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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 71, de 17/12/2020
cve: DSCD-14-PL-71 PDF



CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE


Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 71

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MERITXELL BATET LAMAÑA

Sesión plenaria núm. 68

celebrada el jueves,

17 de diciembre de 2020



ORDEN DEL DÍA:


Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados:


- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados acerca del suplicatorio formulado en relación con un señor diputado. (Número de expediente 240/000002) ... (Página7)


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:


- Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria. ('BOE' núm. 303, de 18 de noviembre de 2020). (Número de expediente 130/000035) ...
(Página7)


Enmiendas del Senado:


- Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al
intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 16-1, de 22 de mayo de
2020. (Número de expediente 121/000016) ... (Página22)


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales:


- Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República de Mauricio, hecho en Aqaba el 3 de diciembre de 2019. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 71, de 9 de octubre de 2020. (Número de expediente 110/000041) ...
(Página30)


- Acuerdo de Sede entre el Reino de España y el Consejo Oleícola Internacional, hecho en Madrid el 28 de noviembre de 2019. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 73, de 16 de octubre de 2020. (Número de expediente 110/000042) ... href='#(Página30)'>(Página30)



Página 2





- Acuerdo sobre el Transporte Aéreo entre el Reino de España y la Commonwealth de las Bahamas, hecho en Nairobi el 13 de diciembre de 2018. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 74, de 16 de octubre de 2020. (Número de expediente
110/000043) ... (Página30)


Debates de totalidad de iniciativas legislativas:


- Proposición de ley orgánica de derogación del artículo 315, apartado 3, del Código Penal. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 112-1, de 18 de septiembre de 2020. (Número de expediente 122/000083) ... href='#(Página30)'>(Página30)


Propuestas de creación de subcomisiones:


- Propuesta de la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, de creación de una Subcomisión relativa al análisis de las medidas necesarias para reforzar la
imparcialidad e independencia de autoridades independientes y organismos de regulación, y la protección de la figura del denunciante de los casos de corrupción. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 183, de 20 de noviembre de 2020.
(Número de expediente 158/000014) ... (Página43)


- Propuesta de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de creación de una Subcomisión para el estudio de la actualización del marco normativo y del sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 189, de 4 de diciembre de 2020. (Número de expediente 158/000011) ... (Página43)


Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página43)


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página44)


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página45)


Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página45)


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales. (Votación) ... (Página45)


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página46)


Propuestas de creación de subcomisiones. (Votación) ... (Página46)


SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Se suspende la sesión con carácter público.


Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados ... (Página7)


Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados acerca del suplicatorio formulado en relación con un señor diputado... (Página7)



Página 3





Comienza la sesión con carácter secreto.


Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes ... (Página45)


Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria ... (Página45)


Se reanuda la sesión con carácter público.


La señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital (Calviño Santamaría) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.


En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez Granados, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Bel Accensi, del Grupo Parlamentario
Plural; Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario Republicano; López de Uralde Garmendia, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; Espinosa de los Monteros de Simón, del Grupo Parlamentario VOX, y
Requena Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; y la señora Blanquer Alcaraz, del Grupo Parlamentario Socialista.


Cierra el debate la señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.


Enmiendas del Senado ... (Página22)


Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al
intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información ... (Página22)


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mazón Ramos, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Granados, del Grupo Parlamentario Ciudadanos,
y López Domínguez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; y los señores Figaredo Álvarez-Sala, del Grupo Parlamentario VOX; Suárez Lamata, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Fuentes
Curbelo, del Grupo Parlamentario Socialista.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página30)


Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República de Mauricio, hecho en Aqaba el 3 de diciembre de 2019 ... (Página30)


Acuerdo de Sede entre el Reino de España y el Consejo Oleícola Internacional, hecho en Madrid el 28 de noviembre de 2019 ... (Página30)



Página 4





Acuerdo sobre el Transporte Aéreo entre el Reino de España y la Commonwealth de las Bahamas, hecho en Nairobi el 13 de diciembre de 2018 ... (Página30)


La Presidencia informa de que ningún grupo ha solicitado intervenir en los puntos de referencia. Asimismo indica que los dictámenes se votarán con el resto de las votaciones previstas para hoy.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página30)


Proposición de ley orgánica de derogación del artículo 315, apartado 3, del Código Penal ... (Página30)


En defensa de las enmiendas a la totalidad de texto alternativo intervienen los señores Aizcorbe Torra, del Grupo Parlamentario VOX, y Jerez Juan, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Botran Pahissa, del Grupo Parlamentario Mixto; Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
Cambronero Piqueras, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Rego Candamil y Alonso-Cuevillas i Sayrol, del Grupo Parlamentario Plural; y Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común; y la
señora Fernández Benéitez, del Grupo Parlamentario Socialista.


Propuestas de creación de subcomisiones ... (Página43)


Propuesta de la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, de creación de una Subcomisión relativa al análisis de las medidas necesarias para reforzar la
imparcialidad e independencia de autoridades independientes y organismos de regulación, y la protección de la figura del denunciante de los casos de corrupción ... (Página46)


Propuesta de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de creación de una Subcomisión para el estudio de la actualización del marco normativo y del sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo ... href='#(Página43)'>(Página43)


La Presidencia informa de que estas propuestas se someterán a votación sin debate previo.


Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página43)


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre consolidación de empleo público temporal, con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo
Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, el Grupo Parlamentario Republicano, el Grupo Parlamentario Plural y el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), se aprueba por 70 votos a favor más 187 votos telemáticos, 257; 2
votos telemáticos en contra; y 32 abstenciones más 56 votos telemáticos, 88.



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Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el abordaje del impacto social y sanitario frente a la creciente proliferación de las casas de apuestas y salones de juego, con la incorporación de la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, se aprueba por 102 votos a favor más 211 votos telemáticos, 313; 14 votos telemáticos en contra y 20
abstenciones con voto telemático.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página44)


Sometida a votación la enmienda transaccional presenta por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común y el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar el derecho a la conciliación del trabajo y la familia, especialmente ante las dificultades excepcionales generadas por la
emergencia sanitaria de la COVID-19, se aprueba por 70 votos a favor más 104 votos telemáticos, 174; 57 votos telemáticos en contra; y 32 abstenciones más 82 votos telemáticos, 114.


Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario VOX a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para
que el Gobierno dé su visión sobre la valoración del Gobernador del Banco de España y la Presidenta de la AIReF sobre el cuadro macroeconómico incluido en los Presupuestos Generales del Estado, se rechaza por 32 votos a favor más 119 votos
telemáticos, 151; y 70 en contra más 125 votos telemáticos, 195.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno en el ámbito de la libertad de expresión en España, se rechaza por 32 votos a favor más 109 votos
telemáticos, 141; 70 en contra más 125 votos telemáticos, 195; y 10 abstenciones con voto telemático.


Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página45)


Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, se aprueba por 71 votos a favor más 128 votos
telemáticos, 199; 53 votos telemáticos en contra; y 31 abstenciones más 63 votos telemáticos, 94.


Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 102 votos a favor más 234, 336; 7 votos telemáticos en contra y 3 abstenciones con voto telemático.


Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página45)


Sometida a votación la enmienda al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva
2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información, se aprueba por 102 votos a favor más 236
votos telemáticos, 338; y 8 abstenciones con voto telemático.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales. (Votación) ... (Página45)



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Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República de Mauricio, hecho en Aqaba el 3 de diciembre de 2019.


Acuerdo de Sede entre el Reino de España y el Consejo Oleícola Internacional, hecho en Madrid el 28 de noviembre de 2019.


Acuerdo sobre el Transporte Aéreo entre el Reino de España y la Commonwealth de las Bahamas, hecho en Nairobi el 13 de diciembre de 2018.


Sometidos a votación conjunta los tres acuerdos de referencia, se aprueban por 101 votos a favor más 215 votos telemáticos, 316; y 1 abstención más 29 votos telemáticos, 30.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página46)


Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley orgánica de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se rechaza por 32
votos a favor más 110 votos telemáticos, 142; 70 en contra más 125 votos telemáticos, 195; y 8 abstenciones con voto telemático.


Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley orgánica de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal, presentada por el Grupo Parlamentario VOX, se rechaza por 54 votos telemáticos a
favor; 102 en contra más 188 votos telemáticos, 290; y 1 abstención con voto telemático.


Propuestas de creación de subcomisiones. (Votación) ... (Página46)


Sometida a votación la propuesta de la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, de creación de una Subcomisión relativa al análisis de las medidas
necesarias para reforzar la imparcialidad e independencia de autoridades independientes y organismos de regulación, y la protección de la figura del denunciante de los casos de corrupción, se aprueba por 102 votos a favor más 243 votos telemáticos,
345; y 1 abstención con voto telemático.


Sometida a votación la propuesta de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de creación de una Subcomisión para el estudio de la actualización del marco normativo y del sistema de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, se aprueba por 102 votos a favor más 243 votos telemáticos, 345.


Se suspende la sesión con carácter público.


Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Votación) ... (Página47)


Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados acerca del suplicatorio formulado en relación con un señor diputado ... (Página47)


Continúa la sesión con carácter secreto.


Se reanuda la sesión con carácter público.


Se levanta la sesión a las doce y cincuenta y cinco minutos del mediodía.



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Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


La señora PRESIDENTA: Muy buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.


Continúa la sesión con carácter secreto. Ruego cierren las puertas y desalojen las tribunas, aunque parece que no hay nadie en estos momentos.


Se suspende la sesión con carácter público.


Comienza la sesión con carácter secreto.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:


- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS ACERCA DEL SUPLICATORIO FORMULADO EN RELACIÓN CON UN SEÑOR DIPUTADO. (Número de expediente 240/000002).


Se reanuda la sesión con carácter público.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:


- REAL DECRETO-LEY 34/2020, DE 17 DE NOVIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES DE APOYO A LA SOLVENCIA EMPRESARIAL Y AL SECTOR ENERGÉTICO, Y EN MATERIA TRIBUTARIA. (Número de expediente 130/000035).


La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia
tributaria. Para presentar el Real Decreto-ley tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.


La señora VICEPRESIDENTA TERCERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (Calviño Santamaría): Muchas gracias, presidenta.


Señorías, comparezco hoy ante el Pleno del Congreso de los Diputados, una vez más, para defender la convalidación del Real Decreto-ley 34/2020, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia
tributaria. Se trata de un importante paquete de medidas que viene a sumarse a la red de seguridad que venimos tejiendo desde el pasado mes de marzo, para proteger al tejido productivo, proteger el empleo y las rentas familiares frente a la crisis
que ha causado la pandemia de la COVID. Como todos ustedes saben, desde que se desencadenó la pandemia, el pasado mes de marzo, el Gobierno y este Parlamento han venido aprobando numerosas medidas para dar una respuesta decidida y coherente a la
crisis sanitaria, económica y social.


Los sucesivos paquetes de medidas que hemos venido poniendo en marcha han permitido afrontar, en primer lugar, la fase de shock, la disrupción de la actividad económica que se produjo a resultas de la ruptura de las cadenas de valor
globales, y las medidas de restricción de la movilidad para frenar los contagios, en primavera. Y, en segundo lugar, estas medidas, conforme se iban levantando las restricciones, han permitido poner en marcha un plan de reactivación de la actividad
económica y de recuperación del empleo.


Las medidas más destacadas, dentro de esta red de protección social que se ha venido implementando, son las líneas de avales públicos, canalizadas a través del Instituto de Crédito Oficial y del sector financiero que, hasta este mismo
miércoles, han permitido movilizar 113 000 millones de euros de financiación para las empresas de nuestro país, fundamentalmente las pymes y los trabajadores autónomos; el apoyo público extraordinario a los expedientes de regulación temporal de
empleo, los ERTE, y la prestación extraordinaria para autónomos, que han evitado una destrucción masiva de empleo y han incentivado la reincorporación de los trabajadores a sus puestos, conforme se ha ido normalizando la situación, protegiendo
además, de nuevo, a quienes se han visto afectados por la segunda ola de la pandemia, y otras medidas en el ámbito social para proteger las rentas familiares, especialmente de los colectivos más vulnerables. Todas estas actuaciones nos han
permitido proteger una base sólida de tejido empresarial y económico, amortiguando el impacto negativo de la pandemia y evitando efectos estructurales, más profundos y permanentes, que hubieran podido poner en riesgo la recuperación.



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Gracias a estas medidas, que siguen en vigor a día de hoy, la economía española ha demostrado una gran capacidad de recuperación, cuya prueba más evidente es la evolución del producto interior bruto durante el tercer trimestre de este año,
con un crecimiento del 16,7 %, que ha sorprendido a todos los analistas, tanto por su vigor como por haberse producido en un contexto no normal de ausencia de turismo internacional y con rebrotes importantes en algunos territorios de nuestro país.


Los datos del mercado de trabajo corroboran estas estimaciones. Ya se han recuperado dos tercios de los empleos destruidos entre marzo y abril, estamos hablando de 650 000 puestos de trabajo; se han sobrepasado los 19 millones de
afiliados, y el empleo ha mantenido una evolución positiva en los meses de octubre y noviembre y los primeros días de diciembre. Parte de estos buenos resultados se explican por la adaptación continua que hemos venido acometiendo de las medidas
puestas en marcha, para acompasarlas a las cambiantes circunstancias de la pandemia. Y, desde esa perspectiva de actualización y de adaptación permanente de las respuestas que vamos dando a las necesidades de nuestro tejido productivo, es como se
justifica la presentación del real decreto-ley que debatimos hoy. En efecto, el objetivo fundamental es seguir garantizando la efectividad de la red de seguridad de cara a los próximos meses, hasta que por fin dejemos atrás la situación
extraordinaria generada por la pandemia.


En concreto, la norma que hoy traemos a convalidación plantea modificaciones en la regulación de las líneas de avales del ICO, para dar respuesta a los posibles problemas de solvencia que puedan ir apareciendo, en aras de evitar que
empresas, que eran perfectamente viables antes de la pandemia, pueden acabar cerrando por dificultades temporales de solvencia derivadas de caídas transitorias de la actividad económica. (Rumores). Es decir, señorías, se trata de ayudar a aquellos
proyectos empresariales que, hasta la irrupción de la COVID, eran sostenibles y que, en este momento y de manera coyuntural, pueden estar atravesando tensiones de liquidez o desequilibrios patrimoniales por estas circunstancias extraordinarias.
(Rumores).


La señora PRESIDENTA: Disculpe, vicepresidenta.


Les quiero pedir, por favor, un poco de silencio; hay muchos rumores en la sala y cuesta seguir la intervención.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA TERCERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (Calviño Santamaría): Muchas gracias, presidenta.


Para seguir apoyando estos proyectos durante los meses complicados que aún tenemos por delante, y que estas empresas puedan recuperarse, una vez se normalice la situación sanitaria y económica, planteamos las siguientes modificaciones. En
primer lugar, se amplía hasta el próximo 30 junio de 2021 el plazo para la concesión de los avales de las dos líneas que hay en funcionamiento, la de 100 000 y la de 40 000 millones de euros.


En segundo lugar, se amplía el plazo máximo de los créditos avalados, de forma que los clientes que lo soliciten puedan ver su crédito alargado hasta un máximo de ocho años y el periodo de carencia hasta un máximo de veinticuatro meses. Se
trata de apoyar a empresas solventes y, por eso, para pedir esas ampliaciones los solicitantes no deberán encontrarse en procedimiento concursal ni su préstamo en mora. En este sentido, cabe destacar que más del 73 % de las operaciones concedidas
con cargo a la línea de liquidez tenía un plazo de devolución de entre cuatro y cinco años. Con estas medidas, con estas modificaciones que convalidamos hoy los autónomos y las empresas notarán un importante alivio de su carga financiera, de modo
que dispondrán de más tiempo para recuperar su actividad empresarial y hacer frente a sus obligaciones. Por poner solo un ejemplo, un crédito medio de los concedidos a empresas del sector del turismo, el ocio y la cultura de unos 100 270 euros, al
2,2 % de interés, con un plazo de devolución de cinco años y doce meses de carencia, gracias a este real decreto-ley mantendrá la cuota durante un año adicional en 183 euros, y se reducirá la cuota restante por la ampliación del vencimiento de 2184
a 1487 euros al mes, gracias a este real decreto-ley, como les decía, señorías. Hay que tener en cuenta que, según los datos de cierre del mes de noviembre, los sectores de turismo, ocio y cultura, los de bienes de consumo, el de industria, textil
y moda, el comercio al por menor, concentraron casi un tercio de las operaciones con aval del ICO, por lo que estas medidas que convalidamos hoy pueden ayudar de forma muy notable a proteger la solvencia de los empresarios y autónomos de estos
ámbitos más afectados por la pandemia.


En tercer lugar, con el real decreto-ley se estipula que las entidades financieras deberán mantener los límites de las líneas de circulante hasta el 30 de junio de 2021, que no podrán incrementar de forma



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injustificada el tipo de interés ni exigir la contratación de productos vinculados a sus clientes, y que deberán responder a las solicitudes de ampliación de plazo en un máximo de treinta días.


En cuarto lugar, se prevé una rebaja del 50 % en los aranceles notariales y registrales a la hora de formalizar estas operaciones de ampliación, y se autoriza al Instituto de Crédito Oficial a dirigirse directamente a la Central de
Información de Riesgos del Banco de España para agilizar la comprobación de los impagados que le comuniquen las entidades financieras.


Un segundo bloque de medidas incluidas en el real decreto-ley persigue facilitar el acceso de las empresas a fuentes de financiación alternativas a la bancaria. En este sentido, se permite acceder a la línea de avales del ICO para liquidez
e inversión -la de 40 000 millones de euros aprobada en julio, para entendernos-, a los pagarés que se comercializan en el mercado alternativo de renta fija, el MARF, y se eleva de 500 a 1000 millones de euros el umbral a partir del cual las
empresas deben pasar del mercado alternativo bursátil para pymes en expansión al mercado continuo. Con ello, conseguiremos que estos mercados de pymes en expansión sean más líquidos y profundos y, por tanto, más atractivos para los inversores y más
eficaces en la financiación de las empresas. Estas medidas de apoyo a la financiación son complementarias y adicionales a las que ya se han aprobado por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, para apoyar en particular a las
empresas exportadoras a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, Cesce. En este contexto se ha creado una línea extraordinaria de cobertura de créditos de circulante dotada con 1000 millones de euros, dando así
continuidad a las que se pusieron en marcha el 17 de marzo; se ha ampliado en 100 millones de euros la línea especial de avales y circulante para pymes y empresas no cotizadas, y finalmente se ha creado una nueva línea de cobertura de avales para
empresas cotizadas por un importe de 1000 millones de euros y una vigencia de hasta diciembre de 2021. Son medidas importantes que refuerzan el plan que convalidamos hoy.


Señorías, junto con el refuerzo de los avales para evitar que las empresas viables incurran en problemas de solvencia, con este real decreto-ley el Gobierno plantea también medidas relativas a los procedimientos concursales. Como todos
ustedes saben, en septiembre se aprobaron algunas iniciativas en este ámbito que ahora prorrogamos. Me refiero, por ejemplo, a la suspensión del deber de solicitar la declaración del concurso de acreedores, y de la obligación del juez de admitir a
trámite las solicitudes, que se extienden ahora hasta al 14 de marzo de 2021. Me refiero también a la previsión de que los jueces inadmitan a trámite las solicitudes de incumplimiento de convenios de acreedores y acuerdos de refinanciación, que se
prorrogan hasta el 31 de enero. Está claro que la crisis sanitaria del COVID-19 puede suponer que muchas empresas sufran una caída de sus ingresos que haga que, de forma transitoria y excepcional, se encuentren en las condiciones que normalmente
reflejarían una situación de insolvencia, y que por eso entren automáticamente en algunas de las causas por las que la legislación exige solicitar un concurso de acreedores. Es decir, que la aplicación generalizada de estos requisitos en un
contexto excepcional y transitorio en el que las empresas ven alteradas de forma artificial, si me permiten la expresión, su verdadera situación patrimonial, podría conducir a procesos de insolvencia que acabaran repercutiendo en la estabilidad
económica y financiera del conjunto del país. De ahí que prorroguemos estas medidas, que permitirán seguir apoyando a empresas solventes para que puedan refinanciar o reestructurar su deuda, reforzar sus posiciones de liquidez y solvencia, y
proteger en última instancia el tejido productivo.


Del mismo modo, con el real decreto-ley que sometemos hoy a convalidación se incorporan otras modificaciones de índole económica que permiten prorrogar, prolongar o adaptar medidas ya en vigor. Por ejemplo, se aclaran los sectores
estratégicos en los que se requiere autorización previa para llevar a cabo una inversión por parte de terceros países. Además de forma temporal, hasta el 30 de junio de 2021, se extiende la citada autorización previa a inversiones directas
realizadas por residentes de otros países de la Unión Europea o de la Asociación Europea de Libre Comercio, cuando se trate de sociedades cotizadas o de inversiones superiores a los 500 millones de euros en sociedades no cotizadas de sectores
estratégicos. Se amplía a todo 2021 la posibilidad de que las juntas generales de socios, las asambleas de asociados o los patronatos de las fundaciones puedan celebrarse por medios electrónicos o telemáticos, aunque no se hayan podido modificar
los estatutos sociales. En el mismo sentido, se permite continuar celebrando las juntas generales de sociedades anónimas cotizadas en cualquier lugar del país. También se extiende durante seis meses más, hasta el 30 de junio de 2021, el plazo para
que los ciudadanos puedan cambiar las pesetas que aún posean por euros en el Banco de España, con el fin de compensar las dificultades que ha podido haber durante estos meses a la hora de realizar dicho trámite. Se trata de



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una medida, señorías, particularmente relevante para las empresas del tercer sector y, por último, se alinea la regulación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con la de otros órganos de gobernanza económica, disponiendo que el
presidente, la vicepresidenta y los consejeros nonatos de la CNMV continuarán ejerciendo sus funciones hasta que sean nombrados sus sucesores, con el fin de garantizar el mejor funcionamiento de la institución y su seguridad jurídica.


Más allá de las medidas de apoyo a la solvencia empresarial el real decreto-ley incorpora una serie de modificaciones de la normativa tributaria. En primer lugar, la rebaja hasta el 31 de diciembre de 2021 del IVA aplicable a las
mascarillas quirúrgicas desechables, que pasa del 21 % del tipo general al 4 % del tipo superreducido, uno de los porcentajes más bajos del conjunto de la Unión Europea.


