CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES DE INVESTIGACIÓN

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 37

SOBRE LA CRISIS FINANCIERA DE ESPAÑA Y EL PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA ORAMAS GONZÁLEZ-MORO

Sesión núm. 26

celebrada el miércoles,

7 de marzo de 2018

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias. Por acuerdo de la Comisión de investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera:


- Del señor Pardos Vicente, presidente de la Asociación de Usuarios de Bancas, Cajas y Seguros (ADICAE), para informar en relación con el objeto de la Comisión. (Número de expediente 219/000998) ... (Página2)


- Del señor Morote Vidal, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, para informar en relación con el objeto de la Comisión. (Número de expediente 219/000999) ... (Página21)


- Del señor presidente de la Confederación Intersindical de Crédito (Postigo Zabay), para informar en relación con el objeto de la Comisión. (Número de expediente 219/001000) ... (Página38)


- Del señor Montero Martínez, secretario federal de Banca de la Confederación Intersindical Galega (CIG), para informar en relación con el objeto de la Comisión. (Número de expediente 219/000957) ... (Página57)

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Se abre la sesión a las nueve y treinta minutos de la mañana.


COMPARECENCIAS. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA CRISIS FINANCIERA DE ESPAÑA Y EL PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA:


- DEL SEÑOR PARDOS VICENTE, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE BANCAS, CAJAS Y SEGUROS (ADICAE), PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON EL OBJETO DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 219/000998).


La señora PRESIDENTA: Damos comienzo a la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera del día 7 de marzo. Sus señorías disponen del orden del día. En primer lugar, desarrollaremos
en régimen de sesión pública las comparecencias de don Manuel Pardos Vicente, presidente de la Asociación de Usuarios de Bancas, Cajas y Seguros, Adicae; don Francisco Morote Vidal, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca; don
Gonzalo Postigo Zabay, miembro de la Confederación Intersindical de Crédito, y don Clodomiro Montero Martínez, secretario federal de Banca de la Confederación Intersindical Gallega. Tras la finalización de dichas comparecencias, el punto dos del
orden del día se desarrollará sin publicidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 64.4 del Reglamento de la Cámara.


Primera comparecencia. De acuerdo con lo dispuesto por la propia Comisión en la sesión del día 6 de febrero de 2018, la comparecencia del señor Pardos Vicente seguirá el siguiente formato: intervención inicial del compareciente, un turno
de los portavoces de los grupos parlamentarios de siete minutos, comenzando por el grupo solicitante, y respuesta del compareciente. Damos comienzo, pues, a la comparecencia. Agradezco al compareciente su disponibilidad. Al tratarse de
comparecencias sujetas a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1984, se ha trasladado al compareciente la posibilidad de poder comparecer acompañado de la persona que designe para asistir. Asimismo, esta Presidencia manifiesta expresamente su voluntad
de salvaguardar los derechos del compareciente reconocidos por el artículo 1.2 de la citada ley orgánica. Recuerdo igualmente la obligación contenida en el artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio.


Señor Pardos Vicente, tiene la palabra para su exposición inicial.


El señor PARDOS VICENTE (Presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, Adicae): Buenos días, señora presidenta, señoras y señores diputados.


Represento a una organización, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, Adicae, que tiene ya una larga tradición en las cuestiones que hoy nos van a ocupar. Nacimos en 1988 y, aunque somos una organización de consumidores y
usuarios normal, tenemos un carácter especializado en los servicios financieros. Desde el tercer congreso, hace cinco años, vimos que no solo el sector energético, sino también el de telecomunicaciones, el de transportes y la mayoría de los grandes
servicios que hoy copan la vida de los ciudadanos tenían la misma estructura bancarizada que los servicios financieros, con predominio de los servicios financieros en todas estas materias que, insisto, completan prácticamente el consumo más
importante de una familia o de cualquier ciudadano. Personalmente, vengo marcado desde los cinco años, porque en la escuela primaria, generalmente, las cajas de ahorros regalaban a alumnos, modestamente, brillantes una cartilla de ahorros con 25
pesetas, que se podían recuperar a los 21 años. No sé si la recuperé o no, ni si me dio grandes intereses o no, porque no lo recuerdo. En principio, lo de que no me diera grandes intereses seguramente habría que compararlo con esas cantidades de
los fondos privados de pensiones -que no los dan- de los cuales hablaremos porque tienen importancia en el devenir de las cajas de ahorros y de la banca.


Por desgracia, inmediatamente después del nacimiento de la asociación tiene lugar la primera gran quiebra bancaria fraudulenta, nada menos que el caso Banesto. Intervinimos, pero no pudimos intervenir demasiado. Con este gran banco
empiezan los treinta años de Adicae, en los que los fraudes financieros y al ahorro seguidos de quiebras o de intervenciones de las entidades financieras se han hecho una costumbre y una cultura escandalosa y perjudicial para nuestro país. En 1998
se produjo el caso de la Agencia de valores ABA, una agencia de valores legal, en el que desaparecieron nada menos que 90 millones de euros, con 10 000 afectados. Era un caso pequeño, pero afectó a 10 000 familias. Con el auge del crecimiento
español, a un empleado de una caja de ahorros aragonesa se le ocurrió que había que montar una agencia de valores. La montó, pero incurrió en fraude por tráfico internacional en las islas Bahamas. El caso ABA fue parecido a un caso posterior que
defraudó un importe similar, 108 millones de

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euros, y afectó a aproximadamente 2000 usuarios de clase media. Veremos a lo largo de esta comparecencia que en los grandes fraudes financieros casi siempre es la clase trabajadora y alguna capa baja de la clase media las que ven
defraudados los ahorros de su trabajo de toda la vida. El caso Gescartera ya originó la Ley del Fondo de Garantía de Inversiones, que no estaba implantada en España, ya que la directiva, a pesar de que era de varios años antes, no había sido
traspuesta. Como se sabe, el caso Gescartera tuvo implicaciones políticas importantes, como el hecho de que la presidenta de este chiringuito -porque, en realidad, era un chiringuito que había sido legalizado ilegítimamente- resultase ser nada
menos que una hermana del secretario de Estado de Hacienda, al que le costó el puesto, y a punto estuvo de costárselo también al propio ministro de Hacienda de la época, el señor Montoro. Estos dos casos se resolvieron judicialmente haciendo
ingresar en la cárcel a los dos principales agentes del asunto y con la devolución -eso sí- por parte del Fondo de Garantía de Inversiones de todos los ahorros a los 12 000 afectados. En 1998 hubo un agente de Bolsa, el señor Navarro, de Zaragoza,
que, aunque ya no estaba en ejercicio, montó una pequeña empresa de inversión, teóricamente legal, pero prácticamente sin control, porque se refugiaba en el trabajo con las grandes agencias, muchas de ellas de los grandes bancos. En esta historia,
que quiero relatar porque nos ha marcado en Adicae, fueron pocos los afectados -en torno a 2000-, pero todavía en estos momentos, después de veinte años, están cobrando los que sobrevivieron a este fraude. Es conocido que los fraudes al ahorro se
dan siempre en una media de edad más bien elevada.


En 2003, tuvimos el caso Eurobank, un banco catalán, y las mutuas catalanas. Creo que viene a cuento decir que los sucesivos Gobiernos habían dado pie a que pudiera haber un banco próximo a la Generalitat de Cataluña y unas mutuas, todo
legalmente; en otras comunidades autónomas no se ejercieron estos derechos, que quizá se podrían haber ejercido. Fueron 202 millones de euros y 70 000 afectados. Ya ven que las cantidades repartidas entre el número siempre dan unas medias de
ahorros de clase trabajadora, de clases medias bajas; en todos los asuntos ha aparecido una minoría insignificante, pero muy insignificante, de especuladores con grandes números. En 2003 tuvo lugar el caso Terra, con un famoso personaje -su nombre
se me ha ido de la cabeza, afortunadamente-, que dejó a 500 000 afectados sin 2000 millones de euros. Adicae lo intentó, como en todos los casos, no porque nos gustara la judicialización de los problemas de los consumidores, que no nos gustaba ni
nos gusta, sino porque no había mas remedio, porque no había manera de que hubiera ningún tipo de diálogo. Se intentó por todos los medios, pero lograron salvarse y quedar impunes, y los 500 000 afectados se dieron finalmente por desistidos. En
2003 también tuvo lugar el caso de Ruralcaja, una caja rural de la Comunidad Valenciana: 25 millones de euros y 2700 afectados por productos legales, una especie de depósitos estructurados que en ningún caso podían distribuirse. Acabaron cobrando
todos ellos por los procedimientos de acción colectiva judicial de Adicae.


Y llegamos a 2006. En Adicae pensábamos que el último de los fraudes ya sería el menor, el más insignificante. Pues bien, nos encontramos con los famosos Forum, Afinsa y Arte y Naturaleza: 6507 millones de euros y 460 000 familias
defraudadas. La instrucción de los procedimientos penales ha durado hasta hoy, pero todavía no han entrado en la cárcel ninguno de los, aproximadamente, cuarenta dirigentes -veinte de cada entidad, de las primeras-, después de doce años, incluso a
pesar de haber sido condenados; para que veamos cómo se producía la impunidad. ¿Por qué nombro Forum, Afinsa y Arte y Naturaleza? Porque no eran bancos, no eran cajas de ahorros, eran lo más parecido a un banco y a una caja de ahorros. Se
declaró pirámide de estafa, y efectivamente había esa pirámide estafadora, pero su actividad era como la de un banco sin control, con denuncias de Adicae y de otros muchas personas y organizaciones durante diez años que no fueron atendidas por el
Banco de España ni por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, porque decían que no tenían competencia para resolver, cerrar o mandar al fiscal. Pero, ¿qué pasó en 2006? Que comenzaba la crisis de la banca. Aunque doce años después la
instrucción y varios tribunales no han logrado explicar este fenómeno -o las explicaciones que se han dado a la opinión pública han sido verdaderamente estúpidas y sin ninguna credibilidad-, en 2006 la banca en general ya tenía problemas, de manera
que quisieron acabar con este chiringuito de los sellos. ¿Por qué? Porque sabían que había alcanzado un volumen y una capitalización que les hacía la competencia. Lo habían intentado antes, pero lo lograron, en este caso, con el Gobierno de
Rodríguez Zapatero, que tuvo una intervención que, aun habiendo allí una banda criminal, no tuvo en cuenta para nada a los consumidores. Se lo dijimos a Zapatero. Hicieron una intervención -yo creo- sin saber que allí había nada menos que
quinientos mil afectados, que a día de hoy solo han cobrado pequeños porcentajes de lo que efectivamente se logró embargar, con gran alegría de la banca y de muchos

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supuestos expertos económicos -y lo sabe toda España-, que declararon especuladores a los afectados. Otro caso es el del fondo Banif Inmobiliario, con unos productos muy semejantes a todos, que no deberían haberse vendido: 2525 millones de
euros en 2009; 42 000 afectados. Ahí quizá sí se podría decir que iba más hacia la clase media, más hacia arriba que el perfil que se ha visto en los otros fraudes. Al Santander, a quien pertenecía, acabamos haciéndole pagar después de más de un
año de movilizaciones, demandas, querellas, etcétera.


Llegamos ya a las preferentes, que comienzan precisamente a principios del siglo XXI y que alcanzaron nada menos que 29 713 millones de euros, 710 000 afectados, y una deuda subordinada en 2009, prolongada después, con 16 138 millones de
euros, 385 635 afectados. Las preferentes son unos productos que Adicae declaró tóxicos, y esto se hizo popular. También salieron bancos. Se dice que solo las cajas pusieron en la picota al sistema financiero español, pero el Banco de Santander
emitió 7000 millones en unos llamados valores Santander, que eran unos bonos bancarios no aceptables para una masa de 129 000 consumidores ahorradores; en este caso también van hacia la clase media, pero a una clase media trabajadora, que había
ganado este dinero con sus ahorros.


En 2009 tenemos las cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, con 129 000 millones de euros en el tramo minorista y 55 000 afectados; clientes -este sí que es el perfil que hemos visto en los casos de Forum y Afinsa- de
clase trabajadora, personas de avanzada edad que habían estado ahorrando con este tipo de productos. Ya saben que, incluso en el caso Fórum-Afinsa, entre los productos más afamados había un pseudofondo de pensiones que se habían pagado cientos de
miles de personas con cuotas de 100 pesetas, en la época de la peseta, o de 50 euros semanales que el ejército de cobradores de estas entidades fraudulentas se pasaba para cobrar semanalmente por las casas. Las cuotas participativas eran igual. A
los ahorradores típicos de una caja de ahorros se les habían metido unos títulos -que eran como las preferentes perpetuas, pero para las cajas de ahorros- que se habían autorizado como capitalización de las cajas de ahorros bastantes años antes y
que daban una rentabilidad, hasta que, como se vio, dejaron de darla.


El Banco Sabadell, como es conocido, compró la CAM por un euro, y hoy me he encontrado con que mi amigo el señor Oliu -digo amigo, porque suele dedicarme piropos de vez en cuando e incluso amenazas de querellas y demandas-, el Sabadell, ha
recibido 3200 millones del Fondo de Garantía de Depósitos por la CAM. La venta de la CAM por un euro encima le comprometió a pagar 1300 millones, según dice la noticia, por los activos dañados que se quedaba el banco y que luego pueden haber
acabado -es una metáfora- en muchos casos en manos de los llamados fondos buitres o fondos oportunistas, porque todavía le estamos pagando 1300 millones de 2017 por las pérdidas que dice tener, aunque exhibe dividendos, pero sobre todo no asumió
estos 120 millones de euros ni quiere asumirlos. El Gobierno le permitió quedarse con todo menos con las cuotas participativas, una cosa completamente extraña, injusta y arbitraria que todavía seguimos defendiendo, porque la actuación de los
tribunales -si puedo, hablaré también de ello en algún momento- no ha sido demasiado correcta en las materias de ahorro. Así como en las materias hipotecarias la intervención del Tribunal Europeo y la aplicación de la famosa Directiva 93/13, sobre
la transparencia, sí han surtido efectos en los tribunales españoles, incluido el Tribunal Supremo, está claro que ni siquiera en la salida a Bolsa de Bankia -2011, 3000 millones; tramo minorista, 500 000 afectados- ha sido así -no quiero dar
muchos datos, porque he visto los 1000 folios a los que está llegando el Diario de Sesiones; también diré algo sobre eso-, porque ni siquiera se ha aceptado por el juez Andreu que formara parte ni de una demanda especial ni de una querella
criminal, de tal manera que ha tenido que ser el Estado -es decir, todos los ciudadanos-, como propietario de la entidad, el que ha rescatado a estas 500 000 familias, cuyas cantidades y perfiles eran los de la clase trabajadora de avanzada edad.
En cuanto a si el nominal defraudado fue de 68 410 millones, hay dudas según se interprete lo que se llevó del Fondo de Garantía de Depósitos, los avales del Estado o el rescate ya directo de algunas de las entidades. No quiero que hagan caso de
mis datos: total de afectados de los fraudes, 2 868 335 familias, algunas de ellas en todos los productos, cuestión que se sigue negando por algunas de las más grandes entidades. Hay bancos, como Abanca, que fueron también vendidos a un banquero
entre comillas. Ya diré alguna cosa de los banqueros, de si hay banqueros o políticos o si los banqueros nacen o se hacen. Creo que nacer solo ha nacido la señora Botín, de tatarabuelos banqueros o banqueritos en su momento, ya que el Santander
fue aumentado por el señor Botín padre. En la última operación del Banco Popular, la legislación deja nada menos que a 300 000 pequeños accionistas. Puede haber 14 000 como el multimillonario mejicano Del Valle u otros, pero son una minoría muy
insignificante,

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como en todos los fraudes. En la plataforma de Adicae están en estos momentos 300 000, desde médicos a cualquier trabajador un poco ilustrado al que el Banco Popular le atraía.


Estas cifras tan escandalosas de la crisis financiera no se han manejado y son datos que debe tomar en cuenta esta Comisión. Se ha hablado de las preferentes, pero estas cifras demuestran que los consumidores hemos rescatado a la banca,
seguramente en una proporción igual o semejante a la que los consumidores, como ciudadanos, tendremos que aportar a través de los múltiples canales de impuestos o de comisiones bancarias de estas nuevas entidades. Lo digo porque creo que es un
factor que deja a nuestro país inmerso en esta larga historia de veinte años de fraudes, cada dos o tres años y a cual mayor. Como decía antes, Adicae empezó con los primeros fraudes, siendo una organización de consumidores modesta, con el trabajo
que eso daba. Posteriormente sucedió esta historia y, modestamente, nuestra actuación fue valiente e inteligente gracias a nuestros técnicos y al trabajo de todo tipo de académicos que han colaborado con Adicae, así como abogados e instituciones de
consumo; aunque también cabría decir algo del estado lamentable de las instituciones de consumo, que están anquilosadas. Las primeras instituciones de consumo fueron creadas al calor de la ley de 1984 del ilustre ministro Ernest Lluch. Esta ley
fue un gran avance. Teóricamente nos dio la legislación más avanzada de Europa, sin embargo dejó fuera de todo control de consumo a todas las entidades financieras y bancarias. No ha habido manera, en los cuarenta años de democracia, de hacer que
las instituciones financieras españolas, la banca en particular, aceptaran las reglas de consumo que en toda Europa están desde siempre aceptadas. El último episodio ha sido la directiva de resolución extrajudicial de conflictos -que seguramente
sus señorías conocerán-, en la que se dejó una transitoria para que la banca hiciera un sistema especial de resolución extrajudicial de conflictos. Creo que dejaba ocho meses; están a punto de pasarse y ahí hay un verdadero problema.


Les pasaremos los datos de cómo todas las entidades emitieron participaciones preferentes y subordinadas, es decir, cómo fueron capitalizadas todas, desde Bancaja a las cajas, por supuesto, al Banco Sabadell, con 750 millones, y a la Caixa,
que, con 4897 millones de obligaciones subordinadas en ese momento, era la entidad que más preferentes o productos de este tipo tenía, hasta que Bankia, uniendo a siete cajas -Caja Madrid, Bancaja, etcétera- la superó en capital y en número de
preferentes. Por cierto, ustedes no han oído hablar de que 'la Caixa' tuviera semejantes volúmenes -alguien que lo haya estudiado lo vería- ni de que ninguno de sus clientes se haya quedado sin pagar. Efectivamente, en la negociación -que duró
cinco meses- que Adicae tuvo con 'la Caixa' nos levantamos de la mesa cuando tanteó la ética de los representantes, como suelen empezar todas las entidades que quieren negociar con los consumidores o con los trabajadores. Adicae no ha caído en
ninguna de esas trampas y generalmente nos levantábamos. El conocido caso Ausbanc no solo cayó en las tentaciones de la banca, sino que la banca presentó el caso como chantaje; el señor Pineda, un personaje atrabiliario donde los haya -por
supuesto la fiscalía le pide nada menos que ciento trece años-, cayó en esas trampas en las que incurrían todas las entidades financieras; por lo menos en mi larga historia me han comentado siempre amigos o compañeros sindicalistas que han
participado en negociaciones que había en ellas intentos de chantaje, y eso que los sindicatos eran una institución muy poderosa, cosa que no han sido las asociaciones de consumidores desde 1984.


En realidad estos datos son conocidos, pero serían nuestra interpretación como consumidores, seguramente con aspectos que los académicos habrán aportado en alguna medida, pero lo que nosotros pretendemos hoy es aportar el punto de vista de
los consumidores. Yo presumo del éxito de Adicae, que es una gran organización española de consumidores, habiendo sido la última que apareció en el ranking de las grandes organizaciones de consumidores, del Consejo de Consumidores y Usuarios; creo
que ahora estamos entre las primeras españolas, europeas y, modestamente, mundiales, en especial porque hemos tenido programas en Latinoamérica intentando traspasar curiosamente la famosa expansión allí de la banca española o de las empresas
aseguradoras, energéticas, etcétera. Estas empresas han llevado a Latinoamérica nada más que capital para explotarlo con arreglo a las peores condiciones legislativas y de todo tipo que allí existen. Nosotros hemos denunciado en Latinoamérica que
las razonables prácticas europeas legislativas que la banca y las empresas españolas tienen no las llevan a Latinoamérica, solo llevan el capital para explotarlo con arreglo a esas condiciones. Es un factor que viene a cuento con el tema que nos
ocupa puesto que uno de los motivos por los que el sistema financiero español no ha hecho quiebra, aparte de las ayudas o de los consumidores, es precisamente por los beneficios que ha traído de sus aventuras exteriores, y precisamente por estas
intervenciones expoliadoras de las entidades

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financieras y otras empresas en estos países -hay que decirlo- la marca España que tanto queremos, nuestro país, está degradada en Latinoamérica.


No sé como voy de tiempo.


La señora PRESIDENTA: Fatal. (Risas).


El señor PARDOS VICENTE (Presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, Adicae): ¿Me dejan diez minutos?


La señora PRESIDENTA: Sí. El compareciente tiene todo el tiempo que necesite. Me parecen interesantes los datos que nos está ofreciendo, así que le pido que nos deje después las copias y, si le parece, en vez de suministrar más datos, que
nos los puede dar por escrito, puede hablar de la parte que le quede de su experiencia como introducción a la intervención de los portavoces. Muchas gracias.


El señor PARDOS VICENTE (Presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, Adicae): Sí. Por eso quería hablar ahora del rescate según los consumidores y usuarios; un informe-resumen de las percepciones, causas e impactos
previsibles del rescate a España aprobado por el Eurogrupo el 9 de junio de 2012. Nosotros lo hacemos el 13 de junio y vamos siguiendo ya la operación rescate. Hicimos una ponencia que he querido reciclar pero la mantengo en sí misma. En realidad
la he reciclado mediante lectura y la dejaré con mis notas para que vean cómo hemos trabajado, cómo en 2012 ya Adicae estaba no solo en los fraudes, sino que nuestra presencia en todos los problemas hipotecarios es muy notoria hasta hoy. Estábamos
también en las grandes cuestiones de la economía, en las que creíamos que teníamos alternativas.


Primero, deseo aclarar que cuando hablamos de los consumidores yo he dicho que creo que la política de consumo está anticuada, anquilosada, tiene que cambiar como el propio país está cambiando. Llamamos consumidores a todos los ciudadanos
que tenemos derechos como consumidores. Los tenemos también como trabajadores, los que trabajamos, o los pensionistas, o las mujeres, o los jóvenes que incluso aunque no tengan trabajo tienen derechos como consumidores. Lo digo como derechos
ciudadanos; podríamos incluso decir, al estilo de algunas tendencias actuales, como derechos humanos, aunque yo hablaría mejor de derechos ciudadanos en un país desarrollado como España. Digo esto para que se analice que durante toda la crisis los
consumidores, es decir, los ciudadanos, hemos sufrido grandes quebrantos, aparte de como trabajadores también como consumidores. Y he ahí una cuestión importante que debería verse; en realidad, hoy podríamos llegar a decir que es más importante el
consumo que el sueldo, siendo importantes los sueldos, efectivamente, porque son la base general de la inmensa mayoría de la población. Pero el consumo, que es que nuestra nómina o pensión, llega al banco y, si se descuidan, algunas familias se
encuentran con que en pocos días la cuenta acaba en menos diez; ese fenómeno se produce. Aunque la cuenta no acabara en menos diez y llegara hasta el día 20 -sabemos que la crisis ha dejado a partir del día 20 a varios millones de personas que no
pueden ni siquiera atender a la propia subsistencia-, ¿qué hace el banco que domina nuestra vida? El banco nos cobra de la tarjeta, nos cobra el alquiler, etcétera; es decir, es la bancarización de la vida. Ayer tuve la desagradable experiencia
de estar con un alto funcionario del Banco de España. Cuando con motivo de una regulación europea que se va a implantar aquí, que es la cuenta básica, yo le pregunté por el hecho de que la cuenta básica podría causar, según se regule, la exclusión
financiera; algo muy frecuente en otros países de la Unión Europea. Pues bien, el alto funcionario me dijo: No, señor Pardo, no se preocupe usted, en España no se ha hecho nunca; al revés, la banca española ha acogido siempre a todos, incluso a
marginados. Efectivamente, la banca española tenía interés en algún sector marginado para cobrar los pequeños subsidios; ahí se muestra un poco una banca frágil como la que tenemos. Hoy hay que decirlo, anteayer nos desayunamos con la noticia de
que el señor Goirigolzarri anunció ya posibles fusiones bancarias. El señor De Guindos hace cinco años aproximadamente dijo que en España solo quedarían ocho grupos bancarios y en estos momentos hay quince, dejando aparte las cajas rurales, algunas
otras cooperativas o las muestras paleontológicas de Caixa Ontinyent y Caixa Pollença. Adicae premió a esas dos porque resistieron, pero hubiéramos querido que las cajas hubieran tenido otros cambios porque los que han tenido creo que han sido los
peores. Si me da tiempo daré algún dato de cómo el rescate ha sido el peor rescate para las cajas de ahorros, que eran la mitad del servicio financiero y a las que los grandes bancos, como Santander, BBVA, etcétera, estuvieron durante diez años
intentando hacer caer mediante unas regulaciones que les favorecieran; eso es conocido históricamente. Pues bien, este alto funcionario

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presumía de que España era el país más bancarizado: No te preocupes, que no habrá exclusión financiera en España porque España es el país más bancarizado. Se sonreía y todo. Efectivamente, no ha habido exclusión financiera en España, pero
a nosotros nos preocupa que en el futuro la haya, porque está claro que a la banca no le convienen las personas que reciben pequeños subsidios el día 1 -o en la fecha en que los reciban- y los sacan inmediatamente. Eso está bastante claro.


Yo voy corrigiendo en esta ponencia, porque, en nuestro afán constructivo, decíamos: Los intentos de que sean los consumidores financieros quienes carguen con el coste del rescate... Ingenua y utópicamente, Adicae consideraba que
acabaríamos no dejándoles hacerlo, contando con las instituciones, por supuesto -creo que nos conocen en el Congreso de los Diputados, casi es nuestra casa-, pero, ¿qué se ha hecho de la reconstrucción de un sistema financiero sano y justo para los
consumidores que evite fraudes, burbujas especulativas, etcétera? ¿Qué queríamos? Sinceramente, pienso que la legislación de la señora Salgado o del señor De Guindos después -no sé si seguirá así el próximo ministro que conoceremos-, han dejado lo
mismo pero un poco más cargado de bombo, como dicen en Aragón las orquestas que van de pueblo en pueblo y preguntan: maestro, ¿qué tocamos?; y la respuesta es: lo mismo, pero un poco más cargado de bombo. Creemos que ha sido así y yo lo viví
personalmente como representante de los consumidores en el comité consultivo de la CNMV, en el que no pintamos nada, por supuesto. Allí hemos estado veintinueve contra uno y se lo he dicho a todos los gobiernos y a todos los ministros: veintinueve
contra uno; toda la industria, la bolsa y los fondos de inversión. Los fondos de inversión se enfadaban cuando les llamaba 'patronal de los fondos de inversión' y decían: No, nosotros somos los que protegemos a los consumidores. Bueno, los
fondos de inversión son otro producto bancario en el que se mantiene en condiciones malas, como se ha mantenido, el capital de los consumidores.


Aprovecho ya para referirme a un asunto de plena actualidad: los fondos de pensiones privados. En España son una ruina reconocida: las mayores comisiones, la peor gestión en toda Europa, clarísimamente. Ahora que se está pidiendo que se
hagan, diré que 8 millones de familias tienen fondos de inversión. Yo mismo, que he sido profesor y podía poner una cantidad, creo que estuve pagando durante diez años. Como saben, hay una regla discutible o no discutible; bueno, si queremos que
sean fondos de pensiones, desde luego la ventaja que siguen teniendo de desgravación fiscal mientras pagas hasta que te jubilas, en algunos casos puede ser incluso mortal de necesidad, porque por ejemplo hayan disminuido tus ingresos. Yo viví en la
CNMV y en otros organismos en plena crisis toda la burocracia bancaria y financiera y tenía miedo, estaba agazapado con precaución. Decía: por fin va a entrar en vereda toda la burocracia financiera española; la propia banca nos hablaba de nuevas
relaciones con los consumidores, relaciones de confianza, de ganarse la confianza, cosa que en otros países de una banca más saneada que no ha tenido estos problemas o no ha tenido esta historia de las cajas de ahorros se podría evaluar y no
distinguirla demasiado sobre los bancos. Yo suelo decir a veces, contradiciendo a muchos expertos, que bancos y cajas de ahorros eran como dos gotas de agua, aunque si me apuran también digo que hay agua de Lozoya, agua del Manzanares antes de los
patos, en fin... Pero bancos y cajas eran lo mismo: la bancarización de las cajas, y por tanto no había lugar a división. Los dirigentes eran iguales. ¿Los banqueros nacen o se hacen? Está claro que se hacen salvo en el caso de la genética de
los señores Botín, que creo que es un caso inusual en todo este amplio sistema financiero.


Después he visto que el miedo se les ha pasado, es decir, que ya están todos instalados, que son los mismos. Cuidado con los grupos caja. Si miran ustedes -pídanlos- los consejos de administración de los bancos-caja, miren también los
consejos de administración de la banca y se darán cuenta de que hay políticos por todos lados, agazapados, muy callados, por supuesto, no quieren aparecer y aspiran a jubilarse. ¿Por qué ha sucedido esto? Porque en realidad la continuidad en 'la
Caixa' con Caixabank está clarísima: Caixabank es 'la Caixa', con los dirigentes, los clanes que la dominaban, los métodos de cooptación, etcétera. Y así sucesivamente Ibercaja, Bankia... Miren el consejo de administración de Bankia a ver cuántos
políticos hay, descubrirán a unos cuantos, están callados allí y dicen: que no nos mire nadie. Pero los verán. Miren la banca y miren las cajas y verán que lo de banqueros es ninguna profesión. ¿El señor Fainé es banquero o político? No sé si
ha estado aquí, podrían preguntárselo o mirar su biografía y verían que es un mix de... ¡Claro que ha sido banquero!, desde el día que ascendió hasta la cúpula máxima de 'la Caixa', de la que creo que todavía no ha caído puesto que es presidente de
la fundación bancaria y de varias cosas más de suma importancia. ¿El señor Serra era banquero? No, no era banquero. ¿El señor Blesa era banquero? No, el señor Blesa era un inspector de Hacienda, inteligente

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lo suficiente como para subir a la cúpula del cuarto banco español, porque era el cuarto banco: Santander, BBVA, 'la Caixa', Caja Madrid -esa historia que llegó a la crisis-. Y ahora está esta transformación -que yo digo que no la hay- que
da un sistema financiero español todavía frágil por la regulación, no por las personas, por la regulación. Creo haberlo leído de muchos intervinientes que les han explicado a ustedes cómo el señor Blesa pudo hacer lo que pudo hacer y así
sucesivamente el señor Serra, el señor Hernández Moltó, los de Caixa Galicia, los de la CAM, etcétera.


No sé si darles mis notas, el informe de 2012 de Adicae, para no cansarles. La ciudadanía está escandalizada al ver el desfile de personajes -a lo mejor dirán también de mí que soy un personaje, el último que ha desfilado por aquí y lo que
quieran- y les exige que aclaren, expliquen y pidan todas las responsabilidades políticas -por supuesto, que es la misión del Congreso- para que España pueda recuperar la confianza en algo tan importante como es el sistema financiero, columna
vertebral, querámoslo o no. A lo mejor habrá que cambiar también ese concepto de si la banca es la columna vertebral de España. En Alemania no lo es, y hay bancos mucho más poderosos que toda la banca española, y en Francia tampoco lo es. España
está bancarizada, seguramente en el mal sentido de la palabra; habrá que ver cómo se legisla y les pedimos que den soluciones y que esos mil folios no se queden solo para el archivo del Congreso de los Diputados o de algunos académicos o
historiadores que seguramente encontrarán ahí muchas cosas.


Presidenta, me permito decir que soy muy pesimista en cuanto a que esto acabe en una petición de responsabilidades y de explicaciones que aclaren. Ahí tiene una enorme responsabilidad personal de conducir estos mil folios, que son una gran
carga para las señorías o sus equipos. Hay material. Creo que voy por la mitad y me ofrezco a los grupos parlamentarios, como hemos hecho siempre en Adicae, con propuestas legislativas para ayudar en todo lo que podamos porque sabemos
interpretarlas objetivamente. No se le conoce a Adicae ninguna dependencia política ni sindical ni de otro tipo. Puedo prometerlo y lo prometo además. Lo digo porque, si yo he nombrado a personas, no ha sido con el ánimo de tomar ninguna posición
política que no nos corresponde como asociación de consumidores y usuarios, ustedes sí que las tienen. Les pedimos, por favor, en nombre de los consumidores, de esos consumidores jóvenes, pensionistas y mujeres también porque han sufrido -creo que
tenía por aquí cosas para celebrar esta comparecencia defendiendo a las mujeres- lo que les ha hecho la crisis financiera y la banca, que creo que también les ha hecho bastantes, entre otras porque entre las familias trabajadoras solía ser a la
mujer a la que le vendían las preferentes, a la que le comían el coco y a la que engañaban. Han engañado a jueces también y lo digo para que nadie me interprete mal, pero se aprovechaban de la mujer ama de casa porque era la que manejaba los
ahorros de la familia en una proporción importante, aunque al final mandaba el marido en una proporción también importantísima.


Sacaré muchas alternativas, pero hay una muy clara y es que ustedes tienen en la comisión de consumo un proyecto de ley en el que ha tenido mucha intervención Adicae, ha sido aceptado por una proporción muy grande, el partido del Gobierno
creo que no lo aprobó, pero sí el resto del Congreso y pediría al partido del Gobierno también que miren esa ley, que es una verdadera espoleta al sistema financiero español porque va a la transparencia de los contratos. Supongo que muchos de
ustedes ya habrán reconocido que la tienen ahí y ha pasado el trámite de admisión por mayoría muy grande. Esperamos mejorarla incluso y eso que modestamente creemos que hemos hecho una gran intervención. Esa conclusión ya nos consta, pero
seguramente daré muchas en próximas intervenciones.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Pardos. Quiero decirle que los mil folios no son mil folios, sino un tercio de los comparecientes y todavía quedan dos tercios por comparecer aquí. Hay miles de folios tanto en una sala del Banco de
España como en esta casa y en Internet a disposición solamente de los miembros de la Comisión que también hay que leer. Son unos 10 000 o 15 000 folios. No solo queremos conocer las causas de la crisis y por qué ocurrieron las cosas. Desde luego,
las responsabilidades políticas van a estar ahí, porque las penales en la mayoría de los casos están tramitadas, pero es más importante para esta Comisión garantizar a los ciudadanos españoles y a los consumidores que esto no vuelva a pasar, por lo
que si tenemos que modificar leyes, instar a la Comisión Europea o a los órganos reguladores y cambiar la normativa lo vamos a hacer. Ese es el compromiso de esta Comisión, que está trabajando muy seriamente.


Es el turno de los portavoces. En primer lugar, tiene la palabra la solicitante de la comparecencia, la señora Pérez Herráiz.

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La señora PÉREZ HERRÁIZ: Gracias, señora presidenta.


Gracias, señor Pardos. Para concretar un poco más, únicamente le voy a hacer algunas preguntas relativas a la reciente crisis financiera, la cual llevó aparejados dos graves problemas que afectaron directamente a muchos ciudadanos: las mal
llamadas preferentes y otros productos complejos y la gestión de las hipotecas. Respecto a las preferentes, la CNMV dice que no tenía como función autorizar las emisiones, sino solo supervisar las indicaciones del folleto y que estas eran
correctas, que al ser productos financieros la responsabilidad era del Banco de España. El Banco de España dice que su supervisión era solo en lo que afectaba a si computaban o no como capital y las entidades dijeron que las preferentes que
comercializaron cumplieron con todos los requisitos de las autoridades competentes. ¿Dónde considera que estuvo la responsabilidad por la venta incorrecta de preferentes o cómo repartiría las culpas? En Galicia se colocó un mayor porcentaje de
preferentes del que le correspondería por el porcentaje de población que tiene de España. ¿Cómo valora y a qué cree que se debió el alto porcentaje de preferentes que se comercializaron en Galicia? Caixa Galicia siguió comercializando preferentes
en 2009, cuando ya no había mercado secundario. ¿Considera que esto conllevó una especial responsabilidad y culpa? El director de Caixa Galicia dijo que no hubo incentivos de ningún tipo para la colocación de preferentes por parte de los
trabajadores. ¿Qué opina de estas declaraciones? En la actualidad, ¿los incentivos por comercialización a los empleados de las entidades financieras pueden colisionar con el derecho a información veraz de los clientes? ¿Cuál es su valoración del
sistema de arbitraje que promovió el Gobierno? ¿Cómo valora que el arbitraje fuera auditado por la misma empresa que había auditado la emisión? Me refiero a Price Waterhouse. ¿Cuál cree que fue el motivo de esa duplicidad?


Consideramos que se debería haber hecho una auditoría de oficio por parte de la CNMV sobre la comercialización de todas las emisiones de preferentes para garantizar la devolución íntegra de los ahorros a los minoristas que no pudiesen ser
considerados inversores por no tener información sobre el producto ni suficiente formación financiera. ¿Cree que aún es posible encontrar la forma para que los ahorradores puedan recuperar todo su dinero? ¿Considera suficiente la actuación de la
justicia sobre los responsables de las entidades emisoras a este respecto? ¿Las normas actuales relativas a transparencia, comercialización, etcétera, tienen suficientes garantías para que no se repita el problema? ¿Las demandas colectivas se
gestionan ahora con suficiente agilidad y garantía?


Para terminar, respecto a la comercialización de las hipotecas, ¿se hacen ahora, según usted, con suficientes garantías para las personas que contratan? En cuanto al problema del sistema financiero en su conjunto, ¿cómo cree usted que se
reparten las responsabilidades del problema tan grave que tuvimos entre gestores, regulador y supervisor?


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pérez Herraiz.


Por el Grupo Vasco, tiene la palabra la señora Sagastizabal.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.


En primer lugar, quiero disculparme porque he llegado tarde y no he podido escuchar toda la comparecencia.


Usted ha aludido a la politización de los consejos de administración de las cajas y que esto ha tenido que ver en la gestión, pero también hay que decir que hubo cajas que lo hicieron bien, con una gestión eficaz y eficiente. Por tanto, las
decisiones no se tomaron con criterios políticos sino profesionales, separando la política de los objetivos y fines de las cajas de ahorro. También hay que decir que el arbitraje se ha vendido como una alternativa rápida y barata a la vía judicial
para intentar recuperar las inversiones en las preferentes. ¿Cree usted que ha sido una buena solución o ha sido nuevamente una solución solo para la banca? Me gustaría conocer también la valoración que realiza cuando Adicae aconsejó en algunos
casos a los afectados que no siguieran el arbitraje puesto en marcha por algunas entidades para retornar el dinero a los clientes a los que se les vendió el producto sin avisar de los riesgos y que se adhirieran a una demanda colectiva, que en el
caso de Bankia fue rechazada por un juez de Madrid.


Otra de las preguntas que me gustaría hacerle es qué opina de la cultura financiera o el nivel de cultura financiera, si es que hay que actuar en este campo tal vez como prevención frente a actuaciones parecidas que ojalá no vuelvan a
ocurrir, y cómo se podría arreglar esa brecha que puede existir en la cultura financiera, sobre todo de las personas jóvenes y las personas mayores, cuando hablamos de la existencia de algunos límites en la educación y la formación. Me gustaría
conocer su opinión acerca de una banca pública y, si está a favor de ella, por qué cree que funcionaría mejor que la banca tradicional.

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En esta Comisión se ha hablado mucho de las preferentes -la portavoz socialista ha hecho alusión a ello- y también de las obligaciones subordinadas, pero hay otras cuestiones que también afectan masivamente a los consumidores, por ejemplo
las cláusulas suelo o el IRPH. Me gustaría saber qué piensa acerca de estas cuestiones, así como la opinión que tiene sobre la dación en pago.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sagastizabal.


Por el Grupo de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Jordà.


La señora JORDÀ I ROURA: Muchas gracias, presidenta.


Molt bon día a totes i tots. Antes de nada quisiera excusar a la diputada Ester Capella, que es quien debería estar aquí, pero por diversas cuestiones estoy yo.


Hoy usted, señor Pardos, ha explicado situaciones de injusticia de los ciudadanos respecto al poder financiero, y nosotros, desde Esquerra Republicana, tampoco queremos perder esta oportunidad -de hecho, cada vez que tenemos un micrófono
delante lo hacemos- de denunciar la injusticia aun cuando esta nos llega desde el Poder Judicial. Por tanto, hoy también quiero denunciar la existencia de presos políticos.


Empiezo dándole las gracias porque usted, en su comparecencia, nos ha explicado detalles de la actividad que lleva a cabo su asociación de usuarios del sector, pero sobre todo quería agradecerle el trabajo realizado a lo largo de todos estos
años. Quiero decirle que sí pueden ustedes presumir de su trabajo de verdad; un trabajo enfocado al empoderamiento de los usuarios de un sector, el financiero, que siempre ha jugado con ventaja, con todo a su favor, para maximizar el beneficio a
costa de sus clientes; un trabajo que ha buscado la cooperación de los ciudadanos a partir de fomentar el asociacionismo y que ha trabajado en pro de mejorar los derechos y las garantías jurídicas frente a un Estado que no lo ha puesto fácil para
que ustedes pueden desarrollar su trabajo. Por tanto, doblemente le doy las gracias.


