La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee los
puntos 5., 5.1. y 5.1.1.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Para
la presentación del dictamen, tiene la palabra la presidenta de la
Comisión de Igualdad, la senadora Navarro Garzón.

La señora NAVARRO GARZÓN: Muchas gracias,
presidenta. Buenos días, señorías, señora ministra.

Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica
la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y
de la interrupción voluntaria del embarazo. El proyecto de ley que se
somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado y que se
tramita por el procedimiento de urgencia tuvo su entrada en esta Cámara
el día 20 de diciembre de 2022, fecha, asimismo, de su publicación en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de
enmiendas finalizó el día 27 de diciembre de 2022.

A este proyecto de ley se presentaron tres
propuestas de veto, de las cuales fue retirada posteriormente la
número 2, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y 186 enmiendas,
de las cuales no tuvieron la conformidad del Gobierno las enmiendas
números 83, del señor Mulet García, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, y la 106 del señor Gómez Perpinyà, del mismo grupo
parlamentario, al amparo de lo establecido en el artículo 134.6 de la
Constitución y conforme a lo dispuesto en el artículo 151 del Reglamento
del Senado.

El día 1 de febrero de 2023 la comisión
ratificó la ponencia, que quedó integrada de la siguiente manera: doña
Sara Bailac Ardanuy, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana; doña
Gloria Isabel Calero Albal, del Grupo Parlamentario Socialista; doña
María Esther Carmona Delgado, del Grupo Parlamentario Socialista; doña
María Dolores Etxano Varela, del Grupo Parlamentario Vasco; doña Ruth
Goñi Sarries, del Grupo Parlamentario Mixto; doña Beatriz Martín Larred,
del Grupo Parlamentario Democrático; don Koldo Martínez Urionabarrenetxea
, del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal; doña María Teresa
Rivero Segalàs, del Grupo Parlamentario Nacionalista; doña Patricia
Rodríguez Calleja, del Grupo Parlamentario Popular; doña Donelia Roldán
Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, y don Antonio Román
Jasanada, del Grupo Parlamentario Popular. Ese mismo día se reunió la
ponencia para emitir su informe, que introducía modificaciones en el
texto remitido por el Congreso de los Diputados. Asimismo, en relación
con diversos errores técnicos o de índole gramatical detectados en el
referido texto, y a la vista de la nota de la señora letrada, se
efectuaron las oportunas correcciones, que no tienen la naturaleza de
enmienda a efectos de lo dispuesto en el artículo 90.2 de la
Constitución.

Se han presentado diez votos particulares: del
señor Marín Gascón, la señora Merelo Palomares y la señora Rodríguez
Millán Parro, del Grupo Mixto; del señor Sánchez López, del Grupo
Parlamentario Democrático; del señor Egea Serrano y la señora Martín
Larred, del Grupo Parlamentario Democrático; del señor Martínez
Urionabarrenetxea, del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal; del
señor Mulet García, del mismo Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal; del señor Gómez Perpinyà, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Confederal; del señor Cleries i Gonzàlez y la señora Rivero
Segalàs, del Grupo Parlamentario Nacionalista; de la señora Bailac
Ardanuy y de la señora Cortès Gès, del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana, y del Grupo Parlamentario Vasco del Senado y del Grupo
Parlamentario Popular.

Quería agradecer a la ponencia, a la señora
letrada y a los servicios de la Cámara el trabajo realizado.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Para la defensa de la propuesta de veto
número 1, tiene la palabra la senadora Merelo Palomares.

La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señora
presidente. Muy buenos días.

Señorías, en Vox hemos presentado este veto al
Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010,
de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción
voluntaria del embarazo, por diversos motivos: porque estamos en total
desacuerdo con la consideración del aborto como un derecho humano; porque
se realiza por el trámite de urgencia; porque limita el derecho a la
objeción de conciencia de los sanitarios; porque atenta contra el derecho
y el deber de los padres, ya que pueden abortar las menores sin su
consentimiento; porque atenta contra la libertad de las mujeres, al
eliminar los días de reflexión y la información obligatoria sobre ayudas
o alternativas, y porque desprotege absolutamente la vida del
nasciturus.

Señorías, para que me sigan en nuestro
razonamiento, voy a empezar por algo de una lógica que todos compartirán.
Hoy en día, tras la fecundación, solo las mujeres tenemos la posibilidad
de concebir otro ser humano distinto al padre y a la madre, con ADN
distinto, aunque con rasgos heredados, claro está. De esta concepción no
puede salir un fruto ni un objeto ni una planta ni un animal, lo único
que puede salir es otro ser humano y, lógicamente, si es un ser humano,
es una persona, ¿o qué ser humano no es una persona? ¿Nos lo pueden
decir? ¿Van ustedes a decidir quién es persona y quién no? ¿Van ustedes a
decidir quién es digno de vivir y quién no? Les recuerdo que estas
actitudes ya las hemos visto antes en el pasado y se llaman prácticas
eugenésicas. Recuerden el plan Aktion T4, niños con síndrome de Down
declarados indignos de vivir, ejecutados; personas con corea de
Huntington ejecutados. Ustedes buscan esconderse detrás de las mujeres,
pero no vamos a dejar que nos usen como pretexto para llevar a cabo sus
monstruosas reformas ideológicas. No están reivindicando un derecho para
la mujer, están arrebatándole el derecho más elemental a quien aún no ha
nacido, mientras que a la madre le quitan la oportunidad de ejercer esa
misma maternidad, cosa que, paradójicamente, dicen ustedes proteger en su
proyecto.

En el artículo 3 dicen que se regirán por los
derechos fundamentales, pero la verdad es que se olvidan ustedes de
alguien fundamental aquí, el que está por nacer, el nasciturus. Están
diseñando ustedes un futuro sin esperanza. Están promoviendo, bajo el
paraguas de una bienintencionada promoción de los derechos sexuales y
reproductivos, una cultura de la muerte, donde es mejor matar a un ser
humano que ayudarle a seguir adelante. Hablando de ese nasciturus, la
sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985, de 11 de abril, en su
fundamento jurídico afirma que la vida humana es un devenir, un proceso
que comienza con la gestación, en el curso de la cual una realidad
biológica va tomando corpórea y sensitivamente configuración humana, y
termina en la muerte; es un continuo sometido por efecto del tiempo a
cambios cualitativos de naturaleza somática y psíquica que tienen un
reflejo en el estatus jurídico público y privado del sujeto vital; que la
gestación ha generado un tertium existencialmente distinto de la madre,
aunque alojado en el seno de esta. Dicho de otra manera, que aquí, aparte
de la madre, a quien siempre hay que ayudar y proteger es a otro ser, que
lógicamente solo cabe calificarlo... (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señorías, ruego que guarden silencio.

La señora MERELO PALOMARES: Como decía, hay
otro ser que, lógicamente, solo cabe calificarlo como ser humano, a
quien, por supuesto, hay que proteger. Nosotros estamos dando voz aquí a
aquellos seres humanos que ustedes menosprecian o simplemente desprecian,
a quienes ustedes consideran un enemigo. Díganme si hay alguien más débil
que esos seres humanos. ¿Quién?

Jack Nicholson, Céline Dion, Andrea Bocelli y
Cristiano Ronaldo tienen un pasado en común: a sus madres se les aconsejó
abortar y, finalmente, no lo hicieron, siguieron adelante contra viento y
marea, contra las terribles circunstancias en las que se encontraban, ya
fueran de tipo económico, social o sanitario; siguieron adelante y no se
arrepintieron. Muchas mujeres se sienten desprotegidas con este ambiente
antinatalista que ha llegado incluso a inundar las clínicas de
ginecología, de manera que en la primera ecografía, la del primer
trimestre, muchos médicos, ante cualquier eventual complicación, por
pequeña que sea, aconsejan abortar, simplemente para cubrirse las
espaldas frente a las futuribles denuncias que los padres pudieran
plantearle si su hijo, por lo que sea, naciera con síndrome de Down o con
cualquier otra dificultad, como la parálisis cerebral, por ejemplo. Ya
hay bastante jurisprudencia sobre el tema, con sentencias como la que
en 2014 condenó a la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha a
indemnizar con 300 000 euros a una familia por no haber diagnosticado
síndrome de Down en el feto; sucedió en 2004.

Frente a las mujeres que se sienten solas e
indefensas, ustedes, en lugar de ayudarlas, lo que hacen es crearles una
serie de problemas mayores, ¿o no han oído hablar del síndrome posaborto?
¿Se han preocupado ustedes, por curiosidad, de buscar testimonios de
personas que se arrepienten mucho, muchísimo, de haber abortado, o de
leer artículos científicos sobre el tema? No lo hacen porque cuando
ustedes se encuentran, aunque sea de casualidad, algo que pone en peligro
su relato, lo desdeñan como algo pernicioso; es más, ustedes proponen
ahogar económicamente a las organizaciones preocupadas por la gestación y
maternidad de las mujeres, simplemente porque no se alinean con sus
postulados y se oponen al aborto porque entienden que supone matar a un
ser humano inocente en un recinto sagrado como es el seno de la madre,
que históricamente ha sido protegido en todas las civilizaciones, porque
sabían que de ahí dependía el futuro de un pueblo. Hoy, con tasas de
natalidad de 1,23 hijos por mujer, muy por debajo de la tasa de
reemplazo, 2,1, ustedes juegan a favorecer e impulsar el aborto. En 2021
la población española descendió un 0,1 %, pese al aumento de extranjeros;
es decir, la población española empieza a desaparecer. Hagan sus
proyecciones de aquí a cuarenta años, si se atreven, claro. Ustedes
promueven el aborto no como un mal menor o una situación desagradable, un
drama ante el cual no hay más remedio que cometer esa barbaridad, sino
que directamente afirman que eso es un derecho fundamental de la mujer.
Ustedes llaman progreso al cambio de mentalidad operado en los últimos
años respecto al aborto, nosotros lo consideramos mucho más que un
retroceso.

Volviendo a las asociaciones. En los
artículos 6 y 26 aseguran ustedes el riego de dinero público a sus
chiringuitos, al tiempo que lo deniegan para aquellas asociaciones que lo
destinarían a buscar pisos para madres, alimentos y ropas para los
futuros bebés; es decir, quieren distribuir el dinero público con un
criterio tan arbitrario como la afinidad a una ideología. Si este
concepto no es discriminatorio, podría calificarse directamente de
prevaricación. Tendrían ustedes que hablar con esas madres y ver a esos
niños que, si fuera por ustedes, no existirían. En cuanto a los padres,
este proyecto busca excluirlos de este proceso de decisiones que se ciñen
exclusivamente al acto de la conciencia de la mujer; una conciencia de la
que, según parece, solo ustedes pueden hablar, o sobre la que ustedes han
decidido que solo tienen que recibir mensajes negativos de muerte, de
matar a su criatura. Paradójicamente, en su artículo 5.2. h) dicen que
promoverán la corresponsabilidad en las conductas sexuales cualquiera que
sea la orientación sexual, y saben que no es así, que lo que están
promocionando no es responsabilidad, y mucho menos corresponsabilidad.
Casi cuarenta años después de implantar el aborto, ¿de verdad pueden
decir que han promovido una sexualidad responsable? ¿O más bien han
promovido que los jóvenes crean que pueden disfrutar de su sexualidad sin
ningún tipo de responsabilidad? ¿Las enfermedades de transmisión sexual
se han reducido o han aumentado? ¿No se hacen este tipo de preguntas
porque son incómodas o porque temen darse de bruces con la realidad?

Por otro lado, además de no aceptar a las
asociaciones que no piensan como ustedes, no permiten que las personas
individuales no traguen con semejante ley antihumana, quieren desdibujar
el derecho a la objeción de conciencia destruyendo así uno de los pilares
de la civilización occidental, un derecho que tardó siglos en forjarse y
florecer, tal y como lo conocemos hoy. El texto del proyecto de ley
orgánica constituye un ataque frontal a las normas que rigen las
profesiones sanitarias; particular mención cabe hacer del código de
deontología médica, que establece la obligación de los médicos de
respetar la vida humana... (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Un
momento, señoría.

Señorías, les ruego que guarden silencio por
respeto a quien está haciendo uso de la palabra y por respeto a todos
nosotros y a las personas que nos acompañan en la tribuna de invitados.
No se oye absolutamente nada desde allí, por favor.

Continúe, senadora.

La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señora
presidenta.

Particular mención, como decía, cabe hacer del
código de deontología médica, que establece la obligación de los médicos
de respetar la vida humana, la dignidad de las personas y el cuidado de
la salud en el artículo 5.1, y recoge explícitamente la obligación del
juramento hipocrático de no dar a ninguna mujer un pesaje abortivo. En
modo alguno es admisible que una norma que regula y garantiza un derecho
lo haga por la vía de obligar a otros a ejercer un acto en contra de su
libertad y de su conciencia, como es poner fin a la vida de un ser
humano; sin embargo, cuando acaece el contrasentido, que es la ley
injusta, como viene aconteciendo en nuestro ordenamiento en materia de
aborto y más recientemente de eutanasia, no cabe sino reconocer que los
sanitarios nos podamos oponer en conciencia a realizar dicho acto sin
tener que asumir por ello consecuencias negativas.

Así, por cuanto respecta a la objeción de
conciencia, derecho fundamental que es concreción de la libertad
ideológica, religiosa y de culto, garantizada por el artículo 16 de
nuestra Constitución española, la forma que el proyecto de ley tiene de
regularla es absolutamente insuficiente y errática por varias razones: en
primer lugar, el reconocimiento que se hace de la objeción de conciencia
es condicionado, puesto que la redacción del Artículo único. Dieciocho
del proyecto de ley establece que el ejercicio individual de la objeción
de conciencia no podrá menoscabar la libertad de las mujeres que decidan
interrumpir su embarazo. Es decir, se garantiza el derecho a objetar para
las personas profesionales sanitarias, no todas, en tanto en cuanto haya
otra persona dispuesta a practicar el aborto a la mujer que lo pide. Esto
supone, a todas luces, una limitación a priori del ejercicio de un
derecho fundamental. En segundo lugar, dado que el mencionado artículo
solo reconoce el derecho a objetar a las personas sanitarias directamente
implicadas, tal enunciación excluye que puedan tener el mismo derecho
aquellos profesionales sanitarios cuya implicación en el aborto no sea
directa pero sí necesaria y real. En tercer lugar, el proyecto de ley
crea, en términos similares a los empleados por la Ley Orgánica 3/2021,
de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, un registro de objetores
en el que habrán de inscribirse aquellas personas profesionales
sanitarias que decían objetar por motivos de conciencia respecto de la
intervención directa en la práctica de la interrupción voluntaria del
embarazo —y cito textualmente el Artículo único. Diecinueve—.
Dicho registro de sanitarios objetores está siendo objeto de rechazo por
una buena parte de la sociedad y la práctica totalidad del ámbito
sanitario por varias razones: porque produce discriminación, porque
genera inseguridad en cuanto a las posibles repercusiones laborales para
los objetores y porque entraña el riesgo de vulnerar la legislación en
materia de protección de datos. Y, en todo caso, el artículo 16.2 de la
Constitución es contundente: Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su
ideología, religión o creencias. La creación de un registro en el que se
incluirán, con repercusiones en el ámbito laboral, declaraciones sobre la
conciencia de los afectados es, por tanto, contrario a la Constitución.
Además, la discriminación a la que se somete a los médicos objetores ha
aumentado durante la tramitación de la iniciativa en el Congreso. Al
texto inicial se ha añadido en ponencia la imposibilidad de que los
médicos que integren el registro de objetores, o lo hayan hecho en los
tres años anteriores, puedan participar en un comité clínico evaluador de
los supuestos de aborto eugenésico. Esta modificación pone en evidencia
que la enunciación que hace esta iniciativa es adoptar medidas para
garantizar la no discriminación de las personas objetoras, y esto es
falso.

La iniciativa objeto de la presente propuesta
de veto constituye un nuevo ataque del Gobierno socialcomunista contra la
vida más indefensa, la más vulnerable: la del no nacido; un ataque que
forma parte del asalto general que la izquierda está lanzando contra los
fundamentos mismos de la moralidad de nuestra civilización en todos los
países occidentales. Vox ha manifestado en múltiples ocasiones, y lo
reitera hoy de nuevo aquí, que todo ser humano tiene derecho a la vida
desde su concepción hasta su muerte natural y que así ha de garantizarse
por cualquier norma que se repute justa.

Quiero acabar mi intervención recordando lo que
dice el fundamento jurídico tercero de la sentencia del Tribunal
Constitucional 53/1981, de 11 de abril, a la que antes he aludido, cuando
señala que el derecho a la vida es la proyección de un valor superior al
ordenamiento jurídico constitucional, la vida humana, y constituye el
derecho fundamental, esencial, troncal, en cuanto es el supuesto
ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia
posible. Quizás, para ustedes, estas frases hayan quedado obsoletas y
estén buscando en el nuevo Tribunal Constitucional frases que apoyen sus
propias ideas, pero si flaqueamos en la defensa de la vida, y más
concretamente de la del inocente, todo nuestro ordenamiento jurídico se
tambaleará y ya no podremos hablar en rigor ni de salud ni de bienestar
ni de protección ni de seguridad.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Para la defensa de la propuesta de veto
número 3, del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Román Jasanada.

El señor ROMÁN JASANADA: Buenos días, señora
presidenta.

Debatimos en la mañana de hoy la modificación
de la Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de
interrupción voluntaria del embarazo, a la que el Grupo Parlamentario
Popular ha presentado una propuesta de veto que voy a tratar de defender
en esta intervención.

El aborto ha sido objeto de sucesivos proyectos
legislativos. Ya ocurrió en el año 1983, con entrada en vigor en el
año 1985, y en el año 2010, y ambas leyes han tenido propuestas de
modificación como la que estamos debatiendo en el día de hoy. Y si algo
han tenido en común, tanto los proyectos de ley como las propuestas de
modificación, han sido las dudas sobre su encaje constitucional. En el
primer caso, años 1983 y 1985, un recurso previo de constitucionalidad
obligó a modificar aquel proyecto de ley porque colisionaba con el
artículo 15 de la Constitución, y consideraba el Tribunal Constitucional
la necesidad de garantizar la protección de la vida en todos sus
momentos. En el año 2010 se produjo una modificación legislativa con la
que, básicamente, se pasaba de una ley de supuestos a una ley de plazos;
se permitía el aborto hasta las catorce primeras semanas de gestación y
posteriormente en algunos supuestos: enfermedad de la madre o
malformaciones en el feto no compatibles con la vida. La Ley de 2010 tuvo
informes preceptivos en su contra y cincuenta parlamentarios, alguno de
ellos hoy senador, interpusieron un recurso de inconstitucionalidad que
hoy, trece años después, todavía no ha sido fallado por el Tribunal
Constitucional. Por este motivo, por la no emisión de fallo por el
Tribunal Constitucional, no me voy a referir en la defensa del veto a las
causas que dieron origen a aquel recurso ante el Tribunal y solo me voy a
ceñir a los aspectos que se modifican en este proyecto de ley, que a modo
de resumen son, en primer lugar, la limitación del derecho a la
información, la limitación del periodo de reflexión para la debida
formación de la voluntad y la prestación del consentimiento para la
práctica el aborto. En segundo lugar, aquello que afecta a los deberes
inherentes de la patria potestad, relacionado con la exención del
necesario conocimiento de los padres de menores de edad para autorizar la
práctica del aborto. En tercer lugar, la limitación del derecho a la
objeción de conciencia y la instauración de un registro de profesionales
objetores. Y, en último lugar, la regulación de la incapacidad laboral
temporal por contingencias comunes en casos de menstruación
incapacitante.

Señorías, cuatro o cinco apartados son el
fundamento del veto del Grupo Popular. En primer lugar, voy a referirme a
la eliminación del requisito de consentimiento por parte de los padres
cuando las madres gestantes son menores de edad o, mejor dicho, tienen 16
o 17 años. Y en este punto quiero traer a debate la obligación que
tenemos los progenitores, tal y como exige el artículo 154 del Código
Civil, de velar por sus hijos. Entendemos que prescindir del conocimiento
y del consejo de los padres, en el caso de una menor madre embarazada, en
un momento dramático para ella no es lo más adecuado para la menor e
incumple esa exigencia del Código Civil en lo relativo a la patria
potestad. Es sorprendente que los progenitores tengamos que firmar una
autorización para que nuestros hijos menores de edad vayan a una
excursión con el colegio y, en cambio, la menor de edad pueda ser
abandonada, con el amparo de la ley, en uno de los momentos seguramente
más difíciles de su vida, como es finalizar de modo voluntario con un
embarazo y con la vida de un hijo. Creemos que en las eventuales
situaciones de conflicto entre la voluntad de la madre menor y los
progenitores deben conciliarse los deberes de la patria potestad y la
libertad de decisión de la menor, siempre según su grado madurativo.

En segundo lugar, creemos que esta proposición
de ley va en contra del derecho a recibir una información adecuada como
requisito asociado al consentimiento para la práctica del aborto, y para
tomar una decisión en libertad se tiene que tener conocimiento y
comprensión de las consecuencias físicas y psicológicas que puede
comportar la decisión a tomar y, por otra parte, también hay que tener la
información adecuada sobre alternativas de carácter social y económico y
de cualquier otra índole que pudieran ser, además, la causa que lleve a
la mujer a esa decisión de finalizar el embarazo. Mi grupo cree que la
mujer debe recibir una información personalizada, adecuada, completa, de
modo verbal y escrito y con carácter previo suficiente a la toma de
decisión.

En tercer lugar, y relacionado con las dos
anteriores, se encuentra la eliminación del periodo de reflexión de tres
días en la interrupción del embarazo en las catorce primeras semanas de
gestación. Mi grupo considera que, tras recibir la información adecuada a
la que me he referido con anterioridad, es necesario, para adoptar una
decisión meditada y con conocimiento, un período de reflexión para la
formación de la voluntad con pleno conocimiento. En anteriores leyes del
aborto, en concreto, en esta que estamos reformando, este periodo de
reflexión era superior. Ahora se quiere quitar el periodo de reflexión, y
la Ley de 2010 no la hizo ningún otro partido más que el Partido
Socialista; fue la Ley Aído, la ley de Rodríguez Zapatero, la que puso
este periodo de reflexión.

Y, en cuarto lugar, respecto a la interrupción
voluntaria del embarazo y los derechos sexuales y reproductivos, quiero
mencionar la posición contraria de mi grupo —ya lo hice con la Ley
de eutanasia— al señalamiento y estigmatización a la que pretenden
someter a los profesionales sanitarios que por razones ideológicas o de
conciencia no quieren participar en la interrupción voluntaria del
embarazo. Cierto es que en algunos de los artículos de la ley se reconoce
el derecho a la objeción de conciencia, pero solo de aquellos
profesionales que participan de manera activa en la interrupción
voluntaria del embarazo, y tenemos que saber que hay otros profesionales
directamente implicados en esta práctica que se quedan fuera de ese
derecho a la objeción de conciencia; en concreto, a los profesionales que
no participan de modo directo, pero sí de modo necesario y real. Si hablo
en este apartado de estigmatización o señalamiento es porque a través de
la creación de registros de objetores se corre el riesgo cierto de
menoscabar oportunidades laborales por razones organizativas en los
servicios o en los hospitales, o incluso salariales, entre aquellos
objetores que integren estas listas o registros.

Por último, otra de las razones que fundamentan
nuestro veto, y en este caso no tiene relación con la interrupción
voluntaria del embarazo, tiene que ver con aspectos relacionados con lo
que se ha denominado en esta ley la menstruación incapacitante. Este
titular, muy mediático, puede significar la discriminación de la mujer y
perjudicar en el ámbito laboral a quien se pretende beneficiar con esta
norma. En la actualidad, los profesionales médicos pueden prescribir una
baja laboral por cualquier patología o dolencia que sufre la mujer, sin
necesidad de realizar este señalamiento desigual que se va a ocasionar a
la mujer con esta terminología de menstruación incapacitante.

Señorías, estos son algunos de los aspectos por
los que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una propuesta de
veto a este proyecto de ley, que consideramos innecesario y precipitado.
Creemos que está justificado nuestro veto a este proyecto de ley porque
no tiene el consenso social y político que requeriría un tema de tanta
complejidad y porque presenta una presunta vulneración de derechos
fundamentales y de principios de nuestro ordenamiento jurídico, y además
ha sido informado de manera no favorable en algunos aspectos por el
Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial. Creemos, además,
que este proyecto de ley únicamente responde a esa mal llamada agenda
ideológica del Gobierno que tantos quebraderos de cabeza está dando a la
sociedad española, y me consta que también a algunos ministros del
Gobierno del señor Pedro Sánchez.

Entre estos proyectos de ley ideológicos se
encontraba también la conocida y mal llamada Ley del solo sí es sí, que
ha propiciado la rebaja de condenas a delincuentes, depredadores
sexuales, e incluso la excarcelación de algunos de ellos. Y aunque se
modifique la ley, el mal ya está hecho por este Gobierno socialista y no
se revertirá la excarcelación ni la rebaja de penas a más de
cuatrocientos depredadores sexuales, como digo, gracias a una ley del
Partido Socialista y del señor Pedro Sánchez. Estos males que ocasionan
las mal llamadas leyes ideológicas son responsabilidad y culpabilidad del
señor Pedro Sánchez. (Aplausos). Y otra ley ideológica es la de hoy, de
despenalización del aborto en las catorce primeras semanas o en
determinados supuestos de carácter terapéutico; la actual modificación
para permitir el aborto a las menores de 18 años sin el conocimiento de
sus padres, la no obligatoriedad de aportar información a la madre que
desea abortar, la supresión del necesario periodo de reflexión para
formar la voluntad y la limitación del derecho de objeción de conciencia
y su persecución a través de registros de listas de objetores a los que
hay que perseguir.

¿Qué derecho aporta esta ley? Ninguno. ¿Qué
solución aporta a la colisión de derechos fundamentales, como pueden ser
el derecho a la vida o el principio constitucional de la libertad o el
derecho a la dignidad e integridad a la persona? Ninguno. Señorías, estas
son razones para no estar de acuerdo con esta modificación legislativa.
Además, han tramitado esta ley por el procedimiento de urgencia,
disminuyendo los tiempos, los plazos para legislar en profundidad, no
escuchando a la sociedad civil y no dando el tiempo suficiente a los
órganos consultivos para la emisión de informes —los informes del
Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal llegaron a las
Cortes Generales mucho después de haberse iniciado el trámite
parlamentario en el Congreso de los Diputados—. Tampoco se solicitó
informe a otras comisiones consultivas, como es la Comisión de Bioética.
No han permitido tampoco la participación de sociedades científicas y de
colegios profesionales sanitarios afectados por la ley. ¿Por qué estas
prisas? Quizá la respuesta es porque ven que la legislatura toca a su fin
y que los españoles van a enviarlos de nuevo a la oposición, esperemos
que por mucho tiempo. Pero las consecuencias, como estamos viendo con las
excarcelaciones de violadores y las rebajas de penas, son responsabilidad
de los Gobiernos de Pedro Sánchez, de gobiernos de izquierda.

Concluyo. Un problema tan serio, tan complejo
como es el aborto, que afecta, por una parte, a su encaje constitucional
y que está vinculado a una situación en muchas ocasiones dramática para
las mujeres, y que afecta a diferentes opiniones y sensibilidades de
carácter ideológico, en unos casos de índole profesional y en otros
también de naturaleza moral o religiosa, debe ser abordado con mayor
consenso y con mayor respaldo legal y social. En España se producen al
año muchos abortos, cerca de cien mil, y pensamos que el aborto debería
ser algo excepcional. En España es necesario potenciar políticas de apoyo
a la maternidad y no políticas para acabar con esta maternidad.
Consideramos que esta ley es innecesaria y precipitada y no soluciona
ningún problema a las mujeres.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Para la defensa del turno en contra a los dos
vetos presentados, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Socialista, la senadora Granados Galiano.

La señora GRANADOS GALIANO: Gracias,
presidenta.

Señor Román, ha venido usted con un tono
tranquilo, y se lo agradezco. No nos tienen acostumbrados a este tono,
pero esto no quiere decir que lo que usted diga no sea radical porque,
fíjense, el PP está donde siempre y el PSOE está donde siempre. Llevamos
casi cuarenta años de debate legislativo sobre el aborto y se resume todo
muy rápido: con el PSOE se avanza, con el PP se retrocede. (Aplausos). Es
así de fácil. Hoy, como hace treinta y ocho años, en 1985, votarán en
contra; a cualquier derecho de las mujeres, el Partido Popular vota en
contra. Y lo digo fácilmente: el PSOE está donde estaba el PSOE y el PP
está donde estaba Alianza Popular. (Aplausos). Y la demostración es esa
imagen de este fin de semana en Valencia que podríamos calificar de
vintage.

Señorías, hoy los hemos escuchado con mucha
atención. El debate hoy no es sobre el aborto, el debate hoy otra vez es
si las mujeres somos libres para decidir sobre nuestro propio cuerpo con
seguridad. Y esta es una ley necesaria, una ley necesaria que el Partido
Popular y Vox siguen vetando treinta y ocho años después de que se
reconociera ese derecho en nuestro país. Y es que con cada avance social
el Partido Popular tiene el mismo patrón: primero se oponen a la ley,
después se manifiestan contra ella, después la llevan a los tribunales y,
al cabo del tiempo, parece que nunca se habían opuesto a esa ley. En el
caso del aborto, la verdad es que están tardando mucho, más de treinta y
ocho años, en llegar a ese consenso, porque ustedes dicen que tiene que
haber consenso en un tema tan delicado como el aborto, pero yo les digo:
están ustedes muy solos, el 83 % de nuestro país está a favor. El nuestro
es uno de los países más avanzados del mundo en la aceptación del derecho
a la interrupción voluntaria del embarazo. Luego, si el 83 % de los
españoles y españolas están de acuerdo en la interrupción voluntaria del
embarazo, ¿a quiénes representan el Partido Popular y Vox? ¿A quiénes
representan? (Aplausos). Porque la España de la libertad, la España del
respeto a las mujeres y a que las mujeres decidamos libremente es mucho
más grande que los representantes del Partido Popular y de Vox, porque
incluso mayoritariamente sus votantes están a favor de la interrupción
voluntaria del embarazo. El tiempo en el que ustedes decidían cuál era la
moral de la sociedad ya pasó y creo que es tiempo también de que acepten
y que vengan a este consenso social, en el que estamos ya el 83 % de los
españoles.

Y quiero dirigirme también al resto de grupos
para agradecerles el apoyo a esta reforma. Esta es una nueva batalla que
ganamos las mujeres y el conjunto de la sociedad para recuperar derechos,
algunos de los cuales nos arrebató el Partido Popular en su última
reforma y que vamos a volverlos a poner en la ley. Porque sí que hace
falta una nueva Ley del aborto, una ley que blinde el libre derecho a la
interrupción voluntaria del embarazo. Y les voy a dar tres motivos para
justificar su existencia: esta ley es necesaria porque las mujeres
queremos ser libres, esta ley es necesaria porque las mujeres queremos
ser iguales y esta ley es necesaria porque las mujeres exigimos respeto.
Primero, queremos ser libres porque, siguiendo las recomendaciones de
Naciones Unidas, queremos corregir un retroceso que nunca debió darse,
porque, señores del PP y señores de Vox, como la Ley de 2010, esta
reforma no obliga a ninguna mujer a abortar, no obliga a ninguna mujer a
nada. (Aplausos). Les voy a dar un dato: solo una de cada diez menores
abortó sin el consentimiento de sus padres; pues bien, esta ley está
pensada para esa menor. Mientras ustedes manosean publicitariamente la
palabra libertad, yo les reitero algo muy básico que se niegan a
entender: los derechos no son para quitar libertad a nadie, sino que son
para aquellos que la quieren ejercer. (Aplausos). Y hoy devolvemos a las
mujeres de 16 a 18 años y a las mujeres con discapacidad su derecho a
decidir por su maternidad.

Segundo, queremos ser libres y queremos ser
iguales. Y ser iguales en esta ley significa garantizar la equidad en el
ejercicio de ese derecho y, por lo tanto, con esta ley vamos a garantizar
que las mujeres tengan los mismos derechos, vivan donde vivan, porque hoy
los datos nos dicen que ocho de cada diez interrupciones voluntarias del
embarazo tienen lugar en centros privados y a menudo fuera de la
provincia del lugar de residencia de la mujer. En 2021 hubo doce
provincias en las que no había un centro, ni público ni privado, que
realizara interrupciones voluntarias del embarazo. Eso significa que más
de cuatro mil mujeres, más de cuatro mil españolas tuvieron que cambiar
de provincia o comunidad autónoma para, simplemente, poder ejercer un
derecho. Nosotros entendemos que en el disfrute de los derechos no puede
haber desigualdades territoriales, y por eso vamos a garantizar que las
mujeres puedan abortar en un centro de responsabilidad pública cerca de
casa, porque consideramos que también es su derecho. El señor Román
hablaba de estigmatización de los profesionales sanitarios y nosotros les
reconocemos, por supuesto, su derecho individual a la objeción de
conciencia, pero las que están estigmatizadas son las mujeres, aquellas
que acceden a centros y que no encuentran un lugar donde poder ejercer
sus derechos. (Aplausos).

Y, tercero, exigimos respeto. Y yo les
pregunto: ¿Qué les hace pensar que las mujeres no tomamos decisiones
importantes con responsabilidad? ¿Tenemos un grado de madurez
insuficiente, quizá, las mujeres? ¿Se piensan que cuando decides ser
madre o cuando decides no ser madre es un acto irreflexivo, señores del
Partido Popular y señores de Vox? (Aplausos). Cuando decidimos
interrumpir nuestro embarazo no deseado, lo hemos pensado, lo hemos
valorado con quien hemos considerado y no queremos que nos estigmaticen
por esa decisión. Y, fíjense, el veto de Vox, que votó también el Partido
Popular, dice literalmente: Tampoco se puede denominar un acto libre el
que comete una mujer embarazada en un estado emocional intenso, sin
posibilidad de reflexión alguna. Eso es lo que afirma Vox y vota el
Partido Popular. (Aplausos). Las mujeres estamos anuladas en nuestra
voluntad y en nuestra capacidad de reflexión a la hora de tomar una
decisión como esa. No, señorías, cuando decidimos interrumpir un
embarazo, hemos decidido interrumpir un embarazo. No queremos que nadie
nos dé tres días de reflexión porque llevamos semanas reflexionando.
(Aplausos). No necesitamos, como decía el señor Casado, que alguien nos
explique lo que llevamos dentro. Eso es lo que decía el señor Casado, y
el señor Mañueco y el señor García-Gallardo, con el silencio del señor
Feijóo, pretenden que escuchemos el latido y no sé cuántas cosas más. Y
es que, por mucho que se vistan, su moderación no es creíble. Hoy
tendrían una fantástica oportunidad. Llevan semanas hablando de derechos
de las mujeres, de feminismo y demás, pues hoy es la prueba del algodón:
retiren el veto, retiren sus enmiendas y apoyen los derechos de las
mujeres a decidir libremente sobre nuestra maternidad. (Aplausos). Pero
no lo van a hacer porque no creen en los derechos de las mujeres. Porque
el señor Feijóo quiere vestirse de moderado, pero la realidad le desnuda;
cada vez que ustedes presentan una enmienda o un veto dejan esa
vestimenta de moderados, la votación les desnuda. Sabemos que ninguna
conquista es irreversible, y con el derecho al aborto ya hemos visto en
Estados Unidos cómo se pueden retrotraer cincuenta años de ejercer la
libertad, y es que el feminismo es un movimiento que funciona con olas de
avance, pero también tiene reflujos, retrocesos como los que están
intentando llevar a cabo allí donde gobiernan Partido Popular y Vox; se
podría resumir que hemos pasado de Gallardón a García-Gallardo, Mañueco o
Feijó. (Aplausos). Sería la ola de retrocesos que estamos viendo. Es
cierto que hay una internacional reaccionaria que no consiguió entender o
que se opone directamente a las conclusiones de las conferencias de El
Cairo, de Beijing, donde Naciones Unidas reafirmó nuestros derechos
sexuales y reproductivos. Esa internacional reaccionaria vuelve a estar
en plena forma en España, pero saben que no pueden ir contra la mayoría
y, a pesar de estos exabruptos y estos debates, hoy tendremos una ley que
haga posible el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del
embarazo de manera efectiva. No se van a anular estas leyes, pero ustedes
intentan inocular un debate cultural, un debate social, una batalla
cultural donde las mujeres nos sintamos chantajeadas psicológicamente,
acosadas, avergonzadas y estigmatizadas. No les va a salir.

Otro texto del veto de Vox, que también votó el
Grupo Popular, dice: Tratar con tanta ligereza la cuestión del aborto
redunda en empeorar la grave crisis demográfica a la que se enfrenta
nuestro país. Es decir, señoras, no pueden ustedes abortar porque somos
las culpables del invierno demográfico de nuestro país. Hasta ahí llega
el razonamiento del Partido Popular y de Vox. De la mano de Vox, el PP de
Feijóo está abriendo la puerta a involuciones, lo hemos visto en Murcia y
en Castilla y León; de hecho, de Castilla y León, Le Monde decía la
semana pasada que es como la pista de despegue del Gobierno de la derecha
y la ultraderecha, y lo estamos viendo con las diferentes prácticas que
están llevando a cabo; ya solamente falta que aparezca Mayor Oreja en
pantalla.

Se lo dije la semana pasada al señor Feijóo. El
líder de la oposición también tiene responsabilidades, y cuando el PP
apoya enviar al Congreso una ley para que los maltratadores puedan estar
con sus hijos, al no desautorizarlo, el señor Feijóo también es
responsable. Cuando el Gobierno tiene que hacer frente a un protocolo
antiabortista porque el señor Feijóo desautoriza a la Comunidad de
Castilla y León y a su Gobierno, ese líder está siendo responsable. Pero
ustedes siguieron votando más cuestiones que aparecen en el veto.
¿Ustedes creen que este texto pretende la imposición de la cultura de la
muerte? Lo ha dicho con buenas palabras, pero es lo que nos dice el
Partido Popular.






¿O creen que el texto tiene la finalidad de corromper a
niños y adolescentes y pervertir la inocencia propia de la edad infantil?
Eso es lo que nos están diciendo con esta ley. ¿O que esta ley es propia
de regímenes totalitarios? Es lo que han votado a favor los señores del
PP y de Vox.

Yo pido al señor Feijóo y al partido que
representa que se aclare, o sube o baja, o se está con las mujeres o no
se está con las mujeres, porque quiere vestirse de moderado, pero la
realidad le ha desnudado una vez más. Dice el PP en su veto —y con
esto acabo— que la interrupción voluntaria del embarazo y su
tratamiento legislativo constituye uno de los temas más complejos para
cualquier gobierno. Y nosotros le decimos: para cualquier gobierno, no,
señorías del PP, solo ustedes tienen problemas con esta legislación y,
además, lo tenemos muy claro porque el 83 % de los españoles y las
españolas están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Por
eso, a ustedes, que se jactan de ofrecer los votos a nuestro partido, les
digo: demuéstrenlo ahora, demuestren si están con las mujeres y con
nuestra capacidad de decidir libremente cuándo somos madres y cuándo no
somos madres y retiren este veto.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces. Les recuerdo
que estamos todavía en el debate sobre los vetos presentados.

En primer lugar, por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el senador Catalán Higueras.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias,
señora presidenta.

Hablaba la portavoz del Partido Socialista de
que la realidad les desnuda. Pues, evidentemente, la triste realidad en
este momento es que más de cuatrocientos agresores sexuales han visto
reducida su condena por la ley que aprobó este Gobierno; una ley que es
de todo el Gobierno, la del solo sí es sí. Esa es la triste y la cruda
realidad. Y nadie del Gobierno, absolutamente nadie, asume sus
responsabilidades. Más de cuatrocientos agresores sexuales han visto
reducida su condena y nadie asume responsabilidades. Si la ministra de
Igualdad tuviese algo de dignidad ya hubiese dimitido, y si no, debería
haber sido cesada por el presidente Sánchez, porque si no lo hace será
tan responsable como ella, y todo el Gobierno, por haberla aprobado.

Señorías, si tan seguros están de esta ley y de
sus bondades, ¿por qué este nuevo atropello y este nuevo desprecio a la
Cámara Alta? ¿Por qué se tramita por el procedimiento de urgencia? Si tan
claro lo tienen, lo tenían muy fácil: una tramitación ordinaria, incluso
haber habilitado el mes de enero, hemos tenido el mes de enero inhábil,
no se ha trabajado durante el mes de enero, y ahora se hace todo deprisa
y corriendo y, con todos mis respetos, mal desde el punto de vista
legislativo y de respeto a las Cámaras.

La ley que nos ocupa ni siquiera ha hecho
posible que en esta Cámara se haya escuchado a profesionales o expertos,
como demandamos algunos, como Unión del Pueblo Navarro, para abordar, con
evidencia científica, algunas cuestiones que plantea este proyecto de
ley.

Señorías, se siguen introduciendo
modificaciones en una norma que está todavía en debate en el Tribunal
Constitucional. Hemos conocido que estos días se está deliberando sobre
la cuestión, incluso en un momento en el que la objetividad y la
imparcialidad de los miembros del tribunal están en entredicho y, por lo
tanto, señorías, algo se debiera tener en cuenta. Ha habido ya una
magistrada que ha manifestado su intención de abstenerse. ¿Qué van a
hacer el resto de miembros cuya imparcialidad y objetividad están también
en duda? Según parece, por las últimas informaciones que tenemos, van a
rechazar esta abstención de la magistrada, no vaya a ser que ellos tengan
que correr la misma suerte. En definitiva, señorías, triste y lamentable
situación sobre esta cuestión. La polémica está servida.

La ministra y el Ministerio de Igualdad, si
algo han demostrado, además de su inutilidad e imprescindibilidad, es que
no son garantes de nada, menos aún del rigor y de la seguridad jurídica
de las normas legislativas que elaboran ya no solo este ministerio y esta
ministra, sino el propio Gobierno. Ya no es que se desprecien los
informes del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y
del Consejo de Fiscales, sino que ni siquiera se espera a contar con
ellos para legislar. Este Gobierno, sí, señorías, ha demostrado que
legisla con más facilidad y más rapidez a favor de la muerte que de la
vida. Lo hizo con la Ley de eutanasia; sí, señorías, así es, pues no
abordó ninguna cuestión ni ninguna norma a la hora de garantizar los
cuidados paliativos o las condiciones socioeconómicas de muchas personas
mayores. Tampoco lo ha hecho con el fomento de la natalidad ni con las
ayudas a aquellas mujeres en situaciones económicamente desfavorecidas o
angustiosas, que se ven en la obligación de abortar.

Se habla de derechos de las mujeres y de que no
hay Gobierno o Estado que pueda decidir sobre el cuerpo y la vida de las
mujeres. Sin embargo, esos mismos que hacen estas proclamas, se
posicionan en contra cuando hay mujeres que quieren libremente participar
en una gestación subrogada o cuando se quieren dedicar a lo que se ha
venido denominando eufemísticamente el oficio más viejo del mundo. Lo
mismo sucede con la edad de las adolescentes para abortar, que lo podrán
hacer siendo mayores de dieciséis años sin el consentimiento de los
padres; pero eso sí, con dieciséis años no pueden ni fumar ni beber
alcohol ni conducir un coche ni siquiera votar en unas elecciones.
También precisan de la autorización de los padres, por ejemplo, para
colocarse un piercing o hacerse un tatuaje, y de cualquier
responsabilidad que se derive de los actos de una menor de dieciocho
años, los responsables siempre son los padres. Algo falla, señorías, algo
no se está haciendo bien.

Si no se les presupone una madurez o una
capacidad necesaria para tomar determinadas decisiones que pueden afectar
a su salud o para ser sujeto de derechos, ¿por qué, entonces, pueden
abortar sin el consentimiento de sus padres? Esto es algo que también el
informe del Consejo General del Poder Judicial ha puesto encima de la
mesa a la hora de hablar de la patria potestad. Con relación a la
objeción de conciencia de los sanitarios, es tal la persecución de la
izquierda y la extrema izquierda con el tema, que la ha convertido en una
auténtica obsesión. Deben dejar de señalar al que no piensan como
ustedes; tienen que respetar los derechos de los profesionales
sanitarios; también sus juramentos deontológicos. Esta es una cuestión
que no sirve única y exclusivamente para el personal facultativo de los
hospitales; también sirve para los farmacéuticos.

La propia Agencia Española de Protección de
Datos ha hecho mención al registro que se implanta en este proyecto de
ley, y ha hablado de la falta de garantías y de la inconsistencia de
este. Señorías, un tema tan serio como acabar con la vida de un ser
humano, y con una persona menor de edad, no puede acordarse y abordarse
con la ligereza que se hace. Es conocida la defensa en favor de la vida
que siempre hemos representado y defendido en Unión del Pueblo Navarro,
pero hoy, además de ello, son muchas las personas en esta sociedad que
tienen sus serias dudas sobre lo que, desde el punto de vista del
comportamiento y de la moralidad, el proyecto de ley recoge.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias.

Por el mismo grupo, tiene la palabra la
senadora Goñi Sarries.

La señora GOÑI SARRIES: Gracias,
presidenta.

