El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se
reanuda la sesión.

Punto séptimo del orden del día, proyectos y
proposiciones de ley. Para la presentación del primer dictamen, tiene la
palabra la presidenta de la Comisión de Interior, senadora Castro
Mateos.

La señora CASTRO MATEOS: Señor presidente,
señorías, el 17 de marzo de 2021 el Gobierno presentó en el Congreso de
los Diputados el proyecto de ley por la que se modifica el texto
refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de
octubre, en materia de permisos y licencias de conducción por puntos. Con
diversas modificaciones, la Comisión de Interior de dicha Cámara aprobó,
con competencia legislativa plena, este proyecto de ley en la sesión
celebrada el día 30 de septiembre de 2021, remitiéndolo al Senado, donde
tuvo su entrada y fue publicado el 15 de octubre de 2021. El plazo de
presentación de enmiendas al referido proyecto de ley expiró el pasado 27
de octubre, ampliándose hasta el 3 de noviembre. Durante dicho plazo se
presentaron 83 enmiendas.

La ponencia designada por la Comisión de
Interior para informar del proyecto de ley ha estado integrada por don
Xavier Castellana Gamisans, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-EH Bildu; por don Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grupo
Parlamentario Nacionalista; por don Raúl Díaz Marín, del Grupo
Parlamentario Socialista; por don Jacobo González-Robatto Perote, del
Grupo Parlamentario Mixto; por don José Julián Gregorio López, del Grupo
Parlamentario Popular; por doña Paloma Hernández Cerezo, del Grupo
Parlamentario Socialista; por doña María Nieves Hernández Espinal, del
Grupo Parlamentario Socialista; por don Koldo Martínez Urionabarrenetxea,
del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal; por doña Almudena Otaola
Urquijo, del Grupo Parlamentario Vasco; por doña María Ponce Gallardo,
del Grupo Parlamentario Democrático, y por don Carlos Yécora Roca, del
Grupo Parlamentario Popular.

La ponencia, reunida el 8 de noviembre de 2021,
emitió informe sobre este proyecto de ley incorporando determinadas
enmiendas, así como algunas modificaciones de orden técnico y
lingüístico.

La Comisión de Interior, reunida el mismo 8 de
noviembre, acordó tras la oportuna deliberación aceptar como dictamen el
informe propuesto por la ponencia. El dictamen de la comisión ha sido
objeto de publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
sección Senado, con fecha 16 de noviembre de 2021, junto con los votos
particulares formulados.

El núcleo de este proyecto de ley está
constituido por la revisión de las infracciones que implican la
detracción de puntos, el reconocimiento de los cursos de conducción
segura y eficiente como medio para la recuperación de puntos, la
actualización del tratamiento de la conducción profesional y la
unificación del plazo para la recuperación del saldo inicial de puntos.
Además, se incorpora al derecho español lo dispuesto en el capítulo VIII
de la Directiva de la Unión Europea 2019/520, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 19 de marzo de 2019, relativa a la interoperabilidad de
los sistemas de telepeaje de carreteras y por la que se facilita el
intercambio transfronterizo de información sobre el impago de cánones de
carretera en la Unión.

El proyecto incluye un artículo único con
diferentes apartados en relación con los distintos artículos del texto
refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial que se pretende modificar. Asimismo, el proyecto de ley
cuenta con una disposición transitoria, una disposición derogatoria y
cuatro disposiciones finales.

Señor presidente, muchas gracias.
(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Señorías, correspondería ahora un turno de
debate a la totalidad, y si no lo solicita ningún grupo, pasaríamos al
debate de las enmiendas. Les recuerdo que con posterioridad habrá un
turno de portavoces. ¿Algún grupo desea tomar la palabra en este momento?
(Pausa)

Pasamos directamente al debate del
articulado.

Enmiendas, votos particulares, de los senadores
González Robatto-Perote, Marín Gascón y la senadora Merelo Palomares.
Para la defensa de la enmienda 63, tiene la palabra la senadora Merelo
Palomares.

La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señor
presidente. Muy buenos días, señorías.

La enmienda al proyecto que sometemos a la
consideración de esta Cámara es la que postula la supresión en la
exposición de motivos de la alusión a la derogación del artículo 21,
apartado 4, de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial. Este artículo 21, apartado 4, es el que permite a
turismos y motocicletas rebasar en 20 kilómetros por hora la velocidad
máxima en carreteras convencionales para poder adelantar a otros
vehículos que circulen a una velocidad inferior a dicha velocidad máxima.
El proyecto pretendía la derogación de este artículo con la finalidad
nominal de reducir los adelantamientos en carretera con la consiguiente
disminución de la siniestralidad, y en la exposición de motivos del texto
original se pretendía justificar dicha derogación. En este sentido, a lo
largo de la tramitación de esta iniciativa legislativa, el mencionado
propósito gubernamental de derogar el artículo 21, apartado 4, y por
tanto de prohibir que se rebase en 20 kilómetros por hora la velocidad
máxima para adelantamientos, ha sido eliminado del proyecto, pero la
alusión a la derogación en la exposición de motivos no se ha suprimido, y
con esta incongruencia es con la que nuestra enmienda se propone
terminar.

En cualquier caso, esta enmienda no debe verse
como una mera corrección técnica por nuestra parte, y menos como una
simple petición puramente negativa en el sentido de eliminar un párrafo
del preámbulo de un texto normativo. Esta enmienda es una manifestación
de la postura que hemos mantenido en las dos Cámaras de estas Cortes
Generales, una postura nítida y sin ningún género de ambigüedad en
defensa de la norma del artículo 21, apartado 4. Es decir, nosotros hemos
apoyado el mantenimiento de esta norma y nos hemos opuesto, y lo vamos a
seguir haciendo, a que la prohibición de aumentar la velocidad para
adelantar vuelva a ser incorporada al proyecto. Tenemos la completa
seguridad, compartida por cualquier conductor, de que la prohibición
lejos de aumentar la seguridad vial va a incrementar el número de
accidentes de circulación. El aumento de la velocidad cuando se adelanta
supone la disminución de la duración de la maniobra de adelantamiento, y
esa rapidez en el adelantamiento sí que evita accidentes y salva vidas.
Sinceramente, no creemos que el verdadero motivo de la prohibición sea la
mejora de la seguridad vial. Por el contrario, nos parece que detrás de
esta propuesta hay un desordenado e irracional ánimo de prohibir y de
recaudar. Nosotros sabemos bien que a veces las prohibiciones y las
restricciones son necesarias, pero este no es ciertamente el caso. Esta
prohibición, de concretarse, sería un auténtico atentado contra la
conducción segura y eficiente que el proyecto dice impulsar, y es que no
puede haber conducción segura y eficiente sin una velocidad adecuada; es
decir, una velocidad que no sea excesiva pero tampoco demasiado lenta.
Vemos asimismo un ánimo recaudatorio abusivo en la prohibición, con la
vista puesta en multas por exceso de velocidad, que hasta ahora no se
imponían por la justificación de haberse sobrepasado el límite de
velocidad en el curso del adelantamiento.

En resumen, nuestra enmienda implica una mejora
en el texto de la futura ley, pero quiere ser sobre todo una reafirmación
de la legítima libertad de los conductores que, en este caso, va
totalmente de la mano con la seguridad del tráfico en carretera. La vida
y la seguridad de las personas es el primer valor que aquí queremos
defender.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

De la senadora Goñi Sarries y del senador
Argüeso Torres, del Grupo Parlamentario Mixto, la enmienda número 2. La
senadora Goñi Sarries tiene la palabra.

La señora GOÑI SARRIES: Gracias,
presidente.

Había que evitar que la futura Ley de tráfico
legitimara la competencia desleal entre autoescuelas, que se deteriorara
la formación y la seguridad vial, que se perjudicara por tanto a los
ciudadanos y también que se precarizaran los derechos laborales del
sector. Todos los expertos en seguridad vial abogan por la presencialidad
para obtener unos mejores resultados. En este sentido, esta ley debe
asegurar que los alumnos accedan a una formación de calidad que pueda
combinar en algunos momentos la presencialidad y la formación online. Hay
que evitar que se produzca una mayor siniestralidad, más fallecidos y
heridos.

Propuesta de enmienda transaccional,
apartado 12 ter: Para la obtención de un permiso o licencia de
conducción, se podrán establecer cursos de concienciación y
sensibilización que podrían impartirse también online, siempre que se
asegure la interacción a través de un aula virtual. Su contenido y forma
se determinarán de forma reglamentaria, previa consulta a los expertos en
seguridad vial, así como a las asociaciones de víctimas. Aun teniendo en
cuenta que la presencialidad era el modelo preferido, la formación mixta
para este tipo de cursos sería muy adecuada y esta enmienda transaccional
es la que se ha propuesto y la que, parece, va a salir acordada de este
Pleno.

Es imprescindible luchar contra la pérdida de
calidad formativa, luchar contra el deterioro de la seguridad vial
―hay que recordar que la seguridad vial es un derecho y no un
negocio― y hay que evitar la precarización de los derechos
laborales del sector. Según varias encuestas, los españoles dan una
puntuación de sobresaliente a la enseñanza que se recibe en las
autoescuelas españolas. El 85 % piensan que habría más accidentes si las
autoescuelas desaparecieran.

Para terminar, me gustaría dar las gracias a
CNAE por su paciencia, por su apoyo y, sobre todo, por la pedagogía que
ha hecho con todos los grupos de esta Cámara, explicándonos conceptos
tanto de seguridad vial como de calidad en formación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Enmiendas del senador Cleries i González, que
tiene la palabra para su defensa.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Muchas gracias,
presidente.

Si me permite, intervendré desde el
escaño.

Creo que este proyecto de ley tiene una gran
importancia porque hoy lo que se valora es la seguridad vial, una
movilidad más segura y sostenible, y yo quiero agradecer a los distintos
grupos parlamentarios, especialmente al grupo mayoritario, al Grupo
Socialista, su voluntad para llegar a acuerdos y transacciones, que
espero que se firmen y que se lleven a término a lo largo de esta sesión
plenaria. Esto sería importante porque la voluntad de llegar a acuerdos
implica que esta ley satisfaga más transversalmente a todos.

Quiero celebrar que la ponencia reconozca la
importancia de que las autoescuelas tengan presencia física en el
territorio, salvaguardando así puestos de trabajo, su calidad, así como
ofreciendo también una formación de calidad a los futuros conductores y
conductoras de vehículos. Sin duda, esto también contribuirá a preservar
el escaso marco competencial que tenemos en Cataluña y en otros
territorios en competencias de tráfico, de modo que al menos las que
tenemos no se pierdan, así como las más relacionadas con el tema del
permiso de conducción y la recuperación de puntos.

Hemos presentado algunas enmiendas, que son las
que ahora están vivas, por ejemplo, en relación con que el sistema de
conducción automatizado se incorpore en las normas de circulación
—hay cuatro enmiendas en este sentido— y para que los
elementos de protección, de seguridad, estén científicamente
contrastados.

También hemos presentado enmiendas sobre la
recuperación de puntos, para poner un poco de orden y que no se castigue
a los conductores y conductoras que lo hacen bien, porque a veces parece
que determinadas normas no incentivan esa buena conducción. Además, hemos
presentado un par de enmiendas sobre seguridad, una de ellas relacionada
con los vehículos que provocan incendios —en Cataluña lo hemos
sufrido el pasado verano—, para que se considere como falta muy
grave arrojar a la vía pública objetos que puedan provocar incendios o
accidentes. Creo que habrá una transacción con distintos grupos
parlamentarios, y lo celebramos.

Y, finalmente, hemos presentado otra enmienda
para suprimir que, en los adelantamientos en carreteras convencionales,
se pueda incrementar la velocidad 20 kilómetros por hora, porque los
expertos nos dicen que esto provoca accidentes más graves. Por tanto,
siguiendo no la intuición sino lo que dicen los expertos, vamos en esta
línea.

Por último, quiero agradecer la colaboración
intensa en estas semanas de distintas asociaciones de autoescuelas de
todo el territorio y de las entidades de seguridad vial y fabricantes de
vehículos. Gracias a Dios no sabemos de todo y es importante escuchar a
los que saben y después trasladarlo a nuestras enmiendas. Además, han
colaborado con todos los grupos y se ha de agradecer este esfuerzo, que
revertirá en que salga hoy una mejor ley de este Pleno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Enmiendas también del Grupo Nacionalista. Para
la defensa de las enmiendas 36 y 37, tiene la palabra su señoría Clavijo
Batlle.

El señor CLAVIJO BATLLE: Muchas gracias,
presidente. Buenos días.

Quiero saludar a los responsables de Anaes, que
están presentes en este Pleno, y agradecerles personalmente todo el apoyo
que nos han prestado para poder trabajar este texto de vital
importancia.

Nosotros presentamos tres enmiendas. Una de
ellas fue aceptada en la ponencia y en la comisión, con lo cual viene ya
recogida en el texto legislativo. Por ello, queremos expresar nuestro
agradecimiento a los grupos que la han apoyado.

Por otro lado, hay dos enmiendas más que han
quedado vivas y que básicamente, para no leerlas, diré que tienen como
fin garantizar esa formación presencial de calidad porque, al final quien
va a conducir un vehículo realmente pone en peligro su propia vida y la
de otras personas cuando comete imprudencias. Por ello, nosotros
entendemos que esa formación tiene que ser presencial, y no estamos de
acuerdo con la portavoz en este asunto del Grupo Mixto, que me ha
precedido en el uso de la palabra, con que en la ley se pueda permitir la
formación online o en un aula virtual. Creemos que en la ley lo que se
tienen que garantizar son unos mínimos y los mínimos tienen que ser
presenciales, sin detrimento, obviamente, de que después las
autoescuelas, en la impartición de sus clases y en la legítima
competencia de su negocio, puedan parte de esa formación hacerla online o
en un aula virtual. En cualquier caso, no nos gustaría que esa puerta se
dejase abierta en el texto legislativo, porque a partir de ahí lo que se
puede esconder es un cambio de modelo de negocio. No estamos negándonos a
las nuevas tecnologías ni nos estamos negando realmente a que se pueda
impartir parte de la formación online o en un aula virtual, pero sí
queremos que un mínimo se garantice de forma presencial. Tengamos en
cuenta que en la media de los países europeos se está dando una formación
de en torno a 20-30 horas, y que aquí realmente estamos muy por debajo de
la media de los países europeos. No queremos tampoco incrementarla, pero
sí al menos, insisto, garantizar que los mínimos que marque la ley sean
presenciales.

Quiero agradecer el apoyo de los grupos a la
enmienda que se aceptó en ponencia, y no estaríamos conformes, al menos
el senador que les habla, con una transaccional que dejase abierta la
puerta a las aulas virtuales, a la formación online, que en definitiva lo
que esconde es un cambio de modelo de negocio, la pérdida de empleos y la
precarización de las condiciones laborales.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Enmienda número 4, del señor Martínez
Urionabarrenetxea. Para su defensa, tiene la palabra su señoría.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Egun on,
presidente jauna. Buenos días, senadoras y senadores.

Nosotros presentamos una enmienda para asegurar
la docencia personal en las autoescuelas. En este caso, se ha llegado a
una enmienda transaccional que creemos que, como todas las
transaccionales, no es perfecta —tampoco la nuestra—, pero es
lo suficientemente buena y aceptable como para que la votemos. La
enmienda transaccional dice que los cursos de concienciación y
sensibilización podrán impartirse también online, siempre que se asegure
la interacción a través de un aula virtual. Por lo tanto, como esto se
desarrollará reglamentariamente después, creemos que esta formulación
abierta de la enmienda posibilita lo que nosotros estábamos defendiendo,
porque para su desarrollo se contará con los expertos en seguridad vial,
así como con las asociaciones de víctimas. Por ello votaremos a favor de
la enmienda transaccional.

Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Enmienda número 38, del senador Vidal Matas.
Para su defensa tiene la palabra su señoría.

Senador Vidal, discúlpeme, aún sigue siendo
necesario el uso de la mascarilla desde el escaño. Le agradezco su
colaboración. Muchas gracias, muy amable.

El señor VIDAL MATAS: Disculpe, presidente. No
volverá a ocurrir. (Pausa.— Risas).

El señor PRESIDENTE: Tómese su tiempo, senador
Vidal.

El señor VIDAL MATAS: La ley habla de la
seguridad vial y la enmienda presentada a propuesta de Mès per Menorca,
de los compañeros de la isla de Menorca, es que reflexionemos sobre el
hecho de que estamos preocupados por la seguridad vial, por la
circulación de los vehículos a motor y, en cambio, en el mar estamos
desregularizando, de manera que todo el mundo, cualquiera de ustedes
puede coger una embarcación a motor, alquilarla, sin ningún tipo de
conocimiento sobre el mar, ningún tipo de conocimiento sobre la
meteorología y ningún tipo de conocimiento sobre las reglas náuticas de
la navegación básica, suponiendo un riesgo tanto para otras embarcaciones
como para otros usuarios del mar. Por tanto, es un toque de atención en
el sentido de que tenemos que regularizar esta circunstancia porque está
generando situaciones de peligro en el mar.

Muchísimas gracias y disculpe, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Vidal.

Enmiendas del senador Chinea Correa. Para la
defensa de las enmiendas 40 y 41, tiene la palabra su señoría.

El señor CHINEA CORREA: Gracias, presidente.
Buenos días, señorías.

Aprovecho para saludar a los representantes de
las autoescuelas que nos acompañan en esta sesión plenaria. Bienvenidos a
esta Casa.

Señorías, las dos enmiendas que presenta la
Agrupación Socialista Gomera a este proyecto de ley —tras la
incorporación de una tercera durante el debate de la ponencia—, se
sustentan, señorías, en datos empíricos que corroboran y ratifican la
importancia del valor de la formación obligatoria y presencial. Todos los
estudios, como también el informe realizado por la Asociación Nacional de
Autoescuelas, coinciden en que entre el 70 y el 90 % de los accidentes de
tráfico se producen por fallos humanos. Para paliar este problema hay
muchas estrategias, pero según los expertos la más eficaz es la formación
y la concienciación. Actualmente, para obtener un permiso de conducción
en este país, salvo el caso excepcional del permiso A, no es obligatoria
ninguna formación, una situación que contrasta con todo lo que se hace en
Europa. En 2020, el Instituto Universitario de Investigación en Tráfico y
Seguridad Vial hizo un estudio relativo a los sistemas de formación para
obtener un permiso de conducir en los 31 países europeos, y, señorías,
comprobaron que en más del 80 % de los países hay formación
teórico-práctica obligatoria, y si se tiene en cuenta la formación en
seguridad vial reglada, la obligatoria en los colegios, sería, señorías,
más del 90 %. En concreto, para obtener el permiso B en los países
europeos se contemplan entre 20 y 40 horas de formación teórica
obligatoria y presencial, y entre 15 y 30 horas de prácticas
obligatorias. Numerosos documentos e investigaciones aconsejan directa o
indirectamente esta formación obligatoria, y les voy a citar algunos
ejemplos, como la Directiva europea sobre permisos de conducir, un
documento teórico de 2017 sobre formación de conductores en la Comisión
Europea y también lo defienden los expertos en seguridad vial.

Señorías, ¿qué opinan los conductores de la
formación obligatoria? En la Universidad de Valencia, la de Granada o la
Complutense de Madrid se han hecho varias encuestas y voy a aportar unos
datos. El 84 % piensa que es imprescindible recibir clase en autoescuela
para obtener el permiso de conducir. El 87 % considera que la formación
debería ser obligatoria para poder conseguir un carné de conducir, y más
del 94 % de los que van a recuperar puntos, señorías, se quejan de que no
se les haya formado antes y de haber puesto en peligro sus vidas. Y en
este caso no se pide, como en la mayor parte de Europa, que se
implanten 20 o 30 horas de formación teórica obligatoria, se pide que al
menos haya un módulo de 8 a 10 horas de formación teórica y presencial
dedicada, señorías, a la educación y concienciación de los conductores.
Por tanto, lo que se pretende con esta formación presencial no es
adquirir meros conocimientos, sino, como se hace en Europa, actuar sobre
los comportamientos y trabajar en el aula…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando,
señoría.

El señor CHINEA CORREA: … temas vitales
para prevención de los siniestros.

Acabo, señor presidente.

Señorías, la Organización Mundial de la Salud
lo dice bastante claro, el accidente no es accidental, y por ello es
evitable. Uno de los mejores caminos es una buena formación y
concienciación de los conductores, y eso es lo que pedimos y se reclama
en nuestras enmiendas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Enmiendas del senador Gómez Perpinyà. Para su
defensa, tiene la palabra su señoría.

El señor GÓMEZ PERPINYÀ: Muy buenos días,
señorías. Muchas gracias, señor presidente.

La valoración que hacemos en Más Madrid de este
proyecto de ley es razonablemente buena, sobre todo teniendo en cuenta
que la ponencia del Congreso ya incorporó algunas reformas que fueron muy
positivas, y esperamos sinceramente que aquí en el Senado pase
exactamente lo mismo, porque, aunque reconocemos que hay cambios que van
en la buena dirección, también les digo que nuestro voto va a depender de
las enmiendas que hoy se aprueben, de si estos cambios verdaderamente son
profundos o no lo son.

En nuestro caso hemos presentado 7 enmiendas,
que inciden en el fomento de la movilidad sostenible, en el uso de la
bicicleta como vía para conseguir mayor seguridad para los ciclistas y
dar más facilidades a las personas que optan por este medio de transporte
en su día a día y una mayor adaptación de nuestras ciudades para que
estén preparadas para la movilidad ciclista; tres objetivos que
seguramente, a grandes rasgos, creo que todos y todas compartimos, pero
que hay que aterrizar en leyes y en normativas concretas para que pasen a
formar parte de la realidad. Soy consciente de que en breve estaremos
debatiendo la ley de movilidad sostenible y de que incluso en junio
pasado se presentó la estrategia estatal por la bicicleta, pero creo
francamente que esto no es suficiente. Si queremos que la bicicleta sea
un medio de transporte de uso diario, la debemos empezar a tratar como
tal y, si hoy debatimos un proyecto de ley sobre seguridad vial, creo que
tiene que estar presente de manera protagonista. El motivo es muy
sencillo, la sociedad en sí misma ya lo está demandando, hay 20 millones
de españoles que utilizan la bicicleta con alguna frecuencia, esto es
el 50 % de nuestra población, y en 2020 se vendieron un 40 % más de
bicicletas que el año anterior, lo que supone 700 000 nuevos usuarios en
el último año, datos que avalan el importante incremento del uso de la
bicicleta en nuestro país, un uso que hay que fomentar garantizando y
mejorando la seguridad vial en nuestras calles y carreteras, sin
criminalizar a los ciclistas, sin imponerles medidas obligatorias
contraproducentes para el uso de la bicicleta y garantizando su prioridad
respecto de los vehículos a motor. Estas son medidas que piden las
asociaciones ciclistas desde hace mucho tiempo y con las que el
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana me consta que
trabaja de manera regular; medidas como, por ejemplo, la no
obligatoriedad del uso del casco para los ciclistas. Creo que todos
estamos comprometidos en la clara recomendación de su uso, pero sin
terminar multando a quien no lo lleve. Soy consciente de que este es un
tema que a algunos les puede generar ciertas dudas, pero los datos y la
experiencia internacional en la implementación de este tipo de medidas
avalan claramente estas tesis. En este sentido, es la reducción de la
velocidad de los automóviles la que disminuye la accidentabilidad, las
muertes y las lesiones de los ciclistas, no es el casco, que en todo caso
es una protección que en muchas ocasiones resulta muy insuficiente,
porque a mayor uso de la bicicleta, mayor protección para los ciclistas y
precisamente la obligatoriedad del casco es un impedimento en muchas
ocasiones para su uso. Seríamos una anomalía europea y casi mundial;
ningún país de nuestro entorno apuesta por esta norma, países desde luego
con un amplio uso y con una amplia experiencia en movilidad ciclista y
porque, evidentemente, esta medida pondría en serias dificultades a la
bicicleta pública como, por ejemplo, el caso de Bicimad y como otras que
existen a lo largo y ancho de nuestra geografía, que correrían el riesgo
de desaparecer en caso de establecer el casco ciclista como una medida
obligatoria y en caso de que finalmente se terminara multando por su
ausencia.

Asimismo, necesitamos clarificar también en
este proyecto de ley la responsabilidad de la seguridad vial de nuestras
calles y carreteras. No todos los vehículos son iguales y, desde luego,
un vehículo a motor y una bicicleta no tienen la misma responsabilidad ni
la misma vulnerabilidad ante un accidente. Las infracciones deben tener
en cuenta también el riesgo que implica para el resto en función del
vehículo que se está utilizando.

Por otro lado, y voy terminando, cuestiones
como permitir a los ciclistas en vías urbanas poder circular por el
centro de los carriles, definir correctamente la obligatoriedad y no usar
los arcenes en vías interurbanas, establecer el paralelo ciclista como
prioritario o establecer la prioridad del ciclista por la intersección
con otras vías o con carriles de incorporación o de salida son cuestiones
también muy importantes para mejorar la seguridad vial de nuestras calles
y de nuestras carreteras.

En definitiva, señorías, espero que estas y el
resto de las enmiendas, que desde nuestro punto de vista mejoran este
proyecto de ley, sean aprobadas en el día de hoy. Desde luego, cualquier
propuesta que vaya encaminada a fomentar, a facilitar y hacer más segura
la movilidad ciclista en nuestro país siempre será apoyada por Más
Madrid.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria-Bildu, tiene la palabra
la senadora Bideguren Gabantxo.

La señora BIDEGUREN GABANTXO: Eskerrik asko,
presidente. Senatari jaun-andreak, egun on.

Hemos intentado mejorar el texto propuesto con
diversas enmiendas y considero que hemos llegado a acuerdos importantes,
pero me gustaría centrar mi intervención en hablar de las enmiendas
presentadas en relación con las bicicletas. Nos parecía oportuno abrir
este debate en la tramitación de la Ley de tráfico y seguridad vial para
traer la voz del colectivo de personas usuarias de la bicicleta que se
sienten en muchas ocasiones desprotegidas jurídicamente y llevan años
planteando algunas cuestiones que están resueltas en muchos países de
nuestro entorno. Algunas propuestas pueden parecer chocantes, pero es
importante ponerlas encima de la mesa para que poco a poco vayamos
rompiendo algunos esquemas mentales aprendidos. Tenemos que ser
conscientes de que algunas obligaciones, por muy asumidas que estén,
están limitando el uso de la bicicleta.

Por otro lado, el Gobierno español aprobó
recientemente la estrategia de movilidad y la estrategia por la
bicicleta, en las que se apuesta por este medio como el transporte más
sostenible y se prevé hacer ciudades más amables. Por tanto, por
coherencia política, consideramos que era importante poner el foco en la
usuaria de la bicicleta, que era el momento para actualizar la normativa
a una nueva realidad, a la movilidad del futuro orientada a las políticas
de seguridad vial de la Unión Europea y en el marco de la Declaración de
Estocolmo y la Nueva agenda urbana de la ONU. Es momento de dejar atrás
la legislación que prioriza la fluidez en la circulación de los vehículos
a motor y de hacer una apuesta clara por el tráfico calmado que favorezca
la seguridad de los colectivos más vulnerables, que son los peatones y
los ciclistas.

Señorías, el coche tiene que perder
protagonismo y el uso de la bicicleta solo se fomenta haciendo todo lo
posible para que su uso sea cómodo y sin barreras. Utilizar la bici tiene
que ser seguro y fácil y todo aquello que resulte disuasorio debería ser
eliminado. Estamos satisfechas porque en la tramitación de esta ley en el
Senado se ha conseguido hablar de las dificultades de las personas
usuarias de bicicleta y consideramos, además, que se han hecho algunos
avances admitiendo determinadas enmiendas, transaccionando otras y
comprometiendo algunas ideas al posterior desarrollo del reglamento, pero
lo cierto es que queda mucho por hacer para conseguir estar a la altura
de países en los que hacen apuestas serias para el uso de la
bicicleta.

Para terminar, quiero dar las gracias a la
Coordinadora CONBICI y a las diferentes asociaciones que se han puesto en
contacto con nuestro grupo para aportarnos interesantes ideas y decirles
que considero muy importante el conocimiento que nos han
transmitido.

Muchas gracias. Eskerrik asko. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el mismo grupo parlamentario, tiene la
palabra su señoría Castellana Gamisans.

El señor CASTELLANA GAMISANS: Gracias,
presidente.

De entrada, como continuación de la
intervención de mi compañera, la senadora Idurre Bideguren, quiero
suscribir las palabras que ha dicho en relación con diferentes ámbitos y
también celebrar no solamente el esfuerzo transaccional, al cual nos
referiremos más adelante en el turno de portavoces, sino también de las
intervenciones diferentes que se han oído, muchas de las cuales siguen la
línea que creemos necesaria en relación con la seguridad vial.

El paquete de enmiendas que hemos presentado se
puede englobar en cuatro grandes bloques, todos en la línea de mejorar la
seguridad vial y la calidad de vida respecto a un nuevo modelo de
circulación. El primer bloque lo hemos bautizado como pacificación del
tráfico, un tráfico menos agresivo y más amable, en línea con una
sociedad que tiene que ser menos agresiva, menos exaltada, más amable y
de mayor convivencia. Y si queremos pacificación del tráfico, es evidente
que tenemos que poner en el centro a los peatones, a los ciclos y también
a los vehículos de movilidad personal, cada uno en su ámbito. Si no
conseguimos sacar ciclos y vehículos de movilidad personal de las aceras
no conseguiremos que los peatones, las personas que se mueven a pie
tengan su espacio seguro, especialmente, aquellas más vulnerables.
Tenemos que promover los recorridos a pie, pero para eso también tenemos
que promover los ciclos y los vehículos de movilidad personal, sobre
todo, las bicicletas, que son esos vehículos que permiten una movilidad
más amable, que coexiste mejor con los peatones en su ámbito debido,
evidentemente, y que permiten trabajar en una movilidad más humana y más
acorde con los objetivos, por ejemplo, de lucha contra la emergencia
climática. En cualquier caso, eso no lo podemos hacer si no protegemos
adecuadamente ciclos y vehículos de movilidad personal, especialmente en
aquellos ámbitos en que coinciden con los vehículos a motor. Creemos que,
después del arduo y largo trabajo que hemos estado realizando estos
últimos días podemos garantizar unas líneas maestras; de hecho, el
objetivo de las leyes debe ser garantizar los derechos y obligaciones
básicas, garantizar la seguridad jurídica, pero, sobre todo, dar esas
líneas maestras que permitan que después los reglamentos y las ordenanzas
puedan, de manera más granular, dar salida a todas las necesidades
objetivas que hay. Y me gustaría recalcar que eso no hubiese sido posible
en este ámbito, como ha dicho mi compañera Idurre, sin la cooperación,
sin el asesoramiento de CONBICI y FEM BICI, que nos han trasladado el
sentir general del sector de la bicicleta.

En cuanto al segundo bloque, ha habido
discusiones sobre si eran pertinentes en la Ley de seguridad vial todas
aquellas actitudes al frente del volante que promueven incendios. Hemos
tenido desastres, no solamente naturales, porque cuando se produce un
incendio no hay solamente pérdida de patrimonio natural, también hay
pérdida de patrimonio humano y de patrimonio arquitectónico, porque en
esas grandes zonas de bosques y campos de cultivo y pastizales también
vivimos personas. Por eso, los incendios son una amenaza no solamente al
patrimonio natural, sino al conjunto de personas que vivimos en esos
entornos. Pero es que, además, los incendios provocados por actitudes
negligentes al volante provocan muertes, no solamente por los incendios.
Hablaba el otro día con Ramon Lamiel, director del Servei Català de
Trànsit, y me comentaba como un incendio en la autopista AP-7, provocado,
probablemente, por una infracción de una persona al volante, por efecto
mirón, provocó un alcanzamiento por detrás por parte de un camión y
provocó dos personas muertas. Por eso, estamos contentos también de que
aquellas actitudes que promueven incendios y, por lo tanto,
siniestralidad —y no solamente en el mundo rural— se graven
más.

Tercer bloque. Permítanme que les diga que eso
que más o menos se llama —no soy jurista y quizá meta la pata en el
nombre— bloque de constitucionalidad o arquitectura constitucional
lo contamina todo. No quiero abrir un debate sobre ese tema en la Ley de
seguridad vial, pero es que consideramos que se utiliza en contra de
millones de ciudadanos de este Estado, y, por ello, hemos intentado a
través de nuestras enmiendas, que no sea así. Nosotros no formamos parte
de este consenso, pero creo que es legítimo que exijamos a aquellos que
abanderan este espacio que, al menos, cumplan con su legalidad.

Y, el último aspecto, pero no menos importante,
al contrario, proponemos garantizar la máxima calidad posible de la
formación en relación con la seguridad vial porque sin formación vial,
sin concienciación y sensibilización, peores conductores, más
siniestralidad y, al final, menos derechos humanos.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, para la
defensa de varias enmiendas, tiene la palabra su señoría Gregorio
López.

El señor GREGORIO LÓPEZ: Con su permiso, señor
presidente. Muy buenos días, señorías.

El Partido Popular, en primer lugar, quiere dar
las gracias a los ponentes de este Proyecto de Ley que modifica la
Ley 6/2015, de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial, aunque
nos hubiera gustado que las enmiendas que presentamos en ponencia
—que son necesarias— se hubieran aprobado el lunes pasado y
así hoy no estaríamos defendiendo el mismo texto.

El Grupo Popular es consciente de la
importancia de esta modificación de la anterior Ley de tráfico y sus
repercusiones en todos los ámbitos de la sociedad. Por eso, después de
muchas reuniones con colectivos implicados en esta labor de la seguridad
vial entendíamos, entendemos, que deberíamos mejorar un texto que se
queda muy corto en sus pretensiones y en las nuevas realidades de la
sociedad actual. En primer lugar, porque muchos colectivos han intentado
contribuir con sus aportaciones a esa mejora y, a veces, ustedes, el
Gobierno, no los han tenido en cuenta. Y, en segundo lugar, porque
gracias, como aquí se ha indicado, a enmiendas transaccionales tanto en
el Congreso como en el Senado, se ha mejorado esta ley que, a veces,
parece un parche.

Por tanto, volvemos a presentar 21 enmiendas en
concreto, que optimizan una ley que, como hemos visto, con mucha
frecuencia en los medios de comunicación, ha recibido una fuerte
contestación en los sectores implicados y en la sociedad española, algo
que por otra parte vemos cada día con cada ley que el Gobierno del
Partido Socialista aprueba en esta legislatura, y es que siempre tenemos
lío, y mucha gente, muchos colectivos, protestan. En este sentido, una
institución fundamental para la seguridad vial va a ser muy dañada por el
Gobierno y sus socios, la Guardia Civil, esencial para la seguridad vial
y a quienes en la nueva ley de seguridad ciudadana ustedes casi les
criminalizan. Por eso, queremos mejorar este texto legislativo y no
convertirlo, como así le hice saber en la comparecencia al director
general de Tráfico, don Pere Navarro, en lo que más vemos en esta
propuesta, medidas, muchas veces, con un marcado carácter restrictivo,
punitivo, coercitivo y con prohibiciones generalizadas; en fin, un
endurecimiento que prima aumentar la presión punible y económica sobre
los conductores en lugar de buscar lo que pretendíamos nosotros con
nuestra ley, la que estábamos elaborando antes de la moción de censura,
la sensibilización, la formación y, sobre todo, la educación en la
seguridad vial.