En segundo lugar, prorrogamos hasta el 30 de abril de 2021 la aplicación del tipo cero del IVA a la importación y adquisición de material sanitario como mascarillas, guantes, gafas, gorros, batas impermeables, termómetros o respiradores,
entre otros, que tengan como destino centros sanitarios públicos o privados y entidades de carácter social. Se trata de una medida que la Unión Europea habilitó el pasado mes de abril y que el Gobierno asumió desde el primer momento, y hemos ido
prorrogando desde entonces.


En tercer lugar, con este real decreto-ley se aprueba un suplemento de crédito de 6000 millones de euros para hacer frente al mayor gasto en prestaciones y subsidios al que la Seguridad Social ha tenido que hacer frente por la pandemia, y un
crédito extraordinario de 2300 millones de euros destinado al Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, con el mismo objetivo de garantizar su financiación. A nadie se le escapa que estos dos organismos han tenido que asumir un aumento de costes
muy relevante a resultas de la pandemia, ya que han sido los encargados de gestionar medidas de alivio como los ERTE, la prestación por cese de actividad de los autónomos, las exoneraciones en las cotizaciones sociales, el incremento de las
prestaciones contributivas y los subsidios por desempleo, entre otros.


En cuarto lugar, se realizan modificaciones en deducciones e incentivos fiscales del impuesto sobre sociedades relacionadas con la inversión. Se modifica el impuesto sobre sociedades para poder aplicar la deducción por inversiones
extranjeras en largometrajes cinematográficos a los costes de la fase de producción, como ya se hacía con la fase de pre y posproducción, tema muy importante en un sector en el que España tiene una posición de ventaja competitiva. Se mantiene el
incentivo a las inversiones para los efectos visuales, siempre que los importes de esta deducción no superen las cuantías previstas en la propia normativa comunitaria. Se adapta el marco nacional temporal de ayudas de Estado a los nuevos límites
temporales aplicables a los incentivos fiscales por amortización para determinadas inversiones en el sector del automóvil -otro sector clave de nuestro tejido productivo-, y se eleva del 15 al 50 % la deducción por innovación para pymes,
manteniéndose en el 15 % para el resto de empresas, tal y como marca la normativa europea. Finalmente, el real decreto-ley modifica puntualmente el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, ampliando hasta el 31 de diciembre de 2021 la reserva por
inversiones y la inscripción en el registro de la Zona Especial de Canarias, para adaptar estas medidas a la prórroga de las directrices de ayudas con finalidad regional, aprobada por la Unión Europea, y garantizar así su operatividad.


Este real decreto-ley tiene un último capítulo de medidas que incorporan parcialmente a nuestro ordenamiento jurídico la directiva sobre normas comunes para el mercado interior de gas natural, con modificaciones en varios sentidos. En
primer lugar, se concede una exención temporal hasta julio de 2021 del cumplimiento de determinadas obligaciones del mercado interior, en relación con la separación de las actividades de transporte y comercialización de gas natural a los titulares
de gasoductos de interconexión con países no pertenecientes a la Unión Europea, y que se encuentren ya construidos, para garantizar la seguridad jurídica de las inversiones realizadas. Y en segundo lugar, se incrementa el límite máximo de las
transferencias al sistema eléctrico provenientes de los ingresos de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero hasta un máximo de 1000 millones de euros, y un máximo de 100 millones de euros para las transferencias a
actuaciones de lucha contra el cambio climático.


Señorías, la pandemia que comenzó el pasado mes de marzo nos obliga a mantenernos muy alerta ante los cambios de circunstancias y necesidades de nuestro tejido productivo, y a tomar decisiones y medidas en los plazos más rápidos posibles y
con el máximo de eficacia. Este es el objetivo fundamental de este real decreto-ley que, como los anteriores, quiere seguir acompañando a nuestras empresas, dando respuesta a sus problemas, minimizando los efectos de la crisis económica y social, y
centrándonos en las prioridades que nos han guiado desde el primer momento: proteger la estructura productiva, proteger el empleo y proteger las rentas de las familias. Esta es la vía para proteger la economía española y preservar una base para la
recuperación en las mejores condiciones posibles, para que podamos



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afrontar los meses que tenemos por delante con fuerza, continuando con la senda positiva iniciada en el tercer trimestre del año. Cuento con que los grupos parlamentarios sabrán ver la importancia y, como han hecho con los reales
decretos-leyes anteriores que hemos traído a convalidación, estar al lado de nuestras empresas y trabajadores, dando un voto favorable a la convalidación de este real decreto-ley.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, vicepresidenta. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones interviene, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, señora presidenta; egun on, buenos días.


Hoy debatimos aquí la convalidación del Real Decreto-ley 34/2020, cuyo preámbulo comienza de manera similar creo que al de los treinta y tres reales decretos-leyes previos a la pandemia, un decreto que también expone de forma detallada las
razones de extraordinaria y urgente necesidad que justifican recurrir a este instrumento normativo excepcional. En el actual escenario, con una segunda declaración de estado de alarma y con una segunda ola de contagios, desde luego hay motivos más
que suficientes que justifiquen esa extraordinaria y urgente necesidad para tomar estas medidas urgentes.


Este decreto recoge medidas de apoyo a la solvencia empresarial, medidas del sector energético y en materia tributaria, medidas para favorecer la liquidez, extensión de avales, ampliación de carencia en préstamos con rebaja arancelaria,
exenciones de actos jurídicos documentados, reuniones telemáticas de personas jurídicas de derecho privado, sector energético, impuesto sobre sociedades, IVA, créditos para la Seguridad Social, cambio de pesetas hasta el 30 de junio de 2021,
restricciones a los movimientos de capital, potenciación de los mercados de financiación alternativa, etcétera. Son medidas con las que, desde luego, estamos de acuerdo, pero quiero referirme a algunas de ellas.


En cuanto a las medidas de solvencia empresarial, es cierto que una de las primeras que acordó el Gobierno para amortiguar la crisis derivada del COVID fue la línea de avales ICO, destinada a facilitar la liquidez de autónomos, pymes y
empresas. En definitiva, es una buena medida, pero fue pensada en función de una previsión de recuperación que a día de hoy no acaba de llegar, y es que estamos ante la segunda ola del COVID, que ha obligado a que la mayoría de las comunidades
autónomas también tengan que adoptar unas medidas restrictivas en aquellos sectores que más tienen que ver con la movilidad de los clientes, como es el caso de la hostelería, que han ido desde el cierre a restricciones en cuanto a las horas de
apertura. Ya se presentó también por el Grupo Popular una PNL en la que se solicitaba un aumento de los plazos y el aumento de la carencia en los ICO, y mi grupo se abstuvo porque la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, la señora Calviño,
en aquellos momentos se encontraba negociando la flexibilización de las condiciones de los avales en Europa para adaptarlos a la situación económica actual y equilibrar las ayudas a las empresas, con los riesgos que para el sector financiero puede
acarrear este tipo de medidas. Hoy, mediante este decreto, se modifican los instrumentos que se disponen para evitar mayor morosidad e inestabilidad para las pymes e inestabilidad para la economía, porque lo cierto es que la caída de oferta, el
hundimiento de la demanda y, por tanto, la disminución de ingresos están dando lugar no solo a despidos, sino también a cierres de empresas. Es necesario, pues, actuar sobre la solvencia de las empresas que siguen siendo viables, pero también es
necesario evitar mantener con ayudas públicas a las empresas que no son rentables pero pueden sobrevivir gracias a los créditos obtenidos con este tipo de ayudas. Así, este decreto, como hemos dicho, amplía el plazo de concesión de avales, amplía
el vencimiento, extiende el periodo de carencia y, además, hay un mantenimiento de las líneas de circulante. En definitiva, es una línea de medidas con las que se pretende que las empresas y autónomos puedan disponer de más tiempo para recuperar su
actividad empresarial y hacer frente a sus obligaciones financieras. Creemos que este decreto también es una muestra de que el Gobierno, ante una variación del escenario previsto, va a tener que ser flexible y dinámico para revisar cualquier
desviación que se pueda producir en función de la evolución de la pandemia y adoptar cuantas medidas sean pertinentes -y, como he dicho, hoy este decreto lo hace-, porque son unas ayudas necesarias para que las pequeñas y medianas empresas,
empresarias y empresarios individuales puedan abrir la persiana y la rueda pueda seguir girando.


En cuanto al IVA de las mascarillas, es una medida que llega a lo mejor un poco tarde, pero bienvenida sea. Se han debatido PNL en este sentido en la Comisión y también en este Pleno del Congreso. Se nos



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decía por activa y por pasiva que a lo mejor no se podía; la excusa para no bajar el IVA de las mascarillas era Europa, cuando la Unión Europea lo permitía desde abril. Nosotros ya dijimos que lo que no podía ser era que Europa permitiese
solamente a algunos países y no a otros. Es cierto que la Unión Europea dijo que era ilegal, pero también dijo que no plantearía ningún problema en este contexto extraordinario. Como he dicho, es una medida bienvenida, porque lo que se ha
pretendido por los grupos parlamentarios ha sido conseguir una notable reducción del precio de adquisición de esos productos cuyo uso generalizado, desde luego, se impone en aras de la protección de la salud pública y facilitar, en consecuencia, el
acceso de la ciudadanía a los mismos, máxime cuando hay que tener presente que el correcto uso de estos productos requiere, desde luego, una frecuente reposición. También se extiende el tipo impositivo del 0 % a las entregas de importaciones de
adquisiciones intracomunitarias de bienes necesarios para combatir la COVID, y esta medida se aplica desde el 1 de noviembre hasta el 30 de abril.


En el ámbito concursal, se pretende evitar un aluvión de concursos que en condiciones normales serían viables y, para ello, se extiende hasta el 14 de marzo de 2021 la suspensión del deber de solicitar la declaración del concurso de
acreedores, así como las obligaciones del juez de admitir a trámite las solicitudes de concurso necesario presentado por los acreedores. También nos encontramos con medidas tales como la ampliación del plazo de vigencia durante 2021 para que,
cuando no esté previsto en los estatutos, las juntas generales o asambleas de socios puedan realizarse a través de medios telemáticos. Se rebajan los aranceles notariales y registrales correspondientes a las operaciones relativas a la extensión de
los plazos y se modifica el régimen jurídico que afecta a los movimientos de capitales y transacciones económicas con el exterior.


En definitiva, es un amplio abanico de medidas que, desde luego, nos parecen adecuadas en este contexto. Por ello hemos votado favorablemente a este decreto.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez Granados.


La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidente.


Señorías, en la sesión de Pleno de hoy llega el Real Decreto-ley 34/2020, un real decreto donde una vez más se mezclan varias materias que afectan a distintos sectores y también directamente a los ciudadanos. Dado que son muchas materias
las que contiene, solo podré referirme a algunas de ellas.


Este real decreto-ley por fin recoge una medida que desde Ciudadanos llevamos mucho tiempo solicitando: la extensión del plazo de amortización y carencia de los préstamos concedidos con garantía del Estado, los famosos créditos ICO. Estos
créditos ICO se han convertido en una herramienta necesaria para la supervivencia de nuestro tejido empresarial; una herramienta necesaria, sí, pero insuficiente. Desde Ciudadanos llevamos mucho tiempo pidiendo esta medida, como ya he dicho. Es
imprescindible, dado que no se puede poner en marcha un nuevo negocio de un día para otro. Por muy bueno que fuera el oasis de crecimiento económico del tercer trimestre de 2020, muchísimas empresas de muchísimos sectores todavía hoy siguen
abriendo a pérdidas, porque la realidad que hay en la calle es que los ingresos que logran conseguir no se acercan a los que solían tener antes de la crisis y no saben cómo van hacer frente a esos pagos de créditos ICO. Por tanto, podía ser un arma
de doble filo si no se ampliaba esa carencia. ¿Cómo lo van a pagar, si puede haber nueva restricciones de movimiento? Por eso celebramos que llegue esta medida, pero no es suficiente, señorías, si no aprobamos un programa de ayudas directas como
el que presentó Ciudadanos durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado y que hemos vuelto presentar en el Senado. Ojalá pudiéramos decir que nuestras empresas van a poder pagar todos los préstamos ICO concedidos, ojalá
pudiéramos decir que los mecanismos puestos en marcha por el Gobierno son suficientes, pero, lamentablemente, la duración y profundidad de la crisis provocada por el COVID-19, junto con los problemas estructurales de nuestra economía, hacen que esto
no vaya ser así, por lo menos hasta que no lleguen estos fondos europeos que tanto necesitamos. En cualquier caso, tenemos que estar contentos, porque por lo menos muchos de nuestros autónomos y muchas de nuestras empresas tendrán una pequeña
burbuja de aire para tomar algo de respiro. Nos hubiera gustado que llegase antes, pero mejor tarde que nunca, señora ministra.


Respecto a las inversiones extranjeras, tenemos que recordar que el Gobierno hizo permanente el mecanismo para blindar a las empresas españolas del ataque de inversiones extranjeras que quieren aprovechar la crisis para adquirirlas a precio
de ganga. Lo que parecía una medida excepcional se ha ido



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convirtiendo con el nuevo texto en la nueva normalidad de las empresas españolas, y este real decreto aprovecha e incluye también las inversiones realizadas por residentes de la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio y lo
extiende a sectores como el de la tecnologías desarrolladas al amparo de programas y proyectos de particular interés para España. Ante esta situación, me gustaría pedir al Gobierno, señora ministra, que defina claramente su postura sobre la
suspensión del régimen de liberalización de las inversiones extranjeras. Hemos asistido a tres cambios legislativos en menos de un año, y eso únicamente genera incertidumbre, una incertidumbre que no es buena ni para el mercado ni para atraer
inversores ni para la economía en general. Además, parece que la normativa aprobada por el Gobierno no nos está protegiendo frente a esos ataques de inversores extranjeros, más bien parece que hace desaparecer esa libertad total de inversiones
extranjeras en nuestro país, que deberán contar a partir de ahora con una autorización previa para poder invertir libremente en las empresas de nuestro país. Esto lo que hace, señorías, es alterar de manera sustancial el régimen de las inversiones
en España, ahora también de países europeos, y parece que lo hace con cierta intención de quedarse de forma permanente.


Por último, señorías, también quiero mencionar la bajada del IVA de las mascarillas que incluye este real decreto-ley, una medida que celebramos, claro que sí. De hecho, fue Ciudadanos quien al principio de la crisis, justo antes del
verano, presentó una iniciativa que se llevó a la Comisión de Hacienda, que se aprobó en aquella Comisión y que creemos que a este real decreto llega incompleta. Llega tarde, pero llega, como está pasando últimamente en esta crisis sanitaria y
económica. De verdad, señorías del Gobierno, no cuesta tanto hacer las cosas bien a la primera. Desde Ciudadanos, como he dicho, presentamos esta proposición no de ley, que fue apoyada por todos los partidos de esta Cámara que estaban en esa
Comisión, excepto por los partidos del Gobierno, excepto por PSOE y Unidas Podemos, es más, con el voto en contra de PSOE y Unidas Podemos, con unas excusas tan peregrinas como que se necesitaba permiso de Europa, cosa que ya sabíamos desde entonces
y que se ha confirmado hace muy poco que no era cierta. Podíamos haberlo hecho desde abril, podíamos haber evitado que ciertas compras públicas hubieran tenido los problemas que ahora mismo están teniendo y que se estén teniendo que cancelar esos
concursos para compras públicas. Podríamos haber evitado mucho, podríamos haber evitado el gasto a las familias, a las que les cuesta llegar a tener una mascarilla diaria con la que llevar a sus hijos al colegio, por ejemplo. Pues bien, al final
se decidieron a hacer esta rebaja y llega en este real decreto, pero se quedaron a medio camino, porque dejaron fuera tanto las mascarillas FFP2 como las higiénicas y los geles hidroalcohólicos o los guantes quirúrgicos. Ciudadanos presentó una
enmienda a los presupuestos para corregir esta situación, que creemos que es muy importante, y ustedes, señorías del Gobierno nos votaron no, más bien nos la vetaron desde el comienzo. Les anuncio que la hemos vuelto a presentar en el Senado, con
la intención de conseguir que esas mascarillas, que también son necesarias y que muchas personas quieren poder utilizar a diario, tengan una bajada de su IVA.


Votaremos a favor de esta convalidación, señorías, porque incorpora medidas necesarias; necesarias, pero no suficientes. Como les he dicho, no cuesta tanto hacer las cosas bien a la primera, señora ministra, solo hay que tener un poquito
de ambición, escuchar a los ciudadanos y trabajar por los intereses de todos los españoles.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Bel Accensi.


El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidenta.


Señorías, nosotros vamos a votar a favor de este real decreto-ley porque la mayoría de las medidas que implementa han sido reclamadas reiteradamente por parte de nuestro grupo y por parte de este diputado. También les adelantamos que vamos
a pedir su tramitación parlamentaria como proyecto de ley por algunas razones que les voy a mencionar.


Respecto a la posibilidad de la ampliación de los créditos con avales ICO, tanto en cuanto a su duración como en cuanto a su plazo de carencia, era una reclamación que veníamos haciendo al Gobierno, tal como se ha recordado, incluso había
iniciativas parlamentarias en cuya tramitación se nos garantizó por parte del Gobierno que esta medida sería una realidad una vez finalizada la negociación. Aquí está, y creo que es una buena noticia, esencialmente, para las empresas y, obviamente,
para los puestos de trabajo que estas empresas van a poder salvar.



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Las medidas relativas a las sociedades, en cuanto a la tramitación o la gestión telemática de las juntas generales, también eran reclamadas por parte del sector y nos parecen acertadas. Respecto a la posibilidad de retrasar la presentación
de solicitud de concurso, que se amplía, también es una buena medida, pero presentaremos alguna enmienda. Nuestro compañero de Junts, Jaume Alonso-Cuevillas, se lo ha recordado en diferentes ocasiones: no solo debe hacerse para el concurso, sino
también para aquellas que han previsto el preconcurso, porque, si no se resuelve, se ven abocadas a presentar concurso. Por tanto, también se deberá resolver esta cuestión.


En cuanto al tipo cero para el IVA sanitario, también nos parece acertado, pero reitero -se lo dije a la ministra de Hacienda, se lo he dicho usted y también a la ministra de Transición- que esto no debe aplicarse solo a los productos de un
solo uso, porque, si no, se estaría discriminando a aquellos equipos que tienen un doble o un triple uso, por ejemplo, los equipos higiénicos de quirófano, es decir aquellos que se reutilizan. La economía circular se debe pregonar y se debe
aplicar.


En cuanto al IVA de las mascarillas, no le voy a insistir mucho. Sabemos todos cuál ha sido el procedimiento. Yo ahora no voy a afear ninguna de las declaraciones; con todo, celebramos su incorporación y, por tanto, vamos a apoyarla.


Dicho esto, no me voy a extender en el resto de medidas del real decreto-ley, pero voy a hacer algunas reflexiones, porque quedan pocos días -pero quedan algunos- y dos Consejos de Ministros antes de final de año. La primera no se la
pensaba hacer, pero esta mañana, cuando me he despertado, he visto las noticias y me he empezado a preocupar. He visto cómo se ha filtrado un borrador del real decreto-ley en torno a la gestión de los fondos europeos, que no he podido leer
completo, porque nosotros no lo conocíamos. Sinceramente, espero que el Gobierno nos lo explique de forma pedagógica antes de su aprobación, porque, si no, va a ser muy difícil que nos soliciten el voto favorable, aunque nos digan que los fondos
europeos se van a perder o se van a retrasar. Cuando la discusión principal de este real decreto-ley trata sobre los miembros que están en el comité adjudicador de estos fondos, uno se empieza a preocupar. Cuando la polémica es si hay unos
determinados ministros o unos determinados secretarios de Estado, se genera desconfianza dentro del Gobierno en la gestión de estos fondos; pues imagínese qué confianza nos debe generar a los que estamos en la oposición. La ministra me dice que no
será así, y yo espero que nos lo explique, porque también, en lo que he leído en diagonal en estos ochenta folios esta mañana -que, como podrán entender, no ha sido mucho-, he visto un planteamiento un tanto centralizador. Nosotros ya entendemos
que se debe ser ágil a la hora de tramitar estos fondos y que se deberán hacer modificaciones, pero, señora ministra -ayer ya se lo reclamaba al presidente del Gobierno y hoy se lo reclamo a usted-, debe ser sobre todo un procedimiento transparente
y claro, para que todas las empresas, todas las instituciones públicas que puedan concurrir a estos fondos sepan claramente cuáles son las reglas del juego, cuáles son los criterios para la selección y cómo se va a hacer la selección. Si no,
podemos convertir una gran oportunidad en un gran problema.


Como he dicho, supongo que este es un real decreto que el Gobierno quiere aprobar antes de final de año, pues ahora vienen mis deseos navideños o prenavideños antes de final de año para el Gobierno. Yo esperaría dos reales decretos-leyes:
uno -en el que cada vez tengo menos confianza pero que seguramente es el más necesario-, un real decreto-ley que espero que el Gobierno apruebe asignando un fondo de 3000 millones de euros a los ayuntamientos, igual que se asignaron 16 000 millones
de euros a las comunidades autónomas, y dos, un real decreto-ley que proceda a implementar todas estas ayudas que el presidente del Gobierno dijo que se estaban preparando, pero que todavía no han llegado, para todos aquellos sectores económicos que
se han visto afectados por los cierres a causa de la lucha contra la pandemia y que no han tenido las ayudas suficientes. Aquí está el canal Horeca, pero no exclusivamente...


La señora PRESIDENTA: Señor Bel, ha finalizado su tiempo.


El señor BEL ACCENSI: Sí, termino.


Esperemos que los Reyes, los magos de Oriente -no los otros-, nos traigan esto.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bel. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.



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El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Bon dia. Buenos días.


Real Decreto 34 -y van treinta y cuatro- de medidas urgentes, trigésimo cuarta vez por extraordinaria y urgente necesidad y, en la lista de espera de la sufrida Comisión correspondiente, si no he contado mal, el 6, el 8, el 11, el 15 y el
25, poniendo en evidencia a la Comisión y a la Cámara, porque la Cámara luego no hace suya la extraordinaria y urgente necesidad.