No estoy de acuerdo con esta reforma de la Ley
del aborto porque es innecesaria y hay medidas de esta ley que explicarán
mi voto negativo. Permitir a las menores de dieciséis y diecisiete años
abortar sin permiso paterno no lo comparto. El Consejo General del Poder
Judicial lo cuestiona y sugiere mantener la exigencia del consentimiento
paterno, aun a sabiendas de que eliminarlo no contraviene recomendaciones
internacionales ni la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y
que el marco normativo vigente reconoce a las mayores de dieciséis años
un grado de madurez y autonomía suficiente, pero advierten de que
eliminar el consentimiento choca con la obligación de los progenitores,
de ejercer la patria potestad: artículo 154 del Código Civil.

Recuerdan también que, por imperativo
constitucional, los progenitores deben prestar asistencia de todo orden a
los hijos durante su minoría de edad, y esto es contrario al
artículo 39.3 de la Constitución, con lo que el Consejo General del Poder
Judicial está advirtiendo de que hay preceptos en esta ley que pueden ser
contrarios al Código Civil y a la Constitución, y ustedes lo ignoran.
Cuidado con ignorar los informes del Consejo, porque estamos pagando las
consecuencias con esas cuatrocientas rebajas de condenas agresores
sexuales.

Quieren, también, garantizar que el aborto se
realice en los centros públicos de salud, pero la Administración no puede
trasladar la responsabilidad a un determinado tipo de centros ni a los
facultativos de estos, porque esto choca con el derecho constitucional a
la objeción de conciencia. Esta medida va a ser de imposible cumplimiento
y es una agresión a la profesión médica, y sucede lo mismo con los
farmacéuticos, cuyo derecho a la objeción de conciencia pretende pisotear
también esta ley. Además, quieren crear una lista de profesionales
objetores de conciencia. A este Gobierno le encanta hacer listas de
médicos, señalarlos y dejarlos fuera de comités por sus valores éticos.
Es inaceptable; cualquiera diría que ustedes pretenden señalar a quienes
solo ejercen sus derechos constitucionales.

También hay una baja específica para las
mujeres que tengan reglas muy dolorosas e incapacitantes. Inaceptable. No
seamos ingenuos, esto solo nos señala y nos pone más obstáculos a las
mujeres, tanto para acceder al mercado de trabajo como para desarrollar
nuestra carrera profesional. El Consejo General del Poder Judicial
advierte de la ausencia de justificación en la regulación de la
incapacidad temporal. Va a haber efectos totalmente contrarios a los
pretendidos, como la estigmatización de las mujeres. Esto no es ser un
Gobierno feminista, esto es legislar en contra de las mujeres, que no nos
sentimos ni culpables ni avergonzadas ni tenemos ningún problema para
hablar de nuestra menstruación, y que si teníamos que coger una baja
laboral por una regla dolorosa ya lo hacíamos. Esto no era un problema y
ahora sí lo va a ser.

Se elimina el periodo de tres días de reflexión
antes de someterse a un aborto. El PSOE afirma que todas las mujeres
llegan a la decisión de abortar con la reflexión ya hecha, porque el PSOE
pretende defender que no quiere que las mujeres estemos tuteladas. Claro,
por supuesto, ninguna lo queremos, y además no hace ninguna falta, pero
¿ustedes consideran de verdad que esos tres días de reflexión es una
tutela? Porque hablamos de un tiempo para tomar una decisión consciente,
meditada e informada, no de los complejos ideológicos de cada uno.
Además, eliminan la práctica actual de entregar un sobre con información
sobre los recursos para la mujer que va a abortar y que incluye las
prestaciones y ayudas a la maternidad, porque dice la ley que solo se
entregará a la mujer que lo pida. Esto es un gran error.

El Consejo General del Poder Judicial dice que
el derecho a recibir información es un requisito asociado al
consentimiento para abortar con conocimiento y comprensión de las
consecuencias físicas y psicológicas. Es importante disponer de esa
información y tener un tiempo mínimo para analizarla, y la ley dice que
esta información se entregará solo a la mujer que lo pida. Es curioso,
porque trabajamos todos para que los ciudadanos sepan qué medidas ofrecen
las administraciones, porque esta información no suele llegar bien a la
ciudadanía, pero en este caso no, en este caso «no te lo cuento a no ser
que tú me lo pidas». Señorías, empujar a las mujeres a tomar decisiones
sin que estén informadas es desproteger a las mujeres. El aborto es un
tema muy sensible, vinculado a las creencias personales, a la ética y a
la moral de cada uno. A muchos nos gustaría que el aborto voluntario
fuese una excepción y trabajamos para ello; tenemos, por tanto, que
educar en sexualidad, en reproducción, y proteger la maternidad, y, por
supuesto, hay que legislar con seguridad jurídica para que aquellas
mujeres que quieran abortar de forma voluntaria puedan hacerlo con
garantías.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, ¿tomará
la palabra el senador Sánchez López? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, tomará la palabra el senador Vidal Matas.

El señor VIDAL MATAS: Gracias, presidenta.

Buenos días. En Més per Mallorca hoy estamos
del lado del avance de los derechos, del lado de las mujeres, del lado de
respetar sus derechos y del lado de que cada vez tengan más derechos.
Estuvimos de acuerdo y dimos apoyo al cambio de filosofía que supuso
pasar de la Ley de supuestos a la Ley de plazos, y ahora avanzamos con
más derechos, matizamos y mejoramos, y en eso nos encontrarán
siempre.

Los vetos presentados por la derecha y la
ultraderecha significan básicamente poner el retrovisor, volver a mirar
atrás, y básicamente nos dejan de manifiesto dos cosas, que lo de
Castilla y León no fue una casualidad, que es lo que realmente quieren
hacer e imponer en todos los territorios, y que evidentemente el Partido
Popular, si pudiera, eliminaría el derecho al aborto. Por tanto, nos
retrotraerían a esa época donde la gente que tenía dinero podía abortar y
la gente que no tenía dinero no podía aportar; la gente de una clase
social accedía a irse donde fuere a abortar y la otra tenía que
apechugar, y en eso a nosotros no nos van a encontrar.

A ustedes les he visto muy preocupados por los
derechos de conciencia, por el derecho de los médicos a no participar del
proceso, y me parece muy bien que estén preocupados y que respeten esos
derechos, pero aquí se trata también de defender los derechos de las
mujeres, de defender que en todos los hospitales públicos del territorio
español haya la posibilidad de ejercer ese derecho; derecho que ahora
mismo no es posible en algunas comunidades autónomas y en muchas
provincias de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, en Cáceres, en
Murcia, en Teruel, en Jaén. Esto es una vergüenza; a ustedes que siempre
les preocupa que toda España sea igual y homogénea, en este caso veo que
no les preocupa que unas mujeres tengan acceso a unos derechos en unos
territorios y en otros territorios no lo tengan; y esta ley viene a
garantizar que todas las mujeres, vivan donde vivan, tengan derecho al
aborto en la sanidad pública.

Vamos a hablar de los avances, del período de
reflexión; se ha dicho que quitar el período de reflexión de tres días
era muy grave, porque no se podía meditar ni reflexionar. Yo no sé,
señorías, en qué mundo viven. ¿Creen ustedes seriamente que una mujer que
va a decidir abortar no se ha informado, no ha recibido toda la
información, no ha decidido libre y conscientemente? ¿Creen que esos tres
días le van a aportar algo más? ¿No creen ustedes que lo que están
haciendo básicamente es infantilizar la decisión de las mujeres? Ustedes
no confían en su capacidad de elegir y decidir y, evidentemente, hoy en
día existen los medios necesarios para informarse, y no es necesario
alargar a veces el sufrimiento.

La segunda mejora que ustedes ponen en cuestión
es la del consentimiento paterno de las mujeres entre dieciséis y
diecisiete años. Le tienen que pedir permiso a sus padres para poder
abortar; le tienen que pedir permiso a sus padres para poder decidir
sobre su futuro. A mí me sorprende, han puesto varios ejemplos aquí de
cuestiones sobre las que tienen que pedir permiso a los padres a los
dieciséis años, pero no han dicho que con dieciséis años se pueden casar
o que con dieciséis años pueden mantener relaciones sexuales libremente.
Por tanto, son capaces de decidir, ¿sí o no?

Creo que es básico que puedan decidir y ejercer
sus derechos y, evidentemente, lo que nos diferencia a ustedes de
nosotros es que a ustedes solo les preocupa si toman una decisión, a
nosotros nos preocupa sea cual sea esa decisión que tomen; las mujeres
nos tendrán a su lado para ejercer el derecho a abortar o para no ejercer
el derecho a abortar, para tener todas las políticas necesarias para
poder desarrollar su vida en normalidad. La gente de izquierdas queremos
que los servicios públicos den apoyo a los ciudadanos para mejorar su
bienestar; siempre, hayan decidido lo que hayan decidido libremente. Ese
es nuestro concepto de libertad, pero ya hemos visto que el suyo es
muchas veces muy corto.

Evidentemente, la ley también regula, como
decía, la objeción de conciencia, y esa cuestión de conciencia se tiene
que respetar, claro que sí, pero no tiene que poner en riesgo el derecho
de las mujeres a abortar en la sanidad pública. No podemos seguir con los
datos que actualmente tenemos. Además, la ley recupera derechos y
mejoras, como las píldoras anticonceptivas. Creo que es importante
recuperar la gratuidad y ejercerla en esos centros donde se pueda recibir
toda la información y recibir estos medicamentos de forma gratuita. Es
importantísimo el acceso universal y que todo el mundo pueda acceder por
igual y que no se provoque el acceso diferenciado en función de la
renta.

La baja menstrual, que algunos han querido
escenificar como un perjuicio para las mujeres diciendo que era mala
porque las discriminaba laboralmente, no es eso; no, todo lo contrario;
así no la tendrán que justificar delante de un doctor porque está
reconocido como derecho que es una baja y la podrán coger libremente, y
eso es importantísimo, reconocer derechos y avanzar. Nosotros en Més per
Mallorca siempre estaremos del lado de lo que suponga avanzar en
derechos, sobre todo de avanzar en los derechos de las mujeres. Nos
sentimos partícipes de los movimientos feministas, de esos movimientos
que han avanzado durante todos estos años para conseguir derechos; de
esos movimientos que nos han enseñado que a veces hay momentos en que
tienes que poner el pie firme para no dar un paso atrás, y no
permitiremos que se dé ningún paso atrás.

Ejemplos de dar pasos atrás tenemos muchos, y
de cómo afrontarlos también. El otro día en Manacor, en Mallorca, el
árbol de la memoria de las víctimas de violencia de género, plantado por
las Dones de Llevant, fue talado; fue talado por un bestia, por un
animal, por un masclista, y fue destruido. Las Dones de Llevant nos
dieron una lección, lo volvieron a plantar, y vuelve a estar en su sitio.
La lección es: ni un paso atrás, siempre del lado de la defensa de los
derechos de las mujeres.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene
la palabra la senadora Rivero Segalàs.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias,
presidenta.

Señorías, no iba a tomar la palabra en este
turno para manifestar nuestro posicionamiento sobre los vetos —ya
les avanzo que vamos a votar que no a los dos vetos—, pero tras
haber escuchado en esta Cámara que el aborto no es un derecho —una
visión retrógrada que nos vuelve al blanco y negro respecto de unos
derechos que nos han costado mucho lograr; insisto en que nuestro voto va
a ser que no—, no me quería quedar con las ganas de hablar.

Decía la senadora socialista que daba las
gracias a todos los grupos que iban a aprobar esta ley. Entendemos que,
como en Junts la vamos a aprobar y hemos mejorado el texto también en el
Congreso, ese agradecimiento nos concierne, y, por eso, no me quería
quedar con las ganas de manifestar que hoy nos agradecen, efectivamente,
que estemos del lado, como siempre lo estamos, de los derechos de las
mujeres, de la libertad de elección, de la libre voluntad, de la
capacidad..., pero ayer la ministra, cuando le hacíamos alguna pregunta
que no parecía de su agrado, jugaba a posicionarnos siempre como
compañeros de la derecha.

No nos preocupa dónde nos quieran etiquetar y
entendemos que ustedes se pueden encontrar cómodos con esa política sin
matices, binómica, con esa política de o estás con nosotros o contra
nosotros, de o estás con la izquierda o con la derecha, pero, mire, en
Junts per Catalunya tenemos muy claro que venimos aquí a defender, en
primer lugar, los derechos de los catalanes, pero todos los derechos.
Sabemos que puede incomodar que también defendamos aquellos derechos
políticos de nuestros líderes en el exilio; sabemos que esta ideología
puede incomodar, pero les pedimos, de una vez por todas, que no se dejen
cegar por esa ideología y que nos tengan en cuenta, porque vamos a ser
necesarios y útiles para impedir el retroceso de los derechos, porque
para eso nos van a tener siempre ahí, así que dejen de querernos
encajar.

Tenemos una gran suerte; nosotros no somos sus
socios preferentes, solo nos debemos a la gente que nos vota, pero en el
tema de los derechos hemos estado y continuaremos estando ahí. Ministra,
siempre estamos ahí defendiendo a las mujeres y no queremos que se nos
criminalice, cuando en esta Cámara enmendemos leyes que nos llegan
incompletas o con matices y que no nos gustan desde el Congreso, por el
hecho de intentar mejorarlas y hacer que las leyes necesarias no solo
salgan en tempo, sino que salgan mejor. Vamos a votar que no a los dos
vetos.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, la senadora
Etxano Varela tiene la palabra.

La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidenta,
eta egun on guztioi.

Nuestro grupo no va a apoyar ninguno de los dos
vetos presentados respectivamente por el Grupo Mixto, por los senadores y
senadoras de Vox, y por el Grupo Parlamentario Popular. En ambos casos,
por coherencia, teniendo en cuenta que nuestro grupo ha apoyado la
modificación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y
reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Lo que no
vamos a hacer es entrar a debatir punto por punto el documento que
presenta Vox, porque para confrontar opiniones, si se puede llamar
opinión a lo que expresan en el texto que presentan, es necesario partir
de unas premisas básicas, y en el texto que presentan, a nuestro
entender, estas no se dan. Debatir estos temas supone, de alguna manera,
dar naturaleza de discutibles a planteamientos que niegan los derechos
humanos y, en concreto los derechos humanos de las mujeres, los que en
esta ley suponen la garantía efectiva y el reconocimiento de los derechos
de las mujeres respecto a su salud sexual y reproductiva y a la
interrupción voluntaria del embarazo. Lo que parece es que nos quieren
llevar al Código Penal de 1822 en su redacción original. Está claro que
ese es su modelo para las mujeres, un modelo en blanco y negro, y
aplicando el Código Penal para coartar sus derechos. Sus propuestas
siempre proponen cercenar los derechos de las mujeres, los derechos
humanos, y nunca ampliarlos.

En cuanto al veto del Partido Popular, como ya
he comentado, en nuestro grupo por coherencia hemos apoyado la ley
orgánica. Por lo tanto, no vamos a apoyar el veto que presentan, pero sí
vamos a hacer algunas consideraciones en cuanto al veto que nos han
presentado. Sorprende de su veto que, a diferencia de lo que dicen en sus
discursos, para argumentar este se esconden en lo que dicen los informes
preceptivos de los distintos órganos consultivos, tanto los actuales como
los de 2010, para casi terminar sin decir cuál es su opinión, para decir
que estamos en un debate complejo que tiene controversia jurídica,
política y social, y también ―y esto es sorprendente― que
esta ley está recurrida en el Tribunal Constitucional ―la recurrió
su grupo; algunos de los recurrentes están ahora en Vox― y que lo
prudente y sensato sería esperar al pronunciamiento del Tribunal
Constitucional. Esto suscita varias reflexiones.

Podemos entender que con este veto ustedes se
enmiendan a ustedes mismos, porque entiendo que entienden que fue
imprudente la modificación del Gobierno Rajoy de 2015, que se realizó sin
ningún consenso, más allá de su mayoría absoluta, que se llevó por
delante, por cierto, al ministro Gallardón por una contestación social y
política en aquel momento del movimiento feminista y de grupos de mujeres
que dejó claro que no se querían pasos atrás en el derecho de las mujeres
a su salud sexual y reproductiva y al aborto. Además, vamos conociendo
que el Tribunal Constitucional, después de trece años, abordará el
recurso presentado por el Partido Popular ―ya ha pasado
tiempo―, y parece que el elemento nuclear del recurso del PP, el
sistema de plazos, está en el informe, que casualmente es del ponente
propuesto por el Partido Popular, que avala su constitucionalidad. Y
también vamos conociendo por las declaraciones del presidente del Partido
Popular que acepta la ley de plazos vigente aprobada en 2010, a pesar de
haberla recurrido, y ciñe su posición al permiso paterno para que puedan
abortar las menores de edad. Pero hay más contradicciones, pues lo que
dice también es que no anularán esta ley si llegan a gobernar en ningún
momento.

Por lo tanto, estos motivos a los que hago
referencia, y que ahora dejaré enunciados y ampliaré en el turno de
portavoces, son la base de nuestra posición, de la posición de mi partido
hace doce años, que seguimos manteniendo y defendiendo y que, además,
creemos que fue acertada y que el tiempo ha demostrado que era la
correcta. En todo caso, y más allá de las convicciones de cada persona,
en esta sociedad ya está asentado, salvo en las posiciones más
reaccionarias, el derecho de las mujeres a decidir sobre la continuación
de su gestación como un derecho humano que implica el reconocimiento de
las mujeres como sujetos de derecho con capacidad para decidir sobre su
vida, sobre su cuerpo y, para la toma de decisiones autónomas, sobre su
capacidad reproductiva. Todos estos aspectos entendemos que quedan
recogidos adecuadamente en el texto que hoy debatimos, más allá de las
dudas que trasladaremos luego en la defensa de las enmiendas. Por eso,
tanto en 2010 con la Ley Orgánica 2/2010, como hoy con la modificación
que se plantea, entendemos que se necesita una legislación que reconozca
los derechos que tienen las mujeres, que garantice el derecho de las
mujeres y que, en este caso, amplíe los derechos que tienen las mujeres.
Solo me queda decir que lamentamos que hoy el Partido Popular esté
todavía fuera del consenso social y político y que el debate que estamos
haciendo en torno a esta modificación sea en este momento, más allá de
las posiciones ideológicas de cada grupo, más tenso, más polarizado y más
agresivo que hace doce años.

Nada más, eta eskerrik asko.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Eskerrik asko, senadora.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana-Euskal Herria Bildu, tiene la palabra la senadora Bailac
Ardanuy.

La señora BAILAC ARDANUY: Muchas gracias.

El acceso al aborto legal y seguro es un
derecho humano, y no lo digo yo, lo dice Amnistía Internacional, lo dice
Human Rights Watch, lo dice la Cedaw. Segunda obviedad: las medidas
restrictivas del aborto nunca reducen el número de abortos. La falta de
acceso al aborto seguro y legal pone en riesgo las vidas de las personas
embarazadas; y no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la
Salud. Repito, el acceso al aborto legal y seguro es un derecho humano y
las medidas restrictivas del aborto nunca reducen el número de
abortos.

Felicidades, señores de la derecha y de la
ultraderecha; felicidades, porque siempre consiguiente devolvernos a
debates superados. No pierden nunca la oportunidad de intentar enviarnos
a ese pasado mejor donde las mujeres se sometían a abortos clandestinos y
solo las que podían permitírselo viajaban a París y a Londres; a ese
pasado mejor donde el aborto era un delito castigado con penas de cárcel
y donde se sucedían las redadas en las clínicas. Felicidades, señores de
la derecha y de la ultraderecha, porque cada vez que debatimos sobre los
derechos de las mujeres consiguen devolvernos a varias décadas atrás. En
Esquerra Republicana solo vamos a mirar hacia atrás para coger carrerilla
y si nos hacen mirar hacia el pasado que solo sea para valorar cuánto
hemos avanzado y cuánto nos queda por avanzar.

Vox y el PP han demostrado ser lo mismo cuando
se trata de poner en duda los derechos de las mujeres. Con sus vetos la
derecha y la otra derecha se alzan falsamente en defensa de la vida, y lo
que hacen en realidad es empujar a las mujeres a la clandestinidad. Lo
que hacen en realidad es poner en riesgo la salud y la vida de las
mujeres, porque cuando niegan el derecho al aborto lo que hacen es
obligar a las mujeres a someterse a abortos inseguros. Prohibir el
aborto, como plantea Vox, que contó con el apoyo del Partido Popular en
Comisión, no impide que las mujeres aborten, sino que las obliga a
recurrir a prácticas clandestinas y de riesgo, excepto para aquellos
casos en los que las mujeres dispongan de recursos para pagarse un viaje
a otro país. ¿Quieren que volvamos ahí? ¿Plantean que volvamos a los
abortos clandestinos para muchas? ¿Proponen que volvamos a los abortos en
París y en Londres para unas pocas? Porque, ¿cuál es su propuesta?
Digámoslo claro, ¿clandestinidad, poner en riesgo la vida y la salud de
las mujeres? ¿Su propuesta es limitar la capacidad de las mujeres para
ejercer su libertad reproductiva? ¿Su propuesta es imponer embarazos no
deseados? Hablen claro.

Escuchándolos a ustedes pareciera que el
proceso de abortar, desde que una mujer queda embarazada hasta que toma
la decisión, fuera un camino de rosas, porque salen aquí y nos dicen que
todas las izquierdas estamos engañadas, porque este es un proyecto de ley
innecesario e inoportuno. Lo dicen y nos dan lecciones quienes han negado
la libertad de decidir a las mujeres jóvenes. Una joven de diecisiete
años puede decidir recibir quimioterapia, pero no puede decidir sobre
interrumpir un embarazo no deseado. A una joven de dieciséis años se le
reconoce la mayoría de edad sanitaria, excepto si quiere interrumpir un
embarazo. ¿Les dicen ustedes a las jóvenes de dieciséis y diecisiete años
que esta reforma es inoportuna? ¿Se lo dicen a aquellas que han querido
abortar y ninguno de sus progenitores estaba disponible para manifestar
el consentimiento? ¿Se lo dicen a aquellas que tenían a sus padres fuera
del país? ¿Se lo dicen a las que saben que comunicar su estado
gestacional va a desencadenar una situación de violencia? ¿Se lo dicen?
Por ellas no solo es necesario, no solo es oportuno, sino que es urgente
revertir el recorte de derechos que lograron hacer en 2015 y que les
recuerdo que hasta el comité de la Cedaw recomendó que no se
aprobara.

Vivimos un retroceso flagrante y dramático,
como vimos en Estados Unidos cuando el año pasado la Corte Suprema falló
a favor de terminar con la protección del derecho al aborto. Presenciamos
a nivel global un fundamentalismo que tiene los derechos de las mujeres y
el derecho al aborto en el punto de mira. Polonia endureció su
legislación sobre el aborto, en Italia el 90 % de los profesionales
sanitarios son objetores de conciencia, el Parlamento Europeo tiene una
presidenta contraria al aborto, y ante la ofensiva regresiva en la que
estamos inmersos necesitamos más que nunca que la izquierda haga de
izquierda para afirmar derechos y avanzar. Y necesitamos que la izquierda
haga de izquierda y que no le tiemblen las piernas cuando la derecha y la
ultraderecha disparan con sus aparatos mediáticos y judiciales, porque
retroceder en el derecho al aborto, como pretenden la derecha y
ultraderecha, busca amedrentarnos, busca amedrentar a las mujeres, porque
la ofensiva negacionista de los derechos de las mujeres busca volver a
una sociedad tradicional heteropatriarcal. Y frente a ello defendemos,
como han defendido durante décadas los feminismos, que las mujeres puedan
decidir cómo y cuándo ser madres. Defendemos, como han defendido durante
décadas los feminismos, que no podemos retroceder en la defensa de los
derechos de las mujeres. Y un mensaje para todas: Que no os digan lo
contrario, los derechos de las mujeres son derechos humanos, y los
derechos se defienden, los derechos se ejercen, los derechos nunca pueden
darse por sentados, y debemos agradecer a los feminismos, debemos
agradecer a muchas, que nos hayan abierto camino. Os tomamos el relevo;
seguimos tirando del hilo violeta por las que vendrán.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, senadora.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el senador Román Jasanada.

El señor ROMÁN JASANADA: Señorías, decía la
señora Granados que con las políticas del Gobierno, con las políticas del
Partido Socialista, se avanza y que con las políticas del Partido Popular
se retrocede. Sí, es lo que están pensando los más de 400 violadores que
han visto rebajadas las penas o que han sido excarcelados. Esos son los
avances tanto del Partido Socialista como de la ministra Montero.
(Aplausos).

Decían que algún ministro había dimitido por no
sacar adelante un proyecto de ley. Claro, es que la ministra Montero no
dimite y el señor Sánchez no la puede cesar, porque esos son los acuerdos
para mantener en pie este Gobierno. (Aplausos). Si este Gobierno tuviera
dignidad el señor Sánchez, antes de reformar la Ley del solo sí es sí,
habría cesado ya a la señora Montero. (Aplausos). Hablan de libertad y de
respeto. El Partido Popular respeta a las mujeres, respeta a los hombres,
respeta al ser humano, respeta la vida. El Partido Popular respeta y
lucha por la libertad de todos y de todas; déjenme que utilice también el
lenguaje de las izquierdas.

Decía al finalizar mi intervención anterior en
la defensa del veto que en España se producen muchos abortos, quizás
demasiados. En el año 2021, según los datos oficiales, un total
de 90 189; una cifra muy elevada si se multiplica por treinta y ocho años
de vigencia de leyes del aborto; una cifra que nos hace darnos cuenta del
importante número de niños no nacidos por la decisión libre de sus
progenitores. Y probablemente no nos pongamos de acuerdo, señores del
Partido Socialista, en la presente ley y su modificación y, por eso,
hemos realizado esta propuesta de veto. Tampoco estamos de acuerdo con
cómo aborda esta ley la colisión entre derechos fundamentales y
principios inspirados en la Constitución, pero creo que al menos nos
podríamos poner de acuerdo en que, siendo el aborto una decisión
dramática por la que pasan casi 100 000 mujeres al año y que es vivido de
una manera negativa y que puede tener además consecuencias psicológicas y
físicas para la mujer, podríamos compartir todos el objetivo de disminuir
el número de abortos.

Respecto al consentimiento informado en mujeres
de dieciséis y diecisiete años, cualquier acto médico en una mujer o un
hombre de dieciséis o diecisiete años tiene que ser autorizado,
consentido por parte del padre. Piensan que el aborto no tiene ningún
riesgo físico para la para la mujer. Sí tiene riesgos físicos. Piense
usted que cuando hace un legado el ginecólogo puede surgir una
perforación del útero y puede tener consecuencias físicas. ¿Cómo no se va
a informar a la mujer de la intervención quirúrgica a la que va a ser
sometida aunque la finalidad sea la interrupción del embarazo? Hay unos
riesgos físicos y unos riesgos psicológicos posteriores. El Gobierno,
lejos de tratar de prevenir, con la educación, el número elevado de
abortos, trata de ofrecer el aborto como una solución. Una solución ante
un embarazo no deseado no debe ser tratada de modo frívolo ni pretender
trasladar que no hay consecuencias en la interrupción voluntaria del
embarazo, porque tiene consecuencias, como decía, desde el punto de vista
físico y psicológico, y, por supuesto, tiene consecuencias para el hijo
que no nacerá.

Decía antes el señor Catalán que se legisla no
en favor de la vida, sino en favor en este caso de la muerte; ya lo dije
con la eutanasia. En los datos de abortos de 2021 hay algunos que nos
invitan a conclusiones. Respecto al número de abortos previos en las
mujeres que deciden abortar de nuevo, 31 252 habían tenido al menos un
aborto previo; 10 609, más de 2 interrupciones voluntarias del
embarazo; 3925, más de 3 abortos previos. Incluso de estas, 723 habían
tenido más de 5 interrupciones voluntarias del embarazo. Creo que son
datos dramáticos sobre los que hay que reflexionar. Otro dato, del total
de mujeres que abortaron en 2021, 38 906, prácticamente un 40 %, no
utilizaban ningún método anticonceptivo.

¿Qué puedo concluir de estos datos? Que con una
educación afectiva y sexual que debe partir de las propias familias,
partiendo de que la que dé el Estado no esté dirigida exclusivamente
hacia el aborto, podrían disminuir el número de embarazos no deseados. Y
estos datos demuestran que esa utilización del aborto como un método
anticonceptivo no es un porcentaje despreciable; estamos hablando de que
el 40 % de las mujeres que abortan no utilizan ningún método
anticonceptivo. Creemos que una mayor información, insisto, de las
familias y también del Estado podría llevar no solo a la disminución de
interrupciones voluntarias del embarazo, sino también a disminuir las
infecciones de transmisión sexual, de las que estamos observando un
repunte en los últimos años con consecuencias físicas también
desgraciadas para las mujeres.

Por otra parte, y para finalizar, me gustaría
reflexionar sobre la situación en muchos casos dramáticos que viven las
mujeres cuando tienen que tomar la decisión de continuar o no con un
embarazo no deseado. ¿Qué causas llevan a estas madres a finalizar el
embarazo? ¿Qué presión y en ocasiones violencia contra la mujer sufren
para tomar esta decisión? En las decisiones para abortar influyen razones
de índole personal o de proyecto vital, pero también se toman por la
presión de los padres que de un modo paternalista ven a su hija no
preparada para tener un hijo, o por las presiones de la pareja porque no
acepta el embarazo y la condiciona psicológicamente y físicamente, como
también hay condicionantes de tipo laboral, económico o social, y esa
presión que sufren la mujer embarazada también puede ser considerada
violencia contra la madre embarazada, que termina viéndose abocada a
terminar con su embarazo, con la vida de su hijo no nacido. ¿No deberían
las verdaderas políticas de igualdad o de protección de la mujer ir
dirigidas a tratar de disminuir las dificultades que tienen las mujeres
para ser madres?

Por último, quiero referirme a la persecución
que sufren asociaciones y personas que se muestran contrarias al aborto.
Muchas de ellas únicamente pretenden ayudar y acompañar a las mujeres en
este trance tan difícil que presentan dudas sobre si abortar o no
abortar. Hace unos días leía un reportaje en un periódico de mi
provincia, de Guadalajara, en La Tribuna de Guadalajara, de un buen
periodista, Antonio Herráiz, sobre la asociación Redmadre en Guadalajara,
una asociación aconfesional y apolítica y con un lema que resume
perfectamente el objetivo de acompañar a la mujer embarazada, ese lema
es: Nunca estarás sola. Tratan de explicar a las mujeres que están
esperando un bebé y tienen dificultades o miedos sobre cómo afrontar el
embarazo, tratan de explicar, insisto, sin invadir la libertad de la
madre, las alternativas que tiene y qué necesidades tienen para sacar a
su hija adelante, y si aun así deciden interrumpir el embarazo,
consideran que hay que respetarlo. Los datos de esta asociación, que
informa y acompaña a las mujeres, son que 8 de cada 10 mujeres siguen con
la gestación. Han atendido en sus quince años de existencia a más de 1200
mujeres y han facilitado el nacimiento de más de 700 bebés. Creo que es
un ejemplo a seguir y no un ejemplo a perseguir. La información, las
alternativas, la ayuda, el acompañamiento es necesario para la mujer que
vive de una manera dramática esa decisión de abortar, de poner fin a un
embarazo. (El señor Presidente ocupa la presidencia).

Mi grupo está en contra también de la
persecución que sufren asociaciones y personas que tratan de ayudar a las
mujeres a ser madres con respeto a la legalidad y a la libertad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tomará
la palabra su señoría la senadora Roldán Martínez.

La señora ROLDÁN MARTÍNEZ: Buenos días y muchas
gracias a todas y a todos.

Es increíble, el que nos den la palabra en
varias ocasiones nos va dando una idea de lo que realmente hay detrás de
todas las posturas del Grupo Popular. Defendemos esta mañana una ley
importante, importante para las mujeres, importante para la sociedad e
importante también para el Grupo Parlamentario Socialista al que
represento, y, sinceramente, después de oír las barbaridades, porque son
barbaridades las que nos ha dicho la senadora del Grupo Parlamentario
Vox, y después de verle el plumero, señor Román, y también al Partido
Popular, con una falta de sensibilidad total hacia las mujeres —se
lo digo con todo el respeto del mundo, de verdad, con todo el respeto del
mundo—, con una falta muy grande de sensibilidad, nos dan más ganas
todavía de defender lo que realmente creemos. Esta mañana hemos tenido
que volver a ver un veto de Vox en el que lo que se discute es aborto sí
o aborto no, y tengo que decirle, señora Merelo Palomares, que no es eso
de lo que venimos hoy a hablar aquí;






eso lo hablan ustedes en petit
comité en su grupo, pero aquí no. Las mujeres no vamos a consentir ya más
que se discuta un derecho que tenemos garantizado (Aplausos); no, por ahí
no. El Partido Popular, el mismo que quiere hacernos ver que tenemos un
sistema médico de garantías, que nos habla del número de probabilidades,
de los casos que hay, que nos quiere vender esa moto, que no nos la
creemos tampoco, votó a favor en la comisión del veto de Vox, con lo
cual, sinceramente, más de lo mismo y siempre lo mismo: poner en cuestión
los derechos que tanto nos ha costado conseguir a las mujeres. También ha
dejado usted entrever lo que ya es un delito, señor Román, un delito, que
es el acoso a las mujeres en las puertas de las clínicas de interrupción
del embarazo (Aplausos). Eso es un delito. ¿Nos quiere decir usted ahora
que considera que las personas que están ahí no están cometiendo un
delito? Eso es un delito, y usted tiene que respetar eso también, tiene
que respetarlo, porque de ese tema tampoco hablan. Y claro veladamente
qué es lo que hay, pues veladamente lo que hay es el apoyo que ustedes
dan en Castilla y León a los socios de Vox. Ese es el trasfondo de estos
dos vetos en los cuales se votan ustedes mutuamente que sí, pero lo que
hacen es, otra vez, querer cercenar la capacidad de las mujeres de
decidir libremente sobre su cuerpo y también el que nos hayamos dotado de
unos derechos que a ustedes no les gustan. Y como siempre van tarde;
fueron tarde en el 2010, pese a que a ustedes les guste tanto decir que
las leyes hay que hacerlas en consenso con la sociedad, y al señor
Gallardón, que era ministro suyo, le costó su salida del Gobierno, porque
el señor Rajoy, que ya no podía con ustedes, lo que hizo fue cercenar uno
de los derechos a las mujeres de dieciséis y diecisiete años; y encima
vienen ustedes hoy aquí a cuestionar con ejemplos infantiles, perdone que
se lo diga, que las madres tengan que dar una autorización para ir a una
excursión, y no para que sus hijas hagan uso de unos derechos que ya
están conseguidos desde hace tiempo por las mujeres de dieciséis y
diecisiete años. Y eso es lo que hoy vamos a modificar y vamos a volver a
introducir en nuestra legislación.

¿Qué hace esta ley? Pues, porque ustedes no han
hablado de la ley, lo que queremos todas las mujeres: garantizar la
interrupción voluntaria del embarazo en los centros públicos, que las
mujeres tengamos garantías para hacerla en un centro público. Aprovecho
para mostrar todo el reconocimiento, todos estos años y los que quedan, a
todos aquellos centros acreditados que han respetado y han podido
facilitar a las mujeres que pudiésemos ejercer ese derecho en las
clínicas de interrupción voluntaria del embarazo. Pero es que tampoco le
gusta a usted que se elimine el periodo de reflexión, pero ¿qué tenemos
que reflexionar las mujeres cuando en una de las decisiones más
importantes de nuestra vida acudimos a ejercer un derecho? ¿Tenemos que
volver a reflexionar en esos tres días y tenemos que recibir información
que no nos interesa en esos momentos? Pues miren ustedes, pues no; no lo
necesitamos. El periodo de reflexión está hecho por si nosotras no
fuésemos capaces de tomar decisiones, y lo somos, como si tuviésemos que
reflexionar, y no tenemos que reflexionar, insisto, en uno de los
momentos más difíciles para las mujeres. Pero también en esta ley hemos
regulado otros temas, como un protocolo de atención al parto o extender
definitivamente la educación sexual y reproductiva que, efectivamente, en
eso podemos estar de acuerdo todos los grupos, es necesaria para que
nuestros adolescentes y jóvenes conozcan bien todo el tema de la
educación sexual y reproductiva y también de la interrupción voluntaria
del embarazo.

Hoy tenemos dos grupos parlamentarios,
exactamente iguales desde nuestro punto de vista, que son Vox y el Grupo
Popular, que lo que intentan es volver a un debate anterior, que nosotras
no vamos a permitir. Por eso, tenemos que felicitar a la Comisión de
Igualdad por haber blindado, con una enmienda que se expondrá
posteriormente, que en ningún territorio, aunque gobierne el PP con Vox o
cualquier otro grupo parlamentario que quiera cercenar la capacidad de
decidir de las mujeres, que no se vuelva a producir ninguna vulneración
de nuestros derechos. Hoy hemos escuchado barbaridades de la ultraderecha
y de los de siempre, del Partido Popular, y son barbaridades muy
similares, pero hoy aprobaremos una ley que mejora y amplia los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres. Que el ruido no perturbe la
música de fondo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Pasamos al debate del articulado.

Para la defensa de las enmiendas 1 a 14, de su
señoría Sánchez López, tiene la palabra, señoría.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Señor presidente, por
economía procesal, que muchos de ustedes me van a agradecer, las doy por
defendidas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas 94 a 98 y 100
a 103, de sus señorías Egea Serrano y Martín Larred, tiene la palabra su
señoría Martín Larred.

La señora MARTÍN LARRED: Gracias, presidente.
(Rumores).

Hemos presentado algunas enmiendas relacionadas
con el lenguaje inclusivo, una de ellas fue aceptada e incluida en la
ponencia…

El señor PRESIDENTE: Un momento, señoría,
disculpe. La escucho con dificultad desde aquí, casi no puedo oírla.
¿Pueden bajar el volumen, por favor, un poquito, si son tan amables, un
poquito? Discúlpeme.

La señora MARTÍN LARRED: Gracias,
presidente.

Decía que una de las enmiendas que habíamos
tramitado en defensa del lenguaje inclusivo ya ha sido incluida en
ponencia, y el resto de las enmiendas, relacionadas con el trabajo que
nosotros realizamos desde que estamos en la Cámara, incluyen el mecanismo
de garantía rural, para que las leyes siempre tengan en cuenta esa mirada
hacia todo el territorio. No queremos que haya discriminación
territorial; queremos que este derecho lo puedan ejercer las mujeres
independientemente de donde vivan y que estén obligados todos los centros
de todas las provincias. De momento no ha sido aceptada, y creemos que es
importante, porque es un derecho que tienen todas las mujeres, vivan
donde vivan, para que no tengan que desplazarse cientos de kilómetros
para poder ejercerlo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas 45, 60, 62
a 65, 68 a 70 y 72 a 80, tiene la palabra su señoría Martínez
Urionabarrenetxea.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias,
presidente. Ministra, egun on.

Hoy quiero comenzar, señorías, recordando
emocionado, porque no puedo hacerlo de otra manera, a aquella mujer que,
siendo yo médico interno y residente hace ya muchos años, llegó una noche
al hospital, a Urgencias, tras haberse provocado un aborto en casa
—eran tiempos de la prohibición—, asustada, seguramente hasta
quizás arrepentirá de haberlo hecho, por lo menos de haberlo hecho así,
temblorosa, con los ojos vidriosos y la mano empapada de sudor frío, me
agarró de la mano —en Pamplona nos conocemos todos—, y me
dijo: Koldo, sálvame; y no pude hacerlo, falleció entre mis brazos. Ya
estaba convencido de que había que despenalizar el aborto, pero aquella
mujer hizo que me convirtiera en un militante más activo aún de la
defensa de nunca más para nadie, en ningún lugar, aquella violencia
contra las mujeres.

Geroa Bai ha presentado treinta y seis
enmiendas a este proyecto de ley, dos han sido aceptadas en ponencia y
otras dos transaccionadas, por lo que, de verdad, agradecemos a las y los
miembros de la ponencia su aceptación, y nos felicitamos por haber sido
capaces de llegar, aunque no todos, a acuerdos en la misma. Al no haber
llegado a acuerdos en otras, lógicamente las voy a defender. Y empiezo
con la más sencilla, y es que el texto de la ley recoge la definición
canónica, aunque recortada, que de la salud hizo la Organización Mundial
de la Salud en 1948, en la que dice que la salud es un estado completo de
bienestar físico, mental y social; y lo recortado es: ... y no solamente
la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta definición ha sufrido
numerosas críticas por no reconocer que la salud es un proceso, no un
estado; es excesivamente totalizadora porque habla de un estado además
completo, y a pesar de ello, es verdad, es la definición más reconocida y
aceptada globalmente. Pero eso no fue impedimento para que la oficina
regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud afirmara
en 1985 que la salud es la capacidad de realizar el propio potencial
personal y responder de forma positiva a los problemas del ambiente. Y es
que sí, la salud es la síntesis de una multiplicidad de procesos, de lo
que pasa con la biología del cuerpo, con el ambiente en el que vivimos,
con las relaciones sociales, con la política, la economía, y, por eso
precisamente, la salud depende al final de la capacidad de controlar la
interacción entre el medio físico, el medio espiritual, el biológico, el
económico y el social, tal y como afirmó la propia OMS en la Cumbre de
Río de Janeiro en 1992. Este año, además, la presidenta de la Comisión
Europea, la señora Von der Leyen, que por cierto también es médica, al
igual que yo, denominó el año 2023 como el año de las capacidades. Todo
esto me animó a presentar la enmienda a la definición de la salud y a su
aplicación en los distintos ámbitos relacionados con la salud sexual y
reproductiva, en un intento de hacerles y de hacernos reflexionar sobre
las implicaciones de las definiciones de la salud, en este caso, aunque
convencido de que, como es habitual, al menos en el Senado, poco espacio
y poco tiempo íbamos a poder otorgar al intercambio tranquilo de ideas.
Sin rechazar la definición de la OMS, afirmar que la salud, como propongo
en las enmiendas, es la capacidad de vivir libre, gozosa y
solidariamente, en nuestra opinión, da una idea más interactiva y
dinámica de todo el proceso evolutivo de la salud, tanto individual como
colectivo.

Hemos presentado otras enmiendas en las que
hacemos referencia a la implicación de los hombres en la salud de las
mujeres, porque nuestros comportamientos influyen en su capacidad para
desarrollar vidas sanas, en la importancia de que la información a las
mujeres que vayan a interrumpir su embarazo se les dé sobre todo
verbalmente, tal y como dice la legislación sobre el consentimiento
informado, que puedan recibirla en la lengua oficial que ellas deseen, el
respeto a las competencias de las comunidades autónomas, etcétera, pero
de manera importante sí quiero incidir en lo que defendemos, en la
necesaria participación de profesionales de obstetricia y ginecología en
las interrupciones de embarazo, y a que estas se realicen
fundamentalmente en el ámbito público, tal y como se realizan todas las
demás prestaciones de salud, algo que no se ha logrado todavía y que
provoca que la mayoría de los abortos se practiquen en clínicas privadas
concertadas. Por cierto, ¿se han fijado ustedes?, con el aborto no pasa
lo mismo que con la eutanasia, y sería bueno que pensáramos por qué.

Por último, diecisiete de las enmiendas de
Geroa Bai hacen referencia a algo que el Gobierno introduce de refilón en
esta ley, sin que tenga nada que ver con la cuestión que nos afecta, que
es la modificación de la Ley del aborto: la gestación subrogada, una
cuestión esta difícil, complicada, muy ideológica, muy emocional, en la
que algunas espadas están muy en alto, y que merece, sin ninguna duda,
una reflexión tranquila, un debate pausado, y, sobre todo, el deseo de
consenso por todas las partes. La urgencia con la que se ha querido
meter, aprobar esta ley indica que difícilmente se va a conseguir. En
Geroa Bai entendemos que esta ley, cuyo objetivo, insisto, es modificar
la conocida como Ley del aborto, no es lugar para abordar de manera
anecdótica y tangencial la gestación subrogada, una realidad tan delicada
y ajena en cuanto a su naturaleza y su concepto teleológico del mismo en
su tratamiento. Por cierto, la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas
de reproducción humana asistida, hoy vigente, entiende la gestación
subrogada del mismo modo en que es definida por la OMS, como una técnica
más de reproducción asistida.

Comenté el miércoles pasado en la comisión que
el tema de la gestación subrogada afecta a menores, a mujeres, y a
familias en un número suficiente y con un calado social tal que justifica
una norma independiente y aparte, una norma específica, como han hecho en
Europa, Gran Bretaña, Irlanda, Holanda, Portugal, es decir países que
tratan esta cuestión de un modo independiente y específico, profundizando
en todas sus aristas, que tiene muchas, y no de modo parcial y tosco en
medio de un proyecto normativo en el que se le niega su importancia y su
presencia real en la sociedad; vamos, como lo hemos hecho en cuestiones
tan importantes, tan sensibles como el propio aborto o la eutanasia; no
las hemos metido de rondón en leyes que iban de otra cosa, sino que hemos
dedicado a cada una de ellas una ley específica, algunas revisiones y las
que vendrán.