Como dije en la comisión, este texto
legislativo del Gobierno es aprovechado por el Grupo Socialista y por
Podemos para incluir vía enmiendas la infracción de impago de peajes y
esto, repito, y a buen entendedor no se necesitan muchas palabras, es un
paso decidido en la legislación de cara a extender el pago en las
autovías, previendo, por ley, lo que le ocurrirá al infractor que no
pague. El Partido Popular no quiere un impuesto más que lastrará la
recuperación económica y que recaerá sobre las clases medias, pymes,
transportistas, etcétera. Ustedes saben que estamos totalmente en contra.
Por ello, el Grupo Popular ha puesto sobre la mesa 21 enmiendas, de las
que 19 las vamos a justificar como de mejora técnica, salvo la
enmienda 62, que es una enmienda de modificación de la disposición final
tercera, en la que pedimos que esta ley entre en vigor seis meses después
de su publicación en el BOE, en lugar de los tres meses que nos indican,
porque es lógico dar un tiempo prudencial, con la información pública
necesaria, para adecuar esta nueva normativa de gran calado a la realidad
actual, de modo que cuando se ponga en marcha todos seamos
conscientes.

También esperamos que el reglamento relativo a
los aspectos nuevos se lleve a cabo lo antes posible, porque, como todos
sabemos, existen muchos nuevos elementos que hay que regular; esperemos
que no se demore.

Entre las 20 enmiendas restantes, se incluyen 4
de supresión, 4 de modificación y 12 de adición. La primera enmienda de
supresión, la número 42, a la exposición de motivos, propone que se
suprima el apartado que hace referencia a la eliminación de los 20
kilómetros en adelantamientos en carreteras convencionales. No
compartimos que se elimine ese margen de 20 kilómetros en los
adelantamientos, primero, porque en las carreteras convencionales donde,
según los datos oficiales de la DGT, hay mayor siniestralidad, puede
provocar situaciones más peligrosas en lugar de aumentar la seguridad
vial y, segundo, porque no conocemos ningún estudio ni análisis
científico que lo avale o, por lo menos no se nos ha presentado en la
ponencia ni se nos ha presentado a los grupos políticos. Por tanto, no
queremos que se suprima ese margen en adelantamientos de 20 kilómetros.
Esto nos hace pensar en otra idea, no tan peregrina —como se dice
por ahí— sino bien pensada de nuestro querido Gobierno para seguir
con su afán recaudatorio, para seguir cobrando a los ciudadanos.

La enmienda 45, también propone la supresión
del artículo único, apartado cinco, en el que, como dije anteriormente,
queremos que no se elimine ese margen de los 20 kilómetros en
adelantamiento y en la enmienda 48 proponemos la supresión del apartado 1
del artículo 65.

Hemos presentado, como dije, 4 enmiendas de
modificación. La enmienda número 44, que mejora el texto de este
apartado, solicita la sensibilización de los usuarios en su
comportamiento en la conducción y la utilización del vehículo. Creemos
que es una enmienda muy interesante y que su espíritu contra el acoso en
la conducción lo han recogido muchos enmendantes de la Cámara. Se
propone, por tanto, la modificación del apartado tres, del artículo único
del proyecto de ley que quedaría redactado: «Todos los usuarios de la vía
están obligados a comportarse de forma que no entorpezca indebidamente la
circulación ni cause peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las
personas o daños a los bienes o al medioambiente». Se trata de algo
importante dentro de la legislación. «El conductor debe utilizar el
vehículo con la diligencia, precaución y atención necesarias para evitar
todo daño, propio ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto a sí
mismo como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de usuarios de
la vía, estando terminantemente prohibido el acoso a otros conductores y
usuarios vulnerables de la red viaria.», como aquí se ha indicado, con
ciclistas y peatones.

En la enmienda 46 volvemos a incidir en la
seguridad vial de conductores y ocupantes con los elementos de protección
que son obligatorios.

La enmienda 47 incide en los cursos de
conducción segura del anexo VIII, cursos de conducción segura donde se
compensará con dos puntos, hasta 12, con una frecuencia máxima de un
curso cada dos años.

La enmienda 49 incorpora el anexo VII, aparte
del anexo VIII, que es el que viene en la ley, titulado Cursos de
conducción responsable y sostenible, donde ampliamos la sensibilización
con estos cursos para contribuir de una manera eficaz a la formación
continua de los conductores, sobre todo, porque es necesaria la formación
ante los nuevos avances tecnológicos y la adecuación en aras de
incrementar la seguridad y, sobre todo, un aspecto muy importante, que es
el medioambiente.

Las 12 enmiendas restantes son de adición. La
número 43 solicita que se concedan las autorizaciones pertinentes a los
centros de formación para los cursos de sensibilización.

La enmienda 60, a la disposición adicional
nueva, propone modificar el reglamento para incluir en el plazo de seis
meses la facultad de que los vehículos de auxilio en carretera hagan uso
de la señal V1 de color azul cuando deban avanzar en rescate de un
vehículo.

Las 10 siguientes son apartados nuevos del
artículo único. La enmienda 50 propone un apartado nuevo para informar
sobre las campañas de seguridad vial.

La enmienda 51, al artículo único, es un
apartado nuevo sobre interrupción del arcén. Creo que es una enmienda muy
interesante, puesto que legisla que cuando se interrumpa el arcén en
cualquier vía por falta de continuidad o por la intersección con otra
vía, los conductores puedan seguir su trayectoria ajustándose al margen
derecho. Creo que sería muy interesante que se tuviese en cuenta.

El señor PRESIDENTE: Señorías, un poco de
silencio, por favor.

El señor GREGORIO LÓPEZ: La enmienda 52 propone
un apartado nuevo para que exista la posibilidad de recuperar puntos de
forma parcial en el caso de aquellos conductores que hayan perdido una
parte del crédito inicial de puntos asignados con cursos de
sensibilización y de reeducación vial.

Dentro de este grupo se engloban una serie de
enmiendas que responden a una nueva realidad que en la nueva modificación
de la Ley de Tráfico quedó un poco escueta y que proponemos ampliar con
nuevos apartados. Por ejemplo, la enmienda 53, que habla sobre las
bicicletas con pedaleo asistido, con motor eléctrico; la enmienda 54,
sobre modificación del anexo I, incorporando el apartado sobre el
cuatriciclo ligero; la enmienda 55, sobre la modificación de la movilidad
personal o vehículos de movilidad personal; la enmienda 56, sobre
modificación de remolques y semirremolques en bicicleta, y la
enmienda 57, que hace referencia a la zona de prioridad peatonal.

Creemos que esta enmienda también es muy
interesante porque es una introducción de la definición de zona de
prioridad peatonal, que sería de una gran ayuda a todas las ordenanzas
municipales que ahora mismo están bloqueadas para posibilitar el tránsito
de ciclistas y vehículos de movilidad personal en el centro histórico de
las ciudades, por ejemplo, respetando siempre la prioridad de los
peatones y, por lo tanto, se propone la adición de un nuevo apartado del
artículo único de este proyecto de ley, es decir, zona de prioridad
peatonal, vías reservadas al tránsito y estancia prioritarios de los
peatones establecidas por los titulares de la vía.

La enmienda 58, con un apartado nuevo, sobre
los cuatriciclos pesados. La enmienda 59, con un apartado nuevo, sobre no
circular con tasas de alcohol superiores a lo permitido. En esta enmienda
incidimos en algo que es muy importante y sería bueno que se adhiriera a
la normativa, y es que la tasa de alcohol del menor de edad, que, como
sabemos, puede llevar ciertos vehículos de motor o eléctricos
—patinetes, por ejemplo—, siempre sea cero; eso no está
incluido en la normativa y creo que debería incluirse.

Estas son las enmiendas que presenta el Grupo
Popular para que se enriquezca esta normativa. Nos habría gustado que
hubiera sido una ambiciosa ley de seguridad vial y movilidad sostenible,
como la que realizó el Partido Popular antes de la moción de censura, en
la que hubieran tenido cabida las nuevas realidades y sensibilidades de
la sociedad. Después de lo que hemos visto en las reuniones, agradezco el
trabajo y esfuerzo de los colectivos tanto del automóvil como de
motociclistas y del ciclismo, de asociaciones de víctimas de la
carretera, a las que el Partido Popular expresa su profundo apoyo
—tanto a las familias como a las víctimas—, a las
autoescuelas por su gran trabajo, a los profesionales sanitarios, a la
Guardia Civil, a quien agradezco los millones de servicios callados en
auxilio en carretera, que no sancionan, que ayudan a todos los
automovilistas o ciclistas; simplemente ayudan, con sus millones de
servicios. A ellos les doy también mi apoyo, así como a los vehículos de
ayuda en carretera y un largo etcétera. Por tanto, espero que
estas 21 enmiendas se puedan adherir al texto normativo porque se
enriquecería, y es lo que está pidiendo el Grupo Popular. Yo creo que
sería bueno y positivo para todos nosotros.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la
defensa de varias enmiendas, tiene la palabra su señoría la senadora
Hernández Cerezo.

La señora HERNÁNDEZ CEREZO: Gracias, señor
presidente. Buenos días, señorías.

En primer lugar, me gustaría agradecer en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista a todas esas entidades,
asociaciones y profesionales que trabajan a diario por la seguridad vial
en nuestro país y también a aquellas asociaciones, colectivos,
federaciones y profesionales que nos han hecho llegar sus aportaciones
desde sus diferentes ámbitos a este proyecto de ley que pretende conjugar
la movilidad sostenible y la seguridad vial para conductores y
peatones.

Según Europa, para 2030 debemos reducir en
un 50 % la siniestralidad en nuestras carreteras y por ello debemos
abordar el uso seguro de las mismas, así como incidir en un mejor
conocimiento y cumplimiento de las normas de tráfico en cuanto a aspectos
relativos al uso de dispositivos móviles, los cinturones de seguridad, el
casco de protección y los sistemas de retención infantil en tanto en
cuanto 9 de cada 10 lesiones se habrían evitado con el uso de estos
dispositivos. En 2020, a pesar de las restricciones de movilidad por la
pandemia, se produjeron más de 1370 muertes en accidentes de tráfico y
el 50 % pertenecía al colectivo de vulnerables. Este Gobierno es
plenamente consciente de ello e insiste en poner medidas que reduzcan los
accidentes, porque los socialistas hemos sido siempre la formación
política que más medidas ha dedicado a la seguridad vial para disminuir
la siniestralidad y, si no, recordemos que fue un ministro socialista,
Alfredo Pérez Rubalcaba, el que instauró el carné por puntos, una medida
que ha demostrado ser muy eficaz. (Aplausos).

Señorías, la seguridad vial debe ser una
política de Estado, cuya única ideología sea reducir los accidentes, y es
necesario por ello alcanzar acuerdos y sacar un proyecto de ley con el
máximo consenso posible. Por ello, como decían muchos de los portavoces
anteriormente, el Grupo Socialista ha estado trabajando por sacar
enmiendas transaccionales que recojan todos los sentires y aportaciones
de los grupos, pero también debo recordar que con posterioridad a esta
ley habrá que trabajar en un reglamento y en toda una serie de textos
normativos que permitan desarrollar y complementar los diferentes
aspectos que contempla la ley.

Mi grupo ha registrado cinco enmiendas a este
proyecto de ley: una de supresión y cuatro de adición. La enmienda de
supresión hace referencia al apartado 4 del artículo 21, que consiste en
eliminar el poder superar en 20 kilómetros por hora la maniobra de
adelantamiento en carreteras convencionales. Algunos grupos han estado
vendiendo y diciendo que se trata de recaudar, que es una medida con fin
recaudatorio. Señorías del Partido Popular, para nada, en absoluto. Esta
es una medida que dice no a la velocidad que pone en peligro al
conductor, que dice no a la velocidad que pone en peligro a los que van
con el conductor y al coche, al vehículo que viene de frente. El mensaje,
señorías, es evitar riesgos y minimizar cualquier riesgo que ponga en
peligro la vida del conductor. En enero, ustedes afirmaban literalmente:
Tenemos que hacer más, incorporando nuevas medidas y acciones. Pues,
señorías, este Gobierno, con determinación, quiere tomar nuevas medidas
que minimicen los riesgos, y les daré algunos datos muy claros. El riesgo
de lesión mortal en carretera convencional es 3 veces superior al de
autovías y autopistas. En 2019, 896 personas perdieron la vida en
carreteras convencionales; el 42 % fueron motoristas y el 20 % fueron
choques frontales. Por tanto, señorías, no son datos politizados de un
partido político en concreto, son datos objetivos que lo que piden son
medidas concretas. ¿Se han preguntado cuántas vidas podría salvar esta
medida? ¿Se van a negar a poner en marcha esta medida, que puede
disminuir claramente los accidentes de tráfico? (Aplausos). Además, somos
el único país de la Unión Europea que aún la contempla. Por tanto, les
pedimos apoyo para suprimir este artículo.

La enmienda 77 consiste en añadir en el
artículo 15, sobre el sentido de la circulación, en curvas y cambios de
rasante para permitir que luego en el reglamento se posibilite a los
ciclistas circular en el carril del centro. Es una medida que nos demanda
el colectivo y que además está justificada por seguridad vial.

En la enmienda 78 proponemos añadir un nuevo
apartado al artículo 25, en donde se prohíba la circulación de vehículos
de movilidad personal y las bicicletas y ciclos en aceras. Todos hemos
podido ver en nuestras ciudades cómo los patinetes han causado numerosos
accidentes en nuestras aceras a los peatones.






Por eso, entendemos que
debe recogerse en una norma con rango de ley y que dé máxima claridad y
seguridad jurídica. Estamos trabajando en una enmienda transaccional para
que sea solo en aceras y luego las ordenanzas municipales puedan
ampliarlo y consideren más zonas.

La enmienda 80, de adición también, pretende
recoger la infracción de lo que les acabo de nombrar, la circulación de
bicicletas en aceras. Y la enmienda 81 también añade tipificar como
infracción grave el uso de alcoholímetros antiarranque que recoge la
disposición adicional cuarta y que no se ha añadido como infracción muy
grave.

Estas son nuestras cinco enmiendas, señorías,
para reducir los riesgos de accidente para vehículos en carretera, para
ciclistas y para los peatones. Esperamos que los demás grupos las apoyen
para incluirlas en el proyecto de ley, pues será en beneficio y por la
seguridad vial de todos en nuestras carreteras.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Turno en contra de las enmiendas. (Pausa). No
habrá uso del turno en contra. Muchas gracias.

Señorías, antes de pasar al turno de
portavoces, les informo de dos cuestiones: primero, que la votación de
este proyecto de ley no se producirá a su finalización, sino que la
pospondremos cuando concluya el debate de la siguiente proposición de
ley. Y, segundo, que con posterioridad a esto que les comento no habrá
ninguna votación antes de las cuatro y media de la tarde. Muchas
gracias.

Pasamos entonces al turno de portavoces. Por el
Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra su señoría Merelo
Palomares.

La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señor
presidente. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Un momento, señoría.
¿Pueden guardar silencio, por favor? (Rumores). Señorías, ¿pueden guardar
silencio, por favor? Muchas gracias.

Adelante, señoría.

La señora MERELO PALOMARES: Muchas gracias,
señor presidente.

Señorías, la norma cuya aprobación aquí
consideramos es en su ámbito una de las más importantes que hayan pasado
por esta Cámara para su elaboración y para su aprobación. Este proyecto
contiene importantes modificaciones en la Ley sobre tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad vial, y estos cambios, pese al título de
la iniciativa que alude al permiso y licencia de conducción por puntos,
van mucho más allá, ya que afectan a materias tan fundamentales como los
límites de velocidad, las normas de comportamiento en la conducción por
carretera en relación con otros vehículos, con los peatones e incluso con
el paisaje o con la propia enseñanza automovilística.

Tanto en el Congreso de los Diputados como
ahora en el Senado nuestra fuerza política ha querido tener una posición
constructiva al entender que la normativa todavía vigente necesitaba una
amplia actualización y reconociendo, asimismo, que muchas de las
novedades introducidas por el proyecto, así como de las que se han
incorporado en la fase de elaboración parlamentaria, pueden ser
consideradas objetivamente como una mejora. En consecuencia, hemos
querido aportar nuestra contribución a esta iniciativa legislativa a
través de la presentación de varias enmiendas en el Congreso de los
Diputados y en esta Cámara, el contenido de algunas de las cuales podemos
ver incluido en el texto que ahora se somete a nuestra
consideración.

La regulación de materias con tanta proyección
de futuro, como los vehículos de movilidad personal o los vehículos con
sistema de conducción automatizada, era una necesidad y nosotros hemos
querido participar en la medida de nuestras posibilidades para conseguir
una regulación en la que la calidad técnica y la utilidad para los
destinatarios de la norma se dieran la mano. Hemos querido, asimismo,
observar una actitud constructiva con las sugerencias de los otros grupos
políticos de esta Cámara, a pesar de la distancia infinita que nos separa
de ellos. En este sentido, hemos apoyado propuestas como las que
postulaban la calificación como muy grave de la conducta de arrojar de
los vehículos objetos que puedan provocar incendios o accidentes. La
razón de nuestro apoyo en este caso es que, pese a la caricatura grotesca
que se hace de nosotros, somos una formación firmemente comprometida con
la conservación de la naturaleza y, sobre todo, en nuestros fundamentos
morales la vida humana es el valor supremo.

Este valor supremo que tiene la vida humana es
también el motivo de nuestra postura en lo que quizá ha sido la materia
más polémica durante la tramitación de este proyecto. Nos referimos,
claro está, al intento de derogar el artículo 21, apartado 4, de la Ley
sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, con la
finalidad de que se prohíba a turismos y motocicletas rebasar en 20
kilómetros por hora la velocidad máxima para adelantar. Nos hemos opuesto
a esta modificación tanto en las votaciones como a través de las
enmiendas en las dos Cámaras, y lo hemos hecho de un modo claro y
terminante. Hemos aportado argumentos que nos parecen irrefutables sobre
el carácter contraproducente que tendría esta prohibición. Hemos
denunciado, asimismo, el afán recaudatorio, absolutamente desmesurado,
que es el verdadero motivo de la iniciativa. Además, hemos señalado la
desordenada voluntad de prohibir que puede también hallarse en la
derogación del artículo 21, apartado 4; voluntad de prohibir que
calificamos de desordenada porque restringe una libertad sin que pueda
hallarse una mejora para el interés general que justifique esa
restricción. Pero, por encima de todo, insistimos en que es el valor
superior que damos a la vida humana el motivo principal de nuestra
postura en este asunto. El proyecto afirma querer impulsar una conducción
segura y eficiente, un propósito al que nos adherimos con entusiasmo,
pero no hay conducción segura y eficiente sin velocidad adecuada, es
decir, una velocidad que no sea excesivamente alta ni tampoco
excesivamente reducida. El adelantamiento es muchas veces esencial para
que los vehículos circulen a la velocidad adecuada para ellos y el
incremento de 20 kilómetros por hora en esa maniobra es un elemento
imprescindible para que esa maniobra dure lo menos posible, haciéndola
así más segura. En este asunto ha habido varios cambios de postura por
parte del partido mayoritario en esta Cámara que nos parecen
inexplicables. Ni nos parece serio el cambio legislativo ni nos parece
seria esta falta de consistencia.

Otra cuestión muy controvertida ha sido la de
la formación teórica a distancia para la obtención del permiso de
conducir, a la que se refiere el artículo 62 del proyecto. Nosotros hemos
tenido una vez más una posición clara y nítida. Defendemos sin ambages la
convivencia de la tradicional formación presencial y de la formación a
distancia que, asimismo, reclaman los tiempos que corren. Repetimos, las
dos. Cada una de ellas tiene sus cualidades especiales que debemos
valorar y conservar.

Como ya realmente no me queda tiempo, señorías,
les diré que nuestra posición solamente puede ser una, y esa es la
abstención.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene
la palabra su señoría Fernández Viadero.

El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Muchas gracias,
señor presidente, y buenos días, señorías. Asimismo, doy la bienvenida a
los miembros de la Confederación Nacional de Autoescuelas.

Señorías, el aumento de la seguridad vial es
una necesidad a la vista de los datos de siniestralidad que seguimos
viendo año tras año en nuestras carreteras. A pesar de la reducción
paulatina de la última década, acentuada con una bajada del 22 % de los
accidentes en comparación con el año 2019, no hemos de darnos por
satisfechos. En el Partido Regionalista de Cantabria creemos que se ha de
poner el foco en dos elementos clave para analizar los puntos sobre los
que actuar: por un lado, el origen de los siniestros, es decir, sus
causas, y, por otro lado, sus consecuencias. Atendiendo a la causalidad
de los accidentes, vemos con claridad que los errores humanos son la
principal causa de siniestralidad, siendo las distracciones al volante el
principal causante de los accidentes, seguidos de la conducción bajo los
efectos del alcohol y los excesos de velocidad en la carretera. Como he
dicho, en la mayoría de estas causas se repite un elemento común: el
factor humano. Detectado esto, creemos que la educación y la formación en
materia vial es fundamental, de forma que los futuros conductores sean
conscientes de que la responsabilidad individual es imprescindible para
garantizar la seguridad en nuestras vías. En este sentido, los
regionalistas hemos incidido en ello en varias iniciativas y es muy
importante la formación transversal desde la infancia y la adolescencia
en la competencia de seguridad vial dentro de la formación básica de
nuestros jóvenes. Junto con esto, y con una relevancia mayor, encontramos
la labor de las autoescuelas, que es fundamental en la preparación de
todas aquellas personas que tenemos un permiso de conducción. Por ello,
dada su importancia, el PRC, junto a Teruel Existe, presentamos una
enmienda que buscaba modificar el texto remitido —pues consideramos
que se ponía en peligro la implantación territorial de las autoescuelas,
fomentándose su carácter virtual— y que ha sido aceptada en
ponencia junto con otras similares presentadas por otros grupos.

Esta cuestión, que a muchos les puede parecer
menor, es muy importante para las gentes de nuestro mundo rural. Les
aseguro que en las zonas rurales solo un porcentaje mínimo de las
personas se plantea la disyuntiva entre sacarse el carné de conducir o
no. Es casi una obligación si quieren tener una cierta libertad para
moverse, acudir a los hospitales, a las facultades, a los centros de
ocio. Quien da respuesta a esa demanda son las autoescuelas implantadas
también en el ámbito rural y una posible desaparición suya podría suponer
un fuerte impacto tanto social como económico para nuestros pueblos.

Por todo ello, esperamos que esta ley suponga
un avance beneficioso en el camino hacia el objetivo de víctimas cero en
las carreteras.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por parte del mismo grupo, hará uso de la
palabra su señoría Sánchez López.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Buenos días, señor
presidente.

Señorías, el texto del Proyecto de Ley de
modificación de la Ley sobre tráfico que llegó al Senado lo hacía, en lo
que a Ciudadanos respecta, como resultado de un acuerdo parlamentario con
el Grupo Socialista que nos parecía satisfactorio. Tanto es así que no
presentamos enmienda alguna en esta Cámara. Consideramos que ya se habían
introducido en el Congreso y el texto, tal como estaba, nos parecía
adecuado. Nuestras enmiendas en el Congreso fueron, por ejemplo, la del
coche autónomo, aunque es verdad que aún queda mucho para su
comercialización, pero no queríamos que quedara solo sujeto a un futuro
reglamento y conseguimos introducir que se regulara por modificación
posterior de esta ley.

También en la exposición de motivos, señorías,
dimos entrada al reconocimiento de este tipo de vehículos y a los avances
que estas tecnologías supondrán en la revolución de las formas de
movilidad en el futuro. Es un guiño a la modernidad, señorías, que hemos
querido que quede en el texto legal, en la línea de partido liberal que
somos y de los avances tecnológicos que entendemos son necesarios para el
desarrollo de las sociedades modernas.

Asimismo, introdujimos un conjunto de enmiendas
sobre el reconocimiento y regulación de los vehículos de movilidad
personal, sanciones para el uso de móviles en motoristas cuando no sean
—y esto es importante— sistemas conectados por Bluetooth en
el casco, necesidad de un número de identificador para los agentes de
movilidad que trabajen en los ayuntamientos, alcoholímetro de
antiarranque en vehículos de transporte de mercancías y viajeros, o el
mandato al Gobierno de que regule los procedimientos para realizar
controles iniciales, periódicos o aleatorios de alcohol, drogas,
sustancias psicotrópicas y medicamentos al personal que ostente el puesto
de conductor de vehículo de transporte de viajeros y mercancías por
carretera.

Pero, finalmente, presentamos y conseguimos que
se pudiera ofrecer de forma online los cursos de sensibilización, además,
de forma teórica, y que no fuese necesario disponer de un local físico en
cada provincia para ejercer esta actividad. Esta cuestión última para
nosotros era fundamental, sobre todo para facilitar el acceso de esta
formación a todos los ciudadanos, muy especialmente a aquellos que viven
en la España vaciada, donde el acceso a las autoescuelas tradicionales es
más complicado precisamente para un sector de población que no dispone
aún de permiso de conducción, esencial para su movilidad en estos
entornos, tan carentes de servicios de transporte. Sin embargo, como esta
cuestión se ha revertido en la Cámara, esto, que para nosotros era
fundamental, nos lleva a anunciar que no vamos a poder apoyar esta
ley.

Muchas gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene
la palabra su señoría Cleries i Gonzàlez.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Muchas gracias,
presidente.

Intervendré de una forma breve y telegráfica
porque ya la exposición de las enmiendas era posicionamiento. En primer
lugar, quiero saludar a la Confederación de Autoescuelas y a otras
personas que nos acompañan por su interés en este Proyecto de Ley de
modificación de la Ley de tráfico, circulación de vehículos y seguridad
vial.

Ciertamente, respecto al trabajo que se ha
hecho en este proyecto de ley, igual que me quejo en otras ocasiones, al
menos en esta ocasión ha habido debate, ha habido voluntad de acuerdo, de
transaccionar, y esto es positivo. Yo creo que esto se verá en el
resultado de este proyecto de ley. Y esto responde también a la actitud
de los portavoces de las distintas formaciones políticas, especialmente,
del Grupo Socialista, del Grupo Esquerra Republicana y de otros grupos.
Por tanto, se ha de agradecer esta voluntad de consensuar, de hablar y de
llegar a acuerdos, que es lo que mejora los proyectos de ley cuando hay
esta voluntad de hacerlo.

Las transacciones, las enmiendas que se han
aprobado, lo que recogió la propia ponencia, conducen —aunque todo
es mejorable en esta vida— a mejorar la seguridad vial, resaltando
y destacando la importancia de la formación y del papel de las
autoescuelas en la formación de calidad, y a hacer que los futuros
conductores, o los conductores que se han de reciclar, vean la
importancia de conducir bien, porque esto lleva a reducir la
accidentalidad y también a que haya una conducción y una movilidad más
segura y sostenible. Además, hay una preocupación —que mejora con
distintas transacciones y aprobación de enmiendas— y es que en los
últimos tiempos hemos visto que en las víctimas de la carretera hay un
aumento de los conductores más vulnerables: conductores de motocicletas,
ciclistas... Y, por tanto, también hay un conjunto de medidas que hacen
que la conducción de estos conductores y vehículos más vulnerables pueda
llevarse a cabo con más seguridad y más protegidos. Otra de las medidas,
como he citado antes en el debate de las enmiendas, es la que mejora la
protección del medioambiente, como también los accidentes provocados a
partir de un incendio, como antes decía el senador Castellana. Yo creo
que todo esto es importante.

Por tanto, se han conseguido algunas mejoras.
Tenemos un proyecto de ley que hace que esta ley, después de la
aprobación de hoy, sea mejor que la que había. Hay camino para andar y
para mejorar, pero se han dado pasos y yo creo que cuando esto se
consigue se ha de destacar. Como he dicho, hay que agradecer, aparte de
esta colaboración entre grupos de llegar a acuerdos, también la
colaboración —muy importante en este caso— de las
federaciones de autoescuelas, de las entidades de seguridad vial, de
fabricantes de coches, de las entidades de bicicleta, que se dedican a
defender el papel y el aumento que ha de haber de los vehículos más
sostenibles. Así pues, agradezco a todo el mundo esta participación.
Esperemos que este proyecto de ley, si hoy se aprueba, como está previsto
con estos cambios, contribuya a la mejora de la seguridad vial y a hacer
entre todos una conducción más sostenible y segura.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, tiene la palabra su señoría Martínez Urionabarrenetxea.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias,
presidente.

Hoy vamos a aprobar una ley dirigida a mejorar
la seguridad vial. Mejorar la seguridad vial es necesario para seguir
bajando la tasa de mortalidad, la tasa de personas fallecidas que, por
desgracia, en los últimos tiempos, exceptuando aquellos en que todos y
todas hemos estado recogidos en casa por la COVID, seguramente ha
empeorado.

El aumento de fallecimientos en las carreteras
es multicausal y, evidentemente, el uso seguro de las carreteras
disminuye esa tasa. Ese uso seguro de las carreteras, lógicamente, se
consigue mediante un mejor cumplimiento de las normas de tráfico. Pero no
solo eso, también deben mejorar las carreteras, sobre todo, esas en las
que se dan la mayor parte de los accidentes de tráfico. Tenemos unos
coches cada vez más tecnologizados, unos coches cada vez más rápidos. El
coche que tiene mi pareja, en cuanto lo pongo en marcha tengo que frenar,
porque se me dispara.

El conocimiento es fundamental. Y aquí quiero
agradecer todas las recomendaciones que nos han hecho las personas
reunidas en la Federación de Autoescuelas. El conocimiento nos haría
mejores personas, decía Sócrates. Yo creo que estaba equivocado. El
conocimiento nos puede hacer mejores personas, nos puede hacer mejores
conductores, pero, desde luego, es fundamental un cambio de
comportamiento. Y el cambio de comportamiento está y no está al mismo
tiempo relacionado con el conocimiento. Necesitamos desarrollar un cambio
de actitud. A mí me encanta correr; me encanta la velocidad. Y por ello
soy la primera persona que, a pesar de asumir la importancia y de dar mi
apoyo a esta ley, reconozco públicamente que tengo que cambiar mi
comportamiento, tengo que cambiar mi actitud.

Con esta ley tratamos de defender la vida. Y,
al mismo tiempo, reconociendo la importancia de la seguridad, no podemos
desechar que siempre que hablamos de seguridad la contraponemos con la
libertad. La libertad y la vida son los valores más importantes que
tenemos las personas. Y la libertad está en relación directa con la
responsabilidad. Los conductores, las conductoras de cualquiera de los
motores, los peatones y las personas que utilizamos a pie nuestros
caminos, nuestras carreteras, también tenemos una responsabilidad
personal, como decía antes. Pero también las instituciones tienen una
responsabilidad muy importante en la mejora de las carreteras y en la
mejora de la señalización.

Y, hablando de la señalización, traigo aquí la
importancia de la utilización de los idiomas oficiales en las comunidades
autónomas, como en la mía, donde, por voluntad del Partido Socialista en
el Gobierno, hasta en Vera de Bidasoa pone única y exclusivamente en
castellano, en la lengua del imperio, Francia-San Sebastián. Por decisión
del Partido Socialista de Navarra, en Vera de Bidasoa —no estoy
hablando de Ribaforada ni de Cortes— solo pone Francia para un
lado, San Sebastián para el otro. Y esto también es seguridad vial,
también es libertad, también es política social de desarrollo comunitario
y de cohesión. Si no entendemos que todas estas cosas influyen en la
calidad de la conducción, nos estaremos equivocando. Quiero decir que
esta ley, tal y como nosotros la entendemos, es una ley que defiende no
solo la vida de las personas, sino también la naturaleza. Hablamos de los
incendios que tanto nos preocupan y que tantos problemas provocan a todos
los niveles. Y al defender la naturaleza estamos haciendo políticas
verdes, es decir, estamos contribuyendo a los objetivos de desarrollo
sostenible.

Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado,
tiene la palabra su señoría la senadora Otaola Urquijo.

La señora OTAOLA URQUIJO: Eskerrik asko.

En primer lugar, me voy a referir brevemente a
las enmiendas. Ya se ha dicho aquí que en la ponencia se incorporó la
redacción o la vuelta a la redacción anterior del artículo 62, con la que
estábamos totalmente de acuerdo. Insistimos, como dijimos en la comisión,
que no solamente por la merma en la formación, a la que parecen apuntar
todos los informes, sino, sobre todo, porque nos preocupa que la
posibilidad de tener una sucursal sin un local físico en cualquier
localidad suponga una deslocalización y una merma en la apuesta clara que
tenemos por mantener vivos los barrios y las ciudades.

En cuanto al resto de las enmiendas, me voy a
referir a las que ha presentado el Grupo Popular, a las relacionadas con
los cursos de conducción segura, que no de recuperación de puntos. Y me
voy a referir a ellas porque nuestra posición es contraria, porque
entendemos que desvirtúa precisamente el espíritu del sistema del permiso
por puntos, que, tal y como se ha manifestado, se ha mostrado eficaz para
luchar contra los accidentes. En las enmiendas que propone el Grupo
Popular se permite hacer un curso de conducción segura, pudiendo haber
hasta ocho diferentes, con la limitación de uno cada dos años. Por lo
tanto, una persona podría recuperar hasta 16 puntos en dos años, por lo
que si añadimos 6 supondría 22 puntos en total si hace un curso de
recuperación del sistema por puntos. Entendemos que es una aberración por
dos motivos: Por un lado, porque sería muy sencillo atribuirlo a un
sistema recaudador y no reeducador, que es el objeto del sistema por
puntos. Y, por otro lado, podría suponer que alguien que disponga de una
situación económica favorable pueda realizar un montón de cursos y, por
lo tanto, no poner el cuidado debido en la conducción, de forma que lo
que hace es desvirtuar el propio sistema. Por ello, creemos que lo
adecuado es que por esta vía se puedan recuperar puntos únicamente si la
persona tiene, al menos, 8 puntos de asignación y hasta un máximo de 12,
y limitar que se pueda hacer un máximo de uno cada dos años, porque aquí
de lo que se trata es de la seguridad vial.

Nos vamos a abstener en algunas de las
enmiendas presentadas, principalmente, porque entendemos que la
regulación que se plantea es objeto del reglamento y no de la ley. Y, por
otro lado, hay alguna enmienda que aborda cuestiones que no son objeto de
la ley. Me refiero al tema de las transferencias, al que aludiré después,
aunque compartamos el espíritu de la ley. Por lo demás, he de señalar que
tenemos que ser conscientes de que en la carretera todos compartimos
espacio y por eso todos tenemos unos derechos que se contraponen con unas
obligaciones. Afortunadamente, hace años que dejamos de conducir con un
cheque en blanco y, por ello, una conducción inadecuada nos puede hacer
perder el permiso de conducción. Debemos ser conscientes de que conducir
es una gran responsabilidad, porque ponemos en riesgo la vida de los
demás y la nuestra propia. E insistimos, no es ningún juego y los
vehículos no son ningún juguete.