Lanzo la primera pregunta. ¿Qué papel deberían jugar las asociaciones de consumidores y usuarios en el sistema financiero? ¿Qué papel les dejan jugar? Sigamos por uno de sus mayores esfuerzos, el que dedican ustedes a la formación de la
ciudadanía, que es muy importante. La pregunta sería, ¿qué modelo de formación es necesario? ¿En qué momento o edad es mejor empezar entre los jóvenes, por ejemplo? ¿Y la gente mayor cómo debe formarse para no caer en engaños como los típicos de
créditos rápidos sin nómina, dinero al instante, dinero fácil, etcétera? Otra de nuestras preocupaciones se encuentra en la brecha digital en el ámbito financiero, una brecha que se ha agrandado a marchas forzadas por el establecimiento de nuevos
productos y servicios financieros pero, sobre todo, por la facilidad de llegar a los ciudadanos con ofertas sin ningún tipo de control, tanto por Internet como por vía telefónica. Me refiero a que solo con una llamada tendrás el dinero que
necesitas, sin papeles, sin intermediarios. Es más o menos lo que rezan todos los anuncios en este sentido. ¿Qué medidas se pueden tomar para evitar esta proliferación de estafas?


En estos momentos el Gobierno tiene pendiente una tarea importante, como es la trasposición de directivas europeas que concretan el nuevo sistema bancario europeo. Por ello, también le queremos hacer preguntas en un doble sentido. Por una
parte, ¿cómo cree Adicae que debería avanzarse en Europa en aspectos tan complejos como, por ejemplo, la unión bancaria europea, el mecanismo único de supervisión, el mecanismo único de resolución, el sistema europeo de supervisión financiera? Por
otra parte, tampoco puedo dejar de preguntarle por la conclusión y la aplicación de temas pendientes o candentes como los proyectos de ley -usted ha hablado de la ley de consumo, evidentemente- pero también de las proposiciones de ley como la de
contratos de crédito inmobiliario o la del mercado de valores. ¿Qué puntos débiles y fuertes tenemos que apretar en este sentido?


En el Estado español se está produciendo una concentración bancaria que deja en manos del oligopolio financiero el 90 % del mercado. Esto va en contra, claro está, de la competencia y pone en duda que se trabaje ciertamente en pro de los
ciudadanos. Uno de los elementos que más problemas ha supuesto para los usuarios en el impulso de las nuevas tecnologías ha estado en la eliminación de oficinas en poblaciones medianas y pequeñas. ¿Cree usted que, en parte, esta situación ha sido
provocada por los propios bancos? ¿Puede revertirse esta situación? Se ha hablado de preferentes, de cláusulas suelo, de IRPH, y de tantas otras estafas para tanta gente. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esta situación? ¿Cuál cree usted
que es la causa real? ¿De dónde nace tanta impunidad? ¿En qué momento se fraguó esta práctica perversa de aprovecharse de los propios clientes? ¿Dónde falló el Estado? ¿Qué

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hizo mal? ¿Qué podíamos haber hecho para evitarlo? ¿Qué deberíamos hacer para disponer de un sistema de adhesión a demandas colectivas?


Entrando en la problemática de la vivienda, si hablamos de desahucios, los últimos datos del informe Efectos de la crisis económica en los organismos judiciales, que ayer justamente hizo público la sección de estadística del Consejo General
del Poder Judicial, indican -no daré muchos números- que el año pasado fueron practicados 60 754 lanzamientos, lo que supone un descenso del 3,6 % respecto a 2016; el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2017 fue de 30 094, pero el total
desde 2008 a 2017 -diez años- es de 725 115 ejecuciones hipotecarias llevadas a cabo. Si me permiten, si miramos a Girona, que es mi tierra, vemos que en los últimos cinco años más de 9600 familias han tenido que marcharse de su casa por una orden
judicial, porque no podían pagar el alquiler o la hipoteca. De hecho, hay una cruda realidad que afecta ahora sobre todo a inquilinos, y es que los datos demuestran que más de la mitad de los 2000 desahucios ordenados el año pasado fueron por
impagos de las mensualidades de alquiler, mientras van a la baja las familias desahuciadas por no pagar la hipoteca. La situación es dramática y demuestra los estragos de la crisis económica. ¿Qué medidas cree que deben adoptarse para frenar la
escalada de precios de alquiler que perjudica a tantas familias? ¿Qué cambios legislativos deberían adoptarse para proteger y ayudar a las familias que tienen muchos problemas para pagar las cuotas de la vivienda?


Mientras algunos se empeñan en ver incumplimientos de la Constitución por todas partes, son incapaces de ver que muchos artículos de esta no se cumplen, por ejemplo, el artículo 47: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos...


La señora PRESIDENTA: Señora Jordà, tiene que ir terminando.


La señora JORDÀ I ROURA: Sí. La pregunta es: ¿Cree usted que los poderes públicos han hecho las acciones necesarias para revertir esta situación? Pongo por ejemplo el fracaso de la Sareb. ¿Qué cree que deberíamos hacer con los pisos de
la Sareb?


Termino hablándole de ética bancaria y le haré un par de preguntas que Ester suele hacer en cada intervención. ¿Qué es para usted la ética? Si el objetivo de los bancos no ha sido siempre quedarse con las cantidades pagadas, apropiarse de
las viviendas, dejar deudas y ganar dinero con los alquileres que nunca son sociales, ¿es posible hablar de ética en el sector financiero?


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Jordà.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten.


El señor TEN OLIVER: Gracias, presidenta.


Bienvenido, señor Pardos. Estamos muy agradecidos por la comparecencia que ha hecho, por toda la información que nos ha transmitido, por las claves que ha remarcado, y sobre todo por la labor que ha hecho en Adicae una persona como usted,
licenciado en Filosofía, profesor universitario y de enseñanza media, con una trayectoria asociativa y profesional excepcional y ejemplar. Aparte de presidente de Adicae es miembro del Consejo de consumidores y usuarios de España, experto en fraude
en medios de pago en la Comisión Europea, director de diversas publicaciones, informes, libros, etcétera. Usted bien sabe la labor que ha realizado durante todos estos años.


Quiero poner el énfasis, antes de entrar en los cinco bloques de preguntas que quiero hacerle sin repetir cuestiones ya formuladas por el resto de portavoces, en las claves que usted ha dejado hoy aquí. Para mí hay tres claves principales;
en primer lugar, los chiringuitos que usted reconocía; en segundo lugar, la politización tanto de los órganos de administración como de los órganos reguladores, es decir, esa inactividad de los órganos reguladores, incluido el Banco de España; y
finalmente, el gran perjudicado, la clase media y trabajadora, más de 2 800 000 familias, como usted nos ha reconocido.


Dentro de los cinco bloques de preguntas, quiero hacer referencia al trabajo que han hecho desde Adicae -como nos ha comentado- sobre las agencias de valores AVA, Ruralcaja en la Comunidad Valenciana, Santander Banif, Lehman Brothers, Fórum
Filatélico, Afinsa... Querría centrarme en Fórum Filatélico y Afinsa, un grave drama que ha sufrido la clase media y trabajadora. Nosotros ya nos preocupamos por ello preguntando por la inacción del Gobierno en diversas preguntas parlamentarias.
Usted lo ha dicho, es ineficacia incluso de la justicia, demora del Tribunal Supremo; cuarenta personas condenadas y se retrasa la resolución de los recursos. Empiezo con las preguntas, si la justicia tarda

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tanto, ¿qué es lo que le hace falta? Nosotros aprobamos con el Partido Popular, en los Presupuestos Generales del Estado de 2017, incluir 100 millones más para la justicia. ¿Usted piensa que si la justicia hubiera tenido más medios se
hubiera evitado esta problemática que dura casi doce años? Ciudadanos cree que se deben tomar siempre medidas preventivas y para eso estamos. Hoy, por ejemplo, las criptomonedas, como el Bitcoin o Ethereum, generan una enorme incertidumbre, no son
un producto seguro como reserva de valor. Nosotros no solo hemos presentado proposiciones no de ley relativas a temas tributarios y de información, así como comisión de delitos de evasión fiscal, sino que también hemos presentado iniciativas para
que el Gobierno regule esto. Nos preocupa porque tenemos la experiencia que usted nos contado de todo lo que ha pasado con las preferentes y con las cuotas participativas, en lo que ahora entraremos. Respecto de las criptomonedas, ¿usted piensa
que el Gobierno debería elaborar una regulación adecuada que favorezca, por un lado, la innovación en la tecnología como, por ejemplo, el blockchain, y, por otro, la necesaria seguridad jurídica que no han tenido los enormes complejos instrumentos
financieros tóxicos, como usted ha mencionado, y que ha hecho perder tanto dinero a los ciudadanos?


En segundo lugar, las preferentes. No voy a entrar a hablar de esas cuotas, también participativas, de la CAM. Hace unos días tuvimos aquí al director, el señor Modesto Crespo, que cobraba 300 000 euros y no estaba preparado para ejercer
ese cargo. Yo le pregunto, ¿considera que ha habido malas prácticas en la comercialización de productos financieros complejos a clientes minoristas? ¿Piensa que la Comisión Nacional del Mercado de Valores hizo todo lo que estaba en su mano para
proteger al consumidor? En tercer lugar, respecto de la politización de las cajas de ahorros que usted ha mencionado, yo le pregunto directamente, ¿considera que los órganos de gobierno de las cajas de ahorros estaban politizados? ¿Le parece que
esto era una buena idea? ¿Cree que el problema era de gestión o de modelo? ¿Cree que se debería haber cambiado la Lorca, una ley que llenaba los órganos de dirección de la mitad del sistema financiero español de políticos, muchas veces sin
formación superior ni experiencia en la banca? ¿Piensa usted que se puede poner al frente de instituciones financieras a gestores sin formación económica o financiera y sin experiencia previa en el sector? En cuarto lugar, respecto de las reformas
del Partido Popular, por ejemplo, el Real Decreto 6/2012, de Medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios; este código de buenas prácticas; la reforma que se aprobó con la Ley 1/2013, de Medidas para reformar y reforzar la protección de
deudores hipotecarios; o incluso la Ley de segunda oportunidad, en enero de 2015, que presentaba, en nuestra opinión, graves defectos técnicos porque pensamos que era un auténtico brindis al sol, yo le preguntaría, ¿de estas normativas que se han
trasladado, qué valoración hace? ¿Considera ambas normas suficientes? En quinto lugar, respecto del consumidor financiero, en el punto 15 del acuerdo de nuestro grupo con el Partido Popular exigíamos una autoridad independiente de protección del
consumidor y del inversor financiero. ¿Cómo se podrían reforzar esos servicios?


Voy finalizando. Usted nos ha hablado de chiringuitos, de inactividad de los organismos reguladores, los perjudicados de la clase media y trabajadora y de lo beneficiada que ha sido realmente la banca por el rescate financiero. La señora
Salgado, el señor De Guindos, el Partido Socialista, el Partido Popular, no han hecho reformas normativas para proteger a esta clase media y trabajadora. Usted nos pide que los políticos exijamos responsabilidades políticas y yo le tengo que decir,
señor Pardos, que es nuestra obligación. Nosotros vamos a seguir impulsando reformas legislativas para que este drama no vuelva a suceder.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ten.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Vendrell.


El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidenta.


Buenos días, señor Pardos. En primer lugar, quiero felicitarle también por la tarea que ha desarrollado usted y su entidad en la defensa de las personas afectadas por los fraudes bancarios, en la defensa de los consumidores. En Cataluña
conocemos bien esta actividad y esperamos estar a la altura del reto que usted nos planteaba de dar una explicación a la ciudadanía y de exigir responsabilidades políticas respecto de lo ocurrido con la crisis financiera. Usted ha dicho que siempre
que se encontraba ante una situación de fraude financiero creía que era el último de los fraudes y que era el menor, pero que siempre había otro más. Creo que su relato explica por qué la banca, el sistema financiero español, está dentro de los de
peor

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reputación de toda Europa. Yo le quería preguntar por las responsabilidades en esta crisis financiera y sobre la jerarquía de las mismas, es decir, cuáles considera usted que son estas responsabilidades. En esta Comisión hemos escuchado la
hipótesis de que esto era una crisis financiera mundial, la gran recesión, y que difícilmente se podía hacer nada frente a ello. Nosotros creemos que no se trataba solo de una crisis, sino de un expolio, de un fraude masivo perpetrado por la élite
financiera, por los directivos que se apropiaron de las cajas con la connivencia de gobiernos, tanto del PP como del PSOE, del Banco de España o de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y que se ha vulnerado el espíritu fundacional de las
cajas, que no era la cultura de la codicia sino todo lo contrario, era la cultura del ahorro, la defensa del interés general y del arraigo en los territorios de origen de las cajas.


Segunda pregunta. Usted ha dicho que el ganador es el oligopolio bancario, los grandes bancos; que se ha producido el peor rescate en España, y que había un interés en la eliminación del sistema de cajas. Mi pregunta es si además de los
grandes bancos no han sido también la Comisión Europea, el Banco de España y los propios gobiernos quienes han tenido interés en eliminar el sistema de cajas, que era molesto y una competencia para los grandes bancos. Pero también ha habido alguna
gran caja, La Caixa, por ejemplo -ya nos hubiese gustado que hubiera comparecido en esta Comisión-, que ha trabajado para convertirse en banco y para bancarizar el sistema. Es decir, no solo han sido los grandes bancos sino también alguna caja, y
nosotros creemos que también la Comisión Europea o el propio Banco de España.


Usted nos ha relatado cómo la clase trabajadora y parte de la clase media han sido víctimas de este fraude, de esta estafa que es sistemática y sistémica en el sistema financiero, y nos ha dicho que conocía bien, incluso internamente, a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, comisión que ya advirtió que las preferentes eran de carácter perpetuo, de rentabilidad no garantizada, que eran un instrumento de riesgo y complejo no adecuado para clientes minoristas y sin experiencia
financiera. Por tanto, ¿por qué no hicieron nada? Porque ellos mismos, en algún documento o folleto, ya advertían de eso. ¿Por qué no hicieron nada? ¿Por qué cree usted que el Banco de España y los distintos gobiernos no hicieron nada? Si es
porque fue, como usted nos ha dicho, el mecanismo de rescate, el primer rescate de la banca a costa de sus propios clientes con una transferencia de capital de depósitos garantizados por el Fondo de garantía de depósitos a productos de riesgo,
productos tóxicos como ustedes los han definido. Quería preguntarle si usted considera que en España se ha producido lo que se llama la captura del regulador por parte de estas entidades financieras; la captura del regulador del Banco de España,
de la CNMV y de los propios gobiernos por parte de ese poder financiero. También quería preguntarle si no cree que en España el régimen sancionador ha sido muy laxo comparado con países como Estados Unidos, Reino Unido u otros países de Europa.
Las sanciones a la banca por malas prácticas han sido elevadísimas en estos países que mencionaba, creo que de 150 000 millones de dólares; en España, si tengo la cifra correcta, prácticamente solo 23 millones de euros. Esto es un ejemplo de la
impunidad con la que ha actuado la gran banca.


También le quería preguntar por un tema del que a veces no se habla demasiado en relación con las participaciones preferentes y la deuda subordinada, que es el papel del eurogrupo, de la Comisión Europea; es decir, si las quitas, en el
momento en que se produjeron, tenían la adecuada cobertura de la legislación europea. El Gobierno siempre ha remitido la responsabilidad a la Unión Europea, al Memorándum de Entendimiento y hay algunos autores que han dicho que los recortes de los
ahorradores no tenían parangón en Europa y que fuimos el conejo de Indias de los rescates bancarios; que en Alemania, en Bélgica, en Holanda o en Finlandia, por ejemplo, no ocurrió lo mismo, no tuvieron que pagar tanto los ahorradores como han
pagado en España. Ese tipo de rescate a la banca y las quitas a los clientes produjo un rescate menor por parte del Estado español; tuvieron que pedir menos recursos para el rescate y es dinero que no tuvieron que devolver las cajas. Quería
preguntar si tenía o no cobertura de la legislación europea. Esto nos parece especialmente grave ya que esas quitas se produjeron en un momento en el que ya se sabía que las personas ahorradoras habían sido engañadas, el Gobierno lo sabía de forma
muy clara y evidente.


Para ir terminando, le quería preguntar sobre la situación actual, si hemos aprendido algo, si los reguladores han aprendido algo, si el Banco de España ha aprendido algo de esta crisis o si se están reproduciendo las mismas malas prácticas.
Hace poco, el año pasado, hemos tenido la desaparición del Banco Popular -parece que la crisis financiera no se ha terminado- pero continúan las comisiones abusivas, tenemos el tema de los swaps, las hipotecas multidivisa, las cláusulas suelo, las
cláusulas de vencimiento anticipado, los pagos por la formalización de las hipotecas; es decir, toda una serie de malas prácticas. Le quería preguntar si realmente se ha aprendido algo. Parece que el sistema financiero solo

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hace caso al Banco de España en un 40 % de las rectificaciones que le pide a partir de quejas de los clientes.


También le quería preguntar si usted considera que la banca pública es una opción y que tendríamos que transitar ese camino. Y, simplemente, una conclusión, parece que el mensaje -no sé si usted está de acuerdo- que se lanza a través de
determinadas resoluciones judiciales o especialmente de las políticas del Gobierno es que las malas prácticas quedan impunes y eso sí nos preocupa mucho. El mensaje de cara al futuro no puede ser en ningún caso que las malas prácticas de la banca
queden impunes porque no nos podemos permitir que en este sistema tan bancarizado tengamos la peor banca de toda Europa.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vendrell.


Para cerrar el turno de los grupos parlamentarios, por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Paniagua.


El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidenta.


Buenos días, señor Pardos, bienvenido y enhorabuena por todo ese historial de trabajo de la asociación. Estamos en algunas cosas de acuerdo y en otras en desacuerdo; lo hablamos muchas veces porque coincidimos en muchos actos y en muchos
debates. Yo creo que los fraudes financieros, al final, necesitan cuatro cosas; educación financiera de los consumidores, control, regulación y supervisión. Quería preguntarle si cree usted que falta educación financiera en el mercado español y
si -ya se lo ha preguntado el portavoz de Ciudadanos- la agencia independiente de protección al inversor financiero cree que es una buena medida que debemos acometer. En estos últimos años ha habido mucha normativa europea, ha cambiado mucho el
modelo en cuanto a regulación y supervisión y me gustaría preguntarle si cree que falta alguna medida a mayores de todo lo que se ha hecho. Preguntaba por la Comisión y por tanto trabajo. Creo que estamos trabajando y, aunque hay mucha
información, habrá soluciones y resoluciones por parte de esta Comisión. Muchos comparecientes que han venido no han querido reconocer los errores que se han cometido en el pasado, pero gracias a Dios algunos comparecientes sí lo han hecho.
Además, hemos tenido la virtud de hacer comparecer aquí a personas independientes, estudiosos y catedráticos que nos han aportado una información realmente importante y yo creo que saldrán unas buenas conclusiones. En los próximos años, con todas
las medidas que se están tomando y con lo que saquemos de aquí, al final, incluso es posible que su asociación tenga que disolverse por falta de trabajo. (Risas). Ojalá sea así en algún momento.


Le agradecemos toda la información que nos aporta, pero solo quería hacerle un par de aclaraciones. Usted habla de productos tóxicos. Algunos productos sí son tóxicos, pero la mayoría de los productos financieros que se han comercializado
no lo son. Lo que ha sido tóxico ha sido la venta a personas o clientes minoristas sin formación o sin información -eso sí ha sido tóxico-, pero no los productos en sí, que son productos habituales que no tienen ningún problema cuando se venden a
inversores institucionales o a clientes que tienen una suficiente formación e información para contratarlos. Lógicamente todos los españoles somos consumidores y, como tal, hemos rescatado a la banca, pero gracias a Dios muchos de los afectados en
estos años han podido encontrar solución a sus operaciones en parte gracias al trabajo que hacen la asociación Adicae y otras asociaciones y en parte gracias al Estado y a la justicia en muchos casos. Quería preguntarle si tiene alguna estadística
de todos los afectados por todos estos fraudes financieros y si hay afectados que hayan coincidido en varios de ellos. ¿Han hecho alguna vez este estudio? ¿Hay personas o familias que hayan sido afectadas por varios de los fraudes?


En cuanto a los planes de pensiones, solo quería hacerle una matización. Usted ha dicho que en el momento del rescate tienen una tributación muy alta, pero en caso de que se rescaten en forma de renta la tributación es bastante reducida.
De hecho, el origen y la idea de los planes de pensiones es la de complementar la pensión, con lo cual si se rescatan en forma de renta no tienen una tributación alta, incluso al contrario.


Este Gobierno ha tomado muchas medidas desde que llegó al poder en el año 2011, tanto respecto al rescate del sistema financiero, que ha ayudado muchísimo a la recuperación, como de protección a los más desfavorecidos y sobre todo a los
afectados por temas hipotecarios. Estamos haciendo mucha labor legislativa, trasponiendo muchas directivas europeas y adaptándonos a toda la normativa europea. Poco a poco vamos mejorando.


Dos cosas más. La primera es que siempre se habla aquí de PP y PSOE, pero hasta 2003 mientras gobernamos prácticamente todo estaba controlado. No había riesgos ni había datos que hicieran que

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estuviéramos preocupados. Todo lo que nos han trasladado en esta Comisión son datos en los que incumplíamos todos los límites a partir de 2004 y entonces ya no estábamos gobernando. Lo que hemos hecho cuando hemos vuelto a gobernar es
solucionar el problema del sistema financiero.


La segunda es que quiero comentarle a la portavoz de Esquerra Republicana que no parece lógico que el Poder Judicial nos parezca bien cuando va contra el poder financiero pero no cuando va contra golpistas. Eso no me parece muy lógico. O
estamos o no estamos con el Poder Judicial y lo mismo pasa con las leyes.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Paniagua.


Vamos a hacer un receso de quince minutos para que el compareciente pueda ordenar las preguntas. Reiniciaremos a las once y veinte. (Pausa).


Reiniciamos la sesión con un turno de cierre, para responder a los portavoces, de don Manuel Pardos Vicente.


El señor PARDOS VICENTE (Presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, Adicae): Vamos a intentar contestar adecuadamente a muchas de las inquietudes que nos han planteado y que les agradezco porque nos ayudan a centrar
nuestros temas. Quiero también dar las gracias al Grupo Parlamentario Socialista por que me propusiera para comparecer, yo no lo sabía. Adicae se lleva bien con todos y concretamente me jacto de ser amigo del señor Paniagua. Eso es porque nuestra
misión no es política. Las organizaciones sociales somos política, hacemos política; tenemos que hacerla -no somos apolíticos-, pero sin ser dependientes de ningún partido. Suelo decir alguna vez que cuando hay elecciones Adicae parece el Arca de
Noé: tenemos animales de todas las especies, lo cual es muy bueno para una organización de consumidores y usuarios, porque hacemos política pero de interés general, sobre todo política de consumo, política económica, porque el consumo es una
columna vertebral de la economía política que, como he dicho al principio, sería la banca.


Con algunos de los comparecientes, o con otros de sus representantes, he discutido a veces. Creo que no me corresponde a mí denunciar a quien niega lo evidente, pero quiero que sus señorías examinen algunas afirmaciones: no teníamos
competencias, solo supervisaban, no autorizábamos el peloteo de la CNMV al Banco de España y viceversa o de ambos al Ministerio de Economía o al Gobierno, incluso a la normativa establecida. Hemos leído con algo de detenimiento muchas
intervenciones y creemos que las instituciones, los supervisores, sobre los que han preguntado casi todos ustedes, han hecho un triste papel. En el último periodo hasta que entramos en el euro, en la moneda única, el Banco de España era una
autoridad omnipotente; a partir de entonces el Banco Central Europeo -sobre el que diré algunas cosas porque me han preguntado sobre él- tomó todo el poder y declaró a los bancos centrales sucursales de gestiones poco importantes. Por cierto, el
Banco Central Europeo les dejó a los supervisores nacionales la protección de los consumidores -tiene otras muchas funciones de tipo burocrático, monetario, etcétera-, pero esta misión, que para nosotros era una de sus principales, no la ejerció;
la CNMV si la ejerció un poco más por ser una institución más moderna. Hasta hoy el Banco de España ha considerado las reclamaciones de los usuarios como un apéndice molesto; hasta hace muy poco les tenían en un piso fuera del gran edificio
central donde ofrecían un servicio de reclamaciones, una cosa, según ellos, molesta que les ha tocado ejercer, carente de efectividad porque, como saben, solo podía dar consejos a los bancos. Mientras era supervisor absoluto, temido por las
entidades financieras -lo ha sido durante toda su historia-, en el 50 % de las reclamaciones de los consumidores se daba la razón a la banca y el otro 50 % a los afectados, una cantidad poco armónica, incluso injusta, pero tenían esa concepción
salomónica. Después de entrar en el euro, ya en plena crisis, el Banco de España no hizo nada por la protección de los consumidores, y la banca, con lo que estaba pasando, ni siquiera cumplía con sus cuatro consejitos al año porque no le tenía
ningún miedo. Probablemente esta anécdota tenga interés por lo que tuvo de actuación supervisora de las entidades financieras.


La CNMV es una institución nueva en España que no tenía medios. Ahí sí hay que decir que no tenía medios. La CNMV ha empezado a tener medios progresivamente en este siglo, y a golpe de escándalo y de petición de sus presidentes. Al Banco
de España nosotros lo hemos considerado siempre patronal bancaria, y no lo retiraré, porque le hemos visto defender los intereses de la banca. Claro, tendrían justificación diciendo: lo que nos preocupaba era la solvencia y lo de la protección de
los consumidores, bueno eso, la Dirección General de Seguros, la CNMV, como una cosa secundaria, la dejamos ahí. Pero luego hemos visto que tampoco garantizó la solvencia en absoluto. Es más, en sus intervenciones

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parecían tener connivencia; no quiero acusarles aquí de algo; es la justicia la que debería dilucidar esto, ni siquiera seguramente ustedes porque ustedes tienen ahí el deber de decir cuál es la función de un banco central nacional en este
conglomerado europeo del euro en el que el Banco Central Europeo juega su papel.


La agencia de protección del consumidor propuesta por Ciudadanos es una discusión ya desde hace quince años, de toda la crisis, de cómo protegemos, de cómo garantizamos la solvencia del sistema financiero español estando relativamente lejano
el Banco Central Europeo. Ahí los sistemas de regulación y supervisión en Europa y en todo el mundo son muy diversos. Efectivamente, Adicae se ha pronunciado siempre por el llamado twin peaks, es decir, un supervisor que se encargue de la
solvencia plenamente con todos los medios, generalmente los bancos centrales -que han tenido esa competencia de siempre- y un supervisor del mercado y, por tanto, de la protección de los consumidores, que son los que tienen toda su actividad en el
mercado, no en las grandes cuestiones macroeconómicas de una entidad. Lo hemos repetido una y otra vez, hemos mandado propuestas y nos hemos alegrado mucho cuando hemos visto que Ciudadanos proponía esto, aunque tenemos que decir que todas las
opiniones que estamos oyendo por ahí van en la dirección de que nadie tiene interés en dilucidar eso, que estamos muy bien. Es un poco la metáfora que he dicho de: vamos a arreglar alguna cosa para que todo siga igual, pero no vamos a hacer un
cambio como ese, el de los supervisores. Creo que es una de las conclusiones que deberían salir de aquí. Los partidos que no han formado parte del pacto creemos que pueden estudiar esa situación, porque creo que al Grupo Socialista y al Partido
Socialista les he oído en otras ocasiones, cuando tenían más poder, hablar de este sistema twin peaks o de un cambio en profundidad de los supervisores y reguladores. Las entidades financieras no quieren oír hablar del más mínimo cambio, como no
han querido durante todo este período.


En cuanto a las responsabilidades, precisamente el escándalo para la ciudadanía es cuando leen las sesiones en los medios de comunicación. Siendo a veces peculiares en su manera de entender las cosas, en la materia de la crisis financiera y
del rescate ha habido muchos periodistas que han hablado claro, que han recogido bien las intervenciones y que no parecían estar politizados. Son periodistas muy veteranos muchos de ellos, dedicados a economía y finanzas, y merecen respeto. En
otros temas les hemos criticado, cuando los medios de comunicación que tienen por soporte principal la publicidad y, por tanto, la banca en primer lugar, recortaban excesivamente las luchas de los consumidores. Pero en todo el conjunto de la crisis
financiera y de los grandes fraudes o los grandes temas hipotecarios, creo que han ejercido la profesión relativamente bien.


En cuanto a las responsabilidades, habría que decir qué eran y qué son los consejos de administración o las juntas generales hoy en los bancos -en las cajas eran asambleas generales-. Era un sistema completamente antidemocrático. Cuando se
dice que las cajas de ahorros eran manejadas por los políticos, hay que aclarar que es falso. Efectivamente, bastantes políticos como Blesa, Serra y otros que se podrían nombrar como Hernández Moltó, han ejercido un papel funesto en las cajas de
ahorros y también en algunos bancos, por ejemplo, el señor Mario Conde, que se las daba de gran banquero. Ahora, hay que decir a favor del señor Mario Conde que ha pagado, no ha salido impune. Pagó bastante más de lo que están pagando los que
ahora son condenados y que no acabamos de ver que la justicia haga justicia como sí hizo con Banesto, al que no se le regaló nada, como se está haciendo ahora, y ahí están los doscientos o trescientos imputados de las cajas de ahorros, que no parece
que vayan a entrar en la cárcel e incluso que se les vaya a cargar con la responsabilidad de la gestión. Aunque he aclarado antes que lo de banqueros es una cosa muy relativa, porque son abogados, inspectores, profesores, es decir, generalmente
titulados que han escalado en las entidades financieras a las que han prestado sus servicios porque el sistema les permitía escalar en los sistemas jerárquicos y acabar incluso en la presidencia. Pero hay que pensar que las cajas de ahorros tenían
un escalafón técnico idéntico y de igual idoneidad que la banca. En cuanto las cajas de ahorros durante los últimos años, he dicho antes la metáfora de una gota de agua con otra gota de la banca, y lo volvería a repetir. Tenían una escala técnica
consolidada y, curiosamente, desde la democracia incluso tan bien pagada como los altos cargos bancarios, lo cual fue un gran error. ¿Por qué? Como en principio es costumbre internacional y mundial, los altos cargos de entidades potentes,
energéticas, bancarias o del tipo que sean, tengan unos incentivos y unas remuneraciones que podrían ser controlados -nos dicen- por los accionistas. Adicae está en las juntas generales, hace propuestas. Primero, las juntas generales de
accionistas -ahora van a empezar- van todas ya aprobadas, y aprobadas con malas artes, como le dijimos una vez a una entidad, por lo cual nos puso una demanda en la que nos pedía varios millones de euros, aunque al final se retiró porque solo

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querían asustarnos. Las juntas generales de accionistas van a aprobadas por métodos de encomienda de su voto, etcétera, recogidos por las sucursales bancarias, tanto si es para las propias juntas de los bancos como si es para las grandes
empresas que generalmente ostentan la tenencia de acciones a través de la banca en una proporción muy grande y, por tanto, a través de ella. Cuando se dice que las cajas de ahorros eran semipúblicas, eran una cosa rara, como ustedes saben; eran un
instrumento benéfico-social del siglo XIX de los ilustrados, la mayoría de ellas tenían detrás a grupos humanistas de las llamadas sociedades económicas de amigos del país. Yo fui consejero, solo me dejaron serlo dos años, logré entrar en el
consejo de administración judicialmente el último día a las 10 de la noche y a las 12 se acababa mi mandato. Una anécdota bonita. No me volvieron a dejar a mí ni a ningún miembro de nuestra organización. Como decía, eran entidades
benéfico-sociales y yo les decía a ellos que si los ilustrados levantaran la cabeza yo que sé lo que os harían a todos, pero os echaban a patadas o algo más porque las sociedades económicas de amigos del país, que todavía existen, ya habían sido
capturadas por unas mafias -lo digo y no sé lo que me harán, pero me es igual, creo que tengo que decir la verdad- o, por lo menos, por unos grupos de poder -retiro lo de mafias-. Eran unos grupos de poder local y regional que consideraron las
cajas suyas con los altos directivos de las cajas. ¿De quién eran las cajas? De nadie. Y yo digo que no, que eran de unos grupos locales de poder, en la última etapa particularmente constructores, aunque siempre hubo constructores. Largo
Caballero aprobó un estatuto en la República para las cajas que es envidiado porque intentó en aquella época, años treinta -no es el siglo XXI, en absoluto-, hacer una democratización que continúa el franquismo degenerándolo en una especie de
sistema de sindicalismo vertical en las cajas. ¿Por qué digo sistema de sindicalismo vertical? Porque la Lorca, que ha sido nombrada, en realidad perpetúa ese sistema franquista de representación, de cooptación, fácilmente manipulable, por
ejemplo, de compromisarios; éramos compromisarios que salíamos por sorteo y luego los directivos de las cajas se encargaban de que allí no entraran más que aquellos que ellos querían. Entonces, no logramos entrar ni en La Caixa, donde había unos
sistemas electorales por distritos repartidos por toda Cataluña y eran los directores quienes decían quién iba a ser de ese distrito. Era un sistema completamente -lo he dicho muchas veces- de sindicalismo vertical, un error gravísimo que casi no
cambió. Es decir, a Franco le interesaba como banca propia, y así fue, con corrupción. Aunque en las cajas, hasta esta última etapa, desgraciadamente, no fue la corrupción lo principal. Ahora bien, en Ibercaja, donde yo estuve, el director
general que venía de la época franquista, Sancho Dronda, casi hunde la caja. Por cierto, empezó la impunidad, se le puso una multa de 10 millones de pesetas más o menos y ¿quién la pago? Ibercaja, porque sus contratos ya los tenían blindados y
decían que hasta las multas que les pusieran, cuando fueran por una causa delictiva, como en este caso, las tenía que pagar la propia caja.


En la CNMV yo tuve una discusión bastante grande con uno de los vicepresidentes hace años porque cuando la agencia de valores ABA quiebra, no sé quién denunció o qué pasó pero la CNMV le pone alguna cantidad importante -creo que ya teníamos
el euro- que tiene que pagar de los fondos que hay para repartir y compensar y resarcir a los usuarios. Ahí hay muchos temas que podrían ser objeto de legislación porque yo creo que aún está así. La continuidad de la legislación ha hecho que las
cajas de ahorros no cambiaran ni siquiera con la democracia. Es decir, eran instituciones benéfico-sociales de gente humanista que en el franquismo toman volumen como banco propio del Estado, es decir, utilizado por los gobiernos de Franco, y
empiezan a desarrollarse, sobre todo en la época del desarrollismo, a acoger el ahorro pequeñísimo de las familias cuando empiezan a trabajar, etcétera, porque para la clase media entonces estaban los bancos, no las cajas. Se prolonga esa situación
pero al crecer tanto y disponer de tanto dinero, se forman unos clanes de altos empleados con unas pensiones que se están acabando, pero creo que aún tienen derecho todos los que quedan por ahí en activo de los grupos bancos-cajas. Tendríamos que
estudiarlo para ver si todavía se siguen cobrando esas pensiones, ya que hemos visto que algunos han ido a la cárcel porque se las pusieron cuando vieron que iban a quebrar. Es decir, las cajas de ahorros se convirtieron, más que en una corrupción,
en una segunda oportunidad para altos cargos políticos o no políticos de todo tipo o del estatus autonómico, local, etcétera, que encontraban en las cajas unos sueldos de banquero. Esos altos dirigentes de las cajas, los llamados cajeros -y ahí
metían a todos los empleados porque a los empleados les iba bien, pero yo los he sacado siempre, los empleados cobraban sus sueldos en unas instituciones donde efectivamente tenían mejores sueldos, más pagas, etcétera, pero eran solo trabajadores-,
los altos directivos con sus planes de pensiones millonarios y blindados de tipo bancario y de grandes empresas llegaban a comerse incluso una parte enorme de los beneficios.

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La ética del sector, por la que han preguntado. Ahora ha surgido el fenómeno de banca ética. Es un tópico muy agradecido el decir que toda la banca tendría que ser ética, un poco despreciando a esa banca ética que yo no desprecio pero
tampoco valoro demasiado. Porque ¿qué eran en el siglo XIX y hasta el franquismo avanzado las cajas de ahorros? Unas entidades benéfico-sociales manejadas -como he dicho- por gente ilustrada, gente humanista. Solo a tres se las llamó de la
Iglesia porque habían sido fundadas por algún arzobispo, como la CAI o el Círculo Católico de Obreros de Burgos, pero el resto eran esas sociedades económicas de gente humanista, con empleados que tenían buen estatus. Y a la vez, como tenían tantos
beneficios, tenían una obra social que efectivamente ha ganado a todas las fundaciones en Europa. La fundación Bancaixa, que recibe una aportación importante de 500 millones de euros anuales, se precia de ser -habría que verlo- una de las
fundaciones sociales más grande de Europa, aunque luego habría que discutir por qué hace esto la Caixa o en qué lo emplea realmente porque muchas de las cajas las dedicaban al empresariado con la justificación de que había que apoyar la renovación,
la innovación, etcétera, pero lo que hacía era pagarle a la empresa la innovación, la renovación. ¿Y esa es la función social de una fundación bancaria? Puede ser una buena inversión apoyar a una empresa, aunque sea grande, en la innovación, tan
necesaria para el desarrollo económico.


Banca pública. Quiero contestar a esto, no me importa. Teníamos una banca pública de la que nadie era dueño -el fenómeno raro de las cajas de ahorros- y seguramente esa es una de las causas -el no ser de nadie- que abonan el terreno para
cualquier oportunista: altos empleados y políticos. Insisto en los altos empleados porque muchos políticos dicen que no sabían nada, y es verdad, aunque eso no les exime de ninguna responsabilidad. Ocupar un puesto sin saber no exime de
responsabilidad a nadie. La ignorancia es una atenuante, pero con esos sueldos, indemnizaciones y pensiones creo que la ignorancia ya no es atenuante de ningún delito. Por eso digo lo de los altos empleados. Teníamos esa banca pública, pero
también otras bancas públicas que se han ido disolviendo antes de la crisis. Por ejemplo, el sistema público del Banco Central Hispanoamericano. Argentaria se le entregó al BBVA, a los grandes bancos se les entregó la banca pública, hasta el punto
de que yo me pregunto si Francisco González es un banquero, si nació banquero o se hizo banquero. Bueno, no ha llevado al BBVA a un desastre, esto está claro. Después fue reforzado por el Estado, efectivamente, con la privatización de Argentaria.
Y hubo otras. Todo el sector público se dispersó, como ahora se está dispersando con ese regalo a un euro de la CAM o con el precio que se puso a las caixas galegas, por ejemplo. ¿Por qué no se hizo un esfuerzo de renovación de ese sistema muy
disperso en tamaño? Había cuarenta y cinco cajas, pero yo he conocido noventa, cien y más de cien. Hubo procesos de fusión. ¿Por qué no se impusieron un tamaño y unas reglas suficientes frente a ese 'no son de nadie y a ver quién puede más'?
Está claro que eso fue un error. Se podía haber conservado una banca pública regional, como ha impuesto la señora Merkel. La señora Merkel ha salvado a sus cajas de ahorros, regionales o municipales, un tema importantísimo para señalar a esta
Comisión de investigación. La señora Merkel, por su narices y por su potencia y sabiduría política, que las tiene -no voy a negárselas-, las ha conservado, porque al Banco Central Europeo, al gran sistema financiero mundial, le viene bien la
existencia de bancos minoristas, pequeños, de ámbito limitado, para ejercer la banca tradicional de: cojo dinero y doy préstamos en ámbitos reducidos. Podían haberlo limitado, pero, desgraciadamente, las cajas fueron bancarizadas por todos los
Gobiernos, por todos, y no excluyo a ninguno. Por supuesto, por los socialistas, que estuvieron muchos años, luego en la época de Aznar y ha seguido con la legislación del señor De Guindos.


Efectivamente, señor Paniagua, claro que ha habido mucha intervención. Una parte grande, casi la mayor de la crisis, le ha tocado a los dos Gobiernos -solo ha habido dos, que yo recuerde- del PP, que ha tenido que llevar a cabo la labor de
salir de escándalos tan enormes como el de los desahucios, que no han sucedido en ninguna parte del mundo. De esto tienen que tomar nota. Donde había más viviendas con créditos de este tipo, mal dados, etcétera, era en Estados Unidos. El
presidente Obama se encuentra con el impago de más de 10 millones de familias que tenía que desahuciar e impide el desahucio. ¿Cómo lo hace? Poniéndose de acuerdo con la Reserva Federal para decir que se suspenden los desahucios para quien no
pueda pagar mientras dure la crisis. Afortunadamente, a Estados Unidos la crisis solo le duró tres o cuatro años, de lo que también se podría hablar. ¿Por qué les duró tan poco? Porque empezaron a mandar dólares al sistema financiero, al sistema
económico, porque sabemos el poder monetario que tiene la Reserva Federal norteamericana. Es decir, pararon mediante una moratoria. En España, el Gobierno de Zapatero nos hizo caso a nosotros y a los sindicatos y se decretó una moratoria. Incluso
se prepararon 500 millones de euros, pero se pusieron tales condiciones que no se pudieron ni gastar. Se emplearon unos cuantos millones, pero muy pocos. Las cifras las tengo por aquí, pero no

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quería entretenerme en mirarlas. La moratoria hubiera sido la solución, pero hubo quienes dijeron que no y, aunque el Gobierno de Zapatero la puso en marcha, no sé quién le puso esas condiciones que no valían, como ha pasado con la dación
en pago, con la segunda oportunidad y con todas las medidas decretadas por el señor De Guindos, que también me han preguntado por eso. No son aplicables dado los cientos de miles de desahucios.