Hemos propuesto diferentes medidas y hemos apremiado para que se agilicen los trabajos, porque si es tan extraordinaria y urgente la necesidad para el Gobierno, también debería serlo para los grupos que dan apoyo al Gobierno. Por tanto,
vamos a discutir sobre eso; esto no va con usted, señora ministra. Todo apunta a que este será el último real decreto que debatimos este año en esta Cámara, el último paquete de medidas urgentes para paliar las consecuencias de esta pandemia. A
nadie se le oculta que este ha sido un año extremadamente complicado. Desde el primer momento de la gestión de la pandemia, defendimos que la respuesta que se debía dar desde las administraciones públicas tenía que ser contundente, sin paliativos,
wherever it takes, que no se podían cometer los errores de la crisis de 2008 y que ahora más que nunca eran necesarias las políticas contracíclicas. Nuestra única queja -y el paradigma es el IVA de las mascarillas- es que estamos siendo muy poco
ágiles, señora ministra, usted y nosotros. Lo básico es que consigamos evitar que se rompa la cadena de pagos y salvaguardemos los puestos de trabajo, y está claro que esto solo se puede conseguir mediante la inyección de liquidez en el tejido
productivo. En el mes de marzo aprobaron los préstamos ICO, con un valor de avales de más de 100 000 millones, préstamos a los que se acogieron por necesidad miles de empresas, de pymes, de trabajadores autónomos. Denunciamos abusos por parte de
las entidades bancarias, obligándoles a contratar otros productos financieros, como seguros o suscribir los préstamos, y les emplazamos a controlar esta mala praxis, aunque más que el control creo que han sido la denuncia y la autorregulación de los
bancos; ya sabe usted aquello del paraguas, ¿no? Con la llegada de la segunda ola y quizás a las puertas de una tercera -ojalá que no-, les emplazamos a ampliar el vencimiento de las medidas adoptadas para el cierre de negocios, así como el
periodo de carencia de los préstamos ICO por una razón muy sencilla: ¿cómo van a exigir a los trabajadores autónomos que tienen el negocio cerrado que devuelvan los préstamos si están exactamente en la misma situación que cuando solicitaron el
préstamo? Es imposible. Aplaudimos que se trabaje en buena lógica. Si la razón que les llevó a adoptar esta medida era evitar que las empresas quebrasen y el objetivo actual sigue siendo el mismo, es lógico que se adopten estas medidas que hoy se
aprueban. Es nada más y nada menos lo que reclama a voces el tejido productivo, como muestran los datos de Pimec en la encuesta del pasado viernes. Estos datos evidencian que más de la mitad de pymes y trabajadores autónomos no pueden devolver
actualmente sus préstamos sin dificultades.


La recuperación económica será más lenta de lo previsto. Usted y yo ya hemos tenido un desencuentro en el diagnóstico sobre el punto en que nos encontramos, y quizá sea esa razón. En lo que sí creo que estamos de acuerdo es en que lo que
le conviene al tejido productivo son ayudas directas y moratorias en los pagos de las cotizaciones a la Seguridad Social, condiciones que ya puso sobre la mesa Esquerra Republicana. Señores del Gobierno, hay que asegurarse de que las ayudas llegan
capilarmente a todos y de que no las captan solo las grandes empresas. Ya lo ven. Mano tendida cuando las medidas son las necesarias, aunque haya que insistir, insistir y volver a insistir.


Aprovecho que todo el mundo le trae otras peticiones y comentarios sobre el sandbox financiero, ya que se anuncia que por fin aterriza en España. Con la colaboración de una buena armonía, coordinación y acuerdo entre muchos y diversos
grupos parlamentarios, se aprobó la Ley del sandbox financiero. La pregunta, ministra, es dónde aterrizará. Nosotros proponemos que sea en Barcelona, donde ya existe un hub fintech importante y donde la CNMV está sólidamente establecida y porque
Barcelona es un referente es tecnológico de startups donde la innovación es norma. Por tanto, es el lugar es ideal donde ubicar la innovación financiera y tecnológica y esperamos, porque es muy prometedora, la ubicación del sandbox financiero.


Eso es todo. Muchas gracias. Feliz Navidad y mucha salud para todas y todos ustedes. Bon Nadal. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Capdevila. Igualmente. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor López de Uralde Garmendia.



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El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Presidenta, señora ministra, señorías, abordamos hoy la aprobación de este Real Decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, que
incluye una serie de medidas de índole económica adoptadas ante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. El real decreto, como digo, incluye también medidas de índole energética sobre las que me gustaría detenerme especialmente.


En primer lugar, el real decreto incorpora a nuestro ordenamiento jurídico los cambios introducidos por la Directiva 2019/692, de 17 de abril, sobre normas comunes para el mercado interior de gas natural. El debate sobre el gas está de
actualidad dentro de la vigente Estrategia Europea de Adaptación al Cambio Climático. Ayer mismo el representante del PNV, Aitor Esteban, en esta misma Cámara hacía referencia al gas en el documento europeo sobre transición energética. Aunque la
narrativa dominante a nivel europeo es la de un compromiso con la transición ecológica y con la lucha climática, lo cierto es que existe una pugna fuerte por parte de los intereses gasistas por colarse en esa foto enmarcada por el Pacto Verde
Europeo. En parte lo están consiguiendo y hay un movimiento de países y eurodiputados presionando a diestro y siniestro para conseguir diferentes salvaguardas para el gas. La CE, sin embargo, propuso el martes una revisión de la normativa relativa
a las interconexiones energéticas en la Unión Europea que excluye las infraestructuras de petróleo y de gas de los proyectos que pueden recibir financiación comunitaria; en cambio, prioriza las redes eléctricas de energía marina y los gases
renovables.


El tema del gas merece que nos detengamos, especialmente en mi territorio, Álava, donde hay un proyecto de exploración y explotación de gas que genera una amplia oposición en la población y que está a las mismas puertas de Vitoria. El gas
calienta el clima. Es un combustible fósil que debe quedar, junto al carbón y el petróleo, en el subsuelo si queremos cumplir con los exigentes plazos de descarbonización que marca la ciencia. A pesar de tener menos emisiones que el carbón, sigue
siendo una fuente muy importante de gases de efecto invernadero, sobre todo si incluimos las importantes emisiones fugitivas de metano que se producen en su ciclo y de las que cada vez alerta más la comunidad científica. El metano tiene un
potencial de calentamiento ochenta y siete veces superior al del CO2 en los primeros veinte años de vida, según el IPCC, y es responsable aproximadamente del 25 % del calentamiento observado a día de hoy. No es creíble la excusa de que será solo un
combustible transitorio durante unos años, como intenta vender el sector; la vida media de las infraestructuras de gas en las que se invierte hoy es de unos treinta años para las plantas de generación eléctrica y de ochenta años para los grandes
gasoductos y las terminales de regasificación. No podemos invertir hoy en unas infraestructuras que tendremos que abandonar mañana. Invertir en estas infraestructuras es mucho más caro que invertir en renovables, y el sobrecoste lo pagarán los
usuarios de a pie en sus facturas del gas. En un país con unos cuantos millones de personas en situación de pobreza energética y con la que se nos viene encima, puede ser un drama social de importante calado. Las energías renovables como la eólica
y la solar fotovoltaica son ya la fuente más barata de nueva generación de electricidad en muchos países, entre ellos España.


Quienes hacen las estimaciones del gas que vamos a necesitar son los operadores de transporte, es decir, las mismas empresas -como la española Enagás- a las que luego se les encarga construir los gasoductos necesarios para hacer frente a esa
pretendida demanda, lo que a estas empresas les ha supuesto ingresar 4000 millones de euros en subsidios del presupuesto público europeo desde 2013. Un negocio redondo, vaya. Estos operadores han sobreestimado sistemáticamente las necesidades
futuras de gas, como es obvio. Entre 2015 y 2019 la sobreestimación de la demanda de gas fue entre el 6 y el 17 % respecto a la demanda real. No hacen falta infraestructuras nuevas, el sistema gasista en Europa es altamente resiliente sin
necesidad de nuevas infraestructuras y podría hacer frente sin problemas en un año de supuestas perturbaciones. Los propios escenarios de la Unión Europea consideran que cumplir con los objetivos climáticos de 2030 provocará una caída en la demanda
de gas del 29 %, lo que convierte en innecesarios prácticamente todos los proyectos de infraestructura de gas proyectados a día de hoy.


En definitiva y por lo que respecta a este a este real decreto-ley, consideramos que estamos discutiendo una directiva que puede quedar pronto obsoleta, puesto que la propia Unión Europea ya ha anunciado nuevas medidas en lo que respecta a
gasoductos y oleoductos. En todo caso, consideramos imprescindible un mayor control sobre este tipo de infraestructuras, razón por la cual creemos que, al existir un cierto riesgo de menoscabar la competencia, es fundamental que sea el Consejo de
Ministros el que otorgue o deniegue la exención a la que se refiere la directiva.


Por otro lado, la directiva permite, pero no obliga, a que la exención a los gasoductos de transporte con destino u origen en países no pertenecientes a la Unión Europea, cuya construcción hubiera finalizado con anterioridad al 23 de mayo de
2019, sea de veinte años; se trata de un periodo máximo, como bien



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señala el articulado. Planteamos por ello que ese plazo de veinte años se quede en cinco años renovables, propuesta que en ningún caso contradice el límite planteado por la disposición en la normativa comunitaria.


Señorías, el momento actual de crisis está siendo especialmente duro para los colectivos más vulnerables. Por ello, desde Unidas Podemos insistimos en la necesidad de que se prohíban los cortes de suministro -ojo, no solo de electricidad
sino también de gas y agua- a las personas vulnerables, tal y como recogía el pacto de Gobierno. No obstante, y dado que ese punto no es el que se encuentra en discusión en este momento, insistimos en la necesidad de que el actual texto respete la
literalidad del proyecto de ley de cambio climático y transición energética que este mismo Ejecutivo impulsaba recientemente para no incurrir en incoherencias, que sin duda serán cuestionadas en trámites subsiguientes.


Muchas gracias y feliz Navidad. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López de Uralde. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Espinosa de los Monteros de Simón. (Aplausos).


El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, desde el mes de marzo este Gobierno está realizando constantemente un uso fraudulento de este instrumento, que es el real decreto. Un instrumento constitucional -con este ya son 81 reales decretos-leyes aprobados con Pedro
Sánchez- en la que rara vez se aplica la premisa necesaria de la extraordinaria y urgente necesidad que se le exige, como siempre, a los reales decretos. En este año 2020 su Gobierno ha roto el récord de los reales decretos de la historia de la
democracia, provocando un deterioro en la función legislativa de esta Cámara sin precedentes. Querer regular -como hace este real decreto- en una misma norma aspectos tan poco relacionados entre sí, como los préstamos ICO, el mercado interior de
gas natural, el IVA de las mascarillas, el fin del canje de la peseta al euro o las ayudas a las producciones cinematográficas extranjeras, todos ellos elementos importantes pero que no contienen ninguna cohesión interna, suponen un abuso que
sinceramente ninguno de los grupos de esta Cámara debería tolerar. Una vez más, puede que solo quede VOX para decirle que esto es una burla al Poder Legislativo. (Aplausos).


Solo por eso, VOX no puede votar a favor de la convalidación de este real decreto, porque no va a permitir que se siga banalizando y deteriorando la función del Congreso de los Diputados; banalización, señorías, a la que, por cierto,
contribuyen algunos de ustedes. Si antes de ayer tuvimos que soportar el acoso y los insultos al Poder Judicial por parte de diversos grupos de esta Cámara, varios de ellos incluso en la dirección del Estado, ayer a última hora asistimos a un
espectáculo verdaderamente bochornoso de uno de los diputados que menos respeto muestra a diario a esta Cámara y a sus representantes. A los diputados de VOX nos preguntan a diario por la calle: ¿cómo les aguantáis?, ¿cómo podéis aguantarles?
Efectivamente, es muy difícil aguantarles. (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Y solo hay una respuesta posible, señorías, por sentido de responsabilidad, porque representamos a cuatro millones de españoles y porque, aunque tenemos menos experiencia en esta Cámara que
algunos de ustedes, que son incluso abuelos, tenemos la madurez suficiente para entender que no estamos aquí para compartir nuestros sentimientos, sino las ideas de los votantes que nos han elegido. (Aplausos). Por eso, por respeto a todos
nuestros votantes y también por respeto a los suyos nos reservamos lo que pensamos o lo que sentimos acerca de algunos de ustedes, por respeto a todos ellos, y también por respeto a los trabajadores de esta Cámara, muchos de los cuales visten de
uniforme, nos comportamos con el debido decoro, empleamos el tono adecuado, portamos la vestimenta apropiada para la alta función a la que hemos sido elegidos y mostramos la restricción y la contención que ustedes son incapaces de mostrar a
diario... (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: ... demostrando que no están capacitados para la función para la que han sido elegidos. (Aplausos).



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Veo que algunas de sus señorías socialistas se santiguan, como si eso fuera una gracia. Esa es la demostración exacta de que usted, señoría, no está cualificado para ocupar el escaño representando a los españoles, en el que está usted
postrado en este momento. (Aplausos). ¿Sabe lo que sucede, señoría? ¡Que somos mejores que ustedes! ¡Mejores, mucho mejores! Y lo vamos a seguir siendo.


Por cierto, para todas sus señorías separatistas, para todos ellos, no se alteren, para que sirva de recordatorio final, les recuerdo a todos, señores nacionalistas, separatistas y filoterroristas que VOX representa a más españoles que todos
ustedes juntos, y cada vez seguiremos representando a más, porque cada vez vamos a más. (Aplausos.-Rumores).


La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


El señor ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN: Señorías, hagan la suma, matemáticas para progres. Luego se lo explico despacito para que lo entiendan ustedes. (Risas).


Regreso al real decreto. Señora ministra, España es el país que más empresas ha destruido en el último año, más de 100 000; lideramos también la destrucción de empleo, con más de 1 200 000 empleos privados destruidos, según la última EPA,
la encuesta de población activa, y según el Banco de España, el 10 % de las empresas supervivientes ya están en riesgo de liquidación. Sin embargo, el Gobierno trae hoy un real decreto-ley, que en su párrafo dice, sin rubor alguno, que las
necesidades de liquidez de empresas y autónomos han sido cubiertas en gran medida, y lo han hecho gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno, entre las más exitosas de la Unión Europea, dice su real decreto.


Han realizado ustedes la peor gestión de la crisis del planeta en el ámbito sanitario pero también en el económico, pero como lluvia fina siguen inundando todo con un tono de propaganda que, ajena a la realidad, se instala en un triunfalismo
insultante. Ayer el presidente hablaba de moral de victoria. Mire, una cosa es la moral de victoria y otra cosa es engañar a los españoles, día sí y día también. Podrán ustedes engañar a algunos alguna vez, pero no a todos, todos los días.
(Aplausos).


Señora ministra, se trataba de tomar medidas contundentes para salvar empresas y salvar empleos y este Gobierno ha dado una de las respuestas más tímidas de Occidente, que no han logrado ni una cosa ni la otra. El instituto europeo Bruegel,
presidido por el expresidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, reveló que España se encuentra como el país que menos estímulo fiscal ha movilizado para la reactivación económica y de las empresas tras la crisis del COVID-19. En el
último informe del FMI sobre cuentas públicas España aparece en el puesto penúltimo de los veinte países analizados. En su último boletín sobre aspectos económicos del COVID-19, Fedea echa de menos ayudas a empresas viables que ayuden a preservar
un tejido productivo esencial durante un periodo de baja actividad que será largo.


Ministra, no es casualidad que España haya destruido el tejido productivo con más intensidad que los países de nuestro entorno, es porque las medidas articuladas para garantizar la suficiente liquidez y empleo han sido manifiestamente
insuficientes. Siento decirle que esto es exactamente lo que le dijimos hace nueve meses, cuando no nos quisieron escuchar y cuando debatimos las primeras medidas económicas para hacer frente a la pandemia, pero España es el único país que encara
la salida de la crisis con subidas de impuestos. Hasta en cuatro ocasiones negó la ministra de Hacienda lo que luego hizo, subir impuestos de IRPF, sociedades, patrimonio, matriculaciones, seguros, plásticos y hasta a los azúcares. El problema,
señora ministra, no son los ICO, que es una de las pocas iniciativas presentada por VOX que el Gobierno ha apoyado; el problema es que junto a ellos el Gobierno nos está conduciendo por el camino de la ruina en una carrera de subidas impositivas y
cargas ideológicas que solo asfixia a los que crean riqueza y empleo. Nos están hundiendo, señora ministra. No dimita usted, dimitan en bloque, porque los españoles no se merecen un Gobierno que les hunda.


Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Espinosa de los Monteros. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso... (Rumores). Señorías, por favor, ocupen sus escaños. (Continúan los rumores). Silencio, por favor.


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Requena Ruiz. (Aplausos).



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El señor REQUENA RUIZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señores del Gobierno, presentan un nuevo real decreto-ley en el que, una vez más, abusan de esta figura legislativa sometiendo esta facultad constitucional legislativa para modificar veinticuatro artículos de once leyes, si no me falla la
cuenta... (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Perdone, señor Requena, espere un segundo porque es imposible seguir su intervención.


El señor REQUENA RUIZ: Sí.


La señora PRESIDENTA: Pido un poco de silencio, por favor. (Pausa). Muchas gracias.


El señor REQUENA RUIZ: Gracias, señora presidenta.


Decía que abusan de esta figura legislativa para modificar veinticuatro artículos de once leyes, involucrar a cinco ministerios y, desde luego, la extraordinaria y urgente necesidad de algunos de los asuntos legislados es poco menos que
imaginativa. Este Gobierno sanchista bolivariano con este real decreto-ley ha venido a demostrarnos que si se lo propone no tiene ningún límite jurídico, ni miramientos, ni escrúpulos.


Desde mi grupo no vamos a participar con nuestro voto afirmativo a legislar de urgencia algunos asuntos de calado, como la modificación de la Ley del Sector de Hidrocarburos, que debería tramitarse como proyecto de ley; no vamos a
participar en que por su falta programa económico y de recuperación la única solución que aporten a los españoles sea endeudarlos por generaciones futuras; no vamos a ser cómplices de la estafa injusta del IVA de las mascarillas de la que ustedes
son responsables. Y es que, señorías, por ejemplo, con este real decreto-ley se traspone una directiva europea que modifica la Ley del Sector de Hidrocarburos y aquí el Gobierno no solo llega meses tarde sino que lo hace de urgencia para modificar
una ley que, en manos del sanchismo, puede poner en peligro la libertad de mercado y la libre competencia. Esta trasposición nos preocupa y nos asusta por cómo va a afectar a la competitividad del sector de la regasificación en España, que es uno
de los mejores del mundo.


Pero además, señores del Gobierno, ustedes son pura incoherencia. Pregúntele a la señora vicepresidenta cuarta y a sus socios de Podemos qué opinión les merece que el presidente Sánchez fuese solo como testigo al acuerdo de compra de gas
natural, que es el que precisamente va a llegar por este gasoducto desde Argelia, porque este acuerdo y la trasposición de la directiva europea es lo que va a permitir tener más gas accesible desde Argelia. Pero ¿qué clase de transición ecológica
es la que nos quieren vender, señores del Gobierno? ¿Cómo nos vamos a creer su discurso ecologista y de lucha contra el cambio climático si llevan más de dos años en el Gobierno y lo que han hecho por el cambio climático ha sido reforzar los
gasoductos para tener más gas, suspender y retrasar la tramitación de la ley de cambio climático, no subastar ni un solo megavatio de energía renovable y llevar el sistema eléctrico a déficit próximos a la ruina? Desde luego pueden estar orgullosos
de lo que están haciendo por el cambio climático, porque ustedes son ecologistas de boquilla, unos cínicos y unos hipócritas.


Señorías, por otro lado, vuelven a legislar el destino de los ingresos de las subastas de derechos de emisión para financiar el agujero que están creando en el sistema eléctrico. En 2019 han liquidado con pérdidas de 527 millones de euros y
nos tememos que en 2020 será mucho peor, por los efectos de la COVID-19 sobre el consumo. Esto evidencia que desde el Partido Popular tenemos razón y hay que reformar el sistema de retribución para que sea estable y rentable y los ciudadanos no
paguen más por la electricidad. Por cierto, lo que ayer anunciaron para la creación de un fondo de sostenibilidad del sistema eléctrico es otro error que van a pagar los agricultores, la industria, el transporte por carretera, el transporte aéreo o
el transporte marítimo. ¿Qué le van a decir a estos sectores cuando se les disparen sus costes y se le suban sus precios? A ustedes les da igual, ustedes no quieren oír hablar de esto. Cuando con la realidad le evidenciamos su fracaso en materia
energética, miran para otro lado y se van a pactar con independentistas y batasunos, y la consecuencia de esto es la quiebra de los servicios públicos.


Señorías, continuando con este real decreto-ley comprobamos que el modelo sanchista de afrontar esta crisis y sus políticas de no recuperación económica es el de disparar mucho más la deuda, esa deuda pública que vamos a pagar todos los
españoles. Este Gobierno -se le ha olvidado decirlo, señora vicepresidenta- en veinticuatro horas nos ha endeudado a todos los españoles en 12 300 millones de euros: los 6000 millones de euros para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social,
los 2300 millones de euros para financiar las prestaciones contributivas y las cuotas de subsidio por desempleo y los 4000 millones



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de euros del SURE para cubrir los ERTE. Y no decimos que no sea necesario -que sí lo es-, lo que decimos es que su modelo económico, el modelo de Sánchez, el modelo de Iglesias, no ofrece alternativas productivas y su solución es el
endeudamiento, mientras nos suben los impuestos y empobrecen a los españoles.


Han sido muchas las ocasiones en las que hemos ofrecido nuestro apoyo, pero la deriva a la que están llevando a nuestro país está en un punto muy delicado, de la que ustedes y solamente ustedes son responsables y no podemos apoyarles.
Señorías, este real decreto-ley es una mentira, un engaño y una tomadura de pelo a los españoles. El artículo 7 trata de la aplicación del 4 % del IVA de las mascarillas. Llevábamos meses desde el Partido Popular insistiendo en que se elimine el
IVA de las mascarillas, pero desde el Gobierno llevaban meses engañándonos mientras se saqueaban los bolsillos de los españoles, más de 1000 millones han recaudado con el IVA de las mascarillas. Nos han mentido sin ningún tipo de vergüenza y siguen
haciéndolo. Estas son las mascarillas (muestra un documento) que hay a la venta: mascarillas higiénicas con y sin especificaciones UNE; mascarillas EPI tipo FFP1, FFP2 Y FFP3 con o sin válvula de exhalación, y luego están las mascarillas
quirúrgicas. La inmensa mayoría de los españoles utiliza las mascarillas higiénicas o las mascarillas EPI que son -¡qué casualidad!- a las únicas a las que no se les rebaja el IVA. Por eso, desde el Partido Popular insistimos en que el IVA se
tiene que eliminar para todas las mascarillas. Pero a ustedes les da igual, porque quieren seguir recaudando y volverán a mentirnos a todos los españoles diciendo que no se puede suprimir el IVA a la totalidad de las mascarillas. Mentirán, como ya
nos tienen acostumbrados. Solo hay que recordar a la ministra Montero cuando el pasado 11 de noviembre dijo aquí que se tomó esa decisión cuando la Comisión Europea confirmó que España no sería sancionada a pagar una multa millonaria por la rebaja
del IVA. Si esta afirmación fuese verdad, si esto fuese cierto, nos demuestra a todos que tenemos el Gobierno más incompetente de toda la Unión Europea porque Francia redujo el IVA el 7 de mayo, Italia lo suprimió el 4 de mayo y Portugal lo redujo
el 23 de abril. (Aplausos). ¿Qué pasa, que en España somos los últimos en enterarnos de lo que pasa en Europa o más bien es que este Gobierno nos miente descaradamente? Probablemente sean las dos cosas, pero lo que es cierto es que en abril la
Unión Europea dijo que no se iba a sancionar a nadie por la rebaja del IVA de las mascarillas. Dígale a la señora Montero que cuando el PP bajó el IVA de determinados productos sanitarios no nos impusieron ninguna multa millonaria, eso es una
mentira y es el pretexto engañoso y falsario que tiene para justificar su propia incompetencia y continuar saqueando el bolsillo de los españoles.