Quiero aprovechar también este turno para
reivindicar, una vez más, que las facultades en materia de seguridad vial
que ha asumido Euskadi a través de la ordenación de tráfico precisan el
traspaso de otras funciones de ejecución en materia de tráfico y
circulación de vehículos relativas a la matriculación y permisos de
circulación de los vehículos, así como el conjunto de actuaciones
administrativas de ejecución relativas a los permisos de conducción,
incluyendo la realización de exámenes, expedición de los permisos,
suspensiones y retiradas. Asimismo, son imprescindibles las funciones de
autorización, inspección y sanción de los centros de reconocimiento
destinados a verificar las aptitudes psicofísicas de las y los
conductores. Estas funciones que reclamamos complementan el traspaso
efectuado a Euskadi en materia de ordenación del tráfico en el año 83,
constituyendo la ampliación necesaria para completar las funciones de
ejecución que en este ámbito de actuación corresponden a Euskadi, en
cumplimiento de lo previsto en el artículo 17 del estatuto de autonomía.
Por ello, algunas de nuestras competencias, como son estas, no están
completas. Y eso pese a que la ley orgánica aprobada por estas Cortes
Generales, y que es el Estatuto de Guernica, hace cuarenta y dos años lo
reconoció claramente.

Entendemos que esta reivindicación no afecta
directamente al articulado de la norma, pero no queremos dejar pasar la
ocasión de manifestar nuestro malestar por el incumplimiento histórico de
nuestro estatuto de autonomía. Confiamos en que el calendario pactado con
el Gobierno de España se cumpla. Pero, mientras tanto, lo recordaremos
siempre que sea oportuno y se regulen materias relativas a competencias
vascas cuya transferencia de medios esté pendiente en todo o en parte y
lo seguiremos reivindicando.

Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la palabra su señoría Castellana
Gamisans.

El señor CASTELLANA GAMISANS: Gràcies,
president.

Creo que debo empezar este turno de portavoces
dando importancia al hecho de que se han acordado y firmado hasta once
enmiendas transaccionales. Eso da cuenta del esfuerzo realizado en los
trabajos de debate y negociación de esta ley y del esfuerzo para incluir
al máximo las reivindicaciones legítimas del profundo y diverso
ecosistema de actores que pertenecen al mundo de la seguridad vial. En
ese sentido, no queda más que añadir un enorme agradecimiento a los
ponentes de esta ley, su posición abierta, transparente y de movimiento
para conseguir posturas que incluyan los más variados y legítimos
intereses, que han permitido llegar a estas once enmiendas
transaccionales. Y muestro mi agradecimiento, después del número de horas
echadas, al compañero senador Raúl Díaz, ponente del Grupo Socialista,
porque hemos trabajado en horas intempestivas y contra cronómetro para
llegar a acuerdos, explicitar los desacuerdos y argumentarlos, así como
buscar otras dimensiones que nos permitan ampliar estos acuerdos con el
fin de que, por buena técnica legislativa, aquello que no figure en la
ley, sí lo haga en el reglamento. Las Cámaras legislativas queremos que
todo figure en la ley porque es nuestra oportunidad, pero los ejecutivos,
las direcciones generales y los organismos quieren que figure en los
reglamentos para tener más margen de maniobra, pero sí es importante que
aquello que no pueda incluirse en la ley, porque por técnica legislativa
sea mejor que se incluya en el reglamento, al menos, se explicite en esta
Cámara cuál es la voluntad del legislador.

No obstante —me he referido a ello en mi
primera intervención, en el turno de las enmiendas—, no ha podido
entrar en el acuerdo nuestra enmienda número 26. Permítanme que lea
explícitamente: La transferencia de las competencias en materia de
gestión, examinación y expedición de permisos de conducir a las
comunidades autónomas que, de acuerdo con sus estatutos de autonomía,
tengan esa competencia. Estoy de acuerdo con las palabras de la portavoz
del PNV, que ha dicho que no toca en esta ley. Estoy de acuerdo, pero es
que nunca toca. Y nunca toca porque este Estado es un fraude. Su
arquitectura constitucional —y hago un breve paréntesis para no
salir más de la ley—, que nos tenemos que comer con patatas
millones de ciudadanos, que agrede nuestra condición nacional, que agrede
nuestra identidad, que agrede nuestra cultura, que agrede los derechos
humanos más básicos, simplemente, por no ser de nación española, esta
arquitectura constitucional, que tanto defienden y tanto jalean, tiene
una estructura competencial. Yo puedo entender que en un año no haya
tiempo para transferir las competencias que dice la Constitución o que
dicen los estatutos de autonomía, ¿pero cuarenta años más tarde? No es un
problema de partidos, sino de Estado. En la arquitectura constitucional
se definen competencias, pero el Estado se las guarda como cromos para
negociar a cambio de cuestiones de sentido común. ¿Qué legitimidad tiene
un Estado que negocia con el cumplimiento de su legalidad a cambio de
cuestiones en las que los otros —permítanme que lo recalque—,
los millones de ciudadanos que somos los otros tenemos que ceder? Por lo
tanto, lamentablemente, hay que decir, una vez más, que el Estado es un
fraude si es incapaz de cumplir ni tan solo con lo básico de su
legislación.

Para finalizar, me gustaría poner en valor las
once transaccionales que nos permiten avanzar profundamente en un tráfico
más pacificado, un tráfico más seguro y, en definitiva, un tráfico más
humano, que permitirá también que la autonomía municipal haga la sintonía
fina, el ajuste fino que permita, al final, lo que tienen que hacer las
leyes y los reglamentos: garantizar derechos, garantizar obligaciones
para que todas las personas podamos vivir de la mejor manera
posible.

Muchísimas gracias a todo el mundo que lo ha
hecho posible. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra su señoría Yécora Roca.

El señor YÉCORA ROCA: Gracias, presidente.

Desde aquí quería saludar a los miembros de
asociaciones y darles las gracias por sus aportaciones, tanto a los que
están aquí presentes, miembros de AVAE como Anaes, como los que nos
siguen por Internet, como Plataforma Motera para la Seguridad Vial.
Gracias.

Señorías, hoy estamos aquí debatiendo un
proyecto de ley que ustedes han querido tramitar con demasiada celeridad
y, claro, ha sucedido lo que suele ocurrir en estos casos: se acortan los
períodos para escuchar a asociaciones, plataformas y, en definitiva, a la
sociedad civil. Ahora, en la intervención del Grupo Socialista, tendremos
que escuchar que esa tramitación tan desproporcionada será la causa de la
trasposición de la Directiva comunitaria 2019/520, pero lo que podemos
comprobar es que, con un regimiento de asesores y siendo uno de los
gobiernos más grandes y caros de la historia, siguen sin dar la talla en
las tramitaciones que proponen porque llegan tarde, sin escuchar y sin
querer negociar ninguna mejora. Hoy aquí, previsiblemente, saldrá un
proyecto de ley de tráfico con el que nadie quedará contento, ni ustedes
mismos, señores del PSOE. Aunque el actual director general de Tráfico,
el señor Pere Navarro, sea una persona valorada en el sector, tenemos que
decir aquello de que segundas partes nunca fueron buenas y en la
modificación de esta ley se está demostrando. Para un director general de
Tráfico de la experiencia del actual, el parche que se está haciendo deja
claro que la desidia se ha instalado en su día a día, demostrando que no
han querido trabajar en un texto ambicioso. También se demuestra esa
desidia en que ustedes transaccionan enmiendas junto a nosotros en el
Congreso y hoy vemos cómo se vuelven a enmendar para cambiarlo; todo un
despropósito. Solo demuestran que no saben ni lo que quieren.

Cuando ustedes llegaron en 2018, nosotros
teníamos una redacción de un anteproyecto de ley de seguridad vial
ambicioso, completo, consensuado y con más del 20 % de jornadas empleadas
solo en escuchar, y lo que ustedes han hecho ha sido dejarlo aparcado.
Pero su mérito hoy aquí es claro: dar una patada hacia delante a una ley
de tráfico, un tema que siempre se intentó sacar con consenso ya que la
materia es delicada y de la cual, finalmente, dependen vidas humanas. Por
cierto, en el Congreso no consiguieron sacar adelante una enmienda que
hoy aquí proponen, que es la supresión de los 20 kilómetros por hora para
poder realizar adelantamientos. Pero les adelanto que saldrá, que saldrá
con las cesiones que hoy votaremos aquí. El anterior portavoz socialista,
en el turno de enmiendas, ha dicho que esta enmienda estaba avalada por
un grupo de expertos. Como sean los mismos expertos que asesoraron a
Fernando Simón con la COVID, la verdad es que estamos en buenas manos.
(Aplausos).

Ustedes fían esto de la supresión de los 20
kilómetros por hora a una apuesta por las carreteras del 2+1. Yo, como
soy de números, he hecho una aproximación a grandes rasgos y si vemos que
en España hay 166 000 kilómetros de carreteras, de las cuales 26 500 son
de la Red de Carreteras del Estado, y calculamos que en torno al 75 % de
esa cifra estaría en ese 2+1, ustedes, cuando han metido la enmienda, no
han calculado ni se han parado a pensar en las cifras de las que
estábamos hablando. Si cada kilómetro, en el caso más favorable,
costaría 1,9 millones de euros y, en el caso más desfavorable, 3
millones, ustedes no han calculado que sale la cifra de 43 500 millones
de euros para llevar a cabo esa parte que dicen ustedes de carreteras
de 2+1. Si Fomento tiene un presupuesto para todas las materias de 17 000
millones de euros, no se rían de los conductores españoles. Pero yo me
pregunto si en España, como ustedes dicen estudio tras estudio, bajan los
accidentes y los accidentes con fallecidos, igual tendríamos que pararnos
a pensar que no es por ese más 20, como establece el artículo 85 del
Reglamento general de circulación, que dice que hagamos la maniobra a la
mayor brevedad posible. Miren, párense a pensarlo, pónganse a trabajar y
hasta las votaciones, que todavía queda un ratito, tendremos tiempo de
darle vueltas a esa enmienda y, seguramente, podremos dejarla en stand
by.

Aunque ustedes dan síntoma de desorden, creemos
que todos trabajamos por un fin, que es la seguridad vial. Por eso, les
adelanto que nos abstendremos, y lo haremos porque, en una materia así,
el Partido Popular siempre está dispuesto a trabajar y siempre del lado
de la seguridad vial.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra su señoría Díaz Marín.

El señor DÍAZ MARÍN: Muchas gracias,
presidente.

Se han dibujado aquí algunos trazos gruesos que
no puedo compartir y no puedo dejar pasar por alto. Creo que se ha
intentado desvirtuar y sacar del foco de debate de esta ley el objeto que
nos ocupa, que es, efectivamente, la mejora de la seguridad vial en
nuestras carreteras. Creo que se ha hecho, sobre todo, señores del
Partido Popular, porque ustedes saben perfectamente que en el pecado
llevan la penitencia. Miren, han dicho que ha habido una desidia de Pere
Navarro en su día a día, que tenemos un regimiento de asesores y que no
damos la talla con esta regulación e, incluso, que esto es un parche
frente a la ambiciosa ley que ustedes nos iban a dejar en un momento
dado, antes de la moción de censura. Yo les tengo que decir que resulta
curioso porque el último director de la DGT que compareció ante esta
Cámara fue Pere Navarro, en el mes de mayo de 2021, pero el anterior
director de la DGT que compareció fue el propio Pere Navarro en 2011, con
Zapatero. (Aplausos). Y la importancia que le daban ustedes, por lo menos
en la Cámara Alta a la seguridad vial, en tanto en cuanto a
comparecencias de directores de la DGT, fue absolutamente de cero porque
no hubo ninguna. Pero he de decir que esto no siempre ha sido así; no en
vano, la política de seguridad y lo que hoy vamos a aprobar trae causa,
efectivamente, de una política europea, muy ambiciosa y muy valiente, de
intentar reducir a la mitad el número de accidentes de tráfico. Ya lo
dijo, por cierto, Loyola de Palacio, como comisaria de Transportes de la
Comisión Europea, que fijó, para el año 2010, esa reducción a la mitad
del número de accidentes de tráfico. Se ha reeditado, en la Estrategia de
seguridad vial, el reducir a la mitad el número de accidentes graves, de
fallecidos y de heridos graves en nuestras carreteras para el año 2030.
Incluso, alcanzaron un horizonte utópico de la siniestralidad cero en
nuestras vías para el año 2050. Lo que estamos haciendo hoy es reeditar
esta política de país, un auténtico compromiso con la comunidad a la que
tenemos la dignidad, el valor y, desde luego, la suerte de poder
representar. Es un objetivo que nos tiene que aunar a todos en ese
esfuerzo importante porque es un objetivo compartido. Esta ley está
marcando la constatación legal de haberse fijado un objetivo y de haberse
marcado una estrategia que hoy va a culminar.

Ha sido un orgullo trabajarlo con mis
compañeras Paloma y Nieves Hernández y mi compañero Josele Aguilar, pero,
por supuesto, también de otros grupos parlamentarios, cómo no, como la
señora Otaola, el señor Urionabarrenetxea, el señor Cleries y el señor
Castellana. Hemos trabajado muchas horas precisamente para llegar a
acuerdos, que yo creo que son incluso de sentido común, con un único
objetivo inspirador en toda esta reforma que, como digo, es la de mejorar
la seguridad vial de nuestras carreteras.

Esta ley que tenemos hoy entre manos, señorías,
va a perseguir cuatro objetivos muy importantes: el primero, revisar las
infracciones que detraen puntos; el segundo, albergar el reconocimiento
que tienen esos cursos de conducción segura y eficiente; el tercero,
tratar de forma actualizada a los profesionales de la conducción; y el
cuarto, unificar, en el plazo de dos años, el tiempo que ha de
transcurrir para recuperar el saldo inicial de puntos tras la firmeza de
las sanciones. Hay enmiendas que, aunque hoy no podamos apoyar, estoy
convencido de que en el reglamento está el espíritu que las promueve.
Señor Castellana, por ejemplo, en su enmienda número 19, que tiene que
ver con la protección del más vulnerable, hablamos de los ciclistas, del
que no tiene ningún tipo de protección, como el peatón, incluso de todos
los conductores a través de determinadas sanciones, cuando se pueda
provocar por una actitud poco diligente un accidente o incluso incendios,
creo que estamos más cerca de poder conseguir el objetivo principal que
nos hemos dado. Hay otras enmiendas que no podemos aprobar, señorías, que
tienen que ver con lo que se ha dicho aquí, que no compartimos para nada
—algo ha dicho antes también la señora Hernández—, esa
horquilla de los 20 kilómetros por hora, que se configuró en los años
setenta, donde se priorizaba la fluidez del tráfico a la seguridad vial y
que hoy no estamos en condiciones de afrontar. Tenemos que trabajar en un
sistema seguro reduciendo los riesgos al mínimo; eso es lo único que
persigue el Grupo Socialista con esta enmienda que hoy presenta. Además,
en ese sistema y en ese modo seguro están de acuerdo todas las
organizaciones representativas del sector. Entonces, habrá que preguntar
a otros que lo han criticado, especialmente de la derecha, de quién se
fían más ustedes, si de entidades de reconocido prestigio, como Fesvial,
o de Forocoches. (Aplausos). Ustedes eligen cuál es el argumento de
autoridad que quieren utilizar. Nosotros, desde luego, lo vamos a tener
claro.

Ya finalizo, señor presidente. El trabajo no
acaba hoy, sino que, de hecho, acaba de empezar. Miro ahora a la tribuna
del público, a la tribuna de invitados, donde se encuentran
representantes del sector, a los que les tengo que decir que no encuentro
mejor agradecimiento que podamos brindar a lo que ustedes hacen en su día
a día, que es ayudar a la protección del ciudadano en la seguridad vial.
Hoy les cedemos el testigo de esta ley para que ustedes la contemplen y
la completen a través del reglamento en muchas de sus partes. Es un
trabajo que han demostrado que hacen día a día, que completará esta
regulación legislativa y, así, alcanzaremos juntos este objetivo tan
ambicioso como comunidad: la reducción a la mitad durante esta década del
número de fallecidos en nuestras carreteras.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando,
señoría.

El señor DÍAZ MARÍN: Ya acabo, presidente.

Es un objetivo muy loable, digno y compartido y
hoy estamos un paso más cerca de haberlo conseguido.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Díaz Marín.

El señor presidente lee el punto 7.1.2.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto
del orden del día.

Para la presentación del dictamen, tiene la
palabra el presidente de la Comisión de Justicia, su señoría Lerma
Blasco. (Rumores).

Un momento, señor Lerma.

Señorías, un poquito de silencio, por favor.
Facilitarán el trabajo al presidente de la comisión y posibilitarán que
las personas que están en el público intentando seguir los debates puedan
hacerlo, que no estaría nada mal.

Muchas gracias.

El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor
presidente.

Presentación del dictamen de la Proposición de
ley de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de
Enjuiciamiento Civil sobre el régimen jurídico de los animales.

La proposición de ley que se somete en este
acto a la consideración del Pleno del Senado y que se tramita por el
procedimiento ordinario tuvo su entrada en esta Cámara el 15 de octubre
de 2021, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.

El plazo de presentación de enmiendas, que
finalizaba el 27 de octubre, fue ampliado hasta el día 3 de noviembre
de 2021.

En el preámbulo, esta proposición de ley
especifica que esta reforma se hace precisa no solo para adecuar el
Código Civil a la verdadera naturaleza de los animales, sino también a la
naturaleza de las relaciones, particularmente las de convivencia, que se
establecen entre estos y los seres humanos. Y en el artículo 333 bis,
apartado 1, especifica que los animales son seres vivos dotados de
sensibilidad. Solo les será aplicable el régimen jurídico de los bienes y
de las cosas en la medida en que sea compatible con su naturaleza o con
las disposiciones destinadas a su protección.

A esta proposición de ley se presentaron 18
enmiendas. El día 10 de noviembre, la comisión ratificó la ponencia, que
quedó integrada de la siguiente manera: Doña María Luisa Bustinduy
Barrero, doña Laura Castel, don Josep María Cervera, doña Elena Diego,
don Imanol Landa, doña María Teresa Martín, don Koldo Martínez, doña
María Victoria de Pablo, don Fernando de Rosa, don Miguel Sánchez y don
Clemente Sánchez-Garnica.

Ese mismo día, se reunió la ponencia para
emitir su informe, que introducía modificaciones en el texto remitido por
el Congreso de los Diputados y, a continuación, la comisión emitió
dictamen de conformidad con el informe de la ponencia.

Finalizados estos trámites y para la defensa de
sus enmiendas, han presentado votos particulares a este dictamen los
señores Muñoz Lagares y Sánchez López y la señora Ponce Gallardo, del
Grupo Parlamentario Democrático, y los Grupos Parlamentarios Vasco en el
Senado, Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu y Popular en el
Senado.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Lerma.

Señorías, procedería ahora pasar a un turno de
debate de totalidad. ¿Algún grupo desea tomar la palabra en este bloque?
(Afirmaciones de la senadora Castel Fort).

El señor PRESIDENTE: La señora Castel va a
hacer uso del turno a favor. Tiene la palabra, señoría.

La señora CASTEL FORT: Gracias,
presidente.

Señorías, esta proposición de ley es la tercera
iniciativa presentada ante las Cortes con el objetivo de que los animales
dejen de tener el estatus jurídico de cosas en el derecho civil de
algunos territorios del Estado español. La especie humana ha interactuado
con el resto de los animales desde siempre, pero no ha sido hasta hace
relativamente poco cuando ha emergido el consenso científico sobre la
capacidad para sentir de todos los animales vertebrados y algunos
invertebrados. El sistema jurídico debe acompañar y no volver la espalda
al avance científico. Esto significa que los animales no pueden ya
recibir la consideración jurídica de simples cosas o ser usados
exclusivamente como instrumentos sin bienestar propio para nuestros
fines. Significa también que los humanos, motivados por la compasión y
cumpliendo con nuestros deberes universales de cuidado, tenemos que
evitar su sufrimiento y procurar su bienestar.

Que los animales posean un bienestar propio es
suficiente para que tengamos la obligación de respetarlos, pero también
existen razones adicionales. El Convenio europeo sobre protección de
animales de compañía, que España ratificó a finales de 2017, reconoce que
el ser humano tiene la obligación moral de respetar a todas las criaturas
vivas y tener presente las especiales relaciones existentes entre el ser
humano y los animales de compañía, pero añade además que se debe
reconocer la importancia de su contribución a la calidad de vida y su
valor para la sociedad. Sin duda, cuando se atenta contra los animales
también se agrede la integridad del propio ser humano, por lo que todo
esfuerzo que favorezca la mejora de las relaciones humanas con el resto
de animales redundará en beneficio de la colectividad.

Una sociedad en la que todos aborrezcan la idea
de dañar a los más vulnerables, sean humanos o animales, es el ideal al
que aspirar. Ahora bien, aunque en las últimas décadas se ha avanzado en
esta materia —progreso que se ha producido en buena parte por el
trabajo de una sociedad civil articulada en defensa de los
animales—, la institucionalización del maltrato animal impide
reducir el alto nivel de violencia que todavía existe contra ellos. Es
necesaria, pues, la aprobación de un conjunto de medidas legislativas que
doten al ordenamiento jurídico de la necesaria coherencia e integración
para dar una respuesta adecuada a los requerimientos sociales actuales en
relación con la protección de los animales.

Nos parece que esta proposición es necesaria y
va por el buen camino. Igualmente, es necesario superar toda terminología
que incida en la cosificación de los animales como objeto de uso y de
disfrute por parte de los humanos, por lo que es más adecuado, por
ejemplo, referirse siempre a convivencia más que a tenencia. Nos parece
bien la desclasificación de los animales como cosas, tal y como se
implementa ya en el Código Civil catalán desde 2006. Debemos empezar a
hablar del valor inherente de los animales, de la atribución directa de
derechos, de que la dignidad es un valor universal y todos tienen igual
derecho a ser tratados de manera que no se vean reducidos al estatus de
meras cosas, como si su razón de existir fuera ser meramente un
recurso.

Los animales poseen un valor inherente, no
únicamente un valor instrumental. Por ello, es muy importante establecer
un régimen jurídico aplicable a los animales que contenga un marco de
protección de sus intereses bien definido, identificando las obligaciones
y prohibiciones de las personas responsables de su cuidado y buen trato.
Pero, más allá, es necesario que abramos un debate colectivo sobre la
conveniencia de promover alternativas al uso de animales, que logremos un
mundo con menos sufrimiento, porque el sufrimiento, señorías, importa. Un
sistema que ignore los abusos cometidos contra los que por ser
especialmente vulnerables necesitan nuestra protección es injusto y es
incompatible con una sociedad cívica, democrática y solidaria. Y, en este
sentido, aunque entendemos que las corridas de toros no son materia de
esta ley, sí que esperamos que en el anteproyecto de ley de protección y
derechos de los animales se cambie su exclusión, porque, tal y como está
el texto actualmente, se excluyen del ámbito de la aplicación del
anteproyecto las corridas de toros, en un claro ejercicio de
incoherencia: un anteproyecto que establece normas contra el maltrato
animal y excluye las torturas que se infligen a los toros durante las
corridas. Si tenemos en cuenta que en la proposición de ley que debatimos
hoy se define a los animales como seres sintientes, los toros, señorías,
también sufren.

Entre los objetivos de una sociedad civilizada
deberíamos incluir mejorar las condiciones de libertad y bienestar de los
animales, defender sus intereses, impedir las actuaciones de crueldad,
maltrato, sufrimientos, dolor, angustia, abandono, ausencia de auxilio y
negligencia en su cuidado. En definitiva, hay que proporcionarles la
protección que les corresponde por su condición de seres sintientes.
Consideramos, sin embargo, que hay algunas lagunas para nosotros
importantes en el texto de la proposición de ley que hoy debatimos.
Primero, hay que destacar que la propuesta de nuestro grupo según la cual
el interés del animal en su bienestar debe tenerse en cuenta y debe
además considerarse superior para decidir su destino en caso de nulidad,
separación o divorcio, tanto en el convenio regulador como en decisiones
de la autoridad judicial, no consiguió el apoyo suficiente; tampoco para
el caso de decisión de la autoridad judicial sobre el destino de un
animal cuando no hay acuerdo entre los copropietarios. Con el redactado
actual parece jurídicamente permisible adoptar decisiones incompatibles
con el pleno bienestar del animal, siempre que se justifique si se ha
tenido en cuenta, si se puede argumentar que esta decisión es la más
idónea para las otras partes, en este caso los humanos. Idealmente,
nosotros creemos que al ser la parte más vulnerable se deberían blindar
de manera más firme sus intereses.

En segundo lugar, el artículo 333 queda
redactado como sigue: «También pueden ser objeto de apropiación los
animales con las limitaciones que se establezcan en las leyes», mientras
que el redactado original de la proposición de ley que introdujo el Grupo
Socialista en el Congreso añadía con más ambición: «... y en la medida en
que no lo prohíban». Por lo tanto, se abría la puerta a la prohibición
del comercio con animales, especialmente de los animales de compañía. Con
el redactado actual se ha cerrado la puerta a la posibilidad de que las
comunidades autónomas prohíban la compraventa de animales y, a modo de
ejemplo, está la sentencia del Tribunal Constitucional 81/2020, que
estimó la inconstitucionalidad de una prohibición parcial al comercio de
animales en el anterior artículo 14 de la Ley de protección de animales
de La Rioja.

En tercer lugar, no tiene sentido que se haya
aceptado la categorización de los animales como seres sintientes en todas
las modificaciones del articulado excepto en el artículo 333 bis.1, donde
se establece su definición legal como seres vivos dotados de
sensibilidad. Como el Grupo Republicano en el Congreso ya insistió, la
primera formulación es más correcta técnicamente. Además, la mezcla de
formulaciones hace el redactado actual incoherente.

En cuarto lugar, se dice en la exposición de
motivos de la proposición de ley que el régimen jurídico de las cosas
solo se aplicará a los animales de manera subsidiaria y en aquello
compatible con su naturaleza; sin embargo, esto mismo no aparece en el
articulado. En nuestro grupo creemos que debería estar en el artículo 333
bis, tal y como lo propusimos en su momento en el Congreso.

Y finalmente, en último lugar, es también
criticable que se haya cerrado la puerta a los animales de gozar de la
titularidad de aquellos derechos que las leyes les reconozcan, como
también propusimos. En todo caso, no nos afecta directamente que el
Código Civil español no recoja este matiz, ya que disponemos de nuestro
derecho civil propio. Sin embargo, como en el caso de la compraventa,
esto puede cerrar la puerta y bloquear que cualquier comunidad autónoma
sin derecho civil propio pueda reconocer estos derechos en sus leyes de
protección de los animales.

Aun con sus defectos, señorías, esta ley es
importante para nosotros porque es un paso hacia adelante en el cambio de
régimen jurídico de los animales. Por lo tanto, hoy, y a la espera de la
tramitación del anteproyecto de ley que les he nombrado, de protección y
derechos de los animales, nosotros, nuestro grupo, apoyaremos esta
ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora
Castel Fort.

Pasamos, entonces, al debate de las enmiendas
al articulado.

Sus señorías Sánchez López, Muñoz Lagares y
Ponce Gallardo han presentado dos enmiendas. Para su defensa, tiene la
palabra el senador Sánchez López.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Se dan por
defendidas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por Grupo Parlamentario Vasco en el Senado,
para la defensa de la enmienda número 5, tiene la palabra su señoría
Landa Jáuregui.

El señor LANDA JÁUREGUI: Arratsalde on. Buenas
tardes ya a todos y todas, señorías.

Esta es una proposición de ley que está
concitando acuerdos amplios desde el diálogo y la negociación entre los
distintos grupos parlamentarios. Esta es una realidad de la que debemos
congratularnos, puesto que pone en valor el trabajo de los grupos por el
interés común, por el interés general, frente a la visión cortoplacista
basada en el interés partidista que tantas veces se impone en las Cortes
Generales.

El Grupo Vasco ha trabajado, como lo hace
siempre, en clave constructiva, y ha presenta a lo largo de su
tramitación un total de nueve enmiendas al texto de la proposición con
objeto de posibilitar su mejora, de las cuales ocho han encontrado
finalmente acomodo en el texto final que se somete a la consideración de
este plenario; la última de ellas, la correspondiente a la necesaria
referencia al derecho civil foral y especial de las comunidades autónomas
en las exista, entre las que se encuentran la Comunidad Autónoma de
Euskadi y la Comunidad Foral de Navarra, para lo que se habilita una
disposición adicional que integrará, por tanto, el texto definitivo de la
ley.

Defiendo, por tanto, en esta intervención la
última y única enmienda de nuestro grupo no incorporada hasta el momento
al texto legal que nos ocupa. Mediante ella proponemos la adición al
texto de un nuevo apartado 5 al artículo 333 bis, del apartado siete del
artículo primero de la proposición, en el que se establece la definición
del concepto animal de compañía. Nuestra lectura al respecto es sencilla
de entender: consideramos que el establecimiento de una definición que
determine claramente qué entendemos por animal de compañía a los efectos
de esta proposición responde a la lógica incuestionable de la necesidad
de definir uno de los conceptos básicos sobre los que pivota la
proposición en cuestión. Se nos dice que esta definición va a ser objeto
de regulación en la futura ley de protección y derechos de los animales y
que, por tanto, no es este el momento ni el lugar para ello. No es este
nuestro parecer, ni lo era del impulsor y redactor inicial de una
proposición en cuyo preámbulo se aludía expresamente, hasta su supresión
en la ponencia, a la definición del concepto de animal de compañía como
parte del contenido de su articulado, aunque, ciertamente, luego este
articulado no contemplara esta definición.

Pero, evidentemente, su previsión estaba ahí y
no era ni gratuita ni casual, respondía, a nuestro entender, a dos
razones principales: primero, a la necesidad de limitar a efectos de su
aplicación un concepto que es utilizado con profusión a lo largo de la
proposición de ley y, segundo, a una finalidad uniformizadora, vista la
absoluta disparidad y discrepancia normativa y jurisprudencial existente
en lo que ha de entenderse por animal de compañía en las normativas
reguladoras del mismo tanto en el ámbito europeo como estatal y
autonómico. La nuestra era, por tanto, una propuesta concreta sobre esta
definición que podía haber sido estudiada y tal vez mejorada en su
redacción ―siempre hemos estado abiertos a las mejoras― pero,
finalmente, no ha sido así, por lo que la sometemos a la consideración de
este Pleno tal cual fue presentada, primero en el Congreso de los
Diputados y luego en esta Cámara.

Eskerrik asko. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana, para la defensa de las enmiendas 3 y 4, tiene la palabra su
señoría Castel Fort.

La señora CASTEL FORT: Gracias,
presidente.

Nuestro grupo presentó un par de enmiendas que
no hemos retirado, de las cuales la primera —que sabemos que es
polémica— propone la adición de un nuevo punto al artículo 1.271 en
los siguientes términos: «Quedan fuera del comercio los animales
domésticos o de compañía, cuya titularidad solo pueda adquirirse a título
gratuito o mediante los cauces de adopción». Se trata de buscar la
coherencia con el espíritu de la ley y entender que, si los animales
dejan de tener consideración de cosas y se les reconoce su bienestar como
principio rector de las actuaciones de las personas y de las
administraciones públicas, para nosotros deberían quedar fuera del margen
del tráfico comercial y del ánimo de lucro.

Respecto a la segunda enmienda, se propone la
adición de una nueva disposición final en coherencia, precisamente, con
la enmienda anterior sobre la entrada en vigor de la ley. En este caso,
se produciría seis meses después de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, para la
defensa de varias enmiendas, tiene la palabra su señoría la senadora
Martín Pozo.

La señora MARTÍN POZO: Gracias,
presidente.

Señorías, me corresponde la defensa de las
enmiendas presentadas por mi grupo parlamentario a esta proposición de
ley. Han sido un total de once enmiendas, ocho de modificación, dos de
adición y una de supresión, de las que han quedado vivas para este Pleno
todas ellas a excepción de la enmienda número 7, que se incorporó al
texto de la ley, como consta en el informe de la ponencia, y para las
enmiendas números 9 y 13 se han presentado a la Mesa dos enmiendas
transaccionales.

Quiero agradecer en este momento al Grupo
Socialista la aceptación de la enmienda número 7 ―y su
incorporación, como he dicho, al informe de la ponencia―, que
modifica sustancialmente la redacción del artículo 90 del Código Civil y
que supone la eliminación de una de las líneas rojas que el Grupo Popular
había planteado. Bienvenidas, señorías del Partido Socialista, al sentido
común, a la defensa del interés de los menores en los procesos de ruptura
familiar, que había quedado seriamente comprometido con el texto aprobado
en el Congreso. Con el texto remitido cabía la posibilidad de que
quedaran en suspenso las medidas acordadas para los hijos menores en el
caso de que no hubiera acuerdo en las medidas para los animales de
compañía o fueran perjudiciales para su interés. ¿Se imaginan lo
surrealista de la situación que se podría producir: que el régimen de
visitas o la pensión de alimentos acordados para los hijos menores por
sus progenitores quedaran en suspenso por no haber acuerdo respecto a
cuestiones relativas a un perro, a un gato, a una tortuga o a unos peces
de colores? Señorías, esto era una barbaridad, no solo desde el punto de
vista jurídico, sino humano. No se pueden poner al mismo nivel de
protección y mucho menos se puede supeditar el interés y el bienestar de
los menores al de los animales de compañía.

En una de las enmiendas transaccionales que
presentamos viene a darse una nueva redacción al artículo 94 bis, al
sustituir la expresión «gastos de manutención y cuidado del animal» por
la expresión «cargas asociadas al cuidado del animal», por entender que
es más acertada al englobar todos aquellos gastos que pudieran generarse,
ya que no solamente se trata de la alimentación y los cuidados
veterinarios, sino que existen otros gastos, como pudieran ser los
seguros de responsabilidad civil, las tasas o los tributos municipales
que graven la tenencia de determinadas mascotas.

La enmienda de supresión que hemos presentado
está referida a la eliminación del último apartado del artículo 914 bis,
por entender que si se quiere tratar el tema de pluralidad de herederos,
incluyendo herencia testada y herencia abintestato, deberían tocarse los
otros artículos referidos al derecho de sucesiones, porque se trata de
decidir quién será el propietario por herencia del animal, no quién va a
cuidarlo mientras duren los trámites de la partición hereditaria. Se
mezclan, a nuestro entender, temas de partición hereditaria y
concurrencia de herederos. Hay bastante paralelismo con el artículo 404
y, además, obliga a ir al juez cuando es una cuestión que podría
resolverse en el acuerdo de partición ante notario, por ejemplo. En
definitiva, es un tema que podría resolverse con la aplicación de las
normas de sucesiones y del condominio si fuera necesario, por lo que
entendemos que es más adecuado suprimir este apartado.

Por lo que respecta al resto de enmiendas, gran
parte de ellas se justifican como mejora técnica del texto, como puede
ser, por ejemplo, la adición de una nueva disposición final relativa a la
entrada en vigor de la ley a los veinte días de la publicación, que
planteamos en la enmienda número 17. Las enmiendas números 12, 14 y 16 se
refieren a matices para atender a la pulcritud normativa, a una correcta
técnica jurídica, a evitar inseguridad jurídica y no crear problemas a
quienes van a tener que aplicar la norma.