Por eso, porque estamos convencidos de la
envergadura, de la importancia de esta cuestión, abogamos en diez
enmiendas por retirar toda mención a la gestación subrogada en esta ley,
para que la problemática que conlleva sea objeto de una norma específica
y propia y proteja de manera clara los derechos de las mujeres, muy en
especial los derechos de las mujeres gestantes, las y los menores y las
familias, respetando así el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos
Humanos, para que la solución a esta cuestión tan compleja no sea un sí o
un no, sino que sea fruto de una decisión suficientemente debatida y lo
más consensuada posible, que la regule tal y como hicimos, hicieron y hoy
volvemos a hacer, por ejemplo, con la interrupción voluntaria del
embarazo y tal y como hicimos con la eutanasia. ¿Tan difícil de entender
es esto, señorías del Partido Socialista? ¿Tan difícil de entender es
esto, señora ministra, que ya no está?

Les recuerdo las posturas tan enfrentadas que
había respecto del aborto, posicionamientos totalmente enfrentados.
Frente a la exigencia del aborto libre y gratuito, respondiendo
únicamente a la voluntad de la mujer, otros defendían que el aborto es un
asesinato. ¡No matéis a Ferminico!, decían algunos pasquines en Navarra,
y llamaban asesinas a las médicas y a los médicos que los practicaban.
¿Cómo se solucionó? Encarando el problema, debatiendo, llegando a
acuerdos y normativizándolo. ¿No pasó algo parecido con la eutanasia?
Frente a quienes defendían que la eutanasia era un derecho incondicionado
de las y los pacientes que lo solicitaban, otros afirmaban que los
médicos no están para matar. ¿Cómo se solucionó? Encarando el problema,
debatiéndolo, consensuándolo y normativizándolo. Esta es la manera en que
debemos solucionar también la cuestión de la gestación subrogada:
encarando el problema, debatiéndolo, consensuándolo y normativizándolo,
haciendo una ley que tenga en cuenta todos y cada uno de los aspectos y
factores que influyen en la gestación subrogada; insisto, como lo hemos
hecho con el aborto y la eutanasia, y no, de ninguna manera, haciendo una
mala ley, una mala ley que es una trampa, porque se hace a hurtadillas,
porque no se somete a un debate tranquilo y se introduce la cuestión para
ver si cuela, y si cuela, ¡santas pascuas! La conclusión: si se aprueba
esta ley tal y como está, se declara ilegal, por ser supuestamente
violenta contra las mujeres, la gestación subrogada; se estigmatiza a
muchas familias creadas gracias a esta técnica de reproducción humana; se
generan unas condiciones que van a provocar mucho dolor en muchos niños y
niñas nacidos y nacidas a través de esta técnica, y en poco tiempo será
anulada y tendrá que ser debatida de nuevo y acomodada a la doctrina
legal europea. Vamos, que lo del solo sí es sí va a ser una broma
comparado con el desaguisado que vamos a hacer, insisto, si esta ley se
aprueba tal y como está.

Ante la posibilidad de que esta enmienda de
supresión del concepto gestación subrogada de la ley no fuera aceptada,
hemos registrado también otras siete enmiendas de modificación en las que
añadimos el calificativo de «forzada» a todas y cada una de las menciones
que en la ley se hacen a la gestación subrogada; es decir, que en vez de
decir «gestación subrogada», diga «gestación subrogada forzada». Para no
caer en inconcreciones o en generalidades, en una de ellas hemos definido
la gestación subrogada forzada como forma de violencia contra las mujeres
en el ámbito reproductivo consistente en la gestación que no se
desarrolla con el consentimiento informado, libre y voluntario de la
mujer que decide gestar para otras personas y que no se realiza en un
marco regulado que garantice los derechos de todas las partes con
garantías legales y control de su cumplimiento. Qué duda cabe de que este
tipo de gestación, la gestación subrogada forzada, sí es violencia contra
las mujeres y debe ser combatida, perseguida y penada en los casos en que
se produzca, aunque, créanme, nuestro deseo es que no se produzca nunca,
en ningún lugar y en ningún momento con ninguna mujer. Así lo afirma
también la resolución del Parlamento Europeo de 26 de noviembre de 2020,
sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea,
informe anual para los años 2018 y 2019, que en su punto 9 condena
firmemente todas las formas de violencia sexual ginecológica y obstétrica
contra las mujeres y dice: como los actos inadecuados o no consentidos,
las intervenciones dolorosas sin anestesia, las mutilaciones genitales
femeninas, el aborto forzoso, la esterilización forzada y la maternidad
subrogada forzada. Insisto, el Parlamento Europeo condena la maternidad
subrogada forzada, maternidad subrogada forzada, no la gestación
subrogada a secas.

Por cierto, quiero acabar diciendo que ante las
y los pirómanos de las nuevas inquisiciones, que por defender estas ideas
desearían llevarme, desearían llevarnos a la hoguera, afirmo con orgullo
que siempre defenderé la libertad de expresión, fundamento básico de la
democracia, y si algunos no me callaron durante la dictadura, tampoco me
callarán otros en democracia.

Esperamos, señorías, yo, Geroa Bai y sobre todo
muchas mujeres, muchos niños y niñas y muchas familias creadas gracias a
la gestación subrogada, el apoyo, su apoyo a nuestras enmiendas.

Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas 81, 82 y 84
a 93, tiene la palabra su señoría Mulet García.

El señor MULET GARCÍA: Gràcies, president.

Hoy será un Pleno larguísimo, pues vamos a
debatir cuatro leyes, muchas de ellas con un impacto social muy grande.
Avanzaremos hoy, a pesar de las extremas derechas que están en esta
Cámara, en esta ley o en la Ley trans, que luego aprobaremos. Por lo
tanto, aunque estas leyes se puedan modificar y mejorar, vaya por delante
que vamos a votar orgullosamente a favor de ellas.

Quiero señalar que hemos tenido que subsanar un
error de la enmienda 84, que tanto Esquerra como el Partido Socialista
nos preguntaban si era correcta. En ella, por error, habíamos añadido al
artículo 7 una nueva letra. La letra sería la l), la provisión de
asistencia a las personas afectadas por una muerte perinatal. No se
pretendía sustituir la letra j) existente en el texto. Por lo tanto, ya
hemos subsanado esta cuestión y la que voten será una enmienda de adición
y no de sustitución.

Como decíamos, estamos a favor de ese texto,
que, como todo en esta vida, es mejorable. En nuestras enmiendas
hablamos, por ejemplo, de la lucha contra la violencia obstétrica, que es
la que impide o dificulta el acceso a una información veraz, necesaria
para la toma de decisiones autónomas e informadas, sobre sus prácticas y
preferencias sexuales y sobre su reproducción y las condiciones en que se
lleva a cabo de acuerdo con los supuestos incluidos en la legislación.
Esta práctica puede traer consigo pérdida de autonomía de las mujeres, de
su capacidad para decidir libremente sobre su cuerpo y su sexualidad y
constituye una vulneración de su derecho humano a prestar su
consentimiento informado en toda actuación médica que se realice, en la
atención de su parto o nacimiento de su hijo o hija, así como la
vulneración de su derecho humano y constitucional a preservar su
dignidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres y
en su salud física, psicológica, sexual y reproductiva.

En otra enmienda pedimos que se incluyan a los
centros de salud para la distribución de los productos de gestión
menstrual. En otra enmienda pedimos también el reparto de productos de
gestión sexual en centros educativos, en el marco de las actividades de
educación sexual. Asimismo, pedimos la provisión de asistencia y
acompañamiento para la salud mental de las mujeres y progenitores en caso
de muerte perinatal o gestacional. Es necesario garantizar que las
personas que sufren una muerte perinatal o gestacional reciban asistencia
para conocer sus derechos y sean informados de las diferentes opciones a
las que tienen derecho ante la muerte de su hijo o hija: historial
clínico, ecografías, pruebas diagnósticas, etcétera, así como que ambos
progenitores reciban una asistencia que les permita afrontar el duelo,
velando por su salud mental. Hasta el momento, solo se garantiza esto a
la mujer gestante.

Ya aprobamos aquí —hay que hacer
memoria— una moción presentada por Junts, muy parecida a una que
habíamos presentado nosotros y que está pendiente de debate, donde
expusimos con crudeza la situación de algunas personas y especialmente de
las mujeres que sufren una muerte perinatal o gestacional, a la que se
añade el sufrimiento emocional de perder un bebé. Son las mujeres quienes
sufren todos los cambios hormonales y físicos al albergar en su interior
una vida, al preparar su cuerpo para amamantar esa nueva vida y al tener
que parir un cuerpo muerto, o abortarlo por estar muerto, con el ánimo y
el cuerpo hechos polvo. Sin embargo, estas personas no tienen un derecho
posterior a esa situación, cuando su cuerpo está igual o peor que el de
una mujer después de un parto con vida. Se quedan sin el bebé y sin la
baja por maternidad, a pesar de que su cuerpo no se encuentra para volver
a la actividad. Seamos un poco sensibles y empaticemos con este drama. El
Gobierno ha estado desoyendo esta petición aprobada en esta Cámara, y la
tramitación de esta ley era el momento perfecto para hacer justicia a las
personas afectadas.

En otra enmienda pedimos avanzar en el
entendimiento adecuado de los procesos fisiológicos de las mujeres: el
embarazo, el parto, el puerperio y la lactancia, para que sean integrados
en el conocimiento colectivo, contribuyendo a la comprensión adecuada de
la maternidad como función social y erradicar así la discriminación por
razón de la misma y la minusvaloración de los procesos biológicos de las
mujeres.

En otra enmienda pedimos que, en los supuestos
de familias monoparentales, la persona trabajadora pueda acumular el
tiempo de permiso que correspondería en las familias a cada adoptante,
guardador o acogedor.

Pedimos, simplemente, avanzar frente a unas
extremas derechas retrógradas, frente a Gobiernos fascistas como el de
Castilla y León, porque son los mismos, tanto quienes proponen
barbaridades como quienes las apoyan; unas extremas derechas que en este
país siempre se han opuesto a cualquier avance: son los que votaron en
contra de esa Constitución con la que ahora se llenan la boca, los que
votaron en contra del derecho al aborto, los que votaron en contra del
derecho a una muerte digna, los que votaron en contra del matrimonio
igualitario, los que votaron en contra del divorcio, los que votaron y
votarán hoy en contra de la Ley trans, los que votaron en contra de la
subida del salario mínimo interprofesional, los que votaron y votarán en
contra siempre de cualquier avance que se produzca en este país. Pero, a
pesar de ellos, avanzamos y esta ley será hoy otro avance.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señorías.

Para la defensa de las enmiendas 104, 105, 107
y 108, tiene la palabra su señoría Gómez Perpinyà.

El señor GÓMEZ PERPINYÀ: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, han pasado doce años desde que en
España se aprobó la última Ley del aborto y doce años también desde que
el Partido Popular la recurriera ante el Tribunal Constitucional. Yo no
sé si el Partido Popular sigue pensando que el derecho de las mujeres a
interrumpir libremente su embarazo es lo mismo que legalizar el
sacrificio de una vida humana. Lo que sí tengo claro es que el Partido
Popular, una vez más, volverá a intentar frenar el avance de los derechos
de las mujeres fuera del Parlamento, y es que la historia del Partido
Popular y el aborto es una historia de treinta y cinco años de oposición
a este derecho fundamental. Perdieron la votación en el año 1983 y
recurrieron al Tribunal Constitucional; perdieron la votación en el
año 2010 y recurrieron al Tribunal Constitucional, y en 2023 van
esencialmente por el mismo camino. Menos mal, señorías, que en esta
ocasión han tenido ustedes la deferencia de dejarnos debatir y votar la
ley antes de recurrirla, en lugar de suspender cautelarmente el
Parlamento, como han hecho en otras ocasiones. Sin embargo, también
sabemos otra cosa, y es que —Dios no lo quiera, obviamente—,
si Feijóo en algún momento llega a ser presidente del Gobierno de España
no tocará esta ley, por más que ahora despotrique en las televisiones
contra ella, y no será por falta de ganas, evidentemente, sino,
sencillamente, porque los derechos que reconoce este proyecto de ley son
derechos que culturalmente forman parte ya de nuestra sociedad desde hace
mucho tiempo, inclusive de aquella parte de la sociedad que
previsiblemente votará por el Partido Popular en las próximas elecciones
generales. Por eso Rajoy no tocó la Ley del aborto cuando fue presidente,
y por eso ya les digo que ustedes, si llegan a gobernar, tampoco lo van a
hacer. Por tanto, el debate al que asistimos hoy, desde mi punto de
vista, tiene bastantes visos de performance: una mayoría parlamentaria
dispuesta a dialogar, a enriquecer la ley y a apoyar su aprobación, y una
minoría que tiene que decir a los sectores más reaccionarios de su
electorado que se oponen a una ley que en realidad nunca van a derogar
porque su contenido ya es un inmenso consenso social. Ello no quita,
señorías, para que la decisión del Partido Popular de sobrerrepresentar
en el debate público a sectores como los que acosan a las mujeres en las
puertas de las clínicas —que son esencialmente sus socios de
Gobierno en la Comunidad de Madrid, la banda del yunque y otras sectas
integristas pagadas con dinero de dudosa procedencia—, sea una
decisión injustificable. Un partido que se dice de Estado no puede
supeditar su posición política en una materia tan importante como los
derechos de las mujeres a las presiones de un lobby tan
ultrarreaccionario como ultraminoritario en nuestra sociedad. Pero así
son las cosas y, lógicamente, cada partido decide escuchar las voces que
quiere a la hora de fijar su posición.

En Más Madrid hemos presentado un total de seis
enmiendas, pero me voy a detener exclusivamente en aquella que hemos
podido transaccionar. Quiero poner en valor que mediante esta enmienda
hemos puesto el foco en las mujeres y en la protección de sus derechos,
frente a quienes pretenden, extralimitándose en sus poderes, alterar la
libre decisión de la mujer sobre la interrupción o no de su embarazo. Es
una cuestión de autonomía de la mujer y de derechos individuales. Y cómo
será de estrecha la concepción de la libertad de estos liberales de nuevo
cuño, que cuando toca aplicarla sobre los cuerpos de las mujeres se les
cambia el gesto de la cara. En la Comunidad de Madrid, el derecho al
aborto está absolutamente vulnerado. Somos la única comunidad de todo el
país en la que no se puede abortar en la sanidad pública, tal y como ha
denunciado el Defensor del Pueblo. Una mujer madrileña no tiene la
libertad de interrumpir su embarazo en un hospital público y el cien por
cien de los abortos se practica en centros privados. En el caso de una
mujer balear, canaria, cántabra, catalana, valenciana o navarra, el 90 %
de los abortos sí se practica en centros públicos. Esa es la libertad,
señorías, que defendemos en Más Madrid: que la libertad de las mujeres
madrileñas no esté secuestrada por el dogmatismo ideológico del Partido
Popular, que se cumpla la ley y se respeten los derechos de las mujeres
en todos los puntos de nuestra geografía. ¡Qué paradoja, señorías del
Partido Popular! A pesar de todo lo que se les llena la boca, al final
somos nosotros los que defendemos el imperio de la ley y la igualdad de
todos los españoles.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas 43 y 44 de sus
señorías Cleries i Gonzàlez y Rivero Segalàs, tiene la palabra la
senadora Rivero Segalàs.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias,
presidente.

Señorías, Junts ya presentó en el Congreso una
serie de enmiendas que quedaron incorporadas al texto que hoy debatimos y
creemos que lo mejoraron, como las que se referían a que los médicos
objetores no pudieran formar parte del comité clínico, que el registro de
médicos objetores no fuera centralizado, sino que lo fuera en cada centro
sanitario del Sistema Nacional de Salud; mejoramos el permiso de
maternidad-paternidad que, como saben, empezó como una medida que velaba
únicamente por la recuperación de la madre después del parto y pasó a ser
una baja de maternidad-paternidad que buscaba la atención del menor en un
plano de igualdad. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Un momento, señora
senadora. Disculpe que la interrumpa.

Señorías, si necesitan hablar entre ustedes,
háganlo fuera, que hay mucho ruido, o bajen el volumen, por favor.

La señora RIVERO SEGALÀS: Como decía, en este
sentido se atendía en un plano de igualdad entre ambos progenitores, y
también era necesario en el acogimiento y en la adopción, y, sin embargo,
no estaba contemplado en los acogimientos de urgencia o temporal del
menor en familia extensa para menos de un año, que ahora quedan
recogidos. Conseguimos el cien por cien de la base reguladora
correspondiente en la prestación económica por nacimiento y cuidado del
menor, aun cuando la madre pueda tener problemas de salud por enfermedad
común. También hemos conseguido que esa baja no afecte a la nómina.

Asimismo, modificamos la Ley de garantía
integral de la libertad sexual, la hoy famosa Ley del sí es sí, en el
caso de utilización de imágenes con malos fines; en este sentido,
pedíamos que se aplicara la parte superior de las penas que para ello
estaban concebidas siempre cuando se trataban casos de menores o de
personas con discapacidad.

Hemos mantenido para este debate en el Senado
dos enmiendas. La primera es de tipo económico, que podría parecer una
frivolidad cuando hablamos de derechos fundamentales, pero si reconocemos
nuevas prestaciones, estas deben llevar, sí o sí, aparejada la
financiación necesaria para que puedan ser efectivas. Teniendo en cuenta
el ámbito competencial de la mayoría de estas prestaciones que van a ser
desarrolladas por las comunidades autónomas, pedimos poder disponer de
estos recursos para afrontarlas. Solo así los derechos que hoy recogemos
en la ley y que queremos garantizar serán reconocidos y ejercidos; tan
fácil, señorías, como nuclear.

También proponemos establecer un plazo de seis
meses respecto a la inscripción de nacimiento y atribución de apellidos,
que no tan solo protege el interés superior del recién nacido, sino
también, y al mismo tiempo, promueve la igualdad de género de forma
coherente, justa y real, teniendo en cuenta que ambos progenitores no se
encuentran en la misma situación y capacidades en el plazo de tres días
desde el nacimiento, que establece la ley. La madre se encuentra en
periodo de recuperación después del parto; recuperación física, que no
siempre es igual, y también psicológica, en casos, por ejemplo, de
depresión posparto. También proponemos medidas para que se pueda optar a
la modificación de los apellidos del menor para los casos anteriores a
esta modificación que proponemos, entendiendo, claro está, que se hable
de menores de edad.

Esperamos que apoyen estas enmiendas que no
solo garantizan los derechos, sino que también van a hacer que estos
derechos que garantizamos puedan hacerse efectivos más allá de los
relatos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas 15 a 18, 20
a 26 y 28 a 42, de sus señorías Bailac Ardanuy y Cortès Gès, tiene la
palabra su señoría Bailac Ardanuy.

La señora BAILAC ARDANUY: Gracias,
presidente.

Hemos presentado varias enmiendas, porque
creemos, sinceramente, que esta ley es mejorable. Somos conscientes de la
oportunidad que tenemos encima de la mesa con la posibilidad de reformar
esta ley que pretende garantizar los derechos sexuales y reproductivos, y
creemos que es nuestra obligación aprovechar al máximo esta oportunidad
para blindar los derechos sexuales y reproductivos e incluso para poder
ir un poco más allá avanzando en derechos. Por eso, agradecemos que en
ponencia haya sido aprobada una de nuestras enmiendas, que establece que
en la atención a la salud sexual los servicios públicos deben garantizar
que las mujeres puedan ser atendidas en su lengua, puedan hablar las
lenguas oficiales en el territorio más allá del castellano. Nos
felicitamos por haber logrado incluir esta cuestión en la ley en el
trámite en el Senado. Y también estamos satisfechas con la incorporación,
vía enmienda transaccional, de informar a las mujeres que han sido
víctimas de una vulneración de derechos sexuales y reproductivos de la
existencia de servicios especializados para atenderlas.

Con nuestras enmiendas proponemos que se
asegure y se blinde de manera real y efectiva el derecho al acceso
universal a la interrupción voluntaria del embarazo, y planteamos para
ello, para que todas las mujeres tengan derecho al aborto seguro y
gratuito y de calidad, que este se realice en la sanidad pública y que
solo excepcionalmente sea derivada a los centros o servicios autorizados.
Creemos que una ley que pretenda abordar en su globalidad los derechos
sexuales y reproductivos debe recoger, sí o sí, el concepto de violencia
obstétrica en los términos que determina la Organización Mundial de la
Salud. La violencia obstétrica, como saben, es una forma específica de
violencia ejercida por profesionales de la salud, predominantemente
médicos y personal de enfermería, hacia las personas embarazadas, en
labor de parto y en el puerperio. Este tipo de violencia constituye una
violación a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, y por
eso los poderes públicos deben velar por su eliminación y no se entiende
que esta norma no recoja su definición ni su existencia, porque sabemos
por tantas otras experiencias que lo que no se nombra no existe, y
nombrarlo, reconocerlo, es el primer paso para prevenirlo y para reparar
a las víctimas. Este tipo de violencia sí está recogida en la legislación
catalana contra las violencias machistas y es una lástima que
desperdiciemos esta oportunidad para incluirla en el marco estatal.

Nuestras enmiendas también han pretendido
garantizar el marco competencial, porque las competencias de las
comunidades autónomas en materia de sanidad y de salud pública existen,
aunque muchas veces nos corresponda a nosotros tener que recordarlo. Una
pregunta que a menudo lanzamos: ¿podemos avanzar en derechos respetando
el marco competencial? Más que preguntarlo, lo exigimos. Lo hemos hablado
aquí en numerosas ocasiones. Hemos defendido, y seguimos defendiendo, el
principio de subsidiariedad. Y eso sirve, por ejemplo, para la Estrategia
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que no ha de modificar las
responsabilidades en la gestión sanitaria, que no debe entrar en la
operatividad ni en la actividad prestacional, y se hace; por eso, hemos
presentado enmiendas, para tratar de evitarlo. Eso sirve también para
cuando existan en las comunidades autónomas estrategias de salud sexual y
reproductiva o estrategias de derechos sexuales y reproductivos que
cumplan con los principios de esta ley; en ese caso, entendemos que
deberían prevalecer estas estrategias autonómicas que estén
vigentes.

También hacemos patente esta reclamación de
respeto al marco competencial para la regulación de los artículos 17.2
y 17.5, que se entrometen en las potestades ejecutivas autonómicas de
forma injustificada. Y eso sirve también para el artículo 18 bis, que
regula las medidas para garantizar la información sobre la prestación
consistente en la interrupción voluntaria del embarazo. La ley estatal
puede establecer la normativa básica sobre la información, pero, como ha
establecido la jurisprudencia constitucional, las bases han de dejar un
margen suficiente para que las comunidades autónomas ejerzan sus
competencias de desarrollo, y el redactado actual, sin embargo, no deja
en este caso ningún margen de desarrollo a las comunidades autónomas, ya
que se establece un medio de información concreto, e incluso se
especifica que ha de ser una línea telefónica especializada. Por tanto,
se regula exhaustivamente cómo ha de ser el medio de comunicación, sin
ningún espacio para el desarrollo de las comunidades autónomas.

Pero cuando decimos que habríamos querido ir
más allá con la reforma de esta ley, nos referimos también a una cuestión
que consideramos muy relevante. Habríamos podido ir más allá reconociendo
un nuevo derecho y acompañando desde las instituciones a la ciudadanía
que pasa por una situación compleja, como es una pérdida gestacional. Por
eso hemos propuesto, vía enmienda, la creación de un permiso remunerado
de tres días hábiles en los supuestos de pérdida gestacional entre la
semana seis y el día ciento setenta y nueve de gestación. Este derecho
debería pertenecer tanto a la persona gestante como a la persona
progenitora no gestante o pareja, y, lamentablemente, esta propuesta ha
sido rechazada. En Cataluña hemos incorporado este permiso de tres días
para el personal de la Generalitat para las pérdidas estacionales entre
la semana seis y el día ciento setenta y nueve de gestación. Se trata de
un proceso, como saben, por el que pasan muchas familias, y reconocer el
permiso comporta reconocer la existencia de esta realidad. La existencia
de este dolor implica garantizar que se viva desde el acompañamiento y
desde la comprensión del duelo para que la persona que lo viva pueda
hacerlo de forma acompañada y para que se pueda reconocer el permiso a la
persona gestante, como también al otro progenitor o a una persona
familiar de primer o de segundo grado. Es una medida adoptada en
Cataluña, pionera a nivel mundial, que únicamente existía hasta ahora en
Nueva Zelanda también por un plazo de tres días.

Asimismo, creemos que existe margen en esta ley
para avanzar en los supuestos de pérdida gestacional a partir del día
ciento ochenta de gestación, en los que ambos progenitores deberían
contar con el derecho al reconocimiento de prestación como se hace en el
caso de nacimiento, en condiciones equiparables. Los permisos de
maternidad y paternidad ya son equiparables, pero en los casos de pérdida
gestacional a partir del día ciento ochenta de gestación, la Seguridad
Social no lo reconoce y las familias tienen que llevar a los tribunales
estas situaciones de discriminación para que les sea reconocido este
derecho. Así que creemos que esta es también otra oportunidad perdida en
este trámite legislativo y lamentamos sinceramente que así sea.

Es evidente que para garantizar que las mujeres
ejerzan los derechos y tengan acceso a las prestaciones recogidas por las
bajas por menstruación y por interrupción del embarazo voluntario o no,
se debe declarar nulo el despido o la extinción durante estos procesos,
al igual que ya tuvo que garantizarse para las mujeres embarazadas o para
los supuestos de reducción de jornada, entre otros.

También consideramos que garantizar estos
derechos pasa por incluir en la ley el mandato de dotación presupuestaria
adecuada a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, eso nos
garantizaría, al menos un poco más, que se despliegue la ley con las
máximas garantías.

Finalizo con una cuestión que hemos planteado
desde hace tiempo en varios trámites legislativos por su importancia, que
es la garantía de la gratuidad de las matrículas universitarias a todas
las víctimas o supervivientes de violencia contra las mujeres, sea o no
en el ámbito de la pareja. Nos parece que debemos eliminar las posibles
barreras de acceso económicas y que debemos promover la realización de
estos estudios superiores entre las víctimas y supervivientes para
garantizar también su posterior incorporación al mercado laboral.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas 185 y 186, del
Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra su señoría Etxano
Varela.

La señora ETXANO VARELA: Eskerrik asko.
Gracias, presidente. Egun on, guztioi berriro.

Nuestro grupo presentó un paquete de medidas
que han sido aceptadas en parte en el trámite del Congreso, y hemos
mantenido dos para este trámite en el Senado que entendemos necesarias.
No planteamos estas enmiendas como una modificación de la ley, sino que
planteamos dos cuestiones de rigor competencial y que entendemos que es
mejor que la ley contemple; es decir, que se recoja expresamente en la
ley que el ámbito competencial se debe respetar. Porque lo que se plantea
con la modificación de la ley orgánica, más allá de lo que supone de
reconocimiento y de garantía efectiva de los derechos de las mujeres
respecto a su salud sexual y reproductiva y a la interrupción voluntaria
del embarazo, como es patente de su lectura, tiene un contenido sanitario
muy alto. Cuando se habla de medidas en el ámbito de la educación sexual,
menstruación o educación no formal, o de la sensibilización en la
prevención entramos nuevamente en materias educativas o de políticas de
igualdad que son competencia de las comunidades autónomas. Defender el
ámbito competencial no es incompatible con el objetivo que compartimos y
que persigue la modificación de esta ley orgánica: garantizar el derecho
de las mujeres, garantizar las libertades de las mujeres y garantizar el
ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

Por ello volvemos a presentar dos enmiendas
competenciales: una, de salvaguarda de las competencias de las
comunidades autónomas, con una nueva disposición final en la que para
aquellos aspectos en que las comunidades autónomas tengan competencias en
materias de salud, igualdad y política educativa, esta ley constituirá
legislación supletoria; por tanto, sin tocar el núcleo de la ley
orgánica, en la garantía de los derechos de las mujeres, mantener el
margen para ejercerla en lo que son competencias de las comunidades
autónomas. Y otra, al artículo 19 ter, que establece la obligación de la
creación de los registros por cada una de las comunidades autónomas
competentes en la materia. Hasta ahora, esta obligación no ha existido;
de hecho, el Tribunal Constitucional ha reconocido la capacidad de las
comunidades autónomas en el ejercicio de las competencias de la propia
Constitución y de los estatutos de autonomía en el desarrollo legislativo
y la ejecución de la legislación básica del Estado para organizar y
administrar todos los servicios sanitarios en cada territorio y también
para regular el establecimiento del registro a partir del reconocimiento
del derecho del ejercicio de la objeción de conciencia establecido en la
ley. En tal sentido, consideramos innecesario el establecimiento en la
norma de la obligatoriedad de la creación de los citados registros en las
comunidades autónomas, cuando su creación ya es posible por cada una de
ellas en el ejercicio de las competencias que les corresponde. En todo
caso, por todo lo dicho, entendemos que es la propia comunidad autónoma
la que debe decidir la creación de estos registros. En lo que respecta a
Euskadi y a la objeción de conciencia, tras la experiencia de estos doce
o trece años, hemos visto que no es necesaria la existencia de este
registro, pero la modificación establece en lugar de «deberán», «podrán»
establecer estos registros.

Finalizo diciendo que esperamos que estas
enmiendas cuenten con el apoyo del resto de grupos.

Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, para la
defensa de las enmiendas 110 a 165 y 167 a 184, tiene la palabra su
señoría la senadora Rodríguez Calleja.

La señora RODRÍGUEZ CALLEJA: Gracias,
presidente.

Estamos hoy de nuevo ante un proyecto de ley
absolutamente innecesario, inoportuno y, como siempre ocurre con los
proyectos legislativos impulsados por el Ministerio de Igualdad,
precipitado, en el que no hay la debida búsqueda de consenso, ya no con
los grupos parlamentarios —eso ya lo damos por perdido—, sino
con los representantes de la sociedad civil, de los colegios
profesionales y especialmente con el colectivo de los profesionales
sanitarios, que tanto tienen que decir en esta materia.

Señorías, en mi opinión, solo por la manera de
tramitarlo: por procedimiento de urgencia, con fecha de entrada en la
Cámara el 22 de diciembre, terminando el plazo de enmiendas el 27 de
diciembre, merecería el voto en contra de todos los grupos. ¿Y alguien se
ha preguntado el porqué de tanta urgencia? No debemos olvidar que este
proyecto de ley es uno de los caprichos de la señora Montero, que
únicamente sirvió para que el señor Sánchez sacara adelante sus nefastos
y engañosos presupuestos para poder mantenerse en el sillón unos meses
más. (Aplausos). Ya va quedando menos, señorías, ya va quedando
menos.

Me gustaría comenzar mi intervención con una
aclaración, a mi juicio necesaria, dado el debate que se produjo en
comisión y sobre todo por el debate que se ha producido hoy: quiero
hablar de la enmienda transaccional que firmamos todos los grupos, que
aquí les muestro. En ella figura la firma de todos los grupos
parlamentarios —que ustedes, por cierto, el Partido Socialista,
ocultaron al Partido Popular—. ¿Y qué viene a decir esta enmienda?
Pues de una manera muy rimbombante y, sobre todo, redundante, que se
cumpla la ley en todos los territorios. ¿De verdad pensaban ustedes que
el Partido Popular no iba a estar de acuerdo en firmar esta enmienda
transaccional? ¡Hombre, de quienes podrían dudar ustedes es de sus socios
independentistas! Esos sí que se saltan la ley siempre que pueden, como
el incumplimiento del 25 % del castellano en las aulas en Cataluña. Ante
esa situación, ustedes se callan. Eso sí, si en Castilla y León se
anuncian medidas de apoyo a la maternidad y mejores servicios a las
mujeres embarazadas, ahí sí, señorías, como diría Zapatero, nos interesa
que haya tensión. Ahí sí queremos tensión. (Aplausos).

Pues tengo una muy mala noticia, señores del
Partido Socialista, soy mujer y soy de Ávila, castellanoleonesa, a mucha
honra, y les comunico que ninguna mujer de Castilla y León ha visto
vulnerados sus derechos; que es absolutamente falso que exista un
protocolo que obligue a ninguna mujer a hacer nada que no quiera y mucho
menos que obligue a ningún profesional a hacer nada que no establezca la
ley. (Aplausos). Insisto, es falso. Y si esto no es como digo yo, cuando
suba a la tribuna el siguiente orador, le pido que enseñe públicamente
ese protocolo al que ustedes hacen referencia. (Rumores). ¿Lo tienen? No
lo tienen, ¿verdad? Ya les digo yo que no lo tienen, porque no existe.
(Aplausos). Lo único que tienen ustedes son unas declaraciones de una
persona que ha demostrado que no sabe de lo que habla, pero que ustedes,
por puro interés político, utilizan para prolongar esta polémica estéril.
Ya saben que en ocasiones Vox es el socio estratégico del señor
Sánchez.

¿Y por qué montaron ustedes este numerito?
(Rumores).

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías, por
favor.

Discúlpeme.

La señora RODRÍGUEZ CALLEJA: Voy a ver si soy
capaz de explicar a todos los que me están escuchando por qué montaron
ustedes este numerito de la enmienda, que, insisto, firmamos todos los
grupos, ya lo he demostrado. Porque ustedes, con esta enmienda han
querido tapar sus vergüenzas. Intentan ocultar que ustedes son el
Gobierno menos feminista de la historia, que son el Gobierno que más ha
desprotegido a las mujeres. Porque ustedes dijeron sí a la ley que rebaja
las condenas a los agresores sexuales y los saca a la calle. (Aplausos).






Más de cuatrocientos agresores sexuales beneficiados. Pero es que, en su
caso, señores senadores y senadoras socialistas, es peor, porque ustedes
votaron no a la propuesta del Partido Popular para reformar la Ley del
solo sí es sí, que defendió brillantemente mi portavoz; votaron no. Y yo
me pregunto: ¿qué van a votar ustedes cuando llegue la reforma de la ley?
¿Votarán sí a la que ya en su día votaron no? Menudo papelón tienen
ustedes.

Y para rematar, están a punto de cometer otro
ataque a los derechos conseguidos por las mujeres, porque en breve van a
votar sí a la Ley trans. Falso feminismo el suyo, señorías. Y esto es lo
que han pretendido ocultar con esta enmienda y su presentación en la
ponencia. Esta es la única realidad y no hay otra. Pero he de decir que
lo que más me duele y, sinceramente, me ofende es cómo han pretendido
utilizar ustedes a las mujeres, en concreto a las mujeres de Castilla y
León, para sacar rédito político. Francamente vergonzoso.

Aclarado esto, el Grupo Popular ha presentado
un total de setenta y cinco enmiendas. Nuestras enmiendas, lo digo
honestamente, no son más que fruto del sentido común, ese que tenía el
Partido Socialista y que ha perdido absolutamente el partido sanchista. Y
lo digo porque muchas de las modificaciones que plantea Podemos en esta
ley modifican su ley, señorías, la Ley 2/2010, de 3 de marzo, la ley de
Zapatero, que seguro que alguno de ustedes tuvo la oportunidad de votar a
favor, pero hoy van a votar en contra de enmiendas que retroceden a esa
ley. Que las menores puedan abortar sin consentimiento paterno no parece
en ningún caso razonable, cuando deben tener ese consentimiento —lo
ha dicho mi compañero— para ir, por ejemplo, a una excursión del
instituto. ¿No les parece un tanto desproporcionado? Una vez más, y lo
veremos en su ley trans también, vulneran la patria potestad de los
padres hacia sus hijos. Les están llevando a un camino en el que, sin el
grado de madurez necesario, pueden tomar decisiones de las que pueden
arrepentirse, sin el acompañamiento de quienes más los quieren, que son
sus padres.

Además, en este caso, en esta ley suspenden el
período de reflexión de tres días. Y aquí me voy a detener. Es que no han
parado ustedes de criticar el período de reflexión de tres días. ¡Pero si
el periodo de reflexión de tres días constaba en la ley de Zapatero! ¡Si
es que ustedes votaron que sí! (Aplausos). Tres días antes era sí y ahora
no valen, señorías. Pues por no tener ese período de reflexión pueden
tomar una decisión de manera precipitada, sin la prudencia debida, y lo
que es más grave, sin la información necesaria, porque otra de las
cuestiones de esta ley que nosotros enmendamos es precisamente que la
mujer tenga la información personalizada, adecuada, completa y suficiente
sobre la intervención a la que se va a someter. Esto no solo lo decimos
nosotros, lo decían ustedes también en su día y lo dice el Consejo Fiscal
en su informe, esos informes, señora ministra, que usted, por desgracia,
no suele leer, y luego nos pasa lo que nos pasa. En resumen, las mujeres
más solas, menos informadas y empujadas en ocasiones a tomar decisiones
de manera más precipitada. ¿Y ustedes pretenden convencernos de que esta
ley es un avance en derechos para las mujeres? ¿De verdad? Permítanme que
lo dude y mucho más si hablamos de mujeres menores de edad.

Otro asunto que enmendamos es el registro de
objetores a las necesidades planteadas de estos colectivos profesionales
sanitarios, que en ningún caso supone garantía alguna de avance en
términos de calidad y seguridad asistencial. Esto tampoco lo decimos solo
nosotros, también lo dicen los profesionales, esos expertos, señora
ministra, a los que usted tampoco escucha. Por cierto, no está por aquí
la ministra candidata, la señora Darias, ¿verdad? Antes de irse tendrá
que explicarnos cómo piensa abordar los artículos de esta ley que
compromete al Sistema Nacional de Salud. Recordemos, señora ministra, ya
que está aquí, que esta ley no tiene memoria económica, ya sabe, esas
leyes tipo Montero, cero euros de memoria económica, y mucho nos tememos
que la señora Darias se va a ir del ministerio a Las Palmas sin
solucionar el grave problema de falta de profesionales, que no es culpa
de las comunidades autónomas, sino que es única y exclusivamente
responsabilidad del Gobierno. (Aplausos). En este proyecto de ley aplican
de nuevo su concepto de cogobernanza, esa cogobernanza en la que el
Gobierno escribe y las comunidades pagan, y a los partidos
independentistas no los he oído decir nada sobre este asunto.

Y por último, presentamos enmiendas de
supresión a todos aquellos artículos que se refieren a las bajas por
menstruación incapacitante. No es para nada novedoso, todas las mujeres
que sufren reglas dolorosas ya pueden pedir la baja a esos médicos de
atención primaria. Mi grupo considera que lejos de beneficiarnos en
términos de empleo y empleabilidad, va a ensanchar la brecha laboral.
Cuando esto ocurra, señora ministra, luego no digan que no se lo
advertimos; además de lo estigmatizante que puede llegar a ser para una
mujer, y esto tampoco lo decimos solo nosotros, lo dicen en su informe
las organizaciones sindicales, como UGT, que no creo que sean sospechosas
de ir muy en consonancia con las líneas de mi partido; también lo dice el
informe del Consejo General del Poder Judicial, que advierte al
legislador, es decir, a usted, de que los efectos del régimen que
pretende implantar, lejos de conseguir el objetivo que se propone, que es
eliminar los sesgos negativos en el ámbito laboral, puede provocar
efectos totalmente contrarios, haciendo surgir reacciones que marginan a
las mujeres, en general, y a las que sufren efectos de menstruaciones
incapacitantes, en particular. Se lo leo literal porque esto lo dice el
informe del Consejo General del Poder Judicial, que entiendo, señora
ministra, que usted tampoco ha leído.

Como digo, es un proyecto de ley capricho de la
ministra, y lo que tenían que haber exigido ustedes, señores del Partido
Socialista, y sé que muchos de ellos lo piensan, es su cese inmediato por
todas las chapuzas legislativas, como la Ley del solo sí es sí, como la
Ley trans, que vamos a ver a continuación, o como esta ley, que, en
concreto, no aporta nada positivo a las mujeres de este país.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para el turno en contra de las enmiendas, por
el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su señoría la
senadora Carmona Delgado.

La señora CARMONA DELGADO: Gracias, señor
presidente.

Buenos días, señorías. Permítanme compartir con
ustedes el honor que supone para mí ser ponente en esta ley tan relevante
que suma progreso para nosotras, las mujeres, y también quiero dar las
gracias a la dirección de mi grupo parlamentario y, cómo no, a mis
compañeras senadoras Roldán y Calero. Es un placer trabajar con
ustedes.

Nuestro ánimo no ha sido otro que el de mejorar
el texto recibido del Congreso, reconociendo y agradeciendo a los
distintos grupos parlamentarios su apoyo. El Partido Socialista, con esta
modificación de la Ley Orgánica 2/2010, manifiesta, una vez más, su
enérgico esfuerzo en continuar avanzando en pro de los derechos de las
mujeres y persistiremos combatiendo cualquier respuesta reaccionaria al
avance de dichos derechos. (Aplausos).

El Partido Socialista ya logró convertir en
delito el acoso a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo
legalmente y las clínicas donde pueden hacerlo. Recordemos, señorías, que
fue aprobada en esta misma Cámara una reforma del Código Penal impulsada
por este Grupo Parlamentario Socialista para penalizar dicho acoso que
sufrían las mujeres en las puertas de las clínicas, elaborando la
propuesta tras un exhaustivo trabajo de documentación por todo el país
para conocer de primera mano cómo se producía el hostigamiento en dichos
centros.

Y continuamos avanzando, señorías, pues en esta
reforma recuperamos el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo
para las mujeres de dieciséis y diecisiete años, derecho eliminado por el
Gobierno del Partido Popular en 2015. (Aplausos). Y quiero subrayar que
la ley incorpora una transaccional de nuestro Grupo Parlamentario
Socialista a una enmienda de la formación Más Madrid, postura que
agradecemos al senador Gómez Perpinyà, eso sí preguntándome, señorías del
PP, ¿por qué entonces apoyaron esta nuestra enmienda transaccional con
Más Madrid al final, habiendo manifestado su oposición en ponencia?
¿Quizá, señorías del Partido Popular, fue para no verse solos con Vox?
Eso, en mi pueblo, señorías del Partido Popular, se llama lavado de cara.
De esta forma, señorías, con esta transaccional queda blindado el derecho
de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, para evitar
aprobar un inexplicable protocolo antiabortista para culpabilizar y
tutelar a las mujeres que libre y legalmente deciden abortar; para, en
definitiva, señorías, evitar lo acontecido en Castilla y León, que
ninguna otra comunidad autónoma intente hacer como el Partido Popular y
Vox, porque, señorías, las mujeres no precisamos ser tuteladas.
(Aplausos).

Y ya que estamos con el ánimo de realizar
preguntas, yo también me pregunto, señorías del Partido Popular, ¿qué
aprobaron ustedes en el Consejo de Gobierno de Castilla y León el
pasado 12 de enero? Con la transaccional aprobada ya comentada, la ley
recoge en su artículo 24 la responsabilidad institucional, de forma que
las administraciones se abstengan de cualquier acto que vulnere derechos
sexuales y reproductivos establecidos en esta ley orgánica. Además, se
deberá asegurar que autoridades, personal funcionario, agentes,
instituciones estatales y autonómicas, así como otros actores implicados
actúen en nombre de las anteriores y se comporten de acuerdo con esta
obligación.

Y concluyo, señorías. Es evidente, una vez más,
que la extrema derecha vuelve a arremeter contra cualquier avance que
suponga la emancipación de la mujer. Y frente a esa extrema derecha sin
complejos y una derecha que otorga callando, tengan por seguro que los
socialistas emprenderemos cuantas iniciativas sean necesarias y precisas
para evitar cualquier retroceso en la libertad de las mujeres.
(Aplausos). Porque, señorías, lo ocurrido en Castilla y León nos implica
a todos. Son inaceptables los potenciales y drásticos efectos secundarios
sobre las mujeres; son inadmisibles el miedo y la coacción como
protagonistas, y los socialistas lo continuaremos combatiendo.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tomará la
palabra su señoría la senadora Merelo Palomares.

La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señor
presidente.

Señorías, sabemos que en la defensa de la vida
Vox está solo. La izquierda sigue paso a paso todos los dogmas de la
cultura de la muerte y el Partido Popular no tiene la valentía suficiente
para hacerles frente, porque de cara a la opinión pública quieren dar una
sensación de moderación y tratan de aparentar que hacen oposición al
Gobierno, pero luego, en privado, como en la ponencia de la comisión,
deciden apoyar una enmienda por la que se prohíbe, entre otras cosas, que
las mujeres embarazadas tengan acceso a información y a que se les
ofrezca información. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Senadora Merelo,
discúlpeme un segundo.

Señorías, hablen fuera del hemiciclo si lo
precisan. Si lo hacen aquí dentro, el ruido es insoportable.

Muchas gracias.

Disculpe, senadora. Continúe.

La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señor
presidente.

Continúo. Señorías del Partido Popular, ¿de qué
tienen miedo? ¿De que el latido del feto ponga en evidencia toda su
tibieza o de que los votantes conservadores que aún les quedan descubran
que realmente no defienden sus ideas? Señora ministra y señorías del
Gobierno, no entendemos qué problema hay en que se le permita a una mujer
embarazada, si lo desea, el acceso a una ecografía o a escuchar el latido
del corazón de su propio hijo. No es una obligación siquiera, es una
oportunidad que se brinda a las mujeres para tomar una decisión tan
importante con más información y, por lo tanto, con mayor libertad.