Señorías, termino mi intervención anunciando la abstención de nuestro grupo. El crédito se ha agotado y el Partido Popular no va a participar en un nuevo episodio legislativo desesperado, que es un cajón desastre en el que no quieren la
participación de la oposición ni quieren nuestra ayuda. Llevan ya 34 reales decretos legislativos y prácticamente no han tramitado ninguno. Esa es su forma de gobernar, la del autoritarismo, la de las prisas atropelladas y la de la imposición.


La señora PRESIDENTA: Señor Requena, tiene que terminar, por favor.


El señor REQUENA RUIZ: Termino, señora presidenta.


Esta vez no cuenten con nosotros.


Muchas gracias y feliz Navidad a todos. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Requena. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Blanquer Alcaraz.


La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias presidenta.


Don Iván, su corbata no le da ninguna dignidad; es más, la pierde toda con su actitud amenazante y violenta. Ya está bien. (Aplausos).


Señorías, tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para defender la convalidación del real decreto-ley de apoyo a la solvencia empresarial, al sector energético y en materia tributaria. Un instrumento necesario
-necesario e inaplazable- ante un momento extraordinario, que debe ser que usted no está viviendo, que incluye medidas para seguir paliando los efectos de la crisis COVID sobre las empresas, autónomos y familias y que da continuidad a la estrategia
de contención y apoyo iniciada en el mes de marzo por el Gobierno de España. Una estrategia con la que se están movilizando importantes recursos para luchar contra la pandemia, para apoyar a los más vulnerables y para evitar que se generen



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daños estructurales en el tejido productivo, con políticas públicas que dan alivio y soporte a empresas y autónomos. Medidas de apoyo, sí, señorías, que han permitido que más de 1,5 millones de autónomos hayan recibido alguna prestación,
que más de 2,5 millones de trabajadores hayan sido protegidos con prestaciones sociales y que a fecha de 30 de noviembre se hayan avalado más de 900 000 operaciones de financiación ICO correspondientes a más de 578 000 empresas. Es cierto que la
ayuda siempre se percibe insuficiente, pero, desde luego, es innegable. Un respaldo que en otras crisis, desde luego, nunca se tuvo.


Este Gobierno, de manera competente y responsable está monitorizando las políticas adoptadas, analizando su impacto y su alcance. Un seguimiento que le está permitiendo, ante nuevos rebrotes de la pandemia, responder con más recursos y
nuevas líneas de actuación, como las incluidas en este real decreto-ley, nuevas medidas para continuar facilitando liquidez y flexibilidad para aliviar de manera notable la carga financiera y así dar tiempo para la recuperación y mantenimiento de
las empresas, tal y como ha detallado muy bien la vicepresidenta. No es mi intención reproducirlas todas ellas, pero sí continuar poniéndolas en valor dada su importancia. Porque la ampliación del plazo para la formalización de nuevos créditos
avalados y la ampliación en el vencimiento de los préstamos de la línea de avales del ICO ya formalizados son medidas necesarias que dan oxígeno y estabilidad, y algunos quieren votar en contra de ellas. (Aplausos).


El alcance temporal de las medidas aprobadas en materia concursal son vitales para los sectores más afectados por la crisis y el apoyo adicional a las empresas exportadoras es esencial. Medidas como incentivar más a la innovación en las
pymes, proteger a los sectores estratégicos y adoptar medidas energéticas para continuar luchando contra el cambio climático son sin duda positivas y fundamentales, aunque a algunos les pese. Son medidas importantes porque continuamos adaptándonos
a una realidad muy cambiante, que parece que no se enteran, es muy cambiante. Además, se incrementa la dotación a favor del SEPE y a favor de la Seguridad Social para seguir facilitando el apoyo a los más vulnerables. Es verdad, siempre se puede
pedir más, siempre, pero para ello no es necesario ni menospreciar lo conseguido ni mucho menos insultar al Gobierno, a las grupos que apoyan al Gobierno y a la ciudadanía porque con sus palabras lo único que hacen es insultar a la ciudadanía que
está sufriendo y aquí hay mucha gente que lo que está haciendo es luchar por dar respuestas a esa gente. ¡Ya está bien de amenazas y de insultos! ¡Ya está bien! (Prolongados aplausos).


El Gobierno continúa alineado con lo que están haciendo los países de nuestro entorno. Escúchenme bien. A efectos comparativos, en lo único que estamos a la cola de los países europeos de la eurozona es en la recaudación de ingresos
públicos sobre el total del PIB en la presión fiscal y a los hechos me remito: Francia, 47,4 % de presión fiscal; España, 35,4 % de presión fiscal -12 puntos menos en España-. ¿Dónde está el hachazo fiscal? Díganme dónde está haciendo el
Gobierno un hachazo fiscal. Mientras que las medidas de impulso y ayudas solo difieren en menos de un punto. Así que el esfuerzo fiscal de las medidas de nuestro país es, como mínimo, similar o mayor al de nuestros vecinos. A ver si se aclara ya
la derecha de este Parlamento. No se puede reivindicar más gasto, a la vez que menos ingresos, y más inversión, a la vez que menos déficit y menos deuda, porque además de una incoherencia es un imposible. (Aplausos).


Así que, por último, y no por ello menos importante -déjenme porque si no, no me va dar tiempo-, con este real decreto-ley el Gobierno continúa garantizando la respuesta sanitaria ante la pandemia, a ver si se enteran. En estos meses la
prioridad del Gobierno ha sido, primero, garantizar en el mercado la disponibilidad de material de protección ante un complejo mercado incentivando la producción, asegurando el abastecimiento y el reparto de hasta 55 millones de mascarillas a la
población más vulnerable. Segundo, ha limitado el precio máximo de las mascarillas, garantizando así con éxito precios asequibles. Y, tercero, defender que las medidas relacionadas con el IVA estuvieran armonizadas, dado el carácter europeo del
impuesto. ¿Tan difícil es entenderlo? En este sentido, se ha conseguido aplicar el tipo cero para compras de material de protección de entidades sin ánimo de lucro y, como saben, en este real decreto-ley se prorroga, y además el Gobierno está
trabajando para aplicar el tipo cero para las vacunas. Asimismo, se reduce del 21 % al 4 % el IVA de las mascarillas quirúrgicas desechables para favorecer todavía más su disponibilidad; una reducción que solo se ha llevado a cabo, como se ha
dicho, ya que no está es armonizada y es contraria a la directiva, una vez que se han tenido garantías de que tal bajada no suponía sanción comunitaria. ¿De verdad les parece insuficiente? Tengo la impresión de que sus críticas son un pozo sin
fondo, son críticas tóxicas, faltonas y populistas.



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Por tanto, para terminar, simplemente quiero decirles que donde los críticos ven insuficiencia y tibieza en nuestras medidas, nosotros vemos resiliencia, responsabilidad y prudencia.


La señora PRESIDENTA: Señora Blanquer, tiene que terminar, por favor.


La señora BLANQUER ALCARAZ: En definitiva, todas las medidas incluidas son positivas, están adaptadas en tiempo y forma y, por tanto, votaremos a favor de este real decreto-ley.


Muchísimas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados de los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Blanquer.


Tiene la palabra la señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA TERCERA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (Calviño Santamaría): Señora presidenta, no querría de ninguna manera reabrir el debate que acabamos de tener, pero quería aprovechar,
dado que es la última ocasión que tenemos para hablar, para dejar solamente dos mensajes. Uno, dar las gracias a sus señorías por la colaboración que hemos tenido durante estos meses. Creo que, más allá de los debates, todos deberíamos sentirnos
orgullosos del intenso trabajo desarrollado, que nos ha permitido adoptar todos estos reales decretos-leyes y poner en pie está red de seguridad para apoyar a las empresas y a los ciudadanos de nuestro país. En segundo lugar, desearles de todo
corazón todo lo mejor para las fiestas que tenemos por delante, con mucha prudencia, pero espero que con mucha salud y felicidad con sus familias, y deseo que pronto nos podamos ver en este hemiciclo para discutir temas más de futuro, temas más
positivos y más constructivos para el bienestar de todos nuestros conciudadanos que nos están mirando.


Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, vicepresidenta.


ENMIENDAS DEL SENADO:


- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA, EN TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA (UE) 2018/822 DEL CONSEJO, DE 25 DE MAYO DE 2018, QUE MODIFICA LA DIRECTIVA 2011/16/UE POR LO QUE SE REFIERE AL
INTERCAMBIO AUTOMÁTICO Y OBLIGATORIO DE INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA FISCALIDAD EN RELACIÓN CON LOS MECANISMOS TRANSFRONTERIZOS SUJETOS A COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN. (Número de expediente 121/000016).


La señora PRESIDENTA: Continuamos, ahora sí, con el punto correspondiente ya anunciado de las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en
trasposición de la Directiva 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la directiva 2011/16 por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos
transfronterizos sujetos a comunicación de información.


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Mazón Ramos.


El señor MAZÓN RAMOS: Buenos días. Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, hoy aprobaremos, supongo, una norma de esas que no se pueden considerar mediáticas y apenas polémicas en su paso por todos los trámites anteriores, donde ha habido un debate interesante porque se ha ceñido a cuestiones técnicas,
jurídicas, y además respondiendo a un tono moderado, a un intercambio de pareceres de visiones distintas, eso sí, pero respetables todas. La verdad es que esto ocurre con mucha frecuencia en nuestro trabajo diario en este Parlamento, donde se
deciden asuntos que son importantes y necesarios y que afectan a la vida real, y aquí se ha visto en escritos de muchas asociaciones profesionales. Yo entiendo que esto es muy aburrido para el público en general, pero hoy voy a asumir ese papel.


Este es uno de los casos obligados por la normativa europea, y desde mi partido, el Partido Regionalista de Cantabria, hemos aprovechado para introducir una enmienda en la Ley General Tributaria en la



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disposición primera con algo que estaba pendiente desde el año 2015, durmiendo el sueño de los justos de estas iniciativas que se quedan pendientes. Yo agradezco a sus señorías que hayan permitido incluir esta enmienda porque iguala a la
Comunidad Autónoma de Cantabria, junto con la de Madrid, prácticamente en lo que tienen todas las comunidades autónomas de España, que es la facultad de utilizar el mecanismo de la autoliquidación obligatoria del impuesto de sucesiones y donaciones,
como ocurre con otros impuestos, por ejemplo en el IRPF. Esto proporcionará una mayor seguridad jurídica, una mayor eficacia en la labor de la Administración, y al mismo tiempo también la obligará a prestar un mejor servicio a los ciudadanos porque
tendrá que reforzar sus servicios para ayudarles a la concepción de sus impuestos. La verdad es que la Administración está muy necesitada de modernizar sus procedimientos, sobre todo, de simplificar y reducir los trámites administrativos.


El Gobierno ha anunciado que, con motivo de los fondos de recuperación motivados por la pandemia, aprobará un decreto-ley de reducción de cargas administrativas y ha enviado este borrador a las comunidades autónomas. En lo que yo conozco
puedo decir que está siendo valorado positivamente, desde luego en Cantabria están estudiándolo concienzudamente. Quiero aprovechar que hablamos de este tipo de cuestiones para adelantar algo que, con toda seguridad, va a surgir durante la
tramitación de este real decreto -que supongo que muy probablemente tendrá luego una tramitación ordinaria porque creo que será muy necesario- y es que las medidas que se proponen para las inversiones y los gastos de este Mecanismo de recuperación
se extiendan con carácter general a muchos gastos que se dan con carácter de permanencia. La verdad es que la gestión administrativa cada día es más complicada, por utilizar un calificativo benévolo. Hay muchas tramitaciones inútiles, también es
cierto que muchas provienen de la Unión Europea, y no me refiero al caso de la directiva que estamos debatiendo hoy. Las propuestas de simplificación administrativa no solamente tienen que tener una visión unitaria de reducción de tiempos y
trámites, sino que el objetivo tiene que ser conseguir que haya eficacia en los resultados y seguridad jurídica, pero en una proporción elevada, no infinita, porque, al mismo tiempo, esto tiene que compaginarse con la eficacia a los resultados.


Estamos asistiendo en los últimos tiempos a la ley del péndulo, es decir, que cuando hay coladeros, se establece un gran control, se empiezan a establecer pasos y controles y resulta que acabamos llevando a la Administración a una cierta
parálisis. Creo que es el momento de hacer que este péndulo -que realmente es algo difícil de evitar-, por lo menos, tenga un recorrido menor y no haya tantos cambios como los que estamos viendo en los últimos tiempos, porque al final la
tramitación administrativa es un suplicio. En este borrador de real decreto ya hemos visto que hay cosas que afectan a todo tipo de cuestiones: a la contratación, a las subvenciones, a las agencias nuevamente, a este nuevo mecanismo llamado Perte
de colaboración público-privada, a la evaluación ambiental. Creo que tendremos ocasión de debatirlo. En Cantabria en concreto también se está en esta línea, especialmente en la Ley de Control Ambiental Integrado y en la confección de los planes
generales de ordenación urbana, que también es algo que se está haciendo eterno, como supongo que les pasa a casi todas las comunidades autónomas. En fin, esto lo dejamos para otro debate.


En definitiva, está bien que se pongan controles. En este caso evitar el fraude en todas las transacciones transfronterizas creo que es obligado y mucho más en estos tiempos en los que, probablemente, tengamos que ver algún tipo de
tensiones en un futuro si es cierto que al final el brexit se lleva a cabo como parece que amenaza.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mazón. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores). Muchas gracias, señora Cepeda.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.


Intervendré de manera muy breve. El objeto de modificación de la Ley General Tributaria, que ya debatimos aquí en Comisión, es el de trasponer el contenido de la Directiva 2018/822, que es la relativa al intercambio automático y obligatorio
de información en el ámbito de los llamados mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación e información. Con esta norma lo que se pretende, en definitiva, es tener un mayor control sobre las operaciones fiscales que son consideradas
potencialmente agresivas. Se pretende que las agencias tributarias que corresponda -en nuestros casos serían las forales-, de la



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misma manera que han realizado la trasposición en sus respectivas normativas tributarias propias, obtengan una información completa y pertinente sobre los mecanismos potencialmente agresivos.


En líneas generales, la citada directiva estima que la comunicación de información sobre mecanismos transfronterizos de planificación fiscal, potencialmente agresiva, pueda contribuir de forma eficaz a los esfuerzos por crear un entorno de
equidad tributaria en el mercado interior, estableciendo la obligación de que los intermediarios e intermediarias informen a las autoridades tributarias sobre estos mecanismos que potencialmente podrían utilizarse para prácticas de planificación
fiscal abusiva, elaborando un listado de las características y elementos de las operaciones que presentan claros indicios de elusión o fraude fiscal denominados en la directiva como señas distintivas.


Para nuestro grupo, teniendo en cuenta la importancia del sector naval, de los astilleros en Euskadi, y también en el Estado, quiero reiterar que ponemos en valor que la ley recoja la excepción de la obligación de declarar las operaciones
que se basan en regímenes fiscales comunicados y expresamente aprobados por la Comisión Europea que afectaban al tax lease.


Hoy vuelve esta ley del Senado con un simple cambio a raíz de una enmienda que presentó el Partido Socialista en la que se modifica la disposición transitoria única y que solo afecta al plazo de declaración y, por tanto, mi grupo votará
favorablemente, porque entendemos que esta ley es necesaria y porque desde luego servirá para vigilar todas aquellas operaciones que puedan ser fiscalmente agresivas.


Muchas gracias. Desde aquí, como creo que va a ser el último Pleno, les felicito a todos ustedes las Navidades.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sagastizabal. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martínez Granados.


La señora MARTÍNEZ GRANADOS: Gracias, presidenta.


Señorías, en Ciudadanos siempre hemos creído que solucionar el grave problema que existe con el fraude fiscal es algo importantísimo e imprescindible. De hecho, en los Presupuestos Generales del Estado, que todavía se están tramitando en el
Senado, hemos presentado varias enmiendas relacionadas con el fraude fiscal. Se habla mucho y se dan muchísimas cifras sobre cuánto supone para los ingresos del Estado el fraude fiscal, pero desde el Gobierno no pueden dar una cifra real porque no
la tienen. Por eso, solicitamos que en estos presupuestos, a través de una enmienda, se encomendara a una comisión formada por expertos independientes la elaboración de un análisis y evaluación oficial de la economía sumergida y el fraude fiscal en
España desagregado por territorios, sectores económicos e impuestos. La cuantificación oficial con este informe debería ser el primer paso, dado que permitiría establecer una adecuada estrategia a medio y largo plazo para reducirla y sin duda sería
un gran acicate para la mejora permanente al evaluar la eficacia de la Agencia Tributaria según el nivel de recaudación de la economía sumergida y el fraude fiscal que logre en un periodo de tiempo.


Hoy debatimos aquí el texto final de la trasposición de una directiva, pero hay que tomar más medidas. ¿Tiene dotación de personal suficiente la Agencia Tributaria para realizar su trabajo de forma efectiva contra el fraude fiscal? En mi
grupo parlamentario creemos que no y por eso presentamos otra enmienda en los Presupuestos Generales del Estado para aumentar la dotación de personal en la Agencia Tributaria. Creemos que es imprescindible que se aumente esta dotación dado que para
luchar contra el fraude fiscal tenemos que tener medios personales en la Agencia Tributaria. Estas dos enmiendas se presentaron para sumar, para luchar contra el fraude fiscal, pero nos votaron que no Partido Socialista y Unidas Podemos. A ver
cómo quieren luchar desde el Gobierno contra el fraude fiscal porque en estos presupuestos cuentan con una gran partida que viene de la lucha contra el fraude fiscal y creemos que no tienen claro cómo hacerlo. Sin tener un informe que marque la
dirección de los trabajos y sin personal suficiente, difícilmente podremos acabar con el fraude fiscal. Pero centrémonos en la trasposición. Tanto en el Congreso como en el Senado presentamos estas enmiendas. Creemos que partimos de una situación
demasiado confusa y que se crea con esta trasposición una cierta inseguridad jurídica para el desarrollo del trabajo de los profesionales que se dedican al asesoramiento fiscal y por eso presentamos dos enmiendas. Se hacía necesario incluir en el
articulado una definición más amplia del concepto de asesoramiento neutral que tenga en cuenta las especialidades de la profesión del asesor fiscal y el abogado tributario, cuya labor profesional no queda limitada a la mera evaluación de la
adecuación de una operación relacionada con la normativa, sino que se extiende al análisis de sus posibles consecuencias y alternativas dentro del marco de la economía. Quisimos ir un poco más allá y creímos que era necesario, como así dice la
normativa,



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remitirse a la normativa interna para establecer el alcance del secreto profesional en aquellos casos, como sucede con la profesión de la abogacía, en los que este queda reconocido expresamente en nuestra legislación nacional, tal y como
dispone la directiva. Esta directiva permitía que los Estados miembros pudieran utilizar o acudir a la normativa nacional para realizar la trasposición, y en nuestras enmiendas así quisimos mejorar y solucionar lo que para nosotros es esta
inseguridad jurídica. Nuestras enmiendas pretendían dar una definición más amplia, como ya he dicho, del concepto de asesoramiento neutral, eximente de la obligación de informar sobre determinados mecanismos, que incluyen las labores propias de los
abogados tributarios y asesores fiscales, como la evaluación de consecuencias de una operación, el análisis de sus ventajas e inconvenientes y el planteamiento de posibles alternativas, con adecuación siempre a la ley. No otorgar esta definición
más amplia limitará la labor del asesoramiento fiscal a una función meramente pasiva, en el sentido de aplicar el régimen jurídico sin más, lo que no se corresponde con la realidad de esta profesión.


Por otro lado, la directiva europea de la trasposición disponía la remisión a la normativa interna, como ya he comentado, y establece que solo resultará de aplicación dentro de los límites de la normativa nacional, es decir, esta
transposición, si no hay otra ley que legisle la situación que contiene esta modificación de la Ley General Tributaria. En este sentido, la Abogacía, al contrario que ocurre con otro tipo de intermediarios, sí tiene regulada la profesión y el
propio alcance del derecho y deber de mantener el secreto profesional en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es, además, una norma de rango superior a la ley que resultará de la transposición de esta directiva. Por ello, era aconsejable la
obligada mención expresa en esta transposición de que existía esta ley, tal y como están haciendo algunos países que han adoptado la norma comunitaria, y estas enmiendas necesitaban aprobarse. Las presentamos en el Congreso y las presentamos en el
Senado, pero finalmente no han salido aprobadas.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martínez. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra la señora López Domínguez.


La señora LÓPEZ DOMÍNGUEZ: Buenos días.


El Grupo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común votará a favor de este proyecto, así como la enmienda del Senado, que, como han dicho mis compañeros, es una enmienda técnica, de plazos, para adaptarnos a la situación
actual y a los tiempos que vivimos. Vamos a votar en favor de este proyecto por varias razones. La primera, porque proviene de una directiva europea y, como ya se ha dicho, su transposición o integración en el ordenamiento jurídico español es
obligatoria. Creemos que la forma en la que se propone la integración en el ordenamiento jurídico cumple con los objetivos de disuadir y detectar las posibles planificaciones de elusión o evasión fiscal. Asimismo, creemos que se define claramente
el régimen sancionador, como dicta la norma europea, y es suficientemente clara para cumplir con el principio de seguridad jurídica. Los casos de respeto al secreto profesional están definidos tal y como marca la norma europea. Además, es
importante destacar que obliga a todos los sujetos implicados en la planificación del mecanismo potencialmente agresivo o fraudulento, de manera que no existe posibilidad de que un posible caso de fraude quede no comunicado.