Señorías, estamos tratando la modificación del
Código Civil, pilar fundamental de nuestro derecho privado y nuestro
ordenamiento jurídico, y por ello hay que ser muy cuidadosos y muy
puntillosos con la terminología y las concordancias con otras partes del
texto legal y con otros textos de nuestro ordenamiento jurídico que
entran en el ámbito del derecho público, como puede ser el caso de la
enmienda número 8, por la que proponemos la supresión de la referencia a
la existencia de malos tratos a animales o la amenaza de causarlos como
medio para controlar o victimizar al otro cónyuge como causa de
denegación de la guarda conjunta, por entender que se está incluyendo en
el Código Civil, que es derecho privado, un nuevo concepto de violencia
que debiera estar previamente contemplado en una norma de derecho
público.

Me voy a detener ahora en las enmiendas
números 10 y 11, con las que intentamos eliminar la confusión que puede
producirse al introducirse en el artículo 334 y en el 333 bis dos
conceptos diferentes referidos a los animales. Durante todo el preámbulo
del texto se considera a los animales como seres vivos dotados de
sensibilidad, terminología aceptada por todos los grupos y que además
constituye una evidencia científica, para luego pasar a hablar en el
mismo artículo de seres sintientes. La inclusión de este término,
sintientes —que entendemos que obedece a intereses de sus socios
presupuestarios—, solo va a crear confusión a la hora de
interpretar la norma: dos conceptos distintos en el mismo artículo.
Además, con la inclusión de este término se dinamita el espíritu de
consenso que no pudo materializarse en el 2019 por la disolución de las
Cámaras tras la moción de censura. No hay que olvidar, señorías, que fue
el Partido Popular el que, con su proposición de ley en el año 2017,
inició la tarea de dar respuesta a una demanda de la sociedad de dotar de
regulación a los animales de compañía y darles un estatus diferenciado
del de las cosas; pero una cuestión es descosificar a los animales y
definirlos como seres vivos dotados de sensibilidad y otra muy diferente
considerarlos seres sintientes. No es lo mismo que el propietario o
poseedor de un animal tenga obligaciones respecto al mismo
—obligación de alimentarlo, de cuidarlo— y otra muy distinta
es considerar al animal como sujeto de derechos, que es a lo que se
tiende con el término sintiente y que es lo que pretenden sus socios
—ya hemos escuchado aquí a la señora Castel—.

Señorías del Partido Socialista, cuando ustedes
tocan o retocan un texto sobre el que había un amplio consenso, ya
sabemos lo que ocurre: por aquello de contentar a sus socios
presupuestarios, introducen en el texto cuestiones que, lejos de
solucionar un problema, no hacen más que crear dificultades y problemas
donde no los había. Por ello, les pedimos que reflexionen sobre nuestras
enmiendas, que rectifiquen y que vuelvan a ese consenso unánime del 2019,
que no pudo materializarse. El Grupo Popular siempre ha tenido interés en
acabar con la condición de cosa de los animales, convencidos firmemente
de que su naturaleza es la de seres vivos dotados de sensibilidad, pero
hasta ahí. No nos van a dar lecciones de protección a los animales, pero
todo en su justa medida: defensa de los animales, por supuesto que sí,
pero por delante la defensa de las personas. Su deriva hacia posiciones
filosóficas animalistas de la extrema izquierda, que desvirtúan el
espíritu y consenso que antes he mencionado, es verdaderamente
preocupante. Aún están a tiempo de rectificar, de volver a la sensatez y
de votar a favor nuestras enmiendas. Con ello, mejoraría notablemente el
texto de la ley y contribuirían al consenso que debería haber
regido.

Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

En el turno en contra y por el Grupo
Parlamentario Socialista, hará uso de la palabra su señoría la senadora
De Pablo Dávila.

La señora DE PABLO DÁVILA: Gracias,
presidente.

Señorías, me corresponde explicar la posición
del Grupo Socialista en el turno de enmiendas a la Proposición de Ley,
del Grupo Socialista y de Unidas Podemos, de reforma del Código Civil, la
Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria sobre el régimen
jurídico de los animales. Pocas veces como ahora es tan obligado
manifestar el agradecimiento a todos los grupos, o a la mayoría de los
grupos parlamentarios, por el tono, por el talante y por la clara y firme
voluntad negociadora para sacar adelante esta proposición de ley. Es
verdad que vamos a votar —y ya lo anuncio— en contra de todas
las enmiendas porque, tal y como hemos debatido ampliamente, o bien
incurren, a nuestro juicio, en incoherencia jurídica, o bien porque
confrontan directamente con el espíritu y la esencia de la ley, que no es
otra que la naturaleza de los animales como seres sintientes y dotados de
sensibilidad.

Es verdad que, después de haber hablado de la
Ley de tráfico y de la seguridad vial y de la vida de las personas, la
ley que aprobamos hoy puede que no parezca tan importante, pero les puedo
asegurar que es una ley muy importante al reconocer a los animales la
cualidad de seres vivos dotados de sensibilidad —señora Martín
Pozo, que es lo mismo que sintientes— y, a la vez, modernizamos el
Código Civil del siglo XIX —basado además en el derecho romano con
más de dos mil años— y lo trasladamos al siglo XXI porque
reconocemos la mayor sensibilidad social que tienen las personas hacia
los animales, pero también la distinta relación que tenemos los seres
humanos con los animales en estos momentos. Y, evidentemente, había que
modernizar: la sociedad es distinta, el modelo de familia es distinto,
las personas pensamos distinto y un Código Civil del siglo XIX, que se
basaba fundamentalmente en el concepto de propiedad, se quedaba
absolutamente obsoleto, extemporáneo y fuera de lugar en una sociedad
tolerante, mucho más sensible y mucho más capacitada para reconocer
nuestra relación con los animales y su propia naturaleza.

Señorías, además de lo anterior, con esta
reforma solucionamos un problema y un conflicto grave que tienen más
de 30 000 familias cada año. En el año 2019 se formalizaron más
de 95 000 divorcios y, según las distintas entidades independientes, por
ejemplo, Statista, en el 2020, el 26 % de las familias tenían un perro en
su casa, en su familia —dejamos aparte los gatos y dejamos aparte
otros animales domésticos hacia los que se tiene también una cierta
consideración de formar parte de la familia—. Si hubo 95 000
rupturas entre separaciones, divorcios y nulidades, dejando al margen las
disoluciones de las parejas de hecho, nos encontramos con que más
de 26 400 familias tenían un problema con la mascota que estaba en casa
en ese año. Es decir, con esta proposición de ley —y repito, del
Grupo Socialista y de Unidas Podemos, con el apoyo de otros muchos grupos
parlamentarios— lo que hacemos es solucionar un problema, un grave
problema que tienen más de 30 000 familias cada año, que además se
encuentran inmersas en una difícil, dura y desagradable situación de
conflicto y ruptura familiar.

Cuando entró esta proposición de ley sobre el
régimen jurídico de los animales en el Senado, en el Grupo Socialista nos
planteamos dos objetivos prioritarios: la mejora técnica, si fuera
posible o si fuera necesario, y la ampliación del consenso, y debemos
decir que estamos absolutamente agradecidos, contentos y satisfechos
porque los dos objetivos se han cumplido. En primer lugar, con la reforma
de los artículos 769 y 774 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que era una
enmienda socialista apoyada por los otros grupos y que se incluyó incluso
en la propia ponencia de la semana pasada, en este Senado nos hemos dado
cuenta —y se ha recogido— de que la misma situación afecta a
las uniones y parejas de hecho, que con el texto que venía del Congreso
se quedaban totalmente excluidas. En ese sentido, yo creo que es una
labor de la que todos nos debemos congratular. Y, en segundo lugar,
porque el que se haya producido una ampliación del consenso —por lo
que a priori parece y se me ha manifestado por los distintos portavoces
de los grupos a la hora de negociar las enmiendas— es también una
manera de legislar, de negociar y de hacer política que tenemos los
socialistas: desde el diálogo, ampliando derechos, porque forma parte de
nuestro ADN como Grupo Socialista, y en esta ley queda perfectamente
plasmado (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista).
Ambos objetivos se han cumplido y damos las gracias por ello, y
lamentamos, señores del Partido Popular —porque me consta que va a
ser así—, que no se vayan a unir a ese amplio consenso.

En cuanto a la ampliación de los apoyos, quiero
hacer una manifestación expresa de agradecimiento a esos senadores que no
tienen su correspondiente grupo parlamentario en el Congreso, porque su
voto para los socialistas es exactamente igual de importante y por eso
les hemos pedido el apoyo para esta ley. Porque nos parece que el Senado
no es clon del Congreso, el Senado es una Cámara donde hacemos política,
donde hacemos mejora técnica, en la que representan a miles de españoles
muchos grupos que no están en el Congreso y que deben participar en la
mejora de las leyes, y por eso agradezco el apoyo que nos han
manifestado. Cuanto más apoyo tenga una ley, y esta va a salir
ampliamente consensuada —la verdad es que de los que van a votar en
contra yo digo como en mi tierra: no iría ni a heredar con ellos—,
cuanto más amplio consenso tenga, evidentemente, es una garantía de mayor
perdurabilidad.

Senadora Castel, comparto mucho de lo que ha
dicho, aunque aún estamos en el turno de enmiendas, no en el turno de
portavoces; pero, sí, comparto la filosofía de la mayor parte de lo que
ha dicho.

En cuanto a las enmiendas en concreto
—vamos a centrarnos porque hay otras dos normas
legislativas—, como hemos anticipado, vamos a votar en contra de
las enmiendas vivas, excepto a las dos enmiendas transaccionales que se
han presentado por cinco grupos, que hacen referencia al artículo 94 bis
del Código Civil. Y, senadora Martín Pozo, fíjese si tenemos sentido
común que le estamos aprobando una enmienda que en realidad es suya y que
técnicamente ha tenido que venir como transaccional, aunque sabemos que
ustedes no van a corresponder con la misma capacidad de diálogo porque no
van a votar a favor de la ley (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista). Y aun así la aprobamos, la aprobamos porque
creemos que hay que hacer las cosas bien para los ciudadanos, porque no
se trata de ganar o vencer, se trata de facilitarles la vida a los
españoles que representan ustedes y que representamos nosotros, y con esa
enmienda creemos que tienen razón y lo hacemos. Como lo hicimos en la
ponencia, aceptando la reforma, con todos los grupos parlamentarios, del
artículo 90 porque creíamos que ustedes tenían razón y que era una mejora
técnica; porque no se trata solo de matemáticas, se trata también de
derecho.

Siento que hayamos tenido que retirar otra
enmienda que para los socialistas es importante, que venía como
transaccional pero que ha habido que retirarla, la del artículo 92.7, en
el cual nosotros entendíamos que, dentro del ámbito del derecho de
familia, de la separación y del divorcio, la ley hacía referencia a
animales de compañía, no podían ser animales en genérico cuando de lo que
estábamos hablando es de que el juez tenía que atribuir tiempos en
relación con los hijos y en relación con los animales que forman parte de
la estructura familiar. No ha podido ser, pero no tenemos ninguna duda de
que al final o la jurisprudencia o a través de alguna otra modificación
se acotará lo que es el concepto de un animal que forma parte de la
unidad familiar.

Paso al resto de las enmiendas, que hemos
debatido ampliamente. La enmienda 1 de Ciudadanos, de reforma del
artículo 397 del Código Civil, sobre el reconocimiento del derecho a ser
compensado por el gasto efectuado por uno de los condueños del animal,
creemos que es innecesaria y reiterativa porque ya viene perfectamente
recogido en el artículo 333 del Código Civil. En cuanto a la número 2, la
legitimación de las asociaciones, nos parece que no es objeto de esta
ley, que regula la naturaleza jurídica de los animales y las relaciones
con las personas, y que debería ser objeto de otra ley procesal, sobre
todo porque es ambigua, confusa y creemos que abre una caja de Pandora
que no sabemos a qué destino final nos llevaría.

Respecto de las enmiendas 3 y 4, de Esquerra
Republicana, compartiendo la filosofía, senadora Castel, como le he dicho
—excepto lo de los toros, que ya le he dicho que podríamos
debatirlo en privado alguna vez—, no podemos aceptársela por una
cuestión de coherencia: una cosa es que regulemos la naturaleza como ser
sintiente o como ser dotado de sensibilidad de los animales y otra es que
lo excluyamos completamente del comercio, porque lo que hacemos es atacar
frontalmente una de las estructuras y uno de los pilares básicos de
nuestro Código Civil, que es todo el capítulo relativo a la propiedad y
al comercio, y, lamentablemente, el Código Civil es como un dominó, si
quitamos una ficha, tenemos que ser conscientes de que no se nos caigan
todas las demás o de que no incurramos en incoherencia. Simplemente es
por eso, es una razón puramente técnica, al margen de lo que se pueda
compartir moral o filosóficamente.

En cuanto al Grupo Vasco, lo hemos hablado,
senador Landa, en diversas ocasiones. Nosotros creemos que la definición
de lo que es un animal de compañía no debe ser objeto de esta ley, no es
lo que regula, lo explica muy bien la exposición de motivos, sino que eso
es más bien lógico que venga en la ley de protección animal, pero en esta
no nos encaja, no es objeto de la ley y, por tanto, vamos a votar en
contra.

Y en cuanto a las enmiendas 8 a 17, del Grupo
Popular, de las tres que no se habían debatido en el Congreso, le hemos
aceptado dos, senadora Martín Pozo, fíjese si somos sensatos, dialogantes
y pensando exclusivamente en las personas a las que va dirigida esta ley
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista). Pero en
realidad ustedes —y lo podemos decir aquí, que no nos oye
nadie— se han enquistado por la palabra sintiente, porque entienden
que es distinto que seres vivos dotados de sensibilidad. Pues le voy a
decir que vaya a la RAE, y la RAE dice que sintiente es lo mismo que
seres vivos dotados de sensibilidad; otra cosa es que sea una traducción
del inglés, que ha venido traducida literalmente, pero en cuanto a
concepto jurídico, en cuanto a naturaleza no representa nada diferente.
Sinceramente, creo que si no votan a favor de esta ley —y apelo por
última vez a la sensatez de algo que fue inicialmente y que comparte en
su espíritu, senadora Martín Pozo, y me consta, me consta que es
así— es por orgullo, por agarrársela con papel de fumar, por
arrogancia o simplemente porque no quieren ir con el Partido Socialista y
con los demás grupos parlamentarios que defendemos la naturaleza jurídica
como ser vivo dotado de sensibilidad de los animales y prefieren quedarse
con Vox, que me parece que poquitos más se van a quedar fuera del amplio
consenso de esta ley, respetando el voto de todo el mundo.

Termino. Esta ley tiene dos virtudes
clarísimas: una, amplía derechos, que es uno de los objetivos políticos
prioritarios del Partido Socialista —no lo voy a poner en el mismo
nivel, pero como la eutanasia o como otras muchas leyes (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista)—, amplia derechos,
responde a la naturaleza de las familias, de las personas y de la
sensibilidad social hacia los animales que hay en estos momentos. Y otra,
seguimos avanzando como sociedad, porque solo si avanzamos como sociedad
reconociendo la naturaleza jurídica del entorno y de las personas
podremos decir que somos cada día más civilizados. Ustedes decidirán si
se quieren quedar en la barbarie, si se quieren quedar en el siglo XIX o
si se quieren quedar fuera de la foto, pero nosotros lo tenemos claro:
vamos a votar en contra de las enmiendas y, además, de paso, vamos a
pedir el apoyo a la ley.

Nada más y gracias, presidente. (Aplausos en
los escaños del Grupo Parlamentario Socialista).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra su señoría González-Robatto.

El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Muchas
gracias, señor presidente.

Nosotros le adelantamos, señora socialista, que
votaremos en contra. Y ha utilizado un símil bastante curioso: que no
vendría con nosotros ni a heredar. Nosotros, desde luego, en un lugar
donde usted gobierne o donde gobierne el Partido Socialista tampoco, ya
que tendríamos que pagar. Pero es curioso símil, cuando menos.

Lo primero que llama la atención de esta ley es
la creación de organismos que conlleva, nada menos que una decena de
organismos. Ustedes, defensores radicales del ecologismo y del
animalismo, siempre y cuando vaya con un talonario de por medio. ¿Para
qué van a servir estos organismos? Se lo digo yo, señora: chiringuitos,
hay que aumentar la red clientelar cuanto antes, supongo. Pero Vox está
completamente en contra, y Vox viene pisando fuerte.

Y eso sí, ustedes con esta ley pretenden
llevarse por delante a los distribuidores de animales de compañía, les
dan exactamente lo mismo las personas que se vean afectadas con esto. Se
trata de un documento puramente ideoilógico, pero que, como todo lo que
toca este Gobierno, puede destruir un sector. Ustedes, claramente, no
piensan nunca en estas consecuencias. Por ejemplo, la prohibición de
venta de animales en tiendas de mascotas; solo esto supondría ya la
desaparición de muchos establecimientos, pero a ustedes les da igual, ya
tienen ustedes un montón de organismos.

Esta proposición de ley está inspirada, además,
en una ideología animalista y extremista, cuyo principio básico es que
los animales son sujetos de derecho. Partiendo, evidentemente, de este
disparate, la ley que hoy votamos hace aguas por su incoherencia de todo
tipo. Para que ustedes lo entiendan, un ser que por sus propias
características no tiene obligaciones no puede adquirir derechos, solo
les falta ya pedir el voto para los animales; sin embargo, el texto ya lo
asume. Le pongo un ejemplo de la propia ley: las crías quedan sometidas
al régimen de los frutos desde que estén en el vientre de su madre,
aunque no hayan nacido. Pues bien, ahora le voy a hacer esta pregunta:
¿Tienen ustedes la misma consideración con las crías humanas desde que
están en el vientre de su madre? Ya se lo digo yo: no. ¿Se dan cuenta de
que otorgan a los animales unos derechos que no dan ni siquiera a los
bebés en el vientre materno? A ustedes estos disparates les dan
exactamente igual porque su aprobación supone un paso más hacia un
objetivo de humanizar a los animales y la deshumanización del ser
humano.

También nos encontramos con el tema de la
custodia compartida. Señorías, cuando hay controversia en la guarda de un
animal de compañía en un proceso de separación o divorcio el juez ya se
pronuncia a petición de los esposos, no hacen falta reformas que traten
expresamente la custodia compartida de los animales exactamente igual
como si fueran niños. Está deshumanización, lógicamente, sirve a la
agenda globalista, ese pin que llevan ustedes en la solapa, con sus
objetivos de destrucción de familia tradicional, que prefieren hogares
con animales a padres con hijos. Y lo están consiguiendo, no se lo niego:
ya hay zonas de España donde hay registrados más animales de compañía en
las familias que niños.

En cuanto al campo, les pido también que dejen
trabajar a los ecologistas de verdad, a los ganaderos, a los
agricultores, para que sigan cuidando y respetando la naturaleza y los
animales como ellos realmente saben. Dejen que ellos se ocupen del campo
y no les condenen todavía más a la ruina.

Nuestra propuesta para el cuidado de los
animales y la naturaleza es una política completamente conservacionista,
es decir, científica, que sostiene que la naturaleza se conserva y es
compatible con las actividades tradicionales propias de la socialización,
como la caza, la agricultura o la pesca. Respetemos a los animales y
cuidémoslos y mejoremos su calidad de vida, pero no los equiparemos al
hombre y a sus sensibilidades porque acabaremos con su propia
naturaleza.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene
la palabra su señoría Sánchez López.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Con la venia, señor
presidente. Señorías.

Consideramos esta proposición de ley una
reforma necesaria para mejorar el bienestar de los animales de compañía y
mejorar su protección en nuestra sociedad. Considerábamos que no era
admisible que los embargos de bienes o inmuebles a personas también
pudieran incluir los embargos a animales de compañía. A su vez, esta
reforma también supone reconocer a los animales en el marco del Código
Civil y reconocer que son seres dotados de sensibilidad, porque lo
son.

Somos conscientes de que en materia de
protección de animales sigue existiendo mucho camino por recorrer y, por
eso, pedíamos al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 la
agilización de la tramitación de la ley de bienestar animal, porque sigue
siendo necesario, entre otras cosas, aumentar las penas por maltrato,
muerte o abandono de un animal a manos de una persona. Asimismo, es
necesario crear un registro de maltratadores de animales para garantizar
el cumplimiento de las penas por inhabilitación para trabajar con
animales o su tenencia.

Señorías, podríamos nombrar a muchas
asociaciones que han contribuido a esta ley, pero sintetizo todas en una:
quiero destacar el buen trabajo del Observatorio de Justicia y Defensa
Animal en esta materia, aunque fueron otras muchas asociaciones y
fundaciones las que hicieron un gran trabajo en esta materia. Obviamente,
ya les adelanto que vamos a votar a favor, porque es una reforma
necesaria, y por eso Ciudadanos ya la trajo al Congreso de los Diputados
en 2017.

No es normal, señorías, que alguien a quien
embargan todas sus cosas le pueden quitar también a su perro. Pero es que
esta no es la única anomalía que tenemos en la legislación española, en
nuestro decimonónico Código Civil, porque, por ejemplo, en caso de
accidentes de tráfico con heridos, la ley no diferencia al animal,
independientemente de cómo se encuentre, del equipaje. Fíjense. Y también
está el caso de animales abandonados en el interior del domicilio durante
unas vacaciones.

En el caso del divorcio, por ejemplo, que es
del que más se ha hablado en esta ley —el caso del divorcio, un
tema tan recurrente—, los animales son parte de la sociedad de
gananciales si un juez no pone remedio. Lo mismo ocurre con las
herencias. No es moralmente aceptable la consideración que tenemos como
cosa de los animales, de un ser, señorías, que daría la vida por
nosotros. Cualquiera que tenga un perro, por ejemplo, no puede
considerarlo como una tostadora, pero ¿de qué estamos hablando?

También viene en la propuesta el reconocimiento
legal de que los animales —y así debe ser— son seres dotados
de sensibilidad, un reconocimiento qué debe conllevar más cosas en la
próxima reforma. Pedimos encarecidamente al Gobierno que, en la próxima
reforma que traiga, si consideramos que los animales sufren, se recoja la
obligación de paliar ese sufrimiento. Esa obligación surge de una
capacidad que es única en el ser humano; esta obligación no viene a
desviar el curso natural de ninguna cosa; esto no viene a suplantar a la
naturaleza: somos seres empáticos, somos la única especie empática y de
esa empatía, señorías, deriva nuestra obligación moral de evitar el
sufrimiento de otros seres vivos.

Pero después de este reconocimiento de los
animales como seres dotados de sensibilidad en nuestro Código Civil,
tendrían que venir las otras medidas importantes. Voy a hablar de dos,
por ejemplo: un aumento de las penas en caso de maltrato, por supuesto,
y, por otra parte, también tenemos que incrementar las penas en el caso
de abandono. Muchos hemos visto la siguiente escena: alguien se baja de
un coche, lanza una pelota, detrás sale el perro corriendo y esta persona
es capaz de subirse al coche, irse y dejar allí al animal, viendo por el
retrovisor a un animal que daría la vida por él. Señorías, ¿de qué están
hechas estas personas? ¿De qué material pueden estar hechas estas
personas? Claro que hay que aumentar las penas en estas condiciones, en
estos casos y en estas circunstancias.

Por supuesto, vamos a votar a favor de esta
ley, pero ya les digo que hay mucho camino por recorrer.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene
la palabra su señoría Cervera Pinart.

El señor CERVERA PINART: Gràcies, president.
Bon dia, senyorias.

En la tramitación en esta Cámara de esta
proposición de ley sobre el régimen jurídico de los animales Junts per
Catalunya no ha presentado ninguna enmienda, pues entendíamos que había
sido largamente trabajada y debatida por los distintos grupos en el
Congreso, en nuestro caso con la participación de nuestra diputada de
Junts per Catalunya, Pilar Calvo. Conocedores, como les decía, de que el
texto remitido gozaba de un amplio consenso, optamos, como les decía, por
no volver a presentar las enmiendas que no se nos habían incorporado en
el trámite del Congreso. En ponencia y comisión apoyamos las correcciones
técnicas propuestas, como no podía ser de otra forma, así como las
enmiendas incorporadas del Grupo Vasco y del Grupo Popular y la
transaccionada del Grupo Socialista, porque en esta ocasión la
oportunidad de segunda lectura realmente mejoraba el texto, y así lo
reconocemos todos. No pasa siempre en esta Cámara.

Y quiero decirles que no hemos firmado las
transaccionales en el trámite en el Pleno porque no hemos tenido
conocimiento de ellas. A pesar de esto, nosotros estamos convencidos de
la necesidad de dotar a los animales de un estatuto jurídico diferente al
de los bienes materiales, convencidos de la necesidad de disponer de un
marco jurídico que permita dar una respuesta adecuada a las situaciones
reales de nuestros días en este ámbito, como ya ocurre en otros
territorios europeos. Así que en Junts per Catalunya votaremos a favor
del conjunto de esta proposición.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, tiene la palabra su señoría Martínez Urionabarrenetxea.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Con su
permiso, presidente.

En Izquierda Confederal vamos a votar a favor
de esta ley, entre otras cosas porque lo que hace es reconocer que los
animales no son cosas, que son seres vivos, que son seres sintientes, lo
cual no quiere decir que sean seres con derechos. Para nosotros cualquier
derecho implica también al mismo tiempo un deber, y nos alegramos de que
el debate de esta ley no haya hecho referencia a esta cuestión tan
importante y tan debatible y tan discutible. Y, desde luego, lo que no
podemos aceptar de ninguna de las maneras son algunas palabras que se han
escuchado aquí, en las que a las personas y a los grupos que vamos a
apoyar esta ley se nos achacaba que reconocemos más derechos a los
animales que a las personas.






Es absolutamente inaceptable, además de ser
mentira.

Votaremos a favor de esta ley y esperamos que
tenga, desde luego, el máximo reconocimiento en la Cámara.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la
palabra su señoría Landa Jáuregui.

El señor LANDA JÁUREGUI: Eskerrik asko,
mahaiburu jauna. Buenas tardes a todos y todas de nuevo. Esta es, sin
duda, una proposición de ley que responde a una realidad incuestionable
en la sociedad europea del siglo XXI, una sociedad con una mayor
sensibilidad con los animales que demanda, por tanto, un tratamiento
jurídico específico y diferenciado de los mismos en su condición de seres
vivos, seres vivos dotados de sensibilidad. Esta especial sensibilidad
hacia los animales la constatamos claramente en nuestro entorno más
cercano, cuando no en nuestras propias casas si disponemos de un animal
de compañía y, tal vez, responda además de a la experiencia diaria y a la
interrelación con los mismos, a la evolución incuestionable de una
sociedad que avanza hacia nuevos paradigmas que, lejos de situar al ser
humano como el epicentro y el rey del universo al que todo se supedita,
interioriza a pasos agigantados una gran cura de humildad desde
realidades incuestionables como el cambio climático, que nos hacen
repensar nuestra relación con la naturaleza y también la relación entre
quienes formamos parte de ella, en especial, nuestra relación con
animales y seres vivos en general.

Desde esta realidad, por tanto, se aborda la
determinación de un régimen jurídico específico derivado de la reforma
del Código Civil, fundamentalmente, sin olvidar la Ley de Enjuiciamiento
Civil y la Ley Hipotecaria, todo ello a fin de asentar esta distinta
naturaleza jurídica de los animales como criterio interpretativo para
todo el ordenamiento. Un régimen jurídico situado entre el definido para
las personas y el establecido para las cosas, que sigue ostentando, en
todo caso, un carácter supletorio en aquellas materias que, de momento,
no hayan sido objeto de regulación específica para los animales, siempre
que sea compatible con su naturaleza de ser vivo dotado de sensibilidad.
Una nueva regulación que aborda cuestiones relativas a la adecuación de
las relaciones de convivencia que se establecen entre los animales y los
seres humanos en situaciones como las crisis matrimoniales, etcétera; la
adecuación de las nociones tradicionales de ocupación, frutos naturales,
hallazgo, responsabilidad por daños y vicios ocultos; nuevas
disposiciones en materia de sucesiones o prescripciones, como la
inembargabilidad de los animales de compañía, entre otras.

Mediante esta regulación se atiende también,
aunque con retraso —hay que decirlo—, a los requerimientos
que respecto a la condición de los animales como seres sensibles se
establecen tanto en el propio Tratado de funcionamiento de la Unión
Europea como en el Convenio Europeo de Protección de Animales de Compañía
de 1987.

El Grupo Vasco va a votar a favor de esta
proposición de ley que, como señalaba en mi primera intervención, ha
conseguido suscitar, desde el diálogo y la voluntad negociadora de los
grupos parlamentarios, acuerdos amplios que, sin duda, deben ser puestos
en valor y que demuestran cuál debe ser el camino a seguir en pos del
bien común, del interés general en la labor de las Cámaras. En el Grupo
Vasco hemos trabajado, como lo hacemos siempre, en clave constructiva,
presentando a lo largo de su tramitación un total de nueve enmiendas con
el objetivo de posibilitar su enriquecimiento y mejora. Nueve enmiendas,
de las cuales ocho han encontrado finalmente acomodo en el texto final
que se somete a la consideración de este Plenario, la última de ellas en
la tramitación realizada en esta misma Cámara, la correspondiente a la
necesaria referencia al derecho civil foral y especial de aquellas
comunidades como las nuestras, la Navarra, la Comunidad Autónoma de
Euskadi o Cataluña, por ejemplo, en las que este derecho existe,
habilitándose para ello una disposición adicional que integrará el texto
definitivo de la ley.

No quiero finalizar sin agradecer el talante
dialogante y la vocación de acuerdo manifestado por todos los grupos
parlamentarios que han participado en el proceso de enriquecimiento y
mejora del texto, en especial del grupo mayoritario, el Grupo Socialista,
aunque no podemos por menos que lamentar —si finalmente así se
produce— la ausencia definitiva de una definición que determine y
confiera, por tanto, seguridad jurídica al concepto de animal de
compañía, conforme proponíamos en la única de nuestras enmiendas no
admitidas hasta el momento.

Eskerrik asko. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana, tiene la palabra su señoría Castel Fort.

La señora CASTEL FORT: Gracias,
presidente.

Reitero nuestro posicionamiento a favor de esta
proposición de ley y no voy a repetir los argumentos que ya he expuesto
anteriormente.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra su señoría De Rosa Torner.

El señor DE ROSA TORNER: Gracias, señor
presidente.

En primer lugar, quiero mostrar la solidaridad
del Grupo Popular con los funcionarios de prisiones que se han encerrado
en el Ministerio del Interior en contra de esa falta de negociación que
realiza el ministro Marlaska. Para ellos va este aplauso del Grupo
Popular. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado).

Con respecto a la cuestión que debatimos,
queremos decir que este grupo va a abstenerse, ya que si bien ha tenido
una serie de acuerdos con el resto de grupos, he de decir que existen
cuestiones que no consideramos que sean adecuadas. Somos legisladores y,
por tanto, debemos tener siempre presente el ámbito jurídico.

Ya discutimos respecto al artículo 90, en el
cual hubo un acuerdo con el Grupo Socialista, porque nos preocupaba que
en materia de familia no se estableciera un significado de protección de
los menores, con el respeto que siempre deben tener los animales, que son
objeto muchas veces de controversia. Retirar ese conflicto supone también
agilizar el ámbito del derecho de familia.

Pero hay determinadas cuestiones que nosotros
consideramos que nos faltan para determinar la posibilidad de llegar a un
acuerdo y, por tanto, me gustaría que rectificara el Grupo Socialista y
que viniera al consenso. En primer lugar, en el artículo 333 bis, del
Código Civil, según su propuesta, hay dos definiciones en el mismo
precepto, dos definiciones: animal dotado de sensibilidad y el ser
sintiente. Son dos conceptos diferentes en un mismo artículo. Señorías,
cuando hay dos definiciones en un mismo texto, en un mismo artículo, lo
que puede determinar es la existencia de un posible conflicto en los
juzgados. Les voy a poner un ejemplo: el concepto de residencia y el
concepto de domicilio. Según la Real Academia de la Lengua, ambos son
conceptos similares ya que suponen la determinación donde una persona
quiere vivir, pero ustedes saben que el concepto de residencia y el de
domicilio son diferentes a efectos jurídicos, pues, como sabemos, se
necesita ocupación. Por tanto, están cometiendo un error en el
artículo 333 bis al considerar su concepto gramatical y no su concepto
jurídico, y aquí somos legisladores y nuestro voto va a determinar la
existencia de un debate en el ámbito jurídico. Ténganlo en cuenta,
reflexionen lo que van a votar.

Otra cuestión que también les quiero poner de
manifiesto, porque existe un error jurídico claro, es el artículo 92.7
del Código Civil. Ustedes establecen el concepto «negar la posibilidad de
la custodia del animal en caso de violencia de género». Es introducir un
concepto de derecho público en el ámbito de derecho privado, porque
díganme ustedes, ¿cuándo vamos a considerar que hay violencia de género?
¿Cuándo se ha presentado la denuncia? ¿Cuándo se está investigando?
¿Cuándo hay sentencia firme? ¿Cuándo hay sentencia definitiva? ¿Qué va a
hacer el juez civil para determinar la aplicación del 92.7 del Código
Civil? ¿Qué va a determinar? Por tanto, ese elemento debía haberse
incluido en el Código Penal y establecer la posibilidad de que el juez
sentenciador en el ámbito penal, y como medida accesoria, establezca la
negación a una familia de la guardia y custodia con respecto al animal,
porque es un concepto de derecho público en un concepto de derecho
privado y creo que aquí somos juristas y tenemos que hilar muy fino a la
hora de modificar el Código Civil. Ustedes no lo están haciendo y no me
han dado ningún tipo de explicación. Por tanto, recapaciten la
modificación del 92.7, recapaciten lo establecido en el artículo 333 del
Código Civil.

Desde el primer momento, el Partido Popular, en
su reforma del artículo 2 de su ley de 2017, establecía y apoyaba la
descosificación de los animales, los derechos de los animales. La ley del
Partido Popular, que decayó porque se convocaron elecciones, estuvo
dotada del consenso máximo de todos los grupos políticos, desde el
Partido Socialista hasta Esquerra Republicana, Ciudadanos, Podemos, todos
los partidos considerábamos que ese proyecto de ley era fruto del
consenso y del acuerdo. ¿Qué ha ocurrido? Su proposición de ley, que hoy
estamos debatiendo, no ha venido con ese acuerdo inicial. Hemos visto que
el Partido Nacionalista Vasco ha visto peligrar su propio derecho propio;
estuvimos hablando con el Partido Nacionalista Vasco y tuvimos que apoyar
esa adicional, porque se estaba poniendo en duda la aplicación del
derecho propio, como también el derecho propio de territorios como
Cataluña, etcétera, porque no ha habido una actuación jurídica adecuada
en el ámbito del Congreso de los Diputados y ha venido aquí con excesivos
defectos. De todas maneras, sí que ponemos en positivo que esta Cámara ha
conseguido introducir enmiendas, ha perfeccionado y ha mejorado el texto,
pero quedan dos aspectos: el 333 bis y el 92.7 del Código Civil...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando,
señoría.