De su miedo y rechazo hacia estas medidas se
deduce que ustedes no quieren ayudar a las mujeres, no quieren ayudarlas
en esas difíciles situaciones de desamparo, de miedo o de inseguridad en
las que se plantean abortar a su propio hijo. Ustedes lo que buscan es
anestesiar sus conciencias y las de toda una sociedad para hacer creer
que el aborto es la única solución, que es una medida saludable y que,
además, no tiene ninguna repercusión para las mujeres. Pero la realidad
es que el aborto es un procedimiento quirúrgico o químico que siempre va
acompañado de un riesgo para la salud, tanto física como psicológica, de
todas las mujeres. (El señor vicepresidente, García-Escudero Márquez,
ocupa la Presidencia). Señorías, por eso hay tantos profesionales
sanitarios que, aparte de sus convicciones personales, quieren acogerse a
esta objeción de conciencia; va en contra de las leyes que rigen la
profesión sanitaria y que constituyen una fuente de obligaciones para
quienes la ejercen. Ustedes con este proyecto de ley no respetan ni la
ciencia de la medicina ni el derecho a la objeción de conciencia ni el
bienestar de la mujer, ni tan siquiera lo más importante de todo: el
derecho fundamental de la vida del que todavía no ha nacido.

En Vox lo tenemos muy claro y siempre estaremos
apoyando a todas las madres y a favor de la vida.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, señora Merelo.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene
la palabra el señor Sánchez López.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Señor presidente, con
la venia.

Esta ley, señorías, que ustedes traen aquí
nuevamente por el procedimiento de urgencia, casi por la puerta de atrás,
rápido y a toda prisa, sin el más mínimo debate, establece, fíjense
ustedes, la posibilidad de que las menores puedan abortar sin necesidad
del consentimiento de los padres. Reitero, sin necesidad del
consentimiento de los padres. Como se ha dicho aquí esta mañana, no
pueden votar, no pueden conducir, no pueden irse de excursión con el
instituto y necesitan un tutor para firmar cualquier tipo de documento o
de contrato porque no tienen la posibilidad de firmar; sin embargo, sí
pueden abortar sin el consentimiento paterno. Además, se elimina la
obligatoriedad de aportar información a la madre que desea abortar, e
incluso se elimina el periodo de reflexión que existía en la ley anterior
y se persigue —porque así hay que decirlo— el derecho a la
objeción de conciencia. Señorías, respeten a los profesionales
sanitarios, no señalen a los profesionales sanitarios. Como he dicho al
principio de mi intervención, traen esta ley por el procedimiento de
urgencia, con prisas y sin recabar opiniones ni informes de las
sociedades científicas.

Y, por último, voy a ser muy breve, pero me voy
a referir a unas palabras que ha dicho —y esto viene a colación con
otras enmiendas— la portavoz del Grupo Socialista. Ha dicho que
este debate no iba sobre el aborto, sino sobre si las mujeres son libres
para decidir sobre su propio cuerpo. Es más, ha dicho que las mujeres
quieren ser libres. Obviamente, por supuesto, que tienen y que deben ser
libres, pero entonces ¿por qué no se les deja decidir sobre la gestación
subrogada? Si quieren ser libres, ¿por qué no se deja decidir sobre este
particular?

Nosotros hemos presentado una serie de
enmiendas, que, por supuesto, nos van a tumbar, sobre la gestación
subrogada, en las que se dice que las mujeres deben ser libres para
decidir. Aquí no, aquí no pueden ser libres para decidir. Solo pueden ser
libres para decidir sobre lo que ustedes quieran que sean libres para
decidir. Pues miren, si libremente, y no de manera forzada, las mujeres
toman la voluntaria opción de la gestación subrogada, ¿por qué no se les
deja ser libres en este caso?

Por tanto, votaré no a esta Ley de salud sexual
y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Nos parece
rápida, poco reflexiva, por la puerta de atrás y que aporta poco o
nada.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, señor Sánchez López.

Por el Grupo Parlamentario Izquierda
Confederal, tiene la palabra el senador Martínez Urionabarrenetxea.

El señor MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA: Gracias,
presidente.

Señorías, eguerdi on. Ustedes, todos y todas
ustedes, son tan conscientes como yo de que hay leyes y leyes, y aunque
todas, absolutamente todas, tienen su carga de ideología, pocas, muy
pocas, tan cargadas de ideología como las dos que hoy vamos a debatir en
el ámbito de la igualdad. Pocas tan difíciles, tan complicadas; pocas nos
afectan tan íntimamente como estas dos, porque se dirigen directamente a
lo que somos como personas; pocas nos cuestionan tanto en nuestra
identidad y en nuestra relación con las y los demás. Por ello, están más
necesitadas de debate pausado, de reflexión tranquila y de deseo de
consenso. Y no es precisamente el deseo de consenso lo que estamos viendo
ni en los grupos políticos ni en la sociedad en relación con las dos, y
mucho menos en las prisas para el debate de esta ley. Por todo esto,
precisamente, pocas leyes nos obligan a enfrentarnos a ellas con tanta
humildad como estas dos. Y, señorías, la humildad está totalmente
enfrentada a la política de bloques; la humildad está en las antípodas de
la democracia, y en este país tenemos, por desgracia, una historia breve
en el tiempo, porque no llevamos muchos años en democracia, pero muy
intensa en los posicionamientos enfrentados.

Cualquier tema que nos afecte en lo más íntimo
despierta en todas y todos nosotros un sentido excluyente de identidad.
Lo que pensamos y defendemos nosotros es bueno, lo de los demás, no
tanto, o es malo directamente. Y cuanto más íntimamente nos afecta, nos
sentimos más unidos a los que creemos que son los nuestros y más alejados
de los demás, lo estemos verdaderamente o no; y cuanto más nos
identificamos con los nuestros, o con los que creemos nuestros, más
vivamente y más enardecidamente defendemos nuestras ideas o
posicionamientos, más nos polarizamos, más elevamos la voz, más
aplaudimos y menos escuchamos. Entre todos y todas vamos echando leña al
fuego y más creamos y recreamos, una y otra vez, el reñidero español en
el que todos gritan y nadie escucha.

¿Recuerdan qué pasó con la Ley del aborto? Yo
sí lo recuerdo. Recuerdo las acusaciones de asesinas y asesinos —ya
lo he dicho antes— a las y los profesionales que realizaban
interrupciones de embarazo, a las mujeres que así lo solicitaban, estando
en su derecho, incluso de compañeros de trabajo. Recuerdo las campañas
contra esas profesionales, los juicios a los que fueron sometidas. Los
enfrentamientos entre quienes defendían el derecho al aborto y quienes se
oponían a él fueron duros, muy duros, con formas de reñidero.

Hoy estamos viviendo una situación similar; una
situación similar de reñidero en relación con algunos aspectos de la Ley
sobre salud sexual y reproductiva que ahora debatimos. Las posturas
enfrentadas sobre la gestación subrogada están llegando en algunos
sectores de la sociedad a límites insospechados, porque se hacen desde
posiciones extremas, desde una ideología tan segura de sí misma, tan
convencida, tan cerrada, que hace imposible, que hace incluso indeseable
reflexionar mínimamente y pensar que, quizás, quien no piensa como uno o
como una puede tener también algo de razón o algunas razones para
defender lo que defiende. Lo más alejado de la democracia, lo más
enfrentado a la convivencia; restos que todavía tenemos de
comportamientos, de actitudes y de vida dictatorial que hemos sufrido
hasta no hace tanto. Y, como siempre, la solución a los problemas no está
en ninguno de los dos extremos; la mejor solución está en el consenso
logrado entre todas y todos, logrado tras una deliberación tranquila,
razonada, abierta, reflexiva, razonable, en la que todas y todos y cada
uno de nosotros podemos expresar nuestras razones y defenderlas con
argumentos claros y razonados, entendiendo que seguramente todas y todos
tenemos valores merecedores en alguna medida de respeto y de aceptación.
(La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la Presidencia).

Esta es la política que en Geroa Bai queremos
hacer, aunque no siempre lo conseguimos; la política ética y
transformadora que impulsamos. Y digo esto porque, de verdad, no me
resisto a ponerles encima de la mesa alguna cuestión que a mí me parece
fundamental. Por ejemplo, les pido con total humildad, a los que todavía
dudan sobre si apoyar o no alguna de nuestras enmiendas, que lean, sin
anteojeras partidistas, nuestra enmienda número 64, la enmienda 64 de
Geroa Bai.

La registramos porque el artículo de la ley al
que la enmienda hace referencia equipara —escuchen bien— la
transmisión negligente o la transmisión intencionada de infecciones de
transmisión sexual —me han escuchado, ¿verdad?—, equipara la
transmisión negligente o la transmisión intencionada de infecciones de
transmisión sexual con algo que también es igual de grave, señora
ministra, igual de grave, la retirada del preservativo sin consentimiento
en las relaciones sexuales. Pues bien, la ley que ahora estamos
debatiendo, el artículo al que Geroa Bai hace una enmienda, la enmienda
número 64, dice que no se pueden equiparar estos dos delitos, delitos
graves, con la gestación subrogada. Sin embargo, la ley lo hace con una
tranquilidad pasmosa y yo diría que insultante. Porque es insultante para
muchas familias, para muchos niños y niñas, para muchos padres y madres
que han creado sus familias mediante técnicas de reproducción asistida,
como la gestación subrogada, comparar esa maravilla de dar vida a una
persona con la transmisión intencionada de una enfermedad de transmisión
sexual o con la retirada del preservativo sin consentimiento.

Señorías, ¿no se dan cuenta de qué barbaridad
van a probar si no apoyan nuestra enmienda 64? ¿De verdad va a ser alguno
o alguna de ustedes capaz de ir a un padre o una madre de un niño o de
una niña generado por gestación subrogada y decirle que ese niño es fruto
de un delito igual que el de la transmisión intencionada de una
enfermedad de transmisión sexual? ¿Alguno de ustedes lo va a hacer?
¿Alguno de ustedes va a ser capaz de ir a una familia creada por
gestación subrogada y decirle que ese niño es fruto de un delito igual al
de la retirada de un preservativo sin consentimiento durante las
relaciones sexuales? Si son ustedes capaces, no voten la enmienda 64. Se
les caerá la cara de vergüenza. Se les caerá la cara de vergüenza.

Por eso, ante quienes se oponen con uñas y
dientes a la gestación subrogada por considerarla violencia contra las
mujeres por el mero hecho de ser mujeres; ante quienes la consideran el
máximo exponente de la violencia y la opresión del patriarcado contra las
mujeres, porque las utiliza como animales de crianza para beneficio
exclusivo de los hombres; ante quienes afirman que en la gestación
subrogada no solo se compra —quien tiene dinero, claro— la
utilización del cuerpo de las mujeres, sino que se venden y compran bebés
como si fueran una mercancía más; ante quienes defienden la gestación
subrogada como un contrato mercantil más entre dos personas, por cierto
ya declarado nulo de pleno derecho en el artículo 10 de la Ley 14/2006,
sobre técnicas de reproducción humana asistida; ante quienes la defienden
como una manera más de ganar un dinero como lo hacemos todos y todas en
nuestro trabajo; antes quienes banalizan el hecho del cúmulo de sucesos
físicos y psíquicos que un embarazo provoca en la mujer gestante, en la
madre biológica; ante quienes no ven que algunas mujeres pobres y
vulnerables pueden verse abocadas a alquilar su cuerpo como el único
medio de salir de un pozo negro de indigencia absoluta; ante quienes
defienden que las mujeres tienen derecho a utilizar su cuerpo como les dé
la gana a la hora de defender el aborto, pero les niegan ese mismo
derecho a la hora de embarazarse para ayudar a crear familias a terceras
personas; ante quienes, desde posiciones extremas, solo afirman sus
propios valores, negando los de todos los demás; desde Geroa Bai afirmo
que hay salidas intermedias, salidas que seguramente no contentan al cien
por cien a nadie, pero que ofrecen una vía de acomodo de todas estas
cuestiones, prohibiendo la gestación subrogada forzada, una auténtica
violencia contra las mujeres, o abriendo la vía para elaborar una norma
legal que la regule, teniendo en cuenta todos los valores, factores,
aspectos, condicionantes y derechos de todas las personas implicadas, así
como su efecto en la sociedad en general y en los valores que todas y
todos compartimos.

Señorías, piénsenlo y tengan en cuenta que de
su decisión en esta ley van a tener que dar la cara ante muchos padres,
ante muchas madres, ante muchos niños y niñas, ante muchas familias
creadas por gestación subrogada.

Eskerrik asko.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Eskerrik asko, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene
la palabra la senadora Rivero Segalàs.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies,
presidenta.

Señorías, abordamos una ley que pretende
garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas,
incluyendo a las adolescentes de entre 16 y 18 años, así como a las
personas con discapacidad para que puedan decidir libremente sobre su
maternidad. Esta ley establece que cualquier mujer que desee interrumpir
su embarazo pueda hacerlo en la sanidad pública porque, como ya se ha
dicho, actualmente el 80 % de los abortos se llevan a cabo en centros
privados. Asimismo, también persigue la equidad en el acceso a los
métodos anticonceptivos, también los masculinos; reconoce la
esterilización y el aborto forzoso como formas de violencia contra la
mujer; mejora las condiciones legislativas en el ámbito laboral,
proporcionando una correcta cobertura de la incapacidad temporal por
contingencias comunes ocasionadas por patologías del aparato
reproductor.

Estas, entre otras, ya son buenas razones para
apoyar esta ley. Pero, aun habiendo avanzado en muchos aspectos, no
estamos de acuerdo en algunas cuestiones que se han introducido como, por
ejemplo, la gestación subrogada. Como ha defendido y explicado bien el
senador Koldo Martínez de Geroa Bai, hay planteamientos e incógnitas que
nos quedan por despejar; una gestación subrogada por sustitución, que en
esta ley se considera una violencia contra la mujer, una violencia
reproductiva.

En primer lugar, creemos que, tal como queda
contemplada y recogida en esta ley, se hace con un sesgo ideológico.
Estamos convencidos de que en muchos países de nuestro entorno más
próximo está regulado y en nuestro país también debería regularse. Y
deberíamos hacerlo de una manera concreta, en una ley que trate todos los
inconvenientes y la complejidad de este tipo de nueva maternidad o este
tipo de nueva familia, que es una realidad que está aquí, que ha venido a
quedarse y que continuará siendo.

Necesitamos una ley, y pensamos que no debe ser
en esta donde se aborde el tema de la gestación subrogada. Estamos
acostumbrados a reales decretos-ley macedonia, donde lo tratamos un
poquito todo y donde jugamos a un chantaje, porque, al lado de medidas
buenas, existen otras medidas, y no podemos votar en concreto cada una de
ellas, sino que tenemos que hacerlo en bloque. Pero hoy, aquí, no estamos
en un real decreto-ley, estamos tratando una ley orgánica, una ley que
trata de derechos fundamentales de las personas, y pensamos, como ha
dicho el senador Koldo Martínez, que estas medidas no se pueden
introducir como medidas de rondón.

El de la gestación subrogada tiene que ser un
debate de profundidad, un debate que tiene que venir fruto de una escucha
atenta, de mucha información y también —sí, señorías— de
coraje político para abordar esas temáticas complejas, delicadas, donde
nuestras decisiones y los textos que aprobamos con la voluntad de
garantizar unos derechos no lesionen, por ende, otros derechos. Lo mismo
que pasó en el debate del aborto, donde pedíamos que las mujeres
queríamos ser libres e iguales, y exigíamos respeto para tomar decisiones
para con nuestro cuerpo. ¿Qué hacemos, señorías, con esa realidad de esas
nuevas maternidades? ¿Qué hacemos con esa realidad que existe hoy y que
va a continuar existiendo en nuestro país respecto de nuevos modelos de
familia? ¿Qué les decimos a esos niños que vienen de otros países donde
esto está regulado y es legal? ¿Qué pasa con la filiación de esos niños?
¿Les vamos a decir a esos niños que son fruto de una violencia sexual?
¿Cómo garantizamos el interés superior del menor en estos casos?

Por ello, pensamos que no debería estar
incorporado en esta ley y optamos por que se saque y se aborde ese debate
en una ley aparte o, si me apuran, como mucho, en la nueva Ley de
familias que tenemos que debatir, pero no en esta ley que hoy estamos
viendo. Por ello, ya les avanzo que vamos a votar a favor de las
propuestas que nos llegan de Geroa Bai, en el sentido de quitar de esta
ley cualquier referencia a la gestación subrogada y, si eso no es
posible, como mínimo, que no sea la gestación subrogada un delito contra
la libertad sexual y reproductiva de las mujeres, en todo caso la
gestación subrogada forzosa, que sí lo sería, como bien se dice el
Consejo de Europa.

Aplaudimos, cómo, no, que esta ley también
impulse la gratuidad de los anticonceptivos, pero, para que ello no sea
solo un mero derecho recogido en una ley y sea una realidad, este
reconocimiento debe estar dotado de la correspondiente financiación para
las comunidades autónomas. Hoy ya sabemos —lo dijo la
ministra— que no se va a abordar una nueva financiación autonómica;
vamos a continuar con una infrafinanciación caducada por ley. Muchos de
los aspectos que hoy estamos debatiendo van a ser asumidos por las
comunidades autónomas: sanidad, servicios sociales o educación.

Les anuncio que votaremos favorablemente todas
las enmiendas de tipo competencial y también aquellas que piden estos
recursos, porque ustedes saben que los derechos no solo hay que
reconocerlos. ¿Se acuerdan de la famosa ley conocida como Ley de la
dependencia? Reconocimos derechos, pero no aparejamos financiación
suficiente para abordarla, y el camino de esa ley tuvo muchas
frustraciones, porque la gente a la que les reconocimos los derechos no
pudo llevarlos a cabo y muchos murieron esperándolos. Pues este caso
viene a ser lo mismo.

Además, si el respeto competencial fuera
exquisito, todas estas solicitudes que hacemos muchos grupos serían de
Perogrullo, pero lamentablemente —y ya se ha dicho— todavía
hay que intentar parar la laminación constante de competencias, y si hay
voluntad al respecto, que dicen que la hay, no tendrán ningún problema en
que quede bien trabada en la ley.

Pensamos que la ampliación de seis meses del
periodo para poder cambiar el orden de los apellidos de una criatura,
teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de la mujer tras el
parto, mejoraría también esta ley y el camino hacia esa sociedad más
igual que perseguimos.

Por todo ello, aunque pensamos que sería una
lástima que nuestras propuestas no se incorporaran a la ley, seguiremos
insistiendo legislativamente, es evidente, en su revisión, pero daremos
apoyo al proyecto de ley, porque, de hecho, mejora derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres. En Junts, junto con otros grupos
enmendantes, hemos mejorado la propuesta que llegó al Congreso y la
propuesta que llegó del Congreso; a pesar de ello, señorías, a pesar de
que esta ley va a mejorar muchos derechos, tendremos que continuar
defendiéndolos, como ya se ha visto aquí, para que no retrocedamos en
ellos.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la
palabra la senadora Etxano Varela.

La señora ETXANO VARELA: Gracias,
presidenta.

Buenos días otra vez. Parece que concluimos el
proceso de una ley que, a nuestro entender, se inició hace doce años,
en 2010, y que posteriormente, en 2015, tuvo un cambio realizado sin
consenso alguno por la mayoría absoluta del Partido Popular; un cambio
que en su momento no compartimos y que modificaba el artículo 13.4. En el
texto que hoy debatimos se vuelve a recuperar, se deshace el cambio
del 2015, entre otras cosas. Y parece que, con este cambio y con las
modificaciones incluidas que iremos detallando, esta ley de interrupción
voluntaria del embarazo en el Estado español puede quedar asentada
―eso esperamos― ya para algunos años, siempre que no haya
otra modificación sobre la base de un Gobierno de turno que venga, algo
que parece descartado si tenemos en cuenta las declaraciones del
presidente del Partido Popular.

Sin duda alguna, la Ley Orgánica 2/2010, que
hoy estamos debatiendo para su modificación, fue un gran avance para las
mujeres y para la sociedad en su conjunto. En su momento se consiguió
realizar un debate y lograr un consenso que entendemos necesario
mantener. Hoy podríamos decir que, a través de modificaciones parciales,
esta ley orgánica se perfecciona, y actualiza los cambios y
reivindicaciones sociales de asociaciones de mujeres y del movimiento
feminista tras los doce años de vigencia de la ley.

Este debate afortunadamente lo realizamos la
mayoría con naturalidad, con la misma naturalidad que la sociedad ha ido
evolucionando y que toma sus decisiones, diferenciando sus creencias y
códigos morales y éticos de las necesidades colectivas, de las respuestas
que debemos dar como sociedad y como poderes públicos. Nos queda la
excepción, el esperpento anacrónico de la extrema derecha, que sigue sin
distinguir sus códigos éticos y religiosos de lo que en política resulta
necesario: dar respuesta a las realidades que existen.

A la hora de valorar la modificación de la ley,
hemos tenido en cuenta que muchos de los derechos y garantías que se
reconocen en este proyecto de ley también los hemos reconocido a través
de la Ley de igualdad en Euskadi, que también se aprobó con un amplio
consenso.

Si nos ceñimos a los cambios introducidos por
esta modificación, queremos destacar la eliminación de varios de los
requisitos para abortar que rigen actualmente, como son la entrega de un
sobre cerrado con información sobre los derechos, prestaciones y ayudas
públicas de apoyo a la maternidad y el plazo de reflexión de tres días,
obligatorios para la mujer desde la recepción de esa información.
Eliminar estas dos condiciones que no se dan en el ejercicio de otros
derechos y cuya finalidad no era otra que intentar disuadir a las mujeres
de la decisión que toman y pueden tomar libremente para la interrupción
voluntaria del embarazo, entendemos que son un avance en el
reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos.

También en esta modificación se recupera el
derecho que la ley en 2010 otorgaba a las mujeres a abortar entre los 16
y los 17 años sin el consentimiento de sus progenitores o su
representante legal, que fue eliminada ―ya hemos dicho―
en 2015. Dos apuntes. El primero, lo que se regula en la Ley de autonomía
del paciente, que establecerá a partir de esta modificación que a los 16
años las menores son autónomas para decidir; y en segundo lugar, la
constatación de que obligarlas a contar con el consentimiento de sus
representantes legales, como ya advertimos en la reforma de 2015, podría
empujar a las jóvenes a recurrir al aborto clandestino y sin garantías
jurídicas ni sanitarias, estando sobre todo en peligro precisamente las
jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad. Además, algo que conocemos
y deberíamos conocer: los datos. Y los datos nos dicen que desde 2010 no
han aumentado los abortos en menores y que en 9 de cada 10 casos los
padres y las madres han conocido y han acompañado a la menor. El resto
son los casos en que informar a los representantes legales, padres o
madres, puede suponer un conflicto grave, por la existencia de violencia
intrafamiliar, agresión sexual en la familia, amenazas, coacciones, malos
tratos o producirse una situación de desarraigo o desamparo. Por tanto,
con la modificación protegemos a las menores vulnerables. (Rumores).

La ley también aborda que se plantee la
corresponsabilidad en el ámbito de la anticoncepción y la investigación
en anticonceptivos masculinos, para que la planificación no sea solo una
responsabilidad nuestra. (Rumores). También se incluye el reconocimiento
de las situaciones especiales de incapacidad por contingencias comunes
relacionadas con dolencias menstruales o los casos de interrupción de
embarazo, sea voluntaria o no, y también que los anticonceptivos vuelvan
a estar financiados por la Seguridad Social o que en determinados casos
su reparto sea gratuito. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señorías, por favor, guarden silencio.

La señora ETXANO VARELA: Gracias,
presidenta.

En definitiva, esta ley supone el
reconocimiento y la garantía efectiva de los derechos de las mujeres
respecto a su salud sexual y reproductiva, siendo el ámbito competencial,
por su contenido sanitario, muy alto, así como en lo referente al ámbito
educativo, donde nos preocupa el desarrollo de la ley. Por ello, quiero
insistir en lo que he dicho en la defensa de las enmiendas y tratar de
introducir la salvaguarda competencial. Estos son los cambios principales
propuestos en la ley, y ahora trasladamos los principios que nos llevan a
estar de acuerdo y a votar afirmativamente esta modificación, que supuso,
como ya he dicho, un gran avance en el reconocimiento y garantía efectiva
de los derechos de las mujeres.

Partimos de la premisa de que cada aborto
voluntario suele ser el resultado de un fracaso en la prevención del
embarazo no deseado o no planificado. Hablamos de embarazos que una vez
producidos muchas mujeres no aceptan por considerarlos un grave obstáculo
en la realización de su proyecto vital, por imposibilidad económica,
incompatibilidad laboral o por no desear ser madres en absoluto o no
desear serlo en ese momento. Asimismo, y a pesar de lo escuchado hoy en
este debate, ni la prohibición del aborto ni su penalización ha traído
nunca una reducción de las cifras de interrupciones voluntarias del
embarazo. A lo sumo, lo que supone es un riesgo para la salud de las
mujeres, como consecuencia de realizar estas intervenciones en
condiciones no seguras. En cambio, lo que sí reduce la interrupción
voluntaria del embarazo es la existencia o no de educación sexual, el
acceso a la información y a los métodos anticonceptivos, el nivel
socioeconómico, las políticas de igualdad que mejoran la posición de las
mujeres o su poder para negociar la protección anticonceptiva, las
medidas de apoyo a la familia y a la conciliación, políticas de
corresponsabilidad de la vida laboral y familiar y la garantía de acceso
a la sanidad pública. Esto sí parece ser más determinante en la reducción
del número de abortos.

La diferencia entre la prohibición y las
medidas educativas y sociales y sanitarias, como en todas las
legislaciones, es que las primeras, como todas las medidas de populismo
punitivo, no tienen coste y que las segundas necesitan de presupuestos
públicos para su puesta en marcha. Por otra parte, y a pesar también de
lo escuchado, hace falta repetir que, además, el reconocimiento del
derecho básico a decidir en forma libre y responsable el número de hijos
e hijas y a tomar las decisiones sobre la reproducción y a controlar los
asuntos relativos a la sexualidad está claramente asentado ya en nuestra
sociedad. Los derechos sexuales y reproductivos ya están reconocidos por
la comunidad internacional como derechos humanos en declaraciones,
convenciones, pactos de Naciones Unidas y otros documentos aprobados
internacionalmente. Del mismo modo, está asentada en la mayor parte de la
sociedad la consideración del derecho de las mujeres a decidir sobre la
continuidad de una gestación como un derecho humano que implica el
reconocimiento de las mujeres como sujetos de derecho con capacidad para
custodiar su vida, su cuerpo y para tomar decisiones autónomas sobre su
capacidad reproductiva, y como un derecho libre al desarrollo de su
personalidad.

Voy terminando. Una cuestión final en relación
con la introducción en esta ley por parte del Gobierno de la gestación
subrogada. En una ley en la que hablamos de autonomía reproductiva de las
mujeres, en la que hablamos del derecho que trata sobre la capacidad de
decidir de las mujeres sobre su propia gestación, entendemos que ha sido
un error. Por eso creemos que es mejor eliminar en la ley toda la
referencia a la gestación subrogada. No corresponde hacerlo en esta ley.
Si se entiende que se debe volver a legislar sobre la gestación
subrogada, lo que procede es plantearlo seriamente, no con una
introducción con calzador de cuatro referencias en una ley en la que,
insistimos, no se debería haber metido. Este es el motivo por el que
votaremos a favor de las enmiendas que proponen eliminar las referencias
a la gestación subrogada o por sustitución en esta ley.

Tenemos otro grupo de enmiendas en cuyo texto
se sustituye gestación subrogada por gestación subrogada forzada. Por
cierto, esto es un delito. En este sentido, me gustaría hacer varias
consideraciones. Si entendemos que en el debate de esta ley no debe
introducirse el debate sobre la gestación subrogada, también entendemos
que no deberíamos introducir otros debates de soslayo. En todo caso,
analizadas las enmiendas presentadas, lo que vemos es que no van a tener
un efecto, porque son referencias más estéticas que prácticas, en algunos
casos a la exposición de motivos, en otros casos al Convenio de Estambul,
donde no se contempla este delito, o proponen un texto distinto a la
Ley 14/2006 sin modificar la propia ley. Esto, bien analizado, no va a
contentar ni a quienes están a favor ni a quienes están en contra de la
gestación subrogada, y estaría bien que no generáramos falsas
expectativas. Vuelvo al párrafo anterior: Si queremos una regulación
sobre la subrogación, este no es el camino. (El señor presidente ocupa la
Presidencia).

Respecto al resto de enmiendas, apoyaremos
aquellas que supongan, a nuestro entender, una mejora en los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres, y no apoyaremos o nos
abstendremos en aquellas que sigan incidiendo en lo que son competencias
propias de las comunidades autónomas. Entendemos que la ley no debe
seguir especificando lo que deben hacer o no deben hacer las comunidades
autónomas y dejar esto en el ámbito y en la capacidad de autoorganización
de sus competencias. Sin más, finalizo diciendo que, como ya he dicho en
las diferentes ocasiones en que he subido a esta tribuna, votaremos a
favor de la modificación de esta ley orgánica.

Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE:






Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana, tomará la palabra su señoría la senadora Bailac Ardanuy

La señora BAILAC ARDANUY: Gracias,
presidente.

Señorías, los avances en derechos en este país
se han hecho ley cuando las mujeres han salido a la calle a exigir sus
derechos. Tengámoslo bien presente. Y recordemos que fueron las
feministas quienes salieron a las calles empujando a favor de la
conquista del derecho al aborto libre, gratuito, fuera del Código Penal y
en la sanidad pública. Pedíamos superar la ley de supuestos, que nos
obligaba a argüir el posible daño en nuestra salud mental o física para
poder decidir sobre nuestro propio cuerpo. Pedíamos que se apartaran
siglos de mandatos morales que nos decían a las mujeres cómo vivir la
sexualidad, cómo vivir la maternidad incluso cuando esta se producía a
partir de un embarazo no deseado. Exigíamos en las calles el acceso
gratuito a los anticonceptivos, el reconocimiento de la salud sexual y
reproductiva como derecho, y nos hicimos con la bandera de una maternidad
libre y deseada.

Quizá la ley de 2010 fuera la mejor ley posible
en un momento en que se priorizó el consenso y donde todos los grupos
hicieron renuncias. Pero trece años después, reafirmamos un derecho
frágil, y esta ley es una muestra de ello. A los cinco años de ser
aprobada, sufrió un recorte por la reforma impulsada por el Partido
Popular, que negaba a las mujeres jóvenes la capacidad de decidir sobre
su propio cuerpo sin tutelas. Es urgente revertir el recorte de derechos
que lograron hacer en 2015, un retroceso que hasta el comité de la Cedaw
recomendó que no se aprobara. A una joven de 16 años se le reconoce la
mayoría de edad sanitaria, excepto si quiere interrumpir un embarazo.
Debemos garantizar la autonomía de decisión de las mujeres de 16 y 17
años, que en gran parte acuden acompañadas de sus familiares cuando se
someten a un aborto, pero no siempre.

En 2015, en el debate de la reforma regresiva
de la Ley del aborto impulsada por el PP, el diputado Joan Tardà ya
alertó de que el día en que gobiernen otros, y en caso de que gobernase
la socialdemocracia, la ley de 2010 también se tendría que debatir no
solamente para blindarla, sino para introducir quizás otras posiciones
que en su momento no tuvieron suficiente mayoría, pero que en los
próximos años pueden tenerla para garantizar mucho mejor los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres. Pues bien, Joan, estamos en este
punto, empujando la regulación hacia delante, reconociendo la plena
capacidad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo sin tutelas.
Y ante la ofensiva regresiva en la que estamos inmersos, que la izquierda
haga de izquierda para afirmar derechos y avanzar es una buena noticia. Y
que la izquierda haga de izquierda y que no le tiemblan las piernas
cuando la derecha y la ultraderecha se movilizan es imprescindible.

Los derechos sexuales y reproductivos son un
eje clave de la transformación feminista. No pueden ser derechos
menospreciados, no pueden ser derechos, invisibilizados. Por ello, es
necesario que se acompañe esta ley de todos los recursos que hagan
efectiva su ejecución, que hagan efectiva la garantía de estos derechos.
Y simultáneamente, mientras trabajamos aquí, en las Cortes Generales,
para avanzar en los derechos, el Govern de la Generalitat defiende al
máximo los derechos sexuales y reproductivos, y lo hemos hecho con una
estrategia nacional de derechos sexuales y reproductivos que incluye el
derecho al aborto como uno de sus ejes centrales. Y lo hemos hecho
ampliando la equidad territorial con nuevos puntos de interrupción
voluntaria del embarazo, tanto farmacológico como quirúrgico. Y se está
trabajando para seguir mejorando la formación de los profesionales que
acompañarán la decisión de las mujeres, y también para mejorar la
información a la que las mujeres tienen acceso. Las mujeres acuden al
centro sanitario con su voluntad ya formada. Los tres días de reflexión
tienen un efecto paternalista, culpabilizador, en algunos casos
disuasorio, y es un paso adelante que ahora se suprima. Y quienes se
ponen nerviosos cuando liberamos a las mujeres de tutelas y las dejamos a
cargo de sus propias vidas, sepan que en todo caso la mujer podrá
solicitar, y se le deberá facilitar, toda la información que precise para
decidir.

La reforma de esta ley ha puesto encima de la
mesa una de aquellas cuestiones que, siendo tan relevantes para las
mujeres, habían quedado en el espacio privado. Quizás ya va siendo hora
de romper los tabús, de no menospreciar la realidad de las mujeres, y en
este sentido, sepan que las menstruaciones incapacitantes existen y que
reconocerlo y regularlo va a garantizar que no jueguen contra las mujeres
en el ámbito laboral. Reconocer derechos a las mujeres nunca nos va a
perjudicar a las mujeres, como hemos oído en varias ocasiones desde esta
tribuna esta mañana. Y también existe el duelo que viven las mujeres ante
una pérdida gestacional, un duelo que debe ser reconocido y acompañado, y
lamentamos que no se haya incluido su reconocimiento en esta ley.
Garantizar estos derechos pasa por declarar nulo el despido, como he
explicado anteriormente, igual que ya tuvo que garantizarse para las
mujeres embarazadas o para los supuestos de reducción de jornada.

Y haré un apunte rápido sobre la gestación
subrogada. Cuando quieran abrir debates, ábranlos de cara y con valentía.
Lo que no puede ser es que aparezcan estos grandes temas por la puerta de
atrás, sin un debate riguroso, sin un debate a fondo.

Y termino. El acceso al aborto legal y seguro
es un derecho humano. Hoy blindamos derechos sexuales y reproductivos y
avanzamos en ellos. ¿Podríamos haber avanzado más? Sí. ¿Los feminismos
nos reclaman legítimamente que avancemos más? Sí, pero hoy recuperamos
derechos, los reafirmamos, y cuando la izquierda hace de izquierda,
cuando la izquierda afronta los retos con valentía, cuando nos hace
avanzar en derechos, aquí nos tiene.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tomará la
palabra su señoría Román Jasanada.

El señor ROMÁN JASANADA: Gracias, señor
presidente.

No veo ahora a la portavoz de Vox, a la señora
Merelo Palomares, que no estuvo en la ponencia y se permite opinar sobre
lo que se dijo o no se dijo en ella, y me parece un atrevimiento que
alguien hable de algo cuando no estuvo ni escuchó.

Por otra parte, la señora Carmona, portavoz en
el turno de enmiendas, ha hablado de que el Partido Popular quería hacer
un lavado de cara. Señoría, lavado de cara era el que pretendían hacer en
el Partido Socialista. A pesar de que mi compañera, la senadora Rodríguez
Calleja, pidió las enmiendas que quería transaccionar el Partido
Socialista, no fueron ofrecidas al Partido Popular. Y fue en la ponencia,
cuando querían someter la transaccional a votación, cuando quien les
habla pidió por favor la enmienda por lo menos para poder leerla. Eso es
lo que ocurrió. Y entonces, nosotros dijimos que no íbamos a
manifestarnos en ningún caso en contra de algo que redundaba en lo que
decía el punto 1 del artículo 24. Y quiero remarcarlo, porque el punto 1
dice que las administraciones públicas se abstendrán de realizar
cualquier acto que vulnere los supuestos contenidos en esta ley orgánica.
Y el punto 2 dice que las administraciones públicas velarán por evitar
prácticas que pretendan alterar la formación de la voluntad, ya sea para
afianzar o para revocar, a excepción de la información pertinente,
etcétera, etcétera, y que, en cualquier caso, las intervenciones
terapéuticas serán basadas en la evidencia científica. Evidentemente, el
Partido Popular no está en contra de esto. Pero ¿qué perseguía el Partido
Socialista cuando no quería que el Partido Popular pudiera leer una
enmienda transaccional? Querían ser, una vez más, unos trileros, unos
tramposos, como suelen hacer en todo el trámite legislativo
(Aplausos).

Culminamos ahora esta tramitación de la Ley del
aborto, un procedimiento de urgencia. Lo ha criticado el senador Martínez
Urionabarrenetxea, también el senador Sánchez, porque tratan de meter
proyectos legislativos que necesitan un debate sosegado —también lo
decía la portavoz de Esquerra Republicana— por trámite de urgencia.
Es una falta de respeto a la Cámara Alta la reducción de plazos en este
trámite legislativo. No sé si es la voluntad del Gobierno tratar de
amordazar a la sociedad para que no opine o solo a sus representantes,
pero yo creo que esa voluntad viene motivada porque ven que su tiempo se
acaba. Permítanme que, parafraseando a Pablo Iglesias Turrión, diga:
tic-tac, tic-tac, tic-tac (Aplausos). Se acaba el tiempo de Pedro
Sánchez. Y por eso es por lo que vemos hoy por trámite de urgencia estas
leyes de la coalición Socialista y de Podemos dentro de su agenda
ideológica.

No es de recibo que salga más barato la
agresión sexual que robar. Esto lo ha dicho la ministra de Justicia. Y no
lo dice en relación con la Ley del aborto, sino en relación con una ley
que la señora Montero, ministra del mismo Gobierno, trata de defender. No
es de recibo que salga más barato la agresión sexual que robar. Ayer
intervenía la señora Montero, y escasos aplausos, creo que ninguno, en la
primera intervención en la bancada socialista. ¿Qué denota esto? Que el
Partido Socialista no está muy contento ni en la Ley trans ni en la Ley
del solo sí es sí con la ministra Montero. Pero la ministra Montero no es
cesada porque es cuota de un Gobierno sostenido por el gabinete de
Podemos, a los cuales no cesa o no puede cesar. Y esta es la agenda
ideológica: hoy la Ley del aborto, pero también esta Ley del solo sí es
sí, con la que delincuentes, más de 400 depredadores sexuales, se ven
beneficiados por este Gobierno autodenominado de izquierdas. Espero que
la sociedad española muestre en las próximas elecciones de mayo, y en las
elecciones que quiera convocar el señor Sánchez, su rechazo a las leyes
de la agenda ideológica del Gobierno.

Los problemas de la sociedad hay que abordarlos
con serenidad y reflexión; no se puede banalizar en algo tan importante y
ocasionalmente dramático como es el poner fin a un embarazo. En mi
intervención previa me refería a los datos del aborto en el año 2021 y a
la necesidad de implementar medidas en la educación, respetando la
libertad educativa de los padres, para dar formación e información
necesaria a los hijos también en aspectos relacionados con lo afectivo
sexual. No se puede decir que la solución es el aborto, como se traslada
en esta ley. El aborto no es la solución; el aborto es un problema.
Vivimos en una sociedad en la que el Gobierno de España no ha puesto en
marcha ninguna medida de apoyo a la maternidad y de apoyo a la natalidad.
Y, en cambio, sí lleva a cabo modificaciones legislativas que, bajo el
falso paraguas de la libertad para decidir sobre su propio cuerpo, aborda
el problema del embarazo no deseado desde el punto de vista de finalizar
con él y no de prevenir aquello que no es deseado. El aborto no puede ser
considerado como un medio anticonceptivo. Son necesarias en nuestro país
políticas de protección de la mujer ante la presión que sufren para
abortar cuando tienen un embarazo no deseado. Esa presión, que algunos
denominan mobbing maternal, puede venir de sus parejas, de sus
progenitores o también de la sociedad, como en el momento actual.

Es necesario informar de modo objetivo de las
ayudas públicas y privadas a las alternativas al aborto, de la existencia
de consecuencias y secuelas físicas y psicológicas tras el aborto, y esta
información debe ser dada para que pueda ser reflexionada y la mujer tome
decisiones en libertad y haga voluntariamente lo que ella realmente
quiera. Son necesarias políticas de apoyo a la maternidad que ayuden a
superar las razones por las que una mujer se ve abocada a interrumpir su
embarazo: medidas de apoyo económico durante el embarazo y durante el
desarrollo de los hijos; medidas de acceso a la vivienda, medidas de
discriminación positiva en el acceso al mercado laboral para mujeres
durante el embarazo y en función del número de hijos; medidas que
favorezcan la conciliación de la vida laboral con la maternidad; medidas
que garanticen el desarrollo profesional de la mujer que decide
libremente ser madre; medidas de incremento de las pensiones a las
mujeres que decidieron en su momento ser madres y perdieron oportunidades
laborales. Son algunas ideas, son algunas propuestas de medidas de apoyo
a la maternidad, de apoyo a la mujer. Esto sí es legislar en positivo.
Esto sí es abordar los problemas con soluciones.

Concluyo. Este proyecto de ley no da
soluciones, sino que sigue incrementando los problemas. Mi grupo
considera que es necesario un sistema de protección de la maternidad, de
fomento de la natalidad, de educación en las familias y del Estado en
libertad. Por todo ello, mi grupo no votará a favor de este proyecto de
ley. Votará en contra.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tomará
la palabra su señoría la senadora Calero Albal.

La señora CALERO ALBAL: Buenos días. Gracias,
presidente.

Quiero empezar mi intervención dando las
gracias al movimiento feminista que a lo largo de la historia ha
trabajado con fuerza y tesón para alcanzar derechos para las mujeres y
para la sociedad en su conjunto; un movimiento ejemplar que va pasando el
testigo de una generación a otra y que así continuará. Y también
aprovecho para dar un toque de alerta. Estamos oyendo barbaridades esta
mañana aquí. Parece que estoy en mi juventud. Estoy oyendo lo mismo que
se oía cuando yo era joven en el tema del aborto (Aplausos). Me parece
una barbaridad. Y quiero dar las gracias a mi grupo por darme la
oportunidad de ser ponente en esta ley tan importante para mejorar la
salud y aumentar los derechos de nosotras, las mujeres. Estoy convencida
de que la mayoría de los grupos parlamentarios van a apoyar en el Pleno
la aprobación de este proyecto de ley, porque con las aportaciones que se
han hecho esta ley ha mejorado, porque responde a una reivindicación
justa y necesaria de las mujeres, porque garantiza más derechos, más
equidad y más seguridad y porque esta ley, señorías, no es un triunfo del
Gobierno, es un triunfo de las mujeres y es un triunfo de toda la
sociedad.

La derecha basa su rechazo básicamente en unos
puntos: la ley en sí, porque nunca han creído en esto, los profesionales
de la sanidad, la edad, y que no se ha hecho con el consenso de nadie.
Qué lástima que no aprendan de Simone Veil, política conservadora.
Gracias a ella se aprobó el aborto en Francia (Aplausos).

Como he dicho antes, me parece mentira estar
oyendo, después de casi cuarenta años, lo que se ha oído y lo que se está
oyendo decir esta mañana por parte de la derecha. Las mujeres estamos ya
cansadas de las frases grandilocuentes que nos lanzan continuamente,
como, por ejemplo: Estamos siempre al lado de la ley. No tenga ninguna
duda, el PP está al lado de las mujeres. Mentira (Aplausos). Ni están al
lado de la ley, porque están saltándose lo más sagrado que tenemos en
España, que es la Constitución, y mentira, porque los derechos de las
mujeres no se consiguen con grandes frases, se consiguen legislando,
votando, aprobando y sobre todo con leyes publicadas en el BOE. Y su
trayectoria en esto es cero (Aplausos).

La Ley orgánica de 1985, muy importante,
despenalizó el aborto, ¿se acuerdan? Bueno, ustedes tienen la memoria un
poco selectiva. Las señoritas de casa bien iban a Londres (Aplausos), el
resto, que éramos la gran mayoría, nos buscábamos la vida como podíamos,
o sea mal, y ustedes, a pesar de eso, votaron en contra. La Ley Orgánica
del 2010, por la que se pasó de una ley de supuestos a una ley de plazos,
muy importante también para las mujeres, ustedes la votaron en contra.
Ahora sí, en cuanto pudieron, en el 2015, volvieron a recortarnos
derechos. Ya está bien, señores de la derecha y señoras de la derecha, de
palabras gruesas y frases grandilocuentes (Aplausos).

Dicen que traemos a aprobación una ley
caprichosa, innecesaria, inoportuna, precipitada, ideológica. He oído
también que estaba bien como estaba. Parece mentira que con el recurso
que hicieron en el 2010 ahora digan que estaba bien como estaba
(Risas.— Aplausos). Además de ser un acuerdo de Gobierno, que
nosotros cumplimos, tras los trece años de la entrada en vigor de la
Ley 2010, era necesaria su revisión. Con el tiempo, con los avances de la
sociedad y con los muchos obstáculos que a pesar de la ley han encontrado
las mujeres, era necesaria su revisión para garantizar más derechos, más
equidad y más seguridad. ¿Esto es inoportuno y caprichoso? ¿La revisión
que ustedes hicieron en el 2015 era una revisión necesaria? Yo diría que
era una revisión ideológica y restrictiva, como siempre hacen.