Otro tema importantísimo ahora es el de los alquileres porque la banca está generando una burbuja del alquiler. Quizá aquí, hablando del aprendizaje, habría que decir que seguramente algunos sectores de la banca querrían volver a la burbuja
inmobiliaria porque ha sido el mayor negocio, pero también ha sido la mayor ruina de la economía española. Es más, la historia no se repite, creo yo, salvo como farsa, pero podrían estar inventándose una burbuja del alquiler porque es el producto
de la mayoría de los desahucios, en particular el de los constructores. No se olviden de que la parte del león de la ruina inmobiliaria de España fueron los constructores, que recibían el dinero sin ninguna condición. Además, se permitía pactar a
la banca con los promotores, que son los vendedores. Quizá a los constructores habría que tenerles un poco de respeto porque trabajan, mientras que los promotores son los especuladores y a veces se confunden. Algunos son promotores-constructores,
pero los constructores trabajan y seguirá habiendo en España, en Alemania y en el mundo mundial. Construirán casas. Es decir, tienen una función positiva y no son la madre del cordero de ese sistema. Pues bien, ellos firmaban a la banca todas las
condiciones leoninas que luego traspasaban en la subrogación a los consumidores y usuarios.


Con todo esto, yo diría que estamos ante un problema que tenía soluciones y es falso negar que se pudieron poner. He hablado del poder omnipotente, prácticamente, del Banco de España, que no ejerció. Ya he leído las críticas al señor
Caruana. Le conozco personalmente, es una persona trabajadora, no es mala persona, pero como gobernador del Banco de España... Hay que decir que seguramente los gobernadores del Banco de España han sido todo políticos preparados, pero preparados,
¿para qué? ¿Para gobernar la supervisión? Yo creo que no. Ahí no solo está el gobernador -hoy lo tenemos en presencia y lo quiero decir porque también se lo digo a él-, sino el presidente de la Asociación Española de Banca que fue director
general del Banco de España, el señor Roldán. Se lo he dicho muchas veces a él. Y el secretario de la CNMV, señor Pellitero, es secretario de la AEB. Y la señora Pilar González de Frutos es presidenta de Unespa y fue directora general de Seguros.
Y la señora Flavia, de la que no recuerdo ahora el apellido, en estos momentos no sé si está en algún cargo público pero pasó por alguno de los bancos; puede ser Bankinter, pero no me hagan caso. Además, hay que recordar los trasiegos en el Banco
de España y en la CNMV.


En cuanto a las soluciones, la educación financiera nunca puede ser la solución a los fraudes.


La señora PRESIDENTA: Como me pidió que le avisara, tiene como unos diez minutos más o menos. El otro compareciente ya está ahí, pero no pasa nada, que espere un poco.


El señor PARDOS VICENTE (Presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, Adicae): La solución a los fraudes no puede ser la educación financiera, repito. ¿Por qué? Porque los defraudadores no son tontos. Los fraudes
que ha habido en España han demostrado el conocimiento de una ingeniería. Serían torpes, no sabrían nada de banca, pero alguien les daba las fórmulas para vender los millones de preferentes, para poner las cláusulas suelo y toda esa larga lista de
la que hemos ido hablando. ¿Por qué no lo es? Porque de los fraudes se tiene que encargar la justicia, que no lo ha hecho bien en España, y respondo a los que me habéis preguntado también por la actuación de la justicia. Cuando se habla de
entender, los primeros que no estaban preparados -lo reconocen ellos- son los jueces. Seguramente en algún caso tampoco los abogados: por ejemplo, en estos momentos son especialistas en banca y finanzas todos los abogados de España, cosa que
parece que no sea verdad, entre otras cosas por la especialización abogacial. No estoy criticando demasiado esa posición de los abogados, no la he querido criticar nunca. No sabían, pero organizaban esas tramas de ingeniería financiera que tenían
resolución legislativa, que tenían resolución de supervisión y resolución judicial; ninguno de los tres campos ha funcionado, y por eso se ha originado esa madeja.


Entre los arbitrajes que se han inventado, el primero, el de las preferentes, se lo inventó el señor Feijóo, persona buena, persona culta, yo no le acuso de nada. ¿Por qué se lo inventó? Porque venían las elecciones autonómicas y tenía un
problema gravísimo en Galicia, como creo que ya se ha dicho aquí en otras intervenciones. Yo también he dicho algo y creo que alguna de las compañeras diputadas que ha intervenido. Era un arbitraje mal pensado, mal diseñado y mal legislado; era
un arbitraje en el que arbitraba -en todas las cajas fue así- una auditora que, generalmente, trabajaba con el banco respectivo, que

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seleccionaba a quién le daba el arbitraje, cuánto le daba, etcétera. En Galicia hubo hasta enchufismo, llamadas de funcionarios a los de Price Waterhouse, de gente a alguno de los árbitros, que eran funcionarios. El arbitraje de consumo es
un sistema de resolución de conflictos muy bueno. Nunca ha querido entrar ninguna entidad financiera, se han negado. Hubo algún escarceo, Banesto en Castilla-La Mancha entró durante un periodo, pero muy poco. Ese arbitraje estaba desnaturalizado
y era para salvar, por un lado, seguramente algún problema económico con dinero público -como fue el caso de las cajas galegas y otras entidades que entraron allí también, o el caso de Bankia o de Catalunya Banc-. He dicho el señor Feijóo, pero
quien lo aprobó fue el Gobierno, el ministro De Guindos y el Gobierno, pero está claro que tuvieron alguna influencia las elecciones autonómicas. Se dijo y se comentó y creo que había muchas pruebas de eso.


El último arbitraje de las cláusulas suelo es otro invento todavía peor diseñado que el de las preferentes de aquella época. Este arbitraje de las cláusulas suelo no puede ser peor, están llegando a los juzgados de toda España, a cuenta del
arbitraje, doscientas mil demandas. La justicia española está como para recibir esta cantidad de demandas. Menos mal que se inventaron también dentro de eso lo de jueces especializados, es decir, con todo el respeto, lo que yo llamo jueces
churreros, que hacen las demandas como se hacen los churros. También hay abogados que se forran, pero legítimamente, todo legalmente; no les acuso de que ejerzan su profesión y que en esta época de crisis los abogados se hayan acogido a una fuente
de mantenimiento de despachos que esperemos que sirvan a la ciudadanía en etapas posteriores.


Soy miembro de la comisión de seguimiento representando a los consumidores y me divierto mucho porque querrían reunirse una vez al año, que no hace daño, y en una hora; lo ponen a una hora para irse a casa enseguida. Yo creo que ya he
conseguido que sean dos veces y que duren las reuniones hasta las diez de la noche con gran escándalo de teléfonos móviles funcionando y mensajes porque no quieren discutir nada. El Banco de España dice que no tiene medios para comprobar los datos
que da la banca y que la ley, oficialmente, hacía presentar cuentas. Por cierto, ya tenéis seguramente en la Comisión de Economía y Competitividad -no sé si os ha llegado- el primer informe de esa comisión de seguimiento, es lo que han dicho los
bancos que han hecho. El Banco de España dice que no tiene medios para comprobarlo, pero lanza unos resúmenes que habéis leído todos en la prensa. La banca nos ha mandado unos tochos enormes, creo que con más páginas que las de la Comisión de
Investigación de la Crisis Financiera. Nosotros no tenemos medios, pero creo que la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados debería implementar los medios para que el Banco de España responda del resumen que ha mandado.
Creo que nadie puede opinar, ni el propio Banco de España, que dirá que solo ha puesto a un funcionario a sumar y restar los datos, pero no han comprobado en absoluto, cuando en los informes de Adicae, que son conocidos -creo que llevamos dos-
recogemos una posibilidad.


Creo que ya no me quedan minutos. Les agradezco muchísimo su atención. Habría mucho que hablar sobre el ahorro de los hogares en España, por ejemplo, y la situación actual de la banca. Creo que he ido dando datos sobre ese proyecto
europeo del que se hacía eco el señor De Guindos, que ahora va a ser el número dos del Banco Central Europeo. En cuanto a su profecía de que en España no quedarían más que ocho grupos bancarios, curiosamente en cuanto él ha ascendido a número dos,
sale Goirigolzarri diciendo que no le importaría fusionarse con el BBVA y todo tipo de expertos diciendo que empieza la segunda reestructuración. O sea, no sé si esta Comisión será la Guerra de los Cien Años, porque detrás de esta primera edición
tendrá que haber una segunda. Esperemos que no. La presidenta me ha prometido que esta Comisión acabará con conclusiones y si hay una nueva reestructuración desde luego no será como la anterior.


Muchas gracias. Estoy a vuestro servicio para todo lo que sea necesario.


La señora PRESIDENTA: Señor Pardos, ha sido un placer y un honor para esta Comisión tenerlo aquí, no solo por sus conocimientos sino también por lo que representa. Hay un punto importante en esta Comisión, que se llama protección de los
consumidores y transparencia, en el que usted ha jugado un papel importante. Nos encantaría que nos hiciera llegar, por un lado, la documentación relativa a lo que nos contó inicialmente. Como yo he estado a su lado, sé que tenía muchos más
documentos y datos que no ha podido facilitar, y además todo ello muy sistematizado; por ejemplo, de todas las crisis bancarias, los importes, el número de afectados -que creo que es muy interesante- e incluso del cruce de datos que pidió el
portavoz del Partido Popular de qué personas han sido afectadas en varios procesos de las distintas crisis financieras. Es decir, la documentación que tiene, las preguntas de su asociación y las

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aportaciones por escrito que nos quieran hacer. Espero que lo pueda hacer llegar y se lo trasladaremos a todos los portavoces.


Le reitero el honor de haberlo tenido aquí y el agradecimiento por su intervención, por la preparación y por el interés que ha tenido para esta Comisión. Le reitero nuestro compromiso, que puede hacer llegar a todos, de que esta Comisión
espera acabar en un plazo razonable para poder elevar en el próximo otoño sus propuestas y sus conclusiones tanto al Pleno del Congreso como a las instituciones de supervisión de aspectos legislativos y órganos europeos.


Muchísimas gracias.


El señor PARDOS VICENTE (Presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, Adicae): A ustedes. Y no quiero dejar de citar al secretario general de Adicae que también me ha acompañado, que es economista...


La señora PRESIDENTA: Al que también agradecemos su presencia.


El señor PARDOS VICENTE (Presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, Adicae): ..., y que no solo me ha acompañado hoy para la foto sino todos los días en los que hemos trabajado. También mi agradecimiento al resto
de técnicos de Adicae, de los que procede esta ingente cantidad de material, y a los afectados de Adicae, que, estoy seguro, nos estarán apoyando y tomando nota de lo que ha dicho la presidenta y los comparecientes para exigir que expliquen, como
decía, resuelvan, den alternativas y saquemos algo que sea visible y que permita, como decía al principio, generar confianza de nuevo sobre el sistema financiero. Los usuarios españoles no queremos volver al dinero debajo del colchón, y mucho menos
en el siglo XXI. Por tanto, queremos una nueva relación con la banca, a la que seguramente, con las nuevas legislaciones que proponemos, podría imponérsele porque desde luego por sí misma no lo va a hacer.


La señora PRESIDENTA: Suspendemos la sesión por doce o trece minutos.


Quiero decirles una cosa. Se les ha repartido una solicitud de comparecencia que no vamos a votar hoy. Otro tema, que sería el cambio de uno de los comparecientes, a resultas de que yo termine de hablar con los dos portavoces que me
quedan, la damos por celebrada si todos los portavoces están de acuerdo. No lo votamos porque no es más que adelantar un día, algo de lo que informaré ahora a los portavoces que no estaban. Lo digo a efectos de planificación, porque habíamos
previsto que al acabar hoy la Comisión, a las ocho de la tarde, votaríamos, pero seguramente no será necesario por lo que he hablado con los portavoces.


Se suspende la sesión trece minutos. (Pausa).


- DEL SEÑOR MOROTE VIDAL, MIEMBRO DE LA PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA, PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON EL OBJETO DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 219/000999).


La señora PRESIDENTA: Reiniciamos la Comisión con la comparecencia del señor Morote Vidal, que seguirá el siguiente formato: intervención inicial del compareciente, un turno de los portavoces de los grupos parlamentarios de siete minutos
comenzando por el grupo solicitante y respuesta del compareciente. Damos comienzo, pues, a la comparecencia agradeciendo al compareciente su disponibilidad.


Al tratarse de comparecencias sujetas a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1984 se ha trasladado al compareciente la posibilidad de poder comparecer acompañado de la persona que designe. Asimismo, esta Presidencia manifiesta expresamente su
voluntad de salvaguardar los derechos del compareciente, reconocidos por el artículo 1.2 de la citada ley orgánica. Le recuerdo igualmente la obligación contenida en el artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio.


Señor Morote Vidal, tiene la palabra para su exposición inicial.


El señor MOROTE VIDAL (Miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca): Buenos días, señora presidenta, señoras y señores diputados.


La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, partiendo de nuestra experiencia desde el año 2009 en que nació esta plataforma, vamos a llegar a una radiografía de cuál es la situación actual del derecho a la

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vivienda en nuestro país, cómo ha influido en el derecho a la vivienda la crisis financiera -que es lo que atañe a esta Comisión- y terminaremos con unas conclusiones en las que haremos nuestras propuestas.


A finales de 2009 nació la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en Barcelona. Ese año se iniciaron 93 319 ejecuciones hipotecarias y se ejecutaron 35 422 desahucios. En este caso hablamos solo de los servicios comunes de notificaciones
y embargos porque el Consejo General del Poder Judicial no ofrece datos de los juzgados de primera instancia. En mayo del año 2010 nació la segunda PAH en Murcia y desde ahí se fue extendiendo el movimiento al resto del Estado. Empezamos la
campaña 'Stop desahucios' parando los primeros desahucios -como decíamos nosotros- a pie de obra; esto es, interponiéndonos físicamente entre la comisión judicial y la familia y la casa a desahuciar para tratar, de forma absolutamente pacífica, de
impedirlo. En aquel momento, el Estado no esperaba este tipo de respuesta y al principio hubo estupor y sorpresa, aunque luego veremos que cambiaron mucho las tornas. En ese año 2010 se iniciaron 93 636 nuevas ejecuciones hipotecarias y se
ejecutaron 49 227 desahucios.


En mayo de 2011 estalla el 15-M. Desde su nacimiento, el 15-M asume como propias las reivindicaciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y, por tanto, muchas personas, muchos activistas paran los desahucios a lo largo y ancho de
todo el Estado. Claro, a partir de ese momento se desarrolla también una represión policial para garantizar que la gente salga de sus casas. Hay un detalle importante que quisiera manifestar ante esta Comisión y que luego ampliaremos más: una de
las consignas, de los gritos claros del 15-M fue 'No es una crisis, es una estafa'. En este año también empezamos los trámites para la iniciativa legislativa popular. Hay que decir también que ese año se rechazaron en el Congreso de los Diputados
varias iniciativas parlamentarias tendentes a incluir, a aprobar la dación en pago. Este año 2011 se iniciaron 77 854 ejecuciones hipotecarias y se ejecutaron 62 121 desahucios.


En 2012 sigue imparable el crecimiento de desahucios. Se publica en el boletín oficial el código de buenas prácticas, que se presenta con gran alharaca y anunciando incluso que esto iba a suponer el fin de los desahucios. Nada más lejos de
la realidad: el código de buenas prácticas solamente ha servido para que un 0,1 % de las familias afectadas puedan obtener algún tipo de beneficio. Por otra parte, la Mesa del Congreso dio luz verde a la iniciativa legislativa popular de la PAH y
en mayo de ese año comenzamos la recogida de las 500 000 firmas necesarias. Los datos que ofrece el CIS en ese momento confirman que la PAH estaba siendo capaz de poner el problema entre las mayores preocupaciones de la ciudadanía. El 9 de junio
de este año, España firma su rescate por valor de 100 000 millones de euros, aunque solo empleó 43 100 de esos 100 000. Se nos vendió como un préstamo que se hacía a la banca, no al Estado, aunque inmediatamente y desde todos los sectores nos
dejaron claro que ese dinero lo teníamos que pagar entre todas, y de hecho lo estamos pagando con recortes en la sanidad, en la enseñanza, en la dependencia, etcétera. Este dinero fue fundamentalmente destinado al rescate de Bankia, pero también a
otros bancos, como Caja de Ahorros del Mediterráneo, Catalunya Caixa, creo que Nova Caixa Galicia y algunos otros más. Este dinero lo estamos pagando todos, como he dicho, con importantes recortes de derechos sociales y en servicios públicos. El
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mediante la sentencia en el asunto 618/10, de 14 de junio, nos recuerda la prohibición de moderar las cláusulas abusivas y la obligación de suprimirlas de los contratos celebrados entre particulares y
consumidores. También, la relatora de vivienda de Naciones Unidas de aquel momento, Raquel Rolnik, presenta su informe el 29 de octubre ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York en el que, entre otras cosas, concluye que el problema
de la vivienda radica en la concepción de la misma como un mero bien de consumo y que la única acción pública encaminada a facilitar el acceso a la vivienda va encaminada a facilitar el endeudamiento, no se tienen en cuenta otros factores
importantes como son la ubicación, el acceso a las infraestructuras, los servicios y la seguridad, que son básicos para la condición de vivienda adecuada, limitando al nivel de renta la capacidad de acceso a la vivienda. Esto dice la relatora de
Naciones Unidas. A finales de este año 2012 nace también la Obra Social de la PAH, instrumento que ha servido para recuperar y reubicar a más de 3000 familias en este periodo de tiempo. Este año 2012 se iniciaron 91 622 nuevas ejecuciones
hipotecarias y se ejecutaron 70 257 desahucios.


El 9 de febrero de 2013, la PAH trajo al Congreso 1 402 854 firmas de apoyo a nuestra iniciativa legislativa popular, casi el triple de las 500 000 exigidas. En aquel momento, el Partido Popular ya había anunciado que iba a rechazar la toma
en consideración de esta iniciativa legislativa popular. He de recordar que horas antes de cerrarse el plazo apareció muerta una pareja de ancianos en Palma de Mallorca, dejando una nota de suicidio en la que explicaban que se habían suicidado
precisamente porque iban a ser desahuciados y no querían pasar lo que les quedase de vida en la calle. A raíz de esto, se

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desata una presión social enorme sobre el Partido Popular, que, a regañadientes y a última hora, como ya he dicho, no tuvo más remedio que admitir a trámite esta iniciativa. El 16 de febrero cientos de miles de personas a lo largo y ancho
de todo el Estado se manifestaron en todas las ciudades en apoyo de esta iniciativa legislativa popular. El 14 de marzo de este año 2013 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace pública la sentencia del caso Aziz. Esta sentencia tiene su
origen en la valentía de un juez, el primero que se atrevió a cuestionar la legislación española y a plantear una cuestión prejudicial al TJUE, y en la perseverancia de Dionisio Moreno, su abogado, que creo que también ha comparecido en esta
Comisión. Esta sentencia nos abre por primera vez la senda de una larga y todavía inacabada serie de sentencias que están volteando la legislación española.


En la tramitación de esta ILP, el Partido Popular crea un monstruo, la Ley 1/2013. Esta ley en que se transmuta nuestra iniciativa legislativa, ha sido rechazada y volteada por el TJUE en cada una de las ocasiones en que se ha tenido que
pronunciar sobre ella. Hay que recordar además que esta Ley 1/2013 contiene elementos que han sido rechazados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que son contrarios claramente a la Directiva 93/13 en el sentido de que no se pueden
moderar las cláusulas abusivas; si existe una cláusula abusiva, existe en el artículo 6 de la Directiva 93/13 la prohibición expresa de moderarla, hay que eliminarla. Esto nos lo recuerda esta sentencia y, ante esa situación, la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca elaboramos un recurso de inconstitucionalidad sobre la propia ley. Como ustedes saben mejor que yo, un recurso de inconstitucionalidad contra una ley solamente puede ser presentado por cincuenta diputados y diputadas o
senadores y senadoras. En este caso, la PAH, que evidentemente no tiene grupo parlamentario ni lo va a tener, recabó, como organización de la sociedad civil, la firma de cincuenta diputados de los diferentes grupos políticos que había en aquel
momento en el Congreso, tratando además de hacerlo de la manera más amplia posible, es decir recogiendo firmas del mayor número posible de grupos parlamentarios puesto que no era un recurso de ninguno de ellos, era un recurso de la sociedad civil.
Elaborado ese recurso y cuando ya teníamos el compromiso garantizado de treinta diputados, hubo una acción del Partido Socialista que ya en su día denunciamos: coge el recurso, incluye algunas modificaciones y lo presenta como propio. El recurso
se admitió a trámite por el Constitucional, pero curiosamente sigue pendiente de sentencia. Por suerte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en algunas de sus sentencias ya ha corregido esos fallos de la Ley 1/2013, porque si tuviéramos que
estar esperando al Tribunal Constitucional, todavía estaríamos pendientes de los derechos que ha reconocido el Tribunal de Justicia.


A la vista de aquel engendro que era la Ley 1/2013, desde la PAH pedimos simbólicamente -sabíamos que no podíamos hacerlo- la retirada de la ILP, es decir, no nos reconocíamos ni mucho menos en la Ley 1/2013. Se trataba de una iniciativa
legislativa popular que había recibido el aval de casi 1,5 millones de ciudadanos y ciudadanas de este país y en la que recuerdo que lo único que se pedían eran tres cosas: dación en pago retroactiva, alquiler social y la paralización de todos los
desahucios sin alternativa habitacional.


Les recuerdo que durante esa tramitación hicimos escraches de forma simpática y pacífica, aunque recibimos multitud de denuncias por ello. Hay que recordarles que todas esas denuncias fueron archivadas en su momento por los jueces, porque
todos los jueces que vieron alguna de estas acciones reconocieron que entraban dentro del ámbito del derecho a la libertad de expresión. Esto provocó una reacción en el sentido contrario que dio lugar a la Ley mordaza: si los jueces no sancionan,
sancionaremos nosotros. Como digo, se aprobó la conocida como Ley mordaza, por la cual las sanciones que no imponían los jueces, las impone directamente la autoridad administrativa.


En mayo de este año el Tribunal Supremo de España dictó una vergonzosa sentencia sobre las cláusulas suelo, una sentencia absolutamente lamentable que considera abusivas las cláusulas suelo, pero limita la retroactividad de la devolución de
lo cobrado. Era como decir: Esto es un robo. No sigáis robando. Quedaos con lo que habéis robado, pero dejad de robar. Más adelante, y gracias de nuevo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, esto se ha corregido.


Este mismo año el Gobierno recurre a su práctica habitual, y es que cuando se interpela al Gobierno en materia de vivienda su respuesta es sistemática: Esto es competencia de las comunidades autónomas. Pero cuando legislan las comunidades
autónomas, la respuesta del Gobierno también es sistemática: recurrir las leyes autonómicas ante el Tribunal Constitucional, impidiendo que se puedan ejecutar. Así, este año el Gobierno recurre ante el Tribunal Constitucional el Decreto 6/2013 de
Andalucía, sobre la función social de la vivienda, y la Ley foral 24/2013 de Navarra, que, por cierto, ha obtenido sentencia muy reciente del Tribunal Constitucional en la que se desestima parcialmente el recurso planteado por el

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Gobierno. Este año 2013, intenso para la lucha por el derecho a la vivienda, se iniciaron 82 680 ejecuciones hipotecarias y se ejecutaron 67 189 desahucios.


En 2014 empiezan a reiterarse las sentencias del TJUE. El 17 de julio nos encontramos con el caso Sánchez Morcillo, que dispara directamente contra la línea de flotación del procedimiento de ejecución hipotecaria en nuestro país, señalando
la desigualdad de las partes a la hora de defenderse. El 10 de septiembre se produce una sentencia que, aunque no tiene su origen en España, es fundamental; me estoy refiriendo al caso Monika Kušionová. La importancia de esta sentencia viene dada
por el hecho de que por primera vez el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoce el derecho a la vivienda como un derecho fundamental. Durante este año las PAH de la Región de Murcia intentaron promover una iniciativa legislativa popular
autonómica, aunque la Mesa de la Asamblea regional les impidió incluso la recogida de firmas. Por otra parte -como ya pasó al final del año anterior-, el Gobierno recurre ante el Tribunal Constitucional la Ley 2014, de modificación de la Ley de
Vivienda de Canarias. Ese año se iniciaron 80 749 ejecuciones hipotecarias y se ejecutaron 69 233 desahucios.


En 2015 siguen llegando las sentencias contra la legislación española. El 28 de enero, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea da el primer revés a la Ley 1/2013, sobre las cláusulas abusivas, esta vez respecto a los intereses de
demora, que el Partido Popular en su ley había intentado moderar. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea le recuerda que las cláusulas abusivas no se moderan, sino que se eliminan. Hay un auto también del TJUE, de 11 de junio, que vuelve a
reiterar lo mismo, y a finales del mes de julio se produce un salto cualitativo, y es que el Parlament de Catalunya aprueba la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza
energética. Esta ley se aprueba a partir de una ILP promovida por las PAH catalanas y otros grupos, y sin duda en aquel momento fue la ley más avanzada de España en materia de vivienda y una de las más progresistas de Europa. A principios de ese
mes de octubre las PAH murcianas vuelven a la carga armadas precisamente con esta Ley, la 24/2015, de Cataluña. Volvimos a la Asamblea regional para plantear que si todos los españoles eran iguales, queríamos que las familias murcianas tuviesen los
mismos recursos y las mismas herramientas que las familias catalanas ante una situación de desfavorecimiento, ante una situación de precariedad. Esto dio sus frutos en 2016.


El 29 de octubre el Tribunal de Justicia vuelve a dictar sentencia en el caso Peñalba López sobre la limitación del plazo de un mes para alegar cláusulas abusivas. Esto supone otro golpe a la Ley 1/2013 y está contenido además en el recurso
presentado por la PAH ante el Tribunal Constitucional. El Gobierno central, como es costumbre, recurre ante el Tribunal Constitucional la Ley 3/2015, de Vivienda, del País Vasco. Ese año se iniciaron 68 135 ejecuciones hipotecarias y se ejecutaron
69 631 desahucios. A principios del año 2016 el Gobierno central recurrió ante el Tribunal Constitucional la Ley 24/2015, de Cataluña, y en junio la Asamblea Regional de Murcia aprueba la Ley 10/2016, surgida de la movilización anterior. Esta ley
fue elaborada por las PAH murcianas en colaboración con los grupos parlamentarios Socialista y Podemos de allí y aprobada con los votos de PSOE, Podemos y Ciudadanos y la abstención del PP. inmediatamente el Gobierno central la recurrió ante el
Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional admitió a trámite el primer recurso, pero después dictó un auto por el que el recurso iba destinado a dos artículos y más tarde dictó otro auto por el que levantaba la suspensión de uno de los dos
artículos. Ante la situación que íbamos viendo en los juzgados, en Madrid hicimos una acción frente al Tribunal Supremo bajo el lema 'La justicia no responde', para denunciar la complicidad de los tribunales con una legislación claramente injusta.
Las PAH de la Comunidad de Madrid iniciaron en aquel momento el proceso de elaboración de una ILP autonómica. El 21 de diciembre el TJUE evidencia las vergüenzas del Tribunal Supremo de España con una sentencia sobre las cláusulas suelo por la que
se obliga a los bancos a restituir el cien por cien de lo cobrado de forma ilegal. Ese año se iniciaron 48 411 nuevas ejecuciones hipotecarias y se ejecutaron 67 030 desahucios.


El año 2017 empieza para nosotros con una gran alegría, porque en enero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea da otro varapalo al procedimiento de ejecución hipotecaria en España declarando abusiva la cláusula de vencimiento
anticipado. Esta es la cláusula que permite a los bancos ejecutar de golpe toda la hipoteca y reclamar de golpe toda la deuda, y no solamente toda la deuda, sino también los intereses normales, los de demora y además las costas del procedimiento.


Ahora nos encontramos con algo que no nos gustó nada: para aliviar a la banca del coste de las sentencias de las cláusulas abusivas se produce un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular y se aprueba el Real Decreto 1/2017.
Por este real decreto se otorga a la banca, en primer lugar, un plazo de un mes para que se prepare a responder a las reclamaciones sobre las cláusulas suelo, más otro plazo

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de tres meses para responder a las reclamaciones que les presenten. Pero como esto no parece suficiente para aliviar el coste de las sentencias de la banca, justo en mayo, al cumplirse esos cuatro meses de plazo, el Consejo General del
Poder Judicial se descuelga con la constitución de cincuenta y cuatro juzgados únicos en todo el Estado para resolver sobre estas reclamaciones. ¿Qué pasa? Que esos juzgados en la actualidad están totalmente colapsados y no están dando el nivel de
respuesta a las demandas que están recibiendo. Esto quiere decir que se les otorgó primero un plazo de cuatro meses y ahora se les otorga el plazo de la lentitud de la justicia cuando carece de sentido por completo el establecimiento de esos
juzgados únicos.


En este momento las PAH madrileñas empiezan sus recogidas de firmas y, por otra parte, todas las PAH del Estado español empezamos el camino de la ley de vivienda de la PAH. Comenzamos las reuniones con todos los grupos políticos de este
Congreso, que se van a ir repitiendo al cabo del año. Traemos una ley que hemos elaborado y recabamos su opinión y sus apoyos para que pueda ser tramitada. Las PAH de la Comunidad Valenciana iniciaron también con los grupos de su Generalitat la
negociación de una ley de vivienda que terminó aprobada y, una vez aprobada, ha sido recurrida al Tribunal Constitucional por el Gobierno.


A finales de junio se produce un hecho muy relevante, y es que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas emite un dictamen condenatorio para el Estado español por haber vulnerado el derecho a la vivienda al
haber desahuciado a una familia inquilina -es decir, que no podía pagar su alquiler- sin alternativa habitacional. Este dictamen contiene una serie de recomendaciones que, desde nuestro punto de vista, más que recomendaciones son obligaciones,
puesto que el dictamen es consecuencia de la no trasposición, de la no aplicación de acuerdos internacionales suscritos por el Estado español. Si no estamos muy equivocados en la PAH, pensamos que los acuerdos internacionales que suscribe el Estado
español tienen que ser traspuestos en la legislación española. Si hay unas recomendaciones por incumplimiento, entendemos que más que recomendaciones son obligaciones a las que el Estado español tendrá que dar respuesta.


A la vista de esta situación y de otros dictámenes anteriores que se han quedado sin cumplir, se ha constituido un grupo de monitoreo, es decir, un grupo de distintas organizaciones de la sociedad civil, para verificar el cumplimiento que el
Gobierno español hace de este dictamen. Entre estas organizaciones están, además de la PAH, Amnistía Internacional, Feantsa- Cáritas, la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, Arquitectura Sin Fronteras, el Observatori DESC de
Cataluña, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona, el Sindicato de Inquilinos, el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) y la Red-DESC internacional. Además, hay otros
grupos internacionales, de fuera de España, que también están participando en este grupo.


En el mes de noviembre, el PP y Ciudadanos de la Comunidad de Madrid deciden no tomar en consideración la iniciativa legislativa popular que había sido respaldada por 80 000 firmas, recogidas en dos meses, de madrileños y madrileñas, con lo
cual hay un nuevo desprecio a las propuestas populares. En el año 2017 -los datos finales del año, por cierto, salieron anteayer- se han presentado 30 000 nuevas ejecuciones hipotecarias y se han practicado 60 754 nuevos desahucios, de los cuales
22 000 han sido consecuencia de las ejecuciones hipotecarias y 35 666 -qué número más diabólico- por el impago de alquiler; otros 2758 lo han sido por otras causas.


Pasamos a este año, 2018. El 10 de enero las PAH conseguimos registrar por fin la ley de vivienda de la PAH con el apoyo de los grupos Unidos Podemos, Esquerra Republicana, EH-Bildu y Compromís. Este primer registro es rechazado por la
Mesa del Congreso por el insoslayable error de incluir los logotipos de la PAH en los folios, lo que obliga inmediatamente a reimprimir el texto en folios libres de tamaña mácula, a ser de nuevo firmada por los portavoces que la apoyaban y ser
registrada. Actualmente, la ley se encuentra en periodo de posible veto por parte del Gobierno; luego hablaremos de esto.


El 30 de enero, el grupo de monitoreo del dictamen DESC se reúne con la oficina del Defensor del Pueblo, que abre una segunda queja contra el Gobierno para pedir el cumplimiento de este dictamen. También nos reunimos con los grupos que nos
recibieron, que fueron Unidos Podemos, Esquerra Republicana y Partido Popular de esta Cámara.


El 15 de febrero, en un nuevo acto de servicio a la banca, el Gobierno presenta el proyecto de ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, con el que pretende dar cumplimiento a la Directiva 17/2014, muy fuera del plazo
establecido en esa directiva, y que, lejos de dar cumplimiento a la Directiva 93/13, sobre las cláusulas abusivas, lo que pretende es blanquearlas. Uno de los elementos por

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los que los jueces han condenado y dictado sentencias -sobre todo los jueces europeos- por cláusulas abusivas contra España es porque estas parecían poco transparentes. Por lo tanto, el Gobierno lo que decide hacer es dar transparencia a
las cláusulas abusivas para que no pueda haber condena, pero, desde su lógica, sin prohibirlas radicalmente. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a que si yo voy a un banco que me pone una cláusula suelo pero me la pone transparente y no me interesa,
me puedo ir al banco de al lado a pedir la hipoteca, pero el banco de al lado me va a poner la misma cláusula suelo y al final voy a tener que pasar por el aro de las cláusulas abusivas que no las prohíbe el nuevo proyecto. Además, no limita la
responsabilidad al bien hipotecado, por lo que en caso de impago, además de la casa, se perderán otras cosas, como siempre.


Los días 27 y 28 de febrero pasados una delegación de la PAH ha visitado el Parlamento Europeo, en Bruselas, para explicar la situación de la vivienda, del derecho a la vivienda en nuestro país, y recabar apoyos a esta ley y a los cambios
necesarios que tienen que darse en España. Hemos sido recibidos por multitud de grupos y hemos conseguido apoyos específicos de grupos políticos del Parlamento Europeo: del GUE-NGL, es decir, el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea y los verdes
de la izquierda nórdica, y del Grupo de Los Verdes. Este pasado sábado miles de personas hemos marchado por las calles de Madrid para exigir que la ley de vivienda de la PAH no se bloquee y hemos pedido una entrevista con el señor Rajoy, frente a
su sede para que pudiera debatir con familias afectadas sobre la ley y sobre lo que implica la legislación actual. En realidad, no compareció nadie, solo los manifestantes de la PAH.


Esta es la radiografía de la situación y vamos a ver cuáles son las conclusiones a las que llegamos desde la PAH. La primera es que partimos de una legislación del siglo XIX, mínimamente actualizada, sensiblemente inferior a los estándares
europeos en derechos fundamentales, por supuesto, y también en derechos de los consumidores. Se llega incluso a impedir la oposición a una ejecución hipotecaria salvo que se haya pagado, quedando la gente en radical indefensión ante un
procedimiento sumario e imposible, pues la conclusión es que al deudor, en aplicación de la cláusula abusiva de vencimiento anticipado, se le reclama la totalidad de la deuda, los intereses más los intereses de demora, que son siempre abusivos, más
las costas del procedimiento, y se le deja en la calle con una deuda impagable y de por vida y muchas veces también a sus avalistas. El otro día el señor gobernador del Banco de España decía que los pensionistas tenían sus casas; pues sepa el
señor gobernador del Banco de España que muchos de ellos las han perdido porque avalaban a sus hijos. La totalidad de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contrarias a la legislación española se basan en la no trasposición o
en interpretaciones erróneas de la Directiva 93/13, que, por cierto, en su artículo 10 mandata a los Estados tenerla transpuesta a sus legislaciones a 31 de diciembre de 1994 y obliga además a que todos los contratos suscritos entre profesionales y
consumidores desde el 1 de enero de 1994 estén regulados por esta directiva. Esto podría provocar que familias que han sido desahuciadas no ya en la crisis sino incluso antes y que lo han sido con una legislación que no era respetuosa con esta
directiva pudieran plantearse incluso la demanda de responsabilidad patrimonial al Estado precisamente por haber sido víctimas de un procedimiento sin las garantías de la directiva.


Todas las acciones que ha llevado a cabo el Gobierno para paliar la situación de los desahucios han sido claramente insuficientes, siempre injustas y, a tenor de las sentencias del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, algunas de
ellas han sido incluso ilegales. Según las alegaciones que hizo el abogado del Estado en defensa del Estado español ante el Comité DESC en el dictamen del que hablaba hace un momento, en cuatro años de vigencia se han beneficiado 40 446 familias,
lo que quiere decir que no llegan ni al 1 % de las familias afectadas las que se han podido beneficiar del código de buenas prácticas. La Ley 1/2013, en la que el Gobierno transmutó nuestra ILP, entre otras limitaciones exigía que en la unidad
familiar hubiera un menor de tres años, con lo cual permitía que se pudiera desahuciar a niños de cuatro años, a los que se consideraba hechos para vivir en la calle. Esto es disparatado. En cuanto al tema de segunda oportunidad, tanto el Real
Decreto 1/2015 como la Ley 5/2015, de mecanismos de segunda oportunidad, aprobada por el Gobierno, no han tenido clientela que se haya podido beneficiar de los mismos, hasta el punto de que el Gobierno ha sido incapaz hasta ahora de ofrecer una
estadística de gente que se haya podido beneficiar de estas leyes. De todo lo anterior, además, nosotros deducimos que cuando estábamos intentando parar un desahucio y venía la comisión judicial, venía la policía y nos aporreaba, nos multaba o nos
zarandeaba de malas maneras, resulta que los únicos que estábamos defendiendo no solamente la racionalidad, la justicia social o los derechos humanos sino además la legalidad éramos los activistas, eran los vecinos de la gente desahuciada; éramos
los únicos que, además de todo, estábamos defendiendo la legalidad. El Real Decreto 5/2017, de reforma del código de buenas

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prácticas, reconocemos que lo mejora, pero sigue siendo claramente insuficiente y además contiene una disposición adicional por la cual el Gobierno se comprometía en el plazo de ocho meses a elaborar algún mecanismo de recuperación de las
viviendas por parte de las familias desahuciadas. Ha pasado más de un año y esto sigue sin salir. Por otra parte, ha habido alguna medida insuficiente, injusta e ineficaz en apoyo a los deudores hipotecarios, pero no ha habido ningún tipo de
medida de apoyo a la gente que es desahuciada por impago de alquiler. Según los datos desde 2013 a 2017, que son los que ha facilitado, en el sentido de desahucio por la LAU, el Consejo del Poder Judicial, se han producido 206 188 desahucios por
impago de la LAU y hay que recordarle que, gracias a las últimas reformas de la LAU de los años 2010 y 2013, los inquilinos, ante un procedimiento ante el que no pueden ejercer oposición, se ven absolutamente indefensos y van directamente a la
calle. De hecho, el dictamen del Comité DESC del que hablábamos era por impago de alquiler; era un desahucio por impago de alquiler y, por cierto, no lo desahuciaba ni un particular ni un banco, lo desahuciaba el Ivima, el Instituto de la Vivienda
de Madrid, es decir, era un desahucio ejecutado por una Administración pública. Los mandatos que, según entendemos nosotros, plantea el Comité DESC son los siguientes: el Estado español debe adoptar medidas legislativas y/o administrativas
pertinentes para garantizar que en los procesos judiciales de desalojos de inquilinos los demandados puedan oponerse o presentar un recurso a fin de que el juez considere las consecuencias del desalojo y la compatibilidad con el pacto que tiene
suscrito el Gobierno español. Adoptar las medidas necesarias para superar los problemas de falta de coordinación entre las decisiones judiciales y las acciones de los servicios sociales; es decir, los jueces no pueden o no deberían ejecutar los
desahucios sin contar antes con los servicios sociales para garantizar que esa familia dispone de una alternativa habitacional. Les conmina también a adoptar las medidas necesarias para que se aseguren de que los desalojos que afecten a personas
sin recursos para procurarse una vivienda alternativa solo se ejecuten después de que estas personas y de que el Estado haya realizado todos los pasos indispensables, hasta el máximo de los recursos disponibles, para que las personas desalojadas
tengan una vivienda alternativa, en especial en aquellos casos en los que se involucran familias, personas mayores, niños u otras personas en situación de vulnerabilidad. También recomienda formular e implementar, en coordinación con las
comunidades autónomas y hasta el máximo de los recursos disponibles, un plan comprensivo e integral para garantizar el derecho a la vivienda adecuada de las personas con bajos ingresos, de conformidad con la observación general número 437 del pacto.
Este plan deberá incluir los recursos, las medidas, los plazos y los criterios de evaluación que permitan en forma razonable y verificable garantizar el derecho a la vivienda de esas personas. De conformidad con el artículo 9, párrafo 2, del
protocolo facultativo y el artículo 18 del reglamento provisional, el Estado español en este caso debe presentar al Comité DESC en el plazo de seis meses una respuesta por escrito que incluya información sobre las medidas que haya adoptado en vista
del dictamen y de las recomendaciones del comité. Se pide asimismo al Estado que publique el dictamen del comité y que lo distribuya ampliamente en un formato accesible a fin de que llegue a todos los sectores de la población.