El señor DE ROSA TORNER: Sí, estoy
terminando.

Son dos cuestiones en las que tienen que
reflexionar. Por eso, nosotros vamos a abstenernos, porque no vamos a
contribuir a que ustedes en el Código Civil, que es derecho privado,
intervengan de una forma absolutamente aberrante.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra su señoría la senadora Diego
Castellanos.

La señora DIEGO CASTELLANOS: Gracias, señor
presidente.

Con el senador de Vox simplemente voy a gastar
unos segundos. Es absolutamente despreciable que usted haya comparado hoy
aquí los derechos de las mujeres, que ustedes también niegan
continuamente, con los derechos de los animales (Aplausos), no porque yo
no sea una defensora de los derechos de los animales, que lo soy, pero el
derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo y poder
abortar dentro de la legalidad es algo que ustedes, por mucho que
continuamente lo repitan, no van a quitarnos. (Aplausos).

Voy a la cuestión que nos ocupa. Con esta
reforma, por fin, desde el punto de vista legal, los animales serán
reconocidos como seres vivos con sensibilidad en las normas civiles
españolas, algo que ya sucede en algunas normas administrativas y también
en el Código Penal, que desde el año 2003 distinguió entre los daños por
delitos causados a las cosas y los delitos causados a los animales.
También con esta modificación se evitarán situaciones tan dolorosas como
que en un accidente de tráfico los animales puedan tener la misma
consideración que una maleta ya que no existe la obligación de que ser
atendidos o salvados. Con esta reforma se dará solución a casos de
divorcios, separaciones y también a parejas de hecho cuando estas
conviven con una mascota y quieren seguir compartiendo su vida con ella,
pues, en caso desacuerdo, el juez tendrá que decidir —teniendo en
cuenta el bienestar del animal— proteger a la mascota del
sufrimiento que se produce cuando se le aleja de su hogar y de su vida
compartida hasta ese momento.

Tanto a nivel global como en nuestro propio
país se ha producido una reacción social muy importante en pro de los
derechos de los animales. La ciudadanía en este caso, como en otros, va
por delante del Legislativo y, por ello, nos lleva a que hoy planteemos
esta modificación. Tenemos la obligación de legislar para colocarnos en
primera línea con muchos países de la Unión Europea y para cumplir con el
artículo 13 del Tratado de Lisboa de 2007. Además de todo ello, tenemos
que destacar que es muy importante reconocer en esta Cámara territorial
el trabajo realizado en distintas comunidades autónomas en cuanto a
reconocer este nuevo estatuto jurídico de los animales, como es el caso
de Cataluña y últimamente el caso del Estatuto de Canarias. Además de
ello, existe también normativa en nuestros ayuntamientos, donde quienes
pertenecemos al mundo municipal sabemos que una de nuestras grandes
preocupaciones es poder dar respuesta a las situaciones de maltrato y a
las situaciones en las que los animales son dejados en las
carreteras.

Por último, la jurisprudencia, ante la
necesidad normativa que hoy vamos a intentar solucionar un poco, ha
puesto de manifiesto en muchas ocasiones, cada vez más, que es necesario
que los animales sean determinados como seres vivos con sensibilidad, e
interpelan incluso en algunas sentencias al Legislativo para que lo
resolvamos. Hay argumentos científicos también sobre esta cuestión. Para
la ciencia no hay ninguna duda de que los animales son seres vivos
sintientes, son seres vivos con sensibilidad y, por lo tanto, es lo que
hoy aquí reconocemos sin ningún tipo de discusión. Está demostrado y
estudiado que las mascotas y los animales de compañía generan muchas
ventajas en el desarrollo de los niños, también en relación con la
discapacidad y con las personas que requieren una atención especial y
también de soledad, como pueden ser nuestros mayores.

¿Qué ha hecho el Gobierno de España? El
Gobierno de España ha hecho la primera Dirección General de Derechos de
los Animales; ya está en marcha el anteproyecto de ley integral de los
derechos de los animales y de protección de los animales, y, junto a todo
esto, tenemos que decir que esta proposición de ley que hoy planteamos
pone de manifiesto, señoras y señores senadores, que es absolutamente
necesario que el acuerdo que comenzó en un primer momento hoy haya
mejorado.

Me alegro de que contemos con la abstención del
Partido Popular, pero también les quiero decir, señores del Partido
Popular, que se lean la RAE, que dice claramente que seres sintientes es
lo mismo que seres vivos con sensibilidad.

Termino con Troilo, el perro de nuestro querido
Antonio Gala. Él escribía a Troilo cuando murió y le decía
—permítame, señor presidente, y con esto termino—: «¿Qué es
lo que has hecho, Troilo? Quiero dormir para soñar contigo, para jugar
contigo y regañarte, para no comprobar que te he perdido. Con la garganta
apretada, he mandado hoy retirar tus breves propiedades: tu toalla, tu
manta, tu cepillo, tu peine y tus correas. Las he mandado retirar, pero
no muy lejos. No te preocupes, Troilo, si nada dura, ni el amor, tampoco
la muerte durará. En donde sea, estaremos todos juntos de nuevo, riendo y
bromeando; si no, no habría derecho».

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Ruego llamen a votación. (Pausa).

El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas, por
favor.

Señorías, votamos, a continuación, el proyecto
de ley que aparece en pantalla, y lo hacemos primero votando las
enmiendas; en este caso, la enmienda número 63 de sus señorías Jacobo
González-Robatto, José Manuel Marín Gascón y Yolanda Melero Palomares,
del Grupo Parlamentario Mixto. (El señor Castellana Gamisans pide la
palabra).

Senador Castellana Gamisans, tiene la
palabra.

El señor CASTELLANA GAMISANS: Gracias,
presidente.

Fruto del esfuerzo negociador y de transacción
ingente que ha habido en esta ley, el Grupo de Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu retira las siguientes enmiendas: la 7,
la 15, la 16, la 21 y la 23. Repito otra vez para su comprobación:
retiramos las enmiendas 7, 15, 16, 21 y 23.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Castellana.

Procedemos, a continuación, como decía, a la
votación de la enmienda número 63 de los senadores que he referido
antes.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 99; en
contra, 140; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, votamos la enmienda número 27
de su señoría Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario
Nacionalista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 13; en
contra,130; abstenciones, 111.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, la enmienda número 28
del mismo senador. Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 125; en
contra, 121; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos, a continuación, la enmienda número 29
del mismo senador.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 21; en
contra, 118; abstenciones, 115.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo senador votamos, a continuación, la
enmienda número 31.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 21; en
contra, 216; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo senador votamos la enmienda
número 32.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 128; en
contra, 99; abstenciones, 27.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos del mismo senador la enmienda
número 33.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 253; votos emitidos, 253; a favor, 141; en
contra, 2; abstenciones, 110.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos, a continuación, del mismo senador la
enmienda número 34.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 253; votos emitidos, 253; a favor, 21; en
contra, 214; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, de sus señorías
Fernando Clavijo Batlle y Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, del Grupo
Parlamentario Nacionalista en el Senado, la enmienda número 36.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 253; votos emitidos, 253; a favor, 6; en
contra, 132; abstenciones, 115.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los mismos senadores votamos, a
continuación, la enmienda número 37.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 7; en
contra, 132; abstenciones, 115.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De su señoría Fabián Chinea Correa, del Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal, votamos, a continuación, la enmienda
número 40.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 4; en
contra, 138; abstenciones, 112.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo senador votamos la enmienda
número 41.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 5; en
contra, 139; abstenciones, 110.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De su señoría Gómez Perpinyà, del Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal, votamos a continuación la enmienda
número 67.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 9; en
contra, 134; abstenciones, 111.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo senador votamos, a continuación, la
enmienda número 68.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 6; en
contra, 118; abstenciones, 130.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo senador votamos, a continuación, la
enmienda número 69.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 7; en
contra, 219; abstenciones, 28.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo senador votamos la enmienda
número 70.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 19; en
contra, 116; abstenciones, 119.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo senador votamos la enmienda
número 71.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 253; votos emitidos, 253; a favor, 10; en
contra, 130; abstenciones, 113.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo senador votamos la enmienda
número 72.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 253; votos emitidos, 253; a favor, 6; en
contra, 225; abstenciones, 22.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo senador votamos la enmienda
número 73.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 253; votos emitidos, 253; a favor, 6; en
contra, 129; abstenciones, 118.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De su señoría Vicenç Vidal Matas, del Grupo
Parlamentario Izquierda Confederal, votamos a continuación la enmienda
número 38.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 25; en
contra, 216; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, votamos a continuación la enmienda
número 10.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 23; en
contra, 120; abstenciones, 111.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo parlamentario votamos a
continuación la enmienda número 19.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 253; votos emitidos, 253; a favor, 25; en
contra, 120; abstenciones, 108.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo, y, por último, votamos la
enmienda número 26.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 23; en
contra, 217; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado
votamos a continuación la enmienda número 42.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 97; en
contra, 140; abstenciones,17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo parlamentario votamos la
enmienda número 43.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 100; en
contra, 144; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo parlamentario votamos a
continuación la enmienda número 44.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 112; en
contra, 135; abstenciones,7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo votamos a continuación la
enmienda número 45.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 110; en
contra, 136; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo votamos la enmienda
número 46.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 107; en
contra, 141; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo votamos la enmienda
número 47.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 110; en
contra, 138; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo votamos la enmienda
número 48.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 99; en
contra, 120; abstenciones, 35.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo parlamentario votamos la
enmienda número 49.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 97; en
contra, 147; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo parlamentario votamos la
enmienda número 50.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 104; en
contra, 121; abstenciones, 29.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo parlamentario votamos la
enmienda número 51.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 97; en
contra, 128; abstenciones, 29.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo votamos la enmienda
número 52.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 253; votos emitidos, 253; a favor, 99; en
contra, 143; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo parlamentario votamos las
enmiendas 53 y 54.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 103; en
contra, 122; abstenciones, 29.

El señor PRESIDENTE:






Quedan rechazadas.

Del mismo grupo parlamentario votamos las
enmiendas 55 a 58.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 99; en
contra, 120; abstenciones, 35.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo parlamentario votamos a
continuación la enmienda número 59.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 217; en
contra, 6; abstenciones, 31.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Del mismo grupo parlamentario votamos a
continuación la enmienda número 60.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 104; en
contra, 133; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo parlamentario votamos la
enmienda número 61.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 100; en
contra, 136; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo parlamentario votamos, por
último, la enmienda número 62.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 253; votos emitidos, 253; a favor,95; en
contra, 127; abstenciones, 31.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Socialista votamos a
continuación la enmienda número 76.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 137; en
contra, 112; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Del mismo grupo parlamentario votamos a
continuación la enmienda número 77.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 149; en
contra, 2; abstenciones, 103.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Del mismo grupo parlamentario votamos a
continuación la enmienda número 81.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 151;
abstenciones,103.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Señorías, votamos a continuación las propuestas
de modificación, las transaccionales. En primer lugar, la propuesta de
modificación sobre la base de las enmiendas 4,2,6 y 11, presentada por
diferentes grupos parlamentarios, con número de registro de
entrada 120702.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 253; votos emitidos, 252; a favor, 151; en
contra, 4; abstenciones, 97.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación sobre la
base de la enmienda 22, presentada por diferentes grupos parlamentarios,
con número de registro 120703.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 150; en
contra, 7; abstenciones, 97.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos a continuación la propuesta de
modificación sobre la base de la enmienda 17, presentada por diferentes
grupos parlamentarios, con número de registro 120704.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 253; votos emitidos, 253; a favor, 150; en
contra, 1; abstenciones, 102.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación sobre la
base de la enmienda 20, presentada por diferentes grupos parlamentarios,
con número de registro de entrada 120705.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 150; en
contra, 4; abstenciones, 100.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación sobre la
base de la enmienda 18, presentada por diferentes grupos, con número de
registro de entrada 120706.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 253; votos emitidos, 253; a favor, 140; en
contra, 5; abstenciones, 108.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación sobre la
base de la enmienda número 8, presentada por diferentes grupos
parlamentarios, con número de registro de entrada 120707.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 153; en
contra, 3; abstenciones, 98.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación sobre la
base de las enmiendas 9 y 13, presentadas por diferentes grupos
parlamentarios, con número de registro de entrada 120708.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 253; votos emitidos, 253; a favor, 150; en
contra, 4; abstenciones, 99.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación sobre la
base de las enmiendas 12, 14, 65 y 66, de diferentes grupos
parlamentarios, con número de registro 120709.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 150; en
contra, 2; abstenciones, 102.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación sobre la
base de la enmienda 25, presentada por diferentes grupos parlamentarios,
con número de registro de entrada 120710.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 140; en
contra, 2; abstenciones, 112.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación sobre la
base de la enmienda 78, presentada por diferentes grupos, con número de
registro de entrada 120711.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 142;
abstenciones, 112.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Y votamos, por último, la propuesta de
modificación sobre la base de la enmienda 80, presentada por diferentes
grupos parlamentarios, con número de registro 120712.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 141; en
contra, 1; abstenciones, 112.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Señorías, votamos a continuación en un solo
acto aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en Comisión y no
comprendidas en la votación anterior.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 152; en
contra, 2; abstenciones, 100.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
(Aplausos).

Señorías, votamos el resto del proyecto de
ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 252; votos emitidos, 251; a favor, 153; en
contra, 2; abstenciones, 96.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
(Aplausos).

Señorías, tal y como dispone el artículo 90 de
la Constitución se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado
al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas
en forma previa a la sanción del texto definitivo por su Majestad el Rey.
(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar las
enmiendas. Votamos, en primer lugar, la enmienda número 1, de los
senadores José Luis Muñoz Lagares, María Ponce Gallardo y Miguel Sánchez
López, del Grupo Parlamentario Democrático.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 253; a favor, 10; en
contra, 226; abstenciones, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los mismos senadores, votamos la enmienda
número 2.

Señorías, comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 8; en
contra, 227; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado,
votamos, a continuación, la enmienda número 5.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 253; votos emitidos, 253; a favor, 39; en
contra, 211; abstenciones, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, votamos, a continuación, la enmienda
número 3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 19; en
contra, 226; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo parlamentario, votamos la
enmienda número 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 19; en
contra, 224; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
votamos, a continuación, la enmienda número 8.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 100; en
contra, 136; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo parlamentario, votamos, a
continuación, la enmienda número 10.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 99; en
contra, 135; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo, votamos la enmienda
número 11.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 100; en
contra, 149; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo parlamentario, votamos, a
continuación, las enmiendas números 12 y 17.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 98; en
contra, 147; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del mismo grupo, votamos la enmienda
número 14.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 99; en
contra, 150; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Y del mismo grupo, votamos las enmiendas
números 15 y 16.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 99; en
contra, 150; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Señorías, votamos, a continuación, las
propuestas de modificación o enmiendas transaccionales.

En primer lugar, votamos la propuesta de
modificación sobre la base de la enmienda 9, presentada por diferentes
grupos, con número de registro de entrada 120715.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 253; votos emitidos, 253; a favor, 230;
abstenciones, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Votamos la propuesta de modificación sobre la
base de la enmienda 13, presentada por diferentes grupos, con número de
registro de entrada 120716.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 231;
abstenciones, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Señorías, votamos, a continuación, en un solo
acto, aquellas partes de la proposición de ley enmendadas en comisión y
no comprendidas en la votación anterior.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 253; votos emitidos, 253; a favor, 247; en
contra, 2; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Y, por último, votamos, en un solo acto, el
resto de la proposición de ley.

Señorías, comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 153; en
contra, 3; abstenciones, 98.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
(Aplausos).

Señorías, tal y como dispone el artículo 90 de
la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el
Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las
mismas de forma previa a la sanción del texto definitivo por su majestad
el rey.

El señor presidente lee el punto 7.1.3.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto
del orden del día. (Rumores).

Para la presentación del dictamen, tiene la
palabra la presidenta de la Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación, su señoría la senadora Macías Mateos. (La señora
vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia).

La señora MACÍAS MATEOS: Presidente, miembros
de la Mesa, senadoras, senadores, se somete en este acto a la
consideración del Pleno del Senado… (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señorías, por favor, guarden silencio.

La señora MACÍAS MATEOS: Se somete en este acto
a la consideración del Pleno del Senado el Proyecto de ley por el que se
modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria.

El Gobierno de España trasladó un proyecto de
ley a las Cortes Generales con el que, fundamentalmente, se viene a
completar el mandato de la Directiva 2019/633 del Parlamento y del
Consejo, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones
entre empresas de la cadena de suministro agrícola y alimentario. Algunos
aspectos ya se introdujeron en nuestro ordenamiento con la Ley 8/2020. Se
introducen modificaciones en el ámbito de aplicación de la ley, se
contempla la incorporación de un nuevo repertorio de prácticas que se
reputan abusivas, además de la lucha contra la pérdida de valor en la
cadena y una nueva regulación de ciertas actividades promocionales.
Incorporamos también avances capitales en la limitación de los elementos
que introducen graves distorsiones y de envergadura en el sistema
agroalimentario. Entre ellas, se incorpora, como bien saben, el catálogo
de las llamadas prácticas negras y grises que, en todo caso, han de
considerarse abusivas, salvo que exista pacto entre las partes sin
ambigüedad. En la regulación de los contratos también se clarifican
extremos para garantizar transparencia en la cadena y, además, la
obligación de la contratación escrita, así como se agravan en el régimen
sancionador los incumplimientos en cuanto a la falta de consignación del
precio de compra. Se traslada también competencia a la Dirección de la
Agencia de Información y Control Alimentarios.

En la disposición adicional quinta, se recoge
una especificidad de esta ley, que es la prevalencia de la normativa del
paquete lácteo, que está en el ordenamiento jurídico español, sobre todo
para proteger al sector, y prevalecerá el marco singular de esas leyes
del paquete lácteo sobre lo que se establezca en la normativa general.
También, en la disposición final primera se modifica el Estatuto de la
Agencia Española de Seguridad Alimentaria.

Hay que señalar que esta ley, que se tramita
por el procedimiento ordinario, tuvo entrada y se publicó en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales el día 18 de noviembre. Se extendió el
plazo de presentación de enmiendas hasta el día 5 de noviembre y se
presentaron un total de 210 enmiendas, que aparecen en el informe
remitido por la ponencia.

La ponencia se celebró el 11 de noviembre y se
acordó la incorporación de las siguientes enmiendas de grupos
parlamentarios: la número 31, de Izquierda Confederal; la número 40, del
Democrático; la número 67, del Mixto; las números 78, 81, 92, 93, 96, con
corrección técnica, 102, 104, 105, corrección técnica, y 110, con
corrección técnica, del Partido Popular; las números 126, con corrección
técnica,154, 169, con corrección técnica, y 175, con corrección técnica,
de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; las números 189 a 206, 208
y 209, del Grupo Socialista. Además, se incorporaron dos enmiendas
transaccionales, una sobre la base de la enmienda número 168, del Grupo
Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, y otra sobre la base de las
enmiendas números 19, de Izquierda Confederal, 56, del Grupo
Nacionalista, y 207, del Grupo Socialista, con corrección técnica.

También, se acordó llevar a cabo una serie de
correcciones de carácter técnico y gramatical a lo largo de todo el texto
y fue retirada una relación de enmiendas que figura en el informe de la
ponencia.

La Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación se reunió el 12 de noviembre para ratificar la ponencia y
emitir el dictamen sobre la ley. La ponencia se ratificó con la siguiente
composición: por el Grupo Socialista, doña María Teresa Macías Mateos,
doña Josefa Inmaculada González Bayo y don Amaro Huelva Betanzos; por el
Grupo Popular en el Senado, don Francisco Javier Márquez Sánchez y don
Jorge Domingo Martínez Antolín; por el Grupo Esquerra Republicana-Euskal
Herria Bildu, don Josep Rufà Gràcia; por el Grupo Vasco don Juan Carlos
Medina Martínez: por el Grupo Izquierda Confederal, don Carles Mulet
García; por el Grupo Nacionalista, doña Maria Teresa Rivero Segalàs; por
el Grupo Democrático, don José Miguel Fernández Viadero; y por el Grupo
Mixto, don José Manuel Marín Gascón.

La comisión acordó aprobar el dictamen con el
informe de la ponencia.

Para el debate en el Pleno han presentado votos
particulares los Grupos Parlamentarios Izquierda Confederal, Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, Mixto, Grupos Vasco, Popular,
Democrático y Socialista en la relación de enmiendas que figuran en el
boletín oficial, para conocimiento de todos.

Cabe mencionar el trabajo realizado por el
señor letrado de la comisión, señor Navarro Mejías, y los servicios de la
Cámara para facilitar y apoyar la tramitación de la ley en los tiempos
acordados. Las tareas llevadas a cabo por la Comisión de Agricultura,
Pesca y Alimentación sobre esta segunda lectura del Proyecto de ley se
han realizado, asimismo, cumpliendo los preceptos del Reglamento de esta
Cámara con amplia participación e intenso trabajo, también, por parte de
los grupos parlamentarios.

Hasta aquí la tramitación realizada.

Muchas gracias, señora presidenta.
(Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Para el debate de totalidad, ¿hay algún grupo
que quiera tomar la palabra en favor? (Denegaciones).

¿En contra? (Denegaciones).

Pasamos, entonces, al debate de las enmiendas
al articulado.

Para la defensa de las enmiendas de los señores
González-Robatto Perote y Marín Gascón y de la señora Merelo Palomares,
enmiendas números 68 y 69, tiene la palabra el senador
González-Robatto.

El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Muchas
gracias, presidenta.

Señorías, como saben, a este Proyecto de ley
hemos presentado tres enmiendas de adición: la número 67, que fue
aprobada en la ponencia y se incorporó al informe, y las enmiendas
números 68 y 69 las proponíamos como enmiendas de adición a las
disposiciones adicionales tercera y cuarta por indicación del letrado,
que quedarían como disposiciones finales. Paso a justificarlas.

La número 68 se justifica en que la redacción
originaria de la disposición adicional primera no protege al agricultor
como tercer proveedor que vende su producción a la cooperativa, ya que en
este caso sí se le aplicaría la ley por no ser socio de la cooperativa a
la que está vendiendo su producción. Además, el productor de aceite vende
aceituna a la cooperativa o almazara, pero no quiere cobrar a los 30 días
por lo entregado, sino por el producto transformado en aceite. Y la
enmienda número 69 se justifica, en coherencia con los fines que recoge
la Directiva 2019/633, en que se traspone. Deberían incorporarse medidas
explícitas en favor del empleo y estas deben contenerse en la ley
correspondiente, esto es, en la Ley del empleo. No debe olvidarse que el
origen principal de las rentas en el medio rural de España sigue estando
en la actividad agrícola y ganadera. La medida cumple la finalidad de
fijar población en el medio rural. Igualmente, contribuye a la necesaria
protección de los agricultores y ganaderos en la preservación del trabajo
agrario y a la promoción de los objetivos del pleno empleo y el trabajo
decente en el mundo rural, olvidado desde hace demasiado tiempo por la
legislación laboral.

De otra parte, con independencia de la
normativa comunitaria objeto de trasposición, es importante acudir, desde
la perspectiva de la realidad española, a las recomendaciones de la Guía
OCDE-FAO para las cadenas de suministro responsable en el sector agrícola
de 2017, ya que dichas recomendaciones pueden ser de gran utilidad con
vistas a una futura reforma del marco legislativo en la materia.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, para
defender las enmiendas números 32 a 36, 38, 39, 41 a 43, tiene la palabra
el senador Muñoz Lagares.

El señor MUÑOZ LAGARES: Gracias,
presidenta.

Hemos presentado un total de doce enmiendas, de
las cuales dos se han visto incorporadas, directa o indirectamente, en
esta ponencia. Me hubiera gustado que el Grupo Socialista hubiera sido
más receptivo en muchas de las enmiendas presentadas, que creemos que
mejoran sustancialmente el texto.

Vamos a hacer referencia a algunas de ellas. En
concreto, con la enmienda número 33, de supresión del apartado 2,
queremos proteger a los elementos más vulnerables de la cadena, que son
los extremos, los productores y los consumidores. Una distribución más
equitativa de los riesgos y carga de los operadores de la cadena
alimentaria, en ningún caso, debería usarse para que estos repercutan en
los consumidores, siendo estos últimos los más desprotegidos de esta
cadena alimentaria.

Con la enmienda número 34 pretendemos añadir un
nuevo apartado 3. Queremos que el Ministerio Agricultura, Pesca y
Alimentación pueda desarrollar reglamentariamente, previo informe
favorable de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
criterios homogéneos para el cálculo de los costes efectivos de
producción, con indicación detallada de los factores que deben ser
tenidos en cuenta y qué criterios de imputación de los costes deben ir
referidos en el contrato alimentario del que se trate.

En cuanto a nuestra enmienda número 35,
entendemos que no debemos exigirle al operador que compra el producto que
verifique que el coste efectivo de la producción es el indicado. El coste
de producción lo conoce mejor que nadie, en exclusividad el productor, y
el adquiriente no tiene la forma de conocer si existe algún error o algún
tipo de falsedad en esa información. Por ello, debemos excluirlo de esa
responsabilidad.

En nuestra enmienda número 36 planteamos
suprimir una frase final del apartado 18, además esta frase no venía
recogida inicialmente en el anteproyecto de ley. Esta frase en concreto
hace referencia a que, en el caso de que los hechos o actividades
constitutivas de infracción fueran desconocidos por parte de los
actuantes, dicho plazo se computará desde que estos se manifiesten. Tal y
como está redactado, podría dar lugar a una persecución de las
infracciones de la Ley de la cadena alimentaria que tengan lugar 20, 30
o 50 años después de la infracción en sí, generando una gran inseguridad
jurídica; de ahí nuestra enmienda.

Nuestra enmienda número 38 modifica el
apartado 20 del artículo único. Con la presente enmienda queremos
plagiar, al fin y al cabo, lo que hace la Comisión Nacional de Mercados y
la Competencia, que publicita sus actuaciones sancionadoras e inspectoras
para la defensa de la libre competencia y para la protección de los
mercados y de los consumidores. Con el ánimo de reforzar la seguridad
jurídica de las partes, queremos una publicidad periódica de las normas y
sanciones que tengan lugar. Se debe indicar que los acuerdos y los actos
administrativos publicados no son definitivos y tiene por objeto la
vigilancia del mercado y la investigación de los hechos, sin que se
presuponga una condena o sanción para la parte interesada.

En cuanto a nuestra enmienda número 41,
consideramos que es una de las más importante. Es de adición de un nuevo
artículo que hace referencia a los índices de precios y costes de la
producción. La elaboración de estos índices de precios y costes de la
producción por parte del Observatorio para la cadena alimentaria debe
hacerse siguiendo criterios transparentes y objetivos, y en colaboración
—esto es muy importante— con las organizaciones
interprofesionales del sector. Además, deberá reflejarse la realidad del
sector agroalimentario español y las características de los distintos
tipos de producción, ya sea un olivar tradicional, intensivo o
superintensivo, especialmente en relación con los productos de cada una
de las denominaciones de origen protegidas.

Con la referencia a estas enmiendas, por no
enumerarlas todas, doy por concluida su defensa.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

En nombre del Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal, tiene la palabra el señor Mulet para defender las enmiendas 9
a 18, 20 a 30 y la enmienda número 70.

El señor MULET GARCÍA: Gracias.

En primer lugar, quiero saludar a Rafael
Juárez, director de la oficina de Unión de Uniones, y a Juan Manuel de
las Heras, coordinador general de Unión de Uniones.

Nuestras enmiendas son bien entendibles, por
ejemplo, respecto a ser un poquito flexibles con el tiempo transitorio
para que las cooperativas u otras entidades asociativas tengan un plazo
de adaptación, cooperativas que, hasta la entrada en vigor de esta ley,
estaban fuera de su ámbito de aplicación al no tener consideración de
relaciones comerciales. Por ello, se hace necesario un periodo de tiempo
para que las miles de cooperativas que tenemos en el Estado español,
entidades asociativas, sean conocedoras de sus nuevas obligaciones
legales y dispongan de un tiempo necesario para que sus órganos de
gobierno, consejos rectores o asambleas generales, según sean sus casos,
puedan adoptar los acuerdos correspondientes y, en su caso, proceder a la
modificación de sus estatutos sociales. Por eso, en nuestra enmienda 70
pedimos, por ejemplo, tiempo para esta casuística.

Nuestras enmiendas las hemos presentado porque
vemos que las directivas europeas no se trasponen correctamente, con lo
que ello puede comportar. Obviamente, no son enmiendas únicamente de
Compromís, son enmiendas de Unión de Uniones, de la Unió de Llauradors o
de las cooperativas agroalimentarias. Por ello, compartimos lo que ha
dicho Unión de Uniones estos días, que esta ley es una oportunidad
perdida para los agricultores y agricultoras y los ganaderos y
ganaderas.

Esta ley de la cadena alimentaria no prohíbe la
venta a pérdidas como garantía de efectividad para limitar los abusos y
competencias desleales, que es lo que pedíamos en nuestras enmiendas
—todavía pueden apoyarlas, aunque ya sabemos el sentido del voto de
la mayoría—; no limita el poder de negociación que tienen
determinados eslabones de la cadena alimentaria, que es lo que pedimos
también en nuestras enmiendas. Ya saben cuál continúa siendo siempre el
último eslabón, el más desprotegido, el de siempre, los agricultores y
agricultoras, ganaderos y ganaderas, a los cuales esta ley les sirve bien
poco.

Esta ley, por desgracia, no contrarresta los
desequilibrios que hay en la cadena de valor, que es lo que pedíamos con
nuestras enmiendas. Esta ley no persigue los abusos y las prácticas
desleales que sufren los y las productoras, que es lo que pedimos en
nuestras enmiendas. Esta ley no sirve para definir la venta a pérdidas,
prohibirla, considerarla infracción grave y disponer de mecanismos que
permitan de manera simple identificar cuándo se produce y, en
consecuencia, sancionarla, como pedimos también en nuestras enmiendas.
Entendemos que no es una buena ley.

¿Que es un pequeño avance? Obviamente, todo es
un pequeño avance, pero insignificante. Un pequeño avance muchas veces
puede convertirse, como en este caso, en una oportunidad perdida. La
definición de la venta a pérdidas debería incluir el precio de compra del
producto y los costes fijos y variables de la comercialización. Sin
embargo, el texto que votamos hoy, si no se incorporan nuestras
enmiendas, entendemos que no se ajusta en absoluto a estos parámetros. Lo
hemos intentado con nuestras enmiendas, pero entendemos que no va a ser
posible. Si no hay elementos para que se cumpla, lo que se va a aprobar
de venta a pérdidas es otro brindis al sol, como la referenciación de
precios a coste de producción que se aprobó en marzo del año pasado y que
no sirvió absolutamente de nada.

La fijación de la cuota de posición de dominio
para perseguir los abusos mediante la Ley de defensa de la competencia
tendría que contemplar la posición de fuerza económica de las empresas
cuando disponen de una cuota del 8 %, que es lo que pedimos también en
nuestras enmiendas. Se debería haber regulado el poder de mercado a lo
largo de la cadena comercial agroalimentaria, que es también lo que
pedimos en otra enmiendas. Este poder de mercado está compuesto por el
poder de la capacidad de compra y, sobre todo, por el poder de
negociación. Con esta regulación se evitarían las situaciones en las que
unos agentes son capaces de imponer sus condiciones al eslabón más débil
de la cadena, que habitualmente suele ser el sector productor. No se han
atendido tampoco nuestras enmiendas a este respecto.

La modificación de la ley no contempla tampoco
la publicidad de las sanciones, que es lo que pedimos en otras enmiendas.
En este sentido, el hecho de no respetar la ley por parte de los agentes
que lo componen, principalmente el comercio y la distribución, comportará
únicamente unos efectos administrativos, una simple sanción, pero no
efectos civiles, de forma que el contrato celebrado será válido a todos
sus efectos, sin que pueda atacar su efectividad ni la exigibilidad de su
cumplimiento. Por eso, también pedimos en nuestras enmiendas, por un
lado, después de las gestiones realizadas por la Agencia de Información y
Control Alimentario, AICA, la publicación íntegra de todas las
resoluciones que finalizan con sanción como medida desincentivadora para
el infractor o infractora y, por otro lado, la instalación de una ley del
sistema de reclamación de daños y perjuicios derivados del incumplimiento
decretado en resolución administrativa o judicial firme. La falta de una
regulación específica sobre daños comporta que el perjudicado o
perjudicada tengan que iniciar un procedimiento más complejo y costoso,
como el que ofrece la Ley de competencia desleal, lo que, sin duda,
desincentiva el ejercicio del derecho por parte de la persona
perjudicada.

Resumiendo, esta ley no soluciona los grandes
retos, como son la reventa a pérdida, la fijación de una cuota para la
posición de dominio de la cadena alimentaria, la no resolución del ámbito
de aplicación de la OCM en contratos y de la directiva en varios
aspectos, cosa que llevará a que las organizaciones agrarias denuncien
ante la Comisión Europea al no ajustarse a derecho europeo, como vienen
anunciando desde el inicio de la tramitación de esta ley. La Comisión
Europea puede abrir expediente sancionador y lo tendrá que arreglar el
Gobierno, dado que ni el mínimo cumple la Directiva de prácticas
desleales de la cadena, que es una directiva de mínimos homogéneos en la
Unión Europea. De los temas que harían dar un paso adelante en la
persecución de los abusos de la cadena alimentaria, como reventa a
pérdidas o posición de dominio, no quieren saber nada, y lo han
demostrado durante la tramitación de esta ley.

Quiero agradecer el ingente trabajo del
letrado, el señor Navarro, en esta comisión, que ha hecho un excelente
trabajo no únicamente ordenando nuestros centenares de enmiendas, sino
también el texto que ha venido del Congreso, lleno de errores de todo
tipo.

Agradezco también el esfuerzo del resto de los
grupos al intentar aprobar muchas enmiendas. Sabemos que algunas de las
nuestras se aprobaron en ponencia, otras espero que se aprueben durante
el debate de hoy, pero nos parece insuficiente. Sabemos que es más
complicado para el partido que está dando apoyo al Gobierno, porque
siempre están condicionados por el Ejecutivo, y eso, muchas veces, les
impide ir más allá de lo que seguramente compartirían con nosotros en
cuanto a lo que hace falta para mejorar esta ley.

Cuando una ley que viene del Congreso y la
enmendamos todos los grupos —porque la hemos enmendado todos—
con más de doscientas enmiendas, es que muy bien muy bien no está y es
susceptible de mejorarse mucho. Una ley de la cadena alimentaria que no
contenta al sector agropecuario entendemos nosotros que no es una buena
ley. Hemos intentado mejorarla modestamente con nuestras aportaciones, y
espero que un poquito lo hayamos conseguido entre todos y todas, pero nos
continúa pareciendo insuficiente.

No podemos votar a favor del texto, excepto que
ahora me den la sorpresa y que me aprueben la mayoría de las enmiendas,
aunque ya sé que no será así.