Antes de continuar con el segundo de los motivos, quiero hacer hincapié en la importancia de estas características, porque son medidas realmente eficaces para la lucha de cualquier forma de fraude fiscal. Se hace de manera decidida y
efectiva, y no solo de cara a la galería, como las amnistías fiscales de años atrás, del 2012, de los compañeros del Partido Popular, que no fueron una herramienta para asegurar que las grandes fortunas pagasen impuestos, sino una herramienta para
que los ricos, los impostores, se pudieran beneficiar de un trato fiscal favorable a sus intereses.


El segundo de los motivos -y más importante- es que realmente es necesario acabar con cualquier manera de socavación de los recursos públicos, en cualquiera de sus formas, ya sea por ocultación del hecho imponible o por ingeniería financiera
para disminuir la contribución a las arcas públicas. Un sistema fiscal que disuade y persigue la elusión y la evasión fiscal es un sistema fiscal sostenible, justo y seguro. Esconder las ganancias para no pagar impuestos es una actitud obviamente
reprochable en cualquiera de sus circunstancias, pero lo es más cuando los perpetradores son los dueños de las grandes fortunas económicas, que son los más propicios a los paraísos fiscales y a las sociedades fantasma. La evasión y la elusión
fiscal son injustas; son muchas cosas más, pero son injustas. Injustas horizontalmente para con



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los sujetos que con los mismos recursos económicos sí cumplen con las obligaciones fiscales, porque también los hay. Pero sobre todo son injustas verticalmente, porque reducen la capacidad redistributiva del sistema fiscal. Es decir, roban
recursos al Estado que serían necesarios para el desarrollo del tan necesario y preciado Estado del bienestar. La evasión y la elusión fiscal inciden directamente en la sobrecarga de nuestros centros públicos de atención primaria y atención
hospitalaria, inciden en las posibilidades de la educación pública y la atención a la dependencia y en otros muchos aspectos de nuestro, como comentaba, apreciado Estado del bienestar. A todas aquellas personas que últimamente se han dirigido a un
centro de atención primaria, quizá porque su hijo pequeño llevaba días con fiebre, y no han tenido la atención que se merecen, les digo que esa sobrecarga que están sufriendo las médicas y las enfermeras hoy damos un paso adelante para que se acabe,
porque los recursos de todos no se van a ir a paraísos fiscales, sino que van a ir a las arcas públicas. A los estudiantes que ahora están de exámenes, aparte de darles ánimos porque las épocas de exámenes son duras, también les digo que ánimo
porque todo este esfuerzo que están haciendo ahora estudiando para desarrollar su capital social hoy damos un paso adelante para que revierta en la sociedad. A las personas que están sin trabajo les mando sinceramente un abrazo supersincero, pero
también les quiero dar ánimos porque hoy damos un paso adelante para que los recursos sirvan para crear trabajo, no para favorecer a intereses privados. Por tanto, estamos creando oportunidades para todos y para todas.


Quiero tener un mensaje también para el señor Pujol, ese que coge dinero y corre, y para Correa, para Bárcenas, para Juan Carlos, el Borbón, y tantos otros estafadores que se han aprovechado de su posición privilegiada para robarnos. Con
esta ley y con otras que están actualmente en trámite en esta Cámara estamos mucho más cerca de acabar con sus trampas y con sus mentiras. Sé que queda mucho por hacer, lo sé, porque no solo es injusto no pagar impuestos, sino que hay otras muchas
otras maneras de robar lo que es del pueblo. Tenemos que superar la época monárquica. No puede ser que alguien sea jefe del Estado solo por sus condiciones de vida y de nacimiento. No puede ser que tengamos un salario mínimo que no es digno para
vivir, sino que es digno de risa o, más bien, de llanto. Tenemos que tener un sistema fiscal progresivo, un sistema que favorezca a los pequeños empresarios que sudan cada día para tener un salario para ellos mismos y para las personas que trabajan
para ellos o con ellos, como son los pequeños empresarios del sector de la peluquería, del sector de transporte por carretera o del sector de la hostelería, que lo están pasando muy mal también. Queda mucho por hacer, sí, pero, como dijo ayer mi
compañero Pablo Echenique, abrimos una época de esperanza.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora López. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez-Sala. (Aplausos).


El señor FIGAREDO ÁLVAREZ-SALA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señores diputados, estamos aquí para debatir las enmiendas aprobadas en el Senado a una ley que traspone una directiva. La enmienda que se aprueba -que es solamente una que ha aprobado el Senado-, básicamente dice que en vez de empezar a
aplicarse los preceptos de esta directiva en enero del año 2021, que es lo que la directiva preveía, se van a aplicar reglamentariamente. Esto es una cuestión bastante técnica, es evidente que si estamos trasponiendo hoy una directiva no vamos a
ser capaces de empezar a ejecutarla en enero de 2021. Por lo tanto, votaremos a favor de esta enmienda que el Senado ha introducido. Es una cuestión técnica pero esta enmienda se tiene que introducir porque el Gobierno, en sus tradicionales
chapuzas, se ha saltado a la torera el plazo de trasposición de la directiva. Esta directiva tenía que haberse traspuesto en diciembre del año 2019 y estamos en diciembre de 2020, exactamente un año de retraso. Y esto es fundamental porque es como
actúa sistemáticamente este Gobierno, chapuceando, obviando los plazos y en definitiva pasando olímpicamente de todas las cuestiones formales, que son muy relevantes.


Al margen de esta cuestión técnica, analizando esta directiva vemos que hay una cuestión bastante relevante y el Grupo Parlamentario VOX ha sacado tres conclusiones que creo que es importante que comprendan todos los españoles que nos
escuchan. Esta directiva prevé vigilar, fiscalizar y establece la obligación de informar de las estrategias fiscales potencialmente agresivas, no potencialmente infractoras -no infractoras en sí, simplemente potencialmente agresivas-, y es una
cuestión de la que tenemos que tomar nota.



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En primer lugar, ¿quién redacta esta directiva? Esta directiva la redacta el Consejo de la Unión Europea, y el Consejo de la Unión Europea está formado por todos los ministros de los países miembros que se reúnen para redactar normas como
esta directiva, que tienen una aplicabilidad directa para todos los ciudadanos de la Unión. Es decir, son personas a las que los españoles no han votado, personas a las que los españoles no controlan y personas a las que los españoles no pueden
examinar ni dirigirse de forma directa redactan las leyes que les van a afectar de forma automática. La cuestión es muy llamativa. Ustedes, españoles, votan al Poder Legislativo, el Poder Legislativo elige al presidente del Gobierno y el
presidente del Gobierno nombra a dedo a sus ministros, que se irán al Consejo de la Unión Europea a redactar este tipo de normas. Primera conclusión para que todos los españoles la tengan en cuenta y al menos meditemos sobre ello, es algo que
tenemos que pensar.


Segunda conclusión. Volvemos a la sustancia de la directiva en sí. Pretende vigilar las estrategias fiscales potencialmente agresivas, es decir, a usted ya le considera el recaudador de impuestos como un potencial delincuente y, por si
acaso, empieza a investigarle y le obliga a informar, cuando usted no ha cometido ningún delito, cuando usted no ha cometido ningún tipo de ilícito -penal ni fiscal ni de ningún tipo-. Estamos hablando de una cuestión fiscal que efectivamente es
posible que tenga su sentido, pero ontológicamente la base fundamental es surrealista: a usted, español de a pie que tiene pinta de ir a infringir la ley, le voy a mandar un par de secuaces para que empiecen a investigarle por si acaso. Nos
preguntaremos, ¿por qué tiene tanto celo el recaudador de impuestos en vigilarnos? Porque, español, tu negocio no es tuyo, tu negocio es parcialmente de la Hacienda Pública. Porque como decía la portavoz del PSOE, dibujándolo como si fuese muy
menor, la presión fiscal en España es de un 34 %. Un 34 % quiere decir que ese taller mecánico, ese restaurante que a su negocio le saca un margen de un 10 % o un 20 % de beneficio, tiene que compartirlo con Hacienda, que obtiene un 34 % de
beneficio de sus negocios. (Aplausos). Es decir, español, español, tu negocio no es tuyo; de hecho, es más de la Hacienda fiscal que tuyo, por lo tanto, Hacienda vigila sus intereses. En definitiva, tiene mucha lógica y esta es la segunda
conclusión sobre la que tenemos que reflexionar.


La tercera cuestión es que estoy seguro de que todos los españoles irían felices a pagar impuestos si el Estado los gastase con mesura, si gastase el dinero de todos los españoles con prudencia, si se dedicase a atender las cuestiones
realmente importantes. (Aplausos). Pero lo triste, y es lo que al final escama al contribuyente español, es lo que escama al empresario que levanta la persiana cada día y se deja el lomo trabajando, para luego desayunarse cada dos por tres con
titulares como este, señores del PSOE. (Mostrando un titular de El Mundo, en el que se lee: '679.432.179,09 €. El PSOE recibe la mayor condena por corrupción de la democracia'). Sí, sí, asienta señor Patxi, asienta. O titulares como estos dos
para los señores asturianos. (Muestra una fotografía y el titular de un periódico que dice: El Supremo ratifica la condena a Villa a tres años de cárcel por un delito de apropiación indebida). Y aquí lo tienen, cómo, tristemente, tristemente, los
dineros de los españoles se escapan por un coladero absolutamente incontrolable, un coladero que despilfarra, que malgasta y que, al final, termina y desagua en los bolsillos de los de siempre, que son, con casi la totalidad de las ocasiones, los
políticos. (Aplausos). Porque, al final, el problema es que el español medio se levanta, trabaja, abre la persiana, madruga cada día, sirve los cafés que tenga que servir, repara los automóviles que tenga que reparar, o presta los servicios que
tenga que prestar para estar pagando la fiesta de los políticos; una fiesta que es muy cara y que es muy poco eficiente.


Y hoy vemos cómo personas a las que no hemos votado, a las que no controlamos y de las que apenas tenemos conocimiento y que, además, son nombradas por el presidente del Gobierno -imaginemos que nombra ministro a ese amigo suyo del
baloncesto'-, pues ese compañero suyo del equipo de baloncesto estará metiendo la mano en el bolsillo de los españoles sin ningún tipo de control. Lo segundo, el recaudador de impuestos -recordémoslo- españoles, os está vigilando; os está
vigilando porque vuestro negocio es suyo. Y, la tercera conclusión es que el que parte y reparte se lleva la mejor parte; y esa parte, en general, va a pagar la fiesta de los políticos.


Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y de los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Figaredo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Suárez Lamata.



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El señor SUÁREZ LAMATA: Buenos días y muchas gracias, señora presidenta.


Comenzaba el señor Mazón -y yo coincido con él- en que esto es un debate, una cuestión eminentemente técnica y prácticamente ha discurrido por esa senda; no hace falta ni chillar ni gritar ni llamar populistas ni faltar al resto de grupos
políticos, sobre todo para hablar de economía o de Hacienda pública, señorías.


Esta es una modificación más de la Ley General Tributaria, debe ser la enésima, la Ley 58/2003, en virtud de lo que se denomina en el mundillo la DAC6; ya van seis veces que se modifica la directiva de 2016/11, que regula la cooperación
interadministrativa fiscal, y esta cuestión que trasponemos no es menor. Ya se ha dicho aquí -no me voy a extender mucho- que, al final, los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresiva es un sistema o un mecanismo
para controlar la evasión y la elusión fiscal; y, por otra parte, para dar mecanismos de alerta que intenten evitar el fraude.


Es verdad -ya se ha dicho aquí- que de ahí el esfuerzo que hemos hecho todas las fuerzas políticas, señorías, por intentar mejorar esta ley, porque se rozan derechos fundamentales. De ahí, las enmiendas que presentó el Grupo Popular, sin
ningún éxito, con el resto de las fuerzas políticas, sobre el asesoramiento neutral. Era necesario clarificar, puesto que estamos ahí rozando el larguero, el régimen de sanciones y, sobre todo, la exclusión de regímenes autorizados porque, al
final, no tiene sentido que en Europa se pueda hacer una cosa, habiendo sido avalada por los organismos europeos, y aquí no. El argumento para tumbar las enmiendas, señorías, a mí me impresionó: Es que el texto viene de Hacienda y los técnicos lo
hacen casi todo bien. Bueno, los técnicos no lo hicieron casi todo bien, y buena prueba de ello es que ha habido que introducir en el Senado una modificación deprisa, corriendo, de una cuestión que era obvia -pero obvia-, de manual de primero de
hacer leyes. Y en el Senado las enmiendas corrieron la misma suerte que aquí, en el Congreso, por lo menos las de mi grupo parlamentario. En aquella ocasión se nos dijo que el espíritu de la trasposición estaba contemplado en lo que nosotros
decíamos, cosa que no es verdad, porque se nos remitió -y así va a ser- a un texto reglamentario. En cualquier caso, anuncio el voto positivo, porque esta es una cuestión que es buena para este país.


A mí, señora López -antes de entrar en materia y con todo el cariño y aprecio del mundo que sabe que le tengo-, oírle hablar de fraude fiscal, oírle hablar del Partido Popular y obviar que ustedes tienen aquí a alguien que es un defraudador
como portavoz, la verdad es que intelectualmente me cuesta entenderlo bastante (aplausos), porque su portavoz se supone que es el buque insignia de su grupo parlamentario, y su grupo parlamentario tiene un buque insignia que es un defraudador; eso
les debería a ustedes, por lo menos, llevar a pensar qué tipo de discursos hacen aquí.


Digo que vamos a votar que sí y voy a hacer una reflexión puesto que me sobra un poquito de tiempo. Me dirijo al Partido Socialista. Yo me canso estos días de oírles a ustedes permanente y constantemente requerir al Partido Popular para
que votemos que sí a todo. Analicen ustedes y verán que hemos votado los decretos de alarma, unos cuantos reales decretos-leyes; por cierto, este texto no se ha tramitado como decreto-ley, es de los pocos. Van ustedes a batir el récord de quien
más ha utilizado el decreto-ley, que es Francisco Franco; están a punto de conseguirlo, que lo sepan. (Aplausos). Pero, les voy a decir algo, ustedes a este proyecto de ley hubieran votado que no.


En la Legislatura 2016-2019 el del 'no es no' consiguió que ustedes no apoyarán un solo texto legislativo en esta Cámara y yo me pregunto todos los días cuando oigo requerir al presidente del Gobierno, que es el adalid del 'No es no', el que
ha construido su proyecto político sobre la confrontación, sobre el 'No es no', cómo puede decirnos ahora que sí es sí a todo. Ustedes al menos deberían tener la decencia de subir aquí y explicar por qué ahora sí es sí -deberían tener la decencia-
(aplausos), porque si el argumento es, como ya se ha oído, que el COVID ahora requiere un apoyo, tengo que decir que el COVID ha supuesto 80 000 muertos y que este es el único Gobierno de Europa que no reconoce a sus muertos, que los desprecia y los
oculta; luego, no se escuden en ese argumento, señorías, cuando no es verdad. Y, sobre todo, ustedes reclaman el apoyo constante y permanente a este grupo parlamentario, pero, ¿con qué credibilidad lo hacen? A mí ayer cuando el señor Sánchez dijo
que este era el Gobierno más transparente de la historia casi se me cae la cara de vergüenza. Ocultan ustedes a los expertos y eso hubiera hecho dimitir a cualquier Gobierno en un país medianamente serio, porque como fruto de esa irresponsabilidad,
señores, estamos donde estamos. Ustedes no son conscientes todavía de que somos el país de la Unión Europea que peor ha gestionado la pandemia y de que eso tiene consecuencias económicas y tiene consecuencias sanitarias.


Para acabar, les diré que el señor Sánchez ayer volvía, insisto, a apelar y a requerir nuestro apoyo. A ustedes les repele el fascismo, a mí también, pero lo que no acabo de entender es que no les produzca la



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misma urticaria el comunismo, porque ya me explicarán qué diferencia hay entre una ideología y otra y, que yo sepa, sus socios -muchos de ellos- se declaran comunistas. No les voy a recordar la historia del comunismo -creo que ustedes la
conocen de sobra-, pero expliquen al menos, tengan la decencia de subir aquí a explicar por qué a unos no y a otros sí. (Aplausos). Se lo voy a explicar yo, porque esta es una cuestión ética y, ¿saben lo que pasa? Su ética única y exclusivamente
es estar sentados en ese banco azul.


Nada más, muchas gracias y feliz Navidad, señorías. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Suárez.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Fuentes Curbelo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Fuentes Curbelo.


El señor FUENTES CURBELO: Gracias, señora presidenta.


Es un honor para mí acceder por primera vez a esta tribuna del Congreso y donde se representa la soberanía popular, guste o no guste a algunas personas. En primer lugar, quiero expresar en nombre de mi grupo y en el mío propio nuestra
solidaridad con las personas afectadas por la crisis sanitaria, económica y social que estamos viviendo a causa de esta pandemia, especialmente a los familiares de las personas fallecidas.


Señorías, me encomienda mi grupo fijar la posición sobre el proyecto de ley de modificación de la Ley General Tributaria, que vuelve a esta Cámara consecuencia de una modificación técnica introducida en el Senado. Como bien conocen, la Ley
General Tributaria es el eje central del ordenamiento jurídico que en sus principios esenciales recoge y regula las relaciones entre la Administración tributaria y los contribuyentes. Con esta norma se pretende continuar con el principio de
adaptación continua de la norma tributaria a la evolución de la sociedad y los mecanismos que conforman las relaciones jurídicas y económicas entre los contribuyentes, respetando en todo momento un principio de estabilidad de la norma que fortalezca
la seguridad jurídica de los operadores, como son los obligados tributarios, los colaboradores sociales y la propia Administración tributaria. En definitiva, se persigue incrementar las medidas preventivas contra el fraude fiscal ya recogidas en la
Ley 36/2006, de 29 de enero, y más recientemente en la Ley 7/2012, de 29 de octubre.


Señor Figaredo, ha hecho usted un discurso negacionista, un discurso antieuropeísta en esta Cámara, poniendo en cuestión la seguridad jurídica que emana de la Unión Europea y que pretende que todos los Estados miembros mantengamos un control
sobre la lucha contra el fraude y la elusión fiscal. (Aplausos). Reniega usted, señor Figaredo, de lo que dice la norma jurídica, está poniendo en cuestión las directivas que emanan del Consejo de Europa. Claro, pero es que quienes componen el
Consejo son elegidos soberanamente en cada uno de sus países o representan a sus países. (El señor Figaredo Álvarez-Sala hace signos negativos). Sí, sí, señor Figaredo, sí, están ahí porque son elegidos. Usted está aquí porque a usted le elige la
soberanía popular. (Aplausos). Usted está aquí porque le eligen, igual que estoy yo y estamos todas las personas que formamos parte de esta Cámara.


Yo no sé el discurso negacionista que usted ha hecho hoy aquí en torno a la recaudación. ¿Usted cómo quiere mantener el Estado del bienestar de este país? ¿Cómo quiere usted mantener la sanidad en este país? ¿Cómo quiere usted mantener la
educación en este país si no es a través de los tributos? Ha hecho un discurso aquí... Oiga, señor empresario, su 20 %, lo que paga... Todos los españoles, a través de las leyes y especialmente de la Ley General Tributaria, estamos obligados...
(El señor Figaredo Álvarez-Sala muestra un titular de El Mundo en el que se lee: '679.432.179,09 €. El PSOE recibe la mayor condena por corrupción de la democracia'). Sí, sí usted enseñe el periódico que quiera, que le ponga el titular que
quiera; si ya los leemos todos, los titulares de periódicos que pongan, usted exhiba lo que quiera. Lo que sí le digo es que el sistema tributario es el que garantiza que nuestro país tenga un Estado del bienestar, la sanidad y la educación, cosa
de lo que ustedes reniegan, porque ustedes solo lo quieren para unos pocos, para los de su bando y no es así. Ustedes hoy van a votar a favor de la transposición de esta directiva a regañadientes, como ya lo hicieron en la Comisión; van a votar a
favor porque saben que nuestro sistema impositivo es el que tiene que garantizar todos los servicios que se prestan.


Como conocen, esta ley inició su trámite parlamentario en mayo, señor Figaredo, no hace un año; en mayo inicia su tramitación parlamentaria, en medio de una pandemia. Estamos en diciembre, cinco meses después, y hace algo más de un mes la
hemos aprobado en Comisión por unanimidad. Esta ley se refiere al intercambio automático y obligatorio de la información en los ámbitos de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación, sí, a comunicación, no
a que unos hagan una cosa



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y otro no, sino a comunicación. Esta trasposición de directiva no está marcando otra cosa más que la información, no la contribución tributaria, la información, porque la contribución tributaria vendrá por otros mecanismos. Como le decía,
el 27 de octubre la aprobamos por unanimidad en Comisión con competencia legislativa. En consecuencia, introducimos en nuestra legislación fiscal el intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con
los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación y se han introducido como medidas necesarias para luchar contra el fraude y la elusión fiscal. La trasposición de esta directiva, adaptada a nuestra Ley General Tributaria, obliga a los
operadores, para la realización de operaciones transfronterizas, a poner en conocimiento de la Autoridad fiscal estas transacciones, exigiéndole o marcándole algunos requisitos que son los ejes fundamentales comunes a todos los Estados miembros.
Los fines fundamentales del deber de comunicación son recabar la información y disuadir de la realización de mecanismos de planificación fiscal agresiva, el mecanismo transfronterizo y la obligación de informar bien a través de los intermediarios o
del propio contribuyente. Por cierto, señor Suárez Lamata, la garantía jurídica está garantizada en la propia directiva de la Unión Europea, lo debatimos hasta la saciedad en Comisión y así quedó reflejado. De ahí el rechazo a aquellas enmiendas.


Acabo presidenta. La corrección técnica que se ha aprobado en el Senado y que hoy aprobamos introduce una corrección en la disposición transitoria única con el objetivo de adaptar el régimen transitorio de las obligaciones a los plazos que
se establezcan reglamentariamente, del mismo modo que, a través de dicho reglamento, se han de establecer el contenido y el modelo de declaración de los mecanismos transfronterizos cuya primera fase de ejecución se haya realizado entre el 25 de
junio de 2018 y el 30 de junio de 2020. Señorías, agradezco, al igual que lo hice en la Comisión del pasado 27 de octubre, el voto favorable por unanimidad.


La señora PRESIDENTA: Señor Fuentes, tiene que terminar, por favor.


El señor FUENTES CURBELO: Quiero desearles mucha felicidad en estas fiestas y mucha salud.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fuentes. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:


- ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE MAURICIO, HECHO EN AQABA EL 3 DE DICIEMBRE DE 2019. (Número de expediente 110/000041).