España, fuera de plazo, como siempre, ofrece una respuesta al Comité lamentable y vergonzosa. ¿Por qué? En primer lugar, porque reitera todos los argumentos que ya esgrimió en el procedimiento y que, evidentemente, fueron rechazados por el
Comité, lo que viene a confirmar que en el Estado español no existen los mecanismos que está planteando el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. No presenta ninguna nueva medida tendente a reparar los fallos
legislativos administrativos y de la Administración de Justicia que provocaron el desalojo de estas familias. La medida más simple y fácil de cumplir, que era la de dar publicidad a la difusión del propio dictamen, el Estado español la ha limitado
a publicarlo en el Boletín Oficial del Ministerio de Justicia, algo absolutamente insuficiente cuando, según he leído, el dictamen contiene recomendaciones para el Poder Judicial, para las comunidades autónomas y para los ayuntamientos. El Gobierno
se limita a publicarlo en un boletín que no se cuánta gente puede leer a diario.


Esta lamentable respuesta de España al Comité pone de manifiesto que no se ha adoptado ningún tipo de medidas de protección a las familias que no pueden hacer frente al pago de sus rentas de alquiler, salvo ayudas económicas temporales.
Esas ayudas temporales cuando acaban en concurso con la LAU, una vez agotadas, llevan al lanzamiento de estas familias. No obstante, vamos a tratar de controlar desde la sociedad civil que el Estado español haga caso al DESC. En ese sentido,
aprovecho para anunciarles que el próximo lunes aquí en el Congreso va a haber un acto del grupo de monitoreo al que están todas y todos los diputados invitados para que podamos hablar precisamente de este tema.

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Ahora mismo es un hecho incuestionable que se está produciendo una burbuja en los precios de alquiler en nuestro país. Entre otros factores, esta burbuja es consecuencia de la carencia absoluta de regulación de los precios, de la compra
masiva de casas por parte de fondos especulativos que al vencimiento de los contratos proponen un salvaje aumento de las rentas para renovarlos o van directamente a la transformación de estas viviendas, que son residenciales, en alquileres
vacacionales turísticos; y, por supuesto, la carencia casi absoluta de un parque público de viviendas de alquiler. Estos factores, unidos a la enorme dificultad que hay de acceso a las hipotecas, que viene derivado de la precariedad laboral y los
bajos salarios, está haciendo que el acceso a la vivienda en nuestro país empiece a ser algo casi imposible para una gran mayoría de la población. Y no solo no se avista el final de esa situación, sino que todo apunta a que va a seguir empeorando.


La entrada en juego de las Socimis, esas sociedades privilegiadas fiscalmente por parte del Gobierno, también está elevando sustancialmente los precios del alquiler. Además, la reforma, como dije antes, de la LAU de 2009, 2010, 2013 y 2015
deja a los inquilinos sin protección frente a un procedimiento judicial exprés al que no pueden oponerse como no solamente dice la PAH sino el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de Naciones Unidas. Medidas que se anuncian como la
subvención pública a promociones de construcción, es decir, a promotores que construyan viviendas para destinarlas al alquiler o subvenciones directas a la gente para que pueda hacer frente a su renta de alquiler, desde nuestro punto de vista, solo
sirven para transferir nuevamente dinero público a bolsillos privados, normalmente bolsillos amigos sin generar, además, riqueza pública. Nosotros entendemos que este país lo que necesita es un parque público de vivienda, no que haya mucha gente
privada con viviendas planteando sus propios precios.


Consideramos el acceso a la vivienda un derecho fundamental, no solo nosotros, lo dice el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 7 de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales y el artículo 47 de
nuestra Constitución. Así lo ha ratificado en distintas sentencias tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los procesos 19009/2004 y 27183/2004, y el TJUE en la que leíamos al principio. Es decir, hay un reconocimiento jurídico y hay un
reconocimiento formal en las declaraciones.


Desde la PAH pensamos que para que el acceso a la vivienda pueda llegar a ser un derecho fundamental, derecho fundamental que las declaraciones y los tribunales señalan, debe dejar de ser un mero bien de consumo al que se puede o no acceder
en función de la renta individual o familiar y debe ser un derecho universal y subjetivo, como lo son la sanidad o la educación. Para ello, hemos elaborado un proyecto de ley que denominamos ley de vivienda de la PAH, que contiene lo que
consideramos cinco aspectos imprescindibles para ello. Estos aspectos son los siguientes. Primero, la dación en pago retroactiva para cancelar las deudas impagables de aquellas familias que perdieron su casa víctimas además de unos procedimientos
que ha resultado que eran ilegales. Segundo, una moratoria para que todos los desalojos forzosos sin alternativa habitacional no pueden llevarse a cabo; es decir, ningún desahucio más sin alternativa habitacional. Tercero, el establecimiento de
un alquiler asequible mediante el establecimiento de índices de referencia con participación de los ayuntamientos. Estos índices de referencia, esto que puede parecer que se intervienen los precios, no es de una república socialista, esto funciona
en Francia, en Alemania o en Austria, que no son precisamente países socialistas. Cuarto, planteamos en nuestra ley la creación de un parque público de viviendas que sirva para que se pueda garantizar el acceso a la misma. Hay que recordar que en
este momento en nuestro país, según datos del Instituto Nacional de Estadística, hay 3,5 millones de casas vacías. Y, quinto, la garantía de acceso a los suministros básicos. Como ya comenté antes, según la relatora de Naciones Unidas, Raquel
Rolnik, para que una vivienda pueda tener la consideración de vivienda adecuada tiene que tener garantizado el acceso a los suministros básicos.


A cientos de miles de familias en nuestro país se les ha infringido un sufrimiento tan injusto como innecesario porque, al no haber hecho la trasposición de la Directiva 93/13 y al haber permitido que se firmaran hipotecas trufadas de
cláusulas abusivas que han permitido exprimir a la gente al máximo, máxime cuando estábamos obligados por nuestra pertenencia a la Unión Europea, se han generado sufrimientos inhumanos, sufrimientos por indefensión, por impotencia, por injusticia,
por sensación errónea del fracaso; sufrimientos que han provocado desesperación, que han provocado muerte y que han provocado suicidios; sufrimientos que tienen responsables porque se han generado de manera gratuita. Estos sufrimientos tienen
nombre y apellidos y son sus predecesores, son los que dieron soporte a los Gobiernos de Felipe González, de José María Aznar, de José Luis Rodríguez Zapatero y los que dan

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soporte hoy a Mariano Rajoy, puesto que es el periodo que abarca la Directiva 93/13, que sigue sin trasponerse a la legislación española. Esos señores son los responsables de que se haya generado esta crisis y de que haya tenido las
consecuencias que ha tenido. Hay que recordar además que todo el aparato del Estado ha trabajado en favor de la banca; el poder político manteniendo la vigencia de normas antidemocráticas, elaborando nuevas normas más antidemocráticas, como la
mordaza, la 1/2013; el Poder Judicial, que, salvo en muy contadas y honrosas excepciones en que han planteado cuestiones prejudiciales al TJUE, ha ejecutado de forma rutinaria y acrítica esas normas sin cuestionarlas o dictando sentencias
claramente antijurídicas, como la del Supremo de 2013 sobre cláusulas suelo; el Tribunal Constitucional, ultrarrápido en temas como Cataluña y ultralento en resolver otros; el Consejo del Poder Judicial, sacándose de la manga los juzgados únicos,
y por último el aparato represor, también garante de que aún por la fuerza a la gente se la ponía en la calle. Cada año en nuestro país se producen en torno a siete mil muertes derivadas de la pobreza energética y de la ausencia de escrúpulos de
las suministradoras que, preñadas de políticos en sus consejos de administración, cada año incrementan en cientos de millones sus beneficios. En la PAH ya estamos detectando que en muchos casos, al vencimiento de los contratos de alquiler social
obtenidos tras la firma de una dación en pago, el banco que ejecutó la hipoteca ya no es el propietario de la casa sino que lo es una Socimi o un fondo de titulización, entidades que no han suscrito ningún real decreto ni código de buenas prácticas
ni lo van a hacer, y al vencimiento de estos contratos o directamente no los renuevan dejando a las familias en la calle o les plantean renovaciones a precios inalcanzables. Esta situación se agravará notablemente en el año 2020, que es la fecha
del vencimiento de la moratoria del año 2013.


En 2017 se han presentado, como ya se ha dicho, 30 000 nuevas ejecuciones y se han practicado 60 000 desahucios, y no se engañen ustedes, el descenso en los desahucios por ejecución hipotecaria es solo consecuencia de la paralización de
cientos de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria como consecuencia de las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo ante el TJUE sobre las cláusulas de vencimiento anticipado y de intereses de demora. Cuando estas
cuestiones prejudiciales sean resueltas por el TJUE, lo que va a suceder a principios de 2019, todos estos procedimientos, de una forma o de otra, se van a reactivar y, una vez que se reactiven, vamos a ver cómo se vuelven a disparar los desahucios
como consecuencia de ejecución hipotecaria.


Tras esta radiografía de la situación del derecho a la vivienda en España y la evidente responsabilidad de los poderes públicos en este desastre, tenemos que reiterarnos en que desde la sociedad civil organizada hemos elaborado una ley que
puede solucionar estos graves problemas, que es la ley de vivienda de la PAH. Una ley que pone fin a los desalojos forzosos sin alternativa habitacional, como exige el Comité de la ONU; una ley que suprime deudas tan injustas como impagables, que
contiene los elementos necesarios para la creación de un parque público de vivienda de alquiler y para la regulación de los precios, como existe en Francia, Alemania, Austria, Reino Unido, etcétera -países que no son repúblicas socialistas-; una
ley que pone fin a la pobreza energética implicando a las suministradoras para que destinen una parte de sus pingües beneficios a este fin. De esta ley, la actual relatora de Naciones Unidas para el derecho a la vivienda, la señora Leilani Farha,
ha dicho en un artículo publicado en El Periódico de Catalunya que 'el valor central de la ley de la vivienda PAH es que ha sido redactada por las mismas personas afectadas por desahucios y ejecuciones hipotecarias, proponiendo soluciones a las
causas sistémicas que produjeron esta situación. El proyecto, entre otras cosas, propone medidas concretas para evitar desahucios, la creación de otra burbuja inmobiliaria, la invasión de fondos buitres, y la mercantilización y la turistificación
de la vivienda. La ley de vivienda PAH nos presenta una oportunidad para debatir un cambio paradigmático que entienda la vivienda como un derecho humano del que todas debiéramos de gozar. Es también un precedente de buenas prácticas que debiera
servir para inspirar al mundo. ¡Aprovechemos esta oportunidad y apoyemos el debate!'


Esta ley se encuentra actualmente en el plazo de veto por parte del Gobierno, y aunque la portavoz de vivienda de la PAH, la diputada señora Ana Zurita, nos reconoció a la PAH que no existen en la ley argumentos para un posible veto, ante la
negativa a reunirse con nosotras por parte del ministro Iñigo de la Serna y el total silencio del Partido Popular al respecto, a pesar de que muchos de sus alcaldes y concejales han votado y aprobado mociones a favor de la ley, nos tememos que la
decisión de veto pudiera estar tomada. Esto constituiría un tremendo golpe a la democracia por impedir el debate democrático de una ley. Por ello pedimos a todos los grupos parlamentarios de la Cámara, y muy especialmente a Ciudadanos, que no sean
cómplices de ese veto y que, si finalmente se produce, lo rechacen y actúen en consecuencia contra el mismo. Los poderes públicos deben cesar de una vez su

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complicidad con los especuladores y pasar a ser cómplices de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales y de la Constitución española, en definitiva, de la ciudadanía, debatiendo y
aprobando medidas que garanticen como el derecho fundamental, que sin duda es, el acceso a la vivienda.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Morote Vidal.


En primer lugar, por el grupo solicitante, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Mayoral.


El señor MAYORAL PERALES: Buenos días.


En primer lugar, quiero agradecer al compareciente su exposición, pero creo que lo más importante de esta comparecencia no es tanto la exposición sino lo que ha supuesto el compromiso de los activistas, de las militantes de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca durante todos estos años en la defensa de los derechos humanos y en la defensa de la legalidad. En ese sentido, quería remarcar algo que se planteaba en la intervención, y es que ha sido un actor fundamental en impedir
violaciones flagrantes de derechos humanos y en abrir el debate político en este país en torno a los desahucios y el problema de la especulación derivada de la burbuja financiera. En ese sentido, me gustaría remarcar que las ejecuciones
hipotecarias que se han realizado en nuestro país, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no han respetado los principios más básicos a un derecho justo, no han respetado el derecho a la defensa. Cuestiones tan claras y tan sencillas
como venían planteadas en la sentencia del caso Aziz que se citaba antes a mí me gustaría ponerlas encima de la mesa, como es la cuestión de que en este país te ejecutan primero y se discute después. Si tú tienes un procedimiento contra el banco
porque ha realizado malas prácticas, ha realizado abusos, esa demanda podrá ser sustanciada con posterioridad a que te hayan puesto de patitas en la calle y te hayan condenado a una deuda perpetua. Es decir, te ejecutan primero y se discute
después, según el artículo 698 de la ley de Enjuiciamiento Civil. Lejos de corregir esta anomalía y esta ilegalidad he de decir que el Ministerio de Economía, con la complicidad de la mayoría de los grupos en esta Cámara, decidieron que este
precepto continúe en el ordenamiento jurídico aprobando el proyecto de ley del señor De Guindos, que fue el último regalo que nos hizo antes de irse de vicepresidente al Banco Central Europeo, así como la limitación de las deudas y otras cuestiones
que se han comentado antes.


A mí me gustaría hablar de algo de lo que se habla bastante poco. Creo que hemos hablado mucho durante todos estos años de sufrimiento, de víctimas, aunque en determinados momentos se ha olvidado y se ha planteado como si fuera un drama,
como si fuera una tormenta, como si fuera un fenómeno de la naturaleza. A mí me gustaría hablar de los que no van a comparecer aquí. Quiero agradecer que comparezcan las organizaciones de la sociedad civil, pero quiero dar traslado también de que
va a haber personas que entendemos que sería relevante que compareciesen y me gustaría que me diera su opinión sobre qué le parecería a usted que comparecieran en esta Comisión para dar cuenta de las prácticas de sus entidades la señora Ana Patricia
Botín, del Banco de Santander; el señor Francisco González, del BBVA; el señor Isidre Fainé, de CaixaBank; el señor Villar Mir, que ha estado vinculado a muchos de los créditos otorgados para la burbuja del hormigón. A esta Comisión le ha
parecido que no era conveniente que José Antonio Alcaraz, director general de CaixaBank, una persona que ha afirmado a los cuatro vientos que los desahucios son una leyenda urbana, compareciese en esta Comisión; nos hemos quedado solos como grupo
planteando que este señor tenía que dar explicaciones de lo que dijo en público. Creemos que es un menoscabo a las víctimas puesto que si se han producido violaciones sistemáticas de derechos humanos, como defiende nuestro grupo, en la medida en
que se han producido procedimientos judiciales en los que se han violado los elementos más básicos a un juicio justo, se ha violado el derecho a la defensa y se han producido desalojos forzosos sin alternativa habitacional y condenas a deudas
perpetuas, consentir que este señor declare esto en público siendo uno de los principales responsables de una de las entidades más importantes y que no venga aquí... Me gustaría que me dijera qué opina de esas afirmaciones -para que lo sepan el
resto de los grupos- de que los desahucios son una leyenda urbana.


Compartimos su criterio de que las Socimi son auténticas sociedades paraísos fiscales en España puesto que pagan el cero por ciento para hacer gestión inmobiliaria. Creo que ustedes tienen hecho un estudio sobre cuáles han sido los efectos
de los desalojos forzosos sin alternativa habitacional o desahucios en la población infantil y que recientemente han entregado a Naciones Unidas. Ha hablado de

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esa violación flagrante de la Convención de Derechos del Niño que suponía la Ley 1/2013 y el decreto, pero hay ese informe y me gustaría que nos trasladase algunos elementos del mismo. Asimismo, si puede decirnos cuáles son los efectos
médicos o los impactos psicosociales que han tenido los desahucios o desalojos forzosos sin alternativa habitacional, las deudas perpetuas, el acoso por parte de las entidades financieras y los procedimientos judiciales ilegales en la población
afectada, si es que tienen algún dato al respecto.


Hasta la fecha no tenemos conocimiento de que el Gobierno asuma el dictamen de Naciones Unidas. Hemos tenido una interpelación al respecto recientemente y no tenemos conocimiento de ninguna iniciativa concreta para modificar el ordenamiento
jurídico, que está fuera de la legalidad internacional en materia de derechos humanos, en lo referente a los desalojos forzosos sin alternativa habitacional, como plantea el último dictamen de Naciones Unidas. Desgraciadamente, el Gobierno está
empeñado en mantener a nuestro país fuera de la legalidad en materia de derechos humanos y en materia de consumidores a nivel europeo y seguimos en esa situación de absoluto bloqueo. Me gustaría que profundizase en cuál es el papel que considera
que pueden estar jugando los fondos buitre en esta nueva burbuja inmobiliaria que estamos viviendo en estos momentos.


Mi grupo agradece la actividad cotidiana que realizan. Cuando las instituciones fallan, cuando el Estado falla y cuando, además, el Estado se pone del lado de los fuertes, es necesario tener una sociedad civil democrática, organizada, que
es capaz de hacer valer la legalidad y conseguir que las cosas cambien. Hace muchos años hubo una señora llamada Rosa Parks que desobedeció para que se cumpliera la legalidad y así defender los derechos humanos en Estados Unidos. Ustedes, vosotros
y vosotras, sois el ejemplo de que para defender la legalidad en muchos casos hay que hacer frente a resoluciones judiciales que son ilegales, como han sido las resoluciones judiciales que se han producido en nuestro país decretando desalojos
forzosos sin alternativa habitacional. Mi grupo quiere agradecer su labor cotidiana y decirles simplemente una cosa, que ustedes nos representan a nosotros; sabemos que hay muchas cosas por hacer, sabemos que en todas las instituciones quedan
muchos obstáculos por remover, gobernadas por todas las fuerzas políticas, y que es necesario implementar una cultura de los derechos humanos y los cambios legislativos necesarios para conseguir que esta lacra y esta violación sistemática de los
derechos humanos que se está produciendo contra la población vulnerable en nuestro país cese cuanto antes y los responsables sean llevados, cuanto antes también, ante los tribunales de justicia. Al hilo de esto me gustaría que nos dijera si
consideran que los responsables de esta situación están o no en una situación de impunidad y si los privilegiados en este país están en una situación de impunidad o se ha hecho justicia.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mayoral.


Por el Grupo Vasco, tiene la palabra la señora Sagastizabal.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.


Muchas gracias por su comparecencia, su claridad y su franqueza. Sí es verdad que la crisis económica, derivada de la burbuja y la crisis inmobiliaria, ha acentuado el número de ejecuciones hipotecarias y de desahucios. Ha habido una
sobretasación de los bienes inmuebles y una concesión indiscriminada de créditos por el valor total de la tasación o incluso por encima. Se ha dicho también que una de las consecuencias más dramáticas de los desahucios han sido los suicidios de
personas desahuciadas o en curso de desahucio. Se han publicado varias noticias sobre este tema y me gustaría saber si tienen algún informe al respecto y en qué se basan para decir que hay una relación entre una cosa y otra. Asimismo, me gustaría
conocer su valoración acerca de la Sareb. Ha dicho que hay una responsabilidad del Banco de España -entiendo que por omisión-, de los diferentes Gobiernos, bancos y cajas y querría saber si ustedes hacen responsable también a las notarías. Por
último, ha hablado usted de un parque público de viviendas y nosotros en Euskadi tenemos un parque amplio, si bien, aun insuficiente; entendemos que el departamento de vivienda ha pasado de ser un departamento inversor a un departamento más
asistencial, aunque estamos lejos todavía de poder hablar de un derecho subjetivo a la vivienda, como usted ha dicho, además con leyes de vivienda, tanto en Euskadi como en Navarra, que han sido recurridas ante el Tribunal Constitucional, anulando
determinados artículos por invadir competencias estatales. Me gustaría saber su opinión sobre si debe existir este derecho subjetivo a la vivienda y en qué condiciones, si para todos o para la gente que está en situación de vulnerabilidad.

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Finalmente, me gustaría saber si creen que la dación en pago es un instrumento válido como solución al impago.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sagastizabal.


Por el Grupo de Esquerra Republicana, señora Jordà.


La señora JORDÀ I ROURA: Muchas gracias, presidenta. Molt bon día a tots y totes.


Señor Morote, muchas gracias por su intervención. Antes de nada querría excusar a la diputada que es titular de este Comisión, Ester Capella, que no puede estar esta mañana aquí. Empiezo dándole las gracias no solo por su comparecencia,
que también, sino por toda la actividad que durante tantos años ha llevado a cabo no solo la PAH en Madrid sino las diferentes plataformas, y sobre todo el empoderamiento que gracias a su trabajo han conseguido en muchísimas personas, a pesar de
tantísimo sufrimiento.


Señor Morote, ¿qué papel cree que deberían jugar asociaciones como la PAH en el sistema financiero y qué papel les dejan jugar? Supongo que la pregunta parece complicada, pero la respuesta lo será menos. Entrando ya en la problemática de
la vivienda y hablando de desahucios, a partir de los últimos datos del informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, que ayer se hizo público -no voy a repetir los números-, voy a hacer hincapié respecto de los datos de Girona,
que es mi circunscripción. En Girona, en los últimos cinco años ha habido más de 9600 familias que han tenido que marcharse de su casa por orden judicial porque no podían pagar la hipoteca o el alquiler. Los juzgados de Girona ordenaron 2042
desahucios el año pasado, que es casi un 6 % más que en el año 2016 y es la cifra más alta de desahucios de los últimos cinco años. Una cruda realidad que afecta actualmente sobre todo a inquilinos porque los datos demuestran que más de la mitad de
los 2000 desahucios ordenados el año pasado fueron por impago de mensualidades de alquiler, mientras que van a la baja las familias desahuciadas por no pagar la hipoteca. La pregunta sería ¿qué medidas cree que deben adoptarse para frenar la
escalada de precios del alquiler que hoy perjudica a tantísimas familias y qué cambios legislativos deberían adoptarse para proteger y ayudar a las familias que tienen muchos problemas para pagar las cuota de la vivienda? Una pregunta retórica:
¿Cree usted que la Administración está dando respuesta a esto?


Como ha dicho, en 2013 presentaron una ILP hipotecaria en el Congreso para resolver los desahucios hipotecarios, una iniciativa apoyada por casi toda la población y que fue bloqueada, también lo ha mencionado, por la mayoría absoluta del
Partido Popular. Aquí hago un pequeño paréntesis para recordarles que en bloqueo de leyes por parte del Partido Popular en el Parlament de Catalunya, como la Ley contra la pobreza energética, la Ley de impuestos a las viviendas vacías o la Ley de
emergencia habitacional o contra los desahucios, tenemos ya un poco de experiencia. Por tanto, les animamos a no desfallecer porque, en cualquier caso, uno sigue respirando, a pesar del TC y a pesar del Partido Popular. Hoy en día los desahucios
hipotecarios persisten y a esto se suma la crisis del alquiler, por lo que desde la PAH nos han presentado en el Congreso una nueva propuesta de ley conocida como la ley de vivienda de PAH. La pregunta es sencilla: ¿qué expectativas tienen al
respecto?


Respecto a la Sareb, lo ha comentado usted, la Constitución, en su artículo 47, dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada -dice todos, no dice algunos-, y que los poderes públicos promoverán las
condiciones necesarias para hacer efectivo ese derecho. ¿Cree usted que los poderes públicos han hecho las acciones necesarias para revertir esta situación? Pongo, por ejemplo, el fracaso de la Sareb. ¿Qué cree que deberíamos hacer con los pisos
de la Sareb? ¿Cómo impulsamos los pisos de alquiler?


La dación en pago. Ustedes, a diferencia de otras organizaciones y plataformas de afectados por la hipoteca, reivindican la dación en pago con carácter retroactivo. Esto solo puede entenderse como que aquellas familias que hubieran sido
ejecutadas, también con subastas, pudieran entregar la vivienda al banco a cambio de la condonación de la deuda que les hubiera quedado, para luego quedarse en un alquiler que en algunos casos podrían aceptar las entidades conceder y condicionándolo
a los requisitos de la Ley de arrendamientos urbanos. Si los ejecutados con subasta están en moratoria hasta mayo de 2020, como si no lo estuvieran en el caso de la entrega voluntaria de las viviendas, el abandono de las mismas supondría la
renuncia definitiva a defenderse de la reclamación por vencimiento anticipado. Igualmente, la renuncia a defenderse de la falta de legitimidad de las entidades que instan las ejecuciones no siendo titulares de la deuda tras la titularización.
Cuestiones éstas que hace más de tres años que permiten defensas efectivas de las familias para que no se queden en la calle o en la precaria relación del

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inquilinato con los bancos. Muchas familias por todo el Estado luchan frente a la estafa hipotecaria con estos argumentos y otros que han ido apareciendo en estos años. Las preguntas son: ¿No cree usted que todo esto requiere de una
reflexión sobre cómo hacer frente a las consecuencias de la crisis sin que todavía sigan haciendo más negocio las entidades financieras? ¿El objetivo de los bancos no ha sido siempre quedarse con las cantidades pagadas, apropiarse de las viviendas,
dejar deudas y ganar dinero con los alquileres que nunca son sociales?


Y termino hablándole de ética; de hecho tendríamos que hablar mucho más de ética. Le hago dos preguntas que mi colega Ester Capella repite en cada intervención: ¿Qué es para usted la ética? Seguramente cuando hace esta pregunta el
compareciente no es siempre el mismo, es decir se lo pregunto a usted para que nos aporte algo bueno, ¿eh? En cualquier caso es diferente. Y si el objetivo de los bancos no ha sido siempre quedarse con las cantidades pagadas, apropiarse de las
viviendas, dejar deudas y ganar dinero con los alquileres que nunca son sociales, ¿es posible hablar de ética en el sector financiero?


Nada más y muchas gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Jordà.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Roldán.


El señor ROLDÁN MONÉS: Gracias, presidenta.


En primer lugar quiero disculparme porque he tenido que salir a hacer unas valoraciones y me he perdido una pequeña parte de la intervención.


Me sumo al reconocimiento de la labor que ha hecho la PAH para problematizar este asunto, llevarlo a la esfera pública, denunciar casos de desahucios absolutamente injustos, llevarlo a la primera línea del debate político y defender a muchas
de las víctimas, en muchísimos casos injustificadas, de algo que en realidad era un problema mucho mayor, que venía de antes y del que los partidos políticos representados en esta Cámara, en particular el bipartidismo que gobernó durante los años
del bum, alimentó. Fue básicamente un sistema ultrapolitizado de cajas de ahorro que inflaron más que en ningún otro lugar del mundo un bum inmobiliario con un crédito que era a todas luces insostenible y que generó además unos desequilibrios
gigantescos en el sistema económico que resultó el rescate más grande que ha recibido este país en su historia. Pienso por lo tanto que debemos ser conscientes de dónde viene. Parte de ese problema lo hemos abordado y tenemos que hacer mucho más.


Ha mencionado algunas de las reformas que se hicieron en su momento y en opinión de mi grupo, el Partido Socialista desde 2009 -usted mismo mencionaba los datos de las primeras grandes oleadas de desahucios por el golpe brutal en la caída de
ingresos a raíz de cómo se disparó el paro y demás, que se provocaron desde muy al principio- no tomó soluciones o, al menos, no intentó abordar la cuestión desde un punto de vista legislativo con medidas concretas hasta el Real Decreto 6/2012 de
medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios. Después, una vez el Partido Popular lleva a cabo esta propuesta, nos damos cuenta -usted mismo traía aquí los datos- de que el planteamiento era meramente estético, que no había una voluntad
real de abordar el problema evidente de los desahucios y de las más de 400 000 familias que se han visto básicamente sin nada, sin oportunidad de recuperarse, con una deuda brutal y sin una legislación que les protegiera para garantizar sus derechos
más básicos. El Real Decreto 6/2012 -como digo- era enormemente restrictivo y prácticamente los deudores no se podían acoger a las condiciones que se planteaban. Por lo tanto, fue absolutamente inútil, otro fracaso del Partido Socialista al ser
incapaz de abordar soluciones concretas a uno de los problemas sociales más graves que hemos tenido como consecuencia de la crisis, y también del Partido Popular abordando la cuestión desde un punto de vista puramente estético pero sin soluciones
reales para abordar el problema de los desahucios de todas estas familias.


Después, ya cercanos a las elecciones se aborda una ley de segunda oportunidad. También me gustaría que valorara cómo esta ley sí cambió de manera efectiva la trayectoria de los desahucios. Me da la impresión de que tampoco, que también
fue una ley diseñada con una sensibilidad bastante poco cercana a sus preocupaciones y a la realidad que se estaban encontrando asociaciones como la suya en el día a día y que, por tanto, no solucionó el problema de fondo de la cuestión. En
Ciudadanos presentamos en su día una ley de segunda oportunidad para facilitar la dación en pago y el alquiler social y reforzar el régimen de inembargabilidad, ampliando los casos de las personas afectadas por este sobreendeudamiento por causas
sobrevenidas -por desempleo, por cierre de empresa, por enfermedad y otras causas justas similares que les impiden hacer frente a las deudas que habían contraído- para familias que se hayan

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visto privadas de su vivienda: tres años prorrogables hasta cinco, con derecho también al alquiler social para aquellas que se encontraban amenazadas por un procedimiento de desahucio y para evitar lanzamientos cuando no había alternativa
habitacional.


Eso está en nuestra propuesta y también un cambio del régimen de inembargabilidad que amplía los bienes que son inembargables, incluyendo las prestaciones, las rentas que perciben estas familias, etcétera, y ampliando de manera muy
significativa los criterios porque está muy bien que hagamos diagnóstico pero es importante que bajemos y aterricemos en las medidas concretas. Por eso, le preguntaba qué cuestiones fallaron en esos dos primeros reales decretos, que valoremos
cuáles de estas cuestiones -respecto a la dación en pago, al alquiler social, al régimen de inembargabilidad- se pueden abordar para mejorar la legislación -que creo que queremos todos- para proteger, evitar desahucios y ofrecer alternativas de
segunda oportunidad para aquellos con alto endeudamiento.


Hemos propuesto -creo que me he perdido una parte- y se ha abordado el problema de la falta de atención a muchas de las víctimas -que en muchos casos fueron mal informadas- de las cláusulas suelo, los casos de las preferentes, ha habido una
absoluta desprotección de los consumidores de productos financieros en este país y no digamos de las autoridades regulatorias que eran competentes para abordar esas cuestiones. No han sido capaces de ocuparse de la conducta, que es la cuestión
clave para proteger a muchos de los deudores...


La señora PRESIDENTA: Señor Roldán, lleva siete minutos.


El señor ROLDÁN MONÉS: Sí, con esto termino.


Nosotros hemos propuesto que se cree una autoridad independiente diferenciada de los reguladores para la protección del consumidor e inversor financiero, donde haya unas hipotecas tipo con las que no te puedan engañar con la letra pequeña y
donde se establezcan regímenes con claridad para evitar cuestiones como las preferentes, etcétera. Pensamos que sería un avance significativo. Me gustaría que valorara también cómo podemos mejorar en términos de regulación financiera en estas
cuestiones para evitar que se reproduzcan estas situaciones en el futuro.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Roldán.


Se ha producido un intercambio de turnos y, a continuación, tiene la palabra el señor Paniagua por el Grupo Parlamentario Popular.


El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidenta.


Bienvenido, señor Morote. Siento decirle que al acabar tengo que irme y por eso hemos intercambiado el turno porque hoy se ha alargado la Comisión de forma excesiva y tengo una reunión a la que no puedo faltar.


Usted viene a hablar de lo suyo, de su libro -no lo digo de modo peyorativo, no me lo tome por ahí-, de aquello en lo que usted y la asociación están trabajando, que es una de las consecuencias más dramáticas de la crisis. Estamos aquí en
esta Comisión para intentar evitar una nueva crisis en este país y que las consecuencias que ha tenido la crisis pasada no vuelvan a suceder. Nos ha hecho un relato incluso cronológico de su actividad y de todo lo que ha acontecido sobre ese tema y
la verdad es que se lo agradecemos. Nuestro grupo nunca ha entendido las ejecuciones masivas que han hecho los bancos durante estos años. Nunca las hemos entendido porque no creemos que hayan tenido ningún beneficio ni para la banca ni para el
país ni para nadie. Nunca lo hemos entendido. La situación de quiebra a la que muchas entidades financieras estuvieron abocadas durante los primeros años de la crisis o la visión de que podían quebrar las impulsó a tomar medidas que no eran en
absoluto razonables y que no han conseguido nada. No tiene sentido que tuvieran al final una cartera de inmuebles que no sabían gestionar porque no eran expertos y que no tenían salida porque el mercado inmobiliario estaba totalmente muerto hace
unos años, perjudicando a personas y familias. Nunca lo hemos entendido.


Hay que tener en cuenta que cuando nosotros llegamos al Gobierno todo era un auténtico desastre. El país estaba sumido en un auténtico desastre. Tuvimos infinidad de frentes abiertos. Primero tuvimos que intentar evitar la quiebra del
país y luego evitar un rescate por parte de Europa que nos hubiera supuesto las consecuencias que vemos en otros países europeos que tuvieron que acudir a él. Lógicamente nos habremos equivocado en alguna cosa, es algo lógico, pero la verdad es que
si comparan cómo estaba España a finales de 2011 y cómo está ahora la diferencia es abismal.

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Sobre la referencia que ha hecho a los jueces, creo que los jueces son valientes porque intentan siempre ser objetivos y a veces no es fácil para ellos. Por eso, todos debemos respetar siempre sus decisiones. Yo subrayaría siempre y todos,
porque a veces les defendemos y a veces no, dependiendo de que las resoluciones satisfagan nuestras demandas o nuestra posición.


En cuanto a los escraches, no sé qué decirle. Le voy a contar una anécdota. A mi casa llegó un día el cobrador del frac -parece ser que buscaba a un tal Paniagua que podía ser mi hermano, pero que no lo era- y me hizo un escrache. Era
simpático porque venía vestido de pingüino, pero no considero que eso se pueda hacer. Entiendo que en tu lugar de trabajo o en un acto público una asociación o un grupo de personas puedan decirte cosas, intentar hablar contigo o transmitirte
cualquier mensaje, pero en tu domicilio, donde puede afectar a tu familia y a tus propios hijos, no tiene mucho sentido; ni siquiera de forma simpática.


Lo que ha hecho el Gobierno estos años es ir adaptando las resoluciones judiciales; a veces lo hemos hecho con antelación y a veces de forma posterior. En cuanto a los recursos ante el Tribunal Constitucional, usted ha dicho que, en el
caso de Navarra, ha sido desestimado parcialmente, pero eso significa también que ha sido estimado parcialmente; es la forma de verlo. Al final, cuando el Gobierno, o quien sea, recurre al Tribunal Constitucional lo hace porque cree que hay algo
en las leyes que no cumple con la Constitución. Es un recurso totalmente democrático y normal de nuestro ordenamiento. Si después el Tribunal Constitucional nos da la razón, perfecto; y si no nos da la razón, también perfecto, lo respetaremos,
igual que creo que debemos respetar siempre las resoluciones judiciales, como le decía.


En cuanto a la ley de crédito inmobiliario, usted dice que es un nuevo servicio a la banca. Le aseguro que los de la banca, con los que hemos hablado, no piensan eso, piensan justo lo contrario. Por tanto, aquí hay posiciones enfrentadas.
En cualquier caso, es una ley que está aquí y que ha tenido muchas enmiendas. Intentaremos mejorar la propuesta que nos ha traído el ministerio y saldrá una buena ley.


No creo que sea cierto lo que ha dicho sobre las cláusulas abusivas. Primero, porque durante la crisis o antes de la crisis había muchas entidades que no utilizaban las cláusulas suelo; hay entidades que nunca han utilizado las cláusulas
suelo y que, por supuesto, no han tenido demandas ni han tenido nada porque no las utilizaban. Es decir, los clientes siempre han podido elegir y ahora, facilitando la transparencia y que los clientes sean absolutamente conscientes de lo que están
firmando, que eso es lo que no pasaba antes, esa cláusula en sí no es una cláusula abusiva. Una cláusula abusiva es si te ponen un mínimo muy cercano a los tipos de interés y un máximo infinito. Algunas entidades financieras ponían esas cláusulas
suelo, y eso es lo que no puede ser. Pero una cláusula suelo que te cubre un poco la evolución de los tipos de interés hacia arriba y hacia abajo no me parece que sea una cláusula abusiva, siempre que los clientes tengan claro lo que están
firmando. En este momento todos los análisis que hay sobre la competencia del sector financiero en España dicen que en España hay suficiente competencia. Creo que los clientes siempre podrán optar por una entidad o por otra.


En cuanto a la legislación, hemos intentado actualizarla. En estos momentos, tenemos un poco más de problema, como puede entender, porque no tenemos mayoría en esta legislatura, pero poco a poco iremos trasladando todas las necesidades
legislativas que nos transmiten la Unión Europea, las directivas europeas o los tribunales de justicia, como así ocurre.


En cuanto a las ejecuciones, tiene razón que hay menos desahucios -voy terminando, presidenta-; hay menos por la paralización, pero también es que los inicios de certificaciones de ejecuciones también han disminuido muchísimo durante estos
años, en el último año, en 2017, un 50 %; me refiero a certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre vivienda habitual, no sobre otras viviendas que no sean la vivienda habitual, y en este caso me parece que estamos hablando de 10
749 en el último año.


Ustedes utilizan mucha la demagogia en muchos de los mensajes que trasladan, a los que no voy a contestar. Ustedes tienen unos objetivos, utilizan todos los métodos de comunicación posible, y como nosotros no estamos en su contra, no vamos
a dedicarnos a desmontar ninguno de sus métodos ni ninguno de sus mensajes. Nosotros no estamos en su contra. Yo, particularmente, colaboro con la PAH de Palencia cuando ellos me lo solicitan. Están haciendo una labor realmente encomiable y les
apoyo, siempre que creen que puedo echarles una mano, en las gestiones que hacen, y lo hago encantado y feliz.


Muchísimas gracias y vuelvo a pedir disculpas por tener que ausentarme. Leeré con detenimiento el Diario de Sesiones.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Paniagua.


Por el Grupo Socialista, el señor Palacín.

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El señor PALACÍN GUARNÉ: Gracias, señora presidenta.


Bienvenido, señor Morote. Le agradezco su exposición y el trabajo de la asociación a la que usted representa. Son nueve años de andadura durante lo cuales han visibilizado un problema capital para gran parte de la ciudadanía. En este
tiempo también han presentado iniciativas y han solicitado la toma de medidas por parte de las diferentes administraciones. Ahora se está tramitando la ley de vivienda de la PAH, como ustedes la califican, que si bien mi grupo no la ha firmado ha
declarado en numerosas ocasiones que la va a apoyar. Así que cuentan con el apoyo del Partido Socialista.


No quería olvidarme -como he dicho antes- de la ILP debatida en la X Legislatura, que se pudo tramitar gracias a que el Grupo Socialista cedió cupo de una proposición de ley que tenía para que se pudiera debatir en este Congreso.


Mi grupo también es consciente de que las administraciones no han actuado con la suficiente rapidez y contundencia necesaria para atajar un problema que ha tenido consecuencias muy graves y que ha acondicionado la vida de muchas personas en
nuestro país. En las administraciones, la legislación ha ido por detrás de las demandas sociales, de la jurisprudencia y de la normativa europea. En cuanto a la trasposición de directivas europeas, yo creo que viene siendo habitual que se
traspongan fuera de plazo, tarde y a regañadientes, como ocurre últimamente. Es positivo que en esta Comisión, después de unos meses de andadura, hablemos de la cara B, quizá, de la crisis financiera, de la que hasta hoy casi no hemos hablado en
esta Comisión, pero que es sinceramente la más importante porque es la que ha sufrido realmente las consecuencias de lo que estamos tratando. Por eso queríamos agradecerle especialmente su exposición.


Entendemos que las cosas no se han hecho del todo bien y que esta Comisión está para ver qué es lo que es mejorable de cara a una futura crisis financiera, que evidentemente llegará, y que si llega tendrá que hacerlo con las menores
consecuencias posibles. Entonces, desde su punto de vista, ¿qué regulación preventiva o garantista tendría que haberse puesto en marcha en los años de gestación de la crisis? Porque una vez que estalla resulta más complicado gestionarlo. También
si la ausencia de estas medidas influyó para que nuestro país tenga un sistema económico excesivamente bancarizado.


