalidad, que solo podía ser de texto alternativo, la Comisión prosiguió con su estudio. 

El 12 de junio de 2026 se aprobó el informe de la ponencia, incluyendo un total de cinco enmiendas transaccionales. La Comisión de Transporte y Movilidad Sostenible dictaminó la proposición en su sesión de hoy en los mismos términos que el informe de la ponencia, al no incorporarse ninguna enmienda ni voto particular.

Por su carácter orgánico, la proposición de ley debe ser aprobada por el Pleno. El orden del día de la sesión plenaria de la próxima semana incluye este asunto. Si alcanza la mayoría absoluta necesaria por ser orgánica, se remitirá al Senado para continuar su tramitación parlamentaria.