Un país democráticamente maduro se mide por la
continuidad de sus leyes, por la revisión constructiva de sus leyes,
nunca por un sistema involucionista de ellas y, por supuesto, de su
derogación, como ustedes han anunciado ya de muchas de ellas si llegan
—si llegan— al poder. Usted ha dicho: Tic-tac, tic-tac. Yo
digo: ruido, ruido, ruido, malsonante (Aplausos), y encima por debajo no
hay nada. ¿Son capaces ustedes de pensar en la inseguridad que esos
anuncios de derogar leyes traen a la sociedad? Sinceramente, creo que no
piensan porque les da a ustedes totalmente igual.

Hablan de enmiendas de sentido común. ¿De qué
sentido, y cuánto de común? ¿El sentido que les marca el nacional
catolicismo? Miren, no es lo mismo estar libre que ser libre. Y eso es lo
que quieren ustedes, que estemos en libertad pero que no seamos libres
para decidir cuando tengamos que decidir (Aplausos). Ustedes intentan
imponer su moral en todo lo que afecta al aumento de derechos, pero,
curiosamente, solamente cuando esos derechos están consolidados, como por
ejemplo el aborto, el divorcio, el matrimonio entre personas del mismo
sexo, ustedes guardan su moral en el cajón o en un armario y se
aprovechan de ellas (Aplausos). ¿Eso es sentido común o es cinismo?
Porque, oigan, las leyes estas no obligan a nadie. Ahí es donde tiene que
utilizar la moral cada uno, y utilizarlas o no (Rumores).

¿Cuándo entenderán —la verdad es que si
lo entienden alguna vez dejaremos de sufrir las mujeres—, cuándo
entenderán que no somos seres inferiores… (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Un momento, señoría.
Espere un momento, por favor.

Puede continuar.

La señora CALERO ALBAL: ¿Cuándo entenderán que
no somos seres inferiores y que tenemos muy claro lo que queremos y
necesitamos? Cuando una mujer decide abortar lo que no necesita son
consejos ni ocurrencias paternalistas ni más presión familiar ni social
ni, por supuesto, nada que responda a la moralina de otro. Nuestro deber
como Estado es proteger a cualquier mujer de un aborto inseguro, del
riesgo de morir en un aborto clandestino. ¿Y por qué digo esto? Por las
mujeres de 16 años —que también se ha hablado mucho; es un mantra
que está ahí—. Lo normal, señoras y señores, es que vayan
acompañadas de sus progenitores. Así lo dicen las estadísticas. Pero ¿qué
pasa con esas mujeres jóvenes que posiblemente sus progenitores sean el
problema? La sociedad es compleja y diversa, no como ustedes quieren que
sea. Ahí tiene que estar la ley que las proteja, que no las juzgue, que
no les genere más ansiedad y que les proporcione un sitio seguro.

Y sobre la objeción de conciencia, ¿saben que
el 85 % de los abortos se han realizado en clínicas privadas? ¿No les
parece curioso que haya tantos objetores de conciencia en la pública y
ninguno en la privada? (Aplausos). Por eso la necesidad de su
regulación.

Dicen que no hemos contado con nadie. Un 64 %,
hace poco, la semana pasada, salió una encuesta que mostraba su
preocupación por el hecho de que un futuro pacto PP-Vox modifique la ley
que impida el divorcio. ¿Eso es estar solos? Ustedes que hablan tanto en
nombre de España, que se arrogan el nombre de España, ¿quieren una España
que nos lleve al sectarismo, a la intolerancia o a la persecución?

Señores del PP —ya voy terminando—,
muchos de ustedes me conocen y saben que vivo en Sagunto y sabrán de la
relación de mi ciudad con Roma, con el Imperio Romano. Pues bien, un gran
senador romano, dijo: Cuando hay una crisis grave, no es el momento de
disputas políticas. Primero se resuelve la crisis. Luego ya habrá tiempo
de otras cosas. Solo los malvados o los —no digo lo que dijo en ese
momento el senador (Risas)— ... ponen los intereses personales o
políticos por delante en tiempo de crisis. Queda dicho. Aplíquense el
cuento. (Fuertes y prolongados aplausos de las señorías del Grupo
Parlamentario Socialista puestas en pie).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
(Rumores).

Cerrará el debate la señora ministra de
Igualdad. (Aplausos).

Señorías, silencio por favor.

La señora MINISTRA DE IGUALDAD (Montero Gil):
Muchas gracias, presidente.

Intervengo brevemente, desde el escaño, para
agradecer, en primer lugar, a la mayoría feminista del Senado, a la
mayoría de los grupos parlamentarios del Senado que hoy van a aprobar
esta nueva Ley del aborto, que hayan trabajado y que hayan mejorado el
texto. También al movimiento feminista —ustedes lo decían—
que ha hecho posible que el derecho a la interrupción voluntaria del
embarazo y los derechos sexuales y reproductivos sigan en el centro de la
agenda de las conquistas de derechos que las mujeres tenemos que hacer
para ser ciudadanas de pleno derecho. Las mujeres feministas en
Argentina, en Chile, también en Estados Unidos, en Polonia y, por
supuesto, en España tenemos muy claro que sin derechos sexuales y sin
derechos reproductivos no somos ciudadanas de pleno derecho. Y por eso
les agradezco de corazón que hayan contribuido a tramitar este texto que
hoy votarán, y podrán dar luz verde, aunque tenga que volver después al
Congreso para su aprobación definitiva.

Esta es una ley que, como muy bien han
explicado sus señorías, nos va a permitir que todas las mujeres puedan
interrumpir voluntariamente su embarazo en el centro hospitalario público
—público— más cercano a su domicilio; también que las mujeres
de 16 y 17 años puedan interrumpir su embarazo voluntariamente, si así lo
desean, sin tutelas, como hacen con cualquier otro procedimiento médico.
La mayoría de ellas —lo decía ahora la portavoz socialista—,
por supuesto, que cuenta con sus familiares y sus seres queridos, pero el
Estado les reconoce el derecho a decidir ellas mismas sobre su propio
cuerpo. También a que las mujeres puedan tener toda la información que
necesitan y que quieran, pero solo esa, la información que quieran y la
que necesitan. Y, por supuesto, que ampliemos de forma decisiva los
derechos sexuales y los derechos reproductivos, reconociendo la salud
menstrual como parte del derecho a la salud y, por tanto, como un derecho
que tiene que ser reconocido también por el Estado.

Que podamos hablar de corresponsabilidad en la
anticoncepción, y de anticoncepción masculina. Que podamos hablar de esa
anticoncepción de emergencia y de su distribución más accesible y
gratuita; del reparto gratuito de productos de salud menstrual y,
también, de anticonceptivos en centros educativos, en centros vinculados
a servicios sociales o en centros penitenciarios, para combatir la
pobreza menstrual y la dificultad de acceso, por razón de clase o por
razón de renta, de muchas mujeres a derechos fundamentales y, por
supuesto, que hablemos de educación sexual.

Aborto legal, seguro, en la pública, para no
morir; anticonceptivos, para no abortar y educación sexual, para
decidir.

Muchísimas gracias a la mayoría feminista del
Senado, que va a hacer posible la aprobación de esta ley.
(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora
ministra.

Señorías, finalizado el debate de este proyecto
de ley orgánica, se procede a continuación a abrir el plazo de una hora
para que puedan emitir el voto telemático los senadores y senadoras
autorizados, desde este momento, en que es la una, hasta las dos de la
tarde. Para realizar las votaciones reglamentariamente previstas, se
votará en los términos de la modificación de la enmienda transaccional
acordada, con número de registro de entrada 168368. Asimismo, les
recuerdo que la votación presencial de este proyecto de ley tendrá lugar
una vez finalizado este plazo, cuando sea anunciado por la
Presidencia.

El señor presidente lee el punto 5.1.2.

El señor PRESIDENTE: Vayan saliendo en
silencio, si es posible. Créanme que es posible salir en silencio,
señorías; de verdad, inténtenlo y verán cómo es posible. (Rumores).

Señorías, por favor, un poco de silencio para
poder continuar.

Para la presentación del dictamen, tiene la
palabra el presidente de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones, su señoría el senador Ferrer Sais.

Señorías que se encuentran apostadas en los
pasillos del hemiciclo, también ustedes pueden ir saliendo. (Pausa).
Muchas gracias, muy amables.

Tiene la palabra, señoría.

El señor FERRER SAIS: Gracias, presidente.
Buenos días, señorías.

El proyecto de ley que se somete en este acto a
la consideración del Pleno, y que se tramita por el procedimiento de
urgencia, tuvo su entrada en la Cámara el día 20 de enero de 2023, fecha
asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Este proyecto de ley modifica la Ley de empleo vigente desde 2003,
recogida en el texto refundido del Real Decreto Legislativo 3/2015.

El plazo de presentación de enmiendas y de
propuestas de veto finalizó el jueves 26 de enero. Dentro del plazo
indicado, se presentó una propuesta de veto y un total de 166
enmiendas.

El día 1 de febrero, se reunió la ponencia, que
quedó integrada de la siguiente manera: por el Grupo Mixto, doña María
José Rodríguez de Millán Parro; por el Grupo Parlamentario Democrático,
doña Beatriz Martín Larred; por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, don Pablo Gómez Perpinyà; por el Grupo Nacionalista en el
Senado, don José Maria Cervera Pinart; por el Grupo Parlamentario Vasco
en el Senado, doña Nerea Ahedo Ceza; por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-EH Bildu, doña Idurre Bideguren Gabanxo; por el Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, don José María Barrios Tejero y doña
María Teresa Ruiz-Sillero Bernal, y, por el Grupo Parlamentario
Socialista, doña María Rosa Aldea Gómez, don Juan Antonio Gilabert
Sánchez y doña Micaela Navarro Garzón.

La ponencia emitió informe, que no introdujo
modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados, y
el mismo día 1 de febrero se reunió la comisión, que emitió dictamen de
conformidad con el informe de la ponencia.

Para la defensa de la propuesta de veto han
presentado un voto particular la señora Rodríguez de Millán Parro, el
señor Marín Gascón y la señora Merelo Palomares, del Grupo Parlamentario
Mixto. Para defensa de las enmiendas han presentado votos particulares el
señor Egea Serrano y la señora Martín Larred, por el Grupo Parlamentario
Democrático; el señor Gómez Perpinyà, por el Grupo Parlamentario de
Izquierda Confederal; los señores Cleries i Gonzàlez, Clavijo Batlle y
Cervera Pinart, por el Grupo Nacionalista; también el Grupo Parlamentario
Vasco; el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana y el Grupo
Parlamentario Popular. (La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la
Presidencia).

Quiero agradecer la colaboración de los grupos
en la tramitación de la ley hasta ahora y, a su vez, el trabajo del
letrado.

Muchas gracias por su atención.
(Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Para la defensa de la propuesta de veto
número 1, tiene la palabra la senadora Rodríguez de Millán Parro.

La señora RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRO: Gracias,
presidenta.

Actualmente, gracias a las políticas de este
Gobierno y al fraude de la reforma laboral que han aprobado, en España se
han destruido 215 000 empleos y el paro ha subido este último mes de
enero hasta los 2 900 000 parados. Pero si retiramos el maquillaje del
Gobierno y le sumamos tres grupos de parados más de los que el Gobierno
se olvida, como son los desempleados que se encuentran en formación de
algún curso, los que reclaman un empleo con disposición limitada, los que
se encuentran en ERTE y los fijos discontinuos, que tampoco computan
—porque el Gobierno los utiliza para quitar parados de las
estadísticas—, nos encontramos con una cifra que aumenta más de un
millón y, si los sumamos a la cifra anterior, nos encontramos con que el
paro se sitúa en casi 4 millones de personas.

Con esta situación, el Gobierno presenta esta
Ley de empleo, de la que básicamente se pueden sacar las siguientes
conclusiones. En primer lugar, no plantea ninguna medida específica para
solventar la precariedad y el desempleo de los españoles. No contiene ni
una sola medida concreta que propicie el crecimiento del empleo ni que
proteja efectivamente a los trabajadores, con un texto, además, que
comporta importantes diferencias entre los objetivos que dice perseguir
en la exposición de motivos y el contenido que se recoge en el
articulado. Además, maneja reiteradamente conceptos tan ambiguos y vagos
como el acceso a un trabajo decente. Nos gustaría que explicasen qué es
lo que se entiende en la ley por trabajo decente. Asimismo, en la ley se
menciona muchas veces la necesaria colaboración con el resto de las
administraciones públicas, pero tampoco concretan cómo se va a llevar a
cabo esa colaboración. Por otro lado, las obligaciones de los servicios
públicos y de los usuarios son absolutamente desequilibradas. Mientras
que a los servicios se les imponen obligaciones muy concretas que deben
cubrir en un breve espacio de tiempo, para los usuarios se utilizan
criterios indefinidos, vagos y ambiguos —colaboración activa,
ocupación adecuada, etcétera—, y establecer para el incumplimiento
de las obligaciones condiciones tan difusas, desde luego, no ayuda en
absoluto a incentivar la activación de los desempleados.

En segundo lugar, perpetúa el planteamiento
fracasado de las políticas activas de empleo que se han venido
implementando durante años por todos los Gobiernos, reproduciendo el
modelo, también fracasado, de los sistemas autonómicos de empleo. Yo les
podría poner de ejemplo el Servicio Andaluz de Empleo. Nos encontramos
que dicho servicio participaba solamente en el 3 % de las contrataciones
en Andalucía y que, de ese 3 %, el 97 % eran contrataciones públicas.
Además, había personal mano sobre mano —nadie sabía a qué se
dedicaban—; personal laboral ejerciendo funciones que no les
correspondían; un número de oficinas desproporcionado en relación con las
ratios de población, sin una relación de puestos de trabajo dentro del
propio servicio; unos servicios con una tarea prácticamente residual,
reduciendo su actividad a la tramitación de prestaciones por desempleo,
con un diseño anticuado y que ponen en marcha unas políticas sesgadas por
el color político mayoritario, todo ello bajo el mando de una
macroestructura administrativa donde reinaban las duplicidades y por la
que se diluían las responsabilidades, que es justo lo que hace esta ley.
Esta ley, además, transforma el Servicio Público de Empleo Estatal,
organismo autónomo, en la Agencia Española de Empleo, encomendando sus
funciones a un entramado institucional desproporcionado, de modo que su
funcionamiento esté aún más alejado de las necesidades reales de los
trabajadores de España. No en vano, se utiliza la figura de la agencia
estatal, recuperada por la última Ley de presupuestos, tras su fracaso y
desaparición con la Ley 40/2015, en cuya exposición de motivos se
señalaba que las agencias estatales tenían una eficacia limitada porque
las medidas de control de gasto público han neutralizado la pretensión de
dotar a las agencias de una mayor autonomía financiera. Es decir, que los
desmanes que caracterizan la gestión de la izquierda en las
administraciones públicas de España eran imposibles de controlar con las
agencias estatales y, por eso, nos llama mucho la atención este cambio de
modelo administrativo, con las implicaciones que ello va a tener: manos
libres para la mala gestión y la dilución de responsabilidades. En
definitiva, la forma en la que ha demostrado este Gobierno sobradamente
que le gusta ejercer su mandato legal. A esto hay que sumar la inclusión
de los servicios públicos de empleo de las regiones en el Sistema
Nacional de Empleo, pero no es suficiente. Los españoles necesitamos un
único sistema nacional, porque, de lo contrario, lo que existe es lo que
tenemos: dualidad de competencias, duplicidad de costes y distinción de
derechos entre españoles en función de su residencia.

Y, en tercer lugar, se trata además de un texto
profundamente ideologizado, donde se prima a unos españoles sobre otros
en algo tan básico para cualquiera, independientemente de su condición,
como es el trabajo. Así, el propósito declarado de este Gobierno es
centrarse en la empleabilidad de grupos sociales cuyos integrantes, en un
elevado porcentaje de los casos, no tienen mayores dificultades para
encontrar trabajo que las que podría tener cualquier otro joven o persona
mayor de 45 años, salvo, evidentemente, aquellos que objetivamente sí son
realmente vulnerables y que merecen una especial atención. Pero en este
texto se deja muy claro que las relaciones laborales son vistas por este
Gobierno como otro ámbito más en el que imponer su hegemonía política e
ideológica. Según la ley... (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señorías, por favor, respeten a la oradora.

La señora RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRO: Según la
ley, el elemento que debe impregnar de forma transversal las políticas de
empleo no es el pleno empleo ni la formación ni el mérito ni la
capacidad, sino la perspectiva de género, de manera que ustedes
consideran a la sociedad española como la suma de distintos colectivos
con distintos derechos, donde hay que beneficiar a los unos sobre los
otros en el acceso al empleo, constituyendo el enésimo ejemplo del abismo
que separa los intereses ideológicos del Gobierno de las necesidades
reales y de las urgencias de los españoles, porque quienes generan
desigualdad son ustedes. Nosotros no creemos que alguien tenga más
dificultades que otro para encontrar un trabajo en función de su
orientación sexual o de su sexo. Ustedes, sí. Lo que sí creemos es que
existe una brecha maternal y que se penaliza la maternidad. Sin embargo,
en su norma, ni se menciona a la familia ni se menciona la conciliación
ni ninguna medida que vaya encaminada a posibilitar la protección de las
mujeres que son madres y que trabajan. Una consecuencia de todo esto es
que, por ejemplo, las agencias de colocación, con las herramientas que
esta ley les da, no van a ser nunca el medio adecuado para favorecer la
inserción laboral de quienes tienen más dificultades, porque será la
brecha de género y no la competencia profesional, ni el mérito ni la
capacidad, lo que medirá quién tiene que acceder a un trabajo por encima
de otro. Los españoles necesitan que sus gobernantes pongan en el centro
de sus políticas sus necesidades reales y no su ideología. El Partido
Socialista, desde que llegó al Gobierno, junto a Podemos, se ha dedicado
a hacer trilerismo con las cifras y a defraudar con sus medidas, hasta
llevarnos a ser cabeza del desempleo en Europa. Los españoles necesitan
un mercado laboral que posibilite el pleno empleo y su protección. No
necesitan más ideología de género, porque todos, hombres y mujeres,
debemos ser iguales en derechos y deberes.

Defendemos un sistema nacional de empleo
unitario, no 17, con la excusa de acercar la Administración al ciudadano;
un sistema al servicio del bien común, la cohesión territorial y el
fortalecimiento de nuestra nación, donde la competencia profesional, el
mérito y la capacidad sean los únicos criterios de acceso al empleo; una
regulación seria e imparcial de una materia tan importante como el
trabajo y una normativa con espíritu social que evite que un Estado cada
vez mayor se inmiscuya en la esfera privada de los españoles; una ley
nacional que supere las carencias que España lleva sufriendo desde hace
décadas, y no una iniciativa como esta, que nace del pesimismo de un
Gobierno rendido a un modelo fallido. Esta ley, como digo, perpetúa el
modelo fracasado de los servicios públicos autonómicos de empleo,
supondrá un mayor coste para todos los españoles, no plantea soluciones
para reducir el desempleo y está impregnado de ideología, decidiendo,
bajo el criterio de los políticos de turno, quién merece más un trabajo
que otro.

En conclusión, este Gobierno rendido al modelo
fallido del sistema público de empleo, sigue sin ofrecer una salida a la
cifra encubierta de casi 4 millones de parados españoles, ni a los
jóvenes que están condenados a la precariedad ni a las mujeres que son
madres y que tienen dificultades para conciliar, ni, en definitiva, para
el futuro de España.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, senadora.

Para el turno en contra al veto, por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Navarro
Garzón.

La señora NAVARRO GARZÓN: Muchas gracias,
señora presidenta.

Señora Rodríguez, señoría de Vox, intentar
aclarar las mentiras que dice en cada una de sus intervenciones es como
tirar agua al río, así que no voy a entrar en ello. (Aplausos). Voy a
contestar directamente al planteamiento que hacía en su veto, al que hoy
ha añadido alguna explicación más, pero que, en aquel momento, basaba
precisamente en la ideología, en que este Gobierno solo legisla por
ideología. Y, por supuesto, y sin que sirva de precedente, le voy a dar
la razón.

Aunque hoy ha profundizado un poquito más en
esta Ley de empleo, realmente han pasado de puntillas porque presentan
unos vetos que les sirven para cualquier ley. En este sentido, como no
profundizan mucho más allá de lo que significa el tema ideológico, lo
único que hacen es preguntar de qué va para inmediatamente decir que se
oponen. Esa es su postura permanentemente.

Como decía, esta ley tiene, entre otros, en el
capítulo V, el artículo 50, donde se enumeran a todas aquellas personas
que, por formar parte de un colectivo determinado, necesitan atención
prioritaria para encontrar un empleo. Ya sé que a usted ese artículo no
le gusta porque, según su ideología, estas personas con necesidades
singulares no merecen una atención especial; que se busque la vida cada
uno como pueda. Sin embargo, una cuestión clave para el Gobierno de Pedro
Sánchez es que nadie se quede atrás. Esa es la máxima de este Gobierno,
(Aplausos), que nadie se quede atrás, que todo el mundo disponga de la
rampa necesaria que le permita llegar allí donde tenga inquietudes. Como
le digo, ese es un compromiso irrenunciable para este Gobierno
progresista. Por eso, porque tiene una ideología progresista, trabaja
para que todas las personas tengan derecho a tener derechos. No le voy a
desgranar todos los capítulos y todos los artículos porque lo harán mis
compañeros y compañeras posteriormente, pero quiero mencionar el
artículo 51, que habla de la perspectiva de género. En este sentido,
aunque ustedes lo nieguen, las mujeres seguimos teniendo más dificultades
para encontrar un empleo que los hombres, en general: políticas de empleo
para las mujeres, de manera especial para las personas mayores de 45
años; personas demandantes de servicios de empleo, especialmente los
jóvenes; personas con alguna discapacidad, etcétera. O sea, como usted
muy bien decía en su veto, pura ideología. Señoría, usted pretende hoy, y
siempre que tiene ocasión, desprestigiar la ideología, las ideas
políticas, la política útil, y yo, como portavoz del Grupo Socialista, la
reivindico y la defiendo. (Aplausos).

Señorías de Vox, señora Rodríguez, en función
de nuestra ideología, tenemos modelos de sociedad totalmente diferentes.
Por ideología, por principios y por convicción, para el Partido
Socialista las personas siempre serán una prioridad de sus políticas, en
una apuesta clara por la igualdad de oportunidades entre todas las
personas, vivan donde vivan y hayan nacido donde hayan nacido, apostando
por los servicios públicos y por garantizar derechos, por mejorar la
calidad de vida de las personas y de las familias.

El modelo de sociedad que defiende el Partido
Socialista, el Gobierno progresista de Pedro Sánchez, pretende garantizar
que todas las personas tengan cubiertas sus necesidades básicas, y para
eso, es fundamental fortalecer los servicios públicos: la sanidad, la
educación, la dependencia, las pensiones, etcétera. Así, la ley que hoy
nos ocupa pone el énfasis precisamente en tener empleo y en la necesaria
modernización del mercado de trabajo, pero es fundamental que ese empleo
sea de calidad, con salarios dignos; salarios que se dignifican más aún
cuando se fortalecen con la transferencia de renta que suponen las
políticas públicas, esas que a ustedes les gustan tan poco, señorías de
Vox. Y si tienen alguna duda de lo que significa esa política de
transferencia de renta, pregunten a los miles de personas que en estos
momentos han tenido que contratar un seguro médico privado porque la
sanidad pública en aquellas comunidades donde ustedes gobiernan
—por supuesto, con sus señorías del Partido Popular— están
recortando de manera drástica todo lo que tiene que ver con la sanidad
pública, universal y gratuita. (Aplausos).

Y por si todavía tiene alguna duda de nuestra
defensa y orgullo como grupo parlamentario de nuestra ideología y de un
sistema político democrático, sólido, equitativo y justo, que pone el
ejercicio de la política en el centro de su compromiso de servicio a las
personas, le voy a leer brevemente algunas de las leyes ideológicas que
se han aprobado en este país desde el primer Gobierno socialista de
Felipe González; leyes que hicieron y hacen país, de José Luis Rodríguez
Zapatero, que abundaron en la extensión de los derechos individuales, y
del Gobierno actual, de Pedro Sánchez, que está blindando derechos para
hacer posible que la igualdad de oportunidades que proclama nuestra
Constitución sea real y efectiva, porque, o es real y efectiva, o no es
igualdad. (Aplausos). El Partido Socialista, cuando gobierna, hace
política útil; política, con mayúsculas. Reivindicamos la política.
Señoría, yo tengo una edad que me permite tener una referencia, y
recuerdo a alguna persona que mandó mucho en este país, sin que nadie lo
votara, que decía: usted no se meta en política, haga como yo. Pues nos
tuvo más de cuarenta años sin hacer política, pero sin tener derecho a la
más mínima libertad, ni tener derecho a la más mínima protección básica
de ningún tipo. (Aplausos). Si tenías dinero, podías ir al médico; si no
tenías dinero, embargabas a tu familia o te quedabas en la ruina porque
no tenías otra posibilidad. Por eso, en el Grupo Parlamentario
Socialista, el Gobierno socialista, defenderá con uñas y dientes un
sistema público que permita que todas las personas puedan ver cubiertas
sus necesidades básicas. (El señor vicepresidente, García-Escudero
Márquez, ocupa la Presidencia).

Señoría, le voy a recordar algunas de esas
decisiones políticas puestas en marcha por Gobiernos socialistas durante
más de cuarenta años. Voy a leerle solo algunas para nos cansarla. Leyes
educativas de los primeros gobiernos de Felipe González, por ejemplo, la
Ley de reforma universitaria, del año 1983, o la Ley Orgánica del derecho
a la educación. En este sentido, tengo que recordarle —porque tengo
más años que usted, evidentemente, pero no tantos como para
olvidarme— que según en qué familia nacieras podías ir o no al
colegio cuando cumplías 7, 8 o 10 años, o podías terminar tu formación
universitaria dependiendo de dónde nacieras. A partir de esa ley, la
educación pública universal también era obligatoria para todos los niños,
nacieran en la familia que nacieran. Asimismo, la Ley General de sanidad,
universal y gratuita, de Ernest Lluch, del año 1986; el derecho de
reunión y libertad sindical; el estado de las autonomías; la integración
en la Comunidad Europea en el año 1986; el Pacto de Toledo, que, además,
en los años noventa puso en marcha un sistema de pensiones no
contributivas porque había personas que habían trabajado toda su vida de
sol a sol, pero por las que nadie había cotizado y necesitaban tener
cubiertas sus necesidades una vez llegada la edad de jubilación; el
Estado de bienestar, homologable a otros países europeos.

Paso a la etapa de Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero: Ley integral sobre violencia de género; Ley de
extranjería; Ley de matrimonio de parejas del mismo sexo; Ley de
dependencia, y la creación de una red de servicios de atención para que
todas las personas pudieran ser atendidas en función de sus necesidades
ante una necesidad especial o cuando llegan a mayores y no en función del
dinero que tienen en su cuenta corriente; Ley de igualdad de trato;
creación del Ministerio de la Vivienda, etcétera. En fin, son
algunas.

Gobierno de Pedro Sánchez: las numerosas
medidas que se han puesto en marcha para hacer frente a la crisis de la
COVID-19, entre ellas, los ERTE, que protegieron a miles de familias de
ir al desempleo, en una situación tan difícil como la que vivimos;
medidas sanitarias; medidas sociolaborales innumerables; Ley de
Educación, del año 2020; Ley de regulación de la eutanasia; Ley de
ordenación e integración de la formación profesional; Ley de protección
de las personas huérfanas víctimas de violencia de género; reforma
laboral… Por cierto, el empleo indefinido ha aumentado en más
de 1,5 millones de personas; el empleo temporal se ha reducido en
casi 1,2 millones de personas y en el cuarto trimestre del año 2022 hemos
alcanzado la cifra de empleo indefinido más alta de nuestra historia como
consecuencia de esa reforma laboral. Asimismo, subida de pensiones y
subida del salario mínimo, como nunca en toda la etapa democrática; los
datos de inflación en España en este momento no solo son equiparables con
el resto de la Unión Europea, sino que están muy por debajo de la mayoría
de los países de nuestro entorno, y fondos europeos, como nunca hemos
tenido en nuestro país, etcétera.

En fin, señoría, como decía al principio, leyes
absolutamente ideológicas que han permitido que en este país todo el
mundo tenga derecho a tener derechos, porque solo desde la igualdad
podemos sentirnos realmente libres.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, señora Navarro.

Pasamos al turno de portavoces de los
vetos.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra la senadora Rodríguez de Millán.

La señora RODRÍGUEZ DE MILLÁN PARRO: Gracias,
presidente. Intervengo muy brevemente desde el escaño.

La portavoz del PSOE lo ha admitido. Ha dicho
que lo que a ustedes les guía para ayudar a los trabajadores, parece ser,
es la ideología. A ustedes no les mueven ni las necesidades reales de los
trabajadores ni la situación de precariedad de los jóvenes. No les mueve
absolutamente nada más que la ideología, y lo ha dicho claramente.
(Protestas). Por eso todos ustedes están tan distanciados de la calle,
porque ustedes hablan de cosas que nadie entiende, y viven en una
realidad paralela. Ustedes no viven la realidad de los trabajadores
españoles. Cualquiera que pise la calle y vea la situación que hay…
Es que no les puede creer absolutamente nadie. (Protestas).

Usted se ha metido con el Gobierno de Castilla
y León. ¿Usted sabe que Castilla y León es la región que más empleo está
creando? (Risas). Sííí. No están en condiciones de reírse, ¿eh?
(Protestas). El Gobierno de Castilla y León está creando empleo, y
ustedes forman parte de un Gobierno que no contentos, por ejemplo, en mi
tierra, con robarles a los parados andaluces, ahora se dedican a arruinar
a los trabajadores. (Protestas). Hablan del salario mínimo, pero no dicen
que la productividad ha caído a un 3,6 %; hablan de las pensiones, pero
no dicen que es a costa de hipotecar el futuro de los jóvenes.
(Protestas). No ha dicho ni una sola medida concreta, porque la ley,
entre otras cosas, no contiene ninguna. (Protestas). Entonces, ¿qué
vienen ustedes aquí a contar? A ustedes no les cree nadie. Y como no les
va a votar nadie, están buscando el voto de los malversadores, de los
corruptos, de los violadores, y ya está, y nada más. (Protestas). Y nada
más y nada más y nada más. (Protestas).

Le he pedido, por favor, que explique alguna
medida concreta de la ley, y no ha sido capaz. Usted se ha dedicado a
hablar de la ideología, y por eso nadie los cree, y por eso viven tan
alejados de la realidad. Pero, por suerte, ya les queda menos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, senadora Rodríguez de Millán.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene
la palabra el senador Sánchez López.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Señor presidente,
señorías, disculpen que utilice este turno, pero llevo todas las leyes de
esta mañana y tengo que buscar hueco donde puedo.

Las políticas activas de empleo llevan años
siendo el talón de Aquiles de la acción pública en el mercado de trabajo
y su eficacia está más que en duda; una ineficacia que en una economía,
como la española, con niveles de desempleo sistemáticamente más elevados
que los países de nuestro entorno, supone una situación eminentemente
grave. Especialmente grave es la situación de los parados de larga
duración, como todos ustedes saben. En ningún momento, en las últimas dos
décadas, señorías, España ha logrado bajar del 20 % de parados que llevan
al menos un año buscando empleo; un signo evidente, señorías, de que las
políticas activas de empleo no están llegando a quien más lo necesita, y
esto no es de ahora, sino que se viene prolongando en el tiempo durante
muchos años. Si nos fijamos en los datos más recientes, sin embargo, la
situación es aún más preocupante. Según la EPA, estamos escasamente a dos
puntos porcentuales de que la mayoría de los parados en España sean de
larga duración; una situación trágica que hay que revertir. Nosotros
siempre hemos defendido que debemos revolucionar las políticas de empleo
y formación para ayudar a los desempleados a encontrar un trabajo,
obviamente, dotando —como siempre hemos dicho— a los
servicios públicos de empleo de un sistema de perfilado estadístico y
adaptando la formación a las necesidades de cada desempleado y no de los
sindicatos. Se trata de usar todos los datos disponibles en las
administraciones públicas y de colaborar con el sector privado, para que
los trabajadores encuentren trabajo con más facilidad, cruzando ofertas y
demandas de empleo, así como evaluando de forma sistemática todas las
políticas de empleo para acabar de una vez con los cursos inútiles y
mejorar su eficacia, acabando con el fraude de los cursos de formación y
poniendo los recursos para la formación directamente en manos de los
desempleados. Asimismo, hay que pedir a aquellos centros de formación
mejores resultados de empleabilidad, buscando la consecución de
objetivos.

Consideramos que no solo es necesario un
proyecto de ley que revigorice y modernice las políticas activas de
empleo. Esto no solo es oportuno, sino que es urgente e imprescindible,
señorías. El proyecto de ley no nos convencía, porque, como muchas otras
iniciativas legislativas del Gobierno, tenía y tiene mucho más de
rimbombante que de revolucionario. Hasta la propia denominación de la ley
como Ley de empleo, en general, como si fuera omnicomprensiva y salvadora
en todos sus términos del mercado laboral, nos parecía un poco excesiva,
dado el contenido real cuando lees el texto del proyecto. Teníamos la
esperanza, como pasa en muchas ocasiones, de que fuera posible mejorar el
proyecto en sede parlamentaria, vía tramitación de enmiendas. Sin
embargo, lejos de haberse mejorado de forma sustancial el texto, hemos
llevado a cabo una de las tramitaciones legislativas —hay que
decirlo, desgraciadamente— más chapuceras de cuantas se han
tramitado en los últimos tiempos. De verdad que no se entiende lo que
pretendía el Gobierno, pero la tramitación en el Congreso de los
Diputados ha sido un auténtico y absoluto despropósito.

El resultado final, señorías, es que nos ha
quedado un proyecto de ley cuya utilidad práctica no se acaba de entender
del todo. ¿Cuál es la aportación exactamente de esta nueva ley? ¿Qué
cambiará? Lo cierto es que no mucho, y la mayor prueba de ello es cómo el
propio Gobierno lo ha vendido en esa rueda de prensa, algo que tampoco se
entendió mucho.

Además, hay elementos que tal vez no tengan la
regulación más adecuada, por ejemplo, la colaboración de las agencias
privadas de colocación y su inclusión en el sistema público integrado de
información de los servicios de empleo. Es verdad que compartimos la
necesidad de hacer un mejor uso de todos los datos disponibles en materia
de empleo y de explotar su potencial para dar más oportunidades a los
demandantes de empleo, pero al hablar de que el sistema integrado debe
reunir todos los datos de todos los organismos públicos, pero también de
las agencias privadas, plantea la duda de qué espacio les queda a estas
últimas si no pueden dar un valor añadido; si las agencias privadas no
pueden dar un valor añadido y se ven camufladas en otro lugar, al final
nos queda la duda de qué servicio van a prestar.

Finalmente, debo comentar y afear la
introducción a última hora, de soslayo y por la puerta de atrás, de una
modificación en el Estatuto de los Trabajadores en materia de despido
colectivo, que tiene —y permítanme la expresión y con el debido
respeto— mucho de mala fe negociadora por parte del Ministerio de
Trabajo, que se enorgullece de dialogante y del diálogo social. Las cosas
no se hacen así señorías, y me gustaría trasladárselo al Ministerio de
Trabajo, que esta reforma se hace por la puerta de atrás y sin ningún
tipo de diálogo social.

En definitiva, creemos sinceramente, después de
un detallado estudio y del trámite parlamentario seguido en el Congreso
de los Diputados, que el proyecto de ley aporta bastante poco, por no
decir nada, y que no está a la altura. Por tanto, señorías, nos vamos a
abstener.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (García-Escudero
Márquez): Muchas gracias, señor Sánchez López.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, tiene la palabra el senador Chinea Correa.

El señor CHINEA CORREA: Gracias, señor
presidente.

Señorías, hoy debatimos el Proyecto de Ley de
empleo, que, como casi todos, llega a esta Casa por la vía exprés, sin la
opción de que los senadores y las senadoras debatamos su contenido y sin
la posibilidad de comparecencia de esos expertos que contribuyan a
profundizar en su contenido y a reflexionar sobre la eficacia de las
medidas que se plantean en un tema tan importante para este país como es
el empleo.

Muchos y muchas seguimos sin resignarnos a
asumir que los partidos que han tenido la posibilidad de hacerlo, en este
caso, el Partido Socialista, pero anteriormente el Partido Popular, no
hayan sido lo suficientemente valientes para otorgar a esta Cámara, a
esta Casa, el papel que le corresponde. Por ejemplo, en esta ley hubiera
sido importante, en un debate previo en la Comisión General de las
Comunidades Autónomas, contar con la voz de los territorios, con la voz
de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas, que son las que
realmente tienen competencias directas en materia de empleo. (El señor
presidente ocupa la Presidencia). En este 2023, cuando se vayan a
celebrar las próximas elecciones generales en este país, vamos a volver a
ver en los programas electorales las distintas promesas para reformar
esta Casa, para rescatarla, pero mucho me temo que van a terminar, como
ha sucedido hasta ahora, en la nada más absoluta.

Dicho esto, señorías, hoy debatimos la Ley de
empleo, que cuenta con el apoyo de la Agrupación Socialista Gomera, dado
que consideramos que es un paso importante, aunque es verdad que
insuficiente, para mejorar la vida de los trabajadores y de las
trabajadoras de este país. Digo que es insuficiente porque creemos que,
aunque es verdad que se han dado pasos eficaces en la dirección acertada
en esta legislatura con esta ley, o, por ejemplo, con la reforma laboral,
consideramos que existen situaciones que deben ser corregidas para que la
estabilidad vaya acompañada de la calidad en el empleo. Y me refiero,
señorías, al caso de los trabajadores fijos discontinuos. El Gobierno, si
quiere ser creíble, debe aportar transparencia y mejorar los mecanismos
que ha activado para que podamos tener una radiografía lo más exacta
posible del mercado laboral en la actualidad y evitar de esta manera caer
en ese error de discursos triunfalistas que, señorías, no solo no van a
ayudar a resolver este problema, sino que nos alejan aún más de las
soluciones que reclaman cada día, cada semana, cada mes los trabajadores
y las trabajadoras de este país.

Valoramos, en el caso del proyecto de ley que
nos ocupa, el catálogo común de los servicios garantizados que se ofrece
a los desempleados, con una lista de 11 derechos públicos o también el
asesoramiento para el autoempleo, para evitar el fracaso de muchos
proyectos de emprendimiento de los ciudadanos. Consideramos también un
acierto la creación de la Agencia Española de Empleo, con el objetivo de
evaluar las políticas que se activan cada año y analizar cuáles son las
más adecuadas y cuáles no. En nuestro país, señorías, hemos gastado
muchísimo dinero en políticas activas de empleo que inexplicablemente se
han prolongado durante muchísimos años, pese a que los resultados nos
indicaban que no eran las más acertadas. O también, por ejemplo, la
creación de un sistema público integrado de información para contribuir a
cubrir las más de 100 000 plazas que se encuentran vacantes actualmente
en el sistema público español.

Así que, señorías, confío en que una vez que
entre en vigor este texto se impulsen esas distintas medidas de manera
coordinada, respetando el marco competencial de cada una de las
administraciones y poniendo siempre en el centro y en el foco de la
acción política a las personas que más dificultades tienen para encontrar
un espacio en el mercado laboral, atendiendo a las casuísticas que se
plantean, por ejemplo, los mayores de 45 años, los jóvenes, las mujeres,
etcétera.

Y concluyo expresando el voto en contra, tanto
de la Agrupación Socialista Gomera como del Grupo Parlamentario de
Izquierda Confederal, a este veto, reiterando mi deseo de que las
políticas de empleo, que hoy volverán a ser un episodio más en la guerra
entre relatos del Partido Popular y el Partido Socialista, se sitúen,
señorías, por encima de las disputas partidistas y que la gestión de esta
nueva normativa dé los resultados que todos y todas esperamos. En este
sentido, en mi tierra, en Canarias, por ejemplo, con una de las mayores
tasas de paro en nuestro país y, en especial, en lo que respecta a los
más jóvenes, debemos impulsar una política que contribuya a corregir esos
errores que se han cometido en el pasado y ofrecer nuevas respuestas y
soluciones para las personas sin empleo, pero también para aquellos que
cuentan con un puesto de trabajo y que precisan mejorar sus capacidades y
sus conocimientos, para que tengan más opciones de inserción en un
mercado cada vez más complejo y mucho más competitivo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene
la palabra su señoría Cervera Pinart.

El señor CERVERA PINART: Graciès,
president.

Intervengo desde el escaño solamente para
anunciar que no vamos a apoyar el veto presentado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones de la
senadora Ahedo Ceza).

Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana
tiene la palabra su señoría Bideguren Gabantxo.

La señora BIDEGUREN GABANTXO: Gracias,
presidente.

Intervengo simplemente para manifestar nuestro
voto contrario a este veto y para destacar que, aparte del veto, no hay
ninguna propuesta ni ninguna enmienda de ese grupo parlamentario para
mejorar el mercado de trabajo. Eso nos demuestra que no hay ninguna
alternativa. Por lo tanto, criticar es fácil, pero sin propuestas para
mejorar el mercado de trabajo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, tiene la palabra su señoría la senadora Ruiz-Sillero Bernal.

La señora RUIZ-SILLERO BERNAL: Gracias, señor
presidente.

Intervengo para anunciar que no vamos a apoyar
el veto presentado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias,
señoría.

Y, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene
la palabra su señoría Navarro Garzón.

La señora NAVARRO GARZÓN: Muchas gracias, señor
presidente.

Debería contestar a la señora Rodríguez, de
Vox, pero la señora Rodríguez tendrá otra cosa más importante que hacer,
o no le importa mucho lo que opinemos lo demás. En cualquier caso, como
leerá el Diario de Sesiones, voy a decirle que no ha entendido
absolutamente nada de lo que le he dicho, no solo de lo que le he dicho,
sino de lo que he querido decirle, porque lo que le he dicho, y se lo
repito otra vez, es que solo gobiernos de izquierda, gobiernos
socialistas han desarrollado leyes que han hecho posible derechos
colectivos e individuales. En función de cómo pensamos cada uno de
nosotros, nos comportamos en la vida y en las decisiones políticas que
tomamos. Si por ustedes fuera, señorías de Vox, volveríamos a las
cavernas.

Por cierto, usted inmediatamente ha recurrido a
Castilla y León, donde lo primero que han hecho ha sido intentar recortar
los derechos de las mujeres e inmediatamente después recortar los
derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Esa es su hoja de
servicios en Castilla y León. (Aplausos).

Me ha quedado una duda que me gustaría que me
solventara. Según usted, no están de acuerdo con la subida del salario
mínimo interprofesional porque ha caído la productividad. No sé si con
esto está llamando vagos a los trabajadores y trabajadoras españolas.
¿Según usted no se merecen que les suban el sueldo? ¿Por qué? ¿Porque les
parece que trabajan poco? ¿Son unos vagos? Estaría bien que nos lo
aclarara, señoría.

Está claro que lo que ustedes quieren es un
país donde haya menos derechos, porque así será más fácil poder usar y
abusar de la necesidad de las personas de conseguir un empleo digno para
mantener a su familia.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Pasamos al debate de las enmiendas.

Para la defensa de las enmiendas números 1
a 30, tiene la palabra su señoría Martín Larred.

La señora MARTÍN LARRED: Gracias,
presidente.

En Teruel Existe nos parece necesaria una ley
como la que hoy debatimos, que pretende mejorar uno de los problemas
estructurales de este país y una de las mayores preocupaciones
ciudadanas: perfeccionar las políticas de empleabilidad para combatir
algo tan duro como es el paro, y, sobre todo, para que aquellas personas
desempleadas puedan reincorporarse al mercado laboral lo antes
posible.

Todos conocemos casos en los que ir a la fila
del paro supone un drama personal y, en muchas ocasiones, resulta muy
difícil volver a trabajar, especialmente en colectivos vulnerables,
edades críticas, como los mayores de 45 años o en algunas zonas poco
favorecidas, como también ocurre en el medio rural. Por todo ello, Teruel
Existe apoya la redacción de una ley como esta, que pretende mejorar la
empleabilidad, que los cursos de formación sean realmente eficaces y
útiles, y que haya una evaluación clara de las políticas de empleo.

Como ya comentamos en la comisión, hemos
presentado 30 enmiendas que nos transmitieron la asociación Aformae y
Cepes, y nos pareció muy interesante tenerlas en cuenta en la
tramitación, ya que pretenden reforzar el texto general en aquellos
puntos en los que consideramos que había margen de mejora. Por un lado,
se debe preservar el carácter finalista de los fondos recaudados por la
cuota de formación en el empleo y también que el empleador sea quien
decida en cada momento la formación que mejor se adapta a sus
necesidades. Además, consideramos prudente eliminar el requisito de la
cofinanciación privada y permitir una reserva de crédito automática para
todas las empresas. Y, por otro, hemos introducido una serie de enmiendas
para que el texto recoja la participación efectiva de los sectores que se
dedican a la economía social. Creemos firmemente que la economía social y
otros procedimientos cooperativos son una herramienta que se debe
explotar y potenciar.