Ha hablado de responsabilidades desde el año 1993 de los diferentes gobiernos, pero es una evidencia que el estallido o los principales problemas se producen una vez que la crisis financiera mundial recae también en nuestro país, y a partir
del año 2007 o 2008 sobre todo es cuando se incrementa este problema. A tiro pasado es fácil decir que hubo un número importante de operaciones sobre créditos hipotecarios, cuyo nivel de riesgo no se valoró correctamente quizá porque las entidades
relajaron esos criterios de concesión de operaciones. Estos días, en alguna de las comparecencias que hemos tenido, se hablaba de recomendaciones por parte del Banco de España a diferentes entidades, para endurecer las condiciones de concesión de
estos préstamos, como por ejemplo no superar el 80 % de los valores de tasación o de compraventa. ¿Cree que la aplicación efectiva de estas medidas, que iban a endurecer la concesión de estas operaciones hipotecarias, hubiera contribuido a
minimizar el crecimiento del crédito inmobiliario y las posteriores consecuencias que todos conocemos? ¿Cree que haber introducido estos límites podría haber cerrado el acceso a la vivienda a muchas familias?


Hablan -y usted lo ha dicho hoy aquí- de estafa. Nosotros podemos compartir o no el término, pero sí que es verdad que cuando dos partes firman un contrato tiene que hacerse con plenas garantías e información por las dos partes. Pero sí
que es verdad que -quiero apuntar y ya lo ha comentado algún portavoz con anterioridad- estos contratos se firman siempre ante un fedatario público. Entiendo que tenía que dar fe y que las dos partes sabían de lo que estaban hablando y sabían lo
que firmaban. Por eso le queríamos preguntar cómo valora el papel que han jugado los notarios y las notarias en este periodo de tiempo; y si se podría mejorar o intentar solucionar este problema con contratos tipo contratos marco que fueran
públicos desde un inicio y únicamente se cambiaran los datos básicos para cada una de las operaciones.


Actualmente, las garantías requeridas para la financiación de la compraventa de una vivienda se han endurecido y por eso yo creo que ahora el alquiler es el único recurso que tienen muchas familias a la hora de encontrar una solución
habitacional, que es un derecho y así lo reconoce nuestro grupo. Pero también ha comentado usted que los precios de la vivienda alquilada están experimentando incrementos de doble dígito, sobre todo en las grandes ciudades de nuestro país, lo que
limita asimismo de una manera grave el acceso a la vivienda de muchas familias. Esto ocurre en país donde hay más de 3 millones de viviendas vacías y donde la Sareb también es una gran tenedora de inmuebles. Por eso le queríamos preguntar qué
mecanismos cree que se tendrían que poner en marcha para incrementar el stock de viviendas de alquiler,

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es decir, para que esos más de 3 millones de viviendas entraran en el mercado del alquiler, lo que ayudaría a bajar el precio del mismo. Por otra parte, nos gustaría saber qué piensa de las empresas públicas de gestión del alquiler que
están en marcha en muchas grandes ciudades.


Nosotros también compartimos su reflexión respecto a que hay que incrementar el parque de viviendas públicas en España. Es cierto que únicamente el 1 % del parque de viviendas actual es de régimen público y que queda mucho por hacer, pero
también hay que tener en cuenta que a veces el hecho de que las competencias estén transferidas a las comunidades autónomas o a los propios ayuntamientos hace complicado este proceso.


Solo me queda una pregunta. También ha hablado del alquiler turístico y las afecciones que el mismo genera. Queríamos saber si usted cree posible la convivencia entre un alquiler turístico y un alquiler social dentro de una misma ciudad,
porque es verdad que los pisos que eran de alquiler para familias se están desplazando al exterior de las ciudades, dado que es mucho más rentable ponerlos a disposición del turismo.


Con esto acabo, señora presidenta, únicamente quiero agradecerle de nuevo al señor Morote su intervención y le digo que quedamos a la espera de escuchar sus respuestas.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Vamos a hacer un receso de quince minutos para ordenar las respuestas.


Les recuerdo que esta tarde la sesión empieza a las cuatro, no a las cuatro y media. Lo digo por si se quieren turnar con algún otro portavoz. (Pausa).


Reanudamos la Comisión. Para responder a los portavoces, tiene la palabra el señor Morote Vidal.


El señor MOROTE VIDAL (miembro de la Plataforma Afectados por la Hipoteca): Gracias, señora presidenta.


Evidentemente, señor Mayoral, sería razonable y conveniente que comparecieran aquí personas que se han estado lucrando fuertemente a costa del sufrimiento; no solo que lo hayan generado, sino que además se han estado lucrando de él. Las
declaraciones del señor Alcaraz de Caixabank en el sentido de que los desahucios eran una leyenda urbana son absolutamente disparatadas y ponen de manifiesto lo lejos de la realidad que está ese señor. Es algo intolerable cuando desde multitud de
sitios hay elementos que acreditan lo contrario. Nos deja bien claro que este señor lo único que pretende es enriquecerse más de lo que lo ha hecho ya y seguir robando.


Sobre el tema de las cláusulas abusivas, hay que decir que no solamente la cláusula suelo es una cláusula abusiva; por supuesto que lo es, pero las hipotecas están llenas de ellas: la primera es la del vencimiento anticipado, que es la que
permite que se inicie un procedimiento; otra cláusula abusiva que está en todas las hipotecas es aquella por la que los avalistas renuncian, se les obliga a renunciar a sus derechos -eso está en cualquier hipoteca-; otra cláusula abusiva suele ser
la de los intereses de demora, que normalmente suelen ser abusivos; otra cláusula abusiva es el cobro de comisión de apertura; otra cláusula abusiva es la de los gastos de constitución del préstamo. En fin, hay muchísimas cláusulas abusivas, no
es solo una. Ha habido una, la cláusula suelo, que no la han utilizado todos los bancos, pero hay otras que sí utilizan todos los bancos y es evidente que nos hemos enterado de lo que estaba pasando precisamente porque se generó la crisis, mientras
tanto nos estaban robando sin que nos diéramos cuenta porque no teníamos que analizar los contratos que teníamos y no nos dábamos cuenta de cuál era la situación que estábamos padeciendo.


Respecto a informes estadísticos que vinculen directamente suicidios con desahucios, no conocemos que existan, pero lo que sí conocemos es que ha habido suicidios de gente que iban a desahuciar; precisamente en Euskadi hubo uno que tuvo
relevancia nacional, ha habido en Granada, los hubo en Valencia, en Murcia y en Mallorca. Los ha habido, pero lo cierto es que hubo un momento en que el suicidio se convirtió en la primera causa de muerte no natural en España por encima de los
accidentes de tráfico. Por primera vez, la causa de muerte no natural más importante en España fue el suicidio, por encima de los accidentes de tráfico.


El papel de los notarios es evidente que ha sido un papel cómplice y no solo el de ellos, también el de los registradores. Como anécdota les contaré que el primer desahucio que paré era el de una familia nigeriana que había podido hacer
frente a la hipoteca unos seis años -lo digo para que calculen el tiempo que llevaban en España- y cuando se llegó al desahucio, que por suerte conseguimos parar -esto fue en el 2010-, resulta que este ciudadano y su familia todavía no hablaban
español, no sabían hablar castellano y en la escritura de la hipoteca no consta por ningún sitio que estuvieran asistidos de un

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traductor jurado, lo cual pone de manifiesto la negligencia del notario. Además de eso, ha habido situaciones de avales cruzados, sobre todo en familias inmigrantes; es decir, una familia de inmigrantes avala a otra para que obtenga su
hipoteca y con el mismo banco la avalada avala a la otra, lo cual pone de manifiesto que eso va a ser absolutamente incobrable en caso de fallo y eso lo verifican el notario, el banco y todos.


Sobre medidas y cambios legislativos, evidentemente para nosotros es la ley de vivienda de la PAH. Esa ley contiene para nosotros los cinco elementos necesarios para resolver el problema. Esos cinco elementos pueden ser resueltos, tal y
como figura en la ley, o pueden serlo de otra manera y para eso es el trámite parlamentario y para eso se la hemos traído. Se la hemos traído porque les hemos traído la solución. Ustedes debatan la ley, debatan cada uno de los aspectos que la ley
contiene, porque la ley contiene algún aspecto sobre el que se ha preguntado como la creación de la movilización de vivienda para un parque público. Sobre todo hay un hecho que es fundamental y que no tenemos que olvidar: tenemos que cambiar el
paradigma. Nosotros defendemos el derecho universal a la vivienda, al uso de una vivienda, no a la propiedad. No estamos en contra de la propiedad de la vivienda, pero el derecho debe ser de uso. Toda persona tiene que tener el derecho subjetivo
a poder utilizar una vivienda, claro que sí, y para eso tiene que existir un parque público como existe en todos los países razonables de nuestro entorno; es decir, un parque público de viviendas destinado al alquiler, además con participación en
los índices de referencia por parte de ayuntamientos y comunidades para que los precios estén controlados y no se disparen. Digamos que la coexistencia entre residencias de alquiler y turísticas tiene que venir dada precisamente por esa referencia
y esas necesidades que se planteen y de los niveles de cada uno. Eso puede hacerlo posible o imposible.


En todo caso no quiero excederme en el tiempo, porque sé la hora que es y todos estaremos ansiosos por comer, pero quería decirles que ha habido mucha gente que ha sufrido mucho, sigue habiendo mucha gente que sufre mucho, y existen
herramientas para hacer que esa gente que sufre mucho empiece poco a poco a sufrir menos y termine por no sufrir. Esa herramienta, ese instrumento esta aquí, dentro de este Congreso y está a disposición de ustedes para que fuercen que no haya
bloqueos, porque no hay razones objetivas para que se produzca un bloqueo de la ley. Fuercen que se debata, modifíquenla, mejórenla, hagan las aportaciones que consideren, pero no impidan que el trabajo de la sociedad civil organizada que viene
aquí después de años de lucha quede en un saco de papeles. Hagan que se tramite y hagan que exista una normativa de ámbito estatal de mínimos que garantice que el derecho a la vivienda es un derecho efectivo, real y que la gente pueda acceder a él.
Con que haya calado el mensaje que acabo de dar de la necesidad del debate nos damos por satisfechos y agradecidos.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Morote.


Suspendemos la sesión hasta las cuatro de la tarde para la comparecencia del señor Postigo Zabay.


Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL DE CRÉDITO (POSTIGO ZABAY), PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON EL OBJETO DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 219/001000).


La señora PRESIDENTA: Reanudamos la sesión y, de acuerdo con lo dispuesto en la propia Comisión en la sesión del día 6 febrero de 2018, la comparecencia del señor Postigo Zabay seguirá el siguiente formato: intervención inicial del
compareciente, un turno de los portavoces de los grupos parlamentarios de siete minutos, comenzando por el grupo solicitante, y respuesta del compareciente.


Damos comienzo, pues, a la comparecencia. Agradezco al compareciente su disponibilidad y, al tratarse de comparecencias sujetas a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1984, se ha trasladado al compareciente la posibilidad de poder comparecer
acompañado de la persona que designe para asistir. Asimismo, esta Presidencia manifiesta expresamente su voluntad de salvaguardar los derechos del compareciente reconocidos por el artículo 1.2 de la citada ley orgánica. Recuerdo igualmente la
obligación contenida en el artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su testimonio.


Señor Postigo Zabay, tiene la palabra para su exposición inicial.

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El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL DE CRÉDITO (Postigo Zabay): Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías. Buenas tardes a todos.


A modo de disclaimer, haré una pequeña advertencia para decir que cuando nos referimos a los directivos, ejecutivos y administradores nos vamos a referir a los que desempeñaron esta función durante los años 2004 a 2012 y que estuvieron
involucrados en los procesos de concesiones de operaciones vinculadas al riesgo promotor y posteriormente ocultaron los activos deteriorados entre los créditos buenos. Actualmente, y por fortuna, la mayor parte de estos directivos ya no se
encuentran ejerciendo en el sistema financiero y, aunque quedan unos pocos todavía, ya no se encuentran la mayoría.


Cuando nos refiramos a Comisiones Obreras y a UGT es a Comisiones Obreras y a UGT del sector de cajas de ahorros y entidades afines las que están en nuestro convenio.


Comenzaremos haciendo una petición instando a sus señorías para que se establezcan los cauces necesarios para recuperar la dignidad para los trabajadores del sector, para eliminar la precariedad que se nos ha instaurado y la prolongación de
jornadas de muchos compañeros como consecuencia de la brutal reestructuración que estamos teniendo.


Voy a explicarles un poco en qué va a consistir la exposición. Va a ser una breve presentación de CIC, haremos una pequeña síntesis de las actuaciones más relevantes que hemos hecho con motivo de la crisis desde que estalló la burbuja
inmobiliaria y también de la desaparición de las cajas. Definiremos concretamente el concepto de crisis, qué es la crisis financiera para nosotros, porque aquí a esta Comisión han venido muchas personas y echan la culpa a la crisis, pero jamás la
definen. Entonces vamos a intentar aclarar este concepto que tenemos nosotros. También vamos a relacionar los actores de la crisis con la visión que tenemos de todas sus actuaciones. Haremos un breve análisis de dos casos representativos en los
que hemos participado como acusación popular. En este espacio sus señorías van a ser informadas de una cuestión desconocida hasta la fecha. También vamos a trasladarles las actuaciones que desde CIC proponemos para evitar que se repita de nuevo la
crisis financiera, por lo menos de las dimensiones que hemos sufrido.


Voy a hacer una breve presentación de CIC, señorías. Presido la Confederación Intersindical de Crédito desde el día 4 de abril de 2011. Mi experiencia en el sector financiero supera los cuarenta años. Comencé trabajando de botones en Caja
Inmaculada a la edad de catorce años. En aquella época, y en la oficina donde estaba, la operatoria se realizaba íntegramente de forma manual. Se utilizaban fichas de posición y estas eran unas cartulinas donde los ingresos y los reintegros de las
cuentas de ahorro se iban haciendo sumando y restando manualmente. Desde entonces hasta ahora el sector ha sufrido un cambio vertiginoso, debido principalmente a implantación de nuevas tecnologías y las dos grandes crisis financieras que el sistema
financiero ha padecido. Todo ello, señorías, lo he vivido en primera persona.


La Confederación Intersindical de Crédito se constituyó inicialmente el 28 junio de 1997 con la finalidad de participar en la comisión negociadora del convenio colectivo de cajas de ahorros. Aunque en las primeras elecciones sindicales en
las que participamos ya obtuvimos resultados suficientes para participar en dicha comisión negociadora, Comisiones Obreras, UGT, Csica y la Acarl, la propia patronal de las cajas, lo impedían obrando de mala fe. El 13 de julio de 2010 el Tribunal
Supremo falla finalmente a favor de CIC y anula el convenio colectivo por ilegal. Tienen en la carpeta 1 en la parte de sentencias y autos esta sentencia. Desde entonces, CIC ha participado en todos los convenios que se han negociado, pero no
pudimos estar en las tres negociaciones del convenio colectivo de cajas de ahorros en las que las pérdidas de derechos de los trabajadores se hicieron patentes. Mientras se nos impedía ilegalmente estar en la negociación colectiva, había
sindicalistas de Comisiones Obreras y de UGT utilizando las famosas tarjetas black y negociando el convenio colectivo. Algunos de estos sindicalistas están en las actas de la comisión negociadora. Estos sindicalistas se gastaron 1,4 millones de
euros con las famosas tarjetas black y, según consta en la instrucción de la pieza separada del caso Bankia, denominada tarjetas black, y en lo declarado durante el juicio oral, financiando ilegalmente al sindicato.


España tiene firmado desde el día 20 de abril de 1977 el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva del año 1949, el número 98, con la Organización Mundial del Trabajo. Las tarjetas black han vulnerado
flagrantemente el artículo 2 de este convenio, señorías. Espero que el partido del Gobierno, que es el PP, tome buena nota de este asunto. Nosotros desde la CIC vamos a emprender acciones legales, pero les corresponde a los firmantes de este
acuerdo, de esos tratados, y más con la Organización Mundial del Trabajo, poder reconducir estas situaciones. También se ha vulnerado el artículo 13 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical que también prohíbe taxativamente este tipo de actos de
injerencia tendentes a controlar y lesionar los derechos de los trabajadores.

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Ahora, señorías, pasaré a hacer una pequeña síntesis de las actuaciones más relevantes que hemos realizado desde la CIC con motivo de la crisis financiera y la desaparición de las cajas. Desde que la crisis no se pudo ocultar más por las
dimensiones que la misma había alcanzado, la CIC ha emprendido acciones legales de todo tipo, tendentes a investigar lo ocurrido, exigir justicia y depurar responsabilidades en todos los ámbitos: penales, civiles y administrativos, debido a que ya
pensábamos que el impacto en el empleo iba a ser de dimensiones terribles, demoledor.


El 16 de diciembre de 2009 la CIC se reunió con el subgobernador del Banco de España, Javier Aríztegui, y el director general de Supervisión, Jerónimo Martínez Tello. En aquella reunión se nos trasladó que había tres situaciones en las que
englobar las cajas: con amenaza de intervención, con indicación explícita de que no pueden seguir tal como están a corto y medio plazo y las que no tienen riesgo aparente pero tienen que estar expectantes para no bajar la guardia ante la situación
actual. Eso fue el año 2009, señorías. Nos matizaron que, salvo dos casos puntuales, CCM y Cajasur, no existía otro caso en el que una caja pudiera ser intervenida. ¡Vaya alegato! Las nombradas ya estaban intervenidas en aquel momento. Desde la
CIC les hicimos constar que los empleados no habían sido los causantes de la situación de algunas cajas y que las plantillas habían perdido la confianza en las direcciones. Les preguntamos cómo era posible que el Banco de España mantuviera la
confianza en los equipos directivos y en los consejos de administración -en el año 2009- que habían provocado las situaciones de la crisis, y nos quedamos sin respuestas. Como anécdota les diré que el señor Jerónimo Martínez Tello, que era jefe de
la Supervisión del Banco de España, a la salida de la reunión nos hizo el siguiente comentario: lo que ha ocurrido con las cajas de ahorros es como el botellón de los chicos, no puedes decirles nada en plena borrachera, hay que esperar al día
siguiente para decirles que no está bien. Lo digo porque dijo esto delante de otros tres compañeros que pueden atestiguarlo. Este comentario nos dejó estupefactos a los cuatro que asistimos a la reunión.


Durante el primer semestre de 2010 nos reunimos con don Ramón Quintás, que era presidente de CECA en aquellas fechas, y con Isidre Fainé, recién llegado a la presidencia y sustituyendo al señor Quintás, concretamente con este último el 14 de
julio de 2010, junto con el secretario general de CECA, don José Antonio Olavarrieta. Estas reuniones fueron encaminadas a evaluar el impacto de la nueva Ley de Cajas y los SIP, puesto que dicha ley y los SIP generaban una tremenda preocupación
entre los compañeros de sector. El 2 de agosto de 2010 la CIC presentó ante la Unión Europea recursos contra la nueva Ley de Cajas solicitando a la Comisión que paralizase la aplicación del Real Decreto-ley 11/2010 sobre las cajas de ahorros, por
estimar que la regulación que existía en Europa sobre los Sistemas Institucionales de Protección y las cuotas participativas de las cajas era muy escasa, ya que, a nuestro juicio, contenía una mínima referencia a ellos en la Directiva bancaria
2006/48/CE, que considera a los SIP como una solución excepcional, mientras que las cuotas participativas de las cajas no se regulaban apenas. Previamente, el 15 de julio de 2010, habíamos presentado un recurso ante el Tribunal Supremo impugnando
el citado real decreto y, aunque en estas iniciativas no tuvimos ningún éxito, demostramos nuestra disconformidad con la actuación del Ejecutivo de entonces por la citada Ley de Cajas y, tal y como preveíamos, el fracaso absoluto de los SIP.
Ninguno duró más de dieciocho meses, se perdió un tiempo imprescindible para alguna entidad. Además, lo que fue más grave, supuso el fin de las cajas de ahorros, al contemplar el ejercicio indirecto de la actividad financiera y el régimen de
transformación de las cajas de ahorros. De los SIP hablaremos más adelante.


Con fecha 13 de julio de 2012, el secretariado de CIC, que es el máximo órgano entre congresos de nuestra confederación, tomó el acuerdo de personarse en todos los procesos abiertos contra directivos de cajas de ahorros por la gestión
delictiva de las mismas. Como resultado de esta iniciativa, a día de hoy estamos personados en el caso Bankia pieza central, en el caso Bankia pieza separada de las tarjetas black, caso Caja Segovia, caso CAI, caso Caixa Tarragona y caso Caixa
Catalunya, y también lo estuvimos en el caso de las caixas gallegas. El 5 de febrero de 2013 nos reunimos en Bruselas con la Comisión Europea, concretamente con don Alberto Bacchiega y doña Astrid Cousin, ambos funcionarios responsables en la
Comisión Europea de los procesos de reestructuración financiera española, quienes nos informaron adecuadamente de las resoluciones de los procesos de concentración y reestructuración que había entonces, y más concretamente el de Cajatrés e Ibercaja,
quién los diseñó y cómo se habían aprobado. La Comisión Europea únicamente se limitaba a aprobar el plan de reestructuración que se le presentaba desde España, concretamente desde el Banco de España, que previamente había sido diseñado por las
propias entidades y aprobado por el Banco de España, algo muy distinto de lo que se nos trasmitía aquí en aquellas fechas, porque desde las direcciones de las cajas de ahorros en las

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negociaciones de los ERE se limitaban a decir que toda la culpa era de Bruselas. Ya no les hacíamos caso, o sea, que bien.


El 22 de julio de 2016 solicitamos una reunión a los cuatro grupos parlamentarios más representativos del Congreso de los diputados -PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos-, les escribimos un e-mail. Nuestra intención era trasladarles la
visión de la evolución del caso Bankia en la Audiencia Nacional, el Banco de España, la actitud de los órganos rectores frente a la salida a bolsa de Bankia, cómo ha sido gestionada la crisis financiera por parte de esa institución y la fabricación
de pruebas entre el FROB y el Banco de España. Éramos conscientes de que la dimensión de este tema exigía su traslado a nivel político, ya que desde CIC pensábamos que no disponían de la información adecuada ni correcta. Por eso les solicitamos
mantener una reunión, además de plantearles que pudiesen impulsar la creación de una comisión de investigación. Todo se quedó en buenas palabras. Tan solo conseguimos reunirnos con el Grupo de Unidos Podemos, cosa que finalmente entendimos debido
a la ingobernabilidad -no sé si lo recuerdan- durante 2016 existente en aquel entonces.


Con fecha 13 de febrero de 2017, la Confederación Intersindical de Crédito logra que se imputen por la Sala de lo Penal, sección tercera de la Audiencia Nacional, por la salida a bolsa de Bankia a la cúpula del Banco de España: a don Miguel
Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España en el momento de salida a bolsa; Jerónimo Martínez Tello, jefe de la Supervisión del Banco de España; Pedro Comín, Pedro González, Mariano Herrera y Javier Aríztegui, que era el subgobernador
del Banco de España en la misma fecha. También a los responsables de la CNMV, don Julio Segura y don Fernando Restoy, que este último pasaría a ser subgobernador del Banco España. Como consecuencia de todo esto, todos los cargos activos en aquel
momento del Banco de España imputados dimitieron: Mariano Herrera, director de Supervisión; Pedro Comín, director general adjunto, y Pedro González, director del Departamento de Inspección IV. En dicho auto de la sala -carpeta 2 del Banco de
España-, en su expositivo segundo de los fundamentos jurídicos dice (sic): Sobre la procedencia de tomar declaración como investigados a los responsables del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en cuanto a la
supervisión de las entidades de crédito, es competencia del Banco de España, con facultad de oponerse a la salida a bolsa de las mismas, y que esta ha de contar, en todo caso, con la aprobación previa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
sin que sea suficiente con que dicha salida a bolsa sea aprobada por el consejo de administración de la entidad y supervisada por los auditores. Que la jefatura del Banco de España, con carácter previo a la salida a bolsa de BFA-Bankia, tuvo
noticias directas y fehacientes de la inviabilidad del grupo y de la inidoneidad de su salida a bolsa en la modalidad de doble banco consta indiciariamente acreditado en las diligencias.


Este hecho, sin precedentes en la historia de nuestro país y del que hablaremos más adelante, para la CIC es el que desencadenó la constitución de la Comisión de investigación en la que hoy estamos aquí presentes.


La definición de la crisis. La crisis financiera española ha sido la consecuencia de la concesión de decenas de miles de operaciones al sector inmobiliario, mayoritariamente al riesgo promotor, de forma dolosa, sin ningún tipo de rigor
técnico a la hora de establecer su concesión, otorgadas a empresas inmobiliarias o constructoras que no disponían de los recursos suficientes para garantizar el riesgo que se les estaba concediendo, la mayoría de las veces sin experiencia en el
sector y sin capacidad de devolución del riesgo concedido. Esto es lo más importante, sin capacidad de devolución del riesgo concedido. A todo esto, hay que añadirle la falta de compromiso con la legalidad vigente de un número importante de
directivos, generalmente la mayor parte de ellos con contratos de alta dirección, aderezados con pensiones vitalicias o planes de pensiones.


Para que me entiendan, señorías, la falta de compromiso es no tener en consideración la circular 4/2004 del Banco de España y más concretamente su anejo IX, que regulaba la reclasificación de créditos dudosos y morosos, el Código de
Comercio, el Código Mercantil, el Código Civil o la normativa propia de las entidades. La falta de respeto a esa normativa se hizo patente con la ocultación de los activos deteriorados en un volumen incalculable hasta el momento -nadie se ha puesto
a calcular los activos deteriorados que estaban escondidos dentro de los paquetes de créditos sanos- y que se ocultaba bajo el nombre de la burbuja inmobiliaria.


La principal consecuencia que ha tenido para los empleados ha sido la destrucción de puestos de trabajo y el despido masivo de trabajadores. Según el boletín estadístico publicado por el Banco de España de enero de 2018 -un informe muy
reciente-, página 102, el sector financiero tenía en el año 1997, época precrisis, 242 155 empleados. En el año 2016, último año que recoge dicho informe, el

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sector financiero -bancos y cajas de ahorros- mantenía 189 280. La pérdida de puestos de trabajo entre esos años asciende a 52 875. Este año es más porque falta todo lo que se destruyó en el año 2017. El informe de la CECA de 23 de enero
de 2018 -que está también en la carpeta 3 que aportamos- recoge que desde el año 2009 hasta el tercer trimestre 2017 -este es mucho más reciente- el sector ahorro ha perdido 45 396 puestos de trabajo. En este sector, el sector ahorro, es donde
mayor virulencia han tenido los efectos de la crisis. Me gustaría trasladarles que de este número de puestos de trabajo destruidos, todos los que fueron despedidos durante los primeros años de la crisis eran compañeros que estaban o bien con
contratos de relevo o bien con contratos temporales y que se fueron con una mano delante y otra detrás, sin ningún tipo de indemnización, habiendo permanecido algunos de ellos hasta diez años, tenían piso y de todo. En ese mismo informe, se
detallan los procesos de concentración del sector, de cuarenta y cinco cajas de ahorros que había en 2009 se ha acabado, por el momento, en ocho bancos y dos cajas pequeñas. Han desaparecido treinta y cinco cajas de ahorros, a las cuales no se les
practicó auditoría alguna ni forensic due diligence por parte del Banco de España para saber qué es lo que realmente había ocurrido, por qué habían quebrado. Señorías, les recuerdo que don Aristóbulo de Juan dijo en esta misma Comisión que en la
crisis bancaria de los años ochenta el Banco de España auditó los balances de los sesenta y nueve bancos quebrados, no saliendo ninguna sorpresa oculta después. ¿Por qué, señorías, no se hizo esta vez? Señorías, imagínense que una mañana aparecen
treinta y cinco cadáveres en la plaza de Cibeles y directamente se entierran, sin practicarles autopsia, sin saber por qué han fallecido. Supongo que estaríamos ocultando algún delito.


Quisiera insistir de manera especial en que los 45 396 puestos de trabajo destruidos en el sector de las cajas no solo afectan a los compañeros que desafortunadamente perdieron su puesto de trabajo, sino también a los compañeros que
actualmente permanecemos trabajando en el sector. Semejante reestructuración hace que las prolongaciones de jornada para poder realizar el trabajo diario y conseguir los objetivos que se nos exigen a los empleados sean algo cotidiano; eso sí, esas
horas extraordinarias no son remuneradas en la mayor parte de los casos. La Inspección de Trabajo es capaz de localizar y multar a familiares de agricultores que ayudan a recoger la vendimia en Galicia y no ve los cientos de miles o tal vez
millones de horas extraordinarias que se realizan en el sector financiero sin remunerar.


Ahora pasaré a analizar los actores de la crisis, en primer lugar, los directivos, ejecutivos y administradores de entidades desaparecidas. Como ya hemos dicho anteriormente, nos referimos a los directivos que ocultaron de forma deliberada
los activos deteriorados relacionados con el ladrillo y que causaron la formación y posterior estallido de la burbuja inmobiliaria en nuestro país. También a aquellos directivos, ejecutivos y administradores que concedieron operaciones vinculadas
al ladrillo sin ningún tipo de rigor técnico, de forma dolosa. Como bien dijo Aristóbulo de Juan, los malos banqueros suelen ocultar los activos deteriorados en los créditos buenos y contabilizar incluso sus intereses como ingreso, cosa que les
ayudó a algunos a cobrar también su bonus. Los inspectores del Banco de España localizaron de forma temprana parte de esos activos deteriorados y lo informaron a sus superiores. Esto está reflejado, aunque de forma suavizada, en los informes de
seguimiento de los inspectores del Banco de España. A estos informes hemos tenido acceso gracias a las personaciones en los distintos procesos en la Audiencia Nacional. Resulta escandaloso para nosotros haber podido averiguar que ni aún por
exigencias del supervisor algunas entidades reclasificaban créditos y ni mucho menos se efectuaban las correspondientes dotaciones. Esto aparece en la circular 4/2004.


En cuanto a los administradores, la gente que estaba en el consejo de administración, su escasa o nula preparación técnica no era una casualidad, había un proceso de selección que partía ya desde que un cliente salía elegido compromisario.
John Kenneth Galbraith en su libro La economía del fraude inocente describe a la perfección este tipo de métodos. No es de extrañar que, desde la famosa bailarina, graduados sociales o agricultores pasasen por los consejos de administración con la
única misión de comerse los cacahuetes que se servían en las sesiones de los mismos, ir a la comida a la que habitualmente se les invitaba y cobrar la dieta para decir que sí a las propuestas que se les presentaban. Es inverosímil creer que estas
personas analizasen con rigor estas operaciones, más bien se les decía que las habían analizado y aprobado los distintos comités de préstamos compuestos por directivos y ejecutivos y estos les habían dado el visto bueno. Vean lo que dice el propio
Banco de España en el expositivo undécimo de los hechos probados de la sentencia 424 del Juzgado de lo Social número 5 de Zaragoza: Existen dudas fundadas de que el consejo conozca suficientemente las operaciones que se someten a su aprobación.
Tienen en la carpeta 6 esta sentencia. Nos causó estupor en su momento que el Banco de España no iniciase expedientes a estos directivos y los inhabilitase -aunque alguno de ellos

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ya ha sido condenado, pero por otras vías- para evitar haber llegado a la situación a la que se llegó. Tengan en cuenta que en aquellos momentos existía la Ley 26/1988, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. Por lo
que hemos podido averiguar, en toda esta etapa de crisis, generación y estallido de la burbuja inmobiliaria tan solo se han inhabilitado a dos administradores, que, como sus señorías saben, son dos sacerdotes de Cajasur. Ni tan siquiera se
inhabilitó al director general de la misma después del desastre financiero que se provocó. Para nosotros es deplorable, señorías. Les recordamos que la gestión delictiva que estos directivos, ejecutivos y administradores ha provocado la
desaparición de 45 396 puestos de trabajo en el sector ahorro y que las condiciones de trabajo a las que estamos sometidos los trabajadores distan mucho de las que teníamos en etapas precrisis, con prolongaciones de jornada, pérdida de derechos
adquiridos, rebajas de salarios y precariedad.


Los reguladores y supervisores del Banco de España son otros actores de la crisis. Para la CIC el Banco de España es el principal actor y culpable de la crisis financiera y la desaparición de las cajas por haber omitido su deber al que le
obligaba la Ley de Autonomía del Banco de España. En su artículo 7.6 se expone que el 'Banco de España deberá supervisar, conforme a las disposiciones vigentes, la solvencia, actuación y cumplimiento de la normativa específica de las entidades de
crédito y de cualesquiera otras entidades y mercados financieros cuya supervisión le haya sido atribuida...'


Como hemos dicho anteriormente, la crisis no se produjo porque un asteroide cayese del cielo y destruyese el 50 % del sistema financiero español, se produjo por la concesión de decenas de miles de operaciones de riesgo vinculadas al sector
inmobiliario, sin ningún tipo de rigor técnico y, en muchísimos casos, con operaciones vinculadas a las propias entidades -recuerden lo que dijo el señor Aristóbulo de Juan con los préstamos vinculados-, y esto lo sabía el Banco de España. No hay
sesgo retrospectivo en estas situaciones. Tenemos que volver a nombrar la famosa carta de los inspectores del Banco de España del año 2006 -que bien conocen sus señorías- y las actitudes de complacencia del señor Caruana para reafirmarnos.


La Ley 26/1988, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, fue el instrumento -no un instrumento, sino el instrumento- de que disponía el Banco de España para poder haber evitado la crisis o reducirla a expresiones mínimas,
como ha dicho algún otro compareciente en esta Comisión de investigación. Estuvo vigente durante todo el periodo de gestación de la burbuja inmobiliaria y que sepamos, señorías, no se formalizó ningún expediente sancionador a gestores,
administradores o entidades, a pesar de las irregularidades descubiertas por los inspectores del Banco de España. Bueno, aquí hay que matizar: sí de CCM y de Caja Sur. Es más, se ha creado un relato artificioso que falta a la verdad por parte de
algunos de los máximos responsables del Banco de España, que han dicho que no tenían herramientas ni regulación suficiente para haber controlado la crisis ni las entidades. Esto, para nosotros, no es cierto, señorías.


Los sistemas institucionales de protección. La resolución de la crisis financiera también padece de dolo. La solución de los sistemas internos de protección (SIP) fue un absoluto fracaso. Ninguno de ellos superó los dieciocho meses de
vida, perdiendo un tiempo fundamental que para algunas entidades resultó letal. Recuerden las palabras del señor Aristóbulo de Juan de que había que afrontar estas situaciones de crisis cuanto antes. Pues aquí perdimos dieciocho meses.


En la comparecencia del señor Aristóbulo de Juan quedó bien claro que el Banco de España auditó sesenta y nueve bancos en la crisis de los años ochenta; que después no hubo ninguna sorpresa desagradable en sus balances de estas entidades.
Pues bien, señorías, en los balances de los SIP permanecían ocultas cantidades ingentes de activos financieros deteriorados, ¿y quién auditó o diseñó estos planes de integración? El Banco de España no. La Dirección General de Supervisión emitió un
informe favorable el 29 de junio de 2010, del SIP del grupo BFA-Bankia, que recogió la prensa nacional en su momento, en el que se alegaba que, a juicio del Banco de España, las cajas integrantes de la operación analizada pueden calificarse como
entidades fundamentalmente sólidas y su proyecto de integración consistente y viable. No sé cómo se atrevió a decir esto el Banco de España si el Banco de España no había auditado estos balances. Analistas Financieros Internacionales (AFI) y
Deloitte fueron los que analizaron y diseñaron el plan de integración; y no vieron tampoco el volumen de activos deteriorados ocultos que con cierta ironía, señorías, no pueden atribuirlo a un error de materialidad. En el resto de los SIP
suponemos que ocurrió algo parecido. Vamos, suponemos, no: ocurrió algo parecido.


Con fecha 22 de marzo de 2013, la Intervención General de la Administración General del Estado, Unidad de Apoyo a la Fiscalía contra la Corrupción y Criminalidad Organizada, elabora un informe sobre la revisión de la documentación requerida
al Banco de España sobre los informes de inspección realizados

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a Caja Madrid y cajas integrantes en BFA-Bankia. Este informe -del que la prensa publicó multitud de artículos- les sería de gran utilidad a sus señorías para formarse un criterio objetivo y les aconsejo que, como los informes de los
inspectores del Banco de España, lo soliciten al Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, y espero que también, como ha hecho con el resto de los otros informes, se lo traslade a sus señorías.


Entre sus conclusiones destaca, por ejemplo, que el periodo problemático se inicia en el año 2004 y dura al menos hasta el año 2008. Los incumplimientos, básicamente referidos a la correcta contabilización de las operaciones crediticias del
anejo IX, se generalizan; esto quiere decir que se generalizan ya en el 2008. Los incumplimientos normativos puestos de manifiesto en los informes de inspección -se refiere aquí a la inspección del Banco de España- podrían haber dado lugar a la
iniciación de algún expediente por parte del Banco de España en aplicación de lo establecido -aquí se refiere claramente a la Ley 26/1988-. De la documentación de las inspecciones analizada se observa que las conclusiones iniciales de los
inspectores se van resumiendo y suavizando hasta concluir en un escrito de recomendaciones que, a veces, parece no reflejar con toda la crudeza los problemas que debe solucionar la entidad.


Por la falta de expedientes sancionadores durante la gestación de la crisis, con fecha 6 de junio de 2016 -esto lo encontrarán en la carpeta 2- enviamos escrito a don Luis María Linde de Castro, gobernador del Banco de España, indicándole
que únicamente habíamos podido localizar a través del BOE expedientes sancionadores de las cajas CCM y Caja Sur; que había habido otras entidades en las cuales se habían cometido tremendas irregularidades y no habíamos localizado ningún expediente
sancionador abierto. Le trasladamos la falta de diligencia a la hora de aplicar la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, y le informamos de que, ante la posible comisión, por acción u omisión, de un delito de prevaricación,
era nuestro deber trasladarlo a la fiscalía. Todavía no lo hemos hecho, pero lo haremos, señorías. Por el momento, hemos continuado recopilando documentos y en la actualidad disponemos de mayor información sobre esos posibles delitos.


El cargo en reservas de activos deteriorados. Con fecha 29 de diciembre de 2010, el jefe de normativa contable del departamento de regulación del Banco de España emite un informe -del que disponemos de una copia y del que la prensa nacional
publicó numerosos artículos- en el que se dice, como conclusión, que no se encuentran desde esta división razones mercantiles, contables, financieras ni regulatorias que justifiquen el registro en los estados financieros individuales de las cajas,
contra reservas, de ajustes de valoración equivalentes a los efectuados en los estados consolidados del SIP en la fecha de su constitución.


La única autorización que el jefe de normativa contable, por esas supuestas razones de supervisión que se alegaban en aquel momento para justificar el cargo en reservas, fue que no tuviesen incidencia en el patrimonio de la caja en cuestión.
Pero esto no fue así. Se contribuyó a la descapitalización de las cajas puesto que existían compromisos cuya liquidación estaba vinculada al resultado contable, bonus de directivos y ejecutivos, intereses de preferentes y obras sociales. Para que
se hagan una idea, señorías, solo en Bankia se pagaron 120 millones de euros de bonus a directivos y ejecutivos. Esto ocurrió en numerosas cajas, en las cuales, en las cuentas anuales publicadas en la CNMV que les hemos trasladado y que están en la
carpeta número 5, hemos localizado cajas de ahorro que realizaron cargo en reservas en el ejercicio 2010. En la Excel que les acompaña pueden comprobar que el cargo en reserva de esas cajas localizadas asciende a 10 278,2 millones de euros; una
cifra muy importante para nosotros. Esto, que se hizo en numerosas cajas, fue en contra de la normativa contable española, la norma 29 de la circular 4/2004 y el artículo 38 del Código de Comercio. El Banco de España puede interpretar una norma
que afecte a entidades financieras, pero no puede ir en contra de la ley, señorías.


Como ha habido y supongo que habrá en esta Comisión más comparecientes -me estoy refiriendo a responsables del Banco de España- que han vertido su opinión sobre este caso concreto y sobre las famosas 'pepas', les rogaría, señorías, que
solicitasen la comparecencia de Ana Martínez Pina, que es la presidenta del ICAC, que debería aportar su visión en su condición de máxima autoridad en materia contable a nivel de España, si lo consideran oportuno. Para nosotros esta señora podría
aclarar este asunto definitivamente, porque la visión que tenemos desde CIC es la visión que tienen los peritos judiciales y tienen sus informes que se los ha trasladado el juzgado. Esta situación debería dilucidarse.


Continuamos hablando de otro tema, los CTC. Con fecha 2 de febrero de 2017, El País publicó el artículo -está en la carpeta 2- titulado 'La supervisión del Banco de España alteró las normas al estallar la crisis. Un comité impuso una
interpretación blanda de forma extraoficial de circulares y normativas que

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retrasó el reconocimiento de morosidad y pérdidas'. La verdad, señorías, es que cuando leímos este artículo nos quedamos perplejos. Lo primero que se me vino a la mente fue la existencia de una administración paralela dentro del propio
Banco de España. Lean el artículo, señorías: 'Un grupo de trabajo interno denominado Comité Técnico de Coordinación (CTC) dio instrucciones a los inspectores para que no se exigiera el cumplimiento de la legalidad vigente a las entidades
supervisadas en las operaciones relacionadas con la refinanciación de préstamos hipotecarios y de consumo. El CTC prohibía a los inspectores la entrega por escrito a las entidades de esta y otras posiciones, que solo podían ser comunicadas a los
bancos de manera oral'. Esto nos dejó perplejos. En algunas de estas actas se relacionaban los asistentes. Desconocemos si esos comités siguen vigentes en la actualidad, si han sido eliminados o, por el contrario, han sido incluidos en el RIBE,
el reglamento interno del Banco de España.