Agradezco a todos el trabajo que han hecho por
intentarlo y nosotros, si en esta ley no puede ser, continuaremos
trabajando para intentar tener una mejor ley de la cadena
alimentaria.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la
palabra el senador Medina Martínez para la defensa de las enmiendas 1
a 5.

El señor MEDINA MARTÍNEZ: Eskerrik asko,
presidente andrea.

Señorías, quiero aprovechar mi turno de defensa
de enmiendas para volver a ponerlas sobre la mesa. Aunque en ponencia no
se tuvieron en consideración, no quiero dejar pasar por alto la
oportunidad de volver a defenderlas. Son enmiendas muy importantes para
mi grupo, y algunas de ellas pretenden que se mantengan las competencias
que, en el caso de Euskadi, tiene el Gobierno vasco en esta materia. No
vamos a ceder en esto y vamos a mantenerlas vivas por criterio propio.
Por ejemplo, vamos a mantener viva la enmienda número 4, porque creemos
que garantizar que el precio del contrato alimentario cubra el coste
efectivo de producción es esencial y necesario.

La enmienda número 5 garantiza el cumplimiento
de la finalidad de la ley, además de facilitar la inspección y el control
por parte de las administraciones competentes, que no siempre son las
estatales. Leyendo el texto original parece que solo el Ministerio de
Agricultura es el que tiene esa competencia, y no siempre es así, porque
otros también la tenemos.

También hemos planteado en la enmienda número 1
que se tendría que modificar el artículo 14.1 para que se prohíba la
gestión de marcas que discrimine a la marca del fabricante en beneficio
de la marca del distribuidor, salvo que esté objetivamente justificada
por razón de suficiencia económica y el bienestar de los consumidores. De
esta forma no se limita en modo alguno la libre iniciativa de la
distribución organizada, incluyendo la gestión de marcas que persiga la
eficiencia económica y la mejora del bienestar de los consumidores.

Mantenemos viva la enmienda número 2, ya que el
Estado pretende reservarse la competencia ejecutiva para ejercer la
potestad sancionadora, incluso en el supuesto de que las partes
contratantes tengan sus sedes sociales en la misma comunidad autónoma. Es
algo que no entendemos, y siguen obcecados en ello apelando a que dicho
contrato puede afectar a un ámbito superior al de una comunidad autónoma
en razón de la trazabilidad previsible para la distribución posterior de
la mayor parte del alimento o producto alimenticio objeto del contrato,
tal y como dice la ley. En nuestra opinión, tal regulación expansiva de
las facultades ministeriales en función de un hipotético criterio de
acción resulta abusiva y vulneradora de unas ya mermadas competencias
autonómicas de ejecución.

La enmienda número 3, que también mantenemos,
expone que el punto de conexión para determinar el órgano competente que
ejerce la potestad sancionadora en el marco de la presente ley no puede
quedar al albur de un concepto jurídico indeterminado como la
trazabilidad previsible, que incide en este otro artículo también.
Creemos que se requiere la existencia de elementos objetivos que permitan
establecer el ámbito territorial de ejecución del contrato.

Estas son las enmiendas que vamos a mantener
vivas. El criterio de mi grupo va a ser el de mantener una actitud
totalmente proactiva. Las que mantenemos vivas —y las he
citado— las mantenemos por criterio, por ideología y porque inciden
en lo que, desde nuestro punto de vista, hay que defender.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Para defender las enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu, las
enmiendas 120, 123, 124, 127, 132, 133, 135 a 137, 140
a 143, 145, 148, 152, 153, 155, 165 a 167, 170, 172
a 174, 176, 177, 180, 182, 184, 186, 187 y 188, tiene la palabra el
senador Rufà Gràcia.

El señor RUFÀ GRÀCIA: Gracias, presidenta.

Me va a permitir, presidenta, que enseñe esta
foto (Muestra una foto) a todas las senadoras y senadores, en la que dice
que hoy hay una oferta de leche a 0,35 euros el brik. ¿Ustedes ven normal
que en un stand de un supermercado la leche de nuestros productores y
ganaderos esté a 0,35 euros? Para nosotros esta es la causa que inició
esta ley, y por eso nuestro Grupo, Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu, presenta 75 enmiendas. Tengo que agradecer también a Euskal Herria
Bildu el apoyo y el trabajo que ha realizado para hacer estas enmiendas
que hemos presentado.

En este Proyecto de Ley por el que se modifica
la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento
de la cadena alimentaria, el total de enmiendas presentadas ha sido
de 210, aunque algunas de ellas se retiraron previamente a la ponencia o
en ella. Realizar en una sola tarde una ponencia para esta ley, con la
magnitud e importancia de las diferentes enmiendas que se presentaron a
la redacción aprobada por el Congreso, ya denotaba una ley manca y con
falta de una mayoría clara. Por nuestra parte, junto a los compañeros de
Bildu, seguimos creyendo que tenemos hoy la posibilidad de mejorar el
redactado de esta ley, previo paso al Congreso y su publicación en el
BOE. Entendemos que los tempos son los que son, pero no han sido
proporcionados con los grupos de esta Cámara.

Señorías del PSOE, les ofrecemos de nuevo una
oportunidad para que hoy puedan mejorar el proyecto, a nuestro entender,
en varios aspectos y mejoras propuestas no solo por nuestro grupo, sino
por el trabajo de varias asociaciones y entidades que están afectadas por
la cadena alimentaria. Por nuestra parte, reitero, hemos mantenido varias
enmiendas cruciales y de suma importancia para nuestros ganaderos y
agricultores, ya produzcan naranjas o aceitunas, ya como críen ganado,
entre otros. Para nosotros es necesario introducir las siguientes
enmiendas para cambiar nuestro sentido de voto.

La enmienda 132, registro de contratos
alimentarios. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, junto a
las comunidades autónomas, tendría que disponer de un registro digital en
el que se inscriban los contratos alimentarios que suscriban los
productores primarios y las agrupaciones de estos y sus modificaciones.
Este registro, compartido, permitiría tener a las administraciones,
además de información de primera mano de los precios cerrados en cada
sector y en cada momento, un sistema que, además, aportaría información
absolutamente fiable a las administraciones públicas competentes
relacionadas con la cadena, así como analizar y estudiar su
funcionamiento.

La enmienda 135 pretende que el operador que
realice la venta final del producto al consumidor no pueda revender
alimentos o productos alimenticios que supongan destrucción de valor de
la cadena alimentaria. Se refuerza la prohibición de destrucción del
valor de las operaciones de la venta al consumidor final.

También mantenemos la enmienda 136. La Unión de
Uniones de Agricultores y Ganaderos, por ejemplo, consideraba que para
limitar los abusos y competencias desleales que sufren los agricultores y
los ganaderos en la cadena alimentaria es imprescindible que estén
limitadas las conductas, cada vez más reiteradas, de ventas a los
consumidores a precios extremadamente bajos. Es el ejemplo que les he
mostrado antes, a 0,35 euros un litro de leche, aprovechándose en este
segmento del comercio minorista los hipermercados, supermercados y sus
grupos empresariales, ya que allí se comercializa la mayoría de estos
productos, por lo que esto debe regularse.

En la competencia desleal no hemos avanzado
nada. Las modificaciones unilaterales y pagos comerciales no previstos,
definidos en el presente artículo, se fijan sin perjuicio de lo
establecido en la Ley 29/2009, por la que se modifica la Ley 3/1991,
de 10 de enero, de competencia desleal.

También tendemos la mano para que nos voten a
favor la enmienda 184, sobre los contratos preexistentes. Los contratos
alimentarios en vigor en el momento de publicación en el Boletín Oficial
del Estado de esta ley, incluidas sus prórrogas y novaciones, mantendrán
su validez, si bien tendrán que adaptarse en lo que no se ajusten a lo
dispuesto en ella en un plazo de un año a partir de la fecha de la
publicación en el Boletín Oficial del Estado. ¿Por qué? Porque creemos
que la redacción en este precepto en el proyecto de ley es claramente
contraria a lo establecido en el apartado 4 del artículo 1 de la
Directiva de la Unión Europea 2019/633.

En la enmienda 186, sobre la que hemos hablado
reiteradas veces con el Partido Socialista, relativa a organizaciones
interprofesionales agroalimentarias, incluimos un nuevo punto para
desarrollar métodos para controlar y racionalizar el uso de productos
veterinarios y fitosanitarios y otros factores de producción para
garantizar la calidad de los productos y la protección del medioambiente,
estableciendo métodos oportunos para controlar la presencia de organismos
modificados genéticamente.

En la enmienda 187 nuestra propuesta es para
establecer un mecanismo de mediación, asegurando de esta forma la equidad
de dichas relaciones contractuales. La figura del mediador debería recaer
en las administraciones territoriales competentes y reglamentariamente se
debería desarrollar por ellas, o sea, acercar los mediadores a las
diferentes zonas y territorios.

Según la enmienda 188, respecto al despliegue
de las políticas propias de las diferentes comunidades autónomas, la
presente ley debe configurarse como un marco normativo mínimo y de
carácter supletorio respecto a las disposiciones aprobadas por las
comunidades autónomas, permitiendo el despliegue de políticas propias en
materia de agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, comercio,
ferias, cooperativas y economía social, entre otras, a excepción, claro
está, de los preceptos de la ley orgánica o dictados al amparo de una
competencia exclusiva del Estado.

Su negativa a no incluir nuestra enmienda para
que, de una forma periódica, se proceda a la publicación y difusión de
los costes de producción de los alimentos esenciales, con especial
atención a los frescos y perecederos, ha condicionado de forma muy
directa nuestra posición. Esta enmienda pretendía mejorar la
transparencia de la cadena alimentaria y la aplicabilidad de la ley, y
cumplía con todos los preceptos que se han de preservar de las leyes y
reglamentos de competencia. Por poner un ejemplo, si, como se espera, la
primavera próxima hay una producción óptima de frutas de hueso en las
diferentes zonas productoras del Estado, y como ya ha pasado en ocasiones
anteriores los precios al productor con los que se materializará la
campaña no restituyen los costes de producción, ¿qué explicación va a dar
al sector el señor ministro? Por no hablar de los actuales precios que
perciben los productores de leche. ¿Cómo va a mejorar esta ley que se va
a aprobar el día a día de los ganaderos de leche y que se puedan ganar la
vida? ¿Cómo contribuye esta ley a una mirada positiva sobre el sector y
su futuro?

Por otra parte, negar el acceso directo al
registro de contratos agroalimentarios por parte de los organismos
oficiales de control de aquellas comunidades autónomas que estén
ejerciendo ya esta actividad en el ámbito de sus competencias, dibuja un
modelo de adaptaciones sobre la cadena alimentaria que no compartimos. En
su día, Cataluña consiguió ejercer las competencias de control de la
cadena alimentaria en su territorio tras obtener una sentencia favorable
del Tribunal Constitucional. Ahora las ejerce con plenitud y en
colaboración directa entre el CadCAT con AICA. ¿Tendremos que volver a
los tribunales para reclamar una competencia que esta ley podría haber
dejado completamente delimitada? ¿Este es su modelo? Si lo es, lo
consideramos obsoleto y retrógrado en su concepción y en su utilidad. Por
lo tanto, volvemos a pedir que se comparta la información, que apoyen
nuestras enmiendas para avanzar y evitar ir donde no tenemos que ir. La
política la debemos hacer aquí, como hemos hecho estos días, hablando,
dialogando y apoyándonos en lo que ha sido necesario entre unos y otros.
Es una ley que se puede mejorar, y por eso hemos mantenido todas las
enmiendas que ha dicho la presidenta, para que puedan ser apoyadas por
todos los senadores y senadoras.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas 72
a 77, 79, 80, 82 a 91, 94, 95, 97 a 99, 101, 103 106 a 109 y 111 a 113,
del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Márquez
Sánchez.

El señor MÁRQUEZ SÁNCHEZ: Buenas tardes.

En primer lugar, quiero agradecer el trabajo
que se ha realizado en comisión con respecto a todas las enmiendas, y
especialmente quisiera hacer una breve mención al letrado, señor Navarro,
por el trabajo que ha desempeñado.

Hay que señalar que estamos ante una ley que se
ha tirado prácticamente un año en el Congreso, que ha venido con
numerosos defectos y que hemos tenido aproximadamente 20 días para poder
trabajar. Por tanto, el trabajo ha sido importante, y por eso quisiera
agradecer el trabajo de todas las personas que han intervenido, los
senadores de todos los grupos, pero especialmente quisiera dar las
gracias al letrado y a todos los servicios técnicos.

Cuando se hace una ley, todo orden jurídico
tiene una función inexplicable si la desvinculamos de la sociedad a la
que pertenece y de todos y cada uno de los cambios que en ella se
producen y a la que tiene que quedar sometida. Digo esto porque, al
margen de que intentamos regular con mejor o peor fortuna una determinada
ley, lo cierto y verdad es que la inacción del Gobierno está haciendo
daño al sector, y eso hay que tenerlo en cuenta. Estamos ante una PAC que
tiene menos dinero que nunca, sencillamente porque España es un país
contribuyente neto debido a la salida del Reino Unido, del brexit.
Podemos hablar de cifras, pero España tiene que aportar más dinero que
nunca; por tanto, es la PAC con menos dinero en la historia.

Por otra parte, se han incrementado los costes
de energía en el sector un 270 %. También el coste de los fertilizantes
ha subido un 300 % como consecuencia de la subida del precio del gas.
Asimismo, los abonos han subido más del 250 %; los gasóleos han subido
un 73 %. Existe una propuesta de retirada de las bonificaciones del
gasóleo agrícola. La crisis de suministro y la del transporte también
están afectando a este sector.

Por otra parte, este sector se ha visto muy
castigado por las exportaciones de los terceros países, que tienen
menores costes y unos controles más laxos en los productos fitosanitarios
que utilizan a la hora de la producción que los que se exigen en España.
Por ejemplo, las naranjas de Sudáfrica, que están entrando por el puerto
de Róterdam, están perjudicando mucho a las naranjas de Valencia.

Lamento que el Gobierno, especialmente un
determinado ministro, esté demonizando al sector. Este fin de semana,
cuando estaba preparando esta intervención, me indignaba que el señor
Garzón saliera con una más arremetiendo contra los publicistas,
especialmente para impedir la publicidad de los zumos naturales. Es
curioso que no lo haga con los refrescos carbonatados de empresas
americanas. Esto ha levantado tanto al sector de los zumos como al de los
publicistas, y es normal. Una empresa americana tiene que estar
partiéndose de risa con un ministro que cada dos por tres está haciendo
declaraciones o tomando decisiones que después tienen que ser enmendadas
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, sencillamente
porque no se coordinan. De buena fe, tendríamos que haber firmado una
disposición final en la que se destituyera a este ministro y que las
competencias fueran al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
porque ahora es el zumo natural; antes fue NutriScore, donde se castigaba
al aceite y al jamón, especialmente a toda la dieta mediterránea;
anteriormente fue el turismo y la hostelería —también se está
regulando en este sector—, ya que se decía que no aportaba valor
añadido. Quizás esto hubiera sido lo más importante de esta ley, haber
hecho esa disposición final, porque este ministro, sinceramente, cada vez
que habla, sube el pan. Sobre todo, porque lo que no tiene sentido es que
aquí intentemos regular el sector privado cuando el ministerio intenta ir
por libre, afectando al movimiento de la cadena alimentaria.

Por tanto, el contexto que hay es que a todas
las personas del sector primario, es decir, agricultura, pesca, industria
alimentaria, ganaderos, etcétera, se les están subiendo los costes y los
tienen que repercutir, porque, si no, van a entrar en quiebra, y muchos
que no lo están haciendo pueden entrar. Ahora se dice que los alimentos
van a subir en Navidad un 30 % y que especialmente después de las
Navidades se prevé que repercuta en el precio. La de enero el año que
viene va a ser una auténtica cuesta, vamos, creo que no se va a poder
subir ni con un cohete. Al final, esa fiesta la va a pagar alguien, un
ciudadano, un consumidor, porque es un consumidor o un ciudadano al que
se le ha subido la luz, el gas, el gasoil, los refrescos, el impuesto de
sociedades, el de patrimonio, la matriculación, la prima de seguro, el
plástico de un solo uso, las donaciones, las transacciones financieras,
el IRPF, etcétera. Además, se les ha quitado las desgravaciones a las
pensiones y se han subido las cotizaciones al autónomo y a la empresas.
Hemos pasado de un estado de bienestar a un estado de supervivencia, que
es lo que tenemos ahora mismo.

En este contexto, en esta ley tenemos que ser
finos, porque podrá ser mejor o peor, podremos tener mejor voluntad
todos, pero lo cierto y verdad es que como no haya un giro en las
políticas de subida de costes y de impuestos a los ciudadanos, esta ley
puede ser una encerrona. Puede funcionar medianamente bien, pero si no se
cambia esa política, va a ser una encerrona. ¿Por qué? Porque puede haber
muchas empresas —enmienda al artículo 2 que hemos presentado—
que a lo mejor empiezan a operar en el extranjero porque les resulta
burocrática y económicamente más barato. Por tanto, es importante que
intentemos mejorar la ley. Tenemos la experiencia del decreto 5/2020 y de
la Ley 8/2020, que no han servido para garantizar que los sectores
primarios cobren el coste efectivo y tengan un beneficio lógico por su
trabajo; no han servido para nada. Corremos el riesgo de que, con esta
ley, vuelva a pasar lo mismo.

Nosotros hemos presentado más de 40 enmiendas,
de las cuales solo han aceptado unas diez. Queremos agradecer a todos los
grupos que hayan tenido la gentileza de aceptarlas, como nosotros también
hemos aceptado las de otros grupos. Creemos que es importante que se
cambie un criterio que ya se ha dicho antes, y es que el Gobierno no está
regulando la venta a pérdidas; lo quiere hacer de forma indirecta, pero
no lo está haciendo. Tampoco acepta que haya costes objetivos o que se
determinen los costes de producción ni nacionales ni autonómicos de una
forma más o menos objetiva. No lo está haciendo.

Lo importante de esta ley son las enmiendas que
se han presentado a los artículos 9 y 12 ter. El Grupo Popular plantea
que el sector primario tiene derecho a cobrar su coste y un beneficio, no
solamente el coste, del que siempre se está hablando. No puede ser que
haya productos como la leche, como ha dicho el señor Rufà
—solamente hay que irse a Galicia para ver los enfrentamientos que
está habiendo en el sector ganadero con los productos lácteos—,
sobre los que no se determine de una forma objetiva el coste efectivo de
producción —esa ha sido una de nuestras enmiendas— a través
de las aplicaciones que tienen las administraciones y que están
funcionando, como, por ejemplo, la aplicación Conta Láctea que está
utilizando la Xunta de Galicia para acreditar el coste efectivo de
producción con datos oficiales. No se quiere que sean de empresas que
puedan influir, porque, en un momento determinado, esas empresas pueden
tener una posición de dominio y, a lo mejor, pueden perjudicar a los
ganaderos.

Las enmiendas que hemos presentado al
artículo 9 y 12 ter tienen esa finalidad, es decir, que no pase lo que
está pasando en Galicia. De verdad, tenemos un lujo de ganaderos, un lujo
de sector primario y no nos lo podemos cargar. Por eso, hay que
determinar con criterio objetivo cómo se calcula el coste de producción.
Es una cuestión, a nuestro juicio, muy importante.

Lo que hemos obtenido es una directiva de
mínimos y, sin embargo, aquí se ha ampliado. Esto tiene sus ventajas y
sus inconvenientes. El inconveniente es que, a veces, como he dicho
anteriormente, sea más fácil operar en países extranjeros, lo que,
sinceramente, puede afectar al sector primario español, que sería el
primer perjudicado. Al artículo 2, apartado segundo, también hemos
formulado otra enmienda porque, más o menos, se resuelven las entregas a
cuenta de los cooperativistas, pero quedan sueltas las operaciones de
prestaciones de servicios, de intermediación o de comisión, donde se
entrega el bien sin que haya realmente una transmisión de venta, sino que
se hace para su transformación. Son situaciones que están reguladas por
el Código Civil, son situaciones que están reguladas por el Código de
Comercio, pero debieran estar cubiertas también en el artículo 2, párrafo
segundo.

Por otra parte, puede haber situaciones de
inseguridad jurídica en el artículo 5, apartado e). ¿Por qué? Porque
entendemos que existen ampliaciones no justificadas. En concreto, se hace
referencia al anexo 1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
y ahí existen una serie de productos. Se están incluyendo dentro de la
ley alimentaria las flores ornamentales que, que yo sepa, no nos las
comemos; sin embargo, no sé hasta qué punto el sector sabe que aquí se
está regulando eso. ¿Por qué? Porque está metido precisamente en el
anexo 1, concretamente en el capítulo VI. Entendemos que debiera quedar
excluido de esta ley y debiera regularse lo que corresponda en la
legislación que corresponda, pero no en la de alimentación.

Pero es que después se incluyen en esta ley dos
sectores que no están incluidos en el anexo 1: el sector del agua, que
corresponde a la industria minera, y el del chicle de mascar, que
pertenece a la industria química. Me voy a referir concretamente al
sector del agua, que son industrias que generalmente están en ámbitos
rurales, que es donde se produce la extracción del agua y donde no
solamente se les está subiendo los costes a través de esta ley, sino,
ojo, a través de otras legislaciones, de otras comisiones, como, por
ejemplo, la del plástico. En este sentido, puede que se ponga en grave
riesgo la supervivencia de determinadas industrias, que son especialmente
rurales y que dan trabajo en municipios, es decir, que no están
especialmente en la grandes ciudades. Por tanto, me gustaría, en la
medida de lo posible, que se aprobara esa enmienda.

En cuanto a las disputas judiciales, estamos de
acuerdo con lo que se ha dicho. En esta ley se está haciendo una prueba
diabólica, porque el que sabe lo que le ha costado las cosas es el que
vende, no el que compra; al que compra se le está poniendo una prueba
diabólica porque no puede saber exactamente qué coste puede tener lo que
se le ha vendido. Debe quedar claro que cada uno, tal y como viene en la
Ley de Enjuiciamiento Civil, tiene que acreditar lo que a su derecho
defiende. Lo que no se puede hacer es una prueba diabólica para intentar
demostrar lo que técnicamente no puede porque la información la tiene el
otro. Se tiene que aceptar toda clase de pago.

Hemos enmendado el artículo 12 porque
pretendemos dar cumplimiento al artículo 3 de la directiva, que
contribuye a clarificar el texto y eliminar las reiteraciones que podrían
existir con el 14 bis, artículo que también hemos enmendado.

Con la enmienda al artículo 12 ter abordamos el
problema de la venta con pérdidas, y lo hacemos desde una perspectiva
doble. Esta enmienda pretende modificar el artículo 12 ter, pero también
habría que modificar los artículos 14 y 63 de la Ley de comercio
minorista, salvo que no se quiera regular la venta a pérdidas, en cuyo
caso estaríamos hablando de otra cosa. Si quisiéramos regular la venta a
pérdidas tendríamos que modificar estas leyes.

Finalmente, hemos presentado otra enmienda
respecto a las relaciones comerciales entre los operadores de la cadena
alimentaria, especialmente de los productos pesqueros. Se establece que
se tiene que suscribir un contrato, pero difícilmente puedo suscribir un
contrato a priori para que me pesquen un besugo si no lo encuentran, no
lo pescan o ese día no sale absolutamente nadie a faenar. La dinámica de
las ventas de la pesca depende de lo que se pesque; depende de que se
salga; depende de lo que haya ocurrido. Después, está lo que va a la
lonja y ahí se producen las subastas. Pretender que en este sector se
sepa a priori lo que se va a pescar es un poco arriesgado o es desconocer
exactamente cómo funciona. Además, si se quieren determinar los costes
efectivos, ¿qué hacemos? ¿Se va a determinar la especie por zonas
geográficas? ¿Dónde está la lonja? ¿Qué condiciones meteorológicas
existen? ¿Ha habido marea o no? Al sector pesquero habría que darle otra
vuelta, y por eso hemos presentado enmiendas a tal efecto.

En definitiva, estamos ante una ley importante,
una ley que espera el sector primario, pero, ojo, en este mandato
llevamos ya tres leyes —esta es la tercera— y no se han
cumplido las expectativas. Es importante hacerla mejor, peor
—evidentemente, siempre mejor—, pero va a ser difícil que
salga bien si estamos ante una política del Gobierno que supone
incrementar los costes, subir impuestos y pretender que al final lo pague
todo el ciudadano, porque solamente lo va a pagar uno, o los productores
o el ciudadano, lo que parece injusto.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, para
defender la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo
modificado por la enmienda número 175, tiene la palabra la senadora
González Bayo.

La señora GONZÁLEZ BAYO: Gracias, señora
presidenta.

Señorías, han sido ellos, a los que tanto les
debemos, los agricultores y los ganaderos, las mujeres y los hombres que
viven en nuestro medio rural, esos que han sido siempre el eslabón más
débil de la cadena alimentaria. Para ellos, para cambiar su situación,
hemos traído hoy un proyecto de ley, porque son ellos los que han estado
padeciendo todos los problemas que tiene la cadena alimentaria. Un
proyecto que se ha construido sobre los cimientos de la Ley de cadena
alimentaria aprobada en 2013. Este proyecto que traemos hoy aquí se ha
construido de la mano de las organizaciones agrarias, de la mano de las
asociaciones de empresas agroalimentarias, como no puede ser de otra
manera, y del ministerio, que siempre ha estado en escucha activa,
disponible para escuchar y recoger las enmiendas de cada una de las
organizaciones agrarias, como también ha estado este grupo parlamentario
abierto a recoger las enmiendas de los distintos grupos parlamentarios.
Hemos estado conversando y creo que hoy tenemos aquí una magnífica ley.
(Aplausos).

En definitiva, señorías, esta ley es un paso
hacia delante. Os guste o no os guste, es así. Este Partido Socialista,
este grupo parlamentario, llevaba años defendiendo que había que cambiar
esta ley, y hoy damos ese paso adelante, y lo hacemos porque esta ley
viene a garantizar la rentabilidad y la competitividad de nuestros
productos agrarios, viene a dignificar la vida y el trabajo de los
agricultores y ganaderos que viven en nuestros pueblos y, por ende, viene
a crear riqueza y fijación de población en nuestros territorios. Estamos
garantizando el futuro del medio rural con esta ley. En nuestro país, el
sector agroalimentario aporta 2,3 millones de personas empleadas. Con sus
políticas, el Ministerio de Agricultura está incrementando esta cifra, y
un ejemplo de ello es esta ley. Esta ley viene a proteger al sector
agrario, a los ganaderos y a los agricultores, para garantizar la
rentabilidad de sus explotaciones.

Señorías, para que funcione esta ley y
desaparezcan las prácticas desleales se hace necesario que la Agencia de
Información y Control Alimentarios, la AICA, como la conocemos todos, se
consolide como una autoridad de control en el ámbito nacional y, además,
como punto de contacto y de cooperación con otras autoridades, señor
Rufà, y se lo hemos explicado muchas veces:






queremos que sea un punto de
contacto y de coordinación con las comunidades autónomas y también con la
Unión Europea. La AICA es un referente en la labor de inspección y tiene
—y queremos que lo siga teniendo— pleno control sobre la
cadena alimentaria, y el Gobierno que ahora mismo preside Pedro Sánchez
ha estado apoyando y reforzando a la AICA; está en los presupuestos
generales del año pasado y está en los presupuestos generales que vamos a
aprobar este año. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señoría, tiene que ir terminando.

La señora GONZÁLEZ BAYO: Nuestro voto
particular, señorías, pretende garantizar y reforzar la acción de la
AICA, porque el objetivo es proteger a los agricultores y a los
ganaderos, es decir, que en las transacciones comerciales no se abuse de
nuestro sector agrario ni de nuestro sector ganadero. Esta ley es una
herramienta fundamental para cambiar la cultura de la negociación, para
cambiar lo que se venía haciendo mal. Cuando nosotros gobernamos
cambiamos las cosas; otros se quedan solo en el discurso y votan siempre
en contra.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señoría, tiene que terminar.

La señora GONZÁLEZ BAYO: Señorías, hoy es un
gran día para los agricultores y para los ganaderos, y yo espero el voto
afirmativo a nuestro voto particular y también a este proyecto de
ley.

Muchísimas gracias, señora presidenta.
(Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor González-Robatto.

El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Señorías, los
agricultores y los ganaderos españoles llevan tiempo padeciendo las
políticas de este Gobierno. Quiero, en primer lugar, mostrar mi
solidaridad con ellos y, en especial, con los agricultores de La Palma,
que, además, lo han perdido todo. Estamos hoy aquí para aprobar las
modificaciones a la Ley de cadena alimentaria como consecuencia de la
trasposición de la Directiva europea sobre las prácticas comerciales
desleales. Las medidas incluidas en el real decreto que el Gobierno
modificó con la Ley de cadena alimentaria no han surtido ningún efecto
hasta la fecha. Los costes efectivos de producción siguen sin cubrirse,
las explotaciones no mejoran su rentabilidad y, por lo tanto, la economía
de los agricultores sigue empeorando. Como consecuencia, estamos
perdiendo competitividad ya no solo en países de Europa, sino que,
además, hemos perdido el liderazgo en sectores que se han apropiado
países de fuera de Europa. Crecen las importaciones de Marruecos, de
Sudáfrica, de Argentina y se paraliza la venta del producto nacional.
¿Dónde han quedado nuestros agricultores?

Ante esto, nuestro Gobierno se dedica a limitar
los regadíos y prohibir trasvases que garanticen el suministro de agua a
toda España. Justo lo contrario de lo que hacen nuestros vecinos. Para
crear un entorno en el que todas las partes de la cadena alimentaria
salgan fortalecidas se necesita emprender las reformas con visión
nacional y de Estado, y todo ello empieza por facilitar la rentabilidad
de las explotaciones agrarias y ganaderas en España, un sector
fundamental para la soberanía alimentaria. Sin embargo, con este Gobierno
todo se pone en su contra no solo por la aprobación de medidas
equivocadas, sino por la desconfianza y la inseguridad jurídica que esto
genera, y ello hunde aún más a las explotaciones agrarias y al producto
español. Somos conscientes de que se deben corregir los desequilibrios y
las prácticas desleales de la cadena, pero esta ley no va a solucionar
ninguno de los problemas mencionados. Solo proponen burocracia y les
faltan propuestas de calado. Lo que deberían hacer es primar la defensa
del interés de nuestro sector primario nacional, de nuestra soberanía
alimentaria, de nuestras fronteras y de nuestros productos, pero les
falta ambición y les falta determinación.

Las políticas verdes aprobadas en Europa por el
PSOE, el PP y el resto de la izquierda autodenominada ecologista llevan
inexorablemente a la falta de rentabilidad a las explotaciones agrarias.
Ustedes lo saben porque esto lo dice el informe oficial realizado por la
Comisión Europea sobre el impacto de la Estrategia sobre biodiversidad y
de la Estrategia del campo a la mesa, publicado en agosto de este año. Y
si las exigencias a nuestros agricultores y ganaderos son tan altas, es
de justicia garantizarles seguridad frente a los de fuera que no cumplan
las normas. Señorías, se lo repito, es necesario defender los productos
españoles ante los productos procedentes de países donde los costes de
producción y de seguridad son irrisorios. Se deben bajar los costes
impuestos por el Gobierno al sector primario y debemos acabar con la
política de puertas abiertas al producto extranjero, al que no se le
exigen las mismas medidas que al producto español, lo que genera una
competencia desleal por lo antes mencionado, destruye nuestro tejido
productivo agroalimentario, despuebla las zonas rurales, acaba con las
zonas de cultivo y nos hace dependientes de terceros en relación con
nuestra soberanía y la seguridad alimentaria nacional.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el mismo grupo tiene la palabra el señor
Catalán Higueras.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias,
señora presidenta.

Señorías, muy buenas tardes. Hablando del mundo
rural, hablando de la agricultura y de la ganadería, mis primeras
palabras, una vez más, tienen que ser de apoyo y solidaridad con los
agricultores de La Palma, así como con todos los vecinos de la isla.
(Aplausos). Esperamos que esta pesadilla que se está viviendo pase lo más
rápidamente posible y, sobre todo, que todas aquellas ayudas, promesas y
compromisos adquiridos por el Gobierno de España y por otras
administraciones públicas sean una realidad, si es posible,
inmediata.

Por otro lado, es evidente que a lo largo de
esta pandemia que venimos padeciendo y viviendo en nuestro país y en
otras partes del mundo, o en todo el mundo, una de las cuestiones de las
que más se ha hablado, sobre todo en los primeros meses, e incluso en las
semanas que estuvimos confinados, era la importancia del sector primario,
la importancia de contar con productores propios y también cercanos. En
esos momentos se reconocía sobremanera la labor de agricultores,
ganaderos e industria agroalimentaria; los mismos, por cierto, que cada
cierto tiempo tienen que salir a las calles y a las carreteras de nuestro
país para demandar y decir de manera unánime, alto y claro, que quieren
unos precios dignos para sus productos, que quieren vivir nada más ni
nada menos que de su trabajo. Esas protestas de los agricultores y de los
ganaderos españoles llevó al Gobierno en el año 2020 a aprobar un real
decreto, tramitado posteriormente como una ley, que intentaba calmar esas
demandas y esas quejas del sector primario español. Pretendía establecer
una excusa de su inacción a la hora de afrontar los verdaderos problemas
de agricultores y ganaderos españoles. La realidad, señorías, es que la
efectividad de la normativa aprobada en su día ha sido nula, no ha
servido prácticamente para nada, Se sigue vendiendo por debajo del coste
de producción o a unos precios irrisorios, y cuando no, en muchos casos
se deja el producto en el campo o se tira porque no es rentable su
recolección. Y esa era una realidad antes de la aprobación de la
normativa que quería establecer medidas del coste real, como también,
lamentablemente, lo será después de la aprobación de esta ley.

Los agricultores y ganaderos españoles tienen
que padecer no solo la competencia desleal de aquellos productos que
vienen de unos países a los que no se les exigen las mismas condiciones
medioambientales y de fitosanitarios que se exigen aquí, en nuestro país,
sino también de aquellos acuerdos comerciales con otros países que firma
fundamentalmente la Unión Europea y que tienen su repercusión también en
el sector primario español. Pero es que, además, tienen que padecer la
falta de respaldo y de apoyo del Gobierno español y de algunas
administraciones públicas que legislan y actúan en contra de los propios
intereses del agricultor y del ganadero español. Ahí tenemos los últimos
ejemplos recientes, como todo aquello vinculado al lobo, del que se ha
hablado en este Senado; de aquellas comunidades donde está proliferando y
no se están adoptando las medidas adecuadas y el Gobierno de España está
yendo en contra de los propios intereses de los ganaderos de esas zonas
afectadas, e incluso con el sentir contrario de las comunidades autónomas
hacia las medidas que se toman por parte del Gobierno de España. Pero
podríamos hablar también de los descensos en la PAC, la política agraria
común, que ha perjudicado también al sector primario español. Y podríamos
hablar también de la falta de atención a las peticiones que realizan
muchos ayuntamientos, agricultores y sindicatos de riego para que se
limpien los cauces de los ríos españoles como, por ejemplo, del Ebro y de
sus afluentes. Y en el caso concreto de Navarra podríamos hablar también
del castigo al que se está sometiendo a agricultores y ganaderos con el
tema de la fiscalidad. Están en peores condiciones que los agricultores y
ganaderos del resto del país, y eso es una realidad.