Todos los estímulos que, desde lo público, y
también desde lo privado, lleguen para impulsar la economía social son
pocos. Por eso hemos presentado varias enmiendas que incluyen al sector
de la economía social como un sujeto que participe a todos los efectos en
lo relacionado con las políticas de empleo. En la España vaciada la
economía social puede ser un instrumento muy dinámico y una oportunidad
fundamental para buscar nuevos nichos de empleo. Hay experiencias muy
positivas en este campo en muchos pequeños pueblos en los que proyectos
modestos, que escapan a las grandes cifras de las grandes empresas, son
auténticas oportunidades de desarrollo; son iniciativas que pueden salvar
un pueblo entero porque fijan población en zonas donde no es tan fácil
ante la falta de oportunidades laborales. Hay una España a la que no
llegan grandes compañías, a la que no llegan los fondos europeos de
recuperación ni PERTE ni multinacionales, pero sí existe gente
emprendedora, que, con mucho esfuerzo y muchos sinsabores, están
trabajando desde la economía social y necesitan que una Ley de empleo vea
recogida parte de sus demandas o que, al menos, puedan sentarse a
negociar en una mesa para decidir y participar.

Por todo ello, solicito el voto favorable para
nuestras enmiendas, que solo tienen un objetivo para ampliar los aspectos
positivos que puede tener una ley como esta.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.

Para la defensa de las enmiendas 78 a 92, tiene
la palabra su señoría Gómez Perpinyà.

El señor GÓMEZ PERPINYÀ: Muchas gracias, señor
presidente.

Únicamente haré uso de este turno de palabra y
renunciaré al turno de portavoces posterior, y así seguramente
agradeceremos todos ir un poquito más rápido.

El paro es uno de los grandes problemas de
nuestro país, principalmente para los más jóvenes. Ya lo dijo hace unos
días la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno: España
tiene un gravísimo problema de paro estructural y un gravísimo problema
de paro estructural juvenil, de forma específica. Se trata de dos
realidades que llevamos arrastrando desde hace muchas décadas y que,
desgraciadamente, no terminamos de solucionar. La tasa de paro juvenil en
España es de un 32 %, duplicando la media del 15 % de la Unión Europea, y
la tasa de paro general la tenemos en un 12 %, cuando en Europa es de
apenas un 6,5 %. Si viviéramos en Narnia o si viviéramos —ahora que
se ha estrenado el Hogwarts Legacy— en el mundo de fantasía de
Harry Potter, ciertamente pediríamos a la ministra que sacara su varita y
que acabara con el paro ahora mismo, pero como estamos en el mundo real,
lo que exigimos al Gobierno es que se tomen medidas constantes para
mejorar la vida de los trabajadores y trabajadoras de este país y que
cada día su situación sea un poquito mejor. En este sentido, los datos
del SEPE, afortunadamente, van respondiendo más o menos a esta exigencia.
El total de parados ha sido el menor en el mes de enero desde el
año 2008. En términos desestacionalizados, el paro registrado baja
en 12 462 personas; el 44,16 % de los nuevos contratos registrados son
indefinidos y, por último, enero fue el mes con menos parados desde el
año 2009.

¿Podríamos estar mejor? Creo que es evidente.
El otro día escuché al presidente del Gobierno decir que no había que
caer en la autocomplacencia, y, más allá de las discrepancias que tenemos
en algunas otras materias, comparto esta reflexión. Es muy importante no
dejarse llevar por los buenos datos y por los buenos titulares y
continuar trabajando por la misma senda.

El Partido Popular y el señor Feijóo no tienen
ninguna autoridad moral para decir que ellos lo harían mejor, y eso
también es absolutamente evidente. Recuerdo que en este país hemos
llegado a tener más de 6 millones de parados, un 27 % de paro y un 56 %
de paro juvenil durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y, hoy,
afortunadamente, no llegamos a 3 millones. Así que, señorías del Partido
Popular, no nos intenten vender una vez más la moto. Si para algo nos
está sirviendo a los españoles esta crisis es para comprobar que las
cosas se podrían haber hecho de otra manera en la crisis de 2008. Los
recortes, la precariedad y la miseria fueron el fruto directo de sus
decisiones y de sus políticas, no las consecuencias de una realidad de la
que no podíamos escapar.

A este Gobierno se le podrá criticar por muchas
cosas —en algunas ocasiones yo también lo hago—, pero desde
luego no por no haber intentado atajar los grandes problemas en materia
de empleo o de precariedad que sufrimos en este país. La temporalidad era
una seña de identidad de nuestro mercado laboral, y con la última reforma
laboral, la tasa de eventuales ha caído del 25 al 18 % en tan solo un
año, la proporción de temporales más baja de todo el siglo. Otra
consecuencia de la reforma laboral es la tasa de ocupación. Tenemos a más
de 20,5 millones de trabajadores y trabajadoras en España, y estamos
cerca del récord histórico, del año 2007; o la tasa de paro, un 12 %
actualmente, lejos del 15 % que nos dejó Mariano Rajoy cuando salió del
Gobierno a consecuencia de la moción de censura. A eso hay que sumarle la
Ley rider, el ingreso mínimo vital o las constantes subidas del salario
mínimo interprofesional, que en 2023 va a ser de 1080 euros al mes,
aproximadamente un 60 % del salario medio de España. Hoy sumamos,
señorías, una más, la reforma más que necesaria del SEPE, una reforma que
nadie cuestiona que hace falta, pero que por una excusa u otra ningún
Gobierno se había parado a mejorar hasta hoy.

Veremos si todo lo que nos proponemos con esta
ley finalmente se cumple, pero es evidente que necesitamos ya unos
servicios públicos de empleo que sean entidades y herramientas eficaces
para la búsqueda de empleo y no solo una oficina donde firmas el paro y,
en algunas ocasiones, ya ni eso.

El impulso de la dimensión local de las
políticas de empleo, el servicio personalizado para empresas orientado a
una intermediación efectiva y detección de necesidades formativas, o la
ampliación de los colectivos prioritarios para conseguir el principio de
igualdad y no discriminación en el acceso a un empleo son objetivos
fundamentales de esta ley, y la verdad es que no alcanzo a entender cómo
puede haber grupos parlamentarios que no puedan compartir estos
objetivos. Esperemos que poco a poco la utilidad e imagen de la nueva
Agencia Estatal de Empleo supere con creces a la del SEPE; que Infojobs o
el resto de las plataformas digitales de búsqueda de empleo sean un
complemento de esta agencia pública y no la única herramienta más o menos
eficaz a disposición de las personas paradas; y que más pronto que tarde
dejemos de encabezar las tasas de paro a nivel europeo. Ese es un
objetivo que compartimos en Más Madrid, y seguiremos apoyando al Gobierno
mientras se tomen medidas que vayan precisamente en esta dirección.

Tras haber hablado con el Ministerio de Trabajo
y habernos explicado los motivos por los que nos solicitan a los
senadores y a las senadoras que el trámite legislativo termine en estos
momentos y la urgencia, digamos, de la aprobación de esta ley, en Más
Madrid entendemos que hay argumentos suficientes en estos momentos para
intentar favorecer que esto pueda producirse y, por tanto, quiero
anunciar que retiramos las enmiendas que habíamos registrado.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa de las enmiendas 93 a 120,
tiene la palabra su señoría Cervera Pinart.

El señor CERVERA PINART: Gràcies,
president.

Bona tarda, señorías. Junts ha presentado
veintiocho enmiendas a este proyecto de ley, 27 de modificación y una de
adición con la que pretendemos mejorar la gestión de las políticas
activas de empleo, posibilitando que los créditos distribuidos a las
comunidades autónomas en las conferencias sectoriales sean flexibles, de
forma que los créditos asignados cada año sean objeto de compromiso en el
año que se transfieran y los tres siguientes. En las enmiendas restantes
hacemos hincapié en la necesidad de configurar el empleo como un derecho
subjetivo de las personas en una economía social de mercado, pero que, al
mismo tiempo, se contemple el deber de estas personas de ser
corresponsables en un compromiso activo con la integración laboral.
También hay enmiendas para poder avanzar en la reversión de la
descompensación en la distribución entre las políticas activas, un 17 %,
y las pasivas, un 83 %. Proponemos, además, mejorar la coordinación entre
los servicios sociales y los ocupacionales, entendiendo la empleabilidad
como herramienta para combatir la exclusión social, así como dar
concreción a las organizaciones participantes en los espacios de
concertación definiendo exactamente sus funciones. Con nuestras enmiendas
también extendemos la formación específica de los servicios públicos de
empleo para atender correctamente la discapacidad, y lo hacemos en
coherencia con otros puntos del texto.

En definitiva, el grueso de nuestras enmiendas
pivota en la idea de que el trabajo es la mejor política social y
pretenden resaltar la gestión integral de las políticas activas y pasivas
para centrarse en las personas y en dar dinamismo a su conexión con el
empleo. Quiero agradecer el interés de las entidades y colectivos en
hacernos llegar sus enmiendas; enmiendas que, en la medida en que no
entraban, a nuestro entender, en contradicción con las que nosotros
proponíamos, las hemos hecho nuestras y las hemos presentado.

En todo caso, presidente, voy a dar por
defendida la enmienda 121, que corresponde también al Grupo Nacionalista;
en este caso, la firmaban nuestro portavoz y el senador Fernando
Clavijo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Así se hace constar con respecto a la enmienda 121.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, para la
defensa de la enmienda 165, tiene la palabra su señoría Ahedo Ceza.

La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias, señor
presidente.

El Grupo Vasco presenta una enmienda que
propone una nueva disposición final referente a los planes de igualdad de
las cooperativas. Como todos ustedes conocen, hay una obligatoriedad de
las empresas de contar con planes de igualdad, pero también conocen las
dificultades que tienen las cooperativas a la hora de inscribir sus
planes en el registro Regcon, al no haber tenido en cuenta sus
características específicas. Ustedes saben que coexisten personas
trabajadoras que son socias con personas trabajadoras por cuenta ajena, y
existe esa dificultad. No me voy a extender porque recordarán que ya mi
compañera, la senadora Etxano, en el mes de marzo interpeló al Gobierno y
de esa interpelación derivó una moción consecuencia de interpelación que
fue aprobada casi por unanimidad de esta Cámara. En ella se pedía una
modificación legislativa y la adaptación del registro al modelo especial
de las cooperativas.

Solo quisiera recalcar dos cuestiones. Los
planes de igualdad están hechos, las cooperativas son empresas
comprometidas y socialmente responsables; lo que les pasa es que no
tienen posibilidad de registrar, y esto acarrea problemas como, por
ejemplo, de acceso a licitaciones públicas o a bonificaciones recogidas
en el recién aprobado Real Decreto Ley 1/2023. Así que esta es la única
intención de nuestra enmienda, aunque les voy a decir que la exposición
de motivos de la ley, que todos habrán leído, dice que esta se impulsa en
el marco del componente 23 del Plan de recuperación, transformación y
resiliencia y que esta reforma es uno de los compromisos adquiridos con
Europa. Así que mantener nuestra enmienda, que entiendo que sería
aprobada si todos somos coherentes con lo que votamos en la moción
consecuencia de interpelación, podría suponer un retraso en la
tramitación de esta ley, y eso supondría un incumplimiento con el
compromiso adquirido con Europa. Esta es la razón por la que vamos a
retirarla tras haber conseguido el compromiso del Gobierno de introducir
esta modificación en la tramitación de otra iniciativa legislativa;
compromiso que deberá materializarse lo antes posible porque este grupo
hace suya la demanda de las cooperativas, que no pueden esperar más a que
se reconduzca esta situación que consideramos injusta.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias,
señoría.

Para la defensa de diferentes enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, tomará la
palabra su señoría Caminal Cerdà.

El señor CAMINAL CERDÀ: Señorías, nuestro grupo
ha estado trabajando continuamente con el Gobierno de la Generalitat de
Catalunya para mejorar la capacidad de nuestro Gobierno de ayudar a las
personas en búsqueda de empleo. No hay mejor manera de abordar las
problemáticas laborales que acercando la toma de decisiones a los
territorios, que tienen siempre un ecosistema particular al que no le
valen soluciones genéricas, requiere de actuaciones adaptadas a sus
necesidades específicas. Es muy importante tener en cuenta que las
comunidades autónomas conocen la realidad de las personas desempleadas y
el tejido productivo de su ámbito territorial. No puedo decir que nos
sorprenda la poca consideración que el Gobierno del Estado y los grupos
políticos que lo componen muestran con el marco competencial autonómico y
el refuerzo de su papel en cuestiones clave como la configuración de
estrategias para el empleo, pero no por previsible es menos grave. Las
políticas de empleo deben ser colaborativas con los actores implicados,
incluida la comunidad educativa, y deben tener en cuenta la autonomía
local, la diferenciación territorial y las situaciones políticas de
empleo.

En este sentido, la ley podría haber sido una
oportunidad para fijar la financiación efectiva y estable de las
políticas activas de empleo en las comunidades autónomas o, por lo menos,
fijar su interanualidad; es decir, que deje de operar el chantaje según
el cual los fondos que no estén comprometidos a 31 de diciembre de cada
año deben devolverse al Gobierno central. Esto no tiene sentido político
ni administrativo, puesto que resulta evidente que las políticas activas
de empleo se plantean y organizan a varios años vista. Estamos ante una
oportunidad perdida para solventar lo que técnicamente sería muy
sencillo: la interanualidad de los fondos para políticas activas de
empleo. Estamos de acuerdo en que en todos los espacios podremos
solventar este grave problema. Aunque el texto tiene aspectos
excesivamente tímidos, a nuestro entender, les brindamos nuestro apoyo
dando valor al compromiso de acompañar aquellas medidas que ayuden a
mejorar la vida de la gente, aunque no vayamos tan lejos y tan
rápido.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Popular, tomará la palabra, para
la defensa de las enmiendas 31 a 77 y 122 a 125, su señoría Barrios
Tejero.

El señor BARRIOS TEJERO: Gracias,
presidente.

Buenas tardes a todos. La verdad es que con lo
que estamos oyendo esta mañana aquí, a uno se le quitan las ganas de
defender las enmiendas. No obstante, voy a cumplir con mi obligación de
defenderlas. Nosotros hemos presentado cincuenta y una enmiendas para
intentar mejorar el texto de esta ley. Tengo que decirles que cuarenta y
dos de ellas son enmiendas con mejoras técnicas; es decir, no son de
izquierdas ni de derechas, sino enmiendas que lo único que pretenden es
mejorar la redacción del texto con el fin de evitar interpretaciones
erróneas y que no haya eso que ustedes llaman efectos no deseados, como
les ha pasado en la Ley del solo sí es sí. Aunque con las prisas que la
están tramitando, porque lo único que les interesa es aprobarla hoy sin
que vuelva al Congreso de los Diputados, esos efectos posiblemente vayan
a existir.

Lógicamente, no puedo detenerme una por una
porque son, como digo, cincuenta y uno, pero yo creo que en algunas
merece la pena que escuchen ustedes lo que proponemos, aunque no nos
vayan a aprobar ninguna, por lo que ya se ha dicho hace un rato en esta
tribuna. De este modo, proponemos modificar el preámbulo de la ley con el
fin de hacer una referencia explícita a la inclusión en el mercado
laboral como mecanismo clave para reducir las desigualdades existentes en
el mantenimiento, promoción y acceso al mercado laboral de determinados
colectivos, y me refiero en este caso a los afectados por discapacidad
intelectual, en concreto, puesto que todos los indicadores de ocupación
continúan siendo especialmente preocupantes, poniendo de manifiesto una
vez más la urgente necesidad de abordar cambios al respecto.

Entendemos que hay que modificar también el
artículo 1, referido al objeto o finalidad de la ley, porque la
empleabilidad debe configurarse como un derecho subjetivo de las personas
en una economía social de mercado, pero, a la vez, debe contener también
el deber de estas de ser corresponsables con el esfuerzo de
redistribución de recursos que se lleva a cabo. Por ello, se propone
añadir el reconocimiento del mencionado derecho con el de la obligación
de ejercer un compromiso activo con la integración laboral. Entendemos
también que dentro de la definición de la política de empleo debemos
partir del principio de que la integración laboral se encuentra muy
cercana a la inclusión social en determinados perfiles; es decir, la
falta de integración laboral es un claro acelerador del riesgo de
exclusión social de muchas personas. Por lo tanto, es esto que hemos
repetido tantas veces de que el trabajo es la mejor política social que
puede desarrollar un Estado de derecho, por eso consideramos que los
servicios sociales deben trabajar coordinadamente con los servicios de
ocupación. La definición de colocación adecuada que hacen ustedes en el
artículo 3 introduce unas exigencias que limitan la movilidad, por lo que
hemos presentado también una enmienda que contempla variables en la línea
de lo que regula el artículo 301 de la Ley General de la Seguridad
Social. También queremos hacer constar que el acceso al empleo de
colectivos con especiales dificultades de inserción es un factor clave
para la inserción social. Así, nosotros pedimos que se incluyan
colectivos como, por ejemplo, los expresidiarios y que se dé una especial
atención a las familias numerosas porque, miren, la falta de empleo es un
problema, pero mucho más si es una familia numerosa.

Entre los principios que deben regir la
política de empleo se encuentra también la suficiencia financiera, de
modo que garantice disponer de esos recursos económicos y también humanos
necesarios para llevar a cabo su implantación. Y ustedes lo reconocen en
la exposición de motivos de la ley, pero se olvidan de este tema cuando
llegan al articulado. Por lo tanto, no vale de nada reconocerlo en la
exposición de motivos si luego no se regula. Otro tema importante es la
coordinación entre las distintas administraciones que intervienen en
estos procesos, por eso conviene reforzar esa idea de que en todo caso
exista una perspectiva integral de las políticas, con independencia de
qué administración o administraciones la ejerzan.

En cuanto a la estrategia de apoyo activo de
empleo que defienden en el artículo 12, introducimos también una enmienda
con el fin de añadir a las entidades del tercer sector de acción social,
que colaboran con los servicios públicos de empleo en la elaboración de
la propuesta de esta estrategia. Proponemos también modificar el
artículo 26 porque es necesario establecer unas bases sólidas para la
colaboración de las entidades privadas con los servicios públicos de
empleo, pero dichas bases deben ser a partir de la voluntariedad en la
colaboración frente a lo dispuesto en este artículo. Respecto al
desarrollo de las políticas activas de empleo, regulado en el
artículo 32, se añade una mención al alcance que debe tener la
concertación y el diálogo social en materia de políticas de empleo, y
siempre a partir de los convenios de la OIT ratificados por España.

Otro tema importante es el sistema de formación
profesional en el trabajo, pero nosotros pensamos que tiene que ser
objeto de regulación específica, ya que en estos momentos está abierta la
mesa de diálogo social de formación profesional en el ámbito laboral, en
la que se están debatiendo los aspectos que regulan la formación
profesional en el trabajo y que formarán parte de una futura ley de
formación profesional en el ámbito laboral. Por eso, proponemos la
supresión de este apartado 2 del artículo, porque entendemos que no tiene
sentido estar elaborando y debatiendo una norma específica en materia de
formación profesional en el ámbito laboral y que se incluyan elementos en
un proyecto de ley —por cierto, que no ha sido negociado en el
ámbito del diálogo social— que pueden condicionar la anterior
negociación. En cuanto a la no discriminación regulada en el artículo 39,
consideramos necesaria su adaptación a lo establecido en el artículo 9 de
la Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, por eso
de que luego no haya problemas.

Otro tema importante es el servicio de
intermediación laboral, donde se encuadran las agencias de colocación que
actúan con ánimo de lucro y a las que, en esta ley, se les exige
desarrollar al menos un 60 % de su actividad con fondos propios. Pues
mire, el real decreto que regula las agencias de colocación establece
un 40 %, por lo tanto, pónganse ustedes de acuerdo y adapten la ley al
real decreto porque, si no, va a haber también problemas de
interpretación. En cuanto a los indicadores de eficiencia que ustedes
proponen para las agencias de colocación, muy bien, pero nosotros
entendemos que deben ampliarse a los servicios públicos de empleo y
también para las entidades públicas o privadas que colaboren con
ellos.

Respecto al artículo 51, que regula la
perspectiva de género en las políticas de empleo, nosotros entendemos que
la creación de empleo ha de ser valorada positivamente en cualquier caso
y las políticas de igualdad han de tener una vertiente social y educativa
previa al empleo. Por eso, no podemos compartir el veto de acceso a los
incentivos de empleo a aquellas empresas de sectores con una diferencia
entre el porcentaje de empleo masculino y femenino superior a la media,
debiendo atender a la no disponibilidad en algunas profesiones por la
menor orientación formativa de las mujeres hacia esas profesiones. En
todo caso, el acceso a los incentivos al empleo debería referirse solo a
los que se establezcan con una infrarrepresentación por razón de género,
sin impedir la aplicación de incentivos que tienen que ver, por ejemplo,
con factores como la edad o la integración de colectivos en riesgo de
exclusión social.

En lo referido a las personas con discapacidad
y demandantes de servicios de empleo, regulado en el artículo 54,
teniendo en cuenta los bajos índices de empleabilidad en España de estas
personas, se considera necesario incorporar un mayor compromiso de apoyos
a la discapacidad para facilitar la mejora en su acceso al empleo
ordinario en nuestro país. Por otro lado, la Ley de empleo consolida la
carencia de la actual cartera común de servicios, que se limita a
establecer procedimientos y actividades de los servicios sin concretar
plazos, salvo alguna excepción. Este proyecto de ley también vuelve al
sistema del antiguo INEM, con la obligación de las empresas de comunicar
vacantes. Antes no era lo mismo, pero era muy parecido, porque hace
veinticinco años era obligatorio solicitar a los trabajadores a través
del Servicio Público de Empleo porque, si no, los contratos se
consideraban irregulares; volvemos a lo mismo o algo parecido. Esto solo
puede entenderse desde el punto de vista de que como en estos momentos no
somos capaces de gestionar más del 2 o el 3 % de las colocaciones a
través de los servicios públicos de empleo, haciéndolo obligatorio
subirían las cifras y el Gobierno podría vender un éxito más, que no es
tal porque quedarían las cosas como están.

Solicitamos también que los remanentes
generados en la cuota de formación profesional se incorporen
automáticamente a los créditos de cualquier administración. El sindicato
UGT ha hecho unos cálculos y dice que desde 2015 se han generado 5000
millones que no han vuelto al sistema. Enmendamos también el artículo 67,
encaminado a intensificar un proceso de evaluación tal y como recomienda
la Airef ―supongo que no hay problema con lo que dice la
Airef―, y esta evaluación lógicamente debe servir para determinar
la eficacia y la eficiencia de estas políticas y el retorno de la
inversión en materia de inserción social. Proponemos también planes de
evaluación que cuenten, lógicamente, con los recursos humanos, económicos
y materiales suficientes para que puedan acometerse. Y entendemos también
que la disposición final octava hay que enmendarla, puesto que ustedes en
el Congreso de los Diputados, a través de una enmienda en una ley que
nada tiene que ver con el régimen extintivo de los contratos, lo que
hacen de alguna manera es traicionar el acuerdo al que ambas partes
llegaron en aras del consenso en la reforma laboral de 2021, como digo, a
través de una enmienda en el Congreso que otra vez incluyen por la puerta
de atrás. Por último, proponemos la supresión de la disposición adicional
quinta porque entra en contradicción con el Real Decreto Ley de medidas
urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de
la protección social de las personas artistas, de 10 de enero de este
mismo año.

Como pueden entender, no nos puede gustar estar
ley porque tiene muchas carencias, por eso hemos presentado 51 enmiendas.
Es una ley que lógicamente se ha hecho con prisas, hoy aquí se ha
demostrado y de ahí viene la improvisación. El trámite en el Congreso fue
una auténtica chapuza. En el Senado entra el 20 de enero, con plazo para
presentación de enmiendas hasta el 26 de enero, con un fin de semana por
el medio. Se convoca la ponencia el 1 de febrero y una hora más tarde la
Comisión. Está claro que no interesaba nada más que el trámite porque en
la ponencia no se pudo ni discutir la ley. Se elevó el texto a la
Comisión, la Comisión no admitió ninguna enmienda y el texto pasó a este
Pleno, donde parece ser, por lo que han dicho otros portavoces, que
tampoco se va a admitir ninguna enmienda porque corre prisa. Pero ¿y por
qué tanta prisa? Porque el Gobierno se comprometió con la Unión Europea,
a través del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, y se ha
dormido en los laureles. Oigan, si corría tanta prisa, ¿por qué no
comenzaron antes a tramitarla? De ahí que luego surjan estas carencias en
la ley, porque esta ley no va a solucionar los problemas de desempleo que
ustedes mismos reconocen en el preámbulo.

Dicen que el empleo no va bien en España, y es
verdad. Eso es lo único que compartimos de todo esto porque,
desgraciadamente, somos líderes en desempleo en la Unión Europea;
duplicamos la tasa media de desempleo de la Unión Europea, con el
agravante además de que somos el único país que todavía no ha recuperado
el producto interior bruto de la prepandemia, y todos los días batimos el
triste récord del endeudamiento, 1,5 billones de euros, a razón de 200
millones diarios, desde que gobierna Sánchez. Ese es el triste récord que
batimos todos los días. Esto ocasiona que 13 millones de españoles estén
en riesgo de pobreza, según los últimos indicadores, y desde luego no
ayuda nada el descontrol de la inflación, que es la más alta de las
últimas décadas. Por lo tanto, algo hay que hacer, efectivamente, y
ustedes nos presentan esta ley que habla de un cambio de modelo
productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia; y la
intención es buena, pero contrasta con que seguimos perdiendo empleo
privado, pero, eso sí, aumenta el empleo público. Entonces, ¿dónde está
la productividad si perdemos el empleo privado y aumenta el público?
Hablan de nuevas políticas para un mercado de trabajo dinámico,
resiliente e inclusivo, y a lo que se limitan es a cambiar el nombre del
SEPE por la Agencia Española de Empleo y poco más. Señorías, si no hacen
nada más, llamemos las cosas como las llamemos, si no son capaces de
cambiar las políticas, no pasaremos de ese 2 o 3 % de colocación de
demandantes de empleo.

Hablan también de la España 2050, ese documento
que presentaron a bombo y platillo ya hace unos años en la Moncloa, y
dicen que recoge el desafío de la necesidad de resolver las deficiencias
de nuestro mercado de trabajo, que es necesario reducir la tasa de
desempleo a menos de la mitad. Hombre, son ustedes poco ambiciosos;
nosotros lo que queremos es llegar al pleno empleo. Y también dicen que
esto supone aumentar la inserción laboral en 15 puntos para los próximos
treinta años. ¿Treinta años? Esto parece una broma. Pero ¿cómo treinta
años? Aquí lo que necesitamos son medidas urgentes que den una respuesta
rápida al mercado de trabajo, y no reducir el desempleo a la mitad dentro
de treinta años, sino conseguir el pleno empleo dentro de tres. Pónganse
ustedes a trabajar, aunque ya no les va a dar tiempo. Ya lo haremos
nosotros cuando lleguemos al Gobierno.

¿Entienden ahora por qué no nos gusta la ley?
Por eso hemos presentado 51 enmiendas con el objetivo de mejorarla, pero
mucho me temo, a raíz de lo que se ha dicho en esta misma tribuna, que
van a seguir ustedes el mismo guion de la ponencia y de la Comisión; es
decir, no nos van a aprobar ni una sola de estas enmiendas. A ustedes lo
único que les interesaba era el trámite de la ley, el fondo les daba
igual; lo único que les interesaba era el trámite. A ustedes no les
interesa cambiar las políticas, sino la propaganda del Ejecutivo. Miren,
aquí lo único que ha funcionado en los últimos años es la reforma laboral
del Partido Popular del año 2012, que conseguía una media de 500 000
empleos al año. Ustedes han hecho una reforma laboral que solo ha servido
para maquillar datos, para hacer creer que las cosas van mejor cuando es
justamente lo contrario, y ahora nos plantean esta ley en el mismo
sentido; una ley que cambia nombres, es poco ambiciosa y nos manda a
treinta años vista para conseguir unos pírricos resultados, si es que los
consiguen.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

La enmienda del Grupo Parlamentario Socialista
ha sido retirada.

Pasamos al turno en contra de las enmiendas.
Por el Grupo Socialista, tomará la palabra su señoría la senadora Aldea
Gómez.

La señora ALDEA GÓMEZ: Gracias,
presidente.

Muy buenas tardes, señorías. Me gustaría
comenzar agradeciendo a todos los grupos parlamentarios la presentación
de las distintas enmiendas. He querido hacer pequeños bloques y no me voy
a referir a todas y cada una de ellas. Hablaré de aquellos temas que a lo
mejor más se repiten y les pido, por favor, que nadie se sienta ignorado.
Nosotros, como bien ha dicho el presidente, también hemos retirado ayer
nuestra enmienda, sobre todo, en aras de que este texto prospere.

Traemos a debate una ley que beneficia a los
españoles, traemos una ley a debate como ejemplo de lo que es la política
útil a través del diálogo social, donde también participan el sector
privado y las comunidades autónomas. Esta norma tiene por objeto
conseguir trayectorias profesionales de continuidad, tiene por objeto
conseguir trabajos dignos y decentes. No está la señoría de Vox, pero
¿saben lo que es un trabajo decente? Aquel que te permite vivir
dignamente. Si hablamos de cosas importantes que aporta la ley, tenemos
que mencionar el concepto de empleabilidad para conseguir una
incorporación al mundo laboral que sea real. Hablamos también de un
catálogo de servicios garantizados, de itinerarios individuales y
evaluados previamente. Tenemos que hablar de la creación de la Agencia
Española de Empleo para que aplique correctamente ese catálogo de
servicios, también de un portal único de empleo que está obligado a
comunicar las vacantes. Habrá una evaluación de las políticas activas de
empleo que se hayan aprobado para discernir las que funcionan de las que
no funcionan, las que son eficientes de las que no lo son. Yo creo que
tenemos ejemplos de políticas activas de empleo que fueron aprobadas,
pero que no sirvieron para lo que fueron creadas. Hay un colectivo
protegido muy amplio que tendrá a su disposición asesoramiento continuo y
orientadores laborales que faciliten la búsqueda de ese empleo tan
deseado. Algo que me parece muy importante reseñar es que va a permitir
que las personas con discapacidad puedan acceder a bonificaciones por
contratación y beneficios fiscales. (Aplausos). Esta es una
reivindicación de viene de tiempo atrás, y también es muy importante que
se va a poner en marcha el libro blanco de la discapacidad.

Por todas estas cosas que les he dicho es por
lo que decimos que traemos a debate una política útil que se presenta con
el objetivo de solucionar problemas a la ciudadanía y que, además, es una
ley justa. Hemos estudiado, como no podría ser de otra manera, las 165
enmiendas presentadas inicialmente por los distintos grupos, algunas
reiteradas, pero, insisto, hablaré en general. Algunas enmiendas se
refieren a la particularidad, y hay que entender que la ley siempre va a
la generalidad. Por otra parte, en determinadas enmiendas se pretende
constreñir el artículo en cuestión al referirse de manera específica a la
economía social, y no deja de ser una particularidad, sin quitar ni un
ápice de valor a la economía social, que sin duda lo tiene, pero están
pidiendo dar la misma categoría de interlocutor que a las organizaciones
empresariales y sindicales cuando la Constitución solo reconoce a dos
interlocutores: a las organizaciones sindicales y a las patronales. Para
los socialistas la economía social es mucho más que crecimiento, es
crecer de manera más igualitaria y vinculada al territorio. Es una punta
de lanza para dar respuesta a desafíos como la lucha contra la
despoblación, el impulso de la digitalización y la apuesta por la
sostenibilidad. (Aplausos). Tanto la economía social como el tercer
sector son garantía de empleabilidad para los colectivos más vulnerables,
así que todo nuestro respeto y todo nuestro reconocimiento. Solicitan esa
participación efectiva, pero, hoy día, eso no es posible porque la
Constitución no les da esa categoría.

En muchos aspectos de las enmiendas nos
encontramos con que es mucho más completa la redacción del texto de la
ley que se presenta que las propuestas contenidas en las enmiendas. Si
hablamos de discriminación, la ley habla de todas las personas
trabajadoras y se evita cualquier sesgo, incluidas la edad o la
discapacidad, tal como se ha sugerido en alguna de las enmiendas
presentadas; y lo mismo sucede con otros muchos colectivos que son
considerados de atención prioritaria, entre otros ―no voy a citar a
todos; para eso les remito al artículo 50 de la ley― están los
migrantes, el colectivo LGTBI, las mujeres víctimas de violencia de
género, las de baja cualificación y cualquier persona en situación de
exclusión social; ahí, como ven, tienen una cabida importante. En cuanto
a la discapacidad hay que decir que existe un bloque específico y es uno
de los colectivos más protegidos. Yo creo que hoy nos tenemos que sentir
satisfechos de lo que se contempla en el texto que se presenta.
(Aplausos). Asimismo, existe un apartado que nos habla de
corresponsabilidad.

En otras enmiendas se solicita unir
empleabilidad, que es mejorar la capacidad formativa, con el concepto de
emprendimiento; son conceptos totalmente diferentes. En cuanto al
emprendimiento, la ley recoge un desarrollo específico; la ley contiene
una regulación del fomento del emprendimiento. Ahora se le sube de
categoría, aparece como uno de los objetivos a cumplir. Hay incentivos,
por lo tanto, se promociona el emprendimiento de las personas. En cuanto
a formación ―también se ha hablado aquí de formación―, se ha
presentado una enmienda por la que se pretende derogar el tope de
formación, lo cual no es asumible. No se puede derogar, hay que mantener
las cuotas relacionadas con la actividad formativa y la actividad
profesional. Pretenden derogar garantías relativas al artículo 9 de la
Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de
formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. No se puede,
señorías.

En cuanto a la gobernanza y cogobernanza, la
ley es más completa que lo que están solicitando en algunas de las
enmiendas. La ley ya habla de la coordinación de las comunidades
autónomas y las entidades locales conforme a esos principios. No procede,
señorías. Y lo que proponen sobre la evaluación anual de la efectividad y
efecto mensual es materialmente imposible por falta de recursos
materiales, humanos y operativos. No hay plazo suficiente para poder
evaluar una ley al mes; eso no es operativo. En cuanto al tercer sector,
que también ha sido nombrado, además de remitirme a lo que he dicho
anteriormente, los sindicatos y la patronal, como les decía, son los
únicos interlocutores reconocidos constitucionalmente. En lo que se
refiere a la estrategia y a las actuaciones, piden cosas específicas, de
manera que dejarían de ser ya motivo de una estrategia en sí. En cuanto a
los datos, nos vamos a remitir a la Ley de protección de datos y a la
regulación sobre su tratamiento.

Y respecto a la capitalización de la
presentación por cese de actividad, no se justifica la necesidad de
incorporar el pago único de esa prestación al amparo de programas de
fomento de empleo, tal y como se propone en alguna de las enmiendas
presentadas. Por otra parte, la regulación actual ya recoge que el
trabajador que haya optado por la subvención de las cuotas de la
Seguridad Social, a la hora de capitalizar su prestación de desempleo,
percibe una cuantía mensual fija que se calcula con el importe del mes de
actividad.

No me voy a extender, aunque me queda algo de
tiempo. Señor Barrios, hay una cosa que no entiendo muy bien, o a lo
mejor los que no la entienden son ustedes. Por una parte, aquí presentan
enmiendas donde se solicita que se amplíen interlocutores en las mesas de
la Agencia Española de Empleo y, por otra parte, en la Comunidad de
Castilla y León con sus socios de Gobierno aprueban eliminar el Servicio
Regional de Relaciones Laborales. (Aplausos.— Denegaciones del
señor Barrios Tejero). Sí, sí, señor Barrios; proponen eliminar el Serla.
¿Fulminando el diálogo social de un plumazo? ¿Ustedes creen que pueden
ser creíbles, si cuando están en la oposición piden una cosa y cuando
gobiernan pierden el respeto, en este caso, a los trabajadores y a los
empresarios con decisiones como esa? El Serla hoy día nos evita
muchísimos conflictos. ¿Sabe qué le digo? Que Vox les propone y les
impone en mi comunidad autónoma, y juntos ustedes, PP y Vox, ejecutan y
legislan para retroceder en los derechos laborales conseguidos.
(Aplausos).

Y para finalizar, señorías, creo que ha quedado
claro que estamos hablando de una buena ley. Hablamos de intermediación,
hablamos de empleabilidad, hablamos de cobertura, hablamos de ponérselo
mucho más fácil a la persona que necesite encontrar un puesto de trabajo.
Se facilita con esta ley que lo pueda encontrar y que pueda realizar un
trabajo digno y decente que le permita desarrollar su proyecto de
vida.

Por mi parte, nada más. Muchas gracias y buenas
tardes. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias,
señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto?
(Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Democrático?
(Denegaciones).

El Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal
ya anticipó que no iba a tomar la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene
la palabra el senador Cervera Pinart.

El señor CERVERA PINART: Gràcies,
president.

Bona tarda de nou. Una vez más nos encontramos
debatiendo un proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. A menudo
dudo y me pregunto si existe en esta Cámara otro procedimiento, y es
evidente que mi pregunta es retórica porque sé que existe la tramitación
ordinaria, pero es igualmente evidente que en esta legislatura es una
cosa excepcional. (La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, ocupa la
Presidencia).

Entrando en el proyecto de ley tengo que decir
que se llama de empleo, pero lo que realmente hace es organizar o
reorganizar y regular el Sistema Nacional de Empleo. Así que no se trata
de una ley de empleo integral, como su nombre podría anunciar y
probablemente la realidad requiere a voces. Se trata, pues, a nuestro
entender, básicamente de un mero apartado dedicado a la burocracia y al
personal en la Administración. Y a pesar de decir esto, reconocemos que
la ley mejora la gobernanza, como mejora los itinerarios formativos y la
evaluación de las políticas públicas, pero no es suficiente. Junts
entiende que debería abordar los temas estructurales del empleo y, sobre
todo, poner a las personas en el centro de estas políticas. En Junts
compartimos la idea del sector productivo de Cataluña, de la pequeña y la
mediana empresa, la idea de que la empleabilidad es un derecho subjetivo,
un derecho que debe tener como reverso el deber de la predisposición de
la persona desocupada, y también los poderes públicos promover el
cumplimiento de este deber, teniendo que prever las condiciones para
materializar el derecho subjetivo al empleo con un catálogo de servicios
y prestaciones, acciones de formación, orientación y acreditación,
competencias, intermediación; en definitiva, con las políticas activas de
empleo. Apostamos, pues, por revertir la paradoja del 80/20 en políticas
de empleo, que en el caso del Estado español implica una inversión de más
del 80 % en políticas pasivas —prestaciones, subsidios— y
menos de un 20 % en políticas activas, al revés de lo que ocurre en la
mayoría de los países europeos. Con esta Ley de empleo tenemos la
sensación de que se ha perdido una oportunidad de revertir esta
situación; en definitiva, la vemos como una ley pensada para dar
respuesta al guion marcado por el checklist europeo y los mecanismos de
recuperación y resiliencia, pero solo en apariencia y de forma
superficial, sin entrar en el fondo.

A pesar de que esta Ley de empleo no es la que
Junts hubiera promovido; a pesar de que esta ley para nosotros no es todo
lo ambiciosa que la situación del Estado y de Cataluña requiere; a pesar
de todo esto, no votaremos en contra y vamos a abstenernos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la
senadora Ahedo Ceza.

La señora AHEDO CEZA: Arratsalde on guztioi.
Eskerrik asko.

Debatimos hoy el Proyecto de Ley de empleo, y
yo creo que llegaremos al acuerdo de que todos tenemos derecho a un
trabajo digno y decente, un trabajo que nos permita vivir, y hay que
implementar las herramientas que hagan efectivo ese derecho. Tal y como
se refleja en el preámbulo de la ley, existe una necesidad de resolver
las deficiencias del mercado de trabajo y adaptarlo a las nuevas
realidades sociales, económicas y tecnológicas. Yo diría no solo nuevas
realidades, sino también distintas realidades porque son muy diferentes
dependiendo de los territorios. También se indica en ese preámbulo que
esta ley se enmarca en el componente 23 del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia, y dentro de este componente se refiere a la
reforma número 5, que es la modernización de las políticas activas de
empleo, y resalto lo de activas porque ya sabemos dónde se sustancian las
competencias de esas políticas.

Yo en esta intervención lo que voy a hacer es
resumir el periplo de mi grupo con este proyecto de ley, explicar el
sentido de nuestro voto y que se pueda entender cómo casi hemos hecho un
golpe de péndulo desde una enmienda a la totalidad hasta un voto
afirmativo. Leída toda la ley, yo solo voy a hablar del artículo 1, que
dice que la presente ley establece el marco de ordenación de las
políticas públicas de empleo y regula el conjunto de estructuras,
recursos, servicios y programas que integran el Sistema Nacional de
Empleo, y del artículo 2, que cuando define la política de empleo dice
que integran la política de empleo las políticas activas de empleo y las
políticas de protección frente al desempleo.

También voy a comentar por encima los títulos
competenciales, y aquí tengo que decirles que creemos que, por desgracia,
no solo en esta ley, ya es una costumbre a la hora de legislar hacer una
lectura extensiva, una lectura excesiva del artículo 149 de la
Constitución española, y en muchos casos, y en este también, del
artículo 149.1.13, que es el que habla de las bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica; parece que ahí entra
todo y ya las competencias tienen que quedar relegadas.






A la hora de leer
la ley, en demasiadas ocasiones inciden en el artículo 149 de la
Constitución, pero luego se olvidan del Estatuto de Autonomía del País
Vasco, ley orgánica —no debiéramos olvidarnos—, que en su
artículo 10.25 habla de que la comunidad autónoma tiene competencia
exclusiva en promoción, desarrollo económico y planificación de la
actividad económica, y en su artículo 12.2 habla de la competencia en
ejecución de la legislación, en este caso la legislación laboral. Además,
en este caso concreto y con esta ley parece como si no existiese el Real
Decreto 1441/2010, que es el decreto de traspaso de funciones y servicios
a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ejecución de la
legislación laboral en el ámbito del trabajo, del empleo y de la
formación profesional para el empleo que realiza el Servicio Público de
Empleo Estatal; o sea, la totalidad de las funciones; en Euskadi nos
corresponde la organización de los servicios, la estructura, el personal,
etcétera. Además, cuando hacemos una lectura de todo el texto, echamos de
menos la referencia a nuestra especificidad respecto a la financiación,
eso no está en ningún momento contemplado.

Todo esto que les digo y alguna cosilla más,
pero no me puedo extender, nos llevó en su momento a presentar una
enmienda a la totalidad. Las políticas activas ya están transferidas en
su totalidad y corresponde a Euskadi la organización de servicios,
estructura y personal —esperamos las pasivas, no crean que nos
hemos olvidado de ellas—, pero parece que esa competencia
transferida se olvida, y esta ley, tal y como se presentó en un inicio
representaba una flagrante invasión competencial. En Euskadi tenemos
sistemas y políticas propias, tenemos la competencia transferida, tenemos
potestad de autoorganización, en organización, en estructuras, etcétera.
Existe un sistema vasco de empleo, se está tramitando en este momento la
Ley de empleo vasca. Contamos con Lanbide, que para que nos entendamos
todos sería el SEPE vasco. Tuvimos suerte, otras veces no se tiene tanta,
y conseguimos llegar a un acuerdo con estos temas que nos preocupaban, y
ese acuerdo fundamentalmente queda plasmado en que la ley dice
explícitamente que se aplicará en el País Vasco según lo establecido en
ese real decreto del que les hablaba, que es el decreto de la
transferencia de las políticas activas, que se aplicará según lo
establecido en la Ley del Concierto Económico. Porque les quiero recordar
en cuanto a financiación —antes ya les he dicho que no aparecía
nada en el primer proyecto de ley que se presentó— que nosotros no
participamos en la Conferencia sectorial de Empleo, que los servicios de
empleo están sostenidos con los propios presupuestos del Gobierno vasco.
De alguna manera introducir el tema del concierto y la especificidad en
la financiación era una cuestión importante. Y finalmente queda plasmado
también que la ley se aplicará con respeto a las competencias sobre
organización y personal de los servicios transferidos. En ese momento
retiramos, lógicamente, la enmienda a la totalidad y presentamos
enmiendas parciales; enmiendas parciales en el sentido de puntualizar
algunas de las cuestiones ya asumidas por Euskadi y sobre aspectos que
afectan al ejercicio de las políticas propias. Algunas de estas enmiendas
fueron aprobadas en ponencia y en comisión y otras transaccionadas, y son
enmiendas que posibilitan la colaboración y la cooperación entre
administraciones igualmente competentes.

Así que, después de este recorrido, valorando
positivamente el nivel de acuerdo que hemos podido alcanzar y viendo que
hay una salvaguarda competencial que para nosotros era fundamental, solo
puedo manifestar que ese golpe de péndulo ha sido posible y que el voto
del Partido Nacionalista Vasco a esta ley será positivo.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana-EH Bildu, tiene la palabra la senadora Bideguren
Gabantxo.