La reestructuración financiera se está ejecutando con una clara ideología política. Esto lo planteamos desde CIC. La crisis financiera se está resolviendo a través de un proceso de reestructuración brutal, con una concentración de
entidades sistémicas tremenda, dentro de una clara ideología neoconservadora, neocon para los conocedores. El viejo Milti (Milton Friedman) se sentiría orgullo de observar el shock al que ha sido sometido la mayor parte del sistema financiero
español. Naomi Klein tendrá oportunidad de trasladarlo en un nuevo capítulo para su libro. Dentro del ecosistema financiero español deben coexistir entidades medianas, pequeñas y grandes o sistémicas, para beneficio de todos los ciudadanos, de la
totalidad de los ciudadanos. El sistema financiero al que se nos dirige podría plantearnos serios problemas, puesto que el posible rescate de una entidad sistémica sería imposible ya para el propio Estado y las consecuencias las pagaríamos los
ciudadanos.


Otro de los actores importantes son las auditoras. El 22 de julio de 2013, El Economista publicaba el siguiente artículo -está en la carpeta 7-: 'Deloitte auditó todas las cajas que están nacionalizadas o con ayudas. Ingresa 67 millones
de euros en cinco años de estas entidades, la mitad por labores de asesoría'. En dicho artículo se muestra la factura cobrada por la auditora a Caja Madrid, Bancaja, Banco de Valencia, BFA-Bankia, Caixa Catalunya, Caixa Tarragona, Caixa Manresa,
Catalunya Banc, Caixa Penedès, Caja Granada, Caja Murcia, BMN, Caixa Nova, Novacaixagalicia, Caja España y Caja Duero. Don Aristóbulo de Juan, en esta misma Comisión, dijo que había una auditora que llevaba treinta y cinco años auditando al Banco
Popular. La ausencia de salvedades en las auditorías practicadas a estas entidades financieras por las auditoras fue la característica común durante el proceso de gestación de la crisis.


El 13 de junio de 2013, el ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoras Contables) acuerda sancionar a Deloitte tras la apertura del preceptivo expediente por el asesoramiento y auditoras de Bankia. Dicho expediente y sanción terminaron con
una elevada sanción impuesta por el Ministerio de Economía, después de hacerle una considerable rebaja. La sanción inicial impuesta por el ICAC era de 12,8 millones y terminó siendo de 10,4. Se le acusó finalmente por tres faltas graves por
incumplimiento de las normas de auditoría y falta de independencia con motivo de la salida a bolsa de Bankia. Nosotros, la Confederación Intersindical de Crédito, hemos logrado sentar finalmente en el banquillo a Deloitte en el caso Bankia. Nos
costó un gran esfuerzo, pero gracias a nuestra tenacidad finalmente fueron imputados tanto el socio como la empresa Deloitte. Hemos solicitado que se le inhabilite durante un tiempo -dos años- a ejercer auditorías en el sector financiero.
Señorías, deben reflexionar sobre el papel que han jugado las auditoras en la crisis financiera y obrar en consecuencia.


Las tasadoras. Estuvieron y están controladas por el Banco de España. Aquí sí que hemos localizado numerosos y múltiples expedientes sancionadores por parte del Banco de España a estas empresas. Les hemos trasladado las cuentas anuales de
Timsa, extraídas del Registro Mercantil -están en la carpeta 10-. Como verán, las firman los vocales representantes de las cajas de ahorros, que estaban sentados en el consejo de administración. También nos gustaría que se hiciesen los cambios de
denominación social, puesto que así llegarían a las mismas conclusiones a las que hemos llegado nosotros, señorías. ¿Contribuyó el que en el consejo de administración de Timsa se sentasen ejecutivos de cajas de ahorros en la inflación de las
tasaciones que se denuncia en el vídeo que más adelante será mostrado? Dejo esta pregunta en el aire, señorías.


Caso CAI. La novedad o primicia que les hemos anticipado, señorías, es que el pasado viernes 2 de marzo presentamos ante la Fiscalía Anticorrupción y Criminalidad Organizada una denuncia por la gestión delictiva de Caja Inmaculada -está en
la carpeta 6-. El hilo conductor de la denuncia es la gestión delictiva de CAI y el rescate público necesario para poder hacer frente al agujero financiero derivado de la administración desleal continuada perpetrada por los denunciados. Señorías,
les mostramos un video de dos minutos de la comparecencia de don Carlos Montón Molina, subdirector general de la CAI y jefe de la

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Administración y Control de Riesgos en la Comisión de Investigación de las Cortes de Aragón. En él explica con todo lujo de detalles cómo se generaban los beneficios ficticios en CAI, además de cómo pintaba el jefe de Control de Gestión y
Contabilidad las cuentas de resultados, de abajo para arriba. Vamos a proceder al visionado del video. Solo son dos minutos. (Se proyecta un video en la sala).


Creo que ha quedado bastante claro. Tienen el vídeo completo de su declaración en la documentación que les hemos aportado. Entre la denuncia y la declaración completa del señor Montón Molina -carpeta 6-, encontrarán toda una serie de
artimañas que se utilizaron para quebrar la CAI y que hemos podido comprobar que se utilizaron en otras entidades a través de numerosas personaciones como acusación popular. No son ninguna novedad, ya que se utilizaron estas herramientas para
saquear Banca Catalana por un famoso político. Lean el libro de Pere Ríos Banca Catalana: caso abierto y lo podrán comprobar.


Caso Bankia. El caso Bankia está pendiente de apertura de juicio oral; seguramente será a principios del año que viene cuando se realice este juicio. Este caso tan mediático -tarjetas black, imputaciones de personajes relevantes,
etcétera- vio la luz gracias a la querella interpuesta por el partido político UPyD y por la salida a Bolsa de Bankia. Lamentablemente, no se juzga la gestión delictiva que llevó a las cajas integrantes de Bankia a la ruina. No entra dentro del
ámbito de esta Comisión de investigación adentrarse en los procesos que se están juzgando, pero sí nos gustaría trasladarles cómo ha actuado el Banco de España, ajeno en este momento al proceso de Bankia.


Tanto Mariano Herrera como Julio Durán pertenecían a la Comisión Rectora del FROB cuando este encargó un informe al Banco de España y lo confeccionaron ellos mismos desde sus respectivos cargos del Banco de España para desacreditar y
desprestigiar la labor y los informes de los peritos judiciales, don Víctor Sánchez y don Antonio Busqued, inspectores del Banco de España, sobre las famosas provisiones específicas pendientes de asignar, las famosas 'pepas', inexistentes en la
regulación española, en la europea y en la internacional. Esto es un invento, señorías. Esta injerencia del Banco de España a través de dos de sus máximos responsables fue calificada de artimaña por el juez Fernando Andreu durante los
interrogatorios celebrados en julio de 2016 a estos señores. Pero aún hay más, en el último informe que tienen sus señorías de los peritos judiciales del caso Bankia, que les ha enviado el Juzgado de Instrucción número 4, tienen las declaraciones
como testigo, a solicitud de Deloitte, de don Julio Durán defendiendo la existencia de estas provisiones -páginas 188 a 190 inclusive- y su rebatimiento técnico por parte del perito judicial. En estos momentos el señor Durán es director general de
supervisión. En aquellas declaraciones o faltó a la verdad o no estaba lo suficientemente preparado para responder a esas preguntas, siendo en aquel momento jefe del departamento de regulación.


Para CIC, el Banco de España tuvo una clara falta de colaboración con la justicia. Nos basamos en dos hechos concretos: el filtrado de los correos del señor Casaús, que tuvimos que solicitar expresamente después de que este señor indicase
en su testifical del día 5 de septiembre de 2016 que había comunicado en cuatro ocasiones a sus jefes su análisis y su opinión sobre Bankia. En cuanto al acta de la comisión ejecutiva del Banco de España, donde se autorizó el cargo en reservas en
el ejercicio 2010 de las diferentes cajas integrantes en Bankia, tras solicitarla en reiteradas ocasiones desde CIC y también desde el juzgado, finalmente se envió una certificación. El acta nunca se llegó a enviar. ¿Por qué? Tal vez porque había
más cosas.


Termino trasladándoles el auto de imputación de los máximos responsables del Banco de España de fecha 13 de febrero de 2017, en el que la Sala Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional -está en la carpeta 1, sentencias y autos- estima
razonable y razonada la pretensión de CIC sobre la base de la existencia en la causa de indicios múltiples bastantes y concurrentes de criminalidad respecto a los responsables del Banco de España y de la CNMV en cuanto a garantes e indicativos de la
corresponsabilidad de ambos en los hechos investigados. Con fecha 15 de septiembre de 2017, esa misma sala se enmendó a sí misma. El auto está en la carpeta 1. Se había sustituido a la magistrada Ana María Rubio Encinas por doña Ángeles Barreiro
Avellaneda de la terna de jueces, pero hubo un voto particular parcialmente disidente, el de la magistrada Clara Bayarri García -también está este voto particular en la carpeta número 1-, declarando que el recurso interpuesto por la representación
procesal de la Confederación Intersindical de Crédito debió ser en su mayor parte estimado, con revocación de la resolución exculpatoria. Desde CIC deseamos que tengan la constancia de esta actuación judicial, que acatamos pero que de ninguna de
las maneras podemos compartir.


Finalmente, vamos a trasladarles soluciones para la integridad del sistema financiero español. En primer lugar, eliminación de la asimetría regulatoria, una de las respuestas que desde la regulación

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europea, y con la connivencia de la supervisión, se está desarrollando, teóricamente para evitar nuevas crisis, una maraña de normas contables y bancarias. Este conjunto normativo supone ya miles de páginas, y continúa creciendo. No cabe
en una mente racional pensar que algo tan importante para la economía y al mismo tiempo tan delicado como los bancos puedan ser controlados de una forma eficaz sin existir cientos de páginas de reglamentos, directivas y guías del Banco Central
Europeo, guías de la EBA (Autoridad Bancaria Europea), normas contables del IASB (Junta de Normas Internacionales de Contabilidad), recomendaciones del Comité de Basilea, del FSB (Financial Stability Board), del FMI, etcétera.


Todo este caos, lejos de suponer un marco más estricto, puede transformarse en lo contrario cuando nos referimos a los bancos que pueden ser controlados con mucho más rigor, los más grandes. ¿Por qué, señorías? El riesgo real para la
economía y la ciudadanía europea proviene cada vez más de la concentración y creación de enormes grupos bancarios que pueden llevar a la ruina a un país e incluso a la Unión Europea en su conjunto. Este marco es menos estricto para los grandes
bancos por dos motivos fundamentales: la complejidad y extensión de toda la normativa referida hace imposible verificar el cumplimiento de la misma en estos enormes bancos, teniendo que dirigir la supervisión a tareas de verificación de la
información que suministran las propias entidades. Y, en segundo lugar, porque todas estas normativas apuestan por la evaluación propia de las entidades de sus riesgos, los tristemente famosos modelos internos que con tanto énfasis han defendido la
banca y, por desgracia, los supervisores. Uno de los que lo han defendido con más vehemencia fue el gobernador que no supo atajar la crisis, el señor Caruana, promotor de los acuerdos de Basilea II y III, y hoy a sueldo de un gigante bancario, con
modelos internos de capital y de provisiones, el BBVA. Sin embargo, las entidades medianas y pequeñas, las que más llegan a los clientes a los que no llega nadie, las que prestan servicios que van más allá de su cuenta de resultados y de su
influencia política y se centran en el negocio minorista, en las pymes, en las ciudades pequeñas comprometidas con el desarrollo local, tienen que cumplir con este marasmo normativo. Los bancos medianos y pequeños, las cajas de ahorros, las
entidades que no suponen un peligro para la economía de los ciudadanos son las más vigiladas por ser las más fáciles de controlar por razón de su tamaño y porque no disponen de la posibilidad de aplicar modelos internos. No pueden aplicarlos porque
la normativa se lo prohíbe directamente o bien por tener unos costes de entrada inasumibles para estas entidades, por lo que todos los requisitos exigidos a los grandes bancos y que estos pueden sortear tienen que ser cumplidos a rajatabla por
quienes más servicio prestan y menos riesgo suponen para los ciudadanos. Se trata de una asimetría regulatoria con el beneplácito de la gran banca, que va a llevar a situaciones muy complicadas a la banca mediana y pequeña, tanto española como
europea, dejando al final solo gigantes europeos con la manida excusa de las economías de escala. Existen claros ejemplos de puertas giratorias entre el regulador-supervisor y la gran banca, y podemos detallarlos, señorías, tenemos una lista
bastante grande. ¿Para quién legislan cuando están en sus cargos? ¿Podemos seguir instalados en el fraude de afirmar que no existe captura del supervisor? Tenemos información incluso de otros países de la Unión Europea en los que ha ocurrido
esto.


Propuestas de buenas prácticas y prevención de la corrupción en el sistema financiero. Este documento -el que les hemos trasladado y que está en la carpeta once- fue elaborado por una mesa de trabajo en Transparencia Internacional España,
en la cual colaboró el CIC, junto con otras organizaciones como Gestha, técnicos de Hacienda, Sepblac, la propia Transparencia Internacional, personalidades del mundo universitario, AEB, CECA y miembros de responsabilidad social corporativa de
varias entidades financieras. El modelo engloba dos grandes bloques que seguidamente les detallamos: uno, propuestas de buenas prácticas en el sector financiero y, otro, propuestas de prevención de la corrupción. Como tienen el documento entero,
no lo voy a leer, lo trasladamos para su estudio.


Finalmente, desde CIC deseamos que se imponga la inhabilitación como mecanismo de prevención frente a nuevas crisis. Como ya hemos dicho, la falta de compromiso con la legislación vigente, junto con una moral cuestionable, ha sido la
principal causa que desencadenó la crisis financiera. A los empleados nos ha supuesto la pérdida de 46 000 puestos de trabajo, además de condiciones laborales precarias, con pérdida de derechos y rebajas salariales muy importantes. Quienes no
respeten la legislación vigente, señorías, deben estar fuera del sector financiero. Por el bien de nuestro trabajo y del de los ciudadanos, el supervisor debe ejercer su función, la que la ley le encomienda, y la debe aplicar con todo rigor a los
directivos, ejecutivos y administradores que no la respeten.


Eso es todo, señorías.

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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Postigo, por su exhaustiva intervención.


Quiero decirles a todos los portavoces que las carpetas a las que se ha referido han sido entregadas ahora mismo y no ha sido posible repartírselas antes de la intervención, pero mañana a lo largo del día o pasado mañana la tendrán todos en
su poder. Las carpetas a las que él ha hecho referencia -o incluso el vídeo que se puede seguir-, donde está la intervención que ha realizado, serán entregadas por los servicios de la Cámara mañana o pasado mañana; hoy ha sido imposible porque nos
ha sido entregado a las cuatro.


En primer lugar, por el grupo solicitante Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señor Mayoral.


El señor MAYORAL PERALES: Buenas tardes.


Muchas gracias, señor Postigo. En primer lugar, quiero agradecerle su labor y la labor de la organización a la que representa, tanto en defensa de los derechos de los trabajadores del sector del crédito como en defensa de los intereses de
todos, porque entiendo que los procedimientos judiciales que ustedes impulsan y la acción popular que están impulsando en esos procedimientos va, en primer lugar, en defensa de los intereses de sus afiliados, pero, al mismo tiempo, también va en
defensa del interés general frente a una situación de impunidad intolerable para la inmensa mayoría de la sociedad española.


Me gustaría que nos diera alguna orientación en torno al proceso de bancarización de las cajas. Se ha hablado mucho de ese proceso de bancarización de las cajas. Hay quien dice que ese proceso es la consecuencia de la crisis, pero también
hay quien dice que las cajas empezaron a transformarse en bancos antes, modificando su modelo de negocio y otras cuestiones y, en concreto, incluso abriendo sedes en paraísos fiscales como las Islas Caimán. Me gustaría que nos hablara de ese
proceso de bancarización y cuándo sitúan ustedes esa estrategia de hacer desaparecer las cajas para convertirlas en bancos y si piensa que ese proceso de transformación del modelo de negocio de la caja, que es un modelo cercano, pegado al
territorio, para convertirlo en un modelo bancarizado, afectó tanto a los productos que se ofertaron a los clientes como a las consecuencias que pudieron tener esos productos para los propios clientes como modelo de negocio. Me gustaría que
profundizara, si es posible, en lo relativo a las puertas giratorias; puertas giratorias no solo del organismo regulador, sino del propio Gobierno. Hoy hemos tenido conocimiento de que el que fuera responsable de relaciones institucionales del
BBVA va a ser nuestro próximo ministro de Economía, sustituyendo al que fuera responsable de Lehman Brothers en España. Me gustaría que nos hablara de las puertas giratorias y cómo estas pueden haber influido tanto en las cuestiones que se han
legislado como en los mecanismos de regulación, de control y supervisión sobre las entidades financieras y si cree que pueden haber tenido alguna influencia en ese asunto.


Me gustaría saber también si ustedes han reflexionado en torno a por qué el Banco de España no cumplió con sus obligaciones. Es evidente que no las ha cumplido, es evidente que no se produjeron esos expedientes administrativos
sancionadores. Quisiera saber si entienden la motivación que pudiera llevarles a realizar ese tipo de conductas. También quisiera saber si tiene conocimiento o no de procedimientos judiciales impulsados por el Banco de España después de tener
conocimiento de hechos de apariencia delictiva en su labor de supervisión a las entidades financieras en nuestro país. La CEF y otros organismos de supervisión lo hicieron en los Estados Unidos y me gustaría que nos dijera si lo han hecho o no lo
han hecho. (El señor Postigo Zabay, de la Confederación Intersindical de Crédito: Perdón, ¿podría repetir esta pregunta?).


Sí, quería saber si tiene usted conocimiento de que el Banco de España haya impulsado procedimientos judiciales por las actividades delictivas que se puedan haber gestado previamente y durante la crisis financiera en nuestro país, similares
a las que se puedan haber realizado en otros países como los Estados Unidos. Me gustaría que nos relatara cuál ha sido la actitud que ha tenido el Banco de España en los procedimientos judiciales de los que ustedes son parte: si están personados,
cuál ha sido la actitud a la hora de colaborar con la Administración de Justicia, si cree que han tenido una actitud en defensa del interés general o no y si nos lo puede argumentar.


Habla de que se suavizaron algunos de los informes de supervisión de algunas entidades financieras y me gustaría que nos explicara por qué y quién es el responsable de que se recortasen los informes de los inspectores. Habla usted de las
tasadoras y se ha referido a Tinsa, que es una de las empresas tasadoras que están en el candelero por realizar mal su labor en connivencia con las entidades financieras para la concesión de créditos. De hecho, tuvimos la ocasión de poder contar
con un representante de la

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Asociación de inspectores del Banco de España y hablaba de esas malas prácticas que se estaban registrando y la connivencia y conexión que existía entre las entidades financieras y las tasadoras, y cómo además era un mecanismo para la
concesión de préstamos con bienes sobrevalorados. Me gustaría que nos hablara de esa relación y de ese nexo que unía a ambas y, en concreto, de un caso que es especialmente grave porque Tinsa era una sociedad participada por varias cajas, pero, por
lo que nosotros tenemos entendido, a Caja Madrid no le resultó suficiente y llegó a crear su propia tasadora. Me gustaría que nos contara si tienen conocimiento de cómo fue ese proceso, de si estaban insatisfechos con las sobrevaloraciones
otorgadas por Tinsa y crearon ad hoc una nueva tasadora bajo esa denominación que aclara la independencia de la tasadora con respecto a la entidad financiera y se llama Tasamadrid. Le agradecería que pudiera hablarnos de ese asunto.


Hay algo que a nuestra formación política nos preocupa bastante y es cuál ha sido el efecto que ha tenido la crisis para el aterrizaje de fondos buitre en España, la influencia que pueda tener en la economía de nuestro país y la constitución
de monopolios con la participación de esos fondos buitre en diferentes entidades financieras, si tiene conocimiento de cuál es la participación de BlackRock en BBVA, Santander u otras grandes empresas, cuál es el papel que está jugando Blackstone,
Promontoria y otras entidades financieras con respecto a los activos tóxicos y a qué precios se han adjudicado esos activos de las entidades financieras. Y si me pudiera hacer una comparativa, muy a vuela pluma, entre el valor de adjudicación que
han tenido los activos tóxicos de las entidades financieras por parte de los fondos buitre y los que ha tenido la Sareb. Me interesa porque la Sareb la pagamos entre todos. Tengo entendido que la Sareb se los adjudicó al 50 %, pero creo que los
fondos buitre jugaban en otros precios y en otras ligas.


De momento me voy a quedar aquí, agradeciéndole sobre todo el trabajo que están haciendo y alentándoles a que sigan haciéndolo. Es importante la institución de la acción popular en nuestro proceso de justicia. Creemos firmemente en la
necesidad de la participación popular en el proceso de la justicia y la defensa de la institución de la acusación popular como un elemento fundamental en una sociedad democrática y les agradecemos el esfuerzo porque sabemos que es un sobreesfuerzo
para una entidad como la de ustedes.


También les agradecemos mucho que nadie les haya cerrado la boca y hayan sido capaces de mantener esa coherencia en la defensa de los intereses de sus afiliados y del interés general.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mayoral.


Por el Grupo Vasco, PNV, señora Sagastizabal.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Buenas tardes.


En primer lugar, quiero darle las gracias por su comparecencia hoy aquí, que ha estado muy bien porque ha sido muy estructurada, clara y ha abordado un análisis de todos los actores protagonistas de esta crisis. Porque todos sabemos aquí, y
con lo que llevamos de comparecencias, que los organismos de supervisión no han acometido sus funciones eficientemente, todo lo contrario. Como usted nos ha dicho, no disponían de medidas, nos han dado una larga lista de excusas para eludir o
trasladar esas responsabilidades bien a terceros o bien al mercado exterior y la impresión que tenemos es que todo lo sucedido era tan previsible como evitable. Parece que la culpa viene de decisiones humanas o de la toma de no decisiones. Una
imprevisión por los que tenían que haber previsto algo, una inactividad de los que tenían el deber de actuar, la ligereza también ante algunas evidencias de los que tenían que haber sido más estrictos e incluso la codicia. ¿Cree que hubo un acto de
fe en que el mercado podría autorregularse?


Por otro lado, me gustaría saber por qué cree usted que el Banco de España no gestionó los avisos recibidos de sus propios inspectores y cómo valora el hecho de que no evitase que se mezclasen cajas con activos deteriorados con las que
tenían unos activos sanos. Nos ha hablado también de las firmas de auditoría y me gustaría saber qué papel han jugado en esta crisis porque es verdad que ha pasado lo que ha pasado, pero se ha vuelto a repetir la historia con el Banco Popular. En
todo caso, ¿qué papel deberían jugar en el sistema financiero? ¿Cree también, cuando las autoridades europeas y nacionales realizan esa contratación de auditorías externas, que se está poniendo de alguna manera en duda su propia capacidad de
supervisión? ¿Cree que las tasadoras también recibían presiones para sobretasar los bienes inmuebles?


Por otro lado, usted nos ha hablado de la escasa preparación técnica, ha dicho que no era casualidad, cuando se refería a los administradores. Tengo que decir que es una pregunta que también le hice al señor Serra y lo que nos dijo era que
recibían una formación de dos horas antes de cada consejo, por lo

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que deduzco que sería solo para plantear las propuestas y que votasen en un sentido u otro. Me gustaría saber cómo ve el futuro a corto plazo del sector bancario y si se podría hablar objetivamente de una fortaleza del sistema bancario. Y
cuando usted ha dicho que la reestructuración se ha ejecutado o se está ejecutando con una clara ideología política, me gustaría saber si nos podría aclarar qué ideología es esta o que nos ahondase más en esto.


Por último, me gustaría saber qué opinión tiene de los ratios de Basilea III en cuanto a que parece que tienen una capacidad predictiva limitada por lo que ha pasado con el Banco Popular, ya que en menos de tres meses tenía buenos resultados
en los indicadores y luego se declaró inviable. También me gustaría preguntarle qué eran para usted esas tarjetas black y qué opinión le merecen esas tarjetas black de los sindicalistas.


Por último, qué valoración puede hacer respecto a los resultados obtenidos en los procesos judiciales promovidos por ustedes que, desde luego, están dando claridad a este proceso o a lo que ha pasado en la crisis y, por tanto, va en
beneficio de la sociedad en general.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Sagastizabal.


Por el Grupo de Esquerra Republicana, señora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidenta.


Muy buenas tardes, señor Postigo. Muchas gracias por su comparecencia.


Esta mañana han pasado por aquí aquellas personas que representan a los sectores o a las entidades de defensa de los consumidores. Esta tarde, como usted bien sabe, profundizamos en las consecuencias de la crisis desde el punto de vista
laboral, concretamente desde la perspectiva que usted representa de los empleados. Por la mañana hablábamos de personas que han perdido ahorros y viviendas, y esta tarde hablamos de personas que pierden su trabajo, que han perdido sus puestos de
trabajo en entidades que recibieron multimillonarias ayudas de la Unión Europea y dinero público de todos los españoles, que aún hoy gran parte de esas cantidades percibidas no han sido devueltas y que previsiblemente no serán devueltas.


En esta crisis financiera -usted lo apuntaba- son muchos los actores que han participado y su responsabilidad tampoco va a ser dilucidada en toda su extensión. Usted apuntaba algunas de las soluciones, de las inhabilitaciones, de la
posibilidad de que no vuelvan a tener responsabilidades de este tipo. Estamos hablando de directivos y administradores, de reguladores, del Banco de España, de la CNMV, de las empresas auditoras y de las empresas tasadoras; es decir, que aquí hay
responsabilidades compartidas y, por lo que parece, como apuntaba también muy bien usted, algunas de ellas y algunos de ellos van a salir muy bien parados de esta situación. Pero yo le voy a hacer preguntas concretas en relación con aspectos
concretos y a ver si usted me las puede contestar. A mí me bailan los números de la supresión y la pérdida de puestos laborales. En todo caso, las cifras son importantes, pero no importa si coincidimos o no en ellas porque se han perdido
muchísimos puestos de trabajo. Me gustaría hacerle preguntas muy concretas en relación con este aspecto. ¿Podría usted precisarme o indicarme cuántos de estos puestos de trabajo en porcentajes, si los tiene, estarían directamente relacionados con
la crisis? ¿Cuántos de estos puestos de trabajo estarían relacionados con los procesos de reestructuración bancaria y cuántos serían debidos a procesos de reconversión hacia un nuevo modelo bancario, que es el que parece que se está concluyendo?
Algunos dirán que se está gestionando de alguna manera, pero otros nos permitimos el lujo de decir que ya se está determinando cuál va a ser el modelo. ¿Era necesario todo esto o se aprovechó la crisis como excusa para acelerar un proceso de
reconversión y, por tanto, de diseño de un modelo bancario determinado?


En relación con la concentración bancaria, ha habido un proceso de concentración bancaria que ha comportado reducción de la competencia y, entre otras consecuencias, cierre de sucursales bancarias. Además, a criterio de Esquerra
Republicana, esto supone una disminución de los servicios y para nosotros puede representar una brecha entre los ciudadanos, porque no todo el mundo puede acceder en condiciones de igualdad a servicios bancarios vía Internet o vías telemáticas.
¿Cree usted que en parte esta situación ha sido provocada por las propias entidades bancarias? ¿Cómo podría revertirse la situación? ¿Cree usted que la concentración bancaria ha ido a favor de la libre competencia de las instituciones financieras?
Esto es, si usted cree que esto comportará libre competencia.


Con relación a las prejubilaciones y jubilaciones, ¿usted considera que era necesario el nivel de jubilaciones que se ha venido practicando y que no está concluido? ¿Son adecuadas? Se nos han

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facilitado datos que indican entre dos mil y cuatro mil despidos para el próximo año en este sector. Me han proporcionado estos datos, no sé si son ajustados o no. Los sindicatos temen que el ERE por la fusión Bankia-BMN afecte a más de
dos mil trabajadores -Evo Banco, Unicaja Banco y EspañaDuero-. El pronóstico es que la reconversión continúe entre los años 2018 y 2019. ¿Cree que seguirán con el tipo de prejubilaciones, jubilaciones y el sistema de indemnizaciones? Con relación
a los sueldos, las dietas y las indemnizaciones -no le voy a preguntar por las tarjetas black-, ¿considera usted que son éticas las indemnizaciones percibidas por algunos directivos de entidades bancarias que después han precisado y han recibido
ayudas públicas y cuya gestión, vistos los resultados, no se ajustaba a los objetivos que se habían planteado y por tanto a los sueldos que les pagaban? Esto es una percepción personal. Yo le pregunto qué le parece a usted desde el punto de vista
ético.


Con relación a la posible precariedad que usted apuntaba -me parece que lo ha dicho- y la prolongación de jornadas laborales y por tanto deterioro de la calidad de los puestos de trabajo, al inicio de su intervención usted nos interpelaba a
los legisladores para que solucionásemos esta cuestión y que se pudiese recuperar la situación laboral que se tenía con anterioridad a todo este desbarajuste fruto de la crisis, pero también seguramente, como indican las preguntas que le estoy
haciendo, se ha aprovechado lo que estaba pasando para que se produzca una pérdida de calidad de los puestos de trabajo. ¿Disponen ustedes de datos sobre la precariedad -porcentajes si los tiene-, sobre el número de traslados, la movilidad de los
trabajadores, las bajas por enfermedad en el sector, que yo achacaría a esta situación de presión, algunas al mobbing laboral, como consecuencia de estas reestructuraciones de plantilla?


La señora PRESIDENTA: Ya lleva siete minutos. Para que se vaya organizando.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Sí, estaba intentando cuadrar las preguntas.


Con relación a los posibles sistemas de detección de denuncias, durante estos últimos meses por esta Comisión han pasado multitud de directivos bancarios que, curiosamente, en la mayoría de los supuestos no se daban cuenta de lo que estaba
pasando, no percibían que pasase lo que estaba pasando, o algunos que lo vieron dicen que lo comunicaron pero parece ser que sus avisos cayeron en saco roto o se perdieron por el camino. Algún exministro también acabó diciendo que sí, pero que al
final esa famosa carta de los inspectores no llegó a donde tenía que llegar. ¿Algunos empleados eran conscientes de lo que estaba pasando en el sector? En aquellos momentos, cuando estaba pasando, ¿nadie vio el atisbo de corrupción o de abuso
sistemático que se estaba produciendo? Por lo que respecta a los trabajadores del sector, parece que sí, porque hubo quien se negó a comercializar ciertos productos, y se sabe de personas que fueron apartadas de su cargo precisamente por negarse a
comercializar o a endosar, si se me permite la expresión -que yo creo que es ajustada a lo que estaba pasando-, determinados productos a clientes cuyos conocimientos financieros eran justitos, por decirlo así para que todos nos entendamos. ¿Podría
explicarnos qué pasó realmente desde el punto de vista de los trabajadores, así en general? ¿Qué sistema tenían y tienen las entidades financieras para denunciar situaciones de abuso por parte de los directivos, esta presión sistemática a los
empleados para que lleven a cabo determinadas actividades de venta de productos financieros? ¿Son sistemas que permiten mantener el anonimato si hay denuncias? ¿Hay sistemas de control interno para que los empleados puedan hacer llegar sus quejas
y que se puedan mantener en el anonimato para que la denuncia sea realmente efectiva y el proceso termine bien y se le proteja?


Termino. Hablaré solo de formación financiera. ¿Cómo prevén que afectarán en el futuro al sector los cambios tecnológicos desde el punto de vista laboral? Acabo porque ya no tengo más tiempo.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Capella.


Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor de la Torre.


El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Muchas gracias, señor Postigo, por su comparecencia, muy detallada, donde informa de muchas actuaciones de su sindicato, algunas de las cuales valoramos muy positivamente. Le voy a hacer solamente algunos comentarios informándole de que
desgraciadamente me tengo que ir, aunque luego veré en vídeo la contestación que me da. Se queda aquí el señor Navarro, de nuestro grupo. Con carácter previo, lamentamos no haberle recibido en su momento. Yo no era consciente de haber recibido
ningún

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correo suyo, pero tanto el correo del señor Navarro como el mío están en la web y si tienen cualquier explicación que quieran hacernos llegar, estaríamos encantados de recibirla.


En primer término, tarjetas black. Ustedes hacen referencia a que contraviene -seguramente es así- el convenio sobre el derecho de sindicación y la negociación colectiva porque se está dando un sobresueldo oculto a estos presuntos
sindicalistas -permítanme la expresión-... (El señor Postigo Zabay, de la Confederación Intersindical de Crédito: Estaba regulado). Sí, pero además, y en esto quería incidir, esto es un fraude fiscal como la copa de un pino -se lo dice un
inspector de Hacienda-, porque esto no se declaraba, y además, en segundo término, esto son retribuciones a gente que estaba en los órganos de gobierno que no están aprobadas por las asambleas generales. Por esta razón -todo esto no es nada
original- hay una primera condena en la pieza separada de las tarjetas black que está pendiente en el Tribunal Supremo, pero sobre todo es un caso terrible de corrupción por el cual dos presidentes de cajas de ahorros, el señor Blesa y el señor
Rato, compraban la voluntad de los consejeros, lo que dio lugar a que se les aprobasen operaciones que de otra forma no se hubiesen aprobado. Esta es al menos nuestra opinión, porque se ve que allí por lo menos alguien entendía algo, porque lo que
venía a decir la semana pasada el señor Serra es literalmente aterrador. Después de varios años consiguió que se les diesen clases elementales de contabilidad a los consejeros para que aprendiesen lo que es una cuenta de pérdidas y ganancias y lo
que es un balance.


Evidentemente, hemos dejado en manos de absolutos indocumentados, con todas las letras, el control de las grandes entidades financieras, y esto desgraciadamente tiene mucho que ver con la politización que usted ha comentado, y yo creo que es
muy relevante no tanto porque al ser político se esté inhabilitado para estar en una caja de ahorros, sino porque si siendo político se nombra a gente que no tiene ni idea del sector financiero, es evidente que esto va a tener unas consecuencias
catastróficas. De hecho, los tres expresidentes de cajas que vinieron el miércoles pasado eran responsables nada menos que de un agujero de 27 000 millones de euros, entre la CAM, Caixa Catalunya y la Caja Castilla-La Mancha. Es decir, medio
rescate. Lo que le quería preguntar es, como representante de los empleados, qué piensa usted de que se nombrase para consejos de administración y para su presidencia a gente que ni conocía la contabilidad elemental ni tenía experiencia en las
entidades financieras, que es lo que ocurrió en todos estos casos. Me gustaría también decirle que compartimos la enorme preocupación por la supervisión del Banco de España y que -esto ya lo han declarado aquí altos cargos del Banco de España-
apenas hubo expedientes sancionadores. Tampoco conocemos casos de denuncias penales y, mientras tanto, se ha ido medio sistema financiero. Esto es particularmente grave.


Quería incidir en un tema que usted ha comentado y que me parece muy grave: los famosos SIP y, en concreto, la derivada de los famosos cargos a reservas. Los cargos a reservas son -dicho aquí por algún inspector del Banco de España que
conozco- un asiento mágico por el cual entidades que tenían muchísimas pérdidas hacían este mágico cargo a reservas, las cuentas de pérdidas y ganancias no lo reflejan obviamente y, de repente, pasan a tener beneficios, pagando bonus a sus
directivos -usted ha dado la cifra aterradora de Bankia, Caja Madrid entonces porque estamos hablando de 2010-, y además -esto usted no lo ha dicho pero ya se lo apunto-, gracias a eso todas estas cajas pudieron salir a Bolsa -si no todas estas
entidades hubieran estado en pérdidas y a ver cómo consigues convencer a alguien de que te compre las acciones estando con pérdidas- y así pudieron continuar pagando preferentes. Todo esto es francamente grave.


Ha cometido una pequeña imprecisión, doña Ana María Martínez-Pina no es la presidenta del ICAC, actualmente es vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. (Rumores). En ese momento sí lo era. Es inspectora de seguros.
En esta sala lo votamos y salió con nuestro voto a favor aunque Podemos y el Partido Socialista no consideraron que estuviese capacitada. Yo sí considero que es una de las mayores expertas contables de este país, aunque no hace falta ser un gran
experto contable para saber que los gastos del ejercicio, de acuerdo con el artículo 38 del Código de Comercio y la contabilidad elemental, tienen que ir en la cuenta de pérdidas y ganancias. Hacer lo que se hizo en todas estas cajas en 2010,
propuesto por el Banco de España, de cargar a reservas deterioros y, lo que es increíble, hasta gastos derivados de reestructuraciones de personal, no es una práctica contable admitida. Yo también me he dedicado a la contabilidad, soy inspector de
Hacienda, y en privado nadie es capaz de decirme que esto es una práctica contable ortodoxa. Esa normativa contable aquí en un primer momento el señor Aríztegui dijo que se había descubierto de repente que no era ortodoxa pero que nadie lo discutía
y, sin embargo, luego admitió que en el Banco de España -como bien ha dicho usted- había personas como, por ejemplo, el jefe de la división contable, que estaban en contra. Se lo dejo como mi opinión

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contable de que esto no se tenía que haber hecho y que, sobre todo, tuvo unas consecuencias francamente negativas.


Por último, mi grupo también considera particularmente grave el coste para los empleados -pero no solamente para ellos- de que haya caído la mitad del sistema financiero. Esto es lamentable y, como usted bien dice, no es una cuestión que
nos haya caído del cielo. Parte de la culpa seguramente la tiene la crisis financiera internacional pero otra parte es debida a decisiones de muy malos gestores colocados ahí políticamente y a una mala supervisión que se tenía que haber hecho, sin
duda, muchísimo mejor.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor De la Torre.


Por el Grupo Socialista, señor Palacín.


El señor PALACÍN GUARNÉ: Gracias, presidenta.


En nombre del Grupo Socialista quiero dar la bienvenida al señor Postigo y agradecerle su exposición.


Es verdad que llevamos unas cuantas sesiones de la Comisión; esta mañana nos ha tocado hablar sobre los clientes y usuarios del sector financiero y esta tarde vamos a hablar de los empleados, entre otras cuestiones. Es un colectivo del que
se ha hablado poco durante la crisis y es un colectivo directamente afectado no solo por la pérdida de empleo, sino por otras vías que luego mencionaré. Como he dicho, además de perder empleo, han sufrido la presión de las estructuras jerárquicas
dentro de las entidades. En muchos casos han tenido que atender y enfrentarse a los clientes que, con razón, no estaban satisfechos con el servicio que les había dado esa entidad y, en muchas ocasiones, han sido tenedores de productos tóxicos de
las entidades de las que eran empleados. Por eso consideramos que el trabajo que está haciendo su confederación es positivo. Mi grupo es conocedor de las reivindicaciones de los empleados del sector, porque así nos lo han trasladado, así como
usted en alguna reunión y también otros sindicatos.


En cuanto a las horas extras y el sobreempleo que están sufriendo los empleados del sector actualmente, mi grupo ya lo recogió en una proposición de ley que está en marcha -esperemos que vaya avanzando- para regular todas esas horas extras
que se están trabajando sin cotizar ni pagar. Usted ha hablado de directivos, y es verdad que cuando hablamos aquí de directivos nos referimos a las altas esferas pero las entidades financieras a veces se aferran al concepto de directivo para el
director de una oficina o sucursal bancaria o si no, utilizan el término de apoderado o interventor para intentar enmascarar y no pagar esas horas extras. Además, algún otro compareciente ha calificado de vorágine legislativa la que han sufrido el
sector y los empleados. Por eso, queríamos que nos indicara, desde su punto de vista, si las que más afectan a los empleados, como la normativa MiFID I y ahora la MiFID II, en lo relativo a formación y capacitación de los empleados, se han
tramitado correctamente, si se ha notado una mejora desde que entró en vigor la MiFID I en 2007 hasta ahora que se va a aplicar la MiFID II y si la formación se ha hecho en horas de trabajo o en horas personales de cada uno de los trabajadores.
Imagino cuál será su respuesta porque me tocó personalmente la aplicación de MiFID I. El sindicato que usted preside -ya nos lo ha relatado y lo sabíamos- ha sido muy activo denunciando el mal hacer de muchos de los gestores intervinientes en el
sector. De hecho, ha llevado a los tribunales tanto a gestores de entidades, supervisores, auditores, auditoras y tasadores. Por eso queríamos preguntarle, desde su punto de vista, qué grado de responsabilidad tendría cada uno y cómo repartiría la
responsabilidad entre ellos.