- ACUERDO DE SEDE ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL CONSEJO OLEÍCOLA INTERNACIONAL, HECHO EN MADRID EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019. (Número de expediente 110/000042).


- ACUERDO SOBRE EL TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA COMMONWEALTH DE LAS BAHAMAS, HECHO EN NAIROBI EL 13 DE DICIEMBRE DE 2018. (Número de expediente 110/000043).


La señora PRESIDENTA: Pasamos a examinar el punto del orden del día relativo a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, con números de expediente 110/000041 a 110/ 000043. En este punto ningún
grupo ha solicitado el uso de la palabra. Los dictámenes se someterán a votación con el resto de las votaciones previstas para hoy.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:


- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 315 APARTADO 3 DEL CÓDIGO PENAL. (Número de expediente 122/000083).


La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día correspondiente al debate de totalidad de la proposición de Ley Orgánica de derogación del artículo 315.3 del Código Penal. A esta proposición de ley se han presentado dos
enmiendas a la totalidad de texto alternativo.


Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario VOX tiene la palabra el señor Aizcorbe Torra. (Aplausos).



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El señor AIZCORBE TORRA: Señora presidenta, señorías, buenos días.


Porque creemos en la protección del derecho al trabajo, porque creemos en la libertad de los trabajadores para poder acceder a su puesto de trabajo en caso de huelga, porque creemos que el derecho de huelga no puede vulnerar ningún tipo de
libertad, porque creemos en la dignidad de la persona, porque creemos en la libertad, en fin, porque creemos en la libertad completa nos oponemos expresamente, en el actual marco político, a la derogación del apartado 3 del artículo 315 del Código
Penal y de ahí nuestra enmienda a la totalidad con texto alternativo. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).


Entendemos con ello que se debe volver a la situación y al espíritu del Código Penal de 1995 -sí, espíritu de aquel Partido Socialista con barniz intermitente de sentido común, tan alejado del actual- y asegurar con ello la libertad mediante
el reproche penal de aquellos que abusan de un derecho fundamental reconocido en la Constitución, retorciendo su contenido. (Aplausos). Todos conocemos los tipos delictivos que protegen el derecho de huelga previstos en el artículo 315 del Código
Penal en sus apartados primero y segundo, en el que el sujeto pasivo de dichas infracciones es el conjunto de los trabajadores, dado el carácter colectivo del bien jurídico protegido, donde se materializa el reproche penal al empresario que,
mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidiere o limitare el derecho a huelga, agravándose las penas si ello se hiciere mediante fuerza, violencia o intimidación. Vaya por delante, en sintonía con dichos apartados, que los que
conocemos desde pronta edad el esfuerzo del trabajo y, a su vez, nuestro Grupo Parlamentario VOX en modo alguno soportamos, compartimos o aprobamos ningún tipo de abuso empresarial, es más, consideramos de forma cierta que entre los deberes morales
del buen empresario -y en España son la inmensa mayoría-, sea grande o pequeño, debe primar y destacar el que se provea a cada uno de lo que sea justo y en justicia corresponda. (Aplausos). La actuación desmedida de aquellos que opriman en propio
beneficio a los más necesitados y desamparados, buscando su enriquecimiento en la penuria ajena, no tan solo tiene nuestro reproche -insisto- moral, sino también hoy la amonestación legal, debiendo evitar perjudicar en lo más mínimo los intereses de
los trabajadores usando violencia, engaños o artilugios inmorales, porque se trata de personas repletas de la mayor dignidad, merecedoras de respeto y, en ocasiones, desamparadas para hacer frente a la injusticia y al atropello.


En esa justicia social creemos en VOX, la de la dignidad, la solidaridad y el acuerdo de intereses compartidos y no en la que brota del enfrentamiento de clases y de la violencia. Es por ello que, en virtud del texto propuesto por nuestro
grupo, lo que se pretende es el reproche penal a las coacciones y violencia que se realicen para iniciar o continuar o no una huelga, reproche absolutamente ineludible con el fin de preservar la libertad de los trabajadores y autónomos en su derecho
a elegir libremente entre el ejercicio del derecho a la huelga o el derecho a trabajar. (Aplausos). Es que la previsión de estas conductas en el Código Penal no debe confundirse en ningún caso con una limitación abusiva del ejercicio del derecho
de huelga o de libertad sindical, como se pretende torticeramente, sino con la protección del derecho al trabajo del artículo 35 de la Constitución y, a su vez, con la protección a la dignidad de la persona del artículo 10 de la Constitución, y al
derecho a la igualdad del artículo 14 de la Constitución, a la integridad moral del artículo 15 de la Constitución y a la libertad in genere del artículo 17 de la Constitución, derechos fundamentales que entendemos deben considerarse y ser
protegidos también. Por ello, no es admisible en un Estado de derecho pervertir e instrumentalizar el ejercicio de este derecho de huelga para fines perversos, tales como la alteración del orden público o impedir a las personas mediante coacción o
violencia ejercer libremente el derecho al trabajo y el ataque a otros derechos fundamentales, como hemos visto recientemente en las indiscriminadas huelgas en mi patria chica, Cataluña.


Sabemos de la polémica jurisprudencial, de ahí el interés en aclarar y clarificar citando por todas las sentencias 362/1999, de 11 de marzo, que afirma el carácter de norma de naturaleza específica la que nos ocupa. Siendo así, ese criterio
jurisprudencial no solo justificaría el mantenimiento del tipo penal previsto, sino que también ampararía el incremento de las penas asociadas a ese tipo en la línea que instauró el propio Partido Socialista con finalidad disuasoria, pero más
atemperada, tal como proponemos.


Sí, somos sabedores de la problemática y disputa de técnica jurídica existente, incluso de aquellas palabras de Torres-Dulce en comparecencia en esta casa. Pero, en cualquier caso, debemos advertir que con la derogación propuesta pueden
aumentar las penas en la aplicación, como se pretende, de la norma general del artículo 172 del Código Penal, dependiendo del ataque al ejercicio de un derecho fundamental y al número de afectados. Veremos en tal caso qué explicación dará la
izquierda a los afectados.


Dicho lo cual, quisiera hacer mención al sustrato de la intervención de la diputada socialista que defendió la proposición de ley que nos ocupa, señora Andrea Fernández, que lo hizo en tono apacible y



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sereno, pero que solapaba no obstante toda una confesión de fidelidad a las teorías más rancias de la arcaica y apolillada izquierda de la lucha de clases. (Aplausos). Manifestó la diputada socialista algunas consignas previsibles,
alegando a la derogación de la norma por convicción socialista y tradición sindicalista, hecho sabido y previsible, arguyendo en lo temporal más de un siglo de lucha sindical como testimonio orgulloso en cuanto a violencia sindical nos referimos
porque de esto estamos hablando en este artículo, sentenciando que también es justo entender que la categoría de ciudadanía como la entendemos ahora está vinculada al sindicalismo de clase, soflama que no por mucho blandir le lleva al camino de la
verdad. El enfrentamiento y la lucha de clases, columna vertebral de la razón de la izquierda, impide que se alineen con la razón de naturaleza del hombre y de las cosas. Pero ante la perversa lucha de clases que auspicia el socialismo, en
cualquiera de sus vertientes, nosotros entendemos que es necesario el entendimiento, solo con ello engrandeceremos la belleza y generaremos el orden por la que debe transitar la razón de la paz social. (Aplausos).


Continuó la señora Fernández declarando: No hay nada más indigno que usar la ley como un arma, refiriéndose a una norma creada, parida y amamantada por el propio Partido Socialista, lo que demuestra, con todos los respetos, errónea
ilustración sobre lo que nos ocupa o, cuando menos, una incongruencia en los propios actos, algo normal en el actual Partido Socialista. Y, sin duda, la apreciación que llamó más la atención fue cuando declaró: No podemos proteger más el derecho
de una libertad genérica que el derecho de un deber fundamental como el derecho de huelga, aludiendo, cómo no, posteriormente, a la ducha obrera y al enfrentamiento, en definitiva, odio eterno de la izquierda. Con ello, con una destreza admirable
-no por diestra sino por diabólica-, acabó justificando que la coacción y la violencia es la forma ilícita y ampliada del ejercicio del derecho de huelga, relegando a la libertad genérica como una anécdota. Por ello, permítanme que volvamos a los
cimientos de la exégesis del término de la libertad como concepto que afecta a la norma.


La libertad en su aspecto negativo como sujeto pasivo en este caso es una dispensa, una exoneración personal hacia el trabajador, hacia la persona de sufrir violencia e imposición o coacción por un tercero ya sea del Estado o de un
particular. La libertad, en su aspecto positivo, es la capacidad de elección libremente adoptada por cada uno de nosotros, y con ello asumimos el compromiso sobre los efectos de una errónea o mala decisión, decisión tomada precisamente en el
ejercicio de esa libertad y que, por consiguiente, libremente debemos asumir, con sus consecuencias finales. (Aplausos). De ahí que entendamos que la seguridad sea consecuencia de la libertad que todos podemos ejercer, porque la libertad no es un
fin, la libertad es un medio. No es la libertad en sí la que nos hace libres, sino el buen uso de la misma, y, en base a ello, lo que nos hace libres es precisamente la verdad. Por eso, señorías, porque creemos en la dignidad y la libertad y
creemos en la libertad en su totalidad, votaremos no a la supresión de dicha norma, con el texto alternativo propuesto, en un día como hoy, 17 de diciembre de 2020, previos a unas Navidades, día en que el hedor de la guadaña, para vergüenza de
nuestra propia dignidad como personas, pasea por los pasillos de este Congreso vestido de eutanasia.


Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Para la defensa de la enmienda presentada, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Jerez Juan.


El señor JEREZ JUAN: Muchas gracias, señor presidente.


Volvemos hoy, a través de la enmienda a la totalidad, a reiterar nuestra oposición a la despenalización del delito de coacción específico recogido en el artículo 315.3 del Código Penal, y lo hacemos en primer lugar reconociendo que en el
ámbito del derecho fundamental a la huelga es legítimo que se pretenda influir en la decisión de un trabajador para que se sume a las exigencias de un colectivo que pide mejoras en sus condiciones laborales, y no solo eso es legítimo, sino que
también eso es legal. No es una conducta reprochable la del huelguista que trata de buscar en su compañero su solidaridad para que se incorpore a la protesta, pero en esa tarea de persuasión no todo vale. El derecho a la huelga, aun en su versión
más amplia, no puede ser un derecho ilimitado que permita convertir una jornada reivindicativa en la ley de la selva. Pues bien, cuando se traspasan los límites que el derecho a la huelga consiente, entendemos que merece una respuesta sancionadora
y una respuesta proporcionada la conducta del huelguista que intenta doblegar la voluntad del trabajador a través de la coacción, a través de la intimidación, a través de la



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amenaza o a través de la agresión, conductas todas ellas condenables en sí mismas. Estos comportamientos son tan condenables para nosotros como lo son para el Tribunal Constitucional, que viene diciendo, y lo viene diciendo desde el año
1982, que el derecho de huelga no incluye la posibilidad de ejercer coacciones sobre terceros, ya que ello afecta a otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos, como son la libertad de trabajar o la dignidad de la persona o su derecho a
la integridad moral. Pero por si esto no fuera suficiente, sigue concretando el Tribunal Constitucional que son conductas ajenas al derecho de huelga, y nada tienen que ver con ellas, las siguientes: impedir la entrada a la fábrica a los
trabajadores, golpearles y amenazarles para que abandonen el trabajo, agredir e insultar al personal de seguridad y causar daños en las instalaciones de la empresa o interceptar y golpear el vehículo que traslada a los trabajadores, insultando a sus
ocupantes.


Pues bien, muchas de estas conductas son las que típicamente se han reproducido en multitud de jornadas de huelga. Y nada mejor que relatar uno de esos casos en los que esas conductas típicas se reproducen y además se reproducen todas a la
vez. Los días 11 y 12 de abril del año 2017 los trabajadores estaban llamados a una huelga del sector alimentario de las aves convocada por UGT, Comisiones Obreras y el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Según se desprende del escrito de acusación
que la fiscalía mantiene, un piquete se situó en la puerta de la empresa Procavi, en Marchena, provincia de Sevilla, y detuvo los vehículos de los trabajadores que querían entrar a trabajar, a los que insultaron y amenazaron, y golpearon sus coches
con las banderas de los sindicatos. También colocaron clavos donde debían aparcar sus vehículos, logrando reventar alguna rueda. Dañaron las instalaciones de la empresa. El director fue increpado con expresiones tales como esquirol y
sinvergüenza. De madrugada, tres de los acusados se personaron de nuevo en la factoría para doblegar la voluntad de los trabajadores que deseaban trabajar. Uno de los acusados, junto a otros huelguistas, impidió de nuevo el acceso, amenazando a un
empleado con matarle: 'Bájate del coche, que te voy a matar; te voy a buscar, me he quedado con tu cara'. El trabajador regresó a su domicilio con una crisis de ansiedad, de la que tuvo que ser atendido. Sigue la fiscalía asegurando que un grupo
de unas cuarenta o cincuenta personas se agolparon impidiendo la salida del director y que uno de los huelguistas le increpó diciéndole que ya sabía dónde vivía, que conocía a toda su familia y que no se preocupara, que iban a ir a buscarlos. Todos
los acusados estaban convocados el pasado 18 de noviembre en el juzgado penal número 8 de Sevilla para intentar llegar a una conformidad con la fiscalía. Pero decidieron no presentarse, decidieron consolidar su rebeldía. ¿Y saben ustedes por qué
no se presentaron el día 18 de noviembre en el juzgado número 8 de Sevilla? Porque esperan que ustedes deroguen el artículo 315.3 del Código Penal. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!). Esperan que desaparezca la tipología del
delito, que su conducta penal no sea reprochable y que se logre la impunidad absoluta.


Llegados aquí, las preguntas que irremediablemente nos hacemos son las siguientes. ¿De qué parte están ustedes? Silencio. ¿De qué parte están ustedes? ¿Están de parte de los trabajadores agredidos o están ustedes de parte de los
huelguistas agresores? A juzgar por la posición del Grupo Parlamentario Socialista y de todos sus allegados, están ustedes más cerca de la coacción que del derecho a trabajar, están ustedes más cerca de la coacción que del derecho a no participar
en una protesta laboral. Señores diputados, con la derogación del artículo 315.3 van a permitir que el huelguista que amenaza de muerte a un trabajador, que le insulte o que le agreda se salga con la suya si se produce en el ámbito de una jornada
de huelga. Con la derogación del artículo 315.3 van a dejar sin reproche penal la violación de los derechos constitucionales al trabajo, a la dignidad de la persona y a la integridad moral del individuo cuando se vean coaccionados por huelguistas.
Y les recuerdo que la garantía para la protección de los derechos constitucionales reside también en la respuesta punitiva del Código Penal, una norma que protege los derechos fundamentales con firmeza cuando se viola su contenido esencial. Y eso
fue lo que hizo precisamente un Gobierno del Partido Popular en el año 2015, conjugar una reforma penal para proteger derechos pero que a su vez también rebajase las penas del Código Penal de Felipe González para esos supuestos. Y lo hicimos con
arreglo a criterios de proporcionalidad y reduciendo a la mitad las penas de cárcel, considerándolas como la última ratio del reproche penal. Y en esa justa redacción, y no en ninguna otra, es en la que hoy nos seguimos manteniendo.


Por el contrario, ustedes, la izquierda en su conjunto, pretenden deshacerse de ella, eliminarla sin más, invocando razones de justicia social y conquista de derechos. Pero a eso también llegan tarde y a eso también ustedes llegan mal. En
la defensa de los derechos de los trabajadores ustedes ya no son creíbles. Para ser creíbles, no deberían mantener a un portavoz parlamentario condenado por desproteger a un trabajador, por no asegurarle, por pagarle ilegalmente, por no cotizar a
la Seguridad Social y, sobre



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todo, por evadir el pago de los impuestos que se derivan de la contratación de un asistente. (Aplausos). La izquierda tiene en la persona de Pablo Echenique el más fiel retrato de lo que representa para ustedes la defensa de los derechos
de los trabajadores. Para ser creíbles no deberían haber vendido por un plato de lentejas la reforma laboral del Partido Popular a los amigos de Otegi y a los amigos de Josu Urrutikoetxea, alias Josu Ternera. Pero lo hicieron, y lo hicieron sin
escrúpulos, sin cargo de conciencia. Poco después se arrepintieron, se dieron cuenta de la obscenidad, quisieron rectificar, pero era demasiado tarde. Los pactos con el diablo nunca tienen vuelta atrás, no por el pacto, sino por el diablo.
(Aplausos).


Señores diputados, no debiliten más los derechos de los trabajadores, no les nieguen un derecho que les protege contra el que les amenaza, coacciona o agrede en su puesto de trabajo. Tenemos en España cerca de cuatro millones de personas
desempleadas, y les aseguro que lo que más les preocupa a todos ellas no es el derecho a la huelga, sino el derecho al trabajo, eso es lo que les preocupa. Hoy a los españoles les preocupa volver a recuperar el empleo perdido, les preocupa
conseguir su primer trabajo y les preocupa que al cabeza de familia no lo despidan mañana. Hoy quienes están sin trabajar necesitan certidumbre y esperanza, volver a trabajar, levantar la persiana de nuevo, regresar a la oficina, al campo, al
taller, al comercio, a la fábrica, y recuperar la vida que tenían antes de todo esto. Detrás de todos hay una familia, un futuro y unos sueños que alcanzar, y les aseguro que quieren volver a ese trabajo sin que nadie se lo impida, sin que se les
perturbe, sin que nadie les coaccione y sin que nadie les agreda por el simple hecho de ejercer su derecho a trabajar. Ahí es donde deberíamos estar todos, a su lado, y nunca en el lado contrario. Y esta reforma les aseguro que nos va a situar en
el lado contrario.


Muchísimas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Botran Pahissa.


El señor BOTRAN PAHISSA: Muchas gracias.


Antes de nada, unas palabras previas en relación con un ejemplo que ha puesto el portavoz del PP. Ha hecho referencia a los incidentes de la huelga de Procavi. Su juicio tendrán y su sentencia tendrán. Lo cierto es que, en la reproducción
de las palabras, estas eran duras, fruto de un conflicto, de una situación de tensión. También es bueno referir que Procavi es un matadero. Las condiciones de trabajo en un matadero son de las más duras para la clase trabajadora -trabajo a
destajo, temperatura de cuatro grados, todo el rato pelando pollos y conejos-, y es uno de los sectores donde existen más falsos autónomos. Lo cierto es que en esta Cámara, con sueldos mucho más altos, con una temperatura ambiente mucho más
agradable y sin tener que trabajar a destajo, se han oído palabras bastante más gruesas y acusaciones bastante más graves que las que usted ha reproducido. (Aplausos).


Entrando en materia, lo que nos parece está propuesta ya lo expuso muy bien mi compañera Mireia Vehí en el pasado mes de octubre, estamos totalmente a favor de la derogación, pero que venga acompañada también de la derogación de la reforma
laboral, de la derogación del delito de sedición y de la derogación de la Ley mordaza; reproduzco exactamente el posicionamiento que ya expresamos en su momento. Pero en este mes y medio ha habido dos sentencias judiciales que nos sirven para ver
qué otras amenazas se ciernen sobre el derecho de huelga y sobre el derecho de manifestación. La primera es la de Dani Gallardo, que conocimos ayer: cuatro años y medio, después de haber pasado ya uno en prisión preventiva. Como sabrán sus
señorías, fue detenido en una manifestación en solidaridad con Cataluña y fue acusado de agresión a un policía. Su condena no se basa en el artículo que hoy se propone derogar ni se basa en la Ley mordaza, pero sí en la presunción de veracidad del
testimonio de los policías, y esto sí que tiene que ver con la Ley mordaza. Aunque la Ley mordaza se ciña al ámbito administrativo, y no penal, esta ley refuerza la idea de la impunidad policial frente a los manifestantes. El Estado español tiene
un problema de persistencia del franquismo en determinados aparatos de Estado, particularmente entre los jueces. Solo falta que pongamos a su disposición leyes que refuerzan la versión policial frente a la de los manifestantes. Ustedes dirán que
no interfieren en la justicia, y eso es correcto, pero sí está en su mano derogar la Ley mordaza. Y desde aquí un abrazo a Dani Gallardo, y la exigencia de su absolución.


La segunda sentencia de la que les quería hablar sí se refiere propiamente a una huelga, concretamente a la del 8 de noviembre del 2017 en Cataluña. Nuestro compañero de la CUP y de Pirates de Catalunya, Francisco Garrobo, fue condenado por
desórdenes a tres años y medio, y su compañero Moisés Fernández a un año. En este caso los testimonios de la policía, que son hasta diez agentes, indican que no existió



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agresión y que el comportamiento del piquete fue dialogante, pero la presunción de veracidad que suele tener la policía como que no concuerda con la acusación y la voluntad persecutoria del juez, y los testimonios de la policía pasan a un
segundo plano. Pero la sentencia es interesante por un par de cuestiones más. La primera es que tira por primera vez del nuevo concepto de violencia que estableció el juez Marchena en la sentencia del procés independentista. En ese momento pocas
fueron las organizaciones y entidades que señalaron que aquella sentencia iba contra nosotros, los independentistas, pero que tendría consecuencias en el derecho de manifestación, protesta y asociación, y ahora lo estamos viendo. Este nuevo
concepto de violencia, que llaman violencia compulsiva o violencia psíquica, es la que usa un juez para condenar a miembros de un piquete, pese a que la policía decía que tenían una actitud dialogante. La segunda cuestión importante de esta condena
es que, pese a que la huelga era legal, una huelga general formal y legalmente convocada, el juez decide considerar que aquel piquete no era tal cosa, que había una huelga pero que aquello no era un piquete, sino una manifestación y necesitaba otro
trámite de autorización, y con estos argumentos, totalmente arbitrarios, no les refiere al derecho de huelga. Por tanto, esta sentencia es una aberración y una amenaza al derecho de huelga y al derecho de manifestación. Y desde aquí nuestra
solidaridad con Moisés y Garrobo. Y queremos que esta sentencia caiga. (Muestra una fotocopia en la que se lee: Tombar les sentències).


En resumen, persecución política. Aunque se derogue finalmente el artículo 315.3 del Código Penal, los piquetes de huelga no están a salvo de otras arbitrariedades cometidas por jueces, a través, como he dicho, de la jurisprudencia de la
sentencia del procés independentista, sobre el delito de sedición, que conviene derogarlo, y no reformarlo, y de la Ley mordaza, que -les recordamos una vez más sus compromisos- también debe ser derogada.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.