La señora BIDEGUREN GABANTXO: Gracias,
presidenta.

Arratsalde on guztioi. Hoy debatimos el
Proyecto de Ley de empleo que pretende ser una reforma más para avanzar
hacia un nuevo enfoque del mercado de trabajo; un mercado de trabajo que
tiene todavía deficiencias importantes, consecuencia de las políticas
llevadas a cabo durante años. Por tanto, si queremos que las tasas de
desempleo mejoren, si queremos que los salarios mejoren, que las
condiciones laborales, la brecha de género o las relaciones laborales se
parezcan más a los países más avanzados a nivel europeo, es necesario
tomar medidas y hacer reformas. En este sentido, necesitamos políticas de
empleo que se adapten a las nuevas realidades sociales, económicas y
tecnológicas, y tenemos que ser conscientes de que los grandes retos,
como son la descarbonización de la economía o la digitalización, van a
provocar cambios en el mercado de trabajo, van a desaparecer algunas
ocupaciones, se van a crear otras y se van a transformar otras, y en toda
esta transición la Administración pública debe tener una implicación
activa y evitar cualquier daño social. Por eso valoramos positivamente
que la ley avance hacia un modelo de empleabilidad en el que la
Administración pública es también responsable del pleno empleo.

En pleno proceso de transformación del modelo
productivo es necesaria, por tanto, una reforma de las políticas activas
de empleo que contemple herramientas más eficaces que las que tenemos hoy
en día para la búsqueda de empleo y que cuente con más recursos; hay que
aumentar el gasto medio por persona en políticas activas de empleo para
acercarnos al resto de los países de la Unión Europea. La ley tiene
algunas bondades: nos parece positivo que se profundice en la definición
de algunos conceptos que nos parecen importantes. Se contemplan
actuaciones prioritarias para las personas más vulnerables, como pueden
ser las personas en situación de exclusión social. Y se contempla también
la obligatoriedad de evaluar y medir la efectividad y eficiencia, algo
que nos parece fundamental y positivo.

En la tramitación de esta ley hemos alcanzado
acuerdos importantes, y quiero destacar el acuerdo que modifica la
disposición final octava. Con esta modificación se refuerza el papel de
la Inspección de Trabajo dándole carácter preceptivo al informe que
deberá emitir analizando las causas del despido. Como saben, la reforma
laboral del Partido Popular suprimió el permiso administrativo para
justificar los ERE con el objetivo de facilitar despidos. Euskal Herria
Bildu ha insistido en numerosas ocasiones en que era necesario revertir
esta situación y, por fin, en esta ley consideramos que hemos conseguido
un importante avance. El señor Barrios hoy no ha sido tan claro, pero en
la Comisión de Trabajo creo que lo explícito claramente; con la enmienda
del Grupo Popular se quería suprimir esta mejora que hemos introducido
para agilizar y dar garantías —esto es lo que decía— a los
despidos colectivos. Y decía también que lo que hemos logrado con este
acuerdo —y abro comillas— era dificultar el proceso y poner
trabas al despido colectivo. Por lo tanto, yo creo que quedó muy claro
cuál es su modelo y cuál es el nuestro. Y les quiero decir que, si el
informe de los inspectores de trabajo dificulta el despido colectivo, me
pregunto: ¿será que esa empresa no cumple con la legalidad o será que esa
empresa no ha demostrado razones estructurales suficientes para plantear
un despido colectivo? Pues probablemente, y si es así, a todos los que
defendemos el interés general y los derechos de los trabajadores nos
debería alegrar y deberíamos estar satisfechos con este acuerdo.

En la tramitación en el Senado hemos intentado
mejorar la ley en algunos aspectos, pero por las bondades que he
mencionado y por los acuerdos alcanzados, retiramos nuestras enmiendas,
las enmiendas de Euskal Herria Bildu, y votaremos a favor de este
proyecto de ley.

Sin más, muchas gracias. Eskerrik asko,
senatari jaun-andreok. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Eskerrik asko, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la senadora Ruiz-Sillero Bernal.

La señora RUIZ-SILLERO BERNAL: Buenas tardes y
muchísimas gracias por escuchar esta tramitación de la Ley de empleo; una
ley de empleo que podemos calificar como la ley del ordeno y mando de la
ministra Yolanda Díaz; que es también la ley de las prisas, la ley de las
oportunidades perdidas para dar solución al grave problema de las tasas
tan elevadas de desempleo en España; y que es también una ley que podemos
calificar en el argot jurídico como una ley ladrillo, pesada, con errores
lingüísticos, con problemas de interpretación. Los profesionales
jurídicos y los opositores desde luego la van a padecer y los
desempleados también porque no sirve para lo que se aprueba; en
definitiva, no es una buena ley.

Y antes de entrar a analizar el Proyecto de Ley
de empleo, quiero poner de manifiesto una extraña circunstancia por la
cual el PSOE y los grupos políticos que sustentan al Gobierno están
retirando sus enmiendas. PNV las retira bajo el compromiso de aprobarse
en cualquier otra ley, un disparate jurídico. El senador de Más Madrid,
después de hablar con el Ministerio de Trabajo, anuncia que las retira.
Bildu también las retira. Y el PSOE, después de presentar una enmienda al
texto de Podemos, la retira también. ¿Quieren explicarnos, señorías,
especialmente las del Partido Socialista, qué está ocurriendo realmente
en esta tramitación de la Ley de empleo, qué saben ustedes que están
ocultando a esta Cámara legislativa? ¿Por qué tiene que aprobarse una ley
de forma imperativa en el día de hoy? ¿Cuál es la causa que está
condicionando su trabajo legislativo? ¿Se rompe el Gobierno si no se
aprueba hoy? ¿Tenemos quizá una amenaza de la Unión Europea que nos
retira los fondos europeos si no queda aprobada la ley hoy? Exigimos
transparencia, exigimos que el portavoz del Grupo Socialista, que va a
hablar después, lo aclare y que el Ministerio de Trabajo convoque a los
medios de comunicación para que con transparencia dé a conocer la causa
urgente de aprobación de esta ley en el día de hoy; qué es lo que está en
riesgo para España si no se aprueba esta ley. Esto es de interés general
y hay que informar de ello. Se inició la tramitación hace casi un año,
pero hay que aprobarla de forma imperativa hoy; algo se nos está
escapando, y explicaciones con transparencia es lo que pedimos. Lo que se
demuestra, por tanto, es que es la ley del ordeno y mando de Yolanda
Díaz.

Y me voy a remitir para contestar, en primer
lugar, a este dictamen, al dictamen emitido por el Consejo Económico y
Social el 25 de mayo de 2022, que supongo habrán leído todos los ponentes
de esta ley.

Dice literalmente en algunos de sus párrafos:
La trascendencia social y económica de disponer de una ley de empleo
adecuada habría aconsejado mantener un proceso de diálogo tripartito con
las organizaciones empresariales y sindicales más representativas sobre
su reforma. Y añade: La falta de un proceso de diálogo para acometer esta
relevante reforma supone renunciar a un instrumento que se ha demostrado
altamente efectivo.

Habla de que sería necesario haber alcanzado un
consenso robusto, que refuerce su eficacia, su reforma, su respaldo
social, y vemos que no lo hay. El Consejo Económico Social le está
poniendo la cara colorada a la ministra, doña Yolanda Díaz, la misma
ministra que presume de firmar muchos acuerdos, pero que está quedando
retratada hoy porque está imponiendo su rodillo en una ley fundamental
que tendría que haber sido aprobada con un gran consenso.

Y no se queda ahí el Consejo Económico y
Social, pues añade en su dictamen que se deberían abordar en la
correspondiente mesa de diálogo social aquellos aspectos relativos a la
formación profesional para el empleo. Es decir, que una piedra angular de
las políticas activas de empleo no se consensúa. Tremendo.

También remata el Consejo Económico y Social
diciendo que la solicitud de este dictamen preceptivo se ha llevado a
cabo estableciendo la remisión en un plazo de diez días, y se denegó al
Consejo Económico Social que se ampliara ese plazo. Por tanto, el Consejo
Económico Social no comparte esa urgencia. Y añade que el hecho de no
contar con plazo suficiente entra en riesgo de convertir la consulta en
un mero trámite. Pues no sale bien parado ni el texto legal del Gobierno
ni la ministra, desde luego.

También le tenemos que sacar en el Senado los
colores a la ministra, porque la tramitación exprés que nos han impuesto
no es de recibo ni en el Congreso ni en el Senado. Esa es la situación y
así hay que explicar la ley del ordeno y mando de la señora Díaz.

En esta tramitación exprés hay también muchas
tiranteces en el propio Gobierno, porque a ver cómo se explica que en un
primer momento el Partido Socialista presentara una enmienda a lo
aprobado por Podemos y después la retirara. No sé si es que también habrá
tensión entre Yolanda Díaz y el PSOE o entre la ministra de Trabajo, la
ministra de Hacienda y la vicepresidenta Calviño por la premura de los
fondos europeos. No sé, es que me da la sensación de que aquí está todo
el mundo peleado con todo el mundo, y un Gobierno que discute entre sí no
puede traer una buena ley de empleo.

Tampoco podemos normalizar lo que es
extraordinario. Hoy debatimos cuatro proyectos de ley, y los cuatro por
vía de urgencia. El Gobierno está continuamente abusando de esta
excepcionalidad y forzando el funcionamiento normal de las Cámaras
legislativas. En segundo lugar, he calificado la Ley de empleo como la
ley de las oportunidades perdidas, la ley de las prisas. Y, señor
Gilabert, portavoz, si estuviéramos en Cádiz le diría que las bullas no
traen nada bueno, eso es lo que pasa con esta ley. Líderes en paro
juvenil, segundo país de la Unión Europea con más paro juvenil. España
lidera el paro femenino, con el 12,4 % frente al 6,5 % de la Unión
Europea, cifra que, incluso, aumentó en el mes de diciembre. Sufrimos,
además, un Gobierno que maquilla los datos de paro al no contabilizar a
los fijos discontinuos, que están en activo e incluso cobrando el
desempleo como parados. Por cierto, el 7 de diciembre del año pasado le
pedí al Gobierno los datos referidos a los fijos discontinuos y todavía
estoy esperando la respuesta, por lo que le agradecería al Gobierno que
no la demorara más. Y ya sé lo que me va a contestar el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, que se sigue el mismo sistema para
contabilizarlo, pero lo que ustedes han hecho es cambiar la
interpretación de los datos, y así se ahorran cientos de miles de
desempleados, y si el Gobierno quiere hacerse trampas en el solitario,
allá ellos, pero a nosotros no nos engañan.

Permítanme que vuelva a remitirme al dictamen
del Consejo Económico y Social, que dice literalmente: La norma
proyectada resulta insuficiente en tanto en cuanto se centra
fundamentalmente en las políticas activas de empleo y las instituciones
que la gestionan, pero sin poner en funcionamiento herramientas
igualmente necesarias y más adaptadas a las necesidades. Debería
orientarse a superar las debilidades y carencias de las políticas de
empleo y ser un instrumento efectivo para abordar los problemas del
mercado de trabajo.

Observa también el Consejo Económico y Social
que haría falta una mayor dotación de plantilla cualificada para la
orientación y que estuviera especializada en la búsqueda de empleo. Es la
ley de las prisas, y se quiere aprobar con tanta premura, quizá, porque
al Gobierno lo único que le interesa es presentarse ante la Unión Europea
con un check de que ha hecho una ley de empleo, ya que se comprometieron
a aprobarla y publicarla antes de finalizar el año 2022. ¿Para qué? Para
la llegada de los fondos europeos, quizá. Y a ellos les da igual que se
apruebe una ley de empleo buena, mala o regular, pero así no se soluciona
el grave problema del desempleo que tenemos en España.

Está mal redactada lingüísticamente, sin
consenso, sin diálogo y sin acuerdo con los agentes sociales; sin dar una
tramitación correcta en el Congreso y en el Senado. Quieren aprobarla
para decir que lo han hecho, pero no se trata de hacer cualquier cosa,
—y perdónenme la expresión— no se trata de hacer un churro;
se trata de aprobar una normativa que realmente posibilite la creación de
empleo.

Permítanme que haga referencia a alguna de las
perlas que contiene el texto que hoy se va a aprobar por algunos. Esta
ley dice literalmente en el preámbulo: La mejora de las habilidades de
comunicación oral y escrita se configuran por esta ley como competencias
básicas para la empleabilidad. Pero vamos a ver, señores senadores del
Partido Socialista, señora ministra de Trabajo, que no sé si me estará
escuchando, ¿ustedes han hablado con la ministra de Educación para decir
que los desempleados españoles carecen de habilidades de comunicación
oral y escrita para encontrar un trabajo? Eso es lo que realmente están
diciendo. Cuando llegue a Europa este texto legal no sé qué van a pensar
de los españoles. ¿En qué nivel nos deja? ¿Qué educación están dando a
los jóvenes? Lo que tendrían que traer es la reforma de la Ley de
educación y no aprobar aquí, de manera exprés, esta Ley de empleo.

Otra perla: quieren aumentar la inserción
laboral en 15 puntos en los próximos 30 años, es decir, que la propia
ministra Yolanda Díaz se da el plazo de 30 años para buscar un empleo a
los que están ahora desempleados. Pues a ver cómo le explica a un joven
de 20 años que va a tardar 30 años en encontrar un trabajo, o que un
padre o una madre desempleados de 40 años les ha dado un trabajo en 30
años, cuando ya tienen la edad de jubilación. Pues que lo expliquen. Esta
ley es el salvoconducto para quedar bien ante Europa.

Este Gobierno tiene mucha suerte, le está
llegando dinero a mansalva, pero, desgraciadamente, no sabe gestionarlo.
Ojalá hubiera llegado tantísimo dinero de Europa al Gobierno de Rajoy,
que tuvo que afrontar la crisis económica sin ninguna ayuda, a pulmón, y
ustedes están despilfarrándolo, sin hacer buenos esos fondos
europeos.

Y he afirmado, en tercer lugar —y voy
terminando—, que es una ley ladrillo. Cuando se lee se detectan
incorrecciones lingüísticas; por ejemplo —y aquí hago una
referencia al senador Jaime de los Santos—, es una ley que no tiene
dos puntos para hacer una enumeración, no existen, y ello dificulta la
comprensión. Este texto no resiste una comparación con las leyes
aprobadas hace 10, 15 o 20 años, que están redactadas correctamente.

Parece también un concurso de palabras porque
se dedica a cambiar el nombre de las cosas. Ya no se llama formación
profesional para el empleo, sino formación profesional para el trabajo,
un gran salto para la humanidad. Otro cambio de terminología, el SEPE,
Servicio Público de Empleo Estatal, que ahora se pasará a llamar Agencia
Española de Empleo, pero, ojo, que su implementación no es inmediata,
sino que va a quedar condicionada a un desarrollo reglamentario posterior
y a la provisión de una dotación presupuestaria adecuada, como bien dice
el Consejo Económico y Social.

Y termino insistiendo en las enmiendas
presentadas por el Grupo Popular y que ha justificado perfectamente aquí
el senador Barrios. Hemos querido dar un matiz social a nuestras
enmiendas, preocupándonos por las familias, a las cuales ha abandonado
este Gobierno. El artículo 50 no contempla como colectivo prioritario a
las familias numerosas, y por eso hemos querido presentar esta enmienda.
Queremos que se tenga en cuenta si existen niños en el núcleo familiar,
porque no tenemos que olvidar que hay un gran riesgo de exclusión social
por la situación de desempleo, con el consiguiente impacto negativo que
ello tendría en la infancia y en la adolescencia. Por eso, nos gustaría
especialmente que nos aceptaran esta enmienda referida a las familias
numerosas, pero ya sabemos que no la van a aprobar. Y un dato importante:
España tiene 1 157 900 hogares con todos sus miembros activos en paro y
se encuentra entre los países de la Unión Europea con mayor tasa de
pobreza.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señoría, vaya terminando.

La señora RUIZ-SILLERO BERNAL: Son razones de
peso para apoyar a las familias numerosas.

También hemos incluido a los exreclusos en los
colectivos prioritarios porque siempre estuvieron incluidos, y los
olvidos hay que corregirlos, no vale que se diga que ya están en otras
leyes contemplados, porque en esta Ley de empleo que van a aprobar
ustedes hoy, no, y si hay un error involuntario, que es posible, pues se
acepta, se corrige, ya que esta es también la misión del Senado...

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señoría, debe terminar.

La señora RUIZ-SILLERO BERNAL: ... mejorar los
textos legales. Lo que no se puede, por las prisas, es no hacer las cosas
bien.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz):
Señoría, termine.

La señora RUIZ-SILLERO BERNAL: Y termino.

Es una Ley de empleo que se aprueba con prisas
para recibir los fondos europeos; una ley de ordeno y mando, sin consenso
de los grupos parlamentarios ni de los agentes sociales, y una ley
ladrillo, llena de errores lingüísticos, con palabrería, llena de lugares
comunes y con frases inapropiadas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador Gilabert Sánchez.

El señor GILABERT SÁNCHEZ: Gracias,
presidenta.

Buenas tardes. Vamos a empezar por la señora
Rodríguez de Millán, que otra vez no está, y no lo entiendo. Si usted
está en el uso de la palabra y nos está usted criticando, lo mínimo es
que esté aquí para que, por educación, los demás podamos decirle algo. Es
que me parece un desprecio hacia el Parlamento, no hacia nosotros, sino
hacia la mayoría de los parlamentarios, de los senadores. Mi compañera
también le ha intentado contestar, pero tampoco estaba. Hombre,
educación, eso de lo que tanto hablan ustedes y que por lo visto los
demás no tenemos.

Dicho esto, decía esta señora, que no está, una
cosa que me ha llamado mucho la atención. Decía que respecto al trabajo
decente no poníamos nada más, que era todo un canto al sol. Le voy a dar
una definición de lo que es el trabajo no decente. Por ejemplo, hacer un
contrato de cuatros, pero se trabaja ocho. Por ejemplo, no es decente no
pagar las horas extras. Por ejemplo, no es decente dar de alta en la
Seguridad Social a alguien el lunes, el viernes le volvemos a dar de baja
y el lunes volvemos a darle de alta. Todo eso no es decente. (Aplausos).
Por eso, en esta ley se habla de trabajo decente, porque lo que sí está
claro es lo que no es decente, y quería decírselo porque me parece fuera
de lugar.

Se habla de maquillar datos. Lo siento,
senadora del PP, lo siento mucho, senadora Ruiz-Sillero. En la Orden
del 11 de marzo de 1985, por la que se establecen los criterios del
Sistema Nacional de Empleo para la medición del paro registrado, los
fijos discontinuos nunca han sido considerados trabajadores desempleados,
tampoco cuando gobernaban ustedes, ¿o ustedes no lo sumaban igual? Otra
cosa es un debate, que me parece oportuno, sobre si está bien o no, pero
eso es lo que hay desde el año 1985, así que miren si han tenido tiempo
de cambiarlo! Hasta hoy. ¿Por qué ahora no vale y antes valía? Hombre,
por favor. Vamos a jugar con las mismas cartitas, no con alguna
marcadita. Juguemos a lo mismo. (Aplausos). Yo lo pido por favor. Menos
mal que cuando teníais seis millones de parados lo fijos discontinuos
pasaban como trabajadores en ese momento, porque, si no, el número
hubiera sido infinito. (Aplausos).

Los dineros de Europa, que también se han
criticado. Claro, los dineros de Europa no los hemos currado, aunque con
vuestro boicot. Pues claro que están aquí los dineros de Europa.
(Aplausos). Qué suerte tiene este Gobierno, ¿no? No, no es un problema de
suerte, es un problema de actitud política, de cómo se llega a los
sitios, del apoyo que hemos tenido, pero del apoyo que nos ha faltado de
ustedes y que teníais que habérnoslo dado. En vez de eso, ibais a Europa,
con vuestro anterior líder, a decir que estábamos haciendo barbaridades.
Y, modestamente, creo que es equivocado. Creo que todo ese tipo de
políticas están equivocadas, porque estamos hablando de dinero del
Estado, de dinero de todos y de cosas que a todos nos interesan.

Dicho eso, yo no sé si hemos leído el mismo
dictamen del Consejo Económico y Social, porque usted lo ha leído
textualmente. Yo abro comillas y también lo voy a leer textualmente. Le
voy a ahorrar parte de lo que traigo, porque me interesa decir otra cosa.
Abro comillas y leo textualmente lo que dice —usted lo tiene ahí
encima de la mesa y lo puede leer conmigo—: Precisamente la falta
de dicha evaluación sistémica, exhaustiva, continuada en el tiempo de las
medidas aplicadas impide valorar adecuadamente el papel de las políticas
activas de empleo y contrastar su eficacia y eficiencia tanto en términos
de objetivos logrados como en el impacto a medio plazo sobre las personas
beneficiarias y el mercado de trabajo en uso de los recursos. Y sigue
diciendo textualmente: El Consejo Económico y Social comparte los
objetivos de empleo que se mencionan en el anteproyecto
—léalo— y, desde luego, la necesidad de aumentar
significativamente la capacidad de las instituciones —repito, de
aumentar significativamente la capacidad de las instituciones— y
los instrumentos y políticas de empleo para alcanzarlos. Este consejo
comparte —textualmente estoy leyendo—, asimismo, la necesidad
de contar con una nueva ley de empleo que permita disponer de los
instrumentos adecuados para afrontar, con las debidas garantías de
eficacia y eficiencia, la envergadura de los problemas y los retos que
tiene ante sí el empleo y el mercado de trabajo en España. Asimismo, el
Consejo Económico y Social reconoce que el anteproyecto incorpora
determinadas novedades que buscan garantizar unas políticas activas de
empleo más eficaces y más eficientes en favor del empleo de calidad.

Todos sabemos que el Consejo Económico y Social
es un organismo donde están empresarios, sindicatos, economía social,
todos, están todos, y, en el fondo, claro, son dictámenes que hay que
consensuar. No es la ley más maravillosa del mundo, pero, hombre, se ve
que, en general, ha habido voluntad política, de verdad, e incluyo a todo
el mundo. En la votación, al final, como queda en el Congreso así
es.

Me va a faltar tiempo para comentar alguna
cosa, pero como la anterior portavoz ha tenido un poquito más de tiempo,
calculo que la presidenta será generosa y también me lo va a conceder a
mí.

Por tanto, el concepto de empleabilidad es un
elemento nuclear en esta ley. Parte de esas cosas que nos está diciendo
el Consejo Económico y Social son las que vienen en esta ley. Claro que
no es maravillosa, claro que se podrían mejorar más aspectos, claro que
hay cosas que, incluso, no han entrado y que a mí personalmente hasta me
duelen, pero, hombre, de ahí a descalificarla completamente me parece que
es un error, de verdad, un error político, pero en fin, cada uno sabrá
cuál es la estrategia que tiene que emplear.

Especial mención merecen las políticas de
emprendimientos para los autónomos. A mí esto me parece importante. Hay
muchas personas que quieren emplearse, y esto también viene contemplado
aquí. En conclusión, se trata de aprovechar los dineros de Europa para
actualizarnos, para modernizarnos —claro que los distintos
servicios públicos de empleo, como bien dices, tienen la competencia y es
una parte importantísima, y la tienen las comunidades autónomas—,
para reconectarnos. En definitiva, con todos los cambios tecnológicos que
se van a producir y que ya se están produciendo, claro que tenemos que
poner al día toda estas cosas.

Quiero destacar también un Plan de empleo para
Canarias, que también viene recogido. Quiero también decir que me parece
muy importante que el salario mínimo interprofesional en este plan de
empleo sea inembargable, porque había algunos magistrados que no lo
estaban entendiendo, pero da igual, se ha hecho, viene recogido aquí
—ahorro para seguir adelante, por no explicarlo más—. Además,
estaremos todos muy contentos por que el salario mínimo interprofesional
haya subido a 1080 euros, estaremos todos contentísimos, es bueno, ¿no?
No es malo. Y, por otra parte, me parece también muy importante lo de los
fondos de compensación por el amianto. Es verdad, no es Ley de empleo,
pero se podrá aprovechar por tantas y tantas personas que tienen cáncer
producido por el amianto y tantas y tantas mujeres que han lavado esos
monos y que tienen cáncer ahora mismo, incluso, habiendo muertos. Y, por
tanto, redoblamos —lo aprobamos aquí también— los fondos para
el amianto.

Y yo, como estamos hablando de empleo —y
ya voy acabando—, creo que no es malo recordar que el 24 de enero
de 2023, hace pocos días, hizo 46 años del cobarde y vil asesinato por
parte de los fascistas de los abogados de Atocha. Y yo quiero acordarme
de ellos. (Aplausos). Y quiero acordarme también de un vasco, de un vasco
de Barakaldo, vasco duro, como era Nicolás Redondo, Nicolás Redondo
Urbieta. Quiero recordarlo, sobre todo, como dijo en el obituario su
secretario de organización de toda la vida, Antón Saracibar, que era un
vasco entre la memoria, el reformismo y la utopía. Y yo me quedo con eso:
memoria, reformismo y utopía.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Señorías, finalizado el debate del Proyecto de
Ley de empleo, se procede a continuación a abrir el plazo de una hora
para que emitan el voto electrónico remoto los senadores autorizados,
desde este momento, en que son las tres y veinte de la tarde, hasta las
cuatro y veinte minutos, y realicen las votaciones reglamentariamente
previstas. Asimismo, les recuerdo que la votación presencial de este
proyecto de ley tendrá lugar una vez finalizado ese plazo, cuando sea
anunciado por la Presidencia.

La señora vicepresidenta, Narbona Ruiz, lee el
punto 5.1.3.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Tiene
la palabra, en primer lugar, para la presentación del dictamen, la
presidenta de la Comisión de Igualdad, la senadora Navarro.

La señora NAVARRO GARZÓN: Gracias,
presidenta.

Proyecto de Ley para la igualdad real y
efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las
personas LGTBI. El proyecto de ley que se somete en este acto a la
consideración del Pleno del Senado y que se tramita por el procedimiento
de urgencia tuvo su entrada en esta Cámara el día 20 de enero de 2023,
fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales. El plazo de presentación de enmiendas finalizó el día 26 de
enero de 2023. A este proyecto de ley se presentaron 2 propuestas de veto
y 249 enmiendas. El día 1 de febrero de 2023 la comisión ratificó la
ponencia, que quedó integrada de la siguiente manera: doña Ana María
Agudíez Calvo, del Grupo Parlamentario Socialista; don Francisco Díaz
Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista; doña María Dolores Etxano
Varela, del Grupo Parlamentario Vasco; doña Ruth Goñi Sarries, del Grupo
Parlamentario Mixto; doña Beatriz Martín Larred, del Grupo Parlamentario
Democrático; don Koldo Martínez Urionabarrenetxea, del Grupo de Izquierda
Confederal; doña Elisenda Pérez Esteve, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana; doña María Teresa Rivero Segalàs, del Grupo
Parlamentario Nacionalista; doña Patricia Rodríguez Calleja, del Grupo
Parlamentario Popular; doña Donelia Roldán Martínez, del Grupo
Parlamentario Socialista, y don Jaime Miguel de los Santos González, del
Grupo Parlamentario Popular.

Ese mismo día se reunió la ponencia para emitir
su informe, que introducía modificaciones en el texto remitido por el
Congreso de los Diputados. Asimismo, en relación con diversos errores
técnicos o de índole gramatical detectados en el referido texto, a la
vista de la nota de la letrada, se efectuaron las oportunas correcciones,
que no tienen la naturaleza de enmienda a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 90.2 de la Constitución.

Se han presentado nueve votos particulares: del
señor Marín Gascón y de las señoras Merelo Palomares y Rodríguez de
Millán Parro, del Grupo Parlamentario Mixto; del señor Sánchez López, del
Grupo Parlamentario Democrático; del señor Martínez Urionabarrenetxea,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal; del señor Mulet García,
del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal; del señor Cleries i
Gonzàlez y la señora Rivero Segalàs, del Grupo Parlamentario
Nacionalista; de la señora Cortès Gès y la señora Pérez Esteve, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu; del Grupo
Parlamentario Vasco; del Grupo Parlamentario Popular; y de los grupos
parlamentarios Vasco, Izquierda Confederal, Esquerra Republicana-Euskal
Herria Bildu y el señor Cleries i Gonzàlez y la señora Rivero Segalàs,
del Grupo Parlamentario Nacionalista.

Quiero agradecer a la ponencia su trabajo y
también agradecer, como siempre, a los servicios de la Cámara y a la
letrada la labor realizada.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, senadora.

A ese proyecto de ley se han presentado dos
propuestas de veto. Para defender la propuesta de veto número 1, del
senador Marín Gascón y las senadoras Merelo Palomares y Rodríguez de
Millán Parro, tiene la palabra la senadora Merelo Palomares.

La señora MERELO PALOMARES: Gracias, señora
presidente.

Muy buenas tardes. Señorías, el Proyecto de Ley
para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía
de los derechos de las personas LGTBI, a nuestro juicio, es un auténtico
despropósito, primero, porque parte de una premisa falsa, un escenario
que no existe en España; segundo, porque trata de resolver ese problema
inventado de manera errónea, porque va a seguir causando daños
irreparables en la gente que ya se están dando en las comunidades
autónomas; porque va a provocar injusticias en muchos campos, como por
ejemplo en el deporte; porque va a causar efectos indeseados y efectos no
buscados; porque genera gran inseguridad jurídica; porque es contrario al
bien común; porque carece de toda base científica, y porque es
totalitaria, aunque se vote en unas urnas en las Cámaras. A continuación
paso a explicar los motivos por los que sostenemos estas
afirmaciones.

Parten ustedes de una falsa premisa: en España
se discrimina a miles y miles de transexuales. No es cierto, y ustedes lo
saben. En España no hay leyes que discriminen por razón de sexo. ¿A
cuánta gente pretenden ayudar cada año con esta ley? Porque, suponiendo
que tuviera unas bases firmes, aceptables por todos y ayudara a una sola
persona, aun así, no estaría justificado que se aprobara una ley para
ello. En todo caso, ¿podrían cuantificar el número de personas que se
verán beneficiadas por ella? ¿Han hecho algún estudio previo con datos
fiables, no inflados? ¿Van a hacer una ley específica para cada uno de
los colectivos que les digan que se sienten ofendidos o que se han
sentido maltratados por alguien? Señorías, para eso ya está el Código
Penal, para frenar los ataques, los insultos y las vejaciones. Todo eso
está ya tipificado. Su último objetivo no es ayudar a estas personas que
se dicen ofendidas, sino destruir toda una forma de entender la vida, la
realidad, el cuerpo, el ser humano, y quien no esté de acuerdo con
ustedes, multa y escarnio público.

Para solucionar ese supuesto problema, en lugar
de fomentar el respeto sin más hacia cualquier persona, ustedes
discriminan y deciden a quién hay que respetar y a quién no; a este
colectivo en concreto sí y a quienes piensan diferente, no; a esos hay
que hacerles el vacío, mirarles mal, quitarles las subvenciones,
imponerles multas. Prefieren dividir a la sociedad española en colectivos
que motivarles a un esfuerzo común por una cultura del respeto, del
respeto por seres humanos simplemente, no por pertenecer a tal o cual
colectivo. No discriminen, señorías del Gobierno; no hagan diferencias
entre españoles de primera, de segunda o de tercera. Señorías, el respeto
se enseña en casa, en el hogar. En la escuela se aprenden Matemáticas,
Lengua, Geografía o Biología. Ese es uno de sus problemas, que cogen la
educación pública, la prostituyen y la convierten en un aparato de
propaganda ideológica. A ustedes les da igual que nuestros hijos no sepan
ubicar correctamente los ríos de Europa con tal de que se taladren en su
cerebro sus doctrinas perversas. Dejen de manipular y adoctrinar a
nuestros hijos con sus ideologías. Para luchar contra una supuesta
discriminación, van a cambiar la legítima forma de entender la vida y la
sexualidad de millones españoles, además de introducir una serie de
cambios legislativos que van a desencadenar una cascada de consecuencias
nefastas difíciles de parar. Pero luego ustedes con decir que eso no lo
habían previsto, se lavan las manos y ya está.

Dicen velar por el bien de muchas personas y
por hacer una sociedad más justa, pero ¿a quién han escuchado ustedes?
¿Qué testimonios han escuchado? ¿No han oído a nadie que se haya
arrepentido de comenzar una transición de género? ¿No conocen esos
testimonios? ¿Los han tenido en cuenta? ¿Por qué no los quieren escuchar?
¿Por qué solo quieren escuchar a una parte de ese colectivo? ¿Por qué no
quieren escuchar a profesionales que llevan décadas tratando a personas
que tienen disforia de género? Es porque seguramente les estropearían el
relato, ¿verdad? Qué pena que por sus afanes electoralistas vayan a
arrastrar a toda la sociedad española a tener que aprenderse no sé
cuántos nuevos conceptos sobre la sexualidad y el género y a olvidar la
Biología. Pero no se preocupen, que nosotros diremos aquí que el rey va
desnudo, y digo que lo diremos aquí porque decirlo fuera, en la calle,
estará prohibido porque lo habrán prohibido ustedes.

Este proyecto va a causar daños irreparables en
la gente. Escuchen los testimonios de personas arrepentidas de haberse
hecho esa transición de género. Como exponemos en el veto, la ideología
de género intenta negar la objetividad biológica de la binariedad sexual
humana mediante falacias, como la interpretación de la intersexualidad
como un tercer sexo. Por ejemplo, Anne Fausto-Sterling habla en su obra
Cuerpos sexuados de cinco sexos: masculino, femenino, herms, merms y
ferms; los tres últimos abarcarían diversas variantes del
hermafroditismo; es decir, anomalías cromosómicas, como el síndrome
Klinefelter, el síndrome de Turner o el síndrome de insensibilidad a los
andrógenos, que dan lugar a genitales ambiguos que parecen mezclar rasgos
de ambos sexos. Ahora bien, la incidencia estadística de tales fallos
genéticos es extremadamente baja: entre un 0,03 % y un 0,09 %. Además,
casi todas estas anomalías pivotan sobre uno de los dos sexos. De ahí que
a menudo esté indicada la cirugía en estos casos no para cambiar de sexo,
sino para suprimir en lo posible la ambigüedad genital, haciendo bascular
genitalmente el organismo hacia el sexo cromosómico. Considerar que la
existencia de una ínfima minoría de personas intersexuales permite negar
la binariedad sexual es, pues, convertir la excepción en regla.

Este proyecto de ley se asienta sobre los
postulados de la teoría de género, como señalan los especialistas en
Psicología Clínica, José Errasti y Marino Pérez Álvarez, autores de la
célebre obra Nadie nace en un cuerpo equivocado. Esta iniciativa asume la
postura queer de la identidad de género como una verdad autoevidente.
Nunca es tratada como un punto de vista polémico entre otros posibles,
sino como una obviedad eterna según la cual se asigna desde el exterior a
los bebés un sexo al nacer en función de los genitales que presentan, el
cual puede coincidir o no con el verdadero sexo del recién nacido, que
poco a poco se irá manifestando durante el desarrollo a través de su
comportamiento. Este proyecto de ley viene a culminar la labor de
demolición social operada por todos los gobiernos autonómicos de todos
los colores en la última década: asumir la autodeterminación de género
como un principio incuestionable, dejando desvalidas a miles de personas
con problemas mentales muy severos.

Además, como ya hemos dicho, van ustedes a
causar un daño irreparable, promoviendo y promocionando esta ideología
entre niños y adolescentes, sembrándoles de dudas en una época de la vida
en la que más bien necesitan certezas y no tanta incertidumbre. En una
etapa del desarrollo en el que se ven inundados de hormonas, ustedes
pretenden que sus maestros les hagan dudar, quieren llenar los colegios
de falsos orientadores que, en lugar de ayudarlos, los utilicen para
demostrar la eficacia de sus leyes. Pobres niños… Ustedes son
especialistas en querer solucionar problemas que no existían creando
otros problemas nuevos. Si la realidad no les cuadra, con su teoría
modifican la realidad para que les cuadre, ¡fenomenal! Además —y
ustedes lo saben—, van a provocar injusticias en muchos campos,
como en el deporte, donde insisten en que chicos que digan ser chicas
puedan competir en categorías femeninas, y ¡ay de aquel que se queje! ¡Ay
de aquellas nadadoras que rechacen competir con nadadores, como Lia
Catherine Thomas! Hay países donde esto que ustedes venden como la
solución a todos los males ya se ha puesto en marcha y genera más
injusticias de las que intentar remediar. Al final, un mediocre nadador
se ha convertido en toda una campeona a costa de una evidente injusticia
cometida contra el resto de las compañeras: mujeres discriminadas por un
hombre por el simple hecho de que afirma que es una mujer; paradojas de
las feministas de nueva ola. Y si eres feminista, pero no aceptas esto,
eres una feminista radical y discriminadora transfóbica, ¡ea! Eso es lo
que le pasó a J. K. Rowling, la creadora de Harry Potter, lo que le valió
toda una durísima campaña de desprestigio.

Esta ley va a causar efectos indeseados,
efectos no buscados. Quién lo iba a imaginar, dirán entonces, quién lo
iba a sospechar, también dirán. Entonces se rasgarán las vestiduras y
dirán que nadie les advirtió. En primer lugar, nadie les tiene que
advertir, ya que es su responsabilidad traer aquí proyectos legislativos
adecuados, ponderados, sopesados y bien estudiados, y no presentar
chapuzas porque la vida no les da para más, como dicen en Aragón. En
segundo lugar, sean transparentes y cuenten aquí la cantidad de informes
que les han elaborado en contra de esta ley, como se les hizo en el caso
de la ley Montero, donde se les advertía de que iba a conllevar rebajas
de penas y/o excarcelaciones de violadores, pero ustedes ni caso. Ríanse
de los más de 3000 agresores sexuales que verán modificadas sus penas a
la baja gracias al Gobierno de la gente.

Señorías, existen muchos precedentes que nos
muestran qué consecuencias van a tener las políticas a favor de
administrar bloqueadores de la pubertad a menores de edad que
experimenten disconformidad con su sexo biológico. El caso más llamativo
seguramente sea el de la Agencia sueca para la tecnología de la salud
que, ante la enorme escalada de casos diagnosticados de disforia de
género entre chicas de 13 a 18 años, ha decidido recular y ahora trazan
una hoja de ruta más prudente. También es paradigmático el caso de Keira
Bell, en Reino Unido, quien a los 16 años comenzó a recibir tratamientos
hormonales para bloquear el desarrollo de los caracteres sexuales
femeninos. Un año después, recibió hormonas masculinas y se le sometió a
una doble mastectomía cuando cumplió los 20. Cuando, ya más madura, la
joven reflexionó sobre el daño que se le había causado, demandó a la
clínica Tavistock por haberle permitido tomar una decisión tan relevante
siendo menor de edad. El Tribunal Supremo le dio la razón. Si quieren más
ejemplos, pueden preguntar a la Agrupación de madres de adolescentes y
niñas con disforia acelerada, Amanda, una organización española de
familias que busca ofrecer información sobre la disforia de género de
inicio rápido y la importancia del contagio social en su desarrollo. O a
Ángeles Álvarez, portavoz de Contra el Borrado de las Mujeres, que
explica que, mientras la disforia de género clásica tiene una incidencia
de 0,3 por cada 10 000 mujeres y 1 por cada 10 000 hombres, la disforia
de inicio rápido —insólita hasta hace pocos años— afecta a 7
de cada 10 niñas. Esta ley ahondara en esta problemática, ya que, tal y
como está redactada, nada impide que una persona cambie de registro dos
veces. Siguiendo los plazos establecidos en el artículo 44, procedimiento
para la rectificación registral de la mención relativa al sexo, pongamos
que el 1 de enero de 2024 un hombre se autodetermina mujer; el 2 de enero
va al Registro Civil a solicitar el cambio de sexo; el 2 de febrero ya
tienen que haberle llamado para ratificar su solicitud; y el 30 de abril,
a más tardar, deberán haberle comunicado la resolución del expediente;
así, el 30 de mayo, como más tarde, ya tendrá que figurar como inscrito
en el Registro Civil con el nuevo sexo, como mujer. Pero, atención, que
la cosa no acaba ahí. Según el artículo 47, seis meses más tarde puede
comenzar de nuevo a destransicionar sin que nadie se lo impida para, así,
llegar a Navidades siendo otra vez un hombre. Ante esto, nadie se podrá
atrever a señalar que es una absoluta locura, so pena de ser señalado y
censurado. ¿Y si fruto de ese cambio a ser mujer resulta que ha recibido
alguna ayuda económica o ha conseguido obtener un puesto público? Según
el artículo 46.4, no pasa nada ni tiene que devolver lo ganado si vuelve
a ser un hombre. Es decir, que si lleva dos años intentando como hombre,
sin conseguirlo, pasar las pruebas físicas de ser bombero o policía
nacional, se hace mujer, las pasa siguiendo el baremo femenino y, una vez
alcanzada la meta, vuelve a ser hombre. Con la ley en la mano esto se
puede hacer.

Esta ley genera gran inseguridad jurídica
porque tiene muchas lagunas, y eso sin entrar en las disposiciones
transitorias, que son una amalgama de despropósitos que buscan modificar
realidades muy importantes, como ver quién es el padre o la madre de una
criatura en un par de párrafos. Entre las numerosas indeterminaciones del
texto, cabe destacar, en primer lugar, la definición tan vaga y genérica
que hace en su artículo 3 de discriminación de LGTBI-fobia; tan ambigua
como palabras tales como «pudiera», «aparentemente, «pudiera ser
percibida como tales», que dan para que cualquier acto o palabra pudiera
ser discriminación y, por tanto, ser sancionado. Invierte la carga de la
prueba en el artículo 61.1, eliminando la presunción de inocencia, pilar
básico de cualquier ordenamiento jurídico justo. Crea desigualdad ante la
ley, situando al colectivo LGTBI en una posición de privilegio frente al
resto, es decir, tienen derecho a denunciar a alguien sin haber sido
agredidos y sin que se lo pida la persona supuestamente agredida.
¿Estamos ante la creación de una nueva policía moral? Todo esto, unido a
un régimen sancionador ilógico, expuesto en el artículo 76. Del mismo
modo, este proyecto carece de toda base científica. Pregúntenle a los
científicos, traigan a expertos a hablar, pero no pasa nada, que si
alguien no está de acuerdo con esta ideología, con esta mera opinión, se
le sanciona y punto. Que se lo digan a Jesús Barrón, profesor de Biología
y Geología, que ha sido suspendido de empleo y sueldo durante seis meses
por la Comunidad de Madrid por enseñar a sus alumnos que solo existen dos
sexos: masculino y femenino.

Con todo lo que ustedes defienden la ciencia,
díganme ustedes qué tiene de científico esta ideología. Esta ley va a
imponer una ideología a toda la población, adoctrinando a la gente desde
el colegio, a través de los medios de comunicación y censurando cualquier
otro mensaje en contra. Esto tiene un nombre en ciencia política:
totalitarismo. Como les decía, se trata de un proyecto de ley
adoctrinador, como se puede ver en muchos artículos.

Para finalizar, y resumiendo, este proyecto de
ley tiene muchos visos de ser inconstitucional: fomenta la inseguridad
jurídica, es una chapuza jurídica en toda regla, profundiza en la
división de la sociedad española y producirá muchos daños irreversibles
en personas a las que, sin la madurez suficiente, se les empujó a tomar
medidas drásticas sobre su cuerpo. ¿Se responsabilizará entonces el
Estado de indemnizar a las víctimas?

En conclusión, si no abandonan esta senda por
nosotros, háganlo por los miles de jóvenes que se verán perjudicados por
esta ley. El Estado debe velar por la protección social de los españoles,
y especialmente de los menores afectados.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Para la defensa del veto número 2, del Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador De los Santos
González. (Rumores). Señorías bajen el tono, por favor.

El señor DE LOS SANTOS GONZÁLEZ: Muchas
gracias, presidenta.

Señorías, antes de nada, y en respuesta a
algunas de las afirmaciones que se hicieron en la Comisión de Igualdad de
hace hoy una semana, me gustaría citar a Federico García Lorca, cuando al
hablar de teatro dice que este es una tribuna libre para que hombres, y
también mujeres, puedan poner en evidencia morales viejas o equívocas.
Les explico. Desde algunas semanas a aquí, en el Grupo Socialista abusan
del gracejo, que ellos consideran tal, de que yo soy una persona
teatrera, vehemente. Y, además, lo hacen de una forma a través de la cual
pretenden ofenderme. Nada más lejos. Efectivamente, tienen razón sus
señorías socialistas cuando me llaman teatrero, porque la mitad de mi
vida la he dedicado a estudiar el teatro y porque, además, como ya
expliqué, mi madre, que no persona gestante, mi madre, fue la que no
sabiendo cómo ofrecerme herramientas para, desde mi homosexualidad, poder
ser un chaval feliz, decidió apuntarme a teatro. Y como dice Federico
García Lorca, nada tiene que ver el teatro con la mentira. Algunos amamos
el teatro y podemos ser un poco teatreros y otros mienten
permanentemente, como el secretario general del Partido Socialista, hoy
presidente del Gobierno de España. (Aplausos). Y les voy a explicar,
porque, en especial, miente a sus correligionarios, a sus votantes,
cuando, por ejemplo, les decía que nunca pactaría con el Partido Podemos
—y echo en falta a la ministra Montero, porque me gustaría haberle
hecho algunas apreciaciones—. Mentía cuando decía que nunca
gobernaría con los independentistas. Mentía cuando decía que la Ley del
solo sí es sí era maravillosa y aplaudía cada una de las barbaridades
que, por ejemplo, la señora Pam, secretaria de Estado, transmitía por
diferentes medios de comunicación. Pero en cuanto a la pantomima, que no
al teatro, también su secretario general y presidente del Gobierno de
España se lleva todos los trofeos, pues no sé si se acuerdan de aquella
foto con las gafas de sol sobrevolando el territorio europeo; la foto de
la niña Irene, de nueve años, que lo que hacía era copiar la del señor
Trudeau; las partidas de petanca bajo cero, o cuando por Valladolid,
querida señora Cantalapiedra, va como si estuviese en Verano azul,
atravesando sus calles en bicicleta. Pantomima que lo que pretende es
generar una escenografía que oculte sus decisiones nefastas, que lo que
hacen es retroceder en los derechos de los españoles.