Como ya ha indicado, usted era trabajador de Caja de Ahorros de la Inmaculada, un claro ejemplo de la crisis financiera y de la mala gestión de unos directivos en esta crisis. Nuestro grupo no culpa de la crisis y sus consecuencias al
modelo de las cajas de ahorro en su conjunto. Entendemos que ha habido cajas bien gestionadas y otras mal gestionadas que, a consecuencia de esa mala gestión, han tenido que ser rescatadas y ahora mismo no están dentro del sistema financiero
actual. Lo mismo ocurre con los bancos. Tenemos el caso del año pasado del Banco Popular que no tenía un modelo de caja, no estaban politizados sus órganos de gobierno y una mala gestión de la entidad le ha llevado a quebrar y a que, ahora mismo,
pertenezca a otra entidad financiera. Desde su punto de vista, ¿qué cree que diferencia a las entidades que no superaron la crisis de las que sí lo han hecho por sus propios medios? A nuestro modo de ver hay una serie de premisas básicas que se
dan en las entidades mejor gestionadas que es la diversificación de la cartera crediticia, un menor peso del sector inmobiliario, una baja dependencia de la financiación exterior y unos consejos de administración más profesionalizados. Aquí hay
grupos que hablan mucho de la profesionalización o no profesionalización de los consejos de administración pero sí es verdad que en muchas ocasiones la distribución dentro de esos consejos de administración se hacía

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en base a normativas autonómicas, las leyes de cajas en las autonomías, donde una parte de los consejeros se tenía que elegir por sorteo dentro de los depositantes. Queríamos preguntarle en este caso si cree que se ha avanzado más dentro de
la profesionalización de estos consejos con la bancarización de las cajas y si lo encuentra positivo.


Ha hablado también de tamaño dentro de las entidades financieras y queríamos saber si han encontrado una correlación entre el tamaño de las entidades y el resultado del impacto de la crisis en ellas. Antes de...


La señora PRESIDENTA: Señor Palacín, para que usted se organice, le faltan veinte segundos para los siete minutos.


El señor PALACÍN GUARNÉ: Hago una pregunta y concluyo.


La retribución de los empleados tiene muchas veces una parte variable o por objetivos. ¿Cree que las retribuciones con objetivos basados en resultados a corto plazo también fomentaban la concesión de operaciones o la venta o
comercialización de productos de una manera irregular?


Y, para terminar, usted, que viene de una caja con vocación regional y donde la obra social tenía un sentido de desarrollo económico y social importante, ¿cómo valora la pérdida de ese tejido en la mayor parte de provincias, sobre todo en
las rurales? Nuestro grupo valora positivamente la diversidad dentro del sistema financiero y la coexistencia de diferentes modelos. Pero la concentración bancaria y la pérdida de rentabilidad del sector ha llevado al cierre masivo de muchas
oficinas que han tenido un mayor impacto en las zonas rurales, de hecho en mi provincia más de la mitad de los municipios no tienen una oficina bancaria abierta, hay gente que no puede acceder porque no tiene capacidad y en cuanto a la
digitalización del sistema, hacia la que se va avanzando, tienen muy difícil acceso por motivos de edad o porque ya no pueden adaptarse. ¿Qué medidas cree usted que se deberían aplicar por parte de la Administración para combatir la exclusión
financiera que se está dando y que nosotros creemos que va a ir a más?


Acabo, presidenta, agradeciéndole de nuevo al señor Postigo su intervención.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Palacín.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Juncal.


El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor don Gonzalo Postigo, también quiero darle la bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Popular a esta Comisión. En cuanto a preguntas, yo coincido en su exposición, no al cien por cien, indudablemente, porque hay matices y muchas
cuestiones que pueden tener distinto punto de vista, pero sí coincido con usted en el papel fundamental del Banco de España, clave, es el órgano supervisor. Y como hemos visto a lo largo de las distintas comparecencias que ya hemos tenido en esta
Comisión, y como se ha reconocido aquí, las medidas contracíclicas fueron insuficientes en volumen, extemporáneas; en fin, hubo una serie de dificultades. Es verdad también otra cosa que se comenta, debido a la situación de la burbuja
inmobiliaria, y es la actuación del Banco de España. Yo creo que también habría que trasladarse al momento -existe el tópico de que los economistas acertamos en el diagnóstico pero siempre a toro pasado- y analizar el contexto que había, donde el
mercado demandaba y absorbía todas las promociones que se planteaban hasta que el sistema o la burbuja estalló y se vino todo abajo. Digo esto porque ahora es muy fácil hablar pero hay que situarse en el pasado. Indudablemente, el Banco de España
tendría o debería haber funcionado de una manera más eficiente para cortar lo que al final no se cortó y que ha sido una tragedia.


Hablaba usted de los puestos de trabajo. Claro, es que la crisis nos ha dejado tres millones y medio de puestos de trabajo en España. Indudablemente, el sector financiero, el sector de cajas -y no me malinterpreten-, por los datos que
tengo, creo que es el de los trabajadores privilegiados, entre comillas. Las condiciones de esos 50 000 trabajadores, salvo los que estaban de forma temporal o como sustitutos que al finalizar su contrato cesan en el puesto de trabajo sin ningún
tipo de compensación, normalmente fueron de una prejubilación o una baja incentivada y se pudieron acoger a ella. Vuelvo a insistir en que por desgracia muchísimos otros trabajadores, con sus empresas quebradas, no pudieron tener esas garantías más
allá de lo que el Fondo de Garantía Salarial les daba.


Por lo que respecta a la composición de los consejos de administración, yo quiero hacer al hilo una reflexión. Estamos criticando la composición de los consejos a toro pasado. La Ley de cajas de 1977 era la que distribuía por sorteo a los
representantes de las administraciones públicas, diputaciones,

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ayuntamientos y demás; a día de hoy hay cargos políticos que salen elegidos -alcaldes, concejales u otros- y en virtud de esa posición se encuentran de presidentes de una sociedad pública, lo que no quiere decir que estén cualificados. Lo
digo, para que nadie se mosquee ni se dé por aludido, porque a mí me pasó: yo salgo alcalde y me nombran presidente de una sociedad mercantil que tiene el ayuntamiento. Bueno, pues por mi formación me pude defender más o menos pero yo pensaba en
algún antecedente o en algún antecesor de condición médico o maestro, y me imagino que en temas contables... Claro, en el sector privado es muy fácil, los bancos, consejo de administración, la sociedad, el que más capital tenga tiene su cupo en el
consejo de administración, lo ejerce directamente o lo delega en una persona técnica que él estime. Pero en el sector público la Ley de cajas era la que era y tenía la representación que tenía y no todos tienen que tener una formación. Con esto
tampoco estoy defendiendo ni quiero defender la actuación de los consejos o de los representantes políticos porque en muchos casos ha sido, hay que reconocerlo, bochornosa. Al hilo de lo que estaba usted diciendo y del vídeo que nos puso de la
revalorización de activos del caso CAI, ¡hombre, es burda! Es decir cualquiera sabe que el coste de adquisición lo tienes que respetar contablemente, es un principio contable de obligado cumplimiento, y que solamente por una ley de regularización de
balances, que no me acuerdo de qué año ha sido la última, se permite, y de forma reglada en función del año de adquisición de los activos, etcétera, actualizar el valor contable por el paso del tiempo. Pero la explicación que daba de 'a machetazo',
'cambiar'..., creo que es un tema que está bastante ganado desde el punto de vista jurídico y es, en fin, bastante burda.


En cuanto a la actuación del Banco de España, hablaba de los comités. ¡Hombre, es un tema delicado! No voy a defender tampoco la actuación del Banco de España pero es un tema delicado para el sector bancario. Hemos tenido el caso del
Popular, y en una entidad bancaria, si corren rumores sobre su situación financiera, la fuga de depósitos puede determinar la caída definitiva o la situación de quiebra de la entidad dada la alarma generada. Por lo tanto, el tema de cajas funcionó,
además, durante décadas. Tampoco podemos ahora cargar las tintas sobre los años 2004 a 2010 como decía usted, que me parece bien; indudablemente es el periodo crítico y es el que provocó al final el colapso, pero llevaba años exitosos. Es decir
las cajas llegaron a donde llegaron desde una situación inicial de cajas locales. Ayer escuchaba un programa donde incluso se decía que hasta el propio franquismo había utilizado las cajas como un sistema financiero a su medida y se utilizó durante
todos esos años. Lo que pasa es que después colapsó.


Solamente me queda darle un apunte al señor Mayoral, que le preguntó por los expedientes del Banco de España que había promovido, y el propio informe del Banco de España ya reconoce que hay 76 informes enviados a fiscalía a raíz de las
actuaciones del FROB.


Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Postigo.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Juncal.


Quería hacerles una reflexión, porque creo que es preferible hacerlo en caliente. Esta presidenta es generosa con los tiempos -hay portavoces que han usado diez minutos; otros, ocho; otros, siete- y el tiempo no hay que usarlo por usarlo.
En comparecencias como las que tenemos hoy es mucho más importante lo que nos dicen los comparecientes que lo que tenemos que decir nosotros. Quisiera que hicieran un esfuerzo para usar el tiempo en hacer preguntas a aquellos que vienen
exclusivamente a informarnos, personas de mucha calidad como las que hoy hemos tenido. Para emitir opiniones y juicios de valor tenemos otros tiempos. Podemos sacar mucho más partido a las comparecencias y al número de horas que estamos aquí con
gente tan interesante y que tiene tanto que aportar. No es una reconvención, porque nunca la hago, pero sí una reflexión sobre las intervenciones de los portavoces. Vamos a tener mucho tiempo para discutir, defender, no compartir y escuchar.
Vamos a dar diez minutos al compareciente y después reiniciaremos la Comisión. (Pausa).


Continuamos con la sesión, señorías.


Antes debo manifestarles una cuestión formal. He hablado con todos los portavoces y estamos de acuerdo en el cambio de una compareciente del día 4 al 5, y viceversa, es decir del 5 al 4. Así se acuerda.


Para responder a los portavoces va a tener la palabra el señor Postigo. Han sido tantísimas las preguntas, algunas incluso de tipo técnico, que no ha dado tiempo a prepararlas, por lo que he quedado con los representantes de esta asociación
en que nos manden muchas de ellas por escrito, teniendo en cuenta además que las tienen grabadas. Por lo tanto aquellas preguntas que no se respondan por falta de tiempo o porque requieren desarrollo técnico y respuestas muy largas nos las mandarán
y estarán a disposición de todos los portavoces.


Tiene la palabra el señor Postigo para responderles.

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El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL DE CRÉDITO (Postigo Zabay): Inicialmente voy a contestar a muy pocas preguntas, porque no ha habido tiempo material para prepararlas adecuadamente, y además tengo que consultar datos que
nos han solicitado. Por lo tanto las enviaremos por correo a la presidenta o vía letrado y así podrán disponer de las respuestas.


Respecto a la pregunta del señor Palacín, del PSOE, sobre el Mifid II, he de decir que supone un gran esfuerzo para las plantillas. Se realiza la totalidad de la formación fuera del horario de trabajo, sin remunerar. En algunas entidades
se ha llegado a un acuerdo con la representación social pero no es lo habitual, aunque esos acuerdos que se han llevado a cabo significan pagar una parte, lo que no es adecuado, pero sí hay algún acuerdo que ha sido bueno. El nivel de exigencia es
muy elevado y hay un índice de aprobados muy alto. La calidad de la formación y la profesionalidad por la experiencia adquirida de los compañeros es muy alta.


El tema de las tarjetas black -algunos portavoces han preguntado por ello- lleva ya un año en el Supremo. Creo que fue en febrero cuando dictó sentencia la Audiencia Nacional, así que esperamos que no tarde mucho en pronunciarse y sea una
sentencia tan ejemplar como la de la Audiencia Nacional.


El señor Mayoral me ha preguntado sobre los procedimientos impulsados por el Banco de España. Nosotros no conocemos ningún procedimiento impulsado por el Banco de España, en todo caso ha sido el FROB quien ha enviado a la fiscalía unas
setenta operaciones sospechosas de no tener ningún rigor y sentido económico, y la fiscalía ha iniciado algunas instrucciones, concretamente que sepamos nosotros en Caixa Catalunya. En cuanto a la suavización de los informes de los inspectores
tengo que decir que esto lo concluye la IGAE. Es importante para ustedes que soliciten ese informe al Juzgado de Instrucción número 4 y entonces se darán cuenta de todo lo que hay ahí.


La señora Sagastizabal, del PNV, ha preguntado sobre la ideología política de la crisis. Esto es de manual de la escuela de Chicago, de Milton Friedman; es lo más neoconservador que se puede echar uno a la cara. El shock que se ha
producido a la hora de hacer la reconversión financiera lo han padecido, tanto los ciudadanos como los trabajadores de las cajas.


En el resto de las preguntas me han pedido informes que supondrían cuatro o cinco páginas y en diez minutos esto no se puede hacer.


La señora Capella me ha hablado sobre los datos de la precariedad en el empleo en las cajas. Creo que ha habido algún otro portavoz que lo ha pedido también. Mire, un recién entrado a una entidad financiera, según el convenio del sector de
cajas, entra con una carrera de Económicas o de Derecho, con su máster, con su idioma, y entra a ganar doce pagos de 1075 euros netos. Esto se llama precariedad. Ya no llegan ni a mileuristas, porque hay dos pagas reconocidas que están
prorrateadas. Esta es la realidad, aparte del estrés de las plantillas por la consecución de los objetivos. Imagínese usted el escenario que tenemos todos: unos tipos de interés bajo mínimos y la única manera de conseguir recursos es a base de la
intermediación y de productos de seguros y de fondos de inversión, porque si no, no podemos conseguir beneficios. Entonces hay unos objetivos muy duros para la plantilla y eso que ha comentado de las bajas por enfermedad es una realidad. Hay bajas
por enfermedad por episodios de estrés, ansiedad y depresión; hay que reconocerlo así. También quisiera decir que durante el proceso de reconversión, lamentablemente hemos tenido algún fallecimiento por suicidio de algún compañero; lo digo para
que lo sepan ustedes, que las decisiones que se toman a alto nivel tienen un gran componente de sufrimiento en las personas que las padecen, y estoy hablando de ciudadanos que han sufrido esas consecuencias y también de empleados.


Les envío si les parece, a través de correo, un informe con la respuesta detallada a todas las preguntas que nos han hecho.


Quiero agradecer a sus señorías que hayamos podido transmitir nuestra voz aquí en esta casa a la que tenemos desde CIC muchísimo respeto, y cuenten sus señorías con nuestra colaboración leal en todo lo que podamos hacer. Aquí tienen un
equipo de gente, el que formamos CIC, comprometidos con su trabajo y con el respeto y defensa de los derechos, con coraje y con valentía, como lo hemos hecho siempre.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Damos las gracias a don Gonzalo Postigo, y paramos cinco minutos la sesión para que entre el siguiente compareciente. (Pausa).

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- DEL SEÑOR MONTERO MARTÍNEZ, SECRETARIO FEDERAL DE BANCA DE LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA (CIG), PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON EL OBJETO DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 219/000957).


La señora PRESIDENTA: Continuamos con la cuarta comparecencia, de acuerdo con lo dispuesto por la propia Comisión en la sesión del día 6 de febrero de 2018. La comparecencia del señor Montero Martínez tendrá el siguiente formato:
intervención inicial del compareciente, un turno de los portavoces de los grupos parlamentarios de siete minutos, comenzando por el grupo solicitante, y respuesta del compareciente. Damos comienzo pues a la comparecencia, y agradezco al
compareciente su disponibilidad.


Al tratarse de comparecencias sujetas a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1984, se ha trasladado al compareciente la posibilidad de poder comparecer acompañado de la persona que designe para asistir. Asimismo esta Presidencia manifiesta
expresamente su voluntad de salvaguardar los derechos del compareciente reconocidos por el artículo 1.2 de la citada ley orgánica. Recuerdo igualmente la obligación contenida en el artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en su
testimonio.


Señor Montero Martínez, tiene la palabra para su exposición inicial.


El señor SECRETARIO FEDERAL DE BANCA DE LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA, CIG (Montero Martínez): Buenas tardes a todos y todas.


Gracias por permitir que vengamos aquí a intentar exponer cuando menos nuestra visión de lo que sucedió con las cajas de ahorros gallegas, y sobre todo con el sistema financiero y con el rescate del mismo.


En el año 2005 las cajas de ahorros gallegas, Caixa Galicia y Caixanova, empleaban a 7273 personas, y la suma de beneficios de ambas entidades en aquel año fue de 326 millones de euros. En el año 2016 Abanca tuvo un beneficio semejante, 333
millones de euros, pero empleando a 4032 personas, es decir, un 45 % menos que en el año 2005. Por el camino hemos vivido los trabajadores y trabajadoras un durísimo injusto corralito para los tenedores de deuda subordinada, que fue pactado por el
Gobierno del Estado y la Comisión de la Competencia, y que restó además valor a una entidad que ya estaba bajo control público, situando a los trabajadores y a las trabajadoras delante de la opinión pública como los responsables de una estafa que no
cometieron.


Para llegar a ese momento, año 2016, según el Tribunal de Cuentas el Estado invirtió en las cajas de ahorros gallegas 9159 millones de euros, a los que habría que sumarle 247 millones del Banco Gallego que estaba participado por Caixanova.
De ellos dice haber recuperado 1003, de los que habría que descontar las garantías públicas a favor del comprador, los créditos fiscales a favor del comprador, y pese a que las provisiones las realiza el Estado, después el comprador de la entidad se
descuenta como créditos fiscales unas provisiones que él no ha realizado, por lo que el Estado paga dos veces por esas provisiones. Por otra parte, habría que tener en cuenta el propio lucro cesante por una privatización precipitada y gravosa para
el Estado de NCG Banco, Novacaixagalicia Banco, a finales de 2013. Desde la privatización el nuevo accionista, Banesco, se ha embolsado unos beneficios de 2188 millones de euros, triplicando Juan Carlos Escotet su fortuna, según la revista Forbes.
Es el hombre más rico de Venezuela y hoy es el banquero más rico del Estado español, y a mi jefe -permítanme la expresión- llegar a rico le ha costado lo nuestro. Este podría ser el resumen del rescate de las cajas gallegas. No solo hubo una mala
gestión, sino que el rescate y la privatización a todas luces fueron precipitados. Novagalicia Banco podía ser vendido hasta el 31 de diciembre de 2017 y con esa privatización se impidió que el erario público recuperase esos 2188 millones de euros
a mayores. Por tanto estamos hablando de una factura que supera los 11 000 millones de euros.


La gestión de las cajas fue nefasta -eso lo sabemos todos-, pero la supervisión no falló. Simplemente el Banco de España y la CNMV actuaron con criterios ideológicos, aplicando unas normativas europeas y estatales que acreditaban la
autorregulación del sistema financiero y la autorregulación por parte de las propias entidades, y ahí está parte del problema. Además el rescate se ha alargado durante demasiado tiempo, llevando a la quiebra a miles de empresas viables y a miles de
autónomos, estrangulados por la falta de crédito, resultando excesivamente caro para la sociedad, muy ineficiente en términos económicos y poco transparente. No ha habido la debida diligencia en los procesos de privatización y de venta de activos
de las propias entidades.


Los trabajadores y trabajadoras de las entidades financieras hemos seguido las comparecencias de esta Comisión con muchísima atención. Desgraciadamente aquí han comparecido muchas personas que

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han intentado eludir sus responsabilidades, pero lo más grave es que, después de escuchar esas comparecencias, estamos convencidos de que si hoy se repitiese una crisis como la que sucedió no sabrían cómo actuar, porque los árboles no les
dejan ver el bosque. Esa es la triste realidad. No ha sido una crisis de las cajas de ahorros, como se insiste en decir permanentemente, sino una crisis que ha nacido de la implantación de un sistema financiero neoliberal, de la libre circulación
monetaria, con unas normas laxas que buscaban la expansión económica y que se negaban a intervenir en los mercados en aras de la autorregulación, unas normativas de carácter global, elaboradas por el Consejo de Supervisores de Basilea, del que el
Banco de España formaba parte desde el año 2001, que se han adaptado a la legislación de la Unión Europea a través de directivas comunitarias. Y que estas normativas no eran correctas no lo digo yo, sino que lo ha reconocido la propia Comisión
Europea, y ahí están las nuevas normativas que están en marcha. Nos lo ha reconocido personalmente a la CIG en las reuniones que hemos mantenido con la Comisión de la Competencia.


Ha sido la banca española en general, y no solo las cajas de ahorros, las que han sufrido la crisis. Todas se han visto afectadas por su exposición a la burbuja del ladrillo. Las pérdidas multimillonarias están en los balances, así como
las provisiones realizadas por la mayoría de las entidades financieras, por no decir por todas. Es cierto que las cajas de ahorros han sufrido la crisis con especial relevancia, pero no coincidimos con los análisis realizados hasta la fecha sobre
los motivos. Quiero recordar que las cajas de ahorros eran competencia de las comunidades autónomas. En el caso de Galicia era una de las pocas competencias en materia económica que tenía estatutariamente, reservándose el Estado central las
competencias de supervisión y regulación. Las cajas de ahorros eran entidades sociales, con una clara vinculación territorial. Durante el proceso de descentralización del Estado español, durante el proceso de la puesta en marcha de las comunidades
autónomas, se intentó instaurar un modelo de sistema financiero semejante al alemán, un modelo de sistema financiero que se conoce como modelo financiero continental o modelo financiero alemán. Pero por su propio modelo -esta es una de las claves-
las cajas de ahorros no tenían capital ni tenían que tenerlo, siempre y cuando actuasen como cajas de ahorros, manteniendo su vinculación territorial y social. Las cajas tenían recursos propios que alimentaban con cargo a los beneficios, que iban a
reservas obligatorias y voluntarias. El problema de las cajas ha sido su bancarización, es decir, su gestión como si fueran bancos cuando no lo eran ni debían serlo. De ahí la expansión territorial asociada a la expansión crediticia para financiar
la burbuja especulativa del ladrillo, al tiempo que sus recursos propios, su capital entre comillas, fueron también expuestos al ladrillo a través de su participación en el capital de empresas inmobiliarias propias y ajenas. Las cajas en su
actividad y en su territorio eran rentables. Fue la expansión crediticia y territorial la que las llevó a la quiebra. En el caso de las cajas de ahorro gallegas, el propio plan de restructuración, que fue negociado en su día por el Estado español
y por Bruselas directamente por la Dirección General de la Competencia, reconocía que las cajas de ahorros gallegas eran rentables y viables en Galicia, pero no así en el resto del Estado. Por eso aquel plan permitía mantener lo que denominaba zona
core, que era el negocio en Galicia, pero obligaba a cerrar y a chatarrar el resto del negocio.


Nosotros siempre reivindicamos la existencia de cajas de ahorros y lo seguimos haciendo, pero pensamos que no ha sido así por parte de los propios legisladores, el propio aparato legislativo, y por parte de las propias direcciones. En el
año 2002 se aprueba la Ley 44/2002, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, siendo ministro de economía Rodrigo Rato. Es una ley conocida en el sector como Ley Rato que pretendía entre sus objetivos incrementar el crédito y facilitar la
expansión territorial de las cajas de ahorros. Curiosamente sentaba las bases para lo que con posterioridad sería ideológicamente el rescate de las cajas de ahorros. Por una parte, regulaba fusiones entre cajas de distintas comunidades por primera
vez en el Estado español y, a su vez, también por primera vez regulaba la entrada de capital privado en las cajas de ahorros tendiendo a su privatización.


Caixanova contaba con diez oficinas fuera de Galicia en el año 2002. No es casualidad que en ese año pusiera en marcha el plan de expansión llegando a 170 oficinas fuera de Galicia en 2009 e incrementándose en el mismo periodo el crédito en
un 248 %. La motivación por parte de la caja en la normativa interna explicaba que las emisiones de participaciones preferentes eran precisamente para permitir esas inversiones crediticias por parte de la entidad. Caixa Galicia pasó desde el año
2002 de 273 oficinas fuera de Galicia a 373, incrementando el crédito en un 351 %. Aquí tengo que reivindicar que esa expansión, ese modelo de expansión crediticia y esa expansión de la entidad, nos llevó a los representantes de los trabajadores,
elegidos con el apoyo de la CIG, a votar a partir de 2005 en la asamblea general, que era el máximo órgano de gobierno, en contra de la gestión, de las cuentas y del plan de negocio que se

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nos presentaba, por entender que se estaba generando una burbuja, como así fue. Por tanto, sí hubo en aquel momento quienes alertamos de la situación que se estaba generando.


Tuvimos también numerosas reuniones con la dirección de la entidad, como asimismo con responsables políticos de los distintos grupos parlamentarios del Parlamento Gallego e incluso con la Consellería de Economía en aquel momento, con el
director general de Política Financiera cuando era conselleiro José Ramón Fernández Antonio, del PSOE. No es cierto que fueran desconocedores de lo que estaba pasando, porque nosotros mismos pusimos encima de la mesa cuál era la realidad, cuál era
el modelo de gestión que estaba llevando, sobre todo Caixa Galicia, que era la entidad en la que yo trabajaba y la que más conocía. Por tanto, sí hubo voces de alerta, pero no se nos quiso escuchar.


Hay que preguntarse dónde estaba el Banco de España durante este tiempo. Pues lo cierto es que una parte de la supervisión y control se privatizó a través de auditoras y consultoras que trabajan para las propias entidades financieras. La
legislación dejaba hacer y los gobernadores del Banco de España, como acabamos de ver recientemente con declaraciones del actual gobernador Luis María Linde, se preocupan más por pontificar sobre la necesidad de recortar derechos laborales y
derechos sociales que por supervisar el sector financiero. Desde luego, más allá de criticar a los pensionistas, estaría bien que el Banco de España velase por que los pensionistas no perdieran sus ahorros en las distintas crisis de las entidades
financieras.


La actuación del Banco de España fue especialmente dolosa; incluso cuando en plena crisis los inspectores alertaban de entidades en quiebra, prefirió no intervenirlas e incluso, en el caso de Caixa Galicia, se permitió que sabiendo -por
informes internos del Banco de España que están publicados- que la entidad en el año 2009 era inviable y que en el año 2010-2012 tenía una pérdidas previstas de 1279 millones de euros, permitió sin embargo que fueran a las asambleas generales
emisiones de participaciones preferentes que fueron emitidas en el mes de marzo y septiembre de 2009. Tengo que decir también que cuando la asamblea general aprobó la emisión de esas participaciones preferentes yo mismo intervine en aquella
asamblea general votando en contra. Además, recordamos que la propia agencia de calificación Moody's había calificado esas preferentes como bonos basura y, sin embargo, esas preferentes fueron emitidas cuando el Banco de España sabía que la
entidad, según los informes internos, estaba en quiebra. Hoy mismo las sentencias judiciales del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional reconocen que la entidad estaba en quiebra en 2009 y, sin embargo, se permitió que fueran emitidas
participaciones preferentes y vendidas a la clientela.


Insisto, que quede claro que para nosotros el Banco de España o la CNMV no es que hayan fallado sino que han actuado conscientes de la crisis pero sobre la base de su propia ideología. Se repite una y otra vez en esta Comisión que el
problema de las cajas de ahorro fue un problema de gobernanza, que el problema de las cajas de ahorro fue un problema de politización. Creo que con esas intervenciones se pretende zanjar cualquier debate sobre la necesidad de una banca pública, que
nosotros defendemos, lógicamente, y además más que nunca. Creo que además no responde a la realidad que se vivía dentro de las propias entidades, la realidad que se vivía en los propios órganos de gobierno. Julio Fernández Gayoso, que era el
director general de Caixanova, entró como director general en el año 1975, antes de que yo naciera -yo voy a cumplir cincuenta y dos años-. Empezó como director general en el año 1975. Ni el cambio de régimen, ni los cambios en los Gobiernos
centrales, ni los cambios en la Xunta de Galicia, ni los cambios en los ayuntamientos, ni los cambios en las propias diputaciones permitieron que se renovasen los órganos de gobierno de Caixa Vigo, posteriormente Caixanova y Julio Fernández Gayoso
siguió hasta que pasó del banco al otro banco, el de los acusados. Lo mismo sucede con José Luis Méndez, que era director general de Caixa Galicia desde el año 1977. Por lo tanto, no es cierto que el problema estuviera en que había políticos en
los órganos de gobierno y que estos mandaban, porque es totalmente falso.


En las cajas de ahorros mandaban los directores generales y mandaban los comités de alta dirección. Eran ellos los que elegían a las personas que iban a formar parte de los órganos de gobierno. Después si quieren puedo aclararlo mucho más,
pero les voy a poner un solo ejemplo. Cuando en 2006 Julio Fernández Gayoso cumplió la edad obligatoria de jubilación como director general, él no era miembro de la asamblea general. Entonces se convocaron dos asambleas generales, una por la
mañana en la que cesó como director general y otra por la tarde en la que fue elegido presidente de Caixanova con poderes ejecutivos, algo que no figuraba en la legislación, pero después la legislación gallega se adaptó para que él pudiera serlo.
En esa asamblea entró como persona destacada y fue elegido como presidente ejecutivo. ¿Que había políticos en los órganos de gobierno de las cajas? Yo creo que el problema no era que

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hubiera políticos sino que no había un control público de las propias entidades. También hay políticos en los consejos de administración de los grandes bancos o en las eléctricas; creo que ese no es el problema, el problema real está en la
falta de supervisión y en la falta de control público sobre esa gestión. Además eran unos modelos que, amparándose en que era necesario blindar y dar estabilidad a las direcciones, se blindaban esas direcciones y se les permitía ser auténticos
virreyes.


Sobre la crisis hay que decir que se inicia, es cierto, en Estados Unidos, que la banca europea se ve afectada en una primera instancia, pero que los Gobiernos empiezan a tomar medidas en el Estado español en el año 2009 que culminaron,
además, con la petición de asistencia financiera a Europa. Pero -insisto-, como dije antes, es un proceso de rescate y privatización en el que se siguió el esquema ideológico de lo que fue la ley de 2002, la Ley Rato: fusiones entre cajas de
distintos territorios, perdiendo el carácter territorial, y privatización, perdiendo el carácter social. Al final se socializaron las pérdidas y se privatizaron los futuros beneficios, como indicaba antes en el caso de las cajas gallegas. Nosotros
siempre defendimos otro modelo de gestión, siempre defendimos la supervivencia de las cajas de ahorros y siempre estuvimos en contra de un rescate que solo buscaba la privatización y la concentración que, en el caso del Estado español, tiene mucho
de centralización del sistema financiero. Por eso, si inicialmente apoyamos la fusión de las caixas galegas, finalmente los representantes de la CIG en las asambleas generales de ambas entidades votamos en contra de la fusión, una fusión que
sabíamos ruinosa, que se cimentaba sobre la emisión de 13 000 millones de euros de deuda, que, en gran parte, se pretendía colocar a la clientela nuevamente y que, además, sabíamos que tenía como objetivo privatizar las entidades, es decir,
convertirlas en bancos, con lo que no estábamos de acuerdo. Por eso, aunque inicialmente la CIG estuvo de acuerdo con la fusión, hay que decir que fuimos la única organización que votó en contra de la fusión de ambas entidades.


Volviendo al rescate, dije antes que para la banca europea fue distinto; para la banca europea era muy fácil identificar en primera instancia las pérdidas que tenían por los activos tóxicos y provisionar, tenían en su balance subprimes y
era fácil identificar que habían comprado una subprime por 1000 euros y que no tenía valor. El problema del sistema financiero del Estado español era que la crisis del ladrillo tenía un grado mayor de maduración, tardaba más en madurar, y también
la tardanza en la toma de medidas, permitiendo que hubiera entidades zombis como Caixa Galicia, por lo que al final todo ello encareció la factura social y económica de la crisis. También hubo medidas gubernamentales para forzar la privatización.
La fusión de Caixa Galicia y Caixanova se dio en octubre de 2010 y en enero de 2011 salió una nueva normativa que requería mayores ratios de capital a las cajas que a los bancos. Ese tipo de medidas consiguieron en ese momento que se agudizase la
escasez de crédito a las empresas. Nosotros, como trabajadores de una entidad pero también como parte de la estructura del sindicato, vivimos las consecuencias de esa escasez de crédito, vimos cómo miles de empresas que eran rentables y viables
tuvieron que cerrar por falta de crédito, cómo miles de trabajadores y trabajadoras perdieron su puesto de trabajo por la tardanza de afrontar el rescate. Por tanto, lo que se consiguió fue generar una bola y que la crisis cada vez fuese mayor. Si
se hubiera actuado mucho antes, la crisis hubiera sido menor, estamos convencidos. Otra cuestión es que se utilizó la crisis para privatizar las entidades y para eso no hubo reparo en que se tomasen este tipo de medidas, aunque, insisto, agravaron
la crisis.


La Confederación Intersindical Galega quiere pedir a esta Comisión que analice si las provisiones realizadas con recursos públicos pudieron ser más elevadas de lo necesario. Esa es una práctica que creemos que se puede estar dando en el
sistema financiero porque esas provisiones se traducen al final en créditos fiscales, en exenciones para la banca. Hay que recordar que la gran banca ha ganado desde el inicio de la crisis 84 000 millones de euros y no ha pagado el impuesto sobre
sociedades, del que ha estado exenta gracias a las provisiones. Por tanto, sería lógico que se analizase y se estudiase si las provisiones, incluso en el caso de las cajas gallegas, fueron más elevadas de lo necesario. Además, las entidades
nacionalizadas realizaron numerosos contratos con empresas externas, consultoras y auditoras y, curiosamente, muchos de estos casos fueron auditoras y consultoras que trabajaron a lo largo del proceso. Por ejemplo, Price Waterhouse Cooper dio el
visto bueno a Caixa Galicia Preferentes SAU y, después, Price Waterhouse Cooper es la que preparó el informe de fusión de Caixa Galicia y Caixanova, la que nos vendió que iba a ser rentable y viable -año 2010-; curiosamente, después Price
Waterhouse Cooper es la que hizo el arbitraje y decidió -después de haber auditado las preferentes y decir que estaban bien emitidas y que eran correctas- a quién se las vendieron mal los trabajadores, porque somos los que lo hicimos mal. Al final,
incluso las provisiones a las que antes hice referencia -que pensamos que pueden ser excesivas en algunos casos con el único objetivo de que se traduzcan en

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beneficios a corto plazo y, además, faciliten créditos fiscales a las entidades financieras- también fueron calculadas en muchos casos por estas mismas consultoras que fallaron catastróficamente a lo largo de todo el proceso. Sin embargo,
se sigue confiando en ellas y se sigue situando la supervisión y control de las entidades financieras sobre estas mismas auditoras.


Por último, quiero decir que la privatización anticipada de Novacaixagalicia Banco fue justificada por el Gobierno con dos auditorías de Mackenzie y Nomura, que parecen ser, y ha sido reconocido en este Congreso de los Diputados,
equivocadas. Lo cierto es que pensamos que no hay error ninguno, lo que hubo fue una decisión política de privatizar precipitadamente las cajas de ahorros gallegas porque había hasta el 31 de diciembre de 2017, por acuerdo con la Comisión Europea,
para su venta, pero se han privatizado, perdiendo el Estado 11 000 millones de euros que, desde luego, darían para pagar muchas actualizaciones de las pensiones. ¿Por qué se ha hecho? Se ha hecho por una cuestión política, no se quería evidenciar
que las cajas de ahorros gallegas, una vez reestructuradas eran viables y solventes, y sería muy difícil proceder a la privatización de la entidad una vez que estuviera en la senda de los beneficios y que esos beneficios repercutieran en las arcas
públicas y no acabaran en los bolsillos de un banquero venezolano.


Respecto de lo que nos han facilitado con el programa de esta Comisión, lo relativo a los puntos 5 -transparencia y protección de consumidores- y 6 -retos de futuro del sistema financiero-, consideramos que la desprotección de la clientela
es prácticamente absoluta, que continúa indefensa frente a las políticas comerciales agresivas de los bancos, que los pasos que se han dado han sido nulos o insuficientes, cuando no en la dirección incorrecta, y que incluso las interpretaciones
legales por parte de organismos públicos, como la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores, de las directivas Mifid, de la Directiva 64/2014, del Parlamento Europeo, son contrarias al espíritu, cuando menos al espíritu de la propia normativa
europea en cuanto a la protección del consumidor. A nuestro entender, continúan las malas prácticas bancarias cuando, además, estamos ante un nuevo modelo de sistema financiero, con rasgos de oligopolio y más especulativo si cabe que el anterior y
que, por lo tanto, en sí mismo genera mayores riesgos para la clientela. Pero en este apartado casi prefiero quedar a las preguntas que se nos puedan formular porque creemos que, más allá de analizar lo que ha sucedido, es fundamental actuar en
estos momentos y que este Congreso de los Diputados, que es quien tiene la capacidad para legislar, legisle para proteger a la clientela ante las agresivísimas políticas comerciales que tiene la banca y ante las repercusiones, insisto, de este nuevo
modelo, que es un modelo muy lesivo para la clientela.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Montero Martínez.


Por el grupo solicitante, tiene la palabra la señora Díaz, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


La señora DÍAZ PÉREZ: Gracias, presidenta.


(Comienza su intervención en gallego). Me paso al español. Quiero indicar que usted mismo señala que había voces -en este caso, la CIG, como central sindical- y otros actores que también estaban cuestionando el modelo de cajas y el sistema
financiero, tal y como se estaba desarrollando, y que incluso ustedes mismos estaban votando en contra de las acciones que estaban tomando las cajas gallegas; digamos que había una especie de consenso del establishment para mantener en aquel
momento absolutamente todo callado porque es obvio que constan sus votaciones en contra de actuaciones relevantes en un aspecto central de la gestión. Por tanto, vayan por delante las gracias por su comparecencia y por el trabajo que vienen
desarrollando.


En primer lugar, señor Montero, en nombre de nuestro grupo, querríamos formularle algunas preguntas sobre reflexiones que usted ha hecho. La primera tiene que ver con un elemento central que usted ha esbozado y es cuál es la responsabilidad
del señor Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, en el proceso de fusión de las dos cajas gallegas cuando toda la sociedad gallega conocía que estaban quebradas en un acto casi de absoluta responsabilidad. Si hacemos memoria,
recordaremos incluso aquellas advertencias a modo tremendo, casi forzando la posición el señor Feijóo, respecto de la obligación de fusionar ambas cajas. ¿Nos puede aclarar cómo se forjó esta decisión? E, insisto, cuál es la responsabilidad de la
Xunta de Galicia en esa decisión.


Dos. Cuál es también la responsabilidad de la Xunta de Galicia en la emisión consciente -que usted ha citado- de preferentes a sabiendas de que era un producto altamente tóxico y que las estaban colocando por doquier a los consumidores y a
las consumidoras de nuestro país siendo personas que carecían de los elementos mínimos para ello.

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Tres. Cómo se procedía y se actuaba en las propias entidades financieras, incluso trabajadores y trabajadoras como ustedes, en qué límites se les colocaba para tener que llevar adelante estas actuaciones.


Cuatro. Cuál es igualmente la responsabilidad del señor Feijóo como presidente de la Xunta de Galicia en la venta precipitada, como usted ha señalado, de Novagalicia Banco, obviamente sin tener ninguna fecha límite que lo exigiera;
segundo, perdiendo cientos y cientos de millones de euros que habían sido pagados por los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país entregándole el sistema financiero gallego a la banca privada venezolana y también, aunque no lo ha citado,
malvendiendo la filial española de la caja galega, que era EVO, por un importe cuando menos escandaloso de tan solo 80 millones de euros. Es decir, regalamos alegremente las entidades financieras para que otros, como usted ha señalado, hagan
negocio. ¿Cuál fue el papel de la Xunta de Galicia, particularmente del señor Feijóo, en la toma de esta decisión? Finalmente, el tan citado documento al respecto que costó un millón de euros en el que se apoyó el señor Feijóo, la dichosa
auditoría que anunciaba que recomendaba la fusión de las cajas. Cuando los gallegos y las gallegas conocimos después la auditoría, no solo no anunciaba eso sino que advertía que para esta operación había que emitir cientos de millones de euros en
preferentes ante la imposibilidad de las cajas para ampliar el capital social. Este era el primer bloque.


En segundo lugar, nos gustaría que nos comentase qué está pasando actualmente en las entidades financieras, cómo se está procediendo respecto de la colocación de productos tóxicos. Le hacemos esta pregunta porque seguro que usted conoce el
informe expedido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores de febrero de 2017, en el que la propia comisión alerta de que han sido exploradas 450 sucursales en distintas ciudades del conjunto del Estado y la propia CNMV señala que siguen
colocando productos altamente tóxicos, que seguimos haciéndolo, dice la CNMV, con ocultamiento y manipulación de la información y además que está destinado o dirigido a vender o colocar productos financieros inadecuados para los ahorradores y
ahorradoras, y dice la propia Comisión que se hace sin las debidas labores de asesoramiento, que se hace con insuficiencias en la información sobre los riesgos y los costes, que la información es insuficiente en lo que tiene que ver con el gasto en
comisiones e incluso que se entregan con defectos fichas comerciales en lugar de facilitar los datos fundamentales para el inversor. ¿Esta realidad que relata en un informe de febrero del pasado año la Comisión Nacional del Mercado de Valores está
pasando en el día de hoy? Si es así, ¿nos puede explicar cómo se hace? También, en qué posición se encuentran ustedes, los trabajadores y las trabajadoras, ante la colocación de estos productos.


En segundo lugar, ¿hay amenazas de despido si ustedes se niegan a actuar, como se está diciendo? En tercer lugar, nos gustaría que nos relatase el papel de la EFPA y cómo están actuando esta y las patronales de la banca, que son además las
que dan las acreditaciones para que el personal y nadie más que ellos goce, digamos, de la cualidad suficiente para poder impartir ese presunto asesoramiento.


