La Proposición de Ley para una regularización extraordinaria de personas extranjeras, procedente de una iniciativa legislativa popular, continúa su tramitación parlamentaria tras haber rechazado hoy el Pleno del Congreso la enmienda a la totalidad de texto alternativo del Grupo VOX por 33 votos a favor, 315 en contra y ninguna abstención. La iniciativa, por lo tanto, continúa su tramitación parlamentaria en ponencia y comisión que debatirán el texto y las enmiendas, antes de su paso al Senado.

La iniciativa popular plantea modificar la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social con objeto de que el Gobierno, mediante Real Decreto, establezca, "en el plazo de 6 meses, un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021".

Según la exposición de motivos, "la regularización extraordinaria" que se propone "permitirá visibilizar la totalidad de la población migrante que reside en el país", compensar las desigualdades que presentan como punto de partida, y a la vez, garantizar los derechos laborales en condición de igualdad, reduciendo las situaciones de abuso y explotación" puesto que el sistema de acceso a la residencia contemplado en la ley de extranjería resulta, según el texto propuesto, "insuficiente y limitado y no se ajusta a la realidad actual de las personas migrantes que viven y trabajan en el Estado español". 

Los motivos, se apunta en la proposición de ley, subyacen en unos "criterios de acceso a la residencia altamente restrictivos y de muy difícil cumplimiento" y un procedimiento administrativo "lento, burocrático y cuenta con un elevado margen de discrecionalidad a la hora de conceder las autorizaciones o su renovación". Así, la proposición de ley considera "imprescindible" la "búsqueda de mecanismos que garanticen que dichas personas puedan salir de la situación de invisibilidad como consecuencia del estatus migratorio irregular".

La enmienda a la totalidad rechazada hoy planteaba modificar la Ley Orgánica 4/2000, de modo que "cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas de las tipificadas como graves o muy graves, se aplicará la expulsión del territorio español". Igualmente, señala que "constituirá causa de expulsión que el extranjero haya sido condenado dentro o fuera de España por una conducta dolosa".

Por otra parte, se modificaba el Código Penal para que "el extranjero naturalizado en España que fuera condenado por la comisión de un delito" o que cumpla una pena privativa de libertad superior a cuatro años será condenado "a la pérdida de la nacionalidad española". 

La proposición de ley llegó al Congreso en la XIV legislatura a través de una iniciativa legislativa popular, prevista en el artículo 87.3 de la Constitución y regulada por la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo. El Congreso tomó en consideración la Proposición de ley el pasado 9 de abril, por 310 votos a favor y 33 en contra. Y abierto el plazo de enmiendas se presentó una enmienda a la totalidad de texto alternativo que ha sido rechazada hoy.