Hace poco un ministro de su gabinete decía que,
al ser cesado, en vez de explicarle los motivos, e incluso, de alguna
manera, y tirando de inteligencia emocional, poniéndose en su piel,
solamente pensaba en cómo pasaría a la historia. Dos cuestiones. El señor
Sánchez no se ha dado cuenta de que ya es historia. Y lo segundo, lo que
no sé si está calculando es hasta qué punto sus decisiones van a hacer
que su Gobierno pase a la historia de España por ser uno de los más
nefastos y, sobre todo, de mayor recorte de derechos sociales para los
españoles y para las españolas. (Aplausos). En 2012, señorías, éramos el
segundo país mejor del mundo en lo que a realidades y derechos LGTBI se
refiere. Hoy somos el undécimo, con un Gobierno socialista y con una
ministra de Igualdad de Podemos. En 2018 éramos el quinto país del mundo
mejor para ser mujer. Hoy somos el decimoquinto, y pretenden desde la
bancada socialista venir a explicarnos que son ellos los únicos que han
construido país y que, además, el Partido Popular no ha hecho nada. Yo
les podría explicar y pasarme los 11 minutos que me restan hablando de
cada una de las conquistas que desde aquella bancada (El señor De los
Santos González señala los escaños del Grupo Parlamentario Popular) se
han concatenado para hacer el país que somos hoy. Pero voy a hablar de
muy pocas. Una, el Pacto de Estado contra la violencia machista, de 2017,
que tiene el nombre de Dolors Monserrat, que apoyó, como no podía ser
menos, el Partido Socialista, y en el que, sin embargo, la señora Montero
y Podemos se abstuvieron. Estamos en el Senado, primera mujer presidenta
del Senado, Esperanza Aguirre. Primera mujer presidenta del Congreso, mi
adorada y respetada Luisa Fernanda Rudi, alcaldesa, presidenta
autonómica, una mujer ejemplar (Aplausos) y que ha sabido implementar
medidas efectivas para la igualdad de todos los ciudadanos.

Esta mañana, cuando se hablaba de la Ley de la
interrupción del embarazo, decían sus señorías socialistas cosas como que
a ellas se las debe el progreso. Un pequeño detalle: la portavoz de la
Comisión de Igualdad, el miércoles pasado, cuando hablaba de los avances
en materia feminista y LGTBI, citaba por tres veces al señor Zapatero y
al señor Sánchez, y borraba de un plumazo al señor Felipe González,
hacedor de gran parte de las conquistas sociales que nos han convertido
en un país ejemplar, supongo que porque en este momento no solamente la
Ley trans y el Partido Socialista pretenden borrar a las mujeres, sino
también parte de su historia en tanto en cuanto en esa historia hay
personas que evidencian sus errores absolutos. (Aplausos). Porque no nos
engañemos, yo mismo, el que les habla —querida ministra, gracias
por acompañarnos—, cuando me tocó ser ponente de la Ley del solo sí
es sí con mi querida portavoz, la señora Pedrosa, anunciaba aquí lo que
ya hoy es una realidad, que 405 depredadores sexuales iban a ver
aminoradas sus penas, amén de los que iban a ser excarcelados. Y lo mejor
que se me llamó fue mamporrero. Yo esto lo perdono porque me parece la
típica grandilocuencia del discurso en una Cámara como esta. Y, señora
Montero, me encantaría que usted me explicara la diferencia entre
importante y urgente, porque al ser urgente le han robado ustedes al
debate, el debate. Pero ahora hablaremos de esto, porque hablando de la
Ley del solo sí es sí, y como en la comisión también demostraron que la
Real Academia Española les interesa más o menos lo mismo que la defensa
de los derechos de las mujeres, voy a tirar de lo que yo llamo sororidad
transferida, y voy a ponerme en la piel por unos minutos de la señora
ministra de Igualdad, porque ella tenía perfectamente clara cómo era la
Ley del solo sí es sí. Ella había atendido a todos los preceptos que
decían que iba a ocurrir lo que está ocurriendo. Y ella, en defensa de su
derecho, en tanto en cuanto ministra de un espacio como España, que es
una democracia, tiró para adelante. Y yo, que estoy en las antípodas de
esa idea, le digo que tiene usted todo el derecho a ponerse en contra del
carácter punitivo de las leyes, pese a que todo el mundo le avisó.

Desde 1975 la izquierda radical viene diciendo
que las cárceles no son más que lugares que tienen que acabar.
(Denegaciones de la señora ministra de Igualdad, Montero Gil). Sí,
señoría, le puedo pasar bibliografía al respecto, o incluso textos de la
señora Manuela Carmena cuando en esa misma dirección, en la década de
los 80, hablaba de la falta de necesidad de las cárceles. Y, de verdad,
yo defiendo su labor. No estoy más que en las antípodas. El problema lo
tiene con sus socios de Gobierno, que le han aplaudido. Y yo pregunto:
¿esto es violencia política? Filtran sus conversaciones privadas a medios
de comunicación y machacan, día sí, día también, la que para usted iba a
ser una de sus medidas estrella. ¿Esto es violencia política? No lo sé.
(Aplausos). A este respecto, me gustaría recordar, además, que la Ley del
solo sí es sí, como esta Ley mal llamada trans, no es la ley de la señora
Montero. O sea, el Ministerio de Igualdad hace unos proyectos que se
elevan a infinidad de órganos consultivos, pero también a la
preparatoria, donde se reúnen todos los secretarios de Estado y los
subsecretarios de todos los ministerios, que filtran los textos que
remiten los ministerios. Allí todo era perfecto. El señor Iceta, querida
señora Cantalapiedra, ministro de Deportes, dijo que con la Ley trans no
había ningún problema en el deporte. Tendrá que explicarlo. Pero es que
luego, en el Consejo de Ministros, todos, de forma colegiada, aprobaron
un proyecto de ley en el que, para empezar —y copio enmiendas del
Grupo Socialista—, una de las 26 enmiendas que registró en el
Congreso de los Diputados ponía en peligro el hecho de la defensa de las
víctimas de violencia machista. Repito, el Grupo Socialista en el
Congreso hablaba de cómo la Ley trans ponía en peligro a las víctimas de
violencia machista. Pues esto tenía la rúbrica del señor Sánchez, luego
el responsable último, insisto, era el señor Sánchez. Y aquí hay dos
modelos respecto a la Ley del solo sí es sí, el modelo del
excarcelamiento y las penas aminoradas o el de la prisión permanente
revisable para los asesinatos que sean consecuencia de agresiones
sexuales. (Aplausos). Es decir, el modelo del señor Sánchez y no de la
señora Montero, o no solo de la señora Montero, y el modelo del Partido
Popular, y entonces de Mariano Rajoy.

Tramitación de urgencia. Insisto. La Ley trans
es importante, es importantísima. ¿Hay que dotar de herramientas al
Estado para que las personas que atraviesen experiencias trans, sean
menores, sean adolescentes o sean adultos, tengan asegurados todos sus
derechos? Por supuesto. Pero ¿me pueden explicar, en tanto en cuanto
—perdónenme— ninguno de los que estamos aquí somos expertos,
psicólogos, psiquiatras, médicos forenses, endocrinos, si es justo que le
roben a la ciudadanía, en tanto en cuanto nosotros somos sus
representantes, el derecho a conocer con profundidad cuáles son las
líneas de esta ley, y, por tanto, las consecuencias? Porque las
consecuencias son muy graves. Negaban las de la Ley del solo sí es sí,
pero con esta ley se pone en peligro a las víctimas de violencia
machista, señora Montero. (Aplausos). Algo que me ha quedado claro, que
no les preocupa lo más mínimo, cuando vemos las consecuencias de su Ley
del solo sí es sí. ¿Y por qué digo esto? Porque es cierto que hay una
pequeña apreciación que dice que cuando los actos violentos hayan sido
previos al tránsito, serán juzgados con la identidad anterior. Pero,
oiga, es que los malos son muy malos. Cuando el tránsito lo han hecho
previamente con solo visitar el registro y cometan violencias sexuales,
violencia de género contra las mujeres, y tengan que ser juzgados como
tal, ¿cuál va a ser la solución? Yo solamente les pido que, por favor,
miren a los países de nuestro entorno: Finlandia, Suecia o Reino Unido,
porque en esto no somos pioneros, señora Montero. Ellos ya avanzaron con
estas leyes. Y ahora no solamente las están frenando, sino enmendándolas.
En el Reino Unido, en este momento, uno de los bufetes más importantes de
ese país —por cierto, de corte podríamos decir de izquierdas—
acaba de agrupar a más de mil jóvenes en una denuncia al Estado como
consecuencia de los tratamientos, a los que, según ellos, fueron casi
obligados en la única clínica de transición de la Seguridad Social que
había en Londres. Más de mil casos de personas que hoy dicen que su vida
es infinitamente peor y que sufren, por ejemplo, depresión, intentos de
suicidio, menopausias avanzadas o anorgasmias. ¿Estos mil y pico
ciudadanos y ciudadanas ingleses son peligrosos tránsfobos? ¿Son
fascistas que lo que pretenden es ir en contra de estas normas? ¿O
sencillamente víctimas de una ley que, como esta, señora Montero, no tuvo
la reflexión necesaria?

Y luego viene el tema de la transfobia. Yo he
tenido la suerte de participar, gracias a mi portavoz, a la señora
Rodríguez, en unas jornadas en las que sí hemos dado voz a decenas de
expertos en la materia. Por cierto, la mayoría de ellas —subrayo
ellas— mujeres que vienen del feminismo. No creo que de María
Valcárcel nadie vaya a atreverse a decir en esta Cámara que es una
fascista peligrosa. Pues bien, ella y tantas otras, como poco, ponen en
duda lo que dice esta ley. ¿Es que discrepar nos convierte en tránsfobos?
¿Es que en una democracia no tenemos asegurado el derecho a preguntar por
qué, señora Montero, esta urgencia? ¿Por qué, señora Montero, esta ley?
¿Por qué esta desafección de las víctimas y por qué este borrado de las
mujeres? (Aplausos). Son 45 años de batalla feminista para conseguir ser
uno de los mejores países del mundo, y este 8 de marzo fue la primera vez
que iban separadas por la Ley trans, por la Ley del solo sí es sí y por
cuestiones como la de la prostitución y su necesidad de ser abolida.
Insisto en que en esa jornada pudimos escuchar muchas opiniones que han
enriquecido el criterio de estos que van a hablar hoy aquí desde esta
tribuna y que lo que pretenden es hacerlo de igualdad. No se puede, para
defender los derechos de un grupo, acabar con los derechos de otras. No
se puede obligar a creer en una situación por el simple hecho de querer,
porque entonces, en vez de estar en la Cámara Alta y, por tanto, en parte
de las Cortes Generales, estaríamos en una iglesia.






¿Y qué pasa? Pues que
la ultraizquierda basa gran parte de sus planteamientos en eso, en
cuestiones que son inequívocamente, yo diría, cercanas a los preceptos
fascistas, y que imitan muy mucho a la ciudad del mundo en la que más
tránsitos se hacen, Teherán, la ciudad de los ayatolás.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

En turno en contra, por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la senadora Agudíez Calvo.

La señora AGUDÍEZ CALVO: Gracias, presidenta.
Ministra, buenas tardes; y buenas tardes a todas y a todos.

Señorías, tengo el honor de haber participado
en la ponencia de esta ley y me subo a esta tribuna para hablar de
corazón y con el corazón. Por lo tanto, antes de iniciar mi intervención
me gustaría dar la bienvenida a todas las personas que están en la
tribuna de invitados y enviar un afectuoso saludo a los colectivos LGTBI
y trans aquí presentes y manifestarles el apoyo del Grupo Parlamentario
Socialista y nuestro agradecimiento a todas las mujeres y hombres
activistas que, con su compromiso, valentía y convicción, están
trabajando día a día desde hace décadas con el objetivo de conseguir una
sociedad libre de toda discriminación y exclusión basada en la
orientación e identidad sexual. Gracias por hacer de la dignidad bandera.
Gracias de corazón. Les pido un fuerte aplauso. (Aplausos).

Hoy debatimos la Ley para la igualdad real y
efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las
personas LGTBI. Una ley necesaria que va a suponer un gran avance para el
desarrollo del proyecto vital de las personas trans, de las personas
lesbianas, gais, bisexuales e intersexuales, así como de sus familias.
Una ley que va a eliminar los obstáculos que les impide a día de hoy
vivir dignamente. Esta ley, señorías, va de avanzar en derechos y de
seguir avanzando en democracia, porque los derechos de las personas LGTBI
son los derechos de todos nosotros y de todas nosotras. Son derechos
humanos fundamentales para el disfrute de la vida en condiciones de plena
dignidad. Frente a este avance en derechos humanos, se han presentado dos
vetos de dos partidos que cada día tienen más nexos en común.

Prueba de ello es el hecho de que en mi
comunidad autónoma, Castilla y León, PP y Vox gobiernan en coalición. Sí,
hay que decirlo bien alto y bien claro: ha sido el Partido Popular del
moderado Feijóo el que ha metido en las instituciones a la ultraderecha,
que niega la violencia machista, que es la manifestación más cruel de las
desigualdades y de las relaciones de poder entre los hombres y sobre las
mujeres. (Aplausos). Es devastador comprobar cómo en Castilla y León, con
la connivencia, el amparo y el apoyo del Partido Popular del presidente
ausente Mañueco, se afanan en gobernar en contra de las mujeres, en
contra del colectivo LGTBI y en contra de las personas trans, atacando
nuestros derechos. Pero no lo vamos a permitir. No les concederemos el
lujo de cruzarnos de brazos. El feminismo en este país, muy a su pesar,
es imparable y las mujeres de Castilla y León, las mujeres y los hombres
feministas no vamos a parar. No vamos a permitir, en ningún momento, ni
un paso atrás en la defensa de nuestros derechos y de nuestras
libertades. (Aplausos).

Debo confesar que me ha costado leer este veto
panfleto de Vox, pero, en un ejercicio de responsabilidad política, me he
visto obligada a leerlo hasta el final. Catorce páginas del horror y
quince minutos de intervención vomitiva con un solo objetivo: la guerra
cultural de la extrema derecha difundiendo un discurso LGTBI-fóbico,
tránsfobo, antifeminista y antiabortista para mantener a la base de su
electorado en un estado de polarización constante y crear titulares
basados siempre en mentiras y bulos, con el principal y único objetivo de
sembrar la semilla del odio entre los españoles y las españolas. ¿Por
qué? Porque añoran una España en blanco y negro, en la que las minorías
sociales no tengan ni voz ni voto ni derechos. Quieren una España que sea
patrimonio exclusivo de los que arruinaron la España de Lorca, de
Machado, de Miguel Hernández y tantos hombres y mujeres libres que fueron
encarcelados, torturados y fusilados por el simple hecho de soñar
distinto. (Aplausos.— Rumores). Repito, catorce páginas del horror
que el PP va a votar sí. El PP, va a votar sí, que lo sepan ustedes, al
veto de Vox, que es un insulto de principio al fin, en el que hablan de
adoctrinamiento, de ingeniería social, de ideología de género, de
explosión de transexualidad infantil y juvenil, de efecto contagio, de
moda para adolescentes inestables, de adoctrinamiento sexual y
totalitario, de golpe mortal al deporte femenino en España, un sinfín de
barbaridades que el Grupo Popular va a votar sí. Está claro que ustedes
no quieren que vivamos en un país diverso, plural, abierto, tolerante y
respetuoso. Ustedes, señorías de la ultraderecha, alimentan discursos de
odio contra todos aquellos y aquellas que no están dentro de esos
parámetros mentales, contra todos los que no piensan como ustedes. Y,
señorías del Grupo Popular, una vez más se posicionan con la extrema
derecha de este país; repito, una vez más, se posicionan con la extrema
derecha de este país. Asumen como propias las tesis de la ultraderecha y
esa es una terrible manera de poner en peligro la democracia que nuestros
predecesores defendieron en la Transición a ultranza.

Señor de los Santos, de verdad que valoro su
amor al teatro, pero, al menos hoy, en un día tan importante, le pido
menos sobreactuación y más coherencia. (El señor De los Santos
González: Responsabilidad). Señor de los Santos, más coherencia.
(Aplausos). Me voy a explicar. No venga a darnos lecciones de feminismo
ni de igualdad ni de conquistas sociales porque su partido, el Partido
Popular, nunca ha impulsado una ampliación de derechos de las mujeres,
tampoco la ampliación de los derechos de las personas LGTBI ni para las
personas trans, nunca. Nada podemos esperar del Partido Popular. El
Partido Popular es un obstáculo para el avance de la igualdad en España y
para la agenda feminista. (Aplausos). Su veto a esta ley es un rotundo no
a los derechos de las personas trans y al colectivo LGTBI. Podría
entender que ustedes presenten enmiendas con el objeto de mejorar la ley,
pero presentar un veto a esta ley les define claramente y sabemos hacia
dónde van ustedes, señoras y señores del Grupo Popular. Van
involucionando al ritmo que les marca Vox, máxime cuando comunidades
autónomas gobernadas por el Partido Popular disponen de leyes trans de
similares características a las que hoy debatimos. (Rumores). De hecho,
casi todas tienen ya una normativa de protección a las personas LGTBI
trans desde que, en 2012, Euskadi se convirtiera en la primera comunidad
autónoma en contar con una legislación de este tipo. Fue en Andalucía,
sí, en Andalucía, donde se aprobó la primera ley que incorporó la
autodeterminación de género como principio en el año 2014, con un
Gobierno del Partido Socialista y de Izquierda Unida y con el voto
favorable del Partido Popular. ¿Se acuerdan? Con su voto favorable.
Incluso, en el año 2019, todos los grupos parlamentarios aprobaron un
dictamen donde ya se hablaba en estos términos. Señorías del Grupo
Popular, ¿qué ha pasado desde entonces hasta hoy? ¿Por qué en 2014 y
en 2019 lo veían necesario y en 2023 lo rechazan con todo tipo de bulos y
manipulaciones? Y lo que es más grave, apoyan con sus votos el veto de
Vox, cargado de transfobia y de LGTBI-fobia. Por favor, háganselo
mirar.

El Grupo Popular señala en su veto que nos
encontramos ante un texto de ley ideologizado, incorrecto desde el punto
de vista técnico-jurídico, además de cuestionable constitucionalidad por
su afectación directa a los derechos y libertades fundamentales. ¡Qué
casualidad! Para ustedes, señorías del PP, todo aquello que significa
avanzar en derechos y en igualdad les suena a inconstitucional. Ustedes,
precisamente ustedes, que cumplen con la Constitución cuando les
interesa. Creo que no hace falta que les recuerde que llevan más de 1500
días incumpliendo la Constitución. (Rumores). Sí, ustedes, tan patriotas
como son. (Aplausos). Además, se atreven a decir que este texto
instrumentaliza los sentimientos de las personas LGTBI trans. (El señor
De los Santos González: ¿Quién ha dicho eso?). ¿No se ha leído el veto?
Porque eso lo dice. Señor De los Santos, usted, que pertenece a este
colectivo, ¿de verdad piensa que esta ley instrumentaliza sus
sentimientos? ¿O más bien hará lo que hizo el otro, mi paisano Maroto, en
relación con el matrimonio igualitario? A ver, ¿qué va a hacer usted? El
PP siempre siembra el miedo en la sociedad y se aferra a las teorías
apocalípticas. Era yo pequeña cuando decían que con la Ley del divorcio
en España se iban a romper todos los matrimonios; después que con la Ley
del aborto todas las mujeres de este país íbamos a abortar; que con la
Ley del matrimonio igualitario se rompían las familias y España iba a ser
Sodoma y Gomorra. Eso sí, ustedes se divorcian, ustedes abortan, ustedes
se casan con sus parejas del mismo sexo, por mucho que hayan votado no a
estos derechos y sigan diciendo que son leyes de dudosa
constitucionalidad. (Aplausos). Su doble moral de toda la vida, digo una
cosa y hago la otra, la que me interesa.

Miren, señorías, España es un país respetuoso,
abierto y abraza la diferencia con solidaridad y con tolerancia y no
podemos vivir en una sociedad donde el 42 % de las personas LGTBI se
sienten discriminadas, el 8 % de las personas LGTBI en España han sido
atacadas en los últimos cinco años, más de la mitad de los menores LGTBI
trans sufren acoso escolar. Por eso, es tan importante esta ley y su
aprobación constituye un reconocimiento al conjunto de personas y
organizaciones del movimiento LGTBI trans de nuestro país. Un aplauso, de
nuevo, para ustedes porque se lo merecen. (Aplausos).

Nuestro compromiso, el compromiso del Partido
Socialista, es aprobar esta ley para desarrollar y garantizar los
derechos y la igualdad de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans
e intersexuales. Sin ninguna duda la agenda feminista guía nuestra acción
política; todos los avances en igualdad tienen la firma socialista y
todos los recursos ante el Tribunal Constitucional para obstaculizar las
leyes en esta materia los ha interpuesto el Partido Popular: la Ley para
la igualdad efectiva, la Ley del aborto de 2010 y la Ley del matrimonio
igualitario, por poner tres ejemplos. Por mucho que el Grupo Popular en
su discurso de hoy quiera abanderar conquistas sociales, la realidad es
bien distinta: ustedes, señoras y señores del Grupo Popular, siempre
votan no a la incorporación de derechos para toda la ciudadanía.

Concluyo con las sinceras palabras de un
querido amigo mío trans, que es un ejemplo de lucha. Me dice: «Ana, pocas
cosas frustran y desgastan más que mirarse al espejo y ser incapaz de
reconocerse a uno mismo. Una lucha diaria que se torna aún más agotadora
cuando tú tienes claro quién eres, pero los que te rodean no lo ven. Así
que tu única opción es ponerte la máscara y comportarte como los demás
esperan de ti. Tras años acudiendo a médicos y gritando al mundo quién
eres, consigues el tratamiento hormonal y te vas reconciliando con ese
espejo, pero la Administración sigue sin reconocerte. Cualquier mero
trámite administrativo se convierte en una auténtica gesta, estás en un
limbo legal. Y por si esto fuera poco, para llevar a cabo este proceso te
ves obligado a pedir ayuda lejos de tu casa, lejos de tu pueblo, lejos de
tu ciudad, porque las leyes de tu comunidad no te protegen». Este amigo
mío es de Castilla y León. Y termina diciendo: «No hay hueco para mí».
Por ti, Álex, por vosotras, por vosotros, por todos, por todas, la ley
trans y la ley LGTBI es ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Mucha
gracias, señoría.

Pasamos ahora al turno de portavoces en
relación con las dos propuestas de veto.

En primer lugar, por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra la senadora Goñi Sarries.

La señora GOÑI SARRIES: Señorías, se trataba de
legislar y proteger de manera efectiva al colectivo LGTBI y a las
personas trans, tengan la edad que tengan y se encuentren en la situación
laboral, personal o civil en que se encuentren. Era imprescindible y
necesario un debate serio, sosegado y tranquilo con toda la sociedad y,
lamentablemente, el Gobierno no lo ha hecho. Este Gobierno, con esta ley,
desprotege al colectivo LGTBI, a las personas trans y a las mujeres. De
nuevo, legislan con los informes en contra, sin dictámenes de expertos y
por el procedimiento de urgencia.

La mal llamada ley trans es una ley incompleta,
no garantista y no aborda los problemas a los que se enfrenta el
colectivo. Como dicen ustedes, esta ley tendrá efectos indeseados entre
la adolescencia y el sufrimiento de estas personas y sus familias. Han
manifestado su desacuerdo profesionales, médicos, expertos, asociaciones
de madres con hijas con disforia de género, asociaciones feministas, los
profesionales que trabajan con jóvenes que se autodefinen como trans, y
los han ignorado a todos. Solo pedían prudencia y modificar la ley para
proteger a los jóvenes más vulnerables, y los han ignorado a todos. Ni
siquiera han escuchado a sus compañeras del PSOE, que pedían ese debate
tranquilo, donde quepamos todos. Esta ley ha roto en pedazos el feminismo
español, ha mostrado grietas en el Gobierno y la ruptura dentro del PSOE.
Carmen Calvo, exvicepresidenta del Gobierno y presidenta de la Comisión
de Igualdad, afirmó que quería una ley trans, pero no esta. Defiende que
la autodeterminación de género puede suponer el borrado de las mujeres y
dañar la lucha por la igualdad. Coincido plenamente con ella. Señorías
del PSOE, no trabajen en contra de las mujeres, no les roben sus derechos
ni las borren.

El enfrentamiento por la ley trans va mucho más
allá del mundo político. Dentro del mundo médico, unos se posicionan a
favor y otros en contra de la norma. Para unos, puede hacer un daño
irreparable a unos menores trans, que están más confundidos y son mucho
más precoces que antes; y otros afirman que ahora podrán hacer una
transición no medicalizada y llevar a cabo solo una transición social.
Esa es la teoría. Sin embargo, prestigiosos psiquiatras afirman que
cambiar de género en el Registro Civil solo es el paso previo para
iniciar un hormonación que será irreversible. Los psiquiatras afirman que
hay un incremento bestial de adolescentes que asumen ser trans sin serlo,
la proporción es de cien a uno. Defienden el diagnóstico en todos los
casos porque, antes de dar o hacer algo que va a ser irreversible, hay
que asegurarse de ello. El Consejo de Estado afirma que la exigencia de
un informe médico será la garantía para la persona. Además, explica que
las legislaciones de los países de nuestro entorno exigen este
diagnóstico para la rectificación registral. Es curioso porque ustedes,
con este tema, no quieren armonizar con Europa. Ya lo hicieron con la
sedición y la malversación, pero con este tema no.

Esta ley vulnera los derechos humanos de los
niños, su derecho a un tratamiento integral de la salud y afecta a la
patria potestad de los progenitores. Marci Bowers, una de las líderes
mundiales del colectivo trans, admite que hay un efecto imitación en los
niños y admite la influencia de sus compañeros en ese auge. Y un informe
demuestra que en España ya existe el contagio social. En los últimos
cinco años, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, las personas
atendidas con disforia de género se han multiplicado un 10 000 % y, en
Cataluña, un 7000 %, con un perfil muy concreto, mujeres de 14 a 25 años.
Ante estos datos, deberíamos actuar con la máxima prudencia, precaución y
protección para los menores.

Esta ley afecta muy gravemente al deporte
femenino. Uno de los efectos de permitir participar a los hombres en
categorías femeninas es que arrebatan plazas, becas y patrocinios a las
mujeres, con la consecuencia indeseable de que mujeres y niñas acaban
abandonando el deporte. No hay igualdad si se incluye en pruebas de
mujeres a varones autoidentificados como mujeres; esa competición es
injusta.

Las personas trans merecen una legislación
garantista, les tenemos que dar respuesta por la discriminación y el
acoso que sufren. Por ejemplo, en el ámbito del desempleo, es uno de los
colectivos que mayor rechazo social y mayor discriminación sufren. Esta
ley avanza poco en derechos. El Gobierno no ha dado la respuesta que
esperaba el colectivo y lo más grave es que va a desproteger a quienes
pretende proteger. El Gobierno se ha rodeado de transactivistas, no ha
observado la realidad y ha ignorado la evidencia científica. Deberían
haber mirado qué ha pasado en otros países, que ya están retrocediendo,
como Finlandia, Suecia o Reino Unido, donde ponen fin a la transición
afirmativa y cuestionan la inocuidad de la transición social. El Gobierno
debería haber reaccionado con valentía y haber escuchado a técnicos,
clínicos y familias, haber observado lo que sucede en el mundo real y no
haberse dejado influir solo por una ideología sectaria.

Votaré en contra de esta ley, que no es buena
ni para las personas trans ni para los menores ni para las mujeres.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Narbona Ruiz): Muchas
gracias, señoría.

Por el mismo grupo, el senador catalán Higueras
tiene la palabra.

El señor CATALÁN HIGUERAS: Muchas gracias,
señora presidenta. Señorías, señora ministra, muy buenas tardes.

Flaco favor se le hace a una ley de esta
naturaleza con la tramitación que ha tenido en la Cámara Alta. Una vez
más, hemos padecido un atropello, un desprecio a la Cámara de
representación territorial. No se puede recibir en esta Cámara un
proyecto de ley el 20 de enero, se dan seis días para presentar los vetos
y las enmiendas y se debate en el Pleno que se convoca el día 7 de
febrero. Esto es un atropello total y absoluto y, sobre todo, como digo,
es un flaco favor el que se le hace a esta ley. Uno no entiende por qué
se quiere obviar el debate, el análisis, la reflexión sobre esta cuestión
o contrarrestar la opinión que tenemos cada uno de nosotros, algo que es
bueno y nos enriquece a todos, y más en el parlamentarismo. Por lo tanto,
lo queremos denunciar. Como tenemos que denunciar que no se puede caer en
la simplicidad de querer hacerlo desde una ideología de género en la que
no se tenga en cuenta otro tipo de puntos de vista, sobre todo que no se
quiera escuchar a profesionales y expertos que trabajan en la materia y
que saben de qué están hablando, incluso también a las propias familias
afectadas.

Nosotros, Unión del Pueblo Navarro, lo hemos
planteado en esta Cámara. Hemos propuesto diferentes comparecencias que
se han rechazado. ¿Por qué no se quiere escuchar al que realmente sabe de
la materia desde el punto de vista de su profesionalidad y de la
evidencia científica? Como dijo el presidente de Castilla-La Mancha
referido a la Ley del solo sí es sí, no se pueden construir trincheras
desde el sectarismo ideológico. También nos parece una irresponsabilidad
que no se haya querido analizar lo que ha ocurrido en otros países que
incluso han sido pioneros en la materia y que en este momento están
rectificando y manifestando planteamientos totalmente diferentes a los
que les llevaron en su día a tomar determinadas medidas. En Suecia
en 2004 se legisló ya la autodeterminación de género. Pues bien, en marzo
del año 2021 se ha rectificado y se ha prohibido el uso de bloqueadores
hormonales para menores de 18 años, restringiéndolos a entornos de
ensayos clínicos. Las nuevas directrices que se establecen en Suecia
dicen que se tiene que realizar una evaluación cuidadosa del nivel de
madurez del paciente para determinar si es capaz de otorgar un
consentimiento informado válido. En el Reino Unido, como se ha dicho, ya
ha habido pronunciamientos judiciales, incluso se ha cerrado una clínica
que practicaba el cambio de sexo en menores porque han considerado que no
era una opción segura. En Finlandia también han aprobado un nuevo
protocolo de tratamiento de la disforia de género en el que se cuestionan
los tratamientos hormonales y los bloqueadores hormonales en niños y
adolescentes.

Señorías, Unión del Pueblo Navarro defiende la
eliminación de la discriminación de las personas LGTBI; que se garantice
su igualdad y la protección de la dignidad personal. Lo único que estamos
reclamando es que se haga desde el rigor y la seguridad jurídica y, en
este caso, de manera especial, también desde la evidencia científica ya
que nos estamos refiriendo a niños y adolescentes. Por cierto, cuando se
critique a aquellos que discrepamos de esta ley, téngase en cuenta a
aquellas formaciones, asociaciones feministas, incluso como se ha dicho,
a la propia exvicepresidenta del Gobierno, la señora Calvo, que también
han manifestado sus discrepancias. Nosotros lo sabemos porque hemos
podido asistir a las discrepancias internas entre los socios de Gobierno
a la hora de abordar esta ley. Por lo tanto, que no se diga que todos son
bondades en ella cuando ustedes mismos discrepan en muchos de sus puntos.
Fíjense si discrepan que hasta en el Congreso de los Diputados
presentaron algunas enmiendas que finalmente fueron rechazadas y no han
traído a esta Cámara. Por consiguiente, que nadie ponga en duda que
todos, también los socialistas, están en contra de esta ley, pero nadie
está en contra de avanzar en derechos y en igualdad; repito, nadie.

Profesionales de la psicología, de la
psiquiatría, la endocrinología, la pediatría y la judicatura han
manifestado su preocupación y su discrepancia, en algunos casos radical,
con algunos apartados de esta ley. Esto es una locura. Va a hacer daño a
mucha gente. Muchos jóvenes que tienen trastornos creen que los van a
arreglar convirtiéndose en trans, cuando no lo son. La ley trans no puede
salir así. No son palabras de Unión del Pueblo Navarro, son del
responsable del Servicio de Psiquiatría del Niño y de la Adolescencia del
Hospital Gregorio Marañón de Madrid. El proyecto no valora en la medida
que sería deseable la participación de los padres y de los profesionales
sanitarios en el proceso de autodefinición sexual de los niños y niñas.
Se debería promover un debate reflexivo, extremar la prudencia en las
actuaciones destinadas a los niños y adolescentes y revisar algunos
aspectos. Esto tampoco lo dice Unión del Pueblo Navarro, lo dice la
Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. El proyecto no
reúne los mínimos requisitos de prudencia ética a la hora de proponer
acciones, ni de respetar la salud y bienestar de las personas
transexuales, y menos de aquellos que creen serlo sin serlo o de aquellas
que hayan descubierto que no lo son y quieran detransicionar. Tampoco lo
dice Unión del Pueblo Navarro, lo dice la Asociación Española de Bioética
y Ética Médica. Lo mismo podríamos decir de la Asociación de Psiquiatría
de la Infancia y la Adolescencia, que advierte de la situación que se
puede generar en menores y adultos, pero de manera especial en los niños
y adolescentes.

Finalmente, señorías, es desgarrador conocer
testimonios de las familias que están viviendo en sus propias carnes
estas situaciones y que, gracias a la Agrupación de Madres de
Adolescentes y Niñas con Disforia Acelerada, Amanda, han puesto en
conocimiento de todos los miembros de esta Cámara: «A mi hija de 16 años
todo el mundo la ayudó en su transición, nadie la cuestionó y creíamos
que la ayudaría a ser feliz. Ahora tiene 23 años y no tiene pecho ni
ovarios ni útero, ni conserva su nombre en el registro. Lo único que
continúa teniendo son sus problemas de salud mental. Ella quiere volver,
no se reconoce como chico, pero nadie le ayuda. Estamos solas». (El señor
presidente ocupa la Presidencia).

Por estos motivos, el Grupo de Unión del Pueblo
Navarro no puede apoyar este proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario Democrático, tiene
la palabra su señoría Sánchez López.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ: Señor presidente, con
la venia.

Señorías, señora ministra, hoy estamos tratando
un asunto clave para nuestra democracia: la libertad y la igualdad de
derechos de la ciudadanía, en este caso de las personas trans; sin
embargo, una vez más, un debate de tan suma importancia y que requiere
detenimiento, pausa y un análisis profundo de lo que conlleva la norma,
se ha visto afectado por las ya recurrentes prisas y trámite de urgencia,
a los que ya nos tienen muy acostumbrados.

Nosotros nacimos como un partido profundamente
comprometido con las libertades individuales, con la igualdad de
oportunidades y con los avances de derechos sociales. Este compromiso se
ha traducido desde el inicio en una acción política con una férrea
defensa de los derechos y libertades de las personas LGTBI y, por
supuesto, de las personas trans. Les voy a contar una anécdota. En la
legislatura pasada, cuando yo era portavoz de mi partido en la Región de
Murcia, aprobamos una de las leyes LGTBI más progresistas de este país y
muy garantista con las personas trans; además, la aprobamos por
unanimidad, y contamos con todos los colectivos y con todo el mundo. Así
que a nosotros que no nos dé lecciones absolutamente nadie.

Las personas trans no deben esconderse; no
deben negarse pese a quien le pese. Para nosotros, el ministerio de
Igualdad ha fallado claramente en su trabajo; no ha sido capaz de
producir una legislación amplia, completa y garantista para las personas
trans. El texto que nos han propuesto deja muchos asuntos sin resolver,
especialmente en materia de menores. Creo que es una de las piedras
angulares, junto con el deporte, de esta ley, generando, porque así es,
una inseguridad jurídica inaceptable para las personas trans. Asimismo,
su tramitación formal, que también importa, no ha estado a la altura del
fondo del asunto; no hemos estado a la altura del fondo del asunto,
ministra. Las prisas siempre son malas consejeras y esconden
improvisación y seguramente mediocridad, con procedimiento de urgencia y
sin querer contar con las comparecencias oportunas, para nosotros
fundamentales, de especialistas en la materia.

Pese a eso, nosotros hemos estado trabajando en
la ley, hemos presentado enmiendas en el Congreso y aquí. Tengo que decir
que le he dado muchísimas vueltas a esta ley y me he calentado mucho la
cabeza. Los menores han sido mi mayor quebradero de cabeza. Créanme, le
he dado muchas vueltas. He revisado —seguramente saldrá aquí—
las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional y, como
les he dicho antes, le he dado muchas vueltas a esta cuestión. En este
sentido, lo relativo a los menores me ha dejado bastante bastante
preocupado después de ponerme en una postura y en otra y de estudiar
sentencias del Supremo y del Constitucional.

El Tribunal Supremo, para que ustedes se pongan
en materia, establece que se considera que las personas menores de edad
también son titulares de determinados derechos —y aquí se agarran
los ponentes de la ley—, aunque con limitaciones y restricciones en
su disfrute, que deben tener una justificación —sigo leyendo—
adecuada y proporcionada a la falta de madurez, repito, proporcionalidad
adecuada a la falta de madurez para ejercer el derecho, que efectivamente
lo tienen, pero hay que ponderar la falta de madurez o no, o en la
protección que la propia Constitución reconoce a los menores, que son los
que hoy estamos desprotegiendo. Pero esta justificación, sigue diciendo
el tribunal, no opera de manera uniforme durante toda la minoría de edad
—efectivamente, no se opera de manera uniforme durante toda la
minoría de edad—, por lo que se admiten modulaciones a lo largo de
este periodo. Señorías, hay gente avispada que coge esta sentencia, la
retuercen, la requiebran y con la indolencia y, reitero, la mediocridad,
intentan sacar unas conclusiones con calzador, sin escuchar a los
expertos. Señorías, es obvio, claro que sí. Es verdad que hay menores que
pueden tener cierta madurez o mucha madurez, pero no todos los menores
tienen la misma madurez; no se puede hacer tabula rasa. Señorías, hay
algunos que ciertamente la tienen, pero otros convendrán conmigo en que
no. Por tanto, no se puede hacer causa general; no se puede hacer tabla
rasa, y no se puede, en mor a una ideología y a un sectarismo patológico,
hacer comulgar a todo el mundo con ruedas de molino en vez de consultar
con los expertos. Pero, claro, ya tienen una larga tradición de saltarse
a los expertos porque ellos, o ellas en este caso, saben más que nadie.
¡Qué van a saber los expertos, si aquí nosotras sabemos más que nadie!
Como les he dicho, he hecho un ejercicio supino de empatía, de ponerme en
uno y otro lado; le he estado dando muchísimas vueltas. ¿Cómo sabemos
quién tiene esa madurez? ¿Cómo se puede saber quién tiene esa madurez en
la minoría de edad? Señorías, es una cuestión complicada. No es una
cuestión baladí. Estamos haciendo un ejercicio temerario, rápido,
deprisa, por la puerta atrás, con urgencia. Todos estamos siendo hoy unos
temerarios. Espero que algún día no se lo tenga que recordar y no les
tenga que afear lo que vamos a aprobar, porque van ustedes a aprobarlo
sin ninguna duda.

En este sentido, me he detenido también a leer
a la señora Reem Alsalem, relatora especial de la ONU, que dice
literalmente: «Es muy peligroso que los niños puedan cambiar sus cuerpos
sin ninguna restricción». Es muy peligroso. Y, señorías, ustedes, como yo
y la señora Alsalem, saben que lo que estamos legislando hoy es sumamente
peligroso; es peligrosísimo e irreversible. Estamos destapando la caja de
Pandora por una cuestión ideológica; además, una cuestión ideológica, por
cierto, señorías, en la que no todos los miembros de su partido están de
acuerdo. Seguramente esta cuestión ha suscitado la ruptura más importante
que ha tenido el Partido Socialista en los últimos años. Esta debería ser
una ley orgánica porque afecta a todos los planos de la vida de las
personas, y, como he dicho antes, se trae al Senado deprisa, corriendo,
por la puerta de atrás y por urgencia. ¿Qué temen, señorías? ¿Por qué no
han querido escuchar a todas y todos los expertos y tratarla como la gran
ley de legislatura que debería ser? ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no
han querido escuchar, por ejemplo, a tantas mujeres históricas
socialistas y feministas que están en contra? ¿Por qué no las han querido
escuchar? ¿Por qué les han dado de lado? ¿Por qué las han apartado?
Señoras que cuando los proponentes de esta ley no habían nacido ya
estaban en la brecha del feminismo, partiéndose la cara y luchando, y
ustedes, señores socialistas, hoy les están dando la espalda. ¿Por qué no
las han querido escuchar? ¿Por qué se han puesto en su contra? Y ¿por qué
las han tirado a la lona? He hablado con muchas de ellas; he hablado con
algunas en mi región, ejemplos del socialismo y del feminismo histórico,
y con algunas en la capital, y, desde luego, están absolutamente
abrumadas y asustadas. Por no ponerles encima de la mesa un lugar común,
solo tengo que remitirme a la señora Calvo, que creo que algo sabe del
socialismo...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando,
señoría.

El señor SÁNCHEZ LÓPEZ:






Que algo sabe de
feminismo, y hoy ustedes, con esta ley, les han dado la espalda.
Reflexionen antes de tener que arrepentirse, como en el caso de leyes
anteriores.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias,
señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Confederal, tiene la palabra el senador Mulet García.

El señor MULET GARCÍA: Gràcies, president.

En primer lugar, quiero saludar a toda la gente
que está en la tribuna siguiendo este debate. Es un placer ver vuestra
cara de alegría, que compartimos. También para la gente que está en casa
siguiendo este debate sin duda es un momento de alegría. Hoy el Senado,
esa Cámara que muchas veces no sabemos para qué sirve, ha demostrado que
servirá para avanzar en el derecho de interrupción voluntaria del
embarazo y avanzar en los derechos del colectivo LGTBI, especialmente del
colectivo trans. Por lo tanto, no tenemos nada más que felicitarnos
porque haremos historia y justicia; tarde, muy tarde, es verdad.
Seguramente queda mucho más camino por recorrer, pero es un paso
adelante. Justicia con las miles de personas que han sufrido durante toda
la historia por ser transexuales; personas que fueron asesinadas,
vejadas, maltratadas por nacer como habían nacido, condenadas muchas
veces a vivir de manera marginal, a malvivir o a morir por nacer
transexuales. Margarida Borràs en 1460 fue presa y torturada y más tarde
asesinada en la horca en público en la plaça del mercat de Valencia por
ser simplemente una mujer transexual; simplemente por eso. Desde
Margarida —antes de ella también— y hasta nuestros días son
miles las personas trans que han sufrido odio, desprecio y maltrato y que
todavía hoy sufren ataques desde la intolerancia, sea esta desde la
extrema derecha, la derecha extrema o desde la cochambre extrema de gente
como Carmen Calvo o Amelia Valcárcel, miembro del Consejo de Estado, que
se pasa todo el día insultando al colectivo trans, y que ustedes permiten
que continúe en el Consejo de Estado. Imagino que se les caerá la cara de
vergüenza, pero nadie le pone el cascabel al gato. (Rumores). Es una
vergüenza que personas tránsfobas estén en el Consejo de Estado,
intentando además imponer su visión carca; intentando patrimonializar su
visión del feminismo para confrontarlo con los derechos LGTBI, algo que
es indecente. Las personas feministas de verdad no pueden ser nunca
tránsfobas, y quien alimenta ese discurso es directamente gente que vive
en el odio constante al diferente. A pesar de esa gente, hoy haremos
justicia.

En el País Valenciá en 2017 también dimos un
paso para hacer justicia con la ley trans autonómica gracias a la
vicepresidenta Mónica Oltra, y no se borró a nadie, no se borró a ninguna
persona. (Rumores). Hoy hay más libertad en el País Valenciá porque
hicimos esa ley trans; y decimos alto y claro que estamos muy orgullosos
de la labor que ha hecho Mónica Oltra en el Gobierno valenciano aunque
les pese. (Rumores).

Solamente hemos presentado una enmienda que
habla de la hiperplasia suprarrenal congénita, una patología muy concreta
que pedimos que se contemple en la modificación del artículo 19.