Seguimos. Usted ha citado la nueva normativa europea y nos gustaría que se detuviera en ella. Muchos comparecientes han dicho que en la actualidad estamos peor protegidos que antes. ¿Conoce cómo se está implantando en la realidad de las
entidades financieras esta normativa? Señor Montero, ¿usted nos puede decir si podemos dormir tranquilas? ¿Estamos hoy mejor que antes o, en realidad, estamos en una situación peor?


La señora PRESIDENTA: Lleva siete minutos y medio.


La señora DÍAZ PÉREZ: Termino rápidamente.


También nos gustaría que se detuviera, si puede, en las ventas que ha citado. Es un escándalo cómo se han vendido las cajas gallegas sin rescatar ni un céntimo de euro y con los groseros beneficios que tiene hoy Banesco de los que hace gala
permanentemente. También añado a EVO, vendido por una cantidad ridícula.


Usted hablaba de las malas prácticas, de la gestión deficiente y de quiénes eran los responsables. Ha señalado la colocación loca y la implementación del crédito, pero también unas actividades inmobiliarias que eran absolutamente
insoportables e impropias de entidades financieras; por ejemplo, el caso de que Novagalicia invirtiera con Martinsa Fadesa en Seseña o en el Mediterráneo; cosas locas. Nos gustaría que nos diera una pincelada sobre esta cuestión. Pasó usted de
puntillas también sobre el papel de las entidades auditoras y es interesante que explicite cómo son, porque se vienen fiscalizando a sí mismas y hacen suculentos negocios. ¿Puede detenerse un poco en esta cuestión?


Respecto a lo que tiene que ver con nuestro país, Galicia, ¿en qué situación deja al sistema financiero galego la operación Banco PopularBanco Pastor después de la pérdida de las cajas galegas y, por

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supuesto, del Banco Pastor, que es la entidad por excelencia en nuestro país? ¿En qué situación quedamos? ¿Se puede detener en el escándalo de la venta del propio Banco Pastor en esas condiciones?


Para terminar -agradeciendo a la Presidencia, porque me he excedido en el tiempo-, le pediría si puede explicar la exclusión financiera en Galicia y las consecuencias que ha tenido la broma de la fusión inadecuada de cajas quebradas, de un
rescate que superó los 9000 millones de euros con unos negocios suculentos para la banca privada venezolana y, encima, despidiendo a cientos y cientos de trabajadores y trabajadoras. Además, en una tierra como la nuestra, Galicia, que es
profundamente rural, quedamos desasistidos. En poblaciones inmensas de Galicia hemos quedado privados de un sistema básico como es la banca. En este sentido, le pido si nos puede concretar estas realidades, así como...


La señora PRESIDENTA: Lleva diez minutos y medio.


La señora DÍAZ PÉREZ: Ya termino.


... la locura de la expansión inmobiliaria y el incremento de las propias cajas fuera de Galicia.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Díaz.


Por el Grupo Vasco, señora Sagastizabal.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.


Muchas gracias, por su comparecencia hoy aquí. Voy a ir directamente a las preguntas porque ya hemos visto que los organismos de supervisión poco han hecho. Le iba a preguntar si había advertido usted en algún momento lo que pasaba, porque
era parte de la asamblea de Caixa Galicia, pero ya me ha contestado. Lo que me parece un poco raro es que, ante tantas alertas, nadie dijera nada ni nadie se cuestionara nada. Eso es un poco raro.


Por otro lado, ¿las cajas facilitaron la venta de preferentes? ¿Los empleados sufrieron presiones para su comercialización? Nos ha hablado también de un plan de expansión fuerte de Caixa Galicia. Me gustaría saber si conoce usted a cuánto
ascendió esta inversión y, a posteriori, con qué pérdidas se saldó la misma. También me gustaría saber su punto de vista sobre cómo ha afectado la desaparición de las cajas al desarrollo económico de su zona de influencia.


Como ha dicho Yolanda, volvemos al tema de las auditoras, que ya ha salido también con el anterior compareciente. ¿Qué papel deben jugar en el sistema financiero actual, si es que tienen que tener alguno en estos momentos, dado todo lo que
ha pasado y lo que está pasando? ¿Dónde cree que queda la ética en todo este proceso? ¿Cree que deberían dar algún tipo de formación financiera para prevenir estas acciones en el futuro? También me gustaría saber cómo valora el hecho de que con
una ley de cajas, a la que usted ha aludido, hubiese algunas con un comportamiento normal o racional de mercado y otras lo contrario. También quisiera saber, si tiene datos, cuál era la exposición a riesgo inmobiliario de Caixa Galicia y Caixanova
antes del estallido de la burbuja inmobiliaria.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal.


Por el Grupo de Esquerra Republicana, la señora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidenta. Bo día. Moitas grazas pola súa presenza.


Ustedes ya comparecieron en la Comisión de investigación del Parlamento gallego y hablaron de una experiencia pobre y desilusionante. Mi pregunta es qué esperan ustedes de esta comparecencia y de esta Comisión. Usted ha aludido a las
causas de la crisis de Caixa Galicia. Ha hablado de la burbuja inmobiliaria. Le preguntaría: ¿La codicia de los directivos? ¿La incompetencia de algunos de los directivos? Se ha referido también a la gobernanza de las cajas, en este caso de
Caixa Galicia, a que no es el problema principal, que los problemas eran otros. Usted se ha referido también al no control por parte de las entidades reguladoras, Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿Qué otras causas piensa
usted que pueden haber incidido en esta crisis?


Le formulo otra pregunta en relación con Caixa Galicia. ¿Se trata de un caso similar al de las otras cajas? ¿Siguen todas el mismo patrón o difieren en alguna cuestión? No le preguntaré sobre la solvencia de la entidad, qué se hizo mal,
por qué se llegó a esta situación, porque usted más o menos ya lo ha explicado. También nos ha explicado el papel no jugado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por el Banco de España. Usted ya lo ha explicado, pero me gustaría
insistir en ello. ¿Por qué cree que no

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actuó el Banco de España? ¿Por qué se inhibió? ¿Por qué no actuó? ¿Cuál fue el papel de la Xunta de Galicia? ¿Cuál es el papel que deberían jugar en el futuro todos los reguladores y, por tanto, la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, el Banco de España, los Gobiernos, ya sean de las comunidades autónomas o el central en relación con la protección de los derechos de los pequeños ahorradores, de los usuarios, de los consumidores?


La Comisión Nacional del Mercado de Valores no aplicó las directivas europeas. Todos sabemos que son aplicables, todos sabemos que son derecho interno, todos sabemos muchas cosas, pero la verdad es que aquí todo el mundo se pasa la ley, si
se me permite la expresión, por el arco del triunfo. Luego nos señalan a algunos, pero aquí ya hemos visto lo que ha pasado y las gravosas consecuencias para una gran parte de la ciudadanía, que ha perdido ahorros, que ha perdido su vivienda y
otros han perdido sus puestos de trabajo, que han socavado los cimientos del sistema económico, del Estado... En fin, podríamos hacer aquí una larga letanía en relación con lo que ha significado. Usted también apuntaba que no parece que quieran
adoptar medidas distintas y que, por tanto, podemos volver a encontrarnos en cualquier momento en una situación similar. ¿Qué medidas de protección deberían tomarse, existiendo la normativa comunitaria, para evitar que se genere esta indefensión
permanente en la que se coloca a los clientes, a los particulares, a la ciudadanía en general?


Aquí comparecieron las personas que representan a la Plataforma de Afectados por las Preferentes. ¿Cuál es su opinión al respecto -creo que alguien se lo ha preguntado-, teniendo presente que representan a los trabajadores que en su momento
tuvieron que endosar y colocar estas preferentes? ¿De qué otras malas praxis -cláusulas suelo, IRPH u otros productos- tiene conocimiento usted? ¿Cómo debería actuarse? ¿Qué herramientas deberían tener los trabajadores para poder denunciar
situaciones en las que se les coloca muchas veces, como la presión de los directivos, cumplir objetivos, corren el riesgo de perder su puesto de trabajo, y aquel que se opone termina despedido o bien degradado de su posición laboral o en un cuarto
abriendo cartas y sobres? ¿Cree usted que nos podemos encontrar con una segunda estafa, como las preferentes, con productos financieros tóxicos como son los fondos de inversión vendidos como conservadores? ¿Son conscientes los directores de las
entidades? ¿Se les obliga a ello? ¿A quién cree que debería responsabilizarse de esta cuestión? ¿Cómo pueden o deben controlarse este tipo de fondos de inversión? ¿Cómo se puede evitar que las entidades financieras actúen con fiscalidad opaca?
¿Qué opinión le merece el papel de la Xunta y, por tanto, del Gobierno central? Esto ya se lo he preguntado antes, pero lo pregunto en relación con este tipo de nuevos productos que pueden suponer una nueva estafa. ¿Tienen ustedes presentada otra
denuncia en la fiscalía en relación con negocios vinculados a la mujer de José Luís Méndez, el que fue director general, por la compra de patrimonio de la caixa por debajo del valor de tasación? ¿Nos podría explicar cómo se encuentra este tema?


Voy a referirme ya a una cuestión concreta que tiene que ver con las retribuciones, los salarios, etcétera. ¿Cómo cree que deberían ser los sueldos de los directivos? ¿Qué límites -si es que debería ponerse algún tipo de límite- deberían
tener? Esto también va en relación con lo que ha pasado. Muchos de estos directivos tienen o han tenido unos sueldos de vértigo, por no calificarlos de otra manera, a pesar de que obviamente han tenido una responsabilidad directa en lo que ha
sucedido.


En relación con las condiciones laborales de los trabajadores, me consta también que ustedes han presentado denuncias por horas extras en la banca sin cobrar y sin cotizar. Me gustaría que nos lo explicara, si es que puede explicarlo. He
leído que han manifestado que las entidades financieras son las mayores defraudadoras a la Tesorería de la Seguridad Social, y por tanto a la Seguridad Social, y por tanto a la caja de la Seguridad Social. ¿Qué opinión le merecen las cúpulas de los
grandes sindicatos en relación, por ejemplo, con el saqueo de Caja Madrid, con la estafa de la salida a bolsa de Bankia, con el ERE de Bankia, firmado por uno de los representantes con tarjeta black?


Voy finalizando, señora presidenta. Ustedes también han sido muy activos en el caso del Banco Popular pidiendo que se investigue el papel del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Ministerio de Economía en la
crisis, y exigiendo la dimisión inmediata del gobernador del Banco de España, el señor Luis María Linde.


El futuro de la banca está experimentando cambios a marchas forzadas: banca electrónica, Internet. ¿Cómo prevén ustedes el futuro laboral del sector? ¿Qué capacidades o habilidades deberían potenciarse en los trabajadores para garantizar
un mínimo de puestos de trabajo, también de oficinas abiertas, teniendo en cuenta que la no existencia de oficinas abiertas puede ocasionar brechas y desigualdades en

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la ciudadanía? Y en relación con los clientes, ¿qué formación y educación financiera deberíamos tener la ciudadanía en general?


Moitas grazas, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Capella.


Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Navarro.


El señor NAVARRO FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.


Muchas gracias, señor Montero, por su presencia aquí. Yo creo que todos compartimos en esta Comisión que nuestra misión es entender y aprender de los errores del pasado para no repetirlos en el futuro.


Yo he agrupado las preguntas sobre las que nos gustaría conocer su opinión en una serie de bloques que le voy a ir comentando. Le digo el grupo, de qué trata más o menos la pregunta y usted se hace una idea. El primero es sobre la Ley de
cajas de Feijóo. ¿Cómo valora la Ley de cajas de Galicia, de 2009, que se aprobó con los votos del Partido Popular y, si no me equivoco, de los nacionalistas gallegos, que era la que establecía que fuera el Parlamento gallego la Administración que
autorizara las fusiones? ¿No piensa que esto daba poderes absolutos al Gobierno gallego, al Gobierno regional? ¿No piensa que esta ley en cierto modo iba en una dirección opuesta a las reformas que se debían haber hecho con la Lorca, con la Ley de
Órganos Rectores de Cajas de Ahorros, de la que también le hablaré? Este sería el primer bloque, referido a esta Ley de cajas.


El segundo se refiere a la involucración en actividades inmobiliarias de las cajas. Usted lo ha comentado y también ha preguntado sobre ello mi compañera del PNV, con lo cual esperaré a oír su impresión. Pero me gustaría conocer además el
papel de las cajas en la financiación de megaproyectos o proyectos faraónicos, más vinculados a lo mejor al deseo de posteridad de algunos políticos que a la verdadera utilidad social. Estoy pensando, independientemente de la utilidad que tenga, en
esa foto del señor Touriño en 2008 con representantes de ambas cajas visitando las obras de la Ciudad de la Cultura. -Este era un proyecto original del señor Fraga, por cierto-. ¿Cuál es su opinión? ¿La presencia de políticos en los órganos de
administración hacía a las cajas vulnerables a estas tentaciones de posteridad, de financiar megaproyectos o elefantes blancos, como se suelen llamar?


El siguiente bloque es muy corto, es sobre créditos a partidos. ¿Le consta que alguna de las cajas concediera créditos a partidos? ¿A qué partido? ¿Qué cajas? ¿Alguno de estos créditos fue condonado?


Ha hablado de una fusión precipitada de cajas quebradas. ¿En su opinión se tomaron decisiones no técnicas en la fusión? ¿Hubo intentos de fusionar cajas gallegas con cajas de otras comunidades? ¿Le consta a usted? ¿Sabía si había otras
cajas interesadas en fusionarse con las cajas gallegas? Si es así, ¿por qué no fructificaron?


Ha hablado usted de la mala gestión, del problema de los gestores. ¿Usted cree que se debería haber cambiado la Lorca -volvemos a ella-, que llenaba los órganos de dirección de la mitad del sistema financiero de gente sin preparación?
¿Cómo pudo influir esto en el desarrollo de la crisis o cómo pudo agravarla?


Sobre la veracidad de las cuentas, ¿usted cree que estaban bien contabilizados los deterioros en las cuentas de las cajas -en parte creo que nos ha contestado-: las provisiones, la morosidad? ¿Mostraban las cuentas anuales la imagen fiel
de su patrimonio, de su situación y de sus resultados? ¿Quién revisaba las cuentas para informar de problemas a los auditores? ¿Conocía la Xunta la verdadera situación patrimonial de las cajas? ¿Estaban ambas cajas informadas entre sí? Es decir,
¿Conocía una los problemas de la otra? Usted conoce el informe que avaló la fusión de las cajas. ¿Cómo lo valoraría?


Sobre los reguladores, usted nos ha dicho todo; ha hablado incluso de actuación dolosa del Banco de España. ¿Cree que existió un problema de falta de neutralidad o de imparcialidad que puede estar relacionada con su vinculación a
determinados partidos?


Me queda ya muy poco. Sobre las preferentes también le han preguntado. Obviamente, estamos de acuerdo en que los consumidores no estaban adecuadamente protegidos ante estas prácticas, como la comercialización de productos financieros
complejos a minoristas. También en relación con el papel de los reguladores, ¿piensa usted que la CNMV miró voluntariamente a otro lado? Y en ese caso, ¿por qué?


Por último, respecto a la Comisión de investigación en el Parlamento gallego, ¿cree usted que ha habido cierto obstruccionismo, dado que parece que la comisión ha ido un poco a trancas y barrancas? ¿Le consta que se hayan denegado
solicitudes de información o de comparecencias en la comisión? Con esto acabo.


Muchas gracias.

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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Navarro.


Por el Grupo Socialista, señora Pérez Herráiz.


La señora PÉREZ HERRÁIZ: Gracias, presidenta, y gracias, señor Montero Martínez.


Algunas de las cuestiones que tenía previsto plantearle ya las ha respondido usted con mucha claridad en su intervención inicial y otras las plantearon mis compañeros, pero insistiré en alguna más. Una de las cuestiones que más se comenta
respecto a las cajas es lo que se llama su politización, la mala influencia de los políticos en la gestión, y se considera uno de los problemas que originó su desaparición. En el caso de Galicia a mí me parece que, en todo caso, de ser, sería al
revés. Creo que usted de alguna manera ya dijo en su exposición que los directivos de las cajas influían en la política gallega. ¿Qué opina usted respecto a esto? ¿Quién influía más en quién? ¿Qué opina del sorteo para escoger a los
representantes de los distintos sectores en el consejo de administración -algo comentó también al respecto-, especialmente de los impositores?


Ustedes consideran que la expansión desproporcionada, que posteriormente se vio claramente errónea, se hizo a partir de 2005. ¿Cómo valoran la gestión que las cajas gallegas hicieron hasta ese año? ¿Respondía a las necesidades de la
economía gallega de entonces?


Ustedes defendían una fusión gallega y a la vez que no conllevara pérdida de puestos de trabajo y riesgos para la economía gallega, y por considerar que no se cumplían estos requisitos votaron en contra de la fusión. En un primer momento,
el Banco de España también defendía que la fusión fuera con cajas de otras autonomías, alegando entre otras cosas más viabilidad. ¿Qué creen que habría sucedido si la fusión hubiera sido con otras cajas? ¿Habría habido menos despidos? ¿Habría
sido mayor la viabilidad? ¿Cuál cree que habría sido la mejor solución? ¿Por qué creen que falló la fusión? La CIG no votó favorablemente, porque consideraba que daba continuidad a un modelo que había que modificar con más democracia y
transparencia, pero, ¿consideran que esa falta de democracia y transparencia fueron el motivo del fracaso? ¿Qué otros motivos consideran que pueden justificar el fracaso? ¿No estarían los riesgos principalmente vinculados a la debilidad global del
sistema financiero español, más que a que la fusión fuera con una u otra entidad? ¿Conocían los trabajadores los diferentes informes que utilizaron las dos cajas y la Xunta, especialmente el último que llamaron auditoría?


Las modificaciones de los contratos de los directivos parece que se hicieron en fraude de ley. Julio Fernández Gayoso está condenado por ello. ¿Cómo valoran la gestión de la -digamos- jubilación del señor Méndez?


En otra comparecencia usted dijo que la diferencia entre una caja y la otra respecto a su situación financiera era de seis meses. ¿Qué quiere decir que la diferencia entre una caja y la otra era de seis meses? ¿Qué influencia cree que tuvo
el señor De Guindos en el informe Albariño que avalaba la solvencia de la fusión? Y aunque ya lo han dicho mis compañeras, yo también insisto: ¿qué influencia considera que tuvo el Gobierno gallego en la fusión, sus posteriores consecuencias y la
posterior venta precipitada?


En las cajas hubo una política comercial muy agresiva, pasaron a ser plataformas comerciales -creo que también lo preguntaron ya mis compañeros-. En su opinión, ¿están hoy suficientemente protegidos los clientes de las entidades
financieras, tanto en lo que respecta a los productos que se les pueden vender como en las condiciones de contratos como las hipotecas? ¿Qué opina de la venta de Geriatros por Novagalicia Banco a Ángel Corcóstegui? ¿Qué ventajas concretas tendría
para los ciudadanos que no se hubiera vendido Novagalicia Banco y permaneciera como entidad pública transferida a la Xunta?


Por último, ¿por qué el diferente momento de la venta? ¿Por qué había más urgencia en vender Novagalicia Banco y en las otras entidades se toma con más calma? ¿Puede haber algo que justifique esa especial aceleración?


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pérez Herráiz.


Para cerrar el turno de los grupos, y en nombre del Grupo Popular, señor Juncal.


El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.


Quiero dar la bienvenida a don Clodomiro Montero a esta Comisión y trataré de llevar a efecto la recomendación que efectuó la presidenta al finalizar la comparecencia anterior.


Seguro que algunas preguntas van a estar repetidas, porque ya las han hecho mis compañeros, pero insistiremos en el tema. Señor Montero, desde su punto de vista, ¿cuándo comenzó exactamente el proceso de bancarización? Con relación al
papel de la Xunta de Galicia en el asunto de las cajas, como

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muy bien ha dicho usted, la supervisión, la regulación y el control corresponde al Banco de España y a la CNMV, pero ¿cuál ha sido el papel de la Xunta? Porque, según tengo entendido, además, en la época del presidente Touriño había una
plaza destinada a la Xunta en el consejo de administración y la Xunta no la cubrió. También quisiera conocer su opinión sobre, si no se hubiera procedido al rescate, si se hubieran salvado a los impositores, es decir, de no haber actuado así, cuál
sería el devenir de la situación. ¿Existía -aunque de sus palabras deduzco que para usted sí- otro modelo de rescate? Supongo que sería la banca pública. ¿Qué ventajas tendría, o qué otra solución arbitraría, desde su punto de vista? Se refería
como una de las causas de la disminución del crédito a la crisis interna a nivel local o nacional, pero yo creo que hubo una retirada importantísima por parte del crédito mayorista, que también era una de las debilidades de las cajas tener que
acudir a créditos a medio plazo para financiar créditos a largo. Se retiró el crédito mayorista debido a la crisis americana, e indudablemente yo comparto que la dificultad de crédito puso en muchas dificultades a empresas, cooperativas y demás,
pequeñas y medianas, que no sobrevivieron, una parte por situación financiera y otra parte por inexistencia de crédito. Pero, en fin, hay más variables, desde mi punto de vista. ¿Había otra solución a la no fusión?


Para terminar, me gustaría que nos diera algún apunte, porque a mí me sorprende el éxito comercial de las preferentes -entre comillas-, en el sentido de que de las distintas personas que han pasado por esta Comisión nadie reconoce una
política agresiva, por lo menos a nivel de dirección, de que hubiera instrucciones de que se cumplieran cuando eran minoristas o no se vendiera a minoristas o no forzar a minoristas y explicarles perfectamente en lo que consistían esos productos.
Ante esas prudencias, llama la atención el éxito de la comercialización de preferentes, porque alcanzaron una cantidad importante, aunque después haya sido corregido por las actuaciones desarrolladas por el Gobierno y en sede judicial, donde ha
habido distintas sentencias, por las que los preferentistas minoritarios han sido resarcidos en su práctica totalidad. ¿Que quedan algunos? Bien, porque a lo mejor hay dificultades porque a lo mejor ya son los herederos, no los titulares y, por lo
tanto, requiere una gestión de papeleo mayor.


Esas son mis preguntas. Deseo reiterarle mi agradecimiento por su comparecencia en esta Comisión.


Nada más y muchas gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Juncal.


El compareciente, que es un ejemplo, está en condiciones de contestar sobre la marcha y hay que agradecerle la capacidad para hacerlo. Muchísimas gracias, don Clodomiro. Tiene usted la palabra para responder a los portavoces.


El señor SECRETARIO FEDERAL DE BANCA DE LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA, CIG (Montero Martínez): Voy a intentar agrupar la contestación a muchas de las preguntas que se me han hecho. Además, voy a facilitar una serie de
documentación, como dije al principio. En parte, muchas de las preguntas que se me están formulando pueden tener contestación en esa documentación que voy a aportar, que son demandas, pero también incluso instrucciones internas de colocación de
preferentes, por poner un ejemplo. Se me preguntaba por Geriatros y nosotros hemos presentado en su momento una denuncia ante la OLAF, que es la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y, por tanto, seguramente esta documentación puede ilustrar.


Empezaré por Geriatros porque la acaba de nombrar, y para dejarlo claro. Nosotros hemos presentado muchas denuncias cuando hemos creído que había cuestiones que eran, cuando menos, poco éticas, vamos a quedarnos ahí, sin entrar en otras
consideraciones. En el caso concreto de Geriatros, presentamos una denuncia ante la OLAF, que es la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, porque en el año 2012 NCG Banco vende Geriatros a Magnum Capital por 45 millones de euros, según la
prensa. Esta fue una de las ventas a las que me refería antes, que hubo venta de activos no solo de unas entidades, sino que hubo ventas de activos que estaban bajo control público que no fueron fiscalizados, y a nuestro entender no se hizo con
suficiente transparencia y dio lugar a situaciones como esta que son poco éticas. Como decía, se vendió en el año 2012 por 45 millones de euros Geriatros a Magnum Capital. Geriatros estaba formado por las antiguas residencias públicas de la
tercera edad de la Xunta de Galicia. En el año 2015 Magnum Capital vende esas mismas residencias por 300 millones de euros; es decir, en cuestión de tres años, cuando era público se vende por 45 y quien lo adquiere lo vende por 300, pero con un
agravante, y es que cuando se hicieron los test de estrés a la banca del Estado español lo cierto es que fueron elegidas las auditoras Roland Berger y Oliver Wyman. Curiosamente, quien estaba auditando el sistema financiero en ese caso concreto era
Roland Berger y, su asesor, era Ángel Corcóstegui, y curiosamente Ángel Corcóstegui era el propietario de Magnum Capital. Esto es, quien estaba auditando

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el sistema financiero, al mismo tiempo que estaba haciendo esa auditoría para ver necesidades, compraba a Novacaixagalicia Banco Geriatros por 45 millones y a los tres años lo vendía por 300. Nos parece que en ese tipo de operaciones -usted
hablaba antes de unas operaciones que denunciamos del clan o familia Méndez- al final hubo una venta de activos de las entidades mientras estuvieron nacionalizadas en las que pensamos que no hubo ningún tipo de control, como tampoco lo hubo sobre
las asesorías y consultorías que se pudieron contratar en cada momento.


Cuando negociamos uno de los ERE -tuve la tristeza de negociar once expedientes en las cajas de ahorros gallegas de distinto tipo-, el mayor de ellos era para 2500 personas y se nos presentó la empresa -en aquel momento estaba nacionalizada
la entidad- con un informe para llevar el ERE adelante, informe que estaba hecho por Equipo Económico, que es una empresa que creo que les sonará a muchas personas de las que están aquí y, si no les suena, les diré que cuando se fundó se hizo como
Montoro y Asociados. Si vamos a la fusión, los informes se encargaron a Deloitte y Pricewaterhouse Coopers, que son los mismos que auditaron las cuentas anteriormente de Caixa Galicia y Caixa Nova, que después quebraron. En aquel momento hicieron
un informe en Pricewaterhouse Coopers -hablamos del año 2010- y estaba el señor De Guindos -lo dejó en febrero y el informe es de junio-. Aquí se contrataron una serie de auditoras, y Pricewaterhouse Coopers, como decía antes, emitió los informes
de las participaciones preferentes, pero después fue juez y parte en el arbitraje para decir quién contrató en aquel momento a Pricewaterhouse Coopers para hacer los arbitrajes. Es decir, nos parece que aquí se utilizaron recursos públicos, que el
decreto de reestructuración del sistema financiero fue un decreto que casi imponía un sistema manu militari, si me permiten la expresión, y por lo tanto no hubo ningún control, y pensamos en la CIG que aquí deberían analizar qué activos se vendieron
de las entidades, a quién se vendieron esos activos, por qué valor se vendieron esos activos, y se debería analizar desde luego quién contrató a cada una de las consultoras, auditoras y con qué criterios.


Me voy a centrar, sobre todo, en la fusión de Caixa Galicia y Caixanova y el papel de la Xunta de Galicia. Cuando se puso en marcha por el Gobierno central -en aquel momento el Gobierno Zapatero- el primer decreto de reestructuración, se
obligó a fusionarse a las entidades para acceder a ayudas públicas; esa es la realidad. Se decía de las cajas que se necesitaba un tamaño y un mínimo de 100 000 millones de euros de volumen de negocio para subsistir, y por lo tanto en aquel
momento para recibir las ayudas públicas se abrió un proceso en el cual las cajas tenían que fusionarse. En el caso de las cajas gallegas la fusión que en primera instancia se defiende por el Banco de España es una fusión de Caixa Galicia con Caja
Madrid, lo que después fue Bankia -que hubiéramos acabado igual-, y en el caso de Caixanova se defiende una fusión de Caixanova con Banco Mare Nostrum, que hubiéramos acabado igual; hubiera acabado aquí sentado porque desgraciadamente cualquiera de
las fusiones que se hubieran emprendido estaban destinadas a quebrarse, porque al final se juntaban cajas podridas con cajas podridas, y si se metía alguna buena por el medio se tumbaba la caja que estaba bien.


En el caso concreto de las cajas gallegas, ante un decreto que obligaba a la fusión sí o sí, nosotros como sindicato fuimos de los que desde un primer momento quisimos mantener una caja de ahorros porque creíamos y seguimos creyendo en el
modelo de las cajas de ahorros como entidades ligadas al territorio -creo que solo hay que mirar a Alemania, pues en Alemania siguen existiendo los bancos de los länder-. Nosotros defendemos un modelo financiero más descentralizado que el actual;
además se están generando auténticos monstruos demasiado grandes para caer después. Defendemos ese modelo y, por lo tanto, nosotros desde un primer momento defendimos la fusión de las cajas de ahorros gallegas. Lógicamente poníamos encima de la
mesa que para defender cualquier fusión, esta u otra, para nosotros era fundamental -no puede haber duda- la viabilidad y la solvencia de la entidad que naciese en ese proceso. Desgraciadamente, creo que ninguna de las fusiones que estaban encima
de la mesa hubieran sido viables y solventes por sí solas.


Tengo que decir que yo mismo me reuní con la que era conselleira de Hacienda en aquel momento, la señora Fernández Currás, que creo que va a comparecer también en esta Comisión. En aquella reunión todavía la Xunta de Galicia no había fijado
criterio sobre la fusión, el criterio se fijó con posterioridad, e incluso hubo una reunión -y una foto- en la que los agentes sociales de Galicia, tanto las patronales como los sindicatos como los partidos políticos, estuvimos de acuerdo en la
necesidad de mantener una entidad gallega, una caja de ahorros en concreto, y por lo tanto en un primer momento dimos apoyo a ese proceso de fusión. Se nos dijo que había una auditoría realizada por KPMG que demostraba la viabilidad y solvencia de
la fusión, y salvado ese escollo que para todas las partes era fundamental, nosotros dimos el apoyo a la fusión.

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Ciertamente, hubo muchos obstáculos del Gobierno central y, sobre todo, del Banco de España para que en aquel momento fuese hacia delante la fusión de las cajas gallegas, y además contaron con una quinta columna dentro Galicia que encabezó
el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Hubo una Ley de cajas a la que se hizo referencia antes que avanzaba en la democratización de los órganos de gobierno de las entidades. Se me preguntaba antes por qué unas cajas de unas comunidades autónomas
sobrevivieron y otras no, y creo que las comunidades autónomas en las que se avanzó en democratizar los órganos de gobierno y existía un control realmente, esas cajas de ahorros fueron viables y solventes; ahí está la BBK que siempre en los test de
estrés salía como la caja más rentable, como la entidad financiera con mejores ratios de solvencia; es decir, no era un problema de modelo, sino un problema de supervisión y, sobre todo, de control, que no hubo. La Ley de cajas gallegas avanzó en
esa democratización de la entidad, en nuevos órganos de gobierno, y se iban a renovar los órganos de gobierno dando entrada a distintos colectivos más representativos.


Quiero recordar aquí que yo me opuse a la emisión de las participaciones preferentes en 2009, pero allí había un 40 % de representantes de clientes y votaron a favor. Sí que es cierto que había que renovar los órganos de Gobierno, pero
también hay que decir que esa ley que nosotros en primera instancia apoyamos, una ley además en la que hicimos aportaciones a los grupos parlamentarios, finalmente no contempló esa democratización porque a los anteriores directivos se les dio tres
años más para seguir al frente de la nueva entidad fusionada. Fue uno de los motivos fundamental por el que nosotros votamos en contra de aquella fusión. No se podía pretender que quienes habían arruinado dos entidades, como dijimos en la
asamblea, arruinaran una tercera y lo teníamos claro. En aquel momento se pactó la continuidad de los directivos, y creo que sobre esto se ha hablado poco y hay unas responsabilidades políticas gravísimas por Alberto Núñez Feijóo, pero también por
el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que fue el que presionó para que siguiera la cúpula directiva de Caixanova al mando de la entidad fusionada. Oiga, estos señores han ido a la cárcel porque estos señores se han subido las pensiones y se han
pagado a sí mismos unas indemnizaciones indebidas. Hay una sentencia judicial. Si estos señores pudieron delinquir, es porque alguien les permitió seguir tres años más al frente de aquella caja cuando ya habían arruinado otras dos. Creemos que
ahí hay unas responsabilidades políticas clarísimas y gravísimas que alguien debería asumir.


Lo cierto es que en relación con la Xunta y las emisiones de preferentes, la responsabilidad no recayó directamente sobre la Xunta, pues son competencias que tienen el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En todo
caso, la Xunta sí que tuvo responsabilidad sobre una posible emisión de cuotas participativas que Caixa Galicia aprobó en el año 2008. Nosotros nos reunimos también con los grupos políticos para advertir de que esas cuotas participativas podían
llegar a tener un valor cero dada la situación de las entidades, y finalmente no salieron. Pero la Xunta no tenía responsabilidad directa, no podía haber actuado para evitar la emisión de participaciones preferentes.


¿Qué está pasando en las entidades financieras? ¿Hoy la clientela está más protegida o menos que antes? Creo que hubo bastantes preguntas en ese sentido. Ya en la intervención inicial hice referencia a que hoy no hay una protección a la
clientela y, desgraciadamente, la situación es peor incluso que con anterioridad. Voy a intentar definirlo en muy poquitas palabras. Antes, cuando cualquiera de ustedes iba a un banco y abría una cuenta, usted dejaba allí el dinero, el banco
gestionaba ese dinero asumiendo él el riesgo, usted tenía su dinero, su depósito a plazo fijo, garantizado y sabía que incluso, si el banco quebraba, tenía el Fondo de Garantía de Depósitos que le iba a devolver ese dinero. Hoy con este nuevo
modelo de sistema financiero a raíz de la crisis, y precisamente quizá para evitar nuevos rescates, se ha ido a un modelo que es tremendamente neoliberal; es un modelo además en el que creo que influye mucho que en las cúpulas europeas estén
personas procedentes de la banca de inversión y no de la banca minorista. Al final tiraron por ese modelo y hoy lo que sucede es que se ha transferido el riesgo que antes soportaban los bancos a la clientela. Antes era el banco el que gestionaba
el dinero y asumía el riesgo y ahora lo asume directamente el cliente. Cuando usted contrata un fondo de inversión, quien asume el riesgo es usted. Esa es la realidad, ese es el gran cambio. Por tanto, cuando decía antes que estamos ante un
modelo financiero que es tremendamente perjudicial para la clientela y que es tremendamente especulativo, ese es el problema, y no es un problema de mayor formación de los clientes, no es un problema de mayor formación de los trabajadores y
trabajadoras, sino que es un problema de modelo de sistema financiero. Al final se está transfiriendo a la clientela el riesgo a través de los fondos de inversión. Es más, incluso se pretende que los bancos abandonen la función de mediadores entre
esos depositantes y los solicitantes de créditos.

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En estos momentos se está creando, ya está aprobada la ley, el mercado secundario en el que las pequeñas y medianas empresas podrán emitir bonos. Lógicamente cada vez hay una mayor restricción al crédito desde los bancos y se está abriendo
ese nuevo mercado para las pequeñas y medianas empresas. Eso va a encarecer el acceso a la financiación por parte de las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan empleo en mayor medida, lo cual es tremendamente preocupante, pero es que
además lo que están haciendo no es ni más ni menos que esos bonos que van a emitir esas empresas los adquieran los fondos de inversión en los que están invirtiendo los ciudadanos, sin quererlo y sin saberlo, porque al final lo que se está viendo no
es venta de productos, sino colocación de productos que la clientela no demanda.


Creo que la directiva comunitaria y las normas de la ESMA, que es la Autoridad Europea de Valores y Mercados, sí que atinaron en un primer momento con la diagnosis. Es decir, si nos vamos a la directiva Mifid, el artículo 24 pone claramente
que en la venta de productos financieros no puede haber ni remuneración para quien vende ese producto ni objetivos comerciales para quien vende ese producto. Hoy yo me siento en la ventanilla y el banco me da una lista de clientes gracias al big
data a los que yo tengo que venderles unos productos. El banco ya ha definido que son aptos para ese producto, y yo tengo la obligación de colocar ocho productos de una lista de diez personas. Esa es la realidad. Con ese sistema financiero
funcionando así, los trabajadores no pueden oponerse, lógicamente, a unas instrucciones que reciben de la empresa, pero el problema está en que al final hay unos objetivos comerciales que la Mifid prohíbe y que la CNMV ha validado. Nosotros hemos
presentado alegaciones contra la guía 4/2017, de la CNMV. Les facilito la contestación porque, curiosamente, uno de las cosas que dice la CNMV es que los trabajadores de las entidades financieras, aunque sean asesores, pueden tener objetivos
comerciales. Esto contradice el espíritu y la normativa Mifid, el artículo 24. Y si queremos realmente atajar la mala praxis en la colocación de productos, hay que desenvolver ese artículo 24 y prohibir las remuneraciones. Hoy todos los bancos
tienen retribuciones variables. En el convenio de la banca privada, negociado por los mayores bancos privados y por los sindicatos, entre los que se encuentra el mío, el año pasado se transformó el salario fijo en salario variable. Los bancos
siguen; incluso personal administrativo ha pasado a ser personal comercial. Es decir, se siguen implementando retribuciones variables cuando están prohibidas por la Directiva Mifid, además con modelos que la propia ESMA ha calificado como tóxicos.
Sin embargo, esos son los modelos. ¿Alguien desde la CNMV está investigando cuáles son los modelos retributivos que tienen las distintas entidades financieras, empezando por el Banco Santander y acabando por la banca, en estos momentos en marcha
con sus trabajadores y trabajadoras? No, nadie lo está haciendo. ¿Se está poniendo coto a que el personal tenga objetivos comerciales? No; todo lo contrario, cada vez hay más objetivos comerciales.


Se hablaba antes de las horas extras. Nuestro sindicato envió el mes de junio una petición a los grupos para que se estableciese por ley la obligatoriedad del registro horario en el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores.
Precisamente nuestro sindicato lo hace desde la banca, desde el sindicato de banca. ¿Por qué? Porque ahí hay un modelo de trabajo, el modelo de trabajo por objetivos, donde las entidades prescinden de la jornada laboral porque tú tienes unos
objetivos que cumplir y de igual el tiempo que tardes porque no te lo van a pagar y no cotizan a la Seguridad Social esas horas. Después hablamos de impuestos a la banca. El primer impuesto que tiene que pagar la banca es el impuesto sobre
sociedades y lo que tiene que hacer la banca es cotizar por las horas extras, que son los mayores defraudadores, y no solamente lo dice la CIG, sino también el informe de la dirección General de la Inspección de Trabajo del año pasado, que lo marca
como objetivo prioritario.


Por tanto, hay que abordar las políticas comerciales de la banca porque estamos ante un nuevo modelo más especulativo y hay que frenar las políticas comerciales, y la única forma de frenar las políticas comerciales agresivas de los bancos es
poner coto a las retribuciones asociadas a las ventas y a los objetivos comerciales. Cuando se aplique la Mifid, si no se desenvuelve correctamente esa aplicación, si no se desenvuelve el artículo 24 en la legislación española, los bancos seguirán
haciendo lo que les da la gana y seguiremos viviendo nuevos escándalos.


En 2016, el año pasado, nosotros iniciamos una serie de denuncias públicas y de reuniones con los grupos parlamentarios a nivel gallego precisamente por lo que estaba pasando con los fondos de inversión. Al final los bancos tenían su dinero
en el Banco Central Europeo con intereses negativos, tenían que trasladar a la clientela los intereses negativos mientras mantenían su nivel de ingresos. ¿Qué hicieron los bancos? Colocar fondos de inversión que la clientela no demanda. Nadie
viene a contratar un fondo de inversión, se lo metemos por los ojos porque son las instrucciones que tenemos. Y a través de los

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fondos de inversión le hemos metido a la clientela intereses negativos y le hemos metido el clavo, porque la comisión la cobra el banco, tenga interés negativo el fondo o no, y esa es una realidad que pensamos que hay que abordar.


Para terminar, al final, la CNMV lo único que hace es hincapié en que tenemos que tener formación suficiente los trabajadores y trabajadoras para colocar esos productos que no queremos colocar y que la clientela no quiere. Lo cierto es que
ha validado el modelo de EFPA. EFPA es una asociación creada por los bancos y tiene al frente a un banquero. Pero lo más grave -nos parece gravísimo- es que mientras la ESMA, la Autoridad Europea de Mercados, cuenta con unos grupos que representan
más a la sociedad civil, curiosamente, en el caso de la CNMV, quien está representando a los trabajadores del sector es la propia EFPA, que está creada por los propios bancos, de la que son socios los propios bancos. Al final, si ponemos al lobo a
cuidar del gallinero, mal vamos. Por tanto, les pido que cuando se haga una transposición de la Mifid se tomen con mucho rigor el artículo 24, que se vaya más allá, que se examinen las políticas comerciales, porque ahí está la clave para abordar
unas políticas financieras distintas.


Creo que he contestado a todas las preguntas.


La señora PRESIDENTA: Tenemos que agradecer a don Clodomiro Montero Martínez su presencia y el hablar tan claro, yendo además directo al grano. Aquellas preguntas o documentación que él va a hacer llegar a los letrados se las pasaremos a
los portavoces en los próximos días. Muchas gracias a todos.


Se levanta la sesión.


Eran las siete y cincuenta minutos de la tarde.