El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señor presidente.


Supongo que a los proponentes no les sorprenderá en nada el sentido de nuestro voto; es más, creo que les alegrará, porque no coincidirá con el suyo. Votaremos en contra; es más, votaremos radicalmente en contra, y lo haremos por una
cuestión de consciencia y de conciencia, de conciencia de clase; es más, creemos que esta iniciativa lo único que busca es dilatar este debate para que siga estando presente esta amenaza para los derechos de los y las trabajadoras que es el
artículo 315.3. En realidad, lo que creemos es que este artículo hace ya tiempo que debería haberse derogado. Y si no, que se lo pregunten -se lo decía en el debate anterior- a los trescientos trabajadores que han visto este artículo como una
espada de Damocles para sus derechos y su futuro. Se ha pedido hasta ciento veinte años de cárcel para estos trescientos trabajadores, trabajadores que usted no ha encontrado nunca pero que yo podría ayudarle a encontrar en Vigo, Xixón, Iruña,
Peralta o ahora mismo, como usted señalaba, en Andalucía. No sé si los trabajadores que no se han presentado en Andalucía ante el juzgado lo han hecho a la espera de que se derogue esto o lo han hecho por una cuestión de dignidad, porque no se
arrodillan ante unos tribunales que están claramente de parte en esta cuestión con leyes como esta.


En cualquier caso, resulta paradójico que usted nos hable nuevamente del derecho al trabajo, nos señale la necesidad del derecho al trabajo, pero no reconozca la insuficiencia, la ineficacia o la ineptitud de su carta magna, que en el
artículo 35 habla del derecho al trabajo pero no se lo garantiza a más de cuatro millones de personas en el Estado español; algo les está fallando en su ordenamiento jurídico, señorías, revísenlo. Pero además creemos que es importante que se
derogue, porque los conflictos laborales no van a cesar, y no van a cesar porque hay empresarios que están aprovechando esta coyuntura para despedir. No sé si es que son malas prácticas o es una generalización, pero sí sé que los trabajadores de
Aernnova, Alestis, ITP Aero Castings en Barakaldo y Sestao están en la calle y en huelga porque les quieren echar de sus puestos de trabajo; y van a seguir estando en huelga y van a seguir defendiendo sus puestos de trabajo igual que los
estibadores. Y nosotros y nosotras, las gentes de la izquierda independentista vasca, estaremos con ellos y frente a quien haga falta, frente a ustedes o frente a quien haga falta. Y ustedes en el fondo lo que plantean con este debate es dilatar
esto para que sea más largo que un día sin pan y sigan teniendo instrumentos coercitivos y punitivos para blindar la situación de predominio de los empresarios. ¿Por qué lo hacen? Para que todo siga igual, para que la coacción empresarial no esté
penada, para que la coacción empresarial revestida de múltiples formas, ya sea con



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la amenaza de despido, ya sea con el destino a los peores turnos, ya sea con la acumulación de tareas, no esté penada y se justifique por la flexibilidad y las necesidades de la empresa, y mientras tanto se siga explotando a los y las
trabajadoras.


Es paradigmático que para ustedes el esquirolaje sea el mejor ejemplo del derecho al trabajo y que los huelguistas sean una amenaza, cuando lo que están haciendo los huelguistas es defender sus puestos de trabajo y los de todos y los de
todas, lo que están haciendo es intentar rescatar los derechos que les han usurpado las élites desde hace tiempo, porque aquí, y hay que decirlo -no sé qué gesto me hace con la mano, señoría, el que haga, me da igual-, hay empresarios que explotan y
que cuentan con todo a su favor para seguir explotando. ¿Sabe por qué? Porque hay instituciones que trabajan para ellos, porque hay cargos públicos que trabajan para ellos. Después, es cierto que son bien recompensados, del orden de 240 000 euros
al año que pagan a Fátima Báñez por parte del señor Garamendi después de que le hizo la reforma laboral de 2012 a deseo de la patronal. Ese es el precio, y eso es lo que tiene que saber todo el mundo, para qué están algunos en política: para
ayudar a los de siempre y luego recibir la parte del pastel que les toca. (Rumores). Luego pida la palabra y hable, pero, si no, no me deja seguir.


Señalan que hay una meta partidista en derogar este artículo, y es cierto, en esa parte tienen razón. Pero ¿acaso no la tienen ustedes en mantenerlo? Nosotros tenemos una meta en esto, y es que la dialéctica de confrontación entre los
trabajadores y quienes les explotan se vaya equilibrando en favor de los y las trabajadoras. Eso se llama lucha de clases. Y resulta curioso que alguien aluda a lo rancio y vetusto de la lucha de clases cuando lo hace con un tono, unas formas y un
fondo que si cualquiera de nosotros y nosotras cerrase los ojos pensaría que está oyendo el NO-DO. Pero van más allá, ustedes plantean también que se mantengan y que incluso se penalicen algunos de los artículos, es decir, que se aumenten. (Las
señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX abandonan el hemiciclo). Y aquí hay una competición, una cierta competición para demostrar entre la derecha extrema y la extrema derecha, la que está abandonando ahora el hemiciclo, cuál
es más ultra. Cuanto más ultra, más castigo; es más, ponen en cuestión el uso legítimo del derecho de huelga, porque condicionan el derecho de huelga a según qué supuestos. Hablaba alguien de su patria chica. Esa misma argumentación
probablemente se utilizó hace cincuenta años en estas Cámaras, cuando los que acudían aquí se llamaban procuradores, por las Cortes franquistas para decir que el derecho a huelga que estaban ejerciendo los trabajadores guipuzcoanos durante el
proceso de Burgos era un derecho a huelga ilegítimo. Esa es la triste realidad del Estado español, que algunos han quedado anclados allí e impiden a los demás que vayan avanzando.


Pero lo más curioso de todo es que después de esto pidan el voto a los trabajadores y trabajadoras. Les piden el voto a los trabajadores y trabajadoras porque les dicen que los demás partidos no les defienden, cuando a la vez lo que están
haciendo es mantener instrumentos coercitivos que pendan sobre sus cabezas como una espada de Damocles el día de mañana a través de penas de prisión y multas terribles. Esa es la triste realidad: les hablan de patria, de los valores de la patria,
pero les arrebatan la dignidad y les roban los derechos a los y las trabajadoras.


A lo largo de estos días ha sido muy recurrente intercambiar buenos augurios y buenos deseos, supongo que por la proximidad de las fiestas navideñas, a lo que no me pongo, no tengo objeción alguna que hacer a este derroche de amor que se ha
vivido en esta Cámara. Permítanme en todo caso que mande todos esos buenos augurios a los que están fuera de esta Cámara, a los que luchan día tras día para mantener la dignidad en los puestos de trabajo y para que quien no tiene trabajo lo
encuentre y sea un trabajo digno, para toda esa gente que ha decidido ser ovejas negras dentro de un rebaño manso de ovejas blancas porque no se fían ni del pastor ni del amo, porque ante los ladridos de los perros consentidos no se piensan callar
ni doblegar. A toda esa gente, mila esker, muchas gracias, porque ellos son los que rescatan derechos para todos y todas, porque, como decía Rosa Luxemburgo, quien no se mueve no siente las cadenas. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente. Intervendré brevemente.


Presentan los grupos parlamentarios Popular y VOX enmiendas de totalidad con texto alternativo frente a la proposición de modificación del Código Penal, de derogación del artículo 315.3; el primero, para mantener el precepto legal tal y
como está, y VOX para endurecer la pena de prisión de manera notable



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y rebajar los meses de multa. Desde este momento anuncio que no apoyaremos estas enmiendas que proponen no hacer ninguna reforma o agravar las vigentes penas de prisión.


Sin embargo, oyendo a los distintos portavoces de estos grupos parlamentarios que presentan enmiendas de totalidad, lo que nos ha expuesto VOX es una manera de entender las cosas. La ha explicado, nosotros no la compartimos y por eso
votaremos en contra. Sin embargo, la explicación que hoy nos ha dado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en esta tribuna manifestando que no estaban dispuestos a modificar el tipo penal porque eso significa caer en la impunidad, y
confrontaba este tipo penal o la impunidad, sabiendo que este es un uso económico de la verdad, dicho en palabras cordiales por las fechas en que nos encontramos. Ustedes saben perfectamente que el debate no concierne a impunidad o el 315.3, sino
315.3 o el tipo genérico de coacciones del 172. (El señor Jerez Juan hace gestos afirmativos). Usted lo afirma ahora con la cabeza, pero no es lo que ha dicho en esta tribuna, ni la fundamentación que ha usado para decir que habría que mantener
este tipo penal. Ese no es el debate; ese es un debate y un planteamiento sesgado de la cuestión. Y, sin perjuicio de lo que nosotros señalamos en el debate de toma en consideración de la iniciativa legislativa del Grupo Parlamentario Socialista,
que quizá no sea una cuestión tan sencilla el eliminar el apartado 3 del artículo 315 del Código Penal, para, así, rebajar la penalidad de los que incurren en coacciones para obligar a secundar una huelga a quienes no la quieren, porque,
precisamente, señalé que quizá se podría producir un efecto búmeran no buscado, es decir, el encarecimiento de la pena vía el 172 genérico de las coacciones, frente al 315.3 del derecho penal del trabajo. Y, eso, lo expliqué por dos motivos: el
derecho penal del trabajo es un derecho colectivo y, por tanto, una coacción múltiple se considera una sola coacción; y, sin embargo, en las coacciones genéricas hay tantas coacciones como personas coaccionadas. Por tanto, entraríamos en un
concurso de delitos. Y la pena se agrava en el grado superior si la coacción se entiende que se ha producido para impedir el ejercicio de un derecho fundamental; y el derecho del trabajo, el derecho a trabajar, se puede contemplar desde una doble
cara, como una moneda: o se impide el derecho a trabajar, que no es un derecho fundamental, o se obliga a secundar una huelga, que es una visión negativa de un derecho fundamental, y entonces es en un grado más, nos pondríamos en cuatro años y
medio frente a los tres del 315. Por tanto, señorías, me parece legítimo que ustedes defiendan la postura que quieran defender, pero no con esa argumentación.


En definitiva, lo que dije durante el debate de toma en consideración también me condujo a decir que, en el seno de la ponencia, enriquecida por la comparecencia de expertos y de las partes involucradas, deberíamos abrir una reflexión
sosegada, en la que busquemos y encontremos una normativa penal adecuada a una realidad que hoy se contempla desde el apartado 3 del artículo 315 del Código Penal; quizá, con proporción del bien jurídico protegido, frente al desvalor de la conducta
reprendida, como acertadamente describió el que fuera fiscal general, el señor Torres-Dulce, el problema que encerraba un concreto tratamiento penal de los llamados piquetes de extensión de huelga.


Muchas gracias y felices fiestas a todas sus señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Cambronero Piqueras.


El señor CAMBRONERO PIQUERAS: Gracias, presidente.


Buenos días, señorías. Antes de empezar una previa, otra vez para el diputado de Bildu; sus amigos, sus muy íntimos amigos, sí que sabían lo que era explotar a los españoles, a los trabajadores, también con sus robos en forma de impuesto
revolucionario. (Aplausos). Ustedes sí que saben de eso.


Señorías, debatimos hoy dos enmiendas a la totalidad a la proposición de la reforma de ley orgánica que pretende derogar el artículo 315.3 del Código Penal. Lo realmente relevante es lo mismo que dije en la toma en consideración de esta
iniciativa del Partido Socialista, que no es otra cosa que el mismo PSOE pretende despenalizar una conducta delictiva; una conducta que aparece recogida en nuestro Código Penal. Para mí, como policía nacional, es muy grave. Sinceramente, no vemos
que esta reforma sea ni urgente ni mucho menos necesaria, y mucho menos con la que está cayendo. En primer lugar, me gustaría aclarar que lo que se debate aquí no es ni la derogación de la Ley de seguridad ciudadana -como otros portavoces han
dicho- ni una amplia reforma del Código Penal, sino una derogación de un apartado de un artículo concreto del Código Penal, referido a la actuación coercitiva de los piquetes de huelga. Esta propuesta sería más propia de Podemos que del Partido
Socialista, tal como está redactada, lo cual también nos alarma, porque parece que el PSOE se podemiza.



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Hablando claro, señorías, lo que pretende el Grupo Socialista, el del Gobierno, en el que además ya han entrado los herederos de Batasuna y los separatistas de Esquerra -que tampoco están aquí-, es que el Código Penal no tenga nada que decir
cuando declarada una huelga impere la ley de la selva y se pueda obligar, incluso con violencia, a todos los trabajadores a secundar esa huelga y dejar de trabajar, con todo lo que ello puede implicar para las familias. Señorías, podemos estar de
acuerdo con muchos matices en rebajar las penas para determinados hechos ejercidos sin violencia en el transcurso de una huelga, pero no podemos admitir que se despenalicen conductas que tienen objeto penal. Es decir, ustedes lo que nos plantean es
que baste un delito genérico de coacciones para sancionar actitudes violentas que invadan el derecho de los españoles a acceder al puesto de trabajo. No estamos discutiendo, señorías, delitos de coacciones que pueden quedar en el ámbito privado,
sino la lesión de un derecho constitucional que, a nuestro juicio -insisto-, sí merece esta articulación en el Código Penal. Señorías del PSOE, además ustedes, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, impulsan la revisión de sentencias
firmes ya dictadas en la aplicación de este precepto. Ya sé que a los señores del Partido Socialista, de Podemos y a la mayoría Frankenstein les gusta ponerse la toga de jueces, incluso para revisar las sentencias que no les gustan o incluso
también para colocar a familiares en el Consejo General del Poder Judicial, como pretende hacer también el ministro mascota Garzón. Señorías, con nuestro voto, no. Debemos recordar que la huelga es un derecho -sí-, pero no es una obligación -hay
que recordarlo-; eso es lo que dice nuestra Constitución. Creo que ustedes deberían conocerla.


Pues bien, la verdad es que existen ocasiones -y esta es la realidad-, las menos -también hay que decirlo-, en que algunos piquetes llegan a ejercer la coacción e incluso la violencia en grupo, llegando a agredir a aquellos trabajadores que
libremente han decidido no ejercer este derecho. Como digo, estas ocasiones son las menos, pero son esas en las que nosotros como policías nacionales actuábamos. Como digo, en esos sucesos intervienen ahora mis compañeros de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad para garantizar los legítimos derechos de los trabajadores que ejercen su derecho a ganarse la vida -nada más y nada menos-, y yo mismo he visto esa coacción, las amenazas y las agresiones en grupo en el ámbito de las celebraciones de
huelga y, por ello, soy consciente de que lo que ustedes pretenden con esta derogación no es más que coartar derechos.


Ustedes quieren que la lesión de derechos constitucionales pase por una simple riña de coacciones, acercando así a muchos trabajadores a ver el derecho de huelga como una auténtica obligación; no es ninguna tontería. Además, señorías del
PSOE y de Podemos, ustedes conocerán -como yo- situaciones que se dan, por ejemplo, en Cataluña, donde ha habido huelgas con fines total y absolutamente políticos, algo que está prohibido en nuestro ordenamiento jurídico. ¿De verdad creen ustedes
que la coacción organizada, incluso cuando es contra las ideas de determinados trabajadores, no merece el arbitrio y la protección del Código Penal? Si ir a trabajar no es un derecho constitucional y tener libertad de opinión tampoco, ¿qué es un
derecho para ustedes?


En cuanto a las enmiendas a la totalidad, tengo que decir que la del Grupo Parlamentario Popular pretende sin más vaciar de contenido esta iniciativa, lo cual nos parece bien y es un objetivo que compartimos -de hecho, votamos en contra de
la toma en consideración de esta reforma-, pero esta enmienda conseguiría llevar a la nada la actividad parlamentaria, por lo tanto, si no se propone ningún cambio, ¿de qué debatimos? Votando en contra de la toma en consideración y ejecutando una
oposición firme en el proceso de ponencia sería suficiente. La enmienda presentada por VOX, sin embargo, sí propone un cambio: pide que se aumenten las penas. Este objetivo tampoco lo compartimos, pues consideramos que la pena que propone este
apartado de este artículo es proporcionada a la entidad del ataque al bien jurídico protegido.


En definitiva -y como dije en el debate de toma en consideración de esta pretendida reforma socialista del Código Penal-, en Ciudadanos defendemos que la huelga es un derecho basado en la libertad de los trabajadores para ejercerla y creemos
que eliminar este artículo es un ataque directo a la libertad de los ciudadanos, un ataque que procede directamente del Gobierno y sus terribles y temibles socios. Acabo preguntándoles a los miembros del Partido Socialista qué viene ahora, ¿vienen
los indultos a los golpistas? ¿Viene el acercamiento definitivo de todos los presos etarras? ¿O viene directamente que vayan ustedes a poner a Otegi de vicepresidente quinto? ¿De eso discutían Montero e Iglesias ayer? Solo puedo decirles que con
nuestro voto no lo van a hacer. Acabo deseándoles a todos felices fiestas y diciéndoles a todos los españoles que se cuiden porque el Gobierno es incapaz de cuidarnos.


Muchas gracias.



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El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil.


El señor REGO CANDAMIL: Grazas, señor presidente.


Hace justamente hoy una semana, el día 10, los Franco entregaban las llaves del Pazo de Meirás. El Partido Popular en Galiza se opuso hasta el último momento a la reclamación de devolución del patrimonio incautado por Franco. Es más, no
hace mucho Núñez Feijóo calificaba de franquista pretender expropiar -decía él- el Pazo de Meirás. Hoy, con total oportunismo, lo que pretende es apropiarse del logro de una lucha que durante varias décadas sostuvimos en solitario el BNG y las
entidades de la memoria histórica democrática. Que tardásemos cuarenta y cinco años en dar ese paso fundamental es significativo de las herencias del franquismo que perviven en el régimen del 78 y hoy, desgraciadamente, estamos delante de una,
aunque sea del tardofranquismo. Porque el actual artículo 315.3 del Código Penal proviene del 496 del Código Penal de 1973 y fue introducido en 1976 con la intención declarada -cito- 'de hacer frente a la creciente actividad agresiva de grupos
organizados que se autodenominan piquetes de extensión de huelga'. Es decir, para cercenar el derecho de huelga de los trabajadores y trabajadoras. Y como vemos también aquí, como en el caso de Meirás, el Partido Popular se empeña en ir en contra
del avance en democracia y en derechos, y opta por mantenerlo, no como su mano derecha -la del PP, quiero decir- que, siempre atentos a cercenar derechos, prefiere agravar las penas para los trabajadores y trabajadoras que luchan por mejorar sus
condiciones laborales y su bienestar. No es por cierto esta, ni mucho menos, la única herencia del franquismo. Desgraciadamente, como consecuencia de la falta de ruptura democrática con la dictadura, existen muchas otras en el ámbito político,
mediático, económico y especialmente en el judicial y en el militar, y no hay que escarbar mucho para encontrarlas. Basta leer las informaciones de estos días para encontrar, por ejemplo, proclamas golpistas por parte de altos mandos militares en
la reserva, con el silencio cómplice del Borbón; soldados del Ejército español -ese que la ministra Robles dice que es democrático- cantando canciones fascistas dentro de un cuartel, mientras el teniente Segura o el cabo galego Marcos Soto son
expulsados del Ejército por denunciar el franquismo en esa institución.


Pero es que sin salir del ámbito de la legislación laboral, sorprendentemente tenemos cosas como que el derecho de huelga sigue regulándose por una norma preconstitucional, el Real Decreto-ley 17/1977. El BNG defendió siempre la necesidad
de derogar este artículo, por eso fue uno de los acuerdos que incluimos en el acuerdo de investidura. Por cierto, en la misma línea de derogación de este artículo con el objetivo de recuperar derechos laborales, sociales y democráticos, el Gobierno
debe traer cuanto antes la derogación de la reforma laboral o de la Ley mordaza, recogidos también en este acuerdo de investidura. En definitiva, finalizo, este artículo no es compatible con un marco de derechos y libertades laborales y sindicales,
es contrario al reconocimiento y ejercicio del derecho de huelga y, por lo tanto, votaremos en contra de las enmiendas que pretenden mantenerlo, para que sea definitivamente cosa del pasado.


Obrigado.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Tiene la palabra, por el mismo grupo parlamentario, el señor Alonso-Cuevillas i Sayrol.


El señor ALONSO-CUEVILLAS I SAYROL: ¡Bueno, bueno, bueno, me dicen que lo estamos petando! No hay todavía índices de audiencia, pero parece ser que en estos momentos hay millones de españoles enganchados a las pantallas de las televisiones,
tablets y móviles siguiendo este apasionante debate que nos trae aquí. A finales de octubre, el día 27, el Grupo Socialista trajo una proposición de ley para derogar este artículo 315.3. Ya dije entonces que me parecía absurdo. Primero, me
parecía un fraude de ley que el Gobierno traiga una reforma de la ley a través de una proposición de ley y no de un proyecto de ley. Segundo, que no tenía ninguna eficacia derogar el artículo 315.3, coacciones específicas en caso de huelga, cuando
hay otro precepto, el 172, coacciones en general, que prevé una penalidad máxima equivalente. Y, en tercer lugar, que puestos a modificar el Código Penal, en un Código Penal que prevé la prisión permanente revisable irse a fijar en esta manchita,
ya tiene narices.


En aquel momento pensé que era imposible malversar peor el tiempo, pero no, me equivoqué, hoy se ha superado con esta enmienda a la totalidad que trae el Grupo Popular, que ya votó en contra en su momento, que justifica en la exposición de
motivos, entre otras cosas, por la deficiente técnica legislativa, cosa que comparto, pero para llegar a ese punto presentan una enmienda a la totalidad que acaba



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proponiendo idéntico texto al que se pretende reformar. ¡Brillante, magistral lección de técnica parlamentaria! Esto es moverse mucho para llegar al mismo sitio. Es su eterno viaje al centro para seguir siempre en la derecha.
Desacompléjense, hagan como mínimo como VOX que, en coherencia con su discurso autoritario, como hoy su portavoz nos ha explicado con gran vehemencia, propone el endurecimiento de las penas. Pero lo que ustedes proponen no tiene ningún sentido y
además lo defienden de una forma propia de un máster, de un máster de Aravaca, porque nos han leído las imputaciones que la Fiscalía hace con ocasión de una huelga. Ha dicho que eso pasó en Marchena; como pueden comprender, cuando yo oigo esa
palabra, me saltan todas las alertas para poner la máxima atención, pero es que lo que ha descrito, si fueran ciertos los hechos, sería constitutivo de un montón de tipos penales. Por tanto, no nos diga que con la despenalización del 315.3 no se
penalizarán las coacciones normales, las lesiones, los daños, las amenazas, etcétera.