Por lo tanto, la normativa que se quiere
plantear en este momento no va a solventar la situación del sector
agrario y ganadero español. Por mucho que se quiera hablar de coste de
venta, de coste de producción, es un brindis al sol y no va a afrontar
esas necesidades y esos costes en la producción, en la transformación y
en la comercialización. Así pues, señorías, en este caso las
instituciones europeas nos obligan a la trasposición de una directiva
europea, por supuesto que sí, pero no cuenten con nuestro voto favorable
a la hora de establecer una medida que no va a suponer más que un nuevo
engaño al sector primario español. Lo hemos dicho en otras ocasiones:
luego se habla mucho de la España vaciada. ¿Cómo no se va a vaciar una
parte importante de nuestro territorio?, ¿cómo no se va a vaciar si el
propio Gobierno de España es el que está tomando medidas que van en
contra de los profesionales y también de los vecinos del medio
rural?

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene
la palabra el senador Muñoz Lagares.

El señor MUÑOZ LAGARES: Gracias,
presidenta.

El presente proyecto de ley por el que se
modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria, está motivado para incorporar la
Directiva europea 2019/633, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de abril, relativa a las prácticas comerciales desleales en las
relaciones entre empresas y la cadena de suministro agrícola y
alimentario, pero también para completar los cambios introducidos en la
Ley 8/2020, por la que se adoptan determinadas medidas urgentes en
materia de agricultura y alimentación. A pesar de estar en vigor esta ley
desde diciembre de 2020, estas medidas urgentes no están arrojando los
resultados esperados. Esta ley no funciona, señorías, y a los hechos me
remito.

Hace pocos días se publicaban las siguientes
noticias de prensa: Los ganaderos estallan por los precios de la leche e
interrumpen en una fábrica en Granada. O esta otra: La desesperante
batalla de los ganaderos. La leche ya está más barata que el agua. Y uno
de los puntos débiles que encontramos es el funcionamiento del coste
efectivo de la producción, que no es objetivo y que en este proyecto de
ley se deja al criterio de las partes que operan en la compraventa. Este
mecanismo no protege suficientemente a los productores, ganaderos y
agricultores. Esta ley debería contemplar la posibilidad de que el
Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación desarrollara
reglamentariamente criterios homogéneos para el cálculo del coste
efectivo de la producción. He hecho hincapié en ello en la defensa de
nuestras enmiendas y seguimos insistiendo. La cadena agroalimentaria y
las redes de suministro y comercialización del sistema tienen una forma
de triple embudo, el llamado embudo de Grievink, donde los elementos más
vulnerables de la cadena son sus extremos: productores y consumidores.
Creemos que esta ley, tal y como está redactada, no protege a los
extremos de la cadena, que son los más débiles; unos ganaderos y
agricultores que se encuentran ya asfixiados ante la subida de los costes
energéticos, de las materias primas y también por una competencia desleal
por parte de los países no comunitarios, y todo esto acaba revirtiendo en
la cesta de la compra de todos los consumidores, de la clase media
trabajadora, ya de por sí maltratada por la excesiva carga fiscal a que
nos tiene sometido este Gobierno. Debemos apostar por la sostenibilidad
de la cadena alimentaria, pero en todos sus aspectos, tanto
medioambientales como económicos o sociales.

Con este proyecto ley quedan muchas cuestiones
todavía en el aire, cuestiones a las que me temo no se va a dar ninguna
solución. No se da mayor seguridad jurídica a los operantes de la cadena
alimentaria, que es lo que se requiere para evitar las tensiones en ella
y para que el sector primario no caiga en la ruina. Debemos garantizar
unos precios justos, y este debe ser el fin de este proyecto de ley: unos
precios justos para el campo, porque protegiendo al sector primario
protegemos nuestra economía y nuestro medioambiente, pero también, y
sobre todo, el alma de nuestros pueblos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

A continuación tiene la palabra el senador
Fernández Viadero.

El señor FERNÁNDEZ VIADERO: Muchas gracias,
presidenta, y buenas tardes de nuevo, señorías.

Esta ley es la última esperanza para la
supervivencia del sector primario. Como hijo de ganaderos de leche, se me
cae el alma a los pies cuando me dicen el precio que actualmente cobran
mis vecinos y los costes que tienen para producirla.

En mi tierra, en Cantabria, los ganaderos están
cobrando actualmente una media de 34 céntimos de euro por cada litro de
leche que venden a la industria, cuando les cuesta producirlo en torno
a 40 céntimos con las últimas alzas de precios. Recuerdo que cuando era
niño a mis padres a finales de los ochenta, hace ya treinta años, les
pagaban la leche a 60 pesetas; treinta años después, están cobrando
muchísimo menos. Esto es insostenible para muchos ganaderos que lo que
están haciendo es bajar la persiana, cerrar las explotaciones.

Además, tras estas cifras, debemos ver a
familias que se levantan cada día los trescientos sesenta y cinco días
del año, sin festivos ni puentes, con la única misión de producir los
alimentos que el resto ponemos sobre nuestra mesa a la hora de comer. Las
bajadas de precios por parte de las grandes industrias que utilizan su
posición de fuerza para seguir maximizando sus beneficios a costa de unos
ganaderos que cada vez ven más comprometidas su situación económica son
la tónica general, y a esto se le une la posición del último eslabón de
la cadena, una distribución a la cual la leche líquida le ha venido de
perlas últimamente como producto reclamo, lanzando promociones y
vendiendo la leche a precios irrisorios en la conocida como venta a
pérdidas.

Como dije, ante esto, la situación del ganadero
es compleja, difícil, no solo en cuanto a los precios, sino con respecto
a las medidas que el Gobierno está tomando, como la inclusión del lobo en
el Lespre, o la negociación que actualmente se está llevando a cabo en la
PAC y que puede suponer una merma de los ingresos de los agricultores y
ganaderos. Se hace necesario, por tanto, una intervención por parte de
las administraciones públicas. Las manifestaciones del año pasado, justo
antes de la pandemia, pusieron de manifiesto que tenemos que hacer algo.
Así, vemos con esperanza que en la aprobación de este texto se piense por
una vez en el eslabón más débil de la cadena, que no es otro que el
productor, al cual hemos de proteger si queremos que nuestra soberanía
alimentaria no se vea comprometida, porque sin promotores primarios,
señorías, nos moriríamos de hambre. La inclusión dentro de la ley del
Canal Horeca, la prohibición de distribuir a lo largo de la cadena, el
registro de contratos alimentarios o algo tan acertado como garantizar en
los contratos alimentarios que los productores reciban un precio superior
a su coste de producción son avances que llegaron en el proyecto de ley
remitido a esta Cámara, al Senado. Aun así, aquí se han incorporado en
ponencia enmiendas de todos o casi todos los grupos mejorando el texto
técnicamente, pero también en aspectos como la regulación de las
promociones o la garantía del anonimato del productor en los procesos
administrativos o judiciales. En definitiva, en el Partido Regionalista
de Cantabria confiamos en que la aprobación de este proyecto de ley sirva
para ayudar a nuestros agricultores y ganaderos.

Finalizo lanzando un agradecimiento a todas
aquellas personas que viven y trabajan en el campo, a nuestros
agricultores y a nuestros ganaderos, que son la verdadera base de nuestra
sociedad y, frecuentemente, son despreciados y olvidados. Sin ellos, no
estaríamos hoy aquí.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene
la palabra el senador Clavijo.

El señor CLAVIJO BATLLE: Gracias,
presidenta.

Compartiré el tiempo con mi compañera. Gracias,
Maite, por cederme estos dos minutos.

Quiero aprovechar esta intervención, primero,
para agradecer a todos los grupos políticos que han hecho posible que en
este texto se incluya la disposición adicional séptima, en la que se abre
una puerta para excepcionar al plátano de la cadena alimentaria. Esto se
ha conseguido en la comisión del Congreso, insisto, gracias al apoyo de
los grupos políticos, salvo el Partido Socialista y Podemos, que votaron
en contra. No era la primera vez que votaban en contra de excepcionar el
plátano de la Ley de cadena alimentaria; ya lo hicieron hace un año en
una ley en la que se introdujo en comisión esa excepcionalidad y aquí, en
este mismo Pleno, el Partido Socialista consiguió que se votase en
contra.

Por lo tanto, quiero reiterar ese
agradecimiento. Quiero agradecer también a Asprocan el ingente trabajo
que ha hecho para conseguir que esta disposición adicional séptima pueda
figurar en este texto y compartir el criterio de la ley, porque no entra
en colisión con los derechos de los plataneros, un sector dedicado a un
cultivo exclusivamente en Canarias que no compite con ninguna otra
producción de la Unión Europea, todo lo contrario, compite con lo que se
importa. En este caso, más de 20 000 pequeñas y medianas empresas y
trabajadores van a poder respirar, insisto, sin ser este el texto que
quería el sector, pero en aras del consenso hemos conseguido sacarlo
adelante.

Muchas gracias y buenas tardes.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Gracias, senador.

Tiene la palabra la senadora Rivero
Segalàs.

La señora RIVERO SEGALÀS: Bona tarda,
senyories. Gràcies, presidenta.

En primer lugar, quiero decir que el mundo
rural no es solo sector primario, pero sí que el sector primario es
fundamental para la ciudad, para la humanidad, en tanto que proveedor de
alimentos. Antes de empezar, quiero mandar desde esta tribuna un
reconocimiento a este sector primario por los esfuerzos que hace cada día
por ser y por permanecer. Lo único que nos piden siempre, y se ha dicho,
es poder ganarse la vida con su trabajo. Y déjenme también hacer una
mención especial a los compañeros canarios de este sector primario, en
concreto a los palmeros, que lo están pasando especialmente mal.

Señorías, como ya se ha manifestado, en Junts
per Catalunya presentamos veintidós enmiendas; transaccionamos en la
ponencia una de ellas, la número 56, relativa a la publicación de las
sanciones, que quedó recogida. Si bien en nuestra enmienda proponíamos la
publicación mensual y en la transaccional se recoge como trimestral, es
cierto que hemos conseguido incorporar en esta publicidad datos como la
identificación del infractor, la sanción impuesta y la infracción
sancionadora, porque entendemos que, más allá de las multas que se puedan
imponer, una buena manera de persuadir a las empresas respecto a la mala
praxis es la reputación que estas tienen y que pretenden continuar
teniendo. Por ello, para nosotros era importante que esto constara en el
texto. También pudimos incorporar el contenido de la enmienda número 66,
que retiramos en pro de la 33, que tenía el mismo contenido. Se presenta
respecto a la entrada en vigor de la ley y establece la obligación de
inscripción de los contratos en cuanto esté en marcha el registro; esto
no lo recogía el texto.

Nuestra voluntad era, tal como manifestamos,
mantener vivas para el Pleno las enmiendas presentadas en comisión, pero,
debido a un error técnico, no prosperó nuestro voto particular. Aun así,
nuestras enmiendas quedan reflejadas porque bebemos de las mismas
fuentes: las organizaciones agrarias, y afortunadamente los compañeros de
Izquierda Confederal y de Esquerra Republicana recogen estas mismas
enmiendas, a las que, ya les avanzo, daremos nuestro apoyo. Y lo haremos,
además, con el mismo convencimiento que si fueran nuestras, porque
nuestro único objetivo es buscar una buena ley de la cadena alimentaria
que hace tanto tiempo que esperamos.

Nos gustaría poner de manifiesto que, cuando
hablamos del sector primario —lo dije ya en comisión y lo voy a
reiterar—, siempre funcionamos más de forma reactiva que de forma
proactiva; algo que se ha explicado ya en esta tribuna, porque no es más
que el relato de unos hechos que son así. En febrero teníamos al sector
en la calle. Se aprobó un real decreto de medidas urgentes para
atenderlo, pero, aunque era urgente, tardó un año en convertirse en una
ley que pasó por esta Cámara, por el Senado, como un meteorito que
llevaba añadido a su cola el anuncio de la reforma de la Ley de la cadena
alimentaria. Como quedaba superado por una nueva ley, lo tramitamos sin
tener ninguna medida de calado que resolviera ninguna de las
problemáticas que tenía el sector en ese momento y que hoy continúa
teniendo.

Nos encontramos hoy tramitando una reforma de
la Ley de la cadena alimentaria que, a su vez, pretende ser una
trasposición de la Directiva europea de prácticas comerciales desleales,
con lo que esta fórmula doble supone de complejidad a la hora de
trasladarlo a un texto. Un año ha estado este proyecto en el Congreso,
con sus aplazamientos correspondientes, para llegar al Senado de nuevo
atropellado por los plazos. Esta vez el atropello viene por acomodar los
Plenos de presupuestos, pero es cierto que se ha tenido que trabajar con
muy poco margen de tiempo. En este sentido, quiero agradecer —y ya
se ha hecho— al letrado, el señor Navarro, las correcciones, la
ordenación y su trabajo para facilitar el nuestro en un tiempo récord,
amén de puentes, la Almudena y fiestas. El texto llegó del Congreso con
muchas contradicciones de forma y, también, y esto nos preocupa, después
de un año; las doscientas diez enmiendas presentadas en esta Cámara
demuestran que no era un texto bien acordado. Pensamos que se ha perdido
una oportunidad para abordar las condiciones que permitieran reequilibrar
la capacidad negociadora de todos los eslabones de la cadena alimentaria,
especialmente protegiendo a aquellos más débiles: los productores, los
agricultores. Esta ley no es valiente en sus pretendidas reformas. Tal
como está, no va a dar solución a los abusos de la gran distribución. No
aborda temas para nosotros nucleares, como la reventa a pérdidas, precio
inferior al de adquisición ¿Cómo se van a establecer los costes fijos y
variables sin un coeficiente para determinarlos? Tampoco queríamos que
fueran tenidos en cuenta estos efectos de deducción ni en las
retribuciones ni en las bonificaciones por servicios prestados. Tampoco
ofertas conjuntas, obsequios a compradores como técnica para evitar este
precio inferior al de adquisición. Ya quedaba recogido en la Ley 200/2013
que no se podía pagar por debajo del precio de coste, pero hoy se ha
puesto claramente de manifiesto que esa ley no ha solucionado nada, basta
ver el precio para el sector lechero: 0,35 euros, y pensamos que esta
tampoco va a solucionar nada si la aprobamos tal y como está
redactada.

Tampoco se aborda la posición de dominio. No
tenemos cuota inicial para determinar cuándo hay posición de dominio.
Como no tengo más tiempo para abundar en otras enmiendas que hemos
presentado y que ya se han comentado, tan solo les diré que esta no es
nuestra ley, tal como está. Auguramos que vendrán más reformas y mucha
litigiosidad. Se ha hablado también de la Organización Común de Mercados
Agrícolas y los contratos, y esto va a suponer un problema. Nos veremos
obligados a ir atendiendo sus efectos o no efectos a medida que el sector
salga la calle porque, cuando el sector calla, no le atendemos. Si no
somos proactivos, si no atendemos al sector conforme a su envergadura, no
resolveremos sus problemas, señorías. En tiempos de pandemia el sector se
manifestó esencial, pero pasada la urgencia, volvemos al punto de
partida. Esta ley no da respuesta, y lo saben, a la relación de
equilibrio que debe existir en la cadena para que no se den situaciones
de abuso y podamos dar protección a los agricultores, a quienes se supone
que con esta ley pretendemos defender.

Por ello, tal como está planteada esta ley, no
es suficiente para que le demos nuestro apoyo.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Gracias, senadora.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, tiene la palabra el senador señor Chinea Correa.

El señor CHINEA CORREA: Gracias,
presidenta.

Señorías, todos coincidimos en la necesidad de
que haya una ley de cadena alimentaria que regule la relación de poder
entre los agricultores y los distribuidores, pero lo cierto es que esta
ley, desgraciadamente, no va a reparar la injusticia de los malos precios
que van a percibir los productores ni tampoco los márgenes de beneficios
tan elevados que, por el contrario, se les aplica a las cadenas de
distribución. Esta ley no va a ser una solución real y efectiva, como así
lo demuestra el hecho de que sus principales medidas estén en vigor desde
hace más de un año y medio, sin apenas resultados.

En mi tierra, en Canarias, estábamos muy
preocupados por la evolución de esta ley en las Cortes Generales, porque
el texto original que salió del Consejo de Ministros condenaba a nuestro
principal sector agrícola de producción, que no es otro que el plátano de
Canarias, a una muerte segura. Les recuerdo que hace ahora un año en esta
misma Casa se rechazaba la excepción al plátano de la aplicación de los
artículos de precios mínimos. Logramos, como algunos recordarán, que una
enmienda se incluyese en el dictamen en el trámite de la ponencia, pero
parece ser que un voto particular del Grupo Socialista bloqueó su
continuidad en el Pleno. Habríamos conseguido entonces aquí, en esta
Casa, lo que ahora parece ser que va a ser una realidad tras la inclusión
de una enmienda en el último minuto durante su tramitación en el Congreso
de los Diputados.

El sector platanero de mi tierra, el sector
platanero de Canarias, batalla día a día y todo el año con importaciones
de la banana de América Latina, un producto que en absoluto cumple con
los mínimos requisitos de justicia social, de seguridad y de
medioambiente. Durante este último año los productores y todas las
instituciones canarias hemos estado inmersos en una campaña para que el
Gobierno de este país entendiera cuáles son las necesidades reales de los
productores canarios para poder competir en un mercado europeo único que
castiga a nuestras producciones, y al final ese esfuerzo ha dado un
resultado favorable, aunque no ha sido un camino fácil. Hemos tenido que
sortear numerosos obstáculos, pero afortunadamente esta Cámara está dando
luz verde a una nueva ley que en su disposición adicional séptima incluye
un trato específico para el plátano de Canarias, y ese trato está
avalado, señorías, por la propia Unión Europea, como cultivo estratégico
para una región ultraperiférica de Canarias y responde a unas necesidades
específicas y objetivas del sector y del mercado.

Por tanto, estamos siendo consecuentes con la
normativa comunitaria, coherentes y también responsables con las
condiciones de cultivo y la venta de nuestro producto más emblemático.
Gracias a ello, hemos evitado lo que sería la ruina para las producciones
de plátano en las islas y, por tanto, el epílogo de un pilar fundamental
para la economía de Canarias que da de comer a numerosas familias en las
islas. No obstante, no nos vamos a engañar, esto no va a impedir que las
cadenas de distribución sigan aplicando márgenes de más de un 200 % de
media en el plátano de Canarias ni que tampoco, por culpa de las
importaciones de la banana de los países de América Latina, nuestros
productores tengan muchas veces que aceptar precios inferiores al coste
de producción. Porque, señorías, no hay peor venta que no vender nada, y
eso va a ser así porque no ha habido la voluntad política necesaria y
suficiente para anclar en esa ley la solución de máximos, la propuesta
hecha una y otra vez por el sector. Por ello, señorías, esta ley supone
únicamente un nuevo punto de partida para los plataneros y plataneras de
Canarias. Ya veremos si la disposición es suficiente y cuál es el impacto
real en el mercado.

Señorías, no quiero terminar mi intervención
sin hacer mención a los productores y agricultores palmeros y palmeras
que han perdido sus producciones por los efectos devastadores del volcán,
que sigue afectando a la isla de La Palma. No nos podemos olvidar ni de
ellos ni de ellas porque tienen por delante una larga tarea y una larga
travesía en la que necesariamente van a tener que contar con el apoyo
permanente y constante del Gobierno de este país, un Gobierno que ha
prometido unas ayudas que desgraciadamente continúan sin llegar al campo
palmero. Sinceramente, nosotros en la Agrupación Socialista Gomera
seguimos sin entender por qué esa demora, porque los damnificados y las
damnificadas del volcán necesitan respuestas urgentes, y muchos y muchas
de ellas no pueden seguir esperando. Yo solo espero y exijo al Gobierno
de este país que pase ya de las palabras a los hechos; no dudamos de su
compromiso porque esas palabras están plasmadas en el BOE, pero,
señorías, no puede ser que siga transcurriendo día tras día y que las
ayudas sigan sin llegar a los agricultores de la isla de La Palma. Por
tanto, todos y todas estamos con La Palma, pero, señorías, no es
suficiente con estar, si esto no va acompañado de medidas reales y
efectivas, no sirve absolutamente de nada.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la
palabra el senador Medina Martínez. (El señor presidente ocupa la
Presidencia).

El señor MEDINA MARTÍNEZ: Eskerrik asko,
presidente jauna.

Llega al Senado, no por vía de urgencia, pero
sí con una celeridad inapropiada, este proyecto de ley de la cadena
alimentaria. Como ya expuse en mi turno de intervención de la comisión,
este senador no entiende cómo una ley que prácticamente ha estado un año
debatiéndose y estudiándose en el Congreso, llegue al Senado y en tres
semanas pase por el Pleno para ser debatida y aprobada. Si en ese periodo
de tiempo de tres semanas todos los grupos hemos aportado una serie de
enmiendas, hasta doscientas diez, creemos que el texto es mejorable, y
con esto no quiero decir que no sea bueno, pero sí muy mejorable. Por lo
tanto, sí que expongo que este periodo de tiempo debería haber sido
mayor.

Entendemos que se trata de una ley de suma
importancia, más en este momento en el que el sector primario,
especialmente el ganadero y con mayor urgencia el sector lácteo vacuno,
se encuentra en situación de colapso sin retorno. Como he referido al
principio, se trata de un proyecto de ley vital por la situación en que
se encuentra el sector, y es nuestro deber presentar y aprobar una ley
que cumpla y satisfaga las necesidades de este. No podemos aprobar de
manera precipitada una ley para luego, sobre la marcha, ir realizando
modificaciones por no haberlo tenido en cuenta en este momento.

Esta ley tiene principalmente tres objetivos:
evitar los abusos, evitar la competencia desleal y marcar unos costes de
producción o lo que nosotros denominamos un precio básico, un precio
justo y un precio necesario en todos los eslabones de la cadena. Mi
compañero Rufà lo ha dejado meridianamente claro en su turno de defensa
de enmiendas. El objetivo, por lo menos el de mi grupo ante esta ley, es
que nadie salga perdiendo y, sobre todo, que no salga perdiendo el más
débil de la cadena. Puede haber diferentes interpretaciones en cuanto a
quién es el más débil de la cadena, pero siempre, y es claro y notorio,
el que pierde siempre es el mismo. Esto no quiere decir que yo no quiera
que los demás ganen dinero, todo lo contrario, creo que es fundamental
precisamente para la mejora de la cadena alimentaria que todos los
eslabones de la cadena que la componen, desde el primero hasta el último,
desde el productor hasta el consumidor, pasando por el transformador y el
distribuidor, sean beneficiarios de esta cadena alimentaria.

Evidentemente, la verdad absoluta no la tiene
el texto de esta ley que hoy estamos debatiendo. El texto, como ya he
manifestado anteriormente, tiene mejoras sustanciales, aunque también es
cierto que ha avanzado en algunas cuestiones. Creemos que el Gobierno
podía haber sido mucho más abierto en los planteamientos y podía haber
escuchado un poco más por qué los grupos presentamos este número de
enmiendas en este pequeño periodo de tiempo. Seguimos pensando que las
enmiendas que hemos presentado perfeccionan el texto notoriamente.
Entendemos que ese es el espíritu negociador, nadie negocia para
ganar 5-0, porque eso no es una negociación, pero tampoco negociamos para
perder 5-0, y en este sentido esperamos que el texto acordado mejore la
ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la palabra su señoría Rufà
Gràcia.

El señor RUFÀ GRÀCIA: Gràcies, president.

Señorías, esta ley nació gracias a las
movilizaciones de las organizaciones agrarias, que paralizaron las calles
ante una crisis de precios que ponía en riesgo la sostenibilidad de un
sector estratégico y vital para el futuro de cualquier sociedad. La
soberanía alimentaria no es una cuestión que pueda tomarse a broma nadie
de esta Cámara legislativa. Trasponer una directiva europea que tiene por
objeto prohibir las malas prácticas comerciales era una buena oportunidad
para establecer una ley de bases que atacara de raíz el problema, que es
el control y fijación de precios y las prácticas abusivas de los agentes
con posición de dominio en el mercado. Nuestra impresión es que todo ha
quedado a medio camino; se ha avanzado, sí, pero para nosotros ha quedado
a medio camino. Había muchas expectativas en todos los sectores y
realmente, y lo ha dicho la senadora del Grupo Socialista, muchos
sectores han interlocutado, pero no solo con el ministerio y con el
Partido Socialista, sino también con el resto de grupos —y puedo
asegurar que en menos de diez días me he reunido con siete
organizaciones— para intentar hacer un cambio realmente
trascendental y profundo, modificando procedimientos y maneras de
trabajar, e informar y mantener nuevos sistemas de contrataciones entre
los diferentes eslabones de la cadena. Nuestro grupo esperaba que la ley
generara un impacto positivo en el sector y que fuera más eficaz
modificando y aportando mejoras y correcciones al texto remitido por el
Congreso.

Hoy voy a hacer un pequeño análisis de los dos
grandes bloques legislativos. Por un lado, está la Ley de la cadena
alimentaria, ¿y qué nos ha ofrecido esta ley? Parece una nueva cultura
contractual que realmente intenta redefinir un acuerdo comercial a través
de un contrato, que vendría a ser una de las líneas básicas de este
cambio cultural que necesita el sector agrario, pero también el sector
transformador y también la venta en los grandes supermercados. Eso
implica también algo importante: la transparencia, y en este sentido para
nosotros era fundamental el contrato como un elemento de transparencia y,
también, que se estableciera entre los diferentes eslabones de la
cadena.

Otro elemento clave para nosotros era el
registro de contratos que antes he mencionado, que permitía ahondar mucho
más en esta transparencia y conocer exactamente cómo está el sector y
cómo está operando en cada momento. Pero aquí hemos visto que hay una
injerencia competencial clarísima para nosotros —siempre, claro,
para nosotros—, y es que se establece que sean solamente la AICA o
el ministerio quienes tengan la capacidad de disponer de un registro,
cuando las comunidades autónomas tienen plena competencia en control e
inspección. Lo batallamos con suficiente tiempo en el Congreso y para
llegar a mejores textos transaccionamos puntos e intentamos introducir
mejoras, y lo hemos batallado aquí, en el Senado, eso sí, con un plazo
menor a un mes, como ha sido relatado, pero también —debo
decirlo— se han podido revisar detenidamente ciertos puntos con
algunos de los partidos presentes. Sin duda, señorías, esto es de
agradecer, aunque en realidad es nuestro trabajo; no nos hemos reunido en
ponencias, pero sí hemos celebrado varias reuniones, y realmente ese es
nuestro trabajo como parlamentarios: avanzar e intentar acordar.

Al final, entendemos que esta reforma de la
cadena alimentaria y el nuevo instrumento del contrato plantean una
inseguridad jurídica; en vez de solucionar, lo que hace es confundir
mucho más la situación. En ningún caso se resuelve la posición de
dominio, y ese es ahora otro de los grandes temas y objetivos de mi grupo
parlamentario. No se ha establecido ningún valor a cada eslabón de la
cadena, por lo tanto, se ha renunciado realmente a proteger a los
eslabones más pequeños frente a los más grandes y poderosos. Tampoco se
han especificado cuáles son los elementos que definen los valores de
referencia para orientar realmente cuáles son los costes de producción, y
estaba claro que los observatorios oficiales tanto del ministerio como de
las comunidades autónomas podían ofrecer ya este servicio,
independientemente de la ley competente. Esos organismos podían
perfectamente sacar anualmente un informe, aunque fuera meramente
consultivo, que pudiera ser un elemento de referencia que facilitara a
los productores la negociación a futuro con las grandes distribuidoras.
No se ha abordado con profundidad un elemento nuclear para nosotros que
aumenta el poder negociador de los productores, además de aportar
claridad y seguridad. Fíjense, por ejemplo, en Cataluña el sector lechero
tiene un conflicto enorme con el sector de distribución y de compra de
leche, ¿por qué? Porque no quieren comprar sin que los vendedores hayan
asumido los costes de producción, cuando realmente no debe ser así. Este
tipo de conflictos, trasladados al ámbito privado, pone en situación de
vulnerabilidad al eslabón más pequeño, que tiene siempre las de
perder.

Por otro lado, está la trasposición de la
Directiva europea sobre malas prácticas comerciales o el tema de ventas a
pérdidas. Recuerdo que inicialmente, en julio, se hizo el esfuerzo de
transaccionar con el Grupo de Unidas Podemos y el Grupo Socialista en el
Congreso para avanzar en este sentido; era un gran avance y en ese
momento estábamos de acuerdo porque lo era, pero finalmente un
planteamiento de la Ley del comercio minorista lo ha rebajado y distingue
solo lo que es leal y desleal. Nosotros no podemos aceptar esto, ¿por
qué? Porque apostamos por la línea que han marcado países como Francia,
Italia o Bélgica para eliminar la reventa a pérdidas. Además, esta ley
tampoco contempla algunas malas praxis que sí contempla la
directiva.

Por lo tanto, respecto a los dos bloques
legislativos, la reforma y la trasposición, al final nos hemos quedado
con un texto flojo, con poca ambición y que muestra, en nuestra opinión,
que finalmente no va a solucionar el problema, sino que va a crear cierta
inseguridad y confusión en el sector, como ya han anunciado otros
portavoces que me han precedido. Lamentamos el inmovilismo y la severidad
del PSOE para intentar evitar flexibilizar una ley. Diferentes grupos
hemos aportado mucho trabajo, propuestas de mejora y modificaciones en
redactados para adecuarla a una realidad donde el sector agrario y
ganadero quedan desprotegidos, pero no se ha querido introducir más
propuestas, ya sea por falta de tiempo o por directivas de diferentes
ministerios. El diálogo entre todos los representantes aquí presentes,
señorías, es básico y necesario. La posición de los grupos que forman
parte del Gobierno estatal ha sido para nosotros muy conservadora en
cuanto a las cuestiones con mayor carga de profundidad política y de
gestión, así como de gobernanza y transparencia. Sentimos de nuevo no
poder votar favorablemente esta ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra su señoría Martínez Antolín.

El señor MARTÍNEZ ANTOLÍN: Gracias,
presidente.

Buenas tardes, señorías.

Paulo Coelho escribe en su libro El alquimista
que todo aquello que sucede una vez probablemente no vuelva a suceder
nunca más, sin embargo, todo aquello que suceda dos veces ciertamente
sucederá una tercera. Y eso es lo que le está pasando al señor ministro
Planas con las modificaciones continuas que está haciendo en la Ley de la
cadena alimentaria. Fracasó la primera vez cuando llevó a cabo esa
aprobación del Real Decreto 5/2020, con el que quería satisfacer las
inquietudes que tenían nuestros agricultores, nuestros ganaderos,
nuestros pescadores, aunque más bien yo creo que fue porque quería parar
esa tractorada, esas concentraciones, esas manifestaciones que se estaban
desarrollando a primeros del año 2020 por toda la geografía española. No
tuvo en cuenta al sector, no tuvo en cuenta lo que pedían, lo que exigían
de verdad, no nos tuvo en cuenta a nosotros, no nos consultó nada,
directamente aprobó ese real decreto. Fracasó una segunda vez, cuando
convierte ese Real Decreto 5/2020 en esa Ley de medidas urgentes para la
agricultura y para la alimentación; y vuelve a hacer lo mismo, no
consulta con nadie, no tiene en cuenta lo que le piden las organizaciones
profesionales agrarias o la industria agroalimentaria, no tiene en cuenta
al sector ni nos tiene en cuenta a nosotros, a los parlamentarios, a los
diferentes grupos parlamentarios que presentamos también bastantes
enmiendas que no se tuvieron en cuenta. El resultado fue una ley
totalmente ineficaz y los agricultores, los ganaderos y los pescadores
seguían teniendo los mismos problemas.

Señorías, no hay dos sin tres, y
lamentablemente se va a volver a demostrar con la puesta en marcha de
esta ley; una ley que tiene muchas deficiencias, pues quedan en
entredicho y sin aclarar muchas cuestiones. La primera de ellas es que no
existe un criterio claro para determinar los costes de producción. Hay
que definir perfectamente esos costes de producción si queremos saber que
hay que comprar por encima de esos costes de producción. Hace falta un
instrumento legal, que no conocemos y que tampoco contempla esta ley,
para determinar esos costes de producción. Hay que tener en cuenta que un
mismo producto se puede obtener en distintas formas de explotación
agrícola; no es igual una explotación agrícola extensiva que intensiva,
una tiene mayores costes de producción que la otra y al final obtiene el
mismo producto. Por ejemplo, las distintas labores que se llevan a cabo
en una parcela: abonados, tratamientos fitosanitarios, dosis de riego,
son las mismas, pero al final hay frutos de calidad extra y frutos de
calidad segunda; van a tener precios distintos y, sin embargo, todos
tuvieron los mismos costes de producción. De este modo está claro que
esta ley va a generar una total inseguridad jurídica, y eso va a hacer
que se lo pongan ustedes muy difícil a la Agencia de información y
control alimentarios.

Por otro lado, me gustaría que nos explicase
hoy el Grupo Parlamentario Socialista qué va a pasar con los productos
españoles que puedan quedar fuera de mercado como consecuencia de tener
que cumplir los requisitos que contempla esta ley. Es que ya le ha pasado
al Gobierno, le pasó al Gobierno el año pasado cuando tuvo que comprar
leche para llevar a cabo ese programa de alimentación para las personas
más desfavorecidas; tuvo que comprar leche en Portugal en vez de en
España, porque si la hubiese comprado en España no hubiese cumplido la
ley que el propio Gobierno había diseñado. Y me gustaría que hoy el Grupo
Parlamentario Socialista nos asegurase que no va a haber relaciones
comerciales desleales entre los distintos operadores de la cadena
alimentaria con los productos que se van a mover entre los diferentes
Estados miembros o con los productos que van a venir de fuera de Europa.
En definitiva, señorías, digamos que esta ley que buscaba defender y
favorecer al sector primario, a nuestros agricultores, a nuestros
ganaderos y a nuestros pescadores, tiene una serie de deficiencias, y me
gustaría que me dijesen en qué va a favorecer y en qué va a beneficiar a
nuestros agricultores, a nuestros ganaderos y a nuestros pescadores.

Estamos ante una ley que lógicamente hay que
sacar adelante porque estamos obligados por la trasposición de la
Directiva europea 2019/633, pero podríamos aprovechar para mejorar y
llevar a cabo una auténtica, buena y eficaz modificación de la Ley de la
cadena alimentaria que favoreciese a todos los eslabones de la cadena, a
los tres eslabones de la cadena. Eso es lo que nosotros pretendíamos y
por eso hemos traído nuestras enmiendas, cuarenta y dos enmiendas ha
presentado el Grupo Parlamentario Popular. La ley no puede ser muy buena
cuando se han presentado en el Senado doscientas diez enmiendas, cuarenta
y dos de nuestro grupo; lógicamente, enmiendas destinadas a mejorar el
texto de la ley, a hacer una ley más eficaz que de verdad fuese útil.
Nosotros lo que pedimos hoy aquí es un mayor consenso con el Grupo
Parlamentario Socialista y que incorporen más enmiendas de las que han
introducido. Tenemos que agradecer a los diferentes grupos parlamentarios
que nos hayan apoyado en diez enmiendas, se han aprobado diez enmiendas
que no cabe duda de que contribuirán a mejorar este texto, pero
consideramos que sigue siendo todavía un texto sumamente ineficaz y que
sería interesante llevar a cabo un mayor consenso, una mejor negociación
para que verdaderamente fuese un texto eficaz.

Ante esta situación, consideramos que ustedes
no están llevando a cabo una defensa adecuada del sector agrícola,
ganadero y pesquero. El proyecto de ley tenía que estar destinado a
proteger principalmente al primer eslabón de la cadena, eso sería lo que
a nosotros nos gustaría. Pero vemos que lo que está haciendo este
Gobierno socialista, más que proteger y defender a nuestros agricultores
y a nuestros ganaderos, es perjudicarlos y atacarlos en muchas ocasiones.
Tenemos sobre la mesa actuaciones de ministerios que para nada favorecen
ni apoyan al sector agrícola y ganadero, como esa defensa del lobo
incluyéndolo en el Lespre, que va a hacer que no se pueda utilizar un
método como es el aprovechamiento cinegético para llevar a cabo los
controles poblacionales y que va a suponer el problema de que aumentarán
todavía más los daños sobre las ganaderías extensivas. O como las
recomendaciones que está haciendo este Gobierno desde el Ministerio de
Consumo, que no tienen ningún sentido, animando a que no se consuma carne
—con lo nefasto que esto va a ser para nuestros ganaderos de
carne—






o a que no se consuma azúcar. ¿Estamos en contra de los
agricultores productores de remolacha, contra los que transforman la
remolacha en azúcar y contra los que están produciendo zumos en las
industrias agroalimentarias? Eso es lo que se está haciendo el Ministerio
de Consumo. Fíjense, casi tan importante como modificar y cambiar esta
Ley de la cadena alimentaria es cambiar al ministro de Consumo, porque
está haciendo un daño importante a nuestros agricultores y ganaderos.
(Aplausos).

Por otro lado, siguen ustedes aumentando las
exigencias medioambientales y, al mismo tiempo que están llevando a cabo
ese aumento de exigencias ambientales, están reduciendo en un 10 % las
ayudas que deberían recibir nuestros agricultores y ganaderos vía PAC.
También hay un problema muy importante que está generando manifestaciones
en todos los sitios. Hoy mismo, por la mañana, en Talavera de la Reina ha
habido una gran manifestación de los ganaderos de leche, con grandes
problemas, porque están vendiendo a unos precios totalmente ridículos, si
tenemos en cuenta —se ha dicho hoy aquí también— que los
costes se han disparado con la gestión que está haciendo este Gobierno
socialista. Se ha disparado la electricidad, se están disparando los
piensos y también el gasóleo. Es que es una auténtica tormenta perfecta.
¡Cómo no van a estar todos los ganaderos de leche tirados en la calle,
protestando por la situación en la que nos encontramos! ¿Y con esta ley
sí se quiere que se compre por encima del precio de coste? Pero fíjense
en qué nivel de costes nos encontramos. Señorías, les pedimos que
establezcan ayudas y que pongan en marcha también actuaciones que
permitan paliar esa situación tan desfavorecida en la que se encuentran
nuestros agricultores y ganaderos, en especial nuestros ganaderos.

Finalmente, pedimos que se apoyen más enmiendas
para así hacer de esta ley una ley más útil para todos. Tiene que haber
un equilibrio entre los tres eslabones de la cadena alimentaria. Está
claro que los tres eslabones tienen que ganar, y nunca un eslabón puede
ganar a costa de que otro de ellos pierda. Eso es lógico y eso lo
queremos todos. Por tanto, de verdad, aprueben más enmiendas e intenten
alcanzar el consenso para tener verdaderamente una ley eficaz para la
defensa de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores; que no nos
tengamos que ir hoy de aquí diciendo que no hay dos sin tres en el
fracaso, sino que a la tercera va la vencida.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra su señoría Huelva Betanzos. (Rumores).

Señorías, un poco de silencio; un poquito más,
señorías. (Risas). Muchas gracias; es que va creciendo el volumen y es
imposible escuchar.

Tiene la palabra, señoría.

El señor HUELVA BETANZOS: Gracias, señor
presidente.

Buenas tardes, señorías. Hoy es un día
importante para nuestro país y quiero que mi intervención guarde relación
con una buena noticia que van a tener nuestros productores y productoras
del sector primario. Quiero comenzar mostrando el orgullo que siente el
Grupo Parlamentario Socialista, primero, por nuestro país, por tener el
sector primario tan eficaz y tan importante que tiene. (Aplausos).
Segundo, orgullo por nuestro grupo parlamentario, por ejercer su función
de diálogo y negociación para llegar a acuerdos, y orgullo también por el
trabajo realizado por el Gobierno de España y por el conjunto de la
sociedad española; un trabajo valiente, un trabajo sincero, un trabajo en
el que todas las personas afectadas han tenido la oportunidad de aportar,
de debatir y de incorporar su punto de vista en la Ley de la cadena
alimentaria, cuando estos han sido respaldados por la mayoría de los
representantes de los ciudadanos y las ciudadanas en las Cortes
Generales.

El Grupo Parlamentario Socialista quiere
agradecer también a los distintos grupos parlamentarios el tono usado, su
disposición al diálogo y su amplitud de miras en los acuerdos para esta
ley. Solo quiero hacer dos consideraciones. En primer lugar, antes el
senador de Vox ha comentado algo y no sé si sabrá que el ministro Planas
lidera en Europa la aplicación de las cláusulas espejo. Yo sé que eso no
viene en sus argumentarios, pero si es posible, intente usted leer un
poquito más. (Aplausos). Como segunda consideración, senador Clavijo, la
disposición adicional séptima es fruto del acuerdo de la negociación del
presidente del Gobierno de Canarias con el ministro Planas. (Aplausos).
Usted lo único que ha hecho aquí ha sido bombardear el acuerdo
presentando enmiendas que después tuvo que retirar cuando se lo pidió el
sector. Nosotros tenemos muy claro que nuestra acción de Gobierno en
España tiene que ir y va a ir encaminada a que la calidad de vida de los
hombres y mujeres que trabajan en el campo se vea mejorada día a día y, a
ser posible, a que puedan vivir bien y dignamente de nuestro sector
primario. El Grupo Parlamentario Socialista —y entiendo que
cualquiera de nosotros— no puede olvidarse de las personas que
trabajan por cuenta ajena porque ellos son una parte esencial de la
cadena alimentaria, una parte primordial para que la cadena funcione,
para que nuestra sociedad funcione dignamente y, por ello, tenemos que
esforzarnos en dar respuesta a sus demandas sociales. Nuestra cadena
alimentaria, que ha dado ejemplo durante este tiempo difícil que hemos
pasado —algo que todos hemos puesto sobre la mesa—, se ha
convertido en un orgullo para todos los españoles y españolas. Y por eso,
porque estamos orgullosos de ella, es por lo que aún estamos más
satisfechos de que esta ley vea la luz en las próximas semanas, porque va
a hacer que los eslabones de la cadena alimentaria —que han estado
trabajando, arriesgando sus vidas y las de sus familias durante este
tiempo— vean que ha merecido la pena la espera, el trabajo y el
esfuerzo de todos. Quiero reconocer, al igual que he hecho con todos
vosotros, señorías, el diálogo entablado por el Ministerio de
Agricultura, asegurando la participación de todas las organizaciones
previamente a la tramitación de este proyecto de ley. Y quiero reconocer
y agradecer a mi grupo parlamentario el trabajo que ha mantenido de
diálogo constante y fluido con todo el sector; diálogo que hemos
mantenido también con los distintos grupos parlamentarios para llegar a
acuerdos que tuvieran como resultado la mejor ley de cadena
alimentaria.

Señorías, estamos en la salida de una crisis
que ha afectado al mundo entero y creemos que vamos en el camino de la
recuperación justa, y la recuperación justa también tiene que llegar al
sector primario en relación con los precios de producción y venta, y ello
requiere que apliquemos reformas valientes y progresistas que nos ayuden
a poner en primer lugar y como referencia la labor de las mujeres y
hombres que trabajan en el campo, por encima y por delante de cualquier
especulación del mercado. (Aplausos). La recuperación más justa nos tiene
que llevar a que esta ley ayude a fomentar las buenas prácticas
comerciales en nuestra agricultura, en nuestra ganadería y en nuestra
pesca, y que iniciemos una nueva cultura de negociación de precios que,
además, tiene que servir para que se generen unos empleos dignos en todo
el ámbito de la cadena alimentaria. Tiene que servir para que se prohíba
la destrucción de valor en todos los eslabones, tiene que servir para que
no se destruya, sino que se cree empleo y se amplíe el tejido productivo
de nuestro país.

Señorías, todos nosotros recordaremos que hemos
participado en la elaboración de esta ley porque va a ser una ley en la
que los productores se van a ver reflejados, pues van a saber que no van
a cobrar por debajo de su precio efectivo de producción. Es una ley que
va a aumentar su seguridad jurídica y que va a facilitar su planificación
empresarial, fomentando una remuneración justa y equilibrada para todos
los eslabones de la cadena alimentaria.

Señorías, este es el mejor trabajo que podemos
hacer para que la cadena alimentaria sea moderna, competitiva y podamos
devolver al sector todo aquello que nos ha dado a todos en los últimos
tiempos. Todas estas medidas contenidas en la ley que hoy estamos
debatiendo son necesarias para apoyar a la inmensa clase media de la
agricultura y la ganadería en España. Tenemos que mejorar y fortalecer la
posición de los agricultores y ganaderos dentro de la cadena alimentaria
porque, no nos engañemos, señorías, la agricultura y la ganadería no es
un hobby; la agricultura y la ganadería tienen que ser rentables en sí
mismas, tienen que ser rentables en sus explotaciones, y eso no lo vamos
a conseguir si no tenemos unos precios justos. Señorías, estamos en el
camino correcto: el del diálogo como forma de ejercer el Gobierno
pensando en los más vulnerables, el de la negociación como forma
principal de llegar a acuerdos efectivos que alcancen a todos y a cada
uno de los agricultores y ganaderos de nuestro país y el de la
coordinación por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
para seguir avanzando en la defensa de un medio rural vivo y sostenible
social, económica y medioambientalmente.

Señorías, termino exactamente como empecé.
Termino en positivo con la tramitación de esta ley importantísima para
España y para su gente y de la cual el Grupo Parlamentario Socialista se
siente orgulloso, y espero que todos ustedes también. El camino del
diálogo tiene que prevalecer sobre el camino de la confrontación porque
gobernamos para aquellos que lo están pasando mal, para los que son y
están siendo más vulnerables, para aquellos que nos necesitan, y tenemos
que seguir cumpliendo como lo estamos haciendo, generando expectativas,
generando empleo, trabajando en leyes que, de verdad, sirvan para
facilitarle la vida a los demás y cumplir, por supuesto, con el mandato
que nos dan los españoles y la españolas día a día, que no es otro que el
que todos arrimemos el hombro, que todos y todas aportemos nuestro mejor
hacer para que los que aún están pasándolo mal en esta crisis tengan una
recuperación justa y mantengamos nuestro espacio de vida en todos los
territorios.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Ruego que llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas, por favor.

Señorías, votamos las enmiendas de sus señorías
González-Robatto, Marín Gascón y Melero Palomares, del Grupo
Parlamentario Mixto. Votamos, en primer lugar, la enmienda
número 68.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 255; votos emitidos, 254; a favor, 2; en
contra, 247; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los mismos senadores, votamos la enmienda
número 69.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 255; votos emitidos, 255; a favor, 102; en
contra, 149; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, las enmiendas de sus
señorías José Luis Muñoz Lagares, María Ponce Gallardo, Miguel Sánchez
López, del Grupo Parlamentario Democrático. Votamos, en primer lugar, la
enmienda número 32.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 256; votos emitidos, 256; a favor, 2; en
contra, 119; abstenciones, 135.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los mismos senadores, votamos a continuación
la enmienda número 33.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 256; votos emitidos, 256; a favor, 2; en
contra, 219; abstenciones, 35.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los mismos senadores, votamos la enmienda
número 34.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 256; votos emitidos, 256; a favor, 103; en
contra, 117; abstenciones, 36.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los mismos senadores, votamos la enmienda
número 35.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 256; votos emitidos, 256; a favor, 101; en
contra, 114; abstenciones, 41.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los mismos senadores, votamos la enmienda
número 36.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 255; votos emitidos, 255; a favor, 102; en
contra, 124; abstenciones, 29.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los mismos senadores, votamos la enmienda
número 38.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 255; votos emitidos, 255; a favor, 101; en
contra, 115; abstenciones, 39.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los mismos senadores, votamos la enmienda
número 39.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 256; votos emitidos, 256; a favor, 4; en
contra, 114; abstenciones, 138.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los mismos senadores, votamos la enmienda
número 41.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 256; votos emitidos, 256; a favor, 101; en
contra, 129; abstenciones, 26.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, de los mismos senadores, las enmiendas
números 42 y 43.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 255; votos emitidos, 255; en contra, 126;
abstenciones, 129.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Señorías, del senador Mulet García, votamos, a
continuación, la enmienda número 9.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 255; votos emitidos, 255; a favor, 25; en
contra, 217; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo senador, votamos las enmiendas
números 10, 18 y 29.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 256; votos emitidos, 256; a favor, 12; en
contra, 120; abstenciones, 124.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del mismo senador, votamos las enmiendas
números 11 y 14.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 35; en
contra, 219.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, a continuación, del mismo senador, la
enmienda número 12.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 256; votos emitidos, 256; a favor, 25; en
contra, 221; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo senador, votamos la enmienda
número 13.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 256; votos emitidos, 256; a favor, 11; en
contra, 218; abstenciones, 27.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo senador, votamos la enmienda
número 15.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 255; votos emitidos, 255; a favor, 33; en
contra, 119; abstenciones, 103.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo senador, votamos la enmienda
número 16.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 256; votos emitidos, 256; a favor, 23; en
contra, 119; abstenciones, 114.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo senador, votamos la enmienda
número 17.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 256; votos emitidos, 256; a favor, 22; en
contra, 122; abstenciones, 112.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo senador, votamos la enmienda
número 20.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 256; votos emitidos, 256; a favor, 12; en
contra, 221; abstenciones, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo senador, votamos la enmienda
número 21.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 256; votos emitidos, 256; a favor, 25; en
contra, 119; abstenciones, 112.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo senador, votamos la enmienda
número 22.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 255; votos emitidos, 255; a favor, 24; en
contra, 125; abstenciones, 106.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo senador, votamos la enmienda
número 23.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 256; votos emitidos, 256; a favor, 15; en
contra, 118; abstenciones, 123.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo senador, votamos la enmienda
número 24.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 256; votos emitidos, 256; a favor, 25; en
contra, 218; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo senador, votamos la enmienda
número 25.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 256; votos emitidos, 256; a favor, 12; en
contra, 120; abstenciones, 124.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo senador, votamos las enmiendas 26
y 27.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 23; en
contra, 119; abstenciones, 112.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del mismo senador, votamos la enmienda
número 28.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 256; votos emitidos, 256; a favor, 35; en
contra, 119; abstenciones, 102.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, del mismo senador, la enmienda
número 30.

Comienza la votación.






(Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 256; votos emitidos, 256; a favor, 25; en
contra, 217; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda del mismo senador
número 70.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 255; votos emitidos, 255; a favor, 148; en
contra, 102; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
(Aplausos).

Señorías, continuamos. Del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado, votamos la enmienda número 1.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 256; votos emitidos, 256; a favor, 31; en
contra, 116; abstenciones, 109.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo parlamentario, votamos la
enmienda número 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 256; votos emitidos, 256; a favor, 29; en
contra, 217; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo, votamos la enmienda
número 3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 256; votos emitidos, 256; a favor, 29; en
contra, 218; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo parlamentario, votamos las
enmiendas números 4 y 5.

Comienza la votación. (Pausa).

(Se produce un fallo técnico informático en el
panel de votaciones).

El señor PRESIDENTE: Señorías, repetimos la
votación.

Votamos, del Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado, las enmiendas números 4 y 5.

Comienza la votación. (Pausa).

(Se produce un fallo técnico informático en el
panel de votaciones).

El señor PRESIDENTE: Un momento, hacemos un
último intento, concéntrense.

Del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado,
votamos las enmiendas números 4 y 5.

Comienza la votación. (Pausa).

(Se produce un fallo técnico informático en el
panel de votaciones).

El señor PRESIDENTE: Señorías, si me dan un
minuto, reorganizamos la votación a partir de este punto. Tenemos un
problema técnico informático de nuevo, y tenemos que arbitrar otra
fórmula de votación. Les ruego que me den un minuto. (Pausa).

El señor PRESIDENTE: Señorías, vuelvan a ocupar
sus escaños, por favor. Ruego que llamen a votación.

Señorías, durante los últimos meses esta Cámara
ha conseguido sobreponerse a no pocas dificultades. Parece que el destino
y la informática siguen poniéndonos a prueba. Una vez más vamos a
demostrar que somos capaces de sobreponernos a todas y cada una de las
dificultades que se nos pongan por delante y que nuestro trabajo siga
adelante. Me dicen que se ha reiniciado el servidor, por lo que estamos
en condiciones de proceder a la votación.

Votación de las enmiendas números 4 y 5, del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 254; votos emitidos, 254; a favor, 29; en
contra, 115; abstenciones, 110.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Señorías, votamos, a continuación, las
enmiendas del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria
Bildu.

En primer lugar, votamos conjuntamente las
enmiendas 120, 124, 137, 143, 145 y 170.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 256; votos emitidos, 256; a favor, 34; en
contra, 119; abstenciones, 103.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del mismo grupo parlamentario, votamos de
manera conjunta las enmiendas números 123, 132, 133, 135, 152, 153
y 180.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 255; votos emitidos, 255; a favor, 25; en
contra, 118; abstenciones, 112.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del mismo grupo, votamos las enmiendas
números 127, 142, 155, 166, 172, 182, 186 y 188.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 256; votos emitidos, 256; a favor, 24; en
contra, 218; abstenciones, 14.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del mismo grupo parlamentario, votamos las
enmiendas números 136, 141, 165, 177 y 184.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 253; votos emitidos, 253; a favor, 24; en
contra, 119; abstenciones, 110.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del mismo grupo, votamos las enmiendas
números 140 y 173.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 256; votos emitidos, 256; a favor, 35; en
contra, 218; abstenciones,3.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del mismo grupo, votamos la enmienda
número 148.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 256; votos emitidos, 256; a favor, 28; en
contra, 119; abstenciones, 109.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo, votamos la enmienda
número 167.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 256; votos emitidos, 256; a favor, 35; en
contra, 221.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas del mismo grupo
números 174, 176 y 187.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 256; votos emitidos, 256; a favor, 25; en
contra, 221; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
votamos las enmiendas números 72, 73, 77, 83 a 86, 91, 101 y 113.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 256; votos emitidos, 256; a favor, 99; en
contra, 120; abstenciones, 37.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del mismo grupo, votamos las enmiendas
números 74, 90, 97 y 106.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 255; votos emitidos, 255; a favor, 101; en
contra, 119; abstenciones, 35.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del mismo grupo, votamos las enmiendas
números 75, 79, 99 y 112.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 256; votos emitidos, 256; a favor, 99; en
contra, 122; abstenciones, 35.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del mismo grupo, votamos las enmiendas
números 76, 80, 95 y 98.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 256; votos emitidos, 256; a favor, 99; en
contra, 120; abstenciones, 37.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del mismo grupo, votamos las enmiendas
números 82 y 87 a 89.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 255; votos emitidos, 255; a favor, 101; en
contra, 122; abstenciones, 32.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos, a continuación, del mismo grupo, la
enmienda número 94.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 256; votos emitidos, 256; a favor, 112; en
contra, 120; abstenciones,24.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del mismo grupo, votamos la enmienda
número 103.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 256; votos emitidos, 256; a favor, 217; en
contra, 5; abstenciones, 34.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

A continuación, votamos la enmienda del mismo
grupo número107.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 256; votos emitidos, 256; a favor, 104; en
contra, 130; abstenciones, 22.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, del mismo grupo la
enmienda número 108.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 255; votos emitidos, 255; a favor, 101; en
contra, 129; abstenciones, 25.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, del mismo grupo, la enmienda
número 109.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 256; votos emitidos, 256; a favor, 106; en
contra, 119; abstenciones, 31.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la última enmienda del Grupo
Parlamentario Popular, la número 111.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 255; votos emitidos, 255; a favor, 98; en
contra, 132; abstenciones, 25.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, votamos la vuelta al texto del
Congreso en lo modificado por la enmienda número 175.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 256; votos emitidos, 256; a favor, 117; en
contra, 135; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Por tanto, queda
rechazada.

A continuación, votamos en un solo acto
aquellas partes del proyecto de ley enmendadas en comisión y no
comprendidas en la votación anterior.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 256; votos emitidos, 256; a favor, 125; en
contra, 18; abstenciones, 113.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Señorías, votamos en un solo acto el resto del
proyecto de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente
resultado: presentes, 256; votos emitidos, 256; a favor, 120; en
contra, 19; abstenciones, 117.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto,
aprobado.

Tal como dispone el artículo 90 de la
Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado
al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie en forma previa a
la sanción del texto definitivo por S. M. el Rey. (Aplausos).

El señor presidente lee el punto 7.1.4.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del
dictamen tiene la palabra el presidente de la Comisión de Justicia, el
senador Lerma Blasco. (Rumores).

Señorías, con su permiso, vamos a continuar la
sesión plenaria. Les ruego que, si lo desean, abandonen el hemiciclo,
pero en silencio.

El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor
presidente.

Procedo a la presentación del dictamen de la
proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal
consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela
(Alicante/Alacant) y Pueblos de su Marco y al Tribunal del Comuner del
Rollet de Gràcia de l’Horta d’Aldaia (antes denominada
proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal
consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela
(Alicante/Alacant) y Pueblos de su Marco).

La proposición de ley que se somete en este
acto a la consideración del Pleno del Senado, y que se tramita por el
procedimiento ordinario, tuvo su entrada en esta Cámara el día 21 de
octubre de 2021, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas finalizó
el 3 de noviembre de 2021.

Como recoge el preámbulo de esta proposición de
ley orgánica, los tribunales consuetudinarios y tradicionales están
reconocidos en la Constitución española de 1978, cuyo artículo 125
introduce la posibilidad de que los ciudadanos puedan ejercer la acción
popular y participar en la Administración de Justicia ante dichos
tribunales. En el mismo sentido se pronuncia la Ley Orgánica del Poder
Judicial. El Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, tal como lo
conocemos en la actualidad, fue creado a mediados del siglo XIII por el
rey, Alfonso X el Sabio. Por su parte, el Tribunal del Comuner del Rollet
de Gràcia de l’Horta d’Aldaia tiene sus orígenes demostrados
al menos desde el siglo XIII en un privilegio otorgado por el rey Jaume
I.

A esta proposición de ley se presentaron cuatro
enmiendas. El 10 de noviembre la comisión ratificó la ponencia, que quedó
integrada de la siguiente manera: don Josep Maria Cervera, don Imanol
Landa, don Koldo Martínez, doña Ana Martínez Zaragoza, doña Elisenda
Pérez, don Artemi Rallo, don Fernando de Rosa, doña María Salom, don
Miguel Sánchez y don Clemente Sánchez-Garnica. Ese mismo día se reunió la
ponencia para emitir su informe, que introducía modificaciones en el
texto remitido por el Congreso de los Diputados con la aprobación de
todas las enmiendas presentadas. A continuación, se reunió la comisión y
emitió dictamen de conformidad con el informe de la ponencia. En
consecuencia, la modificación añadiría dos nuevos apartados, 5 y 6, al
artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, reconociendo el
carácter consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de
Orihuela y Pueblos de su Marco y al Tribunal del Comuner del Rollet de
Gràcia de l’Horta d’Aldaia. No se han presentado votos
particulares a esta proposición de ley.

Nada más y muchas gracias, presidente.
(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

¿Algún grupo desea intervenir en el turno a
favor? (Pausa).

En el turno a favor tiene la palabra el senador
Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Gràcies, senyor
president.

Tenía previsto saludar al alcalde de Aldaia,
Guillermo Luján; a Empar Folgado, portavoz y diputada provincial; a
Albert Granell, concejal de Compromís en Aldaia; a María Amparo Guasp y a
José Bonet, miembros del Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de
l’Horta d’Aldaia, que estaban siguiendo este Pleno como
invitados y que se han tenido que ir, pues perdían el tren. Pero podrán
ver este saludo por video.

Yendo ya al turno de defensa, que compartiré
con el Grupo Socialista, quiero recordar que en febrero de 2020 fue
Compromís quien presentó dos proposiciones de ley para modificar la Ley
Orgánica del Poder Judicial, con el fin de reconocerles su carácter de
tribunal consuetudinario; una para el caso del Juzgado Privativo de Aguas
de Orihuela y Pueblos de su Marco y otra para el Tribunal del Comuner del
Rollet de Gràcia de l’Horta d’Aldaia. Estas mismas
iniciativas se presentaron en noviembre de 2018 y, a pesar de su
aprobación inicial, no prosperaron por la disolución de las Cortes, y
decayeron. Hoy parece que estas iniciativas legislativas van a llegar a
su fin, y esperemos que en el primer Pleno que se celebre en diciembre en
el Congreso las aprueben definitivamente. Obviamente, si llegamos a este
punto es porque ha existido un consenso generalizado en su tramitación,
pero no hubiera nacido si Compromís no hubiera presentado estas dos
proposiciones. Para un grupo pequeño como el nuestro es complicado
iniciar y finalizar la aprobación de una ley. Hoy tramitamos esta ley que
no hubiera podido llegar hasta aquí si nosotros no la hubiéramos
presentado. ¿Cuántas proposiciones de ley como esta han iniciado grupos
más numerosos y de asuntos propios del País Valenciano? La respuesta está
clara, ninguna, tal y como sucede cuando presentamos enmiendas a los
Presupuestos Generales del Estado o a cualquier texto legislativo.
Obviamente, no somos el grupo más numeroso, pero sí el que más defiende
con iniciativas legislativas y no legislativas los intereses del pueblo
valenciano.

En su día entendimos que era mejor presentar
las dos propuestas por separado para agilizar su tramitación, como se
hizo también en las Cortes Valencianas a nivel no legislativo. Durante el
periodo de presentación de textos alternativos nadie aportó nada ni
tampoco durante su tramitación en el Congreso. Hoy llegamos con un texto
de consenso.

El Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela fue
creado a mediados del siglo XIII, y el Tribunal del Comuner
d’Aldaia en 1268. Somos, por lo tanto, un país que desde su
nacimiento ha tenido su singularidad, sus fueros, sus leyes, sus
tribunales y juzgados privativos, sus instituciones y sus costumbres. Un
reino creado en 1238 y con Els Furs de 1261, que son, por lo tanto, el
primer texto legislativo de lo que es hoy el Estado español y el segundo
en Europa. El País Valenciano hemos sido, somos y seremos, y reconocer el
carácter consuetudinario del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela o del
Tribunal del Comuner d’Aldaia demuestran esta realidad. Somos una
nacionalidad histórica como la primera, que nos han querido borrar
durante siglos, pero hemos continuado y continuaremos siendo, porque ese
Estado que compartimos solo será viable si lo entendemos como una suma de
diferentes realidades, diferentes tradiciones, diferentes lenguas,
culturas e instituciones. Estos dos tribunales son una rareza en Europa
en el buen sentido de la palabra. Entendemos que hoy hacemos justicia con
la aprobación, espero que sea por unanimidad, de esta ley.

Continuaré argumentando en el turno de
portavoces.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

También en turno a favor, y por parte del Grupo
Parlamentario Socialista, tomará la palabra su señoría, la senadora
Martínez Zaragoza.

La señora MARTÍNEZ ZARAGOZA: Buenas tardes y
gracias, presidente.

Buenas tardes, señorías. Hoy es el día de
Orihuela, hoy es el día de Aldaia; de felicitaciones; de sus gentes, de
sus regantes y de su huerta.

Señorías, «tahúlla», «pagar las mondas» o «me
toca la tanda» son expresiones que personas como yo hemos oído desde
nuestra infancia en mi comarca, la Vega Baja del Segura. Son palabras que
ya se recogen en las primeras reglamentaciones de los usos y
administración de las aguas en nuestra comarca, originarias de la época
de Alfonso X. El Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, origen de otros
juzgados como el de Guardamar, el de Rojales y otras comunidades de
regantes, es una entidad que imparte justicia y administra los riegos
desde hace más de 1000 años. El regadío en mi comarca, en la Vega Baja,
se inicia aisladamente en tiempos de los romanos, pero es durante el
dominio árabe cuando se implanta el regadío y se crean las
infraestructuras, parte de las cuales aún conservamos. La administración
de regadío y la impartición de justicia era la realizada por el
denominado acequiero. En referencia a aquella época, el doctor en
jurisprudencia, Jalil, establecía que las aguas fueran divididas por
tiempos, las tandas; se establecían las divisiones y su administración.
Alfonso X respeta los privilegios de justicia y administración del agua,
y con esta terminante declaración así lo corrobora: «E guien las aguas en
tal manera que rieguen y ryeguen tanto como solían en tiempo de moros, e
que fagan que todas las tierras se rieguen por las paradas do solían
tomar su tanda en tiempo de moros e non por otro logar…».
Declaración que hace el 14 de mayo de 1275 mediante el protocolo fechado
en Valladolid y que actualmente se conserva en el Archivo Histórico
Nacional. Este documento es donde el rey Alfonso X el Sabio nombra como
primer sobreacequiero a Pedro Zapatero, y es donde ya dicta las primeras
normas escritas de administración del riego. Constituye el primer y más
antiguo documento que se conserva del nombramiento de un juez de aguas en
Orihuela y, a su vez, el más antiguo documento escrito de cualquier
tribunal que imparte justicia en los regadíos.

El Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y el
Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l’Horta d’Aldaia
son una seña de identidad de la nostra terreta, de nuestra tierra;
contribuyen a la cohesión social y de las comunidades de regantes; velan
por la sinergia de una serie de oficios —los guardas, los
inspectores, los podadores—; transmiten oralmente conocimientos
emanados de intercambios culturales seculares y poseen un vocabulario
especializado propio salpicado de palabras de origen árabe. En
definitiva, señorías, por su patrimonio, por su cultura, por sus
tradiciones y por la transmisión de sus valores a través del tiempo es
por lo que estos dos tribunales deben ser considerados consuetudinarios y
tradicionales.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

¿Entiendo que ningún grupo quiere hacer uso del
turno en contra? (Pausa).

Pasamos, si les parece, al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra su señoría, el senador
González-Robatto.

El señor GONZÁLEZ-ROBATTO PEROTE: Muchas
gracias, señor presidente.

Señorías, desde hace más de 1000 años el
Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela imparte justicia y administra los
riegos de la Vega Baja del Segura. Durante la dominación árabe es cuando
se implanta el regadío; se crea una infraestructura, así como la
administración y la impartición de justicia. Desde esa época, el Juzgado
Privativo de Aguas de Orihuela ha venido administrando los regadíos e
impartiendo justicia sobre las más de 7500 hectáreas de su jurisdicción.
Dicho juzgado se rige por una junta de gobierno formada por el juez de
aguas que la preside, el teniente juez y el síndico general, cargos
electos todos ellos. Asimismo, existen tribunales de aguas en capitales
históricas ubicadas en la zona de regadío, como Murcia y Valencia.

La Vega Baja alicantina, junto a la huerta de
Murcia y las zonas de regadío de Almería, conforman un polo económico
vinculado al sector primario que es esencial para la economía del sureste
de España, que, además, es la despensa de Europa. Cada gota de agua que
se emplea en esta zona multiplica los empleos y la riqueza, y nadie sabe
mejor que los agricultores del sureste español cómo ajustar el consumo
para no desperdiciar ni una sola gota de agua. Por eso no se entiende por
qué socialistas y comunistas de postín, siempre que tienen ocasión, nos
castigan a los alicantinos, murcianos y almerienses ahogando, cada vez
más con ahínco, la fuente de vida: el trasvase del Tajo-Segura. El sector
agrícola del sureste español, de enorme vitalidad, debe su consolidación
al trasvase Tajo-Segura, que es fruto de una política exitosa de
ordenación del territorio. Del trasvase procede el 60 % del agua para
consumo humano en la zona, que lo convierte en un sostenedor del sistema
de abastecimiento. Por su parte, la superficie regada por el Tajo-Segura
ocupa más del 60 % del regadío provincial, convirtiendo los huertos en
verdaderos sumideros del dióxido de carbono. El riego por goteo está
instalado en más del 90 % de ese espacio cultivado. El valor económico
bruto de las zonas regables del acueducto Tajo-Segura en la provincia de
Alicante es superior a 500 millones de euros al año. El coste energético
del trasvase y postrasvase es de 1,1 kilovatios/hora por metro cúbico, lo
que hace que sus aguas sean insustituibles para el regadío, ya que la
alternativa del agua desalada es cuatro veces más costosa y perjudicial
para el medio ambiente.

A pesar de lo expuesto anteriormente, el
Gobierno actual, aliado con el radicalismo del cambio climático de talón,
pretende sin tapujos el cierre de una infraestructura sin la que sería
imposible explicar el desarrollo de la Vega Baja y del sureste español en
los últimos 40 años. La ministra para la Transición Ecológica ya ha
puesto fecha de cierre al trasvase; de esta forma el Gobierno nos condena
a abastecernos con agua desalada, un recurso que requiere un consumo de
energía de más de 4 kilovatios/hora por metro cúbico, y ya sabemos que la
energía, en manos de los socialistas, no es precisamente barata y produce
una cantidad ingente de desechos, especialmente salmuera, que es muy
tóxica.

La macroplanta de Torrevieja, impulsada por la
hoy vicepresidenta del Senado, Cristina Narbona, que costó más de 350
millones de euros, no está ni siquiera conectada para suministrar agua a
los 30 000 agricultores previstos. Defender que el motivo del cierre del
trasvase es la protección de la naturaleza, como venimos escuchando
desde 2018, es, como les gusta a ustedes decir, una fake new que la
provincia de Alicante y el sureste español no pueden consentir. Asimismo,
defender que el agua desalada es poco más o menos la solución final es
absolutamente de necios.

Señorías, el trasvase Tajo-Segura es
irremplazable. Si el Gobierno lo cierra, estará condenando el futuro de
más de 2,5 millones de personas. Señorías, los españoles necesitamos una
política nacional del agua, una política valiente que parta del principio
de que el agua es de todos y para todos, porque en España hay agua para
todos. Para lograrlo hay que recuperar el Plan hidrológico nacional y
culminar la interconexión de las cuencas. Con este proyecto Vox está
absolutamente comprometido y hace el mismo discurso en cualquier
provincia de España.

Señorías, votaremos a favor de esta proposición
de ley.