Acabo. Esta es probablemente mi última intervención en esta Cámara, ante este Pleno, y acabo haciéndolo con una cosa que jamás pensé que llegara a hacer, que es darle la razón al portavoz de VOX. Estoy sorprendido conmigo mismo. Debo
darle la razón cuando ha afirmado que VOX, que ustedes representan a muchos más españoles que todos los independentistas juntos. Sí, debo darles la razón, ustedes representan a muchos más españoles que todos nosotros juntos, porque nosotros no
representamos a españoles, nosotros representamos a catalanes, vascos y gallegos que quieren dejar de ser españoles, entre otras cosas, porque hay tantos españoles que les dan soporte a ustedes. Acabo despidiéndome de esta Cámara, de todos ustedes,
deseándoles buenas fiestas, feliz entrada en el año 2021, para muchos en el año 2021 y para otros muchos espero que en el siglo XXI.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, tiene la palabra el señor Rodríguez Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Hoy, Partido Popular y VOX quieren cargarse el derecho a huelga y nos hablan de libertad. ¿Libertad? Pues vamos a hablar de libertad. ¿Saben quién es libre? Quien se puede defender de los abusos. ¿Saben quién es libre? Quien tiene un
trabajo estable, ya sea por cuenta propia o ajena, con seguridad en el futuro, con un salario decente y con una jornada que le permita tener el tiempo libre y el descanso suficientes y de calidad. Eso es libertad. Y el debate de hoy va
precisamente de qué herramientas tiene cada uno para defender su libertad. Hay una parte muy pequeña de la sociedad que tiene dinero para comprar las herramientas que quiera, compra televisiones, compra radios, compra periódicos, compra
tertulianos, compra presentadores de telediarios para que nos convenzan de lo que sea absolutamente lo que sea. Son capaces de decir que el salario mínimo interprofesional no debe subir, mientras ellos cobran miles de euros al día. Son capaces de
afirmar, por ejemplo, que no viene turismo porque las personas que llegan en pateras están en los hoteles que están vacíos. Lo dicen en medio de una pandemia mundial donde no viaja ni Dios, pero, claro, que la verdad no les vaya a estropear un buen
bulo racista. También compran y controlan partidos políticos a su antojo y a los que no se dejan comprar los machacan por vías legales o ilegales, para intentar precisamente que la gente no les vote. Menos mal que la gente, o parte de ella, es
torrontuda. Al comprar y controlar partidos controlaban, obviamente, también las leyes. Hemos visto como, por ejemplo, Endesa introducía párrafos literales en decretos para prohibir el autoconsumo a personas vulnerables o como gabinetes de
abogados a sueldo de multinacionales como Coca-Cola redactaron el corazón de la reforma laboral. Controlar las leyes les permite generar bolsas enormes de desempleo que usan para presionar a la baja las condiciones de la gente que sí que tiene un
empleo. Ya saben, si no te gusta, en la puerta tengo cincuenta esperando para ocupar tu puesto. Controlan también el mercado inmobiliario, y esto no es baladí. Los precios del alquiler y de venta los marcan ellos acaparando y controlando la
oferta. Esto hace que la gente trabajadora difícilmente pueda protestar y mejorar las condiciones porque necesita dinero mes a mes, aunque sea una miseria de sueldo, para poder pagar el alquiler o la hipoteca. Así defiende su libertad la pequeña
minoría de multimillonarios que dirigen el país. Poderoso caballero es don dinero, ¿verdad?


Al otro lado de todo este poder casi absoluto, omnímodo -obsceno, podríamos decir-, está la mayoría de la población, está la gente trabajadora. Y, ¿qué herramientas tenemos? Pues las que nos podemos construir colectivamente con mucho
esfuerzo y sacrificio. La gente trabajadora no tenemos



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televisiones, no tenemos tertulianos, no controlamos ni los bancos ni el mercado inmobiliario y solo en algunos momentos de la historia conseguimos modificar algunas de las leyes que nos afectan, como, por ejemplo, ahora. Tenemos el voto
cada cierto tiempo, que mucha sangre y mucho sudor costó conseguir, y, sobre todo, tenemos la capacidad de organizarnos. A pesar del miedo y las amenazas, a veces la gente trabajadora conseguimos organizarnos sindicalmente, pelear por nuestros
derechos y, si no queda más remedio, convocar huelgas. Parece bastante desigual, ¿verdad? Pues sí, lo es. Hoy, los partidos mayordomos del poder económico quieren que esta lucha por los derechos y por la libertad sea más desigual todavía.
Afortunadamente, el pueblo trabajador, votando en las urnas, les dio una cachetadita de realidad, y no van a tener la mayoría parlamentaria suficiente ni de cerca para frenar los avances democráticos y de derechos en nuestro país. En el fondo, lo
que les molesta es que la huelga no es otra cosa que la demostración de algo palpable pero invisible normalmente, y es que la riqueza la genera la gente trabajadora y que, cuando nos organizamos para detener esa producción de riqueza y defender
nuestros intereses, somos imparables como, por ejemplo, están haciendo ahora mismo las valientes plantillas de Salvesen, Hexcel, Alestis, etcétera.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Gracias. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores).


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Fernández Benéitez.


La señora FERNÁNDEZ BENÉITEZ: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.


Hoy debatimos las enmiendas a la totalidad que nos plantean VOX y el Partido Popular sobre la proposición de ley de derogación del artículo 315.3 del Código Penal que fue presentada por el PSOE y, obviamente, el voto de mi grupo
parlamentario será contrario a estas enmiendas. Nuestro compromiso con el sindicalismo y con la libertad es absoluto. Las enmiendas a la totalidad que nos presenta la derecha son dos, pero bien podría ser una, porque las posiciones que defienden
tanto el PP como VOX tienen un sustrato similar, que es limitar más allá de lo constitucionalmente admisible un derecho que es fundamental, que es el derecho a la huelga. Fíjense, hace un par de días mi compañero les decía desde esta tribuna que
tienen ustedes una copistería, lo mismo les sirve para hablar del sindicalismo que para hablar de eutanasia que para hablar de cualquier tema y, una vez más, lo hemos visto reflejado aquí. Esgrimen ustedes, la derecha al completo, argumentos
peregrinos y que están fundamentados en azuzar y encender, pero que no tienen ningún rigor jurídico y político.


Como ya he señalado, el derecho a la huelga es un derecho fundamental y, por lo tanto, no es razonable que se equipare con una libertad genérica como es el derecho a ir a trabajar. Miren, una acción determinada no puede ser a la vez un
derecho fundamental y un ilícito penal y esta es una conclusión lógica a la que llegamos si aplicamos el principio de ponderación, que es el que debe usarse a la hora de valorar los límites y el ejercicio de dos derechos que pueden colisionar entre
sí. En cualquier caso, no tengo la sensación de que ustedes estén interesados en razonar absolutamente nada.


No obstante, voy a insistir. El derecho fundamental a la huelga ha sido intensamente interpretado por nuestra jurisprudencia y por nuestros tribunales. Ya cité algunas sentencias en mi pasada intervención sobre este tema y creo que es
evidente que nuestro alto tribunal ha dibujado este derecho de una forma especialmente garantista, protegiendo, como es lógico, el derecho a la huelga. El Tribunal Constitucional considera que la tensión es consustancial al ejercicio de un derecho
de conflicto como es el derecho a la huelga, aunque escuchándoles entiendo que ponen ustedes en duda el rigor jurídico de nuestro Tribunal Constitucional. Nos resulta especialmente grave que el Partido Popular se sume a estas lógicas porque,
señorías, si rompemos los espacios que nos hemos dado, ponemos en peligro la democracia. El marco común de convivencia que representa la Constitución española es básico para que podamos entendernos y, además, el derecho a la huelga está dentro de
este gran acuerdo que nos hemos dado en este Parlamento. Porque, señorías, el reconocimiento del otro nos engrandece y nos acerca a la mayoría de la ciudadanía.


Leyendo estas enmiendas, parece que hay quienes han olvidado que nuestras leyes recogen que la realidad social debe ser tenida en cuenta como criterio interpretativo de las normas. Señorías, ustedes obvian que la interpretación del derecho
penal está sujeta al contexto en que se desarrollan los hechos potencialmente punibles, por eso no se pueden comparar con otros derechos, como han hecho ustedes en alguna ocasión refiriéndose, por ejemplo, a la libertad religiosa. Les pongo otro
ejemplo. La libertad de



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expresión no se configura igual en un espacio civil que en el ardor de una contienda política, donde está más protegida y garantizada. (Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): ¡Señorías, silencio, por favor!


La señora FERNÁNDEZ BENÉITEZ: Gracias.


Si entendemos esto, debemos entender que es una degradación democrática que la Fiscalía le pidiera hasta siete años de prisión a una sindicalista por atentar contra la libertad al trabajo entre otros delitos. Por cierto, el artículo 315 del
Código Penal estuvo en desuso desde 1995 hasta 2011, momento en el cual la Fiscalía lo usó con fines políticos para ahogar las protestas en aquel momento. Tienen ustedes mucho que callar, señorías del Partido Popular. Aseguran ustedes también que
fue el Partido Popular el que bajó las penas de este delito, pero se les olvida decir que lo hicieron para reducir aún más las penas que eran relativas a impedir el derecho a huelga por parte de la patronal. Fíjense si fue así que, a través de la
Ley de seguridad ciudadana, aumentaron las penas para el delito de atentado, de desobediencia y de resistencia. No se hagan esas trampas al solitario. Por lo tanto, sus enmiendas parece que olvidan también que el derecho penal está regido por el
principio de proporcionalidad y de mínima intervención.


Quiero insistir en esta idea que ya lancé en mi pasada intervención. Parece poco razonable que el delito de coacción en piquetes esté penado con penas similares a las de algunos delitos de tráfico de drogas. Además, hablando de principios
básicos del derecho, me gustaría recordar también que la estabilidad en el empleo es un principio básico del derecho del trabajo. Parece que esto les ha preocupado siempre menos, especialmente a ustedes, señorías del Partido Popular, porque no hay
más que ver la reforma laboral de 2012. Lamentablemente, yo pertenezco a una generación que a día de hoy, siendo españoles, no conocen lo que es la estabilidad laboral. (Aplausos).


Señorías, aunque algunos aquí no lo entiendan, España es un país muy amplio y los sindicalistas luchan por causas legítimas que nos hacen avanzar como sociedad, fíjense ustedes si son patriotas, aunque quizá para ustedes pertenezcan a los 26
millones de la parte mala. (Rumores). Por cierto, señorías de VOX, afirman ustedes en el texto que plantean que las conductas que tipifica el artículo 315 del Código Penal no solo siguen produciéndose, sino que además se han incrementado en los
últimos tiempos, y en esto estamos muy de acuerdo, porque si echamos la vista atrás... (Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, un segundo, por favor.


Señorías, fundamentalmente de la bancada de la derecha, hay un rumor constante que impide atender convenientemente a la oradora. Por favor, ruego silencio. Muchas gracias.


Continúe, señoría.


La señora FERNÁNDEZ BENÉITEZ: Como estaba diciendo, estamos de acuerdo cuando VOX dice que estas protestas se han incrementado, y es que si echamos la vista atrás en los últimos tiempos vemos que en España hemos vivido un aumento de
protestas, pero sobre todo de negacionistas y de exaltados, reclamando privilegios bajo el eufemismo de la libertad, todo ello en plena pandemia y alentado por grupos parlamentarios de extrema derecha, como es el caso de VOX. No olviden ustedes que
los únicos antisistema que hay actualmente en España son ustedes. (Aplausos).


Dicho esto, me gustaría decir también que estoy muy orgullosa de que el fascismo salga a esta tribuna a combatir, con tanto nerviosismo, nuestras ideas e incluso a mí personalmente. La verdad es que tengo que decirles que no les tenemos
ningún miedo, pero agradezco las citas personales que me han hecho en esta tribuna. (Aplausos). Quiero pedirles también que lean las intervenciones con un poco más de atención, porque la cita que se me ha atribuido pertenece a una sentencia del
Tribunal Constitucional, que todo el mundo sabe que es tan marxista como yo. Me gustaría aclarar eso. (Aplausos.-El señor Aizcorbe Torra hace gestos negativos).


En definitiva, señorías, mi grupo parlamentario se mantiene en la tesis de que es necesaria una revisión técnica y dogmática del artículo 315 del Código Penal. Por eso votaremos en contra de las enmiendas a la totalidad que nos plantea hoy
la derecha, representada por VOX y por el PP. Señorías del Partido Popular, una vez más les esperamos en este avance social, y en el mejor de los casos ustedes ya llegarán tarde, como siempre. Al resto de grupos parlamentarios les animamos a que
se sumen...


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Señoría, su tiempo ha terminado.



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La señora FERNÁNDEZ BENÉITEZ: Termino ya.


Al resto de grupos parlamentarios les animamos a que se sumen a aportar y debatir la mejora de este precepto legal. Estamos seguras de que juntas, y de la mano de los sindicatos de clase de este país, lograremos ampliar los márgenes de la
libertad en España... (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis): Muchas gracias, señoría. Ha terminado su tiempo. (Pausa.-Una trabajadora del servicio de limpieza procede a desinfectar la tribuna de oradores.-La señora presidenta ocupa la
Presidencia).


PROPUESTAS DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES:


- PROPUESTA DE LA COMISIÓN PARA LA AUDITORÍA DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA, LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LAS REFORMAS INSTITUCIONALES Y LEGALES, DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN RELATIVA AL ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REFORZAR LA
IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA DE AUTORIDADES INDEPENDIENTES Y ORGANISMOS DE REGULACIÓN, Y LA PROTECCIÓN DE LA FIGURA DEL DENUNCIANTE DE LOS CASOS DE CORRUPCIÓN. (Número de expediente 158/000014).


- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO Y DEL SISTEMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO. (Número de
expediente 158/000011).


La señora PRESIDENTA: Pasamos al último punto del orden del día, relativo a propuestas de creación de subcomisiones. Estas propuestas se someten al Pleno sin debate previo. Las votaciones correspondientes tendrán lugar seguidamente, junto
con el resto de las votaciones.


Votaremos en cinco minutos. Y les recuerdo, señorías, que solamente podrán votar desde el escaño que les corresponde, identificado con su nombre en la pantalla. Asimismo, les recuerdo que aquellas señorías que han sido autorizados para
emitir su voto por el procedimiento telemático no pueden hacerlo desde su escaño. (Pausa).


PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO TEMPORAL. (Número de expediente 162/000463).


La señora PRESIDENTA: Señorías, iniciamos las votaciones.


Proposiciones no de ley. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre consolidación de empleo público temporal. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, el Grupo Parlamentario Republicano, el Grupo Parlamentario Plural y el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada votación dio el siguiente resultado: votos emitidos, 102 más 245 votos telemáticos, 347; a favor, 70 más 187 votos telemáticos, 257; en contra, 2 votos telemáticos; abstenciones, 32 más 56 votos telemáticos, 88.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL ABORDAJE DEL IMPACTO SOCIAL Y SANITARIO FRENTE A LA CRECIENTE PROLIFERACIÓN DE LAS CASAS DE APUESTAS Y SALONES DE JUEGO. (Número de expediente 162/000165).


La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el abordaje del impacto social y sanitario frente a la creciente proliferación de casas de apuestas y salones de juego. Se vota en los términos
resultantes de la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.



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Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 102 más 245 votos telemáticos, 347; a favor, 102 más 211 votos telemáticos, 313; en contra, 14 votos telemáticos; abstenciones, 20 votos telemáticos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la proposición no de ley.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA CONCILIACIÓN DEL TRABAJO Y LA FAMILIA, ESPECIALMENTE ANTE LAS DIFICULTADES EXCEPCIONALES GENERADAS POR LA EMERGENCIA
SANITARIA DE LA COVID-19. (Número de expediente 173/000042).


La señora PRESIDENTA: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar el derecho a la
conciliación del trabajo y la familia, especialmente ante las dificultades excepcionales generadas por la emergencia sanitaria de la COVID-19. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el
Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común y el Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 102 más 243 votos telemáticos, 345; a favor, 70 más 104 votos telemáticos, 174; en contra, 57 votos telemáticos; abstenciones, 32 más 82 votos telemáticos, 114.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA QUE EL GOBIERNO DÉ SU VISIÓN SOBRE LA VALORACIÓN DEL GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA Y LA PRESIDENTA DE LA AIREF SOBRE EL CUADRO MACROECONÓMICO INCLUIDO EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL
ESTADO. (Número de expediente 173/000043).


La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso para que el Gobierno dé su visión sobre la valoración del gobernador del Banco de España y la presidenta de la AIReF sobre el
cuadro macroeconómico incluido en los Presupuestos Generales del Estado. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario VOX.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 102 más 244 votos telemáticos, 346; a favor, 32 más 119 votos telemáticos, 151; en contra, 70 más 125 votos telemáticos, 195.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VOX, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO EN EL ÁMBITO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN ESPAÑA. (Número de expediente 173/000044).


La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario VOX, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno en el ámbito de la libertad de expresión en España. Se vota en sus términos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 102 más 244 votos telemáticos, 346; a favor, 32 más 109 votos telemáticos, 141; en contra, 70 más 125 votos telemáticos, 195; abstenciones, 10 votos telemáticos.



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La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):


- REAL DECRETO-LEY 34/2020, DE 17 DE NOVIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES DE APOYO A LA SOLVENCIA EMPRESARIAL Y AL SECTOR ENERGÉTICO, Y EN MATERIA TRIBUTARIA. (Número de expediente 130/000035).


La señora PRESIDENTA: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético y en materia tributaria.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 102 más 244 votos telemáticos, 346; a favor, 71 más 128 votos telemáticos, 199; en contra, 53 votos telemáticos; abstenciones, 31 más 63 votos telemáticos, 94.


La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley.


Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 102 más 244 votos telemáticos, 346; a favor, 102 más 234 votos telemáticos, 336; en contra, 7 votos telemáticos; abstenciones, 3 votos telemáticos.


La señora PRESIDENTA: Por tanto, se tramita como proyecto de ley, por el procedimiento de urgencia.


ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN):


- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA, EN TRASPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA (UE) 2018/822 DEL CONSEJO, DE 25 DE MAYO DE 2018, QUE MODIFICA LA DIRECTIVA 2011/16/UE POR LO QUE SE REFIERE AL
INTERCAMBIO AUTOMÁTICO Y OBLIGATORIO DE INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA FISCALIDAD EN RELACIÓN CON LOS MECANISMOS TRANSFRONTERIZOS SUJETOS A COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN. (Número de expediente 121/000016).


La señora PRESIDENTA: Enmiendas del Senado. Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en trasposición de la Directiva 2018/822, del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la
Directiva 2011/16 por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad, en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información. Votación de la enmienda del Senado.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 102 más 244 votos telemáticos, 346; a favor, 102 más 236 votos telemáticos, 338; abstenciones, 8 votos telemáticos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la enmienda.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN):


- ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE MAURICIO, HECHO EN AQABA EL 3 DE DICIEMBRE DE 2019. (Número de expediente 110/000041).


- ACUERDO DE SEDE ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL CONSEJO OLEÍCOLA INTERNACIONAL, HECHO EN MADRID EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2019. (Número de expediente 110/000042).



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- ACUERDO SOBRE EL TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA COMMONWEALTH DE LAS BAHAMAS, HECHO EN NAIROBI EL 13 DE DICIEMBRE DE 2018. (Número de expediente 110/000043).


La señora PRESIDENTA: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Votación conjunta de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 102 más 244 votos telemáticos, 346; a favor, 101 más 215 votos telemáticos, 316; abstenciones, 1 más 29 votos telemáticos, 30.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):


- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 315 APARTADO 3 DEL CÓDIGO PENAL. (Número de expediente 122/000083).


La señora PRESIDENTA: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Proposición de ley orgánica de derogación del artículo 315, apartado 3, del Código Penal. Enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley
orgánica de derogación del artículo 315, apartado 3, del Código Penal, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 102 más 243 votos telemáticos, 345; a favor, 32 más 110 votos telemáticos, 142; en contra, 70 más 125 votos telemáticos, 195; abstenciones, 8 votos telemáticos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda a la totalidad de texto alternativo.


Enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley orgánica de derogación del artículo 315, apartado 3, del Código Penal, presentada por el Grupo Parlamentario VOX.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 102 más 243 votos telemáticos, 345; a favor, 54 votos telemáticos; en contra, 102 más 188 votos telemáticos, 290; abstenciones, 1 voto telemático.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada. (Aplausos).


PROPUESTAS DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES. (VOTACIÓN):


- PROPUESTA DE LA COMISIÓN PARA LA AUDITORÍA DE LA CALIDAD DEMOCRÁTICA, LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LAS REFORMAS INSTITUCIONALES Y LEGALES, DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN RELATIVA AL ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REFORZAR LA
IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA DE AUTORIDADES INDEPENDIENTES Y ORGANISMOS DE REGULACIÓN, Y LA PROTECCIÓN DE LA FIGURA DEL DENUNCIANTE DE LOS CASOS DE CORRUPCIÓN. (Número de expediente 158/000014).


La señora PRESIDENTA: Propuestas de creación de subcomisiones. Propuesta de la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales, de creación de una subcomisión
relativa al análisis de las medidas necesarias para reforzar la imparcialidad e independencia de autoridades independientes y organismos de regulación, y la protección de la figura del denunciante de los casos de corrupción.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 102 más 244 votos telemáticos, 346; a favor, 102 más 243 votos telemáticos, 345; abstenciones, 1 voto telemático.



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La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO Y DEL SISTEMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO. (Número de
expediente 158/000011).


La señora PRESIDENTA: Propuesta de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo de creación de una subcomisión para el estudio de la actualización del marco normativo y del sistema de cooperación internacional para el
desarrollo.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 102 más 243 votos telemáticos, 345; a favor, 102 más 243 votos telemáticos, 345.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la propuesta.


Señorías, continúa en estos momentos la sesión con carácter secreto. Ruego que cierren las puertas y desalojen las tribunas.


Se suspende la sesión con carácter público.


Continúa la sesión con carácter secreto.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN):


- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS ACERCA DEL SUPLICATORIO FORMULADO EN RELACIÓN CON UN SEÑOR DIPUTADO. (Número de expediente 240/000002).


Se reanuda la sesión con carácter público.


La señora PRESIDENTA: Señorías, se levanta la sesión.


Eran las doce y cincuenta y cinco minutos del mediodía.